Presidencia del
diputado
Porfirio Muñoz Ledo |
ASISTENCIA
| El Presidente
del Congreso: |
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de
diputados.
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
Señor Presidente, hay una asistencia de 449
diputados. Hay quorum.
| El Presidente
del Congreso: |
Se ruega entonces al Secretario de la Cámara de
Senadores, proceda a pasar lista de asistencia.
| El secretario
senador José Angel Conchello Dávila: |
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los
senadores.
Señor Presidente, hay una asistencia de 123 senadores. Hay quorum.
El secretario
diputado Gonzalo Morgado
Huesca: |
Señor Presidente, hay una asistencia de 449
diputados y 123 senadores. Hay quorum de Congreso General.
El Presidente
del Congreso
(a las 18:02 horas) : |
Se abre la sesión de Congreso General.
DECLARATORIA DE APERTURA
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
Se suplica a todos los presentes ponerse de pie.
| El Presidente
del Congreso: |
«El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre
hoy, 1o. de septiembre de 1997, el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año
de ejercicio de la LVII Legislatura.»
Se va a proceder a entonar el Himno Nacional.
(Himno Nacional.)
COMISIONES REGLAMENTARIAS
Y PROTOCOLARIAS
| El Presidente
del Congreso: |
En virtud de que cada una de las cámaras al
instalarse designó las comisiones de cortesía a que se refiere la Ley Orgánica y el
Reglamento del Congreso, esta Presidencia ruega a los legisladores integrantes de las
mismas, procedan en su oportunidad a cumplir con el cometido asignado por sus cámaras.
ARTICULO 8o. DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
| El Presidente
del Congreso: |
Sírvase la Secretaría dar lectura al artículo 8o.
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El secretario
diputado Gonzalo Morgado
Huesca: |
Artículo 8o. El 1o. de septiembre
de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso,
asistirá el Presidente de la República y presentará un informe de conformidad con el
artículo 69 de la Constitución.
Antes del arribo del Presidente de la República, hará uso de la palabra un legislador
federal por cada uno de los partidos que concurran representados en el Congreso. Estas
intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados de
cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de 15 minutos.
El Presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y generales, con
las formalidades que correspondan al acto. Esta sesión no tendrá más objeto que
celebrar la apertura del periodo de sesiones y que el Presidente de la República presente
su informe. En tal virtud, durante ella no procederán intervenciones o interrupciones por
parte de los legisladores.
Las cámaras analizarán el informe presentado
por el Presidente de la República. El análisis se desarrollará clasificándose por
materias: en política interior, en política económica, en política social y en
política exterior.
Las versiones estenográficas de las sesiones, serán remitidas al Presidente de la
República para su conocimiento.
INTERVENCIONES PARTIDISTAS
| El Presidente
del Congreso: |
Harán uso de la palabra los siguientes
legisladores: por el Partido del Trabajo, Alejandro González Yáñez; por el Partido
Verde Ecologista de México, Jorge Emilio González; por el Partido Acción Nacional,
Carlos Medina Plascencia; por el Partido de la Revolución Democrática, Pablo Gómez
Alvarez y por el Partido Revolucionario Institucional, Mariano Palacios Alcocer.
En tal virtud, se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro González Yáñez.
| El diputado
Alejandro González Yáñez: |
Con su venia, diputado Presidente;
compañeras y compañeros legisladores; compatriotas nuestros:
El pasado 6 de julio el pueblo mexicano nos dejó en las urnas un claro mensaje de cambio
democrático. Para nosotros, los legisladores del Partido del Trabajo, se trata de un
mandato inapelable e inaplazable que esta nueva legislatura debe cumplir en lo que atañe
a las funciones de este Congreso.
Bien harían los otros poderes de la Unión en tomar nota puntual de este mandato popular,
en lo que a ellos atañe, para que la nación pueda avanzar a un paso, al ritmo que la
soberanía popular demanda.
De nuestra parte, siempre pugnaremos por una relación de colaboración y conjunción
entre los poderes, con un espíritu constructivo, con miras al beneficio de la patria,
pero es necesario dejar claro que esta relación de concordia exige un pleno
reconocimiento a la autonomía y a las atribuciones del Poder Legislativo.
No podemos dejar de señalar con toda energía lo siguiente: Los tiempos del sometimiento
del Poder Legislativo al Ejecutivo han terminado, así lo demandó el voto popular al
retirarle la mayoría de la Cámara de Diputados al partido del Presidente y así tendrá
que ser. Entre más pronto lo entendamos, más rápido avanzaremos por el camino del
verdadero bienestar en democracia para México.
De frente al mandato popular que reafirmó su presencia en el escenario político
nacional, el Partido del Trabajo confirma su vocación de ser una herramienta útil para
el pueblo mexicano, autónomo, independiente, autogestionario y por sobre todas las cosas
atento a los reclamos populares.
Necesitamos un país donde se viva con dignidad. Para avanzar en ese camino lo primero que
debemos hacer es dar pasos firmes en contra de la corrupción, adoptar medidas efectivas
que no se queden nada más en el discurso o en las vanas promesas de campaña electoral
que ya hartaron a los mexicanos. No exageramos al decir que la corrupción es un cáncer
que tiene postrado al país, porque la corrupción alcanza todos los ámbitos políticos y
económicos de nuestra nación, envenenando el torrente creativo de los mexicanos.
La cadena de corrupciones parece inagotable, la encabezan altos funcionarios públicos,
pero también destacan banqueros y grandes empresarios. Es indudable que la mayor
responsabilidad recae en el Poder Ejecutivo. Desde él se cometen los mayores y más
frecuentes actos de corrupción que constituyen un sangrado permanente para el país,
impune por el incumplimiento del Congreso en su responsabilidad fiscalizadora que le
asigna la Constitución General de la República. Esto es ya intolerable y el pueblo
mexicano no aguante más.
Compañeras y compañeros legisladores. Tenemos una gran responsabilidad: fiscalizar la
transparencia en el manejo de los recursos públicos de la nación. Los invitamos a que
cumplamos con ello sin titubeos ni vacilaciones.
Necesitamos una República democrática y también necesitamos una República ética.
Las prácticas en la Cámara cambian porque este país por fin ya está cambiando.
Debe quedar muy claro que no habrá más comisiones Conasupo maniatadas, porque la
impunidad tendrá que acabarse.
El primer paso ya lo dimos al llegar las
oposiciones a un acuerdo con el cual impedimos que el gobierno de la Cámara quedara de
nueva cuenta en manos de una minoría oficial sobrerrepresentada...
Se trata de un acuerdo... ¡Por supuesto que somos más!.. Que algunos consideran frágil.
De nuestra parte no hay dudas: el PT propone y se compromete a que el acuerdo de
gobernabilidad democrática dure toda la legislatura. Se trata de un acuerdo permanente
con la sólida base de la demanda popular del 6 de julio, que ordenó que la Cámara esté
integrada mayoritariamente por las oposiciones. Quien no entienda esto o lo desatienda por
mezquinos intereses de partido o personales, habrá de pagar una cara factura, con el
desprecio de un pueblo que deja atrás la pasividad y hace sentir cada vez más sus
sentimientos.
Esta nueva legislatura está llamada a dar un ejemplo de dignidad que debe de cundir a lo
largo y a lo ancho de nuestro país. La seguridad en el patrimonio, la integridad personal
y el respeto a la vida de todos los mexicanos, es un clamor que debe atenderse sin
vacilaciones.
En este plano se ubica otro grave reto para esta nueva legislatura: asumir su
corresponsabilidad en la conducción económica de la nación.
Vivimos hoy el flagelo del desempleo, como consecuencia de un modelo económico que sólo
ha sido capaz de generar riqueza para unos cuantos, premiando la especulación y
castigando las actividades productivas.
Cada vez más, más mexicanos carecen de empleo y la gran mayoría de los que lo tienen,
permanecen en la raya de la subsistencia con salarios cada vez más miserables.
Desde esta alta tribuna, sexenio tras sexenio, hemos escuchado los llamados de los
últimos presidentes de la República, pidiéndonos entender la necesidad de nuevos
sacrificios para salir de la crisis, prometiendo que se sentarán las bases para un
desarrollo sostenido que generaría los empleos bien remunerados que demanda nuestro
pueblo.
Y como ahora, en varias ocasiones hemos sido testigos de las celebraciones anticipadas de
la recuperación económica. Se nos pide entender los signos positivos para la economía,
el crecimiento del producto interno bruto, los superávit en el gasto público y en la
balanza comercial con el exterior y el alza en las reservas internacionales.
Ganas de festejar no faltan, pero las ganancias que se anuncian en la bolsa mexicana de
valores, no llegan ni por asomo a los bolsillos de los mexicanos ni en sus mesas se
observa el anunciado crecimiento de la producción y menos se refleja en su precaria
existencia.
Esto lo confirma el hecho de que hoy mismo se haya incrementado nuevamente el precio de la
leche, dejando a millones de niñas y niños mexicanos sin la esperanza de una adecuada
alimentación.
Visto está pues que estos positivos signos económicos, poco tienen que ver con el tan
comprometido bienestar para las familias; la solución a los grandes males de México:
corrupción, inseguridad social, desempleo, baja necesariamente con la reorientación de
la política económica oficial, que ha demostrado hasta extremos ya intolerables su
incapacidad para responder a la demanda de empleo y generar el mínimo de bienestar para
los mexicanos.
El Partido del Trabajo propone como primer paso, reducir los cobros del IVA, en el marco
de una reforma fiscal integral que transfiera a la producción los privilegios de que
ahora goza la especulación.
El PT ya ha enviado una iniciativa a la Cámara para gravar fiscalmente las ganancias
especulativas.
Como parte de esta reforma deberá optimizarse el gasto público, con un claro sentido
social, desapareciendo los renglones socialmente innecesarios, empezando con la partida
secreta del Presidente de la República.
Es inaceptable que el Gobierno pretenda destinar el 10% de lo recaudado por el IVA en un
año, para indemnizar a un pequeño grupo de empresas concesionarias de carreteras.
El PT propone igualmente un federalismo fiscal democrático, con el objetivo de fortalecer
las haciendas de los estados y municipios, que equilibren el desarrollo desigual en las
regiones, para evitar casos como el del Estado de Durango, que es el de mayor rezago de
todo el centro-norte de la República, con el cual por cierto la Federación tiene el
compromiso de ponerse a mano, para propiciar una mayor capacidad de respuesta a los
reclamos de agua potable, alcantarillado, pavimentación, electrificación y alumbrado
público, escuelas, vivienda, clínicas, caminos vecinales, espacios verdes y recreativos,
para lo cual es necesario que el Presidente de la República envíe su iniciativa de Ley
de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, en el momento que permitan al Poder Legislativo
analizarlas, modificarlas y aprobarlas con tiempo suficiente y con alta responsabilidad
patriótica.
30,31,32
Anunciamos desde hoy al pueblo de México que llegó a su fin legislar al vapor y aprobar
incondicionalmente toda iniciativa presidencial.
Vamos hacia una ley de ingresos alternativa y a un presupuesto de egresos que realmente
atienda el sentido y justo reclamo de empleo, de seguridad y desarrollo social.
Hoy, esto es posible. Los legisladores del Partido del Trabajo, estamos empeñados en
poner todo lo que esté a nuestro alcance para lograrlo.
Ante esta representación popular tendemos nuestra mano de trabajo, para conjuntamente,
con todas las manos honestas que aquí se levanten, trabajar por un México plenamente
democrático y sobre todo por un México generoso con todos sus hijos.
| El Presidente
del Congreso: |
Esta Presidencia se permite hacer un
atento y muy respetuoso llamado a todos los legisladores para conducirnos con el respeto
que merecemos. Hay todavía varios oradores en la lista, voceros de los partidos; después
vendrá el mensaje del ciudadano jefe del Ejecutivo de la Unión; para todos ellos estoy
pidiendo igual respeto.
Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Jorge Emilio
González Martínez, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado
Jorge Emilio González
Martínez: |
Señor Presidente; compañeras y
compañeros legisladores; señoras y señores:
Antes de empezar mi participación, quiero hacer un reconocimiento público a todo el
cuerpo administrativo de esta Cámara de Diputados por su comportamiento institucional en
la difícil sesión del 30 de agosto.
Hoy, 1o. de septiembre de 1997, es un día histórico para México, un día que tiene como
antecedente el 6 de julio, cuando los mexicanos decidimos en las urnas el cambio, un
cambio ordenado y pacífico, cambio que nos diera una perspectiva mejor de nación.
Hoy, 1o. de septiembre de 1997, queda formalmente instalada la histórica LVII Legislatura
del Congreso de la Unión que tendrá bajo su responsabilidad conducir el cambio por el
que votaron cerca de 18 millones de mexicanos.Estamos conscientes que no es tarea fácil,
pero que con nuestra buena voluntad y el apoyo de México saldremos adelante.
Para lograr el cambio que el pueblo nos demanda, la oposición unida hemos tenido que
librar una importante batalla legislativa en la cual se impuso la razón y donde el único
ganador fue el país. El conjunto de las oposiciones hemos tenido un primer triunfo que es
fundamental para el difícil transcurso de los próximos tres años. Una batalla donde la
irresponsabilidad del partido del Gobierno estuvo a punto de poner en riesgo la
estabilidad de México; el resultado es una base firme para el esfuerzo de los diferentes
grupos de oposición que tendremos que realizar por nuestro país, siempre respetando las
diferentes ideologías de los partidos, pero siempre unidos por México.
Hoy, vivimos una situación sumamente compleja, tanto en el ámbito económico como en el
político y social, destacando el tema ecológico. El Partido Verde se ha fijado como meta
colocar a la ecología y el desarrollo susentable de México en el centro de las
decisiones políticas y económicas. México vive una crisis ecológica. La tala
desorbitada de selvas y bosques, el tráfico y muerte de animales silvestres, la
destrucción de áreas verdes, la contaminación de agua y aire y la pérdida generalizada
de la calidad de vida de toda la República Mexicana, son problemas que se deben atender
con urgencia.
Es importante destacar que México corre un riesgo inminente de ser convertido en
recipiente de desechos tóxicos estadounidenses.
Hay que decir que nuestro Gobierno
irresponsable está autorizando enormes depósitos de desechos industriales tóxicos de
importación en diferentes estados, tales como San Luis Potosí, Nuevo León, Sonora y
Coahuila. No entendemos por qué se autorizan estos depósitos tóxicos a espaldas del
pueblo mexicano. Está clara la deficiente administración del Ejecutivo en sus áreas
ecológicas: Secretaría de Medio Ambiente, Instituto Nacional de Ecología y
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por lo que el Legislativo nos
dedicaremos a la construcción de nuevas leyes y sanciones en esta materia.
La educación ambiental es un tema imprescindible para lograr una verdadera cultura
ecológica en nuestro país. La protección al medio ambiente no sólo es un problema
económico y tecnológico, sino también es un problema de cultura. La educación es una
vía para contribuir a la prevención de mayores problemas ambientales.
Para el Partido Verde Ecologista de México, es necesario eliminar algunos obstáculos
para que la gestión ambiental de los particulares sea objeto de mayores beneficios
fiscales. Además, debe otorgarse mayor apoyo presupuestario y créditos accesibles para
los proyectos ambientales que ha desarrollado la sociedad civil y que pueden perderse si
no se mantiene un equilibrio en sus finanzas.
La defensa de la biodiversidad requiere de acciones con mayor firmeza y un nuevo marco
regulatorio para garantizar un futuro verde para México.
Por otro lado, para el Partido Verde, la agenda inmediata del resto de los problemas
nacionales es muy clara:
Primero: debemos acelerar la reforma de Estado hacia un nuevo régimen político.
Segundo: modificar el rumbo de la política económica para reorientar el presupuesto
federal y brindar un real apoyo a la política social. En el Partido Verde Ecologista,
impulsaremos también cambios para alcanzar un verdadero federalismo fiscal que logre el
sano equilibrio entre los ingresos de la Federación y los ingresos estatales y
municipales.
Tercero: asegurar el fin de la impunidad a través del combate frontal a la corrupción y
a las acciones oscuras que el Gobierno ha realizado sin proporcionar mayor información,
por lo que habrá que revisar el proceso de privatizaciones en curso. Estas deben
suspenderse hasta no definir nuevas reglas que permitan su transparencia. La función
fiscalizadora de la Cámara de Diputados debe ser rescatada por el frente opositor.
Cuarta: impulsar los acuerdos de San Andrés Larráinzar, para garantizar la paz justa y
el respeto a los derechos de los indígenas en Chiapas.
Quinto: la exorbitante deuda externa contraída de manera irresponsable por una cadena de
gobiernos que ha comprometido injusta e innecesariamente la soberanía nacional. Es un
tema pendiente a revisión, ya que es importante auditar la deuda e imponer los mecanismos
de control del Poder Legislativo al Ejecutivo, para evitar que se incremente su monto y se
diseñe de nuevo la estrategia de pago.
Sexto: el encarecimiento de los precios y de los productos y servicios, ha afectado a la
economía de la clase popular, por lo que el Legislativo debe establecer los mecanismos
legales que impidan el aumento desproporcionado de los precios y así defender los
intereses de las clases que menos tienen.
Séptimo: debemos abrir la Cámara de Diputados a la sociedad. Los legisladores que
formamos la convergencia opositora, no podemos encerrarnos en los muros de San Lázaro. La
Cámara de Diputados debe escuchar lo que los medios de comunicación responsables le
demandan para orientar su trabajo. Nunca más se cerrarán las puertas de San Lázaro.
Octavo: hacer frente a la inseguridad pública, como signo de la descomposición de
nuestra convivencia. En nuestro partido compartimos esta preocupación con el pueblo. Los
altos índices de violencia y delincuencia son muestra del fracaso de las acciones
gubernamentales para combatirlo. Antes de ser militantes de algún partido político,
todos los miembros de este Congreso somos mexicanos y representantes de la nación y el
pueblo. Con firmeza, respeto y conciliación hemos resuelto el difícil problema de la
integración del Congreso. Así debemos de esforzarnos para analizar y resolver a través
de un eficiente trabajo legislativo, los principales problemas de México. Podemos y
debemos disentir, ya que a través del diálogo y la discusión se aclara el
entendimiento. Pero nunca romper y destruir, siempre debemos buscar el punto de acuerdo
para servir a México.
Compañeros legisladores: hoy es un día histórico para México, este día será
recordado como el inicio de un nuevo México. Un México más justo y democrático.
También será recordado como el principio del fin de un sistema político totalmente
desgastado, un sistema corrupto que ha llevado a nuestra nación a la pobreza y
marginación.
Hoy 1o. de septiembre de 1997, también es un día histórico para los miembros y
militantes del Partido Verde Ecologista de México. Este día con la representación y
responsabilidad de más de 1 millón de mexicanos que votaron por nosotros, hemos llegado
por vez primera a este Congreso, como siempre hemos caminado: ¡congruentes!
Nuestro partido siempre ha luchado por la igualdad absoluta de oportunidades a la mujer;
hecho que hemos demostrado con la composición igualitaria de hombres y mujeres de nuestra
fracción parlamentaria.
Las diputadas del Verde Ecologista, están dedicadas en cuerpo y alma a la digna lucha por
la igualdad de género.
Para ser congruentes con nuestro electorado e ideología, contamos con un número
importante de jóvenes legisladores. Nosotros los jóvenes lucharemos para que nuestra
generación pueda vivir un México con más oportunidades.
Pero también contamos con legisladores ecologistas maduros y experimentados que brindan
un importante equilibrio a nuestra fracción.
Juntos, como una pefecta representación de la sociedad, estaremos a la altura de lo que
México y nuestro partido demandan.
Este día se inicia un nuevo futuro para el Partido Verde, en donde los legisladores
verdes deberemos de actuar con responsabilidad ante la nación.
Hoy se cristaliza una lucha que comenzó hace 17 años, cuando de manera simbólica
nuestro presidente y fundador liberó un ave tucán en la hermosa selva Lacandona.
Ha sido una lucha larga y difícil para todos los miembros y militantes. Pero hoy, 1o. de
septiembre de 1997, cosechamos uno de los frutos más importantes. Este día comienza la
nueva era del Partido Verde.
Nuestro partido se compromete a hacer su mejor esfuerzo para su aporte a la integración
de un Poder Legislativo más fuerte y respetable; un Poder Legislativo fuerte, no para
rivalizar con los otros dos poderes de la Federación, sino para sumar en beneficio de las
grandes causas nacionales.
El pueblo de México exige responsabilidad de los partidos políticos. La sociedad reclama
partidos serios, con planteamientos claros de gobierno, responsables y capaces de brindar
seguridad a los ciudadanos de nuestra patria.
Las elecciones han demostrado una gran madurez cívica del pueblo. Ahora nos toca a los
partidos políticos ser consecuentes con ese mandato.
El Congreso en esta legislatura, gracias a la oposición, está recuperando la dignidad
extraviada por tantos años. Ahora nos corresponde cambiar las líneas de gobierno, como
el pueblo lo manifestó el 6 de julio.
Hoy los legisladores de la convergencia opositora nos entendemos como un movimiento
político, más allá de las fronteras de los partidos, para conducir a México a un nuevo
régimen político que le asegure al país una nueva estabilidad. Con ese objetivo
actuaremos en todo momento.
Hoy aquí en esta tribuna, en representación de todos los diputados verdes, hago un
compromiso público moral: "Siempre el voto verde será por México".
Muchas gracias.
| El Presidente del Congreso: |
Tiene la palabra, el diputado Carlos
Medina Plascencia, del Partido Acción Nacional.
33,34,35
|
El
diputado Carlos Medina Plascencia: |
Con su venia, señor Presidente;
señores diputados y senadores de la República; señores funcionarios federales; señoras
y señores; mexicanos:
Asistimos este día a un momento determinante de nuestra historia: al inicio de una nueva
era de la vida política de nuestra querida nación mexicana. Hito en la historia del
Congreso mexicano, la sesión de hoy se escribe con la fuerza moral y política de la
palabra ciudadana, expresada como mandato incuestionablemente soberano que los mexicanos
depositaron en las urnas el pasado 6 de julio.
De ahí nuestro deber de ser capaces, de estar a la altura de esa responsabilidad
encomendada y corresponder a la ejemplar participación ciudadana con una actitud que
eleve la mirada en el horizonte de la patria, para darle futuro con porvenir a esa
esperanza que es anhelo democrático de justicia y libertad.
El momento actual nos reclama una gran congruencia personal y social, si bien es cierto no
caben actitudes totalitarias ni excluyentes, contrarias en sí mismas al espíritu
democrático; tampoco es válido el autoaislamiento o retrasarse en la llegada a la cita
con la historia.
Desde su perspectiva plural la nueva Cámara de Diputados debe ofrecer al país la
construcción de un nuevo consenso político que sustente a la República que renace. La
historia de Acción Nacional demuestra que en las cambiantes circunstancias de vida de
México ha luchado siempre por la democracia. Pero en nuestra concepción trasciende
sensiblemente la mera celebración de procesos electorales limpios y transparentes, para
nosotros la democracia es una forma de vida que se expresa en el reconocimiento de la
igualdad esencial de todos los mexicanos y en el respeto a sus derechos. Hoy la democracia
tiene como condiciones sine qua non la pluralidad y la inclusión.
Este Congreso está dando muestra de su determinación de avanzar por ese sendero.
Esperamos del titular del Poder Ejecutivo una actitud incluyente y respetuosa de la
pluralidad que contribuya por fin a democratizar definitivamente la vida de México.
¡Lo exigen hoy millones de mexicanos excluidos de los supuestos beneficios de la
política económica vigente, víctimas de un poder que ha gobernado al país por más de
seis décadas en forma ininterrumpida y que lo ha llevado al caos, a la postración
económica, la inseguridad, a la concentración brutal de la riqueza, a la centralización
desmesurada de facultades y recursos, a la contaminación del ambiente, a la corrupción
extendida en todos los niveles de la administración pública! ¡Ya no se puede postergar
la justicia que reclama la dignidad del pueblo de México!
Por nuestra parte, ofrecemos el testimonio de nuestra voluntad política, para hacer
posible que la diversidad se concilie en la unidad mediante el respeto y la buena
voluntad.
¡Sentimos que lograr ese consenso entre todos los partidos aquí representados es una
necesidad histórica, una obligación moral y un ineludible compromiso político con el
pueblo de México!
En esa línea ratificamos nuestra propuesta de construcción de un estado democrático y
de derecho, para que las instituciones públicas adquieran o recuperen la credibilidad
perdida y que el Gobierno cumpla con su función de impulsar el crecimiento de la
economía, la igualdad sexual, la creación de empleos, combata la pobreza con eficacia,
gestione la protección del medio ambiente, la prevención y el cuidado de la salud y
desarrolle entonces un sistema de justicia y seguridad confiable para los ciudadanos,
tanto del campo como de la ciudad.
¡lmpulsaremos el cambio democrático a partir de una nueva cultura y práctica política
basada en la verdad, en la transparencia, la honestidad, el servicio a los demás como una
forma de encontrarse a sí mismos y la solidaridad como el rostro social del amor!
¡En ese afán empeñaremos nuestro esfuerzo! ¡Esta es una de las razones primarias de la
misión de Acción Nacional: la búsqueda del bien común y el reconocimiento del
prominente interés nacional!
Por ello mismo, así como hemos ponderado la trascendencia histórica y el espíritu
democrático del acuerdo parlamentario que suscribimos cuatro partidos políticos
representados en esta Cámara, para darle gobierno estable, autonomía e independencia a
la nueva legislatura, también hemos delimitado su ámbito de competencia y sus alcances.
No se trata de una coalición, no se trata tampoco de un frente ni de una alianza
permanente, se refiere este acuerdo al gobierno y administración de la Cámara por todo
el periodo de esta legislatura.
Ratificamos hoy nuestra convicción de que para esta tarea nadie puede excusarse sin daño
a la comunidad nacional y por lo tanto también expresamos nuestro deseo convertido en
invitación cordial y respetuosa, para que en los días futuros todos nosotros aportemos y
logremos integrar un consenso pleno en la Cámara de Diputados.
Por otra parte, en el ámbito de la agenda legislativa, manifestamos nuestra disposición
para converger en lo programático, ideológico y en lo político con todas aquellas
propuestas, vengan de donde vengan, que busquen la transformación del Estado, que quieran
hacer avanzar en el país políticas públicas de bienestar social y económico para todos
los mexicanos, para consolidar de una vez por todas esa postergada reforma del Estado.
Nada justifica que México en el umbral del Siglo XXI haya llegado el Gobierno Federal a
centralizar cada vez más atribuciones, sustrayéndolas a los estados y a los municipios.
El federalismo se identifica actualmente con la descentralización que nos remite a la
defensa de la comunidad local, la cual debe estar sustentada en la autonomía política y
la suficiencia económica.
En el sistema federal es una prioridad respetar al municipio libre, que es la base de la
división política nacional y debe ser concebido no sólo como una simple
circunscripción política, sino como una real comunidad de vida. Esto expresado supone
una inmediata y urgente reforma legislativa que modifique criterios de equidad y de
justicia: el sistema de distribución a los estados y a los municipios. Ese es nuestro
anhelo, encauzar dentro de la ley un Gobierno más justo y menos costoso para el pueblo;
bien dimensionado; con reparto y reconocimiento de facultades y recursos entre los niveles
federal, estatal y municipal; más democrático con el vigor y la confianza de la
población para lograr una economía sana; una relación equitativa entre los sexos; una
industria limpia; un crecimiento estable y sustentable; relaciones laborales eficientes y
protección de los trabajadores. En suma, una mejor distribución de la riqueza, la
cultura y el poder.
En cuanto al informe que hoy rinda ante el Congreso de la Unión el titular del Poder
Ejecutivo, manifestamos nuestra esperanza de que, en efecto, sea un acto verdaderamente
republicano, que respete la dignidad de los poderes y se constituya en una auténtica
rendición de cuentas ante los representantes del pueblo.
Esperamos del Gobierno de la República la necesaria disposición para aclarar, completar,
precisar y explicar a satisfacción, en su momento, todo lo relacionado con el estado que
guarda la presente administración.
Por lo demás, tal y como lo planteara el ilustre mexicano Manuel Gómez Morín, en este
año del centenario de su natalicio, vale recordar el pensamiento de su testimonio
nacional y su vocación al bien común, que los diputados panistas asumimos como guía
orientadora de nuestros pasos en esta LVII Legislatura: "iremos abrazados al ideario
que proclamamos, serenos en nuestra invencible esperanza, saludando alegres las caras
amigas, gozándonos de las nuevas caras compañeras y deseando volver a caminar juntos con
los que antes nos acompañaron y volverán a hacerlo jovialmente y sin reproches. Cuando
otra vez se junten los caminos y vuelva a hacer patente que no en la sombra de conjuras ni
en la mística torcida del milagrismo ni el cesarismo de cualquier especie ni en la
intriga de la politiquería ni en el abandono egoísta o la deserción cobarde, menos aún
y, por supuesto, en la combinación o en la componenda, sino en la pública cordial,
efusiva comunión en aquello que nos es común y parejamente nos incita y nos obliga,
apartando lo que nos separa, apretando lo que nos une, disputando lo disputable sin dejar
de luchar reunidos en lo indiscutible, el supremo interés de la nación, así es como
podremos cumplir nuestro deber, en esto empeña su palabra Acción Nacional, hoy como lo
ha hecho y cumplido desde 1939".
Muchas gracias.
| El Presidente del Congreso: |
Tiene ahora la palabra Pablo Gómez
Alvarez, diputado del Partido de la Revolución Democrática.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Señores legisladores, señoras y
señores:
Se está iniciando por fin la transición de México a la democracia; el 6 de julio pasado
la ciudadanía logró un primer paso en la solución de uno de los mayores problemas del
país: el equilibrio de poderes.
Los mexicanos no podemos seguir teniendo un legislador unipersonal, el Presidente de la
República y un Congreso cuya mayoría represente al Poder Ejecutivo en lugar de ser la
representación nacional. No podemos tampoco seguir dejando sólo en manos del Gobierno la
decisión de asignar el gasto público, el cual se integra con las contribuciones de
todos; no tenemos por qué continuar con un Gobierno sin el menor control político y sin
la menor fiscalización; no debemos seguir tolerando las viejas tradiciones de ver en el
Presidente al supremo mandante de la nación.
El mensaje democrático de la ciudadanía que se ha expresado inicialmente en la
conformación de la Cámara de Diputados, nos obliga a ejercer una representación
auténtica y a realizar una lucha política abierta, nítida, verdaderamente pública, a
través de la cual los mexicanos logren elevar sus exigencias, hacer realidad sus anhelos
y propuestas e intervenir en los asuntos del Estado, tradicionalmente exclusivos de un
solo grupo político que monopolizó la función pública.
Los recientes problemas surgidos en la instalación de la Cámara de Diputados, que
amenazaron con desencadenar una crisis política, fueron una muestra más de lo difícil
que será la transición de México a la democracia. En los próximos meses tendrá lugar
una fuerte lucha parlamentaria en la que habrá de aflorar la pluralidad política,
social, étnica y cultural de México; que esa lucha se desenvuelva a través de
procedimientos democráticos y legítimos es uno de los propósitos del Partido de la
Revolución Democrática.
Será necesario también pugnar en favor de que el Senado, Cámara que sólo se renovó en
una cuarta parte de sus integrantes, asuma un papel activo en los cambios políticos, sin
caer en la triste función de custodio de un presidencialismo en decadencia y de un
sistema de partido de Estado que el pueblo ha rechazado a través del voto ciudadano.
El Poder Legislativo se conforma con los representantes de la ciudadanía y tiene
encomendado el papel de mandar, asumiendo los mandatos del pueblo. Este poder fue
diseñado para decirle al Poder Ejecutivo qué hacer y cómo hacerlo y para controlar el
desempeño de los gobernantes; que no se entienda el ejercicio de esa elevada función
como un obstáculo para el desempeño del Gobierno, que no se diga que hacer valer la
Constitución puede ser motivo de ingobernabilidad;... que no se esgriman argumentos
antidemocráticos y autoritarios para impedir el normal ejercicio de las funciones
constitucionales de la Cámara de Diputados y de todo el Congreso.
Tendremos que seguir en el empeño de hacer valer las facultades del Poder Legislativo.
No es aceptable que el Ejecutivo siga utilizando fondos públicos en gastos secretos y
discrecionales, en sobresueldos ilegales y en erogaciones injustificadas. No es aceptable
que el Presidente comprometa por propia e ilegal decisión la canalización durante los
próximos años, durante los próximos años de grandes partes del presupuesto federal, en
este caso en favor de empresas que han fracasado, como son los concesionarios de
carreteras de cuota y bancos.
Los recursos de los contribuyentes no deben ir a parar a los bolsillos de unos cuantos
empresarios favoritos en una suerte de elitismo presupuestal, se critican y niegan los
subsidios al pueblo, pero se exaltan aquellos que van dirigidos hacia grupos, a algunos
grupos de grandes empresarios.
Cuando un pequeño productor se ve arruinado, cuando un deudor hipotecario observa cómo
se incrementa su adeudo, nadie o casi nadie le ayuda, ¿por qué tendría el pueblo que
acudir en auxilio de quienes más tienen y habían sido ya favorecidos por el Gobierno,
pero aun así no supieron conducir con tino sus propios negocios?
36,37,38
Es indispensable una reforma presupuestaria,
las prioridades de los egresos federales tienen que dirigirse hacia el gasto social y la
promoción del crecimiento. El gasto público debe reasumir una función relevante en el
desarrollo económico y social dejando atrás el esquema de la economía de las
desigualdades, con el cual México tiene hoy más pobres que antes y se desperdicia gran
parte de las fuerzas productivas del país.
Se requiere también iniciar un cambio de fondo en el sistema fiscal. Quien más tiene,
debe contribuir con una mayor proporción de su ingreso, tal como lo marca la Carta Magna,
mientras que el IVA debe dejar de penalizar los consumos populares. El capital
especulativo debe contribuir también al gasto de todos y dejar de ser una especie de
país dentro del país, con leyes especiales.
La legislatura que hoy inicia tendrá que emprender una lucha contra la corrupción, la
cual en México no es un fenómeno aislado, sino parte del sistema político que ya se
encuentra en decadencia. Al estado corrupto debe suceder el estado democrático de
derecho.
La reforma del Estado debe ser relanzada. Existe una agenda elaborada entre el Gobierno y
los partidos y también otra redactada dentro del Poder Legislativo. Sin miedo alguno a
los cambios democráticos, tenemos que promover la ampliación de las libertades de los
mexicanos, la elevación del papel del Congreso, el fortalecimiento de los estados y
municipios, el desarrollo de los medios de comunicación con una visión plural, completar
la reforma electoral y hacerla en las entidades donde siguen produciéndose grandes
fraudes. Ahí está el más reciente de Campeche, promovidos por aquellos gobernadores
especialmente en la zona sur-sureste del país, en cuyos estados la compra de votos y la
utilización de recursos públicos en favor del partido oficial siguen siendo evidentes y
ofensivas.
Se requiere ya la reforma constitucional en materia de los pueblos indios de México, para
que puedan ejercer sus derechos como tales pueblos. Si el Gobierno Federal no reconoce los
acuerdos signados en San Andrés, el Congreso está comprometido a impulsar las reformas
constitucionales y legales pactadas. Si el Poder Ejecutivo no es capaz de honrar su
palabra y su firma, que los legisladores lo hagan en el cumplimiento de su deber.
Y será necesario también, de inmediato, revisar el Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, con el propósito de que el Ejecutivo y el Legislativo de la capital del país,
logren las mejores condiciones para desempeñar sus funciones con la necesaria libertad.
La reforma de la justicia no ha terminado, como se quiere hacer creer; más bien pareciera
que no se ha iniciado. La presente legislatura tendrá que profundizar el tema de la
procuración e impartición de justicia y tendrá también que conocer de la existencia de
presos políticos, fenómeno que sigue siendo una vergüenza.
Señoras legisladoras, señores legisladores y señores miembros del Gobierno, señor
Presidente del Congreso, señoras y señores:
Al contrario de lo que se insinúa o se dice abiertamente en los círculos gubernamentales
y del partido oficial, no hemos llegado a este Congreso por graciosa decisión de ninguna
persona, así fuera ésta el Presidente de la República. La nueva legislación electoral
permitió que hubiera menos defraudación electoral, pero esas nuevas normas no
significaron una graciosa concesión, sino fueron producto de 30 años de lucha de las
fuerzas democráticas del país.
En la Cámara de Diputados, sin mayoría de ningún partido, no habrá un gran legislador
ni patrón ni pastor; habrá lucha parlamentaria que así lo entiendan los partidos y los
legisladores, que lo entienda el Gobierno, que así sea para que se abra un capítulo de
la historia política de México y empecemos a ingresar en la lista de las naciones
democráticas. Así lo desea, sin duda, la mayoría de los ciudadanos mexicanos.
Hemos llegado a este Palacio con un grito: ¡Que viva la República!
| El Presidente del Congreso: |
Tiene ahora la palabra el diputado
Mariano Palacios Alcocer, del Partido Revolucionario Institucional.
| El diputado
Mariano Palacios Alcocer: |
Señor Presidente; honorable Congreso;
ciudadanos servidores públicos de la Federación, honorable audiencia:
Esta tarde, al abrirse el primer periodo de
sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, la LVII Legislatura que conformamos se
dispone a transitar hacia el nuevo milenio. Son tiempos de cambio vertiginoso, se siente
en todos los rincones del mundo, de ajuste de cuentas con un siglo de impresionantes
avances científicos y tecnológicos. Asistimos al final de una era donde las ideologías
mejor logradas, las más sólidamente constituidas, advierten el desvanecimiento de sus
paradigmas fundamentales.
Al mundo de nuestros días nada le es remoto, nada le es ajeno, las comunicaciones acortan
la distancia y lo instantáneo reduce el tiempo.
México es, sin duda, la clara expresión de los signos del cambio. En menos de dos
centurias transitamos del colonialismo y el vasallaje al estado de derecho y al ejercicio
de las libertades políticas. Iniciamos el siglo con una dictadura anquilosada y esta
legislatura habrá de concluir el milenio con una democracia fortalecida.
En los últimos años los mexicanos hemos sostenido un intenso debate para definir las
reglas de la competencia política en términos de mayor transparencia y equidad. Los
resultados hoy manifiestos en esta Asamblea demuestran que acertamos. Disponemos de un
sistema electoral confiable, sus distintos elementos, siempre perfectibles, funcionan de
manera integral. Hoy la legitimidad de las instituciones republicanas y este Congreso, en
especial, se ensancha favorecido, además por una opinión del escrutinio internacional
que valora el esfuerzo democrático del pueblo de México.
Ciertamente, el pasado 6 de julio la ciudadanía refrendó en las urnas su naturaleza
plural. A partir de entonces, cinco partidos políticos son depositarios en la Cámara de
Diputados de la representación nacional.
Hoy existe una nueva correlación de fuerzas, aquí se ha advertido: ningún partido tiene
en efecto la mayoría absoluta.
El grupo parlamentario del PRI, senadores y diputados al Congreso de la Unión, reconoce
que tales avances han sido posibles gracias al esfuerzo democrático de la sociedad
nacional, gracias al empeño y voluntad de los partidos políticos y gracias también,
debemos decirlo, a la vocación conciliadora y democrática del Gobierno de la República,
en un compromiso por impulsar una reforma de Estado que deberán profundizar los miembros
de esta legislatura.
Los legisladores priístas, senadores y diputados al Congreso, venimos a refrendar hoy
nuestro compromiso con el fortalecimiento del estado de derecho, social y democrático.
Entendemos éste como el principio realizador de la convivencia humana, en el marco de una
sociedad política organizada que se fundamenta en valores colectivos que le otorgan una
clara dimensión cultural.
Independencia, soberanía, libertad, democracia y justicia social, son valores esenciales
que orientan el quehacer del Estado mexicano.
Nos proponemos avanzar en la reforma política del Estado para lograr el fortalecimiento a
fondo del Poder Legislativo de la Unión; hemos de impulsar avances en el federalismo y
hemos de ensanchar, colectivamente, los cauces de la participación ciudadana en la
política.
Los priístas sabemos que la división y el equilibrio entre los poderes de la Unión,
reclama un Congreso de la Unión digno, que cumpla cabalmente sus atribuciones
constitucionales y represente a plenitud la rica diversidad étnica, sociológica,
cultural y polítical del México moderno.
Estamos dispuestos, de cara a la nación, a enarbolar las más avanzadas causas de la
sociedad mexicana.
Los diputados y senadores priístas, nos empeñamos en retomar la defensa de las causas
sociales a través de las iniciativas de ley que permitan una mejor distribución de la
riqueza y un mejor reparto de los beneficios derivados del esfuerzo colectivo de los
mexicanos.
Hemos de realizar un esfuerzo mayúsculo para combatir la pobreza en sus diversas
manifestaciones: pobreza como ignorancia; pobreza como desigualdad; pobreza como
injusticia; pobreza como insalubridad y, fundamentalmente, pobreza como marginación
democrática.
Los grupos parlamentarios de senadores y
diputados del PRI, valoramos la elevada responsabilidad del Congreso de la Unión, como
instancia en donde se deliberan los grandes temas nacionales.
Estaremos atentos al desarrollo de la política interior, de la política exterior
mexicana, de la política social y de la política económica que desempeña el Gobierno
de la República.
Mantendremos una comunicación abierta, respetuosa, permanente, con los poderes Ejecutivo
y Judicial de la Federación. Deseamos contribuir de manera eficaz al cumplimiento de los
fines superiores del Estado mexicano.
No permitiremos que los desacuerdos entre partidos políticos, generen tensiones que
pongan en riesgo la vigencia del orden constitucional y la indispensable gobernabilidad
democrática, que reclama de nosotros el pueblo de México.
Los senadores y diputados priístas, hemos dado a la nación una muestra contundente sin
ambigüedades de concordia, de entendimiento, de unidad nacional. Lo hicimos de manera
responsable, de frente a la opinión pública, porque tenemos confianza y empeño en
sentar las bases de una nueva cultura política, fundada en el respeto, la tolerancia, la
pluralidad y la inclusión de todos los miembros del Congreso.
Integramos Congreso para erradicar prácticas anacrónicas en la relación entre partidos.
Avanzamos, porque tenemos confianza en el valor personal de cada uno de los diputados y
específicamente en la solidez ideológica y en las convicciones partidistas de los de mi
bancada.
En esta legislatura, los senadores y diputados, haremos una enérgica defensa de nuestros
derechos. Que se sepa, los priístas no queremos más ni asistiremos menos, de lo que el
pueblo nos ha dado en las urnas.
Honorable Asamblea: la superación de la vida democrática de México, se fundamenta en el
reconocimiento y respeto de los contrarios. Esta legislatura puede ser memorable si los
depositarios de la representación nacional tenemos la capacidad de trascender la
coyuntura y desarrollar un proyecto parlamentario y legislativo de genuina composición
plural.
Los diputados y senadores priístas expresamos ante la nación, nuestro compromiso de
privilegiar la política, como el espacio idóneo para dirimir controversias, para
resolver conflictos, para equilibrar tensiones, con un trabajo serio y comprometido,
arribaremos juntos al nuevo milenio.
El pueblo de México merece que todos los aquí presentes, hagamos un esfuerzo supremo de
civilidad republicana, acorde con las expectativas democráticas, derivadas del 6 de
julio.
Por México, los priístas haremos nuestra parte.
RECESO
El Presidente
del Congreso
(a las 19:20 horas): |
Se declara un receso en espera del
Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León.
(Receso.)
(A las 20:00 horas) Se reanuda la sesión.
(Himno Nacional).
III INFORME DE GOBIERNO
| El Presidente
del Congreso: |
Tiene la palabra el ciudadano Ernesto
Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene
usted la palabra, señor Presidente.
El Presidente de
los Estados Unidos
Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León: |
Señoras y señores diputados y
senadores del honorable Congreso de la Unión; señor presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación; mexicanas y mexicanos:
Es para mí un honor asistir a la apertura del primer periodo de sesiones de esta LVII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
39,40,41
Al saludar a las señoras y a los señores
legisladores que integran este honorable Congreso, les manifiesto mi invariable
disposición para establecer una relación de respeto, colaboración y corresponsabilidad
enmarcada en el principio de división de poderes y en la cabal observancia de las
atribuciones que la ley confiere a cada poder.
Por el bien de México deseo a todas las señoras y los señores legisladores el mayor de
los éxitos en el cumplimiento de su delicada e importante responsabilidad.
Hace un momento he cumplido con lo que ordena el artículo 69 constitucional presentando a
este honorable Congreso, un informe escrito sobre el estado general que guarda la
administración pública del país; ahora, permítaseme aprovechar esta valiosísima y
señalada oportunidad para hacer una recapitulación personal de los principales avances y
retos de la nación al cumplirse casi la mitad del mandato que el pueblo me ha conferido.
El voto del pueblo de México ha dado a esta legislatura una pluralidad que debe alentar
el diálogo respetuoso y los acuerdos, velando siempre por el interés superior de la
nación.
Confío enteramente en que el Legislativo y el Ejecutivo mantendremos una relación
madura, constructiva y útil para el país. Lograr esa relación debe ser el siguiente
paso para afianzar la normalidad democrática lograda con el esfuerzo de todas las fuerzas
políticas y la gran participación ciudadana el pasado 6 de julio.
En efecto, el 6 de julio el país dio un paso muy importante para llegar a la normalidad
democrática. Ese día culminó el propósito que expresé desde esta alta tribuna el 1o.
de diciembre de 1994, de trabajar para que las elecciones federales de este año nos
dejaran satisfechos a todos por la forma de su realización, indistintamente de sus
resultados.
Para conseguir ese propósito, en enero de 1995 convoqué a los partidos políticos con
representación en el Congreso de la Unión, a emprender una reforma electoral definitiva.
A partir de ese momento, se negoció y se acordó exitosamente una reforma constitucional
que resolvió los grandes temas pendientes en materia electoral.
Gracias a esa reforma, se logró que el instituto responsable de organizar, computar y
validar las elecciones tuviera total autonomía respecto del Gobierno.
Los servidores del Instituto Federal Electoral y los cientos de miles de ciudadanos que
cívica y generosamente contribuyeron a organizar las elecciones, merecen nuestro mayor
reconocimiento.
Gracias a esa reforma, el Poder Ejecutivo ya no interviene en la solución de las
controversias que puedan ocurrir en las elecciones. Ahora son resueltas por un tribunal
que forma parte del Poder Judicial y por lo tanto, es totalmente independiente del
Ejecutivo.
Se logró, además, que los partidos contaran de manera justa y transparente con recursos
públicos para sus campañas y que tuvieran acceso equitativo a los medios electrónicos
de comunicación.
En pocas palabras, se sentaron las bases para que las elecciones fuesen no sólo legales,
sino justas; además, gracias a la reforma, los habitantes de la capital de la República
elegimos por primera vez al jefe de gobierno del Distrito Federal.
Al alentar la reforma electoral lo hice con absoluta confianza en que la más intensa
competencia política y la pluralidad que surge de ella serán factores de unidad
nacional, de estabilidad política y de progreso para el país.
En todo momento he confiado en que la competencia libre y abierta permitirá que cada uno
asuma su compromiso con la democracia, practicando una genuina ética de responsabilidad
política.
Una ética de responsabilidad política que comprenda la defensa invariable del orden
jurídico y el respeto a las instituciones.
Una ética de responsabilidad que aliente la tolerancia y la mesura; no el enfrentamiento
y el encono; que privilegie el diálogo, no la imposición; que estimule las propuestas
efectivamente viables para el desarrollo de México.
Una ética de responsabilidad que reconozca que el único protagonista indispensable y
trascendente para el avance de la nación es el pueblo de México.
Sé bien que en cada momento decisivo
prevalecerá esa ética que es la que he tratado de honrar al convocar y alentar la
reforma política.
Esa ética de responsabilidad está en el interés de todos, porque en el marco de la ley,
habrá de regir nuestra vida cívica; habrá de regir el trato que cada quien da y que
cada quien recibe en nuestra vida democrática.
Todos vamos a necesitar esa ética de responsabilidad, porque nos aguardan enormes tareas
que sólo pueden ser realizadas con la colaboración respetuosa entre los poderes de la
Unión.
Hoy, además, reitero mi más firme voluntad y mi invariable compromiso de que el Gobierno
Federal seguirá trabajando con respeto y armonía con todos los gobiernos estatales y
municipales, independientemente del partido político del que hayan surgido.
Como hasta ahora, el Ejecutivo Federal mantendrá una comunicación constante con las
señoras y los señores legisladores para defender nuestra soberanía nacional y promover
los intereses de México en el mundo.
La soberanía es el valor supremo de los mexicanos y es la responsabilidad primera del
Estado. Para preservarla, ejercemos invariablemente una política exterior de principios.
México practica y exige el respeto a la igualdad jurídica de los estados y a la
autodeterminación de los pueblos.
Ante nuestros aliados, ante nuestros vecinos y ante nuestros amigos en todo el mundo,
hemos insistido con claridad y firmeza en que el límite de toda negociación con México
es siempre nuestra soberanía nacional. Que los mexicanos nos gobernamos a nosotros mismos
y no aceptamos ninguna injerencia externa en nuestros asuntos internos.
En los momentos de prueba que sin duda han estado presentes durante este Gobierno, hemos
rechazado toda presión y hemos actuado conforme a nuestros principios.
Así, hemos denunciado y combatido leyes extranjeras con efectos extraterritoriales que
contravienen el derecho internacional.
De igual modo, en el combate de males internacionales como el narcotráfico, hemos exigido
y logrado que todo acuerdo y toda acción estén basados en el respeto a la soberanía y a
la jurisdicción territorial de nuestro país.
Adicionalmente, México ha insistido en que para avanzar en todo propósito común, el
camino es la cooperación constructiva y nunca la recriminación estéril.
La otra parte fundamental de nuestra política exterior es la promoción de los intereses
de México en el mundo.
Ello exige una intensa actividad. En los pasados 12 meses sostuve 17 reuniones de trabajo
en México y 20 en el extranjero con jefes de Estado y de Gobierno, en las que se
suscribieron 64 tratados con otras naciones.
En la diversificación de nuestras relaciones, hemos puesto especial énfasis en América
latina porque compartimos lazos fraternales y un gran potencial productivo y cultural.
México está impulsando la apertura comercial, la integración económica y la
concertación política con cada nación latinoamericana y en todos los foros de la
región.
Los países de la Unión Europea constituyen nuestro segundo socio comercial y nuestra
segunda fuente de inversión extranjera. Por eso es muy importante haber finalizado un
complejo proceso en el que se convinieron las bases para negociar un Acuerdo de
Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión
Europea. Pronto empezará esa negociación.
En el Pacífico asiático, México está impulsando vínculos que empiezan a traducirse en
más comercio, mayor inversión y mejor cooperación tecnológica.
Nuestra política exterior ha dedicado una atención especial a proteger los derechos
humanos y laborales y la dignidad de los mexicanos en el extranjero.
Esta es y seguirá siendo una prioridad indiscutible de México y es uno de los asuntos
más sensibles de nuestra relación con los Estados Unidos de América.
Toda acción y toda operación que agravie la dignidad de los mexicanos no ha pasado ni
nunca podrá pasar desapercibida. No puede ser aceptable que el respeto mutuo y la buena
voluntad rijan algunos aspectos de la relación bilateral y no lo hagan en otros, en
particular en aquellos que tienen qué ver directamente con los derechos humanos
fundamentales de nuestros compatriotas.
Por eso, seguiremos utilizando todos los recursos legales y diplomáticos para defender a
nuestros connacionales dondequiera que se encuentren.
A la vez, seguiremos insistiendo en que el respeto, la amistad y la cooperación no pueden
ser rasgos selectivos y unilaterales de una relación tan amplia, compleja e importante
para ambas partes.
Sabemos que todo hombre y toda mujer con raíces mexicanas están orgullosos de ser parte
de nuestra nacionalidad. De ahí la trascendencia de la reforma constitucional,
recientemente aprobada, que permite que todo mexicano con derecho a adquirir otra
ciudadanía pueda hacerlo sin verse obligado a renunciar a la nacionalidad mexicana.
Próximamente y previa consulta con las señoras y los señores legisladores, someteré a
consideración de este Congreso la iniciativa de ley reglamentaria correspondiente.
Si la defensa de la soberanía es la primera responsabilidad del Estado mexicano, una
condición esencial para preservarla es garantizar el imperio de la ley en todo el
territorio nacional.
Hoy, sin embargo, la inseguridad pública y el desapego al estado de derecho son el mayor
obstáculo para nuestro progreso material y para una vida social armónica.
Hoy, la más grave preocupación de los ciudadanos es la inseguridad pública que persiste
en las calles, en los caminos y que, incluso, ha penetrado a los hogares, los centros de
trabajo y de reunión.
La ciudadanía se siente impotente ante la delincuencia y percibe que la autoridad es
ineficiente para combatirla. Se sigue temiendo tanto a quien comete un delito como a
quienes deben perseguirlo, porque con frecuencia encubren o toleran los actos ilícitos.
El sentimiento de inseguridad se ha extendido en la población provocando aislamiento y
estimulando la intención de hacerse justicia por propia mano.
Hasta ahora, la magnitud y complejidad del problema han sido más grandes que el efecto de
nuestros esfuerzos, si bien no hemos permanecido pasivos.
Desde el inicio de esta administración se promovió una amplia y profunda reforma
constitucional para fortalecer al Poder Judicial y para aplicar en todo el país una
política integral de seguridad pública que comprenda un combate sistemático, coordinado
y sostenido contra la delincuencia y contra el crimen organizado.
Al promover esa reforma, tuve como un objetivo primordial que la ciudadanía cuente con un
Poder Judicial verdaderamente independiente e imparcial, incuestionablemente profesional e
indiscutiblemente honesto. Todos los mexicanos confiamos en que muy pronto se cumplan a
plenitud cada uno de los propósitos que animaron a esa reforma.
La reforma constitucional también fue el primer paso para promover cambios en aspectos de
las leyes que dificultaban la persecución de los delitos más graves y debilitaban la
acción de la justicia.
Entre esos cambios, uno reciente ha sido la aprobación, por el honorable Congreso de la
Unión, de la Ley Reglamentaria para el Combate a la Delincuencia Organizada. Asimismo, se
han modificado diversas leyes financieras a fin de prevenir y detectar el lavado de
dinero.
En virtud de la reforma constitucional se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública
con el objetivo de coordinar las labores de la Federación, el Distrito Federal y los
municipios.
También con base en la reforma y en las tareas del sistema nacional, ahora será
mandatario alcanzar niveles óptimos de capacidad, profesionalización y eficacia para
todas las corporaciones de seguridad pública del país.
La reforma constitucional estableció, por primera vez, que la actuación de las
instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez.
42,43,44
A instancias del propio Sistema Nacional de
Seguridad Pública, el Ejecutivo propuso y obtuvo para el Presupuesto de Egresos de la
Federación de 1997, recursos especiales por 1 mil 905 millones para seguridad pública,
que están siendo distribuidos entre el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y los
gobiernos municipales.
También por recomendación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha empezado la
reestructuración de las instituciones de procuración de justicia del país y se han
iniciado los esfuerzos para coordinar los cuerpos de seguridad de los tres niveles de
gobierno.
Claramente, todos y cada uno de estos avances no han sido suficientes. Es indispensable e
inaplazable apresurar el paso. Este es un problema muy grave en el que es urgente que el
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo trabajen con ahinco, firmeza y en más estrecha
colaboración. Asimismo, es necesarísima una mucha mejor coordinación entre el Gobierno
Federal y los gobiernos estatales y municipales.
Propongo que todos nos comprometamos a reforzar nuestras leyes, que todos nos
comprometamos a acelerar la reestructuración de las corporaciones policiacas y a precisar
y hacer cumplir los estándares de su desempeño.
Propongo que todos nos comprometamos a impulsar reformas verdaderamente profundas en las
procuradurías de justicia de todo el país, a avanzar con mucha mayor rapidez hacia una
coordinación eficaz y conseguir una colaboración más activa de todos los grupos e
instituciones sociales.
Propongo a este honorable Congreso que intercambiemos opiniones y, a mi vez, también lo
haré con los señores gobernadores para encontrar fuentes adicionales de financiamiento
que permitan incrementar sustancialmente el gasto en procuración de justicia y seguridad
pública ya desde el próximo ejercicio fiscal.
Todos debemos comprometernos a emprender un esfuerzo sin precedente para que nuestro
sistema de justicia y nuestras labores de seguridad pública comiencen una nueva etapa
donde se cumpla la ley, donde la autoridad se gane el respeto de la población porque
está a su servicio y donde los delincuentes sean castigados con el rigor que ameritan.
La convicción y la decisión de este Congreso serán decisivas para realizar las tareas
que apremian. Todos debemos dar certeza a los mexicanos de que no bajaremos los brazos
hasta vencer a la delincuencia, al crimen organizado y al tráfico de drogas.
El narcotráfico es una grave amenaza para los mexicanos. El tráfico de drogas ha sido
causa de mucho sufrimiento para personas y familias inocentes, para comunidades pacíficas
y laboriosas. Da pie a intentos de socavar nuestra soberanía. Incluso ha llegado a ser
causa de ofensa a nuestras instituciones por el terrible poder de corrupción de quienes
se dedican a esta actividad criminal.
Pero los mexicanos no cederemos ni un ápice en nuestra lucha contra este mal.
Redoblaremos nuestro esfuerzo y tengo plena confianza en que lograremos mejores
resultados.
Para intensificar esta lucha que es por la salud, seguridad y la tranquilidad de todos, en
ningún momento he dudado en recurrir a nuestras fuerzas armadas.
Algunas personas han afirmado que es en este Gobierno cuando por primera vez se ha
convocado la participación de las fuerzas armadas contra el narcotráfico y que ello es
lo que ha hecho propicio que algunos de sus miembros incurran en actos ilícitos.
Esta afirmación es inexacta.
Las fuerzas armadas mexicanas siempre han participado en esta lucha. Lo que se ha hecho en
esta administración, es transparentar y acrecentar su participación.
Por otra parte, en los casos más graves donde se ha establecido la presunción de un
involucramiento de personas pertenecientes a las fuerzas armadas con narcotraficantes, la
evidencia disponible muestra que dicho involucramiento data desde antes del inicio de esta
administración.
De ahí que el transparentar la participación de las fuerzas armadas y el precisar sus
responsabilidades, no sólo aumenta la efectividad del Estado en esta lucha que también
es por la seguridad nacional, sino que hace más probable que quienes fallen en el
cumplimiento de su misión y cometan actos ilícitos, sean identificados, investigados y
castigados conforme a la ley.
Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas tengo absoluta confianza en ellas porque
tienen una firme trayectoria de probada solidez institucional, de hondo raigambre popular
y de inalterable vocación de servicio que no pueden ser empañadas por las conductas
reprobables de algunos malos elementos. El pueblo de México conoce, respeta y aprecia a
sus fuerzas armadas.
Los primeros en cumplir la ley deben ser los funcionarios públicos. Con toda la razón,
la ciudadanía les exige conducta intachable, apego a la ley, acciones eficaces y cuentas
claras, porque quieren estar seguros de que sus recursos son bien utilizados y bien
aprovechados. Por eso, el Gobierno Federal ha utilizado todos los medios que le confiere
la ley para vigilar que los servidores públicos actúen con honradez y conforme a las
normas. Cuando esto no se ha cumplido, el Gobierno ha procedido conforme lo disponen las
leyes.
Entre 1995 y esta fecha, a instancias de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, se han presentado 1 mil 540 denuncias penales en contra de servidores
públicos que violaron la ley y se han recuperado 1 mil 086 millones de pesos. Asimismo,
la propia Secretaría ha impuesto 25 mil 435 sanciones administrativas.
El avance en la lucha contra la corrupción está sustentado en los cientos de miles de
servidores públicos honestos que sí cumplen con la ley y con su tarea diaria de servir a
la ciudadanía. Ellos son los primeros en exigir que en México no exista ya lugar para la
impunidad.
Con todo respeto hoy convoco de nuevo a los miembros del honorable Congreso de la Unión
para que trabajemos con el fin de fortalecer la lucha contra la corrupción, asegurar el
ejercicio honesto y eficiente de los recursos y castigar con todo rigor su desvío y
cualquier forma de abuso.
La existencia del Estado es esencial para preservar la soberanía nacional, garantizar las
libertades democráticas y velar por el cumplimiento de la ley. Pero también lo es por la
gran responsabilidad que tiene de procurar la justicia social.
En el caso de México, esta responsabilidad fundamental está enraizada en el origen mismo
del Estado, en las luchas de nuestro pueblo y en los derechos consagrados por nuestra
Constitución.
En la Constitución mexicana, el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo es
lo que da sentido a nuestra organización política como una democracia y para lo que se
confiere al Estado el deber esencial de tutelar los derechos sociales que, conforme a la
propia Constitución, tiene todo mexicano.
La Constitución establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Que toda
persona tiene derecho a la protección de la salud y que toda familia tiene derecho a
disfrutar de vivienda digna y decorosa. Que a fin de que la población campesina participe
del bienestar y el avance nacional, el Estado debe promover las condiciones para un
desarrollo rural integral. Que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente
útil.
Corresponde también al Estado la función de compensar las desigualdades económicas y
sociales, procurando una más justa distribución del ingreso y la riqueza.
La política social es, entonces, el medio del que dispone el Estado para tutelar los
derechos sociales y cumplir esa función compensatoria y, por lo mismo, combatir la
pobreza. Desde la Revolución Mexicana, el Estado siempre ha tenido una firme política
social. Su expresión son las instituciones que ofrecen educación, salud y seguridad
social, respaldo a la nutrición y el abasto, apoyo a la vivienda, los servicios básicos
y al campo. Su expresión son también las acciones para fomentar el empleo y la
organización social del trabajo.
Los frutos de esas instituciones y de esas acciones representan un gran esfuerzo sostenido
a lo largo de muchos años.
Sin embargo, pese a ese gran esfuerzo, por la insuficiencia de recursos, por el acelerado
aumento de la población y por fallas en algunos programas, subsisten enormes rezagos y
graves carencias.
Solucionar esos rezagos y esas carencias es el mayor reto de nuestra generación y es la
preocupación central del Gobierno de la República. A ello obedece que la política
social haya sido la principal tarea del Gobierno, aún durante las circunstancias
económicas más seriamente adversas.
Desde el inicio de esta administración, se han fortalecido todas las vertientes de la
política social, aún sacrificando otros importantes objetivos.
En el presente año, casi el 56% del gasto programable federal se está destinando a
programas sociales. Hace 10 años, ese porcentaje era de 30.7% y hace 20, era de 33.8%.
Como proporción del producto interno bruto, también se están dedicando más recursos al
gasto social. Este año representará el 9% del producto interno bruto mientras que en
1987 era el 6.2% y en 1977 era el 7.8%.
La educación es el capítulo más importante de la política social. En 1997, casi el 43%
del gasto social se dedica a la educación, porque éste es el mejor destino que se le
puede dar a los recursos del pueblo de México.
La educación es la llave para la superación de cada uno y para el progreso de todos.
Por eso, los objetivos de la política educativa de este Gobierno son muy precisos: que
más mexicanos vayan a la escuela y completen más ciclos educativos; que aumente
constantemente la calidad de la enseñanza en todos los niveles y realizar programas
integrados de apoyo económico y social, para que los niños y jóvenes más pobres puedan
recibir y aprovechar la educación.
Afortunadamente, en el cumplimiento de todos estos objetivos se ha avanzando.
En el ciclo escolar que se inició hace una semana, están acudiendo a la escuela 27.9
millones de mexicanos, 1 millón 600 mil más que hace tres años. El 90% asiste a
instituciones públicas.
En todos los niveles educativos ha aumentado el número de estudiantes. Este avance
permitirá cumplir la meta de que en el ciclo escolar que se iniciará en el año 2000
estemos atendiendo a más de 29 millones de niños y jóvenes.
Cuando comenzó esta administración, el 83% de los niños que ingresaban a primaria
habían cursado al menos un año de educación preescolar. Ahora esa proporción ha
crecido a 89%, gracias a que en tres años han aumentado en 211 mil los lugares para
preescolar.
La cobertura de educación primaria ha crecido sensiblemente. Se ha logrado que el 93% de
los niños entre seis y 14 años asistan a la escuela. Para ello, entre otras acciones, en
tres años se han construido 3 mil 600 escuelas primarias públicas para llegar a más de
96 mil en todo el país.
Igualmente importante es que se ha logrado una fuerte reducción en la reprobación y la
deserción escolares.
En el ciclo que concluyó, en julio pasado, el número de jóvenes que terminó la
primaria representó el 83% de los que la empezaron seis años antes, lo que es un claro
avance respecto al 74% registrado en el ciclo escolar 1993-1994.
Con base en este avance nos proponemos llegar al 87% en el año 2000.
También en julio pasado terminaron la secundaria 100 mil jóvenes más que hace tres
años. En este lapso, la cobertura en secundaria ha pasado de 71% a 78% de la población
entre 13 y 15 años de edad. Nuestra meta es que al finalizar el sexenio, cada año
terminen la secundaria más de 1 millón y medio de jóvenes; esto es, 30% más que en
1994.
Por otra parte, para cumplir los objetivos de elevar la calidad en los niveles de
educación básica, se han hecho esfuerzos en varios ámbitos.
Se ha aumentado el número de libros de texto gratuitos y se han fortalecido sus
contenidos. Por tercer año consecutivo se está completando puntualmente la entrega de
los libros de texto gratuitos para preescolar y primaria, que para este ciclo escolar
llegan a un total de 125 millones, el más alto de nuestra historia.
Al considerar los libros que se reparten para educación indígena, secundarias generales
y técnicas, telesecundarias y materiales para los docentes, se llega a un total de 143
millones distribuidos este año. Adicionalmente, contamos ahora con 314 centros de
maestros, que no existían hace menos de dos años, centros equipados con biblioteca y
medios electrónicos para apoyar la actualización docente.
45,46,47
No obstante las dificultades económicas, hemos mantenido un firme esfuerzo para avanzar
en la revaloración del trabajo docente. Se ha iniciado una profunda reforma a la
educación normal. Se ha establecido un nuevo sistema de teledifusión educativa que
transmite la telesecundaria, programas para la formación de maestros, así como
producciones científicas y culturales.
Para la recepción de estas transmisiones se han instalado equipos, que a fines de este
año estarán en 23 mil escuelas.
Todos estos avances en la cobertura y en la calidad de la educación son alentadores, pero
el aspecto más ambicioso de la política educativa en este sexenio reside en los llamados
programas compensatorios. Estos programas hacen que para muchísimos niños y jóvenes, la
educación sea efectivamente la diferencia entre una vida de marginación y pobreza y una
vida con oportunidades de mejoramiento, son programas dirigidos a propiciar las
condiciones para que los niños y jóvenes con mayores desventajas económicas, puedan
beneficiarse de la educación.
Hoy, 4.8 millones de niños de las zonas más pobres y aisladas están pudiendo estudiar
gracias a estos programas que fomentan la construcción de espacios educativos, la
capacitación de maestros; la dotación de libros y útiles escolares, así como la
orientación a los padres de familia.
En 1997 están asistiendo a escuelas bilingües 1 millón 54 mil niños indígenas, 130
más que hace tres años. Para ellos estamos editando libros de texto y materiales de
apoyo didáctico en 33 lenguas indígenas y 19 variantes.
Para que los niños de escasos recursos puedan permanecer en la escuela, se están
distribuyendo 800 mil becas anuales a niños de las zonas de mayor pobreza.
Antes del inicio de esta administración se estaban repartiendo 1.2 millones de desayunos
escolares diarios, gracias al aumento de recursos federales para este propósito y a la
colaboración de los gobiernos estatales, en este ciclo llegaremos a distribuir 4 millones
diarios de desayunos, que era la meta para el final del sexenio.
Para millones de niños mexicanos, un desayuno escolar es la gran diferencia entre un día
de aprovechamiento o un día sin esperanza. Por eso este programa seguirá siendo una alta
prioridad del Gobierno de la República.
Uno de los factores que más limita el aprovechamiento escolar entre los jóvenes de
escasos recursos que asisten a la secundaria, es la falta de materiales educativos.
De ahí que en este ciclo escolar hayamos iniciado un programa para asegurar que en el
año 2000 no haya un solo joven que por carecer de recursos económicos, no pueda disponer
de libros de texto. Comenzando con el primero de secundaria, ya se está dotando con 2.3
millones de libros de texto gratuitos a las escuelas secundarias generales y técnicas, en
más de 1 mil municipios de alta marginación en 17 estados de la República.
Este programa, del que fueron pioneros tres gobiernos estatales, dará un firme sustento
al carácter obligatorio que tiene la secundaria como un nivel educativo decisivo para
reampliar los horizontes de oportunidades para muchos jóvenes en todo el país.
Es muy satisfactorio que a raíz de que el Gobierno Federal anunció este programa, se han
sumado a él otros 16 gobiernos estatales.
Afortunadamente, cada vez hay más jóvenes que aspiran a estudiar el bachillerato o
alguna otra modalidad de educación media superior, de ahí la importancia de que en lo
que va de esta administración se haya aumentado la matrícula de este nivel educativo en
17%, para llegar a 2 millones 750 mil estudiantes en el presente ciclo escolar.
Nos proponemos que, en el año 2000, este nivel educativo atienda a por lo menos 3
millones de estudiantes.
Creo decididamente en el carácter estratégico que para el país tiene la educación
superior, por eso el Gobierno de la República tiene, y siempre tendrá, un firme
compromiso con las universidades públicas y las otras instituciones de enseñanza
superior e investigación científica.
En los primeros tres años de la
administración, el número de estudiantes inscritos en el nivel de licenciatura se ha
incrementado de 1 millón 350 mil a 1 millón 580 mil.
Un ámbito crecientemente importante para el desarrollo nacional es la educación superior
tecnológica.
En 1994, México contaba con siete universidades tecnológicas públicas. Hoy tenemos 24 y
nos proponemos que para el año 2000 haya 42. Además, en tres años se han creado 24
nuevos institutos tecnológicos públicos, con lo que están funcionado un total de 143 en
toda la República.
En todas las actividades del país necesitamos contar con la especialización y la calidad
profesional que dan los estudios de posgrado.
Por eso, en tres años se ha hecho un esfuerzo especial que ya se traduce en que la
matrícula en educación de posgrado ha pasado de 66 mil a 108 mil en 1997.
Estamos decididos a sostener este esfuerzo para alcanzar la meta de que en el año 2000 se
haya duplicado la matrícula respecto al inicio del sexenio.
En 1997 se están otorgando 31 mil becas al mes para estudios de posgrado en México y en
el extranjero. Esto representa un incremento de casi 40% respecto a las becas que se
otorgaban al inicio de la administración.
El Gobierno de la República está resuelto a apoyar decididamente las actividades
científicas y tecnológicas, pues los mexicanos sabemos que el impulso al desarrollo
depende cada día más del conocimiento, la innovación y el uso oportuno de la
información.
En 1997, el gasto en ciencia y tecnología superará los 11 mil 500 millones de pesos, 14%
más, en términos reales que el año pasado.
Este monto representa la proporción más elevada que se haya registrado respecto al gasto
programable del Gobierno Federal.
Contamos ya con una red nacional compuesta por más de 5 mil 600 bibliotecas públicas.
Además, de diciembre de 1994 a esta fecha, instituciones del Estado han editado casi 2
mil 500 títulos. Se han consolidado las instituciones encargadas de preservar nuestro
patrimonio cultural y de extender su conocimiento y aprecio a más y más mexicanos.
Asimismo, se ha afianzado un sistema integral que apoya con respeto y transparencia la
creación artística. Se ha apoyado a 7 mil 800 artistas, escritores, artesanos,
intérpretes y grupos, que con su vitalidad e independencia creativa, fortalecen y dan
proyección a la cultura nacional.
La salud y la seguridad social son fundamentales para que cada persona, cada familia y
cada comunidad puedan desarrollar sus capacidades de trabajo, superación y progreso. Por
eso, salud y seguridad social constituyen una prioridad a la que el Gobierno de la
República dedica especial interés.
Este año, se están destinando a este renglón casi 25 centavos de cada peso del gasto
federal programable.
De hecho, en el ámbito de la salud se está realizando la reforma institucional más
importante de esta administración.
Al inicio de este Gobierno se puso en marcha una profunda reforma a nuestro sistema de
salud. Se trata de una reforma basada en los cambios demográficos, económicos y sociales
de México y en sus efectos sobre las principales causas de enfermedades y fallecimientos.
Hemos partido de la idea de que la salud empieza en la casa, se afianza en la escuela y
debe continuar en los centros de trabajo.
Así, la reforma está orientada más a la prevención que a la curación; más a la salud
que a la enfermedad.
Los objetivos de la reforma son llevar servicios esenciales a los mexicanos que aún no
tienen ningún servicio de salud, mejorar su calidad donde ya los hay y aprovechar mejor
los recursos humanos y materiales que hacen posible esos servicios.
Para poder alcanzar los objetivos de la reforma al sistema de salud, un paso fundamental
ha sido la descentralización de los servicios que concentraba la Secretaría de Salud.
Salvo dos excepciones, todas las entidades federativas y el Distrito Federal, ya han
recibido de la Secretaría de Salud los hospitales, clínicas y demás instalaciones, así
como el personal médico, de enfermería y de apoyo.
Por supuesto también se han transferido los presupuestos federales necesarios para operar
los servicios y, en todos los casos, se han respetado íntegramente los derechos laborales
de los trabajadores del sistema.
Para aquilatar la importancia de este proceso, recordemos que esta descentralización
había quedado trunca y estuvo detenida durante más de una década. Ahora, con la
participación de los gobiernos estatales, el personal médico y de apoyo y contando con
la responsable solidaridad de sus sindicatos, prácticamente se concluyó en menos de 12
meses.
Los mexicanos tenemos ahora un sistema de salud, donde los estados cuentan con más
recursos, nuevas responsabilidades y mayores atribuciones.
Cada día hábil del año, las instituciones públicas de salud, atienden un promedio de
755 mil consultas, hospitalizan a cerca de 15 mil enfermos y realizan 9 mil intervenciones
quirúrgicas. Esto representa un incremento en la capacidad institucional de 120 mil
consultas diarias y de 1 mil hospitalizaciones por día, en comparación con 1994.
Además, en estos tres años, el número de unidades médicas, creció de 14 mil 600 a
cerca de 15 mil, esto es, un aumento de una diaria en promedio durante la presente
administración.
Al inicio del sexenio estimamos que aproximadamente 10 millones de mexicanos, no tenían
acceso a servicios de salud, la mayoría de ellos viven en poblados pobres, pequeños y
aislados.
Nos propusimos llevarles un paquete con los servicios básicos, señaladamente para la
salud de los niños y las mujeres. Hoy, seis de esos 10 millones ya están protegidos con
ese paquete básico a través de centros de salud y brigadas móviles que cubren 33 mil
localidades en todo el país.
Nuestra meta es que en el año 2000 estemos atendiendo a la totalidad de esos 10 millones.
Sabemos que todavía tenemos que hacer frente a grandes rezagos, pero ciertamente los
avances en este aspecto son alentadores, gracias a la labor y dedicación de médicos y
enfermeras, el esquema completo de vacunación cubre ya al 97.5% de los niños de uno a
cuatro años, que es la cifra más alta de nuestra historia.
Se han logrado abatir las infecciones respiratorias y las enfermedades diarréicas a sus
niveles históricos más bajos, mientras que en 1995 se registraron 16 mil casos de
cólera, en lo que va de este año se han registrado menos de 900.
Los casos de paludismo, que en 1994 fueron 12 mil 800, disminuyeron a casi la mitad en el
último año.
Hace ya varios años que no se reportan muertes por sarampión y se ha erradicado la
poliomielitis.
A un año de su creación, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico está mostrando ser
un mecanismo eficaz para atender las quejas de los pacientes y de sus familiares,
resolviendo el 84% de ellas a través de la conciliación, la asesoría o el arbitraje.
La Comisión, confió, en que estimulara una mayor calidad en todos los servicios de
salud.
Como parte de la reforma a nuestro sistema de salud y seguridad social, también se
emprendió una profunda transformación del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La reforma del Seguro Social es para hacerlo más moderno y eficiente, sí, pero también
más solidario y más atento a las necesidades de los derechohabientes. Es una reforma
sustentada en la razón y en el derecho. La reforma garantiza la permanencia del IMSS;
antes, en indudable riesgo; como una institución pública para los trabajadores y sus
familias. La reforma amplía la capacidad del instituto para responder a las crecientes
demandas de cobertura y calidad en los servicios y prestaciones.
El nuevo esquema de financiamiento permitirá impulsar la inversión para modernizar
unidades que tienen hasta 30 años de servicio, así como para sustituir equipo obsoleto.
Se resolverá un rezago acumulado por muchos años.
48,49,50
El seguro de enfermedades y maternidad ha
recuperado ahora su capacidad de financiamiento. En el primer año de vigencia de la nueva
ley, la contribución del Estado será superior a los 15 mil 700 millones de pesos, esto
es, más de seis veces el monto que se habría aportado bajo la antigua ley.
Los nuevos instrumentos de afiliación del Seguro permitirán que en los próximos tres
años se amplíe la cobertura a 350 mil familias de población no asalariada; además, la
reforma permitirá incrementar los recursos para guarderías, duplicando su capacidad de
atención para el año 2000.
Un propósito central de la reforma del Seguro Social, es contar con un sistema de
pensiones transparente, equitativo y con sólida sustentabilidad financiera.
La nueva estructura del sistema de pensiones vincula directamente contribuciones y
beneficios. Cada trabajador contará con una cuenta individual que reflejará mejor su
trayectoria laboral y su esfuerzo de ahorro.
La capitalización de saldos en la cuenta individual permitirá un ahorro que apoyará la
inversión en la planta productiva del país. Se mejoran las pensiones de invalidez y
vida, así como las de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; a la vez, la reforma
establece un sistema de cuotas más equitativo.
Con cargo a las finanzas públicas, disminuyen en alrededor del 33% las cuotas
obrero-patronales para seguros de enfermedades y maternidad. Los trabajadores que ganan
hasta tres veces el salario mínimo no pagan cuota por estos rubros.
En virtud de la nueva estructura de contribuciones, se desgrava la nómina, ello
contribuirá a promover el crecimiento del empleo.
La reforma a los sistemas de salud y de seguridad pública y de seguridad social, implica
un costo fiscal muy considerable para éste y para los próximos años; a cambio, las
instituciones de salud y seguridad social se están reformando para servir mejor al pueblo
de México, mirando y avanzando siempre hacia adelante.
Antes de esta administración no se contaba con un programa dirigido especialmente a las
personas con alguna discapacidad; hoy en día, se ha logrado articular un esfuerzo en todo
el país con quienes las sufren y con sus organizaciones. Gracias a ese esfuerzo estamos
empezando a superar un rezago institucional de muchas décadas.
Por primera vez en nuestra historia, se elaboró un censo nacional de menores con
discapacidad que permitió identificarlos y ubicarlos en todo el país.
Se han promulgado 21 leyes estatales y la del Distrito Federal, para respaldar a quienes
padecen alguna discapacidad; además, se han integrado casi 17 mil niños y jóvenes con
discapacidad a escuelas de educación básica regular y 312 mil a escuelas de educación
especial.
Se construyó un centro paraolímpico para estos mexicanos que siempre han destacado en
competencias internacionales. Hoy, reitero, que este Gobierno tiene un compromiso especial
con las personas con alguna discapacidad que son ejemplo de carácter y afán de
superación para todos los mexicanos.
A partir de los centros especializados del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia y de patronatos de participación pública y privada, se está redoblando la
atención a niños de la calle, a menores migrantes y repatriados, con apoyo para su
alojamiento, alimentación, salud, educación y capacitación para el trabajo.
Con frecuencia se dice que el Gobierno no tiene política social para los jóvenes, al
afirmar esto se olvida que una parte importante de los programas sociales está dirigida
precisamente a los niños y a los jóvenes de México. Prácticamente todo el gasto en
educación y capacitación y buena parte del gasto en salud, son para la niñez y la
juventud de México.
La política social para los jóvenes es muy amplia, está distribuida en un gran número
de dependencias del Gobierno, cuyos esfuerzos confluyen para propiciar las oportunidades
que les permitan a los jóvenes salir adelante. Tal esfuerzo por la superación de los
jóvenes es un esfuerzo por la superación de México. Con todo, sabemos que es necesario
hacer mucho más y hacerlo más articuladamente para que los jóvenes reciban más
beneficios y perciban con claridad el interés especial que todos tenemos en ellos.
Otra tarea fundamental de la política social, consiste en los apoyos al abasto y el
consumo de productos básicos para la población más vulnerable. Estos apoyos son
canalizados a través de un buen número de programas como el de desayunos escolares, el
de abasto social de la leche, el componente de alimentación de las becas de educación
básica, el de despensas de asistencia social, el de subsidios a las ventas de maíz, el
de subsidio generalizado a la tortilla.
El conjunto de estos programas beneficia a muchos millones de mexicanos y tan sólo en
1997, se calcula que estos apoyos del Gobierno Federal suman 9 mil 265 millones de pesos.
Los mexicanos tienen derecho a un hogar digno. A lo largo de muchos años se ha hecho un
enorme esfuerzo pero que todavía está lejos de ser suficiente. A través de diversas
instituciones públicas se canalizan decenas de miles de créditos para construcción y
mejoramiento de vivienda, nada más en 1997 se otorgarán más de 280 mil créditos
diversos que equivalen a más de 27 mil millones de pesos. Adicionalmente el Gobierno
Federal se ha comprometido y ha comenzado a pagar recursos del orden de 46 mil millones de
pesos a precios de este año, para apoyar a cerca de 766 mil deudores con sus créditos
hipotecarios.
Además el Gobierno Federal sigue apoyando la extensión de los sistemas de servicios
básicos necesarios para una vivienda digna.
En estos tres años 5.7 millones de mexicanos más ya cuentan con agua potable y 4.9
millones más tienen drenaje. De igual modo, entre 1995 y 1997, 1 millón 500 mil hogares
más están recibiendo energía eléctrica.
Por razones sociales y productivas el campo tiene una importancia fundamental; la cuarta
parte de los mexicanos viven en el campo, entre ellos se encuentran los más pobres del
país. Sin embargo, en el campo también se produce la mayoría de los productos
alimenticios que todos consumimos. Buena parte de la política social se aplica en el
medio rural, pues es ahí donde subsisten algunos de nuestros más graves rezagos. Para
resolverlos realmente y para comenzar a elevar permanentemente las condiciones de vida de
la gente del campo es indispensable fomentar su superación productiva. Es responsabilidad
del Estado propiciar las condiciones que conduzcan a la superación del campo. Esta tarea
comprende tres aspectos fundamentales: la seguridad jurídica de la propiedad en el campo,
los apoyos para sustentar la rentabilidad de los productos del campo y los apoyos para
impulsar la productividad del campo.
La seguridad jurídica es esencial para que los productores ejerzan su libertad, para
fortalecer la organización rural y para que el desarrollo del campo se sustente en la
justicia y en la transparencia.
La seguridad respecto a otras propiedades y la claridad de la tenencia de la tierra,
fortalece al ejido y a la comunidad. Estas son las formas de propiedad social de la tierra
que dan cuenta además de la mitad del territorio nacional. Ejidos y comunidades fuertes
por el ejercicio de la democracia y por la solidez de su organización, son pilares de la
estrategia para lograr un desarrollo con justicia en el campo mexicano.
Para dar seguridad y claridad a la propiedad de la tierra, se ha concluido con el rezago
agrario tal y como fue constitucionalmente definido. Ahora en el campo rige únicamente la
Ley Agraria que protege todas las formas de propiedad reconocidas por nuestra
Constitución. Además, más de la mitad de los 27 mil 218 ejidos que hay en el país ya
han sido totalmente certificados en sus derechos individuales y colectivos.
Nos proponemos culminar la certificación de ejidos y comunidades que así lo decidan
antes del término de esta administración.
Este año, para la regularización de derechos agrarios y para la justicia agraria, el
Gobierno Federal está destinando 2 mil 520 millones de pesos.
A fin de sustentar la rentabilidad del campo, el Gobierno Federal está aplicando diversos
programas. Estos incluyen: Procampo, apoyos a la comercialización de productos, apoyos
fiscales para subsidiar la reestructuración de carteras acumuladas y a los nuevos
créditos, apoyos para el desarrollo forestal, crédito a la palabra y apoyos a empresas
rurales. Para estos propósitos, tan sólo en 1997 se están canalizando al campo 27 mil
590 millones de pesos.
Por otra parte, a fin de impulsar la
productividad del campo, el Gobierno Federal está otorgando apoyos para la mecanización
y el equipamiento rural y el mejoramiento tecnológico, para el aprovechamiento
tecnificado del agua, del fomento de la sanidad vegetal y animal y para la investigación
agropecuaria, en el presente año estos apoyos equivalen a casi 4 mil 740 millones de
pesos.
De este modo, en 1997 el Gobierno Federal está destinando en apoyo al campo, recursos
fiscales por casi 34 mil 850 millones de pesos que representan el 21% del producto interno
bruto de este sector agropecuario y forestal.
Indudablemente se trata de un gran esfuerzo hecho con los recursos del pueblo mexicano,
pero es un esfuerzo que vale la pena.
Ya el año pasado México alcanzó la mayor cosecha de granos y productos básicos de su
historia con 31.2 millones de toneladas.
Adicionalmente, en el primer semestre de 1997, el PIB agropecuario y forestal, creció
5.8% respecto del mismo periodo de 1996 y la balanza comercial agropecuaria, pasó de ser
negativa al registrar un superávit de 243 millones de dólares en los primeros siete
meses de este año.
Hay en nuestro país un grupo formado por varios millones de mexicanas y mexicanos que por
generaciones no han heredado más que rezagos y carencias, que vive con la fuerza de su
dignidad y con el aliento de una pequeña esperanza, son los más pobres de México, que
luchan por liberarse del círculo vicioso de desnutrición, insalubridad, enfermedad e
ignorancia, un deber humano, moral y de justicia de nuestra generación es apoyar a esos
millones de mexicanos en su lucha.
Si no queremos que en el curso del Siglo XXI haya más mexicanos atrapados en ese círculo
vicioso de la pobreza extrema, debemos actuar ahora. Y debemos hacerlo con programas que
realmente corrijan atrasos y que efectivamente resuelvan carencias; con programas alejados
de todo protagonismo y ajenos a toda forma de paternalismo y clientelismo.
Al cabo de estudios minuciosos para asegurar su correcta concepción y ejecución, ahora
se ha puesto en marcha el Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación, el
Progresa.
Este programa se propone atender, con un enfoque integral, las causas de la pobreza
extrema. El Progresa unirá acciones de educación, salud y alimentación, haciendo que
converjan en el núcleo familiar, dando especial atención a las niñas y a los niños y
apoyándose especialmente en las madres de familia.
En las zonas más pobres del país se entregará una ayuda económica mensual a las
familias más necesitadas, a condición de que los miembros de esas familias acudan a los
centros de salud a recibir servicios médicos. La ayuda se entregará a las madres.
De igual modo, a los hijos de esas familias, se les darán becas para que estudien
primaria y secundaria, a condición de que no dejen de asistir a la escuela.
Las becas para las niñas serán superiores a las de los niños, para estimular la
igualdad de oportunidades a que ellas tienen pleno derecho.
El Progresa es un programa para las familias más pobres de México; en su primera etapa,
este programa se aplicará en 10 estados con agudos índices de pobreza, cubriendo a 160
mil familias.
Nos hemos propuesto que a fines de 1997 el Progresa esté ya cubriendo a 400 mil familias.
Esta es una escala ciertamente modesta frente a la enorme pobreza que persiste en nuestro
país.
Por eso, el Progresa se irá extendiendo a más estados, a más regiones y a más
comunidades conforme se afiance el crecimiento de la economía y nos proporcione más
recursos y a medida que podamos reasignar recursos presupuestales que hoy atienden otros
requerimientos.
Para edificar el México de justicia social a que todos aspiramos, falta mucho por hacer.
Pero estamos avanzando y con la contribución de todos podemos hacerlo más rápida y
eficazmente.
51,52,53
Por eso es tan importante impulsar el nuevo
federalismo. Muchos, muchísimos de los avances que se están consiguiendo en la política
social no habrían sido posibles sin un cambio profundo en la manera de trabajar. Ese
cambio está consistiendo en transferir atribuciones, responsabilidades y recursos hacia
los estados y los municipios.
Al hacerlo así, el Gobierno Federal está reconociendo la madurez de nuestras
instituciones, la madurez de los órdenes de gobierno estatal y municipal y la madurez de
las comunidades de todo el país. De ahí que hayamos consolidado la federalización de la
educación básica y que en un tiempo apreciablemente corto hayamos iniciado y
prácticamente concluido la descentralización de los servicios de salud.
Los recursos descentralizados en estos dos rubros, que ahora son ejercidos por los
gobiernos de los estados, representan casi un tercio del gasto social del presupuesto
federal. Adicionalmente se ha descentralizado hasta el nivel municipal, el 65% en promedio
del ejercicio de los recursos del llamado ramo 26 del presupuesto federal, destinados a
obras y programas de combate a la pobreza.
Queremos un federalismo que impulse el desarrollo integral y justo de todo México. Un
federalismo que esté basado en estados prósperos y en municipios libres y fuertes. Un
federalismo que se nutra de la democracia y que enriquezca nuestra vida social, amparada
en la ley y apoyada por nuestras instituciones.
Promover la creación de empleos es otra de las responsabilidades esenciales de la
política social del Estado mexicano. Así lo previene atinadamente el artículo 123
constitucional desde su primer párrafo.
En otro de sus importantes ordenamientos la Constitución señala que el fomento al empleo
es el medio indispensable para lograr el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de
los individuos y de los grupos sociales. Con este propósito la propia Constitución
establece la conjunción entre empleo y crecimiento económico.
En efecto, la creación de empleos que necesita México sólo puede obtenerse suficiente y
duraderamente a partir de un proceso vigoroso, sostenido y sustentable de crecimiento
económico para ofrecer empleos a los cientos de miles de mexicanas y mexicanos que cada
año se incorporan al mercado de trabajo y, para ir reduciendo paulatinamente el grave
desempleo y subempleo acumulados por largo tiempo, la economía nacional debe crecer en lo
sucesivo a un ritmo de por lo menos el 5% anual en promedio.
La generación de empleos cada vez mejor remunerados es uno de los propósitos sociales
fundamentales del crecimiento económico, pero no es el único propósito. Sin los
recursos en aumento que genera el crecimiento económico es mucho más difícil y tardado
atender satisfactoriamente los otros fines de la política social del Estado e incluso sus
demás quehaceres esenciales como el brindar seguridad a los ciudadanos.
Por lo tanto, el crecimiento económico es el medio indispensable para procurar y alcanzar
la justicia en su sentido más amplio: la justicia de las leyes y la justicia social de
una vida digna para todos.
El remedio de cada rezago, la creación de cada oportunidad, el mejoramiento de todo nivel
de vida cuestan recursos, recursos que no tenemos y por eso deben generarse y sólo el
crecimiento puede generar esos recursos. Esto explica la importancia del crecimiento y
también explica la altísima prioridad que el Gobierno de la República confirió,
primero, a vencer la emergencia económica que se desató justo al inicio de mi mandato y
después, a lograr la recuperación como paso intermedio hacia el crecimiento sostenido.
Ambas tareas han sido cumplidas. Gracias al enorme esfuerzo del pueblo de México, se han
venido alcanzando las metas generales de política económica trazadas para el periodo
1995-1997. En el primer año se evitó que la crisis financiera causara la quiebra masiva
del aparato productivo y la consecuente pérdida no sólo de miles, sino de millones de
empleos. Para lograrlo se tomaron medidas indudablemente drásticas e impopulares, pero
indispensables para evitar que la emergencia nos impusiera un costo social mucho mayor al
de por sí muy doloroso que vivió entonces la población.
Tal como se previó al dar a conocer el programa de ajuste y como lo subrayé en el I
Informe de Gobierno, la recuperación económica efectivamente se inició en 1996.
Además, todos podemos sentirnos satisfechos de que el país pudo liquidar totalmente, con
muchos años de anticipación, el cuantioso crédito que se obtuvo del gobierno de los
Estados Unidos de América, a principios de 1995.
El año pasado, el producto interno bruto creció a 5.1%, tendencia que se ha reafirmado
en este 1997. Durante el primer semestre de este año el producto interno bruto aumentó
7% respecto al mismo periodo de 1996.
La consecuencia más significativa de la recuperación de la producción ha sido el
aumento del empleo. Cabe recordar que al cabo de los primeros siete meses de 1995, el IMSS
reportó una disminución de casi 500 mil trabajadores asegurados permanentes y en agosto
de ese año, la tasa de desempleo abierto llegó al 7.6%.
Desde agosto de 1995 al cierre de la primera quincena de agosto de este año, el total de
trabajadores asegurados permanentes del IMSS ha aumentado en más de 1 millón 335 mil. A
su vez, en julio pasado la tasa de desempleo abierto se ubicó en 4.1%.
Es evidente que para contar con todos los empleos mejor remunerados que requiere nuestra
población, todavía tendremos que recorrer un grandísimo trecho. Sin embargo, el avance
en la producción y el empleo de 1996 y 1997 es un buen aliciente para perseverar en esta
tarea.
El Gobierno de la República nunca desestimará la urgencia de resolver los problemas
económicos y sociales del país; por el contrario, como Presidente, soy el más obligado
a trabajar incansablemente para lograr las soluciones a nuestros rezagos y carencias; ése
es mi deber.
Pero también es mi deber actuar siempre con seriedad y responsabilidad para que los
resultados de las decisiones y acciones gubernamentales tengan bases sólidas y efectos
perdurables.
Mucho ha sufrido México en el pasado distante y reciente por hacérsele ir tras
espejismos de un progreso fácil y pronto. Al desvanecerse esos espejismos ante la fuerza
de las limitaciones y de la realidad, han sobrevenido un hondo desánimo y un mayor
retraso económico y social. Por eso los mexicanos ya no aceptan ni espejismos ni
soluciones a medias, quieren crecer sobre bases sanas, sólidas y duraderas. Saben que
para lograrlo se necesitan esfuerzos, mucho esfuerzo y están preparados para hacer ese
esfuerzo.
Como Presidente y como mexicano, comparto plenamente esta nueva actitud. Es mi profunda
convicción que nada puede construirse, si no es a partir de nuestra realidad y de nuestra
disciplina. Los grandes anhelos y los buenos propósitos son indispensables, pero no
bastan para alcanzar el desarrollo con justicia social que necesita y merece México.
Para lograr ese desarrollo debemos seguir trabajando como lo hicimos todos los mexicanos
para vencer la emergencia, pero ahora para alcanzar el crecimiento económico sostenido.
De ahí que lejos de llamar a relajar el esfuerzo, hoy convoqué una vez más a
sostenerlo, a sumar nuestras voluntades en ese esfuerzo por el crecimiento, en una
palabra, a unirnos por el crecimiento, porque sólo consiguiéndolo tendremos un país
próspero y justo.
Hago este llamado con la confianza de que los mexicanos contamos con el carácter, con las
bases y con la estrategia para cumplir con las metas que nos hemos propuesto.
Tengo la certeza de que sí es posible entrar de lleno a una nueva y mejor etapa de
nuestro desarrollo, a condición de que lejos de aflojar redoblemos el paso. Podremos
lograr los resultados económicos que nos permitan ir edificando gradual, pero firmemente
una nación justa, a condición de que mantengamos la disciplina fiscal y monetaria de que
no descuidemos la lucha contra la inflación, a condición de que promovamos en mucho
mayor medida el ahorro de las personas, de las empresas y del Gobierno, a condición de
que sigamos adelante con el cambio estructural de nuestra economía para que sea más
productiva y por supuesto a condición de que continuemos reorientando el gasto público
para invertir más en la educación y en la salud de las personas.
Todas estas condiciones son esenciales para el crecimiento firme y duradero, al
procurarlas no se responde a un dogma o a un capricho, sino a la obligación de propiciar
un marco económico que permita aumentar la producción, los empleos y los ingresos de la
población. Este es el sentido social de la política económica.
Entre estas condiciones para el crecimiento hay una que por su importancia y dificultad
resulta crítica, es la promoción del ahorro nacional. Sólo puede haber más fuentes de
empleo y de producción si se invierte más en ellas, pero para que haya más inversión,
es preciso que el país cuente con más ahorro propio a fin de no depender
imprudentemente, como ha ocurrido antes, del ahorro externo.
Afortunadamente el ahorro nacional ha venido recuperándose desde 1995, ahora debemos
afianzar esa tendencia para aumentar, año tras año, la inversión hasta que llegue a
representar una proporción de al menos 25% del producto interno bruto en el año 2000.
Con toda razón la gente pregunta: ¿cuándo la buena marcha general de la economía
tendrá efectos apreciables en su bienestar personal y familiar? Es natural que con
frecuencia se piense que el avance de la macroeconomía debiera reflejarse inmediatamente
en una sensible mejoría en el ingreso y el consumo de los ciudadanos.
Sin embargo, con sinceridad y objetividad debe admitirse que esto último sólo es posible
alcanzarlo gradual, paulatinamente al cabo de un impulso sostenido por largo tiempo.
El crecimiento que nos proponemos lograr en los próximos años, nos permitirá generar
anualmente hasta 1 millón de nuevos empleos y un aumento progresivo aunque paulatino en
los niveles de ingreso; pero ello no es suficiente, incluso bajo las mejores
circunstancias y con los mejores resultados, sólo la perseverancia prolongada hará la
gran diferencia en los niveles de vida de la población.
No está en lo justo quien sostenga que una gran mejoría de los niveles de vida puede ser
rápida y sin esfuerzo.
Con la población actual del país su crecimiento proyectado para los próximos años y
una tasa sostenida del producto interno bruto del 5% anual, nos tomaría alrededor de 20
años apenas duplicar el ingreso por persona que este año tendrá México. Por cada cinco
años que quisiéramos acortar el plazo para alcanzar esa meta intermedia, tendríamos que
hacer lo necesario para aumentar el crecimiento del producto nacional en por lo menos un
punto porcentual más cada año, en promedio.
En otras palabras, si queremos llegar más pronto, más grande tendrá que ser el esfuerzo
ahora y en los próximos años, ya que para crecer más se necesita más inversión y esto
sólo es posible con más trabajo, con más vigor y más ahorro de nuestra generación.
Ese es el tamaño de nuestro reto. Ese es el tamaño de la responsabilidad que todos
compartimos, por eso la respuesta está en trabajar más a partir del reconocimiento del
esfuerzo que entre todos debemos hacer. La respuesta está en trabajar más unidos que
nunca; en no distraer el esfuerzo de los mexicanos sino en sumarnos a él con humildad,
con mesura, con ahínco.
De ahí mi insistencia en mantener una política económica congruente y con una clara
orientación social.
Con toda convicción, con toda lealtad al interés superior de México y con toda
sinceridad, afirmo que gracias al esfuerzo de los mexicanos, contamos ya con bases
sólidas de una política para el crecimiento económico. Se pueden examinar y
perfeccionar detalles, programas específicos, particularidades, pero estoy convencido de
que las bases esenciales son correctas y de respetarse nos conducirán al crecimiento con
empleos y mejores salarios que México necesita.
Todos debemos estar conscientes de que cualquier nuevo espejismo, cualquier decisión que
afecte negativamente condiciones esenciales para el crecimiento como la estabilidad
económica, las finanzas públicas sanas, el aliento al ahorro y la inversión privada, la
fortaleza del sistema financiero, la modernización y la apertura de la economía, las
posibilidades de sana ampliación del gasto social, no sólo impedirá que los mexicanos
logremos las metas mínimas que nos hemos propuesto, sino que ocasionará un gran
retroceso.
Es un deber de todos actuar con visión de largo plazo, incluso sabiendo que los frutos
conferirán reconocimiento, no a nosotros, sino a otros en el futuro. No pocas de las
decisiones y de los programas de este Gobierno no son para obtener resultados en este
sexenio, son para establecer las bases de un crecimiento vigoroso cuyos frutos serán
cosechados tiempo después del término de esta administración.
Todos tenemos propósitos buenos para nuestro país. Todos queremos el bien y la
prosperidad de México, pero ningún buen propósito, ninguna prosperidad duradera se
pueden lograr sin crecimiento económico, nadie lo ha conseguido nunca, ninguna nación lo
ha logrado; en todos los casos, las bases de un desarrollo apreciable y generalizado han
provenido del crecimiento económico, de ahí que cada día sea más frecuente que las
naciones que avanzan más sólida y rápidamente asuman, respeten y cuiden las condiciones
esenciales para el crecimiento independientemente del signo ideológico de su Gobierno.
54,55,56
En México, hay muchos, muchísimos campos
para la discusión seria, para el debate constructivo, aprovechémoslos, hagámoslo con
entera libertad, con toda apertura, con rigor y con claridad, pero a la vez, trabajemos
juntos para lograr una estrategia económica para el crecimiento, que sea una firme
política de Estado en cuyos fundamentos esenciales todos estemos de acuerdo.
Si hemos logrado acuerdos para avanzar a una plena democracia, podemos y debemos llegar a
un acuerdo sobre los fundamentos de una política económica para el crecimiento.
Por eso, hoy convoco a todas las fuerzas políticas representadas en este honorable
Congreso a que trabajemos juntos para que México cuente no sólo con una política de
Gobierno, sino con una política de Estado para el crecimiento económico como medio para
alcanzar la justicia social. Una política de Estado para lograr que el crecimiento
económico no sólo sea la perspectiva de un sexenio, sino que sea el instrumento para un
crecimiento de largo plazo que beneficie a todos los mexicanos.
Requerirá tiempo, requerirá paciencia, requerirá dedicación. Pero sé que lo podemos
lograr y dará un giro a la historia del país y al porvenir de México.
Nuestra historia se ha nutrido de grandes ideales y nobles aspiraciones como la libertad,
la democracia y la justicia, ideales y aspiraciones que han animado las grandes luchas
ganadas para que los mexicanos tengamos un destino propio.
Hoy, nuestra generación debe estar a la altura de esos ideales, debe corresponder a esas
grandes luchas, debe cumplir su parte para forjar ese destino propio.
Podemos lograr, por primera vez en nuestra historia, un crecimiento económico sano y
duradero, con una democracia plena, plural y armónica.
Esta es la oportunidad de nuestra generación; la oportunidad a la que no llegaron
nuestros abuelos y en la que se quedaron cortos nuestros padres.
Esta es la oportunidad en la que no podemos fallar; ésta es la portunidad en la que no
debemos fallar, provechémosla para construir el México fuerte, próspero y justo que
anhelamos todos, que nos debemos todos, que merecemos todos.
Unamos nuestros esfuerzos y sumemos nuestras voluntades por ese México grande y fuerte;
por ese México limpio y justo; por ese México orgulloso y soberano.
Señoras y señores legisladores, muchas gracias por su atención.
RESPUESTA
El Presidente
del Congreso diputado
Porfirio Muñoz Ledo: |
Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, honorable Congreso de
la Unión.
Conciudadanos: este acto encarna sueños y simboliza aspiraciones
democráticas de los mexicanos; es condensación de historia. Aquí desembocan y toman
nuevo cauce luchas perseverantes y aún sacrificios, en contra del poder absoluto, de sus
fastos y sus excesos y en favor de la libertad y la dignidad de nuestros compatriotas.
Aquí se reafirma la esperanza de un cambio pacífico y profundo que nos conduzca por la
continuidad del esfuerzo emancipador a la instauración de una República justa y
soberana.
Estos días hemos recordado a Juárez, cuando afirmaba: "mi conciencia me dice que
debo afrontar todas las dificultades, porque ésa es la obligación que el voto popular ha
querido imponerme".
Es la voluntad ciudadana, que no la complicidad con el poder, la que nos ha traído a este
recinto. Por determinación de los electores, todos los diputados y los senadores, sin
importar orígenes o partidos, representamos a la nación. Asumimos por ende el compromiso
de honrar nuestro encargo actuando en todo momento con probidad y apego a nuestro mandato,
en la perspectiva de los grandes intereses del país.
Debemos empeñarnos en que el patriotismo, la racionalidad y la tolerancia normen nuestra
conducta, en que el nuevo Congreso mexicano sea conocido por la seriedad de sus trabajos,
el rigor de sus deliberaciones y la calidad de sus decisiones. Debemos comprometernos
sobre todo en reflejar fielmente los sentimientos de la nación y en mantener la más
amplia, plural y cotidiana relación con la sociedad y sus organizaciones.
Seamos el vínculo primordial del ciudadano con el Estado. La relación entre las cámaras
del Congreso habrá de caracterizarse por una genuina y eficaz cooperación a fin de
cumplir responsablemente la función legislativa.
Las relaciones del Congreso con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial de la
Federación habrán de regirse por el más estricto respeto a la esfera de competencias
que a cada uno corresponde, de acuerdo a la Constitución.
A partir de hoy y esperamos que para siempre, en México ningún poder quedará
subordinado a otro y todos serán garantes de los derechos ciudadanos, de la fortaleza de
las instituciones y de la integridad y soberanía del país.
La LVII Legislatura del Congreso de la Unión es depositaria de las decisiones adoptadas
mayoritariamente por los ciudadanos el pasado 6 de julio. La primera es proseguir sin
titubeos la ruta de la transición democrática, aboliendo todos los reductos del
autoritarismo. Lo más urgente es el restablecimiento de la paz y la concordia entre los
mexicanos. La paz en Chiapas mediante el cumplimiento de los acuerdos y la voluntad de
enmendar injusticias históricas. La paz mediante el diálogo y el restablecimiento del
estado de derecho dondequiera que nos haya rebasado la violencia, el fin de esta guerra
silenciosa, alimentada por la impunidad, la corrupción, la abismal desigualdad y la
inadmisible miseria.
Será tarea central de esta legislatura desahogar la agenda de la reforma del Estado que
hemos convenido el Gobierno y los partidos y en la que hemos avanzado ya juntos el primer
trecho.
Ahora será necesario robustecer el equilibrio entre los poderes; transformar a fondo la
administración de justicia; emprender la reforma tributaria del sistema federal;
fortalecer la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios; establecer el
referendum y el plebiscito para la aprobación de leyes y decisiones políticas
fundamentales; democratizar, en suma, el ejercicio de la autoridad y restituir el poder a
los ciudadanos.
Este Congreso habrá de ser el espacio donde se genere el nuevo derecho que haya de normar
efectivamente la convivencia civilizada entre nuestros compatriotas, a partir de la
reconstrucción del pacto social sobre el que habrá de fundarse la legitimidad de las
instituciones.
Este es el ámbito del que habrá de surgir la certeza jurídica y la confianza de los
ciudadanos en el poder público. Habremos por ello de ejercer, con rectitud y objetividad,
nuestras facultades en materia de control y vigilancia, rendición de cuentas,
investigación y, en su caso, las de procedencia y juicio político a los funcionarios que
hayan incurrido en responsabilidad.
Debemos todos asumir que el pueblo votó en favor de una política económica y social que
haga posible la mejoría de los salarios, las pensiones y los ingresos, así como la
garantía efectiva de la educación, la salud y los servicios sociales; de una política
que asegure la ampliación del mercado interno; la solución al problema de las carteras
vencidas y la reestructuración del sistema de crédito; el impulso a la pequeña y
mediana industrias; el rescate del campo; la promoción decidida del crecimiento y el
empleo y la modificación, en favor del interés nacional, de las relaciones económicas y
financieras con el exterior.
Las cámaras del Congreso de la Unión tienen las atribuciones suficientes de carácter
presupuestal, fiscal y legislativo, para enderezar el rumbo de esa política.
No podríamos permitir que se siguiera empequeñeciendo el horizonte de nuestros hijos.
Cumpliremos el mandato de las urnas; lo
haremos de modo eficiente y racional, a efecto de preservar la estabilidad y estimular a
la vez la inversión productiva y la confianza de los mercados.
Con tal propósito, convocaremos a los actores económicos y sociales, a un foro nacional
en el seno de este Congreso, propondremos desde luego un diálogo inteligente y mutuamente
respetuoso con el Ejecutivo Federal, para diseñar esa política de Estado, que trascienda
los dogmas y las contingencias.
La obsecación es contraria a la sabiduría y nociva para los quehaceres públicos, que si
bien exigen firmeza, demandan asimismo flexibilidad, imaginación y acatamiento al
veredicto electoral.
Saber gobernar, es también saber escuchar y saber rectificar. El ejercicio democrático
del poder, es ciertamente mandar obedeciendo.
Lo que en última instancia significa el cambio democrático, es la mutación del
súbdito, el ciudadano. Ninguna ocasión mejor que ésta, para evocar el llamado que en
los albores del parlamentarismo el Justicia Mayor hacia al entonces monarca, para exigirle
respeto a los derechos de sus compatriotas: "nosotros, que cada uno somos tanto como
vos y todos juntos sabemos más que vos".
Que esta igualdad en que hoy descansa el equilibrio de las instituciones de la República,
se convierta en la forma de vida que heredemos a las futuras generaciones de mexicanos.
Remontemos las comarcas de la ofensa y de la intolerancia. Mostremos a todos que somos
capaces de edificar en la fraternidad y con el arma suprema de la razón, una patria para
todos.
Señor Presidente de la República, analizaremos cuidadosamente el contenido del Informe
de Gobierno que usted ha presentado al honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento de
su deber constitucional.
Estoy cierto, que la Cámara de Diputados le agradecería se sirviera compartir con
nosotros en sesión próxima, el resultado de nuestras deliberaciones.
Que así lo convengamos por la salud de la República. Que así suceda por el bien de
México.
Se solicita a los presentes a escuchar y a entonar el Himno Nacional.
(Himno Nacional.)
| El Presidente
del Congreso: |
Se suplica a la comisión designada para
acompañar al ciudadano Presidente al retirarse de este recinto cumpla su cometido.
Se ruega a la comisión encargada de acompañar al ciudadano Presidente que cumpla su
cometido.
(La comisión cumple su cometido.)
CLAUSURA Y CITATORIO
| El Presidente
del Congreso (a las 21:50 horas): |
Se levanta la sesión de Congreso
General y se cita a sesión de Cámara de Diputados, el próximo día 4 a las 10:00 horas.
57,58,59
RESUMEN DE
TRABAJOS
Sesión de Congreso General realizada en el
salón de sesiones de la Cámara de Diputados.
* Tiempo de duración: 3 horas con 48 minutos.
* Oradores en tribuna: 7
PRI-1; PRD-2; PAN-1; PVEM-1; PT-1.
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