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Presidencia
del diputado
Gil Rafael Oceguera Ramos |
ASISTENCIA
Ruego al diputado Secretario tenga a
bien hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia
que a través del registro de firmas se ha levantado en relación a la presencia de los
diputados. Sírvase la Secretaría proceder en consecuencia.
El secretario
Francisco
Crescencio Rodríguez García: |
Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 429 diputados.
Por lo tanto, hay quorum, señor
Presidente.
| El Presidente (a
las 10:59 horas ): |
Con la asistencia de 429 diputados y
existiendo el quorum legal y reglamentario, se abre la sesión número 34 de este primer
periodo de sesiones ordinarias primer año de la LVII Legislatura.
Proceda la Secretaría a dar lectura al
orden del día.
ORDEN DEL DIA
El secretario
Francisco
Crescencio Rodríguez García: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.-
Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 3 de diciembre de 1997.
Efemérides
Sobre el Día Mundial de la Lucha Contra el
SIDA.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Iniciativa del Congreso del Estado de Nuevo
León
De decreto que reforma y adiciona la Ley de
Coordinación Fiscal.
Iniciativas de diputados
De reformas a la Constitución para que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueda presentar iniciativas en materia de su
competencia, a cargo del diputado Francisco Javier Reynoso Nuño, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional.
De reformas al artículo 116 de la
Constitución, para que los gobernadores nombrados por cualquier causa, no puedan durar
más de seis años en el cargo, que presenta el diputado Rafael Alberto Castilla Peniche,
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Reformas a la Ley Federal del Trabajo en
materia de salarios mínimos, a cargo del diputado Javier Paz Zarza, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
De Ley Federal de Equidad en Materia
Impositiva, Reglamentaria de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor Castañeda
Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
De ley que crea órgano corporativo
desconcentrado de Pemex, denominado Comisión Nacional de Atención para Afectaciones de
la Actividad Petrolera (Conapet), a cargo de la diputada Ana Lila Ceballos Trujeque, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De modificación al artículo 8o. de la Ley
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998, a cargo del diputado
Sergio Benito Osorio Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Minutas
Proyecto de Ley de Nacionalidad y otra con
proyecto de decreto por el que se reforman diversos ordenamientos legales.
Proyecto de decreto que concede permiso al
licenciado Guillermo Doroteo Jiménez Morales, para aceptar y usar la condecoración Gran
Cruz del orden Piano, en Grado de Caballero de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de
la Santa Sede. (Dispensa de todos los trámites, discusión y votación.)
Proyecto de decreto que concede permiso al
ciudadano Víctor Luis Urquidi Bingham, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden
del Tesoro Sagrado, en Grado de Estrella de Oro y Plata, que le confiere el gobierno de
Japón. (Dispensa de todos los trámites, discusión y votación.)
Proyecto de decreto que concede permiso al
licenciado Juan Rebolledo Gout, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional
del Mérito, en Grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de
Paraguay. (Dispensa de todos los trámites, discusión y votación.)
Proyecto de decreto que concede permiso al
licenciado Juan Rebolledo Gout, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la
Legión de Honor, en Grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de
Francia. (Dispensa de todos los trámites, discusión y votación.)
Proyecto de decreto que concede permiso a
la ciudadana Alma Angélica López Acuña, para prestar servicios como operadora de
conmutador, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja
California. (Dispensa de todos los trámites, discusión y votación.)
Proyecto de decreto que concede permiso al
licenciado Mariano Palacios Alcocer, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del
Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Portugal.
(Dispensa de todos los trámites, discusión y votación.)
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Relaciones Exteriores,
con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los
días 18 y 19 de diciembre de 1997, a efecto de que realice una visita de Estado a la
República de Nicaragua. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)
Excitativa
Sobre iniciativas de reformas al Código
Civil en Materia de Adopción Plena, presentada por la Asamblea de Representantes del
Distrito Federal, a cargo del diputado Héctor Flavio Valdez García, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Agenda política
Comentarios sobre la situación de
violencia en el Estado de Guerrero, a cargo del diputado Martín Mora Aguirre, del grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre el problema
jurisdiccional en la exploración de Petróleo en el golfo de México, a cargo del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la demanda de
controversia constitucional por el Congreso del Estado de Tabasco, contra actos de la
Cámara de Diputados, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Deliberativo.)
Comentarios sobre la situación en el
Estado de Baja California, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la problemática
comunitaria, por acceso de carretera, en el Estado de Tlaxcala, a cargo de la diputada
Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Deliberativo.)»
Gracias, señor Secretario.
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del día
es la lectura del acta de la sesión anterior. Tomando en consideración, señores
diputados, de que a los coordinadores de los grupos parlamentarios se les ha entregado
copia de la misma, esta Presidencia considera pertinente que por conducto de la
Secretaría se consulte a los diputados si es de dispensársele la lectura y se proceda a
la votación.
Proceda, señor Secretario.
| El secretario
Francisco Berganza Escorza: |
Por instrucciones de la Presidencia,
se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior,
tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores
de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura, señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes dos de diciembre de mil
novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del
Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
Presidencia del
diputado
Juan José Cruz Martínez : |
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las diez horas con cuarenta minutos del martes dos de diciembre de mil
novecientos noventa y siete, con una asistencia de cuatrocientos cuarenta y cinco
diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día
y en razón de que los coordinadores de los grupos parlamentarios recibieron copia del
acta de la sesión anterior, la Asamblea le dispensa la lectura a dicho documento que,
posteriormente, se aprueba en sus términos en votación económica.
Una invitación del Departamento del
Distrito Federal al acto cívico conmemorativo del vigesimocuarto aniversario luctuoso del
ex presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Adolfo Ruiz Cortines. Se designa comisión
para representar a la Cámara de Diputados.
Diversas comunicaciones de los congresos de
los estados de Durango, Hidalgo y Yucatán, con los que informan de actividades propias de
sus legislaturas. La primera se turna a los diputados federales del Estado de Durango,
para su conocimiento y las demás de enterado.
Dos oficios de la Cámara de Senadores, con
los que comunica la elección de su mesa directiva para el mes de diciembre y la
ratificación de tesorero y oficial mayor. De enterado.
El Presidente informa de la presencia de
estudiantes del Estado de Morelos y de periodistas del Estado de Jalisco, quienes se
encuentran en las galerías del recinto parlamentario.
Para presentar iniciativas, se otorga el
uso de la palabra a los diputados:
Salomón Elías Jauli y Dávila, del
Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de diputados de la Comisión del
Deporte, de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la
Revolución Democrática, presenta iniciativa de reformas al artículo cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
Héctor Larios Córdova, del Partido
Acción Nacional, quien a nombre de miembros de la Comisión de Atención a
Discapacitados, presenta un punto de acuerdo, a fin de que la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política, el Comité de Administración y los grupos
parlamentarios, hagan lo pertinente para que se contrate un mínimo de uno por ciento de
los trabajadores entre discapacitados. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política.
María del Carmen Díaz Amador, del Partido
Acción Nacional, quien a nombre de diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología,
presenta iniciativa de reformas a los artículos quince y ciento sesenta y tres de la Ley
del Impuesto sobre la Renta y sesenta y uno de la Ley Aduanera. Se turna a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
Jorge del Carmen Enríquez Rosado, del
Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley de
Coordinación Fiscal. Se turna a la misma comisión que la anterior.
Felipe de Jesús Preciado Coronado, del
Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de ley que crea del Registro Federal
de Automóviles. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Presidencia del
diputado
Luis Meneses Murillo |
Desde su curul, el diputado Arrieta
Aragón solicita el uso de la palabra para rectificar hechos y el Presidente no la concede
explicando que no es el momento de deliberar.
También desde su curul, el diputado
Herrera Beltrán presenta una moción de procedimiento, que no hace suya el Presidente.
Felipe de Jesús Preciado Coronado, quien
regresa a la tribuna para presentar iniciativa para la regulación de vehículos
extranjeros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Presidencia del
diputado
Juan José Cruz Martínez : |
Desde su curul, el diputado Arrieta
Aragón insiste en su solicitud de uso de la palabra para rectificar hechos y el
Presidente ordena que se lea el artículo sesenta del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Hacen diversas aclaraciones los diputados
Bernal Martínez, Herrera Beltrán y Jáuregui Robles y el Presidente otorga el uso de la
palabra a la diputada Laura Itzel Castillo Juárez y se produce desorden en la sala de
sesiones y la oradora renuncia al derecho de presentar una iniciativa.
En virtud de los hechos, el Presidente
decreta, a las doce horas con treinta y siete minutos, un
RECESO
A las doce horas con cincuenta y tres
minutos se reanuda la sesión y el Presidente informa que el acuerdo de los grupos
parlamentarios es en el sentido de agregar, como primer punto en la agenda política, el
tema del uso de la palabra para rectificación de hechos.
Regresa a la tribuna la diputada Laura
Itzel Castillo Juárez, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta
iniciativa de reformas a diversas disposiciones fiscales, para establecer estímulos al
uso de fuentes alternas de energía. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
Se reciben dos minutas del Senado de la
República, con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales
necesarios para que los ciudadanos:
Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional los días
dieciocho y diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, para realizar una
visita de Estado a la República de Nicaragua. Se turna a la Comisión de Relaciones
Exteriores.
Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere la
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua. Se turna a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales.
Se pone a consideración de la Asamblea un
punto de acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para la
organización de comisiones y comités.
Hace uso de la palabra la diputada Ana Lila
Ceballos Trujeque, del Partido de la Revolución Democrática, quien se pronuncia en
contra.
Desde su curul, el diputado Pablo Gómez
Alvarez, aclara las dudas de la oradora.
Para rectificar hechos, la diputada Martha
Dalia Gastelum Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática y en pro del acuerdo
parlamentario, el diputado Pablo Gómez Alvarez, del mismo partido.
Sube a la tribuna el diputado Armando
López Romero, del Partido de la Revolución Democrática, quien se pronuncia en contra.
La Asamblea considera suficientemente
discutido el acuerdo parlamentario y la Secretaría recoge la votación nominal
respectiva, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos dieciséis votos en pro y
catorce en contra. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Se da primera lectura a siete dictámenes
de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que
conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León,
Pedro José González-Rubio Sánchez y José Angel Gurría Treviño, puedan aceptar y usar
las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Paraguay;
José Luis Castillo Torres, Margarita
Osorio Salazar, Adriana Villatoro Gómez, Dolores Leticia Gómez Ayala y Victoria
González Martínez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de
América en México y sus consulados generales en Tijuana, Baja California y Ciudad
Juárez, Chihuahua.
La Asamblea les dispensa la segunda lectura
y no habiendo quien haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal
respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos noventa y un votos. Se turnan al
Senado de la República y al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales,
según corresponda.
Se somete a discusión en lo particular un
dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma diversas
disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para
toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal; del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común
y para toda la República en Materia de Fuero Federal y del Código de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal, dictamen del que fueron reservados los artículos:
Doscientos sesenta y cinco, doscientos
sesenta y cinco-bis, doscientos sesenta y seis, trescientos cuarenta y tres-bis,
trescientos cuarenta y tres-ter y trescientos cincuenta del Código Penal; trescientos
veintitrés-ter, del Código Civil.
Se concede el uso de la palabra a la
diputada Marta Laura Carranza Aguayo, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre
de la Comisión de Justicia, quien presenta modificaciones a los artículos que fueron
reservados en la pasada sesión: trescientos veintitrés-ter, del Código Civil; del
Código Penal: doscientos sesenta y cinco, doscientos sesenta y seis, trescientos cuarenta
y tres-bis, trescientos cuarenta y tres-ter y trescientos cuarenta y tres-quater,
trescientos cincuenta y doscientos sesenta y cinco-bis.
Desde su curul, el diputado Américo
Ramírez solicita que se de lectura a la lista de firmantes de la propuesta hecha por la
oradora. El Presidente hace diversas aclaraciones y el diputado Ramírez solicita que se
dé lectura al artículo ciento trece reglamentario, después de que se cumpla con la
primera solicitud.
Nuevamente desde su curul, el diputado
Ramírez Rodríguez solicita que se dé lectura a los nombres de los diputados que firman
el documento presentado por la diputada Carranza.
Sube a la tribuna el diputado Angel Sergio
Guerrero Mier, del Partido Revolucionario Institucional, presidente de la Comisión de
Justicia, quien hace aclaraciones sobre las reuniones de la misma comisión.
Para contestar alusiones personales, sube a
la tribuna el diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, del Partido Acción
Nacional.
A nombre de la subcomisión dictaminadora,
sube, para rectificar hechos, la diputada independiente Carolina O'Farrill Tapia y en el
mismo sentido hace uso de la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido
de la Revolución Democrática.
Se da lectura a las firmas del documento
presentado por la diputada Carranza y, desde su curul, el diputado Ramírez Rodríguez
hace aclaraciones al Presidente.
También desde su curul, el diputado Pablo
Gómez solicita que se subsane el procedimiento, a fin de que los miembros de la Comisión
de Justicia que deseen firmar el documento presentado por la diputada Carranza, lo hagan
en este instante. El Presidente hace suya la moción.
Para la discusión de los artículos
doscientos sesenta y cinco y trescientos cuarenta y tres-bis, del Código Penal, hace uso
de la palabra el diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, del Partido Acción
Nacional, en contra, hace una proposición de reforma al artículo doscientos sesenta y
cinco y acepta dos interpelaciones del diputado Pablo Gómez Alvarez.
El Presidente informa que tomando en
consideración que han transcurrido las cinco horas que el acuerdo parlamentario designa
para esta sesión, acuerda continuarla hasta el término de los asuntos en cartera.
Para continuar el debate suben a la tribuna
los diputados: Francisco Javier Loyo Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, en
pro; Abelardo Perales Meléndez, del Partido Acción Nacional, en contra, quien acepta
interpelación de la diputada Lenia Batres Guadarrama; Jorge López Vergara, del Partido
Acción Nacional, en pro.
Para rectificar hechos, hacen uso de la
palabra los diputados Patricia Espinosa Torres, del Partido Acción Nacional y Rubén
Mendoza Ayala, del mismo partido y propone una moción suspensiva.
Por instrucciones del Presidente, se da
lectura al artículo vigesimosegundo del acuerdo parlamentario y el Presidente informa que
no hay lugar a la moción.
Desde su curul, el diputado Rubén Mendoza
Ayala presenta una moción de orden, que no hace suya el Presidente, quien después otorga
el uso de la palabra a la diputada independiente Carolina O'Farrill Tapia, quien se
pronuncia en pro del dictamen y acepta interpelaciones de los diputados Torres León y
Zamarripa Díaz.
Para rectificar hechos, hace uso de la
palabra la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional y en pro
del dictamen, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido de la Revolución
Democrática y acepta una interpelación del diputado Fernández Aceves.
La Asamblea considera suficientemente
discutido el dictamen en lo particular y la Secretaría recoge la votación nominal
respectiva a los artículos reservados, con la modificación presentada por la comisión,
a excepción del artículo doscientos sesenta y cinco-bis, del Código Penal, misma que
resulta aprobatoria por trescientos setenta y cuatro votos en pro y ocho en contra para
los artículos reservados del Código Penal; trescientos sesenta y cuatro votos en pro y
catorce en contra, por lo que se refiere al Código Civil.
A discusión el artículo doscientos
sesenta y cinco-bis.
Desde su curul, el diputado Ramírez
Rodríguez solicita que se lea el texto del artículo doscientos sesenta y cinco-bis, a
fin de saber si alguien desea reabrir el debate.
El Presidente hace las aclaraciones
pertinentes y solicita a los diputados que pongan atención al curso de la sesión.
Hacen uso de la palabra los diputados
Emilio González Márquez, del Partido Acción Nacional, en contra del multimencionado
artículo doscientos sesenta y cinco-bis; Victorio Rubén Montalvo Rojas, del Partido de
la Revolución Democrática, en pro y acepta interpelaciones de los diputados González
Márquez y Sánchez Pérez.
La Asamblea considera suficientemente
discutido el artículo doscientos sesenta y cinco-bis, del Código Penal para el Distrito
Federal, mismo que resulta aprobatorio por doscientos cincuenta y cuatro votos en pro y
noventa en contra.
Aprobado en lo general y en lo particular,
se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Para referirse a las iniciativas
presentadas sobre la Ley del Registro Nacional de Automóviles y la Regulación de
Vehículos Extranjeros, se concede el uso de la palabra a los diputados: Mónica García
Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional; Javier Corral Jurado, del Partido
Acción Nacional; Guadalupe Sánchez Martínez, del Partido de la Revolución
Democrática; María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo y José Olvera
Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional.
Se concede el uso de la palabra al diputado
Juan Moisés Calleja Castañón, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone
incrementar los salarios en un porcentaje mayor a la inflación y para rectificar hechos,
los diputados Enrique Santillán Viveros, del Partido de la Revolución Democrática,
Alfonso Carrillo Zavala, del Partido Revolucionario Institucional y Raúl Monjarás
Hernández, del Partido Acción Nacional, en el mismo sentido.
La Asamblea considera que es de urgente
resolución y en votación económica aprueba el punto de acuerdo.
Solicita y se concede el uso de la palabra
al diputado Enrique Ku Herrera, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone un
acuerdo para canalizar recursos del gasto social para el combate a la pobreza de los
grupos indígenas y propone un punto de acuerdo al respecto y la formación de un
fideicomiso.
Para rectificar hechos, hace uso de la
palabra el diputado Marcelino Díaz de Jesús, del Partido de la Revolución Democrática.
Se turna a la Comisión de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública.
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura
la de hoy a las diecinueve horas con nueve minutos, citando para la que se llevará a cabo
el miércoles tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete, a las diez horas y a
las nueve horas a la sesión de efemérides Sobre el Día Mundial del SIDA, que se
llevará a cabo en el salón Legisladores de la República.»
Está a discusión el acta... No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
Gracias, señor Secretario.
Proceda a dar lectura al oficio del
Congreso del Estado de Nuevo León, la Secretaría, si es tan amable.
LEY
DE COORDINACION FISCAL
| El secretario
José Antonio Alvarez Hernández: |
«Escudo.- Honorable Congreso del
Estado de Nuevo León.- LXVIII Legislatura.- Secretaría.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.
La LXVIII Legislatura al Congreso del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, con fundamento en el artículo 71 en sus
fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
comparece ante la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión, para presentar
iniciativa de reforma y adición a la Ley de Coordinación Fiscal.
El expediente se integra con los siguientes
documentos:
a) Dictamen presentado por la Comisión de
Hacienda del Estado, que contiene la iniciativa.
b) Extracto del debate suscitado en la
sesión del día 24 de noviembre de 1997.
c) Punto de acuerdo de la iniciativa de
reforma y adición a la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los 42 diputados
integrantes de la LXVIII Legislatura de Nuevo León.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Monterrey, Nuevo León, a 24 de noviembre
de 1997.- Honorable Congreso del Estado.- Diputados secretarios: Ricardo Salinas Cantú y
Juan Alberto Dueñas Castillo.» *
«Escudo Nacional.- Honorable Congreso de
Nuevo León.- Sala de comisiones.
Honorable Asamblea: a los integrantes de la
Comisión de Hacienda del Estado en sesión celebrada el día 4 de noviembre del presente
año, por acuerdo del pleno de este Congreso a propuesta de los diputados César Lucio
Coronado Hinojosa, Oscar Adame Garza y Jorge Humberto Padilla Olvera, se nos instruyó
para que elaboráramos iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, en la cual
estableciéramos criterios claros y precisos para la mejor distribución de las
participaciones federales correspondientes a las entidades federativas. Lo anterior para
el efecto de presentar la propuesta encomendada a esta comisión en tiempo y forma al
honorable Congreso de la Unión.
Compañeros diputados: la coordinación
fiscal entre Federación y estados se estableció, como sistema nacional a partir de 1980,
con el propósito expreso de evitar la doble tributación y lograr una mayor eficiencia de
la recaudación.
En congruencia con los propósitos que la
motivaron, la Ley de Coordinación Fiscal inicialmente incorporó los mecanismos y
fórmulas apropiados para asegurar que los estados coordinados recibieran, cuando menos
las cantidades que dejarían de recaudar al suprimir o dejar en suspenso algunas de sus
contribuciones locales. Este criterio "resarcitorio" fue determinante para
lograr la adhesión de los estados al mencionado sistema de coordinación.
A partir de la reforma de 1990, se otorgó
cada año mayor efecto a un propósito redistributivo en detrimento del efecto
resarcitorio, de suerte que en la actualidad el 54.83% de los fondos participables se
distribuyen sin consideración a la recaudación de los estados y con base en criterios
que, además, no miden en forma adecuada sus necesidades reales. Profundizando este sesgo,
los impuestos asignables, cuya recaudación se utiliza como medida para distribuir el
restante 45.17%, son poco representativos de la aportación real con que cada entidad
federativa contribuye a los ingresos de la Federación, por un lado, porque representan
una fracción menor de la recaudación general y, por otro, porque su comportamiento es
fácilmente afectado por cambios en las prácticas de facturación de los contribuyentes y
otras circunstancias accidentales que no deberían incidir en el monto de los recursos que
cada Estado recibe.
Como consecuencia de lo anterior, diversos
estados han visto progresivamente disminuido el porcentaje que reciben del Fondo General
de Participaciones, mientras otros lo han incrementado en forma desproporcionada, sin que
dichos cambios tengan una conexión lógica con la recaudación, la productividad o las
necesidades de las entidades involucradas.
Desde la perspectiva del interés nacional,
es de observarse que la actual fórmula de distribución de participaciones no incorpora
incentivos apropiados a la productividad económica y fiscal y, en consecuencia, no motiva
a los estados a realizar esfuerzos en ese sentido.
Para corregir estas distorsiones, que en
última instancia actúan como obstáculos al desarrollo nacional, la iniciativa aquí
contenida propone que la fórmula para la distribución del 20% de la recaudación
participable se adecúe para:
1. Reflejar mejor la aportación de cada
Estado a la recaudación federal, mediante la inclusión del IVA entre los "impuestos
asignables".
2. Incorporar como variable la
contribución de cada Estado al producto interno bruto de la nación.
3. Incorporar también como variable el
gasto en Educación que cada Estado hace con recursos propios, para medir con justicia su
necesidad de recibir mayores participaciones.
Inspirada en la solidaridad entre estados
que supone el sano federalismo que todos deseamos, la iniciativa contempla que el ajuste a
la fórmula de distribución se lleve a cabo sin que ningún Estado vea disminuido su
coeficiente de participación.
Para este fin, propone que el Fondo General
de Participaciones se incremente en tres puntos porcentuales y que este monto adicional se
utilice para compensar el efecto negativo que el cambio de fórmula pudiera tener en
cualquier entidad, de suerte que su coeficiente de participación sobre el 20% que hasta
ahora constituye el Fondo General de Participaciones, se mantenga cuando menos con el
valor que tuvo para el ejercicio de 1997. Los estudios hechos como parte de la
preparación de esta iniciativa indican que dicha aplicación del 3% adicional permitirá
un periodo de ajuste de más de 10 años, para que todos los estados logren hacer uso de
los incentivos que la nueva fórmula incorpora.
La propuesta contenida en esta iniciativa
tiene importantes ventajas: además de corregir en forma fundamental las distorsiones que
se han venido dando, se retomaría la base y objetivo principal que contempla la Ley de
Coordinación Fiscal, de la cual se derivó la celebración del Convenio de Adhesión al
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, incorporando incentivos a la productividad y a
la recaudación congruentes con los intereses nacionales, lo que permitirá medir la
necesidad de las entidades en forma más justa y no sólo mediante la sola cifra de
población. Finalmente, permite que haya una transición entre la situación actual y la
nueva, sin que ninguna entidad vea disminuidos los recursos que recibe, derivados del
Sistema de Coordinación Fiscal.
Por las razones apuntadas se pone a la
consideración de esta representación popular el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Con fundamento en el
artículo 71 fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, nos permitimos presentar iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, sobre la reforma y adición a la Ley de Coordinación Fiscal para
quedar en los siguientes términos:
Artículo primero. Se reforman los
artículos 2o., de la Ley de Coordinación Fiscal, por modificación en sus párrafos
primero y quinto y 3o. en su último párrafo y se adiciona el artículo 2o. con los
párrafos sexto y séptimo pasando los actuales párrafos sexto, séptimo, octavo, noveno
y décimo a ser octavo, noveno décimo, decimoprimero y decimosegundo respectivamente,
para quedar de la siguiente manera:
Artículo 2o. El Fondo General de
Participaciones se constituirá con el 23% de la recaudación federal participable que
obtenga la Federación en un ejercicio.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Una cantidad equivalente a 20/23 (veinte
veintitresavos) del Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a lo
siguiente:
I. El 40% de la misma, en proporción
directa al número de habitantes que tenga cada entidad en el ejercicio de que se trate.
El número de habitantes se tomará de la
última información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, al iniciarse cada ejercicio.
II. El 20% en los términos del artículo
3o. de esta ley.
III. El 20% en proporción directa al
producto interno bruto generado por cada Estado.
Para estos efectos se tomará la última
información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, al iniciarse cada ejercicio.
IV. El 20% restante en proporción directa
al monto de recursos propios que cada Estado destine a gasto e inversión en educación.
Calculada la distribución conforme a los
incisos I a IV anteriores, se determinará el porcentaje que haya correspondido a cada
Estado en el ejercicio en cuestión y se comparará con el porcentaje que le hubiera
correspondido en el ejercicio 1997. Con los 3/23 (tres veintitresavos) del Fondo General
de Participaciones pendientes de aplicar, se compensará a los estados en que el
porcentaje del ejercicio en cuestión sea inferior al de 1997. La parte no aplicada de
éstos 3/23 se acumulará a un fondo compensatorio que se invertirá y con sus
rendimientos se sumará a los 3/23 (tres veintitresavos) de ejercicios siguientes para el
mismo propósito.
A partir del año 2010 el total del Fondo
General de Participaciones, más cualquier remanente que hubiere en el fondo compensatorio
a que se refiere el párrafo
anterior, se distribuirá conforme a los
incisos I a IV de este artículo.
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Artículo 3o. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Los impuestos asignables a que se refiere
este artículo, son los impuestos federales sobre valor agregado, sobre tenencia o uso de
vehículos, especial sobre producción y servicios y sobre automóviles nuevos. Los
estados tendrán respecto a estos impuestos, las mismas facultades de fiscalización que
las autoridades federales, pudiendo pactarse entre ambos las medidas de coordinación
apropiadas para lograr una fiscalización más eficaz."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Las presentes reformas entrarán en
vigor a partir del 1o. de enero de 1998.
Monterrey, Nuevo León., a 24 de noviembre
de 1997.- Comisión de Hacienda del Estado.- Diputados: Julián Hernández Santillán,
presidente; Ricardo Salinas Cantú, vicepresidente; Francisco Fuentes Espinoza,
secretario; Eduardo Arias Aparicio, Rolando de Regil Martínez, Oscar Adame Garza,
Adalberto Madero Quiroga, Luis Carlos Treviño Berchelman y Lucilda Pérez Salazar,
vocales.»
«Escudo.- Honorable Congreso de Nuevo
León.- LXVIII Legislatura.
ACUERDO
La LXVIII Legislatura al Congreso del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, con fundamento en el artículo 71 fracciones II y
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparecemos ante la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para presentar proyecto de reforma y
adición a la Ley de Coordinación Fiscal, mediante la siguiente iniciativa de
DECRETO
Artículo primero. Se reforman los
artículos 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, por modificación en sus párrafos
primero y quinto y 3o. en su último párrafo y se adiciona el artículo 2o. con los
párrafos sexto y séptimo, pasando los actuales párrafos sexto, séptimo, octavo, noveno
y décimo a ser octavo, noveno décimo, decimoprimero y decimosegundo respectivamente,
para quedar de la siguiente manera:
"Artículo 2o. El Fondo General de
Participaciones se constituirá con el 23% de la recaudación federal participable que
obtenga la Federación en un ejercicio.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Una cantidad equivalente a 20/23 (veinte
veintitresavos) del Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a lo
siguiente:
I. El 40% de la misma, en proporción
directa al número de habitantes que tenga cada entidad en el ejercicio de que se trate.
El número de habitantes se tomará de la
última información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, al iniciarse cada ejercicio.
II. El 20% en los términos del artículo
3o. de esta ley.
III. El 20% en proporción directa al
producto interno bruto generado por cada Estado.
Para estos efectos se tomará la última
información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, al iniciarse cada ejercicio.
IV. El 20% restante en proporción directa
al monto de recursos propios que cada Estado destine a gasto e inversión en educación.
Calculada la distribución conforme a los
incisos I a IV anteriores, se determinará el porcentaje que haya correspondido a cada
Estado, en el ejercicio en cuestión y se comparará con el porcentaje que le hubiera
correspondido en el ejercicio 1997. Con los 3/23 (tres veintitresavos) del Fondo General
de Participaciones pendientes de aplicar, se compensará a los estados en que el
porcentaje del ejercicio en cuestión sea inferior al de 1997. La parte no aplicada de
éstos 3/23 se acumulará a fondo compensatorio que se invertirá y con sus rendimientos
se sumará a los 3/23 (tres veintitresavos) de ejercicios siguientes para el mismo
propósito.
A partir del año 2010 el total del Fondo
General de Participaciones, más cualquier remanente que hubiere en el fondo compensatorio
a que se refiere el párrafo anterior, se distribuirá conforme a los incisos I a IV de
este artículo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 3o. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ."
Los impuestos asignables a que se refiere
este artículo, son los impuestos federales sobre valor agregado, sobre tenencia o uso de
vehículos, especial sobre producción y servicios y sobre automóviles nuevos. Los
estados tendrán, respecto a estos impuestos, las mismas facultades de fiscalización que
las autoridades federales, pudiendo pactarse entre ambos las medidas de coordinación
apropiadas para lograr una fiscalización más eficaz.
TRANSITORIO
Unico. Las presentes reformas entrarán en
vigor a partir del 1o. de enero de 1998.
Monterrey, Nuevo León, a 24 de noviembre
de 1997.- Diputados: Francisco Javier Cantú Torres, presidente; Ricardo Salinas Cantú y
Juan A. Dueñas Castillo, secretarios; César Lucio Coronado Hinojosa, Enrique Núñez
Vela, Jorge Humberto Padilla Olvera, Cristian Castaño Contreras, Rolando de Regil
Martínez, Adalberto Madero Quiroga, Francisco Fuentes Espinosa, Fanny Arellanes
Cervantes, Luis David Ortiz Salinas, Eduardo Arias Aparicio, Martín Santos Torres,
Guillermo Martínez Garza, Blanca Judith Díaz Delgado, Julián Hernández Santillán,
Luis Carlos Treviño Berchelmann, Tomasa Rivera Juárez, Gerardo Garza Sada, José Luis
Castillo Domínguez, Oscar Adame Garza, Leopoldo González González, Arturo de la Garza
Tijerina, Arturo Cavazos Leal, Cesáreo Cavazos Cavazos, Jesús Morales García, Jaime
Rodríguez Calderón, Hermenegildo Estrada Ramírez, Manuel Braulio Martínez Ramírez,
José Alberto López Cruz, Miguel Angel González Quiroga, Inocencio Cerda Cortez, Mario
Jesús Peña Garza, María Elena Chapa Hernández, Eliud Támez Gómez, Ovidio Angel
Rodríguez Suárez, Manuel José Peña Doria, María Guadalupe Rodríguez Martínez, José
Herrera Maldonado, Lucilda Pérez Salazar y José María Estrada Gaona.»
Recibo y túrnese la iniciativa del
Congreso del Estado de Nuevo León, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Tiene la palabra el diputado
Francisco Javier Reynoso, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para
presentar una iniciativa de reformas a la Constitución, para que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación pueda presentar iniciativas en materia que son de su competencia.
Adelante, diputado Reynoso Nuño.
| El diputado
Francisco Javier Reynoso Nuño : |
Con su permiso, señor Presidente;
muy buenos días compañeros diputados:
Esta iniciativa es de suma importancia que
sea conocida por todos ustedes, en virtud de que un poder federal por tradición
histórica no ha tenido la oportunidad de iniciar leyes en asuntos de su competencia, que
es la Suprema Corte.
Creemos nosotros que ésta es una
iniciativa toral, estructural, que cambiará mucho el sentido de las cosas dentro del
país en lo que será la administración de justicia.
«Los suscritos, diputados integrantes de
la LVII Legislatura Federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II; 56
y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, sometemos a consideración de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa
de adición de una fracción IV al artículo 71 de nuestra Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y reforma al párrafo final del mismo.
Lo anterior, en razón de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
I. Introducción
La construcción de un sistema federal como
régimen constitucional de Gobierno, ha surgido a través de un esfuerzo arduo a lo largo
de nuestra historia como nación.
La división de poderes, el respeto a la
soberanía de los estados y la libertad del municipio, son los pilares que sustentan un
auténtico y arraigado estado federalista, perfeccionarlo, ha sido una aspiración
constante de quienes creemos y han creído en un régimen democrático como esencia de la
legitimidad y fortalecimiento de las instituciones públicas.
Desde la Constitución de 1824, se
establece en su artículo 4o. que: "la nación adopta para su gobierno la forma de
República representativa popular federal". Esta división de poderes fue esbozada ya
en el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana sancionado en
Apatzingan el 22 de octubre de 1814, como fruto de la Revolución de independencia.
Esta es la génesis de nuestro sistema con
el carácter de República Federal y se establecen las facultades específicas de cada uno
de los poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La misma estructura fundamental
persiste en las constituciones de 1857 y la de 1917 que es la que nos rige.
Recientemente, sobre todo en los últimos
20 años, desde 1977 a la fecha, se ha reformado la Constitución en el esquema y
equilibrio de los poderes, principalmente en lo que atañe al Poder Legislativo, como
medio idóneo para reducir nuestro esquema político firmemente centralista y concentrador
del poder público. En efecto, las modificaciones de 1977, 1987, 1994 y 1996 tienden
principalmente al fortalecimiento de las cámaras del Congreso de la Unión. Sin
considerar de ninguna manera este sendero, abordamos en esta iniciativa una propuesta
tendiente a fortalecer más al Poder Judicial, con el mismo propósito y el de lograr,
sobre todo, un mejor marco legal en materia de justicia.
En el esquema fundamental de la división
de poderes, la potestad de dar origen, formulación y vigencia a la ley es en esencia
incumbencia del Poder Legislativo. Sin embargo, a través de la historia de México, se ha
considerado que al Ejecutivo le legitima el tener el derecho de iniciativa de ley, el que
por su función administrativa fundamenta el contacto continuo con la realidad social, le
da la capacidad y el conocimiento para poder formular idóneamente una propuesta de ley.
Y, teniendo el derecho de iniciativa el
Ejecutivo, no existe razón de equidad entre los poderes para que el Judicial no lo tenga.
Algunos tratadistas del derecho
constitucional han manifestado opiniones encontradas, sobre la conveniencia o no de que el
Poder Judicial tenga la facultad de iniciar leyes.
Se argumenta por los impugnadores
principalmente, que no es óptimo que el poder que está facultado para aplicar la ley,
concurra o intervenga en su formación, ya que se crea una confusión entre el diseño de
la norma y su aplicación concreta y fundamentan su tesis que precisamente ahí radica la
esencia de la división de ambos poderes: el Legislativo y el Judicial.
Sin embargo no han aplicado el mismo
criterio, en lo que se refiere a los poderes Legislativo y Ejecutivo, ya que éste goza
del derecho de iniciar leyes y de ejecutarlas, es decir darles efectividad instrumentando
todos los medios necesarios para que sean cumplidas.
Aunque se han dado reformas al Poder
Judicial en los últimos años, éstas son tendientes principalmente a la redistribución
de facultades de los órganos del Poder Judicial Federal. Sin embargo, mención
específica merece la reforma de diciembre de 1994, la cual primordialmente va encaminada
a fortalecer al Poder Judicial, dotando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la
facultad de resolver sobre casos de inconstitucionalidad de leyes con efectos generales,
abandonando la vieja y tradicional Formula Otero, que había persistido hasta esa fecha,
que limita la acción del Poder Judicial a la esfera del particular reclamante
exclusivamente.
II. Facultad de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para iniciar leyes.
Es necesario para el fortalecimiento de los
poderes, el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga la potestad de iniciar
leyes ante las cámaras federales, ya que, siendo facultad muy propia del Poder
Legislativo, nuestra Constitución le atribuye también al Poder Ejecutivo el derecho de
iniciativa de ley.
Es digno de tomar en consideración, la
evolución histórica de las facultades de los poderes y por lo tanto considerar oportuna,
viable y de beneficio a la nación el que el Poder Judicial tenga la facultad también de
iniciar leyes.
Nunca se ha considerado que el Ejecutivo,
al tener la facultad de concurrir en la formación de la ley incurra en confusión de
atribuciones al aplicarla.
Sobre esta circunstancia podría razonarse
igualmente que la esencia de la división de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo,
está entre el diseño y formulación de la ley y su ejecución y que puede existir
confusión entre una y otra facultad.
Es insostenible que persista el argumento
que niega la capacidad moral y legal para que el Poder Judicial tenga derecho de
iniciativa de ley. Pues a mayoría de razón, nunca se ha considerado en nuestra doctrina
y en la evolución de nuestro derecho constitucional que el Ejecutivo al tener la facultad
de veto de una ley, incurra en confusión y además este sólo es superado por la Cámara
del Congreso de la Unión, cuando ratifican la aprobación de la misma por una mayoría
calificada de dos terceras partes (artículo 72 constitucional inciso c).
Además por origen, la formulación de la
ley es una facultad exclusiva de las cámaras federales y no debe confundirse a la
iniciativa que da inicio a la ley, con la ley aprobada propiamente dicha, ya que toda
iniciativa, como es obvio, puede ser rechazada totalmente, aceptada en sus término o bien
modificada en el proceso legislativo constitucional.
Por otra parte se ha estimado que la
Suprema Corte de Justicia es el órgano más idóneo, técnicamente para formular ciertos
proyectos de ley. Pero, que no tiene dicha facultad, por considerarse que debe haber
completa separación entre la función del juez, intérprete de la ley y la del
legislador, en la cual tiene cierta influencia el punto de vista del autor de la
iniciativa: ¿como podría juzgar imparcialmente la Suprema Corte de la constitucionalidad
de una ley, cuyo proyecto ella misma hubiere formulado? (Felipe Tena Ramírez, derecho
constitucional mexicano editorial Porrua 14a. edición Página. 316).
Este argumento se desvanece si tomamos en
cuenta que la Suprema Corte de Justicia como órgano revisor de la Constitución ha
corregido sus propios criterios, modificando incluso la jurisprudencia que ha sustentado,
variando el significado de los preceptos legales y constitucionales. Vemos como la
interpretación jurídica de la Suprema Corte de Justicia ha revolucionado para
desentrañar el verdadero alcance de las normas. Lo mismo debe decirse respecto de las
leyes, cuya iniciativa se deba a dicho órgano jurisdiccional, pues nada impide que éste
ejerza sus funciones de control constitucional, incluso respecto de disposiciones
generales en las que tenga la autoría de su iniciativa, máxime que la renovación
frecuente de los ministros de la Corte hace más probable la innovación de opiniones y
criterios diferentes que los de sus antecesores, por la permanente evolución de las
instituciones políticas y jurídicas. Además de que no debe perderse de vista que
cualquier iniciativa de ley puede ser modificada en su forma y contenido por las cámaras
que integran el Poder Legislativo Federal.
Es necesario hacer notar que existen
diversos tratadistas del derecho constitucional más actuales que contrarían la opinión
de Tena Ramírez (Burgoa, entre otros).
Nadie más calificado que la propia Suprema
Corte de Justicia para presentar iniciativas de ley, por el constante ejercicio que tiene
como máximo tribunal de la República en su interpretación y en su aplicación. Por ser
los ministros, juristas experimentados en el conocimiento del derecho, en la
interpretación y aplicación de las leyes y de la Constitución, son los más indicados
para tener la facultad de presentar iniciativas de ley en los asuntos de la competencia
del Poder Judicial de la Federación.
Además, en nuestra historia, ha existido
como ley vigente la facultad de la Corte para iniciar leyes, como se muestra a
continuación.
III. Antecedentes históricos en nuestra
Constitucion
I. El primer antecedente de nuestro país
en que la Corte tuvo la facultad de iniciar leyes, data del 29 de diciembre de 1836,
cuando se suscribieron en México los artículos del 26 al 30 de la ley tercera de las
leyes constituciones de la República Mexicana que disponían lo siguiente:
"Artículo 26. Corresponde la
iniciativa de leyes:
Al supremo Poder Ejecutivo y a los
diputados, en todas materias.
A la Suprema Corte de Justicia, en lo
relativo a la administración de su ramo.
A las juntas departamentales en las
relativas a impuestos, educación pública, industria, comercio, administración municipal
y variaciones constitucionales.
Artículo 28. Cuando el supremo Poder
Ejecutivo o los diputados iniciaren leyes sobre materias en que concede iniciativa al
artículo 26 a la Suprema Corte de Justicia y juntas departamentales, se oirá el dictamen
respectivo de aquélla y de la mayoría de éstas, antes de tomar en consideración la
iniciativa.
II. El segundo antecedente es de fecha 30
de junio de 1840 y fue un voto particular del diputado José Fernando Ramírez, en el
proyecto de la reforma a las leyes constitucionales, que indicaba:
"Sexagésimo quinto párrafo.
Corresponde la iniciativa de leyes: primero a los diputados; segundo, al supremo Poder
Ejecutivo y a las juntas departamentales sin excepción de materias; tercero, a la Suprema
Corte de Justicia en todo lo relativo en la administración de su ramo."
"Sexagésimo séptimo párrafo. En,
las iniciativas sobre administración de justicia se oirá a la Suprema Corte y en cuanto
a las de contribuciones, árbitros y éstos se decreten provisionalmente si la urgencia o
interés común lo exigen."
III. El tercer antecedente data de fecha 25
de agosto de 1842, en el primer proyecto de Constitución Política de la República
Mexicana, que en el artículo 63 ordenaba.
IV. El cuarto antecedente es de fecha 3 de
noviembre de 1842 (primera lectura), en el segundo proyecto de Constitución Política de
la República Mexicana, que en su artículo 53 establecía:
"Artículo 53. Corresponde la
iniciativa de leyes: al Presidente de la República y a las asambleas departamentales en
todas las materias; y a la Suprema Corte de Justicia y marcial en lo relativo a la
administración de su ramo."
V. El último antecedente constitucional,
que fue ley vigente en nuestra historia, fue de fecha 12 de julio de 1843 (bases
orgánicas), publicada por bando nacional el día 14 del citado mes y año, que indicaba
en su artículo 53 lo siguiente:
"Artículo 53. Corresponde la
iniciativa de las leyes: al Presidente de la República a los diputados y a las asambleas
departamentales en todas materias y a la Suprema Corte de Justicia en lo relativo a la
administración de su ramo."
Por otra parte, se presenta a continuación
un breve análisis referente a la facultad para iniciar leyes del Poder Judicial en otros
países, de donde se desprende la posibilidad de que se faculte a la Suprema Corte de
Justicia de nuestro país con ese derecho.
IV Antecedentes en el derecho comparado
internacional
A) Países europeos
Noruega
En la Constitución de este país,
contempla la necesidad de solicitar la opinión en cuestión de derecho al tribunal
superior de justicia, cuando existe una iniciativa, en la cual, por su naturaleza, se
requiere de la temninología jurídica, al respecto al artículo 83 de la Constitución de
Noruega contempla:
Artículo 83. El Storting, podrá consultar
la opinión del Tribunal Supremo de Justicia (Hoyyesterett) en cuestiones de derecho.
España
La Constitución española en sus primeros
artículos, dispone lo siguiente:
Artículo 1o. Las cortes son el órgano
superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado. Es misión
principal de las cortes la preparación y elaboración de las leyes, sin perjuicio de la
sanción que corresponde al jefe del Estado.
Artículo 2o. Las cortes se componen de
procuradores natos y efectivos a saber:
a) Los ministros
b) Los consejeros nacionales
c) El presidente del Consejo del Estado, el
Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Supremo de Justicia Militar.
B) Países latinoamericanos
Diversos países de América latina
consagran la facultad de que venimos hablando a favor de la Suprema Corte de Justicia.
Colombia
En su artículo 154, en su último
párrafo, dispone lo siguiente:
"Ultimo párrafo. La Corte
constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el
Contralor General de la República, tienen la facultad de presentar proyectos de ley en
materia relacionada con sus funciones."
Cuba
Existe una disposición similar en la que
se faculta a la Suprema Corte para presentar iniciativas de ley, el artículo 88 de su
Constitución en su inciso e dispone:
"Artículo 88. La iniciativa de las
leyes compete:
a) a d). . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
e) Al tribunal supremo popular, en materia
relativa a la administración de justicia."
Ecuador
En el artículo 133 de su Constitución,
contempla:
"Artículo 133. Tiene exclusivamente
iniciativa de ley:
1 a 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
3. La Corte Suprema de Justicia en materias
relativas al órgano Judicial, al ejercicio del notariado y de la abogacía, y a la
jurisdicción y competencia de los tribunales;... ."
Honduras
Según lo dispuesto por el artículo 313 de
su Constitución, que dispone:
"Artículo 313. Tienen exclusivamente
la iniciativa de ley los diputados al Congreso Nacional, el Presidente de la República,
por medio de los secretarios de Estado, así como la Corte Suprema de Justicia el Tribunal
Nacional de Elecciones, en asuntos de su competencia."
Nicaragua
También contempla en su Constitución,
concretamente en el artículo 140 la facultad a la Suprema Corte para legislar y dispone
lo siguiente:
"Artículo 140. Tienen iniciativa de
ley los representantes ante la Asamblea Nacional y el Presidente de la República;
también la Corte de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, en materias de su
competencia. Este derecho de iniciativa será regulado por el estatuto general y el
Reglamento Interno de la Asamblea Nacional."
Perú
Dispone en el artículo 190 de su
Constitución lo siguiente:
"Artículo 190. Tienen derecho de
iniciativa, en la formación de leyes y resoluciones legislativas, los senadores, los
diputados y el Presidente de la República. También lo tienen la Corte Suprema de
Justicia y el órgano de Gobierno de la región en las materias que le son propias."
Venezuela
Se encuentra en el artículo 165 de su
Constitución lo siguiente:
"Artículo 165. La iniciativa de las
leyes corresponde:
1 a 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
4. A la Suprema Corte de Justicia, cuando
se trate de leyes relativas a la organización y procedimiento judicial."
Panamá
La Constitución de Panamá contempla la
posibilidad de que su Suprema Corte conozca de leyes, según el artículo 159, que indica:
"Artículo 159. Las leyes serán
propuestas:
a) Cuando sean orgánicas:
1 y 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
3. Por la Corte Suprema de Justicia, el
Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, siempre que se
trate la expedición o reformas de los códigos nacionales."
Brasil
En este país, su Constitución habilita a
la Suprema Corte para inicar leyes, según dispone el artículo 61 de la siguiente manera:
"Artículo 61. La iniciativa para las
leyes complementarias y ordinarias corresponde a cualquier miembro o comisión de la
Cámara de Diputados, del Senado Federal o del Congreso Nacional, al Presidente de la
República, al Supremo Tribunal Federal, a los tribunales superiores, al Procurador
General de la República, y a los ciudadanos, en la forma y en los casos previstos en esta
Constitución."
República Dominicana
En el caso específico de este país, su
Constitución en el artículo 38 dispone:
"Artículo 38. Tiene derecho a
iniciativa en la formación de las leyes:
a) Los senadores y diputados;
b) El Presidente de la República;
c) La Suprema Corte de Justicia;
d) La Junta Central Electoral en asuntos
electorales."
El Salvador
La Constitución de este país habilita a
su Corte Suprema para conocer iniciativas relativas al órgano Judicial, del notariado y
la abogacía, según disponen los artículos 133 y 203 de la siguiente manera:
"Artículo 133. Tiene exclusivamente
iniciativa de ley:
a) Los diputados;
b) El Presidente de la República por medio
de ministros;
c) La Suprema Corte de Justicia en materia
relativa al órgano Judicial, al ejercicio del notariado y de la abogacía, y a la
jurisdicción y competencia de los tribunales y
d) Los consejos municipales en materia de
impuestos municipales."
"Artículo 203. Las leyes pueden tener
origen en cualquiera de las cámaras de Congreso, a propuesta de sus miembros, a
proposición del Poder Ejecutivo, a iniciativa popular o a la Corte Suprema de Justicia en
los casos y en las condiciones previstas en esta Constitución y en la ley."
Guatemala
La Constitución de este país, dispone en
su artículo 174 lo siguiente:
"Artículo 174. Para la formación de
las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, el organismo Ejecutivo, la Corte
Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos en Guatemala y el Tribunal Supremo
Electoral."
VI. Antecedentes de las legislaciones
locales en México
Por otra parte, Acción Nacional el 9 de
septiembre de 1966, presentó una iniciativa tendiente a la habilitación para que la
Suprema Corte de Justicia pueda iniciar leyes exclusivamente respecto de la organización
y presupuesto del Poder Judicial.
VII. La facultad de iniciar leyes del Poder
Judicial en las constituciones estatales
A continuación se resumen los estados
cuyas constituciones establecen la facultad de los Tribunales Superiores de Justicia con
su respectivo artículo constitucional, en que se otorga el derecho de iniciar leyes:
Constitución de Aguascalientes, artículo
30; de Baja California, artículo 25; de Chihuahua, artículo 59; de Colima, artículo 37;
de Chiapas, artículo 25; de Chihuahua, artículo 68; de Durango, artículo 63; de
Guanajuato, artículo 49; de Guerrero, artículo 52; de Hidalgo, artículo 31; de Jalisco,
artículo 16; de México artículo 59; de Michoacán, artículo 36; de Morelos artículo
42; de Nayarit, artículo 49; de Nuevo León, artículo 68 y 69; de Oaxaca, artículo 37;
de Sinaloa, artículo 45; de Sonora, artículo 53; de Tabasco, artículo 60; de
Tamaulipas, artículo 64; de Tlaxcala, artículo 35; de Veracruz, artículo 70; de
Yucatán, artículo 35 y de Zacatecas, artículo 30.
En todas ellas se establece el derecho que
tiene el Tribunal Superior de la respectiva entidad federativa, para iniciar leyes ante el
Congreso local. En algunos Estados el derecho se limita a los asuntos del ramo judicial y
en otros, se reconoce sin limitación alguna.
VIII. Conclusión
Es de enfatizar, que además las razones de
equilibrio de poderes, existan razones de interés público de la nación, pues es
innegable que la alta calidad técnica y la experiencia de los integrantes del más alto
tribunal de la Federación, con su propuesta oportuna, incidirá en el mejoramiento de la
legislación en materia de justicia.
Esto es relevante en la actualidad, ya que
se cuestiona por la ciudadanía la capacidad de las autoridades de todas las esferas para
impartir justicia.
Por razón de especialización, se
considera razonable que dicha facultad de iniciar leyes se circunscriba a la materia de
asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación, ya que en esa área es de
esperarse que surjan iniciativas de alta calidad profesional y en relación de las
necesidades prácticas que surgen en el momento oportuno.
Por lo anteriormente argumentado y expuesto
sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA Y
REFORMA EL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DECRETO
Artículo único. Se adiciona con una
fracción IV y reforma el párrafo final del artículo 71 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o
decretos compete:
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
IV. A la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación.
Las iniciativas presentadas por el
Presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las
legislaturas de los estados, o por las diputaciones en las mismas, pasarán desde luego a
comisión.
Las que presentaren los diputados o los
senadores se sujetarán a los trámites que designe el reglamento respectivo.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
México, D.F., a 3 de diciembre de 1997.- Diputados: Abelardo Perales Meléndez, Baldemar
Tudón Martínez, Francisco Javier Reynoso N., Rafael A. Castilla Peniche, Rafael Sánchez
Pérez, Jorge López Vergara, María de la Soledad Baltazar Segura, Germán Martínez
Cázares y Benjamín Gallegos Soto.»
Muchas gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales e instruya al personal de Oficialía Mayor para que la misma se
publique íntegramente en el Diario de los Debates.
Se informa a los señores diputados que el
señor diputado Rafael Alberto Castilla Peniche se reserva su derecho para presentar la
iniciativa de reformas al artículo 116 de la Constitución Política.
LEY
FEDERAL DEL TRABAJO
Consecuentemente tiene la palabra el
señor diputado Javier Paz Zarza, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una
iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo en Materia de Salarios Mínimos.
| El diputado
Javier Paz Zarza: |
«Honorable Asamblea: los suscritos,
diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la
consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que adiciona
y modifica diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, con base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
1o. Desde su fundación en 1939, Acción
Nacional ha reiterado que "considerar el trabajo humano como mercancía o como simple
elemento material en la producción, es atentar contra la dignidad de la persona y contra
el interés de la nación. Afirmamos que lo es en mayor grado aún, la explotación del
trabajo del hombre para fines políticos, a pretexto de disciplina y cohesión de las
organizaciones de trabajo".
Desde ese momento, hemos planteado que
"todo trabajo socialmente útil, debe tener la retribución justa que permita al
trabajador vivir y formar decorosamente una familia y obtener el más alto mejoramiento
real posible".
También en la proyección de principios de
nuestra organización, en 1965, señalábamos que "el derecho al trabajo es
prerrogativa común de todos los hombres porque, en última instancia, se funda el derecho
a la vida y a la libertad. El trabajo, actividad inmediata de la persona, tiene
preeminencia como principio ordenador de la economía social".
Posteriormente don Adolfo Christlieb
Ibarrola señalaba: "la lucha del hombre para que se reconozca al trabajador en lugar
preeminente en las relaciones humanas, para que en la escala de valores morales y
jurídicos se acepte que el derecho al trabajo es una expresión del derecho a la vida,
tiene prioridad al derecho del capital o los bienes materiales, ha sido una lucha ardua y
no termina".
Estas fundamentaciones de Acción Nacional
plasman con claridad meridiana que la persona humana debe ser el concepto clave y
destinatario final del verdadero proceso de desarrollo, ante la embestida de quienes
pretenden desconocer la dignidad del trabajo humano. Exigimos tal reconocimiento, que
frente al derecho de propiedad ejercida con la misma extensión sobre el hombre que sobre
las cosas, se impone al concepto universal de los bienes materiales e inmateriales para el
beneficio del hombre.
Es decir, el derecho que tiene el hombre y
los hombres para gozar y disfrutar de los bienes necesarios para vivir con dignidad, para
desarrollar sus capacidades, sin verse reducidos a simple instrumento de la voluntad de
otros hombres, de grupos sociales o facciones e incluso del Estado mismo.
Ha de reconocerse, que la miseria y la
ignorancia se deben al desorden moral, económico y político y sólo podrá evitarse
mediante un orden justo, basado en el reconocimiento de los valores espirituales y en la
realización del bien común, de acuerdo con las situaciones históricas concretas. La
cooperación habitual de todos para realizar el orden justo, no la lucha de clases, es el
camino adecuado para alcanzar la justicia social fuerza moral básica de la que dependen
todos los bienes de las personas y de la sociedad.
Como justicia del bien común, la justicia
social se realiza mediante el ejercicio y la defensa de los derechos y el cumplimiento de
las obligaciones recíprocas, especialmente en las relaciones de la persona y los grupos
sociales con autoridad y de los grupos sociales entre sí. La justicia social tiene por
objeto, con fundamento en la igualdad esencial y en la solidaridad de los hombres,
promover el acceso de los mismos, particularmente de los núcleos más desvalidos de la
sociedad, a los bienes materiales y espirituales suficientes para que la comunidad viva de
la manera más justa, equitativa y equilibrada que sea posible, con respeto para la
libertad personal y para la dignidad humana.
Finalmente hay que puntualizar que la
justicia social no implica sólo exigencias, sino también el cumplimiento de
responsabilidades conforme al bien común particular y nacional y de su subordinación a
la productividad del trabajo.
En esta tarea de construir una patria con
justicia y libertad, como afirmaba don Manuel Gómez Morín, "obliga al ejercicio de
la gestión del bien común, de la auténtica solidaridad sin distinción de personas o
grupos sociales algunos".
2o. El Constituyente de Querétaro definió
el salario mínimo en la fracción VI del 123 constitucional como aquél "que se
considera suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el
orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los
hijos". Esta afirmación del Constituyente tiene el carácter de garantía social, de
aquí que tanto la doctrina como la jurisprudencia le ha venido reconociendo gran
importancia y se ha procurado rodearlo de las medidas necesarias para su protección, en
atención a que el salario mínimo es la única fuente para satisfacer las necesidades del
trabajador y de su familia.
El tratadista Mario de la Cueva, en su
clásico tratado "Derecho Mexicano del Trabajo", nos comenta que en la antigua
Europa "el historiador francés Emile Lavasseur relata que el emperador Diocleciano
expidió un edicto fijando los salarios máximos que podían pagarse a los trabajadores,
25 denarios a los albañiles, carpinteros y herreros, 60 a los mosaiqueros etcétera y la
violación de estas reglas se castigaba con la pena de muerte; pero parece no llegó a
cumplirse el edicto. En la Edad Media la Iglesia católica hizo múltiples recomendaciones
a fin de que "se pagara un precio justo por los servicios de los trabajadores para
asegurarle su existencia y darles el trato humano que se merecían".
El maestro De la Cueva nos dice que
"el capitán Cuché" dijo que en una ley visigoda, durante el imperio de los
francos, se fijó el precio de la mano de obra. En el año 1351, cuando estalló la peste
negra en Europa, Juan El Bueno promulgó una ordenanza fijando el máximo de los salarios.
Con la Revolución Francesa se planteó establecer salarios mínimos como norma, en lugar
de máximos.
En México, en la época colonial, su
organización y legislación era similar a la europea, particularizando el caso en las
denominadas Leyes de Indias, donde se establecían condiciones sobre jornadas de trabajo,
salario mínimo, forma de pago de salario etcétera. En el México independiente, fue
hasta Francisco I. Madero en 1911 que se estableció el Departamento del Trabajo, con el
objetivo de determinar y vigilar las condiciones de los trabajadores. En 1914, en el
Estado de Veracruz el gobernador Cándido Aguilar promulgó la primera ley que fijó el
salario mínimo para su Estado. Salvador Alvarado, en Mérida, Yucatán, promulgó la ley
respectiva en el mismo sentido, añadiéndole el término de salario justo. En el Estado
de Jalisco, la Ley de Manuel Aguirre Berlanga, de 1914, reglamentó varios aspectos
laborales, entre ellos el salario mínimo.
Finalmente el Constituyente de 1917 dio
especial énfasis al salario mínimo, incluso propuso establecer comisiones especiales que
deberían formarse en cada municipio, posteriormente modificado a regiones y que,
consideramos que por las condiciones actuales debe establecerse una sola zona nacional.
En 1929 se hizo sentir la necesidad de
uniformar las condiciones legales y materiales de las relaciones de trabajo, lo cual se
concretó en la Ley del Trabajo expedida en 1931, que fue modificada en las reformas de
1962 que distingue el salario mínimo general del salario mínimo profesional y ratificado
en las reformas de 1970.
Es pertinente aclarar que el recoger la
necesidad de un salario mínimo como fuente única para satisfacer las necesidades del
trabajador y de su familia, se fundamenta, además de lo enunciado previamente, en la
declaración universal de los derechos del hombre, proclamada en la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1948 y en la Carta de la Organización de Estados Americanos, en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Carta Internacional
Americana de Garantías Sociales, surgidas estas tres últimas de la IX Conferencia
Interamericana que tuvo lugar en Bogotá en 1948.
Siguiendo el espíritu del Constituyente y
de los documentos internacionales suscritos por nuestro país, el concepto de salario
mínimo tiene como finalidad allegar al trabajador y a su familia una remuneración
conforme a la dignidad humana y por ello deben ser suficientes para el desarrollo integral
del trabajador y de su familia en el orden material, social y cultural.
Los salarios mínimos profesionales,
además de los principios y finalidad del salario mínimo general, tiene el objetivo de
lograr una remuneración equitativa para los trabajadores, que guarde relación con su
capacidad, formación educativa y destreza.
"Las reformas constitucionales y
legales de 1962, afirmaba el legislador de la época, son el producto de un hondo sentido
humano, del retorno a las ideas de declaración de derechos sociales y del propósito de
llevar a los trabajadores de salario mínimo, los beneficios de la justicia social. De
este conjunto de preocupaciones nace el concepto nuevo, salario mínimo que se desenvuelve
en dos grados, los generales y los profesionales."
Como podrá observarse, el sentido del
legislador de ambos grados es que la fijación mínima es la retribución menor que debe
pagarse a un trabajador, la cual debe tener una extensión de aplicabilidad en toda la
República, igual que la idea de jornada máxima.
Y es que, el principio del salario mínimo
general es un principio del más profundo sentir humano, lo que obliga a que el órgano
que dictamine la fijación de los mismos deberá valorar con amplio conocimiento los
problemas relacionados con las actividades económicas y con el nivel de vida de los
trabajadores. Ciertamente la actual Ley Federal del Trabajo obliga a la Dirección
Técnica de la Comisión Nacional a elaborar los estudios técnicos correspondientes,
mismos que nadie conoce a la fecha, en atención a que la misma trabaja con tal sigilo y
oscuridad, que la opinión pública, y menos el Congreso de la Unión, conocen los
resultados de dichos estudios. Tampoco se conoce las deliberaciones y conclusiones a que
llegan los consejos de representantes que establece la normatividad vigente.
Es evidente que el elemento básico que se
debe tomar en cuenta para la fijación de los salarios, debe estar constituido por el
costo de la vida, medido en forma indirecta a través de los indicadores del movimiento de
los precios. Otro elemento debe estar constituido por el presupuesto de satisfactores y
servicios a que se refiere la ley, que permitan la satisfacción de las necesidades
básicas de un trabajador y de su familia en el orden material, social, cultural y
espiritual.
3o. Por lo tanto, es menester tener un
organismo de carácter nacional, que valorando las condiciones sociales y económicas de
la República, pueda fijar los salarios, previo a investigaciones y estudios que
técnicamente puedan determinar el monto y condiciones de los salarios.
En el año de 1963 se creó la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos, la cual ha tenido múltiples reformas, teóricamente para
que sus atribuciones den los resultados de cumplimentación a lo establecido en el
artículo 123 constitucional.
Consideramos en Acción Nacional que este
organismo deberá ser integrado realmente por auténticos representantes de trabajadores,
empleadores y el Gobierno, con la participación de la Comisión del Trabajo de la Cámara
de Diputados en su carácter de observadora, para que el espíritu de la fracción VI del
123 sea cumplido realmente. Que los representantes de los trabajadores y de los
empleadores sean electos a propuestas de las organizaciones de trabajadores y empleadores;
determinados en una sesión de insaculación, con el fin de que los mismos no tengan una
posición de corte corporativo ni de trampolín político en perjuicio de las
determinaciones que deben tomar.
No basta que el trabajador mantenga su
poder de compra, sino que también participe de alguna manera en los beneficios del
desarrollo, ya que de otra manera estarían sujetos en forma permanente, sin posibilidad
de mejoría, a las condiciones de vida a las que no han podido tener acceso desde que se
inició la fijación de los salarios mínimos. Es menester que se considere para la
fijación, que la misma es el resultado de la apreciación conjunta de las condiciones
económicas generales del país, de la estructura de las actividades que se realizan y del
comportamiento de los mercados de producción.
Es evidente que en el transcurso de los
años la hasta hoy Comisión de Salarios Mínimos no ha valorado cuáles son "las
necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural".
No hay estudios recientes que determinen qué entiende la Comisión Nacional a la frase de
"jefe de familia". Ya en 1963 estimó conveniente que para los efectos de
fijación de salarios mínimos el núcleo familiar se integrará en cinco personas,
basándose en la cifra promedio de 5.4 que arrojaron los datos estadísticos del VII censo
general de población del 8 de junio de 1960.
En 1969 se presentó a la opinión pública
una nueva investigación directa por el citado organismo, donde determinaron de 7.3
integrantes por familia, aunque la Comisión Nacional de Salarios Mínimos siguió
considerando como cinco personas el núcleo familiar. Si fuera vigente esta última cifra,
está claro que el actual salario mínimo resulta inalcanzable para una vida digna y
decorosa para el trabajador y su familia.
4o. En la última década como nunca tal
vez, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha sido un aparato decorativo en atención
que las condiciones y determinaciones de los salarios se han fijado en los denominados
pactos de concertación económica. Datos existen, que acreditan una depreciación
acelerada en los últimos años. Simplemente para igualar los niveles adquisitivos de
1970, el salario mínimo actual debiera ser de 78.86 pesos y no de 26.70 pesos. El
desequilibrio de lo que debiera ser y lo que en realidad sucede, provoca que con el
salario mínimo de 1997 sólo se puede comprar el 28.5% de lo que se compraba en 1970,
conforme al reciente estudio elaborado por el comité directivo estatal de Acción
Nacional en el Estado de Sinaloa.
Añade, asimismo, que el poder adquisitivo
de 1970 a 1997, en porcentaje sobre valor re expresado del salario mínimo, refleja las
siguientes cifras:
Siendo en enero de 1970 el 100%, para 1974
era de 111.2%, en 1978 el 119.4%, en 1982 el 144.2%, en 1986 el 70.5%, en 1990 el 45.7%,
en 1994 el 37.5% y en 1997 el 31.5%.
A esta realidad, habría que añadir los
saldos del actual modelo del priato cuyo resultado son en 93 millones 400 mil mexicanos, a
diciembre de 1996, la población económicamente activa ascendía a sólo 35 millones 200
mil, de las cuales tenían empleo estable únicamente 14 millones 800 mil. Los millones de
desempleados y subempleados van en incremento cotidiano.
Hoy día, en la economía informal está el
43.7% de la PEA. La población en extrema pobreza alcanza la brutal cifra de 24 millones
de mexicanos, sumados a los 53 millones en niveles de pobreza. A los 3 millones 400 mil
jubilados y pensionados se les trata en condiciones de limosneros. Los 288 mil niños de
la calle, más los 6 millones de niños trabajadores, constituyen un reclamo que no
podemos omitir.
5o. Por lo tanto, señoras y señores
diputados, consideramos necesario modificar la Ley Federal del Trabajo, para que la
Comisión Nacional de Salarios Mínimos se transforme en un organismo que cumpla realmente
con la responsabilidad que inspiró su creación, que esta Cámara conozca los resultados
de su desempeño y que opere con transparencia y claridad, para que tomando en
consideración el entorno socioeconómico nacional, determine el salario suficiente.
Por lo tanto proponemos que las tareas que
realice el presidente del organismo, además de informar al Secretario del Trabajo y
Previsión Social, turne copias a los integrantes de la Comisión de Trabajo de la Cámara
de Diputados. Asimismo, es menester que los representantes de los trabajadores y de los
empleadores que hayan sido designados, sean del conocimiento de la opinión pública, por
lo cual es necesario que sea publicado en los medios de comunicación quiénes fueron
designados, por insaculación. Igualmente consideramos necesario que en el Consejo de
Representantes se determine una sesión mínima mensual, así como omitir en el texto de
la ley la expresión áreas geográficas, de que habla la fracción III del 557 y los
demás artículos relativos, en virtud que consideramos que por el dinamismo y las
condiciones socioeconómicas de globalidad nacional, actualmente es absurdo seguir
estableciendo diversas zonas económicas para la fijación de los salarios mínimos.
Por lo tanto, los diputados de la LVII
Legislatura de Acción Nacional, ponemos a su consideración la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE DEROGA Y REFORMA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Articulo primero. Se reforman las
siguientes disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en los términos subsecuentes:
Artículo 553. El presidente de la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tiene los deberes y atribuciones siguientes:
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
III. Informar trimestralmente al Secretario
del Trabajo y Previsión social, con copia a los integrantes de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social de la Cámara de Diputados.
Artículo 554. El consejo de representantes
se integrará:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
II. Con un número igual, no menor de 15 ni
mayor de 25, de representantes propietarios y suplentes de los trabajadores sindicalizados
y de los patrones, electos cada tres años, de conformidad con la convocatoria que al
efecto expida la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La Secretaría de Trabajo
publicará en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio del año que se trate,
nombre, domicilio, organización que representa de todos y cada uno de los representantes
propietarios y suplentes electos.
Artículo 557. El consejo de representante
tiene los deberes y atribuciones siguientes:
I. Determinar en la primera sesión, su
forma de trabajo y las fechas de las sesiones mensuales a solventar.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
III. Conocer el dictamen formulado por la
dirección técnica y dictar resolución respecto a los salarios mínimos. La resolución
se publicará en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 676. Las reglas para la elección
de representantes de los trabajadores y de los patrones en la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos, serán las contenidas en el presente capítulo.
Artículo 680. Para la elección de los
representantes en la comisión nacional, se abrirá una convocatoria nacional en la que
participarán los trabajadores sindicalizados y los patrones. Los primeros participarán
en los sindicatos, federaciones o confederaciones que acrediten un mínimo de 2 mil 500
trabajadores y los segundos en organizaciones u agrupaciones con un mínimo de 1 mil 500
empleadores.
Los sindicatos y las organizaciones de
empleadores que desearán integrarse al consejo de representantes, entregarán su
solicitud a la Secretaría del Trabajo, a más tardar el 30 de mayo del año de la
elección.
El día de la convención, en sesión
pública, presidida por el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y
representantes de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, se procederá a la
elección del consejo de representantes, por insaculación de los registrados en tiempo y
forma.
Artículo segundo. Se derogan los
siguientes numerales de la Ley Federal del Trabajo:
Capítulo VII del Título Decimoprimero.
Artículo 682-A.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Salón de sesiones de la Cámara de
Diputados, a 3 de diciembre de 1997.- Por el grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, diputados: Javier Paz Zarza, Rafael Castilla Peniche, Porfirio Durán Reveles,
Arturo Saiz Calderón, Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, Nicolás Jiménez Carrillo,
Ricardo Fernández Candia, Leonardo García Camarena, Rocío Morgan Franco, Edgar Ramírez
Pech, Felipe Jarero Escobedo, María Gloria Ocampo Aranda, Jorge Esparza Carlo, Javier
Algara Cossío, Juan Carlos Espina von Roehrich, Beatriz Zavala Peniche, Gustavo Espinosa
Plata, Francisco Javier Reynoso Nuño, Francisco Vera González, José de Jesús González
Reyes, Rubén Alfonso Fernández Aceves, Luis Guillermo Villanueva Valdovinos, Jeffrey Max
Jones Jones, José Armando Jasso Silva y Patricia Espinosa Torres.»
Solicito, señor Presidente, turne a
comisiones la presente iniciativa.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado Paz
Zarza.
Túrnese a la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.
La Cámara de Diputados, por conducto de
esta Presidencia, saluda a los jóvenes que cursan el bachillerato técnico en el
Instituto "Alexander Winner" y los exhorta a mantener en alto las banderas del
estudio y del trabajo. Enhorabuena.
LEY FEDERAL DE EQUIDAD EN MATERIA
IMPOSITIVA
Tiene la palabra el diputado Héctor
Castañeda Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar una iniciativa de Ley Federal de Equidad en Materia Impositiva,
reglamentaria de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
| El diputado
Héctor Francisco Castañeda Jiménez : |
«Ciudadano Presidente de la Cámara
de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Los que suscribimos, diputados del Estado
de Jalisco, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en lo previsto por los
artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General, presentamos ante el pleno de esta honorable Cámara, una iniciativa de Ley
Federal de Equidad en Materia Impositiva, reglamentaria de la fracción IV del artículo
31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundando nuestra
presentación en las siguientes
CONSIDERACIONES
Una de las principales obligaciones de las
personas físicas y morales en nuestro país es, sin duda, la que prevé la fracción IV
del artículo 31 de nuestra Constitución Política, en cuanto deben de contribuir a
sufragar los gastos públicos de la Federación, del Distrito Federal o del Estado y
municipio en que se resida. Es de explorado derecho que esta obligación se cumple
mediante el pago de impuesto, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones
de mejoras y de sus accesorios legales. Los ingresos que por esta vía llegan a la
Federación, al Distrito Federal, a las entidades federativas y a los municipios,
representan la mayor parte de los recursos con los que harán frente a las necesidades que
por ley están llamados a satisfacer.
La proporción más significativa de las
contribuciones, la constituye la que se refiere a los impuestos siendo, inclusive, la
parte que más lesiona el sentimiento de los contribuyentes, sean éstos personas físicas
o personas morales. El Constituyente plasmó en la citada fracción IV del artículo 31,
la necesidad de equilibrar el sacrificio del impuesto con la proporcionalidad y equidad
del mismo.
Los aludidos adjetivos constitucionales de
las contribuciones y, por ende, de los impuestos, hasta la fecha no han sido materia de
una reglamentación secundaria por parte de la legislatura federal. Es la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, la autoridad que a través de jurisprudencia definida, ha venido
estableciendo qué debe entenderse por cada una de tales características de
proporcionalidad y de equidad.
El reclamo popular hacia los impuestos ha
tenido que ver con varias de sus vertientes: la cantidad, la forma de pago, el mecanismo
de determinación, el tiempo de pago, el lugar de pago, la autoridad que recibe el pago
etcétera.
El trabajo de toda legislatura, sea
federal, local o del Distrito Federal, es innegable que debe estar encausado al beneficio
público en el más amplio sentido de la palabra. Las contribuciones deben estar provistas
necesariamente en una disposición que tenga el rango de ley, por lo que la autoridad
legislativa interviene en materia tributaria, y la autoridad administrativa es la
encargada de cobrar y recibir el pago de las contribuciones, lo cual nos presenta un
esquema en los dos poderes públicos, el Legislativo y el Ejecutivo, actúan en materia
impositiva. El artículo 39 constitucional indica que "todo poder público dimana del
pueblo y se instituye para el beneficio de éste" y, en consecuencia, el Poder
Legislativo y el Poder Ejecutivo están obligados a actuar en beneficio del contribuyente
en todos los actos que realizan, sin desconocer la obligación que éste tiene de pagar la
contribución respectiva. Solamente de esta forma puede llegar a coexistir la obligación
de pagar y el derecho a recibir un beneficio por cualquier acto de autoridad.
Uno de los principales fundamentos
constitucionales es el referente a la soberanía de las entidades federativas, en tanto
las autoridades federales no pueden invadir su esfera de atribuciones. En materia
impositiva, la proporcionalidad y la equidad de las contribuciones son características
previstas en la norma suprema y, como tal, deben ser respetadas por el Congreso federal y
por las legislaturas locales.
No son las entidades federativas las que,
por medio de sus órganos legislativos, han de dar definición a los conceptos de
proporcionalidad y de equidad que con insistencia venimos mencionando. De ser ello así,
los preceptos constitucionales no tendrían el imperio de normas supremas y serían
simples enunciados. Es pues, el legislador federal el que cuenta con la atribución de
definir el alcance y sentido de la proporcionalidad y de la equidad de las contribuciones,
sean establecidas por la Federación o por los estados.
Varias décadas han pasado sin que
legislativamente se hubiere realizado algo para precisar qué es proporcionalidad y qué
es equidad. Las legislaturas se han contentado con la situación de que sea la Suprema
Corte de Justicia de la Nación el órgano de autoridad que aborde el problema de su
análisis y, en su caso, de emitir una declaración al respecto.
No obstante, el efecto de la intervención
de nuestro máximo tribunal es limitado; limitado porque el efecto de la sentencia de
amparo se contrae a la persona o las personas que llevaron a cabo la reclamación y,
también, porque se suplirá la queja cuando se trate de contribuciones ya declaradas
inconstitucionales.
La inconstitucionalidad de una
contribución puede ser el resultado de la ausencia de proporcionalidad, de la falta de
equidad, de la incompetencia del órgano que establece etcétera. Lo importante es dejar
sentado que es un fenómeno real la existencia de contribuciones federales o locales que
adolecen de equidad.
La equidad es un concepto que nominalmente
implica igualdad, pero que en una aceptación más amplia refiere la idea de justicia y
moderación. La equidad tributaria debe ser algo que se defienda por sobre todo y para
ello, estimamos que una ley reglamentaria debe definir lineamientos mínimos de qué es y
cómo debe operar.
La equidad tributaria comprende
innumerables cuestiones, entre otras, la relativa a la simplicidad de la ley impositiva,
al procedimiento para su cálculo con todas las circunstancias que en éste inciden y a la
manera y lugar de hacer el pago. Una ley fiscal que no respete este tributo, entendido
así, no sólo viola el artículo 31 constitucional, sino que crea una situación de plena
inseguridad jurídica en el gobernado. Se puede decir que a mayor complejidad de una ley
tributaria, mayor también el riesgo de que el particular incurra en el fenómeno conocido
como evasión fiscal en su más amplio espectro, con la consecuente vulneración a la
garantía de la seguridad.
El gobernado debe estar consciente de sus
obligaciones, en la medida en que razonable y justamente éste a su alcance conocer la ley
que las contempla. No se trata de invocar el viejo aforisma error iuris nocet (el error de
derecho daña), pues es una realidad que el conocimiento pleno de las leyes impositivas
está exclusivamente al alcance de un pequeño grupo de especialistas.
Se estima que el medio que resulta idóneo
para preservar la equidad en materia impositiva, es el de no limitar la presentación de
demandas de amparo como ocurre actualmente y establecer el deber de los órganos
jurisdiccionales en materia federal para suplir la deficiencia de la queja.
Es claro que si nuestra ley fundamental
indica que las contribuciones han de ser "equitativas", se refiere, sin lugar a
dudas, al concepto de justicia, es decir, de justicia tributaria. Es contradictorio que
para un reducido grupo de personas una contribución sea inconstitucional y, para el resto
de los ciudadanos, la misma contribución sea constitucional. Este sistema favorece a los
grandes contribuyentes que cuentan con grupos de asesores en materia fiscal y, en el otro
punto, agravia a quienes son pequeños contribuyentes o a quienes no cuentan con asesores
especializados en la materia. La equidad implica un trato igual a todos los
contribuyentes, pero, los términos para la promoción de los amparos provocan que exista
iniquidad tributaria. Estos plazos están contemplados en la ley de amparo, motivo por el
cual el proyecto establece un plazo especial sin sujeción a término para la promoción
del amparo, en casos en que se ha declarado la inconstitucionalidad de una contribución,
con miras a otorgar el mismo derecho a todos los contribuyentes para acceder a la
impartición de justicia.
Por estas consideraciones, con apoyo de los
artículos 31 fracción IV y 73 fracción XXX de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, me permito someter a esta Cámara de Diputados, una iniciativa de ley
que obligue en toda la República a respetar plenamente el principio de equidad como aquí
se ha entendido, independientemente de la preservación de los actuales criterios de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación que, lejos de repelerse, se complementan.
INICIATIVA DE LEY FEDERAL DE EQUIDAD EN
MATERIA IMPOSITIVA, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 31 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS MEXICANOS
TITULO UNICO
Artículo 1o. Son objeto de este
ordenamiento las leyes de la Federación, del Distrito Federal y de los estados en las
cuales se establezcan contribuciones.
Para los efectos de esta ley, son
contribuciones las señaladas en el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación y
las que correspondan en el Distrito Federal y en los estados.
Artículo 2o. Las leyes tributarias de toda
la República deberán contener un esquema de fácil entendimiento para el contribuyente
al que van dirigidas, en lo que corresponde al hecho generador y las circunstancias que
sobre él inciden; sobre el procedimiento de calculo, determinación, forma de pago y
pago.
Artículo 3o. Los términos previstos para
la interposición de una demanda de amparo en contra de una ley tributaria, no regirán
cuando se trate de leyes que establezcan contribuciones que no reúnan las
características previstas en el artículo 2o. de este ordenamiento.
En los procedimientos a que den lugar estas
demandas de amparo, deberá suplirse la deficiencia de la queja.
Artículo 4o. Corresponde a los tribunales
de la Federación, al conocer del amparo, declarar cuando una ley no satisface los
requisitos previstos en el artículo 2o. de esta ley.
Artículo 5o. Los efectos de la sentencia
que concede la protección de la justicia federal, se surtirá a partir del día de la
presentación de la demanda respectiva.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Esta ley entrará en vigor a los 60
días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 3 de diciembre de 1997.- Diputados:
Francisco J. Santillán Oceguera, Héctor Francisco Castañeda Jiménez, Juan García de
Quevedo, Héctor González Machuca, Francisco Javier Morales Aceves, Teresa Núñez Casas,
Salvador Rizo Ayala y Enrique Ibarra Pedroza.»
Gracias, señor diputado Héctor
Castañeda.
Túrnese la iniciativa a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
Esta Presidencia informa que se encuentran
presentes los jóvenes, niños y alumnos de los colegios Del Bosque y de la escuela
primaria Primavera.
Por mi conducto, la Cámara de Diputados
saluda a estos jóvenes alumnos y felicita a sus maestras, la profesora Griselda Ramírez
y la profesora Guadalupe del Río.
LEY QUE CREA EL ORGANO
CORPORATIVO DESCONCENTRADO DE PEMEX, DENOMINADO "COMISION NACIONAL DE ATENCION POR
AFECTACIONES DE LA ACTIVIDAD PETROLERA"
Para presentar en nombre del PRD una
iniciativa de ley que crea el órgano corporativo desconcentrado de Pemex, denominado
Comisión Nacional de Atención para las Afectaciones por la Actividad Petrolera, esta
Presidencia concede el uso de la palabra a la diputada Ana Lila Ceballos Trujeque.
|
La
diputada Ana Lila Ceballos Trujeque: |
EXPOSICION DE MOTIVOS
Petróleos Mexicanos es una empresa
estratégica para el desarrollo nacional y cuenta con el apoyo del pueblo mexicano a
partir de esa visión y compromiso. Todos debemos velar porque mantenga su condición de
pertenencia al Estado, apoyar su desarrollo administrativo y tecnológico, vigilar que
explote racionalmente los recursos petrolíferos, teniendo siempre presente que es un
recurso no renovable y que existe un compromiso con las futuras generaciones.
Es mundialmente reconocido que la industria
petrolera conlleva riesgo en sus diversas fases de exploración, producción, conducción,
almacenamiento e industrialización. Petróleos Mexicanos tiene una política de
previsión y mantenimiento que busca cotidianamente ser más eficiente, en la prevención
de riesgos, así como en el adecuado manejo de incidentes que se registran en las diversas
fases de su operación.
Desde 1938, fecha en que se expropió
nuestra riqueza petrolera, Pemex se ha concretado a cumplir el imperativo nacional de
exploración y producción de petróleo y gas, pero desafortunadamente no ha dado la mayor
atención a la prevención y corrección de daños que genera en sus tareas de
exploración, perforación de pozos, transporte e instalación de equipos, así como de
conducción de sus productos a través de ducterías, que lo mismo pasan por campos que
por comunidades, villas, pueblos y ciudades, incluyendo las grandes urbes del país.
La ausencia de una política de gran
visión, la estructura administrativa y los recursos financieros necesarios, ha ocasionado
que Petróleos Mexicanos, desde los antiguos campos en entidades como San Luis Potosí,
Tamaulipas y Veracruz y los nuevos en Tabasco, Chiapas, Campeche, Oaxaca, la sonda de
Campeche y las aguas del golfo de México, vaya dejando a su paso una estela de problemas
de contaminación ambiental, inconformidad de afectados en sus propiedades por diversas
causas, así como el reclamo generalizado de que los estados petroleros son los más
pobres del país de cara a sus graves problemas económicos y sociales.
Esta afirmación es correcta, ya que no es
posible que esas entidades, que han aportado y aportan sus riquezas del subsuelo para bien
de la nación, mantengan los índices de abandono y pobreza más lacerantes del país. De
igual forma, Petróleos Mexicanos no ha logrado establecer una política de protección y
restauración ambiental que permita realizar sus actividades, pero sin afectar tierras,
cultivos y cuerpos de agua, que al contaminarse, pierden su capacidad productiva de la
cual viven grandes núcleos humanos.
Por ausencia de una filosofía industrial
comprometida socialmente, desde hace más de dos décadas Pemex enfrenta conflictos graves
con los grupos sociales que son afectados en sus propiedades por sus actividades o por la
contaminación que genera.
Sin duda que el mayor reto que ha tenido la
empresa en este aspecto, ha sido y es en Tabasco, el principal productor de crudo y gas en
masa continental. Los grupos sociales afectados se han mantenido en una constante
movilización y protesta contra la empresa, porque ésta no ha dado atención eficaz en el
pago de afectaciones múltiples ni ha hecho lo suficiente para prevenir y corregir daños
al medio ambiente, incluyendo el aire a causa de emisiones por la quema de gas y la
operación de grandes plantas como las ubicadas en Cactus y Reforma en Chiapas, así como
La Venta y ciudad Pemex en Tabasco, más una planta que se construye en Atasta, Campeche,
todo en torno al territorio tabasqueño.
Con vistas al aumento de su plataforma de
producción, Pemex está perforando a lo largo del litoral del golfo de México, en muchos
casos cerca de la costa, afectando la pesca en alta mar, la pesca litoral, así como la
pesca en aguas salubres, donde se producen especies tan apreciadas como el ostión.
Igualmente, con el apoyo de nuevas tecnologías, Pemex está reperforando en campos que a
3 mil o 3 mil 500 metros ya se agotaron, pero que a 5 mil ó 6 mil metros de profundidad
pueden tener nuevos y grandes volúmenes de petróleo y gas.
Así, la actividad de Pemex se está
multiplicando en regiones, campos y, yacimientos supuestamente agotados y desde luego,
redoblando esfuerzos en la exploración en subsuelos marinos. Al margen de los propósitos
de esta multiplicación de esfuerzo e inversión, sucede que Pemex no ha resuelto los
problemas de afectaciones a propietarios ni tampoco lo relacionado con la protección y
corrección de daños graves a los ecosistemas de estas regiones.
En realidad, Pemex nunca ha querido asumir
su responsabilidad en los daños que ocasiona con su restauración en casos de daños al
medio ambiente. A través de diversas acciones, sin orden ni concierto, incluso la
represión, Pemex ha seguido trabajando con el repudio de los grupos afectados, que
cotidianamente bloquean y paralizan sus trabajos e instalaciones.
La filosofía que priva en directivos y
técnicos de la empresa desde siempre, es que su misión es localizar y extraer petróleo,
no atender directamente los daños ecológicos y sociales que genera. Para ello, mediante
esquemas de regateo, Pemex entrega ciertas cantidades de dinero para la atención de
problemas sociales, otorga apoyos en especie a las autoridades estatales o municipales,
pero nunca asume de manera directa y eficaz su responsabilidad de pagar afectaciones y
proteger la ecología.
Siendo que esta filosofía de no
responsabilidad social se ha entronizado desde hace décadas en Pemex, resulta imposible
que mediante una simple reforma a su Ley Orgánica y a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal se creara un órgano, con recursos técnicos y
económicos suficientes, que atendiera esta compleja problemática. Consecuentemente, se
considera de la mayor importancia que el honorable Congreso de la Unión cree, por ley, un
órgano corporativo desconcentrado de Pemex, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, a manera encargarse de que la empresa asuma plenamente su responsabilidad social.
De crearse este órgano con una débil
estructura jurídica y administrativa interna, evidentemente le serían limitados sus
recursos, sus atribuciones y su campo de acción.
Consecuentemente, la presente iniciativa
busca crear este órgano por Ley Federal y ya en su Reglamento Interno, establecerá la
forma de su mejor interrelación con Petróleos Mexicanos y sus demás filiales
corporativas.
CONSIDERANDO
a) Que el desarrollo económico y social
del pueblo mexicano tiene que alcanzarse armonizando la explotación de nuestros recursos
naturales del suelo y del subsuelo con la protección del medio ambiente, preservando los
ecosistemas naturales, así como la flora y la fauna que les es propia;
b) Que la empresa paraestatal Petróleos
Mexicanos debe cumplir con los objetivos que le tiene encomendados la nación, cuidando
que sus actividades en el subsuelo, suelo, así como en cuerpos de agua dulce, salobre y
marina no alteren ecosistemas ni dañen actividades productivas de las comunidades, sino
al contrario, convirtiéndose en un elemento más de apoyo para el desarrollo económico y
social de las regiones donde opera;
c) Que por la naturaleza de sus
actividades, Petróleos Mexicanos generalmente tiene que desarrollar distintas acciones en
áreas con alta densidad poblacional o donde se desarrollan actividades productivas en
suelos y aguas, para lo cual requiere, conforme a disposiciones del artículo 27
constitucional, expropiar tierras o bien utilizarlas mediante otras formas jurídicas
convenidas con sus dueños o usufructuarios;
d) Que los trabajos de la empresa en la
superficie, con vistas a explorar y explotar los yacimientos petrolíferos y de gas que
existen en el subsuelo, generalmente ocasionan daños a propiedades, cultivos, casas
habitación, animales, instalaciones en fincas, cuerpos de agua, flora acuática y al
entorno ecológico general;
e) Que Petróleos Mexicanos, además de sus
tareas de exploración y producción desarrolla otras actividades propias de la industria
petrolera, como la conducción subterránea o a cielo abierto de crudo, gas, gasolina y
otros productos, lo cual obliga a instalar ductos, bombas, baterías separadoras o
revolvedoras y múltiples edificaciones que coinciden con zonas altamente pobladas o
productivas;
f) Que Petróleos Mexicanos posee también
plantas procesadoras de crudo y sus productos derivados, las que manejan sustancias para
procesos químicos diversos, produciendo emanaciones de gases que son contaminantes para
las personas, la flora y la fauna del entorno donde se encuentran instaladas;
g) Que alrededor de las actividades de
Petróleos Mexicanos, por su tamaño e importancia giran acciones de diversas empresas que
contrata para cumplir sus programas de trabajo, las cuales a su vez también contaminan y
generan perjuicios al transportar equipos pesados que deterioran carreteras y caminos,
así como también afectan viviendas y otras edificaciones particulares por el obvio
movimiento de suelos que ocasionan;
h) Que merced al proceso de privatización
iniciado por el Poder Ejecutivo en áreas de Petróleos Mexicanos, diversas empresas
están participando en la conducción y distribución de gas y otros derivados, así como
en la operación de plantas petroquímicas, las que de cualquier manera seguirán
generando perjuicios en propiedades, flora y fauna, así como en cuerpos de agua dulce,
salobre y marina y que deben estar bajo control del Gobierno mexicano para que respondan
por ello;
i) Que hay una estrecha relación entre
afectaciones a propiedades, flora, fauna y cuerpos de agua con los impactos al medio
ambiente donde Petróleos Mexicanos opera a través de cualquiera de sus filiales, por lo
cual no se puede disociar la reparación de daños con la atención a grupos sociales;
j) Que Petróleos Mexicanos tiene programas
y presupuestos anuales para dar un mantenimiento altamente efectivo a todas sus
instalaciones y ductos, con el propósito de evitar accidentes que pongan en peligro la
vida de sus trabajadores, así como de quienes eventualmente vivan o transiten cerca de
las mismas;
k) Que los grupos sociales que habitan en
áreas donde Petróleos Mexicanos opera a través de sus filiales y órganos reclaman no
sólo reparaciones de daños específicos y tangibles, sino también apoyos diversos para
el desarrollo social de sus comunidades y su mejoramiento económico, argumentando que la
riqueza petrolera está bajo el suelo que habitan y por lo tanto merecen beneficiarse de
esa condición;
l) Que tales grupos sociales a menudo
adoptan acciones de movilización política que alteran la actividad normal de Petróleos
Mexicanos en yacimientos e instalaciones, para cuya atención coyuntural la empresa
recurre a los tribunales o tiene que hacer erogaciones cuantiosas de recursos económicos,
resolviendo perentoriamente problemas que pronto se vuelven a repetir;
ll) Que dada la importancia que para el
país tiene la actividad petrolera es necesario que objetivos y programas de la empresa no
se vean interferidos por este tipo de problemas, siendo atendidos con eficacia,
oportunidad, sentido social y con una visión de conjunto, evitando criterios diversos,
acciones dispersas y erogaciones económicas sin resultados tangibles y permanentes;
m) Que Petróleos Mexicanos, además de
cumplir con sus responsabilidades fiscales con la Federación, estados y municipios donde
opera, tiene que proporcionar también recursos económicos adicionales y en especie a los
mismos con la finalidad de contribuir a su desarrollo económico y social;
n) Que tales recursos deben otorgarse a las
entidades en su conjunto, así como a los municipios productores, destinándose a obras,
proyectos y servicios que beneficien a las entidades, así como también a los municipios
específicos donde opera Petróleos Mexicanos;
o) Que los apoyos económicos y en especie
deben ser parte de los esquemas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene
definidos para otorgar participaciones y recursos especiales a los gobiernos estatales y
municipales, conforme a la necesidad de fortalecer el desarrollo regional e impulsar la
aplicación de un auténtico federalismo;
p) Que los recursos económicos, humanos y
en especie destinados a los grupos reclamantes y restauración ambiental, así como a
gobiernos de los estados y municipios, deben determinarse, transferirse y aplicarse bajo
criterios comunes, normas específicas, mando único y una amplia visión política y
social;
q) Que con el propósito de responder con
unidad de criterios, eficacia y oportunidad a la atención de tan variados y complejos
problemas, debe funcionar un órgano desconcentrado específico en Petróleos Mexicanos,
con personalidad jurídica y patrimonio propios.
SE CREA EL ORGANO CORPORATIVO
DESCONCENTRADO DE PEMEX DENOMINADO "COMISION NACIONAL DE ATENCION POR AFECTACIONES DE
LA ACTIVIDAD PETROLERA"
(Conapet).
1. Se crea el órgano corporativo
desconcentrado denominado Comisión Nacional de Atención por Afectaciones de la Actividad
Petrolera (Conapet), dependiente del consejo de administración de Petróleos Mexicanos,
con personalidad jurídica y patrimonio propios.
2. La Comisión Nacional de Atención por
Afectaciones de la Actividad Petrolera es un órgano de Petróleos Mexicanos destinado a
la atención, trámite y pago, en su caso, de indemnizaciones legalmente justificadas de
bienes muebles e inmuebles que la actividad de la empresa, a través de cualquiera de sus
filiales y órganos, afecte o haya afectado para la realización de los fines señalados
por su legislación interna; asimismo, es su función prever, conocer, evaluar,
dictaminar, costear y pagar todo tipo de daños directos o indirectos que las acciones de
Pemex ocasione a través de sus filiales y órganos, coordinándose con otras
instituciones del Gobierno Federal, así como con las de los estados y municipios, que por
otras disposiciones legales tengan derecho y obligación de participar en tales asuntos;
igualmente, es su responsabilidad prever, conocer, evaluar, costear, restaurar y dar
mantenimiento a todo tipo de daños técnicamente comprobados a la flora, la fauna
terrestre y de aguas dulces, salobres y marinas, así como a otros elementos que son parte
del equilibrio y desarrollo de los ecosistemas donde opere la empresa; por último, es su
función atender peticiones o planteamientos de las autoridades estatales, municipales,
así como de organizaciones políticas y sociales relacionadas con el desarrollo
económico y social de las regiones donde opera Pemex, conociendo, discutiendo,
autorizando, financiando y supervisando proyectos, obras o servicios que se convengan.
3. Son atribuciones de la comisión:
I. Establecer y poner en marcha un eficaz
sistema, con el apoyo tecnológico y de campo necesarios, que permita conocer con
precisión los daños o perjuicios que la actividad de Petróleos Mexicanos haya
ocasionado a la fecha, en lugares o regiones donde ha operado y opera, así como los que
eventualmente causara en adelante, con el propósito de constatar lo que se haya resarcido
completamente, establecer características y cuantía de lo pendiente, así como
adelantarse en la medición, evaluación, pago y legalización de todo lo que por nuevas
acciones y programas de la empresa se vea en la necesidad de expropiar, ocupar, eventual o
accidentalmente pudiera dañar.
II. Levantar, si es necesario con el apoyo
de empresas especializadas, un catastro e inventario de todos los daños y perjuicios que
incidental o accidentalmente, haya ocasionado Petróleos Mexicanos, en lugares donde opera
o tiene instalaciones a manera de conocer, en forma precisa, el tamaño e importancia de
los mismos y de comprobarse su responsabilidad, convenir, organizar y calendarizar en el
tiempo el resarcimiento respectivo, pecuniario o en especie.
III. Restaurar, directamente o a través de
empresas especializadas, daños que por cualquier razón se hayan causado a la flora, la
fauna terrestre y acuática, así como a los ecosistemas en su conjunto, igualmente,
indemnizar y apoyar de la mejor manera a deudos de víctimas por accidentes industriales
que habiten o transiten en las comunidades donde éstos sucedan, a plena satisfacción de
los mismos.
IV. Construir en forma directa o a través
de empresas privadas, obras de infraestructura exclusivamente vinculadas con las tareas de
restauración ecológica o reparación de afectaciones como bordos, drenes, desazolves,
caminos, puentes, edificaciones, obras de interés social, etcétera.
V. Pagar toda clase de afectaciones que
técnicamente se pruebe que fueron ocasionadas por Petróleos Mexicanos, liquidándolas en
forma nominal, aunque de requerirlo las características de la afectación, éstas podrán
pagarse colectivamente y de ser necesario, en especie.
VI. Establecer, considerando que tanto las
actividades de Pemex son muy dinámicas y los procesos de degradación ecológica son
continuos, un sistema permanente de pago de afectaciones, apoyándose en los dictámenes
técnicos correspondientes y asegurándose de que toda nueva reclamación tenga sustento
en la realidad.
VII. Dar mantenimiento constante a zonas
ecológicas restauradas si es que la actividad de Petróleos Mexicanos prosigue; una vez
que la actividad se haya suspendido, la comisión se encargará de que no queden
reclamaciones pendientes en cuanto a pago de afectaciones, ni en lo referente a procesos
de deterioro ecológico sin restaurar, ni en relación con deudos de víctimas por
accidentes.
VIII. Definir, con sentido creativo y
funcional, los mecanismos de trabajo que permitan atender reclamos por afectaciones a
bienes muebles e inmuebles, así como a cultivos, flora y fauna, terrestre y acuática,
también en áreas marinas, buscando agilidad, eficacia, racionalidad y acuerdos surgidos
del diálogo respetuoso y del consenso con los grupos sociales reclamantes.
IX. Recibir de las distintas filiales y
órganos de Petróleos Mexicanos que puedan causar afectaciones o deteriorar
ecológicamente, toda la información necesaria para determinar daños pendientes,
actuales y prevenir los que surgieran en lo futuro.
X. Adoptar y aplicar gradualmente, a
través de un intercambio de información y experiencias con las áreas especializadas de
las filiales encargadas de atender lo relacionado con el medio ambiente, así como con
asesoría de empresas y organismos extranjeros, las normas internacionales de protección
ecológica relacionadas con la actividad petrolera.
XI. Definir, con el apoyo de expertos
nacionales y extranjeros, los criterios adecuados y justos para determinar efectos
dañinos de emanaciones lanzadas al aire por plantas petroquímicas o refinadoras que
dañan tanto a la flora y la fauna terrestres, así como a la salud humana, para tomar
previsiones y tener referencias para cubrir las afectaciones respectivas. Igualmente,
establecer criterios para determinar los efectos contaminantes de empresas privadas que
trabajan para Petróleos Mexicanos a través de sus filiales y órganos y la forma en que
se responsabilizarán de sus acciones.
XII. Trabajar coordinadamente con las
filiales y órganos de Petróleos Mexicanos encargados de instalar y dar mantenimiento a
todo el sistema de ductos, a manera de tener información fehaciente y oportuna sobre
eventuales puntos o lugares donde se han presentado fugas, derrames u otro tipo de
incidentes que pudieran ocasionar afectaciones a propiedades o medio ambiente,
estableciendo contacto y alertando a reclamantes para evitar accidentes que ocasionan
muertes, discapacidad, daños materiales y afectaciones graves al medio ambiente.
XIII. Obligar a las empresas privadas que
manejan plantas petroquímicas o concesiones para la distribución de gas, con apoyo de
las entidades federales encargadas de la conservación y supervisión ambiental, para que
observen todas las disposiciones en la materia; asimismo, vigilar que en los contratos
respectivos de compraventa o concesiones, se introduzcan adendums que haga obligatoria la
acción conjunta entre Petróleos Mexicanos y esas empresas privadas, para atender
reclamaciones sociales por afectaciones, restauración ecológica y pago de daños y
perjuicios.
XIV. Atender, con el apoyo de las áreas de
mantenimiento, prevención y atención de accidentes, servicios médicos y apoyos
institucionales externos, todo lo relativo al aspecto humano de siniestros que se
presentan a menudo, aportando los recursos profesionales y económicos necesarios para la
atención de las víctimas, supervisando su evolución física en caso de ser
hospitalizadas, cubriendo gastos funerarios en el caso de decesos, indemnizando a las
familias, así como pagando toda clase de afectaciones que un accidente de tal naturaleza
ocasiona en bienes muebles e inmuebles, cultivos, praderas, semovientes, fauna marina y
acuática, a manera de restablecer la tranquilidad social y el equilibrio ecológico en el
área afectada.
XV. Establecer, apoyándose en experiencias
propias y en las de otros países, criterios técnicos y sociales adecuados para
cuantificar, costear y resolver eventualmente daños a las especies comerciales del mar
que son pescadas por grupos comunitarios o por empresas pesqueras privadas, así como la
forma de resarcir las eventuales bajas de producción en áreas marinas, asimismo, atender
reclamaciones por eventuales derrames de hidrocarburos en pozos, ductos o terminales de
embarques ubicados en el mar, cuyos efectos lleguen hasta las costas donde hayan
actividades productivas, turísticas o de otra naturaleza.
XVI. Atender, en coordinación con
autoridades civiles y militares, así como con el apoyo de instituciones federales y
estatales de prevención social, cualquier tipo de siniestro que se produzca en zonas
pobladas, urbanas y suburbanas, sea por el paso de ductos o por otras instalaciones de
cualquiera de las filiales y órganos de Petróleos Mexicanos; asimismo, establecer la
coordinación necesaria con el área de comercialización, para definir esquemas de
acción para atender siniestros en centros de distribución y venta de gasolina, gas y
otros productos capaces de ocasionar explosiones u otro tipo de problemas.
XVII. Constituir un consejo asesor, que
integrado por expertos en diversas ramas técnicas, económicas y sociales, diseñe en
base a los problemas existentes y experiencias de otros países, protocolos de
investigación, reglamentos y sistemas para atender la variada y compleja problemática
que la acción de Petróleos Mexicanos ocasiona en las áreas donde opera a través de sus
filiales y órganos subsidiarios.
XVIII. Implantar, con el apoyo de expertos,
programas permanentes de capacitación a empresas contratistas y a las áreas responsables
del diseño, contratación y ejecución de obras susceptibles de generar problemas
ecológicos y accidentes industriales, para que tomen las precauciones necesarias durante
los procesos de construcción e instalación de equipos.
XIX. Instalar en cada región de
exploración y producción, así como en instalaciones petroquímicas, refinerías y
áreas terrestres o portuarias de embarque, las subcomisiones de atención por
afectaciones de la actividad petrolera respectivas, dependientes de la comisión nacional.
XX. Recibir, conocer, discutir y atender en
su caso solicitudes de apoyo de los gobiernos estatales, municipales, así como de
organizaciones políticas y sociales, para la realización de obras y servicios públicos,
programas productivos y sociales, con el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y de las áreas
de control presupuestario que en lo futuro surgiesen.
XXI. Celebrar convenios y contratos con
instituciones federales o estatales, con empresas privadas nacionales y extranjeras, que
le permitan cumplir debidamente sus objetivos.
4. Constituyen el patrimonio y recursos de
la Comisión Nacional de Atención por Afectaciones de la Actividad Petrolera:
I. El primer presupuesto anual de la
comisión se integrará con las partidas actuales de las filiales y órganos subsidiarios
destinadas a cubrir pagos de afectaciones y a las acciones de restauración ambiental,
así como con los recursos especiales destinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público al apoyo de grupos sociales y acciones de restauración ambiental en las zonas,
municipios, estados y regiones donde Pemex opera y tiene este tipo de requerimientos. Una
vez que regularice sus actividades, la comisión tendrá su presupuesto propio, a partir
de las necesidades que en los renglones de afectaciones y restauración del medio ambiente
le presenten las filiales y subsidiarias de Petróleos Mexicanos. Asimismo, en accidentes
de gran magnitud, podrá recibir transferencias de recursos de la o las filiales
involucradas, así como de la propia Secretaría de Hacienda y otras dependencias
federales y gobiernos estatales y municipales.
II. Las instalaciones, así como bienes
muebles e inmuebles que actualmente poseen las diversas oficinas, cuya función es atender
lo relacionado con las reclamaciones por afectaciones o para realizar tareas de
protección o restauración ambiental.
III. Las adjudicaciones de propiedades
muebles o inmuebles, así como las que se hayan adquirido o se adquieran por la vía de
indemnizaciones legales.
IV. Los ingresos que obtenga por créditos,
intereses, subsidios, donaciones y legados, así como apoyos internacionales que se hagan
a su favor.
5. La organización, funcionamiento y
administración de la Comisión Nacional de Atención por Afectaciones de la Actividad
Petrolera, así como el ejercicio de sus demás atribuciones estarán encomendadas a un
director general, dependiente del consejo de administración de Pemex, cuyo titular será
el responsable de su buena marcha y cumplimiento de sus objetivos.
6. El director general de la comisión
será designado por el consejo de administración de Petróleos Mexicanos a propuesta de
su director general.
7. El director de la comisión tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Será el representante y apoderado legal
de la comisión ante toda clase de autoridades y personas con las facultades generales y
especiales que requiera la ley, inclusive para subsistir o delegar dicho poder.
II. Cumplir comisiones o tareas especiales
que le encarguen los directivos o el consejo de administración de Pemex en función a
eventos, incidentes o accidentes que así lo requieran.
III. Dirigir y ejecutar los programas de
trabajo previstos en su presupuesto anual, acordando lo necesario con el director general
cuantas veces lo requieran los asuntos, rindiendo un informe de acciones y gastos al
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos cuando éste se reúna en forma
ordinaria o extraordinaria.
IV. Presentar anualmente, previa
autorización de la dirección general, el programa de labores y el presupuesto de
ingresos y egresos para el siguiente periodo.
V. Presentar balances generales y estados
financieros correspondientes conforme al calendario y la normatividad vigente en las
filiales y los órganos subsidiarios de Petróleos Mexicanos.
VI. Cualquier otra atribución tendiente a
lograr los objetivos establecidos para la comisión.
8. Los recursos presupuestarios,
transferencias, aportaciones especiales, intereses, rentas, rendimientos, utilidades y
otra clase de recursos recibidos por la comisión, se destinarán para:
I. La capitalización permanente de la
comisión, que permita la suficiente revolvencia para el correcto desarrollo de sus
funciones.
II. El sostenimiento de los costos
generales de administración.
III. La ejecución de los trabajos
previamente establecidos en el programa operativo anual, así como aquellos que se deriven
de imponderables o por la ampliación de programas y áreas de acción de Petróleos
Mexicanos a través de sus filiales y órganos subsidiarios.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El consejo asesor, con el apoyo de
las diversas áreas de la dirección corporativa, deberá expedir el reglamento
correspondiente, así como determinar la forma más eficaz y funcional de operar en las
regiones y zonas donde trabajan las filiales y órganos subsidiarios.
Segundo. A manera de integrar a la brevedad
posible la comisión, en vista de problemas urgentes que requiere atender, tanto su
personal, mobiliario, oficinas, vehículos y presupuesto, se integrará desagregándolos
de las filiales u órganos subsidiarios que tengan este tipo de recursos para la atención
de afectaciones y restauración ambiental.
Tercero. Una vez en funcionamiento, la
comisión será la responsable de atender todo lo relacionado con reclamos provenientes de
grupos sociales afectados, así como de todas las solicitudes de apoyos especiales
presentados por autoridades estatales, municipales y de otras organizaciones existentes
donde opera Petróleos Mexicanos.
Permítame un momento, diputada, si
me permite.
Diputado Rubén Mendoza, le ruego
abstenerse de repartir las hojas que está repartiendo y haga uso de su curul para que le
dé seguimiento al desarrollo de la Asamblea. Tenga la bondad.
Adelante, diputada... Un momento diputada.
Diputado Rubén Mendoza, absténgase de panfletear, siga las instrucciones de la
Presidencia y tome su curul, evítenle a la Presidencia informar en qué consiste el
panfleto, tome asiento, diputado.
Continúe, diputada, si es tan amable.
|
La
diputada Ana Lila Ceballos Trujeque: |
Cuarto. El consejo asesor será el
responsable de redactar el reglamento interno de la comisión, desagregar funciones que se
dupliquen en otros órganos de Pemex y establecer las diferencias necesarias frente a
disposiciones generales de otras dependencias normativas que eventualmente pudieran
retrasar o burocratizar el ágil y eficaz funcionamiento de la comisión.
México, D.F., a 3 de diciembre de 1997.-
Diputada Ana Lila Ceballos Trujeque.»
Gracias, señor Presidente.
Túrnese a las comisiones unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales, de Energéticos y Ecología y Medio Ambiente.
LEY DE
INGRESOS
Para presentar una iniciativa de
modificación al artículo 8o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 1998, esta Presidencia concede el uso de la palabra al señor diputado Sergio
Benito Osorio Romero.
Tenga la bondad, diputado Osorio Romero.
| El diputado
Sergio Benito Osorio Romero: |
Con su venia, señor Presidente;
señores secretarios de la Cámara de Diputados:
En virtud de que la iniciativa de Ley de
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998 ha sido remitida a este
órgano colegiado y
CONSIDERANDO
Primero. Que los impuestos pagados por
Pemex al Gobierno Federal durante los últimos años han alcanzado más del 90% de los
rendimientos de esa empresa, lo cual resulta excesivo.
Segundo. Que los recursos presupuestados
para Pemex durante los últimos años han resultado insuficientes para atender sus
crecientes necesidades de inversión, lo cual está poniendo en riesgo la viabilidad en el
largo plazo de esa empresa.
Tercero. Que la supresión del
aprovechamiento sobre los rendimientos excedentes, que pudieran resultar de un precio del
petróleo de exportación superior al estimado por la Secretaría de Hacienda en los
criterios generales de política económica, no modifica el monto total esperado de
ingresos del sector público incluido en la iniciativa de Ley de Ingresos para 1998.
Cuarto. Que la utilización de los
rendimientos excedentes de Pemex, en caso de que el precio del petróleo de exportación
sea superior al proyectado, debe ser determinada por la Cámara de Diputados.
Con fundamento en lo que dispone el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales solicitamos se turne a la Comisión de
Hacienda de la Cámara de Diputados la siguiente propuesta a efecto de que sea incluida en
el dictamen de la iniciativa del Ejecutivo
PROPUESTA
Artículo único. Se modifica la iniciativa
de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 1998 en los artículos
1o. en su fracción VII numeral 21 y el artículo 4o. en su párrafo primero y su
fracción XI para quedar como sigue:
Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de
1998, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las
cantidades estimadas que a continuación se enumeran:
I a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
VII. Aprovechamientos:
1 a 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
21. Se suprime.
22 a 23. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
IX. Otros ingresos: 191.761.8
1. De organismos descentralizados.
190.089.7
2 a 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Artículo 4o. Petróleos Mexicanos y sus
organismos subsidiarios estarán obligados al pago de contribuciones y sus accesorios, y
de productos, excepto el impuesto sobre la renta, de acuerdo con las disposiciones que los
establecen y con las reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, conforme a lo siguiente:
I a X. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
XI. Se suprime
XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
México, D.F., a 2 de diciembre de 1997.-
Diputados: Sergio Osorio Romero, Ana Lila Ceballos, Sergio Valdés Arias, Luis Rojas
Chávez, Alberto Martínez Miranda, Enrique Santillán Viveros, Fabiola Gallegos A., Jorge
León Díaz, Luis David Gálvez, J. Luis Gutiérrez Cureño, Antonio Cabello S., Pedro
Magaña Guerrero, Justiniano Guzmán Reyna, Francisco Guevara A., Olga Medina Serrano,
Miguel Noyola, Joaquín Hernández y Laura Itzel Castillo.»
Gracias, diputado Osorio Romero.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
LEY DE NACIONALIDAD,
DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES
El siguiente punto en cartera es el
relativo a la minuta de proyecto de Ley de Nacionalidad y otra con proyecto de decreto por
el que se reforman diversos ordenamientos legales.
Sírvase la Secretaría dar cuenta de la
misma.
|
La
secretaria María Guadalupe Sánchez Martínez: |
«Escudo Nacional.- Cámara de
Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes,
nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene dos minutas, una con proyecto
de Ley de Nacionalidad y otra con proyecto de decreto por el que se reforman diversos
ordenamientos legales.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 2 de diciembre de 1997.-
Senadores: José Antonio Valdivia y Luis Mejía Guzmán, secretarios.
MINUTA CON PROYECTO DE LEY DE NACIONALIDAD
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. La presente ley es
reglamentaria de los artículos 30, 32 y 37, apartados A y B de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público y de observancia
general en todo el territorio nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal
por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Artículo 2o. Para los efectos de esta ley,
se entenderá por:
I. Secretaría: Secretaría de Relaciones
Exteriores;
II. Certificado de nacionalidad mexicana:
instrumento jurídico por el cual se reconoce la nacionalidad mexicana por nacimiento y
que no se ha adquirido otra nacionalidad;
III. Carta de naturalización: instrumento
jurídico por el cual se acredita el otorgamiento de la nacionalidad mexicana a los
extranjeros y
IV. Extranjero: aquel que no tiene la
nacionalidad mexicana.
Artículo 3o. Son documentos probatorios de
la nacionalidad mexicana cualquiera de los siguientes:
I. El acta de nacimiento expedida conforme
a lo establecido en las disposiciones aplicables;
II. El certificado de nacionalidad
mexicana, el cual se expedirá a petición de parte, exclusivamente para los efectos de
los artículos 16 y 17 de esta ley;
III. La carta de naturalización;
IV. El pasaporte;
V. La cédula de identidad ciudadana, y
VI. A falta de los documentos probatorios
mencionados en las fracciones anteriores, se podrá acreditar la nacionalidad mediante
cualquier elemento que, de conformidad con la ley, lleve a la autoridad a la convicción
de que se cumplieron los supuestos de atribución de la nacionalidad mexicana.
Artículo 4o. Independientemente de lo
dispuesto en el artículo anterior, la Secretaría podrá exigir al interesado las pruebas
adicionales necesarias para comprobar su nacionalidad mexicana, cuando encuentre
irregularidades en la documentación presentada. Podrá también hacerlo cuando se
requiera verificar la autenticidad de la documentación que la acredite.
Artículo 5o. Las autoridades federales
están obligadas a proporcionar a la Secretaría los informes y certificaciones que ésta
les solicite para cumplir con las funciones que esta ley le encomienda. En el caso de las
autoridades estatales y municipales, la Secretaría les solicitará estos informes y
certificaciones con respeto a sus respectivas competencias cuando las requiera, para el
cumplimiento de sus funciones materia de esta ley.
Artículo 6o. Salvo prueba en contrario, se
presume que un mexicano ha adquirido una nacionalidad extranjera cuando haya realizado un
acto jurídico para obtenerla o conservarla o bien cuando se ostente como extranjero ante
alguna autoridad o en algún instrumento público.
Artículo 7o. Salvo prueba en contrario, se
presume que el niño expósito hallado en territorio nacional ha nacido en éste y que es
hijo de padre y madre mexicanos.
Artículo 8o. Son personas morales de
nacionalidad mexicana, las que se constituyan conforme a la leyes mexicanas y tengan en el
territorio nacional su domicilio legal.
Artículo 9o. Las personas físicas y
morales extranjeras deberán cumplir con lo señalado por el artículo 27 constitucional.
Artículo 10. El interesado podrá ser
representado en los procedimientos a que se refiere esta ley mediante poder notarial o
carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos
ante la propia autoridad.
En cualquier caso cuando la Secretaría lo
estime conveniente el interesado deberá comparecer personalmente.
Artículo 11. Para todo lo no previsto en
esta ley se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Civil para el
Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y las de
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
CAPITULO II
De la nacionalidad mexicana por nacimiento
Artículo 12. Los mexicanos por nacimiento
que salgan del territorio nacional o ingresen a él, deberán hacerlo sin excepción,
ostentándose como nacionales, aun cuando posean o hayan adquirido otra nacionalidad.
Artículo 13. Se entenderá que los
mexicanos por nacimiento que posean o adquieran otra nacionalidad, actúan como nacionales
respecto a:
I. Los actos jurídicos que celebren en
territorio nacional y en las zonas en las que el Estado mexicano ejerza su jurisdicción
de acuerdo con el derecho internacional y
II. Los actos jurídicos que celebren fuera
de los límites de la jurisdicción nacional, mediante los cuales:
a) Participen en cualquier proporción en
el capital de cualquier persona moral mexicana o entidad constituida u organizada conforme
al derecho mexicano o bien ejerzan el control sobre dichas personas o entidades;
b) Otorguen créditos a una persona o
entidad referida en el inciso anterior y
c) Detenten la titularidad de bienes
inmuebles ubicados en territorio nacional u otros derechos cuyo ejercicio se circunscriba
al territorio nacional.
Artículo 14. Tratándose de los actos
jurídicos a que se refiere el artículo anterior, no se podrá invocar la protección de
un gobierno extranjero. Quien lo haga perderá en beneficio de la nación los bienes o
cualquier otro derecho sobre los cuales haya invocado dicha protección.
Artículo 15. En los términos del párrafo
segundo del artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
cuando el ejercicio de algún cargo o función se reserve a quien tenga la calidad de
mexicano por nacimiento y no haya adquirido otra nacionalidad, será necesario que la
disposición aplicable así lo señale expresamente.
Artículo 16. Los mexicanos por nacimiento
a los que otro estado considere como sus nacionales deberán presentar el certificado de
nacionalidad mexicana cuando pretendan acceder al ejercicio de algún cargo o función
para el que se requiera ser mexicano por nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad.
Al efecto, los autoridades correspondientes deberán exigir a los interesados la
presentación de dicho certificado.
En el caso de que durante el desempeño del
cargo o función adquieran otra nacionalidad, cesarán inmediatamente en sus funciones.
Artículo 17. Los mexicanos por nacimiento
a los que otro estado considere como sus nacionales, podrán solicitar a la Secretaría el
certificado de nacionalidad mexicana únicamente para los efectos del artículo anterior.
Para ello, formularán renuncia expresa a
la nacionalidad que les sea atribuida; a toda sumisión, obediencia y fidelidad a
cualquier estado extranjero especialmente de aquél que le atribuya la otra nacionalidad;
a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas y a todo derecho que los
tratados o convenciones internacionales concedan a los extranjeros. Asimismo, protestarán
adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas y se abstendrán de
realizar cualquier conducta que implique sumisión a un estado extranjero.
El certificado de nacionalidad mexicana se
expedirá una vez que el interesado haya cumplido con los requisitos de esta ley y su
reglamento.
Artículo 18. La Secretaría declarará,
previa audiencia del interesado, la nulidad del certificado cuando se hubiera expedido en
violación de esta ley o de su reglamento o cuando dejen de cumplirse los requisitos
previstos en ellos.
La declaratoria de nulidad fijará la fecha
a partir de la cual el certificado será nulo. En todo caso, se dejarán a salvo las
situaciones jurídicas creadas durante la vigencia del certificado a favor de terceros de
buena fe.
CAPITULO III
De la nacionalidad mexicana por
naturalización
Artículo 19. El extranjero que pretenda
naturalizarse mexicano deberá:
I. Presentar solicitud a la Secretaría en
la que manifieste su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana;
II. Formular las renuncias y protesta a que
se refiere el artículo 17 de este ordenamiento;
La Secretaría no podrá exigir que se
formulen tales renuncias y protestas sino hasta que se haya tomado la decisión de otorgar
la nacionalidad al solicitante. La carta de naturalización se otorgará una vez que se
compruebe que aquéllas se han verificado.
III. Probar que sabe hablar español,
conoce la historia del país y está integrado a la cultura nacional y
IV. Acreditar que ha residido en territorio
nacional por el plazo que corresponda conforme al artículo 20 de esta ley.
Para el correcto cumplimiento de los
requisitos a que se refiere este artículo se estará a lo dispuesto en el reglamento de
esta ley.
Artículo 20. El extranjero que pretenda
naturalizarse mexicano deberá acreditar que ha residido en territorio nacional cuando
menos durante los últimos cinco años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud,
salvo lo dispuesto en las fracciones siguientes:
I. Bastará una residencia de dos años
inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud cuando el interesado:
a) Sea descendiente en línea recta de un
mexicano por nacimiento;
b) Tenga hijos mexicanos por nacimiento;
c) Sea originario de un país
latinoamericano o de la península ibérica o
d) A juicio de la Secretaría, haya
prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, científica,
técnica, artística, deportiva o empresarial que beneficien a la nación. En casos
excepcionales, a juicio del titular del Ejecutivo Federal, no será necesario que el
extranjero acredite la residencia en el territorio nacional a que se refiere esta
fracción.
II. La mujer o el varón extranjeros que
contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos, deberán acreditar que han residido y
vivido de consuno en el domicilio conyugal establecido en territorio nacional, durante los
dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.
No será necesario que el domicilio
conyugal se establezca en territorio nacional, cuando el cónyuge mexicano radique en el
extranjero por encargo o comisión del Gobierno mexicano.
En el caso de matrimonios celebrados entre
extranjeros, la adquisición de la nacionalidad mexicana por uno de los cónyuges con
posterioridad al matrimonio, permitirá al otro obtener dicha nacionalidad, siempre que
reúna los requisitos que exige esta fracción y
III. Bastará una residencia de un año
inmediato anterior a la solicitud, en el caso de adoptados, así como de menores
descendientes hasta segundo grado, sujetos a la patria potestad de mexicanos.
Si los que ejercen la patria potestad no
hubieren solicitado la naturalización de sus adoptados o de los menores, éstos podrán
hacerlo dentro del año siguiente, contado a partir de su mayoría de edad, en los
términos de esta fracción.
La Carta de Naturalización producirá sus
efectos al día siguiente de su expedición.
Artículo 21. Las ausencias temporales del
país no interrumpirán la residencia salvo que éstas se presenten durante los dos años
anteriores a la presentación de la solicitud y excedan en total seis meses. La residencia
a que se refiere la fracción III del artículo anterior, deberá ser ininterrumpida.
Artículo 22. Quien adquiera la
nacionalidad mexicana conforme a los supuestos del artículo 20 fracción II de esta ley,
la conservará aun después de disuelto el vínculo matrimonial, salvo en el caso de
nulidad del matrimonio, imputable al naturalizado.
Artículo 23. En todos los casos de
naturalización la Secretaría recabará previamente la opinión de la Secretaría de
Gobernación.
Artículo 24. El procedimiento para la
obtención de la carta de naturalización se suspenderá cuando al solicitante se le haya
decretado auto de formal prisión o de sujeción a proceso en México o sus equivalentes
en el extranjero.
Artículo 25. No se expedirá carta de
naturalización cuando el solicitante se encuentre en cualquiera de los siguientes
supuestos:
I. No cumplir con los requisitos que
establece esta ley;
Il. Estar extinguiendo una sentencia
privativa de la libertad por delito doloso en México o en el extranjero y
III. Cuando no sea conveniente a juicio de
la Secretaría, en cuyo caso deberá fundar y motivar su decisión.
Artículo 26. La Secretaría declarará,
previa audiencia del interesado, la nulidad de la carta de naturalización cuando se
hubiere expedido sin cumplir con los requisitos o con violación a esta ley.
La declaratoria de nulidad fijará la fecha
a partir de la cual dicha carta será nula. En todo caso se dejarán a salvo las
situaciones jurídicas creadas durante la vigencia de la carta a favor de terceros de
buena fe.
CAPITULO IV
De la pérdida de la nacionalidad mexicana
por naturalización
Artículo 27. La nacionalidad mexicana por
naturalización, previa audiencia del interesado, se pierde de conformidad con lo que
establece el artículo 37 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo 28. Las autoridades y fedatarios
públicos están obligados a comunicar a la Secretaría aquellos casos en que tengan
conocimiento de que un mexicano por naturalización se encuentre en alguno de los
supuestos del artículo 37 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Dicho aviso deberá realizarse dentro de
los 40 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de que se tuvo conocimiento
de los hechos mencionados.
Artículo 29. La pérdida de la
nacionalidad mexicana por naturalización exclusivamente afectará a la persona sobre la
cual recaiga la resolución respectiva.
Artículo 30. La adopción no entraña para
el adoptado ni para el adoptante la adquisición o pérdida de la nacionalidad. Ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 fracción III de esta
ley.
Artículo 31. En todos los casos de
pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización, la Secretaría recabará
previamente la opinión de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 32. Cuando se den los supuestos
de pérdida de la nacionalidad mexicana, la Secretaría previa audiencia del interesado
revocará la carta de naturalización.
CAPITULO V
De las infracciones y sanciones
administrativas.
Artículo 33. Las infracciones
administrativas previstas en la presente ley, se sancionarán con lo siguiente:
I. Se impondrá multa de 300 a 500
salarios, a quien ingrese o salga de territorio nacional en contravención a lo dispuesto
por el artículo 12 de esta ley.
II. Se impondrá multa de 400 a 800
salarios:
a) A quien realice las renuncias y protesta
en forma fraudulenta o cometa actos que pongan de manifiesto su incumplimiento.
b) A quien intente obtener cualesquiera de
las pruebas de nacionalidad mexicana que corresponde expedir a la Secretaría con
violación de las prevenciones de esta ley o su reglamento o presentando ante dicha
Secretaría información, testigos, documentos o certificados falsos.
Si se llegare a obtener la prueba de
nacionalidad, se duplicará la sanción y
c) A quien haga uso de una prueba de
nacionalidad falsificada o alterada;
III. Se impondrá multa de 500 a 2 mil
salarios, a quien contraiga matrimonio con el único objeto de obtener la nacionalidad
mexicana. Igual sanción se impondrá al cónyuge mexicano que, conociendo dicho
propósito, celebre el matrimonio.
Artículo 34. En los casos no previstos en
el artículo anterior, se impondrá multa de hasta 1 mil salarios a quien cometa cualquier
infracción administrativa a la presente ley o a su reglamento.
Artículo 35. Para los efectos de este
capítulo por salario se entiende el salario mínimo diario general vigente en el Distrito
Federal al momento de cometerse la infracción.
Artículo 36. Las multas previstas en este
capítulo se aplicarán sin perjuicio de que la Secretaría previa audiencia al interesado
deje sin efectos el documento que se hubiere expedido, así como de las sanciones penales
que en su caso procedan.
Artículo 37. Para la imposición de las
sanciones, la Secretaría deberá tomar en cuenta la gravedad de la infracción, los
daños y perjuicio causados, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y
situación socioeconómica del infractor.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor
el 20 de marzo de 1998.
Segundo. Se abroga la Ley de Nacionalidad
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 1993 y se derogan todas
las disposiciones que se opongan a la presente ley.
Tercero. Las cartas y declaratorias de
naturalización, los certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento, así como los
de recuperación de nacionalidad, expedidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores
con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, seguirán surtiendo sus efectos
jurídicos.
Cuarto. Para beneficiarse de lo dispuesto
por el artículo 37 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el interesado deberá:
Presentar solicitud por escrito a la
Secretaría, embajadas o consulados de México, dentro de los cinco años siguientes al 20
de marzo de 1998.
II. Acreditar su derecho a la nacionalidad
mexicana, conforme lo establece esta ley y
III. Acreditar plenamente su identidad ante
la autoridad.
Quinto. Los nacidos y concebidos con
anterioridad a la entrada en vigor del decreto por el que se reforman los artículos 30,
32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estarán sujetos a
lo dispuesto por los artículos segundo y tercero transitorios del citado decreto.
Para los efectos del párrafo anterior, se
presumirán concebidos los nacidos vivos y viables dentro de los 300 días posteriores a
la entrada en vigor de esta ley.
Salón de sesiones de la Cámara de
Senadores, México, D.F., a 2 de diciembre de 1997.-- Senadores: Heladio Ramírez López,
presidente; José Antonio Valdivia y Luis Mejía Guzmán, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados, para
los efectos constitucionales.- Licenciado Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforman los
artículos 20 y 32 fracción I, y se adiciona la fracción I-bis al artículo 47 de la Ley
del Servicio Exterior Mexicano; se reforman los artículos 4o. fracción I, 117, 161
primer párrafo, y 173 segundo párrafo, y se adicionan el artículo 148-bis al capítulo
denominado "del reclutamiento", y un inciso f a la fracción II del artículo
170 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas; se reforma el artículo
57 y se adiciona un inciso e a la fracción I del artículo 105 de la Ley Orgánica de la
Armada de México; se reforma el artículo 4o. fracción I del Código de Justicia
Militar; se adiciona el artículo 5o.-bis a la Ley del Servicio Militar; se reforman los
artículos 106 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; artículo
4o. primer párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación; artículo
9o. fracción I de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito
Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal; 20 inciso a, 22 y
23, en sus respectivas fracciones I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República; 19, 34 y 35, en sus respectivas fracciones I, de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 76, 91, 103, 114 y 120, en sus
respectivos incisos a del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;
22 y 50, en sus respectivos primeros párrafos, de la Ley de Navegación; artículo 7o.
primer párrafo y se le adiciona un segundo párrafo, se reforman los artículos 38 y 40
primer párrafo de la Ley de Aviación Civil; 189, 216 y 612 fracción I de la Ley Federal
del Trabajo; 267 de la Ley del Seguro Social; 156 fracción I 166 segundo párrafo de la
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 28
primer párrafo, 50 fracción IV y se deroga la fracción III del artículo 51 de la Ley
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; se reforman los
artículos 21 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 51 de la Ley
Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear; artículo 9o. fracción
I de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; artículo 8o. fracción I de la
Ley Federal de Correduría Pública; artículo 6o. segundo párrafo, de la Ley Orgánica
del Instituto Nacional de Antropología e Historia; 32 fracciones I a III, de la Ley de
Inversión Extranjera; artículo 14 fracción I de la Ley General que establece las bases
de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; artículo 5o. fracción I de
la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; artículo 10 fracción I y artículo 14,
fracción I de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; artículo 12 fracción I
de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; artículo 39 fracción I de la Ley del
Banco de México; artículo 26 fracción I de la Ley Federal de Competencia Económica;
artículo 121 fracción I de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, y artículo 15 fracción I
y último párrafo de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para quedar
como sigue:
Ley del Servicio Exterior Mexicano
Artículo 20. Para ser designado embajador
o cónsul general se requiere: ser mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra
nacionalidad estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 30
años de edad y reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo.
Artículo 32. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I. Ser mexicanos por nacimiento, que no
adquieran otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
civiles y políticos;
II a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Artículo 47. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
I-bis. Los hijos nacidos en el extranjero,
de los miembros del servicio exterior cuando se encuentren acreditados en el extranjero,
se considerarán nacidos en el domicilio legal de los padres;
II a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanas:
Artículo 4o. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I. Los mexicanos por nacimiento que no
adquieran otra nacionalidad y que prestan sus servicios en las instituciones armadas de
tierra y aire, sujetos a las leyes y reglamentos militares;
II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Artículo 117. Los cuerpos de defensa
rurales se formarán con personal voluntario de ejidatarios mexicanos por nacimiento, que
no adquieran otra nacionalidad, mandados por militares profesionales, de acuerdo con sus
planillas orgánicas particulares y tienen como misión cooperar con las tropas en las
actividades que éstas lleven a cabo, cuando sean requeridos para ello por el mando
militar.
Del reclutamiento
Artículo 148-bis. El personal que sea
sujeto de reclutamiento para el servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea, deberá ser
mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad.
Artículo 161. El personal que ingrese como
alumno en los establecimientos de educación militar, deberá ser mexicano por nacimiento,
que no adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles
y políticos, excepto el extranjero que sea becario, el cual será admitido con el único
fin de realizar estudios que correspondan y al término de los mismos causará baja del
plantel al Ejército y Fuerza Aérea.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 170. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
A a E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
F. Por adquirir otra nacionalidad.
Artículo 173. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
El Secretario de la Defensa Nacional podrá
conceder o negar esta licencia, según lo permitan, a su juicio, las necesidades del
servicio, pero en ningún caso se concederá cuando exista un estado de emergencia
nacional y cuando el personal no haya cumplido el tiempo obligatorio de servicio
establecido en esta ley o en su contrato-filiación. El personal que la goce tendrá
derecho a reingresar al servicio previa solicitud, siempre que el Presidente de la
República considere procedente su petición y no se encuentre comprendido en alguna
causal de retiro señalada por la ley de la materia, éste se halle físicamente útil
para el servicio, exista vacante y no hayan transcurrido más de seis años desde la fecha
de su separación del activo y no adquiera otra nacionalidad.
Ley Orgánica de la Armada de México
Artículo 57. Para ingresar a la Armada se
requiere ser mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad, estar en pleno
goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos y reunir los requisitos que
establece la presente ley y el reglamento respectivo.
Artículo 105. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
A a D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
E. Cuando se adquiera otra nacionalidad.
II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Código de Justicia Militar
Artículo 4o. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I. Ser mexicano por nacimiento que no
adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y
políticos;
II a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Ley del Servicio Militar
Artículo 5o.-bis. En tiempo de paz, los
mexicanos por nacimiento que adquieran otra nacionalidad, al cumplir con sus obligaciones
del servicio de las armas no serán considerados en el activo en los términos de lo
dispuesto en esta ley y en las disposiciones reglamentarias.
Ley Orgánica del Poder Judicial
De la Federación
Artículo 106. Para poder ser designado
magistrado de circuito se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento que no se
adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y
políticos, mayor de 35 años, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por
delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año, contar con
título de licenciado en derecho expedido legalmente y práctica profesional de cuando
menos cinco años, además de los requisitos previstos en esta ley respecto de la carrera
judicial. Los magistrados de circuito durarán seis años en el ejercicio de su encargo,
al término de los cuales, si fueren ratificados, sólo podrán ser privados de sus cargos
por las causas que señala esta ley o por retiro forzoso al cumplir 75 años de edad.
Artículo 108. Para ser designado juez de
distrito se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra
nacionalidad, estar en pleno ejercicio de sus derechos, ser mayor de 30 años, contar con
título de licenciado en derecho expedido legalmente, un mínimo de cinco años de
ejercicio profesional, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito
intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año. Los jueces de distrito
durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueren
ratificados o designados para ocupar el cargo de magistrados de circuito, sólo podrán
ser privados de sus cargos por las causas que señala esta ley o por retiro forzoso al
cumplir 75 años de edad.
Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la
Federación
Artículo 4o. Para ser magistrado del
tribunal fiscal de la Federación se requiere ser mexicano por nacimiento, que no se
adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y
políticos, ser mayor de 35 años, de notoria buena conducta, licenciado en derecho con
título registrado expedido cuando menos 10 años antes de dicha fecha y con siete años
de práctica en materia fiscal.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Ley para el Tratamiento de Menores
Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en
Materia Federal
Artículo 9o. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I. Ser mexicanos por nacimiento que no
adquieran otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y
civiles;
II a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República
Artículo 20. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento,
que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
políticos y civiles;
b) a d). . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 22. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento,
en pleno ejercicio de sus derechos y que no adquiera otra nacionalidad;
II a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 23. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento,
en pleno ejercicio de sus derechos y que no adquiera otra nacionalidad;
II a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Ley Orgánica de la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal
Artículo 19. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
I. Ser mexicano por nacimiento que no
adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
civiles y políticos;
II a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Artículo 34. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I. Ser mexicano por nacimiento que no
adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
civiles y políticos;
II a VIII. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 35. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I. Ser mexicano por nacimiento que no
adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
civiles y políticos;
II a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales
Artículo 76. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento
que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos civiles y políticos;
b) a j). . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
2 y 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Artículo 91. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
a) Ser mexicanos por nacimiento que no
adquieran otra nacionalidad;
a) a i). . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Artículo 103. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
a) Ser mexicano por nacimiento que no
adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y
civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para
votar con fotografía;
b) a f). . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
2 a 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Artículo 114. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento
que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno ejercicio y goce de sus
derechos políticos y civiles;
b) a g). . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
2 a 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Artículo 120. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento
que no adquiera otra nacionalidad y ser residente en la sección electoral que comprenda a
la casilla;
b) a h). . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Ley de Navegación
Artículo 22. Los capitanes, pilotos
navales, patrones, maquinistas navales, operarios mecánicos y de una manera general, todo
el personal que tripule cualquier embarcación mercante mexicana deberá ser mexicano por
nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos civiles y políticos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 50. Para ser piloto de puerto se
requiere ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, estar en pleno
goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y contar con el correspondiente
título profesional de marino y certificado de competencia, otorgado por la Secretaría,
que lo acredite para el puerto respectivo, conforme a los requisitos que señale el
reglamento.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Ley de Aviación Civil
Artículo 7o. La Secretaría ejercerá la
autoridad aeronáutica en los aeropuertos, helipuertos y aeródromos en general, a través
del comandante de aeropuerto quien deberá ser mexicano por nacimiento que no adquiera
otra nacionalidad.
El comandante de aeropuerto tendrá las
atribuciones que a continuación se mencionan, las cuales ejercerá en las demarcaciones
geográficas que expresamente le sean determinadas por la propia Secretaría:
I a VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Artículo 38. El personal técnico
aeronáutico está constituido por el personal de vuelo que interviene directamente en la
operación de la aeronave y por el personal de tierra, cuyas funciones se especifiquen en
el reglamento correspondiente. Dicho personal deberá, además de ser mexicano por
nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, contar con las licencias respectivas, previa
comprobación de los requisitos de capacidad, aptitud física, exámenes, experiencia y
pericia, entre otros.
Artículo 40. Toda aeronave deberá contar
con un comandante o piloto al mando, quien será la máxima autoridad a bordo y el
responsable de su operación y dirección y de mantener el orden y la seguridad de la
aeronave, de los tripulantes, pasajeros, equipaje, carga y correo. El comandante de las
aeronaves de servicio al público deberá ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra
nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Ley Federal del Trabajo
Artículo 189. Los trabajadores de los
buques deberán tener la calidad de mexicanos por nacimiento que no adquieran otra
nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
Artículo 216. Los tripulantes deben tener
la calidad de mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad y estar en pleno
goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
Artículo 612.. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I. Ser mexicano por nacimiento que no
adquiera otra nacionalidad, mayor de 25 años de edad y estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos civiles y políticos;
II a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Ley del Seguro Social
Artículo 267. El director general será
nombrado por el Presidente de la República, debiendo ser mexicano por nacimiento que no
adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y
políticos.
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado
Artículo 156.. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento
que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
civiles y políticos;
II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 166.. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Para ocupar el cargo de vocal se requiere
ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce y
ejercicio de sus derechos civiles y políticos y ser de reconocida honorabilidad y
experiencia técnica y administrativa.
Ley del Instituto de Seguridad Social para
las fuerzas armadas mexicanas
Artículo 28. Los militares que hayan sido
retirados por enfermedad que dure más de seis meses, podrán volver al activo cuando esta
enfermedad hubiere sido contraída en campana o en actos del servicio y logren su
curación definitiva, comprobada con dictámenes expedidos por médicos militares que
designe la Secretaría de la Defensa Nacional o la de Marina, en su caso, siempre que no
adquieran otra nacionalidad. Al ocurrir una nueva causa de retiro, se tramitará éste.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) a e). . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Artículo 50.. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
IV. Por adquirir otra nacionalidad estando
en activo y
V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Artículo 51.. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
III. Se deroga
IV a VII. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Artículo 21.. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento
que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
civiles y políticos;
II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Ley Reglamentaria del artículo 27
constitucional en materia nuclear
Artículo 51. La Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardas estará a cargo de un director general y contará con un
consejo consultivo así como con el personal necesario para ejercer las atribuciones que
tiene encomendadas. El director general será designado y removido por el Secretario de
Energía Minas e Industria Paraestatal. Para desempeñar dicho cargo se requiere ser
mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio
de sus derechos civiles y políticos; mayor de 30 años de edad poseer título profesional
y contar con una experiencia mínima de cinco años en la materia.
Ley de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos
Artículo 9o.. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento
que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
civiles y políticos;
II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Ley Federal de Correduría Pública
Artículo 8o.. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento
que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
civiles y políticos;
II a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Ley Orgánica del Instituto Nacional de
Antropología e Historia
Artículo 6o.. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Para ser director general del Instituto
Nacional de Antropología e Historia se requiere ser mexicano por nacimiento que no
adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y
políticos, mayor de 30 años de edad, con grado académico y méritos reconocidos en
alguna de las materias de competencia del instituto.
Ley de Inversión Extranjera
Artículo 32.. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
I. Las sociedades mexicanas en las que
participen, incluso a través de fideicomiso:
a) La inversión extranjera;
b) Los mexicanos que posean o adquieran
otra nacionalidad y que tengan su domicilio fuera del territorio nacional o
c) La inversión neutra;
II. Quienes realicen habitualmente actos de
comercio en la República Mexicana, siempre que se trate de:
a) Personas física o morales extranjeras o
b) Mexicanos que posean o adquieran otra
nacionalidad y que tengan su domicilio fuera del territorio nacional y
III. Los fideicomisos de acciones o partes
sociales, de bienes inmuebles o de inversión neutra, por virtud de los cuales se deriven
derechos en favor de la inversión extranjera o de mexicanos que posean o adquieran otra
nacionalidad y que tengan su domicilio fuera del territorio nacional.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Ley General que establece las Bases de
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Artículo 14. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Ser ciudadano mexicano por nacimiento que
no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
II a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Ley de la Comisión Reguladora de Energía
Artículo 5o.. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento
que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;
II a III. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Ley de los Sistemas de Ahorro para el
Retiro
Artículo 10.. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento
que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;
II a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 14.. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
I. Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento
que no adquieran otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;
II a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios
Artículo 12.. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento
que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos así como tener por lo menos 30 años el día de su designación;
II a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Ley del Banco de México
Artículo 39.. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento
que no adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos y no tener más de 65 años cumplidos en la fecha de inicio del periodo durante
el cual desempeñará su cargo.
Il a III. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Ley Federal de Competencia Económica
Artículo 26.. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento
que no adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos, profesionales en materias afines al objeto de esta ley, mayores de 35 años de
edad y menores de 75 y
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, Reglamentaría del apartado "B" del artículo 123 constitucional
Artículo 121.. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento
que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;
II a III. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores
Artículo 15.. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento
que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;
II a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
A los miembros de la junta de gobierno,
vicepresidentes, contralor interno y directores generales les será aplicable lo
establecido en las fracciones I, III a V de es este artículo.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor el 20 de marzo de 1998.
Salón de sesiones de la Cámara de
Senadores.- México, D.F., a 2 de diciembre de 1977.- Senadores: Heladio Ramírez López,
presidente; José Antonio Valdivia, Luis Mejía Guzmán, secretarios.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales y Relaciones Exteriores, rogándole a los diputados
integrantes de la Comisión de Población y Desarrollo, aportar las opiniones pertinentes.
Sírvase la Secretaría continuar.
SANTA SEDE
| La secretaria
Lourdes Angelina Muñoz Fernández: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes,
nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que
concede permiso al ciudadano Guillermo Doroteo Jiménez Morales, para aceptar y usar la
condecoración, Gran Cruz del Orden Piano, en grado de Caballero de Gran Cruz, que le
confiere el gobierno de la Santa Sede.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 25 de noviembre de 1997.-
Senadores: Raúl Juárez Valencia, Ana Rosa Payán Cervera, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadanoo Guillermo Doroteo Jiménez Morales, para aceptar y usar la condecoración Gran
Cruz del Orden Piano, en grado de Caballero de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de
la Santa Sede.
Salón de sesiones de la Cámara de
Senadores.- México, D.F, a 25 de noviembre de 1997.- Senadores: Fernando Solana,
presidente; Raúl Juárez Valencia, Ana Rosa Payán Cervera, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para
los efectos constitucionales.- Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
JAPON
| El secretario
Jaime Castro López: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes,
nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que
concede permiso al licenciado Víctor Luis Urquidi Bingham, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado, en grado de Estrella de Oro y Plata, que le
confiere el gobierno de Japón.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 25 de noviembre de 1997.-
Senadores: Raúl Juárez Valencia, Ana Rosa Payán Cervera, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
licenciado Víctor Luis Urquidi Bingham, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
Tesoro, Sagrado, en grado de Estrella de Oro y Plata, que le confiere el gobierno de
Japón.
Salón de sesiones de la Cámara de
Senadores.- México, D.F, a 25 de noviembre de 1997.- Senadores: Fernando Solana,
presidente; Raúl Juárez Valencia, Ana Rosa Payán Cervera, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para
los efectos constitucionales.- Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
REPUBLICA
DE PARAGUAY
|
El
secretario José Antonio Alvarez Hernández: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes,
nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que
concede permiso al ciudadano, Juan Rebolledo Gout, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden Nacional del Mérito, en grado de gran oficial, que le confiere el gobierno de
la República de Paraguay.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 25 de noviembre de 1997.-
Senadores: Raúl Juárez Valencia y Ana Rosa Payán Cervera, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Juan Rebolledo Gout, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional
del Mérito, en grado de gran oficial, que le confiere el gobierno de la República de
Paraguay.
Salón de sesiones de la Cámara de
Senadores.- México, D.F, a 25 de noviembre de 1997.- Senadores: Fernando Solana,
presidente; Raúl Juárez Valencia y Ana Rosa Payán Cervera, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para
los efectos constitucionales.- Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
REPUBLICA
FRANCESA
| El secretario
Francisco Crescencio Rodríguez García: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes,
nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que
concede permiso al ciudadano, Juan Rebolledo Gout, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de
la República de Francia.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 25 de noviembre de 1997.-
Senadores: Raúl Juárez Valencia y Ana Rosa Payán Cervera, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Juan Rebolledo Gout, para aceptar y usar la condecoración de la Legión de
Honor, en Grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Francia.
Salón de sesiones de la Cámara de
Senadores.- México, D.F, a 25 de noviembre de 1997.- Senadores: Fernando Solana,
presidente; Raúl Juárez Valencia y Ana Rosa Payán Cervera, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para
los efectos constitucionales.- Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
| La secretaria
María Guadalupe Sánchez Martínez: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes,
nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que
concede permiso a la ciudadana Alma Angélica López Acuña, para prestar servicios como
operadora de conmutador en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en
Tijuana, Baja California.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 27 de noviembre de 1997.-
Senadores: Raúl Juárez Valencia y Benigno Aladro Fernández, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la
ciudadana Alma Angélica López Acuña, para prestar servicios como operadora de
conmutador en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja
California.
Salón de sesiones de la Cámara de
Senadores.- México, D.F, a 27 de noviembre de 1997.- Senadores: Fernando Solana,
Presidente; Raúl Juárez Valencia y Benigno Aladro Fernández, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para
los efectos constitucionales.- Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
REPUBLICA
PORTUGUESA
| El secretario
Gerardo Ramírez Vidal : |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes,
nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que
concede permiso al ciudadano Mariano Palacios Alcocer, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno
de la República de Portugal.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 27 de noviembre de 1997.-
Senadores: Raúl Juárez Valencia y Benigno Aladro Fernández, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Mariano Palacios Alcocer, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del
Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Portugal.
Salón de sesiones de la Cámara de
Senadores.- México, D.F, a 27 de noviembre de 1997.- Senadores: Fernando Solana,
Presidente; Raúl Juárez Valencia y Benigno Aladro Fernández, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para
los efectos constitucionales.- Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
De conformidad con las previsiones de
los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia solicita por conducto de la Secretaría, a
la Asamblea, si son de dispensárseles todos los trámites para someterse a discusión y
votación de inmediato, las minutas en cuestión.
| El secretario
Gerardo Ramírez Vidal : |
Por instrucciones de la Presidencia,
con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le
dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se les dispensan todos los trámites.
En consecuencia, proceda la
Secretaría a poner a discusión los proyectos de decreto.
| El secretario
Gerardo Ramírez Vidal : |
Está a discusión el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Guillermo Doroteo Jiménez Morales, para aceptar y usar la condecoración Gran
Cruz del Orden Piano en grado de Caballero de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la
Santa Sede.
Está a discusión... No habiendo quien
haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Víctor Luis Urquidi Bingham, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
del Tesoro Sagrado, en grado de Estrella de Oro y Plata, que le confiere el gobierno de
Japón.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Juan Rebolledo Gout, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional
del Mérito en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de
Paraguay.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el siguiente
PROYECTO DE DECRETO.
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Juan Rebolledo Gout, para aceptar y usar la condecoración de la Legión de
Honor, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Francia.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el siguiente
PROYECTO DE DECRETO.
Artículo único. Se concede permiso a la
ciudadana Alma Angélica López Acuña, para prestar servicios como operadora de
conmutador en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja
California.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Mariano Palacios Alcocer, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del
Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República Portugal.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriores reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, por el primer proyecto
de decreto se emitieron 377 votos en pro, dos votos en contra.
Por los proyectos de decreto del segundo al
quinto, se emitieron 378 votos en pro, un voto en contra.
Por el último proyecto de decreto, se
emitieron 347 votos en pro, 32 votos en contra.
Aprobados los proyectos de decreto
por 377 votos a favor y dos en contra el primero; por 378 a favor y uno en contra, el
segundo, tercero, cuarto y quinto, y por 347 votos a favor y 32 en contra, el sexto.
| El secretario
Gerardo Ramírez Vidal : |
Pasan al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
Esta Presidencia informa: están
presentes 40 estudiantes del quinto semestre de la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas,
Asociación Civil. En nombre de los diputados y las diputadas a este Congreso de la
Unión, los saludamos y les deseamos éxito en sus estudios.
Prosiga la Secretaría.
PERMISO AL
PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
| El secretario
Francisco Crescencio Rodríguez García : |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Cámara de Diputados.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.- Presentes.
Adjunto y para su trámite subsecuente, nos
permitimos remitir el expediente correspondiente al proyecto de decreto en ocho hojas
útiles, en que se le concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para auentarse del territorio nacional los
días 18 y 19 de diciembre de 1997, con el propósito de realizar una visita de Estado a
la República de Nicaragua, que fue dictaminado por los miembros de esta comisión, en su
reunión del 2 de diciembre de 1997.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 2 de diciembre de
1997.- Por la Comisión de Relaciones Exteriores.- La mesa directiva, diputados: Alfredo
Phillips Olmedo, presidente; Javier Algara Cossío, Samuel Maldonado Bautista, José Luis
Flores Hernández, secretarios.»
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea: como es de su
conocimiento, a la Comisión de Relaciones Exteriores fue turnada para su estudio y
dictamen, la minuta proyecto de decreto del Senado de la República, a la que se anexó la
iniciativa por la cual el Ejecutivo Federal solicitó permiso para ausentarse del
territorio nacional los días 7, 8 y 9 de noviembre de 1997, a fin de que participara en
la VII Conferencia Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que se realizó en
isla de Margarita, República de Venezuela; los días 13 y 14 de noviembre de 1997, con
objeto de efectuar una visita de trabajo a los Estados Unidos de América; los días 22,
23, 24, 25, 26 y 27 de noviembre, con el propósito de participar en Vancouver, Canadá,
en la V Cumbre de Líderes Económicos de la APEC, y los días 18 y 19 de diciembre de
1997, para efectuar una visita de Estado a la República de Nicaragua.
En virtud de que el honorable Congreso de
la Unión con fecha 6 de noviembre autorizó al Ejecutivo de la Unión para realizar los
dos primeros viajes, de los cuatro solicitados, de conformidad al decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de noviembre de 1997 y que con fecha 12 de
noviembre de 1997, en iniciativa de decreto, que envío por separado a los secretarios de
la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, el Ejecutivo reitera
nuevamente su solicitud para ausentarse del territorio nacional los días 18 y 19 de
diciembre de 1997, a efecto de realizar una visita de Estado a la República de Nicaragua,
ampliando para tal fin la información presentada en su solicitud original.
Esta comisión, con fundamento en los
artículos 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se abocó nuevamente al análisis y estudio de su nueva solicitud, bajo las
siguientes
CONSIDERACIONES
Que esta Cámara de Diputados recibió la
minuta proyecto de decreto que aprobó el Senado de la República en su sesión ordinaria
celebrada el día 25 de noviembre de 1997, a la cual se le anexa la iniciativa, por la que
el Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, reitera su solicitud de
permiso para ausentarse del territorio nacional los días 18 y 19 de diciembre de 1997,
para realizar una visita de Estado a la República de Nicaragua, ampliando la información
presentada en su solicitud original.
Que la atenta recomendación que realizó
esta Cámara de Diputados, para que cada solicitud de ausencia del territorio nacional del
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sea presentada por separado, ha sido
debidamente atendida al presentarse esta nueva iniciativa de decreto.
Que los integrantes de la Comisión de
Relaciones Exteriores, hemos recibido y analizado la documentación adicional que se nos
ha proporcionado para orientar nuestra decisión, complementándola con la participación
directa de los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encargados de esta
área, en sesión previa al presente dictamen.
Que la visita de Estado a Nicaragua pone de
manifiesto el interés permanente y constante de México por solidificar y diversificar
sus relaciones con los países centroamericanos, con quienes nos unen lazos indivisibles
de permanente amistad y solidaridad, así como de orden histórico y cultural.
Que México aspira con los países
centroamericanos a ser naciones fuertes, justas, democráticas, prósperas y soberanas,
que sólo será posible lograrlo mediante el diálogo, la concertación y la cooperación.
Que es necesario por ello, incrementar
nuestras relaciones bilaterales con la República de Nicaragua, en virtud de que México
restableció en julio de 1979 sus relaciones diplomáticas, fortaleciendo de esta manera
el respeto a la autodeterminación del pueblo nicaragüense, la no injerencia en sus
asuntos internos, la no intervención, la negociación y el diálogo para la solución de
sus controversias.
Que México y Nicaragua enfrentan problemas
comunes como el combate a la pobreza, los flujos migratorios, la preservación del medio
ambiente y la lucha contra el narcotráfico, entre otros, que nos obligan a coordinar
esfuerzos para encontrar nuevas fórmulas para enfrentar estos problemas, a través del
diálogo político entre ambos jefes de Estado y de Gobierno, para fortalecer el
entendimiento y la cooperación entre ambos países, estableciendo a partir de 1995,
reuniones binacionales en las cuales se evalúa la relación bilateral suscribiendo
acuerdos y convenios diversos.
Que la República de Nicaragua se ha
manifestado por promover la unidad política y económica, dentro del marco del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA), destacando el papel estratégico de los países de
esta región para la seguridad nacional y las capacidades económicas y culturales de
México.
Que con el objetivo de diversificar
nuestras relaciones comerciales, es conveniente que los secretarios de Comercio de ambos
países, suscriban el Acuerdo de Libre Comercio México-Nicaragua, que fue rubricado en la
reciente visita del presidente de la República de Nicaragua a México, Arnoldo Alemán,
sujeto a la ratificación de la Cámara de Senadores de nuestro país, tendiente a
complementar nuestras economías y optimizar la utilización de los mecanismos financieros
de apoyo al comercio recíproco, para apoyar los flujos de inversión mexicana en esa
nación, en un ámbito de absoluto respeto a nuestras soberanías, destacando que este
país es el sexto socio comercial de México en Centroamérica, siendo la balanza
comercial desde 1991 favorable para nuestra nación.
Que los lazos permanentes con la hermana
República de Nicaragua, deben de fortalecerse tanto en las relaciones económicas,
comerciales y financieras, como en asuntos relacionados con cooperación técnica,
científica, educativa y cultural.
Que nuestro país ha reafirmado al gobierno
y pueblo de Nicaragua la operación del Acuerdo de San José, que desde su constitución
en agosto de 1980, tenía una cuota vigente con México de 10 mil barriles diarios de
petróleo crudo, que se suministró hasta 1988, fecha en la cual suspendió Nicaragua
estas adquisiciones, debido a que sus requerimientos se circunscriben actualmente a
productos derivados del petróleo.
Que en ocasión de la reunión de
presidentes de México y Centroamérica "Tuxtla II", celebrada el 15 y 16 de
febrero de 1996, el Gobierno de México adecuó la operación del Acuerdo de San José,
con miras a optimizar su aprovechamiento. Estas adecuaciones se incorporaron al texto del
acuerdo, en ocasión de la XVI Renovación del Programa de Cooperación Energética para
países de Centroamérica y el Caribe "Acuerdo de San José", renovado y firmado
por los presidentes de México y Venezuela el 2 de agosto de 1996, entrando en vigor de
inmediato.
Que las relaciones de cooperación técnica
entre México y Nicaragua, tienen como marco el acuerdo suscrito el 28 de octubre de 1983,
que fue actualizado en octubre de 1995 y que a la fecha se han celebrado tres reuniones de
la comisión mixta de Cooperación Técnica y Científica y que consta actualmente de 176
proyectos en diferentes grados de avance, que inciden en diversas áreas del sector
administrativo, educación, medio ambiente, minería, vivienda, turismo, desarrollo
industrial, agropecuario y comercial.
Que los asuntos de cooperación educativa y
cultural, han sido analizados recurrentemente en las reuniones binacionales y que el
programa vigente contempla rubros de educación superior; educación preescolar, primaria
y de adultos; formación de recursos humanos; conservación y restauración del patrimonio
histórico y cultural; culturas populares; artes visuales; festivales internacionales;
ferias internacionales del libro, literatura y cooperación editorial; radio y
televisión; cine y proyectos especiales y de cooperación en materia de senectud,
juventud y deportes; que tienen una estrecha relación con convenios interinstitucionales
suscritos por la Secretaría de Educación Pública y el Ministerio de Educación de
Nicaragua, así como con el Instituto Nacional de Educación para Adultos.
Que existen proyectos de intercambio en el
ámbito cultural, principalmente en las artes visuales, así como en teatro, danza,
música y literatura.
Que nuestro país ha participado en las
noches internacionales agostinas, que se efectúan en el Centro de Convenciones Olof
Palme, cuyo propósito principal es el de recaudar fondos para la Comisión Nacional de
Promoción de la Defensa del Niño y la Niña de Nicaragua.
Que México ha participado activamente en
la Comisión Mexicana de Cooperación con Centroamérica, cuyo objeto es impulsar el
desarrollo y fomentar una adecuada utilización de los recursos naturales, técnicos,
culturales, administrativos y económicos de la región, sobre todo en proyectos de
carácter bilateral.
Que la visita de Estado que realizará el
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a la República de Nicaragua, se convierte en
el marco propicio para que dé a conocer al sector público y privado de esa nación, los
avances logrados en la consolidación de nuestra economía, así como las medidas que se
han aplicado, intentando superar los problemas internos y las perspectivas de desarrollo
de nuestro país.
Que el pleno de esta Cámara de Diputados
en su reunión del 6 de noviembre de 1997, aprobó el Acuerdo Parlamentario Relativo a las
Sesiones, Integración del Orden del Día, de los Debates y las Votaciones, que en su
artículo 14 establece: que todo dictamen de comisión debe de publicarse a más tardar 48
horas antes del inicio de la sesión, en que serán puestos a discusión y votación; los
integrantes de esta comisión en este caso y en virtud de la materia del dictamen y de la
inminente realización del viaje, estima procedente invocar lo dispuesto en el artículo
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, para que se considere este asunto como de urgente resolución.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 56 de la Ley Orgánica del Congreso General y los correlativos al Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General, la Comisión de Relaciones Exteriores
manifiesta que la visita de Estado que realizará el ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de
León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a la República de Nicaragua, reafirma
el interés de México y de esta Cámara de Diputados, por mantener un diálogo continuo y
sistemático y de alto nivel con el actual gobierno de Nicaragua y fortalece los
mecanismos de colaboración y cooperación entre ambos países.
Por lo que se permite poner a
consideración de este pleno de la Asamblea, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para
ausentarse del territorio nacional los días 18 y 19 de diciembre de 1997, a efecto de que
realice una visita de Estado a la República de Nicaragua.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de comisiones de la Cámara de
Diputados del Palacio Legislativo de San Lázaro, de la Ciudad de México, Distrito
Federal, a los 2 días del mes de diciembre de 1997.- Diputados: Alfredo Phillips Olmedo,
presidente; Javier Algara Cossío, J. Samuel Maldonado Bautista, José Luis Flores
Hernández, secretarios; Carlos Froylán Camacho Alcázar, Juan Carlos Espina von
Roehrich, José de Jesús González Reyes, Israel Hurtado Acosta, Jeffrey Max Jones Jones,
Héctor Flavio Valdez García, Socorro Aubry Orozco, Lázaro Cárdenas Batel, Juan Antonio
Guajardo Anzaldúa, Carlos Antonio Heredia Zubieta, Porfirio Muñoz Ledo, Violeta
Margarita Vázquez Osorno, Orlando Arvizu Lara, Francisco García Castells, José Gascón
Mercado, Lombardo V. Guajardo Guajardo, Carlos Jiménez Macías, Dionisio A. Meade,
Francisco Javier Morales Aceves, Ramón Mota Sánchez, Juan Manuel Parás González,
Clarisa Catalina Torres Méndez, Sara Esthela Velázquez Sánchez, Alfredo Villegas
Arreola y José Luis López López.»
Es de primera lectura.
Sírvase la Secretaría consultar a
las diputadas y diputados, si se le dispensa la segunda lectura al dictamen en cuestión y
se pone de inmediato a discusión y votación.
| El secretario
Francisco Crescencio Rodríguez García : |
Por instrucciones de la Presidencia,
con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la
segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Las diputadas y diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura.
Habiendo sido dispensada la segunda
lectura del dictamen en cuestión, esta Presidencia avisa que está a discusión en lo
general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del
artículo único del proyecto de decreto.
| El secretario
Francisco Crescencio Rodríguez García : |
Se va a proceder a recoger la
votación nominal en lo general y en lo particular, del artículo único del proyecto de
decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 375 votos en pro y 2 en
contra.
Esta Presidencia declara aprobado el
proyecto de decreto por 375 votos a favor y 2 en contra.
Esta Presidencia informa al personal de
Oficialía Mayor y, en consecuencia, al personal de edecanía, que es la propia
Presidencia de la mesa directiva, de acuerdo con la ley y con el reglamento, la única
autoridad facultada para facilitar y ordenar el reparto de documentos. Se ruega en
consecuencia de los diputados que tengan interés en repartir documentación alguna, se
sirvan dirigirse a la mesa directiva para que ésta obre, en consecuencia, manteniendo su
obligación de cuidar el orden y el buen desarrollo de las sesiones ordinarias.
Aprobado en lo general y en lo particular
el proyecto de decreto.
Sirvase la Secretaría continuar con el
orden del día.
| El secretario
Francisco Crescencio Rodríguez García : |
Pasa al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
ADOPCION
Tiene la palabra, para presentar una
excitativa, por conducto de la Presidencia a la Comisión de Justicia, el diputado Héctor
Flavio Valdez García, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.
Permítame, señor diputado Flavio Valdez
García. Esta mesa directiva, por mi conducto y en nombre de todas las diputadas y
diputados miembros de este Congreso, saluda a los estudiantes de la Facultad de Derecho de
la Universidad Anáhuac. Bienvenidos. Adelante, señor diputado.
| El diputado
Héctor Flavio Valdez García: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
El fin propio del Estado es lograr el bien
común, por ende, el poder público debe encaminar sus actos hacia la consecución de este
objetivo. En tal virtud, los legisladores debemos seguir siempre la directriz de los
principios generales del derecho, que se han constituido a la par de las sociedades a
través de los tiempos.
Asimismo, tales lineamientos jurídicos
hacen posible la convivencia armónica entre los seres humanos, pues es factible superar
las carencias y alcanzar propósitos supremos, imposibles de lograr solos.
Eso es la esencia del derecho, siempre
reconoce digna a la persona humana, como un ser dotado de razones, inteligencia y
espíritu, al que se le proporcionan las condiciones óptimas para alcanzar un pleno
desarrollo.
Los principios jurídicos a los que hice
referencia, conllevan: justicia, equidad, seguridad jurídica y los preceptos del derecho
natural. En consecuencia, infiere que nosotros, los hacedores de la ley, buscadores de lo
bueno, de lo justo y afirmadores de valores, divinos y humanos, estamos obligados al deber
emitir normas jurídicas que contengan valores intrínsecos, que enriquezca nuestra
sociedad y fortalezcan el estado de derecho.
En este orden de ideas, quiero exponer ante
ustedes el fundamento para alcanzar la regulación de la adopción plena, toda vez que
cumple con tales principios. Es justa porque se evidencia la voluntad constante y continua
de dar a cada quien su derecho al proveer las mismas condiciones de desarrollo, tanto
humano, familiar como social, al menor que no tuvo la oportunidad de desarrollarse dentro
de un ambiente familiar sano y deseable; es equitativa porque abre un mayor número de
posibilidades pendientes a lograr la aplicación del derecho al caso concreto. Abundaré
al respecto.
Brinda a las personas la posibilidad de
elegir, de acuerdo a su propia circunstancia, entre un régimen de adopción en el que
parentesco y los efectos jurídicos se limiten a los sujetos que han sido partes en el
acto o bien otro régimen en el que pueda darse la integración completa del sujeto a una
familia que en adelante lo acogerá y lo protegerá.
Efectivamente, estamos en presencia de una
institución intrínsecamente válida, que reconoce la dignidad humana y hace patente el
derecho a la felicidad, tanto del adoptado como del adoptante. Al primero le brinda, como
ya lo señalé, la posibilidad de integrarse mediante una figura jurídica dentro de una
familia como si fuera un miembro biológico más de la misma; al segundo le posibilita
ampliar su núcleo familiar y expandirse como ser racional en cuanto a sus valores y
sentimientos.
Todos estos factores tienden a dar
cohesión a la sociedad y en este sentido no puede perderse de vista que el bien común
que buscamos consiste en lograr la unidad social y no la disgregación.
Por lo tanto, la regulación de la
adopción plena en el seno de cualquier orden jurídico, fomenta el ejercicio de diversos
valores humanos, pues constituye factores de perfeccionamiento de lo espiritual, moral y
político.
Amigas y amigos: se advierte de manera
indudable que es a los diputados de esta LVII Legislatura a quienes se nos ha conferido la
gran responsabilidad de reformar y crear las nuevas y mejores estructuras del orden
jurídico del Estado mexicano. Por ende, debemos procurar siempre encontrar las soluciones
justas a los problemas que devienen de nuestra realidad histórica.
En tales circunstancias resulta
indispensable en la construcción de un estado democrático, sentar la atención en las
instituciones fundamentales de nuestra sociedad, en las que destaca el derecho familiar.
Es la familia, con toda seguridad, el núcleo del desarrollo humano.
En mérito de lo dispuesto, amigas y amigos
diputados, hago votos porque cristalicen las atinadas propuestas de brindar el marco de
protección jurídica más eficaz a la familia, tal y como el pueblo mexicano nos lo
demanda.
Con esta misma voluntad y sin distingo de
partido, fundado en el mismo sentido de responsabilidad con que se han conducido, tanto el
Ejecutivo Federal como las compañeras legisladoras, al proponer iniciativas para brindar
mayor protección a la familia y erradicar la violencia intrafamiliar, propongo el
siguiente punto de acuerdo, con fundamento en los artículos 57 y 58 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás
artículos aplicables
«PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que esta Cámara de Diputados
acuerde remitir excitativa al Senado de la República, para que se dé el trámite de ley
a la iniciativa de reformas al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y
para toda la República en Materia Federal, así como para el Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal, presentada por la Asamblea de Representantes del
Distrito, el 4 de diciembre de 1996, al Congreso de la Unión en materia de adopción
plena.
Segundo. Una vez agotados los trámites,
que a la brevedad el Senado remita la minuta respectiva a esta Cámara de Diputados, para
que las comisiones competentes, presenten su dictamen ante esta honorable plenaria para su
correspondiente votación.
Tercero. Que este punto de acuerdo se
considere de urgente y obvia resolución, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y demás artículos aplicables.
Suscriben éste, los diputados: Eduardo
Mendoza Ayala, Manuel Peñúñuri, Julio Castrillón Valdés, del Partido Acción
Nacional; Socorro Aubry, Armando López, del PRD; Héctor Luna de la Vega, PRI; Jorge
Emilio González, Gloria Lavara, del Partido Verde Ecologista de México; María Mercedes
Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo y un servidor, Flavio Valdez, del Partido Acción
Nacional.»
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias.
Esta Presidencia, de conformidad con
las previsiones del artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excita a la Comisión de Justicia, a
fin de que emita el dictamen correspondiente.
ESTADO
DE GUERRERO
El siguiente punto en cartera, es el
relativo a la situación que prevalece en el Estado de Guerrero. Esta Presidencia para
garantizar la eficacia y la libertad de las deliberaciones, ha previsto que en los
términos del artículo 23 del acuerdo parlamentario, hagan uso de la palabra el diputado
Martín Mora Aguirre, por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática y el diputado Efraín Zúñiga Galeana, por el grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Martín Mora Aguirre, dispone
de 10 minutos para hacer uso de la palabra. Tenga la bondad, diputado Mora Aguirre.
| El diputado Martín Mora Aguirre: |
Con su venia, señor Presidente;
señoras diputadas; señores diputados:
El viernes 14 de noviembre, el diputado
federal suplente César Abelardo Ramírez Ramos fue herido y otros dos ciudadanos fueron
asesinados en diversos puntos del Estado de Guerrero.
Hasta para el más distraído lector de
periódicos, estos trágicos acontecimientos despiertan sospechas de una violencia
orquestada para crear una atmósfera de intimidación hacia la sociedad, menos para los
gobernantes guerrerenses, para los que sólo es una simple coincidencia, resultado de
rencillas familiares.
Una semana después de estos sucesos, el
jueves 28 de noviembre, dos personas, una de ellas un niño de 12 años, fueron masacrados
por policías judiciales del Estado y heridos tres más en el poblado de Cacalutla.
Este documento que estoy leyendo ante
ustedes, fue escrito el viernes 29 de junio y como la dinámica de la violencia tiene una
velocidad vertiginosa en mi Estado, es posible que ya estas estadísticas estén
atrasadas, porque no es nada remoto que en este momento ya haya sido abatido por las balas
policiacas algún otro ciudadano guerrerense.
Señores diputados: ésta no es simple
retórica, frases para impactarlos a ustedes y a la opinión pública. Desafortunadamente
son sucesos cotidianos donde están involucradas muchas familias y ciudadanos de carne y
hueso; son docenas de viudas y huérfanos que han sido dejados en la desprotección.
Para una parte importante de la opinión
pública, Aguas Blancas fue el inicio de la espiral de violencia en la que ahora está
envuelto nuestro Estado. Sin embargo, para los guerrerenses esta masacre fue otro eslabón
más que se agregó a la larga cadena de agresiones que ha sumido en un mar de dolor y
angustia a la sociedad suriana y debido a la impunidad con que se cobijó a los culpables
principales, fue la señal para iniciar una verdadera cacería de disidentes.
Desde 1960, por lo menos la violencia en
Guerrero es parte del aparato de Estado. Pero no me refiero a esa violencia institucional
que se usa como un recurso extremo para cuando fallan los consensos. La que han usado los
distintos gobiernos de mi Estado, es una violencia permanente, abierta, que ha sustituido
a la política, y es que ningún gobierno guerrerense, desde Caballero Aburto hasta la
actualidad, se han asumido como representantes auténticos del pueblo.
Desde su mismo nacimiento el, Estado
guerrerense se ha asumido, asimismo, como el representante de los grupos políticos y
económicos más atrasados del país.
Una enorme red de cacicazgos locales y
regionales han concebido al gobierno como su instrumento particular para controlar a la
sociedad suriana.
Estudiantes, maestros, copreros, indígenas
y colonos, han visto estrellarse sus justos reclamos contra los cuerpos represivos del
régimen.
A veces con mayor énfasis y en otras, con
menos; pero éste ha sido el comportamiento constante durante los últimos 37 años.
Esta violencia sangrienta no es más que la
parte espectacular. Otra más grave y lacerante es la violencia social y económica que ha
mantenido en la pobreza, el atraso y la injusticia, a 1 millón y medio de guerrerenses,
marginados no sólo de los más elementales derechos de empleo, alimentación, educación
y salud, sino despojados hasta de su derecho de petición, pues se les ha prohibido su
ingreso a algunos edificios públicos como al palacio de Gobierno del Estado, donde
cualquier ciudadano con atuendo indígena o huellas de pobreza, que son casi todos los
guerrerenses, tienen casi vetado el paso.
Aguas Blancas no fue un incidente
circunstancial o el exceso de algún policía ebrio o de jefes demasiado celosos de su
deber. Fue un acto normal dentro de una política de Estado, que se salió del control por
un cálculo mal hecho. Pero que fue perfectamente planeado y operado desde la cima del
poder estatal. Esto no lo digo yo, lo afirma la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en su acuerdo del 23 de abril de 1996, cuando señala su total convicción de que los más
altos funcionarios del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, que desempeñaban sus
cargos en esa fecha y en los días subsecuentes incurrieron en violación grave,
generalizada, de las garantías individuales que instituyen los artículos 6o., 11, 14, 16
y 22 de la Constitución Federal.
¡La impunidad es una invitación a la
reincidencia y así el impune genocidio de Aguas Blancas abrió las puertas a la acciones
desbocada de las fuerzas más oscuras y criminales de la entidad, pues no sólo no se
castigó a los verdaderos culpables, sino que a algunos, incluso, se les ha premiado con
diputaciones y canonjías y el principal de ellos, Rubén Figueroa Alcocer, sigue siendo
el más importante factor de poder en el Estado, el que gobierna desde la oscuridad!
¡Desde entonces la sociedad guerrerense ha
quedado a merced de esas fuerzas, en ocasiones desde las sombras y a veces desde los
escritorios burocráticos se han dedicado a hacerle la guerra a la ciudadanía, mediante
la instauración de un grupo policiaco, mediante la instauración de un estado policiaco,
donde el Ejército, los grupos paramilitares y los cuerpos de seguridad se encargan del
control de la sociedad mediante cateos, retenes, secuestros, torturas, asesinatos y todo
tipo de violaciones a los derechos humanos!
¡Pero éstas no son acusaciones vacías
para lucrar políticamente, tiene nombre, son biografías de hombres y mujeres que han
quedado truncadas para siempre, es la larga lista de muertos como: Alejandro Gandarilla y
Silverio García!
¡Son los 10 desaparecidos como: Benito
Baena, Freddy Nava y Gregorio Alfonso Alvarado López, al que desde hace un año espera
todas las noches Donají, su hija de cinco años, para que termine aquel cuento que dejó
inconcluso!
¡Están las docenas de presos de
conciencia como: Bertoldo Martínez, Benigno Guzmán e Ignacio García Muñiz!
¡Están los torturados, los amenazados,
las violadas y aquellos que colocados en las listas negras viven la incertidumbre de
perder la vida o la libertad en cualquier momento! ¡Pueblos enteros como Ahuacotzingo han
perdido para siempre su ancestral calma y a sus mejores hombres! ¡Otros han tenido que
salir del país para salvar la vida, como el ex diputado local Antonio Hernández Acevedo
o como lugares como El Cucuyaqui y El Quemado, dos pequeños poblados de Atoyac que
prácticamente han desaparecido en los últimos seis meses, asolados por los grupos
paramilitares, donde han sido asesinados 11 ciudadanos! ¡Todos destacados activistas de
la comunidad!
¡A pesar de la gravedad de la situación
económica, política y social del Estado, de existir en el mismo una guerrilla, una
peligrosa militarización del Estado, un grado de pobreza tan alarmante que se convierte
en un verdadero detonante social, las fuerzas políticas guerrenses hemos sido incapaces
para colocar al Estado en la agenda nacional.
¡Si bien es cierto que la situación en
Chiapas puede ser igualmente peligrosa, ésta se ve atenuada porque de una u otra manera
se encuentra dentro de las preocupaciones nacionales. Es parte de las agendas de las
principales fuerzas políticas y tarde o temprano deberán ser atendidos los reclamos del
pueblo chiapaneco; mientras que el problema de Guerrero lo hemos circunscrito al ámbito
local, dejándolo a la sola fuerza de la sociedad guerrerense, la cual puede ser
insuficiente para un problema de esta envergadura..!"
¡Desde esta tribuna apelo a la
sensibilidad de la nación, de sus organizaciones, sus intelectuales y el Ejecutivo
Federal, para retener la represión que se cierne sobre el pueblo guerrerense! ¡ Dejar
hacer y dejar pasar a una clase política que ha quedado rebasada por la nueva sociedad
guerrerense!".
La diputada
Laura Alicia Garza Galindo
(desde su curul):: |
¡Que le bajen el volumen!
Perdóneme diputada, ¿desea hacer
usted uso de la palabra?
La diputada
Laura Alicia Garza Galindo
(desde su curul):: |
¡Para una observación!
¿Nos permite? El personal de
Oficialía Mayor le va a llevar un micrófono.
¿Con que objeto es la intervención, la
solicitud de la palabra?
La diputada
Laura Alicia Garza Galindo
(desde su curul): |
Para hacer una observación.
Adelante, diputada.
La diputada
Laura Alicia Garza Galindo
(desde su curul):: |
Creo que los oídos resisten cierto
grado de decibeles y el señor en la tribuna está abusando de ellos. O le bajan el
volumen o él por favor que le baje al suyo.
Gracias.
Continúe el orador, si es tan
amable.
| El diputado
Martín Mora Aguirre: |
"... dejar hacer y dejar pasar a
una clase política que ha quedado rebasada por una nueva sociedad guerrerense, puede
ocasionar una confrontación de magnitudes incalculables.
Aguas Blancas ocurrió porque no supimos
interpretar los mensaje anteriores, que nos avisaban de una descomposición en el Estado
guerrerense. El EPR tuvo como pretexto la incapacidad del sistema para castigar a los
genocidas.
Cada paso que hemos dado en esta ruta de
sangre nos ha llevado a callejones más estrechos. Evitemos entre todos que se cierre el
camino que nos trazó la sociedad el 6 de julio. Así, la corrupción es otro factor que
lacera las entrañas de los derechos ciudadanos...
Diputado Mora, su tiempo se está
agotando. ¿Está usted a punto de concluir?
| El diputado
Martín Mora Aguirre: |
Sí señor.
Concluya por favor, diputado Mora.
| El diputado
Martín Mora Aguirre: |
...Así, existen grupos en el poder
en Guerrero que protegen a presidentes municipales corruptos y un ejemplo de ello es el
caso Tlachapa, donde militantes del PRI, PAN y PRD cumplen hoy 30 días en un plantón
contra la corrupción.
Desde la más alta tribuna de la nación
exigimos se castigue, como lo mandata la ley, al presidente municipal de ese municipio, a
quien se le han comprobado una serie de corruptelas.
Le puedo decir al bronx que ellos reclaman
un minuto de tiempo: ¡nuestros paisanos, más las viudas y los huérfanos, reclaman
justicia, a esta Cámara de Diputados!
Diputado, por favor, no establezca
diálogos con la Asamblea. Absténgase diputado de hacer diálogos. ¡Su tiempo se ha
agotado, diputado Mora!
| El diputado
Martín Mora Aguirre: |
Para terminar, propongo que esta
Cámara, donde están representadas las corrientes políticas más significativas de la
nación, miren hacia Guerrero. ¡Busquemos la forma de usar el peso político de esta
institución para evitar que una de las partes de la Unión se hunda en la violencia! ¡No
planteo la injerencia en la soberanía del Estado, sino que...
¡Diputado Mora, un momento! ¡Un
momento, diputado Mora! ¡Diputado Mora, sírvase concluir!
| El diputado
Martín Mora Aguirre: |
...Entre las diversas fuerzas
políticas y sociales! Gracias."
Esta Presidencia les recuerda a los
diputados que están inscritos para participar en los debates que conforman la denominada
agenda política, que los mismos se están desarrollando de acuerdo a las previsiones del
artículo 23 del acuerdo parlamentario. Sírvanse sujetarse a las disposiciones en cuanto
al tiempo, de otro modo la Presidencia se verá obligada a retirarles el sonido a los
oradores, conforme es la previsión también de carácter reglamentario.
Tiene la palabra para hablar en nombre del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Efraín Zúñiga
Galeana.
Diputado Zúñiga Galeana, dispone usted de
10 minutos.
| El diputado Efraín Zúñiga Galeana: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Como guerrerense me duele que esta tribuna
del Congreso de la Unión vuelva a ser el escenario donde se menciona a mi tierra. Para
unos, los 64 mil kilómetros de la geografía agreste de Guerrero son 64 mil kilómetros
de violencia o de inseguridad; para mí, esa geografía son 64 mil kilómetros. de
esfuerzo, de un pueblo noble, son 64 mil kilómetros. de cultura, de leyenda y de un
esfuerzo por servir a México.
Aquí en estos muros, el mayor número de
los nombres que leemos son guerrerenses, porque fueron héroes auténticos que vivieron y
supieron luchar por su patria. A nosotros, como priístas, como guerrerenses, nos preocupa
la violencia en Guerrero, la reconocemos, decimos que en ocasiones hay problemas de
violencia y derramamiento de sangre, no lo podemos ocultar, pero queremos afirmar que la
violencia en Guerrero tiene su origen en un rezago centenario de mi Estado, en un rezago
histórico que no data de noviembre de 1997 de acuerdo con los acontecimientos que aquí
se han mencionado, surge con Juan Alvarez, cuando se erigió el Estado de Guerrero y se
dieron ya los enfrentamientos políticos entre la clase política guerrerense y desde
entonces hemos vivido problemas de desestabilización social que ahora nosotros los
guerrerenses estamos a tiempo de responder, contribuir al fortalecimiento de las
instituciones.
La violencia en Guerrero requiere de la
buena fe, de la intención más limpia de todos los partidos políticos, de la buena fe de
todos los guerrerenses, porque no podemos de un hecho violento, de un derramamiento de
sangre, sacar ventajas políticas, no se trata de eso; se trata de encontrar caminos para
reconstruir la paz en el Estado y se trata de buscar caminos para en el derecho poder
construir una sociedad pacífica que trabaje, que honre el bienestar y que realmente en mi
Estado se viva una etapa de progreso distinta a la que hemos vivido.
No se trata pues de hacer de un hecho
violento un acto de militancia política, no considero conveniente que los partidos
políticos hagan sus actos masivos en pompas fúnebres o que vayan a un velorio a poner
los logotipos de sus partidos políticos. Les va a salir muy caro, señores del PRD, poner
en todos los panteones de México el logotipo del PRD en cada tumba, porque eso no es lo
más conveniente.
Se mencionó aquí el caso de Cacalutla y
quiero dejarle a la Secretaría, es el único caso que realmente está documentado, es el
único caso...
Si, permítame, señor diputado
Efraín Zúñiga Galeana, un compañero diputado tiene interés en hacerle una
interpelación. ¿Acepta usted?
| El diputado
Efraín Zúñiga Galeana: |
Con mucho gusto.
Permítame, luego le llevan un
micrófono, diputado.
El diputado
Jesús Samuel Maldonado Bautista
(desde su curul): |
Con todo respeto, señor diputado, el
asesinato de Luis Donaldo Colosio que ha ocasionado una serie de estatuas...
| El diputado
Efraín Zúñiga Galeana: |
No es el caso, señor Presidente;
está fuera de tema, señor Presidente.
Inicie por favor su interpelación
centrándola en el tema, por favor.
El diputado
Jesús Samuel Maldonado Bautista
(desde su curul): |
Por eso, en el caso específico del
asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿está usted de acuerdo en que el PRI respetuosamente
le haya hecho un sinnúmero de honores y celebraciones?
Señor diputado, usted puede no
responder la interpelación si gusta.
| El diputado
Efraín Zúñiga Galeana: |
No, no es el caso, no es el caso,
señor Presidente. No la contesto porque la considero una pregunta imprudente, fuera del
tema y que trata solamente de exponer un tema que para nosotros está superado.
Vuelvo al tema, señor Presidente.
Hablábamos de Cacalutla y quiero dejar
aquí en la Secretaría, las actuaciones del Ministerio Público y quiero decirle a la
opinión pública nacional y a las señoras diputadas y diputados, que este asunto está
en trámite en el juzgado de Tecpan de Galeana, Guerrero, los 15 policías judiciales que
estuvieron involucrados en estos hechos delictuosos están detenidos en la cárcel de
Tecpan y están formalmente presos.
Aquí entrego la prueba, señor Presidente,
a la Secretaría. No vamos a responsabilizar al gobierno de un hecho delictuoso cometido
por agentes de la policía judicial cuando iban a realizar una orden de aprehensión, yo
no soy defensor de policías, quiero reconocer que esos policías cometieron un exceso,
que cometieron una arbitrariedad y por eso están formalmente presos, señores diputados
del PRD.
Yo quiero decirles, pues, que convoco a
todos los partidos políticos a que trabajemos en unidad, que trabajemos en favor de la
justicia de Guerrero, que busquemos su paz y busquemos la redención de su gente, que no
tratemos de enfrentarnos innecesariamente. Nosotros aquí proponemos al Congreso de la
Unión, a la Cámara de Diputados, más bien dicho a la honorable Cámara de Diputados,
que integremos una comisión plural, una comisión plural donde estén representados todos
los partidos políticos, que vayamos a Guerrero, allá a donde se deben de ver los
problemas, allá donde se deben resolver los problemas, para que conozcamos directamente
de las autoridades las informaciones que tienen en relación con todos los sucesos
violentos que han padecido los guerrerenses en los últimos años.
Yo considero pues que si queremos ayudar a
que se mejore el Estado de Guerrero, a que se resuelvan los problemas de violencia,
necesitamos nosotros los diputados que estamos en esta Cámara, ayudar a programas para
que se reivindiquen los derechos campesinos de la sierra de Guerrero, del filo mayor, de
los cafetaleros, de los copreros, de los ejidos forestales, para que haya una
transformación de las condiciones de vida de 300 mil indígenas que viven en la montaña
Tlapaneca.
Yo estoy de acuerdo en que nosotros
necesitamos revisar las condiciones en que viven las colonias populares de Acapulco, ahí
donde se da el mayor número de problemas de violencia que hemos estado viendo en el
Estado de Guerrero. No hay un propósito del gobierno de perseguir a las personas, no hay
listas negras.
A lo mejor el diputado Martín Mora se
equivoca y vio el padrón electoral donde yo aparezco como elector, sería la única lista
negra, porque yo realmente no conozco listas negras de políticos perredistas, de ningún
partido político en Guerrero.
Por eso aquí, les pido a todos ustedes que
voten en favor de la constitución de una comisión plural que traiga a esta Cámara la
información de cómo el Gobierno ha tramitado a través del Ministerio Público en todos
los juzgados, donde ha habido acontecimientos violentos, la consignación de responsables
de estos hechos delictuosos.
No hay en Guerrero un propósito de
mantener impunidad, no hay un propósito de ocultar un hecho negativo, el Gobierno, en el
caso de Cacalutla, Martín Mora, va a aplicar todo el peso de la ley, no habrá perdón ni
disculpa ni desistimiento de la acción penal, en el caso de los 15 policías judiciales
que cometieron este aberrante y proditorio crimen. Nosotros no consideramos que eso sea
una justificación.
Pactemos un compromiso de unidad, luchemos
todos juntos contra la violencia, reconocemos su existencia y los convocamos nosotros a
buscar caminos de paz, caminos del derecho para poder reivindicar la justicia de
campesinos, de estudiantes, de obreros y de clases populares en Guerrero.
Muchas gracias.
¿Con qué objeto, diputado Mora?
¿Para contestar alusiones personales?
Están solicitando la palabra el diputado
López Rojas, el diputado Mora y el diputado Pablo Sandoval. Sírvase, compañero
vicepresidente, tomar nota.
Esta Presidencia, a efecto de garantizar el
debate y la deliberación en relación al tema que nos ocupa, procederá en consecuencia,
en la aplicación del artículo 24, a conceder el uso de la palabra al diputado Mora por
la vía de la rectificación de hechos. La Presidencia le concede cinco minutos, diputado
Mora.
| El diputado Martín Mora Aguirre: |
Gracias, señor Presidente:
Efectivamente, una de las formas para saber
si hay listas negras, una de las formas para saber sobre cómo actúan los policías
judiciales que dependen del gobierno del Estado, efectivamente, yo no he dicho en ningún
momento que es el gobierno del Estado el que los manda masacrar; he dicho que han sido
policías judiciales los que han masacrado a muchos guerrerenses y que ellos entonces no
tienen ningún control, el gobierno no tiene ningún control sobre la policía judicial,
que todos los días, a diario, suceden casos donde efectivamente están ya sea matando, ya
sea golpeando, ya sea secuestrando, los policías judiciales.
No hace mucho, al propio director de la
Policía Judicial, a ese señor se le vinculó con una banda de secuestradores que
operaban en Morelos y en Guerrero y eso lo hacían policías judiciales de Guerrero.
Vargas Nájera se llama este personaje que además, al ser destituido, ¿por qué lo
mandan de director del fideicomiso Bahía de Zihuatanejo? Esto es el colmo en un gobierno;
si no los protege, que los castigue.
Y nosotros desde aquí le tomamos la
palabra a nuestro compañero diputado Efraín Zúñiga, para que se haga esa comisión
plural. Son tiempos de pluralidad en México, vamos integrando esa comisión y vamos
investigando quiénes están haciendo estas cosas desde la oscuridad en el Estado de
Guerrero.
Gracias.
Tiene la palabra el diputado Alberto
López Rosas, para rectificación de hechos.
| El diputado Alberto López Rosas: |
Con su venia, señor Presidente:
Hemos comprobado el día de hoy que la
fracción priísta tiene muy buenos oídos, entonces ¿por qué no escuchan el clamor del
pueblo guerrerense?
Cuando en marzo de 1996 asumió la
gubernatura del Estado de Guerrero el ciudadano Angel Eladio Aguirre Rivero, surgió en
algunos de sus habitantes la esperanza de que entraría una etapa de concordia y de
reencuentro entre los guerrerenses. A más de un año, vemos que eran falsas expectativas,
que la violencia en la entidad no se fue con Rubén Figueroa Alcocer, sino que ésta se
agudizó, intensificándose la escala de terror que se vive en diversas regiones del
Estado, precisamente donde se asientan el Ejército y las fuerzas policiales locales,
desplazamiento de sus habitantes en búsqueda de garantías para su vida, exilios como en
el caso del ex diputado local Ranferi Hernández, quien se encuentra bajo la protección
del gobierno francés.
Más de 55 homicidios en lo que va del
gobierno de Angel Aguirre, la mayoría aún en impunidad. ¿A quién beneficia la
violencia en Guerrero? ¿Es conveniente considerar que el pueblo guerrerense ha mantenido
siempre un alto grado de participación política, no obstante...
Permítame un momento diputado López
Rosas. Dígame diputado Castro Justo.
El diputado Juan
José Castro Justo
(desde su curul): |
Pido la palabra, señor Presidente.
¿Con qué objeto?
El diputado Juan
José Castro Justo
(desde su curul): |
Para rectificación de hechos.
Esto procederá hasta que se haya
agotado el turno de oradores, diputado Castro Justo. Continúe diputado.
| El diputado
Alberto López Rosas: |
No obstante los índices de
analfabetismo que se registran, sin embargo su lucha ha sido sobre todo en las últimas
décadas a través de la vía electoral y no violenta. Esto se constata a través de la
alta participación que se ha tenido en las elecciones municipales y federales. En esta
última, el pueblo de la Costa Grande del centro del Estado y de Acapulco, votaron a favor
de un cambio, una decisión que sin duda hoy reciente las consecuencias con la represión,
a través de los homicidios múltiples, que inclusive llegó a Acapulco a través de la
muerte del taxista Jesús Gallego Cruz, a manos de la policía motorizada del Estado de
Guerrero, cuyo cuerpo después de ser salvajemente golpeado, fue incendiado en el interior
de su unidad.
Ciertamente los presuntos homicidas se
encuentran detenidos, pero esto no satisface, porque los cuerpos policiacos encargados de
la seguridad ciudadana son quienes cometen los peores crímenes en la entidad. En la
recomendación de...
Un momento señor diputado. Le ruego
al operador de sonido que cuando se desarrollen los debates, no retire el sonido de la
Presidencia, para una mayor eficacia en el manejo de los mismos.
Perdone señor diputado, por allá el
diputado Cuauhtémoc Salgado, ¿con qué objeto diputado?
El diputado
Cuauhtémoc Salgado Romero
(desde su curul): |
Para rectificación de hechos.
Sí. Permítame informarles: la
Presidencia recomienda a los diputados que se interesen en el debate y deseen participar
en el mismo, se abstengan de solicitar la palabra para rectificación de hechos y lo hagan
hasta que los oradores hayan concluido su intervención. Unica y exclusivamente en
tratándose de interpelaciones, esta Presidencia aceptaría la interrupción del orador.
Adelante, señor diputado.
| El diputado
Alberto López Rosas: |
Gracias, señor Presidente:
Es una chicana legal, como decimos en la
abogacía y continuaré, señor Presidente.
En la recomendación 104/95, emitida por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se estableció la propuesta al gobierno del
Estado para la reestructuración de los cuerpos policiales. No obstante ello, estos
continúan con la impunidad que les da la fuerza y tolerancia del Estado. Si no el
gobierno del Estado el que propicia esos actos ilícitos, cuando menos ante la impunidad
de la mayoría de los autores, sí los fomentan, puesto que diversos homicidios han
quedado en la impunidad.
Aquí tengo las pruebas señor diputado
Efraín Zúñiga. ¿Dónde está la justicia en Guerrero? ¿Quién alienta la violencia?
¿Quién la protege? Es inexplicable que la presencia militar en el Estado de Guerrero
obedezca al combate al narcotráfico, según la versión oficial y a la persecución del
EPR y ante el número de bases militares instaladas que resultan excesivas y que por
cierto el gobernador ha solicitado hace unos días la instalación de unas más, se
generen hechos delictivos como los que estamos denunciando.
Si no es capaz la presencia militar y los
diversos grupos policiales de detener la violencia, entonces concluiremos que los grupos
paramilitares tienen protección oficial, salvo prueba en contrario.
No es con la represión como los
guerrerenses resolveremos nuestros problemas, entendámonos de una vez, es indispensable
suspender el hostigamiento a la población y, en su derecho constitucional, permitirles
que se organicen social y políticamente. No se puede olvidar que uno de los principales
objetivos del Estado es preservar la vida, armonizar la convivencia y procurar la
justicia. Quien no entienda esos valores, no entiende lo que es gobernar y termina como un
rehén de los diversos intereses de grupos que lo inmovilizan para tomar decisiones.
Ante ello y por la urgente necesidad de
parar la violencia en el Estado de Guerrero, pido a esta Cámara la integración de una
comisión plural que traslade al Estado de Guerrero y a las diversas regiones para que
constate el clima político que se vive en esos lugres e informe a esta soberanía lo que
percibe en la entidad, a fin de hacer las recomendaciones que a su competencia
corresponda.
Hago entrega a la Secretaría de esta
petición por escrito. Queremos vivir en armonía en Guerrero y queremos que todos tomemos
conciencia de este grave daño que nos lacera y nos lastima a todos los guerrerenses.
Muchas gracias.
El diputado
Salvio Herrera Lozano
(desde su curul): |
Señor Presidente.
¿Dígame diputado Salvio Herrera,
con qué objeto diputado?
El diputado
Salvio Herrera Lozano
(desde su curul): |
Para rectificar hechos, que me
registre como orador.
Esta Presidencia, hace la siguiente
consideración. Cuando el orden del día queda en manos de la directiva y se plantea la
parte relativa a la agenda política, no se hace referencia a la presentación de
proposiciones, sin embargo, hemos venido viendo en el desarrollo de las sesiones últimas,
cómo en el desarrollo de la parte deliberativa o que se denomina como agenda política,
la presentación de los diputados o la participación de los diputados inevitablemente
deriva en la presentación de proposiciones, mismas que merecen un tratamiento diferente a
las previsiones del artículo 23 del acuerdo parlamentario.
La Presidencia aprovecha la ocasión para
solicitar amablemente a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política actuar
en consecuencia, para que de esta manera el orden del día, que se presente para la
discusión de los diputados, sea garantía de efectividad y de eficacia en el manejo de
los asuntos que interesan a los representantes populares.
En este orden, la Presidencia va a conceder
el uso de la palabra, alternando a los oradores conforme a disposiciones diversas del
reglamento. Consecuentemente concedo el uso de la palabra, hasta por cinco minutos y para
rectificación de hechos, al señor diputado Juan José Castro Justo.
| El diputado Juan
José Castro Justo: |
Señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Es lamentable para los priístas que
vengamos a esta tribuna, efectivamente a reconocer parte de la realidad de lo que se vive
en Guerrero. No podemos negar, como decía mi compañero Efraín Zúñiga, que en Guerrero
se dan hechos de violencia; esa es la realidad.
No es una violencia generalizada, pero sí
es un problema que enfrenta Guerrero desde hace muchos años. Hemos reconocido todos los
militantes de un partido y de otro, que los problemas de violencia de Guerrero están
vinculados lamentablemente, a su atraso social, a su marginación, ésa es la realidad.
No coincidimos en que de estos hechos de
violencia, se señale al gobierno como responsable.
No podría haber un gobernante que promueva
violencia para encontrarse así mismo con dificultades para gobernar.
El gobierno rechaza la violencia; los
priístas también rechazamos la violencia y tenemos que encontrar los caminos para
enfrentar, los guerrerenses todos, con todas nuestras posiciones ideológicas y
partidistas y el propio gobierno, la mejor manera para poderlo superar.
Aquí se ha señalado otro hecho lamentable
de violencia que se dio en el puerto de Acapulco, la muerte de un taxista, efectivamente
por elementos de la policía, que también han sido consignados y están formalmente
presos. La justicia se está aplicando y efectivamente éste es un problema que nos debe
de preocupar y que debemos de encontrar la forma de cómo superarlo.
Yo creo que aquí se ha hecho un
planteamiento por Efraín Zúñiga, también por el diputado López Rosas, para crear un
grupo plural, para dar seguimiento a los casos que aquí se denuncian y esclarecerlos de
la mejor manera, para conocer la verdad auténtica que nos dé mejores elementos de juicio
a unos y a otros.
Rechazamos la violencia, queremos que este
problema ya no lesione a Guerrero en su estabilidad política. Su inestabilidad política
es en mucho lo que ha contribuido a su atraso y a su marginación.
El gobierno, los partidos y los diputados
tenemos una responsabilidad muy grave que cumplir, para que nuestros reclamos, para que
nuestros anhelos de justicia, para que el esclarecimiento de hechos de violencia no
lesionan la estabilidad política de Guerrero. Esto, finalmente, es una corresponsabilidad
de priístas y de perredistas como fuerzas fundamentales del Estado.
Lo mismo, gobiernan municipios priístas
que perredistas; lo mismo hay en el Congreso local diputados priístas que perredistas y
lo mismo están aquí representados dos partidos. Este es un problema común que debemos
de ver con toda responsabilidad, con altura, con entendimiento, como corresponde a la
pluralidad y a la democracia que nosotros queremos construir.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado
Cuauhtémoc Salgado. Después del orador Cuauhtémoc Salgado, alternaré a los dos
oradores, por la razón de que hasta este momento, por un principio de equidad, hasta este
momento han hablado los diputados Mora y Zúñiga. Después de estas intervenciones, de 10
minutos cada una, ya ha habido dos intervenciones del PRD por la vía de la rectificación
de hechos. Va una sola del Partido Revolucionario Institucional ¿Declina, diputado
Salgado? Le concede su turno al diputado Pablo Sandoval. Si es tan amable, cuenta usted
con cinco minutos, diputado Sandoval Ramírez.
Habiéndose excedido el tiempo
reglamentario de esta sesión, se decreta la prórroga de la misma hasta agotar los
asuntos que la motivaron. Por favor, señor diputado.
| El diputado Pablo Sandoval Ramírez: |
Compañeras y compañeros diputados:
Es conocida esta argumentación: el atraso
social como determinante de los fenómenos de violencia. Esta fue la argumentación
priísta y gubernamental en el caso de Chiapas: aludir a las causas estructurales,
añejas, seculares de los problemas de violencia. Sin embargo, lo que debemos advertir es
por una parte la intensificación de estos fenómenos de violencia y, por otro lado, no
dejar de advertir la responsabilidad de este régimen hegemonizado por el Partido
Revolucionario Institucional, que ha dominado por largas décadas en el país y desde
luego en el Estado de Guerrero y que en todo caso es el responsable de este atraso social.
Nos referimos más específicamente, pues,
a la exacerbación de la violencia en el Estado de Guerrero en este periodo reciente. No
casualmente quienes han sido ofendidos, básicamente agredidos, son militantes del Partido
de la Revolución Democrática. Es un hecho muy grave el que aquí ha sido denunciado por
nuestro compañero Martín Mora Aguirre.
Ha sido herido recientemente, hace una
semana, el diputado federal César Abelardo Ramírez Ramos, diputado federal suplente, que
fue agredido en el marco de la exacerbación del conflicto frente al PRD, de esta
violencia generalizada, que es característica en el Estado de Guerrero en esta hora.
Lo de Acapulco no es un hecho menor. El
taxista Jesús Gallego Cruz, trabajando la tarde del domingo 23 de noviembre, fue rebasado
por una patrulla de la policía judicial y obligado a hacerse a un lado -él obviamente
protestó-, no sabía ni siquiera de quién se trataba.
Inmediatamente fue detenido, golpeado,
herido, con mucha sangre fue retirado, se le metió a la cajuela de su taxi y fue llevado
a las zonas aledañas de la ciudad, en donde se le prendió fuego a su auto y fue tirado
en una barranca. Es decir, no se trata de hechos aislados, no se trata de una situación
en la que hay, como se dice aquí por los diputados priístas, el castigo idóneo, sino lo
que debemos advertir es una situación de violencia generalizada, que tiene en el fondo un
clima de impunidad y que exacerba este tipo de fenómenos.
Por ello hemos planteado, ya de tiempo
atrás, abordar rápidamente esta situación, hemos señalado también el caso de los
presos políticos, no es casual que mientras Rubén Figueroa goce de total impunidad, a
pesar de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a pesar de las
resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los dirigentes de la
Organización Campesina de la Sierra del Sur, se encuentren presos en el penal de
Acapulco.
Es verdaderamente absurdo, agresivo, el que
los masacrados de Aguas Blancas, los dirigentes de la Organización Campesina estén
presos y los responsables por acción u omisión de esta masacre, se encuentren gozando de
total impunidad, encabezados por Rubén Figueroa.
Por ello es importante, efectivamente, el
que hoy tomemos una resolución unitaria, en el sentido de nombrar una comisión plural
que se traslade al Estado de Guerrero y dé un informe a esta Cámara de Diputados.
Creemos que este hecho va a tener una alta
importancia política, y propongo que se tome una resolución inmediata al respecto.
Muchas gracias.
También para la rectificación de
hechos, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Cuauhtémoc Salgado.
| El diputado
Cuauhtémoc Salgado Romero: |
Con su permiso, señor Presidente:
Hoy se toca en esta máxima tribuna el tema
que a todos los guerrerenses y más bien a todos los mexicanos nos preocupa: la violencia.
Soy militante del Partido Revolucionario
Institucional, en lo que corresponde al I distrito electoral federal, con cabecera en
Coyuca de Catalán.
Desde que tengo uso de razón y por
comentarios de personas mayores, este tipo de situaciones se han presentado siempre.
Existen diferentes factores que han
inducido a cometer actos criminales. Algunos de estos factores es el nivel cultural que se
tiene, la pobreza extrema en que se vive, la rivalidad entre familias, en fin, hasta el
estado anímico de las personas influye para cometer todo tipo de ilícitos.
Hoy tal parece que aquí se trata de
confundir a los señores diputados y a los diferentes medios de comunicación, que la
violencia en Guerrero es originada en parte por el Gobierno. Eso no es justo. No podemos
generalizar ni podemos satanizar la acción del Gobierno...
El diputado
Alberto López Rosas
(desde su curul): |
Señor Presidente.
Permítame, señor diputado Salgado.
¿Con qué objeto, diputado López?
El diputado
Alberto López Rosas
(desde su curul): |
Pregunte al orador si acepta una
interpelación.
Señor diputado Salgado; es deseo del
diputado López hacerle una interpelación ¿La acepta?
| El diputado
Cuauhtémoc Salgado Romero:: |
¡No! No la acepto, señor
Presidente.
No es aceptada. Continúe su
exposición, diputado Salgado, si es tan amable.
| El diputado
Cuauhtémoc Salgado Romero:: |
Hay que reconocerlo, sí es cierto,
que ha habido abusos de elementos policiacos. Pero a éstos, cuando se les comprueba su
responsabilidad, inmediatamente se procede conforme a derecho.
Reitero, no podemos generalizar de que lo
que aquí se ha planteado sea producto del aparato gubernamental.
Asimismo hace un momento se mencionó en
relación al municipio de Tlaichapa, de que existen actos violentos. Quiero decirlo, con
conocimiento de causa, porque es un municipio que pertenece a mi distrito, un municipio
donde el PRI ganó y, en efecto, existía un plantón desde hace cerca de 30 días,
integrado por un grupo plural de diferentes partidos políticos y se está estudiando, se
está analizando por parte de la autoridad competente, por parte de la Contraloría y de
glosa del Estado, la situación legal, los desvíos, si es que los hubo, por parte del
presidente municipal.
Pero sí quiero aclarar de que no hay
respuesta alguna en relación a este planteamiento.
Asimismo hace un momento el diputado Rosas
mencionó de que no se acató lo dispuesto por la recomendación que emitió la Comisión
Nacional de Derechos Humanos en el asunto de Aguas Blancas, en relación al cuerpo
policiaco.
Quiero decirle que sí se acató esa
recomendación en relación a los policías, ya que inmediatamente llegó a manos del
gobernador, los cuerpos policiacos inmediatamente se empezaron a depurar y a capacitar al
máximo. Por lo tanto podemos decir que se ha avanzado en esta materia.
Por último, manifiesto a esta Asamblea de
que nosotros, los diputados priístas del Estado de Guerrero, estamos de acuerdo con la
propuesta que se ha hecho por parte del diputado Zúñiga y por parte del diputado López
Rosas, en que se integre un grupo plural, un grupo dentro de la Comisión de Derechos
Humanos, para que pueda ir a supervisar, para que pueda darse cuenta realmente de la
situación que está pasando en el Estado de Guerrero y se pueda informar a esta Asamblea,
al igual que a los diferentes medios de comunicación, la situación que guarda cada uno
de los casos de violencia que se han presentado en el Estado de Guerrero.
Gracias.
Para rectificar hechos, tiene la
palabra la diputada María de la Luz Núñez Ramos, del Partido de la Revolución
Democrática.
| La diputada
María de la Luz Núñez Ramos: |
Gracias, señor Presidente:
Guerrero no es un Estado pobre, somos un
Estado de pobreza, muy mal gobernado, con una infame distribución de la riqueza, con
desigualdades descomunales.
En Guerrero, como ya lo ha señalado mi
compañeros, la impunidad no se castiga, se premia. En cambio, las propuestas, las
solicitudes, las súplicas, no son atendidas. Existe, por ejemplo, la palabra de honor del
Presidente de la República, de implementar un plan de desarrollo para la Costa Grande.
Las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tanto en la
reestructuración policiaca, que no es lo que el compañero que me antecedió, a su
manera, han reestructurado a los cuerpos de policía y no como el pueblo lo ha pedido.
Las recomendaciones también que sustenta
la demanda del programa regional, la recomendación 104-95 no ha sido cumplida. En cambio
la impunidad, la violencia, el caciquismo caótico, la militarización, se acentúan.
¡Prefieren invertir en la guerra que en la paz! ¡Prefieren gastar en la militarización
de las zonas enviando tropas en números descomunales, para luego salir y diciendo que han
apresado a un miembro del EPR! ¡Decenas y decenas de policías y de soldados andan por la
sierra buscando a eperristas! ¡Si todo eso lo invirtieran en desarrollo, otra cosa sería
nuestro Estado!
Efectivamente están presos los 14
policías que asesinaron a un niño y a un ciudadano en Cacalutla, municipio de Atoyac de
Alvarez. Pero están presos gracias a que el pueblo se movilizó. El día domingo
estuvimos ahí con el pueblo de Atoyac, en un mitin, antes de salir a una marcha que
hicieron los ciudadanos de Atoyac de Alvarez hacia la capital del Estado. Gracias a eso es
que están presos.
Nosotros queremos decirles: en Guerrero ya
no queremos más gobiernos simuladores, que mienten. Caciques que tienen como forma de
gobierno la exclusión y la impunidad, la violencia. Queremos gobiernos democráticos,
incluyentes y respetuosos del orden constitucional.
Compañeros diputados: estamos aquí para
arreglar y no lo contrario. ¡Aceptamos la propuesta de los compañeros del PRI!
¡Aceptamos que se forme una comisión plural que ex profeso atienda en dos meses, en base
a sus investigaciones entreguen un informe a la Comisión de Derechos Humanos de esta
Cámara de Diputados!
Pedimos, pues, que se turne a la Comisión
de Derechos Humanos de esta Cámara y en dos meses nos vengan a decir la verdad de lo que
en Guerrero se vive.
Gracias.
Esta Presidencia, atendiendo el
planteamiento de la diputada Núñez Ramos, pregunta a los diputados del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional si van a agotar la participación a
través de la intervención del diputado Salvio Herrera, o dan ya, habida cuenta que el
PRD se está sumando a la proposición del diputado Núñez, por discutido el asunto.
El diputado Salvio Herrera tiene la
palabra, por cinco minutos.
| El diputado
Salvio Herrera Lozano: |
Con su permiso, señor Presidente:
Yo creo que algunos aspectos que se han
señalado son dignos de analizar, pero también considero que algunos compañeros
diputados se dejan llevar por aspectos partidistas y no reconocen el esfuerzo que se está
haciendo en el Estado, como en muchos estados de la República, por combatir la impunidad.
Sabemos que la delincuencia es un problema
que se da en el Estado de Guerrero, como se da en la Ciudad de México o en cualquier
parte del país. Pero sí debo de señalar que en el Estado de Guerrero el gobernador,
Angel Aguirre, ha dicho y ha puesto en práctica su actitud de no tolerar la impunidad y
de que se haga justicia caiga quien caiga. Es por ello que hace algunas semanas se hizo la
reestructuración de los cuerpos policiacos que despertó muchas inquietudes, pero que se
va a continuar con este propósito de que se erradique la impunidad y se erradiquen las
prácticas anticonstitucionales.
Se ha apoyado también a la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, no solamente con un nuevo edificio, sino también respetando
sus atribuciones y serán ellos, los integrantes, quienes en un plano de autonomía
tendrán que hacer valer sus facultades para llevar adelante las investigaciones de los
casos de desaparecidos, de los casos de asesinados, como aquí se ha señalado.
Y la misma diputada María de la Luz
Núñez Ramos no me dejará mentir, porque ella sabe que en Atoyac, como en muchos
municipios de la Costa Grande, ha habido problemas de inseguridad y problemas de
asesinatos que no pudiéramos atribuirlos a la misma diputada, porque sabemos que a veces
estas cosas rebasan, rebasan la propia facultad de las autoridades municipales o de los
gobiernos de los estados.
Ha habido también asesinados y
desaparecidos en el Estado de Guerrero, no solamente perredistas, ha habido priístas
también, pero que nosotros en una actitud responsable lo hemos canalizado por las
autoridades competentes del fuero común y no los podemos politizar. Yo podría señalar,
por ejemplo, priístas asesinados en el caso de Atoyac; en Agua Fría tenemos a Marcial
Orbe Zarco; a Luis Orbe Zarco, a Leoncio Orbe Zarco, tenemos a Fidencio Guerrero; tenemos
en El Escorpión, a Ramiro Mecido Galicia; tenemos en El Achotal, a Antonio Arreola Moreno
y tenemos en otros municipios también, como en Ayutla, como en Tepetixtla, donde
asesinaron al profesor Benítez, un destacado dirigente de Tepetixtla, pero que nosotros
no podemos prejuzgar y pensar que fue una cuestión partidista; posiblemente fueron
problemas que se dan desafortunadamente en nuestras regiones.
Por eso, yo clamo a la cordura. Creo que
nuestra postura más indicada es cerrar filas entre todos los partidos políticos por
luchar, porque nuestro Estado de Guerrero, como en otros estados que todavía hay
problemas de incultura, de analfabetismo, podamos luchar juntos para que haya mayores
presupuestos en educación, en salud y en otros aspectos del desarrollo social.
De esta manera creo que vamos a lograr
mucho y los partidos políticos seguiremos luchando, seguiremos pugnando por nuestras
banderas y nuestros ideales, pero sin dejar de reconocer, como lo hago en este momento,
que el gobernador del Estado, Angel Aguirre, es una persona preocupada, porque se vayan
erradicando esas prácticas de represión, de desapariciones que ha habido y que si no se
ha logrado en su totalidad considero que mucho se va a lograr.
Por nuestra parte, señor Presidente,
considero que está suficientemente discutido y apoyamos el punto de acuerdo para que se
integre la comisión plural y se investiguen esos casos de desaparecidos.
Muchas gracias.
El diputado
Efraín Zúñiga Galeana
(desde su curul): |
Señor Presidente, pido la palabra
para hacer una proposición a la Presidencia.
Ya hay una proposición diputado
Zúñiga. Hay diversas proposiciones, hay una que es de usted, otra que ha hecho el
diputado...
Tiene la palabra el diputado Pioquinto
Damián y posteriormente el diputado Zúñiga.
Esta Presidencia informa que con la
intervención del diputado Pioquinto Damián, suman ocho intervenciones en relación al
tema de la situación que prevalece en el Estado de Guerrero. Evidentemente es un asunto
que se ha discutido suficientemente. Consecuentemente, en aras de la equidad, vamos a
concederle el uso de la palabra al diputado Damián y posteriormente al diputado Zúñiga
y se procederá, de insistir en debatir el tema, a consultar al pleno si el tema se
encuentra suficientemente discutido.
Adelante, diputado Damián.
| El diputado
Pioquinto Damián Huato: |
Señoras diputadas, señores
diputados:
Efectivamente tienen razón mis compañeros
priístas, diputados por el Estado de Guerrero, nuestro Estado es uno de los más
lastimados por la pobreza, por los atrasos, estamos en primeros lugares en todos los
niveles e indicadores sociales; atrasos, rezagos en materia educativa, rezagos en materia
económica, en construcción de viviendas, en agua potable, en caminos y esto
desafortunadamente se ha ido agudizando en la medida en que los gobiernos del PRI han
manejado al Estado como un territorio sin ley.
Nosotros, amigos, Efraín Zúñiga, amigos
diputados priístas, nos referimos efectivamente a la violencia que se da en nuestro
Estado, a los asesinatos; nos referimos a los secuestros, en Chilpancingo, en 15 días ha
habido tres secuestros, tres secuestros de familias que viven constantemente angustiadas
por el miedo a este tipo de fenómenos perniciosos que daña a todas las familias que ya
no vuelven a ser las mismas después de sufrir este tipo de actos.
Nos referimos a los encarcelados por
motivos políticos; nos referimos a los asesinatos y a los crímenes de los policías de
diversas corporaciones, ya se ha reiterado del crimen sanguinario en contra del taxista en
la ciudad de Acapulco, por parte de policías motorizados, quienes vivo lo quemaron en su
propio automóvil; nos referimos a los asesinatos de nuestros compañeros en Cacalutla;
nos referimos, amigos, a las órdenes de aprehensión que están sobre los maestros, más
de 120 órdenes de aprehensión se han dictado en contra de los trabajadores de la
educación y, ¿saben por qué?, porque se han atrevido a reclamar incrementos salariales,
se han atrevido a reclamar que se les pague un bono de 550 pesos que se les debió de
haber pagado en el mes de junio y hasta estos momentos no han sido cubiertos estos
beneficios a los que tienen derecho los trabajadores de la educación.
Nos referimos a la lucha de los compañeros
estudiantes de las escuelas normales en el Estado, de la Normal de Ayotzinapa, de la
"Rafael Ramírez", del "Tren de Iguala", de la Normal del Estado, de
la "Doso Biguri", que no han recibido sus plazas para poderse ir a trabajar, a
pesar de que nosotros sabemos de que hay más de 400 plazas que están generando un
salario de 2 millones y medio de pesos que no se les entrega a los muchachos y que por ese
motivo, por el motivo de reclamar que se les dé trabajo, tienen órdenes de aprehensión.
Nos referimos a las órdenes de
aprehensión que tienen colonos de Acapulco, a ésos nos estamos refiriendo nosotros
compañeros de la diputación priísta, a esa violencia que se genera justamente de las
altas esferas gubernamentales.
Nosotros, nosotros consideramos y estamos
de acuerdo que se forme la comisión y esperamos que esta comisión pronto nos traiga más
luces del estado de violencia e inseguridad que vive nuestro Estado de Guerrero.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Zúñiga
Galeana, por cinco minutos.
| El diputado Efraín Zúñiga Galeana : |
Con su permiso, señor Presidente:
Con objeto de concluir esta discusión,
entre los compañeros del PRD y los compañeros del Partido Revolucionario Institucional,
hemos firmado los diputados del PRI y los diputados del PRD, un punto de acuerdo que dice
lo siguiente, señor Presidente.
Adelante.
| El diputado
Efraín Zúñiga Galeana : |
En términos del artículo 28 del
reglamento, proponemos que se integre una comisión plural y que la Presidencia invite a
los partidos políticos representados en esta Cámara, a designar a dos representantes de
cada uno en votación económica.
Muchas gracias señor.
Firman los diputados: López Rosas, Luz
Núñez y Efraín Zúñiga. Lo dejo en la Secretaría, señor Presidente.
Se agradece la propuesta presentada
por el diputado Zúñiga Galeana, esta Presidencia agradece las sugerencias de los
compañeros diputados que han participado en este debate.
Pero con las facultades que son en favor de
la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y que están previstas en el
artículo 45 fracción II de la Ley Orgánica, esta Presidencia de la mesa directiva
dispone turnar la propuesta al seno de la Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política.
PETROLEO
Para continuar con los asuntos en
cartera, esta Presidencia concede la palabra, hasta por 10 minutos, a la diputada Laura
Itzel Castillo Juárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para que se ocupe del tema relativo a las jurisdicciones en la exploración
del petróleo en el golfo de México.
| La diputada
Laura Itzel Castillo Juárez: |
Bueno, uno de los temas que nos
parece fundamental para esta soberanía, es el referente a nuestra seguridad nacional y a
nuestra propia soberanía como nación. Hay asuntos en los cuales en esta Cámara de
Diputados hay puntos de vista muy divergentes; sin embargo, hay asuntos en los cuales
consideramos que podemos caminar juntos las diputadas y los diputados de las diferentes
fracciones parlamentarias.
Justamente el asunto relacionado con la
exploración en el golfo de México por parte de empresas de Estados Unidos para un
futuro, ahora sí, que procesamiento y extracción de lo que serían los recursos
energéticos en esa región, es lo que nos preocupa como nación y lo que nos preocupa
como diputados de esta soberanía.
Uno de los asuntos que se ha venido
tratando en la Cámara de Senadores, por parte del senador del Partido Acción Nacional,
Conchello, es justamente el referente a una zona que se ha denominado "Las
Donas". Nos preguntamos, ¿cuáles son estas "donas"?, ¿en dónde se
encuentra esta región?, ¿a qué es a lo que se refiere? Y bueno, nos parece que es de
suma importancia que nosotros estemos informados plenamente, como representantes de la
nación, sobre aspectos tan importantes como éste, y justamente la petición de que se
agendara este asunto en el orden del día para debatirlo en la Cámara de Diputados, es
porque consideramos realmente algo fuera de lugar, que mientras se están haciendo toda
una serie de estudios en el golfo de México con relación a una posible extracción del
petróleo, nos quedemos cruzados de brazos como mexicanos ante esta situación.
Y lo importante es llamar la atención al
respecto, ya que consideramos que se requiere que nuestro Gobierno tenga una posición
más firme en relación a estos puntos.
Desde hace muchos años, 20 años ya, se
firmó un tratado de límites marinos y que posteriormente fue ratificado por el Senado de
la República y no ha sido ratificado por el Senado en los Estados Unidos, sino hasta hace
unos pocos días. No sabemos, incluso, cuáles fueron los términos de lo que firmara el
presidente Ernesto Zedillo, hace unos días en Estados Unidos, con el presidente de los
Estados Unidos de América, el señor William Clinton.
Hay toda una serie de dudas con relación a
cuáles son los asuntos que se trataron allá e incluso dentro de la prensa internacional
se maneja que estuvieron presentes en el transcurso de esta reunión, secretarios de
Estado como fue el propio secretario de Energía, el doctor Luis Téllez; sin embargo, en
información también que se ha venido manejando, el propio Secretario de Energía dice
que no estuvo presente en dicha reunión, es decir, toda esta serie de dudas se
acrecientan.
Y resulta que dentro de este tratado que se
firmó hace más de 20 años y ratificado hace 20 por el Senado de los Estados Unidos
Mexicanos, aparece una región que por los trazos geodésicos, dejan unos huecos que son
lo que hemos conocido como "donas" y que justamente en esa región es donde se
encuentran grandes yacimientos de petróleo.
Pero estos yacimientos de petróleo
también los está ahora reclamando ni más ni menos que Cuba y que México como nación
también ha estado participando de esta situación, debido a que gran parte de ese
yacimiento se encuentra dentro de lo que serían los límites de nuestra frontera, y que
en este sentido consideramos fundamental que como nación mexicana exijamos al gobierno de
Estados Unidos que a su vez frene el que se lleve a cabo esta exploración en esta
región.
Y decimos aquí que desde hace varios meses
se han venido realizado diferentes estudios por parte de empresas de los Estados Unidos.
Estas prospecciones que se han venido llevando a cabo en lo que corresponde a la zona
económica exclusiva de México, de acuerdo con el compromiso de buena vecindad de materia
de límites marinos fronterizos existentes en los Estados Unidos y México desde los años
setenta.
Sin embargo, como hemos manifestado, no
existe realmente una información que podamos nosotros decir lo suficientemente vasta como
para tomar determinaciones en este asunto; sin embargo, creemos necesario que por parte
del canciller José Angel Gurría, se dé una información a esta Cámara de Diputados.
Si bien es cierto, el Senado de la
República es conforme a la Constitución, quien tiene injerencia en estos asuntos en
materia de firmas de tratados y convenios a nivel internacional, sería importante que
esta Cámara de Diputados tuviera una mayor participación en estos asuntos, tuviera una
mayor participación, porque somos representantes igualmente de la nación, y como tales,
siendo una cuestión de asunto de seguridad nacional, tendríamos que estar al pendiente
de lo que se está tratando en este golfo de México, que no consideramos lejano el
momento en que se pudiera plantear por parte de otra nación que, incluso, se le cambiara
el nombre y no fuera el golfo de México, sino el golfo de los Estados Unidos de América.
El hueco del que hablamos, de esta llamada
"dona", tiene toda una serie de características importantes, ya que son 129
millas náuticas de extensión.
Sabemos que se ha venido haciendo toda una
serie de exploraciones, de prospecciones y que en este sentido una empresa petrolera
llamada Reeden and Beisk Corporation ha hecho un pedido a una empresa Samsumm, para que en
1999 sea entregado un barco plataforma marina, con la capacidad cuatro veces mayor a la
normal para la extracción del petróleo.
Esta plataforma móvil tiene
aproximadamente 200 metros de largo por 49 de ancho y es capaz de perforar hasta 11 mil
metros por debajo del nivel del mar.
Un estudio técnico realizado, publicado en
1981, comprobó que el área del golfo de México que incide en esta región, tiene una
extensión de 152 mil 660 kilómetros cuadrados y que existen yacimientos de
hidrocarburos, cuyo volumen puede alcanzar los 21.99 billones de barriles de petróleo y
cerca de 44.4 trillones de pies cúbicos de gas.
Por esta razón nos podemos dar obviamente
cuenta de la importancia que representa para el mundo y la importancia que representa esta
región para México, para Estados Unidos y también para Cuba.
Ante esta circunstancia y porque también
sabemos que de continuarse por esta política, se puede llegar al momento en el que en
esta región llamada "Las Donas", se pueda extraer petróleo, obviamente con
tecnología de punta, en la región que corresponde a los Estados Unidos de América y
finalmente es el mismo yacimiento, es el mismo petróleo que nos corresponde a nosotros
como nación.
Por lo tanto, una de las peticiones sería
que el Gobierno mexicano llevara este asunto para que se ventilara en los tribunales de La
Haya, los tribunales internacionales de La Haya, para que se pueda llevar a cabo toda esta
discusión en el marco de los derechos internacionales marítimos.
Y una de las cuestiones que nosotros
quisiéramos aquí recordar, es justamente que situaciones similares de yacimientos que se
encuentran comprendidos en territorios de dos o más naciones, han causado conflictos como
los que nosotros ya conocemos y es el caso concreto de la guerra del golfo Pérsico.
En este tenor, la petición sería que
cesen las labores de prospección y de estudio por parte de las empresas norteamericanas,
que comparezca ante el pleno, de las comisiones unidas de Energéticos, Asuntos
Fronterizos y Relaciones Exteriores, el canciller José Angel Gurría y que podamos
también iniciar toda una discusión en torno a que se puedan ampliar las facultades de
esta Cámara de Diputados, en materia de asuntos internacionales.
En este sentido y en términos del
artículo 24 del acuerdo parlamentario y del 58 del Reglamento Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a la Presidencia que se turne a las
comisiones unidas de Energéticos, Asuntos Fronterizos y Relaciones Exteriores, la
siguiente propuesta:
Que las comisiones unidas de Energéticos,
Asuntos Fronterizos y Relaciones Exteriores citen al canciller José Angel Gurría, con el
fin de informar sobre las acciones que el Gobierno mexicano está adoptando para asegurar
la administración y usufructo de las reservas petroleras en la zona económica exclusiva
y en las aguas internacionales del golfo de México, en el marco de los tratados y
convenios multilaterales y bilaterales que nuestro país ha signado.
Firman la propuesta los diputados: Marlene
Herrera, Ricardo Monreal, Marta Laura Carranza, Antonio Soto, Patria Jiménez, Clara
Brugada, Carlos Heredia Zubieta, Martha Dalia Gastelum, Lázaro Cárdenas Batel, María
del Pilar Valdés y Jorge Esparza.
Esta es la propuesta que hacemos, para que
en los próximos días pueda venir a comparecer, a comisiones unidas, el canciller José
Angel Gurría, porque consideramos fundamental que esta Cámara de Diputados conozca
cuáles son los acuerdos que se tienen con relación a este asunto, así como también
tengamos pleno conocimiento de cuáles son las cuestiones que está realizando por parte
del gobierno de Estados Unidos, en torno al yacimiento petrolífero en el golfo de
México.
Muchas gracias.
Perdone diputada Itzel. Sólo para
ilustrar el criterio de la mesa directiva, ¿en qué artículo de la Ley Orgánica ha
fundado usted su petición? ¿Artículo 38, dijo?
| La diputada
Laura Itzel Castillo Juárez: |
No, artículo 58.
Artículo 58. Gracias, diputada.
| La diputada
Laura Itzel Castillo Juárez: |
Artículo 24 del acuerdo
parlamentario y 58 del reglamento.
Artículo 24 del acuerdo
parlamentario y 58 del Reglamento.
Gracias.
Tiene la palabra, para ocuparse del mismo
tema, en representación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
la diputada Marlene Catalina Herrera Díaz.
| La diputada
Marlene Catalina Herrera Díaz: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
El petróleo es el recurso natural más
importante con el que contamos los mexicanos para sustentar nuestro desarrollo, en él se
obtiene el 1.4% del producto interno bruto, de él deriva el 10.7% de nuestros ingresos
por exportación y un tercio de los ingresos presupuestales.
Si revisamos el desarrollo socioeconómico
y político de México podemos comprobar que el petróleo no sólo ha sido un elemento
fundamental para sustentar nuestro proceso de industrialización, generación de empleos,
ingresos y divisas, sino que ha constituido también un signo de independencia, soberanía
e identidad nacional.
Es por ello que en nuestra Carta Magna se
establece que la propiedad de los recursos petroleros es patrimonio de la nación y que
corresponde al Estado mexicano su administración exclusiva, para asegurar así su
adecuada y racional explotación y correcto destino. Pero el petróleo no sólo tiene
importancia para México por ser uno de los principales productores de petróleo a nivel
mundial, el quinto en el mundo, es también un elemento estratégico para todas las
economías del orbe, ya que ningún país, independientemente de su nivel de desarrollo,
puede prescindir de él y su posesión o seguro suministro se ha convertido en un asunto
de vital importancia, de seguridad que las naciones de todo el mundo están cuidando en el
diseño de sus políticas de desarrollo.
Muchas disputas e incluso confrontaciones
bélicas se han dado por la posesión, explotación o control de este vital recurso que
los mexicanos poseemos.
Hoy aquí la diputada Laura Itzel Castillo,
ha señalado, ha comentado un asunto que se está tratando en la prensa nacional y que ya
fue tratado como corresponde, por mandato de nuestra Carta Magna, en el Senado de la
República, y que es lo referente a la situación del mar patrimonial, del mar territorial
y las aguas internacionales en el golfo de México.
El asunto viene de 1976, año en el que
México estableció su zona económica exclusiva y los Estados Unidos expidieron ese mismo
año su Ley sobre Administración y Conservación de Pesquerías.
Los dos países, mediante un canje de notas
diplomáticas, fechados en 24 de noviembre de 1976, establecieron provisionalmente las
fronteras marítimas en los litorales del golfo de México y del océano Pacífico,
fijándolos en 200 millas náuticas a partir de la costa.
En base a este antecedente, en 1978, el
secretario de Estado norteamericano y el Secretario de Relaciones Exteriores de México
firmaron el Tratado de Límites Marítimos entre ambos países, reconociéndose como mar
patrimonial o zona económica exclusiva de cada país, al área que se extiende desde sus
costas hasta 200 millas, y que es justamente el área en el que el derecho internacional
reconoce jurisdicción de los estados ribereños sobre sus recursos naturales.
Conforme a la normatividad internacional,
para que este tratado pudiera haber entrado en vigor, debió haber sido ratificado por los
senados de ambos países y los tribunales jurisdiccionales.
El Senado de México sí aprobó el tratado
en 1979; el Senado norteamericano decidió congelar su ratificación por presiones de la
Asociación Americana de Geólogos, que consideraron: "... que al haberse tomado como
referencia para la medición de las 200 millas los arrecifes Alacrán, Arenas y Cayo
Arenas de México, le daban a México, al lado mexicano, una mayor extensión que la que
le correspondía".
Por esta misma razón y porque es esta
zona, como aquí se ha señalado, un área en el que se tiene una gran potencialidad
petrolera, México defendió, durante estos casi 20 años, el que se ratificara el tratado
en los términos en que había sido convenido en 1978 y fue hasta este año cuando se
consiguió que el Senado norteamericano lo ratificara el 24 de octubre, y el 13 de
noviembre se ratificaron los instrumentos de negociación entre ambos países, requisito
exigido por el derecho internacional para poner en vigor un acuerdo internacional.
Con esta acción, México ha podido
delimitar claramente su mar territorial, su mar patrimonial y le dio certeza jurídica a
la explotación de los importantes recursos naturales existentes en la zona.
Según estimaciones de la US Geological
Sorvey, como ya se ha señalado aquí, existen en la zona entre 2 mil 200 y 22 mil
millones de barriles de petróleo y entre 5 mil 400 y 44 mil 400 millones de pies cúbicos
de gas.
Después de fijarse las zonas económica
exclusivas de ambos países, quedaron dos áreas que quedaban fuera de lo que se conoce
como mar patrimonial, por estar fuera de las 200 millas que les corresponde a cada país y
que son las conocidas como: "Dona Occidental" y "Dona Oriental" y que
conforme a los criterios y a los acuerdos establecidos en la Convención de Derechos del
Mar, corresponde y en primer lugar su reclamo, su adjudicación, en el caso de la
"Dona Occidental", a Estados Unidos y México, y en el caso de la "Dona
Oriental" a Estados Unidos de América, México y Cuba.
El Gobierno mexicano ha señalado que una
vez que ya ha sido ratificado el tratado por los Estados Unidos, podemos pasar a una
segunda etapa, y que es justamente la determinación de distintos criterios técnicos, que
deben de establecerse de común acuerdo entre los países en interés de estas zonas y que
son la determinación de las pendientes, de los sedimentos, la inclinación del talud
continental y que permitirán, entre otros, negociar con dichos países y con la autoridad
que administra los fondos marinos, velar por parte de las Naciones Unidas, la exploración
y explotación de los recursos naturales incluidos los yacimientos petrolíferos de las
aguas internacionales del golfo de México.
Aquí se ha señalado que ya se están
haciendo estudios de exploración en la zona mexicana, esto queremos aclararlo, no es
así. Efectivamente la prensa ha publicado que se han concedido permisos por parte del
gobierno norteamericano para la exploración dentro del área de su mar patrimonial, es
decir, dentro de sus 200 millas. No se está haciendo ninguna clase de estudios dentro de
lo que corresponde a nuestro mar patrimonial e incluso, tampoco se tienen noticias de que
se estén ya haciendo este tipo de estudios en lo que son aguas internacionales.
Esto lo aclaramos porque de ninguna manera
podemos dejar pasar la posible alusión a una vulneración de nuestra soberanía nacional.
El Presidente de México ha señalado que
el valor supremo de nuestra nacionalidad y la primera responsabilidad del Estado mexicano,
es defender y fortalecer el ejercicio pleno de la soberanía y que esa soberanía no
reconoce poder exterior al cual subordinar.
Los diputados priístas sabemos y
sostenemos que la soberanía es la expresión más pura de nuestro nacionalismo y que la
soberanía tiene dos ámbitos de ejercicio: el interno y el externo, ambos forman parte de
un mismo proceso y se retroalimentan mutuamente.
La mirada interna favorece al Estado en sus
vinculaciones con el exterior, en tanto que la actividad internacional fortalece la
identidad y los valores que nos conforman como nación.
Los diputados priístas también sostenemos
y así está establecido en nuestros documentos básicos, que para poder fortalecer a la
autodeterminación de la nación, es necesario, entre otras acciones, garantizar la
propiedad y el aprovechamiento racional sobre nuestros recursos naturales y esta garantía
sólo podremos darle, a si los representantes, a todos, del pueblo de México que hoy
estamos aquí presentes, nos unimos en la defensa de lo que es patrimonio común de todos
los mexicanos.
Por ello, los priístas, apoyamos la
propuesta hecha por la diputada del PRD, en el sentido de que comparezca el Secretario de
Relaciones Exteriores ante las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, Energéticos y
Asuntos Fronterizos, para que nos explique a los diputados lo que se está haciendo en la
defensa de nuestra soberanía en esta área tan estratégica del golfo de México.
Por ello, pues, convocamos a la unidad y
creemos que todos juntos podemos dar, como siempre se ha dado en México, la defensa por
la lucha de nuestra soberanía y el dominio de la nación sobre nuestros recursos
petrolíferos.
Muchas gracias.
Antes de darle el turno reglamentario
a la propuesta presentada por la diputada Itzel Castillo y la diputada Marlene Catalina
Herrera Díaz, esta Presidencia le concede un tiempo de cinco minutos a la diputada Pilar
Valdés, para que por la vía de rectificación de hechos haga uso de la palabra.
La
diputada María del Pilar Guadalupe Valdés
y González Salas: |
Con su permiso, señor Presidente:
En el año de 1947, don Daniel Cosío
Villegas, en su célebre y memorable ensayo denominado "La Crisis", lanzó una
profecía sobre el futuro de nuestro México, al que veía en una situación deplorable,
en la que los líderes de la Revolución habrían resultado pequeños y rebasados por el
gran movimiento social de 1910.
La visión del futuro para México, de
Cosío Villegas, desgraciadamente se ha convertido en una dolorosa realidad.
A medida que los gobernantes, disque
herederos de la Revolución fueron traicionando sus compromisos con el pueblo y empezaron
a buscar el poder político y económico, fueron perdiendo la legitimidad que sólo
podrían haber tenido, de seguir siendo los representantes auténticos del pueblo
mexicano.
La falta de legitimidad democrática de los
gobernantes y su distanciamiento de los intereses y problemas de la sociedad mexicana,
conduciría, según Cosío Villegas, inexorablemente a una situación en la que al no
tener apoyo interno, cada vez dependerían más de las decisiones del exterior,
especialmente del poderoso vecino del norte: los Estados Unidos de América.
Esta profecía veía como final, la
integración de México a los Estados Unidos de América.
Para nuestra desgracia, esta profecía se
va cumpliendo. México ha perdido su soberanía al depender tan significativamente del
capital, el comercio y los generosos préstamos de los Estados Unidos.
En esta situación, México siempre ha
tenido que negociar en franca desventaja con nuestro vecino del norte.
El ejemplo de los beneficios y perjuicios
que ha causado a la economía mexicana y estadounidense el Tratado de Libre Comercio, son
evidentes.
De nuevo nuestro país enfrenta una disputa
de límites territoriales y derechos sobre la explotación de los recursos materiales.
Esta disputa se ha iniciado desde hace más
de 20 años, cuando los gobiernos de los dos países firmaron un tratado de límites
marítimos, en el que se reconocía la soberanía sobre el mar territorial, con una
extensión de 200 millas de la costa.
Este tratado que fue firmado a nivel de
gobernantes, fue aprobado por el Senado mexicano y rechazado por el Senado de Estados
Unidos de América.
Desde hace 20 años, Estados Unidos de
América tenía ya conocimiento de que en la zona del golfo había yacimientos petroleros
que podían significar, de un alto valor financiero.
Los datos que aquí virtió Laura Itzel y
la diputada que me precedió, respecto a esta situación que estamos enfrentando, yo creo
que es un problema definitivamente grave. ¿Por qué? Porque estamos teniendo la debilidad
de nuestro Gobierno, para negociar una situación en la que tenemos todos los derechos y
toda la fuerza del derecho internacional para hacer valer el hecho de que nosotros somos
dueños de las nueve décimas partes o tenemos derecho a la explotación de las nueve
décimas partes de esos yacimientos fronterizos.
Compañeras y compañeros diputados:
todavía estamos a tiempo de conjurar la profecía que en 1947 hiciera don Daniel Cosío
Villegas, sobre el fatal destino de México.
Defender nuestros derechos territoriales y
los tratados internacionales que aceptan y respetan muchos países del mundo, exigir al
Ejecutivo que tome la causa verdadera de México y que rinda cuentas claras ante esta
soberanía sobre qué tratados se están haciendo, cómo se están haciendo, cómo se
están llevando a cabo, cuáles son los detalles y que nosotros podamos, como mexicanos,
decirle al pueblo de México que estamos resguardando parte importante de su patrimonio
nacional.
Muchas gracias.
Túrnese a las comisiones unidas de
Relaciones Exteriores, de Energéticos y de Asuntos Fronterizos.
ESTADO
DE TABASCO
El siguiente punto en cartera, es el
relativo a la demanda de controversia constitucional interpuesta por el Congreso del
Estado de Tabasco, contra actos de la Cámara de Diputados.
Para hacer uso de la palabra, en relación
a este tema, tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional y dispone de un máximo de 10 minutos.
Adelante, diputado Rodríguez Prats.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Con su permiso, señor Presidente:
Me veo obligado y en contra de mi voluntad,
a tener que abordar de nuevo este tema que nos ha ocupado en algunas ocasiones en el
pasado.
Le ruego a los diputados no
interrumpir en el desarrollo del orador.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats : |
Y ojalá pudiéramos utilizar las
palabras que aquí se han dicho de algunos oradores, en relación a que haya civilidad
republicana, a que haya altura en el debate.
Repasando un poco sobre este mismo debate
podría yo poner ejemplos de como, por ejemplo, se venía a esta tribuna, yo decía
personalmente, alguna denuncia específica del problema de corrupción en Tabasco y se
regresaba con algún argumento de que yo había nacido en Chiapas. O bien señalábamos la
parcialidad de los órganos electorales y entonces se sostenía el argumento de que yo era
latifundista en Chiapas. O bien se hablaba de la necesidad de ver el proceso electoral que
se estaba desarrollando con muchos vicios y entonces se decía algo frecuente, cotidiano,
"que yo decía que tenía organismos en esta tribuna" y se levanta el debate.
Porque en otras ocasiones también
veníamos a decir de la necesidad de acercarnos a lo que pasaba en Tabasco y entonces se
decía: "te va a violar la prístina soberanía del Estado de Tabasco". O bien,
cuando se anunció y se denunció en esta tribuna, como desde la oficina de gestoría del
VI distrito del licenciado Arturo Núñez se permutaban con gran eficacia lentes por
votos. Entonces se vino a denigrar esta tribuna con una serie de infamias e insolencias
que no tiene ni caso repetir.
Entonces, yo les tomo la palabra a los
compañeros del partido oficial, en el sentido de dar un buen debate, de analizar este
tema que tiene muchísimos ingredientes. Porque desde luego tiene el sello de la casa de
lo que ya en otras ocasiones acostumbra a ser Roberto Madrazo. Recordemos el simulacro que
hizo de su secuestro. Recordemos también la anterior controversia para desviar la
atención y no investigarse los hechos denunciados ante la Procuraduría General de la
República.
Entonces yo creo que esta controversia
tiene este mismo propósito, o sea, que no se vaya a fondo o bien anular el informe que
aquí presentó el grupo plural o tender una cortina de humo sobre el juicio político que
se le sigue y que ha derivado de una denuncia que yo personalmente presenté el día 10 de
octubre.
Pero tiene tres aspectos fundamentales este
asunto, a los que quiero enfocar mi intervención:
Primeramente el concepto de soberanía.
Soberanía es una palabra que ha servido desafortunadamente como escudo para proteger
corruptelas. Recordemos un poco su origen: corresponde a una concentración de poder,
corresponde a una consolidación de los estados que estaban surgiendo en las postrimerías
de la edad media. Corresponde a lo que Aristóteles dice en su libro política a la
jerarquía o lo que en Roma era la majestad. Soberanía, y eso debemos aclararlo, porque
hay palabras que confunden el entendimiento, hay palabras que enturbian las aguas en el
afán de querer hacerlas profundas y soberanía también ha sido un concepto manejado,
precisamente en toda la historia, para detener las intervenciones del Poder Legislativo.
El Poder Legislativo, señores diputados,
las asambleas parlamentarias, su historia corresponde a una historia por la lucha, por la
libertad del hombre. Las asambleas es en donde se van ganando espacios, para denunciar,
para aerear la vida pública. Los congresos, precisamente su fuerza radica no tanto en su
capacidad decisoria, sino en su capacidad deliberativa; en orientar, en vincularse a la
opinión pública, porque definitivamente coincidirán ustedes conmigo, que la política y
la tuberculosis tienen el mismo remedio -como decía Woodrow Wilson-: "que es a la
luz del sol y al aire del día".
Y por eso hay este afán de no dar a
conocer, de ocultar, de soterrear y por eso surgieron conceptos como el derecho de
injerencia, como el derecho de indagación. ¡Inclusive hace más de 650 años, más de
650 años, señores legisladores, en 1340, precisamente en Inglaterra, cuando estaban
surgiendo en forma incipiente aquellas asambleas se creó, como primer función de esas
asambleas, el derecho de petición y de agravio!, ¡y se ejercía precisamente cuando se
presentaba el presupuesto!
Ahí los lores, los comunes, le señalaban
al Rey una serie de peticiones y de agravios que de no resolverse no se abrían las bolsas
ni para el Rey ni para sus ejércitos.
Entonces, tenemos que fortalecer a este
Poder Legislativo, tenemos que darle reciedumbre a nuestras denuncias, porque también
aquí está el concepto de representación, que no significa otra cosa más que control de
los gobernados a los gobernantes; eso estamos haciendo como representantes, traer los
agravios, traer sus denuncias, para entonces poder corregir nuestra empobrecida vida
pública.
¿Y qué sucede en Tabasco? ¿Qué se hace
con esta controversia y con esta acción política derivada del pasado fin de semana, en
donde hubo la reunión de legisladores locales del partido oficial para cerrar filas en
torno al gobernador de Tabasco? ¿Qué se pretende con esto?
Esta alianza de legisladores para presentar
un frente, para hacer denuncias, en la que inclusive participa el mismo presidente del PRI
y hace afirmaciones ahí muy graves y yo creo, señores, que esto nos debe llevar a
meditar si no hay una acción de confrontación, si no hay una acción que quiera en este
concepto de soberanía tratar de someter a una nueva Cámara de Diputados, que quiere
tomar sus atribuciones y cumplir sus deberes.
Por eso,... señor Presidente, quieren
consultarlo.
Un momento. Sí, señor diputado,
¿dígame?
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats : |
Que me paren el tiempo, por favor.
Sí, detengan el reloj señores.
Vamos a preguntarle al diputado Rodríguez Prats, si acepta una interpelación por parte
del diputado.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Con muchísimo gusto, señor
Presidente.
El diputado
Carlos Antonio Heredia Zubieta
(desde su curul): |
Señor diputado, yo le quiero
preguntar si el fenómeno que está usted describiendo a raíz de esta reunión de
legisladores del fin de semana pasado, constituye a juicio de usted un hecho aislado o
representa de alguna otra manera un hecho que se percibe también en otras entidades
federativas, ya sea a raíz de la subordinación de la legislatura estatal al gobernador o
de un potencial conflicto entre esta soberanía y la legislatura estatal.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Le agradezco, señor diputado, esta
pregunta, porque me va a dar margen a hacer algunos antecedentes históricos y darle
respuesta a su interrogante.
Señalaba...
Se ruega a los señores diputados
abstenerse de hacer expresiones que desvíen la atención de los diputados y la
intervención del diputado Rodríguez Prats.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Señor, en 1969, Adolfo Christlieb
Ibarrola, aquel gran mexicano, aquel gran legislador, escribió un artículo en donde
decía lo siguiente: "hay 29 congresos locales en la República Mexicana. De acuerdo
con las constituciones federales...
El diputado
Francisco Javier Morales
Aceves (desde su curul): |
¡Señor Presidente!
¿Con qué objeto, diputado Morales?
El diputado
Francisco Javier Morales Aceves
(desde su curul): |
Para pedirle con todo respeto, por su
conducto, si el orador acepta una interpelación.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats : |
Con muchísimo gusto, cuando termine
yo de responder a la del licenciado Carlos Heredia.
Permítame, diputado Rodríguez,
primero se dirige al Presidente el diputado Morales. El Presidente le pregunta: ¿Acepta
la interpelación diputado Rodríguez Prats?
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats : |
Al terminar de responder la del
licenciado Carlos Heredia, con muchísimo gusto.
Perfecto. Continúe y le pido al
marcador del tiempo restablezca la toma del mismo... ¿Usted no acaba aún de responder la
primera interpelación?
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats : |
Así es, no he respondido.
Bueno, entonces vamos a dar pie a que
usted responda su interpelación.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats : |
Decía yo que Adolfo Christlieb
Ibarrola, en 1969, escribió un artículo donde expresaba lo siguiente: "hay 29
congresos locales en la República Mexicana. De acuerdo con las constituciones federales y
locales, representa uno de los tres poderes, que como expresión de esa democracia en que
vivimos ejercen la "soberanía" de los estados de nuestra Federación. En los 29
congresos no había otro diputado ajeno al partido oficial... ¡Señor Presidente!
Se ruega a los señores diputados se
abstengan de realizar cualquier tipo de manifestación que interfiera en el desarrollo del
discurso del diputado Rodríguez Prats.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats : |
En los 29 congresos no había otro
diputado ajeno al partido oficial que un panista en el Congreso de Yucatán, originalmente
fueron dos, pero uno desertó porque le cantaron sirenas de poder que aunque viejas y
gangosas suelen despertar concupiscencias...
Perdóneme, diputado Rodríguez
Prats, aún se encuentra respondiendo o está leyendo usted el documento.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats : |
Sí, señor, estoy dando un
antecedente histórico, señor Presidente.
¿Está usted respondiendo o está
presentando un documento a la consideración del pleno, diputado?
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats : |
No, señor, estoy respondiendo, estoy
en una cita señor Presidente. Estoy dentro del reglamento, le suplico a usted que ponga
respeto a la Asamblea.
De nueva cuenta solicito a los
señores diputados el comportamiento y las conductas parlamentarias a que todos estamos
obligados. El diputado Rodríguez Prats se encuentra aún respondiendo a la interpelación
presentada por el diputado del PRD. Por favor, diputado Rodríguez Prats, sea tan amable
de notificar a la Presidencia cuando acabe usted de responder a la interpelación.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats : |
Con mucho gusto, señor Presidente.
Adelante.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats : |
Con mucho gusto, señor Presidente:
Pero uno desertó porque le cantaron
sirenas del poder, que aunque viejas y gangosas, saben despertar concupiscencias en los
miopes que niegan que el horizonte existe.
El segundo acaba de ser desaforado por
decreto del Congreso de Yucatán, ¿por qué menciono esto, señor diputado? Tenemos un
problema muy serio, muy grave de coptación, sucede en Tabasco, los dos diputados panistas
tuvieron que ser declarados independientes por el comité estatal porque, inclusive,
firmaron un manifiesto en cinco diarios que obviamente ellos no pagaron...
Señor Presidente, ¿no puede usted imponer
orden?
Señores diputados, es pertinente, se
les ruega atentamente permitir al orador concluir su intervención sin interferencias de
ningún tipo.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats : |
Si me lo permiten, señor Presidente.
Diputado, ¿con qué objeto? Diputado
usted pretende hacer una moción, no entendí cuál es el objeto de su solicitud, y
perdón diputado, pero no le he dado el uso de la palabra. Si tiene interés en hacer una
moción solicítelo así, señor diputado. Continúe el orador, por favor.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats : |
La pregunta es: ¿cómo estaba la
situación de los congresos locales? Hay un intento en Tabasco con 140 diputados locales y
hay declaraciones a las que les voy a dar lectura, de conformar un frente en contra de
esta Cámara de Diputados.
Por lo tanto, estoy, precisamente,
refiriéndome a la pregunta del señor diputado, que le agradezco mucho, me permite
precisamente algo de lo que le iba yo a decir, ampliarme en esta información.
¿Qué sucede... señor, ¿quiere una
interpelación diputado Machuca?
Perdóneme diputado, quien pregunta a
los diputados es la Presidencia, se le ruega, por favor. A ver un momento diputado
Machuca.
El diputado
Héctor Rodolfo González Machuca
(desde su curul): |
El me aludió, para contestar
alusiones personales deseo hacer uso de la palabra.
Sí, si usted quiere hacer uso de la
palabra para contestar alusiones personales, con toda oportunidad, diputado, le llamo al
orden. Copere por favor. En su momento, diputado, con mucho gusto, en su momento.
Un momento, diputado Machuca.
El diputado
Héctor Rodolfo González Machuca
(desde su curul): |
Solamente quiero decirle que yo no
soy palero de nadie.
Les ruego a los diputados, que todos
aporten al buen desarrollo de la sesión; les ruego aportar y contribuir con la cordura y
la mesura suficientes.
Diputado Rodríguez Prats, por favor
concluya con la respuesta que ha dado a su interpelador, para que la Cámara pueda conocer
del contenido de su intervención de 10 minutos, si es tan amable, es una súplica.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats : |
Con muchísimo gusto.
Adelante.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats : |
Repasando algunos estados, Yucatán.
Diputada, permítame, ¿con qué
objeto, diputada? Perdóneme diputada le he preguntado ¿con qué objeto? Diputada no le
he otorgado el uso de la palabra, contribuya al orden, por favor. Un momento diputados,
diputada la escucho, dígame.
¿Desea usted hacer una moción?
Permítame, le llevan un micrófono.
La diputada
Margarita Pérez Gavilán Torres
(desde su curul): |
Sí, señor Presidente.
Permítame, le llevan un micrófono.
La diputada
Margarita Pérez Gavilán Torres
(desde su curul): |
Usted está llamando al orden a todos
los diputados, yo le quiero hacer la moción de que no son todos los diputados los que
están alterando el orden, entonces, por favor no aluda a todos.
Se acepta la moción de la diputada.
A los diputados que han incurrido en prácticas desordenadas, se les llama al orden.
Continúe diputado.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Voy a dar un simple repaso a lo que sucede
en varios estados: Yucatán -dice Víctor Cervera Pacheco-, una frase que podría pasar a
la antología del pensamiento autoritario: "si el Congreso no me sirve, que no
sirva" y anula la vida política en el Congreso...
Un momento, diputado Rodríguez
Prats. Diputado Marco Antonio Fernández, desea usted... ¿con que objeto?.. Permítame,
señor diputado Rodríguez Prats.
Para presentar una moción, tiene la
palabra el diputado Marco Antonio Fernández.
El diputado
Marco Antonio Fernández Rodríguez
(desde su curul): |
Señor Presidente, solicitarle al
diputado Rodríguez Prats, a través de su conducto, que haga referencia al tema que aquí
nos trajo, no a Yucatán. Estamos hablando de Tabasco, señor diputado.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
No, señor. Si me permite, señor
Presidente.
Sí, señor, gracias señor diputado
Fernández. Continua en el uso de la palabra, diputado.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Estoy aludiendo a una reunión de
diputados locales en Villahermosa, porque estoy respondiendo a la pregunta y a la
interrogante del licenciado Carlos Heredia...
¿Aún no acaba usted de responder,
diputado Rodríguez Prats?
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Pero si no he podido ligar ni un
minuto, señor Presidente.
Le ruego a los diputados su
colaboración y le pido al diputado Rodríguez Prats, aporte también al buen desarrollo
de la sesión, concluyendo ya con la respuesta que a manera de interpelación presentara
el diputado del PRD.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Correcto. Hago mención nada más.
En Yucatán sucede eso. En Puebla, expertos
en compra de conciencias hay un diputado que...
Permítame un momento diputado. ¿Con
qué objeto, diputado Pioquinto?
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Sí, señor. Señor, déjenme
responder a la interpelación y después... otras interpelaciones...
Perdóneme, estoy moderando un
debate, diputado Rodríguez Prats. El diputado Pioquinto está solicitando el uso de la
palabra. Permítame. ¿Con qué objeto, diputado Damián?.. Para hacer una moción, se le
pide a la edecán le otorgue un micrófono al diputado Damián, para que presente una
moción.
El diputado
Pioquinto Damián Huato
(desde su curul): |
Señor Presidente, con todo el
respeto que me merece, yo le pediría que le permitiéramos al diputado Rodríguez Prats,
se le den las conciliaciones para que pueda exponer y responder a la interpelación,
porque hasta estos momentos... no se le ha permitido responder adecuadamente a la
interpelación que le formulara nuestro compañero Carlos Heredia.
Muchas gracias, señor Presidente.
Después de la moción y permítame,
diputado Rodríguez Prats, no hay ninguna disposición que ordene un tiempo determinado
para responder a las interpelaciones; en mérito a ello y en obsequio de la paciencia y
del tiempo de los diputados, yo le ruego de manera comedida que se sirva usted ocuparse la
pregunta que le han presentado, para que luego desahogue el tema en tiempo y forma.
¿Sí, dígame, diputado? ¿Con qué
objeto? A sus órdenes, tiene la palabra para una moción, señor diputado.
El diputado
Samuel Gustavo Villanueva García
(desde su curul): |
Señor Presidente, se ha prestado
usted a interrumpir al orador en turno, esto de acuerdo al artículo 61 de la
Constitución, no está permitido.
Le suplico respetar el orden de las
peticiones.
La obligación de la Presidencia,
señor diputado, es atender las solicitudes que por la vía de levantar la mano, los
diversos diputados hacen lo mismo. Yo estoy cumpliendo con mi obligación y con mi
trabajo, le ruego comprensión para estos efectos.
Adelante, diputado Rodríguez Prats.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Bien señores. Retornamos a lo que
sucede en los congresos locales. En Puebla se copta a un diputado, con eso se pierde la
posibilidad de tener una tercera parte de los 14 diputados panistas; uno fue coptado, se
habla inclusive de una cantidad.
En Guerrero salió en Reforma, cómo el
señor gobernador Angel Aguirre regala una Suburban...
Un momento, diputado, hay una
diputada que está solicitando el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, diputada?
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Si me permite, señor Presidente,
terminar de responder y con mucho gusto acepto las interpelaciones.
Todavía no sabemos si ella presenta
una interpelación, diputado Rodríguez Prats, va a hacer una moción al orden.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Este es el caso, señor, es una
interpelación, pregúntele, es una interpelación.
Permítame un momento, diputado
Rodríguez Prats. Diputada América, ¿con qué objeto?
La diputada
América Soto López
(desde su curul): |
Para hacer una moción.
Sí, tiene la palabra la diputada
América, para hacer una moción.
La diputada
América Soto López
(desde su curul): |
Que cite datos precisos y exactos y
no mentiras, señor diputado.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Es una interpelación, señor
Presidente.
La diputada América no ha hecho una
moción, continúe usted con el uso de la palabra, diputado Rodríguez Prats.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Juan Molina Cutzalán, diputado en
Puebla, fue coptado, renunció al PAN, se afilia al PRI, con eso se pierde una tercera
parte.
En Guerrero, el señor gobernador regala
una Suburban a cada diputado de oposición.
En Aguascalientes un diputado dijo lo
siguiente: "en Aguascalientes no hay división de poderes, el que manda, manda,
gracias al señor gobernador del Estado, los diputados del PRI, del PRD, PT y PC visitamos
Uruguay con todos los gastos pagados.
Un momento, diputado Rodríguez
Prats... diputado Rodríguez Prats, escúcheme. El diputado Bernal desea hacer uso de la
palabra, ¿con qué objeto? Para una moción tiene el uso de la palabra el diputado
Bernal.
|
El
diputado Eduardo Guadalupe Bernal Martínez
(desde su curul): |
Señor Presidente, es una moción
nada más de orden. El diputado Rodríguez Prats con su inteligencia parlamentaria nos
está metiendo una chicanada parlamentaria, con el sentido de que le estén preguntando
para que él pueda responder y estar agrediendo y utilizando cosas fuera del tema de la
controversia constitucional de Tabasco, que es el tema central, es un debate pactado por
la Comisión de Régimen Interno, en que se hablara 10 minutos sobre la controversia
constitucional de Tabasco; el señor diputado en uso de la tribuna tiene más de 20
minutos con artimañas parlamentarias y lo que pasa es de que está agrediendo a la
bancada priísta y nuestro grupo parlamentario no puede quedarse callado a ninguno de los
adjetivos que está metiendo a todos el gobierno de los estados de la República.
Es Tabasco el tema principal y como
diputado le solicito a usted, Presidente, llame al orden al orador y se dedique
específicamente al tema pactado que es la controversia constitucional de Tabasco.
Gracias, señor diputado Bernal.
Señorita edecán, al parecer el diputado
Jáuregui quiere hacer uso de la palabra. ¿Con qué objeto, diputado?
|
El
diputado Sergio César Alejandro Jáuregui
Robles (desde su curul): |
Para hacer una moción de orden,
señor Presidente.
Adelante.
|
El
diputado Sergio César Alejandro Jáuregui
Robles (desde su curul): |
De conformidad con el artículo 104,
usted tiene la facultad de permitir o no permitir interrupciones al orador. Le suplicaría
que no permita que la Asamblea vuelva a hacer alguna interrupción, para que pueda el
orador continuar contestando la interpelación y concluir con su exposición. Si algún
otro diputado quiere hacer uso de la palabra, que la solicite en la forma correspondiente.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Me refiero al último caso.
Un momento, la diputada Margarita
también tenía interés en hacer uso de la palabra. ¿Con qué objeto, diputada?
|
La
diputada Margarita Pérez Gavilán Torres
(desde su curul): |
Sí, para hacer una moción, señor
Presidente. El señor diputado que pidió también la moción, está diciendo que
tácticas dilatorias...
Permitan a la diputada presentar su
moción.
|
La
diputada Margarita Pérez Gavilán Torres
(desde su curul): |
Esas son suposiciones del señor,
permítale al señor Rodríguez Prats acabar de contestar la pregunta que le hizo el
diputado Heredia.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Con su permiso, señor Presidente.
Se agradece la moción presentada por
la diputada Margarita y por el diputado Jáuregui, igual la intervención moción del
diputado Bernal. La Presidencia continuará cumpliendo con sus obligaciones y ejerciendo
sus facultades legales.
Diputado, sírvase usted contestar la
pregunta que le ha presentado el diputado que lo ha interpelado y luego proceda a cumplir
con el tiempo que se le concedió en el debate pactado desde la Comisión de Régimen
Interno, por favor.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Muy amable, señor Presidente. Me
refiero a un último caso, Sonora, 19 diputados de oposición, 16 diputados del PRI, 14,
perdón y ganan una votación: compra de candidatos.
Señor licenciado Carlos Heredia Zubieta,
¿qué pasa en los congresos locales? ¿Por qué se están utilizando esos 140 diputados
locales en Tabasco? ¿Qué se dijo allá en Tabasco? En Tabasco se dijo en relación a la
controversia constitucional, en relación a esta solidaridad que se generó en torno a
Roberto Madrazo, uno de ellos dijo: "la batalla en Tabasco en contra de la vocación
opositora en el país, por construir comités de salud pública que desbordando todo
derecho y mesura, pretenden fiscalizar la vida pública". ¡Qué sanos son los
comités de salud pública! ¡Qué sano es para el futuro y sobre todo el año próximo,
con 16 elecciones que de aquí se supervisen y se eviten los atropellos!
Y esto es lo que nos debe preocupar, señor
diputado Heredia, porque tenemos que continuar con estas prácticas. Ahí también en
Tabasco dijo un diputado local de Chiapas: "Queremos más reuniones como éstas para
conformar un frente común y pelear junto con ustedes contra el centralismo y los abusos
de la Cámara de Diputados. Aquí vamos a ver nacer el nuevo partido".
Por cierto ahí también, señor
Presidente...
Diputado, aún no termina usted, por
lo que advierto de contestar la interpelación. Está a punto de cumplir usted 30 minutos.
Hay una disposición reglamentaria que dispone que nadie, es la 103, puede permanecer en
la tribuna por más de 30 minutos.
Le ruego a usted, diputado, tenga la bondad
de concluir con la respuesta que está obligado a dar y proceda a concluir su
intervención.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Señor Presidente, yo no he estado 30
minutos en esta tribuna haciendo uso de la palabra. Ahí está usted mintiendo, señor
Presidente.
La Presidencia le pregunta al
diputado Rodríguez Prats si es su deseo concluir con el uso de la palabra.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Sí, señor Presidente.
Concluya diputado.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Concluyo, en los tres minutos que me
faltan.
Por favor se le ruega al personal de
Oficialía Mayor eche a andar el marcador de tiempo. Adelante, diputado.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Ahí también Mariano Palacios dijo:
"Basta ya de infundios contra el priísmo tabasqueño". Ojalá, señores
priístas, que vengan a esta tribuna, que me señalen un solo infundio, que quiere decir
lo infundado, en contra del PRI tabasqueño.
Sí señores, tenemos que denunciar,
tenemos que dar nuestra lucha, porque hay que tratar de proteger a los más débiles, no a
los poderosos; a los hombres, no a los estados.
Diputados, de nueva cuenta se les
ruega... no ha lugar la suspensión del tiempo por la moderación del Presidente. Se les
ruega a los diputados permitan al orador concluir. Adelante, señor diputado.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Termino leyendo mi propuesta: que la
Cámara de Diputados se pronuncie con toda energía en el asunto de la controversia
constitucional interpuesta por el Congreso de Tabasco en el sentido de que defenderá
radicalmente sus atribuciones, para tener injerencia en todo lo que pueda dañar la moral
social, ejerciendo plenamente sus funciones y propiciando el fortalecimiento del estado de
derecho.
Se instruye a su vez, al departamento
jurídico, para que se esmere en la más acuciosa, responsable y fundamentada defensa
legal de las atribuciones y facultades de esta Cámara de Diputados en el asunto en
cuestión.
Yo no tengo ninguna duda de que los grupos
de oposición van a dar su voto a favor de esta propuesta, pero tengo dudas de la bancada
priísta, tengo dudas si quieren ser auténticos representantes populares, defender a sus
representados o simplemente acatar consignas.
Muchas gracias.
Diputado Rodríguez Prats, sírvase
tomar su curul y absténgase de hacer señas inconvenientes.
Se ruega a los diputados hacer uso de sus
curules.
En el uso de la palabra el diputado
Bernardo Bátiz Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática. Diputado, la
Presidencia le concede 10 minutos. Tenga la amabilidad.
| El diputado Bernardo Bátiz Vázquez: |
Señor Presidente; Cámara de
Diputados.
Es muy grave efectivamente lo que ha
sucedido y es de gran responsabilidad para todos los diputados de esta Cámara, el dar una
respuesta adecuada, firme y jurídicamente bien fundamentada a la demanda que contra la
Cámara, no contra algún grupo parlamentario u otro, no contra la oposición, sino es una
demanda contra la Cámara de Diputados en su conjunto.
Y tenemos que afrontar esa demanda unidos,
porque está en entredicho no sólo el interés partidista, que puede ser muy legítimo,
sino que está también en tela de juicio la posibilidad que tenemos los diputados
federales de acudir a la diversas entidades de la República, participar, junto con los
ciudadanos, en los procesos electorales, estar presentes en ellos, escuchar, indagar,
informarnos, hablar con las autoridades locales.
Se ha puesto en esta demanda constitucional
en entredicho la posibilidad de que los diputados federales salgamos de este recinto de
San Lázaro y conozcamos y convivamos con todos los demás mexicanos lo que sucede en
nuestra patria.
El gobierno de Tabasco demandó a la
Cámara, de que formamos parte todos, pero además, sin esperar el juicio de la Suprema
Corte, ante quien por supuesto debemos de defender nuestra posición sin esperar el juicio
de la Corte, ha convocado a los actos a que ya hizo referencia el diputado Rodríguez
Prats, y nosotros tenemos que contestar lo que está sucediendo.
Es la misma actitud la del gobierno del
Estado de Tabasco, muy parecida su actitud a la que tuvo Córdoba Montoya al demandar
civilmente a dos legisladores de la anterior legislatura. Es la misma vieja actitud de
quienes quisieran que la impunidad se perpetuara en México más allá del año 2000, es
tratar de revivir la ley mordaza, no sólo ahora en contra de los periodistas, sino
también ahora en contra de los representantes de la nación.
La demanda, ampulosa y reiterativa, adolece
sin duda alguna de vicios gramaticales; no hay en ella sinéresis y no faltan también los
errores ortográficos.
Esa revisión se la podemos dejar a don
Emilio Chuayffet, que tiene esa vocación.
A nosotros nos debe interesar otro aspecto
del problema. En primer lugar, la intención política del gobernador y su equipo
incondicional; en segundo lugar, y más importante que eso, el riesgo de que se pretenda,
a partir de esa demanda, atar de manos a la Cámara de Diputados, confinarla en este
recinto en el cual hasta el clima ha sido artificial hasta ahora.
Hay dos confusiones en el fondo de esta
demanda. Roberto Madrazo y su equipo confunden una Federación de estados libres pero
democráticos, con una confederación de caciques provincianos.
La soberanía de los estados no puede ser
pretexto para la impunidad ni tapadera de trapacerías; la soberanía de los estados es
más importante que la denuncia, que el juicio constitucional y lo que podamos discutir en
esta tribuna radica en la ciudadanía, son los ciudadanos, el pueblo de Tabasco el que
tiene la soberanía, la titularidad de la soberanía y no sus gobernantes.
Pero suponiendo que la soberanía radicara
en esas autoridades, ¿en qué les puede afectar a ellas o a la soberanía del Estado, en
que diputados federales se trasladen al territorio de ese Estado, recaben información,
escuchen las quejas y denuncias de los ciudadanos que quisieron hacerlo voluntariamente?
¿En qué les afecta que soliciten información a las autoridades locales? El grupo plural
actuó conforme a preceptos legales y constitucionales, conforme a principios jurídicos
individuales. Si somos inviolables por las opiniones que emitimos, según el artículo 61
de la Constitución, ¿por qué no hemos de tener derecho a informarnos para emitir esas
opiniones?
Si tenemos facultad de legislar en muchas
materias, en leyes sobre planeación económica, sobre nuevos estados, sobre ingresos y
egresos, ¿cómo haríamos desde aquí, encerrados en nuestro recinto, para llevar a cabo
con eficacia nuestro mandato como legisladores? No sería posible, señores diputados.
Desde el punto de vista jurídico, desde el
punto de vista de la técnica, de la interpretación de la ley, la demanda del gobierno de
la entidad, encabezada por su presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados,
no tiene razón de ser.
Creo que lo que podemos vislumbrar entre
sus aparentes argumentos de defensa de la soberanía de su Estado y sus citas de preceptos
aislados de la Constitución, esn que lo que quiere es impunidad. Lo que quiere es ser el
supremo, el único en el territorio de su Estado, quiere hacer, como lo ha demostrado, lo
que le venga en gana, pero además y por eso nos demanda, no quiere testigos. Al que
comete un acto reprobable, lo que más le molesta es que haya personas que no son sus
incondicionales y que estén presentes en lo que sucede.
Hay argumentos de sobra para sostener la
legalidad de los actos de esta Cámara, de su presidente, Eduardo Bernal, que también
está incluido en la demanda, de la Comisión de Desarrollo Social, integrada por
diputados de todos los partidos, de los integrantes también de todos los partidos del
grupo plural que fue a Tabasco.
Pero baste decir que la doctrina reconoce
sin lugar a dudas, que hay lo que se llama las facultades implícitas, que son aquellas
facultades que tienen los órganos de gobierno, las cámaras, los congresos, para cumplir
con las facultades explícitas, expresadas en la Constitución.
Vuelvo a preguntar: ¿cómo legislar, cómo
planear, cómo juzgar que son funciones de los diputados, sin ir a los lugares, a los
puntos diversos de nuestra República, para enterarnos de lo que sucede, para convivir en
los lugares donde pasan las cosas?
Se ha equivocado seguramente Roberto
Madrazo, y está haciendo quedar mal a su padrino en Los Pinos.
Los diputados tenemos pleno derecho a
viajar a Tabasco y a donde sea necesario, de indagar, de saber lo qué pasa, de
enterarnos. No somos diputados para estar encerrados en San Lázaro, sino para estar en
donde está el pueblo y en donde se dan las batallas por la democracia y por la soberanía
de este país.
Muchas gracias.
Para expresar la posición del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, la Presidencia le concede el uso de la palabra
también por 10 minutos al diputado Ricardo Cantú.
|
El diputado Ricardo
Cantú Garza: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo acude a esta tribuna con el propósito de hacer una serie de reflexiones acerca de
la demanda de controversia constitucional promovida por el Congreso del Estado de Tabasco
en contra de los actos imputables a la Cámara de Diputados.
Es el caso que esta soberanía determinó
por acuerdo de la mesa directiva, turnar a la Comisión de Desarrollo Social el punto de
acuerdo solicitado por el diputado Armando Aguirre. La Comisión de Desarrollo Social
acordó constituir un grupo plural de diputados para el Estado de Tabasco. Este grupo
plural se constituyó en el estado de referencia con el propósito de investigar el
posible desvío de recursos federales en el proceso electoral local.
La legislatura del Estado de Tabasco ha
decidido promover controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados por
considerar que la instalación de dicho grupo plural y su presencia en el Estado de
Tabasco lesiona la soberanía de esta entidad federativa; sin embargo, el Partido del
Trabajo está persuadido de que en ningún momento, bajo ninguna razón y circunstancia,
este órgano legislativo ha violentado la soberanía de ese Estado.
Es cierto, como lo menciona la parte
actora, que el artículo 124 de la Constitución Federal establece el principio de
distribución de competencias entre los poderes federales y los de los estados. Nuestra
Constitución Política adopta como forma de Estado el sistema federal, el cual supone
necesariamente la existencia de entidades federativas que forman parte de dicho Estado, y
necesariamente debe seguir un régimen de facultades expresas que evite la coalición por
el ejercicio competencial entre la Federación y los estados.
La actora alega e imputa a esta Cámara de
Diputados una serie de violaciones a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,
alega que se viola en su perjuicio el artículo 21. Suponemos que se refiere al párrafo
primero; sin embargo, esta aseveración es falsa, el grupo plural de la Cámara de
Diputados no pretendió sustituir la facultad de investigación del Ministerio Público en
la persecución de delito; en todo caso su propósito fue el de que si se corroboraban sus
irregularidades, hacerlas de su conocimiento en esta Cámara, en el informe que debía de
rendir.
Alega la actora la violación a la
fracción 21 del artículo 73 constitucional. Falso, la facultad de tipificar delitos se
ejerce de manera separada y sucesiva por las dos cámaras de este Congreso. El grupo
plural en ningún momento tipificó como delitos determinadas conductas, tampoco conoció
de delitos del fuero común cuando estos tuvieran conexidad con delitos federales.
Alega la actora, violación al apartado A
del artículo 102 constitucional. Es falso, el grupo plural en ningún momento podrá
expedir una ley para organizar el Ministerio Público de la Federación. Indica el primer
párrafo del apartado A que el Ministerio Público de la Federación está presidido por
un Procurador General de la República, y entre los requisitos que se deben cubrir, entre
otros, es el de ser licenciado en derecho.
Algunos de los miembros del grupo plural
son abogados, otros no, pero en virtud de que no cumplieron funciones de investigación en
la persecución de los delitos, la aseveración de la actora es infundada.
Alega violaciones al artículo 116. Es
falso, el artículo 116 constitucional establece los poderes constituidos de carácter
local, que son aquéllos por medio de los cuales, en términos de lo dispuesto por el
primer párrafo del artículo 41, el pueblo ejerce su soberanía.
El grupo plural no violó ni la forma de
organización y funcionamiento del Ejecutivo local ni del Congreso local, y mucho menos
del Poder Judicial del Estado.
Sin embargo debemos recordar que el
Constituyente Permanente reformó el artículo 116 para establecer los principios bajo los
cuales se debe de regir la elección de los titulares de los órganos del poder público,
siendo los mismos el del sufragio universal, libre, secreto y directo. Por lo tanto el
grupo plural no podrá violentar la organización y funcionamiento de los poderes
constituidos de carácter local y mucho menos violentar los principios a los que debe
sujetarse todo proceso electoral.
Alega la actora violaciones al artículo
124. ¡Falso! Hemos señalado que este precepto establece el principio de distribución de
competencias entre los poderes federales y los locales.
El grupo plural se encontraba
imposibilitado de actualizar dicha violación en atención a que no puede modificar la
distribución competencial.
Debemos señalar que el artículo 70
constitucional en su segundo párrafo faculta al Congreso para expedir la ley que
regulará su estructura y funcionamiento interno.
En tal virtud el Congreso de la Unión
expidió la Ley Orgánica del Congreso General, en cuyo Capítulo V regula lo referente a
las comisiones y comités, conforme a lo que establece el artículo 93 constitucional en
su tercer párrafo: "Las cámaras del Congreso pueden constituir comisiones de
investigación para averiguar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas
de participación paraestatal."
Sin embargo los artículos 42 numeral 6, y
46 de la Ley Orgánica del Congreso General, facultan a la Cámara de Diputados para
constituir comisiones especiales. De igual forma el artículo 71 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General, faculta la constitución de este tipo de
comisiones.
Por las consideraciones expuestas, resulta
falsa la aseveración de la parte actora de que la Cámara carece de facultades para
constituir este tipo de comisiones, toda vez que tanto la Ley Orgánica del Congreso como
el Reglamento para el Gobierno Interior, faculta ampliamente a la Cámara de Diputados
para constituir este tipo de comisiones.
Resulta inexacta, de igual forma, la
aseveración de la parte acusadora de que el grupo plural carece de facultades para llevar
el seguimiento del ejercicio del gasto público que con carácter de exclusividad esta
Cámara aprueba.
Es cierto que la Cuenta Pública se aprueba
con posterioridad al ejercicio del gasto público, como lo establece el artículo 74
constitucional y las disposiciones relativas y aplicables de la Ley Orgánica de la
Contaduría Mayor de Hacienda.
En esencia, lo que la parte actora pretende
en su demanda, es inhibir la facultad de los integrantes de esta Cámara de Diputados
conforme a lo que establece el primer párrafo del artículo 61:
Los diputados y senadores son inviolables
por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser
reconvenidos por ellos.
En el caso que nos ocupa, es clara y
manifiesta la intención de la parte actora para que en la tribuna de esta Cámara no se
toquen los problemas de Tabasco.
Sin embargo esto resulta altamente riesgoso
en virtud de que se hace nugatorio el derecho de los legisladores para expresarse sin
limitación alguna.
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, apoya la independencia en la actuación de la Cámara y confía en que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, actuando en estricto apego a derecho, sobreseerá la
demanda interpuesta por la parte actora.
Muchas gracias.
Para fijar la posición del PRI,
tiene la palabra el diputado Agapito Domínguez, por 10 minutos.
|
El
diputado José Agapito Domínguez Lacroix: |
Con su permiso, diputado Presidente;
señoras diputadas y señores diputados:
De nueva cuenta venimos a esta alta tribuna
para confirmar la posición que hemos expresado y sostenido la fracción parlamentaria del
PRI sobre la inconstitucionalidad del proceder de los que insisten en convertir a esta
legislatura en un instrumento de presión, en herramienta de uso personal, de los que han
distorsionado la función de esta Cámara.
Vengo a hablar de la forma en que se han
manejado los temas de Tabasco, promoviendo lo que a los ojos del derecho distorsiona las
facultades que la Constitución Federal de la República otorga a esta representación
personal.
Hablo de la inconstitucionalidad con la que
nació el trabajo del llamado grupo plural de la Comisión de Desarrollo Social, el acto
mismo de su creación, los motivos que le dieron causa y la forma en que se pretendió
desempeñar...
|
El
diputado Juan José Rodríguez Prats
(desde su curul): |
¿Me permite hacer una
interpelación?
Permítame, diputado Agapito
Domínguez.
Dígame, diputado Rodríguez Prats.
Permítame, le van a llevar un micrófono diputado Rodríguez Prats.
¿Con qué objeto, me dice?
|
El
diputado Juan José Rodríguez Prats
(desde su curul): |
¿Me permitiría el señor diputado,
si lo quiere usted consultar, una interpelación, una pregunta?
Con todo gusto.
Diputado Agapito Domínguez, el diputado
Rodríguez Prats pregunta si acepta usted una interpelación, en términos reglamentarios.
| El diputado
José Agapito Domínguez Lacroix: |
No, señor Presidente. Ni a él ni a
ninguno, quiero terminar.
|
El
diputado Juan José Rodríguez Prats
(desde su curul): |
Muchas gracias señor diputado, muy
amable.
Continúe, diputado Domínguez. Queda
impuesta la Asamblea que no se aceptan interpelaciones. Desarrolle su intervención
diputado.
|
El
diputado José Agapito Domínguez Lacroix |
El acuerdo que le da creación carece
de toda fundamentación constitucional y no hay acto más aberrante, compañeros
diputados, que en un órgano legislativo, en el que se gesta la ley, en donde se promueve
el derecho, en donde se debe preservar la vigencia constitucional, aquí precisamente se
den causa, se den actos y se improvisen procedimientos al margen de la Constitución,
desentendidos de la ley e invadiendo competencias que para las entidades de la República
reserva la propia Constitución.
Imperdonable será sin duda que en el
Diario de los Debates de esta legislatura, se siga escribiendo de intervenciones que son
abierta convocatoria a la inconstitucionalidad, pero más grave aún será que los
integrantes, que los legisladores, por indiferencia, por una tolerancia mal entendida o
por la emoción irracional, le den paso franco a la más viciada de las prácticas: la de
atender los problemas del derecho,con procedimientos al margen del derecho.
Y es que, señores diputados, bajo la
careta de un pretendido rescate de la constitucionalidad, la Cámara está siendo llevada
a rastras, por caminos marcados y ominosas inconstitucionalidades y esto no debe ser y
debe detenerse. Es de mayor responsabilidad rectificar para corregir y cumplir, que seguir
construyendo en el error.
El proceder de los diputados que han
admitido el trabajo del denominado grupo plural, lleva el riesgo de fomentar la
inconstitucionalidad, empañar la función congresional de seguir en la negación del
sistema federal y de querer sepultar, desde este sitio, la organización interna de los
estados.
Insistir en esta postura, es convertirse en
reincidentes infractores constitucionales, es además insistir en la gestión que la
historia se ocupará de colocar en el sitio de las grandes desviaciones jurídicas.
Ya se dijo en otra ocasión, que esta
Cámara de Diputados tiene las facultades que la Constitución le otorga en el artículo
74. Y esta es la ley suprema, ninguna otra podría concebir alguna facultad que no quede
comprendida dentro de las que otorga la Constitución.
Y también el artículo 124 de la
Constitución de la República, expresamente declara el principio que define con
precisión la división de atribuciones y competencias para las autoridades federales y
las de los estados.
Por eso el Congreso del Estado de Tabasco
planteó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional
contra esta Cámara de Diputados, sustentando su acción en las facultades que le confiere
el artículo 105 de nuestra Carta Magna. La controversia constitucional, según se
desprende del mencionado artículo 105, es un procedimiento jurisdiccional que tiene por
objeto que en nuestra sociedad impere el derecho mediante la determinación de las
competencias, que corresponden a los tres ámbitos de gobierno que caracterizan a nuestro
sistema federal, y me refiero a la Federación, a los estados y a los municipios; todos
ellos, de acuerdo con nuestra propia Constitución, tienen facultades definidas que
posibilitan su actuar dentro de un marco de legalidad.
Plantear una controversia constitucional es
un problema que se deriva de nuestro régimen republicano, adoptado por la voluntad del
pueblo en el artículo 40 de nuestra Constitución. Somos una República representativa,
democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a
su régimen interior.
Los estados, de la Federación, tienen
soberanía interna, son por consecuencia autónomos en todas aquellas áreas que no son
competencia de funcionarios federales en términos del artículo 124 de la Constitución
General de la República.
En cuanto a las reformas a la
Constitución, en 1994 se dota a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la
facultad de resolver las controversias constitucionales, el órgano reformador de nuestra
carta fundamental, quiso mantener con ello la paz social, evitar a través de estos
mecanismos de control jurisdiccional los abusos que pudieran cometerse por la Federación
en contra de los estados, por éstos contra los municipios libres y viceversa.
Como hacedores de la ley, estamos obligados
a respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. No es con usurpación de
facultades que esta Cámara de Diputados debe ejercer la representación que nos han
otorgado quienes con el voto nos eligieron.
Señoras y señores legisladores: me
permito preguntar: ¿nos habremos puesto a pensar cuál es el papel que estamos obligados
a desempeñar? Acaso nos hemos preguntado: ¿en verdad lo estamos haciendo
responsablemente?
Seamos francos con la República y demos
respuesta valiente a esa cuestión, pero no antepongamos el estímulo personal a la
obediencia de la ley. A decir de los hechos que comento, no lo estamos haciendo, no
estamos conduciendo el trabajo de la Cámara por los caminos de lo que debe ser, la
estamos llevando a que se constituya en un escenario de desahogo, de acusaciones
compulsivas.
Vuelvo a preguntar: ¿no estarán los
partidos permitiendo que la causa personal y subjetiva de algunos de sus integrantes se
haga parecer como la causa de todos?
No es buscando el desquite, la venganza y
utilizando la calumnia como se cumple con el país, con la República y con la honrosa
obligación que tenemos impuesta por el voto de los ciudadanos y las órdenes que se
escriben en la ley.
De una vez por todas hay que terminar a
tiempo en estas iniciales gestiones, con prácticas de desviaciones jurídicas. Hagamos el
propósito de restituir a la Cámara el papel constitucional que tiene. Encaucemos el
trabajo legislativo para fomentar la unidad de la Federación, respetar la República,
reconocer la autonomía de los estados como principio del sistema federal y el de ajustar
su proceder a las facultades y límites que la propia Constitución nos marca.
No se puede promover el derecho contra el
derecho, esto y no otra cosa es un estado de derecho, hay que atreverse a fomentarlo. La
historia nos dará la razón. ¿No estaremos acaso en un escenario en el que los intereses
personales disimuladamente estén usurpando el interés superior de consolidar el Estado
Federal y la encomienda de preservar la Constitución?
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Juan
José Rodríguez Prats, por cinco minutos.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Con su permiso, señor Presidente:
Adelante, diputado.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Señor arquitecto no me respondió
usted a nada, ¿cuáles infundios?, yo dejé varias interrogantes aquí...
Diputado nuevamente no establezca
diálogo, usted no interpeló al diputado Domínguez Lacroix, usted está obligado a hacer
uso de la palabra por cinco minutos.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Por favor mi tiempo, repóngame estos
15 segundos, señor Presidente.
No está obligado ningún diputado a
responderle preguntas que usted no haya hecho, haga uso de su tiempo, lo que le resta
diputado.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
En este debate desafortunadamente no
se me contestó a ninguno de mis argumentos, se desvía, se habla de infundios, de
calumnias, de causas personales y no va al meollo del asunto, lástima que sigan sin dar
el debate, no se eleva el debate, no se hace uso de la civilidad republicana, de las que
ustedes han hablado.
Me recordó aquella frase "de que el
buen burócrata, que por conocer la ley se olvida de la justicia", se evoca la
Constitución pero no se cumple el artículo 116 que es muy claro en relación a las
características de los procesos electorales. Atacan a sus compañeros de partido, aquí
el diputado Ricardo Monreal fue el que autorizó y estuvo de acuerdo en que se investigara
y que se crearan las comisiones, ahí está en el Diario de los Debates.
Un momento diputado Rodríguez Prats.
Señor diputado Monreal tiene usted interés en hacer uso de la palabra, ¿con qué
objeto? Adelante diputado Rodríguez Prats.
| El diputado
Juan José Rodríguez Prats: |
Simplemente señor Presidente, hago
mención de lo que es la definición de un representante, hacer o formular una
representación es elevar información y a la vez pedirla, es hacer peticiones como algo
que afecta a nuestra vida, es presentar agravios, sintiéndose uno real y verdaderamente
agraviado, el representante no debe siquiera oír lo de sus representados, debe ser un
especialista en descubrir, analizar, discutir y defender la opinión popular y sus
problemas.
Debe estar llevando hacia arriba
necesidades, deseos, ilusiones, a la vez que debe explicar a los suyos lo que es posible y
realista y lograr su aceptación.
El legislador, el jurista trabaja con la
realidad y trabaja con los valores, trabaja con lo que se es y con el deber ser, por lo
tanto tenemos que penetrar la realidad y eso solamente se hace a través de la verdad,
tenemos que conocerla ése es el primer deber de un legislador. No podemos permitir que se
formen ghettos o estancos o feudos en México ni en los grupos sindicales ni en la
Secretaría de Hacienda en donde no se pueda sugerir de parte de esta soberanía,
políticas específicas y concretas ni mucho menos en entidades federativas, entidades
federativas porque forman parte del pacto federal.
Desafortunadamente se habla de la
globalización y efectivamente se ha globalizado el capital financiero a tal grado de que
las naciones y los estados se les va el control de sus economías; se ha globalizado el
delito, se ha globalizado la organización en relación a cometer el crimen en lo que se
refiere inclusive a delitos específicos como el narcotráfico, pero no se ha globalizado
el respeto de los derechos humanos, la posibilidad de construir la democracia, de hacer
acuerdos, de ventilar públicamente los asuntos que a todos atañen, que eso es función
fundamental del parlamento.
Por eso señores no existen zonas
reservadas, la razón de Estado no debe ser más fuerte que la razón y la necesidad de
proteger a los derechos del ciudadano. El siglo pasado, un gran liberal José María Luis
Mora decía, que se dan las luchas entre el progreso y el retroceso, las fuerzas del
progreso y las fuerzas del retroceso, en este México en transición estamos viviendo esa
misma lucha y las fuerzas del retroceso vienen de quienes no quieren ser investigados, de
quienes no quieren gobernar en cajas de cristal y las fuerzas del progreso vienen de un
nuevo Poder Legislativo que deseamos vigoroso y como autoridad moral para sembrar y darle
una esperanza al pueblo de México.
Muchas gracias.
Dígame, diputado Jiménez, Carlos
Jiménez...
Sí, en uso de la palabra el diputado
Ricardo Monreal, cinco minutos. Dígame, diputada... para rectificación de hechos,
diputada, su nombre por favor... Clara Brugada.
Adelante, diputado Monreal.
|
El diputado Ricardo
Monreal Avila: |
Señor Presidente:
Es conveniente, honorable Asamblea,
establecer criterios jurídicos respecto de este tema que se ha venido a plantear a la
Asamblea.
Es cierto, el día 13 de noviembre, si mal
no recuerdo, el Congreso del Estado de Tabasco planteó una controversia constitucional
contra los actos realizados por esta Cámara.
Participé, señores legisladores, en 1994,
en las reformas constitucionales al Poder Judicial Federal. En esta ocasión, se dotó a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de una facultad importante que ahora ejerce un
Congreso libre y soberano.
Se dotó a la Suprema Corte de Justicia de
la facultad de resolver las controversias constitucionales, como un mecanismo de control
jurisdiccional a efecto de corregir aquellos actos de alguna instancia de gobierno que
puedan derivar en abuso o que puedan derivar en vulnerar disposiciones constitucionales o
atentar contra el principio de legalidad.
Me parece que es correcto el planteamiento.
¿Por qué nos extraña que un Congreso que se siente agraviado, intente por la vía
jurisdiccional resolver la controversia?
Esta Cámara está emplazada, está
emplazada para dar respuesta a esa controversia constitucional; el asunto está sub
judice. Yo sé que en los partidos políticos hay buenos abogados, estos días lo he
constatado, ¿y saben que es un asunto que no debiera estar ventilándose en este momento,
sino sujetarse a la propia instancia jurisdiccional e ir a atender la contestación y la
respuesta de la demanda?
Yo creo que el propio compañero Rodríguez
Prats y lo digo con respeto, debió haberlo planteado en la CRICP, en el órgano de
gobierno para poder contestar, dar la respuesta al emplazamiento y que no se fijaran
posiciones dispares y hasta encontradas.
Hoy se ha vuelto a contaminar y a
partidarizar este asunto, señor diputado y eso es lo que me preocupa....
Señor diputado, disculpe. Dígame,
diputado Rodríguez Prats.
El señor diputado Rodríguez Prats,
diputado Ricardo Monreal, tiene interés en hacerle una interpelación, ¿la acepta usted?
|
El
diputado Ricardo Monreal Avila: |
Sí, para seguir conservando la
congruencia.
Sí, señor diputado, es aceptada.
Concédanle un micrófono, deténgase la marcación del tiempo.
|
El
diputado Juan José Rodríguez Prats
(desde su curul): |
Señor licenciado Ricardo Monreal, el
pasado viernes, hubo en Tabasco una reunión con asistencia del presidente del PRI,
Mariano Palacios Alcocer, para apoyar al Congreso local y citar inclusive a todos los
diputados locales de las entidades federativas del sur-sureste, para hacer un gran acto
ahí de solidaridad con esta controversia en Villahermosa. ¿No cree usted que el
presidente de su partido empezó politizando este asunto?
|
El
diputado Ricardo Monreal Avila: |
Diputado, yo creo que el presidente
de mi partido hizo lo correcto al apoyar a un correligionario; lo que me parece
incorrecto, es que ésos sean elementos para poder definir la controversia constitucional.
Eso es lo que está planteado en el fondo, señor diputado.
Y otra cosa que quisiera recordarles: a mí
no me extraña en este caso ni me sorprende que se acuda a una institución que votamos
por unanimidad, que es la controversia constitucional. Esperemos el fallo, resolvamos o
esperemos la resolución, pero le anticipo, diputado, ahora y a todos desafortunadamente,
que habremos de fijar nuestra posición, porque el asunto pudo haberse resuelto de manera
consensada en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que preside un
diputado del grupo parlamentario y que yo incluso algunos días anteriores a que se
planteara la controversia, porque nos fue notificado el emplazamiento, yo había señalado
que nos reuniéramos un grupo de abogados para dar la respuesta correcta y oportuna a esta
controversia constitucional. Hoy se ha venido a partidarizar y por supuesto habremos de
asumir actitudes congruentes con esta posición.
Mire usted, los actos de esta Cámara,
señores diputados, todos son revisables por la vía jurisdiccional, cuando así lo
mandate la Constitución y la ley.
Solamente en 1836, que ojalá y no se
vuelva a repetir en la historia de este país, existió...
El diputado se encuentra respondiendo
una interpelación, si me permite, diputado, con mucho gusto, ¿o es moción de orden o es
interpelación? Permítame, un momento. El diputado Juan Marcos Gutiérrez, tiene interés
en hacer una moción a la Presidencia, por favor concédanle un micrófono.
|
El
diputado Juan Marcos Gutiérrez González
(desde su curul): |
Con todo respeto, señor Presidente:
El diputado acaba de concluir ante todos la
respuesta y de vuelta se ha dirigido al total de los miembros de la Cámara, es claro que
está continuando con su intervención y ya concluyó su respuesta. Le ruego llame al
orden al orador.
No ha lugar su moción, diputado, le
ruego a usted permita al diputado Monreal continuar respondiendo la interpelación
presentada por el diputado Rodríguez Prats. Continúe el orador, por favor.
Permítame un momento, diputado Monreal.
¿Con qué objeto, diputado Jáuregui? Un momento, facilítenle un micrófono al diputado
Jáuregui, por favor.
|
El
diputado Sergio César Alejandro Jáuregui
Robles (desde su curul): |
Señor Presidente, en ocasiones
anteriores cuando han pasado oradores, como es el caso del diputado Rodríguez Prats,
usted mostró una gran incertidumbre respecto a si había concluido o no con la respuesta
a la interpelación. Hoy con toda seguridad usted afirma que no ha concluido. Yo le pido,
por favor, que le solicite al orador si ha concluido con su intervención o no, respecto a
la interpelación.
Tomo como de buena fe su
consideración, diputado, pero la Presidencia tiene criterio y lo hace valer conforme a
ley. El diputado Monreal... Y en todo caso...
|
El
diputado Ricardo Monreal Avila: |
Señor Presidente...
Permítame, diputado Monreal, un
momento. Dígame, diputado. Permítale la edecán, por favor, un micrófono al diputado
Rubén, por favor. Adelante.
|
El
diputado Rubén Alfonso Fernández
Aceves (desde su curul): |
Le suplico, con todo respeto, señor
Presidente, que actúe usted con el mismo criterio respecto del caso que nos está
ocupando que cuando se trató del diputado Rodríguez Prats.
Yo respeto su criterio, pero creo que es
importante preguntarle al orador si ha dado o no respuesta a la interpelación.
Diputado, no hay reglamentación al
respecto. Yo preguntaría, ¿que no convendría preguntarle a quien hizo la interpelación
si está satisfecha su interrogante? Permita a la Presidencia continuar con su trabajo y
voy a obsequiar el planteamiento en lo general: diputado Monreal, ¿está usted
respondiendo la interpelación presentada por el diputado Rodríguez Prats? ¿Ha agotado
usted su respuesta?
|
El
diputado Ricardo Monreal Avila: |
Señor Presidente, compañeros
diputados:
No he agotado la respuesta, pero para
calmar y serenar los ánimos le pido a la Presidencia que continúe con el tiempo. Creo
que es para todos exacto y correcto que mejoremos...
Atiéndase la solicitud del diputado
Monreal. Se solicita a los técnicos que procedan.
|
El
diputado Ricardo Monreal Avila: |
Que actuemos, señor Presidente, con
una gran civilidad y con una gran racionalidad. No podré desarrollar en el minuto que me
queda este tema tan importante; sólo debo de decir que en este país ojalá y no se
reproduzca el ejemplo del supremo poder conservador, que sólo sus actos eran revisables
ante dios y que no podía revisarlo ninguna autoridad.
Esta Cámara de Diputados, todos...
Diputado, ¿es que desea usted hacer
una interpelación?
| El diputado
Ricardo Monreal Avila : |
No, es que observé a la dama del
Partido Acción Nacional.
Doña Margarita, ¿tiene usted
interés en hacer alguna interpelación?
|
La
diputada Margarita Pérez Gavilán
Torres (desde su curul): |
No, señor Presidente.
Gracias. Diputado, ¿usted? Un
momento, un micrófono para el diputado. ¿Con qué objeto, diputado? Le pido, por favor,
al tomador de tiempo detener el reloj.
|
El
diputado Armando Rangel
Hernández (desde su curul): |
Es con el mismo ánimo, señor
Presidente, si le pudiera preguntar al orador si me permite una interpelación.
Señor diputado Monreal, es interés
del señor diputado hacerle una interpelación, ¿la acepta usted?
|
El
diputado Ricardo Monreal Avila: |
Por supuesto.
Adelante diputado.
|
El
diputado Armando Rangel
Hernández (desde su curul): |
Gracias, diputado Monreal. Volvemos
nuevamente a lo mismo diputado Monreal. Usted ahorita habla de que es necesario no retomar
este tipo de actitudes que poderes monárquicos tenían de no hacer que solamente los
gobiernos, que solamente las autoridades rindan cuenta ante Dios. Estamos de acuerdo con
usted en este sentido, diputado, y creo que estará también de acuerdo con nosotros,
diputado, que precisamente la facultad de la cual hizo uso esta Cámara de Diputados,
consagrada en la misma Constitución y que también ustedes hicieron uso de ella al pedir
lo mismo para el Estado de Jalisco, es un afán, precisamente, de no volver a actitudes
monárquicas. ¿Está de acuerdo usted con esto?
Diputado, ¿cuál fue su pregunta,
por favor?
|
El
diputado Armando Rangel
Hernández (desde su curul): |
Si está de acuerdo en eso diputado.
Gracias. Diputado Monreal, ¿puede
contestar la pregunta?
|
El
diputado Ricardo Monreal Avila: |
Sí, estoy de acuerdo.
|
El
diputado Armando Rangel
Hernández (desde su curul): |
No se preocupe Presidente, ya la
entendió él.
|
El
diputado Ricardo Monreal Avila: |
Estoy de acuerdo y precisamente por
eso, diputado, he insistido mucho y voy a seguir insistiendo; incluso al interior de mi
bancada hay diferencias, de que las comisiones de investigación, comisiones plurales, que
no tienen definición exacta en el reglamento y en disposiciones normativas, éstas
carecen de legalidad e incluso vulneran y degeneran el sentido estricto y exacto de lo que
es una comisión de dictamen.
Ojalá y podamos resolver esto en el corto
plazo.
Diputado, ya contestó la pregunta.
Se le pide al marcador de tiempo volver a la marcación.
|
El
diputado Ricardo Monreal Avila: |
Voy a los 45 segundos que me quedan.
En el fondo de la controversia se encuentra, desde nuestro punto de vista, una posible
violación al artículo 40 constitucional. Este establece, ustedes lo saben, cómo los
estados, parte de la Federación son soberanos en lo interno, por tanto cuentan con
autonomía propia en todo aquello que no sea competencia federal en términos del
artículo 104 de la Constitución Política.
Para nosotros, compañeros diputados, la
controversia planteada, independientemente de la decisión jurisdiccional que recaiga, es
correcta y es sana para la vida de la República y para todos los estados del país.
Muchas gracias, señor Presidente.
Está pendiente en el registro usted
diputada, tenga la bondad de pasar. Dispone de cinco minutos, Clara Brugada.
|
La diputada Clara
Marina Brugada Molina: |
En la sesión del día 2 de octubre,
el diputado Armando Aguirre propuso la formación de dos grupos plurales que se aboquen a
recibir directamente la información sobre el posible uso de recursos electorales para
fines electorales en los estados de Tabasco y Veracruz.
Dicha proposición fue turnada a propuesta
del PRI, por la Presidencia de la mesa directiva de la Cámara a la Comisión de
Desarrollo Social.
Antes de la sesión de la comisión, el
diputado Fidel Herrera Beltrán se comunicó personalmente conmigo para informarme que la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política habría acordado la integración
de los grupos plurales para Tabasco y Veracruz, que serían dos diputados por fracción y
que se formarían en la Comisión de Desarrollo Social.
La Comisión de Desarrollo Social acordó,
por unanimidad, la integración del grupo plural de Tabasco y Veracruz, en su sesión del
día 8 de octubre del año en curso, y se comunicó de ello al pleno de la Cámara el día
9 de octubre en un documento suscrito por los diputados integrantes de la mesa directiva
de la comisión.
En todo este proceso, en el pleno del 2 de
octubre, en la Comisión de Régimen Interno y Concertación, en la Comisión de
Desarrollo Social y en el pleno del 9 de octubre, en ninguno de estos espacios se
formularon cuestionamientos o se virtieron posiciones en contra, todos los grupos
parlamentarios avalaron su integración y su encomienda.
Resulta curioso el papel que le ha tocado
jugar al grupo parlamentario del PRI.
Primero estuvieron de acuerdo en la
integración del grupo plural; fueron a Tabasco y participaron en las actividades que se
desarrollaron; después se separaron del grupo plural porque su presencia incomodaba y
posteriormente presentaron su voto particular en contra del informe de la mayoría de los
integrantes del grupo plural, reconociéndose como minoría y ejerciendo el derecho que a
la misma le corresponde, además de implícitamente reconocer la legalidad del informe. Y
el mismo día en que declaraba inconstitucional la creación y las actividades del grupo
plural de Tabasco, otros diputados del PRI proponían la integración de una comisión
similar para indagar presuntos desvíos en el Estado de Jalisco.
Los diputados del PRI no han respondido una
serie de interrogantes que deja su actitud.
¿Por qué estuvieron de acuerdo en la
formación del grupo plural, si en el fondo estaban en contra? ¿Por qué fueron,
propusieron actividades y participaron...?
Un momento, diputada. Me permite.
|
La
diputada América Soto López (desde su curul): |
Señor Presidente.
¿Con qué objeto?
|
La
diputada América Soto
López (desde su curul): |
Pedirle a la diputada, si me permite
una pregunta.
Diputada Brugada, la diputada
América desea hacerle una interpelación, ¿acepta usted?
|
La
diputada Clara Marina Brugada Molina: |
Sí, cómo no.
Adelante, diputada.
|
La
diputada América Soto
López (desde su curul): |
Diputada, tenemos la duda de si usted
nació en la República de El Salvador. ¿Podría aclarárnosla?
Diputada, no ha lugar a la pregunta.
Continúe la diputada con el tema.
|
La
diputada Clara Marina Brugada Molina: |
No sólo es, sino que vamos a ir a
fondo con su pregunta, por lo que pudiera usted tratar de decir.
Diputada, le ruego concentrarse en el
tema, si es tan amable. Continúe.
Se les suplica a los señores diputados se
abstengan de formar corrillos que distraigan la atención del orador y dispersen la
concentración de la Asamblea. Se les pide, por favor, hacer uso de sus curules para que
la diputada pueda continuar con su intervención.
|
La
diputada Clara Marina Brugada Molina: |
Bueno, ante este tipo de preguntas
que hacen los diputados del PRI, pues hay que contestarle con otra.
¿Por qué fueron, propusieron actividades
y participaron en ésta, si todo ello era inconstitucional y violatorio a la soberanía
del Estado de Tabasco? ¿Por qué es inconstitucional lo que hizo en Tabasco y no es lo
que propusieron para Jalisco? ¿Será que los diputados del PRI tienen una lectura de la
Constitución distinta de acuerdo a cada caso?
Es increíble que un demandado venga a esta
tribuna a defender al demandante.
La función encomendada del grupo plural no
representa ningún ataque al orden jurídico del país ni a la soberanía del Estado de
Tabasco.
Recabar información es una tarea cotidiana
y permanente en esta Cámara y de cualquier órgano legislativo. Ello es esencial para el
cumplimiento de sus funciones. Pretender encerrar o limitar las facultades y obligaciones
de la Cámara de Diputados a este recinto Legislativo, constituye un peligroso intento de
limitar las facultades de la Cámara de Diputados y del Poder Legislativo.
Y retomamos, y esperamos que la mesa retome
las propuestas hechas por el diputado Rodríguez Prats, que la Cámara de Diputados se
pronuncie con toda energía en el asunto de la controversia constitucional interpuesta por
el Congreso de Tabasco, en el sentido de que defenderá radicalmente sus atribuciones,
para tener injerencia en todo lo que pueda dañar la moral social, ejerciendo plenamente
sus funciones y propiciando el fortalecimiento del estado de derecho.
Y dos, se instruya al departamento
jurídico, para que se esmere en la más acuciosa, responsable y fundamentada defensa
legal, de las atribuciones y facultades de esta Cámara de Diputados en el asunto en
cuestión.
Y para la diputada América, soy mexicana,
100%.
¿Con qué objeto, diputado Carlos
Jiménez Macías?
|
El
diputado Carlos Martín Jiménez
Macías (desde su curul): |
Para rectificar hechos, señor
Presidente.
Para hacer uso de la palabra por la
vía de la rectificación de hechos, el diputado Carlos Jiménez Macías dispone de cinco
minutos, en nombre del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional.
|
El diputado
Carlos Martín Jiménez Macías: |
Lamento mucho tener que prolongar un
tiempo más esta jornada, ya de por sí agotadora, pero me parece que no pueden quedar sin
respuesta algunas de las afirmaciones que aquí se han venido formulando y sobre todo me
gustaría dejar muy clara la posición de quienes formamos parte de esta comisión, a la
que se ha venido haciendo referencia.
Primero, es lamentable que Juan José
Rodríguez Prats haya venido a ser aquí una pesadísima intervención, para tratar de
justificar lo injustificable, para querer hacer constitucional lo inconstitucional, pero,
sobre todo, para convencerlos de que tendremos que replantearnos el federalismo y la
soberanía de los estados, que es una larga lucha de los mexicanos y que forma parte del
discurso de su partido Acción Nacional, la defensa y el fortalecimiento del federalismo y
de la soberanía de los estados, que es sustento fundamental de esa soberanía.
Y luego pues, aquí ya lo ha dispuesto la
diputada Brugada, pues hay una controversia, la Cámara tiene plazos, tendrá que dar
evidentemente una respuesta de ello. Pero, sin duda alguna, el lenguaje mesurado y
razonable hasta cierto punto del diputado del PRD, no tuvo nada que ver con la
exhortación que nos hizo Rodríguez Prats y la cual empezó por no acatar él mismo.
Yo simplemente diría, primero, no es
cierto, esta comisión no fue votada en el pleno, fue simplemente informada por la
Comisión de Desarrollo Social, también es cierto que nosotros acatamos el acuerdo de la
CRICP, lo reconocemos. Pero que no se les olvide que los representantes del PRI desde
antes de entrar a actuar en la comisión, la descalificamos y la subrayamos, incluso a
nuestra llegada a Tabasco, la inconstitucionalidad de esta comisión, la intromisión que
estaba haciendo en la vida interna y en un proceso electoral que competía exclusivamente
a los tabasqueños.
No lo estamos diciendo ahora, lo dijimos
antes de que empezara a actuar esta comisión. Pero, además, lo que se acordó fue la
integración de un grupo de trabajo y esta comisión perdió completamente el ámbito del
respeto a esa soberanía y actuó debidamente, y usted lo sabe, señora presidenta de la
comisión, deliberadamente, para tratar de meter ruido en el proceso electoral y
cuestionar la administración de Madrazo.
Es evidente que nosotros no vamos a aceptar
las descalificaciones y todos los infundios que vino aquí a hacer Rodríguez Prats contra
gobernadores y diputados de nuestro grupo.
Nos parece...
Permítame un minuto, diputado
Jiménez Macías.
Perdone diputado Rodríguez Prats, ¿desea
usted hacer uso de la palabra?
|
El
diputado Juan José Rodríguez Prats
(desde su curul): |
Sí, señor Presidente.
¿Con qué objeto? A ver señorita,
apoye al diputado Rodríguez Prats.
|
El
diputado Juan José Rodríguez
Prats (desde su curul): |
Si me permite una pregunta.
Un momento, señor diputado.
Se les ruega a los diputados evitar la
formación de corrillos que distraigan la atención que debe estar concentrada en la
discusión y en el debate respectivo.
Desea el diputado Rodríguez Prats
presentar una interpelación, diputado Jiménez Macías, ¿la acepta?
|
El
diputado Carlos Martín Jiménez Macías: |
No la acepto, señor.
No la acepta.
|
El
diputado Francisco Javier Reynoso
Nuño (desde su curul): |
Yo creo que por cortesía, señor
Presidente, hago una atenta moción y que esto sea precisamente un atento precedente para
que cuando nos dirijamos entre pares mencionemos diputado Rodríguez Prats, o a quien
corresponda.
A ver, no entendí su moción.
Vuélvala a hacer, diputado.
|
El
diputado Francisco Javier
Reynoso Nuño (desde su curul): |
El se refiere a Rodríguez Prats,
cuando en principio debe ser diputado Rodríguez Prats. Pedimos trato de pares.
Se acepta la moción por parte de la
Presidencia.
Diputado Jiménez Macías, continúe con su
intervención.
|
El diputado Carlos Martín Jiménez Macías: |
No se cuestiona de ninguna manera el
que la Cámara esté atenta al acontecer y al desarrollo de los problemas y de los asuntos
de los estados; lo que se cuestiona es la injerencia de la Cámara en asuntos que no le
competen y que la Constitución no le da atribuciones. Eso es lo que hemos venido
sustentando los diputados del Partido Revolucionario Institucional.
Tampoco se puede venir aquí a llamar
impunidad, así usó el término el diputado Bátiz, al reclamo legítimo del Congreso del
Estado de Tabasco en defensa de su soberanía y ante el derecho que tiene de interponer
esta controversia constitucional.
Y por último simplemente lamentar que
nuevamente el ánimo de revancha que ha sido manifiesto en la actitud del diputado
Rodríguez Prats durante todo el tiempo desde que ha perdido las elecciones en Tabasco, se
imponga a la voluntad de todos los demás legisladores del Partido Acción Nacional y de
los otros partidos, y que haya llevado a la Cámara a esta situación que hoy cuestiona
severamente la actitud responsable y legal de esta soberanía.
Es lamentable que se imponga ese espíritu
de revancha. No va a lograrlo, señor diputado, y la ley se va a imponer, y si la Cámara
excedió sus funciones tendrá que reconocerlo, y que el criterio y la legalidad se
impongan por encima de sus rencores, diputado.
|
La
diputada Norma Gabriela Argaiz
Zurita (desde su curul): |
Señor Presidente, solicito la
palabra.
¿Con qué objeto, diputada Argaiz?
|
La
diputada Norma Gabriela Argaiz
Zurita (desde su curul): |
Para rectificación de hechos.
Tiene el uso de la palabra. La
Presidencia le concede cinco minutos a la diputada Argaiz para que por la vía de
rectificación de hechos haga uso de la palabra.
|
La
diputada Norma Gabriela Argaiz Zurita: |
Gracias, señor Presidente.
Es lamentable...
Un momento, diputada. Se ruega a los
diputados colaboren al orden y al buen desarrollo de este debate, absteniéndose de formar
grupos de diálogo y de discusión. Hagan uso de sus curules, por favor. ¡Corre el
tiempo! Pongan por favor en cinco minutos el marcador. Un momento, diputada. Pongan en
cinco minutos el marcador del tiempo, por favor.
|
La
diputada Norma Gabriela Argaiz Zurita: |
Compañeras y compañeros diputados:
Es de veras lamentable el doble, triple
discurso que aquí los priístas esgrimen en esta tribuna.
Acabamos todos de escuchar que hasta con
inocencia, diría yo, que me perdonen mis compañeros diputados, acaban de aceptar la
solicitud de un diputado priísta, no sólo solicitando, sino hasta firmando para la
creación de un grupo plural para investigar los asuntos lamentables...
Se ruega a los señores diputados no
interrumpir a la oradora.
|
La diputada Norma
Gabriela Argaiz Zurita: |
...De Guerrero. Me da la impresión
de que también quieren emplazar al Congreso local, a todos los de oposición, de Guerrero
y a esta Cámara de Diputados, a una controversia constitucional porque también ese grupo
plural que en su momento declararán los priístas, que es anticonstitucional y los
llevarán a un enredo, a un asunto legaloide utilizando a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.
No podemos nosotros en verdad más que
aceptar que tienen argumentos de doble filo, estos señores.
Los reclamos contra lo que está sucediendo
en Tabasco, con lo que ha sucedido desde 1994, son cotidianos.
La gente democrática de Tabasco está en
verdad inconforme con la actuación de este grupo priísta tan legal.
Yo quiero leer aquí ante ustedes un
documento que me entregó un grupo de ciudadanos de Emiliano Zapata, de mi distrito, allá
en donde vivo, del 19 de noviembre y que está signado, dirigido a los señores que
conforman el Congreso de la Unión. Cito. Voy a leer textualmente:
"Por este medio nos dirigimos a su muy
digno y distinguido cargo, para manifestarnos en apoyo a la comisión plural de los
diputados federales que estuvieron en Tabasco el pasado mes de octubre del presente año,
así como también darle a conocer las anomalías que se vinieron presentando desde antes
de las elecciones en donde el partido oficial, el PRI, regaló artículos como máquinas
de escribir, molinos de mesa, machetes, mesas, bombas para fumigar, despensas, semillas
para sembrar y un sinfín de cosas que sólo en campaña se reparten.
Así como también amenazas a los padres de
familia de los niños becados diciéndoles a éstos que si no votaban por el PRI, les
quitarían las becas y por si esto fuera poco, prometían a cambio del voto un paquete de
material para construcción de vivienda.
Por otro lado, la propaganda estuvo
fenomenal, derrochando el dinero en tintas; entintaron un sinfín de muros por todo el
Estado...
Señores diputados: se les pide
observar la conducta a la que todos estamos obligados, para que la diputada Argaiz pueda
concluir con su intervención.
|
La
diputada Norma Gabriela Argaiz Zurita: |
Cabe mencionar también la difusión
exagerada en los diferentes medios de comunicación como la radio, la televisión y a cada
cinco minutos hacían alarde de la gran labor del Gobierno y que todos votaran por el
partido de la razón, el PRI. Los periódicos no se quedaron atrás. Todo esto fue pagado
por el Gobierno.
Y para culminar, el pago del voto el día
de las elecciones.
Como podrán darse cuenta, el gasto
excesivo de campaña es notorio, por lo que nosotros nos preguntamos: ¿se dio un informe
de los gastos de campaña? ¿De dónde salió tanto dinero? ¿Por qué derrochar tanto
dinero en campaña dejando a Tabasco con más pobreza? ¿Por qué no utilizar ese dinero
para crear empleos? ¿Por qué Tabasco siendo un Estado rico en petróleo, ganadería y
pesca, es uno de los más pobres del país?"...
¡Tiene más de 500 firmas, que son
absolutamente comprobables y con esto les quiero decir a ustedes que el descontento está
aquí, todos los días! ¡Y que nosotros los diputados de esta legislatura estamos
obligados a atender el reclamo, no de 500 ciudadanos de un municipio; de uno que nos lo
solicitara! Porque si no, ¿para qué se vota por un representante popular?
Gracias.
|
El
diputado Rubén Alfonso Fernández
Aceves (desde su curul): |
¡Una moción!
Dígame, diputado. ¿Desea usted
hacer uso de la palabra?
|
El
diputado Rubén Alfonso Fernández
Aceves (desde su curul): |
¡Para una moción!
Un momento, señor diputado. Lo van a
apoyar las señoritas edecanes con un micrófono.
|
El
diputado Rubén Alfonso Fernández
Aceves (desde su curul): |
Señor Presidente: nada más para
solicitarle que en los términos del artículo 115 del reglamento y el artículo 16 del
acuerdo parlamentario, pregunte a la Asamblea si el asunto está suficientemente
discutido.
Se acepta la moción del diputado
Fernández.
Sírvase la Secretaría preguntar a la
Asamblea si este asunto se encuentra discutido de manera suficiente, en votación
económica.
| El secretario
Jaime Castro López: |
Por instrucciones de la Presidencia,
se consulta a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
Gracias.
Túrnese a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales para los efectos legales que correspondan.
ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
El siguiente punto en cartera es el
relativo a la situación que prevalece en el Estado de Baja California. Para presentar la
posición del Partido Revolucionario Institucional, esta Presidencia le concede 10 minutos
para hacer uso de la palabra al diputado Roberto Pérez de Alva Blanco.
| El diputado
Roberto Pérez de Alva Blanco: |
Con su permiso, señor Presidente:
Honorable Asamblea: hace unos pocos días
nuevamente un suceso de barbarie puso a la ciudad de Tijuana, Baja California, en el
centro de la atención pública nacional. Ese acontecimiento criminal nos da hoy la pauta
para reflexionar en esta tribuna de la nación el estado de inseguridad pública que se
vive en esa, nuestra querida entidad.
Hablar de la violencia que hoy día priva
en buena medida en Tijuana y en Baja California, de una vorágine interminable de sucesos
que han agotado casi nuestra capacidad de asombro, es cosa ya que lamentablemente se ha
inscrito en los hechos de cada día.
Con impotencia la población se ha
acostumbrado a una realidad de acontecimientos de criminalidad intolerable, que han dejado
a una sociedad desprotegida y temerosa en mayor o menor grado en toda la entidad.
De todo esto nos ofrecen detallada
cuenta...
Un momento, diputado Pérez de Alva
Blanco. ¡Un momento!
Se ruega a los diputados que en el pasillo
central están formando corrillos, se abstengan de hacerlo para que el diputado pueda
continuar con su intervención.
Adelante, diputado.
| El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco: |
De todo esto nos ofrecen detallada
cuenta los comentarios de las personas en la calle, en las oficinas, en las casas. Los
alarmantes titulares de los diarios y las imágenes televisivas que no terminan de
sorprendernos no sólo por su crudeza, sino por la frecuencia con que nos narran los
hechos: asesinatos a sangre fría que victiman lo mismo a ciudadanos inocentes que a
agentes del orden público. Secuestros que terminan con patrimonios familiares o acaban
con la existencia de las víctimas. Frecuentes violaciones a mujeres indefensas, que son
imborrable trauma familiar. Asaltos y balaceras a plena luz del día, que hacen que
parezca zona sitiada lo que deberían ser calles tranquilas o medios de transporte seguros
para los ciudadanos.
Malvivientes que pululan en la periferia de
los centros escolares, con el propósito de hacer sujetos de todo tipo de fechorías a los
estudiantes. Frecuentes robos en los hogares que nos llevan a la desesperante conclusión
de que ni aun en la propia casa están las familias seguras; asaltos bancarios, vandalismo
en las escuelas, armamentismo ciudadano, robos de vehículos; en fin, una relación que
pudiera prolongarse en un fatídico resumen, construyendo un escenario social de
inseguridad pública que alarma a las personas pacíficas y trabajadoras, que son la
inmensa mayoría.
Y qué decir del gran pulpo del
narcotráfico, del monstruo de mil cabezas que ha crecido inusitadamente, que ha filtrado
sus influencias invadiendo todo tipo de esferas, privadas y públicas, corrompiendo y
comprando conciencias, tomando actitudes de franco desafío a la autoridad pública, en
una constante en la que los anunciados esfuerzos oficiales parecen débiles a la luz de
este cáncer social irrefrenable que ha dejado una estela de muerte, perversión y daño a
nuestra sociedad, principalmente a nuestra juventud.
Nos queda muy claro, porque es inocultable
que este deterioro de la seguridad pública es el resultante de una mezcla compleja en la
que se combinan muchos factores: pobreza, desempleo, falta de educación, carestía,
corrupción, abandono familiar, alcoholismo, drogadicción, pandillerismo y otros muchos.
Pero también hay que reconocer y señalar que una buena parte de su existencia se da por
la falta de una acción frontal, decidida y enérgica de quienes tienen la responsabilidad
de velar por la seguridad de nuestros conciudadanos.
En este preocupante contexto nos sacudió
nuevamente hace unos pocos días con incredulidad y desconcierto, un suceso más que
conmocionó a la opinión pública no solamente por su acontecer, sino porque parecía
imposible, ya que pudiera haber un hecho más de tal naturaleza que se agregara a una
larga relación de acontecimientos de esas impresionantes características, un artero
atentado que ha traído al comentario nacional de nueva cuenta a nuestra laboriosa
Tijuana, por una más de la increíble escalada de ejecuciones que nos llenan de oprobio y
desesperación.
La pérdida de una vida humana, como
sucedió, de quien se trate, es en sí misma suficientemente grave para merecer nuestra
condena. Sin embargo, el ataque perpetrado en la persona del periodista Jesús Blanco
Ornelas, reviste una connotación de mayor importancia. Se inscribe en el marco de una
brutal agresión a un valiente periodista. Se debe registrar como otros muchos, como un
inaceptable atentado al sagrado derecho de la libertad de prensa. Se define como un
episodio más de la trágica lucha de la razón y las ideas en contra de la fuerza, del
poder y de la compleja trama de la corrupción y la criminalidad.
Ante tal escenario, el grupo de diputados
priístas de Baja California, así como nuestros correligionarios en esta LVII
Legislatura, expresamos públicamente nuestra profunda indignación y nuestra reprobación
más enérgica por este acontecimiento. Desde esta tribuna de la nación exigimos, sin
partidismos, con todo vigor, a las autoridades responsables, la investigación expedita y
eficaz del asunto y que se esclarezcan a satisfacción la identidad de los autores
intelectuales y sus posibles móviles, que se adivinan públicamente; aplicando, desde
luego, la ley en todo su rigor, para quienes hayan planeado un acto no solamente que es de
brutalidad y cobardía, lo que ya de por sí es reprobable, sino porque en la irracional
comisión de este delito se trastoca uno de los más sagrados derechos inscritos en
nuestra Carta Magna.
El derecho a la libre expresión
periodística fue ganado con sangre. No permitamos ni seamos espectadores pasivos de que
por el mismo camino de la sangre se quiera amedrentar para acabar con él.
No quisiéramos, bajo ninguna
circunstancia, compañeros, que se hiciera costumbre ver a periodistas con chalecos
antibalas o portando armas para protegerse, ¡no! Y no porque creamos que no merecieran la
defensa de su integridad, sino porque sería la aceptación de un estado de cosas que de
suyo es inaceptable, porque tenemos la firme convicción de que las balas no pueden
amedrentar la libre expresión de las ideas, porque creemos profundamente que el ejercicio
profesional de un periodismo valiente es un aliado insustituible de la sociedad y debe ser
salvaguardado a toda costa.
Compañeros diputados: en medio de todo
tenemos plena claridad de que para nadie sería ético hacer indebido caldo de cultivo
político de un asunto tan delicado y de tanta importancia para una entidad y para la
nación como lo es la seguridad de sus ciudadanos. No sería congruente para nadie acudir
al simple formato de la observación sin sustento, cuando el estado de cosas requiere
señalamientos preocupados en atención a la demanda popular que nos exige a gritos
seguridad pública.
No sería tampoco exagerando soluciones, si
las hubiera, descalificando por trámite, como se construyeran mejores posibilidades; no
es ésa nuestra posición. Recogemos sí, en todo derecho y obligación, el reclamo de una
sociedad como la tijuanense, la bajacaliforniana y estoy seguro de la República, de
querer vivir en paz, de merecer vivir en paz, de una sociedad que nos exige que señalemos
responsablemente un estado de inseguridad pública que es inaceptable y que junto con su
reclamo nos dice que está harta de violencia.
A todos, a todos los niveles de gobierno, a
todos los niveles de responsabilidad en la seguridad pública y hoy en atención a nuestra
querida entidad, tenemos que exhortarles a que se preocupen verdaderamente por cuidar el
patrimonio de las familias, por cuidar la vida de nuestros conciudadanos, este estado de
cosas ya es inaceptable.
Es urgente que hagamos un enérgico llamado
a todos los niveles también para eficientar, para limpiar la corrupción y para depurar
los cuerpos de seguridad pública, todos, sólo así podremos pensar que estamos
cumpliendo con nuestro cometido, serio, responsable, sin partidismos, preocupados por la
gente que representamos, sólo así verdaderamente podríamos decir a quienes votaron por
nosotros que tratamos de cumplir su cometido.
Señor Presidente, para finalizar, ruego a
usted, si así lo considera, habida cuenta de que aquí se da una exposición y un reclamo
social público, tenga usted a bien considerar la posibilidad de enviar este documento a
nombre de nuestra fracción parlamentaria, a la Comisión de Seguridad para que tome
conocimiento y seguimiento del mismo.
Muchas gracias.
Gracias señor diputado.
Para pronunciarse en relación al mismo
tema, está inscrito para hacer uso de la palabra por el grupo parlamentario de Acción
Nacional, el diputado José de Jesús González Reyes. La Presidencia le concede 10
minutos, señor diputado.
| El diputado
José de Jesús González Reyes: |
Con el permiso de la Presidencia;
señoras y señores diputados:
Los diputados del PAN y especialmente los
diputados de Baja California, expresamos nuestro más enérgico rechazo a los lamentables
hechos sucedidos el pasado jueves 27 en la ciudad de Tijuana. Hechos en los que resultó
herido el señor Jesús Blanco Ornelas y muerto su guardia personal el señor Luis Lauro
Valero.
De igual forma repudiamos todo acto que
atente contra la seguridad de los bajacalifornianos y perturbe el avance democrático y
social de nuestra entidad. Los diputados del PAN nos sumamos a la condena generalizada de
este hecho y asumimos el firme compromiso de pugnar desde nuestro ámbito de competencia
por el esclarecimiento y la detención de los responsables materiales e intelectuales de
este repudiable atentado.
En Acción Nacional, tenemos plena
convicción que la inseguridad y la violencia son problemas de carácter nacional que
tienen causas multifactoriales que exceden y rebasan la capacidad de un solo orden de
gobierno. En Baja California y especialmente en Tijuana, hay que reconocerlo, por su
ubicación geográfica tenemos el serio y grave problema del narcotráfico, problema que
está fuera de la competencia de los órdenes locales de gobierno, actividad criminal que
nos está ganando la batalla, organizaciones delictivas que infiltran desde el Ejército
hasta las altas esferas del poder público.
Para hacer frente a este mal que lesiona la
tranquilidad y la salud del ciudadano, es urgente un esfuerzo interinstitucional que pase
de la retórica a las acciones; es necesario también un esfuerzo de la sociedad misma y
sobre todo de la comunidad internacional.
Esta Cámara, tiene también un papel muy
importante que jugar: el de generar leyes que propicien una participación más activa de
los ámbitos municipal y estatal en la lucha contra la delincuencia organizada.
Quizá valdría la pena analizarlo, sea
necesario redefinir el marco de facultades y competencias en materia de procuración de
justicia.
En el caso del narcotrático, el órgano
responsable de combatir delitos contra la salud es la Procuraduría General de la
República. También es cierto que en la actualidad es sumamente difícil distinguir entre
las mafias organizadas y la misma Procuraduría General de la República.
Respecto al lamentable hecho que hoy
comentamos, la Procuraduría General ha ejercido la facultad de atracción para conducir
las investigaciones; éstas tendrán que concluir en el esclarecimiento y la detención de
los responsables.
Los diputados de Acción Nacional,
estaremos pendientes y exigiremos que así sea. Es curioso, sin embargo, que como este
caso hay muchos otros en el Estado de Baja California, como bien lo decía el diputado
Pérez de Alba, en los cuales no se ha ejercido la facultad de atracción.
Nosotros solicitaríamos a la Procuraduría
General de la República, que ejerza la facultad de atracción en todos los casos
relacionados con el narcotráfico, que son muchos en el Estado de Baja California y
especialmente en Tijuana.
Queremos dejar claro aquí, compañeras y
compañeros diputados, que nuestro compromiso es porque impere la justicia. No pretendemos
el solapamiento o la defensa a ultranza de nadie. Quien sea encontrado responsable,
producto de una investigación adecuada, que se haga acreedor a la sanción que la
justicia determine.
Las corporaciones policiales, estatales y
municipales, se encuentran virtual y legalmente maniatadas para combatir el tráfico de
drogas. A pesar de ello, en el Estado de Baja California, el esfuerzo en recursos,
acciones y medidas, superan por mucho lo realizado por la misma Procuraduría General de
la República.
Hoy, en respuesta clara no sólo a este
hecho, sino en respuesta a la inseguridad en general, se está llevando a cabo una reforma
integral en materia de seguridad pública. Hoy, también se ha designado un nuevo
procurador, sin embargo esto no será suficiente sin la participación decidida de otros
órdenes de gobierno; no será suficiente sin la voluntad de la autoridad responsable de
combatir el tráfico de drogas.
Ojalá que la Presidencia de la República,
tenga también respuestas inmediatas para hacer frente a la delincuencia organizada.
Compañero diputado, estoy de acuerdo con
usted. Estoy de acuerdo también con lo que decía el diputado Efraín Zúñiga Galeana,
cuando se tocaba el caso del asunto de Guerrero. Debemos unificar criterios, todas las
fuerzas políticas del país, todos los órdenes de gobierno, todos los poderes de la
Unión y junto con los ciudadanos, hacer frente de una buena vez a este cáncer que poco a
poco aniquila a nuestra sociedad.
Reiteramos, los diputados de Acción
Nacional, nuestra solidaridad con la sociedad tijuanense y bajacaliforniana y nos unimos
al esfuerzo grande por reivindicar a una comunidad que ha sido ejemplo nacional de
trabajo, nobleza, democracia y participación cívica y que hoy desgraciadamente es
víctima de factores externos que enturbian su vida social y deterioran su imagen.
Hacemos votos por la recuperación plena de
un hombre que, como hijo adoptivo de Baja California, ha sido ejemplo y reflejo de lo
anterior y que ha tenido el valor de enfrentarse y decir lo que en muchos casos otros
callan. Baja California y México necesitan más ciudadanos como el señor Jesús Blanco
Ornelas.
El atentado a don Jesús y a su guardia
personal, fue no sólo un atentado a su integridad física, fue un atentado a la libertad
de expresión, estoy de acuerdo, fue un atentado a la sociedad entera. Por ello nuestro
más enérgico repudio y nuestra más firme exigencia para que el esclarecimiento y
detención de los responsables de este hecho, sea el inicio de una verdadera cruzada por
detener el avance del narcotráfico en nuestro país.
Muchas gracias.
Para presentar sus comentarios en
relación al tema que nos ocupa, en nombre del Partido del Trabajo, ha solicitado hacer
uso de la palabra la diputada Mercedes Maciel Ortiz. La Presidencia le concede 10 minutos
a la diputada Maciel Ortiz.
|
La diputada
María Mercedes Maciel Ortiz: |
Con su permiso, diputado Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Hace unas horas nos enteramos de la
renuncia del licenciado José Luis Anaya Bautista, quien fungía como procurador de
Justicia del Estado en Baja California. Esto es una buena señal pero sólo eso, una
señal. No varía la postura que a continuación voy a presentar por parte del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo.
La situación que hoy se suscita en Baja
California, es producto de un conjunto de hechos que han venido desarrollándose desde
hace algunos años. El lamentable atentado contra el periodista Jesús Blanco Ornelas, no
puede ser visto como un hecho aislado ni tampoco debe maximizarse sólo porque el gobierno
estatal es de origen panista.
Tampoco es válido señalar con dedo
flamígero a un Estado que por diversas circunstancias ha sido presa de la violencia. La
realidad de Baja California y otros estados de la República, independientemente del
origen partidista de su gobierno, es que son víctimas de la escalada de violencia que es
inducida por la lucha intestina de los cárteles y la corrupción que se enseñorea en los
cuerpos policiacos de todos los niveles y en la alta jerarquía de los encargados de la
procuración de justicia.
Esta alarmante situación implica que la
sociedad y de manera específica, los partidos políticos hagamos de lado nuestras
posiciones partidistas y cerremos filas a fin de frenar este mal. En particular los
legisladores debemos hacer una profunda investigación sobre la incursión del narco en el
Gobierno y en la sociedad mexicana, con el objeto de adecuar la legislación y coadyuvar
así a la resolución de este grave problema. Ello requerirá de una amplia consulta con
la población y con los especialistas en la materia.
Queremos señalar también que aunque no
compartimos la línea periodística de Zeta, tenemos la firme convicción de que la
libertad de expresión debe estar plenamente garantizada; por eso no podemos estar de
acuerdo con el gobernador del Estado de Baja California, Héctor Terán Terán, quien
declaró en entrevista televisiva del día sábado 30 de noviembre, que quien ejerce la
crítica debe atenerse a las consecuencias de su ejercicio.
En nuestra opinión el Gobierno debe ser
garante del ejercicio de los derechos de los ciudadanos, por ello y desde aquí, hacemos
un llamado al señor gobernador para que rectifique y asuma plenamente su responsabilidad.
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, exige que se haga una profunda investigación de éste y otros hechos que han
sucedido en Baja California.
Aquí es donde estaba anteriormente la
renuncia del señor José Luis Anaya Bautista. Nosotros proponíamos la valoración
conjunta por parte de la ciudadanía y del gobierno de Baja California, sobre la
actuación de los funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado, quienes desde
el inicio de su gestión han sido severamente cuestionados.
Por último, nosotros nos pronunciamos
porque se cree una comisión plural que le dé seguimiento a la lucha contra el
narcotráfico en nuestro país, por considerar que es un problema vital que requiere de la
atención permanente de esta soberanía.
Por su atención, muchas gracias.
Si señor diputado, ¿con qué
objeto?
El diputado
Rubén Alfonso Fernández Aceves
(desde su curul): |
Para rectificar hechos.
Esta Presidencia, antes de concederle
al diputado Fernández cinco minutos para participar por la vía de rectificación de
hechos en el debate, informa que ha circulado un orden del día que no comprende un tema
que es de importancia fundamental para el día de mañana. Con toda oportunidad se les
entregará el orden del día que considera un dictamen de primera lectura, que es de la
Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de ley que modifica diversas
disposiciones fiscales, Miscelánea. Por favor, diputado Fernández.
| El diputado
Rubén Alfonso Fernández Aceves: |
Con el permiso de la Presidencia:
Antes que nada quisiera valorar la madurez
con la que los grupos parlamentarios están abordando hoy un tema que nos concierne a
todos los mexicanos. Aceptamos desde luego los diputados panistas de Tijuana y de Baja
California, el llamado que se nos hace, a que juntos revisemos de qué manera la Cámara
de Diputados, de qué manera los actores políticos y la sociedad nacional puede darle
mejores instrumentos legales a nuestra autoridad en los tres órdenes de gobierno, para
combatir la delincuencia organizada.
Aceptamos con los bajacalifornianos la
necesidad de hacer una revisión exhaustiva, minuciosa, cuidadosa de las reglas que
necesitamos poner en práctica para tener un medio ambiente más adecuado para el
desarrollo de nuestras familias.
Quisiera hacer una breve reflexión, una
breve referencia respecto del esfuerzo que concretamente el ayuntamiento de Tijuana hace
para combatir un tema que no es de su competencia. La policía preventiva, que no tiene a
su cargo la persecución del crimen organizado y mucho menos del narcotráfico, tan solo
en este año ha decomisado alrededor de un arma por cada 1 mil 400 habitantes de Tijuana.
Para que se den una idea de lo que esto
significa, quisiera señalar que en el mismo periodo el Gobierno Federal decomisó un arma
por cada 18 mil habitantes.
Por otro lado, el gobierno municipal de
Tijuana ha destinado durante 1997, casi 60 pesos por habitante por año en materia de
seguridad pública. El Gobierno de la República ha destinado, según el II Informe de
Gobierno, seis centavos por habitante por año en esta materia.
Con esto queremos de alguna manera dar a
conocer el esfuerzo que sin obligación legal hace la autoridad municipal y la autoridad
del Estado, para atender una necesidad apremiante de los bajacalifornianos.
Hay un dato que de plano los diputados por
Tijuana no podemos aceptar; no podemos aceptar los calificativos que se hacen en contra de
nuestra tierra denigrándola, acusándola de estar llena de delincuentes, de un
armamentismo ciudadano y una serie de cosas que en lugar de buscar la redignificación de
nuestra ciudad, viene ayudar a contaminar la opinión que muchos tienen de ella en esta
nación.
Sobre ese particular quiero nada más decir
que el promedio de delitos diarios en Baja California es 20% inferior al promedio
nacional; el porcentaje de lesiones es tres veces menor al porcentaje nacional y el
número de homicidios es ocho veces más pequeño que el promedio nacional.
El grupo parlamentario del PAN finalmente,
hace votos porque en esta legislatura todos podamos encontrar, con la sociedad, con el
Gobierno Federal, con el gobierno del Estado y los gobiernos municipales de Baja
California, los mejores instrumentos para hacer causa común frente a este tema, alrededor
del cual muchos viven a costa de la vida y de la salud de los bajacalifornianos.
Muchas gracias por su atención.
Gracias diputado Fernández.
Se han agotado los asuntos en cartera. Se
instruye a la Secretaría proceda a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
Señor diputado, por favor cheque que incluya la discusión de la Miscelánea Fiscal el
orden del día que usted tiene. Adelante.
ORDEN DEL
DIA
| El secretario
José Antonio Alvarez Hernández: |
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.- Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Jueves 4 de diciembre de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de: Morelos, Tamaulipas y Veracruz.
Iniciativas de diputados
De reformas a la Ley de Cámaras, a cargo
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Propuesta sobre análisis para reformar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Samuel
Maldonado Bautista, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Excitativa
Sobre vigencia de poderes para actos de
dominio, del Código Civil, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, para que dictamine sobre la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal
del Trabajo, en materia de discapacitados, a cargo de la diputada Julieta Gallardo Mora,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, con proyecto de Ley que Modifica Diversas Disposiciones Fiscales. Miscelánea.
(Dispensa la segunda lectura, discusión y votación.)
Agenda política
Propuesta sobre las negociaciones con
trabajadores azucareros, a cargo del diputado Armando López Romero, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Votación económica.)»
CLAUSURA
Y CITATORIO
| El Presidente (a
las 18:26 horas): |
Agotados los asuntos en cartera, dada
a conocer el orden del día de la sesión de mañana, se levanta la sesión, siendo las
18:30 horas de este día 3 de diciembre y se cita para la próxima que tendrá lugar
mañana jueves 4 de diciembre a las 10:00 horas.
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