|
Presidencia
del diputado
Santiago Creel Miranda |
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta
Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los
diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
ASISTENCIA
| La secretaria
María de la Luz Núñez Ramos: |
Se informa a la Presidencia que existen registrados
previamente 391 diputados.
Por lo tanto, hay quorum, señor Presidente.
| El Presidente (a
las 10:23 horas): |
En consecuencia, se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
| La diputada
María de la Luz Núñez Ramos: |
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias. Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 10 de septiembre de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de la Cámara de Senadores.
Comparecencia del Procurador General de la República, para el análisis del III Informe
de Gobierno.
Política interior.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
| El secretario
Gonzalo Morgado Huesca: |
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el
martes nueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer
Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima
Legislatura.
Presidencia del
diputado
Miguel A. Quiroz Pérez |
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las
diez horas con veinte minutos del martes nueve de septiembre de mil novecientos noventa y
siete, con una asistencia de cuatrocientos treinta diputados, el Presidente declara
abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión
anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con un acuerdo del Senado de la República, respecto de las comparecencias de
los secretarios de Estado para el análisis del Tercer Informe de Gobierno y el
procedimiento parlamentario respectivo. De enterado.
La Presidencia designa a la comisión de cortesía para recibir al Secretario de
Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor e introducirlo en el salón de sesiones y, conforme
al acuerdo parlamentario del cuatro de septiembre próximo pasado, el Presidente le
concede el uso de la palabra para definir las acciones en materia de política interior, a
que se refiere el Informe de gobierno.
En el primer turno de oradores, hacen uso de la palabra los diputados Ricardo Cantú
Garza, del Partido del Trabajo; Jorge Emilio González Martínez, del Partido Verde
Ecologista de México; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional; Demetrio
Sodi de la Tijera, del Partido de la Revolución Democrática y Enrique Ibarra Pedroza,
del Partido Revolucionario Institucional, quien usa mayor tiempo del mencionado en el
acuerdo parlamentario y el Presidente le solicita en diversas ocasiones que termine su
intervención. Se produce desorden en la sala y el diputado Gonzalo Pedro Rojas Arreola,
desde su curul, le solicita a la Presidencia que la misma tolerancia que tuvo para con el
último orador, la tenga con los demás diputados inscritos para intervenir en esta
sesión.
Todos los oradores, con excepción del representante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, hacen uso de su derecho a réplica, conforme al acuerdo
parlamentario.
El Secretario de Gobernación, hace las aclaraciones y consideraciones que considera
pertinentes a cada uno de los oradores.
Conforme al acuerdo parlamentario, a las doce horas con cincuenta y siete minutos, el
Presidente declara un
RECESO
A las trece horas con dieciséis minutos se reanuda la sesión y en el segundo turno de
oradores, hacen uso de la palabra los diputados: Luis Patiño Pozas, del Partido del
Trabajo; Marcelo Ebrard Casaubón, Diputado Ciudadano, a quien el Secretario de
Gobernación no hace ninguna observación. El Presidente le otorga nuevamente la palabra
al Diputado Ciudadano, quien anuncia la publicación de un documento firmado por varios
diputados. Se produce desorden en la sala y, desde su curul, el diputado Rafael Oceguera
Ramos, presenta moción de orden que no hace suya el Presi-dente.
Continúa la sesión conforme al acuerdo parlamentario y hacen uso de la palabra los
diputados: José de Jesús González Reyes, del Partido Acción Nacional; Gilberto López
y Rivas, del Partido de la Revolución Democrática.
Todos los oradores anteriores, hacen uso de su derecho a réplica.
El Presidente informa que en virtud de haber transcurrido las cuatro horas reglamentarias
para la sesión, ésta se prórroga hasta la terminación de los asuntos en cartera.
Para continuar con el orden de oradores, se concede el uso de la palabra al diputado
Francisco Javier Loyo Ramos, del Partido Revolucionario Institucional.
A todos los oradores, el Secretario de Gobernación hace las consideraciones que cree
pertinentes.
El Presidente expresa su reconocimiento a los señores diputados al dar cumplimiento al
acuerdo parlamentario e informa que la versión estenográfica de la sesión, será
enviada al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para su conocimiento.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la
próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las catorce horas con cincuenta y
cinco minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, miércoles diez de septiembre de
mil novecientos noventa y siete a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra en votación
económica, se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada,
señor Presidente.
CAMARA DE SENADORES
El secretario
José de Jesús Martín del
Campo Castañeda: |
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México,
D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para conocimiento de esa honorable colegisladora, nos permitimos transcribir a ustedes,
debidamente aprobado por esta Cámara en sesión ordinaria de esta fecha, los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Se constituye la Gran Comisión de la LVII Legislatura del Senado de la
República.
Segundo. La mesa directiva de la Gran Comisión, queda integrada de la siguiente
manera: senadores: Genovevo Figueroa Zamudio, presidente; María de los Angeles Moreno
Uriegas, primer vicepresidente; Gabriel Jiménez Remus, segundo vicepresidente; José
Murat, secretario.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 8 de septiembre de 1997.- Senadores: Melquiades Morales Flores y Juan
Ramiro Robledo Ruiz, secretarios.»
De enterado.
| La secretaria
María Antonia Durán López: |
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México,
D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8o., párrafo quinto, de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el punto quinto del acuerdo de los
coordinadores de los grupos parlamentarios de fecha 4 de septiembre de 1997, me permito
remitir a ustedes la versión estenográfica de la sesión ordinaria celebrada en esta
fecha, en la que dio inicio el análisis del III Informe de Gobierno, en el capítulo
correspondiente a política exterior.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 8 de septiembre de 1997.- Senador Eduardo Andrade Sánchez, presidente de
la Cámara de Senadores.»
De enterado.
Rogaría atentamente a todas las señoras y señores
diputados que pasen a ocupar sus curules.
Compañeras y compañeros legisladores, se encuentra en el salón de recepción de esta
Cámara de Diputados, el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la
República, convocado a la sesión de esta fecha en la que se llevará a cabo el análisis
del III Informe de Gobierno, en materia de política interior.
Se designa en comisión para que lo reciban y lo introduzcan a este recinto a los
siguientes diputados:
Salvador Ordaz Montes de Oca, América Soto López, Alberto López Rosas, Soledad Baltazar
Segura, Gloria Ocampo Aranda, María Mercedes Maciel Ortiz y Gloria Lavara Mejía.
Se ruega a los integrantes de esta comisión de cortesía que cumplan con su cometido.
ANALISIS DEL III INFORME DE GOBIERNO
POLITICA INTERIOR
De conformidad con el acuerdo parlamentario, aprobado
por esta Cámara de Diputados el 4 de septiembre, que norma el procedimiento para el
análisis del III Informe de Gobierno en materia de política interior, nos acompaña el
licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
Para dar cumplimiento al punto segundo, incisos a, b y c del mencionado acuerdo, se le
concede el uso de la palabra al licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de
la República.
El procurador
General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Señoras y señores diputados federales:
Con respeto y optimismo vengo a atender la cita a la que fui convocado, convencido de que
en la colaboración entre los poderes, la coordinación de las funciones y el respeto de
las leyes se pueden y se deben encontrar las fórmulas para profundizar en la solución de
los problemas que como nación nos aquejan.
Las funciones del Estado de procurar y administrar justicia, así como de garantizar la
seguridad pública, representan en cuanto a su cabal cumplimiento y desarrollo problemas
de tal envergadura que el titular del Poder Ejecutivo Federal no ha vacilado en
caracterizar como el mayor obstáculo para nuestro progreso material y para una vida
social armónica.
124, 125 y 126
La gravedad de esta afirmación se les agrega en el III
Informe de Gobierno del Presidente de la República, en un conjunto de aseveraciones que
constituyen la constatación de una doloro-sa realidad cotidiana. Así, el informe refiere
que la más grave preocupación de los ciudadanos es la inseguridad pública, que los
gobernados se sienten impotentes ante la delincuencia y perciben a la autoridad
ineficiente para combatirla; que igual temor siente la población ante el delincuente que
ante el policía. Que estas expresiones en su conjunto alientan la intención de hacerse
justicia por propia mano.
La conclusión de este diagnóstico del Poder Ejecutivo no podía ser otra que la de
reconocer, abiertamente, que la magnitud y complejidad del problema ha superado, hasta
ahora, la suma de nuestros esfuerzos; de donde resulta indispensable e inaplazable
apresurar el paso, asumiendo todos, el compromiso de impulsar reformas verdaderamente
profundas a las procuradurías de Justicia y más allá de este ámbito y en lo general al
sistema de justicia.
La convocatoria, a todos, para emprender este esfuerzo sin precedente, supone la
concurrencia de los tres poderes de la Unión, el concurso de los correspondientes de las
entidades federativas y de las autoridades municipales, así como la participación activa
de la sociedad civil.
A nuestro modo de ver, una reforma como la que propone el Ejecutivo Federal debe atender,
paralelamente, por lo menos tres áreas a la vez distintas e imprescindibles.
La primera está relacionada con la renovación de los recursos humanos sustantivos para
una recta, pronta y eficaz procuración de justicia. Hechos repetidos, que en la vida
cotidiana demuestra que nuestro personal policial, ministerial e incluso pericial, no
está debidamente capacitado, pero en cambio sí ha sido vulnerable a la corrupción y
especialmente a aquella que genera el narcotráfico y el crimen organizado.
Dar una lucha abierta contra la delincuencia, con verdaderas garantías de éxito, supone
que nuestras filas no se vean infiltradas, que las espaldas estén libres de la
posibilidad de la traición y que la limpieza de nuestra trinchera abra efectivamente los
cauces de la eficacia.
La honestidad es resorte imprescindible pero no exclusivo en la renovación de los
recursos humanos. Junto a ella la capacitación y la profesionalización deben desplegarse
en toda su amplitud.
Durante los últimos nueve meses se han impartido al personal sustantivo de la
Procuraduría 19 cursos de actualización y capacitación, además de uno global para
todos los agentes del Ministerio Público, con el que se prepara la instalación de las
tres nuevas subprocuradurías de procedimientos penales, prevista en la Ley Orgánica de
la PGR, que sustituyen a dos de las actuales.
En el ámbito de la honestidad del personal, desde el mes de mayo pasado nos hemos dado a
la tarea de constituir un centro de control de confianza, capaz de desplegar un conjunto
de cinco exámenes que con objetividad puedan discernir sobre el grado de confiabilidad de
un servidor público. La creación de este centro fue el punto de partida para suprimir al
Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, cuya penetración y deterioro eran
evidentes y el surgimiento en su lugar de la Fiscalía Especializada para la Atención de
los Delitos contra la Salud. La modificación de esta estructura, por su nacimiento, su
estrategia y sus métodos, no significan, como se ha dicho, un puro cambio de membrete.
La renovación de los recursos humanos de la institución, que hasta ahora han intentado
diversas administraciones de la PGR, no han estado exentas de obstáculos serios que se
han producido, en parte, por la imprecisión normativa y jurisprudencial sobre la
naturaleza de la relación existente con los agentes de la policía.
Entre diciembre de 1996 y agosto próximo pasado, 270 servidores públicos de la
Procuraduría han sido destituidos e inhabilitados y respecto de 192 se ha ejercitado
acción penal por su presunta responsabilidad en la comisión de diversos ilícitos. Sólo
procediendo de esta forma se pueden cerrar los espacios a la corrupción y a la impunidad.
No obstante todos estos esfuerzos, resulta necesario poner en marcha nuevos mecanismos que
de una vez y por todas pongan fin a las bochornosas noticias cotidianas que anuncian
corrupción, complicidad con la delincuencia, abuso de autoridad y transgresión a los
derechos fundamentales de los gobernados.
La segunda vertiente de una reforma profunda al sistema de justicia penal, tiene que ver
con la reorganización de las estructuras internas de los órganos de procuración de
justicia.
En el caso específico de la PGR, alrededor del 65% de su esfuerzo institucional se
orienta hacia el combate al narcotráfico y al crimen organizado, dejando casi otras mil
conductas ilícitas previstas en el Código Penal y en leyes especiales, para ser
atendidas por un esfuerzo residual del 35%. Este último porcentaje debe compartirse con
el desarrollo de otras funciones primarias y relevantes, como son: el desahogo de
pedimentos de amparo, la participa- ción en las controversias constitucionales, el
ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, la representación de la Federación en
los juicios en que ésta es parte, así como la cooperación internacional en procuración
de justicia.
No obstante la aplicación de los importantes recursos humanos, materiales y financieros
que la PGR destina al combate al narcotráfico y que esta función se hace en concurrencia
con otras dependencias del Ejecutivo Federal, los resultados alcanzados por la
Procuraduría si bien van en ascenso, todavía deben ser mucho mejores.
En esta materia, los objetivos en el corto plazo son muy claros: mejorar sensiblemente la
intercepción de cargamentos de drogas; aumentar la erradicación de plantío de
enervantes; superar la eficacia jurídica de la pretensión punitiva en delitos contra la
salud; desmembrar las bandas de narcotraficantes y profundizar los programas en materia de
prevención del delito contra la salud.
Durante los últimos nueve meses la estrategia seguida por la PGR en el combate al
narcotráfico, ha consistido en buscar la concentración del personal encargado de las
labores de inteligencia y operativos generales, en vez de fomentar su ampliación y
dispersión.
Al personal concentrado se le han incrementado sus seguros de vida y de gastos médicos,
se está buscando incrementar sus sueldos y demás prestaciones. Al propio tiempo este
personal será sujeto de exámenes periódicos y aleatorios de control de confianza.
En los poco más de nueve meses que he tenido el alto honor de encabezar los trabajos de
la Procuraduría General de la República, he contado siempre con el auxilio de la
Secretaría de la Defensa Nacional. El personal militar al que temporalmente invité a
servir en la PGR ha suspendido transitoriamente su carrera de las armas y en su actual
responsabilidad actúa conforme a leyes civiles y bajo el mando civil del Procurador
General de la República.
La cooperación internacional es una tarea esencial para combatir con éxito un fenómeno
transnacional como es el narcotráfico. Esta cooperación con diversos países se ha
desarrollado con base en los principios de respeto a la soberanía nacional, a la
jurisdicción territorial y a la reciprocidad.
Insistentemente hemos dicho a las autoridades norteamericanas, que en la relación
bilateral no son válidas las evaluaciones, las censuras y los reproches unilaterales que
sólo tienden a debilitar la cooperación y en consecuencia favorecen la existencia de los
fenómenos que precisamente se trata de impedir.
Una tercera vertiente de una profunda reforma al sistema de justicia, pasa necesariamente
por la revisión del sistema actual de enjuiciamiento penal. Vale decir de la
articulación de la función del Ministerio Público como instancia de acusación y la
función de jueces y tribunales como instancias de resolución.
Huelga mencionar que en las actuales circunstancias, el sistema ha propiciado impunidad,
incremento de la criminalidad, inseguridad pública y desconfianza social.
El círculo perverso mediante el cual el Ministerio Público acusa al juez de dictar
sentencias absolutorias o de no encauzamiento penal debido a oscuros intereses y la
respuesta de los jueces de que tales determinaciones se deben a la inconsistencia,
fragilidad y deficiencia de las investigaciones ministeriales, se vuelve cada día más
denso en detrimento de la justicia, de los justiciables y de la sociedad entera.
La reforma de 1993 al artículo 19 constitucional, mediante la cual se exige al Ministerio
Público que de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten los elementos del
tipo penal del delito que se impute al detenido, así como su subsecuente interpretación
por la Suprema Corte de Justicia, ha provocado que en la práctica los jueces requieran al
Ministerio Público la comprobación fehaciente de la comisión del delito y de la
probable responsabilidad del acusado.
Esta situación está generando una desnaturalización de la averiguación previa y del
mismo proceso jurisdiccional. Aunado a lo anterior, lo dispuesto en el cuarto párrafo de
la fracción X del artículo 20 constitucional, en lo tocante a las garantías del
indiciado durante el trámite de la averiguación previa, ha venido a transformar de facto
este procedimiento administrativo en un verdadero juicio, trastocando así el proceso
judicial. De aquí que en los hechos el Ministerio Público asuma el papel de juez y parte
y que el proceso jurisdiccional sólo sirva para ratificar, rectificar o revocar lo
actuado por la autoridad ministerial.
Esto nada tiene qué ver con un derecho penal moderno y democrático. La revisión del
sistema de enjuiciamiento penal supone abandonar dogmas y mitos que en nada coinciden con
la realidad de una delincuencia cada día más organizada y beligerante. Supone analizar
plazos y términos que están apartados de los imperativos de la cotidianidad; supone
actualizar los equilibrios de un sistema que debe seguir garantizando los derechos del
presunto responsable, pero armonizados con los de las víctimas y los de la sociedad, que
con toda razón está harta de impunidad.
No puedo concluir esta breve intervención sin hacer algunas reflexiones sobre las
investigaciones a cargo de la Procuraduría, en los casos de los homicidios de Luis
Donaldo Colosio Murrieta, José Francisco Ruiz Massieu y Juan Jesús Posadas Ocampo.
En cuanto a la investigación de este último homicidio, recientes testimonios obtenidos
por el Ministerio Publico Federal, ratifican la convicción de que el asesinato del
cardenal se produjo al haber sido confundido el vehículo en el que viajaba durante el
encuentro armado de dos bandas antagónicas de narcotráficantes.
Además de la ejecución de 37 órdenes de aprehensión, está pendiente esclarecer las
razones por las cuales se pudieron encontrar en un mismo lugar a una misma hora y en un
mismo sitio las dos bandas de narcotraficantes.
En lo tocante al homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, en la actualidad seis personas
se encuentran sentenciadas por homicidio calificado; por este mismo delito y el de
portación de armas de fuego reservadas o por el de encubrimiento; asimismo, ocho personas
fueron absueltas, una orden de aprehensión está pendiente de cumplimiento y una persona
más está siendo procesada como probable autor intelectual.
Respecto de Raúl Salinas de Gortari, la Procuraduría que está a mi cargo desde el día
2 de diciembre de 1996, encontró suficientemente sustentado el ejercicio de la acción
penal que en su oportunidad presentó el Ministerio Público de la Federación. A partir
de la fecha mencionada, hemos buscado robustecer la acu- sación para lo cual hemos
ofrecido 45 pruebas testimoniales, 38 documentales, dos periciales y dos inspecciones
judiciales; finalmente será el juez de causa quien determine en su caso la
responsabilidad del procesado.
Y termino. En el esclarecimiento de la verdad histórica en el caso del homicidio de Luis
Donaldo Colosio Murrieta, esto representa para la Procuraduría no sólo una
responsabilidad legal, sino también un compromiso moral y un imperativo social.
La subprocuraduría especial ha presentado conclusiones sobre 14 de las 27 líneas de
investigación que desde un principio se trazó; las más importantes giran en torno de
que fue Mario Aburto Martínez quien realizó los dos disparos en contra del licenciado
Colosio. Estos resultados no, no son equivalentes a la tesis del asesino solitario, no
descartan la existencia de instigadores o de autores intelectuales y no anuncian la
conclusión de la averiguación previa o el carpetazo de la investigación.
Seguiremos trabajando con ahinco para completar las 13 líneas de investigación restantes
y desde ahora nos comprometemos a informar exhaustivamente a la sociedad sobre los
resultados que se alcancen.
De acuerdo con lo que decidan las cámaras del honorable Congreso de la Unión, estaremos
en la mejor disposición de intercambiar opiniones a fin de construir una nueva
interlocución que sanamente y en el marco de las leyes, impulse el desarrollo de la
investigación y coadyuve así al propósito que nos es común.
127, 128 y 129
Señoras y señores: la justicia es tema primordial de la
agenda nacional de fin de siglo y seguramente lo será de la del inicio de la nueva
centuria.
Esto es tan incontestable como que será menos difícil el trecho por recorrer, el aliviar
lo que hoy duele y el superar lo que limita, si decidimos trabajar juntos alrededor del
México que nos unifica.
Muchas gracias.
PRIMER TURNO DE ANALISIS
Compañeras y compañeros legisladores:
Para la primera ronda de intervenciones por 10 minutos con derecho a réplica por otros
cinco minutos, se han inscrito los siguientes diputados:
Verónica Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México; Juan José Cruz
Martínez, del Partido del Trabajo; María de la Soledad Baltazar Segura, del Partido
Acción Nacional; Bernardo Bátiz Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática;
finalmente, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra para esta primera ronda, en primer término, la diputada Verónica
Velasco Rodríguez, para realizar una primera intervención de 10 minutos.
| La diputada Verónica Velasco Rodríguez: |
Gracias, señor Presidente; señoras y señores
diputados; señor Procurador:
Ante el inminente aumento en el índice de actos delictivos, la seguridad pública, tanto
en la Ciudad de México como en el interior de la República, se ha convertido en un
problema rele- vante, al cual se le debe considerar para una pronta solución. Si bien el
índice delictivo no tuvo el mismo aumento porcentual en 1997 respecto a años anteriores,
sí ha mantenido un continuo crecimiento.
Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en nueve estados de la República la
tendencia delictiva disminuyó; sin embargo en 23 aumentó el número de denuncias y
averiguaciones previas iniciadas, donde resulta: Colima, con un 67.21%; Baja California,
24.98%; Guanajuato, 16.03%; Guerrero, 16.02%; Estado de México, 15.40%; Michoacán,
13.38%, y Tabasco, 10.82%.
Son 10 entidades federativas: Distrito Federal, Estado de México, Baja California,
Jalisco, Chihuahua, Yucatán, Nuevo León, Veracruz, Guanajuato y Puebla, las que acumulan
73.1% del total de robos y junto con Tabasco, registran 68.4% nacional en lesiones.
De acuerdo con las mismas fuentes de información, el promedio diario de robos con y sin
violencia, aumentó también en 13.2%, 5.6% en lesiones y 12.6 puntos porcentuales en
asaltos bancarios. La tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, sólo
entre 1995 y 1996, tuvo un incremento de 9.3%.
Las deficiencias en las acciones que se han llevado a cabo por parte de las corporaciones
de seguridad pública de nuestro país, son factor determinante para que todo lo anterior
suceda.
Así pues, señor Procurador, los robos, los asaltos bancarios, los secuestros, los
homicidios y el tráfico de drogas y armas, han dejado hasta hoy un ambiente impregnado de
angustia y zozobra por la violencia gestada en cada uno de estos actos delictivos y a los
cuales estamos propensos sin distinción alguna, hecho fehaciente que ha quedado
demostrado con casos como el de Luis Donaldo Colosio, el de Francisco Ruiz Massieu y más
recientemente el del señor Alejandro Ortiz Martínez, que lejos de ser motivo de
diligencia, eficacia y veracidad por parte de nuestras instituciones, parecen ser claros
ejemplos de que la impunidad ha pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana.
En el III Informe de Gobierno, nuestro primer mandatario aseveró que la reforma
constitucional estableció, por primera vez, que la actuación de las instituciones
policiales se regirá por los principios de legalidad, de eficacia, de profesionalismo y
de honradez, para todas las corporaciones de seguridad pública del país; sin embargo,
debo hacer notar que a nuestro partido no sólo le preocupa la contaminación ambiental,
como muchos podrían pensar, señor Procurador, también nos preocupa sobremanera el cómo
van a acabar con la conta- minación en nuestras instituciones, específicamente las que
tienen por obligación vigilar la seguridad de nuestra sociedad y la preservación de la
integridad de cada ciudadano mexicano.
Cómo, señor Procurador, se habla entonces de legalidad, si las corporaciones policiales
han sido la principal fuente de corrupción que como por arte de magia envician a cada
individuo que se incorpora a éstas.
De profesionalismo, cuando sólo en el Distrito Federal el 60% del total de los policías
cuenta únicamente con educación básica.
De eficacia, si sólo en el Distrito Federal, de los 21 mil 637 policías que están
destinados exclusivamente a la seguridad pública, el 42% tiene problemas de salud que
merman su capacidad física.
De honradez, cuando se ha hecho evidente que cada miembro tiene que pagar a algún
superior por conservar su lugar de trabajo y que estos superiores a su vez deben de
proporcionar cuotas, formando una cadena de corrupción, que involucra desde al policía
de menor rango hasta otros de mayor jerarquía y que parece no tener fin, esto sin
mencionar que algunos otros se encuentran incluso en combinación con el hampa, misma que
tiene en jaque a la seguridad del resto de los ciudadanos.
Reitero, señor Procurador: ¿cómo se lograrán los propósitos de legalidad, de
eficacia, de profesionalismo y de honradez, para que las corporaciones policiales cumplan
con su deber, cuando todo parece indicar que las instancias responsables de la seguridad
ciudadana carecen de ella, cuando todo nos hace imaginar que para lograrlo tendríamos que
desaparecerlas y volver a crear, cuando la solución integral significaría tanto como
volver a crear un nuevo Poder Judicial?
Agradezco de antemano la objetividad de su respuesta.
Tiene la palabra el procurador Jorge Madrazo
Cuéllar, para hacer las consideraciones que estime pertinentes, por un lapso de 10
minutos.
El procurador
General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias, señor Presidente:
Yo debo decir que me parecen extraordinariamente importantes y relevantes las reflexiones
que ha hecho en esta tribuna la diputada Verónica Velasco Rodríguez. Ella ha señalado
que durante 1997 algunos índices delictivos han mostrado una tendencia de decremento.
Sin embargo, yo creo que los índices de delincuencia hay que tomarlos con muchísimas
providencias y precauciones. Tengo la impresión de que estos índices definitivamente no
reflejan con puntualidad y certeza lo que puede estar pasando en el ámbito de la
seguridad pública y de la procuración de justicia. Lo cierto es que ésta es una demanda
extraordinariamente legítima de la sociedad; yo diría que el principal problema en la
agenda nacional de México de 1997, tiene que ver precisamente con la inseguridad pública
y con los fracasos que se han tenido en una recta procuración y administración de
justicia.
Creo que el tema pues de la justicia, es absolutamente fundamental y que para resolverlo
necesitamos el concurso y la participación de los tres poderes de la Unión, de una buena
coordinación con los poderes de las entidades federativas y las autoridades municipales y
con la sociedad civil organizada.
Indudablemente que en la explicación de lo que puede estar pasando con la seguridad
pública y la procuración de justicia, una de las formas o de los factores que debemos
tener en cuenta es la forma como se conducen la corrupción y la impunidad que existen en
las corporaciones policiacas, pero ése no es el único factor que explica la situación
que estamos encarando en este momento.
Yo creo que han sido muchos años en donde los problemas y los conflictos se han venido
sedimentando, se han venido acumulando hasta el punto, desde luego, en que han tenido que
hacer crisis y ésa es una de las crisis que estamos presenciando en este momento.
Yo creo que respecto de las corporaciones policiacas, desde luego tenemos que trabajar en
su depuración; hay que sacar a los malos elementos de las policías, pero no solamente es
un trabajo de depuración, sino también es un trabajo de redignificación de la carrera y
de la función del policía; tiene que ver con su capacitación y con su actualización,
tiene que ver con su compromiso que aterriza en los hechos de respeto a los derechos
fundamentales de los gobernados, tiene que ver con el estilo de vida que las instituciones
pueden ofrecerle a estos policías, tiene que ver con su equipamiento, tiene que ver con
su avituallamiento, tiene que ver en defenderles cuando son acusados injustamente, pero en
hacer que sobre ellos caiga todo el peso de la ley cuando han incurrido en actos
irregulares o ilícitos.
Lo que yo he venido haciendo dentro de la Procuraduría General de la República, es no
conformarme con las responsabilidades administrativas que se les puedan imponer a estos
servidores públicos, sino en el fincamiento de responsabilidades penales y no solamente
se trata de consignar una averiguación previa y obtener una orden de aprehensión, sino
en efectivamente cumplir, ejecutar esas órdenes de aprehensión respecto de esos malos
servidores públicos.
Es la forma como hemos venido trabajando, y desde luego hemos encontrado en distintas
estructuras, no sólo de la policía, sino también del cuerpo ministerial y del cuerpo
pericial, complicidades con el hampa, complicidades con el crimen organizado,
complicidades con el narcotráfico, por eso se tomó, entre otras medidas, aquella de
disolver el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas y partir de algo totalmente
nuevo, partir prácticamente de cero a través de la participación del centro de control
de confianza y regular el aspecto médico y psicológico, el tener seguridades de que no
son toxicómanos, el revisar sus tarjetas de crédito y sus cuentas de cheques y la forma
como viven, para lo cual se hacen visitas domiciliarias a todos los aspirantes a trabajar
en la nueva fiscalía especializada en delitos contra la salud, y finalmente en el uso del
polígrafo.
De esta suerte, a partir del 30 de abril, cuando empezamos con este ejercicio, poco menos
de 300 personas son las que han podido acreditar estos exámenes y estos exámenes nos
arrojan un primer dato de objetividad, un primer dato de confianza para que puedan
desempeñar funciones tan trascendentes que en la Procuraduría General de la República
se iniciaron precisamente por el combate al narcotráfico.
Pero quiero decirlo abiertamente, estamos apenas en el inicio y eso desde luego toma
tiempo. Existe toda la voluntad, existe el aparato técnico, existe el aparato
administrativo para que este nuevo método de control de confianza pueda ir dando
resultados y meter a la cárcel a todo aquel policía, agente del Ministerio Público o
perito que infrinja las leyes y que traicione la verdadera procuración de justicia.
Tiene la palabra la diputada Verónica Velasco
Rodríguez, para hacer uso de su derecho de réplica...
Habiendo declinado el ejercicio de su derecho de réplica, tiene la palabra el diputado
Juan José Cruz Martínez, para una intervención de hasta por 10 minutos.
| El diputado Juan José Cruz Martínez: |
Con su permiso señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados, señor Procurador General de la República:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo analiza el informe presentado ante esta
soberanía por el Presidente de la República, en el tema que corresponde a las
actividades de la Procuraduría General de la República.
En primer término, debemos destacar que la sociedad mexicana está padeciendo una enorme
y creciente inseguridad. La inseguridad se ha convertido en el cáncer que corroe sin
miramientos el tejido social y que conjuntamente con la corrupción, ha generado uno de
los más graves problemas que tiene la sociedad mexicana. Ello deriva en la comisión de
delitos que están inscritos en el ámbito de competencia de la Procuraduría, la cual ha
mostrado una insuficiente capacidad para cumplir cabalmente con los objetivos que la Ley
Orgánica le otorga al Ministerio Público de la Federación, particularmente en lo que
corresponde a la promoción de la pronta, expedita y debida procuración de justicia.
Este crecimiento exponencial de la inseguridad y de una enorme cantidad de delitos, debe
verse en la doble óptica que lo genera.
130, 131 y 132
e una parte, tenemos al crimen organizado y su
consolidación como consecuencia de la crisis política y social, la cual, como hemos
visto, ha permeado los más recónditos rincones del cuerpo social y en otro sentido como
una expresión que está más directamente vinculada al desempleo, a la caída de los
salarios, en suma, a la crisis económica. La delincuencia inorgánica también ha crecido
de manera exponencial.
Señor Procurador: en la parte que corresponde al ámbito de su competencia, en el periodo
del informe que nos ocupa, fue promulgada la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, instrumento jurídico con el que se pretendió dotar a la Procuraduría de los
medios necesarios para combatir eficazmente a dicho tipo de delincuencia. Asimismo, se
promulgaron reformas al Código Federal de Procedimientos Penales para el efecto de que
los aseguramientos que realiza la Procuraduría, se lleven a cabo en apego estricto a lo
que la ley establece.
No obstante ello, nos encontramos con casos como el ocurrido en la agencia del Ministerio
Público Federal de San Luis Río Colorado, Sonora, en el que desaparecieron, tanto los
500 kilogramos de cocaína como las personas detenidas.
¿Cómo explican el que ante el esfuerzo que se realiza para tener una legislación más
actualizada y que permita una procuración más expedita de la justicia, ocurran casos
como el que hemos señalado?
O bien, que ante la última reforma al artículo 16 constitucional, en su parte relativa a
autorizar que el Ministerio Público pudiera realizar intervenciones a las comunicaciones
privadas de los particulares, se ha demostrado que la delincuencia le ha ganado la carrera
a las instituciones encargadas de combatirlas.
Otro de los delitos que más laceran a la sociedad, es el relativo a los delitos contra la
salud. Y sobre este particular nos encontramos con una rara simbiosis entre la
delincuencia organizada y las corporaciones encargadas de combatirla, por lo que
consideramos que es pertinente abundar e informar ampliamente sobre lo ocurrido en la
dirección del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, pues no es concebible que
para designar al titular del mismo, acto realizado por el Presidente de la República
conforme a la atribución que le otorgaba el reglamento de dicha ley, los sistemas de
seguridad nacional e inteligencia militar no hayan detectado la presunta relación entre
el general Gutiérrez Rebollo y Amado Carrillo Fuentes.
Pero este contubernio entre delincuencia y autoridad, también ocurre entre los agentes de
la Policía Judicial Federal y agentes del Ministerio Público. El poder de corrupción de
estas grandes organizaciones delictivas, las hace operar en todo el territorio nacional.
El informe nos da cifras muy elocuentes al respecto, de 13 mil 409 procesos penales, 5 mil
430 fueron por delitos contra la salud, esto es el 40.5%.
En lo que se refiere al esclarecimiento de los homicidios del cardenal Juan Jesús Posadas
Ocampo, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, la ciudadanía se encuentra
escéptica respecto de los resultados de las investigaciones. En realidad todos ellos,
dado su carácter, se encuentran en una especie de limbo legal, del cual no hay visos
claros de solución.
Por las consideraciones antes expuestas, el Partido del Trabajo considera que la
población exige seguridad y por ello demanda de las autoridades estrategias económicas,
políticas, sociales y policiales, medios y procedimientos penales eficaces, adecuados y
oportunos, que permitan alcanzar esos objetivos, pero todo ello con fundamento en la
observación sin reservas de la ley y el respeto a los derechos humanos.
Las autoridades e instituciones encargadas de la seguridad pública y de la persecución
de los delitos, deben promover acciones que conciten la confianza, el apoyo y la
colaboración de la sociedad y derrotar a la delincuencia y al crimen organizado en todas
sus formas de manifestación. En lo que compete al Poder Legisla- tivo, estamos dispuestos
a contribuir en el ámbito de nuestra competencia.
Ciudadano Procurador, el grupo parlamentario del PT, considera que es necesaria una
Procuraduría General de la República plenamente autónoma e independiente del Poder
Ejecutivo, por lo tanto es necesario reformar las normas jurídicas que regulan la
actividad de la institución, primero, modificando el apartado A del artículo 102
constitucional, para dotar de plena autonomía orgánica e independencia técnica a la
institución; y segundo, modificar el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la
Procuraduría, para sustraer a la institución del ámbito del Poder Ejecutivo Federal.
Queremos conocer su opinión al respecto de este planteamiento.
También es necesario que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, deje de ser un
organismo descentralizado del Poder Ejecutivo Federal y se convierta en una institución
autónoma y con personalidad jurídica propia. Además de que la designación de su
titular corresponda a la Cámara de Diputados.
Solicitamos de usted su puntual respuesta a estas interrogantes.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Cruz Martínez.
Tiene la palabra el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, para hacer sus consideraciones y
comentarios.
El procurador
General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias
señor diputado don Juan José Cruz Martínez:
Yo quisiera reproducir en este momento algunos de los comentarios que hace unos minutos
hice en relación con la diputada del Partido Verde Ecologista de México. Sin embargo, el
diputado Cruz Martínez, trae a la tribuna algunos puntos que me parecen también
extraordinariamente importantes, ojalá que haya captado la mayoría de ellos en su justa
dimensión, señor diputado.
La primera mención que hace el señor diputado, tiene que ver con la Ley Federal Contra
la Delincuencia Organizada, esta ley que en la legislatura pasada convocó a una muy
fuerte polémica y a un debate legislativo profundamente rico.
La ley finalmente se publicó y entró en vigor en noviembre pasado y en diciembre cuando
me correspondió hacerme cargo de la titularidad del Ministerio Público de la
Federación, lo primero que decidí es que la unidad encargada de operar la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada, pasara a depender directamente de la oficina del
Procurador General de la República. Son tan importantes, pero al mismo tiempo tan
delicadas en relación con la ciudadanía, con los gobernados, las disposiciones de esta
ley, que como prácticamente ninguna otra hay que trabajarla con extraordinaria prudencia
y serenidad.
A partir del mes de febrero la unidad de crimen organizado, para operar esta ley, quedó
constituida con su estructura aprobada y sus manuales y regulaciones internas y la hemos
venido utilizando de manera muy repetida, casi 15 investigaciones hasta el día de hoy han
sido precisamente desarrolladas por el método que la Ley Contra la Delincuencia
Organizada establece y por algunas de sus operaciones más específicas. Efectivamente,
hemos hecho ya uso de la facultad para solicitar al Poder Judicial Federal intervenciones
telefónicas, han sido muy pocas, hasta el día de hoy sólo en tres ocasiones; sólo en
dos investigaciones específicas hemos autorizado la participación de personal encubierto
o de acciones encubiertas.
La primera consignación que hicimos por crimen organizado, fue la que tuvo que ver
precisamente con el caso del general Gutiérrez Rebollo. Déjenme decirles que en un
principio sí me parecían algunas de las acciones o de los operativos o las facultades
establecidas en la ley, francamente exorbitantes; sin embargo pues habría que estar
sentado un rato en el escritorio del Procurador General de la República para darse cuenta
que necesitamos eso y mucho más para poder combatir a una delincuencia que está cada
día más organizada, que está cada día más tecnificada.
Los recursos científicos y técnicos con los que cuenta la Procuraduría no se parecen
siquiera a aquellos que tienen las bandas del crimen organizado y específicamente las del
narcotráfico y hay que luchar contra el narcotráfico y contra el crimen organizado de
manera muy enérgica, pero de acuerdo con la ley. Por eso es importante recapacitar en
varias de las funciones y facultades que ahí tienen no para disminuirlas, sino inclusive
para incrementarlas. De cualquier manera la vigencia que hasta ahora ha tenido la ley es
todavía muy reducida, creo que debíamos también ser pacientes para ver cómo se pueden
desplegar en toda su plenitud esas acciones, esas facultades establecidas en la ley, pero
me parece que son absolutamente fundamentales.
Que ha habido complicidad de elementos de la Procuraduría General de la República con
narcotraficantes, pues desde luego que sí, eso es lo que se anunció en el propio informe
del señor Presidente de la República y lo que traté de repetir en la intervención
original y esto nos preocupa muchísimo. Una de las prioridades que debiera tener o que
debe tener o que tiene la Procuraduría General de la República es cuidarnos la espalda,
estar, por lo menos, con garantías para que no se nos vaya a dar una puñalada por la
espalda. No podemos considerar que el enemigo está también adentro, aunque así esté
sucediendo en muy repetidas ocasiones. Por eso yo he hablado de la necesidad de limpiar la
casa.
No vamos a poder tener éxito contra la delincuencia si una parte de la delincuencia está
penetrando nuestras instituciones de procuración de justicia y el caso más claro, el
caso más doloroso, diría yo, ha sido el del general Gutiérrez Rebollo. Apenas se pudo
tener los elementos suficientes que acreditaran la probable responsabilidad del general
Gutiérrez Rebollo y de los elementos del tipo penal o de los tipos penales por lo cual lo
acusamos, lo llevamos a la cárcel federal de Almoloya. El señor Gutiérrez Rebollo, en
este momento está sujeto a dos procesos federales: uno por el delito de acopio de armas,
otro por el delito de cohecho, de crimen organizado y de fomento al tráfico de cocaína.
No podemos disimular, no podemos hacernos de la vista gorda con estos elementos de las
procuradurías que incurren en actos tan graves. Repito, la única forma de cerrar los
espacios a la impunidad hacia adentro de las corporaciones policiacas es presentando ante
un juez estos casos para que reciban las penas que las leyes establecen.
El caso de San Luis Río Colorado; el robo de los casi 500 kilos de una instalación de la
PGR, también fue algo extraordinariamente doloroso; doloroso para un servidor como
Procurador. Lo que hicimos fue hacer una investigación lo más enérgica, lo más rápida
que fue posible y en este momento 17 personas están siendo procesadas por este delito y
tenemos cinco ordenes de aprehensión en contra de particulares que fueron precisamente
los que en complicidad con agentes del Ministerio Público y con agentes de la policía,
los que sustrajeron de las instalaciones de la PGR, esta droga. Están los responsables
siendo procesados y estamos muy animados para el cumplimiento de las órdenes de
aprehensión que están pendientes.
Señor diputado, ¿que la ciudadanía está escéptica de los resultados de la
procuración de justicia y específicamente de los resultados de la Procuraduría General
de la República?, es absolutamente cierto. Yo he dicho que una de las expresiones más
claras de la crisis de procuración de justicia es la incredulidad social que se tiene
sobre nuestro trabajo, tenemos que volver a ganarnos la confianza de los gobernados;
tenemos que ganarnos la confianza de los justiciables y no lo vamos a hacer con discursos,
lo tenemos que hacer con hechos y con resultados.
Y desde luego, el que no se haya esclarecido a plenitud los homicidios de Luis Donaldo
Colosio, de José Francisco Ruiz Massieu y del cardenal Posadas, pesan extraordinariamente
en este sentimiento social y son para nosotros como he dicho, no sólo un tema de
responsabilidad jurídica, sino también de responsabilidad social y de responsabilidad
moral. Estamos trabajando para poder ofrecer esos resultados.
El escepticismo surge de tantas explicaciones tan diversas y que en tiempos distintos la
Procuraduría ha ofrecido a los ciudadanos y a los jueces, tiene que ver con los
descalabros judiciales indudablemente.
El Ministerio Público tiene una autonomía técnica señor diputado, prevista en el
artículo 102 apartado A de la Constitución y hemos venido ejerciendo distintas
administraciones de la PGR, esta autonomía en toda su plenitud. Yo no creo, con todo
respeto señor diputados, que el problema sea orgánicamente dónde se va a colocar el
trabajo de la procuración de justicia, sino que este trabajo sea un trabajo eficiente y
sea un trabajo honesto.
Y respecto de sus consideraciones sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo
cuando termino un trabajo lo termino y no es a mí en este caso a quien tocaría responder
el particular.
133, 134 y 135
Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Procurador.
Esta Presidencia pregunta al diputado Cruz Martínez, si desea ejercitar su derecho a ré-
plica.
El diputado Juan
José Cruz Martínez
(desde su curul): |
Sí.
Tiene la palabra, señor diputado.
| El diputado Juan
José Cruz Martínez: |
Con su permiso, señor Presidente:
La respuesta será breve señor Procurador, la respuesta que usted da a este pleno es
totalmente preocupante.
El Estado se encuentra, válgame la redundancia, en estado de indefensión ante el crimen
organizado.
Uno de los principales problemas de nuestro país, es la impunidad, es la corrupción. Es
por eso que los mexicanos hemos perdido la confianza en las instituciones de Gobierno y en
especial, a la que usted representa. Sus respuestas confirman esa desconfianza.
Esperamos que con hechos le cumpla al pueblo de México.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Cruz Martínez.
Ahora tiene la palabra la diputada María de la Soledad Baltazar Segura.
La diputada María de la Soledad Baltazar
Segura: |
Con el permiso de la Presidencia; ciudadano
Procurador General de la República; señoras y señores diputados:
Señor Procurador, hace unos momentos nos acaba usted de manifestar en una intervención
anterior, una alusión al artículo 19 constitucional, que como garantía de seguridad
jurídica, exige que para el ejercicio de la acción penal, se requiere la comprobación
de los elementos del tipo y la presunta responsabilidad del indiciado.
Pareciera que usted se duele de dicha disposición constitucional como si fuera un
obstáculo en la procuración de justicia y que en todo caso y así lo entendí entre
líneas, deseara que se modificara dicho precepto para otorgar más flexibilidad al
órgano acusador en el ejercicio de la acción penal.
Esta situación nos preocupa sobremanera porque en ningún momento y bajo ninguna
circunstancia, puede y debe tolerarse una regresión que ha costado muchos años alcanzar
su reconocimiento pleno y total como garantía constitucional.
Resultaría muy peligroso que mediante meros indicios o presunciones, se ejercitaran
acciones legales poniendo en serio riesgo los derechos más elementales en tal materia.
Paso a otro rubro.
El artículo 129 constitucional, ha quedado rezagado en relación a las funciones que
desempeñan las fuerzas armadas.
Resulta obvio que las tareas que han venido desempeñando las fuerzas armadas, superan en
mucho el marco constitucional.
La Constitución se refiere a la seguridad interior y exterior; nunca emplea el término
"seguridad nacional", toda vez que este último concepto, surge a partir de la
segunda mitad del presente siglo.
La seguridad nacional protege la soberanía, la independencia, la integridad territorial y
abarca la seguridad exterior e interior.
La seguridad exterior es una condición de potencia nacional y equilibrio internacional
que garantiza a cada país la integridad de su territorio y la ejecución de sus derechos
en planos de igualdad con la comunidad de la nación.
La seguridad interior abarca la tranquilidad y la paz pública. ¡No debe ser confundida
como la intervención de las fuerzas armadas en problemas policiacos!, ya que las
instituciones militares tienen objetivos, funciones y capacidades diferentes a las de la
policía.
Ante un creciente fenómeno de delincuencia organizada que ha desbordado los cuerpos de
seguridad pública, es cuando puede justificarse la intervención de las fuerzas armadas
porque se pone en peligro la soberanía nacional, la integridad del territorio, la forma
de Gobierno republicana, democrática y federal. Es decir, ¡cuando se atenta contra los
intereses de la nación!
A diferencia de los conceptos anteriores, la seguridad pública y la procuración de
justicia son conceptos civiles que tienen qué ver con la integridad de las personas, de
los bienes y derechos de los ciudadanos, con la prevención y represión de los delitos,
actuando dentro de un marco de respeto a los derechos humanos.
No debemos, pues, caer en la confusión de pensar que para combatir los delitos se
requiere militarizar a los cuerpos policiacos, para evitar caer en situaciones propias de
regímenes dictatoriales.
¡Es preciso señalar que el encargar a las fuerzas armadas la seguridad pública y la
procuración de justicia es totalmente contrario al desarrollo y a los intereses
estratégicos de los institutos armados de un país!
Constitucionalmente las fuerzas armadas tienen asignada la defensa interior y exterior del
Estado, por lo que se distinguen claramente de la procuración de justicia, que sólo
compete a las autoridades civiles.
El narcotráfico, todos sabemos, tiene complejas implicaciones y hondas repercusiones por
el tipo de delincuencia que posee, desde una sofisticada organización que trasciende
fronteras, hasta que dispone de gran poder económico, métodos y técnicas avanzadas para
la consecución de sus fines.
Por ser un fenómeno relativamente nuevo, considero que no fue previsto por el
Constituyente de 1917 como una amenaza a la seguridad interior.
Es innegable la contribución de las fuerzas armadas a través de tareas concretas
relacionadas con el combate al narcotráfico, como la destrucción de plantíos,
aseguramiento de armas, destrucción de drogas ilícitas, constituyéndose en auxiliar de
las autoridades compe- tentes. Cabe destacar también su muy valiosa intervención en
tareas de protección civil. Sólo en los casos en que se cometan delitos que pongan en
riesgo la seguridad interior o la se- guridad nacional referidos al narcotráfico y a
otros ilícitos de la delincuencia organizada, vinculados al mismo, podrán intervenir las
fuerzas armadas. ¡Sólo a solicitud y en auxilio de las autoridades civiles!
Para esto último, desde luego, se requiere llevar a cabo una reforma al artículo 129
constitucional para que en tiempos de paz el Ejército no únicamente se dedique a la
disciplina militar, sino a aquellas actividades que limitantemente tiendan a salvaguardar
la seguridad nacional y la seguridad interior nacional del país, así como el auxilio a
la población civil en casos de desastres naturales graves.
En el entendido de que en el combate al narcotráfico y en general el combate a la
delincuencia organizada, vinculada al mismo, son cuestiones que atañen únicamente a la
seguridad nacional e interior, pero las fuerzas armadas intervendrán sólo a petición
expresa en auxilio, se reitera nuevamente: en coordinación con las autoridades civiles
federales competentes.
Pero como no ha sido posible llevar a cabo la reforma aludida, no se justifica que las
fuerzas armadas suplanten en el ejercicio de sus atribuciones al Ministerio Público
Federal, porque se cae precisamente en la inconstitucionalidad.
¡Las fuerzas armadas han pasado de un auxiliar en términos legales, a un protagonista en
el combate al narcotráfico, con sustento jurídico cuestionable, olvidando que la Suprema
Corte de Justicia resolvió en su tesis jurisprudencial que las fuerzas armadas tienen un
papel exclusivo de auxiliares de las instituciones responsables en la procuración de
justicia!
Señor Procurador, me permito preguntarle: ¿por qué se sigue privilegiando dicha
militarización en lugar de fortalecer la presencia de civiles profesionales bien
capacitados, entrenados y altamente especializados?
Por sus consideraciones, muchas gracias.
Muchas gracias, diputada Baltazar Segura.
Ahora, tiene la palabra el Procurador General de la República, para hacer sus comentarios
y consideraciones. Adelante.
El procurador
General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias, señor Presidente:
Distinguida diputada Baltazar Segura: no quisiera yo que quedase en el ánimo o en la
impresión de los diputados la idea de que pudiera pretender el Procurador General de la
República que el proceso penal dejara de ser un proceso garantista, en el que los
derechos fundamentales del indiciado, del acusado, del presunto responsable o del
procesado, se garantizarán de manera efectiva. Nada más alejado de mis pretensiones.
Lo que yo he tratado de comunicar a ustedes es la necesidad de reflexionar juntos acerca
de los balances y los equilibrios que deben tener todos los actores y los protagonistas en
una causa penal. Sí garantizar los derechos del presunto responsable y del procesado,
pero también los de la víctima y también los de la sociedad, que exige que no exista
impunidad, que se cierren los espacios de la impunidad.
Cuando en 1993 se modificó el artículo 19 constitucional para eliminar el concepto de
"cuerpo del delito" y se estableció en lugar de esa expresión el de "los
elementos del tipo penal que se impute al detenido", eso junto con una
interpretación armónica de la fracción X del artículo 20 constitucional, lo que en los
hechos ha generado es que el Ministerio Público ya no sea solamente fiscal o una
instancia de acusación, sino de verdad que lo que tenga que desarrollar para acusar ante
un juez, sea un verdadero juicio y eso no creo que haya sido ni la intención del
Constituyente original de 1917 ni que se haya previsto así cuando en 1993 se hizo la
reforma. Pero en los hechos esto es lo que está sucediendo.
Tenemos en una consignación qué demostrarles a los señores jueces absolutamente todos
los elementos del tipo; objetivos, subjetivos, materiales y circunstanciales y para eso
existen plazos extraordinariamente cortos.
En realidad lo que está pasando con el proceso jurisdiccional es que más que enjuiciar
al presunto responsable se enjuicia la actividad del Ministerio Público y yo creo que
preservando totalmente los derechos fundamentales de los procesados, se pueden dar
alientos constitucionales y legislativos para este mejor balance del proceso. Esta es una
propuesta y la invitación es a que la reflexionemos juntos.
En cuanto se refiere a la participación de las fuerzas armadas, yo debo decir que lo que
yo he hecho como Procurador General de la República es invitar a algunos miembros del
Ejército, a algunos militares, a que me acompañen a algunas funciones muy significativas
de la Procuraduría General de la República. Pero para eso ellos han debido suspender su
carrera de armas y su relación jerárquica con el Secretario de la Defensa Nacional, para
estar a las órdenes del Procurador General de la República. Su actuación no se rige por
el fuero militar, se rige por las leyes civiles y bajo el mando de una autoridad civil,
como es el Procurador General de la República.
¿Por qué les pedí a ellos que me acompañaran a esto? Y debo decir que estoy muy
agradecido por el apoyo que he recibido.
Porque no encontré el personal civil que pudiera desplegar con esta honorabilidad y con
esta eficacia las tareas para las cuales invité a los señores militares, en el entendido
de que esta fue una invitación para un trabajo absolutamente temporal y la temporalidad
aquí estaría acotada en la capacidad de formación de nuevos agentes de la Policía
Judicial, de verdaderos investigadores del delito, de personas que puedan hacer
investigación científica de las ofensas criminales.
136, 137 y 138
Y déjenme contarles, distinguidos diputados, la capacidad
que tiene actualmente la Procuraduría General de la República para la formación de
nuevos agentes de policía es muy limitado, existe sólo la posibilidad de formar 409
nuevos agentes de policía en dos años.
Qué bueno que el curriculum de estudios para ser policía sea ahora de dos años, antes
se mandaban a la calle a los policías con dos meses, con cursos verdaderamente de
embarrada sobre técnicas y métodos de investigación policial; hoy son dos años, se
pueden formar mucho mejor, pero tenemos un grave déficit y ese déficit lo va a tratar de
enfrentar la Procuraduría General de la República con programas alternativos a los
tradicionales.
Fuera de lo que es el Instituto de Capacitación de la Policía Judicial, necesitamos
formar en un año y medio a 1 mil 800 nuevos agentes de la policía.
Cuando eso ocurra y esté probada su eficacia y su honorabilidad, desde luego que los
elementos militares que ahora me acompañan, regresarán y reanudarán su carrera de
armas.
De manera que éste es el entorno en que nos encontramos y creo que por lo que se refiere
al trabajo de la PGR y a la estrategia que un servidor ha utilizado, no tiene qué ver con
la interpretación constitucional 01 de 96 que expidió la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y que entiendo fue debatida por ustedes el día de ayer.
Muchas gracias
Muchas gracias, señor Procurador.
Esta Presidencia le pregunta a la diputada Baltazar Segura si desea ejercitar su derecho
de réplica. Adelante.
Tiene la palabra la diputada María de la Soledad Baltazar.
La diputada
María de la Soledad Baltazar
Segura: |
Señor Procurador, verdaderamente me tranquilizó, y
creo que a todos los que estamos aquí, su aclaración a lo que entre líneas habíamos
pretendido haber escuchado respecto a lo que comentábamos de la reforma constitucional al
artículo 19.
Qué bueno, su reflexión crea que la compartimos con mucha seriedad, es preocupación
nuestra lograr el equilibrio entre los derechos del inculpado, del procesado, incluso del
sentenciado y la protección de los derechos a la víctima. Sin embargo sus palabras nos
siguen inquietando porque frente a esta inquietud suya, en todo caso consideramos que
habría que llevar a la práctica la resolución y esperamos, señor Procurador, sabemos
de su capacidad jurídica, la iniciativa de ley desde su punto de vista para que nosotros
podamos compartir con usted esa responsabilidad en el análisis de lograr ese equilibrio
que a ambos nos preocupa.
También resulta preocupante la afirmación de que no haya encontrado dentro de la
sociedad civil las características que encuentra en los militares para no hacerlo
únicamente auxiliar o coadyuvante del Ministerio Público, sino que como lo dijimos con
anterioridad, se ha conver-tido en el suplantador de las funciones del Ministerio Público
en verdaderas ocasiones, en muchas ocasiones, que no tiene, no viene al caso analizar en
forma individual.
Creo que debemos tener presente que la formación en la disciplina militar encaja
precisamente en eso, en lo que es la disciplina militar, el Ejército y la milicia y que
la función civil de impartición de justicia hacia los civiles, debe tener las
características precisamente de los civiles. No le veo, señor Procurador, discúlpeme,
justificación alguna a que usted busque esas características civiles en un personaje
militar.
Su posición no solamente me aflige como madre de familia, me aflige como abogada, me
aflige como diputada, me aflige ver que este mundo que queremos mejorar para nuestros
hijos, les vayamos a dejar con estos pensamientos de no encontrar en una sociedad civil la
competencia necesaria para procurar la justicia en la sociedad civil y caigamos en la
militarización, en la que no queremos caer.
Muchas gracias, señor Procurador.
Muchas gracias, diputada Baltazar Segura.
Ahora tiene la palabra el diputado Bernardo Bátiz Vázquez, del Partido de la Revolución
Democrática.
| El diputado Bernardo Bátiz Vázquez: |
Señor Presidente; señoras y señores diputados;
señor Procurador General de la Repú- blica:
Es usted la segunda persona que se hace cargo de la Procuraduría General de Justicia de
la nación en el gobierno del doctor Zedillo, y es también el segundo procurador que no
ha militado en el Partido Revolucionario Institucional. Después de la fallida experiencia
con un procurador proveniente de las filas de Acción Nacional, se ha intentado, en el
caso de usted, experimentar con alguien que viene del mundo académico y también del
campo de la defensa de los derechos humanos.
Su paso por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos hace concebir la
esperanza de encontrar una mejor preparación para el cargo y una mayor sensibilidad para
afrontar los graves problemas de la procuración de justicia y de la vigencia plena de las
leyes en nuestro país.
Nos complace que a diferencia de la comparecencia de ayer, ésta no haya sido aderezada
con un público artificialmente acarreado, lo felicitamos por esto, señor Procurador.
Entrando al tema del análisis del informe, en el Capítulo Segundo denominado "Por
un estado de derecho y un país de leyes", se tocan los temas candentes de la
seguridad pública, la prevención del delito y la procuración y administración de
justicia. En él, con una franqueza de la que no encontramos parangón en el resto del
informe, el Presidente reconoce que la inseguridad pública y la falta de respeto al
estado de derecho, son el mayor obstáculo para el progreso y para una vida social
armónica y acepta que la magnitud del problema ha excedido a las acciones estatales.
Grave confesión.
La procuración y administración de justicia y la seguridad, son de entre las variadas
funciones del Estado, las que no pueden transferirse, básicas, imposibles de delegar,
imposibles de abandonar; la justicia es la función primordial del Estado, la que sustenta
y justifica su existencia.
Es por ello que pensamos que un gobierno, por exitoso o avanzado que se crea o se
considere a sí mismo en otros ámbitos, si no cumple con la función elemental de
impartir justicia, no se justifica a sí mismo, pierde legitimidad y abre las puertas
peligrosamente a la anarquía y a la confrontación.
El reconocimiento en palabras presidenciales de una situación de inseguridad, injusticia
y falta de certeza, es descubrir tardíamente algo que los mexicanos ya sabíamos y que
hemos padecido: que el Gobierno ha sido eficaz en el arte de conservarse en el poder y ya
ahora está demostrando que ni en eso es tan eficaz, pero ineficaz en otras áreas
fundamentales de su función.
Casi es ocioso hacer el diagnóstico. Para el pueblo de nuestro país era ya evidente que
no vivimos en un estado de derecho ni bajo el imperio de las leyes y que cada vez más
vivir en México se convierte en una experiencia muy cercana a la vida en la selva, en la
que prevalece el más fuerte, el más audaz, el mejor armado y en la que el común de los
mexicanos a lo más que pueden aspirar, según recetas reiteradamente expresadas por los
expertos en seguridad, es a no oponer resistencia, conformarse, aceptar su situación de
víctimas para evitar males mayores.
En el informe sobre el tema encontramos algunas cifras alarmantes que nos traducen a
lenguaje estadístico lo que ya sabemos por experiencias propias o de personas cercanas a
nosotros.
En el mismo informe encontramos también un rosario de buenos propósitos, de intenciones
de poner remedio y alguna breve crónica de esfuerzos aislados inconexos.
En el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, consideramos como
fundamentales, entre otros, los siguientes puntos encaminados a una buena administración
de justicia.
Primero pensamos, como ya lo dijo aquí la diputada Baltazar Segura, que no debe
continuarse la práctica de emplear al Ejército mexicano en tareas meramente policiacas o
de apoyo a la Procuraduría General de la República; el Ejército tiene sus funciones
específicas y como lo establece el artículo 129 constitucional, en tiempos de paz debe
permanecer en sus cuarteles.
Quienes tienen la obligación de afrontar a nivel federal y a nivel local la lucha contra
el crimen ocasional u organizado, local o transnacional, son el Ministerio Público y las
policías judiciales y es en esos campos en los que se requiere un gran esfuerzo de
reclutamiento cuidadoso y una preparación a fondo de sus integrantes.
Conocemos la resolución de la Suprema Corte de Justicia que ha interpretado la fracción
VI del artículo 89 constitucional: "diferimos de lo que se ha entendido por
seguridad interior y creemos que este término debiera referirse exclusivamente a los
casos en que se ponga en grave riesgo la integridad nacional y no rebajarlo a problemas de
carácter puramente policiaco".
Usted es abogado, formado en el estudio del derecho, un civil y no un militar, coincidirá
seguramente con nosotros en que aun interpretando la Constitución en el sentido que se ha
hecho, no es prudente olvidar lo que se ha dicho tantas veces: sacar a los militares de
los cuarteles es fácil, lo difícil es convencerlos de que regresen a ellos.
Otro tema que nos interesa es el caso de las personas apresadas por motivos políticos,
los presos políticos. Esta práctica debe desterrarse definitivamente de nuestro país.
En las cárceles de nombres peculiares como Pacho Viejo o Cerro Hueco y en otras a lo
largo y a lo ancho del país, se encuentran personas que habiendo o no cometido delitos,
son en realidad perseguidas por disentir de gobernadores locales o por poner en tela de
juicio y enfrentar el sistema injusto y antidemocrático que hemos padecido y que apenas
empieza a cambiar.
Pensamos que es inaceptable y creemos que usted estará de acuerdo con nosotros, en que la
administración de justicia, que tiene un rango demasiado alto e importante en la vida del
país, no debe ser usada irresponsablemente como un arma que se esgrima en contra de
enemigos o contrincantes políticos.
Otro tema que nos preocupa, es el relacionado con la integración de nuestro estado
nacional pluricultural y que se tenga, recomendamos, extremo cuidado de no cometer
injusticias en contra de los pueblos indios de nuestro país y respetar cabalmente sus
patrones culturales y sus formas de organización, sus reglas de derecho y evitar a toda
costa que por su desconocimiento del idioma y de las prácticas y formas procesales y por
su marginación, reciban un trato injusto e inhumano en los juicios y en las
averiguaciones previas.
A todos se nos debe respeto, a todos se nos deben guardar las garantías individuales,
pero especialmente y con mayor cuidado y escrupulosidad, a aquéllos a los que la nación
tiene una deuda que recibimos a beneficio de inventario en la testamentaria del
virreinato.
La justicia es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es indispensable
reconstruir los criterios de procuración y administración de justicia, de tal manera que
las diferencias económicas y culturales no se reflejen en la mayor o menor dureza en la
aplicación de las leyes. Se requiere que una vez por todas dejen de ser siempre los
perdedores los más pobres y los más débiles.
Se ha vuelto un lugar común decir y no deja esto de tener una carga de cinismo
colectivo...
Señor diputado, su tiempo se ha agotado; le ruego
concluir.
| El diputado
Bernardo Bátiz Vázquez: |
Concluyo, señor Presidente:
Se ha vuelto un lugar común decir y no deja esto, repito, de constituir una carga de
cinismo colectivo, que el derecho civil es para los ricos y el derecho penal para los
pobres, entre los que están los indios de México y otros muchos desposeídos. Debe
hacer, en nuestra opinión, la Procuraduría a su cargo, un esfuerzo especial para superar
en todos los niveles ese infame criterio.
139, 140 y 141
Esperamos su atenta respuesta, señor Procurador.
Muchas gracias, diputado Bátiz Vázquez.
Tiene la palabra para hacer sus comentarios y consideraciones el Procurador General de la
República.
El procurador
General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias,
señor diputado Bátiz, sobre todo por sus palabras iniciales.
Espero realmente que con hechos pueda ser digno de lo que usted dijo sobre mi persona.
Indudablemente el informe del señor Presidente de la República, en su apartado sobre
seguridad pública y procuración de justicia, es de una enorme gravedad. El señor
Presidente anota ahí que el tema del desapego al estado de derecho y de la inseguridad
pública, representan el principal obstáculo para el desarrollo material y para la vida
social armónica. Así de grave.
Yo creo que por tanto ustedes coincidirán en que es difícil encontrar dentro de la
agenda nacional, dentro de nuestro debate, un punto que resulte más importante.
En cuanto a lo que menciona el señor diputado Bátiz sobre la intervención de elementos
militares en la Procuraduría General de la República, sólo me permitiría insistir en
las condiciones en las cuales ellos me están ayudando y lo están haciendo con eficacia,
lo están haciendo con honorabilidad y lo están haciendo con respeto a los derechos
fundamentales.
La primera acción que desarrollé como Procurador General de la República fue un curso
de capacitación para todos los elementos de la Policía Judicial Federal, en el tema de
los derechos humanos, sobre todo un aspecto que desde hace muchos años me parece central:
que un encargado de hacer cumplir la ley sepa permanentemente dónde termina el uso
legítimo de la fuerza en un caso determinado y dónde se traspone esa frontera y esos
actos se convierten en transgresiones a los derechos humanos.
Pero después de ese curso que tuvo lugar en toda la República, la advertencia fue muy
clara: a aquel que se pase de esa raya no solamente le vamos a fincar responsabilidades
administrativas, sino también las responsabilidades penales correspondientes.
Hoy, la Dirección General de Derechos Humanos depende de la oficina del Procurador. Hoy
esa dirección general está desarrollando más de 20 investigaciones por denuncias de
violaciones a derechos humanos, cometidas por servidores públicos de la Procuraduría.
Espero poder dar mejores resultados.
Yo no he metido a nadie a la cárcel, para decirlo en términos técnicos, yo no he
propuesto el ejercicio de la acción penal respecto a ninguna persona por motivos
políticos. Yo entiendo la procuración de justicia como una función técnica, no como
una función política. He propuesto el ejercicio de la acción penal en aquellos casos en
donde se han reunido los elementos de tipo penal, por tanto establecidos en el Código
Penal y se ha acreditado la presunta responsabilidad del inculpado, exclusivamente.
Yo no conozco ni he hecho absolutamente ninguna consignación de presos políticos.
Debemos tener un extremo cuidado con los pueblos indígenas, indudablemente diputado
Bátiz, esto es algo que apasionadamente comparto con usted y en materia penal debe ser
especialmente escrupuloso, cuidadoso, con amplitud de criterios, para llevar a la
consideración del juez a un miembro de nuestras comunidades indígenas. De ahí el
impulso que hemos dado para que en las agencias del Ministerio Público existan
intérpretes y traductores.
¿Cómo pretender darle garantías en la averiguación previa a un presunto responsable,
si ni siquiera entiende de lo que está hablando el Ministerio Público? Es un tema
difícil, porque en el país no hay suficientes traductores e intér- pretes, pero estamos
trabajando con el Instituto Nacional Indigenista para poder resolver este conflicto de una
manera más rápida, más profunda y más eficiente.
Indudablemente, diputado Bátiz, también comparto apasionadamente con usted que en las
cárceles deben estar aquellos que pueden dañar a la sociedad, que pueden herirla, que
pue- den lesionarla, no los pobres y por eso hemos establecido un programa especial de la
Procuraduría General de la República para recorrer los reclusorios del país, poder
tener entrevistas directas con miembros de las comunidades indias de México y si es que
ha habido alguna equivocación por parte del Ministerio Público, solicitar el
sobreseimiento o incluso presentar conclusiones no acusatorias.
Este es un tema que recojo apasionadamente, diputado.
Muchas gracias, señor Procurador.
Esta Presidencia le pregunta al diputado Bernardo Bátiz si desea ejercitar su derecho de
réplica...
Tiene la palabra el diputado Bernardo Bátiz Vázquez.
| El diputado
Bernardo Bátiz Vázquez: |
Señor Presidente; señoras y señores diputados;
señor Procurador:
Estos minutos, este reloj, corren más rápido que otros, de otros lados. Quisiera
simplemente agregar a lo que ya se ha dicho aquí y a estos temas tan interesantes que se
han tratado, que entre las coincidencias que hemos tenido y entre algunos puntos de
divergencia, debe destacar la necesidad de la formación escrupulosa de los encargados de
procurar la justicia y que en esta formación, a la que ya el señor Procurador se ha
referido, las disciplinas, las materias que se estudian, sin lugar a dudas son todas
aquellas de contenido humanista y jurídico que forman a impartidores de justicia y que
tenemos que hacer necesariamente el contraste con la formación que reciben los militares,
es otra su formación, son otras las convicciones y los valores que defienden, la rigidez,
la obediencia estricta a las órdenes, el cumplimiento sin más de los mandatos de sus
superiores y necesariamente la presencia más allá de lo prudente de elementos militares,
es sumamente riesgosa, tanto para la impartición de justicia como para el riesgo de la
misma paz y tranquilidad de la nación.
Sabemos, todo mundo se queja de los operativos, de los retenes, de las molestias que
sufrimos los ciudadanos en los caminos, en las carreteras, a veces en las calles y ahí
creo yo que se deben buscar y se pueden encontrar mecanismos encaminados a suavizar, a ser
respetuosos, a ser plenamente cuidadosos del respeto a las garantías individuales y usar
solamente estos operativos y estos retenes cuando efectivamente, y lo está exigiendo la
sociedad, la presencia de delincuentes en la zona, la inseguridad, el riesgo de la vida y
del patrimonio de los ciudadanos lo requieran.
Tenemos una sensación en este país, señor Procurador, de que frecuentemente son más
peligrosos los encargados de impartir justicia que los delincuentes. Esa es una sensación
que está presente en la conciencia de muchos de los mexicanos.
Yo quisiera terminar esta intervención, recordando esa famosa novela de Chesterton,
"El Hombre que fue Jueves" y deseando que eso no se dé nunca en este país, en
la que la trama nos habla de un jefe de los anarquistas, perseguido por el gobierno
inglés, que resulta a la postre que es también el jefe de la policía. Era la
identificación de los bandidos y los policías. En la realidad nuestra, desgraciadamente
muchos comandantes, muchos agentes, muchos policías, han sido claramente identificados,
los prestadores del servicio de justicia, los servidores de la justicia, con los
delincuentes a los que deben perseguir.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Bernardo Bátiz Vázquez.
Ahora tiene la palabra el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, del Partido
Revolucionario Institucional.
El diputado
Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: |
A todos compañeras y compañeros diputados; señor
Procurador, a todos nos interesa vivir en la normalidad de la ley; para nosotros,
comprometidos en que la ley escrita rija sin distingos por igual, el proceso de
adecuación de la norma con la realidad, es una altísima prioridad. La ley por lo que
dice más allá de por quien la dice. La ley que buscando reflejo en el contenido del
derecho y éste por ende en el valor de la justicia, aliente, dibuje la frontera de la
libertad individual y la sume armónicamente en libertades individuales.
La ley que es en su estricta aplicación en todos los ámbitos, la única vía de
convivencia pacífica de todos los mexicanos.
Sabemos que hay un esfuerzo legislativo reciente, que ha buscado actualizar la ley
primaria y que construyó una nueva ley reglamen- taria, a fin de facilitar la acción de
los órganos de procuración de justicia. Sin embargo, entendemos que la práctica
cotidiana, nos puede aportar lecturas que tengan como resultado la necesidad de revisar
algunos de los cambios y, por qué no, listar nuevas necesidades en materia de reformas
normativas. Normas que tienen que ver con la tipificación de los desvíos en la
fabricación, distribución y comercialización de ciertos precursores químicos.
Normas que tienen que ver con el estatuto laboral específico de algunos servidores
públicos, sin menoscabo claro, de sus derechos laborales. Entre otras, por no mencionar
tiempos, plazos y contenidos de las averiguaciones previas, dejando siempre a salvo los
derechos concernientes a la persona humana.
La sociedad mexicana está especialmente alérgica con el tema de seguridad jurídica y
personal. Venimos de campañas políticas, en donde el reclamo fundamental fue el de la
seguridad. Todos, nos dijeron, los delitos son feos, pero llegamos a la evidente
conclusión, de que hay algunos más desagradables que otros.
Hay delitos que por su trascendencia social, por las huellas que dejan en la víctima, por
el detrimento en la economía y quebranto familiar y por la intranquilidad generalizada y
neurosis colectiva que provoca y de la que no somos ajenos, se han vuelto los delitos de
nuestro tiempo.
Los delitos de nuestro tiempo, los más crueles, los más repetitivos, con mayor índice.
Los delitos en los que seguramente tendrá que incidir con mayor cuidado en el ámbito de
su competencia el accionar de la Procuraduría a su cargo.
Pero cuando en estas conductas antisociales, se registra la participación de elementos de
las corporaciones policiacas o de servidores públicos, el agravio es doble y el
sentimiento de frustración se potencia al infinito; se ha desdibujado la frontera
delincuencia-policía, esto es gravísimo.
Reivindiquemos a los buenos policías, reivindiquémoslos en todos los sentidos, para que
su profesión honre a sus personas, a sus familias y a la sociedad.
Estamos de acuerdo con Verónica que dice: que hay que romper las cadenas corruptivas.
¡Rompamos las cadenas corruptivas!, es un mandato social, inaplazable.
Observamos que la complejidad de la materia que nos ocupa, ha roto nuestra capacidad de
asombro, lo mismo por el monto y excentricidad de las fortunas, gustos, hábitos y
costumbres de esos personajes llamados capos del narcotráfico, hasta el ridículo de
sustentar la profesionalización de las averiguaciones previas en el carmático talento de
"La Paca".
Sabemos que el rezago fundamental, radica en la falta de formación de agentes y
profesionales, sabemos que los buenos, que sí los hay, no se dan a basto con el trabajo
rutinario, urgen acciones que nos permitan remontar los tristes eventos.
El estruendo de las vendetas y ajusticiamientos, de los que la nota roja da cuenta se
registran casi a diario, en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez o Guadalajara, son
maestras de lo dicho.
Señor Procurador, nos une la idea de que la lucha contra el narcotráfico, tenga hoy la
más puntual de las relevancias, que en su desarrollo se tenga la más amplia de las
eficacias; pero eficacia nunca y en eso contamos con usted, significará que el éxito de
la empresa ponga en el más mínimo riesgo la soberanía nacional. Que las naciones más
interesadas tengan conciencia de las partes que les corresponden y que reconozcan la
dignidad de las tareas ajenas, que por ser sanas para su propio ser, la nación asume como
propias.
142, 143 y 144
Nos preocupa, señor Procurador, la falta de
reglamentación para regir el uso, administración y destino de los bienes asegurados,
agradeceríamos su comentario respecto de las acciones administrativas y porqué no
legales y hasta parlamentarias que prevean la disciplina y transparencia en el manejo de
los recursos a su tutela conferidos y despejen así y de una vez por todas, los
reprobables y poco claros manejos de un pasado reciente.
Estamos atentos de la estadística, averiguación previa, consignación, resolución del
órgano jurisdiccional. ¿Qué tanto la averiguación previa va sustentada, qué tanto no,
qué tantas fallas podrían ser imputadas a la falta de recursos humanos o materiales o de
capacitación o a la mala fe? ¿Qué pasa con las resoluciones del órgano jurisdiccional
y qué tanto influyen factores endógenos a la estricta aplicación de la ley? ¿Qué
podríamos hacer los integrantes de este órgano colegiado para romper este círculo que
se antoja vicioso?
Para quienes tuvimos el honor de coadyuvar en el proceso parlamentario para adicionar un
apartado B del artículo 102 constitucional y su posterior reglamentación en materia de
preservación y fomento de los derechos humanos, tenemos en la conciencia la importancia
del rubro. Creo que es perfectamente lícito, obligadamente lícito armonizar el combate a
la delincuencia con el respeto absoluto de los dere- chos humanos; sin embargo, y nos
preocupa, el sonado efecto, el sonado rezago en materia de frenar a los infractores hace
retroceder, en el ánimo de la opinión pública, el espíritu de la cultura de los
derechos humanos tan importantes en nuestros días. Esto es grave, trastoca
ontológicamente a nuestra sociedad, ésta nos demanda humanizar la procuración de la
justicia sobre todo en la atención a las víctimas; éste es un afán que debemos
compartir con su alta investidura.
Señor Procurador, finalmente quiero dejar constancia de un tema por demás sensible para
nosotros. ¿Qué podemos esperar de las investigaciones del asesinato de Luis Donaldo
Colosio? ¿A las cuántas líneas de investigación exploradas podríamos dilucidar un
nexo causal con un probable autor intelectual? Entenderá, señor Procurador, que somos
los primeros interesados en que se aclare tan doloroso y dramático suceso.
Por sus comentarios, señor Procurador, y su atención, muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Arroyo; ahora tiene la
palabra el Procurador General de la República para hacer sus comentarios y considera-
ciones.
El procurador
General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias, señor Presidente:
Muy importante también la participación del diputado Francisco Arroyo.
Durante la presentación original esta mañana, yo anunciaba la necesidad de prever, por
lo menos, tres dimensiones de un cambio profundo, no solamente de las procuradurías de
justicia, sino en general del sistema de justicia en el país. Una primera dimensión es
la renovación de los recursos humanos, de los cuales ustedes, señores diputados, han
tenido reiteradas intervenciones en esta tribuna, resaltando la preocupación por la
complicidad del policía en la Comisión de Delitos, por su ineficacia, por su
transgresión a derechos fundamentales. Esto es una primera parte.
Una segunda parte es la reorganización interna, yo digo de las procuradurías, pero me
toca hablar ahora por la Procuraduría General de la República y mencionaba en mi
intervención que el 65% de todo el esfuerzo institucional es para encarar los delitos
contra la salud, es decir, es lo que tiene que ver con el narcotráfico. Pero hay por lo
menos otras 1 mil conductas ilícitas, de las cuales se debe ocupar la Procuraduría, a la
cual le damos sólo un esfuerzo residual del 35%.
Y como decía el diputado Francisco Arroyo, todos los delitos son feos y ciertamente hay
algunos más feos que otros. Pero el justiciable, cuando llega ante la agencia del
Ministerio Público, a él no le importa que podamos detener a los Arellano o que podamos
erradicar totalmente las células de Amado Carrillo, no, le importa la denuncia que la
mejor es chiquitita sobre su caso y las procuradurías y la Procuraduría General de la
República, tiene que estar en capacidad para diligenciar esa denuncia con sentido de
oportunidad, con sentido de respeto y realmente hacer que en ese caso específico por
menos feo que sea, por más pequeño que parezca, se pueda hacer justicia. De ahí la
necesidad de buscar realmente reorganizaciones internas a las estructuras de procuración
de justicia.
Mencionó usted algún tema, señor diputado, que yo espero que pueda presentarse a la
consideración de los señores diputados si es posible en este mismo periodo de sesiones
ordinarias. Nosotros hemos terminado un estudio que elevamos a la consideración del
Presidente de la República, sobre la necesidad de legislar en materia del desvío de
precursores químicos y de químicos esenciales, que son precisamente los que se utilizan,
señores diputados, para la fabricación de drogas sintéticas.
Y una de las cuestiones que más nos preocupa en materia de lucha contra el narcotráfico
ahora, es precisamente la producción de este tipo de drogas derivadas de la efedrina,
fundamentalmente metanfetamina, sólo por el número de laboratorios que hemos encontrado
en México y ustedes saben que ahora la droga que más se está utilizando en los Estados
Unidos es precisamente la metanfetamina y desafortunadamente esta droga se utiliza no
sólo en los Estados Unidos, sino están empezando a utilizarla los jóvenes mexicanos.
Hay que tener magníficos resultados en este combate y para eso necesitamos una
legislación que nos permita controlar el desvío de estos precursores.
Desde luego que hay buenos policías, no todos son malos; hay buenos policías con los que
además se puede sostener un diálogo francamente de fondo y muy fructífero.
Una de mis primeras acciones también como Procurador, fue ir a visitar a la Policía
Judicial Federal a su sede ahí en las calles de Jaime Nunó. Alguno de los policías dijo
que no tenían memoria de que un Procurador de manera intempestiva se hubiese presentado
delante de ellos para discutir abiertamente los problemas y uno de los problemas que me
planteaban cuando yo les hablaba del tema de los derechos humanos, era que no se les da el
avituallamiento y los elementos necesarios para cumplir adecuadamente con sus funciones y
me contaba alguno de ellos: "en ocasiones me piden que vaya a cumplir una orden de
aprehensión, pero para cumplir esa orden de aprehensión no me dan vehículo, no me dan
arma de cargo, no me dan viáticos, pero eso sí me exigen que me traiga la paloma a la
mayor brevedad. ¿Cómo quiere usted, señor Procurado, que le hagamos?"
Por eso los recursos que este año recibió la Procuraduría General de la República a
partir del Consejo Nacional de Seguridad Pública, fueron utilizados precisamente para el
equipamiento, el avituallamiento de nuestra Policía Judicial Federal y todavía es mucho
lo que nos falta.
En materia de bienes asegurados, ustedes saben que existe una reglamentación en materia
de bienes asegurados, que establece la exis-tencia de un consejo técnico para la
administración y control de los bienes asegurados. A mí me tocó en el mes de enero de
este año, instalar ese consejo técnico; ya no es por tanto atribución del Procurador
General de la República, nunca más lo será, el determinar cuál es el destino de los
bienes asegurados. Es este consejo, en donde existen representantes de la Secretaría de
Hacienda, de la Secretaría de la Contraloría, de la Secretaría de la Defensa, de la
Secretaría de Marina y desde luego de la Procuraduría General de la República, quien
determina el destino de esos bienes.
Y déjenme decirles que sólo en este año, en estos poco más de ocho meses se han
logrado asegurar más de 1 mil 136 bienes cuyo valor es de cerca de 1 mil 200 millones de
pesos. Es algo muy importante y que debe ser utilizado con mucho juicio y con profundo
tino. Siempre he dicho que es perfectamente posible tener una vigorosa acción de
procuración de justicia y de persecución de los delitos, con el respeto de los derechos
humanos. Este es un principio en el cual no puedo creer ahora sólo a nivel académico o
dogmático, sino que tengo que aterrizarlo en la vida cotidiana, en los hechos de todos
los días de la Procuraduría General de la República.
Así creo y creo que ser respetuoso de los derechos humanos, en nada debilita ni la figura
del Procurador ni la función de procurar justicia.
Y respecto del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio, más allá de lo que yo les
pueda explicar, señoras y señores diputados, les pido que vayan a la Procuraduría, que
atiendan la invitación del señor subprocurador especial del caso Colosio, para que
puedan evaluar, constatar y pulsar los resultados que hasta ahora tenemos y todo lo que
nos falta por hacer. Lo estamos haciendo de una manera científica y técnica, no estamos
partiendo de conclusiones para después buscar las pruebas que las puedan soportar;
estamos evaluando pruebas y evidencias; a partir de ello llegamos a conclusiones y esas
conclusiones las hemos convidado a los señores diputados y senadores y a la opinión
pública.
Espero que más allá de lo que yo les pueda decir, vayan y constaten estas palabras.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Procurador.
Esta Presidencia le pregunta al diputado Arroyo si desea ejercitar su derecho de réplica.
El diputado
Francisco Agustín Arroyo
Vieyra (desde su curul): |
Sí, señor Presidente.
Adelante, por favor, diputado Arroyo.
El diputado
Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: |
Le aprecio mucho, señor Presidente:
Señor Procurador: creo que tenemos que reivindicar el concepto de la buena fe, como
único espíritu que anime la operación, los mecanismos de transformación y reitero el
espíritu original de la institución del Ministerio Público. En eso estaremos todos de
acuerdo.
a) Tenemos que observar con toda atención nuestra incorporación a la convocatoria aquí
planteada con anterioridad en materia de mo-dernización de los organismos de procuración
de justicia.
b) Seremos muy cuidadosos, con una curiosidad técnica y ¿por qué no científica?, de
conocer, de escudriñar las características de éste que a mi manera de ver es un
novedoso centro de control y confianza y
c) Reconocemos el esfuerzo hecho para destituir con éxito a 270 servidores públicos y
para procesar a 172. En el aire nos quedaría la duda que seguramente en alguna
intervención posterior usted saldará con nosotros respecto al destino de los otros
agentes policiales que fueron dados de baja y por oscuros caminos del destino han
regresado a la calle en calidad de agentes de la justicia.
Seremos también solidarios y éste es un compromiso que tendremos que asumir los
integrantes de todos los grupos parlamentarios, respecto al rubro presupuestal. Vivir en
un estado de derecho, cuesta, cuesta mucho. Eso es fundamental.
Finalmente, señor Procurador, hago eco de dos peticiones de compañeros de la bancada.
Primero, de los compañeros de Guerrero, que hacen votos porque pronto tengan noticias del
éxito de las gestiones en el proceso de extradición que se le sigue a Mario Ruiz
Massieu.
Y de los compañeros de Jalisco, para que ojalá usted pondere y el Ministerio Público y
la fiscalía encargada del caso, la posibilidad de es- cuchar las más amplias opiniones,
los testimonios, los documentales y todos aquellos elementos que la sociedad jalisciense
está ávida de aportar en relación al homicidio del cardenal Posadas Ocampo.
Le aprecio mucho su gentileza y su atención.
Muchas gracias, diputado Arroyo Vieyra.
RECESO
| El Presidente (a
las 12:35 horas): |
De acuerdo con el formato establecido para estas
comparecencias y después de esta primera ronda de intervenciones, se declara un receso de
15 minutos.
(Receso.)
(A las 12:57horas) Se reanuda la sesión.
145, 146 y 147
SEGUNDO
TURNO DE ANALISIS
Se invita a todos compañeras y compañeros
diputados, que pasen a tomar asiento a sus curules.
Para la segunda ronda de intervenciones, por 10 minutos, con derecho a réplica por cinco
minutos adicionales, se han inscrito los siguientes diputados:
En el lugar correspondiente al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, la diputada Carolina O'Farrill Tapia; el diputado Ricardo Cantú Garza, del
Partido del Trabajo; el diputado Juan Marcos Gutiérrez González, del Partido Acción
Nacional; la diputada María de la Luz Núñez Ramos, del Partido de la Revolución
Democrática, y el diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño, del Partido Revolucionario
Institucional.
En primer término, para esta segunda ronda, inicia y tiene la palabra la diputada
Carolina O'Farrill Tapia, en el lugar correspondiente al grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México.
| La diputada Carolina O,Farrill Tapia: |
Con su venia, señor Presidente:
El tema más reiterado por la ciudadanía en nuestras campañas de todos los que estamos
aquí ha sido el de la seguridad pública, la que debemos entender en su planteamiento
integral como lo establecen las normas internacionales: la seguridad pública comprende la
prevención delictiva, la procuración de justicia que el día de hoy nos ocupa, la
impartición de la justicia y la readaptación social. Por ello, su presencia del tema en
la glosa del tercer informe es fundamental.
Señor Procurador:
Yo le haré a usted varios planteamientos en lo que se refiere a la persecución
delictiva, a las víctimas del delito y de abuso de poder y sobre todo, señor, a la
atención que de los casos que a continuación le plantearé se ha dado:
El plan nacional de desarrollo, en sus páginas 30 y 31, habla que la consolidación de un
sistema de impartición y procuración de justicia que garantice plenamente la seguridad
de los particulares y el respeto a sus derechos fundamentales...
Diputada O'Farrill, permítame un segundo.
Yo solicitaría a los señores diputados que en este momento no están en sus curules, que
pasen a tomar asiento en ellas. La importancia de esta comparecencia, la participación de
los grupos parlamentarios en tribuna, las disposiciones de nuestro reglamento y la más
elemental cortesía, motivan a esta Presidencia para rogarles concedan su atención a los
oradores.
Muchas gracias.
Le ruego, diputada O'Farrill, continuar con su intervención.
| La diputada
Carolina O,Farrill Tapia: |
Muchas gracias, señor Presidente:
La consolidación del sistema de impartición y procuración de justicia exige programas y
mecanismos de control para los agentes del Ministerio Público y para la Policía
Judicial, para que actúen en términos que fija la ley.
Es importante también establecer que dentro del propio plan se buscó la necesidad de que
las víctimas de los delitos estuvieran presentes. Durante muchísimos años el sistema
penal mexicano no contempló a las víctimas, solamente al delincuente.
Por eso para muchos que participamos en organizaciones de la sociedad civil, fue una gran
expectativa la presencia del hoy procurador Jorge Madrazo en la Procuraduría, al ver que
él venía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, nos ha desilusionado
completamente el hecho de que ya se le olvidó lo que significan las víctimas de los
delitos.
Esperábamos, desde luego, y ésta es una propuesta que queremos hacer en esta altísima
tribuna, la creación de una subprocuraduría de atención a víctimas. Porque tener una
subprocuraduría de atención a víctimas dentro de la Procuraduría General de la
República dará una claridad a la gran cantidad de abusos de poder que han tenido
policías judiciales y los mismos ministerios públicos federales en referencia a las
personas, a los civiles.
¿Por qué una subprocuraduría de atención a víctimas? Porque ahora tenemos ya muy
claro todos los días una gran cantidad de programas de televisión, programas que
aparentemente son considerados como nota roja, en donde el ciudadano ve todos los días la
impunidad, la mala atención que se da de los integrantes no solamente de la Procuraduría
General de la República, sino de todas las procuradurías de justicia en cada uno de los
estados.
El abuso de poder es muy claro cuando hablamos de víctimas. Y quiero referir a Newman en
su definición. "El ser humano que padece daños en los bienes jurídicamente
protegidos, como son: su vida, la salud, la propiedad, su honor, la honestidad, por este
simple hecho e incluso por accidentes debidos a factores humanos, mecánicos o naturales,
como ocurre inclusive en accidentes de trabajo, es una víctima. Por lo tanto, la sociedad
vive y sufre la impunidad constantemente".
Por eso, señor, nos sentimos muy halagados que esté usted presente, pero no solamente
para darle loas, sino para exigirle el cumplimiento que la Ley Orgánica le establece a
usted para atender toda la problemática que se refiere no solamente a la procuración de
justicia, sino a la atención de las víctimas del delito.
Porque ¿cuál es el hecho que estamos viendo constantemente? Que los encargados de
procuración de justicia son los que están doblevictimizando a los ciudadanos. Al acudir
a hacer su denuncia en contra de algún operativo hecho por su dependencia, los
ministerios públicos amenazan a los ciudadanos para que no la presenten, sobre todo
cuando se trata de víctimas de narcotráfico.
¿Y cuál es la realidad que vivimos? Tenemos llenos los Cereso de hombres y mujeres, en
su gran mayoría jóvenes, que siendo adictos se les ha juzgado como narcotraficantes y
los capos, señor, verdaderamente siguen felices en las calles haciendo nuevas clientelas
en escuelas y universidades, nuevas víctimas.
La labor de persecución debe ser más intensa, pero también ello debe hacerse en respeto
de los derechos humanos que tienen las víctimas del delito y del abuso del poder de los
funcionarios.
En lo que se refiere a la prevención del delito ¿no sería importante también, señor,
hablar de la prevención de las víctimas? Siempre y estos últimos años, hemos estado
observando que todos los programas de prevención del delito le dan la culpa a la víctima
de que ella es la que actúa para ser víctima; esto no es cierto, señor. La obligación
de la seguridad en el país le corresponde al Estado. Las organizaciones de la sociedad
civil podrán participar como coadyuvantes, pero el artículo 20 de la Constitución
establece muy claramente cuáles son las funciones y obligaciones y los derechos que tiene
la víctima en esta referencia.
Incluir también dentro de los programas de capacitación policial y de ministerios
públicos los conocimientos de derechos humanos, pero de verdad, señor, ¡lo que tienen
los contenidos son ridículos! Y perdóneme usted, usted era presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y esperábamos una actitud mucho más intensa de usted dentro
de la Procuraduría para atender esta problemática.
Los poquísimos derechos que tienen las víctimas consignadas tampoco los conocen ni los
ministerios públicos ni los agentes de la Policía Judicial. ¿Por qué requerimos que
esto se haga? Porque no puede ser doble victimizado por los órganos de procuración de
justicia el ciudadano. Además no es lo mismo, señor, en esta dirección que tiene usted
ahí, de atención a la ciudadanía, de servicios a la comunidad y de prevención del
delito, lo que correspondería a una dirección y una subprocuraduría de atención a
víctimas de delito, donde se establecieran los criterios para brindar apoyo jurídico,
sicológico y social a las víctimas, promover, apoyar y difundir acciones para el auxilio
y tratamiento de personas con problemas de farmacodependencia y alcoholismo, coadyuvar en
la localización de personas extraviadas y ausentes y al mismo tiempo, sobre todo de
personas extraviadas y ausentes, que frecuentemente los policías judiciales a la
persecución del delito se las llevan para que suelten información que muchas veces
después solamente les piden una disculpa; esto no es posible.
Además de la reparación del daño que corresponde a la víctima, debemos hacer una labor
más intensa de vigilancia y atención para que podamos también tener policías
judiciales para atender a las víctimas.
Por el momento le agradecería me contestara estos planteamientos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada Carolina O'Farrill Tapia.
Tiene la palabra el Procurador General de la República para hacer sus comentarios y
consideraciones.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias, señor Presidente:
Creo que la diputada Carolina O'Farrill tiene absolutamente toda la razón en demandar de
la Procuraduría General de la República y del Procurador General, mucha mayor atención,
mucha mayor energía en el cuidado y atención a las víctimas de los delitos.
Lamento que mi intervención haya desilusionado a la diputada, pero desde luego que la
necesidad de fortalecer la atención a víctimas del delito está dentro de nuestras
prioridades. Yo, a diferencia de la diputada O' Farrill, no encuentro un mandato en la ley
o en los reglamentos correspondientes a la Procuraduría General de la República, de
crear una subprocuraduría de atención a víctimas, creo que este problema no se resuelve
abriendo más procuradurías, ya hay en este momento cinco y a partir del 1o. de enero
próximo, cuando entren en vigor las reformas reglamentarias que prevén la existencia de
subprocuradurías de procedimientos penales, tendremos seis.
Pero el hecho de no abrir una subprocuraduría no quiere decir que no debamos redoblar y
enfatizar nuestros esfuerzos en materia de protección a las víctimas y creo que la parte
más importante de protección a las víctimas, ya establecido en la Constitución, no ha
tenido el desarrollo legislativo que la propia norma fundamental establece. Y me refiero
al cuarto párrafo del artículo 21 constitucional, no hace mu- cho reformado, que
establece que las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y
desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los
términos que establezca la ley.
Esto es algo en que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo estamos en deuda con las
víctimas de los delitos.
Yo pienso que ésta es la principal protección que se les debe de brindar.
Hay muchos asuntos en donde la averiguación previa no llega a convertirse en una
consignación; es decir, que aquellas personas que se han dolido de la comisión de un
delito, su caso no llega a ser presentado ante un juez y esto obedece a muchos factores:
uno de ellos puede ser un trabajo deficiente del Ministerio Público, pero desde luego no
es la única razón.
La reflexión que quiero hacer con ustedes, señoras y señores diputados, es buscar que
esta disposición constitucional pueda aterrizar en la legislación secundaria que aquí
se prevé, en una revisión armónica del sistema de enjuiciamiento penal en donde, desde
luego y así lo dije en mi intervención, deben ser mucho más balanceados los derechos de
las víctimas en las causas penales, en los procesos penales y en los procedimientos de
averiguación previa. De manera que yo creo que tiene toda la razón en reclamarlo,
diputada.
Hemos indudablemente tratado de atacar el fenómeno del narcotráfico en muchas zonas,
pero especialmente ahí donde más les duele a las familias mexicanas y me refiero a la
distribución de drogas fuera de las escuelas de las principales ciudades de este país.
Desde el pasado ciclo lectivo, la fiscalía especializada para la atención de delitos
contra la salud empezó a desplegar ese trabajo; durante el actual ciclo lo haremos con
más insistencia. Debemos prevenir el delito contra la salud tratando de hacer conciencia
en las familias, con los niños y con los jóvenes, de lo que significa la
farmacodependencia, de lo que significa la esclavitud a las drogas, de lo que significa
comprometerse con los envenenadores de la niñez y de la juventud.
Espero que podamos brindar mejores resultados. No crean en mis palabras, les pido que
analicen los hechos.
148, 149 y 150
Indudablemente que la capacitación de los cuerpos de
policía tiene que ser cada día mejor. Yo me siento muy alentado por el hecho de que
desde la administración anterior de la Procuraduría, se haya establecido un curriculum
de dos años para que se pueda, efectivamente, capacitar a quienes aspiran a ser policías
judiciales. Creo que esto es básico en este esfuerzo y en esta preocupación de
redignificar a las policías mexicanas, y créame diputada O'Farrill que el tema de
derechos humanos se desarrolla ampliamente en este curriculum.
Pero además, es necesario que la cultura de derechos humanos penetre mas no sólo en las
corporaciones policiacas, de verdad que estamos muy lejos de que la penetración de la
cultura de los derechos humanos llegue a los núcleos básicos de la sociedad y que sea la
sociedad todavía más insistente y más enérgica la que demande el cumplimiento de estos
derechos. Ojalá que nos podamos unir de verás en esta cruzada.
Y quiero recordar, que el año pasado y antepasado se dieron reformas importantes en
materia de responsabilidad directa del Estado cuando hay delitos intencionales cometidos
por servidores públicos. Yo en la Procuraduría General de la República ya lo he
empezado a aplicar, ojalá que esta órbita federal pueda desparramarse también hacia las
entidades federativas, porque no son solamente los policías judiciales federales quienes
cometen transgresión a los derechos fundamentales.
Muchas gracias, señor Procurador.
Esta Presidencia le pregunta a la diputada Carolina O'Farrill, si desea ejercitar su
derecho a réplica. Adelante. Tiene la palabra la diputada Carolina O'Farrill.
| La diputada
Carolina O'Farrill Tapia: |
Lamentablemente tenemos que reportar que en nuestro
país, cada día se ahonda la violencia en contra de mujeres y niñas, también que los
organismos defensores de los derechos humanos han tenido que recurrir con mayor frecuencia
a instancias internacionales para ser escuchados y, en casos extremos, ha sido necesario
utilizar la presión pública.
La impunidad con la que actúan los agentes judiciales, los policías preventivos,
ministerios públicos, procuradores y subprocuradores de justicia y elementos del
Ejército Federal mexicano que secuestran, torturan y violan, han sido ampliamente
documentados ante la Procuraduría General de la República, de Justicia, y sólo
aquéllos donde la sociedad civil ha presionado a través de su manifestación, han podido
traspasar los escritorios de las agencias ministeriales.
Durante muchísimos años, nunca tuvimos una subprocuraduría de víctimas en el Distrito
Federal. ¡Ya la tenemos! Cómo me apena, señor Procurador, que dentro de las
modificaciones usted, quizá, esté en desacuerdo en que se cree una procuraduría, me
gustaría que platicáramos un grupo de personas con usted.
Y quisiera dar una lista que sería interminable, de una serie de denuncias que han sido
manifestadas a usted y por la cual varias diputadas federales de diferentes organizaciones
de la sociedad civil solicitan una entrevista para hacer posible la revisión de todos
estos casos.
Primero, el caso de las tres indígenas tzeltzales violadas en un retén militar en
Altamirano Chiapas y que fue turnado por la Procuraduría General de la República a los
tribunales militares del Ejército Mexicano violentando los códigos respectivos que
señalan que cuando se trate de víctimas civiles, es la justicia civil donde se tendrá
que ventilar el caso.
Segundo, los casos de violaciones en el Estado de Guerrero, donde se han visto
involucrados elementos del Ejército Federal mexicano.
Tercero, si ya 87 mujeres jóvenes trabajadoras de la maquila en Ciudad Juárez, no dan el
sus- tento suficiente para crear una subprocuraduría, no entiendo qué podría hacerlo;
que han sido salvajemente violadas y asesinadas y en donde las autoridades se han visto
incapaces de detener esta ola de asesinatos, hay que señalar que para el caso del
narcotráfico, se formó una agencia especializada para este delito y en el caso de las
jóvenes de Ciudad Juárez, ni siquiera ha habido un pronunciamiento de parte de las
autoridades federales ni tampoco de las locales.
Las niñas y los niños de la calle, agredidos sexualmente por policías públicos,
tampoco tendrían ninguna razón.
La violación y secuestro que cometió el agente judicial, Juventino Carrillo Candelaria,
en contra de una joven y quien pretende evitar la justicia valiéndose de la complicidad
de su defensora, Leticia Delia Peralta, ex juez decimoquinto de lo penal del Reclusorio
Norte y que a través de pruebas falsas busca la liberación del violador, tampoco podría
ser un caso.
Señores, no es solamente importante perseguir al narcotraficante, es fundamental que el
propio narcotraficante vive de las víctimas del delito, es fundamental que la
Procuraduría cumpla con todos estos planteamientos que hace de vigilancia, de
persecución delictiva, con los derechos que tienen las víctimas en cada uno de los
casos.
Esa es la fundamentación, señor Procurador, y no me ha desilusionado su intervención
aquí, me ha desilusionado su intervención en la Procuraduría General de la República,
esperaba yo mucho más de usted.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada O'Farrill Tapia.
Ahora tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo.
| El diputado Ricardo Cantú Garza: |
Compañeras y compañeros diputados; ciudadano
Procurador General de la República:
Hablar de la procuración de justicia en las condiciones de inseguridad en que viven los
mexicanos, debido al creciente índice de delincuencia, es un reto de gran
responsabilidad, ya que es la exigencia de justicia y seguridad el clamor generalizado de
la sociedad.
La prepotencia y el abuso policiaco es insultante, porque no hay mayor agravio que cuando
éste proviene de la autoridad encargada de proteger al ciudadano.
Ante esta grave problemática, necesitamos romper inercias, actuar con decisión, usar
toda nuestra imaginación y creatividad, romper paradigmas, para que de manera eficiente
podamos revertir la tendencia desastrosa que cada vez hace más inseguras nuestras vidas.
El Partido del Trabajo propone que hagamos de la Procuraduría General de la República
una institución fuerte, independiente, con autonomía y capacidad de actuar contra
cualquier delincuente. Debemos dejar para la historia al procurador empleado del
Presidente, que lo quita y lo pone cuando así lo desea. El procurador designado por el
titular del Poder Ejecutivo, tiene la limitación de que no puede actuar contra éste, sus
familiares y allegados, lo cesarían de su cargo. Por eso las investigaciones de los
asesinatos políticos carecen de credibilidad ante el pueblo de México. Necesitamos una
Procuraduría General de la República con suficiente autoridad moral e independencia del
Ejecutivo, cuyo titular sea nombrado por esta soberanía, mediante mayoría calificada y a
propuesta de la ciudadanía, previa convocatoria pública.
Necesitamos también y aprovechando la experiencia del Poder Judicial, del Consejo de la
Judicatura, crear para la Procuraduría un consejo ministerial que realice funciones de
vigilancia y administración, con participación ciudadana y sentando las bases para la
carrera ministerial y policial.
Ante el reclamo popular, no podemos quedarnos con los brazos cruzados; ante el gran reto
que significa la seguridad y la procuración de justicia, necesitamos propuestas y
reformas de fondo.
Señor Procurador, nos gustaría que usted, además de todo lo que está haciendo,
canalice parte de su tiempo y recursos en proponer una transformación profunda de la
dependencia a su cargo, aunque le pudiera costar su puesto. Esto lo digo porque en Nuevo
León, Estado del que soy originario, recientemente tuvimos un procurador que impulsó una
iniciativa con características parecidas a las que nuestro partido hoy plantee y fue
removido de su cargo. Desgraciadamente sigue congelada en el Congreso del Estado esta
iniciativa, pero confiamos en que algún día sea aprobada, porque la rueda de la historia
inexorablemente sigue su curso y, hoy, en esta Cámara de Diputados soplan vientos de
cambio y renovación, de compromiso con la solución a las grandes demandas de la
población y los esfuerzos que se hagan para modernizar las instituciones, encontrarán
eco en este recinto y estamos seguros que los diputados pondremos lo mejor de nosotros
mismos para cumplir con nuestro compromiso histórico.
Señor Procurador, usted no respondió a nuestra pregunta sobre la necesidad de construir
una Procuraduría autónoma e independiente del titular del Ejecutivo. Le solicitamos su
opinión.
En relación con el aspecto que se encuentra íntimamente vinculado con el narcotráfico,
nos interesa al grupo parlamentario del Partido del Trabajo, saber qué medidas efectivas
ha tomado la Procuraduría, para la investigación y combate del delito de operaciones con
recursos de procedencia ilícita, ya que esas operaciones se realizan con recursos
provenientes del narcotráfico, máxime que es en las instituciones integrantes del
sistema financiero mexicano en donde se lava el dinero.
Sin embargo, estas instituciones financieras se encuentran cubiertas en cuanto a las
investigaciones que pudiera realizar la Procuraduría, por el incorrecto otorgamiento a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la facultad de denuncia como requisito de
procedibilidad, prevista en el párrafo cuarto del artículo 400-bis del Código Penal
Federal. Con esta situación, consideramos que se vulnera el monopolio de investigación y
persecución de los delitos que al Ministerio Público Federal otorga el artículo 21 de
la Constitución General de la República.
Finalmente, señor Procurador, queremos señalarle nuestra preocupación de que en el
Estado de Sinaloa la procuración de justicia ha fallado, ante la desaparición de tres
jóvenes universitarios en manos de la policía municipal, y a pesar de que las evidencias
son claras en cuanto a los responsables de este acto, no se ha hecho justicia, debido a
que el aparato de procuración de ésta, ha estado permanentemente obstaculizando la labor
del fiscal especial. Para este caso le solicitamos su intervención.
Gracias.
Muchas gracias, diputado Cantú Garza.
Tiene la palabra el Procurador General de la República.
El procurador
General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar |
Gracias, señor Presidente; señores diputados:
Yo coincido con el diputado Ricardo Cantú Garza, en que estamos en un momento en que es
posible romper inercias y romper paradigmas. Yo creo que así es como podremos avanzar en
materia de procuración de justicia y de seguridad pública, palpando lo que sucede en la
vida cotidiana, en la realidad de todos los días y teniendo presente la defensa de los
derechos fundamentales.
Déjenme decirles que en materia de depuración de las corporaciones policiacas, a
propósito de algunas de las menciones del diputado Cantú Garza. Los procuradores hemos
venido afrontando obstáculos serios.
Un ejemplo que me gustaría poner a ustedes para llamar su atención sobre la necesidad de
redefinir la naturaleza de la relación que una Procuraduría tiene con sus policías,
tiene que ver con lo que sucedió en la administración anterior de la PGR, en donde 886
policías de los que se tenían datos sobre su complicidad con la delincuencia organizada,
con acciones irregulares y con actos de corrupción, fueroncesados. Ese acto, que fue muy
audaz y muy importante, desafortunadamente no está teniendo los efectos que con su
acción se esperaban.
Una enorme cantidad, una magnífica proporción de estos agentes, entonces destituidos,
han acudido en amparo a la justicia federal, y por las fisuras que tiene la ley y por las
interpretaciones de que ya no estamos enfrente de una relación de trabajo, sino de una
relación de orden administrativo, muchos de ellos han ganado ya el amparo y están de
vuelta en la Procuraduría y hemos, incluso debido pagar los salarios caídos.
Esto que sucedió respecto de la acción que se tomó en agosto de 1996, puede volver a
suceder, por eso es que yo pido el apoyo del órgano Legislativo, de la Cámara de
Diputados, para que todos juntos podamos precisar esa naturaleza jurídica.
151, 152 y 153
Yo he dicho que tal parece que es más fácil cesar la
relación de trabajo con un investigador emérito de alguna de las universidades, que con
un policía en este país.
Creo profundamente en la autonomía técnica del Ministerio Público, señor diputado
Cantú Garza. Es una garantía establecida en la Constitución General de la República y
la ejercitamos todos los días.
Respecto de nuestras actividades, el Poder Ejecutivo Federal no nos hace señalamiento o
indicación alguna, procedemos de acuerdo con las constancias, las pruebas y las
evidencias que tenemos. Así deben trabajar los órganos de procuración de justicia,
independiente- mente de su ubicación dentro de la estructura del Estado.
Creo que estoy dando respuesta a su interrogante. Creo que necesitamos una procuración de
justicia que sea honesta y que sea eficiente. Creo que la tarea de procuración de
justicia es una tarea técnica y no una tarea política. Por lo menos así quiere
desarrollarla y ha venido desarrollándola un servidor desde el 2 de diciembre pasado,
pero desde luego quienes hacen las reformas constitucionales y quienes tienen la función
legisferente son ustedes, no un servidor, compañeros legisladores, aunque yo estoy en la
más absoluta de las disposiciones de discutir éste y todos los temas con ustedes.
Cuando empecé mi mandato como Procurador General de la República y para mí debo decir
que es un gran honor y un profundo privilegio acompañar al presidente Zedillo en su
gabinete, convoqué a 12 muy ilustres, muy renombrados juristas, para que me ayudaran
precisa- mente a tener un estudio de hacia dónde, de en qué dirección deberían de
moverse las reformas de la Procuraduría General de la República. Hemos venido trabajando
con ellos insistentemente.
La propuesta de desaparecer el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, la
formación del Centro de Control de Confianza, el surgimiento de la Fiscalía
Especializada para la Atención Contra la Salud, es producto de las reflexiones que he
tenido con este grupo plural y muy sesudo de juristas mexicanos.
En cuanto a los delitos sobre operaciones con recursos ilícitos, debo decir que ha habido
avances importantes en los últimos dos años.
El cambio del artículo 115-bis al 400-bis del Código Penal en materia de lavado de
dinero, desde luego que da mucho mayores oportunidades al Ministerio Público y a la
Procuraduría Fiscal de la Federación para perseguir este tipo de ilícitos.
De hecho, en estos últimos meses, hemos logrado ubicar y asegurar ministerialmente
recursos muy importantes de procedencia ilícita. El día de ayer, afortunadamente
conseguimos, a través de una acción de asistencia jurídica con los Estados Unidos, el
aseguramiento de muy importantes recursos de Amado Carrillo en el sistema financiero
norteamericano.
Y respecto, señor diputado, de su preocupación sobre los jóvenes desaparecidos del
Estado de Sinaloa, su preocupación es también mía. He recibido en distintas ocasiones a
los padres de estos jóvenes.
La Procuraduría General de la República y específicamente la Policía Judicial Federal,
ha venido coadyuvando con las autoridades del Estado de Sinaloa a fin de poder, primero,
encontrar el paradero de estos jóvenes y, segundo, hacer que aquellos que pudieron
haberlos privado ilegalmente de su libertad, reciban todo el peso que la ley establece.
Seguimos trabajando muy cerca del fiscal especial y yo reitero mi apoyo más decidido.
Muchas gracias, señor Procurador.
Esta Presidencia pregunta al diputado Cantú Garza, si desea ejercitar su derecho de
réplica.
El diputado
Ricardo Cantú Garza
(desde su curul): |
Sí, señor Presidente.
Adelante, tiene la palabra.
El diputado
Ricardo Cantú Garza
(desde su curul): |
Gracias, señor Presidente:
Sólo algunas consideraciones respecto a la postura del señor Procurador. Textualmente el
Ejecutivo no hace señalamientos a la Procuraduría y respeta la autonomía técnica que
ésta tiene, yo creo que es conveniente, para mayor transparencia ante la sociedad, que
esta Procuraduría no sea nombrada por el titular del Ejecutivo; que tenga mayor
autonomía, si el Procurador no es nombrado por el Presidente de la República y puede ser
cesado en cualquier momento.
Esta es una consideración, porque si bien es cierto que el actual Presidente respeta esta
autonomía, pues no podemos estar seguros que en el futuro así siga sucediendo. Es una
consideración que nosotros hacemos y que obviamente ponemos a consideración de los
legisladores para que en el futuro analicemos y propongamos alguna reforma a la Ley
Orgánica de la Administración de Procuración de Justicia.
Por otro lado, queremos señalar que sí seguimos considerando innecesario que para que la
Procuraduría investigue a las instituciones financieras sobre el lavado de dinero, tenga
que ser requisito la intervención de la Secretaría de Hacienda, la querella de esta
dependencia, ya que limita las facultades que en un momento dado debe tener la
Procuraduría General de la República.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Cantú Garza.
Ahora tiene la palabra el diputado Juan Marcos Gutiérrez González, del Partido Acción
Nacional.
El diputado Juan
Marcos Gutiérrez
González: |
Con el permiso de la Presidencia; señor Procurador,
honorable Asamblea:
El Ejecutivo Federal dice en su informe, que la procuración de justicia se ha mantenido
dentro del marco constitucional, esto querría decir, el poder público nos garantiza la
seguridad jurídica y el que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, ya que ésta
se brinda por el Estado a través de los órganos competentes, de manera pronta y
expedita.
Sin embargo, en el texto del informe, se reconoce expresamente que subsisten frustraciones
e incluso agravios, para quienes han sido víctimas de un delito. Nosotros agregamos que
la misma sociedad es víctima en su conjunto de la delincuencia, la ineficacia y
corrupción de servidores de la propia Procuraduría General de la República.
De los objetivos que marca el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros se estableció que
los órganos responsables de la procuración de justicia, se constituirían en auténticos
vigilantes de la legalidad y de la persecución de los delitos. Que la ciudadanía vea en
los órganos de procuración de justicia, auténticos servidores públicos y no un
obstáculo para la aplicación de la ley o inclusive una causa más de delitos y agravios
en su contra.
Los medios de comunicación masiva denuncian cotidianamente casos de corrupción,
especialmente graves tratándose de la Procura- duría General de la República.
Para mencionar un caso basta recordar el escándalo reciente de miembros de dicha
institución, que al amparo de sus cargos se han corrompido y actuado como auténticos
narcotraficantes. Por lo tanto, ¿qué estrategias y acciones de fondo ha emprendido la
Procuraduría a su cargo para erradicar la corrupción en el Ministerio Público y sus
órganos auxiliares?
Le preguntamos, ¿se desconocían los antecedentes de quien fue comisionado ante el
desaparecido Instituto Nacional del Combate a los Drogas, persona fuertemente vinculada al
narcotráfico?
México exige respuestas. No se le puede decir que se regenera la institución a su cargo
si se realizan nombramientos como el cuestionado, que se ha convertido en una vergüenza
nacional, en un atentado contra la seguridad y sobre todo en una traición a la confianza
del pueblo mexicano.
Evalúe usted el perjuicio que semejante error le significó a nuestro país, la
filtración de información privilegiada en la lucha contra el narcotráfico.
Históricamente la Procuraduría General de la República ha sido objeto de
improvización, de acciones superficiales de corto alcance, de fragmentación interna e
incluso de manipulación política. Así de 1988 a la fecha han sido designados siete
procuradores, es decir, su gestión ha durado poco más de un año.
Por tanto, es inverosímil pensar que un programa institucional, puede desarrollarse y
consolidarse, cuando se presentan cambios tan frecuentes al más alto nivel. La
reestructuración integral de la Procuraduría General de la República, fue un proyecto
que se sustentó en un diagnóstico profundo de la institución y que en algunos de sus
aspectos quedó regulado en la Ley Orgánica.
¿Cuál es su propuesta concreta de reorganización y saneamiento o bien, qué medidas
alternativas se han instrumentado para mejorar las técnicas de investigación que
sustituyan las viejas prácticas, lamentablemente subsistentes?
Uno de los grandes problemas en materia de procuración y administración de justicia, es
la ineficiente integración de averiguaciones previas y seguimiento del proceso. En
asuntos donde es pública y notoria la comisión de delitos, la ley no ha podido ser
aplicada con toda su fuerza. ¿Qué se está haciendo para la debida integración de
averiguaciones y seguimiento procesal, de tal manera que al juzgador se le permita
administrar justicia plenamente?
Señor Procurador, las instituciones se han visto rebasadas por el crimen organizado,
especialmente por el narcotráfico, por eso nos pronunciamos por revisar el marco
competencial de estados y municipios en la lucha por el narcotráfico, en todo lo que se
refiere a la conexidad de delitos del orden común con delitos del orden federal, para
lograr una efectiva cooperación en el combate a la delincuencia.
Autoridades municipales han denunciado ante los delegados y subdelegados de la
depen-dencia a su cargo, nombres y domicilios de personas que cometen delitos contra la
salud en sus distintas modalidades, en especial los lugares en que se venden y consumen
drogas al menudeo y donde se origina con frecuencia la comisión de otros graves delitos
como homicidios, violaciones, corrupción de menores y robos.
Se pregunta, ¿por qué no se actúa en estos casos y ante estas denuncias con la energía
y la eficacia observada en otros relevantes?
Señor Procurador, quisiéramos conocer los criterios con que esa Procuraduría a su cargo
ejerce la facultad de atracción cuando se cometen delitos conexos del orden federal y del
fuero común. En enero de este año, fue asesinado el fiscal especial de la Procuraduría
de Justicia de Baja California, licenciado Odín Gutiérrez Rico, quien encabezó la
indagatoria del homicidio perpetrado en la persona de Federico Benítez López, ex
director de Seguridad Pública en Tijuana. En ambos casos, se ha mencionado como posibles
móviles, tanto el narcotráfico, como el caso Colosio. ¿Por qué no ha ejercido la
Procuraduría General de la República la atracción correspondiente de que se tuvo
conocimiento del asesinato del licenciado Odín Gutiérrez y las condiciones en que
sucedió?
A partir de la entrega que hace unas semanas le hiciera el procurador de Baja California
de este último expediente ¿Qué podemos esperar de la institución a su cargo?
Por otro lado, desde la vigencia de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada
¿Cuál ha sido el resultado de su aplicación?
Segundo, ¿cómo se está aplicando la ley en materia de intervenciones de comunicaciones
privadas, considerando lo delicado que este tema fue en la reforma?
¿Cómo se explica la convivencia competencial entre la actual fiscalía especializada en
delitos contra la salud y la unidad especializada en el combate a la delincuencia
organizada?
Por otra parte, en el pasado reciente, la Procuraduría General de la República
enfrentando condiciones adversas, desafíos internos, dio un golpe artero a un proyecto de
maximato al proceder penalmente contra Raúl Salinas de Gortari, rompiendo con la regla no
escrita de que los ex presidentes y sus familias son intocables. En este proceso, hay
elementos de responsabilidad penal contra el hermano de Carlos Salinas. ¿El precedente
citado, orientará en futuros casos la actuación de la Procuraduría a su cargo?
154, 155 y 156
Por último, de la misma manera en que se comprometió en
su informe el Presidente de la República en el caso Ruiz Massieu, exigimos un compromiso
para esclarecer lo relativo a la autoría intelectual en el homicidio de Luis Donaldo
Colosio.
Señor Procurador, esperamos su respuesta.
Muchas gracias, diputado Juan Marcos Gutiérrez
González.
Tiene la palabra el Procurador General de la República, para hacer sus comentarios y
consideraciones que considere pertinentes.
El procurador
General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias, señor Presidente:
Indudablemente que son temas muy relevantes que nos deben hacer prestarle la mayor
atención, los puntos que en esta tribuna ha expuesto el diputado Gutiérrez González.
Indudablemente que en la sociedad mexicana subsisten frustraciones por la inseguridad
pública, por la deficiente procuración de justicia. Tan a este punto es esta
frustración, que hemos venido diciendo a lo largo de esta comparecencia y lo mencionó el
Presidente de la República en su informe, que representan el obstáculo más serio para
un desarrollo material y para una organización y una vida social armónica.
¿Qué ha habido escándalos de corrupción respecto de servidores públicos de la
Procuraduría General de la República del 2 de diciembre para acá?, pues es verdad de
perogrullo, esto se ha difundido en todos los medios de comunicación, en los medios
electrónicos, en los medios impresos y de manera muy repetida.
Yo he dicho que no estoy desde luego, en la disposición de que por cuidar la imagen de la
Procuraduría, no se sepa sobre la comisión de estos actos delictivos y de corrupción
profundamente bochornosos. Pero que la única forma para cerrarle el espacio a esta
impunidad es precisamente deteniendo a los presuntos responsables y presentándolos a la
consideración de un juez.
Así procedimos en el caso muy doloroso del robo de droga de San Luis Río Colorado; así
acabamos de proceder al tener evidencias que personal de la dirección de servicios
aéreos estaba involucrada en el narcotráfico; así procedimos en el caso del general
Gutiérrez Rebollo.
Desde luego señor diputado, ni el Presidente de la República ni el Secretario de la
Defensa Nacional ni un servidor teníamos conocimiento que el general Gutiérrez Rebollo,
se hubiese relacionado y fuese cómplice de Amado Carrillo. Apenas existieron los
elementos suficientes para demostrar esta probable responsabilidad, se ejercitó a pesar
de todas las críticas que sabíamos iban a existir. Fue doloroso para todos, fue doloroso
para la sociedad mexicana, fue doloroso para el Procurador General de la República, que
invitó a su mesa al general Gutiérrez Rebollo, porque con él compartimos el pan y la
sal. Sentimos que fue una traición. No estamos actuando con sentimientos de venganza,
sino con sentimientos de justicia y hemos presentado ese caso y presentaremos más, en
contra de ese general corrupto.
Los cambios de procuradores. Pues mire señor diputado, después de haber estado nueve
meses a cargo de la Procuraduría General de la República, pues percibo todos los días y
a cada minuto, lo difícil que es el desarrollo de este cargo, se tiene que tomar multitud
de decisiones por horas, a veces son decisiones que tienen que generarse con mucha rapidez
y los procuradores tenemos aciertos y cometemos errores y debemos estar muy sensibles al
costo que esos errores tienen.
¿Cuál es la propuesta concreta, pregunta usted, para mejorar las técnicas de
investigación en el Ministerio Público y en la policía judicial? Creo que la gran
apuesta de la Procuraduría a mi cargo, es profundizar y extender la capacitación. Yo he
dicho que la falta de una investigación científica del delito, no solamente genera
muchos actos de impunidad, sino de abiertas violaciones a los derechos fundamentales. Por
lo general podemos decir que nuestra policía no sabe hacer verdadera investi- gación.
La policía había estado acostumbrada al pitazo, a la detención sin orden judicial y sin
flagrancia o sin que fuese un caso urgente; a no presentar al detenido ante el Ministerio
Público, sino llevarlo a una casa de seguridad, a "trabajarlo" o a
"calentarlo", como todavía en este medio se dice, que es cometer actos de
tortura, a intimidarlo, a extorsionarlo, a amedrentar a su familia. Esos actos que yo como
Procurador no voy a permitir.
De cualquiera de ellos en donde existan pruebas y elementos, vamos a proceder con toda la
energía que la ley establece.
Y eso sucede porque la investigación científica del delito, la investigación técnica,
desafortunadamente no había despegado.
En el marco de las instituciones de procuración de justicia, lo que estamos haciendo,
como trabajo de inteligencia, en materia de narcotráfico, en materia de secuestros, en
materia de robos en carreteras, en materia de tráfico de personas y del tráfico de
órganos, es todavía muy incipiente; pero ya empezamos, señores diputados.
No puedo decirle, señor diputado, porque no conozco los datos puntuales, qué autoridades
municipales han presentado denuncias ante los delegados y los delegados no han
reaccionado.
No dudo que esto pueda haber pasado. Son muchísimas las cosas que tenemos que cubrir en
materia de delitos contra la salud todos los días.
Pondré especial cuidado y desarrollaremos programas específicos para detectar a los
distribuidores de drogas, especialmente ahí donde nos duele más.
Les he dicho que hay un nuevo programa de la Procuraduría que surgió a partir de enero
de este año, para revisar la situación de distribución de drogas dentro de las
escuelas, fundamentalmente secundarias y preparatorias.
En materia de ejercicio a la facultad de atracción, señor diputado, estamos siendo
profundamente serenos y prudentes. No podemos vaciar de averiguaciones previas a las
procuradurías de justicia de los estados, en algo que pudiera interpretarse como una
invasión a la autonomía de las entidades federativas.
Pero ciertamente hay muchos delitos conexos, hay muchos delitos que tienen que ver con el
narcotráfico.
Yo he estado platicando con los señores procuradores. Uno de ellos, el de Baja
California, otro el de Chihuahua, de manera muy insistente y con los señores
gobernadores, a fin de tener una mejor coordinación.
Si existen diligencias que en este momento apunten claramente que se trata de delitos
contra la salud, indudablemente ejercitaremos la facultad de atracción.
Pero si a partir de las primeras horas o los primeros días se pide que ya la
Procuraduría General de la República investigue un determinado homicidio, creo que
hacemos un flaco servicio. Debemos de trabajar con serenidad, con prudencia y desde luego
que apenas estas averiguaciones previas se conviertan del ámbito de la Federación,
proceder con toda energía.
En algún momento de mi participación hablé de la aplicación de la ley de Delincuencia
Organizada. Entre esas reflexiones, mencioné que en tres casos habíamos solicitado la
intervención de comunicaciones privadas y lo hicimos tal y como dispone la ley, yendo
ante un juez y presentándole el caso a fin de que nos obsequiara esa petición. Los
jueces respondieron positivamente.
Pero son todavía muy pocos casos. Esto va a tenerse que extender en la medida en que sean
más las averiguaciones que esté trabajando la unidad de crimen organizado.
Saqué de lo que se llamaba Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, a la unidad
de crimen organizado, precisamente por lo delicado de las facultades que tiene que
desarrollar. Por eso depende de la oficina del Procurador, para que su ejercicio sea
absolutamente respetuoso de los derechos fundamentales de los gobernados, pero que al
mismo tiempo se tenga éxito en la investigación de los casos que se desarrollan con la
metodología de la delincuencia organizada.
Respecto del caso de Raúl Salinas de Gortari, hemos dicho que a partir del 2 de diciembre
nosotros encontramos que el ejercicio de la acción penal que se hizo en su contra, estaba
debidamente sustentado y lo que hemos hecho, señor diputado, es aportar al proceso otras
87 pruebas, porque estamos convencidos de que los elementos para ejercitar la acción
penal, estaban debidamente acreditados.
Y eso estamos haciendo en el tema de la autoría intelectual o de la probable autoría
intelectual, en el caso del homicidio de Luis Donaldo Colosio.
Yo lo que puedo hacer, señores diputados, es repetirles la invitación para que nos
acompañen en algunas sesiones de trabajo en la Procuraduría General de la República y
ustedes puedan apreciar directamente qué es lo que hemos hecho y qué es lo que pensamos
hacer.
Gracias.
Muchas gracias, señor Procurador.
Esta Presidencia le pregunta al diputado Gu-tiérrez González, si desea ejercitar su
derecho de réplica.
El diputado Juan
Marcos Gutiérrez
González (desde su curul): |
Sí, señor Presidente.
Adelante, diputado Gutiérrez González.
El diputado Juan
Marcos Gutiérrez
González: |
¡Nos da gusto que se continúe de esa manera el
proceso contra Raúl Salinas de Gortari! ¡Le tomamos la palabra y habremos de asistir,
por lo que toca al grupo parlamentario del PAN, a las sesiones de trabajo a que hemos sido
invitados!
¡También nos da gusto que se continúe con el tema de la capacitación como elemento
fundamental de la reestructuración! ¡Es triste que cada que cambia un Procurador se
quiera reinventar los procesos!
Le reitero, nos dan gusto esas circunstancias.
Señaló usted, señor Procurador, que la actuación de militares en mandos policiacos ha
estado precedida por la licencia ante el órgano militar. Sin embargo, hay una
contradicción dada en el caso del general Gutiérrez Rebollo, que al saberse su
implicación en el narcotráfico se da a conocer el hecho, ¡no por la Procuraduría de la
que supuestamente dependía el comisionado del Instituto Nacional del Combate a las
Drogas, sino por la Secretaría de la Defensa Nacional, en las instalaciones de la
Secretaría de la Defensa Nacional y a través del Secretario!
Por otro lado, queremos dejar muy clara la posición de Acción Nacional en el sentido de
que consideramos que uno de los primeros pasos para transformar y lograr el cambio que
México necesita, consiste en dar vigencia real a aquellas estructuras que respondan a
requerimientos de promoción humana y a las exigencias de participación personal.
En consecuencia, consideramos necesario modificar o suprimir aquellas estructuras
incapaces de cumplir tales fines.
La transformación de la sociedad requiere de la participación activa y permanente de la
misma, tanto la crítica severa cuando se violenta el orden jurídico, como la propuesta
específica. Por eso es importante atender la exigencia y concluir el proceso de
reestructuración de la Procuraduría en todos sus ámbitos.
Como nos señaló en su intervención inicial, estamos de acuerdo que no es con discursos
como se va a resolver los diversos problemas de la procuración de justicia. Por lo tanto,
ojalá se fijen y alcancen metas de profesionalización, modernización y moralización de
la institución a su cargo.
Es indudable que una de las causas de la morosidad y la impunidad en múltiples juicios
que no prosperan, se debe a la defectuosa consignación. Consideramos necesario se
instrumenten mecanismos eficaces para tal propósito.
Ha sido motivo de fricciones en las relaciones con otros países el problema del
narcotráfico. Por lo cual insistimos en el carácter multilateral del mismo, que nos
permite afirmar que se requiere hacer efectiva la corresponsabilidad de los países
involucrados, sean productores, de tránsito y primordialmente los de consumo, sin que
ello sea excusa para poner en riesgo la soberanía nacional y el principio de
autodeterminación.
157, 158 y 159
Cuidando que se cumplan los criterios de seguridad nacional
habremos de promover la reforma legislativa para que policías municipales y estatales
puedan utilizar ciertas armas y técnicas que son actualmente reservadas al Ejército, con
objeto de que dichas corporaciones no queden inermes ante el poder excesivo de armamento
con que cuentan ciertos delincuentes; evitando así la impertinencia y resultados de las
actuales revisiones de armas que se hacen a dichas corporaciones locales y municipales por
parte de la autoridad federal.
Finalmente, habremos de avanzar en la reforma jurídica para sancionar con mayor severidad
a los autores de delitos, que aprovechán- dose del sistema de marginación y miseria que
existe en nuestro país, utilizan a los menores, mujeres y hombres del campo, en la
comisión de aquéllos.
Señor Procurador:
En su discurso abundó la palabra "impunidad"...
Diputado Gutiérrez González, por favor concluya, su
tiempo se ha agotado.
El diputado Juan
Marcos Gutiérrez
González |
Pido medio minuto para terminar:
Señor Procurador; en su discurso abundó la palabra "impunidad",
"inseguridad" y "fracaso". Hemos conocido en su discurso las
limitaciones para que la dependencia a su cargo cumpla sus fines. Entendemos que la
descomposición del país repercute en la institución. Le solicitamos, por ende, una
actitud más positiva.
Han hecho falta siglos para conocer y perfeccionar las leyes, pero un día basta al hombre
para conocer sus deberes. Esperamos cumpla con su deber.
Gracias a todos.
Muchas gracias, diputado Gutiérrez González.
Tiene la palabra la diputada María de la Luz Núñez Ramos, del Partido de la Revolución
Democrática.
| La diputada
María de la Luz Núñez Ramos: |
Con su permiso, compañero Presidente; compañeras y
compañeros diputados; señor Jorge Madrazo:
Nos unen fuentes de entendimiento acerca de los derechos humanos y de la justicia justa.
Ambos tenemos en nuestra biografía el caso de Aguas Blancas. Ahora henos aquí, usted en
su calidad de Procurador y yo en la de representante de un distrito convertido en paraíso
de la impunidad, escenario de guerra, santuario de la violación sistemática a los
derechos humanos. Somos interlocutores.
En México la única igualdad existente es la que nos hace a todos, a pobres y a ricos, a
hombres y mujeres, a niños y niñas, jóvenes, adultos, ancianos, soldados y civiles,
víctimas potenciales de la impunidad y de la violación a los derechos humanos. En esta
esfera no hay diferencia de sexo, de filiación política, de religión, de edad, de raza.
El Gobierno es el principal violador de los derechos humanos. El régimen mexicano del
presidencialismo omnipresente y autoritario aún vigente, fracasó en la función
primordial de otorgar seguridad pública.
Los derechos humanos y las garantías constitucionales han sido concebidas e instituidas
para contener al poder, para proteger al ser y al ciudadano frente al poder.
Los atropellos generaron el surgimiento de organizaciones para la necesaria defensa de los
derechos. Por naturaleza los defensores de los derechos humanos actúan frente al Gobierno
y al poder.
Ante el clamor y la inconformidad, en México surgió una red de organizaciones no
gubernamentales. El régimen en lugar de provocar el renacimiento de la legalidad y del
amparo, dio origen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual está marcada por
el pecado original de la dependencia al presidencialismo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene balbuceos, momentos estelares, asciende y
decae. La Comisión de Derechos Humanos y la inmensa mayoría de las comisiones estatales
están supeditadas a los ejecutivos locales.
El artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
apartado B crea las comisiones y al mismo tiempo las mutila; es mucho más lo que les
prohibe ser que las facultades asignadas.
El sistema nacional de comisiones defensoras de los derechos humanos, a pesar de todo ha
conquistado un lugar, pasó ya la prueba de la infancia y México nos reclama colocarlas
en el proceso de reforma del Estado.
Las comisiones están en el centro de una conspiración para desacreditarlas. Los
sacerdotes y acólitos de la impunidad y del agravio están acostumbrados a un sistema
donde la averiguación previa es suplantada por los operativos, la investigación por las
razzias, la inteli- gencia por los retenes y los cateos.
No es tiempo de regresiones, sino de profundizar los avances. Todos advertimos que las
cosas no pueden seguir igual. Usted, señor Procurador, nos decía, que lo que empieza lo
termina; es muy ilustrativo lo sucedido en torno a la masacre de Aguas Blancas señor,
ahí no terminó usted sus recomendaciones.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomienda: la Suprema Corte de Justicia de la
Nación opina, el Gobierno admite la recomendación, pero México y el mundo seguimos sin
sentir una solución satisfactoria de este crimen colectivo, todos compartimos el
sentimiento de que los principales culpables siguen libres y disfrutan de la impunidad,
que en la cárcel están chivos expiatorios. Es evidente, pues, que en nuestro país no
existe el procedimiento para penalizar y castigar a quienes violan derechos humanos.
El caso Aguas Blancas no está concluido, señor Procurador, asuma usted su
responsabilidad, relea las recomendaciones, escuche humilde la opinión histórica de la
Suprema Corte, atienda el reclamo de reiniciar o reanudar una averiguación previa y de
consignar a quien resulte responsable.
Esta legislatura, y espero que el Ejecutivo aquí y ahora acepte la reforma que reclama la
sociedad, para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones locales sean
libres, autónomas, ciudadanas, instituidas por el Constituyente Permanente como tales,
con presupuesto propio, sus titulares e integrantes designados por la representación
nacional o local, sujetas al seguimiento, al control y a la fiscalización del Poder
Legislativo.
Le preguntaría, doctor Jorge Madrazo, qué opina usted ahora como procurador, quien como
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos argumentaba en este mismo sentido,
México es hoy un país de impunidades, la justicia es injusta, el Poder Judicial y la
procuraduría están mutilados, despojados de facultades vitales y sujetos a un proceso
constante y persistente de involución, descrédito, infiltración, sujeción a intereses
y políticas extrañas, deterioro y pérdida creciente de confianza y de fe pública.
El Poder Judicial es el poder de la impotencia, privado del derecho de iniciar leyes, de
elaborar o siquiera participar en la redacción de su Ley Orgánica, de presentar y
ejercer el propio presupuesto, designados sus titulares a propuesta del Ejecutivo disuelto
a principios del sexenio es uno de los más urgentes temas de la inaplazable reforma del
estado nacional. La República será real, democrática y representativa federal, sólo y
únicamente después de la Reforma del Poder Judicial que le restituye plenas capacidades
como uno de los tres poderes del Supremo Poder Federal.
Los 17 millones de votos por el cambio contienen, sin ninguna reserva, el mandato urgente
de construir sobre bases democráticas y justas el nuevo sistema mexicano de impartición
y de procuración de justicia. Las tesis esenciales que sustentan teóricamente la
recomendación 104/95 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las cuales es autor
usted, el actual Procurador, son válidas para el Gobierno de la República.
Sí, en todo México hace falta una total, urgente y completa reestructuración del Poder
y de los órganos e instituciones de impartición y procuración de justicia.
En conclusión, haciendo eco al clamor mexicano por una justicia justa, propongo que entre
los poderes y la sociedad realicemos un ejercicio intenso de evaluación del estado que
guarda la impartición, la administración y la procu- ración de la justicia, el respeto
a los derechos humanos, desde ahora hasta llegar a una especie de conferencia federal en
donde ensayemos una convergencia entre sociedad y Es- tado, elaboremos por consenso las
reformas que requiere el sistema mexicano de justicia.
Para esto, hacen falta métodos de relación respetuosos con el Senado, con el Ejecutivo y
con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los ayuntamientos y con los poderes
locales.
Compañeros diputados, señor Jorge Madrazo, resuenan en mi alma y en mi conciencia las
voces de la inconformidad, los lamentos de las víctimas de la tortura, de las
violaciones, de los atropellos a los inmigrantes, blanco del odio y de la intolerancia, de
un Gobierno cándil de la calle y oscuridad de su casa.
Atormenta mi corazón el dolor de los secuestrados, la indefensión de la inmensa mayoría
de ciudadanos mártires, de la inseguridad, de la corrupción, de la impunidad; el
padecimiento de los prisioneros de un bestial e inhumano sistema carcelario. Almoloya es
el laboratorio de la tortura tecnificada, foco de crueldad anticonstitucional, nido de
rencores y destino de los blancos del rencor político, ataúd de venganzas y presidio de
anhelos de luchadores sociales y políticos.
Retumba en San Lázaro el llanto y la rabia de los familiares de los desaparecidos de
decenas de presos políticos. Las madres de la Costa Grande y con ellas las de todo
México, claman e imploran en mí y por mi conducto, por la vida y la por la presentación
de los desaparecidos...
Diputada Núñez, su tiempo ha concluido y le
rogaría redondear las ideas y terminar su participación.
| La diputada
María de la Luz Núñez Ramos: |
Sí. Termino, termino en un segundo, claro que sí.
Exigimos castigo a los policías y a los militares que le han arrebatado la vida, mi voz
es eco del silencio clamoroso de la selva, de la resonante selva de Chiapas y de la mía,
la rebelde, la selva de Atoyac. Las niñas, los niños, las mujeres, los indios, los
ancianos, todos me reclaman decir en este diálogo entre poderes: "alto, basta.
México tiene hambre y sed de justicia justa".
Gracias.
Muchas gracias, diputada Núñez Ramos.
Ahora tiene la palabra el Procurador General de la República, para hacer sus comentarios
y consideraciones.
El procurador
General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muy emotivas y, en muchos renglones, muy ciertas las
afirmaciones de la diputada Núñez, incluso le agradezco que me haya puesto el título de
doctor, que sólo tengo en grado de tentativa punible e inacabada y que siento que lo
expresó así por el afecto y la amistad que nos une y además el compartir la trinchera
por la defensa de los derechos humanos.
Ciertamente me cuesta trabajo hacer alusión a todas las cuestiones importantes a las que
se refirió la diputada Núñez, porque creo que ahora están en otra responsabilidad,
pero sólo señalaría que el conjunto de presidentes de comisiones públicas de derechos
humanos, desde hace varios años, tienen ya una propuesta de reforma al artículo 102
apartado B de la Constitución General de la República, creo que con ellos tendrían que
tener el diálogo las compañeras y compañeros diputados y senadores.
Evidentemente lo que hemos planteado, diputada Núñez, es la necesidad de una valoración
del sistema de justicia, en el que podamos tener participación todos los poderes de la
Unión y los tres niveles de gobierno. Creo que, producto de esa reflexión, puede haber
cambios normativos, puede haber cambios de prácticas y de actitudes, puede haber reformas
en la vida cotidiana, respecto de los mexicanos de a pie que son precisamente quienes
sufren más la inseguridad pública y la mala procuración de justicia.
160, 161 y 162
Efectivamente, diputada, lo que necesitamos son consensos.
No podemos renunciar a la urgencia de conseguir consensos básicos que nos permitan
impulsar de a de verás el sistema de justicia que este país está reclamando y desde
luego yo sé que tendrán mucho éxito, señoras y señores diputados, en establecer los
métodos de relación respecto de todos los actores y protagonistas de este cambio.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Procurador.
Esta Presidencia le pregunta a la diputada Núñez, si desea ejercitar su derecho a
réplica.
Adelante.
| La diputada
María de la Luz Núñez Ramos |
Gracias, señor Presidente, creo que el señor
Procurador me dejó algunos minutos de su tiempo, lo cual agradezco.
Es imposible, pues, la cantidad de cosas que mis compañeros han pedido que yo señale
aquí. No quiero yo dejar de dar mi opinión acerca de la fallida guerra contra el
narcotráfico, sé que es importante llegar hasta el fin también de las cosas que aquí
suceden, como lo que hoy señala la prensa acerca de los tres jóvenes ejecutados a manos
de los policías.
Es importante lo que aquí se ha señalado en cuanto al esclarecimiento de los asesinatos
de Ruiz Massieu, de Polo Uscanga, de Luis Donaldo Colosio, por supuesto que sí, pero
también son importantes los cientos de perredistas guerrerenses que han sido asesinados y
que siguen en la impunidad.
Quiero pues entonces ocupar este tiempo en hablar de la fallida guerra al narcotráfico:
En México la justicia se procura poco y mal, el Gobierno ha supeditado nuestra soberanía
a los intereses, a la política y a la estrategia del imperio que nos invadió hace 150
años; la seguridad nacional, la función de las fuerzas armadas, la política económica,
la procuración de justicia, están contaminadas, son subsidiarias y dependientes de la
fallida guerra en contra del narcotráfico.
Este es un problema de fondo, la guerra en contra del narcotráfico se la impusieron al
mundo los militaristas para asegurar el mecado de armas, al término de la guerra fría y
de la de Vietnam. La guerra en contra del narcotráfico y del crimen organizado, es un
celofán que envuelve y multiplica la violación de los derechos humanos. En su nombre y
por sus intereses, en México y en el mundo estamos ante un proceso de involución del
derecho y de los sistemas de justicia.
Nosotros, el sur, y lo digo yo que fui alcaldesa de Atoyac, uno de los municipios que
mayor cultivo de amapola registran, en la división mundial del trabajo del mercado de
drogas, aportamos mano de obra barata, materias primas sin valor agregado, vidas, sangre,
cárcel, desequilibrios económicos, morales, políticos, y ellos, el norte, también es
beneficiario principal de la producción de enervantes.
Preguntaría, ¿debe México seguir como brigada del Ejército internacional contra el
narcotráfico, o es preferible despenalizar algunas fases del proceso?
Es tiempo de un serio y responsable debate nacional sobre el tema del cultivo, la
transformación, el consumo y la comercialización de las drogas. Esta legislatura puede y
debe promoverlo.
La Procuraduría General de la República ha sido sometida a un proceso sistemático de
desnaturalización y mutilación; la PGR se ha envilecido con los escándalos de
crímenes, dimes y diretes, siembra de cadáveres, fiscales delincuentes y delincuentes
fiscales.
Las procuradurías y yuxtapuestas debilitaron a la PGR, el procurador fue desposeído de
la función sustantiva como abogado y asesor jurídico del Gobierno Federal.
La creación del asesor jurídico de la Presidencia, aprobada en la anterior legislatura,
debe ser evaluada y revisada.
Nuestro país, México, necesita un Procurador General de la República, no un comandante
antinarcóticos o de la Policía Judicial.
Usted dijo, señor Procurador, nos informó que se emplea el 65% de presupuesto de la
Procuraduría en el combate al narcotráfico y el 35% a los otros 1 mil problemas. Esto
creo que desnaturaliza a la PGR. Esperamos que para 1998 se inviertan estas cifras.
Muy estimado doctor Jorge Madrazo, usted juró fungir como Procurador General de la
República, cargo del Ejecutivo y de la nación altamente honroso; usted protestó
desempeñar una función social muy elevada, sea pues, usted procurador, procure justicia,
no injusticia, procure bien y no mal, procure mucha y no poca justicia.
Tengo todavía la esperanza en que actuará congruente con todo aquello que ha predicado
como jurista y como defensor de los derechos humanos.
Gracias.
Orden, orden en la sala por favor. Esta Presidencia
invita a los señores legisladores a guardar el debido orden y a seguir con el formato que
se ha tenido a bien acordar por este pleno y que ha sido propuesto por la mesa de
Concertación y Régimen Interno.
Muchas gracias, diputada Núñez Ramos.
Tiene la palabra el diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño. Adelante, señor diputado.
| El diputado
Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados de la LVII Legislatura, señor Procurador General de la Repú-
blica:
El Estado surge como un pacto social justificado por el propósito, entre otros, de
ofrecer se- guridad. Por ello ésta, la seguridad, se convierte en una condición
política necesaria para convivencia armónica.
Coincido con las intervenciones de quienes han hecho uso de esta tribuna, al señalar que
la violencia, bajo formas antiguas y nuevas, constituye la expresión antisocial que más
lastima a quienes queremos y que socava los valores comunitarios, pero, sobre todo, como
aquí lo reconoció el presidente Zedillo, ata nuestras potencialidades e inhibe la
energía creativa para ascender a horizontes de bienestar a los que todos aspiramos.
Hoy, efectivamente, existe un clamor que reclama, con legítima exigencia, que el Estado,
con toda la fuerza de sus instituciones y con el apoyo de la sociedad civil, comprometa
prioritaria y permanentemente voluntades y recursos para garantizar el imperio de la ley.
Son tres los ámbitos en los que esperamos este esfuerzo sostenido: seguridad pública,
procuración e impartición de justicia.
Hemos escuchado atentamente la explicación que nos ha presentado el señor Procurador, en
la que ha definido los ejes sobre los que se conduce la procuración de justicia. Sabemos
que la delincuencia como fenómeno social tiene múltiples causas y que sus efectos se
diversifican, por lo tanto no desconocemos que para combatirla debemos emprender
estrategias integrales que ataquen su origen y enfrenten sus consecuencias. No podemos
reducir la lucha contra la violencia delictiva, sólo con la persecución y sanción de
sus responsables.
Sin embargo, aun cuando son sólo unas de las causas, no podemos ni debemos soslayar que
la pobreza, la marginación, la injusticia, son factores criminógenos que producen un
cierto tipo de delincuencia, que se adiciona a las nue- vas que impone la evolución
social.
Un rubro que se destaca en el informe y que aquí se ha reiterado, es la eficiencia que
deben alcanzar los agentes del Ministerio Público y de la Policía Judicial para el
combate del crimen organizado.
Resulta importante señalar que la capacitación y profesionalización de estos agentes en
nuestro país se encuentra por debajo de estándares nacionales; sin embargo, esta
situación que exhibe una desventaja, tiene y se adiciona con otros factores en los que
encontramos como denominador común que los elementos que egresan de estos cursos tienen
un problema que consiste en incurrir en prácticas que desafortunadamente imperan en
corporaciones y que tiene su manifestación más cruda en la corrupción.
No podemos soslayar esas realidades, pero sabemos el esfuerzo que en contra de la
impunidad sobre la comisión de hechos delictuosos, se está llevando a cabo en las
corporaciones.
El narcotráfico, hoy la sociedad advierte con suma preocupación los índices que ha
alcanzado y el cual, incluso, ha logrado permear las instituciones que debieran
combatirlo, pero aquí tenemos que hacer con apego a la verdad un reconocimiento a los
servidores públicos de la Procuraduría General de la República, que han entregado
desinteresadamente su esfuerzo y sus vidas en la lucha contra este cáncer social y
también desde aquí hacemos un reconocimiento a nuestro Ejército, orgullo nacional, que
se ha distinguido en la historia por estar al lado, de compartir con el pueblo las luchas
que nos han dado el perfil histórico.
Reconocemos la labor honorable del Ejército, el esfuerzo entregado de sus miembros y que
de ninguna manera puede desvanecerse por la irresponsabilidad, por la comisión que en
algunos de los delitos ha incurrido alguno de sus miembros.
Casi tan pavoroso como el narcotráfico es el contrabando de armas. Revelaba un periódico
hace algunas semanas, que el mercado global de armas alcanzó la cifra de 318 billones de
dólares, de los cuales el 65% son fruto de las ventas que se hace a los países en
desarrollo, entre los cuales se encuentra el nuestro.
Quisiera pedirle, señor Procurador, ¿qué medidas se han tomado al respecto?
Hay un capítulo importante que se destaca en el informe que rindió aquí el señor
Presidente, y que constituye la respuesta al eco de las voces de los indígenas, un trato
que necesariamente debe de ser especial para los indiciados, procesados y sentenciados que
han incurrido en formas de la comisión de conductas antisociales.
Debemos de dar un trato especial para no agravar la situación difícil de por si que
tienen que enfrentar ante las situaciones de desconocimiento de su lengua, de
desconocimiento de las fórmulas procesales. No solamente carecen de la oportuna defensa
de sus intereses, sino que tienen que los casos de las sentencias condenatorias, las penas
que les son impuestas en reclusorios que se encuentran alejados de sus comunidades.
Es oportuno citar que el Estado que tiene más presencia indígena, como es el de Oaxaca,
con 16 etnias de las 56 que tenemos en el país, se ha llevado un ejercicio a través de
la Procuraduría de la Defensa de los Pueblos Indígenas.
Hoy le planteamos al señor Procurador, que un ejercicio similar a nivel federal sería
oportuno revisarlo, para que también se designen ministerios públicos en aquellos
lugares en donde existe una mayor presencia de pueblos indígenas; que se valore la
reforma a algunas de las medidas preliberacionales para que puedan alcanzar su libertad
los sentenciados indígenas, y que se promueva, de acuerdo con el artículo 119
constitucional, los convenios necesarios para que la reclusión de los indígenas se haga
cercana a sus comunidades.
No podemos dilatar la esperanza de justicia y de dignidad que reclaman los indígenas. La
justicia que no es expedita no es justicia.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Miguel Sadot Sánchez
Carreño. En uso de las facultades que la Ley Orgánica del Congreso General le concede a
esta Presidencia, se ha acordado prorrogar la sesión hasta la conclusión del orden del
día, toda vez que ya han transcurrido las cuatro horas reglamentarias para cada una de
las sesiones. Tiene la palabra el Procurador General de la República, para hacer sus
consideraciones y comentarios.
163, 164 y 165
El procurador
General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Señor Presidente:
Quisiera empezar esta intervención pidiendo una disculpa a la mesa directiva, desde
luego, y a toda la Asamblea y especialmente a la bancada del PRD por no haberme referido a
un punto que tocó de manera muy enfática la diputada Núñez y que es precisamente el
caso de Aguas Blancas.
A quienes participamos desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la
investigación y en la elaboración de la recomendación de Aguas Blancas, este suceso nos
dejó marcados.
Quiero decir que hoy el subprocurador que se encarga de la investigación del homicidio
del licenciado Luis Donaldo Colosio, fue una de las piezas centrales en la investigación
de ese caso y el subprocurador de Coordinación General y Desarrollo fue el otro. Con
ellos, acompañados desde luego de otras personas que, con gran desprendimiento y mucho
esfuerzo, me acompañan en la Procuraduría General de la República, estamos tratando de
cumplir con la responsabilidad que el señor presidente Zedillo nos encomendó en el marco
de la Constitución y de las leyes.
Cuando yo llegué a la Procuraduría General de la República, lo que encontré fue un
acuerdo de incompetencia de parte del Ministerio Público de la Federación, en este caso.
Yo lo que propondría, diputada, si usted así lo tiene a bien, es poder recapitular sobre
los avances que ha tenido este caso, después de que un servidor dejó el seguimiento de
la recomendación correspondiente y sin llegar a comprometer ninguna determinación en
esta tribuna, saber qué es lo que puede hacer en este caso la Procuraduría.
Señor diputado Sánchez Carreño, qué bueno que un ex procurador como usted, como el ex
procurador López Vergara, son ahora representantes populares.
Seguramente ustedes podrán ayudarme también a que este mensaje, en torno de la necesaria
capacitación, recapacitación y actualiza- ción o profesionalización del Ministerio
Público y de la policía, pueda llegar con toda intensidad a quienes los acompañan en
esta Asamblea.
Pero una cuestión que es de relevante preocupación para un servidor, es lo que pasa con
los nuevos agentes de la Policía Judicial Federal que están recién saliendo del
instituto de capacitación. ¿Qué pasa con ellos cuándo los incrustamos en un medio
corrupto, en un medio ineficaz, en un medio pervertido, como es el que generan sectores de
la Policía Judicial, de las policías judiciales, de las policías municipales, porque la
corrupción y la ineficacia no es privativa de la PJF?
Respecto del contrabando de armas, pues es una preocupación extraordinariamente sensible,
éste es uno de los temas que forma parte de la agenda del grupo de contacto de alto nivel
que el Gobierno mexicano ha establecido con el gobierno de los Estados Unidos en el tema
del narcotráfico.
Resulta de extraordinaria preocupación que el 90% de las armas aseguradas en México,
armas desde luego prohibidas, tengan que ver con delitos contra la salud. Es
fundamentalmente de la frontera norteamericana de donde están penetrando estas armas que
utilizan las peligrosísimas bandas de narcotraficantes que actúan desafortunadamente en
el territorio de la república.
Nuevamente el tema del derecho indígena, del sistema consuetudinario indígena, es algo
que comparto con el señor diputado Sánchez Carreño. Desde la comisión nacional
impulsamos reformas importantes, pero desde luego hay que proseguir con este programa,
sobre todo en cuanto se refiere al reconocimiento constitucional de los sistemas de
justicia de los pueblos indígenas y cuidar qué es lo que pasa con un miembro de una
comunidad indígena cuando queda en manos del Ministerio Público y después de los
jueces.
Lo que por ahora ha podido hacer la Procuraduría General de la República en esta
gestión que está a mi cargo, es revisar todos los procesos federales, en donde aparecen
miembros de las comunidades indígenas y si se han cometido irregularidades tratar, de
resolverlas, bien mediante el desistimiento del ejercicio de la acción penal, bien
mediante la presentación de conclusiones no acusatorias, desde luego en el caso de que
los procesos estén vigentes.
Y una vez que las sentencias han sido dictadas, creo que también la Procuraduría General
de la República podría entrar a considerar algunos beneficios anticipados de ley.
Es lo que podría yo comentar por ahora a las muy importantes reflexiones del diputado
Sánchez Carreño.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Procurador.
Esta presidencia le pregunta al diputado Sánchez Carreño si desea hacer uso de su
derecho a réplica... Adelante.
| El diputado
Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
Señor Procurador, no podemos desconocer el
comprometido esfuerzo que realiza el Gobierno de la República para combatir a la
delincuencia en todas sus expresiones. Esta lucha ha exigido indudablemente que se
vigorice el andamiaje jurídico, prueba de ello es que precisamente en este recinto, se ha
trabajado para poder promulgar diversos ordenamientos y particularmente modificar nuestra
Carta Magna para dotar de instrumentos legales, que permitan a la sociedad y a las
instituciones un combate oportuno y eficaz contra la delincuencia.
En 1993, como se ha señalado, constituye el parteaguas más importante que respecto a las
reformas de derecho penal se han llevado en los últimos años en nuestro sistema
jurídico.
En este grupo de reformas se instituyó y se elevó a rango constitucional, un tema que ha
sido ampliamente expresado en esta tribuna: el derecho de las víctimas. Pero también se
inaugura una etapa de reconocimiento a los derechos de los indiciados, desde la
averiguación previa, a partir de las reformas al artículo 20 constitucional.
En 1994, estas reformas se ven fortalecidas también por una serie de modificaciones,
particularmente en los artículos 21, 77, 94, 95, 102 y 105 constitucionales. Mediante
estas modificaciones la sociedad, expresada como voluntad soberana en este recinto, obtuvo
un triunfo de un reclamo ancestral que venía demandando: limitar la facultad monopólica
que respecto al ejercicio penal se le atribuye al Ministerio Público. Se establece
también en este grupo de reformas el fundamento de la seguridad pública como función a
cargo del Estado. El 105 constitucional constituye el perfil más acabado de lo que es la
democratización en la procuración e impartición de justicia, a asignar y distribuir una
serie de facultades, como son las acciones que queden bajo las controversias
constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad de atracción. Son
éstas y constituyen un ejemplo de la abigarrada tarea que ha tenido esta Cámara para
poder dotar de instrumentos adecuados.
Por ello es que no podemos ni debemos desconocer en aras de un oposicionismo reductivo,
negar los afanes que ha llevado a cabo el pueblo y su Gobierno para contar con estos
instrumentos. Tenemos que construir consensos, pero éstos deben de transitar por la ley.
Los esfuerzos serían estériles si no acompañamos a este esfuerzo con una cultura de
respeto a la ley, en donde estemos convencidos que la ley es el único cauce que permite
conducir la expresión de nuestras fuerzas sociales y que sólo el derecho es el más
firme y convincente argumento que desarme las intransigencias y sustituye los
enfrentamientos estériles y recordemos lo que exponía ese insigne zapoteca oaxaqueño:
"Nada con la fuerza, todo con el derecho y la razón".
Muchas gracias, diputado Sánchez Carreño.
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA
Con la conclusión de esta segunda comparecencia a
cargo del Procurador General de la República, se confirma una vez más que sí es posible
establecer un diálogo respetuoso, tolerante y plural entre dos órganos del Estado: el
Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Ello permite dar un mejor cumplimiento a las
atribuciones y facultades de estos dos poderes y, asimismo, cumplir esas funciones en
estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las comparecencias que ha inaugurado esta LVII Legislatura, sin duda, enriquecen la vida
política de la nación, permiten, además, que esta Cámara cumpla de manera más eficaz
con sus funciones que tiene encomendadas para revisar y glosar el tercer informe
presidencial. Asimismo, estas comparecencias facilitan que el Poder Ejecutivo explique
mejor sus razones de gobierno y todo esto redunda en que la ciudadanía esté mejor
informada y pueda, a su vez, ser partícipe de manera más directa de la cosa pública.
Ello, sin duda, representa un avance democrático para el país.
De conformidad con lo que establece el artículo 8o. párrafo quinto de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta
sesión será remitida al Presidente de la República, para su conocimiento.
Se ruega a la comisión designada, acompañar al licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, cuando
desee retirarse de este recinto.
Esperaremos la salida del Procurador General de la República, para continuar nuestra
sesión de Cámara.
Continuamos con nuestra sesión de Cámara.
Se ruega a la Secretaría que dé cuenta de los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
| La secretaria
Marta Laura Carranza Aguayo: |
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en
cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.-Primer Año .- LVII Legislatura.
Orden del día
Jueves 11 de septiembre de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones del Congreso del Estado de Yucatán.
Comparecencia del licenciado Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito
Público, para el análisis del III Informe de Gobierno, sobre política económica.»
CLAUSURA Y CITATORIO
| El Presidente (a
las 14:53 horas): |
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que
tendrá lugar mañana jueves, 11 de septiembre, a las 10:00 horas.
166, 167 y
168
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