DIARIO de los DEBATES

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio

AÑO  I                             México, D.F., martes 18 de noviembre de 1997.                           No. 30

S U M A R I O

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 404 diputados, por lo tanto, hay quorum, señor Presidente.

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

Se va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVII Legislatura.

Orden del día

Martes 18 de noviembre de 1997.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

De reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Minutas

Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 22, 23, 24, 25 y 26 de noviembre de 1997, con el propósito de participar en Vancouver, Canadá, en la V Cumbre de Líderes Económicos de la APEC.

Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Gran Cruz Extraordinaria, que le confiere el gobierno de la República de Paraguay.

Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Paraguay.

Proyecto de decreto que concede permiso al embajador Pedro José González Rubio Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Paraguay.

Comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Guillermo Ortiz Martínez, en relación a la Ley de Ingresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 1998.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.

Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios, para sus observaciones y se proceda a su votación.

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios, para sus observaciones y se proceda a su votación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se dispensa la lectura, señor Presidente.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con treinta y seis minutos del jueves trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete, con una asistencia de ciento noventa y tres diputados del Partido Revolucionario Institucional, ciento diez, del Partido de la Revolución Democrática, ciento cuatro del Partido Acción Nacional, cuatro del Partido del Trabajo, cinco del Partido Verde Ecologista de México y tres independientes, que hacen un total de cuatrocientos diecinueve diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea, teniendo en consideración que los coordinadores de los grupos parlamentarios recibieron copias del acta de la sesión anterior, dispensa la lectura al documento que, posteriormente, se aprueba en sus términos en votación económica.

Se concede el uso de la palabra al diputado Américo Rodríguez Rodríguez, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas al artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Sube a la tribuna la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo, quien presenta iniciativa de reformas a diversas disposiciones fiscales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas Margarita Osorio Salazar y Adriana Villatoro Gómez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en el Consulado General del mismo país, en Tijuana, Baja California. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Se da cuenta con tres minutas del Senado de la República, con proyectos de decreto que otorgan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:

Dolores Leticia Gómez Ayala, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua;

Victoria González Martínez, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en la misma ciudad que la anterior y José Luis Castillo Torres, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

La Presidenta da la bienvenida a estudiantes de las universidades Cristóbal Colón, del Puerto de Veracruz, Azteca del Estado de México, Autónoma de Puebla y La Salle de Morelia, Michoacán, así como a profesores normalistas del Estado de Guerrero.

Posteriormente da lectura a un acuerdo de la mesa directiva, respecto al ingreso de invitados al salón de sesiones.

Se da lectura a una propuesta de acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, por el que se designan consejeros ante el Instituto Federal Electoral. En votación económica se aprueba. Notifíquese al Consejo General del Instituto Federal Electoral, para los efectos conducentes.

Para comentar la situación de los trabajadores jubilados de los Ferrocarriles Nacionales de México, hace uso de la palabra la diputada María del Socorro Aubry Orozco, del Partido de la Revolución Democrática.

Durante la intervención de la oradora, la Presidenta pide a los diputados que guarden orden y trasladen sus entrevistas a los lugares adecuados fuera del salón de sesiones.

Para rectificar hechos en relación con los trabajadores jubilados, se concede el uso de la palabra a los diputados: Javier Paz Zarza, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones y además, denuncia hechos en su contra; Víctor Félix Flores Morales, del Partido Revolucionario Institucional.

Con apoyo en el artículo vigesimocuarto del acuerdo parlamentario, la Presidenta da por terminado el debate.

Desde su curul, el diputado Bernal Martínez, quien propone una moción de orden y la Presidenta turna el asunto a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social y concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada Aubry Orozco, del Partido de la Revolución Democrática y acepta una interpelación del diputado Rojas Arreola.

La Presidenta ratifica el turno.

La diputada Gloria Lavara Mejía, del Partido Verde Ecologista de México, hace una propuesta con punto de acuerdo en relación con los juicios entablados por instituciones bancarias en contra de un mexicano en tribunales extranjeros.

Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del Partido Revolucionario Institucional.

Se turna a la Comisión de Justicia para su conocimiento.

La Secretaría da lectura a un acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, respecto de las comparecencias del Secretario de Hacienda y Crédito Público los días dieciocho y diecinueve de noviembre de mi novecientos noventa y siete. De enterado.

La Presidenta saluda a los estudiantes del Colegio Americano y a treinta y ocho niños de escuela primaria, invitados especiales de la Cámara de Diputados.

Desde su curul, el diputado Bernal Martínez hace una propuesta que no hace suya la Presidenta.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las doce horas con diecisiete minutos, citando para la qué tendrá lugar el martes dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobada, señor Presidente.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

Es un oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, de fecha 29 de octubre de 1997, de la mesa directiva.

«Escudo Nacional.- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.- I Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

Con fundamento por lo dispuesto por el artículo 37 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, hacemos de su conocimiento, que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la sesión celebrada el día de hoy, eligió la mesa directiva que coordinará los trabajos de la Asamblea durante el mes de noviembre, quedando integrada de la siguiente forma:

Presidente: Armando Salinas Torre; vicepresidentes: Alfredo Hernández Raigosa, Netzahualcóyotl de la Vega García, Antonio Padierna Luna, Esveida Bravo Martínez; secretarios: Lucerito del Pilar Márquez Franco, Alejandro Rojas Díaz Durán; prosecretarios: Margarita Saldaña Hernández y Alejandro Vázquez Enríquez.

Reiteramos a ustedes nuestra atenta y distinguida consideración.

Recinto Legislativo, a 29 de octubre de 1997.- Por la mesa directiva, diputados: María de los Angeles Correa de Lucio y José Luis Benítez Gil, secretarios.»

De enterado.

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

«Escudo Nacional.- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.- I Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presentes.

Con fundamento en lo establecido por los artículos 122 apartado C base primera fracción V inciso ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 fracción VIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 10, fracción II, de la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y 14 del Reglamento para su Gobierno Interior, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presenta, ante el honorable Congreso de la Unión, por conducto de esa Cámara de Diputados, la iniciativa de reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, aprobada por unanimidad de votos en la sesión celebrada el día de hoy por este órgano legislativo.

Hemos de agradecer a ustedes dar el trámite que corresponda a esta iniciativa.

Les reiteramos nuestra atenta y distinguida consideración.

Recinto Legislativo, a 13 de noviembre de 1997.- Por la mesa directiva.- Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; Lucerito del Pilar Márquez Franco y Alejandro Rojas Díaz Durán, secretarios.»

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, autoridad local de esta entidad federativa de las dispuestas por la reforma constitucional que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de agosto de 1996, determinó asumir un papel activo en el proceso de reforma política del Distrito Federal, mismo que en esta ocasión se concreta en la elaboración de una iniciativa de reformas a leyes relacionadas con los órganos públicos en que descansa el gobierno de la sede de los Poderes Federales, ordenamientos que se encuentran en el ámbito de competencia del Congreso de la Unión.

El interés de este órgano legislativo llevó a la formación de un grupo plural en que participaron seria y responsablemente los diversos partidos políticos que concurren en él, los cuales analizaron y debatieron en la misma forma los diversos temas que serían contemplados en el proyecto a elaborarse, fundamentalmente respecto al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para finalmente arribar a este documento de convergencia que se somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión, iniciativa de importante significación por involucrar a la norma fundamental de organización y funcionamiento del gobierno del Distrito Federal.

En el proceso de la reforma política del Distrito Federal, ha sido un impulso significativo la mencionada reforma constitucional, que como una etapa crucial en la existencia de esta entidad, ha buscado para ella nuevas y mejores fórmulas para su mejor gobierno. En efecto, dicha reforma ha traído consigo nuevas características para el Distrito Federal, entre otras:

1. La elección directa de un Jefe de Gobierno, titular de la administración pública local, con lo que se le suprime a ésta la naturaleza de una dependencia de la administración pública federal; la atribución a éste de las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública, la intervención en el proceso legislativo local mediante la presentación de iniciativas, la facultad de realizar observaciones a las leyes que le envíe el órgano legislativo local y la promulgación y publicación de las mismas.

2. La institución de una Asamblea Legislativa, con mayores facultades legislativas que su antecesora, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al atribuirle el Constituyente Permanente la función de regular sobre las elecciones locales de la entidad, a partir de 1998, y sobre responsabilidades de los servidores públicos de los órganos encargados de la función judicial del fuero común, registro público de la propiedad y de comercio, servicios de seguridad prestados por empresas privadas y las materias civil y penal, estas dos últimas a partir de 1999.

3. La elección directa de los titulares de órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales en que se divida el territorio del Distrito Federal, según lo dispone el artículo transitorio décimo del Decreto de reformas constitucionales citado, entrará en vigor el 1o. de enero del año 2000.

Esta entidad vive un momento de características especiales, en el que han sido electos los órganos ejecutivo y legislativo locales, siendo necesario iniciar los trabajos de revisión y adecuación legales, a efecto de regular la organización y funcionamiento de los actuales.

Atendiendo a lo anterior, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal determinó asumir un papel histórico para la sede de los Poderes de la Unión, y así en su seno presentar un Proyecto de Iniciativa de reforma a la ley que regula la participación de los Poderes Federales y de las autoridades locales en el gobierno del Distrito Federal, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para ello, este órgano local se abocó a revisar el marco normativo de la entidad derivado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y especialmente el mencionado Estatuto de Gobierno en vigor, el cual, expedido en el mes de julio de 1994, contemplaba en una parte importante de su desarrollo normativo la figura del Jefe del Distrito Federal, cuya legitimación política-jurídica descansaba en la interrelación del Presidente de la República y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Con la intención de presentar a la consideración de esa Soberanía un documento integrador, las fuerzas políticas del Distrito Federal representadas en la Asamblea Legislativa, se esforzaron por abandonar al máximo posiciones encontradas que impidieran concretar un proyecto común. Así, finalmente se integró esta Iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, de reformas y adiciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de adiciones a la Ley de Expropiación y de reformas y derogaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

I. Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Son contempladas en el desarrollo normativo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal las modificaciones a la denominación constitucional de las autoridades locales como las de Jefe de Gobierno y Asamblea Legislativa.

En el Título Primero se plantea la reforma al artículo 7o. a efecto de establecer en ese dispositivo que el gobierno del Distrito Federal está a cargo de los Poderes Federales y de las autoridades Ejecutiva, Legislativa y Judicial de carácter local y no ya exclusivamente de los Poderes de la Unión, como lo disponía el texto anterior del artículo 122 constitucional reformado en el mes de agosto de 1996.

Se establece el contenido que obliga la Base Quinta del artículo 122 constitucional para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, así en el artículo 9o. se contempla lo relativo a la determinación de su integración y atribuciones, las cuales son complementadas en la fracción VII del artículo 42.

Por otra parte, atendiendo tanto al mando que de la fuerza pública se atribuye constitucionalmente al Presidente de la República y a la atribución también constitucional de la función de dirección de los servicios en la materia para el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se establece en el artículo 10 que a este último compete la designación y remoción del Procurador General de Justicia de la entidad con aprobación del

Presidente de la República, estableciendo en el mismo precepto el ámbito de competencia del servidor de que se trata, la ubicación de la institución que preside en el ámbito orgánico del Gobierno local, la obligación de adoptar las políticas generales que en la materia establezca el propio Jefe de Gobierno y el imperativo del auxilio que le deben proporcionar los cuerpos de seguridad pública de prevención, en la investigación y persecución de los delitos en los términos del artículo 21 constitucional.

Relativo a los principios con carácter de estratégicos que deben tomarse en cuenta en la organización política y administrativa del Distrito Federal, se incluyen en el artículo 12 los relacionados con la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia a observarse en el desempeño de empleos, cargos o comisiones públicos, el aseguramiento de solidez fiscal de la entidad y la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos del Distrito Federal.

En cuanto al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, el artículo 15 previene para ello el ámbito de la ley federal de la materia, excepcionando del mismo a los servidores públicos de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, competencia que por disposición constitucional está en favor de la Asamblea Legislativa.

En el rubro de derechos y obligaciones de carácter público, contenidos en el Título Segundo, se contempla el que además de ser informados de leyes y reglamentos, lo sean de todos aquellos actos administrativos de carácter general expedidos tanto por el Presidente de la República como por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y en cuanto a la participación ciudadana, se establece en los artículos 21 y 22 el contenido que a la misma se deberá dar, así, se dispone que la participación ciudadana se desarrollará tanto en forma individual como colectiva, a cuyo efecto se establecerán las normas, programas y acciones para fomentar la organización ciudadana en torno a la discusión, análisis, investigación y elaboración de propuestas para la solución de los problemas de interés público y para el intercambio de opiniones sobre los asuntos públicos del Distrito Federal.

En la regulación de las atribuciones de los Poderes de la Unión para el Gobierno del Distrito Federal contenidas en el Título Tercero, se formula la adecuación derivada de la reforma constitucional del año de 1996 a las facultades de los Poderes Federales. Particularmente en el caso del Presidente de la República, se eliminan aquellas referentes a su participación en el proceso legislativo a cargo del órgano local, tales como las facultades de iniciativa, de formular observaciones y de promulgación y publicación de leyes de la Asamblea.

En el artículo 30 se suprime el requisito del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes para que la Asamblea pueda resolver sobre el planteamiento de una controversia constitucional.

Un punto fundamental de consenso en el cual se tuvo siempre presente la importancia de la preocupación generalizada de los habitantes del Distrito Federal, se encuentra en el tema mencionado de la seguridad pública y un aspecto de ella radica en la previsión de un esquema normativo de entendimiento político y jurídico, a efecto de que el Poder Ejecutivo Federal y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal participen en el nombramiento del titular del servidor público, que tendrá el mando directo de la fuerza pública en la entidad, mismo que en el sistema hasta ahora vigente correspondía sólo al Presidente de la República, además de la previsión en el mismo artículo 34 de los requisitos que se deberán satisfacer para acceder al cargo.

En este tema destaca la previsión que se hace en el artículo 35 respecto a la facultad discrecional y potestativa del Presidente de la República, para que en ejercicio del mando que le corresponde y para mantener el orden público y garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, pueda instruir al Jefe de Gobierno sobre la disposición de la fuerza pública y el ejercicio de funciones de seguridad pública.

Las bases de organización y facultades de los órganos locales, contenidas en el Título Tercero, son modificadas atendiendo al artículo 122 constitucional que establece ciertos contenidos a contemplarse en el Estatuto de Gobierno. De esta manera, para la Asamblea Legislativa, se establece en el artículo 37 su integración por los principios de votación mayoritaria relativa y de representación proporcional, los requisitos que deberán cumplirse para ser diputado a la misma, las bases que regirán la elección por el segundo de los principios mencionados y los impedimentos para los diputados; el artículo 41 reitera el fuero constitucional de los miembros de la Asamblea Legislativa.

El artículo 42 es modificado a efecto de contener las atribuciones constitucionales de la Asamblea, entre ellas las de regular las elecciones locales de la entidad, los servicios de seguridad prestados por empresas privadas, registro público de la propiedad y de comercio, civil y penal, la facultad de recibir los informes del

Procurador General de Justicia, del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y del Contralor General de la Administración Pública del Distrito Federal, así como la designación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con el carácter de sustituto, en caso de falta absoluta del electo, por renuncia u otra causa.

Respecto a la revisión de la Cuenta Pública, en el artículo 43 se precisan con sujeción a la norma constitucional respectiva, los lineamientos para ello, consistentes en la comprobación de la congruencia entre resultados de la gestión financiera con los criterios señalados en el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, señalándose que para el caso de que hubiere discrepancias entre cantidades gastadas y las partidas del presupuesto o bien no existiera exactitud o justificación en los gastos realizados, serán determinadas las responsabilidades que correspondan.

Consecuente con la mayor participación de la ciudadanía del Distrito Federal, se establece en el artículo 46 la iniciativa popular, sentándose bases para que la Asamblea Legislativa regule a mayor detalle esta figura.

La relación de la Asamblea Legislativa con la administración pública local, se concreta en la previsión de principios que habrán de regular a esta última y que deben ser contemplados en las leyes que expida el órgano legislativo local, tales como la regulación de un servicio público de carrera, la administración eficiente, eficaz y honrada de los recursos económicos y la observancia de principios como la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público.

Por cuanto hace al Jefe de Gobierno, se establecen los requisitos para acceder al cargo, la obligación de la Asamblea Legislativa de expedir el Bando que dé a conocer la declaración respectiva formulada por el órgano electoral competente, respecto a la elección del Jefe de Gobierno, de tal manera que la declaración de validez y la calificación de dicha elección, como ya ocurre a nivel del Ejecutivo Federal, dejan de ser responsabilidad de un órgano legislativo y sean ahora funciones de un tribunal autónomo; se establecen también las reglas precisas para la designación del sustituto por la Cámara de Senadores, sólo en el caso de remoción o por la propia Asamblea, así como para el otorgamiento de licencias hasta por 120 días.

En relación a la remoción del Jefe de Gobierno, por el Senado de la República o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se contempla un cambio importante respecto del sistema vigente, al incluirse el procedimiento en que se otorga a aquél audiencia ante cualquiera de los órganos federales mencionados.

Las facultades del Jefe de Gobierno se ven fortalecidas en relación con las que la Constitución General indica, al permitir la misma que el Estatuto de Gobierno le otorgue atribuciones adicionales, siendo éste uno de los puntos fundamentales que en el grupo de trabajo ameritó un análisis serio y cuidadoso para el efecto de plantear responsablemente cuales de las que ahora tiene el Presidente de la República en el gobierno de la entidad serían transferidas al Jefe de Gobierno.

De esta manera se concluyó la necesidad de prever su participación en el proceso legislativo a cargo de la Asamblea, mediante las facultades de iniciativa, formulación de observaciones, promulgación y publicación de leyes, atribuciones que estaban en la esfera del Presidente de la República; se le faculta también para proponer al titular del Ejecutivo Federal, proyectos de reglamentos de leyes del Congreso de la Unión, relativas al Distrito Federal; tendrá la responsabilidad de nombrar y remover al Procurador General de Justicia de la entidad con aprobación del Ejecutivo Federal, a quien propondrá la designación del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; también nombrará al Presidente de la Junta de Asistencia Privada; ejercerá las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública, estableciendo el Estatuto algunas de ellas, en virtud de su importancia, ello, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes; aplicará también las disposiciones relativas a la administración de los establecimientos de arresto, prisión preventiva y de readaptación social de carácter local, así como ejecutará las sentencias penales por delitos del orden común; asumirá, por la vía de suscripción de convenios, funciones de manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas, el control de residuos de baja peligrosidad y la prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas y móviles, todas estas actividades de jurisdicción federal por disposición de la ley de la materia.

Destaca la previsión del plebiscito en el artículo 68, figura mediante la cual el Jefe de Gobierno podrá consultar a la ciudadanía respecto de actos o decisiones trascendentales para la vida pública del Distrito Federal, institución que corresponderá a la Asamblea Legislativa regular a mayor detalle para permitir su observancia cabal. Dado que esta nueva figura implica un proceso de naturaleza electoral, la organización se deja al órgano electoral local y la solución de las controversias que se generen con motivo de su celebración al Tribunal Electoral, instituciones cuya creación se contempla en Título posterior del mismo ordenamiento.

Por lo que hace a los órganos encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, se establecen los principios que habrán de regir la carrera judicial, para cuyo ingreso y promoción a la misma se instituye el concurso interno de oposición y el de oposición libre. Igualmente se dispone a este nivel normativo la creación de un órgano auxiliar en materia de investigación, formación, capacitación y actualización de los servidores públicos de dicha institución, con el fin de fortalecer los conocimientos y habilidades necesarios para el adecuado desempeño de la función judicial.

La organización de la administración pública del Distrito Federal y la distribución de atribuciones entre los órganos que la conforman es también objeto de reforma. En el artículo 86 se dispone que dicha administración pública estará sustentada en un servicio público de carrera, bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalización y eficacia, conforme a las leyes que expida la Asamblea Legislativa. En atención al actual mecanismo de legitimidad del gobierno de la entidad, se establece en el artículo 94 como atribución para el Jefe de Gobierno la suscripción del convenio respectivo con la Federación, a efecto de la participación de la entidad al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; se previene en el artículo 96 para los inmuebles sujetos a la jurisdicción federal, la obligación de sujetarse a las disposiciones que en materia de protección civil expida la Asamblea Legislativa, además de las de desarrollo urbano.

Respecto de la creación de organismos descentralizados mediante ley de la Asamblea, se suprime la iniciativa exclusiva del Presidente de la República y del Jefe de Gobierno, por lo que el artículo 98 establece que dichos organismos se crearán por Decreto del Jefe de Gobierno o por Ley de la Asamblea Legislativa.

En el tema de los requisitos que el artículo 103 enuncia para acceder a la titularidad de alguna entidad paraestatal, se amplía el espectro para contemplar no sólo a quienes hubieren desempeñado cargos de alto nivel decisorio, sino también a quienes cuenten con conocimientos de alto nivel y experiencia en materia administrativa.

Respecto a las atribuciones de las delegaciones, se incorpora la relativa a la materia de protección civil, tema fundamental que debe fortalecerse en esta entidad, dadas las condiciones geográficas y de población en la misma.

Se hace mención expresa en el artículo 118 de la seguridad pública como un aspecto que en primer término debe tomarse en cuenta en el desarrollo y bienestar social de la entidad.

Se adiciona un Título Sexto para prever lo relativo a las autoridades electorales locales y a los partidos políticos, así, se crean el Instituto Electoral del Distrito Federal, como un organismo público autónomo, en cuya integración participarán fundamentalmente los ciudadanos, la Asamblea Legislativa y los partidos políticos; se establece que el órgano máximo de dirección estará conformado por un consejero presidente y seis consejeros electorales, electos por este órgano legislativo.

Se establecen los principios de equidad en rubros como el financiamiento público y el acceso a medios de comunicación, principios todos ellos que regulará la Asamblea Legislativa al expedir la ley electoral local.

En relación al sistema de controversias electorales, se dispone la creación de un Tribunal Electoral como órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional en la materia, así como su competencia mínima. Los integrantes de este Tribunal deberán reunir al menos los requisitos que se exigen para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y serán designados por la Asamblea Legislativa a propuesta del mencionado Tribunal Superior.

En materia de delitos electorales, se faculta a la Asamblea para preverlos al emitir la ley penal local e igualmente se dispone la creación de una fiscalía especial que conocerá de ellos.

Relativo al régimen patrimonial de la entidad, se adiciona un Título Séptimo que establece las características y composición del de carácter local, a efecto de evitar en un futuro cualquier problema de jurisdicción con los de naturaleza federal. Destaca en esta materia la obligación que se impone al Jefe de Gobierno de informar a la Asamblea Legislativa sobre las enajenaciones que se realicen de inmuebles del patrimonio local.

De las disposiciones transitorias relativas a la reforma propuesta al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, destacan por su importancia las siguientes: la que se refiere a la existencia de las delegaciones para el periodo de 1997 al año 2000, ahora delegaciones del Distrito Federal y no del Departamento del Distrito Federal, de tal manera que se analicen interiormente todos los elementos para concretar en ulterior reforma al Estatuto de Gobierno la base Tercera del artículo 122 constitucional, en cuanto a la integración, funcionamiento y relaciones de los órganos político administrativos con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; otro dispositivo transitorio trata de la transferencia de entidades paraestatales de la administración pública federal a la administración pública local, así como del patrimonio del Departamento del Distrito Federal que se incorporará al patrimonio de la administración pública local; asimismo se propone que la regulación de los órganos de representación vecinal se integren por elección conforme lo establezca la Ley de Participación Ciudadana, con las funciones de carácter vinculatorio que determine la misma.

II. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La reforma que se propone al ordenamiento de que se trata, tiende a contemplar a la Asamblea Legislativa y al Jefe de Gobierno como órganos competentes para aplicarla y particularmente en el Título Quinto que se adiciona se dispone la manera en que se habrá de aplicar el régimen en la administración pública local, así, se faculta al Jefe de Gobierno para designar al Contralor General de la administración pública del Distrito Federal, mismo que designará a su vez a los contralores internos de las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados que la conformen. Igualmente se prevé el derecho de los servidores públicos para recurrir las resoluciones de los órganos de control ante el mismo o bien ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la entidad.

III. Ley de Expropiación.

Se propone la adición de un artículo 20-Bis, a efecto de contemplar la facultad del Jefe de Gobierno del Distrito Federal de declarar la expropiación, ocupación temporal, total o parcial o la simple limitación de los derechos de dominio, previéndose también un procedimiento de características locales mediante la publicación de la declaratoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y la tramitación de dicha declaratoria por la dependencia que determine la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

IV. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La reforma propuesta tiende a suprimir de este ordenamiento los señalamientos que caracterizan al gobierno de la entidad a cargo de una dependencia denominada Departamento del Distrito Federal, atentó la reforma constitucional del año de 1996 y la atribución de la conducción del mismo a un órgano ejecutivo electo por la vía directa.

Por las anteriores consideraciones y con fundamento en el artículo 122 Apartado C Base Primera Fracción V inciso ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal I Legislatura, somete por el digno conducto de ustedes a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente

INICIATIVA DEDECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS; DE LA LEY DE EXPROPIACION Y DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

Artículo primero. Se reforman los artículos 1o., 2o., 3o., 6o., 7o. primer párrafo, 8o., 9o., 10, 11 fracción III; 12, 15, 17 fracción V, 20 fracción I, 21, 22, 23 fracción I, 24 fracciones I, III y IV, 25, 26, 27, 28, 29, 31 fracciones I y III, 32 fracción I, 33, 34, 35, la denominación del Capítulo I del Título Cuarto, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 fracciones I y III, 47, 48, 49, 50, 51 primer párrafo, fracciones II y IV, la denominación del Capítulo II del Título Cuarto, la denominación de la Sección I del Capítulo II del Título Cuarto, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 66, la denominación de la Sección II del Capítulo II del Título Cuarto, 67, 68, 70 primer párrafo, 71, 72, 73 fracciones I y II, 75, la denominación del Capítulo III del Título Cuarto, 76, 77, 78, 79, 80 primer párrafo, 83 segundo párrafo, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93 segundo párrafo, 94, 96, 98, 99 fracciones II y III, 101, 102, 103, 109 primer párrafo, 110 primer párrafo, 112, 114 primer párrafo, 117 primer párrafo, fracciones III, VII y VIII, 118 fracciones I a VII y último párrafo, 119, se adiciona una fracción IV al artículo 24, una fracción IV al artículo 46, un tercer párrafo al artículo 80, una fracción IX al artículo 117, una fracción VIII al artículo 118, un Título Sexto con los capítulos I a V y con los artículos 120 a 136, un Título Séptimo con un Capítulo Unico y con los artículos 137 a 145; y se derogan la fracción III del artículo 23, el artículo 30, las fracciones II, III, VIII, IX y X del artículo 32, la fracción II del artículo 46, la fracción I del artículo 51, el artículo 58, el artículo 63, el artículo 106, el artículo 107 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue

"Artículo 1o. Las disposiciones contenidas en el presente Estatuto son de orden público e interés general y son norma fundamental de organización y funcionamiento del gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2o. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. El Distrito Federal es una entidad federativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir y poseer toda clase de bienes que le sean necesarios para la prestación de los servicios públicos a su cargo, y en general, para el desarrollo de sus propias actividades y funciones.

Las características del patrimonio del Distrito Federal y su régimen jurídico, estarán determinados por la ley de la materia y lo dispuesto en este Estatuto.

Artículo 3o. El Distrito Federal se compone del territorio que actualmente tiene. Sus límites geográficos son los fijados por los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión, así como por los convenios amistosos aprobados por el Poder Legislativo Federal, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución.

La ley que regule la administración pública del Distrito Federal contendrá la descripción de los límites del Distrito Federal.

Artículo 6o. Son ciudadanos del Distrito Federal los varones y mujeres que teniendo calidad de mexicanos reúnan los requisitos del artículo 34 constitucional y tengan, además, la calidad de vecinos u originarios de la misma.

Artículo 7o. El Gobierno del Distrito Federal está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente Estatuto y las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 8o. Las autoridades locales de gobierno del Distrito Federal son:

I. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal y

III. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Artículo 9o. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá plena autonomía para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la administración pública del Distrito Federal. Se compondrá de una Sala Superior y por Salas Ordinarias, conforme lo establezca su ley orgánica. Igualmente y por acuerdo de la Sala Superior, podrán formarse Salas Auxiliares cuando se requiera por necesidades del servicio.

Los Magistrados serán nombrados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal con la ratificación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; durarán seis años en el ejercicio de su encargo y al término de su nombramiento podrán ser ratificados, y si lo fueren sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la ratificación de Magistrados al término del periodo para el que fueron nombrados, intervendrán las mismas autoridades y se seguirán las mismas formalidades que para su designación.

La ley orgánica respectiva establecerá los requisitos para ser Magistrado, el funcionamiento y competencia de las Salas, el procedimiento, los recursos contra las resoluciones que éstas dicten y los términos en que será obligatoria la jurisprudencia que establezca la Sala Superior, así como los requisitos para su interrupción y modificación.

Artículo 10. El Ministerio Público del Distrito Federal será presidido por un Procurador General de Justicia, nombrado y removido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con la aprobación del Presidente de la República.

Para ser Procurador General de Justicia se deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Ser originario o vecino del Distrito Federal, con residencia efectiva de dos años anteriores al día de su designación;

III. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad, al día de su designación;

IV. Poseer al día de la designación, título profesional de Licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de diez años y contar con experiencia en el campo del derecho; y

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso, o por delito culposo calificado como grave por la ley, ni estar sujeto a proceso penal.

En los términos que establezcan las leyes, incumbe al Ministerio Público del Distrito Federal, la persecución de los delitos del orden común cometidos en el Distrito Federal, la representación de los intereses de la sociedad, promover una pronta, completa y debida impartición de justicia, y ejercer las atribuciones que en materia de seguridad pública le confiere la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, así como participar en la instancia de coordinación del Distrito Federal en el sistema nacional de seguridad pública. Las atribuciones del Ministerio Público del Distrito Federal se ejercerán por su titular o por sus agentes o auxiliares, conforme lo establezca su ley orgánica.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que estará a cargo del Procurador, se ubica en el ámbito orgánico del Gobierno del Distrito Federal para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público y a su titular le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente Estatuto y las demás disposiciones legales aplicables.

El Procurador General de Justicia del Distrito Federal dispondrá lo necesario, en el ámbito de su competencia, para que el Ministerio Público a su cargo adopte las políticas generales de seguridad pública que establezca el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Los elementos de los cuerpos de seguridad pública de prevención serán auxiliares del Ministerio Público y estarán bajo su autoridad y mando inmediato cuando se requiera su colaboración para que la representación social ejerza sus facultades de investigación y persecución de delitos que le asigna el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los elementos de estos cuerpos de seguridad deberán poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos probablemente constitutivos de los delitos de que conozcan en el desempeño de sus funciones y los mandos deberán poner a disposición del Ministerio Público a todo elemento de los mismos cuando sea requerido en el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. La coordinación con las distintas jurisdicciones locales y municipales y con la Federación, en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, en los términos del apartado G del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. La legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que deben observarse en el desempeño de los empleos, cargos o comisiones del servicio público y en la administración de los recursos económicos de que disponga el Gobierno de la Ciudad;

II. La existencia, integración, estructura y funcionamiento de órganos, unidades, dependencias centrales y entidades paraestatales, con ámbito de actuación en el conjunto de la Ciudad;

III. El establecimiento por demarcación territorial, de órganos administrativos desconcentrados, con la autonomía funcional en las materias y en los términos dispuestos en este Estatuto y las leyes respectivas;

IV. La previsión de la actuación gubernativa con criterios de unidad, autonomía, funcionalidad, eficacia, coordinación e imparcialidad;

V. La planeación y ordenamiento del desarrollo territorial y en general, económico y social de la Ciudad que considere la óptica integral de la capital con las peculiaridades de las demarcaciones que se establezcan para la división territorial;

VI. La simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad en los procedimientos y actos administrativos en general;

VII. La cobertura amplia, oportuna, ágil y especializada de los servicios de seguridad pública y de impartición y procuración de justicia para la protección de las personas, sus familias y sus bienes;

VIII. La observancia, respeto y atención de recomendaciones por las autoridades y en general servidores públicos que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal, respecto de los derechos humanos que establece el orden jurídico mexicano;

IX. La formulación de políticas y programas de desarrollo económico considerando las particularidades de la Ciudad y la congruencia de aquéllas con la planeación nacional del desarrollo;

X. La conjugación de acciones de desarrollo con políticas y normas de seguridad y de protección a los elementos del medio ambiente;

XI. La definición de las políticas sobre finanzas públicas para asegurar la estabilidad financiera y solidez fiscal de la entidad, la equidad de la carga tributaría, la seguridad jurídica de los contribuyentes y la atención prioritaria de las necesidades sociales;

XII. La juridicidad de los actos de gobierno, la revisión y adecuación de la organización de la administración, la programación de su gasto y el control de su ejercicio;

XIII. La participación ciudadana para canalizar y conciliar la multiplicidad de intereses que se dan en la Ciudad;

XIV. La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos de la Ciudad, en los términos que dispongan este Estatuto y las leyes; y

XV. La rectoría del desarrollo nacional en los términos del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo. 15. Las responsabilidades de los servidores públicos del Distrito Federal, salvo las de los servidores de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, se regulan por la ley federal de la materia en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Ser informados sobre las leyes y decretos que emitan la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Congreso de la Unión, respecto de las materias relativas al Distrito Federal; reglamentos y demás actos administrativos de carácter general que expidan el Presidente de la República y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal así como la realización de obras y prestación de servicios públicos e instancias para presentar quejas y denuncias relacionadas con los mismos y con los servidores públicos responsables.

Artículo 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Votar y ser votados, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de este Estatuto y de las leyes de la materia, para los cargos de representación popular;

II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 21. Los instrumentos y mecanismos para promover, facilitar y ejercer la participación ciudadana en los asuntos públicos de la Ciudad, se regirán por las disposiciones de este Estatuto, de las leyes de la materia y de sus reglamentos.

Artículo 22. La participación ciudadana se desarrollará tanto en forma individual como colectiva, a tal efecto se establecerán las normas, los programas y las acciones para fomentar la organización ciudadana en torno a la discusión, análisis, investigación y elaboración de propuestas para la solución de los problemas de interés público y para el intercambio de opiniones sobre los asuntos públicos de la Ciudad en general.

La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de interés general y el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, para lo que deberá considerarse, de conformidad con las leyes aplicables, la utilización de los medios para la información, la difusión, la capacitación y la educación, así como para el desarrollo de una cultura democrática de participación ciudadana.

Artículo 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Votar en las elecciones, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de este Estatuto y de las leyes, para los cargos de representación popular;

II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Derogada.

V y VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Unión; y

IV. Las demás atribuciones que en lo relativo al Distrito Federal le señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente Estatuto y las leyes que expida el propio Congreso de la Unión.

Artículo 25. La Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados vigilará la correcta aplicación de los recursos provenientes del endeudamiento del Distrito Federal que realice el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Artículo 26. En caso de remoción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, corresponde a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión nombrar, a propuesta del Presidente de la República, al sustituto que concluya el mandato, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del presente Estatuto.

Artículo 27. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá ser removido de su cargo por la Cámara de Senadores, o en sus recesos por la Comisión Permanente, por causas graves que afecten las relaciones con los Poderes de la Unión o el orden público en el Distrito Federal. La solicitud de remoción deberá ser presentada por la mitad de los miembros de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Estatuto.

Artículo 28. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la República o la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, harán del conocimiento de la Cámara de Senadores o en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presunta existencia de causas graves que afecten sus relaciones con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o el orden público en el mismo, para efectos de la remoción a que se refiere el Artículo anterior.

Artículo 29. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que sea parte el Distrito Federal o uno de sus órganos, en los términos de la ley respectiva.

Artículo 30. Derogado.

Artículo 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal así lo acuerde en la sesión respectiva;

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así lo determine por declaratoria fundada y motivada.

Artículo 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Proponer al Senado, en caso de remoción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, un sustituto que concluya el mandato, en los términos que disponen la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y el presente Estatuto;

II. Derogada.

III. Derogada.

IV a VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. Derogada.

IX. Derogada.

X. Derogada.

XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 33. El Presidente de la República podrá determinar medidas de apoyo al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a solicitud de éste, para hacer frente a situaciones derivadas de siniestros, emergencias y desastres de grave impacto en la Ciudad, sin perjuicio de dictar las que le corresponda para mantener el orden público y garantizar la seguridad de las personas y sus bienes.

Artículo 34. Corresponde al Presidente de la República el mando de la fuerza pública en el Distrito Federal y la designación del servidor público que la tenga a su cargo, a propuesta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El servidor público que tenga el mando directo de la fuerza pública en el Distrito Federal podrá ser removido libremente por el Presidente de la República o a solicitud del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

El servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública en el Distrito Federal, deberá cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años al día del nombramiento;

III. Tener residencia efectiva de tres años inmediatamente anteriores al día del nombramiento, si es originario del Distrito Federal o de cinco años ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad; y

IV. No haber sido sentenciado por delito intencional que merezca pena corporal.

Artículo 35. El Presidente de la República será informado permanentemente por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal respecto de la situación que guarda la fuerza pública en la Ciudad, sin perjuicio de:

I. Para mantener el orden público y garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, podrá instruir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal sobre:

1. La disposición de la fuerza pública;

2. El ejercicio de funciones de seguridad pública;

En el caso de que el Jefe de Gobierno se abstenga, incumpla, contravenga o no acate las instrucciones del Presidente de la República, éste podrá instruir directamente a los cuerpos de seguridad pública.

II. Solicitar al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública y al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, información sobre la situación que guarde la fuerza pública a su cargo; y

III. Ejercer las demás facultades que le corresponden como titular del mando de la fuerza pública que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TITULO CUARTO

....

CAPITULO I

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Artículo 36. La función legislativa del Distrito Federal corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en las materias que expresamente le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 37. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará por 40 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 26 diputados electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal. Sólo podrán participar en la elección los partidos políticos con registro nacional. La demarcación de los distritos se establecerá como determine la ley.

Los diputados a la Asamblea Legislativa serán electos cada tres años y por cada propietario se elegirá un suplente.

La Asamblea podrá expedir convocatorias para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros electos por mayoría relativa. Las vacantes de sus miembros electos por el principio de representación proporcional, serán cubiertas por aquellos candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la lista respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.

Son requisitos para ser diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos;

II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;

III. Ser originario del Distrito Federal o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de la elección;

IV. No estar en servicio activo en el Ejército ni tener mando en la policía del Distrito Federal, cuando menos noventa días antes de la elección;

V. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o miembro del Consejo de la Judicatura Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones, noventa días antes de la elección en el caso de los primeros y dos años en el caso de los Ministros;

VI. No ser Magistrado de Circuito o Juez de Distrito en el Distrito Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección;

VII. No ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ni miembro del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección;

VIII. No ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni titular de órgano político-administrativo, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado o entidad paraestatal de la administración pública del Distrito Federal, ni Procurador General de Justicia del Distrito Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección;

IX. No ser ministro de culto religioso, a no ser que hubiere dejado de serlo con la anticipación y en la forma que establezca la ley; y

La elección de los diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas en una sola circunscripción plurinominal, se sujetará a las siguientes bases y a lo que en particular disponga la ley.

a) Un partido político, para obtener el registro de su lista de candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán acreditar que participan con candidatos por mayoría relativa en todos los distritos uninominales del Distrito Federal.

b) Todo partido político que alcance por lo menos el dos por ciento del total de la votación emitida, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional.

c) Al partido político que cumpla con lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, le serán asignados diputados por el principio de representación proporcional. La ley establecerá la formula para su asignación. Además, al hacer ésta se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista correspondiente.

En todo caso, para el otorgamiento de las constancias de asignación, se observarán las siguientes reglas:

a) Ningún partido político podrá contar con más del sesenta y tres por ciento del total de diputados electos mediante ambos principios.

b) Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el treinta por ciento de la votación en el Distrito Federal, le será asignado el número de diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea.

c) Para el caso de que dos partidos tuviesen igual número de constancias de mayoría y por lo menos el treinta por ciento de la votación, a aquel que obtuviese la mayor votación, le será asignado el número de diputado de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea.

Los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.

Los diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio. Los diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.

Los diputados propietarios durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación, de los Estados o del Distrito Federal por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Asamblea Legislativa, pero entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dure su nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados suplentes cuando estuviesen en ejercicio.

La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado.

Artículo 40. Toda resolución de la Asamblea tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes y decretos se comunicarán al Jefe de Gobierno del Distrito Federal por el presidente y por un secretario de la Asamblea, en la siguiente forma, "La Asamblea Legislativa del Distrito Federal decreta": (texto de la ley o decreto.)

Artículo 41. Los diputados a la Asamblea son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo y no podrán ser reconvenidos por ellas. Su Presidente velará por el respeto al fuero constitucional de sus miembros, así como por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

Artículo 42. La Asamblea Legislativa tiene facultades para:

I. Expedir su Ley Orgánica que regulará su estructura y funcionamiento internos, que será enviada al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el solo efecto de que ordene su publicación;

II. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto.

Al aprobar el presupuesto de egresos no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.

Dentro de la Ley de Ingresos, no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Unión para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal.

Las leyes federales no limitarán la facultad del Distrito Federal para establecer contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, incluyendo tasas adicionales ni sobre los servicios públicos a su cargo. Tampoco considerarán a personas como no sujetos de contribuciones ni establecerán exenciones, subsidios o regímenes fiscales especiales en favor de personas físicas y morales ni de instituciones oficiales o privadas en relación con dichas contribuciones. Las leyes del Distrito Federal, no establecerán exenciones o subsidios respecto a las mencionadas contribuciones en favor de personas físicas o morales ni de instituciones oficiales o privadas.

Sólo los bienes del dominio público de la Federación y del Distrito Federal estarán exentos de las contribuciones señaladas;

III. Formular su proyecto de presupuesto que enviará oportunamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que éste ordene su incorporación en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal;

IV. Determinar la ampliación del plazo de presentación de las iniciativas de leyes de ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Pública, cuando medie solicitud del Jefe de Gobierno del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la propia Asamblea;

V. Formular observaciones al programa general de desarrollo del Distrito Federal que le remita el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su examen y opinión;

VI. Expedir la Ley Orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, que incluirá lo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos de dichos órganos;

VII. Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la cual en todo caso, le atribuirá competencia para conocer de:

a) Los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales;

b) Los juicios en contra de los actos administrativos de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal, cuando actúen con el carácter de autoridades;

c) Los juicios en contra de las resoluciones definitivas dictadas por la Administración Pública del Distrito Federal, en la que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad líquida o se dé las bases para su liquidación, nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido o cualesquiera otras que causen agravio en materia fiscal de carácter local;

d) Los juicios en contra de la falta de contestación de las mismas autoridades, dentro de un término de 30 días naturales a las promociones presentadas ante ellas por lo particulares, a menos que las leyes y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto lo requiera;

e) Los juicios en contra de las resoluciones negativas fictas en materia fiscal que se configurarán transcurridos tres meses a partir de la recepción por parte de las autoridades demandadas competentes, de la última promoción presentada por el o los demandantes, a menos que las leyes fiscales fijen otros plazos;

f) Los juicios en que se impugne la negativa de la autoridad a certificar la configuración de la positiva ficta, cuando así lo establezcan las leyes;

g) Los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas las resoluciones fiscales favorables a las personas físicas o morales y que causen una lesión a la Hacienda Pública del Distrito Federal;

h) Las resoluciones que dicten negando a las personas físicas o morales la indemnización a que se refiere el artículo 77-bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

i) Las impugnaciones a que se refiere el artículo 93 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y

j) Las demás que le otorguen las leyes.

VIII. Iniciar leyes o decretos relativos al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión;

IX. Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la Contaduría Mayor y el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal;

X. Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y titulares de los órganos político-administrativos;

XI. Legislar en materia de administración pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos;

XII. Legislar en las materias civil y penal, normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio;

XIII. Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación social; la salud y asistencia social y la previsión social;

XIV. Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas; tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obras públicas y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal;

XV. Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los servicios del transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto y cementerios;

XVI. Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protección de animales; espectáculos públicos; fomento cultural cívico y deportivo y función social educativa en los términos de la fracción VIII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XVII. Recibir durante el segundo periodo de sesiones ordinarias y con presencia ante su pleno, los informes por escrito de resultados anuales de las acciones de:

a) El Procurador General de Justicia del Distrito Federal;

b) El servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública en el Distrito Federal;

c) El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y

d) El Contralor General de la Administración Pública del Distrito Federal.

XVIII. Citar a servidores públicos de la administración pública del Distrito Federal, para que informen al pleno o a las comisiones cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos y actividades;

XIX. Revisar la cuenta pública del año anterior que le remita el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en los términos de este Estatuto y demás disposiciones aplicables;

XX. Analizar los informes trimestrales que le envíe el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados. Los resultados de dicho análisis, se considerarán para la revisión de la Cuenta Pública que realice la Contaduría Mayor de Hacienda de la propia Asamblea;

XXI. Aprobar las solicitudes de licencia de sus miembros para separarse de su encargo;

XXII. Conocer de la renuncia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la que sólo podrá aceptarse por causas graves y aprobar sus licencias;

XXIII. Designar en caso de falta absoluta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por renuncia o cualquier otra causa, un sustituto que termine el encargo;

XXIV. Decidir sobre las propuestas que haga el Jefe de Gobierno del Distrito Federal de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y ratificar los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal;

XXV. Comunicarse con los otros órganos locales de gobierno, con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como con cualquiera otra dependencia o entidad por conducto de su mesa directiva, la Comisión de Gobierno o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo que disponga las leyes correspondientes;

XXVI. Otorgar reconocimientos a quienes hayan prestado servicios eminentes a la Ciudad, a la Nación o a la Humanidad y

XXVII. Las demás que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Estatuto.

Artículo 43. Para la revisión de la Cuenta Pública, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dispondrá de un órgano técnico denominado Contaduría Mayor de Hacienda, que se regirá por su propia ley orgánica. La vigilancia del cumplimiento de sus funciones estará a cargo de la comisión respectiva que señale la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa.

La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o no existiera exactitud o justificación en los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley de la materia.

La Cuenta Pública del año anterior, deberá ser presentada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal a la Comisión de Gobierno de la Asamblea dentro de los diez primeros días del mes de junio.

Artículo 44. Las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se sujetarán a lo dispuesto en las leyes generales que dicte el Congreso de la Unión en las materias de función social, educativa, salud, asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico y las demás en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano determine materias concurrentes.

Artículo 45. Las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, otorgarán atribuciones y funciones sólo a los órganos locales del gobierno del Distrito Federal.

Artículo 46. El derecho de iniciar las leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal compete:

I. A los diputados de la Asamblea del Distrito Federal;

II. Derogada;

III. Al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

La facultad de iniciativa respecto de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos corresponde exclusivamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y

IV. A través de la iniciativa popular, los ciudadanos del Distrito Federal, podrán presentar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, proyectos de leyes respecto de las materias de la competencia legislativa de la misma, de conformidad con las siguientes bases:

a) No podrán ser objeto de iniciativa popular las siguientes materias:

1. Tributaria o fiscal, así como de egresos del Distrito Federal;

2. Régimen interno de la administración pública del Distrito Federal;

3. Regulación interna de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de su Contaduría Mayor de Hacienda;

4. Regulación interna de los tribunales de justicia del fuero común del Distrito Federal;

5. Las demás que determinen las leyes.

b) Una comisión especial integrada por miembros de las comisiones competentes en la materia de la propuesta, verificará el cumplimiento de los requisitos que la ley respectiva establezca, en caso contrario desechará de plano la iniciativa presentada.

c) No se admitirá iniciativa popular alguna que haya sido declarada improcedente o rechazada por la Asamblea Legislativa.

Artículo 47. Las leyes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que regulen la organización y funciones de la administración pública del Distrito Federal, deberán contener normas relativas a:

I. El servicio público de carrera y la especialización en las funciones, que tiendan a garantizar la eficacia y la atención técnica del funcionamiento de los servicios públicos de la Ciudad;

II. La administración eficiente, eficaz y honrada de los recursos económicos y demás bienes de que disponga el gobierno del Distrito Federal, para satisfacer los objetivos públicos a los que estén destinados y

III. La observancia de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público.

Artículo 48. Los proyectos de leyes o decretos que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se remitirán para su promulgación al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien podrá hacer observaciones y devolver los proyectos dentro de diez días hábiles con esas observaciones, a no ser que, corriendo este término, hubiese la Asamblea cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día hábil en que la Asamblea se reúna. De no ser devuelto en ese plazo, se entenderá aceptado y se procederá a su promulgación. El proyecto devuelto con observaciones deberá ser discutido de nuevo por la Asamblea.

Si se aceptasen las observaciones o si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos de los diputados presentes en la sesión, el proyecto será ley o decreto y se enviará en los términos aprobados, para su promulgación.

Artículo 49. Las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa para su debida aplicación y observancia serán publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Para su mayor difusión también se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 50. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, habrá una Comisión de Gobierno integrada de manera plural, en los términos de su Ley Orgánica, por diputados electos por el voto mayoritario del pleno de la Asamblea y será presidida por quien designen los miembros de dicha Comisión. Esta se elegirá e instalará durante el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio.

Artículo 51. En los recesos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Gobierno, además de las atribuciones que le confiera la Ley Orgánica de la propia Asamblea, tendrá las siguientes:

I. Derogada.

II. Acordar a petición del Jefe de Gobierno del Distrito Federal o por excitativa de la mitad más uno de los diputados que la integran, la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. La convocatoria precisará por escrito, el asunto o asuntos que deba resolver el Pleno de la Asamblea y las razones que la justifiquen.

Para los casos en que la Asamblea Legislativa deba designar un Jefe de Gobierno sustituto que termine el encargo y no se hallare reunida, la Comisión de Gobierno convocará de inmediato a sesiones extraordinarias;

III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los miembros de la Asamblea Legislativa.

CAPITULO II

Jefe de Gobierno del Distrito Federal

SECCION PRIMERA

De la elección y la remoción

Artículo 52. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tendrá a su cargo el órgano ejecutivo de carácter local y la administración pública en la entidad recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta, en los términos de este Estatuto y la ley electoral que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal se realizará cada seis años, en la misma fecha en que se realice la elección de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 53. Para ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberán reunirse los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos;

II. Tener una residencia efectiva de tres años inmediatamente anteriores al día de la elección, si es originario del Distrito Federal o de cinco años ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad.

La residencia no se interrumpe por el desempeño de cargos públicos de la Federación en otro ámbito territorial;

III. Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la elección;

IV. No haber desempeñado el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal con cualquier carácter o denominación;

V. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando de policía, cuando menos noventa días antes de la elección;

VI. No ser Secretario ni Subsecretario de Estado, Jefe de Departamento Administrativo, Procurador General de la República, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni miembro del Consejo de la Judicatura Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección, en el caso de los primeros y dos años en el caso de los Ministros;

VII. No ser Magistrado de Circuito en el Distrito Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección;

VIII. No ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ni miembro del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección;

IX. No ser Secretario del Organo Ejecutivo, Oficial Mayor, Contralor General, titular de órgano político administrativo, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado o entidad paraestatal de la administración pública del Distrito Federal, ni Procurador General de Justicia del Distrito Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección;

X. No ser Ministro de algún culto religioso, a no ser que hubiere dejado de serlo con la anticipación y en la forma que establezca la ley y

XI. Las demás que establezcan las leyes y este Estatuto.

Artículo 54. La Asamblea Legislativa expedirá el Bando para dar a conocer en el Distrito Federal, la declaración de Jefe de Gobierno del Distrito Federal electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Distrito Federal en los términos de la ley de la materia.

Artículo 55. Si al comenzar un periodo no se presentase el Jefe de Gobierno del Distrito Federal electo, o la elección no estuviere hecha y declarada el 5 de diciembre, cesará; sin embargo, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal cuyo periodo haya concluido, se reputará como falta absoluta y se encargará desde luego de la Jefatura de Gobierno, el Secretario de Gobierno en funciones, hasta en tanto la Asamblea Legislativa nombre al Jefe de Gobierno del Distrito Federal sustituto que terminará el encargo.

Artículo 56. En el caso de remoción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Senado hará el nombramiento en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a sus normas internas. Para el nombramiento deberán cumplirse los requisitos previstos en las fracciones I, II, III, IV y X del artículo 53 de este Estatuto.

Artículo 57. El nombramiento de Jefe de Gobierno del Distrito Federal con el carácter de sustituto para concluir el periodo, que haga el Senado de la República, será comunicado a los Poderes de la Unión y a los órganos legislativo y judicial del Distrito Federal.

Artículo 58. Derogado.

Artículo 59. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal rendirá protesta en los siguientes términos: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Distrito Federal, y si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande".

Artículo 60. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal ejercerá su encargo durante seis años, a partir del 5 de diciembre del año de la elección, fecha en que rendirá protesta ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Durante el tiempo que dure su encargo deberá residir en el Distrito Federal.

En caso de sustitución por falta absoluta o remoción, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal sustituto, rendirá su protesta ante la Asamblea Legislativa o ante el Senado, según sea el caso.

El ciudadano que ocupe el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con cualquier carácter o denominación, en ningún caso podrá volver a ocuparlo.

Artículo 61. En caso de falta temporal que no exceda de treinta días naturales, el Secretario de Gobierno en funciones se encargará del despacho de los asuntos de la administración pública del Distrito Federal por el tiempo que dure dicha falta.

Cuando la falta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal sea superior a treinta días naturales se convertirá en absoluta y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designará a un sustituto que concluirá el periodo respectivo en los términos del presente Estatuto.

Artículo 62. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá solicitar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal licencia para separarse del cargo por un periodo hasta de ciento veinte días naturales, en cuyo caso el Secretario de Gobierno en funciones quedará encargado del despacho; para el caso de que al concluir el término de la licencia concedida no se presentare, se reputará como falta absoluta y la Asamblea Legislativa, nombrará un sustituto que concluya el encargo.

Artículo 63. Derogado.

Artículo 65. Sólo si las comunicaciones a que se refiere el Artículo 28 son hechas suyas por la mitad de los miembros de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en su caso, dará inicio el procedimiento respectivo en el órgano que corresponda.

La Comisión de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que conozca de la solicitud de remoción dará vista al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que en el término de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime pertinentes, debiendo dicha Comisión formular el dictamen respectivo dentro de los diez días siguientes. El Jefe de Gobierno podrá acudir ante el Pleno del órgano respectivo.

La remoción será acordada por la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Artículo 66. Son causas graves para la remoción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal las siguientes:

I. Invadir de manera reiterada y sistemática la esfera de competencia de los Poderes de la Unión;

II. Abstenerse de ejecutar en forma reiterada y sistemática, o incurrir en contravención de actos legislativos, jurisdiccionales y administrativos que dicten los Poderes de la Unión;

III. No brindar la debida protección a las instalaciones y depositarios de los Poderes Federales, cuando haya sido requerido para ello;

IV. Utilizar la fuerza pública fuera de las facultades de dirección que en materia de seguridad pública le corresponden, afectando el orden público y

V. Las demás que determinen otras disposiciones legales y que afecten gravemente las relaciones con los Poderes de la Unión o el orden público.

SECCION SEGUNDA

De las facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal

Artículo 67. Las facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal son las siguientes:

I. Iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

II. Promulgar, publicar y ejecutar las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos;

III. Cumplir y ejecutar las leyes y decretos que expida el Congreso de la Unión en la esfera y competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias;

IV. Formular proyectos de reglamentos sobre leyes del Congreso de la Unión relativas al Distrito Federal y vinculadas con las materias de su competencia y someterlos a la consideración del Presidente de la República;

V. Nombrar y remover libremente a los titulares de las unidades, órganos y dependencias de la administración pública del Distrito Federal cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en este Estatuto;

VI. Nombrar y remover al Presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal de acuerdo con lo que disponga la ley;

VII. Nombrar y remover al Procurador General de Justicia del Distrito Federal en los términos de este Estatuto;

VIII. Proponer Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y designar los del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y someter dichas propuestas y designaciones, según sea el caso, para su ratificación a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

IX. Proponer al Presidente de la República el nombramiento y en su caso la remoción del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje;

X. Otorgar patentes de notario conforme a las disposiciones aplicables;

XI. Solicitar a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal convoque a sesiones extraordinarias;

XII. Presentar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a más tardar el día treinta de noviembre, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año inmediato siguiente, o hasta el día veinte de diciembre, cuando inicie su encargo en dicho mes.

El Secretario encargado de las finanzas del Distrito Federal comparecerá ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para explicar la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el año siguiente;

XIII. Enviar a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la Cuenta Pública del año anterior;

XIV. Someter a la consideración del Presidente de la República la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, en los términos que disponga la Ley General de Deuda Pública;

XV. Informar al Presidente de la República sobre el ejercicio de los recursos correspondientes a los montos de endeudamiento del gobierno del Distrito Federal y de las entidades de su sector público e informar igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al rendir la Cuenta Pública;

XVI. Formular el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal;

XVII. Presentar por escrito a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a la apertura de su primer periodo ordinario de sesiones, el informe anual sobre el estado que guarde la administración pública del Distrito Federal;

XVIII. Remitir a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a la fecha del corte del periodo respectivo, los informes trimestrales sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados para la revisión de la Cuenta Pública del Distrito Federal;

XIX. Ejercer actos de dominio sobre el patrimonio del Distrito Federal, de acuerdo con lo dispuesto en este Estatuto y las leyes correspondientes;

XX. Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública, entre las que se encuentran las siguientes:

a) El establecimiento de las políticas generales de seguridad pública para el Distrito Federal;

b) El nombramiento y remoción libre de los servidores públicos de la jerarquía inmediata inferior a la del servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública en el Distrito Federal;

c) La determinación de la división del Distrito Federal en áreas geográficas de atención y el nombramiento y remoción libre de los servidores públicos responsables de las mismas;

d) La creación de establecimientos de formación policial y

e) Las demás que determinen las leyes.

Las bases de integración de los servicios de seguridad pública en la organización de la administración pública, se establecerán de acuerdo con las leyes que en la materia expidan el Congreso de la Unión y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Se normará el desempeño de los servicios de seguridad pública tomando en cuenta sus carácteres específicos en tanto cuerpos armados de naturaleza civil, garantes de los derechos, de la integridad física y patrimonial de la población. Sin perjuicio de lo establecido en las leyes que prevengan responsabilidades de los servidores públicos, las leyes respectivas contendrán un código que establezca los derechos y obligaciones específicos del servicio y los procedimientos para aplicar las medidas disciplinarias necesarias, a efecto de mantener el orden y la integridad del mismo, conforme a los principios de honestidad, eficacia y legalidad en su prestación.

Los servicios privados de seguridad son auxiliares de la función de seguridad pública. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las instituciones de seguridad pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva;

XXI. Administrar los establecimientos de arresto, prisión preventiva y de readaptación social de carácter local, así como ejecutar las sentencias penales por delitos del orden común;

XXII. Facilitar al Tribunal Superior de Justicia y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal los auxilios necesarios para el ejercicio expédito de sus funciones;

XXIII. Informar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por escrito, por conducto del secretario del ramo, sobre los asuntos de la administración, cuando la misma Asamblea lo solicite;

XXIV. Administrar la hacienda pública del Distrito Federal con apego a las disposiciones de este Estatuto, leyes y reglamentos de la materia;

XXV. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, Estados y Municipios y de concertación con los sectores social y privado;

XXVI. Dirigir la planeación y ordenamiento del desarrollo urbano del Distrito Federal, en los términos de las leyes;

XXVII. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación, en los términos de los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, con objeto de que el Distrito Federal asuma las siguientes funciones:

a) El manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia federal;

b) El control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad, conforme a las disposiciones de la ley general de la materia;

c) La prevención y control de la contaminación de la atmósfera proveniente de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal y

d) Las demás previstas en el artículo 11 de la ley general de la materia.

XXVIII. Declarar la expropiación, ocupación temporal, total o parcial, o la simple limitación de los derechos de dominio, conforme a las leyes del Congreso de la Unión;

XXIX. Proporcionar a los Poderes Federales los apoyos que se le requieran para el ejercicio expédito de sus funciones. Asimismo, prestar los apoyos y servicios para la realización de festividades cívicas, conmemoración de fechas, actos oficiales, ceremonias especiales, desfiles, y en general de aquellos que se realicen con motivo de acontecimientos relevantes;

XXX. Convocar a plebiscito en los términos de este Estatuto y demás disposiciones aplicables y

XXXI. Las demás que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Estatuto y otros ordenamientos.

Artículo 68. A través del plebiscito, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá consultar a los electores para que expresen su aprobación o rechazo previo a actos o decisiones del mismo cuando a su juicio sean trascendentes para la vida pública del Distrito Federal, de conformidad con lo siguiente:

I. No podrán someterse a plebiscito, los actos o decisiones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal relativos a:

a) Materias de carácter tributario o fiscal, así como de egresos del Distrito Federal;

b) Régimen interno de la administración pública del Distrito Federal y

c) Los actos cuya realización sea obligatoria en los términos de las leyes aplicables.

d) Los demás que determinen las leyes.

II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal iniciará el procedimiento de plebiscito, mediante la convocatoria que deberá expedir cuando menos noventa días antes de la fecha de realización de la misma, la convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en los principales diarios de circulación en la Ciudad, y contendrá:

a) La explicación clara y precisa de los efectos de la aprobación o rechazo del acto o decisión sometido a plebiscito;

b) La fecha en que habrá de realizarse la votación;

c) La pregunta o preguntas conforme a la que los electores expresarán su aprobación o rechazo;

III. Los resultados del plebiscito serán vinculatorios para el convocante cuando una de las opciones obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida y ésta corresponda cuando menos a la tercera parte de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Distrito Federal;

IV. En el año en que tengan verificativo elecciones de representantes populares, no podrá realizarse plebiscito alguno durante el proceso electoral, ni durante los sesenta días posteriores a su conclusión. No podrán realizarse dos plebiscitos en el mismo año;

V. El Instituto Electoral del Distrito Federal organizará el procedimiento de plebiscito y hará la declaratoria de sus efectos, de conformidad con lo que disponga la ley aplicable y

VI. Las controversias que se generen con motivo de la validez de los procesos de plebiscito serán resueltas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en los términos que establezca la ley respectiva.

Artículo 70. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto, podrá:

I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 71. Los convenios que se celebren en el seno de dichas comisiones serán suscritos por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o por el servidor público que éste designe para tal efecto. Tratándose de materias concurrentes, o en el caso de que se comprometan recursos federales asignados o transferidos al Distrito Federal, también deberán suscribirse por un representante de la administración pública federal.

Artículo 72. En la coordinación metropolitana, por el Distrito Federal podrán participar los titulares de las dependencias o entidades paraestatales encargadas de las materias objeto del acuerdo, así como los titulares de las delegaciones limítrofes, conforme a las disposiciones que dicte el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Artículo 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Tratándose de la aportación de recursos materiales, humanos y financieros, sólo se contraerán compromisos hasta por los montos autorizados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el presupuesto de egresos del ejercicio correspondiente;

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Los compromisos que el gobierno del Distrito Federal adquiera, así como las reglas a que sujete su participación, deberán ajustarse a lo dispuesto por las leyes que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión tratándose de materias concurrentes y en general a lo dispuesto por la legislación local aplicable a la materia de que se trate y

IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 75. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, difundirá el contenido de los acuerdos y convenios entre los habitantes del Distrito Federal que residan en la zona materia de los mismos, a fin de que éstos conozcan sus alcances, así como a las autoridades responsables de su ejecución.

CAPITULO III

De los Organos Encargados de la Función Judicial

Artículo 76. La función judicial del fuero común en el Distrito Federal se ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, jueces y demás órganos que su ley orgánica señale. Dicha ley regulará también su organización y funcionamiento.

Artículo 77. El ingreso y promoción de los servidores públicos a los órganos que ejerzan la función judicial en el Distrito Federal, distintos del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, se hará mediante el sistema de carrera judicial, que se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honradez e independencia.

El ingreso y promoción a la carrera judicial se hará a través de concurso interno de oposición y de oposición libre en la proporción que determine el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en base al número de vacantes a cubrir.

El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, contará con un órgano auxiliar en materia de investigación, formación, capacitación y actualización de los servidores públicos de la institución y de quienes aspiren a ingresar a ella, con el fin de fortalecer los conocimientos y habilidades necesarios para el adecuado desempeño de la función judicial.

Artículo 78. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal resolverá, en un plazo de quince días, por el voto de la mayoría de sus miembros presentes, respecto de los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia que haya realizado el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Si nada se resolviese dentro de ese plazo, se tendrán por aprobados los nombramientos y él o los designados entrarán a desempeñar sus funciones.

Si la Asamblea Legislativa no aprueba el nombramiento, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal presentará una nueva propuesta en los términos de la fracción VIII del Artículo 67 de este Estatuto.

Artículo 79. En caso de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal hará un tercero que surtirá sus efectos desde luego como provisional y que será sometido a la aprobación de la Asamblea.

Dentro de los quince días a que se refiere el artículo anterior, la Asamblea deberá aprobar o no el nombramiento y si nada resuelve, el magistrado nombrado provisionalmente continuará en sus funciones con el carácter de definitivo, haciendo el Jefe de Gobierno del Distrito Federal la declaración correspondiente. Si la Asamblea desecha el nombramiento, cesará en sus funciones el magistrado provisional y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal le someterá un nuevo nombramiento.

Artículo 80. Para ser Magistrado del Tribunal Superior, se deberán reunir los mismos requisitos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se requerirá, además, haberse distinguido en el ejercicio profesional o en el ramo judicial, preferentemente en el Distrito Federal. En igualdad de circunstancias, se preferirá a los originarios o vecinos del Distrito Federal en la forma que determine la ley. El Tribunal Superior de Justicia se integrará con el número de magistrados que señale la ley orgánica respectiva.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Para cubrir la vacantes de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá la propuesta respectiva a la decisión de la Asamblea Legislativa.

Artículo 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El Consejo se integrará por siete miembros, de los cuales, uno será el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo; un magistrado, un juez de primera instancia y un juez de paz, electos mediante insaculación; dos consejeros designados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y uno por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Los tres últimos deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas. Los Consejeros deberán reunir los requisitos que para ser magistrados establece la ley. El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 86. La administración pública del Distrito Federal se sustentará en el servicio público de carrera, el cual se integrará con base en los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalización y eficacia, en los términos de la ley que al efecto expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Artículo 87. La administración pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la cual distribuirá las funciones del orden administrativo del Distrito Federal.

La Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, las Delegaciones así como las demás dependencias que determine la ley, integran la administración pública centralizada.

Artículo 88. Las atribuciones de las unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias, se determinarán en Reglamento Interior que expedirá el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Artículo 90. Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberán ser refrendados por el Secretario que corresponda según la materia de que se trate.

Artículo 91. Para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá constituir órganos administrativos desconcentrados, diferentes de las delegaciones, que estarán jerárquicamente subordinados al propio Jefe de Gobierno del Distrito Federal o bien, a la dependencia que éste determine. Los titulares de estos órganos serán nombrados y removidos libremente por el propio Jefe de Gobierno.

Artículo 92. La administración pública del Distrito Federal, implementará un programa de difusión pública acerca de las leyes y decretos que emitan el Congreso de la Unión en las materias relativas al Distrito Federal y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de los reglamentos y demás actos administrativos de carácter general que expidan el Presidente de la República y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como de la realización de obras y prestación de servicios públicos e instancias para presentar quejas y denuncias relacionadas con los mismos y con los servidores públicos responsables, a efecto de que los habitantes se encuentren debidamente informados de las acciones y funciones del gobierno de la Ciudad.

Artículo 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La prestación de servicios públicos podrá concesionarse, en caso de que así lo requiera el interés general y la naturaleza del servicio lo permita, a quienes reúnan los requisitos y en los términos que establezcan las leyes, previa declaratoria que emita el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Artículo 94. El Distrito Federal manejará, con sujeción a las disposiciones legales aplicables, su hacienda pública, misma que se compondrá de las contribuciones que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal establezca, mediante ley, así como de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan y en general de cualquier otro ingreso que en derecho le corresponda.

El Distrito Federal participará en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, para lo cual el Jefe de Gobierno del Distrito Federal suscribirá con la Federación el convenio respectivo, en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 96. Los bienes inmuebles de dominio público de la Federación ubicados en el territorio del Distrito Federal, estarán única y exclusivamente bajo la jurisdicción de los Poderes Federales. Sin embargo, respecto a dichos inmuebles, se deberán acatar en lo conducente, las disposiciones que en materia de desarrollo urbano del Distrito Federal y protección civil contengan las leyes que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los reglamentos correspondientes y las disposiciones administrativas que con base en ellas dicte la autoridad competente salvo que éstos se destinen al uso común, a la prestación de un servicio público o se relacionen con materias estratégicas o de seguridad nacional, o se presenten situaciones derivadas de emergencias, siniestros y desastres. Corresponde a la Federación la restauración y conservación de monumentos históricos, artísticos o arqueológicos y demás bienes de propiedad federal que se encuentren en el territorio del Distrito Federal. El Gobierno del Distrito Federal podrá participar en dicha restauración y conservación, dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con la legislación aplicable y los convenios que se suscriban con las autoridades federales competentes, fundamentalmente de aquellos que en el contexto urbano de la Ciudad de México sean representativos de ella.

Artículo 98. Los organismos descentralizados serán las entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, creadas por decreto del Jefe de Gobierno del Distrito Federal o por ley de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. La fusión, extinción o liquidación de organismos descentralizados se realizará conforme al procedimiento seguido para su creación. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos serán aquellos que se constituyan en los términos y con los requisitos que señale la ley orgánica que regule la administración pública del Distrito Federal.

Artículo 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. La prestación de servicios públicos o sociales prioritarios o de alta especialización en el funcionamiento de la Ciudad o la satisfacción de las necesidades colectivas o

III. El auxilio operativo en el ejercicio de funciones tecnológicas o técnicas del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Artículo 101. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, aprobará la participación del gobierno de la entidad en las empresas, sociedades y asociaciones civiles o mercantiles, ya sea para su creación, para aumentar su capital o patrimonio y, en su caso, adquirir todo o parte de éstos. Dicha aprobación también será indispensable para constituir o aumentar fideicomisos públicos. Las autorizaciones a que se refiere este Artículo, serán otorgadas por conducto de la Secretaría que determine la Ley Orgánica, la cual será fideicomitente única de dichos fideicomisos.

Artículo 102. La ley determinará las relaciones entre el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y las entidades paraestatales o entre éstas y las Secretarías para fines de congruencia global de la administración pública paraestatal, con el sistema de planeación y los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación.

Artículo 103. Los titulares de las entidades que conforman la administración pública paraestatal, además de cumplir los requisitos establecidos en las leyes, deberán haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en la materia o materias a cargo de la entidad a dirigir o contar con conocimientos de alto nivel y experiencia en materia administrativa.

Artículo 106. Derogado.

Artículo 107. Derogado.

Artículo 109. Con objeto de formular los estudios para establecer, modificar o reordenar la división territorial del Distrito Federal se constituirá un comité de trabajo integrado por servidores públicos de la administración pública del Distrito Federal y por una comisión de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, electos por su Pleno, en el número que determine la ley.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 110. El comité a que se refiere el Artículo anterior y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,

para la determinación de la variación territorial, deberán incluir, entre otros, los siguientes elementos:

I a X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 112. Las delegaciones contarán con asignaciones presupuestales para la realización de sus actividades, las que se determinarán en el presupuesto de egresos del Distrito Federal e informarán de su ejercicio al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para la rendición de la Cuenta Pública.

Artículo 114. Los Delegados, de conformidad con las normas que al efecto expida el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, darán audiencia pública por lo menos dos veces al mes a los habitantes de la Delegación, en la que éstos podrán proponer la adopción de determinados acuerdos, la realización de ciertos actos o recibir información sobre determinadas actuaciones, siempre que sean de la competencia de la administración pública del Distrito Federal.

Artículo 117. Las delegaciones del Distrito Federal, tendrán facultades en sus respectivas jurisdicciones, en las materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, económicas, deportivas y demás que señale la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal así como aquellas que mediante acuerdo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal se les deleguen, para el cumplimiento de sus funciones. La asignación de atribuciones atenderá a las siguientes bases:

I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Participación en los sistemas de coordinación de prestación de servicios o realización de obras con otras delegaciones, cuando los mismos rebasen la jurisdicción correspondiente, de acuerdo con las normas dictadas por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal para estos efectos;

IV a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. Formulación de los anteproyectos de programas operativos y de presupuestos de la delegación, sujetándose a estimaciones de ingresos que establezca el Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

VIII. Las relativas a la protección civil, en los términos de las leyes y

IX. Realización, en términos generales de funciones administrativas, prestación de servicios públicos o al público y obras, de ejercicio o incidencia intradelegacional.

Artículo 118. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Seguridad pública;

II. Planeación del desarrollo;

III. Reservas territoriales, uso de suelo y vivienda;

IV. Preservación del medio ambiente y equilibrio ecológico;

V. Infraestructura y servicios de salud;

VI. Infraestructura y servicio social educativo;

VII. Transporte público y

VIII. Agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.

Tratándose de las materias a que se refiere este Artículo, las leyes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal establecerán los sistemas de dirección, coordinación y en su caso de desconcentración o descentralización, que permitan aproximar la actuación de la administración pública a los habitantes de la Ciudad.

Artículo 119. El Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal será formulado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y sometido a la aprobación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Los programas de desarrollo urbano de las delegaciones, que deberán ser congruentes y complementarios con el mencionado Programa de Desarrollo Urbano, serán formulados por la delegación respectiva y se someterán a la aprobación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Las solicitudes de modificación a los programas delegacionales referidos, en materia de uso de suelo, serán presentadas ante la autoridad delegacional, la cual las someterá a la opinión vinculatoria de la representación vecinal y por conducto del Jefe de Gobierno del Distrito Federal a la aprobación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

TITULO SEXTO

De las autoridades electorales locales
y los partidos

CAPITULO I

Diposiciones generales

Artículo 120. La renovación de las autoridades legislativa y ejecutiva de carácter local, así como de los titulares de los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Son principios rectores de la función electoral en el Distrito Federal los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. La emisión del sufragio será universal, libre, secreta y directa.

CAPITULO II

De los partidos políticos

Artículo 121. En las elecciones locales del Distrito Federal, sólo podrán participar los partidos políticos con registro nacional. De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos recibirán, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y contarán durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal. La ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

Artículo 122. La ley electoral propiciará condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social. Asimismo, fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales, así como los montos máximos de las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; establecerá, asimismo, las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias.

CAPITULO III

Del Instituto Electoral del
Distrito Federal

Artículo 123. La organización de las elecciones locales es una función de Estado que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Electoral del Distrito Federal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.

Artículo 124. El Instituto Electoral del Distrito Federal será autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones, autónomo en su funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y seis consejeros electorales y concurrirán con voz pero sin voto, los consejeros de la Asamblea Legislativa y los representantes de los partidos políticos; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto del Servicio Profesional Electoral que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo de los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

Artículo 125. El consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General, serán elegidos sucesivamente, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa, a propuesta de los grupos parlamentarios. Conforme al mismo procedimiento, se designarán tres consejeros electorales suplentes generales. La ley la duración en el cargo así como las reglas y el procedimiento correspondientes. El consejero Presidente y los Consejeros electorales durarán en su cargo siete años.

Artículo 126. La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero Presidente del Consejo General y los consejeros electorales del Instituto Electoral del Distrito Federal, los que estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en la ley de la materia.

Artículo 127. El Instituto Electoral del Distrito Federal tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados, Jefe de Gobierno y titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

CAPITULO IV

Del Tribunal Electoral del
Distrito Federal

Artículo 128. El Tribunal Electoral del Distrito Federal será órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional para la solución de controversias en esta materia.

Artículo 129. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de este Estatuto y según lo disponga la ley, acerca de:

I. Las impugnaciones en las elecciones locales de diputados, Jefe de Gobierno y titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales;

II. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado, en los términos que señalen este Estatuto y las leyes;

III. Las impugnaciones en los procesos de plebiscito;

IV. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores;

V. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral del Distrito Federal y sus servidores;

VI. La determinación e imposición de sanciones en la materia, y

VII. Las demás que señale la ley.

Artículo 130. La organización del Tribunal Electoral, su competencia, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen este Estatuto y las leyes.

Artículo 131. La ley establecerá las normas para la administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, cuyos servidores en materia de responsabilidades estarán sujetos al régimen establecido en la ley de la materia.

Artículo 132. Los magistrados electorales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa, a propuesta del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La ley señalará las reglas y el procedimiento correspondientes.

Artículo 133. Los requisitos para ser magistrado electoral no podrán ser menores a los que se exigen para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y se requerirá además haberse distinguido en la materia jurídica, preferentemente en la de Derecho Electoral. Los magistrados durarán en su encargo ocho años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los magistrados electorales serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por el Pleno.

CAPITULO V

De los medios de impugnación
en materia electoral local y de los
delitos electorales

Artículo 134. La ley electoral establecerá un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Asimismo, fijará los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales.

Artículo 135. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal tipificará los delitos y establecerá las sanciones en materia electoral, en la legislación penal que expida.

Se creará una fiscalía especial para la atención de los delitos electorales.

Artículo 136. La ley electoral establecerá las faltas en la materia y las sanciones correspondientes.

TITULO SÉPTIMO

CAPITULO UNICO

Del Regimen Patrimonial del
Distrito Federal

Artículo 137. El patrimonio del Distrito Federal se compone de los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado. La ley regulará el régimen patrimonial del Distrito Federal, sus disposiciones serán de orden e interés públicos y de observancia obligatoria.

Artículo 138. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la legislación aplicable, los bienes de dominio público del Distrito Federal son los siguientes:

I. Los de uso común;

II. Los bienes muebles e inmuebles que de hecho se utilicen para la prestación de servicios públicos o actividades equiparables a ello, o los que utilicen las dependencias y entidades de la administración pública del Distrito Federal para el desarrollo de sus actividades;

III. Los inmuebles expropiados a favor del Distrito Federal, una vez que sean destinados a un servicio público o algunas de las actividades que se equiparen a los servicios públicos o que de hecho se utilicen para esos fines;

IV. Las tierras y aguas a excepción de las comprendidas en el artículo 27, párrafos cuarto, quinto y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Los monumentos históricos o artísticos, propiedad del Distrito Federal;

VI. Los canales, zanjas y acueductos, propiedad o construidos por el Distrito Federal, así como los cauces de los ríos que hubiesen dejado de serlo, siempre y cuando no sean de jurisdicción federal, debiendo observarse al respecto las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales;

VII. Los inmuebles ubicados en el territorio del Distrito Federal y que la Federación transmita a éste, con la finalidad de satisfacer las necesidades de crecimiento, vivienda y desarrollo urbano;

VIII. Las servidumbres, cuando el predio dominante sean algunos de los anteriores;

IX. Los muebles propiedad del Distrito Federal que por su naturaleza no sean normalmente sustituibles, como los documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros, así como las colecciones de sus bienes, los especímenes tipos de la flora y la fauna, las colecciones científicas y filatélicas, los archivos y fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier otra que tenga imágenes y sonidos; y

X. Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada o adherida permanentemente a los inmuebles del Distrito Federal.

Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles, inembargables y no estarán sujetos a ningún gravamen o afectación de dominio, mientras no cambien su situación jurídica, a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional.

Artículo 139. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la legislación aplicable, son bienes de dominio privado del Distrito Federal los siguientes:

I. Los no comprendidos en el artículo 138 y cuyo uso y utilidad no tengan interés público;

II. Los que hayan formado parte de entidades del Distrito Federal;

III. Las tierras ubicadas dentro del Distrito Federal que sean susceptibles de ser enajenadas a particulares;

IV. Los bienes muebles que se encuentren dentro del Distrito Federal, considerados como mostrencos, conforme al Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal;

V. Los bienes muebles propiedad del Distrito Federal al servicio del mismo;

VI. Los bienes que por cualquier título adquiera el Distrito Federal y que no estén destinados a un servicio público; y

VII. Los bienes inmuebles que el Distrito Federal adquiera por vía de derecho público y que tengan por objeto la constitución de reservas territoriales, el desarrollo urbano o habitacional o la regularización de la tenencia de la tierra.

Los bienes de dominio privado son inembargables e imprescriptibles.

Artículo 140. La explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal serán regulados por los ordenamientos que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Artículo 141. Los bienes inmuebles de dominio público, podrán ser enajenados previo decreto de desincorporación que expida el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Artículo 142. La transmisión de los bienes inmuebles del dominio privado será a título gratuito u oneroso, en los términos que establezca la ley que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Artículo 143. Los Tribunales del Distrito Federal, de acuerdo con su competencia, conocerán de los juicios civiles, penales y administrativos que se relacionen con bienes del domino público o privado del Distrito Federal.

Artículo 144. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal ejercerá los actos de adquisición, posesión, enajenación, desincorporación, aprovechamiento, administración, utilización, conservación, mantenimiento, control, inspección y vigilancia de los bienes propiedad del Distrito Federal en los términos que señale la ley.

La Asamblea Legislativa será informada sobre las enajenaciones de inmuebles que se hubieren realizado en el periodo respectivo.

Artículo 145. La ley establecerá un sistema de información inmobiliaria, el cual estará constituido por el registro, catálogo e inventario de los inmuebles propiedad del Distrito Federal.

TRANSITORIOS

Primero. Las reformas, adiciones y derogaciones al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo el caso de que en alguno de los artículos siguientes se disponga lo contrario.

Segundo. Todos los ordenamientos que regulan hasta la fecha a los órganos locales en el Distrito Federal seguirán vigentes en lo conducente, hasta en tanto no se expidan por los órganos competentes aquellos que deban sustituirlos conforme a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo previsto en este Estatuto.

Tercero. La norma que determina la facultad para expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal, señalada en la fracción X del Artículo 42 del presente Estatuto, así como en el inciso f de la fracción V del apartado C del Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entrarán en vigor el 1o. de enero de 1998.

Cuarto. De conformidad con el Capítulo II, Título Quinto del presente Estatuto, durante el periodo 1997-2000, los órganos político-administrativos a que se refiere el Artículo Décimo Transitorio del Decreto mediante el cual se declaran reformados diversos Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, serán órganos desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal y seguirán denominándose delegaciones del Distrito Federal.

Quinto. Lo dispuesto en la fracción II de la Base Tercera, del Apartado C del Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a la elección de los titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, entrará en vigor el 1o. de enero del año 2000.

Sexto. La norma que establece la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materia civil y penal para el Distrito Federal, señalada en la fracción XII del Artículo 42 del presente Estatuto, así como en el inciso h, de la fracción V, Base Primera del Apartado C, del Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1999.

Séptimo. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el ejercicio de la facultad que le otorga la fracción XXI del artículo 67 de este Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, aplicará las disposiciones de la Ley que Restablece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de mayo de 1971 y del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de agosto de 1931, exclusivamente para los asuntos del fuero común del Distrito Federal que a la fecha de este Decreto corresponden al titular del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, hasta en tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expida las disposiciones legales correspondientes.

Octavo. Las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que correspondan al ámbito orgánico del actual Departamento del Distrito Federal, serán transferidas a la Administración Pública del Distrito Federal. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo y los órganos de gobierno de dichas entidades, en coordinación con la Administración Pública Federal del Distrito Federal, realizarán los actos conducentes que conforme a la naturaleza de cada entidad deban efectuarse para tal fin de acuerdo con las leyes aplicables.

Noveno. Acorde con lo dispuesto en el Título Séptimo de este Estatuto, que se refiere al Régimen Patrimonial del Distrito Federal, continuarán bajo jurisdicción federal los inmuebles, sitos en el Distrito Federal, que estén destinados al servicio que prestan los Poderes Federales, así como cualquier otro bien afecto a dichos poderes.

Décimo. El patrimonio del Departamento del Distrito Federal pasará a formar parte del patrimonio de la administración pública del Distrito Federal, de conformidad con los registros, inventarios y archivos respectivos.

Los inmuebles que sean de propiedad federal y que estén destinados o que por cualquier título autorizado por la Ley General de Bienes Nacionales sean utilizados o estén al servicio del Departamento del Distrito Federal, serán usados por la administración pública del Distrito Federal, hasta en tanto la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, tomando en cuenta a dicha administración, no determine lo contrario de conformidad con la mencionada Ley General de Bienes Nacionales.

Decimoprimero. Los Consejeros Electorales y el Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal así como los Magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal, por esta primera ocasión requerirán para su elección del voto de las tres cuartas partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Decimosegundo. Una vez expedida la ley correspondiente y constituidos los órganos a que se refiere el Título Sexto de este Estatuto, en los términos de la ley de la materia, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá convocar a plebiscito.

Decimotercero. Los órganos de representación vecinal en el Distrito Federal con las funciones de carácter vinculatorio que determine la ley, se integrarán por elección conforme lo establezca la Ley de Participación Ciudadana.

Decimocuarto. La elección indirecta de los titulares de las Delegaciones Políticas en el Distrito Federal, prevista en el Artículo Décimo Transitorio del Decreto de Adiciones y Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, se sujetará a lo siguiente:

I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal enviará, a más tardar el día 15 de diciembre de 1997, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, propuestas individuales por cada uno de los titulares de las Delegaciones Políticas que deban nombrarse en el Distrito Federal; y

II. Para los efectos de la fracción anterior, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, formulará las propuestas individuales para cada cargo. Las propuestas serán aprobadas por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En caso de que la Asamblea Legislativa no aprobase alguna o algunas de ellas, se enviarán segundas propuestas para los cargos que reste por designar; de no ser aprobadas alguna o algunas de las segundas propuestas, se presentará una tercera propuesta para cada cargo que faltase por designar, y si ésta también fuese rechazada, se presentará una terna con nuevos candidatos y si ninguno de ellos obtuviera la mayoría calificada mencionada, quedará designado el que de ésta, haya obtenido el mayor número de votos.

Las vacantes que por cualquier causa se presentaran serán cubiertas conforme al procedimiento anterior.

Artículo segundo. Se reforman los artículos 3o. fracciones I-Bis, II y IV, 51, 79 segundo párrafo y 80 fracciones I-Bis, IV, VII y VIII y se adiciona un Título Quinto con un Capítulo Unico con los artículos 91 a 93 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

"Artículo 3o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I-Bis. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

II. La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo;

III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. El órgano ejecutivo local del gobierno del Distrito Federal;

V a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 51. Las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, así como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal establecerán los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 47, así como para aplicar las sanciones establecidas en el presente capítulo, conforme a la legislación respectiva y por lo que hace a su competencia.

Asimismo, y por lo que hace a su competencia, las autoridades jurisdiccionales a que se refieren las fracciones VII a X del artículo 3o., determinarán los órganos y sistemas para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, en los términos de sus legislaciones respectivas.

Artículo 79.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Las atribuciones que este Título otorga a la Secretaría, a las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I-Bis. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: los Diputados, Oficial Mayor, Tesorero, Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento de la misma;

II. y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. En el órgano ejecutivo local del gobierno del Distrito Federal: todos los funcionarios, desde el nivel a que se refiere la fracción II hasta el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, incluyendo Delegados Políticos, Subdelegados y jefes de departamento de las Delegaciones;

V y VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Magistrados y secretarios o sus equivalentes;

VIII. En el Tribunal Fiscal de la Federación, en los tribunales de trabajo y en los demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes: Magistrados, miembros de junta y secretarios o sus equivalentes, y

IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITULO QUINTO

CAPITULO UNICO 

De las disposiciones aplicables a los
servidores públicos del órgano ejecutivo
del Distrito Federal

Artículo 91. Al frente de la Contraloría General de la Administración Pública del Distrito Federal habrá un contralor general, quien será nombrado y removido libremente por el Jefe de Gobierno.

Las facultades y obligaciones que esta Ley otorga a la Secretaría y a su titular se entenderán conferidas en el Distrito Federal a la Contraloría General de la Administración Pública del Distrito Federal y a su titular.

Artículo 92. El Contralor General designará y removerá libremente a los titulares de los órganos de control interno de las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal.

Los órganos de control interno tendrán las mismas facultades que esta ley les confiere a las contralorías internas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las que serán ejercidas en las dependencias, entidades y órganos desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal.

Artículo 93. El Servidor público afectado por los actos o resoluciones de la Contraloría General de la Administración Pública del Distrito Federal o de los órganos de control interno, podrá, a su elección, interponer el recurso de revocación o impugnar dichos actos o resoluciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el que se sujetará a lo dispuesto por los artículos 73 y 74 de esta Ley.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. La reforma a la fracción II del artículo 3o. y las que se refieren a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las demás reformas entrarán en vigor el día 5 de diciembre de 1997.

Tercero. En tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal regula las responsabilidades de los servidores públicos de los órganos encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, seguirán aplicándose las disposiciones de esta Ley vigentes a la fecha del presente Decreto.

Artículo tercero. Se adiciona un artículo 20-Bis a la Ley de Expropiación, para quedar como sigue:

"Artículo 20 Bis. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en los términos de esta ley, podrá declarar la expropiación, ocupación temporal, total o parcial o la simple limitación de los derechos de dominio, en los casos en que se tienda a alcanzar un fin cuya realización competa al gobierno local del Distrito Federal conforme a sus atribuciones y facultades constitucionales y legales.

La declaratoria se hará mediante decreto que se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y será notificada personalmente a los interesados. En caso de ignorarse el domicilio de éstos, surtirá efectos de notificación personal una segunda publicación del Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, señalará la dependencia a la que corresponda tramitar el expediente de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio, la que conocerá y resolverá el recurso administrativo de revocación previsto en la presente ley."

TRANSITORIO

Unico. La adición del artículo 20-Bis a la Ley de Expropiación entrará en vigor el 5 de diciembre de 1997.

Artículo cuarto. Se reforma el artículo 26 y se derogan los artículos 5o. y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

"Artículo 5o. Derogado.

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación

Secretaría de Relaciones Exteriores

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca

Secretaría de Energía

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo

Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Salud

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Secretaría de la Reforma Agraria

Secretaría de Turismo

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Artículo 44. Derogado."

TRANSITORIO

Unico. Las derogaciones y reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal entrarán en vigor el día 5 de diciembre de 1997.

Artículos transitorios del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; de la Ley de Expropiación y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Primero. Las reformas a que se refiere el presente Decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con las particularidades que se establecen en las disposiciones transitorias de cada uno de los artículos de este Decreto.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Tercero. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 13 de noviembre de 1997.

México, Distrito Federal a 12 de noviembre de 1997.- Armando Salinas Torre, Presidente de la Mesa Directiva; Lucerito del Pilar Márquez Franco, Alejandro Rojas Díaz Durán, secretarios de la Mesa Directiva.»

Recibo y túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

PERMISO AL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA PARA AUSENTARSE DEL
TERRITORIO NACIONAL

«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 22, 23, 24, 25 y 26 de noviembre de 1997, con el propósito de participar en Vancouver, Canadá, en la V Cumbre de Líderes Económicos de APEC.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 17 de noviembre de 1997.- Secretarios senadores: Guillermo Ulloa Carreón y Ana Rosa Payán Cervera.

MINUTA

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 22, 23, 24, 25, y 26 de noviembre de 1997, con el propósito de participar en Vancouver, Canadá, en la V Cumbre de Líderes Económicos de APEC.

TRANSITORIO

Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 17 de noviembre de 1997.- Senadores: Fernando Solana, presidente; Guillermo Ulloa Carreón, Ana Rosa Payán Cervera, secretarios.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

REPUBLICA DE PARAGUAY

«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Gran Cruz Extraordinaria, que le confiere el gobierno de la República de Paraguay.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 11 de noviembre de 1997.- Secretarios senadores: Raúl Juárez Valencia y Ana Rosa Payán Cervera.

MINUTA

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Gran Cruz Extraordinaria, que le confiere el gobierno de la República de Paraguay.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D. F., a 11 de noviembre de 1997.- Senadores: Javier Alvarado Ibares, presidente; Raúl Juárez Valencia y Ana Rosa Payán Cervera, secretarios.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.-Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Paraguay.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 11 de noviembre de 1997.- Senadores: Raúl Juárez Valencia y Ana Rosa Payan Cervera, secretarios.

MINUTA

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Paraguay.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, D.F., a 11 de noviembre de 1997.- Senadores: Javier Alvarado Ibares, presidente; Raúl Juárez Valencia y Ana Rosa Payán Cervera, secretarios.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto, que concede permiso al embajador Pedro José González Rubio Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Paraguay.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 11 de noviembre de 1997.- Senadores: Raúl Juárez Valencia y Ana Rosa Payán Cervera, secretarios.

MINUTA

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al embajador Pedro José González Rubio Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Paraguay.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 11 de noviembre de 1997.- Senadores: Javier Alvarado Ibares, presidente; Raúl Juárez Valencia y Ana Rosa Payán Cervera, secretarios.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

El siguiente punto del orden del día es la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Guillermo Ortiz Martínez.

Ruego a la Secretaría dar lectura al acuerdo parlamentario que norma esta comparecencia.

«LVII Legislatura.- Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Acuerdo de práctica parlamentaria para regular las comparecencias del Secretario de Hacienda y Crédito Público.

La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados

CONSIDERANDO

1o. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de la Cámara de Diputados, como Cámara de origen, examinar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo.

2o. Que el artículo 93 segundo párrafo de nuestra Ley Fundamental, establece que cualquiera de las cámaras puede citar a los secretarios de Estado para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.

3o. Que el artículo 45 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso General, faculta a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno de la Cámara.

4o. Que el artículo 4o. del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, establece para el caso de las sesiones previstas para desahogar las comparecencias de servidores públicos a que se refiere la fracción IV del artículo 74 y el párrafo segundo del artículo 93 constitucionales, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política acordará lo relativo a la duración de las sesiones y el formato de las mismas, y que es conveniente establecer el mecanismo para el desarrollo de las comparecencias del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de conducirlas de manera ágil y que permitan la participación de todos los grupos parlamentarios representados en esta LVII Legislatura, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política tiene a bien suscribir el siguiente

ACUERDO

1o. El presente acuerdo establece el procedimiento para regular las comparecencias del Secretario de Hacienda y Crédito Público ante la Cámara de Diputados, previstas para el día 18 de noviembre de 1997, en relación a la iniciativa de Ley de Ingresos y 19 del mismo mes y año, por lo que hace al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como regular las intervenciones de los diputados pertenecientes a los grupos parlamentarios en dichas sesiones.

2o. El desarrollo de las sesiones de comparecencia señaladas para los días 18 y 19 de noviembre de 1997, se sujetará a lo siguiente:

a) Si así lo requiriera, el Secretario de Hacienda y Crédito Público informará sobre la iniciativa de Ley de Ingresos y sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en los días señalados en el punto primero de este acuerdo, disponiendo de 15 minutos para su exposición.

b) Al concluir la exposición del Secretario de Hacienda y Crédito Público, se abrirán dos turnos de oradores para realizar preguntas. Cada diputado dispondrá hasta de 10 minutos para su intervención y el Secretario de Hacienda y Crédito Público responderá a cada orador igualmente en 10 minutos.

El orden en que participarán los oradores de los grupos parlamentarios será el siguiente: Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional.

c) Finalizados los turnos de oradores se declarará un receso de 15 minutos.

d) Una vez reanudada la sesión, para concluir y con el propósito de fijar su posición, cada grupo parlamentario dispondrá de 15 minutos para una última intervención, en el orden señalado en el anterior inciso b.

Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, D.F., a 12 de noviembre de 1997.- Por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política suscriben el acuerdo, diputados: Carlos Medina Plascencia, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Arturo Núñez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Porfirio Muñoz Ledo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Jorge González Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

Se designan las siguientes comisiones de cortesía. Para recibir a los senadores que asistirán a este acto, a los siguientes diputados: Efrén Enríquez Ordóñez, Laura Alicia Garza Galindo, por el PRI; José del Carmen Enríquez Rosado, por el PRD; Elodia Gutiérrez Estrada, por el PAN; Juan Cruz, por el Partido del Trabajo y Aurora Bazán, por el Partido Verde Ecologista de México.

Para recibir al secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez, se designan a los siguientes diputados: Adoración Martínez Torres; Victoria Peñaloza Izazaga; Baldemar Dzul Noh y José Luis López López.

Se ruega cumplir con su cometido.

En tanto las comisiones de cortesía cumplen con su cometido, la mesa directiva quiere poner a su consideración la siguiente reflexión:

El 18 de noviembre de 1824, hace 173 años, el Congreso General Constituyente de la República Mexicana, discutió y aprobó por mayoría de votos el decreto que definió la capital de los Estados Unidos Mexicanos con el nombre de Ciudad de México, Distrito Federal.

Esta mesa, a propuesta de diputados integrantes de la LVII Legislatura, recuerda ese trascendental acontecimiento, considerando que siempre será importante subrayarlo y celebrarlo patrióticamente y con admiración a los diputados que actuaron en el marco de la primera Constitución vigente de la República, para dar su nombre propio a la capital de los Estados Unidos Mexicanos y asiento de los supremos poderes de la nación.

De conformidad con los artículos 93 segundo párrafo y 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparece el secretario de Hacienda y Crédito Público Guillermo Ortiz Martínez, para ampliar la información contenida en la exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 1998.

Para dar cumplimiento al artículo 2o. inciso a del acuerdo parlamentario que regula el desahogo de esta comparecencia, se pregunta al señor Guillermo Ortiz Martínez: ¿Desea usted hacer uso de la palabra antes de iniciarse el primer turno de preguntas y respuestas?

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez:

Sí.

Tiene la palabra, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez, por 15 minutos.

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

En la continuación de este diálogo republicano entre poderes y en cumplimiento con los ordenamientos legales vigentes, hoy comparezco ante ustedes con el fin de abundar en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de1998.

Por instrucciones del presidente Zedillo, ratifico la voluntad del Ejecutivo por avanzar en la construcción del gran acuerdo nacional en materia económica a partir de un trabajo que nos demandará entrega, compromiso y patriotismo.

México transita hacia el camino del crecimiento sostenido y por eso se considera que debemos mantener el rumbo, presenciamos el inicio de la consolidación de las tendencias de crecimiento de nuestra economía. Observamos un comportamiento favorable del consumo de las inversiones, de las exportaciones y del ahorro.

Hoy informo a ustedes, señoras y señores legisladores, que este dinamismo se ha reflejado en un crecimiento del producto interno bruto del tercer trimestre de este año, de 8.1%. Con este resultado, el crecimiento acumulado hasta ahora en los tres primeros trimestres de este año, es de 7.3%. Por lo cual se puede esperar que el crecimiento para la totalidad del año rebase el 7%, cifra que no habíamos visto en los últimos 16 años. 

La demanda de nuestra población por más y mejores empleos durante el año, habrá sido satisfecha con la creación de alrededor de 800 mil empleos permanentes en el Seguro Social. Si consideramos además, los empleos de carácter temporal relacionados con la industria de la construcción y otros empleos que se generan en el sector agrícola, ciertamente estaremos rebasando con mucho esta cifra que acabo de mencionar. 

El consumo privado que será por lo menos 5% frente a un incremento en la inversión de 25% y de aproximadamente 16% de las exportaciones. La sólida tendencia de crecimiento que presenta la demanda, descarta la necesidad de una política fiscal expansiva; es decir, hace innecesario estimular la economía, ya sea a través de la reducción de tasas impositivas o del aumento excesivo del gasto. 

Por el contrario, como hemos visto en las últimas semanas, el entorno actual de inestabilidad financiera internacional, nos obliga a mantener estabilidad y disciplina fiscal, si queremos preservar esta tendencia de crecimiento económico. 

La consolidación de nuestra economía, es también un signo alentador para el futuro de la democracia. La pluralidad de las aportaciones enriquece cualquier acción de Gobierno. 

No debe provocar alarma la existencia de desacuerdos particulares, pues hay grandes coincidencias y evidentes muestras de corresponsabilidad política. 

Estamos preparados para un trabajo de largo plazo, que no se agota aquí ni ahora. 

Es la visión del Ejecutivo que el diseño de la política de ingresos del Gobierno Federal sea concebido como un todo, como un grupo de ordenamientos y un cúmulo de medidas y lineamientos que operan de manera armónica, encaminados a asegurar los recursos que el Estado necesita para cumplir con los objetivos y necesidades nacionales, como son: la seguridad nacional, la infraestructura pública, la procuración de justicia, la educación, la salud y el desarrollo social. 

Hemos planteado que la política tributaria que se presenta a consideración de ustedes en este periodo legislativo, se centre en fortalecer fuentes estables y permanentes del financiamiento que actualmente tiene el Gobierno. Ello cumpliendo, desde luego, con tres principios básicos: equidad, eficiencia y justicia. 

Para lograrlo proponemos desarrollar acciones diversas respecto de las cuales existe coincidencia entre los diversos grupos parlamentarios y el Ejecutivo. 

Hablemos por principio de esas coincidencias, pues son las que nutren el acuerdo básico que impulsamos con esta iniciativa. 

Existe consenso sobre la necesidad de consolidar ingresos suficientes para asegurar el sano financiamiento de un gasto que cumpla plenamente con las responsabilidades sociales del Estado mexicano, sin grandes endeudamientos y sin un excesivo déficit fiscal. 

También hay un acuerdo en torno a la necesidad de tener un sistema tributario eficiente, justo y equitativo, con una base más amplia de contribuyentes que permita redistribuir mejor la carga fiscal, avanzar en la reducción de la evasión y las eluciones fiscales, impulsar el ahorro de largo plazo, simplificar los procesos administrativos y otorgar seguridad jurídica al contribuyente. Un sistema tributario que en la medida de lo posible permita reducir la vulnerabilidad que implica la elevada dependencia que actualmente tienen los ingresos públicos, de aquellos provenientes de la actividad petrolera. 

Recordemos que hoy los ingresos derivados de la actividad petrolera representan un 40% de los ingresos totales del sector público. 

En 1994, hace unos cuantos años, esta proporción era menor al 30%, de manera que hemos incrementado esta vulnerabilidad en relación con los ingresos petroleros. 

La discusión al seno del Congreso sobre los ingresos gubernamentales, señores legisladores, debe ser nutrida por una visión integral de la política fiscal. 

Definir lo mejor para el país en materia tributaria, va mucho más allá de subir o bajar la tasa de un impuesto. 

Por nuestra parte, señoras legisladoras, señores legisladores, reconocemos la legitimidad de la exigencia de los grupos parlamentarios encaminada a potenciar el valor político que significa cumplir las ofertas de una campaña electoral. 

Por ello, no planteamos que los partidos políticos aquí representados, renuncien al compromiso realizado con el electorado para reducir las tasas impositivas. 

Apelamos a la responsabilidad política, ante la necesidad de conciliar las propuestas partidistas con las condiciones internas y externas de nuestra economía. 

El sentir del Ejecutivo, señoras y señores legisladores, es que debemos consensar los tiempos más convenientes para revisar el sistema tributario, de manera integral. 

En la medida que el entorno económico se estabilice y nuestros ingresos públicos se fortalezcan con el crecimiento económico, se reduzca la vulnerabilidad de nuestros ingresos respecto del petróleo y el combate a la evasión y a la elusión fiscal se fortalezcan, estaremos en condiciones de avanzar en la revisión del sistema impositivo. 

En la última década el gasto público que el Gobierno ha ejercido en las tareas fundamentales, se ha reducido sustancialmente. Hoy hacemos como Gobierno menos de lo que quisiéramos hacer. Todos los grupos parla

mentarios han señalado en diversas ocasiones que la calidad de la educación, de la salud, del desarrollo social que podemos ofrecerle a nuestra población está por debajo de los estándares que internacionalmente se establecen como adecuados. 

Si apuntalamos el crecimiento lograremos beneficiar el ingreso de las familias mexicanas a través de una mejor distribución de los excedentes de este crecimiento, reflejados en un mejor salario. Sólo así podremos construir un escenario económico que nos permita operar con responsabilidad esa revisión que hoy se discute. 

Para 1998, la iniciativa que está a discusión en el seno del Congreso, estima ingresos del sector público por 808 mil miles de millones de pesos, sin incluir financiamiento. Este monto equivale al 21.35 del producto interno bruto. La dimensión de los ingresos es consistente con la estrategia planteada en los Criterios Generales de Política Económica. 

El incremento en términos reales de la recaudación total que se espera será de 16%. Este crecimiento se sumará al que estimamos para el cierre de 1997, que es del orden del 12% real. Todo esto refleja desde luego un comportamiento favorable de los ingresos tributarios que alcanzarán el 10.3% del producto en 1998, aun cuando serán todavía un punto porcentual inferiores a los que teníamos en 1994. Así que tenemos un largo camino por recorrer. 

Las condiciones actuales de la economía mexicana nos sugieren prudencia en materia de reducción impositiva y la actitud decidida en campos como la búsqueda de equidad, a través del incremento a la base de contribuyentes, combatiendo la economía informal y la evasión, además de buscar reducir la elusión fiscal. 

Con esta visión se proponen a consideración de esta soberanía diversas propuestas, enmarcadas en cuatro objetivos: 

1o. Impulsar la actividad económica mediante el apoyo al ahorro de largo plazo; 

2o. Ampliar la equidad del sistema tributario, mediante un combate abierto a la economía informal y a la evasión, revisando los ordenamientos vigentes para reducir la elusión fiscal; 

3o. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, simplificando los procedimientos y 

4o. Otorgar una mayor seguridad jurídica a los mismos. 

Estas propuestas recuperan el consenso existente entre las fuerzas políticas aquí representadas sobre el apoyo que se debe dar a los contribuyentes para que estén en condiciones de cumplir sus obligaciones ciudadanas.

Por lo que se refiere a la política de crédito público, la iniciativa puesta a consideración de los legisladores busca lograr una reducción gradual en la carga de la deuda pública. Este es otro punto de amplia coincidencia entre los grupos parlamentarios.

El endeudamiento neto propuesto en esta iniciativa de ley, busca cubrir el déficit fiscal calculado, mientras que el endeudamiento ex terno, que se solicita, será destinado al financiamiento de grandes proyectos de inversión en el sector eléctrico, destacando aquellos de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. En cuanto a la banca de desarrollo se buscará ampliar la fuente de financiamientos a obras de infraestructura en los estados y municipios del país. 

Señoras y señores legisladores: esta exposición busca explicar el fundamento de las posiciones que el Ejecutivo enarbola en materia tributaria. Reitero a ustedes, no es cerrazón ni defensa de un dogma o de una posición irreductible, es a nuestro sentir la exposición responsable de las propuestas que nos permitirán iniciar una amplia y constructiva discusión. Existe un gran acuerdo sobre la necesidad de incrementar la acción social del Estado para reducir las desigualdades, sin por ello poner en riesgo el equilibrio de nuestra economía. 

Sin embargo, llama la atención que las discusiones no se concentren más hoy en los mecanismos para disminuir las grandes carencias de importantes grupos sociales, sino en la manera de reducir impuestos, que justamente es una acción que beneficia más a quien más tiene y debilita la capacidad del Estado para cumplir con su compromiso social. 

La revisión del sistema fiscal es un proceso permanente que obliga a la responsabilidad compartida en la materia. Debemos analizar la función de los impuestos en el contexto económico en que operan y adecuarlos para avanzar en la consecución de los objetivos nacionales. 

La propuesta en materia de ingresos que el Ejecutivo pone a consideración del Legislativo, no es un planteamiento terminado, pues reclama la reflexión, el análisis y las aportaciones de los legisladores en el trabajo de esta legislatura que se prolongará por tres años. Esto posibilita recuperar las propuestas en materia de impuestos, cuando nuestra economía ofrezca un menor grado de vulnerabilidad permitiendo conciliar las preocupaciones y el legítimo interés político de los grupos parlamentarios, con la responsabilidad económica que demanda la definición de los ingresos del Estado. 

En el análisis de las propuestas que les presenta el Ejecutivo, señoras y señores legisladores, reitero la disposición de la Secretaría de Hacienda para continuar los encuentros de trabajo cuantas veces y con la duración que sean necesarios. 

La historia política de México se está escribiendo hoy con moderación y prudencia que son valores fundamentales de la democracia y que estos valores sean los que rijan nuestras convicciones al momento de buscar los acuerdos definitivos. 

Señoras y señores legisladores; muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes. 

 PRIMER TURNO DE PREGUNTAS

 Se va a proceder al desahogo del inciso b del artículo 2o. del acuerdo parlamentario. 

Para el primer turno de preguntas y respuestas, se han inscrito los siguientes diputados: Miguel Angel Garza Vázquez, del PVEM; Ricardo Cantú Garza, del PT; Gerardo Buganza Salmeron, del PAN; María de los Dolores Padierna Luna del PRD; Dionisio Alfredo Meade García de León, del PRI.  

Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado Miguel Angel Garza Vázquez, del Partido Verde Ecologista de México.

Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público; compañeras y compañeros diputados: 

Cuando se convoca a los diversos sectores empresariales a trabajar en pro de lograr el tan deseado progreso económico, se habla mucho de brindar todo el apoyo requerido a los inversionistas, nacionales como extranjeros, por parte de los gobiernos Federal, estatal y municipal, con el propósito de consolidar las bases para el crecimiento. Sucede que los hechos llegan a rebasar los discursos, ya que nos topamos con el pago de impuestos que no ayudan en nada a fomentar la inversión y el desarrollo de las empresas. 

Las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, conforman un elemento vital para el progreso de la economía, porque además de producir bienes y servicios representan fuentes de trabajo para un amplio sector de la población. De esta manera, es necesario señalar que del mundo empresarial radica la posibilidad de obtener cuantiosos ingresos en el mejor de los casos y que en este sentido la empresa es la unidad básica dentro del proceso productivo. 

Dentro de los impuestos que las empresas deben pagar se encuentran: el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado. Y en algunas de las materias primas que utilizan para la manufacturación de sus productos y dependiendo de los bienes que se produzcan, los impuestos a la producción. En este contexto debemos ubicar el impuesto al activo de las empresas, el Impac, el cual fue introducido al Sistema Impositivo Mexicano en el Ejercicio Fiscal de 1989, que desde entonces ha sido motivo de serias controversias por su carácter inconstitucional. 

Efectivamente, el Impac posee las siguientes características que lo hacen cuestionable bajo cualquier óptica jurídica. Comencemos diciendo que el Impac cuenta con una tasa del 1.8% al valor del activo de las empresas el cual se calcula sumando los promedios de los siguientes activos:  

1 Los promedios mensuales de los activos financieros;  

2 Los activos fijos como son: la maquinaria y otros bienes muebles;  

3 El monto de la inversión de cada terreno y  

4 Inventarios de materias primas y productos terminados o semiterminados. 

De los puntos anteriormente mencionados, los tres últimos son activos que no generan ninguna utilidad, por esta razón se ha considerado incluso por la Suprema Corte de Justicia la inconstitucionalidad de este impuesto, ya que viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria consagrados en el artículo 31

constitucional fracción IV consistiendo el primero de ellos, es decir, la proporcionalidad, en que los causantes deben contribuir al gasto público en función a su respectiva capacidad contributiva. 

Debido a la disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos, algunas empresas enfrentan una baja en la demanda de sus productos por lo que sufren una acumulación de inventarios de productos terminados o semiterminados, ampliando con esto la base del impuesto del activo. Dicha obtención de utilidades es signo de capacidad contributiva, que el legislador necesariamente debe de tomar en cuenta como presupuesto esencial de toda contribución y que además del fin estrictamente fiscal que recaudó recursos para los servicios públicos que exige la fracción IV del artículo constitucional antes citado. 

Persigue también la finalidad extrafiscal de estimular la eficiencia de los mismos el desarrollo de sus actividades económicas. 

De todo lo anterior podemos concluir que el impuesto al activo de las empresas evita que las empresas que atraviesen por un periodo difícil en sus ventas salgan adelante y como consecuencia lejos de motivar la inversión la desestimula. 

Al verse frenada la inversión algunas empresas caen en crisis, por lo que optan por la alternativa de cerrar, ello afecta a más de una familia y que automáticamente se clausuran fuentes de empleo y con ello los obreros se ven a su vez obligados a vender su fuerza de trabajo sin la protección que un trabajo asalariado les puede brindar. 

Por ello, el Partido Verde Ecologista de México se pronuncia por la desaparición del impuesto al activo de las empresas porque, ¿sabía usted que este artículo está violentando la ley, en tanto que el artículo 31 constitucional en su fracción IV señala que los impuestos deben contar con las características de proporcionalidad y equidad? 

También optamos por suprimir cualquier muestra de terrorismo fiscal, no es posible que se utilice ese tipo de campañas amedrantadoras, las dependencias gubernamentales son las primeras que deberían conducirse por las vías de la conciliación, depurando el contenido de sus mensajes publicitarios.  

Gracias.

Tiene la palabra el Secretario de Hacienda y Crédito Público

 Muchas gracias, señor diputado Miguel Angel Garza Vázquez, por su pregunta:  

Desde luego el asunto éste del Impac es un tema que ha sido como usted lo señala, motivo de controversia que incluso ha llegado a resoluciones particulares en temas muy precisos por parte de la Suprema Corte de Justicia.

Desde luego la Suprema Corte de Justicia no se ha pronunciado por la inconstitucionalidad del impuesto en sí, se ha pronunciado efectivamente sobre la inconstitucionalidad de algunos aspectos de este impuesto que se han venido corrigiendo a lo largo del tiempo. 

Quisiera mencionarle, señor diputado, que eliminar el impuesto al activo implicaría una cuantiosa pérdida recaudatoria y la recaudación del Impac el impuesto al activo para 1998 será de alrededor de .27% del PIB, alrededor de 10 mil millones de pesos similar al nivel alcanzado en 1994 como producto del incremento en la inversión y la eliminación de la exención a pequeñas y medianas empresas contenidos en el área y en enlace. 

Si bien este nivel puede parecer reducido, se debe considerar la recaudación que este impuesto induce en el impuesto sobre la renta a las empresas. No hay que olvidar que se trata de un impuesto de control que reduce de manera significativa la evasión del impuesto sobre la renta. 

Por ejemplo, cuando un contribuyente tiene 10 pesos a pagar en el impuesto sobre la renta y 10 pesos correspondientes al activo, sólo paga, desde luego, el impuesto sobre la renta, pero este pago en muchas ocasiones como fue inducido justamente por la existencia del impuesto al activo, por eso de eliminarse el Impac, estamos estimando que no solamente se perderían los 10 mil millones de pesos correspondientes

directamente a este activo, sino que la pérdida total sería de alrededor del .65% del producto; es decir, alrededor de 25 mil millones de pesos de 1988, en un impacto de 6 mil 150 millones de pesos en estados y municipios. 

La pérdida recaudatoria se concentra en las grandes empresas; se estima que el 90% de las empresas contribuye únicamente con el .14% del PIB mientras que el 10% de las empresas más grandes lo hace con . 51% del PIB. Debemos recordar que en los dos años anteriores, en 1996 y este año de 1997, se ha exentado del Impac a las empresas medianas y pequeñas. 

Creo que debemos reconocer que este impuesto es un pago mínimo para aquellos contribuyentes que manipulan la base gravable y presentan utilidades nulas o incluso pérdidas recurrentes, así este impuesto constituye un piso para elevación. 

Las empresas cumplidas, en su mayor parte, no pagan este impuesto, ya que sólo debe pagarse el mayor entre lo que sea el impuesto sobre la renta o el Impac y una empresa cumplida normalmente presenta declaraciones en las que el impuesto sobre la renta es mayor al Impac. 

Hemos, desde luego también, a lo largo del tiempo, modificado diversos aspectos del impuesto al activo justamente para evitar que ésta constituya una carga para empresas que legítimamente están cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Por ejemplo, se redujo la tasa del 2% al 1.8%, esto implica que la rentabilidad mínima del capital de esta tasa del 1.8% se ha reducido de una rentabilidad promedio del capital del 6% a una de 5.3%; esto es, para que una empresa genere utilidades suficientes que le permitan pagar un impuesto sobre la renta superior al Impac, debe tener un rendimiento del 5.3% sobre los activos, que es un rendimiento inferior ciertamente al rendimiento promedio de las empresas con relación a sus activos. 

Por otra parte, las empresas que inician operaciones, no pagan durante el periodo preoperativo, en el inicio de las operaciones ni en los dos años siguientes; hay un periodo de gracia, digamos, de tres años, la parte preoperativa y los dos años siguientes para empresa que inician operaciones y por lo tanto, pues no se pretende que generen utilidades inmediatamente. 

Las empresas en operación, pueden diferir por cuatro años los impuestos en sus nuevas inversiones; esta medida tiene también la lógica de proporcionar un tiempo razonable a las empresas, para que estas nuevas inversiones les permitan generar la rentabilidad esperada, que les dé los recursos suficientes para poder encauzar el impuesto sobre la renta a niveles por encima de aquellos que implica el impuesto al activo. 

Las empresas con pérdidas pueden reducir o eliminar el Impac del ejercicio, con el ISR en exceso del Impac que se hubiera pagado en cada uno de los tres ejercicios inmediatos anteriores; esto es, si una empresa tiene pérdidas en un cierre de su ejercicio fiscal y en los tres anteriores tuvo utilidades que le permitieron hacer pagos del impuesto sobre la renta superiores a la tasa misma del Impac, pueda acreditar esos pagos adicionales contra las pérdidas del ejercicio corriente; y además, cuando el Impac no se elimina totalmente, el diferencial puede recuperarse hasta en los 10 ejercicios siguientes. 

En conclusión, señores legisladores, éste es un impuesto mínimo, es un impuesto que ha permitido, además, que muchas empresas, particularmente las empresas multinacionales, no estén evadiendo el pago de impuestos a través de precios de transferencia. Es muy fácil para muchas de las grandes empresas el transferir utilidades fuera del país, a empresas o a filiales que se encuentran en otras partes del mundo y de esta manera reducir o eliminar el pago de impuestos en México. De manera que consideramos que este impuesto ha sido muy importante para reducir la evasión fiscal. No recuerdo ahora exactamente los números, pero en esta tribuna se ha mencionado que el número de declaraciones de empresas que entregaban sus declaraciones de impuestos en cero, ha disminuido enormemente desde que se ha puesto en vigor este impuesto. 

De manera que consideramos que este impuesto tiene una enorme utilidad y creemos que, repito, es un aliciente justamente para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

En relación con la parte del terrorismo fiscal al que usted hace alusión, quisiera mencionarle que tenemos que estar incrementando la presencia fiscal constantemente. Una parte de la explicación de nuestra muy baja carga tributaria, y ya tendremos oportunidad de entrar en los números de la carga tributaria, se debe a la gran evasión y elusión fiscal. Por ejemplo, en la parte del impuesto correspondiente al valor agregado, consideramos que está recaudando alrededor de un 60% de la recaudación teórica, con la estructura y la tasa vigente, esto es, estamos dejando de recaudar por concepto de impuesto sobre la renta, alrededor de dos puntos del producto y esto se debe en buena medida a las dificultades administrativas que plantea ya de por sí la estructura del impuesto, pero también al hecho que existe una gran evasión fiscal. 

Muchas gracias.

Tomamos cuenta de su exposición, señor Secretario. 

Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, para formular su pregunta, el diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores; secretario Guillermo Ortiz:

Un motivo de orgullo para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es que la tasa efectiva del impuesto sobre la renta que se paga en México, resulta inferior en más de un 70% al promedio de América latina y un 62% inferior al promedio aplicado en los países asiáticos y de la OCDE.

Lo anterior, como dice la iniciativa de Ley de Ingresos para 1998, no surge tanto del nivel de las tasas impositivas, sino de las prerrogativas que gozan las empresas para manejar deducciones por inversiones o compras y la que deriva de la integración del impuesto sobre la renta de personas físicas y morales o sea la exención de dividendos a nivel personal.

Lejos de ser un motivo de orgullo, una ventaja competitiva, la baja captación tributaria por impuesto sobre la renta, es en realidad una vergüenza para la mayoría del pueblo de México, sumido en la pobreza y la marginalidad social. Eso es así, porque México no requiere tal tipo de supuesta ventaja para sustentar su desarrollo exportador y atraer las inversiones requeridas, porque cuenta con otro tipo de ventajas derivadas de sus costos laborales, altas tasas internas de rentabilidad y vecindad y acceso preferencial al mercado de Estados Unidos. 

Por esa razón, los privilegios tributarios de que gozan las grandes empresas y sus magnates, es un motivo permanente de descontento y conflicto social que retrotrae prácticamente el sistema fiscal mexicano a la época porfirista. Para el país, más que una ventaja competitiva, es una desventaja social, política y económica. Dichos privilegios explican la exagerada exacción fiscal que sufre Pemex y el deterioro de su régimen de inversiones, pero además se halla directamente relacionada con el retraso del país en los rubros más importantes de su competitividad internacional a largo plazo, como es la educación, la capacitación de los trabajadores y el desarrollo tecnológico y científico. 

A la vez se estructuraron régimen tributario con las características mencionadas, su función no ha sido la de redistribuir el ingreso, sino de concentrarlo, motivo por el cual si la relación entre productos de capital y del trabajo, que era cercana a dos a uno en 1990, llegó al uno a uno en 1997. Lo anterior significa que si ponderamos la contribución de los productos del trabajo al impuesto sobre la renta por su participación en el ingreso nacional, ésta llegaba al 65% de lo recaudado por este concepto. 

En base a estas consideraciones anteriores, ¿no cree, señor Secretario, que existe actualmente una importante justificación, pero también margen para elevar sustancialmente la contribución fiscal de los grandes contribuyentes y sectores de altos ingresos, que en 1996 fue de un magro 2.1% del PlB? 

Su propuesta, señor Secretario, no sobre la base de estas cuatro modificaciones, ¿acaso no podría elevarse la participación del impuesto por productos de capital a un 5% del PIB, sin provocar efectos negativos sobre la competitividad ni sobre la disposición de los inversionistas a traer y colocar su dinero en México? 

En otro orden de ideas, la composición de los cuatro rubros fiscales: impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, se nota una enorme desproporción entre los impuestos y los otros tres conceptos. Los impuestos muestran un crecimiento real de alrededor del 20%, en tanto que los tres restantes muestran un decrecimiento muy grande; el de derechos de un 18.5%, el de productos de un 11.2% y el de aprovechamientos de un 38.1%.

 Por último, señor Secretario, ¿cuánto se ha gastado en la publicidad, que la Secretaría de Hacienda ha desplegado en radio, prensa y televisión en las últimas fechas y de qué rubro se han tomado esos recursos? 

Por sus respuestas, muchas gracias.

Tiene la palabra el Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Muchas gracias, señor diputado Cantú, por sus observaciones.

En primer lugar yo quisiera decirle que estoy totalmente de acuerdo con usted y que la carga fiscal de este país es una carga fiscal sumamente baja.

Estamos ante la disyuntiva permanente de buscar por una parte un sistema tributario que tenga las características de equidad y justicia que todos los mexicanos reclaman y al mismo tiempo que sea un sistema tributario eficiente. Esto es, un sistema tributario que permita el desarrollo adecuado de las actividades productivas, que sea un sistema tributario competitivo a nivel internacional y que no provoque distorsiones a nivel económico que influyan en una mala decisión en razón de las inversiones y de los recursos.

Es cierto que se han realizado diversos estudios en materia de competitividad tributaria, con el fin de analizar la estructura que se aplica en diversos países, concluyéndose que el sistema tributario mexicano es competitivo.

Efectivamente, México tiene tasas de impuesto sobre la renta, el IVA etcétera, que son competitivas internacionalmente, aún si la comparación se realiza con países con un grado de desarrollo similar al de nuestro país. 

En cuanto al impuesto sobre la renta a las empresas, tenemos una tasa a nivel federal del orden del 34% y el promedio de los países de la OCDE es del 33.4% Es una tasa muy similar a éstas. Pero una vez que se considera el grado de integración entre el impuesto al nivel de la empresa del impuesto correspondiente al accionista, cuando recibe dividendos la tasa promedio del ISR en el grupo de países de la OCDE se incrementa al 42.8%. 

Esto es, en México no se pagan impuestos a los dividendos una vez que ya se pagaron los impuestos a nivel de la empresa. Esto es, no hay una doble tributación y en otros países sí existe esta doble tributación entre el pago de los impuestos que realiza la empresa y los dividendos que se distribuyen. Esta es la diferencia que acabo de mencionar. 

Es cierto que México es el único país que simultáneamente aplica los beneficios y bienes en el ISR. La indización que permite actualizar anualmente el valor de la depreciación de los activos y las pérdidas por amortizar de ejercicios anteriores, la deducción inmediata de inversiones, que en el primer año permite deducir el valor presente de la depreciación de compras, perdón, la depreciación económica del activo, la deducción de compras que evita posponer la deducción de los gastos hasta el momento de la venta y la no aplicación de la doble tributación al ahorro individual, al excluir del gravamen la mayor parte de los rendimientos que se obtienen como producto del ahorro. 

Esto es en lo que toca al impuesto sobre la renta a las empresas. 

Pero quiero mencionar también que México es el único país de los que hemos considerado en esta muestra, que tiene un impuesto sobre la renta negativo, que implica otorgar un subsidio a trabajadores de bajos ingresos y desgravar al 70% de éstos y es el único que deja fuera del ámbito impositivo al 33% de las percepciones constituidas por ingresos exentos. 

Esto es, con la exención y en el caso de los trabajadores que ganan menos de 3.1 salarios mínimos, tenemos un impuesto sobre la renta negativo, este impuesto sobre la renta va reduciéndose, este impuesto negativo va

reduciéndose conforme el salario se acerca a 3.1 salarios mínimos. Esto resulta que el 70% de los trabajadores de este país no están pagando impuestos.

Por otra parte, alrededor de la tercera parte, casi el 35% de los ingresos que percibe en promedio un trabajador en este país en el sector comercial, en el sector formal de la economía, este ingreso se da como prestaciones al trabajador que no están gravadas.

De manera que la tasa efectiva que los trabajadores de menores ingresos tienen por concepto del impuesto sobre la renta, es una tasa sumamente baja.

Reconocemos, sin embargo, que a partir de cuatro o cinco salarios mínimos, la tasa marginal que pagan los trabajadores, que pagan las personas físicas que perciben, repito, ingresos superiores a cuatro o cinco salarios mínimos, esa tasa marginal aumenta de manera pronunciada. Por eso, uno de los objetivos que debemos buscar en este estudio sobre la reforma fiscal integral, en esta concertación que debemos buscar hacia adelante, es ver cómo mejoramos justamente esta parte de la curva en materia tributaria.

Ahora bien, todos los países del mundo están desde luego restringidos en materia tributaria, particularmente en lo que toca a la imposición de capitales, a la imposición de dividendos etcétera, por la competencia que se está dando a nivel mundial.

De manera que no es que la Secretaría de Hacienda esté orgullosa, como usted lo acaba de mencionar, de tener un sistema fiscal competitivo, sentimos que es una realidad el mantener este sistema fiscal que promueva la inversión, que promueva la reinversión de utilidades y que promueva el crecimiento y la economía.

Este año, como acabo de mencionar, en el año de 1997, el crecimiento de la economía será superior al 7%, y el dinamismo que está experimentando la economía, o sea, la base de este crecimiento, se está dando principalmente por la inversión. La inversión privada, esto es, la inversión extranjera y la inversión nacional, está creciendo a una tasa del 25% en términos reales.

Y aún con esas tasas competitivas en materia impositiva, como ustedes saben, tenemos constantes presiones por parte del sector empresarial para reducir aún más las cargas impositivas. De manera que tenemos, obviamente, que buscar estos equilibrios, en mantener un sistema competitivo a nivel internacional, un sistema eficiente, pero también un sistema con equidad.

Sentimos, por otra parte, que en materia de los impuestos a los productos del trabajo y los impuestos a aquellas personas físicas que tienen menores salarios, como lo acabo de mencionar, México tiene una de las cargas fiscales más bajas del mundo.

En relación con los crecimientos en materia de los ingresos tributarios, los productos y los aprovechamientos, con mucho gusto le damos una explicación, señor diputado, detallada, o sea, las variaciones entre los crecimientos de derechos, productos y aprovechamientos, tienen que ver en buena medida con modificaciones específicas al régimen tributario de Pemex. En algunas ocasiones Pemex tributa, es decir, los ingresos que la Federación recibe de Pemex, viene en el rubro de derechos de extracción petrolera o viene en el rubro de aprovechamientos, dependiendo de la generación de estas utilidades. Así que esta información se la proporcionaremos puntualmente.

Finalmente, en relación con la última pregunta, la campaña publicitaria, que está la Secretaría de Hacienda poniendo en los medios en este momento, tiene un costo de alrededor de 4 millones de pesos y esta campaña está siendo financiada por el rubro correspondiente en el presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Muchas gracias.

Agradecemos al señor diputado Cantú Garza su pregunta y al señor Secretario su respuesta. Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el señor diputado Gerardo Buganza Salmerón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con el permiso de la Presidencia; compañeros legisladores; señor secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Ortiz:

Al tomar en consideración la realidad en que los mexicanos somos obligados a vivir, hoy es preciso que nos planteemos aquí cuál país nos proponemos construir y cuál es el rol de sus actores.

Reconocer que hay signos de recuperación debe ser un hecho alentador frente al agravamiento de la situación de millones de connacionales que se hayan en la extrema pobreza. Sin embargo, es una triste realidad que usted se haya aquí abogando por una propuesta, reflejo del modelo económico en el que se sustenta la actual economía del Estado. Como también es una realidad que usamos aquí la mayoría de los legisladores, como reflejo de un pueblo que al votar sus fórmulas partidistas sufragó por otro modelo diametralmente opuesto al paradigma económico oficial.

Es una realidad que en este recinto hay una pretensión económica sustentada en los impuestos de siempre, mientras allá afuera millones de mexicanos ajenos a cualquier clientelismo partidista se niegan a mantener este esquema tributario, pues sencillamente algunos tienen que elegir entre comer o pagar impuestos.

Llegó el momento, licenciado Ortiz, de hablar no sólo de la realidad, sino con la verdad. Llegó el momento de saber si el Gobierno es o no capaz de realizar lo que millones de mexicanos y algunos gobiernos estatales y municipales han hecho ya: recortar sus ineficiencias y hacer más con los mismos recursos.

En la propuesta que usted sometió a esta soberanía hay una realidad: el Gobierno Federal no está dispuesto a sacrificarse ni a efectuar esfuerzos creativos. Sus funcionarios, señor Secretario, a través de los medios de comunicación condicionan toda reducción de los impuestos y los recortes a la calidad y al volumen de las prestaciones federales en los servicios. No se diga la postura presidencial que ve la catástrofe nacional, pendiente del actual esquema fiscal.

Es curioso que hoy, hablar de recortes administrativos de reducción de impuestos a los ciudadanos, de hacer eficientes como nunca los recursos y los sistemas estructurales, de verificar la honestidad en los ejercicios presupuestales, de hacer más con lo mismo y hasta con menos, es estar fuera de la realidad, bordar fantasías y llevar al país al abismo. Es carente de toda ética, señor Secretario, que el Gobierno Federal pretenda seguir imponiendo sacrificios y ahorros a los ciudadanos, mientras de nueva cuenta gasta los recursos que recauda, de manera ineficiente.

Hoy vemos con desaliento que el Ejecutivo no contempló las demandas que respetuosa y seriamente le planteó el Partido Acción Nacional en materia tributaria.

Nos parece también desafortunada la campaña amarillista que se propaló ante la opinión pública, al difundir la idea de que la reducción de los impuestos llevará a la economía nacional al desastre. Además de que si se reducen los gravámenes, tiene que bajarse el gasto social, así como a los estados y municipios también les disminuirían considerablemente sus participaciones. Pero, ¿por qué nunca se planteó la reducción, control y optimización del gasto público?, ¿es acaso el ciudadano el único que deberá seguir "amarrándose el cinturón"?, ¿hasta cuándo se pondrá el Gobierno el suyo? Ustedes han planteado reiterativamente que las posturas del Partido Acción Nacional y en general de todos los partidos políticos de oposición, ofrecieron disminuir los ingresos tributarios como bandera política; pero no es posible llevarlas a la realidad.

Quisiera aquí enunciar algunas importantes propuestas, fortalecer el poder adquisitivo de la población, principalmente la de menores ingresos, sin que la reducción de los ingresos públicos que se deriven de la propuesta afecten los programas de desarrollo, modernización y ampliación de los servicios públicos que se tienen programados.

La reducción propuesta para la tasa general, permitirá no sólo mejorar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, sino que al unificarse su nivel en todo el país, también logrará mejor control de la recaudación inhibiendo prácticas evasivas y elusivas.

Estos argumentos fueron empleados por el Ejecutivo en 1991, cuestión que no le debe ser ajena a usted, señor Secretario, pues si bien recuerdo, usted fungía como subsecretario en la dependencia que hoy dirige.

Es más, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el domingo 10 de noviembre del mismo año, el decreto de la disminución del IVA del 15% al 10%, sin antes pasar por la aprobación del Congreso.

¿Por qué se procedió de esta manera? ¿Dónde se dejó la dignidad del Congreso? ¿Por qué se aprobó entonces y ahora en condiciones más favorables no la aceptan? Usted debe saberlo a la perfección, puesto que fue uno de los artífices de aquella reducción.

Sin embargo ahora usted declara con firmeza y seguridad, que la disminución del impuesto al valor agregado (IVA) en cinco puntos, equivale a 25 mil millones de pesos, y que los beneficios de esta reducción no se verán reflejados en el bienestar de las clases más necesitadas.

Quisiéramos saber, licenciado, cómo llegó a esa afirmación, de qué manera llevó a cabo ese cálculo.

Ahora bien, respecto a los cálculos de reducción de la tasa, la estadística del comportamiento de la recaudación tributaria, traída a valor presente y en términos reales, demuestran que mientras la tasa sube, como ocurrió en 1982 y en 1995, la recaudación baja.

Sin embargo, cuando la tasa baja como en 1992, la captación aumenta y otros efectos son: mayor consumo, mayor IVA, mayor utilización de la capacidad instalada, mayor generación de empleo, mayor utilidad o margen para las operaciones de los negocios, mayor impuesto sobre la renta (ISR) etcétera. ¿Cómo explica esto, señor Secretario?

Es un impuesto que merma los ingresos de los más pobres, quienes ganan menos y no pueden ahorrar, pagan el IVA a un mayor porcentaje de su ingreso de quienes ganan más. Es un impuesto regresivo el cual en la medida que se pueden reducir las tasas, se reduce la injusticia.

Además, de acuerdo al cálculo de los 25 mil millones de pesos de reducción, no se consideró el IVA de las fronteras que actualmente está con tasa del 10%.

Asimismo falta descontar del gasto de la administración pública y descentralizada, lo que se ahorraría por la disminución en el pago del IVA. Esto conlleva un doble efecto.

Por un lado, disminuye el ingreso. Por el otro, disminuye el gasto.

Según sus cálculos, ¿a cuánto asciende esta disminución?

Por otra parte, de acuerdo a los cálculos de regresión que elaboramos con variables macroeconómicas con información de los últimos 16 años, resulta que al reducir la tasa del IVA no disminuye la recaudación tributaria proyectada. Esto se explica por la elasticidad de las variables de la economía.

¿Cómo es posible, señor Secretario, que esa dependencia a su cargo, con recursos humanos y científicos suficientes, sólo hayan aplicado un cálculo simple para tomar la decisión en un asunto tan delicado y tan trascendente para millones de mexicanos?

Si a la cantidad estimada de la recaudación del IVA al final de este año se le aplican los índices de crecimiento y de inflación que consideraron en el presupuesto de ingresos para 1998, el resultado será sensiblemente menor que la cifra que aparece en el proyecto de ley de ingresos. ¿Me podría determinar qué razonamiento aplicar?

Con respecto a la política tributaria ¿por qué no se consideró la regularización de los automóviles ilegales en el país que planteó Acción Nacional? Ya que generarían cerca de 5 mil millones de pesos. Con ello resolveríamos un problema social y daríamos paso a una nueva y necesaria legislación para proteger el ramo automotriz nacional.

¿No cree usted que podrían generarse estímulos que propicien una mejora en la recaudación, como ha ocurrido en otros países?

Pensamos que una de las principales fallas del Gobierno Federal es la evasión. Mucho nos gustaría oír propuestas que resuelvan este problema, es decir, que acaben de fondo esta inmensa sangría sobre la que usted no consideró para incrementar los ingresos.

Finalmente, otro factor que permitirá no presionar los ingresos tributarios será la estricta vigilancia y control para que los gastos en este Presupuesto de Egresos disminuya de acuerdo a lo presupuestado y ya planteado también por los partidos políticos, sin mezclar los renglones de educación, salud y participaciones a estados y municipios.

Por sus respuestas, señor licenciado, muchas gracias.

Se concede el uso de la palabra al señor Secretario.

Muchas gracias por su pregunta, señor diputado.

Voy a referirme puntualmente a la propuesta de reducción del IVA que ha sido mencionada por el señor diputado, así como a las distintas cifras y a los números a las que él hizo referencia.

El reducir el IVA, como se ha propuesto, del 15% al 10% o del 15% al 12% según la última propuesta, implica una pérdida de recaudación muy importante. Por cada punto de reducción del IVA la pérdida de recaudación para 1997 es de alrededor de 5 mil millones de pesos. Esto es con base en los datos de 1997. Si consideramos que para 1998 estamos planeando un incremento muy importante, tanto en el crecimiento de la economía como en el crecimiento de los recursos fiscales, esta pérdida sería superior a los 6 mil millones de pesos.

Usted mencionó también que no estamos tomando en cuenta el IVA en frontera; la diferencial de la tasa del IVA en frontera, y que no se están tomando en cuenta los ahorros que por concepto de reducción de la tasa del IVA tendría el Gobierno Federal en los gastos que el propio Gobierno realiza en la compra de bienes y servicios. Bien.

Déjeme explicarle, señor diputado, que tenemos los números, tenemos las cifras, de cuánto sería el ahorro del sector público. Hay que mencionar, por otra parte, que los ahorros únicamente serían por la parte del Gobierno Federal, porque obviamente las empresas únicamente están trasladando el IVA. Entonces los ahorros serían por las erogaciones en materiales y suministros y no en servicios personales por parte del Gobierno Federal.

El ahorro por dependencia se lo puedo explicar: del Poder Legislativo, el ahorro sería, si se reduce del 15% al 10%, de 14 millones de pesos; del Poder Judicial, de 34 millones de pesos; de Presidencia de la República, 14 millones; de las distintas secretarías de Estado 326 millones. De tribunales agrarios, tribunales fiscales etcétera. Bueno, la suma total de estos ahorros sería de 791 millones de pesos, por una reducción del 15% al 10%. Esta cifra se compara con una pérdida fiscal de alrededor de 25 mil millones de pesos.

Menciona usted, señor diputado, "que cuando se redujo el IVA en 1991 no se cayó la recaudación". Déjeme decirle que esto no es correcto, señor diputado. Con la reducción de la tasa del IVA del 15% al 10% en 1991 se registró una caída de la recaudación en este impuesto de .72% del producto. En 1991 se recaudaba por IVA el 3.43% del PIB y en 1992 se recaudó 2.71%. Esto fue una caída de .72%. No obstante el impacto de la caída de la tasa fue cercano al .9% del PlB, eso es equivalente a 28 mil millones de hoy. El problema fue, obviamente, que hubo algunos aumentos que compensaron esta disminución del IVA. Así por ejemplo se incrementó la tasa del IVA en frontera del 6% al 10%. Se gravaron los intereses de créditos al consumo y el agua potable. Estas medidas permitieron generar recursos por .18% del PIB, por lo que la pérdida neta en IVA fue de .72%, como acabo de mencionar.

También para compensar los ingresos públicos por esta reducción del IVA, se tomaron medidas adicionales como incrementos reales de 25% a precios y tarifas de los combustibles, que compensaron esta reducción del IVA de .72% y permitieron captar ingresos del orden de .62% Entonces, lo que es evidente en este episodio es que hubo una caída muy importante de los ingresos provenientes del IVA, que fueron compensados por distintas medidas que se tomaron en relación con el mismo impuesto, ya mencioné lo de la frontera, pero sobre todo con incrementos a la gasolina y energéticos, que prácticamente compensaron este impuesto.

Por otra parte, señor diputado, en el año de 1991, ya tenemos una experiencia y un episodio histórico de qué fue lo que ocurrió; los beneficios de la reducción del IVA no fueron, como usted lo señala, para aquellos estratos más bajos de la población. Podemos y hemos estado en la mejor disposición y de hecho hemos entregado información a los legisladores que nos la han solicitado, de cuáles han sido, cuáles fueron los impactos de esta reducción del IVA a la que usted hace mención.

Mire usted, de los 25 mil millones que se perderían por concepto de reducción del IVA, si éste se aplicara con base en los datos de 1997, la experiencia de 1991 señala que el 53% de esos beneficios se fueron a utilidades del sector comercio. ¿Por qué? Porque los precios no bajaron obviamente en la misma proporción en que se redujo el IVA. De manera que el 53%, para ser preciso, de estos beneficios, se fueron al sector comercio.

Ahora bien, de los 25 mil millones, repito, más de 12 mil 500 se fueron al sector comercio; de los otros 12 mil 500, más del 50% se van a beneficiar a aquellos consumidores que están en dos deciles más altos de la población, esto es, el 20% de la población de mayores ingresos se beneficia con más del 50% del beneficio que dejan las utilidades del sector comercio. De manera, señor diputado, que esta baja del IVA en el caso de México, en el caso de la estructura actual, es una medida regresiva y no es una medida progresiva; no es una medida que va a beneficiar a los estratos más pobres de la población, es una medida que va a beneficiar sobre todo al sector comercio y a los sectores que tienen mayores ingresos. Es por ello, señor diputado, que hemos sostenido que ésta no es la mejor manera de redistribuir el ingreso, ésa no es la mejor manera de hacerle llegar recursos a la gente de menores ingresos.

Por otra parte, la reducción del IVA tendría un efecto muy importante en las participaciones a los estados y municipios. Estamos calculando que si el IVA se redujera del 15% al 10%, tendríamos una pérdida para los estados y municipios del orden de los 6 mil 500 millones de pesos, una pérdida en participaciones.

Menciona usted que ¿cómo es posible que el Gobierno no esté pensando en compensar esta baja en los impuestos a través de una reducción de gasto que no impacte los rubros de gasto social? Déjeme darle un dato que probablemente sea muy ilustrativo de lo que usted menciona, señor diputado.

De los gastos totales de la administración central, del Gobierno central, esto es, quitando los gastos de poderes y órganos autónomos, quitando los gastos obviamente de las empresas paraestatales, que no forman parte de la administración central; quitando lo que son erogaciones en sueldos y salarios, esto es, el paquete salarial, el total de las adquisiciones del sector público, definido de esta manera, del sector central, es del orden de 5 mil millones de pesos. Esto es, el Gobierno Federal gasta 5 mil millones de pesos en pago de rentas, en adquisición de materiales y suministros, en adquisición de automóviles, de vehículos de transporte, de gastos, en fin todos los gastos del Gobierno Federal quitando sueldos y salarios, suman 5 mil millones de pesos. ¿Cuánto quiere usted recortarle a esta cifra, señor diputado, para poder tener digamos algo razonable que pudiera contribuir a compensar esta disminución por concepto de los ingresos del IVA?

Yo quisiera quizá plantear el punto más importante de toda esta discusión: vamos a suponer que tuviéramos recursos reales, vamos a suponer que tuviéramos la oportunidad de encontrar en el presupuesto por alguna razón 5 ó 10 mil millones de pesos, en fin, una cifra, la que ustedes quieran que constituyan recursos reales adicionales. La pregunta es ¿dónde estarán mejor empleados? La pregunta es, ¿si vamos a destinar estos recursos a beneficiar en un 50% al sector comercio y en un 25% adicional al 20% de la población de mayores ingresos o si esos recursos no estarían mejor aplicados a programas sociales, a la ampliación de la infraestructura básica de este país, al campo, a la educación, a la salud y al combate a la pobreza? Creo que ésa es la pregunta relevante, señor diputado.

Agradecemos la pregunta del señor diputado Buganza y la respuesta del señor Secretario. Tiene la palabra hasta por 10 minutos para formular su pregunta, la diputada María Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; señor secretario Guillermo Ortiz:

Nos adentramos de lleno al ejercicio de la segunda mitad del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, periodo en el cual estará vigente una Cámara de Diputados de nuevo tipo. Esta será una ocasión en la que el Presupuesto de la Federación se revise a profundidad por todos los grupos parlamentarios y donde el documento que se apruebe será distinto al que se presenta, porque se incorporarán las posiciones de los partidos que por usted no fueron retomadas y se derivarán de un debate serio y responsable entre partidos y de cara a la sociedad.

Por eso la Ley de Ingresos no puede ser aprobada en los términos en que fue enviada a esta Cámara, sino que el documento será revisado, analizado, modificado y aprobado por este órgano plural representativo y en pleno ejercicio de separación de poderes. Nuestras razones para bajar el IVA no son sólo políticas, son fundamentalmente económicas, el IVA es un impuesto indirecto que afecta al gasto de la población, especialmente a la población de escasos recursos. En esencia, ustedes optaron por elevar la tasa del IVA para reducir la demanda interna de bienes y servicios, el IVA lo utilizan como instrumento de contracción de la demanda para conseguir un aumento del ahorro del sector público.

Nosotros queremos fortalecer la capacidad de consumo de la gente, de la mayoría de la población, porque lo consideramos indispensable para que el crecimiento se generalice. Se trata de gastos indispensables para todas las familias, pero se trata también de dar un paso importante en la recuperación del crecimiento para que sea socialmente incluyente.

Esta disminución tributaria se compensa por el efecto que tendría sobre el ingreso de las empresas y las familias y mediante la progresividad que proponemos para el impuesto sobre la renta.

Esta progresividad pretende dar un paso justo para alentar a las micro, pequeña y mediana empresas, un impuesto sobre la renta progresivo ayuda a la equidad sin que los cambios impliquen debilitar las finanzas públicas, ya que lo que en algunos renglones se reduce puede compensarse con la progresividad que se propone. El impacto se traduce en una mejor distribución del ingreso y de las cargas fiscales sobre el nivel general de la actividad económica.

Tenemos sobrados fundamentos para solicitar el alivio en las cargas fiscales a la población y no desistiremos en la idea de lograrlo, además de que un sistema tributario más justo es un medio más eficaz para reducir la evasión y la elusión fiscal; no admitimos por tanto los criterios catastrofistas que utilizaron como campaña, en contra de nuestras propuestas de orden fiscal... Tampoco admitimos que el propio Presidente de la República encabece esa campaña en vez de actuar cuanto antes con medidas económicas que alivien la pesada carga de la crisis que para la mayoría de los mexicanos aún no se va y al contrario, su política fiscal la agudiza.

En los criterios de política económica, el Ejecutivo Federal presenta una estrategia de crecimiento que contiene una visión extraordiariamente optimista y sesgada, el crecimiento no ha llegado todavía a la mayor parte de las empresas productivas del país, continúa concentrado en el sector exportador poco diversificado y escasamente integrado al aparato productivo nacional; el factor que impulsa el crecimiento de la economía mexicana, son las exportaciones y éstas van a encontrar un serio competidor con la crisis bursátil presentada en los países asiáticos. Los dragones heridos y hambrientos de dólares inundarán con sus productos el mercado en el cual compiten las mercancías mexicanas. A ello, no hace usted ninguna mención en su documento. Hay que insistir.

El elemento clave que impulsa el crecimiento actual del producto interno bruto, son las exportaciones, sin embargo se cae en círculos viciosos de los cuales no se sale; México necesita muchas importaciones para lograr su crecimiento; se necesitan importaciones para exportar, se importan bienes para producir bienes y se importan grandes cantidades de bienes de consumo final; así, entre más elevado es el nivel de las importaciones, menor es el crecimiento del PIB.

Es decir, cuando la economía mexicana crece, tiende a tener altas importaciones. Los cálculos que ustedes aportan en sus documentos, no reflejan esta realidad, no es posible que las importaciones se incrementen tan sólo en 13.84% como ustedes lo están proyectando para 1998. Al igual, la Secretaría de Hacienda espera un deslizamiento prudente del precio del dólar, lo calcula a futuro en 8.74 pesos; pero hoy día ya está en 8.37, será imposible por lo tanto cumplir con esa meta. 

En síntesis, se sobrestiman las exportaciones y se subestiman las importaciones y estos dos hechos pueden dar una estimación exagerada del crecimiento del PlB y demasiado corto respecto de la expansión del déficit externo. 

El renglón que menos crece es el consumo, que es también el que tiene relación directa con el bienestar de la población y está ligado a los salarios, que han sufrido una merma de 20% en términos reales de 1994 a 1997, acumulando una disminución de su poder adquisitivo en más del 70% a partir de 1981. 

En forma demasiado vaga, el documento informa de una gradual recuperación de los salarios reales; no sea vago, señor Secretario, ¿en cuánto van a aumentar los salarios reales de los trabajadores..?  

¿Acepta usted la propuesta del PRD de un aumento del 5% arriba de la inflación? 

Para transitar a un crecimiento sostenido se requiere superar las restricciones al mercado interno del cual dependen la mayor parte de las empresas del país y ello tiene que ver profundamente con las pautas de distribución del ingreso. Ustedes sostienen que para que haya crecimiento se requiere inversión y para ello se requiere ahorro y para que haya ahorro hay que aumentar el excedente económico, es decir, la parte del producto que no va a los trabajadores y va como ingreso a los empresarios y al Gobierno.  

Esta es una política muy inequitativa que está afectando a toda la población y al mayor número de empresas nacionales orientadas al mercado interno, a las cuales de nada sirve que disminuyan sus costos salariales si al mismo tiempo sus ventas se desploman y permanecen estancadas. 

El desempleo, por su parte, no ha dejado de crecer, el desempleo crónico es tal vez el principal problema social y afecta no sólo al trabajo no calificado, sino también al calificado en casi todos los niveles. Técnicos y profesionistas en todos los campos de la actividad, padecen el desempleo, el subempleo, la ocupación informal o el empleo en actividades ajenas a la materia de su preparación. No hay mayor frustración que preparar a la gente para el desempleo y no vemos en los documentos presentados, bases para impulsar un mayor nivel de empleo, así que la única actividad que aportará abundante empleo, será la economía informal y tal vez por ello ustedes programen tasas impositivas en esa actividad. 

En cuanto a la política de finanzas públicas, se mantiene una política de gasto no inflacionaria, pero debemos recordar que durante el sexenio pasado se sostuvo una política de gasto no inflacionario, que requería un balance superavitario. Actualmente se tiene un pequeño déficit financiero, después del pago del servicio de la deuda, pero un gran superávit primario. Señor Secretario, ¿hasta qué punto puede usted justificar el enorme costo social que implica este superávit? ¿ Pretende seguir con la política del empobrecimiento de la gente a costa del superávit de las finanzas públicas? 

Los únicos que ven con buenos ojos los superávit primarios, son los representantes del capital financiero, a ellos se les concede prioridad en su política fiscal y se hace un esfuerzo extremo para evitar que sus inversiones sufran alguna merma o algún peligro de devaluación; a la población, en cambio, se le destina a la suerte que ustedes le imponen. No es ésa la mejor política económica ni la más justa. 

El documento de la Secretaría de Hacienda no dice nada de las tasas de interés, ni internas ni externas; esto es realmente dramático, porque las tasas de interés son fundamentales en el costo de la deuda pública, se señala al déficit fiscal como causante de la inflación...

Señoras diputadas, señores diputados, el tiempo lo lleva la Presidencia. Favor de terminar, señora diputada.

Así es, señor Presidente. Sólo quiero dejar manifiesto que la política del PRD no es deficitaria, lo que cuestionamos es el destino del déficit, de los enormes recursos que se canalizan a la privatización y al rescate carretero y al rescate de la banca, que ello ha implicado aumentar enormemente la deuda. Ya es tiempo de replantear.

Señora diputada, haga favor de concluir. 

Concluyo con un párrafo: a este modelo económico, señor Secretario, coincide con los rasgos fundamentales del llamado "consenso de Washington". ¿Cuándo iniciarán ustedes un modelo económico a la mexicana, nacionalista, que nos beneficie a los mexicanos? 

Es cuanto, señor Presidente y le agradezco sus respuestas.

Muchas gracias por sus preguntas, señora diputada.

Tiene la palabra para sus respuestas, el señor Secretario.

Muchas gracias por su pregunta, señora diputada.

Hizo usted una evaluación del comportamiento de la economía, de las fuentes de crecimiento que hemos tenido en 1997, de las proyecciones para 1998 y saca usted conclusiones que apuntan en el sentido de que la actual política económica no es conducente a la recuperación salarial, a la recuperación del empleo ni al mejoramiento de las condiciones sociales. Yo quisiera retomar estos puntos en mi respuesta, señora diputada.

En primer lugar, el comportamiento de la economía, como lo acabo de mencionar hace unos momentos, no solamente no está sobrestimando el crecimiento económico, sino que de hecho hemos sido bastante conservadores en nuestras proyecciones y en nuestros supuestos.

Yo quisiera recordarle, señora diputada, que en el año de 1995, en noviembre de 1995, la estimación que la Secretaría de Hacienda presentó sobre el crecimiento económico de 1996 fue una estimación conservadora. En noviembre de aquel año, cuando tuve la oportunidad de estar en este recinto, habíamos estimado un crecimiento del 3%. El crecimiento en 1996 resultó de 5.1%.

En el proyecto de presupuesto para 1997, que se incluyó en los documentos que se presentaron en noviembre del año pasado, estábamos estimando un crecimiento económico de por lo menos 4%. El crecimiento de este año será del 7% por lo menos.

Para 1998 estamos estimando un crecimiento de 5.2% aún considerando que las dificultades en el entorno internacional reciente, de hecho van a afectar, de manera, yo diría, significativa, el comportamiento de la economía mundial.

Estos cálculos ya los incorporamos en las proyecciones de crecimiento que traemos para 1998.

Por otra parte, señora diputada, las exportaciones no son el motor principal de crecimiento para 1997 y 1998. De hecho, como había mencionado anteriormente, es la inversión, la inversión privada y la inversión pública, la inversión pública el próximo año, la inversión inducida por el sector público el próximo está creciendo 30%, es un tema que comentaremos el día de mañana, pero tiene relevancia justamente para ver cuáles van a ser las fuentes de crecimiento el próximo año, la inversión privada está creciendo en los primeros seis meses del año a una tasa real del 25%. Es una tasa superior al crecimiento de las exportaciones, que ha sido del orden del 16%.

Por otra parte, señora diputada, me permito respetuosamente diferir de lo que usted acaba de mencionar, de que el impuesto al valor agregado se está utilizando como un instrumento de represión al consumo. El consumo está creciendo de manera vigorosa en este año. Ya en el primer semestre teníamos una tasa de crecimiento del consumo de 6.35%; fue la tasa de crecimiento del consumo. Estamos estimando que en el tercer trimestre, aunque todavía obviamente no sacamos... las cifras que se publican hoy por parte del INEGI, son las cifras correspondientes a la evolución del producto interno bruto por sectores, esto es, cómo evolucionaron las manufacturas, la construcción, la agricultura etcétera. Hasta dentro de algunas semanas vamos a tener los datos oficiales sobre la evolución de los componentes de la demanda agregada, pero estamos estimando que el consumo creció en el tercer trimestre a un ritmo de alrededor del 6%.

Es un hecho que se está recuperando el consumo. Tiene usted razón en el sentido de que todavía no llegamos a los niveles de consumo que teníamos en 1994, pero lo que es un hecho es que se están creando este año, esperamos, alrededor de 800 mil empleos en el sector formal de la economía, esto es, empleos permanentes en el Seguro Social.

Las negociaciones contractuales, y paso al tema de los salarios, porque es un tema que usted comentó también, las negociaciones contractuales observadas entre junio y septiembre, han estado alrededor del 19% y 20% en los contratos colectivos, que cubren aproximadamente el 90% de la fuerza de trabajo de este país.

Si consideramos que la inflación este año terminará en 15%, 15.5% y que el próximo año esperamos que la inflación se reduzca al 12%, vamos a tener de hecho un incremento importante en los salarios reales, probablemente del orden que usted señala o quizá, incluso, un poco superior el próximo año, de manera que la propuesta por parte de su partido de que los salarios reales se incrementen en 5% el próximo año, es una propuesta que probablemente se dé en la realidad. Aún más, señora diputada, y éste es un tema que veremos el día de mañana, con las reformas a la seguridad social, con las reformas al nuevo esquema de pensiones y con las reformas también a los seguros de salud, los trabajadores en 1998 reducirán de manera muy importante sus contribuciones a los seguros de salud.

Déjeme decirle que para 1998, la contribución de los trabajadores a estos seguros se reducirá en 7 mil millones de pesos, mismos que serán aportados por el Gobierno Federal. Esto significa que el ingreso real de los trabajadores que están entre dos y tres salarios mínimos se incrementará un 3 casi un 3%, un 2.8% adicional a lo registrado durante este año.

Es decir, aparte de los incrementos salariales que se den, aparte de la recuperación del salario real, los trabajadores tendrán en promedio un incremento del 2.3% por las menores contribuciones, por las menores aportaciones al servicio de salud.

En los estratos de dos y tres salarios mínimos este incremento es del orden del 2.8%, de manera que la recuperación salarial que se dará se verá incrementada, repito, por este elemento adicional de disminución de las contribuciones de los trabajadores a los servicios de salud.

De hecho, la masa salarial se está incrementando de manera muy importante, por eso es que estamos observando un incremento en el consumo durante 1997 y para 1998, el incremento de la masa salarial derivado del aumento del empleo y de la recuperación que esperamos del salario real, que seguramente será del orden de la magnitud que usted está señalando, si no es que más alta, va a producir un incremento importante también en los niveles de consumo.

A pesar de que estamos previendo que el producto interno bruto el año próximo en lugar de crecer al 7%, siete y pico como este año, se reduzca la tasa de crecimiento, obviamente, por las condiciones de la economía mundial, el consumo estará creciendo a una tasa superior al doble del crecimiento de la población. De manera que sí se está contemplando una recuperación salarial, se está contemplando una recuperación importante en los niveles de empleo y se está considerando, por lo tanto, también una recuperación muy significativa de los niveles salariales.

Quisiera concluir esta respuesta, mencionando que por el hecho de que estén creciendo las importaciones, esto obviamente no significa que estemos viendo disminuida la producción nacional. De hecho, buena parte del crecimiento de las importaciones se incorpora a los productos de exportación.

El componente más dinámico de las inversiones es por mucho materiales intermedios, insumos intermedios y son aquellos insumos intermedios que se incorporan en los procesos productivos destinados a la exportación, los que han tenido mayor crecimiento.

De manera, señora diputada, que concluyo mencionando que no estamos sobrestimando el crecimiento de la economía...

Permítame, señor Secretario; señoras diputadas y señores diputados:

La Comisión de Régimen Interno y la mesa directiva acordaron que para desahogar el dar cuenta qué está haciendo el Secretario de Hacienda de la iniciativa de Ley de Ingresos, se va a dar una tolerancia adicional al tiempo del señor Secretario. Les rogaría guardar orden y permitir desahogar la sesión. Concluya, por favor, señor Secretario.

Voy a concluir, señora diputada, mencionando que el programa económico que se está llevando a cabo, está dando como resultado, y es evidente que eso está ocurriendo, un crecimiento sustancialmente mayor a lo previsto, una recuperación en el empleo como no la habíamos tenido desde hace 17 años.

Reconocemos, evidentemente, que los salarios han sufrido una caída estrepitosa en los últimos 10 ó 12 años, no únicamente como producto de la crisis económica. Los salarios han caído como producto del estancamiento que sufrió la economía durante prácticamente todos los años, toda la década de los ochenta.

Ahora, este estancamiento que sufrió la economía durante esta época, se debe en buena medida a los excesos que se cometieron en los setenta; se debe en buena medida a que acumulamos desequilibrios económicos durante los años setenta, que tuvimos que corregir en los ochenta.

Y lamentablemente, cuando vienen estas correcciones a los desequilibrios económicos, son justamente la gente de menores ingresos las que pagan estas correcciones y esto se ha reflejado desde luego en la reducción del poder adquisitivo de la gente.

Por eso lo que proponemos, señora diputada, es consolidar el crecimiento económico; por eso lo que estamos promoviendo son políticas que nos lleven no sólo a crecer en este año al 7% o el año próximo el 5% ó 6%, sino que sean políticas que mantengan el crecimiento de este país a esos niveles por los próximos 20 años.

Muchas gracias.

Tomamos cuenta de la respuesta del señor Secretario. Para terminar esta primera ronda de preguntas y respuestas, tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el señor diputado Dionisio Alfredo Meade García de León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con la venia de la Presidencia; compañeros diputados; señor Secretario:

Toda la capacidad de transformación que emana de un ejercicio presupuestal, es posible porque hay una política de ingresos que la soporta.

A través del gasto público funcionan las instituciones y los poderes, incluyendo esta misma Cámara; se promueve la educación, la salud, el campo, la seguridad pública; se batalla contra la pobreza; se impulsa el federalismo y el desarrollo regional; se auspicia el crecimiento y el empleo al ir cimentando el futuro de la nación.

Esos recursos presupuestales provienen principalmente de los impuestos, por eso es tan relevante el análisis de esta política de ingresos.

Al respecto, vale la pena subrayar el consenso de prácticamente todas las fracciones parlamentarias. Nuestra recaudación tributaria con apenas 12% del PIB es claramente insuficiente, muy por debajo de economías similares a la nuestra.

Ello ha implicado la necesidad de acudir a los ingresos no tributarios, principalmente los petroleros, para disponer de los medios necesarios para el gasto.

Su contribución ha pasado del 27% de los ingresos del Gobierno Federal en 1994, a más del 40% en 1996.

Pero además de depender de una fuente de ingresos cuya estabilidad y permanencia nadie puede asegurar, cabe un cuestionamiento de mayor relevancia: ¿es ése el papel que debemos asignar a la explotación de nuestros recursos petroleros?

Y otra consideración adicional: esta insuficiencia impide atender en forma más adecuada los graves rezagos que prevalecen en nuestra sociedad y que tanto lastiman la conciencia nacional.

El día de mañana habrá de conversarse sobre el presupuesto de egresos. Baste por hoy señalar que cada peso recaudado permite destinar casi 60 centavos al gasto social. De igual forma por cada peso gastado en forma centralizada, se destinará 1.20 a los estados y municipios.

Por eso, aun cuando resulte difícil, es responsable manifestar: ni por los montos recaudados ni por las necesidades sociales insatisfechas, es momento de pensar en disminuir la carga tributaria.

En otras palabras, cito: "son muchos los rezagos como para reducir impuestos en este momento. Vicente Fox." Ese es el gran reto al que nos enfrentamos, resolver la demanda a estrategias de largo plazo y transformaciones fundamentales en nuestra estructura impositiva. No es un trabajo fácil, las exigencias internas que deben resolverse, tienen que considerar que formamos parte de un mundo abierto y plural en el cual la globalización impone modalidades al comportamiento de los sistemas fiscales.

De ahí que en muchos países se haya vuelto a la utilización más persistente de los impuestos al consumo. En este contexto deben analizarse los impactos de una reducción del IVA, que sería contraria a las tendencias mundiales.

Con el consumo básico ya exento y como espejo inevitable de la polarizada distribución del ingreso, el 20% de mayores ingresos, consume cerca de la mitad del gasto corriente, el 20% más bajo, el 5.6%. Por eso, la disminución de su tasa general privilegia a quienes realizan los mayores niveles de consumo, que se llevarían 50 centavos de cada peso de reducción del IVA. No nos sorprende entonces, que a ese selecto grupo sea al que defienda Acción Nacional.

Quienes pretenden, por otra parte, mayor progresividad en renta, actúan con la lógica opuesta al proponer la reducción del IVA y recordemos que en este impuesto, sucede algo parecido, ya el 70% de los asalariados están exentos de este pago, porque no se causa por quienes perciben hasta tres veces el salario mínimo. Mas aún, la mayor parte de este universo percibe bonificaciones fiscales que implican una progresiva transferencia de recursos a quienes ganan menos.

El impacto fiscal de una reducción de impuestos, habría que medirlo más bien en relación al costo de oportunidad que trae aparejada la disminución del IVA en términos del gasto social que dejaría de realizarse y de la participaciones de las que prescindirían los estados y municipios.

Es dentro de estas restricciones donde se ubican las acciones incorporadas en la propuesta fiscal para 1998; importantes medidas de simplificación, más seguridad jurídica, fomento al ahorro de largo plazo, mayor control a la economía informal y lucha contra la evasión. Ahí se inscribe la medida orientada a inducir a la formalidad a los contribuyentes de bajos ingresos al proponer un pago de 2.5% de sus ingresos brutos en un marco de operación simplificado. Pero con la importante modalidad de compartir con los municipios la mitad de la nueva captación, lo que será decisiva para su buen éxito.

El impacto de la estrategia adoptada permite estimar un crecimiento de la recaudación de 16% para 1998, que no tiene precedente en los últimos años, pero que seguirá siendo inferior en relación al PIB alcanzado en 1994. Eso ilustra la magnitud del reto fiscal que debemos superar.

Estas precisiones son de utilidad para dimensionar el impacto de las medidas tributarias que son objeto de análisis en esta Cámara. No podemos dejar que la lógica económica se vea empañada por el velo partidista ni por el discurso fácil y lucido. Ante esta realidad y de cara a las urgentes tareas que deben realizarse para superar rezagos y marginación y porque asegura las bases de un crecimiento sostenido que este año llega al 7% y que por cierto atraviesa a todos los sectores de la actividad económica y no sólo a la exportación y porque se resurge de años de estancamiento y porque podemos avanzar y expandir, es por lo que nuestra fracción reitera su apoyo al programa económico para el próximo año.

Pero al hacerlo, insistimos en que la política fiscal debe estimular la inversión y el empleo, favorecer la expansión de la pequeña y mediana empresas, fuentes esenciales de la producción y ocupación nacional: combatir la marginación y la pobreza.

No obstante lo expuesto, si la obtención de consensos llevara a alguna reducción impositiva por considerar que así podrían mitigarse algunos de los graves impactos de la crisis reciente, es evidente que sólo estaríamos abriendo un paréntesis respecto a lo que la sociedad debe alcanzar en el mediano plazo: el sensible fortalecimiento de nuestra base tributaria.

Compañeros diputados, al debatir estas leyes, considero oportuno exhortar a esta Asamblea, a que prevalezcan en nuestro ánimo las pautas siempre vigentes que Morelos inscribiera en los Sentimientos de la Nación y que están perpetuados a la entrada de nuestro recinto: "que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo y que moderen la opulencia y la indigencia".

Señor Secretario, quisiera formularle dos preguntas que a nuestra fracción le parecen de la mayor relevancia:

¿En qué medida está contribuyendo el nuevo sistema de administración tributaria a modernizar la operación de nuestra estructura fiscal, sobretodo a la luz del importante incremento de recursos que se está proponiendo asignarle en el presupuesto de egresos para el próximo año?

Y finalmente, ¿cómo cree usted que debe afrontarse en el futuro el problema estructural de nuestra insuficiente captación y dónde están las fuentes para fortalecer nuestra débil base tributaria que nos está obligando a utilizar los recursos petroleros para completar el gasto presupuestal?

Por sus respuestas, muchas gracias.

Muchas gracias por sus preguntas, señor diputado.

Se concede la palabra al señor Secretario de Hacienda.

Muchas gracias, señor diputado Meade.

Creo que usted ha tocado un punto de enorme trascendencia, un punto que nos debe realmente de llevar a hacer una reflexión profunda sobre hacia dónde queremos orientar nuestro sistema tributario, nuestro sistema fiscal hacia adelante.

Hemos mencionado que la dependencia de los ingresos fiscales, de los ingresos relacionados con el petróleo, llega a ser el 40% de los ingresos totales del sector público.

Esta situación no la habíamos tenido desde principios de los años ochenta, cuando los precios del petróleo alcanzaron, desde fines de los setenta y principios de los ochenta, los precios del petróleo alcanzaron su máximo nivel.

Ahora bien, esto refiere, desde luego, a todas las actividades relacionadas con el sector petrolero. Pero si hacemos el cálculo de cuál es la renta, cuál es la renta por la riqueza petrolera, esto es, cuál es la renta que está extrayendo el país por el recurso petrolero en sí, este número llega a ser de alrededor de 120 mil millones de pesos.

El día de mañana comentaremos que la inversión pública total, la inversión pública presupuestaria, apenas llega justamente a esta cifra de 120 mil millones de pesos.

De manera que muy, muy apenas, estamos utilizando esta riqueza petrolera para inversión, que permitirá generar ingresos y riqueza hacia adelante.

En la medida que ni siquiera estemos usando la riqueza petrolera para hacer inversiones de largo plazo, para hacer inversiones en capital físico y en capital humano, en esa medida no estamos cumpliendo nuestro compromiso con las generaciones futuras.

Es por ello que la base tributaria de este país, que llegará durante este año alrededor del 13%, durante el próximo año, perdón, la base tributaria total estará todavía un punto por abajo de lo que teníamos en 1994. Tenemos una base tributaria no solamente muy débil, una base tributaria no solamente muy endeble, sino también muy frágil y muy vulnerable, repito, a las fluctuaciones del petróleo.

No se trata de estar proponiendo incrementar impuestos, porque tenemos desde luego la conciencia de que obviamente hay sectores, amplios sectores de la población que no están en condiciones de contribuir adicionalmente al gasto público.

Por otra parte, el buscar incrementar impuestos, más allá de lo que las condiciones de la economía internacional permiten, pues tampoco es la solución.

Lo importante, señor diputado, es incrementar nuestra base impositiva a través de dos vías fundamentales:

La primera, tenemos que ampliar nuestra base tributaria. Es en este sentido que estamos proponiendo a esta soberanía medidas para que gente que hoy no tributa, para que una parte importante de la población que está en la economía informal, pueda contribuir como lo manda la Constitución al sufragio del gasto público. Es en este sentido que estamos proponiendo un régimen muy simplificado de cumplimiento de obligaciones para aquellas personas físicas que están dedicadas a actividad empresarial.

Estamos proponiendo, por ello, que todas aquellas personas físicas que tienen actividades empresariales y que tienen ingresos hasta por 2.2 millones de pesos al año, puedan tributar de manera sumamente simple. Esto es, pagando únicamente el 2.5% de sus ingresos brutos, sin llevar ejercicios complicados de contabilidad, sin requerir de asesores fiscales, sin llevar procesos complejos para acreditar compras y ventas, sino únicamente pagando el 2.5% de los ingresos brutos. Estos pagos se harían dos veces al año con carácter definitivo.

Por otra parte, como un incentivo importante para que los municipios contribuyan en este esfuerzo de aumentar la base fiscal, se está proponiendo que la recaudación que por este concepto se obtenga, esto es, toda la ampliación del padrón adicional que se obtenga por este concepto, los ingresos derivados de esta ampliación, se dividan entre la Federación y los municipios. Esto es, se está proponiendo que los municipios obtengan el 50% de la recaudación adicional.

Sentimos que hay un gran número de personas que podrán verse beneficiadas por este régimen simplificado, que va a contribuir a ampliar la base fiscal, por una parte y por la otra, que van, desde luego, a contribuir a fortalecer los ingresos de los municipios.

En cuanto a la primera pregunta, en el sentido de que, ¿cómo ha contribuido la puesta en marcha del servicio de administración tributaria, especialmente en vista del aumento presupuestal solicitado por el organismo? y, ¿cómo se compara el nivel de gasto con el que se ejerce en otros países?, yo le diría, señor diputado, que una segunda vía para ampliar las posibilidades de financiamiento del gasto público, es justamente a través de la presencia fiscal.

Específicamente, hemos hecho un esfuerzo muy importante en la Secretaría de Hacienda y ahora por parte del servicio de administración tributaria de aumentar la presencia fiscal. Esto es, estamos pasando esta presencia fiscal de 9.6% a 13.1% en 1997, considerando el total de revisiones efectuadas con relación al universo de contribuyentes, observándose un aumento significativo en esta presencia fiscal.

De hecho lo que hemos obtenido en los tres últimos años, por concepto de lo que se llama recaudación secundaria, esto es recaudación que viene justamente de la presencia fiscal, de las auditorías de los esfuerzos que ha realizado la Secretaría de Hacienda para promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales, se ha incrementado de manera muy importante. Hemos tenido incrementos superiores al 20% anual en promedio, en términos reales, de esta recaudación secundaria, producto de la presencia fiscal, producto de las auditorías.

Desde luego estamos proponiendo también en este paquete de reformas fiscales, medidas que van a mejorar la seguridad jurídica de los contribuyentes, porque reconocemos que aunque hay que hacer este esfuerzo fiscal, pues hay que respetar desde luego los derechos de los contribuyentes, hay que darles mayor seguridad jurídica y tenemos que lograr este equilibrio, entre convencer a la población de que es una obligación indispensable el pago de los impuestos, pero también evitar abusos y arbitrariedades que desgraciadamente se cometen todavía con bastante frecuencia, o sea, que tenemos que lograr justamente el equilibrio en esos dos objetivos.

Déjenme simplemente concluir, mencionando que por cada peso que cuesta el servicio de administración tributaria, o sea, por cada peso que se dedica a sufragar los gastos de la antigua subsecretaría de ingresos y de hoy, el servicio de administración tributaria, se obtuvieron en 1996, 33.4 pesos de recaudación secundaria, en 1997 esta cifra se elevó a 43.36 pesos.

Muchas gracias.

Gracias, por sus respuestas señor Secretario.

Habiendo terminado la primera ronda de preguntas y respuestas, esta Presidencia quiere dar la bienvenida a los alumnos de la Escuela de Economía de la Universidad Veracruzana, a los alumnos de la preparatoria del Tecnológico de Monterrey y a los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

RECESO

Han transcurrido dos horas de haberse iniciado esta comparecencia. Se decreta un receso de 10 minutos para continuar.

(Receso)

(A las 13:13 horas) Se reanuda la sesión.

SEGUNDO TURNO DE PREGUNTAS

Para el segundo turno de preguntas y respuestas, se han inscrito los siguientes diputados:

Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del PVEM; Luis Patiño Pozas, del grupo parlamentario del PT; Fortunato Alvarez Enríquez, del grupo parlamentario del PAN; José Luis Sánchez Campos, del grupo parlamentario del PRD y Marcos Augusto Bucio Mújica, del grupo parlamentario del PRI.

Hasta por 10 minutos, tiene la palabra la diputada Verónica Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México.

Con venia, señor Presidente; señor secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Guillermo Ortiz Martínez; honorable Asamblea:

Cuando se enfrentan ciertos problemas económicos tal pareciese que la salida siempre la brinda el solicitar créditos y empréstitos tanto a otros estados como a organismos internacionales, sin contemplar realmente la serie de conflictos que esto genera.

México en verdad enfrenta un severo endeudamiento, consecuencia de decisiones tomadas a la ligera, en las que poco se ha contemplado el monto que por concepto de intereses se paga; aún cuando este año se pagó anticipadamente parte de los créditos que se tienen con el gobierno de los Estados Unidos de América; lo que retarda el hecho de poder sanear las deudas contratadas de manera eficiente.

Los cambios suscitados a nivel internacional en lo que a política económica se refiere, hacen que reflexionemos seriamente sobre el rumbo a seguir de nuestro país. Es imperante el preguntarnos, hoy por hoy sobre los montos de endeudamiento neto externo que anualmente el Congreso autoriza al Ejecutivo Federal para ejercer, contratar y autorizar créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público.

Al respecto, en la iniciativa de la Ley de Ingresos presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se solicita que para 1998 el monto de endeudamiento neto externo, sea de 5 mil millones de dólares. Tomemos unos cuantos segundos para tratar de comprender aproximadamente lo que conlleva el hablar de 5 mil millones de dólares y de los intereses que dicha cantidad puede llegar a representar, poniendo en riesgo la soberanía del Estado mexicano al dejarla a expensas de sus acreedores.

Por ello nace la inquietud de externar la seria preocupación que genera el no saber con plena exactitud sobre el destino de los créditos y empréstitos que se solicitan.

Al respecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pudiera argumentar que cuando habla sobre la política de ingresos en la parte que antecede a la iniciativa de la Ley de Ingresos, expone tan sólo en dos párrafos la necesidad del monto solicitado. Para tal efecto, menciona que dichos recursos serán destinados al financiamiento de grandes proyectos de inversión en el sector energético, entre ellos los que ha preparado Pemex para incrementar la producción del crudo en la zona de Campeche y el gas natural en el noreste del país, así como los que ha elaborado la Comisión Federal de Electricidad, para lograr la expansión de la capacidad de generación y transmisión de energía.

Otro de sus fines será la banca de desarrollo, para que ésta provea de recursos al sector exportador y canalice fondos a largo plazo para el financiamiento de la inversión privada en particular de la pequeña y mediana empresas.

Por último, se acota que la banca de desarrollo a su vez canalizará dichos financiamientos a diversas obras de infraestructura de estados y municipios del país, sin especificar cuáles son y en qué consisten dichas obras.

Todo lo anterior, pone en evidencia que están pasando por alto el detallar el uso del monto que se solicita sea autorizado. El Congreso de la Unión requiere para aprobar tan magna cantidad, estar al tanto de todos y cada uno de los objetivos a los que se destinen dichas formas de ejercicio de crédito público especificando peso por peso que represente cada dólar solicitado pues no creemos que esté lo suficientemente explicado ni especificado en este documento.

Contemplando la preocupación que la problemática anterior representa mi, partido el Partido Verde Ecologista de México exhorta a los integrantes de este Congreso en general y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en particular a considerar los siguientes puntos:

1o. Pugnar por la disminución del monto de endeudamiento neto externo, que autoriza el Ejecutivo Federal para ejercer, contratar y autorizar créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, esto es que de los 5 mil millones de dólares que solicita la Secretaría de Hacienda, tan sólo se disponga de 2 mil 500 millones de dólares.

2o. Que se presenten los proyectos de Pemex y de la Compañía Federal de Electricidad a los que hace alusión la Secretaría de Hacienda con todas las especificaciones que se requieran.

3o. Que durante el ejercicio fiscal de 1998 se presenten trimestralmente al Congreso, los documentos que acrediten el estado en que cada uno de los proyectos se encuentre, así como la forma en que se haya dispuesto de los montos autorizados para los mismos.

4o. Que se permita una comisión integrada por legisladores, la realización de supervisiones periódicas para constatar los avances de los proyectos.

5o. En cuanto al apoyo el sector exportador, el financiamiento a la inversión privada y a las obras de infraestructura en los estados y municipios que se presenten mensualmente los datos comprobables sobre las personas que llegarán a ser beneficiadas por dichos financiamientos y en qué cantidades.

En el entendido de que se justificará adecuadamente el aprovechamiento de los recursos, en base a los puntos anteriormente mencionados, el Ejecutivo podrá someter a la consideración del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos,en la que solicite se aumente el monto autorizado inicialmente.

Los cinco puntos anteriores señalados se fundamentan en los siguientes razonamientos: el Partido Verde Ecologista de México, cree necesario decir una vez más que nunca presentan informes detallados de en qué se ocupan dichos financiamientos y de qué manera. Además el endeudamiento externo exagerado, en lugar de coadyuvar al desarrollo económico del país frena el desarrollo del mismo, debido al monto por intereses que por este concepto nos vemos obligados a pagar.

No es posible que México, contando con un amplio territorio rico en recursos de diversa índole, tenga que supeditar gran parte de su economía al endeudamiento externo.

Para cerrar este orden de ideas, recordemos que hemos sido testigos de lo que este tipo de endeudamientos acarrea, debido a que no mejoran la situación económica del pueblo mexicano de manera permanente y sí por el contrario, muchos de esos recursos han ido a parar a cuentas bancarias en el extranjero ocasionando inestabilidad, con lo que México ve disminuida su autonomía en materia económica en relación a otros países.

Así pues, queda expuesta la postura del Partido Verde Ecologista de México sobre el particular, esperando que usted señor Secretario, considere lo aquí expuesto y bajo el marco del diálogo tome las medidas pertinentes.

De igual manera exhortamos al pleno a manifestarse a favor de nuestra postura, recordando todos aquellos a quien representamos, ya que como legisladores no podemos aprobar definitivamente lo que no conocemos.

Por su atención, muchas gracias.

Muchas gracias, diputada Velasco.

Tiene la palabra el señor Secretario de Hacienda.

Muchas gracias, diputada Velasco, por su pregunta y comentarios.

Quisiera primero hacer una exposición breve, un comentario sobre el estado actual que guarda la deuda del país, la deuda externa, la deuda interna y posteriormente razonar por ustedes la solicitud que hemos hecho a esta Cámara para que tenga a bien aprobarnos junto con la Cámara de Senadores, el proyecto de utilización de endeudamiento, tanto interno como externo del país.

Bien, al 30 de septiembre de 1997, el saldo de la deuda externa neta del país, esto es la deuda externa total, restándole los activos del gobierno, los activos de México en el exterior, que están dados sobre todo por el valor de los bonos-cupón cero que fueron emitidos cuando la renegociación de la deuda externa ocurrida en el año de 1989, fue de 80 mil 974 millones de dólares; esta cifra es inferior en 9 mil millones de dólares a la que teníamos el 31 de diciembre de 1996, pero es en el lapso de los primeros tres trimestres, que se ha reducido en casi 9 mil millones de dólares la deuda externa neta del país.

Esto se debe desde luego, a que hubo prepagos considerables de deuda externa que fueron financiados en buena medida con contrataciones que se hicieron el año pasado pero creo que lo importante en este punto para situar cuál es, digamos, la carga de la deuda, cuál es el saldo que tenemos, cuál es la solvencia del país en relación con su endeudamiento, conviene dar algunas informaciones adicionales.

Por ejemplo, en relación con el producto interno bruto, la deuda pública total, esto es incluyendo la deuda interna más la deuda externa, se ha reducido de 38.5% en el año de 1995, esto es, en 1995 el saldo total de la deuda pública representaba el 38.5% del producto, en diciembre de 1996 fue del 30.3% y esperamos que en diciembre de 1997 esta proporción sea de 27%, se ha venido reduciendo de manera muy importante la deuda como proporción del producto.

En relación con las exportaciones, los saldos de la deuda externa neta, también han venido disminuyendo de manera muy importante; así como porcentaje de las exportaciones, el saldo de la deuda externa neta e intereses, ha caído de 8.8% a 5.7%; esto es, en 1994, estimábamos el 8.8% de las exportaciones al pago de los intereses sobre la deuda externa y en 1997 estamos destinando únicamente el 5.7%.

Como saldo, esto es el saldo total de la deuda externa neta con relación a las exportaciones, ha caído de 1.3 veces, a 0.8 veces. De hecho, si vemos los distintos indicadores de solvencia, tanto en términos de nuestro producto interno bruto como en términos de nuestras exportaciones, hemos venido disminuyendo el saldo real de nuestra deuda.

Hoy en día, México tiene el coeficiente de deuda a exportaciones más bajo de América latina, a excepción de Chile, tenemos, simplemente para darles algunos datos, en Argentina la deuda total, incluyendo la pública y la privada, la deuda total del país representa el 400% de las exportaciones; en Brasil representa el 375% de las exportaciones; en Colombia el 275%; en México es alrededor del 150%, o sea, tenemos una relación menos de la mitad de lo que tienen Brasil y Colombia. En ese sentido los indicadores de deuda han ido mejorando consistentemente.

También, desde luego, el servicio de la deuda externa, esto es el pago de intereses, tanto como proporción del producto interno bruto, como proporción del total de los egresos del sector público, se han venido reduciendo de manera importante. Por ejemplo para 1998, del gasto neto total del sector público, esto es incluyendo a las empresas paraestatales, incluyendo toda la deuda pública, se estarán destinando únicamente 15.5 centavos en relación con una cifra de 17 centavos en 1997 y de más de 22 centavos en promedio entre 1990 y 1994, de manera que hemos ido reduciendo tanto los saldos de la deuda como el servicio de la misma en relación con todos los indicadores que he mencionado anteriormente.

Muy bien, en relación con las preocupaciones expresadas por la señora legisladora y concretamente los puntos que ella tocó, quisiera mencionar que en el proyecto de presupuesto que será discutido el día de mañana, se detallan todos los proyectos de inversión, tanto de Pemex como de CFE, esto es, se está requiriendo endeudamiento para impulsar los programas sobre todo en materia de energéticos de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, todos estos proyectos están ampliamente detallados en los documentos de presupuesto que se han puesto a consideración de ustedes.

Por otra parte, cada trimestre entregamos a esta soberanía los informes correspondientes a la evolución de la deuda y de las finanzas públicas. En estos informes se da cuenta también del avance de los proyectos más importantes que se están realizando con los financiamientos que han sido aprobados en el ejercicio correspondiente por esta soberanía.

Se ha pedido también que haya una mayor supervisión por parte del Congreso, de la utilización del endeudamiento y del avance en los proyectos. De hecho, en la Cuenta Pública que se somete a consideración obviamente de esta soberanía todos los años, hay un detalle de cuál ha sido la utilización de los financiamientos y cuál ha sido el avance de todos los proyectos, de manera que es evidente que el Congreso de la Unión tiene las facultades de aprobación de los endeudamientos, pero también a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, pues tiene las facultades de supervisión.

De manera que yo consideraría, señora diputada, que sus preocupaciones están siendo mayormente cubiertas, pero desde luego estaríamos en la mejor disposición de ampliar toda la información sobre estos temas que usted considere conveniente.

Muchas gracias.

Gracias por su respuesta, señor Secretario. Tiene la palabra para formular sus preguntas, el diputado Luis Patiño Pozas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.

Con su venia, diputado Presidente; señor Secretario de Hacienda; compañeras y compañeros diputados:

Debemos congratularnos, ya que en esta tribuna se han dado muestras que en esta ocasión sí será escuchada la voz del pueblo, el pueblo que decidió buscar una nueva mayoría y con nosotros un nuevo rumbo para el país. Ya no será la visión nebulosa de números y cifras fabricadas por un gobierno que vaticina desastres y atemoriza la voluntad popular lo que a nosotros impedirá una toma de decisión justa y provechosa para la gran mayoría de la población y para el país.

Ya no convencen criterios altamente razonados, que a la postre se expresan en mayor empobrecimiento de los más pobres.

Señor Secretario, es inadmisible que a tres años de esta gestión gubernamental y a nueve, señor Secretario, que usted participa directamente en la formulación de estrategias para mejorar la recaudación, nos diga ahora, cito textual: "la debilidad que aún muestran los ingresos federales por la elevada evasión fiscal". Esto lo conduce a una posición maniqueísta de no bajar impuestos.

Sólo podemos pensar dos opciones ante ello: ¿se protege deliberadamente la evasión al no diseñar mecanismos de control y seguimiento a los causantes mayores, o bien las derrotas políticas limitan la imaginación para encontrar fórmulas en donde la recaudación tributaria no perjudique a los que menos tienen?

Según estadísticas de 1990 a la fecha, la recaudación fiscal del concepto impuesto sobre la renta, se incrementó de parte de los trabajadores en un 5% disminuyendo en consecuencia la de las empresas en el mismo porcentaje. ¿Ello demuestra acaso que los evasores somos los asalariados?

Las mismas cifras reflejan que en el año 1996 la recaudación del impuesto sobre la renta se incrementó nominalmente más del 30% respecto del año anterior, y usted hace unos momentos afirma que los que más evaden impuestos son los sectores y empresas con mayores ingresos. Entonces, señor Secretario, ¿qué hace la dependencia que usted dirige..? ¿Cuál es el peso de los causantes mayores en la recaudación y en la evasión fiscal respecto de los causantes menores?

La evolución del monto recaudado por concepto del impuesto sobre la renta refleja de 1990 a 1996 que las empresas disminuyeron un 5% y los asalariados lo incrementaron. Cada punto porcentual de reducción o aumento, equivale por ejemplo al monto presupuestado para la Secretaría de Turismo en 1998. El 5% que dejaron de pagar las empresas, equivale al presupuesto de Marina o al del Poder Judicial o a la Procuraduría Agraria.

Insistimos, señor Secretario, ¿qué medidas concretas se prevén para evitar la evasión fiscal de causantes mayores y no seguir apoyando la recaudación en los asalariados?

Señor Secretario, usted trata de resolver esta injusta situación envolviéndonos en el falso dilema de que la cuestión es bajar o no bajar impuestos. ¿No existe otra alternativa? ¿No se ha pensado en redistribuir la carga impositiva y en adoptar medidas tendientes a evitar la evasión fiscal, principalmente de los grandes causantes? ¿No se ha puesto a pensar cómo estimular a los causantes cumplidos, que durante todos estos años han sostenido la recaudación y al país? ¿No se ha pensado cómo estimular a estos asalariados que cada ocho días religiosamente pagan sus impuestos para la dependencia que usted preside, para la Presidencia de la República y para que sostenga todo esto? ¿Cómo les vamos a pagar después de tantos años de sacrificio?

Señor Secretario, sus argumentos ya no convencen; es más, ¿por qué hasta en este recinto se chantajea señalando que la reducción de ingresos por concepto de reducción del IVA repercuten directamente en el gasto social y en la participación a estados y municipios?

Por todo ello, insistimos y compartimos varias propuestas que se han realizado. En el caso del IVA, nuestra posición es que se reduzca del 15% al 10% para bienes de consumo mayoritario; su elevación al 25% para bienes y servicios de consumo suntuario; mantenimiento en tasa cero en alimentos básicos y medicinas. No es sólo un asunto de bajar, sino de equilibrar.

Insistimos en un paquete básico para las clases medias, que consista en tasa cero para electricidad, para gas, para artículos escolares, para calzado y para ropa, y también consideramos necesario desgravar los ingresos por producto del trabajo hasta cinco salarios mínimos, y por otro lado, gravar ganancias de capital en bolsa de valores.

Muchas gracias, señor Secretario.

Muchas gracias, por sus preguntas, señor diputado Patiño.

Tiene la palabra para contestar, el señor Secretario.

Muchas gracias, por su pregunta, señor diputado.

Quisiera mencionar que los datos de recaudación por concepto del impuesto sobre la renta a asalariados y a empresas que mencionó usted, de 1990 a 1996, tienen un efecto importante, es obviamente el de... por el periodo que se toma y de la crisis económica.

Es evidente que las empresas acumularon pérdidas en el año de 1995 y tuvieron por ello una caída muy importante en el impuesto sobre la renta pagado por las empresas en 1995 y 1996, pero también una disminución en el impuesto pagado por los asalariados. Ya sin embargo, en el año de 1996... Perdón, fue en 1995 cuando hubo una disminución muy importante. Ya en el año de 1996 el Impuesto Sobre la Renta creció 11% correspondiente a un aumento de 22% a las empresas y una disminución de 2.6% a los asalariados.

Como recordamos hace un momento, señor diputado, el 70% de los trabajadores de este país no está pagando impuestos, se está dando además un crédito fiscal para los trabajadores que tienen ingresos hasta por 3.1 salarios mínimos, de manera que la tarifa del impuesto sobre la renta a personas físicas, particularmente en lo que toca a los asalariados, ha tomado en cuenta justamente esta caída de los ingresos que se ha venido dando, que se dio sobre todo en los años ochenta, que se dio a partir de la crisis también, cuando se ampliaron los beneficios fiscales para las personas de menores ingresos.

Creo que las propuestas en relación a la baja generalizada del Impuesto al Valor Agregado ya han sido comentadas, de manera que voy a permitirme comentar algunas de las otras propuestas que usted ha hecho.

Se ha mencionado que una de las propuestas es justamente el aplicar la tasa cero a los bienes y servicios señalados, como electricidad, gas LP, servicio telefónico, diesel, alimentos preparados etcétera.

Mire, señor diputado, el problema que tenemos cuando se aplican medidas de carácter general, tanto por el lado de los impuestos como por el lado del gasto, es que dada la muy mala distribución del ingreso que existe en este país, por definición cualquier medida de carácter general, va a beneficiar justamente a aquel porcentaje de la población que tiene mayores posibilidades de consumo, y aquí estoy hablando específicamente del IVA, no importa si es una tasa generalizada o si son propuestas para reducir tasas específicas. Déjeme darle algunos ejemplos: si se considera la desgravación, digamos, total de bienes y servicios, se puede observar lo siguiente: si se considera esta desgravación total, para otorgar un beneficio de sólo 935 millones de pesos, es decir un 5.9% del costo total de desgravar electricidad, gas LP, servicio telefónico, diesel, alimentos preparados, útiles escolares, ropa y calzado popular, que es una de las propuestas que están sobre la mesa, esta propuesta costaría 17 mil 277 millones de pesos.

Ahora bien, para otorgar al 20% de la familias de menores ingresos un beneficio de sólo 993 millones, es decir, 5.8% del costo total, se incurriría en un costo fiscal adicional de 16 mil 284 millones de pesos. Esto es, el 52.2% de este monto se iría al 20% de las familias de ingreso más alto; es decir, de los 17 mil 277 millones de pesos, se irían 9 mil millones otra vez al 20% de las familias con ingresos más altos.

Para hacer llegar un beneficio de 8 mil 258 millones al 80% de la población de menores ingresos, al 80%, los primeros ocho deciles de la distribución, se requerirían "desperdiciar" 9 mil millones de pesos, 9 mil 19 millones, al otorgar ese beneficio al 20% de mayores ingresos.

De manera que podemos ir rubro por rubro, ver los efectos en electricidad, en electricidad todavía es la cosa más dramática, porque en la parte de electricidad sólo el 7.7% del beneficio sería al 20% de las familias de menores ingresos, mientras que el porcentaje del beneficio para las familias de ingresos más altos sería superior de nuevo al 50%.

O sea, yéndonos rubro por rubro, el problema es que con la distribución del ingreso que tenemos en este país, cualquier medida de carácter general desde luego beneficia a los que más tienen.

Por eso, señor diputado, pensamos que las medidas redistributivas del ingreso, las medidas que puede tomar el Gobierno Federal con los instrumentos con que cuenta, con objeto de mejorar las condiciones de vida de la población más pobre de este país, debe hacerse por el lado del gasto. Es mucho más efectivo el poder dirigir subsidios enfocados hacia aquellos grupos, hacia aquellas personas de menores ingresos, ya sea en materia de educación, en materia de salud, en materia de alimentación y nutrición. Creo que si tenemos una política de gasto congruente, una política de gasto bien diseñada, podremos lograr los mismos objetivos redistributivos que se buscan a través de la reducción de impuestos, pero con mucho mayor efectividad y con un menor costo.

Este es un tema que vamos a estar desde luego discutiendo el día de mañana, pero la experiencia que hemos tenido, repito, no sólo por el lado de disminución de impuesto, sino también al otorgar subsidios, por ejemplo, el subsidio a la tortilla, pues representa en términos económicos un desperdicio importante de recursos. ¿Por qué?, bueno, porque la mayor parte de este subsidio no está llegando a la gente que queremos que llegue, porque el subsidio generalizado obviamente beneficia a toda la población y no solamente a aquella parte de la población a la que queremos hacerle llegar los beneficios.

Menciona usted algunas otras opciones, por ejemplo el incrementar el IVA en artículos de lujo, el incrementar los impuestos para aquellas personas que tienen ingresos superiores. Bueno, yo quisiera, a reserva de poderle proporcionar los números, decirle por ejemplo, que aumentar el impuesto sobre la renta a personas físicas del 35% al 40%, tendría un rendimiento de solamente 700 millones de pesos; ¿por qué?, porque obviamente hay muchos mecanismos para que las personas de altos ingresos, que son aquellas personas que tienen facilidad de acudir a esquemas de planeación fiscal etcétera, puedan reducir los ingresos gravables y buscar otros caminos tipo dividendos, tipo prestaciones, en fin, una bola de esquemas que existen a nivel de las empresas, para poder entonces reducir esta contribución adicional que implicaría el aumento de los impuestos.

Por otra parte, se habla también de gravar las ganancias especulativas, de gravar las ganancias en bolsa. Esta es una propuesta que de nuevo se ha traído a la mesa y quisiera yo hacer un comentario al respecto.

Si gravamos las utilidades que se deriven por transacciones en la bolsa de valores, es evidente que tenemos también que hacer deducibles las pérdidas o sea, tiene que haber un equilibrio como en todos los regímenes tributarios del mundo, en aquellos que se aplican los regímenes de ganancia de capital, pues son obviamente acumulables las ganancias y son deducibles las pérdidas.

Ahora bien, en el caso concreto de la Bolsa Mexicana de Valores, quiero recordar que las personas morales, que todas las personas morales que participan en transacciones en bolsa, de hecho están gravados los impuestos sobre ganancias de capital. Así que únicamente serían las personas físicas a las que aplicarían estos gravámenes.

Ahora bien, si consideramos que el precio de las acciones, obviamente es el valor esperado de las utilidades de la empresa, normalmente lo que ocurre es que cuando hay ganancias de capital por parte de alguna persona física por una transacción en bolsa, normalmente esta persona está recuperando anticipadamente esas expectativas de utilidad futura por parte de las empresas. De manera que cuando ocurren una serie de transacciones, pues habrá otras personas que tengan que tomar digamos, la pérdida ocurrida por el hecho de que hubo una ganancia digamos extraordinaria en alguna parte, en alguna cadena de las transacciones.

Señor Secretario, respetuosamente solicitaríamos vaya concluyendo su intervención.

Bueno, quisiera concluir diciendo que tenemos estadísticas de los distintos países del mundo donde se aplican este tipo de gravámenes, que prácticamente la recaudación fiscal por este concepto es muy, muy pequeña. El país que más recauda por este concepto tiene una recaudación que es alrededor de 1.5% o sea, la recaudación por ganancias de capital incluyendo todas las ganancias de capital no solamente las de bolsa, es el 1.5% de la recaudación total.

Es más, en los últimos años varios países de la OCDE han estado justamente eliminando estos gravámenes porque no les produce ninguna recaudación adicional.

Muchas gracias por su exposición.

Tiene la palabra para formular sus preguntas, el señor diputado Fortunato Alvarez Enríquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea, señor secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez:

Los lineamientos básicos del programa económico del Partido Acción Nacional, están inspirados en los principios del respeto a la dignidad de la persona humana y la realización del bien común.

Nuestra propuesta de economía humana y moderna forma parte de un concepto integral que tiene como propósito que México arribe al Siglo XXI como nación dueña de su destino, fiel a su vocación y segura de su presencia en el mundo, con un régimen de libertades y estructuras sociales justas, así como un estado democrático que aseguren una vida digna a todos los mexicanos.

México necesita desarrollar una economía social de mercado sustentada en el trabajo libre y promotor de la participación de los particulares, basada en la libertad y en la iniciativa de las personas; una economía que establezca una política fiscal para el crecimiento y no para la represión de la economía, con un sistema financiero abierto y verdaderamente competitivo; una economía social de mercado cuyas estrategias fundamentales se vinculen con la premisa de lograr el desarrollo equilibrado de las diversas regiones del país y por tanto, orienten el esfuerzo fiscal y presupuestal, a la descentralización de recursos, decisiones y responsabilidades a los estados y municipios.

Señor Secretario: con base en las tesis anteriores, nuestra propuesta en materia tributaria plantea varias modificaciones en la política económica del país que definitivamente no han sido tomadas en cuenta en esta iniciativa.

En la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 1998, reconocemos que se presentan propuestas para incrementar los ingresos tributarios mediante el establecimiento de medidas para combatir la informalidad y la evasión fiscal, medidas para impulsar el ahorro de largo plazo, medidas para otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y medidas para simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Sin embargo, creemos que son insuficientes y será necesario en un futuro cercano, escuchar las propuestas ciudadanas y las de sus organizaciones para lograr lo que tanto se ha insistido en una reforma fiscal integral.

Sobre la iniciativa en comento, en materia de ingresos queremos plantearle los siguientes cuestionamientos:

1o. Como lo reconoce el Ejecutivo en el documento de criterios generales, la política fiscal debe tener un carácter promotor del desarrollo. Sin embargo sólo reconoce una forma de promoción: la política macroeconómica. Como si el pase entre ésta y el crecimiento económico fuera automático y como si entre una y otra etapa no existiera ningún riesgo, y vaya si los hay, no olvidemos las crisis sexenales.

¿Cómo puede hablar la Secretaría de Hacienda de una política de ingresos promotora, cuando se pretende que los ingresos tributarios crezcan 16.1% en términos reales por arriba de lo que va a crecer el PlB y las participaciones a los estados que solamente crecerán 8.7%?

2o. ¿No le parece que la política fiscal para ser promotora debería bajar las tasas impositivas para reactivar la economía, apostar a una mayor recaudación, estimular el consumo interno y la recuperación de las pequeñas empresas y medianas, lo que permitiría a la economía no depender solamente del sector exportador?

Y en cuanto al tema del IVA, queremos decirle que en el seno de la Comisión de Hacienda tendremos que confrontar los cálculos numéricos que hoy nos presenta sobre el IVA, ya que faltan algunas informaciones adicionales y algunas consideraciones numéricas.

Y una consideración en este tema del IVA: ¿por qué no dejarles a los particulares la decisión de qué hacer con su dinero, si lo ahorran o lo gastan?

Le aseguro que sería mejor manejado por ellos que por el Gobierno Federal.

Si es un clamor popular la baja en las tasas del IVA, ¿por qué no se construyen escenarios integrales tomando en cuenta la opinión de los gobernados?

3o. En el nuevo régimen para pequeños contribuyentes, ¿por qué al causante que venía tributando en régimen general de ley y que no alcanza a rebasar el nivel de ingresos establecidos para 1998 los obliga a seguir tributando en el régimen general, en lugar de aprovechar las posibles ventajas del nuevo sistema, tal como lo establece el artículo cuarto transitorio fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 1998?

4o. Para 1998 se estima que se recaudará por concepto de impuesto sobre la renta 153 mil 984 millones de pesos, aproximadamente 50% más que lo recaudado en 1997. ¿Cómo será posible lograr esta meta, si ustedes mismos reconocen que no resulta oportuno elevar las tasas impositivas? ¿Será a base de incrementar el terrorismo fiscal?

5o. En relación con el impuesto al activo estiman recaudar 10 mil 290.6 millones de pesos, que equivale a más del 100% de lo presupuestado para 1997. ¿Cómo será posible obtener este monto, si al haber un crecimiento económico del 5.2% del PIB, como lo prevén, se recibirá un mayor ingreso por impuesto sobre la renta y ustedes establecen que este impuesto se introdujo para limitar la evasión de aquellas empresas que tienden a trasladar utilidades al extranjero o a otras empresas con el pago de sus impuestos?

Por otro lado y en relación a este impuesto, ¿por qué se insiste en mantenerlo, a pesar de ser sólo un instrumento de control, que pasa por alto la equidad, ya que grava por igual a los que generan y a los que no generan utilidades? La violación al principio de equidad es inaceptable, por lo que este impuesto debería derogarse. En todo caso el control de las transnacionales podría reforzarse con una reglamentación más adecuada de precios de transferencia.

6o. Una de las mejores inversiones en este país es sin duda la educación. Si estamos conscientes de que el Estado no puede cubrir el 100% de la demanda educativa y que la inversión para investigación y desarrollo de tecnología es muy baja, ¿por qué no se incorporaron estímulos para las empresas que puedan aportar mayores recursos para investigación y desarrollo y para que las personas físicas puedan deducir gastos educativos?

¿Por qué se estima una reducción del 20.71% en caso de derechos ordinarios y del 6.27% en derechos extraordinarios por comercialización del petróleo? ¿No es esta reducción demasiado alta?

En el rubro VII de aprovechamientos, en el inciso 19 letra D se establece que las recuperaciones de capital provendrán de otros, que no se especifican, aun cuando es una cantidad importante con un monto de 13 mil 23.8 millones de pesos. Lo mismo pasa en el inciso 23 del mismo rubro, que son 25 mil 129.4 millones de pesos. ¿Cómo es posible que cantidades tan importantes no tengan un concepto específico dentro de la Ley de Ingresos?

¿A cuánto asciende lo estimado por recibir por la venta de las concesiones de aeropuertos, ferrocarriles, señales de satélite y dónde aparece su monto en la Ley de Ingresos para 1998?

Es un hecho que la globalización en los mercados mundiales es una tendencia irreversible. Sin embargo, no se han desarrollado mecanismos locales para proteger a la economía nacional. Por lo tanto, la política social del Gobierno está completamente ligada a periodos de expansión de la economía mundial. ¿Considera usted factible establecer mecanismos de control interno en el corto plazo para evitar los efectos negativos que una fuga de capitales genera sobre el bienestar en la población?

Dentro de los Criterios Generales de Política Económica se señala que el producto interno bruto de 1997 tendrá un crecimiento real del 5% sobre el de 1994. Sin embargo, ¿estará usted de acuerdo en que el ingreso per capita aún no ha mostrado ese crecimiento?

¿Considera que un modelo de desarrollo como el actual, donde se ha hecho al mercado externo el motor de la economía, puede generar el crecimiento suficiente para alcanzar el nivel de ingresos por personas que se tenía, digamos, hace tres años y cuánto tiempo requerimos en la economía mexicana para llegar a ello?

Y por último, señor Secretario, el artículo 73 fracción VIII de la Constitución Política señala, entre otras cosas, que compete al Congreso de la Unión fijar las bases de los empréstitos, aprobar los que se hubieren celebrado y mandar a pagar la deuda pública.

En el proyecto de Ley de Ingresos, como en años anteriores, como propuestas de endeudamiento se señalan los montos, tope que podrá contratar el Ejecutivo, sin que en la propia iniciativa se establezca con precisión el destino de las contrataciones de deuda pública directa que se lleven a cabo, por lo que se considera de estricta necesidad se nos indique para qué se utilizarán los recursos provenientes de dichos ingresos extraordinarios por contratación de empréstitos, en su caso, si son autofinanciables como lo exige el precepto constitucional antes señalado.

Gracias anticipadas por sus respuestas.

Para dar respuesta, tiene la palabra el señor Secretario.

Con su venia, señor Presidente:

Voy a tratar de responder en orden de sus preguntas, señor diputado. Agradezco, por cierto, sus comentarios al igual que los cuestionamientos.

La primera pregunta puntual es: ¿cómo se espera que la recaudación aumente un 16% real el proximo año? Entiendo que esta pregunta se formuló un poco en tono de cuestionamiento, de crítica, en el sentido de que si esperamos aumentar la recaudación en este monto cómo este esfuerzo va a incidir en la actividad económica. Y yo lo que le diría, señor diputado, es que..., bueno, las estimaciones tanto del Impuesto Sobre la Renta como las del IVA se basan evidentemente en supuestos del crecimiento de la economía, del comportamiento de las utilidades de las empresas, del comportamiento también del consumo en relación con el IVA y también de estimaciones que tenemos sobre la efectividad de los procedimientos de fiscalización y de la presencia fiscal.

El resultado final es una estimación por cada uno de los rubros de crecimiento que estaríamos, desde luego, muy interesados en darles a conocer obviamente a todos los miembros de la Comisión de Hacienda, todo el detalle de los pronósticos que se hicieron. Pero este incremento particularmente en el caso del impuesto sobre la renta a las empresas, pues se deriva del hecho de que las pérdidas fiscales en que se incurrieron con motivo de la crisis, pues prácticamente ya han sido absorbidas y es por esa razón que estamos pensando un incremento sustancial. Además, algunas de las medidas extraordinarias que se aplicaron en años anteriores, con objeto de favorecer justamente la reinversión de utilidades, la actividad de las empresas, ya no estarían vigentes el próximo año y esto nos da una recaudación mayor con motivo del impuesto sobre la renta.

En relación con el IVA,... bueno, la pregunta de usted es: que si para ser promotoras no deberíamos estar contemplando una reducción de impuestos. Bueno, ya se mencionó en esta tribuna por parte de algún otro grupo parlamentario, que a consideración de otros diputados, las tasas son muy bajas y la carga fiscal está mal distribuida.

Vuelvo a repetir que tenemos que encontrar obviamente un balance entre buscar un sistema que sea equitativo, un sistema que sea proporcional, en que cada cual contribuya de acuerdo a sus posibilidades y en este sentido el impuesto sobre la renta es un impuesto sobre la renta a las personas, es un impuesto que tiene estas características. Yo he mencionado en varias ocasiones que es un impuesto muy progresivo en el caso de México.

Y tenemos que buscar también impuestos que sean eficientes, esto es, que no provoquen distorsiones en la economía. De manera que las tasas impositivas actuales a nuestro juicio no es que sean con toda precisión exactamente las indicadas, porque eso es imposible de poder calcular, pero pensamos que en general el régimen fiscal es competitivo a nivel internacional y tampoco es demasiado oneroso, esto es, las tasas impositivas para la población en general y para las empresas son tasas relativamente bajas a nivel internacional.

En la parte del IVA desde luego estamos dispuestos a proporcionar toda la información sobre la que está basada estos números. Creo que esta información de hecho ya la hemos proporcionado a algunos miembros de la comisión, pero ciertamente en los días que vienen cuando las iniciativas sean dictaminadas en las comisiones respectivas, pues habrá ocasión de ver con toda precisión estos cálculos numéricos.

En relación con el Impuesto al Activo, pues ya hice algunos comentarios previos sobre este tema. En realidad tiene usted razón al señalar de que la captación por concepto del Impuesto al Activo no es muy alta, pero aquí lo importante como mencionaba antes es que esto es un impuesto mínimo es un impuesto que afecta sobre todo a las grandes empresas. El hecho de que estemos estimando, como usted menciona, no sólo las preguntas, que el Impuesto Sobre la Renta va a incrementarse a 153 mil millones de pesos, es el cálculo que está en la Ley de Ingresos pues en buena medida este incremento se debe justamente a la existencia al Impuesto al Activo.

Antes de que se pusiera en vigor este impuesto, teníamos índices de evasión fiscal mucho más altos en el pasado. En la parte de la deducibilidad de los gastos en colegiaturas, pues además de tener un costo regulatorio muy alto alrededor de .43 eso sería lo que costaría hacer deducibles las colegiaturas, ésta es otra medida regresiva pues quienes tributan a las tasas marginales más altas son los que tendrían una deducción mayor.

Permitir esta deducción, además sería ir en contra del principio de generalidad que se ha aplicado en México en los últimos años con el fin de ampliar bases gravables de reducir tasas impositivas marginales y de otorgar un crédito y subsidio fiscal generalizado. Además implicaría una transferencia de recursos, pues contra aquellas familias con hijos mayores a 18 años a familias con hijos menores. Adicionalmente es evidente que si se está dando educación gratuita en la parte de educación básica a 21 millones de mexicanos que no pagan colegiaturas y que además estos 21 millones de mexicanos obviamente constituyen parte de la población de menores recursos del país, pues estaríamos con esta deducibilidad propuesta en las colegiaturas de nuevo propiciando que aquellas personas que están en posibilidades de pagar escuelas particulares estuvieran a través de esta deducibilidad, minando la base fiscal que sirve para financiar la educación de las grandes masas de este país. Esa es la razón por la cual no se está proponiendo la deducibilidad fiscal.

En relación bueno hay algunas preguntas muy específicas en relación a los productos y aprovechamiento del petróleo que con mucho gusto le haremos llegar la información numérica precisa.

Preguntó usted cuáles son los montos de las privatizaciones que se están contemplando y en el artículo 1o. de la iniciativa de Ley de Ingresos para 1998, en la fracción VII aprovechamientos, se consigna una estimación por concepto de privatizaciones de 13 mil millones de pesos. Esta es la cifra que está consignada en la Ley de Ingresos respecto de las privatizaciones.

Mencionaba usted que si bien en 1998 el producto estará un 5% por encima del de 1994, es cierto que apenas llegaremos a fines de 1998, a un producto per capita que está ligeramente superior al que teníamos en 1994. En 1995 la economía decreció, cayó 6.2%, en los siguientes tres años el crecimiento de la economía estará alrededor del 5.5% ó 6%, de manera que el crecimiento promedio en estos cuatro años será de alrededor del 3% más o menos y en ese sentido habría un ligero incremento del producto per capita en relación a 1994, a fines del próximo año.

Y para concluir, señor diputado, pregunta usted si hay mecanismos contemplados para absorber los movimientos negativos implicados por la votalidad de los flujos de capitales en relación con la economía mexicana, yo quisiera, para concluir si me permite, señor Presidente, un minuto, el mencionarle que, bueno la experiencia que hemos tenido en estas últimas tres o cuatro semanas de enorme turbulencia en los mercados internacionales, pues ha puesto en evidencia que a juicio de los participantes en los mercados nacionales e internacionales, a juicio de los inversionistas, pues las bases económicas del país son sanas.

En lo que respecta a los efectos, por ejemplo, en la bolsa de valores, en las tasas de interés, en el tipo de cambio etcétera, México ha salido mucho mejor librado, diría que la mayor parte de los países en desarrollo de estos episodios recientes; las bolsas en Brasil y Argentina se han caído por lo menos el doble de lo que se ha caído la bolsa de valores en México, las tasas de interés si bien han subido en relación con las que observábamos hace unas cuantas semanas, lo han hecho en una fracción de los aumentos de las tasas de interés que se han observado de nuevo, por ejemplo, en Brasil y Argentina, ya por no mencionar los países del sureste asiático, en donde los efectos han sido mucho más importantes.

De modo que la combinación de fundamentos económicos sólidos, de una perspectiva hacia adelante, alentadora, que se percibe a nivel internacional y el hecho que tengamos flexibilidad en la política cambiaria, nos ha permitido sortear estos efectos satisfactoriamente hasta ahora.

Muchas gracias, señor diputado.

Gracias por sus respuestas, señor Secretario.

Tiene el turno de la palabra el diputado José Luis Sánchez Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados; señor Guillermo Ortiz, secretario de Hacienda y Crédito Público:

La integración de la actual Cámara de Diputados, es resultado del mandato popular, expresado en las urnas el 6 de julio, así la histórica nueva mayoría del bloque opositor, reitera el compromiso de iniciar el cambio de política económica aplicado en México desde 1982 a la actualidad, porque ésta deterioró las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos.

Hoy, en la Cámara de Diputados, el debate es en torno a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 1998. Lo que se debate es fundamentalmente no si se reducen los impuestos o se aumentan los gastos; ésta es una falsa y simplificada discusión que el Ejecutivo Federal y el partido que representa han llevado a los medios de comunicación social, sino el debate se centra en cómo mejorar en 1998 el bienestar del pueblo mexicano.

En otras palabras, señor Secretario: ¿cómo lograr una orientación social en el manejo de las finanzas nacionales? Se trata por tanto de revisar para adecuar los instrumentos fiscales y presupuestales a las prioridades nacionales, para que la recuperación de la macroeconomía que usted nos anuncia desde 1996 llegue a las alacenas vacías de los hogares mexicanos, a los bolsillos de los mexicanos y se vuelva una realidad para la depauperada mayoría de la población.

No negamos que se cumplan las metas globales de crecimiento, objetamos la composición. El hecho de que el consumo per capita es menor al de 1994, impacta negativamente al mercado interno y a la mayoría de las empresas.

Al realizar un análisis de los ingresos públicos, volvemos a reiterarle, por enésima ocasión, en esta Cámara de Diputados, la necesidad de contar con la información básica sobre el número y composición de los causantes del país, sobre los montos de sus contribuciones, analizados por tipo de impuesto, por tipo de contribuyente, por región del país, de cuánto es la evasión y elusión fiscal que se ha producido, entre cuántos y cuál tipo de contribuyentes se ha presentado.

No obstante de que usted no nos ha proporcionado esta información a esta soberanía, con la cual la Cámara de Diputados pueda realizar el cálculo económico de los ingresos públicos provenientes de las fuentes tributarias y de las consecuencias de sus posibles cambios, el Poder Ejecutivo, de manera exagerada y desproporcionada, impulsa una campaña contra el bloque opositor ante la opinión pública, donde se señala con poco respeto a la investidura de los diputados federales... ¿Alguien quiere interpelar?.. que es irresponsable reducir impuestos, que se arriesga el crecimiento económico si se baja el impuesto al valor agregado, que quien quiera fiesta la tiene que pagar e incluso el titular del Ejecutivo Federal declaró en Washington, el 3 de noviembre, que sería un desastre bajar impuestos en México. Tiene que reconocerlo, señor Secretario, que esta campaña sobredimensiona el debate y no contribuye a la generación de consensos nacionales respecto a la Ley de Ingresos de 1998.

También tiene que reconocer que nuestro sistema fiscal y recaudatorio es insuficiente, con falta de progresividad, altamente dependiente de los impuestos aplicados a Petróleos Mexicanos, con alta evasión y elusión fiscales, con escasa participación de los estados y municipios en los ingresos federales y en la recaudación de impuestos propios; además de que no nos proporciona el Ejecutivo la información más elemental, quiere que a sus juicios les demos los diputados carácter de infabilidad, como si no hubiera sido durante el actual periodo de gobierno, cuando ocurrió el error de diciembre de 1994: la crisis, la devaluación y las políticas de emergencia económica y el incremento en un 50% del impuesto al valor agregado, que tanto perjudicaron al pueblo de México.

Las modificaciones propuestas por la Secretaría de Hacienda en la vertiente del ahorro interno, así como su contenido, merecen dos reflexiones: primero, estas modificaciones se basan principalmente en medidas concretas a aplicarse sobre los ahorros de los trabajadores en las Afore, aplicando un impuesto cuando éstos deciden hacer retiros antes de tiempo. Una vez más los sacrificios recaen en la clase más pobre, que es la clase trabajadora del país.

Segundo, la importancia que se da al ahorro interno como variable fundamental en la inversión y el crecimiento y la estructura misma del sistema tributario actual, reflejan cómo el Gobierno ha desatendido al consumo como agente dinamizador del crecimiento y de la inversión.

Volvemos a reiterar que la carga fiscal a Petróleos Mexicanos, ha significado que esta empresa tenga la imposibilidad de crecer y desarrollarse.

Por otra parte, permanece el inconstitucional impuesto al activo, que afecta la micro, pequeña y mediana empresas, golpeadas por la crisis, que no registran beneficios en su contabilidad, porque no los tienen, señor Secretario.

Las propuestas del PRD en materia de ingresos públicos, que estamos orgullosos de ostentar a la nación son: reducir a tasa cero el impuesto al valor agregado en el consumo de luz, gas y llamadas telefónicas nacionales de uso doméstico, así como el diesel, alimentos envasados, útiles escolares, ropa y calzado populares y otros artículos de consumo popular.

Lo que usted dice es falso, ya que los límites de consumo que proponemos representaría 4 mil 500 millones de pesos, que se traducen en un incremento del 5% del consumo real, más un incremento del 5% del salario real, se beneficiaría al poder adquisitivo con un aumento del 10% real, que significaría un 50% de recuperación de lo que se ha perdido de poder adquisitivo durante el sexenio de Zedillo.

Exentar del impuesto sobre la renta a los trabajadores que reciben hasta cuatro salarios mínimos y hacer progresivo este impuesto, tanto para personas morales como físicas, de tal manera que los que tienen mayores ingresos paguen más; esto es progresividad, gravar los rendimientos que se obtengan en el mercado financiero, eliminar el impuesto a los activos de las empresas, evitar que el aumento a las tarifas y precios del sector público excedan a la inflación estimada para el año; convocar a una convención nacional de contribuyentes en 1998, para llevar a cabo una reforma fiscal integral; modificar la Ley de Coordinación Fiscal, para que el fondo general de participaciones se constituya con el 27% de la recaudación federal participable, de tal manera de que las participaciones que reciban los municipios nunca sean menores al 30% de las que corresponden al Estado.

Política de deuda pública. En lo que toca a la política de endeudamiento del sector público, la propuesta de la Secretaría de Hacienda pretende utilizar este mecanismo como un ancla de déficit fiscal. El argumento consiste en que el nivel de endeudamiento del proyecto de ley es congruente con un déficit fiscal de 1.25%, como proporción del PIB, mayor que la reducción del IVA que proponemos.

Dicen que mayor déficit significaría una deuda más grande, que pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. En ese sentido la deuda pública que se contrate será para el financiamiento del déficit público y éste en su mayor parte cubrirá los costos de la reforma de la seguridad social.

Cabe aclarar: no se destinará al mejoramiento de las pensiones y las jubilaciones ni a la operación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura del Sistema Nacional de Seguridad Social, sino que se transferirá al capital financiero que manejan las Afore.

Señor Presidente, así como se le ha concedido al señor Secretario ampliarle el tiempo para poder expresar las funciones...

Favor de concluir, señor diputado.

Yo le pregunto por último, al señor Secretario, le pregunto respecto a cuál es el crecimiento del empleo. ¿Acaso se incorpora a más de 1 millón anual de jóvenes en edad de trabajar? Lo que usted dice no es crecimiento, se trata de...

Señor diputado, favor de concluir.

De los más de dos millones de desempleos generados por la crisis.

Por otro lado, ¿cuál es la explicación de...

Favor de retirar el sonido al orador.

Gracias por sus preguntas, señor diputado. 

Tiene la palabra el señor Secretario. 

Muchas gracias, señor diputado, por sus preguntas.  

Con su venia, señor Presidente: 

Quisiera comenzar diciendo, señor diputado, que estoy de acuerdo con usted en el sentido de que este debate no es o no debe ser un debate en el sentido si debe subirse o bajarse un determinado impuesto. Esto lo mencioné, incluso, al inicio de mi intervención esta mañana. 

Estoy completamente de acuerdo con usted, el debate se centra en cómo mejorar las condiciones económicas del país y cómo mejorar las condiciones de vida de la gente para 1998. Este es el debate que estamos enfrentando el día de hoy. 

Desde luego, este debate debe ser el inicio de un debate más profundo, que busque no solamente consolidar el crecimiento económico para el próximo año, que sentimos que se va a lograr de aprobarse el paquete económico con...

Favor de detener el reloj. 

Suplicamos a los señores profesionales de los medios de comunicación, especialmente a los fotógrafos, se sirvan tomar el lugar que les fue asignado y a los señores diputados, favor de abstenerse de gritar. El orden de esta sala de sesiones está confiada al honor de las señoras y de los señores diputados, favor de demostrarlo. 

Señores fotógrafos, colaboren en el buen desahogo de esta sesión, favor de regresar a los lugares que previamente se consensó para ustedes. 

Solicito a la Oficialía Mayor se sirva intervenir para poner orden en la sala. 

Señores diputados, favor de guardar silencio. La mesa directiva está haciendo lo conducente, sólo démosle el tiempo necesario para que la Oficialía Mayor pueda proceder. 

Con todo comedimiento solicitamos a la Oficialía Mayor se sirva retirar a la persona que parece no es diputado. 

Rogamos a la Oficialía Mayor actuar con más celeridad. 

Requerimos a la Oficialía Mayor, tomar las medidas pertinentes para retirar a esta persona que no es diputado. Suplicamos a la Dirección de Resguardo y Seguridad ser más pertinente en su función y reiteramos nuestra invitación a los señores camarógrafos que pongan su parte para restablecer el orden. 

A los señores fotógrafos, favor de bajarse de las curules. Un mínimo de respeto para este recinto, señores camarógrafos. 

Solicito a la Dirección de Seguridad que tenga más cuidado en el acceso a este recinto. Se habían tomado las medidas pertinentes para que esto no suceda. Favor de reforzar las medidas de acceso a este salón de sesiones. 

Suplico a las señoras diputadas, a los señores diputados, a las señoras senadoras, a los señores senadores, se sirvan ocupar sus curules para que el señor Secretario pueda continuar con la respuesta que procede. 

Señoras diputadas, señores diputados, favor de guardar silencio, favor de ocupar sus asientos. 

Suplico a las personas que están ocupando el pasillo central se sirvan desalojarlo y a los diputados y diputadas favor de ocupar sus curules. 

Señoras diputadas, señores diputados, una vez más se les conmina a guardar el orden, a sentarse en sus curules, a dejar de conversar para poder continuar con la comparecencia del señor Secretario de Hacienda. 

Por favor, suplicamos a los señores profesionales de los medios de comunicación nos permitan continuar y suplicamos a las señoras y señores diputados, se abstengan de hacer conferencias de prensa en el salón de sesiones. 

Señor Secretario, le rogamos continuar en el uso de la palabra.

Con su venia, señor Presidente. Mencionaba yo, señor diputado, que estamos de acuerdo en que este debate no se debe centrar en la consideración si es conveniente bajar o subir un cierto impuesto; que este debate debe centrarse en las políticas para mejorar el bienestar de la población para consolidar el crecimiento económico que estamos observando, el próximo año; para lograr por primea vez en, yo diría, en más de una década, tener tres años seguidos con crecimientos superiores al 5% ó 6%. Pero esto desde luego no va a ser suficiente para mejorar de manera definitiva las condiciones de vida de la gente. Necesitamos muchos años más, necesitamos lustros para que, con crecimientos vigorosos, con crecimientos como el que estamos observando en este año, pues se hagan realidad las aspiraciones que todos queremos y es tener una sociedad más igualitaria y más justa. 

Otra vez, señor diputado, menciona usted que estamos apostándole el crecimiento al sector externo, en detrimento del consumo y de la recuperación de la demanda interna. 

Yo le diría, señor diputado, que las cifras que hemos podido constatar esta mañana, con la información del INEGI, pues de hecho no están avalando esta consideración. Es más, si vemos la evolución de la economía durante este año y la que esperamos el próximo año, la contribución del consumo y de la inversión al crecimiento y la economía, va a ser sustancialmente mayor a la contribución de las exportaciones. 

De hecho, estamos observando una consolidación importante del mercado interno. 

Mire usted, en las cifras correspondientes al crecimiento del producto interno bruto para el tercer trimestre, ya tenemos que el crecimiento del sector servicios, el crecimiento de los servicios, esto es, el crecimiento del comercio, el crecimiento del consumo en hotelería, en restaurantes, en alimentos etcétera, es ya más vigoroso que el que traíamos obviamente el año pasado y estamos llegando a tasas de contribución del sector servicios similares a las correspondientes al sector industrial. 

De manera que no se está a través del régimen impositivo reprimiendo el consumo. De hecho, el incremento en el número de trabajadores que hemos tenido este año y una de las preguntas que usted hacía al final, es si se va a lograr el millón de empleos. Bueno, pues este año seguramente lo lograremos; este año se lograrán alrededor de 800 mil empleos permanentes, repito, de acuerdo a las estadísticas del Seguro Social, sin considerar a los trabajadores eventuales relacionados con la industria de la construcción, sin considerar a los trabajadores del sector agrícola, que tampoco están, en muchos casos, registrados en el Seguro Social y desde luego sin considerar a aquellas personas que se dedican a actividades empresariales y que tampoco están registradas en las filas del Seguro Social. 

Así que este año, por lo menos, estamos seguros que la meta de lograr 1 millón de empleos se va a dar y el próximo año, de acuerdo a las estimaciones que tenemos de crecimiento, de actividad económica, de inversión, estamos seguros también, señor diputado, que vamos a lograr un aumento muy considerable en el empleo. 

Usted mencionaba también, bueno, relacionado con esto, el problema del desempleo, pero de acuerdo a las últimas cifras que tenemos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, la tasa de desempleo abierta que tenemos al mes de septiembre, es ya muy similar a la que observamos en 1994, antes de la crisis. De hecho, la tasa de desempleo abierto es hoy 3.4%, que es una cifra muy parecida, alrededor de 3.3%, 3.4%, a la que teníamos en noviembre-diciembre de 1994. De manera que el desempleo generado por la crisis ya ha sido absorbido de acuerdo con estas cifras. 

En relación con el régimen de inversión de Pemex, usted menciona que la debilidad de nuestro sistema tributario, concepto con el cual desde luego yo concuerdo, nos ha llevado a ahogar a Petróleos Mexicanos, impidiendo su expansión. 

Yo le diría, señor diputado, que las cargas fiscales de Pemex en relación con las empresas petroleras en países de alta producción, pues están bastante en línea. Mire usted, en relación con empresas por ejemplo... bueno, en México el promedio de la carga fiscal de Pemex es del 69.4%; en Canadá es del 73%; en Angola, 74%; en China, del 75%; en la India, del 78%; en Egipto, del 81%. En fin, le puedo dar toda una lista de comparaciones internacionales sobre cargas fiscales a empresas petroleras y México está entre las cinco empresas que menores cargas fiscales tienen, que menores cargas tributarias tienen.

Por otra parte, el hecho de que se esté imponiendo una carga tributaria importante a Pemex, no está impidiendo su desarrollo; es más, como veremos el día de mañana, el programa de expansión de Petróleos Mexicanos para los próximos tres años, será del orden de 25 mil millones de dólares; esto es, la inversión de Pemex para los próximos tres años. Se está incrementando de manera muy, muy importante, la producción, la capacidad de producción de hidrocarburos, de gas natural, en la parte norte del país, en las cuencas de Burgos; se están haciendo exploraciones adicionales en el litoral de Tabasco y se está aumentando de manera muy significativa, la capacidad de refinación del país. 

Este incremento de la inversión de Pemex para los próximos tres años, es el mayor que se haya dado en la historia de la empresa, es incluso superior a los aumentos muy importantes de inversión que se registraron a finales de los setenta, de manera que el régimen de inversión de Pemex, obviamente no está disminuyendo las posibilidades de expansión de la empresa. 

En cuanto a la parte impositiva y las propuestas en relación con el impuesto al valor Agregado, señor diputado, he mencionado ya las cifras, estamos dispuestos a confrontar estas cifras con ustedes. Pero repito, la misma estructura de la distribución del ingreso en este país, hace que las propuestas para bajar impuestos a electricidad, a gas LP, al consumo de ciertos productos como útiles escolares, como ropa y calzado popular etcétera, ésta es una propuesta aunque parezca paradójica, es una propuesta regresiva en el sentido de que se está dando la mayor parte de los beneficios al 20% de mayores ingresos de la población. 

El día de mañana podremos constatar señor diputado, que el presupuesto que se está proponiendo a consideración de esta soberanía, contiene ingredientes fundamentales para incrementar el gasto social y para incrementar de manera muy importante sobre todo, el gasto en el combate a la pobreza extrema, que es el lastre más importante que hemos arrastrado en el país desde hace muchas décadas.  

Muchas gracias.

Gracias por sus respuestas, señor Secretario. 

Para terminar esta segunda ronda de preguntas y respuestas, tiene la palabra el diputado Marcos Augusto Bucio Mújica, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:  

Señor secretario Guillermo Ortiz Martínez. Antes de hacer unas preguntas al señor Secretario de Hacienda y Crédito Público, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los trabajos formales que hoy iniciamos sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

 En la década de los cincuenta y sesenta, durante la etapa conocida como el desarrollo estabilizador, nuestro país creció a una tasa promedio alta: 7%; una inflación baja, entre 3% y 4% y crecimientos salariales por encima de la inflación. 

Este desarrollo fue frenado bruscamente en la década de los setenta en razón de que se pretendió avanzar en el desarrollo a través de un mayor gasto del Gobierno financiado por deuda externa. 

El déficit fiscal se aumentó desproporcionadamente en 16% del producto interno bruto (PIB). 

Esta situación en las finanzas públicas se tradujo en un mayor endeudamiento; mayores tasas de inflación y pérdida del poder adquisitivo. 

A partir de la década de los ochenta, nuestro país creció a una tasa menor del 2% promedio y el crecimiento de la población, en esos últimos 15 años, se incrementó a una tasa promedio del 2%. Tasa que demanda que una economía sea capaz de generar 1 millón de empleos al año, solamente para que nuestro país pueda incorporar a los jóvenes que están demandando un empleo. 

Es claro que si el crecimiento de la economía fue insuficiente, no pudimos generar los empleos que requiere el crecimiento poblacional. Rezago que hoy explica los datos de pobreza, de extrema pobreza, de desempleo, de inseguridad y violencia que flagela hoy a la sociedad mexicana. 

En consecuencia, el país requiere una política de crecimiento sostenido que incorpore el rezago acumulado de empleo, más la demanda de nuevos trabajos derivados del crecimiento de la población. 

Lo anterior implica alcanzar un crecimiento superior sostenido, superior al 6% durante los próximos años. 

Es por eso que hoy, compañeros diputados, las decisiones que habremos de tomar sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, son de importancia histórica. 

Requerimos una situación estable en la economía para fomentar la riqueza a través de los presupuestos aplicados con equilibrio, con equidad. 

No hay estado que pueda defender su política social sin una base de tributación fiscal sólida; un estado con tributación fiscal débil, no cubre suficientemente sus obligaciones constitucionales. Por ello requerimos un presupuesto sano. 

Si continuamos el crecimiento económico, la economía estará creciendo a tasas superiores al 6% en el año 2000. 

Aquí, aquí radica la seriedad de la propuesta económica del presidente Ernesto Zedillo. 

En el caso contrario, como lo muestra nuestra historia y la experiencia mundial, el crecimiento económico sería sólo temporal. 

No entendemos por qué se quieren reducir los impuestos y generar un alto déficit, si esto obviamente conduce a debilitar las bases sobre las que estamos creciendo, con toda seriedad, con toda responsabilidad. 

Hemos iniciado a partir de este año el crecimiento del país, que el país está demandando, que el país requiere. 

La historia nos indica que los mexicanos no debemos adoptar políticas desacordes al momento actual de México en el mundo. Si no logramos que la economía crezca no vamos a generar empleos necesarios para la población. Si no logramos que la economía crezca no vamos a tener recursos adicionales al presupuesto para atender las necesidades de nuestro pueblo y no podemos hacer que la economía crezca, si no respetamos las reglas básicas del funcionamiento económico: bajos déficit fiscales, finanzas públicas sanas y esto orientado a producir más riqueza y en consecuencia igualdad económica. 

Debemos de tener una certidumbre para que los inversionistas nacionales e internacionales tengan claro camino, cierto, en una economía mexicana inserta en el Tratado de Libre Comercio, inserta en el mundo. 

No se pueden bajar impuestos y presentar una propuesta económica, un compromiso político de generar 1.5 millones de empleos. Dicho con toda claridad las posiciones de clientelismo electoral por lo general no están basadas en razones. ¡Cuando no hay razones es demagogia! ¡Estamos obligados a convencer a la sociedad que tenemos la capacidad para construir, no para denigrar lo que los mexicanos hemos construido a través de tantas décadas! ¡No es ético! ¡No es ético provocar una pérdida de confianza en las instituciones!  

¡Qué incongruencia es hablar de bajas de impuestos, cuando los planteamientos que se presentan no le prestan atención a lo que sucede en el medio rural! De cada dos viviendas, de cada dos familias, una vive en pobreza. 30 millones de mexicanos están esperando que aquí tomemos decisiones, no populistas, serias para mejorar sus condiciones de vida. ¡El 35% de la población, 10 millones y medio de mexicanos no tienen ingreso alguno..! 

Y aquí se acaba de proponer exentar hasta cinco salarios mínimos el impuesto sobre la renta. 

Se ha señalado, aquí por el señor Secretario, que reducir un punto del IVA significa 5 mil millones de pesos. Y para 1998 se propone el incremento en Progresa de 5 mil millones de pesos, comparado al año anterior. 

¿Por qué no mejor discutimos aquí cómo ampliar la base tributaria y nos comprometemos a ello para incrementar estos programas? ¿Qué incongruencia que se propongan bajar impuestos cuando hay tantos mexicanos que no tienen nada y que se requiere más gasto para darles una oportunidad de mejorar su nivel de vida? 

El Poder Ejecutivo nos ha presentado un proyecto de ingresos y egresos con un déficit razonable. ¿Quién de nosotros quiere que nuestro país gaste más de lo que tiene para que se vuelva a endeudar? 

Yo les pregunto: ¿qué lógica tiene reducir los impuestos cuando hoy el país no recupera los ingresos que teníamos en 1994? Lo lógico es recuperar los ingresos perdidos y comprometernos todos los mexicanos que no pagan impuestos lo hagan, para estar en posición de aumentar el gasto y reducir los impuestos. 

Hago un exhorto, señores diputados, a un análisis serio, responsable, de cara a la sociedad, con la fuerza de la verdad, para que el análisis pase la racionalidad del argumento... 

La primer pregunta, señor Secretario, que quisiera hacerle se refiere a la discusión sobre el déficit fiscal. ¿Qué costo tendría para el país un déficit fiscal mayor al 1.25% del producto interno bruto en las finanzas públicas? Y en consecuencia ¿cómo afecta ésto a la deuda y al futuro de México? 

La segunda pregunta: ¿en el caso hipotético de que esta Cámara de diputados aprobara la Ley de Ingresos como fue presentada, sin reducción de ingresos, y por otro lado tuviéramos ingresos adicionales en la base tributaria y en petróleo, estaría usted de acuerdo, señor Secretario, en que estos recursos se pudieran dirigir a los programas productivos de extrema pobreza?..

Señor diputado, se ha agotado su tiempo, favor de concluir.

 Muchas gracias, señor Secretario.

Gracias por su pregunta.

Tiene la palabra el señor Secretario de Hacienda.

Con su venia, señor Presidente; muchas gracias, señor diputado: 

Creo que las consideraciones expuestas por el señor diputado van al fondo del debate que estamos... van al fondo del debate, porque lo que estamos aquí preguntándonos, señores diputados, como lo hemos mencionado ya desde el municipio de esta exposición, no es si vamos o no a reducir un impuesto o a bajar otro impuesto, es cómo vamos a consolidar las condiciones de crecimiento del país. 

El punto importante que se está haciendo es que en caso de que hubiera recursos adicionales, si tuviéramos la posibilidad de tener recursos reales adicionales en la economía, si pudiéramos descubrir partidas en el presupuesto o recursos en el presupuesto o en la Ley de Ingresos, que dieran posibilidad de una expansión adicional de los programas sociales o de una reducción de impuestos, aquí la pregunta es: ¿cuál es el camino qué deberíamos seguir para conseguir los objetivos de consolidar el crecimiento de la economía? ¿Cuál es el camino que deberíamos seguir para consolidar la posibilidad de aumentar las oportunidades para la gente que menos tiene?

Señores diputados, señores legisladores: el punto es que no podemos estar pidiendo al mismo tiempo una reducción de las tasas impositivas y un incremento en los gastos. El hecho de que teníamos en los próximos días la oportunidad de examinar en detalle los números, de examinar en detalle cuál es el destino que se está dando a los recursos, a los escasos recursos que estamos derivando de los ingresos públicos, pues nos podremos dar cuenta de que prácticamente todas las necesidades de gasto social, todas las necesidades de inversión, todas las necesidades de desarrollo agropecuario están siendo insuficientemente satisfechas con el presupuesto que está a consideración de ustedes.

La Ley de Ingresos que hemos presentado, contempla ingresos totales por el equivalente al 21.3% o 21.4% del producto interno bruto, ésta es una cantidad notoriamente insuficiente en relación con los recursos que se recaudan ya no digamos en los países pertenecientes a la OCDE, sino en comparación por ejemplo con los recursos fiscales, con los recursos tributarios que se recaudan en países de América del Sur, de América Central, como Brasil, como Argentina; ¡estamos muy por abajo de todos estos países en materia de recaudación fiscal! 

De manera que la propuesta, señores diputados, de reducir impuestos, no es congruente con la propuesta que hemos escuchado durante muchas intervenciones no solamente hoy, sino a lo largo de los últimos años, de que necesitamos reforzar los programas, de que necesitamos gastar más y de que necesitamos hacer más por los que menos tienen. Simplemente no es congruente, repito, la propuesta de reducir impuestos y de buscar que el Gobierno cumpla con las obligaciones que le señala la Constitución, dada nuestra base fiscal. 

Eso no quiere decir, señores diputados, que no tengamos todo el respeto y la consideración a las propuestas que en sí son propuestas, digamos, que sacadas del contexto actual de este país, son propuestas razonables. Es evidente que lo que se está proponiendo en materia de reducir impuestos al consumo, de reducir impuestos a algunos de los satisfactores básicos, son propuestas que tienen obviamente un sentido y una intención social positiva. 

El argumento no es en contra del concepto de la reducción de impuestos, ojalá pudiéramos hacerlo, el Ejecutivo estaría realmente en una posición mucho más cómoda, el Ejecutivo estaría en una posición mucho más holgada si pudiéramos llegar a esta tribuna hoy a decir: señores, estamos de acuerdo que es posible reducir los impuestos. 

Desgraciadamente las cuentas y los números no dan, repito, no es un problema conceptual, no es un problema de desacuerdo con ustedes en cuanto a que reducir los impuestos no traería beneficios, obviamente que sí traería beneficios, el problema es que las propuestas de reducción de impuestos; dada la estructura de distribución del ingreso que tenemos en este país, necesariamente va a beneficiar a los que más tienen. 

Y hoy en esa circunstancia no estamos en condiciones de realizar este tipo de propuestas; lo que necesitamos es ponernos de acuerdo en cómo vamos a ampliar nuestra base fiscal, cómo vamos a fortalecernos como Gobierno cómo vamos a fortalecernos como Estado para poder, por una parte, propiciar el crecimiento económico que todos los mexicanos queremos, que ése es el punto fundamental y cómo vamos a reducir los problemas de pobreza y marginalidad y eso, señores diputados, no lo vamos a hacer a través de la baja de los impuestos.  

Lo que necesitamos y no estamos descartando obviamente que esto no se puede hacer a futuro, lo que necesitamos es una discusión seria, es un debate que nos pongamos todos de acuerdo para ver cuáles son las condiciones económicas que permitirían una reducción de los impuestos, cuáles serían las condiciones económicas de consolidación de las finanzas de este país, de crecimiento económico; que pudiéramos racionalmente ver qué impuestos pueden reducirse con los objetivos específicos de aumentar el crecimiento en la economía, de fortalecer los programas que todos queremos, los programas de educación, los programas de salud, los programas de ingresos adicionales a los productores rurales. 

Creo que podemos, repito, tener una discusión seria con estos temas, porque el debate como se ha mencionado hoy aquí por varios representantes del Poder Legislativo, no es si vamos o no a bajar un impuesto u otro; es cómo vamos a consensar la política económica del país para el próximo año. 

De manera que quiero repetir lo que dije al inicio de esta plática, no es dogmatismo, no es cerrazón, no estamos en contra de bajar impuestos porque conceptualmente pensamos que es inconveniente, éste no es el caso; el problema es que si tenemos recursos adicionales, lo que podemos hacer con ellos será mucho más productivo en la medida que fortalezcamos la base tributaria de este país, que fortalecemos la capacidad del Estado de cumplir con lo que nos manda la Constitución, ése es el punto que queremos hacer el día de hoy, señores legisladores. 

En relación con las preguntas puntuales que formuló el señor diputado, desde luego si tenemos un déficit adicional al 1.25% del producto vamos a tener que incurrir en un endeudamiento que no queremos. Este número del 1.25% del déficit fiscal no es un número arbitrario o sea no sale simplemente por cálculos voluntaristas; éste es un número que nos permite mantener la deuda en términos reales, nos permite la posibilidad de que la deuda no crezca y al mismo tiempo el componente de gasto, como lo vamos a discutir mañana, nos va a permitir también que podamos destinar recursos muy importantes al gasto social y al alivio a la pobreza extrema. 

Como lo vamos a comentar el día de mañana, estamos incrementando en 25% en términos reales, esto es cinco veces más de lo que aumentan los egresos tributarios estamos incrementando en 25% real los recursos destinados a la pobreza extrema. En nuestra opinión, señores legisladores, ése es el uso adecuado que debe hacerse de los recursos públicos. 

Muchas Gracias.

Muchas gracias, señor Secretario.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público ha dado cuenta con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio de 1998. Estando de acuerdo él, esta mesa directiva acuerda proseguir con el orden del día que consiste en la fijación de posiciones de los distintos grupos parlamentarios, con objeto de optimar el tiempo.

Tiene la palabra para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Jorge Emilio González Martínez, hasta por 15 minutos...

¿Está ausente el diputado González?

En consecuencia, tiene la palabra el diputado Juan José Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 15 minutos.

Diputado González, pasa usted al final del turno.

Con su venia, diputado Presidente; señor secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez:

No cabe duda que para cumplir con los derechos constitucionales de los mexicanos, de educación, de alimentación, de salud, de vestido y de empleo, usted se opone seriamente porque considera que el dinero para los pobres es un desperdicio. ¿Por qué no se opuso a financiar a banqueros y empresarios carreteros quebrados dándoles miles de millones de pesos?

Compañeras y compañeros diputados: como quedó demostrado en la fundamentación que acompañó a las preguntas planteadas al Secretario de Hacienda, la contrarrevolución tributaria que se gestó de fines de los años ochenta, determinó que nuestro país tenga uno de los más bajos coeficientes de tributación aun entre naciones de desarrollo económico equiparable. 

Debido a lo anterior, una proporción exagerada de los ingresos públicos, poco más de un 30% se alimenta de los derechos sobre el petróleo y los impuestos indirectos, con todos los riesgos de volatilidad que ello implica. Desafortunadamente las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo no proponen ninguna medida relevante para revertir la situación anterior y dotar a

México de un sistema tributario normal que se equipare no por sus tasas formales, sino por su captación real al de nuestros principales socios comerciales. 

Los riesgos y costos que afronta nuestra economía por la situación anteriormente descrita, pueden sintetizarse en los siguientes tres puntos: 

1. La reducción o estancamiento en la capacidad recaudatoria del fisco, significan que la economía crecerá por debajo de su potencial, con menores beneficios en términos de educación, salud y capacitación para los sectores mayoritarios de la población. El alto grado de volatilidad de los ingresos fiscales significa que el país afrontará mayores costos sociales ante la aparición de coyunturas internacionales adversas. 

El carácter prosíquico del gasto público, o sea la tendencia a que existe déficit en épocas de auge y superávit en las recesiones, implica que estas últimas tenderán a ser más largas y las recuperaciones más cortas, con la consiguiente acumulación y magnificación de los rezagos sociales que sufre el grueso de la población. 

La conclusión de toda la evidencia presentada, pero especialmente el reconocimiento efectuado por el propio Secretario de que México tiene uno de los regímenes tributarios más atrasados del mundo, es que de no remediarse esta situación, afrontaremos como nación enormes costos en términos de bienestar para la población, potencial de crecimiento y estabilidad macroeconómica. 

Por todo lo que hemos expresado, el Partido del Trabajo considera que la única opción posible es plantear una alternativa de reforma fiscal integral con equidad social. En ello, el necesario aumento del gasto social improductivo deberá estar condicionado a una reforma integral de Ley de Ingresos, en los términos ya anticipados por nosotros. De esa manera la magnitud del déficit se convierte en una cuestión subordinada. 

El sentido integral de nuestra propuesta constaría de los siguientes puntos: el gasto público real debe aumentar de manera sostenida y a largo plazo, para alcanzar el nivel relativo de antes de la crisis de la deuda, en el marco de un nuevo federalismo. El objetivo de ese aumento debe de ser elevar la tasa de crecimiento económico, con el mayor impacto e involucramiento de la sociedad. Desde estas perspectivas, las partidas de mayor impacto productivo social, como el fomento a la investigación y el desarrollo, a la pequeña empresa, a la agricultura, a la educación y a la capacitación laboral y la infraestructura, recibirán prioridad absoluta. 

2. Las finanzas públicas deben ser estrictamente controladas por un órgano superior de fiscalización independiente del Ejecutivo y que responda al Legislativo. Para que esa medida tenga éxito, se requiere modificar el actual Código Penal, que se caracteriza por su benevolencia a los delitos de cuello blanco, los delitos cometidos por funcionarios públicos, que afectan el patrimonio nacional, deben de ser penalizados al doble que si fueran cometidos por ciudadanos comunes. 

3. Redistribuir la carga impositiva y elevar la captación tributaria, para alcanzar el 16% del producto interno bruto al final de la actual legislatura. Para ello proponemos medidas a favor de una mayor equidad: 

Reducir el IVA del 15% al 10% para bienes de consumo mayoritario, y elevarlo al 25% para bienes suntuarios. 

Desgravar los ingresos por productos del trabajo hasta cinco salarios mínimos.

Medidas para elevar la participación de los grandes causantes. 

Nuevos impuestos a las ganancias de capital en la bolsa de valores y a las operaciones de compra de divisas y a los perceptores de altos ingresos, por medio de una tasa extraordinaria. 

Ajustes a las normas existentes. 

Restablecimiento de la tasa del 15% por ingresos obtenidos por bancos en operaciones en el extranjero. 

Modificación de la escala de progresividad del ISR a favor de los causantes bajos y medios. 

Medidas a favor del fomento económico. 

Simplificación del régimen a favor de la pequeña empresa y otorgamiento de exenciones a la exportación, la innovación tecnológica y la inversión. 

Exenciones a la reinversión de utilidades del conjunto de las empresas. 

Medidas para ampliar la base tributaria. 

Incorporación de las actividades conocidas hasta ahora como informales. 

Esta es en nuestra opinión, la propuesta que recoge los requerimientos republicanos y que satisface los atributos de equidad y de justicia que reclaman todos los mexicanos. 

Muchas gracias.

Gracias por su posicionamiento, señor diputado Juan José Cruz Martínez.

Tiene la palabra para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el señor diputado Rogelio Sada Zambrano, hasta por 15 minutos.

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; señor Secretario de Hacienda y Crédito Público:

La crisis de 1994 evidenció la alta vulnerabilidad de la economía mexicana. Hoy la recuperación exige el desencuentro entre el desempeño macroeconómico y el bienestar de la población. Son los vicios estructurales más visibles de un modelo que el Ejecutivo persiste en continuar, a pesar de sus probados fracasos reiterados en el ámbito económico, político y moral. 

En la esfera económica el modelo de desarrollo que en esta ocasión avala la iniciativa de ingresos, reconoce lo inevitable de incrustar satisfactoriamente a México en los mercados internacionales, pero esta obligación ha inclinado a tal grado la gestión gubernamental, que le ha llevado a desentenderse de la fuente de legitimidad de todo poder público: el mandato popular. 

Y el expresado en los comicios del 6 de julio fue claro y contundente: mejora inmediata del bienestar y destierro de las promesas neoliberales, que como los espejismos plasma ilusiones sembradas de sacrificios sin recompensa. 

La política económica que permea tanto la Iniciativa de Ley de Ingresos, como el proyecto de Presupuesto de Egresos referente a 1998 refrenda la apuesta que el Gobierno ha hecho a la exportación como motor del crecimiento, a expensas del espacio económico en el que más se resiente la merma en el bienestar de los mexicanos: el consumo. 

Se relega el consumo frente a los otros elementos de la demanda agregada, porque se nos dice: es imprescindible aumentar el ahorro. Y yo pregunto ¿el ahorro de quién, el ahorro de quiénes? 

Se les olvidan dos cosas: primero, que sólo se ahorra cuando las familias mexicanas, y ése es el ahorro que queremos, tienen más ingresos, y segundo, lo más importante: el mercado interno lo conformamos todos nosotros; si a éste le va mal, es porque los mexicanos padecemos la escasez en nuestros hogares. 

Ya lo decía el orador del PRI que me antecedió: 14 millones de mexicanos en extrema pobreza; más de 30 millones de mexicanos en pobreza moderada; casi, compañeros de Cámara, la mitad de los mexicanos, y encima de esto la distancia creciente entre los que nada tienen y los que todo lo tienen.

Las autoridades nos meten en la austeridad, porque de ella depende la conservación de los equilibrios macroeconómicos; preservarlos ha sido una demanda permanente del PAN, pero también que el crecimiento económico se traduzca de forma sensible en el bienestar de la población. En esto, compañeros, todos seguramente estamos de acuerdo. 

Y esto es lo que estructuralmente no puede hacer el neoliberalismo, que anima a las iniciativas de ley que hoy discutimos. Las exportaciones operan como una ínsula en un mar de miseria; la esperanza de reactivar la capacidad de compra en los salarios, se desvanece cuando se atestigua que el corporativismo autoritario posibilita que la productividad laboral aumente, pero los salarios reales desciendan y cuando esta expoliación ni siquiera se canaliza a vigorizar la salud financiera de las empresas, sino a subsidiar a empresarios políticos ineficientes, a ésos a los cuales la Secretaría a su cargo no ha tenido escrúpulo en proteger. 

En el ámbito político el sentido de la votación reciente apunta hacia una exigencia: democratizar la economía, como venimos democratizando este país, para que sea la sociedad la que determine su rumbo. Fue el triunfo de la razón política sobre la tecnocrática que atiende más a las frases de los libros de texto que a las voces que claman un mayor bienestar. Los mexicanos votaron por la vía democrática, porque es el único camino por el que la economía puede expresar los intereses de forma incluyente y no excluyente, como desde hace años lo promueve el patrón de desarrollo que el Gobierno encabeza. 

La salud de la economía demanda ampliar el mercado interno, la legitimidad de la democracia demanda aumentar el bienestar. Ambas convergen en un signo inequívoco: una mayor justicia distributiva, en esto tenemos pleno consenso, tanto en el ámbito social como en el ámbito territorial. A ellas responde la propuesta de nuestro partido para reducir los impuestos y aumentar por lo menos al doble el monto de ingresos que los municipios reciben de la Federación y que pueden autónomamente asignar. 

Cada vez que ha sobrevenido una crisis, el pueblo se ha sacrificado de manera recurrente y cada seis años. Hoy, en plena recuperación, es, con todo respeto, al Gobierno al que le toca corresponder.

Acción Nacional ha mostrado en los hechos su predisposición a dialogar. Agradezco por su conducto, el respeto con que las autoridades hacendarias se han conducido y la intensidad del diálogo ofrecido, pero censuro también que no ha sabido escuchar, pues ninguna de las propuestas panistas han sido recogidas en la iniciativa de ley, por ello, señor Secretario, en los términos en que fue presentado su paquete económico, lamentamos que no lo podemos aprobar. 

La reticencia del Ejecutivo para bajar impuestos, en especial el IVA, en nuestra opinión no tiene un fundamento técnico ni político. Ya demostramos cómo una baja en la tasa, en lugar de bajar la recaudación la eleva, porque simplemente la elasticidad entre ambas variables es mayor a la unidad. Las cifras con las que usted le replicó no consideran el efecto multiplicador que la reducción tributaria tiene sobre el ingreso y por este canal, en la recaudación por concepto de impuesto sobre la renta, que sobrecompensaría de ser cierto, el impacto sobre las finanzas públicas. 

Por otro lado, es falaz que la baja beneficie a los estratos de ingresos más altos. 

El verdadero impacto en la modificación del IVA no se concentra en la variación en el poder de compra, sino en su efecto positivo en la demanda agregada en la producción y por ello, sobre todo, su repercusión sobre el crecimiento del empleo, cuya dinámica ha sido desligada del crecimiento con una visión neoliberal. Eso, señor Secretario, sí beneficia a los que menos tienen. 

"En la Tierra y en el Cielo -le decía Horacio a Hamlet- existen más cosas de las que usted imagina en su filosofía". No me obligue a recordárselo, señor Secretario. 

Pero además, asumiendo sus propios esquemas de cálculo, las estimaciones del Ejecutivo reposan en un error fundamental, de buena fe, estoy seguro. 

La tasa estimada de crecimiento para que sean ciertos los datos que usted ha proporcionado, es preciso que la economía mexicana crezca en 1998 a una tasa de 5.2%, inferior a la que, según los propios pronósticos de Hacienda, registrara al PIB en 1997.

Si la tasa de crecimiento es mayor a la consignada, la caída de la recaudación, con sus propias reglas de cálculo, sería muchísimo menor. 

Ustedes tienen temor cuando se oponen a la reducción del IVA, que el coeficiente de solvencia, medido por la razón de deuda pública comparada al PIB, se deteriore. 

Por ello, los Criterios Generales de Política Económica manifiestan la intención de mantenerla constante o de reducirla ligeramente. 

Pero, pensaría yo, señor Secretario, que esa razón no sólo depende del déficit fiscal, sino de la tasa de crecimiento del producto. 

Si la economía, como es lo más probable, crece a un ritmo superior, digamos similar al de 1997, el coeficiente de solvencia mejoraría sustancialmente, al pasar de 26.95, que es la meta del Ejecutivo, a un 26% mucho más conservador. 

Así sus temores se verían conjurados cuando a las cuentas públicas se le ponen unas pequeñas gotas de realismo. 

Una tasa de crecimiento mayor a la estimada por Hacienda, es más realista y más congruente con los argumentos sostenidos en los criterios de política económica. 

¿Cómo se puede justificar un crecimiento menor para el próximo año, si la política fiscal contempla una expansión del déficit público? La monetaria, la intención de continuar con la baja en las tasas de interés y un aumento sustancial en la inversión privada y peor cuando estos elementos van asociados a un impresionante aumento en el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que saltará de 6 mil 700 a 10 mil 800 millones de dólares, y cuando los pronósticos de analistas coinciden en un crecimiento básico de un 6.4%. 

Las autoridades no han sido muy buenas para pronosticar. Ustedes estimaban que el PIB crecería en 1997 a una tasa de 4% y ya la tasa real superará el 6.5% ¡Qué bueno que así ha resultado! 

Pero ahora este error de cálculo pudiera conducir a rechazar la baja de impuestos, es decir, a ignorar al mandato popular, que así es como nosotros lo interpretamos, particularmente en lo relativo a la reducción del impuesto del IVA. Si su partido ya está acostumbrado, nosotros no, señor Secretario. 

La otra dimensión de la demanda ciudadana, la otra dimensión de la demanda ciudadana expresada en los comicios recientes, es la distribución territorial de los beneficios, sintetizada en la vigorización de la federalización. 

La Ley de Coordinación Fiscal, sigue considerando al municipio como el patio trasero del poder central. Esto ya no puede seguir así, la legitimidad de todo gobierno se finca en la identificación con los ciudadanos y en ninguna parte ésta es tan intensa como en la esfera municipal. 

Agradezco su atención, señor Secretario; muchísimas gracias, compañeros diputados.

Gracias por la posición fijada, señor diputado Sada. 

Sigue el turno para fijar su posición, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Tiene la palabra hasta por 15 minutos, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.

Señoras y señores diputados:

Esta habrá de ser quizá la primera ocasión en que el Congreso de la Unión y su Cámara de Diputados ejerzan a plenitud la facultad constitucional para definir con entera libertad y también con autonomía, una Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. 

Su poca sensibilidad, señor Secretario, hará que esta Cámara de Diputados por mayoría, modifique la propuesta de Ley de Ingresos. 

Esperamos que el Congreso en su conjunto, incluida la Cámara de Senadores, actúe con responsabilidad plena y de acuerdo al mandato que día con día se reclama en todos los rincones del país. 

Somos conscientes de las limitantes que encierra, sólo de dos instrumentos de política económica: el de los ingresos y el gasto. Sin embargo desde ellos, hoy nos proponemos iniciar la reforma de las grandes tendencias regresivas, autocráticas en muchos casos y también concentradoras y excluyentes, que han caracterizado el diseño y la esencia y la ejecución de la política económica en nuestro país. 

Lo que hoy debatimos, será el paquete económico para 1998, el PRD quiere hacer de este debate, inscrito desde ahora un acuerdo de carácter global, fincado en la reflexión y en la reorientación del conjunto de la estrategia económica para arribar a programas y presupuestos que trasciendan el ciclo anual para construir una economía con legitimidad, fincada en esquemas de desarrollo más allá de los vaivenes naturales de la confrontación política o de la contienda electoral. 

No podemos actuar señor Secretario, bajo la filosofía del ventajista que sugiere poner como condición la aprobación del paquete económico para el próximo año y sólo vende la esperanza de una convocatoria a un diálogo sin interlocutores precisos; un acuerdo sin cambio y sin repartir costos y en un tiempo y con espacios aún indefinidos. La nación ya no resiste el trato de la promesa vacía, el escamoteo del compromiso y mucho menos lo resistente el ámbito de la economía.

El paso inmediato es formalizar el diálogo entre los poderes y pasar a integrar con urgencia el espacio donde la discusión de los ingresos y del presupuesto, forme parte, esté integrada a un calendario preciso para proceder a las reformas legales y constitucionales, a la evaluación, revisión y reorientación de las estrategias seguidas en el ámbito interno internacional, que lleven a la democratización plena de la política económica y superen las insufiencias y las deformaciones, que erradiquen la discrecionaidad y también la excesiva corrupción que existe en la administración pública federal.

Hoy el gran reto es generalizar la recuperación y aún está pendiente la construcción de las bases para lograr un crecimiento sostenido de nuestra economía que rompa el círculo perverso de crisis-recuperación-crisis en que se han entrampado las políticas sexenales.

La recuperación no está generalizada, su diversidad en el conjunto de las ramas y unidades de producción y el desfasamiento regional, es prorfundamente dañino para el futuro de una economía integrada.

La recuperación peligrosamente se estanca en alguna ramas y empresas y en determinadas zonas geográficas del país; peligrosamente se circunscribe a un sector poco diversificado y escasamente vinculado al aparato productivo nacional, donde además el privilegio de regiones somete al abandono a grandes porciones de nuestro territorio nacional.

Más aún, en el actual proceso de recuperación, el renglón que menos crece es el del consumo, que es el que tiene la relación directa con el bienestar de la población y en este proceso, el ingreso sigue excesivamente concentrado.

Las percepciones del trabajo en 1997, significaban más del 40% y en la actualidad no llegan ni siquiera al 28.7%, es decir, hoy el capital se lleva más del 70% del esfuerzo productivo nacional.

Qué bueno, señor Secretario que usted reconoce la pésima distribución del ingreso y la riqueza de nuestro país.

¿Sabe usted quién es el responsable de este hecho? ¡Usted entre otros!

El gran problema sigue siendo el del salario, es falso que estemos ante una recuperación de los salarios mínimos, si existe un ejemplo de cómo la recuperación no es generalizada, es precisamente el de las percepciones salariales de los trabajadores.  Ni siquiera el nivel ya muy deteriorado que había en 1994, mucho menos al de la década en los años ochenta.  Este es el tema que exige el primer compromiso nacional.

Usted ha reconocido implícita y explícitamente que la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de incrementar el salarios hasta cinco puntos por arriba de la inflación, es una propuesta viable.   Hagamos el trabajo juntos, que sea una política nacional, plasmémosla en el presupuesto para que todos los trabajadores al servicio del Estado puedan gozar de este elemento que también para usted corresponde a la realidad del país.

Es dudoso que el dinamismo económico se sostenga sin una creciente disposición de créditos frescos con tasa de interés pagables.

El crecimiento ulterior supone ampliación de la capacidad productiva instalada e inversiones adicionales de capital y ello se antoja inviable por la ininterrumpida caída de la disposición de créditos frescos.

Los excesivos mágenes de intermediación impuestos por el oligopolio bancario, el debilitamiento de las acciones de la banca de fomento y el desmantelamiento de las intermediarias financieras no bancarias, así como por el sobreendeudamiento y la agudización del problema de las carteras vencidas. ¡Situación que tiene postradas a cientos de miles de empresas dedicadas al mercado interno y con alto potencial social de empleo! ¡Este habrá de ser otro compromiso nacional inmediato!

¡Se precisa reorganizar el sistema bancario y financiero! ¡Ampliar de inmediato la disposición del crédito! ¡Establecer la regulación de las tasas de interés y la solución radical al sobreendeudamiento de un numeroso grupo de medianas y pequeñas unidades de producción!

No se trata de atentar contra el mercado, sino de ejercer la acción del Estado para favorecer el desarrollo de una verdadera economía de mercado, en detrimento del monopolio, de la especulación y también de la usura.  

Para que nuestro país avance hacia una etapa de crecimiento sostenido, necesita superar la tendencia que se deriva de la contracción de su mercado interno, como su fuerte tendencia a la dependencia de flujos externos de capital, determinados por los altos costos financieros y la fuerte tendencia al desequilibrio comercial.  

¡Se trata de un problema que no puede solucionarse por una forzosa generación de ahorro, máxime cuando éste es insuficiente, carente de estímulos y con altas dificultades para convertirse en inversión! 

Señor Secretario: la propuesta fiscal del PRD, la propuesta que nuestro partido ha presentado lo ha hecho con entera responsabilidad. Nuestras iniciativas jamás han encerrado el propósito de golpear los ingresos tributarios. Nuestra estrategia se basa en principios: los de la equidad y la progresividad, la eficiencia, la estabilización económica y las simplicidad administrativa, la erradicación de impuestos onerosos y la seguridad fiscal frente a los capitales de corto plazo. 

¡La baja captación tributaria del país se debe más a la incapacidad de la autoridad hacendaria para erradicar la evasión elevada y la elusión fiscal y para ampliar la base de contribuyentes!  

Señor Secretario: ¡es usted muy mal cobrador de impuestos! 

Y este hecho no puede ser el argumento; el hecho de la ineficiencia no puede ser el argumento para oponerse a la propuesta de reducir algunos impuestos que aquí se han planteado ¡No hay espacio de acuerdo con usted! Si le proponemos la tasa del IVA en ciertos productos, aduce que los beneficiarios serían los centros comerciales porque obtendrían mayores utilidades. ¡Y dónde está la labor de la autoridad para que eso no pase! Si le proponemos subir la tasa al 40% del impuesto sobre la renta. ¡Se queja de que sólo se recaudarían 700 millones de pesos, pero que por la modernización de estas personas se daría una grave evasión fiscal, porque simularían las utilidades! 

¿Y el papel de usted dónde está para que esto no pase? ¡No venga a plantearle a la Cámara de Diputados asunto de cobranza! ¡Ese es un asunto y una responsabilidad de la autoridad y parece que en el país tendremos un desgobierno en materia fiscal y de captación tributaria y esto no puede ser argumento para oponerse a nuestra propuesta de reducir el impuesto al valor agregado!  

Nuestra propuesta es de integrar una nueva canasta básica de productos y servicios, con tasa cero. ¡Y no es un subsidio generalizado! ¡Precisamos montos, niveles de consumo! ¡Precisamos precio! ¡Y en esta precisión estamos seguros que beneficiaría al 80% de la población, la más golpeada del país por la política que usted ha implementado desde hace tiempo! ¡Queremos que el impuesto sobre la renta sea progresivo, para que paguen más los que más tienen! Y usted tiene que responder por qué a las empresas concesionarias de televisión se les permite que paguen en especie y se les dan privilegios en materia fiscal, mientras al pequeño empresario se le somete al terror como sistema de cobro y al hostigamiento permanente como forma de presión.

 ¡El Ejecutivo no puede enfrentar esta estrategia aludiendo a la catástrofe y al nerviosismo en los mercados internacionales! La catástrofe económica y los desastres provocados por los mercados internacionales son originados en otro lado: son originados en el gabinete económico del Gobierno Federal.  

O dígame usted, desde hace tiempo tenía yo ganas de preguntarle, ¿Por qué, señor Secretario, se cometió una catástrofe..?

Diputado, favor de concluir.

Voy a concluir.

¿Por qué le vendió usted los bancos a Lankenau, a Cabal Peniche, a Mariscal? ¿ Por qué le vendió los bancos a verdaderos pillos y delincuentes del país? Esto sí es una verdadera catástrofe nacional, por el alto costo nacional que estamos pagando absolutamente todos los mexicanos.

Muchas gracias.

Han transcurrido las cinco horas a que se refiere el artículo 3o. del acuerdo parlamentario relativo a las sesiones. Esta Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General, a fin de concluir los asuntos correspondientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.

Para ilustrar el turno que va a dar la Presidencia, solicito a la Secretaría que lea el artículo 99 del Reglamento Interior del Congreso y el artículo 2o. del acuerdo de práctica parlamentaria para regular la comparecencia del Secretario de Hacienda, en su artículo 2o. inciso b, inciso e.

"Artículo 99. Siempre que algún individuo de los que hayan pedido la palabra no estuviere presente en el salón cuando le toque hablar, se le colocará a lo último de su respectiva lista". 

Del acuerdo es el artículo 2o. del desarrollo de las sesiones, inciso b. "Al concluir la exposición del Secretario de Hacienda y Crédito Público se abrirán dos turnos de oradores para realizar preguntas. Cada diputado dispondrá hasta de 10 minutos para su intervención y el Secretario de Hacienda y Crédito Público responderá a cada orador igualmente en 10 minutos. El orden en que participarán los oradores de los grupos parlamentarios será el siguiente: Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Partido Acción Nacional Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional". 

"e). Una vez reanudada la sesión para concluir y con el propósito de fijar su posición cada grupo parlamentario dispondrá de 15 minutos para una última intervención, en el orden señalado en el anterior inciso b".

Habiendo dos disposiciones con previsión diferente respecto a la hipótesis que nos ocupa, esta Presidencia opta por aplicar la norma específica para esta sesión. 

Por lo tanto, tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Emilio Gonzalez Martínez, para fijar la posición del Partido Verde Ecologista de México.

Muchas gracias, señor Presidente; señor Secretario de Hacienda y Crédito Público; compañeras y compañeros diputados:  

México vive nuevos tiempos políticos debido a la necesidad de millones de mexicanos por hacer tangible su participación para marcar el destino de la nación.

Es obvio que la apertura democrática y el crecimiento económico no quedan al margen de este proceso, en tanto que la forma en que se recaudan las contribuciones puede resultar determinante al modelo económico y el desarrollo de un país. Así pues, nuestra Ley de Ingresos debe ser producto de una negociación entre el Gobierno y la sociedad, representada por este Poder Legislativo para impulsar un auténtico régimen democrático.  

Así, la democracia es uno de los principios esenciales de todo sistema político que, como el nuestro, presume de serlo y por supuesto debemos actuar con responsabilidad, ésa que implícita en el cumplimiento con las demandas del grueso de nuestros conciudadanos mismas que se han obtenido a través de diversos consensos.

Aún cuando nos ha manifestado que las propuestas que realiza el Ejecutivo y que pone a nuestra consideración, son el resultado de encuentros con grupos sociales y políticos en un esfuerzo conjunto entre los legisladores y los funcionarios de la Secretaría a su cargo, manteniendo la línea de apertura, diálogo y respeto así su tendencia es a favor de una política conservadora, de acuerdo a sus razonamientos por dos causa.

La primera es la evasión fiscal y la segunda la variación en los precios del crudo, la cual como todos sabemos repercute en las contribuciones que se perciben de parte de Pemex que representan gran parte de los ingresos de la Federación.

Sin embargo sería sumamente interesante cuestionarnos si es que en verdad dicha evasión no se debe a las elevadas tasas de impuestos como el IVA, que se cobran directamente y que afecta directamente al ahorro de cada contribuyente, las cuales se han invertido en acciones sin mayores resultados. 

Tras un análisis de su proyecto es muy notado el esfuerzo que su equipo ha realizado para curarse en salud al elaborar la Ley de Ingresos, pero al optar ese lineamiento en la elaboración de su propuesta hubiese sido conveniente que pusiera total atención a lo que manda el pueblo, que es lo mismo que durante los últimos días le hemos señalado los diputados de oposición, como la reducción del IVA y establecer de manera progresiva el Impuesto Sobre la Renta.

Creemos que estas medidas son totalmente viables y pueden complementar algunas otras, no es válido argumentar un desequilibrio en nuestra economía, cuando sabemos que hay partidas que podemos reducir y paralelamente fomentar el ahorro en la administración gubernamental. No pretendemos de ninguna manera un aumento en el déficit, lo que queremos es que se dejen de tener gastos no indispensables.

Es por ello que hay ciertos puntos en materia impositiva, sobre los cuales quisiéramos hacer hincapié. 

1o. Es mi deseo externar nuestro apoyo a todas aquellas medidas que se adopten en favor de poner en marcha el Plan de Simplificación Tributaria y el Fomento a la Seguridad Jurídica en Materia de Contribuciones, pero con la plena conciencia de que tenemos que reflexionar arduamente sobre una muy posible reforma fiscal para tener así una verdadera solución de fondo. 

Por ello creemos y me atrevo a pluralizar, que hay un verdadero consenso entre los planteamientos de los legisladores de los partidos políticos, de los grupos sociales, sólo así daremos el paso final hacia una verdadera democracia con medidas concretas de carácter oficial que reflejen un beneficio palpable para aquellos que así lo demanden. 

Así pues, bajo la lógica de que la Ley de Ingresos, elaborada en virtud de nuestras facultades de proponer y aprobar el engoble en una estrategia económica para solventar con el gasto público las soluciones a problemas sociales y económicos prioritarios, lo menos que nos puede exigir el pueblo mexicano es que sus contribuciones se traduzcan en resultados tangibles para toda la sociedad. 

2o. Es imprescindible resolver los problemas del presente, pero nuestro Gobierno ha propuesto algunos de ellos, al grado que el pasado se ha convertido en un presente de 25 años de crisis continua que nos ha distanciado cada vez más del futuro que todos esperamos. Debemos programar entonces un ingreso que permita hacer del futuro un presente concreto. 

3o. Es evidente que todos ambicionamos que nuestra economía participe realmente en los procesos del mundo globalizado, al nivel de las economías de países desarrollados, pero hasta hoy parece que hemos sido más arrastrados que tomados en cuenta, por eso la Ley de Ingresos debe ser parte fundamental del proceso de modernización política, para que nuestra economía pueda desenvolverse exitosamente en los escenarios internacionales. 

Estamos conscientes de que depende de la política financiera del Estado conseguir tales metas, es por eso que hay que reconsiderar que los ingresos son para crear un equilibrio en las oportunidades de cada uno de nuestros connacionales y no desviarlos para llevar a cabo acciones que beneficien a unos cuantos como fue el rescate bancario o el rescate carretero. 

Hay que partir del principio, de que se debe contar con finanzas sanas y equilibradas, administradas y operadas con eficiencia para hacerlas más equitativas y justas en lo fiscal. Debemos de considerar la posibilidad de reducir los impuestos a aquellos que reciben menos ingresos y por el contrario, aplicar una tasa mayor a quien obtenga ingresos mayores. 

Esto se llevaría a cabo mediante un acuerdo, en el cual se estipularían las tabulaciones una vez que hayan sido revisadas y aprobadas, tomando en cuenta las necesidades del Estado y las capacidades de quienes participan, es decir, de todos los sectores sociales que estén involucrados directamente en los procesos productivos de la nación. 

Lo anterior, nos encaminaría hacia la posibilidad inminente de realizar una profunda reforma fiscal integral, con el fin de aminorar la evasión, impulsando una real simplificación tributaria para eliminar todo aquello que suene a terrorismo fiscal, teniendo como lineamiento principal el observar lo estipulado en el artículo 31 fracción IV de nuestra Constitución, para orientar la política tributaria hacia la equidad y el progreso. Sólo así podríamos empezar a vislumbrar la seguridad jurídica que demandan los contribuyentes, de la que tanto se ha hablado, mismas que hasta ahora no han llegado a ser una realidad concreta. 

Luego entonces, es necesario estar dispuestos a los cambios que se requieran para reestructurar nuestra economía, de tal modo que nos permita cumplir con todos nuestros objetivos.

El Partido Verde Ecologista de México, exhorta a todos los que tienen por tarea analizar, proponer y aprobar la Ley de Ingresos, que dejen a un lado los intereses particulares para atender dignamente nuestra responsabilidad y cumplir con nuestra misión de velar por el bienestar y progreso de cada mexicano y de la nación entera.

Es necesario estimular un desarrollo económico social que tenga como eje al ser humano en armonía, en donde pueda permanentemente aumentar sus capacidades básicas y oportunidades sociales. Un desarrollo económico donde se ponga más énfasis en el aumento de las opciones sociales efectivas de las personas, que en los simples aumentos cuantitativos de sus ingresos y que las contribuciones generadas se reflejen en el uso eficiente y democrático generador de buenos resultados y de progreso.

Finalmente, queremos ratificar nuestro compromiso con la sociedad que ha puesto su confianza en todos nosotros. Lo dijimos en campaña y así lo vamos a cumplir, lograremos la disminución en sus contribuciones pero por el bien del país, buscaremos el consenso entre todos los actores.

Muchas gracias.

Muchas gracias, señor diputado, por fijar la posición de su grupo parlamentario.

Finalmente, tiene el uso de la palabra para hacer lo correspondiente respecto al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Angel Aceves Saucedo, hasta por 15 minutos.

Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:

Con vocación de servicio y consciente de mis responsabilidades legislativas, accedo a esta tribuna de la patria, recinto de la civilidad y espacio de la política donde se dirimen las ideas.

Concurrimos con voluntad a escuchar a nuestros pares del Poder Legislativo y con información y argumentos, a proponer una política fiscal responsable y un análisis riguroso del financiamiento del gasto público.

El PRI es un partido con responsabilidad histórica, con compromiso social y proyecto de futuro, porque estamos inconformes con el México de los agravios y de las desigualdades; porque somos el partido en el Gobierno, nuestro compromiso es con los intereses superiores del país, en nombre de quienes nos eligieron, y asumimos con el Poder Ejecutivo corresponsabilidad en las decisiones.

Las campañas quedaron atrás, y aquellos que propusieron mentiras, promesas y espejismos populistas, que asuman hoy sus costos políticos y admitan con madurez que muchas de sus ofertas sólo nos llevarían a romper equilibrios económicos y con ello a perder la confianza ciudadana.

No podemos ofrecer un futuro de logros sin antes construir un presente de oportunidades. El reto es confirmar en los hechos que la democracia entraña responsabilidad, que sólo perseverando en los equilibrios fiscales será posible lograr un crecimiento sostenido, que permita la distribución de la riqueza y el cumplimiento de nuestro compromiso con la justicia social.

Por ello exigimos de todas las partes profundidad en su análisis y seriedad en sus propuestas. Por nuestra parte, reconocemos que aún con las reformas fiscales que estamos debatiendo, nuestro país continuará siendo una economía de baja carga fiscal, por lo que ésta no debe ser disminuida frente a las responsabilidades económicas y sociales del Gobierno de la República.

Somos un país que aún presenta muchos rezagos y desigualdades. No podemos renunciar a esos recursos públicos que permitirían más gasto social, queremos crecimiento acelerado, sí, pero no más un crecimiento concentrador. No renunciamos a nuestra raíz popular y no aceptaremos medidas que beneficien a los que más tienen.

Insistimos en el esfuerzo necesario para que el crecimiento real de la economía en 1998, sea por lo menos del 5.5%. Lo exige nuestro partido para poder crear nuevamente un mínimo de 1 millón 300 mil nuevos empleos.

Una política fiscal demasiado expansiva, tiene consecuencias adversas sobre la economía, por lo que es imprescindible que la conducción de las finanzas públicas sea dentro de un marco de estricta disciplina fiscal.

El PRI asumió con responsabilidad política el incremento a los impuestos que aseguró la estabilidad económica, y por ello consideramos políticamente oportunista y económicamente irresponsable, pretender cosechar aplausos fáciles pero contrarios al interés nacional, al buscar reducir impuestos.

A quienes se aferran a la reducción de impuestos y pretenden hacer valer su espuria mayoría, les exigimos que asuman también las consecuencias ante la corresponsabilidad de la conducción económica del país.

Hago un paréntesis para señalar que entregaré a la Secretaría una copia del Diario de los Debates, donde se consigna que en 1991, ante la iniciativa del Ejecutivo de bajar el IVA del 15% al 10%, el PRD votó en contra en lo general y en lo particular y el PAN votó en contra en lo particular y propuso el único aumento en el impuesto del IVA, concretamente en el rubro de espectáculos. Tengamos memoria.

Que no culpen al PRI y al Gobierno si los eventuales desórdenes de los mercados financieros mundiales nos golpean de manera más cruda. Para defender nuestra moneda no queremos elevar tasas de interés como los países del sudeste asiático ni mayores impuestos al ingreso, como en Brasil ni abatir las reservas como en Argentina. Los priístas esperamos de la política de ingresos del Gobierno, responsabilidad y equilibrio, pero también equidad y justicia que permitan combatir la marginación social, pero exigimos que cuando nuestra economía sea más sólida, revisemos de manera integral nuestro sistema fiscal.

Demandamos que se inicien, a la mayor brevedad, los estudios que nos conduzcan a proponer para 1998 una reducción en las tarifas de los energéticos para los grupos menos favorecidos de la sociedad. Demandamos responsabilidad, no queremos populismo.

La estrategia en materia de política tributaria debe promover un sistema eficiente, justo y equitativo, por ello, la reforma fiscal integral que planteamos los priístas, debe superar la inmediatez. A corto plazo sería irresponsable pagar impuestos, para hacer más sólida nuestra economía los priístas seremos los primeros en reclamar un trato tributario socialmente más justo, no sólo en materia de energéticos, sino también en bienes de consumo popular.

Los priístas consideramos que una sólida política de ingresos debe también estimular la actividad económica, la generación de empleo, el ahorro y la inversión productiva. Así, la política tributaria debe buscar que los impuestos que se recauden sean consistentes con los objetivos económicos en general que demandan los ciudadanos de su Gobierno. Por ello se considera inviable la reducción de la tasa del impuesto al valor agregado, ya que constituye un planteamiento inadecuado en la actual situación de las finanzas públicas federales y locales, en cuyo equilibrio repercute cualquier disminución impositiva.

Veamos a los gobernadores Fox y Barrios declarando hoy en contra de bajar el IVA. Veámoslos fracasar al tratar de imponer un Impuesto a la Educación en Guanajuato; veamos en la Asamblea de Representantes pedir por más deudas y buscar mayores cargas fiscales para la ciudadanía. Ahí está su congruencia.

La situación que actualmente enfrentan las finanzas públicas del país es de déficit fiscal, por lo que cualquier reducción impositiva enfrentará el problema de una insuficiencia de recursos para cubrir el gasto público actual. Sin embargo, aun cuando se lograran ahorros presupuestales de importante cuantía para reducir la carga tributaria total, deberán tenerse en cuenta los grandes objetivos nacionales, determinando la mejor vía y conseguir regresarle a la población los impuestos bajo los principios de eficiencia y equidad.

Es claro que la reducción en la tasa del IVA no cumple con los principios de equidad y eficiencia, pues más se beneficiarían los que más consumen, y no los estratos marginados que deberían beneficiarse.

En estos casos, adicionalmente procede, según el PRI, revisar los impuestos que pagan las empresas por sus utilidades y otorgar incentivos fiscales a aquellas utilidades que se reinviertan y propicien la creación de empleo.

Adicionalmente, se debe continuar el esfuerzo de ampliar la base de contribuyentes, buscando por la vía de la certificación incorporar a la economía formal el gran número de perceptores de ingreso que existe y que no coopera con el gasto público. Hemos transitado del qué al cómo, ustedes crearon el ambulantazgo en mucho y ustedes no saben cómo resolverlo.

Es también importante que se otorgue una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes cumplidos, ya que el endurecimiento de las disposiciones fiscales debe compaginarse con la tranquilidad y seguridad de quienes tributan adecuadamente.

Por otra parte, los diputados del Partido Revolucionario Institucional exigimos abatir los altos niveles de evasión y elusión fiscales. Consideramos por eso una contradicción pedir, eliminar mecanismos fiscales de control que corrigen conductas, que luego se traducen en empresarios evasores ricos y empresas pobres, que indebidamente declaran en ceros o manifiestan pérdidas. Eso es el activo, señores.

Aquí se ha insistido en que es injustificado recaudar ingresos para financiar gastos innecesarios, como los utilizados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa. Al respecto, por su importancia me permito puntualizar los siguientes aspectos.

El rescate financiero no ha sido en beneficio de los bancos o de los banqueros, esto es una falacia. Ante esta Asamblea afirmo y sostengo que el apoyo siempre fue en beneficio de ahorradores y de los propios deudores. El ahorro constituye la expresión del esfuerzo familiar, incluso a través de varias generaciones. Al Gobierno le corresponde supervisar la operación de los intermediarios financieros para proteger a los ahorradores y al aparato productivo.

En todo momento se ha garantizado el ahorro de las familias depositado en los bancos. Si el Gobierno no hubiera, conforme a derecho, protegido los ahorros del público, se habría presentado una salida masiva de depósitos bancarios, conduciendo a una crisis de proporciones incalculables.

En apoyo de ahorradores y deudores, no de propietarios de los bancos, se han instrumentado programas en beneficio de más de 13 millones de cuentahabientes, y de 4 millones de deudores, es decir, de uno de cada dos deudores de la banca. Por cierto, el rescate financiero no nos ha costado más del que ha realizado otras economías, que incluso lo han debido pagar en plazo más corto.

Señor Presidente.

Permítame, señor diputado. Favor de interrumpir el cronómetro.

¿Qué se le ofrece, señor diputado?

Hacer una pregunta al orador.

Señor diputado, desde el principio de la sesión y desde la sesión anterior se leyó el acuerdo que norma el formato de esta comparecencia. No están previstas interpelaciones ni réplicas, por lo tanto no se concede el uso de la voz.

Se suplica a los demás diputados, que permitan que la mesa directiva pueda conducir los trabajos en orden. No aumenten el desorden de la sala, y se suplica igualmente al diputado en el uso de la palabra que continúe.

Con la misma firmeza reiteramos que se apoye a los ahorradores, no a los especuladores. Ellos se defienden solos, y cuando hayan transgredido la ley, que ésta se les aplique rigurosamente.

El Gobierno no está para solapar la delincuencia, incluyendo a socios de algunos grupos parlamentarios de aquí.

Mi partido sostiene que los apoyos gubernamentales al federalismo permitirán que estados y municipios logren mayor autonomía financiera. Con ello se permitirá un gasto más eficiente y un mayor control, además de una mejor atención a las necesidades de la población en donde se gastan.

Con criterio más avanzado de federalismo, nos solidarizamos con la propuesta de Hacienda, para que estas transferencias ahora sean equivalentes a un peso y 20 centavos, por cada peso gastado por la Federación.

Esta representación parlamentaria debe adoptar acuerdos en torno a objetivos fundamentales, de otra forma no cobra sentido la discusión.

La oposición continúa en su actitud inveterada de aliarse con la crisis para desorientar al pueblo, en lugar de aliarse con el pueblo para superar la crisis.

Compañeras y compañeros de partido, el grupo parlamentario del PRI ratifica su apoyo razonado y comprometido a la política económica y social del Presidente de la República, en su tarea de promover tanto mercado como sea posible y tanto Estado... ¿Señor Presidente...

Se ha terminado su tiempo, señor diputado, favor de concluir.

Agradezco la atención a todos ustedes emisarios de la pancarta y emisarios del desorden, ¿cuándo tendremos un debate de altura? Nunca, con esas actitudes.

Se agradece al diputado Aceves, el fijar la posición en representación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Rogamos a la comisión designada acompañar al secretario, Guillermo Ortiz Martínez, cuando desee retirarse de este recinto.

Se ruega a los ciudadanos diputados permanecer en el recinto, a fin de continuar y agotar los asuntos en cartera.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se dará cuenta con los siguientes avisos:

1o. Se citará para iniciar a las 9:30 horas.

2o. La mesa de registro de firmas de asistencia, se levantará a las 10:15 horas.

3o. La comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, iniciará a las 12:00 horas.

4o. Se registrará una votación nominal, por lo que se convoca la presencia de los diputados.

ORDEN DEL DIA

Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.-LVII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 19 de noviembre de 1997.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Efemérides

Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXXV aniversario luctuoso del licenciado, Ricardo Flores Magón, tendrá lugar el 21 de noviembre a las 9:00 horas.

Comunicaciones del Congreso del Estado de Morelos.

Oficio de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público

Con el que se remiten los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al tercer trimestre de 1997.

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto, que concede permiso a Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 22, 23, 24, 25 y 26 de noviembre de 1997, para participar en la V Reunión de Líderes del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), a realizarse en la ciudad de Vancouver, Canadá. (Dispensa de segunda lectura y discusión y votación).

Comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez, en relación al Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 1998.»

CLAUSURA Y CITATORIO

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana miércoles, 19 de noviembre, a las 9:30 horas, en virtud de que se iniciará con la efemérides del aniversario de la Revolución y comparecerá el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en relación al Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 1998.

RESUMEN DE TRABAJOS

* Comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, respecto a la Ley de Ingresos.

* Tiempo de duración: 6 horas con 1 minuto.
(con un receso de 10 minutos).

* Quorum a la apertura de sesión: 404.

* Comisiones reglamentarias y protocolarias: 2.

* Oradores en tribuna: 26.
  PRI-3; PRD-3; PAN-3; PT-3; PVEM-3.

Secretario de Hacienda y Crédito Público 11.

Se recibieron:

* 1 Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que se comuncia de actividades propias de ese cuerpo colegiado;

* 1 Iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; a las leyes: Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de Expropiación y a la Orgánica de la Administración Pública Federal;

* 1 minuta de proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del teritorio nacional del 22 al 25 de noviembre, para participar en la V Reunión de Líderes del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad de Vancouver, Canadá.

* 3 minutas proyecto de decreto, que conceden los permisos constitucionales necesarios para aceptar y usar las condecoraciones que confiere el gobierrno de la República de Paraguay.