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Presidencia
de la diputada
Elba Margarita Capuchino Herrera |
ASISTENCIA
| El
Presidente del Congreso: |
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia del registro de
firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
| El
secretario Alfredo Villegas Arreola: |
Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 455 diputados, por lo tanto hay quorum, señora
Presidenta.
|
La
Presidenta (a las 10:42 horas): |
Se abre la sesión.
ORDEN
DEL DIA
| El
secretario Alfredo Villegas Arreola: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.- Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Jueves 6 de noviembre de 1997.
Lectura del acta de la sesión
anterior.
Comunicación del Congreso del Estado
de Puebla.
Iniciativas de diputados
De reformas a la Ley del Impuesto
sobre la Renta, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y abrogación de la Ley del
Impuesto al Activo sobre las Empresas, a cargo de la diputada María de los Dolores
Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De reformas en Materia de la Ley
Federal de Derechos, en el rubro del agua, a cargo del diputado Benjamín Gallegos Soto,
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
De la Ley para Prevenir y Sancionar la
Violencia Intrafamiliar, a cargo del diputado de la Comisión de Equidad y Género.
De reformas y adiciones a diversos
preceptos constitucionales, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo.
Acuerdo de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política relativo a las sesiones, integración del orden del
día, los debates y las votaciones en la Cámara de Diputados.
Agenda política
Propuesta de veda en zonas afectadas
por el huracán "Paulina", a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México. (Hasta por 15 minutos).
Denuncia de agresiones a mujeres en la
frontera norte, a cargo de la Comisión de Asuntos Fronterizos. (Hasta por 15 minutos).
Comentarios sobre la Seguridad
Pública en el Estado de Jalisco, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Hasta por 5 minutos).
Comentarios sobre invasión de tierras
en Atlixco, Puebla, a cargo del diputado Adolfo González Zamora, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Hasta por 10 minutos).
Comentarios sobre federalismo fiscal,
a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Hasta por 10
minutos).»
ACTA DE
LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del
día, es la discusión del acta de la sesión anterior.
Ruego a la Secretaría consulte a la
Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido
entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus
observaciones y se proceda a su votación.
| El
secretario José Octavio Díaz Reyes: |
Por instrucciones de la
Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión
anterior, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los
coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su
votación.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día miércoles cinco de noviembre de
mil novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias
del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
Presidencia del diputado
Francisco Agustín Arroyo
Vieyra
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del miércoles cinco de
noviembre de mil novecientos noventa y siete, con una asistencia de cuatrocientos ocho
diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del
día y posteriormente en razón de que los coordinadores de los grupos parlamentarios
recibieron el acta de la sesión anterior, la Asamblea le dispensa la lectura a dicho
documento y lo aprueba en su términos en votación económica.
Se da lectura a diversas
comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes y Quintana Roo, con las
que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Un oficio de la Cámara de Senadores,
con el que remite minuta proyecto de decreto, que reforma a la Ley para la Comprobación,
Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México. Se turna a las comisiones unidas
de Marina y de Trabajo y Previsión Social.
Se otorga el uso de la palabra al
diputado Héctor Francisco Castañeda Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional,
quien presenta iniciativa de ley reglamentaria del artículo 3o. constitucional. Se turna
a la Comisión de Educación.
Se da cuenta con seis oficios de la
Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales
necesarios para que igual número de ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones
que les confiere el gobierno de la República de Paraguay. Se turnan a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
La Secretaría da primera lectura a
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, respecto al permiso constitucional
necesario para que Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, pueda ausentarse del país. Se le dispensa la segunda lectura.
El Presidente a las once horas con
dieciocho minutos declara un receso, a efecto de que se logren los acuerdos necesarios
para desahogar la discusión y votación del dictamen en cuestión.
A las doce horas con trece minutos, se
reanuda la sesión, el Presidente anuncia sobre los acuerdos de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política, respecto a las votaciones a realizar.
No habiendo quien haga uso de la
palabra, se aprueban por cuatrocientos dos votos y seis votos en contra, los incisos uno y
dos del proyecto de decreto y son rechazados los incisos tres y cuatro, por doscientos
treinta y dos votos en contra y doscientos dieciséis en pro.
Se turna conforme a lo que ordena el
inciso e del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Para referirse a los desastres
ocasionados por el huracán "Paulina" en los estados de Guerrero y Oaxaca, se
concede el uso de la palabra a los diputados: César Lonche Castellanos, del Partido de la
Revolución Democrática, en dos ocasiones, la primera presenta propuesta, la segunda para
rectificar hechos; Alberto López Rosas, del mismo partido; José Antonio Estefan Garfias,
del Partido Revolucionario Institucional; César Augusto Pineda Castillo, del Partido de
la Revolución Democrática.
Desde su curul la diputada Sandra
Lucía Segura Rangel, del Partido Acción Nacional, solicita al Presidente se modifique el
orden del día, para presentar el informe de la Comisión de Protección Civil, la
Asamblea lo acepta, por lo que se concede el uso de la palabra a la diputada Segura
Rangel, quien además del informe mencionado presenta punto de acuerdo a nombre de la
misma comisión.
El punto de acuerdo presentado por el
diputado Villarreal Díaz, se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta
Pública. Con respecto al presentado a nombre de la Comisión de Protección Civil, se
turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Desde su curul el diputado Gutiérrez
González, solicita modificar el trámite a lo que el Presidente da respuesta.
Respecto a problemas de pensionados y
jubilados, se concede el uso de la palabra a los diputados: Juan Antonio Prats García,
del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta punto de acuerdo; Julio
Castrillón Valdés, del Partido Acción Nacional y Héctor Valdés Romo, del Partido
Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Hace uso de la tribuna la diputada
Verónica Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México, quien presenta
punto de acuerdo referente a la construcción de depósito de desechos radiactivos en el
Estado de Texas, en los Estados Unidos de América.
Sobre el mismo tema, presentan
diversas propuestas, los diputados: Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido de la
Revolución Democrática; Antonia Mónica García Velázquez, del Partido Revolucionario
Institucional; Jeffrey Max Jones Jones, del Partido Acción Nacional y Francisco Javier
Gil Castañeda, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a las comisiones de
Ecología y Medio Ambiente, de Relaciones Exteriores y a la de Asuntos Fronterizos.
El punto de acuerdo de la diputada, no
es considerado de urgente resolución y se turna a las mismas comisiones que las
anteriores propuestas.
Presentan propuestas sobre el problema
de agua en la comarca lagunera, los diputados: Alberto González Domene, del Partido
Acción Nacional y Braulio Manuel Fernández Aguirre, del Partido Revolucionario
Institucional. Se turnan a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
El Presidente modifica el trámite
realizado anteriormente respecto al asunto de pensionados y jubilados y turna el problema
a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, a la de Seguridad Social y a la de
Jubilados y Pensionados.
Respecto a problemas en el cobro de
tarifas eléctricas en el Estado de Baja California, propone punto de acuerdo el diputado
Fortunato Alvarez Enríquez, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
Sobre el mismo tema, los diputados:
Martha Dalia Gastelum Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel
Cárdenas Fonseca, del Partido Revolucionario Institucional, quién acepta interpelación
del diputado Gómez Alvarez. Todos presentan propuestas que se turnan a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
En la intervención del diputado
Pérez de Alva Blanco, desde su curul el diputado Gómez Alvarez, solicita el mismo trato
a todos los oradores, el Presidente responde lo conducente.
El Presidente informa del registro de
asistencia del día de hoy: por el Partido Revolucionario Institucional, doscientos
veinticinco diputados; por el Partido de la Revolución Democrática, ciento dieciocho
diputados; ciento catorce del Partido Acción Nacional; siete diputados del Partido del
Trabajo; por el Partido Verde Ecologista de México, seis y tres diputados Independientes.
Justifican su inasistencia tres del Partido Revolucionario Institucional; ocho del Partido
de la Revolución Democrática y tres del Partido Acción Nacional.
Desde su curul los diputados Gastelum
y Oceguera, realizan consideraciones respecto al último trámite realizado, a lo que el
Presidente da respuesta.
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión, y el Presidente clausura
la de hoy a las dieciséis horas con cincuenta y dos minutos, citando para la que tendrá
lugar mañana jueves seis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, a las diez
horas.»
Está a discusión el acta... No
habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
ESTADO DE PUEBLA
| La
secretaria Rocío del Carmen Morgan Franco: |
Se va a dar lectura a una
comunicación.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Honorable Congreso de la Unión.- Puebla.
Cámara de Diputados.- Avenida
Congreso de la Unión No.66, colonia El Parque.- México D.F.
De conformidad con lo dispuesto por
los artículos 24 de la Ley Orgánica y 25 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos
del Poder Legislativo, nos permitimos comunicar a usted, que el Quincuagésimo Tercer
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, en junta preparatoria
celebrada con esta fecha, se declaró legítimamente constituido para funcionar durante el
tercer periodo de sesiones ordinarias correspondiente a su segundo año de ejercicio
legal, comprendiendo del 15 de octubre del año en curso. Asimismo se eligió a los
señores diputados que integran la mesa directiva, quedando integrada de la siguiente
manera:
Presidenta, Blanca Alcalá Ruiz;
vicepresidente, Delfino Javier Cruz Gutiérrez; secretarios: José Juan Venustiano
Cervantes Pérez, José Sánchez Tinoco; prosecretarios, Laura Roldan Rubio y Saúl
Coronel Aguirre.
Lo que hacemos de su conocimiento por
disposición de esta Legislatura para los efectos correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Honorable Puebla de Zaragoza, octubre
10 de 1997.- José Juan Venustiano Cervantes Pérez y José Sánchez Tinoco,
secretarios.»
De enterado.
LEYES
FISCALES
Tiene la palabra la diputada
María de los Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto sobre la
Renta, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y abrogación de la Ley del Impuesto al
Activo sobre las Empresas.
| La diputada
María de los Dolores Padierna Luna: |
Con su venia, señora
Presidenta; señoras y señores diputados:
El próximo martes, 11 de noviembre,
vendrá a esta tribuna el secretario de Hacienda, el licenciado Guillermo Ortiz Martínez,
a presentar el paquete económico a esta Cámara, que es la propuesta que hace el
Ejecutivo del presupuesto de 1998. Será a partir de entonces una gran oportunidad para
revisar la política económica en su conjunto y visualizar en detalle la política fiscal
y de gasto público.
El grupo parlamentario del PRD ha
decidido presentar en esta ocasión a la consideración de todos ustedes, tres iniciativas
que reforman el sistema fiscal mexicano.
Algunas razones para proponer es que
nosotros pensamos que las deficiencias del sistema fiscal y administrativo, han impedido
atender la posibilidad de una estrategia de ingreso de largo plazo, y se ha visto obligada
a recurrir nuevamente al camino fácil de hacer uso intensivo de los impuestos recesivos y
dirigidos al consumo. La estructura fiscal está pensada para atender urgencias al costo
que sea, para mantener el nivel de gasto del erario público, pero no para expandirlo y
mucho menos para darle estabilidad de largo plazo.
Se ha ignorado el fundamento del
ingreso público, que es el de captar los excedentes de riqueza para redistribuirlos, y se
ha orientado a servir de promotor de actividades económicas, eximiendo, descontando y
atendiendo clientelarmente las exigencias de grupos económicos seleccionados.
Se requiere centrar nuestra capacidad
de ingreso público en los ingresos tributarios; para ello es necesario restablecer las
capacidades impositivas del Estado, especialmente en el ámbito del impuesto sobre la
renta y fortalecer los avances, hoy descoordinados, de la administración fiscal.
Se requiere también descentralizar el
ejercicio fiscal hacia los estados y a los municipios, todo ello orientado abiertamente a
una política de expansión del ingreso público, no mediante la persecución a mercados
cautivos, como pudieran ser los consumidores finales y los asalariados, sino fiscalizar
las actividades económicas que hoy, siendo legales, se benefician abiertamente de un
sistema fiscal que las exime de obligaciones.
Ante estas razones, proponemos a esta
Cámara la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, bajo las siguientes consideraciones:
«Diputado Juan Miguel Alcántara
Soria, Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.
Los suscritos, diputados de esta LVII
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Cámara, la
siguiente
INICIATIVA QUE REFORMA Y
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPOSICION DE MOTIVOS
El IVA es un impuesto indirecto que
afecta el gasto de la población, especialmente de la de menos recursos. Una mayor tasa
del IVA tiene un efecto de reducción de la demanda interna de bienes y servicios,
principalmente de los de consumo. Precisamente ese efecto buscó el Ejecutivo en marzo de
1995 cuando propuso un incremento del 50% en la tasa de este impuesto. En el marco de un
programa de reforzamiento del ajuste recesivo que se inició para estabilizar la economía
después de la crisis financiera que estalló en diciembre de 1994, el aumento del IVA se
utilizó como un instrumento más de contracción de la demanda y de un aumento del ahorro
del sector público para el cumplimiento de obligaciones financieras.
Ante la caída del ingreso de las
personas físicas y de la rentabilidad de la mayor parte de las empresas, el aumento del
IVA fue también una medida de emergencia tendiente a evitar un mayor desequilibrio de las
finanzas públicas. Se buscó así un doble efecto que confluyera en el propósito de la
estabilización de la moneda y de los mercados financieros: uno, de contracción de la
demanda interna y, el otro, de mejoría de las finanzas públicas. El primer efecto
buscado se alcanzó con creces: la caída del PIB fue casi cuatro veces mayor que lo
previsto; en cambio, el segundo efecto fue muy discreto, la recaudación tributaria en
general y por concepto del IVA en particular, disminuyó en 1995. El efecto de recesión
sobre los ingresos públicos fue mayor que el del aumento de la tasa impositiva.
Ahora, después de dos años de
superada la emergencia financiera y de iniciada la recuperación del crecimiento de la
actividad económica, es necesario invertir el proceso, disminuir el peso del IVA sobre la
demanda interna, con el propósito de corregir un rasgo negativo del actual proceso de
recuperación: su carácter demasiado concentrado en el sector exportador y en el gasto de
inversión de unas cuantas grandes empresas, en las que también se concentra la actividad
exportadora y la falta de recuperación del gasto en consumo de la población,
específicamente del consumo per capita, que para la población de menores ingresos, sigue
siendo menor al de antes de la crisis.
Fortalecer la capacidad de gasto en
consumo de la mayoría de la población es indispensable, para que el estilo del
vencimiento de la economía se generalice en todos los sectores y ramas productivas y en
todas las regiones del país. Por ello, proponemos la tasa cero de IVA para un conjunto de
bienes y servicios que tienen un peso muy sensible en el gasto popular. Se trata además
de gastos indispensables para todas las familias, se busca dar un paso importante para que
la recuperación del crecimiento económico sea socialmente incluyente, que armonice el
esfuerzo exportador con la necesaria expansión del mercado interno.
La mayor parte de las micro, pequeñas
y medianas empresas, dependen fundamentalmente del mercado interno, estas empresas son las
que más empleo generan, por lo tanto su fortalecimiento es indispensable para avanzar en
la solución del más grave problema social que aqueja a la economía nacional, que es el
desempleo.
La propuesta de esta iniciativa,
consiste en reducir a tasa cero el IVA para el gasto en el consumo doméstico y agrícola
de energía eléctrica, consumo doméstico de gas, en el servicio telefónico doméstico
de llamadas nacionales, así como en la compra de diesel, alimentos preparados, útiles
escolares, ropa y calzado populares.
Esta disminución tributaria, podrá
compensarse en los ingresos públicos por el efecto de reactivación que tendría sobre el
ingreso de empresas y familias y mediante las reformas que estamos proponiendo por
separado a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para incrementar las tasas a las personas
físicas y morales con más altos ingresos y a las ganancias derivadas de las
transacciones bursátiles.
Se trata de dar un paso pequeño pero
firme en la reorientación de la economía nacional para que el ajuste, la estabilización
y la recuperación del crecimiento no se sigan basando en el sacrificio de los que menos
tienen, para que haya una mejor proporción entre el crecimiento del mercado externo y la
demanda interna, entre la integración global y la integración nacional de la estructura
productiva del país.
Con base en estas consideraciones, nos
permitimos presentar el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforma el
artículo 2-A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, derogando algunos párrafos y
adicionando otros, para quedar como sigue:
Artículo 2o.-A. El impuesto se
calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley, cuando se
realicen los actos o actividades siguientes:
I. La enajenación de:
a) Animales y vegetales que no estén
industrializados, salvo el hule.
b) Medicinas de patente y productos
destinados a la alimentación a excepción de:
1. Jarabes o concentrados para
preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos eléctricos o
mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores
que al diluirse permitan obtener refrescos.
2. Caviar, salmón ahumado y angulas.
Se aplicará la tasa que establece el
artículo 1o.A, la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo,
preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive
cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos.
c) Diesel, útiles escolares, ropa y
calzado con precio menor al equivalente a 15 días de salario mínimo, consumo doméstico
de gas y consumo de electricidad en actividades agrícolas y en uso doméstico no
residencial.
II. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) a g). . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
III y IV. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
V. El uso de servicio telefónico en
llamadas domesticas nacionales.
Los actos o actividades a los que se
les aplica la tasa del 0%, producirán los mismos efectos legales que aquéllos por los
que se deba pagar el impuesto conforme a esta ley.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a
6 de noviembre de 1997.- Diputada: Dolores Padierna.»
Señora Presidenta, entrego a la
Secretaría nuestra propuesta de iniciativa de decreto que reforma la Ley del Impuesto al
Valor Agregado.
Asimismo compañeras y compañeros
diputados, presentamos a ustedes la iniciativa de decreto que reforma la Ley del Impuesto
sobre la Renta.
«Ciudadano diputado Juan Miguel
Alcántara Soria, Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.
Los suscritos, diputados de esta LVII
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Cámara, la
siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. A partir de 1983 se inicia un largo
periodo de descenso de los salarios reales. Desde entonces la contención de los salarios
nominales y su rezago respecto del índice general de precios al consumidor, ha sido
utilizado como un instrumento más de las políticas de ajuste y estabilización que en
forma perseverante se practican. Estas políticas que en un principio se diseñaron para
el corto plazo, con diversos argumentos han permanecido a lo largo de los tres últimos
periodos de Gobierno, incluyendo lo que va del actual. Durante el sexenio 1982-1988, la
explicación oficial fue que era necesario ese sacrificio, debido a la obligada
transferencia de recursos financieros al exterior; en el siguiente periodo de Gobierno,
cuando la transferencia financiera se invirtió y entraban más flujos financieros del
exterior de los que salían, el argumento para mantener la contención salarial fue la
lucha contra la inflación y ahora, en el transcurso del actual sexenio, a esa necesidad
del sacrificio de los trabajadores se le han encontrado otras virtudes: además de cumplir
el papel de ajuste que se le asignó antes, ahora se ve en la reducción de los salarios
reales un instrumento clave para mantener la competitividad del país a un tipo de cambio
dado, para elevar la rentabilidad de las empresas y por tanto, para incrementar el empleo.
Consideramos que esa política,
además de injusta, significa una grave equivocación como estrategia de crecimiento de la
economía nacional.
El resultado de esa política ha sido
realmente devastador sobre el nivel de vida de los trabajadores. El salario mínimo de
1980 era más de tres veces mayor en términos reales al de 1997. En aquel año el salario
era de 141 pesos y el salario mínimo de 1997 equivale a 46 pesos de 19801. La pérdida
del poder adquisitivo del salario es por tanto cercana al 70% en el periodo considerado.
De esta situación surge la iniciativa
de exentar del impuesto sobre la renta a las personas físicas con ingresos hasta cuatro
salarios mínimos, que es regresar a una situación parecida a la que existía antes del
inicio de la reducción salarial, cuando un salario mínimo representaba más de tres de
los actuales. Un objetivo primordial es compensar, aunque sea parcialmente, la pérdida
que se ha acumulado a lo largo de 15 años.
En primer lugar este es un acto de
justicia, resarcir aunque sea parcialmente la pérdida que se ha impuesto a los ingresos
de los trabajadores. Otro propósito de esta medida, es impulsar el crecimiento de la
economía mediante la expansión del mercado interno para que haya armonía entre el
crecimiento de las exportaciones y el fortalecimiento generalizado de la estructura
productiva del país.
Este estilo de crecimiento implica una
mejor distribución social y regional del ingreso, ya que favorece a las micro, pequeñas
y medianas empresas agropecuarias, industriales y de servicios en todo el país, la
mayoría de las cuales dependen del mercado interno.
Al modificar la tabla de la tarifa del
impuesto para las personas físicas que reciben ingreso por su trabajo subordinado se
pretende mejorar la proporcionalidad en la aplicación del gravamen, disminuir la
progresividad de la carga fiscal en los segmentos de menores ingresos e incrementarla en
los altos, con el propósito de que aporten más los que más ganan. Esto permite
compensar en parte la pérdida de ingresos fiscales por la desgravación de los
trabajadores con bajos ingresos.
2. De manera acorde con las líneas
fundamentales de la política de estabilización y cambio estructural, aplicada en el
país desde el sexenio que se inició a finales de 1982, la Ley del Impuesto sobre la
Renta ha sido reformada en un sentido socialmente regresivo. Se eliminaron las tarifas
progresivas para las empresas, sean personas físicas o morales y se impuso la tasa baja
del 34% sobre las utilidades. Este hecho perjudicó a las pequeñas empresas y benefició
a las grandes, si se compara la tasa fija con la tarifa anterior. Entre más pequeñas las
empresas y por tanto más reducidas sus ganancias, mayor es proporcionalmente la pérdida,
en cambio las empresas de mayores ingresos, salieron ganando con el cambio.
Las personas morales estuvieron bajo
el régimen de tarifas progresivas de 1953 hasta 1986, cuando se puso en vigor la tasa
fija. Las personas físicas dedicadas a actividades empresariales, pagaron el impuesto
según tarifas progresivas de 1953 hasta 1991, a partir de 1992 se les impuso la misma
tasa fija que a las personas morales. Este cambió significó un mayor gravamen para las
pequeñas empresas y menor para las grandes: las empresas ubicadas en el rango más bajo
de utilidades, al pasar a la tasa fija incrementaron su gravamen en más del 1000%,
porcentaje que se fue reduciendo al avanzar a rangos superiores y en los cuatro rangos de
mayores ingresos, el cambio a tasa fija significó una ganancia fiscal que va del 3% al
19%. El sentido de esta reforma del gobierno de Miguel de la Madrid fue muy preciso:
beneficiar a las grandes empresas y sacrificar a las pequeñas.
Por esta razón, en esta iniciativa
replanteamos una tarifa progresiva, porque a diferencia de esa reforma regresiva,
consideramos que las leyes tributarias deben ser proporcionales y equitativas. No es justo
ni conveniente desde el punto de vista económico, que pague la misma tasa la pequeña
empresa que la gran corporación nacional o trasnacional. Otro propósito de esta
propuesta, es fortalecer las finanzas públicas sin sacrificar a la pequeña y mediana
empresas que son las que más empleo generan en el país. Estamos convencidos también que
con un sistema fiscal más equitativo se podrá incrementar la eficiencia recaudatoria. La
evasión y la elusión que tanto han aumentado en los últimos años tiene como una de sus
causas fundamentales, el carácter regresivo y por tanto inequitativo de las cargas
fiscales.
3. Otro ejemplo injustificado, el
trato preferencial a ciertos inversionistas financieros, lo encontramos en el capítulo 77
de la actual Ley de ISR, que exenta del impuesto a las ganancias obtenidas en los negocios
bursátiles. En algunos casos se puede tratar de verdaderas fortunas obtenidas mediante
una actividad esencialmente especulativa, ya que en su mayor parte la compra-venta de
acciones se da entre propietarios de segunda mano. Se trata por tanto, de recursos
financieros que se mueven sin que vayan directamente a constituir un mayor capital
productivo de las empresas. En consecuencia, no hay una razón económica válida para dar
ese trato preferencial a estos negocios. No es función del Estado alentar inversiones
especulativas, en cambio puede y debe ser el gravamen de tales ganancias una fuente de
ingresos que fortalezca las finanzas públicas.
En resumen, esta iniciativa pretende
dar un paso justo y significativo en relación con la mejoría en las condiciones
económicas de los trabajadores, pretende también alentar a las micro, pequeñas y
medianas empresas, mediante un impuesto sobre la renta socialmente progresivo que ayude a
la equidad, sin que estos cambios impliquen debilitar a las finanzas públicas, ya que lo
que en algunos renglones se reduce o se elimina, puede compensarse con la progresividad y
los aumentos que se proponen y sobre todo, con el impacto que tendrá una mejor
distribución del ingreso y de las cargas fiscales sobre el nivel general de actividad
económica.
*************************1327
****************
Artículo 80. Quienes hagan pagos por
los conceptos a que se refiere este capítulo, estarán obligados a efectuar retenciones y
enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto
anual. Cuando quienes hagan los pagos correspondientes realicen pagos provisionales
trimestrales en los términos de esta ley, efectuarán las retenciones respectivas
mensualmente, debiendo realizar los enteros correspondientes en forma trimestral
conjuntamente con sus declaraciones de pagos provisionales. No se efectuará retención a
las personas que perciban hasta cuatro veces el salario mínimo general, correspondiente
al área geográfica del contribuyente.
La retención se calculará aplicando
a la totalidad de los ingresos de un mes calendario, la siguiente:
**************1328**********
Artículo 77.. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
I al XV. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
XVI. Se deroga
XVII al XXXI. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Sobre enajenación de acciones
Artículo 74-A. Los ingresos obtenidos
con motivo de la enajenación de acciones u otros títulos de valor que se realicen a
través de bolsa de valores autorizada o mercados de amplia bursatilidad que determine la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en reglas generales que al efecto expida.
Tasas impositivas para la enajenación
de acciones
Artículo 74-B. A los efectos de la
determinación de la tasa impositiva imponible a las operaciones mencionadas en el
artículo 74-A se gravará con una tasa del 15% a las utilidades registradas como
resultado fiscal obtenido en el ejercicio anual correspondiente.
Agentes de retención
Artículo 74-C. El impuesto
correspondiente será retenido por la casa de bolsa y demás intermediarios financieros
participantes en la enajenación de acciones y títulos que den lugar a ganancias netas de
capital, salvo el caso de que las acciones y títulos enajenados se hallen depositados en
instituciones distintas, como las autorizadas por la Ley del Mercado de Valores para
custodia y administración de los mismos. En este caso la retención correrá a cargo de
estas últimas y las casas de bolsa o intermediarios financieros participantes en la
enajenación sólo estarán obligados a proporcionar a las mismas la información
requerida por el reglamento de esta ley para que puedan realizar la retención
correspondiente.
TRANSlTORlOS
Unico. El presente decreto entrará en
vigor después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a partir del
día 1o. de enero de 1998.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a
6 de noviembre de 1997.- Diputada: Dolores Padierna.»
Dejo en la Secretaría nuestra
propuesta de iniciativa y finalmente presento a ustedes la iniciativa que abroga la Ley
del Impuesto al Activo.
«Ciudadano diputado Juan Miguel
Alcántara Soria, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.-Presente.
Los suscritos, diputados de esta LVII
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Cámara, la
siguiente
INICIATIVA QUE ABROGA LA LEY
DEL IMPUESTO AL ACTIVO
EXPOSICION DE MOTIVOS
A partir de 1992 se puso en vigor la
Ley del Impuesto al Activo, que grava a los empresarios, sean personas físicas o morales,
por el solo hecho de tener activos. El propósito de este impuesto fue atacar la evasión
fiscal, especialmente la evasión del impuesto sobre la renta. La autoridad hacendaria
pretendió suplir, aunque fuera parcialmente, la falta de pago del impuesto por parte de
las empresas que no registraran utilidades en el ejercicio fiscal correspondiente; para
las demás empresas, se trata de un tributo complementario al impuesto sobre la renta. Con
el impuesto al activo se pretendió por tanto desalentar la formulación de contabilidades
que en forma ficticia arrojaran resultados negativos, para evadir el pago del ISR.
Pero se trata de un método incorrecto
con resultados que no son satisfactorios.
El método no es justo porque en el
afán de castigar a los que confeccionan contabilidades fraudulentas, se castiga a todas
las empresas, especialmente a aquellas que en un ejercicio fiscal no obtengan ganancias.
Todas pagan impuestos, aunque sus ganancias sean cero, porque todas tienen activos. El
resultado tampoco ha sido bueno, porque el aporte a las finanzas públicas de este
impuesto es muy poco significativo: en la Ley de Ingresos para 1997 se estimó por este
concepto un ingreso equivalente al 0.48% de los ingresos totales de la Federación.
La economía mexicana en los últimos
años se mueve en un escenario de crisis recurrentes cada vez más agudas. Estas crisis
provocan la pérdida de rentabilidad, la insolvencia, incluso la quiebra de miles de
pequeñas y medianas empresas. El problema aún vigente de las carteras vencidas es una
prueba más de esta situación.
Una verdadera recuperación
generalizada del crecimiento de la economía nacional no será posible sin la
recuperación de las pequeñas y medianas empresas, que han perdido rentabilidad en este
contexto de crisis recurrentes.
El impuesto al activo es un obstáculo
más para el resurgimiento productivo de estas empresas. Este es el papel antieconómico
que cumple este impuesto: retrasa la recuperación de la actividad productiva y del
empleo; a las empresas golpeadas por la crisis, se les da un golpe más.
El sobreendeudamiento que padece un
gran conjunto de empresas se explica por dos factores principales: la falta de
rentabilidad y la acelerada elevación de sus costos financieros. El impuesto al activo no
significa otra cosa que agravar esa problemática.
El Gobierno lleva a la práctica una
política económica que ha contribuido fuertemente a la postración de las empresas a las
que sólo se les puede exigir el impuesto al activo por falta de utilidades. La política
monetaria que ha conducido al alza de las tasas de interés, la política de comercio
exterior que ha obligado a miles de empresas a enfrentar la competencia externa en
condiciones de grave desigualdad y los sucesivos programas de estabilización que
restringen al mercado interno, son factores decisivos de la falta de rentabilidad e
insolvencia en que han caído gran parte de las empresas nacionales. Además de
antieconómico, es injusto que a esas empresas que nada ganan, el mismo Gobierno que
impulsó esas políticas en gran parte determinante de su situación, ahora les cobre un
impuesto por sobrevivir, en lugar de hacer algo por impulsar su resurgimiento productivo.
Se trata, por tanto, de un impuesto
que no contribuye significativamente al fortalecimiento de las finanzas públicas y en
cambio retrasa la recuperación de un importante segmento de las empresas productivas del
país. Con base en estas consideraciones, nos permitimos presentar el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se abroga la Ley del
Impuesto al Activo.
Transitorio. El presente decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a
6 de noviembre de 1997.- Diputada Dolores Padierna.»
Túrnese a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
LEY FEDERAL DE DERECHOS
Tiene la palabra el diputado
Benjamín Gallegos Soto, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para
presentar una iniciativa de reformas en materia de la Ley Federal de Derechos en el rubro
del Agua.
| El diputado
Benjamín Gallegos Soto: |
«Secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El suscrito, en mi calidad de diputado
federal integrante de la LVII Legislatura al honorable Congreso de la Unión, en uso de
las facultades que me otorga el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y para los efectos del artículo 72 de la propia Carta
Magna, así como en relación y para los fines de los artículos 31 fracción IV y 73
fracción VII ambos de la misma Ley Fundamental, así como el artículo 55 del Reglamento
Interior para el Gobierno del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter
a esa soberanía la siguiente
INICIATIVA DE LEY POR LA QUE
SE MODIFICA LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN MATERIA DE DERECHOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO
DE AGUAS NACIONALES
La presente iniciativa se somete al
conocimiento de esta soberanía, en consideración a los argumentos que se expresan en la
siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Nuestro régimen constitucional, de
conformidad a diversas de sus disposiciones, concede a la educación una destacada
importancia, al grado de elevarla a nivel de garantía individual en los términos del
artículo 3o. de la Carta Magna, además de reconocerle su función social y darle la
característica de servicio público, estableciendo en consecuencia nuestro orden
constitucional diversas prevenciones que regulan las facultades y obligaciones de las
autoridades, en materia de educación.
De las disposiciones constitucionales
que informan y conforman el marco educativo, se desprende el mandato fundamental en el
sentido de que las autoridades, en sus diferentes ámbitos, deben dentro de la esfera de
su competencia, apoyar la acción educativa, llevando a cabo todos aquellos actos o
actividades que sean necesarios para cumplir con el objetivo nacional de impartición de
educación suficiente cuantitativamente y excelente desde el punto de vista cualitativo.
Ahora bien, al suscrito diputado
federal ha llegado la voz ciudadana de que en lo tocante a la educación, actualmente
figura un factor de orden financiero, que se traduce en un inconveniente para la expedita
persecución de los objetivos que en materia de educación establece nuestra Constitución
Política, factor consistente en la carga fiscal que establece la Ley Federal de Derechos,
concretamente la contribución impuesta a título de derechos, a cargo de quienes usen o
aprovechen aguas nacionales extraídas del subsuelo mediante obras artificiales,
contribución que si bien es aplicable en general para quienes se encuentren en tales
supuestos, sin distinguir si se trata de sujetos dedicados a la educación o no, también
es cierto que por lo mismo incide en las instituciones dedicadas a la educación, que para
abastecer sus necesidades de agua, extraen por sí mismas, a través de la operación
directa de pozos, el respectivo líquido vital.
Esta carga fiscal puede considerarse
injustificada y más aún transgresora de los principios de proporcionalidad y equidad que
en materia tributaria se establecen como garantía individual en el artículo 31 fracción
IV del Pacto Federal, ya que en primer lugar, se aplica a título de derechos, cuando en
realidad el Estado prácticamente no proporciona ningún beneficio por su acción directa
al extractor del agua respectiva, lo que significa que el Estado, en este caso la
Federación, sin incurrir en costos de ningún tipo, que implicaran la prestación de un
servicio o el otorgamiento del uso o aprovechamiento de un bien de dominio público, le
impone una carga fiscal cuya naturaleza corresponde a aquellas que han de cubrirse cuando
los sujetos obtienen un beneficio directo, particular y específico, por la propia
actividad del Estado.
En segundo término, la respectiva
contribución se aplica, en sus términos, a las instituciones de educación, implicando
con ello una afectación financiera que a la postre incide en los costos de la educación,
de lo que se colige su inconveniencia, dada la importancia de apoyar la actividad
educativa y de evitar o superar todo obstáculo en la realización de la misma, a efecto
de allanar el camino para hacer posible el objetivo nacional en materia de educación.
Como tercer punto, es de considerarse
que la regulación de la contribución en cuestión establece un esquema en el que dando
el tratamiento general a las instituciones de educación, por otra parte contiene
tratamientos preferenciales a otro tipo de sujetos, como es en el caso de los balnearios y
centros recreativos, circunstancia que soslaya la importancia y trascendencia que nuestro
régimen fundamental contempla para la educación.
En la misma tesitura, el ordenamiento
fiscal referido establece un tratamiento de excepción para diversas actividades, como lo
es el caso de las agropecuarias, para las cuales se establece la no causación de la
contribución que nos ocupa, tratamiento que es de reconocerse como justificado y
necesario, dada la importancia que tales actividades revisten para efectos de la
producción de alimentos, tratamiento que por igualdad de razón, dada la importancia y
trascendencia de la educación, debe hacerse extensivo a las instituciones educativas.
En este orden de ideas, es de
considerarse pertinente que el Congreso de la Unión, en uso de su facultad
constitucional, legisle para el efecto de desgravar el uso o aprovechamiento de aguas
extraídas del subsuelo por instituciones educativas, estableciendo un tratamiento de
exención, en los términos conducentes, por lo que se somete a la consideración de esta
soberanía, el siguiente
PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY
QUE REFORMA MEDIANTE LA ADICION DE UNA PARTE FINAL A LA FRACCION IV DEL ARTICULO 224 DE LA
LEY FEDERAL DE DERECHOS
Artículo único. Se modifica la Ley
Federal de Derechos mediante la adición de una parte final a la fracción IV del
artículo 224 para quedar como sigue:
Artículo 224. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
IV. Por usos agropecuarios, incluyendo
a los distritos y unidades de riego, así como las juntas de agua, con excepción de las
usadas en la agroindustria. Tampoco se pagará el derecho establecido en este capítulo,
por el uso o aprovechamiento que en sus instalaciones realicen las instituciones
educativas que cuenten con autorización o con reconocimiento de validez oficial de
estudios en los términos de las leyes de la materia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo transitorio único. Que el
presente decreto entrará en vigor el día siguiente de la fecha de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Lo que se somete al conocimiento y
trámite constitucional previsto y aplicable, reiterando a ustedes, secretarios, mi atenta
y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección
Palacio Legislativo, a los 28 días
del mes de octubre de 1997.- Diputado Benjamín Gallegos Soto.»
Hago entrega de esta iniciativa de ley
a la Secretaría para su trámite correspondiente.
Muchas gracias, compañeros diputados.
Túrnese a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Tiene la palabra el diputado
Ricardo Cantú Garza, del grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una
iniciativa de reformas y adiciones a diversos preceptos constitucionales.
| El diputado
Ricardo Cantú Garza: |
«Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes.
Los suscritos, diputados a la LVII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos
55 fracción II 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de
Diputados, la presente iniciativa de decreto que adiciona los artículos 8o., 35, 36, 39,
71, 74, 115 y 135, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, bajo la siguiente.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La iniciativa de adiciones a diversos
artículos de la Constitución Política de nuestro país es producto del proyecto
autogestionario del Partido del Trabajo, en la construcción de una nueva sociedad, en la
que todos los individuos participen activamente en la toma de decisiones y en la
ejecución de las mismas.
Desde la más remota antigüedad, en
la polis ateniense se practicó la democracia, que en sus raíces significa demos, pueblo;
kratos, poder. En la antigua ágora ateniense se ejerció la democracia directa, en la que
todos los ciudadanos acudían para participar en los asuntos públicos. Los ciudadanos
atenienses ejercían sus derechos políticos a través de dos instituciones políticas
fundamentales, el denominado derecho de isegoria y que consistía en la facultad de
dirigirse a la polis y hacer propuestas para su mejor existencia; la otra institución era
el graphé paranomon, consistente en un método de autocontrol jurídico empleado para
proteger a la polis contra los abusos del derecho de isigoria, anulando, inclusive,
decisiones tomadas por la mayoría de los ciudadanos en la polis.
Si bien es cierto que esta forma de
democracia directa resultaba benéfica en cuanto a la participación en la toma de
decisiones, de suyo era injusta en virtud del régimen esclavista en el cual se sustentaba
la exclusión de las mujeres en los asuntos públicos.
Una de las características
fundamentales del estado moderno es el de imputarle el ser soberano, esta discusión
planteada por los teóricos del estado, respecto de quién es el titular de la misma, fue
resuelta por Jean Bodino, al otorgársela al monarca.
Conforme se desarrolla la humanidad
surgen nuevas concepciones acerca de quién debe ser el nuevo titular de la soberanía.
Juan Jacobo Rousseau en su obra El Contrato Social, otorga la titularidad de la soberanía
al pueblo, estableciendo como características de la misma la de ser indivisible,
inalienable e imprescriptible. La tesis de Rousseau se sustenta en El Contrato Social, que
es un pacto político que excluye la subordinación a una persona u órgano; la idea del
contrato es la idea de un principio de legitimación del ejercicio del poder político en
la que el consenso es el instrumento fundamental para la toma de decisiones.
Previo al inicio de la Revolución
Francesa, bajo el influjo de las ideas de Emmanuel Sieyés, se traslada la titularidad de
la soberanía, del pueblo según Rousseau, a la nación, atentos a la influencia de
Sieyés. En esta nueva concepción los diputados no representan a su distrito, sino a la
nación entera, con lo cual se elimina el tipo de representación de carácter estamental.
Con el surgimiento de la democracia
representativa, independientemente de quién sea el titular de la soberanía, se impide
que el pueblo participe de manera directa en la toma de decisiones políticas
fundamentales.
En esta nueva democracia
representativa el diputado deja de ser representante de los ciudadanos que lo eligen, para
convertirse en representante de la nación entera; las facultades de la relación entre el
diputado y sus electores se ve modificada; esta nueva concepción de representación
excluye el mandato, puesto que una vez recibida la investidura el diputado permanece
independiente de sus electores, ya que las opiniones de éstos no le vinculan en nada y no
está obligado a hacerse eco de sus demandas.
También la Constitución Política de
la monarquía española expedida en Cádiz el 19 de marzo de 1812, estableció en su
artículo 3o. que: "la soberanía reside esencialmente en la nación...".
El decreto constitucional para la
libertad de la América mexicana, sancionado en Apantzingán el 22 de octubre de 1814,
estableció en su artículo 5o. que: "...la soberanía reside originariamente en el
pueblo, y su ejercicio en la representación nacional, compuesta de diputados elegidos por
los ciudadanos bajo la forma que prescriba la Constitución".
En nuestro país, en el artículo 3o.
del Acta Constitutiva de la nación mexicana, se establece que: "la soberanía reside
radical y esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a ésta el derecho de
adoptar y establecer, por medio de sus representantes, la forma de gobierno y demás leyes
fundamentales que le parezcan más conveniente...".
También la Constitución de 1857, en
su artículo 39 establece que "la soberanía nacional reside esencial y originalmente
en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El
pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar y modificar la forma de
gobierno".
El artículo 39 de la Constitución
Política que actualmente nos rige, establece un contenido similar al del mismo artículo
de la Constitución de 1857.
Sin embargo, y pese a que nuestra
Constitución otorga la titularidad de la soberanía al pueblo y de reconocerle la
facultad para alterar o modificar su forma de gobierno, se impide, en virtud del sistema
representativo, que el pueblo participe directamente en la decisión y ejecución de las
decisiones políticas, ya que atentos a lo que dispone el primer párrafo del artículo 41
constitucional: "el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión
en el caso de la competencia de éstos y por los de los estados en lo que toca a sus
regímenes interiores".
De la transcripción anterior, podemos
establecer que si bien es cierto, el pueblo es titular de la soberanía en términos del
contenido del artículo 39, se le niega la participación directa en la toma de decisiones
políticas, en virtud de que el primer párrafo del artículo 41 establece: "que el
ejercicio de la soberanía será por medio de los poderes constituidos de carácter
federal o de los estados, según el caso".
Compañeras diputadas, compañeros
diputados, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, está convencido de la
necesidad de realizar las adiciones constitucionales que se plantean y que en conjunto
tienden a impulsar una amplia participación de la sociedad mexicana en los asuntos que a
todos interesan.
Se deben superar los acartonados
marcos de participación política que la democracia representativa impone, para ampliar
las formas de democracia semidirecta, que complementen a la democracia representativa en
la toma y ejecución de decisiones políticas.
La explicación de las propuestas
planteadas se formulan en atención a las siguientes razones:
Se propone la adición de un segundo
párrafo al artículo 8o., para incluir la afirmativa ficta en favor de los particulares,
cuando éstos ejerzan su derecho de petición y la autoridad en un término de cuatro
meses no contesta. Ya que si los órganos del poder público cuentan con el personal e
infraestructura para atender y responder dichas peticiones, el que no lo hagan debe
consistir en un beneficio al particular, entendiéndose la no respuesta de la autoridad en
favor del peticionario.
En el artículo 35, en lo que se
refiere a las prerrogativas del ciudadano, se propone correr el orden de las actuales
fracciones V y VI para pasar a ser VI y VII, siendo el contenido de la fracción IV, que
se propone el que los ciudadanos puedan participar, mediante las formas de democracia
semidirecta que aquí se plantean, en la conformación de la voluntad nacional. En el
contenido de la fracción V, que aquí se plantea se otorga el derecho a los ciudadanos
para que ejerciendo el derecho de iniciativa popular puedan presentar iniciativas de ley
ante las cámaras del Congreso de la Unión.
En el artículo 36, se plantea la
adición de una fracción VI, en la que se establezca la obligación de los ciudadanos de
la República de participar en los referendums y plebiscitos a que sean convocados.
En lo que se refiere al artículo 39,
se plantea adicionar un segundo párrafo, en el cual se establezca en favor del pueblo,
titular originario de la soberanía, la facultad para revocar el mandato a los servidores
públicos que accedan a sus cargos mediante un proceso de elección popular.
En el artículo 71, se plantea
establecer en favor de los ciudadanos la iniciativa popular para que estén en aptitud de
ejercer la facultad de iniciativa de leyes ante el Congreso de la Unión, cumpliendo los
requisitos que se establezcan en una ley que para el efecto expida el Congreso.
En el artículo 73, se plantea que se
adicione, para otorgar al Congreso de la Unión, la facultad expresa para regular lo
referente a las formas de democracia semidirecta que son el contenido fundamental de la
presente iniciativa de adiciones constitucionales.
En el artículo 74, se plantea otorgar
como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la de convocar a referendum o
plebiscito, según corresponda, en atención a que esta Cámara se encuentra integrada por
representantes de la nación.
En el artículo 115, se propone
incluir en su fracción II el derecho de los habitantes de los municipios a tener voz
ciudadana en los ayuntamientos, esto en virtud de que este nivel de gobierno es el más
cercano a los habitantes y por excelencia constituye una escuela de práctica
democrática.
En el artículo 135, se propone la
adición de un segundo párrafo, en el que se indique que las adiciones o reformas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán objeto de referendum en
tanto no se afecten decisiones políticas fundamentales o de plebiscito si la materia de
la adición o reforma inciden en decisiones políticas fundamentales.
De igual forma se propone la
inclusión de un artículo transitorio en el cual se establezca, por una parte, la
obligación del Congreso de la Unión de expedir en un plazo de seis meses a partir de la
aprobación de la presente adiciòn constitucional, la ley reglamentaria de las formas de
democracia semidirecta y por último el que el Constituyente Permanente de las entidades
federativas, en un plazo de un año a partir de la publicación de las presentes adiciones
constitucionales, la de adecuar las constituciones de los estados a las adiciones que se
realizan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Compañeras y compañeros diputados,
por lo anteriormente expuesto y con fundamento por los artículos 71 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55
fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de
Diputados, la presente
INICIATIVA DE DECRETO
Que adiciona los artículos 8o., 35,
36, 39, 71, 73, 74, 115 y 135, todos ellos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo primero. Se adiciona un
segundo párrafo al artículo 8o.; se adiciona una fracción IV y V al artículo 35,
corriéndose en su orden las actuales fracciones IV y V para pasar a ser VI y VII,
respectivamente; se adiciona una fracción VI al artículo 36; se adiciona una fracción
IV al artículo 71; se adiciona una fracción XXVIII, actualmente derogada al artículo
73; se adiciona una fracción VII, actualmente derogada al artículo 74; se adiciona un
párrafo tercero a la fracción II del artículo 115; se adiciona un párrafo II al
artículo 135, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 8o. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
En caso de que hayan transcurrido
cuatro meses a partir de la fecha de presentación de la petición, sin que se haya
obtenido respuesta por parte de la autoridad, la misma debe entenderse en sentido positivo
a favor del peticionario.
Artículo 35. Son prerrogativas del
ciudadano:
I a III. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Participar en los referendums y
plebiscitos en los términos que señale la ley.
V. Presentar iniciativas de ley ante
el Congreso de la Unión, según se establezca en la ley correspondiente.
VI a VII. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 36. Son obligaciones de los
ciudadanos de la República:
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Participar en los referendums y
plebiscitos.
Artículo 39. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
El pueblo tiene en todo momento el
inalienable derecho de, en términos de lo que disponga la ley correspondiente, revocar el
mandato a los titulares de los órganos del poder público cuyo acceso al cargo derive de
un proceso electoral.
Artículo 71. El derecho de iniciar
leyes o decretos compete:
I a III. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. A los ciudadanos, en los términos
establecidos en la ley correspondiente, requiriéndose por lo menos la firma de 50 mil
ciudadanos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 73. El Congreso tiene la
facultad:
I a XXVII. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
XXVIII. Expedir la ley que regule lo
referente a iniciativa popular, plebiscito, referendum y revocación de mandato,
estableciendo las modalidades para el ejercicio de cada una de estas figuras.
XXIX a XXX. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Artículo 74. Son facultades
exclusivas de la Cámara de Diputados:
I a VI. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Convocar a referendum o
plebiscito, salvo en los casos de designación de Presidente de la República con
carácter de interino, provisional o sustituto, lo referente al régimen interior del
Congreso de la Unión o de alguna de sus cámaras, en ejercicio de facultades exclusivas,
juicio político, declaración de procedencia y leyes tributarias.
VIII. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 115. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los habitantes del municipio tendrán
derecho a voz ciudadana en los ayuntamientos.
III a VIII. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 135. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Las adiciones o reformas a la
Constitución, serán objeto de referendum, en los términos que disponga la ley
reglamentaria, según sus resultados, las adiciones o reformas quedarán aprobadas o no.
Las adiciones o reformas a la Constitución, que incidan en decisiones políticas
fundamentales, serán objeto de plebiscito en términos de lo establecido en la ley
reglamentaria, según sus resultados las adiciones o reformas quedarán aprobadas o no.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión, en
un plazo de seis meses a partir de la publicación del presente decreto, expedirá la ley
reglamentaria en la que se regularán las modalidades del ejercicio de iniciativa popular,
revocación de mandato, referendum y plebiscito.
Tercero. El Constituyente Permanente
de las entidades federativas, en un plazo de un año a partir de la publicación del
presente decreto realizará las adecuaciones a la Constitución local para ponerla en
concordancia con las adiciones contenidas en el presente decreto.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a
6 de noviembre de 1997.- Diputados: Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo; Ricardo Cantú Garza, vicecoordinador; María
Mercedes Maciel Ortiz, Luis Patiño Pozas, Gerardo Acosta Zavala, José Luis López López
y Juan José Cruz Martínez.»
Hago entrega a la Secretaría para el
trámite conducente.
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales y para que emita su opinión a la Comisión de
Participación Ciudadana.
COMISION DE REGIMEN INTERNO Y CONCERTACION POLITICA
|
La
secretaria Blanca Rosa García Galván: |
«Se va a dar lectura a una
comunicación.
La Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política, considerando:
I. Que la Cámara de Diputados cuenta
con un Reglamento Interno que corresponde por igual a las dos cámaras del Congreso, no
obstante las diferencias de composición entre ambas y que dicho reglamento data, en sus
partes relevantes, del Siglo XIX;
II. Que el derecho parlamentario es
una parte del orden jurídico que se caracteriza por su dinamismo y flexibilidad, así
como por el uso de costumbres y prácticas que permiten al órgano legislativo preservar
sus facultades y funciones y otorgar seguridad jurídica a los sujetos considerados en los
supuestos de competencia del mismo;
III. Que en el marco de la Ley
Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior, la Cámara de Diputados ha adoptado
la práctica de suscribir y aprobar acuerdos parlamentarios que interpreten, integren y
complementen la vigente normatividad interna del Congreso General, con el propósito de
proveer al mejor desarrollo de los trabajos legislativos;
IV. Que la conformación de la Cámara
de Diputados en la actual LVII Legislatura, ha precisado de acuerdos para integrar su
órgano de Gobierno, comisiones y comités, como en el caso de los aprobados
respectivamente el 4 de septiembre y el 30 del mismo mes, para la integración, primero,
de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y, segundo, de las
comisiones ordinarias y especiales y comités;
V. Que en razón de los acuerdos a que
se hace referencia en el considerando anterior y restando mes y medio para finalizar el
primer periodo de sesiones ordinarias, del primer año de ejercicio de la LVII
Legislatura, es preciso adoptar lineamientos para dinamizar la actividad legislativa; y
VI. Que la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política, conforme a lo dispuesto por la fracción I del
artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
tiene la facultad de suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahogan en el
pleno, como es el caso de las sesiones, debates y votaciones a que hace referencia el
artículo 58 de la propia ley.
Por lo anteriormente expuesto, la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, se permite someter a la
consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO
PARLAMENTARIO RELATIVO A LAS
SESIONES, INTEGRACION DEL ORDEN DEL DIA, LOS DEBATES Y LAS VOTACIONES DE LA CAMARA DE
DIPUTADOS
CAPITULO PRIMERO
Del objeto del acuerdo
Artículo primero. El presente acuerdo
parlamentario normará lo relativo a las sesiones; el orden del día; las discusiones de
dictámenes, debates y deliberaciones sobre asuntos de interés nacional y las votaciones
de la Cámara de Diputados.
CAPITULO SEGUNDO
De las sesiones
Artículo segundo. La Cámara de
Diputados, celebrará sus sesiones los martes y jueves de cada semana durante el periodo
de sesiones ordinarias. Cuando lo acuerde la Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política, podrán realizarse sesiones en días diferentes a los señalados, en razón de
la importancia y número de los dictámenes legislativos y los requerimientos integrales
del proceso legislativo.
La Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política, ejercerá las atribuciones establecidas en el presente Acuerdo,
con la opinión de la Presidencia de la Mesa Directiva.
La Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política y la Presidencia de la Mesa Directiva, resolverán los viernes de
cada semana durante el periodo de sesiones ordinarias el número de sesiones de la
siguiente semana y prepararán el orden del día básico de cada una de ellas.
Artículo tercero. Las sesiones de la
Cámara iniciarán a las 10:00 de la mañana y tendrán una duración de cinco horas. El
Presidente de la Mesa Directiva podrá prorrogarla a fin de concluir la discusión en
curso. En caso de no haberse iniciado la discusión en lo particular, ésta se realizará
en la siguiente sesión.
Cuando las circunstancias así lo
ameriten, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, podrá acordar la
celebración de una sesión con mayor duración que la señalada en este artículo.
Artículo cuarto. En caso de sesiones
previstas para desahogar las comparecencias de servidores públicos a que se refieren la
fracción IV del artículo 74 y el párrafo segundo del artículo 93 constitucionales, la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, acordará lo relativo a la
duración de las sesiones y el formato de las mismas.
CAPITULO TERCERO
Del orden del día
Artículo quinto. El orden del día de
las sesiones de la Cámara, será integrado por acuerdo de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política, con las solicitudes que oportunamente se reciban de las
comisiones y los grupos parlamentarios. El orden del día incluirá obligadamente los
puntos relativos a las iniciativas de ley o decreto presentadas por quienes tienen ese
derecho, en términos del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo sexto. El orden del día de
las sesiones de la Cámara, se integrará originalmente a partir de los puntos básicos a
que se refiere el segundo párrafo del artículo segundo de este acuerdo, el cual se
adicionará con los puntos complementarios que se desprendan de lo previsto por los
artículos octavo y noveno.
En todo caso, para la integración de
los puntos básicos se tomarán en cuenta las cuestiones a que se refieren las fracciones
I, III, IV, VI y VII del artículo 30 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que para la integración de los
puntos complementarios se considerarán las proposiciones que no constituyan iniciativa de
ley o decreto, las cuestiones previstas en las fracciones II y V del propio artículo 30
del Reglamento y las declaraciones, denuncias, posiciones, opiniones, solicitudes y
peticiones que deseen realizar los miembros de la Cámara, atendiendo a la importancia
cuantitativa de cada grupo parlamentario y al criterio de equidad.
La Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política, elaborará el calendario cívico anual de efemérides para efecto
de agendar las conducentes.
Artículo séptimo. La Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política, acordará la inclusión en el orden del día
de los dictámenes señalados para discutirse, en alguna de las sesiones que se lleven a
cabo dentro de los siete días hábiles siguientes a aquél en que se hayan recibido, con
base en los trabajos que realicen conforme al segundo párrafo del artículo segundo de
este Acuerdo.
Artículo octavo. Los diputados y
diputadas que no formen parte de ningún grupo parlamentario podrán solicitar a la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política la inclusión de puntos en el
orden del día, a efecto de presentar iniciativas, proposiciones o tratar asuntos de
interés general.
Artículo noveno. Las solicitudes de
inclusión de puntos en el orden del día se harán a la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política, señalando el grupo parlamentario o diputado que no pertenezca a
ninguno, que lo propone y reunir los siguientes requisitos:
a. Presentarse por escrito el día
señalado por el párrafo segundo del artículo segundo de este Acuerdo o 48 horas antes
del inicio de la sesión;
b. Contener información del asunto
mediante una breve descripción;
c. Precisar, tratándose de
proposiciones que no sean iniciativas de ley o decreto, si se desea que se turne a
Comisión o se pretende que se considere de urgente o de obvia resolución.
La Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política, resolverá favorablemente las solicitudes cuando se trate de
asuntos de interés general y sean de la competencia de la Cámara o contribuyan al
cumplimiento de los fines de la misma.
Artículo décimo. La Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política, podrá incluir puntos en el orden del día
hasta antes de que se haya ordenado su publicación.
Artículo décimo primero. El orden
del día se publicará, por lo menos, con 24 horas de anticipación a la hora de inicio de
la sesión y deberá diferenciar claramente los asuntos que requieran votación de
aquellos meramente deliberativos o de información. A la publicación del orden del día
se acompañará la documentación necesaria de los puntos a tratar, para que las diputadas
y diputados cuenten con información suficiente y oportuna.
Artículo décimo segundo. Los
dictámenes de comisión, sin excepción, deberán publicarse a más tardar 48 horas antes
del inicio de la sesión en que serán puestos a discusión y votación.
Artículo décimo tercero. Solamente
por acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, se incluirá
extraordinariamente un punto no contenido en el orden del día publicado.
CAPITULO CUARTO
De las discusiones
Artículo décimo cuarto. Los
dictámenes y proposiciones publicados de conformidad con el presente Acuerdo podrán ser
objeto de dispensa de lectura, previa consulta al Pleno en votación económica; pero en
todo caso, la publicación de los dictámenes surtirá los efectos del artículo 108 del
Reglamento para el Gobierno Interior.
Artículo décimo quinto. Todo
dictamen estará sujeto a discusión en lo general y en lo particular sólo sobre los
artículos reservados. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política podrá
acordar que la discusión en lo particular de un dictamen se realice en la sesión
inmediata siguiente a aquélla en que se discuta en lo general.
Cuando el dictamen conste de un solo
artículo se discutirá de una vez en lo general y en lo particular.
Artículo decimosexto. Las discusiones
en lo general de dictámenes de ley o decreto se desarrollarán de la manera siguiente:
a. Cada grupo parlamentario dispondrá
de 15 minutos para una intervención, y
b. Se abrirán hasta dos turnos de
cuatro oradores en pro y cuatro en contra, quienes dispondrán de 10 minutos cada uno.
Las diputadas y diputados que no
pertenezcan a ningún grupo parlamentario acordarán con uno de los grupos parlamentarios
su participación en el debate general señalado en el inciso a y podrán inscribirse
directamente en el señalado en el inciso b.
Las intervenciones de los grupos
parlamentarios se realizarán en orden creciente en razón al número de diputadas y
diputados que los conforman.
Al concluir el primer turno a que se
refiere el inciso b, el Presidente podrá consultar a la Cámara si el asunto se considera
suficientemente discutido, pero, en todo caso, la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política podrá decidir que se efectúe el segundo turno.
Tratándose de dictámenes relativos a
reformas constitucionales, el tiempo para las discusiones en lo general que corresponda a
cada grupo parlamentario será de 20 minutos; asimismo, para la discusión en contra y en
pro, los oradores dispondrán de 15 minutos.
Artículo décimo séptimo. Agotada la
discusión en lo general y consultado el Pleno sobre artículos reservados para discusión
en lo particular, en un solo acto se votará el dictamen en lo general y los artículos no
reservados.
Si el dictamen fuere rechazado al
término de la discusión en lo general, en la sesión siguiente se pondrá a discusión
el voto particular, siempre que éste se hubiera publicado con la anticipación señalada
en el artículo decimosegundo del presente Acuerdo. Si hubiese más de un voto particular
se discutirá el del grupo parlamentario de mayor número de diputados y si éste se
rechazara también, se procederá a discutir, en la siguiente sesión, el del grupo
parlamentario que siga en importancia numérica y así en lo sucesivo.
Artículo décimo octavo. La
discusión en lo particular de un dictamen se desarrollará de la manera siguiente:
a. Se discutirá cada artículo
reservado. Cuando el proyecto conste de más de 30 artículos se consultará al pleno si
procede su discusión por capítulos.
b. Se abrirá un turno de hasta cuatro
oradores en contra y cuatro en pro por cada artículo o grupo de artículos. Cada orador
dispondrá de cinco minutos si se discute por artículo y de 10 minutos cuando se discuta
por grupo de artículos.
Tratándose de dictámenes relativos a
reformas constitucionales, las discusiones en lo particular se harán artículo por
artículo y los oradores en contra y en pro dispondrán de 15 minutos cada uno.
Artículo decimo noveno. No se podrá
poner a discusión ninguna proposición de modificación a un artículo o grupo de
artículos incluidos en el dictamen, pero los oradores podrán presentarla como parte del
argumento en contra.
Si un artículo o grupo de artículos
sometidos a discusión en lo particular fueren rechazados por la Cámara, esa misma parte
del dictamen regresará a comisión, para que ésta la reelabore, tomando en cuenta la
discusión y la presente nuevamente a la Cámara en sesión posterior. Entre tanto, el
resto del proyecto de ley o de decreto legislativo aprobado quedará a disposición de la
Presidencia de la Mesa Directiva y no podrá turnarse a la colegisladora en los términos
procedentes del artículo 72 constitucional, hasta que no se presente nueva propuesta de
la comisión dictaminadora y la Cámara resuelva lo pertinente.
Artículo vigésimo. Durante la
discusión en lo general o en lo particular, las diputadas y diputados que no estén
inscritos para hablar podrán pedir la palabra para rectificar hechos, hasta por cinco
minutos o para responder alusiones personales, hasta por cinco minutos, pero sus
intervenciones se verificarán después de concluido el turno de oradores previamente
inscritos. El orador iniciará su exposición precisando el hecho a rectificar o la
alusión a contestar. Después de cinco intervenciones de estas características, en una
discusión en lo general y, de tres, en una discusión en lo particular, la Presidencia de
la mesa directiva podrá preguntar al pleno si se procede a dar curso al turno siguiente
de oradores o a la votación, según lo que corresponda, de conformidad con las normas
precedentes.
Artículo vigésimo primero. Cuando el
orador se aparte del tema para el cual solicitó la palabra o se exceda del tiempo
establecido, será llamado al orden por el Presidente y si al segundo llamado no rectifica
su actitud se le retirará el uso de la palabra.
Artículo vigésimo segundo. Cualquier
grupo parlamentario o un mínimo de cinco diputadas o diputados, podrá proponer una
moción suspensiva para la discusión de un dictamen. La moción deberá solicitarse por
escrito antes de que se inicie la discusión en lo general o si ésta se encuentra en
curso, sólo si la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política considera
fundada la propuesta. Aprobado un dictamen en lo general, no se admitirán a trámite
mociones suspensivas al discutirse en lo particular. El desahogo de la moción suspensiva
se hará conforme lo establecen los artículos 110 y 111 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pero los oradores sólo
dispondrán de cinco minutos para su exposición.
Artículo vigésimo tercero. La
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política podrá acordar la celebración de
debates sobre asuntos de interés general, abarcando un máximo de 20 minutos por grupo
parlamentario divididos de conformidad con la propia decisión del grupo y en el orden
previamente convenido.
En estos debates, la asignación
integral de tiempos a cada grupo parlamentario se distribuirá como mejor lo estime el
propio grupo, mediante el señalamiento de su respectivo coordinador.
Artículo vigésimo cuarto. Quienes
intervengan para presentar proposiciones, lo harán en un lapso no mayor de 10 minutos.
Toda propuesta presentada a la Cámara que no requiera ser votada de inmediato, será
turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la comisión correspondiente, sin que
proceda deliberación alguna. Sin embargo, la Presidencia podrá conceder la palabra a un
máximo de dos diputadas o diputados por el lapso de cinco minutos cada uno, cuando se
solicite la palabra para replicar; en este caso, el proponente tendrá derecho a una
intervención de hasta cinco minutos para las aclaraciones pertinentes.
Artículo vigésimo quinto. Cuando las
comisiones investigadoras a que se refiere el párrafo tercero del artículo 93
constitucional presenten informe de resultados, la deliberación del mismo se llevará a
cabo en el pleno, en términos del artículo vigésimo tercero de este Acuerdo.
CAPITULO QUINTO
De las votaciones
Artículo vigésimo sexto. Las
votaciones se realizarán a través del sistema electrónico de control de asistencia y
votación.
Artículo vigésimo séptimo. La
Presidencia de la Mesa Directiva no pondrá a votación un asunto calificado, al momento
de su inclusión en el orden del día, como deliberativo o de información.
CAPITULO SEXTO
De la Gaceta Parlamentaria y los
servicios de información en Internet de la Cámara de Diputados.
Artículo vigesimo octavo. La Gaceta
Parlamentaria es el órgano informativo interno de las actividades de la Cámara de
Diputados, cuyos propósitos son publicar:
I. El orden del día de las sesiones
de la Cámara, de conformidad con las estipulaciones del presente Acuerdo.
II. Las convocatorias y el orden del
día de las reuniones de las comisiones y los comités de la Cámara.
III. Las actas y los acuerdos del
Pleno de la Cámara y de las comisiones y los comités.
IV. Los proyectos de punto de acuerdo
y el contenido de los demás asuntos que se tratarán en el Pleno, en las comisiones y los
comités.
V. Las iniciativas de ley o decreto
que se presenten en la Cámara de Diputados, en el Senado y en la Comisión Permanente,
así como las minutas procedentes de la Colegisladora.
VI. Los dictámenes de las comisiones
y los votos particulares que sobre los mismos se presenten.
VII. Las demás comunicaciones
oficiales dirigidas a la Cámara.
VIII. Los citatorios a las diversas
actividades de las entidades de la Cámara.
IX. Las proposiciones y los acuerdos
de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
X. El presupuesto y los informes sobre
el ejercicio de éste, así como otras informaciones sobre la administración y los
servicios de la Cámara.
XI. Las denuncias para juicio
político y todo lo referente al proceso correspondiente a esta institución, así como lo
relativo al procedimiento para la declaración de procedencia.
XII. Una síntesis de las
comunicaciones de particulares que tengan como destinataria a la Cámara de Diputados.
XIII. Los acuerdos que adopten el
Senado de la República y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
XIV. Los informes de las comisiones,
que en representación de la Cámara asistan a reuniones interparlamentarias de carácter
mundial, regional o bilateral, y
XV. Los informes y documentos que
disponga la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Artículo vigésimo noveno. A
solicitud de las comisiones, cuando éstas hayan producido su dictamen, la Gaceta
Parlamentaria podrá publicar en números extraordinarios, cuando las condiciones
técnicas lo permitan, las versiones estenográficas de las discusiones de las comisiones
de la Cámara.
Artículo trigésimo. La Gaceta
Parlamentaria se publicará todos los días de lunes a viernes, así como los sábados,
domingos y días feriados en los que la Cámara sesione, y se repartirá entre las
diputadas y diputados en los despachos de éstos. Asimismo, se entregará a los
funcionarios de la Cámara. En el salón de sesiones, siempre habrá ejemplares
disponibles cuando se realicen asambleas plenarias de la Cámara. Se distribuirá a partir
de las 8:00 horas. La Cámara de Diputados enviará ejemplares de la Gaceta Parlamentaria
al Senado, al Presidente de la República, a los secretarios de Estado, a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal. Su contenido se difundirá también a través de los servicios de
información en Internet y sus versiones definitivas digitalizadas se entregarán
íntegramente para su clasificación y uso al Sistema Integral de Información y
Documentación a cargo del Comité de Biblioteca e Informática de la Cámara y a la
Comisión de Biblioteca e Informática del Senado de la República.
Artículo trigésimo primero. La
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política nombrará al Director de la Gaceta
Parlamentaria. El Consejo Editorial de la misma se integrará por una diputada o diputado
de cada grupo parlamentario.
Artículo trigésimo segundo. Los
servicios de información en Internet de la Cámara de Diputados son el medio por el cual
da a conocer su estructura, composición, información legislativa, actividades y otros
temas de interés general, a lo que contribuyen los diversos órganos camarales y cuyas
políticas, normas, coordinación y ejecución recaerán en la Subcomisión de Servicios
de Información en Internet de la Cámara de Diputados, integrada por un representante del
Comité de Biblioteca e Informática, uno del Comité de Comunicación Social y otro del
Consejo Editorial.
CAPITULO SEPTIMO
De la conformación de la memoria
documental de la Cámara de Diputados
Artículo trigésimo tercero. A fin de
integrar la memoria documental de la Cámara de Diputados, las comisiones, comités,
grupos parlamentarios y demás entidades legislativas y administrativas de este órgano
legislativo, entregarán a la biblioteca del honorable Congreso de la Unión, 14
ejemplares de cada edición monográfica o periódica, así como boletines o folletos que
se publiquen. Asimismo, entregarán a la Biblioteca dos ejemplares de cada pieza de
material electromagnético integrado en formatos tales como videocassetes, diskettes o
discos compactos. Conforme a su disponibilidad, las versiones de documentos de trabajo
tales como memorias de consulta y eventos, planes e informes de trabajo, manuales de
organización, boletines informativos, tomos del Presupuesto de Egresos y de la Cuenta
Pública y otros documentos de interés para la integración de la memoria documental, se
entregarán al menos en un ejemplar.
Artículo trigésimo cuarto. En las
instalaciones del Sistema Integral de Información y Documentación (SIID), se creará un
área reservada para la ubicación y consulta de los documentos citados en el artículo
anterior.
De los impresos que la Biblioteca
reciba, se dispondrán seis ejemplares para consulta de los usuarios, cuatro en el SIID y
dos en la Biblioteca general (Centro Histórico). Los ocho ejemplares restantes se
destinarán para intercambio de publicaciones con otros centros de información. En lo
referente al material electromagnético se dispondrá un ejemplar en el SIID y otro en la
Biblioteca general.
Artículo trigésimo quinto. Las
comisiones, comités, grupos parlamentarios y demás entidades legislativas y
administrativas de la Cámara de Diputados, que generen información de interés general,
podrán utilizar los servicios de la red informática de la Cámara, a cargo del Comité
de Biblioteca e Informática, con el fin de difundir la información que producen, para
efectos del quehacer legislativo.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente acuerdo se
publicará en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor al día siguiente de
su publicación.
Segundo. La Gaceta Parlamentaria
iniciará su publicación a más tardar 15 días después de la publicación del presente
acuerdo. Mientras tanto, las publicaciones de su competencia se realizarán a través de
impresos preliminares extraordinarios.
Tercero. Durante la vigencia del
presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, relativas a las sesiones, orden del día,
discusiones y votaciones, se interpretarán, integrarán y complementarán conforme a los
criterios que el propio Acuerdo contempla.
Cuarto. Las normas contenidas en el
presente Acuerdo estarán en vigor hasta la expedición de los nuevos ordenamientos de la
materia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 6
de noviembre de 1997.- Por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, los
diputados: Carlos Medina Plascencia, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional;
Arturo Núñez Jiménez, grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
Porfirio Muñoz Ledo, grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
Alejandro González Yáñez, grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Jorge Emilio
González Martínez, grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
Señora Presidenta, pido la
palabra.
Sí diputado, ¿con qué objeto?
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
Para rectificar hechos.
Está a discusión el acuerdo
parlamentario. Se abre el registro de oradores.
No habiendo quien haga uso de la
palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal.
|
La diputada María Estrella Vázquez
Osorno (desde su curul): |
Señora Presidenta, pido la
palabra.
¿Con qué objeto, diputada? Un
micrófono por favor, señoritas edecanes.
| La diputada
María Estrella Vázquez Osorno (desde su curul):: |
Para solicitar a este pleno que
se analice esta propuesta de la Comisión de Régimen Interno y se posponga su discusión.
Una moción suspensiva.
Tiene la palabra la diputada
Estrella Vázquez, para presentar una moción suspensiva.
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
Señora Presidenta, pido la
palabra.
Sí diputado, ¿con qué objeto?
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
Yo le pedí la palabra antes de
la diputada Estrella Vázquez, para rectificación de hechos. Le pido por favor que
proceda en consecuencia.
Todavía no está abierto el
debate, señor diputado. Si gusta anotarse en el registro de oradores.
Tiene la palabra la diputada Estrella
Rojas, para una moción suspensiva.
| La diputada
María Estrella Vázquez Osorno: |
Quisiera solicitar a las
señoras y señores diputados que están en este recinto, pudieran prestarme unos minutos
de su atención.
Hemos conocido por la compañera
diputada que me antecedió en la palabra, de una propuesta de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política, según está establecido claramente en el documento que
nos ha circulado antes de esta intervención.
Muchos de nosotros, estoy segura, no
hemos tenido la oportunidad de analizar con detalle y con detenimiento el conjunto de las
propuestas que aquí se plantean y que como bien dice en sus considerandos, buscan darle a
esta Cámara, a esta legislatura, agilidad y productividad, cosa que me parece sumamente
atinada.
Sin embargo, y por la lectura que ha
hecho la diputada que me antecedió, puede verse claramente que las disposiciones que
aquí se contienen pretenden complementar las ya exisentes en la Ley Orgánica, por
cierto, una Ley Orgánica de hace muchos años que requiere reformas y un reglamento que
igualmente requiere ser reformado.
Sin embargo, compañeras y compañeros
diputados, yo quisiera llamar su atención y solicitar que pudiera ser este documento que
ha enviado la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y que por cierto no
tiene facultades más que de trámite y no de dictamen, pudiéramos analizarlo en cada una
de las fracciones parlamentarias.
Nosotros desde luego hemos tenido
oportunidad de analizar algunos aspectos, pero no este último documento, no estas
últimas propuestas que tienen contenidos que me parecen sumamente delicados e
importantes.
Por esa razón yo quisiera
solicitarles a todos los diputados que me están escuchando, y ojalá que pudieran
escucharme los que están platicando por allá en los pasillos, porque es un asunto muy
importante y muy delicado, que pudiéramos darnos la oportunidad de analizar esta
propuesta de la Comisión de Régimen Interno, que pudiera ser turnada, aunque me dicen
que este procedimiento parece ser que ya lo cubrieron de alguna manera, pero no en la
formalidad, que pudiera cubrirse como lo marca el reglamento, el procedimiento de enviarse
a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y que tuviéramos todavía la
oportunidad, todos nosotros, de adicionar algunas propuestas y de llegar quizá a nuevos
consensos.
Yo solicito a este pleno que se dé
una moción suspensiva en la discusión de este documento, para la próxima sesión,
quizá lo más pronto posible, que nos permita a todos nosotros enterarnos de lo que vamos
a aprobar, porque es definitivamente importante para la conducción de los trabajos en
estas sesiones y para la conducción, mientras no hagamos modificaciones definitivas a la
Ley Orgánica de la Cámara y a su propio reglamento.
Voy a trabajar la propuesta por
escrito, somos más de cinco diputados los que estamos de acuerdo y veo que así es en
varios más, por lo cual vamos a trabajar en este momento la petición de suspensión, de
moción suspensiva y la traeremos a la Secretaría en unos minutos.
Por su atención, muchas gracias.
Pido a la Secretaría, para
ilustrar al pleno, lea el artículo 109 y 110 del Reglamento Interno.
Si le permiten un micrófono al
diputado Sodi, por favor.
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
También yo estaba solicitando
la palabra, para que en base al artículo 102, señora Presidenta, se me conceda el uso de
la palabra.
Pido atentamente que en base al 102...
Hay una moción, diputado...
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
Perdóneme señora Presidenta.
El artículo 102 es perfectamente claro, y le pido que lo lea el Secretario, para que en
base al artículo 102 se me conceda el uso de la palabra.
Gracias.
Proceda el Secretario con la
instrucción dada, por favor. Artículo 109 y 110.
| El
secretario José Octavio Díaz Reyes: |
"Artículo 109. Ninguna
discusión se podrá suspender sino por estas causas: primera, por ser la hora en que el
reglamento fija para hacerlo, a no ser que se prorrogue por acuerdo de la Cámara.
Segunda, porque la Cámara acuerde dar preferencia a otro negocio de mayor urgencia o
gravedad. Tercera, por graves desórdenes en la misma Cámara. Cuarta, por falta de
quorum, la cual, si es dudosa se comprobará pasando lista y si es verdaderamente notoria
bastará la simple declaración del Presidente. Quinta, por proposición suspensiva que
presente alguno o algunos de los miembros de la Cámara, y que ésta apruebe.
Artículo 110. En el caso de moción
suspensiva, se leerá la proposición, y sin otro requisito que oír a su autor, si la
quiere fundar, y a algún pugnador, si lo hubiere, se preguntará a la Cámara si se toma
en consideración inmediatamente. En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto,
pudiendo hablar al efecto tres individuos en pro y tres en contra, pero si la resolución
de la Cámara fuese negativa, la proposición se tendrá por desechada."
Si hay alguna otra persona que
quiera hablar o impugnar la moción suspensiva.
Diputado Pablo Gómez. A ver, diputado
Demetrio Sodi, tiene la palabra.
| El diputado
Demetrio Javier Sodi de la Tijera (desde su curul): |
En contra de la moción
suspensiva.
En contra de la moción
suspensiva.
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
Señora Presidenta, quiero hacer
uso de la palabra.
¿Con qué objeto, señor
diputado?
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
Señora Presidenta, para hacerle
una observación.
No se permite.
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
Se ha violado el reglamento,
señora Presidenta.
Se está debatiendo sobre una moción
suspensiva que todavía no está planteada. Usted está planteando en contra de la moción
suspensiva, cuando no se ha planteado por escrito, señora Presidenta.
Sírvase guardar orden, señor
diputado.
Por favor, diputado Demetrio Sodi. La
diputada Estrella Vázquez ya dijo que la va a presentar por escrito.
|
El
diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Con su permiso, señora
Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Yo siento que algo que hay en la
opinión pública y que ha habido crítica de esta Cámara, es la falta de orden ante las
nuevas condiciones políticas que está viviendo la Cámara de Diputados y ante la
nueva...
Exhorto a todos los señores
diputados, guardar el orden en este recinto para que prosiga el orador.
| El diputado
Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Desde luego, la falta de orden
por los diputados que están aplaudiendo, de eso no hay duda. Bueno, yo creo que tenemos
un reto y un compromiso con toda la ciudadanía y con toda la población y es tratar de
avanzar en ordenar las sesiones, en tener un programa más definido de trabajo y en hacer
que nuestro tiempo como legisladores se utilice en forma que dé mayor rendimiento y sea
más efectivo para el compromiso que adquirimos con todos los electores.
Este proyecto que se está presentando
a votación, tiene más de 30 días de que se presentó, sobre todo ante la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y ha habido varias reuniones en las que se ha
discutido este proyecto y ya cuenta con aportaciones de todos los grupos parlamentarios.
Dentro de todas las fracciones
también, este documento ha sido circulado, ha sido discutido, ha sido analizado.
Ahora, es un documento inicial. El
documento final, el paso final va a ser el elaborar un nuevo reglamento de funcionamiento
de la Cámara de Diputados y del Congreso, una nueva Ley Orgánica del Congreso.
Entonces, yo creo que todos los pasos
que demos en este momento para avanzar son muy importantes.
Yo no creo que por el hecho de que
pueda haber algunas dudas o algunos puntos en que algunos compañeros diputados no estén
plenamente de acuerdo, no creo que sea el momento de suspender y dar este paso importante
para ordenar los trabajos de la Cámara.
Entonces yo siento, en lo particular,
que después de toda la discusión que se ha dado en los diferentes grupos parlamentarios,
después de que con un esfuerzo y flexibilidad de las diferentes fracciones se logró un
acuerdo en la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y al mismo tiempo con
base a ese esfuerzo y flexibilidad de todos los grupos parlamentarios se logró también
un acuerdo en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, yo creo que más
allá de que posteriormente podamos volver a revisar y hacer los cambios que se requieran,
es el momento de dar un paso definitivo que toda la población, toda la opinión pública
nos está exigiendo para darle a las sesiones, para darle a las comisiones, tanto el apoyo
como el orden que se requiere para cumplir con el voto que nos dio la ciudadanía.
Por eso yo considero que es el momento
de votarlo y es el momento de aprobarlo.
Gracias.
Consulte la Secretaría a la
Asamblea si se admite o se desecha la moción suspensiva.
| La
secretaria Blanca Rosa García Galván: |
Por instrucciones de la señora
Presidenta, en votación económica, se pregunta si se acepta o se desecha la moción
suspensiva, presentada por la diputada Estrella Vázquez.
Los diputados que estén porque se
acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por que se
deseche, favor de manifestarlo... Desechada, señora Presidenta.
|
El diputado Gonzalo Pedro Bárbaro
Rojas Arreola (desde su curul): |
Señora Presidenta.
¿Con qué objeto?
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
Con base en el artículo 102,
quiero hacer uso de la palabra.
¿Con qué objeto, señor
diputado? Para rectificación de hechos.
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola: |
Muchas gracias, señora
Presidenta; con su permiso:
Desde luego que nadie puede estar en
contra de que se ordenen las discusiones, de que se encaucen los asuntos a tratar en la
Cámara, de que obviamente funcionemos con mayor eficacia, efectividad y eficiencia, en
eso nadie puede estar en desacuerdo.
En lo que a mi parecer no podemos
estar de acuerdo, es en que se restrinja la libertad de los diputados, representantes de
la nación, para tratar en esta tribuna los asuntos de interés nacional, aun cuando la
mesa directiva o aun cuando la fracción parlamentaria a través de su mesa directiva, no
estén de acuerdo en plantear algún asunto que algún diputado quiera, en eso no podemos
estar de acuerdo.
Tampoco podemos estar de acuerdo en
normas restrictivas, más allá de lo que marca actualmente el reglamento, el ejemplo lo
tenemos muy claramente ahorita. No se me quería dar el uso de la palabra, a pesar de
estar invocando lo que actualmente establece el artículo 102 de nuestro reglamento, eso
es inaudito. Si aprobamos un acuerdo restrictivo, estaremos amarrándonos las manos,
señores diputados, todavía más.
Yo creo que estamos de acuerdo en que
se reglamente la discusión, se elaboren bien los órdenes del día; no podemos estar de
acuerdo con aprobar todavía acuerdos de la CRICP, en lugar de comprometernos, desde ya, a
que se modifique la Ley Orgánica y a que se modifique el reglamento, porque no se ha
modificado este reglamento con el que vivimos, con el que trabajamos en esta Cámara, y se
ha sustituido la necesidad imperiosa de modificar el reglamento por los acuerdos, y por
eso estamos a veces en la imposibilidad de darle el cauce debido a los debates, a los
asuntos de interés de los diputados y del interés de los representados.
Por eso me parece, compañeras y
compañeros, que siendo correcto que se intente reglamentar, ordenar en vez de
reglamentar, ordenar las discusiones, encauzar los órdenes del día, sistematizar los
puntos de acuerdo y las propuestas de iniciativa, no me parece que sea el más adecuado
este mecanismo que hoy se nos propone.
Puede ser que sea correcto y que se
proponga de aquí a un plazo determinado, pero no podemos dejarlo en el limbo para que
funcione como en otras ocasiones, en otras legislaturas para siempre. Y si no está
expreso en este punto de acuerdo, el que se comprometa esta legislatura, la Cámara de
Diputados, a modificar la Ley Orgánica y modificar el reglamento, estaremos reproduciendo
exactamente lo mismo que hacían las anteriores legislaturas, desperdiciando la
oportunidad histórica que tiene esta legislatura, para modificar la Ley Orgánica y el
reglamento.
Por lo tanto, yo considero que es
conveniente que se exprese en este acuerdo el compromiso de modificar la Ley Orgánica y
modificar el reglamento en un plazo perentorio.
Muchas gracias.
¿Con qué objeto, diputado
Pablo Gómez?
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Para rectificación de hechos.
Tiene la palabra, hasta por
cinco minutos diputado Pablo Gómez, para rectificación de hechos. Favor de hacer uso de
la tribuna diputado.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Señoras y señores diputados:
En cualquier Congreso del mundo se
puede hablar desde la curul, de hecho es práctica frecuente, no veo porqué no se permita
aquí...
La intervención del diputado Gonzalo
Rojas, es del todo prudente en el sentido de que lo que requerimos es la reforma
parlamentaria. Pero la reforma parlamentaria no la podemos generar de súbito; no puede
ser algo realizado en 15 días, en 20 días, en un mes. Tenemos frente a nosotros un mes y
medio de intensa actividad legislativa y tenemos un reglamento del Siglo XIX.
No podemos hacer un reglamento nuevo
en tan corto tiempo y no podemos operar con el reglamento decimonónico que se ha
mantenido a través de una inercia, apenas explicable por necesidades políticas,
coyunturales casi siempre. Por lo cual se optó por la transición.
Todo proceso de cambio importante
requiere una cierta transición. Aquí en el acuerdo que está a consideración de la
Cámara, hay algunas reglas que probablemente...
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
Pido la palabra.
¿Con qué objeto, señor
diputado Rojas?
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
Para formular una pregunta.
¿Acepta el orador una pregunta?
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Sí, cómo no, con mucho gusto.
Adelante.
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
Muy bien, diputado Pablo Gómez.
La pregunta es: ¿por cuánto tiempo
va a ser esa transición? En mi intervención en ningún momento dije que en los próximos
15 días o en lo que resta de este periodo se modificará el reglamento o la Ley
Orgánica. Pero sí estoy planteando, que se establezca un plazo perentorio, que nos
comprometamos a modificar la Ley Orgánica y el reglamento que es indispensable y urgente
que lo hagamos.
Yo quisiera, diputado Pablo Gómez,
que usted nos hiciera favor de ilustrarnos en cuanto a su participación en la CRICP.
¿Cuánto tiempo es el que considera la CRICP, si es que lo ha considerado, necesario para
que se modifique la Ley Orgánica y el reglamento de esta Cámara.
Gracias.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
No corresponde a la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política, el preparar un dictamen sobre la reforma
parlamentaria; corresponde, en todo caso, a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales en las materias constitucionales y a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias, en las cuestiones de orden legal y reglamentario.
El acuerdo que hay entre los grupos
parlamentarios de esta Cámara, es: que la revisión se llevará a cabo durante el
próximo receso del Congreso que se inicia el 15 de diciembre. Y esperamos todos como un
compromiso de carácter político, que hacia el 15 de marzo podamos tener cuando menos un
paquete suficientemente acabado, para que el Congreso de la Unión aborde el tema de la
reforma de carácter parlamentario. Esa es la respuesta.
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
¿Acepta el orador una pregunta?
¿Acepta el orador una pregunta?
Diputado Pablo Gómez, ¿acepta usted una pregunta del diputado Gonzalo?
El diputado Pablo Gómez
Alvarez:
Sí, como no.
El diputado Gonzalo Pedro Bárbaro
Rojas Arreola (desde su curul):
Desde luego, que estamos entendidos de
que no corresponde a la CRICP, no corresponde tampoco absolutamente a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, corresponde a todos los diputados en su conjunto.
Pero nosotros, por supuesto que esperaríamos que la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales efectivamente presentare una iniciativa para discutirse el próximo 15 de
marzo.
Gracias por su ilustración,
compañero.
¿Cuál es la pregunta?
El diputado Gonzalo Pedro
Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul):
Es una interpelación, señora
Presidenta.
Muchas gracias.
Continúe el orador.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Ciudadanas y ciudadanos
diputados:
Quiero informarle al pleno, por
último, que la Cámara recibirá dictámenes a las comisiones que correspondan, de
acuerdo con la Ley Orgánica.
Sería muy difícil que el pleno
elaborara un dictamen para sí mismo. Lo hará la comisión que corresponda, de acuerdo
con la ley.
Ese es el compromiso y creo yo que
estamos dando un paso de considerable importancia para organizar los trabajos de la actual
legislatura y responder a aquellos que critican a esta representación, desde el ángulo,
no de la democracia, sino de otros intereses, señalando que la pluralidad es desorden.
¡No!, la pluralidad también puede generar un orden nuevo, un orden democrático. Eso es
lo que buscamos.
Con base en el artículo 110 del
reglamento, está a discusión el acuerdo parlamentario.
| La diputada
María Estrella Vázquez Osorno (desde su curul): |
Señora Presidenta...
Se abre el registro de oradores.
¿Con qué objeto, diputada?
|
La
diputada María Estrella Vázquez Osorno (desde su curul): |
Para rectificación de hechos.
Se abre el registro de oradores
para la discusión del acuerdo parlamentario.
Diputada Vázquez: después de la
discusión se rectifican hechos. Le solicitamos que pase a su lugar y que permita el
proceso parlamentario...
Se puede registrar como oradora.
Se inscribe la diputada Estrella
Vázquez en el registro de oradores. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra?
Está a discusión el acuerdo. ¿No
hay ningún otro orador?..
Adelante, diputada Estrella Vázquez.
|
La
diputada María Estrella Vázquez Osorno: |
Señora Presidenta, yo pedí la
palabra para rectificación de hechos, que también solicitó la palabra el compañero
Pablo Gómez y el compañero Gonzalo Rojas.
Y lo que yo quisiera señalar aquí...
Solicitaría que se llamara al orden a esta Asamblea, por favor...
Exhorto a los señores
diputados, por favor, pasen a ocupar sus curules y permitan el desahogo del orden del
día.
Adelante, diputada.
|
La
diputada María Estrella Vázquez Osorno: |
Miren, compañeros, cuando
solicité junto con mis compañeros diputados Pablo Sandoval, Susana Esquivel, Antonio
Lagunes, Gonzalo Rojas, la moción suspensiva que ya fue votada en contra, es porque
coincido en lo que ha dicho aquí el compañero Pablo Gómez.
Se está haciendo, se está
suscribiendo un acuerdo por parte de la Comisión de Régimen Interno, que marcará la
vida de este parlamento en las próximas sesiones.
La preocupación de fondo, es que no
hemos tenido la oportunidad de conocer el documento en detalle y que hay comentarios aquí
de diputados, que en algunos casos no solamente complementan estas disposiciones, sino que
en algunos casos pudiera interpretarse como que contravienen nuestras disposiciones tanto
en la Ley Orgánica como en el reglamento. Por muy decimonónico que sea, son la
normatividad con la que ahora contamos.
Yo quisiera, insistiendo en esa
necesidad de profundizar en el estudio, y aun cuando la Presidenta ha dado paso a la
discusión, solicitar que se cumpla al menos con el trámite de llevar este punto de
acuerdo por el artículo 58, a la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias, para
que se analice a fondo y para que el resto de los diputados tengamos la oportunidad, en
nuestras fracciones, de analizar la propuesta que ahora, aquí, se está señalando.
Yo quisiera solicitar a la Presidenta
se vote esta propuesta de remitir el acuerdo a la Comisión de Reglamento y Prácticas
Parlamentarias, para que se analice y tengamos todos la oportunidad de reservarnos
artículos y de poder hacer propuestas concretas.
Gracias.
Fue ya desechada la moción
suspensiva.
Por lo tanto, consulte la Secretaría
a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo parlamentario.
|
La
secretaria Blanca Rosa García Galván: |
Por instrucciones de la
Presidencia, se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el
acuerdo parlamentario.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señora Presidenta.
Proceda la Secretaría a recoger
la votación nominal.
|
La secretaria Blanca Rosa García Galván: |
Se va a proceder a recoger la
votación nominal.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga
los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Por la afirmativa, tomará la
votación la diputada Fabiola Gallegos Araujo.
Por la negativa, tomará la votación
la diputada Rocío del Carmen Morgan.
(Votación.)
Señora Presidenta: se emitieron 419
votos a favor y 10 votos en contra.
Aprobado el acuerdo
parlamentario por 419 votos. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Tienen la palabra la diputada
Carolina O'Farrill Tapia, diputada Independiente; la diputada Aurora Bazán López, del
Partido Verde Ecologista de México; la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido
del Trabajo; la diputada Patricia Espinosa Torres, del Partido Acción Nacional; la
diputada Martha Dalia Gastelum Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática, y
la diputada Enoé González Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional,
representantes de la Comisión de Equidad y Género, para presentar iniciativa de ley para
prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar.
| La
diputada Carolina O'Farrill Tapia: |
Con su venia, señora
Presidenta:
Quisiera solicitarle que al término
de la exposición de motivos de la presente iniciativa, turne usted a las comisiones de
Justicia y del Distrito Federal la presente iniciativa.
Muchas gracias.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En forma conjunta, el Ejecutivo
Federal y las diputadas y senadoras al honorable Congreso de la Unión que suscribimos,
sometemos a la consideración de esa soberanía la presente iniciativa de decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito
Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal; del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; del Código Penal para el Distrito
Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y
del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Esta iniciativa es producto del
trabajo conjunto de sociedad y Gobierno. En el ámbito de su concepción y planteamientos,
justo es reconocer el esfuerzo del Grupo Plural Pro-Víctimas, AC, el cual desde hace
años ha hecho tareas en favor de la sensibilización de los problemas de la violencia
familiar, la difusión de elementos para su prevención y atención, la elaboración de
propuestas tendientes a su solución y la articulación de consensos en la comunidad para
avanzar en propuestas como las que contiene este proyecto de reformas al orden jurídico
vigente.
Resulta indudable que la familia es la
institución básica de la sociedad. En ella no sólo tienen lugar una serie de procesos
cruciales para la reproducción social, sino que constituye un medio privilegiado para el
crecimiento y desarrollo de sus miembros. Todos tenemos derecho a una vida libre de
violencia, a vivir en forma digna y a convivir sanamente para alentar el pleno
desenvolvimiento de nuestras potencialidades.
Como seres humanos y como mexicanos
tenemos que formar mujeres y hombres pensantes y libres, en ambientes donde no existan
relaciones de sumisión y subordinación, sino de coordinación armónica. Nadie puede
sostener que natural o jurídicamente exista un derecho de propiedad entre las personas,
mucho menos un derecho de propiedad de los padres sobre los hijos o del marido sobre la
mujer. La familia es y ha de ser espacio para que sus miembros se desarrollen a cabalidad
como seres humanos, siendo la violencia, en el núcleo familiar, un elemento deteriorante
e incluso destructivo de su unidad esencial.
A nuestro juicio, la violencia en la
familia es un asunto que debe abordarse desde distintos frentes. Esta premisa ha sido
destacada por diversos grupos de mujeres interesadas en su atención y superación desde
hace más de 20 años, al crear los primeros espacios para el diagnóstico y tratamiento
del problema.
Recientemente, la mayoría de los
gobiernos del mundo han incrementado su reconocimiento sobre la gravedad de esta modalidad
de violencia, ubicándola como una cuestión que atañe a la sociedad por sus graves
repercusiones para el desarrollo y la convivencia en comunidad. Nuestro país sigue esta
tendencia. Muestra de ello son los esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales que se
realizan para entender los diversos aspectos de este tipo de comportamiento destructivo
del seno familiar y proponer medidas para prevenirlo y erradicarlo.
Por convicción, en el ámbito
internacional, el Estado mexicano se ha comprometido a adoptar medidas contra la violencia
que se ejerce en detrimento de las mujeres y de los menores. Al efecto, sostenemos que las
previsiones legislativas son la base o el eje para acometer eficazmente esas
determinaciones soberanas, pues ahí se sustentarán o derivarán políticas públicas de
mayor relevancia práctica para enfrentar el problema.
Como Estado parte de la convención
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, firmada en
1980 y ratificada por nuestro país en 1981, México asumió el compromiso de modificar o
derogar los instrumentos normativos que constituyeran cualquier clase de discriminación
hacia la mujer y atentaran contra su pleno desarrollo.
Durante la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer, realizada por la comunidad mundial agrupada en la Organización de las
Naciones Unidas en Pekín, República Popular China, en septiembre de 1995, el tema de la
violencia contra las mujeres abarcó las formas en que se produce y contempló tanto la
reflexión sobre estrategias como la adopción de recomendaciones para los gobiernos de
los países participantes. Estas incluyen el impulso de nuevos textos legales o reformas a
los ya existentes, con objeto de fortalecer medidas preventivas ante los fenómenos de
violencia contra las mujeres y sancionar esa conducta.
Como país miembro de la Organización
de Estados Americanos, México suscribió la "Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer" (Convención de Belém
Do Pará), donde de manera contundente se exhorta a los paises a crear o, en su caso, a
modificar todos los instrumentos legales y mecanismos necesarios para erradicar y detener
la violencia contra las mujeres, incluyéndose, por supuesto, la violencia que en su
perjuicio pudiera ejercerse dentro del hogar.
Cabe destacar que, en el mes de
noviembre de 1996, el Senado de la República aprobó esta convención en los términos
del artículo 133 de la Ley Fundamental de la República, propiciándose su elevación a
rango de ley en nuestro país. Este pacto regional resulta fundamental para orientar la
acción de las instituciones públicas y de la sociedad a fin de abatir la violencia
familiar en el ámbito nacional, sin demérito de su incidencia para combatir otras
modalidades de ejercicio de violencia en nuestra convivencia social, al propiciarse un
entorno libre de agresiones físicas o síquicas en el núcleo social básico.
Por otra parte, en el caso de los
menores, desde 1990 nuestro orden normativo abarca las previsiones de la Convención sobre
los Derechos del Niño y de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores; ambos instrumentos reconocen y enuncian la necesidad de
proporcionar una protección especial a los menores.
En el ámbito nacional, el Plan
Nacional de Desarrollo 1995-2000 considera que la violencia contra las mujeres conculca
sus derechos y obstaculiza el ejercicio pleno de su ciudadanía, al tiempo que la
administración pública federal asume el compromiso de promover reformas para tipificar
la violencia familiar.
De igual manera, el Programa Nacional
de la Mujer "Alianza para la Igualdad", establece que la violencia contra la
mujer atenta contra sus derechos, su integridad y su dignidad como persona, sin dejar de
mencionar que puede inhibir su desarrollo e incluso provocarle daños irreversibles. En
este sentido, considera como prioridad la prevención y erradicación de las agresiones
físicas o síquicas que se produzcan en agravio de las mujeres, cualquiera que sea su
forma de expresión e impulsa medidas que contribuyan a hacer visible este problema
social, comprendiéndose en este esfuerzo la promoción de iniciativas de reformas a la
legislación penal para tipificar y castigar con mayor rigor los delitos contra la
integridad física y moral de las mujeres.
Como parte de esta tendencia, en el
mes de abril de 1996 y en atención a los referidos compromisos establecidos en esta
materia, la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal aprobó la Ley de
Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar. Con este instrumento jurídico,
las personas víctimas de violencia intrafamiliar cuentan con opciones de carácter
administrativo para llegar a la conciliación o para lograr la protección de su
integridad a través de un sistema de medidas y sanciones que funcionan como una primera
fase o nivel de atención, apoyada normativa e institucionalmente, para evitar el
deterioro de las relaciones familiares.
Muchas gracias, señora Presidenta;
gracias a la sociedad civil que hoy tenemos, por primera ocasión, una iniciativa de ley
en donde hay respuesta, no sólo del Ejecutivo, sino de este Legislativo.
Muchas gracias.
Continúa en el uso de la
palabra la diputada Aurora Bazán López, sobre el mismo tema.
| La diputada
Aurora Bazán López: |
Con su permiso, señora
Presidenta:
Para tal efecto, se entendería por
violencia familiar el "uso de la fuerza física o moral de manera reiterada en contra
de un miembro de la familia por otro de la misma, que atente contra su integridad física
o síquica, independientemente de que pueda o no producir lesiones; siempre y cuando el
agresor y el agraviado cohabiten en el mismo domicilio y exista una relación de
parentesco, matrimonio o concubinato".
Ahora bien, para que tengan plena
vigencia en la convivencia cotidiana los preceptos que integrarían al capítulo propuesto
en materia de violencia familiar, se requiere de otras reformas que establezcan mecanismos
para prevenir y resolver los conflictos derivados de ese fenómeno, guardándose la
congruencia y consistencia con cada una de las instituciones familiares previstas en
nuestra legislación civil.
Para contribuir a erradicar los casos
de violencia familiar dentro del matrimonio, se propone a ese honorable Congreso, la
adición de una fracción XIX al artículo 267 del Código Civil, en la cual ese tipo de
comportamientos constituiría, en sí misma, una causal de divorcio. Sin embargo, cabe
señalar que no se trataría únicamente de los actos de violencia entre cónyuges, sino
que, además, podría invocarse como causal de divorcio el incumplimiento del cónyuge
generador de la violencia familiar a las determinaciones administrativas o judiciales que
se hubieren emitido para corregir sus actos de agresión física o síquica en contra de
sus hijos.
Esta propuesta de reforma sería
complementada con la modificación que se plantea al artículo 282 del propio Código
Civil, a fin de que los jueces que conozcan de los juicios de divorcio, puedan ordenar,
como medidas provisionales, la prohibición de ir a un lugar determinado, así como las
demás previsiones que sean necesarias para hacer cesar los actos de violencia familiar,
considerando el interés de quien sufra dicha violencia en tanto dure el proceso.
En este mismo sentido, de aprobarse la
iniciativa, se establecería en el artículo 283 del ordenamiento que nos atañe, la
obligación de los jueces de escuchar a los progenitores y a los menores antes de dictar
las sentencias en los juicios de divorcio. Lo anterior, con objeto de que el juzgador
cuente con mayores elementos para decidir lo que más convenga al interés superior de los
menores y en su caso, tomar las medidas necesarias para protegerlos contra actos de
violencia familiar.
En lo referente a la institución de
la patria potestad, la iniciativa prevé adecuar, en el artículo 411, la disposición de
los hijos de honrar y respetar a sus ascendientes, por la obligación de respeto y
consideración mutuas entre ascendientes y descendientes. Este planteamiento viene a ser
congruente con el derecho de respeto a la integridad física y síquica de todos los
miembros de la familia, que orienta al conjunto de la iniciativa.
Con la propuesta de reforma al
artículo 414, se pretende establecer las reglas para determinar a quién corresponde el
ejercicio de la patria potestad. Al respecto, se plantea hablar en general de los hijos,
sin hacer distinción respecto de los hijos de matrimonio. Para ello, dicho texto
recogería, en lo sustancial, las disposiciones de los actuales artículos 416 y 418. De
aprobarse esta modificación, sería necesario derogar el articulo 415, cuyo contenido
quedaría sin materia.
Por su parte, en el artículo 416 se
establecerían las reglas para el ejercicio de la patria potestad en los casos en que los
padres estuvieren separados, estableciéndose que dicho ejercicio se deberá ajustar a las
modalidades que se convengan entre los padres o bien, a las que se determinen por
resolución judicial. En este precepto se aclararía que la separación no extingue las
responsabilidades en materia de alimentos de quienes ejercen la patria potestad ni tampoco
una limitación a su derecho de convivencia con los menores.
Una innovación importante está
constituida por el texto propuesto para el artículo 417, ya que en dicha disposición se
precisaría el derecho de convivencia de los menores con sus ascendientes. Este derecho,
entendido como el conjunto de relaciones personales entre el menor y sus padres, no podrá
impedirse, sino por causa justa y mediante declaración judicial.
Por otra parte, se plantea actuar
frente a un comportamiento reiterado en nuestro país, consistente en que un número
importante de madres o padres, obligados por circunstancias de índole laboral o de
cualquier otra naturaleza, "encargan" a sus descendientes con familiares o
parientes por periodos prolongados de tiempo. Esta custodia, "de hecho" no
implica derechos ni obligaciones, lo que redunda en detrimento del menor. Por ello, en la
iniciativa se propone establecer, que cuando por cualquier circunstancia los parientes
queden a cargo del cuidado de un menor, tengan las mismas obligaciones, facultades y
restricciones de los tutores. Además, es importante precisar que quienes ejercen la
patria potestad respecto de dichos menores no quedan relevados de coadyuvar, con quien
custodie al menor, en todas las obligaciones derivadas.
Con la reforma al artículo 422, la
iniciativa pretende que la obligación de educar convenientemente a los menores, no sea
sólo para quienes ejercen la patria potestad, sino que sea extensiva para quienes tengan
la custodia de los menores. A su vez, plantea otorgar atribuciones a la autoridad
administrativa para dar aviso al Ministerio Público del incumplimiento de este deber.
La facultad de corrección de que
disponen quienes ejercen la patria potestad o tengan menores bajo su custodia, prevista en
el artículo 423, ha sido interpretada como la atribución ilimitada de usar cualquier
medio correctivo tendiente a educar a los menores. Desgraciadamente, esta práctica puede
derivar y ha derivado en actos de violencia familiar. Por ello, se estima imprescindible
aclarar en dicho precepto, que la facultad de corregir de ninguna manera implica que se
puedan infligir actos de fuerza atentatorios contra la integridad física o síquica de
los menores.
Por lo que corresponde a las reformas
planteadas al artículo 444, tienden a aclarar que la patria potestad sólo se pierde
mediante resolución judicial, ya sea que quien la ejerza sea condenado expresamente a
perderla; que esa persona cometa un delito en contra del menor o que sea condenado dos o
más veces por un delito grave, independientemente de quien resulte ser la víctima de
esos ilícitos penales.
En lo referente a la propuesta para
adicionar un artículo 444-bis, obedece a la necesidad de limitar el ejercicio de la
patria potestad, en los casos en que la violencia familiar se cometa en contra del menor.
De las diversas formas en que se puede
presentar la violencia familiar y quizá entre las más graves, están la exposición y el
abandono de menores. Por ello, la iniciativa plantea definir cada una de esas figuras y
permitir que las instituciones encargadas de recibir a los expósitos y abandonados,
puedan actuar de una manera más expedita en lo relativo a su representación. En este
sentido es que en la iniciativa propone la modificación de los artículos 492, 493 y 494;
así como del artículo 1316, este último con el fin de precisar que los ascendientes que
abandonen, prostituyan o corrompan a sus descendientes, quedarán incapacitados para
adquirir por testamento o por intestado respecto de los ofendidos.
De igual manera, se plantea la
adición de una fracción XII al referido artículo 1316, a fin de que quien haya sido
condenado por delito cometido en agravio del autor de la herencia, también quede
incapacitado para adquirir por testamento o intestado de la víctima.
Gracias.
Continúa en el uso de la
palabra, la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo.
|
La
diputada María Mercedes Maciel Ortiz: |
Con su permiso, señora
Presidenta:
Por otro lado, es conocido el estudio
elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, denominado "Cotejo de las
Normas Federales y de los Estados con la Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer".
Yo pediría moción de orden a la
Presidenta.
Permítame la oradora.
Se encuentran con nosotros un grupo de
trabajadores ferrocarrileros y sus respectivos comités ejecutivos nacionales. Solicitamos
a la mesa directiva de la Comisión de Gestoría y Quejas, se sirvan atenderlos en el
lugar que consideren apropiado. Continúe la oradora, por favor.
RECESO
| La
Presidenta (a las 13:31 horas): |
Se suspende la sesión. Se
declara un receso hasta que se establezca el orden en el recinto.
A los compañeros trabajadores
ferrocarrileros, ya se dispuso a la mesa directiva de la Comisión de Gestoría y Quejas
que se les atienda como es debido, en el lugar que ellos consideren conveniente.
(Receso)
TRABAJADORES FERROCARRILEROS
| La
Presidenta (a las 13:50 horas): |
Se reanuda la sesión.
Le vamos a permitir el uso de la
palabra al diputado Armando Neyra Chávez, para que nos dé explicación de los hechos que
acaban de acontecer.
| El diputado
Armando Neyra Chávez: |
Gracias, compañera Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Con la disculpa del sector obrero
organizado en el país, que nos permite a más de 40 diputados representarlos en este
recinto de la nación, quiero explicar a ustedes el por qué se motivó este incidente,
que nos puede servir de ejemplo para que no ocurran otros similares.
Hablar de los trabajadores
ferrocarrileros en este país, es hablar de la historia del sindicalismo de México. Ellos
en tiempo y forma, por conducto de su dirigente nacional, el compañero Víctor Flores,
solicitó al que habla pudiéramos tener la autorización de nuestro coordinador, Arturo
Núñez, para que 1 mil 500 dirigentes ferrocarrileros el día de hoy nos visitaran y que
una comisión de 200 de ellos, pudieran ser escuchados por la comisión correspondiente de
esta Cámara y a la vez poder informar al pleno en una próxima sesión del problema que
les aqueja a ellos, por tantas personas que los quieren confundir en atención a lo que se
ha venido anticipando después de la firma del Tratado de Libre Comercio.
Tanto el Tratado de Libre Comercio, en
su momento trató, que parte de los ferrocarriles era posible privatizarse, pero dentro de
ese mismo documento se estableció que jamás se iba a lesionar la contratación
colectiva, históricamente propiedad de los trabajadores ferrocarrileros en prestaciones y
salarios. Es por ello que el compañero Víctor Flores ha estado recorriendo el país para
aclarar esto y la confusión que se ha presentado es que los compañeros iban a ser
recibidos a las 12 horas con 30 minutos, pasó el tiempo y no se les cumplió; y así como
lo hicieron ellos hoy, muchos otros lo han hecho anteriormente.
Compañeras y compañeros diputados,
para evitar esto vamos a centrarnos en lo que realmente nos corresponde. Hoy es el
Sindicato Nacional Ferrocarrilero y lo mismo haría el petrolero o el Sindicato de
Maestros y cualquiera de todos estos sindicatos nacionales que son ejemplo en este país.
Yo agradezco a la Presidencia, aunque
cualquier otra ideología tenga interés, pero primero que las ideologías están los
intereses de los trabajadores.
Es por ello que sí ustedes quieren
abrir algún debate habrá el momento y el tiempo necesario.
Vamos a seguir trabajando, que es para
lo que nos mandaron los electores a este recinto.
Mis respetos para los trabajadores
ferrocarrileros.
Muchas gracias.
¿Con qué objeto, señor
diputado? ¿Para rectificar hechos? A ver nada más permítame.
Esta Presidencia informa a la Asamblea
que ya había girado instrucciones para el acceso a galerías de un grupo de trabajadores
y para que la Comisión de Información Gestoría y Quejas, proceda a atenderlos de manera
inmediata, por lo que reitera la instrucción y exhorta a ambas partes para que se
conduzcan con tolerancia y voluntad de diálogo.
A ver ¿con qué objeto? Para
rectificar hechos. Su nombre por favor. A ver diputada O'Farrill. Le van a proporcionar un
micrófono permítame.
La diputada Carolina O'Farrill Tapia
(desde su curul):
Señora Presidenta, estamos analizando
una iniciativa de ley ¿sí?, tuvo una irrupción de los compañeros, ya participó el
presidente de la comisión, no importa que participen una o dos personas, pero quiero
considerar que tenemos que continuar con esta iniciativa de ley que es el fundamento.
Está considerado diputada.
| La diputada
Carolina O'Farrill Tapia (desde su curul): |
Muchas gracias, señora
Presidenta.
A ver diputado, su nombre por
favor. Diputado Hernández, haga uso de la palabra, hasta por cinco minutos.
| El diputado
Rosalío Hernández Beltrán: |
Con su permiso, compañeras y
compañeros legisladores:
Lo que acabamos de presenciar no es la
razón fundamental de por qué no se les ha atendido a este grupo de trabajadores, sino
porque su dirigente nacional, diputado federal, espero que esté aquí, aquí está, lo
invito a que pase a la tribuna.
No, diálogos no señor
diputado, por favor continúe.
| El diputado
Rosalío Hernández Beltrán: |
Es porque me consta que amenazó
con traer a los ferrocarrileros el día de hoy, se lo dijo al diputado Paz Zarza y me
consta una cosa más, en mi presencia y en presencia del diputado Calleja, usted amenazó
físicamente al diputado Paz Zarza, eso ocurre cuando no se tienen argumentos, siempre que
los seres humanos carecen de ellos utilizan lo que tienen, actos irracionales.
Quiero decir que cuando expusimos el
problema, cuando denunciamos el problema de los ferrocarrileros en esta tribuna, lo
hicimos por dos cosas, por que hay un mandato de la LVI Legislatura, de que esta Cámara
de Diputados debe vigilar que el proceso de licitación de ferrocarriles se dé sin
lastimar los derechos de los trabajadores.
Esa es la razón por la cual venimos a
esta tribuna y tenemos, no de dirigentes, que no es igual a líderes, sino de los
trabajadores, un montón de denuncias donde los están hostigando, los están presionando
para jubilarse o para retirarse voluntariamente, entre comillas. Hay, precisamente
mientras estamos acá, una marcha por todo el norte y que va a concluir el 15 de este mes
en Jalisco..., haciendo esta denuncia y eso es una responsabilidad de esta legislatura,
cumplir con ese compromiso, que además fue elevado, aunque artículo transitorio pero fue
elevado, a categoría de ley, es el artículo quinto transitorio.
Quiero decirle que para darle curso al
orden del día, invito a la Comisión de Concertación Política, que el próximo martes
lo ponga como un punto, para que usted, diputado Víctor venga aquí y exponga razones,
que yo las tendré más que ahora, ahora por respeto a la plenaria y al orden del día,
pues creo que no es el momento adecuado.
Antes de dar el uso de la
palabra, esta Presidencia instruye al diputado Antonino Galaviz, del Partido Acción
Nacional; al diputado Eduardo Bernal, del Partido Revolucionario Institucional, al
diputado Gonzalo Morgado Huesca, del mismo partido; y al diputado Armando López, que
atiendan por favor al grupo de ferrocarrileros.
Tiene el uso de la palabra, el
diputado León.
|
El diputado Jorge León Díaz: |
Señoras y señores diputados:
El día de hoy, se está presentando
un grupo a crear una serie de anomalías, partiendo de equivocaciones y partiendo
fundamentalmente también de la idea de que no se les ha atendido como debiera de ser. El
día de hoy, yo en mi calidad de secretario de la Comisión de Información, de Gestoría
y Quejas, creo conveniente hacer la aclaración pertinente:
En días pasados se presentó un grupo
de ferrocarrileros, para que pudiera aquí, en esta tribuna presentarse un problema que se
ha estado dando en el Sindicato Ferrocarrilero. Se les atendió por una comisión, que en
ése momento todavía no era la de Gestoría y Quejas, porque todavía no estaba
constituida.
Posteriormente, se presentó otro
grupo también de ferrocarrileros, que venían exclusivamente a apoyar a su líder Víctor
Flores. Esa era exclusivamente la idea de estar presentes en este recinto legislativo.
Desde la Presidencia de esta Cámara
de Diputados, se determinó que fuera una comisión a atender al grupo que se presentó y
que junto con estos diputados, se presentara también el diputado Víctor Flores. A
nosotros, en ese momento nos pareció incorrecto que la Presidencia tomara facultades que
no le corres podían, exclusivamente le tocaba dar respuestas o atender a este grupo a la
Comisión de Información, Gestoría y Quejas y ahí involucraron a otros diputados, a
petición, supuestamente, de los quejosos.
El día de hoy se vuelven a presentar
diciendo que no se les atendió por esta comisión. Yo quisiera decir aquí que se les
atendió y se les atendió de la mejor manera, que a pesar de sus gritos, a pesar de sus
agitadores profesionales, a pesar de ir a insultar a otros partidos políticos, nosotros
nos portamos de una manera cívica y los atendimos.
¿Qué era lo que nos pedían
únicamente? Que tomara la tribuna aquí, su líder Víctor Flores y que hiciera uso de la
palabra. Nosotros, lo que hicimos fue plantearles que había las instancias y que estaba
su líder Núñez para que con él fuera y le diera él, el uso de la palabra, no era
facultad de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas. Nosotros entonces
únicamente lo haríamos saber de manera verbal al presidente de la comisión en turno.
Entonces yo quisiera que el día de
hoy se aclarara que nosotros como Comisión de Información, Gestoría y Quejas, estamos
atendiendo a todos los grupos, sean priístas, sean panistas o sean perredistas, es una
comisión plural y exijo desde aquí el respeto para esta comisión y que no se permita la
entrada de grupos agitadores profesionales con intereses partidarios, únicamente a
demeritar nuestro trabajo.
Muchas gracias.
La mesa directiva con respeto y
cordialidad está dispuesta a instruir la atención a grupos sociales, con orden y
voluntad, para encontrar respuesta a sus demandas sociales e invita a los legisladores de
los diversos grupos parlamentarios, a sumarse a esta expresión de voluntad, de diálogo y
concordia, a la que estamos comprometidos los integrantes de la LVII Legislatura.
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (II)
Tiene el uso de la palabra, la
diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo.
|
La
diputada María Mercedes Maciel Ortiz: |
Vamos a proseguir dando lectura
al proyecto de iniciativa de Ley Contra la Violencia Intrafamiliar. Mucho agradecerán su
atención a este documento, las cientos de miles de mujeres, las cientos de miles de
niñas y niños de nuestro pueblo su atención.
Es conocido el estudio elaborado por
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, denominado: "Cotejo de las Normas
Federales y de los Estados con la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer y la Convención de los Derechos del Niño", con el
objeto de alentar la modificación del marco legislativo federal y de las entidades
federativas para lograr la eliminación de todo precepto que implique discriminación,
segregación o desventaja para las mujeres, en particular aquellas disposiciones que
toleren la violencia.
En el ámbito público, tanto la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, como el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia, han sido instituciones que debido a su trabajo tienen
contacto cotidiano con las consecuencias de violencia familiar. Por ello, han propuesto
medidas tendientes a sancionar y prevenir este fenómeno. Así, en coordinación con el
Departamento del Distrito Federal y con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal se han creado, entre otros, el Albergue Temporal para Mujeres Víctimas
de Violencia Familiar y algunas unidades delegacionales de atención a la violencia
familiar.
A pesar de que la información sobre
los problemas de violencia familiar no se recoge a través de mecanismos que permitieran
precisar la incidencia real de estos fenómenos en nuestra sociedad, podemos señalar que
en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), creado en 1990 y
dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hasta el 15 de
octubre en curso, se han atendido un total de 108 mil 392 personas, de las cuales el 85%
han sido del sexo femenino y el resto corresponde a menores.
En cuanto a esto, la propia
Procuraduría mencionada cuenta con un albergue temporal que recibe a quienes son
víctimas de ilícitos en su agravio, cometidos en el entorno familiar. A estas
instalaciones han ingresado, desde su creación 8 mil 770 menores, en su mayoría
víctimas de distintas manifestaciones de violencia familiar. Es pertinente señalar que
el Programa DIF-Preman también atiende a esta población; en el presente año recibió 2
mil 702 denuncias por maltrato al menor, acreditándose que en 1 mil 714 casos existió
maltrato físico, sicológico o sexual. En el caso de incapacitados o senectos la
desprotección es aún mayor.
Para conocer la opinión que la
sociedad tiene con respecto a la violencia en la familia, la Asociación Mexicana Contra
la Violencia hacia las Mujeres, AC (COVAC), integrante del Grupo Plural Pro-Víctimas, AC,
llevó a cabo una encuesta en nueve ciudades de nuestro país, en la que se destacan, en
relación con la Ciudad de México, los siguientes datos:
Los miembros de la familia que con
mayor frecuencia son maltratados física y emocionalmente, son los niños en un 82% y la
madre en un 26%.
El 98%, de los encuestados, considera
que el maltrato físico o emocional es una conducta violenta que debe ser castigada por la
ley.
Ahora bien, de los resultados globales
de las nueve ciudades encuestadas, se observó que:
De las personas entrevistadas, el 21%
tiene conocimiento de alguna persona maltratada.
Los niños son quienes en mayor medida
son objeto de maltrato, con una incidencia del 82%.
El 94% de los entrevistados consideran
la necesidad de contar con albergues.
El 88% de los encuestados, estima
importante que existan mejores leyes para proteger a la familia de las lesiones y
comportamientos violentos, así como que la violencia en la familia se tipifique como
delito.
El 72% indica como importante que las
personas que maltraten a un miembro de su familia deben ser castigados por la ley.
El 80% de los entrevistados, señala
que los actos de violencia hacia cualquier miembro de la familia son un delito que se debe
castigar.
Toda agresión física, sicológica o
sexual que se produce reiteradamente por cualquiera de los individuos que conforman la
familia en contra de otro miembro de la misma, constituye violencia familiar. Se trata de
un abuso al interior del núcleo familiar que lleva a cabo quien, por razones económicas,
físicas o culturales, tiene una posición de privilegio y por lo cual las mujeres y los
niños son las principales víctimas. Si no se le detiene, tiende a repetirse e
incrementar su intensidad y frecuencia. Este es un problema que se manifiesta en todos los
niveles y clases sociales.
La violencia familiar no puede
considerarse como un asunto que sólo corresponde a la vida privada de las personas. Sus
efectos se extienden a todo el complejo social y afectan al conjunto familiar, que es el
grupo primario y fundamental de sustento a nuestra sociedad; esa violencia al interior del
núcleo básico de convivencia humana genera focos de agresión que se pueden transformar
en conductas antisociales fuera de este ámbito. Se ha comprobado que niñas y niños que
provienen de hogares con problemas de violencia, reproducen las mismas actitudes y
conductas de sus padres, así como que la violencia entre cónyuges afecta a los hijos. Si
no atacamos la agresión en el interior de la familia, formaremos mexicanos con baja
autoestima y con problemas sicológicos y emocionales, que impedirán su pleno desarrollo
humano y laboral, lo que, en última instancia, frena el crecimiento de nuestro país.
La presente iniciativa persigue tres
objetivos fundamentales: disuadir y castigar las conductas que generen violencia familiar;
establecer medidas de protección a favor de las víctimas de este fenómeno y
concientizar a la población del problema, al tiempo de propiciar que las autoridades
desarrollen políticas públicas para prevenir, combatir y erradicar esas conductas.
Estamos frente a una de las situaciones en que el derecho se ha de convertir en el
principal agente de cambio.
Finalmente, al analizar esta compleja
cuestión, no sólo debemos utilizar la razón simple y llana, sino que es indispensable
tener sensibilidad y hacer un ejercicio de empatía, de colocarnos en la persona de la
víctima, de saber que existe la posibilidad de que el día de mañana pudieran ser
nuestras hijas o hijos quienes sufrieran este flagelo, de tratar de vivenciar el
sufrimiento de un hijo al ver que golpean a su madre o de experimentar el trauma emocional
de una niña, niño o joven que sufre una agresión física, sexual o sicoemocional por un
pariente.
Código Civil
Como se ha expuesto, la violencia
familiar es un fenómeno social que atenta en contra de la propia estructura de la familia
y, por tanto, resulta indispensable combatirla en todas sus formas.
En tal virtud, resulta necesario
proponer diversas adecuaciones a la legislación sustantiva en materia civil, para atender
la problemática generada por ese tipo de conductas en las distintas instituciones
familiares previstas en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para
toda la República en Materia Federal.
Al respecto, se propone adicionar al
Título Sexto del Libro Primero del Código Civil, un Capítulo III denominado "de la
Violencia Familiar". De proceder este planteamiento, también sería necesario
modificar la denominación del referido Título Sexto, para que se llame "del
Parentesco, de los Alimentos y de la Violencia Familiar".
En dicho Capítulo III se precisaría,
mediante el artículo 323-bis, el derecho de todo individuo a que se le respete su
integridad física y síquica por parte del resto de los miembros de su familia. En tanto
que, en el artículo 323-ter, se incluirían tanto la obligación que tienen los
integrantes de la familia de evitar conductas que generen violencia familiar como la
definición civil de violencia familiar.
Por su atención, gracias.
Tiene la palabra la diputada
Patricia Espinosa Torres, del Partido Acción Nacional.
| La diputada
Patricia Espinosa Torres: |
Con la venia de la Presidencia;
legisladores:
Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal
Con motivo de las reformas propuestas
al ordenamiento sustantivo en materia civil, se considera necesario plantear algunas
adecuaciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, con la
finalidad de que los conflictos generados por la violencia familiar cuenten con
procedimientos ágiles y medidas precautorias suficientes para hacer cesar esas
agresiones.
En este contexto, se propone reformar
el artículo 208, a fin de que al conocer de la separación de personas como actos
prejudiciales, los jueces tomen en cuenta los dictámenes y opiniones que hubieren
realizado las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de asuntos
relacionados con la violencia familiar.
En este mismo contexto, la iniciativa
pretende que las acciones contenidas en el capítulo de separación de personas y también
como acto prejudicial, puedan ser ejercidas por quienes viven en concubinato, siempre y
cuando tengan domicilio común con las mismas características del domicilio conyugal; en
ese sentido, se propone la reforma del artículo 216.
Por otra parte, en la iniciativa se
propone la reforma del artículo 941, a fin de que los jueces de lo familiar tengan
competencia para resolver los conflictos derivados de la violencia familiar.
La iniciativa también se plantea
modificar el artículo 942 de este ordenamiento, a efecto de que los conflictos generados
con motivo de la violencia familiar sean resueltos en la vía de controversia familiar y
de que se aclare que dicha vía no es procedente para los casos de divorcio ni de pérdida
de la patria potestad, los cuales deberán continuar tramitándose en la vía ordinaria.
En el mismo artículo 492, se propone
el establecimiento de las reglas que deberán observar los jueces de lo familiar al
desahogar los procedimientos que en vía de controversia familiar conozcan y cuya causa
sea la violencia familiar. Entre dichas reglas, destacan que el juez propiciará, en
audiencia privada, la adopción por parte de los propios involucrados de las medidas
necesarias para hacer cesar la violencia familiar y que en esa misma audiencia y si los
involucrados no logran llegar a un acuerdo, el juez, escuchando al Ministerio Público y
verificando el contenido de los informes elaborados por las instituciones públicas o
privadas que hubieren intervenido en el conflicto, quedaría facultado para tomar las
medidas necesarias para hacer cesar la violencia familiar, hasta en tanto resuelve la
controversia en definitiva.
A su vez, se plantea la pertinencia de
reformar el artículo 945, para que los jueces de lo familiar estén obligados a
cerciorarse de la veracidad de los hechos que se sometan a su consideración y de
valorarlos personalmente o con el auxilio de las instituciones especializadas en la
materia.
Código Penal
En el ámbito del derecho penal, por
considerar la gravedad que para nuestra sociedad tienen diversas conductas de violencia en
el núcleo fundamental de convivencia, se plantean diversas modificaciones al Código
Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en
Materia de Fuero Federal.
Al efecto, se propone reformar la
fracción II del artículo 30, relativo a la reparación del daño, para que el
responsable de ilícitos penales contra la libertad y el normal desarrollo sicosexual y de
violencia familiar, también pague los tratamientos sicoterapéuticos que requiera la
víctima, cuando así sea necesario.
Con relación al delito de corrupción
de menores e incapaces, previsto en el artículo 203, se plantea ampliar el universo de
sujetos activos y el incremento de la pena. Esto obedece a que se ha observado que no son
sólo el ascendiente, el padrastro o la madrastra quienes están en posición de
privilegio para cometerlo, sino que se comprende a otros parientes y a quienes no
guardando ningún parentesco, conviven en el mismo domicilio. Asimismo, el ofendido no
sólo puede ser el menor, sino también un incapaz.
En los artículos 260 y 261 relativos
al abuso sexual, se propone agravar la penalidad, en función del daño social y personal
que originan su comisión, así como para establecer una escala punitiva acorde con el
planteamiento de señalar la violencia familiar como delito.
De acuerdo con la legislación actual,
en la violación, la cópula se produce con violencia y ausencia de consentimiento, sin
limitarse a la cópula por la vía idónea entre mujer y hombre. El bien jurídico
protegido es la libertad sexual. La ley tutela la facultad de cualquier sujeto para elegir
la ejecución o abstención de la cópula. El texto vigente debería ser suficiente para
que fuera posible imponer sanciones a quien cometa una violación en la persona a la que
está unida en matrimonio, concubinato o tenga relaciones de pareja; sin embargo, por
estereotipos culturales y criterios contradictorios en la jurisprudencia, se ha
interpretado que no existe violación en los casos en que el sujeto activo sea el
cónyuge. En el caso del matrimonio, se ha sostenido que este tipo de conducta no
configura el delito de violación, sino el de ejercicio indebido de un derecho propio.
Toda vez que el ser humano tiene
derecho de copular con la persona que libremente elija y de abstenerse cuando así lo
desee, en el supuesto en que la esposa, concubina o pareja se negara a tener relaciones
sexuales, la otra parte únicamente esta facultada, según el caso, para recurrir a los
tribunales a demandar el divorcio o separarse voluntariamente. De aceptarse el criterio
judicial, no sólo se legitima implícitamente el ejercicio de la violencia entre
cónyuges, sino que otorgan validez implícita a un supuesto derecho de débito carnal,
que en la actualidad es inexistente en la legislación.
Además, el derecho de cohabitación
que mencionan los criterios judiciales, es negado por el artículo 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalarse la igualdad de la mujer y del
varón y el artículo 17 del mismo ordenamiento, al prescribirse que ninguna persona
podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Adicionalmente, la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en junio de 1993, en la que se
adoptó una declaración y un programa de acción, se reafirmó que los derechos humanos
de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos
humanos universales y que la violencia y todas las formas de acoso y explotación
sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional
de personas, son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y, por
tanto, deben ser eliminadas. Asimismo, en la citada IV Conferencia Mundial sobre la Mujer,
se reafirmó que la libertad de procrear incluye la libertad para decidir hacerlo o no
hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.
Para evitar interpretaciones
equívocas y ratificar que en estos casos el bien jurídico tutelado es la libertad
sexual, proponemos que se reforme el artículo 265, para quedar como sigue: "al que
por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo,
se le impondrá prisión de ocho a 14 años".
"Si la víctima fuere esposa o
concubina, además de la pena prevista en el párrafo anterior, perderá el derecho a
alimentos que le correspondieran por su relación con la ofendida."
Muchas gracias.
Continúa con el uso de la
palabra la diputada Martha Dalia Gastelum, del Partido de la Revolución Democrática.
| La diputada
Martha Dalia Gastelum Valenzuela: |
Muchas gracias, señora
Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Quisiera permitirme recordar que el
día de hoy en la mañana, en un acto sin precedentes, nos reunimos legisladoras, y por
cierto un legislador de la Comisión de Equidad y Género, ¡bravo!, nos reunimos con el
Presidente de la República para firmar juntos esta iniciativa que hoy estamos presentando
en este pleno.
Esto es una cuestión, es un hecho,
sin lugar a dudas histórico, no tanto porque hayamos convergido todas las mujeres de los
distintos partidos políticos con el Ejecutivo Federal, sino por el tema que aborda esta
iniciativa de ley, que viene a dar un cambio sustancial al tratamiento legal que se le ha
dado a la violencia intrafamiliar.
Me voy a permitir continuar con el
capítulo de violencia sexual, que la compañera que me antecedió dejó aquí en la mesa.
"Para los efectos de este
artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la
víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.
Se sancionará con prisión de ocho a
14 años, al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento
distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el
sexo del ofendido."
Con esta nueva redacción se mantiene
la misma pena de prisión para todos los casos, pero se le impone al delincuente la
pérdida del derecho a alimentos que le correspondieran por su relación de matrimonio o
concubinato con la víctima. Con esto se complementa la protección de esta última, sin
demérito de que con base en la propuesta de adicionar una fracción XIX al artículo 1316
del Código Civil, el sujeto activo resultaría incapaz de heredar bienes o derechos de la
ofendida.
También se propone reformar la
penalidad del último párrafo del mismo artículo, aumentándola para que sea de ocho a
14 años de prisión, igual que en el primer párrafo, porque no existe ninguna razón
para que sea menor la pena, cuando se introduzca, por vía vaginal o anal, cualquier
elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o
moral, sea cual fuere el sexo de la víctima.
Por otra parte, se plantea reformar el
artículo 266, relativo a los delitos que se equiparan a la violación, a fin de agregar
una fracción III en la que se contemple el supuesto para punir a quien con fines lascivos
y sin violencia, introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento
distinto del miembro viril a una persona menor de 12 años de edad o persona que no tenga
capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda
resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima.
Adicionalmente si se ejerciera
violencia física o moral en cualquiera de las conductas que regula este artículo, el
mínimo y el máximo de la pena se aumentará en una mitad.
Para ir en concordancia con la
sanción de los delitos cometidos por algún pariente en el seno familiar con base en la
proximidad y ventaja del sujeto activo por vivir en el mismo domicilio del ofendido,
independientemente del parentesco, se propone adicionar un párrafo al artículo 282,
correspondiente al delito de amenazas. La adición se ubicaría después de la fracción
II, para aumentar la pena en una tercera parte de su mínimo y en su máximo cuando el
victimario sea una de las personas señaladas en el artículo 343-bis y 343-ter cuya
creación se propone en esta iniciativa. En el mismo supuesto se encuentra la
modificación planteada al artículo 300, relativo al tipo de lesiones, con excepción de
los casos en que se tipifique el delito de violencia familiar. A su vez, por razones
homólogas, se adiciona un tercer párrafo al artículo 350, referente al delito de
difamación.
Por otra parte, se propone derogar el
artículo 310 de este ordenamiento, toda vez que estimamos injustificada esta atenuante
específica y menos tratándose de homicidio o lesiones causadas en el interior de la
familia o las personas que convivan en el mismo domicilio. Si el sujeto activo no actuó
con dolo, corresponderá en cada caso probar la acción culposa y tratar de obtener una
pena en consecuencia.
De particular importancia consideramos
la propuesta de adicionar un Capítulo VIII al Título Decimonoveno del Libro Segundo de
la Legislación Penal Sustantiva, que se denominaría "violencia familiar",
integrado por los artículos 343-bis, 343-ter y 343-quáter.
El planteamiento de los artículos
343-bis y 343-ter entraña considerar como bien jurídico a tutelar, la convivencia
armónica en la familia, incluidas aquellas personas que por cohabitar en ese ámbito
asimilan sus vínculos a los familiares, las relaciones de respeto en ese núcleo y la
dignidad de todos sus integrantes.
Se consideró pertinente elaborar una
definición de violencia familiar que retome parte de nuestra tradición normativa,
doctrinal y jurisprudencial, al señalar a la fuerza física o moral como elementos para
integrar al tipo penal. Así, en el artículo 343-bis, se dispone que bajo el nombre de
violencia familiar se comprende el uso de la fuerza física o moral de manera recurrente,
en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma y que atente contra
la integridad física, síquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no
lesiones.
Tanto el uso de la fuerza física como
moral deberán significar un patrón de conducta reiterado. El uso de la fuerza física
implica que el sujeto activo comete una agresión dolosa cuando utilice alguna parte del
cuerpo, algún objeto, arma o sustancia que atenten contra la integridad física, síquica
o ambas de la víctima.
El uso de la fuerza moral consistirá
en la realización de actos que deshonren, desacrediten, menosprecien el valor personal,
devalúen a la víctima o la limiten irrazonablemente al acceso y manejo de los bienes
comunes. Asimismo, se incluyen los chantajes, la vigilancia constante, el aislamiento, la
privación de acceso a la alimentación, las agresiones verbales, las amenazas de privar
de la custodia de los hijos, la destrucción de objetos apreciados por la persona, las
injurias o el silencio intimidante, entre otros.
Las acciones y omisiones que producen
la integración del tipo implican la recurrencia de la fuerza física o moral que atenten
contra la integridad síquica, física o ambas. Es decir, si se produce una sola conducta,
por muy grave que pudiera ser la lesión o el trastorno sicológico no se integraría el
tipo de violencia familiar.
Ahora bien, cuando en el decurso de
conductas reiteradas de agresión física o síquica se produce una lesión, es factible
que se integren tanto este último delito por la afectación a la salud que causó un
golpe individual y específico, como el tipo de violencia familiar, si ese maltrato se
inscribe, como se refiere, en una secuela de actos recurrentes que impliquen agresiones
físicas o síquicas anteriores. Generalmente, el delito de violencia familiar implicará
tanto el maltrato físico como el sicológico, pero nada impide que se den separados.
La violencia familiar se integra
siempre y cuando se cometa en agravio de personas que guarden una relación de parentesco
o que convivan en un mismo domicilio. En ese sentido, se contempla en las conductas
punibles de esta naturaleza, no sólo a las que se produzcan en la relación de pareja
unida en matrimonio; sino fuera de él, dada la incidencia de estos conflictos entre
parejas y los miembros de las familias de cada uno de ellos. De manera equivalente, se
consideró incorporar a otras personas que estén sujetas a custodia, guarda, educación,
instrucción o cuidado, en defensa de los derechos de quienes por cualquiera de los
motivos anteriores dependan del sujeto activo.
Por lo que hace a la imposición de la
sanción, planteamos que sea relevante dada la relación de parentesco o convivencia entre
los sujetos activo y pasivo. Aún y cuando se reconoce que el empleo de la pena privativa
de libertad es un recurso extremo, consideramos importante el desaliento de esta conducta
grave por medio de la prevención general. Adicionalmente, debemos tener presente que no
es la única instancia que regula esta conducta. Las víctimas, potestativamente, primero
pueden acudir a las autoridades administrativas, de conformidad con la Ley de Asistencia y
Prevención de la Violencia Intrafamiliar; en un segundo grado, pueden promover en el
ámbito del derecho civil y, para los casos extremos, querellarse o denunciar en materia
penal. Por las anteriores razones, se establece para este delito y su equiparado, una pena
de prisión de seis meses a seis años y la suspensión de los derechos a alimentos, lo
que permitirá al juez valorar la gravedad de las conductas y evitar que se conceda al
inculpado la libertad sin caución alguna, según dispone el artículo 133-bis del Código
de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Mi compañera del Partido
Revolucionario Institucional proseguirá con esta exposición de motivos y entregará a la
mesa.
Muchas gracias.
Para concluir con la
presentación de esta iniciativa de ley, tiene el uso de la palabra la diputada Enoé
González Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional.
| La diputada
Enoé González Cabrera: |
Con su permiso, señora
Presidenta; señoras y señores legisladores:
También se plantea, en beneficio de
la víctima y para que cese el clima de violencia imperante en el hogar, que el Ministerio
Público imponga al probable responsable medidas precautorias o de seguridad, las cuales
consistirían en la prohibición de ir a lugar determinado, caución de no ofender o las
que considere necesarias para salvaguardar la integridad física o sicológica de la
víctima. En tanto que a la autoridad administrativa correspondería vigilar el
cumplimiento de estas medidas. Posteriormente, si la averiguación previa concluye con el
ejercicio de la acción penal, el juez de la causa, tomando en cuenta los mismos
intereses, podría ratificar o modificar estas medidas.
Como requisito de procedibilidad, se
plantea establecer que, salvo el caso de menores o incapaces, los delitos se perseguirán
por querella de la parte ofendida. La denuncia es necesaria en caso de menores o
incapaces, en virtud de que éstos no tienen la maduración o conciencia necesaria para
conducirse por sí mismos, circunstancia que demanda la intervención directa de la
representación social.
Se considera que por la agresividad
del culpable del delito de violencia familiar y su equiparable, quien reincida en estas
conductas merece una sanción agravada y, por lo cual, se propone aumentar la pena en una
tercera parte y decretar la pérdida del derecho a alimentos con respecto de la víctima.
Por otra parte, se señala en la iniciativa que, como al cometerse este delito también
pueden acreditarse los elementos que integran otros tipos penales, se aplicarían las
reglas de concurso.
Otra manifestación de la violencia
familiar se presenta al momento en que algún pariente de un menor, impide que la madre o
el padre que ejerce patria potestad sobre sus hijos convivan con ellos o los visiten,
cuando sin la autorización de quien deba darla, varían el lugar donde vive el menor, con
lo que impiden el contacto o relación entre alguno de los progenitores con sus hijos.
Existe un número importante de casos en que algún ascendiente o pariente consanguíneo
colateral hasta el cuarto grado, en una acción de abuso de poder, toma al menor, lo
cambia de domicilio y la madre o el padre quedan en imposibilidad de volver a ver a sus
hijos. Consideramos que estas acciones son graves porque desintegran los vínculos que
pudieran subsistir entre padres e hijos, con lo que se afecta aún más la relación
familiar.
Debemos tener muy claro que los
conflictos que se dan entre el padre y la madre no justifican, mientras no se resuelva
judicialmente la pérdida de la patria potestad, la terminación de la relación
paterno-filial. En estos casos, el poder público está obligado a proteger el interés
superior del menor y el del ofendido. Por eso se propone adicionar un artículo
366-quáter en el Título Vigesimoprimero del Libro Segundo de este ordenamiento,
denominado "De la privación ilegal de la libertad y de otras garantías". En
esta disposición se señalaría que cuando el ascendiente sin limitación de grado o
pariente consanguíneo colateral hasta el cuarto grado de un menor de edad, lo sustraiga o
cambie del domicilio donde habitualmente resida, lo retenga o impida que regrese al mismo,
sin autorización de quienes ejercen la patria potestad, entendiéndose que se necesita la
autorización de todos los que ejercen este derecho aunque no se tenga la custodia y no
permita que el padre o la madre convivan o visiten al menor, procederán una pena de uno a
tres años de prisión y de 30 a 300 días multa. En este contexto, sólo lo podrían
cambiar de domicilio o impedir que regrese al mismo, de manera unilateral, cuando exista
resolución de autoridad competente.
Código de Procedimientos Penales para
el Distrito Federal
Por lo que se refiere a la
legislación penal adjetiva, se propone establecer en el artículo 115 del ordenamiento
inmediatamente citado, una regla particular para integrar los elementos de la conducta
típica de violencia familiar, tal y como ocurre con otros delitos, ya que se trataría de
una conducta nueva en el derecho penal y de gran relevancia para la sociedad. La propuesta
consiste en facilitarle al agente del Ministerio Público los elementos suficientes para
comprobar la conducta típica, así como para probar el empleo de la fuerza física o
moral.
Esta propuesta incluye la posibilidad
de que las instituciones especializadas en violencia familiar legalmente constituidas,
colaboren en calidad de peritos, como ya ocurre en algunas entidades de la República
Mexicana y en otros países. El propósito fundamental es reconocer la necesaria
intervención de expertos en el conocimiento de ciclo de la violencia familiar y sus
secuelas, así como ayudar al diagnóstico de sus efectos. Acudir a organizaciones
especializadas evitará la improvisación de peritos y coadyuvará a que los trabajos en
esta área se lleven a cabo con profesionalismo.
En virtud de lo expuesto y con
fundamento en lo señalado por las fracciones I y II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, ciudadanos
secretarios, sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la
presente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del
Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en
Materia Federal; del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; del
Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la
República en Materia de Fuero Federal y del Código de Procedimientos Penales para el
Distrito Federal.
Señora Presidenta: en virtud de que
el acuerdo de las legisladoras de la Comisión de Equidad y Género fue referirnos
exclusivamente a la exposición de motivos de esta iniciativa, solicitamos que la
Secretaría dé lectura al articulado de la misma.
Asimismo solicito que en adición a la
propuesta de la diputada O'Farrill, esta iniciativa se turne en comisiones unidas
adicionalmente a las comisiones de Justicia y del Distrito Federal y a la Comisión de
Equidad y Género.
Señora Presidenta, compañeros
diputados: las legisladoras de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, celebramos
la presentación de esta iniciativa de ley, que ya ha logrado los más altos consensos y
que juntas con las legisladoras del Senado de la República, firmamos hoy por la mañana,
con el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.
Sí, las legisladoras federales de
México hoy estamos de plácemes, pues hemos dado el primer paso para dotar a las familias
de México, que hoy experimentan de la nociva y aniquiladora en sus casas, con
instrumentos jurídicos válidos para que ésta, la violencia intrafamiliar, se retire de
los hogares en donde hoy reina. Sí, hemos dado el primer paso y estamos profundamente
decididas a dar los subsiguientes.
Muchas gracias.
Se instruye a la Oficialía
Mayor, para que se reproduzca y reparta copia de la iniciativa presentada a todos los
diputados.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fundamento en el artículo 71
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en base
a lo que determina la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, me permito enviar a ustedes:
Iniciativa de decreto que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en
Materia Común y para toda la República en Materia Federal; del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal; del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de
Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y del Código de
Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Reitero a ustedes en esta oportunidad,
las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 6 de noviembre de
1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En forma conjunta, el Ejecutivo
Federal y las diputadas y senadoras al honorable Congreso de la Unión, que suscribimos,
sometemos a la consideración de esa soberanía, la presente iniciativa de decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito
Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal; del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; del Código Penal para el Distrito
Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y
del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Esta iniciativa es producto del
trabajo conjunto de sociedad y Gobierno. En el ámbito de su concepción y planteamientos,
justo es reconocer el esfuerzo del grupo plural Pro-Víctimas, AC, el cual desde hace
años ha hecho tareas en favor de la sensibilización de los problemas de la violencia
familiar, la difusión de elementos para su prevención y atención, la elaboración de
propuestas tendientes a su solución y la articulación de consensos en la comunidad para
avanzar en propuestas como las que contiene este proyecto de reformas al orden jurídico
vigente.
Resulta indudable que la familia es la
institución básica de la sociedad. En ella no sólo tiene lugar una serie de procesos
cruciales para la permanencia social, sino que constituye un medio privilegiado para el
crecimiento y desarrollo de sus miembros. Todos tenemos derecho a una vida libre de
violencia, a vivir en forma digna y a convivir sanamente para alentar el pleno
desenvolvimiento de nuestras potencialidades. Como seres humanos y como mexicanos tenemos
que formar mujeres y hombres pensantes y libres, en ambientes donde no existan relaciones
de sumisión y subordinación, sino de coordinación armónicas. Nadie puede sostener que
natural o jurídicamente exista un derecho de propiedad entre las personas, mucho menos un
derecho de propiedad de los padres sobre los hijos o del marido sobre la mujer. La familia
es y ha de ser espacio para que sus miembros se desarrollen a cabalidad como seres
humanos, siendo la violencia, en el núcleo familiar, un elemento deteriorante e incluso
destructivo de su unidad esencial.
A nuestro juicio, la violencia en la
familia es un asunto que debe abordarse desde distintos frentes. Esta premisa ha sido
destacada por diversos grupos de mujeres interesadas en su atención y superación desde
hace más de 20 años, al crear los primeros espacios para el diagnóstico y tratamiento
del problema.
Recientemente, la mayoría de los
gobiernos del mundo han incrementado su reconocimiento sobre la gravedad de esta modalidad
de violencia, ubicándola como una cuestión que atañe a la sociedad por sus graves
repercusiones para el desarrollo y la convivencia en comunidad. Nuestro país sigue esta
tendencia. Muestra de ello son los esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales que se
realizan para entender los diversos aspectos de este tipo de comportamiento que atenta
contra la familia y propone medidas para prevenirlo y erradicarlo.
Por convicción, en el ámbito
internacional, el Estado mexicano se ha comprometido a adoptar medidas contra la violencia
que se ejerce en detrimento de las mujeres y de los menores. Al efecto, sostenemos que las
previsiones legislativas son la base o el eje para poder aplicar eficazmente tales
medidas, pues ahí se sustentarán o derivarán políticas públicas de mayor relevancia
práctica para enfrentar el problema.
Como Estado, parte de la Convención
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, firmada en
1980 y ratificada por nuestro país en 1981, México asumió el compromiso de modificar o
derogar los instrumentos normativos que constituyeran cualquier clase de discriminación
hacia la mujer y atentaran contra su pleno desarrollo.
Durante la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer, realizada por la comunidad mundial agrupada en la Organización de las
Naciones Unidas en Pekín, República Popular China en septiembre de 1995, el tema de la
violencia contra las mujeres abarcó las formas en que se produce y contempló tanto la
reflexión sobre estrategias como la adopción de recomendaciones para los gobiernos de
los países participantes. Estas incluyen el impulso de nuevos textos legales o reformas a
los ya existentes, con objeto de fortalecer medidas preventivas ante los fenómenos de
violencia contra las mujeres y sancionar esa conducta.
Como país miembro de la Organización
de los Estados Americanos, México suscribió la "Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer" (Convención De Belém
Do Pará), donde de manera contundente se exhorta a los países a crear o, en su caso, a
modificar todos los instrumentos legales y mecanismos necesarios para erradicar y detener
la violencia contra las mujeres, incluyéndose, por supuesto, la violencia que en su
perjuicio pudiera ejercerse dentro del hogar. Cabe destacar que, en el mes de noviembre de
1996, el Senado de la República aprobó esta convención en los términos del artículo
133 de la Ley Fundamental de la República, propiciándose su elevación a rango de ley en
nuestro país. Este pacto regional resulta fundamental para orientar la acción de las
instituciones públicas y de la sociedad, a fin de abatir la violencia familiar en el
ámbito nacional, sin demérito de su incidencia para combatir otras modalidades de
ejercicio de violencia en nuestra convivencia social, al propiciarse un entorno libre de
agresiones físicas o síquicas en el núcleo social básico.
Por otra parte, en el caso de los
menores, desde 1990 nuestro orden normativo abarca las previsiones de la Convención sobre
los Derechos del Niño y de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores; ambos instrumentos reconocen y enuncian la necesidad de
proporcionar una protección especial a los menores.
En el ámbito nacional, el Plan
Nacional de Desarrollo 1995-2000 considera que la violencia contra las mujeres conculca
sus derechos y obstaculiza el ejercicio pleno de su ciudadanía, por lo que el Gobierno de
la República asume el compromiso de promover reformas para tipificar la violencia
familiar.
De igual manera, el Programa Nacional
de la Mujer "Alianza para la Igualdad" establece que la violencia contra la
mujer atenta contra sus derechos, su integridad y su dignidad como persona, sin dejar de
mencionar que puede inhibir su desarrollo e incluso provocarle daños irreversibles. En
este sentido, considera como prioridad la prevención y erradicación de las agresiones
físicas o síquicas que se produzcan en agravio de las mujeres, cualquiera que sea su
forma de expresión e impulsa medidas que contribuyan a hacer visible este problema
social, comprendiéndose en este esfuerzo la promoción de iniciativas de reformas a la
legislación penal para tipificar y castigar con mayor rigor los delitos contra la
integridad física y moral de las mujeres.
Como parte de esta tendencia, en el
mes de abril de 1996 y en atención a los referidos compromisos establecidos en esta
materia, la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal aprobó la Ley de
Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar. Con este instrumento jurídico,
las personas víctimas de violencia intrafamiliar cuentan con opciones de carácter
administrativo para llegar a la conciliación o para lograr la protección de su
integridad a través de un sistema de medidas y sanciones que funcionan como una primera
fase o nivel de atención, apoyada normativa e institucionalmente, para evitar el
deterioro de las relaciones familiares.
Por otro lado, es conocido el estudio
elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos denominado: "Cotejo de las
Normas Federales y de los Estados con la Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de los Derechos del
Niño", con objeto de alentar la modificación del marco legislativo Federal y de las
entidades federativas para lograr la eliminación de todo precepto que implique
discriminación, segregación o desventaja para las mujeres, en particular aquellas
disposiciones que toleren la violencia.
En el ámbito público, tanto la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia han sido instituciones que debido a su trabajo tienen
contacto cotidiano con las víctimas de la violencia familiar. Por ello, han propuesto
medidas tendientes a sancionar y prevenir este fenómeno. Así, en coordinación con el
Departamento del Distrito Federal y con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal se han creado, entre otros, el Albergue Temporal para Mujeres Víctimas
de Violencia Familiar y algunas unidades delegacionales de atención a la violencia
familiar.
A pesar de que la información sobre
los problemas de violencia familiar no se recoge a través de mecanismos que permitieran
precisar la incidencia real de estos fenómenos en nuestra sociedad, podemos señalar que
en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), creado en 1990 y
dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se han atendido,
hasta el 15 de octubre del año en curso, un total de 108 mil 392 personas, de las cuales
el 85% han sido del sexo femenino y el resto corresponde a menores.
La Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal cuenta con un albergue temporal que recibe a los menores que son
víctimas de ilícitos en su agravio, cometidos en el entorno familiar. A estas
instalaciones han ingresado, desde su creación 8 mil 770 menores, en su mayoría
víctimas de distintas manifestaciones de violencia familiar. Es pertinente señalar que
el Programa DIF-PREMAN también atiende a esta población; en el presente año recibió 2
mil 702 denuncias por maltrato al menor, acreditándose que en 1 mil 714 casos existió
maltrato físico, sicológico o sexual. En el caso de incapacitados o senectos la
desprotección es aún mayor.
Para conocer la opinión que la
sociedad tiene con respecto a la violencia en la familia, la Asociación Mexicana Contra
la Violencia hacia las Mujeres, AC (COVAC), integrante del Grupo Plural Pro-Víctimas, AC,
llevó a cabo una encuesta en nueve ciudades de nuestro país, en la que se destacan, en
relación con la Ciudad de México, los datos siguientes:
Los miembros de la familia que con
mayor frecuencia son maltratados física y emocionalmente, son los niños en un 82% y la
madre en un 26%.
El 98% de los encuestados considera
que el maltrato físico o emocional es una conducta violenta que debe ser castigada por la
ley.
Ahora bien, de los resultados globales
de las nueve ciudades encuestadas, se observó que:
De las personas entrevistadas, el 21%
tiene conocimiento de alguna persona maltratada.
Los niños son quienes en mayor medida
son objeto de maltrato, con una incidencia del 82%.
El 94% de los entrevistados consideran
la necesidad de contar con albergues.
El 88% de los encuestados estima
importante que existan mejores leyes para proteger a la familia de las lesiones y
comportamientos violentos, así como que la violencia en la familia se tipifique como
delito.
El 72% indica como importante que las
personas que maltraten a un miembro de su familia deben ser castigados por la ley.
El 80% de los entrevistados señala
que los actos de violencia hacia cualquier miembro de la familia son un delito que se debe
castigar.
Toda agresión física, sicológica o
sexual que se produce reiteradamente por cualquiera de los individuos que conforman la
familia en contra de otro miembro de la misma, constituye violencia familiar. Se trata de
un abuso al interior del núcleo familiar que lleva a cabo quien, por razones económicas,
físicas o culturales, tiene una posición de privilegio y por lo cual las mujeres y los
niños son las principales víctimas. Si no se le detiene, tiende a repetirse e
incrementar su intensidad y frecuencia. Este es un problema que se manifiesta en todos los
niveles y clases sociales.
La violencia familiar no puede
considerarse como un asunto que sólo corresponde a la vida privada de las personas. Sus
consecuencias afectan al conjunto familiar, que es el grupo primario y fundamental de
sustento a nuestra sociedad y se extienden a todo el complejo social. Esa violencia al
interior del núcleo básico de convivencia humana genera focos de agresión que se pueden
transformar en conductas antisociales fuera de este ámbito. Se ha comprobado que niñas y
niños que provienen de hogares con problemas de violencia, reproducen las mismas
actitudes y conductas de sus padres, así como que la violencia entre cónyuges afecta a
los hijos. Si no atacamos la agresión en el interior de la familia, formaremos mexicanos
con baja autoestima y con problemas sicológicos y emocionales, que impedirán su pleno
desarrollo humano y laboral, lo que, en última instancia, frena el crecimiento de nuestro
país.
La presente iniciativa persigue tres
objetivos fundamentales: disuadir y castigar las conductas que generen violencia familiar;
establecer medidas de protección a favor de las víctimas de este fenómeno y
concientizar a la población del problema, al tiempo de propiciar que las autoridades
desarrollen políticas públicas para prevenir, combatir y erradicar esas conductas.
Estamos frente a una de las situaciones en que el derecho se ha de convertir en el
principal agente de cambio.
Finalmente, al analizar esta compleja
cuestión, no sólo debemos utilizar la razón simple y llana, sino que es indispensable
tener sensibilidad y colocarnos en la persona de la víctima, saber que existe la
posibilidad de que el día de mañana pudieran ser nuestras hijas o hijos quienes
sufrieran este flagelo imaginar el sufrimiento de un hijo al ver que golpean a su madre o
de experimentar el trauma emocional de una niña, niño o joven que sufre una agresión
física, sexual o sicoemocional por un pariente.
Código Civil
Como se ha expuesto, la violencia
familiar es un fenómeno social que atenta en contra de la propia estructura de la familia
y, por tanto, resulta indispensable combatirla en todas sus formas.
En tal virtud, resulta necesario
proponer diversas adecuaciones a la legislación sustantiva en materia civil, para atender
la problemática generada por ese tipo de conductas en las distintas instituciones
familiares, previstas en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y
para toda la República en Materia Federal.
Al respecto, se propone adicionar al
Título Sexto del Libro Primero del Código Civil, un Capítulo III denominado "de la
violencia familiar". De proceder este planteamiento, también sería necesario
modificar la denominación del referido Título Sexto, para que se llame "del
parentesco, de los alimentos y de la violencia familiar".
En dicho Capítulo III se precisaría,
mediante el artículo 323-bis, el derecho de todo individuo a que se le respete su
integridad física y síquica por parte del resto de los miembros de su familia. En tanto
que, en el artículo 323 ter, se incluirían tanto la obligación que tienen los
integrantes de la familia, de evitar conductas que generen violencia familiar, como la
definición civil de violencia familiar.
Para tal efecto, se entendería por
violencia familiar, el "uso de la fuerza física o moral de manera reiterada en
contra de un miembro de la familia por otro de la misma, que atente contra su integridad
física o síquica, independientemente de que pueda o no producir lesiones; siempre y
cuando el agresor y el agraviado cohabiten en el mismo domicilio y exista una relación de
parentesco, matrimonio o concubinato".
Ahora bien, para que tengan plena
vigencia en la convivencia cotidiana los preceptos que integrarían al capítulo
propuesto, en materia de violencia familiar, se requiere de otras reformas que establezcan
mecanismos para prevenir y resolver los conflictos derivados de ese fenómeno,
guardándose la congruencia y consistencia con cada una de las instituciones familiares
previstas en nuestra legislación civil.
Para contribuir a erradicar los casos
de violencia familiar dentro del matrimonio, se propone a ese honorable Congreso, la
adición de una fracción XIX al artículo 267 del Código Civil, en la cual ese tipo de
comportamientos constituiría, en sí misma, una causal de divorcio. Sin embargo, cabe
señalar que no se trataría únicamente de los actos de violencia entre cónyuges sino
que, además, podría invocarse como causal de divorcio el incumplimiento del cónyuge,
generador de la violencia familiar a las determinaciones administrativas o judiciales que
se hubieren emitido, para corregir sus actos de agresión física o síquica en contra de
sus hijos.
Esta propuesta de reforma sería
complementada con la modificación que se plantea al artículo 282 del propio Código
Civil, a fin de que los jueces que conozcan de los juicios de divorcio, puedan ordenar,
como medidas provisionales, la prohibición de ir a un lugar determinado, así como las
demás previsiones que sean necesarias para hacer cesar los actos de violencia familiar,
considerando el interés de quien sufra dicha violencia en tanto dure el proceso.
En este mismo sentido, de aprobarse la
iniciativa, se establecería en el artículo 283 del ordenamiento que nos atañe, la
obligación de los jueces de escuchar a los progenitores y a los menores antes de dictar
las sentencias en los juicios de divorcios. Lo anterior, con el objeto de que el juzgador
cuente con mayores elementos para decidir lo que más convenga al interés superior de los
menores y en su caso, tomar las medidas necesarias para protegerlos contra actos de
violencia familiar.
En lo referente a la institución de
la patria potestad, la iniciativa prevé adecuar, en el artículo 411, la disposición de
los hijos de honrar y respetar a sus ascendientes, por la obligación de respeto y
consideración mutuas entre ascendientes y descendientes. Este planteamiento viene a ser
congruente con el derecho de respeto a la integridad física y síquica de todos los
miembros de la familia, que orienta al conjunto de la iniciativa.
Con la propuesta de reforma al
artículo 414, se pretende establecer las reglas para determinar a quién corresponde el
ejercicio de la patria potestad. Al respecto, se plantea hablar en general de los hijos,
sin hacer distinción respecto de los hijos de matrimonio. Para ello, dicho texto
recogería, en lo sustancial, las disposiciones de los actuales artículos 416 y 418. De
aprobarse esta modificación, sería necesario derogar el artículo 415, cuyo contenido
quedaría sin materia.
Por su parte, en el artículo 416 se
establecerían las reglas para el ejercicio de la patria potestad en los casos en que los
padres estuvieren separados, estableciéndose que dicho ejercicio se deberá ajustar a las
modalidades que se convengan entre los padres o bien, a las que se determinen por
resolución judicial. En este precepto se aclararía que la separación no extingue las
responsabilidades en materia de alimentos de quienes ejercen la patria potestad, ni
tampoco una limitación a su derecho de convivencia con los menores.
Una innovación importante está
constituida por el texto propuesto para el artículo 417, ya que en dicha disposición se
precisaría el derecho de convivencia de los menores con sus ascendientes. Este derecho,
entendido como el conjunto de relaciones personales entre el menor y sus padres, no podrá
impedirse, sino por causa justa y mediante declaración judicial.
Por otra parte, se plantea actuar
frente a un comportamiento reiterado en nuestro país, consistente en que un número
importante de madres o padres, obligados por circunstancias de índole laboral o de
cualquier otra naturaleza, "encargan" a sus descendientes con familiares o
parientes por periodos prolongados de tiempo. Esta custodia "de hecho" no
implica derechos ni obligaciones, lo que redunda en detrimento del menor. Por ello, en la
iniciativa se propone establecer que cuando por cualquier circunstancia los parientes
queden a cargo del cuidado de un menor, tengan las mismas obligaciones, facultades y
restricciones de los tutores. Además, es importante precisar que quienes ejercen la
patria potestad, respecto de dichos menores no quedan relevados de coadyuvar, con quien
custodie al menor, en todas las obligaciones derivadas.
Con la reforma al artículo 422, la
iniciativa pretende que la obligación de educar convenientemente a los menores no sea
sólo para quienes ejercen la patria potestad, sino que sea extensiva para quienes tengan
la custodia de los menores. A su vez, plantea otorgar atribuciones a la autoridad
administrativa para dar aviso al Ministerio Público del incumplimiento de este deber.
La facultad de corrección de que
disponen quienes ejercen la patria potestad o tengan menores bajo su custodia, prevista en
el artículo 423, ha sido interpretada como la atribución ilimitada de usar cualquier
medio correctivo tendiente a educar a los menores. Desgraciadamente, esta práctica puede
derivar y ha derivado en actos de violencia familiar. Por ello, se estima imprescindible
aclarar en dicho precepto, que la facultad de corregir, de ninguna manera implica que se
puedan infligir actos de fuerza atentatorios contra la integridad física o síquica de
los menores.
Por lo que corresponde a las reformas
planteadas al artículo 444, tienden a aclarar que la patria potestad sólo se pierde
mediante resolución judicial, ya sea que quien la ejerza sea condenado expresamente a
perderla; que esa persona cometa un delito en contra del menor o que sea condenado dos o
más veces por un delito grave, independientemente de quien resulte ser la víctima de
esos ilícitos penales.
En lo referente a la propuesta para
adicionar un artículo 444-bis, obedece a la necesidad de limitar el ejercicio de la
patria potestad, en los casos en que la violencia familiar se cometa en contra del menor.
De las diversas formas en que se puede
presentar la violencia familiar y quizá entre las más graves, están la exposición y el
abandono de menores. Por ello, la iniciativa plantea definir cada una de esas figuras y
permitir que las instituciones encargadas de recibir a los expósitos y abandonados,
puedan actuar de una manera más expedita en lo relativo a su representación. En este
sentido es que en la iniciativa se propone la modificación de los artículos 492, 493 y
494; así como del artículo 1316, este último con el fin de precisar que los
ascendientes que abandonen, prostituyan o corrompan a sus descendientes, quedarán
incapacitados para adquirir por testamento o por intestado respecto de los ofendidos.
De igual manera, se plantea la
adición de una fracción XII al referido artículo 1316, a fin de que quien haya sido
condenado por delito cometido en agravio del autor de la herencia, también quede
incapacitado para adquirir por testamento o intestado del de cujus.
Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal
Con motivo de las reformas propuestas
al ordenamiento sustantivo en materia civil, se considera necesario plantear algunas
adecuaciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, con la
finalidad de que los conflictos generados por la violencia familiar, cuenten con
procedimientos ágiles y medidas precautorias suficientes para hacer cesar esas
agresiones.
En este contexto, se propone reformar
el artículo 208, a fin de que al conocer de la separación de personas como actos
prejudiciales, los jueces tomen en cuenta los dictámenes y opiniones que hubieren
realizado las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de asuntos
relacionados con la violencia familiar.
En este mismo contexto, la iniciativa
pretende que las acciones contenidas en el capítulo de separación de personas y también
como acto prejudicial, puedan ser ejercidas por quienes viven en concubinato, siempre y
cuando tengan domicilio común con las mismas características del domicilio conyugal; en
ese sentido, se propone la reforma del artículo 216.
Por otra parte, en la iniciativa se
propone la reforma del artículo 941, a fin de que los jueces de lo familiar tengan
competencia para resolver los conflictos derivados de la violencia familiar.
La presente iniciativa, también
plantea modificar el artículo 942 de este ordenamiento, a efecto de que los conflictos
generados con motivo de la violencia familiar, sean resueltos en la vía de controversia
familiar y de que se aclare que dicha vía no es procedente para los casos de divorcio ni
de pérdida de la patria potestad, los cuales deberán continuar tramitándose en la vía
ordinaria.
En el mismo artículo 942, se propone
el establecimiento de las reglas que deberán observar los jueces de lo familiar al
desahogar los procedimientos que en vía de controversia familiar conozcan y cuya causa
sea la violencia familiar. Entre dichas reglas, destacan que el juez propiciará, en
audiencia privada, la adopción, por parte de los propios involucrados, de las medidas
necesarias para hacer cesar la violencia familiar y que en esa misma audiencia y si los
involucrados no logran llegar a un acuerdo, el juez, escuchando al Ministerio Público y
verificando el contenido de los informes elaborados por las instituciones públicas o
privadas que hubieren intervenido en el conflicto, quedaría facultado para tomar las
medidas necesarias para hacer cesar la violencia familiar, hasta en tanto resuelve la
controversia en definitiva.
A su vez, se plantea la pertinencia de
reformar el artículo 945, para que los jueces de lo familiar estén obligados a
cerciorarse de la veracidad de los hechos que se sometan a su consideración y de
valorarlos personalmente o con el auxilio de las instituciones especializadas en la
materia.
Código Penal
En el ámbito del derecho penal, por
considerar la gravedad que para nuestra sociedad tienen diversas conductas de violencia en
el núcleo fundamental de convivencia, se plantean diversas modificaciones al Código
Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en
Materia de Fuero Federal.
Al efecto, se propone reformar la
fracción II del artículo 30, relativo a la reparación del daño, para que el
responsable de ilícitos penales contra la libertad y el normal desarrollo sicosexual y de
violencia familiar, también pague los tratamientos sicoterapéuticos que requiera la
víctima, cuando así sea necesario.
En relación con el delito de
corrupción de menores e incapaces, previsto en el artículo 203, se plantea ampliar el
universo de sujetos activos y el incremento de la pena. Esto obedece a que se ha
observado, que no son sólo el ascendiente, el padrastro o la madrastra quienes están en
posición de privilegio para cometerlo, sino que se comprende a otros parientes y a
quienes no guardando ningún parentesco, conviven en el mismo domicilio. Asimismo, el
ofendido no sólo puede ser el menor, sino también un incapaz.
En los artículos 260 y 261 relativos
al abuso sexual, se propone agravar la penalidad, en función del daño social y personal
que origina su comisión, así como para establecer una escala punitiva, acorde con el
planteamiento de tipificar la violencia familiar como delito.
De acuerdo con la legislación
vigente, en la violación, la cópula se produce con violencia y ausencia de
consentimiento, sin limitarse a la cópula por la vía idónea entre hombre y mujer. En
este delito, el bien jurídico protegido es la libertad sexual. El texto vigente debería
ser suficiente para que fuera posible imponer sanciones a quien cometa una violación
contra la persona a la que esté unida en matrimonio, concubinato o tenga relaciones de
pareja; sin embargo, se ha interpretado que no existe violación en los casos en que el
sujeto activo es el cónyuge. En el caso del matrimonio, se ha sostenido que este tipo de
conducta no configura el delito de violación, sino el de ejercicio indebido de un
derecho.
De aceptarse la interpretación
mencionada en el párrafo anterior, no sólo se legitima implícitamente el ejercicio de
la violencia entre cónyuges, sino que se valida un supuesto derecho de débito carnal,
que en la actualidad es inexistente en la legislación.
Adicionalmente, la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en junio de 1993, en la que se
adoptó una declaración y un programa de acción, reafirmó que los derechos humanos de
la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos
humanos universales, que la violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales,
en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de
personas, son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y, por tanto,
deben ser eliminadas.
Para evitar interpretaciones
equívocas y ratificar que en estos casos el bien jurídico tutelado es la libertad
sexual, esta iniciativa propone la reforma al artículo 265, a fin de precisar que la
violación también puede presentarse entre cónyuges y concubinos, además de establecer
que, independientemente de la pena privativa de la libertad que corresponde a este delito,
en el caso de violación entre cónyuges o concubinos, se impondrá al responsable la pena
de pérdida del derecho a alimentos que le correspondieran por su relación de matrimonio
o concubinato con la víctima.
Por otra parte, también se propone
reformar el citado artículo 265, en su último párrafo, a fin de igualar la pena de la
violación impropia a la prevista para el delito de violación, ya que no existe razón
alguna para que se castigue con pena menor a quien introduzca, por vía vaginal o anal,
cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia
física o moral, sea cual fuere el sexo de la víctima; máxime que, en la mayoría de los
casos, el daño que se genera a la víctima es aún mayor que en el caso de la violación
tipificada en el primer párrafo de dicho artículo.
También la presente iniciativa
plantea reformar el artículo 266, relativo a los delitos que se equiparan a la
violación, a fin de agregar una fracción III en la que se contemple el supuesto para
sancionar a quien, con fines lascivos y sin violencia, introduzca por vía anal o vaginal
cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de 12
años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o
que por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima.
Adicionalmente, si se ejerciera
violencia física o moral en cualquiera de las conductas que regula dicho artículo 266,
el mínimo y el máximo de la pena se aumentarían en una mitad.
En cuanto al delito de amenazas, se
propone adicionar un párrafo al artículo 282, para aumentar la pena en una tercera parte
en su mínimo y en su máximo, cuando el victimario sea una de las personas señaladas en
el artículo 343-bis y 343-ter cuya creación se propone en esta iniciativa. En el mismo
supuesto, se encuentra la modificación planteada al artículo 300, relativo al tipo de
lesiones, con excepción de los casos en que se tipifique el delito de violencia familiar.
A su vez, por razones homólogas, se adiciona un tercer párrafo al artículo 350,
referente al delito de difamación.
Lo anterior, con el fin de dar
consistencia a la presente reforma, que tiene entre sus objetivos principales, el de
agravar aquellos delitos cometidos por parientes o por aquellas personas que sin serlo,
tienen relación constante con la víctima, ya que conviven en el mismo domicilio.
Por otra parte, se propone derogar el
artículo 310 de este ordenamiento, que establece como atenuante del delito de homicidio o
de lesiones la circunstancia de que éstos sean cometidos en el interior de la familia o
por las personas que convivan en el mismo domicilio, en virtud de que esta disposición no
guardaría congruencia con el espíritu que motiva la presente iniciativa.
De particular importancia resulta la
propuesta de adicionar un Capítulo VIII al Título Decimonoveno del Libro Segundo de la
legislación penal sustantiva, que se denominaría "violencia familiar",
integrado por los artículos 343-bis, 343-ter y 343-quáter.
Esta propuesta tiene por objeto
considerar como bien jurídico tutelado, la convivencia armónica dentro del hogar entre
los integrantes de la familia, así como de aquellas personas que por cohabitar en un
mismo espacio físico, mantienen una relación similar a la existente entre aquéllos.
De esta manera, se somete a la
consideración de esa soberanía la tipificación del delito de violencia familiar,
entendida como el uso de la fuerza física o moral de manera recurrente, en contra de un
miembro de la familia por otro integrante de la misma y que atente contra la integridad
física, síquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones.
Las acciones u omisiones que producen
la integración del tipo de violencia familiar implican la recurrencia de la fuerza
física o moral que atenten contra la integridad síquica, física o ambas. Es decir, si
se produce una sola conducta, por muy grave que pudiera ser la lesión o el trastorno
sicológico no se integraría el tipo de violencia familiar.
Ahora bien, si de estos actos u
omisiones reiterados se produce una lesión, es factible que se integren tanto este
último delito por la afectación a la salud que causó un golpe individual y específico,
como el tipo de violencia familiar, si ese maltrato se inscribe, como se refiere, en una
secuela de actos recurrentes que impliquen agresiones físicas o síquicas anteriores,
generalmente, el delito de violencia familiar implicará tanto el maltrato físico, como
el sicológico, pero nada impide que estos delitos se presenten de manera independiente.
Otro aspecto importante del tipo
delictivo de violencia familiar, es que éste se integra siempre y cuando se cometa en
agravio de personas que guarden una relación de parentesco y que convivan en el mismo
domicilio que el sujeto activo.
Asimismo, se pretende equiparar a la
violencia familiar, el uso de la fuerza física o moral de manera recurrente, que atente
contra la integridad física, síquica o ambas, independientemente de que pueda producir o
no lesiones, en contra de la persona con quien se encuentre unido fuera de matrimonio; de
los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado de esa persona o de
cualquier otra que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación,
instrucción o cuidado de dicha persona, siempre y cuando el agresor y el agraviado
cohabiten en la misma casa. Lo anterior, dada la alta incidencia de conductas de violencia
que se presentan entre parejas unidas fuera de matrimonio, así como con sus parientes.
Por lo que hace a la imposición de la
sanción, la iniciativa plantea que ésta sea relevante, dada la relación de parentesco o
convivencia entre los sujetos activo y pasivo del tipo delictivo. Aún y cuando se
reconoce que el empleo de la pena privativa de libertad es un recurso extremo, se
considera importante el desaliento de esta conducta grave, por medio de la prevención
general. Adicionalmente, debemos tener presente que no es la única instancia que regula
esta conducta. Las víctimas, potestativamente, primero pueden acudir a las autoridades
administrativas, de conformidad con la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia
Intrafamiliar; en un segundo grado, pueden promover en el ámbito del derecho civil y,
para los casos extremos, querellarse o denunciar en materia penal.
Por las razones anteriores, se
establece para el delito de violencia familiar una pena de prisión de seis meses a seis
años y la suspensión de los derechos a alimentos. Ello permitirá al juez valorar la
gravedad de las conductas y evitar que se conceda al inculpado la libertad sin caución
alguna, en términos del artículo 133-bis del Código de Procedimientos Penales para el
Distrito Federal.
También se plantea, en beneficio de
la víctima y para que cese el clima de violencia imperante en el hogar, que el Ministerio
Público imponga al probable responsable medidas precautorias o de seguridad, las cuales
consistirían en la prohibición de ir a lugar determinado, caución de no ofender o las
que considere necesarias para salvaguardar la integridad física o sicológica de la
víctima. En tanto que a la autoridad administrativa correspondería vigilar el
cumplimiento de estas medidas. Posteriormente, si la averiguación previa concluye con el
ejercicio de la acción penal, el juez de la causa, tomando en cuenta los mismos
intereses, podría ratificar o modificar estas medidas.
Como requisito de procedibilidad, se
plantea establecer que, salvo el caso de menores o incapaces, los delitos se perseguirán
por querella de la parte ofendida. En tanto que, en los casos en que la víctima sea un
menor o incapaz, se propone que el delito se persiga de oficio, en virtud de que éstos no
tienen la madurez o conciencia necesarios para conducirse por sí mismos, circunstancia
que demanda la intervención directa de la representación social.
Por otra parte, se propone a esa
soberanía que en los casos de reincidencia se aumente la pena del delito de violencia
familiar y su equiparado en una tercera parte y, en caso de parentesco, decretar la
pérdida del derecho a alimentos con respecto de la víctima. Asimismo, en la iniciativa
se señala que, si al cometerse estos ilícitos también se tipifican otros delitos, se
aplicarán las reglas de concurso.
Finalmente, se propone adicionar un
artículo 366-quater al Título Vigesimoprimero del Libro Segundo del Código Penal,
denominado "De la privación ilegal de la libertad y de otras garantías", para
sancionar con pena de uno a tres años de prisión y de 30 a 300 días multa al pariente
que sustraiga o cambie al menor del domicilio en que habitualmente resida, lo retenga o
impida que regrese al mismo, sin la autorización de quienes ejercen la patria potestad o
resolución de autoridad competente, no permitiendo a la madre o al padre convivir con el
menor o visitarlo.
Código de Procedimientos Penales para
el Distrito Federal
Por lo que se refiere a la
legislación penal adjetiva, se propone establecer en el artículo 115 de dicho
ordenamiento, una regla particular para integrar los elementos de la conducta típica de
violencia familiar, tal y como ocurre con otros delitos, ya que se trataría de una
conducta nueva en el derecho penal y de gran relevancia para la sociedad. La propuesta
consiste en dotar al agente del Ministerio Público de los elementos suficientes para
comprobar la conducta típica, así como para probar el empleo de la fuerza física o
moral.
Esta propuesta incluye la posibilidad
de que las instituciones especializadas en violencia familiar legalmente constituidas,
colaboren en calidad de peritos, como ya ocurre en algunas entidades de la República
Mexicana y en otros países. El propósito es reconocer la necesaria intervención de
expertos en el conocimiento del ciclo de la violencia familiar y sus secuelas, así como
ayudar al diagnóstico de sus efectos. Acudir a organizaciones especializadas evitará la
improvisación de peritos y coadyuvará a que los trabajos en esta área se lleven a cabo
con profesionalismo.
En virtud de lo expuesto, y con
fundamento en las fracciones I y II del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, señores secretarios,
sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente
INICIATIVA DE DECRETO
Que Reforma, Adiciona y Deroga
Diversas Disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Comun y para
toda la República en Materia Federal; del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal; del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comun y
para toda la República en Materia de Fuero Federal, y del Código de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal.
Artículo primero. Se reforman los
artículos 282 primer párrafo; 283; la denominación del Título Sexto del Libro Primero;
411; 414; 416 a 418; 422; 423; 444 primer párrafo fracción I; 492 a 494, y 1316 primer
párrafo fracción VII; se adicionan una fracción XIX al artículo 267; una fracción VII
al artículo 282; un Capítulo III al Título Sexto del Libro Primero; los artículos
323-bis y 323-ter; las fracciones V y VI al ar- tículo 444; 444-bis, y la fracción XII
al artículo 1316, y se deroga el artículo 415 del Código Civil para el Distrito Federal
en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 267.. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
I. a XVIII.. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
XIX. Las conductas de violencia
familiar generadas por un cónyuge contra el otro, conforme a lo previsto en el artículo
323-ter, así como el incumplimiento injustificado de las determinaciones de las
autoridades administrativas o judiciales tendientes a corregir los actos de violencia
familiar realizados contra el otro cónyuge o los hijos.
Artículo 282. Al admitirse la demanda
de divorcio, o antes si hubiere urgencia y sólo mientras dure el juicio, se dictarán las
medidas provisionales pertinentes, conforme a las disposiciones siguientes:
I. a VI. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Ordenar la prohibición de ir a
un lugar determinado para alguno de los cónyuges, así como cualquier medida necesaria
para que cese todo acto de violencia familiar, pensando en el interés del agraviado.
Artículo 283. La sentencia de
divorcio fijará la situación de los hijos, para lo cual el juez gozará de las más
amplias facultades para resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes
a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación, según el caso, y en
especial a la custodia y al cuidado de los hijos. Durante la sustanciación del juicio se
allegará de los elementos necesarios para ello, debiendo escuchar a ambos progenitores y
a los menores, considerando el interés superior de estos últimos. En todo caso
protegerá y respetará el derecho de convivencia con los padres, salvo que exista peligro
para el menor.
La protección para los menores
implica las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir
los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser suspendidas o modificadas en los
términos previstos por el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal.
TITULO SEXTO
Del parentesco, de los alimentos y de
la violencia familiar
CAPITULO III
De la violencia familiar
Artículo 323-bis. Todo integrante de
la familia tiene derecho a que los demás miembros le respeten su integridad física y
síquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y
participación en el núcleo social. Al efecto, contará con la asistencia y protección
de las instituciones públicas de acuerdo con las leyes.
Artículo 323-ter. Todos los
integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia
familiar.
Por violencia familiar se entiende el
uso de la fuerza física o moral de manera reiterada en contra de un miembro de la familia
por otro de la misma, que atente contra su integridad física o síquica,
independientemente de que pueda producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el
agraviado cohabiten en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio
o concubinato.
Artículo 411. En la relación entre
ascendientes y descendientes debe imperar el respeto y la consideración mutuos,
cualquiera que sea su estado, edad y condición.
Artículo 414. La patria potestad
sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por cualquier circunstancia deje de
ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro.
A falta de ambos padres o por
cualquier otra circunstancia prevista en este ordenamiento, ejercerán la patria potestad
sobre los menores los ascendientes en segundo grado en el orden que determine el juez de
lo familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso.
Artículo 415. Se deroga.
Artículo 416. En caso de separación
de los que ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus
deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a
la guarda y custodia de los menores. En caso de desacuerdo, el juez de lo familiar
resolverá lo conducente oyendo al Ministerio Público, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
En este supuesto, con base en el
interés superior del menor, éste quedará bajo los cuidados y atenciones de uno de
ellos. El otro estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará los derechos
de vigilancia y de convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el
convenio o resolución judicial.
Artículo 417. Los que ejercen la
patria potestad, aun cuando no tengan la custodia, tienen el derecho de convivencia con
sus descendientes, salvo que exista peligro para éstos.
No podrán impedirse, sin justa causa,
las relaciones personales entre el menor y sus parientes. En caso de oposición, a
petición de cualquiera de ellos, el juez de lo familiar resolverá lo conducente en
atención al interés superior del menor. Sólo por mandato judicial podrá suspenderse o
perderse el derecho de convivencia a que se refiere el párrafo anterior, así como en los
casos de suspensión o pérdida de la patria potestad, conforme a las modalidades que para
su ejercicio se establezca en el convenio o resolución judicial.
Artículo 418. Las obligaciones,
facultades y restricciones establecidas para los tutores, se aplicarán al pariente que
por cualquier circunstancia tenga la custodia de un menor. Quien conserva la patria
potestad tendrá la obligación de contribuir con el pariente que custodia al menor en
todos sus deberes, conservando sus derechos de convivencia y vigilancia.
La anterior custodia podrá terminar
por decisión del pariente que la realiza, por quien o quienes ejercen la patria potestad
o por resolución judicial.
Artículo 422. A las personas que
tienen al menor bajo su patria potestad o custodia incumbe la obligación de educarlo
convenientemente.
Cuando llegue a conocimiento de los
consejos locales de tutela o de cualquier autoridad administrativa, que dichas personas no
cumplen con la obligación referida, lo avisarán al Ministerio Público para que promueva
lo que corresponda.
Artículo 423. Para los efectos del
artículo anterior, quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo su custodia,
tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a
éstos de buen ejemplo.
La facultad de corregir no implica
infligir al menor actos de fuerza que atenten contra su integridad física o síquica en
los términos de lo dispuesto por el artículo 323-ter de este código.
Artículo 444. La patria potestad se
pierde por resolución judicial:
I. Cuando el que la ejerza sea
condenado expresamente a la pérdida de ese derecho;
II. a IV. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Cuando el que la ejerza sea
condenado por la comisión de un delito en el que la víctima sea el menor;
VI. Cuando el que la ejerza sea
condenado dos o más veces por delito grave.
Artículo 444-bis. La patria potestad
podrá ser limitada cuando el que la ejerce incurra en conductas de violencia familiar
previstas en el artículo 323-ter de este código, en contra de las personas sobre las
cuales la ejerza.
Artículo 492. La ley coloca a los
expósitos y abandonados bajo la tutela de la persona que los haya acogido, quien tendrá
las obligaciones, facultades y restricciones previstas para los demás tutores.
Se considera expósito al menor que es
colocado en una situación de desamparo por quienes conforme a la ley estén obligados a
la custodia, protección y cuidado y no pueda determinarse su origen. Cuando la situación
de desamparo se refiera a un menor cuyo origen se conoce, se considerará abandonado.
Artículo 493. Los responsables de las
casas de asistencia, ya sean públicas o privadas, donde se reciban expósitos o
abandonados, desempeñarán la tutela de éstos con arreglo a las leyes y a lo que
prevengan los estatutos de la institución. En este caso no es necesario el discernimiento
del cargo.
Artículo 494. Los responsables de las
casas de asistencia, donde se reciban menores que hayan sido objeto de violencia familiar
a que se refiere el artículo 323-ter de este ordenamiento, tendrán la custodia de éstos
en los términos que prevengan las leyes y los estatutos de la institución. En todo caso
darán aviso al Ministerio Público y a quien corresponda el ejercicio de la patria
potestad y no se encuentre señalado como responsable del evento de violencia familiar.
Artículo 1316. Son incapaces de
adquirir por testamento o por intestado:
I. a VI. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Los ascendientes que abandonaren,
prostituyeren o corrompieren a sus descendientes, respecto de los ofendidos;
VIII. a XI. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
XII. El que haya sido condenado por
delito cometido en contra del autor de la herencia."
Artículo segundo. Se reforman los
artículos 208; 216; 941 primer párrafo; 942, y 945 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 208. El juez podrá
practicar las diligencias que a su juicio sean necesarias antes de dictar la resolución.
En el caso de violencia familiar tomará en cuenta los dictámenes y opiniones que
hubieren realizado las instituciones públicas o privadas dedicadas a atender asuntos de
esta índole.
Artículo 216. Los derechos
contemplados en el presente capítulo, también podrán ejercerlos la concubina y el
concubinario, cuando tengan un domicilio común con las características del domicilio
conyugal a que se refiere el Código Civil.
Artículo 941. El juez de lo familiar
estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia,
especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con
violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia
y proteger a sus miembros.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 942. No se requieren
formalidades especiales para acudir ante el juez de lo familiar cuando se solicite la
declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho o se alegue la
violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de
calificación de impedimentos de matrimonio o de las diferencias que surjan entre marido y
mujer sobre administración de bienes comunes, educación de hijos, oposición de padres y
tutores y en general de todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención
judicial.
Esta disposición no es aplicable a
los casos de demanda de divorcio o de pérdida de la patria potestad.
Tratándose de violencia familiar
prevista en el artículo 323-ter del Código Civil para el Distrito Federal en Materia
Común y para toda la República en Materia Federal, los involucrados convendrán, en
audiencia privada, los actos para hacerla cesar y, en caso de que no lo hicieran, en la
misma audiencia el juez del conocimiento determinará las medidas procedentes para la
protección de los menores y de la parte agredida. Al efecto, verificará el contenido de
los informes que al respecto hayan sido elaborados por las instituciones públicas o
privadas que hubieren intervenido y escuchará al Ministerio Público.
Artículo 945. La audiencia se
practicará con o sin asistencia de las partes. Para resolver el problema que se le
plantee, el juez se cerciorará de la veracidad de los hechos y los evaluará
personalmente o con auxilio de especialistas o de instituciones especializadas en la
materia. Estos presentarán el informe correspondiente en la audiencia y podrán ser
interrogados tanto por el juez como por las partes. La valoración se hará conforme a lo
dispuesto por el artículo 402 de este código y en el fallo se expresarán los medios de
prueba en que se haya fundado el juez para dictarlo."
Artículo tercero. Se reforman los
artículos 30 fracciones I y II; 203, 260, primer párrafo; 261; 265; 266, y 300; se
adicionan un párrafo segundo al artículo 282, pasando el actual segundo a ser tercero;
un Capítulo VIII al Título Décimonoveno; los artículos 343-bis; 343-ter; 343-quater;
un último párrafo al artículo 350, y el artículo 366-quater, y se deroga el artículo
310 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la
República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 30.. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
I. La restitución de la cosa obtenida
por el delito y si no fuere posible, el pago del precio de la misma;
II. La indemnización del daño
material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos curativos que, como
consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima.
En los casos de delitos contra la libertad y el normal desarrollo sicosexual y de
violencia familiar, además se comprenderá el pago de los tratamientos sicoterapéuticos
que sean necesarios para la víctima y
III. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 203. Las sanciones que
señalan los artículos anteriores se duplicarán cuando el delincuente tenga parentesco
por consanguinidad, por afinidad o civil o cohabite en el mismo domicilio con la víctima,
aunque no existiere parentesco alguno, así como por el tutor o curador; privando al reo
de todo derecho a los bienes de la víctima y de la patria potestad sobre todos sus
descendientes.
Artículo 260. Al que sin el
consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella
un acto sexual o la obligue a ejecutarlo, se le impondrá pena de seis meses a cuatro
años de prisión.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 261. Al que sin el
propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual en una persona menor de 12 años
de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que
por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una
pena de dos a cinco años de prisión.
Si se hiciere uso de la violencia
física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentarán hasta en una mitad.
Artículo 265. Al que por medio de la
violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá
prisión de ocho a 14 años.
Si la víctima fuere la esposa o
concubina, además de la pena prevista en el párrafo anterior, perderá el derecho a
alimentos que le correspondieran por su relación con la ofendida.
Para los efectos de este artículo, se
entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por
vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.
Se sancionará con prisión de ocho a
14 años, al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento
distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el
sexo del ofendido.
Artículo 266. Se equipara a
violación y se sancionará con la misma pena:
I. Al que sin violencia realice
cópula con persona menor de 12 años de edad;
II. Al que sin violencia realice
cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por
cualquier causa no pueda resistirlo y
III. Al que sin violencia y con fines
lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del
miembro viril en una persona menor de 12 años de edad o persona que no tenga capacidad de
comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual
fuere el sexo de la víctima.
Si se ejerciera violencia física o
moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentarán en una mitad.
Artículo 282.. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
I. y II. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si el ofendido fuere alguno de los
parientes o personas a que se refieren los artículos 343-bis y 343-ter, en este último
caso siempre y cuando cohabiten con el ofendido, se aumentará la pena que corresponda
hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 300. Si la víctima fuere
alguno de los parientes o personas a que se refieren los artículos 343-bis y 343-ter, en
este último caso siempre y cuando cohabite con la víctima, se aumentará la pena que
corresponda hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo, con arreglo a los
artículos que preceden, salvo que también se tipifique el delito de violencia familiar.
Artículo 310. Se deroga.
CAPITULO VIII
Violencia familiar
Artículo 343-bis. Bajo el nombre de
violencia familiar se comprende el uso de la fuerza física o moral de manera recurrente,
en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma y que atente contra
la integridad física, síquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no
lesiones.
Comete el delito de violencia familiar
el cónyuge, concubina o concubinario; pariente consanguíneo en línea recta ascendente o
descendente sin limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o afín hasta el
cuarto grado, adoptante o adoptado, que cohabite en la misma casa de la víctima. Se le
impondrán de seis meses a seis años de prisión y la suspensión del derecho a
alimentos.
Asimismo, se le podrá sujetar a un
tratamiento sicológico especializado.
Este delito se perseguirá por
querella de la parte ofendida, salvo que la víctima sea menor de edad o incapaz, en que
se perseguirá de oficio.
Artículo 343-ter. Se equipara a la
violencia familiar y se sancionará con seis meses a seis años de prisión al que realice
cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona con la
que se encuentre unida fuera del matrimonio; de los parientes por consanguinidad o
afinidad hasta el cuarto grado de esa persona o de cualquier otra persona que esté sujeta
a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona,
siempre y cuando el agresor y el agraviado cohabiten en la misma casa.
Artículo 343-quater. En todos los
casos previstos en los dos artículos precedentes, el Ministerio Público impondrá al
probable responsable, como medidas precautorias y de seguridad, la prohibición de ir a
lugar determinado, caución de no ofender o las que considere para salvaguardar la
integridad física o síquica de la víctima. La autoridad administrativa vigilará el
cumplimiento de estas medidas. El juez de la causa, con el fin señalado, podrá ratificar
o modificar dichas medidas.
Cuando exista reincidencia se
aumentará en una tercera parte la penalidad señalada en los artículos 343-bis y
343-ter, además de la pérdida del derecho a alimentos.
Si además del delito previsto en este
capítulo resultase cometido otro, se aplicarán las reglas del concurso.
Artículo 350. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Si el ofendido fuere alguno de los
parientes o personas a que se refieren los artículos 343-bis y 343-ter, en este último
caso siempre y cuando cohabite con la víctima, la pena se aumentará en un tercio.
Artículo 366-quater. Cuando el
ascendiente sin limitación de grado o pariente consanguíneo colateral hasta el cuarto
grado de un menor, lo sustraiga o cambie del domicilio donde habitualmente reside, lo
retenga o impida que regrese al mismo, sin la autorización de quienes ejercen la patria
potestad o resolución de autoridad competente, no permitiendo a la madre o al padre
convivir con el menor o visitarlo, se le aplicará una pena de uno a tres años de
prisión y de 30 a 300 días multa.
Este delito se perseguirá por
querella de la parte ofendida."
Artículo cuarto. Se adiciona el
artículo 115 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para quedar
como sigue:
"Artículo 115. Para integrar los
elementos del tipo de violencia familiar, deberán acreditarse las calidades específicas
y circunstancias de los sujetos pasivos señalados en los artículos 343-bis y 343-ter del
Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la
República en Materia de Fuero Federal, además de agregarse a la averiguación los
dictámenes correspondientes de los peritos en el área de salud física y mental, según
lo contemplan los artículos 95, 96 y 121 del presente código.
Las instituciones legalmente
constituidas, especializadas en atención de problemas relacionados con la violencia
familiar, podrán colaborar en calidad de peritos y sus informes deberán rendirse por
escrito."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en
vigor a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los procedimientos de
carácter civil que se encuentren pendientes de resolución a la entrada en vigor del
presente decreto, se sustanciarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al
momento de su inicio.
Reiteramos a ustedes, señores
secretarios, las seguridades de nuestra alta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 6 de
noviembre de 1997.-El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de
León.
Firman, senadoras: Sonia Alcántara
Magos, Rosa Albina Garavito Elías, María Elena Alvarez Bernal, Amalia Dolores García
Medina, María del Carmen Bolado del Real, Guadalupe Gómez Maganda, Lucía Carrasco
Xochipa, Elba Esther Gordillo Morales, Rosario Green Macías, Judith Irene Murguía
Corral, Martha Irene Lara Alatorre, Beatriz Elena Paredes Rangel, Graciela Larios Rivas,
Laura Hermelinda Pavón Jaramillo, María de los Angeles Moreno Uriegas, Ana Rosa Payán
Cervera, Cirila Sánchez Mendoza, Layda Sansores San Román, Irma Serrano Castro;
diputadas: Norma Gabriela Argaiz Zurita, Roselia Margarita Barajas Olea, María del
Socorro Aubry Orozco, Lenia Batres Guadarrama, María de la Soledad Baltazar Segura,
Aurora Bazán López, Rosalinda Banda Gómez, Clara Marina Brugada Molina, María del
Refugio Calderón González, Ana Lila Ceballos Trujeque, Elba Margarita Capuchino Herrera,
Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Chávez Murguía, Marta Laura Carranza Aguayo,
Irma Chedraui Obeso, Laura Itzel Castillo Juárez, María del Carmen Corral Romero, Luisa
Cortés Carrillo, María del Carmen Díaz Amador, María Elena Cruz Muñoz, María Antonia
Durán López, María Adelaida de la Cruz Moreno, Aracely Escalante Jasso, Angélica de la
Peña Gómez, María del Carmen Escobedo Pérez, Patricia Espinosa Torres, Fabiola
Gallegos Araujo, Susana Esquivel Farías, Blanca Rosa García Galván, Claudia Carmen
Fragoso López, Emilia García Guzmán, Julieta Ortencia Gallardo Mora, Antonia Mónica
García Velázquez, Laura Alicia Garza Galindo, Enoé González Cabrera, Martha Dalia
Gastelum Valenzuela, Juana González Ortiz, María de los Angeles Gaytán Contreras,
Elodia Gutiérrez Estrada, Amira Gricelda Gómez Tueme, Noemí Zoila Guzmán Lagunes,
Bertha Hernández Rodríguez, María de las Mercedes Martha Juan López, Marlene Catalina
Herrera Díaz, Gloria Lavara Mejía, Elsa Patria Jiménez Flores, Luz del Carmen López,
Addy Cecilia Joaquín Coldwell, Cecilia Eulalia López Rodríguez, Martha Irene Luna
Calvo, Adoración Martínez Torres, María Mercedes Maciel Ortiz, María del Socorro May
López, Areli Madrid Tovilla, Feliciana Olga Medina Serrano, María Guadalupe Francisca
Martínez Cruz, María del Carmen Moreno y Contreras, Rocío del Carmen Morgan Franco,
María de la Luz Núñez Ramos, Lourdes Angelina Muñoz Fernández, Carolina O,Farril
Tapia, María Verónica Muñoz Parra, María Gloria Bernardita Ocampo Aranda, Teresa
Núñez Casas, Silvia Oliva Fragoso, María de los Dolores Padierna Luna, Jacaranda Pineda
Chávez, Martha Palafox Gutiérrez, Cristina Portillo Ayala, María Victoria Peñaloza
Izazaga, Leticia Robles Colín, Margarita Pérez Gavilán Torres, María de Lourdes Rojo e
Incháustegui, María Trinidad Emma Salinas López, Clarisa Catalina Torres Méndez,
María Guadalupe Sánchez Martínez, María del Pilar Guadalupe Valdés y González,
Sandra Lucía Segura Rangel, María Estrella Vázquez Osorno, América Soto López,
Violeta Margarita Vázquez Osorno, Verónica Velasco Rodríguez, Isabel Villers Aispuro,
Sara Esthela Velázquez Sánchez, Alma Angelina Vucovich Seele, Esperanza Villalobos
Pérez, María Beatriz Zavala Peniche y Leticia Villegas Nava.»
Túrnese a las comisiones de
Justicia y del Distrito Federal.
AGRESIONES A MUJERES
Tiene la palabra la
representante de la Comisión de Equidad y Género, para denunciar las agresiones a
mujeres en la frontera norte, hasta por 15 minutos, la diputada Alma Vucovich.
| La diputada
Alma Angelina Vucovich Seele: |
Con su venia, señora
Presidenta; señoras diputadas y señores diputados:
A la Comisión de Equidad y Género de
esta Cámara se nos ha hecho llegar una petición de la coordinadora de organismos no
gubernamentales en pro de la mujer, con dirección en el Estado de Chihuahua, Ciudad
Juárez, solicitando nuestro apoyo e intervención a fin de que se hagan del conocimiento
público, a través de ésta, la más alta tribuna de la nación, los siguientes hechos.
Cito textualmente el contenido de la
misiva en cuestión. "La violencia en contra de las mujeres en esta ciudad alcanza
niveles jamás observados en alguna parte del mundo. Cerca de 30 mujeres sufrieron la
amputación del seno derecho y el pezón izquierdo les fue cercenado a mordidas. Todas
fueron violadas y estranguladas.
Acompañamos a la presente lista de
mujeres muertas en forma violenta en 1993 hasta la fecha.
Quisiera destacar que en la lista a la
que hacemos alusión se encuentran registrados 93 casos de mujeres que encontraron la
muerte de manera violenta en estos últimos cuatro años, sólo en Ciudad Juárez, 39 de
estas mujeres eran menores de 20 años, lo que representa un total de 34% de estos
horrendos homicidios.
En la mayoría de los casos se
desconoce al autor de los crímenes, en otros la agresión manifestada como violación,
puñaladas y golpizas fueron propinadas por los propios cónyuges de estas mujeres.
En estos cuatro años de secuestros,
violaciones, torturas y asesinatos mencionados, las autoridades encargadas de la
procuración de justicia no han realizado investigaciones serias, según esta
organización, para encontrar a los culpables, menos aún las causas y las posibles
soluciones a esta violencia tan cruel.
La violencia es un síntoma de
descomposición social, cuando ésta se dirige masiva, anónima y selectivamente en contra
de las mujeres y frente a ello las autoridades se lavan las manos aduciendo que las
víctimas son de alguna manera culpables de su propia muerte.
Nos encontramos ante actitudes
altamente discriminatorias, desdeñantes y justificadoras de la falta de justicia social,
hacia quienes representamos más de la mitad de la población de este país.
Ya es hora de que veamos a la
violencia en cualquiera de sus formas, no solamente física, sino también verbal, moral,
sicológica y hasta emocional, como un serio problema de seguridad pública que obliga a
quienes legislamos, así como a las autoridades encargadas de procurar justicia y a la
sociedad en su conjunto, a no mantenernos al margen, sino por el contrario, a que
emprendamos acciones encaminadas a frenar el alarmante aumento de conductas violentas,
particularmente aquellas que culminan, como el caso que nos ocupa, con la muerte de las
víctimas".
Es lamentable, compañeras
legisladoras, compañeros legisladores, que pese al espíritu de igualdad jurídica de las
personas de ambos sexos, plasmado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, día con día sigamos presenciando actos en los que a las
mujeres no se nos imparte la justicia de manera equitativa. A todas luces, el problema de
fondo ha sido en forma permanente la impericia y a falta de voluntad política de los
gobiernos y autoridades para llegar al fondo de las investigaciones, generando con ello
que el problema no solamente siga sin resolverse, sino que vaya en aumento en forma
alarmante, afectando principalmente a jóvenes, mujeres trabajadoras, pobres y muchas
veces sin familia.
¿Acaso por ser de esa condición no
merecen justicia? La Comisión de Equidad y Género considera que la gravedad de los
acontecimientos ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, amerita inmediata atención por
las autoridades competentes, a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes para
aclarar este tipo de delitos y castigar a los culpables de los mismos.
En virtud de ello, solicitamos que
esta denuncia sea turnada a la Comisión de Gestoría y Quejas, así como a la de Derechos
Humanos de esta soberanía, para que con nuestra concurrencia hagamos llegar al gobernador
del Estado de Chihuahua nuestro exhorto, a efecto de que las autoridades correspondientes
atiendan con celeridad la solución a este problema.
Hago entrega de la solicitud de
denuncia, así como de la lista de los crímenes cometidos en contra de 93 mujeres en
Ciudad Juárez.
Túrnese a la Comisión de
Derechos Humanos.
Tiene la palabra para el mismo tema la
diputada Luz del Carmen López Rivera, del Partido Revolucionario Institucional.
Tomando en consideración que han
transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, que establece el artículo
28 del Reglamento para el Gobierno Interior, la Presidencia, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar
el lapso correspondiente hasta su conclusión del orden del día.
Adelante, diputada.
|
La diputada Luz del Carmen López
Rivera: |
Con su permiso, señora
Presidenta:
Aunque con tristeza porque veo muchas
curules vacías y creo que hay temas que son sumamente importantes y el día de hoy tratar
el tema de la violencia contra la mujer, creo que debe ser incumbencia de todos.
Compañeras diputadas, compañeros
diputados: tal y como lo mencionaba la compañera Alma Vucovich, llegó al seno de la
Comisión de Equidad y Género, una denuncia presentada por la coordinadora de organismos
no gubernamentales en pro de la mujer, del Estado de Chihuahua, que agrupa 12
organizaciones civiles, por medio de la cual nos dan a conocer una reveladora estadística
realizada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para el programa de estudios de
género, de crímenes violentos suscitados en contra de las mujeres.
Se trata de cerca de 30 casos de
mujeres violadas y estranguladas en Ciudad Juárez Chihuahua, crímenes sin resolver que
lastiman la estructura social, la dignidad y la justicia de esta sociedad.
La violencia, en cualquiera de sus
formas y motivo de origen, representan la derrota de los valores humanos, la derrota de
los principios básicos que nos cohesionan como civilización.
De acuerdo a datos de la UNIFEM sobre
la violencia basada en el género, en casi todos los países encontramos como la violencia
o la amenaza de violencia, limitan la gama de opciones de que disponen las mujeres y las
niñas en casi todas las esferas de la vida pública y privada: en el hogar, en la
escuela, en el lugar de trabajo y en la mayoría de los espacios comunitarios.
La violencia limita directamente sus
opciones al destruir su salud, perturbar sus vidas y reducir el ámbito de su actividad y
también las limitan indirectamente al erosionar la confianza en sí mismas y su
autoestima. De todas esas maneras, la violencia impide la cabal participación de la mujer
en la sociedad.
Según algunas estadísticas de la
Organización Mundial de la Salud, el 65% de mujeres en el mundo sufren algún tipo de
maltrato en su domicilio, en México, si, en México una de cada tres mujeres sufre algún
tipo de violencia.
En razón de los altos índices de
violencia en contra de las mujeres que se manejan en este país, el 4 de junio de 1995,
México suscribió la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer, Convención de Belem do Pará, donde se exhorta a los países a
crear o, en su caso, a modificar todos los instrumentos legales y mecanismos necesarios,
para erradicar y detener la violencia contra las mujeres.
Mi partido, el Revolucionario
Institucional, en su plataforma política, en el apartado relativo a los asuntos de las
mujeres sobre el tema de la violencia, se pronuncia por reconocer que la violencia contra
las mujeres es asunto de interés público, cuya atención debe ser asumida por el Estado
y la sociedad, mediante el desarrollo de programas y acciones para prevenirla, sancionarla
y erradicarla.
Quienes hemos trabajado con y para las
mujeres, sabemos que el asunto de la violencia es un problema que deteriora la calidad
humana de la sociedad, que para su recomposición no sólo es necesario tener buenas
leyes, sino que trascienda al ámbito de la educación y formen una conciencia colectiva a
su favor.
Quienes han padecido violencia, no
sólo conocen del daño físico, generalmente queda una afectación sicológica, que puede
llegar a causar daños irreversibles en la conducta del agraviado, generalmente el
agraviado es una mujer.
En respuesta a esta preocupación
social, esta mañana, a invitación del Presidente de la República, hemos sido testigas y
actoras de un hecho trascendente, que repercutirá sin duda en el desarrollo de la vida
nacional, se trata de un esfuerzo conducto de sociedad y Gobierno, que culmina en la
suscripción por parte del Ejecutivo Federal, de las senadoras y diputadas del honorable
Congreso de la Unión, de una iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones en los códigos Civil y Penal en Materia del Fuero Común para el
Distrito Federal y en Materia Federal para toda la República, así como los códigos de
Procedimiento Civil y Penal y que atiende la problemática generada por la violencia
intrafamiIiar.
La fracción priísta de esta Cámara
de Diputados, rechaza categóricamente la violencia contra las mujeres y en el caso de los
asesinatos de Ciudad Juárez, Chihuahua, compartimos su indignación y nos solidarizamos
con las organizaciones civiles que claman justicia y exigen a las autoridades de esa
ciudad, que actúen.
Por lo tanto, solicitamos a este pleno
se turne este asunto a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, Derechos
Humanos y Justicia.
Nos toca hoy a los miembros de esta
legislatura, ser sensibles al llamado de la sociedad y apoyar sus demandas. Las mujeres ya
hemos demostrado que somos capaces de alcanzar acuerdos para promover acciones en
beneficio de todas las mujeres de México, más allá de nuestras diferencias
ideológicas.
Esperamos una actitud congruente de
nuestros compañeros varones en esta Cámara. Los objetivos más altos sólo podrán
alcanzarse con el esfuerzo compartido.
Muchas gracias.
| El diputado
Ramón María Nava (desde su curul): |
Pido la palabra.
Túrnese a la Comisión de
Derechos Humanos.
Tiene la palabra el diputado Nava.
| El
diputado Ramón María Nava González: |
Con su venia, señora
Presidenta; señoras y señores diputados:
Cuando yo hace tiempo iba a la
escuela,...
¡Qué bueno que hay mucho aire en
esas cabecitas que suelen aventarlo por ahí, porque faltan ideas!
Cuando yo iba a la escuela se nos
decía: "a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. "¡Qué bueno
que la Comisión de Género ha venido a exponer estas quejas en el Foro Nacional al que le
corresponde reivindicarse el honor y la salvaguarda de la mujer. Pero yo pregunto: ¿qué
la educación no consiste acaso en el camino de actitudes? y ¿qué acaso no estaría
también una reclamación en contra de los secretarios de Educación Pública, que no han
generado una educación capaz de evitar todas estas denuncias que se han venido aquí a
presentar? ¿Qué acaso ya se les olvidó que en el Estado de Durango, la complicidad del
gobernador y la complicidad del encargado de justicia, de investigar la justicia,
originaron el asesinato de una mujer, originaron el haber sido privada una mujer, un par
de mujeres de la libertad y que el nombre de México haya sido ventaneado por todo el
mundo, porque tuvo que intervenir la prensa para defender a la mujer, la vida de una mujer
privada de la vida, la vida de un par de mujeres privadas de la libertad?
¿Qué acaso se nos ha olvidado que en
el Estado de Puebla, se implementó un programa de salud en el que se acometió en contra
de la mujeres so pretexto de programas de Papanicolau?
|
La
diputada América Soto López (desde su curul): |
¡Falso¡ Eso es falso.
|
El
diputado Ramón María Nava González: |
Tendrá usted la oportunidad de
venir aquí a aclarar si es falso.
Está prohibido el diálogo
diputada, le recuerdo si quiere hacer uso de la palabra, solicítelo por favor.
|
El
diputado Ramón María Nava González: |
Por eso, yo me solidarizo con
esa denuncia que ha hecho la Comisión de Género y pido que se investigue al gobernador
del Estado de Durango y pido que se exija cuentas a los secretarios de Educación
Pública, de cómo están generando un cambio de actitudes en mexicanos que siguen
atentando contra la mujer.
Y pido que se investigue a Manuel
Bartlett por lo que ocurrió en el Estado de Puebla.
Muchas gracias.
ESTADO DE JALISCO
Tiene la palabra el diputado
Francisco Javier Morales Aceves, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para hacer comentarios sobre la seguridad pública en el Estado de Jalisco,
hasta por 10 minutos.
| El diputado
Francisco Javier Morales Aceves: |
Respetable, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Con el deseo de mantener informada a
esta honorable representación nacional, respecto de lo que a venido sucediendo en el
Estado de Jalisco en materia de inseguridad pública, a partir del 1o. de marzo de 1995,
en que el PAN asume la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, en la persona de un hombre
singular Alberto Cárdenas Jiménez.
La primera pregunta obligada es: ¿en
qué ha beneficiado a la sociedad el cambio? Y la respuesta no se hace esperar: la
delincuencia es incontrolable, proliferan las pandillas en los barrios, aumentaron
desmesuradamente los asaltos con violencia en la vía pública y en los hogares, casi se
triplicaron los robos de automóviles, los asaltos bancarios, la jugosa industria del
secuestro, las violaciones y las ejecuciones en todo el Estado.
Todo lo anterior sin que ninguna
autoridad pueda responder responsablemente a la sociedad.
Y qué decir de la inseguridad en las
carreteras, por la falta de un operativo policiaco eficiente que frene a los delincuentes
responsables de los continuos robos que sufren los transportistas que recorren el Estado y
que constituye una grave amenaza a los inversionistas nacionales y extranjeros y en
general a toda la sociedad.
Es incomprensible que dentro de la
propia Procuraduría General del Estado, se haya encontrado una de las bandas que durante
mucho tiempo estuvo propiciando este tipo de ilícitos y que no haya sido detectada antes.
A casi tres años del experimento
político panista en Jalisco, resultó peor el remedio que la enfermedad.
Jalisco se volvió un paraíso para
los delincuentes, asentándose en el Estado bandas de todo tipo de maleantes.
Los resultados no se hicieron esperar
. Tenemos los deshonrosos primeros lugares en secuestros, asaltos bancarios, robo de
automóviles, robo de transportes de carga y los crímenes cotidianos que han convertido a
Jalisco en tierra de ejecuciones y a Guadalajara en una de las metrópolis más peligrosas
del mundo.
Hoy en la zona metropolitana de
Guadalajara, estamos a merced del hampa porque la ciudad se ha convertido en tierra de
nadie.
Mientras todo esto sucede, el
gobernador panista opina:
Los delincuentes se acabarán si se
matan unos a otros.
Hoy Jalisco es víctima de la
ineptitud gubernamental, del nepotismo, de la corrupción, de la improvisación, el
abandono oficial y la impunidad. Al respecto opinó el rector de la Universidad de
Guadalajara, Víctor González Romero, quien por cierto se confesó panista.
No he visto ninguna acción encaminada
a reducir el crimen organizado, que es el gran problema que tenemos en Jalisco. Hay
improvisación en los mandos policiacos, basta con señalar que al frente de la seguridad
pública estatal está un biólogo. Ha habido falta de voluntad para cambiar a muchos que
debieran ser removidos.
Como un claro ejemplo del abandono en
que se encuentra la Procuraduría, según afirman algunos litigantes, son los montones de
cajas, localizadas afuera de las agencias del Ministerio Público y que son utilizadas
como archiveros, para guardar la gran cantidad de expedientes que se abren a diario y de
los cuales muy pocos llegan a culminarse.
La Procuraduría de Justicia del
Estado, está consciente de esta situación, su departamento de informática, capta la
mayor parte de esos datos y los transmite mensualmente al titular de la dependencia.
Sin embargo, tal parece que no hay
acción al respecto ni medidas que frenen al hampa. Tan sólo en 1996, la Procuraduría
reportó iniciadas un total de 101 mil 459 averiguaciones previas, 67 mil 473 por diversos
delitos y 33 mil 986 por robos.
Destacan por cantidad de
averiguaciones iniciadas, ilícitos como el robo de vehículos con 17 mil 377, robo a
personas 6 mil 437, robo a negocios 6 mil, los denominados que resulten 5 mil 236, hurtos
a casa-habitación 3 mil 765, portación de armas prohibidas 1 mil 286, violación de
depósito 214, ultrajes a la moral 67, tentativa de violación 62, secuestros 42 y
responsabilidad profesional 42.
El año pasado, las estadísticas
registraron las siguientes cantidades de denuncias por mes:
Enero 7 mil 941; febrero 8 mil 072;
marzo 8 mil 459; abril 7 mil 764; mayo 8 mil 620; junio 8 mil 110; julio 0,027; agosto 9
mil 096; septiembre 8 mil 475; octubre 9 mil 380; noviembre 8 mil 391 y diciembre 8 mil
124.
Para 1997, la situación es aterradora
. En lo que va del año se han consumado 79 mil 584 delitos, destacando los siguientes: 25
mil de índole patrimonial, 14 mil 885 robos de automóviles, 4 mil 555 robos a negocios,
4 mil 396 robos a casas-habitación, 5 mil 070 robos a personas, de los cuales un tercio
se efectuó con violencia y en 91% de ellos se usaron armas de fuego y el 9% restante con
objetos punzocortantes.
Destaca el incremento de los ilícitos
siguientes, escúchenlo bien:
Abigeato 28.57%, lesiones dolosas
23.25%, abortos 100%, asaltos y ataques peligrosos 100%, calumnias 320%, cohecho 288.24%,
corrupción de menores 81.25%, intoxicaciones 100%, riñas 100%, tentativa de despojo,
fraude, robo y secuestro 100%, pandillismo 750%. Ya llegamos a los 60 asaltos bancarios, a
los 65 secuestros y van a la fecha 15 mil vehículos robados.
Hoy por hoy la delincuencia se ha
desbordado en Jalisco. ¿Y las autoridades? Bien, gracias. Es obvio que algo anda mal en
la impartición de justicia en Jalisco, son cientos los delincuentes que una vez detenidos
recuperan su libertad. Se acusa al Ministerio Público de ser ineficiente, a los jueces de
actuar con sospechosa benevolencia y a la Comisión de Derechos Humanos de proteger a los
victimarios y abandonar a las víctimas.
Lo discutible es que este ambiente de
impunidad en Jalisco, está alentando el crecimiento del hampa. Es urgente hacer
conciencia acerca del grave problema de la inseguridad pública, que se abate sobre el
Estado de Jalisco, para poder enfrentarlo con éxito.
Es indispensable sentar las bases y
establecer una nueva moral pública que involucre a todos los integrantes de la sociedad,
porque solamente juntos podremos construir un ambiente cordial, de armonía y tranquilidad
sociales.
Ante la incapacidad política del
gobierno panista frente a la delincuencia desatada, tenemos que participar con decisión y
valor civil para prevenir el delito. El aumento desorbitado en los índices de incidencia
y reincidencia en la comisión de los delitos en Jalisco, reclama la participación de
todos. La familia, la escuela y la convivencia social son los elementos fundamentales de
una sociedad sana. El cuidado, la educación y la convivencia con nuestros hijos es muy
importante.
La reserva moral de la sociedad se
encuentra en la educación familiar. La seguridad pública, es uno de los valores más
importantes de la sociedad y una de las tareas esenciales del Estado. Para alcanzar la
seguridad pública y preservarla, necesitamos combatir a fondo en Jalisco la impunidad y
la corrupción. Necesitamos atacar las causas que generan la delincuencia para abatirla.
Necesitamos más convivencia familiar y mejor educación en el hogar. Necesitamos más y
mejor educación en las escuelas, fortaleciendo la moral, la ética, la educación
cívica, el sentido de responsabilidad personal, el respeto hacia los demás y la
veneración a los mayores.
astigar con la ley no basta para
reducir la delincuencia, necesitamos unidad social de la mayoría que son buenos, para
combatir a la ínfima minoría que son malos, necesitamos unir de manera especial los
esfuerzos de padres de familia, maestros, clérigos y religiosos, comunicadores sociales y
gobernantes para formar mejores ciudadanos, mejores seres humanos, necesitamos reconocer
los avances y premiar los aciertos, castigar a los malos y estimular a los buenos.
Necesitamos abrir una tregua social para que lejos de detenernos en nuestras diferencias,
trabajemos en nuestras coincidencias.
Necesitamos no olvidar que la
política, las religiones y las finanzas se fundan en la confianza. La política requiere
de credibilidad, las religiones de creencias y las finanzas de crédito, porque al fin y
al cabo, credibilidad, creencias y crédito expresan confianza. ¡Sin credibilidad, sin
creencias y sin crédito ni buena política ni buenas religiones ni buenas finanzas!
Por eso, hoy exhortamos a todos los
diputados federales y en especial a los jaliscienses, para que por encima de nuestros
compromisos partidistas, asumamos el compromiso social para enfrentar la inseguridad
pública que flagela a nuestro querido Estado de Jalisco, para lo cual pido
respetuosamente el auxilio de esta legislatura, a fin de que la Comisión de Seguridad
Pública de esta Cámara, convoque a la brevedad posible en Guadalajara a un foro cumbre
de seguridad pública, donde participen los mejores especialistas en la materia y se
propongan soluciones.
La inseguridad es grave, y dejo en
esta Presidencia...
Diputado Morales, haga favor de
concluir, su tiempo se ha terminado.
| El diputado
Francisco Javier Morales Aceves: |
Con mucho gusto, señora
Presidenta... se propongan soluciones viables para resolver conjuntamente el problema.
Le solicito respetuosamente, señora
Presidenta, turne nuestra petición a la Comisión de Seguridad Pública, ¡y qué bueno
que sea Acción Nacional a quienes no les interese Jalisco!
Túrnese a la Comisión de
Seguridad Pública.
Tiene la palabra para referirse al
mismo tema, el diputado Leonardo García Camarena, del Partido Acción Nacional, hasta por
10 minutos.
|
El diputado Leonardo García Camarena: |
Da gusto que después de que la
Ley Electoral de Jalisco prohiba mitines públicos para hacer campaña a favor de un
partido, nos den la oportunidad de participar en este mitin, de alguien o de un partido
que no pudiendo ganar sus votos con el trabajo en Jalisco, quiere ganarlo aquí en la
tribuna.
Yo quisiera creerle, al Partido
Revolucionario Institucional su buena fe y su buena intención, por buscar verdaderamente
soluciones a las causas de la inseguridad pública.
Me hubiera gustado escuchar las
palabras repetidas de quien siendo Presidente de la República ante esta tribuna, dijera
en el pasado informe de Gobierno, que la seguridad pública lo ha rebasado, y en palabras
del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, decir que la solución o la culpa no es
de un actor. Así es que o una de dos o el presidente Zedillo no es de su partido o hay
algunos tan desesperados por obtener votos que no hayan cómo presentar ante este pleno
caso por caso, sin elemento alguno, a ver si Jalisco les regala alguna limosna electoral.
No cabe duda que las crisis
económicas y la pérdida de valores, han generado en todo el país la presencia de
antivalores en forma tal que hoy se libra una gran lucha a nivel nacional, entre quienes
para su provecho pretenden que rija la ley de la selva y quienes nos empeñamos en que el
estado de derecho lo sea para todos.
El mismo Presidente de la República,
Ernesto Zedillo Ponce de León, dijo en esta tribuna que reconocer el problema enorme de
la seguridad pública no significa darse por vencido.
Qué bueno que el Partido
Revolucionario Institucional, reconoce que hay un problema de inseguridad pública. Pero
había que dimensionar si este problema es efecto o es causa. Yo creo que el problema real
de Jalisco es el crimen organizado, cuya plataforma de operación y ramificación no
aparecen, señores diputados, señoras diputadas, de un día para otro, se van
fortaleciendo al paso de muchos años.
El fenómeno de la inseguridad,
resultante del acelerado crecimiento de la delincuencia en general y del crimen organizado
en particular de una de sus vertientes más dolorosas como el narcotráfico, nos impone
escenarios inéditos a nivel nacional que no pueden ser imputables al PAN.
No quiero tampoco referir quién tenga
la culpa de ello, eso los ciudadanos de Jalisco lo decidirán el próximo 9 de noviembre,
porque hay que reconocerlo, el tema fundamental señores diputados, de que el PRI pase a
esta tribuna no es ni siquiera los secuestros, porque en ese caso tendrían que decir la
cantidad de secuestros de Chiapas, en un sólo año 70, en el D.F. 56, en Guerrero 92 y
para qué seguirle con una letanía de cifras que no dicen nada porque en ese caso habría
que destituir a todos los gobernadores priístas del país, incluyendo al Presidente de la
República.
Pero no, yo creo saben qué, el
problema fundamental es que la sociedad jalisciense afortunadamente sabe lo ocurrido antes
de 1995, la verdadera dimensión de este debate no es la seguridad pública, si lo fuera,
en cada Congreso local y en este Federal, los priístas deberían estar linchando
políticamente a sus propios gobernadores o directores de Seguridad Pública.
Pero no, el verdadero fondo de este
debate es un acto desesperado, no por transformar la seguridad pública de Jalisco ni del
país, sino de intentar, a gritos y sombrerazos, sorprender a la ciudadanía jalisciense
para obtener por lo menos, insisto, una limosna de votos. Esta es la verdadera dimensión
de este debate y no podemos quitarle a los jaliscienses el derecho a decir la última
palabra, el próximo 9 de noviembre.
No soy yo, señores diputados, el que
va a decir si el proyecto de Seguridad Pública es bueno o es malo, se los va a decir un
priísta de Jalisco, su candidato a presidente municipal a la ciudad de Guadalajara, que
el día 16 de octubre del presente año le dijera a un periódico de circulación nacional
las siguientes palabras: "considero que va en sentido correcto el proyecto que están
elaborando, tal como me lo explicó el señor gobernador, en unas semanas, según me
informó el gobernador, lo convertirá ya en una acción de seguridad, lo cual creo que
debe garantizarnos la seguridad a los tapatios y a los jaliscienses en general".
Declinó hablar de detalles de la
operación para que pudieran surtir efectos, ahí está la validación de la seguridad
pública en voz de su propio candidato.
Muchas gracias.
¿Con qué objeto, señor
diputado? Por favor proporciónenle un micrófono al diputado que está levantando la
mano.
Para contestar alusiones personales,
tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Morales Aceves.
|
El
diputado Francisco Javier Morales Aceves: |
Señora Presidenta; compañeras
y compañeros diputados:
Ustedes han visto los hechos, quien
hace de esta tribuna un mitin político ante la falta de argumentos, qué fácil es
simplemente emitir opiniones personales.
Yo expresé aquí cifras, las cifras
no han sido cuestionadas y quiero decirles antes de que las cuestionen, las cifras son de
ustedes y traigo todos los ejemplares del boletín de información de la Procuraduría
General del Estado y además aquí tienen entre ustedes al ex procurador Jorge López
Vergara, que por cierto algún día en esta Cámara tendríamos que aclarar...
Le ruego que pare el tiempo, señora
Presidenta.
Se les exhorta a que guarden
orden por favor, para que prosiga el orador.
|
El
diputado Francisco Javier Morales Aceves: |
Señor Presidenta, está
corriendo mi tiempo. ¿Puedo continuar compañera Presidenta?
Continúe el orador por favor.
|
El
diputado Francisco Javier Morales Aceves: |
Miren cómo ha evolucionado el
civismo de Acción Nacional, se está trocando en cinismo. Vamos a lo siguiente, algún
día será tema de discusión en esta Cámara, ¿cuánto les debía Acción Nacional a
Felipe de Jesús Preciado Coronado y a Jorge López Vergara?, que apenas ayer eran
consejeros electorales y Felipe de Jesús, presidente del consejo electoral; decían que
no tenían partido y hoy son diputados panistas.
Señora Presidenta, preguntaron aquí
en la tribuna si la inseguridad pública es causa o es consecuencia en Jalisco, en Jalisco
la inseguridad pública... Señora Presidenta, pare por favor.
¿Con qué objeto?... Permítame
el orador, por favor paren el reloj. ¿Con qué objeto señor diputado?
|
El
diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado (desde su curul): |
Para contestar alusiones
personales.
Sí, se le anota. ¿Cuál es su
nombre?... Felipe de Jesús Preciado. Claro que sí. Continúe el orador, por favor.
|
El
diputado Francisco Javier Morales Aceves: |
Gracias, señora Presidenta:
La inseguridad pública, preguntó
aquí el orador, es causa o es consecuencia en Jalisco, es consecuencia de un gobierno
inepto... Fíjense en la afirmación... Señora Presidenta, por favor, cuide mi tiempo. Ya
he sufrido injusticias aquí a manos de un presidente en septiembre.
Continúe el orador, por favor.
| El diputado
Francisco Javier Morales Aceves: |
Señora Presidenta:
Aquí se afirmó que habría que
destituir a los gobernadores, aquí jamás plantee yo destitución, ya emitió el orador
García Camarena, ya emitió un juicio de valor, ya sentenció a su gobernador que hay que
destituirlo, adelante señor diputado.
Y para terminar, para terminar,
mencionaron aquí la coincidencia entre nuestro candidato a presidente municipal y el
gobernador del Estado, con la afirmación que el proyecto que están elaborando va en el
sentido correcto. Es cierto, el proyecto, llevan tres años planeando, proyectando,
queriendo hacer, señores se les va acabar el tiempo y no van a gobernar en el Estado de
Jalisco, siguen siendo oposición, no se han dado cuenta de su responsabilidad como
gobierno.
Tan es así, que yo expresé, expresé
por encima de las diferencias de partido, una invitación respetuosa, aunque lo duden,
para todo... especialmente,... señora Presidenta... veo que cobra plena vigencia el bronx
panista...
Continúe el orador, por favor.
| El diputado
Francisco Javier Morales Aceves: |
Compañera Presidenta:
Quiero destacar y está la propuesta
por escrito, yo hice una petición, hay una propuesta, y no es mía, el tiempo me impidió
decirles que es de todos los diputados priístas de Jalisco, invitando a los 500, pero
especialmente a los diputados jaliscienses de las cuatro restantes fracciones, que
tengamos la generosidad por Jalisco de darnos cuenta que es cierto, en el país hay
violencia, pero en el Jalisco que hoy lamentablemente no queremos ver, tenemos el doble de
violencia que en el país.
Por su atención, muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado
Felipe Preciado, del Partido Acción Nacional, para contestar alusiones personales hasta
por cinco minutos.
|
El
diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado: |
Con su autorización, señora
Presidenta; señoras diputadas, señores diputados:
Cuando cientos o quizá miles de
funcionarios electorales llegan del PRI o de la función electoral regresan al PRI, todo
es normal. Cuando algunos funcionarios electorales nos decidimos por la oposición, nos
decidimos por buscar un mejor México, eso se sale de todo contexto.
Quiero decirles, estimados amigos
diputados, estimadas amigas diputadas, tuve el gran privilegio de participar en la
democratización de los organismo electorales...
Permítame el orador.
¿Con qué objeto, señor diputado?
| El diputado
Francisco Javier Morales Aceves (desde su curul): |
Para por su conducto, señora
Presidenta, hacerle una respetuosa pregunta al orador.
Al final de su intervención,
¿la acepta?
|
El
diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado: |
Al final la acepto, con mucho
gusto.
Decía, estimados diputados, que tuve
el privilegio de participar en la democratización de los órganos electorales de nuestro
país y hoy tengo un privilegio más grande: participar en la democratización de esta
Cámara de Diputados.
Muchas gracias.
Acepta la pregunta el diputado,
por favor y hay otros dos diputados.
|
El
diputado Francisco Javier Morales Aceves (desde su curul): |
Señora Presidenta, para que se
llegue al conocimiento del diputado orador. La pregunta sería la siguiente, muy concreta:
usted y yo hemos tenido la suerte de haber expresado este tema públicamente. Simplemente
la pregunta es la siguiente: ¿era usted el presidente del consejo electoral del estado,
en 1995, en las vísperas de los trabajos que ahora lo tienen en la Cámara, sí o no?
|
El
diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado: |
Desde luego que no sólo las
vísperas, fui presidente en la preparación del proceso, en el proceso y en la
calificación del proceso.
Muchas gracias.
¿Con qué objeto, señor
diputado?
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Preguntarle por su conducto
también, de manera muy respetuosa al orador, si en los tiempos en que conducía el
Consejo Electoral, tenía pertenencia al Partido Acción Nacional o era simple y
sencillamente un ciudadano.
Permítame el orador, primero
hay que ver si acepta la pregunta.
¿Acepta la pregunta el señor
diputado Felipe? Adelante, diputado.
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Preguntarle con todo respeto al
orador, si en los tiempos en que fungía como autoridad electoral, tenía pertenencia al
Partido Acción Nacional o su afiliación al Partido Acción Nacional es reciente, o era
un simple ciudadano cuando era funcionario electoral.
|
El
diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado: |
No era miembro ni de Acción
Nacional ni de ningún otro partido, tengo la conciencia tranquila y puedo ver con la
frente en alto.
Muchas gracias
A ver, permítame. Sí, señora
diputada. Si le proporcionan un micrófono, por favor.
|
La
diputada Marlene Catalina Herrera Díaz (desde su curul): |
Señora Presidenta, para por su
conducto preguntarle al señor orador si acepta una interpelación.
El diputado Felipe de Jesús
Preciado Coronado:
Sí.
Adelante.
| La diputada
Marlene Catalina Herrera Díaz (desde su curul): |
Señor diputado, ¿considera
usted ético, moral, políticamente, el que haya sido usted autoridad electoral en su
estado en una elección anterior a la que lo llevó a la diputación federal en este
proceso?
Orden por favor, señores
diputados. Adelante el orador.
|
El
diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado: |
Quiero decirle con todo respeto,
no sólo que lo considero ético y que lo considero moral; considero una obligación de
todo ciudadano que se respete, participar en la cosa pública, estar luchando aquí porque
se acaben esas prácticas que se comienzan a conocer, precisamente cuando se vive de cerca
los procesos electorales.
Muchas gracias.
Sí, ¿con qué objeto, señor
diputado?
¿Acepta una pregunta el orador?
|
El
diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado: |
Sí, acepto todas las preguntas.
|
El
diputado Juan Ignacio Fuentes Larios (desde su curul): |
Aparte de ser funcionario en un
organismo electoral, ¿ha tenido alguna otra presidencia en un organismo cívico?
|
El
diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado: |
Bueno, le contestaría que sí,
pero creo que no hay necesidad de sacar el curriculum, compañero.
Muchas gracias.
Sí, ¿con qué objeto, señor
diputado?
|
El diputado Juan José García de
Quevedo Baeza (desde su curul): |
Para rectificación de hechos.
Para rectificación de hechos,
tiene la palabra el diputado.
|
El
diputado Juan José García de Quevedo Baeza: |
Con su permiso, señor
Presidente; señores diputados:
Creo que es fundamental aclarar aquí
dos puntos. Uno, el señor Arturo Núñez jamás ha negado su militancia política, su
convicción partidista y siempre ha sido orgullosamente priísta.
Señor diputado, pidió la
palabra para rectificación de hechos, por favor.
|
El
diputado Juan José García de Quevedo Baeza: |
Me parece extraño el
comportamiento de la fracción panista de Jalisco aquí en el Congreso y me parece
extraño porque en Jalisco su gobernador, Alberto Cárdenas, ha manifestado siempre y lo
ha dicho públicamente y está en los diarios y se han llenado páginas y páginas con sus
declaraciones, en el sentido de que el problema fundamental de Jalisco es el de la
seguridad y que su gobierno, y lo ha dicho él públicamente, muchas veces, no sé por
qué aquí los diputados niegan las declaraciones de su gobernador, y que en los hechos su
gobierno por inexperiencia y nosotros los priístas decimos, incapacidad manifiesta, no
han podido con el problema fundamental de la seguridad. Su gobernador no ha podido con el
problema fundamental de la seguridad.
¿Cómo es posible que en Jalisco la
vida, la libertad y la propiedad..?
Permítame el orador.
¿Con qué objeto señora diputada?
|
La
diputada Rocío del Carmen Morgan Franco (desde su curul): |
Quisiera hacer una pregunta al
orador.
Si acepta una pregunta de la
diputada Morgan.
|
El
diputado Juan José García de Quevedo Baeza: |
Al final.
Al final. Continúe por favor el
orador.
|
El
diputado Juan José García de Quevedo Baeza: |
Los derechos fundamentales de la
persona: ¿la vida, la libertad y la propiedad, por eso justamente, por lo que los
ciudadanos ponen un gobernador y tienen un gobierno, no estén protegidos?
Hoy como nunca, Jalisco vive en la
más absoluta inseguridad. Se sale de la casa, no se sabe si se llega. Es decir ni vida ni
libertad ni propiedad están protegidos por el estado, y para muestra tienen ustedes aquí
un botón, al señor ex procurador de Justicia de Jalisco...
¿Con qué objeto, señor
diputado?
|
El
diputado José Espina von Roehrich (desde su curul): |
Para hacer una pregunta al
orador.
Al final.
|
El
diputado Juan José García de Quevedo Baeza: |
Al que el pueblo de Jalisco, al
que la ciudadanía de Jalisco llamó el "santo patrono de los delincuentes", y
Jalisco no le aplaudió al procurador y el gobernador dijo que era el mejor de la
historia, y al último tuvo que decir que no lo había sido. También lo declaró el mismo
procurador.
Señores panistas, esto no es un
mitin, simplemente pedirles que Jalisco, que vive los estados de inseguridad más altos y
más grandes de la República, permita una reunión para analizar el problema de la
seguridad.
Oiga, señor diputado, lo que dijo el
diputado Francisco Morales Aceves, simplemente eso. Con santo patrono los delincuentes o
sin santo patrono los delincuentes.
Muchas gracias.
Si, diputado, le van a preguntar
el diputado Leonardo García, después la diputada Rocío Morgan y por último el diputado
José Espina.
|
El
diputado Leonardo García Camarena (desde su curul): |
Si es mitin o no es mitin, lo
decidirá el pueblo de Jalisco el 9 de noviembre.
Le pregunto, señor diputado, ya que
sus ánimos exacerbados de oratoria que aún no aprende a dominar, desde el Congreso local
de Jalisco, yo le pregunto con el debido respeto: ¿es ético, es ético ser candidato y
estar su nombre en las boletas electorales y al mismo tiempo en las credenciales
electorales del mismo lugar por el que se es candidato, como le sucedió al licenciado
Emilio Chuayffet y al licenciado Arturo Núñez?
|
El
diputado Juan José García de Quevedo Baeza: |
Absolutamente.
La siguiente pregunta, la
diputada Rocío Morgan, tiene la palabra.
|
La
diputada Rocío del Carmen Morgan Franco (desde su curul): |
De esta pregunta que le voy a
hacer se va a desprender una segunda, si me perdona el orador:
¿Usted cree que los jaliscienses
somos hijos de la mala vida? ¡Sí o no! Digo. Perdóneme que no lo deje contestar.
¿Cómo explica entonces que tras tres años de gobierno de Alberto Cárdenas, los
jaliscienses hayan vuelto a refrendar su confianza en él el 6 de julio? Por favor,
explíqueme, porque a mí no me cabe en la cabeza entonces.
|
El
diputado Juan José García de Quevedo Baeza: |
Mire usted, diputada, hay
ciertos hechos, hay evidencias y las conocen todos ustedes, y el pueblo de Jalisco
también y sus autoridades también, respecto al problema gravísimo de la seguridad de
Jalisco. Esto todo mundo lo reconoce.
Si usted me está preguntando sobre
los procesos electorales y la voluntad ciudadana que se manifiesta, debemos esperarlos.
Esto es una cuestión. La otra, que no se vale, que no es correcto y que no es ético, es
que el problema que se está tratando, que es el de la seguridad, ustedes le quieran dar
salidas que no corresponden. Este problema lo vive la ciudadanía de Jalisco, los
ciudadanos de Jalisco. No se trata de decir, diputada, si les gusta la mala vida o si no
les gusta la mala vida. Lo que están viviendo, lo que están viviendo, diputada, es la
imposibilidad de poder transitar libremente por sus calles.
Lo que se está viviendo en Jalisco,
diputada, es el hecho fundamental de que la vida y la libertad y la propiedad no están
protegidas debidamente por el gobierno de Jalisco, por el señor Alberto Cárdenas. Esa es
la realidad.
No se vale, no se vale hablar de
crisis económicas y de que el desempleo produce inseguridad; no se vale usar al pasado
como escudo, no se vale, como escudo, por la incapacidad manifiesta de su gobierno y su
gobernador para resolver el problema grave de la inseguridad. Esto no se vale; esto sí no
es ético y esto sí no es ético.
Es ahí dónde está el gravísimo
doble lenguaje de Acción Nacional.
Diputado José Espina, puede
hacer su pregunta al orador.
|
El
diputado José Espina von Roehrich (desde su curul): |
Señora Presidenta, por su
conducto, hacerle llegar al orador la siguiente pregunta: con base en sus últimos
argumentos, quiero preguntar le su opinión sobre el desempeño de los señores Rubén
Valdés Abascal, José Antonio González Fernández, Lorenzo Tomas, David Garay Maldonado,
Tomás Salgado Cordero y Oscar Espinosa Villarreal, sobre el tema de seguridad pública y
procuración de justicia.
Y por último, hacerle una
invitación, para hacer un estudio sobre las causas sociales, estructurales y
criminógenas de la inseguridad, que sí es la situación económica.
|
El
diputado Juan José García de Quevedo Baeza: |
Mire usted, señor diputado: con
todo respeto, créamelo usted, con mi más absoluto respeto. La opinión que se tenga
sobre el problema de seguridad en diferentes estados gobernados por mi partido, por el
PRI, en nada, en nada, señor diputado, va a desplazar el asunto tratado aquí, el que se
quiere tratar aquí, que es el de Jalisco.
Este es un hecho, aquí se está
tratando y se quiere tratar el asunto de Jalisco a mí me hubiese gustado mucho que la
diputación panista tratara el asunto de Jalisco y hablara sobre Jalisco, las alternativas
que ha planteado el gobierno de Jalisco al problema de la seguridad, lo que han hecho los
gobernantes en términos reales y concretos, sobre este gravísimo problema, el que se
advirtiera que el problema fundamental hoy día en Jalisco, declarado por las autoridades
del PAN, es justamente la inseguridad.
Analizar eso, ver eso y no refugiarse,
no refugiarse en anteriores esquemas, para decir cuál es mi opinión. Mi opinión por lo
menos es, que no han tenido ni el cinismo ni la desvergüenza de Acción Nacional, donde
su secretario general de gobierno ante el mismo Congreso, dijo que por ley no era
responsable en materia de seguridad. Llegó a decir eso.
Se han llegado a todo tipo de
despropósitos en Jalisco ante un problema que los ha superado y con mucho y el que está
haciendo de esto, propósito electoral, político y reflexión electoral, es el diputado
García Camarena. No, no la diputación priísta de Jalisco.
ESTADO DE PUEBLA
Tiene la palabra el diputado
Adolfo González Zamora, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para referirse a la invasión de tierras en Atlixco, Puebla, hasta por 10
minutos.
|
El
diputado Adolfo González Zamora: |
Compañeros priístas, los
felicito, porque ya tienen candidato a la Presidencia de la República y se llama Manuel
Bartlett Díaz. Felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades.
La autocrítica que está ausente en
el partido que por mucho tiempo tuvo el poder, nos hace prever que en este país va a ser
muy difícil lograr consensos.
Mientras existan cacicazgos
sindicales, mientras existan cacicazgos en las zonas indígenas, mientras existan
cacicazgos en los gobiernos, la democracia está en peligro señores diputados.
En Puebla, mi Estado, compañeros, se
vive la injusticia, la violación de los derechos humanos, el abuso de poder, los
gobernadores en turno han hecho uso de manera discriminada, de todo el poder del Estado
para tratar de aniquilar a los luchadores sociales y eso es una actitud que va contra la
historia de este país.
Manuel Bartlett Díaz, ha protegido a
los caciques de esa región y ha hecho diputado a un cacique de un distrito que es
Atlixco, donde la violencia desde hace 50 años, ha sido brutal; donde la CTM
desapareció, compañeros, en los años cuarenta, aniquilada por la CROM, en una lucha por
el poder; donde la CNC se enfrentó a la CROM, en una lucha fratricida.
Esas actitudes de Puebla, esas
actitudes de gobernantes como Bartlett, no pueden permitirse en este país. Tenemos que
poner toda nuestra audacia, toda nuestra capacidad política para que la democracia no sea
borrada por las actitudes autoritarias y el señor Bartlett encabeza, y los felicito
señores priístas, el símbolo del priísmo viejo, del priísmo autoritario, del priísmo
de Díaz Ordaz y eso es una actitud totalmente negativa para el avance de este país en el
desarrollo político y económico.
Nosotros que luchamos en la trinchera
de la justicia social a favor de los trabajadores, vamos a dar la batalla política, vamos
a dar la batalla de tesis, no vamos a caer en los calificativos.
Y el caso que me trae acá
compañeros, es un caso particular de tierras de Atlixco.
¡Lástima que no está el diputado
Carreto, él sabe perfectamente bien que el problema de las tierras de Atlixco, es un
despojo que hace el diputado priísta a trabajadores de la electricidad, él lo sabe
perfectamente bien. ¡Lástima que no está!
Esa situación de Atlixco, donde la
impunidad de los caciques, donde la impunidad de los que detentan el poder, ha llevado a
que el ciudadano abandone para siempre el voto hacia el PRI.
En Puebla, el PRI ganó y ustedes
saben por qué gano en Puebla.
|
Presidencia
del diputado
Baldemar Tudón Martínez |
Señor diputado, le suplico que
continúe con su tema tratando de evitar el diálogo, por favor, y a los señores
diputados que eviten hacer comentarios que interrumpan al orador.
|
El
diputado Adolfo González Zamora: |
Ganó en Puebla el PRI, por ser
un partido de Estado, porque el gobernador Bartlett utilizó todos los recursos públicos
para las campañas de América Soto, para las campañas de los 15 diputados que están
aquí presentes...
No me pueden acusar de falso cuando
los falsos son ustedes compañeros; cuando ustedes jamás han luchado por los intereses
populares allá en Puebla.
|
La
diputada América Soto López (desde su curul): |
Señor Presidente, deseo
formularle una interpelación al orador.
Señor orador. En ánimo del
desarrollo debido de los debates, le pediría, en nombre de esta Presidencia, que evite
dirigirse en forma particular a alguno de los diputados y se dirija a la Asamblea, para
continuar con el orden del día.
|
El
diputado Adolfo González Zamora |
Pídales orden a los diputados.
| La diputada
América Soto López (desde su curul): |
Señor Presidente...
Diputada, ¿con qué objeto?
| La diputada
América Soto López (desde su curul): |
Para hacerle una pregunta.
Señor orador, ¿acepta la
pregunta de la diputada América Soto?
|
El
diputado Adolfo González Zamora: |
Sí, la acepto.
Sí la acepta.
|
La
diputada América Soto López (desde su curul): |
Gracias, señor diputado el
único municipio gobernado por el PRD en Puebla es Huehuetla, durante tres
administraciones consecutivas. En esta elección, después de que hace un año fue
brutalmente asesinado el presidente del PRI, hoy el PRI recupera Huehuetla. ¿Ahí hay
cacicazgo del PRD? Esa es mi pregunta.
|
El
diputado Adolfo González Zamora: |
Cuando el Estado tiene los
recursos, cuando el Estado tiene la Sedesol, cuando el Estado tiene todas las obras
públicas, pueden hacer lo que quieran.
Yo les puedo decir con toda seguridad
que el municipio indígena de Huehuetla no se equivoca. Y que en las elecciones
municipales, vamos a ganar nuevamente, diputada.
Y en ese aspecto, ustedes, 15
diputados del PRI, que tengo sus plataformas electorales y que se están convirtiendo en
este momento no en diputados de la nación, sino en diputados de Bartlet, están
traicionando a sus electores.
Ese es el partido de Estado, señores
y con eso tenemos que acabar.
Y a ustedes, señores priístas, si
creen que Bartlet es la persona que va a defender el sistema autoritario, qué bueno; van
por esa línea.
Pero los que luchamos por la
democracia, lo vamos a impedir.
Permítame el señor orador un
momento. Yo le pediría en nombre del orden y del desahogo correcto del debate de esta
Asamblea, indique a esta Presidencia si ha concluido el tiempo de su pregunta a la
diputada, para poder proseguir con su tiempo de intervención.
|
El
diputado Adolfo González Zamora: |
¿Otra pregunta, diputada?
|
La
diputada América Soto López (desde su curul): |
Sí, porque no.
Evite el diálogo, señor
diputado. Adelante, prosiga con su intervención. Continúe el diputado con su
intervención.
|
El
diputado Adolfo González Zamora: |
Otra pregunta.
|
La
diputada América Soto López (desde su curul): |
Yo quiero recordarle al
diputado, que en este momento en Puebla se desarrolla el programa regional, el mejor
programa regional de toda Latinoamérica.
¿Qué respeto le merece usted a este
programa de desarrollo implementado efectivamente por el licenciado Manuel Bartlett Díaz?
|
El
diputado Adolfo González Zamora: |
Ocupamos el primer lugar en
cólera, ocupamos el cuarto lugar en pobreza extrema, ocupamos el tercer lugar en la
cuestión de analfabetismo, y el primer lugar en violación de derechos humanos. Esa no es
ninguna cuestión que usted venga aquí a alabar a su gobernador Manuel Bartlett Díaz.
No hay ningún avance en Puebla. En
Puebla hay extrema pobreza, hay persecución política.
Los gobernantes como Bartlett, acaban
con todas las libertades; se sienten los salvadores de un país que fue de los años
sesenta y no de un país que es de los años noventa. Y vamos al tercer milenio. Y va a
ganar la democracia, señora diputada.
En ese aspecto, ¿está contestada la
pregunta, señora diputada?, u otra más.
|
Presidencia
de la diputada
Elba Margarita Capuchino Herrera |
Continúe por favor el orador
con su intervención.
|
El
diputado Adolfo González Zamora: |
¿Qué tenemos que hacer en este
debate político? ¿Que el camino de este país transite por la línea dura del PRI,
encabezada por Bartlett o encabece este camino a la democracia las fuerzas más
progresistas? Porque en la línea dura del PRI se encuentran los cacicazgos como en
Atlixco, que encabeza el diputado Eleazar Camarillo, que ha sido diputado seis veces en
este Congreso.
¡Y que no ha aportado absolutamente
ninguna iniciativa a favor de los trabajadores; al contrario, ha despojado de sus tierras
a gente del sindicato de electricistas y a los jueces no les deja que se ejecute la orden
de desalojo! ¡Ese es el tema, señores ¡El tema es la nación! ¡El tema es cómo
conducir este país! ¡Y el tema es cómo acabar con políticas autoritarias que se
desprenden del caciquismo! ¡Ese es el tema, señores diputados!
Si ustedes creen que el tema es en
particular, están equivocados; ¡el tema es nacional, el tema es de todo el país! ¡Y en
Puebla se está dando una política de detener el avance democrático!
¡En el periódico Reforma, el
licenciado Bartlett dijo que el PRI era el partido más grande de la historia, del Siglo
XX!
¡Cuando el PRI fue responsable, junto
con sus gobernantes, de la muerte de miles de trabajadores! ¡Cuando el PRI fue
responsable del 2 de octubre!
¡Cuando el PRI hoy, con los
tecnócratas dirigiendo, ha llevado a este país a la extrema pobreza y nos ha vendido,
nos ha privatizado!
Ruego al orador abordar el tema,
por el cual solicitó la palabra...
|
El
diputado Omar Alvarez Arronte (desde su curul): |
Pido la palabra.
¿Con qué objeto, señor
diputado?
|
El
diputado Omar Alvarez Arronte (desde su curul): |
Para una moción.
Adelante, diputado.
|
El
diputado Omar Alvarez Arronte (desde su curul): |
Señora Presidenta:
Yo quisiera que leyera usted el tema
del que estamos hablando, por el cual pidió la palabra el diputado González, para
ilustrarnos y centrarnos todos los diputados, porque ya nos confundió aquí el diputado
González Zamora.
Diputado Adolfo González: por
favor abóquese al tema de la invasión de tierras de Atlixco, que para ello solicitó su
intervención.
|
El
diputado Adolfo González Zamora: |
Estoy sobre el tema, señora
Presidenta.
Continúe, por favor.
|
El
diputado Adolfo González Zamora: |
¡Unos nacieron para esclavos y
otros nacimos para ser libres! ¡Y los priístas diputados de Puebla, nacieron para
esclavos...!
¡Nunca van a pensar con cabeza propia
y uno sí piensa con cabeza propia! Y el despojo vil que hizo Camarillo a los compañeros
electricistas, y aquí tengo el documento que voy a entregar a comisiones, va a demostrar
que el caciquismo en Puebla... Enoé: si quieres preguntarme, pregúntame. Pido respeto,
señora Presidenta...
Una moción de orden, por favor,
a la Asamblea, para que el diputado concluya con el tema.
| El diputado
Adolfo González Zamora: |
¡Por lo tanto, ante la nación
tenemos que terminar con los cacicazgos de todo tipo, con los cacicazgos sindicales, con
los cacicazgos de las zonas indígenas; pero lo más peligroso: con los caciques
gobernadores! ¡Cuidado, compañeros, mucho cuidado con los caciques gobernadores; porque
hacen esclavos y no hacen hombres libres! ¡En la lucha por la tierra en Atlixco tenemos
la razón: hay todo un proceso legal donde nosotros hemos logrado demostrar que esa tierra
pertenece a nuestros compañeros electricistas! ¡Y vamos a presentar esta documentación
a Gestoría y Quejas y a Justicia para que demostremos que en Puebla no hay legalidad y no
hay justicia, señores esclavos!
Diputado Adolfo González: su
tiempo ha concluido.
Tiene la palabra sobre el mismo tema,
el diputado Omar Alvarez Arronte, del Partido Revolucionario Institucional.
|
El
diputado Omar Alvarez Arronte: |
Con su permiso, señora
Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
El día 1o. de noviembre cumplimos dos
meses de haber empezado los trabajos de esta legislatura. Tenemos que ser autocríticos y
honestos con nosotros mismos, reconociendo que no hemos estado a la altura de las
circunstancias ni a las expectativas de nuestros electores ni tampoco a los reclamos de
los ciudadanos y probablemente no hayamos o no querremos entender la labor de los
legisladores ni los tiempos que vivimos.
La ciudadanía está pendiente y nos
exige, no puede ser que querremos convertir el Congreso en un tribunal omnipotente, con
tintes inquisitorios, donde hemos discutido asuntos desde el director de una secundaria
hasta denuncias penales o asuntos agrarios con tintes de litigio, que es el caso.
Ahora sólo falta que pidamos la
desaparición del Poder Judicial, si seguimos por este rumbo, donde la Cámara pretende
dirimir estas controversias. Así no fortalecemos ni a la democracia ni al estado de
derecho.
Fue el mismo diputado Muñoz Ledo, del
PRD, quien propuso el fortalecimiento del Poder Legislativo. Es probable que para ese
partido la forma de fortalecerlo es hacer uso de la tribuna, para realizar denuncias a
diestra y siniestra, en la mayoría de los casos sin elementos.
El protagonismo y el rencor son una
mala combinación. Yo les pregunto, compañeras y compañeros diputados, ¿no sería mejor
ahondar en asuntos trascendentales para la vida del país como avanzar en la reforma del
Estado?, propuesta hecha por mi grupo parlamentario, sin que esto sea el fondo del asunto,
quién lo propuso, sino lo más importante es llevarla a cabo buscando siempre consensos.
Hasta qué termine, compañero
diputado González Zamora, hasta que termine.
¿Con qué objeto, señor
diputado? Para rectificar hechos.
|
El
diputado Omar Alvarez Arronte: |
De seguir así estamos
desvirtuando la esencia de esta legislatura, convirtiéndose en una perversión de la
democracia. Por eso, no podemos ni debemos permitirlo, sea del partido que sea. Tampoco
podemos acceder para que esta tribuna sirva a discusiones bizantinas o a argumentos de
sofistas. Por eso, compañeros, yo los conmino a que busquemos coincidencias sobre las
diferencias, consensos entre los disensos y unidas entre la diversidad y busquemos un solo
interés: legislar en beneficio de la población, que así lo demanda y nosotros no
tenemos que prometer, sino comprometernos con México.
Este recinto no puede convertirse en
antesala de carreras políticas personales que buscan candidaturas, de hacerlo los
diputados seremos cómplices de intereses individualistas o de grupos por encima de
intereses de la nación.
No desaprovechemos la oportunidad
histórica que nos ha tocado vivir y que el pueblo de México nos confirió. Nos restan
dos años y 10 meses. O cambiamos el esquema y la visión de rencillas o bien nuestros
electores se sentirán más defraudados. Por eso debemos de poner orden en las estructuras
tanto jurídica, económica y política para beneficio del país.
Compañeros legisladores: hagamos
menos ruido y seamos más eficientes en beneficio de todos.
Esta legislatura. Hay diputados
distinguidos que han tenido la oportunidad de serlo en otras legislaturas. El de la voz,
es la primera ocasión que es diputado; lo veo con seriedad y el compromiso que implica
ser heredero del Constituyente de 1917.
Estoy cierto que vamos a salir
adelante en todos los grandes asuntos que el país reclama. No perdamos el tiempo,
pongámonos a trabajar en forma conjunta; el esfuerzo bien vale la pena, porque es una
convicción, una demanda y un compromiso en beneficio de nuestros hijos.
Hace algunas sesiones escuché al
diputado González Zamora, hacer una defensa vehemente de la figura del "Che
Guevara" ...
Diputado Alvarez, si me permite,
usted se inscribió para el tema de la invasión de tierras en Atlixco, por favor le pido
que se aboque al tema para el cual fue inscrito.
|
El
diputado Omar Alvarez Arronte: |
Lo tengo aquí, señora
diputada.
Y en esa defensa, la figura del
"Che Guevara" defendía a la clase popular, al desvalido. Yo quiero hacer
entrega a la Secretaría de dos documentos en donde la defensa que hoy o la invasión de
tierras que hoy viene a denunciar el diputado González Zamora, es efectivamente en contra
de unos campesinos que están en negociaciones y en acuerdo; están plasmados acá los dos
documentos. Quiero pensar que fue sorprendido el diputado González Zamora, por un litigio
que llevaba algún compañero ex diputado de su partido. Hago entrega a la Secretaría,
porque el tema al que nos referíamos y al que él pidió la palabra, era precisamente
ése, el de la invasión de tierras.
Muchas gracias, compañeras y
compañeros diputados.
Tiene la palabra el diputado
Juan Carlos Espina von Roehrich, del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos, sobre
el mismo tema.
|
El
diputado Juan Carlos Espina von Roehrich: |
Con el permiso de la
Presidencia; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Hemos escuchado la denuncia que el
diputado Adolfo González Zamora ha presentado en relación a una invasión de tierras en
Atlixco, Puebla, en agravio de algunos ciudadanos, quienes responsabilizan al diputado
federal Eleazar Camarillo Ochoa, de este abuso.
Se relacionan con la denuncia,
conceptos como: chantaje, violencia, presión, despojos, contubernios, intimidación. Al
Partido Acción Nacional no le sorprende esta situación ¿Por qué?, efectivamente y creo
que nadie podrá negarlo y creo que nadie lo ha negado, en la región de Atlixco, Atlixco
Tianguismanalco, Nialtican, San Nicolás de los Ranchos, Santa Isabel Cholula, San Andrés
Cholula, San Gregorio Atzompa, Guaquechula y otros municipios, se sufre desde hace
décadas un cacicazgo feroz, inhumano y ya insoportable.
Dice el diccionario al respecto de la
palabra "cacique", como segunda acepción, "persona que ejerce una
autoridad abusiva en lo político y lo social en un pueblo o comarca". Díganme si no
es un cacique alguien que ha manipulado, afortunadamente cada vez menos, la vida
política, sindical, agraria, comercial y hasta social de más de 12 municipios.
Díganme si no es un cacique alguien
que a través de un sindicato corrompido en su naturaleza, en su esencia y en su
funcionamiento, controla el transporte público, controla a los tianguistas, a locatarios
de mercados, a grupos invasores de terrenos, a organizaciones de campesinos, a ligas de
deportistas y hasta manipula procesos electorales.
Díganme si no es un cacique alguien
que, para alcanzar todo este control político y social se vale de todas las herramientas
a su alcance, las que ya mencioné.
Si me van a hacer alguna pregunta que
se dirijan a la Presidencia. Sí, en Atlixco y su región sobrevive en contra de los aires
democráticos que soplan en gran parte de nuestro México, un cacicazgo y el titular es
nada menos una persona que por quinta vez ocupa un escaño en esta Cámara de Diputados,
el diputado Eleazar Camarillo Ochoa, de quien espero yo haga uso de la palabra en esta
tribuna por segunda ocasión, en los cinco periodos que ha fungido como legislador.
Nos sumamos a las exigencias del
diputado González Zamora, para que este asunto se resuelva por el bien del estado de
derecho en Puebla, que es México y no una ínsula donde los dinosaurios, si los hay o
hasta cuando los haya, puedan irse a refugiar de la extinción, bramando algunos hasta
académicamente su dolor, su pesar, su añoranza de tiempos idos.
Pero agregamos a esta denuncia un caso
de mayor relevancia, por la materia y por el número de agraviados y agregamos este caso
aquí y ahora porque se trata de la misma persona y además, repito, de un integrante de
esta Cámara de Diputados, se trata de los atropellos sufridos a casi 500 obreros de la ex
fábrica textil La Concha y para ello enlistaré rápidamente algunos hechos y al mismo
tiempo daré lectura a algunos párrafos de un documento entregado por los afectados a
cada uno de los coordinadores de los grupos parlamentarios en fecha reciente.
"1o. Enero de 1989. Se firma un
contrato de compraventa de acciones de la fábrica textil Comercial de Telas, S.A. La
Concha, los compradores en teoría son los obreros del Sindicato Fraternidad y Progreso,
representados por el otra vez hoy diputado Camarillo, pasaron a mano de los obreros sin
estar enterados, el 100% de las acciones. El diputado Camarillo realizó una cesión de
derechos gratuita a un particular poco después.
2o. En 1994 ante notario público, se
efectuó, la protocolización indebida de un acta de una supuesta asamblea del mismo
sindicato, anexándose firmas falsas en el acta de la asamblea fantasma del 20 de
diciembre de ese año. En dicha asamblea supuestamente se resolvió el otorgamiento de un
poder amplio con facultades, para pleitos, cobranzas, administración y dominio en
beneficio del señor Camarillo. Hay que agregar que las firmas de los trabajadores fueron
tomadas de las nóminas semanales.
3o. El fraude se repite en enero de
1995, cuando el otra vez hoy diputado federal como apoderado del sindicato, suscribe un
contrato de crédito con el Banco de Oriente, por 1 millón de pesos para adquisición de
materiales, insumos y pago de nóminas.
¿Dónde está ese dinero, si la
fábrica se encontraba en huelga desde principios de 1994, un año antes? Hay que agregar
que el crédito se otorgó dando como garantía un inmueble propiedad del sindicato, donde
por cierto está instalada la clínica 34 del Seguro Social en Atlixco, situación
completamente irregular.
4o. Los 380 obreros inconformes,
asistieron el 9 de abril de 1996, a la audiencia de remates de la primera almoneda,
impidiendo con ello una venta ilegal a un comprador desconocido, quien ofrecía sólo 12
millones de pesos y además lograron adjudicar los bienes de la fábrica a los obreros por
22 millones de pesos. Los mismos trabajadores convocaron y celebraron, apegados a derecho,
una asamblea para renovar su dirigencia sindical, el 28 de julio de este año."
Al solicitar la toma de nota ante la
autoridad laboral competente, cuál sería su sorpresa al descubrir que ya había una toma
de nota; se hacía constar en ella de la celebración de una supuesta asamblea y en ella
el supuesto acuerdo de ampliar la duración un año más de las funciones de la directiva
saliente, traicioneros, por cierto, del asesor permanente de la CROM, Eleazar Camarillo,
asamblea inexistente y acuerdos inexistentes.
Sí, permítame el orador. Sí
diputada América Soto.
|
La
diputada América Soto López (desde su curul): |
Señora Presidenta, para una
moción. Que le pida al diputado orador que se centre en el tema, que es un asunto de
tierras.
Continúe el orador, por favor.
|
El
diputado Juan Carlos Espina von Roehrich: |
Gracias.
La denuncia es hacia un diputado de
esta legislatura y el caso es el cacicazgo en Atlixco.
Sí, sí, está bien. Adelante.
|
El
diputado Juan Carlos Espina von Roehrich: |
Se ha comentado en innumerables
ocasiones la nueva realidad que vive este cuerpo legislativo, la oportunidad de que
contribuya al equilibrio de poderes, al fortalecimiento del federalismo, al acercamiento
entre el México legal y el México real. De ello, comentó hace un momento el diputado
Omar Alvarez Arronte.
Pero también, hay que reafirmar la
capacidad hoy, actual, de que esta Cámara sea una caja de resonancia de lo que ocurre en
nuestro país; sea sobre todo una oportunidad de escuchar a los que no tienen otro medio
para reclamar, denunciar, proponer, a los que no han podido ser escuchados. Hay que
reafirmar la necesidad de que esta honorable asamblea sea una instancia que colabore para
desterrar de la nación el cáncer de la impunidad.
Deberá ser propósito de este poder,
el que nadie, nadie así sea integrante de este mismo poder, quede exento de responder por
sus actos u omisiones, a la justicia, valor imprescindible para una convivencia social,
armónica, verdaderamente humana.
Y voy a terminar leyendo algunos
párrafos de los mismos obreros que entregaron un documento, hace poco a todos los
coordinadores de los grupos parlamentarios. Dicen los obreros: "el señor Eleazar
Camarillo nos manifestó que él era poderoso, que tenía muchas influencias, relaciones y
mucho dinero; que a él nadie le podía hacer nada, ya que tenía muchos compadres y
amigos políticos que sabían de sus actos, que son ilegales y que por eso él podía
pasearse por donde él quisiera y que nosotros con todos los medios legales que tenemos a
nuestro alcance, jamás le podríamos hacer algo ya que él con una simple llamada de
teléfono se enteraba de todo y que con su dinero y sus relaciones nada le podría
suceder".
Dicen también los obreros: por ello,
solicitamos su apoyo e intervención para que conjuntamente nuestro movimiento legalmente
conformado salga avante, ya que nosotros y ustedes, miembros de esta legislatura, estamos
en contra del caciquismo, la corrupción y el soborno y este movimiento es el principio
para acabar con estas prácticas que deshonran a nuestro país.
Muchas gracias.
Para rectificación de hechos,
han solicitado la palabra el diputado Adolfo González Zamora y el diputado Omar Alvarez.
Tiene la palabra hasta por cinco
minutos, el diputado González Zamora.
|
El
diputado Adolfo González Zamora: |
Con su venia, señora
Presidenta; señoras diputadas; compañera diputada, le pido orden; señores diputados: el
problema del caciquismo en México es grave y la impunidad está presente, se cometen
atropellos, se despoja a campesinos de tierras, se sacan indígenas de su región, se
llevan a otra región; en Huauchinango los caciques mataron, en Pantepec, a 22 campesinos
y no digamos Atlixco, Atlixco ha sido una continua lucha por el poder caciquil.
Y les decía y aquí debe haber
cetemistas y ojalá Carreto tome la palabra, que allá en Atlixco la CROM acabó con la
CTM, la CROM acabó con la CNC y ha perseguido políticamente a luchadores sociales.
Si ustedes, diputados de Puebla,
quieren ser cómplices del caciquismo, allá ustedes, están contra la historia.
Me decía el brillante estudiante del
UPAEC, Abezarronte, que estoy defendiendo intereses patronales, mentira, porque sabemos
cómo son los métodos de los caciques, disfrazan a gente pudiente de campesinos y
despojan a los verdaderos pobres de Atlixco y eso nadie lo puede negar, en los libros de
historia, en los anales de historia está lo que ha pasado en Atlixco.
Qué pedimos, hay pláticas; qué pasa
en las pláticas, el señor Camarillo señala que hasta la próxima plática. Sabemos
claramente que esa situación es dilatoria y que no se va a resolver el problema, porque
el problema es de fondo, el problema es de conducción política y en Puebla se está
actuando con complicidad con los caciques y eso parte del gobierno del Estado, el gobierno
del Estado manda toda la obra pública a los caciques y ustedes no me pueden negar que
Ernesto Zedillo fue a Olintla y en Olintla los caciques desplazaron a "Antorcha
Campesina" y mataron a cerca de 20 antorchistas, en una lucha feroz, sin
racionalidad, ése es el caciquismo que nosotros queremos que no entorpezca la democracia,
señores del PRI. Si ustedes no quieren cambiar, ni modo... ¿una pregunta?
Permítame el orador. Sí,
diputado, ¿con qué objeto?
¿Acepta una pregunta el orador?
|
El
diputado Moisés Ignacio Mier Velasco (desde su curul): |
Acaba de mencionar usted que en
Olintla, a la organización priísta por cierto, "Antorcha Campesina",
asesinaron a 20 de sus miembros. Creo y así debe ser porque usted no viene a hablar aquí
si no tiene conocimiento de causa, y usted debe saber los nombres, dígame por lo menos de
cinco de los 20 difuntos.
|
El
diputado Adolfo González Zamora: |
Compañero, fue en el gobierno
de Piña Olaya, se mandaron helicópteros a sacar a las personas que fueron masacradas.
No hay problema Mier, no hay problema
Mier, ustedes defienden al caciquismo, es claro, es obvio, están defendiendo a Camarillo,
nosotros estamos en contra del caciquismo y tenemos que dar la lucha para que el
caciquismo no entorpezca la democracia y entremos al estado de derecho...
Permítame el orador, por favor.
Diputado, ¿con qué objeto?
|
El
diputado Moisés Ignacio Mier Velasco (desde su curul): |
Empiécele a tomar el tiempo,
porque no me está respondiendo.
|
El
diputado Adolfo González Zamora: |
Porque tú lo sabes, Mier, por
eso y tú lo sabes.
Continúe por favor el orador.
Que se coordine el tiempo.
|
El
diputado Adolfo González Zamora: |
Quedan dos objetivos o le
entramos de lleno en Puebla, a que el caciquismo no entorpezca los procesos democráticos
o somos cómplices de la violencia que se da en las regiones más apartadas del Estado de
Puebla.
Obviamente...
Señor diputado, ¿con qué
objeto?
|
El
diputado Víctor Manuel López Balbuena (desde su curul): |
Quisiera hacer una pregunta al
orador.
¿Acepta el orador la pregunta?
Adelante, señor diputado.
|
El
diputado Víctor Manuel López Balbuena (desde su curul): |
Señor diputado orador, usted
dice que el caciquismo está invadiendo o invadió ya muchos municipios y todo en la
región de Atlixco. Hace un momento, cuando se trataba el asunto de Jalisco, una
compañera diputada del PAN pregunto y yo le vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿usted
cree que serán hijos de la mala vida los señores y las señoras y los ciudadanos que
viven en Atlixco, donde refrendaron el 6 de julio el voto por el Partido Revolucionario
Institucional, a favor de Eleazar Camarillo?
|
El
diputado Adolfo González Zamora: |
Sabemos que el corporativismo,
sabemos que es una actitud verticalista que viene desde las oficinas de Manuel Bartlett
Díaz, y sabemos cómo se obtuvieron las victorias allá en Puebla y triunfó el
caciquismo, porque inundaron de obra pública a los pequeños municipios y atemorizaron a
los ciudadanos en el voto señor diputado, pero usted no me puede negar que el caciquismo
es un cáncer de este país y que lo tenemos que eliminar, lo tenemos que legislar, lo
tenemos que acabar, porque si no, este país va a una situación irreversible de la
violencia y nosotros queremos democracia pacífica, tránsito pacífico, señor diputado.
Continúe por favor, señor
diputado, con la rectificación de hechos.
|
El
diputado Adolfo González Zamora: |
Para terminar este tema.
Gracias por tu catolicismo para
terminar este tema.
Convoco a los diputado de la nación a
que en un acto patriótico, en un acto democrático, juntos acabemos con este cáncer que
es el caciquismo, que tanto daño le ha hecho a este país en su historia, que tantos
crímenes ha cometido en este país en toda su historia.
Los convoco a aquellos que no tienen
vendida su conciencia, tiene que estar a favor del progreso y no del retroceso. El
caciquismo y retroceso, la democracia es progreso. Hay dos caminos: el progreso o el
caciquismo.
Muchas gracias, compañeros diputados.
Se ordena a la Secretaría que
consulte a la Asamblea si está suficientemente discutido el tema, por favor.
|
La
secretaria Blanca Rosa García Galván: |
Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si está completamente
discutido este tema.
Los que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa,
por favor manifiéstenlo también... No está suficientemente discutido, señora
Presidenta.
Continuamos con los dos oradores
que se han inscrito en la lista para rectificación de hechos, y concluimos con el tema.
Tiene la palabra el diputado Omar
Alvarez, hasta por cinco minutos.
|
El
diputado Omar Alvarez Arronte: |
Con su permiso, señora
Presidenta:
Vine a hacer un llamado a que entre
las diversidades encontremos coincidencias y llegamos al mismo punto: no estamos
construyendo, estamos destruyendo.
Efectivamente, la definición en el
diccionario del término cacique, dice: "personaje de viso y excesiva influencia en
un pueblo, sobre todo en asuntos políticos o administrativos", que es lo que no hizo
referencia mi compañero diputado Juan Carlos.
Pero se les olvida una cosa que
contradice al compañero diputado González Zamora. Dice que el caciquismo ha entorpecido
la democracia en Atlixco. Yo creo que no conoce Atlixco. Atlixco está gobernado, en el
municipio, en su cabecera, por Acción Nacional tiene un diputado local de Acción
Nacional, y tuvo un diputado federal de Acción Nacional.
La alternancia no es mala, es buena.
Fijense nada más, no debemos de perder de vista eso, compañeros diputados, la
alternancia va a mejorar este país, pero como dijo el compañero diputado López
Balbuena, ¿qué habrán hecho para elegir a nuestro compañero diputado Eleazar
Camarillo? Creo que es una reflexión que no debemos perder de vista, todos, los diputados
aquí presentes, pertenecientes a cualquier grupo parlamentario.
Los partidos políticos tenemos que
esmerarnos en trabajar para recuperar la confianza y la credibilidad de la sociedad.
Tal parece que queremos estar ciegos a
lo que se está manejando ante la opinión pública. ¿Creo que me quieren hacer una
pregunta?
|
El
diputado Juan Carlos Espina von Roehrich (desde su curul): |
Señora Presidenta.
¿Con qué objeto?
|
El
diputado Juan Carlos Espina von Roehrich (desde su curul): |
Hacerle una pregunta al orador.
|
El
diputado Omar Alvarez Arronte: |
Adelante.
|
El
diputado Juan Carlos Espina von Roehrich (desde su curul): |
Gracias, señora Presidenta:
La pregunta, Omar, es la siguiente:
después de que el señor Camarillo es por quinta ocasión diputado federal y tú
conociendo la situación, no nada más electoral, sino política, social, sindical, de
Atlixco, ¿puedes tú afirmar que en Atlixco no hay cacicazgo? Es la pregunta.
|
El
diputado Omar Alvarez Arronte: |
Tú mismo lo has definido, Juan
Carlos, pero se te olvida una situación que a nosotros ya no nos tocó ver, una época
difícil en los años cincuenta, en donde el país estaba al borde de movimientos
sociales.
Ahorita hay estabilidad. Estamos en
los años noventa y hay estabilidad en ese municipio. Y yo los invito a que vayan, que
vean a su administración municipal y hagan la reflexión de lo que sucedió en Puebla.
¿Por qué votaron en contra de ustedes? Eso no podemos ser ciegos ni ocultarlo, es una
realidad, es tangible.
Quiero terminar, permíteme. Para
todos los compañeros diputados: tal parece que queremos tapar el sol con un dedo. En los
noticieros, en las principales columnas, nos han catalogado como la peor legislatura, que
no ha producido, que no ha generado, y yo vine a esta tribuna a eso, a invitarlos a
trabajar, no a enredarnos en discusiones bizantinas que no nos van a llevar a ningún
lado.
Muchas gracias.
Ya se había dictado un
trámite, por lo tanto se autorizó nada más el uso de la palabra a dos oradores, y tiene
la palabra el diputado Camarillo.
|
El
diputado Jesús Eleazar Camarillo Ochoa: |
Compañeras y compañeros
diputados:
Qué bueno que en esta tribuna se nos
conozca por verdades o por mentiras. Antes de seguir adelante, para expresar mis
opiniones, yo quisiera que le diera lectura la Secretaría, hágame el favor.
Se solicita a la Secretaría que
dé lectura por favor. Sí, es parte del tiempo del señor diputado.
|
La
secretaria Blanca Rosa García Galván: |
«Ciudadano Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura.-
Presente.
Lázaro Salazar Reyes, Eduardo García
Pérez, José Luna Salazar e Isaías Luna Díaz, con domicilio para recibir notificaciones
en la avenida Emiliano Zapata número 701 código postal 74270, teléfono 0124456637 de la
ciudad de Atlixco, Puebla, ante ustedes con el debido respeto venimos a hacer de su
conocimiento:
1o. En fecha 9 de septiembre del año
en curso fue presentado ante usted un escrito en donde se señalaban diferentes puntos con
relación al problema agrícola ubicado en la planta número dos de San Juan Portezuelo,
perteneciente al distrito judicial de Atlixco, Puebla
2o. Para el efecto de corregir
diferentes ambigüedades que aparecen en el mencionado escrito, es necesario mencionar lo
siguiente:
a) Que en efecto el día 15 de julio
de este año nos reunimos con el diputado federal señor Eleazar Camarillo Ochoa, a
solicitud de los suscritos para el efecto de entablar una plática con las personas que
invaden nuestra propiedad y darle una solución sin crear otro tipo de conflicto, y lo
cual nos atendió y escuchó los planteamientos ahí señalados, asesorándonos de acuerdo
a lo social y a la ley.
b) Con relación al párrafo donde se
señala que nos arregláramos, porque no convenía que hubiera tres o cuatro
"muertitos", refiriéndose a nosotros, es importante señalar que el diputado
federal no hizo mención alguna en ese aspecto, sino que por la ambigüedad del párrafo
se interpreta de esa manera, pero no es cierto lo ahí señalado, como tampoco es cierto
se haya hecho mención de que el señor gobernador haya intervenido para posponer la
diligencia de restitución.
Lo anteriormente señalado y aclarado,
y a su vez le manifestamos que seguimos en pláticas los suscritos que están ocupando
nuestros terrenos, teniendo intervención del señor diputado federal a solicitud de las
dos partes, para darle una mejor solución a nuestro problema.
Asimismo hacemos de su conocimiento
que como resultado de las pláticas establecidas entre los copropietarios y los vecinos de
la colonia 10 de Abril, así como las personas que los representan, llegamos a la
conclusión de que el próximo lunes, 10 de noviembre, habrá un ofrecimiento formal de la
compra de las 14 hectáreas y media, motivo de la controversia y que a juicio de las dos
partes, será la solución definitiva a dicho conflicto.
Atentamente, Atlixco, Puebla, a 3 de
noviembre de 1997. Y están firmando el ingeniero Lázaro Salazar Reyes, los ciudadanos
José Luna Salazar, Eduardo García Pérez e Isaías Luna Díaz. Con copia para la
coordinación de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, del PRI y del
PAN.»
|
El
diputado Jesús Eleazar Camarillo Ochoa: |
Gracias:
Con este documento queda totalmente
aclarado que aquí solamente venimos a querer intrigar y a faltarnos al respeto, cuando
tenemos que venir a ver otras cosas.
Ya ustedes vieron en este oficio cómo
los mismos, que decían que me habían acusado, vienen sus firmas diciendo que es mentira.
La situación se las voy a comunicar breve.
Como diputado federal llegaron a
platicar con su servidor de ustedes, para ver lo de las tierras; yo no sabía que estaban
invadidas.
Cuando yo pregunté cómo estaba el
asunto y me dijeron que lo habían ganado legalmente los dueños, yo les dije:
"bueno, no se aflijan, ya el juez resolvió, ustedes son los dueños. Sólo les voy a
pedir un favor a los mismos que firman aquí...
Su tiempo ha concluido, señor
diputado. Le solicitamos que concluya por favor.
|
El
diputado Jesús Eleazar Camarillo Ochoa: |
Bueno, para acabar pronto con
eso, los que mandaron invadir, fue un elemento de su partido el que mandó invadir...
Su tiempo ha terminado, por
favor concluya.
|
El
diputado Jesús Eleazar Camarillo Ochoa: |
Fue un elemento de su partido el
que mandó invadir.
Ahora vamos con lo demás. Hablan de
que hay cacicazgo porque he sido seis veces diputado, les duele porque les ganamos en
Atlixco... y les vamos a volver a ganar...
Señor diputado, su tiempo ha
terminado, por favor concluya.
|
El
diputado Jesús Eleazar Camarillo Ochoa: |
Así es de que aclaren, que
aclaren bien lo que vinieron a decir aquí, pero que digan la verdad, que digan lo cierto
de parte de los que están defendiendo a compañeros que ya regresaron, pedían 3 mil
millones para arreglar el asunto...
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Pido la palabra.
Sí, diputado Oceguera, ¿con
qué objeto?
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Para una aclaración.
Señora Presidenta, vemos con mucha
pena que se está aplicando el reglamento de una manera mucho muy parcial. Hace un rato
todo mundo le demandamos ubicar al orador en el tema. Usted no atendió la petición, en
cambio sí ubicó de inmediato en el tema a nuestro orador; ahora señora Presidenta,
usted está contabilizando dos minutos con 20 segundos que duró la lectura de un
documento, contra el tiempo del orador en turno.
Yo le ruego, señora Presidenta, en
nombre de la imparcialidad, que usted le dé dos minutos de compensación al orador en
turno, si tiene a bien.
Concluya por favor el orador.
|
El
diputado Jesús Eleazar Camarillo Ochoa: |
Para concluir sobre los dos
asuntos, en los de la denuncia que hace el señor diputado, ahí un compañero de ustedes,
Alejandro del Castillo, fue el que les dijo a esos compañeros, que invadieran esas
tierras; a la hora que quieran lo podemos comprobar.
Y por el otro lado, que hablan de
asuntos sindicales, ahí los que defienden o defendían a los compañeros porque ya
regresaron con nosotros, ya se dieron cuenta de tantas mentiras, hablan acá de 1 mil
millones y es cierto. Pero en las nóminas que se les prestó cada ocho días a los
compañeros, ahí dice que reciben media raya de préstamo que consigue el sindicato, sin
criticar a los demás sindicatos, ¿cuál otro sindicato ha hecho eso?
Ahora viene, ahora viene lo demás...
Señor orador, le pedimos que
concluyera, no se le autorizó, más bien no sabemos quién autorizó los dos minutos de
más. Por favor concluya ya.
|
El
diputado Jesús Eleazar Camarillo Ochoa: |
De los que defienden a los que
decían que eran contrarios al sindicato, sus abogados nos pidieron 3 millones para vender
los asuntos de los compañeros. ¿A dónde está la defensa? ¿Qué hacen ustedes? Eso lo
comprobamos a la hora que quieran.
Señor orador, se le solicita
por favor que abandone ya la tribuna, su tiempo ha concluido.
Para ilustrar a la Asamblea, se
solicita a la Secretaría dé lectura al artículo 115 del Reglamento Interno.
|
La
secretaria Rocío del Carmen Morgan Franco: |
"Artículo 115. Cuando
hubieren hablado todos los individuos que puedan hacer uso de la palabra, el Presidente
mandará preguntar si el asunto está o no, suficientemente discutido. En el primer caso
se procederá inmediatamente a la votación. En el segundo, continuará la discusión,
pero bastará que hable uno en pro y otro en contra, para que se pueda repetir la
pregunta."
Esta Presidencia pregunta
nuevamente a la Asamblea si el punto está lo suficientemente discutido.
|
La
secretaria Rocío del Carmen Morgan Franco: |
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señora Presidenta.
FEDERALISMO FISCAL
Tiene la palabra el diputado
Raúl Martínez Almazán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para hacer comentarios sobre federalismo fiscal, hasta por 10 minutos.
|
El
diputado Raúl Martínez Almazán: |
Con su permiso, señora
Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
México enfrenta grandes desafíos
para lograr un mayor desarrollo económico, político y social.
La sociedad mexicana, al final del
Siglo XX y las condiciones internacionales en las que el país desarrolla su economía,
demandan la profundización de nuestro sistema federal.
México es una República y es una
democracia, porque es la judicatura del pueblo, es el derecho al voto, es el Gobierno del
pueblo, es representativa porque los diputados que estamos reunidos aquí en esta Cámara,
somos los representantes del pueblo que nos eligió con su voto y es federal, porque cada
uno de los estados libres y soberanos, en su régimen interior, se unen en un pacto
federal.
La fortaleza de la República se
fundamenta en la herencia acumulativa de los avances sociales y en la firmeza de las
instituciones públicas.
Nuestro desafío es asumir plenamente
la tradición federalista y liberal del constitucionalismo mexicano, con un profundo
sentido social, para consolidar nuestra forma de gobierno republicana, democrática y
federal.
Acelerar el proceso para una
redistribución de autoridad, de responsabilidades y de recursos del Gobierno Federal
hacia los órdenes de gobierno estatal y municipal.
Fomentar el desarrollo armónico y
justo de las regiones y fortalecer el municipio como el espacio de gobierno más próximo
a la comunidad.
Las relaciones fiscales y financieras
se sustentan en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en los convenios de
desarrollo social y en la descentralización de los programas federales hacia los estados
y los municipios.
Un federalismo sano, significa que
cada nivel de gobierno asuma su responsabilidad política, fiscal y administrativa.
El Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal ha logrado importantes avances. Sus resultados han sido la simplificación y
eficiencia de los sistemas tributarios, la armonización impositiva, evitando la múltiple
tributación, el establecimiento de un sistema de transferencias, como son las
participaciones federales, la colaboración administrativa en diversas materias
impositivas y la creación de organismos específicos de diálogo entre las autoridades
fiscales.
La reforma de 1983 al artículo 115
constitucional, otorgó al municipio facultades sustantivas y una nueva estructura de su
hacienda pública, fortalecida a través de los recursos provenientes de la fiscalidad de
la tierra, del impuesto predial, atentos a la fórmula federal y a las necesidades del
país, se reconoce al municipio como la instancia básica del ordenamiento político y
territorial de México.
El sentido de la reforma municipal de
1983, fue devolver la soberanía fiscal al municipio.
En efecto, la soberanía, atributo del
pueblo para ejercer autoridad y administración, se consolida en la proporción de la
verdadera autonomía presupuestaria y de hacienda de los ayuntamientos.
Así, los ingresos provenientes de los
gravámenes a la propiedad raíz, los derechos y las participaciones federales,
constituyen columna vertebral de las finanzas municipales.
El fortalecimiento municipal determina
movilizar recursos, capacidades e inventivas locales, fortalecer la hacienda municipal,
alentar una administración profesional y eficiente e impulsar el cumplimiento de las
atribuciones de los ayuntamientos.
El país tiene 2 mil 418 municipios.
Las características geográficas y socioeconómicas de cada uno son diferentes, sus
problemas y necesidades también.
El fortalecimiento del federalismo
implica reconocimiento a la diversidad de cada región y de cada municipio. En el
fortalecimiento municipal todos tenemos que participar. A mayor participación mejor y
más expedita solución de los problemas. Este es el espíritu que debe animar la
concertación y la corresponsabilidad.
La política social del Gobierno de la
República ha sido responsable, porque ha propiciado la integración productiva de los
individuos en la sociedad. Ha avanzado en la descentralización, en la medida en que las
demandas de la población están siendo resueltas a nivel de los estados y de los
municipios. Para superar la pobreza extrema se involucra a los tres órdenes de gobierno y
se apoya en el esfuerzo y participación de los ciudadanos.
La política social es democrática
porque se nutre del pluralismo y la participación ciudadana. No obstante, la política
social para 1998 obliga a un mayor esfuerzo de descentralización de los recursos y las
funciones a nivel de los gobiernos, de los estados y los municipios.
Los municipios demandan que se les dé
mayor participación en la elaboración de los programas de desarrollo regional y
convenios estatales de cooperación. De tal forma, que se permita reconsiderar y redefinir
los esquemas y fórmulas de distribución de los recursos que garanticen equidad y
transparencia. Así lo señalaron durante la tercera reunión de presidentes municipales
del Partido Revolucionario Institucional.
PRONUNCIAMIENTO
Federalismo, economía, finanzas
públicas y administración tributaria son rubros vitales para el fortalecimiento estatal
y municipal. La política económica ha permitido un crecimiento en proceso de
consolidación. Los principales indicadores de la economía muestran que para 1997 las
metas trazadas habrán sido logradas y anticipan perspectivas favorables para 1998.
Debemos fortalecer las finanzas
estatales y municipales como detonador del desarrollo económico y social, sobre la base
de una economía sana y un equilibrio en las finanzas del sistema federal. ¡Es un
compromiso que está cumpliendo el Gobierno del presidente Zedillo!
Tienen los órganos en materia de
coordinación fiscal la elevada responsabilidad de cumplir una agenda nacional, que
permita al país avanzar en estas materias.
Demandamos un federalismo hacendario
que incorpore, como parte de las relaciones fiscales y financieras del Gobierno Federal,
de los estados y de los municipios, el ingreso, el gasto y el crédito como un todo.
Lograr una vigorosa coordinación hacendaria que permita mayores participaciones a los
estados y municipios y que su distribución esté sujeta a principios de equidad,
eficiencia y certidumbre.
Avanzar en el mejoramiento de la
legislación y de la administración tributaria en el combate a la evasión y la
deshonestidad, en el esfuerzo recaudatorio, en la generación del ahorro y en la
austeridad y en la eficiencia del gasto.
Las participaciones federales
constituyen un factor de creciente importancia dentro de los ingresos estatales y
municipales. Comparativamente los impuestos y derechos han perdido su relevancia
financiera. El reto es: fortalecer las administraciones tributarias para aumentar su
capacidad de recaudación y para combatir la evasión fiscal.
Las limitaciones de financiamiento,
los municipios deben buscar mecanismos alternativos que complementen la captación
tributaria y el abanico de posibilidades es muy amplio. La concesión, la inversión
privada, la modernización del sistema catastral, la propiedad inmobiliaria, el trabajo
comunitario, la contribución de mejoras y el crédito, constituyen alternativas viables a
las cuales los municipios deben recurrir.
Compañeras y compañeros diputados...
Permítame el orador.
Sí, diputado. ¿Con qué objeto?
|
El
diputado José Luis Sánchez Campos (desde su curul): |
Para una interpelación.
¿Acepta el orador una
interpelación?
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El
diputado Raúl Martínez Almazán: |
Sí, cuando concluya mi
intervención.
Sí la acepta al terminar,
diputado.
Continúe, por favor.
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El
diputado Raúl Martínez Almazán: |
Los objetivos señalados son
representativos de la ideología del Partido Revolucionario Institucional. Los diputados
priístas de la LVII Legislatura Federal, refrendamos nuestro compromiso con el
fortalecimiento del federalismo y nos manifestamos en favor de una actividad legislativa
eficaz, que consolide a los estados y a los municipios como la instancia fundamental para
la vida política de la nación.
Muchas gracias.
Si se le proporciona, por favor,
al diputado José Luis Sánchez, un micrófono.
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El
diputado José Luis Sánchez Campos (desde su curul): |
Usted habló de que se han
cubierto las metas programadas para 1997. ¿Me podría señalar en qué consistieron esas
metas y cómo se cumplieron?
En segundo lugar, usted señala que en
el fortalecimiento al federalismo, el presidente Ernesto Zedillo cumplió con sus
compromisos. ¿Usted me podría señalar cómo se cumplieron esos compromisos en la Ley de
Coordinación Fiscal, cuáles cambios hubo en 1997? Porque debe de recordar que en el Plan
Nacional de Desarrollo, el presidente Zedillo se comprometió a descentralizar la vida
nacional y a darle atribuciones y facultades a los municipios a través de la
modificación de la Ley de Coordinación Fiscal.
Por sus respuestas, muchas gracias.
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El
diputado Raúl Martínez Almazán: |
El crecimiento económico
alcanzado con el esfuerzo de la sociedad, del Gobierno de la República, de los partidos
políticos, de los mexicanos todos, han permitido superar la emergencia en la que
estuvimos inmersos en 1994. La crisis, compañero diputado, fue superada, la que
enfrentamos en 1994.
Los años subsiguientes nos
permitieron dar pasos firmes en materia de crecimiento económico, para alcanzar una tasa
del 5% y el 6% del producto interno bruto. La inflación no rebasará el 15%, pero sobre
todo, compañero diputado, lo que este país ha podido lograr, que no debemos perder, es
la confianza del mundo en que México es un lugar promisorio y un lugar en donde pueden
venir a invertir en este país.
Voy a continuar, compañero diputado.
Su tiempo ya concluyó, señor
orador. Le solicitamos, por favor, que pase a ocupar su lugar.
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El
diputado Raúl Martínez Almazán: |
Muchas gracias, compañeros
diputados.
Tiene la palabra, para el mismo
tema, el diputado Carlos Arce Macías, del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.
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El
diputado Carlos Francisco Arce Macías: |
Gracias, señora Presidenta:
Hoy en México, el centralismo es
opresivo y retrógrado, socialmente insensible e ineficiente, por eso es mi convicción en
el umbral del Siglo XXI, que México debe de avanzar hacia un renovado federalismo, un
federalismo que se traduzca en el ejercicio pleno de la soberanía estatal y de la
libertad de los municipios.
Un federalismo que fortalezca el
ejercicio de las facultades de cada gobierno local y que nutra la confianza de cada
comunidad en sus autoridades; un federalismo que se sustente en una nueva distribución de
recursos, responsabilidades, atribuciones y capacidad real de decisión.
Así declaraba en marzo de 1995 el
Presidente de la República, revisemos, dos años y ocho meses, qué ha sucedido en los
rubros marcados por el propio Ejecutivo Federal. Cabe destacar que no fue, sino hasta
agosto de 1997, que el Gobierno Federal presenta su programa para un nuevo federalismo, lo
que pone en evidencia el pobre interés en avanzar en estos temas, se tarda para ello dos
años y cinco meses.
Pero pasemos al análisis de la
voluntad presidencial para establecer el nuevo federalismo. Primeramente en cuanto al
fortalecimiento de las facultades de los gobiernos locales, no hemos visto un avance
decisivo, hemos observado, sí, una desconcentración de programas y tareas de
dependencias federales hacia estados y municipios, mas no un traslado de facultades y
potestades decisorias sobre los recursos.
Es falso el nuevo federalismo en tanto
las cifras con que se nos trata de convencer de una verdadera descentralización se
refieren a gastos ejecutados por otros niveles de gobierno y no a decisión de gasto de
las entidades federales y de los municipios.
En la nueva distribución de recursos,
el Gobierno Federal nos ofrece un aumento del 6.8% al 13.3% del gasto federalizado, pero
este aumento no ha sido acompañado por una política transparente de la transferencia de
estos gastos a los estados.
Me refiero concretamente a las
asimetrías en los porcentajes de participación de estos estados en los diferentes
convenios, mientras unos pagan por ejemplo el 90% o el 50% de la planta educativa total,
otros no devengan cantidad alguna.
También habría que considerar los
paripasus, esto es, aquellos convenios con los que las dependencias federales en donde se
condiciona un porcentaje de la aportación de los estados a fin de realizar algún
programa del Gobierno Federal, discrecionalidad pura sin criterios objetivos, nula
transparencia y quizá sólo quizá favoritismos partidistas o de grupo. Esta
discrecionalidad no puede ser tolerable en el próximo presupuesto que lo vaya anotando
Hacienda.
La nueva distribución de facultades y
responsabilidades en lo referente al sistema de competencias, también es un problema,
sobre todo ante la carencia de un órgano que represente siquiera medianamente a los
estados como sería originalmente la idea del Senado, se ha propiciado una visión
contenida en la legislación federal secundaria, centralista y vertical en muchos casos
conculcatoria de la soberanía estadual.
Permítame el orador. ¿Con qué
objeto, diputada América? Si el tiempo, por favor, detengan el reloj. Sí adelante
diputada América.
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La
diputada América Soto López (desde su curul): |
Con todo respeto pedirle señora
Presidenta, que indique la lectura del artículo 109 y 112 del reglamento de este
Congreso, dado la evidente falta de quorum.
Sí, no se puede interrumpir al
orador, por favor continúe.
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El
diputado Carlos Francisco Arce Macías: |
Muchas gracias, señora
Presidenta:
Decía pues, que ante la falta de un
órgano que represente siquiera medianamente a los estados, como sería originalmente la
idea del Senado, se ha propiciado una visión contenida en la legislación secundaria
federal, centralista y vertical en muchos casos conculcatoria de la soberanía estadual.
Y tan ha sido así, que ahí tenemos a
las haciendas estaduales desnaturalizadas por una sencilla razón: prácticamente no
cobran ni administran impuestos, esto propiciado por una acción federal llevada a cabo en
1980, la coordinación fiscal y los pavorosos convenios a los que se ha visto sometido el
poder... por parte del poder central las haciendas estatales.
Y fíjense bien, las legislaturas
estatales ya prácticamente no establecen impuestos, sino únicamente para los municipios.
El panorama que se nos representa resulta aberrante: municipios sin potestad tributaria,
estados que ejercen únicamente su potestad para establecer tributos a los municipios y
una Federación concentradora de los impuestos sustanciosos, de los cuales bondadosamente
reparte un 21.06% de ellos a las entidades federales y a los municipios.
No, señores diputados. No es fácil
romper una larga tradición de poder absoluto imperial que se ha ejercido con puño de
hierro desde el centro. El Ejecutivo, en uso de sus facultades para iniciar leyes, hasta
el momento, no ha promovido cambio alguno respecto, precisamente, al asunto del
federalismo; en contraste a ello, Acción Nacional ha decidido impulsar cambios en el
artículo 124, a fin de delimitar con precisión las competencias de los diferentes
niveles de gobierno y hacer vigente así el federalismo.
Capacidad real de decisión de los
gobiernos estatales y municipales, sobre el tema se ha hablado reiteradamente, los hechos
son contundentes. El Gobierno Federal continua decidiendo una buena parte del gasto
consolidado del sector público, tan solo un discretísimo 81% del gasto. ¿Puede ser esto
síntoma de un verdadero federalismo?, o explíquennos por favor, en qué consiste su
nuevo federalismo, que verdaderamente no lo entendemos.
El Gobierno Federal, pomposamente nos
anuncia que el gasto total del Gobierno es del 12.1%, lo que se destina a participaciones
para los estados, aunado al 13.3% de transferencias, subsidios y previsiones salariales;
un total del 25% del gasto neto, la cuarta parte del gasto total del Gobierno Federal para
estados y el Distrito Federal. Sin embargo, olvidan que si bien el 12.1% de
participaciones por normatividad prevista por la ley de la materia se deben de integrar al
presupuesto, estos dineros no son de la Federación, son de los estados en virtud de la
coordinación fiscal; es dinero producido y por y para las entidades, no para el Gobierno
central, así pues, el Gobierno Federal solamente está federalizando el 13.3% de su
gasto.
Estas son cifras reales, presentadas
por la Secretaría de Hacienda; aquí están, de aquí las saqué.
Como conclusión, podemos decir que
los trabajos en pro de un verdadero federalismo no son respaldados por los hechos.
Proponemos ante esto, un profundo compromiso de esta Cámara, para profundizar en una
reforma a fondo del sistema federal actual. Esta reforma claramente es parte fundamental
de la gran reforma del Estado, que cuanto antes debemos atender.
Muchas gracias, compañeros diputados.
¿Con qué objeto, señor
diputado?
Para rectificación de hechos tiene el
uso de la palabra el diputado, hasta por cinco minutos.
Se pide orden a la Asamblea, por
favor, para que escuchemos con respeto al orador.
No le escucho, diputado Prats, si le
permiten un micrófono, por favor. Tiempo, regresen el reloj, por favor.
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El diputado Jesús Ignacio Arrieta
Aragón: |
Con su permiso, señora
Presidenta; señoras y señores diputados:
Sin duda que se trata de un tema muy
importante que seguramente a todos nos interesa, diría nos interesa sobremanera, de hecho
es uno de los asuntos que tendríamos que revisar de fondo, por tratarse de la célula
misma, de la base misma del Gobierno del país, el gobierno municipal que está implícito
en el análisis del nuevo federalismo.
Quisiera sin embargo poner a su
consideración que sea un propósito de esta Cámara de Diputados, de fondo y no
únicamente circunstancial o temporal, el buscar una propuesta que nos permita, más allá
de quién gobierne en un Estado, más allá de quién gobierne en un municipio, dar con la
fórmula en la que los municipios tengan la verdadera capacidad y gobernabilidad para
atender a sus gobernados, porque se nos habla aquí del afán de un partido que pretende
un nuevo federalismo, sin embargo en la práctica cuando es gobierno y lo vivimos en
algunos estados, no ocurre lo que piden para aplicar en todo el país.
Y estoy consciente de que vengo de una
experiencia en el Estado de Chihuahua y quiero concientizarles de lo que yo he vivido,
porque esa capacidad que requerimos los municipios, lo requerimos así gobierne el PRI,
como el PAN o el PRD y no únicamente de manera coyuntural estar pidiendo la
descentralización o el nuevo federalismo.
Les propongo que busquemos, al igual
que estamos buscando un proyecto de economía de Estado, también busquemos una reforma de
Estado en materia de nuevo federalismo y que sea útil para que, gobierne quien gobierne,
estén claras las relaciones entre los gobiernos Federal, del Estado y municipal.
Es un tema profundo que nosotros
también tomamos con toda seriedad y que proponemos, tal como lo hemos estado intentando,
que profundicemos en su estudio en las comisiones correspondientes, que ahí hemos hecho
propuestas de que conjuguemos las ideas y los planteamientos de todos y vengamos a esta
tribuna con una propuesta común, apartidizada, porque a ustedes les consta, se han
realizado eventos nacionales de presidentes municipales de diversos partidos y les
extrañará, pero son extraordinarias las coincidencias, porque todos quieren más
recursos para tener más capacidad de respuesta a los ciudadanos, todos quieren una
acotación más clara de sus facultades y de sus relaciones con los distintos niveles de
gobierno.
Vamos pues, tomando este tema con la
profundidad y la seriedad que el caso amerita, para que en el futuro el presidente
municipal, si es del PRI, no sufra por que el gobernador es del PAN, porque hemos
constatado que los abusos no provienen de una definición de partido, sino por las
actitudes de las personas, porque es condición humana la que provoca la enfermedad del
poder. Vamos pues acotando y estableciendo con claridad las normas para que, sin distingo
de quién gobierne o de qué partido provenga, las relaciones sean sanas, que sean claras,
diáfanas y permitan a final de cuenta dar respuesta a quien todos nos debemos, a los
ciudadanos, a los mexicanos.
Muchas gracias.
FELIPE CARRILLO PUERTO
Ante la evidente falta de
quorum, esta Presidencia informa a la Asamblea que el miércoles 12 de noviembre del año
en curso, en el Salón Verde del Palacio Legislativo, a las 9:00 horas, tendrá lugar la
conmemoración del CXXV aniversario del natalicio de Felipe Carrillo Puerto.
Asimismo, esta Presidencia informa que
en razón de los hechos suscitados, el diputado Jorge Emilio González Martínez, del
Partido Verde Ecologista de México, ha retirado de la sesión de este día, el tema sobre
las zonas afectadas por el huracán "Paulina", pidiendo se programe para la
próxima sesión.
Pido a esta Secretaría dé lectura al
orden del día de la próxima sesión.
ORDEN
DEL DIA
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La
secretaria Rocío del Carmen Morgan Franco: |
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.- Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Martes 11 de noviembre de 1997.
Lectura del acta de la sesión
anterior.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de Colima y Durango.
Presentación de iniciativas del
Ejecutivo.
Por el licenciado, Guillermo Ortiz
Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público.
Ley de Ingresos de la Federación para
el ejercicio fiscal de 1998.
Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal de 1998.
Ley que establece y modifica diversas
leyes fiscales. (Miscelánea).
Criterios Generales de Política
Económica para 1998.
Dictámenes de primera lectura
Cuatro de la Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos
Juan José Osorio Palacios, María Esther de Jesús Scherman Leaño; teniente coronel de
infantería Rodolfo Díaz Navarro; doctor Jesús Federico Reyes Heroles González Garza;
para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de
Venezuela.
De la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Luis
Enrique Mateo Franco Díaz de León, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del
Libertador San Martín, en grado de Oficial que le confiere el gobierno de la República
de Argentina.
De la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al general brigadier
Diplomado de Estado Mayor Egberto Parra Arias. para aceptar y usar la condecoración de la
Estrella Militar de las Fuerzas Armadas, en grado de Gran Estrella al Mérito Militar, que
le confiere el gobierno de la República de Chile.
De la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general
de división Diplomado de Estado Mayor Jaime Contreras y Guerrero, para aceptar y usar la
condecoración de la Gran Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco, que le confiere
el gobierno de España.
Tres de la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos
Carlos Alberto Gómez Da Silva y Millares, María Eugenia Gabriela Cortés Cortés y
Guillermo Jacinto Casas, para prestar servicios en la Embajada de Portugal en México.
Y los demás asuntos con los que la
Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
| La
Presidenta (a las 17:25 horas): |
Se levanta la sesión y se cita
para la próxima, que tendrá lugar el martes 11 de noviembre a las 10 de la mañana.
 
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