Diario de Debates No. 21, 23 de octubre de 1997, Primer periodo ordinario del Primer Año de ejercicio, LVII Legislatura

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ASISTENCIA	Pag. 1020
ORDEN DEL DIA	1020
ACTA DE LA SESION ANTERIOR	1021
DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA	1024
Comunicación del diputado Mariano Palacios Alcocer, con la que solicita licencia para separarse de su cargo. Aprobado.	1024
DIPUTADO QUE SE INCORPORA	1025
El Presidente designa comisión que acompañe en la toma de protesta de ley de diputado suplente electo por la segunda circunscripción, Jorge Doroteo Zapata García.	1025
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL	1026
Dos invitaciones a los actos cívicos conmemorativos: del CLXXX aniversario del natalicio de don Francisco I. Madero González. Se designan comisiones que representen en la Cámara de Diputados.	1027
COMISION DE REGIMEN INTERNO Y CONCERTACION POLÍTICA	1027
Comunicación del diputado Carlos Medina Plascencia, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con la que remite para los efectos pertinentes, documentos enviados a esa comisión.	1027
Respeto a la iniciativa para inscribir en letras de oro en el salón de sesiones, las denominaciones: "Defensores de la Patria 1846-1848" y "Batallón de San Patricio", se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.	1027
En relación al informe del gobernador del Banco de México, sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de 1997, se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Publica.	1027
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	1027
La diputada de María Mercedes Maciel Ortiz, presenta a nombre del Partido del Trabajo, iniciativa de reformas al artículo 115 constitucional, respecto al pago de impuesto predial de toda propiedad de la administración pública. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Fortalecimiento Municipal.	1027
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	1030
Diez oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Juan Rebolledo Gout, Herminio Alonzo Blanco Mendoza, Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, José Angel Gurría Treviño, Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, José Luis Barros Horcasitas, Enrique Vilatela Riba, Guillermo Ortiz Martínez, Roberto Miranda Sánchez y Rafael Tovar y de Teresa, Puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de dicho país. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.	1030
REINO DE BELGICA	1034
Tres oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Jesús Alfonso Nieto Zermeño, Dulce María Valle Alvarez y Leopoldo Guadalupe Michel Díaz, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de dicho país. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.	1034
USO DEL TABACO	1035
La diputada Gloria Lavara Mejía, presenta punto de acuerdo sobre la reglamentación del uso del tabaco dentro del salón de sesiones.	1035
A favor de la propuesta el diputado Miguel Angel Navarro Quintero, quien presenta propuesta.	1038
Omar Bazán Flores, para rectificar hechos.	1039
América Soto López, para rectificación de hechos.	1041
La Propuesta del diputado Navarro Quintero, se turna a la Comisión de Salud.	1043
Es aprobada la propuesta de la diputada Lavara Mejía y se ordena surtir sus efectos a partir de la próxima sesión.	1043
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO	1043
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, comenta respecto a incrementar el presupuesto de la UNAM.	1043
Para el mismo tema, se concede el uso de la palabra a los diputados:	1045
Francisco José Paoli y Bolio	1045
Jaime Hugo Talancjón Escobedo	1047
Pablo Gómez Alvarez, para rectificar hechos.	1048
ESTADO DE NAYARIT	1049
El diputado Gilberto Parra Rodríguez, presenta denuncia sobre supuesta violación a derechos humanos en dicha entidad.	1049
Para hablar sobre el mismo tema, los diputados:	1052
Jorge López Vergara	1052
Miguel Angel Navarro Quintero	1053
Rectifican hechos o contestan alusiones personales:	1054
Gilberto Parra Rodríguez	1054
Marco Antonio Fernández Rodríguez	1055
Gilberto Parra Rodríguez	1057
Jaime Miguel Moreno Garavilla	1057
Se turna la denuncia presentada a la Comisión de Derechos Humanos.	1058
IMPORTACION DE FRUCTOSA	1058
El diputado Mariano Sánchez Farías, presenta propuesta para investigar sobre la problemática de la importación de alta fructosa en el país.	1058
Sobre el tema, los diputados:	1061
Juan Bueno Torio	1061
Rafael Spinoso Foglia	1062
Marcos Augusto Bucio Mújica	1064
José Luis Enriquez González	1065
Antonio Soto Sánchez	1066
Jorge Canedo Vargas	106
Se turna a las comisiones de Comercio, Agricultura Hacienda y Crédito Público, de Patrimonio y Fomento Industrial, así como a la de Trabajo y Previsión Social.	1067
FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS UNIVERSITARIOS	1069
La Secretaría da lectura a documento enviado por dicho organismo, en referencia a la demanda de un incremento en presupuesto designado para la educación, Presupuesto y Cuenta Pública.	1069
CARRETERA TOLUCA-ATLACOLULCO	1071
El diputado Sergio Valdés Arias, se refiere al cobro de peaje en este tramo carretero.	1071
Sobre el mismo tema, los diputados:	1073
Manuel González Espinoza	1073
Javier Paz Zarza	1076
Rectifican hechos, los diputados:	1077
Sergio Valdés Arias	1077
Daniel Díaz Díaz	1078
Héctor Guevara Ramírez	1079
José Luis Gutiérrez Cureño	1081
Sergio Valdés Arias	1081
Lino Cárdenas Sandoval	1082
El Presidente instruye que los diferentes documentos presentados se turnan a la Comisión a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su conocimiento.	1084
PARTIDO ACCION NACIONAL	1084
El diputado José Adán Deniz Macías, informa sobre su decisión de dejar de ser miembro del Partido Acción Nacional y considerarse como diputados sin partido. De enterado y sobre los trámites administrativos se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.	1084
CORPORACION INTERNACIONAL DE TRANSPORTACION AEREA	1085
El diputado Luis Fernando González Corona, presenta punto de acuerdo respecto a problemática en dicha empresa encargada de servicios de aeronavegación.	1085
Para el mismo tema el diputado Fortunato Guzmán Rivera.	1086
Se turna a las comisiones de Turismo y de Comercio.	1087
ORDEN DEL DIA	1087
De la próxima sesión	1087
CLAUSURA Y CITATORIO	1087
RESUMEN DE TRABAJOS	1088

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados para conocer si existe el quorum reglamentario para llevar a cabo esta sesión.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXXX aniversario luctuoso del insurgente don Pedro L. Moreno, tendrá lugar el 27 de octubre a las 10.00 horas.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXXIV aniversario del natalicio de don Francisco I. Madero González, tendrá lugar el 30 de octubre a las 10:00 horas.

De reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Diez, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Juan Rebolledo Gout, Herminio Alonzo Blanco Mendoza, Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, José Angel Gurría Treviño, Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, José Luis Barros Horcasitas, Enrique Vilatela Riba, Guillermo Ortiz Martínez, Roberto Miranda Sánchez y Rafael Tovar y de Teresa, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Alemania.

Tres por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jesús Alfonso Nieto Zermeño, Dulce María Valle Alvarez y Leopoldo Guadalupe Michel Díaz, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de Bélgica.

Proposición para asuntos relacionados con el uso del tabaco, a cargo de la diputada Gloria Lavara Mejía, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Proposición para que se incremente el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Denuncia sobre supuesta violación a los Derechos Humanos en el Estado de Nayarit, a cargo del diputado Gilberto Parra Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre la problemática de la alta importación de fructosa en el país.

Sobre la problemática de la carretera Toluca a Atlacomulco, a cargo del diputado Sergio Valdés Arias, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.

Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma, a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones. Si es así proceda, señor Secretario, a tomar la votación.

Señores diputados: por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie, por favor...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie por favor... Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con tres minutos del martes veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y siete, con una asistencia de cuatrocientos sesenta y dos diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y en razón de que una copia del acta de la sesión anterior ha sido entregada a todos y cada uno de los diputados, la Asamblea le dispensa la lectura y no habiendo quien haga uso de la palabra, se aprueba en sus términos en votación económica.

Se da cuenta con diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Colima y Tamaulipas, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.

La Secretaría da lectura a cinco minutas del Senado de la República, con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:

Egberto Parra Arias, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Chile;

Jaime Contreras y Guerrero, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno del Reino de España;

María Eugenia Gabriela Cortés Cortés, pueda prestar sus servicios en la Embajada de Portugal en México;

Carlos Alberto Gómez da Silva y Millares, pueda prestar sus servicios en la Embajada de Portugal en México;

Guillermo Jacinto Casas, pueda prestar sus servicios en la Embajada de Portugal en México.

Un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Patricia Salinas Orozco, pueda prestar sus servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

La Presidenta agradece la presencia de alumnos de la escuela comercial Cámara de Comercio, el colegio Peterson Tlalpan, la Escuela Preparatoria número veinticinco del Estado de México, invitados por el diputado Raúl Martínez Almazán y la escuela primaria Héroes de Molino del Rey, invitados del diputado Paz Zarza.

La Presidenta otorga el uso de la palabra al diputado: Luis Patiño Pozas, del Partido del Trabajo, quien presenta solicitud de excitativa sobre una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. La Presidenta la turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Plutarco García Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere al rezago agrario en el país.

Para rectificar hechos, hacen uso de la palabra los diputados Rafael Sánchez Pérez, del Partido Acción Nacional; Arely Madrid Tovilla, del Partido Revolucionario Institucional y Ricardo Armenta Beltrán, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de la Reforma Agraria.

Sube a la tribuna el diputado José Luis López López, del Partido del Trabajo, quien denuncia hechos en la escuela secundaria federal José Emilio Vallado Galaz de Mérida, Yucatán y sobre el mismo tema, para rectificar hechos, hablan los diputados Wilbert Hebert Chi Góngora, del Partido Revolucionario Institucional; María Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional y Carlos Hernando Sobrino Sierra, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones.

Desde su curul, la diputada Zavala Peniche, propone una moción de orden que hace suya la Presidenta.

También para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra al diputado Edgar Martín Ramírez Pech, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones y en la segunda, acepta una interpelación del diputado Sobrino Sierra.

El Presidente aclara que quien lleva el peso del debate es el Presidente y que no permitirá, de ninguna manera, que se entablen diálogos entre diputados y turna la denuncia a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, para lo que hubiera lugar.

Posteriormente, explica la forma en la que se llevarán a cabo los debates sobre las elecciones en los estados de Tabasco y Veracruz, conforme al acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. La Asamblea aprueba el procedimiento en votación económica.

Para comentar las elecciones en el Estado de Tabasco, hacen uso de la palabra los diputados: Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional; Carlos Antonio Heredia Zubieta, del Partido de la Revolución Democrática y Juan José Castro Justo, del Partido Revolucionario Institucional.

Durante la intervención del diputado Castro Justo, el Presidente hace aclaraciones conforme al acuerdo parlamentario de referencia y aclara al diputado Gonzalo Rojas, que no se han cancelado las interpelaciones, pero que también es derecho de la Presidencia conducir el debate y que la Presidenta en funciones, Gloria Lavara Mejía, la más joven de las diputadas que preside una Asamblea en los congresos latinoamericanos, siempre ha preguntado a los oradores si aceptan o no tales interpelaciones.

Los diputados de los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, declinaron hacer uso de la palabra en este primer turno de oradores.

Continúa el debate con un segundo turno de oradores en el que intervienen los diputados: Ramón María Nava González, del Partido Acción Nacional; Cristina Portillo Ayala, del Partido de la Revolución Democrática, quien entrega a la Secretaría lo que calificó como pruebas de la violencia de que fueron objeto, dijo, habitantes del Estado de Tabasco y Amira Gricelda Gómez Tueme, del Partido Revolucionario Institucional.

Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a los diputados Ana Lilia Ceballos Trujeque, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Jiménez Macías, del Partido Revolucionario Institucional; María Victoria Peñaloza Izazaga, del Partido de la Revolución Democrática, quien durante su intervención es interrumpida por la Presidenta, quien pide respeto y atención para los oradores; Roberto Albores Guillén, del Partido Revolucionario Institucional: Germán Martínez Cázares, del Partido Acción Nacional, quien acepta una interpelación de la diputada América Soto López; Felipe Rodríguez Aguirre, del Partido de la Revolución Democrática; Héctor Rodolfo González Machuca, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales, quien acepta una interpelación del diputado López Romero.

El Presidente hace aclaraciones respecto al acuerdo parlamentario y en virtud del mismo, concederá el uso de la palabra solamente a un representante más de cada uno de los grupos parlamentarios.

Solicita a la Oficialía Mayor que cualquier persona que no sea diputado o representante de un medio de comunicación, con el auxilio de la dirección de Seguridad y Resguardo, se desaloje del salón de sesiones, a fin de poder continuar en orden y respeto.

Desde su curul, el diputado Gonzalo Rojas hace una moción de orden y el Presidente hace las aclaraciones pertinentes.

En tal virtud, concede el uso de la palabra a los diputados: Sergio Benito Osorio Romero, del Partido de la Revolución Democrática; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional y Francisco Rabelo Cupido, del Partido Revolucionario Institucional.

Por lo que se refiere a contestar alusiones personales o solicitar una interpelación, el Presidente indica que se continuará con la forma acostumbrada.

Para referirse a las elecciones en el Estado de Veracruz, hacen uso de la palabra los diputados: Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional; Luis Rojas Chávez, del Partido de la Revolución Democrática y Francisco Javier Loyo Ramos, del Partido Revolucionario Institucional.

En el segundo turno de oradores, sobre el mismo tema, hacen uso de la palabra los diputados: Gerardo Buganza Salmerón, del Partido Acción Nacional; Isael Cantú Nájera, del Partido de la Revolución Democrática y Carlos Jaime Rodríguez Velasco, del Partido Revolucionario Institucional.

Antes de conceder la palabra al diputado Cantú Nájera, la Presidenta informa que, habiendo trascurrido las cuatro horas reglamentarias para esta sesión, la prorrogará hasta terminar con los asuntos en cartera.

La Presidenta, a nombre de la mesa directiva, se disculpa con el periodista Francisco Garfias Antolín y da instrucciones a la Oficialía Mayor para que se respete los señores comunicadores que se encuentran en el salón cumpliendo con sus labores profesionales.

Para rectificar hechos, hace uso de la palabra el diputado Isael Cantú Nájera, del Partido de la Revolución Democrática.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las quince horas con catorce minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo jueves veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete, a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie, por favor...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor... Aprobada el acta, señor Presidente.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la comunicación del diputado Mariano Palacios Alcocer.

Esta Presidencia respetuosamente solicita a los diputados pasen a ocupar la curul que les corresponde.

A los medios de comunicación, que nos auxilien a poder llevar con el respeto y la solemnidad que esta Asamblea merece.

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En abril del presente año, fui postulado por el Partido Revolucionario Institucional como candidato a diputado federal por la segunda circunscripción plurinominal, resultando electo bajo el principio de representación proporcional para integrarme a esta Cámara.

Por acuerdo del Consejo Político Nacional de mi partido, el 11 de septiembre fui elegido presidente de su Comité Ejecutivo Nacional. El ejercicio de este encargo en una entidad de interés público, me impone la responsabilidad de dedicarle tanto tiempo que pudiera interferir con las tareas de legislador.

Con fundamento en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tengo a bien solicitar licencia para retirarme de mis funciones como diputado federal.

Por lo antes expuesto ruego a ustedes, respetuosamente, se someta la presente solicitud a consideración del pleno de esta Cámara para que resuelva lo conducente.

Primero: se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Mariano Palacios Alcocer, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal a partir de esta fecha.

Quiero solicitar al diputado que está teniendo una conferencia de prensa, si lo quiere hacer, hágalo en la sala de desahogos. Con todo respeto, porque está obstruyendo el transcurso de la sesión.

Quiero recordarle, señor diputado, y a las señoritas edecanes que hasta que el Presidente dé el uso de la palabra, pueden otorgar el micrófono. Proceda a entregárselo al señor diputado para que nos diga, ¿con qué objeto, señor diputado Germán Contreras?

Sobre el punto propuesto, le quiero preguntar, del diputado Palacios, nos informe cuántas inasistencias tiene en esta plenaria. Quisiera saber para de ahí ver si puedo ponderar mi voto.

Ese asunto, señor diputado, no está a discusión. A discusión está únicamente si se otorga la licencia o no al diputado Mariano Palacios Alcocer.

No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.

Si me permite, señor Secretario. Proceda la señorita edecán otorgarle el micrófono al diputado Pablo Gómez.

Se encuentra, señores diputados, a las puertas de este recinto, el ciudadano Jorge Doroteo Zapata García, diputado suplente electo en la segunda circunscripción plurinominal.

Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados:

Armando Neyra Chávez, Odorico Vázquez Bernal, María del Socorro May López, Omar Bazán Flores, Felipe Urbiola Ledesma, Luis Patiño Pozas y Aurora Bazán López.

Pedimos a la comisión vaya, para que acompañen al ciudadano Jorge Doroteo Zapata al interior del recinto.

Ciudadano Jorge Doroteo Zapata García: "¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?".

Se solicita a la comisión de cortesía acompañe al diputado Jorge Doroteo Zapata, a la curul que le corresponde.

«Ciudadano diputado Eduardo Guadalupe Bernal Martínez, Presidente de la Cámara de Diputados.— Presente.

El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXX aniversario luctuoso del insurgente don Pedro L. Moreno (1775-1817), que tendrá lugar en el Altar a los Defensores de la Patria Hemiciclo a los Niños Héroes, delegación Miguel Hidalgo, el día lunes 27 de octubre a las 10:00 horas.

Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un representante de esa Cámara que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

El director general de Acción Social, Cívica y Cultural.— Eduardo F. Saenz Viesca.»

Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados:

Cecilia López Rodríguez, José Luis López López, María Antonia Durán López y Silvia Oliva Fragoso.

Esta ceremonia se llevará a cabo el lunes 27 de octubre a las 10:00 horas, en el Altar a los Defensores de la Patria, en el Hemiciclo a los Niños Héroes, en la delegación Miguel Hidalgo.

«Ciudadano diputado Eduardo Guadalupe Bernal Martínez, Presidente de la Cámara de Diputados.— Presente.

El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CXXIV, aniversario del natalicio de don Francisco I. Madero González, (1873-1913), que tendrá lugar en el Monumento a la Revolución Mexicana, Plaza de la República, delegación Cuauhtémoc, el día jueves 30 de octubre a las 10:00 horas.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

El director general de Acción Social, Cívica y Cultural.— Eduardo F. Saenz Viesca.»

Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados:

Enoé González Cabrera, Miguel Angel Solares Chávez, Pilar Valdés González Salas, Luis Patiño Pozas y Alejandro Jiménez Taboada.

Esta ceremonia se llevará a cabo el jueves 30 de octubre, a las 10:00 horas, en el Monumento a la Revolución, Plaza de la República, delegación Cuauhtémoc.

Procedo a dar lectura a la siguiente comunicación del diputado Carlos Medina Plascencia, Presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política:

«Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Segundo mes del Periodo de Sesiones Ordinarias.— Presente.

En sesiones celebradas en el primer periodo de sesiones ordinarias de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en la que hasta ese momento no se habían integrado las comisiones de Trabajo, es que la Presidencia turnó a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política los siguientes trabajos:

Fecha presentada por iniciativa: septiembre 18 de 1997. Diputado Gilberto López y Rivas. Inscripción en letras de oro en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, la denominación genérica de: "Defensores de la Patria 1846-1848" y "Batallón de San Patricio".

Fecha informe: septiembre 24 de 1997. El ejercicio de la política monetaria correspondiente al primer semestre de 1997 del Banco de México.

En virtud de que han quedado dichas comisiones y de que el estudio y análisis y resolución de la propuesta en cuestión corresponde a las mismas, es que me permito remitir estos expedientes para los efectos pertinentes.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 21 de octubre de 1997.— Diputado Carlos Medina Plascencia.»

Por lo que se refiere a la iniciativa para que se inscriba con letras de oro en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados la denominación genérica "Defensores de la Patria 1846-1848" y "Batallón de San Patricio", túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

El segundo asunto, el informe del gobernador del Banco de México sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de 1997, esta Presidencia lo turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene la palabra la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

«Los suscritos, diputados a la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de reformas al párrafo segundo del inciso c de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Desde la lucha revolucionaria de 1910, ha sido aspiración de la sociedad mexicana contar con un municipio libre y económicamente autosuficiente, para que este nivel de gobierno se encuentre en aptitud de proveer a su población de los servicios públicos fundamentales.

En el mensaje que pronunció don Venustiano Carranza, el 1o. de diciembre de 1916, al abrir el Congreso Constituyente de 1916-1917 sus trabajos, mencionó: "el municipio independiente, que es sin disputa una de las grandes conquistas de la revolución, como es la base del Gobierno libre, conquista que no sólo dará libertad política a la vida municipal, sino que también le dará independencia económica, supuesto que tendrá fondos y recursos propios para la atención de todas sus necesidades, substrayéndose así a la voracidad insaciable que de ordinario han demostrado los gobernadores...".

En la actualidad los municipios de nuestro país reciben por parte del Gobierno Federal dos tipos de recursos para complementar sus finanzas y estar en aptitud de proveer a sus habitantes de los servicios públicos que la Constitución establece: "los recursos que se les entregan en virtud de lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y los que se les asigna de acuerdo a lo que se establece en el ramo 26 del decreto de Presupuesto de Egresos de Federación para el ejercicio fiscal de 1997".

En opinión del grupo parlamentario del Partido del Trabajo el sistema de participaciones a los estados y municipios se rigió por criterios inmediatistas, ya que las reformas buscaron equilibrar el reparto, elevándolo sustancialmente a favor de ciertas entidades rezagadas en desmedro de las privilegiadas. Esta medida es un mero paliativo a las demandas más apremiantes de los estados más pobres, pero difícilmente, en nuestra opinión, puede servir de modelo para crear una relación equitativa que enriquezca el pacto federal.

Nosotros proponemos que el establecimiento de un sistema tributario federal moderno y equitativo no puede basarse enteramente en un reparto entre el centro y los estados, donde el primero dispone de privilegios y atributos excesivos, en tanto que los estados y municipios carecen de poderes efectivos en materia de tributación y en esa medida dependientes de la buena voluntad de la Federación. Para revertir esa situación se requerirían al menos las siguientes dos medidas:

a) Hacer que el sistema de participaciones se combine con el reconocimiento de mayores derechos de tributación autónoma a los estados y municipios, incluyendo un nuevo status jurídico frente a las empresas federales que operan en su territorio.

b) Programar a largo plazo el sistema de participaciones para que los estados y municipios más rezagados se vean favorecidos con un reparto creciente, pero que se encuentre vinculado a metas de desarrollo y bienestar social duradero

Sin embargo, no es con las participaciones federales con las que se logrará que los municipios sean financieramente autosuficientes, reproducir esta forma de pensar implica no desterrar las concepciones centralistas del ejercicio del poder político y pretender supeditar la función de gobierno del municipio a lo que le dictan aquellos que lo proveen de recursos. No podemos aceptar que se siga reproduciendo el círculo perverso Federación fuerte y estados y municipios débiles.

La Constitución, en su artículo 31 fracción IV establece la obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos de la Federación, Distrito Federal, Estado o municipio donde se resida.

Esta obligación tributaria para las personas físicas y morales se cumple con las cargas impositivas que los sujetos activos de la relación tributaria les impone. En caso de que los particulares incumplan el pago de sus contribuciones municipales, el municipio en el ejercicio de la facultad económico-coactiva puede hacer exigibles sus créditos.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo no soslaya la necesidad de fortalecer financieramente con ingresos propios a los municipios. Es pertinente reconocer que la reforma constitucional al artículo 115, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, estableció en la fracción IV de dicho artículo la facultad de los municipios para administrar libremente su hacienda, con los ingresos que las legislaturas de los estados establezcan en su favor.

Sin embargo y pese al catálogo de ingresos previstos en las leyes impositivas de carácter local, los ingresos municipales siguen siendo notoriamente insuficientes.

Por tanto se requiere realizar una amplia reforma legislativa con el propósito de incrementar las fuentes de ingresos municipales, que permitan que los municipios dependan más de sus propios recursos y que las participaciones federales sean sólo complementarias.

En virtud de carecer los municipios de facultad para determinar sus fuentes de ingresos, dependen para ello de las correspondientes legislaturas estatales, las cuales son las legitimadas para establecerlos.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que es necesario que tanto la Federación como los estados paguen a todos los municipios el correspondiente impuesto predial. En el caso del Gobierno Federal deben pagar este impuesto las dependencias de la administración pública centralizada como las entidades de la administración pública paraestatal, de igual forma en el caso de las entidades federativas se debe pagar este impuesto por todos lo bienes inmuebles de los cuales sean propietarios, independientemente de la naturaleza de bienes de dominio público o de dominio privado tanto de la Federación como de los estados.

Compañeras y compañeros diputados: por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción Il 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Diputados, a efecto de que se turne de inmediato para dictamen a la comisión correspondiente, la siguiente

Artículo único. Se reforma el párrafo segundo del inciso c de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a, y c, ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, en favor de personas físicas o morales ni de instituciones oficiales o privadas. El Gobierno Federal estará obligado al pago del correspondiente impuesto predial por todos sus bienes inmuebles, tanto de dominio público como de dominio privado sean de las dependencias de la administración pública centralizada o de las entidades de la administración pública paraestatal; de igual forma, el gobierno de los estados estará obligado al pago del correspondiente impuesto predial por todos sus bienes inmuebles, tanto de dominio público como de dominio privado sean de las dependencias de la administración pública centralizada o de las entidades de la administración pública paraestatal.

Primero. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Una vez que entren en vigor las presentes reformas, las legislaturas de los estados procederán en sus respectivas leyes a gravar con el impuesto predial los bienes incluidos en el artículo que se reforma por medio del presente decreto.

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 23 días del mes de octubre de 1997.

Diputados: Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Ricardo Cantú Garza, vicecoordinador; María Mercedes Maciel Ortiz, Juan Cruz Martínez, José Luis López López, Luis Patiño Pozas y Gerardo Acosta Zavala.»

Túrnese la presente iniciativa a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Fortalecimiento Municipal.

Antes de que continúe la Secretaría con los oficios de la Secretaría de Gobernación, esta mesa directiva, por mi conducto, agradece la visita de 25 dirigentes del Sindicato Nacional de la Industria Embotelladora y Cervecera, invitados por el diputado Neyra Chávez; de alumnos del Centro Universitario México, de la Escuela Asociación Femenil a favor del niño, del bachillerato Colegio Británico y de alumnos de la Normal y de la Universidad de Tecámac. Sean ustedes bienvenidos, señores invitados, a esta sesión.

«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación con fecha 17 del actual manifestando lo siguiente:

"El licenciado Juan Rebolledo Gout, subsecretario de asuntos bilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."

Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los documentos que en el mismo se citan.

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., 21 de octubre de 1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En oficio número PRO 11279, de fecha 17 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:

"El ciudadano Herminio Alonzo Blanco Mendoza, secretario de Comercio y Fomento Industrial, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Lo que transcribo ha ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta distinguida consideración.

México, D.F., 21 de octubre de 1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 17 del presente mes, manifestando lo siguiente:

"El ciudadano Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, jefe de la oficina de la Presidencia de la República, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."

Lo que transcribo para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente los documentos que en el mismo se citan.

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., 21 de octubre de 1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Para conocimiento y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 17 del actual, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan:

"El ciudadano José Angel Gurría Treviño, secretario de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."

Reitero en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., 21 de octubre de 1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 17 del actual, enviando con el presente los anexos que en el mismo se mencionan:

"El ciudadano Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 21 de octubre de 1997.— Por Acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En oficio fechado el día 17 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:

"El ciudadano José Luis Barros Horcasitas, asesor del Presidente de la República, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

éxico, D.F., a 21 de octubre de 1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Para su conocimiento y fines legales procedentes, transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a esta dependencia del Ejecutivo, con fecha 17 del actual, enviando con el presente los documentos que en el mismo se citan:

"El ciudadano Enrique Vilatela Riba, director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., 21 de octubre de 1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, en oficio número PRO 11278, de fecha 17 del actual, manifiesta a esta dependencia del Ejecutivo, lo siguiente:

"El ciudadano Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan, para su conocimiento y fines legales procedentes.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 21 de octubre de 1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En oficio fechado el día 17 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

"El general de brigada DEM Roberto Miranda Sanchez, jefe del Estado Mayor Presidencial, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República Federal de Alemania.

Al transcribir a ustedes lo anterior, para su conocimiento y fines legales procedentes, envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 21 de octubre de 1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Con fecha 17 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió oficio a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:

"El ciudadano Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan, para los fines legales procedentes.

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 21 de octubre de 1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

"El ciudadano Jesús Alfonso Nieto Zermeño, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Bélgica.

Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito ha usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgaron la condecoración relativa."

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 21 de octubre de 1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En oficio fechado el día 17 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:

"La ciudadana Dulce María Valle Alvarez, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Bélgica.

Para tal efecto y a fin de que integren en su expediente, remito a ustedes carta de la interesada dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."

Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.

Reitero en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D. F., a 21 de octubre de 1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

"El ciudadano Leopoldo Guadalupe Michel Díaz, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Bélgica.

Para tal efecto y a fin de que integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."

Reitero en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D. F., a 21 de octubre de 1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

Tiene la palabra la diputada Gloria Lavara Mejía, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición sobre asuntos relacionados con el uso del tabaco.

No obstante el daño que provoca el tabaquismo, aún no hemos consolidado una conciencia que nos permita aminorar el consumo de este producto. Así pues podríamos pensar que en este caso los fumadores son los únicos afectados por el uso del tabaco; sin embargo esto no es del todo real, existen personas a las que se les conoce como fumadores pasivos que son los que están expuestos...

Voy a suplicar a la Oficialía Mayor, súbale un poco al volumen al micrófono y además solicitarle a los señores diputados respeto absoluto a la compañera diputada oradora en su exposición.

Gracias. Podríamos pensar que en este caso los fumadores son los únicos afectados por el uso del tabaco; sin embargo esto no es del todo real, existen personas a las que se les conocen como "fumadores pasivos" que son los que están expuestos involuntariamente al humo del tabaco en dos sentidos: uno, cuando se está inhalando el humo de un cigarro encendido y otro, cuando el no fumador está obligado a inhalar el humo que exhalan los fumadores por el derecho de coexistir en el mismo espacio.

Cualquier fumador pasivo, sufre las consecuencias inmediatas al convivir directamente con gente adicta al tabaco; escurrimiento nasal, irritación de la mucosa, irritación de ojos, dolores de cabeza, por citar sólo algunas.

El humo del tabaco está conformado por una mezcla de más de 4 mil sustancias de las cuales 40 aproximadamente son agentes potenciales que pueden causar cáncer. Paradójicamente, el riesgo de contraer este mal, es mayor para los no fumadores que viven con alguien que sí fuma y por si esto fuera poco, este factor hace más propensos a los no fumadores a sufrir afecciones en las vías respiratorias, como asma, enfisemas e incluso daños directos al corazón.

Debemos hacer una evaluación justa respecto a la gente joven ya que no sólo se les está enseñando sino se les está creando un hábito dañino y además, la posibilidad de crear las mismas repercusiones, olvidándonos de que atentar contra la salud de los menores, es atentar contra el futuro del mundo.

El Gobierno mexicano, se ocupó de reglamentar la protección para, los no fumadores determinando los lugares en los que se puede fumar, en los que no y los espacios que se pueden compartir con áreas específicas. También por disposición oficial se hace mención del apoyo a las campañas antitabaco, haciendo hincapié en los infantes y adolescentes para crear una conciencia en pro del mejoramiento de la salud y aunque se hace mención de las sanciones correspondientes para aquellos que no acaten este reglamento, parece que esto no fue lo suficientemente efectivo.

Es nuestro deber, como gente adulta y como forjadores de nuevas generaciones, reconsiderar las disposiciones oficiales para la reglamentación de la protección de los no fumadores, para que estas sean totalmente respetadas, ya que cualquier medida que se tome y se lleve a cabo en contra del tabaquismo, no importando que tan pequeña sea, pueda ayudar a salvar una vida humana.

Por lo que a nosotros respecta estaremos realmente orgullosos de haber efectuado esta acción tan noble.

De nada sirve hacer tanto reclamo ante la insuficiencia de los servicios médicos por parte de nuestro Gobierno si no comenzamos a hacer algo nosotros mismos por nuestra salud.

«Por ello, los señores diputados que suscribimos, hemos decidido someter a este pleno el siguiente

Considerando que el honorable Congreso de la Unión ha establecido en el artículo 189 fracción II de la Ley General de la Salud, la obligación para que el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, se coordinen para la ejecución del programa contra el tabaquismo, entre cuyas medidas se debe comprender la orientación a la población para que se abstenga de fumar en lugares públicos.

Que dicha obligación, la cual en principio debe ser acatada por los poderes Ejecutivo Federal, de las entidades federativas, impone a esta Cámara de Diputados como parte integrante del honorable Congreso de la Unión, el deber ético de contribuir con su ejemplo al adecuado cumplimiento de la Ley General de Salud y al desarrollo del programa contra el tabaquismo para que se cumpla con sus objetivos.

Que el honorable Congreso de la Unión ha establecido en el artículo 208 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la prohibición de fumar al público asistente a las galerías del salón de sesiones en ambas cámaras que lo integran.

Que dicha prohibición debe entenderse referida a toda persona distinta de los legisladores que integren la Cámara de Diputados y Senadores del honorable Congreso de la Unión y que se encuentran presentes, sea en el recinto Legislativo o las galerías de la Cámara respectiva.

Y que los efectos producidos por el humo de cigarros y cigarrillos en aquellos individuos que no fuman, resultan tan o más nocivos que los generados en aquellos que los inhalan directamente.

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por ser un asunto de urgente y obvia resolución, solicitamos a este pleno de la Cámara de Diputados, se acuerde en esta sesión.

Primer punto. Se exhorta a las señoras diputadas y a los señores diputados de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, se abstengan de fumar cigarros, cigarrillos o pipas dentro del salón de sesiones del pleno de este cuerpo Legislativo.

Segundo punto. Al personal administrativo de la Cámara de Diputados, enviados...

Señores diputados, es derecho de cualquier diputado proponer conforme al artículo 58 y 59 lo que así lo considere, posteriormente se someterá a su consideración conforme a los mismos artículos.

Segundo punto. Al personal administrativo de la Cámara de Diputados, enviados de los medios de comunicación, visitantes y público en general que se encuentren en el salón de sesiones del pleno de este cuerpo legislativo, se les conmina a no violar la prohibición establecida en el artículo 208 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por lo tanto se les indica que deberán abstenerse de fumar cigarros, cigarrillos o pipas dentro del salón de sesiones de este cuerpo legislativo.

Tercer punto. El presente acuerdo entrará en vigor al siguiente día de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Suscriben los señores diputados: Gloria Lavara Mejía, Alejandro Jiménez Taboada, Jorge Emilio González Martínez, Partido Verde Ecologista de México; Jesús Martín del Campo, Partido de la Revolución De

mocrática; Ricardo Cantú Garza, Partido del Trabajo; Sandra Segura Rangel, Partido Acción Nacional y Miguel Angel Navarro, Partido Revolucionario Institucional.»

Para normar el criterio de la Asamblea, se ruega a la Secretaría dé lectura al artículo 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General.

"Artículo 58: las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que las suscriben mayoría de diputados, se sujetarán a los trámites siguientes:

Fracción I.Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores, al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueran varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.

Fracción II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, refiriéndose al autor del proyecto o proposición y

Fracción III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda y en el segundo se tendrá por desechada."

"Artículo 59: en los casos de urgencia u obvia resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta a pedimento de alguno de sus miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en horas distintas de la señalada y ponerlos a discusión inmediatamente después de su lectura."

Tomando en consideración que la propuesta cumplió con los requisitos del artículo 58, presentada por escrito y firmada por sus autores, esta Presidencia instruye a la Secretaría para que pregunte si alguien desea hacer uso de la palabra en contra o a favor de la propuesta antes expuesta.

Permítanme recordarles, señores diputados, que el artículo 58 es muy claro, solamente habla de un orador en contra y de un orador a favor, para normar el criterio de esta Asamblea.

Miguel Angel Navarro Quintero. Nada más hay un orador, señor diputado, conforme al artículo 58.

Se otorga la palabra al diputado que apoyará la propuesta de la diputada Lavara.

Yo creo que hoy es un extraordinario día, que es el "Día del Médico", para fortalecer este tipo de propuestas.

Desafortunadamente nuestra cultura, que en salud es raquítica, nos lleva a ponderarla única y exclusivamente cuando estamos enfermos, únicamente cuando estamos enfermos nos acordamos de la salud y en segundo lugar, cuando nos acordamos de la salud pensamos en hospitales, pensamos en clínicas, pensamos en quirófanos, pero no pensamos en espacios saludables.

Si nosotros analizamos las estadísticas y lo que arroja en la economía mundial el uso del tabaco, arroja a las compañías que lo venden ganancias por 400 mil millones de dólares al año; sin embargo, cuando nosotros también revisamos las estadísticas en nuestro país de las principales causas de muerte, vemos que la principal causa de muerte son las enfermedades del corazón, que están ligadas íntimamente, entre otras cosas, al uso del tabaco. En segundo lugar encontramos como causa de muerte los problemas como el cáncer, en los que también el cáncer de pulmón ocupa el primer lugar en los hombres.

Pero podemos ir más allá: existe un egoísmo de aquel que fuma, sin importarle la salud del que está a su lado.

En esta Cámara de Diputados la reglamentación era para que los que únicamente asisten a galerías no fumaran. La propuesta que se está haciendo y a la cual nos sumamos, es que este recinto oficial sea ejemplo, también en una nueva cultura de salud, que nadie fume exclusivamente, pero que si nosotros hacemos las leyes, seamos los primeros en respetarlas.

Por otro lado, es grande nuestra responsabilidad, es grande nuestra responsabilidad porque el fumar es el inicio de adicciones mayores, en la actualidad se ha pasado del uso del tabaco al de la marihuana, al de la cocaína, al de la heroína y actualmente el de las drogas sintéticas.

Es por eso como una propuesta adicional, el Partido Revolucionario Institucional propone a esta soberanía, que se impida el uso del tabaco en las escuelas primarias y secundarias, con el fin de que no se cree un ejemplo negativo en los niños y en los adolescentes, pues esta situación es de grave peligro, ya que en la actualidad el desplazamiento de estas drogas nocivas, no solamente para una salud orgánica, sino para una salud social, se está desplazando hacia jóvenes de 10 y 12 años de edad, prácticamente niños y el día de mañana nuestros propios hijos pueden estar ahí, incorporados y si somos legisladores, vamos a ver por los niños y por los hijos de todas las familias de México.

Existen problemas, sobre los que no queremos poner atención, y haremos una propuesta en paquete en un futuro y ojalá seamos todos los integrantes de esta legislatura, para que unida la educación se forme una nueva cultura de prevención, una educación desde el adolescente acerca de la orientación de cómo evitar enfermedades de transmisión sexual como el SIDA, cómo evitar la farmacodependencia y la drogadicción y en tercer lugar orientar para que con la libertad que tiene cada individuo, también pueda tener acceso a los métodos de planificación familiar.

Si queremos un futuro sano del país, tenemos la responsabilidad de construirlo y la oportunidad en esta legislatura.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o no a discusión la proposición. Si me permite señora diputada.

Se concede la palabra al diputado Omar Bazán Flores, para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.

Con su permiso, señor Presidente; compañeros de la mesa directiva; compañeros diputados:

Hoy, no nada más vengo a pronunciarme en contra del tabaquismo, también de la drogadicción y también del alcoholismo.

Como representante de la nación, como joven, me sumo hoy a los planteamientos propuestos hace unos momentos, en los cuales estamos muy interesados, muy comprometidos para lograr y poder hacer un pronunciamiento fuerte y enérgico en el sentido de los problemas que vivimos todos en esta sociedad.

En lo particular, los jóvenes mexicanos, los que necesitamos de una labor coherente en el sentido de la pérdida nuestros valores, los cuales han venido decayendo y tienen a muchos jóvenes envueltos en problema...

Si me permite el orador. Perdón señor diputado Omar Bazán, usted pidió la palabra para rectificación de hechos; no ha tratado el asunto del orador anterior. Yo le suplico se suscriba a ese derecho que tiene de rectificación de hechos.

Para sumarme a los problemas que tienen los jóvenes en la drogadicción, en el tabaquismo y en el alcoholismo.

Es muy importante hacer un llamado de conciencia a los padres de familia, a las autoridades de todo México, a nosotros mismos, los cuales debemos estar conscientes de que esta problemática nos está envolviendo y que existen muchos jóvenes y muchos niños desorientados, que viven una desintegración familiar, las cuales los tienen a estos jóvenes en estos vicios.

Honorable Cámara de Diputados, hago a todos ustedes una convocatoria de pronunciamiento en contra de los vicios que están matando hoy al futuro de México.

En los términos del artículo 113, para ilustrar a la Asamblea, señor Presidente.

Con mucho gusto, señor diputado, se instruye a la Secretaría para que dé lectura al artículo 113 del Reglamento Interior, señor Secretario.

Artículo 113. Cuando algún individuo de la Cámara quisiera que se lea algún documento en relación con el debate para ilustrar la discusión, pedirá la palabra para el solo efecto de hacer la moción correspondiente y aceptada que sea por la Cámara, la lectura del documento deberá hacerse por uno de los secretarios, continuando después en el uso de la palabra el orador.

Yo quiero manifestarle, señor diputado, que tiene que ser aceptada por la Cámara y la lectura del documento deberá hacerse por uno de los secretarios, es cuando estuviera hablando el orador, pero tomando en consideración y no ser tan estricto apego a la ley, esta Presidencia solicitaría a la Secretaría pregunte a la Asamblea si acepta que este documento sea leído por la Secretaría.

Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si acepta que se lea el documento.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarl,o por favor, poniéndose de pie...

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie, por favor...

Le voy a pedir al señor diputado haga llegar el documento a la Secretaría, para que sea leído, si fuera tan amable.

Solicito que se dé lectura a la propuesta que hace la diputada Lavara; en el sentido de los puntos de acuerdo que se están discutiendo aquí, para ilustrar la discusión de la Asamblea.

Se instruye a la Secretaría, a petición del diputado y con el derecho que tiene de solicitarlo, dé lectura a la propuesta de los puntos de acuerdo de la diputada Lavara.

"Primer punto. Se exhorta a los señores diputadas y diputados de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, se abstengan de fumar cigarros, cigarrillos o pipas dentro del salón de sesiones del pleno de este cuerpo Legislativo.

Segundo punto. Al personal administrativo de la Cámara de Diputados, enviados de los medios de comunicación, visitantes y público en general que se encuentren en el salón de sesiones del pleno de este cuerpo Legislativo, se les conmina a no violar la prohibición establecida en el artículo 208 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por lo tanto se les indica que deberán abstenerse de fumar cigarros, cigarrillos o pipas dentro del salón de sesiones de este cuerpo Legislativo.

Tercer punto. El presente acuerdo entrará en vigor al siguiente día de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión".

Quisiera solicitarle a la Asamblea, para no desviar el debate. En este asunto únicamente se habla de un orador a favor o en contra. Que no se utilice el derecho de rectificación de hechos para estar apoyando la misma propuesta. Si quisieran hacer alguna otra diferente, mucho les agradeceré hablen con sus coordinadores, para que lo incluyan otro día en otra sesión de esta Cámara.

Se concede el uso de la palabra a la diputada América Soto, para rectificación de hechos.

El artículo 4o. constitucional, en el párrafo tercero, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y el artículo 731 fracción XVI, define que son facultades del Congreso dictar leyes sobre salubridad general en la República.

Hoy, en este día, la contaminación del aire que respiramos en esta ciudad se ha elevado a más de 250 Imecas, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas adicionales.

Hay otra forma de contaminación en espacios cerrados, que es el uso del tabaco.

La nicotina del tabaco causa la destrucción total de las personas, aunque de una manera lenta y aparentemente sutil, enfermedad de los pulmones, efisema, cáncer, enfermedades del corazón, embolias, entre otras.

Con una moción. Permítame usted. Quien conduce la sesión soy yo, señora diputada. Permítame usted, por favor, con todo respeto.

Hay una propuesta que trae por consiguiente todos los argumentos que usted está virtiendo, de daño a la salud.

Yo no quisiera que esto se adentrara más. Al momento que la Asamblea, porque pidieron por obvia resolución aplique el artículo 59, automáticamente se llevará a cabo lo que se está solicitando.

Le suplico que se tome el tema para poder avanzar en este asunto, porque tenemos asuntos pendientes que realizar.

Prosigo en el uso de mi derecho. La adicción al tabaco o a cualquier otra cosa, no es sino reflejo o la manifestación de otros problemas. Sólo muy pocos lo inician por pura diversión hasta convertirse en adictos, la mayoría tienen otros problemas que los hacen vulnerables a la droga más difundida, más fácilmente obtenible y potencialmente la más peligrosa que se encuentra en el mercado y la que conlleva un riesgo más alto para la salud que cualquier otra droga, que es el tabaco.

El Programa Nacional de Desarrollo reconoce que el sedentarismo, la dieta inadecuada, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la falta de prevención efectiva de accidentes viales y laborales, constituyen nuevos factores de riesgo, nuevos problemas de salud, relacionados con los cambios en los estilos de vida, que se traducen en una mayor frecuencia relativa de enfermedades cardiovasculares, crónico-degenerativas, tumores malignos, padecimientos mentales, adicciones y lesiones.

El propio programa establece la necesidad de reforzar los recursos destinados al fomento de una vida saludable y a los programas de medicina preventiva.

A lo que quiero llegar es a comentarles a ustedes que el uso del tabaco o la adicción a cualquier otra droga o cualquier otra adicción, no es el problema en sí, sino el reflejo de problemas, de otros problemas que están atrás de ello.

Yo creo que el solo hecho de prohibir que se fume aquí no resuelve el problema de fondo, alguien podría dejar de fumar y tomar el vicio del café, por ejemplo, o tomar el vicio de comer en exceso o tomar otros vicios.

A lo que tendríamos que llegar es a hacer un análisis profundo sobre salud, sobre salud mental y sobre prácticas cotidianas.

Lo que yo propongo, es que las comisiones unidas de Salud, del Deporte, de Asuntos de la Juventud y la que crea que también compete a su ámbito, haga un análisis

exhaustivo al respecto, que invite al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, por ejemplo, para enterarse de los problemas de salud al respecto y puedan ellos ofrecernos aquí un análisis de los problemas de salud, que tienen que ver con las adicciones en este país y poder hacer una propuesta mucho más integral.

Precisar que el punto en discusión, tal y como lo solicitó nuestro compañero diputado de la fracción parlamentaria de mi partido, es en no fumar en este recinto y que se aboque de una vez por todas a la resolución del mismo.

Así es diputado, a eso vamos a proceder. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución conforme al artículo 59.

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente y obvia resolución la proposición.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se considera de urgente y obvia resolución.

Señores diputados, yo les suplico el orden debido, si ustedes quieren hacer alguna proposición sobre el sombrero, háganlo en la próxima sesión.

Asimismo, para que no quede ninguna de las propuestas de los señores diputados, sin darles el trámite correspondiente, la propuesta del diputado Miguel Angel Navarro Quintero, enriquecida por la de la diputada América Soto, conforme al artículo 21 fracción III del reglamento y 27 inciso d, túrnense estas dos propuestas a la Comisión de Salud, para su análisis y resolución.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobada, señor Presidente.

Súrtase para sus efectos a partir de la próxima sesión, a partir de esta misma sesión.

Quiero comentarle, señor diputado, que la ley dice que se aplicará al día siguiente de su aprobación.

Tiene la palabra el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, para presentar propuesta de incremento al presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México.

A la Comisión de Educación de esta Cámara de Diputados, llegó una petición de los trabajadores universitarios organizados en el STUNAM, para que con oportunidad, antes de que esta Cámara decida el pre

supuesto y lo que corresponde a la Universidad Nacional Autónoma de México, tome cartas en el asunto, de una situación grave que ellos nos han planteado.

Es por ello que hemos decidido plantear el asunto aquí en tribuna ante todo el pleno. La educación superior en México es fundamental para las transformaciones que el desarrollo del país exige en un contexto internacional de innovación permanente en el campo de la ciencia y la tecnología. Es también punto culminante de un proceso educativo necesario para la formación integral del ser humano.

Generaciones enteras de mexicanos se han formado en nuestras instituciones públicas de educación superior, particularmente nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido el semillero de miles de profesionistas e investigadores que han contribuido al desarrollo del país.

Sin embargo, la Universidad Nacional Autónoma de México ha tenido que realizar su importante labor académica y científica, en medio de dificultades financieras, acrecentadas por el incremento de la demanda educativa y la insuficiente oferta que hay al respecto.

La UNAM, pese a ello, es la institución pública más prestigiada del país y en sus aulas aspiran a estar en ellas año con año miles y miles de jóvenes.

Sin embargo, como decía, la situación presupuestal de esta institución es cada vez más alarmante. La insuficiencia presupuestal se manifiesta en los bajos salarios de profesores e investigadores, en el estancamiento y caída de su matrícula, en el incremento paulatino de los servicios que ofrece y en la falta de equipamiento de distintas áreas de investigación.

No obstante lo anterior, ha logrado niveles de excelencia nacional e internacionalmente reconocidos. Los rectores por dicha situación se han tenido que dedicar a andar buscando fondos de muchas maneras. A menudo, ocupan la mayor parte de su tiempo para buscar fondos emergentes que les permitan atender la situación financiera de la Universidad.

Aquí, el Partido de la Revolución Democrática ha insistido en legislaturas anteriores, que la UNAM viene arrastrando un rezago en su presupuesto. El propio rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, recientemente señaló que la Universidad tiene un rezago de aproximadamente 300 millones de pesos y dijo que esperemos que las autoridades correspondientes y el Poder Legislativo puedan apoyarla y que su incremento sea parte del presupuesto operativo que se reconoce cada año, para evitar que volvamos a caer en una situación como ésta.

El propio rector, los trabajadores universitarios tanto del sector administrativo como académico, hablan de que hay una situación de emergencia.

El Partido de la Revolución Democrática ha venido señalando que, en términos reales, el presupuesto que se ha autorizado para la Universidad Nacional Autónoma de México ha caído. Mientras que en 1994 era el presupuesto de la UNAM el 22% del producto interno bruto, para 1996 cayó a sólo el 20% del producto interno bruto y la tendencia parece que continúa por una determinación del Ejecutivo, de proponer un presupuesto cada vez más reducido en términos reales, para necesidades prioritarias como las de la educación dentro de las cuales ocupa un papel relevante la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para que la Universidad mantenga el invaluable servicio que le ofrece al país y a la sociedad, urge incrementar su presupuesto. En distintos momentos, reitero, el PRD ha sostenido la necesidad de aumentar el gasto en educación como proporción del producto interno bruto hasta alcanzar el 8% recomendado por la UNESCO.

Particularmente nuestro partido ha demostrado que el gasto público destinado a la UNAM, ha caído en términos reales los dos últimos años, que se suman al errático comportamiento del presupuesto observado en la década perdida en los años ochenta.

En fechas recientes y como producto de la difícil situación financiera de la UNAM, se ha anunciado un programa de restricción, de gastos administrativos y supresión de plazas de confianza, medida que de ninguna manera resuelve de por sí el problema en definitiva.

La UNAM enfrenta, igual que otras instituciones públicas de educación superior, una grave situación.

Hay una fuga de maestros, lo reconocen las autoridades y es un asunto gravísimo también. Los salarios tan bajos, los estímulos que no han sido distribuídos adecuadamente y que se han vuelto en un sustituto de los salarios que reciben los académicos en las instituciones de educación pública superior, hacen que muchos académicos de excelencia, prefieran irse o al extranjero o a otros medios a trabajar y eso irá contribuyendo a que paulatinamente la Universidad pierda terreno como institución de excelencia que es, la principal institución universitaria de excelencia en nuestro país.

Por lo tanto, el grupo parlamentario del PRD, se manifiesta por el incremento al presupuesto educativo y especialmente a la Universidad Nacional Autónoma de México, en términos reales.

Hasta ahora se ha impuesto aquí el criterio de aprobar exclusivamente lo que envía el Ejecutivo y no se han utilizado acuerdos que han tomado las comisiones de Educación de la LV y LVI legislaturas, en el sentido de proponer un incremento en términos reales, para educación en general y en particular, para la Universidad Nacional Autónoma de México.

Hemos vuelto a insistir en la Comisión de Educación, ahora en este pleno, que conviene que decidamos en conjunto que es necesario un incremento en términos reales para esta Universidad, la UNAM.

Creemos que no deberá haber ninguna objeción, por ninguno de los partidos representados en este pleno, para que tomemos un punto de acuerdo, en el sentido de que esto se trate en la comisión de presupuesto y con la indicación de todas las bancadas, para que se proponga un incremento en términos reales para el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Entonces en la Comisión de Educación, reitero, los representantes de todas las bancadas hemos coincidido en impulsar esta iniciativa que creemos debe ser aprobada por todos y debe ser tramitada hacia la comisión de presupuesto.

También quiero decir que los trabajadores organizados de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos harán llegar un documento en el que también fundamentan, esta necesidad de incremento presupuestal y que se dará a conocer tanto en la Comisión de Educación como al conjunto de los diputados de esta LVII Legislatura.

Necesitamos tomar este acuerdo para continuar realizando la gran obra educativa, que los mexicanos que fundaron esta institución y los que hemos pasado por sus aulas, hemos soñado.

Para el mismo tema, se concede el uso de la palabra al diputado Francisco José Paoli y Bolio, del Partido Acción Nacional.

Se ha planteado en esta Cámara de Diputados, una cuestión de interés fundamental para el desarrollo del país: el incremento de los recursos para que la Universidad Nacional Autónoma de México pueda cumplir, en forma adecuada y pertinente, con el objeto social que tiene y que es de interés nacional para el desenvolvimiento de este país.

Manifiesto, en primer término, que dentro de los planteamientos originales del Partido Acción Nacional, está el de impulsar la autonomía y las bases que permiten que esta autonomía sea ejercida realmente por las universidades.

Quiero señalar que incluso el fundador de nuestro partido, que fuera en el año de 1933, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, se vio en las difíciles circunstancias de operar con recursos escasos que ponían, en la práctica, en riesgo, el desarrollo e incluso la existencia de la Universidad.

A Manuel Gómez Morín, le tocó la consolidación de la autonomía universitaria, que si bien se consigue formalmente en 1929 se opera en la práctica, con toda la problemática que trae el desenvolvimiento de una institución fundamental, como era la UNAM, en un tiempo en el que no existían en la mayor parte de los estados, universidades, ni públicas ni privadas; una situación sumamente difícil.

Que al rector Gómez Morín, que recientemente la Universidad tributara un homenaje, al cual incluso Correos Nacionales le ha destinado un timbre en este año de su aniversario centenario de nacimiento, le costó un gran trabajo lidiar con el Estado mexicano, el cual había establecido un cerco para la Universidad para no permitirle su desenvolvimiento por considerarla, en ese momento, "como un foco de la reacción" a la cual no podía favorecerse.

Estos son los términos en los cuales, políticamente, se tendió un cerco a la UNAM, que fundamentalmente se expresaba a través de las restricciones presupuestales.

Y, fue Gómez Morín el que tuvo que plantear, no sólo el aumento de los recursos para la Universidad, sino el sacrificio para los universitarios, a fin de que éstos, los profesores, no cobrarán como él, como rector, puso el ejemplo y no cobró su salario, sino para que se obtuvieran recursos adicionales.

Tras una larga lucha de meses, esto se consiguió y esto deja cuenta de la voluntad de nuestro fundador, en el sentido de dotar de recursos suficientes a la Universidad Nacional.

¡Manuel Gómez Morín, fue el rector que estaba al frente de la UNAM, cuando se consolidó, pues, la autonomía universitaria, tanto en términos académicos, como en relación con el financiamiento de esta institución!

En términos académicos, la autonomía se refiere a la capacidad para decidir sobre sus planes y programas de estudio, de investigación y de difusión de la cultura o extensión universitaria. Esto conlleva la necesidad de que la Universidad se dé su propio gobierno, establezca las bases para la definición de su gobierno, en tanto que una entidad académica que decide con libertad, que protege la libertad de cátedra y de investigación y que puede conducir sus relaciones en función del trabajo académico.

Desgraciadamente esta autonomía se ha querido y se ha llevado en la práctica al ser extendida para proteger una serie de irregularidades y de violaciones a la ley y en nombre de la autonomía que se ha dado como extraterritorialidad, se ha impedido la aplicación de las leyes nacionales en los campos universitarios, llegando al caso de que delitos no se puedan perseguir, con el parapeto, con la protección supuesta de la autonomía universitaria.

En este punto, el Partido Acción Nacional plantea que la autonomía, que es gobierno académico propio, se debe referir fundamentalmente al manejo de los planes y programas de estudio, de los planes de investigación y de la difusión de la cultura, pero que no puede utilizarse para dar cobertura a actos de irresponsabilidad, de delincuencia, de clientelismo político o de uso de los recursos nacionales escasos para favorecer a grupos de interés o a grupos de presión.

En materia de financiamiento, nosotros también sostenemos que los recursos de la Universidad Nacional deben ser aumentados, deben ser suficientes, deben incrementarse, pero tomando en cuenta el conjunto de las necesidades del país y la participación de todas las universidades del país, porque no podemos, por un lado, estar planteando la necesidad de descentralizar, la necesidad de combatir un centralismo brutal y a la hora de los hechos apoyar un centralismo en distintas instituciones.

Insistimos en que esta revisión debe ser cuidadosa y seria, para no seguir ampliando los márgenes del centralismo; si bien, deben atender las necesidades que esta Universidad y que las otras universidades públicas tienen y a las cuales el Estado mexicano aporta sustancialmente para su sostenimiento.

Manuel Gómez Morín planteó, y nosotros seguimos planteando ahora, muchos años después de 1933, que no sólo el presupuesto de las universidades debería ser suficiente, sino que éstas deberían constituir su patrimonio, porque una base para el ejercicio de la autonomía es disponer de un patrimonio, a fin de no tener que estar negociando en la práctica, anualmente esta autonomía. Porque en la práctica esto es lo que ocurre, hay declaraciones de autonomía por un lado, pero al no tener la base de sustentación y de ejercicio de los recursos, por no tener su propio patrimonio las universidades y en particular las universidades públicas, entonces hay que volver a recurrir a una negociación anual que va dejando poco y en el camino de la cual se empiezan a negociar o se negocian frecuentemente asuntos que corresponden a la definición de la autonomía universitaria.

Así pues, para nosotros es importante que las universidades tengan su propio patrimonio y en esto debemos decir: desde 1933, en que eso fue propuesto, no se ha avanzado sustancialmente, porque una forma de tener el control de las universidades y de hablar por un lado de autonomía, pero de operar por otro lado el control, es a través del presupuesto y sus distintas partidas.

¿Cómo se aplica éste?, ¿cómo se gasta éste?, ¿en dónde hay irresponsabilidad?, ¿en dónde hay aviadores?, ¿en dónde hay malos manejos que se dan en el patrimonio universitario? Esto no es del conocimiento de esta soberanía. Y nosotros les decimos: vamos a hacer el mayor esfuerzo, en lo que se pueda en el presupuesto, que es un instrumento anual que aprobaremos para el año entrante. Vamos a incrementar el gasto social en general, el gasto educativo en particular, que toma hoy por hoy 25 centavos de cada peso del gasto nacional, pero vamos a hacerlo con responsabilidad. Vamos a buscar que se incremente a la Universidad Nacional y al conjunto de las universidades públicas sus ingresos, pero vamos a tener también que ejercer una vigilancia para que este gasto se haga en función del bien general, del bien común de la nación.

Esta es la posición del Partido Acción Nacional. Agradezco a ustedes su atención para estos planteamientos.

Para el mismo tema, por parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra el señor diputado Jaime Hugo Talancón Escobedo.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros de partido; compañeras y compañeros diputados:

Es muy grato para la fracción parlamentaria de mi partido el Revolucionario Institucional, compartir el propósito de darle fortaleza financiera a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México.

Compartir también la convicción de que la educación es el cimiento estratégico para el fortalecimiento de nuestra nación. Sin duda, la universidad pública ha sido y será la vanguardia educativa, social y ética de nuestro país. El proyecto de la universidad pública es clave en la justicia social del Estado mexicano y medio básico para promover la movilidad social y la igualdad de oportunidades.

Universidad y justicia son elementos indisociables, pero también el desarrollo universitario es una premisa estratégica para el crecimiento económico y la defensa de la soberanía. El fortalecimiento de la universidad pública y autónoma es quizá uno de los más sentidos reclamos de la sociedad mexicana; la sociedad mexicana también exige que los programas de las universidades, correspondan con las necesidades reales del país; por ello, sin dejar de considerar que la autonomía permite a la Universidad definir sus perfiles académicos, también por ello necesitamos autonomía comprometida con la sociedad, una autonomía pertinente y reforzada por la universalidad del pensamiento.

Los mexicanos queremos ver a nuestras instituciones universitarias con una enorme proyección social, el conocimiento avanzado es la condición para que el fortalecimiento de nuestra economía y por tanto y fundamentalmente de los mexicanos.

También la formación de nuevas generaciones, es la principal condición para el mantenimiento de la identidad política y cultural de la nación. Es por ello que la democracia y la educación caminan juntos, la democracia se concreta en la consciente, libre y activa participación política, quienes tienen mayores oportunidades para ejercerla han sido los sectores con niveles superiores de educación.

De ahí que todo presupuesto bien empleado en favor de la educación superior pública es la mejor inversión a futuro. Es importante que el subsidio crezca, sobre todo el de las universidades de las entidades federativas, para que permita atender con suficiencia las necesidades de cada Estado y estimular la urgente mejora de la calidad y la eficiencia de nivel superior.

Sin duda la universidad pública requiere de más recursos, a fin de cumplir adecuadamente con sus funciones y elevar la calidad de la educación. Busquemos elementos que nos den una idea del rendimiento de cada una de las instituciones con relación al subsidio que se les otorga, con más recursos para las universidades públicas será posible con cada vez mejor docencia, una cada vez mejor investigación, una cada vez mejor difusión; en suma, cada vez mejores mexicanos.

No obstante al gran esfuerzo que cotidianamente hace el Gobierno de la República, los retos de la educación superior son enormes; la educación superior continúa concentrándose en algunos puntos del país y se hace

manifiesta la insuficiencia de sus servicios en otras regiones, enfrentando un delicado reto de pertinencia.

Reconozcamos que la universidad pública es el centro por excelencia de generación y de difusión del conocimiento. Debemos por tanto considerar importante que nuestras universidades estén ligadas estrechamente a las actividades de la vida económica y social del país y dar respuesta a los problemas que la sociedad les plantea.

Así, como la educación es un medio de movilidad social, también la educación contribuye a la democracia y a su consolidación. La democracia tiene que basarse necesariamente en la educación, no hay duda que una democracia se construye a partir de una ciudadanía capaz de plantear y resolver los problemas política y pacíficamente, fortaleciendo las instituciones. Esa ciudadanía, sólo puede resultar de procesos educativos, arraigados profundamente en el espíritu de la democracia.

Debemos dejar muy claro el comportamiento invariable de nuestro partido para buscar el máximo de recursos que se destinen para toda la educación superior. Está en nuestras universidades públicas darles congruencia a sus desempeños.

Expresaba el destacado universitario Leopoldo Zea y con esto concluyo: "al Estado le corresponde guardar, defender y cumplir la voluntad de la nación; a la Universidad, garantizar su futuro".

Muchas gracias, señor diputado Talancón. Antes de continuar con el orden del día, quiero agradecer la presencia...

Señorita edecán, por favor el micrófono al diputado Pablo Gómez. ¿Con qué objeto, señor diputado?

Quisiera rectificar un hecho que usted ha mencionado en la tribuna. Pido la palabra.

Tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos, el señor diputado Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática.

El tema que se ha tocado esta mañana, sobre la Universidad de México y de alguna forma sobre las universidades autónomas, ha generado algunos pronunciamientos sobre los límites de la autonomía que convendría abordar.

¿Debe una universidad autónoma justificar la utilización de los recursos que el Estado le otorga? La respuesta podría ser afirmativa, todo funcionario que utilice recursos públicos, debe justificar el uso que de ellos hace, pero, ¿debe la Universidad justificar las decisiones de gasto?

La respuesta me parece que debe ser negativa. La Universidad cuenta con un gobierno propio y sus órganos deben determinar libremente el uso que debe hacerse de los recursos de la Universidad.

Se ha planteado aquí otra cuestión: ¿debe la Universidad tener un mecanismo propio de ingreso? Alguna vez el Gobierno le entregó 10 millones de pesos a la Universidad para que viviera de los rendimientos financieros, lo cual fue un desastre ni se podía sostener ni podía crecer.

La Universidad debe vivir como institución pública de los recursos que le entregue el Estado. El Estado en realidad no tiene recursos económicos, sus recursos son aquellos que recoge de la sociedad y los recoge para que entre todos paguemos la educación, la salud, las obras públicas, aquello que es del goce y disfrute de la colectividad y la educación es una de las cuestiones fundamentales, porque la educación nacional en México, y creo yo que ningún país puede resolver sus problemas sobre la base de un esquema de instituciones privadas, el mecanismo de recoger de la sociedad recursos para financiar el gasto educativo, es insustituible.

Los universitarios creo que están conscientes de eso, cuando solicitan una y otra vez la elevación de las percepciones que la Universidad recibe del Estado.

La solución de cobrarle a los estudiantes cuotas crecientes, es en México como en Estados Unidos y como en Europa, una falsa solución. Todos los jóvenes deben tener el mismo derecho para tener acceso a la enseñanza superior.

Pensar que la UNAM es una institución muy grande, es también un error gravísimo, yo creo que es una institución pequeña. La Universidad municipal del municipio de Nueva York, tiene más de 300 mil estudiantes de enseñanza superior, sin contar bachillerato. Mucho más pequeña es la Universidad Nacional de una ciudad mucho más grande que el municipio de Nueva York. Y además en el municipio de Nueva York hay 30 universidades más, y las grandes ciudades tienen grandes universidades porque tienen muchos jóvenes, y en México hay mucho más jóvenes que en los países desarrollados, México es un país de jóvenes. Estas cosas deberían considerarse al abordar quizá no tan ligeramente algunos temas sobre la Universidad.

Decía anteriormente que antes de desahogar el siguiente punto del orden del día, queremos agradecer la presencia en este recinto de la Cámara de Diputados, a los estudiantes de la escuela comercial Cámara de Comercio, 16 jóvenes que nos acompañan, con grados de estudios de preparatoria. Bienvenidos a este recinto.

Igualmente a los estudiantes de la Universidad Latina, 40 estudiantes que nos acompañan, estudiantes en grado de licenciatura.

Así como a los estudiantes del Instituto Tecnológico Latinoamericano, que nos acompañan este día, en esta sesión de la Cámara de Diputados. Bienvenidos a este recinto parlamentario.

Para presentar una denuncia sobre supuesta violación de derechos humanos en el Estado de Nayarit, tiene el uso de la palabra el diputado Gilberto Parra Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Vengo a esta tribuna a denunciar a uno de los gobiernos más irrespetuosos del orden constitucional en el país, cuyos hechos políticos son tan cuestionables y ofensivos como su propio lenguaje y discurso político.

Empezaré por decir que con la llegada de Rigoberto Ochoa Zaragoza a la gubernatura del Estado de Nayarit, se inauguran los tiempos difíciles de la represión, arbitrariedad, asfixia económica y corrupción. Producto de una elección fuertemente impugnada, el señor Ochoa se ha mantenido en el poder sobre la base de transgredir el orden constitucional y pisotear los derechos humanos.

Es imperioso decir que en Nayarit el aparato de procuración e impartición de justicia está sujeto a un vulgar mercantilismo y es usado para la represión en contra de los opositores políticos. Reunirse y manifestarse pública y políticamente en esta entidad, ya no digamos expresarse en forma crítica y abierta contra los actos de gobierno, es un delito grave que se paga con la libertad.

Son ya numerosos los casos de torturados, presos y perseguidos políticos exiliados, asesinados y desaparecidos bajo este gobierno. La corrupción y la impunidad de los funcionarios de primera línea es verdaderamente escandalosa y alarmante. Grandes fortunas están surgiendo al amparo del poder estatal. Asimismo es del dominio público la connivencia del grupo en el poder con el narcotráfico, el que por cierto actúa como pez en el agua.

La historia de la represión empezó el 17 de octubre de 1993, cuando el gobernador de Nayarit, ante las manifestaciones poselectorales que se realizaban cuestionando su elección, ordenó la represión abierta y brutal en contra de miles de manifestantes, utilizando para tal efecto a todo el cuerpo de judiciales y granaderos de la entidad, los cuales recurrieron no sólo a las macanas, gases lacrimógenos, disparos, sino también al encarcelamiento de decenas de manifestantes, a los que persiguieron no sólo durante ese día sino hasta el día siguiente, llegando al extremo de arremeter contra quienes, en un afán de sobrevivencia, se refugiaron en un templo católico en la colonia 2 de Agosto, en la ciudad de Tepic, lugar en donde se suscitaron los hechos.

Estaban tan desbordados y fuera de sí judiciales y granaderos, que detuvieron al mismo sacerdote que tenía a su cargo dicho centro religioso, cuyo nombre es Efraín García. No les importó profanar una iglesia ni detener arbitrariamente a un ministro de culto, ni mucho menos les preocupó arremeter sin piedad contra hombres, mujeres, niños y ancianos que sólo exigían que se limpiara la elección y se respetara el voto.

En esos días reprimen otra manifestación del Comité Independiente de Derechos Humanos, presidida por el obispo de Tepic, de apellido Escota Roble, la cual había sido convocada por organismos no gubernamentales. En esta ocasión, el gobierno del Estado pretendía la detención de sus principales dirigentes y desató toda una campaña de calumnias en contra del sacerdote Antonio Cortés, así como de Irene Guerrero, entre otros.

En el mes de septiembre de 1994, con motivo de la instalación del Colegio Electoral en Nayarit, impide la llegada al Congreso y ordena el encarcelamiento de Víctor Pérez Ruiz, por tratarse de un dirigente opositor firme y combativo que se había distinguido en la defensa de los pescadores y campesinos de la comunidad de Corral del Risco, municipio de Bahía de Banderas de ese Estado.

Dichos campesinos y pescadores tenían más de 30 años viviendo ahí; sin embargo, sus tierras fueron vendidas a Raúl Salinas de Gortari, socios y prestanombres de la Compañía Desarrollos Turísticos Costa de Banderas por el gobierno de Ochoa Zaragoza, al ridículo precio de 2.50 pesos por metro cuadrado de playa; 40 días después Víctor Pérez es liberado sin cargo alguno.

Era el mes de octubre de 1995, es desaforado el diputado local José Luis Sánchez González, a quien se le imputa el delito de despojo con la intención de darle un cariz jurídico al proceso, no obstante que fue del dominio público que se trataba de una represión política por mantener una actitud combativa y digna en la Cámara de Diputados.

Para lograr este propósito, mantuvo bajo estado de sitio y allanó el Congreso local, al que prácticamente convirtieron en cuartel policial.

Ni el amparo otorgado por un juez federal ni el reclamo de las fuerzas de oposición para impedir esta barbaridad, frenó los instintos fascistas del gobernador del Estado. Desbocado en su afán de acallar las voces críticas y disidentes que se expresaban en el Congreso local, intentó en el mes de mayo del año en curso el desafuero de otros tres diputados, tanto del PRD como de Acción Nacional.

Efectivamente, pretendió desaforar al diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del PRD, así como a Ceferino Ramos Nuño y a Guadalupe Zamora, diputados panistas y ésta última presidenta estatal de Acción Nacional en esta entidad.

Ensoberbecido con el poder, dirigió sus baterías en contra del ex candidato a gobernador del PRD y más fuerte adversario político, ingeniero Juan Ramón López Tirado, a quien encarceló y mantuvo detenido por más de 16 días, para después dejarlo en libertad por la presión popular.

Impulsado por su afán revanchista y represivo, encarcela también a los ex diputados locales del Partido del Trabajo, Pablo Estrada Sánchez y Jaime Cervantes, por el supuesto delito de transportarse en vehículos con reporte robado, aunque era claro que se trataba también de otro acto de represión política.

Desbocado, llega al extremo de encarcelar igualmente a los dirigentes de la sección primera de albañiles pertenecientes a la CTM, tan sólo por ser disidentes del liderazgo de Rigoberto Ochoa Zaragoza.

Encarcela también al dirigente de la CGT, así como a ex funcionarios de la administración estatal saliente.

Insatisfecho con los atropellos perpetrados, reprime y desaloja a los pescadores de Corral del Risco. Después arremete contra los campesinos expropiados del fideicomiso Bahía de Banderas, quienes estaban librando una lucha por una indemnización justa.

Más tarde son agredidos verbalmente y amenazados públicamente tres sacerdotes, dos de los cuales fueron Antonio Cortés y José Hernández, tan sólo por alzar la voz en nombre de sus feligreses para denunciar injusticias.

El gobernador declara literalmente que quisiera encontrarlos para partirles el alma y espera además que un rayo los parta.

Sintiendo tal vez que aún faltaban sectores con quién chocar y a quién injuriar, se dirige en términos irreverentes también en contra del sector empresarial local, lo que provoca un enfrentamiento en sus relaciones. En seguida hostiga y agravia a periodistas críticos y a la prensa independiente en general.

Los periodistas Oscar González Bonilla, Armando Franques, José de Jesús Cervantes y Jaime Tapia, entre otros, sufren la pérdida de los espacios que tenían en sus medios o son víctimas de una escalada de calumnias tendientes a su descalificación.

Posteriormente, embiste a los partidos políticos locales que mantenían una actitud independiente y crítica, como el Partido del Frente Revolucionario de Acción Patriótica y el Partido de la Revolución Socialista, a los que a base de artimañas legaloides y recursos sucios despoja de su registro electoral.

A lo anteriormente expuesto hay que agregar el hecho de que la tortura se ha institucionalizado, al grado de que con su brutal aplicación han provocado la muerte de decenas de nayaritas.

Fueron agentes de la policía judicial los que asesinaron a Sixto de la Rosa, José Luis García Peña y Rubén Correa Jiménez. Se encuentra desaparecido Arturo Fernández Nieves, del que tememos haya sido asesinado también.

Por otra parte, es preciso decir que en Nayarit, en la presente administración ha surgido un puñado de nuevos ricos que, a la sombra del poder, han acumulado fastuosas fortunas y que son encabezados por Rigoberto Ochoa Zaragoza, Sigfrido de la Torre Miramontes, secretario General de Gobierno; Juan Ramón Sánchez Leal, procurador de Justicia; Jorge Chávez Alvarez, subprocurador y Gilberto Martínez, secretario de finanzas, todos ellos propietarios de ranchos, residencias, casas, tortillerías, hoteles, empresas de seguridad privadas, establecimientos de compra y venta de autos, que no podrían justificar con el salario nominal que tienen.

La corrupción y la impunidad son escandalosas. También son del dominio público los nexos establecidos con el narcotráfico, como ya lo apuntaba en el principio de esta intervención.

Sería largo y prolijo enunciar todos los hechos que prueban esta aseveración, que van desde el asesinato de jefes policiacos, al parecer por violación de pactos con las mafias, hasta la custodia de cargamentos de mariguana por parte de la policía judicial, como ocurrió en Punta Mita, municipio de Compostela, en donde la Marina capturó a toda una partida de judiciales que protegían los intereses del narco.

La verdad es que los ajusticiamientos y las ejecuciones extrajudiciales están a la orden del día en esa entidad.

En este contexto político y por las razones mencionadas, el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional, en unión con el Comité Independiente de Derechos Humanos, convocó el 6 de octubre del año en curso a una marcha mitin en defensa de las libertades políticas y los derechos humanos, la cual partió de una colonia de Tepic con rumbo al palacio de gobierno, en donde se efectuó un mitin que fue interrumpido por el procurador de Justicia, Juan Ramón Sánchez Leal, el que pretendió disolverla a toda costa, llegando al extremo de asumir el papel de agente de tránsito e inducir a los automovilistas a que pasaran por encima de los manifestantes.

Luego le ordenó a una partida de judiciales que desconectaran la planta de luz que abastecía al equipo de sonido de los participantes en el acto. Ante semejante actitud provocadora y agresiva del procurador, la gente reaccionó tratando de alcanzar a los policías judiciales que se robaban el equipo de sonido, los cuales respondieron blandiendo machetes, así como también disparando al aire.

Pese a que el procurador y sus agentes fueron los causantes de los disturbios en cuestión, el supuesto abogado del pueblo terminó responsabilizando a los manifestantes de lo sucedido y alegando en favor de sus agentes, que éstos no habían disparado, que habían disparado balas de salva.

Sobre este lamentable incidente, debo informar a esta respetable soberanía que me consta todo lo señalado, toda vez que fui testigo ocular desde que inició hasta que terminó este lamentable hecho.

Acto seguido, ejerció acción penal en contra de nueve de los manifestantes, a los cuales ya se les había girado órdenes de aprehensión, deteniendo de inmediato a José Ramón Parra y Tomás Hermosillo, así como también a Víctor Pérez, dirigente de El Barzón, quien estaba abogando por los hoy detenidos y terminó siendo encarcelado también.

Gracias a la presión popular, gracias a la presión de los partidos de oposición, estas personas acaban de ser liberadas apenas hace dos días.

Ante la gravedad de los hechos, el Congreso local resolvió constituir una comisión plural, integrada por un diputado de cada uno de los partidos políticos que integran el Congreso local, los cuales emitieron dictamen, con la sola excepción del PRI, declarando culpable al procurador de Justicia del Estado y recomendando su destitución inmediata.

Me he permitido hacer uso de la palabra en esta soberanía para denunciar el infortunio en que viven los nayaritas y demandar la intervención inmediata de este órgano legislativo, con el propósito de que se pronuncie en relación con la violación a los derechos humanos que se han estado cometiendo en esta entidad federativa.

Ruego a la Presidencia tenga a bien, de conformidad con la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso, turnar la presente denuncia a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara.

Antes de dar trámite a su solicitud, voy a ceder el uso de la palabra para el mismo tema al diputado Jorge López Vergara, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Nayarit vive un estado policiaco, ahí no han llegado los avances democráticos, se sufre de manera permanente de métodos represivos, los cuales son ampliamente conocidos por la sociedad de dicho Estado.

No tiene vigencia el estado de derecho, ya que con suma facilidad se vulneran las garantías individuales, se vive una situación anacrónica. A cualquier persona que no le es grata al procurador o al gobernador, le resulta solicitud de orden de aprehensión, que luego los jueces penales obsequiosamente se las otorgan.

Existe un organismo estatal de derechos humanos, cuyo titular desconoce su función y además ignoraba que tenía que dar informes de sus actividades, hasta que los diputados se lo hicieron saber.

Se queja de que no tiene presupuesto, pero la realidad es que nada hace por proteger los derechos humanos.

Precisamente el día de hoy, uno de los diarios de la ciudad de Tepic, destaca que dicho funcionario debe ser removido por su evidente incapacidad. Muy importante resultaría que una comisión plural fuera a Nayarit para que investigara que estas aseveraciones son ciertas.

Pero también en el centro penitenciario se viven realidades inauditas, de violación a derechos humanos. Si algún interno se atreve a denunciar las vejaciones de que es objeto, recibe una golpiza de parte de los mismos internos porque están coludidos con las autoridades penitenciarias.

Un ejemplo. La revisión que se hace a las mujeres en sus partes íntimas, so pretexto de prevenir la introducción de droga a sus parientes o amigos, se practica por una custodia sin ninguna medida higiénica, puesto que usa el mismo guante para 30 o más visitas. También se les prohibe a los internos el introducir legumbres, a menos que las compren ahí en el centro penitenciario, sólo que con incremento sustancial de precios.

Igualmente existe un gran terror entre los abogados de Tepic, porque en caso de aceptar defender a la oposición o tomar asuntos en donde está involucrado el gobernador o el procurador, les resultará como represalia el que sus casos se les congelen.

El mes pasado el gobernador les dijo a los 10 diputados de oposición, que él no respetaba los derechos humanos, porque sólo servían para proteger a los delincuentes.

Los diputados de oposición de Nayarit, han solicitado que los asuntos de origen social y político, se arreglen por la misma vía y no a través de la Procuraduría y para ello han solicitado que se designe a alguien de la Secretaría de Gobierno, para que reciba las peticiones y atienda a los inconformes.

Los diputados locales de la comisión de seguimiento de los hechos sucedidos el 6 de octubre pasado, que el diputado Gilberto Parra, con claridad y verdad mencionaba hace unos momentos, concluyeron su informe de la siguiente manera:

"Por considerar que la Procuraduría General de Justicia debe estar soportada en una persona de probada solvencia moral, que además debe garantizar la confianza y la seguridad de la ciudadanía nayarita, porque la inmensa gama de atribuciones que las leyes le otorgan, lo ubican como representante social y abogado del Estado, situación que no podemos concebir en un funcionario que actúe en razón de sus impulsos y óptica muy personal, cayendo en actos de arbitrariedad y violación flagrante de los derechos de los ciudadanos y por ser la legislatura el órgano sancionador del nombramiento de este alto funcionario, recomiendan al titular del Poder Ejecutivo su remoción".

El representante, el diputado local del PRI, cuando vio este párrafo dijo: "yo no firmo".

Por ello, proponemos que una comisión plural de diputados de esta Cámara, se traslade al Estado de Nayarit y confirme que ahí no tiene vigencia el estado de derecho y por lo mismo no se da en lo más mínimo el respecto a los derechos humanos.

Para el mismo tema, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Angel Navarro Quintero.

Los legisladores del Estado de Nayarit de ninguna manera obstaculizamos ni nos oponemos a que la presente denuncia se pase a la Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, no podemos tomar posturas hipócritas; debemos de tomar posturas honestas y reales.

Lo aquí comentado por el diputado Gilberto Parra Rodríguez, de ninguna manera lo compartimos. El no fue únicamente un espectador, sino fue un participante de los hechos últimos que acontecieron en Nayarit.

Nosotros podríamos ir contestando cada una de las argumentaciones expuestas por él aquí en tribuna. Sin embargo, nosotros creemos que los sacerdotes tienen bien definido su campo de acción y que los sacerdotes no pueden ir al púlpito a hacer tribuna, a la tribuna a hacer política y a crear un clima de intranquilidad y romper con la paz social. Cuando se utilizan de esa manera, los sacerdotes deben ser señalados. No pueden ellos resguardarse en una circunstancia totalmente equivocada de un fuero que no les compete.

El sacerdote al que se refiere aquí el diputado, estaba armado; eso se le ha olvidado decir, estaba pertrechado y estaba defendiendo también delincuentes.

Queremos dejar bien claro, los diputados de Nayarit, algunas cosas... El asistió, el diputado, la semana pasada. Nosotros bajo ninguna circunstancia queremos ser defensores de la impunidad o del abuso de la autoridad, por eso dejamos abiertas las puertas a la Comisión de Derechos Humanos.

Sin embargo, reprobamos enérgicamente que los actos de justicia en nuestro Estado se intenten politizar en aras de una falsa protección de los derechos humanos y que se ocasionen en consecuencia actos delictivos que rompan totalmente con el clima de paz y tranquilidad que disfrutamos en Nayarit.

En los hechos aquí referidos debe de mencionarse con toda precisión repito, al diputado Gilberto Parra Rodríguez, por el Estado de Jalisco, que acudió a Nayarit a perturbar la paz en compañía del Movimiento Popular Revolucionario, del Movimiento Patria Nueva y del FAC que aquí ha mencionado él, a generar violencia, desorden, desacato, agresión verbal y física, pues nosotros no creemos que en el lugar céntrico de la ciudad de Tepic, existan piedras de gran tamaño, que también fueron lanzadas por los manifestantes.

Es por eso que nuestra presencia en esta tribuna trata de orientar el juicio de los aquí presentes e impedir que bajo ninguna circunstancia se exagere o deforme la realidad, con el fin de generar una mala imagen de los gobiernos emanados por nuestro partido, el Revolucionario Institucional.

Deseo afirmar con toda honestidad, que nuestra entidad goza de una paz nacida del respeto al derecho y de la libre manifestación de las ideas. Pero también de la férrea defensa de los derechos ciudadanos.

Exigimos, en consecuencia, que actos vandálicos provocados del exterior, no rompan la soberanía de los estados, pues el día de mañana podríamos lamentar acciones que demeriten una democracia que todos queremos y estamos obligados a fortalecer.

Además, consideramos que no debemos permitir que esta Cámara de Diputados se transforme en barandilla de juzgado, ya que existen niveles de competencia que deben de respetarse y que bajo ninguna circunstancia podemos sustituir y mucho menos excluir, pues se caería en el error que muchos aquí han señalado, de un totalitarismo camaral, anulando los niveles de competencia que la Constitución y las leyes confieren.

Para contestar alusiones personales tiene la palabra el diputado Gilberto Parra Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática.

Debo decir, con orgullo, que efectivamente no solamente fui testigo, fui también participante de esa manifestación, porque entiendo que una de las funciones de un diputado es la de solidarizarse con aquellos ciudadanos que luchan por la defensa de sus derechos.

Varias de las personas que participaron en ese movimiento me invitaron, en mi calidad de diputado federal, como representante de la nación y también como miembro de la primera circunscripción. No solamente fui como diputado del PRD de Jalisco, para que esto quede claro.

Por otra parte, lo que no debemos de permitir en este recinto, son infamias y calumnias como la que el diputado Navarro acaba de pronunciar al afirmar que el sacerdote estaba armado. Esa es una falacia, ésa es una mentira imperdonable que por cuestiones de moral y de ética, no debería de permitir este recinto que un diputado las diga así tan fácilmente.

En cuanto a que fuimos a provocar el desorden, a generar violencia en Nayarit, yo quiero decirles que el principal desorden y la violencia que se padece en esa entidad, es precisamente la que procede del gobierno del Estado, a través de un procurador que no conoce la Constitución ni tampoco lo que establecen las garantías individuales y los más elementales derechos humanos.

Estoy cierto de que hasta los propios priístas más civilizados que hay en esta entidad saldrían ganando si este Poder Legislativo se pronunciara en torno a lo que está ocurriendo en esa entidad y sobre todo si se viera con mucha seriedad la posibilidad de que se pudiera instaurar una denuncia de juicio político contra ese gobierno, que su única característica ha sido la de estar violentando los derechos humanos de los ciudadanos nayaritas.

Por otra parte, a mí me parece de elemental lógica, que este recinto, que esta Cámara Federal de Diputados, sea precisamente la instancia donde se puedan ventilar con toda claridad, con toda justicia, aquellas irregularidades, aquellos desórdenes provocados por un gobierno que mantiene el control férreo de todas las instancias del poder político que hay en la entidad.

Tengan ustedes la certeza de que si hubiera contrapesos reales al Poder Ejecutivo en ese Estado, como es el Poder Legislativo y el Poder Judicial que están completamente sometidos al poder de Ochoa Zaragoza, no habría necesidad de tener esta intervención. Pero como ahí hay un control férreo de todo, no hay más alternativa que la de traer este caso aquí, para ver si de aquí se pueden resolver los problemas que allá el gobierno no puede resolver.

Voy a suplicar a los señores diputados guardar el debido respeto entre sí y quien quiera hacer uso de la palabra, lo haga formalmente y se la concedemos.

En atención a las opiniones que aquí se han expresado en torno a los hechos ocurridos el pasado 6 de octubre, en la Plaza de los Constituyentes de Tepic, Nayarit y en mi calidad de diputado de esa entidad, considero necesario manifestar las siguientes aclaraciones:

Nayarit es un Estado que se distingue por la hegemonía que tiene el Partido Revolucionario Institucional. La lealtad de sus habitantes ha quedado claramente demostrada por la voluntad popular, expresada a través de las urnas en los recientes procesos electorales.

El PRD en Nayarit es un partido que se ha dividido. Desde hace mucho tiempo ha dejado de argumentar que sus diferencias internas son de contenido ideológico. La realidad de los hechos y las propias calumnias entre sus integrantes han exhibido que sus pugnas se reducen al interés personal. Pero lo peor de todo, es que la estrategia adoptada por esta organización para alcanzar su unidad interna y atraer votos, que han perdido, incluso, con la misma oposición; es una estrategia que desafortunadamente se basa en promover la anarquía.

El PRD en Nayarit sustituye "con el amarillismo periodístico y verbal" su carencia de base social y pobreza en el debate político.

El PRD sustituye con la práctica de la anarquía y la incitación a la violencia su carencia de argumentos para sumar militantes y atraer votos y es precisamente en este contexto donde se sitúan los hechos ocurridos en Tepic el pasado 6 de octubre. Donde un reducido grupo de personas de dudosa militancia, incluso para el propio PRD, con acciones violentas pretendieron expresar demandas de supuesto carácter político.

Es un insulto a la dignidad de los nayaritas, que estas acciones las coordinen personas que no radican en el Estado, como el compañero Gilberto Parra Rodríguez, que siendo uno de los principales protagonistas, con total desenfado manifestó y declaró a los medios: "que se encontraba en ese mitin de manera fortuita y accidental". A lo mejor también de manera fortuita y accidental se encontraban las piedras, de gran tamaño, que los manifestantes lanzaron a la policía. En verdad que fue una gran coincidencia: que se recogieron piedras en la zona centro de Tepic, donde las calles son de concreto.

Señoras y señores diputados: aclaremos objetivamente lo que realmente ocurrió en Tepic el pasado 6 de octubre y se reduce a los siguientes hechos:

Un grupo no mayor de 100 personas se manifestaron en la plaza, dirigidos por personas ajenas a los ciudadanos nayaritas, lanzando ataques personales e insultos que nada tienen qué ver con demandas políticas. Se les exhortó a que continuaran manifestándose de manera pacífica sobre la plaza, para no obstruir el tráfico. A lo que ellos contestaron con mayores ataques verbales e incitando a quienes ahí estaban, a la violencia.

El grupo de manifestantes, al percatarse de que el procurador del Estado, Juan Ramón Sánchez Leal, personalmente salió a dialogar para exhortarlos al replanteamiento pacífico de sus demandas, en respuesta se adoptó una actitud más hostil y agresiva, incluso hacia la integridad del propio procurador.

Finalmente se ejercitaron las acciones penales a que dieron lugar esos hechos, conforme a las leyes que rigen en nuestro Estado.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de que los provocadores intentan trasladar al plano político la justificación de sus acciones violentas, se precisa ratificar nuestro total respaldo Al gobernador de nuestro Estado, al compañero Rigoberto Ochoa Zaragoza.

¡Que quede claro, que en Nayarit se procura guardar el estado de derecho! ¡Que quede bien claro, que en Nayarit no vamos a permitir que se ganen espacios políticos por medio de generar la anarquía y la violencia!

¡Por último, quisiera yo invitarlos, convocarlos, compañeros diputados, a que dentro de esa comisión, que si el pleno de la Cámara aprueba, vayamos con toda objetividad a analizar los hechos en Nayarit!

¡No convirtamos este asunto de orden meramente partidario en un asunto de orden político! ¡Tenemos un compromiso los legisladores del PRD, del PAN, del Verde, del PT y del partido que estamos representados en esta Cámara, para atender las demandas de nuestros compañeros!

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el señor diputado Gilberto Parra Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática.

n mi primera intervención señalaba que una de las características esenciales de Nayarit, es que la inmensa mayoría de los medios de comunicación están controlados por el Gobierno del Estado, de tal suerte que el que algunos medios señalen que yo estuve ahí fortuitamente, pues tiene tanta credibilidad como la que tiene un gobernador que desde que llegó al poder no ha hecho otra cosa más de que utilizar la represión como recurso de Gobierno.

En cuanto a que yo coordiné esas acciones, otra vez vuelven a mentir de manera absoluta y moral. Lo que yo hice fue participar en una acción que fue coordinada por organizaciones sociales, unas de presencia nacional y otras de presencia local. El FACMLN no es una organización que necesite de un diputado, para que vaya a coordinar las acciones de sus miembros en ésa como en cualquier otra entidad.

Y en cuanto a la acción del procurador, yo aquí de manera categórica afirmo: que el procurador no solamente estuvo presente en esos lamentables incidentes, él fue el estratega, él fue el autor intelectual de todo el desorden que se generalizó en ese lugar; hay evidencias, hay pruebas, como las que acabo de entregarle aquí a la Secretaría, para que se pueda constatar lo que acabo de decir.

Finalmente, nosotros, yo como miembro del PRD no admito que aquí un diputado priísta venga a decirnos cómo resolver los problemas internos que tiene nuestro partido. Yo lo que sí puedo decirles es de que en Nayarit si gobierna Rigoberto Ochoa Zaragoza, no es por la debilidad de los partidos políticos de oposición, es porque ahí hay prácticamente un estado de sitio que no permite la libre manifestación de las fuerzas de oposición y, por qué no decirlo, ése ha sido un factor decisivo para que la oposición en Nayarit no adquiera el peso, la estatura que en este momento las circunstancias lo reclaman.

Señor diputado Moreno Garavilla, para rectificación de hechos, tiene usted el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.

Con la venia de las diputadas aquí presentes; la del señor Presidente y de los compañeros diputados:

No se trata de venir a esta tribuna a señalar si hay estados de sitio que hagan imposible el ejercicio de las sagradas libertades que tiene todo gobernado en nuestro país. Se trata de venir a advertir que el ejercicio de las libertades y, particularmente, la de expresión, se hace en el marco que señala nuestra Carta Magna.

Yo invito a quien necesite recordar, a leer el artículo 6o. constitucional. La libertad de expresión de ideas no puede ser objeto de inquisición administrativa ni judicial sino, entre otras limitaciones, cuando se cristalice la de proferir injurias o la de incurrir en la comisión de un delito y si agregamos a esta manifestación libre de las ideas el sagrado ejercicio de la libertad de asociación, ésta en los términos del artículo 9o. constitucional tampoco puede coartarse ni vedarse, sino en los términos del párrafo 2o. de ese artículo 9o. cuando se cometan, precisamente, hipótesis normativas impedidas por la ley o prohibidas por éstas.

Si hay discusión en torno a si el ejercicio de la libertad de expresión y de asociación reunidas por un grupo de manifestantes el día 6 de octubre en Nayarit, cristaliza o no las hipótesis restrictivas de este par de artículos ya referidos, entonces hay que dar el cauce del conocimiento e investigación de estos hechos a la autoridad competente y si aunado a esto, se desea establecer una invocación de violación a derechos humanos, que se turne a la Comisión Nacional previamente a la Estatal de Derechos Humanos, a efecto de advertir si efectivamente se incurrió o no en violación de derechos humanos.

Pero es muy importante, compañeras y compañeros legisladores, que una y otra vez machaquemos e insistamos, a fuerza de convencernos de ello, si es posible hasta la saciedad, de que una garantía individual no puede por ningún motivo estar a expensas de interpretaciones, que no sea la interpretación adecuada de la Carta Magna. No puede una garantía individual vedarse ni coartarse efectivamente, más que en los términos en que la propia Carta Magna lo señala y si los manifestantes del 6 de octubre incurrieron en una hipótesis impedida o prohibida para ejercer alguna de esas libertades, me refiero a la de expresión y de asociación, entonces ellos transgredieron el marco que establece nuestra Constitución y serán las autoridades encargadas de investigar esto, las que determinen si efectivamente se transgredió o no y si se violó la ley.

Por ello hay una propuesta muy concreta, que se turne este asunto a la instancia competente, en primer caso la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión de Derechos Humanos Estatal, para que determinen si hubo o no transgresión al mandato de la Carta Magna y de las leyes secundarias.

En este sentido y conforme lo solicitó el propio diputado Gilberto Parra Rodríguez, del PRD, esta Presidencia, con base en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso inciso B, turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y debido informe a esta Asamblea.

Tiene ahora el uso de la palabra, para referirse a la problemática de la Carretera Toluca-Atlacomulco, el señor diputado Sergio Valdés Arias, del grupo parlamentario del PRD.

Vamos a plantear sobre problemática de la alta importación de fructosa en el país. Tiene el uso de la palabra, para exponer a nombre del grupo parlamentario de PRD esta problemática, el señor diputado Mariano Sánchez Farías.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:

En el México posrevolucionario pueden reconocerse cinco periodos por los cuales ha transitado la actividad cañera y la industria del azúcar: recuperación y estabilización,.............. 1922/1950; crecimiento acelerado, 1950/1967; estancamiento y crisis, 1967/1982; reordenamiento y autosuficiencia a partir de 1982; privatización de ingenios, 1988/1992.

Durante estas etapas la industria azucarera ha transitado una serie de ajustes que tienen que ver con la aplicación del modelo de desarrollo y de la política económica en vigor, lo que ha provocado un proceso de deterioro acelerado del sector, en la peor parte la han llevado los trabajadores; aunado a esto, el desinterés gubernamental en la conservación estratégica de esta industria ha provocado una serie de problemas en cascada, relacionados, inclusive, con los procesos de desarrollo regional en el país.

El grado de participación oficial en la producción que en 1967 era sólo del 14%, se elevó en 1974 al 33.7% y en 1982 al 72%. En 1971 se incorporaron a la producción dos ingenios nuevos: Melchor Ocampo y Hermenegildo Galeana; en 1975 tres ingenios más se incorporaron: Alianza Popular, Benito Juárez y Ponciano Arriaga; en 1978, Alvaro Obregón e Ingenio Tres Valles, S.A. de C.V. y en 1980 , Juchitán y Huixtla , que en todo caso sólo resultaron paliativos momentáneos a una crisis que se expresó en su máxima dimensión en la zafra de 1980/1981.

El estancamiento productivo tuvo su contrapartida en un fuerte crecimiento de la demanda interna, que pasó de 1 millón y medio de toneladas en 1967, a 3 millones y cuarto en 1982; o sea, creció a un ritmo del 5.2% anual promedio. La década de los ochentas, a partir de la condición de producción de azúcar deficitaria en 1988, resultado del proceso de reestructuración del sector paraestatal, se vendieron inversionistas privados tres ingenios azucareros al sector público, entre ellos estaban: Tres Valles, S.A. de C.V. y Adolfo López Mateos, S.A. de C.V.

En el mes de enero de 1989, se desincorporaron seis ingenios azucareros más, y así sucesivamente el sector paraestatal ha vendido los ingenios restantes. En este contexto, quiero referirme a uno de esos ingenios, el de Puruarán, Michoacán.

Puruarán es una población del centro-occidente del Estado de Michoacán, en ella habitan unos 15 mil habitantes; este lugar ha contado por casi 300 años con una tradición en el cultivo de la caña y la elaboración de azúcar, teniendo como eje el ingenio de Puruarán, que ha sido históricamente una gran fuente de vida, ya que beneficia a 2 mil 260 cañeros, a 800 cortadores de caña, 56 fileteros de caña, 160 carretas de bueyes, 28 tractoristas, 300 obreros de planta, 60 eventuales, 35 empleados sindicalizados y 75 empleados de confianza, haciendo un total de 3 mil 780 personas, que de ahí benefician aproximadamente a más de 15 mil habitantes.

Directamente y considerando la derrama económica, solamente en la región se benefician directamente e indirectamente a 36 mil habitantes, esto sin considerar la generación de empleos en todo el Estado y otros estados de la República, por el consumo y uso de materiales de producción como la venta y distribución de estos productos, el azúcar y las mieles.

El ingenio de Puruarán fue cerrado el 31 de mayo de 1992. Esta medida caprichosa ha condenado a vivir en la peor de las miserias a 36 mil habitantes de esta región de la tierra caliente del municipio de Turicato. Ahora cada uno de sus amaneceres han cambiado, ya no son los mismos desde que el entonces presidente Carlos Salinas regaló la fuente de trabajo; es decir, el ingenio Puruarán, a su compadre, el empresario regiomontano Alberto Santos de Hoyos, quien también tuvo la suerte de recibir del salinismo la senaduría por Nuevo León.

En los últimos cinco años cada uno de los habitantes ha luchado con firmeza contra una política que ha afectado a la mayoría de los mexicanos, la política del neoliberalismo, la política del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

El regalo fue evidente. El licenciado Santos de Hoyos pagó solo el 7% del valor de la fábrica, sin adjuntar ningún comprobante bancario al contrato de compra-venta. Inicialmente la política y el propósito era que la empresa Gamesa, de su misma propiedad, se quedara con el 51% del valor de las acciones y el 49% restante quedara en poder de los cañeros de la CNPP. Dicha operación consideraba un paquete de cuatro ingenios: Alianza Popular, en San Luis Potosí; Bellavista, en Jalisco; Pedernales y Puruarán, en Michoacán, pero los dirigentes nacionales de los cañeros de la CNPP, con conocimiento, habían firmado un convenio con el señor Santos de Hoyos, ya que se contemplaba y con premeditación y complicidad, de estos dirigentes, ellos renunciarían a ese 49%, para que el dueño absoluto de los cuatro ingenios fuera el señor Santos de Hoyos.

El gobierno del Estado de Michoacán, ante el reclamo social, ante la petición de que encabece la gestión para hacer cumplir al empresario el contrato que firmó o que asuma una actitud valiente y expropie la empresa por utilidad pública, que al fin para los michoacanos debe gobernar y responder, no se compromete, quedándose en la retórica y ofreciendo en lugar microempresas como son una gasolinería, la cría de ganado y la fabricación de costales, proyectos que la gente no rechaza, pero que no significa claudicar, como quiere el gobierno del Estado o renunciar la demanda central que se reabra el ingenio.

En Michoacán el licenciado Tinoco Rubí, siendo candidato a gobernador, se comprometió con la población de Puruarán, a que al tomar posesión resolvería de inmediato el problema de la reapertura. Lo que ha hecho es llamar al empresario a dialogar con los cañeros, pero el problema cada día se complica más y eso no es suficiente, ahora tiene la amenaza del empresario de que si siguen insistiendo en la reapertura, dejará sin moler caña a los ejidatarios de Puruarán y alrededores en su otro ingenio cercano y ya ha empezado a cumplirlas, hay hostigamiento físico contra los dirigentes, a muchos se les ha retirado el crédito de avío, moviliza ya un grupo de mercenarios contra ellos.

Puruarán está seguro que el ingenio es viable y rentable, la población no pide como única vía que el gobierno regale esta fuente de empleo, está dispuesta y cuenta con ello para que empresas cooperativas presten el dinero suficiente para su adquisición, ya que éste es viable y rentable, porque más que extraer grandes utilidades económicas, resuelve un problema social que es el empleo y la sobrevivencia de miles de habitantes.

El caso del ingenio de Puruarán no es privativo de Michoacán, como apuntábamos; se inscribe en la contradictoria crisis que vive la industria cañera del país, por lo que por un lado ha logrado repuntar hasta alcanzar suficiencia productiva tanto en la zafra como en rendimientos, pero por otro lado, desde el proceso de privatización de los ingenios azucareros que se dio durante 1990-1992, el sector social, cañeros, ejidatarios, pequeños propietarios, costeños, obreros, se vio enfrentado a un proceso de empobrecimiento, desempleo y abandono institucional, agudizado por el corporativismo al que siguen sometidos mediante el Sindicato Nacional Azucarero y la CNC y la CNPR, por medio de los propietarios cañeros, no permitiéndoles el definir ni superficies de producción ni precios de venta a los ingenios.

Ante los hechos aquí expresados y respecto a los cuales existe una abundante documentación que lo acredita, sólo cabe preguntarnos: ¿este Poder Legislativo tendrá la disposición y la fuerza para exigir a Financiera Nacional Azucarera que dé cabal cumplimiento al contrato de compraventa al ingenio de Puruarán que firmó el hoy senador Santos de Hoyos?

Realizar las investigaciones necesarias que permitan aclarar públicamente las condiciones, términos y consecuencias del proceso de privatización de los ingenios azucareros.

Exigir una explicación del secretario sobre las prioridades en materia de endulzantes y en especial las decisiones del Gobierno sobre la importación y producción de fructosa.

Seguro de que en esta LVII Legislatura, existe la voluntad e interés que de cara a la nación se ventilen las vergonzosas privatizaciones que han limitado la soberanía alimentaria.

En consecuencia pongo a consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo:

Con fundamento en los artículos 30 fracción III y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito la intervención de las comisiones de Patrimonio, Fomento Industrial y Agricultura, para que con carácter de comisiones unidas procedan a:

Revisar a fondo el proceso de desincorporación a través del cual fue vendido el ingenio de Puruarán y los otros tres, a fin de determinar las formas de licitación y en su caso denunciar las anomalías encontradas a partir de su denuncia en las comisiones legislativas que correspondan.

Exigir la intervención de Financiera Nacional Azucarera, quien siendo la afectada en primera instancia por parte del comprador, no ha ejercitado acción legal alguna.

Pedir a Financiera Nacional Azucarera que responda a los cuestionamientos referidos a los compromisos asumidos por el comprador al decidir la creación del proyecto Michoacán, en el que se especificó claramente los objetivos que justifican su creación.

Que se pida a Financiera Nacional Azucarera qué avances se tienen hasta la fecha respecto a los adeudos, montos, plazos establecidos en el contrato celebrado y en caso de incumplimiento o afectación patrimonial a la Federación, se proceda a su denuncia en las instancias competentes.

Pedir la inmediata comparecencia del secretario de Comercio, Herminio Blanco, ante estas comisiones unidas, para que explique los términos y condiciones bajo los que se está decidiendo en cuanto a la importación y producción de fructosa, presentando en su oportunidad ante este pleno un dictamen sobre los resultados.

Para el mismo tema, a nombre del Partido Acción Nacional, el diputado Juan Bueno Torio.

Estamos ante la posibilidad de un desastre social y económico que puede ser de proporciones incontrolables. El asunto de la alta fructosa no es cosa solamente de la importación de este producto o la fabricación nacional del mismo ni tampoco la protección del patrimonio de 30 ó 40 industriales propietarios de esta industria. Estamos hablando de que peligra una actividad que está presente en México, una actividad agroindustrial que está presente por más de 400 años, que sostiene a más de 400 mil familias en nuestro país, entre cañeros, obreros y demás personas que intervienen en la actividad.

El problema radica, compañeros diputados, en que este roducto de la alta fructosa está desplazando en el mercado nacional al azúcar producida en México, con caña mexicana, en suelos mexicanos.

Hoy, y gracias a la privatización, en México estamos produciendo 4 millones y medio de toneladas de caña de azúcar. El mercado nacional está demandando 3

millones 900 mil, lo que nos coloca ya en un superávit de 600 mil toneladas anuales de este producto, con el consecuente problema de que se están subiendo los inventarios en las bodegas y en la industria azucarera.

Esta baja de ventas obedece a que ya gran parte de esas 600 mil toneladas están siendo sustituidas por 400 mil toneladas de fructosa que se ha importado o que se ha producido en nuestro país. Eso provoca baja en la demanda, baja en los precios y provoca también bajos ingresos a los cañeros, al sector agrícola de nuestro país que depende de esa importantísima actividad industrial y que en el corto plazo verá muy mermados sus ingresos porque la industria no será capaz de pagarle lo que merece por su producto.

El daño que podemos enfrentar es un daño social y económico en las regiones donde se encuentran ubicadas estas agroindustrias azucareras, como el caso de Puruarán, que mencionó el compañero, cuando se quedó sin producir esa industria.

En México la producción de alta fructosa se hace con maíz subsidiado de los Estados Unidos y también la fructosa que se produce en Estados Unidos es con maíz subsidiado, pero nosotros, a diferencia de los estadounidenses, tenemos superávit en la producción de dulce o de edulcorantes y los norteamericanos no.

En el TLC, en el texto original se mencionaba que se permitía la exportación de excedentes del país en la zafra 2000-2001, sin embargo, debido a unas cartas firmadas por ahí, entre el antes Secretario de Comercio, Serra Puche y el señor Kantor, limitaban la exportación sólo a 250 mil toneladas para ese año del 2001.

La privatización en nuestro país incrementó la producción considerablemente, de 3 millones y medio de toneladas, a 4 y medio este año y a cinco en la zafra que va a iniciar en el próximo mes de diciembre.

Hoy tenemos excedentes en México de un millón de toneladas de azúcar y, de seguir las cosas como están actualmente vamos a tener otro millón más de toneladas de excedente. Eso colocará a la industria en un tremendo problema financiero, a Financiera Nacional Azucarera; colocará un problema tremendo de espacio en bodegas y colocará un tremendo problema de que los ingenios no podrán seguir produciendo azúcar, porque no van a tener a quién vendérsela.

El impacto en los precios, el impacto en el precio de los refrescos, de utilizar fructosa contra utilizar azúcar, es apenas del 2% en el precio total, porque los refrescos tienen muchísimos otros componentes, independientemente del azúcar.

Si no ponemos solución nosotros a este problema, vamos a tener que utilizar a los productores de caña para otras cosas en nuestro país, que no nos queremos imaginar.

La producción de fructosa en Estados Unidos, como decía, está subsidiada y en México también está subsidiada, ya que el maíz que se importa en nuestro país da un arancel libre, pues es para el consumo humano y para el consumo de la industria agropecuaria, no es importación para la producción de alta fructosa que nos viene a competir.

Se requiere, por la importancia y la gravedad de este asunto, conocer el contenido de las famosas cartas Serra Puche-Kantor y solicito que por los medios conducentes esta legislatura pida a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y a la Cámara de la Industria Azucarera y Alcoholera de nuestro país, copia de las mismas para su análisis y estudio.

También pido turnar a comisiones las correspondientes, para su estudio y revisión, del arancel al maíz que se importa para la elaboración de fructosa y el arancel mismo que se está aplicando, que es insuficiente porque no es compensatorio a la importación de la fructosa misma.

Pero lo más importante es que esta legislatura pida al Poder Ejecutivo que a través de la Secofi exija un trato justo, de reciprocidad comercial y defienda el principio de igualdad en el libre comercio con nuestros socios del tratado comercial y vecinos del norte.

De las 500 ó 600 mil toneladas de azúcar que requiere exportar nuestro país a ese país, apenas significa el 6% de sus consumo total y para nosotros significa la supervivencia de miles y miles de familias dentro de esta actividad.

Señoras y señores diputados: si no atendemos con seriedad y prontitud este asunto, estaremos desprotegiendo a miles de mexicanos, porque tendremos el problema de Puruarán repetido en más de 30 localidades que dependen de esta actividad a lo largo y ancho de nuestro país.

Esto, compañeros diputados, es promover el reparto equitativo de la riqueza; esto, compañeras y compañeros, es cuidar el interés nacional y el ingreso de las familias que dependen de esta actividad.

Compañeras y compañeros diputados: aquí podemos empezar a trabajar para procurar la justicia social que requiere el campo contra los intereses de un país que ha tenido por muchos anos la presión económica puesta sobre el nuestro.

Sobre el mismo tema y a nombre del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra el señor diputado Rafael Spinoso Foglia.

Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea; compañeras y compañeros diputados:

Quizá parezca paradójico decirles que la agroindustria azucarera mexicana, que genera el producto más dulce de la alimentación popular, confronta en muchos de sus aspectos, condiciones amargas en el campo social.

Como productor de caña de azúcar del Estado de Veracruz, me congratulo de coincidir en este día con las exposiciones de mis compañeros diputados Mariano Sánchez, del PRD, del Estado de Michoacán, y de mi compañero del Partido Acción Nacional, Juan Bueno Torio.

Compañero Mariano, lucharemos con ustedes para que se abra el ingenio de Puruarán.

Compañero Juan Bueno Torio, defenderemos hasta donde sea posible; ya no más importación de alta fructosa al país que afecte a nuestra industria azucarera.

En esta ocasión, con el permiso de ustedes y con todo respeto, vengo a esta tribuna representando a los cañeros de México por parte del grupo parlamentario de mi partido, el Revolucionario Institucional, a exponer bien el grave problema por el que atraviesa nuestra agroindustria azúcarera con la entrada de la alta fructosa de maíz, constituyendo una competencia desleal al azúcar de caña mexicana, porque el jarabe de maíz importado desde Estados Unidos, se realiza en condiciones de dumping, es decir, a precios inferiores a los que se comercializa en el mercado mexicano.

A raíz de las importaciones de alta fructosa de maíz subsidiada, las industrias refresquera y dulcera nacional, están dejando de comprar azúcar de caña mexicana, con el inminente riesgo de cerrar por este motivo 20 ingenios azucareros en nuestro país, de los 61 existentes.

Vivimos una competencia desleal al azúcar de caña, porque empresas vinculadas a capitales del imperio estadounidense, como Arancia, como Staley Manufacturing, como Almex y como Archer Daniel, tienen autorizadas para este año, la importación en condiciones privilegiadas, libres de arancel, de un millón 200 mil toneladas de maíz, materia prima con que se elabora el endulzante, la alta fructosa, dejando de pagar por este concepto al erario público 1 mil 600 millones de pesos.

Con estas medidas proteccionistas de apoyo a empresas que no fomentan el desarrollo nacional, sino por el contrario, tienden a provocar desempleo, migración y cinturones de miseria, ya que históricamente la agroindustria azucarera, ha sido un instrumento para el desarrollo en diversas zonas rurales en los 15 estados productores, desde Sinaloa, Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, hasta Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas, y el cierre de 20 ingenios, con sus respectivos cultivos, significaría la pérdida de más de 400 mil empleos, de los cuales 40 mil serían de cañeros y otros cientos de miles de empleos indirectos.

El impacto negativo en lo económico, social y político, sobre las comunidades rurales y municipios de varios estados de la República, provocaría un retroceso en el desarrollo regional y nacional.

Los cañeros y los obreros no nos oponemos al comercio internacional, pero sí estamos en contra de la negociación realizada en el Tratado de Libre Comercio (TLC), que permite la entrada prácticamente libre de la alta fructosa a nuestro país.

Pero lo más absurdo es que limita las exportaciones de nuestros excedentes de azúcar mexicana, a tan sólo 25 mil toneladas anuales de azúcar, hasta el año 2003, cuando nuestra zafra en este ciclo produjo 4 millones 543 mil toneladas de azúcar, con lo cual rompimos el récord de producción, en comparación a la zafra anterior.

Como dato informativo, los Estados Unidos importan 2.5 millones de toneladas de azúcar por año de otros países, principalmente de Centroamérica y el Caribe.

La agroindustria azucarera encabezada por la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, CNC, inició acciones para detener la entrada del edulcorante derivado del maíz a México hace varias semanas.

El frente común integrado por los cañeros cenecistas, pequeños propietarios, industriales y obreros, tiene como objetivo preservar una de las actividades agroindustriales más añejas del país, con más de 450 años. La historia de nuestro México está profundamente ligada a la historia del quehacer azucarero y a la producción cañera.

Por eso mismo, nuestro sector requiere de una solución integral de fondo, donde debe incluirse a las organizaciones de productores de caña, así como a los obreros y a los industriales.

Requerimos por parte del Gobierno Federal una ventanilla única de atención y solución a la problemática de la agroindustria azucarera, ya que en ella intervienen cuatro secretarías de Estado: Secofi, Hacienda, Sagar, Trabajo y Previsión Social y desde hace más de seis meses, nuestras organizaciones obrera y campesina hemos planteado en forma seria y responsable nuestro problema a esas secretarías.

Quisiéramos decir que nos apoyen para el fomento y apoyo a las exportaciones de azúcar y el ordenamiento comercial del mercado nacional. El cumplimiento de los adeudos por parte de los industriales a los productores de caña y a los obreros.

Es necesario precisar que al margen de los acuerdos anteriores, los cañeros mexicanos en su conjunto y los obreros, no aceptamos que los costos políticos y económicos de decisiones que han perjudicado al mercado del azúcar y su precio, se repercuta de manera directa en el precio de nuestra materia prima que es la caña.

Es por eso que exigimos que en la fijación del precio de ésta, las autoridades reconozcan los rezagos en el precio y el impacto inflacionario de nuestros costos de producción.

Amigas y amigos diputados: la agroindustria azucarera es un patrimonio nacional, instrumento de generación y distribución de riqueza que beneficia a cientos de miles de mexicanos y que demandan de todos nosotros el reconocimiento del interés público que esto representa.

Por ello es necesario insertarle en el establecimiento de una política económica de estado.

Por todo lo anterior, como representante popular pido a todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, el apoyo y la defensa de esta agroindustria que está considerada de interés público y nacional.

Para las comisiones de Hacienda, Comercio y Sagar, mi planteamiento, señor Presidente.

Antes de darle trámite a su petición está levantando la mano el señor diputado Marcos Bucio.

Tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos el señor diputado Bucio, del Partido Revolucionario Institucional.

Muchas gracias, señor Presidente; honorable Asamblea: una precisión en cuanto a la intervención de nuestro compañero Spinoso Foglia.

El asunto tratado aquí de Puruarán en el Estado de Michoacán, es un caso particular de fuente de empleo, que está siendo resuelto por las autoridades competentes y los propios afectados. El asunto de fondo que no debemos de confundir, es la iniquidad en la negociación de la exportación e importación de azúcar.

Ese tema en particular coincidimos con la propuesta de que en la Comisión de Agricultura, de Comercio y de la propia Secretaría de Hacienda, de la propia Comisión de Hacienda, podamos analizar de fondo este planteamiento.

La importación de alta fructosa es altamente inequitativa, como se ha señalado, en razón de que en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio sólo se autorizó la exportación de un volumen de azúcar de 25 mil toneladas, estando vigente en forma fija hasta el año 2008.

Estados Unidos exporta actualmente 400 mil toneladas de fructosa, se importan cerca de 600 mil toneladas de maíz amarillo, que está siendo utilizado en gran parte para procesamiento de fructosa. Significa que a la industria nacional le conviene más, la industria refresquera, importar obviamente fructosa y maíz amarillo.

Es un asunto que requiere un análisis consensado en las comisiones para poder modificar el acuerdo en el TLC, básicamente en azúcar. Proponemos que en el análisis de fondo de las comisiones señaladas, se propicie en corto plazo, el análisis de bases jurídicas que permitan que la importación de fructosa en base a la ley de competencia, se ajuste en sus volúmenes.

El mismo sentido que veamos la posibilidad de limitar los cupos de importación de maíz amarillo que sean utilizados para procesamiento de la industria refresquera.

Nuestro partido, el Revolucionario Institucional, lleva más de dos años analizando este asunto, hemos hecho las gestiones y las demandas correspondientes a los sectores y haremos lo propio para que el Poder Legislativo abandere esta causa de iniquidad comercial.

Tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos, el señor diputado José Luis Enríquez, del Partido Revolucionario Institucional.

Verdaderamente son coincidentes las motivaciones que los compañeros diputados han venido a vertir aquí en la tribuna.

La industria azucarera que data desde la época de la conquista, ha sido una agroindustria en que en todos los lugares, los estados donde existen ingenios azucareros, es una derrama económica, no nada más para quienes trabajamos en el ingenio y los cañeros, sino es de toda una región.

El alta fructosa verdaderamente viene a desequilibrar a la industria azucarera. La industria azucarera que actualmente es administrada por capital mexicano, es cultivada la caña por campesinos mexicanos, la mano de obra es de trabajadores mexicanos y es injusto totalmente de que vengan a competir Estados Unidos con México, con maíz, que sabemos que Estados Unidos tiene una excedencia y es el mayor productor de maíz y que todavía introduzca maíz subsidiado, vengan a competir con la industria azucarera.

Por eso nosotros nos oponemos y desde el mes de abril, tanto industriales, cañeros y obreros, hemos estado también elevando nuestras quejas ante las autoridades correspondientes, a fin de que se ponga un coto a la introducción de la alta fructosa.

Verdaderamente donde se han cerrado ingenios como el Libertad, en Veracruz y hace unos días en el Estado de Sinaloa se cerró otro ingenio, es deplorable ver a toda una región desesperada porque se les acaban las fuentes de trabajo y no podrán ocupar ningún cultivo de la caña de azúcar en otros lados.

Por eso es importante, compañeros diputados, que coincidamos en este reclamo que hacemos en esta alta tribuna, para que defendamos con vigor a muchos mexicanos que se quedarán sin trabajo.

Ahorita la alta fructosa compite con el azúcar mexicana a un bajo costo. ¿Qué va a pasar cuando se cierren los ingenios y se acabe la industria azucarera mexicana ¿En qué problema de orden social van a encontrarse muchos mexicanos?, y así se quedará Estados Unidos como una industria del dulce en México, que pondrá sus precios a la hora que él quiera.

Por eso les pedimos a todas las fracciones parlamentarias, ya que mi partido abandera totalmente estos movimientos, que todos nos unamos y pedimos a la Presidencia, que se turne a las comisiones correspondientes este documento que a nivel nacional estamos expresando y que de una vez por todas se analice y posteriormente se legisle verdaderamente para que la industria azucarera quede en posibilidades de seguir contribuyendo al beneficio de México.

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, para rectificación de hechos, el señor diputado Jorge Canedo Vargas.

Ratificando desde luego el acuerdo de fondo que aquí ha sido reiterado por las diferentes fracciones, quiero simplemente expresar que dentro de esta industria azucarera, en las diferentes regiones del país, se presentan situaciones particulares que requieren desde luego del concurso y la participación de todos los factores que en esos espacios inciden para lograr un beneficio no solamente productivo, sino un beneficio directo para quienes están participando en los trabajos y en el desarrollo de esta industria.

Ese es el caso que vengo a señalar en esta tribuna, relacionado con los ingenios de Puruarán y de Pedernales en el Estado de Michoacán y para decir que en ese propósito, en la necesidad de una revisión de fondo, en la necesidad de considerar todos los elementos que contribuyan a la posibilidad de unificar los criterios y rehabilitar esta industria en esa zona del Estado de Michoacán, en ese ánimo el gobernador del Estado de Michoacán, Víctor Tinoco Rubí, ha estado en la mejor disposición de la atención de este problema.

Todos y cada uno de los factores que hay que incorporar básicamente en la disposición y en la voluntad de rehabilitar estos ingenios o de unificarlos, para que exista una producción adecuada, sin dañar los intereses de trabajadores y de productores de caña en esa zona, ha sido definitivamente un propósito también del gobernador de Michoacán.

En ese sentido, inclusive, para los renglones de fortalecimiento de las áreas de cultivo se ha realizado ya una inversión que llega aproximadamente a los 10 millones de pesos, para rehabilitar canales de riego en aquella zona y apuntalar las cosas que finalmente van a ser propicia la rehabilitación de estas áreas y desde luego el beneficio de quienes en ellas participan.

Quiero establecer aquí y es un motivo de satisfacción, que hemos platicado de este problema, de los ingenios de Puruarán y de Pedernales entre los diputados michoacanos, tanto del Partido de la Revolución Democrática, como del Partido Revolucionario Institucional e invitamos a los diputados de Michoacán del Partido Acción Nacional, para que juntos podamos revisar este asunto de Pedernales y de Puruarán y lleguemos a una propuesta conjunta, que lejos de las posiciones partidistas le dé solución a este problema en beneficio de esta región de Michoacán, tan importante para nuestro Estado.

Conforme lo han solicitado los diputados que han intervenido en la tribuna... Perdón, falta un diputado para rectificación de hechos.

Tiene la palabra, el señor diputado Antonio Soto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática.

A mí en lo personal, que conozco el asunto de Puruarán, me da mucho gusto que haya voluntad por parte de todos los partidos políticos representados aquí en esta Cámara y de manera particular las diputadas y diputados de Michoacán, para coadyuvar en este problema social tan crítico y grave que el pueblo de Puruarán, toda vez que Alberto Santos de Hoyos, senador de Nuevo León, del Partido Revolucionario Institucional, decidió, unos pocos meses después de que adquirió estos ingenios, en un paquete de cuatro ingenios, a un valor que aquí ya se dijo del 7% de lo que en realidad valían en ese tiempo los ingenios, y el señor senador, muy poderoso, amigo y paisano del ex presidente Salinas de Gortari, del mismo Estado, determina cerrar el ingenio y dejar sin trabajo a más de 400 obreros, dejar una gran incertidumbre de los productores de caña.

Y lo que ahora aquí se ha comentado por parte del diputado Canedo, nos parece una posición correcta. Pero también quiero subrayar que el gobierno del Estado de Michoacán, que encabeza el licenciado Tinoco Rubí, no es cierto que haya estado de acuerdo en la reapertura del ingenio. Es cierto que ha presentado propuestas alternativas para solucionar el problema del desempleo, a pesar, diputado Canedo, de que sabemos que la vocación de Puruarán es una vocación evidentemente de producción de azúcar desde hace siglos y que no podemos obligar a la gente obrera que quieren que se reabra ese ingenio desde 1992, que están ahí en el plantón, en el ingenio de Puruarán a que se dedique a actividades distintas para las cuales tiene vocación y para las cuales ellos saben trabajar y saben cómo hacerlo.

El gobernador del Estado, no ha hecho gran cosa y mentiríamos si aquí decimos que el gobernador del Estado está buscando paciente, responsable, inteligentemente para que se abra el ingenio; eso no es cierto, porque a nosotros nos da la impresión que más bien él puede ser uno de los interesados en que ese ingenio ya no se abra, por el gran peso político que tiene el senador Santos de Hoyos. Porque también hay que recordar que el actual gobernador de Michoacán, senador por Michoacán, es compañero del senador Santos de Hoyos.

Entonces, aquí hay una propuesta concreta por parte del Partido de la Revolución Democrática: que se revise la desincorporación de ese paquete de ingenios, donde se presume que hay serias irregularidades, y que el beneficiado es el señor senador Santos de Hoyos, donde nosotros sabemos que al revisarse en las comisiones respectivas, vamos a tener luz en Michoacán y vamos a saber efectivamente qué fue lo que pasó. Esa es la propuesta del diputado Mariano Sánchez y esa propuesta la apoya el Partido de la Revolución Democrática; ojalá todos la apoyemos y estemos de acuerdo para conocer qué fue lo que pasó en Puruarán y por supuesto, estamos de acuerdo en la reapertura del ingenio, exigirle al gobernador del Estado que busque la manera de contribuir también con esa reapertura.

Para contestar alusiones personales, solicita el uso de la palabra el señor diputado Jorge Canedo Vargas. Tiene usted el uso de la palabra hasta por cinco minutos, señor diputado.

Sin separarse en lo más mínimo del propósito conjunto, que es muy importante del trabajar juntos los diputados independientemente de las filiaciones partidistas e ideológicas, aquí quiero señalar que dejamos sentado el ánimo y el propósito del gobierno del Estado de participar para ubicar con toda claridad su preocupación y el ejercicio de su responsabilidad para rehabilitar la fuente de trabajo de esa zona.

Simplemente para ilustrar a la Asamblea, Puruarán y Pedernales son dos ingenios que requieren de una área de cultivo y de producción...

Un momento señor orador. El señor diputado Juan Bueno Torio está levantando la mano. ¿Con qué objeto, señor Diputado?

El orden del día dice: "comentarios sobre la problemática de la importación de la fructosa al país" y estamos entrando en un tema específico del gobierno de Michoacán, en un asunto de transferencia de la propiedad de un ingenio que no tiene nada que ver con el punto del orden del día. Yo suplicaría que nos concentráramos en la fructosa, por que eso afecta a los seis ingenios, del país.

Esta Presidencia acepta la moción y le suplica al señor orador abocarse al tema que estamos discutiendo.

Simplemente quiero señalar que anotamos en principio el propósito coincidente de todos y para rectificación de hechos, solicitamos la palabra.

Pero también me parece muy importante que aquí signifiquemos esta posibilidad de que los diputados trabajemos en conjunto y sirva esto como una muestra respetuosa de que lo podemos hacer independientemente de nuestros criterios y apreciaciones partidistas o de otra índole.

Quiero pues reiterar, que este propósito de trabajar juntos en la solución de lo que respecta a este conflicto, Puruarán, Pedernales y la rehabilitación de la fuente de trabajo de esta zona, es la preocupación de todos incluida la del gobernador del Estado.

Conforme lo solicitaron los señores diputados que intervinieron en la tribuna, esta Presidencia turna este asunto a la Comisión de Comercio y a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, en todas y cada una de las propuestas que aquí se hicieron.

Yo considero que como el asunto de la alta fructosa ya contiene un arancel, pero que no es compensatorio para proteger la industria nacional, suplico se transfiera también a la Comisión de Hacienda, para revisar el asunto del arancel correspondiente.

Esta Presidencia no tiene inconveniente en turnar también a la Comisión de Hacienda de la Cámara este asunto para su estudio.

Por favor señorita edecán, señor diputado, ¿propondrá usted turnar a la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial? Si usted lo va a proponer, podemos ahorrar la discusión y esta Presidencia no tiene inconveniente en turnarlo.

Sí, mire señor Presidente... y a la de Trabajo también señor Presidente, a la de Trabajo y Previsión Social, ya que en el documento que presentó el compañero diputado Espinosa, ahí también se menciona de Previsión Social y de Fomento Industrial.

Para una moción. En mi intervención hice la propuesta por escrito, entregué al Secretario, sobre la revisión de la privatización de los cuatro ingenios y pedí la intervención de las comisiones de Patrimonio y Fomento Industrial y Agricultura, quisiera que usted hiciera el favor de turnarlas.

Conforme al artículo 27 de la Ley Orgánica, inciso b, amplío el turno, el trámite de este asunto, pidiéndole a las comisiones a las que turnaré el asunto, pues la eficacia práctica de sus reuniones para el desahogo de una materia como la que aquí se propone y a efecto de que al ampliarse tanto el turno y el trámite de este asunto, no vaya después por la cantidad de comisiones turnadas, a no resolverse en el tiempo requerido.

Señor diputado, tiene usted el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, señor diputado?

Señor Presidente, para hacer una moción de rectificación. En el asunto que nos atañe es exclusivamente sobre la problemática de la importación de fructosa en el país.

El asunto que se ha estado comentando, el asunto específico, muy específico de Puruarán, debería deslindarse de este asunto, es un caso muy particular,

incluso hay el acuerdo y nos sumamos a él como ya lo comentaba el diputado Canedo, en encontrar alternativas de solución para los desempleados de esa región en coordinación con el gobierno del Estado y en el cual los diputados del Partido de la Revolución Democrática y los diputados del PRI, nos sumamos.

Señor diputado, las comisiones a las que he turnado el asunto, habrán de deslindar las diferentes propuestas y la materia de su discusión y revisión.

Este asunto se turna pues, a las comisiones de: Agricultura, Comercio, Hacienda, Patrimonio y Fomento, así como de Trabajo y Previsión Social.

Tiene ahora el uso de la palabra, para abordar la problemática referente a la carretera Toluca-Atlacomulco, el señor diputado Sergio Valdés Arias, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática...

Señores ciudadanos, quiero comentarle a los señores diputados, que esta Presidencia ha recibido un documento de la Federación de Sindicatos Universitarios de la República Mexicana y nos han solicitado además de que aquí están presentes, que sea y que se haga del conocimiento de esta Asamblea el documento.

Por lo tanto, para satisfacción de los ciudadanos dirigentes de esta federación de sindicatos, le pido a la Secretaría haga lectura de este documento.

Por la recuperación y revaloración de la función académica y administrativa en la educación superior pública y gratuita de México, los trabajadores universitarios asumimos con plenitud los retos y compromisos que hoy demanda el nuevo panorama político existente en el país.

En este sentido, se hace urgente apoyar y considerar a la educación superior como uno de los campos estratégicos vinculados a las grandes tareas nacionales que reclama la modernidad y el acceso de México a los procesos de globalización y su tránsito a la democracia, ya que la universidad es la institución que la misma sociedad ha creado y sostiene para generar, conservar, cultivar y transmitir el conocimiento, esperando que de ella surjan las mujeres y los hombres mejor preparados del país, para conducir y desarrollarlo con orientación social y prioridad nacional.

Las comunidades universitarias, la ANUIES y el sindicalismo universitario, hemos manifestado públicamente la necesidad de demandar un incremento presupuestal a la educación superior y en esta ocasión reiteramos ante ustedes esta solicitud.

Nos dirigimos a todas las fracciones parlamentarias para que en particular se incluya la discusión y acuerdo que amplíe la partida salarial para los ingresos de los trabajadores académicos y administrativos de la Universidad y así iniciar un proceso real de recuperación y revaloración de la función académico-administrativa en las universidades públicas.

Como es de su conocimiento, en estos momentos la Universidad Nacional Autónoma de México, se encuentra emplazada a huelga para el 1o. de noviembre y en este marco se vienen llevando a cabo pláticas de negociación con el STUNAM, por violación salarial y violaciones al contrato colectivo de trabajo.

a representación de rectoría ha manifestado que cualquier oferta sobre incremento salarial, depende de la autorización presupuestal del Gobierno Federal y en particular de la Secretaría de Educación Pública.

Cabe recordar que esta revisión define el porcentaje que se hará extensivo a todos los trabajadores de la educación superior, quienes sufrimos la aplicación de la política restrictiva de contención salarial.

Asimismo, cabe destacar que tanto administraciones universitarias como gobiernos anteriores, se han comprometido a implementar programas de recuperación salarial y no se han cumplido, por ello hemos perdido un 70% del poder adquisitivo en nuestros salarios.

Según la versión del Ejecutivo Federal, la economía se viene recuperando y por ende, se argumenta la existencia de un crecimiento económico. Se ha dicho también que los beneficios se empezarán a notar en el ingreso económico real de los trabajadores. Exigimos que esta promesa debe hacerse efectiva.

Por estas razones y como en otros momentos, recurrimos a este órgano Legislativo, para presentar nuestros planteamientos, en virtud que es la Cámara de Diputados a quien le corresponde por ley aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública y por tanto, el presupuesto en el rubro de educación y en particular el de la educación pública superior.

Por último, informamos a este pleno del Poder Legislativo que el día 22 de octubre de 1997, en el recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro, fuimos recibidos por la Comisión de Educación, de quien tuvimos atención e interés a nuestros planteamientos y una amplia coincidencia en la urgente necesidad de incrementar el presupuesto de la educación superior y de buscar elevar los salarios de sus trabajadores académicos y administrativos, así como impulsar un punto de acuerdo en el pleno Legislativo, para que se pronuncie en favor de estas legítimas demandas para fortalecer la educación pública a nivel nacional.

México, D. F., a 23 de octubre de 1997.— Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU) y varias firmas al calce.»

Este asunto lo turnó a las comisiones de Educación, Programación, Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento y debida revisión y asimismo les informo a los señores dirigentes sindicales que hace un momento los partidos representados en esta Cámara, se pronunciaron en favor de aumentar los recursos destinados a la Universidad Nacional.

Tiene la palabra el señor diputado Sergio Valdés Arias, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y voy a suplicarle a los señores diputados respeto, para el diputado orador.

El Estado de México, que en sus últimos 13 años ha tenido seis gobernadores y solamente tres elecciones de gobernador, donde ya la norma es violar la ley la Constitución y defraudar la confianza ciudadana.

¿Cómo se despoja de carreteras, se juega con la confianza ciudadana? ¿Qué se ha hecho con los planes sexenales de Gobierno? ¿Por qué se hacen campañas para elecciones de gobernador con millones de promesas y sólo se juega con la esperanza de los mexiquenses?

En sesión ordinaria de esta LVII Legislatura Federal, de fecha 9 de octubre de 1997, suscrita por diputados de cuatro fracciones parlamentarias y diputados independientes, fue presentada una denuncia relacionada con la ilegal transferencia e injusta privatización de un tramo de la carretera Panamericana, ubicado entre las ciudades de Atlacomulco, Ixtlahuaca y Toluca en el Estado de México, del Gobierno Federal al gobierno estatal en el sexenio anterior.

Esta denuncia fue turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de esta soberanía, para que la citada comisión se allegara todos los elementos de información sobre la transferencia realizada por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien obvió consultar al Senado de la República para desafectar de la

Federación una carretera que ya estaba construida y que además mantiene un compromiso internacional.

En la denuncia se pide también, que con la intervención de esta legislatura se evite el pago de peaje y la instalación de casetas de cobro en esta vialidad.

Catorce días después de haberse presentado esta denuncia y acordado su turno a comisiones, el diputado Daniel Díaz Díaz, del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, convoca hoy a sesión de trabajo, incumpliendo con ello la obligación que le impone el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 87, que a la citada comisión obliga en cinco días a emitir dictamen de los asuntos que se le encomiendan.

Seguramente se informará el día de hoy, que el avance de los trabajos es que ya se está cobrando el peaje.

Desde el día 21, este asunto ha ocupado la atención del pleno Legislativo por su urgencia y porque se busca proteger intereses generales de la nación. El día 21 de octubre de 1997 o sea el día de antier, a la 1:00 de la mañana, aprovechando la noche, utilizando la fuerza pública y el Ejército, el gobierno estatal, coludido con la empresa concesionaria, afectaron el interés nacional y en abierto desafío a la población, iniciaron el cobro de peaje en una carretera que es del pueblo y que no puede entregarse a particulares.

Aquí están tickets de cobro de peaje hecho por propios diputados que suscribieron la denuncia presentada hace 15 días. Por ello pido a la Presidencia de esta legislatura envíe excitativa al presidente de la Comisión de Transportes, para que dé cabal cumplimiento a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 42, párrafo segundo, dice textualmente. Cito: "Las comisiones de la Cámara estarán facultadas para solicitar por conducto de su Presidente, la información y las copias de documentos que obren en poder de las dependencias públicas, así como para celebrar entrevistas con los servidores públicos para ilustrar su juicio".

Quiero leer una nota periodística del domingo pasado, en la ciudad de Toluca, en El Sol de Toluca, que contradice lo que ejecutó el día de antier el propio gobierno estatal, ya decía yo, coludido con la empresa concesionaria "carreteras en concesión sólo si se licitan". Rodolfo Martínez.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Rodolfo Martínez Muñoz, afirmó que la entrega de concesiones en la entidad se hace con apego a la ley, él dice que hay ley de licitación de concesiones y esta concesión se hizo por una comisión de concesionamiento.

Dijo que han recibido instrucciones, fíjense, dijo que han recibido instrucciones del gobernador, para que cualquier concesión que se otorgue para construir o concesionar carreteras sea a través de la licitación pública y en esta concesión no hubo pública.

El ejecutivo estatal también les ha pedido que tengan sumo cuidado en aspectos de tipo financiero, fundamentalmente para que se cumpla con el objetivo de construir carreteras de altas especificaciones. Explicó que el propósito de su construcción es la promoción del desarrollo de una región.

Al referirse a la carretera Toluca-Atlacomulco, Martínez Muñoz informó que todos los elementos jurídicos que tenían, ya se dieron a conocer a los legisladores y para nosotros, para ellos, así lo dijo, la concesión es legal, se otorgó en forma correcta, con base en la ley vigente. ¿Cuál ley vigente?, no hay ley de concesiones de vías intraestatales en el Estado de México; hay comisión unilateral para concesionar vías intraestatales, generada unilateralmente por Pichardo Pagaza.

En este asunto de la carretera Panamericana, Carlos Salinas de Gortari violó la Constitución. Revísese el texto del artículo 76 de la Constitución General de la República en su fracción I y si queda duda léase el artículo 89 en su fracción X, Salinas de Gortari violó la Constitución e Ignacio Pichardo Pagaza no solamente actuó como su cómplice, sino que, además menospreció a la legislatura local, privilegió a particulares amigos suyos, creando una comisión concesionadora de vialidades y no impulsando una ley para licitación de concesiones y en la fecha que nos ocupa, ante la quiebra y excesiva deuda que por mala administración enfrenta el gobierno estatal, tiene que ser de nueva cuenta el pueblo quien pague las consecuencias y hay que cobrarle la utilización de sus propias carreteras.

Dejaré en la Secretaría, para enriquecer el expediente de la Comisión de Comunicaciones, dos hojas con el Escudo del Estado de México, donde con toda claridad y precisión se expresa cuál será el cronograma de actividades, óigase bien, cronograma de actividades para derrotar al pueblo entre gobierno del estado de México, gerencia de los concesionarios, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales priístas.

También entrego un casete que contiene declaraciones hechas por el director jurídico y consultivo del gobierno del Estado de México, que afirma estar de acuerdo en que se viole la Constitución y la soberanía estatal.

Afirma Gerardo Sánchez y Sánchez, que a la legislatura local sólo se le han corrido cortesías porque nada tiene qué ver en este asunto. Afirma que no le interesa reconocer la historia y todos los compromisos nacionales e internacionales del país.

Reconoce que esta vialidad sí pudo haber entrado al Programa de Rescate Carretero, pero deja entrever que no se hizo esta acción porque esta carretera será un buen negocio.

La sociedad ya se moviliza; el próximo sábado las organizaciones sociales habrán de concentrarse en las casetas de cobro a la altura de Atlacomulco para hacer su expresión propia .

El pueblo agraviado ha identificado ya a sus verdugos y tarde o temprano, más temprano que tarde, con el arma de la política, cobrará la factura.

Amigos diputados, creer que esta concesión es legal y legítima, es como creer que el "pindarazo" lo hizo Píndaro.

Antes de continuar con el turno de oradores en este tema, quiero informarle al señor diputado Sergio Valdés Arias, que con toda oportunidad y formalidad el señor presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el señor diputado Manuel Díaz Díaz, así como el diputado secretario de la comisión, Humberto Treviño Landois, han informado a esta Presidencia de la celebración este día de la reunión a la que usted alude para enlistar, entre otros puntos, el de la carretera Toluca-Atlacomulco.

Tiene el uso de la palabra para referirse al mismo tema, a nombre del Partido Revolucionario Institucional, el señor diputado Manuel González Espinoza.

¿Con qué autoridad moral habla de conciencia ciudadana, el diputado Sergio Valdés, cuando con su actuar cometió la peor traición a la confianza del pueblo de su distrito?

Señoras diputadas, señores diputados, voy a suplicar respeto al orador y entre los mismos diputados.

Señor Presidente, quiero solicitarle que le diga usted al orador que el tema no es el que él está mencionando, todavía no termino; que el tema no es el de sus amarguras y problemas de partido, sino asuntos de la Cámara, asuntos del país. Si tiene algún asunto que arreglar en el PRI, que vaya al PRI a arreglarlo, pero no aquí.

Señor diputado Pablo Gómez, antes de que usted interviniera he solicitado, señor diputado, un momento por favor... por favor señores diputados. Antes de que intervengan he solicitado a todos los señores diputados guardar el debido respeto y, al señor orador, abocarse al tema para el que esta enlistado.

Tiene usted el uso de la palabra, señor diputado... Señor diputado, ¿con qué objeto, señor diputado?

Señor Presidente, me parece que no es correcta su llamada al orden del orador. No está estableciendo ningún diálogo y aquí se han discutido cosas más álgidas, asuntos más difíciles. Hoy usted no le puede llamar al orden al orador, porque simplemente está fijando una posición de la fracción parlamentaria del partido.

Llamamos a todos los señores diputados al respeto que nos debemos todos y le pido al señor diputado continúe en el uso de la palabra.

Se ha establecido aquí, que la concesión de la carretera Panamericana se hizo violentando el orden jurídico. Quiero decir que existe una gran inconsistencia, un profundo error y la más absoluta mala fe. El tramo de carretera al que hace referencia el señor diputado Valdés, jamás ha sido ni es la carretera Panamericana. Me explico:

El documento de la Comisión Nacional de Caminos del año de 1931, señala en la página 45: "el camino de México a Suchiate, cuya longitud total se calcula en 1 mil 435 kilómetros, forma con el camino de México a Laredo, la parte del camino panamericano que queda en la República Mexicana". Es claro entonces que la materia a la que se refiere el señor diputado Valdés no existe como tal.

La carretera Panamericana es la que está comprendida de México a Pachuca, Jacala, Tamazunchale, Valles...

Quiero que el señor diputado González Espinoza, me permita hacerle una interpelación.

Solicito a usted, me registre en turno de la tribuna siguiente para contestar alusiones personales.

En la publicación enero-febrero de 1938, de Caminos, publicación bimestral, señala con toda precisión cuál es la carretera Panamericana. Consecuentemente no hay sólo un error sino varios en la concepción del señor diputado que me antecedió, que señaló aquí en esta tribuna.

Haré algunas precisiones de tipo jurídico para ubicarnos en el marco del derecho, que es aplicable a este caso, a este asunto, dejando nuevamente establecido que la carretera de la que hablamos no es la carretera Panamericana.

La convención sobre la carretera Panamericana de Buenos Aires, en 1938 y a la que hizo alusión en su anterior exposición de la pasada sesión de esta legislatura y la ratificación por el Senado mexicano, no establecen prohibición alguna que impida su explotación con el sistema de peaje.

Debe subrayarse que en el ámbito del derecho internacional, los compromisos asumidos por los estados pactantes son los que expresamente fueron materia de la convención; en el caso particular no existe disposición que prohibiera que las carreteras que forman parte de la Panamericana fueran de cuota.

Además, el acuerdo que crea la Comisión Coordinadora de Carreteras Interestatales y Vialidades de Cuota y Servicios o Actividades Conexas Concesionables, fue un acto soberano y legítimo del Poder Ejecutivo; no tendría por qué pasar al Poder Legislativo... fuimos, compañeros diputados.

Esto es, en términos de las atribuciones contenidas en los artículos 88 fracción XII; 89 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 1o., 4o., 7o., 8o., 21 fracción XVIII; 24 fracción XXI; 31, fracción IV y 32 fracciones I, II, IV, V, VI, VIII y XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.

De la misma manera, tanto el artículo 134 de la Constitución Federal, como el 129 de la constitución local, establecen sólo la licitación pública a las adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes, prestación de servicios y contratación de obra. Pero no se refieren al de concesiones; lo que reitera, pues, el hecho de que las leyes reglamentarias de las disposiciones constitucionales no comprenden la materia de la concesión.

A mayor abundamiento: la Ley de Vías Generales de Comunicación, no establece en su procedimiento para otorgar concesiones para la construcción, establecimiento, explotación de vías generales de comunicación, que se deban entregar a particulares a través de licitación pública; señalando en su artículo 14, que los interesados en obtener concesión o permiso para construir vías generales de comunicación, elevarán la solicitud a la Secretaría de Comunicaciones, acompañando los estudios relacionados con las características particulares de cada vía, como son: preferencia a zonas de mayor potencialidad económica que carezcan de medios de transporte y que tengan especial atención al establecimiento de vías de enlace o alimentadoras de troncales etcétera.

Además, quiero señalar que existe un compromiso del cual tiene conocimiento el orador que me antecedió, entre el gobierno del Estado y la empresa concesionaria, que entre otros, se señala que los habitantes de la zona norte del Estado, transitarán por todo el tiempo que dure la concesión, que es de 12 años, en forma gratuita, sobre el cuerpo "B" de la carretera concesionada, mediante el uso de pases que podrán ser calcomanías de identificación, código de barras u otro medio equivalente otorgados para tal efecto.

Además, sin perjuicio de esto, debemos señalar que el Gobierno se ha comprometido a supervisar durante todo el tiempo de la concesión, que las obligaciones de ésta se cumplan cabalmente. Además, garantizar la ejecución de la obra pública en términos de los convenios celebrados por las diversas comunidades, con motivo de la construcción de la autopista y la carretera libre.

También a destinar para obras de mantenimiento de la carretera libre, los recursos que el gobierno obtenga de la concesionaria, como participación de los ingresos por el cobro de peaje. Además, atender los reclamos por afectaciones que pudieran estar pendientes por las comunidades que hacen uso de la autopista de peaje y la carretera libre.

Recordar también aquí que en el seno de la Gran Comisión de la LIII Legislatura local, se aprobaron varios puntos, entre los cuales señalo que considerando que el cuerpo "B" de la carretera que comunica a la capital del Estado con Atlacomulco, siempre había sido una vía de tránsito libre, los diputados de la LIII Legislatura, manifiestan su empeño en proteger los intereses de los habitantes de esta zona y de que mientras subsista el régimen de concesión, a que actualmente está sujeta, se pronuncian porque la autoridad competente expida pases en favor de todos los habitantes del Estado de México que requieran uso frecuente y que les permita el libre flujo por la carretera Atlacomulco-Toluca como medida oportuna y de justicia para atender los reclamos de la población.

Estos pases podrían ser calcomanías de identificación, mediante el código de barras o algún otro medio equivalente, aprovechando la tecnología en uso para todos los habitantes del Estado de México que requieran tránsito frecuente y de manera particular, quienes radican en los municipios de Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Ocotitlán, San Bartolo Morelos, Chapa de Mota, Jilotepec, Zonayiquilpan de Juárez, San Andrés Timilpan, Atlacomulco, El Oro, San Felipe del Progreso, Temascalcingo, Acambay, Aculco, entre otros.

Este documento lo firman, además, señoras y señores diputados, entre otros, el señor representante vocal ante la Gran Comisión del Partido de la Revolución Democrática, el señor diputado José Luis Jaime Correa.

Concluyo, compañeras y compañeros diputados: la concesión otorgada cumple efectiva, objetiva, realmente, con las disposiciones aplicables de las leyes del Estado de México.

Son las 3:08 de la tarde y han transcurrido las cuatro horas reglamentarias a las que alude el artículo 28 del Reglamento Interno del Congreso. En este sentido, y conforme al artículo 27 de la Ley Orgánica, esta Presidencia acuerda prorrogar esta sesión en el lapso correspondiente hasta su conclusión, para poder desahogar todos los asuntos en cartera.

Para abordar el mismo tema tiene la palabra, por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Javier Paz Zarza.

Efectivamente el pasado 21 de octubre el gobernador designado, no electo, nuevamente atropelló a los ciudadanos del Estado de México. Y dice el señor diputado, voy a tratar de ser breve, dice el diputado que me antecedió en el uso de la palabra "que no es la carretera Panamericana".

Lamento informarle que voy a dejar aquí en la Secretaría, en obvio de tiempo, los documentos "que acreditan por parte del gobierno estatal que parte de la carretera sí es correspondiente a la Panamericana". Aquí está el acuerdo del propio gobierno del Estado, donde acredita este aspecto y que dejo aquí en la Secretaría para su estudio y conocimiento, señor diputado, y se pueda hablar con fundamento.

Segundo. La carretera Panamericana, señoras y señores diputados, data, como se había narrado anteriormente, de 1923 y fue proyectada en la V Conferencia Internacional de Estados Americanos. "Su finalidad —decía el documento que le dio razón de ser—, es lograr enlazar las capitales de todos los estados continentales americanos, con una vía que parta desde Alaska, pasando por Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala". Y en este primer documento terminaba en Panamá.

Afirma este documento, que también dejo en la Secretaría para su conocimiento, señor diputado, "que buscaba una vía de acceso libre a los ciudadanos de América latina".

Dice el señor diputado "que hay un apego al derecho y que es una situación que tenemos que respetar íntegramente todos los diputados". Pero lo cierto, señor diputado, es que los términos y condiciones en que se otorgó la concesión fueron tan irregulares, que el propio gobierno del Estado instrumentó, desde julio del presente año, un cronograma de actividades para que paso a paso se dieran las medidas de carácter político y técnico con el fin de coordinar a los presidentes municipales y se aceptaran las condiciones del gobierno es tatal.

Así vemos, en el punto dos, que también voy a dejar aquí en la Secretaría, dice: "coordinar con los presidentes municipales los criterios técnicos y políticos para el otorgamiento de pases y descuentos". ¿A quiénes se cita? Se cita a participar a los presidentes municipales de Almoloya de Juárez, del PRI; de Ixtlahuaca, del PRI; Jocotitlán, del PRI y Atlacomulco, del PRI. ¿A quiénes se omite? Al presidente municipal de El Oro, surgido de las filas de Acción Nacional y al presidente municipal de Jiquipilco, surgido de las filas del PRD.

Es decir, ¡todo ha sido instrumentado por el gobierno estatal para darle un manejo estrictamente político, omitiendo la participación de toda la ciudadanía!

Además, en este cronograma se ponen a disposición de la concesionaria y de Arturo Reyes Gómez, el director o consejero principal de la misma y se afirma en el documento "que conocerá las distribuciones de pases, calcomanías, establecimientos en ventanillas, en los términos y condiciones que los presidentes municipales determinen".

Es decir, ¡todo está desde el punto de vista estrictamente político! Dejo también este documento aquí en la Secretaría, para su conocimiento.

Lo que preocupa en este momento, señoras y señores diputados, además de la evidente irregularidad que ya fue discutida ampliamente en la sesión pasada, es la actitud provocadora del gobierno del Estado. El próximo sábado 10:00 horas está anunciada una manifestación por parte de los ciudadanos de la zona norte del Estado, pero el presidente municipal de Ixtlahuaca, del PRI, también está convocando a una reunión, a la misma hora, en Ixtlahuaca, para respaldar al gobierno del Estado. Si están apegados a derecho, ¿qué respaldo requieren para reunir y promover concentraciones en Ixtlahuaca? ¿Qué provocación está armando el gobierno del Estado en contra de los habitantes de la zona norte del propio Estado?

Queremos nosotros, en Acción Nacional, señoras y señores diputados, que independientemente de quien haya hecho originalmente la denuncia de los hechos, ¡no podemos permanecer impávidos ante la situación que priva en el Estado de México ¡El gobernador designado pretende crear una situación de provocación que advertimos puede ser de condiciones lamentables para la paz social del Estado! ¡No es aceptable ni aceptaremos en Acción Nacional que con el argumento de apego a derecho se instrumente represión contra los ciudadanos!

¡No solamente se agravia a los ciudadanos con un atropello al instalar la carretera, que efectivamente es la Panamericana, que efectivamente fue otorgada en concesiones indebidas e irregulares totalmente, sino que se está instrumentando una provocación para crear violencia en el Estado de México.

En Acción Nacional hacemos un llamado a evitar esto, a que el gobernador designado se apegue a derecho, a que entienda que en el Estado de México queremos y exigimos un apego a derecho, pero con hechos, no con palabras.

Tiene la palabra el señor diputado Sergio Valdés Arias, hasta por cinco minutos. Y luego sigue el señor diputado Héctor Guevara, del Partido Revolucionario Institucional.

Yo quiero recordar al diputado González Espinoza que la carretera de la que él habla y del año del que él habla, 1931, no es el asunto que nos ocupa. Nos ocupa la discusión de los asuntos tratados en la Convención de Buenos Aires en diciembre de 1936, donde el Gobierno de la República, a través de sus plenipotenciarios, asumió un compromiso que después fue ratificado por el Senado de la República y produjo un decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río, para que a partir de 1939 esta carretera se construyera. No desviemos el debate, señor diputado, no nos equivoquemos...

El señor orador ha aceptado la interpelación. Puede usted hacer la pregunta, señor diputado.

¿Lo que usted leyó sobre la concesión, sobre Pichardo Pagaza, sobre Salinas, ya lo conocía con anterioridad? Cuando fue presidente, cuando fue diputado, cuando fue síndico, ¿por qué calló en aquella época?

Y qué bueno que usted hace esta pregunta y qué bueno que se lo recomienda el propio Presidente de la legislatura, el diputado Eduardo Bernal Martínez, quien ahí está a su lado y que baja de categoría a la propia legislatura con ello, porque he de decirle a la Asamblea lo siguiente:

Esta carretera se iba a abrir en 1993, las casetas, pero había campaña de gobernador y hubo contubernio entre el gobernador saliente y candidato a gubernatura, por eso no se abrió esta autopista. Y en 1994 pasó lo mismo. Y en 1997 el diputado Lino Cárdenas y yo fuimos a manifestarnos frente a las casetas de cobro para que no se abrieran. Y el único que está cumpliendo su palabra y su compromiso ante la sociedad, es el diputado que está hablando. Esa es la pequeña diferencia y ésa es mi respuesta, señor diputado.

Continúo con mi participación original y quiero aquí seguir ilustrando al diputado González Espinoza, y para que tenga mayor ilustración, si me lo acepta, ojalá pueda acudir el próximo sábado frente a las casetas en Atlacomulco, de cara a la sociedad, a dar la cara y decir que está usted con la gente, que defiende los intereses de la gente, porque aquí lo que escuché del diputado González Espinosa fue una defensa a ultranza de los intereses particulares, de los pases, de las pequeñas obras "para que te me estés quieto", pero que nos olvidemos del interés nacional. Eso no podemos dejar de hacerlo como representantes de la nación, señor diputado, aquí somos representantes de la nación, no representantes políticos de un ex gobernador, compréndase bien.

Y recordarle a la Asamblea, a la carretera, a la que le han puesto casetas de cobro, es una carretera que se construyó a partir de 1939 y se concluyó en los años cuarentas. A la carretera vieja, a la carretera viejita como decimos en términos coloquiales quienes somos provincianos, es a la que se le están poniendo casetas de cobro y a la que aducen tener como carretera libre es a la que es la nueva y no le ponen las casetas de cobro. Ahora sí que en este país están pasando cosas que no se habían visto nunca.

Y yo me quedo muy preocupado. Antes de terminar esta intervención y voy a dejar todavía segundos de reserva en mi tiempo, me quedo muy preocupado porque hoy es 23 de octubre, hoy se cumplen 43 meses del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta y aquí ha pasado, aquí ha pasado el presidente del Comité Técnico de Seguimiento de las Investigaciones para los casos Colosio y Ruiz Massieu a defender a Carlos Salinas de Gortari.

Tiene, señor ingeniero... ¿Con qué objeto, señor diputado? Tiene la palabra para rectificación de hechos el señor diputado Daniel Díaz, Díaz del PRI.

En los documentos que el diputado Valdés dejó en la Secretaría en ocasión de la pasada alusión a este tema hace 10 ó 15 días, en esos documentos, que son copias fotostáticas del convenio firmado por los ministros plenipotenciarios de los países de América en relación con la carretera Panamericana, documentos fechados en 1937 y 1938, se establece claramente que el tramo mexicano de la carretera Panamericana, así se dice, está concluido desde 40 millas al sur de la Ciudad de México hasta la frontera con los Estados Unidos.

El tramo que estaba construido en esos momentos, 1939, entre la Ciudad de México y la frontera con Estados Unidos, era el tramo México-Pachuca-Tamazunchale-Victoria-Monterrey-Nuevo Laredo. Eso quiere decir que en esos documentos que son los documentos oficiales que presentó el señor...

Señor diputado Díaz, disculpe que lo interrumpa, el señor diputado Valdés está levantando la mano. ¿Con qué objeto? El ingeniero Díaz no acepta la interpelación, señor diputado, puede usted continuar, señor diputado.

Decía que en esos documentos se habla de que ya sólo falta, faltaba en 1938 para la conclusión de la carretera Panamericana en el territorio mexicano, de ese punto al sur de la Ciudad de México hacia el Suchiate, hay que decir que en los documentos se habla de la frontera de México con Estados Unidos sin precisar el punto y tampoco se precisa el punto en la frontera sur, se habla en términos muy generales; sin embargo, la carretera que estaba construida y que lógicamente es la carretera que de una manera natural lleva hacia la capital de Estados Unidos, es la carretera de México a Nuevo Laredo.

Hay una confusión respecto a la carretera Panamericana, porque en los años 1949, 1950, 1951, el gobierno del presidente Alemán promovió junto con empresarios y miembros de la sociedad, la "carrera Panamericana" en un esfuerzo de promoción del país, de promoción del esfuerzo carretero que se estaba haciendo, de atracción de inversiones en el área de la industria automotriz y conexas, y entonces se corrió la carretera Panamericana inicialmente de Tuxtla Gutiérrez a México y a Ciudad Juárez.

¿Por qué por Ciudad Juárez y no por Nuevo Laredo? Porque la carretera de México a Ciudad Juárez por León, Aguascalientes, Zacatecas, Durango en aquel tiempo, Chihuahua, Ciudad Juárez, pues era una de las obras que esa administración había promovido y realizado. Era una obra... era una carretera para darle difusión a ese esfuerzo carretero.

Y de ahí, quedó un poco la confusión de cuál es la carretera Panamericana, ya que la carretera Panamericana se corrió efectivamente por Toluca, Atlacomulco, Palmillas etcétera.

Pero, el convenio al que se refiere el diputado Valdés, signado en él, signado... autorizado por el Senado, claramente establece eso, que la carretera ya estaba prácticamente construida y ni soñar en 1938 que la carretera de México a Ciudad Juárez ya estuviera construida, que estaba en un atrasado proceso todavía para su conclusión.

Por otra parte, se habla en ese convenio simplemente de una carretera transitable en todo tiempo y hasta cuando se usa el concepto de una carretera de libre tránsito, significa que no debería haber barreras en las fronteras, barreras para pasar de un país a otro país por esa carretera, pero se recomienda, como ya se ha mencionado aquí, que una manera de financiar esa carretera sea mediante la aplicación de cuotas de peaje para efectos de construirla de manera más rápida.

Tiene, para rectificación de hechos, el uso de la palabra, el señor diputado Héctor Guevara... Permítame, señor diputado, me había solicitado antes la palabra el señor diputado Héctor Guevara y luego la tomará usted, señor diputado.

Hago uso de la tribuna, para rectificar hechos aquí señalados por el diputado Valdés.

La carretera Panamericana a la que se refiere la Convención de Buenos Aires de 1936 y la ratificación del Senado de 1938, es la carretera México-Pachuca-Jacala-Tamazunchale-Victoria-Monterrey-Nuevo Laredo. Así lo establecen diversos documentos, entre ellos la publicación "Caminos", en el volumen número 1 de enero y febrero de 1938.

El diputado Valdés no sólo se encuentra confundido ideológicamente, sino que su pretendida denuncia se encuentra confundida de origen. La carretera Panamericana nunca pasó por Atlacomulco-Toluca, se le conoce así porque en los años cincuenta se presentó una carretera Panamericana, que por cierto también pasaba por el Estado de Guanajuato y en Silao, en la calle Honda, se mató un corredor, Felice Bonetto.

Es un problema de semántica, señor diputado Valdés, no es lo mismo carrera Panamericana que carretera Panamericana.

Pero ha quedado claro en este debate la legitimidad racional como legal de la transferencia de un tramo de la carretera en comento. Dicha transferencia no limita al cobro, no prohíbe la concesión. El acuerdo que crea la Comisión Coordinadora de Carreteras, es un acto soberano y legítimo del Ejecutivo estatal.

Este tema ha sido ya profusamente tratado en los diferentes foros del Estado de México, la Gran Comisión de la LIII Legislatura del Estado, con la participación de todos los partidos políticos el día de este mes, propusieron al Ejecutivo diversas alternativas de solución, mismo que fue firmada por los representantes del Partido Acción Nacional y del PRD.

Los priístas hemos ya fijado nuestra posición, de apoyar sin ambages demandas de la población de la zona norte del Estado, presidentes municipales, diputados locales y federales hemos hecho causa común en este problema en el que exigimos que los vecinos de la zona norte usen la carretera, sin pago alguno, por el tiempo que dure la concesión, que este beneficio se dé a todo tipo de transporte de los habitantes de la zona. Pedimos que la concesionaria se obligue a dar mantenimiento oportuno y permanente...

En suma, nos hemos preocupado por garantizar a los habitantes de la zona norte, el tránsito libre y gratuito del cuerpo "B", generando beneficios como ahorro de tiempo, seguridad y contribuyendo al desarrollo de la región.

Hemos recibido respuesta positiva a nuestras gestiones, en ello destaca la actitud del gobierno del Estado, de no afectar los intereses de los habitantes de la zona.

Señores legisladores, la pretendida denuncia que ha surgido, no surge en modo alguno del sector amplio de la población de la zona norte del Estado, sino de quien trató de engañar al electorado del IX distrito, aquel que en una campaña priísta se vistió con el manto de la democracia y de la ideología del nacionalismo revolucionario. Ese pueblo, eminentemente priísta, votó por el PRI y lo eligió diputado. Ese señor que ahora trata de ensuciar su propio nido y manchar las alas con las que aprendió a volar.

Ese diputado no puede legítimamente abanderar las causas populares, porque ha enseñado su verdadero rostro, aquí señaló él que el pueblo agraviado ha identificado a sus verdugos. Ya lo ha identificado a él, ya le conoce el verdadero rostro, el de la deslealtad, el de la traición, el de la falta de convicciones y el de la carencia de ética política. Ese diputado no puede representar las causas populares de su distrito ni del Estado de México, lo único que podrá representar en Ixtlahuaca, Almoloya, Isidro Fabela, Jiquipilco y Temoaya, en el Estado de México y en el país en general, es el más diáfano ejemplo de travestismo político.

Su nombre, señor diputado... José Luis Gutiérrez. Si le parece a usted primero intervendrá... Primero el señor diputado José Luis Gutiérrez, para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.

Tal parece que los señores diputados federales del Estado de México del Revolucionario Institucional, siguen sin entender que el problema central radica en aclarar con toda precisión esa confusión que ellos mismos tienen y que el mismo diputado Díaz ha aceptado.

Tan clara, tan precisa es la forma en la que ustedes han demostrado aquí la inexistencia de certeza jurídica en la concesión que el gobernador del Estado ha dado para la realización de este proyecto, que mismos diputados de su partido han reconocido esa confusión.

Dicha falta de certeza tiene que ver también con las concesiones graciosas que ahora pretenden realizar con los habitantes de la zona norte. La concesión que se pretende otorgar a los ciudadanos del paso gratuito por la vía señalada, reconoce en esencia que se está cometiendo una irregularidad, una arbitrariedad en contra de los ciudadanos mexicanos que transitamos por esa zona.

Suplico respeto al orador. Suplico a todos elevar, hacer un esfuerzo por elevar el nivel de debate en esta Cámara de Diputados. Respeto, por favor, al orador.

No es cierto que nuestro partido ni nuestros legisladores locales reconozcan que esta concesión de este tramo carretero sea legal, sea cierto. El Partido de la Revolución Democrática y sus legisladores, insistimos en la necesidad que trajo el tema a debate en esta plenaria.

Es fundamental que la comisión a la que se asignó la deliberación sobre este tema expuesto en sesión anterior por el diputado Sergio Valdés, es fundamental que actúe y que intervenga, que conozca y se haga llegar de la información suficiente y necesaria que permita que el mismo Presidente y todos los diputados aclaremos la situación real de la concesión que se otorgó en ese tramo carretero.

Resulta, insisto, fundamental entender, compañeros diputados, que de lo que aquí se trata no es de expresar agravios que de alguna manera las acciones políticas de diversos compañeros han generado en militantes de algún partido; se trata, y lo queremos dejar claro, de que la ciudadanía tenga constancia y certeza de que sus demandas, de que sus peticiones son atendidas por este máximo órgano. Insisto, la comisión a la que se le asignó el estudio de este tema, debe entrar a deliberar sobre él. Se nos ha anunciado que será este día y debemos, insisto, exigir que en la medida de lo posible las cosas permanezcan como se encontraban hasta antes de que en esa maniobra nocturna del Ejecutivo estatal se instalaran las casetas que ahora están ahí funcionando.

No será con migajas como el tránsito libre que se otorga a la ciudadanía del norte del Estado como se resolverá este problema. Quizá, esa sea la costumbre que pretende imponer el gobernador sustituto del Estado de México, pero debe entender también él y sus defensores aquí, que esa actitud precisamente es la que ha provocado que hoy sean franca minoría en el Estado de México.

Tiene el uso de la palabra, para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos, el señor diputado Sergio Valdés Arias.

Ha quedado aquí bien claro que lo que estamos pidiendo es que la Comisión de Comunicaciones y Transportes trabaje, porque tiene esa obligación delegada por el pleno Legislativo, que se allegue la información necesaria para que emita un juicio, como el artículo 42 de la ley de este parlamento establece, que cumpla lo que dice también el Reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Esa es la gran discusión, ésa es la pequeña petición que hacemos.

No tenemos por qué rebajar el debate, diputado Guevara, porque ahora le digo una cosa, no es lo mismo ser del PRI que estar fuera del PRI.

El propio diputado Daniel Díaz Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, aquí afirmó que en 1942 la carretera de la que hemos aquí discutido practicamente ya estaba construida. Esa es la esencia de la discusión. Esa carretera ya se había construido y en 1993 Ignacio Pichardo Pagaza, la concesiona a particulares vía la integración de una comisión de concesionamiento de vías interestatales, de algo que el pueblo ya había construido y ya tenía. Lo que estamos aquí testimoniando es que unos defendemos que al pueblo no se le atraque y otros defienden que al pueblo se le atraque. Esa es la pequeña diferencia.

Comentaba Guevara, que en su calidad de diputados han realizado gestiones ante los concesionarios de ésta, que ellos aducen nueva autopista, para obtener pases para los habitantes del norte del Estado de México.

Fíjense qué grave afirmación, y de ahí la pequeña diferencia, y haré algún comentario final después sobre el texto del periódico Reforma el día de hoy, de ahí la pequeña diferencia entre los que van y gestionan ante particulares beneficios, de abusos de ejercicio de autoridad y diputados que defienden al pueblo.

Aquí, con sus expresiones, él ha marcado la pequeña diferencia que existe entre los de allá atrás y los de acá adelante. Amigas y amigos, unos somos diputados y otros son empleados.

Tiene el uso de la palabra, para rectificación de hechos, y hasta por cinco minutos, el señor diputado Lino Cárdenas Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional.

Llama la atención que cada vez que el diputado Valdés pasa a la tribuna miente. No solamente está confundido también.

Miren lo que dice: se juega con la confianza de la ciudadanía y él recibió casi 50 mil votos de los militantes de nuestro partido.

El diputado miente también cuando afirma que se le cobra al pueblo y presentó aquí los tickets solamente de aquellos que no viven en el Estado de México, porque los priístas...

Señor diputado, disculpe la interrupción que le voy a hacer. El señor diputado Valdés está pidiendo...

Los priístas en este problema, como ciertamente él lo mencionó, y ahí están los diarios que consignan, que el 19 de abril ambos nos manifestamos en la caseta, a la altura de Toluca, con objeto de abanderar una demanda de la ciudadanía del norte del Estado de México, en el sentido de que no se permitiera el pago del peaje a quienes habitan esta región y esto lo hemos conseguido.

Los habitantes de la región del norte del Estado, no pagan por transitar por el cuerpo "B" de la autopista y se ha ampliado aún más está gestión, porque también aquellos que laboran en esta zona tienen ya la calcomanía para pasar por este cuerpo sin que se les cobre.

Señor diputado, disculpe la interrupción. Las interpelaciones también se tienen que dar con autorización de la Presidencia; el señor ha dicho que no quiere interpelaciones. Concluya, señor diputado.

Decía que los priístas no hemos renunciado a nuestro derecho y obligación para obtener para todos los medios los instrumentos, los servicios que favorezcan el desarrollo con equidad.

Por ello estamos trabajando, a efecto de que la concesión del cuerpo "B" de la carretera Atlacomulco-Toluca, no afecte a los habitantes de la zona.

Somos conscientes de la existencia de leyes, acuerdos, convenios, facultades que conforman nuestro estado de derecho y con base en el cual se basó el procedimiento para el otorgamiento de la concesión, como ya lo ha señalado aquí el diputado Manuel González Espinoza.

Nos queda claro que si la ley es incompleta o imprecisa, tenemos la gran oportunidad de modificarla para hacerla más eficaz, y no callar como lo hizo el diputado Valdés y mañana reprobar extrañamente un hecho que con su actitud avaló.

Hay constancia de que los priístas hemos luchado para que la población del norte del Estado de México no resulte afectada por esta concesión.

Hemos insistido en que se busquen los mecanismos y las alternativas para que la carretera no esté concesionada y se mantenga el buen estado en beneficio de todos, pero también estamos respetando los acuerdos que en esta materia se dieron.

Queremos hacer del conocimiento de esta soberanía que existe una carretera alterna que no se construyó para este propósito de suplir a la autopista concesionada. Esta ya existía. Por el municipio del que soy oriundo, ya había el trazo de esta carretera, que hoy se ha pavimentado y beneficia a un importante número de comunidades y que adicionalmente a esta obra se han hecho otras colaterales para garantizar la seguridad de quienes por ahí transitan.

Se ha hecho obra social y se han llegado a acuerdos con las comunidades, así como con los presidentes municipales.

Compañeras y compañeros diputados: el asunto ya también se ha discutido en la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso local. Ya el diputado Manuel González Espinoza ha referido las recomendaciones que la Gran Comisión ha hecho y este documento lo han firmado representantes de las diferentes fracciones parlamentarias.

Yo pido que permitamos que a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, le demos la oportunidad de que trabaje y que nos dé a conocer los resultados de su investigación.

Señores diputados, hemos privilegiado el debate de este asunto, he informado debidamente que la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que preside el diputado Daniel Díaz Díaz, ha convocado para sesión el día de hoy. Que en el orden del día de esa comisión estará tratar este asunto.

Pido a la Secretaría dé lectura al artículo 115 del Reglamento, a efecto de orientar el criterio para someter a consideración de la Asamblea si está suficientemente discutido o no el tema.

"Artículo 115. Cuando hubieren hablado todos los individuos que pueden hacer uso de la palabra, el Presidente mandará preguntar si el asunto está o no suficientemente discutido. En el primer caso, se procederá inmediatamente a la votación; en el segundo, continuará la discusión; pero bastará que hable uno en pro y otro en contra, para que se pueda repetir la pregunta."

Le solicito a usted mismo consulte a esta Asamblea conforme a ese mismo artículo, si está suficientemente discutido o no el tema.

En votación económica se pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutido este tema.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, poniéndose de pie... Suficientemente discutido, señor Presidente.

En ese sentido instruyo a la Secretaría para que los diferentes documentos que los diferentes oradores le entregaron, los turne en el momento a la presidencia de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para el debido conocimiento en la sesión que tendrá el día de hoy.

«Dirijo este escrito al diputado Eduardo Guadalupe Bernal Martínez, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Presente.

Con todo respeto me dirijo a usted para notificar por su amable conducto a la Cámara de Diputados, mi decisión de salirme del grupo parlamentario de Acción Nacional, al que pertenezco desde su constitución formal, al inicio de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión.

Asimismo, amparado en el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le pido a usted respetuosamente, que en uso de sus facultades y de conformidad con lo dispuesto por el Título Segundo, Capítulo III de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva dar trámite a mi solicitud para que se me considere como diputado sin partido.

Ruégole tome a bien hacer la declaratoria correspondiente, como también deseo se me permita desempeñar mis funciones de representación popular, ya que hasta el momento no he sido asignado a ninguna comisión. Yo pedí pertenecer a las comisiones de Agricultura, Ganadería y Asuntos Hidráulicos y no estoy en ninguna.

Solicito se me integre a alguna de estas comisiones. Como también solicito se me asigne un cubículo para desempeñar mis actividades parlamentarias.

El propósito de separarme del grupo parlamentario de Acción Nacional, es el de no perjudicar la ética política de este partido.

Señor Presidente, en virtud de que he informado debidamente a la Cámara de Diputados a través de su conducto, mi decisión y de trabajar en la misma y por lo que resta de la LVII Legislatura, le solicito a usted me asigne la curul que me corresponde, en el salón de sesiones.

Por la dignidad del Congreso, la independencia plena del Poder Legislativo y la transformación democrática de México, ratifico mi compromiso con mis repre

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a 22 de octubre de 1997.— Diputado José Adán Deniz Macías.»

Señor diputado, esta Presidencia se da por enterado de su desincorporación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y los trámites administrativos que requiere y que solicita, turno su asunto a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para que le resuelva en el tiempo que ellos dispongan.

Para tratar problemas diversos de la compañía Cintra, S. A. de C. V., tiene el uso de la palabra, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Luis Fernando González Corona.

Señor diputado, se hizo del conocimiento de la Asamblea al inicio de la sesión, cuando el Secretario leyó el orden del día; está asentado en el Diario de los Debates, está grabado, señor diputado. Vamos a continuar con la sesión.

En las comisiones de Turismo y de Comercio, hemos recibido llamados de preocupación por parte de diferentes prestadores de servicios turísticos, sobre una inminente emisión accionaria de la compañía Cintra, S.A. de C.V, controladora de las empresas Corporación Mexicana de Aviación, Mexicana y de Aerovías de México, Aeroméxico, así como de sus subsidiarias.

Hemos verificado que efectivamente la compañía Cintra, S.A. de C.V., ha solicitado a la Comisión Federal de Competencia, emita resolución favorable a dicha colocación de acciones, la cual deberá resolverse a más tardar en la última semana del próximo mes de noviembre.

De llevarse a cabo lo antes expuesto, se concretaría la fusión definitiva de ambas empresas aéreas, lo que constituiría la formación de un ente monopólico, contraviniendo el espíritu que llevó al Constituyente a formular el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y posteriormente, al legislador, a ratificar ese precepto constitucional en los artículos: 2o., 9o., 10, 11, 13 y 16 de la Ley Federal de Competencia Económica.

Así también, de concretarse lo anterior, significaría un duro golpe a la actividad turística nacional, pues esto propiciaría que más del 70% de la aviación comercial del país, se concentrará en una sola compañía, con la consecuente fijación unilateral de tarifas, rutas y paquetes en detrimento del usuario, de los prestadores de servicios turísticos y particularmente, del crecimiento del empleo en la industria turística.

Al respecto y profundizando sobre el caso, hemos encontrado que el Gobierno Federal y sus entidades involucradas en la reestructuración de pasivos, mantienen el control mayoritario de Cintra, S.A. de C.V., toda vez que poseen alrededor del 55% de las acciones.

Como consecuencia de lo anterior, se manifiesta una duplicidad de funciones, en donde la autoridad encargada de la regulación de la transportación aérea, forma parte al mismo tiempo, del consejo de administración de la ya mencionada empresa Cintra, S.A. de C.V., así pues constituyéndose en juez y parte.

Por lo tanto y con base en el artículo ya mencionado, el artículo 28 de la Carta Magna, en el artículo 17 y su ley reglamentaria que estipulan que la Comisión Federal de Competencia está facultada para investigar concentraciones monopólicas; en el artículo 18 y en el artículo 23 que la faculta para impugnar o sancionar concentraciones, prevenir, investigar y combatir los monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones, en el artículo 35 que establece la suspensión, corrección o supresión de la práctica concentradora, así como las sanciones y la desconcentración parcial o total y con fundamento en la facultad que la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento Interior que esta ley nos confiere, pongo a consideración de esta Asamblea representativa de la nación, el siguiente

Primero. En virtud de que existe la posibilidad fundamentada e inminente de que se violente el artículo 28 constitucional y su ley reglamentaria, pedimos a la Presidencia que solicite respetuosamente al presidente de la Comisión Federal de Competencia, informe exhaustivamente sobre este asunto. Dicho informe solicitamos a su vez se turne a las comisiones de Turismo y de Comercio de esta Cámara, para que den transparencia a la resolución que la citada comisión debe emitir, a fin de salvaguardar a los usuarios, a los prestadores de servicios turísticos, así como a los otros actores de esta actividad de posibles prácticas monopólicas. De tal manera que existan reglas claras, respecto a los futuros actos de negocio de la empresa concentradora Cintra, S.A. de C.V.

Segundo. Asimismo pedimos a la Presidencia de esta Cámara, que solicite respetuosamente a esa Comisión Federal de Competencia que, en uso de las atribuciones, facultades y obligaciones que por mandato de ley le corresponden, dictamine y resuelva sobre la irregularidad de que autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encargadas de supervisar este tipo de servicios, pertenezcan también al consejo de administración de Cintra, S.A. de C.V., siendo así pues juez y parte, lo cual nos parece contrario a derecho.

Tercero. En base al artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a la Presidencia turne esta propuesta a las comisiones de Comercio y de Turismo, para que estas comisiones puedan recabar la información correspondiente y previa discusión en su seno informen a este pleno.

Dejo el original de este documento en la Secretaría, con las firmas de los diputados integrantes de las comisiones de Turismo y de Comercio y rubrican los diputados: Juan García de Alba, Juan José Rodríguez Prats, Gloria Ocampo Aranda, Elba Capuchino Herrera, Felipe de Jesús Preciado Coronado, Humberto Treviño Landois, Salvio Herrera Lozano, Francisco José Paoli y Bolio, más 59 firmas de los mismos diputados de todos los partidos políticos.»

Antes de darle el trámite que usted ha solicitado, agotaremos la lista de oradores. Por parte del Partido Revolucionario Institucional tiene el uso de la palabra, para el mismo tema, el diputado Fortunato Guzmán Rivera.

Señores diputados, no estén entablando diálogos así en medio de la sesión. Por favor, señores diputados, les suplico a los dos diputados, por favor. Están sobre la Asamblea, por favor.

La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, considera procedente este punto de acuerdo y no sólo eso, sino que nos permitimos solicitar muy respetuosamente que se invite a comparecer en comisiones unidas de Turismo y de Comercio, a Fernando Sánchez Ugarte, presidente de la Comisión Federal de Competencia.

Consideramos que en nuestro régimen de derecho está prohibida toda práctica monopólica, que inhibe las potencialidades de las personas como de las empresas.

Ante esta situación concreta se debe equilibrar el derecho de toda empresa a operar con números negros, depurar su situación financiera, pero al mismo tiempo evitar que sus operaciones afecten a terceros.

Es digno de reconocimiento que las aerolíneas nacionales, Mexicana de Aviación y Aeroméxico, hayan ido superando sus problemas financieros. Lo mismo debemos de ir cuidando de otras que en diversas ramas de la economía han resentido problemas de liquidez y de endeudamiento.

Vamos a equilibrar la libre competencia con el apoyo a empresas de menor tamaño. El Estado mexicano, debe regular este tipo de actividades acorde con el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es necesario que las actividades que realice en el futuro la compañía Cintra, S.A. de C.V., cuenten con una reglamentación clara y transparente para que los actuales accionistas y los que pudieran adquirir derechos estén protegidos por las leyes mexicanas y no expuestos a problemas en el futuro.

Requerimos que la actividad turística que es una de las tres principales fuentes de divisas para el país, tenga las seguridades de inversión como de competencia tanto de líneas aéreas, como de las empresas hoteleras, para que sin detrimento de sus derechos puedan participar en esa industria y se generen mayores fuentes de empleos para todos los mexicanos.

Es importante seguir impulsando destinos turísticos, tanto de playa, como coloniales y con vocación ecológica. Al impulsarlos lograremos mejorar la economía regional o local. Para ello, deberemos apoyar a todas las líneas aéreas de carácter nacional o regional, que permitan transportar a los turistas y pasajeros en general.

Para algunas líneas aéreas, posiblemente no resulten atractivas algunas regiones del país, por lo que en esos casos se deberá abrir el mercado, para que participen otros inversionistas que quieran también sumarse en el fomento a las actividades económicas.

Por lo anterior, nos sumamos al proyecto de punto de acuerdo presentado y hacemos votos porque obtengamos los mejores resultados en beneficio de todos los mexicanos.

Túrnese a las comisiones de Turismo y de Comercio esta propuesta, para su debida revisión.

Señores diputados, conforme a la cuarta consideración del artículo 109 del Reglamento Interno, voy a suspender la sesión por notoria falta de quorum y entonces, convocaremos a la siguiente y pido a la Secretaría que dé lectura de la próxima orden del día.

Entre ellos, suplico a la Secretaría enliste, dentro del orden del día de la siguiente sesión, el informe de la Comisión de Salud, sobre la situación que guarda el Estado de Guerrero, para que sea abordado en la siguiente sesión.

Comunicación de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

De la ciudadana Lucila Elvia Horta Ruiz, solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios de intérprete traductora en la Embajada de Malasia en México.

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 28 de octubre a las 10:00 horas.

* Oradores en tribuna: 36
PRI-17; PRD-11; PAN-5; PT-1; PVEM-1; Diputados Independientes-1.

* 2 invitaciones del Departamento del Distrito Federal, a actos cívicos conmemorativos;

*Comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, respecto a documentos envíados a la misma y que remite a la mesa directiva, para los efectos pertinentes:

* Iniciativa del PT, para inscribir en letras de oro en el salón de sesiones, las denominaciones: "Defensores de la Patria 1846-1848" y "Batallón de San Patricio". Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

*Informe del gobernador del Banco de México, sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de 1997, se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Programación, Presupeusto y Cuenta Pública.

* 1 iniciativa del PT, para reformar al artículo 115 constitucional, respecto al pago del impuesto predial de toda propiedad de la administración pública. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Fortalecimiento Municipal;

* 13 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que solicitan los permisos constitucionales necesarios para que igual número de ciudadanos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República Federal de Alemania y el Reino de Bélgica. Se turnan a la Comsioón de Gobernación y Puntos Constitucionales.

* 1 propuesta del PVEM, sobre la reglamentación del uso del tabaco dentro del salón de sesiones.