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Presidencia del diputado
Miguel A. Quiroz Pérez |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta
Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los
diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
| El
secretario Gonzalo Morgado Huesca: |
Se informa a la Presidencia que existen registrados
previamente 430 diputados.
Por lo tanto, hay quorum señor Presidente.
| El
Presidente (a las 10:20 horas): |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
| El
secretario Gonzalo Morgado Huesca: |
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Martes 9 de septiembre de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Cámara de Senadores.
Comparecencia del Secretario de Gobernación, para el análisis del III Informe de
Gobierno.
Política interior.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
| La
secretaria María Antonia Durán López: |
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el
jueves cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer
Periodo de Sesiones Ordinarias de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso de
la Unión.
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Presidencia del diputado
Porfirio Muñoz Ledo |
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo
las once horas con diez minutos del jueves cuatro de septiembre de mil novecientos noventa
y siete, con una asistencia de cuatrocientos diez diputados, el Presidente declara abierta
la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente a las actas de las sesiones
previa y de Cámara celebradas los días treinta de agosto y primero de septiembre
respectivamente, mismas que sin discusión se aprueban en sus términos en votación
económica.
Un oficio de la Cámara de Senadores, con el que comunica la mesa directiva que
funcionará durante el primer mes del primer periodo de sesiones ordinarias del primer
año de ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura. De enterado.
Diversos oficios de la Comisión Permanente, con los que comunica de los asuntos que
requieren de la atención y conocimiento de la Cámara de Diputados. De enterado.
Se da lectura a tres oficios del Congreso del Estado de Guanajuato, con los que informa de
los diputados que optaron por el cargo de diputados federales. De enterado.
La Secretaría da lectura a los oficios de los grupos parlamentarios de los partidos
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Verde
Ecologista de México y del Trabajo, con los que informan de su integración y elección
de sus coordinadores.
El Presidente hace la declaratoria correspondiente.
Una comunicación de los diputados Marcelo Luis Ebrard Casaubón y Carolina O'Farrill
Tapia, con la que informan de su decisión de trabajar como diputados ciudadanos. Se toma
nota para los efectos que corresponda conforme a la ley.
Se somete a la consideración de la Asamblea un acuerdo parlamentario con el que se
propone la integración y funciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política de la Cámara de Diputados. En votación económica se aprueba por unanimidad.
El Presidente ordena notificar a las autoridades que corresponda, sobre la integración de
los grupos parlamentarios y de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
De la misma manera se somete a la consideración de la Asamblea un acuerdo parlamentario
para normar el procedimiento del análisis del tercer informe del estado que guarda la
administración pública federal. En votación económica se aprueba.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la
próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las doce horas con dos minutos,
citando para la que tendrá lugar el próximo martes nueve de septiembre de mil
novecientos noventa y siete, a las diez horas.»
Esta a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación
económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada,
señor Presidente.
CAMARA DE SENADORES
| La
secretaria María de la Luz Núñez Ramos: |
Se va a dar lectura a una comunicación de la Cámara
de Senadores.
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Secretarios de la Cámara de Diputados.-Presentes.
Para conocimiento de esa honorable colegisladora, nos permitimos transcribir a usted,
debidamente aprobado por esta Cámara, en sesión de esta fecha, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Senadores llevará a cabo sesiones plenarias para el
análisis del III Informe de Gobierno, conforme al siguiente calendario:
a) Análisis del informe de gobierno en materia de política exterior: lunes 8 de
septiembre, 11:00 horas. Con la presencia del titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
b) Análisis del informe de gobierno en materia de política económica: miércoles 10 de
septiembre, 11:00 horas. Con la presencia del titular de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
c) Análisis del informe de gobierno en materia de política social: jueves 18 de
septiembre, 11:00 horas. Con la presencia del Secretario de Desarrollo Social.
d) Análisis del informe de gobierno en materia de política interior: viernes 19 de
septiembre, 11:00 horas. Con la presencia del titular de la Procuraduría General de la
República.
e) Análisis del informe de gobierno en materia de política económica: martes 23 de
septiembre, 11:00 horas. Con la presencia del titular de la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial.
f) Análisis del informe de gobierno en materia de política interior: jueves 25 de
septiembre, 11:00 horas. Con la presencia del titular de la Secretaría de Gobernación.
g) Análisis del informe de gobierno en materia de política económica: martes 30 de
septiembre, 11:00 horas. Con la presencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes.
Segundo. Todas las sesiones en las que se analice el III Informe de
Gobierno, se sujetarán al siguiente procedimiento parlamentario:
a) Intervención del secretario de despacho o servidor público responsable de la materia
respectiva.
b) Habrá una ronda de oradores en la que los senadores de la República fijarán la
posición de sus respectivos grupos parlamentarios, con una duración de siete minutos
para cada intervención y se ordenarán de la siguiente forma: Partido de la Revolución
Democrática; Partido Acción Nacional; Partido Revolucionario Institucional.
c) Habrá dos rondas de preguntas y respuestas, con una duración de cinco minutos para
cada intervención, en el siguiente orden:
Primera ronda:
Partido de la Revolución Democrática; Partido Revolucionario Institucional; Partido
Acción Nacional.
Segunda ronda:
Partido de la Revolución Democrática; Partido Acción Nacional; Partido Revolucionario
Institucional.
d) Al final de cada una de las rondas de preguntas y de la fijación de posiciones,
formuladas por los senadores, el secretario de despacho correspondiente contestará a los
cuestionamientos planteados en cada una de ellas.
Cada senador tendrá derecho a réplica, si así lo prefiere, hasta por un máximo de tres
minutos.
e) El secretario de despacho correspondiente podrá contestar a cada una de las réplicas
de los señores senadores.
Tercero. Conforme a lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento para
el Gobierno Interior, el Presidente de la mesa directiva nombrará a una comisión de
senadores que introducirá al funcionario invitado al salón de sesiones y lo acompañará
cuando se retire.
Cuarto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 8o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el
Presidente de la Cámara de Senadores remitirá al Presidente de la República las
versiones estenográficas de las sesiones, en las que se analice el III Informe de
Gobierno.
Quinto. En los mismos términos que el punto anterior, la versión
estenográfica se remitirá a la colegisladora.
Aprovechamos la ocasión para reiterar a ustedes las seguridades de nuestra atenta y
distinguida consideración.
México, D.F., a 4 de septiembre de 1997.- Senadores: José Angel Conchello Dávila y
Juan Ramiro Robledo Ruiz, secretarios.»
De enterado.
Se encuentra en el salón de recepción de esta
Cámara de Diputados el licenciado Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Gobernación,
invitado a la sesión de esta fecha en que se llevará a cabo el análisis del III Informe
de Gobierno en materia de política interior.
Se designa en comisión para que lo reciban y lo introduzcan a este recinto, a los
siguientes diputados: Vicente Fuentes Díaz, Francisco Manuel García Castells y Pérez,
Joaquín Antonio Hernández Correa, Victorio Rubén Montalvo Rojas, María del Carmen
Díaz Amador, María Beatriz Zavala Peniche, Luis Patiño Pozas y Verónica Velasco
Rodríguez.
Se ruega a la comisión cumpla con su cometido.
ANALISIS DEL III
INFORME DE GOBIERNO
POLITICA INTERIOR
De conformidad con el acuerdo parlamentario aprobado
por esta Cámara de Diputados en la sesión del 4 de septiembre, que norma el
procedimiento para el análisis del III Informe de Gobierno en materia de política
interior, nos acompaña el licenciado Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Gobernación.
Para dar cumplimiento al segundo punto, incisos a, b y c, del mencionado acuerdo, se le
concede el uso de la palabra, hasta por 15 minutos, al señor Secretario.
Le ruego, señor Secretario, iniciar su intervención; lo escuchamos con atención.
|
El secretario de Gobernación,
Emilio Chuayffet Chemor: |
Señor Presidente de la Cámara de Diputados;
señoras y señores diputados:
79,80 y 81
Comparezco ante esta Cámara, en acatamiento a lo dispuesto
por el artículo 93 constitucional y al acuerdo dictado por el pleno de la misma. He sido
instruido por el Presidente de la República para dar cuenta a ustedes de los asuntos
concernientes a la dependencia a mí cargo.
La nación experimenta cambios esenciales, son tiempos nuevos, propicios para la
deliberación y el debate, pero también para el encuentro y el consenso, el diálogo y la
tolerancia son el camino para salvar las diferencias; la imaginación, el respeto y la
prudencia son las virtudes necesarias para seguir la transformación de la República.
Una nueva realidad política se alza incontrovertible sobre México. A partir de ella
nuestra generación tiene como empeño colectivo el deber de continuar contribuyendo
responsablemente a aportar soluciones a nuestros problemas.
Para presentar una síntesis de las principales tareas de la Secretaría de Gobernación
en el último año, me permito someterlas a su consideración, agrupadas en tres rubros
esenciales: el desarrollo político, la seguridad y en tercer término las funciones de
Gobierno vinculadas con los derechos de los mexicanos.
A partir de la reforma constitucional en materia electoral se consumaron las
modificaciones conducentes en la legislación secundaria. La integración de las
autoridades electorales partió de otro acto de consenso que se reflejó en la legitimidad
y transparencia de los comicios del 6 de julio.
Por mandato de nuestra norma fundamental, las condiciones de competencia y equidad se han
hecho extensivas al ámbito local. Además de las federales, se han celebrado comicios en
13 entidades del país.
En el Distrito Federal, el próximo 5 de diciembre tomará posesión el jefe de gobierno
electo por los habitantes de la capital del país.
El 1o. de noviembre se integrarán al Senado 32 nuevos senadores de representación
proporcional.
La democracia no se agota en la renovación del poder popular. Un rasgo dominante de las
sociedades contemporáneas es la creciente participación ciudadana en las determinaciones
políticas y en la solución de los problemas sociales. Al amparo del derecho de libre
asociación existen en el país aproximadamente 6 mil organizaciones no gubernamentales.
El pasado 6 de agosto, en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, fue publicado un
programa para el nuevo federalismo. El federalismo hacendario y la transferencia de
recursos mayores a las entidades federativas, son temas medulares del programa.
El Gobierno de la República tiene frente a sí el enorme desafío de la inseguridad
pública. La inseguridad es el problema que más preocupa a los mexicanos, reclama de
todos una atención urgente y eficaz. En diciembre de 1994, junto con la reforma judicial,
se inició el proceso de configuración de un sistema nacional de seguridad pública,
cuyas modificaciones constitucionales hicieron que la materia fuera responsabilidad
compartida de los tres niveles de gobierno.
El sistema ha sido integrado. El 7 de marzo de 1996 se instaló el Consejo Nacional de
Seguridad Pública. Durante el periodo que abarca el informe presidencial el esfuerzo ha
proseguido. A la fecha se han instalado 32 consejos locales y 716 municipales. A su vez,
las conferencias de prevención y readaptación social y de procuración de justicia
sesionan regularmente. Estos órganos auxiliares del sistema han creado la Academia
Nacional de Policía y han aprobado el Programa de Prevención del Delito.
El cumplimiento de los principios constitucionales que orientan la actuación de los
cuerpos policiales es una obligación ineludible del Estado mexicano. La
profesionalización y moralización de las policías es, por tanto, tarea que implica la
máxima prioridad.
Actualmente se integran los registros nacionales de personal de seguridad pública, de
armamento y equipo y de procesados y sentenciados. Al día de hoy se encuentran instaladas
terminales de cómputo en todas las capitales del país y a fin de año entrará en
operación la red de uso exclusivo para la seguridad pública.
Un esfuerzo significativo ha sido la partida de 1 mil 905 millones de pesos, decretada en
el presupuesto de egresos de 1997. Esta cifra, aunada al financiamiento proveniente de los
estados, alcanza una inversión total de 2 mil 455 millones, destinada al equipamiento y
capacitación de las instituciones de seguridad pública. La cifra no tiene precedente, en
un solo ejercicio se cuadruplicó la inversión federal acumulada de los últimos siete
años.
La readaptación social es un capítulo estructural de los programas de seguridad
pública. Existen en el país 438 reclusorios, 434 son estatales y cuatro son federales.
La capacidad instalada es de 99 mil 786 espacios. Al mes de agosto de 1997 el número de
internos ascendía; sin embargo a 111 mil739, 83 mil del fuero común y 28 mil del fuero
federal.
En materia de beneficios de ley se han atendido 6 mil 107 solicitudes. Simultáneamente se
ha diseñado un Programa de Fianzas de Interés Social en favor de los internos de bajos
recursos procesados por delitos no graves.
A 81 indígenas sentenciados de los 404 que existen en nuestras cárceles, se les otorgó
el beneficio de la remisión parcial de la pena o la libertad anticipada o preparatoria.
Durante este periodo, las autoridades encarga-das del tratamiento de menores han atendido
a menos de 15 mil 850 adolescentes entre 11 y 18 años de edad y a 8 mil 300 padres de
familia.
México ha avanzado en su capacidad para hacer frente a los desastres que amenazan la
seguridad de los ciudadanos. Veintidós entidades federativas cuentan ya con leyes sobre
protección civil.
Un hecho reciente ha merecido especial atención: la actividad del volcán Popocatépetl.
El plan correspondiente es un esfuerzo coordinado por los tres niveles de gobierno y
conjunto entre los sectores público y privado.
Al inicio de la actual administración, la población del país sumaba 90 millones 800 mil
mexicanos. Hoy somos 94 millones 700 mil y probablemente para el año 2000 lleguemos casi
a los 100 millones.
El Programa Nacional de Población fue el primero de la administración del presidente
Zedillo. Con él se reiteró un principio fundamental: la población es el sujeto, la
causa y el destino de toda acción gubernamental.
El país se ha transformado demográficamente en los últimos tres años. La tasa de
crecimiento ha pasado de 1.73% a 1.62%. Los esfuerzos en este campo deben sostenerse e
incluso redoblarse.
Por otra parte, de 1994 a la fecha, la esperanza de vida de los mexicanos se ha
incrementado casi en un año y es hoy de 73.6 años.
Se avanza en los trabajos de integración del Registro Nacional de Población, conformado
por cuatro componentes: el registro de menores de edad, el nacional de ciudadanos, el de
nacionales residentes en el extranjero y el catálogo de extranjeros residentes en
México.
Este año fue establecida la clave única de registro de población, será una pieza
valiosa de la actividad registral y contribuirá a una mayor eficacia en los trámites que
efectúen los ciudadanos.
A la fecha se han asignado alrededor de 2 millones de claves a los trabajadores
incorporados al Sistema de Ahorro para el Retiro y cerca de 300 mil al personal que labora
en la administración pública federal.
El artículo 4o. constitucional garantiza la plena igualdad jurídica entre la mujer y el
varón; en la práctica, esa idea de igualdad no se ha concretado plenamente. En 1996, el
Presidente de la República puso en marcha un Programa Nacional de la Mujer, Alianza para
la Igualdad. Este instrumento se propone construir un gran espacio de participación que
promueva el ejercicio real y efectivo de los derechos de las mujeres.
A finales del año pasado, el Senado de la República aprobó la Convención Dovelento
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; esta convención
seguramente propiciará cambios legislativos para prevenir y sancionar la violencia
intrafamiliar.
Dentro de las prioridades de la política migratoria destaca el respeto a los derechos
humanos de los migrantes, independientemente de su nacionalidad. Para atender este
complejo fenómeno se han creado grupos gubernamentales de protección a migrantes; las
reformas a la Ley General de Población de noviembre de 1996 pueden agruparse en cinco
grandes apartados: protección, seguridad jurídica, integración familiar, combate al
tráfico de personas y actualización de los servicios migratorios. Estas modificaciones
revisaron especialmente las penas por tráfico de migrantes.
La Constitución Política consagra la libertad de culto y de creencias, el Estado
mexicano es laico, la separación entre el Estado y la Iglesia es un principio esencial de
nuestra convivencia, es fundamento de pluralidad y tolerancia.
En este periodo se concedieron 744 registros que arrojan, sumados a los anteriores, 5 mil
51.
La comunicación social tiene en este fin de siglo un sentido determinante para las
relaciones políticas, económicas y sociales; la revolución tecnológica acerca a las
sociedades y las enlaza en un ámbito globalizado. El Gobierno de la República refrenda
el respeto absoluto a la libre manifestación de las ideas y ha insistido en que la
regulación de esta garantía fundamental entraña más riesgos que beneficios.
El Gobierno reitera su voluntad para lograr la paz con justicia en Chiapas; a partir de la
Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, marco obligado de
referencia para las partes, debemos reiniciar pronto las negociaciones con la
participación coordinada y decisiva de los poderes Legislativo y Ejecutivo. La Comisión
de Concordia y Pacificación ha sido una instancia esencial de coadyuvancia entre las
partes.
Es compromiso del Gobierno del presidente Zedillo dar respuesta efectiva a las demandas de
las comunidades indígenas, los programas institucionales se desarrollan sin interrupción
y con la firme intención de superar rezagos históricos. En particular, los acuerdos de
San Andrés Larráinzar reconocieron el enorme valor que tienen para los mexicanos las
culturas indígenas, sus lenguas, sus tradiciones y sus formas de vida; claramente el
Gobierno no pretende renegociar dichos acuerdos; quiere honrar su palabra empeñada y
desea su conversión en normas jurídicas, compatibles con nuestro marco constitucional,
preservando la soberanía, la estructura de los tres niveles de Gobierno y la igualdad
jurídica ante la ley.
Queremos reanudar cuanto antes el diálogo, construir juntos un marco normativo apropiado
para las comunidades indígenas y resolver juntos sus problemas ancestrales.
Señoras y señores diputados: nuestro presente y nuestro futuro ofrecen enormes
desafíos, para enfrentarlos la unidad es esencial; la unidad no es unanimidad, por el
contrario, supone una diversidad natural que sólo se sintetiza y se expresa como
comunidad de propósitos, de aspiraciones y metas gracias a la política. Ser político
exige ser consciente y ser responsable frente a los demás.
El político asume la obligación permanente de la recta transacción entre la realidad y
los ideales; el político se define por un acto de compromiso claro, no admite nunca en su
punto de partida ni ambigüedades ni indecisiones. Hacer política en estos tiempos
reclama agudizar la conciencia, la responsabilidad, la ética y el compromiso, para hacer
posible la convivencia, para dar cuerpo y sentido a la unidad, para evitar el desencuentro
entre los propósitos y los resultados.
Hacer política es una tarea noble, conjuga pasión y acción; saber y emoción; razón y
pragmatismo, pero sobre todo la percepción clara de la elevada dignidad del oficio,
honrando la dignidad de la política, como lo hace el presidente Zedillo, es posible
construir juntos un mejor umbral para todos los mexicanos.
Muchas gracias.
PRIMER TURNO DE ANALISIS
Para la primera ronda de preguntas, hasta por 10
minutos con derecho a réplica por cinco minutos, se han inscrito los siguientes
diputados:
Por el Partido del Trabajo, Ricardo Cantú Garza; por el Partido Verde Ecologista de
México, Jorge Emilio González Domínguez; por el Partido Acción Nacional, Juan José
Rodríguez Prats; por el Partido de la Revolución Democrática, Demetrio Sodi de la
Tijera y por el Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ibarra Pedroza.
Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, por 10 minutos.
82,83 y 84
| El diputado
Ricardo Cantú Garza: |
Compañeras y compañeros diputados; licenciado
Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Gobernación:
Hemos leído el informe que el presidente Ernesto Zedillo presentó por escrito al
Congreso de la Unión el 1o. de septiembre y escuchamos con atención el mensaje que
dirigió al Congreso y a la nación.
Ahora, hemos conocido las precisiones del titular de la Secretaría de Gobernación; estos
documentos representan el recuento de un conjunto de acciones emprendidas o coordinadas
por el Gobierno Federal; nuestra opinión en cuanto al tema de la política interior es
que existen grandes omisiones en los documentos revisados, pese a que la opinión pública
esperaba claridades y definiciones contundentes, que no dieran lugar a proseguir en
situaciones de indefinición con que se ha manejado este ámbito de la vida de la nación.
La más reciente reforma electoral que no podemos en ningún sentido ver como definitiva,
permitió registrar, el 6 de julio, un avance en relación con anteriores procesos de
elección, dio mayor confianza a los partidos y ciudadanos y generó un nivel de
credibilidad no alcanzado en otros comicios.
En esta materia es preciso reconocer que aún existen elementos ausentes, tales como la
democracia directa, las candidaturas comunes entre partidos y las diversas formas de
participación ciudadana, referendum, plebiscito, afirmativa ficta,
iniciativa popular y revocación del mandato.
Se demostró al fin que al disponer de un órgano electoral independiente del Gobierno,
como lo habíamos venido proponiendo desde hace mucho tiempo, las fuerzas de oposición
eran el nudo de la democratización electoral. En sus aspectos esenciales, esa reforma
surgió del sentir incubado por largo tiempo en una sociedad insatisfecha con el modelo
económico, con el modelo político autoritario y de partido dominante, mantenido durante
siete décadas y cuestionado profundamente desde 1968 y se canalizó a través de los
partidos de oposición y de los organismos sociales y líderes de opinión, a pesar de las
resistencias que el partido en el poder había tenido hacia los avances democráticos.
Hace apenas unos días, al instalarse la presente legislatura, presenciamos una de las
últimas manifestaciones de esa resistencia al cambio, cuando el grupo de diputados
priístas, sin tener la mayoría, pretendía instalar la Cámara de Diputados y el líder
de la mayoría del Senado amenazó con promover la inasistencia a la ceremonia de apertura
de sesiones del Congreso.
Nos interesaría conocer directamente del Secretario de Gobernación, cuál fue su
intervención en ese intento frustrado de mayoriteo sin mayoría y de imponer mediante la
presión, condiciones al Poder Legislativo.
Decimos esto porque la división y respeto entre los poderes es parte esencial de la
todavía inconclusa reforma del Estado y la transición democrática en la que estamos
empeñados. La reforma del Estado debe ser una gran reforma social, que transforme la
sociedad para enmendar nuestros grandes rezagos, carencias e injusticias. La nueva
conformación de la Cámara de Diputados permitirá que dicha reforma se dé en el ámbito
que siempre le ha correspondido; es decir, el Poder Legislativo. Nuestro compromiso reside
en impulsar las iniciativas de ley que correspondan al nuevo marco del Estado mexicano, un
Estado moderno, democrático, incluyente, pluripartidista, justo y con equidad social.
El conflicto de Chiapas está ausente tanto en el informe escrito del Ejecutivo, como en
el mensaje presidencial del 1o. de septiembre. Ello implica que no se ha avanzado hacia
una resolución por la vía pacífica, a pesar de las iniciativas de los rebeldes para
conformarse como fuerza civil, por el incumplimiento del Gobierno a los compromisos
pactados con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de hecho adquiridos por el
conjunto de la sociedad mexicana.
Tal parece que el Gobierno de la República quiere ocultar la persistencia del problema,
negarlo o dejar que sea el tiempo el que obligue a los zapatistas chiapanecos al abandono
no sólo de la vía armada, sino también de sus banderas de lucha. Nosotros no pensamos
que ésa sea una salida viable. Hace ya cerca de 13 meses que se levantaron las
negociaciones entre los representantes gubernamentales y los del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional. Esas negociaciones culminaron con la firma de los acuerdos de San
Andrés, que comprometieron al Estado mexicano a reconocer en nuestra ley fundamental los
derechos de los pueblos indígenas, sin que hasta ahora el Ejecutivo haya enviado al
Congreso de la Unión la iniciativa que concretaría esos acuerdos.
Trece meses de silencio son mucho tiempo cuando lo que está en juego son los derechos de
un grupo muy amplio de mexicanos a ser escuchados y atendidos en sus necesidades, y
también la tranquilidad del país y del Estado de Chiapas en particular. En ese lapso, la
violencia y la incertidumbre han empeorado para muchos pueblos y comunidades enclavados en
la zona del conflicto. Los "guardias blancas" se han enseñoreado ante la
pasividad de las autoridades, el encono político está a flor de piel y los
enfrentamientos brotan a la menor provocación.
El día de hoy, señor Secretario de Gobernación, nos señala que se va a reanudar el
diálogo en Chiapas, pero nosotros decimos que para que este diálogo tenga bases firmes,
primero hay que cumplir con lo pactado desde hace 13 meses en San Andrés.
Estaremos atentos también a la respuesta del Gobierno a la marcha emprendida por los
zapatistas, en demanda del cumplimiento de estos acuerdos.
Con estas omisiones a la problemática de Chiapas, se está desperdiciando la posibilidad
de encarar la lamentable situación en la que han estado históricamente sumidos los
pueblos indígenas pertenecientes a la nación mexicana. Nos estamos negando nosotros
mismos a la posibilidad de superar un problema legado por los tiempos coloniales y las
peores épocas del régimen oligárquico del Siglo XIX, que siempre pretendió negar la
identidad y el ser indígena, en contraste con la promesa encerrada en el acto mismo del
diálogo.
El incumplimiento gubernamental en Chiapas parece destinado a mantener ahí un foco de
tensión y a presionar con el despliegue militar hacia una muy improbable solución.
Señor Secretario, la nación demanda una respuesta del Ejecutivo. Es tiempo ya de hablar
con toda claridad; es necesario que un Gobierno que a partir de ahora no puede menos que
aprender a rendir al pueblo cuentas de su actuación, explique el porqué del
incumplimiento en su palabra. No hay excusa para que ese Gobierno eluda su responsabilidad
en la parálisis de los últimos 13 meses en este diálogo.
Compañeros legisladores: los diputados del Partido del Trabajo hacemos un llamado a la
presente legislatura a asumir la iniciativa de reformas constitucionales y a la
legislación secundaria, elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación, en
materia de derechos de los pueblos indígenas y a promoverla hasta lograr su aprobación,
dando cumplimiento a los acuerdos pactados.
Muchas gracias.
Se concede la palabra al licenciado Emilio Chuayffet
hasta por 10 minutos, para hacer sus consideraciones.
El
secretario de Gobernación,
Emilio Chuayffet Chemor: |
Señor diputado, señala usted en la parte final de
su intervención que es tiempo de hablar con claridad; con claridad trataré de hacer las
reflexiones correspondientes a su intervención.
Se habla de que en el informe hay grandes omisiones, pero en la intervención sólo se
alude a una: Chiapas y es que en el informe no se da cuenta de la situación del
conflicto, porque el diálogo se rompió el 29 de agosto de 1996. No ha habido
absolutamente ningún avance en la negociación y me voy a referir a las causas por las
que ésta se suspendió.
La negociación que culminó el 16 de febrero de 1996, con la firma de tres documentos que
se conocen como "Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar", ha sido asumida
plenamente por el Gobierno de la República.
Cuando se trató de plasmar estos acuerdos en un proyecto de iniciativa de reformas a los
artículos 4o., 26, 53, 73, 115 y 116 constitucionales, se observó que existían
diferencias que no sólo eran de matiz o de técnica jurídica, sino que podrían
constituir diferencias de fondo a partir de la redacción de la iniciativa. La Cocopa, que
ha sido un instrumento fundamental, una instancia decisiva para que el diálogo o los
diálogos de San Andrés hayan tenido resultados, presentó una iniciativa de reforma
constitucional el 20 de noviembre pasado. A ella el Gobierno de la República formuló
varias precisiones el 20 de diciembre y el 11 de enero de este año fueron rechazadas por
el EZLN.
La Comisión de Concordia y Pacificación reconoció en un comunicado en todos los diarios
nacionales, el 4 de marzo pasado, que si bien es cierto que su iniciativa recoge el
espíritu de los acuerdos de San Andrés, también es cierto que luego de deliberar con
juristas, asesores y participantes en las negociaciones, esta iniciativa puede mejorarse
con precisiones técnicas para no dejar en duda ninguno de los aspectos pactados en San
Andrés. No hay pues incumplimiento, no hay tampoco desencuentro entre el Gobierno de la
República y la Cocopa, que admitió el 4 de marzo pasado que era perfectible su
iniciativa y 10 días más tarde, también en todos los diarios nacionales, se publicó la
excitativa de la Cocopa el EZLN para que respondiera a las observaciones formuladas por el
Gobierno de la República y no hubo respuesta.
Nosotros queremos impulsar el diálogo en todas las direcciones posibles. Queremos
consumar una paz digna para todos en Chiapas. Creemos que es posible, creemos que la
negativa a discutir estas observaciones no puede en modo alguno significar más tiempo de
parálisis en las negociaciones. Tenemos voluntad y además asumimos lo firmado el 16 de
febrero de 1993 en San Andrés.
En relación a la marcha, se hizo aquí una intervención, es bienvenida. El Gobierno de
la República la saluda y en ese sentido ha expresado el Gobierno que la conversión del
EZLN en fuerza política será sin duda saludable para la República.
La reforma electoral ha sido denominada definitiva, porque a partir de ella hemos podido
desterrar suspicacias y sospechas, no porque se haya agotado la agenda de la misma. Admito
con el diputado, que existen temas que todavía deben discutirse, y seguramente será
éste el escenario para llevar a cabo el debate, y tienen que seguir profundizando el
método democrático para alcanzar el propósito de la justicia social.
El 21 de marzo pasado, como Secretario de Gobernación, fui instruido por el Presidente de
la República para que en la ceremonia conmemorativa del natalicio del benemérito, Benito
Juárez, propusiera los instrumentos de la democracia semidirecta: el referendum y la
iniciativa popular, para enriquecer la vida democrática de México.
Discrepo con toda sinceridad de la afirmación que se hace en el sentido de que la reforma
política se ha canalizado a través de los partidos de oposición. La reforma política
no es mérito de nadie en exclusivo; es mérito de todos, de todos los partidos, del
pueblo y del Gobierno.
En relación a mi supuesta intervención en los acontecimientos de los días 30 y 31 de
agosto, cabalmente, claramente, afirmo que nunca ni en lo personal ni como Secretario de
Gobernación, he realizado acto alguno que atenté en contra de la autonomía, la
independencia, el honor, del Poder Legislativo, de cualquiera de sus cámaras o de sus
integrantes.
Sí he tenido contacto con los dirigentes nacionales de los partidos políticos porque,
dentro de las atribuciones que me confiere el artículo 27 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública, está precisamente el sostener este tipo de actividades
cotidianas.
Ya lo señalé en el discurso: hay una nueva realidad política en México. Es
incontrovertible.
El fortalecimiento de poderes sin duda es un capítulo esencial de la reforma del Estado
que está por delante.
En la medida en que el Poder Legislativo, dentro del ámbito de su competencia, llegue a
consensos y concrete éstos, traduciéndolos en normas y prácticas que fortalezcan su
actividad, en esa medida la vida de la República será indudablemente más sana.
Finalmente, una sola observación que me devuelve a Chiapas y qué tiene que ver con una
afirmación vertida por el diputado Cantú Garza: el Gobierno de la República no apuesta
al aislamiento ni al desgaste en Chiapas. Queremos reanudar el diálogo.
85,86 y 87
Si la nueva integración de la Cocopa que, a partir de los
integrantes de esta LVII Legislatura, seguramente tendrá lugar en los próximos días,
nos convoca y nos ofrece caminos y métodos para la reanudación del diálogo,
bienvenidos. No hay soberbia ni hay en modo alguno disimulo del problema. Creo que hay
aceptación humilde de que el conflicto no ha sido resuelto, pero también trabajo social
para abatir sus causas y disposición política para llegar a acuerdos.
Ayudémonos todos a reconciliarnos como mexicanos.
El diputado
Ricardo Cantú Garza
(desde su curul): |
Señor Presidente.
Compañero diputado Ricardo Cantú Garza, ¿desea
usted hacer uso de su derecho de réplica?
El
diputado Ricardo Cantú Garza
(desde su curul): |
Sí, señor Presidente.
Antes de que tome la palabra el diputado, quisiera
suplicarles a las personas que ocupan el pasillo central, permitan el desarrollo normal de
la sesión, ocupen los lugares que tienen asignados al fondo del salón y a las personas
que son asesores y que no son legisladores, se les ruega también, en forma respetuosa y
atenta, pasen a ocupar los lugares correspondientes.
Tiene la palabra por cinco minutos, diputado.
| El
diputado Ricardo Cantú Garza: |
Gracias, señor Presidente; compañeros diputados;
señor Secretario:
Sobre su postura en relación al conflicto de Chiapas, queremos decirle que desde el
inicio del diálogo, allá por diciembre de 1994, ha habido discursos de buena voluntad
para solucionar este problema, pero nosotros somos de la idea de que necesitamos
concretizar los acuerdos ya tomados mediante una iniciativa. De otra manera, no vamos a
poder avanzar en un diálogo fructífero que nos lleve hacia la paz.
Así que nosotros hacemos el llamado para que, más que declaraciones sobre la buena
voluntad que todos tenemos respecto a este conflicto, hagamos un esfuerzo serio, real,
para concretar la iniciativa que dé cumplimiento a los acuerdos de San Andrés y que esto
nos permita realmente llegar a una paz duradera en nuestro país, con dignidad para todos
los mexicanos. También queremos señalar que efectivamente es un gran tema que no
apareció en el informe presidencial y que usted sí hizo mención a este problema.
Por otra parte, también queremos señalar sobre la reforma política, que ha sido una
política del sistema, del régimen de Gobierno, dar reforma política a cuentagotas. Ha
sido una presión de la sociedad mexicana, de avanzar hacia la democratización, desde
hace 20, 30 años y a cuentagotas se ha querido ir avanzando pero ya tenemos problemas
como la sobrerrepresentación de fuerzas políticas aquí en la Cámara de Diputados, como
los problemas que van más allá, hacia la participación directa del pueblo, como en el
caso de la revocación de mandato, dar facilidades para las alianzas entre los partidos
políticos.
Es decir, hay todavía reclamos de la ciudadanía, de las fuerzas de oposición, que
todavía no se han podido concretar, precisamente por esa política de estar resistiendo e
ir cediendo poco a poco, en esta reforma política que hoy el Presidente llamó
definitiva. O sea que ya no se trataba de estar negociando la democracia y cediendo en
pequeñas partes, sino que fuera de una vez y para todas.
Creemos que ésa no fue la actitud del Gobierno ni del partido que lo ha llevado a este
Gobierno.
Se ve sentido, por eso nosotros reivindicamos que el papel principal para la
democratización del país, está en las fuerzas opositoras, en la sociedad en general,
que reclama un México más democrático y más justo. Esperemos que lo que se ha avanzado
se consolide y que ahora sí vayamos hacia una reforma definitiva, donde todas las fuerzas
políticas estén auténticamente representadas, en base al voto que se genera en las
urnas, en los procesos electores.
Muchas gracias, por su atención.
Tiene la palabra el señor diputado Jorge Emilio
González Martínez.
Señor diputado, dispone usted de 10 minutos.
El
diputado Jorge Emilio González
Martínez: |
Muchas gracias, señor Presidente; señoras y
señores diputados, señor secretario de Gobernación, licenciado Emilio Chuayffet:
Hoy se empieza la glosa del Informe del Poder Ejecutivo ante la Cámara de Diputados,
reconocemos la importancia de la presencia de los diferentes secretarios de Estado, en
este caso en particular del Secretario de Gobernación, pero reiteramos nuestra
inconformidad al actual formato del informe presidencial y a la disposición de nuestro
grupo parlamentario, para realizar los cambios necesarios, con el fin de que los
legisladores podamos tener derecho a réplica en el informe presidencial y no después con
los secretarios de Estado.
Pero en este informe como en todo el trabajo a futuro, nuestro grupo parlamentario
respetará y acatará la ley y nos abocaremos a las comparencias de los secretarios de
Estado.
Hoy con la presencia del Secretario de Gobernación empezamos, como ya dije, la glosa del
informe con el responsable de la política interior, sobre la cual tenemos inquietudes muy
importantes. Seré breve y concreto, pero muy puntual como hemos sido y seremos siempre
los ecologistas. Primero quiero hacer una reflexión sobre la inseguridad. A nuestro
juicio, al acrecentarse los problemas socioeconómicos y políticos por la precaria
impartición de justicia, aumentan los gastos para mantener la seguridad que como quiera
no se ha podido mantener, es decir, para nuestro partido la clave es la buena impartición
de justicia.
Sobre los cuestionamientos el primero sería el siguiente: el proceso de reforma del
Estado. Es evidente para todos que el actual sistema político ha llegado ya a su fin, que
independientemente del partido que gane la elección en el año 2000 hay que hacer cambios
profundos que nos den a futuro una nueva estabilidad, por ejemplo, disminuir las
facultades del Presidente y se podría crear un jefe de gabinete que se pudiera encargar
de aspectos administrativos, como una idea, éste controlado por el Congreso.
En general, nos interesa saber si el Gobierno está dispuesto a pasar de una reforma
electoral a una reforma profunda del Estado, sí o no y en qué y cómo.
El segundo cuestionamiento es el que sigue. No queremos que al país le pase en el año
2000 lo que a la Cámara de Diputados el pasado 1o. de septiembre, que a falta de una
legislación adecuada se estuvo cerca de caer en una crisis sumamente grave para el país.
Es importante sentar las bases para que la situación en el año 2000 no rebase a las
instituciones como estuvo a punto de sucedernos a nosotros mismos aquí el pasado 1o. de
septiembre. ¿Qué opina el Gobierno Federal?, es decir, ¿piensa sentar las bases para
que se pueda dar un cambio pacífico e institucional en el año 2000?, ¿o le seguirá
apostando a que nada va a cambiar?
En materia de reforma electoral no es adecuado decirle definitiva, porque no es
definitiva. Mi partido está interesado en saber si el Gobierno piensa realizar otra
reforma electoral que nunca será una reforma definitiva y uno de los temas que nos
importa sería: ¿Se piensa o el Gobierno apoyaría crear la figura de las candidaturas
independientes para acabar con el monopolio de los partidos políticos? ¿Se piensa hacer
la equidad total en el financiamiento y acceso a los medios de comunicación de los
partidos políticos? ¿Se piensa apoyar la instalación de la segunda vuelta electoral en
candidaturas a presidente y a jefe de Gobierno del Distrito Federal, para evitar que
alguien con una votación menor a la mitad más un voto pueda acceder al poder?
¿Se piensa acabar de una vez por todas, por la campaña de basura plástica, que llena
todas nuestras calles en la ciudad y en todo el país de basura que no nos sirve para
nada?
¿Se piensa quitar la cláusula que le da 8% de sobrerrepresentación al PRI, castigando a
los partidos, como el Partido Verde y el Partido del Trabajo, entre otros? Estos son unos
temas que nos interesa saber la posición del Gobierno Federal.
En el ámbito de política interior, nos interesa saber la situación actual de los grupos
armados que presumiblemente existen en diversos estados de la República, como es el caso
del EPR en Guerrero y Oaxaca. ¿Cuál es la situación actual? ¿Ha habido algún
acercamiento con el Gobierno? ¿En qué Estado se tienen registrados grupos fuera de los
ya mencionados? Pero sobre todo si se sabe de dónde financian sus actividades.
Sobre el tema muy importante de los medios de comunicación, es importante saber la
posición del Gobierno sobre la posibilidad de otorgar nuevas concesiones en especial a
medios electrónicos. Pero, sobre todo, es importante saber si el Gobierno piensa acabar
de una vez por todas, con el intento de control, con la fórmula de quitar y otorgar
concesiones.
En el tema de la inmigración mi partido está interesado en saber, ¿cuál es la
situación de la inmigración indocumentada de extranjeros al país, sobre todo de
Centroamérica? y ¿qué medidas se toman al respecto?
También nos interesa qué piensa el Gobierno sobre la autonomía de las comunidades
indígenas, ¿se les piensa otorgar o no se les piensa otorgar?
Por sus respuestas, y es todo para ser muy concreto, muchas gracias.
Señor Secretario, dispone usted de 10 minutos para
hacer sus consideraciones.
El
secretario de Gobernación,
Emilio Chuayffet Chemor: |
Señor diputado:
Ha señalado usted que a pesar de los enormes gastos que se
invierten en el rubro de la seguridad pública, persiste e incluso ofrece un agravamiento
en los índices delictivos.
Yo quisiera señalarle que precisamente por no hacer gastos en seguridad pública durante
más de 10 años, es que tenemos un rezago impresionante en los cuerpos de seguridad.
En los países del mundo que tienen mejores niveles de seguridad, se invierte en el rubro
entre el 2% y el 5% del producto interno bruto. En México durante los últimos 10 años,
en el tema de seguridad pública hemos invertido ocho milésimas de punto del producto
interno bruto, lo que representa obviamente un rezago fundamental. Es correcto y coincido
que la administración de justicia incide en el problema, pero éste tiene una
composición mucho más compleja que rebasa, incluso, también el ámbito de la inversión
y que debe ser atacado en los frentes de formación policial, reestructuración de los
cuerpos de seguridad, reestructuración de las procuradurías, normatividad adecuada para
combatir el delito, dotación de equipo y armamento.
De los 2 mil 418, y sólo pongo este dato como ejemplo señor diputado, de los 2 mil 418
municipios que hay en el país, más del 80%, el 81%, no tiene 100 policías; su cuerpo de
policía es menor a los 100 integrantes.
El proceso de reforma del Estado. Es indiscutible y aquí se ha planteado desde el
comienzo mismo de la Cámara de Diputados, que el proceso de reforma del Estado debe
continuarse. Usted propone que se disminuyan las facultades al Presidente de la República
y se elija un jefe de gabinete responsable administrativo. Yo le recuerdo que la decisión
del Constituyente de 1917 fue establecer un régimen presidencial en donde el Presidente
de la República es jefe de Estado y jefe de Gobierno, emana de una elección universal y
directa, designa secretarios de despacho para atender los distintos ramos de la
administración pública, éstos no provienen del órgano parlamentario o congresional y
tienen responsabilidad en consecuencia sólo frente al Presidente de la República.
La propuesta que usted hace, la de darle un giro a una decisión del Constituyente de
Querétaro y yo no sé si en ese sentido coincida la voluntad de la mayoría de los
mexicanos para cambiar el régimen constitucional.
88,89 y 90
Dice usted que si estamos interesados sólo en una reforma
electoral o en una reforma del Estado.
La reforma electoral, señor diputado, fue sólo un capítulo de la reforma del Estado que
ofrece otros más, algunos ya tratados y otros que están en la agenda como pendientes. La
reforma a los otros dos poderes para su fortalecimiento. Ya en 1994 se realizó la reforma
al Poder Judicial.
Es indispensable y obviamente será tema que ataña sólo a los legisladores, la reforma
del Poder Legislativo, el impulso a un nuevo federalismo, el impulso a la actividad de la
sociedad civil de las organizaciones no gubernamentales y su nueva relación con el Estado
mexicano, el tema de los medios de comunicación social, los instrumentos de democracia
semidirecta que ya se han mencionado aquí: referendum, plebiscito, iniciativa popular.
No se trata de un punto que se haya consumado y haya detenido la actividad del Gobierno.
Este se hace eco de las voces de transformación del país y por eso, como aquí lo dijo
el diputado Pablo Gómez el 1o. de septiembre, hay una agenda que el propio Poder
Legislativo señaló para la reforma del Estado y una agenda pactada por el Gobierno y los
partidos políticos.
Todos los trabajos que confluyan en la dirección de las transformaciones a partir de los
grandes acuerdos entre las fuerzas políticas del país, evidentemente reciben no sólo el
interés, sino el impulso del Gobierno del presidente Zedillo.
Sobre las características de la legislación secundaria en materia electoral,
candidaturas independientes, equidad, segunda vuelta, éstos y otros muchos temas se
discutieron cuando precisamente se platicaba entre los partidos políticos y la
Secretaría de Gobernación, para llegar a acuerdos, que finalmente devinieron en un
consenso en julio de 1996, para la reforma constitucional en materia electoral.
No son temas sobre los que uno pueda decir que hay inmovilidad jurídica. Y en ese sentido
vuelvo a insistir, la reforma no es definitiva porque no es la última que se va a hacer
en la materia, sino porque como ha acreditado en 27 procesos electorales y el proceso
federal del 6 de julio pasado, ha desterrado suspicacias, sospechas de parte de los
mexicanos y el conflicto electoral ha dejado de ser fuente permanente de desunión.
En relación al 8% de sobrerrepresentación que la ley, dice usted, le da al PRI,
castigando a los partidos pequeños, no es así.
El sistema de integración de la Cámara de Diputados reconoce dos principios: el de
mayoría relativa; 300 diputados llegan a la Cámara por este principio y el de
representación proporcional; 200 diputados, de acuerdo a los porcentajes de votación
obtenidos por los partidos políticos.
El 8% no es una sobrerrepresentación que se da al PRI. Por el contrario, fue uno de los
acuerdos que se lograron en julio de 1996 y que limitan hasta el 8% la posibilidad de que
un partido tenga en número de curules, más allá del 8% en relación a la votación
obtenida por ese partido. No se trata de una ventaja otorgada desde la ley, sino es más
bien un límite a una interpretación de la sobrerrepresentación que un partido tenga.
Le voy a poner otro ejemplo, con el máximo respeto:
El PRD obtuvo en el Distrito Federal, de las 40 diputaciones locales, 38 y obtuvo una
votación del 45%. El número de curules, 38, sobre 66, es el 57.57%. No se puede hablar
de sobrerrepresentación del PRD.
Me pregunta usted cuatro cosas más y voy a darme prisa para cumplir con el tiempo.
¿Qué acercamiento ha tenido el Gobierno con el EPR? ¡Ninguno ni lo tendrá! El EPR
está definitivamente catalogado por el Gobierno como una organización terrorista y el
terrorismo, diputado, de acuerdo al artículo 139 del Código Penal, es un delito, no
merece más que la llamada al respeto del derecho y obviamente en la relación con los
eperristas el Estado aplica las facultades que el propio derecho le otorga.
¿Nuevas concesiones a medios electrónicos en relación a intentos de control? ¡De
ninguna manera! Y yo creo que no es una frase más ni una frase sólo dotada de buena
voluntad; yo creo que quienes estamos aquí damos testimonio de que en la época que
vivimos es indiscutible la libertad de expresión de los medios de comunicación. En
ninguna época anterior hemos gozado los mexicanos de la libertad de expresión de la que
hoy disfrutamos, ¡y qué bueno que así sea!, en los medios de comunicación.
Indocumentados centroamericanos. Es un problema, es aproximadamente un volumen de 70 a 100
mil indocumentados que llegan por la frontera sur cada año en relación a los ciclos
agrícolas del plátano, del café, fundamentalmente, y del azúcar. Quiero decirles que
nuestra política se ha basado en un principio fundamental: respetar sus derechos humanos.
Señor diputado Gonzalo Martínez, González
Martínez, corrijo, ¿desea usted replicar?
| El
diputado Jorge Emilio González Martínez (desde su curul): |
Sí.
Tiene usted la palabra por cinco minutos, señor
diputado.
El
diputado Jorge Emilio González
Martínez: |
Muchas gracias, señor Presidente:
Respecto a la idea que di sobre la creación de una nueva figura en el gabinete, que
pudiera ser un jefe administrativo, quiero decir que fue una idea. Y lo digo aquí porque
muchos jóvenes y yo sentimos que este sistema está caduco, se acabó; quieran o no lo
quieran.
Necesitamos dar ideas, ver a futuro, no quedarnos en el pasado. Si nadie da ideas y llegan
las personas, los secretarios y dicen que no, porque el sistema se formó hace 60 años y
se debe quedar así para siempre, pues nunca vamos a avanzar.
Entonces, simplemente fue para llegar y dar una idea que se pudiera analizar como muchas
otras.
Referente al tema de la reforma al Estado, medios de comunicación, referendum, eso está
muy claro de que las oposiciones, el Partido Verde y las demás fracciones parlamentarias
de la oposición aquí lo van a apoyar, pero mi inquietud es saber: ¿si el PRI también o
el PRI lo va a bloquear en el Senado? Es lo que yo quiero saber. Tenemos muy claro que el
PRI obedece las órdenes del Gobierno Federal. ¡Eso queda muy claro para todos!
Aquí se habló que la reforma electoral fue de consenso. No fue consenso. La reforma
constitucional fue de consenso, la reforma electoral fue votada solamente por el PRI.
El 8% de representación al PRI está muy claro cuando el Partido Verde cuenta con un 4%
de la votación nacional, 4% de voluntades de los mexicanos que nos quieren representar en
el Congreso de la Unión y solamente contamos con 1.8% de diputados ante esta Cámara de
Diputados. El PRI con un 38% tiene el 47% de los diputados.
Eso se quiera o no se quiera está mal, no es ético, hay que cambiarlo; hay que respetar
la voluntad de la gente.
Referente al...
Señor diputado: ¿me permite?, por favor.
Le ruego a los señores diputados que escuchen con atención y respeto al señor diputado
González Martínez, para darle fluidez y orden a esta comparecencia.
Continúe usted, señor diputado.
El
diputado Jorge Emilio González
Martínez: |
Referente a lo del EPR, yo lo digo porque es mi
inquietud y la de muchos mexicanos, que no nos vaya a pasar como al EZLN, que se les
quiere ignorar y un día amanecemos con una guerrilla formal en México, es decir, hay que
tener voluntad política y hay que ver por la vida de nuestros compatriotas, hay que
tratar de arreglar los problemas antes de que se den, hay que ser futuristas. Este es un
problema que no lo podemos esconder y mi inquietud era saber la posición del gobierno y
es muy triste darnos cuenta que la posición del Gobierno es de cerrazón y esperar a que
explote el problema.
Y ya como último, que como ética me lo pudiera contestar, en la próxima ronda si
quiere, nada más para empezar, que el trato al instalar la Cámara de Diputados no fue
solamente con los dirigentes de partidos, también fue con los diputados federales y ése
fue el caso mío, fue un trato respetuoso. Pero hay que decir que sí, también hubo
intentos de acercamiento del Secretario de Gobernación con diputados federales de
oposición y en mi caso muy particular me tocó.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez
Prats. Dispone usted de 10 minutos, señor diputado.
| El
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Con el permiso de la Presidencia; señor secretario
Emilio Chuayffet Chemor:
Esta nueva realidad política a la que usted se refiere demanda un nuevo discurso. Nuestro
primer compromiso consiste en el reconocimiento de los hechos. El discurso debe ser
verificable, esto es, debe resistir el cotejo entre lo que se dice y lo que en la realidad
acontece.
Despojemos a la política de su halo de misterio, quitémosle ritos y mitos.
Efectivamente, la política es una tarea noble, hagamos pues de ella profesión de
ciudadanos. No más actividad exclusiva de iluminados que presumen de que sólo ellos
saben cómo hacerlo.
La política genuina no es juego de destreza, la política es una disciplina de honestidad
y de sentido común al alcance de las mujeres y los hombres de esta nación.
La política no se reduce a una adicción entre males, como si la vida fuera
necesariamente una alternativa entre el desastre y la ruina. Recuperemos para la política
su sentido humanista y su vocación de trascendencia.
Conformemos un discurso que no corrompa las palabras, que haga referencia a los valores y
rescate las virtudes públicas. Desafortunadamente la virtud es una palabra casi proscrita
en el diálogo político.
Tiene razón Octavio Paz, cuando las virtudes flaquean y más dominan las pasiones, las
repúblicas perecen. Las virtudes consisten en que los valores se incorporen a las
conductas y actitudes. Hagamos del ejercicio político un ejercicio de virtudes públicas.
Usted declaró que México no está en crisis, sino en transición. El presidente Ernesto
Zedillo declaró que no está en transición, sino en el perfeccionamiento de una
democracia.
Nosotros coincidimos con usted, México está en transición; sin embargo nos preocupa que
después de que por muchos años se acarició la idea de conformar el gran proyecto
nacional que propiciara unanimidades y justificara hegemonías, hoy carezcamos de
definiciones fundamentales. Hay muchos datos en las palabras presidenciales y en las de
usted, ciudadano Secretario, pero no percibimos las tesis fundamentales de gobierno.
Le pregunto: ¿de dónde parte esa transición política y hacia dónde pretende arribar?,
y desde luego, ¿quién dirige ese cambio, en torno a qué ideas?
Anoto el hecho de que el Presidente en una reunión con autoridades municipales emanadas
de su partido, habló de que con la simple mejora de la economía el pueblo de México
votaría de nuevo por el PRI, lo cual refleja una ausencia absoluta de proyecto político.
Y, por otra parte, en fecha reciente y qué bueno que rectifica usted las palabras
presidenciales, habló menospreciando el empuje de los partidos de la oposición y de la
sociedad misma, afirmando que ha sido el PRI el autor fundamental de la reforma política.
Ojalá nos aclare estas contradicciones.
En la reforma del Estado, que parte de un reconocimiento previo de que el Estado está mal
puesto, que se reforma lo que está fuera de forma o lo que no cumple sus fines
cabalmente,
91,92 y 93
apenas estamos en el detalle electoral que hace mucho
tiempo debió haber sido superado. Expresó el Presidente que la pasada elección fue,
cito el anexo, empañada por incidentes premeditados y bien localizados.
No, señor Secretario, no alcanzamos aún contiendas equitativas, los ejemplos sobran;
sostenemos que hay fallas fundamentales derivadas de la implicación del partido oficial y
del Gobierno, por lo que se debe hacer un esfuerzo adicional para transparentar las
finanzas de los partidos políticos. No puede abrirse una brecha más entre estados que
avanzan notablemente hacia una normalidad democrática y otros que se rezagan porque aún
prevalecen prácticas primitivas en la forma de hacer política.
Se invoca la ética, como si todo pudiera resolverse introduciendo principios y códigos
de buena conducta; para nada sirven los principios si no hay voluntad de aplicarlos. La
ética que reclama nuestro tiempo es una ética aplicada, nos preocupa el intento de
politizar la moral en lugar de que se moralice la política.
En el Estado de Colima hubo fallas sustanciales y de fondo que alteraron la voluntad
ciudadana y en el Distrito Federal desde luego que el PRD está subrepresentado.
No podemos pregonar un estado de derecho haciendo excepciones. ¿Por qué se procede con
rigor hacia el pueblo de México negando siquiera la mínima posibilidad de reducción de
gravámenes y en cambio al funcionario público se le ve con tal condescendencia que raya
en la complicidad y el contubernio, como son los casos de Tabasco, Conasupo y Yucatán?
Usted lo sabe bien, en muchas entidades el conflicto electoral es herida abierta y asunto
no juzgado; a mitad del sexenio seguimos hablando de una agenda pendiente prácticamente
en su totalidad en materia de la reforma de Estado.
Desde nuestra perspectiva persiste una confusión en las tesis gubernamentales sobre el
federalismo; efectivamente, se ha desconcentrado parcialmente la administración pública
destinando recursos a través de las dependencias federales a las entidades federativas y
a los municipios, pero no se ha descentralizado en materia alguna para transferir mediante
la ley de manera definitiva, atribuciones y recursos del Gobierno central a otros ámbitos
de poder, a saber: estados y municipios; que no se engañe a la opinión pública
pretendiendo confundir conceptos esenciales; federalismo hoy por hoy es fundamentalmente
descentralización, no burda maniobra para dar hoy lo que mañana se puede quitar.
Después de tres años, ¿cuando comenzará real y efectivamente la descentralización de
la vida nacional? ¿Cuándo se emprenderá seriamente el fortalecimiento de la vida
municipal?
Desde su origen el PAN ha sostenido que los problemas de México son fundamentalmente de
orden político, a este principio se le denominó la primacía de lo político y recoge la
idea de José Vasconcelos de que México lo que requiere es una urgente regeneración
política y moral. En la elección federal de 1994 se le dijo al pueblo de México, que si
el PRI perdía se ocasionaría una gran crisis económica; el PRI ganó y la crisis
económica surgió en toda su magnitud.
En 1997 se le dijo al pueblo mexicano que el PRI tenía que ganar la mayoría en la
Cámara de Diputados, de lo contrario vendría una tremenda crisis económica, y sucedió
al revés, el PRI perdió y todos los índices macroeconómicos mejoran sustancialmente,
lo cual indica que el PAN tenía razón, la solución está en el desmantelamiento de un
sistema autoritario.
¿Coincidiría usted, señor Secretario? Espero sus respuestas.
Señor Secretario, le ruego su intervención y
dispone usted de 10 minutos.
El
secretario de Gobernación, Emilio
Chuayffet Chemor: |
Diputado Rodríguez Prats:
Reclamó usted que la nueva realidad merece un nuevo discurso y que la característica
esencial de este discurso debe ser la verificabilidad; que se compruebe en los hechos lo
que se dice en las palabras. Con el más profundo respeto y lo digo abiertamente, con la
honda amistad de muchos años, quiero decirle que no hay peor discurso ni discurso menos
verificable, que el de los "maniqueos".
No es posible, y quiero señalar que no es una imputación personal a usted, estoy
hablando del discurso de los maniqueos que dividen la realidad en dos: en blanco y en
negro; en bueno y en malo; en un lado lleno de virtudes y en otro lleno de defectos.
Usted y yo sabemos que esto no es así, que hay gente honrada y gente de bien en todos los
partidos; que hay gente que desnaturaliza a la política en todos los partidos, que hay
gente que mitifica la política en todas las agrupaciones y que hay gente que se preocupa
por darle concreción y vigencia real a la política también en todos los partidos
políticos.
Hay tesis en el discurso presidencial.
El Presidente de la República ha insistido una y otra vez en ella: profundizar la
democracia, probablemente sea una tarea que para algunos no tenga la categoría de tesis,
ha sido una lucha secular del pueblo de México seguir profundizando en sus procesos
democráticos y en estos tres años hemos avanzado sin duda alguna en una reforma
electoral que, repito, es mérito de todos y que el Presidente de la República desde el
primer día que protestó su encargo ofreció como compromiso fundamental; la vigencia del
estado de derecho, en un país herido por la impunidad, en un país en donde la excepción
en la aplicación de la ley amenaza con convertirse en regla, en un país en donde la
inseguridad observa índices de crecimiento de 115% en los delitos del orden común en
apenas 10 años y de 376% en los del fuero federal.
Ha señalado también el Presidente de la República, que la política social es el eje
fundamental de su Gobierno.
En esta Cámara, el pasado 1o. de septiembre el señor Presidente expresó que la
política social está fincada en la tutela de los derechos sociales de los mexicanos y el
combate a la pobreza a través del efecto compensatorio que esta política social
contiene.
Esta es otra tesis de gobierno que fue reiterada claramente por el Presidente de la
República y una que constituye a mi juicio, con todo respeto diputados, una tesis además
novedosa a partir de las palabras del Presidente de la República: la invitación a
construir un piso común en materia de estrategia de crecimiento económico, una política
de estado en materia económica. Ahí hay otra tesis vertebral del discurso presidencial.
Quiero referirme, si usted me permite, a un asunto que tocó usted con claridad: el
federalismo.
Desde 1824, cuando pactamos el 31 de enero el acta constitutiva de la Federación, la
lucha de México ha sido exactamente a la inversa, de un centralismo político a un
incipiente y gradual federalismo. Hay que reconocerlo, se centralizaron funciones,
atribuciones, recursos, líneas de dirección política y es en la etapa moderna, en la
actual, cuando nos empeñamos todos en un frente común para hacer del federalismo un
ejercicio creativo de descentralización, una descentralización que no sea como usted
señaló, desconcentración; que sea efectivamente transferencia de responsabilidades y de
recursos para atenderlas y que estos recursos se asuman como propios por parte de las
entidades y los municipios, hacia los que se descentralizan las responsabilidades.
Hay aquí inercias muy importantes y creo que éste es un tema que seguramente ocupará
largas horas de debate de esta Cámara.
En virtud del sistema de coordinación fiscal, los estados de la República dejan de
gravar ingresos para evitar la doble tributación y cuando se dio la coordinación en
función de una ventaja comparativa de la Federación para administrar el ingreso fiscal,
se creó un fondo general de participaciones, que distribuye a los estados los ingresos
que dejaron de recibir por no legislar en esas materias y ese fondo devuelve a los estados
los recursos correspondientes a través de dos criterios, dos criterios que siguen hoy
día siendo motivo de discusión en relación al federalismo hacendario: un efecto o un
criterio resarcitorio, devolverle a los estados lo que estrictamente dejaron de recibir
por no legislar en la materia fiscal, en los derechos, impuestos, productos o
aprovechamientos correspondientes y uno compensatorio, que tiende a lograr el desarrollo
regional.
Hoy día hay quienes piensan que debe privilegiarse el efecto compensatorio, pero como
esto es de suma cero, obviamente esto tendría efectos en quienes contribuyen en mayor
medida al ingreso federal participable.
Quiero decirle que a través de este fondo general de participaciones, se devuelve a los
estados un 20% del ingreso federal participable y a través de otros fondos, como el de
coordinación de derechos, los fondos municipales, un 5% más.
La Federación, además, transfiere a los estados en materia de gasto, 27% de recursos, de
tal manera que de la recaudación federal participable, de cada peso se devuelve a los
estados 52 centavos de ese peso. El gasto primario de la Federación, se descentraliza, se
transfiere a los estados en 1997, en un 43.84%; pero incrementar esas transferencias,
señor diputado, que obviamente es necesario para fortalecer a los estados y a los
municipios, debe acompañarse de un debate, un debate en el que se decida con claridad
qué tipo de servicios deben ser prestados, por qué órdenes o niveles de gobierno. Los
servicios que sean prestados con mayor eficacia por un determinado orden de gobierno,
deben ser incorporados plenamente a él, con los recursos correspondientes como propios,
de tal manera que ese federalismo hacendario, sumado al debate sobre la distribución de
responsabilidades, pueda hacernos vivir a plenitud lo que seguramente usted y yo
coincidimos como aspiración para México: un auténtico pacto federal que nos una en la
diversidad.
Muchas gracias.
¿Desea el señor diputado replicar?
| El
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Aprovecho para reiterarle mi amistad, señor
Secretario; con los últimos acontecimientos, algún resquebrajamiento de esa amistad me
preocuparía, dados los últimos informes.
¡Qué bueno que lee usted las máximas parlamentarias que dicen que cuando la causa es
mala se refugie en el partido; cuando el partido es malo, se hable de la causa; cuando la
causa y el partido están perdidos, entonces hay que atacar al adversario!
No, señor Secretario, no hay muchas realidades; la realidad es una, divergemos en su
interpretación, tenemos distintos criterios en su enfoque, pero la realidad es una; que
hable usted de varias realidades me preocupa en el enfoque del gabinete y de una, sobre
todo en un momento de transición.
Habla usted de estado de derecho. Le voy a hacer una sola pregunta, señor Secretario:
hubo un dictamen de consejeros federales electorales diciendo que había vicios de
legalidad en Tabasco. Hubo la renuncia pactada, que no fue instrumentada, por la torpeza y
la inexperiencia de su antecesor. ¿Con base en qué norma jurídica Ernesto Zedillo fue a
Tabasco y recetarnos que Roberto Madrazo gobernaría hasta el año 2000? Una sola
pregunta, señor Secretario.
Pasemos a asuntos más serios y hablemos de la agenda panista en materia de reforma del
Estado. En México se alcanzó un consenso valioso por cuatro partidos políticos,
consenso que se ha pretendido disolver con la discordia, porque no puede aceptarse que se
logren coincidencias en puntos fundamentales, como es que el Poder Legislativo cumpla
simplemente con su deber.
Efectivamente los partidos son necesarios para organizar la voluntad ciudadana, pero no
todo tiene que enfocarse desde una perspectiva partidista. La función del parlamento es
conformar la voluntad general; es un deber agregar voluntades.
El PAN jamás ha rehuido compromiso alguno que beneficie a la República. Desde enero
propusimos acuerdos que desafortunadamente fueron desechados. Ahora, al iniciar la LVII
Legislatura nuestras tareas son muy concretas, ellas han sido señaladas por nuestro
presidente Felipe Calderón y nuestro coordinador Carlos Medina Plascencia. Coincidimos en
la necesidad de una nueva ley de servicio civil, propuesta en nuestra plataforma
legislativa en 1943; rescataremos nuestra propuesta de iniciativa de Ley Orgánica de la
Administración Pública presentada en 1947, en la cual, con los principios de
subsidiaridad y de bienes públicos, delimitamos las tareas que le corresponden a cada
orden de gobierno y a los
94,95 y 96
particulares, para terminar con la perversa confusión que
ha prevalecido en la conformación de las políticas públicas; perseveraremos en nuestra
iniciativa de 1957, en la cual se propone la prohibición del uso de los colores
nacionales como distintivos electorales; reiteramos la modificación propuesta en 1984 a
la Ley de Radio y Televisión, para que se transmitan los debates. Ningún poder debe
supervisarse a sí mismo, por ello insistiremos en que se dictamine nuestra iniciativa de
1987 para que la Secretaria de la Contraloría pase a formar parte de la Contaduría Mayor
de Hacienda de la Cámara de Diputados.
En todos los países que se definen como federalistas, las materias agropecuarias, de
desarrollo social, ecología, pesca, turismo, comercio y transporte, entre otras,
corresponden a los ámbitos estatales y municipales. El ramo 26 debe ser ejercido en su
totalidad y con libertad por estados y municipios.
Nosotros repetiremos una y otras veces que no se trata de un nuevo federalismo, puesto que
no hemos tenido uno anterior; se trata simplemente de hacer el auténtico federalismo, que
confirme nuestra reiterada vocación municipalista.
Es nuestro deber sacar adelante la iniciativa de nueva Ley Federal del Trabajo. Estoy
seguro que como otras iniciativas, tarde o temprano el Gobierno hará suya esta propuesta,
corresponde a un clamor nacional el desmantelar las estructuras corporativas en el sector
obrero, para concluir con los caciques sindicales. Fortaleceremos el Poder Judicial
transfiriendo a su competencia los tribunales administrativos.
Más que como autogobierno, la democracia debería definirse como la transparencia de lo
público. Una política es democrática si se muestra sin opacidades y engaños. El PAN
pugnará porque esta Cámara cumpla su deber de transparentar la vida pública. En todos
los casos luchará porque emerja la verdad, lo mismo en los casos de Tabasco que en el de
Conasupo; lo mismo en Colima que en Yucatán. No es posible convocar a convergencias
fundamentales cuando se permiten cacicazgos y violaciones al estado de derecho.
Termino con una frase del fundador del PAN, Efraín González Luna: "será bienvenida
esta crisis si es capaz de imponernos prácticamente la necesidad de elaborar la doctrina
política nacional que nunca hemos tenido y que necesitamos con anhelante urgencia, una
doctrina política construida sobre un concepto pleno y claro de la persona humana, del
ser genuino de México, del destino nacional, del deber de los mexicanos y de la misión
del Estado, una conjugación de principios universales con datos concretos de nuestra
realidad, una verdadera columna vertebral".
Entonces procedamos en la búsqueda de los consensos que nos permitan definir el rumbo
político del país.
Muchas gracias señor Presidente.
Tiene la palabra el diputado Demetrio Sodi de la
Tijera.
Tiene 10 minutos, señor diputado.
El
diputado Demetrio Javier Sodi
de la Tijera: |
Gracias. Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados; señor secretario de Gobernación, licenciado Emilio
Chuayffet Chemor:
De acuerdo a nuestra Constitución, el informe presidencial debería ser un balance del
estado general que guarda la administración pública; sin embargo, en los últimos
tiempos los presidentes de la República se han limitado a informar lo que consideran
positivo de su gestión y han ocultado los graves problemas que enfrenta la nación.
El pasado informe del presidente Zedillo no fue la excepción, el informe se centró en lo
que el Presidente considera exitoso de su Gobierno y dejó de lado e ignoró varios de los
graves problemas que enfrenta el país. El balance de estos tres primeros años de
gobierno es muy negativo en todos los ámbitos.
En lo económico, a mitad del sexenio el producto per capita, indicador de los niveles de
vida de la población, está 3.24% abajo de 1994. El consumo privado está 4.64% abajo del
mismo año y los salarios 27.64%.
En lo social, los niveles de vida han caído drásticamente y la pobreza extrema afecta a
más de 22 millones de mexicanos, y más de la mitad de la población vive en condiciones
de pobreza. La calidad de la educación, la salud, la nutrición, la alimentación y la
vivienda han caído drásticamente en estos tres primeros años de la administración del
presidente Zedillo.
En lo político la situación es también muy preocupante, con el agravante de que no
puede culparse al sexenio anterior o a la falta de recursos financieros, como lo han hecho
en lo económico y lo social.
El presidente Zedillo recibió, sin lugar a dudas, un país atrasado políticamente, pero
en lugar de romper amarres con el pasado e impulsar una profunda transformación
política, el Gobierno se ha dedicado a obstaculizarla y ha privilegiado su apoyo al
partido oficial y a los grupos más duros del sistema, que impulsar la transición a la
democracia que exige el país.
Desde su campaña, el presidente Zedillo adquirió diversos compromisos de cambio
político que no ha cumplido. Firmó los 20 compromiso por la democracia y se comprometió
con la reforma política integral.
Como Presidente, firmó en el mes de enero de 1995 el llamado pomposamente "Pacto de
Los Pinos" y meses después, en mayo del mismo año, un acuerdo con la oposición
para la agenda de la reforma política del Estado.
La mayor parte de estos compromisos han quedado sólo en palabras. Salvo la reforma
electoral, que era inevitable si se quería impedir un choque político en las elecciones
federales de 1997, y la reforma del Distrito Federal, que permitió la elección directa
del Jefe de Gobierno; los demás temas de la agenda para la reforma política del Estado
siguen pendientes.
Más allá de la actitud triunfalista del Presidente en el informe, la situación
política actual es muy preocupante, sobre todo después de constatar que el Presidente
ignora o no le preocupan, como quedó demostrado en su mensaje a la nación, problemas
candentes que pueden explotar en cualquier momento.
La oposición permanente del Gobierno a avanzar en una reforma política integral que
garantice la convivencia pacífica en la nueva pluralidad que vive la sociedad mexicana,
representa una amenaza constante a la estabilidad y a la gobernabilidad del país, como
quedó demostrado a la hora de instalar el Congreso, hace unos días.
El Presidente y el Gobierno siguen dando su apoyo incondicional al partido oficial y al
corporativismo antidemocrático y se niegan a reconocer la nueva pluralidad que existe en
las organizaciones sociales, en la burocracia, en la sociedad civil y en este Congreso.
Los riesgos de choque entre las organizaciones sociales oficiales y las nuevas
organizaciones democráticas que surgen día a día en la sociedad, son un riesgo
permanente para la paz social.
La población se enfrenta a una violencia e inseguridad pública crecientes que han
penetrado hasta sus mismos hogares.
El Gobierno ha sido incapaz de detener, como el mismo presidente Zedillo lo reconoce, la
creciente ola de delincuencia organizada que azota a toda la República.
No es cierto que la inseguridad sea producto de la crisis económica; la inseguridad es
resultado de la corrupción que existe en todos los cuerpos policiacos y de la complicidad
e incompetencia del Gobierno.
El Gobierno ha sido incapaz de frenar el acelerado crecimiento del narcotráfico y, a
pesar de las cifras triunfalistas sobre aseguramiento y erradicaciones que vimos en el
informe, la guerra en contra del hampa la estamos perdiendo todos los días.
El narcotráfico ha penetrado al mismo ejército, y el Gobierno está más preocupado por
ocultar la realidad de este mal que por combatirla.
La violencia y la militarización creciente del país, amenazan el estado de derecho que
debería regir en México. Cada día vemos mayor presencia militar en las policías, en
las calles, en las carreteras y en todos los lugares públicos.
La corrupción, otro de los grandes males nacionales, sigue siendo una práctica
generalizada en diversos puntos de la administración pública. En el informe se señalan
los controles que se han establecido para combatirla; sin embargo, es evidente que no han
funcionado. Basta preguntarle a cualquier empresario que le venda al sector público,
cuánto tiene que pagar si quiere que le den un contrato.
El presidente Zedillo ha faltado a su palabra y a su compromiso de impulsar la autonomía
y fortalecer la capacidad de fiscalización del Congreso. Envió a la Cámara de Diputados
una iniciativa inaceptable para crear la auditoría general de la nación, al pretender
que sea el mismo Presidente el que selecciona a los funcionarios que lo van a auditar y a
vigilar.
Diversos problemas políticos pendientes, como son el caso de la paz en Chiapas, el
levantamiento armado del EPR en Guerrero, la matanza de Aguas Blancas y los asesinatos
constantes de campesinos y miembros de la oposición, no se aclaran o no se encuentra
solución por falta de decisión y voluntad políticas.
La cerrazón del Gobierno para cumplir los acuerdos de San Andrés Larráinzar, provocan
un clima de incertidumbre y tensión en todo el país.
Varios estados de la República viven un clima permanente de confrontación política y
están fuera del estado de derecho.
En Tabasco, el Gobierno le apostó a que nada pasaría y apoyo incondicionalmente a un
gobernador, sin importar el escandaloso manejo de recursos públicos.
En Chiapas se ha permitido que un gobernador provisional viole año con año la
Constitución.
En Yucatán se va a tolerar que una persona esté 10 años como gobernador del Estado, en
contra de la Constitución General de la República.
En Campeche, el Gobierno Federal permitió el fraude electoral en las elecciones del
pasado 6 de julio.
En estos tres años de Gobierno del presidente Zedillo, ha habido decenas de asesinatos de
periodistas y se ha utilizado el terrorismo fiscal, para tratar de acallar a los medios
informativos independientes.
Para el presidente Zedillo, la mayor parte de estos problemas no existen o no son
importantes, tal como lo dejó ver en su mensaje presidencial del 1o. de septiembre
pasado, en donde simplemente los ignora.
Al país le urge, señor Secretario, una profunda reforma política y de procuración de
justicia, que nos permita recuperar el estado de derecho que hemos ido perdiendo. Al país
le urge un nuevo equilibrio entre los tres poderes de la Unión, un nuevo equilibrio entre
los tres niveles de gobierno y un nuevo equilibrio entre las fuerzas políticas
nacionales.
Le urge fortalecer las facultades del Congreso, garantizar el acceso a la justicia a toda
la población. Le urge una reestructuración profunda de los cuerpos de seguridad.
Un nuevo federalismo. Fortalecer los gobiernos municipales y locales, proporcionándoles
mayores facultades y recursos y no dándoles migajas, como ha sucedido hasta ahora.
Al país le urge que se reconozca la pluralidad. Que existan los sindicatos, las
organizaciones campesinas y populares y en la sociedad civil. Al país le urge una nueva
relación entre el Estado y la sociedad.
Le urge que se legisle sobre el referendum, el plebiscito, la iniciativa popular y la
consulta pública. Es urgente legislar para alcanzar la autonomía y la democratización
de los medios de comunicación.
Nadie en estos momentos puede prever el resultado electoral del año 2000, la moneda está
en el aire y nuestra responsabilidad como mexicanos, la responsabilidad de los partidos
políticos, del presidente Zedillo y la de usted, como responsable de la política
interior, debería ser impulsar ese cambio democrático.
A todos nos conviene impulsar de inmediato los cambios del estado político que vive en el
autoritarismo, el abuso del poder y el revanchismo del partido y los políticos que ganen
en las elecciones del año 2000.
Cuando llegó usted a la Secretaría de Gobernación, algunos celebramos su llegada por su
experiencia y capacidad y por la forma en que habrá actuado como director del IFE.
Pensamos que en usted podríamos encontrar un
97,98 y 99
aliado para el cambio democrático, un aliado para impulsar
la transición política y para abrir espacios a la nueva pluralidad y a la nueva fuerza
de la sociedad civil.
Nos equivocamos, en lugar de aliarse usted con los grupos y fuerzas democráticas del
país, usted se ha aliado con las fuerzas más antidemocráticas e intransigentes del
sistema político mexicano.
En lugar de impulsar la transición pactada de democracia, usted la ha obstaculizado, la
ha frenado, la ha querido administrar, concediéndonos los cambios a cuentagotas.
Después de lo sucedido en la instalación de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados, la población debe tener claro que el riesgo de inestabilidad e
ingobernabilidad del que tanto se habló en las elecciones del 6 de julio, no está en la
oposición, sea mayoría del Congreso, está en la resistencia al presidente Zedillo y de
diversos sectores del Gobierno a dejar el poder.
Después de la forma tramposa con que actuó la Secretaría de Gobernación, para tratar
de impedir el nombramiento de una directiva de la oposición y para impedir una respuesta
independiente del informe presidencial, el Secretario de Gobernación, responsable de la
política interior del Gobierno, ha dejado de ser confiable para los partidos políticos
de oposición, ha dejado de ser confiable para los grupos parlamentarios del Congreso y ha
dejado de ser confiable para las fuerzas democráticas nacionales.
Señor Secretario, le corresponde a usted formular
sus consideraciones.
El
secretario de Gobernación, Emilio
Chuayffet Chemor: |
Señor diputado:
Inició usted su intervención señalando que los informes presidenciales deben ser un
balance general del estado que guarda la administración pública y que en cambio los
presidentes de la República se han centrado sólo en lo exitoso de su desempeño. Pero a
lo largo de su intervención señaló usted en frases claras algunas de las insuficiencias
que el propio Presidente de la República mencionó en su mensaje el 1o. de septiembre,
una de ellas la inseguridad pública.
Con toda claridad el Presidente reseñó cuáles son los pasos que hemos dado en
dirección de tutelar de mejor manera la seguridad de los mexicanos, pero también
nuestras insuficiencias y cuáles los desafíos que tenemos por delante. Habló también
de la pobreza y señaló cuántos y enormes sacrificios tenemos que desplegar todavía
porque no hemos podido resolver el problema de millones de mexicanos que se encuentran en
situación de pobreza extrema; de tal manera que si uno relee el mensaje presidencial no
es sólo una cuenta exitosa de logros, sino también una perspectiva desde la óptica del
titular del Ejecutivo de cuáles son nuestras deficiencias, nuestras insuficiencias y los
campos en los que se requiere actuar para ofrecer resultados cuando no hemos podido
hacerlo.
Señaló usted que el Presidente recibió un país con atraso en lo político y que no ha
cumplido sus compromisos en esta materia. La gran transformación que implica la reforma
electoral hace tres años, era la indicada como la esencia misma de toda la reforma del
Estado, ahí están las declaraciones a los medios de comunicación por parte de las
dirigencias de los partidos políticos: la reforma electoral es esencial para poder
abordar cualquier otro de los temas de la reforma del Estado, incluso, diputado, le
recuerdo que cuando hubo desencuentros o hubo circunstancias que motivaron qué partidos
políticos se retiraran de las negociaciones para la reforma política, no sólo se
detenía la reforma electoral, sino todo el resto de la agenda de la reforma del Estado;
hoy consumada la reforma electoral parece que ya no tiene mérito alguno y yo creo que no
nos podemos negar, como mexicanos todos, el enorme esfuerzo para darnos nuevas leyes,
nuevas instituciones y para haber podido verificar, en los hechos, los comicios del 6
julio, la práctica de comicios transparentes, equitativos y, sobre todo, respetuosos de
la voluntad de los mexicanos, expresada en las urnas.
El Presidente no ignora los problemas candentes y voy a relatar el ejercicio del Gobierno
para lograr la paz digna y justa en Chiapas. Se dice que no se ha cumplido a cabalidad con
el compromiso de lograr la reconciliación de los mexicanos en ese girón de nuestra
patria. Desde que se inició el conflicto armado, señor diputado, en 1994, se ha
desplegado por parte de la administración en diciembre de 1994 y los meses subsecuentes,
esfuerzos por resolver el conflicto.
En febrero de 1995 se propuso al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley de Concordia,
Reconciliación y Paz Digna en Chiapas, ésta fue aprobada por unanimidad por el Congreso
de la Unión en 1995, el 1o. de marzo. Se integró una comisión plural por parte de todos
los partidos políticos con representación en el Congreso, la Cocopa, para actuar como
coadyuvante entre las partes.
Desde que se firmaron los protocolos de San Miguel el 9 de abril de 1995, se han celebrado
18 reuniones en San Andrés Larráinzar y se ha llegado a 14 acuerdos de principios, de
propuestas y de puntos de acuerdo. En esas 18 reuniones el Ejército Mexicano y el
Gobierno de la República ha custodiado el tránsito y la seguridad de los integrantes del
EZLN; se han celebrado seis foros en los que ha participado el EZLN y el Gobierno ha
ofrecido toda suerte de garantías para su participación, incluso fuera del territorio
nacional; se logró definir la agenda dentro de los 14 acuerdos señalados anteriormente
en mi intervención, para que comprendiera cuatro grandes capítulos de discusión, a
efecto de arribar a una paz digna que son: derecho y bienestar, derechos y cultura
indígena, democracia y justicia, perdón, es desarrollo y bienestar y derechos de la
mujer indígena.
Se celebraron dos de las mesas: la correspondiente a derechos y cultura indígena y la de
democracia y justicia.
Se logró arribar a cuatro acuerdos fundamentales el 16 de febrero de 1996. La
suscripción de los acuerdos los ha hecho el Gobierno de la República de manera
irrestricta y la suspensión del diálogo, esta última porque se ha suspendido
unilateralmente en "n" veces, mismas que el Gobierno de la República ha
intervenido para restaurarlo, recuerdo, octubre de 1995, con la aprehensión del señor
Yáñez, mayo o junio de 1996, con la cuestión penal del señor Elorriaga, la señora
Benavides. Creo que todas y cada una de las suspensiones del diálogo han sido atendidas
por el Gobierno de la República en ánimo de restaurar la paz.
Y la redacción del texto constitucional de reformas nos separa de manera irreconciliable
a efecto de que ya no pueda repararse la negociación, es incomprensible y el Gobierno
sigue mostrando su voluntad de diálogo.
En Chiapas, de 1995 a acá, se ha hecho una inversión federal por 55 mil millones de
pesos en gasto social, señor diputado, eso no significa no hacer nada en favor de
problemas que no les parecen relevantes al Presidente de la República.
En Chiapas, se han establecido 32 centros de atención social, 20 en la zona de La
Cañada, 12 en la zona norte y en la zona de Los Altos. Eso significa también atender de
raíz los problemas que se han expresado sin duda en esa parte de nuestro país.
En Campeche, obviamente hay un tribunal electoral frente al que se ha interpuesto un
recurso jurídico y de él depende, a fin de cuentas, la legalidad de un proceso local.
En Yucatán, si bien es cierto que la fracción I del párrafo dos del 116 constitucional
señala: "...que los gobernadores durarán en su encargo seis años", también
es cierto que cuando se registró como candidato el actual gobernador, se dejó como
definitivo su registro y no se señaló que de ser electo sólo podría gobernar dos
años, en una interpretación errónea, a mí juicio, de esta fracción I del párrafo dos
del 116 constitucional.
Los asesinatos de periodistas han motivado reuniones permanentes del Secretario de
Gobernación, incluso con la Sociedad Interamericana de Prensa. México se ha abierto a la
observación de parte de los observadores de derechos humanos de otros países y de
organizaciones internacionales e incluso se modificó la Ley General de Población en este
Congreso en noviembre pasado, para crear una característica migratoria de visitante
observador, porque no tenemos nada que esconder. Creemos que hemos hecho todo lo posible
para que la libertad de expresión permanezca intocable.
Y, finalmente, señor diputado, el Presidente de la República y su servidor no hemos de
ninguna manera, favorecido al partido oficial. El Presidente de la República y su
servidor militamos con orgullo en el Partido Revolucionario Institucional. Pero también
sabemos cumplir con las obligaciones que la Constitución y la ley nos marcan.
Se lo digo con toda franqueza, señor diputado, nos enaltece nuestra militancia y
cumplimos con nuestro deber.
Diputado Sodi de la Tijera: ¿desea usted replicar?..
El
diputado Demetrio Javier Sodi
de la Tijera: |
Primero, sí creo que vamos avanzando en el diálogo
político y hay un reconocimiento del partido oficial, por parte del Secretario de
Gobernación. Si partimos de eso, creo que podemos llegar a entendernos un poco más en el
futuro.
Por otro lado, el Secretario de Gobernación, o usted señala, de que el Presidente no
hizo ninguna mención al problema de Chiapas, porque no había nada que informar. Sin
embargo, aquí hemos oído más de 15 minutos informes sobre lo que ha hecho el Gobierno
en Chiapas.
Venimos aquí a hacer una glosa del informe, no a que cada Secretario de Estado presente
un informe diferente al del Presidente de la República.
Yo sí creo y en el fondo lo importante sería analizar realmente cuál es la
disposición, la voluntad del Gobierno y cuál es la percepción del Gobierno en relación
con la reforma política nacional y en todo, creo que hay una gran distancia entre la
posición que tenemos los que estamos en la oposición y aquellos que están dentro del
sistema político mexicano.
El caso de Chiapas es un ejemplo. Para nosotros, el problema no es que se celebren
reuniones, foros y debates, inclusive, ni que se firmen acuerdos. Para nosotros el
problema es que se cumplan los acuerdos, que se avance en la paz, que se respete la
palabra del Gobierno.
Se dice de toda la gran inversión que ha habido en Chiapas y, sin embargo, le soy franco,
señor Secretario, yo he estado presente en la zona, he recorrido la zona y no se ve, y
mucho menos en las zonas zapatistas, que no están totalmente subordinadas,
indisciplinadas al Gobierno.
Finalmente en Chiapas, lo que queremos, es que la acción de la Secretaría y la acción
del Gobierno, sirvan para lograr en forma definitiva la paz, pero una paz digna,
respetando los acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Igual yo creo que todo lo que se refiere, bueno, a los puntos que ha comentado usted,
muchos puntos aquí señalados, por ejemplo, en relación a la inconstitucionalidad que se
está dando en Chiapas, también, un gobernador que cada año, provisional, cada año se
reelige, en el caso de Yucatán que como usted mismo menciona se está violando un
artículo de la Constitución; en el caso de Tabasco y su responsabilidad fundamental es
lograr conciliar las relaciones entre el Poder Ejecutivo con los otros poderes y con los
gobiernos de los estados y su responsabilidad no puede simplemente terminar en ver que hay
una violación constitucional y simplemente taparse los ojos.
Yo creo que hoy el gran problema que tenemos en el país, es que no tenemos una
Secretaría de Gobernación que esté actuando realmente ante la realidad política que
vive el país.
Hoy necesitamos un Gobierno que vea claramente la urgencia de una reforma política del
Estado.
Usted habla de la reforma electoral; pero si a este paso le entramos a la reforma del
Estado, nos llevamos diez años para que el Gobierno Federal aceptase los cambios
profundos en la reforma electoral. A este paso la reforma que requiere el Estado mexicano
a nivel del federalismo, del equilibrio de poderes, de los medios de comunicación, de la
apertura democrática de toda la sociedad, no nos llevaría un sexenio. Al ritmo que
llevan usted y el presidente Zedillo, se nos va prácticamente todo el próximo siglo.
El reto que tenemos enfrente, es evitar que el país se confronte. Y al ritmo político
que tiene actualmente el Gobierno, los riesgos de confrontación como los que vivimos, el
riesgo de caer en la ingobernabilidad y en una crisis
100,101 y 102
política como la que vivimos para la instalación del
Congreso, ese riesgo puede presentarse en los próximos meses, en forma muy frecuente, si
no avanzamos en forma definitiva en la reforma política del Estado.
Aquí la demanda de todos los mexicanos, no solamente de los partidos, no solamente de los
diputados o los senadores, no solamente de los políticos, la demanda de todos los
mexicanos, es que el Gobierno y la Secretaria que usted preside, estén a la altura del
cambio político que exige el país.
No hemos visto, y no es a través de la falta de diálogo; no es a través de la
manipulación como la que se llevó a cabo para tratar de evitar la instalación de la
Cámara de Diputados; no es a través del veto a algunas personas para que comenten o para
que den respuesta al informe presidencial, como vamos a avanzar. Vamos a avanzar cuando
nos dejemos de estar prolongando en forma exagerada las discusiones o los foros y nos
decidamos en serio para la reforma política que requiere el país.
La reforma electoral, si ése es el ritmo que el Gobierno de la República pretende seguir
con todos los cambios políticos que exige el país, ése es un ritmo que no es aceptable
para la oposición y que no es aceptable para todos los mexicanos.
En el último turno de la primera ronda de oradores,
se concede la palabra al diputado Enrique Ibarra Pedroza. Dispone usted de 10 minutos,
señor diputado.
| El
diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: |
Gracias, señor Presidente de la Cámara; señoras y
señores representantes de la nación; señor Secretario de Gobernación:
En acuerdo y en congruencia al formato suscrito para esta sesión, voy a vencer la
tentación de responder, de comentar, lo que aquí acaba de exponer un reciente ex
priísta y reciente asimilado del Partido de la Revolución Democrática. Habrá tiempo
amplio para hechos.
Los últimos 20 años de nuestra historia están marcados por el signo del cambio
político. A la vorágine de acontecimientos y circunstancias inéditas que se han
sucedido se debe responder con nuevas actitudes y pautas de comportamiento social y
político acordes a lo real y auténtico que se está viviendo.
La conducción de la vida pública no puede ni debe escapar a esa imposición de la
realidad y ante esta situación no es ajena la Cámara de Diputados.
En el Poder Legislativo, estamos inaugurando nuevos mecanismos de interlocución entre
poderes. La comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados de los titulares de las
áreas de la administración pública federal es alentadora para esta representación
nacional.
Esta innovación por sí misma tiene un gran significado para el porvenir político,
democrático y republicano de México. Se abre un nuevo capítulo en las relaciones entre
dos poderes y su primera página quedará inscrita con la presencia en este día del
responsable de la política interior.
En el análisis del periodo que nos ocupa los diputados priístas aquilatamos activos
importantes y de una valoración objetiva y responsable de la política interior de
nuestro país, se desprende el positivo papel que desempeñó el Gobierno de la República
y la Secretaría de Gobernación en el acuerdo entre todos los partidos políticos de la
nación para construir un nuevo diseño constitucional y legal de los procedimientos,
instrumentos, las autoridades electorales y jurisdiccionales, con el cual la sociedad, los
organismos electorales, los partidos y los candidatos llevamos a cabo las elecciones más
regulares, normales y con mayor certeza de nuestra historia.
La participación de la Secretaría del interior en este amplio y sinuoso proceso de
negociación, no debe ser motivo de regateos por los partidos aquí representados. Además
de las profundas modificaciones constitucionales en la materia, la voluntad del Gobierno
de la República, las diversas propuestas de las formaciones políticas y el voto de la
mayoría priísta fortalecieron nuestra arquitectura jurídica electoral mediante las
reformas al Cofipe, a la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de
la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código
Penal para el Distrito Federal y la expedición producto de estos acuerdos, de la Ley
General de Medios de Impugnación en materia electoral.
Estos cambios legislativos, fruto de intenso diálogo y del acuerdo entre los partidos, se
tradujo en la ampliación de los derechos políticos de los mexicanos, la posibilidad del
sufragio de éstos en el extranjero, la elección del Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, el restablecimiento de las agrupaciones políticas, la simplificación de la
conformación de coaliciones y se dio injerencia al Poder Judicial de la Federación en
esta materia, al concedérsele a la Suprema Corte de Justicia la potestad de proponer a
los magistrados del tribunal electoral y de resolver los recursos contra la
inconstitucionalidad de leyes electorales tanto federales como locales.
La convergencia y el avenimiento que con seriedad y responsabilidad alcanzamos entre
contrarios, nos permitió saldar añejas asignaturas pendientes, tener autoridades
electorales autónomas, independientes del poder público y con mayores facultades, así
como establecer mayores costos de financiamiento público y mayor equidad en el mismo y la
claridad en su origen y ejercicio.
Las condiciones de la competencia electoral se mejoraron sensiblemente, con mayor espacio,
cobertura y equidad en los medios electrónicos de comunicación.
Los efectos de estos acuerdos se reflejaron también en la ampliación de la presencia de
los partidos políticos y sus candidatos en la radio y la televisión. Mientras que en los
comicios de 1994 los partidos accedimos a 17 estaciones de radio y a tres canales de
televisión, en las pasadas elecciones los partidos tuvimos presencia en 123 estaciones de
radio y en 56 canales de televisión. En lo que se refiere al acceso de éstos al tiempo
permanente en medios electrónicos, pasamos de 114 horas en 1994 a 906 horas en el año de
1997.
Estas importantes modificaciones legales, la entusiasta participación de la ciudadanía,
la responsabilidad de los partidos políticos y de sus candidatos, posibilitaron unos
comicios trasparentes, aceptados por todos y una pluralidad que se refleja en la
composición de esta Cámara y, sobre todo, se privilegió el método de las elecciones
como la única fuente legal y legítima para dirimir nuestras diferencias y posiciones
encontradas y para integrar los órganos representativos y de Gobierno.
En las elecciones federales más limpias, más equitativas y más aceptadas por todos, el
Partido Revolucionario Institucional volvió a confirmar que es la fuerza política más
importante, la más votada, la que tiene una implantación social más profunda y
arraigada. Este partido, sus militantes en el Gobierno, sus legisladores y sus militantes,
están comprometidos con el proceso y el futuro democrático de México. No solamente
propiciamos una reforma electoral amplia, profunda, sino también aceptamos sin cortapisas
de ningún tipo los resultados electorales en cada distrito y en cada Estado.
Nadie puede argumentar reflejos autoritarios ni falta de compromiso del PRI con el cambio
democrático de nuestro país. En congruencia con lo que ofertamos en nuestra plataforma
electoral y lo que recogimos en nuestras intensas campañas políticas, los priístas
estamos en esta Cámara para contribuir en la construcción de una democracia plenamente
en lo político, lo social y cultural, tal como lo establece el artículo 3o. de nuestra
Constitución. Los diputados priístas asumimos el compromiso con la sociedad de impulsar,
junto con el Ejecutivo, un nuevo federalismo que se traduzca en recuperar la esencia del
pacto federal concebido para unir y promover el desarrollo equitativo de todos los estados
miembros de la Federación.
También los priístas nos empeñaremos en contribuir para alcanzar un mejor estadio
político y social fortaleciendo y consolidando el apoyo a los municipios para que éstos
tengan capacidad de atender y satisfacer las necesidades de sus habitantes. El esquema del
nuevo federalismo debe incorporar a las regiones físicas y socialmente marginadas e
ignoradas. Nos une como nación no sólo una frontera geográfica compartida, sino
también una identidad cultural rica en matices y expresiones diversas que adquieren
autenticidad en la suma de la diversidad de la vida municipal.
Señoras y señores diputados: estamos en los albores de esta que será la última
legislatura de esta centuria. De nosotros depende si correspondemos a la confianza que a
todos, sin distinción de siglas partidistas, nos confió la ciudadanía y que nos
aboquemos sin rencores, sin afanes revanchistas y sin visiones egoístas y estrechas, a
analizar y decidir, en el ámbito de nuestra tarea representativa, legislativa y de
control, sobre los grandes temas y las grandes cuestiones nacionales.
La Cámara debe ser una institución viva y activa, en la que prevalezca la confrontación
y la lucha de ideas, en la que cada grupo parlamentario exponga y defienda su concepción
y su proyecto de país que ofrece a los mexicanos, pero que sea una confrontación
propositiva y constructiva, en la que la norma y la política sean los ejes del trabajo en
esta Cámara.
Por ello resulta inadmisible, impropio y peligroso, que esta legislatura sea, en vez del
lugar de debate y la reflexión, un espacio de concordia y de intercambio de puntos de
vista, la área de implantación de la más rancia expresión del maniqueísmo, en el cual
unos pretenden encarnar el bien y las virtudes sobre el mal, la oscuridad y los vicios.
Esta concepción nos llevaría a una colisión estéril de fuerzas aquí presentes, a la
anulación y exclusión de...
Compañero diputado Ibarra: ha excedido usted el
tiempo; le ruego redondear su intervención.
| El
diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: |
Gracias, señor Presidente:
Para concluir, preguntar al señor Secretario su punto de vista y su opinión sobre un
punto que está debatiéndose en la opinión pública. Señor Secretario, voy a...
Señor diputado, le ruego concluya usted con su
intervención; ha excedido el tiempo que se le concedió para ello.
| El
diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: |
Gracias, señor Presidente:
Concluyo con una pregunta al señor Secretario: han surgido
y están muchas dudas en la opinión pública de quién es el competente en materia de
expedición de la cédula de identidad ciudadana. Hace semanas, el 30 de junio se publicó
en el Diario Oficial de la Federación los puntos de vista de la Secretaría;
para concluir se preguntaría su opinión y la visión sobre...
Señor diputado Ibarra, le ruego dé por concluida su
intervención... Dígame, señor diputado.
| El
diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
Pido la palabra, señor Presidente.
¿Con qué objeto señor diputado?
| El
diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
Para solicitarle que tenga usted la amabilidad de que
a todos los diputados se nos haga saber que será tan tolerante con el orador que acaba de
terminar su discurso, como con el resto de los que continúen, para que podamos todos
atender con respeto a los oradores.
Que sea exactamente igual el mismo comportamiento.
Muchas gracias.
Señor diputado:
Esta Presidencia toma en cuenta su propuesta, su sugerencia. Ha habido cierta flexibilidad
en atención a la idea que exponía el señor diputado Ibarra. Tomo en cuenta su
planteamiento.
Señor Secretario, escuchamos su intervención.
103,104 y 105
El
secretario de Gobernación, Emilio
Chuayffet Chemor: |
Señor diputado.
De acuerdo con el artículo octavo transitorio de las reformas al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, publicadas en noviembre de 1996, la
Secretaría de Gobernación habría de poner durante el primer semestre de 1997 en marcha
los mecanismos para que sea posible cumplir con lo dispuesto en la fracción I del 36
constitucional, que obliga a los ciudadanos mexicanos a inscribirse en el Registro
Nacional de Población.
En consecuencia, la Secretaría emitió, en enero de este año, un acuerdo para la
expedición de la clave única del Registro de Población, que es un número de
identificación construido a partir de los datos inscritos en el Registro Civil para cada
mexicano y que constituye número y persona, en una correspondencia biunívoca, la forma
de identificar a los mexicanos en el futuro.
De esta clave, hemos expedido ya 2 millones, por lo que se refiere a trabajadores
inscritos en el Sistema de Ahorro para el Retiro y a 300 mil personas de la
administración pública federal que ya la han obtenido.
En junio de este año, cumpliendo con el plazo propuesto o previsto por el artículo
octavo transitorio del decreto de reformas al Cofipe, al que ya hice referencia, se
estableció el programa para la expedición de las cédulas de identidad ciudadana.
Sin duda es competencia del Registro de Población expedirla. Será un instrumento que
obviamente hará prueba plena de los datos inscritos en él respecto de la persona que lo
obtenga.
Sinceramente estamos atravesando por muy difíciles procesos de orden técnico para llevar
a cabo la expedición de esta cédula y todavía habría que ver con el Registro Federal
de Electores, bien a bien la idoneidad de la misma para fines electorales, porque no
pretende el Gobierno en modo alguno alterar la competencia de este organismo público
encargado de la preparación y el desarrollo de las elecciones.
Pero obviamente será un instrumento que agilizará los trámites que realicemos los
mexicanos y que nos dará certeza jurídica. Creo que los problemas más importantes
estriban en la modernización de los registros civiles. Al día de hoy, 8 millones de
mexicanos no están inscritos en el Registro Civil; esto de suyo representa un grave
problema para la expedición y la cobertura total de este instrumento en la cédula de
identidad ciudadana en favor de todos los mexicanos.
Muchas gracias.
Señor diputado Enrique Ibarra Pedroza, ¿desea usted
hacer uso de su derecho de réplica?
El
diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza
(desde su curul): |
Declino mi intervención y cedo el tiempo que
excedí.
El señor diputado Enrique Ibarra Pedroza declina y
repone así el tiempo que se excedió en su primera intervención.
RECESO
| El
Presidente (a las 12:57 horas) : |
Señores diputados: ha concluido la primera ronda de
oradores y por tanto, con base en el acuerdo de esta comparecencia, se declara un receso
de 15 minutos.
(Receso.)
SEGUNDO TURNO DE ANALISIS
| El Presidente ( a las 13:16 horas) : |
Se reanuda la sesión.
Para la segunda ronda de intervenciones, por 10 minutos, con derecho a réplica por cinco
minutos, se han inscrito los siguientes diputados: del Partido del Trabajo, diputado Luis
Patiño Pozas; en el lugar correspondiente al grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, el diputado Marcelo Ebrard Casaubón; por el Partido Acción
Nacional, el diputado José de Jesús González Reyes; por el Partido de la Revolución
Democrática, el diputado Gilberto López Rivas y por el Partido Revolucionario
Institucional, el diputado Francisco Javier Loyo Ramos.
Tiene la palabra el diputado, Luis Patiño Pozas.
| El diputado
Luis Patiño Pozas: |
Compañeras y compañeros legisladores; señor
Secretario:
Les reiteramos, con el respeto que nos merecen, nuestra propuesta de que esta soberanía,
en ejercicio pleno de sus facultades, le dé curso al proyecto de iniciativa surgida de
los acuerdos de San Andrés Larráinzar y con eso, dar un paso definitivo a la
reconstrucción de la armonía nacional y lograr la paz con dignidad. A la vez, invitamos
al Poder Ejecutivo de la nación a que se sume a este nuevo esfuerzo republicano.
Propongo, compañeras y compañeros legisladores, se conforme una comisión plural de
recepción a la marcha zapatista que está por arribar a esta ciudad.
Señor Secretario, pedimos todas las garantías para que se respete la integridad física
de los marchistas y sus derechos constitucionales.
En su primera intervención, señor Secretario, al afirmar que los 2 mil 418 municipios
del país, más del 81% no cuenta con más de 100 policías y que en otros países para la
seguridad pública destinan porcentajes importantes del producto interno bruto y que aquí
en el país no alcanza ni el 0.8 milésimas, nos dio la impresión, señor Secretario, que
usted, con todo respeto, aprovechaba la tribuna para sugerir aumento de presupuesto para
la dependencia a su cargo; sin embargo, con su precisión sobre el concepto de
federalismo, coincidirá con nuestra propuesta de que no solamente es con el aumento del
presupuesto a su dependencia para combatir la inseguridad pública, sino que es
transfiriendo por partes iguales a las tres instancias de Gobierno, es decir, 33% a cada
una de las participaciones estatales, que podremos efectivamente lograr la
desconcentración de los recursos y desatar la oportunidad de que miles de ciudadanos
participemos directamente en autodefendernos y en combatir la corrupción de frente al
crimen organizado, empezando por los cuerpos policiacos.
Es indudable que a toda acción existe una reacción y aquí todo mundo ha hablado de los
avances democráticos que nos señaló el 6 de julio, en donde el pueblo mandato que su
partido no tenga mayoría en esta Cámara de Diputados. Ante ese avance se empieza a
generar una reacción, encabezada por el sindicato de gobernadores para suprimir
prerrogativas a los partidos políticos, para desaparecer las candidaturas comunes, mucho
menos aceptar la figura de candidatos independientes. Se ha llegado a plantear la
desaparición de los diputados de representación proporcional, que en las actuales
condiciones, señor Secretario, es suicida para su partido.
En fin, el sector duro compite hasta para neutralizar a la Presidencia de la República y
en usted, de continuar en su cargo, depende que nuestro México arribe a un estado de
partidos, a un estado incluyente y de vanguardia.
Señor Secretario, lo convocamos para que derrotemos a los sectores duros. Usted tiene una
alta y delicada misión: recuperar la confianza del país y en particular, sin temor a
dudas, recuperar la confianza de esta mayoría de Cámara de Diputados, confianza que hoy
se encuentra perdida en su persona.
Tiene el uso de la palabra el señor Secretario, por
10 minutos.
El
secretario de Gobernación, Emilio
Chuayffet Chemor: |
Con su venia:
Voy a dar respuesta, no exactamente en el orden a los planteamientos que hizo usted, para
reservar uno que me parece toral para el final de la intervención.
En primer lugar, en los estados del país la reforma electoral debe observar el mismo
grado de avance y qué bueno fuera, más aún que en el esquema federal y esto está
garantizado porque en el artículo 116 constitucional, como parte de la reforma electoral
de julio del año pasado, se establecieron normas mínimas que deben observar todas las
legislaciones electorales.
Es cierto, no bastan las buenas leyes ni las instituciones adecuadas para dar eficacia y
vigencia a los propósitos que animan a la reforma electoral, pero yo estoy seguro de que
no habrá retrocesos en las entidades federativas y se condensará, se confirmará no un
estado de partidos, sino un sistema de partidos.
En relación a la seguridad pública, señor diputado, efectivamente es necesario que
mantengamos el ritmo de inversión para recuperar el tiempo que no consideramos a la
seguridad pública como prioritaria en materia de inversión, pero no estoy pidiendo
aumento de presupuesto para la Secretaría. Los 1 mil 905 millones de pesos logrados en
1997 para seguridad pública, fueron transferidos íntegramente a los estados y ésos por
su parte hicieron un esfuerzo adicional que incorporó 450 millones de pesos para llegar a
la inversión de 1 mil 955 millones de pesos, 555 los estados, perdón.
En tercer lugar la integridad física de los marchistas que llegarán a la Ciudad de
México. Por supuesto, señor diputado, el Gobierno de la República tiene que hacer valer
esa garantía de seguridad para todos los mexicanos sin excepción.
Y finalmente la iniciativa de San Andrés. ¿Por qué el Gobierno no ha presentado la
iniciativa constitucional de reformas al artículo 4o. y a los artículos 26, 53, 73, 115
y 116? Porque respetando el espíritu de los acuerdos de San Andrés, señor diputado, el
texto tal y como nos ha sido presentado, implica un número importante de imprecisiones
que nos pueden llevar jurídica y políticamente a situaciones de riesgo muy graves y en
toda la comparecencia no me he referido a cuáles son esas precisiones técnicas y si
usted me permite, lo voy a hacer ahora.
Nosotros reconocimos en San Andrés que hay necesidad de que exista una nueva relación
entre el Estado y los pueblos indígenas. Nosotros reconocimos en San Andrés que éstos
tienen derecho a la libre determinación y a la autonomía dentro del marco
constitucional, señor diputado y aquí comienza el primer. Pero la redacción de los
documentos es lo que difiere, lo que hace diferir el punto de vista del EZLN con el
Gobierno de la República.
La autonomía no puede ser una autonomía que se confunda con autarquía y menos que
genere soberanías distintas a la soberanía del Estado mexicano. La autonomía tiene que
ser una autonomía acotada por la Constitución y obviamente tiene que reconocer a los
pueblos indígenas en su lengua, en su cultura, en sus usos, en sus costumbres, en sus
prácticas, en sus formas de organización social, pero sin atentar contra la estructura
del sistema constitucional mexicano y tal como está redactada la iniciativa en la que ha
insistido el EZLN, existen riesgos de que pueda haber fisuras en la estructura
constitucional del Estado mexicano.
Segundo punto. Los pueblos indios, los pueblos indígenas reclaman autoridades propias,
estamos de acuerdo, para su desarrollo interno. No podemos de ninguna manera romper el
esquema constitucional de los tres niveles de Gobierno: el municipal, el estatal y el
nacional o federal. Es necesario pues acotar este derecho dentro de la estructura, vuelvo
a insistir, del Estado mexicano.
Se habla en la iniciativa que el EZLN sostiene, de que dos o más municipios
mayoritariamente indígenas, podrán reunirse libremente para planear su desarrollo y
ejecutar políticas públicas. ¿Vamos a inaugurar un nuevo nivel de gobierno: el
regional? ¿La distribución espacial de la población en México, que es esencialmente
mestizo, obedece necesariamente a la demarcación geopolítica de los municipios? ¿No
aconseja la sensatez hacer compatible el derecho a la autonomía y al autogobierno de los
pueblos indígenas con el respeto a la estructura constitucional del Estado mexicano?
La reforma que se propone por parte del EZLN al artículo 53 constitucional, los distritos
uninominales y las circunscripciones plurinominales se ajustarán a la distribución
geográfica de los pueblos indígenas. Los distritos uninominales tomarán en cuenta,
decimos nosotros, la distribución de los pueblos indígenas para facilitar su acceso a
los cuerpos de representación nacional, pero las circunscripciones, que abarcan tantos
estados, en un país nutrido de distintas ideologías, culturas e incluso pueblos
indígenas que no tienen qué ver entre sí.
106,107 y 108
Gobernación tenía registrados por parte del Instituto
Nacional Indigenista, se nos informó, 56 pueblos indígenas en México. En enero de este
año el Instituto Nacional Indigenista nos señaló que ya ha logrado identificar a 62.
Las circunscripciones plurinominales, señor diputado, ¿las vamos a hacer a modo de la
distribución de los pueblos indígenas en México? Yo creo que es fundamental reconocer y
admitir que si bien es cierto que los derechos de los indígenas tienen que incorporarse
para una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas, también es cierto que
hay que cuidar el orden constitucional que protestamos guardar y hacer guardar, no sólo
el Presidente de la República y los legisladores, sino todos los servidores públicos.
Otro de los puntos de discrepancia importante es el que se refiere a que los pueblos
indígenas tendrán sus propios medios de comunicación, medios masivos de comunicación.
Estamos de acuerdo, sólo agregamos en la iniciativa de reformas del Gobierno: en los
términos que dispongan las leyes.
¿No son las leyes las que determinan los procedimientos a través de los cuales se
obtienen concesiones y permisos para las emisoras de radio y televisión? ¿Puede entonces
exceptuarse a los pueblos indígenas del procedimiento legal que se marca para cualquier
otro mexicano? ¿ No se rompe entonces la garantía de igualdad de todos frente a la ley,
sin más ni más, como usted propone, se envía la iniciativa?
Y qué decir de los territorios indígenas. Quien ha leído los acuerdos de San Andrés,
señor diputado, porque son muy traídos y muy llevados, pero son extensos, prolijos y
obviamente requieren varias lecturas porque tienen partes propositivas y otras
vinculatorias, se dará cuenta de que en ellos no se habla en modo alguno del
reconocimiento a los territorios indígenas, sino del reconocimiento al derecho que tienen
los pueblos indígenas, a la sustentabilidad de su desarrollo.
Y al incorporar las palabras "territorios indígenas"... Voy a repetir esta
expresión porque probablemente no se entendió. En los acuerdos de San Andrés no existe
la obligación de llevar a la Constitución el reconocimiento de territorios indígenas,
está en la parte propositiva.
Yo creo que es fundamental que no rompamos la unidad territorial del Estado mexicano.
Y qué decir, por ejemplo del artículo 26, hablando del discurso verificable del que
hablaba el diputado Rodríguez Prats. Se propone una redacción en el artículo 26 que
diga: "el Estado garantizará el acceso de los pueblos indígenas al desarrollo y a
la riqueza".
La propuesta nuestra es: "el Estado promoverá las condiciones necesarias para que
los pueblos indígenas alcancen su desarrollo".
¿Es verdaderamente moral prescribir por norma el acceso al desarrollo? ¿Es esto
cumplible realmente en los hechos? ¿No es la Constitución un proyecto normativo que debe
descansar en propuestas serias y que verdadera- mente ofrezcan, no en el tema de derechos
sino en este tema de expectativas, panoramas alcanzables para los pueblos indígenas?
Todos queremos autonomía, autogobierno; el principio del cooperativismo y de la
solidaridad entre los pueblos indígenas; el reconocimiento a su sustentabilidad y a su
propio desarrollo; el que la demarcación geopolítica de México en aquellos sitios,
perdón por el tiempo, donde habiten los indígenas, se conforme con ellos, pero yo creo
que hay precisiones jurídicas que hacer.
Señor diputado Patiño Pozas, ¿desea usted hacer
uso de su derecho de réplica?
| El
diputado Luis Patiño Pozas: |
Sí, señor Presidente.
Tiene la palabra.
| El
diputado Luis Patiño Pozas: |
Señor Secretario; compañeros legisladores:
En la intervención del señor Secretario, volvió a omitir un punto nodal para esta
Cámara de Diputados. Terminé mi intervención diciendo que tiene usted una alta y
delicada misión, que es recuperar la confianza del país y recuperar la confianza de la
mayoría de esta Cámara en usted.
No tenemos confianza en el Secretario de gobierno. Su actuación el fin de la semana
pasada deja mucho qué desear. Y hoy el señor Secretario de manera elegante, vuelve a
emitirla. Es todo, compañeros.
Tiene la palabra, el diputado Marcelo Ebrard
Casaubón.
| El
diputado Marcelo Luis Ebrard Casaubón: |
Con su venia, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Hemos escuchado con toda paciencia y atención el discurso y las intervenciones del
Secretario de Gobernación.
Muchas veces, en su intervención inicial y otras tantas en sus respuestas, ha reiterado,
el hasta ahora titular de la Secretaría de Gobernación, el compromiso del Gobierno y
sobre todo, el suyo propio, con la democracia, las libertades y el estado de derecho.
Sin embargo, la realidad es otra. Entre el 29 y 31 de agosto pasado, hace apenas algunos
días, él mismo encabezó uno de los intentos más vergonzosos de nuestra historia en
contra de esta Cámara, del orden constitucional y de las aspiraciones democráticas de
los mexicanos.
Sin el menor recato se buscó en esos días, y nos consta, dividir a las oposiciones,
aplicar una convocatoria espuria para impedir la instalación de esta Cámara de Diputados
conforme a la ley, suspender inclusive la apertura de sesiones de Congreso General,
utilizando a los senadores del PRI en violación a los artículos 65, 72, 77 y otros de la
Constitución. Que no se falte a la verdad.
Desde Bucareli se coordinó la intentona para doblegar a esta representación nacional,
para lograrlo no se reparó en nada ni la violación de las leyes ni siquiera en las
graves consecuencias que habría tenido para nuestro país, la suspensión de la sesión
de apertura de Congreso General en relación a la economía y a la sociedad mexicanas.
Todo ello ocurrió con el liderazgo del responsable de la política interior y por ende de
la relación entre el Ejecutivo Federal y esta Cámara de Diputados.
¿Cómo entonces va a existir la más mínima confianza de los diputados de esta LVII
Legislatura en usted, ciudadano Chuayffet, si quien debió en todo momento de haber
actuado apegado al interés superior del Estado y al mandato constitucional, fue quien
alentó en cambio la intentona antidemocrática, que apenas hace unos días arriesgó
nuestra convivencia política?
No tiene caso hacerle ninguna pregunta sobre la política interior, la sociedad y sus
representantes, incluidos los de su partido, hemos vivido ya su respuesta, su posición
real.
En el ya difícil momento en que era necesario dar un paso adelante, en el que el Gobierno
debió tomar partido por el cambio democrático y ordenado de nuestro régimen político,
en ese preciso momento usted intentó dar marcha atrás a toda costa.
Usted no acepta, no acata el resultado del 6 de julio. Para usted 17 millones de votos de
las oposiciones al actual Gobierno son contables, se pueden dividir o doblegar, para usted
la ley es un pretexto, una coartada para el poder; para usted no importa el equilibrio
entre los poderes de la Unión, sino su sometimiento al Ejecutivo Federal; para usted los
diputados no merecen respeto alguno; para usted todo sigue igual. Ahí está su respuesta
y su verdadera posición.
Usted es hoy, señor Secretario, el jefe de la reacción en México. Ahora corresponde a
esta Cámara darle respuesta. Aquí ya lo han externado mis compañeras y compañeros
diputados del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del
Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista.
Esta representación, la mayoría de esta representación, no tiene confianza alguna en su
actuación, no tiene confianza en la seriedad de sus convicciones democráticas, ni en sus
reiteradas declaraciones de respeto al estado de derecho. Esta Cámara, compañeras y
compañeros, no tiene confianza política alguna en el Secretario de Gobernación.
Señor Secretario, escuchamos sus consideraciones.
El
secretario de Gobernación,
Emilio Chuayffet Chemor: |
Señor Presidente:
Sin aceptar en absoluto los juicios que se han vertido, no voy a formular respuesta porque
no se hizo pregunta alguna.
Señor diputado Ebrard, ¿desea usted hacer uso de su
tiempo, de cinco minutos?
| El
diputado Marcelo Luis Ebrard Casaubón: |
Sí, señor Presidente.
Tiene la palabra, diputado.
| El
diputado Marcelo Luis Ebrard Casaubón: |
Con su venia, señor Presidente:
Simplemente el que calla otorga y además, quisiera yo dar lectura a un documento que dice
así: "un grupo de diputados en ejercicio de nuestros derechos y fuero
constitucionales, hemos resuelto formular un escrito dirigido a la opinión pública y al
señor Presidente de la República manifestando lo siguiente:
Los abajo firmantes, diputadas y diputados de la LVII Legislatura, comprometidos
plenamente con el proceso de transición democrática que vive nuestro país y conscientes
de que el actual momento político requiere, necesariamente, de una actitud respetuosa y
constructiva en la relación entre el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados,
manifestamos a la opinión pública que el Secretario de Gobernación no cuenta, a la luz
de su actuación en los graves acontecimientos que precedieron a la apertura de sesiones
del honorable Congreso de la Unión, en días pasados, con la confianza política de los
representantes populares, indispensable en estos momentos para dar lugar a una relación
fructífera entre Ejecutivo y Legislativo...
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Señor Presidente.
Permítame, diputado Ebrard.
Diputado Oceguera.
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos:
(desde su curul): |
Señor Presidente: hay un punto de acuerdo, número
uno, que establece que el objeto de la sesión es el de analizar los contenidos del III
Informe de Gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y este acuerdo no está
siendo respetado.
Se está cumpliendo el acuerdo, señor diputado.
Señor diputado: yo di la palabra no para réplica, sino para hacer uso del tiempo que el
acuerdo le da al diputado Ebrard.
Continúe señor diputado Marcelo Ebrard.
| El
diputado Marcelo Luis Ebrard Casaubón: |
Gracias, señor Presidente; continúo con la lectura:
"Asimismo, manifestamos nuestro pleno respaldo a la propuesta formulada por varios
legisladores y coordinadores de los diversos grupos parlamentarios de esta Cámara, para
dar lugar a un diálogo directo con el Presidente
109,110 y 111
de la República que restablezca la confianza perdida entre
Ejecutivo y Legislativo, con el propósito de iniciar una etapa distinta, apegada a la
Constitución, que permita concluir la larga transición política de México a la
democracia.
Ciudad de México, San Lázaro, 9 de septiembre de 1997.- Firman los diputados: Alfonso
Ramírez Cuéllar, Adolfo González Zamora, Bruno Espejel Bazaldúa, Elba Margarita
Capuchino Herrera, Alvaro López Ríos, Cristina Portillo Ayala, Francisco José Paoli y
Bolio, Jorge Emilio González Martínez, Verónica Velasco Rodríguez, Alejandro Jiménez
Taboada, Gloria Lavara Mejía, Carolina O'Farrill Tapia, Marcelo Ebrard Casaubón,
Alejandro González Yáñez, Ricardo Cantú Garza, María Mercedes Maciel Ortiz, Gerardo
Acosta Zavala, José Luis López López, Luis Patiño Pozas y Juan José Cruz Martínez.»
Tiene la palabra el diputado José de Jesús
González Reyes.
| El
diputado José de Jesús González Reyes: |
Con el permiso de la Presidencia; señor Secretario
de Gobernación; señoras y señores diputados:
Es nuestra opinión que en materia de seguridad pública no se han cumplido los objetivos
del plan nacional de desarrollo. Dicho plan admite de manera contundente que persisten
diferencias entre la norma y la realidad; que subsisten atrasos, vicios y carencias en
materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, combate a la
corrupción e impunidad, seguridad jurídica y reconocimiento a los derechos
fundamentales, en especial en agravio de los grupos sociales más vulnerables.
El mismo plan reconoce que uno de los atentados más grandes al estado de derecho, es la
impunidad en el ámbito penal, auspiciada por la corrupción en muchas esferas de la
administración de justicia.
Todo ello, señor Secretario, ha generado una franca desconfianza hacia las instituciones,
los programas y los responsables de la seguridad pública. En muchos casos es evidente un
desempeño policial con falta de método, técnica, ética y compromiso con la nación.
Garantizar la seguridad pública para la sociedad, constituye un desafío y si no se ha
sabido enfrentar, se debe fundamentalmente a que se han encaminado los esfuerzos a
reprimir las conductas delictivas y no a fomentar la participación activa de la
ciudadanía en programas de prevención.
Cuando la autoridad de manera deliberada ignora que la seguridad pública es un medio
destinado a garantizar los derechos fundamentales de la persona y la coexistencia
pacífica de las libertades, causa con su acción tanto o más daño del que pretende
evitar al momento de perseguir el delito.
Desde nuestra perspectiva la seguridad pública debe ser considerada prioridad nacional.
Por tanto, es inconcebible que sólo se destine por parte de la Federación, 1 mil 905
millones de pesos para su atención, mientras que el Gobierno pretende pagar 10 veces más
por el rescate carretero.
No olvidemos señor Secretario, que un reclamo nacional es eficientizar y modernizar la
seguridad pública. Ante la falta de una visión sistémica, se encuentra la visión
reduccionista que percibe el problema como un asunto de persecución o de eficiencia
policiaca, lo que ha derivado en un claro fracaso institucional y social.
Observamos anarquía no sólo en el funcionamiento, sino incluso en la existencia misma de
cuerpos policiacos en el país, desconfianza crónica en las instituciones, ausencia total
de medidas preventivas eficaces, impunidad en el ámbito penal, insuficiencia en los
reclusorios nacionales y la franca complicidad entre los delincuentes y autoridades. Son
todos aspectos que no se pueden aislar del problema en comento y en conjunto ponen en
grave peligro a la sociedad y al Estado mismo.
En lo concerniente a la readaptación social, estamos muy lejos de que se logren sus
objetivos, dado que en los reclusorios aún persisten prácticas toleradas como la
corrupción, el autogobierno, tráfico de drogas, alcohol y armas, lo que propicia que las
penas de privación de la libertad no cumplan con los fines previstos por la norma
jurídica. Ello a su vez acarrea la falta de observancia de los principios rectores del
sistema penal mexicano contemplados por el artículo 18 constitucional como son: el
trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, como medios para la readaptación
social del delincuente.
Señor Secretario: considerando que las causas fundamentales de la inseguridad pública
son: la marginación social, la pobreza extrema, el desempleo, la falta de condiciones
propicias para el desarrollo integral del ser humano, ¿cuáles son las políticas
públicas destinadas a combatir estos factores criminógenos?
¿Por qué han fracasado las medidas impuestas por el Gobierno en materia de readaptación
social?
¿A qué se debe, señor Secretario, que el Gobierno en los hechos no considere la
seguridad pública como prioridad nacional?
¿Piensa usted que la política de militarización de las instituciones policiacas ha
contribuido a establecer la confianza de los mexicanos respecto de las actividades
realizadas por los cuerpos policiales?
¿Qué medidas preventivas y correctivas concretas implementará el Gobierno a corto y
mediano plazo en materia de seguridad pública?
Hemos recibido noticias desalentadoras de diversos municipios en el sentido de que los
apoyos destinados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública no han llegado a los
ayuntamientos, sino que se han destinado únicamente a satisfacer las necesidades de los
estados.
¿Podría informarnos si la Secretaría que usted preside tiene el seguimiento de la
distribución del fondo de apoyo a los municipios? Y si es así, ¿cuál ha sido el
resultado de ese seguimiento?
Por sus respuestas y su atención, muchas gracias.
Señor Secretario, le ruego hacer sus
consideraciones.
El
secretario de Gobernación,
Emilio Chuayffet Chemor: |
Señor diputado: en muy buena medida coincido en
muchas de sus apreciaciones.
En materia de seguridad pública estamos muy lejos de ofrecer un servicio del tamaño de
las expectativas y de la necesidad de la sociedad mexicana, en esta materia creo que hay
algunas diferencias, sin embargo, la seguridad pública sí es una prioridad nacional.
En su mensaje el primero de este mes, el Presidente de la República lo definió como el
problema más importante y la preocupación central de todos los mexicanos.
Al efecto, reseñó todos y cada uno de los pasos que desde que se inició la
administración se han dado, con objeto de mejorar las condiciones de ese servicio.
La reforma constitucional al artículo 21, explícita de suyo el nivel prioritario de la
seguridad pública para el Gobierno Federal, al hacer compartir la responsabilidad de este
servicio en un sistema de coordinación, en un sistema nacional de seguridad pública.
Los tres niveles de gobierno deben coordinarse a efecto de mejorar las condiciones en la
prestación del servicio de seguridad pública.
Tiene usted razón en que no se puede enfocar el tema de seguridad pública sólo bajo los
ejes de la eficiencia policial o de la de represión a los delincuentes.
En seguimiento del Programa Nacional de Seguridad fue expedido un programa nacional de
prevención del delito, en donde recogieron los integrantes del Consejo Nacional de
Seguridad, la expresión de una urgente acción en materia preventiva en todos los
rincones del país.
Los integrantes del consejo son entre otros, los señores gobernadores de la República.
Quiero decirle también que si bien es cierto que los recursos destinados a la seguridad
no son suficientes, también es cierto que en este solo año se ha cuadruplicado la
inversión federal de los últimos siete y que en su mensaje el Presidente de la
República, invitó a esta Asamblea soberana a dialogar y proponer formas de
financiamiento que no nos permitan reducir el nivel de inversión y de gasto en el rubro
de seguridad.
Seguramente las aportaciones y las definiciones de los señores diputados serán para
nosotros torales, en seguimiento de la mejor prestación del servicio de seguridad.
No se han militarizado los cuerpos policiacos. Pongo el ejemplo del Distrito Federal,
porque cuando se habla de militarización por la designación de miembros del Ejército
mexicano, que con licencia aceptan la dirección de estos encargos, pareciera que es algo
que no tiene antecedentes en la historia de México.
En el Distrito Federal por ejemplo, de 1897, en pleno porfiriato, a nuestros días el 60%
de los jefes de policía o seguridad han sido militares en estas condiciones de licencia.
También se ha hablado de militarización de los cuerpos policiacos y de la indebida
participación del Ejército en los temas de la seguridad pública y quisiera recordar
aquí, que cuando se puso en duda la constitucionalidad de la presencia del Secretario de
la Defensa Nacional en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, nuestro órgano
jurisdiccional supremo, la Suprema Corte, estableció con toda claridad que la
participación del Ejército en la seguridad interior es constitucional, acorde con lo
dispuesto en la fracción VI del artículo 89 de nuestra Carta Magna.
Con el propósito de dar respuesta a otras inquietudes y sin haber pretendido ser
exhaustivo en el tema de seguridad, quisiera señalar que no sólo es la pobreza y la
marginación la causa de la inseguridad pública, si se siguiera esta interpretación en
países que tienen resuelto su problema económico, el tema delincuencial o de seguridad
pública no sería un problema y hay países que, como los Estados Unidos por ejemplo,
ofrecen en términos comparativos y no es consuelo, un índice delictivo superior en
términos relativos al que tiene México.
Hay otras causas también, diputado y creo que usted las compartiría conmigo, que generan
que la delincuencia ofrezca una dinámica acelerada, una de ellas muy importante, el
narcotráfico. Hay una inteligencia criminal para acelerar el crimen y la delincuencia en
la calle. Es evidente que de esta manera se corroe y erosiona la confianza social en
instituciones policiacas. Esto no quiere decir que esconda el tema de la corrupción, al
que debemos perseverantemente dar batalla frontal porque sin duda alguna contribuye
también al desencanto y consecuentemente a la impunidad.
La readaptación social ¿Por qué ha fracasado? Yo creo que, en muy buena medida, porque
fuimos dejando que el sistema penitenciario nacional se dedicara exclusivamente, señor
diputado, a la causa que usted señaló: la represión, es decir el castigo a los
delincuentes.
Es muy importante recuperar una política penitenciaria en México, que parte desde
asuntos materiales como el déficit de espacios que tenemos hoy en día, 12 mil según las
cifras que leí hace unos minutos y que tienda por la vía de la educación, la
ocupación, el empleo, a la verdadera dignificación y readaptación de los internos.
No hace muchos ayeres, en 1969-1970, la famosa cárcel sin rejas y la dignificación de la
política penitenciaria, abrían umbrales importantes en México en esta materia. Sin
embargo, hoy el hacinamiento, el castigo han sustituido por la urgencia y por la
emergencia de los índices delictivos, toda una serie de propuestas que tenían y siguen
teniendo, en mi opinión, validez en materia penitenciaria. No se redime, quizá se refina
al delincuente.
Y no expresó usted otro problema que a mi juicio es todavía más lacerante, el de los
consejos tutelares de menores. Más de 15 mil casos durante el periodo del informe, han
sido tratados en estos organismos que tienen a su cargo a los menores delincuentes y que
observan índices mucho más acusados de crecimiento en materia de delito. En dos años la
delincuencia juvenil en México se ha incrementado en un 88%.
Dejo, por falta de tiempo señor diputado, la respuesta a las políticas públicas para
combatir frontalmente a las causas del delito, pero como en todos los demás casos, no
sólo el suyo, me comprometo en un plazo de una semana a mandar por escrito el resto de
las preguntas, que por conformarme al acuerdo parlamentario
112,113 y 114
que rige esta comparecencia, no me es permitido extenderme
más en el tiempo.
Muchas gracias.
Diputado González Reyes, ¿desea hacer uso de su
derecho de réplica?
| El
diputado José de Jesús González Reyes (desde su curul): |
Sí, señor Presidente.
Tiene la palabra, el diputado González Reyes.
| El
diputado José de Jesús González Reyes: |
Con el permiso de la Presidencia; señor Secretario:
Estaremos en espera del documento que nos ilustre respecto de las políticas para combatir
los factores que mencioné en mi pregunta.
Por otro lado, solamente quisiera recordarle que aquí en el Distrito Federal, no
solamente los mandos han sido ocupados por militares, sino en la delegación Iztapalapa
las funciones de vigilancia las realiza la tercera brigada de la Policía Militar.
Por otro lado, a pesar de las buenas intenciones del Gobierno, de que México sea un país
de leyes, por ser la base para consolidar un verdadero estado de derecho, estamos muy
lejos de esta aspiración social. Es frecuente que los mexicanos sufran ataques a su
libertad y derechos fundamentales. Persiste aún la violación de los derechos humanos en
los cuerpos policiacos y dependencias encargadas de la procuración de justicia.
La situación de miseria de grandes sectores de la sociedad, la poca voluntad y capacidad
del Estado de hacer realidad los derechos humanos en todos los ámbitos, constituye una de
las más graves imperfecciones de nuestra democracia.
Por otra parte, aprovecho para comentar algunas opiniones del Partido Acción Nacional, en
materia de atención a las víctimas del delito.
No hemos mejorado mucho en lo que se refiere al resarcimiento de los daños y perjuicios
que sufren las víctimas de los delitos. Si bien se reformó el artículo 21
constitucional, para que el ofendido por algún delito tenga derecho a recibir asesoría
jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con
el Ministerio Público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando lo
requiera, sin embargo es necesario que esos derechos se reglamenten a través de una ley
de atención a las víctimas, misma que el Partido Acción Nacional promoverá mediante la
presentación de la iniciativa correspondiente.
En el informe se mencionan aspectos meramente cuantitativos en lo referente a la justicia
laboral, como son: el número de demandas individuales, las de carácter colectivo, el
número de emplazamientos a huelga, el número de las que estallaron, las juntas
especiales de conciliación y arbitraje que se instalaron en algunas ciudades de la
República y el número de asesorías jurídicas. Sin embargo, consideramos capítulo
fundamental el lograr plena autonomía de este tipo de justicia para que no dependa más
del Poder Ejecutivo.
Por ello se hace necesario sustituir las juntas de conciliación y arbitraje por jueces de
lo laboral, que dependan del Poder Judicial.
Discrepamos de su opinión referente a qué proporcionaría mayores perjuicios, qué
beneficios el tener una legislación sobre derecho a la información, proponemos que la
comunicación se dé en un espacio amplio entre gobernantes y gobernados, en que se
garantice la veracidad, la justicia y la transparencia. Hoy, siguen siendo vigentes las
palabras de Manuel Gómez Morín pronunciadas en la asamblea el día en que se fundó el
Partido Acción Nacional:
"Nunca más urgente reemplazar la marcha ciega de la nación hacia lo desconocido por
una orientación precisa y definida, nunca tampoco más necesario dar congruencia a la
organización jurídica y a la acción política, con las realidades y los intereses
espirituales o materiales de la nación, tener en cuenta la tradición y el destino
nacionales, afirmar un Estado ordenado y con jerarquía y un Gobierno capaz de realizar el
bien común, obtener que se respete y enaltezca la dignidad de la persona humana y se le
aseguren los medios para cumplir plenamente su fin material y espiritual."
Por su atención, muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Gilberto López y Rivas.
| El
diputado Gilberto López y Rivas: |
Para un mejor ambiente republicano de esta Cámara,
sería muy importante para futuras comparecencias que los empleados de las secretarías
respectivas se queden devengando el salario que les paga el pueblo y no venir en su tiempo
laboral a aplaudir a su jefe.
El informe del titular del Ejecutivo Federal que escuchamos en este recinto, el 1o. de
septiembre, limita todo análisis de la realidad del país a la defensa a ultranza de un
modelo económico, omite la militarización creciente, ignora la represión y la violencia
del Estado, soslaya la violación impune de los derechos humanos y se desatiende de los
grupos sociales que ante la ausencia de justicia, democracia, empleo, vivienda,
educación, salud y una vida digna, han sido forzados a la rebelión armada.
En este autismo político del Ejecutivo, se justifica el neoliberalismo y se olvidan las
contradicciones lacerantes y los esbozos de una guerra social desde el Estado contra los
pobres y contra los disidentes. La ausencia de temas de interés nacional es notable, como
el referente al suspendido diálogo de paz entre el Ejecutivo Federal y el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional.
El doctor Zedillo, en su mensaje político que paradójicamente intitula avances y retos
de la nación, no dedicó, ya no digamos párrafo, no, sino una línea siquiera a fijar su
posición respecto a la situación que prevalece en el Estado de Chiapas. La omisión
presidencial es gravísima, porque existe el consenso en la sociedad civil mexicana
ratificado el pasado 6 de julio, de que la paz es condición determinante para la
transición democrática.
Los mexicanos no queremos un país desgarrado por luchas entre hermanos en el que imperen
las leyes de la guerra, la represión desde el poder público y la muerte.
El Ejecutivo, nada dijo del terrible problema de violaciones a los derechos humanos en
Guerrero y Oaxaca ni del conflicto existente entre las fuerzas armadas y el Ejército
Popular Revolucionario, por cierto señor Secretario, la calificación de las conductas
delictivas es una función exclusiva del Poder Judicial, es una acusación artera llamar
terroristas a quienes ni siquiera se les ha reconocido el derecho de existir
A un año exacto de que el Ejecutivo amenazara con utilizar todo el poder del Estado para
reducir al EPR, el conflicto no ha sido resuelto, sino que por el contrario, se ha
agudizado.
En Guerrero y Oaxaca las violaciones de los derechos humanos son cada vez más frecuentes
y en algunas regiones de esos estados, la tortura, el hostigamiento, el secuestro, el
allanamiento y saqueo de las propiedades suceden no por excepción sino sistemáticamente,
tornando el vapuleado estado de derecho en poco menos que buenos deseos.
En este proceso poco o casi nada se ha hecho para mantener la concordia en el Estado de la
República en donde existe el conflicto y lejos de ello, se alimenta la violencia en donde
la pólvora sólo espera una pequeña chispa para explotar, Veracruz, Puebla, Hidalgo, se
suman a los estados donde el poder hace gala de su fuerza, mientras en otros como Tabasco,
se protege a quien violó groseramente las leyes electorales e incluso desde la
Presidencia se le apoyó abiertamente.
Pero los problemas de la paz no fueron la única ausencia en las noticias del estado que
guarda la función pública, hubo algunos otros temas que no hallaron cobijo en el
discurso presidencial; la peligrosa omnipresencia y omnipotencia de los militares fue
soslayada. En ésta, nuestra dolida nación, hay lugares en los que es más común ver a
un contingente militar que a una caravana escolar.
La política de la seguridad nacional en su aspecto interno, privilegia la represión
violenta del descontento en vez de la aplicación de medidas que ataquen a fondo las
causas de la pobreza. Las fuerzas armadas mexicanas surgidas de una de las revoluciones
más importantes de este siglo, ahora siembran incertidumbre y miedo al ser involucradas
en tareas que no les corresponden.
La utilización del Ejército en la voz de control social como la seguridad pública, la
vigilancia interna de las corporaciones policiacas o la represión de la sociedad civil,
no es imputable únicamente a los mandos castrenses, sino a quienes los han obligado a
contaminarse de la violencia, a utilizarlos contra el pueblo y a mancharse de sangre,
corrupción e impunidad. Ya no se trata de que su actuación esté o no en contra de la
ley, se trata de que el poder establecido modifica, trastoca, interpreta la ley para
justificar la participación militar en ámbitos fuera de su competencia, a pesar de que
la experiencia trágica a nivel mundial sobre todo en nuestro caso en Sudamérica, enseña
señor Secretario, que es muy fácil sacar a los militares de sus cuarteles, lo difícil
es que regresen a ellos.
La adecuación del marco jurídico en materia de seguridad pública, vociferada como un
logro del Gobierno, es en realidad una tergiversación perversa de los preceptos
constitucionales que destroza los derechos humanos y violenta las garantías individuales.
Sí, se han desmantelado las garantías y se nos ha obligado a vivir a todos bajo
sospecha; los mexicanos nos encontramos sujetos a una acción inquisidora que jamás
escogimos, nos están colocando en la falsa disyuntiva de elegir entre libertad o
seguridad.
Bajo esa égida, las milicias han sido manipuladas para proteger el interés privado y
contra los sectores más miserables de la población. Ellos, los más vulnerables, los
más desprotegidos, son concebidos como un enemigo natural de la concentración de la
riqueza; nuestro Ejército se está perfilando como el verdugo de los millones de
miserables que el mismo sistema económico aplicado ha provocado y eso para una nación
forjada en el calor de una revolución popular es inadmisible.
Es indispensable hacer desaparecer el fantasma de la guerra, la primera forma de alejarse
de ella es acercarse a la paz y para ello se requiere la inmediata salida del Ejército de
las regiones indígenas del país y el regreso de los mandos civiles al control de los
cuerpos policiacos. Por el bien de la concordia nacional, se impone que el Legislativo
entienda su supervisión a las labores del Ejército en todas las entidades del país;
porque no queremos la proliferación de la violencia, propondremos la vigilancia del
Legislativo a las labores militares hasta que en tanto no se recomponga su actuación en
los términos del artículo 129 constitucional, esto es, a las tareas que tengan exacta
conexión con la disciplina militar.
A los militares también se les ha utilizado para combatir al narcotráfico y el llamado
crimen organizado, pero lejos de alcanzar el objetivo propuesto, lo único que se ha
logrado con estas medidas es socavar la integridad de los que debieran estar abocados a
defender la soberanía y poner en riesgo una de las instituciones del Estado. Su carácter
de defensores de la nación, se está revirtiendo al encontrarse cotidianamente como
víctimas de la tentación que los hace sucumbir ante un poder disuasivo, que les ofrece
morir o hacer fortuna.
Existe además el conflicto de invasión de competencias, la investigación y persecución
del delito es una actividad propia y exclusiva de la autoridad civil, así lo marca
nuestra Constitución; sin embargo, los militares, contrario al argumento esgrimido por la
Corte y el del señor Secretario, no han actuado como coadyuvantes, sino como
protagonistas en este proceso de procuración de justicia, investigando, persiguiendo,
deteniendo sin sujeción al mando de la autoridad civil y en muchos casos,
lamentablemente, torturando.
En materia política tampoco se hizo referencia a los grandes desatinos que se han
prodigado, muchos de ellos lamentablemente desde su Secretaría. La herencia política del
señor Carlos Salinas de Gortari, ha pesado y continúa mellando la gestión del
Presidente. El rumbo de la política económica, el club de los gobernadores selectos en
el sexenio pasado y la extraña simbiosis de un oligopolio político con los plutócratas,
son cuentas por saldar del anterior gobierno, que han sido asumidas por el actual.
Especial mención merece la Secretaría a su cargo, la función prioritaria que tiene
encomendada es la resolución de los conflictos políticos que en estas condiciones han
sido numerosos.
La satisfacción de la pena, en esencia función judicial dentro de este presidencialismo
115,116 y 117
absorbente, ha quedado en manos del Ejecutivo, y hay toda
una serie...
Concluya por favor, señor diputado.
| El
diputado Gilberto López y Rivas: |
Voy a concluir, señor Presidente. El compañero del
Partido Revolucionario Institucional se robó cerca de seis minutos, permítame un segundo
más.
Esto hace que el destino de cientos de presos en nuestro país, esté a discreción de
determinaciones políticas, además de los zapatistas en prisión, están ciudadanos como
el consejero García Vital, miembro de las organizaciones campesinas de la Sierra del Sur;
como Benigno Hilario Acosta Mesinos, miembros del FACMLN, cuyos miembros oscilan en los
150; presos que tienen derecho a la libertad preparatoria como Joaquín Hernández Galicia
y disidentes sociales y políticos.
Porque nunca más haya mexicanos a quienes no se vea o a quienes no se oiga, demandamos
puntual respuesta de parte del Ejecutivo. Ese es nuestro compromiso con la República.
Gracias, señor diputado.
Señor Secretario, escuchamos con interés su intervención.
El
secretario de Gobernación,
Emilio Chuayffet Chemor: |
Diputado López y Rivas:
Sin coincidir en muchas de las afirmaciones que usted ha expresado, no quiero dejar de
reconocer sin embargo que su intervención que, repito, no subrayo en muchos de sus
aciertos, corresponde a la imagen que tengo desde que le conozco, un defensor de los
derechos humanos y un apasionado y legítimo servidor de las causas de los pobres.
Quiero decirle que quienes acompañan hoy al Secretario de Gobernación no fueron
obligados a venir a aplaudir. Las tareas de una dependencia, es absolutamente injusto, no
las realiza una sola persona, las realiza un equipo y este equipo, sobradamente compensa
las horas que hoy dedica a repasar los esfuerzos de un año, con horas que sábados y
domingos destina para servir a la Secretaría de Gobernación.
Hay una parte fundamental de su discurso que no comparto: el tema de la militarización,
el papel del Ejército en la seguridad y la disposición de las fuerzas armadas en este
esquema de seguridad.
Aludió usted al artículo 29 constitucional, que es precisamente al que se hizo
referencia para lograr fallidamente la declaratoria de inconstitucionalidad en la
integración del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Los militares en tiempo de paz
sólo pueden realizar funciones exclusivas de la disciplina militar, pero este artículo
hay que interpretarlo en conexión con otros preceptos de la Constitución, el 89
fracción VI: "es facultad del Ejecutivo disponer de las fuerzas terrestres,
marítimas y aéreas para la seguridad interior y defensa exterior de la nación". No
nada más sirve el Ejército para las guerras extranjeras, hace mucho que no las tenemos
diputado. El Ejército sirve no sólo para defendernos de enemigos en el exterior, sino
para preservar la seguridad interior. Que conste, la Constitución no dice "seguridad
nacional"; habla específicamente de la seguridad interior.
En segundo lugar, el EPR, es cierto, no corresponde a la autoridad civil decretar el que
cometen el delito de terrorismo, pero tampoco puedo dejar de señalar que la conducta de
quienes han emprendido el camino del EPR, sus manifiestos que hablan de la violencia para
derrocar el gobierno e instaurar una república verdaderamente democrática y popular, son
instrumentos de lucha que nuestro derecho positivo prohibe. En México es la vía
pacífica, la vía del derecho, la vía del ejercicio pleno de las garantías, señor
diputado, la única vía para propiciar cambios y transformaciones.
Si bien es cierto que no se puede establecer un dilema entre libertad y seguridad, tampoco
es cierto que se puede esgrimir que el derecho es un obstáculo para lograr el desarrollo.
Cuando hay que cambiar las leyes porque éstas obstaculizan el desarrollo, existen los
instrumentos, las normas, las instancias para lograrlo, pero acudir a la destrucción de
vidas, de personas, a la inseguridad, a la causa de terror, de temor, de miedo grande en
la sociedad, de una parte de ella, esto está perfectamente descrito en el artículo 139
del Código Penal como delito de terrorismo.
En relación a los derechos humanos y a la tortura, el Gobierno ha seguido de cerca todas
las recomendaciones que en cuanto a la esfera federal han sido dictadas por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.
Como usted sabe, desde 1980 nos hemos so-metido también a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y hay una invitación a México para que reconozca la jurisdicción de la
Corte Interamericana en la materia.
Nos hemos absolutamente abierto con verdadera convicción de que en la participación de
todos está una mejor tutela a los derechos humanos y sobre todo el castigo de conductas
que de quedar impunes constituyen ejemplos trágicos para nuestra convivencia pacífica.
Ha señalado usted que la pena ha quedado dentro del proceso penal, en manos del
Ejecutivo. Siempre ha sido así en los últimos tiempos y hablo por más de 30 ó 40
años. No tengo en este momento dato alguno en relación a etapas previas, pero es
precisamente facultad del Ejecutivo el administrar los centros de reclusión y ver por la
ejecución de las penas.
Hay, en manos del Ejecutivo, una serie de facultades que la ley le concede para beneficiar
a los reos, libertades anticipadas, revisión parcial de la pena, tratamiento
preliberacional, libertad preparatoria, pero en modo alguno, señor diputado, son
caprichos del Ejecutivo o decisiones de orden político, las que hacen que se otorguen
estos beneficios.
Usted señaló casos concretos, se dijo, se tiene derecho a los beneficios que señala la
ley. No hay tal, hay que revisar la redacción de la ley. Es facultad discrecional del
Ejecutivo para que, reuniéndose ciertos requisitos, éste pueda o no, podrá, el verbo
que se utiliza tanto en la Ley de Normas Mínimas como en el Código Penal Federal, en su
artículo 84, otorgar los beneficios de ley correspondiente.
Créame, no se ejerce la facultad discrecional en virtud de caprichos políticos, sino
precisamente dentro de la amplitud de la norma que ésta concede a la autoridad.
La tortura no ha desaparecido del panorama nacional, la tortura sigue siendo un evidente
motivo de preocupación. Según el informe, y usted tendrá mayor conocimiento que yo en
esta materia, en el informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha
descendido, sin embargo, el lugar de la tortura como causa de violación de derechos
humanos, de uno de los primeros cinco lugares al lugar 24. Si esto es así y repito, del
dato no tengo certeza, yo creo que estamos en el camino de combatirla y sobre todo de
evitarle para quienes tenemos responsabilidades públicas para con el pueblo de México.
Estoy seguro, señor diputado, de que quedan muchas interrogantes en el tintero, pero
también le quiero protestar que dentro de las atribuciones de la Secretaría está la
vigilancia, como dice la fracción IV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública, de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades
del país, en especial de las garantías individuales.
Muchas gracias.
Señor diputado López y Rivas, ¿desea hacer uso de
su derecho de réplica?
¿Me permite, señor diputado? Antes de que tome la palabra el señor diputado López y
Rivas, han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de la sesión. Por lo tanto, esta
Presidencia, con base en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General, acuerda
se prorrogue hasta la conclusión de los asuntos en cartera. Adelante.
| El
diputado Gilberto López y Rivas: |
Quisiera reservar para la réplica, un tema que fue
reiteradamente tocado por todos mis colegas diputados.
Me refiero en particular a lo que tiene qué ver con el suspendido diálogo entre el EZLN
y el Gobierno Federal. El señor Secretario de Gobernación dio sus puntos de vista
referentes a las dudas, reticencias y francas oposiciones que tiene a la propuesta que él
dijo del EZLN.
Quiero rectificarle que en realidad ésta es una propuesta que elaboró la Comisión de
Concordia y Pacificación, con base en los acuerdos de San Andrés.
Sorprende mucho el que nos recomiende el señor Secretario que leamos los acuerdos de San
Andrés. Yo quisiera recomendarle que lo hiciera, porque precisamente cuando él se
refiere a que los acuerdos de San Andrés no recogen el concepto de territorio,
precisamente en estos acuerdos se dice de manera muy clara: "...hacer efectivos los
derechos y garantías que les corresponden, derecho a su diferencia cultural, derecho a su
hábitat, uso y disfrute del territorio, conforme al artículo 13 del Convenio 169 de la
OIT".
Igualmente, el señor Secretario pone toda una serie de argumentos referentes a por qué
no han cumplido los acuerdos de San Andrés, particularmente en lo referente a las
reformas constitucionales.
Yo quisiera que todos ustedes pudieran tener las tres columnas de lo que establece, por un
lado, los acuerdos de San Andrés, las propuestas de la Cocopa y por otro, las
contrapropuestas que hizo el Gobierno y nos daremos cuenta de que la Comisión de
Concordia y Pacificación, como un órgano bicamaral, como un órgano pluralista, recogió
puntualmente las propuestas que se hicieron en San Andrés y que fueron firmadas por el
Ejecutivo y por el EZLN.
Entonces aquí hay una violación de la palabra. Pongo el ejemplo de lo que decía el
señor Secretario sobre la cuestión de autonomía.
Dice la propuesta de San Andrés: "...la autonomía es la expresión concreta del
ejercicio del derecho a la libre determinación, expresada como un marco que se conforma
como parte del Estado nacional..."
La propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación dice: "...los pueblos
indígenas tienen el derecho a la libre determinación y como expresión de ésta a la
autonomía como parte del Estado mexicano...".
Es exactamente igual la propuesta a la Cocopa y los acuerdos de San Andrés.
Y así podemos ir a toda una serie de elementos que dicen que no están en los acuerdos de
San Andrés. Por ejemplo, los acuerdos de San Andrés dicen: "...sistemas
normativos..." y la propuesta de la Cocopa recoge: "...sistemas
normativos..." y sin embargo, en esa visión etnocéntrica y con tintes racistas que
maneja el Gobierno, ya trastoca eso y dice: "...normas, usos y costumbres...";
esto es, sólo la sociedad occidental tiene derecho a tener sistemas normativos. Para los
indios son "normas, usos y costumbres".
Podríamos ir analizando paso por paso todo esto, pero no vale la pena, sólo quería
demostrar que el señor Secretario no es puntual ni es veraz cuando estableció todas sus
coordenadas ideológicas y políticas del porqué no están cumpliendo los acuerdos de San
Andrés.
Pero tampoco están cumpliendo los acuerdos de San Andrés en el sentido de investigar a
los guardias blancas.
En el Estado de Chiapas, en el norte del Estado, en la zona Chol, hay grupos paramilitares
que hemos denunciado en innumerables veces, que han salido fotografías en los
periódicos, que todo mundo habla de ellos, se hacen reportajes, incluso, sobre sus armas,
sobre sus apoyos, que muchos de ellos vienen del propio Gobierno y sin embargo hasta la
fecha la Secretaría de Gobernación no tiene una investigación sobre los guardias
blancas. Que nos diga exactamente qué sucede.
Y en cuanto a los presos políticos, desaparecidos y torturados, yo le entrego aquí al
señor secretario, más de 157 casos de desaparecidos, torturados y presos del FACMLN.
Gracias, señor diputado.
Para continuar con el orden de los oradores, tiene la palabra el diputado Francisco Javier
Loyo Ramos.
| El
diputado Francisco Javier Loyo Ramos: |
Con su venia, señor Presidente, compañeras y
compañeros diputados; señor secretario,
118,119 y 120
Emilio Chuayffet, tiene usted la confianza de los diputados
priístas de esta Legislatura.
Bueno, se trata de comentar el informe del señor Presidente. En ese tenor quiero
referirme a uno de los aspectos más importantes que hemos analizado, uno de los valores
fundamentales del derecho es la seguridad jurídica, que no sólo se basa en la
promulgación de normas que una sociedad como la nuestra requiere por su manera especial
de ser, sino en la certeza que los individuos deben tener acerca del cumplimiento
irrestricto de la ley, sin distingos ni privilegios.
Es indudable que el Gobierno de la República ha ido consolidando un estado de derecho
todavía imperfecto, por la existencia de hechos de corrupción e impunidad, que tanto
preocupan a los mexicanos.
Es cierto que la inseguridad pública y el incumplimiento de la ley, angustia al pueblo de
México y constituye un obstáculo permanente para el avance material y armónico de la
sociedad mexicana que reclama con urgencia, una cultura de respeto y de apego a la ley de
gobernantes y gobernados.
No es posible desconocer los esfuerzos que el Gobierno ha hecho a este respecto. Así el
Sistema Nacional de Seguridad Pública ha llevado a la práctica planes directos para
combatir la delincuencia común y organizada, en una forma más sistemática, más
técnica, capacitando y equipando a las corporaciones policiales del país, pero a esto,
señor Secretario, se debe también comprender un plan de depuración y
profesionalización de los cuerpos policiacos.
En muchos estados de la República hemos visto los resultados positivos de esta acción,
que han llevado a conjuntar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno, para garantizar
la seguridad de la población, sin embargo, estas acciones son todavía insuficientes para
tranquilizar a los ciudadanos y restituirles esa seguridad que vivía en su hogar, en sus
centros de trabajo y en el tránsito a los mismos.
Los diputados, orgullosamente priístas, estamos seguros que el Ejecutivo Federal y los
legisladores todos de esta LVII Legislatura habremos de encontrar el fortalecimiento de
las leyes de la materia para lograr hacer realidad ese valor fundamental del derecho que
es la seguridad jurídica. El marco jurídico que los mexicanos quieren y que tendrá que
darse con el respeto entre el Ejecutivo Federal y esta Legislatura sin precedente plural,
tiene como fin acabar con la injusticia, los rezagos y la marginación para garantizar el
imperio de la ley.
Es necesario, señor Secretario, que se coordinen aún más los esfuerzos de la
Federación con los estados y municipios para lograr nuevas fuentes de financiamiento en
ejecución de los programas de seguridad pública, mejorarlos y de una vez por todas
combatir la delincuencia a satisfacción del pueblo de México.
Los diputados priístas creemos también que el fomento a los valores culturales y
cívicos que lleven a respetar la legalidad son fundamentales, como la educación sobre la
prevención del delito, es una de tantas acciones que el Ejecutivo Federal tiene que
realizar y debe, en ello, involucrar a los medios de comunicación social pues son parte
del quehacer del Estado.
Estamos comprometidos con nuestros electores en la actualización responsable de las
normas jurídicas que nos compete elaborar y en donde el Ejecutivo Federal debe
participar, también en aras del equilibrio verdaderamente republicano para hacer que
todos los mexicanos tengan acceso a la justicia y no se sientan frustrados o lesionados
como víctimas de la delincuencia.
Necesitamos un Ministerio Público servidor, un Ministerio Público que atienda al pueblo,
que luche por sus derechos violados; en suma, que lo defienda. Por eso estaremos siempre
pendientes que esto se cumpla.
Los mexicanos siempre hemos luchado por nuestra libertad, hemos querido vivir en paz,
hemos querido que se respete lo nuestro, por eso el reclamo popular que nos ha
comprometido el 6 de julio anterior, a la lucha permanente por la seguridad de todos los
órdenes y garantizar la convivencia armónica de un pueblo que aprenda todos los días a
respetar la ley.
Coincidimos con el Ejecutivo Federal en considerar el narcotráfico como un fenómeno de
alcance global que requiere no sólo el esfuerzo integrado de todos los órdenes
nacionales, sino también del apoyo internacional. Es el crimen organizado, sin duda, la
amenaza más seria de la seguridad nacional, en este combate debemos de estar unidos
todos; juntos, estoy seguro, lograremos encontrar las estrategias adecuadas para hacerle
frente, revisaremos la ley reglamentaria para el combate a la delincuencia organizada y
estaremos pendientes para estructurar la normatividad necesaria que prevenga, descubra y
sancione el lavado de dinero.
Ciudadano Secretario:
Estamos convencidos que el pueblo de México quiere un Congreso independiente y plural,
quiere un Ejecutivo Federal fuerte, respetuoso de los otros poderes, pero sobre todo,
quiere que se respete la ley, porque tiene derecho a llevar una vida digna, libre y en paz
que el Estado le asegure que así sea, ¿Qué está haciendo en ello, señor Secretario,
esa dependencia?
Muchas gracias.
Escuchamos con interés sus consideraciones al
respecto, señor Secretario.
El
secretario de Gobernación, Emilio
Chuayffet Chemor: |
Hay, como puede apreciarse, un piso común en
preocupaciones y recomendaciones en materia de seguridad pública.
Tocó usted, nuevamente se tocó aquí el tema de los mecanismos de financiamiento para el
mejoramiento permanente del servicio en todo el país. Seguramente, reitero lo que ya
expresé, será esta Cámara la que decida finalmente tanto las fuentes como los montos
correspondientes, para mantener esta actividad y el ejercicio de este servicio público en
términos ascendentes.
En segundo lugar habló usted también de la preparación de los policías y si bien,
evadiendo las visiones reduccionistas que todo lo reducen a la eficiencia de los
policías, también es cierto que hay una realidad en cuanto a los servicios policiales en
México.
El estándar internacional de capacitación de un policía es de 32 meses en academia; el
promedio nacional en México, de capacitación de un policía, es de dos meses y medio. La
urgencia de prepararlos, la urgencia de contratar elementos para el servicio, ha venido
lamentablemente en perjuicio de la preparación profesional y en consecuencia, en el
incumplimiento de los principios constitucionales que deben regir a esos cuerpos.
También se tocó, y es otra coincidencia, el tema de la educación y la concurrencia de
los medios de comunicación, en un ambiente que genere la prevención del delito más que
la apología del mismo o de la impunidad; la contribución de todos para fortalecer una
cultura de prevención del delito y de respeto a la ley. Esa sería y será a fin de
cuentas, nuestra mejor garantía y nuestro pase seguro a un servicio de seguridad pública
absolutamente eficaz.
Celebro que en materia de narcotráfico haya propuestas para reformar la ley reglamentaria
para combatir el crimen organizado y que se revisen incluso las recientes reformas de
leyes financieras para detectar y castigar el lavado de dinero. Y creo que es importante
señalar que en esta materia, aun cuando la dimensión del problema nos queda
absolutamente clara a todos, es importante mantener la cooperación internacional, pero
también la soberanía en la ejecución de esta política contra el narcotráfico.
Estos serían mis comentarios y aprovechando un minuto de esta respuesta, por tratarse
entiendo de la última intervención, señor Presidente, quiero agradecer a todas las
señoras y los señores diputados su paciencia, su tiempo y ponerme a sus órdenes en
consecuencia con las instrucciones que he recibido del señor Presidente de la República.
Muchas gracias.
Señor diputado Loyo Ramos, ¿desea hacer uso de su
derecho a la réplica?
| El
diputado Francisco Javier Loyo Ramos (desde su curul): |
Declino.
PALABRAS
DE LA PRESIDENCIA
Se han agotado las intervenciones de la segunda ronda
de oradores y por tanto el objetivo de esta comparecencia.
Antes de que el Secretario de Gobernación se retire, esta Presidencia rotativa, desea
expresar su reconocimiento a la forma en que las señoras y los señores diputados dieron
cumplimiento a la resolución del pleno.
En esta reunión se han expresado los distintos enfoques que los diputados de las
diferentes fracciones parlamentarias tienen en relación a los temas más importantes de
la política interior que a la Secretaría de Gobernación corresponde conducir.
Se podrá o no coincidir con las aseveraciones que aquí hemos escuchado, pero de lo que
debemos estar seguros todos, es que esta práctica, este diálogo político, este
intercambio ideológico de un gran nivel, constituye un avance más en el fortalecimiento
del régimen legal de separación de poderes, del equilibrio, de la colaboración, de la
corresponsabilidad y del respeto que debe de existir entre los mismos y contribuye a la
vigencia del estado social de derecho a la gobernabilidad, a la auténtica gobernabilidad
que propicie el avance del país para corresponder, señoras diputadas, señores
diputados, a la gran expectativa que de nosotros, como sus representantes, tiene la
ciudadanía.
En su oportunidad, y dando cumplimiento al párrafo V del artículo 8o. de la Ley
Orgánica del Congreso General, la versión estenográfica de esta sesión será remitida
al ciudadano Presidente de la República para su conocimiento.
Se ruega a la comisión de cortesía cumplir con su cometido cuando el Secretario de
Gobernación desee retirarse.
Igualmente se ruega a los compañeros diputados que no abandonen el recinto, para
desahogar los asuntos que todavía estén pendientes en cartera.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
| La
secretaria María de la Luz Núñez Ramos: |
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en
cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Martes 10 de septiembre de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de la Cámara de Senadores.
Comparecencia del Procurador General de la República, para el análisis del III Informe
de Gobierno. Política interior.»
CLAUSURA Y CITATORIO
| El
Presidente (a las 14:55 horas): |
Se levanta la sesión y se cita a los señores
diputados para la próxima que tendrá lugar mañana miércoles a las 10:00 de la mañana.
* Sesión de análisis del III Informe de
Gobierno, en lo referente a política interior, con la presencia del licenciado Emilio
Chuayffet Chemor, secretario de Gobernación.
* Tiempo de duración: 4 horas con 35 minutos
(receso de 19 minutos).
* Oradores en tribuna: 29
PRI-2; PAN-4; PRD-4; PT-4; PVEM-2; Dip. Ciud.-2.
Secretario de Gobernación-11. |
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
| Cocopa |
Comisión de Concordia y Pacificación |
| Cofipe |
Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales |
| Conasupo |
Compañía Nacional de Subsistencias Populares |
| D.F. |
Distrito Federal |
| EPR |
Ejército Popular Revolucionario |
| EZLN |
Ejército Zapatista de Liberación Nacional |
| IFE |
Instituto Federal Electoral |
| OIT |
Organización Internacional del Trabajo |
| FACMLN |
Frente Amplio para la Construcción del
Movimiento de Liberación Nacional |
| PAN |
Partido Acción Nacional |
| PGR |
Procuraduría General de la República |
| PRD |
Partido de la Revolución Democrática |
| PRI |
Partido Revolucionario Institucional |
| PT |
Partido del Trabajo |
|