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Presidencia
del diputado
Juan José Cruz Martínez |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de
firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
| El secretario
Francisco Berganza Escorza: |
Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 445 diputados, por lo tanto, hay quorum señor Presidente.
| El Presidente (a
las 10:40 horas): |
Se abre la sesión.
ORDEN
DEL DIA
| El secretario
Francisco Berganza Escorza: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias-Primer Año-LVII Legislatura.
Orden del día
Martes 2 de diciembre de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal,
invita al acto cívico que con motivo del XXIV aniversario luctuoso de ex presidente don
Adolfo Ruiz Cortines, tendrá lugar el 3 de diciembre a las 10:00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de Durango, Hidalgo y Yucatán.
Oficios de la Cámara de Senadores
Con el que se comunica la elección de la
mesa directiva para el cuarto mes del primer periodo de sesiones ordinarias de su primer
año de ejercicio constitucional.
Con el que se comunica la ratificación del
oficial mayor y del tesorero general.
Iniciativas de diputados
De adiciones al artículo 4o., de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de diputados integrantes
de la Comisión del Deporte.
De diputados de los diversos grupos
parlamentarios, integrantes de la Comisión de Atención a Discapacitados.
De reformas a los artículos 15 y 163 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta y 61 de la Ley Aduanera, a cargo de diputados integrantes
de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
De reformas a la Ley de Coordinación
Fiscal, a cargo del diputado José del Carmen Enríquez Rosado, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
De adiciones a disposiciones fiscales para
establecer estímulos al uso de fuentes alternas de energía, a cargo del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De Ley del Registro Nacional de
Automóviles, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
De decreto para la regulación de
vehículos extranjeros, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Minutas
Proyecto de decreto que concede permiso al
ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para
ausentarse del territorio nacional los días 18 y 19 de diciembre de 1997, a efecto de que
realice una visita de Estado a la República de Nicaragua.
Proyecto de decreto que concede permiso al
ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para
aceptar y usar la condecoración de la Orden Pedro Joaquín Chamorro, en grado de Gran
Cruz, que le confiere la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.
Propuesta de punto de acuerdo de la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para la organización de
comisiones y comités.
Dictámenes de primera lectura
Tres de la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos
Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, Pedro José González-Rubio Sánchez y José
Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el
gobierno de la República de Paraguay. (Se dispensa la segunda lectura, discusión y
votación.)
Cuatro de la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos
José Luis Castillo Torres, Margarita Osorio Salazar, Adriana Villatoro Gómez, Dolores
Leticia Gómez Ayala y Victoria González Martínez, para prestar servicios en la Embajada
de los Estados Unidos de América en México y sus consulados generales en Tijuana, Baja
California y en Ciudad Juárez, Chihuahua. (se dispensa la segunda lectura, discusión y
votación.)
Dictamen a discusión
De la Comisión de Justicia, con proyecto
de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil para el
Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal; del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; del Código Penal para el
Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero
Federal y del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. (Violencia
intrafamiliar) (Discusión en lo particular y votación.)
Propuesta para incrementar los salarios, en
un porcentaje superior a la inflación, a cargo del diputado Rosalío Hernández Beltrán,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Propuesta de punto de acuerdo para
canalizar recursos del gasto social para el combate a la pobreza de los grupos indígenas,
a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Deliberativo.)»
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del día
es la discusión del acta de la sesión anterior.
Ruego a la Secretaría consulte a la
Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido
entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus
observaciones y se proceda a su votación.
|
El
secretario Jaime Castro López: |
Por instrucciones de la Presidencia
se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior,
tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores
de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura, señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintisiete de noviembre de mil
novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del
Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
Presidencia del diputado
Juan Miguel Alcántara Soria
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las diez horas con dieciséis minutos del jueves veintisiete de noviembre de
mil novecientos noventa y siete, con una asistencia de trescientos noventa diputados, el
Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día
y en razón de que los coordinadores de los grupos parlamentarios recibieron copia del
acta de la sesión anterior, la Asamblea dispensa la lectura a este documento y
posteriormente la aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente da la bienvenida a
estudiantes de diversas instituciones, que se encuentran en las galerías del salón de
sesiones.
Se concede el uso de la palabra a los dipu
tados:
Arturo Saiz Calderón García, del Partido
Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto al Valor
Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público;
Verónica Velasco Rodríguez, del Partido
Verde Ecologista de México, quien presenta iniciativa de reformas a los artículos
setenta y setenta bis, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la misma
comisión.
Durante su intervención, el salón es
invadido por sedicentes trabajadores cañeros y el Presidente, a las diez horas con
cincuenta y cinco minutos, suspende la sesión.
A las trece horas con nueve minutos, se
reanuda la sesión y el Presidente informa que en reunión de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política, de la mesa directiva y de la Comisión de Información
Gestoría y Quejas, se iniciaron negociaciones que permitieron el desalojo del salón.
De la misma manera, se informa de
adecuaciones al orden del día realizados por la mesa directiva, con la anuencia de la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Conforme a las indicaciones del mismo
Presidente, la Asamblea considera de urgente y obvia resolución el dictamen de la
Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto con el que se reforma el Estatuto
de Gobierno del Distrito Federal, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos; de la Ley de Expropiación y de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y, en razón de que el texto de la misma se publicó en la Gaceta Parlamentaria,
se pone a discusión y votación de inmediato.
Para expresar la posición de sus
respectivos grupos parlamentarios al respecto, se concede el uso de la palabra a los
diputados: Sandra Lucía Segura Rangel, del Partido Acción Nacional y Alejandro Ordorica
Saavedra, del Partido de la Revolución Democrática.
La Asamblea considera suficientemente
discutido el dictamen e inmediatamente después, el Presidente corrige el procedimiento y
concede el uso de la palabra al diputado Enrique Jackson Ramírez, del Partido
Revolucionario Institucional.
No habiendo reserva de artículos en lo
particular, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta
aprobatoria por cuatrocientos treinta y cuatro votos. Se turna al Senado de la República,
para los efectos constitucionales.
La Secretaría da lectura a un comunicado
de la Comisión del Distrito Federal, a fin de continuar los trabajos del dictamen que
acaba de aprobarse.
Para expresar sus opiniones al respecto, se
concede el uso de la palabra a los diputados: Francisco José Paoli y Bolio, del Partido
Acción Nacional, quien es interrumpido por un grupo de legisladoras y otros invitados,
que se encuentran en el pasillo central.
El Presidente pide directamente a la
diputada Carolina O'Farrill Tapia, que tome su lugar y contribuya a elevar los trabajos
del |debate parlamentario. La aludida, solicita la palabra para contestar alusiones
personales y el mismo Presidente le explica que ése es un trámite que solamente se da
durante el debate y que lo que él ha hecho, es pedir orden en la sala.
En diversas ocasiones, el Presidente
explica la situación en la que se encuentra el dictamen de la Comisión de Justicia que
desean que se ponga a discusión las señoras diputadas.
Por las circunstancias descritas, los tres
oradores a quienes se había otorgado el uso de la palabra, declinan por considerar que no
existe el orden necesario para tratar el asunto.
Nuevamente el Presidente explica la forma
en la que se modificó el orden del día y se da primera lectura al dictamen de las
comisiones unidas de Comercio y de Patrimonio y Fomento Industrial, con proyecto de
decreto que reforma la Ley de Propiedad Industrial.
La Asamblea le dispensa la segunda lectura
y lo considera de obvia resolución y no habiendo quien haga uso de la palabra, la
Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por
trescientos sesenta y un votos.
Se turna al Senado de la República, para
los efectos constitucionales.
Se da primera lectura al dictamen de la
Comisión de Salud, con proyecto de Ley para el Control de Precursores Químicos,
Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas y Tabletas, la Asamblea le
dispensa la segunda lectura y no habiendo quien haga uso de la palabra, la Secretaría
recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos
cuarenta y siete votos.
Se turna al Senado de la República, para
los efectos constitucionales.
El Presidente informa que en razón de que
han pasado las cinco horas del acuerdo parlamentario, para la realización de esta
sesión, acuerda que se prorrogue hasta terminar con los asuntos en cartera.
Se lleva a cabo la elección de mesa
directiva para el mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete y realizados el
escrutinio y cómputo correspondientes, resulta electa la planilla integrada por los
diputados: Juan José Cruz Martínez, como Presidente; Gil Rafael Oceguera Ramos, Luis
Meneses Murillo, María de la Soledad Baltazar Segura, Luis Patiño Pozas y Jorge
Alejandro Jiménez Taboada, como vicepresidentes; Jaime Castro López, Guadalupe Sánchez
Martínez, Francisco Berganza Escorza y Francisco Rodríguez García, como secretarios;
Angelina Muñoz Fernández, Gerardo Ramírez Vidal; José Antonio Alvarez Hernández y
Carolina O'Farrill Tapia, como prosecretarios, por trescientos cincuenta votos.
Se da lectura a los artículos
correspondientes al orden del día y las discusiones, del acuerdo parlamentario del seis
de noviembre de mil novecientos noventa y siete y el Presidente informa del acuerdo de la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, acuerda que la discusión en lo
general se lleve a cabo hoy mismo y que la discusión en lo particular se realizará el
martes dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete.
Se da primera lectura al dictamen de la
Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del
Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la
República en Materia de Fuero Federal; del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal; del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y
para toda la República en Materia de Fuero Federal y del Código de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal.
La Asamblea le dispensa la segunda lectura
y se somete a discusión en lo general de inmediato, con la aclaración de los artículos
que los grupos parlamentarios han reservado para la discusión en lo particular.
Desde su curul, el diputado Oceguera Ramos
pide que se aclare la votación en lo general y el diputado Gómez Alvarez, hace también
aclaraciones.
El Presidente hace diversas aclaraciones y
la diputada O'Farrill, solicita que se lleve a cabo el procedimiento dictado por la
Presidencia.
También desde su curul el diputado
Ramírez Rodríguez, hace una moción de procedimiento, que hace suya el Presidente.
Desde su curul, el diputado Gómez Alvarez,
solicita que se lea el artículo decimoséptimo del acuerdo parlamentario ya mencionado,
lo que, por instrucciones de la Presidencia, hace la Secretaría, misma que recoge la
votación nominal en lo general, que resulta aprobatoria por trescientos cuarenta votos.
A solicitud de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política y en virtud de lo avanzado de la hora, el Presidente
decide que se dé por concluida esta sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día
y el Presidente clausura la sesión a las diecisiete horas con cincuenta y un minutos,
citando para la que tendrá lugar el próximo martes dos de diciembre de mil novecientos
noventa y siete, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo
ninguna observación, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por al afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
| La secretaria
Lourdes Angelina Muñoz Fernández: |
Se va a dar lectura a una
invitación.
«Ciudadano diputado Juan Cruz Martínez,
Presidente de la Cámara de Diputados-Presente.
El Departamento del Distrito Federal, a
través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del
XXIV aniversario luctuoso del ex presidente don Adolfo Ruiz Cortines (1890-1973), que
tendrá lugar junto al lote de las Aguilas Caídas del Panteón Civil de Dolores,
delegación Miguel Hidalgo, el día miércoles 3 de diciembre a las 10:00 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy
atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante
de esa Cámara que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva
prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y
distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social,
Cívica y Cultural, Eduardo F. Sáenz Viesca.»
Para asistir en representación de
esta Cámara se designan a los siguientes diputados: José Luis Pavón Vinales, Félix
Hadad Aparicio, Ramón Hernández Toledo, Rubén Mendoza Ayala y Carolina O,Farrill.
ESTADO
DE DURANGO
| El secretario
José Antonio Alvarez Hernández: |
Se va a dar lectura a varias
comunicaciones.
«Escudo Nacional-Congreso del Estado de
Durango-LX Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión-México, D.F.
En sesión ordinaria verificada el día de
hoy, la LX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobó un punto de
acuerdo, el cual nos permitimos transcribir a usted, para los efectos legales que juzgue
convenientes y que a la letra dice:
"Que esta representación popular
solicite a los señores senadores y diputados federales que representan al Estado de
Durango en el honorable Congreso de la Unión, su intervención conjunta e inmediata ante
Pemex para que se normalice a la brevedad el abasto de combustible en nuestro
Estado."
Agradeciendo de antemano las atenciones
brindadas a la presente, nos es grato reiterar a usted, las seguridades de nuestra atenta
y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Durango, a 4 de
noviembre de 1997-Diputados secretarios: Carmen Aide Quiñones Ruiz y Felipe A. Franco
Garza.»
Túrnese a los diputados federales
del Estado de Durango, para su conocimiento.
ESTADO
DE HIDALGO
| El secretario
Gerardo Ramírez Vidal: |
«Escudo-Poder Legislativo-Gobierno
del Estado de Hidalgo.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión-México, D.F.
Con toda atención, me permito el honor de
comunicar a ustedes, que la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, dio cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, eligiendo al
presidente y vicepresidente de la mesa directiva de este propio honorable Congreso, que
fungirá durante el mes de noviembre del año en curso, habiendo resultado electos los
diputados: Fernando Jiménez Uribe, presidente y Celia Martínez Bárcenas,
vicepresidente.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, me
es grato reiterarles las seguridades de mi atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hidalgo, a 30 de octubre de
1997.ÅEl oficial mayor del honorable Congreso, licenciado Gerardo A. González
Espínola.»
De enterado.
ESTADO
DE YUCATAN
| La secretaria
María Guadalupe Sánchez Martínez: |
«Escudo Nacional-LIV Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión-México, D.F.
En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, nos
permitimos comunicar a usted que con esta fecha, se declaró formalmente la apertura del
segundo periodo de sesiones ordinarias correspondiente al tercer año de ejercicio
constitucional de la LIV Legislatura del Estado de Yucatán.
Protestamos a vuestra honorabilidad;
nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida, Yucatán, a 16 de noviembre de
1997-Los secretarios de la mesa directiva, diputados: Miguel Angel Díaz Alcocer y Ricardo
Alberto Gutiérrez López.»
«Escudo Nacional-LIV Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión-México, D.F.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, en junta
preparatoria celebrada en esta fecha por la LIV Legislatura del Estado, se eligió a la
mesa directiva que fungirá durante el primer mes del segundo periodo de sesiones
ordinarias, correspondiente al tercer año de su ejercicio constitucional, quedando
integrada de la forma siguiente:
Diputados: Pedro Oxte Conrado, presidente;
José Dafne López Rodríguez, vicepresidente; Miguel Angel Díaz Alcocer, Ricardo Alberto
Gutiérrez López, secretarios; Víctor Rafael Martín Castillo y Timoteo Canché Tinal,
secretarios suplentes.
Protesto a vuestra honorabilidad, mi atenta
y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida, Yucatán, a 10 de noviembre de
1997-El secretario de la diputación permanente, Santiago Leonel Rosado Mena.»
De enterado.
CAMARA
DE SENADORES
| El secretario
Francisco Crescencio Rodríguez García: |
«Escudo Nacional-Cámara de
Senadores-México, Distrito Federal.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados-Presentes.
En cumplimiento a lo que disponen los
artículos 65 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 16
y 24 del Reglamento para el Gobierno Interior, hacemos de su conocimiento que en sesión
celebrada el día de hoy, la Cámara de Senadores de la LVII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, eligió la mesa directiva para el cuarto mes del primer periodo de
sesiones ordinarias de su primer año de ejercicio constitucional, quedando integrada como
sigue:
Senadores: Heladio Ramírez López,
presidente; Enrique Franco Muñoz y Héctor Sánchez López, vicepresidentes; José
Antonio Valdivia, Luis Mejía Guzmán, Magno Garcimarrero Ochoa, Samuel Aguilar Solís,
secretarios; Lucía Carrasco Xochipa, Alfredo Ling Altamirano, Auldarico Hernández
Gerónimo y Gilberto Gutiérrez Quiroz, prosecretarios.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 27 de noviembre de
1997-Senadores secretarios: Raúl Juárez Valencia y Benigno Aladro Fernández.»
De enterado.
| La secretaria Carolina O'Farrill Tapia: |
«Escudo Nacional-Cámara de
Senadores-México Distrito Federal.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados-Presentes.
Para conocimiento de esa colegisladora,
tenemos el honor de comunicar a ustedes que en sesión pública ordinaria celebrada en
esta fecha, se ratificó a los ciudadanos Mario Alberto Navarro Manrique y Armando Mejías
Zepeda, como oficial mayor y tesorero general, respectivamente, del Senado de la
República.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra más alta y distinguida consideración.
México, D.F., a 27 de noviembre de
1997-Senadores secretarios: Raúl Juárez Valencia y Benigno Aladro Fernández.»
De enterado.
Se informa a los diputados, que se
encuentran con nosotros estudiantes de la institución Iberoamericana de Cuernavaca, en el
Estado de Morelos, así como periodistas del Estado de Jalisco, que hoy también asisten a
este recinto.
CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Tiene la palabra el diputado Salomón
Elías Jauli y Dávila, de la Comisión del Deporte, para presentar una iniciativa de
adiciones al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
| El diputado
Salomón Elías Jauli y Dávila: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
«Los que suscriben, diputados Salomón
Elías Jauli y Dávila, Trinidad Escobedo Aguilar, Héctor Mayer Soto y Bernardo Segura
Rivera, integrantes de la Comisión del Deporte ante esta LVII Legislatura, en ejercicio y
con la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en lo previsto por los artículos 55
fracción 11, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General,
presentamos ante el pleno de esta Cámara un proyecto de decreto que adiciona el artículo
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que respecta al
derecho que se les debe reconocer a los ciudadanos para asegurar la práctica deportiva,
fundando nuestra presentación en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
1o. Una de las garantías individuales que
se reconoce en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de 1983
es la protección a la salud, consagrando este precepto en el párrafo cuarto del
artículo 4o., que a la letra dice: "toda persona tiene derecho a la protección de
la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud
y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta
Constitución".
2o. El 8 de noviembre de 1988, en el seno
de esta Cámara de Diputados, se aprobó la creación de esta Comisión del Deporte,
tomando en cuenta los siguientes argumentos: "el deporte es también una actividad
social que propicia la igualdad en la democracia, que fortalece el carácter y el ánimo
de triunfo de la población y en particular de la juventud. Es elemento valioso para
contrarrestar crisis individuales y colectivas, por lo que en las actuales circunstancias
debemos entender al deporte como un servicio social que influya no sólo para alcanzar el
bienestar social, sino como un medio de organización y de movilización...".
3o. En el Plan Nacional de Desarrollo
1995-2000 que entre sus letras apunta "...el aliento al deporte organizado será la
prioridad más alta de la política deportiva...", reconociendo por parte del
Ejecutivo la importancia en lo social y lo individual que tiene estimular la práctica del
deporte. Para lograrlo el Gobierno Federal contará con el concurso de los gobiernos
estatales y municipales, así como la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte, la cual
institucionaliza el Sistema Nacional del Deporte, que define el procedimiento de la
coordinación de competencias y voluntades políticas, constituyéndose además en un
enlace de fines y propósitos comunes entre el Estado y la sociedad.
4o. Por lo ya manifestado es trascendental
que se considere al deporte como una garantía de hombres y mujeres, formando parte de las
condiciones para el desarrollo armónico de sus facultades como ser individual y social.
En ese contexto, es importante mantener y fortalecer el concepto de que el Estado tiene la
obligación de fomentar, promover, organizar y conducir la política nacional en materia
deportiva, así como la gestión pública para que la sociedad canalice esta práctica de
libertad y recreación, atendiendo así las recomendaciones de los organismos
internacionales que como la ONU y la UNESCO, elevan a rango de derecho inalienable la
libertad del hombre para practicar las actividades deportivas.
En virtud de lo anterior, la adición de un
párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
se propone una redefinición en la responsabilidad que tiene el Gobierno de fomentar,
promover y apoyar la organización deportiva, en un mayor grado.
Por las consideraciones que se manifiestan,
se somete a consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente
INICIATIVA
Proyecto de decreto que adiciona el
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con un
párrafo antepenúltimo, donde los actuales quinto y sexto se recorren convirtiéndose en
sexto y séptimo, quedando como sigue:
Artículo 4o. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toda persona tiene derecho a practicar el
deporte para lograr su formación integral. La ley determinará la forma en que
concurrirán los sectores público, social y privado para alcanzar este objetivo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
TRANSITORIO
Unico. La presente adición entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, a 13 de noviembre de
1997-Diputados: Salomón Elías Jauli y Dávila, Trinidad Escobedo Aguilar, Bernardo
Segura Rivera y Héctor Mayer Soto.»
Señores diputados: el deporte va más
allá de una simple competencia. El deporte es la única forma para detener la
drogadicción, para detener el pandillerismo y mejorar la salud de este país. ¡Tenemos
que evolucionar! ¡El deporte es parte de la evolución del hombre! ¡El deporte va más
allá de una competencia!
¡Unámonos a que trascendamos
históricamente para crear, reformar y ayudar a la normatividad del deporte nacional!
Muchas gracias a todos.
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
DISCAPACITADOS
Tiene la palabra el diputado Héctor
Larios Córdova, de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados, para presentar una
iniciativa.
| El diputado
Héctor Larios Córdova: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
En esta nueva etapa de nuestra historia que
estamos viviendo, con esta Cámara de Diputados inédita en nuestra historia
contemporánea, ahora que estamos sentando las bases del nuevo México, del México de
nuestros hijos, del México del nuevo siglo.
No podemos olvidar a millones de mexicanos
en toda la geografía nacional y de todas las clases sociales. Porque hoy día la mayoría
de los mexicanos, sin darnos cuenta, los discriminamos, les ponemos barreras y obstáculos
para impedirles el acceso a la educación, a los servicios de salud y al mundo del
trabajo.
De acuerdo a la Organización Mundial de la
Salud, alrededor del 10% de la población sufre algún tipo de discapacidad, ya sea
física, sensorial o intelectual; es decir, que cerca de 9 millones de mexicanos tienen
algún tipo de discapacidad.
La gran mayoría de ellos no han tenido
acceso a la educación, no disfrutan de los beneficios de la seguridad social y se les
niega la oportunidad de ocupar los puestos de trabajo para los que llegan a estar
capacitados a desempeñar.
Seguramente esta LVII Legislatura habrá de
iniciar cambios profundos en materia social, política y económica, pero por justicia,
entre estos grandes cambios debemos incluir las modificaciones a nuestro marco legal para
que se garantice igualdad de oportunidades para las personas que sufren algún tipo de
discapacidad.
Amigas y amigos diputados, es la hora de
reivindicar los derechos que por generaciones les hemos negado a millones de mexicanos.
En esta legislatura que todos hemos
calificado de histórica, es el momento de hacer historia reconociendo y promoviendo los
cambios a nuestras leyes para que las personas con discapacidad dispongan de servicios de
salud; tengan oportunidades de rehabilitación, educación y capacitación; se eliminen
todas las barreras arquitectónicas, de lenguaje en los medios de comunicación y
culturales que les impiden integrarse socialmente; tengan oportunidades de empleo
remunerador y productivo y con ello puedan ejercer plenamente su derecho a formar una
familia y acceder a actividades recreativas, deportivas y culturales.
En particular, es el momento de hacer
justicia con respecto a la más grave discriminación que han sufrido: el negarles la
oportunidad de tener empleos dignos.
En el contexto internacional, México en
esta materia se encuentra rezagado, la mayoría de los países del mundo tienen ya
legislaciones que garantizan igualdad de oportunidades para el acceso a los puestos de
trabajo para ellos.
Uno de los pocos temas en que México no ha
aceptado las normas internacionales ha sido en materia de discapacidad.
Hace 42 años la Organización
Internacional del Trabajo, la OIT, en 1955 en su recomendación 99 a los países
afiliados, México entre ellos, insistía en fomentar el empleo de los inválidos con
medidas como "la contratación por los empleadores de cierta proporción de
inválidos".
Hace 14 años, en 1983, la misma OIT
promovió el convenio 159 como norma de derecho obligatoria para los países miembros que
lo ratificaran, para que las naciones suscriptoras impulsaran políticas nacionales que
garantizaran que las personas con discapacidad obtengan y conserven un empleo adecuado y
progresen en el mismo.
Después de varios intentos, México no ha
ratificado este convenio.
Muchos otros esfuerzos internacionales han
pasado sin lograr cambiar la realidad mexicana, la ONU declaró a 1981 como el Año
Internacional de los Impedidos con el tema "Plena Participación e Igualdad" y
dos años después proclamó la década de los impedidos con acciones que impulsaron
cambios en casi todas las naciones, a excepción de la nuestra.
Ahora mismo, en el proyecto de presupuesto
de egresos para 1998, incluyendo los seis voluminosos tomos anexos, no se hace ni una sola
referencia, ni una sola mención de algún recurso que se etiquete a favor del 10% de la
población que sufre discapacidades.
Si el presupuesto es en definitiva la forma
como se pretende gobernar, si en los hechos es en el presupuesto y no en el discurso en
donde se definen las prioridades gubernamentales y de la sociedad, resulta obvio que
millones de mexicanos con discapacidad no tienen ninguna prioridad en nuestro país.
Por ello insisto, es hora de hacer
justicia, es hora de abandonar la iniquidad fruto de la ignorancia, los prejuicios y otros
factores sociales que a lo largo de toda la historia han aislado a las personas con
discapacidad y retrasado su desarrollo.
En la Comisión de Atención y Apoyo a
Discapacitados, los integrantes de los diversos grupos parlamentarios nos hemos planteado
como uno de los puntos prioritarios de nuestra agenda, promover los cambios legislativos
para dar igualdad de oportunidades en la obtención de empleo a las personas con alguna
discapacidad.
Para lograr nuestro objetivo deberemos
proponer las reformas a la Ley Federal del Trabajo acompañadas de reformas a las leyes
fiscales que compensen las modificaciones que tengan que realizarse en los centros de
trabajo y dar empleo a personas con discapacidad.
Si el objetivo es dar igualdad de
oportunidades, debemos estar claros que no se puede competir en condiciones similares
entre desiguales, como se ha definido por la OIT: "el principio de la igualdad de
derechos significa que las necesidades de cada persona tienen igual importancia".
Esto es que la sociedad tiene que ser
solidaria y el Estado subsidiario para compensar las disfunciones de estas personas y
ellas puedan integrarse a la sociedad en igualdad de condiciones.
Fruto de esa solidaridad y subsidiaridad
debe ser el reservar un porcentaje en las empresas y dependencias públicas, de los
puestos de trabajo a las personas con discapacidad que estén en aptitud de
desempeñarlos.
El Estado tiene que acudir a subsidiar su
rehabilitación y readaptación para el trabajo.
Estas medidas son impulsadas por organismos
internacionales desde 1955.
¿Cómo caminar en la construcción del
marco legal que se requiere para ello en México, si en nuestra propia casa, en el
Congreso, no iniciamos por apreciar la contribución de estas personas? ¿Cómo hacerlo si
no empezamos por garantizarles un porcentaje mínimo del 1% de los puestos de trabajo
aquí en la Cámara y en los grupos parlamentarios?
En la comisión estamos convencidos que
este pequeño paso tiene una gran trascendencia, por primera vez una institución en este
país se obliga a sí misma a garantizar empleo a personas con cualquier tipo de
discapacidad, en todos los niveles y formas de contratación.
Estamos seguros que todos nos
enriqueceremos humanamente al reconocer en la práctica diaria la gran y desconocida
capacidad de aportación que tienen las personas sordas, ciegas, en sillas de ruedas o con
deficiencias intelectuales.
Este es uno de los primeros pasos para
presentar los proyectos de ley que garanticen que el acceso al trabajo en igualdad de
oportunidades se dé en todos los ámbitos y así reivindiquemos este gran tema pendiente
en la construcción del México del nuevo siglo, con democracia y pero también con
justicia.
Es por ello que la Comisión de Atención y
Apoyo a Discapacitados presenta a consideración del pleno el presente punto de acuerdo
que es suscrito por la mayor parte de los diputados de esta legislatura.
«Por tales consideraciones y con
fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos correlativos a la Ley Orgánica
y Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de esta
Cámara el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que en el ámbito de sus
atribuciones la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, el Comité de
Administración y los grupos parlamentarios, giren las instrucciones pertinentes a fin de
que en la planta laboral de la Cámara de Diputados sean incluidas personas con algún
tipo de discapacidad en un porcentaje no menor al 1%. Este mínimo deberá considerarse
para todas las modalidades o regímenes de contratación. Lo anterior en total
concordancia con lo estipulado en el contrato colectivo de esta Cámara con su sindicato y
a las leyes reglamentarias del artículo 123 constitucional en sus apartados A y B.
Segundo. Que dichas contrataciones deberán
realizarse respetando los criterios de capacidad, disponibilidad y salarios iguales en el
desempeño laboral solicitado, sin discriminación del sexo y tipo de discapacidad.
Tercero. El presente punto de acuerdo
deberá ser verificado en su cumplimiento por la Comisión de Atención y Apoyo a
Discapacitados en un plazo de seis meses.
Con la solicitud a la Presidencia de que
sea considerado de obvia resolución y desde luego discutido y, en su caso, aprobado.
Atentamente.
Salón de sesiones de la Cámara de
Diputados, a 2 de diciembre de 1997-Diputados: Héctor Larios Córdova, Elodia Gutiérrez
Estrada, Gustavo Espinosa Plata, Julieta Ortencia Gallardo Mora, Eliher Saúl Flores
Prieto, Lourdes Angelina Muñoz Fernández, Felipe Jarero Escobedo, José Jesús Montejo
Blanco, Bertha Hernández Rodríguez, Abraham Bagdadi Estrella, José Octavio Díaz Reyes,
Salomón Elías Jauli y Dávila, José Luis García Cortés, Addy Cecilia Joaquín
Coldwell, Bonfilio Peñaloza García, María de las Mercedes Martha Juan López, Felipe
Rodríguez Aguirre, María de Lourdes Rojo e Incháustegui, María Guadalupe Martínez
Cruz, José Luis Acosta Herrera, María Verónica Muñoz Parra, Alfonso Carrillo Zavala,
Martha Palafox Gutiérrez, Jaime Castro López, Luisa Cortés Carrillo, Jesús José
Villalobos Sáenz, Emilia García Guzmán y Carlos Iñiguez Cervantes.»
Túrnese a la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política.
LEY
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LEY ADUANERA
Tiene la palabra la diputada María
del Carmen Díaz Amador, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, para presentar una
iniciativa de reformas a los artículos 15 y 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y
61 de la Ley Aduanera.
| La diputada
María del Carmen Díaz Amador: |
Con su venia, señor Presidente:
«Ciudadanos secretarios de la mesa
directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:
Los diputados federales: María Del Carmen
Díaz Amador, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Héctor Flavio Valdez
García, del Partido Acción Nacional, Gustavo Adolfo Guerrero Ramos, del Partido
Revolucionario Institucional y Armando López Romero, del Partido de la Revolución
Democrática, secretarios de la citada comisión; Carlos Francisco Arce Macías, del
Partido Acción Nacional, Silvia Oliva Fragoso, del Partido de la Revolución Democrática
y Héctor Luna de la Vega, del Partido Revolucionario Institucional, miembros de la
subcomisión para el estudio de propuestas de estímulos fiscales para impulsar el
desarrollo de la ciencia aplicada y la tecnología; en ejercicio de las facultades que nos
otorgan los artículos 71 y 72 inciso h, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, 56, 57, 60, 63, 64 del Reglamento
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y sometemos a la consideración de esta
Asamblea, la presente iniciativa de ley que reforma el artículo 15, adiciona el artículo
163, deroga el artículo 27 y adiciona un artículo transitorio, relacionado con este
último artículo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y adiciona la fracción 17 del
artículo 61 de la Ley Aduanera, con base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La ciencia y la tecnología en México ha
tenido un desarrollo desigual y fragmentado. En México la participación del PIB en
ciencia y tecnología es del 0.31%, mientras que en otros países, como Canadá y
Alemania, la participación es superior al 1.5% y al 2% del PIB respectivamente.
La distribución del gasto en
investigación y desarrollo experimental, según los datos del Conacyt, es el siguiente:
45.8% a educación superior; 33% a entidades del Gobierno y 20.8% para el sector
productivo.
Por su parte, el gasto en investigación y
desarrollo del sector productivo en 1993, en México, fue el 8% del gasto nacional,
mientras que en Canadá fue del 54.4% y en Estados Unidos de América del 71.2%.
Respecto al estímulo que cada país da a
la inversión privada en ciencia y tecnología el panorama también es desalentador:
a) En México no existen estímulos
fiscales al gasto de investigación y desarrollo tecnológico en las empresas, éste se
limita, sólo para efectos de deducibilidad de ingresos gravables, al 1.5% sobre ventas,
debiéndose constituir un fideicomiso para este propósito.
b) En Canadá la deducción de los ingresos
gravables se da en dos sentidos: deducción de un monto mayor al gasto real de
investigación y desarrollo y, adicionalmente, se puede incorporar el incremento en gasto
respecto a un año base. Además, se dan créditos fiscales contra impuestos por pagar de
la empresa del 20% al 35% del monto total del gasto en investigación y desarrollo.
También contempla incentivos no tributarios (créditos condonables de interés blando y
en condiciones preferenciales) y apoyos indirectos (organismos de asistencia técnica de
diverso tipo y canalización de recursos a entidades no lucrativas para proyectos con la
industria).
c) En Estados Unidos de América, la
deducción del gasto en investigación y desarrollo de los ingresos gravables es del 100%,
se da crédito fiscal del 20% sobre el incremento en gastos en investigación y
desarrollo, y se dan apoyos indirectos (organismos de asistencia, laboratorios nacionales
y canalización de recursos a entidades de diverso tipo por proyectos con la industria).
En suma, nos encontramos que en los
principales países con los que México tiene celebrados convenios comerciales y en los
países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), existen, desde hace décadas, incentivos fiscales importantes como son créditos
fiscales, financiamientos blandos y otros apoyos indirectos, los cuales permiten a las
empresas privadas invertir en el desarrollo tecnológico en forma más atractiva. Esto se
ha reflejado en una producción de mejor calidad, altamente eficiente y con menores
costos.
Al contar con dichos incentivos, las
empresas han generado mayores volúmenes de ventas y mejores márgenes de utilidad, lo que
a su vez se ha traducido en un incremento en la generación de nuevos empleos, una mayor
recaudación de impuestos y, en general, un crecimiento económico sostenido en estos
países.
En contraste, las empresas mexicanas
presentan un fuerte rezago tecnológico debido a que la inversión para desarrollar
tecnología ha sido muy inferior a la de los países ya mencionados. De continuar con esta
tendencia, la planta productiva mexicana estará en el corto o mediano plazos en peores
condiciones de competitividad ante empresas extranjeras.
El rezago tecnológico que presenta el
sector productivo en México no es homogéneo: hay ramas de la actividad económica con
una alta participación en este renglón como es la industria manufacturera (66%) y
servicios (32.5%), mientras que el subsector agrícola no tiene ninguna participación.
La insuficiencia de políticas públicas
para impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología queda de manifiesto cuando
observamos:
1. Que el país sigue siendo altamente
dependiente en materia de tecnología.
a) La balanza de pagos tecnológica en 1996
fue de menos 238.2%.
b) La exportación de tecnología del país
en lo que corresponde a la actividad industrial se encuentra concentrada en
aproximadamente ocho empresas.
c) En 1996, en México se llevaron a cabo
481.8 transacciones tecnológicas tan sólo 28.7% más que en 1990.
2. Que en lo que respecta a la formación y
apoyos a investigadores, según datos del Conacyt, ha habido un retroceso en el número de
miembros del Sistema Nacional de Investigadores. El número de sus miembros en 1996 fue de
5 mil 969, inferior al de 1991 que contaba con 6 mil 165 miembros y ligeramente superior
al número de miembros del SNI en 1990, que fue de 5 mil 704.
Ante la situación de clara desventaja de
nuestro país en esta materia, la Comisión de Ciencia y Tecnología consideró necesario
iniciar de forma urgente los trabajos de investigación y consulta, con el fin de iniciar
propuestas de ley tendientes a impulsar el desarrollo de la investigación tecnológica
que contribuyan al crecimiento y desarrollo económico de México.
En esta búsqueda, la Comisión de Ciencia
y Tecnología de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados recibió copia de
propuesta en relación al "establecimiento de mecanismos claros y objetivos para
llevar a la práctica el Programa de Ciencia y Tecnología y de la Política Industrial y
Comercio Exterior para el periodo 1995-2000", dirigida al diputado Manuel López
Alcocer, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de
la LVI Legislatura.
Esta propuesta había sido elaborada por
miembros de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el
Desarrollo Tecnológico, (ADIAT). En ésta participan los directores de institutos de
investigación pública y privadas, como el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto
de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de
Investigaciones Eléctricas, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, varias
instituciones del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma de Nuevo
León y de la Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, el grupo HYLSA, el grupo CYDSA, Pronabive y GIRSA, entre otros.
Una vez analizada la citada propuesta por
la actual Comisión de Ciencia y Tecnología, se procedió a una etapa de consulta con
representantes de diversos sectores involucrados en esta materia. Se tuvieron entrevistas
con los directivos de ADIAT, el subsecretario de Planeación y Coordinación de la
Secretaría de Educación Pública, el director del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), el director adjunto de los sistemas SEP/Conacyt, el Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato, el Centro de Investigación Científica y
de Educación Superior de Ensenada, BC, el grupo de estudios oceanográficos, la
fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, el Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, la Productora Nacional de
Biológicos Veterinarios de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el Instituto de Ingeniería de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Programa Universitario de Energía de
la UNAM, el Instituto Mexicano del Petróleo, la Sociedad Mexicana para el Progreso de la
Ciencia y la Tecnología, el grupo HYLSA, el grupo CYDSA, el grupo VITRO, el grupo
Condumex, el grupo Negromex, el grupo ICA, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la
Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la dirección de
posgrado del Instituto Politécnico Nacional, la Comisión de Tecnología de la Concamin y
la Comisión de Tecnología de la Canacintra.
Así mismo se hicieron consultas con
investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias
Sociales, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, de la Universidad
Autónoma de Puebla y con especialistas en materia fiscal.
En los trabajos de consulta de esta
comisión se vio la necesidad de implementar en forma inmediata un paquete de estímulos
fiscales destinados a incentivar a las empresas privadas para que se comprometan a
invertir en el desarrollo de investigación tecnológica
, al menos un 0.5% de sus ingresos netos,
se discutieron los tipos de estímulos fiscales a las inversiones de las empresas privadas
en el desarrollo de la investigación tecnológica y se acordó que éstos se podrían
otorgar a través de:
1. El acreditamiento aplicable contra el
impuesto al activo o del impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente,
contraretenciones de este último impuesto.
2. Financiamientos blandos.
3. Deducción inmediata de gastos e
inversiones.
4. Exención de impuestos de importación.
También se discutió sobre los requisitos
que deberían de cumplir los proyectos de investigación y desarrollo de nuevas
tecnologías relacionados con los procesos productivos de las empresas, para asegurar que
éstos se cumplieran con el objetivo principal que dio origen a la propuesta que a
continuación haremos y que es el de impulsar la investigación en materia de desarrollo
tecnológico. Entre los requisitos discutidos y aprobados se encuentran, entre otros: el
que la investigación se realice en México y a través de contratos con universidades,
centros de investigación o de empresas de ingeniería y consultoría, todos ellos
nacionales, o en los departamentos de investigación propios de las empresas y que
además, estén debidamente registrados ante los organismos que para tal objeto se
designen; que los proyectos de investigación sean dictaminados y aprobados por una
comisión especialmente formada para ello y que dichos proyectos deberán ser evaluados
por la citada comisión cada año etcétera.
En lo que se refiere a los programas de
educación y capacitación, se propuso que éstos deberán hacerse a través de
universidades y centros de capacitación nacionales, y sólo en el caso de programas de
posgrado y doctorado, podrán hacerse extensivos a universidades del extranjero.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión
de Ciencia y Tecnología somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente
INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA,
ADICIONA Y DEROGA ARTICULOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y ADICIONA LA LEY
ADUANERA.
Artículo primero. Se reforma el artículo
15, se adiciona el artículo 163 y se deroga el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 15. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
No serán acumulables para los
contribuyentes de este título, los ingresos por dividendos o utilidades que perciban de
otras personas morales residentes en México. Tampoco serán ingresos acumulables los
percibidos de regalías del extranjero cuando éstas correspondan a patentes registradas
en México, que sean o hayan sido producto de investigación tecnológica desarrollada en
el país y que los contratos en que se acuerden dichas regalías sean aprobados por la
comisión a que se hace referencia en el artículo 163 de esta ley. Los anteriores
ingresos incrementarán la renta gravable a que se refiere el artículo 14 de esta misma
ley.
Artículo 27. Se deroga.
Artículo 163. Los contribuyentes
comprendidos en el Título Segundo y en el Capítulo VI, Sección Primera, del Título
Cuarto de esta ley que realicen gastos e inversiones conforme a programas de
investigación aplicada y desarrollo tecnológico aprobados por una comisión
cuatripartita integrada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de
Educación Superior AC y la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, tendrán
derecho a deducir en forma inmediata en el ejercicio en que se eroguen dichos gastos e
inversiones y a un incentivo fiscal otorgado por el Gobierno Federal equivalente al 50% a
la denominada pequeña y mediana empresas y del 35% para la denominada empresa grande de
las erogaciones mencionadas, el cual podrá acreditarse contra el impuesto sobre la renta
propio que deban enterar en los pagos provisionales o del ejercicio, por retención a
terceros y contra el impuesto al activo, siempre que cumplan con las obligaciones que en
este artículo se establecen.
En caso de no poder aplicar este incentivo
fiscal en el ejercicio, se podrá aplicar en los siguientes cinco ejercicios,
actualizándose en los términos del artículo 7o. de esta ley. En cualquier caso dichos
acreditamientos se considerarán como pago de impuestos efectivamente enterados. Para
efectos del artículo 14 de esta ley, la deducción de las inversiones se harán conforme
al inciso b de dicho artículo. La base anual del incentivo no deberá exceder al 2.5% de
los ingresos acumulables disminuidos con las devoluciones, descuentos o bonificaciones del
ejercicio.
Para tener derecho a los estímulos del
párrafo anterior, los contribuyentes deberán obtener aprobación previa de sus programas
de investigación aplicada y desarrollo tecnológico por parte de la comisión a que se
refiere este artículo; presentando aviso del mismo a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. Dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal, el
contribuyente deberá obtener de dicha comisión una evaluación de sus programas que
confirmen el cumplimiento de los mismos, entendiéndose aprobados de no emitirse una
resolución en contra.
Las inversiones o gastos que integran los
programas se deberán llevar a cabo en universidades, centros de investigación y
desarrollo, empresas de ingeniería y consultoría, así como a través de los centros de
investigación propios del contribuyente o de terceros, siempre que todos ellos sean
nacionales y estén registrados en la comisión referida. Las erogaciones deberán cumplir
con los requisitos de deducibilidad que establece esta ley y no serán objeto del presente
estímulo las efectuadas en terrenos, mobiliario de oficina y equipo de transporte de
personas.
Dentro de los 30 días siguientes al
acreditamiento del incentivo, se deberá presentar a las autoridades hacendarias
declaratoria formulada por contador público registrado, en la que certifique que los
gastos e inversiones que sirvieron de base para el incentivo fiscal cumplen con los
requisitos de ley y corresponden a los proyectos aprobados. El contribuyente deberá
identificar en la contabilidad los gastos e inversiones del proyecto. Los programas de
educación y capacitación relacionados con los programas referidos, deberán realizarse a
través de universidades y centros de investigación nacionales; los estudios de posgrado
y doctorados podrán realizarse en el extranjero.
Los incentivos que perciban los
contribuyentes conforme a este artículo, no son ingresos acumulables en los términos de
esta ley; asimismo para efectos del artículo 124 de esta misma ley, el acreditamiento del
incentivo no disminuirá el impuesto sobre la renta a su cargo.
Para los efectos de este artículo, se
entiende por investigación aplicada y desarrollo tecnológico la creación de
conocimientos, elementos y procedimientos de carácter técnico y científico, tendientes
a la obtención de resultados aplicables a cualquier actividad y más preponderantemente a
actividades productivas e industriales y deberá incluir los siguientes conceptos:
a) Estudios y proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico para la creación de nuevas tecnologías de procesos y productos.
b) Construcción y equipos destinados a
laboratorios y plantas piloto.
c) Capacitación del personal participante
en estos proyectos.
d) Gastos directos e indirectos
relacionados con los programas.
En caso de incumplimiento de los requisitos
establecidos en este artículo, los contribuyentes no tendrán derecho al acreditamiento
del incentivo, debiendo presentar declaraciones complementarias a los ejercicios en los
que hubiera efectuado los acreditamientos de que se trate sin incluirlos, con sus
accesorios correspondientes por los gastos e inversiones que no cumplan dichos requisitos.
En el caso de que los equipos y
construcciones dejen de ser útiles para los centros de investigación a que se refiere
este artículo, deberán donarse a centros o instituciones de enseñanza que tengan
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley
Federal de Educación, dándose preferencia a instituciones rurales.
Artículo primero transitorio. Los
contribuyentes que hayan ejercido la opción señalada en el artículo 27 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta en vigor hasta el 31 de diciembre de 1997, podrán continuar
operando los fondos constituidos en fideicomiso hasta agotar los saldos en los términos
del mismo artículo.
Los contribuyentes que cumplan con los
requisitos del artículo 163 de la mencionada ley y que tengan fondos constituidos a que
se refiere el párrafo anterior, podrán aplicar el incentivo fiscal a que se refiere este
artículo sobre las cantidades que se dispongan para el cumplimiento de los fines para los
que fueron creados durante el periodo en que se agoten los fondos aportados en
fideicomiso.
Artículo segundo transitorio. Se adiciona
la fracción XVII del artículo 61 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:
Artículo 61. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I a XVI. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
XVII. La importación de bienes que
efectúen los contribuyentes conforme a programas de investigación aplicada y desarrollo
tecnológico aprobados por la comisión integrada por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Investigación Superior, AC y la Confederación Nacional
de Cámaras Industriales. También estarán exentos los bienes importados por las
universidades, centros de investigación y desarrollo y empresas de ingeniería y
consultoría, previa aprobación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Todas
las entidades y centros de investigación anteriores deberán ser nacionales y estar
registrados ante dicha comisión.
Dado en la Comisión de Ciencia y
Tecnología.
Palacio Legislativo, a 27 de noviembre de
1997-Diputados: María del Carmen Díaz Amador, presidenta; Héctor Flavio Valdez García
del Partido Acción Nacional, Gustavo Adolfo Guerrero Ramos, Partido Revolucionario
Institucional, Armando López Romero, Partido de la Revolución Democrática, secretarios;
Carlos Francisco Arce Macías, Partido Acción Nacional, Silvia Oliva Fragoso, Partido de
la Revolución Democrática y Héctor Luna de la Vega, Partido Revolucionario
Institucional, integrantes de la subcomisión.»
Túrnese a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
LEY
DE COORDINACION FISCAL
Tiene la palabra el diputado José
del Carmen Enríquez Rosado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado José del Carmen Enríquez
Rosado:
Gracias, señor Presidente; ciudadanos
secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados:
Los suscritos, diputados federales en
ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71 de la Constitución Política
y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, presentamos la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley de
Coordinación Fiscal.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Dentro del proceso de la reforma del Estado
y del federalismo, el ámbito fiscal y hacendario es uno de los principales temas a
debate.
El perfeccionamiento del sistema nacional
de coordinación fiscal debe contribuir a fortalecer las haciendas públicas estatales y
municipales logrando mantener el equilibrio de las finanzas de la Federación
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
ha buscado avanzar en distintos aspectos de las relaciones fiscales del Gobierno Federal y
los estados y los municipios, como son: La armonización impositiva y la reducción de la
tributación múltiple; la sistematización de los sistemas tributarios federal y estatal;
el establecimiento y el perfeccionamiento de un sistema de transferencia de recursos
intergubernamentales llamados participaciones: la colaboración administrativa en diversas
materias impositivas y la creación y operación de organismos específicos de
comunicación y dialogo entre las autoridades fiscales de los distintos ámbitos del
Gobierno.
Sin embargo debe reconocerse que el sistema
ha ampliado la dependencia financiera de los gobiernos estatales con respecto a las
participaciones y ha limitado la vinculación entre el ingreso y el gasto público a nivel
estatal y municipal.
Es evidente la excesiva concentración de
facultades y recursos a favor de la Federación. Esta situación se ha convertido en una
de las principales causas del atraso y desequilibrio del desarrollo regional. Muy graves
han sido las consecuencias originadas por el hecho de que la actual coordinación fiscal
se ha basado en la suspensión de la potestad tributaria local, significando esto un
severo sacrificio de los poderes estatales.
A su vez los municipios han visto
prácticamente suprimida su capacidad de participar en la recaudación y en los organismos
de coordinación fiscal. La mayoría de las entidades federativas no cuentan con una ley
de coordinación fiscal que norme las relaciones fiscales entre el estado y sus
municipios. Cabe mencionar que las entidades que sí cuentan con una ley de coordinación
fiscal no otorgan facultades para la participación de los ayuntamientos en organismos de
coordinación fiscal.
En relación al reparto de las
participaciones es importante resaltar que el Gobierno Federal es quien en la práctica
impone y modifica los montos y la forma en que se distribuyen.
De acuerdo a la fórmula utilizada para
determinar los coeficientes de distribución de participación, seis entidades
federativas: Distrito Federal, estados de México, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Tabasco
y Chiapas, se quedan con el 50.38% del monto total de participaciones. Los otros 26
estados se distribuyen el 49.62% restante.
Estamos conscientes que una solución de
fondo implica reformas al marco constitucional.
Como ha sido reconocido por el Ejecutivo
Federal, debemos caminar hacia un federalismo que nos lleve a transformar el Sistema de
Coordinación Fiscal en un sistema de coordinación hacendaría que norme las relaciones
en materia de ingreso, egreso, deuda y patrimonio. Un fundamento imprescindible para
lograr esto, sería la realización de una convención nacional fiscal donde participen
todos los actores involucrados en el sistema tributario nacional, de manera muy especial
los contribuyentes.
Una solución profunda exige fortalecer las
atribuciones, la autonomía, libertad económica y responsabilidades del municipio;
redistribuir el gasto federal; dejar en manos de los gobiernos estatales funciones
administrativas, servicios públicos y programas en materia de salud, educación, medio
ambiente, vivienda, superación de la pobreza, desarrollo urbano y económico que les
corresponden; vigorizar la soberanía política y económica de los estados y reivindicar
la función compensatoria y subsidiaria del pacto federal.
Sabemos que esta solución integral y de
largo plazo requerirá de tiempo, para irse construyendo de tal manera que evite cambios
abruptos que pudieran disminuir la eficacia de las políticas públicas.
No obstante estamos conscientes de la
necesidad de avanzar con la solución de algunos aspectos que particularmente requieren de
respuestas inmediatas.
La presente iniciativa busca contribuir en
el corto plazo para dotar a los municipios de mayores recursos que les permita cumplir con
su nuevo papel de impulsores del desarrollo de sus regiones. Para lo que proponemos que el
fondo general de participaciones se constituya con el 25% de la recaudación federal
participable, más los conceptos adicionales establecidos en la ley, quedando una
distribución de 75% para la Federación, 17.5% para los estados y 7.5% a los municipios.
Esto permitirá ir avanzando constantemente hasta llegar a una distribución de
60%,20%,20% respectivamente.
Finalmente la iniciativa contempla el
otorgar facultades a los municipios para dejar en sus manos la recaudación del impuesto
correspondiente a los denominados "pequeños contribuyentes".
Por lo anteriormente expuesto presentamos
la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y
ADICIONA LA LEY DE COORDINACION FISCAL
Articulo primero. Se reforman los
artículos 2o., en su primer párrafo y 6o. en su primer párrafo y se adiciona un
artículo 3-B para quedar como sigue:
Artículo 2o. El fondo general de
participaciones se constituirá con el 25% de la recaudación federal participable que
obtenga la Federación en un ejercicio.
Artículo 3-B. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Los municipios recaudarán los impuestos
correspondientes a los pequeños contribuyentes que tributen en la Sección Tercera del
Capítulo VI del Título Cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, participando del
100% de lo recaudado. Los municipios podrán convenir, con las entidades federativas o con
la Federación, la recaudación de este impuesto, acordándose las modalidades de
participación en el convenio respectivo.
Artículo 6o. Las participaciones federales
que recibirán los municipios del total del fondo general de participaciones incluyendo
sus incrementos, nunca serán inferiores al 30% de las cantidades que correspondan al
estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán las formas
de distribución entre los municipios, mediante disposiciones de carácter general que
serán publicadas en el periódico oficial de la entidad respectiva.
TRANSITORIO
Artículo Primero. El presente decreto
entrará en vigor el primer día del mes de enero de 1997.
Palacio Legislativo, 27 de noviembre de
1997-Rúbricas.
Túrnese a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
LEY QUE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE
VEHICULOS
Tiene la palabra el diputado Felipe
de Jesús Preciado Coronado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para
presentar una iniciativa de Ley del Registro Nacional de Automóviles.
| El diputado
Felipe de Jesús Preciado Coronado: |
«Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión-Presentes
Los que suscribimos, diputados federales de
la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, todos integrantes del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, con fundamento en los dispuesto por la fracción II del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por
la fracción II del ar tículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General, sometemos a consideración de la honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de
ley que crea el registro nacional de vehículos, a fin de que se despache en el presente
periodo de sesiones.
La presente iniciativa se somete al
conocimiento de esta soberanía, en consideración a los argumentos que se expresan en la
siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley de Registro de Vehículos cuya
función era normar la posesión de automotores en nuestro país, fue expedida en 1977 y
quedó abrogada en 1990, entre otros, por problemas de administración y funcionamiento.
Actualmente existe en nuestro país un
parque vehicular de 13 millones de unidades, del cual no existe registro alguno del
alcance nacional. el Registro Nacional de Vehículos que se propone establecer, denominado
Renave, es un sistema nacional de información cuyo objetivo primordial es el de
garantizar la protección de los derechos de propiedad vehicular de los mexicanos.
Los problemas que ha generado la carencia
de un registro federal de vehículos como el que se propone, son de singular relevancia,
como a continuación se expone:
En materia de seguridad pública
encontramos que afecta gravemente la seguridad de las personas que conducen sus vehículos
siendo objeto de asaltos que ocurren todos los días en cualquier parte del territorio
nacional, con la más absoluta impunidad de los agresores.
Como botón de muestra y según datos de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el Distrito Federal se mantiene
un índice de 160 vehículos robados por día. Del 1o. de enero al 31 de octubre de este
año, fueron reportados como desaparecidos más de 48 mil unidades.
Adicionalmente, la mayoría de los
vehículos robados son difíciles de recuperar, en virtud de que existe toda una industria
que se encarga de desmantelarlos o entregarlos a pedido dentro y fuera del país.
Artículo 6o. Las participaciones federales
que recibirán los municipios del total del fondo general de participaciones incluyendo
sus incrementos, nunca serán inferiores al 30% de las cantidades que correspondan al
estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán las formas
de distribución entre los municipios, mediante disposiciones de carácter general que
serán publicadas en el periódico oficial de la entidad respectiva.
TRANSITORIO
Artículo Primero. El presente decreto
entrará en vigor el primer día del mes de enero de 1997.
Palacio Legislativo, 27 de noviembre de
1997-Rúbricas.
Túrnese a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
LEY QUE CREA EL REGISTRO NACIONAL
DE VEHICULOS
Tiene la palabra el diputado Felipe
de Jesús Preciado Coronado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para
presentar una iniciativa de Ley del Registro Nacional de Automóviles.
| El diputado
Felipe de Jesús Preciado Coronado: |
«Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión-Presentes
Los que suscribimos, diputados federales de
la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, todos integrantes del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, con fundamento en los dispuesto por la fracción II del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por
la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General, sometemos a consideración de la honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de
ley que crea el registro nacional de vehículos, a fin de que se despache en el presente
periodo de sesiones.
La presente iniciativa se somete al
conocimiento de esta soberanía, en consideración a los argumentos que se expresan en la
siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley de Registro de Vehículos cuya
función era normar la posesión de automotores en nuestro país, fue expedida en 1977 y
quedó abrogada en 1990, entre otros, por problemas de administración y funcionamiento.
Actualmente existe en nuestro país un
parque vehicular de 13 millones de unidades, del cual no existe registro alguno del
alcance nacional. el Registro Nacional de Vehículos que se propone establecer, denominado
Renave, es un sistema nacional de información cuyo objetivo primordial es el de
garantizar la protección de los derechos de propiedad vehicular de los mexicanos.
Los problemas que ha generado la carencia
de un registro federal de vehículos como el que se propone, son de singular relevancia,
como a continuación se expone:
En materia de seguridad pública
encontramos que afecta gravemente la seguridad de las personas que conducen sus vehículos
siendo objeto de asaltos que ocurren todos los días en cualquier parte del territorio
nacional, con la más absoluta impunidad de los agresores.
como botón de muestra y según datos de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el Distrito Federal se mantiene
un índice de 160 vehículos robados por día. Del 1o. de enero al 31 de octubre de este
año, fueron reportados como desaparecidos más de 48 mil unidades.
adicionalmente, la mayoría de los
vehículos robados son difíciles de recuperar, en virtud de que existe toda una industria
que se encarga de desmantelarlos o entregarlos a pedido dentro y fuera del país.
Por otro lado en lo que respecta al crimen
organizado, vemos que la gran cantidad de unidades robadas que se comercializa es tal, que
después del narcotráfico, el comercio ilegal de vehículos es el segundo delito más
lucrativo en México.
Independientemente de que se juzga
necesario modificar las leyes penales para incrementar las penas a los delitos
relacionados con el robo de vehículos y su comercialización ilícita, es menester crear
un registro nacional que dificulte la comisión de estos delitos e impida comercializar
vehículos no registrados.
En lo relativo al comercio de vehículos y
autopartes consideramos que el robo de vehículos implica frecuentemente el cumplimiento
de un pedido especial, también obedece al mantenimiento de una gran bodega nacional de
partes de automotores desmantelados. Este mercado se encuentra muy organizado y, por
supuesto, funciona en la economía informal.
En tanto, el Registro Nacional de
Vehículos que se propone abarcará la aplicación de sistemas electrónicos, como el de
código de barras, el mismo que permitirá conocer si una simple pieza o refacción
corresponde a determinado vehículo, sin mayores problemas que el de pasarlo por la
máquina registradora.
La facturación ilegal, clandestina y
fraudulenta derivada de la reproducción ilegal de facturas originales de unidades robadas
o desmanteladas, prohija el lavado de dinero ante la imposibilidad de que las autoridades
intervengan en las conductas ilícitas del comercio criminal organizado.
El poder contar con un control vehicular,
adquiere especial relevancia si consideramos que el vehículo automotor es una parte
fundamental en el patrimonio del mexicano. Es así muy importante darle seguridad
jurídica al propietario de los vehículos y es un instrumento indispensable de combate al
crimen organizado.
Por otra parte, el contar con un Registro
Nacional Vehicular, permitirá tener acceso a una fuente de información valiosa para la
impartición de justicia, el cual podrá ser utilizado por procuradurías, por gobiernos
estatales y federales.
Asimismo, es impostergable adoptar
tecnologías ya implantadas por nuestros socios comerciales en el TLC, para estar a la
misma altura de control y seguridad en esa materia, a la vez que permitirá un intercambio
fructífero de información, que facilitará la impartición de justicia entre los
países.
El Registro Nacional de Vehículos será
sin duda un servicio al ciudadano que le dará seguridad jurídica sobre la propiedad de
su vehículo, así como sobre las operaciones de compra-venta que realice. Dará también
un importante servicio a la sociedad, en la medida en que tendrán datos precisos sobre,
robo de vehículos, parque vehicular nacional y evitará que continúe el grave problema
de vehículos que circulan de manera ilegal que afecta seriamente al país, a la planta
productiva nacional y en general a todos los mexicanos.
Para que este registro tenga la relevancia
debida, deberá instrumentarse a nivel nacional, contando con una base de datos central.
Debe ser hermético, en el sentido de que no haya forma de eludirlo, así como establecer
mecanismos que hagan prácticamente imposible la falsificación de los documentos que de
ahí se obtengan. Asimismo, debe ser obligatorio para todas las persona físicas y morales
propietarias de un vehículo para de esta manera asegurar que todo el parque vehicular
esté incluido.
El Registro Nacional Vehicular debe cumplir
con las siguientes características:
Debe ser confiable, es decir, considerar un
margen estadístico de error mínimo, para que pueda ser utilizado en consultas de
organismos públicos y privados y para asegurar la veracidad de la información que en él
se maneje.
Debe ser económico. El costo de hacer un
trámite dentro del Registro Nacional Vehicular, ya sea alta, baja, cambio de propietario
etcétera, debe estar al alcance de cualquier persona, con lo que además se evitará que
las personas traten de eludir la responsabilidad de registrar sus vehículos debido al
alto costo del trámite.
Debe estar permanentemente actualizado
mediante la renovación tecnológica adecuada, para que siempre cumpla a cabalidad sus
fines de control, justicia e información.
Debe ser susceptible del otorgamiento de
una concesión de servicio público, cumpliendo con los requisitos que establece el
artículo 134 de la Ley
Fundamental y el reglamento de ley que se
expida sobre el particular.
Por estos motivos, sometemos a la
consideración de la Cámara la siguiente
INICIATIVA DE LEY QUE CREA ELREGISTRO
NACIONAL VEHICULAR
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. Se entiende como Registro
Nacional Vehicular, el sistema nacional de información para fortalecer la protección de
los derechos de propiedad vehicular de los mexicanos.
Artículo 2o. La legislación de referencia
tiene como objeto el establecimiento y las medidas de regulación de un registro vehicular
de carácter nacional.
Artículo 3o. Para los efectos de la
presente legislación se entiende lo siguiente:
I. Registro: Registro Nacional Vehicular.
II. Reglamentación: la reglamentación que
emane de la presente ley.
III. Autoridad: la autoridad competente
para llevar a cabo el funcionamiento del Registro Nacional Vehicular.
IV. Vehículos: todos aquellos que sean
automotores, sin incluir aeronaves, embarcaciones, o bien, ferrocarriles.
V. Comercializador: es aquel empresario
dedicado a la compra y venta de vehículos automotores nuevos y usados.
CAPITULO II
De las atribuciones y facultades
de la autoridad
Artículo 4o. Serán con este carácter las
siguientes:
I. Llevar a cabo la correcta operación del
registro y en su caso concesionarla.
lI. Regular la normalidad a la que se
sujetará la recepción y transmisión de la información del registro, del
funcionamiento, de la operación y en su caso de la administración de este servicio
público.
III. Realizar convenios de coordinación
con el Distrito Federal y con los gobiernos estatales para procurar una buena cobertura y
funcionamiento del registro, así como el intercambio de información.
IV. Sancionar o infraccionar en caso de que
no se cumpla con lo establecido en la ley.
V. Todas las demás que establezca la
presente legislación.
CAPITULO III
Del funcionamiento, operación y
administración del registro.
Artículo 5o. El registro es un servicio
público a cargo de la autoridad, tiene por objeto la identificación de vehículos
automotores que circulen en el territorio nacional, así como la prestación de servicio
de información al público.
Artículo 6o. Serán motivo de inscripción
todos aquellos vehículos automotores que circulen en territorio nacional.
Artículo 7o. Será competencia de la
autoridad designar qué avisos deberán proporcionar las comercializadoras y participantes
en el registro.
Artículo 8o. El registro deberá contener
la información sobre cada vehículo que establezca el reglamento que emane de la presente
ley.
Artículo 9o. El registro, presume la
existencia del vehículo y la pertenencia de la persona que se inscriba como propietario.
Artículo 10. Los vehículos deberán tener
integrados caracteres que asignen o instalen los fabricantes o ensambladores, para poder
identificarlos; esto, de acuerdo a la reglamentación que expide la autoridad competente.
Artículo 11. El comercializador o
participante en el registro, al realizar cualquier acto de comercio relacionado con el
vehículo está obligado a exigir constancia de inscripción en el registro.
Artículo 12. Para cualquier trámite de
carácter oficial relacionado con el vehículo, la autoridad está obligada a exigir la
inscripción en el registro, previo a cualquier otro trámite relacionado con los
vehículos.
CAPITULO IV
De la concesión del registro
Artículo 13. El registro, es un servicio
que podrá ser concesionado, en los términos del artículo 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a particular que cumpla con los requerimientos
y condiciones que emanen de reglamentación de la presente ley.
Artículo 14. Serán requisitos para la
concesión, los siguientes:
I. Contar con capital social, sin derecho a
retiro e íntegramente pagado, el cual no podrá ser inferior al que señale la autoridad
mediante reglas de carácter general.
II. Tener entre sus socios,
comercializadores de vehículos, instituciones de seguros y fianzas y fabricantes o
ensambladores y demás representativos del sector automotor.
III. Quedar inscritos en el Registro
Público de Comercio, una vez dictada la aprobación por parte de la autoridad.
CAPITULO V
De las infracciones y sanciones
Artículo 15. Serán infracciones a la
presente ley, lo que establece el reglamento que emane de ésta.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entra en vigor en
el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La inscripción del parque
vehicular existente en el registro deberá cumplirse conforme a las fechas que publique la
autoridad competente.
Atentamente.
Salón de sesiones de la Cámara de
Diputados, a 2 de diciembre de 1997-Diputados: Carlos Medina Plascencia, José Francisco
Paoli y Bolio, Juan M. Alcántara Soria, Rogelio Sada Zambrano, Santiago Creel Miranda y
Felipe de Jesús Preciado Coronado.»
Túrnese a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
|
El
diputado Jesús Ignacio Arrieta Aragón
(desde su curul): |
Señor Presidente, pido la palabra.
¿Con qué objeto, diputado?
|
El
diputado Jesús Ignacio Arrieta Aragón
(desde su curul): |
Para rectificar hechos.
Se está presentando una iniciativa
de ley y se está turnando a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. La discusión
se hace en la comisión y ya con el dictamen que traiga la comisión se hará el debate
aquí.
Tiene la palabra el diputado Felipe de
Jesús Preciado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una
iniciativa de decreto para la regulación de vehículos extranjeros.
|
El
diputado Fidel Herrera Beltrán
(desde su curul): |
Señor Presidente, ¿me permite, por
favor?
¿Con qué objeto, diputado Fidel
Herrera?.. Tiene la palabra el diputado Fidel Herrera.
|
El
diputado Fidel Herrera Beltrán
(desde su curul): |
Ciudadano Presidente, para
respetuosamente hacer una moción de procedimiento:
El diputado Ignacio Arrieta le ha
solicitado la palabra en uso de las facultades consignadas en el reglamento para los
diputados, con objeto, entiendo, de hacer un comentario sobre la iniciativa que se ha
presentado.
Independientemente del trámite que la
Presidencia ya acordó, él está en su pleno derecho de solicitar en cualquier momento la
tribuna para la exposición de lo que a su interés convenga. Le ruego a la Presidencia
hacer ahí una reconsideración.
Señor diputado, el procedimiento es
de que se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, no hay deliberación, se
está presentando la iniciativa, se va a la comisión y la comisión hará el dictamen
respectivo.
|
El
diputado Fidel Herrera Beltrán
(desde su curul): |
Señor Presidente, es impecable ese
acuerdo, está en facultades de Ley Orgánica.
Mire usted, señor diputado Fidel,
distinto de ese acuerdo...
|
El
diputado Fidel Herrera Beltrán
(desde su curul): |
Perdón, le pido la palabra.
¿Con qué objeto, señor diputado?
|
El
diputado Fidel Herrera Beltrán
(desde su curul): |
Con elevar una moción de
procedimiento en torno de este asunto. El señor diputado está haciendo uso de su derecho
al solicitar, para hechos, una intervención de cinco minutos relacionada con el tema.
Haga usted la moción de
procedimiento.
VEHICULOS
EXTRANJEROS
Tiene la palabra el diputado Felipe
de Jesús Preciado, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa de
decreto para la regulación de vehículos extranjeros.
|
El
diputado Felipe de Jesús Preciado
Coronado: |
«Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
Con la autorización del señor Presidente;
señoras y señores diputados:
Los que suscribimos, diputados federales de
la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, todos integrantes del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por
la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General, sometemos a consideración de la honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de
decreto mediante el cual se permite la regularización de vehículos usados de procedencia
extranjera que circulan en el país, a fin de que se despache en el presente periodo de
sesiones.
La presente iniciativa de decreto se
presenta con arreglo en las siguientes consideraciones.
Que en los últimos años, un número
importante de campesinos, maestros, trabajadores en general y discapacitados han adquirido
vehículos de procedencia extranjera que fueron introducidos al país, con frecuencia por
desconocimientos o engaños y además son explotados con el pretexto que no se les despoje
de los mismos.
Que los mismos automóviles constituyen una
parte importante del patrimonio de estas personas y a la vez una herramienta de trabajo.
Que resulta conveniente regularizar los
vehículos hasta de 10 pasajeros del año modelo 1990 y anteriores, siempre que se
hubieran introducido al país antes del 1o. de noviembre de 1997.
Que existen otros vehículos de procedencia
extranjera que se utilizan en actividades agropecuarias, por lo que es conveniente
mantenerlos en operación para no descapitalizar este sector;
Que actualmente existen personas con
discapacidad que poseen un vehículo de procedencia extranjera, por lo que es necesario
otorgar los beneficios que concede este decreto para facilitar su plena integración a la
vida social y productiva de nuestro país.
Que conforme a lo anterior, es conveniente
otorgar las facilidades a que se refiere el presente decreto a los siguientes vehículos.
Los tipos pick-up y vehículos hasta de 10
pasajeros del año 1990 y anteriores introducidos al país antes del 1o. de noviembre y
que se describen en la relación que expedirá la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, misma que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Que los objetivos que se proponen con esta
regularización no resultan aplicables a los automóviles deportivos, de lujo ni tipo
vivienda, por lo que sus propietarios, tendrán hasta el 28 de febrero de 1998, inclusive
para sacarlos del país o donarlos al fisco federal. Tampoco deben ser regularizables los
vehículos secuestrados y los que se encuentren en las zonas libres y franjas fronterizas,
ya que estos últimos son objeto de un régimen fiscal completamente diferente.
Que conforme a las facilidades que se
otorgan en este decreto, los propietarios de los citados vehículos podrán pagar los
impuestos generales de importación, sobre automóviles nuevos al valor agregado, sin
recargos ni sanciones, como si internaran los vehículos en el presente año.
Que en su caso del impuesto sobre tenencia
o uso de vehículos, sólo se pagará por los años de 1996 y 1997, con sus
correspondientes recargos.
Que asimismo, es necesario otorgar a los
propietarios de vehículos de procedencia extranjera que se encuentren en el país y que
no acrediten su legal estancia en el mismo, un plazo para retornarlos al extranjero,
cuando la regularización no proceda por no cumplir con los requisitos que este decreto
establece.
Por tal virtud, proponemos el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo 1o. Los propietarios de los
vehículos a que se refiere el artículo 2o. de este decreto, podrán acogerse a las
facilidades que el mismo establece, siempre que formulen las solicitudes de pago de las
contribuciones correspondientes ante la administración fiscal federal dentro de cuya
inscripción territorial se encuentre su domicilio fiscal, en el plazo que señalan el
artículo 4o., acompañando la documentación que en el mismo se indica.
Artículo 2o. Son objeto de las facilidades
que establece este decreto los siguientes vehículos:
1. Los tipos pick-up y vehículos hasta de
10 pasajeros del año 1990 y anteriores introducidos al país antes del 1o. de noviembre y
que se encuentren en la relación que expedirá la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
En cada administración fiscal federal
existirá una relación que se publicará en el Diario Oficial de la Federación a
disposición de los contribuyentes para su consulta.
Artículo 3o. Los propietarios de los
vehículos que se acojan a las facilidades establecidas en este decreto, pagarán los
impuestos que a continuación se indican, en los términos siguientes:
1. El impuesto general de importación,
mismo que se calculará sobre el valor que a precio de mayoreo señale el denominado
"libro azul", el cual contiene las cotizaciones del mercado fronterizo de autos,
aplicando la tasa del 20%, sin recargos, sin sanciones.
2. El impuesto sobre automóviles nuevos,
en su caso, aplicando la tasa que para tal efecto establece la ley de la materia, sobre el
valor determinado conforme a lo dispuesto en la fracción I, adicionado con el impuesto
general de importación, sin el cobro de recargos ni sanciones.
3. El impuesto al valor agregado aplicando
la tasa del 15% sobre el valor determinado para efectos del impuesto general de
importación, adicionado con el impuesto sobre automóviles nuevos y el impuesto general
de importación, sin la aplicación de recargos ni sanciones.
El impuesto sobre tenencia o uso de
vehículos, en su caso, únicamente por los años de 1996 y 1997 con los recargos
correspondientes y sin sanciones, los interesados podrán optar por pagar los impuestos
general de importación, al valor agregado y sobre automóviles nuevos, en su caso, en un
solo pago o en mensualidades iguales sin exceder del mes de diciembre de 1997, debiendo
pagar recargos durante el plazo concedido, en los términos del artículo 66 del Código
Fiscal de la Federación. Los impuestos serán recaudados por cualquier oficina federal de
Hacienda, excepto tratándose del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, el cual se
pagará en los lugares que autorice la entidad federativa de que se trate.
Artículo 4o. El interesado deberá
presentar ante la administración fiscal federal que corresponda a su domicilio fiscal, a
más tardar el 30 de abril de 1998, solicitud por cuadruplicado en escrito con formato
libre debidamente firmado, conteniendo la información y acompañando los documentos que a
continuación se indican;
1. Nombre, denominación o razón social,
domicilio fiscal y registro federal de contribuyentes en su caso.
2. Indicación de que solicita la
regularización del vehículo cuya descripción y documentos acompaña, acreditando los
requisitos que establece este decreto.
3. El título original que acredite la
legítima propiedad o en su defecto, documento fehaciente que compruebe la misma.
umplidos los requisitos antes mencionados y
pagados los impuestos a que se refiere el artículo 3o. de este decreto, la
administración fiscal federal competente otorgará al interesado la constancia de
regularización del vehículo. Cuando el pago de los impuestos se haga en parcialidades,
éstas deberán efectuarse ante una misma oficina federal de Hacienda, la que entregará
la constancia, una vez cubierta la ultima parcialidad.
Artículo 5o. Los propietarios de los
vehículos, que no se regularicen en los términos del presente decreto y que se
encuentren en el país a la entrada en vigor del mismo, tendrán plazo hasta el 30 de
abril de 1998, para retornarlos al extranjero. Los propietarios de automóviles y demás
vehículos distintos a los señalados en el artículo 2o., cuya legal estancia en el país
no sean acreditados, tendrán plazo de 45 días naturales, a partir de la fecha en que
entre en vigor este decreto, para retornarlos al extranjero. Dicho plazo será sólo de 10
días naturales tratándose de propietarios que sean empresas dedicadas a la enajenación
de vehículos usados. Durante los plazos señalados en este artículo no podrán ser
secuestrados los vehículos al que el mismo se refiere.
Artículo 6o. El pago de los impuestos a
que se refiere este decreto no obliga a las autoridades fiscales correspondientes a
otorgar la citada constancia, si el vehículo no reúne los requisitos señalados en el
mismo.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 2 de diciembre de
1997-Diputados: Felipe de J. Preciado Coronado, Felipe de J. Vicencio Tovar, Felipe de J.
Rangel Vargas, Felipe Jarero Escobedo y Benjamín Gallegos Soto.»
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
¿Qué hechos, señor diputado?
Señor diputado, en las iniciativas no hay
turno para rectificar hechos.
|
El
diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez (desde su curul): |
Yo, señor Presidente, si me
permite... nada más si me permite, el artículo...
No tiene la palabra usted, señor
diputado, no la solicitó. Continuamos con... silencio por favor, pasamos a minuta señor
Secretario... Adelante, señor Secretario...
| El secretario
Francisco Berganza Escorza: |
Señores diputados de la Cámara de
Diputados. Presentes...
Un momentito, permítame señor
Secretario...
|
El
diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez (desde su curul): |
Sí, señor Presidente... Señor
Presidente, el artículo 102... El artículo 102 es muy claro, que los individuos de la
Cámara aun cuando no estén inscritos en la lista de oradores podrán pedir la palabra
para rectificar hechos o contestar alusiones personales cuando haya concluido el orador y
sin que puedan hacer uso de la palabra más de cinco minutos.
Antes de que griten los señores diputados,
primero que lean la ley y el reglamento y segundo,...
No ha establecido ningún hecho,
señor diputado...
|
El
diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez (desde su curul): |
Permítame, señor Presidente, no he
terminado.
Continuamos.
|
El
diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez (desde su curul): |
El acuerdo parlamentario que
elaboraron las comisiones, nunca dice que en iniciativas no se puede pedir la palabra para
rectificación de hechos, si así fuera lo hubieran hecho y lo hubieran puesto en este
acuerdo parlamentario.
En ningún artículo este acuerdo
parlamentario dice que en una lectura de iniciativa o decreto ningún diputado podrá, al
pedir la palabra por cinco minutos...
Señor, no estamos en discusiones...
FUENTES
ALTERNAS DE ENERGIA
Tiene la palabra la diputada Laura
Iztel Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una iniciativa de adiciones a disposiciones fiscales para establecer estímulos
al uso de fuentes alternas de energía...
Permítame, señor Secretario, lea el
artículo 60 del reglamento.
Una moción de orden. Artículo 60 del
reglamento.
| El secretario
Francisco Berganza Escorza: |
"Artículo 60. Ninguna
proposición o proyecto podrá discutirse sin que primero pase a la comisión o
comisiones... y éstas hayan dictaminado, sólo podrá dispensarse este requisito en los
asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se calificaren de urgente o de obvia
resolución.
Gracias, señor Secretario...
adelante diputada...
| La diputada
Laura Itzel Castillo Juárez: |
Gracias, señor Presidente...
Señores diputados, vamos a guardar
orden para escuchar a la diputada oradora. Adelante diputada.
| La diputada
Laura Itzel Castillo Juárez: |
Gracias por su atención compañeros
diputados...
Adelante diputada.
| La diputada
Laura Itzel Castillo Juárez: |
Gracias, señor Presidente:
La propuesta que vamos a presentar es con
relación de adiciones a disposiciones fiscales para establecer estímulos al uso de
fuentes alternas de energía y se refiere justamente con relación a lo que en estos
momentos se está llevando a cabo en una convención en Japón, en la ciudad de Kioto.
Este asunto tiene que ver directamente
con...
Continúe, diputada.
| La diputada
Laura Itzel Castillo Juárez: |
Primero hay que poner orden, no puedo
continuar así.
Llamamos al orden a los diputados,
estamos actuando de acuerdo a lo que establecen los reglamentos que ustedes mismos han
aprobado. Adelante, diputada.
| La diputada
Laura Itzel Castillo Juárez: |
Que le quiten el micrófono que tiene
él.
Señorita, que regrese el micrófono
el señor diputado que lo tiene en su poder. No se le ha autorizado, señor diputado, el
uso del micrófono.
Adelante, diputado Fidel Herrera, tiene la
palabra.
|
El
diputado Fidel Herrera Beltrán
(desde su curul): |
Señor Presidente, respetuosamente la
ruego reponer el procedimiento y concederle libremente a quien desee hacer uso de la
palabra para rectificar hechos, como lo señala el reglamento. Estamos en esta Cámara
para expresar con libertad lo que a los diputados, a los intereses que defienden
convengan. El reglamento es claro, el acuerdo no tiene por objeto limitar la libre
expresión en esta Cámara y esa directiva no puede tampoco restringirlo, no se trata de
debatir una iniciativa, se trata de hacer una reflexión en torno de un punto, de un hecho
concreto que fue propuesto, es todo lo que le han solicitado los diputados, señor
Presidente.
¿Con qué objeto, diputado
Jáuregui? Una moción aclaratoria, tiene la palabra el diputado Jáuregui...
|
El
diputado Sergio César Alejandro
Jáuregui Robles (desde su curul): |
Bueno, señor Presidente, me parece
lamentable que proviniendo del presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, no hayan tenido la oportunidad de leer que en el capítulo de discusiones
es donde se establece la posibilidad de hacer uso de la palabra para rectificar hechos.
Usted atinadamente conforme al artículo 60, turnó el trámite a comisiones, de estas
iniciativas. De conformidad con el artículo 21 fracción III del reglamento, es su
obligación dar curso reglamentario a los negocios, lo cual usted ya realizó y por lo
tanto es asunto concluido.
Muchas gracias.
Tiene la palabra la diputada Laura
Itzel, favor de continuar. Adelante, diputada.
| La diputada
Laura Itzel Castillo Juárez: |
No hay condiciones para presentar la
iniciativa.
Señores diputados, ha sido
suficientemente aclarado el porqué, por lo que les pedimos llamar al respeto recíproco
entre los legisladores, les pedimos escuchen por favor a la legisladora Laura Itzel, que
tiene el turno de la palabra. Adelante, diputada...
| La diputada
Laura Itzel Castillo Juárez: |
Como decíamos hace un momento... es
necesario que las legisladoras y los legisladores cumplan con los acuerdos parlamentarios.
Es necesario que las legisladoras y los legisladores aprendan a respetar este recinto y es
muy importante que ustedes las diputadas y los diputados priístas, aprendan a escuchar
los puntos de vista divergentes a los que siempre les han dictado, desde mi partido.
La iniciativa presentada ha sido turnada a
comisión y viendo que no hay condiciones para que se puedan presentar las iniciativas,
renuncio a hacer ese derecho.
RECESO
| El Presidente (a
las 12:37 horas): |
Señores, se declara un receso y se
solicita a los coordinadores de los grupos parlamentarios para establecer el orden.
(Receso.)
(A las 12.53 horas): Se reanuda la sesión.
Vamos a comunicar el acuerdo de los cinco
grupos parlamentarios: en vista de la importancia y el interés de los grupos
parlamentarios, sobre este tema que se ha estado comentando en tribuna, en estas
iniciativas, se adiciona como primer punto del orden del día en la agenda política.
Por lo tanto tiene la palabra la
diputada Laura Itzel Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una iniciativa de adiciones a disposiciones fiscales para
establecer estímulos al uso de fuentes alternas de energía.
| La diputada
Laura Itzel Castillo Juárez: |
Con su permiso, señor Presidente:
Como decíamos hace unos momentos con
relación a la propuesta a la iniciativa que se presenta el día de hoy, es en torno de
adiciones a disposiciones fiscales para establecer estímulos al uso de fuentes alternas
de energía.
Decíamos que justamente en este tiempo se
está llevando a cabo en la ciudad de Kioto, Japón, una cumbre sobre el calentamiento
global.
Seguramente todas y todos hemos escuchado
hablar al respecto; sin embargo es poca la importancia que le damos a esta serie de temas
que tienen que ver directamente con la calidad de vida de los habitantes, no nada más de
este país, sino del planeta en general y cuando hablamos de temas relacionados con el
medio ambiente, para los políticos tradicionales esto es una cuestión que tiene que ver
directamente con la frivolidad y no con aspectos elementales de la sobrevivencia humana,
no con aspectos elementales que tienen que ver con la soberanía nacional y con el derecho
que tenemos en este caso las mexicanas y los mexicanos a un desarrollo sustentable con
equidad, con justicia.
La propuesta que se viene a presentar el
día de hoy, tiene que ver también con una demanda que durante muchos años hemos venido
presentando, desde el movimiento ambientalista en este país y es que si bien es cierto
que se debe de firmar y asumir, no nada más firmar porque a veces tenemos la tradición
exclusivamente de firmar los acuerdos y no cumplirlos, tiene que ver con este compromiso,
porque efectivamente puede haber una reducción de contaminantes en el ambiente.
Y justamente la propuesta se hace con el
objeto de que existan incentivos fiscales para quienes desarrollen tecnologías
alternativas, porque ello implica que quienes de alguna manera promueven avances en el
campo de la ciencia, en el campo de la tecnología con relación a toda la serie de
innovaciones, en muchas de las ocasiones, en primer lugar ni siquiera son tomados en
cuenta, el presupuesto para toda esta serie de aspectos es muy bajo y cuando se pretenden
hacer proyectos alternativos resulta que es obviamente mucho más costoso que el estarlo
realizando como tradicionalmente se hace.
Es decir, ha habido una falta de apoyo para
lo que es el desarrollo tecnológico y científico de nuestro país. Por ello consideramos
que los temas que tienen que ver con estos aspectos y los compromisos que ha asumido el
Gobierno mexicano y que justamente en estos momentos también se han negado junto con
otros países a cumplir cabalmente, son los que tienen directamente una relación con la
generación del CO2.
Por ello creemos fundamental que dentro de
las propuestas que se hagan, existan avances reales para que los inversionistas nacionales
puedan desarrollar algunos otros proyectos.
Creemos que son compromisos que se tienen
que adquirir a nivel gubernamental para justamente eliminar lo que es la generación de la
energía a través de los combustibles fósiles y que esto tiene una repercusión directa
con la pérdida de la capa de ozono y tiene una repercusión directa con los ciclos
hidrológicos, con los ciclos agrícolas. Y que todo esto tiene...
Permítame diputada.
Les solicitamos a los diputados, pasen a
ocupar sus lugares y escuchar con atención a la diputada oradora.
Adelante diputada.
| La diputada
Laura Itzel Castillo Juárez: |
Y por ello coincidimos, junto con
diferentes personalidades: científicos, académicos y de distintos partidos políticos,
en la necesidad de que haya una política tendiente realmente a disminuir el uso de estos
recursos que no son renovables y que en este caso, para que se pueda optar por otras
alternativas también es importante que exista toda esta serie de incentivos que permitan
el desarrollo de la energía eólica, de la energía solar y de otra serie de energías
alternativas.
Como ejemplo podríamos nosotros manifestar
que justamente nuestro país ocupa el quinto lugar en cuanto al asoleamiento y que ésta
es una energía que se ha desaprovechado grandemente y por la cual se puede explorar para
no poner en riesgo todo lo que son nuestros recursos naturales y no estar dando proyectos
alternativos, una vez que se tiene una devastación de la naturaleza total, sino prevenir
toda esta serie de circunstancias para que exista toda una propuesta importante de
proyectos alternativos y que lo que son los aspectos ambientales, los aspectos
ecológicos, se consideren desde el inicio y no una vez que ya ha habido una afectación
al ecosistema.
Es decir, si nosotros tenemos conocimiento,
hay grandes demandas en contra de empresas muy importantes, estratégicas para el país,
como es el caso de Petróleos Mexicanos o de la Comisión Federal de Electricidad, por los
daños al ambiente que se han causado y que se requieren de grandes inversiones y de
grandes recursos para la recuperación de esas zonas.
Por ello, creemos necesario que también
existan las propuestas alternativas antes de iniciar toda esta serie de proyectos.
Por lo que ponemos a consideración de esta
Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa
CONSIDERANDO
Primero. Que la legislación mexicana tiene
una contradicción. Como el gas natural contamina, pero menos que otros combustibles, hay
estímulos fiscales para los equipos de conversión a consumo de gas natural (Ley del ISR
artículo 4o. fracción X, inciso b y artículo 51 fracción I, inciso e). Pero si la
conversión o sustitución es al uso de fuentes que no emiten ningún contaminante, el
estímulo no existe.
Segundo. Que la generación de electricidad
a partir de energía solar, eólica o hidroeléctrica se encuentra en desventaja, sobre la
generación con gas natural o incluso con combustóleo, pues el equipo anticontaminante de
estos energéticos tiene una depreciación inmediata del 100% de la inversión, para fines
de deducción de la base del impuesto sobre la renta (artículo 44 X- c).
Tercero. Que es indispensable tomar medidas
para facilitar la transición de modelos energéticos contaminantes a otros de fuentes
limpias de energía, sin que esto signifique un sacrificio inmediato para el fisco. Pues,
en vez de que el estímulo fiscal se aplique a la inversión, se aplicaría a cada kw-h
generado mediante fuentes limpias.
Con fundamento en lo que disponen los
artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales
sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTICULO 51 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Artículo único: se modifica la Ley del
Impuesto sobre la Renta en su artículo 51, para agregar el inciso b, para quedar como
sigue:
Artículo 51-b. En los casos de proyectos
de plantas de generación de energía mediante fuentes limpias, entendidas como tales, las
energías del sol, del viento y de las caídas o corrientes de agua, cuya construcción se
inicie a partir del 1o. de enero de 1998, se concederá a la operadora del proyecto un
crédito fiscal equivalente a cuatro días del salario mínimo del Distrito Federal, por
cada megawatt-hora de electricidad generado en el periodo fiscal respectivo.
México, D. F., a 2 de diciembre de
1997-Diputados: Sergio Benito Osorio, Alvaro López Ríos, Violeta Margarita Vázquez
Osorno, Agapito Hernández Oaxaca, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa y Laura Itzel Castillo
Juárez.»
Túrnese a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
PERMISO
AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
| El secretario
Francisco Berganza Escorza: |
«Escudo Nacional-Cámara de
Senadores-México Distrito Federal.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados-Presentes.
Para los efectos legales correspondientes,
nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que
concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 18 y 19 de diciembre
de 1997, a efecto de que realice una visita de Estado a la República de Nicaragua.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D. F., a 25 de noviembre de
1997-Senadores secretarios: Raúl Juárez Valencia y Ana Rosa Payán Cervera.
MINUTA
DE PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
señor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para
ausentarse del territorio nacional los días 18 y 19 de diciembre de 1997, a efecto de que
realice una visita de Estado a la República de Nicaragua.
ARTICULO TRANSITORIO
Artículo único.- El presente decreto
entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de
Senadores-México, D.F, a 25 de noviembre de 1997-Senadores: Fernando Solana, presidente;
Raúl Juárez Valencia, Ana Rosa Payán Cervera, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para
los efectos constitucionales-Mario Alberto Manrique, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión
de Relaciones Exteriores.
REPUBLICA
DE NICARAGUA
| El secretario
Jaime Castro López: |
«Escudo Nacional-Cámara de
Senadores-México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados-Presentes.
Para los efectos legales correspondientes,
nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que
concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Pedro Joaquín
Chamorro, en grado de Gran Cruz, que le confiere la Asamblea Nacional de la República de
Nicaragua.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 27 de noviembre de
1997-Senadores secretarios: Raúl Juárez Valencia y Benigno Aladro Fernández.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para
aceptar y usar la condecoración de la Orden Pedro Joaquín Chamorro, en grado de Gran
Cruz, que le confiere la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.
Salón de sesiones de la Cámara de
Senadores-México, D.F., a 27 de noviembre de 1997-Senadores: Fernando Solana, presidente;
Raúl Juárez Valencia y Benigno Aladro Fernández, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para
los efectos constitucionales-Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ACUERDO
PARLAMENTARIO RELATIVO
A LA ORGANIZACION Y REUNIONES DE
LAS COMISIONES Y COMITES
|
La
secretaria Lourdes Angelina Muñoz
Fernández: |
«Escudo Nacional-Poder Legislativo
Federal-Cámara de Diputados.
Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política.
Con fundamento en el artículo 45 fracción
I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión
de Régimen Interno y Concertación Política, se permite someter a la consideración del
pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO
PARLAMENTARIO RELATIVO A LA ORGANIZACION Y
REUNIONES DE LAS COMISIONES Y COMITES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Del objeto.
Artículo primero. El presente acuerdo
parlamentario integrará y complementará las disposiciones de la Ley Orgánica y del
Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, referentes al
funcionamiento de las comisiones ordinarias o especiales y comités de la Cámara de
Diputados.
De la junta directiva de las comisiones
y de los comités
Artículo segundo. El Presidente y los
secretarios de cada comisión o comité de la Cámara conformarán la junta directiva, que
tendrá las siguientes funciones:
a. Presentar proyectos sobre planes de
trabajo y demás actividades a la comisión o comité.
b. Integrar subcomisiones para la
presentación de anteproyectos de dictamen o resolución, así como para la coordinación
de actividades con otras comisiones, comités o dependencias administrativas.
c. Elaborar el orden del día de las
reuniones de la comisión o comité.
Artículo tercero. Son atribuciones del
presidente de la junta directiva:
a. Convocar a las reuniones de trabajo,
presidirlas, conducirlas e informar de su realización a la Comisión de Régimen Interno
y Concertación Política para su programación y su publicación en la Gaceta
Parlamentaria.
b. Nombrar al secretario técnico y
proponer a la comisión o comité el nombramiento de los asesores.
c. Vigilar el envío de la documentación a
la Gaceta Parlamentaria para su publicación.
De las reuniones
Artículo cuarto. El Presidente de cada
comisión o comité está obligado a convocar a reunión, con anticipación de al menos 24
horas durante los periodos de sesiones o de 48 horas durante los recesos, a solicitud de
cualquier grupo parlamentario de la Cámara, quien será representado para este fin por el
secretario correspondiente. Si el Presidente se niega a realizar la convocatoria, ésta se
podrá expedir y será válida con la firma de la mayoría de los integrantes de la junta
directiva. Si a la reunión no concurre el Presidente, uno de los secretarios nombrado por
los asistentes presidirá la reunión.
Artículo quinto. Las convocatorias a
reuniones de comisiones y comités deberán publicarse en la Gaceta Parlamentaria, con la
anticipación mínima señalada en el artículo anterior, según sea el caso, salvo
urgencia determinada por la mayoría de los miembros de la junta directiva y deberán
incluir lo siguiente:
a. Proyecto de orden del día.
b. Fecha, hora y lugar preciso de su
realización, dentro del Palacio Legislativo.
c. Relación pormenorizada de los asuntos
que deberán ser votados por la comisión o comité.
Artículo sexto. Los dictámenes sobre
proyectos de ley o decreto se discutirán aplicando en lo procedente las normas contenidas
en el Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los
Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados.
Artículo séptimo. Los votos particulares
deberán presentarse para su publicación con la anticipación señalada en los artículos
decimosegundo y decimoséptimo del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones,
Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados.
Artículo octavo. Las actas de las
reuniones de las comisiones y comités serán firmadas por el Presidente y los
secretarios; las actas de las subcomisiones serán firmadas por los coordinadores. Todas
las actas serán publicadas desde luego en la Gaceta Parlamentaria.
Artículo noveno. Las reuniones de las
comisiones ordinarias y especiales de la Cámara, se podrán transmitir a través de
televisión y las que se realicen con propósitos de información y audiencia serán
públicas.
Artículo décimo. Los acuerdos de los
comités serán difundidos desde luego en la Gaceta Parlamentaria.
Artículo decimoprimero. Sólo por
urgencia, de manera extraordinaria y con el permiso del Presidente de la mesa directiva,
las comisiones y comités podrán reunirse en horas en que la Cámara sesione. La
secretaría técnica de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política
llevará el programa de las reuniones de comisiones y comités, a efecto de que éstas se
desarrollen, de tal manera que a ellas puedan concurrir los integrantes de las mismas.
De las atribuciones
Artículo decimosegundo. Las comisiones
tendrán las siguientes funciones:
a. Realizar las actividades que se deriven
de la ley y del reglamento, de los acuerdos del pleno, los que le turne la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política y los que acuerden por sí mismas, en relación
a la materia o materias de su competencia.
b. Evaluar periódicamente el Plan Nacional
de Desarrollo y los programas respectivos, en lo concerniente al área de su competencia,
así como de los informes que presente el Ejecutivo a la Cámara.
c. Elaborar su programa anual de trabajo,
que deberá incluir la realización de audiencias, consultas populares, foros, visitas,
entrevistas, convocatorias a particulares y comparecencias de servidores públicos, cuando
fuere necesario.
d. Rendir un informe anual de sus
actividades, que será presentado a la Cámara a través de su publicación en la Gaceta
Parlamentaria.
Artículo decimotercero. Las comisiones
podrán crear subcomisiones para elaborar anteproyectos o atender
asuntos específicos, las cuales
funcionarán con la concurrencia de la mayoría de sus integrantes y bajo las siguientes
bases:
a. Deberán integrarse cuando menos con
tres diputados.
b. Todos los grupos parlamentarios tendrán
derecho a contar con un representante buscando una participación equilibrada en su
integración.
c. El Presidente dará seguimiento y apoyo
a los trabajos de las subcomisiones.
d. La designación de los diputados que
integrarán las subcomisiones se efectuará por conducto de la junta directiva sin
necesidad de que la comisión celebre reunión para ello.
e. Los integrantes de la subcomisión
deberán, en su primera reunión:
1. Designar a un coordinador quien además
será el ponente.
2. Convenir con el Presidente el plazo en
el cual deberá elaborarse el anteproyecto de dictamen.
3. Determinar el calendario de sus
reuniones.
f. Concluido el anteproyecto de dictamen,
el presidente lo circulará entre los miembros de la comisión y convocará, en términos
de los ordenamientos vigentes, a reunión para su discusión.
Artículo decimocuarto. Las comisiones y
comités podrán recibir de los miembros de la Cámara peticiones relacionadas con asuntos
que sean del área de competencia de las mismas. El Presidente pondrá a la consideración
de la comisión o comité la petición respectiva para acordar lo procedente.
Corresponde a los comités definir
políticas, programas, normas y directivas generales para el desahogo de las actividades a
su cargo, así como vigilar su aplicación.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente acuerdo entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Cámara de Diputados, Palacio Legislativo
de San Lázaro-México, D.F., a 28 de noviembre de 1997-Por la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política-Diputados: Carlos Medina Plascencia, grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional; Arturo Núñez Jiménez, grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; Porfirio Muñoz Ledo, grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; Alejandro González Yáñez, grupo parlamentario del Partido del
Trabajo y Jorge E. González Martínez, grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México.»
Está a discusión el acuerdo
parlamentario... No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a
recoger la votación nominal.
|
La
secretaria Lourdes Angelina Muñoz
Fernández: |
Se va a proceder a recoger la
votación nominal.
Un momento, Secretaria.
|
La diputada Ana Lila
Ceballos Trujeque
(desde su curul): |
Señor Presidente, pido la palabra.
¿Con qué objeto, diputada?
|
La
diputada Ana Lila Ceballos Trujeque
(desde su curul): |
Para rectificar hechos.
¿A favor o en contra?
|
La
diputada Ana Lila Ceballos Trujeque
(desde su curul): |
En contra.
Tiene la palabra la diputada Ana Lila
Ceballos Trujeque.
|
La
diputada Ana Lila Ceballos Trujeque: |
Con su venia, señor Presidente;
pues, compañeras diputadas, compañeros diputados:
Escuchando el punto de acuerdo que se toma
la CRICP, vengo a exponer el desacuerdo en la parte en donde la CRICP se atribuye el
derecho, por decirlo así, de nombrar a los integrantes de las subcomisiones de las
comisiones.
No es posible que nosotros aceptemos que la
CRICP nombre a los diputados que van a formar parte de las subcomisiones de sus propias
comisiones, ésa es una contradicción o es un exceso de atribuciones de la CRICP.
Esperamos de que ustedes lo consideren en
su votación y esperamos que las diputadas y diputados, compañeros también, me apoyen en
esta propuesta, en la cual no estoy yo de acuerdo en que si yo tengo interés en
participar en una subcomisión, que además la propuse por ejemplo y la CRICP me dejó
fuera de ella, no es justo que dentro de nuestro mismo recinto parlamentario no exista la
democracia.
Muchas gracias.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez
(desde su curul): |
Señor Presidente, para aclaración.
Tiene el uso de la palabra el
diputado Pablo Gómez.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez
(desde su curul): |
Es una cosa muy breve, parece que hay
una confusión de la compañera. Las subcomisiones son nombradas por las comisiones, la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política en el acuerdo que se está
planteando, no tiene ninguna facultad para nombrar ninguna subcomisión en el seno de
ninguna de las comisiones existentes en la Cámara. Creo que ha sido alguna confusión en
la lectura del acuerdo que se propone.
|
La diputada Martha Dalia Gastelum
Valenzuela (desde su curul): |
Señor Presidente, pido la palabra.
¿Con qué objeto?
|
La
diputada Martha Dalia Gastelum
Valenzuela (desde su curul): |
Para el mismo punto.
O sea, ¿a qué punto, a favor o en
contra?
|
La
diputada Martha Dalia Gastelum
Valenzuela (desde su curul): |
El punto que planteó la compañera y
el que aclaró Pablo Gómez, nada más quiero...
¿Qué artículo?
|
La
diputada Martha Dalia Gastelum
Valenzuela (desde su curul): |
Permítame pasar.
Pase, señora diputada.
|
La
diputada Martha Dalia Gastelum
Valenzuela : |
Muchas gracias, señor Presidente:
Nada más para el mismo punto que señalaba
la compañera y que hacía la aclaración el compañero Pablo Gómez.
Efectivamente no es la CRICP la que
nombraría a las subcomisiones, sino las mesas directivas de las comisiones, a lo cual yo
también me opongo, porque mínimamente debemos aspirar a que la comisión se reuna en
pleno para nombrar las subcomisiones y no que sea la mesa directiva.
¿Con qué objeto, señor diputado?
|
El diputado Pablo Gómez Alvarez
(desde su curul): |
A favor.
Tiene el uso de la palabra el
diputado Pablo Gómez.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Sí, en efecto, dentro del acuerdo
que se propone, hay dos posibilidades de formar subcomisiones, solamente para dictamen
puede hacerlo la junta directiva, para propósitos de presentar un proyecto de dictamen.
Con el propósito de que la comisión no se tenga que reunir solamente para el efecto de
nombrar a la subcomisión que va a realizar el dictamen. Pero las comisiones... pues, es
que no tiene caso, si los compañeros tenían alguna duda pudieron haberla consultado.
Permítame diputado.
Solicitamos a los señores diputados
escuchar al orador.
Adelante, señor diputado.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez: |
El artículo 6o. creo que aclara la
situación. Si se lee con cuidado el acuerdo que está publicado en la gaceta dice:
"las comisiones podrán crear subcomisiones para elaborar anteproyectos o atender
asuntos específicos, las cuales funcionarán con la concurrencia de la mayoría de sus
integrantes y bajo las siguientes bases...". Luego viene cómo se integra, cómo
opera, qué es la situación que no tenemos ahora. El problema es que las comisiones
nombran subcomisiones, pero éstas no saben cómo deben proceder.
En conclusión, es facultad de las
comisiones integrar subcomisiones. Ahora, la junta directiva donde están todos los
partidos, puede crear una subcomisión exclusivamente para el efecto de presentar como
grupo de
trabajo un proyecto de dictamen, que es
algo que también se hace en todas las comisiones actualmente y aquí se trata de generar
un régimen flexible en el cual la comisión pueda resolver lo que desee de acuerdo con
sus atribuciones y la junta directiva pueda facilitar el trabajo de la plenaria de la
comisión.
La junta directiva no existía, había un
presidente y varios secretarios cuyas funciones pues no se sabía cuáles eran, más que
firmar el acta. Ahora ya tendremos un grupo en cada comisión pluripartidista, que estamos
seguros nos va a ayudar, como ya está ocurriendo en varias comisiones, a organizar el
trabajo de las mismas.
Creo que ése es el objeto y creo que la
lectura del artículo 6o. resuelve cualquier duda que al respecto haya.
¿Algún otro diputado quiere
participar?
Proceda la Secretaría...
|
El diputado Armando López
Romero
(desde su curul): |
Pido la palabra.
¿Con qué objeto diputado?
|
El
diputado Armando López Romero
(desde su curul): |
Quisiera que me considerara para
reservarme en lo particular, en la propuesta que se hace de las comisiones.
¿A favor o en contra del dictamen?
|
El
diputado Armando López Romero
(desde su curul): |
En contra en lo particular.
Quisiéramos tener la posibilidad de
establecer esto.
Adelante diputado, pase.
Tiene la palabra el diputado, hasta por
cinco minutos, Armando López Romero.
|
El
diputado Armando López Romero: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros:
Miren, el problema fundamental que hemos
querido también establecer y era que una de las cuestiones de las comisiones, es que son
comisiones de la Cámara de Diputados, que tienen la autonomía suficiente y el trabajo
necesario y esto es algo muy importante.
En el artículo 13 se establece en el
inciso a: "... realizar los trabajos que se deriven de la ley y del reglamento, de
los acuerdos del pleno y los que le asigne la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política". No es una condición necesaria que le asigne, podrá
remitir lo que es asuntos correspondiente de las comisiones
Quiero decirlo aquí una vez más, el
problema, y aquí es lo más grave, es que la CRICP esté decidiendo también el ritmo de
los trabajos y los asunto que se lleven en las comisiones.
Creo que debernos de mantener la autonomía
que se tenga en las comisiones. Yo les pediría, pues, que se respete sobre este
sentimiento.
Consulte la Secretaría a la Asamblea
si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo parlamentario.
|
La
secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez: |
Por instrucciones de la Presidencia,
se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo
parlamentario.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutido.
Proceda la Secretaría a recoger la
votación nominal.
|
La
secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez: |
Se va a proceder a recoger la
votación nominal.
El diputado Francisco Rodríguez García,
por la afirmativa.
La diputada María Guadalupe Sánchez
Martínez, por la negativa.
|
La secretaria María
Guadalupe Sánchez
Martínez: |
Se emitieron 416 votos en pro y 14
votos en contra.
Aprobado el acuerdo parlamentario por
416 votos a favor y 14 en contra. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Prosiga la Secretaría.
REPUBLICA
DE PARAGUAY
|
El
secretario José Antonio Alvarez
Hernández: |
Se va a dar lectura a varios
dictámenes de primera lectura.
«Escudo Nacional-Poder Legislativo
Federal-Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y
dictamen el expediente con minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano
Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden Nacional del Mérito, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la
República de Paraguay.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la
República de Paraguay.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión-México, D.F., a 21 de noviembre de
1997-Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo
Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios;
Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Agustín Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan
José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Benjamín Lamadrid Sauza, Antonio
Benjamín Manríquez Guluarte, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina
Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil
Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Miguel
Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
| La secretaria
Carolina O'Farrill Tapia: |
«Escudo Nacional-Poder Legislativo
Federal-Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y
dictamen el expediente con minuta proyecto de decreto, que concede permiso al embajador
Pedro José González-Rubio Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
Nacional del Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República
del Paraguay.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción II del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano embajador Pedro José González-Rubio Sánchez, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el
gobierno de la República de Paraguay.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión-México, D.F., a 20 de noviembre de
1997-Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo
Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios;
Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Agustín Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan
José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Benjamín Lamadrid Sauza, Antonio
Benjamín Manríquez Guluarte, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina
Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil
Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Miguel
Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
|
La
secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez: |
«Escudo Nacional-Poder Legislativo
Federal-Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y
dictamen el expediente con minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano
José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional
del Mérito, en grado de Gran Cruz Extraordinaria, que le confiere el gobierno de la
República de Paraguay.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
Nacional del Mérito, en grado de Gran Cruz Extraordinaria, que le confiere el gobierno de
la República de Paraguay.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión-México, D.F., a 19 de noviembre de
1997-Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo
Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge
Emilio González Martínez, secretarios;
Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Agustín Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan
José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Benjamín Lamadrid Sauza, Antonio
Benjamín Manríquez Guluarte, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina
Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil
Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Miguel
Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
|
El
secretario Francisco Rodríguez García: |
«Escudo Nacional-Poder Legislativo
Federal-Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 6
de noviembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta
proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Luis Castillo Torres, para que
pueda prestar servicios como inspector de mantenimiento en la Embajada de los Estados
Unidos de América en la Ciudad de México.
En sesión efectuada por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 13 de noviembre, se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio
interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de
México, serán como inspector de mantenimiento y
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano José Luis Castillo Torres, para prestar servicios como inspector en
mantenimiento en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión-México, D. F., a 14 de noviembre de
1997-Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo
Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios;
Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Agustín Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan
José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Benjamín Lamadrid Sauza, Antonio
Benjamín Manríquez Guluarte, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina
Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil
Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Miguel
Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
|
El
secretario José Antonio Alvarez
Hernández: |
«Escudo Nacional-Poder Legislativo
Federal-Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficios fechados los
días 20 y 28 de octubre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a
través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las
ciudadanas Margarita Osorio Salazar y Adriana Villatoro Gómez, puedan prestar sus
servicios como secretarias, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y
en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California,
respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 13 de noviembre, se turnó a la
suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su
nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.
b) Que los servicios que las propias
interesadas prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en el
Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California, serán
como secretarias y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la
ciudadana Margarita Osorio Salazar, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada
de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la
ciudadana Adriana Villatoro Gómez, para prestar servicios como secretaria, en el
Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión-México, D.F., a 14 de noviembre de
1997-Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo
Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios;
Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Agustín Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan
José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Benjamín Lamadrid Sauza, Antonio
Benjamín Manríquez Guluarte, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina
Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil
Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Miguel
Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
|
El
secretario Jaime Castro López: |
«Escudo Nacional-Poder Legislativo
Federal-Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 6
de noviembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta
proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Dolores Leticia Gómez Ayala, para
prestar servicios como asistente de visas, en el Consulado General de los Estados Unidos
de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En sesión celebrada por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 13 de noviembre, se turnó a la
suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que la propia
interesada prestará en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad
Juárez, Chihuahua, serán como asistente de visas y
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la
ciudadana Dolores Leticia Gómez Ayala, para prestar servicios como asistente de visas, en
el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión-México, D.F., a 14 de noviembre de
1997-Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo
Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios;
Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Agustín Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan
José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Benjamín Lamadrid Sauza, Antonio
Benjamín Manríquez Guluarte, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina
Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil
Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Miguel
Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
|
El
secretario Francisco Berganza Escorza: |
«Escudo Nacional-Poder Legislativo
Federal-Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 3
de noviembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con minuta
proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Victoria González Martínez, para
prestar servicios como asistente de visas en el Consulado General de los Estados Unidos de
América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En sesión efectuada por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 13 de noviembre, se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que la propia
interesada prestará en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad
Juárez, Chihuahua, serán como asistente de visas y
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la
ciudadana Victoria González Martínez, para prestar servicios como asistente de visas, en
el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión-México, D. F., a 14 de noviembre de
1997-Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo
Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios;
Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Agustín Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan
José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Benjamín Lamadrid Sauza, Antonio
Benjamín Manríquez Guluarte, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina
Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil
Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Miguel
Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
Consulte la Secretaría a la Asamblea
si se les dispensa la segunda lectura a los dictámenes con los que se acaba de dar cuenta
y se ponen a discusión y votación de inmediato.
|
El secretario Francisco Berganza
Escorza: |
Por instrucciones de la Presidencia,
con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se les dispensa la
segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se les dispensa la segunda lectura.
En consecuencia, están a discusión
los proyectos de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la
Secretaría a recoger la votación nominal.
|
El
secretario Francisco Berganza Escorza: |
Se va a proceder a recoger la
votación nominal de los proyectos de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 391 votos en pro y ninguno en
contra.
Gracias, señor Secretario.
Aprobados los proyectos de decreto por 391
votos.
|
El
secretario Francisco Berganza Escorza: |
Pasan al Senado y al
Ejecutivo para los efectos constitucionales.
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR*
El siguiente punto del orden del
día, es la discusión en lo particular del proyecto de decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común
y para toda la República en Materia Federal; del Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal; del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común
y para toda la República en Materia de Fuero Federal y del Código de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal.
Esta Presidencia informa que han sido
reservados para la discusión en lo particular: del artículo 1o. del proyecto de decreto
relativo al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la
República en Materia Federal, el artículo 323-ter y del artículo 3o. del proyecto de
decreto, relativo al Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y
para toda la República en Materia de Fuero Federal, los artículos 265, 265-bis, 266,
343-bis, 343-ter y 350.
Tiene la palabra la diputada Marta Laura
Carranza, a nombre de la Comisión de Justicia, para dar lectura a un documento en
relación con los artículos reservados; 265, 265-bis, 266, 343-bis, 343-ter y 350 del
Código Penal y 323-ter del Código Civil.
|
La diputada
Marta Laura Carranza Aguayo: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras diputadas y diputados:
En nombre de la Comisión de Justicia y de
conformidad con el consenso de los miembros de todas las fracciones parlamentarias
representadas en esta comisión, me permito presentar a la consideración de esta
honorable Asamblea, la siguiente propuesta de modificación de los artículos que fueron
reservados en la sesión pasada:
Artículo 323-ter del Código Civil.
Artículo 265, 266, 343-bis, 343-ter,
343-quater y 350 del Código Penal.
Respecto de la iniciativa de decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito
Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal; del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; del Código Penal para el Distrito
Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y
del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.
Esta propuesta, señoras y señores, es
producto del análisis jurídico que a fondo realizaron las diputadas y diputados de las
distintas fracciones parlamentarias, a efecto de mejorar la técnica legislativa y
clarificar las disposiciones del decreto en referencia, por lo tanto se propone por la
Comisión de Justicia, la modificación del artículo 323-ter del Código Civil, para
quedar de la siguiente forma:
CODIGO CIVIL
Artículo 323-ter. Los integrantes de la
familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar.
Por violencia familiar se considera el uso
de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves, que de manera reiterada
ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente
contra su integridad física, síquica o ambas independientemente de que pueda producir o
no lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y
exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato.
Del Código Penal se modifica el artículo
265 para quedar como sigue
CODIGO PENAL
Artículo 265. Al que por medio de la
violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá
prisión de ocho a 14 años.
Para los efectos de este artículo, se
entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por
vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.
Se considerará también como violación y
se sancionará con prisión de ocho a 14 años, al que introduzca por vía vaginal o anal
cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia
física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.
Se modifica el artículo 266 para quedar
como sigue:
Artículo 266. Se equipara a la violación
y se sancionará con la misma pena:
I. Al que sin violencia realice cópula con
persona menor de 12 años de edad;
II. Al que sin violencia realice cópula
con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por
cualquier causa no pueda resistirlo y
III. Al que sin violencia y con fines
lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del
miembro viril en una persona menor de 12 años de edad o persona que no tenga capacidad de
comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual
fuere el sexo de la víctima.
Si se ejerciera violencia física o moral,
el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una mitad.
Se modifica el artículo 343-bis para
quedar como sigue:
Artículo 343-bis. Por violencia familiar
se considera el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave, que de
manera reiterada se ejerce en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la
misma contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda
producir o no lesiones.
Comete el delito de violencia familiar el
cónyuge, concubina o concubinario; pariente consanguíneo en
línea recta ascendente o descendente sin
limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o afin hasta el cuarto grado,
adoptante o adoptado, que habite en la misma casa de la víctima.
A quien comete el delito de violencia
familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y perderá el derecho de
pensión alimenticia. Asimismo se le sujetará a tratamiento sicológico especializado.
Este delito se perseguirá por querella de
la parte ofendida, salvo que la víctima sea menor de edad o incapaz, en que se
perseguirá de oficio.
Artículo 343-ter. Se equipara a la
violencia familiar y se sancionará con seis meses a cuatro años de prisión al que
realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la
persona con la que se encuentre unida fuera del matrimonio; de los parientes por
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado de esa persona o de cualquier otra persona
que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de
dicha persona, siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en la misma casa.
Artículo 343-quater. En todos los casos
previstos en los dos artículos precedentes, el Ministerio Público exhortará al probable
responsable para que se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva para
la víctima y acordará las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad
física o síquica de la misma. La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de
estas medidas. En todos los casos, el Ministerio Público deberá solicitar las medidas
precautorias que considere pertinentes.
Artículo 350. .... (Se modifica para
quedar como sigue):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Si el ofendido fuere alguno de los
parientes o personas a que se refieren los artículos 343-bis y 343-ter, en este último
caso siempre y cuando habite en el mismo domicilio con la víctima, la pena se aumentará
en un tercio.
En esta virtud, solicito atentamente de
usted, señor Presidente, primero: el que se ponga a consideración del pleno esta
propuesta de modificación y se someta a la votación de los integrantes de esta Cámara.
Igualmente el artículo 265-bis del Código
Penal ha sido materia de una propuesta para modificarlo en el sentido que se mencionará,
ya que la mayoría de los miembros de esta comisión consideramos y llegamos a la
conclusión de que el tipo de delito de violación a que se refiere, solamente la cónyuge
o concubina pueden ser los sujetos pasivos del delito y en tal virtud proponemos la
siguiente redacción:
Artículo 265-bis. Si la víctima de la
violación fuera la esposa o concubina, se impondrá la pena prevista en el artículo
anterior.
Este delito se perseguirá por querella de
parte ofendida.
Esta última propuesta, señor Presidente,
no fue realizada por consenso en el seno de la Comisión de Justicia, aún y cuando esta
propuesta sí contó con el respaldo de la mayoría de los representantes de los grupos
parlamentarios.
Por lo tanto, como segundo punto, solicito
a usted, señor Presidente, se ponga a discusión en lo particular este artículo y se
abra el registro de oradores en pro y en contra.
Muchas gracias.
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez
Rodríguez (desde su curul): |
Pido la palabra, señor Presidente.
Tiene la palabra el diputado Américo
Ramírez.
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez
Rodríguez (desde su curul): |
Señor Presidente:
De la manera más respetuosa ruego a usted
instruya a la Secretaría para que dé lectura a quiénes son los firmantes del documento
al que acaba de leer la diputada Carranza, dado que su propia representante manifiesta que
uno de los artículos no fue motivo de consenso, al menos por la mayoría de los miembros
de la Comisión de Justicia.
Señor diputado, si usted tiene y
quiere participar a favor o en contra del acuerdo que han manifestado a través de la
diputada Carranza, va a tener la oportunidad ahorita de dar su opinión.
En consecuencia están a discusión los
artículos 323-ter del Código Civil...
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez
Rodríguez (desde su curul): |
Señor Presidente:
Yo le ruego a usted que le dé lectura al
artículo 113 del reglamento, que estoy pidiendo que se le dé lectura a un documento en
lo que fue omitido por el presente del mismo.
Proceda la Secretaría a dar lectura
al artículo 113. Le ruego a usted que una vez que le haya dado cumplimiento a la lectura
me permita hacerle una observación en torno al procedimiento que se está observando.
Adelante, señor Secretario, con la lectura
del artículo.
|
El
secretario Jaime Castro López: |
"Artículo 113 del Reglamento
Interno. Cuando algún individuo de la Cámara quisiera que se lea algún documento en
relación con el debate para ilustrar la discusión, pedirá la palabra para el solo
efecto de hacer la moción correspondiente, y aceptada que sea por la Cámara, la lectura
del documento deberá hacerse por uno de los secretarios, continuando después en el uso
de la palabra el orador".
Cumplidas sus instrucciones, señor
Presidente.
Señor diputado Américo Ramírez,
¿quiere hacer alguna aclaración? Permítale el micrófono al diputado Américo Ramírez
Rodríguez.
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez
Rodríguez (desde su curul): |
Mire usted, señor Presidente:
Mi propósito es muy sencillo, que se dé
lectura a los nombres de los señores diputados que suscriben el documento que acaba de
presentar la diputada Carranza y voy a hacer la siguiente observación.
El artículo 19 del Acuerdo Camaral
Relativo a las Sesiones de Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones
de la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial el martes 11 de noviembre de
1997, dispone expresamente lo siguiente:
"Artículo 19. No se podrá poner a
discusión ninguna proposición de modificación a un artículo o grupo de artículos
incluidos en el dictamen."
En el presente caso, la señora diputada
Carranza ha venido a leer un documento de más de cuatro páginas que no sabemos quién
firmó, que no tiene exposición de motivos ni fundamento legal y, por lo tanto, señor
Presidente, me permito hacerle notar que no se puede poner a discusión en este momento
ese documento, sino hasta en tanto el mismo no se haya hecho circular entre los señores
diputados y hayan transcurrido cuando menos 48 horas para ello.
Bien, he concluido.
¿Con qué objeto, señor diputado?..
El Presidente de la Comisión de Justicia dictaminadora.
Tiene la palabra el diputado Angel Sergio
Guerrero Mier.
|
El diputado
Angel Sergio Guerrero Mier: |
Señor Presidente; honorable
Asamblea:
Creo que la petición que subyace la
intervención sería en todo caso el promover una moción suspensiva, pero no es el caso;
no es el caso por dos razones fundamentales: nosotros sentimos mucho que el diputado
Américo Ramírez no haya podido estar en la reunión de ayer de la comisión..., donde
diputados de todas las fracciones parlamentarias representadas en la comisión estuvieron
haciendo observaciones y análisis jurídico, con el único y el exclusivo objeto de
mejorar el contenido de las disposiciones normativas del Código Civil y del Código
Penal. No se vale, no se vale diputado faltar a su obligación de estar en la sesión de
comisiones y luego venir aquí a querer hacer una moción suspensiva de esta edición.
objeto de mejorar el contenido de las disposiciones normativas del Código Civil y del
Código Penal. No se vale, no se vale diputado faltar a su obligación de estar en la
sesión de comisiones y luego venir aquí a querer... hacer una moción suspensiva de esta
edición.
Y yo le invito a que consulte usted a sus
compañeras y compañeros diputados, cuál fue el sentido de la reunión de comisión que
tuvimos hasta altas horas de la noche.
¿Cuál es el objetivo en estos casos, de
las comisiones dictaminadoras? Es precisamente en virtud de la necesidad de aclarar
perfectamente algunas cuestiones, de no dejar ninguna duda en materia de artículos
reservados, poder, precisamente, contribuir a que la legislación sea mejor, contribuir a
disipar dudas y, sobre todo, reflejar el consenso de los miembros de la comisión, no
exclusivamente una opinión de carácter unilateral.
Invoca usted el artículo 19 del acuerdo
parlamentario. Sí, sí es cierto, pero esta disposición, este primer párrafo del
artículo 19 hay que entenderlo bien, es cuando se trata de una adición que algún
miembro de la Cámara quiera proponer y que debe hacer, debe hacerlo como un argumento en
contra, como parte del argumento en contra.
Cuando son las comisiones dictaminadoras,
esta disposición no rige, rigen las disposiciones del Reglamento Interno del Congreso de
la Unión, en particular aquellas que hablan de la posibilidad de hacer en el pleno
adiciones o modificaciones al articulado presentado.
Yo pensé que en virtud del acuerdo que
todas las diputadas y diputados integrantes de la Comisión tuvimos y de que el proyecto
de dictamen fue circulado en su oportunidad la semana anterior, esta discusión en lo
particular se limitaría exclusivamente como debe ser a los artículos reservados, pero
no, no pensemos en demorar más un asunto tan importante, no solamente para las mujeres de
México, sino para todos... para todos aquellos que estamos convencidos de que tenemos que
legislar y que tenemos que aprobar esta legislación para combatir y para erradicar la
violencia familiar cuyas víctimas son las mujeres y son los menores...
Solicito al señor Secretario dé
lectura al artículo 22 del acuerdo parlamentario relativo a las sesiones....
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez
Rodríguez (desde su curul): |
Señor Presidente:
Le ruego me conceda el uso de la palabra
para poder contestar las alusiones personales.
Tiene la palabra el diputado, hasta
por cinco minutos.
|
El diputado Américo Alejandro Ramírez
Rodríguez : |
Honorable Asamblea: lo único peor
que el mal intencionado es el bien hipócrita. Falta a la verdad el diputado Angel Sergio
Guerrero Mier, cuando dice que falté a una sesión de la Comisión de Justicia, eso es
totalmente falso, se citó a la directiva de la Comisión de Justicia para integrar una
subcomisión.
Lo determinante, señores, es que no
importa expedir una ley, sino expedir una buena ley, una ley que permita, efectivamente,
terminar con la violencia familiar, estamos a favor de eso, queremos nosotros una buena
ley, no una buena ley sobre las rodillas, como se va a demostrar durante la discusión de
ese documento, si es que se acepta que se lleve a cabo.
Yo le quiero hacer notar al diputado Angel
Sergio Guerrero Mier, que si con esa ligereza de afirmaciones y de conducta de pretender
sacar sobre las rodillas un dictamen, aspira a gobernar el Estado de Durango, flaco favor
le estamos haciendo a los duranguenses y a las duranguensas.
|
La
diputada Carolina O'Farrill, como miembro de la comisión, hasta por cinco minutos. |
|
La
diputada Carolina O'Farrill Tapia: |
Con su venia, señor Presidente:
Vengo a hablar aquí a nombre de la
subcomisión, que dentro de la comisión estuvo trabajando el dictamen de esta iniciativa.
Me apena muchísimo que el diputado que me
antecedió en la palabra, lo único que le interesa es politizar esto y maltratar a otros
diputados, cuando es quitarle interés e importancia al tema que hoy nos ocupa.
Tuvimos cuatro sesiones de subcomisión, en
ellas participamos todos los diputados de todos los partidos, nuestro trabajo fue muy
arduo, muy intenso. Casi gran parte de las modificaciones que se hicieron fueron las
propuestas del Partido Acción Nacional, que vinieron a enriquecer esta iniciativa;
desafortunadamente no pudimos ponernos de acuerdo, solamente en un punto.
El día de ayer nos reunimos en la
comisión para aclarar los puntos y llegar a consensos. Consideramos que no hay un solo
partido de los que están representados aquí, no hay uno solo de los partidos
representados aquí, que esté a favor de la violencia en la familia, ¿o hay alguno que
está?, que levante la mano.
Considero que aquí están todos los
representantes de los partidos y de los ciudadanos que están a favor de que el artículo
4o. de la Constitución, sea llevado a la realidad. No podemos seguir olvidando al 52% de
la votación que nos sentó a todos los que estamos aquí, sentados para representarla.
No considero que pensemos en politizar algo
que es tan claro y que se ha manifestado en los más de 180 mil casos atendidos por la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, desde la creación del centro de
Atención a Violencia Intrafamiliar.
Es muy serio este tema que nos ocupa hoy,
es un trabajo arduo, de 15 años, de mujeres que están presentes aquí atrás, ¿si?, 15
años de lucha para que en la familia haya armonía.
En eso coincidimos con el PAN, en lucha
porque la familia se mantenga unida, eso es lo que nos une con el PAN, ¿sí? Por qué,
porque todos queremos familias unidas, pero unidas armónicamente, porque la violencia que
se presenta dentro del hogar, que tanto afecta a la violencia que vivimos todos los días
en las calles y qué tanto la violencia de las calles está influyendo en nuestros
maravillosos hogares para crear esta violencia que estamos viviendo. Eso es lo que estamos
tipificando, eso es lo que estamos luchando y en eso estamos unidos todos los partidos
políticos.
Muchas gracias, señores.
Para rectificar hechos, tiene la
palabra la diputada Laura Itzel Castillo y procederemos a leer el documento que ha
solicitado el diputado Américo Ramírez Rodríguez. Adelante diputada.
|
La
diputada Laura Itzel Castillo Juárez: |
Con su permiso, señor Presidente:
Lo que no podemos aceptar es que se diga
que una discusión que lleva 20 años en el debate público, se maneje que es un dictamen
sobre las rodillas. No podemos aceptar eso, ya que seriamente se ha venido llevando a cabo
todo un proceso que ha desembocado en esta iniciativa de ley en contra de la violencia
familiar, que fue firmada por legisladoras del Partido Acción Nacional, por legisladoras
del Partido Revolucionario Institucional, por legisladoras del PT, del Partido Verde
Ecologista de México y por nosotras mismas, las del Partido de la Revolución
Democrática; iniciativa también que firmada en su momento, en conjunto con senadoras y
diputadas de los diferentes partidos que componemos esta Cámara y el Congreso de la
Unión, con el presidente Ernesto Zedillo.
Por eso, no podemos permitir que se siga
retardando la votación y la aprobación de esta ley que nos favorece a todos los
mexicanos y las mexicanas y que es en defensa justamente de las mujeres, de los menores y
de la integridad de la familia.
Por ello, ayer, en la reunión que se
mantuvo en la Comisión de Justicia, se discutió sobre los puntos que habían sido
reservados, sobre los artículos que se reservaron la vez anterior, y lo que sí podemos
decir aquí, orgullosamente, es que llegamos a consensos con relación a todos los
artículos que se tenía en reserva, a excepción del 265.
Por lo tanto, lo que se requiere en estos
momentos, es no poner pretextos para darle solución a esta iniciativa y para salir de
esta Cámara, el día de hoy con la aprobación de esta ley.
Por eso se tiene que discutir
exclusivamente el artículo 265 y votar en relación a eso en una discusión en lo
particular.
Los exhortamos compañeras y compañeros
diputados, a que cumplamos con nuestra palabra, a que cumplamos con nuestro compromiso
como legisladores de esta histórica legislatura; los exhortamos a no seguir deteniendo el
debate, a no seguir deteniendo la aprobación de una ley fundamental para la familia
mexicana.
Muchas gracias.
Señor Secretario, dé a conocer los
nombres de las personas que firman la propuesta hecha por la diputada Marta Laura
Carranza, para proseguir con el procedimiento.
|
El
secretario Jaime Castro López: |
Sí, señor Presidente:
Se trata de un documento que se suscribe en
nombre de la Comisión de Justicia y lo rubrican: María Guadalupe Sánchez Martínez,
Laura Itzel Castillo, Alma Vucovich, Marta Laura Carranza, Carolina O'Farrill Tapia y Luis
Patiño Pozas. Cumplidas sus instrucciones, señor Presidente.
Gracias, señor diputado.
En consecuencia, están a discusión los
artículos 323-ter, del Código Civil.
¿Con qué objeto, diputado?
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez
Rodríguez (desde su curul): |
Diputado Presidente, con el
propósito de hacer a usted la observación consistente en que la propuesta de
modificación al texto del artículo 265 está suscrito única y exclusivamente por cinco
señoras diputadas, razón por la cual no existe mayoría de los integrantes de la
Comisión de Justicia.
Si usted quiere poner a consideración del
pleno, que atropelladamente y sobre las rodillas se ponga a discusión esta propuesta, yo
estoy de acuerdo en entrarle en este preciso momento, porque quiero dejar suficientemente
claro que tanto mi partido, Acción Nacional, como yo, estamos abiertamente en contra de
la violencia familiar.
|
El diputado Pablo Gómez Alvarez
(desde su curul): |
Señor Presidente, solicito el uso de
la palabra.
¿Con qué objeto, diputado Pablo
Gómez?
|
El diputado Pablo Gómez Alvarez
(desde su curul): |
Una moción de orden.
Una moción de orden .
Por favor un micrófono al diputado Pablo
Gómez.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez
(desde su curul): |
Señor Presidente:
Yo creo que tiene razón el diputado
Américo y yo le pido a usted, señor Presidente, de la manera más atenta y si no hay
oposición de parte del presidente de la Comisión de Justicia, que las señoras y
señores diputados miembros de la Comisión de Justicia que deseen pasar a firmar la
propuesta, que lo hagan en este momento, para subsanar el procedimiento en la Secretaría,
con el propósito de que el pleno pueda tener conocimiento de si existe una mayoría de la
Comisión de Justicia o no existe, puesto que en cuyo caso, en el caso de no existir no
procede la modificación al dictamen.
Se acepta la moción del diputado
Pablo Gómez para que los diputados de la comisión firmen el documento.
Vamos a solicitar con todo respeto a todos
los presentes, guardar el debido respeto para proseguir en orden con esta sesión.
El documento contiene 26 firmas de la
Comisión de Justicia, por lo tanto proseguiremos con la discusión.
En consecuencia están a discusión los
artículos 323-ter del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para
toda la República en Materia Federal y 343-quater, 265, 266, 345-bis, 343-ter y 350 del
Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la
República en Materia de Fuero Federal, con la modificación presentada a propuesta de la
comisión.
El 265-bis, se discutirá en forma
apartada, como se ha hecho en la solicitud de los miembros de la Comisión de Justicia.
Se han registrado para la discusión de los
artículos 265 y 343-bis del Código Penal los siguientes diputados: en contra el diputado
Américo Ramírez Rodríguez; en pro el diputado Francisco Loyo Ramos, del Partido
Revolucionario Institucional; en contra el diputado Abelardo Perales y en pro el diputado
Jorge López Vergara, del Partido Acción Nacional.
Tiene la palabra para participar en contra,
el diputado Américo Ramírez Rodríguez. Hasta por cinco minutos, señor diputado.
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez: |
Señor Presidente:
Antes de iniciar mi intervención, dejo
suficientemente claro que aceptaré todas las interpelaciones que me sean formuladas.
Honorable Asamblea...
Me permite, señor diputado. Voy a
solicitar a las diputadas y a los diputados que por favor ocupen sus asientos para
escuchar atentamente al orador. Tiene la palabra, señor diputado. Por favor, regresen el
tiempo al señor orador.
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez: |
Señor Presidente, son 10 minutos de
tiempo para hacer uso de la palabra.
Se le conceden 10 minutos, señor
diputado.
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez: |
Muchas gracias, señor Presidente:
De entrada, me permito manifestar a ustedes
que durante muchos años he dedicado un esfuerzo considerable a procurar una mayor
participación de la mujer en el ejercicio de la función pública y especialmente de la
función electoral, porque creo que toda la bondad en el alma, que hay en la mujer
mexicana, debe de plasmarse en el quehacer político.
Ninguno de nosotros desconoce la dolorosa
realidad de nuestro pueblo. Para nadie es un secreto el grave problema del alcoholismo. El
padre de familia irresponsable que, en estado de ebriedad, tiene relaciones con su
cónyuge y la embaraza.
Yo creo que esta posibilidad, que es un
problema de cultura, no se va a solucionar tipificando como delito la violación entre
cónyuges, esto sólo va a servir para alimentar a litigantes inescrupulosos. La verdad de
las cosas es que ninguna mujer de escaso nivel económico y mucho menos una mujer
indígena, va a acusar penalmente a su marido porque, en primer lugar, muchas de ellas,
una inmensa mayoría ni siquiera habla el español.
Lo que estamos haciendo es alentar el
ejercicio indebido de un derecho, que con apariencia de buen derecho en cualquier litigio
de divorcio, la cónyuge haga uso de este artículo como un instrumento en contra de su
colitigante.
Nosotros estamos aquí para evitar la
violencia familiar, no para incurrir en abusos de derecho.
Mi propuesta concreta es que se reduzca, mi
propuesta concreta es que se suprima este párrafo cuarto del artículo 265 del dictamen
inicial o bien el artículo 265-bis del dictamen complementario, para un solo propósito,
que haya congruencia.
No es posible que por una parte exista la
conducta permisiva del Estado de prohibir cualquier condición contraria a la
perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges y que, por otra
parte, la cópula entre cónyuges se pueda tipificar como violación.
Yo les ruego a ustedes considerar la
necesidad de que se haga una revisión exhaustiva y completa de toda la legislación
civil, para que no vayan disposiciones a contrapelo.
No es posible que por una parte se me
prohiba cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie y por otra parte,
se me tipifique como delito la cópula entre cónyuges...
Vamos a solicitar, con todo respeto,
a los invitados, detenga el tiempo, que por favor guarden el orden para el orador.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez
(desde su curul): |
¿El orador me permite una pregunta?
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez
Rodríguez: |
Desde luego que sí, señor
Presidente.
Señor diputado, ¿acepta usted una
pregunta del diputado Pablo Gómez?
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez: |
La acepto desde luego.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Muchas gracias a ambos. Estoy
escuchando, señor diputado, está usted diciendo que se intenta tipificar como delito la
cópula entre cónyuges, pero eso de repente como que se escuchó algo de lo que no se
está hablando. Se está hablando de cópula entre cónyuges o entre concubinos, cuando se
habla de violación, ¿usted considera que se está tipificando penalmente la cópula
entre cónyuges en términos generales? Esa es mi pregunta.
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez. |
Con mucho gusto diputado Pablo
Gómez, mire usted, a lo que me refiero es que el artículo 147 del Código Civil para el
Distrito Federal, prohibe expresamente cualquier condición contraria a la perpetuación
de la especie. Aquí no se dice, si no es pacífica o con violencia...
Espéreme usted... por la naturaleza del
delito, el delito de violación no se comete mayormente en la vía pública, se comete
entre cuatro paredes y un techo. Por esta razón es necesario no dejar la posibilidad...
Nuevamente solicitamos a las señoras
diputadas y a las ciudadanas que hoy asisten a esta sesión, guardar el debido respeto
para el orador. Prosiga, señor diputado.
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez: |
Mujer que resista la cópula y aún
la que fuere violada, estaría oponiéndose a esta disposición de carácter civil, yo lo
único que pido es que se haga una revisión exhaustiva de la legislación, y que no en
24, 36 horas de haberse conocido el dictamen, efectivas de trabajo, se pretenda poner a
discusión un documento de tan alta importancia.
En los anteriores términos, doy respuesta
a su pregunta, diputado Pablo Gómez y continúo con la intervención. Mi intervención es
a favor de que se termine la violencia familiar, mi intervención es porque esta
legislación recoja los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia.
Rápidamente voy a dar lectura a dos tesis
de jurisprudencia, que son precisamente tesis de jurisprudencia, porque se han pronunciado
por la Suprema Corte de Justicia al resolver tesis en contradicción.
Dice: "la institución del matrimonio
tiene entre sus finalidades la procreación de la especie, en virtud de lo cual los
cónyuges deben prestarse a la relación carnal, que como consecuencia lógica, sólo
concibe la práctica de la cópula normal. De tal manera que si el cónyuge le impusiera
de manera anormal y violentamente, lesionaría la moral y la libertad sexual de su pareja,
que en ningún momento consintió tales prácticas y por ende se configurará el delito de
violación.
El derecho a la relación carnal existente
entre aquellos que se han unido en matrimonio, no es ilimitado, pues en ocasiones uno de
los cónyuges puede oponerse a la misma, como sería el caso de su pareja que estuviera en
estado de ebriedad o drogadicción, pues no sólo se advierte el natural rechazo para
quien acude en esas condiciones, sino que reviste mayor trascendencia el peligro que
implica la posibilidad de engendrar un ser en esos momentos, lo que funda la oposición
del pasivo, quien protege la sanidad de su estirpe. Por lo que si es sometido a realizar
la cópula violentamente, aunque ésta sea normal, sin duda estaremos en presencia del
ilícito de violación".
Estos son los criterios que estimo deben de
recogerse en el dictamen, diputado Pablo Gómez. Yo creo que es necesario dejar
suficientemente claro que si queremos acabar con la violencia familiar, debemos pensar en
la posibilidad de que existan figuras que permitan a uno de los cónyuges, cualesquiera
que éste sea, que se le suspenda la obligación de cohabitar por ejemplo, con el cónyuge
que padece etilismo crónico. Después de todo el etilismo crónico es considerado una
enfermedad, aún cuando no sea contagiosa, sea un mal ejemplo pernicioso para la familia y
tiene consecuencias hereditarias.
Este es el tipo de situaciones que se deben
de recoger y no andarse poniendo ni la blanca túnica de feminista ni tampoco la túnica
de Fray Bartolomé de las Casas.
Muchas gracias.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
¿Puedo hacerle una pregunta al
orador?
¿Permite una pregunta diputado
Américo Rodríguez?
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez: |
Si, si la acepto.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Solamente para repreguntar, porque yo
le hice una pregunta de si usted consideraba el tipo que estamos discutiendo, como el
medio a través del cual se penaliza la cópula entre cónyuges. Y usted me dijo que sí,
con toda claridad.
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez: |
Sí.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Entonces, ¿usted considera, le
repregunto, que el acto de violación de un cónyuge contra otro, puede tener el mismo
tratamiento y la misma expresión que usted le da al término cópula? Es la primera
pregunta.
Y le repregunto de esta otra manera, porque
usted nos ha puesto a las dos tesis, que por cierto, no hacen jurisprudencia, señor
licenciado, bueno, digo entre paréntesis, de la Corte. Y le quiero decir nada más de
paso, que la introducción en el Código Penal, de ese tipo, es una respuesta a esas dos
tesis de la Corte y que el Poder Legislativo en su función de elaboradora, de elaborador
de las leyes, también puede reponerle al Poder Judicial, sus criterios. Esa es una
función del legislador también y creo que en eso estará usted de acuerdo con la
historia del Poder Legislativo, porque siempre lo ha hecho en todos los países. Eso es
todo.
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez: |
Bien, diputado Presidente, voy a
proceder a dar respuesta al diputado Pablo Gómez.
Adelante, diputado.
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez: |
Mire usted, de su primer
cuestionamiento, es una cuestión técnico jurídica, lo que quiero es cerrar el morral,
no dejarlo abierto, diputado Pablo Gómez.
El artículo 147, en virtud de que la ley
es general, abstracta y obligatoria, no admite excepciones; aún bajo circunstancias de
violación, la mujer estaría actuando en contra de todo acto tendiente a la perpetuidad
de la especie, que mantiene este artículo.
Consecuentemente, en estos términos
respondo a esta primera pregunta de usted: a cópula con violencia no deja de ser cópula
y a lo que se opone la mujer es a la cópula y esa cópula se opone por lo que usted
quiera,
guste y mande; pero no es una circunstancia
de excepción conforme al artículo 147, que la obliga invariablemente a evitar todo acto
tendiente en contra de la perpetuidad de la especie.
Creo que está suficientemente claro hasta
para un economista.
Su segunda pregunta: sí es tesis de
jurisprudencia, porque conforme a la ley, cuando la Suprema Corte de Justicia resuelve una
contradicción de tesis, sienta jurisprudencia. Y esto, hasta los que no son abogados lo
saben.
Su tercera pregunta es: el artículo 265 ni
en el texto original ni en el segundo dictamen recoge planteamiento alguno de la Suprema
Corte de Justicia. Una verdad a medias son dos mentiras y usted aquí se aventó varias.
Le voy a leer el artículo 265-bis: "si la víctima de la violación fuera la esposa
o concubina se impondrá la pena prevista en el artículo anterior". ¿Cuántos
criterios jurisprudenciales están recogidos aquí, diputado Pablo Gómez?
Muchas gracias.
Tomando en consideración que han
transcurrido las cinco horas reglamentarias de esta sesión que establece el artículo 3o.
del acuerdo parlamentario aprobado el 6 de noviembre, la Presidencia, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar
el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.
Tiene la palabra en pro, el diputado
Francisco Loyo Ramos, del Partido Revolucionario Institucional.
|
El
diputado Francisco Javier Loyo Ramos: |
Honorable Asamblea:
La Comisión de Justicia tuvo en cuenta la
intención de la iniciativa respecto a tipificar la conducta de la violación de cónyuges
en el 265 como venía. Pero, después de algunas discusiones y comentarios que
enriquecieron la iniciativa, decidimos, como lo propusimos ya, que el artículo 265 sólo
se modificara en la sanción privativa de libertad, la que contiene el último párrafo
del artículo 265, que se refiere a la violación impropia, que a nuestro juicio requiere
de mayor penalidad que la violación propiamente dicha.
Por esa razón coincidimos todos los
representantes de los partidos políticos, en que la sanción debía ser por lo menos
igual a la prevista para la violación genérica.
Sin embargo, en virtud de ésta gran
discusión de que si se da o no se da la violación entre cónyuges, nos vimos en la
necesidad de crear un artículo: el artículo 265-bis, porque estamos plenamente
convencidos de que el bien jurídicamente tutelado por este artículo debe ser la libertad
sexual y por esa razón nosotros propusimos el texto de que si la víctima de la
violación fuera la esposa o concubina, se impondrá la pena prevista en el artículo
anterior.
Y lo hicimos así para sacar del artículo
265 este tipo de conducta y lo hicimos así para que no estuviera en el catálogo de
delitos graves y entonces en condiciones especiales y circunstanciales, quien cometiera
este delito pudiera salir con libertad bajo fianza, en términos de las disposiciones del
artículo 20 constitucional.
Y lo hicimos así también, agregando un
párrafo al 265-bis, para que este delito se persiguiera por querella de parte ofendida y
no dejar que se fuera como un delito que se persiguiera de oficio.
Por eso estamos convencidos,
independientemente de la lucha que el grupo de mujeres y los hombres, los varones y todo
el país tiene en contra de la violencia intrafamiliar, que son el contenido de los otros
artículos que aquí no se han discutido en contra, sólo se han venido a señalar
argumentos del artículo 265 que corresponde al nuevo proyecto de dictamen al 265-bis.
Y estamos plenamente convencidos, en bien
de conservar la libertad sexual, de que quede plasmado el texto exactamente como lo
propone la comisión, con el acuerdo del día de ayer, en que si la víctima de la
violación fuera la esposa o concubina se impondrá la pena prevista en el artículo
anterior que es el de la violación genérica y que este delito sólo se perseguirá por
querella de parte ofendida.
Ese es el comentario que mi grupo
parlamentario quería hacerles a ustedes, para que queden convencidos de que es nuestra
intención asegurar y garantizar la libertad sexual, que esa libertad que tienen los
cónyuges se vea garantizada y protegida contra aquel que quiere violentarla y que, sin
embargo, es libertad de la ofendida proceder por querella de parte y perdonarlo en
cualquier parte del proceso a quien haya sido el sujeto activo del delito.
Ese es el comentario que nosotros en el
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional queríamos hacer respecto al
265-bis y ningún otro comentario en relación a los otros artículos que han sido leídos
ante ustedes.
Muchas gracias.
Gracias diputado.
Tiene la palabra, en contra, el diputado
Abelardo Perales.
|
El
diputado Abelardo Perales Meléndez: |
Muchas gracias, señor Presidente;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
De antemano condeno la violencia familiar,
de antemano les digo que debe ser castigada, que debe ser causal de divorcio, aunque ya el
Código Civil contempla como causa de divorcio los malos tratamientos de un cónyuge al
otro. Sin embargo, es conveniente que se contemple la violencia familiar como causa de
desunión matrimonial.
Mi partido, el Partido Acción Nacional,
está a favor del proyecto, del dictamen. Sin embargo, a título personal quiero hacer las
siguientes consideraciones.
El delito de violación entre cónyuges ya
la Suprema Corte de Justicia lo ha contemplado y definido en varios casos concretos. Esto
significa que la propuesta de reforma no es totalmente novedosa en cuanto al delito de
violación entre cónyuges. Ha dicho en jurisprudencia por contradicción de tesis, que es
la que se forma cuando dos tribunales colegiados sustentan tesis contradictorias y la
Corte define cuál debe prevalecer, ha dicho que existe violación entre cónyuges cuando
habiéndose suspendido el derecho de cohabitar por resolución judicial, a virtud de que
uno de los cónyuges padezca sífilis, tuberculosis o cualquier otra enfermedad crónica o
incurable, por lo que sí el cónyuge enfermo impusiere violentamente la cópula, aunque
sea normal, porque ya no tiene derecho al débito conyugal, además de poner en peligro la
salud del cónyuge inocente y de la descendencia que pudiere procrearse en esas
circunstancias; ahí hay delito de violación entre cónyuges.
Segundo caso, que la Corte ya lo considera
como tal: cuando se imponga la cópula a persona que por cualquier causa no pueda
resistirlo, como sería el caso de la mujer imposibilitada para sostener relaciones
sexuales, como el caso de la mujer que sufra parálisis.
Tercero: cuando el cónyuge impusiere la
cópula de modo anormal y violentamente, pues se lesionaría la moral y la libertad sexual
de su pareja, que en ningún momento consintió tales prácticas.
Cuarto caso, de violación entre cónyuges,
que así lo ha considerado la Corte: cuando el acto carnal es en público.
Quinto caso: cuando el sujeto activo se
encuentra en estado de ebriedad o drogadicción, no sólo por el natural rechazo del
pasivo, sino que reviste mayor trascendencia el peligro que implica engendrar un ser en
esos momentos para proteger la sanidad de su estirpe.
Compañeros diputados, existe una
jurisprudencia ya antigua de la Suprema Corte de la sala penal, en el sentido de que el
sólo dicho de la ofendida por un delito sexual es prueba evidente y palpable de que a
quien se acusa es el responsable de violación.
Yo me pregunto si bastaría la acusación
de la mujer hacia su esposo para que se considerara prueba palpable y evidente y
demostrara el tipo penal y la presunta
responsabilidad en el ilícito. Esto nos
puede llevar a extremos graves, porque si de acuerdo con esa jurisprudencia de la Suprema
Corte basta el sólo dicho de la ofendida en delitos sexuales para que se considere
responsable de tal ilícito a quien se acusa, salvo que el acusado aporte pruebas que
desvirtúen el dicho de la ofendida, pues de veras que esto se puede llevar a extremos y
que incluso puede llevar a la desintegración familiar.
Condenamos la violación, condenamos la
violencia, pero, insisto, tenemos que ser consecuentes en este problema que día a día se
confronta en nuestra realidad mexicana. Por ese motivo, yo considero que sólo en los
casos en que se ha definido como violación entre cónyuges por la Suprema Corte, se
consideren esos casos de violación entre marido y mujer, porque de lo contrario nos puede
llevar a extremos inaceptables.
Yo considero entonces, porque incluso en
materia de divorcio, en materia...
Permítame, señor diputado. ¿Acepta
una pregunta, señor diputado? La acepta.
De la diputada Lenia Batres. Adelante y
detenga el tiempo por favor.
|
La
diputada Lenia Batres Guadarrama
(desde su curul): |
Más bien quiero hacerle dos
preguntas al orador: la primera va en el sentido de que hablaba usted de la
desintegración familiar que puede crearse con la tipificación del posible delito de
violación en el interior de una pareja.
Yo le pregunto a usted si considera que no
es un problema de desintegración familiar cuando se da la violación al interior de la
pareja primero; segundo, quiero preguntarle a usted si cree que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, con la jurisprudencia que ha sentado, ha subsanado todos los
problemas que existen dentro de la sociedad, le pregunto a usted, ¿cuál cree que es el
papel del legislador entonces?
|
El
diputado Abelardo Perales Meléndez: |
Le voy a dar contestación; la
respuesta a la primera pregunta es afirmativa, sí considero que es motivo de
desintegración la violación entre cónyuges.
La segunda, es evidente que el Congreso
puede recoger la jurisprudencia de la Corte y hacerla ley, así lo ha hecho en materia
laboral, en materia civil e incluso en materia penal, ha considerado que los criterios
jurisprudenciales, el Congreso en casos específicos, sean leyes. Pero mire, lo que
nosotros condenamos es en el sentido de que se pueda hacer abuso de la norma, la
vulnerabilidad de las reformas, porque entonces se puede dejar en estado de indefensión
al cónyuge que es acusado por violación sexual, porque, mire usted, ¿cómo va a
desvirtuar el dicho de la ofendida? ¿Qué pruebas podría aportar el acusado?, ¿la
declaración de sus hijos?, ¿sus hijos serían testigos de descargo?, ¿qué pruebas
puede aportar el acusado de violación por su propio cónyuge? Es mi pregunta y espero la
respuesta.
Yo nada más les digo a ustedes que debemos
tener mucho cuidado con este delito y que por tanto yo propongo, a título muy personal,
que en todo caso se considere violación entre cónyuges, los casos que ya están
definidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte.
Gracias.
En pro el diputado Jorge López
Vergara, del PAN.
|
El diputado
Jorge López Vergara: |
Con su venia, señor Presidente;
señoras y señores diputados:
Ciertamente el tema es discutible y de
alguna manera provoca división de opiniones, pero también es importante que sepan,
compañeros, que hemos trabajado en la Comisión de Justicia, con mucha apertura, con
mucha madurez, tratando de darle precisamente a esta reforma, la posibilidad de que no
existan esas circunstancias de que hablaba el compañero diputado anteriormente.
Yo sé que en el PAN siempre ha sido
preocupación constante, desde su fundación, el bienestar de la familia, estamos
conscientes que desde el origen del hombre la familia ha sido considerada el núcleo
principal de la sociedad y por tal razón es necesario que su organización y estructura
sea cada vez mejor, debido a que dentro de la familia se adquieren las bases y los
conocimientos principales de la conducta humana.
Cuando la mujer y el hombre libremente se
han comprometido a amarse y respetarse en base a su mutua complementación, tiene la
magnífica oportunidad de hacer extensiva su realización a otros seres, los hijos,
quienes creados en un ambiente de armonía y aceptación, florecerán en una nueva
generación de adultos maduros y responsables, de manera que una sana cédula social
original irradiará sus beneficios en toda la comunidad; de ahí la importancia de que la
familia esté ajena a toda violencia física o moral esencialmente en su propio seno.
La familia es formadora de mujeres y
hombres, es la madre de la educación; en ella los individuos aprenden la jerarquía de
las cosas, así como los valores; es verdadera escuela de humanismo y ayuda a armonizar
los derechos personales con las demás exigencias de la vida social.
Toda persona debe ser fruto espléndido de
la familia, pero la violencia familiar ha sido y es preocupación en diversos países,
entre ellos México, por el impacto y las consecuencias que generen los individuos en las
familias y en la sociedad.
Diversos estudios han revelado que su
ejercicio reiterado constituye un factor criminógeno importante al ocasionar en los
individuos que la padecen, la pérdida de la autoestima, de los valores que con el
transcurso del tiempo pueden llevarlos a incurrir en conductas delictivas.
Efectivamente, como hemos dicho, la
víctima de la violencia familiar de hoy puede ser el criminal del mañana; las víctimas
están listas a hacer otras víctimas y aquí la importancia de realizar una adecuada
reforma que tome en consideración este aspecto para no hacer de la política de violencia
familiar sólo una política de represión.
Apoyamos y votamos a favor de la
iniciativa, porque viene a contribuir con mayor precisión a resolver el problema de la
violencia familiar. Algunos de nuestros compañeros hemos dado nuestro voto, convencidos
de que con esto se da un gran paso contra este fenómeno; no queremos ver violentadas las
vidas de mujeres, madres, esposas e hijos, por personas que consciente o inconscientemente
los agravian, porque creen tener la libertad y no pocos piensan que tienen el derecho de
hacerlo con los miembros de la familia.
Por ello se hace necesario romper esta
cultura distorsionada de nuestro ambiente social. Estamos dispuestos junto con las
asociaciones civiles pro-víctimas, con las instituciones públicas y privadas en materia
de atención a víctimas de violencia familiar, con los legisladores de otros partidos, en
sí con la sociedad, de enfrentar y frenar la violencia familiar, no pretendemos minimizar
el problema, sino considerarlo en la dimensión que merece para atenderlo con eficacia y
prontitud.
El problema relativo a la familia es de
aquellos que el legislador debe tocar con el tacto más extraordinario, mirando siempre
por su autoridad y cohesión, que se aspire más a su integración que a su disolución.
Contribuir a su fortalecimiento y el de sus vínculos de cariño, ayuda y respeto
recíprocos entre sus integrantes, fundada en la absoluta igualdad de derechos de la mujer
y del hombre al más eficaz cumplimiento por los padres de sus obligaciones con respeto a
la protección de sus hijos, para que se desarrollen plenamente en todos sus aspectos y
como dignos ciudadanos de la sociedad mexicana. Familias sanas, dan hombres sanos. Hombres
sanos, dan sociedades sanas, por ello habremos de erradicar la enfermedad de la violencia
dentro de ella.
En el seno de la comisión, es importante
recalcar que varios integrantes del Partido Acción Nacional lograron que se perfeccionara
la redacción de la institución de violencia familiar en el Código Civil y también el
respectivo tipo penal de la violencia familiar en el Código Penal, y en esto tuvimos el
apoyo maduro de los compañeros de otros partidos; el objetivo era ser más eficaces,
precisamente, con el fin de combatir este mal social en todas sus manifestaciones,
clarificando el concepto y estableciendo con precisión el tipo penal para no dificultar
la comprobación del delito para el Ministerio Público en la averiguación previa o bien
al juez penal en el proceso, de tal forma que esto ayudara a que tuviera real vigencia la
norma que estamos y proponemos crear por virtud de esta reforma.
Sin embargo, hubo un solo punto en el que
no estuvimos de acuerdo y fue precisamente en el de la penalidad. Acordamos que se
persiguiera no de oficio, sino por querella de parte y hubo consenso; solicitamos que no
se considerara delito grave y hubo consenso al crear un delito especial; pero cuando
llegamos al punto de la penalidad, ahí no encontramos el consenso y nosotros sabemos que
estamos ante la presencia de
individuos culturalmente distorsionados,
por lo tanto no queremos que se mire su conducta con tolerancia, pero tampoco casarnos con
una pena extrema en el sentido sólo del castigo o de la represión.
Tenemos una cultura en donde algunas
personas piensan que su conducta es aceptable o justificada, no se callan lo que hacen, es
más, forma parte de sus rituales y muchas veces no se sienten culpables o avergonzados
por esa conducta que vulnera la libertad sexual que hoy por hoy no se justifica.
Por ello, nosotros solicitábamos que
buscáramos como solución al problema el que la pena fuera más diferenciada. En un
momento dado no habría oposición, porque se pusiera el máximo que se establece, que es
de 14 años; sin embargo, sí pedíamos que la pena tuviera límites inferiores,
precisamente para darle al juzgador la oportunidad de analizar el caso y evitar que se
cometieran injusticias. Ciertamente ésta fue la única dificultad que tuvimos en el seno
de la comisión.
Finalmente, queremos decirles, compañeros
diputados: coincidimos varios de los compañeros de la comisión del Partido Acción
Nacional y apoyamos la propuesta de la iniciativa para tipificar en forma clara y
contundente la violación de la cónyuge o concubina, erradicando interpretaciones y
eliminando la incertidumbre que esto ocasiona; pero no podemos ignorar que uno de los
factores que ocasionan estas conductas, son el reflejo de una cultura generacional que ya
hemos expuesto, que es negativa pero que desgraciadamente forma parte aún de nuestra
sociedad.
El único punto que finalmente quedó sin
consenso, fue precisamente lo relativo a la pena que ha de imponerse al sujeto activo del
delito y ello es precisamente que el límite inferior sea de seis meses y el mayor el que
ya se estipula para la violación lisa y llana. Ese es el único punto que nosotros
encontramos diferencia.
Muchas gracias.
¿Con qué objeto, señora diputada?
Tiene la palabra la señora diputada
Patricia Espinosa, hasta por cinco minutos.
|
La
diputada Patricia Espinosa Torres: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras diputadas, compañeros diputados:
Yo vengo aquí no sólo como diputada, sino
como mujer, como persona consciente de las violaciones continuas que se sufren en el seno
del hogar, como producto de una tradición autoritaria que permite al hombre someter a la
mujer.
Nosotras, panistas, mujeres y hombres,
muchos estamos a favor de esta iniciativa. Nosotros a través del apoyo de esta iniciativa
queremos que se haga un alto a la violencia, no estamos de acuerdo con que continuamente
se estén violando los derechos de mujeres, de niñas, de niños, y que no haya una ley
que sancione cada uno de esos actos, que dentro del seno familiar, por ser tan íntimo y
sin acceso al exterior, sea continuamente violado.
Esta es una situación humana, una
situación de personas, donde mujeres, niñas y niños son los más afectados. Hay muchas
estadísticas y porcentajes que demuestran que son en gran parte estos seres los
vulnerables, son los más violados. No los traigo ahorita aquí, pero lo más importante
es que también muchas de estas situaciones no se conocen porque no hay los canales
adecuados que lleven a esas personas a atreverse a hacer una denuncia. ¿Por qué? Porque
en el lugar donde se llevan, se producen más estos actos violentos, son en el hogar y
dentro del hogar en la recámara.
Esta relación entre cónyuges o concubinos
tiene que ser respetuosa y si este delito de violación sexual se castiga y es un delito
de afuera, ¿por qué no hacerlo adentro?, y es más grave porque viene de las personas en
las que esa mujer confía, de las que merece respeto y es la que abusa de ese poder y esto
es también en parte cuestión cultural.
Es necesario sancionar este fenómeno y
ésa es una de las razones de nuestro apoyo a esta iniciativa. La mayor parte de los
delincuentes que andan sueltos en la calle, es porque vienen de hogares con conductas
violentas y han vivido en un ambiente de agresividad y de violencia en el hogar y lo que
hacen es repetir ese patrón.
El ejercicio de la sexualidad es un
ejercicio de libertad y la violación es un delito contra la libertad sexual. No hay
persona que pueda obligar a otra a hacer algo que
no quiere y eso es lo que queremos que
quede claro y sancionado a través de esta iniciativa de ley.
Falta mucho por hacer, pero primero tenemos
que hacer una ley que defienda a todos esos millones de mujeres que viven en el anonimato
y que son víctimas continuamente de esa tradición autoritaria del sometimiento del
hombre a la mujer. Pedimos aquí la confianza del voto de todas las diputadas y los
diputados a favor de esta iniciativa. Este es un primer paso, vamos a aprobarla y a partir
de ello, si tenemos que cambiar o modificar algo después, así se tendrá que hacer.
Eso es producto también del trabajo de
muchos grupos de organizaciones que conocen de cerca el fenómeno y el síndrome de esta
violencia intrafamiliar. Demos ese voto de confianza a esos estudios y análisis que se
han hecho durante tanto tiempo.
En el Partido Acción Nacional, siempre,
uno de sus principios fundamentales es el respeto a la dignidad de la persona humana y es
por eso que nosotros estamos apoyando esta iniciativa, porque el respeto a la dignidad de
la persona humana tiene que iniciar dentro del seno del hogar y principalmente dentro de
la recámara.
Yo, a nombre de muchos de mis compañeros y
compañeras, estamos apoyando esta iniciativa y queremos dejar claro que vamos a favor de
ella.
Muchas gracias.
En contra tiene el uso de la palabra,
el diputado, Rubén Mendoza Ayala, hasta por cinco minutos.
|
El diputado Rubén
Mendoza Ayala: |
Señor Presidente, estamos ante todo
contra la violencia familiar, que quede muy claro, pero también estamos a favor de
legislar con responsabilidad.
La prioridad de lo que es la violencia
familiar nos lleva a no verlo a la ligera ni a pretender hacer cosas que el día de
mañana podamos arrepentirnos en este cuerpo legislativo.
Sin apresuramientos, consideramos que es
necesario consultar a las barras de abogados, a los colegios de sociólogos e inclusive a
la misma Suprema Corte, que tiene muchas tesis en este sentido.
En Gran Bretaña ya se discutió y les
puedo decir que no fue aprobado, hubo una jurisprudencia que fue echada abajo por una ley
del parlamento. En Estados Unidos de América, aún se discute en el Congreso sin llegarse
a dar una sola explicación más.
Yo quiero decirles y que quede bien claro,
estamos contra la violencia, pero las exageraciones nos pueden hacer caer en el
robersperianismo: todo penalizado, todos a la guillotina. ¿Quién será el próximo?,
decían en aquéllos tiempos.
Por eso, con la cuestión sobre todo aquí
en México, de que nuestro derecho penal dice que todo mundo es culpable hasta que
demuestre lo contrario, puede darse que se intensifiquen injusticias que no debemos
permitir y debemos de ser responsables.
Las cuestiones familiares son patrimonio de
los mexicanos, todos, no nada más de las mujeres, son patrimonio de hombres y de mujeres.
Por eso hay que actuar con responsabilidad.
Aún recuerdo lastimosamente, como abogado,
cuántas ocasiones fueron a prisión cónyuges acusados de diversos delitos y cuando su
misma cónyuge iba a sacarlos y a depositar una fianza que no tenían, contrario a la
integración familiar.
Es decir compañeros, seamos honestos, si
tuviéramos ministerios públicos honorables, si tuviéramos un sistema distinto estaría
yo totalmente de acuerdo, pero esto da lugar a muchas injusticias.
El matrimonio, hay que recordar, es
netamente de carácter público y además de civil, no queramos hacer un derecho penal de
todo para corregir a nuestro pueblo.
Una tradición autoritaria no es posible
acabarla por decreto, la educación tiene que ver mucho y en eso tenemos nosotros que
propugnar porque sea así, porque en las escuelas se instituya también esto.
Consideramos que esta situación debe de
tomarse como agravante, pero eso es materia de discusión. Hay que considerar, si vamos a
llegar aquí en México a que haya el caso de que en plena luna de miel haya quien se
queje de violación.
Seamos honestos y vayamos mejor a ver que
esto es una cuestión familiar y es una cuestión muy seria.
Por lo tanto, señor Presidente, me estoy
permitiendo presentar en nombre de varios diputados, una moción suspensiva de acuerdo al
artículo 110, para que esto pueda discutirse plenamente y pueda, de acuerdo a los
cánones y de acuerdo a las necesidades que se plantean hoy, discutirse plenamente y darse
una solución responsable.
La presento a la Secretaría.
Muchas gracias.
Se instruye a la Secretaría para que
dé lectura al artículo 22 del acuerdo parlamentario relativo a las sesiones.
|
El
secretario Jaime Castro López: |
"Artículo 22: cualquier grupo
parlamentario o un mínimo de cinco diputadas o diputados, podrán proponer una moción
suspensiva para la discusión de un dictamen. La moción deberá solicitarse por escrito
antes de que se inicie la discusión en lo general o si ésta se encuentra en curso, sólo
si la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política considera fundada la
propuesta.
Aprobado un dictamen en lo general, no se
admitirán a trámite mociones suspensivas al discutirse en lo particular. El desahogo de
la moción suspensiva se hará conforme a lo que establecen los artículos 110 y 111 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
pero los oradores sólo dispondrán de cinco minutos para su exposición".
Cumplida su instrucción, señor
Presidente.
No ha lugar a la moción suspensiva.
Tiene la palabra la diputada Carolina O'Farrill, a favor.
|
El
diputado Rubén Mendoza Ayala
(desde su curul): |
Señor Presidente, Moción de orden.
Que se cite a la Comisión de Régimen
Interno en este momento para que decida, porque está muy claro en el artículo 22, que se
cite en este momento para que decida si es aceptada la moción.
Señor diputado...
|
El
diputado Rubén Mendoza Ayala
(desde su curul): |
Es muy claro, el artículo 22...
¿Con qué objeto, señor diputado?
|
El
diputado Rubén Mendoza Ayala
(desde su curul): |
Moción de orden. El artículo 22 es
muy claro: "...la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política,
considerará fundada la propuesta... " Pido, por favor, se cite a esta comisión de
inmediato para que decida referente a esto. Es muy claro el artículo 22.
Señor diputado, el acuerdo
parlamentario relativo a las sesiones en relación al artículo 22, fue aprobado por los
diputados, por mayoría, en esta Cámara e incluyendo su voto a favor. Por favor, le pido
que respetemos, no ha lugar a la moción y le pido a la diputada O'Farrill que siga con la
palabra. Adelante, diputada.
|
El
diputado Rubén Mendoza Ayala
(desde su curul): |
Señor Presidente, una moción de
procedimiento.
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez
Rodríguez (desde
su curul): |
El artículo 265 no se ha discutido
ni en lo general ni en lo particular.
Tiene la palabra la diputada Carolina
O'Farrill.
|
La diputada
Carolina O'Farrill Tapia: |
Con su venia, señor Presidente:
Se ha considerado en este momento por
varios compañeros diputados el planteamiento...
|
El
diputado Rubén Mendoza Ayala
(desde su curul): |
Moción de procedimiento.
|
La
diputada Carolina O'Farrill Tapia: |
Señor Presidente, pedí la palabra a
favor del dictamen y me ponen 4.47 minutos, y a favor son 10 minutos.
Por favor, poner los 10 minutos.
Adelante diputada.
La diputada Carolina O'Farrill Tapia:
Muchas gracias, señor Presidente:
Se ha hecho aquí mención de dos tesis
jurisprudenciales que están actualmente vigentes. ¿Por qué surgieron estas dos tesis
jurisprudenciales? Porque resulta que como está el artículo 265 del Código Penal
actualmente, antes de nuestra propuesta de modificación que nos ha dado este debate, la
violación entre cónyuges estaba tipificada como "violación", pero debido a
las tesis jurisprudenciales se establece que es el ejercicio indebido de un derecho y no
de violación y no es delito.
Por esta razón quise aclarar cuales son
las consideraciones en las tesis jurisprudenciales. En materia constitucional, al
calificar como ejercicio indebido de un derecho a la realización de la cópula con
violencia de un cónyuge a otro, no sólo se legítima implícitamente el ejercicio de la
violencia entre cónyuges, sino que se otorga validez a un supuesto derecho inexistente,
que ya lo hemos escuchado en varios compañeros que nos lo han venido a decir aquí a la
tribuna, pero quedó un debate, se hablaba del famoso débito conyugal.
El débito conyugal, señores diputados, ya
no está en ningún código y si está en algunos de los códigos de algunos de los
estados, qué pena para todos los habitantes de ese Estado, que violan los derechos de las
mujeres.
En materia constitucional, contínuo, el 17
señala que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia
para reclamar su derecho, si pensáramos que hubiere este famoso derecho. Esta protección
constitucional está siendo restringida por esta tesis.
Se contradice el 162 constitucional, en
donde habla de la relación y los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, al
otorgar un derecho solamente a algunos cónyuges y no al otro.
El artículo 267 del mismo código, señala
en su fracción XVI como causal de divorcio, cometer un cónyuge contra la persona o los
bienes de otro, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña.
En materia penal, bueno, pues qué les
puedo decir, todos los delitos sexuales, antes llamados así, son conductas que atentan
contra la libertad y el normal desarrollo biosiquícosexual de las personas.
Entonces, cuando nosotros hablamos de estas
famosas tesis, precisamente en esta iniciativa quisimos aclararlo, para echar abajo las
tesis, como lo dijo aquí atinadamente un diputado abogado y lo planteó, ése es nuestro
motivo.
Pero esa motivación tiene un fundamento
muy claro, ¿por qué lo hacemos? Porque consideramos, como lo decía la diputada Parrodi,
que todos los actos que fuera del seno familiar son delitos, dentro del mismo no pueden
ser una costumbre, tolerada y auspiciada por la familia, también son delitos.
Los derechos consignados por la
Constitución para las mujeres en este caso del 265-bis que nos ocupa, no pueden ser
consignados solamente de la puerta de la casa para afuera y de la puerta de la casa para
adentro ahí se vive la violación, el abuso sexual, el hostigamiento y toda clase de
planteamientos, so pretexto de lo que también algunos compañeros estuvieron diciendo, el
mal llamado contrato matrimonial, pues si no estamos en el Siglo XI, ¿si?
Aquí es un acuerdo de voluntades, de dos
personas, que está consignado en el artículo 4o. constitucional, el derecho que tienen
los hombres y las mujeres, a tener derechos y obligaciones iguales.
Por esta razón, creo que argumentar las
tesis jurisprudenciales sería un absurdo.
Pero a mayor abundamiento, en el ámbito
interamericano se acaba de suscribir en junio de 1995, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, llamada Convención de Belem
do Pará.
Si México ha ratificado esto, si los
mexicanos hemos ratificado esto, tenemos la obligación de hacer cumplir el que no haya
violencia hacia las mujeres. Y aquí entro muy claramente en esta gran confusión que
tienen varios compañeros, cuando hablan de cópula, que no entienden que la cópula no
requiere hacerse con violencia. Al contrario, señores nos encanta que nos conquisten.
Pero lo que no podemos aceptar ni en los maridos ni en extraños, es la violación y mucho
menos que a la fuerza, sin que previe nuestra voluntad, haya relaciones sexuales. Y este
planteamiento está consignado en la Convención de Belem do Pará y está en la
declaración de los derechos de la mujer, en la igualdad de condiciones en los derechos;
también firmado por México. Está en la Asamblea General de las Naciones Unidas:
"todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento físico sexual o sicológico, inclusive las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si
se producen en la vida pública o en la privada". Este es el artículo 2o. de la
declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La conferencia de población y desarrollo,
celebrada en El Cairo, establece que promover la equidad y la igualdad de los sexos y los
derechos de la mujer, así como eliminar la violencia de todo tipo contra la mujer y
asegurarse de que sea ella quien controle su propia fecundidad y son la piedra angular de
los programas de población y desarrollo.
¿Qué tenemos que decir?, en el artículo
4o. también constitucional, se habla del número y de espaciamiento de hijos. Entonces,
no confundamos cópula violenta con cópula normal, no la confundamos, sobre todo cuando
se requiere y se plantea entre cónyuges. Pero a mayor abundamiento, aquí se ha
manifestado ya claramente que todos están de acuerdo con la iniciativa; se ha manifestado
claramente que en esta iniciativa hay pequeños puntos, pero muy pequeños, uno sólo, que
habla solamente de la penalidad que se le dará.
Y, en este último sustento yo quisiera
nada más argumentar un punto: ¿se le tendrá que bajar también la penalidad al homicida
que haya matado a su cónyuge, por tratarse de ser el cónyuge?, yo creo que ahí no hay
fundamentación, homicidio es homicidio y se cometen otras características; violación es
violación y tiene esa penalidad. Pero aún así, nosotros fuimos más allá: pusimos que
tiene que ser por querella.
Paa finalizar, yo quisiera pedirle señor
Presidente que consultara usted si está suficientemente discutido, para que pongamos a
votación esta iniciativa, para darle a las familias mexicanas un muy buen regalo de
navidad.
Muchas gracias.
Tiene la palabra... una pregunta
diputada O'Farrill, ¿acepta la pregunta?
|
La
diputada Carolina O'Farrill Tapia: |
Con mucho gusto.
|
El
diputado José de Jesús Torres León
(desde su curul): |
Gracias, nada más para ir normando
el criterio porque los puntos que está poniendo a consideración, tanto de los que están
a favor de la iniciativa, como de los que están... no de la iniciativa, de antemano
condenamos la violencia intrafamiliar. Pero para normar el criterio, cuando menos en lo
personal mío y las tesis que están dando son muy interesantes, yo quisiera preguntarle a
la diputada O'Farrill, si una mujer despechada, una mujer en un arranque de celos, una
mujer que está mal aconsejada por algún abogado, pudiera mentir e interponer o poner su
denuncia por violación, por despecho o por celos. ¿Es capaz una mujer de hacerlo?
|
La
diputada Carolina O'Farrill Tapia: |
Pues yo quisiera decirle
específicamente que esas conductas evidentemente existen; yo no vengo aquí a hablar de
que todas las mujeres son maravillosas y la virgen de Guadalupe, discúlpenme. Pero la
situación es ésta: en el centro de terapia de apoyo a víctimas de violación, de la
Procuraduría, la mayoría de los casos que se presentan son de violación del cónyuge
hacia la mujer, ¿si?, que así es como lo estamos planteando en la iniciativa.
¡Pero además, está el planteamiento de
querella! ¡Pero además, ése es el tipo de familia que nosotros deseamos que se
conserve! ¡Pero además no es eso, hasta eso un derecho que deben de tener las mujeres o
solamente lo pueden tener ustedes! ¡Perdóneme usted!
¡Está suficientemente planteado!
¡Muchas gracias!
¡Son derechos que tenemos los hombres y
las mujeres! ¡Si consideramos que éstos son los argumentos y podemos rotundamente
lograr, que se logre un divorcio con una acusación de este tipo, está en manos del juez
para determinar esto!
¡Muchas gracias!
|
El
diputado Jorge Humberto Zamarripa Díaz (desde su curul): |
¡Una pregunta!
Acepta una pregunta, diputada
O'Farrill.
|
La
diputada Carolina O'Farrill Tapia: |
Con mucho gusto, señor Presidente.
Adelante, señor diputado.
|
El
diputado Jorge Humberto Zamarripa Díaz (desde su curul): |
Señora diputada:
Precisamente para normar nuestro criterio,
que todos estamos deseosos de tener más claridad. Espero su atención...
|
La
diputada Carolina O'Farrill Tapia: |
Sí, como no señor.
|
El
diputado Jorge Humberto Zamarripa Díaz (desde su curul]: |
Gracias.
Mire, todos sabemos perfectamente como
somos los seres humanos y sabemos que la casuística es muy amplia. Se pueden dar diversos
casos y mucho muy amplios y podemos toparnos con la situación y no sé cuántos, es
imprevisible de alguna manera, pero que el esposo busque tener relaciones con su esposa y
dado que esté tipificado y quedar así como está ahorita proponiendo, va a resultar que
para evitar violencia o para evitar obligar a su esposa va con las prostitutas y adquiere
una enfermedad venérea... permítanme. Va y adquiere una enfermedad con tal de no tener
relaciones para no obligar a su esposa. Después la señora ahora sí admite, sin darse
cuenta que el esposo adquirió una enfermedad, ahora sí admite tener relaciones con su
esposo, sin darse cuenta de que adquirió una enfermedad. ¿Dígame usted, cómo va a
prever esto?, por bien de los mexicanos.
Diputada, por favor, les pedimos
orden.
|
La
diputada Carolina O'Farrill Tapia: |
Podría ser un caso, ¿si?, que usted
lo está planteando. Ahora, en esta situación, para no violar a la esposa se va con las
prostitutas. Pues yo creo que no necesita el pretexto, discúlpeme. Si tenemos cientos y
miles de casos que, sin este pretexto, ¡se van de todos modos con las prostitutas! ¡Y
con las secretarias! ¡Y con las compañeras de trabajo! ¡Y con todas las que pueden,
pero desafortunadamente! ¿Sí? ¡Se van y ni siquiera siguen manteniendo el hogar que
dejaron! ¡Se van y ni siquiera siguen cumpliendo con sus responsabilidades! ¡Y no tengo
a la mano el número de casos, ¿sí?, de divorcios, en donde no se les ha podido cobrar
un centavo a los señores para gastos de alimentos, porque los señores, ¿sí?, cerraron
su empresa o se salieron de trabajar!
Mire, no se trata de casuística,
discúlpeme, ¿sí?, hasta en este caso, pensemos al revés: la obliga a violarla, porque
sabe que tiene SIDA, ¿sí? Ahí hay otro planteamiento más. Pero lo que yo no entiendo,
rotundamente, es esta gran preocupación que tienen los compañeros de que los vayan a
acusar sus esposas, ¡porque casi todo lo personalizan!
A veces me pregunto yo: ¿Si cuál de los
compañeros que está haciendo uso de la palabra, comete violación cotidiana con sus
esposas y está preocupadísimo de que sus propias esposas los vayan a denunciar y a
quitarles los bienes y quién sabe cuántas cosas?
¡Y, señor diputado, ya no le contesto
ninguna pregunta!
Muchas gracias.
Estamos agotando la primera
discusión de los artículos que consideramos para esta primer votación, de acuerdo a lo
establecido en el Código Penal en el artículo 265, 266, 345, 343- ter; falta, porque me
comentan diputados que falta, o sea, que tienen duda si se va a discutir o no el 265-bis.
Falta por discutir el 265-bis...
|
La
diputada María Beatriz Zavala Peniche
(desde su curul): |
Señor Presidente, pido la palabra.
Diputada, ¿con qué objeto?
|
La
diputada María Beatriz Zavala Peniche
(desde su curul): |
Para rectificar hechos.
Para rectificar hechos, tiene la
palabra la diputada Beatriz Zavala.
|
La
diputada María Beatriz Zavala Peniche: |
Señoras diputadas y señores
diputados; compañeros diputados panistas:
La violación no es un hecho cultural que
debamos venir a defender a esta tribuna. En los hechos culturales también tenemos que ser
discriminativos y hablo de hechos culturales porque uno de mis compañeros mencionó la
violación como un hecho cultural y que en este sentido era difícil y además no debía
de catalogarse como delito la violación como un hecho cultural entre cónyuges.
Definitivamente que tenemos que ser
discriminativos en este sentido y además la violación no es un hecho cultural de base
amplia como medio de reproducción en ninguna sociedad. Si tienen datos distintos debieron
haberlos expuesto en esta tribuna.
La violación, compañeros panistas, no
puede ser, no debe ser una forma de reproducción humana aceptada por ninguna sociedad y
mucho menos una forma de reproducción familiar. Es decir, a lo que aquí se le llama el
acto de copular violento, no podemos aceptarlo como una forma de reproducción de la
familia y el no tipificarlo como delito es lo que está implícito en la argumentación.
No somos animales, compañeros, para
garantizar que exista el acto copular libre en cualquier momento, aunque el otro ser no
está dispuesto a ese acto. No necesitamos de ese tipo de libertades para la reproducción
humana. La reproducción humana es un acto que merece mucha más dignidad, que merece el
consentimiento, independientemente de la relación del Código Civil, como puede ser el
matrimonio que exista entre dos personas. Puede existir el derecho al acto de copular,
pero no el derecho al acto de copular violento y es lo que aquí están confundiendo y lo
están confundiendo muy gravemente.
La manipulación de la ley existe,
compañeros panistas y existe en muchísimos delitos. Existe también en la violación
fuera del hogar; no podemos tapar esta realidad. Pero no porque se manipule la ley vamos a
dejar de aceptar que exista, que esté en la ley un acto que debe ser considerado como
delito. ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo con este planteamiento?
La manipulación de la ley va a seguir
existiendo. ¿Acaso se le tiene miedo a que en sus propias familias esto pueda ser acusado
como delito? Yo creo que no. Entonces, tenemos que ser muy claros y discernir, discernir
en cuanto a que los actos que civilizadamente consideremos delitos, los legislemos, para
eso existen las leyes. Si hay que hacer reformas tienen que hacerse en el Poder Judicial.
Aquí estamos en el Poder Legislativo para emitir las leyes, los que van a dictaminar en
su aplicación y las van a juzgar están en otro poder, están en el Poder Judicial y eso
es lo que aquí tiene que tenerse claro, porque de otra manera llegaríamos a la
conclusión de que no existieran leyes que pudieran ser manipulables y todas lo son.
Por otra parte, hablan de que es difícil
probar, compañeros, la violación al interior de una familia o al interior de cuatro
paredes. Quiero recordarles, particularmente a la fracción panista, que hace tal vez,
desde hace cerca de 30 años, los panistas venían pidiendo que se legislara en contra del
fraude electoral, que hubiera... y todavía siguen pidiendo que hayan reformas electorales
en este sentido y uno de los argumentos principales era que era difícil de probar los
delitos electorales y particularmente el fraude electoral; ésta no es razón para que no
se legisle. Lo que está enfrente es el reto de los juristas, el reto de los penalistas de
saber probar cuando existe el delito y no somos infalibles como humanos, habrá injusticia
que se cometa, pero la mayor injusticia es que no se quiere tipificar como delito una
violación, un acto popular forzoso. México es el país en Latinoamérica que se queda
atrás en ese sentido, no lo permitamos en esta legislatura, vayamos adelante.
Gracias.
Tiene la palabra en contra el
diputado Carlos Morales Vázquez.
Declina. Tiene la palabra la diputada Laura
Itzel Castillo, en pro.
|
La diputada
Laura Itzel Castillo Juárez: |
Gracias, señor Presidente:
Consideramos que es muy importante el hecho
que se debata sobre este tema y la posición que nosotros queremos aquí dar a conocer
como parte de la fracción parlamentaria del PRD, es en el sentido de que consideramos
nosotros que tiene que haber una legislación real para que se proteja a la familia.
Que ha existido toda una serie de
cuestionamientos, con relación al artículo 265, en torno a que si una mujer
va a demandar a su pareja por violación en
una situación de despecho, como se planteaba aquí. A mí me parece que todo esto refleja
justamente este atraso cultural que hay y que tenemos que darnos cuenta que con relación
a las víctimas de las agresiones físicas y sexuales, hay una gran cantidad de mujeres
que se encuentran en este caso y que se encuentran desprotegidas legalmente y que uno de
los puntos que me parece importante considerar es que cuando una mujer acusa de violación
no es estar acusando con relación...
Diputada, ¿acepta una interpelación
del diputado Rubén Fernández Aceves?
|
El
diputado Rubén Alfonso Fernández |
Aceves (desde su curul):
Muchas gracias, señora diputada. Oiga,
estoy casi ya convencido de los argumentos que se han planteado a favor de la propuesta,
pero habiendo revisado la exposición de motivos, no encuentro cuáles son los elementos
de juicio, las razones por las cuales se propone que la penalidad para ese tipo sea de
ocho a 14, ¿por qué no de 10 a 15?, ¿por qué no de dos a seis? ¿Cuáles son los
razonamientos que en materia penal debemos tener con mucho cuidado para que sean de ocho a
14, como la violación fuera de matrimonio?
|
La
diputada Laura Itzel Castillo Juárez: |
Bueno, efectivamente uno de los
puntos muy importantes es que en cuanto a la discusión que se está dando en estos
momentos, la violación que se ejerza al interior de la familia, ya sea con el cónyuge o
con la concubina, tendrá que tener la misma pena que si sucediera en la calle o en otro
lugar. Voy a continuar.
Bueno, una de las cuestiones que a nosotros
nos parece fundamental es que el caso de la violación al interior de la familia es,
incluso, más grave que el que se comete fuera de la familia. Por qué decimos esto,
cuando se nos hace aquí el cuestionamiento de por qué tantos años y no tantos otros,
porque simplemente consideramos nosotros que debe de ser equiparable, que debe de ser
igual a la pena que se pone a los violadores cuando son sujetos extraños.
Lo que sí estamos muy conscientes es que
es peor que al interior de la familia, cuando es ahí donde se debe de proveer de amor, de
cariño, de afecto, de protección, sea donde se encuentren justamente esta serie de
agresiones.
Si vivimos en una ciudad en la cual
nosotros nos encontramos ante una situación muy adversa por la ola que existe de
atentados, de crímenes y por la inseguridad social que vivimos nosotros a diario, una de
las cuestiones que nos parece aún más grave es que las mujeres y los niños cuando
llegan al interior de su domicilio, se encuentren también con peores agresiones pero de
quien supuestamente les tiene que proveer de afecto.
Y las mujeres en estos casos a los que nos
estamos refiriendo del 265, se encuentran en una situación todavía más vulnerable
porque no es un hecho casual que pudiera suceder una violación en la calle; lo que está
sucediendo es que los 365 días del año se está enfrentando a una situación de
agresión, a una situación de violencia física y sexual en el seno matrimonial; es algo
que no se debe de permitir.
Y cuando aquí se dice que se está
violentando a la familia, nosotros lo que decimos es que justamente lo que queremos es
defender a esta violencia que se ejerce en el seno matrimonial, y que por esta razón
consideramos que la pena tiene que ser igual, pero que en los casos en los que la víctima
es ni más ni menos que la concubina o la cónyuge, se encuentra toda una serie de
situaciones que la han caracterizado también como la pérdida de lo que es la autoestima;
también lo que es todo una relación de situaciones de inseguridad, y lo que queremos
decir es que lo que se está planteando aquí no es meramente una cuestión que haya
surgido de una ocurrencia, sino que es algo que se ha estudiado y que incluso se tiene en
estadística.
Yo aquí nada más quiero hacer referencia
a éstas: en el centro de atención a la violencia intrafamiliar, que depende de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de octubre de 1990 a septiembre de
1997, se recibieron 60 mil 625 casos, atendiéndose un total de 108 mil 392 personas, es
decir, un promedio mensual de 722 casos y 1 mil 200 personas.
De los casos de mayor porcentaje, se
presentan los de las mujeres entre los 18 y los 34 años de edad. El 84% de quienes acuden
a este centro, reciben maltrato físico, sicológico y sexual y simplemente quiero
mencionar que del total de las mujeres atendidas contra la violencia intrafamiliar, siete
de cada 10 son agredidas justamente por el cónyuge.
O sea, éstos son elementos, son las
estadísticas que se tienen aquí a nivel del Distrito Federal, a partir de la creación
de estos centros y que para poder probar que efectivamente hay violación, pues eso se
tendría que, como lo viene planteando en la ley, pues una demanda por querella y que
además se tiene que probar ante el Ministerio Público; es decir, cuando aquí se maneja
que se va a acusar a un hombre de este delito y se maneja como si fuera algo muy... lo que
nosotros queremos decir es que se tiene que pasar por un trámite largo y que éste es un
hecho vergonzoso y que ninguna mujer puede estar orgullosa de que en su familia, su
cónyuge la maltrate y la viole y que para esto es importante que nosotras las mujeres y
los hombres de esta legislatura estemos abiertos a esta situación, porque el hecho de que
negemos que esto sucede no quiere decir que no pase, porque los hechos violentos se
manifiestan a diario y como estadísticas tenemos las que hemos presentado hace unos
momentos y consideramos que se requiere justamente de instrumentos jurídicos que puedan
proteger a la familia de esta violencia, que la violencia se está dando en el seno
familiar, que necesitamos instrumentos para su defensa, que con el hecho de negar que
existe no quiere decir que esto no esté sucediendo y que por lo tanto exhortamos a las
compañeras diputadas y a los diputados para que votemos a favor de esta iniciativa, a
favor del dictamen que presentó la comisión, en específico en el caso de la violencia
que se ejerce en el acto sexual en contra de la concubina, en contra de la cónyuge y que
en este caso la misma sanción que se impone en el exterior, tiene que darse al interior
de la familia.
Y que en este caso, simplemente para
terminar, una de las cosas que me gustaría recordar es que dentro de lo que es la
Convención de Belem do Pará, uno de los aspectos importantes y que coincidimos los
países participantes, es en frenar la violencia que se ejerce en contra de las mujeres,
en que todas las mujeres tenemos derecho a una vida plena y libre fuera de violencia,
tanto en el ámbito público como en el privado.
Muchas gracias.
Consulte la Secretaría a la Asamblea
si se encuentran suficientemente discutidos los artículos 323-ter del Código Civil para
el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y 265 y
266, 345-bis, 343-ter, 343-quater y 350 del Código Penal para el Distrito Federal en
Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
|
El
secretario Jaime Castro López: |
En votación económica se pregunta a
la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos 323-ter del Código
Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia
Federal y 265, 266, 345, 343-ter, 343- quater y 350 del Código Penal para el Distrito
Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos, señor Presidente.
Proceda la Secretaría a recoger la
votación nominal de los artículos 323-ter del Código Civil para el Distrito Federal en
Materia Común y para toda la República en Materia Federal y 265, 266, 345-bis, 343-ter,
343-quater y 350 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y
para toda la República en Materia de Fuero Federal, con la modificación presentada por
la comisión.
|
El
secretario Jaime Castro López: |
Se va a proceder a recoger la
votación nominal de los artículos a que ha hecho referencia el Presidente de esta mesa.
Señores diputados, claramente
establecimos que estábamos agotando la discusión de los artículos 323-ter del Código
Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia de
Fuero Federal, 265, 266, 345-bis, 343-ter, 343-quater y 350 del Código Penal para el
Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero
Federal.
Aclaramos que sigue la discusión, en su
momento, del 265-bis. Lo aclaramos en su momento.
Por favor diputados, sí les requerimos que
pongamos atención a la sesión. Si son tan amables, yo pediría a los señores
secretarios que se reinicie nuevamente la votación, ya que había confusión en los
señores diputados.
|
El
secretario Jaime Castro López: |
Señor Presidente, se emitieron por
los artículos 323-ter del Código Civil; 266, 345-bis, 343-bis, 343-ter, 343-quater y 350
del Código Penal, 374 votos en pro y ocho votos en contra.
Por el artículo 265 se emitieron 364 votos
por el sí y 18 votos por el no.
Aprobado el artículo 265 con 364
votos a favor. Aprobados los artículos 323-ter del Código Civil para el Distrito Federal
en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y 266, 343-bis, 343-ter,
343-quater, 345-bis y 350 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero
Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, con la modificación
presentada por la comisión por 374 votos.
Está a discusión el artículo 265-bis.
¿No existen oradores en contra? No tenemos registrados oradores en contra del 265-bis.
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez
Rodríguez (desde
su curul): |
Señor Presidente, por favor.
¿Con qué objeto, señor diputado?
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez
Rodríguez (desde
su curul): |
Señor Presidente:
Con todo respeto, pero es palmaria la
deficiencia con que ha conducido usted los trabajos de este pleno. Lo que ha estado a
discusión durante toda la jornada, ha sido el artículo 265-bis, que ahora pretende se
ponga a discusión nuevamente.
Yo le ruego a usted, señor Presidente, se
dé lectura al texto del artículo en cuestión; son dos líneas y se consulte a la
Asamblea si es que acaso se quiere reabrir la discusión de este artículo.
Muchas gracias.
Señor diputado, señores diputados,
al inicio de la discusión aclaramos, dijimos y establecimos que iba a ser la aprobación
de los artículos en dos votaciones; la primera con la propuesta que hizo la Comisión de
Justicia y enseguida íbamos a llevar la discusión del 265-bis, por ser el artículo en
donde no existía consenso entre los grupos parlamentarios.
Les pido, por favor, que en las sesiones
tomen las medidas necesarias para que escuchen claramente las aclaraciones y se ponga
atención en la sesión. Lo establecimos claramente, por lo tanto repetimos, ¿se han
anotado oradores en contra para discutir el 265-bis, señor Secretario?
Tiene la palabra el diputado Emilio
González en contra.
|
El
diputado Emilio González Márquez: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras diputadas, compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación:
Yo entiendo que una ley o modificaciones a
una ley, un código, no pueden realizarse basándose en casos específicos, sin embargo,
quisiera poner a su consideración dos casos utópicos o tres que se pudieran presentar
para concluir con una pregunta.
Quiero decir que yo voté a favor,
compañera del PRD, yo voté a favor en lo general...
Permítame, señor diputado.
Vamos a pedir por favor a los señores
diputados escuchen con atención al orador para desahogar este punto. Es de importancia y
es necesario que pongamos atención y que tengamos respeto.
Adelante diputado.
|
El
diputado Emilio González Márquez: |
Gracias, señor Presidente:
Decía, yo voté a favor en lo general y
acabo de votar a favor en lo particular en los otros artículos que se han puesto a
consideración.
Yo quisiera preguntar, porque es una duda
lo que tengo, es una duda razonable que me impide tomar una decisión en conciencia. Creo
que esto no está suficientemente estudiado, no digo discutido aquí porque a veces aquí
viene uno a tomar posturas meramente partidistas, en fin.
Yo quisiera poner dos ejemplos que me
surgen a la mente, uno de ellos, y discúlpenme si esto puede ofender porque se crea
vulgar, a algunas de las conciencias de mis compañeros diputados, no es la idea, pero,
¿qué sucede cuando un esposo llega y quiere tener relaciones sexuales con su esposa y
ella no quiere porque le duele la cabeza y él la obliga? Ese es un caso, es una
violación.
Permítame diputado.
Les pedimos, por favor, a las diputadas y
les pedimos a las damas que hoy nos visitan, que garden el orden necesario para que pueda
proseguir esta sesión.
Les reiteramos a las damas que hoy acuden a
esta sesión, sírvanse guardar respeto al orador. Igualmente a las señoras diputadas.
Prosiga diputado.
|
El
diputado Emilio González Márquez: |
Creo que no se escucha, le pediría
al del sonido si le quiere subir, porque yo digo, eso es violación.
Yo lo estoy diciendo, no me lo digan, yo lo
estoy diciendo, es el caso hipotético número uno.
Caso hipotético número dos. Llega un
esposo ebrio, golpea a la esposa y la viola. Es el caso hipotético número dos.
Caso hipotético número tres. Llega un
delincuente armado, inmoviliza al esposo, lo amarra, inmoviliza a los hijos y los obliga a
ver. Otra violación la que el delincuente comete contra la esposa del señor.
Y pregunto, es una pregunta. ¿Es el mismo
daño para la señora el que se le hace en estos tres tipos de violaciones? ¿La
recuperación que va a tener esta señora es la misma en el caso de una violación del
esposo sin golpes, una violación con golpes o una violación de un delincuente
desconocido? Y pregunto simplemente...
Permítame, señor diputado.
En términos del artículo 206 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
se informa a los concurrentes a las galerías, que no pueden tomar parte en los debates
con ninguna clase de demostración. Esta Presidencia los invita para que guarden el orden
y se abstengan de intervenir o distraer a los oradores en turno. En su caso, tendremos la
necesidad de instruir el desalojo de las galerías.
Les pedimos nuevamente respeto a los
oradores, así como a las señoras diputadas también respeto a los oradores, como se lo
merecen ustedes mismas.
Prosiga diputado.
|
El
diputado Emilio González Márquez: |
Gracias, señor Presidente:
Yo estoy porque se imponga una pena al
señor que viole a su cónyuge, eso no está a discusión, al menos en mi caso, eso no
está a discusión, simplemente pregunto, ¿en estos tres casos hipotéticos de
violación, la pena debe ser la misma?
Y segundo, ¿qué estudios criminológicos,
científicos, se han realizado y se tuvieron en la comisión que emite el dictamen para
tomar la decisión que en estos tres casos es la misma pena?
Yo estoy porque haya una pena, simplemente
tengo la duda, ¿deberá ser la misma?
Gracias.
Tiene la palabra el diputado Victorio
Montalvo Rojas.
|
El
diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas: |
Con su venia, señor Presidente:
Para responder la primera pregunta del
compañero que me antecedió en la palabra. Me gustaría responderle que el artículo 265
que acabamos de aprobar, establece: "... al que por medio de la violencia física o
moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de 8 a 14
años...".
En consecuencia, debe existir al hecho la
violencia física o moral.
También quisiera argumentar a favor en los
siguientes términos: con la creación del artículo 265-bis, estamos a punto de enmendar
un grave error cometido por nuestro más alto tribunal de la nación. Vamos a desterrar el
criterio que sostiene que el esposo o concubinario que obtiene cópula con la cónyuge o
concubina mediante la violencia física o moral, no comete violación, sino ejercicio
indebido de un derecho.
Nadie tiene derecho a disponer del cuerpo
del otro, a vulnerar la libertad de la persona para satisfacer sus deseos sexuales ni
siquiera en el matrimonio o en el concubinato.
Es preciso dejar clara esta regla de
nuestra norma penal sustantiva, para ir desterrando la cultura de la violencia familiar.
Es una medida dura, pero necesaria,
establecer que cuando la víctima de la violación fuere la esposa o concubina, se
impondrá la pena de 8 a 14 años.
Ciertamente, entre los cónyuges o
concubinarios, se da una relación de intimidad cotidiana que obliga al entendimiento y
acuerdo mutuos para la decisión de los asuntos en común.
El matrimonio está fundado en el principio
de la libertad y la libertad se sustenta en el más singular de los derechos individuales
y humanos, la propiedad de uno mismo, de la persona, del cuerpo.
No es justificable que por el hecho de ser
esposa o concubina, la mujer vea disminuida su libertad, que se le reste protección
frente a actos delictivos.
No existe el débito carnal; no hay derecho
a disponer del cuerpo de la cónyuge o concubina. El varón tiene una compañera, no una
propiedad.
Hay quienes sostienen que es excesiva la
pena que se fija para este caso.
Yo quiero llamar la atención sobre un
hecho de relevancia: cuando una mujer de nuestra familia es víctima de violación,
nosotros, los varones, como esposos, concubinos, padres o hermanos, reclamamos rigor en la
sanción. ¿Por qué pedir tanto privilegio en la sanción cuando llegamos a ser los
victimarios de nuestra propia compañera, de la mujer que nos tiene confianza y espera
comprensión y respeto de nuestra parte?
Esperamos que la medida que hoy aprobemos
sea para bien; que también del lado de la mujer hay uso adecuado de una protección.
|
El
diputado Emilio González Márquez
(desde su curul): |
Señor Presidente, una pregunta al
orador.
¿Acepta la pregunta, señor
diputado?
|
El
diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas: |
Sí, adelante.
|
El
diputado Emilio González Márquez
(desde su curul): |
Gracias a la Presidencia; gracias al
compañero diputado:
Preguntarle simplemente un sí o un no para
tener una mayor ilustración, porque no he comprendido. ¿Debe ser la misma pena para un
esposo que viola que para un delincuente violador? ¿Sí o no?
|
El
diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas: |
Efectivamente, así es.
Definitivamente sí, señor diputado, y adelante le explicaré porqué.
Celebramos que en la Comisión de Justicia
se haya perfeccionado la iniciativa, que se establezca la querella de la esposa o
concubina ofendida.
Aprovecho la ocasión para referir una
opinión. Si en comisiones o en tribuna algunos diputados discrepamos del criterio de las
diputadas, tómese esto como un legítimo interés de encontrar en la sana polémica las
mejores soluciones, para la regulación de las relaciones sociales. No se aborde el
problema desde la óptica del enfrentamiento entre los géneros.
Yo estoy a favor de la penalidad propuesta
en el dictamen, que es de ocho a 14 años y estoy en contra del trato desigual en la
aplicación de penas, claro, pues donde existen iguales razones, deben de existir iguales
soluciones...
Permítame, señor diputado. ¿Con
qué objeto, señor diputado?
|
El
diputado Rafael Sánchez Pérez
(desde su curul): |
Para hacer una pregunta al orador.
¿Acepta una pregunta, diputado?
|
El
diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas: |
Claro que sí.
|
El
diputado Rafael Sánchez Pérez
(desde su curul): |
Gracias diputado:
El artículo que está en discusión
establece que serán víctimas de este delito, la concubina o la esposa. Yo le quisiera
preguntar, señor diputado, si no tiene inconveniente, ¿no pierde la característica de
generalidad este artículo como lo establece la Constitución, al llevar una etiqueta
determinada y excluir a los varones de la posibilidad de una violación?
|
El
diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas: |
Mire compañero, el artículo 265
vigente y el que acabamos de aprobar, establece la cópula y establece cuando se comete el
delito de violación. La preocupación de esta iniciativa, fue involucrar a la víctima
identificándola como la dama, la mujer.
En este sentido al incorporarlo en el 265
Bis, lo que estamos haciendo, es evitar también que se incorpore al catálogo de delitos
graves.
Se aceptó en la discusión de la noche de
ayer, que se incorporara por querella y que se incorporara también el hecho de que no
fuera incluido en los delitos graves, como acabo de reiterar, es en el sentido de que no
atentaría, desde mi punto de vista, contra la igualdad plasmada en el artículo 4o.
constitucional.
Muchas gracias.
Prosiga con su tiempo señor
diputado.
|
El
diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas: |
He concluido mi tiempo.
Gracias.
Bien, agotada la lista de oradores
inscritos para la discusión del artículo 265-bis, consulte la Secretaría a la Asamblea
si se encuentra suficientemente discutido el artículo 265-bis.
|
El
secretario Francisco Crescencio
Rodríguez García: |
En votación económica, se pregunta
a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 265-bis del Código
Penal.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
Proceda la Secretaría a recoger la
votación nominal del artículo 265-bis del Código Penal para el Distrito Federal.
|
El
secretario Francisco Crescencio
Rodríguez García: |
Se va a proceder a recoger la
votación nominal del artículo 265-bis del Código Penal para el Distrito Federal y en
Materia Federal. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el
artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
|
El
secretario Jaime Castro López: |
Señor Presidente, se emitieron 254
votos en pro 90 en contra.
Aprobado por 254 votos el artículo
265-bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda
la República en Materia de Fuero Federal.
Diputadas, les pedimos respeto a nuestro
recinto oficial, por favor.
Aprobado en lo general y en lo particular
el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código
Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia
Federal; del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; del Código Penal
para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia
de Fuero Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
|
El secretario Jaime Castro
López: |
Pasa al Senado para los efectos
constitucionales.
VEHICULOS
EXTRANJEROS
Tiene la palabra la diputada Mónica
García Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional, para intervenir sobre los
vehículos extranjeros.
|
La
diputada Antonia Mónica García
Velázquez |
Con el permiso de la mesa directiva;
señoras diputadas y señores diputados:
He solicitado el uso de la palabra para dar
a conocer la postura de la fracción priísta de esta Cámara, respecto a un asunto
complejo y que cada día que pasa se torna más preocupante, pues afecta a un número
importante de familias y habitantes de esta nación.
Me refiero a la nacionalización de
vehículos...
Permítame diputada.
Diputadas y damas que hoy nos acompañan,
les pedimos respeto para la dama que está en el uso de la palabra en estos momentos,
dando la posición de su partido, en relación a un asunto comunicado a esta Cámara. Por
favor les pedimos guardar orden.
Prosiga diputada.
|
La
diputada Antonia Mónica García
Velázquez: |
Me refiero a la nacionalización de
vehículos de procedencia extranjera. Desde aún antes de tomar posesión como diputados
federales, la gran mayoría de nosotros en el ámbito de nuestras competencias, iniciamos
gestiones para encontrar solución a este asunto que ha constituido desde hace mucho
tiempo, un tema recurrente, no sólo en la frontera norte del país, sino también en el
resto de los estados que componen la geografía nacional.
Además, considero necesario hacer de su
conocimiento que una vez con la investidura de legisladores federales, llevamos a cabo
diversas gestiones ante autoridades competentes, así como acciones de atención
ciudadana, en donde captamos la mortificación por parte de diversos sectores en relación
a la protección de su patrimonio.
Es prudente en este momento, definir los
aspectos principales de nuestra postura:
Primero: la razón principal de nuestra
intervención es el apoyo a las familias e individuos que por su situación social y
económica no tienen la oportunidad de adquirir un vehículo nacional en buenas
condiciones y a un precio accesible, el cual estamos convencidos, es necesario.
Segundo: rechazamos las acciones de
organizaciones que a la luz de este problema, lucran con la necesidad de quienes menos
tienen.
Tercero: buscamos proteger el patrimonio
familiar, eliminando el coyotaje y la corrupción que lesionan los bolsillos de los
mexicanos que buscan una solución a su necesidad.
Es preciso posicionar que es una demanda
muy sentida de la población que debe de ser atendida por las instancias de Gobierno
respectivas, como la Secofi, la Secretaría de Hacienda, la Semarnap, la Secretaría de
Gobernación, la PGR y las demás que correspondan, y no sólo atendida, sino analizada y
estudiada con celeridad. De tal forma que se defina una pronta solución, esto en
beneficio de aquellos mexicanos que utilizan dichos vehículos para su transporte básico
y en otros casos siendo utilizados como instrumentos de trabajo.
Por otra parte, somos conscientes de que
siendo congruentes con los tiempos que indican equilibrio en las propuestas y el
análisis, y no solamente obedecer sólo a la protección de ideologías personales,
nuestra fracción está a favor de buscar y conseguir la construcción e implantación de
nuevos mecanismos de control que permitan garantizar los empleos que genera la industria
nacional automotriz, evitar la fuga de divisas, evitar la violación de ordenamientos
ecológicos y, muy importante, vigilar, para que no se aprovechen de esta situación
quienes sí tienen la posibilidad y el recurso para adquirir vehículos nacionales o, en
su caso, importar vehículos de procedencia extranjera. Pero evitando, eso sí, retomar
antiguos mecanismos que en su momento propiciaron corrupción y coyotaje, lo que afectó
inclusive a la economía nacional, a la vez que contribuyó a enriquecer y otorgar
beneficios y privilegios a ciertos grupos de la población, siendo preciso en su momento
que las autoridades del ramo actuaran en forma inmediata, eliminando dichos mecanismos.
Por esta razón, los diputados del PRI nos
solidarizamos con miles de familias que demandan atención inmediata y nos comprometemos a
definir el marco jurídico y fiscal y demás aspectos de comercio como marcas, líneas,
tipos, años, series, que podrían ser susceptibles de nacionalización para no alterar
condiciones de mercado, medio ambiente etcétera.
Es en esta tribuna, que constituye el
máximo foro de expresión en México, donde reiteramos que actuaremos no solo de palabra,
sino con acciones concretas para lograr en forma inmediata la solución a este problema.
Asimismo enviamos un mensaje a los
habitantes del territorio nacional con el firme compromiso de apoyar la demanda de quienes
menos tienen y quienes más carecen.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Javier
Corral Jurado, del Partido Acción Nacional.
|
El diputado Javier
Corral Jurado: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
Con beneplácito hemos escuchado y
recibimos el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, acerca de la propuesta de solución a uno de los problemas sociales que
aqueja a muchos mexicanos, casi 1 millón, que poseen en el territorio nacional vehículos
de procedencia extranjera que fueron internados al país en forma ilegal.
Nuestro posicionamiento se da para hacer
precisiones a la discusión que hace apenas unas horas se realizó en este recinto
parlamentario, cuando propusimos formalmente la iniciativa para regularizar esta cantidad
de vehículos y sobre todo la iniciativa para crear el Registro Nacional de Vehículos de
la República Mexicana.
El PAN buscaba que se respetara el
procedimiento parlamentario del turno inmediato a la comisión, para que ahí se diera la
discusión, porque de entrada manifestamos que estamos dispuestos a discutir cualquier
política que busque en una fórmula de equilibrio, como lo señaló la compañera
diputada, la solución al problema. Por eso venimos a precisar y a posicionar que el
asunto de los carros chuecos, que la creación del registro nacional de vehículos tiene
que ser una medida de solución con consenso pleno de la Cámara de Diputados. Que no se
vale, en aras de oportunismos políticos que buscan medrar políticamente con los
problemas de los ciudadanos, hacer propiedad banderas sociales, banderas de urgentes
necesidades ciudadanas, para dificultar u obstaculizar una solución equilibrada a este
grave problema.
El PAN reivindica hoy la oportunidad de su
iniciativa tanto para la regularización, que no le hemos llamado nacionalización, porque
el concepto en la fórmula que proponemos tiene dos connotaciones distintas: es en el
norte del país, en la franja fronteriza,
donde se concentra la mayor cantidad de vehículos irregulares en este país. Lo
proponemos, regularización, para que se les permita su internación en toda esta franja
de la frontera norte del país, donde se concentra la mayor cantidad de vehículos.
Pero además decimos que debe crearse de
nueva cuenta un sistema confiable de control vehícular de registro de vehículos en el
país, entre otras cosas, para corregir las omisiones, los problemas de seguridad
pública, los problemas de criminalidad que hoy se generan por la falta de un censo
confiable de los automotores en este país.
Es que el problema de los carros chuecos
tiene en parte su inicio o tiene su inicio en parte cuando en 1990, por una estricta
decisión vertical autoritaria, fue eliminado el entonces Registro Federal de
Automóviles. Por eso el PAN cuando propone la regularización propone también la
creación del registro nacional de vehículos, para tener un instrumento eficaz de control
sobre todos los automotores que a partir de la regularización entren al país.
Pero además creemos que el problema debe
verse en la dimensión política aquí planteada, no debe verse como rentabilidad
partidaria, agotaríamos la solución. No podemos ver el problema como lo ve el secretario
de Hacienda, el señor Guillermo Ortiz. Con todo respeto el Secretario de Hacienda en su
comparecencia el pasado 11 de septiembre vio el problema de los carros chuecos única y
exclusivamente como un problema de competencia desleal frente a una industria automotriz
que si bien es cierto hace esfuerzos fundamentales para acrecentar la economía, para
reactivar el proceso económico del país, también es cierto que sería la mayormente
beneficiada, con una medida que regularice totalmente los vehículos, exceptuando los de
lujo, exceptuando aquellos que nacen del privilegio económico del monto de la capacidad
económica, sería la industria una de las beneficiarias. Creemos que el problema de los
autos chuecos es un problema social, no un problema político, como lo señaló el 11 de
septiembre el Secretario de Hacienda. En su intervención apuntó estar dispuesto a
generar una solución equilibrada, incluso que le represente al Gobierno de la República
ingresos adicionales para compensar los reajustes o los reacomodos de unidades
presupuestales que nosotros hagamos en esta Cámara.
Vamos a tomarle la palabra, compañeros
diputados, al Secretario de Hacienda, para buscar una solución equilibrada y ver este
problema como un problema social. Apartémonos de posicionar el asunto estrictamente como
una plataforma política de metro, de rentabilidad. La nación espera de nosotros
compromisos de consenso pleno, convergencias políticas fundamentales para ponerle fin al
ingreso irregular de vehículos que aconteció con la complicidad oficial, pero que la
misma autoridad y una misma posición oficial y de consenso legislativo puede cerrar este
capítulo bochornoso en el que algunos mexicanos utilizaron la corrupción oficial, la
necesidad ingente para utilizar un vehículo para su trabajo, para el campo, trabajadores,
campesinos, obreros.
El PAN reivindica hoy la oportunidad del
consenso pleno, no de quien presenta o no una iniciativa para solucionar el problema,
bienvenidos quienes converjan en ánimo de una solución que pone por encima de los
intereses particulares y de grupo de partidos políticos el interés nacional. Ojalá que
todos podamos converger en una pronta y rápida resolución.
Tiene la palabra la diputada
Guadalupe Sánchez Martínez.
|
La
diputada María Guadalupe Sánchez
Martínez: |
Gracias, señor Presidente;
compañeras diputadas y diputados:
Quiero manifestar aquí la postura de mi
partido, el de la Revolución Democrática, en relación a este tema que hoy se está
comentando. Desde el día de la comparecencia del licenciado Guillermo Ortiz Martínez, en
el que el Partido del Trabajo hizo el planteamiento sobre la necesidad de la
regularización de los vehículos de procedencia extranjera, estuvimos de acuerdo con el
partido en esta necesidad que existe sobre todo de resolver esta problemática para los
compañeros del sector campesino, de los productores.
Ha sido ésta una demanda que hemos
recogido en campaña y posterior a ella sobre la necesidad de que se les apoye, dadas las
condiciones que están viviendo actualmente de descapitalización de los campesinos, que
se les apoye en la regularización de sus vehículos y que se les deje trabajar. Ellos los
están ocupando para transportar el fertilizante, para transportar las semillas,
están utilizando sin ánimo de lucro, no
desconocemos aquí que hay grupos en que hay intereses ajenos a los intereses de los
campesinos que han estado lucrando con esta situación y nos oponemos a ello.
Pero sí consideramos que hay necesidad de
que se les apoye a los campesinos, no estamos de acuerdo en que se le esté apoyando a los
banqueros y que solamente se apoye a los carreteros, en que solamente se apoye a los
fabricantes de vehículos y que al campesino no se le apoye prohibiendo también la
importación de algunos productos que están dañando a su economía.
Queremos la sensibilidad de todos los
partidos políticos y del Ejecutivo para que esta problemática se resuelva y que se
busquen las formas, las medidas de control necesarias para hacer llegar este beneficio
realmente a quien más lo necesita en estos momentos y que son los productores del campo.
Nos sumamos a esta iniciativa los miembros
del PRD, se trabajará en el análisis de los esquemas para solucionar esta problemática
en comisiones y cuenten con que el PRD está sumándose a este esfuerzo por lograr un
beneficio adicional a los campesinos de nuestro país que tanto están demandando de
nuestra intervención para que se alivie en algo la situación por la que están pasando.
Muchas gracias.
Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada María
Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo.
|
La
diputada María Mercedes Maciel Ortiz: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo acude a esta tribuna con el propósito de plantear un problema que aqueja a un
importante número de propietarios de vehículos automotores que se encuentran en
territorio nacional. Es el caso que han sido internados en nuestro país por diferentes
aduanas vehículos que constituyen la herramienta fundamental de trabajo de nuestros
conciudadanos; estos vehículos fueron internados con la anuencia de quienes trabajaban en
los puntos de revisión.
Si bien es cierto que no cumplieron con los
requisitos que la ley prevé para su legal estancia, también es cierto que los
propietarios de estos vehículos los han destinado a actividades económicamente
productivas; también los propietarios de estos vehículos contribuyen en forma
determinante al fortalecimiento de otras actividades económicas colaterales y fortalecen
las finanzas nacionales con el pago del impuesto al valor agregado correspondiente en la
adquisición de gasolina, llantas y todo tipo de refacciones necesarios para mantener sus
vehículos en buen estado, generando por el consumo que se realiza, el fortalecimiento de
otras áreas productivas.
Con el propósito de legalizar los
vehículos que se encuentran en nuestro territorio, el Gobierno Federal ha expedido
diversos decretos mediante los cuales se otorgan facilidades administrativas a los
propietarios de vehículos extranjeros que circulan en el país, tales como el publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 1991, el del lunes 13 de enero de
1992 y la convocatoria a las personas físicas que hayan internado legalmente al país
vehículos de procedencia extranjera el 12 de abril de 1994.
De igual forma, la presente administración
publicó, el 29 de marzo de 1995, el acuerdo por el que se establecen las condiciones para
la importación de vehículos automotores usados, destinados a permanecer definitivamente
en la franja fronteriza norte del país. Si bien es cierto que el Gobierno Federal ha
expedido los decretos y acuerdos en comento, los requisitos que en dichos ordenamientos
jurídicos se establecen son de difícil cumplimiento para las personas físicas
propietarias de estos automotores.
En primer lugar, se hace alusión a la
internación legal de los mismos en nuestro país; esta condición es de difícil
cumplimiento en virtud de que pese a no cumplir los requisitos de ley, materialmente estos
vehículos se encuentran en nuestro territorio y de facto legales por la generación de
riqueza que propician.
En segundo lugar, el número de vehículos
que se internan al territorio nacional, aumentan cada día más, puesto que los
adquirientes al no poder pagar los estratosféricos precios que en el país las armadoras
extranjeras fijan en sus productos, se ven orillados a internar estos vehículos a un
menor precio de compra.
Compañeras diputadas y diputados, es
necesario destacar que los propietarios de vehículos irregulares, tienen la firme
convicción de que deben pagar los
están utilizando sin ánimo de lucro, no
desconocemos aquí que hay grupos en que hay intereses ajenos a los intereses de los
campesinos que han estado lucrando con esta situación y nos oponemos a ello.
Pero sí consideramos que hay necesidad de
que se les apoye a los campesinos, no estamos de acuerdo en que se le esté apoyando a los
banqueros y que solamente se apoye a los carreteros, en que solamente se apoye a los
fabricantes de vehículos y que al campesino no se le apoye prohibiendo también la
importación de algunos productos que están dañando a su economía.
Queremos la sensibilidad de todos los
partidos políticos y del Ejecutivo para que esta problemática se resuelva y que se
busquen las formas, las medidas de control necesarias para hacer llegar este beneficio
realmente a quien más lo necesita en estos momentos y que son los productores del campo.
Nos sumamos a esta iniciativa los miembros
del PRD, se trabajará en el análisis de los esquemas para solucionar esta problemática
en comisiones y cuenten con que el PRD está sumándose a este esfuerzo por lograr un
beneficio adicional a los campesinos de nuestro país que tanto están demandando de
nuestra intervención para que se alivie en algo la situación por la que están pasando.
Muchas gracias.
Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada María
Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo.
|
La diputada
María Mercedes Maciel Ortiz: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo acude a esta tribuna con el propósito de plantear un problema que aqueja a un
importante número de propietarios de vehículos automotores que se encuentran en
territorio nacional. Es el caso que han sido internados en nuestro país por diferentes
aduanas vehículos que constituyen la herramienta fundamental de trabajo de nuestros
conciudadanos; estos vehículos fueron internados con la anuencia de quienes trabajaban en
los puntos de revisión.
Si bien es cierto que no cumplieron con los
requisitos que la ley prevé para su legal estancia, también es cierto que los
propietarios de estos vehículos los han destinado a actividades económicamente
productivas; también los propietarios de estos vehículos contribuyen en forma
determinante al fortalecimiento de otras actividades económicas colaterales y fortalecen
las finanzas nacionales con el pago del impuesto al valor agregado correspondiente en la
adquisición de gasolina, llantas y todo tipo de refacciones necesarios para mantener sus
vehículos en buen estado, generando por el consumo que se realiza, el fortalecimiento de
otras áreas productivas.
Con el propósito de legalizar los
vehículos que se encuentran en nuestro territorio, el Gobierno Federal ha expedido
diversos decretos mediante los cuales se otorgan facilidades administrativas a los
propietarios de vehículos extranjeros que circulan en el país, tales como el publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 1991, el del lunes 13 de enero de
1992 y la convocatoria a las personas físicas que hayan internado legalmente al país
vehículos de procedencia extranjera el 12 de abril de 1994.
De igual forma, la presente administración
publicó, el 29 de marzo de 1995, el acuerdo por el que se establecen las condiciones para
la importación de vehículos automotores usados, destinados a permanecer definitivamente
en la franja fronteriza norte del país. Si bien es cierto que el Gobierno Federal ha
expedido los decretos y acuerdos en comento, los requisitos que en dichos ordenamientos
jurídicos se establecen son de difícil cumplimiento para las personas físicas
propietarias de estos automotores.
En primer lugar, se hace alusión a la
internación legal de los mismos en nuestro país; esta condición es de difícil
cumplimiento en virtud de que pese a no cumplir los requisitos de ley, materialmente estos
vehículos se encuentran en nuestro territorio y de facto legales por la generación de
riqueza que propician.
En segundo lugar, el número de vehículos
que se internan al territorio nacional, aumentan cada día más, puesto que los
adquirientes al no poder pagar los estratosféricos precios que en el país las armadoras
extranjeras fijan en sus productos, se ven orillados a internar estos vehículos a un
menor precio de compra.
Compañeras diputadas y diputados, es
necesario destacar que los propietarios de vehículos irregulares, tienen la firme
convicción de que deben pagar los
impuestos que corresponda, con el
propósito de salvaguardar su patrimonio y de que en forma complementaria se fortalezcan
las finanzas federales de los estados y de los municipios.
Por las consideraciones anteriores, el
grupo parlamentario del Partido del Trabajo exhorta a que legislemos en beneficio de este
grupo de mexicanos, para que puedan realizar su trabajo productivo sin tener impedimento
alguno.
Por su atención, muchas gracias.
Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado José Olvera
Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional.
|
El
diputado José Marco Antonio Olvera
Acevedo: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Nos da gusto la coincidencia con los
partidos que han fijado su posición aquí, sobre este asunto de los vehículos de
procedencia extranjera, en el cual mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, ha
realizado una añeja lucha en este sentido.
Para quienes vivimos en la parte norte del
país, como es el caso de mi Estado, en Zacatecas, en donde desde hace mucho tiempo muchos
de nuestros paisanos han salido de su lugar de origen para viajar a los Estados Unidos en
búsqueda de mejores oportunidades de vida, esto ha dado lugar a una estrecha relación
con muchos connacionales, quienes posteriormente y para apoyar a su familia, dejan sus
vehículos de procedencia extranjera, mismos que utilizan para las labores agrícolas.
Otra razón ya conocida es la falta de
capacidad económica de campesinos, maestros y de muchos ciudadanos para contar con un
vehículo nacional. Esto ha convertido el asunto de los vehículos de procedencia
extranjera en un grave problema de grandes dimensiones y de una gran complejidad, al grado
de convertirse en un auténtico problema social.
Ante esta realidad, consideramos
conveniente, urgente, hacer algunas reflexiones que a continuación queremos señalar:
1o. La importancia de analizar el impacto
económico y para ello, darnos a la tarea de contar con un estudio profesional muy
completo sobre este tema y saber en qué grado se afecta a los trabajadores de la
industria automotriz.
Que los beneficios de la regularización,
de llegar a darse, se destinen a un fondo cuya finalidad sea apoyar en una forma directa,
por ejemplo, a los deudores de la banca, o bien, otro objeto con un alto sentido social.
Otra reflexión que queremos hacer ante
ustedes, es la amarga experiencia del Registro Federal de Automóviles. Por ello y para
estos propósitos, debemos pensar en otros mecanismos de control. A este respecto,
sugerimos, ponemos a la consideración de ustedes, que los propios gobiernos locales, sean
éstos estatales o municipales, coadyuven en el control y que los vehículos decomisados
pasen a formar parte del patrimonio del municipio.
2o. Es necesario legislar y reglamentar
para evitar que se mantenga como un asunto recurrente y cíclico, como aquí ya se ha
dicho. No podemos perder de vista que si el fenómeno se da, es porque los ordenamientos
jurídicos actuales no corresponden a un problema como el que hoy tratamos, sin olvidar
que muchos campesinos y ciudadanos del sector popular, su problema es de orden económico;
éste es un problema de fondo.
Ante la problemática que hoy nos ocupa, es
necesario pensar en alternativas de solución que no acrecienten ni estimulen el problema
en este momento. Ante la posibilidad de una regularización, pueden estar entrando miles
de vehículos a partir de que se dé a conocer; entonces es importante tomar medidas en
este sentido.
Buscar soluciones en todas las
instituciones involucradas, que éstas expongan sus puntos de vista, al igual que los
afectados; que de llegar a darse un proceso de regularización, lo haga en particular cada
uno de los propietarios, evitando así la intermediación de quienes median con la
necesidad de la gente.
Estamos en contra de la regularización de
vehículos considerados de lujo.
Finalmente solicitamos se eviten los
decomisos de vehículos hasta en tanto se cuente con un instrumento jurídico que atienda
este asunto de los vehículos de procedencia extranjera.
Gracias.
SALARIOS
Tiene la palabra el diputado Juan
Moisés Calleja Castañón, del Partido Revolucionario Institucional, para la propuesta
para incrementar los salarios en un porcentaje superior a la inflación.
|
El
diputado Juan Moisés Calleja Castañón: |
Con su permiso, señor Presidente;
señores diputados:
El día 28 de octubre del año en curso
esta Cámara de Diputados aprobó por unanimidad exhortar a la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos, para que bajo su más estricta responsabilidad determine los
incrementos a los salarios mínimos generales que habrán de regir para el año de 1998 y
que dichos incrementos se hagan con base en lo establecido en el segundo párrafo de la
fracción VI del artículo 123 constitucional; que por disposición del artículo 570 de
la Ley Federal del Trabajo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es la competente
para la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales que deben de regir
durante el próximo año; que esa fijación debe efectuarse antes del 31 de diciembre de
cada año, previa una investigación y estudio a fin de resarcir a los salarios mínimos
de la pérdida de su poder adquisitivo y que ellos siempre sean, en los términos de la
fracción VI del artículo 123 constitucional, suficientes para satisfacer las necesidades
normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para prever a la
educación obligatoria de los hijos.
Los salarios mínimos profesionales se
fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas;
que los salarios mínimos anteriores tuvieron un constante decrecimiento de su poder
adquisitivo, que acumulado a la fecha presenta un deterioro no menor del 60%; que la
fijación de los nuevos salarios mínimos debe de ser superior a la inflación e
incrementados con un porcentaje mayor para iniciar la recuperación de su poder
adquisitivo.
Congruente con lo expuesto, la Comisión de
Trabajo y Previsión Social de esta Cámara, ha estimado oportuno y necesario poner a su
consideración y recomendar los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Que la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos, fije los salarios mínimos generales y profesionales para el año de
1998, apegado a sus atribuciones y a los mandatos constitucionales y legales aplicables a
los salarios mínimos.
Segundo. Que la fijación de los salarios
mínimos generales y profesionales se incrementen con un porcentaje mayor al de la
inflación en un 5%, cuando menos y existiendo una sola zona geográfica.
Diputado Presidente, en nombre de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Diputados y en base a los
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, le solicitamos respetuosamente dar curso a nuestra propuesta y
ponerla a consideración de la plenaria inmediatamente, por ser un asunto de urgencia y
obvia resolución.
Señor Presidente, le estoy exhibiendo el
escrito con la firma de todos y cada uno de los integrantes de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.
Muchas gracias, compañeros.
Tiene la palabra el diputado Enrique
Santillán, del Partido de la Revolución Democrática.
|
El diputado
Enrique Santillán Viveros: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
El Constituyente de 1917 plasmó en nuestra
Constitución por primera vez lo relativo al salario mínimo, siendo el espíritu de éste
el de ayudar al trabajador a tener mínimamente un salario justo. A través de los años
se ha legislado sobre esto y actualmente dice que
el salario mínimo es la cantidad menor que
debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de
trabajo, que deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de
familia en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria
de los hijos y éste deberá pagársele en efectivo, así como que la Comisión Nacional
de Salarios Mínimos será la que fije éstos.
Sin embargo, este salario mínimo ni cumple
con el espíritu para lo que fue creado ni es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
desde 1987 la que los fija. Desde que se iniciaron los pactos como son los de Solidaridad
Económica para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, para la Estabilidad y la
Competitividad y el Empleo y el de Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento, no ha sido
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como lo mencioné anteriormente, la que ha
fijado el monto del salario mínimamente vigente, sino estos pactos son los que han
determinado el incremento del salario, violando arbitrariamente la Constitución.
En las situaciones económicas más
críticas que se han presentado en nuestro país ha sido la clase trabajadora a la que
siempre se le ha sacrificado al ir perdiendo, día con día el poder adquisitivo de su
salario.
Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo más
permitiremos, compañeras y compañeros diputados, el que se siga sacrificando a la clase
trabajadora en sus demandas salariales? ¿Cuánto tiempo más pasará para que los
trabajadores puedan tener salarios justos? Es el momento de decir ¡ya basta!, que sólo
sea en la espalda de los trabajadores donde recaiga el peso de las crisis económicas, que
a pesar de tener salarios no acordes con la realidad siguen demostrando con su capacidad,
voluntad y trabajo, que son productivos, ya que generan la riqueza de México.
Los diputados sindicalistas del Partido de
la Revolución Democrática, nos sumamos a la propuesta emanada de la mayoría de los
miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que en voz del diputado Moisés
Calleja propone recomendar a la Comisión de Salarios Mínimos un incremento del 5%
superior a la inflación, ya que con esta propuesta iniciamos la recuperación del poder
adquisitivo de éste tan disminuido salario.
Los diputados del Partido de la Revolución
Democrática, seguiremos luchando y apoyando para que el salario mínimo cumpla dentro de
poco tiempo lo enunciado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y que constituya en un elemento fundamental el reconocimiento de que el trabajo
a la vez que es un factor primordial de la vida social, debe representar para todo ser
humano la garantía de obtener mediante él lo indispensable para una vida decente y sana.
Muchas gracias.
|
El
diputado Alfonso Carrillo Zavala
(desde su curul): |
Señor Presidente.
¿Con qué objeto, señor diputado?
|
El
diputado Alfonso Carrillo Zavala
(desde su curul): |
Para el mismo tema.
Tiene la palabra el diputado Carrillo
Zavala, hasta por cinco minutos.
El
diputado Alfonso Carrillo Zavala:
Con su permiso, señor Presidente;
respetables señoras y señores diputados:
Ante la eminencia de una nueva fijación
salarial, esperando que ésta sí responda a las expectativas largamente demandadas por
los sectores más desprotegidos de la población, en el sentido de recuperar la capacidad
adquisitiva perdida de los salarios, como la única forma que le permita mejorar sus
niveles de vida, los cuales desde hace muchos años atrás han sido severamente afectados.
No está por demás señalar, como en
ocasiones anteriores y abusando de ser reiterativo, que el poder de compra de los ingresos
de la población se fue erosionando paulatinamente, lo cual lamentablemente
vino reflejándose en una disminución cada
vez mayor de toda clase de bienes y servicios, particularmente si nos referimos a los
satisfactores comprendidos en la canasta básica, misma que viene a ser la representativa
del consumo de los sectores mayoritarios de la población, los cuales igualmente son
aquellos que perciben menores ingresos.
Ahora bien, la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos, en esta ocasión será la única responsable de hacer los estudios y
emitir la resolución correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto, los
diputados que conformamos la coordinación obrera, apoyamos íntegramente la propuesta
emitida por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara, signados por los
partidos parlamentarios que la integran y dé cabida, nuestra pretensión, de obtener un
adecuado y justo porcentaje de aumento para ser aplicado a los salarios mínimos generales
y profesionales en la próxima fijación salarial, además de solicitar una vez más la
fijación de un solo salario mínimo general para todo el país, ya que en estos tiempos
no se justifica que existan tres áreas geográficas con sus respectivos salarios, por lo
que es conveniente integrar en una sola zona o área, un salario mínimo general para toda
la República Mexicana, dado que el comportamiento de los precios es igual en todo el
país.
No queda fuera de lugar, referir el que de
acuerdo con los pactos solidarios, tantas veces celebrados, el único sector que
cabalmente ha cumplido con los compromisos contraídos es el de los trabajadores, lo cual
consideramos ha contribuido a que la inflación no haya abatido sus niveles a menos de dos
dígitos, dejándose en algunos casos la puerta abierta a que ésta prosiga y siga
acosando los consumos de la población con menores ingresos.
El hecho de aprobar elevaciones crecientes
en los precios y las tarifas de los combustibles y la energía eléctrica, así como el de
autorizar aumentos en los precios de productos, tales como azúcar y harina, provocándose
la elevación de precios en cascada de todos sus derivados.
Ahora bien, la clase trabajadora es la que
ha soportado los peores efectos de la crisis recurrente que han afectado a nuestra
nación, razón de sobra suficiente para procurar reparar en lo posible tanto daño
causado a la capacidad adquisitiva de sus ingresos, proporcionándole a partir de la
fijación salarial próxima a celebrarse, el adecuado incremento salarial, mismo que
deberá superar con varios puntos el índice de inflación registrado por la economía
nacional, cumpliendo de esta manera con el primordial propósito de satisfacer las
necesidades de la población, para así retomar convenientemente los caminos de un sano
desarrollo económico, para bien de la patria mexicana y cumplir el mandato Constituyente.
Señoras y señores diputados: los
dirigentes de las centrales obreras del país, no somos conformistas cuando de pugnar se
trata por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Por ello, el porcentaje de
los salarios mínimos, deberá ser altamente suficiente con el único interés del deseado
acceso al poder adquisitivo al que tienen derecho todos los obreros de México.
Por lo que me permito solicitarle, señor
Presidente, que ya dejemos a un lado la demagogia y se apruebe la propuesta que se ha
presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Diputados.
Muchas gracias.
Túrnese a la Comisión de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
|
El
diputado Raúl Monjarás Hernández |
(desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para
rectificación de hechos.
Tiene la palabra el señor diputado
Raúl Monjarás Hernández.
|
El diputado
Raúl Monjarás Hernández: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras diputadas y diputados:
No existe en el contexto actual otro modo
mejor para cumplir la justicia en las relaciones laborales, que el constituido
precisamente por la remuneración del trabajo.
Con base en esto y en el acuerdo que hemos
hecho de manera consensada quienes estamos representados en la Comisión del Trabajo y
Previsión Social, solicitamos que se tome como de urgente resolución la medida que hoy
estamos planteando.
Es un hecho que durante varios años los
trabajadores de México, han realizado sacrificios que solamente comprenden quienes viven
esta triste realidad.
Es un hecho innegable, que los jubilados y
pensionados, viven privaciones y pobreza, por la constante pérdida del poder adquisitivo
de sus limitadas pensiones.
Por muchos de estos hechos, que son
evidentes ante todos nosotros, la fracción parlamentaria del PAN, siendo congruentes con
nuestras propuestas de plataforma política, apoyamos los puntos de acuerdo propuestos,
anhelamos para los trabajadores salarios remunerativos y justos.
En este futuro queremos ir aún más allá
y sostenemos que esta primera medida propuesta es mínima, en comparación con la alturas
de mirás que los actores del trabajo están esperando de todos nosotros.
Creemos en la dignidad de la persona como
un principio rector de nuestra acción política.
En el futuro inmediato, compañeros
diputados, visualizamos el advenimiento de una nueva cultura laboral, que reconocerá el
trabajo como un valor, cuyo significado no queda únicamente restringido al ganarse la
vida, sino que por medio de él, el trabajador pueda realizarse de manera íntegra como
persona. El hombre se hace trabajando y hoy en México queremos mejores hombres y un mejor
país.
Queremos ir más allá, sin caer en
populismos. Las reformas a la Ley Federal del Trabajo que consoliden mejores condiciones
de trabajo, esquemas de capacitación y desarrollo, participación comunitaria de los
trabajadores, para que puedan adquirir acciones en las empresas que trabajan.
Lo que a muchos de nuestros trabajadores
desgraciadamente les ha pasado, es que han perdido el significado profundo del trabajo y
hoy se considera al trabajo como un mal necesario, como un simple instrumento, como un
recurso más y hasta se le llama recurso humano y con ese concepto se le contrata, se le
usa, se le maneja, se le despide y aparte se le malpaga. "Haces como que trabajas,
haces como que te pago", es un principio que ya no podemos hacer vigente.
Compañeras diputadas y diputados: en vista
de que los cambios están ya inminentes y habremos de ver cambios en la vida democrática
de las instituciones laborales, sindicales, reconocemos por ejemplo para bien, la
aparición de la UNT y de organizaciones que están buscando la mejora del trabajador,
ratificamos que deseamos que esta medida sea considerada de urgente resolución y que hoy
mismo le demos salida a ella.
Muchas gracias.
Consulte la Secretaría a la
Asamblea, si se considera de urgente resolución.
|
El secretario Francisco
Crescencio |
Rodríguez García:
En votación económica se consulta a la
Asamblea, si es de urgente resolución.
Se considera de urgente resolución.
Señor Secretario, consulte a la
Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
|
El
secretario Francisco Crescencio
Rodríguez García: |
En votación económica se consulta a
la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo... Aprobado, señor Presidente.
GRUPOS
INDIGENAS
Para propuesta de punto de acuerdo
para canalizar recursos del gasto social para el combate a la pobreza de los grupos
indígenas, tiene la palabra el diputado Enrique Ku Herrera, del Partido Revolucionario
Institucional.
|
El
diputado Enrique Ku Herrera: |
Con su venia, señor Presidente;
señoras y señores diputados:
Permítanme exponer brevemente algunas de
las razones por las que los legisladores de todas las fracciones parlamentarias que
integramos la Comisión de Asuntos Indígenas de esta Cámara, consideramos justo,
prioritario e indispensable, un trato especial para los pueblos indios de México en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para 1998.
En el conjunto de las trasformaciones que
vive la sociedad mexicana y que hoy son indispensables para afianzar y profundizar el
desarrollo democrático de nuestro sistema político y de nuestra estructura social, el
que se refiere a la cuestión indígena es uno de los más trascendentes y decisivos.
Está presente en la conciencia de todos los mexicanos la vigencia y la justicia de la
causa indígena, al mismo tiempo que la voluntad firme de encontrarle hoy y en el contexto
de las reformas globales de nuestra sociedad, la solución justa, equitativa y definitiva
que hasta ahora se le ha negado.
México, todos sabemos, debe cambiar, pero
antes es necesario saldar cuentas con el pasado, resolver profundos y muy antiguos
conflictos que no pueden postergarse más. No es posible abordar el futuro con un lastre
tan pesado como el de la pobreza que agobia a todos nuestros pueblos indígenas.
En las últimas décadas, hemos sido
testigos que los indígenas han venido desarrollando movimientos que reivindican sus
derechos como pueblos, reiteran su ancestral demanda de justicia y participación en el
diseño de políticas que mejoren su calidad de vida, exigen al conjunto de la sociedad
mexicana reconsiderar los viejos prejuicios y concebir a esos pueblos como fuente de
renovación e impulsores del cambio, en tanto que proponen una visión alternativa para
los problemas del presente, alcanzar mejores niveles de desarrollo social y contribuir a
la conformación de un país más plural, justo y democrático.
El futuro de México sólo puede
construirse con el desarrollo de las potencialidades de todos los mexicanos, incluyendo a
los pueblos indios. En nuestra Comisión de Asuntos Indígenas, hemos comprendido con
absoluta claridad que la causa profunda y fundamental de la pobreza, de la marginación y
de la opresión que sufren nuestros pueblos es de carácter esencialmente político.
Sabemos también, que esos rezagos los
venimos padeciendo por un esquema colonial que no hemos sido capaces de erradicar por
completo de nuestra formación social. Hoy comprendemos que mientras los demás mexicanos
progresan con la nación y mejoran día a día sus condiciones de vida, los indios siguen
subordinados, pobres e irredentos y van a entrar al tercer milenio sin haber recuperado la
libertad, la potencialidad de su desarrollo, así como el respeto y la vigencia de sus
derechos fundamentales.
Este es un compromiso de todos, que no
tiene más límite que la verdad histórica y la justicia social. Nuestra comisión tiene
como propósito central y prioritario lograr antes de que termine el siglo, los derechos y
reivindicaciones fundamentales de los indios mexicanos, sean clara y enteramente incluidos
en el texto de la Constitución General de la República.
Contamos con el consenso suficiente entre
quienes por encima de las fronteras partidarias coincidimos en la honestidad política, en
nuestra visión de la historia patria y en el culto a los altos valores de la justicia, la
equidad y la solidaridad.
Por eso, antes que las reformas
constitucionales que intentamos puedan realizarse, es necesario que el Presupuesto de
Egresos de 1998 contribuya a esas reformas creando una base financiera, segura, que
otorgue trato justo para los indígenas y un mecanismo financiero específicamente
dedicado al desarrollo socioeconómico autogestionario de los indios de México.
Proponemos una sustantiva reasignación
presupuestal orientada a iniciar la concentración y focalización de los recursos del
Estado para hacerlos más eficaces y contundentes en el combate a la pobreza, que afecta
centralmente a los indígenas, para asegurar la activación productiva y cultural de
éstos y para crear nuevas bases para su desarrollo.
Señores legisladores: no tenemos más
ambiciones, intereses ni limitaciones que el bienestar de los indios y la grandeza de
México. Es hora, lo sabemos todos, de los cambios con justicia y de verdades
profundas."
En atención a las consideraciones hasta
aquí expuestas, los diputados que integramos la Comisión de Asuntos Indígenas de la
LVII Legislatura, hemos acordado poner a consideración de esta soberanía, en términos
de lo establecido en los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y lo establecido en los artículos 2o., 33 y 38 del convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países
independientes, así como los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Artículo primero. Que todas las
asignaciones destinadas al gasto social y al combate a la pobreza o dedicadas al sector
social, se destinará el 10% para financiar proyectos, iniciativas comunitarias o
asociativas, presentadas por los pueblos y comunidades indígenas, en los campos del
desarrollo humano, la creación de mayores oportunidades de bienestar y la construcción
de una infraestructura básica.
Artículo segundo. Se crea un fideicomiso
con el nombre de "Fondo Nacional para el Desarrollo Integral de los Pueblos
Indígenas", con al menos 300 millones de pesos, al que se adicionará la
participación social. Tendrá carácter compensatorio para los indígenas de extrema
pobreza y estará destinado a atender de manera permanente, suficiente y digna, el
desarrollo económico de los pueblos, a partir de las iniciativas que presenten sus
comunidades y organizaciones representativas.
Las comisiones de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública, Desarrollo Social y Asuntos Indígenas, estudiarán y
presentarán los mecanismos correspondientes para su puesta en operación en el ejercicio
fiscal de 1998.
Artículo tercero. El fondo deberá estar
orientado al fortalecimiento de los municipios y comunidades indígenas, con la
participación directa de los ayuntamientos y los representantes de los pueblos indios,
bajo la supervisión de la Comisión de Asuntos Indígenas."
Señor Presidente: le solicito, con
fundamento en la fracción III del artículo 21 del Reglamento del Congreso y de los
artículos 9o. y 24 del acuerdo parlamentario, instruya se remita a la Comisión de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Muchas gracias y es cuanto, señor
Presidente.
|
El
diputado Marcelino Díaz de Jesús
(desde su curul): |
Señor Presidente, pido la palabra
para el mismo tema.
Tiene la palabra el diputado
Marcelino Díaz de Jesús, hasta por cinco minutos.
|
El
diputado Marcelino Díaz de Jesús |
Gracias, señor Presidente.
Aquí venimos y traemos la palabra de lo
que dicen los pueblos indígenas de México.
Según cifras oficiales, se reconoce que
existen en nuestro país 12 millones de indígenas de un total de aproximadamente 90
millones de mexicanos. Este hecho nos demuestra que los pueblos indios tenemos
numéricamente una importancia tal que nos hace de alguna manera demandar por razones
históricas, justicia para nuestros pueblos.
Históricamente se ha venido marginando a
los pueblos indígenas del desarrollo nacional, al grado de que los presupuestos públicos
destinados a éstos han venido disminuyendo paulatinamente. Así, observamos que no existe
un fondo específico para el desarrollo de los pueblos indígenas que pueda afectar
considerablemente su entorno y revierta los grandes estragos de la pobreza.
Hemos observado que a pesar de que existen
recursos suficientes en este país para poder atender a banqueros, a gente que bajo el
pretexto de que está quebrada, se le atiende y se le dan recursos por el Fobaproa, para
rescate la deuda de empresarios que han invertido en carreteras, no existen suficientes
recursos para los pueblos indios y hemos observado que en diferentes dependencias se han
venido disminuyendo estos recursos hasta hacerlos prácticamente, en algunos rubros,
inexistentes.
Pese a la existencia de diversos programas
orientados a combatir el rezago de los pueblos y comunidades
indígenas, la poca cuantía de los
recursos y la dispersión de los mismos los hace insuficientes, dando como resultado un
nulo impacto en el combate a la pobreza en que se debaten estos pueblos.
Por lo anteriormente expuesto y
considerando que los pueblos indígenas de México constituyen parte fundamental de la
nación, tal como se asienta en el párrafo primero del artículo 4o. constitucional y que
los pueblos indígenas por su gran contribución histórica a la construcción de la
patria mexicana deben ser reconocidos generosamente por la sociedad en su conjunto; que
los pueblos indígenas de México han sido relegados históricamente del desarrollo
nacional y privados del ejercicio pleno de sus derechos políticos, que la marginación
histórica de
los pueblos indígenas de México ha dado
origen a una situación de miseria insostenible, colocándolos en condiciones de pobreza
extrema, que el abandono de los pueblos indígenas debe superarse sin dilación y con
respeto a sus propias identidades, cultura, sistemas normativos y a su derecho indígena
negado.
Que el desarrollo integral de los pueblos
indígenas no podrá lograrse sin destinar para ello un monto suficiente de recursos
presupuestales que sean administrados y ejecutados con la participación directa de los
pueblos indígenas cuyo propósito sea compensar permanentemente el atraso en que por
siglos se ha condenado a los pueblos indígenas manteniéndolos en un rezago ancestral en
comparación con el resto del país.
Que los pueblos indígenas deben dejar de
ser considerados como menores de edad, incapaces de tomar decisiones y necesitados de
políticas indigenistas de corte paternalista que sólo acumulan en ellos más agravios
inhibiendo su capacidad para tomar en sus manos la condición de su propio destino en un
marco de corresponsabilidad y respeto a la pluralidad.
Por ello, hemos decidido venir hasta aquí
hasta ésta la más alta tribuna de la nación, para solicitar el apoyo de todos las
diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias de todos los partidos de esta
LVII Legislatura. Por ello estamos aquí para pedir que se cree el Fondo Nacional para el
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de México.
Gracias.
Túrnese a la Comisión de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Prosiga la Secretaría.
ORDEN DEL DIA
|
El
secretario José Antonio Alvarez Hernández: |
Señor Presidente, se han agotado los
asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias-Primer Año-LVII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 3 de diciembre de 1997.
Efemérides
Sobre el Día Mundial del SIDA.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Iniciativas de diputados
De reformas a la Constitución, para que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda presentar iniciativas en materia de su
competencia, a cargo del diputado Francisco Javier Reynoso Nuño, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional.
De reformas al artículo 116 de la
Constitución, para que los gobernadores nombrados por cualquier causa, no puedan durar
más de seis años en el cargo, que presenta el diputado Rafael Alberto Castilla Peniche,
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Reformas a la Ley Federal del Trabajo en
materia de salarios mínimos, a cargo del diputado Javier Paz Zarza, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
De reformas a la Ley del Instituto de
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Minutas
Proyecto de decreto que concede permiso al
ciudadano Guillermo Doroteo Jiménez Morales, para aceptar y usar la condecoración, Gran
Cruz del Orden Piano, en grado de Caballero de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de
la Santa Sede. (Dispensa de todos los trámites, discusión y votación.)
Proyecto de decreto que concede permiso al
ciudadano Víctor Luis Urquidi Bingham, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
del Tesoro Sagrado, en grado de Estrella de Oro y Plata, que le confiere el gobierno del
Japón. (Dispensa de todos los trámites, discusión y votación.)
Proyecto de decreto que concede permiso al
ciudadano Juan Rebolledo Gout, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional
del Mérito, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de
Paraguay. (Dispensa de todos los trámites, discusión y votación.)
Proyecto de decreto que concede permiso al
ciudadano Juan Rebolledo Gout, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la
Legión de Honor, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de
Francia. (Dispensa de todos los trámites, discusión y votación.)
Proyecto de decreto que concede permiso a
la ciudadana Alma Angélica López Acuña, para prestar servicios como operadora de
conmutador, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja
California. (Dispensa de todos los trámites, discusión y votación.)
Proyecto de decreto que concede permiso al
ciudadano Mariano Palacios Alcocer, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del
Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Portugal.
(Dispensa de todos los trámites, discusión y votación.)
Excitativa
Sobre iniciativas de reformas al Código
Civil en materia de adopción plena, presentada por la Asamblea de Representantes del
Distrito Federal, a cargo del diputado Héctor Flavio Valdez García, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre la situación de
violencia en el Estado de Guerrero, a cargo del diputado Martín Mora Aguirre, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre el problema
jurisdiccional en la exploración de petróleo en el golfo de México, a cargo del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la demanda de
Controversia Constitucional por el Congreso del Estado de Tabasco, contra actos de la
Cámara de Diputados, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Deliberativo.)
Comentarios sobre la situación en el
Estado de Baja California, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la problemática
comunitaria, por acceso de carretera, en el Estado de Tlaxcala, a cargo de la diputada,
Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Deliberativo.)»
CLAUSURA
Y CITATORIO
| El Presidente (a
las 19:09 horas): |
Se levanta la sesión y se cita para
la próxima que tendrá lugar mañana miércoles 3 de diciembre a las 9:00 horas en el
Salón Verde y a las 10:00 horas en el salón de sesiones.
RESUMEN DE
TRABAJOS
* Tiempo de duración: 8 horas con 29
minutos (con un receso de 16 minutos)
* Quorum a la apertura de sesión:45
* Comisiones reglamentarias y
protocolarias: 1
* Puntos de Acuerdo: 3
* Temas de agenda política: 3
* Oradores en tribuna: 38
PRI-9, PRD-12; PAN-14; PT-1, IND-2
* Se recibieron:
-
1 invitación del departamento del
Distrito federal, al acto cívico conmemorativo del XXIV aniversario luctuoso del ex
presidente Adolfo Ruiz Cortines;
-
3 comunicaciones de congresos
estatales;
-
2 comunicaciones de la Cámara de
Senadores;
-
1 iniciativa del PRI, de reformas al
artículo 4o. constitucional, con respecto a la práctica del deporte como derecho de toda
persona;
-
1 iniciativa de miembros de la
Comisión de Ciencia y Tecnología, de reformas a las leyes del impuesto dobre la renta y
Aduanera, respecto a incentivos a la investigación científica y tecnológica;
-
1 iniciativa del prd, de reformas a la
Ley de Coordinación Fiscal, referente a la recaudación de impuestos en los municipios.
-
1 iniciativa del PAN, de ley que crea
el registro Nacional de vehículos;
-
1 iniciativa del PAN, de decreto parala
regulación de vehículos extranjeros;
-
1 iniciativa del PRD, a diversas
disposiciones fiscales para establecer estímulos al uso de fuentes alternas de energía.
-
1 minuta que concede permiso
constitucional necesario para que Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional los días 18 y 19 de
diciembre a efecto de realizar visita de Estado a la República de Nicaragua;
-
1 minuta que concede el permiso para
aceptar y usar condecoración que confiere el gobierno de la republica de Nicaragua.
Dictámen de primera lectura:
* 3 para aceptar y usar decoraciones que
confiere el gobierno de la República de Paraguay;
*4 para que cinco ciudadanos puedan
prestar sus servicios en representaciones diplomáticas;
Se aprobó:
* Acuerdo parlamentario relativo a la
organización y reuniones de las comisiones y comités;
* 8 dictámenes, los presentados en
primera lectura;
* En lo particular el dictamen de la
Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reform adiversas disposiciones del
Código Civil para el distrito federal en Materia Común y para toda la República en
Materia federal; del Código de Procedimientos Civiles; del Código Penal para le Distrito
federal en Materia de Fuero Común y para toda la república en Materia de Fuero federal,
referente a la violencia intrafamiliar, aprobado en lo general durante la sesión pasada.
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