Diario de Debates No. 22, 28 de octubre de 1997, Primer periodo ordinario del Primer Año de ejercicio, LVII Legislatura

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio

DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora

PRESIDENTE

Diputado Eduardo Guadalupe Bernal Martínez..

DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES
Norberto Reyes Ayala

Presidencia del diputado
Eduardo Guadalupe Bernal Martínez

ASISTENCIA

El Presidente :

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario para dar inicio a esta sesión.

La secretaria Sandra Lucía Segura Rangel:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 415 diputados; por lo tanto hay quorum, señor Presidente.

Protesta del ciudadano Humberto Murrieta Necoechea, como Oficial Mayor de la Cámara de Diputados.

Comunicación de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

De reformas al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel A. Quiroz Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Natividad de la Luz Oñate Muñoz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo.

Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Rogelio Cortés Cruz, para aceptar y usar la Medalla por el Espíritu de Sacrificio y Valentía, que le confiere el gobierno de la República de Polonia.

Proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Guadalupe Vázquez Gómez, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María de los Angeles Lomelí Vargas, para prestar servicios como auxiliar contable en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Carmen Cecilia Mendoza Romero, para prestar servicios como asistente comercial en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Sobre iniciativa que reforma el artículo 78-A, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Propuesta de la Comisión de Equidad y Género, sobre asuntos relativos a la salud.

Propuesta sobre el Infonavit, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Pronunciamiento del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre salarios mínimos.

Informe del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre problemas de los Cuatrocientos Pueblos en Veracruz.»

Señores diputados, el siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.

Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que le fue entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios, para su observaciones, y se proceda a su votación.

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas del jueves veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete, con una asistencia de cuatrocientos sesenta diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y, en razón de que el acta de la sesión anterior fue entregada a todos los grupos parlamentarios con anticipación, la Asamblea le dispensa la lectura y la aprueba en sus términos en votación económica.

Se da cuenta con la solicitud de licencia del diputado Mariano Palacios Alcocer y la Asamblea aprueba los puntos de acuerdo respectivos.

El Presidente pide a los diputados y a los medios de comunicación, que guarden orden y respeto para continuar con los asuntos de esta sesión y al diputado que ofrece una conferencia de prensa en el salón, que lo haga en los pasillos o en las salas de desahogo.

Desde su curul, el diputado Angel Aceves Saucedo solicita que tal determinación sea generalizada y que no se personifique.

También desde su curul, el diputado Germán Contreras Velázquez solicita que se le informe cuántas faltas ha tenido el diputado Palacios Alcocer, para ponderar su voto y el Presidente aclara que no es ése el punto a discusión, sino la aprobación o no de la licencia.

El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Jorge Doroteo Zapata García, electo como suplente en la segunda circunscripción plurinominal y designa una comisión para acompañarlo en el acto de rendir su protesta de ley.

Terminado el acto protocolario, el diputado Zapata García entra en funciones de inmediato.

Dos invitaciones del Departamento del Distrito Federal, a los actos cívicos conmemorativos:

Del centésimo vigésimo cuarto aniversario del natalicio de don Francisco I. Madero González.

Una comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con la que informa las razones por las que remite a la mesa directiva los documentos que se le turnaron el dieciocho y el veinticuatro de septiembre del presente año y que son competencia de la misma.

El Presidente turna la iniciativa que se refiere a inscripción en letras de oro de la denominación genérica Defensores de la Patria mil ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y ocho, Batallón de San Patricio, a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y el informe del ejercicio de la política monetaria, correspondiente al primer semestre de mil novecientos noventa y siete, enviado por el Banco de México, a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Se concede el uso de la palabra a la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo, quien presenta iniciativa de reformas al artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Fortalecimiento Municipal.

El Presidente agradece la presencia de trabajadores de la industria embotelladora y cervecera, invitados por el diputado Neira Chávez, y de alumnos del Centro Universitario México, de la Escuela Asociación Femenil a favor del Niño, del Colegio Británico de la Normal y de la Universidad de Tecamac.

Se da cuenta con diez oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que un número igual de ciudadanos mexicanos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República Federal de Alemania. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Tres oficios más de la misma Secretaría, con los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que tres ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de Bélgica. Se turnan a la misma comisión que los anteriores.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Gloria Lavara Mejía, del Partido Verde Ecologista de México, quien presenta una proposición respecto al uso del tabaco en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.

Por instrucciones del Presidente, se da lectura a los artículos cincuenta y ocho y cincuenta y nueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

A favor de la proposición, hace uso de la palabra el diputado Miguel Angel Navarro Quintero, del Partido Revolucionario Institucional y, para rectificar hechos, el diputado Omar Bazán Flores, del mismo partido, quien es interrumpido por el Presidente, para pedirle que se ciña a la rectificación de hechos.

Desde su curul, el diputado Rubén Alfonso Fernández Aceves solicita que se lea el artículo ciento tres reglamentario y la Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo de la proposición de la diputada Lavara Mejía.

Solicita el uso de la palabra, para rectificar hechos, la diputada América Soto López, del Partido Revolucionario Institucional, a quien el Presidente le explica que no se debe solicitar el uso de la palabra en ese sentido, para apoyar la propuesta y, ante la insistencia de la diputada, le concede el uso de la palabra y la oradora reitera información ya proporcionada por la diputada Lavara Mejía, lo que le hace saber el Presidente.

Desde su curul, el diputado Leonardo García Camarena propone que se ponga a consideración de la Asamblea el punto a debate.

Las propuestas del diputado Navarro Quintero, enriquecidas por la diputada Soto López, se turnan a la Comisión de Salud para su análisis y resolución.

Se aprueba la proposición de la diputada Lavara Mejía y ordena que surta sus efectos a partir de la próxima sesión.

Para presentar una proposición de aumento del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, hace uso de la palabra el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática.

Expresan sus opiniones respecto del mismo tema, los diputados Francisco José Paoli y Bolio, del Partido Acción Nacional, y Jaime Hugo Talancón Escobedo, del Partido Revolucionario Institucional.

Para rectificar hechos sube a la tribuna el diputado Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente saluda la presencia en el recinto de la Cámara de Diputados, de los estudiantes de la Escuela Comercial Cámara de Comercio, de la Universidad Latina y del Instituto Tecnológico Latinoamericano.

Solicita y se concede el uso de la palabra: al diputado Gilberto Parra Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, quien en su primera intervención denuncia lo que calificó como violación a los derechos humanos en el Estado de Nayarit y solicita que se turne a la Comisión de Derechos Humanos; en la segunda y tercera responde a alusiones personales, y posteriormente a los diputados: Jorge López Vergara, del Partido Acción Nacional, quien solicita la designación de una comisión plural que investigue los hechos que se denuncian, y a Miguel Angel Navarro Quintero, del Partido Revolucionario Institucional, quienes expresan sus opiniones al respecto.

Para rectificar hechos hacen uso de la palabra los diputados: Marco Antonio Fernández Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional y Jaime Miguel Moreno Garavilla, del mismo partido.

Se refieren a la problemática de la alta importación de fructosa a nuestro país, los diputados: Mariano Sánchez Farías, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace diversas solicitudes; Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, y Rafael Spinoso Foglia, del Partido Revolucionario Institucional.

Para rectificar hechos suben a la tribuna los diputados: Marcos Augusto Bucio Mújica, José Luis Enríquez González y Jorge Canedo Vargas, en dos ocasiones, la segunda para contestar alusiones personales, todos del Partido Revolucionario Institucional, y Antonio Soto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática.

Desde su curul, el diputado Bueno Torio interrumpe la segunda intervención del diputado Canedo Vargas y solicita una moción de orden que el Presidente la hace suya y turna las proposiciones a las comisiones de Comercio y Agricultura.

Desde su curul, el diputado Bueno Torio solicita que se turne también a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, lo que así hace el Presidente.

Después de diversas mociones de los diputados José Luis Enríquez, Mariano Sánchez Farías y Abraham González Negrete, el Presidente rectifica el turno y lo hace a las de Comercio, Agricultura, Hacienda y Crédito Público, Patrimonio y Fomento Industrial y de Trabajo y Previsión Social.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a un documento de trabajadores universitarios integrantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios de la República Mexicana, en el que solicitan la ampliación del presupuesto de las universidades públicas.

Se turna a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación.

Sube a la tribuna el diputado Sergio Valdez Arias, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a la problemática del tramo carretero Toluca-Atlacomulco.

El Presidente pide a los diputados orden y respeto para el orador y al término de su intervención informa que la Comisión de Comunicaciones y Transportes se reunirá hoy mismo con los miembros de la comisión y que, por lo mismo, la excitativa solicitada no tiene base.

Para referirse al mismo tema, se concede el uso de la palabra al diputado Manuel González Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional.

Desde su curul, el diputado Pablo Gómez Alvarez hace una moción de orden y el Presidente le recuerda que, desde antes de su intervención solicitó que se guardara orden y respeto.

También desde su curul, el diputado Monreal Avila establece que no es correcta la llamada de atención al orador.

Continúa el diputado González Espinoza, quien da lectura a diversos documentos.

El Presidente informa que habiendo transcurrido para el desarrollo de esta sesión las cuatro horas reglamentarias, acuerda prorrogarla hasta la terminación de los asuntos del orden del día.

Continúa el debate y hace uso de la palabra el diputado Javier Paz Zarza, del Partido Acción Nacional, quien deja en la Secretaría documentos que calificó de probatorios respecto a la llamada carretera Panamericana.

Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra a los diputados: Sergio Valdez Arias, del Partido de la Revolución Democrática, quien en su primera intervención acepta una interpelación del diputado José Janitzio Soto Helguera y, en la segunda, rectifica hechos; Daniel Díaz Díaz, del Partido Revolucionario Institucional; Héctor Guevara Ramírez, del mismo partido; José Luis Gutiérrez Cureño, del Partido de la Revolución Democrática, y Lino Cárdenas Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente informa que ha privilegiado el debate de este asunto y de la reunión de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. La Secretaría da lectura al artículo ciento quince reglamentario y la Asamblea considera que el tema está suficientemente discutido.

El Presidente instruye a la Secretaría para que los diversos documentos entregados se turnen a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Se concede el uso de la palabra al diputado José Adán Deniz Macías, del Partido Acción Nacional, quien notifica su decisión de salir del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y que se le considere como diputado sin partido y solicita que se le integre a alguna de las comisiones de trabajo y se le asigne cubículo para realizar sus labores legislativas y la curul correspondiente en el salón de sesiones.

La Presidencia se da por informada y turna las solicitudes a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Sube a la tribuna el diputado Luis Fernando González Corona, del Partido Acción Nacional, quien trata diversos asuntos de la compañía Corporación Internacional de Transportación Aérea, Sociedad Anónima de Capital Variable y propone un punto de acuerdo en el que solicita a la Comisión Federal de Competencias que informe al respecto y dictamine.

Expresa su opinión respecto al mismo tema, el diputado Fortunato Guzmán Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, quien se suma al punto de acuerdo presentado.

Conforme al artículo ciento nueve del reglamento, el Presidente suspende la sesión y solicita a la Secretaría que enliste, para la próxima sesión, el asunto relacionado con el informe de la Comisión de Salud, sobre la situación que guarda el Estado de Guerrero.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con doce minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

Esta Presidencia hace un exhorto a los señores diputados que no han pasado al recinto legislativo a ocupar la curul que les corresponde, lo hagan a la brevedad posible. Tenemos en el registro 410 diputados y no se encuentra ese número en este pleno.

Se instruye a la Oficialía Mayor, para que los medios humanos responsables hagan un llamado y se comunique a los señores diputados que pasen a ocupar la curul para continuar con los trabajos de esta sesión.

Señores diputados, se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Humberto Murrieta Necoechea, cuyo nombramiento como oficial mayor fue aprobado por esta Asamblea.

Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes señores diputados: Fidel Herrera Beltrán, Francisco Paoli y Bolio, Rufino Germán Contreras Velázquez, Alejandro González Martínez, Santiago Creel Miranda y José Luis López López.

Ciudadano Humberto Murrieta Necoechea: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar con responsabilidad y honestidad el cargo de oficial mayor que le ha conferido este pleno, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Unión?

Se ruega a la comisión designada acompañar al oficial mayor cuando desee retirarse.

«Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados LVII Legislatura.- Presente.

Por acuerdo de los miembros de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, por su conducto, damos cuenta a este órgano legislativo con el informe de resultados sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1995, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 fracción V de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Al afecto, dejo en poder de esa mesa directiva un ejemplar del tomo ejecutivo del informe de referencia, así como sus anexos que constan de 10 volúmenes.

Asimismo, adjunto se servirá encontrar una síntesis del informe de resultados correspondiente a dicha Cuenta Pública.

Sin otro particular, le reiteramos las protestas de nuestra más distinguida consideración y respeto.

México, D.F., octubre 16 de 1997.- Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, diputados: Fauzi Hamdan Amad, presidente; Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Jorge Silva Morales y Jorge Charbel Estefan Chidiac, secretarios.»

Tiene la palabra el diputado Miguel Quiroz Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Rogamos respetuosamente a los señores diputados pasen a ocupar sus curules y prestar atención al orador. Asimismo, con todo respeto le pedimos a las personas que no son diputados, sírvanse desalojar el pasillo de en medio y permítanos llevar a cabo esta sesión con orden y respeto.

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión:

Los que suscribimos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en lo previsto por los artículos 55 fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presentamos ante el pleno de esta Cámara, una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundando nuestra pretensión en las siguientes

El Estado mexicano, atento al desarrollo de la cultura de los derechos humanos y al interés que diversos sectores de la sociedad han mostrado en la consolidación y la ampliación de las garantías individuales en materia penal, ha venido perfeccionando los mecanismos por los cuales los particulares encuentren en la norma jurídica, tutela y protección respecto a los actos de las autoridades encargadas de la impartición de justicia.

Los derechos y objetivos públicos reconocidos en materia procesal penal, que originalmente se referían sólo a los inculpados, se han ampliado progresivamente a la víctima u ofendido del delito tanto en el texto constitucional Federal como por la legislación secundaria. Esta acción refleja la sensibilidad de los órganos del Estado y de la sociedad frente a los fenómenos de impunidad y a los efectos del delito sobre la víctima, dando lugar a que ésta tenga mayor participación en el procedimiento penal con el fin de ser restituida o compensada.

Así, haber elevado a la categoría constitucional la protección de los derechos de la víctima u ofendido del delito junto con los del inculpado, fue una expresión genuina de la solidaridad que la sociedad le debe a quien ha sufrido un daño y en este sentido adquiere especial relevancia la reforma que el Constituyente Permanente aprobó en 1993, reforma que vino a modernizar los sistemas de procuración y administración de justicia y que marcó una nueva etapa en la defensa de los derechos humanos, por cuanto al proceso penal se refiere. Por esa reforma la víctima del delito adquirió una serie de prerrogativas que lo identifican como sujeto de derecho con una mayor presencia en el procedimiento penal.

En efecto, como lo establece el último párrafo del artículo 20 constitucional, en todo proceso penal la víctima u ofendido del delito tendrá derecho a recibir asesoría; a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda; a coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le preste atención médica de urgencia y a gozar de las prerrogativas que las leyes secundarias estatuyan a su favor.

En base a la disposición mencionada, tanto en el ámbito Federal como en el común, se ha venido legislando para darle vigencia y precisión a la reforma constitucional y en algunos casos se han establecido instituciones y mecanismos para garantizarle a la víctima del delito el ejercicio de sus derechos; sin embargo, los alcances de los ordenamientos, de las instituciones y servicios tendientes a procurarle una protección integral, como consecuencia de la reforma citada, no han tenido los efectos esperados.

El sistema de justicia penal se ha modernizado, pero debemos admitir que el afectado o víctima del delito no está todavía en posibilidad de ejercer plenamente los derechos que se le han reconocido, por lo que es necesario profundizar la reforma constitucional de 1993, ampliando el dispositivo que tutela a la víctima del delito, modificando la redacción del artículo 20 constitucional, incorporando un catálogo completo de garantías referidas, específicamente a los afectados por las conductas delictivas.

Con absoluto respeto a la vigencia de los principios históricos y doctrinales que justifican la naturaleza y actuación del Ministerio Público, la realidad irrefutable de la situación que guarda en el proceso el ofendido, mueve a considerar la conveniencia, para una óptima aplicación de la ley y la consecución de los fines de la justicia penal, que la víctima debe intervenir dentro del proceso como parte con una serie de prerrogativas que precisen y amplíen las que actualmente tiene, para lo cual proponemos que el artículo 20 constitucional se forme con dos apartados: el apartado A relativo al inculpado con la redacción actual, a excepción del párrafo quinto de la fracción X, adicionado con una fracción XI que especifique: cuando el inculpado tenga derecho a la libertad provisional bajo caución, en términos de la fracción I, ésta deberá ser suficiente para garantizar el pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados al ofendido y un apartado B relativo a la víctima del delito que contenga, además de los derechos y garantías que actualmente comprende el último párrafo de la fracción X del citado artículo, los siguientes: que la víctima del delito sea parte dentro del procedimiento penal, proporcionando al Ministerio Público o al juez directamente, todos los datos o medios de prueba con que cuente para acreditar los elementos del tipo penal o establecer la responsabilidad del inculpado, según sea el caso, así como la procedencia y monto de la reparación del daño; considerar el derecho de la víctima del delito de estar presente en todas las diligencias y actos procesales en los cuales el inculpado tenga ese derecho; que el juez que conozca del procedimiento penal de oficio inicie el incidente de responsabilidad civil proveniente de delito, para hacer efectiva la reparación del daño en la ejecución de sentencia y establecer el derecho de la víctima de solicitar, aun cuando no lo haya pedido el inculpado, la diligencia de careo.

Las reformas y adiciones que proponemos y que consideran a la víctima del delito como sujeto procesal, no atentan contra el principio rector que concibe al Estado como monopolizador de la actividad punitiva en el delito y titular único de la acción persecutoria o acusatoria, sino que tratan, en una posición de equilibrio, que la víctima adquiera un peso mayor en la prosecución de todo el procedimiento penal. Tampoco se pretende introducir conceptos de otras teorías que no han probado plenamente su eficacia en otros sistemas penales ni mucho menos alterar o modificar la relación jurídica que el sistema procesal penal mexicano reconoce entre el Ministerio Público, el inculpado y el juez.

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en lo previsto y dispuesto en las disposiciones constitucionales y reglamentarias a que se hace mención en el proemio de esta iniciativa, nos permitimos poner a la consideración de las señoras y señores diputados, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO
QUE ADICIONA Y REFORMA EL
ARTICULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

Artículo único. Se reforma y adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo quedar como sigue:

Artículo 20. En todo proceso del orden penal, tendrán, el inculpado y la víctima del delito, las siguientes garantías:

I. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohiba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad por algún delito calificado como grave por la ley o cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta o por las circunstancias y características del delito, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.

El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido, así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado.

La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional;

II. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez o ante éstos sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio;

III. Se le hará saber en audiencia pública y dentro de las 48 horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria;

IV. Siempre que lo solicite, será careado en presencia del juez con quienes depongan en su contra;

V. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndose el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso;

VI. Será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que éste pueda ser castigado con una pena mayor de un año de prisión. En todo caso, serán juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad exterior o interior de la nación;

VII. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que contesten en el proceso;

VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera y

X. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso.

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.

Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna y

XI. Cuando el inculpado tenga derecho a la libertad provisional bajo caución, en términos de la fracción I, ésta deberá ser suficiente para garantizar el pago de la reparación de los daños y perjuicio ocasionados al ofendido.

I. Recibir asesoría jurídica y ser informado, cuando lo solicite, del desarrollo de la averiguación previa o del proceso...

La iniciativa que está leyendo el diputado Quiroz es una iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PRI y consideramos es muy importante. Me parece que merece la atención de todos los legisladores.

Señor diputado, todas las iniciativas presentadas por cualquier partido son importantes.

Quiero también pedirles a todos orden y respeto, que ocupen sus lugares y también quiero hacer un reconocimiento a los diputados de esta ala que han guardado la atención y el respeto que esta Presidencia les ha solicitado.

II. Ser parte dentro del procedimiento penal, proporcionando al Ministerio Público o al juez directamente, todos los datos o medios de prueba con que cuente para acreditar los elementos del tipo penal o establecer la responsabilidad del inculpado, según sea el caso, así como la procedencia y monto de la reparación del daño.

III. Estar presente en todas las diligencias y actos procesales en los que el inculpado tenga ese derecho.

IV. Recibir atención médica de urgencia o tratamiento sicológico, cuando lo requiera.

V. Que se satisfaga la reparación del daño cuando proceda, atendiendo a la naturaleza del delito que se trate.

VI. Que el juez que conozca del procedimiento penal, de oficio inicie el incidente de responsabilidad civil proveniente del delito para hacer efectiva la reparación del daño, en la ejecución de sentencia.

VII. Aun cuando no lo solicite el inculpado, si la víctima solicita la diligencia de careo, ésta se efectuará.

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 28 de octubre de 1997.- Diputados: Miguel A. Quiroz Pérez y Ricardo Monreal Avila.»

Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Natividad de la Luz Oñate Muñoz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 23 de octubre de 1997.- Senadores: Benito Rosel Isaac y Eduardo Thomae Domínguez, secretarios.

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Natividad de la Luz Oñate Muñoz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 23 de octubre de 1997.- Senadores: María de los Angeles Moreno Uriegas, presidenta; Benito Rosel Isaac y Eduardo Thomae Domínguez, secretarios.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Rogelio Cortés Cruz, para aceptar y usar la Medalla por el Espíritu de Sacrificio y Valentía, que le confiere el gobierno de la República de Polonia.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 23 de octubre de 1997.- Senadores: Benito Rosel Isaac y Eduardo Thomae Domínguez, secretarios.

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Rogelio Cortés Cruz, para aceptar y usar la Medalla por el Espíritu de Sacrificio y Valentía, que le confiere el gobierno de la República de Polonia.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Guadalupe Vázquez Gómez, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 23 de octubre de 1997.- Senadores: Benito Rosel Isaac y Eduardo Thomae Domínguez, secretarios.

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Guadalupe Vázquez Gómez, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María de los Angeles Lomelí Vargas, para prestar sus servicios como auxiliar contable en la Embajada de Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 23 de octubre de 1997.- Senadores: Benito Rosel Isaac y Eduardo Thomae Domínguez, secretarios.

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María de los Angeles Lomelí Vargas, para prestar sus servicios como auxiliar contable en la Embajada de Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Carmen Cecilia Mendoza Romero, para prestar sus servicios como asistente comercial en la Embajada de Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 23 de octubre de 1997.- Senadores: Benito Rosel Isaac y Eduardo Thomae Domínguez, secretarios.

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Carmen Cecilia Mendoza Romero, para prestar sus servicios como asistente comercial en la Embajada de Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»

Tiene la palabra el diputado José Luis Sánchez Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa en relación al artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Con base y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política y los artículos 55 y 56 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el Partido de la Revolución Democrática presenta la siguiente iniciativa, que deroga el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Los antecedentes de esta propuesta se remontan a la LV Legislatura, que se aprobó en diciembre de 1991, dentro de lo que se conoce como la Miscelánea Fiscal, que entraría en vigor por supuesto al año siguiente, un gravamen especial dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se iba a aplicar a los préstamos que reciben los trabajadores de sus patrones, disposición que afectó particularmente a los trabajadores bancarios.

El 25 de abril de 1995, en la LVI Legislatura, el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Saúl Escobar Toledo, presentó una iniciativa para derogar el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que fue rechazada por la mayoría del PRI en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Así, la iniciativa que hoy propongo a esta soberanía, retoma los elementos esencial es de la iniciativa comentada.

Por otra parte, los trabajadores bancarios, en abril de 1995, realizaron manifestaciones en todo el país, pidiendo la derogación del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Actualmente los trabajadores del sector siguen solicitando la derogación de este ordenamiento.

La razón que dio la autoridad, en este caso la Secretaría de Hacienda, para proponer esta reforma, esta adición a la Ley del Impuesto sobre la Renta, fue que consideró que esos trabajadores obtenían beneficios especiales por la diferencia existente entre la tasa de interés pactada en los préstamos y la tasa de interés del mercado vigente.

Le pido a la señora Presidenta, pida orden a este pleno para poder seguir exponiendo esta iniciativa.

Ruego a los señores diputados con todo respeto, nuevamente, ocupen sus curules y presten atención al orador. Asimismo a las personas que ocupan los pasillos y que no son diputados, hágannos, favor de darnos su colaboración para que esta sesión se lleve con todo orden. Continúe señor orador.

De esta manera, el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que estamos comentando, señores legisladores, ha impactado de manera brutal el magro ingreso de los trabajadores bancarios, al extremo en que los meses pasados, sobre todo a partir del mes de febrero de 1995, por esa carga impositiva, algunos trabajadores de ese sector han recibido sus pagos o sus recibos de pago en ceros o incluso con saldo deficitario.

Aquí puede verse la irracionalidad, el absurdo de la disposición que estamos comentando y que si bien tuvo, aceptando sin conceder, alguna justificación, no desde nuestro punto de vista, han cambiado las condiciones después de la devaluación de 1994.

Esta situación hace que pierda toda racionalidad cualquier tipo de cordura y se convierte en una situación insoportable para los trabajadores bancarios.

Ahí están los recibos de pago con números rojos, es decir, que ahora resulta que los trabajadores tienen que pagar por trabajar en lugar de recibir normalmente su quincena.

A este grado de irracionalidad, de torpeza, hemos llegado a veces en esta Cámara, cuando legislamos impuestos contrarios al espíritu de defensa de la clase trabajadora, como es el artículo que estamos comentando.

Debo decir, compañeros legisladores que esta iniciativa fue producto de un debate, de una discusión, de una consulta que hicimos varios legisladores con los compañeros bancarios, que gracias a su tesón, a su persuasión, a su insistencia, es que estamos aquí presentando esta iniciativa de ley.

Desde esta tribuna, hacemos un reconocimiento y refrendamos nuestro apoyo y nuestra solidaridad con los trabajadores bancarios, que están sufriendo esta grave situación, que estamos señalando.

Ahora bien, también hay que destacar que el trabajador y esto hay que recalcarlo, tramita un préstamo, un crédito, como un complemento a su deteriorado salario, precisamente para resarcir su poder adquisitivo y hacer frente a los compromisos más elementales.

Por tanto, dichos préstamos no pueden considerarse en estricto sentido, un ingreso adicional, sino un crédito que hay que pagar como tortura cada quincena. Es decir, parecería muy extraño que se graven créditos, puesto, como si se gravara o como si se aplicara este impuesto a un ingreso adicional, es decir, por horas extras trabajadas o por una prestación especial, que pueda darse a través de un bono de productividad o un bono por objeto de despensa, un aguinaldo extra, una prestación extraordinaria.

Sin embargo, no debe de verse así, porque éste es un crédito, que si bien aumenta el patrimonio de los trabajadores, para comprarse una casa o algún otro bien, también es cierto que precisamente en la medida en que se trata de un crédito, pues éste tiene que pagarse y solventarse en un plazo determinado y a una tasa de interés determinada.

Entonces que no se vea este impuesto, que este impuesto está gravando un ingreso extra, sino en realidad y ahí viene parte de la injusticia de este artículo, está gravando un crédito que de todos modos tiene que reintegrarse al patrón que lo prestó.

Esta injusticia, de todo este proceso que estamos comentando, también se ve reflejada en el hecho de que este impuesto, según la ley, sólo lo pagan los trabajadores que viven de un trabajo subordinado, es decir, asalariados y no otras personas físicas.

Puede haber un trabajador independiente, que haya pactado una tasa de interés también por debajo de la tasa de mercado y, sin embargo, esta persona física, que es trabajador independiente, no se le aplica el artículo 78-A, como sí sucede con los trabajadores bancarios que, como dije, tienen todo el peso de la injusticia en este gravamen.

También debemos decir, que tampoco son sujetos de este artículo, el 78-A, los acreditados del Infonavit, del Fovissste, del Fovi y de otras instituciones que prestan créditos blandos.

No estamos diciendo, por supuesto, que esto esté mal. Qué bueno que los acreditados del Infonavit o del Fovissste no son sujetos del artículo 78-A, pero esto recalca la situación de injusticia y decepción que recae sobre los trabajadores bancarios, puesto que sobre ellos sí recae la aplicación del artículo 78-A.

Pero además y como lo dije al principio, resulta que según el artículo 78-A, ese impuesto, es de los impuestos que están indexados, es decir, no es un impuesto a una tasa fija, sino que es un impuesto que va creciendo, puesto que se liga al comportamiento de los Cetes. Esta es una de las verdades, de las verdaderas cosas increíbles que suceden y quizá no tenga comparación en otras partes del mundo y ciertamente en nuestra legislación hay pocas cosas comparables.

Es un impuesto que se mueve al ritmo de los Cetes, entonces como sucede actualmente, los Cetes se han disparado a una tasa muy alta y desde luego los que pagan el costo de esta falta de visión de nuestras autoridades hacendarías, esta falta de visión de la forma en que se legisló, son los trabajadores bancarios.

Por lo tanto, nos parece que esta forma de medir y aplicar el 78-A es violatorio del artículo 31 fracción IV de la Constitución, pues carece de proporcionalidad y equidad, no considera la capacidad del contribuyente y grava de manera desigual y regresiva, sobre todo a los que menos tienen y viven del pago de su fuerza de trabajo.

¡Claro!, los trabajadores bancarios han visto deteriorar sus condiciones de vida como consecuencia de la política de contención salarial que ha vivido el país en las últimas décadas. Sin embargo, a pesar de este deterioro salarial, el 78-A que estamos comentando, viene todavía a agravar sus condiciones económica y debemos decir que dentro del mismo impuesto sobre la renta, sí se consideran sujetos de este gravamen a los trabajadores bancarios que, como dije, tienen un ingreso cada vez más mermado por la política salarial. Pero no hay, no hay en este país, ninguna disposición que grave en condiciones similares a los grandes capitales que han hecho sus fortunas con la especulación.

Así, con la caída de la bolsa de valores, con la devaluación de la moneda, se evidencia que a pesar de los altos costos fiscales destinados al programa de rescate financiero, al rescate de los banqueros, cerca del 12% del producto interno bruto, no hay estabilidad financiera, la volatitilidad está permanente, las crisis y las devaluaciones siguen siendo recurrentes.

Entonces, resulta que en este país y según las leyes fiscales vigentes, se castiga a los trabajadores asalariados con un impuesto indexado a la tasa de Cetes y no hay ninguna medida similar a los especuladores que han hecho grandes fortunas justamente al beneficiarse de tasas de interés más altas o medidas como la devaluación, que en muy pocos días duplicarán fortunas en este país.

Esta gente no tienen ninguna restricción, ninguna medida fiscal que grave sus fortunas, pero sí los trabajadores bancarios que, como dije, ven reforzado este impuesto gracias a que el 78-A, vincula el pago del impuesto a la tasa de los Cetes.

Finalmente, debe señalarse que los trabajadores bancarios han sido considerados históricamente trabajadores de excepción, carecían de derechos a la libre sindicalización hasta el año 1982; es decir, eran los pocos sectores de la economía mexicana que tenían básicamente abrogados sus derechos sindicales. Luego, de manera arbitraria se les incorporó en el apartado B del artículo 123 constitucional. Posteriormente con la reprivatización, los trabajadores de la banca oficial quedaron en el mismo apartado B, pero ahora encuadrados en una fracción XIII-bis, que más bien se parece a un apartado C, por las condiciones especiales y extraordinarias en que están legislados sus derechos laborales, mientras que los trabajadores de la banca privada se rigen por el apartado A, pero con la intervención de la Comisión Nacional Bancaria para el ejercicio de sus derechos.

Entonces, tenemos aquí que los trabajadores bancarios viven una situación de excepción y además caótica, unos están en el apartado B, otros están en el apartado A, pero unos que están en el apartado A, rige o interviene la Comisión Nacional Bancaria para la vigilancia de sus derechos laborales y no los tribunales que rigen para el resto de los trabajadores. Por ello estos trabajadores han demandado con justicia, justicia y reconocimiento que también reconocemos desde esta tribuna, que todo este sector de asalariados se regule por el apartado A del artículo 123 sin ninguna restricción, como la mayoría de los trabajadores del país.

1o. En las actuales condiciones de desempleo, pérdida del poder adquisitivo del salario y encarecimiento del costo de la vida, resulta injusto, inequitativo y desproporcionado para los trabajadores gravar las prestaciones.

2o. El impuesto a que se refiere el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta se estableció en una crisis macroeconómica muy distinta al que impera actualmente a raíz de la devaluación de 1994, y hoy ante la caída de la Bolsa Mexicana de Valores la devaluación que se vive, que cambiará la tasa de interés de los Cetes, que sirve de base a este impuesto, impactará de manera brutal el magro ingreso de los trabajadores bancarios y de todos aquellos que han recibido un préstamo de sus patrones y

3o. Que recibir préstamos de las empresas, en este caso de los bancos, no aumenta la capacidad económica contributiva de los trabajadores, porque no se trata de un regalo, donativo o pago extraordinario, sino precisamente de un crédito que tiene que sufragarse al patrón que se lo concedió.

Los diputados de la LVII Legislatura que firmamos esta iniciativa, de conformidad con la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 71 de nuestra Constitución, formulamos la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO QUE DEROGA EL ARTICULO 78-A DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Artículo primero. Se deroga el artículo 78 A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Firman la presente iniciativa el diputado Angel de la Rosa y el de la voz, diputado José Luis Sánchez Campos.»

Esta Presidencia, conforme al artículo 26 corresponde, bajo la autoridad de su Presidente, preservar la libertad en la deliberación, pero también cuidar la efectividad del trabajo legislativo.

Yo quiero decirle que en la Comisión de Régimen Interno, con sus coordinadores, que conforme al artículo 45, es donde se realiza el orden del día.

Esto fue presentado como una excitativa. No confundir, señor diputado, una excitativa con una iniciativa. Conforme al artículo 71 de la Constitución y el artículo 55 de la ley, tiene usted todo el derecho de dar estas iniciativas, pero fue presentada en el orden del día como una excitativa.

Tomando en consideración lo propuesto por el señor diputado José Luis Sánchez Campos, más que como excitativa como una iniciativa de reforma al artículo 78A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, túrnese la presente iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, conforme al artículo 27 fracción B de la propia ley que faculta al Presidente.

Tiene la palabra el diputado Sergio Antonio Salazar Salazar, para dar lectura al informe de la Comisión de Salud.

En cumplimiento del acuerdo de la mesa directiva de la Comisión de Salud, el de la voz y el presidente de la comisión, diputado Santiago Padilla Arriaga, acudimos al puerto de Acapulco los días 20 y 21 de este mes, con la finalidad de dar seguimiento a visita previa realizada el día 11 y de recabar información directa del estado de avance de las medidas tomadas para proteger a la población y la iniciación de las obras de limpieza y de construcción, después del desastre ocasionado por el huracán "Paulina".

De esta visita deseamos informar al pleno de esta Cámara de Diputados, fundamentalmente con la idea de que todos debemos de conocer la situación por la que atraviesan nuestros compatriotas del Estado de Guerrero y principalmente del puerto de Acapulco.

Indiscutiblemente que en los días transcurridos, después del azote del huracán, ha habido avances significativos en las labores de limpieza de la ciudad, en la distribución de despensas y de agua a los habitantes y en la atención a los damnificados.

Este avance, que reconocemos sin discusión, no es todavía total ni completamente satisfactorio, ya que los daños infligidos sobre todo a la población de más escasos recursos son de tal magnitud que a pesar de los esfuerzos oficiales, de la gran cantidad de recursos que han sido canalizados por parte de organizaciones civiles y de la población en general, no ha sido posible aún culminar una tarea que habrá de ocupar sin duda un tiempo prolongado.

Se nos informó del funcionamiento de seis albergues, cuatro de los cuales los instaló la Secretaría de Salud y, operados los seis por el Instituto Mexicano del Seguro Social, al igual que 15 módulos de atención médica, en los que se atiende en promedio en cada uno de ellos a 120 personas no derechohabientes de esa institución, independientemente de la atención que se sigue proporcionando a los más de 350 mil derechohabientes en el hospital general de zona y en cuatro unidades de medicina familiar.

La Cruz Roja, con algunos problemas de carácter administrativo, continúa con su valiosa labor y a ella entregamos una dotación importante de agua que llevamos en la ambulancia de esta Cámara de Diputados. Esta institución ha estado repartiendo víveres y ropa de las muchas donaciones que se han enviado al puerto de Acapulco para auxilio de la población.

En reunión que tuvimos con funcionarios de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, recibimos la información del incremento en la incidencia de enfermedades diarreicas, con la confirmación de 20 casos de cólera en el examen practicado a un poco más de 2 mil 500 pacientes.

El problema principal continuaba siendo el abastecimiento del agua potable, informándosenos que se están repartiendo 5 millones de litros diarios del agua en pipas; hay dos plantas potabilizadoras de las cuales una estaba cubriendo a esa fecha el 40% de las necesidades de la población y la otra entraría en operación a más tardar el fin de semana pasado. Nos informan que en este momento está cubierto ya el 70% de la población.

Hacemos igualmente mención de la importancia de la debida atención al problema del agua y de la limpieza, dado que también se han reportado casos de dengue, y que si bien es ésta una enfermedad endémica en esta zona, hay que tener las debidas prevenciones para evitar que haya un número mayor de casos.

Esta distribución del agua potable es sin duda la mayor preocupación desde el punto de vista de la salud de la población, toda vez que una parte de la que se está utilizando proviene de pozos particulares y su traslado se hace también en vehículos particulares, que han hecho verdaderamente difícil el control sanitario de la misma, con el consiguiente riesgo que representa para la población.

Por otra parte, en helicóptero proporcionado por las autoridades navales del puerto, visitamos algunas comunidades de entre 500 a 700 pobladores, recibiendo la información de que habían sido visitadas por brigadas médicas en los días anteriores.

Al recorrer parte de la costera pudimos detectar la presencia de damnificados ubicados en lugares irregulares y peligrosos ante los embates de fenómenos meteorológicos. Por lo que hace a los servicios de luz y teléfono, el avance de las reparaciones y recuperación de los servicios es del 90%.

Igualmente asistimos a una reunión multidisciplinaria con representantes de todas las dependencias oficiales que están participando en la ayuda a la población, en la que se proporcionaron informes que no pudimos constatar por lo breve de nuestra visita.

Algo que es importante destacar es el hecho de que la mayoría de los albergues están ubicados en las escuelas primarias, en donde hay que tener un mayor control sanitario, toda vez que el drenaje de casi todas ellas está obstruido o en los casos en los que hay fosa séptica para el desagüe de los desechos, éstas están grave mente dañadas, lo que hace difícil que una vez que hayan sido desalojadas pudieran ocuparse para impartir clases. Hay que mencionar que en los albergues había a la fecha de nuestro informe alrededor de 4 mil personas que habían perdido sus moradas en forma total.

De acuerdo con la información proporcionada por el gobernador del Estado, el total de viviendas destruidas asciende a 5 mil y para iniciar la resolución de este problema se adquirió un predio de 23 hectáreas, de las cuales 13 pueden destinarse a la construcción de viviendas, con un programa de emergencia que consiste en la construcción de 1 mil viviendas, de las cuales una fundación de nombre Alejo Peralta, ofreció al gobierno estatal un apoyo de donación de 250 casas prefabricadas y otras 50 viviendas se construirán con el apoyo económico de guerrerenses radicados en los Estados Unidos de América, sin que exista a la fecha un programa para las faltantes 4 mil viviendas.

Esta es sin duda la parte más importante, después de la protección de la salud de los damnificados y en general de la población civil; los desastres naturales afectan con mayor gravedad a la población que carece de los recursos económicos para tener viviendas que los protejan o que estén en las mejores condiciones de salud.

La precariedad de las viviendas en las que habitaban, las zonas en las que estaban asentadas, consecuencia en la mayor parte de las ocasiones de actos de corrupción y ventas ilegales, según lo pudimos constatar y la complicidad de autoridades que permiten que estas situaciones se den, son de alguna manera lo que hay que corregir para evitar que las consecuencias de estos desastres naturales se presenten y se tenga que actuar para resolver problemas, que una mejor atención de las causas de la pobreza y una prevención de las conductas impropias en los asentamientos humanos los evitaría en esta magnitud.

Como dato negativo debemos informar a esta soberanía que por desgracia en estos momentos en los que la solidaridad de los mexicanos se ha hecho presente, no faltan situaciones que ensombrecen la nobleza con la que en estas situaciones el mexicano está acostumbrado a actuar, y no podemos soslayar la información recabada directamente en el sentido de que en algunos casos, que desearíamos no fueran muchos ni continúen, se ha propiciado el abuso de quienes están en algunos sectores encargados de la protección, distribución de víveres y agua, que se ofrecen con parcialidad e irregularidad a algunas familias ante la desesperación de quienes en esos momentos carecen de esos elementos vitales, refiriéndome concretamente a algunos elementos del Ejército que empañan la actuación siempre atenta, servicial y de mucha utilidad para la población de la gran mayoría de los integrantes de las fuerzas armadas.

Por desgracia, los avances en su conjunto no han podido todavía reparar los inmensos daños sufridos, pero si a ello le aunamos situaciones como las mencionadas, cargaríamos a la culpa de la imprevisión, la del desaliento, por la falta de conciencia de quienes quieren lucrar o sacar provecho a la ayuda que voluntariosamente se está proporcionando.

Debe de tomarse en consideración esta denuncia para centralizar en organismos civiles de fines altruistas, como la Cruz Roja Mexicana, la distribución de esta ayuda para que llegue sin condicionamientos de ninguna especie a quienes la están necesitando con urgencia.

En el seno de Comisión de Salud habremos de presentar está información en forma más pormenorizada, completada con la información que recabemos de parte de miembros de la misma que se trasladarón al Estado de Oaxaca, incluyendo documentación gráfica y videofilmada que obra en nuestro poder, con la intención de que podamos tener un seguimiento de los avances que se den en torno a este asunto, que es preocupación no nada más de los integrantes del Poder Legislativo, sino de todos los mexicanos.

Para el mismo tema, tiene la palabra la diputada, María Mercedes Martha Juan López del Partido Revolucionario Institucional.

Como integrantes de la Comisión de Salud del Partido Revolucionario Institucional, el doctor Miguel Angel Navarro y una servidora nos interesamos en conocer las acciones que se están realizando en materia de salud en las zonas afectadas por el huracán "Paulina", principalmente en dos áreas: la atención médica que se proporcionaba y las medidas preventivas de enfermedades y de riesgo para la salud que se están aplicando.

En este sentido, se pudo constatar que existe una coordinación sectorial e intersectorial eficiente. Se está dando servicio médico las 24 horas del día y existe abasto de los principales insumos médicos, como son: antibióticos, antidiarreicos, sueros y sobres de vida suero oral.

Los albergues visitados que a la fecha albergan a 1 mil 906 personas damnificadas, muestran un saneamiento básico adecuado; es decir, buena disposición de basuras y escretas y se otorga alimento tres veces al día y agua potable. Existe en los albergues ahora ya una disminución a la tercera parte del número de damnificados.

En la atención médica que se está dando, se observó que las principales causas de consulta han sido las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas, dermatosis, parasitosis y las conjuntivitis. En las unidades de atención que se instalaron para este fin en Acapulco, que suman 38, así como en los hospitales y en los albergues, ha disminuido en 25% el número de consultas por estas enfermedades, del 10 de octubre que se inició con estas acciones, a la fecha.

Está instalado el operativo para contender con el cólera a través de las brigadas médico-epidemiológicas, que hacen visitas a las viviendas, levantan un censo de personas, toma de muestra con hisopos rectales y el estudio de casos de diarrea. A la fecha se han detectado 20 casos en Acapulco. A través de esta búsqueda dirigida, éstos han sido manejados en los domicilios y ninguno ha requerido hospitalización y no ha habido defunciones por esta causa.

Es conveniente destacar que a pesar de las condiciones y el problema del huracán, no ha habido realmente una epidemia de cólera.

Igualmente, se pudo observar que están operando las brigadas para la prevención y el control del dengue, también con visitas a las casas, destrucción y abatización de los depósitos de agua y nebulizaciones en las casas, las escuelas, albergues y pipas de agua.

Hasta donde pudimos constatar con la información que recibimos, el dengue y el cólera están controlados, ya que incluso se está haciendo, como decíamos, esta búsqueda dirigida de casos.

De las vacunas que se aplican, se puede constatar también que existe en estos días una gran demanda, como es lógico, de la vacuna antitetánica y se ha aprovechado para distribuir en la vacunación los sobres de vida suero oral, que es el insumo por excelencia para la prevención de las enfermedades diarreicas, así como distribución de antiparasitarios y capacitación de madres en el manejo higiénico de agua y alimentos.

Una medida muy importante que se está tomando ya y que consideramos era muy necesaria, es la verificación de las 200 escuelas a las que se han destinado también pipas de agua para garantizar el abasto; se han realizado estudios de monitoreo del cloro residual en ellas y actividades para regularizar los servicios hidráulicos. Las condiciones ambientales de este tipo de fenómenos requieren además de estas medidas, muchas medidas de prevención.

Uno de los principales impactos del huracán es en los servicios de alimentos, ya que algunas de sus consecuencias, como se señaló, fueron la interrupción del suministro de agua potable, la suspensión de energía eléctrica, inundación e invasión de lodo en las instalaciones y polvo en el ambiente. Estos elementos causaron disminución en la calidad sanitaria de los alimentos y deterioro en las condiciones sanitarias del abasto de alimentos.

Sabemos que se ha hecho un gran esfuerzo en lo que se refiere al control sanitario, porque a al fecha se nos informó se han verificado el 60% de ellos, pero hace falta conocer los resultados de las muestras, qué tanto existe de resultados positivos de patógenos y microbiológicos y cuáles serán las medidas para resolver esto.

Por lo anterior, el partido propone que se intensifiquen esta visitas de verificación a los establecimientos y que no se permita el funcionamiento de ellos cuando ofrezcan riesgos para la salud; aumentar también la clausura de los establecimientos en la vía pública, sobre todo de alimentos; concientización y capacitación a los manejadores de alimentos y realizar acciones de fomento, particularmente la desinfección del agua, de frutas y verduras y adecuado manejo de los alimentos perecederos.

Verificar y mejorar las condiciones de los centros de abasto, de las tiendas de autoservicio, verificar las pasteurizadoras de leche, embotelladoras de refrescos etcétera, y consolidar, con el apoyo de las autoridades municipales, estas acciones de saneamiento básico en el suministro del agua.

Por otro lado, ahora que ya se restableció la red de agua, consideramos importante que se intensifique la cloración intradomiciliaria, así como los expendios que venden productos de la pesca y verificación de las carnicerías y ventas al menudeo.

Los damnificados del huracán deben ser reubicados en viviendas dignas donde no existan riesgos de daño a la salud, estos hechos no deben repetirse, se deben tomar medidas para que los asentamientos humanos irregulares desaparezcan, apoyar la productividad, generar empleo en las zonas rurales a fin de evitar la emigración constante de ellos a los centros urbanos.

Y una medida de suma importancia es no descuidar los programas de planificación familiar e insistir en que las acciones lleguen a todas y cada una de las parejas en edad reproductiva, es una información fundamental en estas zonas marginadas y rurales.

Finalmente estamos de acuerdo compañeros, en que esta situación no debe convertirse en ninguna bandera de partidos políticos, éste lamentable hecho es algo que a todos nos concierne, por ende todos debemos unirnos para encontrar los mejores caminos para solucionarlo.

Para el mismo tema, tiene la palabra la diputada Verónica Muñoz Parra, del PRI.

Diputada, solicitó hacer uso de la palabra para rectificación de hechos, tiene la palabra hasta por cinco minutos.

Con su permiso, señora Presidente de la mesa directiva; compañeros integrantes de esta Cámara de Diputados:

En primer lugar, quiero manifestarles a ustedes el agradecimiento por las muestras de solidaridad ante el lamentable hecho ocurrido en Guerrero, provocado por el huracán "Paulina", esta unidad, sin distingos de partidos políticos, en lo que nos une y nos fortalece a los mexicanos, porque en estos momentos es cuando debemos aportar todo nuestro esfuerzo y proponer soluciones viables que permitan alternativas de solución a los problemas que hoy aquejan al Estado y principalmente a los damnificados de Guerrero.

Como integrante de la Comisión de Salud, he estado en estrecha combinación con las autoridades de salud, en las principales acciones médico-preventivas que se han llevado a cabo, para evitar brotes epidémicos y así enfrentar este fenómeno metereológico.

Desde el 10 de octubre, se instaló el comité de emergencia sanitaria, efectuándose dos reuniones diarias para analizar la problemática de salud y así emitir los acuerdos, así como para verificar el cumplimiento de los lineamientos definidos por la Secretaría de Salud. Los principales acuerdos que se han realizado han sido, en primer lugar la estrecha coordinación entre los diferentes sectores de salud como el IF, el EF, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, la Defensa Nacional. Se ha brindado también atención médica universal y gratuita a todos los damnificados, las veinticuatro horas del día.

Además, se ha brindado un amplio abasto de insumos de medicamentos, así como la difusión de medidas preventivas por todos los medios de comunicación.

En materia de vigilancia sanitaria, se han diseñado importantes estrategias, tales como la verificación sanitaria, realizándose éstas en todos los establecimientos de expendios de alimentos e incluso se ha impedido el funcionamiento de aquellos que puedan representar un alto riesgo para la salud; se ha impartido también educación para la salud a los responsables y expendedores de alimentos.

Para evitar mayores riesgos también, se ha implementado como medidas de prevención, el manejo de agua y alimentos en establecimientos, así como medidas de higiene para el personal que los maneja; se ha realizado una supervisión estricta en los centros de abasto de distribución, en los mercados, en las tiendas de autoservicio y en los propios rastros municipales. También se ha involucrado a la población y locatarios en la recolección de la basura, así como en el manejo adecuado del agua para consumo humano.

Dentro de las principales acciones que hemos observado, destacan en orden de importancia las siguientes: reuniones con hoteleros, con restauranteros, con purificadores de agua, con autoridades municipales, con responsables de mercados, además, se han efectuado más de 1 mil verificaciones en restaurantes, en fondas, en taquerias; así también se ha realizado más de 1 mil 200 tomas de muestras de alimentos para su análisis; se han capacitado a casi 1 mil manejadores de alimento, se han clausurado también restaurantes por no cumplir con la normatividad técnica.

Hemos observado también acciones permanentes desde el inicio del problema como son la fumigación y la erradicación de la fauna nociva, así como la verificación sanitaria permanente y la recolección de basura.

En cuanto a las escuelas, se ha logrado una coordinación estrecha entre el comité de emergencia sanitaria y la Secretaría de Educación, con lo cual se han realizado acciones médicopreventivas.

En relación a la vigilancia sanitaria del agua para consumo humano, los servicios de salud y la Comisión Nacional del Agua, juntos han logrado cumplir objetivos tales como la cloración de pozos, de norias, de tinacos, de cisternas, etcétera. Además se han efectuado pláticas para potabilización de agua y en este momento se encuentran funcionando 34 plantas potabilizadoras, así como se ha hecho un promedio de 5 mil 596 monitoreos de cloro residual.

En el renglón de uso adecuado de la escreta humana, también se han llevado acciones médico-preventivas. Resulta conveniente en este punto mencionar también que debido a estos acontecimientos también se ha adelantado la Semana Nacional de Salud.

Es importante también mencionar que las principales causas de consulta han sido las infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas.

Finalmente compañeros, quiero mencionar que es importante reconocer que ha existido un esfuerzo compartido entre pueblo, sector salud, así como autoridades y que en todo momento se ha atendido a la población y que el gobernador de Guerrero ha estado al pendiente de todas estas acciones, evaluándolas de manera personal, mismas que no deberán de disminuir sino al contrario, fortalecerlas y darles continuidad y que el personal de salud ha funcionado de una manera verdaderamente ejemplar y por que realmente las situaciones eran tales que había todos los factores condicionantes para tener epidemias de gravísimas consecuencias.

Para presentar una denuncia sobre problemas electorales en el Estado de Jalisco, tiene la palabra el diputado Francisco Morales Aceves...¿perdón?... ¿Con qué objeto, diputado?

Pido la palabra para rectificar hechos, en relación a las intervenciones anteriores.

Para rectificación de hechos. Adelante diputado, hasta por cinco minutos, tiene la palabra.

Hemos escuchado algunos informes sobre la situación que a la fecha prevalece específicamente en Acapulco, Estado de Guerrero.

Quiero resaltar ante esta tribuna que el huracán "Paulina", dejó miles de damnificados por las pérdidas de vidas humanas y de bienes y patrimonios; pero quiero decirles también que dejó otro tipo de damnificados, ha dejado a damnificados por la fuerza del Estado, damnificados por la forma en que se ha venido manejando este asunto desde las altas esferas del Poder Ejecutivo.

Independientemente de la descortesía que en lo personal, fui objeto como diputado federal el pasado 11 de octubre en Acapulco, quiero leerles una crónica periodística que apareció el 25 de octubre pasado en diversos diarios de circulación nacional y dice:

"En ese centro, un niño de 10 años que buscó insistente la atención de Zedillo para hacerle saber que a su mamá no le habían pagado por los jornales de empleo temporal y que le dijo también que le hacía daño la comida servida por los soldados y por eso pedía agua mineral de la de bote que traen los de la Coca Cola, fue reconvenido por el Presidente: ¿cómo te llamas? ¿Te llamas Félix Salgado Macedonio? Me llamo Javier, respondió el niño. ¿Cómo ven a Félix? Andale, que te entrevisten los muchachos, haz un oso, le aconsejó el mandatario."

La ingenuidad de un niño de 10 años fue atajada por unas respuestas insensibles. Así se atiende en Guerrero, descortesía para un diputado federal, groserías para un senador de la República y desdén para un menor de 10 años. Ese es el trato que están recibiendo muchos acapulqueños, ante soberbias, ante posturas arbitrarias, tenemos que afrontar, porque no hay más voz que la del Ejecutivo y aquellas voces repetitivas que aplauden todos estos eventos. Solamente se escucha a quienes están de acuerdo con los designios y las instrucciones del Ejecutivo, no hay ninguna voz más que valga en Acapulco y eso, compañeros diputados, debemos resaltarlo.

Queremos respeto para los legisladores, queremos voz y lugar, porque creer que la reconstrucción de Acapulco y de diversas partes afectadas de Oaxaca y del Estado de Guerrero, corresponden al Ejecutivo exclusivamente, es un error, es inadmisible, la reconstrucción de las partes dañadas involucran también al Poder Legislativo, porque de aquí emana la autorización del presupuesto de egresos para poder afrontar esas consecuencias.

Dejo pues, ante esta opinión de esta soberanía, lo que está pasando en Acapulco y en Guerrero.

Tiene la palabra para rectificación de hechos hasta por cinco minutos, el diputado Efraín Zúñiga.

Nosotros hemos visto, los guerrerenses, los que vivimos en Acapulco, que a partir del acontecimiento del huracán "Paulina", ha habido muchas atenciones para atenuar los daños que ha causado al pueblo de Guerrero y al pueblo de Acapulco y para nosotros la acción del Ejecutivo Federal ha sido una buena acción. La acción del Ejecutivo Federal la agradecen los acapulqueños.

Si van ustedes, señoras diputadas y señores diputados y transitan por las calles de Acapulco y preguntan a los ciudadanos cuál ha sido la atención del Ejecutivo Federal, cualquier persona que transite por cualquier calle le habrá de afirmar que el Ejecutivo Federal ha atendido con eficiencia, con prontitud, la solución de problemas graves que había en Acapulco.

Su llegada desde Europa fue aplaudida por el pueblo de Acapulco y sus frecuentes visitas al puerto lo agradecen todos los acapulqueños. A partir del momento en que él llegó a Acapulco, varios secretarios de Estado, el Secretario de la Defensa, el Secretario de Marina, el Secretario de la Sedesol, el Secretario de Salud, la Secretaría de Turismo, los principales miembros del gabinete del Gobierno del presidente Zedillo han estado atendiendo los problemas de los acapulqueños y de esta manera el aeropuerto que no funcionaba empezó a funcionar y está funcionando plenamente, se reconstruyó la escénica, que no se transitaba; hay teléfono en todo Acapulco; se restableció la luz eléctrica; las vialidades se han recuperado en un 85% y en este momento hay un gran avance ya en la introducción del agua potable, que no está satisfecha a plenitud, pero que en uno o dos días, porque están restablecidos los sistemas del Papagayo, Acapulco podrá disponer de agua potable.

No hay problemas graves de salud, como aquí se ha establecido y entonces mi intervención señores, es simplemente para decir que en Acapulco y en Guerrero hay un agradecimiento, hay una gratitud infinita para la forma en que se ha tratado el problema.

Comparto aquí con el diputado López Rosas, de que la reconstrucción de Acapulco es una obra de todos y estoy totalmente de acuerdo en demandarle al Gobierno Federal y al gobierno del Estado, para que todos los ciudadanos, los diputados del PRD incluso, participen en la reconstrucción de Acapulco. Tiene que haber una reconstrucción democrática, donde concurran el esfuerzo y la opinión de todos los que representan las instituciones en el Estado y los que representan a la sociedad civil.

Nosotros creemos que se ha hecho mucho por Acapulco, que se ha avanzado mucho por Acapulco, que hay una gran gratitud del pueblo de Acapulco por lo que ha ordenado y ha hecho el presidente Zedillo y estamos de acuerdo también que en el futuro la obra de reconstrucción la hagan todos los sectores, todas las personas que tienen algo que decir, algo que pensar, algo que hacer por Acapulco.

Para presentar una denuncia sobre problemas electorales en el Estado de Jalisco, tiene la palabra el diputado Francisco Morales Aceves, del Partido Revolucionario Institucional.

El próximo día 9 de noviembre, habrán de celebrarse las elecciones constitucionales locales del Estado de Jalisco, donde se elegirán 20 diputados de mayoría relativa y 20 diputados de representación proporcional, 124 presidentes y vicepresidentes municipales con sus correspondientes planillas de regidores.

Aunque este acontecimiento pudiera considerarse estrictamente doméstico, decidimos presentar a su atenta consideración algunos hechos relativos al proceso electoral, a fin de mantenerlos informados y poderles pedir respetuosamente que esta soberanía actúe en consecuencia. Vamos a los hechos.

En Jalisco venimos padeciendo una doble campaña político-electoral, en favor del PAN. Por un lado, el gobierno del Estado y los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara, Con el ingeniero Cárdenas, el del PAN, gobernador del Estado y los presidentes municipales a la cabeza, desarrollaron por más de 60 días una mentirosa campaña publicitaria ponderando supuestas obras de gobierno y realizando a la par, febriles giras de trabajo a lo largo y a lo ancho del Estado, con un claro tinte partidista, a pesar de que el 8 de septiembre el gobernador anunciara en su acostumbrada conferencia de prensa, que había girado instrucciones precisas para que ningún funcionario de su gobierno desviara fondos o recursos con fines proselitistas, considerando que están en puerta las elecciones locales y soslayando intencionalmente que su hermano, Lázaro Cárdenas, es candidato.

¡Vaya desfachatez!, ¡cuánto cinismo! Además, en repetidas ocasiones el gobernador insistió en que la segunda etapa del proceso de regionalización económica tenía que concluir el 30 de septiembre para "no estarnos moviendo tanto como se hizo antes del 6 de julio, con el mismo proceso en su primera etapa y no influir en las decisiones electorales, evitando así que este trabajo se politice", afirmó y por otra parte, el ingeniero Cárdenas dijo en la ciénaga de Chapala a manera de advertencia, que en los próximos días se darían a conocer las acciones de su gobierno a través de las diferentes secretarías, en una campaña estatal, insistiendo en que no tenían fines electorales y que se harían, ya no como acciones del gobierno, sino como el resultado del trabajo entre sociedad y gobierno. Bueno, así fue dicho.

Nuevamente en Zihuatlán, el ingeniero Cárdenas incluyó en su discurso lo referente a las elecciones, a la importancia de ir a votar y a que en su gobierno no se hace distinción de partidos, para hacer gobierno. Así lo dijo, sin embargo todos los municipios en donde se han llevado a cabo las reuniones son bastiones priístas, todos sin excepción: Zihuatlán, Huauchinango, Tomatlán, Tala, El Limón, Mazamitla, Unión de San Antonio y Villa Guerrero.

¡Qué coincidencia!, casualmente hasta ahora que se aproximan las elecciones y a pesar de que siguió lloviendo, se promovieron bacheos inútiles en las calles citadinas, repintados absurdos en los machuelos y en las fachadas, obras inútiles de relumbrón con recursos estatales y municipales, tratando de influir en el ánimo de los electores de la zona metropolitana, que constituyen la mayor parte del electorado estatal.

En conclusión, ¿está en campaña el gobernador Cárdenas?, oficialmente no, prácticamente sí. Es un proselitismo velado y a veces no tanto. Si bien es cierto que giró instrucciones para que los funcionarios de su gobierno no desviaran nada con fines electorales, evidentemente él no se incluyó. ¿Alguien podría girarle instrucciones a él, lo podría exhortar respetuosamente esta soberanía a que respete la ley y respete a los jaliscienses?

Hoy más que nunca, la sociedad necesita estar atenta a todo lo que hace el gobierno panista y no dejarse influenciar por nada ni por nadie, y su decisión la oriente a partir del conocimiento de todos y cada uno de los candidatos y de los partidos que los postulan.

En relación a todo lo hasta aquí referido, vale la pena conocer la opinión expresada el respecto por el gobernador. "Esta campaña se debe a que sectores de la población me han pedido que difunda a detalle los avances obtenidos en los últimos tres años entre autoridades y gobierno. Una obligación de un servidor es informar, he tenido un reclamo fuerte de grupos de la sociedad, de por qué no informamos lo que el gobierno ha venido haciendo.

"Si mis giras al interior del Estado y la campaña propagandística tuvieran fines proselitistas a favor del PAN, yo mismo hubiera pedido que se suspendieran. No estamos aprovechando en lo absoluto los tiempos del gobernador para hacer campaña alguna. No es una campaña triunfalista en donde el gobernador o el gobierno del Estado se adjudiquen logros, ahí decimos que es un logro de todos los jaliscienses."

En Jalisco, nadie puede negar, que los canales de televisión, todo el cuadrante de la radio en AM y FM y todos los medios impresos, se vieron saturados de esta mañosa e inoportuna propaganda panista, aprovechando su condición de partido en el poder y su indudable expresión de partido oficial.

Y por si esto fuera poco, el pasado 20 de septiembre, al acudir al nuevo, lujoso, moderno y muy equipado edificio del comité estatal panista, con motivo del LVIII aniversario de su fundación, expresó: "en las pasadas elecciones del 6 de julio, logramos triunfos bastante importantes, pero ahora con los nuevos candidatos, con este refuerzo de las formas de pensar y de decir, vamos a lograr nuevamente la confianza de la gente. Estoy convencido de ello".

Por otro lado, analicemos la campaña paralela a la del gobierno panista, que viene desarrollando el PAN y sus candidatos en Jalisco, con un derroche económico pocas veces visto, que lastima a miles de jaliscienses que carecen de lo indispensable y que por lo excesiva en los medios de comunicación y su simplismo ofenden a la inteligencia de los jaliscienses.

Han tomado materialmente a los medios electrónicos y a los diarios, además existe un elevado número de impresos en su propaganda, lo que a la vista de todo representa una violación flagrante a los topes de financiamiento a partidos políticos para el proceso local 1997, acordados por el Consejo Electoral del Estado y con fundamento en la Ley Electoral de Jalisco, que en números cerrados quedó como sigue: PAN, 13 millones; PRI, 9 millones; PRD, 2 millones; PDM, 1 millón de pesos; Partido Cardenista, Popular Socialista y Verde Ecologista, 900 mil pesos cada uno.

Según nuestra apreciación, los costos de la campaña panista son los siguientes:

Medios de comunicación, radio. El PAN difunde alrededor de 60 spots diarios, en prácticamente en todas las estaciones radiofónicas del Estado. Esto en un promedio de 200 pesos por impacto, en 30 estaciones, representa 360 mil pesos diarios. El gasto total es de 14 millones 400 mil pesos.

En televisión. Considerando la excesiva presencia del PAN en este medio y su elevado costo, han gastado 7 millones de pesos.

Prensa. La presencia del PAN en los medios impresos, representa un promedio de 100 planas en total. Pensando que las notas publicadas de la campaña panista son espacios previamente pagados y si a esto se suman los desplegados institucionales y de los candidatos que han aparecido en los medios, su inversión es de 1 millón 700 mil pesos.

En plásticos, pintura e impresos, en pendones, el PAN ha inundado y contaminado el Estado de Jalisco con un insultante número de plásticos, que inclusive cubren los señalamientos viales, que son de vital importancia para la población.

Es público y notorio que en todo el Estado no hay calle, avenida o calzada que no cuente con un mínimo de tres pendones panistas por poste. Sumando los institucionales y los de los candidatos, alcanza la increíble suma de 5 millones de plásticos, a razón de cuatro pesos cada uno, por la calidad de su impresión, da un costo total de 20 millones de pesos.

En bardas, el PAN cuenta con un exagerado número de bardas rotuladas en toda la geografía del Estado. Calculándose en 400 bardas por distrito, da un total de 8 mil con un costo de 12 pesos por metro cuadrado, a razón de 30 metros cuadrados en promedio por barda, lo que representa un total de 2 millones 880 mil pesos.

En propaganda directa, en este rubro se tomó en cuenta los dos tipos de impresos: institucionales y de candidatos. Ambos se reparten en la vía pública y a domicilio. Calculando que los dos sean en un número no menor a los distribuidos en el proceso pasado, que fueron de 8 millones de ejemplares, con un costo por unidad de dos pesos, el costo es de 16 millones de pesos.

Calcomanías. En lo referente a calcomanías para pegarlas en vehículos, negocios y casas particulares, un promedio de 2 millones de calcomanías a razón de dos pesos por unidad. Representa un gasto de 4 millones de pesos.

En varios. En verbenas, el PAN acostumbra promover este tipo de eventos en los tianguis, plazas y atrios de templos, obsequiando comida y rifando aparatos electrodomésticos y de línea blanca, y por supuesto amenizados por grupos musicales. En este renglón el costo es de 1 millón de pesos.

En utilitarios. En este rubro el PAN repartió plumas, llaveros, encendedores, gorras, pitos y flautas, los cuales fueron distribuidos en la vía pública y en las visitas domiciliarias. En este renglón el gasto es de 1 millón de pesos.

Costos de producción. El PAN contrató agencias de publicidad para desarrollar toda la producción de imagen gráfica y audiovisual de las campañas. Su costo es de 2 millones de pesos.

En papelería, carta, sobres, papel membretado, envíos, programas computarizados y engomados para los destinatarios, les ha representado un costo de 10 millones de pesos.

Eventos de candidatos. Los candidatos del PAN han gastado en presentaciones ante los medios, ante la sociedad, ante las cúpulas empresariales, incluyendo gastos de salones en hoteles de cinco estrellas y gran turismo, desayunos, comidas, cenas, meseros, propinas, hospedaje y atención a notables, con un costo de 10 millones de pesos.

Brigadas. El PAN cuenta con un promedio de 2 mil personas encargadas de repartir, fijar, colgar y colocar toda la propaganda gráfica en el Estado. Tenemos información de que cada uno de ellos recibe 100 pesos diarios, calculando el trabajo durante 45 días, da un total de 9 millones de pesos.

Vehículos y combustibles. Suponiendo que sólo estén rentando vehículos y apoyando al resto con combustible, más el pago de los operadores, en este rubro han erogado 11 millones 20 mil pesos.

Sumando todos los gastos de las campañas del PAN en Jalisco, se concluye que han gastado un total de 110 millones de pesos, que supera con mucho al tope que le fue asignado de 13 millones de pesos. Ojalá que sepamos la procedencia de los fondos con los que han pagado sus campañas y construido su edificio en Jalisco.

Por todo lo anterior, solicitamos respetuosamente a esta Cámara de Diputados, se sirva integrar una comisión especial, de las comisiones de Desarrollo Social y de Justicia, como se hizo en los casos de Tabasco y Veracruz, para que se trasladen al Estado de Jalisco a verificar todo lo que aquí se ha expresado.

Esperamos y deseamos que no haya bajo ningún concepto ni excusa, dos raseros, dos medidas para medir un mismo problema. Ojalá que el comportamiento sea igual.

Lo anterior, lo hacemos con fundamento en lo establecido en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y lo que señala el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para en su caso proceder de acuerdo a lo que señalan los artículos 108 tercer párrafo, 109 fracciones I y III y artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando juicio político para el ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco.

Diputados federales: Francisco Javier Santillán Oseguera, Teresa Núñez Casas, Héctor Francisco Castañeda Jiménez, Juan José García de Quevedo y Baeza, Salvador Rizo Ayala, Héctor Rodolfo González Machuca, Juan Enrique Ibarra Pedroza, José Luis Lamadrid Sauza, y su servidor.

Se anexan y entrego a la Secretaría, esperando sean analizadas, revisadas y comprobadas, videograbaciones de Televisa y Televisión Azteca, audiograbaciones de las estaciones de radio de la zona metropolitana, ejemplares de las publicaciones de prensa y fechas de su publicación, muestra de la propaganda, monitoreo radiofónico, registros de transmisión de spots radiofónicos y los costos, los costos en radio y en televisión.

Aquí está todo a disposición de los diputados y a disposición sobre todo de la comisión especial que se forme. Las verdades han sido dichas y queda pendiente su comprobación.

Y esperamos, por el bien de la democracia en el país, esperamos... esperamos...

Le pido que detenga el cronómetro, señora Presidenta, ante el comportamiento del "bronx" panista...

Le pedimos al orador que continúe. Por favor a los señores diputados les pedimos guardar orden.

Aquí están los videocasetes con la información que fue difundida por Televisa y Televisión Azteca, tanto de la mentirosa compañía del gobernador Cárdenas, Cárdenas, el del PAN, como las grabaciones de las estaciones.

Sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Emilio González Márquez, del Partido Acción Nacional.

Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas; compañeros diputados; amigos de los medios de comunicación:

Entiendo la posición del PRI. A ocho días de que termine la campaña en Jalisco, el PAN aventaja al PRI por 47 puntos contra 18; ¡deben estar desesperados! No lo dice el PAN, no lo dice el PAN, lo dice todo mundo: lo dicen los medios de comunicación, lo dice El Occidental, lo dice El Informador, lo dice El Siglo XXI, lo dice el público, lo dice Reforma Jalisco y ¡lo dicen los priístas que en charlas de café anticipan su derrota desde este momento!

Deben estar angustiados, deben estar angustiados los priístas al saber que no recuperarán los privilegios que habían usurpado a los jaliscienses y que el pueblo les arrebató desde febrero de 1995.

Entiendo su posición, así como entiendo que estén realizando en Jalisco campañas basadas en la calumnia, convencidos ellos como siempre lo han hecho, de la estrategia fascista de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. No han escatimado recursos, espero que en esta ocasión de ellos y no del pueblo, para tratar de ganar con mentiras lo que no han podido hacer con trabajo de Gobierno cuando lo tuvieron, lo que no han podido hacer con trabajo electoral y lo que no han podido hacer con propuestas. Entiendo su posición, un perdido a todas va.

En 1992, el PRI realizó en Jalisco, y concretamente en Guadalajara, una campaña basada en el derroche económico; todo parecido con lo que sucede en otros estados donde todavía gobierna el PRI, espero que no por mucho tiempo, es mera coincidencia.

Tengo muy presentes los gallardetes de plástico colocados por el candidato del PRI, de más de dos metros de longitud, que retratan de cuerpo entero y a todo color, al candidato del PRI a la presidencia municipal de Guadalajara.

Al comparar esa campaña con la actual, resalta una diferencia abismal, ya que ésta es ahora deslucida, triste, sin esperanza de triunfo, como presagio de su derrota. ¿Cuál es la diferencia entre ambas campañas? El partido es el mismo, es el PRI; las mentiras son las mismas, son las usuales y ni se las tengo que decir porque son las que utilizan también en sus estados; el candidato incluso, el candidato es el mismo, el candidato es el mismo también. Lo que ha cambiado es que ahora ningún partido, ningún partido tiene acceso a los recursos públicos para su beneficio, como era cuando el PRI gobernaba en Jalisco. Es que ahora el PRI ya no puede hacer uso de recursos públicos ¡como los 12 millones de dólares, que denuncia El Reforma, desvió el gobierno priísta de Guillermo Cosío, en beneficio de su partido, en beneficio del PRI y de funcionarios de su partido!

¡Como son, juzgan, como son, juzgan y no pueden entender que un partido, no entienden ellos que un partido pueda ganar la simpatía de la población y lo que es más: trabajando honestamente y no pueden entender que un gobernador sea respetado y querido por su pueblo! ¡Y ése es el caso de Jalisco!

Y así como el Gobierno Federal utiliza los recursos públicos para apoyar las campañas federales del PRI, ellos creen que debería de ser igual en Jalisco. ¡Están equivocados, en Jalisco se gobierna para todos los jaliscienses y tal gobierno está ajeno a los intereses del partido! ¡Tan es así que el gobierno del Estado propuso la suspensión de los programas de difusión con 30 días de anticipación a la fecha de las elecciones! ¡Cosa que no aceptó realizar el PRI en el seno del consejo del IFE en el pasado proceso electoral!

Y me permito, para ilustrar a esta Asamblea, darle lectura a un convenio signado por el gobierno del Estado de Jalisco y el consejo electoral del Estado:

"Unico. El Ejecutivo del Estado y el Consejo Electoral del Estado de Jalisco, en aras de coadyuvar a la efectividad del sufragio, así como de garantizar la equidad de la difusión de las plataformas electorales de los partidos políticos, convienen en suspender las campañas publicitarias de aquellos programas y acciones de gobierno, siempre que no sean de asistencia social o ayuda a la comunidad, derivados de emergencias sociales o programas de seguridad civil, de necesidad o de utilidad pública, a partir del día 9 de octubre hasta el día 9 de noviembre de 1997."

Firmado en Guadalajara, Jalisco, el 30 de septiembre, por funcionarios del consejo electoral y por el gobierno del Estado.

¡Aquí está en Jalisco lo que el PRI a nivel federal no se atrevió a realizar en el pasado proceso federal!

En el escrito que tuvimos oportunidad de leer, de escuchar en voz de mi compañero jalisciense, el diputado Morales Aceves, señalan "como el gran pecado del gobernador la invitación a votar" y les duele. ¡Claro que les duele, porque cuando la gente vota no vota por el PRI en Jalisco!

¡Además "ven la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga que tienen en el propio ojo"!

¡Yo recuerdo a Zedillo, no invitó a votar, mi estimado amigo; no invitó a votar en general. ¡Invitó a votar por el PRI, recuérdenlo!, para consolidar el modelo económico! ¿Cuál?

En la página tres basan sus acusaciones y cito textualmente, "según nuestra apreciación". Discúlpenme, pero no se puede hacer una solicitud de juicio político basada en "según nuestra apreciación". ¡Yo solamente les recuerdo a los priístas que los precios que tenemos nosotros en el PAN son diferentes, ya que en el PAN no pagamos sobreprecio!

¡La verdad es que están más desesperados por obtener notas periodísticas, de lo que yo creía! La verdad...

Ruego a los señores diputados, con todo respeto, poner atención al orador y guardar respeto y escuchar con atención, por favor.

Tendrán oportunidad de hacer uso de la palabra en el momento en que ustedes lo requieran, señores diputados. Por eso yo les pido que mientras el orador esté haciendo uso de la palabra, guarden atención y respeto.

La solicitud de juicio político al gobernador del Estado de Jalisco, a mí en lo personal me mueve la risa. Sin embargo, amigos, el gobierno de Jalisco no es el gobierno de Tabasco y los asuntos de Jalisco sí son de interés nacional.

Con la confianza de que el PAN es en Jalisco y en todo México respetuoso de la ley, someto a esta soberanía el siguiente:

Que se integre una comisión especial para investigar, como lo pide el PRI, la procedencia de los fondos que ha manejado el PAN y también para investigar lo señalado por el semanario Reforma Jalisco, en el sentido de que el gobierno priísta de jalisco en la época de Cosío Vidaurri, desvió 12 millones de dólares, que eran para beneficio de los más desprotegidos, 12 millones de dólares, que eran para beneficio de los discapacitados, de los menores, de los niños de la calle, de los ancianos y esos 12 millones de dólares que se investigue también ese desvío en beneficio del PRI, ¡del PRI!, sí, es el Partido Revolucionario Institucional, nada más que ahora ya le dicen Partido Revolucionario Institucional, porque el PRI ya lo tiene asociado a algo negativo la gente, pero es el mismo.

Veo que está terminando mi tiempo en esta participación, ¡así como se le está terminando el tiempo al PRI en todo México, así como ya se acabó el tiempo del PRI en Jalisco!

Muchas gracias por su atención, por su civilidad y por su urbanidad al que la tenga.

Para rectificación de hechos tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Ibarra.

Creo que todos acabamos de atestiguar aquí lo que es un doble discurso político y moral de un partido en la antesala de una elección como la de Jalisco.

Lamento que mi preopinante, Emilio González, no haya contestado con argumentos al razonamiento múltiple vertido aquí por mi correligionario, Morales Aceves; en cambio ha hecho un desglose de lo que es el múltiple discurso de Acción Nacional.

Resulta inconcebible que el diputado de Acción Nacional sustente la legalidad, la validez de un proceso electoral en encuestas y en estudios de opinión pública. Aquí hay dos razonamientos. Primero: si las encuestas tuvieran el carácter de definitividad, si las encuestas sustituyeran la emisión del sufragio y fueran la fuente de integración de los órganos de gobierno, no tendríamos por qué realizar procesos; saldríamos a hacer estudios de mercadotecnia para ahorrarnos recursos económicos y procedimientos de carácter electoral.

Pero, ¿por qué es un doble discurso? Porque ante las encuestas de Tabasco, ante las encuestas en otras elecciones, Acción Nacional las desestimaba y no le significaron ningún elemento a considerar. He ahí la primera incongruencia.

Una segunda y más importante, y aquí lo acaba de establecer, con lo que es la soberbia y lo que es la vanidad de alguien que se siente en la antesala de un triunfo en un partido político, hace días aquí en esta Cámara se cuestionó y se criticó el hecho de que en Tabasco un partido haya obtenido todos los triunfos de mayoría relativa en disputa y el pasado jueves el dirigente nacional del PAN y en congruencia el diputado que acaba de hablar. hablaron de la legalidad y de la legitimidad de carro completo en la elección de Jalisco. Eso es incongruencia, eso es tener una visión de democracia selectiva y democracia discriminatoria; aceptación, como decía Calderón, por su potencial triunfo completo en Jalisco no sólo de legal, sino de legítimo.

Ahora bien, con mayor profusión se habló aquí de la equidad, la equidad que es manifiesta en sentido contrario a como se está llevando en el Estado de Jalisco. Acción Nacional aquí y recurrentemente ha hablado de favoritismo en políticas del Partido Revolucionario hacia procesos electorales; en Jalisco los jaliscienses somos testigos cotidianos de conductas inmorales y antiéticas de lo que es la gestión de César Coll, con programas llamados de Acción Comunitaria, coincidentemente casi en simetría las siglas de PAN y las siglas de PAC y ese programa también llevado a cabo profusamente por Daniel Ituarte, su sucesor en el municipio de Zapopan, ése es el discurso de la incongruencia y ése es el doble discurso moral que maneja Acción Nacional.

Los comicios, compañeras y compañeros, habrán de ser el día 9. Los priístas, como cualquier otro partido político habremos de someternos al escrutinio del electorado, única fuente válida, legal y legítima para conformar los organos de Gobierno, al veredicto y al juicio de los jaliscienses. Nos someteremos y acataremos su decisión, pero no compartimos y no podemos tolerar lo que es la ambivalencia y el discurso incongruente y congruente del Partido de Acción Nacional.

Diputado ¿con qué objeto? Para rectificación de hechos. Su nombre por favor, señor diputado...

El diputado Ibarra Pedroza dice que en el PAN se maneja un doble discurso "cree el león que todos son de su condición".

La respuesta que dio mi compañero fue muy clara, no sé si le entendieron, fue muy clara, se propuso que se forme una comisión de investigación de los recursos en esta campaña de Jalisco, eso es ser congruente, ser congruentes con llevar a cabo las transparencias y las limpiezas y las legalidades de todas las campañas de todos los partidos en este país.

Tampoco hablamos jamás, mi compañero jamás habló de carro completo, es lógico, por supuesto, que podemos perder algunos municipios, esperamos que sean los menos.

Pero será interesante reconocer los resultados de la investigación que realice esta comisión y compararlos en este mismo pleno, comparar los números para evidenciar la falsedad de los datos...

Para preguntarle al orador, con todo respeto, si me acepta hacerle una pregunta.

Es obvio que quien siempre, durante tantos y tantos años han realizado sus campañas con recursos oscuros y subterráneos, piensen o deduzcan que todos los demás partidos lo deben hacer igual. No les cabe la idea de que en México se pueden hacer campañas limpias, claras, legales, transparentes; no les cabe la idea de que un Gobierno sea respetado y apoyado por el pueblo sin que le repartan tortibonos.

No les cabe la idea de que sin repartir dádivas se obtengan logros, como que Jalisco es el primer lugar en creación de empleos; que se tengan un incremento en exportaciones de 1 mil 400 a 5 mil millones en sólo dos años; que en estos dos años se haya obtenido un segundo lugar nacional en establecer aulas y centros educativos, cuando hace dos años estábamos en 31 lugar etcétera.

Podría cabe acaso la posibilidad de que el ardor de la desnudez de lo que pasó en Tabasco recientemente y en tantos y tantos estados y a nivel federal los lleve a hacer estas acusaciones mañosamente elaboradas.

Miren quién habla! ¡Mexicanos todos!, escuchen bien lo que dice el humilde y honesto PRI, escúchenlo bien, por favor: "invitamos a todos los diputados, a todos, a los 500 diputados aquí representados, a que asistan a las elecciones el 9 de noviembre en Jalisco, para que nosotros mismos nos percatemos de la limpieza de unas elecciones, que se conozca a fondo la verdad y que el pueblo, así es, que el pueblo decida quién es el que dice las mentiras".

Ahora que las cúpulas empresariales se han cambiado puntualmente al gobierno, en Jalisco y en Nuevo León, donde se confunden los papeles de empresario y de político, quisiera preguntarle en qué proporción y qué bueno que sea precisamente este diputado, porque él representa a lo más encantado del neopanismo en Jalisco, junto con otros que luego los conoceréis, pero... pero el aquí presente que encabeza... es parte de uno de los organismos más participativos en política.

¿En qué proporción participan los empresarios panistas que hoy curiosamente son mayoría, para soportar las campañas exageradas del PAN en Jalisco?

Señor diputado, ha escuchado usted la pregunta. Usted tiene la decisión de contestarla o no.

Bueno, primero el señor diputado se está refiriendo a que yo pertenezco a las cúpulas empresariales, quiero decirle, señor diputado, que no es de hoy; hace dos años publiqué en un periódico de mayor circulación en Jalisco, un desplegado que se titulaba "No se vale", hablando precisamente de la devaluación de 1994, lo publiqué a principios del año de 1995, y recuerdo perfectamente bien una frase que puse ahí, que dije: "ya es tiempo de que en México se oiga y se escuche lo que piensan los verdaderos empresarios de este país, no los seudolíderes empresariales, autocorrompidos con el Gobierno unipartidista". Esa frase la dije hace dos años, no es de ahorita.

También quiero decirle, señor diputado, que en su pregunta que usted me hace respecto a que las cúpulas empresariales están involucradas en la campaña electoral, yo desconozco sinceramente si han aportado efectivos, no lo sé, pero con todo gusto se va a investigar; sin embargo, el hecho de que ya no controlen a ustedes por las maneras maniatadas que tenían a controlar a los empresarios que ahora es de Jalisco y de Nuevo León y muy pronto será de todo México, los empresarios, ya no van a estar maniatados por nadie. Esa es la verdad.

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ibarra.

Solicité el uso de la palabra para contestar alusiones personales, para precisar que el diputado que acaba de hacer uso de la palabra, tampoco dio respuesta a los desmenuzados cuestionamientos del diputado Morales Aceves, y fundamentalmente para ratificar nuestra petición y qué bueno que Acción Nacional comparte la propuesta de la integración de la comisión para investigar el desempeño y la marcha del proceso.

Yo quisiera, además, asentar otros motivos inquietantes que deberían de ser no nada más para el Partido Revolucionario Institucional, sino para el resto, sino para el resto de las formaciones políticas que contenderán el día 9 de noviembre.

Hay un hecho preocupante que es el desempeño de la autoridad electoral encargada del proceso.

Una moción, éstas no son alusiones personales, con todo respeto para la Presidencia y para el orador.

Diputado, prosiga su intervención, por favor, y ajustese a las alusiones personales.

Lamento que en lugar de presentar una interpelación, se trate de quebrantar el desarrollo de una exposición de ideas sobre un asunto concreto que nos ocupa.

La actuación y el quehacer de la autoridad electoral, quebranta el espíritu que nos llevó a todos los partidos políticos para la reforma política, que derivó en una modificación del artículo 116 de la Constitución de la República...

Moción de orden, pidió la palabra para contestar alusiones personales, que se concrete a responder las alusiones personales.

Señor diputado, yo le ruego me disculpe, pero no le hemos concedido la palabra para hablar, de todas maneras tomamos su recomendación.

El sentido del artículo para contestar alusiones personales es que yo fui aludido por el diputado que acaba de hacer uso de la palabra y eso me da derecho a exponer y a dar respuesta a su cuestionamiento de mi intervención.

Concreto: hay motivos suficientes e insisto, ésta es una preocupación que debería de ser no exclusiva de mi partido, que es el desempeño de la autoridad electoral, yo no voy a entrar en cuestionamientos que no me constan ni cuestionamientos que me lleven a inferencias ligeras e irresponsables, pero sí nos llama mucho la atención y si estamos hablando de que una comisión investigará, yo solicito que concretamente explore lo que a continuación detallaré.

Como muestras de botón de un quehacer irregular de la autoridad electoral, está la indefinición en cuanto al número de casillas. En Jalisco, la autoridad electoral ha llegado a asumir funciones de carácter legislativo e interpretó que para constituir una casilla...

Permítame, señor orador, paren el reloj. ¿Con qué objeto, señor diputado? Denle por favor el micrófono, señorita, al señor diputado.

Señora Presidenta, con todo respeto, el señor orador pidió la palabra para contestar a alusiones personales. Ya está formulando un discurso nuevo que no tiene nada que ver con lo que se dijo de su persona ni con lo que se dijo por los demás preopinantes.

Suplicaría instruya al orador para que se ciña al motivo por el cual solicitó el uso de la palabra y exclusivamente conteste las supuestas alusiones que se hicieron a su persona.

Señor diputado orador, le rogamos centrarse en el tema de alusiones personales, por favor. Continúe su participación.

Señora Presidenta, deploro la actitud de mi amigo el diputado Juan Miguel Alcántara. Yo estoy encauzando mi participación en el tema que nos ocupa y fui aludido por el diputado García de Alba; no estoy extrapolando ningún tema distinto al que agendamos en este punto, con todo respeto, señora Presidenta.

Además de la irregularidad en cuanto al número de casillas electorales que sesionaron, que funcionarán en Jalisco y que las contiguas, en virtud de una interpretación legislativa del órgano superior de conducción electoral estableció que habría una casilla contigua, a partir de 850 ciudadanos en lugar de 750 electores, lo que contraviene la ley, existen otras irregularidades manifiestas.

En materia de insaculación, la autoridad electoral centralizó el ejercicio tan importante que es la selección de ciudadanos que habrán de conducir la recepción de sufragios el día de los comicios. No lo hizo descentralizadamente en cada distrito, como lo establece la ley.

En cuanto a la capacitación, ha habido desmesuras tales, diputado Alcántara, que inclusive ha habido presidentes de comités distritales que proponen que sean funcionarios de casilla vecinos, amigos o familiares de los declinantes. Eso es totalmente contrario a lo que se persigue con el 116 de la Constitución. Este precepto, junto con la reforma del 99, de darle facultades al tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, fue para fortalecer y para evitar tentaciones de deformación en la realización de los procesos locales.

Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Fernando González, para rectificar hechos.

A mí me llama la atención cuál es la verdadera razón por la que en una primera instancia el diputado Morales Aceves pasó a esta tribuna y en un segundo momento el diputado Ibarra Pedroza.

¿Cuál es la verdadera razón, porque hemos escuchado con mucha atención la lectura del documento que ellos presentaron?, pero pareciera que en Jalisco solamente dos partidos políticos concurren a la contienda: el PRI y el PAN y no, señores, en Jalisco concurre el PRD, el PT, el Verde Ecologista, el PAN, el PRI, el PPJ, el Partido Demócrata Mexicano y hasta ahorita solamente de una parte hemos escuchado argumentos que desde la perspectiva de alguien, del según, creo yo, se están violando los reglamentos y las leyes, ¿cuál pues es la verdadera razón por la cual pasan aquí, señores del PRI?

A mí me da la impresión de que no les cabe en su mente que puede haber una elección estatal en Jalisco y que salgan limpios. No les cabe en su mente después del debate de hace dos semanas o tres semanas sobre Tabasco y sobre Veracruz.

No, mis amigos, en Jalisco las cosas han cambiado y mucho y por eso nos sumamos a la propuesta que ustedes hacen.

A mí me da la impresión, que la verdadera razón por la que pasan aquí es el periodicazo salido el día de ayer en Reforma, que va contra el PRI y va contra Cossío Vidaurri, pero que el PAN no tuvo nada que ver con ese periodicazo. Váyanse contra Reforma mis amigos.

El diputado Ibarra Pedroza dice que se utiliza un programa de Gobierno y que es muy similar con las siglas del PAN. Mis amigos, nadie puede negar que la mejor campaña electoral es un buen Gobierno, es un buen ejercicio de Gobierno.

Con mucho gusto, compañeras y compañeros diputados, estaremos dispuestos a integrarnos inclusive a esta misma comisión, para que después del día 9 de noviembre rinda su informe a este pleno, pero no, por favor, de unos argumentos vagos y desde una perspectiva bastante vaga, solicitemos juicio político a un gobernador.

Señor diputado, las pruebas preséntelas a la autoridad competente en Jalisco y aquí.

Señores diputados, les recuerdo que no se puede hacer en forma de diálogo ninguna participación.

Porque de otra manera, señoras y señores diputados, podríamos fácilmente, por la gran campaña que hizo el doctor Zedillo pidiendo el voto a la nación para su partido, hacer la misma petición y sería ridículo, de juicio político, para el doctor Zedillo.

No, señor diputado, cuando tenga las pruebas, como estaban en Tabasco, cuando tenga todos los elementos de prueba, entonces proceda en consecuencia.

Hay que asumir y hay que venir a esta tribuna consciente de la grave responsabilidad de lo que se está demandando.

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Francisco Morales.

Muy ofuscados deben estar en Acción Nacional... Señora Presidenta, le ruego controle al bronx panista.

Señores diputados, si me permiten, les pedimos con todo respeto su atención al orador.

Decía, compañeros diputados, que deben estar ofuscados porque no escogieron a la persona más adecuada para defenderse.

Primero, y muy importante, él es uno también de los neopanistas, empresarios venidos a políticos que saturan y corrompen con regalos y con atenciones a las cúpulas de su partido para avanzar políticamente.

Permítame, señor diputado orador. ¿Diputado Rodríguez Prats, con qué objeto?

Quiero señalar, además, que el diputado que me aludió tiene un juicio pendiente por el excesivo gasto de campaña en el proceso electoral Federal. El lo sabe, no se ha terminado, no ha concluido.

Saben qué es lo que sucede con Acción Nacional en Jalisco, es muy simple. Tengan una pequeña dosis de humildad para aceptarlo. Lo que sucede es muy sencillo: todavía no se acostumbran a ser gobierno, siguen siendo oposición en el gobierno y como todavía no aprenden a ser gobierno, se comportan en el gobierno como oposición: intolerantes, soberbios, prepotentes, ya los conocemos.

Señora Presidenta, hay un compañero que me quiere interpelar. me daría mucho gusto acceder por su atención comedida. Con mucho gusto, y más tratándose de usted.

Acaba usted de mencionar, me imagino que soy yo, que tengo un juicio pendiente de aclaración. ¿No soy yo o quién es?

No, señor diputado, me refiero al diputado González Corona, de Puerto Vallarta.

Con mucho gusto. Y más en la condición de paisanos, sobre todo, aunque realmente no lo es.

Permítame, señor diputado. Con todo respeto, la Presidenta de la mesa, su servidora, y es a mí a quien tiene que solicitar la palabra.

Lo acepto con mucho gusto, porque desde que llegó de Mazatlán a Puerto Vallarta, ya se ha relacionado con los asuntos de Jalisco y lo entiendo y lo acepto con mucho gusto.

Señor diputado, vamos dándole nivel al debate, por favor. En mi discurso no hice referencia, en lo personal, a nada ni a nadie. Mire, yo no tengo ningún juicio, al menos que conozca, sobre recursos o excedencia de recursos en campaña, para nada. Cumplimos y apegados a la ley presentamos nuestra información. Nada más para su conocimiento.

Dígame, ¿en qué juzgado se encuentra? ¿Cuál es el número de expediente para tener conocimiento de él, porque lo desconozco?

Ya concluyó el orador. Señora Presidenta, señor Presidente, perdón. No tengo la virtud de ver por detrás de mi cuerpo, señor Presidente.

Señores diputados. Yo les pido que este tema es de interés nacional, como lo han vertido algunos diputados de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional.

Yo les pido que se eleve el debate, que se eviten los diálogos personales. No puedo criticar, no se podrá llamar al orden para criticar al orador cuando vierta algunas alusiones. Están facultados ustedes si se sienten agraviados para que, conforme al artículo 107, quede en la versión estenográfica y puedan ustedes proceder conforme a derecho.

Yo les pido que se haga de este debate un debate de altura y no se tome de manera personal ni chusca algo que es de trascendencia para el Estado de Jalisco.

Asimismo, solicito a la Oficialía Mayor, las personas que sean ajenas, que no sean diputados y que no sean medios de comunicación acreditados, con todo respeto solicito salgan del salón de sesiones. Prosiga el orador.

Señor Presidente, me gustaría que se revisara la grabación de la intervención del diputado González Corona, quien afirma, faltando a la verdad, que no me aludió a mí en lo personal, lo hizo entrando en su intervención por esa razón y en esa virtud estoy aquí en la tribuna.

La otra pregunta que usted hace, en relación a que señale el número de juicio donde se ha radicado la denuncia contra usted, solamente señalaría que el actor de esa denuncia es el arquitecto Jorge Lepe García, que fue su contrincante político...

En el fondo y para que no quede algo tan importante sin respuesta, después de que el Partido Acción Nacional sembró nuevamente, como es su costumbre, el tema de Guillermo Cossío Vidaurri, en dos medios a los que privilegió con la información, y miren la coincidencia, siempre que tienen problemas electorales, que hay dificultades en el Gobierno, que tienen problemas de integración o de composición en su propia administración pública, inmediatamente sacan la cortina de humo del tema de Guillermo Cossío Vidaurri.

Realmente Guillermo Cossío Vidaurri, le debe regalías al PAN, por ese sobreuso que han hecho ustedes de la imagen de Cossío Vidaurri.

Y creo además lo siguiente. En este momento se está dando un gran debate en el Estado de Jalisco, sobre un problema fundamental, que es el aspecto educativo, les ha dolido. Ayer se lo dijimos de frente al gobernador del Estado, que inopinadamente apareció aquí en una reunión de la Comisión de Educación y de Hacienda.

Ni un solo diputado del PAN lo pudo acompañar, yo creo que ya no coinciden con él o ya lo rechazan. Estuvimos solamente los diputados jaliscienses del PRI.

Esto es importante señalarlo, porque apareció el gobernador aquí, no sabemos ni por qué medios y le pediría al señor Presidente que se investigue, ¿o pueden venir bajo su arbitrio los gobernadores, ponerse de acuerdo con los presidentes de las comisiones y venir formalmente al Congreso? ¿Venir a la Cámara?..

Bueno, gracias por la ilustración, y yo ayer le dije al señor gobernador, casi todo lo que aquí estamos hablando...

Una vez más, señor diputado orador, se le exhorta a que se dirija a la Asamblea y no esté realizando diálogo con unos y otros.

Respetuosamente quiero recordarle al señor Presidente, que de acuerdo con el artículo 61 constitucional, los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

El Presidente de la Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de las mismas y por la inviolabilidad del recinto donde se reunan a sesionar.

Respetuosamente le pido al señor Presidente, respetar el fuero de inmunidad de que goza nuestro compañero diputado.

Con mucho gusto diputada. Nada más quiero recordarle también, que por votación y decisión de este pleno, es el Presidente de la mesa el que conduce las sesiones.

Y asimismo, si me permite, diputada, si me permite, el artículo 26 también no lo estamos reconviniendo al señor diputado, les estamos señalando que no se dirija ni entable diálogo con los señores diputados, porque eso está también prohibido por la ley.

Le recuerdo que tenemos reglamentos y la ley que todavía no han sido reformados y que tienen muchos vacíos y que en la praxis parlamentaria ha sido que el Presidente de la mesa directiva conduzca el debate, la reconvenga el diputado para que se lleve un debate de altura para el bien de la nación.

Se acepta su moción por ser un artículo constitucional, pero no se le está reconviniendo, se le está invitando a que no entable diálogo con los diputados y al mismo tiempo se dirija con el respeto que merecen todos y cada uno de ustedes, señora diputada.

Nada más le recuerdo que nadie puede estar por encima de la ley y mucho menos por encima de la Constitución.

Señor Presidente, a fin de aprovechar este breve espacio de tiempo que queda, quisiera señalar nada más a la atención de muchos, que quizá en la moda que hoy por la crisis económica a muchos les hace voltear los ojos al PAN.

Quiero decirles que en Jalisco se desarrolla un gran debate al que la nación no puede ser ajeno.

En el laboratorio político en que han convertido a Jalisco, hoy en Jalisco está a punto de tener vigencia la nueva Ley Estatal de Educación, que es el gran tema de las campañas en Jalisco.

¿Saben qué dice el artículo 6o. de la Ley Estatal de Educación?, se opone a la Constitución General de la República en el artículo 3o. Si alguien desea un ejemplar, en la oficina que esta Cámara me ha proporcionado, los pongo a su disposición. Hay una anticonstitucionalidad de la ley y yo llamo la atención, porque se quiere sustituir...

Señor Presidente, una moción de orden, que se concrete el orador para lo que pasó a la tribuna, está cambiando precisamente el motivo. Por favor.

Para concluir, señor Presidente, simplemente que no pierdan de vista que lo que está en juego en Jalisco es un rediseño sobre una base distinta, sobre una base egoísta, personalista y que choca con el espíritu social de la Constitución General de la República. Revisen la Ley Estatal de Educación.

El diputado Rafael Sánchez Pérez, del Partido Acción Nacional, para rectificación de hechos.

El asunto que nos ha traído a la tribuna el día de hoy, es el dispendio de propaganda en Jalisco por el Partido Acción Nacional. Se dice que, según calculamos, que según creemos, que debe ser y se pide juicio político en contra del señor gobernador constitucional del Estado de Jalisco.

Yo quisiera recordarle a mí amigo Francisco Morales Aceves, que él y yo somos abogados; creo que excelentes abogados y creo que, coincidentemente, somos compañeros de generación y que además, afortunadamente para ambos, recibimos cátedra de los mejores juristas de aquel tiempo, con mucho respeto recuerdo a don Arturo Ramos Romero y a don León Aceves Fernández, entre otros, y ellos tuvieron el cuidado de decirnos, de enseñarnos que los hechos se prueban y si tuvieron el cuidado de decirnos que las cintas grabadas y los periódicos y los spots en radio, no hacen prueba plena de los hechos que se investigan.

En consecuencia, creo que aquí se está llevando a cabo la campaña política del PRI en Jalisco. Aunque ya se confeso que el asunto aparecido en relación a Cossío Vidaurri, era el móvil por el que se venía a esta tribuna, creo que el verdadero móvil es que en Jalisco, campaña puerta por puerta con los ciudadanos, sólo la ha hecho el PAN y el PRI necesita de hacerla desde esta tribuna. ¡Caramba, creo que eso sí es deshonesto!..

Por otro lado, otro de los oradores del PRI estableció, señor Ibarra Pedroza, que las siglas PAN y PAC se parecen mucho...

Yo quisiera decirle que se parecen más los colores de la bandera a los colores que usa el PRI, y quisiera decirle también que programas como el PAC y el PAZ los llevaba a cabo Alberto Mora López. Yo fui regidor de ese ayuntamiento y quiero decirle que la diferencia...

Se pregunta al diputado González Machuca si quiere hacer una pregunta al orador.

Y quiero decir también, que la única diferencia en esa similitud es que ahora sí se cumple con lo que se ofrece en esos programas y aquellas veces no se cumplía nada. Esa es toda la diferencia. Son programas de trabajo y que no los vamos a suspender nada más porque haya una campaña electoral. Así se trabaja en Jalisco, en Jalisco se trabaja con honestidad.

Y quisiera nada más de refilón decirles que la honestidad, la conducta honesta del gobernador de Jalisco no está a discusión. El gobernador de Jalisco lo que ha hecho es pagar las deudas que heredó del sistema anterior, eso es lo que ha hecho.

Para rectificación de hechos, el diputado Héctor Castañeda, hasta por cinco minutos.

Tratando de penetrar en un examen circunstancial de Jalisco y sus cuestiones políticas, observamos que en todos los municipios y particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara, se reserva un estado de confusiones en los derechos y obligaciones civiles.

Aparentemente Acción Nacional y sus seguidores arribaron a Jalisco desprendidos de la implantación de la misma cultura política de la Revolución Mexicana en todas sus expresiones y la provocada por la reforma electoral desde 1997, que abrió las posibilidades de oposición al gobierno permanente. Sin embargo, no puede desestimarse la probabilidad de que el fenómeno panista pueda prolongarse indefinidamente.

Para provocar un análisis consciente del estado que guarda la cultura política en Jalisco, se requiere de cierto maquiavelismo y de la aplicación de sus instrumentos más prudentes, de perspicacias visuales, de mañas sutiles y hasta de añejas picardías que tienden a esclarecer las condiciones regionales, nacionales e internacionales en que se debate el frágil Estado mexicano, pues el arte difícil de fundar y mantener el poder, como apuntara el célebre Maquiavelo, es un ejercicio de muchas caras y de muchos vuelcos inexplicables que se confunden sobre todo en la práctica de la democracia.

Es costumbre y tradición, además de obligación, que una vez que se avizora el final de una responsabilidad, incluida la misma vida, sean repasadas las promesas hechas y los compromisos adquiridos para evaluar y calificar objetivamente la gestión por concluir.

Lo anterior viene al caso porque en 65 días habrá de terminar el periodo de las 124 administraciones municipales jaliscienses, que fueron electas en febrero de 1995, considerando necesario por lo tanto hacer un breve recuento de los logros alcanzados y también de los compromisos no cumplidos, refiriéndome en esta ocasión a dos de los municipios metropolitanos: Zapopan y Guadalajara, que por coincidencia están presididos por ayuntamientos predominantemente panistas.

De los logros alcanzados, traducidos éstos en materia de seguridad, procuración y administración de justicia, obras y servicios públicos e incluso en honestidad, no hay nada digno que contar, ya que es por todos los jaliscienses conocidos que el alto índice de inseguridad que vive nuestro Estado lo ha llevado a ocupar el primer lugar nacional en ese rubro.

En cuanto a honestidad se refiere, basta recordar, primero, que el presidente municipal electo en Zapopan fue removido de su cargo por las acusaciones que en su contra se desataron, principalmente la dirección estatal de su partido político, que más allá del respeto que los electores zapopanos merecen y del límite de sus atribuciones, en juicio sumario le exigieron solicitar licencia antes de cumplir la primera mitad de su gestión.

Y, segundo, que nunca fue aclarada en forma satisfactoria para la ciudadanía tapatía la aplicación de los recursos económicos que el presidente municipal de Guadalajara recibiera de la administración anterior, para financiar el evento de toma de posesión, mismo que de acuerdo a una primera declaración sirvieron para pagar gastos y sueldos de campaña política que recién había terminado.

En materia de obras y servicios públicos, es evidente para todos que no se ha construido en los últimos 30 meses, en la mayoría de los 124 municipios del estado, obra alguna que ayude a resolver o mejorar el congestionamiento vial, la transportación colectiva, el desalojo de aguas pluviales y las severas inundaciones que provocan la falta de agua, problemas que tienen casi la mitad de los jaliscienses y la grave deseconomía que esos tres problemas juntos y aislados afectan individual y colectivamente.

Las promesas, buenas intenciones, quedaron atrás, sin haber trascendido más allá del papel en que quedaron impresas.

Los problemas y las necesidades de los jaliscienses persisten y lo que es peor, el rezago acumulado en estos tres años lo ha incrementado notablemente.

Y finalmente, las administraciones municipales panistas carecieron antes y ahora de proyecto de gobierno, de vocación y espíritu de servicio y adicionalmente de la sensibilidad política que les impidiera llegar al final de su gestión con tantos y tan serios compromisos no cumplidos.

A pesar de las constantes evidencias con las que día a día nos tropezamos, los insensibles quieren ir reduciendo la gratuidad de la educación tal como lo solicita textualmente la Ley de Educación Estatal recientemente promulgada.

Yo le suplico al señor diputado concluya su intervención. Su tiempo se ha acabado.

Túrnense ambas propuestas: la del diputado Francisco Morales Aceves y la del diputado Emilio González Márquez, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Justicia, para que ahí se cree un subcomité de información sobre el estado electoral del próximo domingo 9 de noviembre en Jalisco.

Tiene la palabra el diputado Carlos Antonio Heredia Zubieta, para dar lectura al informe de la comisión plural sobre hechos en el Estado de Tabasco.

Informe del grupo plural para Tabasco a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

El día 12 de octubre a las 6:00 de la tarde se instaló en la ciudad de Villahermosa este grupo plural con la presencia de dos diputados del Partido Revolucionario Institucional, dos diputados del Partido de la Revolución Democrática, a quienes se sumó más adelante el diputado Juan José Rodríguez Prats, del PAN, también miembro de este grupo plural.

Desarrollamos nuestro trabajo de acuerdo a la metodología convenida entre todos los miembros de este grupo plural que a su vez ya había sido acordado en el seno de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Nos entrevistamos con los funcionarios cuyos nombres hemos ya proporcionado en esta tribuna para darles cuenta del cometido que cumpliríamos en esa entidad.

Posteriormente escuchamos los testimonios de los ciudadanos tabasqueños. El día 13 escuchamos a 76 oradores. El día 14 escuchamos una docena de oradores más. De manera reiterada y sistemática la mayor parte de los testimonios recogen evidencia del uso de recursos federales y dicho en sentido más amplio de recursos públicos con fines electorales.

En concreto encontramos múltiples evidencias del desvío de fondos del ramo 26 por parte del gobierno del Estado de Tabasco en beneficio del PRI.

Esto está fundamentado en los propios testimonios de los ciudadanos tabasqueños que en el foro que llevamos a cabo nos dieron cabal cuenta de cómo los dineros públicos son utilizados en beneficio del PRI más allá de lo que permite la ley.

Quiero detenerme hoy en las conclusiones a las que llegó este grupo plural, quiero dejar bien claro que este informe fue presentado, leído y votado en el seno del grupo plural y consecuentemente aprobado por la mayoría de los integrantes de este grupo plural, es decir; los diputados: Elodia Gutiérrez Estrada, Juan José Rodríguez Prats del PAN; Norma Argaiz Zurita y Carlos Antonio Heredia Zubieta del PRD, que constituimos la mayoría de este grupo plural.

Por lo tanto de manera formal se presenta a este pleno el único informe que llegó al propio grupo plural y ha sido entregado debidamente a la Comisión de Desarrollo Social para su conocimiento.

Quiero dejar claro que el documento que presentamos aquí forma parte de una larga serie de testimonios y de evidencias que ya hicimos llegar a esta Secretaría, que hoy va a ser enriquecida con nuevas evidencias surgidas de la jornada electoral del 19 de octubre.

Por ejemplo entregamos ya, y reitero el uso que se hizo durante la jornada electoral de los colores nacionales por parte del PRI, de los colores de la Bandera Nacional y también del uso que se hace del Escudo Nacional sobre el emblema del logotipo del PRD.

Dejo constancia de esto como un testimonio más que será entregado a la Secretaría.

No tuvimos que ir muy lejos para averiguar el uso de recursos públicos con fines partidistas. Según ex líderes estatales del PRI y empleados de la actual dirigencia partidista, en testimonios que fueron vertidos a la revista Proceso en su número 1049 y el comité directivo estatal del PRI recibe del gobierno del Estado en efectivo 3 millones de pesos al mes, esta cantidad es entregada por el director de egresos de la secretaria de finanzas al secretario de finanzas del pri en esa entidad.

sta cantidad se suma a los usos de recursos gubernamentales que ya han sido documentados aquí. No queremos que quede impune este uso de recursos para fines partidistas; por ello ratificamos aquí en este pleno las denuncias anteriormente presentadas y presentamos de nueva cuenta la solicitud de que todas estas evidencias, más aquellas que han sido presentadas por los diputados del PRI miembros de este grupo plural, sean turnadas a las comisiones de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales, para ser integradas a su vez al expediente de juicio político que se ha abierto contra Roberto Madrazo Pintado.

Quiero señalar, compañeros diputados, que el día 23 de octubre se llevó a cabo esta sesión del grupo plural, en donde dimos cuenta a la Comisión de Desarrollo Social del trabajo desarrollado. Manifestamos asimismo nuestra extrañeza de que los diputados del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Jiménez Macías y Jorge Canedo Vargas, a toro pasado a posteriori, argumentaran sobre la supuesta inconstitucionalidad de este grupo plural, cuando su coordinador en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, había estado de acuerdo en la conformación de este grupo y cuando ellos habían aceptado expresamente formar parte de éste.

Dichos diputados abandonaron el trabajo del grupo plural dejando la ciudad de Villahermosa antes de concluir los trabajos de este grupo y asimismo en la sesión del grupo plural reiteraron su tesis de que este grupo es inconstitucional.

Quisiera entonces reiterar que lo que estamos presentando en la tribuna en este momento ante el pleno, no es ura opinión ni un voto particular; es el informe del grupo plural para Tabasco ante este pleno.

Quisiéramos también pedir a esta Presidencia que manifieste, que ratifique el hecho de que está recibiendo el informe del grupo plural en dicha calidad y no simplemente como la opinión o el voto particular de algunos diputados.

Finalmente, compañeros diputados, nos interesa reiterar nuestra preocupación de que en el Estado de Tabasco se ha conformado una situación extremadamente grave, por la cual está totalmente ausente el estado de derecho.

El Partido de la Revolución Democrática no dejará de presentar las impugnaciones de ley respectivas ante los órganos competentes, pero queremos manifestar como grupo parlamentario dado que los asuntos de Tabasco son de interés nacional, queremos manifestar nuestra extrema preocupación porque en dicha entidad no existen las condiciones mínimas para que tenga vigencia el estado de derecho.

Hay una subordinación del Poder Legislativo del Poder Judicial y de la autoridad electoral, al dictado de una sola persona: de Roberto Madrazo Pintado.

Quisiera entonces, señor Presidente, terminar esta intervención haciendo entrega a la Presidencia de la documentación que hemos mencionado y reiteramos nuestra petición de que el informe que hoy entregamos sea considerado de manera oficial como el informe del grupo plural para Tabasco a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y ratificamos nuestra petición de que la Presidencia de la mesa directiva turne dicho informe y toda la documentación comprobatoria a las comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Justicia, con objeto de que se integren al expediente por el cual se solicita juicio político en contra de Roberto Madrazo Pintado.

Esta Presidencia, por conducto de la Secretaría, recibe el informe de la comisión que fue a Tabasco para investigar asuntos relativos... grupo plural para tratar asuntos relativos a supuestas utilización de recursos del programa federal de desarrollo social.

Se instruye a la Secretaría para que dé lectura al artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso.

"Artículo 56. Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros. Sus presidentes tendrán voto de calidad en caso de empate. Cuando alguno de los miembros de una comisión disienta de la resolución adoptada, podrá expresar su parecer por escrito, firmado como voto particular y dirigirlo al coordinador de su grupo parlamentario, con copia para el presidente de la comisión, para que aquél, si lo estima conveniente, lo remita al Presidente de la mesa directiva de la Cámara, a fin de que éste lo ponga a consideración de la Asamblea."

Esta Presidencia, a través de la Secretaría, recibió un voto particular por dos de los integrantes de la comisión plural que fue a Tabasco, del diputado Carlos Jiménez Macías y del diputado Jorge Canedo Vargas. Conforme a la ley, para su voto particular, se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Jiménez Macías.

La comisión plural de investigación para el Estado de Tabasco, su actuación y el supuesto informe con el que se ha dado cuenta a esta soberanía, resultan netamente inconstitucionales.

En el voto particular que junto con el de la voz ha suscrito el diputado Jorge Canedo Vargas, ambos integrantes de la fracción parlamentaria del PRI ante esta Cámara de Diputados, nos proponemos argumentar nuestras razones en ese sentido.

En virtud de que la extensión de este documento elaborado con el propósito de emitir el voto particular excede el tiempo de esta intervención, solamente me referiré a la parte sustantiva del mismo, que entregué previamente al coordinador de mi fracción parlamentaria para que lo hiciera llegar a la Presidencia de esta Cámara.

Estas son nuestras razones: desde el inicio de los trabajos de este grupo plural, manifestamos nuestra preocupación en el sentido de que el grupo tomara acciones que violentaban la soberanía del Estado de Tabasco y propiciara injerencia en el proceso electoral que estaba en curso y que competía exclusivamente a los tabasqueños. Lo argumentábamos con base en lo expresado en los artículos 42 a 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el caso concreto de las comisiones de investigación, según el artículo 52 de la ley citada, que tiene por objeto el tratamiento de los asuntos a que se refiere el artículo 93, párrafo tercero constitucional.

Asimismo podemos afirmar que la Cámara de Diputados, que forma parte del Congreso de la Unión, según los artículos 73 y 74 constitucionales, no tiene facultades que la legitimen para investigar hechos de un proceso electoral de una determinada entidad federativa. Para afirmarlo con mayor contundencia, concretamente, la Cámara de Diputados no tiene facultad para realizar ningún tipo de investigaciones en materia electoral en un estado miembro de la Federación.

Los suscritos estimamos que con independencia de los vicios de origen constitucional referidos anteriormente, la creación, objeto y funcionamiento de la comisión citada, es violatoria de los más elementales principios de legalidad, por eso afirmamos que atendiendo fundamentalmente a que el encargo de la comisión fue investigar hechos relacionados a un proceso electoral de una entidad federativa, la comisión, de origen es defectuosa y su actuación es violatoria de los artículos 52 de la ley y 93 constitucional.

Citados por la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, acudimos el jueves 23 de octubre a las 18:00 horas, a la reunión de los integrantes de la comisión plural para el Caso Tabasco, con objeto, según lo señalara el citatorio, de discutir y elaborar el informe respectivo.

Al diputado Jorge Canedo Vargas, que asistió a dicha reunión, le fue solicitada su firma para validar un informe ya elaborado y que por consecuencia no había sido sujeto de discusión y de consenso de todos los integrantes, negándose a suscribirlo por ese motivo.

Es falso lo que afirma el diputado Heredia en esta tribuna y también negándose atendiendo a la conducta que reiteradamente los diputados tuvieron en Tabasco, que desvirtuó totalmente la finalidad única y original.

Señor orador, ¿acepta usted la pregunta del diputado Carlos Antonio Heredia Zubieta?

...Que desvirtuó totalmente la finalidad única y original y también por los discursos pronunciados ante este pleno camaral en la sesión del 21 de octubre por los miembros del PAN y del PRD integrantes de la comisión.

Era evidente la conclusión de su dictamen y por supuesto patente nuestro desacuerdo, por ello se justifica nuestro voto particular.

Deseo agregar varios motivos sustantivos más, que justifican nuestra negativa a validar dicho informe.

Perdón diputado orador. Señor orador, ¿acepta usted una pregunta?.. Yo le preguntaría a usted, señor diputado, si va a aceptar alguna pregunta en su intervención.

Señores diputados, el señor diputado no va a aceptar ninguna pregunta en su intervención.

Si me permite el diputado Carlos Jiménez Macías. Señor diputado Pablo Gómez, ¿con qué objeto?

El tiempo es de 15 minutos, señor diputado; yo le pido a los que llevan el tiempo hagan favor de llevarlo; faltan ocho minutos.

Las conclusiones se fundamentan en dichos que no tienen un sustento en elementos probatorios. Es falso afirmar aquí que hubo elementos de juicio válidos para determinar lo que se dice en el informe.

De las pruebas presentadas también por muchos grupos, como aquí se reconoció, se debe destacar que esta comisión sin duda alguna rechazó las opiniones para dicho informe de los miembros del PRI, puesto que no nos consultó previamente para poder dar nuestros puntos de vista.

También se desprende que el propósito de ellos fue motivar allá en Tabasco la presentación de denuncias, desnaturalizando la finalidad para la cual fue conformada. También que fue evidente el propósito de generar en la opinión pública la idea del uso de los recursos a favor del PRI y con ello inducir el voto en contra de los candidatos de dicho instituto político, propósito que evidentemente no lograron, cuando menos del todo.

Afortunadamente en el ánimo de los tabasqueños prevaleció el juicio objetivo respecto al ejercicio de un buen gobierno y a la validez de la propuesta y el perfil de los candidatos del PRI.

Pero hay una razón más para rechazar dicho documento. El mismo, como aquí se ha dicho, se encuentra suscrito por el diputado Juan José Rodríguez Prats, quien ha manifestado públicamente y ante esta soberanía, que más allá de la cuestión jurídica y política, éste, el caso de Tabasco, para él es un asunto ya personal, lo dijo incluso ante los medios de comunicación allá, lo que lo inhabilita para votar y firmar ese documento, en términos de lo dispuesto por el artículo 82, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Señoras y señores, ante lo indiscutible del triunfo del PRI, en el Estado de Tabasco, dentro de la estrategia deslegitimadora de la oposición a este triunfo, observamos diferentes acciones. El contenido del informe que hemos escuchado es una más que seguramente tampoco funcionará, porque prevalecerá la razón y el respeto al voto mayoritario de los tabasqueños.

Ha sido afanosa e insistente la intención, por parte del PRD y del PAN, de convencer a esta soberanía de irregularidades en los procesos electorales de Tabasco y ante ello cabría preguntar, ¿qué no deberían estos partidos aceptar que no fueron capaces de convencer a los tabasqueños para que votaran en mayor proporción por ellos? ¿Por qué pretender en un escenario como éste, muy respetable pero que no es el de Tabasco ni el de sus protagonistas, tratar de crear aquí una imagen distorsionada de la elección?

Muy sencillo, porque allá los conocen y los conocen muy bien, por eso no los aceptaron, por eso no fueron capaces de convencerlos, por eso no ganaron las elecciones.

Por los argumentos anteriores, solicito se remita a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la propuesta de declarar la inconstitucionalidad de la Comisión Plural Investigadora para el Estado de Tabasco y su extinción. Hemos expuesto y hemos fundado, en razón de ello procede nuestro pedimento.

Compañeras y compañeros, sería mejor que los compañeros de la oposición aquí aceptaran lo que dice en El Financiero, el viernes 24 de octubre, el ex diputado federal por Tabasco, Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo, del PRD. Textualmente me permito leer la nota. Pidió a la dirigencia nacional perredista la renuncia del presidente estatal, Rafael López Cruz, ante el retroceso de su partido en los comicios del domingo.

En rueda de prensa, aseguró que la estrepitosa derrota del PRD, de ese instituto en Tabasco, por lo que pedirá su renuncia el domingo próximo, se debe a su ineptitud.

Aseveró que no se permitió la elección democrática de los candidatos al interior del PRD, sino que se designó a quienes no tenían trabajo partidista, por lo que desde ahí empezamos a perder los comicios, dijo, perdimos y nos ganaron, porque nuestra dirigencia se durmió en sus laureles y no hicieron el trabajo que estaban obligados a hacer, añadió.

Agregó que la única solución al problema es desparecer la actual dirigencia estatal.

Y también deberían de aceptar nuestros compañeros lo que los tabasqueños han opinado en una encuesta, que ya sé que la van a descalificar porque no es la que le dio el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas, claro, pero lo que dicen los tabasqueños respecto a su proceso electoral.

Ellos dicen, el 95%, que no tuvieron ningún motivo ni problema para no poder emitir libremente su voto; el 90%, dicen, que nadie intentó ofrecerles dinero para votar; casi el 70%, no aceptan, es más, están en contra con las declaraciones que desacreditan, acá en México, los procesos electorales y el 92% dijo que no le constó en ningún momento el robo de urnas.

Y finalmente, compañeras y compañeros, el doble discurso, claro, magnífico en Jalisco, un gran gobernador, al que acepta el pueblo, lo dijo un diputado. ¡Ah, pues díganselo a Rodríguez Prats, para que también acepte a un gran gobernador en Tabasco!

Y también el doble discurso: en Tabasco y en Veracruz, habían todas las condiciones para que no fuera legal el proceso. Idénticas, por eso se nombraron dos grupos. ¡Ah, pero sólo Tabasco es motivo ahora de la discusión, porque perdieron! Insisto, les asestaron una gran derrota. No se van a reponer pronto de ella.

Túrnese los informes entregados a esta Presidencia por los diputados Carlos Antonio Heredia Zubieta y el diputado Carlos Jiménez Macías, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia, para el trámite correspondiente.

Tiene el uso de la palabra la diputada Elsa Patria Jiménez Flores, a nombre de la Comisión de Equidad y Género, para presentar...

Perdón, señor diputado, no teníamos aquí una lista de oradores. Si me permite tantito, señor diputado; los únicos que teníamos, era al diputado Carlos Antonio Heredia Zubieta, para el informe de la comisión y al diputado Carlos Jiménez Macías, para el informe, el voto particular. Pero con mucho gusto, señor diputado, si usted la pide para rectificación de hechos, ya dimos el trámite pertinente.

Se concede el uso de la palabra al diputado Rodríguez Prats, para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos. Para contestar alusiones personales, después del diputado Rodríguez Prats, al diputado Carlos Antonio Heredia Zubieta. Ratifico, señor diputado, existían dos oradores para los informes. Adelante, señor diputado.

Si me permite el diputado Rodríguez Prats. Jorge Canedo también para rectificación de hechos. Inicie su intervención, señor diputado. Que pongan el reloj en ceros, digo, en cinco minutos, perdón.

Quiero recordarles, señores diputados, primero que todo, que son obligaciones del Presidente cuidar que los miembros de la Cámara, como los espectadores guarden el orden y silencio.

Hay un acuerdo que no se puso a votación del pleno, en el cual se iban a dar únicamente el informe de la Comisión de Tabasco en la Comisión de Régimen Interno y un voto particular, se acordó con sus coordinadores que iban a hacer el uso de la palabra un solo orador, para rectificación de hechos, por cinco minutos y no allanarse al artículo 100, que señala que se le dé el mismo tiempo, que ocasionó que en la sesión pasada, sobre el asunto de Tabasco, se llevara más de dos horas.

Yo les pediría su comprensión y con la finalidad de cumplir con el artículo 26, de conducir el debate y tras llevar el trabajo legislativo con la mayor celeridad y el mayor orden posible, nos permitan continuar esta sesión.

Acato sus instrucciones. Insistentemente el diputado Jiménez Macías habla de un doble discurso, hoy aquí el diputado Enrique Ibarra habló de congruencia, solicitan en Jalisco que se cree una comisión, que están señalando que es inconstitucional en Tabasco. Entonces, por favor, pónganse de acuerdo internamente y después vienen a señalar sus argumentos, en primer lugar.

En segundo lugar, si era inconstitucional, ¿por qué fueron a su instalación y se trasladaron a Tabasco?

Nos están señalando una falta de lealtad institucional, en relación a declaraciones nuestras. Yo le recuerdo al diputado Jiménez Macías y al diputado Jorge Canedo, que desde un principio ellos al llegar a Tabasco, ya asumían y emitían juicios de valor, en relación a que no había nada que investigar y que todo era correcto en Tabasco. Ahí hubo una falta de respeto al pleno, a la Comisión de Desarrollo Social, cuando se nos había asignado esa tarea.

Saca de contexto unas declaraciones mías en la prensa, de que era un asunto personal. La prensa en Tabasco y hay muchísimos casos que distorsionan en mucho lo que la oposición manifiesta, yo señalé que uno tiene la responsabilidad personal, cuando uno ve la impunidad, cuando uno ve el delito, de denunciarlo y de ir hasta sus últimas consecuencias, para que se castigue a los culpables. No que yo era el que estaba asumiendo una cuestión de tipo personal, totalmente fuera de contexto.

No, señor diputado, cuando las contiendas son equitativas, se reconocen los triunfos en Guanajuato por un voto, el PAN reconoció el triunfo del Partido Revolucionario Institucional y caminamos en un proceso poselectoral sin conflictos. No es el caso de Tabasco, en donde todos los medios de comunicación serios, los órganos electorales reconocen que la campaña no fue equitativa, ahí señala usted que no hay testimonios ni pruebas.

En Balancán, todos vimos el cerro de despensas que fueron, de las dos camionetas, de los vehículos detenidos por la agencia del Ministerio Público, en donde consta que se estaban regalando estas despensas el sábado anterior a la elección.

A mí me recuerda mucho estas intervenciones del diputado Jiménez Macías, un poco lo que es el estudio, tal vez más profundo que se ha hecho del mexicano, que lo hizo Octavio Paz, Samuel Ramos y sin duda alguna aquel extraordinario filósofo Jorge Portilla, que hablaba de lo que es el relajo, el relajo como la falta de seriedad, la falta de responsabilidad. Y yo ampliaría un poco la forma en que se ha relajado el trabajo parlamentario.

A un argumento concreto, a una imputación precisa, se contesta desviando totalmente los hechos que aquí se denuncian. Creo, señores diputados, que esto nos debe llevar a una reflexión seria, porque con toda certeza esta LVII Legislatura, tiene una gran oportunidad para hacer un trabajo histórico.

Y a mí me entusiasma mucho ver, en las filas de todos los partidos, gente valiosa, gente con un gran tamaño intelectual, para que podamos verdaderamente dar luces desde esta Cámara, sobre lo que debe ser una transición hacia la democracia, pero se desvía totalmente los temas concretos, se aluden a cuestiones personales con tal de no llegar a lo que es específico y a lo que se está denunciando en Tabasco.

Se hizo hace tres años, se denunció ante los órganos, no se investigó se quedaron impunes muchas conductas, que son claramente ilícitas y ahora hay una interpretación que con toda certeza el diputado Jiménez Macías y el diputado Jorge Canedo, podrían abrir brecha hacia el derecho constitucional del Siglo XXI. Ya no tiene la razón Ignacio Vallarta ni Mariano Otero, ni Manuel Crescencio Rejón, el derecho constitucional no sirve para defender al ciudadano frente al Estado, el derecho constitucional no garantiza el equilibrio de poderes, no; el derecho constitucional sirve, según estos connotados juristas, para proteger al delincuente, para ocultar la verdad, para disimular lo que todo el pueblo de México está viendo, que se repitió lo mismo que hace tres años: el uso desbordado de recursos gubernamentales para sacar adelante las candidaturas priístas.

El diputado Carlos Antonio Heredia Zubieta, declina para contestar alusiones personales.

Pero para rectificación de hechos como fue el acuerdo, tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Gómez.

Lo que ha dicho aquí el diputado Jiménez Macías, es algo que reviste o requiere, mejor dicho, una respuesta. Esta Cámara como la otra Cámara del Congreso, pueden averiguar todo lo que quieran averiguar, con el propósito de hacer efectivas sus facultades constitucionales. No hay poder del Estado que pueda ejercer como es su obligación, las facultades constitucionales, sin antes averiguar todo lo que requiera averiguar.

Para solicitarle señora Presidenta instruya al señor Secretario, que lea el artículo 93 constitucional, párrafo tercero, porque creo que será la mejor forma de ilustrar a esta Asamblea.

Señora Presidenta, yo soy aquí el orador, el orador no es el señor Jiménez Macías, cuando él venga aquí puede leer los textos que quiera. Pero usted no me puede interrumpir en el uso de la palabra, a menos de que me vaya a hacer una pregunta, el señor Macías. Si el señor Macías me quiere hacer una interpelación, yo con mucho gusto le concedo la interpelación.

Yo soy el orador y no he pedido que se ilustre el debate. Yo soy el que le podría pedir a usted que se leyera un texto para ilustrar el debate, pero no el señor que ya habló.

Entonces yo le pido a usted señora Presidenta, que me haga el favor de permitirme continuar con mi intervención.

¿Podría solicitarle al señor orador, si permitiría la lectura del artículo a que he hecho referencia en el párrafo tercero, para ilustración de la Asamblea, si está de acuerdo el señor diputado?

La pregunta que nos hizo hace un rato el señor diputado usted no me dio oportunidad de preguntarle si estaba de acuerdo en que se leyera la lectura que él solicitaba. Ahora le hago la pregunta: ¿está de acuerdo en que se lea la lectura que solicita el compañero diputado?

Yo no tengo la menor intención de leer aquí nada. El señor diputado Jiménez Macías no sabe usar la tribuna "más que para leer textos que le escriben otras personas".

¡Y esas otras personas "que le escriben los textos al diputado Jiménez Macías" le han puesto ahí en un texto, que trajo aquí a la tribuna, que la acción que realizó la comisión que mandó la Cámara a Tabasco, de la cual él formó parte, es una acción inconstitucional! Y viene aquí ahora, en el absurdo de una demencia senil, en términos políticos, me refiero al PRI, a plantearnos que la Cámara resuelva y vote y declare la inconstitucionalidad de la acción de unos diputados que fueron a averiguar las denuncias presentadas en relación con la utilización de recursos y de fondos federales.

O sea, es la demencia, ¡una demencia mayor que la que vimos ayer en la bolsa de valores

No tiene el menor sentido todo lo que ha venido a decir aquí este señor diputado. ¡Ni él ha violado la Constitución al ir a Tabasco, en una comisión de la Cámara ni la Cámara la había violado antes al enviar una comisión! ¡Nosotros podemos indagar lo que nosotros queramos, sin ninguna limitación, con el propósito de que la Cámara norme un criterio y pueda ejercer las facultades constitucionales que tiene asignadas en la Carta Magna!

Lo que no podemos hacer, por ejemplo, sería una ley declarando, "que el señor Jiménez Macías no tiene ninguna razón y ha venido aquí a decir varios disparates", porque la Constitución no nos faculta para eso.

Pero yo no veo por qué se viene a insistir en que los diputados no pueden intervenir en asuntos de la política nacional. ¡Y lo que más nos preocupa es la acción del PRI, la actitud del PRI, frente a ésto¡ Se comporta el PRI exactamente igual, exactamente igual que antes del 6 de julio; hace exactamente lo mismo!

El domingo pasado ganó la oposición en Argentina la mayoría en el Congreso, la Cámara de Diputados. Y qué fue lo que dijo el gobierno, "estamos listos para entrar en un diálogo con la mayoría nueva".

¡Qué es lo que ha dicho aquí el señor Zedillo: "no los puedo recibir, tengo otros asuntos que atender"!

¡Hay ahí una diferencia enorme, entre los dinosaurios de la política, que todavía andan sueltos en este país, que sigue siendo un parque jurásico y los políticos comunes y corrientes que se dan cuenta de lo que está pasando en el país!

Para contestar alusiones personales, tiene uso de la palabra el diputado Carlos Jiménez Macías, hasta por cinco minutos.

Quisiera pedirles una vez más, señores diputados, antes de que inicie su intervención el diputado Carlos Jiménez Macías y con la finalidad de no estar interrumpiendo al orador en turno, para convocarlos al orden, reiterarles las facultades de cuidar que los miembros de la Cámara guarden el orden y la compostura debida. Esta Presidencia los exhorta a que guardemos el comportamiento debido.

Pues qué duda cabe, causaron mucho escozor en el diputado Pablo Gómez mis afirmaciones aquí. Y lo llevaron al terreno del insulto, y yo diría de la bajeza, al menosprecio de los adversarios y de sus conocimientos. ¡Qué lamentable, señor diputado! Yo tenía otra opinión de usted.

Le quiero decir que quienes en todo caso redactaron mi discurso, son los Constituyentes de 1917 ¡y que ahí está, señor diputado, la síntesis y razón de ser que nos tiene aquí a todos los legisladores! Y ni su discurso agresivo puede pasar por encima de la Constitución y de la soberanía de Tabasco, señor diputado.

Se concede el uso de la palabra, para rectificación de hechos, al diputado Agapito Domínguez.

Hago uso de la palabra para compartir con ustedes una reflexión de la más alta trascendencia.

Vengo a decirles que aquí estamos transgrediendo la Constitución General de la República. Vengo a hablar de la forma en que se han encubierto verdaderos atentados en contra del estado de derecho, distorsionando las funciones de esta entidad legislativa. Me refiero a la inconstitucionalidad de las llamadas comisiones plurales de diputados para los estados de Tabasco y de Veracruz. Hablo del motivo, de la integración y del proceder de los grupos a los que se encomendó investigar una presunta desviación de recursos federales con fines electorales, que terminó vilipendiando al pueblo de Tabasco con la calumniosa calificación de que vende su voluntad, de que a cambio de dádivas renuncia al ejercicio de sus derechos ciudadanos, imputación que agravia y ofende, porque atenta contra la dignidad del pueblo tabasqueño.

La Cámara no puede verse como el ungüento quijotesco que es para todo, que cura todo y que actúa a la medida de los que así lo sienten. Esta institución de la República tiene que sujetar sus actos e intervenciones al mandato constitucional.

Pero ¿cuáles son los hechos? La causa que generó todo este camino de inconstitucionalidades, fue que a titulo de fiscalizadores especiales los diputados se presentan en Tabasco y así suscriben un acuerdo y dicen que se instalan y lo dan a conocer a los medios, de tal manera que a la Comisión de Desarrollo Social la erigen en fiscalía especial para a hechos electorales. ¿Se dan cuenta, señoras y señores diputados, del cuerpo que va tomando esa grave irregularidad cometida?

La Constitución es la ley suprema de la nación, únicamente ella concede las facultades que tiene cada una de las instituciones de la República. No se necesita ser abogado para reconocer el principio universal de que las autoridades e instituciones únicamente pueden hacer lo que la ley les faculta.

Esta Cámara de Diputados tiene las facultades que le otorga el artículo 74 de la Constitución. En ninguna de sus disposiciones está concedida la facultad de investigar, inspeccionar o calificar la aplicación de recursos públicos federales en los tiempos ordinarios de un ejercicio fiscal. Pero, aclaro, esta Cámara de Diputados sí puede conocer de la forma en que se aplicaron los recursos públicos federales, pero en el tiempo de revisión de la cuenta pública y sobre el ejercicio fiscal inmediato anterior, tal como se lo indica en la fracción IV párrafo tercero del artículo 74 de la Constitución; de tal manera en este punto el trabajo que se ha pretendido llevar a cabo por los miembros de la comisión no está dentro del ámbito de facultades de esta Cámara Legislativa y la presunción es que hay un uso indebido de recursos federales. Lo procedente es acudir a las instancias que las leyes señalan pero nunca suplantarlas torciendo el marco jurídico.

Hagamos un acto de lealtad con la República y demos respuesta valiente a esta cuestión, pero no antepongamos el estímulo personal a la obediencia de la ley; hagamos el propósito de restituir a la Cámara el papel constitucional que tiene, encaucemos el trabajo legislativo para fomentar la unidad de la Federación, respetar a la República, reconocer la autonomía de los estados y ajustar su proceder a las facultades y límites que la Constitución le marca.

Por todo lo anterior y dado como es evidente que la creación del grupo plural de diputados para los estados de Tabasco y Veracruz, así como la materia de su encomienda, violan flagrantemente la Constitución General de la República. La fracción parlamentaria priísta del Estado de Tabasco solicita a la Presidencia se sirva turnar a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales el pedimento siguiente:

"Primero. Se declara nulo el acto de creación del grupo plural de diputados para los estados de Tabasco y Veracruz.

Segundo. Se declaren nulas todas las diligencias que realizaron estos grupos con relación a los procesos electorales del 13 de octubre de 1997 y al presunto uso indebido de recursos públicos en las campañas políticas correspondientes toda vez que ambos actos son violatorios de los artículos 74 y 116 fracción IV; 124 y 133 de la Constitución General de la República".

Si me permiten, señores diputados, yo creo que tenemos que llevar esta Asamblea con la seriedad debida. Usted, señor diputado, es miembro de la Comisión de Régimen Interno, asiste a las reuniones y hubo un acuerdo de hacerlo por cinco minutos. Si usted quiere violar ese acuerdo esta Presidencia le concede con mucho gusto la palabra.

Se concede el uso de la palabra para rectificación de hechos al diputado Pablo Gómez.

Yo le pido a los señores diputados que están haciendo el uso de la palabra en la parte posterior, que si desean hacerle una pregunta al orador, si él la acepta y el Presidente la autoriza, lo podemos hacer; no necesitan gritar desde la parte posterior ni mucho menos verter insultos al orador en turno.

En relación con lo que ha planteado aquí el señor Agapito Domínguez, de que la Cámara solamente puede revisar la cuenta una vez que ésta sea presentada por parte del Ejecutivo a la misma, es completamente cierto y ni siquiera diría y que tiene la razón, diría yo, que nadie puede revisar la Cuenta Pública más que cuando ésta ha sido entregada de acuerdo con la ley a la Cámara, que es la encargada de su revisión.

Que la Cámara viola la Constitución por recibir una denuncia de desviación o mal uso de recursos públicos, para tomar en consideración dicha denuncia cuando revise la Cuenta Pública del año correspondiente, que sería del 1997, no creo que nadie pueda considerar a esto como inconstitucional y si hemos violado la Constitución, señor Jiménez Macías, señor Domínguez, presenten una denuncia para juicio político, puesto que nosotros, diputados, somos sujetos de juicio político y demuestren ustedes que hemos violado la Constitución, porque hemos hablado con la gente, porque hemos recibido las denuncias de las personas porque hemos dado nuestra opinión sobre determinada cosa y luego convenzan ustedes a otros diputados de que si nosotros, representantes de la nación, podemos ser sometidos a un juicio por la expresión de nuestras opiniones y entonces pueden intentar la subversión completa de la Constitución, que todo el país se va a seguir riendo de ustedes. Nosotros encantados.

Si quieren en este momento votar de acuerdo con el artículo 58 del Reglamento, la propuesta de que sea nulo, que se declaren nulos los actos a los que han hecho referencia, pidan que se vote; si quieren mandarlo a la Comisión de Gobernación, están también perdiendo el tiempo, pues es absurdo que una Cámara vote que actos de sí misma son nulos.

Puede la Cámara decir algo, pero no puede decir que son nulos, porque ya los hizo, ya los cumplió, ya los ejerció.

Yo decía en mi primera intervención que le pareció, no sé por qué, creo que no tiene experiencia parlamentaria el señor Jiménez Macías, algunas cosas sobre su discurso, pero hoy dijo otras, y agrego: cuando un partido que ha tenido todo el poder y toda la impunidad y ya no lo tiene sino parcialmente y tiene un enorme poder todavía pero cada día menos poder y se está convirtiendo como las matruzkas rusas, cada vez que uno la abre sale otra igualita, idéntica, pero más pequeña, y estamos en una acción en la que queremos llegar a aquella matruzka que ya no tiene nada adentro, donde ya no haya ninguna réplica de partido de Estado.

Pero mientras la matruzka se va haciendo pequeña, es igual a la otra, es idéntica, no puede negarse a sí misma, ése es el gran problema de los partidos políticos en decadencia. Lo hemos visto en Tabasco y lo estamos viendo en esta discusión.

Diputado Monreal, ¿con qué objeto, señor diputado? Para rectificación de hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal.

Por supuesto que no podríamos estar de acuerdo con la interpretación, los alcances, la naturaleza y las atribuciones desmedidas que se pretenden acreditar e incorporar a las comisiones.

Sin duda esto es un tema pendiente. Lo saben quienes han hecho uso de la palabra; es un debate de fondo, es un debate constitucional y jurídico pendiente. No hay ni en la ley ni en el reglamento, disposición concreta que regule el trabajo de las comisiones.

Si me permite el orador. Señoritas edecanes... Detengan el tiempo, o el reloj... El diputado Rodríguez Prats. ¿Acepta la pregunta el señor orador?

Entiendo que la acepta, dada la declaración en alguna ocasión que siempre aceptaría interpelaciones.

Si no mal recuerdo, diputado, y acláreme usted, en el debate del 2 de octubre usted propuso y dijo inclusive, si no mal recuerdo, que hasta no quería que se sujetara al pleno porque se iba a mayoritear, usted dijo que pase a comisiones, inclusive recuerdo que fue interpelado por el diputado Pablo Gómez, que si ése era un acuerdo de los cinco grupos, y usted dijo que pase a comisiones, en la comisión y después de una discusión en la Comisión de Concertación y Régimen Interno, se integró el grupo plural y fue a hacer su trabajo. Me parece que ahora hay una enorme contradicción con sus palabras, señalando que eso fue inconstitucional. Ahí está la versión estenográfica y recuerdo su intervención, señor diputado.

Quisiera, señor Presidente, para darle respuesta a esta importante pregunta, que vigile bien el reloj, porque me va a dar pie para aclarar esta importante pregunta.

Mire, diputado Rodríguez Prats, en efecto, así lo sostuve y así lo propuse, que se turnara a comisiones, para que ahí se discutiera y para que ahí se propusiera un punto de acuerdo a este pleno; sin embargo, le vuelvo a repetir, el que se hayan desnaturalizado desde mi punto de vista estas comisiones, se generan fundamentalmente por la falta de reglamentación y por el exceso y lo desmedido de las actuaciones de las comisiones.

Desde mi punto de vista lo que es conveniente, diputado Rodríguez Prats, es que entremos a la discusión y al análisis inmediato de la revisión del Reglamento y la Ley Orgánica y establezcamos en esas disposiciones de carácter normativo, el alcance, la naturaleza, la duración, los límites, porque no se puede ni se debe ir más allá de la norma, de la Constitución y de la ley.

Lo cierto es que esa falta de regulación de la norma, que esa falta de regulación y de reglamentación sobre funciones de comisiones y comités, es pendiente, está pendiente, y desde nuestro punto de vista, las comisiones que se han integrado en este punto concreto, rebasaron en demasía el mandato del pleno. Ese es desde nuestro punto de vista, desnaturalizaron la función y no hay norma ni regla que pueda establecer en este momento límites, y por eso es que es la gran discusión si se invaden esferas de competencia de otras autoridades.

Y por esa razón se sostiene el argumento y la participación del anterior compañero diputado de nuestra fracción, en donde jurídica, impecablemente, sostiene que la formación de estas comisiones son inconstitucionales, razona por qué y sostiene por qué...

Por esa razón... No, no, estoy respondiendo la pregunta, no hay tiempo, estoy todavía en la respuesta de la pregunta.

Y mire, diputado, todavía tenemos pendiente, diputado Rodríguez Prats, la discusión y el debate sobre el 93 constitucional párrafo tercero. Todavía no hemos dado esa discusión y aquí se ha adelantado. Ese debate es de fondo, ese debate es necesario darlo en esta Cámara, porque nosotros sostenemos una tesis y ustedes sostienen otra, y tenemos que acudir a la práctica parlamentaria y atender al derecho comparado en el mundo, y tenemos que ver cuáles son los alcances de esas comisiones de investigación y cuáles son los alcances de esas comisiones de dictamen.

Pero en principio, no puede ser ni debe ser, que las comisiones de dictamen, cualquiera que éstas sean, se conviertan en comisiones de investigación de todo y por todo.

El sentido elemental, el sentido común de un parlamentario, tiene que obligarlos a recapacitar y a establecer límites en las atribuciones y alcances de estas comisiones. Es un debate de fondo, es un debate de nivel, es un debate de altura que hoy se está adelantando.

Por cierto, diputado Rodríguez Prats, el jueves tenemos ese debate. Cuando se presente por la CRICP al pleno y por conducto del Presidente el acuerdo de integración de la Comisión de la Conasupo... ¿Quiere intervenir, diputado Gómez?.. A sus órdenes.

No sé por qué acepta usted, señor diputado Presidente, que el orador asuma la Presidencia. El orador me pregunta que si yo quiero intervenir y usted me da la palabra.

Señor diputado, yo le pido primero que respete la Presidencia y lo único que le estoy otorgando es la palabra a petición de usted.

No, señor. El señor orador me ha preguntado que si quiero intervenir. Sí. No en este momento, lo que le quiero pedir es que termine ya de responder la pregunta, para que pueda continuar el debate.

Diputado Pablo Gómez, siempre que usted habla lo atiendo con respeto. A mí me hizo una pregunta el diputado Rodríguez Prats y estoy contestándola. Si le parece extensa o corta, ése es su problema. Yo estoy en mi derecho de darle respuesta a la pregunta que el diputado Rodríguez Prats me hizo.

Señor diputado Pablo Gómez, esta Presidencia le exhorta a que guarde la compostura y si desea hacer uso de la palabra pídala conforme a la ley, señor diputado.

Miren ustedes señores diputados y a usted, diputado Rodríguez Prats: en el mundo, en los parlamentos distintos, hay comisiones de investigación, hay comisiones de encuesta, hay comisiones de dictamen y en Estados Unidos se les llama "Select" o comités selectos. En Francia...

Les recuerdo, señores diputados que está contestando a una pregunta de Rodríguez Prats y no cabe en su tiempo. Prosiga el orador.

Mire, diputado Rodríguez Prats, en Francia, en España, en Alemania, hay comisiones de investigación y en todas ellas existe una regulación y una reglamentación. Por eso es, diputado Rodríguez Prats, que respecto del turno que se le dio en ese momento a la comisión que ahora rinde su informe, aceptamos que se turnara a comisiones y por eso fue que nosotros hemos insistido y vamos a insistir en regular y en reglamentar las comisiones.

Echen a andar el reloj, para intentar ser tolerantes... Sí, señor diputado. ¿Con qué objeto, señor diputado?

Es a propósito de lo mismo, que en este momento está usted abordando, señor diputado, sobre todo en esto de que de repente o a lo largo de 15 días o de un mes, nos damos cuenta de que hay deficiencias reglamentarias que hacen que este tipo de comisiones puedan atentar, según usted, excederse de sus límites y sus funciones y atentar contra la propia Constitución.

A mí me parece, señor diputado, que no fue un lapso muy grande el que ustedes utilizaron para darse cuenta de ello o para caer en este error y que no fue del 2 de octubre a ahorita, sino bastó con que pasáramos del caso Jalisco al caso Tabasco.

Señor diputado, yo quisiera que nos explicara un poquito eso de la congruencia, ¿por qué vienen a proponer una hora antes algo que ustedes consideran anticonstitucional?

La respuesta, diputado, es que en nuestra bancada se permite diferir y se permite proponer en uno y en otro sentido.

Yo los conmino a guardar, una vez más los exhorto a guardar el orden y la compostura.

Señor Presidente, el próximo jueves vamos a continuar el debate. Al contrario, me parece que es importante sostener con seriedad este debate. Es importante, nosotros lo hemos ofrecido, es más, en la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, señores diputados, hemos hecho una propuesta de regulación de las asambleas plenarias, de las funciones de comisiones y comités, facultades y funciones. Es un asunto no menor, es un asunto de la mayor importancia y creo que los diputados tenemos que entrar a ese proceso de análisis, de deliberación, de ser cuidadosos con nuestra función, con nuestro alcance, con la naturaleza jurídica de las comisiones.

El señor diputado Pablo Gómez pidió la palabra para contestar alusiones personales. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

Yo interrumpí al orador, al preopinante, para señalar que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, no va a ser una propuesta para que se integre la Comisión de la Conasupo, investigadora de la Conasupo y en esa Comisión de Régimen Interno y Concertación Política no se ha votado proponer al pleno la integración de la comisión, sencillamente porque no hay nada que proponer. Lo que hay que proponer es quiénes serán los miembros de la comisión, pero no la integración de la comisión misma, que ya lo discutiremos el próximo jueves o martes o el día que sea.

Pero, bueno, después de eso se hace todo un argüende aquí porque alguien grita que no es cierto algo, como si eso fuera la primera vez en una Cámara de Diputados.

Entonces quiero aclararle al señor diputado, que las comisiones en esta Cámara tiene muchas prerrogativas. Otra cosa es que no las utilicen o no las hayan utilizado hasta ahora. Tiene la posibilidad de mandar a traer a cualquier funcionario público; tienen la posibilidad de averiguar cualquier asunto en cualquier dependencia pública de la nación, no del Gobierno Federal. No, señor diputado. No, de la nación y esto viene del reglamento del Siglo XIX, cuando ya México naturalmente era un Estado Federal.

Bueno, sencillamente leer este denostado, 1 mil veces denostado Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos puede dar luces sobre lo que en algún momento fue el Congreso y dejó de serlo.

Miren ustedes, señoras y señores diputados, cualquier comisión, y no se requiere de ser una comisión de investigación, puede hacer la averiguación que requiera para normar su criterio y proceder a la acción legislativa.

Otra cuestión. Esto ocurre también en otros parlamentos del mundo, lo sabemos, lo hemos visto y sabemos cómo funciona. No se requiere permiso de nadie. Lo que está ocurriendo aquí, señoras y señores de la Cámara, es que estamos empezando y no sabemos bien cómo todavía, a fundar un poder que antes no existía.

Aquí había una Cámara, pero la Cámara no era un poder, la Cámara formaba parte de un poder que estaba por encima del Legislativo, que era el poder político del país y que tenía la mayoría en la de Senadores, en la de Diputados, eran todos los gobernadores, el 95% de los presidentes municipales y de los ayuntamientos.

Cuando en la Cámara el Presidente ya no tiene mayoría, es el momento de la fundación de un poder que antes no existía, puesto que antes aquí no existía más que el poder del Presidente.

Y nos vienen ahora con los mismos argumentos que cuando el Presidente tenía la mayoría en la Cámara: no pueden las comisiones investigar nada; no pueden citar a nadie; no pueden meterse en otros asuntos que no sea preparar dictámenes, presentarlos al pleno, ser diputados muy ordenaditos, muy disciplinaditos, muy concentrados en lo suyo, en los cubículos de la Cámara, en el recinto de la Cámara y dedíquense solamente a escribir reformas de carácter legal.

Ningún parlamento, en ninguna parte del mundo hace eso, sino a costa de convertirse en una burbuja completamente aislada del pueblo. Eso, señor diputado, no lo haremos, que quede claro.

Para rectificar hechos, pidió la palabra la diputada Norma Gabriela Argaiz, se le concede.

Yo soy parte del grupo plural para Tabasco, lo que aquí me queda muy claro es que el grupo priísta no está nada preocupado por el cúmulo, por el exceso de atribuciones que tuvimos, que nos autodimos los miembros del grupo plural.

Lo que aquí está muy claro, es la enorme preocupación que tienen, por el cúmulo, las montañas de evidencias que esta comisión se allegó, que le allegaron en su instalación en Tabasco.

Quiero decir aquí, que el primer día en que fuimos bloqueados y prácticamente secuestrados por un grupo de más de 200 priístas de Tabasco, se nos dieron los suficientes elementos, que ahí están tanto en acta notarial como en video y grabaciones, de que queda comprobado el uso ilegítimo de recursos federales, de programas federales, para la compra y el condicionamiento del voto.

Esa es la preocupación del grupo priísta, que eso salga, que se compruebe una vez como en 1994 el atraco y la inmundicia de todo lo que hay y de lo que cometieron en Tabasco.

Yo acabo de repartir, no tiene mucho rato, un documento, un papel, que es un botoncito del florido rosal de inmundicias que se dieron en Tabasco. Aquí el diputado Arturo Núñez...

Señor Presidente, para pedirle le pregunte a la diputada si puedo hacerle una pregunta.

Diputada oradora, conforme al 105, ¿acepta usted una pregunta del diputado Carlos Jiménez?

Le decía que el diputado Arturo Núñez Jiménez, en un acto, pero de veras altruista, regala, dona en Tabasco, lentes gratuitos a miles de ciudadanos. Eso no tiene nada de malo, lo que me parece inmoral, y lo digo a título personal, es que el priísta Arturo Núñez Jiménez ponga abajo de su nombre, diputado federal...

Señora diputada Norma Gabriela, la oradora, si es para preguntarle conforme al artículo 104, la oradora dijo que no quiere que se le interrumpa. ¿Si es para eso diputada?

No aceptó la señora diputada hasta el término de su intervención. Prosiga la oradora.

Así es. Lo que me parece inmoral es que utilice su fuero y su participación en este programita como diputado federal por el V distrito y que le diga a los señores que es su oficina permanente de gestoría, pero que acá diga siempre y cuando se los doy si votan este 19 de octubre por el PRI. Pero, además, no sólo hizo eso, sino que se buscó un buen socio; atrás está un sello que dice: "ayuntamiento constitucional del municipio del Centro". Probablemente a mí la ignorancia política me diga que esto es legal, yo no lo sé, pero la verdad a mí el sentido común me dice que esto es inmoral, que esto no tiene ni el más asomo de ética política y que no se vale utilizar el cargo de diputado federal para estar comprando el voto con lentes. "10 de ctubre", dice esta ficha, nueve días antes de la elección, yo estoy en la misma circunstancia que el licenciado priísta Núñez Jiménez y pude haberme gastado mi dieta en comprar votos para el PRD, pero mi moral no me lo permite, la de ellos sí.

Para rectificación de hechos, se concede la palabra a la diputada Socorro May López.

Hablamos de moral; hablamos de cosas que nos han ocurrido en el Estado; hablamos de incongruencias. Pero quisiera hablar acerca de lo que propuso y dio a conocer un priísta distinguido y hoy, candidato electo a la diputación local por Jonuta, hermano de nuestra compañera la diputada...

Señor diputado Rodríguez Prats, no se le ha otorgado la palabra. Esta Presidencia acepta su moción de orden, se le convoca a la señora diputada oradora vaya al tema, por lo que pidió para rectificación de hechos y continúe la oradora.

El compañero priísta hablaba y nos dio a conocer ese día acerca de una carta que, precisamente, le pidió a su hermana en calidad, parte integrante de la familia y le hizo ver la calidad moral que quería que reconociera, en la cual el presidente, el perredista Porfirio Muñoz Ledo,

El señor Porfirio Muñoz Ledo, en Jonuta, hizo algunas aseveraciones en contra de nuestro priísta, hermano de la compañera Argaiz, y yo quiero dar a conocer esa carta el día de hoy, aquí en esta tribuna de la nación, para que sepan de qué calidad moral gozan los compañeros perredistas.

Señoras y señores, diputadas y diputados de la LVII Legislatura que visitan el Estado de Tabasco:

Para reiterar la moción de orden, señor Presidente. La diputada pidió la palabra para aclarar hechos, no para presentar hechos diferentes. ¡Estamos en un debate serio!

Señor diputado: están en el tema de Tabasco, están hablando sobre Tabasco, ése fue el tema.

Después si alguien quiere hacer uso de la palabra, para rectificación de hechos, ¿verdad diputado? Terminando y para contestar alusiones personales, la diputada Norma Argaiz.

Quiero hacer mención que si se da a conocer esta carta, es porque el compañero priísta dijo que tenía que darse a conocer y le pidió a la hermana que diera a conocer estos hechos: "Señoras y señores legisladores:

Yo, Oscar Argaiz Zurita, con domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle 16 de Septiembre No. 311, colonia 1o. de Mayo, Villahermosa, Tabasco, en pleno ejercicio de mis derechos constitucionales, como ciudadano mexicano y como candidato del Partido Revolucionario Institucional al Congreso del Estado de Tabasco, por el XI distrito electoral con cabecera en Jonuta, comparezco ante ustedes para denunciar un acto de difamación cometido en la ciudad de Jonuta, Tabasco, por el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, el día 12 de octubre de 1997."

Cobijado en el fuero federal que indignamente ostenta, el diputado Muñoz Ledo sustituyó los argumentos políticos y jurídicos que su investidura exige, amenazando con oprobio el prestigio de la familia Argaiz Zurita, de la que me honro en formar parte, al difamar públicamente al suscrito afirmando y citó: es bisexual y drogadicto y al agregar que lo único que le puede agradecer al pueblo es que haya enviciado a la juventud inundando al municipio de mariguana y otros enervantes.

De suyo graves los infundios emitidos por el diputado Muñoz Ledo avalan la auditoría de los volantes anónimos, que con las mismas columnas han circulado por las noches clandestinas y furtivamente en los hogares de los jonutenses, que el próximo domingo votarán por las opciones políticas contendientes.

Es lamentable, y de la mayor gravedad, para los integrantes de la representación popular que un diputado, como lo es el licenciado Muñoz Ledo, engañe al pueblo de México utilizando un doble discurso: fino y pulcro en la Cámara, invitando al consenso y convocando al diálogo a intervención del recinto; pero soez, ramplón y mentiroso en la plaza pública.

Independientemente de la afiliación política plural de sus integrantes, la familia Argaiz Zurita es sobradamente conocida en nuestro municipio, en la región de los ríos y en el Estado de Tabasco.

De ello puede dar fe la diputada Norma Argaiz Zurita, del Partido de la Revolución Democrática, así como todos los ciudadanos a los que hemos servido desde las diferentes trincheras. Fácilmente ustedes pueden constatarlo en todos los lugares en donde hemos trabajado. El prestigio de los Argaiz Zurita está por encima del vituperio que propicio el diputado Muñoz Ledo.

El mismo 12 de octubre, el diputado Muñoz Ledo señaló que el suscrito no hizo nada por el municipio cuando fue presidente municipal. Al respecto...

Señora oradora, esta Presidencia no le quiso coartar su derecho de expresión que tienen todos los diputados. Su tiempo ha concluido. Haga favor de dejar la tribuna.

Que la Presidencia de la Cámara de Diputados explique al diputado Ledo y alcance los derechos que otorga el artículo 61 de la Constitución General de la República.

Pidió la palabra para contestar alusiones personales, la diputada Norma Gabriela Argaiz Zurita.

Si me permiten antes de que haga uso de la palabra la diputada y tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentaria de esta sesión, que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, la Presidencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.

Asimismo les recuerdo, a los señores diputados, que el artículo 26 señala claramente que corresponde a la mesa directiva, bajo la autoridad de su Presidente, preservar la libertad de las deliberaciones en los recintos de la Cámara, pero asimismo, cuidar de la efectividad del trabajo legislativo y aplicar con imparcialidad las disposiciones de esta ley.

Yo les pediría a los señores diputados nos ayuden no sólo a mantener el orden, sino a elevar el debate y no caer en situaciones personales que lo único que hacen es degradar a este Congreso.

Primero, lamento muchísimo que el PRI haya designado a alguien que no sabe leer para hacerlo sobre un documento que me parece impecable y de muchísima importancia.

Quiero aquí aclarar primero que nada que el priísta Oscar Argaiz no llevó a la diputada Norma Argaiz el documento allá en la Comisión; lo entregó a la propia Comisión en pleno. ¡No me nombró su vocera personal!

Segundo, ya cuando concluidos nuestros trabajos desgraciadamente y gracias a un poquito de trajín en el que nos trajeron asediados los priístas me vi hospitalizada y estuve delicada de salud ocho días, me extrañó sobremanera que un tema en el que tenían que defender a un compañero priísta y sus derechos, no lo hayan llevado a tribuna los señores del PRI en tiempo y forma.

Quiero yo decirles porque ustedes lo saben, señores diputados todos que yo no tengo la facultad de llevar al pleno...

Me extrañó sobremanera, como ya les dije. Ustedes saben que no tengo ni tenemos la facultad de agendar los asuntos del día. Por lo tanto estaba yo esperando este momento para reclamar eso que los compañeros de bancada del señor priísta Oscar Argaiz no hayan sido traídos aquí como él hubiera esperado de su bancada y de sus compañeros.

Quiero decirles que el acto que se dio en Jonuta y del que fue protagonista mi compañero perredista el diputado Porfirio Muñoz Ledo es reprobable en toda la extensión de la palabra. Que no voy yo aquí a negar algo que es en verdad, honesto y mucho menos cuando el documento lo explica y lo dice plenamente, lo dice muy claramente. ¡El honor de la familia Argaiz Zurita está por encima hasta de estas pequeñas mezquindades, como la que se acaba de dar en este momento!

Estoy absolutamente segura que el diputado y coordinador de la fracción de mi partido, licenciado Porfirio Muñoz Ledo, dará en su momento y a satisfacción de mi hermano, Oscar Argaiz Zurita, las satisfacciones necesarias para que quede limpio su honor, que está a toda prueba y el de su familia.

Pero que no se venga a decir aquí que eludí una responsabilidad o un mandato que nunca me dio el ciudadano priísta Oscar Argaiz; ahí mienten y eso es realmente una mezquindad.

Quiero informar a la Asamblea que siguen en la lista de oradores los compañeros diputados Gonzalo Rojas y Bernardo Bátiz.

Considerando que la diputada Socorro May López trató un asunto personal y se otorgó la palabra a la diputada Norma Gabriela Argaiz, que le afectaba de manera directa como familia, esta Presidencia, sobre el asunto de Tabasco, conforme al artículo 115 solicita a la Secretaría, pregunte a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido.

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si está suficientemente discutido el asunto.

Esta Presidencia ya dio el trámite a las dos propuestas originales de los diputados para la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.

Para tratar a nombre de la Comisión de Equidad y Género propuesta sobre asuntos relativos a la salud, se concede el uso de la palabra a la diputada Elsa Patria Jiménez Flores.

Esta intervención tiene como objetivo detener temporalmente la entrada en vigor del edicto emitido por la Secretaría de Salud, que lleva como nombre proyecto de modificación a la norma oficial mexicana para la prevención tratamiento y control del cáncer del cuello del útero y mamario en la atención primaria.

Los cánceres cérvico-uterino y mamario causan cada año la muerte de más de 7 mil mujeres entre los 25 y los 64 años de edad en nuestro país. Según datos oficiales cada dos horas muere una mujer por este mal previsible; la muerte de mexicanas por este cáncer es ya un problema de salud pública, ocupando nuestro país el primer lugar en América latina y quinto a nivel mundial en la tasa de mortalidad por este padecimiento, muertes que pudieran ser evitadas si las mujeres reciben atención preventiva.

La Comisión de Equidad y Género de esta legislatura coincide y retoma la propuesta de la red por la salud de las mujeres del D.F. acerca de que antes de poner en vigor una norma que indica que sólo a partir de los 35 años se hace rentable que las mujeres se realicen un estudio ginecológico cada tres años para detectar este padecimiento, antes se hace necesaria una campaña intensiva que garantice la cobertura de la mayoría de las mujeres en riesgo cuya población asciende a 25 millones y no excluir a las menores de 35 años de la norma.

Las mismas instituciones de salud reconocen que las primeras manifestaciones de un posible cáncer del cuello del útero se presentan en las jóvenes menores de 25 años, quienes de no recibir un tratamiento médico oportuno, en un lapso aproximado de 20 años, desarrollarán un cáncer invasor cuando ya no existan posibilidades de salvarles la vida.

La argumentación de la Secretaría de Salud de que no es rentable el excesivo gasto en población de bajo riesgo como son las jóvenes, se debilita cuando las cifras nos dicen que la mayoría de las muertes se presentan en mujeres en edad productiva, muertes que pudieron ser prevenidas si cuando jóvenes hubiesen tenido acceso a la prevención y detección adecuadas.

El que las muertes de mujeres por este padecimiento ocurra en esta edad, incrementa la orfandad y propicia la desintegración de la familia. Por mucho que nos garantice a futuro una atención médica excelente para una enfermedad en fase terminal, con propuestas de este tipo se coarta el derecho de las jóvenes al llegar a la edad adulta con plena salud y el derecho al resto de las mujeres de ver crecer a sus hijos.

Asimismo, esta enfermedad afecta mayoritariamente a mujeres de bajos recursos económicos, por lo que esta condición económico-social debe ser considerada también como factor de riesgo.

Actualmente, la Secretaria de Salud reconoce que no le ha sido posible abarcar a la población rural femenina en estas campañas y se habla sólo de una cobertura nacional de entre el 13% y el 15%, cuando la Organización Mundial de la Salud ha señalado que una campaña bien estructurada debe cubrir al 80% de la población en riesgo.

En la norma oficial mexicana propuesta por la Secretaría de Salud, se omiten los efectos del cáncer mamario sin explicación alguna, tal vez con la intención de presentar la nueva norma posteriormente, pero nos parece extraña su exclusión cuando ambas enfermedades guardan una estrecha relación respecto a la salud reproductiva de las mujeres.

Por lo tanto, la Comisión de Equidad y Género propone a este pleno de la LVII Legislatura, los siguientes puntos de acuerdo para evitar y prevenir la muerte de mujeres por este mal, que a finales del Siglo XX puede ser totalmente controlado.

Reforzar las campañas de utilización de métodos de barrera para la protección desde el inicio de la actividad sexual, además de apoyar iniciativas de investigación como la que se desarrolla en la UNAM, por la doctora Leticia Rocha Zavaleta, para obtener una vacuna preventiva.

Se ha demostrado que el 98% de los cánceres cérvico-uterinos en México, tienen como precedente el virus del papiloma humano, por lo que es innegable su relación con las enfermedades de trasmisión sexual.

Hacer una campaña de sensibilización para que las mujeres y sus parejas consideren la importancia de realizar los controles citológicos o Papanicolau con regularidad.

Realizar campañas para sensibilizar y profesionalizar al personal de salud responsable en la toma de análisis de las muestras. Buena parte de los errores fatales se cometen en esta etapa del proceso de detección. Las mujeres queremos un trato digno, respetuoso, no agresivo, del personal prestador de servicios.

La nueva normatividad debe contemplar una visión integral de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento, pero además requiere la integración de una instancia no sólo de consulta, sino facultada para unificar criterios, tanto de las instituciones públicas y privadas, como de las organizaciones no gubernamentales y personal especializado que se interesen en aportar para este fin.

Contar con mayor presupuesto para la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento, con recursos etiquetados para este fin y aprobar un mecanismo de seguimiento de esta legislatura para evaluar la aplicación correcta y adecuada de dichos recursos financieros.

No debemos olvidar que el Gobierno mexicano ha adquirido con la comunidad internacional un compromiso, al suscribir diversos acuerdos, como la Conferencia Internacional de Desarrollo y Población, de El Cairo, en 1994 y la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijin, en 1995, en el sentido de destinar un mayor número de recursos a los programas de salud. Por ello nos negamos a que la asignación de éstos sea mediante criterios parciales, que lo que propiciarían sería un incremento en las muertes de mexicanas que pueden ser 100% previsibles.

Tiene la palabra para el mismo tema, la diputada Fabiola Gallegos Araujo, del Partido de la Revolución Democrática.

En el Diario Oficial de la Federación del viernes 1o. de agosto del presente año, la Secretaría de Salud propone a los mexicanos el proyecto de modificación a la norma oficial mexicana para la prevención, tratamiento, control del cáncer del cuello del útero y mamario en la atención primaria, para quedar de la siguiente manera:

Norma oficial mexicana para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico-uterino.

Este proyecto especifica que la citología cervical se realizará cada tres años, con predominio en mujeres de perfil de riesgo mayor de 35 años.

Sobre el particular expresa que tal proyecto corresponde al programa de reformas del sector salud y que es prioritaria la reducción de la morbimortalidad por cáncer cérvico-uterino, ya que cuenta con la tecnología para realizar el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno y que es necesario elevar la cobertura de la detección y fortalecer la productividad de los servicios, así como mejorar la calidad de la atención que se proporciona en la materia, y argumenta en seguida que tal cáncer ocupa el primer lugar en incidencia causada por tumores malignos y el tercero en mortalidad relacionada con las neoplasias malignas en la población en general.

En la población femenina es la primera causa de muerte por neoplasias malignas, particularmente en el grupo de 25 a 64 años de edad.

Según cifras del registro histopatológico de neoplasias en México, en el año 1994 se registraron 14 mil 554 nuevos casos de esta neoplasia y el número de muertes por la misma causa fue de 4 mil 365.

En los países donde se tienen campañas de detección adecuadas, se ha observado una importante disminución de la incidencia y mortalidad, atribuible a la detección de las lesiones precursoras. El diagnóstico oportuno ofrece la posibilidad de tratamiento exitoso a un menor costo, tanto social como para los servicios de salud.

Debido a que en nuestro país el perfil epidemiológico muestra incremento en la incidencia de esta enfermedad, se considera un problema de salud pública, por lo que es necesario subrayar como estrategia principal la coordinación de los sectores público, privado y social para afrontar este padecimiento con mayor compromiso y eficiencia.

Esta norma es de observancia obligatoria para todo el personal de salud en las unidades de los tres sectores y se dará especial atención en las áreas rurales e indígenas, a través de estrategias de extensión de cobertura.

Finalmente nos especifica el objetivo y campo de aplicación de la norma, informar los principios, estrategias y criterios de operación para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer del cuello del útero, de observancia obligatoria para todo el personal de salud.

Compañeras y compañeros diputados: información estadística de las Secretaría de Salud nos revela que el cáncer cérvico-uterino mata a una mujer mexicana cada dos horas, cada 120 minutos. Es oportuno recordar en este momento que el derecho a la salud es condición primera para la fundación del proyecto de vida del hombre y de la sociedad y que este derecho presenta un compromiso histórico muy postergado, con el recurso más valioso que tiene la nación: las personas y su bienestar integral y en este orden de ideas, enfatizar en la perspectiva de género, salud reproductiva, debe entenderse como el estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductor femenino, sus funciones y sus procesos. Así lo establece el programa de salud reproductiva 1995-2000.

Primera. Sin duda los argumentos de orden técnico del proyecto muestran avances en la formulación de políticas con dirección a la mujer.

Segunda. Desafortunadamente el proyecto de modificación elimina la detección del cáncer mamario.

Tercera. Propone una prevención de la enfermedad que comentamos cada tres años, frente a un perfil epidemiológico en franco crecimiento.

Cuarta. Es inadmisible que el argumento de rentabilidad que pondera el Programa de Prevención y Control de Cáncer Cérvico-Uterino de la Secretaría de Salud, sea la motivación para espaciar a tres largos años los exámenes preventivos en la materia, cuando se debate frente a la nación rescates millonarios en beneficio de la élite financiera que históricamente ha saqueado los estipendios del trabajador mexicano.

Por tal motivo y por considerar que es de interés vital para las mujeres mexicanas, con todo respeto

Primero. Que se restituya el procedimiento de detección de cáncer mamario en el proyecto que comentamos.

Segundo. Que los exámenes en cuestión, citología cervical y cáncer de mama, se instituyan anualmente en el Sistema Nacional de Salud.

Tercero. Que en tal normatividad se especifique de alta prioridad a las mujeres de 20 años que han iniciado su vida activa sexual y

Cuarta. Solicitamos que se aumente el presupuesto en el sector salud en lo que corresponde a la prevención y tratamiento del cáncer cérvico-uterino y mamario, etiquetando específicamente este rubro.

Para los efectos que correspondan, se solicita que dicho proyecto se turne de inmediato a las Comisiones de Salud, Población y Desarrollo y Género y Equidad de esta honorable Cámara de diputados.

Para hablar sobre el mismo tema tiene la palabra el diputado Marco Antonio Adame Castillo, del Partido Acción Nacional.

Lamento que el tema que voy a tratar nos encuentre un poco adelantados en esta sesión, con varias horas encima; sin embargo, trataré de ser breve y puntual en la definición de la posición del Partido Acción Nacional sobre la propuesta de decreto para modificar la normatividad para la prevención, tratamiento y control del cáncer de cuello del útero y mamario.

El cáncer cérvico-uterino y el cáncer de mama representan un grave problema de salud pública que afecta y tiene en riesgo potencial a más de 25 millones de mujeres mexicanas entre 15 y 64 años de edad y son en nuestro país la causa de muerte de una mujer cada dos horas, tratándose de enfermedades totalmente previsibles si contáramos con las condiciones de educación para la salud y los recursos para la detección oportuna de estas enfermedades.

Los estándares internacionales y los compromisos que México ha firmado con el extranjero para desarrollar los programas preventivos para éste y otros males endémicos en México, han quedado rebasados, por la realidad al reconocer que nuestras campañas tan sólo alcanzan un modesto y muy cuestionable 15% de cobertura, y nos dan el nada honroso primer lugar en Latinoamérica en mortandad en este grupo de edad y el quinto lugar a nivel mundial.

Se afirma en el informe de labores 1996-1997 de la Secretaría de Salud, y cito: "que es propósito del programa nacional de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer cérvico uterino y mamario, incrementar la detección de lesiones iniciales y cánceres en etapa temprana, para disminuir la morbilidad y mortalidad de este tipo de padecimientos".

Por lo anterior, nos extraña y preocupa lo que se aprecia en las modificaciones a la norma oficial mexicana, que indica que sólo a partir de los 35 años de edad se hace necesario que las mujeres se realicen este estudio y que éste sea cada tres años, dejando en las actuales condiciones por las que atraviesa el Sistema Nacional de Salud y su limitada cobertura, en desprotección a millones de mujeres, especialmente jóvenes y entre éstas a las de los sectores más marginados y en los estados de mayor atraso y rezago social.

El Papanicolau, prueba utilizada para su detección, se encuentra muy poco difundida y menos aún practicada por la mujer mexicana. Las estadísticas sobre el particular nos dicen que apenas una de cada cuatro mujeres se practica esta prueba y, en las localidades marginadas menores a 2 mil 500 habitantes, el número sube a una de cada seis.

Destacan, pues, como hechos negativos los siguientes: la poca difusión de la práctica de esta prueba; la carencia de una política de salud con mayor sentido social y la falta de recursos para impulsar estos programas preventivos.

Por lo anterior, el Partido Acción Nacional desea compartir con ustedes las siguientes reflexiones y con ellas fijar su posición sobre el particular.

Cantidad, calidad y calidez son tres ingredientes que hoy están ausentes en el Sistema Nacional de Salud y especialmente en el enfoque a los programas de prevención, tratamiento y control del cáncer de cuello del útero y mamario. Por ello pugnaremos para que se incrementen los recursos presupuestales para la salud y suscribimos la necesidad advertida de ampliar este programa y dotarlo de los medios necesarios para garantizar, la prevención absoluta de este grave problema de salud.

Deseamos ver en este programa el mismo énfasis que se ha visto en los programas de vacunación, altamente explotados, dedicados a la niñez, para la protección y el cuidado de la mujer mexicana.

Emplearemos toda nuestra fuerza para garantizar que la reorganización y descentralización del Sistema Nacional de Salud suscrito en el plan de desarrollo, se refleje en una mayor calidad de los servicios, en la medida que sus necesidades y su problemática se analice y se resuelva en el sitio donde se originan los problemas, evitando el desvío y las parcialidades técnicas o económicas que afectan a los usuarios en detrimento de su derecho constitucional a la salud.

Acción Nacional, levanta su voz para exigir que a la eficiencia técnica y a la indispensable dotación de recursos, se agregue la calidez en una mayor calidad y respeto a cada una de las personas que se acerquen al Sistema Nacional de Salud y que, en particular, representa una exigencia ética incuestionable, dada la naturaleza de este estudio en el que se involucran los órganos de la reproducción.

Concluyo, hoy sabemos que las mujeres mexicanas han aumentado su esperanza de vida, pasando a una expectativa de 73 años.

Deseamos compartir nuestra preocupación y genuino interés humano y político para que este incremento signifique no sólo vivir más, sino vivir mejor, es decir, vivir dignamente.

Por lo tanto, nos pronunciamos para que se revise y se detenga la aplicación de la norma oficial, hasta su revisión y adecuación con sentido social y se destinen los recursos necesarios para la atención a este problema de salud pública, que toca una de las fibras más sensibles de nuestra sociedad: a la mujer mexicana, quien nos merece, dicho sea de paso, la mejor de nuestras atenciones y el mejor de nuestros esfuerzos porque en ella se juega la mayor parte del futuro de nuestra nación.

Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra la diputada Isabel Villers Aispuro, del PRI.

La propuesta que hacen los miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática en el seno de la Comisión de Equidad y Género, es recibida con alegría por sus pares del Partido Revolucionario Institucional.

Coincidimos plenamente en que la salud de las mujeres y hombres que conforman al gran pueblo de México, no puede prestarse al regateo de las instituciones republicanas, como tampoco al lucro político o a la precipitación parlamentaria.

Justo es reconocer que los avances logrados en nuestra nación, en los últimos 20 años, en materia de prevención, tratamiento y control del cáncer del cuello del útero y mamario, han sido importantes y han permitido salvar la vida a miles de nuestras compatriotas.

Pero, por la magnitud de la tarea que eso significa, los esfuerzos han resultado insuficientes.

El problema no se circunscribe a la existencia de una voluntad política o de una disposición de carácter administrativo, el problema fundamental se encuentra en la generación de una conciencia en la mujer, de que su vida depende en mucho de su propia decisión.

Recuerdo cuando en 1978, como integrante de la Asociación Nacional del Servicio Social Voluntario del ISSSTE, en Tapachula, Chiapas, iniciamos la primera campaña de concientización para la detección del cáncer cérvico-uterino. Pocas eran entonces las mujeres que venciendo el pudor u otros prejuicios, que aún no se ha logrado desarraigar, se practicaban las pruebas de Papanicolaou.

Hoy, no sólo se aplican cotidianamente esos exámenes, sino que las mujeres, con mayor capacidad de gestión, los exigimos por necesarios. Así, la mujer de la ciudad puede practicarse pruebas, hasta en periodos más apropiados de cada seis meses, que permiten detectar con mayor oportunidad, signos sospechosos e invertir clínicamente en edades tempranas de la enfermedad.

Otra es la realidad de las zonas rurales y de las mujeres con escasa educación, ahí las esporádicas campañas no han logrado sensibilizar y movilizar a sectores de alto riesgo.

Para estas mujeres no existen esperanzas y no digamos de hacerse una prueba cada uno, dos o tres años, sino que su enfermedad se detecta irremediablemente en su lecho de muerte.

Los escasos recursos se concentran desafortunadamente en las zonas urbanas, eso ha significado que la pretendida equidad que como comisión buscamos, no sólo no se da por razones de género, sino también por la enorme disparidad que existe entre la mujer educada en la ciudad y las trabajadoras del campo y la ciudad.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, aquí nos encontramos en la incertidumbre de continuar favoreciendo a grupos de bajo riesgo a costa de los sectores sociales mas desprotegidos o de ampliar la cobertura de servicios, para contar al menos con un diagnóstico, como bien se ha mencionado del 80% de las mujeres mexicanas. Tampoco se trata de aumentar el riesgo en los sectores, en los cuales éste ya ha disminuido, sino de buscar soluciones creativas y con objetividad permitan ampliar la cobertura de estos servicios, sin retroceder en los avances, que como país hemos avanzado.

Creo que la tarea es titánica, que las propuestas debieran discutirse ampliamente, no sólo en el pleno de este parlamento, sino entre las instituciones y la sociedad en su conjunto.

Pero en el mejor ánimo de presentar planteamientos suficientemente razonados y consensados, y conforme al claro mandato de nuestros representados de actuar con responsabilidad, creo que debiéramos iniciar esta discusión en el seno mismo de nuestra comisión, invitando a los funcionarios del sector salud y a otros especialistas, para que con mayores elementos de juicio, podamos presentar ante esta legislatura, una iniciativa que tienda a mejorar la salud, la equidad y la armonía que todos deseamos para los mexicanos.

Esta Presidencia con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso, turna las propuestas hechas en la tribuna a la Comisión de Salud.

Diputado Navarro Quintero, tiene la palabra para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.

Hemos platicado para ver la manera como consternamos a todos ustedes, involucrarlos dentro de los problemas de salud. Debo decir. Lo que es difícil.

En ocasiones se viene a esta tribuna a politizar aspectos electorales, otros muy diversos. Estamos lamentando las pérdidas humanas del pasado huracán, de alrededor de, sin lograr precisarlo, 200 personas.

Sin embargo, al año se mueren 4 mil 360 mujeres, de cáncer y no lo tomamos en cuenta. El SIDA es la novena causa de muerte y lo no tomamos en cuenta. Varios millones de niños en el mundo se mueren por desnutrición y no lo tomamos en cuenta.

Yo creo que las propuestas económicas, no tienen ningún sentido, si no tienen un sustento social y en este caso yo considero que el Poder Legislativo tiene mucho que hacer en favor de la salud de las mujeres.

El Partido Revolucionario Institucional, se suma a que se modifique la norma propuesta por la Secretaría de Salud, con un estudio concienzudo tanto por la Comisión de Equidad y Género, como por la Comisión de Salud. Sin embargo, entendamos eso, es una propuesta, no es algo rígido que ya no se pueda modificar. Claro que se puede modificar y lo podemos consensar.

Hace algunos días se puso, se hizo la propuesta también del Programa Nacional de Cáncer Cervico-uterino. Pero también debo de mencionarlo a mis compañeros diputados, que los hombres debemos involucrarnos mucho en los aspectos de prevención que aquí se ha dicho.

El hecho de que el cáncer cervico-uterino ocupe la segunda causa de muerte en la mujer mexicana, también es debido a enfermedades de transmisión sexual, virales en particular, que pueden prevenirse con el uso entre otras cosas, del preservativo. Pero sobre todo también de amplia conciencia y de coparticipación y de corresponsabilidad con la mujer.

Yo les hago la exhortación a nombre del Partido Revolucionario Institucional, en que nos sumemos por la salud de la mujer, que seguramente redituará en salud de la nación.

El diputado Gustavo Espinosa, del Partido Acción Nacional, para rectificación de hechos, tiene la palabra, hasta por cinco minutos.

Mi antecesor en la tribuna hizo mención a que los problemas de salud son motivo de poca atención por esta representación nacional. Desgraciadamente vengo a confirmarlo, precisamente por la poca atención que están prestando ustedes.

Sin embargo, yo quiero aclarar un punto: estamos hablando de cánceres genitales y estamos hablando de coartar la detección en beneficio de las mujeres, por cuestiones de índole económica. Eso nos indica que tenemos que prestar más atención a adjudicar al sector salud un presupuesto mayor, un presupuesto que y tenemos que recordar, la OMS, estipula que debe ser no menor del 6% del producto interno bruto.

Porque no nada más es cuestión de la detección del cáncer cervico-uterino y del cáncer mamario en las mujeres. Definitivamente hay que cuidar mucho esos invaluables tesoros que son las mujeres mexicanas. Pero, la Comisión de Equidad y Género, también debería tomar en cuenta que entre los cánceres genitales el carcinoma prostático se lleva un alto número de mexicanos a la tumba y que también se puede pugnar porque se establezca la detección oportuna del cáncer prostático. Sí, la detección a través del antígeno próstata específico ciertamente onerosa todavía, ciertamente onerosa, es necesaria para la población masculina más allá de los 40 años.

Sí quisiera yo, que quedara bien claro que cuando menos en ese terreno no debemos de ser excluyentes también, porque estamos atendiendo nada más al género femenino, pero nos estamos olvidando del masculino.

Efectivamente no mencionamos la detección del cáncer en la próstata, pero el edicto que la Secretaría de Salud ha puesto con un límite de tiempo para entrar en vigor los primeros días de noviembre, no lo mencionaba y ésta es la razón por la que nosotras también no lo mencionamos. Creemos de suma importancia y creemos que éste debía entrar en la norma.

Por eso, establecimos la necesidad de que la comisión o el grupo de trabajo o las comisiones que vayan a abordarlos, consideren precisamente también este tema, de este cáncer.

Sin embargo, nosotras estamos aquí ahorita para proponer que esta norma no entre en vigor, como estaba propuesta para los primeros días de noviembre, sino que se vaya a comisiones, se evalúe, se modifique, se enriquezca y entonces podamos pensar que efectivamente esta norma, ya ampliada y enriquecida, entonces entre en vigor.

Cuando nosotros hablamos de reforzar las campañas de prevención de cáncer cervico-uterino y cuando esto se plantea en la Comisión de Equidad y Género, no tiene más que el significado clarísimo del gran abandono de atención de este problema. Andamos cargando un muy dudoso, casi primer lugar de muerte de cáncer cervico-uterino y en el mundo.

Es evidente que no queremos, de ninguna manera, dejar fuera el planteamiento del cáncer de próstata. Pero la realidad nos dice que hace dos años se abrió más rápidamente una campaña de detección en los medios masivos de comunicación para la detección de cáncer de próstata, que en los señores empieza a aparecer este síntoma de los 50 a 60 años de edad, que cuando aquí ha quedado muy claro por las compañeras que me antecedieron en la palabra, que el cáncer les puede dar a las mujeres desde los 13 años de edad, cuando es por una relación sexual, y hay un aumento poblacional importante, un importante número de mujeres menores de 12 y 13 años, que son madres solteras en este momento.

Por eso, insistimos, no se trata de dejar a un lado todos los otros planteamientos de cáncer, sino se trata de que quede claro que este tema tenemos que aceptarlo como prioritario; que la campaña que en este momento la Secretaría de Salud está realizando, debe de ser vigilada por todos los diputados, en cada una de sus entidades.

Se nos comentó y se nos dijo que tenemos ya una posibilidad de que los laboratorios tengan los suficientes materiales para hacer esta detección. Sin embargo, los resultados del Papanicolaou tardan a veces de tres a cuatro meses y luego otros dos o tres meses más para que les den la primera consulta después de detectado el cáncer.

Yo creo que es un tema muy importante para nuestra Cámara de Diputados y que debe de ser considerado este acuerdo de la Comisión de Equidad y Género, y complementado, si bien es cierto con todas las otras características de cáncer, no solamente las de próstata.

Para rectificación de hechos, tiene la palabra la diputada María de las Mercedes Martha Juan López.

Como ya lo ha dicho el diputado Navarro, creo que nosotros como priístas nos unimos a la inquietud en relación a un problema de salud pública, como es el cáncer cervico-uterino y mamario.

Me parece muy importante aclarar algo. Existe un programa de cáncer cervico-uterino que acaba de darse a conocer hace unos días por la Secretaría de Salud, en donde estuvimos presentes casi todos los integrantes o representantes de partidos políticos tanto el PRD, el PAN, el PRI y el PT. Ahí, se mencionó que existía un proyecto de norma oficial mexicana. Como ustedes recordarán la Ley de Metrología y Normalización, dá 90 días para consulta a los proyectos de Norma Oficial Mexicana y en ese periodo se encuentra ahorita.

Creo que es muy pertinente lo que aquí se ha comentado, en relación a la modificación del proyecto de Norma Oficial Mexicana, porque desafortunadamente no queda clara la redacción y si uno lee el programa de cáncer cervico-uterino, entonces se dá uno cuenta que el problema es en la redacción del proyecto de la norma. Yo creo que estamos en el momento de que como Comisión de Salud y como Comisión de Equidad y Género, la Cámara haga su propuesta a la Secretaría de Salud como lo establece la Ley de Normalización en corregir la redacción de esa parte del artículo del proyecto de Norma Oficial Mexicana, para que quede claro que no estamos hablando de excluir a las mujeres menores de 35 años.

El programa lo deja muy claro, se está dando prioridad inicialmente, precisamente por los costos que esto significa a los grupos de edades de más alto riesgo. Los estudios de la Organización Mundial de la Salud, han determinado que en las mujeres de más de 40 años, es donde existe el mayor riesgo en estos momentos del cáncer cervico-uterino. Eso no quiere decir que si una mujer solicita el Papanicolaou de menos de 35 años a un servicio de salud se le vaya a negar.

Yo creo que es congruente el programa con la norma, simplemente que en el proyecto de norma no queda claro la redacción y por eso creo que es muy pertinente que se aclare la redacción en este sentido, antes de que salga la norma ya como una norma vigente. Este es un proyecto y está en periodo de consulta y como tal tenemos la capacidad de hacer la propuesta a la Secretaría de Salud y al comité de normalización para que esto se corrija.

Esta Presidencia, con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso y en base a las propuestas hechas aquí por la Comisión de Equidad y Género, turna este asunto a la Comisión de Salud.

Yo quisiera solicitar a la Presidencia, si la puede mandar también a la Comisión de Fortalecimiento Municipal, en virtud de que hay un programa de salud municipal y ahí realmente podríamos darle los suficientes elementos a los compañeros del PAN que están haciendo la propuesta, en lo que se refiere a esto.

De acuerdo. Aceptamos su propuesta diputada Carolina O'Farrill y será turnada también a la comisión que usted propuso.

Para presentar una propuesta sobre el Infonavit, tiene la palabra el diputado Juan Cruz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

La crisis financiera de diciembre de 1994, puso al descubierto uno de los males estructurales más graves de la economía nacional: la insuficiencia de ahorro interno para apoyar el desarrollo del país.

Al mismo tiempo para poder enfrentar esa crisis el Gobierno mexicano tuvo que recurrir al financiamiento otorgado por gobiernos e instituciones extranjeras, adquiriendo con ello compromisos de diversa índole, entre ellos la venta de la industria petroquímica secundaria.

Nosotros reconocemos la necesidad de que se fomente el ahorro interno, pero las medidas adoptadas otorgan una enorme discrecionalidad a las administradoras de los fondos de retiro en el uso y empleo de los recursos aportados por los trabajadores, patrones y Gobierno. Por parte de una regulación clara, sencilla y no burocratizada, estamos ante el riesgo de que, cuando estas administradoras adquieran las dimensiones que prevén las proyecciones económicas, tengan lugar especulaciones financieras que vulneren nuestra economía y que los cuantiosos recursos ahí concentrados no estén siendo utilizados en inversión productiva y desarrollo social.

La vivienda no escapa a que con los mecanismos actuales de asignación, el financiamiento de este bien duradero no sea suficiente y transparente; en lo concreto, la vivienda en México hasta antes de la crisis de 1995, reportaba un déficit de más de 6 millones de viviendas, la crisis golpeó severamente los de por sí precarios programas gubernamentales en la materia, con el agravante de que éstos han mantenido por muchos años su carácter de instrumento político en favor del partido oficial.

El limitado beneficio que a cuentagotas venían recibiendo algunos sectores populares por los programas de vivienda, de pronto desapareció frente a otras altas prioridades gubernamentales.

Todos los mexicanos, sin excepción, deben tener el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna sin que en ello tengan que comprometer su preferencia o filiación política. No se puede sanear la macroeconomía como la alta prioridad gubernamental en detrimento de las necesidades de millones de familias mexicanas; tan importante es tener empresas sanas y competitivas, como garantizar condiciones de vida digna para el pueblo de México.

Pero también es muy importante considerar el grado de hacinamiento observado en el país, es necesario reconocer que cuando la vivienda no puede ampliarse y la familia crece, el número de personas por habitación o dormitorio también crece. En México, por ejemplo, el porcentaje con algún grado de hacinamiento era de un 57%.

Consideramos que esta situación crítica es producto de la prolongada crisis económica vivida por el país, lo cual tuvo entre otros efectos la de generar un proceso de reconversión social del espacio expresado en la división, de no ampliación de la vivienda.

En resumen, podemos afirmar que la situación en general es bastante lamentable, México está muy por abajo de las cifras que recomienda la ONU para la construcción de viviendas, que es de un 5% a un 6% del producto interno bruto. La década pasada en nuestro país, la inversión total en vivienda proveniente de organismos públicos y privados llegó tan sólo a alrededor del 1.5% del producto interno bruto.

Los datos de la presente década no expresan una mejoría que puede interpretarse como re presentativa de una reversión de esta tendencia.

Por lo anterior es necesario que en esta materia reformulemos de manera radical la política de dotación, construcción y financiamiento de este bien indispensable para el bienestar de los mexicanos.

Compañeras y compañeros diputados, el artículo 4o., párrafo quinto de nuestra Constitución Política, establece el derecho que toda familia tiene a disfrutar de vivienda digna y decorosa, agregando el que la ley establecerá los instrumentos y apoyo necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Entre las leyes más importantes que se votan al establecimiento de los instrumentos de apoyo para cumplir el objetivo previsto en el artículo 4o. constitucional, encontramos la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Es necesario que como legisladores nos aboquemos al conocimiento y resolución de un problema que afrontan los trabajadores que cotizan en el Infonavit, por las siguientes razones:

La Ley del Infonavit fue objeto de una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de enero de 1986. En ella se modifica el artículo 44 de la ley para establecer que los créditos que contrataron los trabajadores por el instituto, devengarían un interés del 4% anual sobre saldos insolutos.

Esta medida resultaba benéfica para los trabajadores, en virtud de que podrían conocer de una forma sencilla el monto total de su adeudo al instituto, además de que tenían un plazo de 20 años para cubrirlo.

Sin embargo, el 24 de febrero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva reforma al artículo 44, estableciéndose en el mismo que el saldo de los créditos otorgados a los trabajadores se revisaría cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo que rija en el Distrito Federal.

Asimismo se estableció que los citados créditos devengarían intereses sobre el saldo ajustado a los mismos, a la tasa que determinaría el consejo de administración, agregando que dicha tasa no sería menor del 4% anual sobre saldos insolutos.

Sin embargo, nos enfrentamos al problema de que los trabajadores que tienen crédito para la obtención de vivienda con el instituto, no se les cobra conforme a la reforma de 1986, que fue con la tasa que contrataron, sino que en forma retroactiva por demás ilegal, se les cobra conforme a la reforma de 1992. Esta situación es ilegal, ya que se aplica de forma retroactiva la indexación del salario mínimo, a un crédito contratado con anterioridad a la reforma de 1992, en detrimento de quienes contrataron créditos conforme a la reforma de 1986.

Evidentemente, esta aplicación de la ley va en detrimento de los trabajadores mexicanos, ya que ven remota la posibilidad de que efectivamente la casa que adquieren sea de su propiedad.

Compañeras y compañeros diputados: es necesario que todos juntos impulsemos las medidas legislativas necesarias para erradicar dicho problema.

Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Jesús José Villalobos Sáenz.

Señora Presidenta, en términos del artículo 109, quisiera pedirle muy respetuosamente que se verificara el quorum, porque es visible que no lo hay para continuar la Asamblea.

Instruyo a la Secretaría para que nos haga el favor de leer el artículo 109 del Reglamento del Congreso.

"Artículo 109 del reglamento. Ninguna discusión se podrá suspender sino por estas causas:

1. Por ser la hora que el reglamento fija para hacerlo, a no ser que se prorrogue por acuerdo de la Cámara.

2. Porque la Cámara acuerde dar preferencia a otro negocio de mayor urgencia o gravedad.

4. Por falta de quorum, la cual si es dudosa, se comprobará pasando lista, y si es verdaderamente notoria, bastará la simple declaración del Presidente.

5. Por proposición suspensiva que presente alguno o algunos de los miembros de la Cámara y que ésta apruebe."

Solamente para señalarle, señora Presidenta, que es evidente la falta de quorum. Procede que usted declare suspendida la sesión.

Señora Presidenta, aunque hay una solicitud, también el reglamento establece, y lo ha dicho el compañero antes, que ante una obvia condición de no quorum, simplemente la Presidencia pediría que levantara la sesión, como se hizo el antecedente pasado.

Sí, con la misma facultad que nos da el artículo mencionado, allá otros compañeros hicieron la misma moción que usted en el sentido de que era dudosa, y esta Presidencia instruyó a la Secretaria a que pase lista conforme a la relación de diputados que tenemos.

En todo caso, señora Presidenta, procede que usted nos haga saber si considera dudosa la existencia de quorum, y si así es, procede el pase de lista, pero que usted lo declare, señora Presidenta.

Señor diputado, desde el momento en que nosotros dimos esa instrucción, es porque así lo consideramos.

Señor Secretario, esta Presidencia considera que evidentemente en este momento hay quorum para continuar la sesión.

Quiero ser muy preciso, esta mesa directiva decidió hacer el procedimiento con la finalidad de que se han cancelado y suspendido dos sesiones por falta de quorum. Es importante que tratemos los problemas nacionales en esta Cámara. Faltan tres temas de interés en que están inscritos compañeros diputados del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional que requieren su atención. Por ese motivo esta Presidencia decidió pasar lista nominal, para comprobar que existe el quorum de los señores diputados, para que todos estén atentos a los asuntos que se tratan en esta sesión, y tomando en consideración que pasaron las cuatro horas y no se puede terminar la sesión hasta concluir los asuntos pendientes en cartera, excepto, lógicamente, porque hubiera falta de quorum, y ese quorum en este momento, señores diputados, es evidente.

Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús José Villalobos Sáenz, para tratar asuntos relativos sobre el Infonavit.

El sector obrero no se equivocó en las últimas reformas a la Ley del Infonavit. Quienes lo hicieron, siendo diputados por millones de trabajadores, asumieron con responsabilidad y certeza el que en ningún momento se correría riesgo alguno de que el Infonavit se privatizara y esto es algo alejado totalmente de la realidad.

Por eso, he solicitado el uso de la palabra, para rectificar algunas afirmaciones hechas en esta tribuna por el diputado Cruz Martínez, del Partido del Trabajo.

Todo ordenamiento jurídico, por su propia naturaleza tiene la necesidad de adecuarse y perfeccionarse de acuerdo a su entorno social, político y económico. Esta premisa es aplicable cuidando los intereses básicos de los actores principales que la ley en cuestión contempla.

En el caso particular de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ésta ha venido sufriendo una serie de modificaciones que entre otras cosas tiene como objetivo permitir la viabilidad del Infonavit y cumplir su razón fundamental de ser, que se basa en el artículo 123 apartado A fracción 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la que se deriva el derecho de que todo trabajador podrá acceder a una vivienda digna y decorosa.

Nos queda claro que el Infonavit no es una institución financiera; es una institución que se integra de manera importante en el régimen de la seguridad social, a lo que todo mexicano tenemos derecho.

Pero, ¿cómo administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda? Con el fin de otorgar créditos que puedan estar al alcance de la clase trabajadora mexicana.

Se debe vigilar y cuidar de manera constante y permanente su viabilidad económica y financiera. El sector obrero de manera puntual ha vigilado que el Infonavit sea parte de su sentido social por el cual fue creado, pero a la vez ha sido intransigente para que el instituto continúe con finanzas sanas, disminuyendo gradualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia para que en el año 2000 éste se ubique en menos del 0.55%, por mencionar algunas acciones tendientes a optimizar los recursos financieros producto del esfuerzo de los trabajadores. El Infonavit recibe de ellos la cuota del 5%.

En relación a la propuesta que hiciera el diputado del Partido del Trabajo, deseo puntualizar de manera clara y tajante lo siguiente. Comenta que a partir de las reformas al artículo 44 del 24 de febrero de 1992, en donde se establece que los créditos otorgados a los trabajadores se revisarán cada vez que se modifiquen los salarios mínimos.

Al respecto, cabe señalar que de 1972 a julio de 1987, el costo de la vivienda era expresado en pesos y centavos; pero a partir de agosto de 1987 y hasta la fecha, este valor se expresa en salarios mínimos del Distrito Federal, por lo que queda claro que desde 1987 cada vez que se decreta un incremento salarial a los mínimos vigentes en el Distrito Federal, al transformarse el valor de la vivienda de salario mínimo a pesos y centavos, el precio de la vivienda se modifica con la misma proporción del incremento salarial.

Es decir, que en ningún momento el Infonavit aplicó de manera retroactiva en lo que se refiere al precio de vivienda, lo estipulado en la reforma del año de 1992.

Por lo que se refiere a los ingresos que devengan los créditos otorgados en favor de los derechohabientes, éstos se aplicaron hasta el año de 1992 a una tasa del 4% anual sobre saldos insolutos y a partir de este año es el consejo de administración quien fija tasa de interés anual, pudiendo afirmar que estos intereses han fluctuado entre el 4% y el 7%.

A ningún trabajador se le ha aplicado de manera retroactiva este criterio, lo cual puede ser revisado en cualquier momento, solicitando la tabla de amortizaciones de su crédito a cualquier derechohabiente, en donde se demostrará el comportamiento de la tasa del interés antes y después de 1992, resaltando que estos últimos intereses se encuentran por debajo de otros programas de vivienda de interés social y por debajo de los intereses bancarios y comerciales vigentes.

Es necesario puntualizar y resaltar que a iniciativa del sector obrero, el consejo de administración del Infonavit aprobó un descuento que a los trabajadores se les hacía para cubrir y amortizar su crédito otorgado, quedando de manifiesto que existe la voluntad de la representación tripartita que constituye la base del Infonavit, para mejorar las condiciones reglamentarias que hagan del Infonavit una institución al servicio de los trabajadores y que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional con seriedad y objetividad ha integrado a su agenda legislativa la perfección y la adecuación del marco regulatorio laboral, perseverando la obligación del Estado mexicano de tutelar los derechos de los trabajadores.

Sabemos que hay problemas y que podrán presentarse nuevos y más complicados problemas, pero estos mismos se deberán de analizar con responsabilidad y de acuerdo a las instancias que corresponda, al interior del instituto, en el seno del consejo de administración y de las comisiones consultivas regionales en esta Cámara, en su estudio responsable en la comisión de vivienda en aras de resolver de la mejor manera y apoyar la problemática que se presenta.

El organismo de vivienda de los trabajadores nunca podrá actuar como banco privado, puesto que su capital es el patrimonio de los trabajadores, es simple y llanamente un recurso nacional para la vivienda de los trabajadores, que ellos mismos han aportado.

El diputado Juan Ignacio Fuentes, tiene la palabra para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.

Para Acción Nacional es claro que el dinero del Infonavit no es dinero del Gobierno, no es dinero de los patrones. Este dinero es exclusivamente recursos de los trabajadores que aportan mes a mes; que es para beneficio exclusivo de la vivienda de los trabajadores.

Creemos que es necesario buscar soluciones; que la problemática de la vivienda, en todos los ámbitos, ha alcanzado también al Infonavit; que la cartera vencida que se da en los bancos, en el Infonavit lo que conlleva es únicamente un incremento en los saldos y que hace que los trabajadores cada vez sean menos dueños de su casa.

Estamos de acuerdo en la búsqueda de soluciones, pero nos parece muy superficial proponer exclusivamente congelar tasas. Esto es, si recordamos que los recursos que van a regresar al Infonavit son para volverse aplicar a créditos de vivienda para los trabajadores.

Creemos que es necesario hacer una investigación más a fondo y nos parece que sería superficial ahorita hacer una propuesta de congelamiento de manera inmediata.

Señor Presidente, pido la palabra para rectificación de hechos, sobre el mismo tema.

El diputado Juan Cruz tiene la palabra para rectificación de hechos, sobre el tema del Infonavit.

La denuncia que hemos hecho hoy aquí, está sustentada, señor diputado del Partido Revolucionario Institucional, en las demandas de ciudadanas que adquirieron vivienda del Infonavit y que una vez que han estudiado y revisado la ley, ha quedado claramente establecido que ha habido un cobro indebido por parte del Infonavit y le repito, el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, del 13 de enero de 1986, no estipulaba que se cobrara salarios mínimos indexados.

Esta aprobación se dio hasta el 24 de febrero de 1992 y a los trabajadores, a los trabajadores, que son miles en este país, que adquirieron su vivienda desde 1986, se le ha estado cobrando bajo el dictamen y el acuerdo establecido el 24 de febrero de 1992, significa que aproximadamente en seis años el Infonavit ha estado cobrando indebidamente a estos mexicanos que adquirieron esa vivienda.

Qué bueno que haya la disponibilidad que usted ha manifestado a nombre del Infonavit, para que, efectivamente, se haga la revisión a fondo, porque efectivamente en la Comisión de Vivienda lo vamos a proponer, para que de una vez por todas, quede claramente establecido cuál es precisamente la función del Infonavit, si es en beneficio de los trabajadores o en contra de los trabajadores.

Para rectificación de hechos, tiene la palabra el diputado Juan José Villalobos.

Yo nada más quisiera decirle al compañero del Partido del Trabajo, que no hablo a nombre del Infonavit, como lo mencionaba, hablo a nombre del sector obrero, hablo a nombre de los millones de mexicanos y coincidimos, solamente que me gustaría que le diera una buscadita por ahí al acuerdo del consejo de administración de agosto de 1987.

Ahí encontrará usted este acuerdo del cual yo hago mención hace un momento, entonces, insisto, no intento politizar ni intento contradecir, simplemente manifestar que nosotros estamos de acuerdo en que las revisiones que tengan que hacerse se hagan y que éstas finalmente vengan en beneficio de los trabajadores que son los que la requieren en este momento.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Diego Aguilar Acuña, para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.

Yo considero que el planteamiento que se ha hecho a esta Cámara, en lo que se refiere al Instituto Nacional de la Vivienda, todos podemos coincidir en el planteamiento respectivo.

Si lo hiciéramos político, tengan la seguridad, ustedes, de que podríamos hacer lo que resta del día, continuarlo mañana y concluirlo el próximo jueves.

Sabemos bien que cada uno de nosotros en la campaña política, fue uno de los planteamientos a cada uno de nosotros, en lo que se refiere a la vivienda.

Por qué no se turna a la comisión respectiva, para su análisis y, en su momento, cada uno de nosotros de diferente partido, daremos nuestro punto de vista.

Por fortuna el Infonavit ya logró un acuerdo que viene a beneficiar a los propios trabajadores.

Para rectificación de hechos, se concede el uso de la palabra al diputado López Rosas, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

Yo creo que efectivamente el Partido Revolucionario Institucional sí está politizando un problema grave como el del Infonavit.

¿Por qué el acuerdo del consejo de administración? ¿Por qué no la Cámara de Diputados, quien analiza este problema? ¿Por qué el sector obrero? ¿Por qué el consejo de administración del Infonavit accede a una graciosa intervención, cuando somos nosotros, en esta Cámara, quienes tenemos que analizar esas iniciativas de reformas?

Yo quiero decirles a los compañeros priístas, compañeros diputados priístas, que se le diera lectura al artículo 123 de la Constitución, fracción XI inciso f en el que señala que se proporcionará a los trabajadores habitaciones baratas en arrendamiento o venta. Y con las reformas de 1992 este precepto constitucional ha sido nulo. Naturalmente que el Infonavit se comporta como una financiera común y corriente y esto ha mermado el ingreso de los trabajadores y ha encarecido su vivienda. Démosle su lugar a esta Cámara de Diputados señores y aquí discutamos, no hagamos trámites ante el propio organismo, porque los que legislamos somos nosotros.

Tomando en consideración que hubo un acuerdo de los grupos parlamentarios para retirar del orden del día sobre el referendum en el Estado de Chihuahua, para tratar asuntos sobre la reforma electoral en el Estado de Yucatán se le concede el uso de la palabra al diputado Orlando Paredes Lara, del Partido Revolucionario Institucional.

Los diputados representamos a la sociedad, sus anhelos, sus demandas, su voluntad. Legislar supone gestionar en su nombre, proponer en su nombre y responder en su nombre, con iniciativas que la beneficien. Es por ello que desde esta tribuna hacemos una denuncia pública de la actitud antidemocrática, intolerante y caprichosa, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

Me refiero específicamente al incongruente actuar de los diputados del PAN en Yucatán, con motivo de las reformas a la Carta Magna, en materia electoral.

Como es de su conocimiento, en sesión de fecha 1o. de agosto de 1996, de la Cámara de Senadores de este honorable Congreso, fueron aprobadas diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refirieron a asuntos electorales.

Con fecha 14 de agosto del mismo año, el Congreso del Estado de Yucatán, erigido en Constituyente Permanente, aprobó por unanimidad esa iniciativa de reformas a la Constitución Federal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 135 de la propia Carta Magna, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial del gobierno del Estado el 15 de agosto de 1996.

Con fecha 22 de agosto de 1996, una vez cumplidos todos los requisitos del proceso legislativo, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas a diversos artículos constitucionales en materia electoral, de entre los que se encuentra el artículo 116, específicamente su fracción IV.

En este decreto de reformas se estableció en el inciso b párrafo tercero del artículo segundo transitorio, la obligación de adecuar el marco constitucional y legal de los estados a lo dispuesto en el artículo 116 fracción IV de dicho decreto, en un plazo que no exceda de seis meses contados a partir de su entrada en vigor, es decir, a partir del 23 de agosto de 1996.

Debemos destacar que dichas reformas federales respondieron a la serie de cambios normativos en el orden constitucional de nuestro país, que vienen transformando la naturaleza de nuestras instituciones político-electorales, las mismas se sustentaron en la intención de fortalecer y consolidar los principios fundamentales para la vida democrática del país, la pluralidad partidista, la participación ciudadana, la certeza, la legalidad, la transparencia y la imparcialidad de la organización de los comicios y la solución de las controversias, así como la equidad en las condiciones de la competencia electoral, cuyos resultados finales los hemos constatado con la conformación plural de esta Cámara legislativa.

En cumplimiento con lo ordenado en el artículo segundo transitorio de dicha reforma, con fecha 15 de enero de 1997, estando dentro del tiempo establecido por nuestra ley suprema, los integrantes de las comisiones de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del honorable Congreso del Estado de Yucatán, a excepción del diputado panista que forma parte de esa comisión, sometieron al pleno de esa Asamblea una iniciativa a dictamen que contenía el proyecto de reformas a diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Yucatán, que se referían a asuntos electorales para adecuar el marco jurídico local a la ley fundamental.

En dicha sesión, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, con una actitud incongruente y retrógrada, sin razón ni fundamento, votó en contra de las reformas, aun cuando en el mes de agosto de 1996 aprobaron, como he señalado, en Constituyente Permanente, las reformas relativas a la Constitución Federal.

Una vez más se vio en Yucatán, como ahora lo estamos viendo, que los representantes populares de Acción Nacional fomentan una actitud opositora por sistema y partidista, anteponen sus intereses personales a los del pueblo que los ha llevado a ocupar puestos de elección popular.

Por esas actitudes de intransigencia y cerrazón en el Estado de Yucatán, no se pudo dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de agosto de 1996.

Al respecto, con fecha 15 de enero de 1997, mediante oficio número 47/97 se envió a este honorable Congreso de la Unión, el informe referente a la no aprobación de las adecuaciones constitucionales antes señaladas en el Estado de Yucatán.

Ahora bien, con un afán protagónico y dando inicio a su estrategia de descalificar anticipadamente el proceso electoral estatal que se llevará a cabo el 24 de mayo de 1998, para la renovación de los integrantes de los 106 municipios del Estado de Yucatán y del honorable Congreso local, los diputados del Partido Acción Nacional presentaron ante el pleno del Congreso estatal en sesión de fecha 28 de agosto del año en curso, sendas iniciativas para reformar la Constitución Política del Estado y el Código Electoral de la entidad; reformas extemporáneas para el próximo proceso electoral, ya que de acuerdo con el artículo 105 fracción II inciso f párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no están dentro del plazo para poder promulgar o publicar leyes en la materia, ya que para estar en tiempo debieron haberse aprobado y publicado por lo menos 90 días antes que inicie el proceso electoral y estas iniciativas fueron presentadas 33 días antes del inicio de dicho proceso.

En Yucatán el proceso electoral inicia en el mes de octubre, según lo dispuesto en los artículos 143 y 144 del código electoral del Estado.

Debemos dejar muy claro que el hecho de que nuestra Constitución Política del Estado y el código electoral de la entidad no hayan sido reformados de acuerdo con lo que dispuso el segundo transitorio del decreto, que reformó a la Constitución Federal y que fuese publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, como he señalado no es razón para que el proceso electoral de Yucatán no se pueda llevar con legalidad y transparencia, toda vez que Yucatán cuenta con una legislación electoral de avanzada que responde a las expectativas que exige la pluralidad democrática, específicamente con los requerimientos de la fracción IV del artículo 116 de nuestra ley fundamental.

Por ello quiero alertar a los otros partidos políticos que contenderán en Yucatán, al PRD, al PT al Partido Verde Ecologista de México y demás partidos minoritarios de las oscuras intenciones de los legisladores panistas yucatecos al presentar sus iniciativas en materia electoral. Pretendieron concretar en Yucatán un sistema bipartidista y digo esto porque primero proponen aumentar del 1.5% al 4% de la votación total emitida en el Estado, para que los partidos políticos contendientes en el proceso electoral obtengan una diputación plurinominal, conscientes de que el partido minoritario en Yucatán que con mayor dificultad alcanzó el 1.5% de la votación en las últimas elecciones locales, a saber el PRD, con este nuevo porcentaje no logrará ninguna diputación por el sistema de representación proporcional y mucho menos los otros partidos minoritarios.

Segundo. Para reforzar su pretensión de lograr un bipartidismo, su propuesta incluía también la reducción del financiamiento público a los partidos minoritarios del 40% que se destina por partes iguales a los partidos y del 60%, según el número de votos obtenidos modificando este porcentaje al 30% por partes iguales y el 70% por el número de votos obtenidos. Lo anterior se traduce en una reducción drástica del financiamiento público a los partidos políticos minoritarios de un 25% para su trabajo político en la obtención del voto ciudadano.

Exhorto a que recapaciten aquellos que ponen de manifiesto su oportunismo al aliarse con seudorepresentantes populares; a aquellos que con campañas de desprestigio y calumnias quieren encubrir su incapacidad para ganar la voluntad popular; a quienes gustan desprestigiar las instituciones de las cuales también forman parte, a ellos les digo que hacen un mal cálculo porque en México no ha llegado ni la hora de la aventura irresultable ni la hora de la regresión provocadora, que quede claro el rumbo de nuestro Estado no se decidirá por la vía de la ilegalidad ni la confusión, el rumbo de Yucatán lo vamos a seguir decidiendo quienes trabajamos por él. En Yucatán la batalla no es por elementos subjetivos, en Yucatán desde hace más de dos años la batalla será por mayor trabajo, mejores condiciones de vida, más crecimiento, recuperación económica y servicio permanente a nuestros representados.

Esa ha sido la convocatoria desde el principio y aquí la refrendamos, el que no quiera el desarrollo de México quedará rezagado; el que atienda sólo a sus conveniencias así quedará señalado.

Estén pendientes las dirigencias nacionales de las intenciones de la ultraderecha mexicana, no se dejen llevar por sus argumentos falaces, afortunadamente están fuera de tiempo y sin minoría en el honorable Congreso del Estado. Fundado con sus actitudes, no lo vayan a lamentar el día de mañana.

Esperó a que lo anunciáramos, señor diputado, de todos modos tiene la palabra.

Por principio de cuentas la verdad estoy muy a gusto por, fin nos vamos poniendo de acuerdo, señor diputado, hace unas sesiones decía que los problemas de Yucatán los tratamos los yucatecos, que bueno que ya nos pongamos de acuerdo en que los problemas de Yucatán también se tratan en este Congreso Federal.

Tal parece que el caso de Yucatán nos lo traemos de encargo en este Congreso, la razón es sencilla, la democracia, la justicia, la libertad que empieza a señorear en esta Cámara es de fácil, diría, necesaria exportación a las legislaturas locales que como la de Yucatán son intolerantes, antidemocráticas y la antitesis de la división de poderes.

Cuidado, señor diputado, porque ser legisladores en este Congreso democrático y vivir en un Congreso local allá antidemocrático, corremos el riesgo de volvernos demasiado famosos en esta tribuna y con gusto con mucho gusto le metemos a este tema también.

Una verdad, una verdad dicha a medias sigue siendo una mentira y en este momento quien me antecedió en el uso de la palabra, la hizo verdad a medias o sea mentiras.

Veamos qué es lo que realmente sucedió en Yucatán. Reformas constitucionales aprobadas por esta Cámara y por el Senado. Que lleguen a Yucatán con el imperativo de ser en el plazo de 90 días incorporadas a la Constitución estatal y, ¿qué sucede?, que allá en el Congreso yucateco el 48% son diputados de Acción Nacional y el resto del PRI y lo que sucede es que desde la aprobación de estas reformas federales los diputados locales panistas insistieron en que era momento de adecuar la Constitución local y de paso también amarrar las reformas al código electoral estatal, porque no fuera a ser que luego nos salieran con su domingo siete, como lo hicieron a nivel nacional al no consensar la reforma electoral.

Y, ¿qué sucede entonces?, que los diputados priístas nunca le metieron al tema; 15 de enero, es cierto, se presentó antes de la sesión de Congreso local un dictamen-iniciativa que pretendía incorporar las reformas constitucionales a la Constitución del Estado de Yucatán, una iniciativa-dictamen hecha por la Comisión de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales de ese Congreso, en donde nosotros tenemos en esa comisión un representante de los cinco, ¿qué pasó con la proporcionalidad que pedían aquí en estas comisiones, señor diputado?.. Teniendo el 48%, solamente se tiene el 20% de los integrantes de esa comisión.

Pero, además, se presentó una iniciativa de dictamen diciendo que ya había sido consensada por la Comisión de Gobernación, cuando la Comisión de Gobernación nunca había sido convocada, nunca el diputado local del PAN había sido convocado para asistir a una sesión en donde se estudiaran estas reformas constitucionales; y al preguntarles y al decirles que había mucho tiempo, faltaba mes y medio para estudiar estas reformas constitucionales, la respuesta fue la de siempre: "ni modo, se fregaron porque somos mayoría; por un diputado, pero somos mayoría".

Y en el pleno del Congreso local de Yucatán, fue presentada, incluso, sin que se repartiera ese dictamen de iniciativa a los diputados panistas yucatecos y por supuesto que nosotros tenemos que diferenciarnos, si para ellos la línea es que siga habiendo línea, para los diputados de Acción Nacional y para los de la oposición no hay línea posible, votamos de acuerdo a nuestras convicciones, de acuerdo al estudio, de acuerdo al análisis que hacemos de toda iniciativa y de todo asunto legislativo. Allá ustedes si su línea es que siempre sí hay línea.

Por ese motivo, en el Congreso local los panistas no votamos, porque no sabíamos siquiera de qué se trataba la votación. Esa es la sencilla razón de lo que pasó allá en Yucatán.

Incluso, miren ustedes, mucho después de esa votación, la diputación panista agarró y pidió copia de la iniciativa presentada en la tribuna y hasta el momento, como manejan el Congreso local como si fuera su rancho chico, los diputados panistas locales no tienen todavía copia de lo presentado en una sesión de enero 15. Imagínense ustedes cómo va Yucatán.

No amigos, no es cerrazón por parte de la diputación panista, incluso les podría decir que ha sido una diputación muy abierta, muchas iniciativas venidas del Ejecutivo estatal han sido aprobadas por los diputados locales de Acción Nacional... no es cerrazón, señor diputado, es dignidad, es respeto al Poder Legislativo lo que se está luchando en Yucatán desde hace un par de años.

De eso se trata. La cerrazón ha estado por otro lado, por el lado que no ha permitido estudiar las múltiples iniciativas presentadas por la oposición y por el partido en el poder; la cerrazón está por el lado de aquellos que mandan a golpear a los diputados locales del PAN, en pleno Congreso, la cerrazón está por el lado que mandan a golpear en la calle a los diputados locales del PAN, venidos de toda la nación concentrados en Mérida. Esa es la cerrazón que existe en ése Congreso yucateco.

No señor mío, su añoranza de que el Congreso Federal, se convierta en algo que ustedes convirtieron en Congreso local no se va a conseguir. yo le quiero decir que va a ser al contrario, que en las próximas elecciones el Congreso local va a convertirse en imagen y semejanza de este democrático Congreso Federal.

No tenemos nosotros la culpa señor diputado, de que el pueblo de Yucatán haya votado como lo hizo y de que por primera vez en la legislatura local ustedes no tengan las dos terceras partes de los diputados para poder cambiar la Constitución a su antojo; no tenemos nosotros la culpa señor diputado, de que por fin en el Congreso yucateco, haya por parte de la oposición diputados que deploren y que no acepten aquella frase de diputados priístas de que los diputados locales son servidores del señor gobernador; en Yucatán los diputados panistas son servidores del pueblo, por eso no podemos votar por asuntos que afectan la dignidad del Poder Legislativo.

Y quiero decirle que si al dinosaurio que está allá en Yucatán le duele, lo sentimos mucho, pero ya pasó el tiempo en que podía, por tener una mayoría absoluta, desaforar a los diputados locales que no estaban de acuerdo con ellos.

No venga usted, en su desesperación a querer amarrar navajas con los miembros de las otras oposiciones, cómo se ve que les ha dolido el que por fin los mexicanos de bien hayan votado por partidos diversos que puedan unirse, que puedan votar juntos en algunos temas específicos. No venga a amarrar navajas, señor, en lo que sea por la libertad, por la justicia y por la democracia, las oposiciones van a seguir votando juntos, pésele a quien le pese.

Seguiremos denunciando todos los hechos que sucedan en Yucatán. Qué bueno que ya nos pusimos de acuerdo de que las cosas de Yucatán se puedan discutir aquí. Pueden ustedes seguir, el gobierno yucateco, con la represión a maestros, a militantes de oposición, golpeando gente, secuestrando gente, impidiendo la justicia, pueden seguir haciéndolo, nos pueden romper la guitarra pero no pueden rompernos la canción, seguiremos denunciando todas las atrocidades que se cometen en el gobierno yucateco, vamos a seguir, señor.

Y yo le diría finalmente que para regocijo de los panistas, de perredistas, de petistas, de verdes ecologistas, de ciudadanos y hasta de un buen número de priístas, el caciquismo de Yucatán, por decirlo con las palabras del diputado Paoli, tiene los días contados.

Una vez más escuchamos una cadena de mentiras, a las que ya nos están acostumbrando los partidos, de Acción Nacional. Es de todos conocido que los partidos políticos que integraban el Congreso de la Unión, aprobaron en agosto de 1996, por consenso, las reformas a la Constitución Política de la República Mexicana en materia electoral, entre éstos obviamente estuvo Acción Nacional. Dichas reformas fueron enviadas al Congreso local de Yucatán, el cual aprobó por unanimidad, instalado en Constituyente Permanente, el 14 de agosto de 1996, y como una incongruencia en su forma de actuar, los diputados de Acción Nacional no aprobaron estas modificaciones, que desde el 14 de agosto conocieron y que era obligación del Estado adecuar su marco constitucional y legal a la Carta Magna.

Con todo respeto para la Presidencia, me haría el favor de preguntarle al orador si me acepta una interpelación.

Tuvieron el tiempo suficiente para analizarlos y en su caso promover las adecuaciones relativas.

Quiero precisarle al señor diputado que me antecedió en la palabra, que todo lo mencionado es del conocimiento público: material de prensa que se publicó en la ocasión, en el Diario Oficial del Estado, los documentos que obran en poder de esta legislatura, refiriendo el caso que estamos comentando.

No cabe duda que para ellos la simulación y la postura partidista es primero. Su voto en contra de las reformas en el Congreso del Estado ni siquiera la fundamentaron y hoy, ante esa Asamblea, pretenden justificar tal conducta con una exposición en la que de nueva cuenta dejan ver su actitud contradictoria, sus desgastadas estrategias y su insaciable afán de protagonismo.

El escenario ha cambiado, pero el guión sigue siendo el mismo: vulnerar el orden jurídico y luego presentarse como víctimas para manipular a la opinión pública.

No señor diputado, no es así como se ejerce la función parlamentaria. ¿Acaso usted creía que nadie iba a denunciar la verdadera intención de los panistas yucatecos o tal vez pensaba que podía seguir concertando alianzas, cuando lo único que se pretende con ellas es acrecentar la soberbia política de su partido?

Y no se trata de romper guitarras ni canciones; acuérdese que cuando le detuvieron por borracho, no hubo alteración de ninguna especie ni atentado contra su persona. Recuérdelo.

Ciertamente a su último comentario, no es de extrañarse, cuando se sienten perdidos, lo único que saben hacer es difamar. Le quisiera a usted pedir que demostrara en esta tribuna su aseveración, es totalmente falsa, tan falsa que el Congreso local, ante esa acusación, ante esa acusación el Congreso local, que preside aquí también un diputado federal del PRI, metió una investigación en ese hecho y hasta el momento no lo han resuelto, porque no fue más que una de las difamaciones que ustedes saben hacer y al respecto no voy a contestar nada más, ante sus infundios y ante sus... y pido que se asiente en acta la mentira que acaba usted de decir.

Pero le quiero decir que, quien ha venido aquí a confundir es usted. Ciertamente desde agosto, de todos los mexicanos es conocida las reformas electorales que hubieron en la Constitución; ciertamente señor diputado, pero dígame usted y ésta era la pregunta y le invito a pasar a esta tribuna, a usted o a cualquiera de sus compañeros diputados del PRI, dígame usted qué día, dígame usted si no el mismo día que metieron ese dictamen, iniciativa a la discusión del Congreso local, presentaron ese dictamen, iniciativa en la sesión previa y que ese dictamen no fue del conocimiento de los diputados del PAN.

No señor diputado, no votamos en contra de las reformas a la Constitución estatal, entérese bien, votamos en contra.

Porque querían que votáramos por algo que ni siquiera habíamos leído. Si a ustedes les da línea Cervera, a nosotros, discúlpenos, pero no. En Yucatán la única línea es la obediencia al pueblo, a los que nos pusieron en los cargos públicos y esto sí lo sabemos hacer muy bien los diputados de Acción Nacional.

Tiene la palabra para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Sobrino.

Tomamos su nombre. Beatriz Zavala Peniche, en seguida después del orador que está en turno.

Yo creo que aquí se trata de retornar en el discurso y tocar los temas que el compañero Orlando Paredes señaló y es para todo el Congreso, no se trata de ninguna manera de seguir discutiendo asuntos personales.

En ese sentido quiero comentarle, señor diputado, que el hecho del que se trata es de que ustedes, de acuerdo a los tiempos que marca la Ley Electoral, dejaron de ocuparse de las tareas que hoy pretenden desarrollar en el Estado, que dejaron de cumplir ese tiempo y que ése es un hecho real, y el otro elemento es que en su propuesta, que afortunadamente por falta de tiempo legal no podrá proceder en el Estado, queda una propuesta en donde los partidos minoritarios pierden el espacio político que tienen en Yucatán para llevar el porcentaje que se reclama en la ley local y mantener el registro de 1.5% elevándolo a 4%.

En ese sentido, compañero diputado, es que se reclama en el discurso, no queremos en Yucatán ninguna muestra de una acción bipartidista que elimine las palabras de las otras corrientes políticas del país y, si siempre se ha determinado que el 1.5 en el porcentaje de representación, es suficiente para mantener la figura de una organización política, yo le pregunto al Partido del Trabajo, al Partido Ecologista, que tienen una lucha en mi Estado para buscar su espacio y su dirección, si es una propuesta justa y si realmente va adecuada a los momentos, que estamos viviendo. Es cuanto.

Tiene la palabra para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos, la diputada Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional.

Bueno, en primer lugar a los tres diputados priístas que me antecedieron en la palabra, quiero decirles, para que lo conozcan todos nuestros compañeros diputados de este honorable Congreso, que ciertamente es del conocimiento público cuáles fueron los procedimientos que se siguieron en el Congreso local del Estado de Yucatán, por el cual la fracción panista no pudo aprobar reformas no conocidas para ellos.

Este es el procedimiento que se sigue siempre, lo ha dicho el diputado Edgar Ramírez, que me antecedió en la palabra, en el Congreso local de Yucatán, y afortunadamente el pueblo de Yucatán conoce de esos procedimientos. Lo que sí habría que cuestionar en este honorable Congreso, cómo es que se trae un tema aquí, en el cual tiene como fundamento cuestionar la labor de otros diputados de un Congreso local, cuando ésta no es función del Congreso Federal. Sí es función el análisis de lo que ocurre en todos nuestros estados, porque son relativos a nuestra nación, pero la actitud de los congresos locales, lo que cada diputado haga, debe ser cuestionado en el Congreso local. Pero qué, bueno, como dijo Edgar Ramírez, que traen aquí los temas de Yucatán y específicamente de la reforma electoral en nuestro Estado.

Si ahora son extemporáneas las reformas, como aquí han planteado, es porque no quisieron darle curso, porque mes y medio antes los diputados de la fracción panista del Congreso local tuvieron esta iniciativa, y nunca la fracción priísta mayoritaria, por un diputado, es decir, que mayoritea, por un diputado quisieron darle curso. Incluso hay una iniciativa panista para extender ese plazo.

Lo que aquí es fundamental, lo que es importante señalar, es que se están adelantando a las elecciones de 1998, porque lo que están previendo es que cuenten con una base legal electoral que no es de ninguna manera avanzada, que no es avanzada porque precisamente no está de acuerdo con las reformas nacionales que en esta materia ya se han dictaminado para el resto de la población, y esto les da mayor margen, mayor margen para las tácticas priístas ya conocidas que acabamos de vivir en estados como, principalmente, Tabasco y en otros estados de la República, como Veracruz y en las mismas elecciones federales en el Estado de Yucatán, cómo no y, en el Estado de Puebla, por sólo dar algunos ejemplos.

Entonces, no contamos con una Ley Electoral de ninguna manera de avanzada, al contrario, tienen las bases, no suficientes, porque quisieran más, pero no pueden retroceder, pero tienen margen, tienen margen para llevar a cabo las mismas tácticas corruptas de compra de votos y tratar de mantener esa antidemocracia que vivimos en el Estado de Yucatán e incluso quisieran poder regresar al pasado y tener todavía más margen en el Congreso local, lo que ahora no tienen porque, como bien dijo Edgar Ramírez, no llegan a las dos terceras partes para hacer reformas constitucionales a su antojo. Eso es lo que están planeando, las elecciones de 1998.

Y qué bueno que sale el tema, porque es importante que este Congreso Federal desde ahora empiece a tener muy presente los próximos procesos electorales, sobre todo en estados donde existe y no por razones subjetivas, sino por razones muy claras, un retroceso político, como es el Estado de Yucatán.

Y quiero decirle al diputado Orlando Paredes, que los que trabajamos por Yucatán, verdaderamente por Yucatán, no lo hacemos con bases subjetivas, lo hacemos absolutamente con datos muy objetivos.

Yucatán es uno de los estados con más alto índice de marginación, de desnutrición, de analfabetismo, esa es la situación del Estado de Yucatán, no es un Estado en desarrollo, como usted ha venido a plantear acá, Yucatán es un Estado rezagado políticamente. Necesitamos voltear a ver a estados del sureste, es un Estado en donde se viola la Constitución constantemente, y un Estado con grandes rezagos económicos.

Para rectificación de hechos, tiene la palabra el diputado Carlos Sobrino Sierra, hasta por cinco minutos.

Compañera diputada, en su intervención, precisamente se encuentra la razón de estar en este momento en la tribuna, usted dice que en el Congreso local y lo dice textualmente: "no se han adecuado las reformas que a nivel nacional se han adoptado en la materia...", pues de lo que se trata y de lo que nos planteó el licenciado Paredes, es que precisamente, sobre ese asunto los compañeros diputados de la fracción de Acción Nacional a nivel local, no permitieron que se pudieran incorporar las modificaciones en materia de Ley Electoral Federal a nuestra ley local. Entonces discúlpeme usted, pero es contrario a las argumentaciones del otro diputado.

on relación a la argumentación posterior que hace, de que en nuestro Estado los grados de marginalidad, que seguramente usted conoce muy bien, nos demuestra en este momento que somos un Estado francamente en condiciones económicas por debajo de las medias nacionales, le quisiera yo decir nada más para información, que la tasa de ocupación que en este momento hay en el Estado, supera por mucho las que se habían absorbido en los últimos 10 años y seguramente no es ni gracias a un trabajo constante del gobierno del Estado y de los demás actores de la productividad, sino a razones de nuestra condición geográfica, al hecho también de tener ahora una vía de transporte extraordinario, que nos hace tener el puerto pesquero más importante del país y en tres renglones importantes de la economía somos líderes nacionales, compañera diputada.

En condiciones del campo también le quiero decir que el valor de la producción en los últimos dos años agrícolas se incrementó en más de un 40%. Y que en este año en más de los 105 municipios diferentes a Mérida, por que esta tiene a su vez un crecimiento en sus parques industriales, que usted conoce diputada y que han sido insuficientes hasta la fecha, pues un crecimiento que dista mucho de ser el que requerimos ciertamente, pero que nos pone en materia económica en condiciones muy superiores a la media del país en este momento por circunstancias diferentes.

Estamos trabajando en el Estado, estamos creciendo en el Estado en términos económicos, y esperamos que sigan estas condiciones que favorecen a todos; a los panistas, a los perredistas y a los priístas que vivimos en Yucatán. Son dos asuntos que me obligaron a regresar a la tribuna, precisamente para resumir y terminar.

Las reformas electorales federales, que aprobó la nación a través de su Congreso y enviadas a Mérida, la fracción de ustedes no permitió que se agregaran a nuestras acciones legislativas en materia electoral local.

Y la otra, y la vuelvo a insistir, parece que va en conflicto, el hecho que siempre han apoyado, cuando menos en estos dos meses, de tener un espacio para los partidos más pequeños, y han luchado de manera extraordinaria, lográndolos incluso acomodar por arriba de lo que marcaba nuestro Reglamento Interno, esa política en el caso de Yucatán les parece a ustedes de desprecio y habrá que ponerle un freno a la presencia de otras corrientes políticas por no llegar a los cuatro puntos de elección que propone su bancada.

Tomando en consideración esta Presidencia que han hecho uso de la palabra ocho oradores, esta Presidencia considera que es un problema del estado local y por tal motivo yo solicitaría, a la Secretaría conforme al artículo 115, pregunte a la Asamblea si está suficientemente discutido.

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a los señores diputados si consideran el punto suficientemente discutido.

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Se considera suficientemente discutido, señor Presidente.

Para tratar asuntos relacionados sobre salarios mínimos, hace uso de la palabra el diputado Rosalío Hernández Beltrán, del Partido de la Revolución Democrática.

A principios de este siglo que termina, cuando todavía el aire olía a pólvora escupida por las carabinas 30-30, los padres de nuestra Constitución Política asombraron al mundo elevando a rango constitucional derechos sociales importantes, como fue el derecho al trabajo, a la educación, a un salario digno.

Esta decisión histórica ha sido retomada por los distintos países en el mundo, a tal grado que el día de hoy es difícil, es raro, encontrar una Constitución Política que no contenga a rango constitucional estas garantías sociales.

Pero ¿qué debemos hacer los diputados a 80 años de distancia cuando esos preceptos constitucionales han sido letra muerta, cuando no se cumplen aún, más cuando las autoridades responsables de vigilar su cumplimiento son las primeras en violentarlas? A mi juicio tenemos dos caminos: seguir el ejemplo de un ex presidente de la República que por cierto no vive en el territorio nacional y que practicaba la política del avestruz, que ante las inconformidades sociales decía que bastaba con taparse las orejas y cubrirse los ojos o la otra elevar nuestra voz utilizar esta tribuna que se dice la más alta de la nación, para exhortar a las autoridades correspondientes a que ajusten sus actos a lo establecido en esta Carta Magna tantas veces nombrada en esta tribuna.

Lo anterior viene a cuento porque en estos días se va a violentar una vez más lo establecido en la fracción VI del artículo 123, relativa a los incrementos a los salarios mínimos generales y profesionales. En particular me refiero al tercer párrafo de la fracción VI de este artículo que dice lo siguiente:

"Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del Gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones."

Es decir, aquí se establece con toda precisión que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es la facultada para incrementar año con año esos salarios. ¿Y qué ha venido ocurriendo, en particular desde 1986 con aquel gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado? Que con el aval del Poder Ejecutivo Federal ha convocado a los representantes del sector empresarial, a las cúpulas del sector empresarial, del sector sindical, del sector agrario y han suscrito pactos, convenios, usurpando las funciones que se establecen aquí en este tercer párrafo de la fracción VI del artículo 123 constitucional.

Pero ojalá y lo hicieran para bien; por el contrario lo han hecho para mal, porque han dañado, de manera extraordinaria, los intereses y derechos de los trabajadores. Porque también todavía en esta Constitución, es en el párrafo segundo de esta fracción VI, se establece con toda precisión los criterios que se deben de tomar para determinar el incremento a los salarios y aquí se dice lo siguiente:

"Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos...". Es decir, que los salarios mínimos generales debieran de alcanzar para que un jefe de familia pueda vestir, pueda alimentar, pueda educar y pueda incluso tener para una diversión sana de sus hijos.

¿Y qué ocurre? Que los 26 pesos 40 centavos que es lo que vale hoy el salario mínimo general, no alcanza ni siquiera para adquirir un kilogramo de carne de cerdo, mucho menos para satisfacer las otras necesidades.

Compañeras y compañeros diputados: ¿hasta cuándo vamos a permitir que siga ocurriendo ésto? Yo diría que lo menos que podemos hacer, quienes nos encontramos y nos consideramos herederos de esos constituyentes que plasmaron estos preceptos constitucionales, deberíamos exhortar, en este caso a los directivos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que bajo su más estricta responsabilidad determinen el incremento al salario para el próximo año de 1998 y que no permitan que otra vez se usurpen sus funciones por esos llamados pactos económicos y debemos decirles, además, que ese incremento que propongan, que determinen, debe ajustarse a lo expresado en este segundo párrafo del artículo 123.

En ese sentido, señor Presidente, le propongo que ponga a consideración de este pleno, con base en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dar curso a esta propuesta y ponerla a consideración de la plenaria por ser un caso de urgente y obvia resolución.

A principios de este siglo que termina, cuando aún el aire olía a la pólvora escupida por las carabinas 30,30; los padres de nuestra Constitución Política asombraron al mundo con la inserción de derechos sociales en nuestra Carta Magna. Su ejemplo fue retomado poco a poco por el resto de los países, a grado tal, que es raro encontrar en nuestros días una Constitución Política que no contenga estos derechos sociales.

¿Pero qué debemos hacer los legisladores a 80 años de aquella acción histórica, cuando nos consta fehacientemente que dichos preceptos constitucionales han sido violados una y otra vez por las autoridades responsables de velar por su cumplimiento. A mi juicio tenemos dos alternativas: la primera consiste en emular a aquel ex presidente de México, que por cierto no vive en el territorio nacional, que tranquilamente señalaba ante las protestas e inconformidades justificadas de nuestra organización política "que ni nos veía, ni nos oía": la otra es pronunciarnos públicamente para manifestar nuestra inconformidad y exhortar a las autoridades responsables, para que ajusten sus actos a los ordenados constitucionalmente. Debemos tomarle la palabra al titular del Poder Ejecutivo Federal, quien ha dicho recurrentemente: ¡nada fuera de la ley, todo dentro de ella! Y actuar en consecuencia.

Lo anterior es oportuno recordarlo, porque estamos en vísperas de que se cometa una flagrante violación al texto constitucional, en lo relativo al incremento a los salarios mínimos y profesionales. Año con año, en estos días se reúnen las cúpulas de los sectores empresariales, sindicales, agrarios y con el aval del Poder Ejecutivo Federal determinan los incrementos a los salarios mínimos generales. Lo hacen usurpando funciones de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues ésta es la facultada para hacerlo según lo establecido en el tercer párrafo de la fracción VI del artículo 123 que a la letra dice: "los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del Gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones".

En consecuencia, es oportuno que esta Cámara se pronuncie porque se respete este precepto constitucional y exhorte al titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que bajo su más estricta responsabilidad cumpla con lo que le ordena la Constitución.

Aunado a lo anterior, debemos elevar nuestra protesta, porque año con año se han incrementado los salarios mínimos, sin tomar en cuenta los criterios constitucionales para definir el monto de esos aumentos: leamos lo que dice el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 123 constitucional: "los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos..."

Esto significa, que la capacidad del poder adquisitivo de estos salarios debiera ser suficiente para alimentar, vestir, calzar, educar, y tener una vivienda digna todo jefe de familia que ganara este salario. Sin embargo, con 26.40 pesos que hoy se paga por este salario, no alcanza ni siquiera para adquirir un kilogramo de carne de cerdo, menos para cubrir el resto de las necesidades normales.

Compañeras y compañeros diputados: hace 80 años que existen estos preceptos constitucionales y durante todo este periodo se han violado, una y otra vez, por los llamados gobiernos herederos de la Revolución de 1910. ¿Cuantos años tienen que transcurrir más, para que se acaten estos ordenamientos constitucionales?

Esta es una pregunta, que cada uno de nosotros debiera hacerse y responderla de acuerdo a nuestra conciencia y mientras pensamos la respuesta, les propongo un punto de acuerdo consistente en lo siguiente:

Primero. Que esta Cámara exhorte a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que bajo su más estricta responsabilidad determine los incrementos a los salarios mínimos generales que habrán de regir para 1998.

Segundo. Que dichos incrementos se determinen con base en lo establecido en el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 123 constitucional a que hemos hecho referencia.

En virtud de lo expuesto, señor Presidente, le solicito respetuosamente, con base en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dar curso a mi propuesta y ponerla a consideración de la plenaria, por ser un caso de urgencia y obvia resolución.

México, D.F. 28 de octubre de 1997.- Diputado federal; Rosalío Hernández Beltrán.»

Se instruye a la Secretaría dé lectura al artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que la suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes

I. Se presentarán por escrito y firmadas por los autores, al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos, si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.

II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición y

III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda, y en el segundo se tendrá por desechada".

"Artículo 59. En los casos de urgente y obvia resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y ponerlos a discusión inmediatamente después de su lectura."

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o no a discusión la proposición.

En votación económica se pregunta a los diputados si se admite a discusión la propuesta.

Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Aprobado señor Presidente.

Por instrucciones de la Presidencia esta Secretaría consulta a los señores diputados si se considera de obvia y urgente resolución.

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

Yo les recuerdo, señores diputados, que tenemos que seguir el procedimiento. ¿Si algún diputado quiere hacer uso de la palabra en contra de la propuesta?.. Ninguno.

¿En pro de la propuesta? La diputada Adelaida de la Cruz a favor de la propuesta.

Hemos escuchado algunos razonamientos e informaciones sobre el salario mínimo en México y para hacerlo de entrada es necesario establecer que en los momentos actuales de la economía queremos mejorar el salario en México y en consecuencia la calidad de vida de los mexicanos. Pero no debe ser a partir de falsas posturas y sobre todo de gente que tiene intereses en que los trabajadores nos enfrentemos contra molinos de viento de aquellos que sin conocer la realidad en la fábrica, la vida real y concreta, de los procesos productivos, la dinámica de nuestras reuniones y asambleas y la vida interna de los sindicatos, sus consecuencias y en la realidad de las relaciones obrero-patronales.

Pretenden algunos erigirse en defensores de moda, oportunismo a ultranza forzado para la clase trabajadora en México. Sin lugar a duda son falsos redentores que no razonan, que no saben de lo que están hablando.

Es cierto, insisto, debemos buscar el salario remunerador que estabilice y consolide el futuro de nuestra economía, reitero, ser garante de mejores condiciones de vida de nuestros compañeros.

El salario de los trabajadores no puede ni debe ser divisa de ningún partido político. Resulta ilusoria la pretensión de aquellos que sólo quieren llevar agua a su molino. Proponer un aumento irracional e indiscriminado resulta tan sólo una provocación de falsas expectativas basadas en mentiras.

El sector obrero, integrado por las organizaciones sindicales que representan a la gran mayoría de esos millones de trabajadores, en un sector social realista que a través de la negociación contractual en cada empresa defiende los derechos y las conquistas laborados durante muchos años mediante la ley y sus propuestas mejoradas en cada negociación y postura de un sindicalismo siempre propositivo e interesado en participar en la toma de decisiones importantes para la nación.

Cierto es que uno de los más graves problemas en México es la injusta distribución del ingreso, lo afirmamos, el salario mínimo es tan sólo un parámetro de referencia, una medida técnica del mercado laboral, para llevar a cabo las negociaciones obrero-patronales.

En México es importante hacer conocer en esta alta tribuna que los trabajadores sindicalizados mantienen salarios contractuales en un promedio general de dos a tres y media veces los salarios mínimos, llegando a percibir salarios más altos bajo la contratación colectiva, que es por la que nosotros luchamos y seguiremos luchando.

Con los salarios mínimos que hasta la fecha sabemos no se han logrado los satisfactores señalados por la propia ley, por eso consideramos no es válido que se tomen como un pretexto; no es moralmente aceptable hacer cortinas de humo, no es factible ni realista salir a estas alturas con compromisos que traerían falsas expectativas.

En días pasados el presidente del Congreso del Trabajo, compañero diputado Héctor Valdés Romo, en la VI Reunión Nacional Económica convocada por la Confederación de Trabajadores de México, afirmó: "hablar de economía para los trabajadores es hablar de salarios suficientes. La suficiencia del salario debe dejar de perderse, la preocupación nuestra es que sobrevenga de nuevo el desempleo, la cesantía, cuando apenas se avizora la recuperación y las nuevas inversiones".

Por ello consideramos, señores diputados, que en los trabajadores se ha sabido mantener la mesura y la razón nacionalista; como en su tiempo, el sistema de salarios mínimos tuvo que ser revisado y superado; ahora nos corresponde a los que estamos en esta Cámara de Diputados, superar las insuficiencias y defectos que representan.

Por esa razón, nosotros los trabajadores y los del sector obrero, mi fracción parlamentaria la del PRI, seguiremos pugnando porque se erradique la discriminación de zonas económicas que aún se mantienen estableciendo la unificación del salario general para todo el país; un salario que contenga el incremento acordado por los factores de la producción y que contribuya a preservar la estabilidad alcanzada con miras al crecimiento sostenido de la economía mexicana para que no existan en México trabajadores de primera y de segunda, sino una sola clase trabajadora; incremento de un salario en el que se considere que no es únicamente lo que recibe el trabajador en monetario, sino todos aquellos también que se perciben a través de las prestaciones económicas como lo es la salud, la vivienda, el crédito al Fonacot, las tiendas de consumo popular, el transporte, que las empresas nos subsidien, en la alimentación, la canasta básica, el fondo de ahorro todas ésas son prestaciones económicas que vienen en beneficio del salario de los trabajadores.

Las actividades sociales, las deportivas, las culturales, escuelas de capacitación, las bibliotecas, la educación pública y algunos más por mencionar.

Por eso coincidimos y compartimos la preocupación del diputado que nos ha antecedido.

Y queremos también dejar aquí en esta alta tribuna, que no se debe de maniatar a los trabajadores ni pretender tampoco crear falsas esperanzas y falsas expectativas.

Consideramos, y hago un exhorto y un llamado a nuestras compañeras y compañeros diputados de esta LVII Legislatura, creo que es preocupación e interés de todos los que hoy estamos aquí, de realmente ser una histórica Cámara. Esperamos, ojalá y realmente sea cierto, en que todos los que hoy estamos aquí nos pongamos de acuerdo, unifiquemos criterios y que realmente busquemos un salario digno, un salario remunerador que la clase trabajadora desde su creación del movimiento obrero ha seguido luchando, seguirá luchando, los que estuvieron, los que estamos y los que estarán después de nosotros.

Ojalá y todos los señores diputadas y diputados que hoy están aquí como legisladores y afuera como empresarios, piensen en realmente remunerar a todos sus trabajadores que tienen bajo sus servicios.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera suficientemente discutida la proposición.

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutida, señor Presidente.

La primera votación, señor diputado, fue para aprobar su discusión; la segunda, por obvia resolución; la tercera, de que está suficientemente discutida y con toda razón, señor diputado, se instruye a la Secretaría para que pregunte a la Asamblea si se aprueba la proposición y la exhortación que hace el diputado del Partido de la Revolución Democrática.

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobada, señor Presidente.

Esta Cámara, como lo dispuso el pleno, exhortará a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para que bajo su más estricta responsabilidad determine los incrementos a los salarios mínimos generales que habrán de regir para 1998; asimismo que dichos incrementos se determinen en base a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 123 constitucional.

Se instruye a la Secretaría, para que dé lectura al artículo 27 fracción E, atribuciones del Presidente, de la Ley Orgánica del Congreso:

"Artículo 27. El Presidente de la mesa directiva hará respetar el fuero constitucional de los miembros de la Cámara y velará por la inviolabilidad del recinto parlamentario.

Fracción E. Requerir a los diputados faltistas a concurrir a las sesiones de la Cámara y disponer en su caso las medidas y sanciones que correspondan con fundamento en los artículos 63 y 64 constitucionales."

"Artículo 112. La falta de quorum se establece cuando es verdaderamente notoria, por una simple declaración del Presidente de la Cámara y, cuando es dudosa, por la lista que pasará la Secretaría, por acuerdo de la Presidencia o a petición de un miembro de la Asamblea."

Esta Presidencia se reserva el derecho que le da la ley, para que al final de la sesión, si considera que no hay el suficiente quorum, se instruya a la Secretaría a que pase lista de asistencia.

Tiene la palabra el diputado Armando López Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para dar lectura a un informe sobre problemas de Los Cuatrocientos Pueblos en Veracruz.

Señores diputados, yo les suplico el orden y le pido al diputado Armando López, que con todo respeto haga uso de la tribuna y no pase con el cigarro prendido o apagado. Por favor, señor diputado.

En el mes de septiembre tuvimos a las puertas un plantón con campesinos de Los Cuatrocientos Pueblos. Esta soberanía mandató a una comisión plural, para atender el asunto y las peticiones que se planteaban.

Como el punto lo indica, informo que de acuerdo a una resolución propia de este grupo, decidieron presentar, de manera particular, un juicio político al gobernador de Veracruz; por lo tanto, la comisión que fue mandatada terminó con sus trabajos y en obvio de respetar la impaciencia de ustedes, turnaré el informe de dichas acciones a la comisión correspondiente.

Gracias, señor diputado Armando López. Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativos a permisos a ciudadanos mexicanos, para prestar servicios y aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros.

Se levanta la sesión, siendo las 17:44 horas de este día y se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 30 de octubre, a las 10:00 horas.

* De la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, con el que remite el informe de resultados sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1995, así como sus anexos;

*1 Iniciativa del PRI de reformas al artículo 20 constitucional, respecto a las garantías individuales en materia penal;

* 2 Minutas con proyecto de decreto, que conceden los permisos constitucionales necesarios, para aceptar y usar las condecoraciones que confieren los gobiernos del Gran Ducado de Luxemburgo y de la República de Polonia;

* 3 Minutas con proyecto de decreto, que conceden los permisos constitucionales necesarios, para poder prestar servicios en representación diplomática;

* 1 Iniciativa del PRD, de reformas al artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con respecto a trabajadores bancarios.

AM	Ampliación Modulada
Cetes	Certificación de la Tesorería de la Federación
CRICP	Comisión de Régimen Interno y Consertación Política
D.F.	Distrito Federal
EF	(Sin aclaración)
FM	Frecuencia Modulada
Fonacot	Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores
Fovi	Fondo Bancarios de Operación y Vivienda
Fovissste	Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Socialesde los Trabajadores del Estado
IF	(Sin aclaración)
IFE	Instituto Federa Electoral
Infonavit	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
ISSSTE	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
OMS	Organización Mundial de la Salud.
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PAC	Programa de Ampliación de Cobertura
PAN	Partido Acción Nacional
PAZ	(Sin aclaración)
PDM	Partido Demócrata Mexicano
PPJ	(Sin aclaración)
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PT	Partido del Trabajo
Sedesol	Secretaría de Desarrollo Social
SIDA	Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

ASISTENCIA	Pag. 1089
ORDEN DEL DÍA	1089
ACTA DE LA SESION ANTERIOR	1090
OFICIALIA MAYOR	1094
Se designa comisión que acompañe al ciudadano Humberto Murrieta Necoechea, a rendir protesta de ley como oficial mayor.	1094
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL 1995	1094
Oficio de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, con el que remite el informe de resultados sobe la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1995, así como sus anexos. De enterado y se remite al archivo para consulta de los diputados.	1094
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	1095
El diputado Miguel A. Quiroz Pérez, presenta a nombre del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa de reformas al artículo 20 constitucional, respecto a las garantías individuales en materia penal. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Justicia.	1095
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO	1099
Oficio de la Cámara de Senadores,con el que se remite minuta proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María Natividad de la Luz Oñate Muñoz, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicho país. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.	1099
REPUBLICA DE POLONIA	1099
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que se remite minuta proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Rogelio Cortés Cruz, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicho país. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.	1099
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1099
Tres oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite minutas de proyecto de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas María Guadalupe Vázquez Gómez, María de los Angeles Lomelí Vargas y Carmen Cecilia Mendoza Romero, puedan prestar sus servicios en la Embajada de dicho país en México. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.	1099
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1101
El diputado José Luis Sánchez Campos, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, presenta iniciativa de reformas al artículo 78-A, con respecto a trabajadores bancarios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.	1101
HURACAN "PAULINA"	1104
El diputado Sergio Antonio Salazar Salazar, presenta informa de la Comisión de Salud, respecto a los desastres ocasionados por el fenómeno meteorológico en el Estado de Guerrero.	1104
Sobre el mismo tema, la diputada María de las Mercedes Martha Juan López.	1106
Rectifican hechos los diputados:	1108
María Verónica Muñoz Parra	1108
Alberto López Rosas	1109
Efraín Zúñiga Galeana	1110
ESTADO DE JALISCO	1111
Respecto a problemas que involucran el proceso electoral del 9 de noviembre en dicha entidad, se concede el uso de la palabra a los diputados:	1111
Francisco Javier Morales Aceves, quien solicita se integre una comisión plural encargada de la investigación, a la vez que pide juicio político contra el gobernador de ese Estado.	1111
Emilio González Márquez, quien presenta punto de acuerdo.	1114
Rectifican hechos o contestan alusiones personales, los diputados:	1117
Juan Enrique Ibarra Pedroza	1117
Juan José García de Alba Bustamante	1118
Juan Enrique Ibarra Pedroza	1119
Luis Fernando González Corona	1121
Francisco Javier Morales Aceves	1122
Rafael Sánchez Pérez	1126
Héctor Francisco Castañeda Jiménez	1127
Se turnan las propuestas de los diputados Morales Aceves y González Márquez, a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Justicia	1128
ESTADO DE TABASCO	1129
El diputado Carlos Antonio Heredia Zubieta presenta informa de la comisión plural encargada de investigar hechos relacionados con los recursos públicos en dicha entidad.	1129
El diputado Carlos Martín Jiménez Macías presenta voto particular con el que argumenta sus razones sobre el tema.	1131
Se turnan ambos documentos a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para el trámite correspondiente.	1134
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:	1134
Juan José Rodríguez Prats	1134
Pablo Gómez Alvarez	1135
Carlos Martín Jiménez Macías	1138
José Agapito Domínguez Lacroix, quien presenta propuesta	1138
Pablo Gómez Alvarez	1139
Ricardo Monreal Avila	1140
Pablo Gómez Alvarez	1143
Norma Gabriela Argaiz Zurita	1144
María del Socorro May López	1145
Norma Gabriela Argaiz Zurita	1148
Se considera suficientemente discutido.	1149
ENFERMEDADES DE LA MUJER	1149
La diputada Elsa Patria Jiménez Flores, a nombre de la Comisión de Equidad y Género, presenta punto de acuerdo relacionado con la prevención, tratamiento y control de los cánceres del cuello del útero y mamario en la atención primaria.	1149
Sobre el mismo tema, los diputados:	1150
Fabiola Gallegos Araujo, quien presenta propuestas	1150
Marco Antonio Adame Castillo	1152
Isabel Villers Aispuro	1153
Se turnan las propuestas presentadas a la Comisión de Salud	1154
Rectifican hechos los diputados:	1154
Miguel Angel Navarro Quintero	1154
Gustavo Espinoza Plata	1155
Elsa Patria Jiménez Flores	1156
Carolina O´Farril Tapia	1156
María de las Mercedes Martha Juan López	1157
Se turnan a las comisiones de Salud y Fortalecimiento Municipal	1157
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	1158
El diputado Juan José Cruz Martínez, presenta diversas proposiciones respecto al Infonavit	1158
Rectifican hechos los diputados:	1161
Jesús José Villalobos Saénz	1161
Juan Ignacio Fuentes Larios	1162
Juan José Cruz Martínez	1162
Jesús José Villalobos Sáenz	1163
Diego Aguilar Acuña	1163
Alberto López Rosas	1164
ESTADO DE YUCATAN	1164
Realiza comentarios sobre la reforma electoral en dicha entidad, el diputado Orlando Alberto Paredes Lara.	1164
Rectifican hechos o contestan alusiones personales, los diputados:	1166
Edgar Martín Ramírez Pech	1166
Wilbert Hebert Chi Góngora	1168
Edgar Martín Ramírez Pech	1169
Carlos Hernando Sobrino Sierra	1170
María Beatriz Zavala Peniche	1171
Carlos Hernando Sobrino Sierra	1172
SALARIOS MINIMOS	1173
El diputado Rosalío Hernández Beltrán, presenta pronunciamiento con respecto a la modificación a los salarios mínimos.	1173
El pro de la propuesta habla la diputada María Adelaida de la Cruz Moreno.	1176
Comuníquese a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos	1178
MOVIMIENTO DE LOS CUATROCIENTOS PUEBLOS	1179
El diputado Armando López Romero comunica que turnará el informe sobre la investigación realizada a la comisión correspondiente.	1179
ORDEN DEL DÍA	1179
De la próxima sesión	1179
CLAUSURA Y CITATORIO	1179
RESUMEN DE TRABAJOS.	1180