DIARIO de los DEBATES

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Correspondiente al Primer de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio

AÑO I                   México, D.F.,  miércoles 12 de noviembre de 1997                   No. 28

S U M A R I O

I-IV

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 399 diputados, por lo tanto hay quorum.

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

Se le va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer año.- LVII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 12 de noviembre de 1997.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones de diputados.

Comunicaciones del Congreso del Estado de Hidalgo.

Iniciativas de diputados

De reformas al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Espina Von Roehrich, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Por el que se comunica que la ciudadana Laura Elena Salazar García, ha dejado de prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Oficios de la Embajada de Sudáfrica

Por los que se comunica que las ciudadanas Georgina Antonia López Guerrero Beltrán, Rosa Elena Díaz Marín y Marcela Téllez Recinas, han dejado de prestar servicios en la Embajada de la República de Sudáfrica en México.

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Angel Gurría Treviño, Juan Rebolledo Gout, Herminio Alonso Blanco Mendoza, Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, Enrique Vilatela Riba, Guillermo Ortiz Martínez, Rafael Tovar y de Teresa, José Luis Barros Horcasitas y Roberto Miranda Sánchez, para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden del Mérito, que en diferentes grados les confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jesús Alfonso Nieto Zermeño, Dulce María Valle Alvarez y Leopoldo Guadalupe Michel Díaz, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de Bélgica.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Rogelio Cortés Cruz, para aceptar y usar la medalla por el Espíritu de Sacrificio y Valentía, que le confiere el gobierno de la República de Polonia.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Natividad de la Luz Oñate Muñoz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Guadalupe Vázquez Gómez, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Carmen Cecilia Mendoza Romero, para prestar servicios como asistente comercial, en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María de los Angeles Lomelí Vargas, para prestar servicios como auxiliar contable, en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Propuesta con punto de acuerdo sobre atención a discapacitados, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Denuncia sobre el muelle de Cozumel, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El siguiente punto del orden del día, es la discusión del acta de la sesión anterior.

Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido entragada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se dispensa la lectura, señor Presidente.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes once de noviembre de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del primer año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las diez horas con treinta y dos minutos del martes once de noviembre de mil novecientos noventa y siete, con una asistencia de cuatrocientos cincuenta y nueve diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y tomando en consideración que los coordinadores de los grupos parlamentarios recibieron copias de ese documento, la Asamblea le dispensa la lectura y, posteriormente, la aprueba en sus términos en votación económica.

Se da cuenta con diversas comunicaciones de los congresos de Colima y Durango, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. La primera, de enterado y la segunda, se turna a la Comisión de Energéticos para su conocimiento.

El Presidente informa que el Secretario de Hacienda y Crédito Público se encuentra en el salón de protocolo y designa una comisión que lo acompañe hasta el lugar que se le ha designado en el salón de sesiones.

Inmediatamente después, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos, se ordena un

RECESO

A las once horas con dos minutos, se reanuda la sesión, ingresa el secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Guillermo Ortiz Martínez y se le concede el uso de la palabra para presentar las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuestos de Egresos para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y ocho.

Se turnan a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, respectivamente.

Al término de su exposición, la comisión designada acompaña al Secretario de Hacienda y Crédito Público hasta las puertas de recinto.

También se da cuenta con las iniciativas de Ley que Establece y Reforma Diversas Leyes Fiscales y decreto que reforma la Ley de Coordinación Fiscal.

Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaría da primera lectura a tres dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que ciudadanos mexicanos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República de Argentina, de la República de Chile y del Reino de España, y tres más de la misma comisión que concede permisos constitucionales necesarios para que diversos ciudadanos mexicanos, puedan prestar sus ser vicios en la Embajada de Portugal en México.

La Asamblea les dispensa la segunda lectura y se someten a discusión y votación de inmediato.

No habiendo quien haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos cuarenta y cuatro votos.

Se turnan al Poder Ejecutivo Federal, según corresponde.

El Presidente da la bienvenida a los alumnos de la Universidad Cristóbal Colón, de la secundaria Peterson, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la preparatoria Colegio Francés.

De la misma manera, pide a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, que atienda a una comisión de la Organización del Patrimonio de la Familia.

Se pone a consideración de la Asamblea, una proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, respecto a la organización interna de diversas comisiones. En votación económica, se aprueba.

Hace uso de la palabra el diputado Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, del Partido Acción Nacional, quien solicita excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sobre la iniciativa de reformas al artículo ciento cuarenta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El Presidente hace lo conducente.

Para presentar una proposición de veda en las zonas afectadas por el huracán "Paulina", hace uso de la palabra el diputado Miguel Angel Garza Vázquez, del Partido Verde Ecologista de México. Se turna a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente y sube a la tribuna el diputado Lino Cárdenas Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos y en el mismo sentido la diputada Roselia Margarita Barajas Olea, del Partido de la Revolución Democrática.

Presenta una denuncia en contra del Congreso del Estado de Morelos, el diputado Heladio Alfonso Sandoval Camuñas, del Partido Revolucionario Institucional.

Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a los diputados: César Jáuregui Robles, del Partido Acción Nacional; José del Carmen Enríquez Rosado, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Ramón Félix Santini Pech, del Partido Revolucionario Institucional; Anastacio Solís Lezo, del Partido de la Revolución Democrática, y Jaime Miguel Moreno Garavilla, del Partido Revolucionario Institucional.

Comenta la desincorporación de la empresa NKS, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el Estado de Michoacán, el diputado: Antonio Soto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones. En la primera entrega diversos documentos y un expediente, mismos que se turnan a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Patrimonio y Fomento Industrial y la segunda, para rectificar hechos.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Abraham González Negrete, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones y, en la primera quien expresa su opinión sobre el mismo tema y en la segunda, para rectificar hechos. Del mismo partido, sube a la tribuna el diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac, para rectificar hechos y, en el mismo sentido, el diputado Alberto López Rosas, del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente informa que hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo parlamentario relativo a las sesiones, integración del orden del día, los debates y las votaciones de la Cámara de Diputados, por lo que entrará en vigor mañana mismo.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día y el Presidente clausura la de hoy a las catorce horas con nueve minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, miércoles doce de noviembre de mil novecientos noventa y siete a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobada, señor Presidente.

DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

Se va dar lectura a varias comunicaciones.

«Ciudadano diputado Juan Miguel Alcántara Soria, Presidente de la mesa directiva durante el mes de noviembre.- Presente.

Por este medio me permito informar a usted, que desde el 16 de octubre me reincorporé a mis labores legislativas, ya que estuve de licencia por un lapso de seis días (10 al 15 de octubre próximo pasado), sirva la aclaración para los trámites a que haya lugar.

Sin otro particular de momento, agradezco de antemano la atención que se sirva dar a la presente y le reitero las seguridades de mi consideración más distinguida.

Atentamente.

México, D.F., a 11 de noviembre de 1997.- Diputado Fernando Castellanos Pacheco.»

Se le tiene por reincorporado.

ESTADO DE HIDALGO

«Escudo.- Poder Legislativo.- Gobierno del Estado de Hidalgo.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

Me permito hacer de su conocimiento, que la Comisión Permanente de la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, clausuró los trabajos correspondientes al receso del primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional.

Sin otro particular, reitero a ustedes las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Pachuca, Hidalgo, 29 de septiembre de 1997.- El oficial mayor del honorable Congreso, Gerardo A. González Espinola.»

«Escudo.- Poder Legislativo.- Gobierno del Estado de Hidalgo.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

Me permito hacer de su conocimiento, que la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, dio apertura al segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año ejercicio constitucional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles mi consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Pachuca, Hidalgo, 1o. de octubre de 1997.- El oficial mayor del honorable Congreso, Gerardo A. González Espinola.»

«Escudo.- Poder Legislativo.- Gobierno del Estado de Hidalgo.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

Me permito hacer de su conocimiento para los efectos a que haya lugar, que la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en junta preparatoria celebrada el día de hoy, dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para la elección de los integrantes de la directiva, que habrá de presidir los trabajos durante el mes de octubre del año en curso, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional, quedando integrada de la siguiente forma: diputados: Francisco Vicente Ortega Sánchez, presidente; José Carmelo Acosta Carrillo, vicepresidente; Mabel Gutiérrez Chávez, Héctor Méndez Alarcón, Alfonso Covarrubias Rubio y Carolina Leyva Santillán, secretarios.

Sin otro particular, reitero a ustedes las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Pachuca, Hidalgo, 29 de septiembre de 1997.- El oficial mayor del honorable Congreso, Gerardo A. González Espinola.»

De enterado.

CONSTITUCION POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tiene la palabra el diputado José Espina von Roehrich, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con el permiso de la Presidencia....

Me permite, señor orador. Solamente para solicitar a los diputados que tomen sus lugares en sus curules, a efecto de poder poner atención al orador en turno.

«Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- LVII Legislatura.- Presente.

Los infrascritos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 54 y 55 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos la siguiente iniciativa de reformas constitucionales conforme a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Una de las finalidades últimas de nuestra Constitución Política, es la de garantizar y preservar la libertad y dignidad del hombre, y como uno de los aspectos que deben tenerse en cuenta para lograrlo es el establecimiento de los medios adecuados que permitan su activa participación en la organización política del país, constituyendo al mismo tiempo uno de sus derechos fundamentales, ya que se reconoce que el titular original de la soberanía nacional es el pueblo.

La manera en que el pueblo ejerce su soberanía en la actualidad, dadas las características y tamaño de la sociedad en que vive, es la democracia indirecta, mediante la elección de representantes, ya que sería imposible ejercerla directamente. Bajo esas premisas, se estableció como forma de gobierno para México una república, representativa, democrática y federal, instituciones que son los medios legales que garantizan dicha participación activa en la vida política.

En este orden de ideas, el pueblo desarrolla su actividad política a través de la elección de representantes, quienes son el instrumento o conducto para expresar la voluntad de los ciudadanos, al tomar decisiones relacionadas con su organización social.

No obstante lo anterior, los habitantes del Distrito Federal han carecido del ejercicio de estos derechos políticos, sufriendo en tal sentido una capitis diminutio, respecto del resto de los habitantes del país y que ha acontecido a lo largo de toda la historia de dicha entidad.

Analizando la historia independiente de México, se observa que en la Constitución 1824 se otorgó al Congreso la facultad de elegir un lugar que sirviera de residencia a los órganos federales, ejerciendo en él las atribuciones del poder Legislativo de un Estado y la de variar esa residencia, designándose al efecto la Ciudad de México y a la que se desmembró del Estado de México y se le convirtió en el Distrito Federal, entregándose el gobierno de la nueva entidad y sus respectivas funciones a los órganos federales, concediéndose el derecho al Distrito Federal de elegir diputados al Congreso Federal.

En relación con la elección del Presidente y vicepresidente de la República, en virtud de haberse establecido un procedimiento indirecto por el que las legislaturas elegían a dichos funcionarios y al no tener los habitantes del Distrito Federal legislatura propia, resultaron excluidos de tan importante derecho político.

Durante el régimen centralista, la República fue dividida en departamentos, dentro de cuya organización se creó un órgano denominado asambleas departamentales, que estaban encargadas de reglamentar lo relativo a los servicios públicos de cada departamento, cuidar la salubridad pública, aprobar los presupuestos de gastos, proponer iniciativas de ley al Congreso General, ser consultor del gobierno en todos aquellos asuntos que éste le encomendara. Durante este periodo el territorio correspondiente al Distrito Federal, tomó el nombre de Departamento de México.

Al restablecerse la Constitución de 1824, se volvió a designar a la Ciudad de México como Distrito Federal, siendo nuevamente la residencia de los poderes federales y asumiendo éstos el gobierno de la entidad.

Con la Constitución de 1857, nuevamente se dieron facultades al Congreso para designar un lugar que sirviera de residencia a los poderes de la Unión, acordándose que radicarían en la Ciudad de México, la cual representaría al Distrito Federal, cuyo órgano legislativo era el propio Congreso, otorgándosele la facultad para legislar en todo lo relacionado con el Distrito Federal, teniendo como base el que los ciudadanos eligieran a las autoridades políticas, municipales y judiciales, designándoles rentas para cubrir sus necesidades locales; asimismo, se otorgó el derecho a los ciudadanos del Distrito Federal de elegir a los diputados al Congreso de la Unión y posteriormente, en 1874, a los senadores.

En 1901, se reformó la Constitución y se estableció que la organización del Distrito Federal quedaba sometida al Congreso de la Unión, eliminándose el derecho de los ciudadanos para elegir popularmente a sus autoridades, quedando sujeto totalmente el gobierno de esta entidad, al Gobierno Federal. En la Ley Orgánica correspondiente a esta reforma constitucional, se continuó el régimen de municipalidades, pero frente a cada una de ellas se colocó un prefecto político directamente nombrado por el Presidente de la República. Los ayuntamientos siguieron subsistiendo en cada municipalidad y a pesar de que sus miembros eran elegidos popularmente, mediante elección indirecta en primer grado, las atribuciones de dicho cuerpo fueron reducidas a facultades de vigilancia, de opinión, de consulta en determinados asuntos y de iniciativa para la adopción de medidas que los prefectos deberían adoptar en cada caso.

Este régimen subsistió hasta la Constitución de 1917, la que siguió en esencia lo establecido en la de 1857, con la modalidad de que se facultó al Congreso de la Unión para modificar el nuevo territorio correspondiente al Distrito Federal, en caso de cambio de residencia de los poderes de la Unión, conservando la división del Distrito en municipalidades mediante elección popular directa de sus miembros, confiriendo al Presidente de la República la facultad de nombrar y remover libremente al gobernador de dicha entidad.

En 1928, se derogó el régimen de municipalidades y prácticamente quedó bajo el mando de las autoridades federales lo atinente a las funciones legislativa, ejecutiva y judicial.

Se creó el órgano del Ejecutivo llamado desde entonces Departamento del Distrito Federal y 13 delegados en las antiguas municipalidades. Simples funcionarios administrativos sin facultades decisorias nombrados por el Presidente de la República propuesta del jefe del Departamento del Distrito Federal.

También se establecieron consejos consultivos, uno para el Departamento que se llamó central y otro para cada una de las 13 delegaciones.

Los consejos se integraron por el sistema corporativo con representantes de los sectores económicos y sociales. Tuvieron siempre mínimas facultades de aconsejar y de elaborar proyectos de reglamento.

En 1941, se eliminaron los consejos de las delegaciones pero se mantuvo un consejo, el consultivo de la Ciudad de México, que funcionó como un órgano protocolario y de opinión, sin autoridad ni fuerza política, en el que se recogen algunas ideas de descentralización de gobierno propuestas en 1965, otorgando crecientes facultades a los delegados.

Se insistió en un consejo consultivo sin participación real en el gobierno del Distrito Federal y se crearon las juntas de vecinos, cuyos dirigentes en ascendente proceso de manipulación integraron el ornamental consejo.

A pesar de que en ese mismo año de 1970, el Partido Acción Nacional presentó en esta Cámara de Diputados la propuesta para que el consejo consultivo no tuviera facultades simbólicas, que fuera electo popularmente, con facultades de veto frente a las decisiones del jefe del Departamento del Distrito Federal y la facultad reglamentaria, subsistió la figura decorativa hasta 1995.

Analizando los antecedentes históricos del Distrito Federal, se concluye que durante un largo periodo sus habitantes no han tenido la oportunidad de ejercer sus derechos políticos ya que no han contado con una legislatura propia, con facultades plenas sobre las materias que competen directamente a la ciudad que habitan y hasta fechas recientes tampoco contaban con la posibilidad de elegir al titular del Poder Ejecutivo.

Tomando en consideración tal circunstancia se han hecho varios intentos de reivindicar a los habitantes del Distrito Federal en el uso y goce de sus derechos políticos, como lo es la reforma constitucional de diciembre de 1977, al artículo 73 fracción VI, segunda base, en la que se instituyó el referendum. Sin embargo, la ley que reglamentó tal figura, Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal de diciembre de 1978, la hizo nugatoria ya que la desarrolló de manera insuficiente y tendenciosa, teniendo una vigencia sólo de carácter formal.

En 1987 se derogó la institución del referendum y con el propósito de que los ciudadanos del Distrito Federal, alcanzaran, como en las demás entidades federativas, el ejercicio de sus derechos políticos, se reformó la fracción VI del artículo 73, para establecer nuevas bases de organización y funcionamiento del gobierno del Distrito Federal, instituyéndose la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, cuyo origen era la elección popular.

Este órgano se integró por 40 representantes electos según el principio de votación mayorítaria relativa y 26 representantes electos según el principio de respresentación proporcional, a dichos representantes se les equiparó a los diputados federales en cuanto a la vigencia de su cargo, impunidad en cuanto a las opiniones emitidas en el desempeño de sus funciones y se les dio rango de servidores públicos con fuero constitucional de acuerdo con el artículo 110 constitucional, debiendo reunir los representantes los mismos requisitos que se establecen para los diputados federales.

Sin embargo, no fue propiamente un órgano legislativo ni tampoco un órgano administrativo, sino que se le encomendaron funciones mixtas, sujetas al órgano legislativo federal en virtud de que se le encomendó dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno, pero sujetos a las leyes que emitiera el Congreso de la Unión y sobre determinadas materias que fueron taxativamente señaladas; proponer al Presidente de la República la atención de problemas prioritarios; recibir y revisar los informes trimestrales del Distrito Federal, respecto a la ejecución de presupuestos y programas aprobados, citar a servidores públicos del Distrito Federal a comparecer para que informaran sobre el desarrollo de los servicios y obras a su cargo; convocar a consulta pública sobre los temas y materias del Distrito Federal, aprobar los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; la facultad de iniciar leyes ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas al Distrito Federal, etcétera.

Las facultades de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal eran mixtas en virtud de que los ordenamientos que emitía, a pesar de que se les llamara reglamentos, si no existía ley del Congreso de la Unión en determinada materia, constituían propiamente leyes en sentido formal y material, pero no eran objeto del derecho de veto del Presidente de la República. Si existía ley del Congreso sobre la materia que regularan sí constituían un reglamento para mejor proveer en la esfera administrativa.

Esta reforma constituyó un avance en el otorgamiento de los derechos políticos de los habitantes en el Distrito Federal, más no fue suficiente para reivindicarlos en los mismos, ya que aún siguió siendo competencia de los poderes federales el gobierno de tal entidad, como lo demuestra el hecho de que la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el mes de febrero de 1988, expedida por el Congreso de la Unión, regulaba las atribuciones y organizaciones de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Como un avance dentro del proceso de reforma del Estado, en 1993 el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de reformas constitucionales, con la que nuevamente se dio un avance en el proceso democratizador del Distrito Federal en el otorgamiento de los derechos políticos a los habitantes del Distrito Federal, a través de la conformación de un gobierno local, un órgano legislativo a través de la Asamblea de Representantes y la creación de un consejo de ciudadanos, regulándose todo lo relativo al Distrito Federal en el artículo 122 constitucional.

No obstante que las referidas reformas constituyeron un avance, el mismo aún resultó insuficiente en virtud de que el órgano ejecutivo encargado de la administración pública del Distrito Federal, no era totalmente autónomo encontrándose todavía subordinado al Presidente de la República, ya que se estableció un sistema de elección indirecto del jefe del Distrito Federal; a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal se le otorgaron facultades legislativas pero limitadas y taxativas en algunas materias, reservándose al Congreso de la Unión las demás y el mencionado consejo de ciudadanos fue el equivalente a la junta de vecinos de cada delegación política con funciones de mera opinión, consulta, denuncia y sólo de aprobación en algunos casos.

Lo anterior se demuestra con la regulación que al efecto se estableció y que consistió en:

a) El Congreso de la Unión, tuvo a su cargo la expedición del Estatuto de Gobierno, equivalente a la Constitución local de las entidades federativas, invirtiéndose el esquema del artículo 124 de la Constitución, en el sentido de que las facultades que no estén expresamente concedidas a los poderes de la Unión, se entienden reservadas a los estados.

b) También se dio al Congreso de la Unión competencia para aprobar anualmente los montos de endeudamiento requeridos por el gobierno del Distrito Federal, así como lo relativo a la seguridad pública del Distrito Federal.

c) El nombramiento del jefe del Distrito Federal correspondía al Presidente de la República, de entre cualquiera de los representantes a la Asamblea, diputados federales o senadores electos en el Distrito Federal, pertenecientes al partido político que por sí mismo hubiera obtenido el mayor número de asientos en la Asamblea de Representantes.

d) Se dio intervención al Senado en aquellos casos en que en segunda vuelta el nombramiento del jefe del Distrito Federal, no fuere ratificado por la Asamblea de Representantes.

e) El mando de la fuerza pública en el Distrito Federal y la designación del servidor público que la tenga a su cargo correspondían al Presidente, pudiendo delegar en el jefe del Distrito Federal las funciones de dirección en tal materia.

f) La aprobación del nombramiento de Procurador General de Justicia del Distrito Federal, correspondía al Presidente de la República.

g) Se estableció el derecho de veto del Presidente de la República respecto de las leyes y decretos expedidos por la Asamblea, así como su promulgación y publicación.

Tal regulación no permitió a los habitantes del Distrito Federal contar con un gobierno autónomo pleno y total, ya que aún dependía su gobierno de los poderes federales de manera importante.

Tomando en consideración que las condiciones para los habitantes del Distrito Federal aún resultaban insuficientes en cuanto al ejercicio de sus derechos políticos, en 1996 se dio una nueva reforma del artículo 122 constitucional, en la que se logró un avance mayor.

Con esta última reforma, se estableció que el titular del Poder Ejecutivo en el Distrito Federal sería elegido por votación universal, libre, directa y secreta, equiparándolo a los gobernadores de los estados; se incrementó el ámbito competencial de las materias correspondientes a la Asamblea a la que se le denominó Asamblea Legislativa; se eliminaron algunas facultades del Presidente de la República como la de iniciar leyes ante la Asamblea, el derecho de veto a las leyes emitidas por dicho órgano legislativo, la de su promulgación y publicación, así como la de reglamentarlas, otorgándose tales facultades al jefe de gobierno del Distrito Federal. También se le dio a este funcionario la facultad de nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta en la Constitución o las leyes.

Sin embargo, esta reforma aún resultó insuficiente en virtud de que no obstante las modificaciones en la organización del Distrito Federal, expresamente se dispuso que el gobierno de esta entidad está a cargo de los poderes federales, así como de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local.

Asimismo, se conservó la enumeración taxativa de las materias competencia de la Asamblea Legislativa, dejando las demás como facultad del Congreso de la Unión, entre ellas la de expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, ordenamiento de suma importancia en virtud de que es el que desarrolla la estructura y organización del gobierno de tal entidad.

Por otra parte, el Presidente de la República aún tiene encomendadas funciones como lo son el iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión en materias del Distrito Federal, proponer al Senado a quien deba sustituir, en caso de remoción, al jefe de gobierno del Distrito Federal; enviar al Congreso los montos de endeudamiento de dicha entidad; reglamentar las leyes expedidas por el Congreso Federal en lo relativo al Distrito Federal; en virtud de que se hace remisión a lo dispuesto en el Estatuto de Gobierno, la aprobación del nombramiento del Procurador General de Justicia del Distrito Federal y su remoción corresponde al Presidente, a propuesta del jefe de gobierno del Distrito Federal; asimismo, la designación del servidor que tenga a su cargo la seguridad pública es atribución del Presidente de la República, pudiendo disponer que dicho funcionario quede bajo las órdenes del jefe de gobierno del Distrito Federal y con facultades para delegar en este último las funciones de dirección de la fuerza pública.

Con la existencia de tales disposiciones no se logran los propósitos de otorgamiento de derechos políticos plenos a los ciudadanos del Distrito Federal, violentándose gravemente los principios fundamentales de representatividad y de federalismo que nuestra Constitución expresamente otorga a todos los integrantes del pueblo mexicano, ya que aún tienen intervención los poderes federales, en aspectos de suma trascendencia en el gobierno de esta entidad.

Para romper con la inercia de que ha sido objeto el Distrito Federal en esta materia, atendiendo a los antecedentes históricos que han regido en el Distrito Federal y a la afectación que actualmente padecen sus ciudadanos respecto de sus derechos políticos, consideramos que debe reivindicárseles en el pleno ejercicio de los mismos, eliminando las intervenciones de los poderes federales en el gobierno del Distrito Federal en la mayor medida de lo posible, respetando la esencia del federalismo y la representatividad, principios fundamentales de nuestro orden jurídico, sin dejar de tomar en cuenta que dicha entidad es el asiento de los mencionados poderes federales.

Para el Partido Acción Nacional, democratizar el Distrito Federal, equivale a dos contenidos, el primero, a que se reconozca a los capitalinos el derecho a elegir de manera directa, a sus autoridades locales: jefe de gobierno, Congreso local y autoridades municipales o delegacionales; el segundo, a que los órganos locales de poder, tengan competencia plena, equiparable a la de órganos de poder, equivalente en el resto de las entidades federativas.

En reiteradas ocasiones Acción Nacional ha propuesto formas de democratizar el Distrito Federal, sin embargo, han existido grandes resistencias por parte de quienes se escudan en argumentos plasmados en la historia constitucional, con el claro propósito de mantener el control del poder local.

A lo largo de su historia el PAN, también ha dado testimonio de voluntad y apertura al sumarse en el análisis de propuestas de otros partidos políticos o del Gobierno mismo, que permitan alcanzar consensos y acerquen al objetivo de transformar la estructura política del Distrito Federal.

Por ello, en convención regional del Distrito Federal, en 1992, los panistas reiteramos esa voluntad al señalar, "a nosotros nos mueve que esa transformación se haga conforme a los propósitos fundamentales de nuestra doctrina y antecedentes, es decir, lograr el gobierno propio, la democratización plena, la elección de gobernantes locales, el establecimiento de un Congreso local, propósitos que han estado subyacentes en las numerosas propuestas de nuestras plataformas políticas o en las iniciativas ante la Cámara de Diputados.

Estos son los propósitos a los que nos obligan los principios doctrinarios, a los que no podemos renunciar y son de hecho los mismos propósitos que buscan las reformas en proceso en las grandes ciudades del mundo.

Corresponde a nuestra sensibilidad histórica y política el escuchar otras posibilidades alterativas, opciones que se hayan dado en otras ciudades del mundo o en otros foros de nuestro país y si en conciencia encontramos que ellos cumplen los propósitos esenciales, no debemos tener miedo de aceptarlos".

Por ello, es que el Partido Acción Nacional, reservó su propuesta de creación de un estado 32, para otro momento, en aras de sumar coincidencias con otras fuerzas políticas.

Los diputados federales del Partido Acción Nacional, sostenemos el compromiso de impulsar y promover las reformas constitucionales necesarias para lograr la democratización integral del Distrito Federal.

Por lo que se refiere al contenido de las propuestas que integran la iniciativa que hoy presentamos:

Se propone suprimir la fracción IX del artículo 76 constitucional, ya que no debe recaer en el Senado de la República el nombramiento, en caso de remoción, del jefe de gobierno del Distrito Federal, esto para continuar con el espíritu que da origen a esta propuesta de democratización integral del Distrito Federal.

Se propone la modificación del primer párrafo del artículo 122 constitucional, con el fin de suprimir la injustificada injerencia de los órganos federales en esferas locales, de esa manera los órganos locales ejercerían en plenitud aquellas que le son propias y al mismo tiempo se vería fortalecida la representación que les confirió la voluntad soberana del pueblo del Distrito Federal.

A consecuencia de esa supresión, operaría el principio del pacto federal, bajo el criterio de que aquellas facultades que no están expresamente conferidas a los poderes federales, deben entenderse reservadas al Distrito Federal, por lo que se propone la supresión del párrafo sexto del artículo 122 constitucional, así como de los apartados que lo conforman:

A). Fracciones I, Il, III, IV y V referente a facultades del Congreso de la Unión, en materias del ámbito local,

B). Fracciones I, II, III, IV y V relativas a facultades del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en materias del ámbito local del Distrito Federal.

Como un paso trascendental hacia su democratización integral se propone que la Asamblea Legislativa expida el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, facultad que se debe explicitar al ser una figura propia del Distrito Federal, así como el órgano que tendrá competencia para elaborarlo.

Por otra parte, en el inciso C del artículo 122 en comento, que se refiere a las bases a que se sujetará el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se propone la modificación de su fracción V inciso G, para recoger el principio de que la Asamblea Legislativa tendrá la facultad de legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Federación. En consecuencia, resultaría innecesaria la enumeración de facultades a la Asamblea Legislativa que prevén los incisos h, i, j, k, l, m, n, ñ y o de la fracción V base primera del mismo artículo 122 constitucional, por lo que se propone la supresión de los mencionados incisos.

Reflejo de la resistencia a dotar de facultades plenas a los órganos locales es la incongruente disposición establecida en la base segunda fracción I párrafo tercero del artículo 122 constitucional, que faculta al Senado a que en caso de remoción del jefe de gobierno del Distrito Federal nombre a propuesta del Presidente de la República un sustituto que concluya el mandato. Congruente con el espíritu que anima la presente iniciativa, se propone la modificación de este párrafo para que sea facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa dicho nombramiento.

Para armonizar el contenido de este artículo con las propuestas que se integran en esta iniciativa, se suprime el inciso a de la fracción Il base segunda del artículo 122 constitucional, referente a la facultad y obligación del jefe de gobierno para cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el Congreso de la Unión en la esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias.

A efecto de avanzar en la reintegración de los derechos ciudadanos locales en el Distrito Federal, se propone la modificación del tercer párrafo de la fracción II de la base tercera del artículo 122 constitucional, a efecto de que no solamente el titular del órgano político-administrativo de cada una de las demarcaciones territoriales, sino todo el órgano sea elegido en forma universal, libre, secreta y directa. De esa manera se abre la posibilidad de cubrir el vacío que dejaron los consejos ciudadanos y de que el rgano que se prevea trascienda en facultades.

Es importante, para garantizar la compatibilidad en la convivencia entre poderes federales y locales, que exista un marco jurídico que precise competencias, responsabilidades y funciones de la autoridad federal y de la autoridad local, para que tanto en el desempeño como en los resultados, sea perfectamente identificada la autoridad a la que debe pedírsele cuenta de ello y exigirle el cumplimiento de su responsabilidad.

De ahí la importancia de que en materias como la seguridad pública y la procuración de justicia se concentren facultades y responsabilidades en el jefe de gobierno para mantener la unidad de mando y en consecuencia el control en las acciones, medidas, decisiones, desarrollo de programas y se responsabilice de sus resultados ante los gobernados. Por tanto se propone la modificación de la base quinta, apartados D, y E del artículo 122 constitucional para suprimir la facultad del Presidente de la República de asumir el mando de la fuerza pública en el Distrito Federal y de designar al Procurador de Justicia, conforme a lo previsto por el artículo 115 fracción VII de la misma Constitución General.

Congruente también con el propósito de la presente iniciativa es la propuesta para que se modifique el apartado F de la base quinta del multicitado artículo 122 constitucional para que la facultad de remoción por causas graves que actualmente tiene la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, pase a ser facultad de la Asamblea Legislativa.

Por las razones expuestas, los infrascritos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos proponemos el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman los artículos 76 fracción IX y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Articulo primero. Se deroga la fracción IX del artículo 76 y se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I a VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX. Derogada.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. Derogado

B. Derogado

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal será elaborado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y se sujetará a las siguientes bases:

Base Primera. Respecto a la Asamblea Legislativa:

I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Corresponde a la Asamblea Legislativa;

a) a f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g) Legislar en todo lo relativo al Distrito Federal.

h) a ñ) Derogados.

o) Las demás que se le confieran expresamente en esta constitución.

Base segunda. Respecto al jefe de gobierno del Distrito Federal:

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Para el caso de remoción del jefe de Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa nombrará por mayoría absoluta de sus miembros un sustituto que concluya el mandato. En caso de falta temporal, quedará encargado del despacho el servidor público que disponga el Estatuto de Gobierno. En caso de falta absoluta, por renuncia o cualquier otra causa, la Asamblea Legislativa designará a un sustituto que termine el cargo. La renuncia del jefe de gobierno del Distrito Federal sólo podrá aceptarse por causas graves. Las licencias al cargo se regularán en el propio estatuto.

II. El jefe de gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

a) derogado

b) a f). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Base tercera. Respecto a la organización de la administración pública local en el Distrito Federal.

I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán electos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley.

Base cuarta.

I a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Base quinta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. El Ministerio Público en el Distrito Federal será presidido por un Procurador General de Justicia, que será nombrado por el jefe de gobierno del Distrito Federal y ratificado por la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Legislativa. El Estatuto de Gobierno y la Ley Orgánica respectiva determinarán su organización, competencia y normas de funcionamiento.

E. El mando de la fuerza pública en el Distrito Federal corresponderá al jefe de gobierno del Distrito Federal, quien tendrá la facultad de designar y remover al servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública, decisión que deberá ser ratificada por la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En caso de alteración o perturbación grave del orden público en el Distrito Federal, el Presidente de la República deberá prestar protección, aun cuando no sea excitado para tal efecto por la Asamblea Legislativa o por el jefe de gobierno del Distrito Federal.

F. La Asamblea Legislativa podrá remover al jefe de gobierno del Distrito Federal por causas graves que afecten las relaciones con los poderes de la Unión o el orden público en el Distrito Federal. La solicitud de remoción deberá ser presentada por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa.

G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) a c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICULOS TRANSITORIOS

Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 1997.- Diputados, José Espina von Roehrich, Fauzi Hamdan Amad, Sandra Segura Rangel y Francisco José Paoli y Bolio.

Muchas gracias por su atención. Entrego a la Secretaría esta iniciativa, señor Presidente.

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a esta de Gobernación, con fecha 27 de octubre último, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita:

"Me permito hacer de su conocimiento, que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría para solicitar la cancelación del permiso que le fuera concedido por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en esta ciudad. Anexa sírvase encontrar copia de la carta del interesado.

Laura Elena Salazar García, como empleada consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.

Sobre el particular, para los efectos a que haya lugar, comunico a usted que en el archivo de esta dependencia no se localizaron antecedentes sobre la petición de la persona mencionada para poder prestar sus servicios al gobierno estadounidense en territorio nacional."

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 3 de noviembre de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

REPUBLICA DE SUDAFRICA

«Embajada de Sudafrica.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Por este conducto deseo hacer de su conocimiento que a partir de esta fecha dejó de prestar sus servicios como secretaria de la sección política en la Embajada de la República de Sudáfrica en México: Georgina Antonia López Guerrero Beltrán.

Aprovecho la oportunidad para enviar a ustedes un cordial y respetuoso saludo.

Atentamente.

México D.F., a 31 de agosto de 1997.- Dianne Brink, primer secretario (Administración).»

«Embajada de Sudafrica.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Por este conducto, deseo hacer de su conocimiento que a partir de esta fecha dejó de prestar sus servicios como secretaria de la sección administrativa en la Embajada de la República de Sudáfrica en México: Rosa Elena Díaz Marín.

Aprovecho la oportunidad para enviar a ustedes un cordial y respetuoso saludo.

Atentamente.

México D.F., a 15 de septiembre de 1997.- Dianne Brink, primer secretario (Administración).»

«Embajada de Sudáfrica.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Por este conducto, deseo hacer de su conocimiento que a partir de esta fecha dejó de prestar sus servicios como secretaria social del excelentísimo; señor embajador en la Embajada de la República de Sudáfrica en México: Marcela Téllez Recinas.

Aprovecho la oportunidad para enviar a ustedes un cordial y respetuoso saludo.

Atentamente.

México D.F., a 30 de septiembre de 1997.- Dianne Brink, primer secretario (Administración).»

Recibo y túrnense a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Angel Gurría Treviño, Juan Rebolledo Gout, Herminio Alonzo Blanco Mendoza, Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, Enrique Vilatela Riba, Guillermo Ortiz Martínez, Rafael Tovar y de Teresa, José Luis Barros Horcasitas y Roberto Miranda Sánchez, puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Orden del Mérito, que en diferentes grados les confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Juan Rebolledo Gout, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Herminio Alonzo Blanco Mendoza, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano Enrique Vilatela Riba, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Artículo séptimo. Se concede permiso al ciudadano Guillermo Ortiz Martínez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Artículo octavo. Se concede permiso al ciudadano Rafael Tovar y de Teresa, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito en grado de Gran Cruz Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Artículo noveno. Se concede permiso al ciudadano José Luis Barros Horcasitas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Artículo décimo. Se concede permiso al general de brigada Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 27 de octubre de 1997.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Benjamín Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Miguel Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la Tijera.»

Es de primera lectura.

REINO DE BELGICA

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jesús Alfonso Nieto Zermeño, Dulce María Valle Alvarez y Leopoldo Guadalupe Michel Díaz, puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Orden de la Corona, en grado de Comendador y de la Orden de Leopoldo, en grado de Oficial, que les confiere el gobierno de Bélgica.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional y el artículo 60 segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Jesús Alfonso Nieto Zermeño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Bélgica.

Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Dulce María Valle Alvarez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Bélgica.

Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Leopoldo Guadalupe Michel Díaz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Bélgica.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 27 de octubre de 1997.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Benjamín Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Miguel Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la Tijera.»

Es de primera lectura.

REPUBLICA DE POLONIA

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Rogelio Cortés Cruz, para aceptar y usar la medalla por el Espíritu de Sacrificio y Valentía, que le confiere el gobierno de la República de Polonia.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Rogelio Cortés Cruz, para aceptar y usar la Medalla por el Espíritu de Sacrificio y Valentía, que le confiere el gobierno de la República de Polonia.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 30 de octubre de 1997.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Benjamín Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Miguel Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la Tijera.»

Es de primera lectura.

GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con minuta proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana María Natividad de la Luz Oñate Muñoz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo.

La comisión considera cumplidos lo requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Natividad de la Luz Oñate Muñoz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 30 de octubre de 1997.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Benjamín Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Miguel Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la Tijera.»

Es de primera lectura.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II)

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 23 de octubre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Guadalupe Vázquez Gómez, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 28 de octubre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo

CONSIDERANDO

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como secretaria y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadanía María Guadalupe Vázquez Gómez, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 30 de octubre de 1997.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Benjamín Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Miguel Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la Tijera.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 23 de octubre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Carmen Cecilia Mendoza Romero, para prestar sus servicios como asistente comercial, en la Embajada de Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 28 de octubre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo

CONSIDERANDO

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de Estados Unidos de América en la Ciudad de México, serán como asistente comercial y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Carmen Cecilia Mendoza Romero, para prestar sus servicios como asistente comercial, en la Embajada de Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 30 de octubre de 1997.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Benjamín Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Miguel Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la Tijera.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 23 de octubre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María de los Angeles Lomelí Vargas, para que pueda prestar servicios como auxiliar contable, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 28 de octubre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo

CONSIDERANDO

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;

b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como auxiliar contable y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María de los Angeles Lomelí Vargas, para prestar sus servicios como auxiliar contable, en la Embajada de Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 30 de octubre de 1997.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Benjamín Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Miguel Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la Tijera.»

Es de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se dispensa la segunda lectura a los dictámenes con los que acaba de dar cuenta y se ponen a discusión y votación de inmediato.

Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se les dispensa la segunda lectura.

En consecuencia están a discusión los proyectos de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal.

Se va a proceder a recoger la votación nominal de los proyectos de decreto.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Se emitieron 363 votos en pro y ninguno en contra.

Aprobados los proyectos de decreto por 363 votos.

Pasan al Senado y al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

ESTADO DE QUINTANA ROO

Tiene la palabra la diputada Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos, para presentar una denuncia sobre el muelle de Cozumel.

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

El motivo de esta participación tiene el particular objetivo de convocar a cada uno de los aquí presentes, a reflexionar seriamente en torno a la manera en que las cuestiones ambientales han sido convertidas en terrenos fértiles, para la satisfacción de intereses muy particulares, sin tomar en cuenta los daños que se ocasionan.

Hablemos pues, específicamente sobre el caso del proyecto del muelle playa Paraíso, Cozumel, Quintana Roo, mismo que repleto de contradicciones e irregularidades, desde 1990 a la fecha ha sido motivo de varias manifestaciones en desacuerdo con el mismo, por atentar contra las arrecifes de corales de la zona.

No obstante que en México existe una gran cantidad de decretos, mediante los cuales algunas zonas se han convertido en áreas naturales protegidas, los resultados favorables son realmente escasos. Dichas áreas se encuentran en su mayoría dispersas y marginadas, sufren de una terrible subestimación al ser sobreexplotadas, teniendo como consecuencia un gran deterioro.

A lo anterior, hay que sumar la irresponsable toma de decisiones, como la efectuada por el Gobierno Federal, al aceptar el proyecto de construcción del muelle mencionado, su recinto portuario y las instalaciones turísticas para su operación, mismo que actualmente incluye: la edificación de un hotel de lujo, un gimnasio internacional, un club de golf, casa club, centros comerciales y bares entre otros asociados con el mega proyecto turístico federal denominado Puerta Maya, que lejos de promover un ecoturismo real, contribuyen al deterioro de los arrecifes de corales ubicados en playa Paraíso.

El Instituto Nacional de Ecología, en febrero de 1995, rechazó categóricamente la solicitud efectuada por el gobierno de Quintana Roo, de reconsiderar la autorización respecto al lugar propuesto por el Consorcio de Desarrollo y Promociones Inmobiliarias para la construcción del muelle, argumentando que no existen causas relevantes de impacto ambiental.

Para el siguiente mes de ese año, la Semarnap declararía que con la reubicación de dicho proyecto, disminuiría la afectación hasta reducirla a no más del 3% del conjunto, cuando ese 3% equivale a 650 metros cuadrados del área en cuestión y además aceptando que sí existe la posibilidad de afectar el área.

La ecología es por esencia intersectorial, es decir, la verdadera gestión ambiental integral exige la participación de todos los sectores.

Por lo tanto, los diputados del Partido Verde Ecologista de México, ponemos a la consideración de este pleno, la siguiente denuncia:

1o. El día 11 de junio de 1980 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se declara zona de refugio para la protección de la flora y fauna marina, la costa occidental de la isla de Cozumel, Quintana Roo.

2o. El día 9 de marzo de 1987 se publicó en el periódico oficial del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la declaratoria de usos, destinos y reservas del municipio de Cozumel, Quintana Roo, mismo que prohibe la construcción de instalaciones marítimas que puedan afectar a los arrecifes de la isla de Cozumel.

3o. El día 28 de enero de 1988, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en cuyos artículos 44 y 62 se prohibía: por un lado, la realización de usos y aprovechamientos que no fueran nacional y socialmente necesarios dentro de las áreas naturales protegidas y que aún en la actualidad establece que sólo la autoridad que haya determinado la creación de un área natural protegida, puede modificar los usos del suelo permitidos dentro de las mismas.

4o. Durante el periodo comprendido entre abril de 1990 y diciembre de 1996 dentro del procedimiento para la autorización definitiva para la construcción y operación de una terminal portuaria en el municipio de Cozumel, Quintana Roo, se cometieron un número importante de graves violaciones a las legislaciones ambientales vigentes en aquella época por parte de las autoridades mexicanas de la materia.

5o. Diversos grupos y organizaciones mexicanas entre las que se encuentra el Partido Verde Ecologista de México, han manifestado su inconformidad abierta, desde 1995 a la fecha, por la construcción y operación del muelle referido debido a los graves impactos ambientales que ya ha causado no sólo al arrecife Paraíso, sino a todo el ecosistema de la isla de Cozumel.

6o. El día 18 de enero de 1996 y al no existir en México mecanismos jurídicos procedentes para la impugnación de la ilegal determinación del Instituto Nacional de Ecología, de autorizar la construcción y operación del muelle referido, las organizaciones ambientalistas denominadas "Centro Mexicano del Derecho Ambiental, AC " "Grupo de los Cien Internacional, AC" y el Comité para la Defensa de los Recursos Naturales, AC, presentaron con fundamento en los artículos 14 y 15 del artículo de Cooperación Ambiental de América del Norte, una petición ante la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, mediante la que denunciaron la falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental mexicana por parte de las autoridades ambientales de nuestro país, en relación con la construcción de un muelle en playa Paraíso en Cozumel, Quintana Roo.

7o. El secretariado de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, con fecha 7 de junio de 1996, notificó al consejo de la misma, que la petición formulada por las asociaciones ambientalistas indicadas, ameritaba la elaboración de un expediente de hechos para la investigación de las probables violaciones cometidas por las autoridades mexicanas a su legislación ambiental, al autorizar el proyecto de referencia.

8o. El día 2 de agosto de 1996, el Consejo de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte por unanimidad y mediante la resolución número 96-08, giró instrucciones al secretariado para la elaboración del expediente de hechos correspondientes, dado que se reunían los requisitos establecidos por el artículo 14 del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, para así estar en posibilidad de determinar, en su caso, la inaplicación efectiva de la legislación ambiental mexicana por parte de las autoridades de nuestro país, en el asunto que nos ocupa y

9o. De la elaboración del expediente de hechos integrados por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, respecto a la determinación de las autoridades ambientales mexicanas, se llegue a la conclusión que las mismas actuarán en contravención a la legislación de la materia, al aprobar la construcción y operación de un muelle en la isla de Cozumel.

La aprobación irresponsable de proyectos empresariales en gran escala en las áreas naturales protegidas, sin apegarse a la legislación ambiental de nuestro país, constituye un atentado contra nuestro patrimonio natural, mismo que no debe ser pasado por alto por esta Cámara de Diputados, sin sentar un firme precedente en el sentido de que tales actos no serán permitidos en el futuro y de que los responsables serán sancionados de conformidad con las disposiciones legales aplicables, ya que tales actos bien pueden ser ubicados en las hipótesis contempladas por los artículos 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como elemento de prueba de nuestra denuncia, hago entrega a la Presidencia de esta Asamblea, una copia del expediente de hechos número uno de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, a fin de que se proceda a darle el trámite que conforme a derecho corresponda.

Independientemente de la denuncia presentada por los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, misma a la que se deberá dar el trámite que en derecho proceda, solicitamos, además, en base a lo antes narrado, se lleven a cabo por medio de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de esta Cámara, los siguientes

PUNTOS

Primero. Que en uso de las facultades que a esta comisión le confieren la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pido a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, al Instituto Nacional de Ecología y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y demás dependencias del Ejecutivo Federal que resulten competentes, toda la información necesaria para determinar la responsabilidad legal de los servidores públicos involucrados en la aprobación del proyecto para la construcción y operación de un muelle de cruceros turísticos en Cozumel, Quintana Roo, mismo que se verificó en abierta violación a las disposiciones legales en la materia.

Segundo. Que en uso de las facultades que le confiere a esta misma el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicite la comparecencia de los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y del Instituto Nacional de Ecología y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Así como de las demás dependencias del Ejecutivo Federal que pudieran resultar responsables de la indebida aprobación otorgada por el Instituto

Nacional de Ecología, para la construcción y operación del citado proyecto.

Tercero. Que con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicite esta comisión la comparecencia del ciudadano Gabriel Cuadri de la Torre, titular del Instituto Nacional de Ecología durante el lapso comprendido entre diciembre de 1994 y agosto de 1997, a efecto de determinar su posible responsabilidad en la indebida aprobación otorgada por el Instituto Nacional de Ecología, para la construcción y operación del citado proyecto.

Suscriben los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Aurora Bazán López, Miguel Angel Garza Vázquez y Verónica Velasco Rodríguez.

Por su atención, muchas gracias.

Túrnese a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.

En los términos del artículo 24 del acuerdo parlamentario del 6 de noviembre, se concede la palabra a la diputada Addy Cecilia Joaquín Coldwell, del Partido Revolucionario Institucional.

Con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

En el caribe mexicano inicia la segunda comunidad arrecifal más importante del planeta, después de la gran barrera arrecifal australiana. De estos arrecifes, los más frecuentemente visitados se localizan en la parte sur-occidental de la isla de Cozumel, en Quintana Roo.

En el litoral oriental de la península de Yucatán inicia esta zona de arrecifes coralinos, que abarca una longitud cercana a los 450 kilómetros. Algunas de estas líneas de arrecifes bordean islas mar adentro y llegan hasta América Central.

La creciente demanda turística que se presentaba en Cozumel, por la localización de la isla en la trayectoria de las grandes rutas de cruceros que viajan por el Mar Caribe y por la belleza espectacular de sus ecosistemas, demandaban para un futuro inmediato generar las condiciones necesarias para recibir a las grandes embarcaciones.

Las actuales instalaciones del atraque, el muelle fiscal y el turístico ya resultaban insuficientes para el arribo de embarcaciones numerosas y de gran calado.

El principal factor de impacto ambiental del proyecto, se refería a la afectación de la comunidad arrecifal por la generación de materiales finos en suspensión durante la construcción de la obra. Por ello, una de las condicionantes para autorizar el proyecto, fue la colocación de mallas perimetrales en las áreas de trabajo, a fin de evitar la sedimentación de partículas suspendidas derivadas de la construcción del muelle.

Además, la corriente dominante en las aguas de la zona va hacia el norte, lo que aminora aún más los posibles impactos del sistema local.

Las autoridades mexicanas presentaron la información que demuestra la legalidad del procedimiento de evaluación del proyecto y las medidas técnicas que se impusieron en su construcción.

La Semarnap seguirá colaborando con la comisión para la cooperación ambiental en todo lo que sea necesario, para lograr el total esclarecimiento de su actuación.

La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca mantiene la convicción de que si se cumple satisfactoriamente con la aplicación de las medidas de investigación y condicionantes de ejecución del proyecto, establecidas en la resolución de impacto ambiental, no existe fundamento técnico ni legal para sostener que la construcción y operación del muelle de cruceros dañaría el arrecife paraíso sur, comprometiendo su permanencia y las actividades subacuáticas que ahí se realizan.

Compañeros, en la bellísima isla de Cozumel, que es un ensueño y donde tenemos nuestra mayor derrama económica turística en cruceros, tenemos que en turismo se recibió en 1996 un total de 617 cruceros, con 1 millón 287 mil 816 turistas y en este año el arribo registrado, de enero a la fecha, es mayor que el del año pasado en el mismo periodo.

Es de suma importancia preservar nuestros recursos naturales, nuestras selvas, nuestras playas, nuestras lagunas, nuestros mares, así como evitar la erosión de las tierras y cuidar el manto acuífero. Afortunadamente ya existe en la sociedad una clara conciencia de la necesidad de defender el medio ambiente. Existen varias agrupaciones civiles comprometidas con este propósito y su acción ha sido y es de suma utilidad para la protección de nuestro patrimonio natural. Así como en todo el norte del Estado, que son precisamente los cinco municipios que abarca el primer distrito electoral, la protección de la ecología es una prioridad.

Pienso que es preciso que ecología y desarrollo no se contrapongan, que se complementen. Los recursos naturales son patrimonio de todo y de todos y en consecuencia debemos cuidarlo para las futuras generaciones.

¡Como cozumeleña y como legisladora le agradezco al Partido Verde Ecologista de México su interés en cuidar la ecología de la isla de Cozumel! ¡Somos los primeros en que al menos por mí conducto hago una invitación, para que en diálogo, para que en visita a Cozumel trabajemos juntos para que sigamos cuidando esas bellezas que Dios nos prodigó para nuestros hijos y para que nos deleitemos todo el turista que nos visita en Cozumel, Quintana Roo!

Gracias, por su atención.

Se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado Martín Contreras Rivera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con su venia, señor Presidente:

Acción Nacional ha sostenido que la explotación irracional de los recursos naturales para alcanzar un mayor crecimiento económico, agudiza el dilema entre crecer económicamente y mantener la buena calidad del medio ambiente.

Los modelos de crecimiento económico no toman en cuenta o los toman de manera muy superficial los aspectos ambientales. No se han incorporado seriamente los planes de desarrollo del país a los conceptos de salvaguardar la de este medio ambiente. Lo que implicaría tener presente el equilibrio entre el desarrollo económico y balance de los ecosistemas.

México cuenta con importantes recursos naturales cuyo potencial no ha sabido aprovecharse. El desastre ecológico parece ser el fruto no deseado de un sistema económico, que sólo se interesa por la obtención de beneficios haciendo a un lado el aspecto de la conservación del medio.

Desde nuestra plataforma 1958-1964, hemos demostrado la gran preocupación por la conservación de nuestros recursos y nuestro entorno ecológico, al proponer el levantamiento de un inventario nacional de recursos naturales para su debida protección y cuidado además, de su explotación racional.

Es necesario que una política ecológica se base en combatir los efectos que originan la contaminación o la distorsión de nuestro entorno natural, para así estar en posibilidades de prevenir y adoptar las medidas de riesgo que se puedan ocasionar por las diversas acciones del hombre.

En efecto, ninguna propuesta de desarrollo o de crecimiento económico, turístico, urbano o rural, pueden ser viables si no consideramos el entorno que nos rodea.

Es obligación del Estado asumir una lucha constante para que esto no suceda, pues dicho problema corresponde al ámbito de la capacidad de un Estado regulador y rector del crecimiento, responsable ante la nación de nuestros recursos naturales, con la garantía de que la naturaleza y el hombre puedan coexistir en armonía, lo cual implica evitar el crecimiento irregular, las actividades nocivas al ambiente, las concesiones caprichosas que no consideran los impactos ambientales.

He ahí la importancia de normar su explotación y aprovechamiento racional, el de planear su crecimiento, el cual no significa frenar el desarrollo o progreso de la nación, sino hacer compatible con un mejor y más sano equilibrio ecológico, así como para crear las condiciones para una vida más ordenada, digna y generosa, fundada en la planeación del desarrollo.

Son estas consideraciones previas el fundamento y motivación de mi intervención, para fijar la postura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, al asunto que se ha suscitado en relación al proyecto de muelle de crucero turístico en Cozumel, Quintana Roo.

Efectivamente, mucho se ha argumentado a este respecto, incluso ha habido una serie de denuncias, tanto de personas físicas, como de organizaciones no gubernamentales. Las autoridades han argumentado que las concesiones no tienen el alcance de un proyecto global o integral, por lo que únicamente se puede evaluar el impacto ambiental de las obras autorizadas, haciendo la advertencia que otras obras tendrían que ser evaluadas desde el punto de vista de sus efectos.

Hoy, los legisladores de Acción Nacional, reiteramos nuestra preocupación por conocer a fondo la problemática inherente al proyecto de muelle de cruceros turísticos en Cozumel, Quintana Roo, por lo que al igual que lo hicieron nuestros compañeros diputados y senadores de la LVI Legislatura, proponemos que la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, así como la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, se aboquen al estudio y conocimiento pleno del problema, llevando a cabo entre otras acciones, entrevistas con las autoridades responsables del proyecto, con las organizaciones protectoras del medio ambiente, que realicen inspecciones a la zona en la que se ubica el desarrollo, con el propósito de que se nos rinda un informe sobre este delicado asunto.

Reiteramos nuestra exigencia, lo que el país requiere es un desarrollo pleno, tanto en lo económico como en lo político y social, con un medio ambiente sano, equilibrado y un desarrollo sustentable y racional que garantice una mejor calidad de vida para todos los mexicanos.

Muchas gracias.

Se concede el uso de la palabra al diputado Artemio Caamal Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos, para el mismo tema.

Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea Legislativa:

La vida económica política, social de Quintana Roo, revela la lucha permanente de un pueblo que anhela superar su accidentada trayectoria de un pueblo que ayer fue lugar de destierros y de presos políticos y hoy, tierra de promisión y puerta de entrada, como ayer, de cientos de peregrinos.

Quintana Roo, con grandes perspectivas se proyecta a nivel nacional y en un espacio internacional cada día más compleja y competitiva; distingue a Quintana Roo, la imaginación y el entusiasmo creador de sus gobernantes para dar apoyados y estimulados en nuestras normas jurídicas, certidumbre y seguridad a quien o quienes quieran invertir para propiciar la creación de empleos y la captación de divisas que traigan como consecuencia el desarrollo de este joven Estado.

Es en el Caribe mexicano, donde se encuentra quizá la comunidad arrecifal más importante del planeta, los más visitados son los que se localizan en la isla de Cozumel, los arrecifes, cierto es, son de mucha fragilidad, una vez que se destruyen o se perturban requieren de cientos de años para restablecerse. La espectacular belleza de estos arrecifes, como la ubicación de la isla de Cozumel en la trayectoria de los grandes cruceros fueron los antecedentes del proyecto y de los estudios de viabilidad para la construcción del muelle turístico, a fin de atender la demanda turística que representa a Cozumel.

Con estos breves antecedentes la empresa Grupo H, cumplió con todos los requisitos que señala la legislación ambiental, cumplió con todos los requisitos de la extinta Sedue; sin embargo el clamor de algunos ecologistas locales el de algunas organizaciones nacionales como el Grupo de los Cien y otros cuya intención fue llamar la atención de la comunidad ambiental internacional, solicitaron el proceso de petición a la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio, argumentando que las autoridades mexicanas no cumplían en este caso con su propia legislación ambiental ya que esta no se había aplicado correctamente.

No obstante esos mismos grupos reconocen que el llamado muelle Puerta Maya para cruceros, no representa impacto ambiental relevante, petición que tuvo eco en el consejo de ministros que les instruyeron a los órganos correspondientes para que se evaluara la petición, es así como hace unos días se dio a conocer el expediente de hechos que acaba de ser entregado en esta Secretaría y entrego otros antecedentes para que sean remitidos a la comisión correspondiente y a las que así lo quisieran, para enriquecer los documentos de que en Quintana Roo estamos trabajando para superar el rezago social y para impulsar el turismo en Quintana Roo.

El muelle ya está construido, en unos días entrará en operación, previa licitación. Fue construido observando normas y disposiciones que señalan las autoridades competentes.

Muchas gracias.

Continué la Secretaría con los asuntos en cartera.

ORDEN DEL DIA

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión:

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVII Legislatura.

Orden del día

Jueves 13 de noviembre de 1997.

Lectura del acta de la sesión anterior

Iniciativas de ciudadanos diputados

De formas y adiciones a diversas disposiciones fiscales, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

De reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Américo Ramírez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por los que se solicita el permiso constitucional necesario para las ciudadanas Margarita Osorio Salazar y Adriana Villatoro Gómez, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado general, en Tijuana, Baja California.

Minutas

Dos proyectos de decreto que concede permiso a las ciudadanas Dolores Leticia Gómez Ayala y Victoria González Martínez, para prestar servicios como asistentes de visas en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Luis Castillo Torres, para prestar servicios como inspector en mantenimiento en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Propuestas de acuerdo parlamentario de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, sobre la organización y funcionamiento de las comisiones y comités. (Requiere votación).

Propuesta de acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, por el que se designan consejeros ante el Instituto Federal Electoral. (Requiere votación).

Comentarios sobre la actuación de los jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo de la diputada María del Socorro Aubry Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo).

Propuesta con punto de acuerdo en relación con un juicio entablado por instituciones bancarias a un mexicano en tribunales de los Estados Unidos de América, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Requiere votación).

Denuncia, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Deliberativo).

CLAUSURA Y CITATORIO

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana jueves 13 de noviembre a las 10:00 horas.

RESUMEN DE TRABAJOS

* Tiempo de duración: 1 hora con 47 minutos.

* Quorum a la apertura de sesión: 399

* Diputado que se reincorpora: 1.
  (Fernando Castellanos Pacheco, PAN)

* Temas de agenda política: 1.

* Ordenadores en tribuna: 5
                        PRI-2; PAN-2; PVEM-1.

Se recibieron:

* 2 comunicaciones del Congreso estatal de Hidalgo;

* 1 iniciativa del PAN, de reformas a los artículos 76 fracción IX y del 122 constitucionales, respecto al gobierno del Distrito Federal;

* 3 comunicaciones sobre ciudadanos que dejaron de prestar servicios en presentación diplomática.

Dictámenes de primera lectura:

* 4 para aceptar condecoraciones que otorgan los gobiernos de Alemania, Bélgica, Polonia, y el Gran Ducado de Luxemburgo;

* 3 para prestar servicios en representación diplomática.

Se aprobó:

* Se les dispensa la segunda lectura a los dictámenes presentados.