|
Presidencia
del diputado
Juan José Cruz Martínez: |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de
firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
| La secretaria
Marta Laura Carranza Aguayo : |
Se informa a la Presidencia que existen
registrados previamente 370 diputados.
Por lo tanto, hay quorum señor Presidente.
| El Presidente (a
las 10:32 horas ): |
Gracias, diputada Secretaria. Se abre la
sesión
ORDEN DEL DIA
| La secretaria
Marta Laura Carranza Aguayo : |
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.-LVII Legislatura.
Orden del día
Viernes 12 de Septiembre de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de la honorable Cámara de Senadores.
Minutas
Proyecto de decreto, que concede autorización al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado Especial de la Gran Cruz,
que le confiere el gobierno de ese país.
Proyecto de decreto que concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden de la Legión de Honor, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de
Francia.
Comparecencia del ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez, secretario de Desarrollo Social, para
el análisis del III Informe de Gobierno, sobre política social.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
Por acuerdo de la mesa directiva, al
acta de la sesión anterior se le dará lectura posteriormente.
Prosiga, señor Secretario, con los siguientes asuntos.
CAMARA DE SENADORES
| El secretario
Gonzalo Morgado Huesca : |
«Escudo Nacional.- Cámara de
Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Hacemos de su conocimiento que para cumplir con la realización de las sesiones de
análisis del III Informe de Gobierno, el presidente del Senado de la República citó a
sesión del pleno el día jueves 18 del presente mes; en consecuencia, esta Cámara
dejará de sesionar por más de tres días, por lo que lo comunicamos a esa colegisladora,
para los efectos de los artículos 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 27 del Reglamento para el Gobierno Interior.
Atentamente.
México, D.F., septiembre 10 de 1997.- Senadores: Juan Ramiro Robledo Ruiz y Melquiades
Morales Flores, secretarios.»
De enterado.
El secretario
Juan Carlos Espina von
Roehrich: |
«Escudo Nacional.- Cámara de
Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.- Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8o. párrafo quinto de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el punto quinto de acuerdo de los
coordinadores de los grupos parlamentarios de fecha 4 de septiembre de 1997, me permito
remitir a ustedes la versión estenográfica de la sesión plenaria celebrada en esta
fecha sobre el análisis del III Informe de Gobierno, en el capítulo correspondiente a
política económica.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 10 de septiembre de 1997.- Senador, Eduardo Andrade Sánchez; presidente
de la Cámara de Senadores.»
De enterado.
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
| La secretaria
María de la Luz Núñez Ramos: |
«Escudo Nacional.- Cámara de
Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente
que contiene minuta proyecto de decreto, que concede autorización al doctor Ernesto
Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado
Especial de la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de ese país.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 4 de septiembre de 1997.- Senadores: José Angel Conchello Dávila y Juan
Ramiro Robledo Ruiz, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede autorización al doctor Ernesto Zedillo Ponce de
León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado Especial de la Gran
Cruz, que le confiere el gobierno de la República Federal de ese país.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 4 de septiembre de 1997.-
Senadores: Eduardo Andrade Sánchez, presidente; José Angel Conchello Dávila y Juan
Ramiro Robledo Ruiz, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- Licenciado, Mario
Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
REPUBLICA FRANCESA
| El secretario
Miguel Angel Garza Vázquez: |
«Escudo Nacional.- Cámara de
Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente
que contiene minuta proyecto de decreto, que concede permiso al doctor Ernesto Zedillo
Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Gran Cruz, que le confiere
el gobierno de Francia.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 10 de septiembre de 1997.-
Senadores Melquiades Morales Flores y Juan Ramiro Robledo Ruiz, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden de la Legión de Honor, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de
Francia.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 10 de septiembre de
1997.- Senadores: Eduardo Andrade Sánchez, presidente; Melquiades Morales Flores y Juan
Ramiro Robledo Ruiz, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Licenciado Mario
Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
ANALISIS DEL III INFORME DE GOBIERNO.
POLITICA SOCIAL
Se encuentra en el salón de recepción
de esta Cámara de Diputados, el ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez, secretario de
Desarrollo Social, invitado a la sesión de esta fecha en que se llevará a cabo el
análisis del III Informe de Gobierno, en materia de política social.
Se designa en comisión para que lo reciban y lo introduzcan a este recinto, a los
siguientes diputados: Salvio Herrera Lozano, Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Samuel
Maldonado Bautista, Martha Dalia Gastelum Valenzuela, Baldemar Dzul Noh, Nicolás Jiménez
Carrillo, Luis Patiño Pozas y Aurora Bazán López.
Se ruega cumplan con su cometido.
De conformidad con el acuerdo parlamentario aprobado por esta Cámara de Diputados el 4 de
septiembre, que norma el procedimiento para el análisis del III Informe de Gobierno en
materia de política social, nos acompaña el ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez,
secretario de Desarrollo Social.
Para dar cumplimiento al punto segundo, incisos a b y c, del mencionado acuerdo, se le
concede el uso de la palabra al ingeniero Carlos Rojas, hasta por 15 minutos.
El secretario de
Desarrollo Social,
Carlos Rojas Gutiérrez: |
Diputado Juan José Cruz, Presidente de
la Cámara de Diputados; señoras y señores diputados de la LVII Legislatura:
De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo parlamentario de esta Cámara de Diputados
para el análisis del III Informe de Gobierno, comparezco ante esta soberanía con el
propósito de ampliar la información sobre un aspecto fundamental para los mexicanos: los
avances y retos del desarrollo social.
La nueva realidad política y democrática, construida por la determinación ciudadana,
fortalece a la República y a sus instituciones. Hemos inaugurado una época que habrá de
significarse no sólo por la intensidad de las relaciones entre los poderes, sino por la
oportunidad de traducir la diversidad de las ideas en decisiones de gobierno.
Como lo ha señalado el presidente Ernesto Zedillo, lo primordial es que todas las
acciones contribuyan a transformar la realidad social para que los mexicanos tengan
igualdad de oportunidades y acceso a los beneficios del desarrollo.
La justicia social es un principio esencial de proyecto nacional y fin superior del
Estado, que da sentido al esfuerzo histórico de las generaciones que nos han precedido y
perspectiva a la determinación de cambio de los diversos órdenes de gobierno.
No obstante que durante este siglo la población se ha multiplicado en forma acelerada y
que hemos tenido que enfrentar situaciones económicas adversas, el progreso no se ha
detenido. El México de hoy sería impensable sin la vasta red de servicios básicos, de
educación, salud, vivienda y seguridad social. Los logros no son menores.
216,217,218
Por ejemplo, el índice de alfabetización se
ubica en más del 90% y el promedio de escolaridad en casi siete años; la esperanza de
vida ha aumentado a más de 70 años, se ha ampliado la cobertura de los servicios
mínimos de salud acerca del 95% de la población. En materia de servicios básicos
también se ha avanzado. Más del 86% de las familias cuentan hoy con agua potable y 93%
tienen energía eléctrica.
Sin embargo, México sigue siendo un país de profundos contrastes. El proceso de cambio
estructural con crisis recurrentes, no ha podido traducirse en la ampliación permanente
de los ingresos reales y un gran número de familias padecen condiciones inadmisibles de
marginación. Por estas razones y por el compromiso político y ético que tiene el Estado
con los grupos que padecen la pobreza, estamos obligados a actuar con responsabilidad y
eficacia frente a un enorme desafío: combatir la pobreza extrema, igualar las
oportunidades de acceso al bienestar y recuperar los niveles de empleo e ingreso.
La política de desarrollo social del Gobierno, en congruencia con el mandato contenido en
la Constitución, se orienta hacia dos propósitos esenciales: por un lado, se trata de
ampliar y mejorar los servicios que brinda el Estado, para que los mexicanos puedan
ejercer a cabalidad sus derechos a la educación, la salud y la seguridad social, la
vivienda y la capacitación, es decir, se impulsa una política social que tiene el
cometido de igualar las oportunidades de progreso individual y colectivo; por otro, una
estrategia de combate a la pobreza extrema, que concentra los esfuerzos de las
instituciones públicas para reforzar los programas vigentes y construir una política
integral que permita atacar los orígenes que determinan la pobreza y que hacen de ésta
un fenómeno que se hereda y perpetúa entre millones de familias.
En lo que corresponde a la política social de alcance general, se ha puesto mayor
atención en proteger y, en la medida de lo posible, ampliar el gasto público. Así,
entre 1994 y 1997, esta inversión ha pasado de 52% a casi el 56% del gasto programable,
es decir, en 1997 el gasto social federal se acercó a 9% del producto interno bruto, con
lo que prácticamente se recupera el nivel que este rubro tenía antes de la crisis.
Una parte fundamental del gasto para 1997, como se asienta en el informe, se destina a la
educación, la salud y la seguridad social, que en conjunto absorbieron cerca del 65%.
Por lo que toca al ámbito de responsabilidad de la dependencia a mi cargo, me permitiré
exponer algunas reflexiones relativas al desarrollo urbano, la vivienda y la superación
de la pobreza.
Respecto al desarrollo urbano y la vivienda, se han diseñado políticas que permitirán
arribar al Siglo XXI con una red nacional de centros urbanos, en la que se consolidarán
las cuatro grandes metrópolis y se fortalecerá a las ciudades medias con potencial para
constituirse en polos de desarrollo regional. Se promueve así el crecimiento ordenado de
las ciudades y el ordenamiento territorial de la población, al tiempo que se resuelven
rezagos habitacionales para que más mexicanos puedan acceder a una vivienda digna.
En esta administración se ha avanzado en aspectos fundamentales del desarrollo urbano,
como son la planeación y la regulación del uso del suelo. En este contexto se han
realizado, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, más de 1 mil 500
obras de infraestructura y equipamiento urbano y se constituyó un Consejo Consultivo
Nacional de Desarrollo Urbano como espacio de participación democrática, para dar
certidumbre al futuro de nuestras ciudades.
Asimismo, se concertó con los tres órdenes de gobierno, con los organismos nacionales de
vivienda y con los sectores social y privado, la alianza para la vivienda, cuyo propósito
fundamental ha sido coordinar los esfuerzos institucionales y de los particulares para
abatir rezagos y contribuir a resolver los problemas financieros de las familias que han
adquirido compromisos hipotecarios.
La estrategia para superar la pobreza obedece a tres propósitos fundamentales:
Primero. La ampliación de la infraestructura básica municipal, mediante la
descentralización del fondo de desarrollo social municipal.
Segundo. La creación de oportunidades de ingreso mediante el ejercicio del fondo
para el desarrollo regional y el empleo y
Tercero. El desarrollo de las capacidades de las personas y las familias por
medio de los programas de alimentación y abasto social y el Programa Nacional de
Educación, Salud y Alimentación.
En estos tres ámbitos, la Secretaría de Desarrollo Social y las entidades coordinadas
ejercen en 1997 un presupuesto de 27 mil millones de pesos. De éstos, 12 mil 650
corresponden al denominado ramo 26. De esos recursos, los municipios ejercen de manera
directa dos terceras partes de este monto, que asciende en este año a 8 mil 222 millones
de pesos de origen federal.
Desde 1996 esos recursos se distribuyen de manera más equitativa a partir de la
aplicación de una fórmula basada en indicadores socio-económicos y de bienestar. Así,
los municipios con menor grado de desarrollo cuentan con mayores recursos para financiar
el desarrollo social de sus comunidades.
En 1997 se están realizando más de 70 mil obras y acciones, con lo que avanzamos en la
construcción de infraestructura básica.
Al tiempo que se amplía la cobertura de servicios en todas las regiones del país, se han
apoyado las iniciativas de múltiples grupos sociales que pese a su esfuerzo y talento no
tienen oportunidades de empleo y de ingresos suficientes para acceder a una vida decorosa.
Esta es la razón fundamental que anima el respaldo del Gobierno Federal a la creación y
modernización de 1 mil 560 empresas sociales en 1997, que se dedican a actividades
pecuarias, forestales, pesqueras, agrícolas, comerciales y extractivas.
También en este año, el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados instrumentan un
programa de empleo temporal que incorpora proyectos de beneficio comunitario en mano de
obra intensiva, para suplir de manera transitoria la carencia de fuentes de ingreso,
cuando los ciclos agrícolas de siembra y cosecha han concluidos.
En 1997 se crearán alrededor de 1 millón de empleos temporales que contribuyen a mejorar
la economía de las familias que viven en el medio rural.
A partir de este año, se ha dado un nuevo impulso de manejo integral a los diversos
esfuerzos que el Estado mexicano ha realizado durante varias décadas para mejorar la
educación, la salud y la alimentación, en especial de las madres, de las niñas y de los
niños de menores recursos. De esta manera, se mantiene una política de apoyo al abasto
social y al consumo de productos básicos que fundamentalmente dota de leche a 5.4
millones de niños y ancianos, distribuye 4 millones de desayunos escolares cada día,
opera una red de casi 24 mil establecimientos comerciales rurales, manejados directamente
por las comunidades y, entre tortilla gratuita a 2 millones de familias diariamente,
además del subsidio generalizado a este producto.
Para reforzar estas acciones, se ha puesto en marcha el Programa Nacional de Educación,
Salud y Alimentación, que en 1997 atenderá a 400 mil familias.
El Progresa es una aportación significativa a la política social que, por su
trascendencia, requiere de acuerdo político y apoyo social.
Es por eso que el Presidente de la República ha realizado una amplia convocatoria para
que las fuerzas políticas, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y
todos los sectores de la sociedad, sumen sus voluntades y talento en favor del futuro de
las niñas y los niños de México.
Especial relevancia en la política social tiene la atención a los pueblos indígenas. El
carácter estructural de su problemática, implica reconocer la persistencia de
condiciones de vida adversas que se revelan como injustas e inadmisibles en la modernidad
de nuestro tiempo.
De ahí que el Gobierno haya reconocido la necesidad y legitimidad de impulsar una nueva
relación entre el Estado y las comunidades indígenas.
Todas las acciones de bienestar general y de superación de la pobreza, hacen particular
énfasis en los municipios o comunidades indígenas. Destaca la operación de 151 fondos
regionales, con los cuales se ha otorgado financiamiento a casi 1 mil 700 organizaciones
para la ejecución de 1940 proyectos productivos.
Pero más allá de las inversiones, las obras, de la concentración del esfuerzo público,
el reto que tenemos los mexicanos, es construir una nueva institucionalidad en la que
predominen los valores de la justicia, la libertad y la democracia en un contexto de
diversidad pluricultural y multiétnica.
Esta nueva relación debe sustentarse en el diálogo y respeto a las culturas y
tradiciones de las comunidades indígenas de todo el país. De esta manera la política
social es y deberá seguir siendo cada día más un instrumento para la reivindicación de
las justas demandas de las comunidades y los pueblos indígenas.
Señoras y señores legisladores: la política del Gobierno de la República para
enfrentar los retos de la igualdad de oportunidades y el combate a la pobreza, está
comprometida con los indígenas, los campesinos, los habitantes de las zonas urbanas
marginadas, las mujeres y los hombres que enfrentan obstáculos para ejercer efectivamente
sus derechos sociales.
Es necesario fortalecer y profundizar el sentido redistributivo de las políticas
económica y social.
Debemos avanzar hacia un debate constructivo, hacia un diálogo que permita el
perfeccionamiento de las acciones y los programas sociales. Para ello debemos anteponer el
interés de la nación.
La nueva etapa de la democracia mexicana exige respeto a la pluralidad, pero también
demanda un compromiso firme con las causas sociales que el Estado mexicano históricamente
ha defendido.
El perfeccionamiento de nuestra vida democrática, pasa necesariamente por la
construcción de una sociedad con menores desigualdades y mayores oportunidades.
El presidente Ernesto Zedillo ha convocado a dar un nuevo paso: construir una política de
estado para el crecimiento económico. Es un llamado para dar respuesta en un proceso
incluyente, integral y deliberativo, a los diversos cuestionamientos y preocupaciones que
están presentes en el ánimo de la nación.
Tal es el caso de los dilemas entre crecimiento económico y desarrollo social; entre el
horizonte de largo plazo para la maduración de los cambios estructurales y el apremio de
nuestros compatriotas para mejorar ya sus niveles de vida; entre los ajustes requeridos
para aumentar la eficiencia de la economía y la justa demanda de mayor equilibrio en la
distribución de los beneficios del desarrollo; entre la pertinencia de aumentar el
consumo y el imperativo de incrementar sustancialmente el ahorro interno y por ende, la
inversión productiva.
En suma, es una convocatoria a debatir positivamente sobre los aspectos complementarios
entre economía y bienestar. Es decir, una convocatoria a edificar juntos una política de
Estado para el crecimiento económico con justicia social.
Muchas gracias.
PRIMER TURNO DE ANALISIS
Para la primera ronda de preguntas por
10 minutos con derecho a réplica por cinco minutos, se han inscrito los siguientes
diputados:
Por el Partido Verde Ecologista de México, Gloria Lavara Mejía; por el Partido del
Trabajo, María Mercedes Maciel Ortiz; por el Partido Acción Nacional, Margarita Pérez
Gavilán Torres; por el Partido de la Revolución Democrática, Fernando Elías Hernández
Mendoza; por el Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Estefan Garfias.
Tiene la palabra la diputada Gloria Lavara Mejía, para su
intervención de 10 minutos.
| La diputada
Gloria Lavara Mejía: |
Gracias, señor Presidente; buenos
días, diputadas, diputados; señor Secretario:
219,220,221
En su mensaje de avances y retos de la
nación, el señor Presidente indica que al cabo de estudios minuciosos para asegurar su
correcta concepción y ejecución, ahora se ha puesto en marcha el Programa Nacional de
Educación, Salud y Alimentación, el Progresa, y que ésta es la primera vez que el
Gobierno de la República, diseña y aplica un programa que atiende con un enfoque
integral las causas de la pobreza extrema.
Para este año se pone en marcha el programa ya mencionado, para superar la pobreza y la
exclusión social que padecen todavía amplios segmentos de la población y que resulta
incompatible con la consolidación de una sociedad más democrática y la consecución de
un desarrollo económico sostenido.
El propósito general de este programa, según nos informó el señor Presidente, es
erradicar las condiciones estructurales que están en la raíz de la pobreza extrema,
mientras que sus objetivos centrales son: mejorar sustancialmente las condiciones de
alimentación, salud y educación de las familias pobres; brindar apoyo a la economía
familiar, para que los hijos complementen su educación básica; inducir la realización
de acciones de bienestar social y en general, promover la participación y respaldo
comunitario, para que los servicios educativos y de salud beneficien al conjunto de
familias.
En congruencia con el propósito del Plan Nacional de Desarrollo, en el periodo
comprendido entre 1995 y el año 2000, de establecer las bases productivas para un
desarrollo social sostenido, justo y homogéneo a nivel nacional, la Secretaría de
Desarrollo Social instrumenta una política económica, que supuestamente ha permitido
recuperar la senda del crecimiento sostenido.
Recordemos que para el 2 de diciembre de 1988, en uno de los primeros actos del entonces
presidente electo, por cierto en un proceso bastante dudoso, Carlos Salinas de Gortari,
define un conjunto de acciones inmediatas para revertir los rezagos sociales más graves y
crear condiciones para un proceso de mejoramiento integral, basado en el trabajo
productivo.
Se tenía la convicción de que sólo con la participación directa y el trabajo
productivo que aparentemente incrementaba el ingreso familiar, se mejorarían los niveles
de bienestar, con lo que se erradicaría de manera definitiva la pobreza extrema de
nuestro país.
Bajo cuatro principios básicos el Programa Nacional de Solidaridad inició su operación:
respeto a la voluntad, iniciativas y formas de organización de los individuos y
comunidades, plena y efectiva participación y organización de las comunidades en las
acciones del programa, corresponsabilidad y transparencia, honestidad y eficiencia en el
manejo de recursos.
Para el 24 de enero de 1994, último año para el que estaba proyectado el Pronasol, usted
declaraba: "Habrá ajustes al Pronasol. El Programa Nacional de Solidaridad será
objeto de algunos ajustes para buscar opciones que permitan construir proyectos con base
en la corresponsabilidad. Sólo así se logrará que los proyectos de desarrollo puedan
ser eficaces y que las soluciones ya no se den por medio de papeles que corren por las
oficinas de las ciudades. La orden presidencial es específica, concreta, el Gobierno no
debe actuar con irresponsabilidad, sino garantizar que la desconfianza se elimine, ahora
habrá un compromiso de corresponsabilidad, mayor organización y respeto puntual en las
gestiones y proyectos que demande la sociedad".
Como ve, señor Secretario, no hace falta ahondar en los resultados del programa que
supuestamente estaba inspirado en los sentimientos de la nación para darse cuenta que fue
estructurado en una serie de evidentes contradicciones e incumplimientos, al grado de que
para el último año del mismo, el Gobierno todavía se veía en la penosa necesidad de
prometer lo que en un principio había dictado como los principios que cimentaban al
Pronasol.
Reconozco que sería prematuro establecer un juicio estricto sobre el Progresa, sin
embargo, creo que es válido nuestro temor como ciudadanos ante tales antecedentes, más
aún cuando el discurso de uno y otro programa tienen tanta similitud.
Señor Secretario, se menciona que el Progresa se pone en marcha para superar la pobreza y
la exclusión social que aún padecen algunos y que resulta incompatible con la
consolidación de una sociedad más democrática y la consecución de un desarrollo
económico sostenido.
Al escuchar que se combatirá la pobreza
extrema proponiendo una solución integral, corremos el riesgo de evocar un programa de
años anteriores, en el mejor de los casos, porque de no ser así, es muy probable que
tengamos que imaginar que lo único que se pretende es el intento de borrar los rescoldos
del salinismo y retomar un programa para elaborar otro que, discúlpeme, señor
Secretario, tendría muy poco de nuevo, aun cuando el Ejecutivo asegure que ésta es la
primera vez que el Gobierno de la República diseña y aplica un programa que atiende con
un enfoque integral las causas de la pobreza extrema. Quizá sería la primera vez que al
cabo de estudios minuciosos se pueda asegurar la correcta concepción y ejecución de un
programa, pero quisiera que nos especificara, por favor, ¿cuáles son los argumentos que
les permitan aseverar con tanta firmeza esta seguridad?
Gracias.
Tiene la palabra el ingeniero Carlos
Rojas Gutiérrez, para hacer sus consideraciones, por 10 minutos.
El secretario de
Desarrollo Social,
Carlos Rojas Gutiérrez: |
Diputada Lavara Mejía:
Me parece que ha tocado usted un tema de enorme interés para la comunidad, para esta
legislatura.
Quisiera hacerle algunos comentarios y algunas precisiones: la política social del
Gobierno del presidente Zedillo, es resultado de la evolución de las políticas sociales
que han venido operando a lo largo de la historia de nuestro país. En algunos periodos ha
sido posible impulsar programas sociales con mayor intensidad y en otros ha sido
indispensable fijar prioridades que permitan hacer frente a condiciones adversas en los
ciclos económicos. Pero lo fundamental es que siempre el Estado Mexicano ha mantenido una
firme vocación en favor de la gente más necesitada.
Quisiera que me permitiera usted citar algunos ejemplos de cómo ha venido evolucionando
la política social en nuestro país. En los años setenta un grupo de técnicos, desde la
Presidencia de la República, conformaron lo que se denominó el Programa Integral para el
Desarrollo Rural, que por primera vez fijó su atención con un enfoque microrregional y
que permitió llevar a cabo un conjunto de proyectos productivos en diversas regiones de
México.
Posteriormente a este programa el Gobierno de la República implementó lo que fue el
programa de la Coplamar, en donde se pudo avanzar, yo diría de manera muy significativa,
en algunos aspectos, especialmente de la participación social de las comunidades.
No está de más señalar que los programas de abasto comunitario pudieron conjugar la
iniciativa comunitaria y el apoyo de las instituciones para alcanzar hoy, estos programas
persisten y son administrados por las comunidades, un servicio a un poco más de 31
millones de mexicanos.
También con la Coplamar se pudo avanzar en la prestación de los servicios sociales,
especialmente los servicios médicos que otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social,
a través de varios miles de unidades médicas rurales.
Lo más importante de esos proyectos fue que dieron los primeros pasos para desarrollar,
para evolucionar en términos de la participación de la gente. No está de más señalar
que hay algunos legisladores que fueron participantes en estos proyectos.
El Programa de Solidaridad avanzó sobre estas tareas, avanzó sobre esas experiencias,
conjugó recursos, integró a las instituciones y se pudieron dar pasos importantes en
materia de descentralización de recursos, avanzar en la conformación, en la integración
y en la consolidación de la participación de la gente en la resolución de sus
problemas. Y también se incorporaron algunas estrategias, especialmente en las zonas
urbanas, para avanzar en la prestación de los servicios sociales básicos.
Cabe destacar que en Solidaridad, la participación social fue un denominador fundamental
que permitió avanzar en las iniciativas y en la organización de las comunidades.
Todos estos programas, diputada, han sido experiencias muy valiosas para el Gobierno y
también para la gente. Sin duda todos son mejorables, hemos aprendido de su evolución.
Por ejemplo en el caso del Pider, si bien es cierto que empezó a conducir los primeros
proyectos productivos hacia las zonas rurales, todas las decisiones se tomaban en la
Ciudad de México y el carácter excesivamente técnico impidió que enraizara en los
grupos campesinos.
En el caso de la Coplamar, con excepción de los que yo he mencionado, que tuvieron un
gran arraigo y que hasta hoy persisten, lo cierto es que faltó integralidad y que no
pudimos avanzar en otras materias tan importantes como comunicaciones o agua potable o
electrificación.
En el caso de Solidaridad, si bien hay que destacar que se pudo avanzar en el abatimiento
de rezagos sociales muy importantes, especialmente en materia de construcción de
infraestructura educativa, de salud o de servicios urbanos, lo cierto es que nos faltó
impulsar con mayor decisión la parte correspondiente a los proyectos productivos, a la
generación de empleo y de ingreso.
Hoy la política del Gobierno de la República en materia de superación de la pobreza,
tiene un carácter integral y avanza sobre nuestras experiencias pasadas, que recupera lo
más valioso de esos proyectos y los relanza con un carácter integral, incluyente,
participativo y también federalista.
Es en este marco en que la política de superación de la pobreza tiene tres vertientes:
En primer lugar, como ya lo comenté, la generación de empleo-ingreso a través del Fondo
Nacional de Empresas Sociales y de Proyectos Específicos, que conduce y coordina la
Secretaría de Desarrollo Social en conjunto con otras secretarías de Estado y con los
gobiernos estatales y municipales, para generar empleos permanentes y también temporales.
La segunda vertiente, el desarrollo de la infraestructura básica, con una política
totalmente descentralizada hacia los municipios en donde hoy se entregan los recursos de
manera equitativa y transparente y de esta manera se puede avanzar en el abatimiento de
esos rezagos.
Y finalmente, el desarrollo de las capacidades individuales, en donde al mismo tiempo que
seguimos operando los programas de subsidio a la leche, de desayunos escolares, de
subsidio a la tortilla, de las tiendas comunitarias, hoy damos un paso adicional con el
Programa de Educación, Salud y Alimentación.
Y sus diferencias, diputada, radican fundamentalmente en el carácter integral, continuo y
de largo plazo que puede tener este programa.
Este proyecto suma y avanza sobre los problemas de desnutrición, de falta de salud y de
educación básica.
Progresa busca que los niños y jóvenes cuenten con medios suficientes para completar el
ciclo de educación básica, que todos los miembros de estas familias reciban servicios de
cuidado y atención de la salud, incluida la detección y tratamiento de la desnutrición,
y que cuenten con apoyos para mejorar su alimentación.
El programa trabaja, proporciona estos apoyos a las familias que más lo necesitan.
Proporciona apoyos que se expresan tanto de forma monetaria como en especie, entre los que
se encuentran el apoyo alimentario y los educativos y los servicios de salud, que incluyen
los suplementos alimenticios, así como el apoyo en útiles escolares en localidades
aisladas.
En el caso del componente educativo, cabe resaltar que el Progresa prevé otorgar becas a
los alumnos a partir del tercer año de primaria y hasta concluir el tercer año de
secundaria; con una diferencia creciente en los montos conforme avancen los estudios y
también con privilegios en montos para las niñas, que sin duda son un sector que está
en desventaja para continuar sus estudios.
En el caso de salud, se ha integrado ya un paquete básico que permitirá otorgar estos
servicios y atacar de manera preventiva los problemas de desnutrición y las principales
causas de mortalidad, especialmente en los niños y en las madres embarazadas y lactantes.
Y finalmente, los apoyos alimenticios, en donde se incluye una transferencia monetaria
mensual para la familia, que les permita complementar sus ingresos y de esta manera poder
contar con mejores esquemas de apoyo alimentario.
222,223,224
Finalmente, diputada, le comentaría yo que un
aspecto muy importante del Progresa, es que todos nos podamos sumar a verificar su
operación, a que todos estemos claros de las regiones, de los municipios, de las
localidades, de las familias en que se aplica. De esa manera estarán ustedes seguros y
todo el pueblo de México, de que los recursos se aplican con honestidad, con eficacia y
verdaderamente para quien más lo necesita.
Muchas gracias, por su atención.
Diputada Lavara, ¿desea usted hacer uso
de su derecho de réplica?
La diputada
Gloria Lavara Mejía
(desde su curul): |
No, gracias.
Tiene la palabra la diputada María
Mercedes Maciel Ortiz, para su intervención de 10 minutos.
| La diputada
María Mercedes Maciel Ortiz: |
Con su venia, diputado Presidente;
compañeras y compañeros diputados; señor secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas
Gutiérrez:
Pobre, muy pobre, es el Gobierno que en el combate a la pobreza ha salido derrotado.
Corresponde ahora analizar del informe rendido por el Presidente de la República, lo
correspondiente a política social.
La política social en México, al igual que la política económica, sufrió un giro
importante en sus objetivos y propósitos a partir del Gobierno de Miguel de la Madrid. En
esta etapa se agotó el anterior modelo correspondiente al Estado benefactor y se comenzó
a abandonar el pacto social derivado de la Revolución Mexicana, en aras de un nuevo
sistema de relaciones entre el Estado y la sociedad.
La nueva etapa implicó la instauración del dogma neoliberal, que confía en la
regulación automática del mercado, como mecanismo de asignación de los recursos y la
riqueza generada. En la práctica, ello se ha traducido en el abandono de la política de
desarrollo social, como era anteriormente concebida y en la adopción de un conjunto de
medidas compensatorias y subsidiarias que buscan paliar los profundos efectos de la
pobreza, pero no sus causas.
Se trata, simple y llanamente, de la administración de la pobreza. Esta política social
del neoliberalismo se distingue:
1o. Por instrumentar programas asistenciales a sectores de alto riesgo, grupos en pobreza
extrema, áreas con potencial insurreccional, así como grupos susceptibles de
manipulación electoral.
2o. Por subordinarse a estrategias diseñadas por organismos internacionales como el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo,
dominados por el capital financiero internacional.
3o. Por instrumentar programas emergentes en áreas de conflicto social como Chiapas,
Guerrero y Oaxaca, con el fin de atenuar el descontento y la desesperación de los pobres.
4o. Por mantener controles centralizados sobre los recursos públicos destinados a los
estados y municipios y
5o. Por destinar recursos extremadamente limitados para enfrentar un problema del tamaño
de la mitad de México.
A esto hay que agregar que esta política es parcial, pues sus programas cumplen solamente
aspectos relativos a la población en el desamparo, atención alimentaria, apoyos
limitados en educación y salud y servicios básicos en zonas marginadas.
Al margen de los detalles, sobre estos lineamientos se han venido desarrollando los
programas de política social del presidente Zedillo.
Una política como ésta no puede resolver los
graves problemas de la pobreza y la marginación, sino que por sus propios fundamentos
meramente asistencialistas apenas llega a la superficie.
¡Tenemos que decir que ni el populista más ramplón imaginó jamás aumentar,
instrumentar, la caridad gubernamental, como ahora lo vemos bajo el presuntuoso nombre de
Progresa! ¡Los pobres no son mendigos, sino el producto de políticas claramente
excluyentes!
De cara a esta difícil situación, el Partido del Trabajo propone una política efectiva
para el desarrollo social que coloca en el centro de sus estrategias la generación de
empleos y la recuperación del ingreso de la mayoría de las familias mexicanas.
El cumplimiento de este objetivo primordial sólo podrá realizarse si en vez de
privilegiar las acciones asistenciales, reforzamos y multiplicamos los recursos para la
generación de opciones productivas. No hay que olvidar, como han afirmado los clásicos,
que la fuente de toda riqueza es el trabajo, el trabajo productivo.
Proponemos una política social diferente, cuyo fundamento sea la más amplia
participación de la población en el diseño, en la toma de decisiones y en la ejecución
de las acciones, evitando el clientelismo y la manipulación política en la
cristalización de sus beneficios. Para ello se requiere la transferencia de recursos a
los municipios, pugnando a la vez por un incremento significativo de los recursos del ramo
20 y del ramo 26, hasta en un 50%.
También es preciso asumir pleno respeto a la competencia de los ámbitos de los distintos
niveles de gobierno.
El Partido del Trabajo propone que el Legislativo y el Ejecutivo juntos, trabajemos de
común acuerdo para encontrar el camino correcto que nos lleve al crecimiento sostenido
con equidad social.
La ciudadanía está pendiente. La nación demanda un nuevo pacto social que permita
llevar a cabo la gran reforma social que necesita México. El Partido del Trabajo reitera
su posición para esta gran tarea; ésta es nuestra posición y sobre ella, secretario
Rojas, le pedimos sus reflexiones y comentarios.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el ingeniero Carlos
Rojas Gutiérrez, para hacer sus consideraciones.
El secretario de
Desarrollo Social,
Carlos Rojas Gutiérrez: |
Señora diputada María Mercedes Maciel:
Me parece que ha dicho usted cosas muy sensatas, algunas de ellas por supuesto yo tendría
diferencias de matiz, pero sin duda coincido en que la justicia social es un principio
esencial del proyecto nacional, que la búsqueda de la justicia ha permitido ampliar los
derechos sociales y mejorar la calidad de muchos mexicanos. Sin embargo, como lo mencioné
al inicio de mi intervención, persisten signos de iniquidad, a los que es necesario hacer
frente, para que todos los mexicanos ejerzan su derecho a una vida digna y de igualdad de
oportunidades.
El Gobierno y la sociedad tenemos el imperativo de reivindicar nuestro compromiso con el
bienestar social y con la distribución equitativa del ingreso nacional. Pero es
necesario, diputada, evitar la transmisión generacional de la pobreza y para ello es
indispensable la complementariedad de interacción del desarrollo social con el desempeño
económico del país.
Para alcanzar el bienestar general y erradicar la pobreza, es necesario una economía que
crezca dinámicamente y en su contexto de equidad y estabilidad.
Tiene usted razón, cuando señala que el empleo estable es adecuadamente remunerado y
constituye el mecanismo más eficaz para generar, multiplicar y reproducir el bienestar.
Por esta razón el crecimiento sostenido, las políticas de fomento al empleo, la
producción y las de superación de la riqueza, guardan una estrecha relación.
El reto consiste en transformar la realidad a partir de la reducción de las desigualdades
y el acceso efectivo de todos los mexicanos a los beneficios del desarrollo. Pero
también, señora diputada, es necesario desechar la política fragmentaria, las
descalificaciones estériles y las posturas irreductibles.
Coincido con usted en que el desafío de superar la pobreza y moderar la desigualdad
económica exige un pacto social renovado, una alianza para el bienestar que nos permita
sumar la fuerza de todos: de las instituciones de los legisladores, de los tres órdenes
de gobierno, de todos los grupos sociales, con una estrategia integral, federalista,
incluyente y corresponsable.
Nosotros, como se señala en el capítulo correspondiente del Plan Nacional de Desarrollo,
aspiramos a construir una política social de Estado capaz de sumar a todas las fuerzas, a
todos los grupos, a todas las instituciones ante, sin duda, el mayor desafío que tenemos
los mexicanos en el umbral del Siglo XXI, que es el de superar la pobreza y evitar llegar
a este nuevo siglo con las condiciones de iniquidad y desigualdad que todavía tienen
millones de mexicanos.
Diputada, ¿desea hacer uso de su
derecho de réplica?
Tiene la palabra la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, para su intervención de cinco
minutos.
| La diputada
María Mercedes Maciel Ortiz: |
Señor secretario Rojas:
Las descalificaciones estériles no son parte de nuestra política, más de 25 años de
lucha de muchos dirigentes sociales que integran el Partido del Trabajo lo avalan, ha sido
la práctica social la que se ha vertido en el documento anteriormente leído e
insistimos, la base real de la superación de la empresa es el empleo productivo.
Hoy, no sólo persisten signos de iniquidad, sino que con las políticas neoliberales la
pobreza y la marginación están creciendo de manera incontrolable y esto es así porque
su fin no es alcanzar la justicia social, sino atemperar los más grandes riesgos de
descontento social. Insistimos, este no es el camino, sino que tenemos que generar trabajo
y empleo para todos.
La participación social derivada de experiencias anteriores y mantenida en las políticas
y problemas actuales sigue esencialmente siendo consultiva, aún está pendiente
establecer el marco administrativo para que dicha participación se extienda de manera
efectiva al diseño de la orientación y el contenido de la política general y de los
programas específicos, pero también y sobre todo, a la toma de decisiones en la materia
y la ejecución de las acciones.
Esto debe contemplar naturalmente los recursos para tal fin.
Muchas gracias.
Tiene la palabra la diputada Margarita
Pérez Gavilán Torres, para su intervención de 10 minutos.
| La diputada
Margarita Pérez Gavilán Torres: |
Con el permiso de la Presidencia,
señoras y señores diputados; señor secretario Carlos Rojas:
El Presidente de la República, en su tercer informe, reconoce el fracaso de las
políticas sociales cuando afirma, cito: "por la insuficiencia de recursos, por el
acelerado aumento de la población y por fallas en algunos programas, subsisten enormes
rezagos y graves carencias", termina la cita.
Poco aprovecha reconocer el fracaso si se atribuye a causas que no lo provocan, el
problema de fondo es que la llamada política social se conduce como un conjunto de
instrumentos para mantener el control político de los más débiles y vulnerables.
225,226,227
Se ha estado fomentando de manera paternalista
la dependencia, se ha acostumbrado al campesino a recibir, no a producir; se le ha
enseñado al habitante de colonias marginadas a esperar todo, sin participar; en todos los
rincones del país, se ha denunciado con insistencia el manejo clientelar y electorero de
los programas en apoyo al partido oficial, que apenas el martes en esta tribuna ha
reconocido el Secretario de Gobernación, destaca la constante violación al artículo 115
de la Constitución, porque en la práctica se establecen autoridades intermedias entre el
municipio y el gobierno del Estado.
En el municipio de Puebla, a sólo 18 días de concluir el plazo para la liberación de
los recursos, el gobierno del Estado se ha negado a entregarlos al municipio y pretende
canalizarlos a través de comités comprometidos con su partido.
Otro ejemplo: Oaxaca, se utiliza también indebidamente el ramo 26 que ejerce la
Secretaría a su cargo. El gobernador manipula indebidamente esos recursos sustrayendo
parte de lo que les corresponde a los municipios para organizar su propio programa de
desarrollo con esos fondos. Además, permite que se utilicen parte de ellos por agentes
del PRI, quienes los entregan en nombre del partido oficial y existen testimonio del uso
que hace el PRI de estos recursos, que están documentados en este video, ¡aquí lo tiene
usted, señor Secretario!
En esta conducción, la llamada política social ha sido exitosa, ha logrado manipular,
mantener la dependencia y generar más pobres para incrementar el universo de votos a
captar, pero el doloroso saldo son millones de mexicanos que sufren y que tienen
hipotecado su futuro.
Se afirma en el texto del informe presidencial, cito: "El Gobierno de la República
ha asumido el firme compromiso de establecer las condiciones que permitan una vida digna
para las familias que han tenido menos oportunidad", termina la cita.
Y en todos los foros y discursos se insiste en que ésta es una prioridad de este
Gobierno; sin embargo, en los hechos, en la asignación de los recursos, el combate a la
pobreza no es el objetivo prioritario. En este ejercicio fiscal se programaron 12 mil 650
millones de pesos en el ramo 26, lo que representa 316 pesos con 25 centavos al año, por
cada uno de los 40 millones de pobres que tenemos.
¿Cómo afirmar que el Gobierno tiene el firme propósito de combatir a la pobreza con
menos de un peso por pobre al día? Desde la visión del Partido Acción Nacional, el
problema no estriba sólo en la limitación de fondos que se destinan a los programas
sociales, el problema más grave es la concepción de la política social que tiene el
régimen; aún multiplicando varias veces los recursos, los resultados esperados no se
obtendrían.
El 6 de julio pasado, los mexicanos en las urnas votamos por acabar con esa forma de
gobierno que produce pobreza, que no genera oportunidades iguales para todos, que en toda
su existencia no ha atinado a resolver el problema social. Si alguna esperanza, si alguna
expectativa ha levantado el resultado de esta elección en los mexicanos, es acabar con la
insultante desigualdad, la concentración de riqueza y los millones de mexicanos
marginados de toda oportunidad.
Programas van y programas vienen. Antes fue Solidaridad, ahora Progresa, pero el enfoque
erróneo no cambia; continúan los programas centralistas porque conciben el federalismo
como mera desconcentración de recursos y no descentralización de decisiones y
facultades.
Aún cuando se insiste que el 65% de los recursos del ramo 26 son administrados por
municipios, están sujetos a programas y etiquetas que no siempre corresponden a las
necesidades locales y aún así, en muchos estados los gobiernos estatales simulan la
municipalización de estas partidas, ejerciéndolas en realidad el gobierno estatal.
Quizá lo más grave es que los programas sociales no tienen objetivos definidos,
compromisos claros para incluir a los excluidos de los beneficios del crecimiento
económico y del desarrollo.
Mientras no se establezca la cantidad de personas pobres que dejan de serlo o que mejoran
sus condiciones de vida como resultado de los programas aplicados, éstos serán, en el
mejor de los casos, catálogos de buenas intenciones y como no tienen objetivos, se
manejan con discrecionalidad. Así sucede con la tercera parte de los recursos del ramo
26; se asignan no en función de dar oportunidades a los que no tienen, sino en función
de intereses corporativos.
Desde su fundación el Partido Acción Nacional, ha insistido en la necesidad de una
verdadera política social. En 1944, Efraín González Luna afirmó: "la política
social no es la explotación política de los problemas sociales, sino la acción recta y
eficaz del Estado para instaurar, fortalecer y defender un verdadero orden social".
Este verdadero orden social implica el apoyo subsidiario, no paternalista para que
aquellos excluidos del progreso tengan las oportunidades a su alcance, con apoyo del
Estado y de la sociedad, por el tiempo y cantidad necesarios, para que puedan por sus
propios medios desarrollarse.
Una eficiente política social estimula y apoya la participación de la sociedad y se
mantiene con todo el impulso, independientemente de la situación de la economía
nacional. Es municipalista, asigna los recursos, facultades y decisiones a la autoridad
más cercana, la autoridad que conoce de las carencias y de las mejores formas para
resolverlas.
Señor Secretario, en el marco del diálogo que estas comparecencias nos permiten al
Legislativo y al Ejecutivo, encaminadas a construir los nuevos consensos para definir las
políticas de gasto para el próximo ejercicio fiscal, queremos solicitar su punto de
vista y su posición personal con respecto a la siguiente propuesta que nuestro grupo
parlamentario se propone impulsar: trasladar al ramo 28 la totalidad de recursos del ramo
26, es decir, entregar a los municipios los recursos presupuestales destinados al combate
a la pobreza.
Habiendo sido usted responsable de los programas sociales, tanto en esta administración
como en parte de la pasada, ¿cómo explica usted que México ocupara, de acuerdo al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el lugar 46 en 1992, bajando al 48 en
1996 y bajando aún más, ocupando el lugar 50 en 1997? ¿No cree usted, señor
Secretario, que han sido demasiados esfuerzos para conseguir consistentemente cada vez
más mexicanos marginados?
Por sus comentarios, gracias.
Señores diputados, esta Presidencia
invita cordial y respetuosamente a los diputados a mantener la calma y el orden que se
requieren para el desarrollo de la sesión y el desahogo de los asuntos en cartera.
Tiene la palabra el ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez, para hacer sus consideraciones.
El secretario de
Desarrollo Social,
Carlos Rojas Gutiérrez: |
Con su permiso, señor Presidente:
Señora diputada Margarita Pérez Gavilán, yo quisiera antes de responder a la pregunta
que usted hizo, hacer algunos comentarios en torno a los calificativos, a la operación
del ramo 26 y de los fondos municipales.
En primer lugar, difiero de usted en el sentido y en el calificativo que le ha dado al
esfuerzo que hemos realizado en los últimos años por federalizar, por descentralizar
estos recursos y también, por darle un carácter no solamente descentralizado, sino
transparente y equitativo.
Vale la pena recordar aquí que hasta hace algunos años, efectivamente los recursos del
ramo 26 eran asignados a nivel Federal, a nivel central y no existían criterios públicos
que permitieran una distribución clara y transparente de estos recursos. A partir de
1995, por instrucciones del Presidente de la República y con aprobación de esta Cámara,
se inició el ejercicio de los recursos a través de las autoridades municipales. En ese
entonces, en ese ejercicio se otorgó el 50% de los recursos contenidos en el denominado
ramo 26.
Ya en 1996 y 1997 avanzamos con una descentralización mayor y hoy se entregan las dos
terceras partes de estos recursos a las autoridades municipales y tal y como lo prevé el
artículo 116 constitucional, se realiza a través de los gobiernos de los estados.
La asignación de estos recursos privilegia la justicia y la equidad. Se trata de enviar
la mayor cantidad de ellos a los estados y a los municipios que más carencias tienen. Por
ello, en 1997 tan sólo seis estados de la República integran el 40% del total de los
recursos. Es decir, se trata de privilegiar aquellas entidades que tienen mayores rezagos,
un menor desarrollo y por lo tanto, en una función que fortalece el pacto nacional y la
unidad, el Gobierno le ha propuesto a la Cámara de Diputados y esta legislatura así lo
aprobó, una canalización de recursos preferencial hacia esas entidades y hacia esos
municipios.
Hemos trabajado con una gran intensidad, señora diputada, en los últimos años con las
comisiones de Desarrollo Social y de Fortalecimiento Municipal del Congreso de la Unión.
Hemos trabajado con académicos, con las universidades y pudimos consensar una fórmula
que, basada en indicadores de rezago, en indicadores estadísticos, permitiera con un
sentido de equidad transparentar el destino de estos recursos.
Lo ha hecho el Gobierno Federal y es un documento público que apareció en el Diario
Oficial de la Federación, el pasado 2 de enero.
Los gobiernos de los estados por su parte, tal y como se comprometen en el Convenio de
Desarrollo Social, han hecho lo propio y casi todos, casi todos publicaron en tiempo y
forma, antes del 15 de febrero, la asignación y la distribución de estos recursos a
nivel municipal.
Los municipios, por su parte, tienen la obligación de publicar en los medios locales o
por los medios de comunicación de que dispongan, las asignaciones para las obras y los
proyectos que decidan los consejos de desarrollo municipal o los consejos de planeación
para el desarrollo municipal.
Difiero de usted, señora diputada, cuando señala un trato discriminatorio para el
municipio de Puebla.
Vale la pena recordar aquí que en el Estado hay 217 municipios, de los cuales 23 son
gobernados por el Partido Acción Nacional y sólo uno, el que usted hizo mención, ha
protestado por un tratamiento diferencial.
No encuentro razones por qué municipios vecinos incluso del de Puebla, como Atlixco o San
Martín o uno un poco más alejado, como Tehuacán, puede trabajar de común acuerdo con
las autoridades estatales y federales y recibir recursos para solucionar y abatir los
rezagos que tanta urgencia demandan las comunidades en donde tantas necesidades hay.
Señala usted también diputada, que los recursos del ramo 26 son insuficientes y saca una
proporción de un promedio de cómo se podrían dividir entre los 90 millones de mexicanos
estos recursos.
Efectivamente, diputada, aquí coincido con usted, son recursos insuficientes, ojalá
tuviéramos más para resolver los problemas y los rezagos, pero puede usted considerar
también en su análisis que no son los únicos; que yo he explicado ya en dos ocasiones
en esta tribuna, de que la política social tiene dos vertientes de trabajo. Una, la que
atiende a los derechos constitucionales, como las cuestiones de salud, de educación, de
seguridad social o de vivienda y aquellos programas vinculados a la superación de la
pobreza.
Vale la pena subrayar nuevamente que el 56% del Presupuesto de Egresos de la Federación,
se dedica y se destina a estos propósitos.
Creo, señora diputada, que tenemos que seguir avanzando en la descentralización de los
recursos y en un manejo más eficiente del ramo 26.
Creo que hay mucho por hacer. Efectivamente, vale la pena recordar aquí, que éstos son,
a partir de 1994 y 1995, la primera ocasión en que los municipios reciben por decisión e
iniciativa del Ejecutivo Federal y con la aprobación de esta Cámara, recursos federales.
Ese es el carácter de los recursos del ramo 26 que bien podría, en atención a lo que
señala la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, administrar y ejecutar la
Secretaría de Desarrollo Social o cualquier otra dependencia del Ejecutivo Federal.
Subrayo la voluntad política del Presidente de la República, para descentralizar estos
recursos y para que sea el orden municipal de gobierno los que puedan responder a las
demandas de los ciudadanos.
Señora diputada, la descentralización no es un fin en sí mismo, es un medio para hacer
mejor las cosas, para que las obras y acciones respondan a las necesidades de la gente y
para fortalecer la autonomía y capacidad de decisión de los municipios.
Lo que necesitamos es garantizar la transparencia y equidad en la asignación del gasto;
ampliar los espacios del gobierno local y promover el desarrollo de las regiones con mayor
desventaja.
228,229,230
El esquema actual permite un trato de flexibilidad aceptable, sin embargo, hay mucho por
hacer. Yo creo que podremos seguir avanzando en esta decisión política, en esta voluntad
para que crecientemente sean las autoridades municipales las que puedan administrar estos
recursos y cumplir de mejor manera con lo que le señala la ley, en especial el artículo
115 constitucional.
Finalmente le diría, señora diputada, que el financiamiento del desarrollo de los
estados y municipios, reconozco que enfrenta problemas estructurales y otros de naturaleza
coyuntural, como son la insuficiencia en las participaciones fiscales, el nivel de
endeudamiento, el elevado costo del dinero que encareció los créditos, las dificultades
para aumentar los ingresos de las haciendas locales.
La sola transferencia de recursos de un ramo a otro, en este caso del ramo 26 al ramo 28,
participaciones a estados y municipios, no significa que se estén aumentado en términos
reales los recursos para el financiamiento del desarrollo de los municipios. Sí
significaría, señora diputada, que estos recursos se fueran a esta gran bolsa, que es el
ramo 28 y que salieran con mayores beneficios los estados con mayores recursos.
Concluiría señalando que el problema del financiamiento municipal es un asunto complejo,
y ojalá tengamos la capacidad y la voluntad de que en esta legislatura podamos derivar
acciones específicas para poderlo atender.
Muchas gracias por su atención.
Diputada, ¿desea hacer uso de su
derecho de réplica?.. Tiene la palabra la diputada Margarita Pérez Gavilán Torres, por
cinco minutos.
| La diputada
Margarita Pérez Gavilán Torres: |
Con su permiso, señor Presidente:
No me extraña la respuesta, señor Secretario, ya tenía yo antecedentes de sus
contestaciones evasivas y escurridizas, es parte de este régimen del que los mexicanos
tanto nos hemos quejado. Son innumerables los casos que a través del fondo discrecional
del ramo 26 se usan los recursos para favores a partidos políticos en campaña.
Me queda muy claro que el experimento político que desde Salinas se implementó, fue
parte de una perversa maquinación, que apoyada por usted ayudó a desarrollar.
Pero todo cae por su propio peso, estoy segura que tarde que temprano, las personas y las
cosas se acomodarán en su lugar, y los mexicanos desterraremos de una vez por todas estas
prácticas deshonestas. El 6 de julio pasado fue el primer botón de muestra.
Desde 1995, se usan meros criterios públicos. ¿Cuáles son los criterios públicos para
ejercer los recursos del ramo 26? Los gobernadores siguen manipulando esos recursos y en
muchas entidades, cuando los municipios son gobernados por la oposición, los recursos se
retrasan o no llegan; es decir, se sigue haciendo uso político de los programas llamados
de desarrollo social.
En Mérida, sólo el 6% de los recursos del ramo 26 llegan al municipio, cuando allí vive
cerca del 70% de la población en el Estado.
Otra prueba del error...
Permítame, diputada, permitanme
diputados: esta Presidencia invita a todos a escuchar con atención y respeto la
intervención del orador en turno. Continúe con su intervención.
| La diputada
Margarita Pérez Gavilán Torres: |
Gracias, señor Presidente.
Otra prueba del error de enfoque de su política social es el hecho de que la partida del
ramo 26, destinada a proyectos productivos, que son claves para salir de la pobreza, en
lugar de aumentar, disminuyen. De 2 mil 600 millones de pesos en 1996 a 1 mil 900 en 1997.
Queda muy claro que ustedes no pretenden terminar con la pobreza, solamente perpetuarla.
Gracias.
Tiene la palabra el diputado Fernando
Elías Hernández Mendoza.
El diputado
Fernando Elías Hernández
Mendoza: |
Con su permiso, señor Presidente;
señor Carlos Rojas, titular de la Secretaría de Desarrollo Social; compañeras y
compañeros diputados:
Antes de dar inicio con el tema que nos ocupa en esta ocasión, quiero expresar, a nombre
de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, nuestra más
fraternal bienvenida a la delegación de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, que el día de hoy hacen su arribo a la Ciudad de México.
¡Bienvenidos hermanos zapatistas!
Señor Secretario: la política social del titular del Poder Ejecutivo Federal ha
profundizado la ruptura práctica y conceptual de los derechos sociales de los mexicanos,
plasmados en nuestra Constitución, la cual establece que el Estado mexicano tiene una
clara responsabilidad en la promoción del bienestar de amplias capas de la población del
país.
De una política social redistributiva y deliberada, se ha transitado a la lógica del
esfuerzo individual, en donde la acción social del Estado se ha reducido sensiblemente.
Así, la política social del Gobierno pone énfasis en un conjunto de decisiones y
acciones económicas asistencialistas dirigidas a asegurar la igualdad de oportunidades
"ante la ley y mitigar la necesidad extrema".
La prioridad del Gobierno Federal en estos últimos tres años no ha sido, y que quede
claro, una política que atienda el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos a
través de acciones de cobertura amplia destinadas a la población en general y que se
garantice con ello el acceso a los servicios básicos de educación, salud, seguridad
social, capacitación laboral y vivienda, como se sostiene en el III Informe de Gobierno.
Supeditar, como hasta hoy, la satisfacción de las necesidades sociales al logro de las
metas macroeconómicas, ha tenido como resultado que las acciones universales de política
social se vean seriamente limitadas, sobre todo si se considera que nuestra economía ha
sufrido crisis recurrentes que agravan las carencias sociales y los rezagos.
La búsqueda de justicia social, la eliminación de desigualdades, el abatimiento de los
rezagos y la erradicación de la pobreza, fueron el objetivo de miles de voluntades que
condujeron a la transformación radical de nuestro país en las primeras décadas del
siglo; el cumplimiento de las grandes metas sociales modeló al Estado y sus
instituciones. Cuando el Gobierno asume la ideología neoliberal en la conducción del
país, se puso fin a la etapa de la política social del México posrevolucionario.
Así, en el umbral del Siglo XXI tenemos frente a nosotros la dolorosa realidad que se
confirma en los anexos del informe, el principal desafío que enfrenta la nación es
abatir la desigualdad y romper el círculo de la pobreza extrema. Nuestra conclusión es:
que la política formulada en estos tres últimos años no pudo o no quiso deliberadamente
detener el acelerado incremento de la miseria.
Digámoslo claro, en su mensaje el Presidente de la República sólo enfatizó lo que para
él son los avances sin considerar con realismo los retos; omitió reconocer que en
México existen 26 millones de personas excluidos de los beneficios del desarrollo; que
hoy se gasta en términos reales menos por habitante en el desarrollo social que hace 16
años; que el 80% de la población económicamente activa, sobrevive en condiciones de
pobreza; que el salario mínimo sigue sin recuperar sus niveles históricos y en 1997 en
el escenario más optimista sólo detendrá su caída sin perspectivas de mejorar.
Que la recuperación del salario real promedio de cotización del IMSS, reportada en el
informe del orden .54% en lo que va de este año, nada tiene qué hacer frente al desplome
del 13.5% ocurrido sólo entre 1994 y 1996; que desde que estalló la crisis 1 millón 500
mil mexicanos que se incorporaron al mercado de trabajo no encontraron un empleo
productivo a pesar de la tan anunciada recuperación de empleos perdidos dos años atrás;
que el empleo informal sigue siendo una bomba de tiempo que no encuentra condiciones para
ser desactivada.
Que 49% de la población no tiene derecho a los servicios de seguridad social integral;
que el déficit habitacional reconocido en el país de 6 millones de viviendas, seguirá
acumulándose; las acciones de vivienda anunciadas sólo alcanzarán a cubrir el 40% de la
demanda de este año; que no se ha abatido el analfabetismo, la deserción escolar ni se
ha elevado sustancialmente la calidad educativa, no obstante el avance en cobertura
reportado en el mensaje presidencial.
Entonces, señor Secretario, ¿de qué nos sirve congratularnos de que el 90% de los
niños tengan posibilitado el acceso a la educación primaria, si ésta no puede retener
al 40% de ellos?
En fin, el titular del Ejecutivo no reconoció que lo que se gastará en 1997, en materia
de desarrollo social como proporción del producto interno bruto, es apenas tres décimas
de punto superior a lo que se invirtió en 1981 y lo que se gastará en el combate a la
pobreza es en términos nominales, lo que se destinará a la Secretaría de la Defensa
Nacional.
Para el PRD la política social del Gobierno de la República ha fracasado en el
cumplimiento de los grandes objetivos que la Constitución le mandata; su vertiente
universalista adolece de serios rezagos y ha conducido a la estratificación, la
diferenciación, la selectividad y la exclusión social. Su vertiente de combate a la
pobreza ha tenido un pobre rendimiento en su propósito de atemperar las manifestaciones
más agudas de la miseria ¡Que quede claro!: los programas de combate a la pobreza no
deben ser acciones de caridad.
Desde nuestro punto de vista hace tiempo que los preceptos constitucionales en materia de
política social no guían la toma de decisiones del Poder Ejecutivo. Desde hace 15 años
son los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, las fuentes
inspiradoras en materia de salud, educación, seguridad social, vivienda y combate a la
pobreza.
Para nuestro grupo parlamentario una gestión integral de política social debe descansar
en tres pilares fundamentales: la cobertura universal de los derechos generales, una
política activa de empleo y el crecimiento sostenido del salario real.
En este sentido, el diseño de políticas focalizantes debe ser complementario y no
sustituto de estos tres pilares y ajeno a la lógica clientelar. Para que esto suceda
insistimos en que es necesario modificar la política económica y convertir la política
social en una verdadera prioridad de Estado. Para que ello ocurra es urgente incrementar
el gasto social en todos los renglones y de forma sostenida; para que las cosas cambien es
preciso crear los empleos productivos que la sociedad demanda año con año. Para hablar
de una política social constitucional es indispensable revertir la concentración del
ingreso, empezando por recuperar el salario perdido.
Señor Secretario: afirmamos que están dadas las condiciones para dar un viraje
histórico en las políticas sociales. En lo político el avance democrático permitirá
un diálogo respetuoso entre los poderes de la Unión, que nos permita evaluar
responsablemente las soluciones propuestas para satisfacer las grandes carencias sociales.
En lo económico, de acuerdo con los propios datos del Ejecutivo, hemos remontado la
crisis y el producto está creciendo. Entonces, señor Secretario, no hay excusa alguna
para eludir un compromiso social urgente.
Por ello, el grupo parlamentario del PRD le toma la palabra a la invitación formulada por
el Ejecutivo el pasado 4 de septiembre en Tolimán, Querétaro, en el sentido de ponernos
de acuerdo en los puntos básicos elementales cito: "que no puedan ser violados por
ningún Gobierno", termina la cita, para resolver la injusticia social que hoy
prevalece.
El nuevo piso social de 1998 debe partir de un convenio inmediato entre el Legislativo y
el Ejecutivo, concebido por nosotros en los siguientes puntos:
1. Promover un acuerdo político legislativo y de Estado que impida que el gasto social
real vuelva a caer en lo futuro.
2. Sustentar un acuerdo político y legislativo que propicie un crecimiento mínimo del 1%
anual del gasto social como proporción del producto interno bruto en los próximos tres
años, ello nos alienta a conseguir que en el año 2000 el gasto público en desarrollo
social alcance como mínimo el 12% del producto interno bruto.
231,232,233
3. Un acuerdo político sobre las metas
presupuestales en cada renglón del gasto social en el mediano y largo plazo, que atienda
la recomendación de los organismos internacionales como la UNESCO, en educación y de la
Organización Mundial de la Salud, en la materia, entre otros.
4. Un compromiso político y legislativo sobre el volumen y la extensión de la pobreza
extrema que ponga fin al juego de cifras sexenales y le dé seriedad a las metas
programáticas del Gobierno.
En este acuerdo debe quedar claro que los programas selectivos de combate a la pobreza son
transitorios y que los recursos asignados guardan proporción con los requerimientos
nacionales y regionales.
¿Está, señor Secretario, dispuesto a promover este acuerdo?
Muchas gracias.
Tiene la palabra el ingeniero Carlos
Rojas Gutiérrez, para consideraciones.
El secretario de
Desarrollo Social,
Carlos Rojas Gutiérrez: |
Con su permiso, señor Presidente,
señor diputado Fernando Elías Hernández:
Quiero comentarle que el objetivo central del Gobierno de la República, la tarea
fundamental que ha instruido el presidente Ernesto Zedillo, a todo su equipo, es enfatizar
todas aquellas tareas vinculadas al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de
la comunidad.
Por eso no resulta extraño que a pesar de los problemas económicos y de la crisis tan
severa que hemos pasado, la política social haya capturado la mayor proporción del
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Tampoco son despreciables, señor diputado, muchos de los resultados que hemos construido
por muchos años los mexicanos y que hoy, a pesar de la crisis y a pesar de los problemas
económicos, hemos logrado mantener.
Por ejemplo, no podemos despreciar o minusvaluar la asistencia de casi 28 millones de
niños a nuestras escuelas, la entrega de más de 125 millones de libros de texto
gratuitos, la construcción de miles de espacios educativos que hoy les sirven a los
niños mexicanos, la cobertura de servicios públicos de salud que ya alcanza a más de 85
millones, la vacunación en donde con el esquema básico, se beneficia a los niños de uno
a cuatro años y alcanza promedios superiores al 97%.
No son menores los logros, señor diputado. Sin embargo, es cierto que tenemos una injusta
distribución del ingreso y que la caída de los salarios ha afectado la capacidad
adquisitiva de las familias y sus niveles de bienestar.
Por ello, la redistribución de la riqueza, la recuperación de los salarios y la
generación de nuevos y mejores empleos, bien remunerados, se constituyen en los mayores
retos del país.
Es cierto que existe un numeroso segmento de la población en situación de pobreza
extrema. En este panorama, la política social no puede concebirse como un instrumento que
por sí solo genere desarrollo y bienestar.
No podemos lograr un abatimiento significativo de la pobreza y una elevación consistente
de los niveles de vida sin un crecimiento económico sostenido.
Celebro que su partido hoy presente propuestas y proyectos. Bienvenido el debate, señor
diputado. Cuando busquemos aquellos medios y aquellas medidas en donde podamos lograr los
consensos, cuando los fines son los mismos, que no tengo duda para usted y para nosotros
son el bienestar y la justicia social para todos los mexicanos, sin duda podremos no sólo
dialogar, sino llegar a un acuerdo.
Gracias.
Señor diputado, ¿desea hacer uso de su
derecho de réplica?
| El diputado
Fernando Elías Hernández |
Mendoza (desde su curul):
Sí, señor Presidente.
Tiene la palabra el diputado Fernando
Elías Hernández.
| El diputado
Fernando Elías Hernández : |
Señor Secretario: quiero entender que
acepta la propuesta; pero si no, voy a ocupar solamente cuatro minutos para dejar un
minuto y que me asevere, me asegure, si esta propuesta se va a llevar a cabo. En caso de
que su respuesta sea afirmativa, le voy a proponer, con todo respeto, señor Carlos Rojas:
1. Definir a la brevedad los tiempos y los participantes tanto del Poder Legislativo como
del Ejecutivo, para el debate y la concreción de los acuerdos políticos propuestos.
2. Proponer que los acuerdos deben definirse antes de que la propuesta de Iniciativa de
Presupuesto de Egresos para 1998, se presente a la Cámara de Diputados.
3. Le planteo que frente a la responsabilidad que se asuma con estos acuerdos políticos,
se debe avanzar en dos vertientes fundamentales de la política social: el empleo y el
salario.
En este sentido, señor Secretario, el grupo parlamentario del PRD, someterá a la
discusión de esta soberanía las siguientes iniciativas:
a) En el ánimo de apoyar la generación de empleos y dar protección a los millones de
mexicanos que trabajan en la economía informal, que no son menos del 30% de la población
económicamente activa, en el calculo más conservador, el PRD sostendrá en comisiones el
dictamen favorable al paquete de iniciativas presentadas en la LVI Legislatura. Entre
ellas se encuentran los proyectos Federal de Organización Social para el Trabajo Informal
y la Ley Emergente de Planeación y Desarrollo Social para el Fomento de la Industria
Nacional.
b) En el marco de una reforma laboral integral que daremos a conocer en las próximas
semanas, propondremos la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por
inoperante, obsoleta y estar supeditada al Poder Ejecutivo.
En su lugar sostendremos la ampliación de las facultades de la Cámara de Diputados, a
fin de que ésta discuta y apruebe, previa consulta con expertos y los sectores
productivos, los aumentos ordinarios al salario mínimo, mismos que serán indexados al
crecimiento de la inflación e incrementados anualmente por concepto de productividad ¡La
recuperación del salario debe empezar ahora!
Compañeras y compañeros legisladores; señor Secretario: ¡llegó el tiempo de legislar
en favor de la nación!
Tiene la palabra el diputado José
Antonio Estefan Garfias.
El diputado
Fernando Elías Hernández
Mendoza (desde su curul): |
¡Señor Presidente!
Diputado...
El diputado
Fernando Elías Hernández
Mendoza (desde su curul): |
Le pedí un minuto al señor Secretario,
para que me contestara...
Existe un formato establecido, acordado
por los grupos parlamentarios integrantes de esta Cámara, para las comparecencias de los
señores secretarios y el análisis de este III Informe de Gobierno. Se lo informamos para
que nos ajustemos a lo ya establecido.
Adelante, diputado Estefan Garfias.
| El diputado
José Antonio Estefan Garfias: |
Con su permiso, señor Presidente;
señor secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas Gutiérrez; compañeras y compañeros
legisladores:
Nuestra Carta Magna, en su artículo 25, establece que corresponde al Estado la rectoría
del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la
soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante el fomento del
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos
y clases sociales.
Este mandato constitucional es, sin duda, una de las premisas fundamentales que nos
motivan para avanzar más en el terreno de la justicia social. Consciente de ello, mi
partido, el Revolucionario Institucional, consigna en sus documentos básicos la propuesta
de seguir avanzando en la consolidación de la República, a través del impulso a una
más amplia igualdad de oportunidades y una lucha permanente contra la pobreza.
Nos anima, por tanto, un programa social cuyo propósito es asegurar a la población una
vida digna que le permita ejercer plenamente sus derechos individuales y sociales.
En esta legislatura, caracterizada por la pluralidad y comprometida con la democracia,
seremos congruentes con el mandato que nos dio la nación a través del voto, ponderando
logros y reconociendo atenciones pendientes redoblaremos el esfuerzo para elevar el
bienestar de la mayoría de nuestros compatriotas, mediante la asignación oportuna de
recursos y, desde luego, una supervisión cuidadosa de las metas alcanzadas.
Al enfatizar la realidad que vivimos en nuestro país, conviene reflexionar hoy sobre los
avances y los retos para dar un nuevo impulso a las acciones en beneficio de los más
humildes. La pluralidad democrática que caracteriza hoy la realidad nacional, ha sido
logro de todos los mexicanos. Con base en ella, los justos reclamos sociales deben
encontrar correspondencia con las políticas que instrumenta el sector público.
Como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo, aspiramos a conformar una política
social de Estado, que garantice mejores y más amplios horizontes de bienestar para los
mexicanos, de ésta y las próximas generaciones.
No debemos perder de vista que aún en las entidades de mayor desarrollo existen regiones,
comunidades o colonias que demandan especial atención para abatir sus condiciones de
marginalidad. La política social debe poner énfasis en la focalización de las acciones
en zonas de alta marginación, donde existen comunidades por muchos años olvidadas.
Una característica que ha contribuido a fortalecer nuestras prácticas democráticas, es
el tratamiento, sin distinción de origen étnico, partidista o religioso, que la
política de desarrollo social ha dado a diversos programas y acciones que realiza. Basta
mencionar que de los 2 mil 418 municipios del país al mes de marzo del presente año, 504
ayuntamientos gobernados por partidos distintos al mío, administran 2 mil 130 millones de
pesos del Fondo de Desarrollo Social Municipal.
Como muestra de la participación comunitaria en la toma de decisiones sobre el destino y
aplicación de los recursos destinados a obras de infraestructura básica, destaca la
actividad desplegada por los casi 90 mil comités comunitarios constituidos en el seno de
los consejos de desarrollo municipal o de los comités de planeación para el desarrollo
municipal.
No obstante los logros alcanzados, la realidad exige mayores esfuerzos y recursos. Las
comunidades demandan más atención a la salud y a la educación, reclaman más
oportunidades de empleo y el mejoramiento de los servicios públicos. En otras palabras:
se requiere realizar esfuerzos adicionales para deshacernos de los lastres de la
marginación y los rezagos sociales.
234,235,236
Sin lugar a dudas, señor Secretario, el
esfuerzo que el Gobierno de la República lleva a cabo en materia de desarrollo social, no
alcanza a todos los grupos que requieren su apoyo. Por lo que le reiteramos hoy nuestra
preocupación para que se amplíe la cobertura y avance más rápidamente en materia de
desarrollo regional, de desarrollo urbano, de superación a la pobreza, de construcción
de nuevos espacios habitacionales, de generación de empleos y de alternativas
productivas, de mayores opciones, enfatizo, para las comunidades indígenas y campesinas
del país.
Los 239 diputados priístas que integramos esta legislatura, recogimos de la población de
nuestros distritos el reclamo de mayores apoyos para consolidar alternativas productivas
de empleo, de empleo permanente que permita arraigar a los trabajadores en sus
comunidades, aprovechar el potencial de nuestros recursos humanos y naturales, que se
respete el entorno ecológico y cultural y permitir de una vez por todas, sentar las bases
para un desarrollo social sostenido.
En representación de mi partido, quisiera saber con mayor puntualidad cuáles son los
avances que se han logrado en materia de política social, especialmente deseamos conocer
los programas que se llevan a cabo en las regiones que presentan mayores rezagos.
Además, considerando la necesidad de continuar fortaleciendo a estados y municipios:
¿cuáles son los mecanismos para la asignación de la inversión federal a entidades y
cuáles las acciones específicas en los municipios del país?
Entendemos los convenios de desarrollo social como instrumento fundamental del
fortalecimiento del federalismo. Mediante ellos se garantiza la suma de voluntades y
esfuerzos de los tres niveles de gobierno por un objetivo común: superar la pobreza en la
democracia y moderar la desigualdad. También porque a través de estos convenios se
transparente la asignación de los recursos de la Federación a los estados, de los
estados a los municipios y de los municipios a las prioridades que establecen
democráticamente las propias comunidades a través de los comités municipales o comités
de planeación en el ámbito municipal.
No obstante, en nuestro contacto con el electorado escuchamos permanentemente la solicitud
de simplificar los procedimientos para hacer factible la realización de obras de
infraestructura con recursos del fondo a que he hecho referencia. En este sentido, ¿qué
opinión le merece la petición de las autoridades municipales para hacer más accesibles
los procesos de autorización y operación de este fondo?
Los priístas nos manifestamos a favor de una política social más amplia, una política
social de Estado, con mayor cobertura y recursos crecientes que permita efectuar una
acción compensatoria, permanentemente, en respuesta del mandato constitucional.
En tal virtud, convoco a todos los integrantes de esta Cámara de Diputados, a concretar
en el menor plazo posible, una iniciativa legislativa de apoyo y sustento legal a las
iniciativas sociales para elevar los niveles de bienestar de la mayoría de los mexicanos
mediante el diálogo y la concertación que anteponiendo los más altos intereses
nacionales nos permite estar a la altura del reto que enfrentamos en la materia y le
agradeceríamos, señor Secretario, sus comentarios al respecto.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el ingeniero Carlos
Rojas Gutiérrez, para consideraciones.
El secretario de
Desarrollo Social,
Carlos Rojas Gutiérrez: |
Con su venia, señor Presidente; señor
diputado Estefan Garfias:
Efectivamente, ante la gravedad de los rezagos ante los problemas, la Secretaría de
Desarrollo Social junto con otras dependencias, en el seno del gabinete de desarrollo
social, hemos formulado una atención prioritaria para determinadas regiones de nuestro
país.
Se ha determinado una actuación concentrada de todas las instituciones, de los tres
órdenes de gobierno y de todas las organizaciones para que podamos en esas regiones
atender de manera concentrada y prioritaria los rezagos. Hay 91 regiones en nuestro país,
se incluyen a 1 mil 399 municipios y la población que habita diversas localidades
representa el 30% del total nacional; sin embargo, del total de los recursos que maneja la
Secretaría de Desarrollo Social en esas regiones se ubica el 53% del gasto total.
Se ha avanzado en las regiones prioritarias, hay resultados importantes en materia de
construcción de aulas y de escuelas, rehabilitación de planteles, el otorgamiento de
becas, la construcción, rehabilitación y equipamiento de hospitales, de centros de
salud, la construcción de nuevas unidades médicas rurales, la construcción de sistemas
de agua potable, de alcantarillado o el ascenso a servicios públicos como de
electrificación o de urbanización.
Hemos concentrado también en estas regiones el Programa de Empleo Temporal en donde se
está generando alrededor de 1 millón de empleos en estas regiones; asimismo, estamos
concentrando los esfuerzos del Fondo Nacional de Empresas Sociales, que este año ha
generado 1 mil 560 proyectos y fundamentalmente también incrementando los recursos y los
apoyos del programa conocido como el, crédito a la palabra que alcanza a más de 600 mil
campesinos.
Pero lo más importante, señor diputado Garfias, es que esta conceptualización de tener
a las regiones prioritarias ubicadas con diagnósticos precisos y con un trabajo
institucional concentrado, suma al mismo tiempo una atención que privilegia el diálogo y
el consenso, de lo que se trata es de que construyamos acuerdos regionales en estas zonas
para que podamos multiplicar los beneficios de la inversión pública y, al mismo tiempo,
sumar a los tres órdenes de gobierno, como ya comenté, a todas las instituciones, a las
organizaciones sociales y productivas y a todas las fuerzas políticas de estas regiones.
Hay ejemplos consistentes en este sentido, por ejemplo en el Estado de Oaxaca hemos
suscrito un acuerdo para el desarrollo regional de la sierra sur que comprende las
regiones de los chichas y de otros municipios, como el de Miacatlán y de la sierra, que
colindan ya muy cerca de la costa del Estado de Oaxaca.
Hemos procedido en el mismo sentido, en la región de la montaña, en el Estado de
Guerrero, en donde se ha podido integrar incluso un consejo que vigila la asignación de
la inversión pública y está al pendiente de que se realice con la mayor eficacia. En el
mismo sentido en el filo mayor del Estado de Guerrero y estamos avanzando en otras
regiones, próximamente en el Estado de Chiapas, en donde ya suscribimos también el
acuerdo de la sierra de Motosxintla.
Los criterios para la asignación de recursos, señor diputado, están sustentados en
información pública, contenida al alcance para todos y que privilegia los ingresos por
familia; considera los rezagos en materia de educación, de salud y de servicios
públicos. Sin duda, tiene usted razón cuando señala que es mucho lo nos falta por hacer
en materia de simplificación y de lograr mayor agilidad y eficacia en el manejo de los
fondos de desarrollo municipal; puede usted estar seguro de que esta Secretaría pondrá
todo lo que esté de su parte para que podamos mejorar la operación de estos fondos.
Finalmente, haría yo un comentario en torno a la ley que propuso usted. Está señalado
en el plan nacional de desarrollo y hemos tenido conversaciones muy intensas con miembros,
especialmente de la LVI Legislatura, para integrar lo que pudiera ser un proyecto de ley
de coordinación para el desarrollo social. De lo que se trataría, es tener un
instrumento jurídico que pudiera establecer y regular entre otras cosas, lo siguiente: un
sistema integrado de programación y presupuestación del desarrollo social y regional;
mecanismos transparentes de distribución y control de recursos federales para el
desarrollo social y regional.
La participación coordinada de las dependencias y entidades federales, así como de los
tres órdenes de gobierno en la misma materia, la obligación de las dependencias y
entidades federales para que prevean en sus programas acciones y recursos para ser
ejercidos por los municipios. Asimismo, de un proceso paulatino para el manejo municipal
de los recursos federales destinados al desarrollo social y regional, sin desvirtuar sus
objetivos, debilitar algún otro orden de gobierno o desligarlos de los instrumentos de
control federales y comunitarios.
Y finalmente, este ordenamiento desde nuestro punto de vista, debería de contener
elementos que enfaticen la corresponsabilidad de las comunidades en la formulación,
ejecución, control y vigilancia de los programas y recursos federales aplicables al
desarrollo social y regional.
Muchas gracias.
Diputado, ¿desea hacer uso de su
derecho de réplica?.. Adelante.
Tiene la palabra el diputado José Antonio Estefan Garfias.
| El diputado
José Antonio Estefan Garfias: |
Señor Secretario:
Agradezco los comentarios a los cuestionamientos que he presentado, pero quiero aprovechar
mi derecho de réplica para reiterar desde aquí el compromiso de mi fracción, de mi
grupo parlamentario, para impulsar mayor asignación de recursos al combate a la pobreza,
queremos que sepa que los programas de desarrollo social ejecutados en las entidades que
representamos, han resultado benéficos para grandes capas de nuestra población.
Sin embargo, insisto, en muchos casos se debe ampliar su cobertura, por lo cual me permito
hacer las siguientes sugerencias: ir más a fondo en una nueva estrategia para la
atención de los pueblos indígenas, que trace mejores derroteros para los millones de
niños, mujeres y campesinos que en ese medio desarrollan sus actividades vitales. Para
ello valdría la pena un programa integral que considere los esfuerzos que realiza Fonaes,
el INI, Diconsa y Liconsa, entre otras dependencias.
Las mujeres son un gran puntal de nuestra sociedad y de nuestra economía, por ello los
programas orientados a su impulso tienen que ser más sistemáticos y abundantes en
financiamiento y en orientación y capacitación.
Sugerimos que la Secretaría de Desarrollo Social instrumente con las diferentes áreas
federales pertinentes, un programa integral que permita a las mujeres incorporarse con
mucho más y mejores condiciones al desarrollo.
En algunas entidades de la República la producción agropecuaria se ha visto fuertemente
afectada por la falta de lluvias. Valdría la pena, señor Secretario, orientar
urgentemente acciones que al respecto se requieran.
En particular, vale la pena también considerar el fortalecimiento del papel que
desempeña la Comisión Nacional de Zonas Aridas en las regiones donde tiene cobertura,
sobre todo ampliando el monto de los recursos y diversificando los proyectos que pudiera
atender.
Los pescadores ribereños y de grandes embalses del país, no cuentan con instrumentos
financieros para sus actividades. Si bien el Fondo Nacional de Empresas Sociales o los
fondos regionales del INI, e incluso recursos del convenio de desarrollo social se destina
a algunos proyectos pesqueros modestos, es urgente que la dependencia que usted encabeza,
para atender el desarrollo social, pueda coordinar con las dependencias que se involucran
en el caso, un esfuerzo más apegado a las grandes dificultades que enfrentan estos
productores.
Señor Secretario; compañeras y compañeros legisladores: nuestro compromiso con nuestros
representados nos exige pugnar con esfuerzo, convicción y objetividad, para erradicar los
vicios que genera la pobreza. Luchemos para desterrar las condiciones miserables en las
que se debaten todavía muchos pueblos. Los campesinos y los colonos de las zonas urbanas
marginadas, también están atentos a lo que aquí hagamos por la patria.
Muchas gracias.
RECESO
| El Presidente (a
las 12:36 horas): |
Se declara un receso de 15 minutos.
Receso.
(A las 13:03 horas) Se reanuda la sesión.
SEGUNDO TURNO DE ANALISIS
Para la segunda ronda de preguntas por
10 minutos, con derecho a réplica por cinco minutos, se han inscrito los siguientes
diputados: Gloria Lavara Mejía; Luis Patiño Pozas; Eduardo Mendoza Ayala; Clara Marina
Brugada Molina y Javier Guerrero García.
Tiene la palabra la diputada Gloria Lavara Mejía.
| La diputada
Gloria Lavara Mejía: |
237,238,239
Gracias, señor Presidente; diputadas, diputados; señor Secretario:
Ahora quiero abordar el motivo principal por el cual la Secretaría de Desarrollo Social
ha tenido su función prioritaria. Si bien existen varios programas que fueron
establecidos para satisfacer una serie de necesidades sociales, hasta ahora el único
programa que parecía haber funcionado era el Programa de Abasto Nacional de Leche por
medio de Liconsa, sin embargo, los objetivos de este programa parecen haberse
tergiversado.
En su tercer informe, nuestro primer mandatario indica que actualmente Liconsa tiene un
programa de leche subsidiada, tanto líquida como en polvo, que en 1997 benefició a 5.4
millones de personas de todo el país, de las cuales el 95% son niños menores de 12
años.
Con la reorientación del programa hacia las regiones con mayores niveles de pobreza, en
especial a las zonas rurales y comunidades indígenas, se estima incrementar en 7.5% la
población rural beneficiada, al pasar de dos millones de beneficiarios en 1996, a 2
millones 150 mil personas este año.
Liconsa cuenta con una red de 10 mil 900 puntos de distribución en 1 mil 923 municipios.
También afirma que para avanzar en estos propósitos, la Secretaría de Desarrollo Social
y las entidades coordinadas por ésta, entre otras Liconsa, ejercerán durante 1997 un
presupuesto de más de 27 mil millones de pesos. No obstante, se debe estar plenamente
consciente que los integrantes de esta Cámara tenemos la obligación de dar aprobación y
autorización, así como vigilar el correcto manejo de cada una de las partidas de este
presupuesto, para evitar las irregularidades que se han suscitado en el uso de los
recursos destinados en gobiernos anteriores, a diversos programas de esta índole.
Hago esta observación con el afán de señalar algunas de las irregularidades que existen
en la realización del Programa de Abastecimiento Nacional de Leche, específicamente.
En la actualidad se reparten aproximadamente 2 millones de litros de leche al día, pero
¿qué cree, señor Secretario?, se distribuyen en bolsa de plástico, teniendo como
única justificación higienizar su manejo, argumentando que el proceso anterior de
distribución era insalubre, aun cuando nunca se tuvieron noticias de algún brote de
enfermedad ocasionado por esto.
No obstante, esto representa un aumento sustancial en el costo de este producto básico.
Como portadora de la voz de los que aquí represento, debo mencionar que existen también
casos en los cuales los promotores sociales, a través de sus comités, deciden si alguien
es apto o no para recibir este beneficio de manera arbitraria, pasando por alto las cifras
del padrón.
Argumentan, en la mayoría de los casos, que el producto no es suficiente. En esto puede
que tengan razón, debido a que no ha sido proporcional el aumento de producción de leche
respecto al aumento del número de personas que solicitan este beneficio. Pero esto no les
da derecho en ningún momento de lucrar con la necesidad del pueblo, aun cuando sea
evidente que a pesar de que ha habido un crecimiento en la producción, ésta no ha sido
suficiente.
Ahora, este problema es sólo la consecuencia de uno mayor. Sabemos que existen tanques
abandonados en la planta de Liconsa ubicada en Santa Catarina, cuando con cada uno de
estos tanques se podría abastecer una lechería de acuerdo al tamaño de ésta, ya que
también tenemos conocimiento que había lecherías que se abastecían hasta con tres
tanques.
No puede ser posible que teniendo toda esta infraestructura parada, todavía se esté
considerando la posibilidad de otorgar más presupuesto para un supuesto aumento en la
producción.
Sabemos que el precio de la leche distribuida por Liconsa, es de aproximadamente un peso
con 25 centavos por cada litro y que ante la leche comercial, que tiene un costo de 4
pesos con 10 centavos, parece ser un precio inmejorable. Pero esto tampoco es cierto, ya
que si se restableciera el procedimiento anterior de distribución, se podría suprimir el
costo de las bolsitas de plástico y aprovechar ese dinero para aumentar el abastecimiento
de leche a través de la instalación de más lecherías a nivel nacional, ya que nada
más se necesitaría comprar materia prima.
Por otra parte, y pese a la liberación de presupuesto para el apoyo para este tipo de
programas, hemos sido testigos del abandono que han sufrido, ya que aparentemente se han
olvidado de dar un seguimiento a los programas y mantenimiento a sus infraestructuras.
Señor Secretario, quiero consultarle: ¿a dónde van a ir a parar los 27 millones de
pesos o la parte de éstos que se destinan a este programa, cuando gran parte de su
infraestructura para que se lleve a cabo está arrumbado en la planta de Santa Catarina?
¿Qué se va a hacer con esto? ¿De quién es el negocio de las bolsitas? Ya que debe ser
muy bueno, como para que se hayan olvidado de facilitar la adquisición de este producto
básico a la gente que realmente lo necesita.
Algo más, que a nosotros nos preocupa seriamente y que a usted le debería de preocupar
también: ¿a dónde van a parar esa cantidad de bolsas de plástico, es decir, cómo se
elimina este desperdicio?
Gracias.
Tiene la palabra el ingeniero Carlos
Rojas Gutiérrez, para sus consideraciones.
El secretario de
Desarrollo Social,
Carlos Rojas Gutiérrez: |
Con su venia, señor Presidente:
Diputada Lavara Mejía, la reorientación del gasto público y los subsidios hacia los
grupos de pobreza extrema, no implica que el Estado disminuya su esfuerzo para crear
oportunidades de igualdad para otros sectores de la población que enfrentan carencias y
rezagos.
El caso que usted señala de los programas de abasto de leche subsidiada, efectivamente,
tiene usted razón, este programa atiende a 5.4 millones de personas, el 95% es menor de
12 años, los demás son ancianos y contamos con 10 mil 900 locales, ubicados en 1 mil 923
municipios.
El programa ha tenido varios cambios en estos tres años. En primer lugar, ha ido
reorientando paulatinamente su ubicación regional, de tal manera de que podamos atender
con mayor urgencia y eficacia a las comunidades rurales, a las comunidades campesinas e
indígenas.
En este sentido todos aquellos espacios presupuestales y técnicos que hemos podido lograr
para canalizar mayores apoyos a estas regiones, lo hemos realizado.
En el caso que usted señala, quiero decirle que no dispongo en estos momentos de la
información técnica, por la cual se hayan sustituido las bolsitas por los tanques, pero
con mucho gusto se la podemos proporcionar.
Lo que si puedo asegurarle, diputada, es que es una decisión racional, que evidentemente
conllevó un ahorro presupuestal para la propia empresa, con lo cual podemos atender a un
mayor número de niños.
Igualmente le proporcionaré lo más pronto posible, una propuesta en torno al destino de
las bolsas de la leche y creo que podremos encontrar algún punto de acuerdo que permita
atender su preocupación que evidentemente estas bolsas puedan tener algún efecto
contaminante.
Muchas gracias.
Diputada, ¿desea hacer uso de su
derecho de réplica? Tiene la palabra la diputada Gloria Lavara Mejía.
El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro
Rojas Arreola (desde su curul): |
Señor Presidente, le ruego verificar el
quorum.
Ruego a la Secretaría dé lectura al
artículo 58 de la Ley Orgánica.
El secretario
José de Jesús Martín del
Campo Castañeda: |
Artículo 58. El
Reglamento Interior de la Cámara de Diputados regulará con fundamento en los artículo
71 y 72 de la Constitución, todo lo relativo a sesiones, debates y votaciones. La
comprobación del quorum para instalar la sesión o cuando haya de efectuarse una
votación, podrá llevarse a cabo en su caso a través de pasar lista de presentes,
mediante el previo registro de firmas o por medios electrónicos. Este último
procedimiento podrá utilizarse también para las votaciones.
En términos del artículo 58 no
procede.
Y tiene el uso de la palabra, la diputada Gloria Lavara Mejía.
| La diputada
Gloria Lavara Mejía: |
Gracias. Respecto a la respuesta del
señor Secretario, datos y cifras interesantes que agradezco, aclaraciones que sin duda he
de tomar en cuenta para elaborar nuevas reflexiones, pero la inquietud continúa abierta,
ya que su respuesta nos deja ver, que como en muchos otros casos, muchas decisiones se
toman sin contemplar los daños que ocasionan a nuestro bolsillo y peor aún a nuestro
medio ambiente.
¿Qué tan racional puede ser integrar al desperdicio y basura de nuestra ciudad las
bolsas de plástico?
Gracias.
Tiene la palabra el diputado Luis
Patiño Pozas.
| El diputado Luis
Patiño Pozas: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores; señor secretario de Desarrollo Social, Carlos
Rojas Gutiérrez:
La pobreza extrema existe porque hay riqueza extrema. El Partido del Trabajo le propone
acordar, cuanto antes, el foro, el formato y los tiempos para llevar a cabo el debate
nacional al que convocó el titular del Ejecutivo el pasado 1o. de septiembre, para
formular la nueva política republicana de desarrollo social, porque así como está
pasando el presidencialismo en el terreno político, también tenemos que arribar a una
nueva política social en este terreno.
Se nos dice, señor Secretario, que hay más niños y jóvenes en el sistema educativo,
pero es cierto también que hay más niños en la situación de la calle y hay más
jóvenes atrapados en las garras del vicio y la delincuencia. Se nos dice que se ha
extendido la cobertura en salud, abasto y alimentación; mientras las enfermedades
prevenibles y curables, la desnutrición y la insuficiencia de productos básicos siguen
haciendo estragos entre la población de escasos recursos. No puede haber igualdad de
oportunidades sin igualdad de posibilidades, tal es la esencia de una política social
para el desarrollo, es decir, nuestro concepto de igualdad no es neoliberal.
Ante lo anterior, el Partido del Trabajo, sostiene que el actual modelo económico ha
contribuido a un incremento desmesurado de la pobreza y la marginación por su propia
naturaleza excluyente. Preguntamos al señor Secretario de Desarollo Social ¿Está
satisfecho de los resultados obtenidos hasta hoy en el combate a la pobreza y qué
propone?
Todos reconocemos y aquí nos referimos a todas las fracciones parlamentarias de esta
Cámara de Diputados, que a lo largo de la historia la justicia social ha sido la
aspiración principal del pueblo mexicano y que el Constituyente de 1917, aún en vigor,
asigna al Estado la responsabilidad de procurar la igualdad de oportunidades y mejorar las
condiciones de vida de toda la población; no obstante lo anterior, es indignante que en
el umbral del Siglo XXI, el principal desafío de México siga siendo disminuir la pobreza
y moderar las desigualdades.
Sabemos, señor Secretario, que el desarrollo social guarda una relación de
fortalecimiento mutuo con democracia y con una economía competitiva y en crecimiento. Por
otro lado, es claro que la centralización excesiva de las decisiones y funciones
gubernamentales actúan en detrimento también de la sociedad. Por ello, la política de
desarrollo social efectivamente debe ser de carácter nacional, integral, incluyente,
participativa y federalista.
240,241,242
En consecuencia, la dimensión de los rezagos sociales, estructurales, agravados por la
reciente crisis económica exige la convergencia de todas las fuerzas sociales y
políticas y de todas las instituciones para establecer un nuevo pacto social. Pacto
social que tiene que concretarse en una reforma social.
¿Qué significa para nosotros impulsar esta reforma social?, que el Ejecutivo y el
Legislativo reviertan la actual tendencia presupuestaria e inyectemos recursos sin
precedentes hasta el 50% de aumento en esta materia y que se apliquen particularmente a
los ramos 20 y 26.
Compañeros y compañeras legisladores, la diferencia entre un modelo neoliberal y una
política de desarrollo social para el ciudadano medio, reside en poseer una vivienda, en
tener al salir de ella, agua, drenaje, luz, pavimentación, seguridad fraterna no
represora, transporte eficiente y sobre todo, un empleo. Empleo que genere certidumbre a
las futuras generaciones, empleo que genere finalmente desarrollo material e intelectual
de todas las familias mexicanas. Ese es el proyecto del Partido del Trabajo.
Muchas gracias.
Se concede el uso de la palabra al
ingeniero Carlos Rojas, para hacer sus consideraciones.
El secretario de
Desarrollo Social,
Carlos Rojas Gutiérrez: |
Con su permiso, señor Presidente:
Se han hecho diversas reflexiones en esta sesión en torno al fenómeno de la pobreza.
Evidentemente este fenómeno es muy complejo, multidimensional, que está presente en casi
todas las naciones. Sin embargo, su persistencia implica también un cuestionamiento al
concepto de desarrollo y a los modelos de crecimiento.
La desigualdad y la pobreza extrema son fenómenos de naturaleza estructural común, que
sin embargo requieren estrategias diferenciadas y una clara complementación con el
crecimiento económico con equidad y con la ampliación de la oferta de servicios básicos
para poder romper el círculo vicioso de la pobreza.
La desigualdad es un problema que se expresa en las diferencias de ingreso y en las
oportunidades sociales entre los distintos estratos de la población. La pobreza extrema
por su parte, requiere de un esfuerzo particular adicional que contribuya a crear
oportunidades de bienestar para la población que la padece.
Es cierto diputado Patiño, tenemos problemas que evidentemente no podemos de ninguna
manera sentirnos satisfechos del trabajo realizado. Hay problemas en el deterioro y en la
distribución del ingreso. El analfabetismo todavía es alto. La eficiencia terminal de
muchos niños no pueden concluir sus estudios básicos; todavía la tasa de mortalidad
infantil no tiene niveles satisfactorios.
Sin embargo, no desestimemos lo que hemos realizado como país, lo que hemos realizado con
las instituciones y con la participación de todos. Es cierto que hemos elevado los
principales indicadores sociales pero todavía existe una línea, un factor de división y
obstáculo para la integración de muchos millones de mexicanos. Por eso necesitamos
actuar con mayor eficacia, con mayores recursos y con el empeño de todos, con la
voluntad, con el talento, con las ideas y con el trabajo de ustedes los legisladores, de
todas las instituciones, de los tres órdenes de gobierno, de todos los grupos sociales,
en fin, construir una política social de Estado que nos permita avanzar con claridad en
las metas que nos son comunes.
Señor diputado, aprovecho también su pregunta para reiterar mi convicción de que el
Estado mexicano debe preservar y aún acrecentar, su alianza con todos los grupos
sociales. Por ello, necesitamos renovar el pacto social.
El presidente Zedillo, ha convocado a construir una política económica de Estado para el
crecimiento con justicia social.
La agenda propuesta por dos grupos parlamentarios, es sin duda una aportación valiosa y
puntual para definir los calendarios y los temas del debate sobre las políticas
económicas, sociales e incluso laborales. Entiendo que esta agenda habrá de ser definida
en la pluralidad de esta Cámara.
Quiero reiterar que en el ámbito de competencia que establece la Ley Orgánica de la
Administración Pública a la Secretaría a mi cargo, pueden estar ustedes seguros de que
encontrarán la más franca disposición para encontrar los consensos elementales y
construir los acuerdos políticos básicos para el bienestar de México.
Muchas gracias.
Diputado ¿Desea usted hacer uso de su
derecho de réplica?
El diputado Luis
Patiño Pozas
(desde su curul): |
Sí, señor Presidente.
Tiene la palabra el diputado Luis
Patiño Pozas.
| El diputado Luis
Patiño Pozas: |
Con su venia, diputado Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Si bien es cierto que las desigualdades son un fenómeno estructural, lo que es
inadmisible hoy, a finales de este siglo, es que efectivamente los pobres sigan
aumentando.
Compañeros, queremos exhortarlos, queremos insistir en nuestra propuesta en el sentido de
que cuando discutamos el presupuesto de egresos, podamos poner énfasis en el aumento al
presupuesto en un 50%, para que se apliquen en los ramos 20 y 26. ¡Derrotemos en serio a
la pobreza!
Por otro lado, señor Secretario, sean bienvenidas las nuevas políticas pluripartidistas,
respetando la autonomía de cada uno de nuestros institutos políticos y proyectos.
Bienvenida para que efectivamente podamos avanzar hacia la construcción de esta nueva
política social republicana que la nación nos lo demanda y que efectivamente cumplamos
con ella.
Muchas gracias.
Tiene la palabra, el diputado Eduardo
Mendoza Ayala.
| El diputado
Eduardo Mendoza Ayala: |
Con su venia, señor Presidente;
señores legisladores; señor Secretario:
¡Buenas tardes!, vamos sin ambages a lo concreto.
¿En cuántos puntos porcentuales redujeron la pobreza los programas de su Secretaría el
año pasado, ante lo planteado?
En el Plan Nacional de Desarrollo, se define a la pobreza como la manifiesta incapacidad
del individuo para generar de manera permanente el ingreso que le permita satisfacer sus
necesidades básicas.
Dicha condición, sin embargo, no va a poder reducirse si insistimos en diseñar y aplicar
programas sociales que no van a la resolución de las causas que la generan y peor aún,
si se invierte una gran parte de recursos en aspectos burocráticos.
Está comprobado que el gasto social rinde hasta un 60% más cuando esos recursos son
aplicados directamente por una autoridad estatal o municipal, según sea el caso.
Se dice que un enfermo para curarse debe reconocer su enfermedad.
¿Reconoce usted, señor Secretario, que es culpa del sistema de partido de Estado el que
haya tantos pobres en México?
En cuanto al programa Progresa, que ha arrancado con un presupuesto global de 1 mil 200
millones de pesos, consideramos que como su antecesor sexenal, el manipulador Pronasol,
sólo crea más dependencia y anula el crecimiento integral de los mexicanos más pobres.
Y no es que estemos en contra de los programas de atención social, señor Secretario, lo
que buscamos es que exista equidad y eficiencia en la aplicación de los recursos, de por
sí escasos, nos preocupa saber que hace 20 años en México el Gobierno Federal destinaba
el 33.8% del gasto programable a partidas sociales y que el doctor Zedillo acaba de
informarnos que se destinó para este año el 56%.
Ahora el PRI, está proponiendo que en el presupuesto para 1998 el porcentaje del gasto
programable del Gobierno Federal sea de 75%.
Nuestra preocupación es porque el aumento en el combate a la extrema pobreza, muestra que
ella ha venido aumentando en forma consistente.
¿Se propone la Secretaría a su cargo por un camino que claramente no conduce a la
solución de los problemas?
Los contrastes socioeconómicos son cada vez más dramáticos y no podemos darnos el lujo
de seguir desperdiciando recursos por necedades o falta de voluntad política. ¡Mientras
un amplio sector de la población mexicana sufre de algún nivel de pobreza, 15 familias,
las más ricas del país, políticos metidos a empresarios, algunos de ellos quizá
conocidos por usted, aumentaron sus fortunas al doble en lo que va del sexenio! ¡Lo que
equivale al 9% del producto interno bruto calculado para este año!
Por otro lado, si mitigar el hambre es una de las tareas primordiales de la Sedesol, ¡da
pena comprobar cuán alejados están ustedes y los suyos de cumplir con ese objetivo
social!
¡En la Conasupo, por ejemplo, han preferido el encubrimiento de inmoralidades e
ilegalidades pretendiendo que la memoria popular olvide que el sexenio pasado se pagaron
indebidamente 15 millones a Maseca o la expedición misteriosa de cheques por un monto de
3 millones 468 mil pesos, girados al operador financiero del cártel del Golfo, Humberto
García Abrego!
¡Y todavía, señor Secretario, estamos esperando respuesta clara y honesta sobre la
leche radioactiva!
El tercer informe presentado por el Ejecutivo Federal, se refiere a los avances que de
acuerdo con las estrategias del plan de desarrollo urbano parten del acelerado crecimiento
urbano de las últimas décadas y se hace necesario impulsar el desarrollo ordenado y
sustentado de ciudades estratégicas que sean capaces de promover el desarrollo integral o
su potencial para recibir inversiones y población, convirtiéndose así en alternativas a
la gran metrópoli.
Muchas comunidades han sido llevadas a la postración, entre otras cosas por la
concentración brutal de la riqueza y la centralización desmesurada de facultades y
recursos.
Por ello hemos de buscar el progreso ordenado y pacífico de las comunidades de nuestra
patria, a través de un crecimiento y desarrollo estable y sustentable en el que
participemos todos. Con respecto a este tema en el informe encontramos lo siguiente:
Primero, que en la distribución de los recursos federales invertidos en el Programa Cien
Ciudades, no hay un equilibrio que impulse el desarrollo, ya que se dirigieron en mayor
medida a proyectos y obras de vialidad y transporte durante 1996, reduciéndose
sustancialmente los recursos en rubros como el de aspectos ambientales, plantas de
tratamiento, obras de drenaje y otras importantes para la protección de la vida humana.
Por otro lado, se da una triangulación perversa en el manejo de los recursos, en la toma
de decisiones y en los controles. Haciendo responsable al municipio en última instancia,
sin haberle permitido la posibilidad de decidir, aplicar y controlar dichos recursos,
impidiendo así la equidad, eficiencia y control.
En conclusión, aún cuando el plan de desarrollo sea adecuado, consideramos que el rezago
en esta materia continuará en tanto no se entreguen los elementos a quienes realmente
conocen las necesidades y tienen verdadero interés en aprovecharlos en mayor medida.
243,244,245
En el rubro de vivienda son pocos los avances
que la actual administración presenta y es que el Gobierno Federal no ha sido capaz de
implementar una política integral que organice una verdadera promoción y coordinación
de esfuerzos de los sectores público y privado, para beneficiar al amplio sector social
que requiere de este satisfactor básico.
Las diversas instituciones que participan en este ámbito se han caracterizado por el
excesivo burocratismo y por la permanente corrupción que ha permeado a todos sus niveles.
¡Es asunto conocido el contubernio entre funcionarios, constructores y líderes
sindicales! ¡También prolifera la acción clientelar para apoyar a partidos y grupos
políticos!
¿En este sentido, señor Secretario, usted o su Secretaría qué han hecho para erradicar
estos vicios?
Cada día son más las viviendas abandonadas o devueltas debido a que no es posible para
los ciudadanos pagar las excesivas tasas de interés, quienes se han visto en la triste
disyuntiva de tener casa o alimentar a su familia.
Se habla de un abatimiento en los niveles de la cartera vencida, pero no se dice que un
gran porcentaje de los créditos estructurados, que se acerca a un 60%, se encuentra
nuevamente en mora.
Lamentablemente el gobierno ha hecho caso omiso de diversos planteamientos de asociaciones
y partidos políticos que hemos diseñado esquemas verdaderamente viables. Otra realidad
estaríamos viviendo si se abandonara la postura miope de que sólo el Gobierno Federal es
capaz de presentar las mejores alternativas.
Señor Secretario, a partir de esta LVII Legislatura sepa usted, respetuosamente, que el
Gobierno Federal tendrá que hacer lo que este Poder Legislativo acuerde formalmente.
Algunas de las propuestas del PAN en materia de desarrollo social incluyen el que se
revise el fideicomiso de apoyo a deudores, que propone un esquema financiero más justo y
eficaz, donde se apoye al deudor directamente.
Refiriéndonos a la igualdad de oportunidades, que bajo la óptica natural debería ser el
fin de la existencia de la Sedesol, tampoco se han abierto para la mujer espacios
suficientes de realización. De los clasificados como pobres en México, el 60% son
mujeres que frecuentemente son, además de pobres, analfabetas. Obligadas por las propias
circunstancias, más de 3 millones de familias en México son encabezadas por mujeres que
trabajan, lo cual habla del enorme deseo de todas ellas por salir adelante, por más
difíciles que sean las circunstancias y sin que cuenten con el apoyo y el equipamiento
social que requieren.
Las condiciones de marginalidad socioeconómica están deteriorando peligrosamente el
ambiente familiar, donde la pérdida de valores por la incomunicación y la violencia es
patente. Al faltar esos apoyos se desencadenan abandonos de hogar, prostitución,
embarazos no deseados y muchos otros problemas.
Mucho indudablemente tenemos que hacer, ingeniero Rojas, todavía por este país y sus
mujeres y hombres, que anhelan vivir con calidad. Ese esfuerzo debe estar marcado por la
honestidad y la transparencia en todos los actos de Gobierno que no hemos visto todavía.
¡El Poder Legislativo estará muy vigilante a este respecto!
Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el ingeniero
Carlos Rojas Gutiérrez, para hacer sus consideraciones.
El secretario de
Desarrollo Social,
Carlos Rojas Gutiérrez: |
Con su venia, señor Presidente; señor
diputado Mendoza Ayala:
Ha tocado usted diversos temas, muy variados, a algunos de los cuales yo me permitiré
hacer algunas observaciones generales, a otros voy a responder puntualmente y en otros
incluso hasta voy a enfatizar las coincidencias con alguna cosa que usted dijo.
Me parece que tiene usted razón. No sé si el porcentaje es el adecuado, pero estoy
convencido de que efectivamente el ejercicio de los recursos públicos es mucho más
eficaz en los estados y a través de los municipios y es precisamente por eso que nosotros
hemos propuesto y reforzado que sean los fondos de desarrollo municipal, los que hemos
venido incrementando paulatinamente para transferirse a los municipios y de esta manera se
puedan atender los rezagos sociales.
Hay experiencia en Acción Nacional,
experiencia en algunos de ustedes que han sido autoridades municipales y que saben que
hemos podido avanzar construyendo consensos y conviniendo la inversión pública.
No hay de nuestra parte ni motivo ni propósito de sujetar a nadie. Por el contrario,
hemos siempre privilegiado el diálogo y la búsqueda del consenso. Las pruebas ustedes
las tienen también, señor diputado.
Señala usted el Programa Cien Ciudades. El Programa Cien Ciudades incide en 207
municipios de los 31 estados. Es una mezcla de recursos federales, estatales, municipales,
de crédito e incluso de inversión privada. En 1997 se ha previsto apoyar 416 acciones
con una inversión global superior a los 1 mil 126 millones de pesos. Con estos recursos,
como usted lo comentó, se realizan acciones de regulación de uso del suelo y
administración urbana, incorporación de suelo al desarrollo urbano, vialidad y
transporte, aspectos ambientales y reactivación económica y social de los centros de las
ciudades.
Tiene usted razón, diputado Mendoza, cuando señala que una proporción muy alta de los
recursos de este programa se han canalizado a atender los problemas de vialidad y
transporte.
Quiero decirle que esta decisión no es asumida por la Secretaría de Desarrollo Social,
es una decisión asumida de común acuerdo con los gobiernos de los estados y con los
gobiernos municipales. Por otra parte, resulta obvio para usted que son las acciones de
vialidad y transporte las que tienen un costo mayor y por lo tanto la proporción de
recursos es evidentemente superior en ese sentido.
En relación a la vivienda, creo que en esta materia, señor diputado, tenemos uno de los
mayores retos hacia el futuro; hemos iniciado una reforma institucional que implica el
fortalecimiento de los organismos promotores de vivienda, necesitamos urgentemente mejorar
y ampliar los servicios de financiamiento, necesitamos avanzar en la desregulación y en
la desgravación de la vivienda, necesitamos disponer de un mayor suelo, de reservas
territoriales que nos permitan no solamente brindar este servicio fundamental para los
mexicanos, sino hacerlo de manera ordenada y con respeto a los planes de desarrollo urbano
y necesitamos incidir de manera mucho más sólida en la autoconstrucción y en el
mejoramiento de la vivienda.
En eso estamos empeñados, diputado; evidentemente la crisis financiera ha detenido los
programas de vivienda, no hemos podido avanzar más allá en este año, de casi 400 mil
acciones, son muy pocas, es una meta muy modesta, requerimos más recursos, mejores
instrumentos y estar preparados para tener mejores posibilidades. Esto no implica que
estemos detenidos o que estemos esperando que solamente con un crecimiento económico,
además de que generemos recursos, podamos implantar mejores programas.
Uno de ellos que está ya en operación, es el Programa Especial de Créditos y Subsidios
a la Vivienda, el Fovi, que para 1997 beneficia a 50 mil jefes de familia cuyos ingresos
sean de tres salarios mínimos generales del D.F., pueden estar por supuesto laborando en
el sector formal como informal. En este programa el Gobierno Federal otorga un subsidio
directo, transparente, por familia de 8 mil Udis, alrededor de 15 mil pesos a precios
actuales.
Es mucho lo que tenemos que hacer en la vivienda; serán, señor diputado, bienvenidas sus
propuestas y sus proyectos y estaremos por supuesto más que dispuestos a conocer sus
iniciativas.
En relación a los créditos reestructurados, ya es una cifra superior al 95%, es un
esfuerzo de recursos fiscales muy importante y más de 873 mil familias han recibido un
apoyo directo para poder reestructurar sus créditos hipotecarios. No me parece que sea
una cifra menor.
Y finalmente le comentaría, señor diputado, que usted mencionó el conocimiento de
varias irregularidades, yo le sugiero que si tiene usted detalles o está enterado de
ilícitos, denúncielos ante la instancia judicial correspondiente para que se proceda
conforme a la ley.
Gracias.
Diputado, ¿desea hacer uso de su
derecho de réplica?.. Tiene la palabra el diputado Eduardo Mendoza Ayala.
| El diputado
Eduardo Mendoza Ayala: |
Con su venia, señor Presidente:
Dice usted, señor Secretario, que los fondos son mejor utilizados a través de los
municipios; como usted dijo, yo hablaba de la triangulación al principio de esa
maquinaria perversa de enredar los fondos y desgastar a los municipios. La precisión
sería que los fondos son mejor utilizados cuando éstos se utilizan en los municipios,
cuando la riqueza que se genera en los municipios se queda en los municipios, no
tendríamos tantos problemas, porque el federalismo no es ni un fin ni un medio; como
usted lo señala, es un imperativo constitucional y debe ser la esencia de nuestro
republicanismo y está claro que usted lamentablemente no lo ve así.
No es posible que en las nuevas condiciones de normalidad democrática, ahora los
gobiernos traten de sostenerse con la dádiva clientelar que no ataca a la causa de la
pobreza sino exclusivamente sus efectos.
En materia de federalismo es preocupante ver que todavía...(sic) y sería una propuesta
concreta que me gustaría que usted recogiera en el ámbito de esta glosa del informe,
ojalá que el 50% de los recursos se queden en el municipio; a nivel internacional en la
mayor parte de los países, cuando menos 50 centavos en promedio se quedan en el municipio
o su equivalente. En México, usted seguramente lo tiene bien sabido, solamente cuatro
centavos en promedio de cada peso que se genera en los municipios no se van a la
federación, al Gobierno Federal, para que éste haga gasto a veces dispendioso
lamentablemente, de esos recursos, ofendiendo la dignidad de muchos mexicanos.
Finalmente, dice usted que aumentaron en 15% los fondos de desarrollo municipal. Creo que
es un buen planteamiento, de buena fe, de buena voluntad, pero el promedio de la
inflación es de 19%, de manera que ahí hay un desfasamiento y la rendición de los
recursos es cada vez menor.
Finalmente quisiera dejarle, a manera de reflexión, una nota que el día de hoy un
periódico publica, donde habla de las severas críticas de los diputados del tricolor
contra los programas sociales. Ellos dicen, "un buen número de ellos son de papel,
debido a que ningún beneficio aportan a la población", eso se lo dijeron a usted
ayer, seguramente tomó nota; ellos dicen que los dejó desahogarse, según manifiestan
aquí y creo que el admitir que los programas son de papel por parte de los propios
militantes del partido al que finalmente usted pertenece, es un acto de muchas reflexiones
y finalmente, decirle que no me contestó la primera pregunta con la que abrí
respetuosamente este diálogo, seguramente en su conciencia tendrá la respuesta y en mi
mano, mi amistad.
Gracias.
Tiene la palabra la diputada Clara
Marina Brugada Molina.
| La diputada
Clara Marina Brugada Molina: |
Con su permiso, señor Presidente:
El grupo parlamentario del PRD, se solidariza con algunos de los tantos damnificados de la
política económica: los azucareros de varios estados que se encuentran en la entrada de
este recinto. Apoyaremos una pronta solución.
Señor Secretario; señoras y señores legisladores:
La pobreza en México tiene múltiples y dolorosas manifestaciones sociales; es la causa
de la desnutrición infantil; se expresa en la falta de servicios indispensables para la
comunidad, en el bajo rendimiento y deserción escolar; en la recurrencia de enfermedades
curables que no pueden ser atacadas por la falta de medicamentos; en el hacinamiento y la
insalubridad; en la falta de oportunidades para los jóvenes; en el abandono de los
ancianos y los desvalidos; en la frustración e impotencia de los indígenas y en la
proverbial marginación de la mujer.
La mujer se ha convertido dentro de la familia, en la principal amortiguadora de la crisis
económica, dando lugar al proceso de feminización de la pobreza que el modelo neoliberal
ha provocado.
246,247,248
La pobreza y sus consecuencias más extremas,
son el mal de fin de siglo, la responsable de un malestar creciente que no se endulza con
cucharadas del Pronasol, que no se cura con aspirinas para la impaciencia, que no se
diluye en los ríos de promesas sexenal. La pobreza, señor Secretario, señoras y
señores legisladores, debería avergonzar a nuestros gobernantes, pero no es así. Por la
forma de encarar el problema y resolverlo, no podemos más que concluir que la tecnocracia
se ha acostumbrado a integrar la miseria al paisaje nacional
Sin embargo, ningún país puede aspirar al desarrollo pleno, cuando le sobra la mitad de
sus habitantes, para quienes no hay posibilidad alguna de bienestar.
En el renglón de la vivienda, un solo hecho muestra de manera contundente el fracaso de
la política aplicada. En términos relativos, hoy, a diferencia de 1986, son menos las
familias que tienen posibilidad de acceder a una vivienda digna. Esta realidad muestra
claramente que las acciones del Gobierno Federal han convertido en letra muerta nuestro
precepto constitucional sobre el derecho a la vivienda y contradice flagrantemente los
compromisos internacionales asumidos a lo largo de los últimos 10 años.
La imposición de un modelo basado en las frías reglas del mercado, ha llevado a
situaciones paradójicas, como las señaladas en el III Informe de Gobierno y ha provocado
una drástica disminución de los créditos de vivienda para los no asalariados, al grado
de que el organismo que atendía preferencialmente a este sector, el Fonhapo, que alcanzó
el nivel más alto de recuperación de créditos en el año, de mayor impacto de la
reciente crisis económica, hoy únicamente otorga el 4% del total de créditos, sin que
se hayan generado nuevas alternativas para este sector.
El Prosavi, Programa Especial de Crédito y Subsidios a la Vivienda, anunciado
estruendosamente en abril de este año, remarca los rasgos más agresivos de la política
actual. Siendo éste un programa dirigido en apariencia hacia los sectores más pobres de
la población, este programa no modifica en ningún sentido lo esencial. Los créditos
para vivienda se sujetan a la voracidad de las reglas del mercado y por lo tanto a los
altos costos de la intermediación financiera. El resultado es brutal. Si la demanda no se
ajusta a la oferta, el derecho a la vivienda no es un derecho de todos.
Señor Carlos Rojas, ¿asistimos al fin de las instituciones públicas de vivienda? Si
ello es así, ¿cuánto cree usted que tardará el mercado en abatir el déficit calculado
en cuatro millones de casas-habitación? ¿Será dentro de 20 años?
Por otra parte, se ha reconocido en diversos foros y más recientemente el pasado 10 de
septiembre por el Secretario de Agricultura, que la pobreza en el campo es una amenaza
pública. Ese funcionario sostuvo lo que muchos ya sabíamos y recordamos con asombro el
1o. de enero de 1994. La pobreza en el campo es un problema de seguridad nacional.
En la zona rural de México viven, como si un siglo de modernidad no hubiera transcurrido,
más de 13 millones de personas en condiciones de pobreza extrema, es decir, el 65% de los
más miserables de este país sobrevive en el campo, porcentaje que abarca la totalidad de
las comunidades indígenas.
Evidentemente en el campo se nos plantea el reto más gigantesco en materia de política
social, pues modificar radicalmente sus condiciones es no sólo una necesidad política,
sino un compromiso humano inaplazable.
Señor Secretario, ¿hasta cuándo van a dejar de poner en riesgo la seguridad del país?
El Pronasol no resolvió los conflictos sociales en el campo y prueba de ello fue lo
sucedido en el año de 1994, en el sur del país. A pesar de los remedios fallidos, el
doctor Zedillo nos presenta al Progresa como la acción principal de su Gobierno para
combatir la miseria extrema.
La lógica de sustituir el subsidio de la leche y la tortilla en especie, por el monetario
de tres pesos diarios por familia, resulta francamente provocador, ya que los tres pesos
de hoy valdran menos el día de mañana y nada al paso de los meses y tampoco es lo mismo
tener asegurado, de manera subsidiada al menos un litro de leche y un kilo de tortillas al
día, que tener que adquirirlos a precios regulares de mercado con tres devaluados pesos
diarios.
Señor Secretario. Tomando en cuenta que los
tres pesos que el Progresa otorga a cada familia en extrema pobreza, ¿sabía usted que en
el mercado el litro de leche cuesta cuatro pesos con 10 centavos, el kilo de huevo 10
pesos; el kilo de frijol ocho pesos y el kilo de carne de res 40 pesos? ¿Qué le aconseja
usted comprar a una madre de familia con estos tres pesos diarios? Le alcanzaría para un
cuarto de leche para toda su familia o un puñado de frijol o un trocito de carne de res o
un par de nutritivos huevos.
¿Cree usted entonces que con esta dádiva del Progresa, mejorarán sustancialmente las
condiciones de alimentación de las familias pobres, particularmente de los niños y sus
madres, como lo señala el Presidente de la República en su tercer informe? Con ello se
corrobora nuestra apreciación de que el Estado convierte cada día a más mexicanos en
limosneros y al gasto público y las instituciones de desarrollo social en meras
expendedoras de cheques.
La Sedesol es una institución burocrática que reparte migajas, y usted, señor
Secretario, se ha convertido en el gran administrador de la pobreza en México.
¿Está usted orgulloso de ello? ¿En serio cree que la pobreza será combatida con tres
pesos diarios para cada familia mexicana favorecida con su flamante programa? ¿En verdad
está convencido de que el programa romperá y terminará con el círculo vicioso de la
pobreza?
La importancia de las prioridades gubernamentales se observa en el presupuesto y la
cantidad de recursos que se aplican para ésta, no sólo en el discurso o buenas
voluntades. Con base en ello, nosotros deducimos que el combate a la pobreza y
marginación no se encuentran dentro de las más altas prioridades de este Gobierno. ¿Es
más importante rescatar a los bancos, destinándoles 70 mil 500 millones de pesos, al
Fobaproa a valor presente, que tratar de rescatar de la pobreza a millones de mexicanos
con 1 mil 350 millones de pesos asignados a Progresa?
Pero más allá de la necesidad de un análisis crítico y puntual de un programa
específico como el Progresa, ¿cual es la estrategia para que México deje de producir
pobres exponencialmente y cuál estrategia para que los mexicanos en extrema pobreza
accedan, como el resto, a los servicios sociales de carácter amplio o universal?
Señor Secretario. En estas condiciones, ¿está la secretaría de Desarrollo Social
dispuesta a discutir e impulsar un plan de recuperación social de rescate a los pobres y
pobres extremos o desea continuar conduciendo la ambulancia que recoge a los heridos y
muertos que va dejando la política económica?
Agradecemos que haya aceptado ya debatir la política social. Le proponemos que sea al
término del periodo de las comparecencias y antes de la presentación del presupuesto de
esta Cámara, ¿Está usted de acuerdo?
Se concede el uso de la palabra al
ingeniero Carlos Rojas para hacer sus consideraciones.
El secretario de
Desarrollo Social,
Carlos Rojas Gutiérrez: |
Diputada Brugada, ha tocado usted muy
diversos temas, a los cuales trataré de referirme con precisión.
Comparto plenamente con usted su preocupación por las acciones, por los proyectos y por
los programas que puedan fortalecerse y estar vinculados con mucho mayor intensidad al
progreso, al bienestar y al desarrollo de la mujer mexicana.
No omito manifestarle que el Ejecutivo Federal tiene un programa deliberado en ese
sentido, que cada una de las instituciones del Gobierno Federal está canalizando recursos
y proyectos con ese propósito.
Es el caso evidentemente del Progresa, en donde los recursos, las becas económicas,
serán entregadas a las madres de familia, se privilegiará su participación y, también
como lo reseñé hace unos momentos, hay una diferenciación de género en el monto de los
recursos con los cuales se apoyará a las niñas en relación con los niños.
El Progresa va a evolucionar, diputada, de acuerdo con los índices de precios del Banco
de México, por lo tanto no se depreciarán los apoyos que reciban las familias que
participen en este programa.
En relación a la vivienda, se ha hecho mención que es necesario, es muy importante que
podamos intensificar los programas vinculados en esta materia.
Rechazo, con todo énfasis, que el Fondo Nacional de Habitaciones Populares esté en
declive. Hay, evidentemente, menores recursos derivados de la crisis, pero le aseguro,
diputada, que hay la mayor voluntad y el mayor compromiso para que intensifiquemos los
programas que precisamente le sirvan a la gente de más escasos recursos.
En relación a sus comentarios sobre el medio rural, efectivamente, como usted lo señala,
como lo declaró el Secretario de Agricultura hace unos días, en el medio rural se dan
los mayores contrastes y los mayores problemas.
Por eso el Gobierno de la República ha puesto en marcha diversos programas, entre los que
destacan de manera muy relevante el de la Alianza para el Campo.
De lo que se trata es de incrementar el ingreso neto de los productores agropecuarios;
combatir la pobreza rural; aumentar la producción agropecuaria; contribuir a la seguridad
alimentaria y superar el déficit estructural de la balanza comercial del sector.
La nueva política agrícola se basa en una nueva relación del Estado con el sector
agropecuario, en donde existe una mayor seguridad sobre la tenencia de la tierra y los
apoyos al campo se dirigen hacia los problemas estructurales, como la tecnología, la
comercialización y los mecanismos de participación.
El Procampo, entrega en 1997 recursos por más de 7 mil 500 millones de pesos a casi 3
millones de productores que impactan en 14 millones de hectáreas.
Para 1997, la Alianza para el Campo cuenta con 17 programas, los cuales se concentran en
las líneas de acción relativas a la productividad y capitalización y a la reconversión
productiva; ejerce un presupuesto superior a los 2 mil millones.
Hay que reconocer, diputada, que nuestro campo, en los aspectos productivos, tenía mucho
tiempo sin recibir las inversiones necesarias.
Hoy hemos empezado a cambiar estructuralmente esta decisión y a canalizar recursos que le
permitan a los campesinos tener una mejor circunstancia en su vida, en su bienestar y en
su familia.
Finalmente, diputada, le reitero lo que comenté hace unos momentos, en que estoy por
supuesto no sólo convencido de la necesidad del debate y del intercambio de ideas
mediante un diálogo respetuoso, en donde pongamos lo mejor de todos nosotros para avanzar
en el mayor problema que tenemos, en el mayor desafío que tiene este país.
Yo estaré, por supuesto, con toda convicción y compromiso, a lo dispuesto por la ley y
también a la propuesta que nos haga esta legislatura.
Diputada, ¿desea hacer uso de su
derecho de réplica?
| La diputada
Clara Marina Brugada Molina (desde su curul): |
Sí, señor Presidente.
Tiene la palabra la diputada Clara
Marina Brugada Molina.
| La diputada
Clara Marina Brugada Molina : |
Señor Secretario, francamente le
queremos decir, el Progresa no va a pasar por la aprobación de esta Cámara, es difícil
realmente como usted lo propone. Le aconsejaríamos mejor que revisara este proyecto antes
de que el Ejecutivo lo envíe a esta Cámara.
También usted dice que el Fonhapo no está en declive. Bueno, preguntamos, ¿entonces por
qué es que tiene menores ingresos? Usted nos contesta que es por la crisis. Pero si el
señor Presidente dice que ya estamos saliendo de la crisis, ¿entonces a quién entender?
249,250,251
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