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Presidencia
del diputado Gil Rafael Oceguera Ramos |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia del registro de
firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario para esta sesión
del día 10 de diciembre de 1997.
| La secretaria
María Guadalupe Sánchez Martínez: |
Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 450 diputados. Por lo tanto hay quorum, señor Presidente.
| El Presidente (a
las 10:43 horas): |
Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 450 diputados, en consecuencia se abre la sesión y se va
a proceder a dar lectura al orden del día. Sírvase la Secretaría.
ORDEN DEL DIA
| La secretaria
María Guadalupe Sánchez Martínez: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.-
Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 10 de diciembre de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Iniciativas de diputados
Que reforma y adiciona los artículos 102
apartado B primero y segundo párrafos, 105 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 2o., 3o., 6o., 7o., 8o., 10, 11, 15, 17, 18,
19, 46 y 75 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre el Programa Nacional de Rescate a
Deudores Hipotecarios, Microempresarios y Agropecuarios, a cargo del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
De reformas al Reglamento del Gobierno
Interior y a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a
cargo del diputado Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
De decreto que crea el fideicomiso para la
compra de deuda agropecuaria y reactivación del sector, a cargo del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional
De Ley que modifica el Código Fiscal de la
Federación y las leyes: del Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos,
Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Federal de Derechos, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Oficio de la Cámara de Senadores
Con el que remite la iniciativa para
derogar la fracción IX del artículo 117, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y el tercer párrafo de la fracción III del artículo 28 de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y para reformar el primer párrafo del
artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, por el que se aprueba y ratifica el decreto que contiene la modificación del
artículo 1o.; la adición de una fracción IX al artículo 9o. y las fracciones XVII y
XVIII al artículo 15, así como un tercer párrafo al artículo 42, recorriendo el actual
hacia el cuarto párrafo, con un artículo transitorio, todos ellos de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado, aprobado por esta Cámara de Diputados, con fecha 4 de diciembre, cuyo
decreto fue rechazado por la Cámara de Senadores, con fecha 8 de los corrientes.
(Dispensa la segunda lectura, discusión y votación.)
De la Comisión de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1996.
(Dispensa la segunda lectura, discusión y votación.)
Agenda política
Pronunciamiento sobre mayor presupuesto a
productores agropecuarios, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Deliberativo.)
Pronunciamiento a favor de mayor
presupuesto a productores agropecuarios, a cargo del diputado Pedro Magaña Guerrero, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la extorsión que sufren
los mexicanos que envían dinero de los Estados Unidos de América, a territorio nacional,
a cargo del diputado Saúl Solano Castro, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Posición del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, sobre coordinación fiscal.»
Gracias, señora Secretaria.
ACTA DE LA
SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del día
es la discusión del acta de la sesión anterior. Ruego al diputado Secretario consulte a
los diputados miembros de esta Asamblea, si es de dispensársele la lectura a la referida
acta, habida cuenta que la misma ha sido entregada a los coordinadores de los grupos
parlamentarios. En caso de que la dispensa sea otorgada, se procederá de inmediato a su
votación. Sírvase la Secretaría.
| El secretario
Francisco Berganza Escorza: |
Por instrucciones de la Presidencia,
se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior,
tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores
de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes nueve de diciembre de mil
novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del
Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
|
Presidencia
del diputado Luis Patiño Pozas |
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las diez horas con cuarenta y siete minutos del martes nueve de diciembre de
mil novecientos noventa y siete, con una asistencia de cuatrocientos treinta y cuatro
diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del
día. La Asamblea, en razón de que los coordinadores de los grupos parlamentarios
recibieron copias del acta de la sesión anterior, dispensa la lectura al documento y,
posteriormente, lo aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente da la bienvenida a una
delegación de la Confederación de Mujeres de China y a alumnos de la Escuela República
de Irak, que honran con su presencia el recinto legislativo.
Diversas comunicaciones de los congresos de
los estados de Morelos y Sonora, con las que informan de actividades propias de sus
legislaturas. De enterado, excepto la última, que se turna a la Comisión de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Se da lectura a un oficio de la Cámara de
Senadores, con el que devuelve, para los efectos del inciso d del artículo setenta y dos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con minuta
proyecto de decreto que reforma el artículo primero y se adiciona una fracción nona al
artículo noveno, las fracciones decimoséptima y decimoctava al artículo quince y un
tercer párrafo al artículo cuarenta y dos, recorriendo el tercer párrafo actual a
cuarto párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
Cinco minutas de la colegisladora, con
proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los
ciudadanos:
Enrique Vilatela Riba, Jorge Luis Madrazo
Cuéllar, Liévano Sáenz Ortiz, José del Carmen Oramas Cadena y Guillermo Ortiz
Martínez, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la
República Francesa.
La Asamblea les dispensa todos los
trámites y, no habiendo quien haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación
nominal respectiva, misma que arroja los siguientes resultados:
Por los decretos correspondientes a los
ciudadanos Vilatela Riba, Madrazo Cuéllar y Oramas Cadena: trescientos setenta votos en
pro y seis en contra;
Por el decreto correspondiente al ciudadano
Ortiz Martínez: doscientos noventa y dos votos en pro y ochenta y cuatro en contra y
Por el decreto correspondiente al ciudadano
Sáenz Ortiz: trescientos quince votos en pro y sesenta y uno en contra.
Se turnan al Poder Ejecutivo Federal, para
los efectos constitucionales.
El Presidente da la bienvenida a alumnos de
la facultad de derecho del Centro Universitario Patria; invitados especiales del diputado
Cifuentes Negrete, de la ciudad de León, Guanajuato; estudiantes del sexto año de
primaria, presididos por el profesor Ernesto Alcanedo; campesinos del Estado de Oaxaca,
invitados por el diputado Manuel García Corpus; alumnos de la Universidad La Salle e
invitados del diputado Larios Córdoba.
Solicita y se concede el uso de la palabra
a la diputada Aurora Bazán López, del Partido Verde Ecologista de México, quien
denuncia hechos sobre la situación forestal en el Estado de Chiapas.
Expresan sus opiniones sobre el mismo tema,
los diputados Carlos Orsoe Morales Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática y
Manuel Hernández Gómez, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos o contestar
alusiones personales, suben a la tribuna los diputados Francisco Javier Zorrilla Rabelo,
del Partido Revolucionario Institucional y Carlos Orsoe Morales Vázquez, del Partido de
la Revolución Democrática.
Por instrucciones del Presidente, se da
lectura al artículo vigésimo del acuerdo parlamentario.
Para rectificar hechos, se concede el uso
de la palabra al diputado Ranulfo Tonche Pacheco, del Partido de la Revolución
Democrática.
Se turna a la Comisión de Bosques y
Selvas.
Sube a la tribuna la diputada María
Guadalupe Sánchez Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia
hechos sobre el Banco Nacional de Comercio Interior y presenta un documento en el que
solicita que se investigue y se analice la problemática de esa entidad bancaria.
Sube a la tribuna para referirse al mismo
tema, el diputado Alfredo Phillips Olmedo, del Partido Revolucionario Institucional, quien
propone que continúe la liquidación de la institución bancaria.
Se turna a las comisiones unidas de
Hacienda y Crédito Público y a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Hace uso de la palabra el diputado Miguel
Angel Garza Vázquez, del Partido Verde Ecologista de México, quien propone un punto de
acuerdo para exhortar a abstenerse de fumar en recintos cerrados, en las reuniones de
comités y comisiones.
Para rectificar hechos, sube a la tribuna
el diputado Gustavo Espinosa Plata, del Partido Acción Nacional y en el mismo sentido,
los diputados Gonzalo Rojas Arreola, Laura Itzel Castillo Juárez y Armando López Romero,
del Partido de la Revolución Democrática.
Se aprueba en votación económica el punto
de acuerdo.
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura
la de hoy a las trece horas con diecisiete minutos, citando para la que tendrá lugar
mañana, jueves diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
Gracias, diputado Secretario.
Esta Presidencia informa a los diputados de
esta honorable Asamblea, que se encuentran presentes 93 estudiantes del segundo grado de
la escuela secundaria número 425, licenciado Jesús Reyes Heroles. En nombre de la
Cámara de Diputados se les saluda con particular reconocimiento y cariño.
DERECHOS
HUMANOS
El siguiente punto en cartera, es el
relativo a las iniciativas de los diputados; consecuentemente, esta Presidencia le concede
el uso de la palabra al diputado Jorge López Vergara, para que en nombre del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, presente una iniciativa que reforma y adiciona
los artículos 102 apartado B primero y segundo párrafos; 105 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 2o., 3o., 6o.,
7o., 8o., 10, 11, 15, 17, 18, 19, 46 y 75 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos. Sírvase el diputado López Vergara, hacer uso de la tribuna.
| El diputado
Jorge López Vergara: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
«Los suscritos, diputados de la LVII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los
artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de
Diputados, la presente iniciativa de adiciones y reformas a los artículos 102 apartado B
y 105 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como a los artículos 2o., 3o., 6o., 7o., 8o., 10, 11, 15, 17, 18, 19, 46 y 75 de la Ley
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
A partir de que fueron creados los
organismos públicos no jurisdiccionales de protección a los derechos humanos, diversos
sectores sociales han esgrimido serias críticas en torno a la naturaleza jurídica de los
mismos y sobre el carácter de sus funciones. En lo general, dichos cuestionamientos se
han centrado en la consideración fundamental de que estos organismos no surgieron con la
fuerza e independencia necesaria para llevar a cabo adecuadamente sus labores. Han
transcurrido ya siete años desde que el primero de estos organismos, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, fue establecido, y a lo largo de este tiempo, algunas de las
inquietudes indicadas han demostrado ser absolutamente atendibles.
Entre las observaciones críticas que más
se han reiterado, está la concerniente a los mecanismos para el nombramiento de su
titular, lo que ha motivado una reflexión profunda en torno a la autonomía real con la
que cuenta este organismo defensor de derechos humanos. Hasta ahora el presidente de la
denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos es designado por el titular del Poder
Ejecutivo Federal, con la intervención del Senado de la República. Aun cuando esta
situación se ha justificado atendiendo a la tradición presidencialista del Estado
mexicano, la realidad ha mostrado que este mecanismo sugiere formas de dependencia con el
jefe del Ejecutivo Federal, que si bien pudieran no darse, por lo menos ponen en duda la
absoluta y total independencia de las decisiones del ombudsman, lo cual es inadmisible en
un estado moderno de derecho.
Algunas de las propuestas presentadas como
solución a este problema, han planteado la necesidad de que el nombramiento del titular
de los organismos protectores de derechos humanos se realice desde el Congreso, para
acercar más la figura del ombudsman a sus similares europeos y latinoamericanos y
afianzar con ello una posición de mayor independencia respecto del Ejecutivo. No
obstante, sobre este punto, vale considerar que una modificación tal implica, desde
luego, introducir un control sobre el nombramiento del titular del ombudsman, pero no
resuelve la situación de dependencia orgánica que la institución tiene con respecto al
Ejecutivo. Por supuesto, el análisis de este tópico conduce a la necesidad de plantear
una amplia discusión que concierne no sólo a los mecanismos de designación del titular
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino al carácter mismo de la institución,
a la constitución y función de su consejo, al ejercicio de su presupuesto y de sus
facultades, entre otras múltiples cuestiones referidas al funcionamiento propio del
ombudsman.
La iniciativa que se presenta, propone
modificar el apartado B del artículo 102 constitucional, así como reformar y adicionar
la ley reglamentaria de este artículo. En seguida se presentan los argumentos que la
sustentan:
A) Sobre la independencia del ombudsman.
En su origen, la figura del ombudsman
nació como un organismo intermedio entre el Estado y la sociedad civil, cuyo valor radica
en su capacidad de denuncia y en la fuerza moral de sus recomendaciones, lo cual le otorga
un carácter de observador privilegiado de las relaciones entre la administración
pública y los ciudadanos; por esta razón, la presente iniciativa de reforma y adiciones
al marco jurídico del ombudsman, propone la transformación de esa institución en un
organismo autónomo, que por ministerio de ley goce de esa calidad, tanto orgánica como
técnicamente, para nombrar a su titular y para ejercer sus funciones y su presupuesto de
manera totalmente independiente de los poderes de la Unión, lo que lo aproximaría más a
la ciudadanía y reforzaría su lugar como observador independiente de los actos
administrativos del Estado.
La propuesta de esta incitativa requiere de
una modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el
artículo 102 apartado B, tal como está redactado actualmente faculta al Congreso para
establecer estos organismos sin determinar la naturaleza jurídica de los mismos, pero no
índica que tendrán el carácter de autónomos.
La iniciativa, asimismo, considera el
reformar la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y establece que su artículo
2o. sea nuevamente redactado para determinar en él el carácter de la Comisión como
organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con
facultades para nombrar a su propio titular, para organizarse internamente y para ejercer
libremente su pre/supuesto y sus funciones. En consecuencia, la propuesta implica también
la reforma al artículo 75 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para
establecer que los recursos de este organismo sean directamente aprobados por la Cámara
de Diputados mediante los procedimientos que ésta determine.
B) Sobre el nombramiento del titular de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y sobre su perfil profesional.
Hasta ahora, el presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos es nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Federal. No
obstante, como consecuencia de la consideración hecha en el párrafo anterior, el
nombramiento del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deviene un tema
fundamental para asegurar la independencia de la institución. Desde luego se trata de una
cuestión que no implica reformas constitucionales porque su regulación impacta solamente
a la ley. El mecanismo propuesto es que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos sea nombrado por el consejo de la propia institución y que este nombramiento sea
ratificado por una mayoría calificada de la Cámara de Diputados.
Este mecanismo evita la politización en la
designación del ombudsman y traslada la responsabilidad a un órgano colegiado que,
según se expone más adelante, se pretende conformarlo con una amplia representación de
la sociedad civil, lo que es acorde a la pretensión de ciudadanizar al ombudsman,
particularmente dada su función de protector de derechos humanos. Desde luego, la
iniciativa ha puesto énfasis particular en la determinación de los requisitos que debe
reunir quien aspire a la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así
como a la necesidad de un procedimiento de consulta ciudadana en el que el consejo debe
escuchar las propuestas de los candidatos que cumplan con los requisitos de ley y, en
conciencia, decidir de entre éstos, a quien someter a la aprobación camaral.
En lo referente al tema de los requisitos
para ser presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es necesario señalar
que, con el objetivo de poner énfasis en el compromiso que el ombudsman debe tener en la
defensa de los derechos humanos y para evitar que la Comisión Nacional sea concebida como
una etapa en la carrera profesional de su titular dentro de la administración pública, y
que, con este motivo se resguarden vínculos extrainstitucionales con instancias ajenas e
intereses extraños a las funciones de la institución, en la presente iniciativa se
propone que el presidente de la misma quede inhabilitado para desempeñar cualquier cargo
dentro de la administración pública federal o estatal, durante el año posterior al
ejercicio de su función como ombudsman y establece la asignación de una pensión o dieta
honoraria durante ese periodo para el ex funcionario, que deberá fijar la Cámara de
Diputados.
C) Sobre el nombramiento del consejo de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En esta misma dirección y para que la
reforma tenga el sentido que se busca, el consejo de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos debe afianzarse como un órgano colegiado, de control interno del ombudsman, cuya
autoridad provenga de su carácter autónomo y ciudadano y de la calidad moral de sus
miembros. De ahí que se proponga igualmente la reforma de los artículos 17, 18 y 19 de
la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que regulan el nombramiento de los
miembros del consejo, su sustitución y las facultades de las que goza dicho órgano. En
lo que se refiere al nombramiento, se propone que éste se realice en el seno mismo del
consejo, mediante un procedimiento de consulta abierto a toda la ciudadanía, en el que
puedan ser oídos todos los grupos sociales que legítimamente persigan la posibilidad de
incidir en el quehacer de la Comisión Nacional; el contenido propuesto para la reforma
del artículo 17, hace descansar la decisión en el propio consejo y le exige que ésta se
dé a conocer de manera pública en un documento razonado que funde y motive su
determinación; en lo que se refiere a la duración de los miembros del consejo en su
encargo, no se introducen cambios y sólo en el caso de la sustitución de éstos, se
remite al procedimiento de nombramiento antes expuesto.
Finalmente se adiciona el artículo 19, con
la finalidad de facultar al consejo para nombrar, sustituir y revocar el nombramiento del
titular del organismo nacional. En el artículo tercero transitorio de esta iniciativa, se
prevé que, por única vez, el nombramiento del primer consejo sea realizado ex oficio por
mayoría calificada de la Cámara de Diputados.
D) Sobre las facultades de los organismos
públicos protectores de derechos humanos.
Desde su origen, las instituciones que
asumen funciones de ombudsman, fueron concebidas como órganos destinados a evitar que, en
los laberintos de las cada vez más complejas burocracias modernas, se vulneraran los
derechos de los ciudadanos. Actualmente, en nuestro país, los organismos protectores de
derechos humanos tienen restricciones competenciales, por lo que se refiere a los actos
administrativos de ciertas instancias, cual es el caso del Poder Judicial de la
Federación, de las juntas de Conciliación y Arbitraje y de las instancias electorales;
sin embargo, las razones de fondo que sustentan dichas restricciones competenciales no se
adecúan a las características estructurales de este tipo de instituciones.
En efecto, la justificación para que los
ombudsman no tengan competencia sobre asuntos jurisdiccionales de fondo, radica en que, de
tenerla, se crearía un conflicto a la división de poderes, lo cual claramente alteraría
la coherencia del estado de derecho; sin embargo, no existe el mismo obstáculo por lo que
se refiere a los actos estrictamente administrativos que realizan esos órganos, pues
tales actos no tienen un contenido de fondo capaz de afectar la función jurisdiccional de
esas instituciones.
Por ese motivo, en la iniciativa que se
presenta a la consideración de la Cámara de Diputados, se propone reformar los párrafos
primero y segundo del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, con objeto de eliminar la excepción por lo que hace a los actos
del Poder Judicial de la Federación, para que se permita que la Comisión Nacional de
Derechos Humanos tenga también competencia para conocer respecto de los actos u omisiones
de carácter administrativo de dicho poder, que violen derechos humanos. Asimismo, se
suprime el segundo párrafo del apartado B, con objeto de que la Comisión Nacional tenga
competencia para conocer de los actos u omisiones de naturaleza administrativa,
proveniente de los tribunales electorales y de las juntas de Conciliación y Arbitraje.
E) Sobre el apoyo que daría la Cámara de
Diputados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Al proponerse adicionar un párrafo al
artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el que se
establece que si la autoridad o servidor público que ha recibido una recomendación de
parte del ombusman, considerare que no la acepta, podrá ser llamado por el pleno de la
Cámara de Diputados, para que ante los representantes populares justifique su no
aceptación. Con esta adición se pretende apoyar al organismo protector de los derechos
humanos para que sus recomendaciones tengan más fuerza moral, de tal manera que la
autoridad o servidor público comprenda que no le será fácil eludir su responsabilidad
por haber violado derechos humanos.
F) Sobre la competencia de los organismos
públicos de derechos humanos para ejercitar acciones de inconstitucionalidad.
El acceso a la jurisdicción del control de
constitucionalidad es una posibilidad que debe ampliarse al máximo en las sociedades
democráticas. Dado que en nuestro país todavía existen candados importantes por lo que
se refiere a las personas que tendrán idius stan para ejercitar la acción de
constitucionalidad, es pertinente que sea justamente la institución encargada de la
protección no jurisdiccional de derechos humanos, quien tenga la facultad para ejercer
dichas acciones. Ello se desprende del carácter particular que tienen esas instituciones,
pues de facto, funcionan como puentes entre el ciudadano común y los órganos del Estado;
además, como realizan acciones de seguimiento permanente de los actos de la
administración, tienen mayor capacidad de anticiparse a los problemas y contradicciones
que puedan surgir de la actividad legislativa.
Los términos en que se intenta regular las
condiciones en que los organismos públicos de derechos humanos podrán ejercitar acción
de inconstitucionalidad, conciernen a que sólo estarán facultados para hacerlo sobre
materias que específicamente se refieran a normas generales violatorias de derechos
humanos. La razón de ello, es que el contenido normativo que regula las acciones de
inconstitucionalidad limita el ejercicio de dicha acción de todos aquellos que tienen
personalidad legal para hacerlo; en el caso de la presente iniciativa, se atendió al
criterio de especialización que los organismos públicos de derechos humanos tienen y a
la necesidad de evitar que acumularan facultades legales que no les competen directamente,
con la intención de no generar inflación respecto de las facultades de estos organismos,
que se traducirían en desvíos de atención hacia materias ajenas a su competencia.
De acuerdo con este razonamiento, son
agregados al artículo 105 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los incisos g y h, que respectivamente otorgan ius standi al organismo
nacional, por lo que respecta a leyes de carácter federal y análoga facultad a los
organismos de derechos humanos en el ámbito de sus competencias respectivas.
Señoras y señores diputados, por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55
fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de la Cámara de Diputados, a efecto de
que se turne de inmediato para dictamen a la comisión correspondiente, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Por el que se reforman y adicionan, el
artículo 102 apartado b primero y segundo párrafos, el artículo 105 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 2o.,
3o., 6o., 7o., 8o., 10, 11, 15, 17, 18, 19 y 75 de la Ley de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.
Artículo primero. Se reforma el párrafo
primero del apartado B del artículo 102 y se reforma y adiciona el segundo párrafo del
mismo artículo; asimismo, se adicionan los incisos g y h a la fracción II del artículo
105.
"Artículo 102. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
B) El Congreso de la Unión y las
legislaturas de los estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán
organismos de protección de los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano,
los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa
provenientes de cualquier autoridad o servidor público de la Federación, que violen
estos derechos. Formularán recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Estos organismos no tendrán
competencia respecto a asuntos de carácter jurisdiccional que determinen las leyes.
El organismo que establezca el Congreso de
la Unión gozará de autonomía y patrimonio propios y conocerá de las inconformidades
que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los
organismos equivalentes de los estados.
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia
de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos
siguientes:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
II. De las acciones de inconstitucionalidad
que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter
general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse
dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
g) El titular del organismo protector de
derechos humanos que establezca el Congreso de la Unión, respecto de leyes federales que
contravengan las garantías individuales concedidas por esta Constitución y por los
tratados internacionales en materia de derechos humanos celebrados por el Presidente de la
República, con aprobación del Senado y
h) Los titulares de los organismos
protectores de derechos humanos que establezcan las legislaturas de los estados, respecto
de leyes locales que contravengan las garantías individuales concedidas por esta
Constitución y por los tratados internacionales en materia de derechos humanos celebrados
por el Presidente de la República, con aprobación del Senado."
Artículo segundo. Se reforman y adicionan
los artículos 2o., 3o., 6o., 7o., 8o., 10, 11, 15, 17, 18, 19, 46 y 75 de la Ley de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, para quedar como sigue:
"Artículo 2o. La Comisión Nacional
de Derechos Humanos es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con facultades para nombrar a su propio titular, para organizarse
internamente y para ejercer libremente su presupuesto y sus funciones. La Comisión
Nacional tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y
divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano.
Artículo 3o. La Comisión Nacional de
Derechos Humanos tendrá competencia en todo el territorio nacional, para conocer de
quejas relacionadas con violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas
a autoridades y servidores públicos de carácter federal.
Artículo 6o. La Comisión Nacional tendrá
las siguientes atribuciones:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
II. Conocer e investigar, a petición de
parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:
a) Por actos u omisiones de autoridades
administrativas y judiciales de carácter federal, en materia administrativa;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
XV. Ejercer acción de
inconstitucionalidad, en los términos de la ley reglamentaria de las fracciones I y II
del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
XVI. Las demás que le otorguen la presente
ley y otros ordenamientos legales.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 7o. La comisión no podrá
conocer de los asuntos relativos a:
I. Derogada.
II. Resoluciones de carácter
jurisdiccional.
Se entiende por resoluciones de carácter
jurisdiccional:
a) Las sentencias o laudos definitivos que
concluyan la instancia;
b) Las sentencias interlocutorias que se
emitan durante el proceso;
c) Los autos o acuerdos dictados por el
juez o por el personal del juzgado o tribunal para cuya expedición se haya realizado una
valoración y determinación jurídica o legal y
d) En materia administrativa, los análogos
a los señalados por los anteriores.
III. Derogada.
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Artículo 8o. En los términos de esta ley,
sólo podrán admitirse o conocerse quejas o inconformidades contra actos u omisiones de
autoridades judiciales, cuando dichos actos u omisiones tengan carácter administrativo.
La Comisión Nacional por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de
fondo.
Artículo 10. El presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos será nombrado por el consejo de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y ratificado por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Con
la finalidad de realizar el nombramiento, el consejo deberá convocar a una consulta
nacional para la presentación de candidatos a la presidencia de la Comisión Nacional, en
los términos que establezca el reglamento interno de la institución.
Cuando por cualquier causa el titular de la
Comisión Nacional no pudiere seguir desempeñando el cargo en forma definitiva, lo
sustituirá interinamente el primer visitador general, hasta en tanto el consejo nombre un
sustituto, en los términos del párrafo anterior. El nombramiento del titular definitivo
no podrá exceder de un plazo máximo de un mes, a partir de que entre en sesiones
ordinarias la Cámara de Diputados.
Artículo 11. El presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos durará en sus funciones cuatro años y podrá ser designado
exclusivamente para un segundo periodo.
El titular de la Comisión Nacional, una
vez concluido su encargo, quedará inhabilitado para desempeñar cargos públicos durante
un año. La Cámara de Diputados determinará el monto que el ex titular recibirá como
pensión o dieta honoraria durante ese periodo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 15. El presidente de la Comisión
Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
V. Informar anualmente sobre las
actividades de la comisión a la Cámara de Diputados.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
X. Ejercer la acción de
inconstitucionalidad en nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
XI. Las demás que le señalen la presente
ley y otros ordenamientos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 17. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Será causal de destitución de los
consejeros, el hecho de que injustificadamente se ausenten o no se presenten a las
sesiones ordinarias y extraordinarias, por más de tres ocasiones seguidas. En su caso, la
destitución la hará el presidente del consejo y para el nombramiento de un consejero
sustituto se procederá en los términos que establece el artículo 18 de este
ordenamiento.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 18. La sustitución anual del
miembro de mayor antigüedad del consejo será hecha a propuesta de los miembros restantes
de este órgano, en los términos del reglamento interior de la Comisión Nacional, con la
ratificación de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.
Artículo 19. El consejo de la Comisión
Nacional tendrá las siguientes facultades:
I. Nombrar en los términos que establece
esta ley, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
II. Nombrar anualmente al consejero
sustituto, en los términos que establece esta ley.
III. Establecer los lineamientos generales
de actuación de la Comisión Nacional.
IV. Aprobar el reglamento interno de la
Comisión Nacional.
V. Aprobar las normas de carácter interno
relacionadas con la Comisión Nacional.
VI. Opinar sobre el proyecto del informe
anual que el presidente de la Comisión Nacional presente a la Cámara de Diputados.
VII. Solicitar al presidente de la
Comisión Nacional información adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite
o haya resuelto la Comisión Nacional y
VIII. Conocer el informe del presidente de
la Comisión Nacional respecto al ejercicio presupuestal.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 46. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
La autoridad o servidor público que
informe que no acepta la recomendación podrá ser llamado por la Cámara de Diputados,
para que ante el pleno de la misma, explique las razones de su negativa.
Artículo 75. El presupuesto anual de
gastos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será directamente autorizado por la
instancia que determine la Cámara de Diputados; esta misma Cámara, a través de los
procedimientos que acuerde, recibirá del organismo la cuenta de erogaciones que
corresponda."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones
legales y reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento.
Tercero. El nombramiento del primer consejo
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estará a cargo de la Cámara de Diputados
mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros.
Cuarto. El actual presidente y los miembros
del consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos permanecerán en sus cargos hasta
en tanto no sea nombrado el consejo al que se refiere el artículo tercero transitorio de
este decreto.
Quinto. El reglamento interior de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, será expedido por su consejo dentro de los seis
primeros meses posteriores al momento de haber entrado en funciones.
Sexto. Los actuales funcionarios de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, permanecerán en sus cargos hasta que se haga la
designación correspondiente, conforme a lo dispuesto por esta ley.
Dado en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, a 5 de diciembre de 1997.- Diputados: Jorge López Vergara, Ramón María Nava
González, Abelardo Perales Meléndez, Francisco Javier Reynoso Nuño, María Soledad
Baltazar Segura, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, María Gloria Ocampo Aranda y Rafael
Alberto Castilla Peniche.»
Túrnese a las comisiones unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Esta Presidencia informa que por acuerdo de
la mesa directiva, el orden del día sufre las siguientes modificaciones:
Primero. En lo que toca al capítulo de
agenda política, el pronunciamiento sobre mayor presupuesto a productores agropecuarios,
a cargo del grupo parlamentario de Acción Nacional, queda pendiente.
Segundo. En lo relativo a la posición del
grupo parlamentario del Verde Ecologista de México sobre el tema relativo a la
coordinación fiscal, también a solicitud del Verde Ecologista es un asunto que queda
fuera de la agenda política.
A la agenda política, por acuerdo y
petición de todos los grupos parlamentarios, deberá agregársele un punto de acuerdo
relativo al presupuesto para el sector educativo mexicano.
Por lo que hace al capítulo relativo a las
iniciativas de diputados, esta Presidencia también informa a las señoras y a los
señores diputados, que el punto siguiente en cartera es el relativo al decreto que crea
el fideicomiso para la compra de deuda agropecuaria y reactivación del sector, a cargo
del diputado federal del grupo parlamentario de Acción Nacional, el diputado Joaquín
Montaño Yamuni.
Por lo que hace al punto relativo a las
reformas al Reglamento de Gobierno Interior y a la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, que está agendado como un punto a cargo del diputado
Salvador Sánchez Vázquez, este punto pasa a la agenda política, deja de estar incluido
en el capítulo relativo a las iniciativas de diputados.
Y por último se informa que a petición
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sale del orden del día
de esta sesión la iniciativa de Ley que modifica el Código Fiscal de la Federación y
las leyes del Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, etcétera.
FIDEICOMISO
PARA LA COMPRA DE DEUDA AGROPECUARIA Y REACTIVACION DEL SECTOR
Consecuentemente tiene la palabra el
diputado Joaquín Montaño Yamuni, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
| El diputado
Joaquín Montaño Yamuni: |
Con su permiso, señor Presidente:
Señor Presidente de la Cámara de
Diputados.-Presente.
Con fundamento en el artículo 71 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 57, 58 y
relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
de la LVII Legislatura, presentamos a consideración del pleno de esta Cámara de
Diputados la iniciativa de decreto que crea el Fideicomiso para la Compra de Deuda
Agropecuaria y Reactivación del Sector, de conformidad al marco de referencia,
exposición de motivos y de acuerdo a los apartados siguientes: fundamentos,
justificación, apoyos en reciprocidad, objetivos, estructura, operatividad financiera:
Marco de referencia
La crisis de la cartera agropecuaria
vencida es resultado, entre otros, de la apertura comercial indiscriminada, al retiro de
subsidios, a la desregulación financiera (altas tasas de interés), así como a la falta
de competitividad; lo que repercutió en la regresión tecnológica que deterioró aún
más la rentabilidad. En este sentido, la política de la banca de fomento oficial a fines
de la década de los ochenta y principios de los noventa, al conceptualizar en los hechos
la estrategia de "eliminar" a los productores crónicamente endeudados y con
escaso potencial productivo, originó que la banca comercial se guiara por criterios de
estricta rentabilidad a corto plazo de los proyectos y no de la moralidad de los
productores, ignorando a las organizaciones productivas y crediticias de los campesinos,
tratando sólo con individuos, no tomando en cuenta las organizaciones de autoseguros de
los productores y mecanismos de cobertura de precios.
El sector financiero comercial exige
además, entre otras cosas, alta y rápida rentabilidad de sus inversiones, cuyo criterio
prioritario es la fuerte garantía prendaria, más que estudios de factibilidad de
proyectos. En consecuencia demuestra en los hechos su incapacidad para financiar al sector
agropecuario.
A partir de 1994 se crearon cuatro
programas oficiales (Sireca, Udis, Ade, Finape) para reestructuración de la cartera
vencida, sin embargo ninguno ha funcionado ya que no resolvieron el problema de los
deudores, sólo incrementaron y aplazaron la deuda en el largo plazo sin depurarla, estos
programas han carecido de un verdadero modelo prospectivo de eficiencia financiera, al no
solucionar el fondo del problema.
Sistema de Reestructuración de Cartera
Vencida (Sireca)
Objetivo: conversión de la deuda de corto
y largó plazo (15 años) con pago de intereses bajos a corto plazo (cinco años) y pago
al capital a ocho años, atendiendo a carteras vencidas hasta 200 mil pesos bajo este
esquema y los adeudos superiores a esta cifra se cubrirían en un plazo hasta de 15 años
tomando en cuenta la capacidad de pago, cubriendo los intereses al vencimiento de cada
ciclo productivo.
Resultados: este programa no resolvió el
problema, por el contrario agravó la situación de los productores debido a la
devaluación de diciembre de 1994.
Unidades de Inversión (Udis)
Objetivo: convertir la deuda en unidades de
inversión y pagar los primero cinco años sólo un interés del 8.5% anual, pero teniendo
que abonarse al capital incrementado por la tasa de 42% durante siete años.
Resultados: esta medida no fue efectiva al
considerar que la inflación era lineal, esto es, que se mantendría fija en siete años,
lo que motivó que los pagos mensuales se elevaran en grandes proporciones.
Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores (Ade)
Objetivo: congelar la tasa de interés en
un 25% para el pago de las mensualidades faltantes, convirtiendo las deudas de pesos a
Udis.
Resultado: incremento de intereses de
manera exorbitante en los meses previos a su entrada en vigor por parte de la banca
comercial.
Acuerdo de Financiamiento al Sector
Agropecuario y Pesquero (Finape)
Objetivo: apoyar a deudores de hasta 500
mil pesos, previendo descuentos del 40% en sus pagos mensuales y entre 30% y 40% para los
que adeudaban de 500 mil pesos hasta 1 millón de pesos y entre 24% y 30% para los que
adeudaban 1 millón de pesos hasta 2 millones de pesos y 16% para montos de 2 millones de
pesos hasta 4 millones de pesos. Los plazos eran de hasta 10 años para pagar, el resto a
intereses normales y cancelación de intereses moratorios, consecuentemente la deuda
restante debía reestructurarse a Udis.
Resultado: es de señalarse que este
programa ha tenido avances pues contempla quitas sustanciales a los deudores. La
desventaja es que no hay una separación cuidadosa de los adeudos "indebidos" ni
sustituye el sistema de las Udis, además de que no reduce la tasa de interés normal.
En resumen, el desmedido lucro de la banca
comercial, asociado a la toma de riesgos en operaciones especulativas, a los altos
márgenes de intermediación, a la falta de estudios de factibilidad de los proyectos y
supervisión de créditos sobredimensionados respecto a la capacidad de pago y a los
préstamos a corto plazo para actividades agropecuarias de lenta tasa de retorno; motivó
la insolvencia de los productores. De haberse canalizado recursos a subsidiar el crédito,
los insumos y la infraestructura básica, se hubiera permitido una competencia menos
desleal con la agricultura norteamericana (altamente subsidiada.)
Consecuentemente la actividad agropecuaria
requiere un incremento al gasto del desarrollo rural, una depuración de los adeudos
mediante planes flexibles de pagos, una reestructuración de la banca de fomento y la
creación de una instancia que reactive las cadenas productivas dañadas por la apertura
comercial.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En la medida de que se estabiliza la
economía mexicana, parece dar la impresión de que las posibilidades de atención al
campo se alejan, frecuentemente saltan voces de inconformidad de los productores
agropecuarios, respecto del gran abandono en que se encuentran, por la falta de atención
a sus planes de desarrollo y financiamiento, los precios de los productos están muy
bajos, en razón de la relación con los precios internacionales, no existe una verdadera
planeación estructurada en el sector agropecuario. Las autoridades agropecuarias (Sagar),
frecuentemente manifiestan que somos superavitarios y que nuestra dependencia con el
extranjero es marginal y no afecta la soberanía alimentaria.
Habría que reflexionar en estos hechos y
descartar las voces triunfalistas del sistema, ya que lo único que provocan es aumentar
la confusión en el campo y en consecuencia su conflictivilidad. Sin embargo, señalar y
buscar culpables no es la solución, se tiene que partir del sentido común, que nos marca
la necesidad apremiante de recapitalizar la actividad, restableciendo la confianza mutua
entre productores y la banca acreditante, delimitando áreas productivas que realmente
permitan recuperar lo invertido y perfeccionen los canales de comercialización.
Si bien es cierto que no existen fórmulas
mágicas para reactivar económicamente la actividad, la voluntad de los actores es
fundamental, en ello juegan un papel importante productores y banqueros que mediante
confianza y financiamiento, sustentado en el apoyo de las autoridades administrativas y
financieras además de los técnicos en el desarrollo de proyectos agropecuarios se
plantea una solución integral, para lo cual se propone la creación de un Fideicomiso
para la Compra de Deuda Agropecuaria y Reactivación del Sector (Ficoda y RS).
Fideicomiso para la Compra de Deuda
Agropecuaria y Reactivación del Sector.
1. Fundamentos.
Existen diversos precedentes jurídicos que
enmarcan la posibilidad para establecer un fideicomiso de apoyo a deudores. Basta señalar
que esta figura jurídica está prevista desde 1924, mediante la Ley General de
Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, derivada del derecho romano y del
trust anglosajón; que permiten en México, tanto el cumplimiento de encomiendas como la
emisión de bonos de "puenteo" financiero.
En adición al Código Civil y para
determinar su materia, reconocen ampliamente esta institución, el Código de Comercio, la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Instituciones de
Crédito y Organizaciones Auxiliares, la Legislación Bancaria General y Reglamentaria y
la Jurisprudencia acumulada.
Mediante el fideicomiso es posible
establecer negocios legales y fiduciarios, por los que la parte "fideicomitente"
constituida en este caso por los productores, Gobierno Federal y Banco de México,
establecen la voluntad de constituir garantías, ventas, compras, hipotecas, pensiones,
contratos de capacitación y crédito, administración y remates a cargo de un fiduciario.
El "fiduciario", que para este
efecto será la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se constituye en la persona física o moral a
quien se encomienda la realización del fin establecido en el acto constitutivo, asumiendo
con derechos reales, el carácter patrimonial titular de los bienes o derechos
encomendados.
Para efectos de constitución del
fideicomiso, basta el acuerdo entre fideicomitentes y fiduciarios, conforme al artículo
347 y relativos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se designará
como beneficiarios del mismo a los "deudores", asumiendo el carácter de
"fideicomisario"; que eventualmente podrían estar representados por el
honorable Congreso de la Unión, a través de quienes para este efecto se designe, en su
personalidad de representación ciudadana.
El "comité técnico" que se
configure, será el encargado de velar por el cumplimiento de los objetivos del
fideicomiso.
Los fideicomisos, por razón de uso y
costumbre entre instituciones financieras, empresas y público en general, conforman una
tradición jurídica bien consolidada. Su implementación privada y pública goza de una
recia experiencia y marco legal; a cuyo resguardo se ha acudido para la resolución de
problemáticas y destinos diversos. Bajo su amparo, se han implementado reiteradas
encomiendas y rescates económicos de probada solvencia, siendo por virtud de su objeto
limitado y su transitoriedad estatutaria, mecanismos seguros de cumplimiento. Es
fundamental hacer notar, que establecer un fideicomiso que brinde apoyo directo a los
deudores, permitiría completar un proceso de saneamiento que integre a todas las partes
que configuran el sistema financiero y por tanto, reducir los enormes "riesgos"
de favorecer solo a una parte de los actores. Es decir, el Fideicomiso para la Compra de
Deuda Agropecuaria y Reactivación del Sector (Ficoda y RS) permitiría integrar un
universo de soluciones a los que Sireca, Finape, Ade y Udis, no han logrado culminar.
Es axioma económico irrefutable el
reconocer que "el valor real de una deuda sólo puede ser estimado en la capacidad
real de pago", la esperanza bancaria en ser acreedor de una deuda acrecentada por
intereses ad infinitum, es inútil. En un escenario de libre economía, resulta falsa la
consideración de que el valor "nominal" de los bienes y las obligaciones han de
prevalecer sobre su valor "real".
Es también una afirmación y principio de
la "economía real de mercado", la aceptación de que el valor nominal de los
bienes y de las obligaciones se ajusta por sí mismo a la capacidad de demanda y pago. En
el ámbito internacional es práctica ordinaria la aplicación de descuentos a los
créditos nominales, a efecto de que las deudas adquieran su valor real y sean
efectivamente pagadas; por ejemplo, a través de ajustes mediante swaps. En el ámbito
interno, las operaciones con divisas o acciones, el cobro de títulos de crédito o el
dinero en circulación, cuando pretenden ser efectivos instrumentos de pago, adquieren su
valor real por virtud de su misma posibilidad de realización. No es, pues, un sofisma ni
una práctica heterodoxa o injusta, que los gobiernos ajusten el "sistema nominal de
pagos" a las condiciones reales del mercado, mucho menos cuando de ello depende la
tranquilidad social y las posibilidades de reactivación económicas.
Este fideicomiso se propone como una medida
de salvamento al sistema de pagos. Está concebido como un "plan de garantías"
mediante el intercambio de documentos; que no implican erogaciones inmediatas ni
transferencias de fondos líquidos ni restricciones al gasto público. Su viabilidad y
legitimidad estarían dadas, por ofrecer una solución real, a un costo inferior, al de
otros planes de rescate.
2. Justificación.
Para la banca comercial no están dadas las
condiciones para destinar recursos frescos al campo, altos costos de producción, bajos
precios de venta, los índices de productividad por unidad de superficie no se han
incrementado en relación a la tecnología existente, cultura del no pago en los
productores, insuficiencia de garantías reales. En algunas zonas del país, manifiesta
inseguridad de la tenencia de la tierra. excepcionalmente se apoya a clientela cautiva,
con garantías suficientes, reciprocidad financiera, mezcla de recursos y preferentemente
en zonas de riego, rentabilidad validada y con infraestructura de alta tecnología.
Para las autoridades hacendarias no es
primordial la atención al campo. La reactivación está dirigida a las actividades
económicas que pueden generar más ingresos de divisas, como por ejemplo a las
actividades petroleras, manufacturas, industria textil, turismo etcétera. También el
fomento de la construcción y a reducir los problemas sociales en zonas catalogadas de
alto riesgo. Consideran que los Sireca, Udis, Ade y Finape, así como la participación
del Fobaproa en la compra de cartera, son elementos suficientes para iniciar la
reactivación del campo, mientras que el productor sigue careciendo de financiamiento.
Para los que atienden las políticas
agropecuarias, consideran que con los apoyos de Procampo, la Alianza para el Campo,
Produce y Aserca, son suficiente para generar el detonante agropecuario, dejando bajo la
responsabilidad de los productores, cumplir con las condicionantes de la banca para
recibir financiamiento.
Banrural, FIRA, Focir y todos aquellos
organismos descentralizados que en su momento fueron determinantes para el crecimiento de
la producción agropecuaria, silvícola y pesquera, perdieron el sentido social que los
mantenía actuantes, en razón de los esquemas rígidos que les impusieron para hacerlos
afines y competitivos con la banca comercial, en general con el sector empresarial, sin
contar con la infraestructura tecnológica, los medios de producción ni los instrumentos
financieros, soportes para su desarrollo.
Las organizaciones campesinas y
asociaciones ni siquiera son tomadas en cuenta para las propuestas de apoyo al campo, en
razón de la trayectoria de corrupción que les arrastra.
3. Apoyo en reciprocidad.
En apoyo al sistema bancario, el Gobierno
Federal ha constituido, para salvaguardar el interés público, el Procapte y Fobaproa,
que han permitido a las instituciones financieras hacer frente a los casos de fraude
(Banca Unión y Cremi) y a la compra de cartera (Mercantil Probursa, Serfín, Promex,
Atlántico, Bancrecer, Banoro, Bital, Banamex, Mexicano, Obrero, Banorte), representando
una inversión pública de alrededor de 379 mil 800 millones de pesos a noviembre de 1997.
Dado que la naturaleza del problema actual,
consiste en la falta generalizada de liquidez, carencia de créditos disponibles,
supresión del circulante (1995), inflación acumulada, devaluación de la moneda ante las
divisas internacionales, incremento de la deuda externa pública y privada, así como el
consecuente incremento en las tasas de interés; el saldo arroja un "círculo
vicioso" que sume al país en una recesión y estado de alerta económica.
El Procapte y el Fobaproa, como fondos de
recapitalización y apoyo a la banca, han participado de manera parcial en la resolución,
por lo que resulta recíproca y "fundamental" la recomendación explícita de
constituir un Fideicomiso para la Compra de Deuda Agropecuaria y Reactivación del Sector
(Ficoda y RS), que salvaguarde en reciprocidad el interés público.
4. Objetivos del fideicomiso.
Reactivar integralmente al sector
agropecuario.
Solución a los problemas de cartera
vencida de los productores
Objetivos específicos.
Compra de pasivos, incluyendo cartera
vigente asociada con vencida, cartera litigiosa, cartera redescontada, cartera litigiosa
de difícil recuperación, mediante proyectos con viabilidad técnico-económica.
Avalar ante las instituciones financieras,
los proyectos rentables que surjan de los productores agropecuarios con el apoyo y
asesoría de los despachos prestigiados y de las propias autoridades.
Convenir con el FIRA, su participación en
los esquemas de garantía para todas las organizaciones agropecuarias, que acepten las
condiciones que en su momento se establezcan para la confiabilidad del proyecto.
Asignar al préstamo autorizado una tasa de
interés que no exceda del 6% anual sobre saldos insolutos.
Inversión del patrimonio
5. estructura del fideicomiso.
Iniciar el proceso de organización de la
producción, reactivar mediante financiamiento el campo mexicano y plantear opciones para
adecuar nuevos esquemas legales que permitan evitar que continúe manteniendose el status
actual.
Comité Técnico Regulador. Conformado por
el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Fideicomisos Instituidos
en Relación a la Agricultura, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, las organizaciones de productores, las asociaciones ganaderas y por una Comisión
de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Fideicomitente. Gobierno Federal-Banco de
México.
Fiduciario. Secretaría de Hacienda y
Crédito Publico.
Fideicomisario. Productores con problemas
de cartera vencida o redocumentada, que presenten proyectos de viabilidad
técnico-económica.
Ley Orgánica del Banco de México.
Artículo 6o. "El Banco de México, para la realización de sus funciones, podrá
efectuar las operaciones siguientes: ... fracción XI. Actuar como fiduciario cuando por
ley se le asigne esa encomienda o cuando se trate de fideicomisos que coadyuven en el
desempeño de funciones del banco. Este podrá canalizar recursos en los que tenga
carácter de fiduciario, a través de las operaciones que esta ley le autoriza
realizar".
6. Operatividad financiera.
6.1 La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y los productores agropecuarios con cartera vencida o redocumentada con proyectos
de viabilidad económica, constituyen el Fideicomiso para la Compra de Pasivos
Agropecuarios y Reactivación del Sector.
6.2 Las fuentes de capital para la
constitución de este fideicomiso serán los recursos que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Publico tiene presupuestado para el concepto de rescate bancario y apoyo a
deudores de la banca, así como la partida presupuestal del Banco de México para este
fin.
6.3 El fideicomiso comprará los pasivos de
los productores a precio de mercado, incluyendo cartera vigente asociada con vencida,
cartera litigiosa, cartera redescontada, cartera litigiosa de difícil recuperación, en
donde invariablemente se deberá de presentar proyectos con viabilidad
técnico-económica.
6.4 El fideicomiso al momento de cubrir el
adeudo de los productores en forma paralela deberá recibir invariablemente la liberación
de las garantías que el banco acreedor tiene de cada uno de los productores e
inmediatamente estos bienes deberán gravarse en primer y único término en favor del
fideicomiso.
6.5 Una vez transferidas al fideicomiso las
garantías por parte del banco acreedor, éste otorgará la carta de prelación a favor
del productor beneficiado, para efecto de recibir la habilitación correspondiente,
otorgándose simultáneamente el aval solidario del fideicomiso al banco habilitador.
6.6 El productor beneficiado en todos los
casos deberá contar con un seguro que cubra en su totalidad las
inversiones motivo del nuevo
financiamiento, seguro de vida mínimo hasta por un monto del saldo insoluto registrado en
el fideicomiso, adicional al crédito para habilitación o avío en ambos casos a favor
del fideicomiso.
6.7 Una vez concluido el ciclo productivo,
el productor cubrirá en primer término al banco habilitador y posteriormente al
fideicomiso, la amortización correspondiente al pasivo o los pasivos contraídos,
aplicando una tasa de interés no mayor al 6%.
7. Marco legal ampliado.
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Ley de Instituciones de Crédito.
Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito.
Ley General de Sociedades Mercantiles.
Ley de Inversión Extranjera.
Ley General de Población.
Ley Agraria.
Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal.
Ley Orgánica del Sistema Banrural.
Código Civil.
Código de Comercio.
Reglamentos orgánicos de bancos
integrantes del Sistema Banrural.
Usos y Prácticas Bancarias y Mercantiles.
8. Sustento legal operativo.
Ley de Instituciones de Crédito.
Artículos: 46, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 106.
Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito. Artículos: 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358 y
359.
En virtud de lo anterior y con base en lo
dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración del honorable Congreso de la
Unión la presente
INICIATIVA DE DECRETO QUE CREA EL
FIDEICOMISO PARA LA COMPRA DE CARTERA AGROPECUARIA Y REACTIVACION DEL SECTOR
Artículo 1o. Se constituye el fideicomiso
para la compra de cartera agropecuaria y la reactivación del sector, con la finalidad de
solucionar el problema más grave del campo.
Artículo 2o. El fideicomiso estará
conformado por las partes siguientes:
Fideicomitente: integrado por el Gobierno
Federal, Banco de México y los productores deudores.
Fiduciario: integrado por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural.
Fideicomisario: integrado por los deudores
agropecuarios de la banca, representados por ellos mismos.
Artículo 3o. El comité técnico encargado
de la vigilancia de la administración del fideicomiso, quedará integrado de conformidad
con lo previsto en las disposiciones relativas en la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito.
Artículo 4o. El patrimonio del fideicomiso
estará constituido por recursos del Gobierno Federal, Banco de México y productores.
I. El Gobierno Federal, a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destinará recursos que tiene presupuestados
para los conceptos de rescate bancario y apoyo a deudores de la banca.
2. Así como los programas que tiene
contemplados el Banco de México, para saneamiento de pasivos financieros.
3. Los productores aportarán la totalidad
de garantías que tenían otorgadas ante el banco acreedor.
Artículo 5o. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en acuerdo con los bancos que conforman el sistema financiero mexicano,
con el propósito de preservar un ambiente de confianza y certeza jurídica, establecerán
una tregua judicial en favor de los deudores agropecuarios de la banca, prorrogable hasta
en tanto no se concluya con la dictaminación de la viabilidad técnico-económica de los
mismos.
Artículo 6o. Una vez dictaminada la
viabilidad técnico-económica de los productores, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, como fideicomitente, negociará con las instituciones acreedoras, para que los
productores-deudores dictaminados favorablemente, cubran únicamente los pasivos por
concepto de capital.
Artículo 7o. Las garantías que fueron
otorgadas por el productor al banco acreedor, serán liberadas y trasferidas a favor del
fideicomiso, para que aquéllas a su vez garanticen el monto del rescate.
Artículo 8o. Una vez agotado el artículo
anterior y de acuerdo al proyecto de viabilidad del productor, el fideicomiso otorgará
una garantía parcial o carta de prelación por la habilitación de dicho proyecto, ante
una institución financiera.
Artículo 9o. No se liberarán las
garantías otorgadas al fideicomiso, hasta en tanto no se cubra el monto total de la
compra de sus pasivos.
Artículo 10. El productor beneficiado en
todos los casos deberá contar con un seguro que cubra en su totalidad las inversiones
motivo del nuevo financiamiento, seguro de vida mínimo hasta por un monto del saldo
insoluto registrado en el fideicomiso, adicional al monto del nuevo financiamiento, para
habilitación o avío en ambos casos a favor invariablemente del fideicomiso.
Artículo 11. El presente decreto tendrá
una vigencia de 20 años, aplicable en todas las entidades que conforman los Estados
Unidos Mexicanos, de conformidad con lo previsto en este decreto y en todas y cada una de
las leyes vigentes en la materia.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Salón de sesiones de la Cámara de
Diputados.- México, D.F., a 1o. de diciembre de 1997.- Diputados por el grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional: Joaquín Montaño Yamuni, Felipe de J. Rangel
Vargas, Jeffrey Max Jones Jones, Ricardo A. Ontiveros y R., Manuel C. Peñúñuri Noriega,
Felipe de Jesús Preciado C. y Luis Guillermo Villanueva Valdovinos.»
Recibo y Túrnese a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
PROGRAMA
NACIONAL DE RESCATE A DEUDORES HIPOTECARIOS, MICROEMPRESARIOS Y AGROPECUARIOS
Tiene la palabra la diputada Elba
Capuchino Herrera, que en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, presentará una iniciativa sobre el Programa Nacional de Rescate a Deudores
Hipotecarios, Microempresarios y Agropecuarios.
| La diputada Elba
Margarita Capuchino Herrera: |
Con su venia, señor Presidente;
diputadas y diputados:
Es lamentable encontrarnos dentro del
presupuesto, que nuevamente se da una partida de rescate para los bancos, para Nacional
Financiera, para Fobaproa y nuevamente hay 4 mil 500 millones de pesos destinados a los
supuestos programas de rescates a deudores, pero definitivamente estos beneficios hasta
ahora no han llegado al deudor, por lo tanto el grupo parlamentario del PRD somete esta
propuesta a su consideración:
I. Las causas reales de las carteras
vencidas
El crecimiento vertiginoso del índice de
morosidad, que pasó del 13.1% en diciembre de 1994 al 45.4% en 1995 y al 53.2% en
septiembre de este año, no derivan de la supuesta cultura del no pago.
La emergencia de las carteras vencidas como
megaproblema bancario y de la economía real, apareció durante los años previos al
colapso financiero de 1994, como resultado de la estrategia económica de mediano plazo,
desplegada a partir de diciembre de 1987, que erigió la estabilización de los precios en
su objetivo prioritario utilizando como instrumentos centrales de política económica:
1o. La aceleración de la apertura
comercial;
2o. Una política cambiaria que ancló los
precios con el tipo de cambio, provocando la creciente sobredevaluación de nuestra moneda
y
3o. Una política de ingreso-gasto
público, que en aras del equilibrio o el superávit fiscal, desmanteló o redujo
significativamente los programas de fomento económico general y sectorial.
Los desequilibrios externos resultados de
esta estrategia, que condujeron al desastre financiero, se manifestaron previamente de
manera silenciosa, como cáncer oculto en la microeconomía real de millones de mexicanos.
Por otro lado, la profundización del
modelo neoliberal como estrategia de largo plazo, trajo consigo un programa de liberación
de los mercados financieros que se aceleró a partir de los años 1988 y 1989 y de entrada
liberalizó las tasas de interés, para dejar que el mercado las estableciera libremente,
lo que en realidad significa que el oligopolio bancario, compuesto por sólo 18 bancos y
de facto lidereados por sólo dos, fijara oligopólicamente los precios del dinero,
circunstancia que condujo a la elevación de los márgenes de intermediación financiera,
diferencia entre la tasa pagada por el ahorrador y la tasa cobrada por el usuario del
crédito, márgenes que saltaron de un promedio histórico de 7% en términos reales,
hasta más del 15% real durante 1994 y más del 20% real durante varios meses de 1995,
contra un margen real de intermediación que en Estados Unidos oscila alrededor del 2.5%.
Los desmesurados costos financieros,
combinados con la sobrevaluación cambiaria, la apertura comercial abrupta y el
desmantelamiento de los programas de fomento, provocaron naturalmente la creciente
insolvencia de numerosas empresas.
Por último, la casi nula generación de
empleos remunerados y el severo deterioro de los salarios reales, redujeron los ingresos y
en consecuencia la capacidad de pago de los asalariados.
Sobre este terreno mojado, la
macrodevaluación de 1994 y el severo programa de estabilización y ajuste desplegado en
1995 y 1996, agravaron los problemas microeconómicos.
El programa económico comprendió una
política salarial depredadora de los ingresos reales, el alza de los precios y tarifas
del sector público, una política fiscal contraccionista, reducción de la inversión
pública y del gasto corriente programable, que contribuyó al incremento del desempleo, a
la reducción de la masa salarial y a la declinación de la venta e ingresos
empresariales, una política monetaria severamente restrictiva que propició el alza mayor
de las tasas reales de interés y una política crediticia extraordinariamente permisiva
de los exagerados márgenes de la intermediación bancaria.
No es extraño que las carteras vencidas
hayan crecido dramáticamente durante 1995, sin dejar de crecer durante 1996 y 1997.
Por consiguiente, es la generación de
megaproblemas de la cartera responsabilidad del Gobierno, los banqueros y los deudores.
Es necesario emprender un programa especial
de rescate de los deudores en cartera vencida, reconociendo la corresponsabilidad del
Gobierno y los banqueros.
El programa debe contemplar quitas
selectivas realistas, adecuar a la capacidad real de pago de los deudores y reparar la
injusticia de que la mayor parte de los recursos fiscales destinados al saneamiento
financiero, se han orientado al rescate de los bancos y al salvamento de los banqueros
dueños de los bancos no intervenidos, dejando a la deriva a los deudores en desgracia.
Ciertamente la propuesta de solución de
las carteras vencidas que contemplan significativos alivios de carga para los deudores,
han sido objetadas bajo el argumento de que implican un castigo para los deudores
cumplidos que se esforzaron y consiguieron cubrir a tiempo su compromiso con los bancos.
Frente a esta objeción, cabe considerar,
en primer término, que como regla general quienes no pagaron a tiempo sus deudas, fue
simplemente porque no pudieron pagar, porque fueron las empresas o particulares más
débiles frente a las políticas económicas y crediticias adversas del sexenio anterior y
después del colapso decembrino, frente a los choques financieros, cambiarios o frente a
las políticas económicas contractivas, incluyendo la política salarial de 1995 y 1996,
mientras que los que sí pagaron pudieron hacerlo porque fueron las empresas o
particulares más fuertes o menos vulnerables a los choques y políticas económicas
equivocadas. Esto justifica el auxilio social a los más débiles.
Puede admitirse que algunos deudores no
hayan pagado sus adeudos simplemente por mala fe; estamos seguros que eso será cuando
mucho el 2%. Sin embargo esta situación no puede aceptarse como norma general ni puede
postergar la solución de la crisis de los deudores por algunos casos de corrupción.
Porcentualmente es más frecuente entre los
banqueros: Lankenau, Cabal Peniche, El Divino, etcétera, que entre los deudores.
Con el mismo criterio de generalización
simplista, para ser parejos, deberían entonces intervenirse todos los bancos y cancelarse
las compras de carteras realizadas por Fobaproa para el salvamento de los bancos.
En segundo término, cabe recordar que el
megaproblema de las carteras vencidas se ha convertido en motivo real y excusa verosímil
de los elevados márgenes de intermediación bancaria. Si bien en la banca mexicana hay
mucho qué hacer en materia de eficiencia, la ampliación de los márgenes de
intermediación ha sido mayor tras la crisis de diciembre, porque en tiempos en que
algunos deudores de la banca no pagaron, se tiene que resarcir lo que no se paga con los
que sí pagan. Declaró esto el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
también en El Financiero el 15 de agosto de 1995.
Hace unos días Olivier Lafourcade,
director del departamento de México del Banco Mundial, declaró: "si los usuarios de
crédito están en cartera vencida, lo más probable es que el banco liquide con las
qarantías o decida trasladar las pérdidas a otros deudores por medio de un aumento de la
tasa de interés, pero si las pérdidas se transfieren por medio de altas tasas de
interés, los deudores al corriente de sus pagos pueden comenzar a caer también en
cartera vencida, por consiguiente se castiga más a los deudores al corriente si no se
resuelve pronto el problema de las carteras vencidas, que incide sobre las elevadas tasas
reales del préstamo, las cuales golpean a los deudores al corriente por partida doble,
sangrando su presupuesto familiar o empresarial por las altísimas tasas de interés que
deben de pagar, haciendo prohibitiva la inversión productiva y por tanto actuando como un
poderoso factor depresivo de la actividad económica y de los ingresos de todos.
Por ello, los deudores al corriente se
verían beneficiados con la solución de los problemas a la cartera vencida.
Para los contribuyentes es un contrasentido
que a sus expensas se compren las carteras vencidas a los bancos, para venderlas con
pérdidas en beneficio de los fondos buitres y los despachos buitres, en vez de reconocer
las pérdidas en favor de los deudores que involuntariamente cayen en mora, saneando
definitivamente los activos bancarios y cerrando de una vez por todas esta profunda herida
en el tejido social de la nación.
Por lo anteriormente expuesto proponemos un
programa de rescate para los pequeños deudores hipotecarios, agropecuarios y
empresariales.
Permítame un momento, señora
diputada.
Esta Presidencia se permite informarle a
los diputados que están indicando o reclamando el tiempo usado en la tribuna, que en
tratándose de presentación de iniciativas no hay ninguna regulación al respecto,
rogándoles a todos ustedes su colaboración para que la diputada Capuchino pueda concluir
con la presentación del documento en cuestión. Adelante, diputada.
| La diputada Elba
Margarita Capuchino Herrera: |
Gracias, señor Presidente:
II. Descripción general del programa
Los pequeños deudores bancarios que serán
rescatados por este programa son aquellos que recibieron crédito hipotecario,
agropecuario o empresarial hasta por 200 mil pesos y cayeron en cartera vencida antes de
la entrada en operación de este programa.
El Fobaproa y el Fiderca adquirirán de la
banca comercial y de la banca nacional de desarrollo, respectivamente, los adeudos
vencidos a precios de mercado, los cuales se estiman (en función de la experiencia de las
subastas realizadas y de las prácticas que los bancos están ya aplicando en la solución
de sus carteras vencidas) en 50% del saldo actualizado de los mismos créditos cuando sean
agropecuarios y empresariales y en 60% del saldo actualizado cuando se trate de los
créditos hipotecarios.
Para la adquisición de las carteras
vencidas objeto del programa, el Fobaproa y el Fiderca emitirán en favor de los bancos
que venden las carteras vencidas a precios de mercado, bonos amortizables a 20 años con
una tasa de interés anual equivalente a la tasa de Cetes a 28 días, más dos puntos
porcentuales.
Los adeudos bancarios objeto de este
programa que hayan sido adquiridos por el Fobaproa y el Fiderca antes de la entrada en
operación de este programa serán revalorados a precios de mercado en las proporciones
arriba indicadas.
Los deudores rescatados suscribirán con
las instituciones de crédito que administren los créditos materia de este programa, un
convenio en el cual se comprometen a pagar, con tasa de interés cero, el valor de su
cartera a los precios de mercado antes estipulados, en mensualidades o anualidades fijas,
según el caso, en un plazo no mayor de 20 años.
El costo fiscal del programa consiste en la
diferencia entre la tasa de interés pactada en los convenios y la que el Fobaproa y el
Fiderca pagarán a los bancos sobre los saldos insolutos de los créditos objeto de este
programa, así como en el costo futuro de administración de dichos créditos.
La administración de los créditos
revaluados y redocumentados materia de este programa quedará a cargo de los mismos bancos
que son actualmente propietarios de las carteras vencidas, para lo cual el programa
incluye un pago por administración de los créditos.
El costo fiscal agregado del programa es de
69 mil 477.52 millones de pesos a valor presente, que representa una erogación anual de 3
mil 473.88 millones de pesos a valor presente, equivalentes al 18.4% del costo fiscal por
379 mil 800 millones de pesos, hasta ahora comprometidos en el saneamiento bancario. Se
trata, por tanto, de un programa viable y asequible para las finanzas públicas.
Además, cabe destacar que el costo fiscal
del programa propuesto no es necesariamente adicional al costo de los programas de
saneamiento financiero que se encuentran en operación, puesto que es previsible que las
ventas de las carteras vencidas ya adquiridas por el Fobaproa se realicen a precios de
remate, muy inferiores a los estimados en este programa, dejando en el desamparo a las
familias que cayeron en cartera vencida.
El programa propuesto es viable para los
bancos, toda vez que asumirían un descuento para los adeudos en mora, pero liberarían
las provisiones preventivas afectadas para cubrir los riesgos de estos créditos. Los
bancos sanearán sus activos y, por tanto, mejorarán sus índices de capitalización.
El programa propuesto es viable para los
deudores (revalidando su cultura de pago, que en realidad nunca fue perdida por la gran
mayoría de los deudores), toda vez que el pago máximo mensual que deberán realizar los
deudores, cuyos créditos recibidos fueron menores de 100 mil pesos en el primer año de
operación del programa es equivalente a 68.2% del salario mínimo de 1997, y para los
deudores con crédito originalmente recibido hasta por 200 mil pesos el pago mensual
máximo es equivalente a 1.58 salarios mínimos. Desde luego, la relación pago
mensual/salario mínimo decrecerá en los años subsecuentes, al mantenerse fijos los
pagos mensuales o anuales que en cada caso realicen los deudores.
Para dar un bosquejo de lo que consiste
este programa, el número de créditos incluidos en el programa y el porcentaje de
deudores rescatados, serían 372 mil 460 total de deudores y correspondería al 57.67% del
total de la cartera vencida. El número de personas a quienes se beneficiaría sería 3
millones 721 mil deudores, que corresponde actualmente a la mitad, un poco más de la
mitad, casi el 70% de los deudores de la cartera vencida total. El costo fiscal total
será con interés diferido a 20 años, ya dijimos, en bonos a Cetes más dos puntos, y
corresponde a 69 mil 477.52 valor presente, pero se pagaría en 20 años, teniendo un
costo anual de 3 mil 473.800 millones de pesos.
Esto sobre el presupuesto que está por
autorizarse para 1998, correspondería únicamente el .39% y, sin embargo, en este mismo
presupuesto para el rescate bancario propone el Ejecutivo el 9.39%.
El monto máximo a pagar por el deudor por
cada 100 pesos recibidos, sería 138 pesos; el monto máximo mensual a pagar en pesos a
valor presente y el porcentaje al salario mínimo, sería igual a 1 mil 150 pesos
mensuales, que corresponden a un 158% del salario mínimo. El monto promedio mensual a
pagar en pesos para los deudores de hasta 100 mil pesos, sería 575 pesos mensuales y
corresponde al 68% del salario mínimo.
Como ven, sale mucho más barato solucionar
el problema de la cartera vencida, tanto para los contribuyentes como para los deudores
que estamos en cartera vencida, como para los deudores que están haciendo todo un
esfuerzo por continuar pagando.
Este documento lo proponemos, por el grupo
parlamentario del PRD, los diputados: Elba Capuchino, Enrique Bautista Villegas, Sergio
Valdés Arias, Luis Meneses Murillo, Isael Cantú Nájera y Francisco de Souza Machorro.
Pido a esta Presidencia que se turne a las
comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
Muchas gracias.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
Esta Presidencia instruye al personal de
Oficialía Mayor, para que se satisfaga cuanto antes la petición de distintos diputados,
en el sentido de contar con las iniciativas presentadas por la diputada Elba Capuchino y
por el diputado Yamuni.
Están presentes 76 estudiantes de la
escuela secundaria La Salle. En nombre de los diputados, esta Presidencia los saluda y les
dice que el país ve en cada uno de ellos una esperanza y una posibilidad.
|
Presidencia
de la diputada María de la Soledad Baltazar Segura |
Continúe la Secretaría, por favor.
DISPOSICIONES
FISCALES
| La secretaria
María Guadalupe Sánchez Martínez: |
«Escudo Nacional.- Cámara de
Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.- Presentes.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que
en sesión celebrada en esta fecha, el senador José Luis Medina Aguiar, del grupo
parlamentario del PRI, presentó iniciativa de reformas al artículo 117 constitucional, a
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y a la Ley de Coordinación
Fiscal.
Por ser ésta una iniciativa que se refiere
a materia de impuestos y corresponde discutirla primero a la Cámara de Diputados, la
Presidencia dispuso que para los efectos del artículo 71 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 72 inciso h del propio ordenamiento y los artículos 71 inciso b de la Ley
Orgánica del Congreso General y 21 fracción III de su reglamento, se turnará a esa
colegisladora.
Reiteramos a usted las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 9 de diciembre de 1997.-
Senadores: José Antonio Valdivia y Samuel Aguilar Solís, secretarios.»
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.-
México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Senadores.- Presentes.
Quien suscribe, senador de la LVII
Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al
artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, pongo a
consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de decreto que
deroga la fracción IX del artículo 117 de la Constitución General de la República, el
tercer párrafo de la fracción III del artículo 28 de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios y la reforma del primer párrafo del artículo 11 de la Ley de
Coordinación Fiscal, con objeto de que sea turnada a la colegisladora con fundamento en
lo dispuesto en el inciso h del artículo 71 de la Constitución General de la República,
el inciso b del artículo 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, la fracción III del artículo 21 y el artículo 62 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General, a fin de que se despache en el inmediato
periodo de sesiones. La presente iniciativa se presenta con arreglo a la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
En los regímenes federales, la
distribución de la potestad tributaria implica dualidad en razón de la concurrencia
entre la Federación, como órgano central y depositario de la voluntad de los estados que
la conforman, y las mismas entidades federativas, que dependiendo de la relación de
autonomías, ejercen plenamente la potestad tributaria.
La concurrencia de dichas potestades está
delimitada por la mayor o menor autonomía que las leyes fundamentales otorgan a los
órganos del sistema federal, de tal forma que en los regímenes federales pueden existir
concurrencias plenas o relativas dependiendo del modelo tributario que la Constitución
regule.
De esta manera, existen constituciones que
adoptan el modelo tributario fincado en el principio de "un tributo para un solo
territorio"; este modelo implica que en un territorio federal el único órgano
facultado para establecer tributos, sería, en nuestro caso, la Federación.
En el segundo modelo tributario, que
rescata los principios fundamentales del federalismo, coexisten la Federación y
autonomías estatales plenas, se caracteriza porque en este modelo tanto la Federación
como los estados cuentan con potestad ilimitada para establecer tributos a los habitantes
de su territorio.
Cada uno de estos modelos cuenta con sus
ventajas y desventajas desde el punto de vista económico y político. Así las cosas, el
primer modelo es criticado porque restringe la soberanía de los estados, toda vez que se
encuentran limitados en términos económicos con las repercusiones políticas que ello
conlleva; sin embargo, su ventaja se refleja en la uniformidad tributaria y la relativa
justicia que ello significa para los contribuyentes. Por su parte el segundo sistema, si
bien fortalece la autonomía y autosuficiencia económica de los estados al permitirles
establecer tributos, deviene antieconómico porque por lo general provoca la causación
impositiva múltiple.
El federalismo mexicano a la luz del texto
constitucional que lo regula, establece una posición intermedia respecto de los dos
sistemas analizados, toda vez que en los términos de la fracción VII y XXX del artículo
73, los artículos 117 y 118 de la Constitución, la Federación cuenta con facultades
ilimitadas para ejercer la potestad tributaria, además de prescribir prohibiciones
expresas a los estados autónomos; sin embargo, los estados, de no existir prohibición
expresa o reserva a la Federación, tienen la facultad de crear cualquier tipo de tributo
que su autonomía les indique, de acuerdo a lo establecido en el artículo 124. Lo
anterior implica y refleja que ni existe un solo tributo para el territorio mexicano ni
tampoco facultades ilimitadas a los estados.
Convenciones nacionales fiscales: 1925,
1932 y 1943
El desorden económico imperante en el
periodo posrevolucionario obligó a las autoridades hacendarias federales y más tarde a
las locales, a buscar fórmulas que dieran orden a los procesos tributarios, evitando la
doble o triple tributación y que conjugara elementos de distribución de la captación
entre los distintos órdenes de gobierno.
De esta forma las autoridades federales
convocaron a los funcionarios hacendarios de los estados a convenir la coordinación de
las facultades tributarias, de tal forma que se evitara, en lo posible, la coexistencia de
dos o más impuestos a la misma actividad o hecho generador.
Esto fue el principio de lo que hoy se
conoce como Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
En 1925 se celebra la primera Convención
Nacional Fiscal, de la cual derivaron conclusiones y propósitos de unificación fiscal en
materia del impuesto territorial, de tal forma que sólo uno de los entes facultados
pudiese gravarlo, lo mismo que una serie de recomendaciones sobre las tasas de impuestos
existentes en los estados.
La segunda Convención Nacional Fiscal tuvo
lugar en 1932, de la cual derivaron conclusiones que ratificaron que los estados tendrían
soberanía tributaria exclusiva en actos no mercantiles y se otorgó exclusividad a la
Federación en comercio exterior, impuesto sobre la renta y recursos naturales.
La tercera Convención Nacional Fiscal tuvo
verificativo en 1943, de la cual emanó la regulación de la concurrencia impositiva de la
Federación y los estados, de éstos con sus municipios, así como el establecimiento de
la exclusividad tributaria de las dos potestades en impuestos perfectamente identificados.
De las convenciones fiscales antes
identificadas se infiere que las autoridades hacendarias y el legislador permanente
preocupados por la doble causación y el desorden en la administración de los impuestos,
pretendían coordinar con los estados la potestad tributaria y la administración y
fiscalización de los impuestos, así como el origen de lo que más tarde se reflejaría
en reformas constitucionales que establecieron áreas o actividades reservadas a la
Federación y por otra parte las prohibiciones expresas a los estados.
Reforma constitucional en materia de
distribución de competencia impositiva: 1942
La distribución de competencias en materia
de creación de impuestos corresponde, de manera simultánea, a la Federación y a los
estados, con las restricciones que la misma Constitución establece. El régimen que
actualmente se prevé en la Constitución tiene su origen en las convenciones nacionales
fiscales ya mencionadas, derivando en las reformas a la misma Constitución en 1942. De
estas reformas se cristaliza la distribución de competencias en materia tributaria
conforme a lo siguiente:
Facultad amplísima de la Federación
De conformidad con la fracción IV del
artículo 31 constitucional, todos los habitantes del país están obligados a contribuir
para los gastos públicos, tanto de la Federación como de los estados y municipios en que
residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De este precepto se
sigue que la Federación y los estados puedan establecer tributos, no así los municipios
por carecer de facultad legislativa.
La Federación puede establecer impuestos a
cualquier actividad, actos, sujetos y objetos, sin más restricción que hacerlo mediante
leyes que establezcan un impuesto que sea proporcional y equitativo. Lo anterior con
fundamento en el artículo 73 fracción VII de la Constitución, cuyo alcance ha sido
definido y precisado por la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, misma que ha establecido que la Federación cuenta con facultades ilimitadas para
gravar o establecer impuestos que cubran su presupuesto.
En los términos antes precisados debe
inferirse que la Federación puede crear cualquier impuesto sin importar que los estados
también lo hayan establecido, y sin restricción constitucional de acuerdo a la
interpretación que de la fracción II del artículo 73 ha establecido la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Facultades exclusivas de la Federación
Las facultades exclusivas se derivan de la
reforma de 1942, mediante la cual se reserva a la Federación la facultad de gravar las
fuentes que se enumeran en la fracción XXIX del artículo 73 constitucional; estas
fuentes son:
Comercio exterior (impuesto general sobre
importación y exportación);
Aprovechamiento y explotación de recursos
naturales comprendidos en los párrafos IV y V del artículo 27 de la Constitución;
Instituciones de crédito y sociedades de
seguros;
Servicios públicos concesionados o
explotados directamente por la Federación;
Y especiales sobre:
Energía eléctrica,
Producción y consumo de tabaco labrado,
Gasolina y otros productos derivados del
petróleo,
Cerillos y fósforos,
Aguamiel y productos de su fermentación,
Explotación forestal y
Producción y consumo de cerveza.
A contrario sensu, en estas fuentes
tributarias los estados no podrán establecer impuestos, sin importar el sujeto pasivo, so
pena de violentar el pacto federal y la misma Constitución, lo que además acarrearía
diversas penalidades, ya ahora dentro de la norma relacionada con el Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal.
Cabe comentar que de estos últimos
impuestos especiales se derivarían, posteriormente, las participaciones a los estados, en
los términos y condiciones que establecen las leyes de Coordinación Fiscal y la del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, esto en 1981, situación que conviene
apuntar por las implicaciones que tendrá para la reforma constitucional planteada aquí.
La reforma de 1942 que estableció y
delimitó el sistema federal de distribución de competencia en materia tributaria
(distinta del sistema ordinario de competencias establecido en el artículo 124 en la
misma Constitución), fue motivado por las siguientes consideraciones de su exposición de
motivos:
"... La circunstancia de que los
textos constitucionales no delimitan campos impositivos federales, estatales y municipales
determina que tanto el Congreso de la Unión, como las legislaturas de los estados, puedan
establecer contribuciones sobre las mismas fuentes. Cuando ello ocurre se da lugar a la
doble o múltiple tributación interior, consecuencia de la concurrencia o coincidencia en
el ejercicio de las facultades impositivas de la Federación y estados (...) debe
reconocerse que la concurrencia impositiva está permitida en la Constitución e implicada
en la fracción IV del artículo 31 de su texto, pero de ello no puede derivarse la
conclusión de que el Constituyente hubiera querido que cada fuente fuera gravada con
impuestos federales, estatales y municipales. La conclusión correcta no puede ser otra
que la que el Constituyente no juzgó necesario o conveniente separar las fuentes
tributarias exclusivas de la Federación, estados o municipios."
Restricciones o prohibiciones absolutas y
relativas a los estados
El sistema federal de competencia en
materia tributaria se cierra con las prohibiciones absolutas y relativas a los estados,
establecidas en el artículo 117 de la Carta Magna. Si bien es cierto que los tratadistas
y teóricos constitucionales han aseverado que el artículo 117, establece prohibiciones
absolutas, de la lectura de su fracción IX se infiere que ésta es una prohibición
relativa, como se analizará más adelante.
Las prohibiciones, con excepción de la
fracción IX, se refieren a los impuestos al comercio exterior e interestatales, tanto de
cosas como de personas y de manera especial a los alcabalatorios.
Por la materia del presente trabajo, lo
relevante de este artículo es la fracción IX, la cual establece una prohibición
relativa en virtud de que de su análisis se concluye que los estados no tienen prohibido
gravar la producción, el acopio o venta de tabaco en rama, siempre y cuando se sujeten a
los límites en cuanto a tasas o cuotas que disponga el Congreso de la Unión. Esto es,
pueden legalmente gravar la producción y venta del tabaco en rama, con la condicionante
expresamente establecida.
Antecedentes legislativos relativos a la
facultad de gravar la producción, acopio y venta de tabaco en rama y de tabaco labrado
El miércoles 31 de julio de 1940, se
recibió en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa de ley
enviada por el Presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, para reformar la
fracción X del artículo 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Esta
modificación consistiría en otorgarle al Congreso de la Unión las siguientes
facultades:
a) Legislar en materia de tabaco (en rama y
elaborado);
b) Decretar impuestos sobre producción y
venta de tabacos labrados;
c) Fijar el porcentaje que en el
rendimiento de dichos impuestos haya de corresponder a los estados y
d) Determinar la cuota de los impuestos
locales sobre producción, acopio o venta de tabaco en rama.
Las razones que el Ejecutivo Federal
argumentó para impulsar la reforma constitucional eran:
a) Que la aplicación de la Ley del
Impuesto sobre Tabaco Labrado, que tendía a uniformar el régimen tributario del tabaco,
había dado muy buenos resultados, tanto para las haciendas locales, como para la federal.
b) Que la ley mencionada pugnaba por que la
industria tabaquera no fuera afectada por impuestos locales, sólo por federales. La
renuncia de los estados a gravar, se daba gracias al convenio que suscribían con la
Federación, mediante el cual ésta quedaba obligada a otorgarles participaciones que
estaban determinadas por la ley secundaria.
c) Que de las 32 entidades que integraban
la Unión, 26 se habían sometido voluntariamente a los mandamientos de esa ley, viendo
acrecentados notablemente sus recursos por ese renglón.
d) Que la existencia de un sistema uniforme
de tributación en la República, había permitido el desenvolvimiento de la industria
tabaquera, evitando los trastornos que provoca la doble tributación.
e) Que para homogeneizar el régimen
legislativo que incidía en la industria tabaquera, era necesaria la modificación del
artículo 73 en su fracción X, para que el Congreso quedara facultado para tal fin.
f) Que para que las haciendas locales no
resintieran la renuncia a su derecho de gravar tales impuestos, el Ejecutivo Federal
presentaría una iniciativa para modificar la Ley del Impuesto Sobre Tabaco Labrado, a fin
de aumentar las participaciones que el Gobierno Federal otorga a los estados.
Cabe destacar que la Iniciativa del
Ejecutivo se refería al artículo 73 exclusivamente y en relación a la homogeneización
de gravámenes. Sin embargo, la primera Comisión de Puntos Constitucionales, a quien se
turnó la iniciativa, la encontró muy oportuna pero limitada, ya que el desorden del
sistema tributario mexicano era muy grave y afectaba a otras industrias, no sólo a la
tabaquera. La Constitución no dejaba claros los ámbitos de gravación de los distintos
órdenes de gobierno, por lo que se daba el caso de la doble tributación, cuestión
claramente antieconómica.
Debe recordarse que la iniciativa del
Presidente Cárdenas se daba en el contexto de la segunda Convención Fiscal mencionada
anteriormente. Así entonces, la comisión utilizó los argumentos particulares del caso
del tabaco que planteaba el Ejecutivo Federal, para establecer, justamente, que existían
condiciones semejantes en otras fuentes tributarias.
La comisión entonces propuso ampliar los
alcances de la propuesta presidencial a otra serie de impuestos. De manera importante, la
comisión decidió agrupar todos los impuestos de índole Federal en la fracción XXIX del
artículo 73 constitucional.
Es siempre importante destacar, para
propósitos de la reforma propuesta en este estudio, que la iniciativa del Presidente
Cárdenas se relacionaba con toda la cadena productiva del tabaco y que, casualmente, fue
retomada para la creación de la fracción XXIX del artículo 73 de tantas y diversas
implicaciones.
Por diversas razones que se mencionarán
más adelante, en lo específico del tabaco, la comisión decidió separar lo vinculado al
tabaco en rama, de aquello vinculado al tabaco labrado.
Se infiere que la distinción tenía como
propósito darle un sentido de orden a la tributación sobre tabaco, ya que el tabaco
labrado definido, como se verá más adelante, se sustentaría en ser un impuesto al
consumo.
Para el tabaco en rama, la comisión
propuso la adición de la fracción IX del artículo 117 de la Constitución, que es el
texto vigente, considerándolo como una "prevención complementaria", respecto
de las modificaciones sugeridas al artículo 73. Es decir, la discusión y el debate giró
en torno al 73 y sólo como efecto secundario se modificó el 117.
En este mismo sentido, cabe mencionar que
la llamada "prevención complementaria", sólo se aplicó al tabaco y no a los
demás productos que se incluyeron en la fracción XXIX del artículo 73.
Es interesante observar que el dictamen
quedó aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el miércoles 28 de agosto de
1940; sin embargo, la disposición fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el
24 de octubre de 1942.
Para precisar lo que debe entenderse por
los términos tabaco labrado y tabaco en rama, el legislador ha precisado en la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, cuando en su artículo 3o. fracción XI,
dispone lo siguiente:
"Artículo 3o. Para los efectos de
esta ley, se entiende por:
XI. Tabacos labrados, los cigarros, puros y
los tabacos cernidos, picados, de hebra, de mascar, así como el rapé."
De la transcripción legal del precepto en
cita, se concluye que por tabaco labrado debe entenderse la actividad de
industrialización o por lo menos, manufacturado de este producto, con lo que escapa de
esta definición la producción y venta de primera mano por parte de los productores de la
solanácea, actividad esta última que fue deliberadamente objeto de regulación aparte
por el Constituyente Permanente, con motivo de las reformas constitucionales de 1942.
Acorde con lo precisado anteriormente, en
la fracción IX del artículo 117 constitucional, se prevee un supuesto jurídico distinto
al previsto en la fracción XXIX del artículo 73 de la misma Constitución. Aquél alude
a la producción y venta de primera mano, es decir, a la siembra, cosecha y venta por
primera vez del producto.
Así, la interpretación es que el tabaco
puede ser objeto de gravamen por parte de los estados bajo la condicionante de que se
sujeten a las bases (tasa, supuesto de causación y sujetos pasivos), que para tal caso
disponga el Congreso de la Unión. Sin embargo, diversas disposiciones han sido
introducidas posteriormente, lo que da pie a una reinterpretación del planteamiento
original, especialmente por sus consecuencias posteriores.
Como se mencionó, la disposición entró
en vigor en 1942. Sin embargo, posteriormente, al formalizarse jurídicamente el mecanismo
del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en 1981, se establece una interpretación de
la reglamentación de los artículos 73 fracción XXIX, númeral cinco, inciso b, sobre
contribuciones del tabaco labrado y de la propia fracción IX del artículo 117.
Esta reglamentación vendría a darse en la
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, en su Capítulo VII, artículo
28, que establece que los estados que se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal, participarán de la recaudación atribuible a sus respectivos territorios,
conforme a las bases definidas en el mismo artículo, que en lo relacionado a tabaco,
llama la atención que a tabaco en general, los estados recibirán el 2% a las entidades
productoras, el 13% a las entidades consumidoras y el 5% a los municipios de las entidades
consumidoras.
Sin embargo, establece también en
relación directa con la fracción IX del artículo 117 constitucional, lo siguiente:
"Los estados que no se adhieran al
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán gravar la producción, acopio o venta de
tabaco en rama con impuestos locales o municipales que en conjunto no excederán de 1.55
centavos por kilo, que sólo podrán decretar las entidades en que aquél se
cultive."
Esta ley, que entró en vigor el 1o. de
enero de 1981 y que se mantiene en los artículos referidos sin modificaciones, viene a
dar sentido reglamentario a los ordenamientos señalados de los artículos 73 y 117
vinculados respectivamente a tabacos labrados y tabaco en rama.
La Ley de Coordinación Fiscal viene a
cerrar el círculo, al establecer en su artículo 11 la penalización por faltas a lo
establecido en la propia Constitución o a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al decir:
"Cuando alguna entidad que se hubiera
adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal viole lo previsto por los artículos
73 fracción XXIX, 117 fracciones IV a VII y IX o 118 fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos o falte al cumplimiento del o de los convenios
celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ésta, oyendo a la entidad
afectada y teniendo en cuenta el dictamen técnico que formule la comisión permanente de
funcionarios fiscales, podrá disminuir las participaciones de la entidad en una cantidad
equivalente al monto estimado de la recaudación que la misma obtenga o del estímulo
fiscal que otorgue, en contravención en dichas disposiciones."
En síntesis, nuestro marco jurídico en lo
relacionado al tabaco distingue claramente dos partes de la cadena productiva: la primera,
del producto denominado tabaco en rama, cuya norma se encuentra en la fracción IX del
artículo 117 constitucional y en aquellas normas que lo reglamentan, como son el
artículo 28, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios y el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal.
La segunda, del producto denominado tabaco
labrado, cuya norma se encuentra en el artículo 73 constitucional, fracción XXIX,
numeral cinco, inciso b y diversos ordenamientos de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios y la Ley de Coordinación Fiscal.
Breve descripción histórica de la
producción del tabaco en México.
La producción del tabaco en nuestro país
es muy antigua, ya en términos estadísticos, se puede apreciar su crecimiento
cuantitativo y su importancia para ciertas regiones.
En el siglo pasado, la producción de
tabaco se enfrentaba a problemas de falta de capital y de transporte; además de las
ineficientes técnicas de cultivo y beneficio que también frenaban su avance. Un hecho
importante fue la disolución del Estanco del Tabaco, llevada a cabo en 1856, que
estimuló la producción en las zonas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Oaxaca y
Nayarit principalmente y de manera complementaria en Morelos, Michoacán, Guerrero,
Colima, Sinaloa y Chiapas. En el inicio del periodo porfirista, entre 1877 y 1892, el
tabaco fue uno de los productos que registraron bajas moderadas de producción, la cual
permaneció estable alrededor de las 7 mil toneladas
La producción nacional del tabaco se
orientaba a la satisfacción de los mercados regionales; así, las zonas productoras
estaban dispersas por toda la República Mexicana. En 1896 el tabaco se cultivaba en 22 de
los 27 estados del país. Los estados de mayor producción eran Veracruz (5 millones 697
mil 175 kgs.), el entonces territorio de Tepic (4 millones 632 mil 427), Oaxaca (1millón
328 mil 778) y Jalisco (1millón 225 mil 623); siendo la producción total de ese año 12
millones 884 mil 003 kgs., Veracruz y el territorio de Tepic participaron con el 80% de la
producción nacional.
En el Siglo XX, la producción del tabaco
cobra un nuevo y mayor dinamismo. En 1927, se inicia una etapa de producción masiva del
cultivo del tabaco en Nayarit, comenzando a destacarse cada vez más en la producción
nacional; aquí se tiene el mayor éxito en adoptar los tabacos rubios a suelos mexicanos.
En 1932 se realizó la primera prueba con semilla burley en el ejido El Nuevo, hoy Villa
Hidalgo, Nayarit; plantándose ocho hectáreas.
En esos mismos años se dieron avances
tecnológicos significativos: se desarrolló la producción nacional orientada al cultivo;
se adoptaron técnicas de secado artificial; se comenzaron a construir hornos en Nayarit,
a fin de producir el tabaco que antes se importaba. En 1929 empezó a funcionar la primera
planta de hornos, localizada en el ejido de Pimientillo, Nayarit; propiedad de la
Compañía Tabaquera Nacional. Ese mismo año trabajaron también las plantas El Buen Tono
y Villa Hidalgo, de la Empresa Tabacos Nayaritas, S.A, las dos en el municipio de Santiago
Ixcuintla.
Hacia finales de los años cuarenta, el
tabaco se seguía produciendo en casi toda la República, especialmente en los estados de
Nayarit (10 mil 106 toneladas), Veracruz (2 mil 763) y Jalisco (1 mil 299), donde en el
cuatrienio 1936-1940, se concentró el 74% de la producción total; resaltando que sólo
el Estado de Nayarit produjo el 52% nacional. Otros estados eran, por orden de
importancia: Chiapas, Oaxaca, Nuevo León, Puebla, Guerrero, Michoacán, Sonora, Yucatán,
Hidalgo, Tabasco y San Luis Potosí.
En 1940 ocho regiones productoras cubrían
casi el 90% del total nacional: Nayarit-Jalisco (16 mil 053 tonelada); Veracruz-Puebla (1
mil 913); central de Veracruz (1 mil 259); sur de Jalisco (506); Simojovel (477); los
Tuxtlas (359); Guerrero-Oaxaca (321); Hidalgo-Veracruz (319).
Entre 1940 y 1960 aumentó
considerablemente la superficie cosechada a nivel nacional, al pasar de 21 mil 068
hectáreas hasta un máximo de 53 mil 759 hectáreas, para disminuir posteriormente hasta
43 mil 085 hectáreas en 1970.
Producción nacional y regional del tabaco
en rama en México: 1970-1995.
Del ciclo agrícola 1972-1973 hasta
1985-1986, la superficie cosechada de tabaco a nivel nacional se mantuvo por encima o
cerca de las 40 mil hectáreas, siendo la zona de Nayarit-Jalisco la que concentró la
mayor parte de la superficie cosechada y de la producción nacional de tabaco: 80% y 81%
respectivamente, le siguieron Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Entre los tabacos que se producen en
Nayarit, el burley ha ocupado generalmente del 50% al 55% de la superficie cosechada. El
resto de la producción tabacalera en Nayarit es de Virginia, cuya superficie promedio de
1972-1973 a 1979-1980 fue de 15 mil 600 hectáreas y de 1979-1980 a 1985-1986
correspondió a 15 mil 700 hectáreas. Esta zona representa el 80% de la producción
nacional de tabaco y el resto lo representan las zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Si hablamos en términos de producción de
tabaco por Estado, tenemos que del ciclo 1972-1973 hasta 1985-1986, la zona
Nayarit-Jalisco produjo el 82.10% nacional, resaltando el ciclo 1983-1984 que fue del
90.04% de la producción total; Veracruz produjo el 12.08% nacional; Oaxaca el 3.30% y
Chiapas produjo el 2.52%.
La producción del tabaco en Nayarit fue en
1988 de 53 mil 029 toneladas; en 1989 de 45 mil 749; en 1990 de 31 mil 230 y en 1991 de 25
mil 510.20 toneladas.
En el año de 1991, la superficie cosechada
en el país fue de 14 mil 709.02 hectáreas, de las cuales el 85.7% corresponden al Estado
de Nayarit con 12 mil 602.311 hectáreas. La producción obtenida de esta superficie a
nivel nacional fue de 30 mil 500.8 toneladas; participando el Estado de Nayarit con el
91.1% de la producción total.
En el ciclo 1994-1995, la producción
nacional de tabaco fue de 39 mil 905.17 toneladas; participando Nayarit con 38 mil 345.17
toneladas, representando así el 96.10% de la producción nacional; Chiapas produce 753.20
toneladas que representan el 1.89% nacional; Veracruz produce 150.80 toneladas,
representando el 0.37% y Sonora produce 656.00 toneladas que representan el 1.64% de la
producción nacional.
Actualmente la producción del tabaco en
México se rige por una situación de precios liberados. A nivel del tabaco en rama no
existe ningún gravamen ni federal ni estatal. Toda la carga fiscal se da en lo denominado
tabaco labrado, donde predominan cuatro empresas, dos que tienen como objetivo primario la
fabricación de cigarrillos para el mercado nacional, que son: compañía cigarrera
"La Moderna", que captó el 42.29% de la producción nacional; (Tadesa),
(Cigatam), que captó el 41.22% de la producción nacional y dos compañías cuyo
propósito es captar tabaco en rama para exportación, que son: TPN (Tabacos del Pacífico
Norte), que captó 9.46% de la producción nacional y Exarmex (Exportación de Artículos
Mexicanos S.A. de C.V.), que captó 7.03% de la producción nacional.
Es necesario mencionar, aunque sea
someramente, que el tabaco ha pasado por diferentes e importantes transforrnaciones
institucionales. Especialmente destaca la creación, por decreto presidencial del 4 de
noviembre de 1972, de la Empresa Tabacos Mexicanos, S.A. de C.V. (Tabamex). Esta empresa
paraestatal tuvo una participación decidida en el mercado tabaquero nacional e
internacional. Diversos problemas afectaron su trabajo. El 9 de octubre de 1990 fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establecía su disolución
y liquidación.
Finalmente, cabe destacar el impacto en
empleo que genera el tabaco. Si bien las cifras necesitan ser consideradas cuidadosamente,
en cuanto a tabaco en rama podemos hablar de los productores y los trabajadores eventuales
o jornaleros que trabajan en el cultivo y cosecha del tabaco en rama.
En el presente ciclo (1994-1995), existen
en México alrededor de 9 mil 500 productores de tabaco, de los cuales 8 mil 137 cultivan
tabaco en el Estado de Nayarit, lo que nos representa un 85.6% de los productores en
activo. En términos de jornales de trabajo esto significa 4 millones 528 mil 540
jornales. Para el presente ciclo agrícola 1995-1996 se estima que cultivaran tabaco 8 mil
911 productores.
Elementos comparativos a nivel
internacional
La producción mundial del tabaco en 1989
fue de 7 mil 209 millones de kilogramos; más de la mitad se produjo en Asia. La siguiente
región productora es América; por su producción destacan Estados Unidos de América y
Brasil en América latina; Europa es la tercera región productora; en proporción mucho
menos significativa y como siguiente zona productora está el continente africano donde la
producción, apenas alcanza a sumar 301.800 toneladas, que equivalen al 4.4% de la
producción mundial. Finalmente, Oceanía cubre solamente al 0.2% del total producido. Por
su parte, México ha logrado ocupar un lugar destacado en la producción mundial del
tabaco tipo Burley, ya que es la mayor de América latina.
Los principales países productores
actualmente son China, Estados Unidos, India y Brasil. En conjunto estos países producen
alrededor del 60% de la producción mundial. Cabe señalar que la producción de México
ha fluctuado en los últimos años en alrededor del 1% mundial. Es importante señalar que
el tabaco mexicano es especialmente apreciado por su calidad, lo que permite mezclas
atractivas en los mercados más importantes.
Adicionalmente, cabe mencionar que la
demanda de tabaco ha cambiado estructuralmente y crecido cuantitativamente. En ciertos
países, especialmente los más industrializados del Grupo de los Siete, aparentemente la
demanda ha disminuido. Sin embargo, la caída del muro de Berlín, significó también la
apertura de ese gigantesco mercado al tabaco de occidente, por lo que la demanda de éste
ha aumentado a nivel mundial y se espera que continúe aumentando.
Históricamente, la estructura del comercio
exterior tabaquero de México ha cambiado sustancialmente. Durante el porfiriato, México
era exportador, representando el tabaco alrededor del 2% del total de las exportaciones y
aún cuando en ocasiones descendió al 0.2%, el tabaco se mantuvo entre el octavo y
décimo lugar de los principales productos exportados.
Los principales destinos de los tabacos
labrados mexicanos se encontraban en Alemania, Inglaterra y Francia donde las marcas de
los puros mexicanos eran reconocidas. Los principales mercados para las exportaciones de
tabacos fuertes en rama para puros se concentraban en Europa; Alemania era el principal
cliente y el más seguro, le seguían Bélgica, Estados Unidos e Inglaterra.
El monto de la exportación mexicana, poco
significativo dentro del volumen total del comercio internacional del tabaco, aumentó de
150 toneladas en 1878 a más de 700 en 1891; de ahí en adelante osciló entre 1 mil y 1
mil 500 toneladas con años excepcionales en que ascendió a 2 mil y 3 mil toneladas.
Las importaciones totales durante este
periodo también crecieron, en ello destaca el tabaco Virginia, cuyas importaciones
aumentaron de 679 toneladas en 1888-1889 a 1 mil 207 toneladas en 1895-1896, aunque
volvieron a descender en 1905-1906, a 625 toneladas. La participación de las
importaciones en el total consumido por la industria, comenzó a descender desde
principios del Siglo XX, sobre todo en tabacos rubios, dado el aumento de su cultivo en
Nayarit.
A partir de la Revolución Mexicana y hasta
1925 el comercio exterior de tabaco se contrajo, principalmente las exportaciones, que de
1 mil 063 toneladas en 1910-1911 descendieron a 194 en 1925. En el periodo de 1925 a 1941
las exportaciones presentaron una tendencia descendente; después de alcanzar el máximo
en 1 mil 928 con 262 toneladas, se cae a menos de una tonelada en 1941.
En 1961 México continúa siendo importador
neto. Al año siguiente las importaciones se elevan a un máximo de 3 mil 699 toneladas
para empezar a descender a partir de 1966 hasta eliminarse completamente, salvo en
ocasiones excepcionales.
La mayor parte del tabaco exportado, más
de 93% en la década de los años setenta, es tabaco en rama y de éste más del 80% es
tabaco rubio, porcentaje que se ha elevado a más del 90% en los años ochenta. El único
tabaco rubio que exporta nuestro país es el Burley (que se produce en Nayarit); México
ocupa un lugar importante entre los exportadores de este tabaco.
En 1979 México fue el sexto exportador de
Burley en el mundo; y en 1986 llegó a establecerse en el noveno lugar. Los destinos
principales del tabaco rubio mexicano son Japón, Estados Unidos, Portugal, Dinamarca, la
República Federal de Alemania, Suiza y Suecia.
México llegó a exportar alrededor del 30%
de su producción de tabaco, entre 15 y 25 mil toneladas y su principal tabaco de
exportación ha sido el Burley que ha representado cerca del 90% del tabaco exportado en
los últimos 11 años. Actualmente se estima que un 17% de la producción nacional se
exporta.
Argumentos de la iniciativa.
Diversas son las razones que justifican la
derogación de la fracción IX del artículo 117 constitucional y normas que lo
reglamentan, como son el artículo 28 segundo párrafo de la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios y el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Elementos de orden jurídico.
Debe destacarse desde el principio de esta
argumentación, que no se cuestiona el sentido de lo establecido en el artículo 73
fracción XXIX en lo relacionado a tabacos labrados, por ser ésta una contribución
vinculada al consumo y por tanto de carácter nacional y general. Es derecho aceptado
mundialmente que este tipo de gravamen debe considerarse nacional.
Sin embargo, también a nivel de derecho
comúnmente aceptado, éste no es el caso de la materia prima que permite llegar al
producto gravado en el punto de consumo. La interpretación generalmente aceptada es que,
bajo ciertas condiciones, las materias primas no caen dentro del sentido de los productos
de consumo final y por tanto son potencialmente sujetos de gravamen por los distintos
órdenes de gobierno, si bien bajo el principio de concurrencia o coincidencia acordadas.
En conclusión, nos encontramos con una
situación en la cual razonamientos distintos se utilizaron para justificar lo que ahora
se entiende como una prohibición explícita, si bien relativa, a la facultad de los
estados para gravar el tabaco en rama.
En su planteamiento original, el presidente
Cárdenas busca la homogeneización de una situación donde existía un desorden en los
gravámenes en materia de tabaco, incluyendo toda la cadena productiva. De su
planteamiento, surge una visión que da lugar, como lo señala el propio dictamen de la
comisión respectiva en ese tiempo, para establecer una interpretación concreta de las
facultades que el Congreso de la Unión otorgaría a la Federación, explícitamente en
materia de gravámenes sobre productos específicos.
Esa misma comisión señala en su dictamen
que incluye solamente el tabaco labrado entre esas atribuciones explícitas de la
Federación, como fue eventualmente incluido en el artículo 73 fracción XXIX numeral
cinco inciso b. Establece, sin embargo, la "prevención complementaria" que se
incluiría en el artículo 117 fracción IX. Como ha sido cuestionado, esta fracción
rompe con el espíritu del artículo, al ser una prohibición relativa, cuando el
artículo, por razones aceptadas en derecho general, establece aquellas prohibiciones
absolutas a los estados.
Sin embargo, hacia 1981, con la
introducción del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, sustentado entre otros pero de
manera sustancial en el propio artículo 73 y al introducirse las leyes reglamentarias de
Coordinación Fiscal y la del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se
desvirtúa el sentido que pudiera tener la fracción IX del artículo 117, al utilizarse
como un condicionamiento para la adhesión o no de cualquier Estado productor de tabaco en
rama al propio Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Resulta evidente que el sentido de una
prohibición explícita relativa como la de la fracción IX del artículo 117 debe ser
considerada incluso discriminatoria, ya que se dirige exclusivamente a los estados que son
productores de tabaco en rama, atentando contra los principios federalistas más
elementales que señalan la aplicación general de los preceptos establecidos
constitucionalmente a nivel Federal. El sentido discriminatorio es todavía más evidente,
al ser el único caso de un producto agrícola o materia prima que tiene una prohibición
explícita a nivel constitucional.
Este mismo argumento se refuerza al
contraponerse con el artículo definitorio de nuestro esquema federalista, el 124
constitucional, puesto que vincula una prohibición explícita, que debiera entenderse
absoluta por su ubicación en el artículo 117, a la acción eventual del Congreso de la
Unión.
En síntesis, la fracción IX del artículo
117 adolece de los siguientes cuestionamientos jurídicos:
Establece una prohibición explícita
relativa, rompiendo con el espíritu del artículo 117 y contraponerse con el espíritu
del artículo 124.
Es discriminatoria y por lo mismo atenta
contra los principios más elementales del federalismo, tanto en razón de dirigirse
solamente a los estados productores de tabaco en rama, como por el hecho de ser único el
caso de una referencia de esta naturaleza a un producto agrícola o materia prima en toda
la Constitución.
Frente a la propia creación del Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal, se desvirtúan los razonamientos que dieron pie a su
introducción originalmente en el texto constitucional, al transformarse, de una
"prevención complementaria" a lo establecido en el artículo 73 fracción XXIX,
en su planteamiento inicial, en una prohibición condicionante de la participación o no
de los estados productores de tabaco en rama en el Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal.
Queda también establecido que la
derogación de la fracción IX del artículo 117 no afecta en nada lo relacionado a la
facultad de la Federación para gravar exclusivamente lo relacionado con el tabaco
labrado, de acuerdo a lo definido en el artículo 73 fracción XXIX, numeral cinco inciso
b.
Elementos de orden productivo y de
distribución regional.
De igual manera, tal como quedó
establecido en el apartado dos de este estudio, los argumentos de hecho que dan pie al
carácter discriminatorio de la fracción IX del artículo 117, se ejemplifican por el
cambio en las condiciones de la producción del tabaco en México, ya que en el tiempo en
que fue enviada la iniciativa del presidente Cárdenas, existían más de 14 estados
productores de tabaco en rama. Actual y solamente el Estado de Nayarit produce más del
96% del tabaco en rama del país. Por lo mismo, la fracción IX del artículo 117,
tendría que interpretarse como una prohibición explícita relativa prácticamente
dirigida al Estado de Nayarit.
Posibles implicaciones.
Las implicaciones de la derogación de la
fracción IX del artículo 117 y de los artículos relativos de la Ley de Coordinación
Fiscal y de la del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, sólo significa hacer
avanzar el federalismo un paso más.
Las condiciones que establece el propio
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en la práctica, permiten suponer que no
existirían las condiciones de doble tributación que dieron pie a la iniciativa original
y al sentido del dictamen de la comisión en 1940-1942 y que a su vez quiere evitar el
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Por las características de la situación
actual en cuanto a producción de tabaco en rama, prácticamente implicaría solamente un
proceso de negociación, este caso siendo el Estado de Nayarit. Sin embargo, cabe
argumentar en términos generales, dado el gran potencial que existe de que varios
estados, especialmente Veracruz, Chiapas y Sonora, puedan aumentar sustancialmente su
producción.
Evidentemente, cualquier posibilidad de
gravar la producción, el acopio o la venta de tabaco en rama deberá ser negociada con la
Federación, en razón de su facultad en materia de tabaco labrado. Esto es así, ya que
lo que se buscaría es establecer una posible distribución de los recursos captados
visualizando el conjunto de la cadena productiva. Puesto que actualmente sólo se grava al
tabaco labrado, es de esperarse una posible posición de parte de los estados productores
de tabaco en rama para negociar parte de los recursos captados, federalmente en el tabaco
labrado y trasladar, en forma de impuesto local, quizá en el punto de acopio, parte de la
carga fiscal de las empresas productoras o exportadoras.
Esto tendría lógica, ya que no se
pretendería gravar en los puntos de producción o venta de tabaco en rama, puesto que
ello implicaría dañar la ya maltrecha economía familiar de los productores. Sin
embargo, en el punto de acopio, se podría lograr una redistribución acordada entre
Federación y estados, ya que no se afectaría lo establecido en el artículo 73 fracción
XXIX y se lograría reorientar parte de la base fiscal que genera el tabaco de la
Federación a los estados.
Una situación así, acordada y en los
mejores términos de una negociación con un sentido federalista, permitiría,
probablemente, solucionar parte importante de los problemas financieros de los estados
productores, dando un sentido de justicia al hecho de que, actualmente, siendo estados con
producción de alto valor agregado, no pueden gozar de las ventajas fiscales inherentes,
acentuándose el carácter discriminatorio de este precepto constitucional.
Se reitera, este análisis beneficia a
Nayarit, caso más evidente, pero incluye beneficios actuales y futuros para Veracruz,
Chiapas y Sonora, estados que actualmente producen, pero que tienen un gran potencial y,
también para Jalisco, Oaxaca y Sinaloa que podrían retomar su producción en el futuro.
Síntesis de argumentos.
En síntesis, para efectos de sustentar las
reformas propuestas, se puede decir:
La fracción IX del artículo 117
constitucional establece una prohibición explícita relativa discriminatoria tanto en
materia de observancia entre las entidades federativas, como entre productos.
En la situación actual, tanto el precepto
constitucional como los dos ordenamientos relativos desvirtúan los razonamientos que
dieron pie a su introducción originalmente en el texto constitucional, al transformarse,
de una "prevención complementaria" a lo establecido en el artículo 73
fracción XXIX, en una prohibición condicionante de la participación en el Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal de los estados productores.
El hecho de que exista un Estado
prácticamente productor único acentúa el carácter discriminatorio, pero también
facilita el propósito de evitar la doble tributación y/o el desorden fiscal. En su
momento, esta propuesta puede beneficiar al menos a seis entidades más.
Por lógica presentada, no se llegaría a
una situación de gravar a productores, sino una redistribución de la carga fiscal actual
sobre la cadena productiva del tabaco, que actualmente sólo beneficia a la Federación.
En virtud de las razones anteriores, y con
fundamento en las disposiciones de la Constitución General de la República y del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, invocadas al proemio de esta
iniciativa, me permito presentar el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Que deroga la fracción IX del artículo
117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el tercer párrafo de
la fracción III del artículo 28 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios; y reforma el primer párrafo del artículo 11 de la Ley de Coordinación
Fiscal.
Artículo primero. Se deroga la fracción
IX del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
"Artículo 117. Los estados no pueden,
en ningún, caso:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
IX. Derogada."
Artículo segundo. Se deroga el tercer
párrafo de la fracción III del artículo 28 de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, para quedar como sigue:
"Artículo 28.
Los estados que se adhieran. . . . . . . .
. . . . . .
La Secretaría de Hacienda. . . . . . . . .
. . . . . . ."
Artículo tercero. Se reforma el primer
párrafo del artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
"Artículo 11. Cuando alguna entidad
que se hubiera adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal viole lo previsto por
los artículos 73 fracción XXIX, 117 fracciones IV a VII o 118 fracción I de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o falte al cumplimiento del o de
los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ésta, oyendo
a la entidad afectada y teniendo en cuenta el dictamen técnico que formule la Comisión
Permanente de funcionarios fiscales, podrá disminuir las participaciones de la entidad en
una cantidad equivalente al monto estimado de la recaudación que la misma obtenga o del
estímulo fiscal que otorgue, en contravención en dichas disposiciones."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reitero a ustedes secretarios las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito federal, a los 9 días
del mes de diciembre de 1997.-Senador de la República, Jose Luis Medina Aguiar.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| El secretario
José Antonio Alvarez Hernández: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: de conformidad con lo
preceptuado en los artículos 43 y 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos; 135 y 136 de su reglamento, le fue turnado a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados, para su estudio, el dictamen de
la minuta de decreto de reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, elaborado por
las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Tercera de la
Cámara de Senadores.
La colegisladora, en su función de Cámara
revisora, con base en el dictamen referido, desechó en su totalidad el proyecto de
decreto en cuestión y lo regresó a esta Cámara de origen, con fundamento en el
artículo 72 inciso d de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ANTECEDENTES
Esta legisladora elaboró y aprobó un
dictamen conteniendo una propuesta para reformar el artículo 1o., adicionar una fracción
IX al artículo 9o. y dos fracciones, las XVII y XVIII al artículo 15 y un tercer
párrafo al artículo 42 recorriendo el tercer párrafo actual al cuarto párrafo, de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, propuesta que presentaron las fracciones del Partido
Acción Nacional; del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo. El
citado dictamen fue turnado a la colegisladora en cumplimiento de lo dispuesto por el
inciso h del artículo 72 y la fracción VII del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La minuta conteniendo tal propuesta
legislativa fue estudiada en el Senado por sus comisiones de Hacienda y Crédito Público
y la de Estudios Legislativos Tercera, quienes con base en lo dispuesto en los artículos
72 inciso d de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 85 y 90 de
la Ley Orgánica del Congreso General; 65, 87, 88, 90 y 93 del reglamento para el propio
Congreso, propusieron y fue aprobado el 8 del presente mes, el siguiente
DICTAMEN
"Primero. No procede aprobar la minuta
de decreto que la honorable Cámara de Diputados remitió al Senado de la República
modificando el artículo 1o.; adicionando una fracción IX al artículo 9o. y las
fracciones XVII y XVIII al artículo 15, así como un tercer párrafo al artículo 42 que
recorre el actual hacia el cuarto párrafo y que agrega un artículo transitorio de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado.
Segundo. Regrésese a la Cámara de origen
el proyecto de decreto en cuestión, para los efectos del artículo 72 inciso d de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Como es del conocimiento de esta
soberanía, las reformas que fueron aprobadas por esta Cámara, el pasado 4 de diciembre,
proponen la reducción de la tasa general del impuesto al valor agregado al 12%. Asimismo
establecieron que no se pagará el impuesto por la venta del gas para uso doméstico ni
por la prestación de servicios telefónicos para uso doméstico por la renta mensual y el
servicio de energía eléctrica por el consumo mensual de hasta 250 kw/h. De igual manera
estableció la aplicación de la tasa cero para el servicio de agua para uso doméstico.
Entre las razones que tuvo la colegisladora
para emitir tal dictamen se hacen las siguientes consideraciones:
La propuesta fue analizada en dos enfoques
determinantes: "primero, de la significación que puede tener respecto de las
finanzas públicas y segundo, de los aspectos que podría provocar en la economía y su
incidencia en las capas sociales de la población".
Agrega la colegisladora que las
"propuestas de modificación a la Ley del IVA no pueden verse de manera aislada, sino
en el contexto de una propuesta más amplia de reforma integral. Lo anterior, en
consideración a las implicaciones que conlleva y que más adelante se explican, y en
función de su importancia como fuente primordial del financiamiento del gasto
público".
Expone el Senado que: "... la
recaudación por concepto del IVA representa el 16.4% de los ingresos no petroleros y el
29.6% de los tributarios, siendo la tercera fuente de importancia en los ingresos del
Gobierno Federal, después de los derivados del petróleo y del Impuesto Sobre la Renta
(ISR). Por ello, cualquier modificación a la legislación señalada, debe ser profunda y
cuidadosamente evaluada, a la vista de la importancia que tiene en la capacidad del
Gobierno Federal, entidades federativas y municipios. Para atender sus obligaciones de
prestación de servicios, construcción de infraestructura pública y combate a la pobreza
entre otros".
Indica que: "... es fundamental que en
una primera instancia, la propuesta de modificaciones a la ley del IVA, se analice a la
luz de los impactos que modificaciones similares en la tasa del IVA han tenido en el
pasado sobre los ingresos públicos, de la Federación, estados y municipios".
Después de evaluar los efectos de la
reducción general de la tasa en 1991, cuyo impacto fue severo, un 0.72% del PIB, a pesar
del efecto compensatorio de otras medidas como el aumento de la tasa en frontera, cobro de
intereses en créditos al consumo, el impacto significó 34 mil millones de pesos de 1998,
por ello nos señala la colegisladora que fue necesario aumentar adicionalmente las
tarifas de los bienes y servicios públicos, en particular las gasolinas.
Concluye el Senado que: "es de
advertirse que el contenido de la minuta a dictaminar parte de información insuficiente o
parcial sobre los efectos en la economía que aquí se exponen. En este dictamen, habiendo
hecho las consideraciones adecuadas y las precisiones de datos sobre los alcances e
impactos de la propuesta, juzga inconveniente la aprobación de la minuta, misma que se
remite a la Cámara de Diputados a fin de que reconsidere nuevamente su proyecto
original".
Esta comisión considera improcedentes los
argumentos formulados por la colegisladora, por las razones que aparecen en la exposición
de motivos presentada por los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional,
Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de
México, relativa a las modificaciones y adiciones a diversas disposiciones de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado.
En mérito de lo anterior, la Comisión de
Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados, con fundamento en los
artículos 72, inciso d y 73 fracción VII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 43 y 48 de la Ley Orgánica del Congreso General; 62, 63, 87, 135 y 136
del Reglamento Interior del propio Congreso, somete a su consideración el siguiente
DICTAMEN
Primero. Se aprueba y ratifica, en
consecuencia, el decreto que contiene la modificación del artículo 1o.; la adición de
una fracción IX al artículo 9o. y las fracciones XVII y XVIII al artículo 15, así como
a un tercer párrafo al artículo 42 recorriendo el actual hacia el cuarto párrafo, con
un artículo transitorio todos ellos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado aprobado por
esta Cámara de Diputados, con fecha 4 de diciembre del año en curso, cuyo decreto fue
rechazado por la Cámara de Senadores, según minuta remitida a esta Cámara, con fecha 8
de los corrientes.
Segundo. En consecuencia, envíese
nuevamente a la Cámara de Senadores el proyecto de decreto en cuestión, para los efectos
del artículo 72 inciso d de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Minuta que aprueba y ratifica, en
consecuencia, el decreto que contiene la modificación del artículo 1o., la adición de
una fracción IX al artículo 9o. y las fracciones XVII y XVIII del artículo 15, así
como un tercer párrafo al artículo 42 recorriendo el actual hacia al cuarto párrafo,
con un artículo transitorio, todos ellos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
aprobado por esta Cámara de Diputados, con fecha 5 de diciembre del año en curso, cuyo
decreto fue rechazado por la Cámara de Senadores, según minuta remitida a esta Cámara
el 8 de diciembre de 1997.
México, D.F., a 9 de diciembre de 1997.-
Diputados: Angel Aceves Saucedo, Fortunato Alvarez Enríquez, Alfonso Ramírez Cuéllar,
Dionisio A. Meade y García de León, Verónica Velasco Rodríguez, Alberto González
Domene, Fauzi Hamdan Amad, Ramón M. Nava González, Felipe de Jesús Rangel Vargas,
Rogelio Sada Zambrano, Humberto Treviño Landois, Maximiano Barbosa Llamas, Pioquinto
Damián Huato, Angel de la Rosa Blancas, Carlos A. Heredia Zubieta, María de los Dolores
Padierna Luna, José Luis Sánchez Campos, Guillermo Barnés Mújica, Augusto R. Carrión
Alvarez, Celso Fuentes Ramírez, Fidel Herrera Beltrán, Francisco Javier Loyo Ramos,
Raúl Martínez Almazán, Enrique Martínez y Martínez, Ernesto A. Millán Escalante,
Francisco Javier Morales Aceves, Gonzalo Morgado Huesca, Alfredo Phillips Olmedo y
Alejandro González Yáñez.»
Es de primera lectura.
Consulte la Secretaría a la Asamblea
si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de
inmediato.
| El secretario
José Antonio Alvarez Hernández: |
Por instrucciones de la Presidencia,
con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la
segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la segunda lectura.
En consecuencia, está a discusión
el dictamen que aprueba y ratifica el decreto que contiene la modificación del artículo
1o., la adición de una fracción IX al artículo 9o. y las fracciones XVII y XVIII al
artículo 15, así como un tercer párrafo al artículo 42, recorriendo el actual a cuarto
párrafo con un artículo transitorio. Todos ellos de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado aprobado por esta Cámara de Diputados con fecha 4 de diciembre del año en
curso, cuyo decreto fue rechazado por la Cámara de Senadores, según minuta remitida a
esta Cámara con fecha 8 de los corrientes, a la que se le ha dado lectura.
Esta Presidencia informa que se han
registrado para la discusión los siguientes oradores, quienes podrán usar la palabra
hasta por 15 minutos, con objeto de fijar posiciones de sus respectivos grupos
parlamentarios. Por el Partido del Trabajo, Ricardo Cantú Garza; por el Partido Acción
Nacional, Gerardo Buganza Salmerón; por el Partido de la Revolución Democrática, Carlos
Antonio Heredia Zubieta; por el Partido Revolucionario Institucional, Manuel Angel Núñez
Soto.
En consecuencia, tiene la palabra hasta por
10 minutos, el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo.
| El diputado Ricardo Cantú Garza: |
Con su venia, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo acude a esta tribuna para fijar su posición acerca del rechazo por parte de la
Cámara de Senadores a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
En el dictamen de la minuta de decreto de
reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, enviado por la Cámara de Diputados como
Cámara de origen, a la Cámara de Senadores como Cámara revisora y formulado y
presentado al pleno de dicha colegisladora por las comisiones unidas de Hacienda y
Crédito Público y la Comisión de Estudios Legislativos, tercera sección, nos
encontramos con que en lo general se desecha la minuta con proyecto de decreto enviado por
la Cámara de origen la revisora.
Suponiendo sin conceder que la Cámara de
Diputados desechó por 243 votos en contra y 240 a favor, el dictamen de Miscelánea
Fiscal, en el dictamen de referencia, y particularmente en lo que se refiere a la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, encontramos en la página 110 una disposición transitoria de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado cuyo artículo 7o. establece: "para los efectos
del artículo anterior, durante el ejercicio de 1988 el impuesto al valor agregado sobre
el servicio o suministro de agua para uso doméstico que se efectúe en dicho ejercicio se
causará a la tasa cero".
Es cierto también que la Comisión de
Hacienda y Crédito Público presentó al pleno de esta soberanía una iniciativa de
adiciones y reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y que antes de ser votada, el
diputado Alejando González Yáñez como miembro de la comisión dictaminadora propuso la
adición de un artículo transitorio que a la letra establece: "durante el ejercicio
fiscal de 1988, el IVA sobre el servicio o suministro de agua para uso doméstico que se
efectúe en dicho ejercicio, se causará a la tasa cero para que éste no sea
cobrable".
En este caso, las comisiones unidas del
Senado de la República que dictaminan, alegan en su dictamen que en las páginas 13 y 14,
que por formar parte la propuesta hecha por el diputado González Yáñez, de las
iniciativas del Ejecutivo Federal que fue dictaminada y rechazada por el pleno de esta
soberanía en los términos de los dispuesto en el inciso g del artículo 72
constitucional, esta propuesta no puede ser presentada nuevamente en este año de
sesiones.
Esta aseveración de las comisiones del
Senado que dictaminan, es totalmente falsa. Actuar como lo establece la colegisladora es
hacer nugatorio el derecho de la Cámara de origen para introducir adiciones o reformas a
un dictamen a discusión antes de que éste sea aprobado.
Es necesario recordar que el Presidente de
la República posee facultad exclusiva de iniciativa, pero sólo en los supuestos que
prevé el párrafo segundo del artículo 74 constitucional, y que atentos a lo dispuesto
por el inciso h del artículo 72 constitucional en materia tributaria, tendrá que ser la
Cámara de origen, la Cámara de Diputados, es el caso que a un dictamen sobre un proyecto
de ley con contenido tributario se le hace una adición antes de ser votada. Esto es
totalmente válido.
El inciso g del artículo 72
constitucional, establece: "... todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en
la Cámara de origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año". Este
precepto se refiere a la totalidad del proyecto.
En el caso que nos ocupa, estamos ante dos
propuestas diferentes que tienden a cumplir el mismo propósito, que provienen de
titulares de facultad de iniciativas diferentes, que se presenta en el proceso legislativo
en momentos diferentes y que tienen inclusive redacciones diferentes y cuyos efectos
también son diferentes, la del Ejecutivo y la adición propuesta al pleno aprobada.
Por las consideraciones antes expuestas,
hemos dejado claro que los senadores priístas han dado una interpretación torcida,
parcial y contraria a derecho.
Compañeros diputados: con la negativa de
los senadores priístas a bajar el IVA, sólo demuestran que mientras el PRI tenga
mayoría en alguna de las cámaras, ésta seguirá siendo dependiente del Ejecutivo y
desligada de los deseos, aspiraciones y demandas de nuestro pueblo.
Si nuestro proceso de democratización no
se ve interrumpido por actos violentos y vandálicos como los que esta Cámara sufrió el
pasado jueves, la sociedad mexicana sabrá ponderar las posiciones políticas, económicas
y sociales de sus legisladores.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Gerardo
Buganza Salmerón, del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.
| El diputado
Gerardo Buganza Salmerón: |
Con el permiso de la Presidencia;
señoras y señores diputados:
Hoy nuevamente estamos ante los ojos del
pueblo, que espera que el Poder Legislativo le dé un alivio de resultados positivos en
materia tributaria y de servicios.
Hoy, por consiguiente, los poderes
públicos responsables del bien común, no pueden menos que sentirse obligados a desplegar
en el campo económico, una acción multiforme, más vasta y más profunda, como también
a lograr el ajuste de medidas que mejores condiciones actuales de vida.
Hoy también saben los ciudadanos, que la
iniciativa de reducción del impuesto al valor agregado del 15% al 12% fue rechazada por
la Cámara de Senadores. Por esta razón, los electores en la primera oportunidad que se
les presente, así como lo hizo con su voto para elegir la Cámara plural de Diputados, lo
hará para tener en el Senado una representación democrática y plural igualmente.
De hecho la experiencia de ayer atestigua,
que donde falta la iniciativa personal de la ciudadanía, hay tiranía política, pero
hay, además, estancamiento en los sectores económicos destinados a producir, sobre todo
los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus requerimientos.
Por otro lado, donde falta o es defectuosa
la actuación del Estado, reina un desorden irremediable, la explotación de los débiles
por los fuertes menos escrupulosos, como se arraigan en todas las tierras y en todos los
tiempos, como la cizaña en el trigal.
Por esta esperanza, que aún tenemos para
lograr dicha disminución, queremos insistir en que la profunda amargura, embarga nuestro
ánimo ante el espectáculo muy triste de innumerables conciudadanos, a quienes los
miserables salarios los somete a ellos y a sus familias, a vergonzosas condiciones de
vida.
Sin embargo, en algunos otros sectores de
la sociedad, de unos pocos privilegiados contrastan de manera estridente y ofensiva, con
las condiciones de gran malestar de muchísima gente.
Este es el momento de hablar con la verdad
y hablar directamente con las cifras en la mano y no con la amenaza de una debacle
económica. El pueblo de México no merece una manipulación tan vil, como a la que se le
ha expuesto con mentiras ilustradas. Han hecho difusión masiva en los medios de
comunicación, con el afán perverso de distorsionar la verdad, además de intimidar a la
ciudadanía.
La reducción del IVA no provoca un
desequilibrio en las finanzas públicas, no hay necesidad de amenazar con el alza de otros
impuestos o a los precios de la gasolina. Aquí están las cifras, avaladas con un
análisis de la historia y un análisis estadístico-matemático del comportamiento de las
variables de consumo, producción, recaudación fiscal y gasto público ante la baja del
IVA.
¿Tienen sentido tales injusticias para
aumentar la eficiencia de los números e índices macroeconómicos de nuestra economía
nacional? ¿No vale la pena que ambas cámaras frenen este ritmo acelerado y
desproporcionado, que propicia el desequilibrio social? ¿Acaso no vale el esfuerzo por
las clases sociales, media y baja, al igual que se ha hecho para robustecer o mantener el
prestigio nacional de una economía milagrosa, de bien gastar en rescates carreteros, el
Fobaproa etcétera?
Por ende, consideramos que es nuestro deber
afirmar, una vez más, lo que indico a continuación. Es equivocado el señalamiento de
que la reducción del IVA sería regresiva, de asumirse quienes más ahorran son los que
más ganan. Eso es cierto en términos reales, pero falso en términos nominales.
Así encontramos que al reducir del 15% al
12% traería un beneficio del 2.6% de su gasto para los cinco primeros deciles y del 2.3%
para el decil más falto. Ello significa que en relación a su gasto, los primeros cinco
deciles se verían beneficiados ligeramente, pero al fin y al cabo en mayor proporción.
Esto significa un 13% de diferencia mayor.
Cuando el IVA subió en 1982 del 10% al 15%
en términos reales, los ingresos disminuyeron tanto del IVA como del ISR.
En cambio en 1992 el IVA disminuyó del 15%
al 10% y los ingresos del IVA y del ISR en términos reales se incrementaron. Y quiero
aclarar aquí que cuando estuvo el Secretario dijo y contestó con el PlB y aquella
ocasión lo dije también en términos reales y dejo una copia en esta Secretaría para
que las propias cifras se guarden y se conste que estas cifras que mencionamos son la
realidad.
Y una vez más cuando en 1995 se volvió a
subir la tasa del 10% al 15% los ingresos del IVA y del ISR, en términos reales
disminuyeron nuevamente. Ante el argumento de que la tasa del IVA es competitiva en el
orden internacional y de hecho más baja, es falso, porque no han tomado en cuenta la
estructura impositiva completa de los demás países.
En tal virtud, a fin de poder comparar
aquella tasa con la de las otras economías, es necesario observar el monto de los
distintos impuestos sobre el producto interno bruto, por tanto, su comparación es parcial
y dolosa.
Por ejemplo, menciono: en España se tiene
el 12% del IVA; el promedio de los tigres asiáticos es del 7.6%; en Japón del 3%; en
Taiwan del 5% y el promedio de la Comunidad Económica Europea del 10%.
En México, la Secretaría de Hacienda ha
informado que la evasión en el pago del IVA es de aproximadamente del 30% al 35%;
mientras que la evasión en el ISR es de aproximadamente entre el 40% y el 50%. Si se
eliminara la evasión se obtendrían ingresos tributarios como porcentaje del PIB
similares a los países del Primer Mundo.
Desafortunadamente los servicios en México
corresponden a los del Tercer Mundo y éste no es problema de la sociedad, sino la
ineficiencia de la Secretaría de Hacienda.
Por otra parte, los cálculos que hace la
Secretaría sobre la caída en la recaudación, están basados en métodos
probabilísticos, a pesar de que es posible utilizar métodos exactos. Además de que no
toman en cuenta varios efectos: el primero, no considera el verdadero ahorro en el gasto
del Gobierno Federal, por la disminución de la tasa del IVA y hoy, también como en
aquella ocasión con el Secretario, hago referencia a que él sólo contestó y dijo que
eran 5 mil millones y solamente se refirió al gasto corriente y se le olvidó mencionar
los servicios generales, la inversión física, los gastos de capital, las ayudas y los
traspasos de los mismos conceptos, los cuales por punto significan nada más 4 mil 500
millones de pesos de ahorro.
En los ramos del 026 y del 033 únicamente
el 25% que va a la obra pública representan también de los tres puntos 900 mil millones
y en las paraestatales como es Pemex y la CFE, el beneficio en su disminución a la hora
de pagar, también tienen un beneficio en el margen de utilidad. Y como no mencionan bajar
los productos de los servicios, de la energía eléctrica, ni la gasolina, ni el diesel,
ese beneficio que se queda en el costo, les significa 2 mil 700 millones por los tres
puntos y esto hace un total de 8 mil 100 millones. O sea, que las cifras sí les dan,
señores.
El segundo es que no considera el efecto
positivo sobre el ISR, debido al aumento en el ingreso y a la reactivación en el mercado
interno.
El tercero es que no incluyen las zonas
fronterizas dentro de los ingresos que tendrían una baja.
El cuarto se refiere a que los cálculos
del Gobierno asumen en crecimiento del PlB menor del que realmente pueden lograrse dada la
tendencia actual de la economía.
Por otra parte, el cálculo hecho por
Acción Nacional demuestra que la caída neta real es de aproximadamente 6 mil millones de
pesos y no de las cifras estratosféricas y caóticas que habla el Ejecutivo.
Señoras y señores legisladores, estas
bases técnicas si bien es cierto que sólo son indicadores para apoyar la toma de una
decisión, también es nuestra la responsabilidad de determinar con base en la justicia y
en la equidad.
De esta suerte, los beneficios deben
participarse a todas las categorías de los ciudadanos y por ende es necesario,
compañeros, que vigilemos atentamente y empleemos medios eficaces para que los
desequilibrios económicos y sociales no se aumenten, sino que se atenúen al máximo.
Es preciso recordar, y con esto concluyo,
que los compromisos del Gobierno Federal cuando quedaron de reducir los gastos, inclusive
eliminando secretarías de Estado, que cuando pasara la crisis se establecería una tasa
más baja como es del dominio público, nada de esto se cumplió y tampoco lo vemos en los
presupuestos y en la Ley de Ingresos.
Compañeros legisladores: hoy nuevamente
tenemos el reto de afirmar nuestro compromiso como representantes del pueblo, en
consecuencia los exhorto a que de nuestro interior y de nuestra conciencia oigamos el
reclamo de los derechos, exigencias y aspiraciones del pueblo.
Sería un gran error, porque somos hoy sus
representantes, no cumplirles en materia política-económica como se merecen, ya que
tenemos que ser conscientes del carácter excluyente del modelo económico emprendido por
el Ejecutivo y que nunca será capaz de traducir en bienestar social el crecimiento. Para
que esta traducción se efectúe, es preciso atender deliberadamente el mercado interno.
Por último, la reducción del IVA es uno
de los puentes que permite unir las finanzas macroeconómicas en mayores recursos para la
familia. Lo que el señor Zedillo prometió, ahora el Congreso está en posibilidades de
empezar a cumplir.
Ustedes tienen la palabra. Gracias.
Tiene la palabra el diputado Carlos
Antonio Heredia Zubieta, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.
| El diputado
Carlos Antonio Heredia Zubieta: |
Con el permiso de la Presidencia:
A querer o no, la discusión sobre el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), se ha convertido en un debate político.
¿Quién politizó el debate sobre el IVA?
¿Quién ha dicho una y otra vez que los Cuatro Jinetes del Apocalipsis y las Siete Plagas
de Egipto caerán sobre México si baja el IVA?
Este debate, compañeros legisladores, lo
politizó el grupo parlamentario de la Secretaría de Hacienda, que se sienta atrás, en
la parte posterior de la sala. Son los representantes del señor Guillermo Ortiz. Son
aquellos que vienen aquí a hablar no como legisladores, no como representantes populares,
sino como empleados de funcionarios menores de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público...
| La diputada
América Soto López (desde su curul): |
¡Señora Presidenta!
Permítame el orador. Se suplica
suspendan el reloj para el cómputo del tiempo. ¿Con qué objeto, diputada América?
| La diputada
América Soto López (desde su curul): |
Para pedirle, señora Presidenta, con
todo respeto, que usted conmine al señor diputado a que se dirija con respeto a nosotros
los legisladores, todos.
Señor diputado Heredia: se le
suplica por esta Presidencia, que observe las reglas de cortesía con todos nuestros
compañeros.
| El diputado
Carlos Antonio Heredia Zubieta: |
Con mucho gusto, señora Presidenta:
Al terrorismo fiscal le ha sucedido ahora,
el terrorismo verbal. La intimidación al pueblo de México.
Leemos en los diarios de hoy, que el
Presidente del partido político al cual pertenece el grupo parlamentario de la
Secretaría de Hacienda, dice: "que la oposición se ha convertido en una guerrilla
institucional".
¡Ahora sí vimos "el asalto porril a
esta tribuna" por parte de ese grupo y nos quieren presentar el mundo al revés!
Yo le diría a ese señor, al señor que
declaró...
Señores diputados: la diputada
América Soto solicitó que esta Presidencia se dirigiera al orador para suplicarle
cortesía en favor de ustedes. ¡Esta Presidencia solicita el mismo trato para el orador!
¡Les suplico, por favor, que ya se abstengan de exposiciones y permiten al orador
terminar con su tiempo!
| El diputado
Carlos Antonio Heredia Zubieta: |
Estoy haciendo, con todo respeto, una
cita de los diarios de hoy: hablan "de guerrilla institucional". ¡A lo mejor lo
que de veras necesitamos en esta Cámara de Diputados es una propuesta que nosotros hemos
planteado, hace ya algún tiempo, en el sentido de tomarle la palabra, en serio, a lo que
en esta tribuna el 1o. de septiembre el titular del Ejecutivo dijo sobre "el muy
necesario, imperativo, urgente, diálogo nacional sobre la política económica! ¿Por
qué le tienen miedo al debate sobre la orientación de la política económica? ¿Nos
llaman guerrilla institucional, a lo mejor necesitamos una Cocopa de la política
económica? ¿A lo mejor lo que necesitamos realmente es reorientar el debate sobre lo que
le interesa de fondo al pueblo de México? ¡Al pueblo de México le interesa, nos
reclama, una política económica para discutir cómo le vamos a hacer para que las
medidas económicas beneficien al pueblo de México y no sólo a un pequeño puñado de
privilegiados!
Lo que urge, compañeros, es un desagravio
al pueblo de México, ¡no sólo por la famosa seña de Humberto Roque Villanueva!, sino
por lo que ha ocurrido con la política económica de los últimos 15 años.
En la bancada del Partido de la Revolución
Democrática hemos sido congruentes con nuestra plataforma; lo hemos dicho y lo
ratificamos hoy: ¡es posible bajar el IVA y al mismo tiempo compensar la recaudación y
aumentar los ingresos públicos, cobrando debidamente a todos los que tienen que pagar y
actualmente eluden sus obligaciones fiscales!
¡Yo trabajé en la Secretaría de
Hacienda. Podríamos empezar porque todos los servidores públicos dejáramos de percibir
bonos, compensaciones libres de impuestos! ¡Esos cheques que se entregan subrepticiamente
a los servidores públicos, que somos los que deberíamos de empezar a cumplir con
nuestras obligaciones fiscales, en primer término!
¡Ratificamos, pues, el compromiso
indeclinable del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por
aliviar las cargas tributarias de los más pobres y de la clase media de este país!
¡Se han rasgado las vestiduras por la baja
del IVA y hablan de una ruptura del equilibrio fiscal a causa de ello! ¿Por qué no
protestaron cuando se rompió el equilibrio fiscal para salvar a los banqueros, a los
concesionarios de las carreteras de cuota, a los socios de Raúl Salinas de Gortari!
¡Convengamos, compañeros diputados, en
que la batalla por el IVA no es en realidad "la madre de todas las batallas"!
¡Vamos, compañeros diputados, por una
nueva política económica, una que sí cuide los equilibrios financieros y dé garantías
a la inversión, pero sobre todo que ponga por delante a la gente, a la gran mayoría de
los mexicanos, que exigen, que demandan, con un clamor nacional: justicia económica!
¡El debate de fondo, compañeros
legisladores, es la orientación de la política económica..!
Permítame, el orador.
Se suplica al diputado Arturo Núñez...
tenga la bondad de otorgar su conferencia de prensa en las afueras del salón de pleno.
Y a los de prensa, a los compañeros de
prensa, que por favor nos ayuden a mantener el orden en la sesión.
Por favor, a ambos, esta Presidencia les
suplica nos ayuden a continuar la sesión en el mayor orden posible.
¡Estamos esperando su buena disposición a
los que les estamos solicitando nos ayuden a mantener el orden en la sala!
¡Por favor señores de prensa y diputado
Arturo Núñez, se lo suplica esta Presidencia!
| El diputado
Fidel Herrera Beltrán (desde su curul): |
¡Pido la palabra!
¿Con qué objeto, señor diputado
Fidel Herrera?
| El diputado
Fidel Herrera Beltrán (desde su curul): |
Para una moción.
Por favor, proporciónenle un
micrófono.
| El diputado
Fidel Herrera Beltrán (desde su curul): |
Sólo para indicar respetuosamente a
la Presidencia, que nuestro compañero Arturo Núñez está ocupando una curul, como
corresponde a los legisladores.
En ese sentido, creemos que resulta
improcedente el llamado de la Presidencia al orden.
Le agradezco su aclaración,
compañero Fidel Herrera. Tal vez si el señor diputado Arturo Núñez nos hiciera el
favor de tomar su lugar acostumbrado, podríamos obviar esta situación.
Continúe el orador, por favor.
| El diputado
Carlos Antonio Heredia Zubieta: |
El debate de fondo entonces es la
orientación de la política económica. Preguntamos de nuevo desde esta tribuna, ¿qué
pasó con el llamado presidencial para el diálogo sobre lo que el titular del Ejecutivo
llamó política económica de Estado?, nosotros estamos listos, estamos esperando que se
inicie ese diálogo con el Poder Legislativo, con los coordinadores parlamentarios de esta
Cámara de Diputados.
Que quede claro, quien se opone a la
reducción del IVA y a la tasa cero en bienes y servicios de consumo popular, es el grupo
parlamentario del PRI, el pueblo de México está tomando nota, el pueblo de México, a
pesar de la campaña terrorista emprendida por la Secretaría de Hacienda, a pesar del
tremendismo enfilado hacia él desde el titular del Ejecutivo no se engaña, el pueblo de
México, óiganlo bien, no se engaña y actuará en consecuencia.
En el grupo parlamentario del PRD nosotros
impulsamos las políticas públicas por consenso. En el caso del IVA el consenso del
pueblo de México está por un alivio en la tasa de este impuesto y en su cobro en bienes
y servicios básicos.
Atendamos, compañeros diputados, al
llamado del pueblo de México e iniciemos por fin la transición en materia económica.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Manuel
Angel Núñez Soto, del PRI, hasta por 10 minutos.
Aprovechamos para mandarles un saludo y
darles la bienvenida a los alumnos de la Escuela Libre de Derecho del segundo año de
Derecho, a cargo del profesor Jorge Martín Jiménez Sánchez. Bienvenidos.
Adelante, señor diputado.
| El diputado Manuel Angel Núñez Soto: |
Antes de iniciar mi intervención
quisiera yo decirle al legislador que me precedió, que los diputados priístas que
ganamos el 55% de los 300 distritos electorales el pasado 6 de julio tenemos compromiso
con nuestro pueblo, compromiso con la nación y tenemos mayoría en la conciencia de los
mexicanos.
Señor legislador, hemos actuado y
actuaremos siempre con responsabilidad y no hablaremos con la ligereza con que usted lo
hace como ex empleado menor de la Secretaría de Hacienda.
Compañeros diputados, nos corresponde
analizar hoy nuevamente el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley del IVA.
Por mandato constitucional está en
nuestras manos una vez más, el análisis y acuerdo de este proyecto, análisis que
debemos realizar con toda la madurez republicana que la sociedad espera de nosotros,
análisis que debemos hacer conscientes de la realidad que vive hoy México y que demanda
de esta Cámara y de sus integrantes la responsabilidad de ayudar a construir un mejor
futuro para nuestro país.
La atención del pueblo de México está
centrada desde hace unas semanas en nuestros actos y decisiones, el interés de los
mexicanos definitivamente está en la tranquilidad y fortaleza de las finanzas públicas
de sus municipios, de sus regiones, de sus estados; está en el crecimiento permanente de
la economía nacional que se refleje en forma real en su economía personal, no como
ficción ni como elemento pasajero, sino en la verdadera construcción de un escenario que
nos permita el avance social y económico que deseamos todos los mexicanos.
Hoy continuamos el debate, debate en el
cual podríamos pasarnos horas y días enteros emitiendo argumentos y razonamientos que de
nada servirán. Cuando no existe una verdadera voluntad política, cuando en el bloque
opositor no hay este deseo de apertura y voluntad para analizar seriamente los actos y
argumentos que muestran los riesgos y perjuicios en los que conlleva modificar la tasa del
IVA, hace falta una toma de conciencia para entender que sobre las posiciones de partidos
políticos o sobre la posición de un futurismo electorero, debe estar nuestro compromiso
y capacidad para representar con sensibilidad y oportunidad los verdaderos intereses de la
nación.
Por esos intereses, por esos intereses es
que fuimos electos, ninguno de nuestros conciudadanos votó para que nos convirtiéramos
en defensores de partidos políticos; no votaron por nosotros para promover la
incertidumbre económica; no votaron por nosotros por el enfrentamiento entre poderes o
niveles de gobierno, votaron por un mejor México, más democrático, más representativo
y más justo, no lo defraudemos compañeros...
Permítame el compañero orador. Se
suplica a los compañeros diputados que deseen hacer uso de la palabra, lo hagan y se
dirijan a esta Presidencia, quien no tendrá objeción de hacerlo, concederles el uso de
la palabra una vez que termine el orador.
Procuremos y los exhorto para ello
compañeros, que pongamos todo de nuestra parte para poder elevar la calidad del debate en
esta Cámara de Diputados. Tenemos los ojos de la nación puestos en nosotros y debemos
ser los primeros en poner el ejemplo de buena disposición, de altura, de respeto y de
tolerancia.
Continúe el orador si es tan amable.
| El diputado
Manuel Angel Núñez Soto: |
Con su permiso, señora Presidenta:
El pasado 6 de julio, el pueblo de México
otorgó al Partido Revolucionario Institucional su confianza mayoritaria en 165 de los 300
distritos electorales que estuvieron en contienda en el país... Este resultado trajo
consigo, para quienes tuvimos el contacto con la sociedad, el permitirnos escuchar y
refrendar nuestro compromiso de mejorar el nivel de vida de los mexicanos, fuera de
posiciones populistas o demagógicas.
Nos permitió ratificar nuestro compromiso
de combate a la pobreza, a la marginación y a la construcción de una sociedad más justa
e igualitaria. ¿Por qué proponemos mantener la recaudación del IVA en un 15%? Porque
estimamos que con finanzas sanas y programas adecuados, se pueden crear, durante 1998,
más de 1 millón 200 mil nuevos empleos en el sector formal de la economía, porque
México muestra con hechos reales dignos de recuperación, ya que crecemos a tasas del 7%,
lo que no se observaba desde hace muchos años; crece también la inversión pública y la
inversión privada; se recupera el consumo; se consolida el sector exportador y se está
reduciendo la deuda con este marco que crea nuevas oportunidades a la pequeña y mediana
empresas y acentuamos el ahorro interno para una economía más sana.
La reducción del IVA implicaría que la
mayor parte del beneficio directo a consumidores y demandantes de bienes y servicios sea
aprovechado por el estrato económico más elevado. Por lo tanto, cerca del 40% del
beneficio que sí llegaría a los consumidores sería recibido por el 10% de la población
de mayores ingresos.
¿Dónde está entonces el provecho
económico que se pretende ofrecer a los sectores de ingresos menores? ¿Dónde está
nuestro compromiso con el mayor desarrollo social y una mejor distribución de la riqueza?
¿Dónde está entonces la realidad de nuestros compromisos políticos e ideológicos con
los que menos tienen? Dentro del análisis, observamos que la lucha y el interés se
centran en el logro de uno solo de los compromisos de campaña, sacrificando con ello la
posibilidad de realizar la mayor parte de los acuerdos que con la sociedad sostuvimos,
dejando de lado propuestas positivas que no se podrán cumplir al resultar afectadas con
la disminución del IVA, áreas responsables de la atención al campo, de las mujeres, de
los jóvenes, de la seguridad pública, del combate a la pobreza o el fortalecimiento al
federalismo entre otras.
Con esta posición resultan afectados los
compromisos con un verdadero federalismo al afectar los ingresos de estados y municipios,
ya que alrededor de una cuarta parte de dicha recaudación se destina a los fondos de
participaciones; esto significaría una disminución de 4 mil 160 millones de pesos en las
participaciones federales.
Si la caída en los ingresos se compensa
con una reducción en el gasto público, se afectarían programas de desarrollo social,
lesionando a los sectores con menores niveles de ingreso y para los cuales estamos
pidiendo se incrementen los programas de subsidio al consumo de gas doméstico y de
energía eléctrica.
La pérdida recaudatoria sería equivalente
a una reducción del gasto social que, de presentarse, significaría una disminución de
hasta el 5.1% respecto a la propuesta contenida en el proyecto de presupuesto para 1998.
Señoras y señores diputados, debemos de
sostener el rumbo para generar en los próximos años un mayor bienestar social, a través
del incremento productivo y una mejor distribución de los beneficios derivados del
desarrollo económico.
El desafío y eje de nuestros propósitos
en materia económica y social, es incrementar en forma rápida el bienestar, el ingreso y
la calidad de vida de todos los mexicanos, generando más y mejores empleos, incrementando
los salarios reales y emprendiendo una política social activa para aprovechar plenamente
todas nuestras potencialidades y lograr así los grandes objetivos nacionales.
Por ello reiteramos la propuesta del
Partido Revolucionario Institucional, para llevar a cabo una reforma fiscal integral al
sistema tributario, la cual, con el consenso de todos los partidos y de la población,
permita tomar decisiones que eleven su nivel y calidad de vida, beneficiando
principalmente a los mexicanos con menores ingresos; que fortalezca el ahorro interno,
impulsando con ello la actividad económica y la generación de empleos; una reforma
fiscal que considere la distribución de potestades tributarias entre los distintos
órdenes de gobierno, fortaleciendo nuestra visión de un federalismo renovado.
Estamos, compañeros diputados, frente a la
gran oportunidad de actuar con madurez y sensatez, de conducir por un camino certero, para
lograr un mejor futuro y una mayor calidad de vida para todos los mexicanos.
Muchas gracias.
Han solicitado el uso de la palabra
los siguientes diputados, para la discusión en lo general y en lo particular del dictamen
relativo que aprueba y ratifica el dictamen a discusión: en contra, Raúl Martínez
Almazán, del Partido Revolucionario Institucional; en pro, Juan José García de Alba,
del Partido Acción Nacional; en contra del dictamen también, Fernando Gómez Esparza,
del Partido Revolucionario Institucional; en pro del dictamen, Angel de la Rosa Blancas,
del PRD.
El diputado Pablo Gómez había solicitado
la palabra para rectificar hechos con anterioridad, por favor, permítanle un micrófono.
¿Con qué objeto, señor diputado?
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Había yo solicitado la palabra de
acuerdo con el artículo 20 del acuerdo parlamentario relativo a las sesiones, con el
propósito de rectificar una afirmación que hizo el diputado que acaba de hablar.
Permítame, señor diputado,
consultar.
Señor diputado Pablo Gómez, se trata de
fijar posiciones en la ronda de oradores anteriores, sin embargo, en virtud de encontrarse
a discusión el dictamen, se le concede...
Perdón, ¿con qué objeto, señor
diputado?
| El diputado
Fidel Herrera Beltrán (desde su curul): |
Para hacer respetuosamente una
moción de procedimiento, en los términos de la solicitud del diputado Gómez.
Dígame.
| El diputado
Fidel Herrera Beltrán (desde su curul): |
Mire usted, el artículo que él
invoca, que es el 20 del acuerdo, dice así: "durante la discusión en lo general o
en lo particular, las diputadas y diputados que no estén inscritos para hablar, podrán
pedir la palabra para rectificar hechos hasta por cinco minutos o para responder a
alusiones personales hasta por cinco minutos, pero sus intervenciones se verificarán
después de concluido el turno de oradores previamente inscritos".
Se trata ahora de un debate pactado con
posiciones y con oradores inscritos en contra y en pro. Al final de estos oradores es
cuando sería procedente la aplicación de la regla, según nuestra interpretación, su
señoría.
Por favor, un micrófono para el
diputado Pablo Gómez. ¿Con qué objeto?
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Señora Presidenta, creo que el turno
de oradores ha concluido, va a empezar un nuevo turno, no obstante lo cual, son tres
turnos conforme al acuerdo, ha terminado un turno, sin embargo, si usted considera
procedente y pertinente, y para tratar de no hacer de esto una controversia que no tiene
ningún sentido, yo podría hacerlo cuando termine el próximo turno de oradores con mucho
gusto.
Gracias, señor diputado, era
justamente lo que la Presidencia iba a sugerir.
Tiene la palabra el diputado Raúl
Martínez Almazán, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra del
dictamen.
Señor diputado, tiene la palabra hasta por
10 minutos.
| El diputado Raúl Martínez Almazán: |
Con su permiso, compañera
Presidenta; señoras diputadas, señores diputados:
Acabamos de presenciar las expresiones
violentas del PRD contrastando con la izquierda histórica de México, la izquierda de
Campa, de Encinas, de Othón Salazar, la izquierda mexicana de Vicente Lombardo Toledano.
Este es el PRD, aspirante a la Presidencia
de la República, éste es el PRD de Porfirio Muñoz Ledo.
Para el bloque opositor fortalecimiento del
federalismo es dañar las finanzas estatales y municipales con 4 mil millones de pesos, al
bajar tres puntos porcentuales el impuesto al valor agregado. Para el bloque opositor,
compañera, combatir a la pobreza significa favorecer el consumo suntuario de las clases
pudientes. Para el bloque opositor fortalecer los programas de bienestar social significa
dañar las finanzas públicas del país con 18 mil millones de pesos.
Esta es la oferta del PRD y su comparsa,
Acción Nacional.
Compañeros diputados, la Constitución es
la Ley Suprema y testimonio del régimen de derecho que el pueblo se ha dado a lo largo de
su historia.
Permítame el orador. Detengan por
favor el reloj. ¿Con qué objeto, señor diputado?
| El diputado
Samuel Gustavo Villanueva García (desde su curul): |
Para hacer una pregunta al orador.
| El diputado
Raúl Martínez Almazán: |
Al término de mi exposición.
Continúe el orador.
| El diputado
Raúl Martínez Almazán: |
Los Sentimientos de la Nación, la
voluntad de la República y nuestra convicción federalista están inscritos en la
Constitución Política del Estado mexicano, promulgada en 1917, en razón de lo cual,
quienes integramos el grupo parlamentario del PRI, desde la instalación de la LVII
Legislatura Federal, durante estas jornadas de análisis, discusión y aprobación de la
iniciativa de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, y en la oportunidad de
compartir hasta el año 2000 una agenda legislativa, tenemos una línea en común: servir
y fortalecer a la República, al estado de derecho, el apego a la Constitución, a la
sabiduría y al pensamiento ético de los constituyentes.
Por ello, en las horas más peligrosas, en
los momentos en que la intransigencia los ha querido perder y a quienes intentan torcer el
rumbo del país, vamos a exigirles el cumplimiento de la Constitución.
La iniciativa de Ley de Ingresos y del
Presupuesto de Egresos, busca movilizar recursos, fortalecer capacidades e inventivas
locales, alentar una administración tributaria profesional, vigorizar la Hacienda
Pública, democratizar decisiones y el ejercicio presupuestal.
Por ello, en esta oportunidad para debatir
los grandes problemas nacionales, expresamos nuestro reconocimiento a la Cámara de
Senadores, que al igual que nosotros se opuso a la modificación de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado para que se redujera la tasa general del 15% al 12%.
El impuesto al valor agregado es sustituto
con ventaja del impuesto sobre ingresos mercantiles; es un impuesto moderno, equiparable a
los que tienen los socios comerciales de México en el TLC, Estados Unidos y Canadá.
El IVA es un impuesto indirecto, de fácil
recaudación, que ha ido ganando importancia respecto del impuesto sobre la renta; ocupa
el segundo lugar de recaudación. Apenas un poco más abajo del impuesto sobre la renta,
que se ubica en el primer lugar.
Evidentemente, los sectores de la
población que realizan más consumo, como son las clases altas y medias, son los que le
dan peso específico al cobro de este impuesto.
La clase trabajadora y pobre está exenta
del pago de este impuesto, por lo que si se reduce la tasa impositiva del 15%, se favorece
fundamentalmente a los sectores más privilegiados de la sociedad y no a los más pobres,
como el bloque opositor equivocadamente piensa.
El grupo opositor, compañera diputada, ve
con ilusión la reducción del IVA, pensando mejorar el poder adquisitivo de la clase
trabajadora y pobre del país, pero resulta sólo eso, una simple ilusión.
Históricamente hemos visto que esa ilusión no ocurre y sí se privilegia el consumo de
productos de las clases más fuertes y no serán de consumo popular, sino seguramente los
de consumo suntuario con efectos inflacionarios.
No es, compañeros diputados, reduciendo
las tasas impositivas la manera más eficiente de incrementar la demanda; esta se logrará
con productividad, incremento en los volúmenes de empleo y en los salarios. Alcanzar
metas ciertas de bienestar para todos los habitantes es el desafío. Exige el óptimo
aprovechamiento de nuestros recursos.
Nosotros votaremos en contra de la baja del
IVA para continuar con el crecimiento económico y el bienestar social de este país.
Muchas gracias.
Para hablar en pro del dictamen,
está en el uso de la palabra, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, el diputado Juan José García de Alba Bustamante.
| El diputado
Samuel Gustavo Villanueva García (desde su curul): |
Señora Presidenta, con todo respeto,
pedí al orador me concediera una pregunta y me ofreció que al término de su discurso.
Se retiró sin concederme esa oportunidad.
Es cierto, señor diputado. Le
suplico una disculpa y también le suplico que continuemos con el siguiente orador, por
haber ya concluido la exposición del diputado que antes hizo uso de la palabra. Adelante,
señor diputado.
| El diputado Juan José García de Alba Bustamante: |
Con la venia de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
Antes de entrar en tema quiero referirme a
lo que dijo el orador que me antecedió. El habló de comparse de mi partido, el Partido
Acción Nacional. Quiero recordarles que en nuestros principios de partido, está el
pluripartidismo, creemos en la democracia. Quiero decirles que en 58 años los hechos
hablan, ubiquémonos.
Nuestra propuesta no es rebajar el gasto
social ni los sueldos a los maestros ni a los doctores ni mucho menos rebajar la
participación a los estados y municipios, como lo ha expresado el Ejecutivo, como razón
para no bajar el IVA, sino al contrario es reducir el gasto corriente, tan obeso, como lo
tenemos actualmente en este Gobierno Federal.
Cuando nos subieron el IVA, pidieron al
pueblo un esfuerzo para apoyar las finanzas del Gobierno, después del grave, gravísimo y
costosísimo error de diciembre. Ahora que ellos dicen que las finanzas nacionales están
muy bien, pues ahora que apoyen al pueblo que sigue igual que antes.
En 1995, con motivo de los considerandos
para subir el IVA del 10% al 15%, el Gobierno Federal se comprometió a reducir el gasto
corriente, después de dos años no lo han cumplido y los diputados tenemos la obligación
de exigir que se cumplan los compromisos.
Históricamente las mismas razones que ha
esgrimido el Ejecutivo para subir el IVA, para bajarlo y para volverlo a subir, son las
mismas que presenta ahora para mantenerlo igual. Entre otras se ha dicho que para mantener
los empleos, para fomentar el ahorro, para mantener y mejorar una economía sana y otros
muchos slogans prefabricados.
En economías tan disímbolas como las
impuestas en los últimos sexenios, en todas, invariablemente en todas, hemos tenido
crisis. Las economías truenan, no tanto por el sistema económico, las economías truenan
por la falta de confianza y credibilidad del pueblo hacia el Gobierno.
Entre otros muchos de los seudoargumentos,
el Ejecutivo ha dicho que el bajar este impuesto se va a favorecer en una gran proporción
a la clase económicamente más alta, pues es la que más consume.
Aquí podrían caber dos observaciones. La
primera, es que el porcentaje de sus ingresos que los ciudadanos gastan en impuestos, es
más alto en los ciudadanos con ingresos menores que el porcentaje que gastan los que más
ingresos tienen. Es más importante, mucho más, un peso para quien recibe uno, dos o tres
salarios, mismos, que 10, 100 o más para uno que tiene altos ingresos. Esta es la gran
diferencia entre el sistema gobernante por más de 60 años y lo que siempre ha sostenido
mi partido, el Partido Acción Nacional, para ellos el hombre debe girar sobre la
economía, para nosotros, el PAN, la economía debe girar alrededor del hombre. Es éste,
el ser humano, el que debe ser el centro y la razón de cualquier actividad social.
La segunda observación es muy sencilla. A
fin de cuentas, pues, ¿qué sector social fue el más perjudicado cuando subió el IVA?
Pues el mismo sector que ahora está pidiendo que se regrese. Se ha mencionado que esta
rebaja produciría una disminución en la participación a los estados y municipios.
Al respecto, debo dejar asentado que el
Partido Acción Nacional, se compromete a proponer, no solamente no reducir esas
participaciones, sino a incrementarlas sustancialmente en el presupuesto de egresos, el
cual, por cierto, no tendrá que pasar por la aprobación del Senado.
Se ha dicho también que esto no es
posible, quiero decirles que sin ser magos, lo verán en estos próximos días, cuando se
trate este asunto. Esta magia consiste, simplemente en reorientar el gasto.
Permítanme hacer un paréntesis en este
asunto: ¿por qué esta campaña publicitaria tan costosa sobre este tema y sobre todo lo
que está aconteciendo en esta Cámara?, pues porque en el fondo hay un autoritarismo que
se aferra a las viejas prácticas políticas, porque se quiere demostrar que un Poder
Legislativo responsable e independiente no es viable para México. Eso es lo que está en
juego en esta discusión: si por fin podemos ser ciudadanos o si debemos seguir siendo
súbditos.
Congruencia es la virtud política por
antonomasia y nosotros somos congruentes con lo que nos demandó el electorado. También
se ha dicho que nuestra postura obedece exclusivamente a propuestas y promesas de
campañas electorales. Pues, ¿qué no son en estas promesas y propuestas electorales en
las que se basa el electorado para elegir a sus representantes?, y ¿qué acaso no es en
base a lo que el diputado ofrece, lo que debe orientar y obligar su trabajo legislativo?
Asumamos pues como auténticos representantes nuestra responsabilidad, porque sabemos
perfectamente que si hubiera referendum, el pueblo de México ratificaría su decisión de
disminuir el IVA.
Uno de los diputados que me antecedió,
permítame corregirlo, creo que 17 millones de ciudadanos son más que 11 millones de
ciudadanos.
Cualquier persona con sentido común y que
sepa las operaciones elementales de aritmética, puede darse cuenta que aun considerando
los números que dice Hacienda y el Ejecutivo, lo cual debo aclarar y asentar que no son
precisamente apegados estrictamente a la realidad. Repito, aún considerando lo que ellos
dicen, de que si baja el IVA tres puntos, la reducción de los ingresos sería de
aproximadamente 15 mil millones de pesos. Pues esto representa menos del 2% del total que
esperan recibir, según lo dicho por ellos, en su presupuesto de ingresos, el cual dicen
que será de 800 y tantos mil millones o sea, menos del 2%.
Pues, ¿qué son tan exactos en Hacienda en
sus pronósticos, que no sea posible absorber esta diferencia de menos del 2%?, todos los
mexicanos, incluyendo los mismos burócratas, sabemos perfectamente cómo se gasta el
dinero en el Gobierno Federal.
Realmente no es posible reducir este
mínimo porcentaje de menos del 2%...
Permítame el orador, permítame.
| El diputado
Carlos Hernando Sobrino Sierra (desde su curul): |
Pido la palabra.
¿Con qué objeto, señor diputado?
| El diputado
Carlos Hernando Sobrino Sierra (desde su curul): |
Para hacerle una pregunta al señor
diputado.
| El diputado Juan
José García de Alba Bustamante: |
Con todo gusto.
Sí se la acepta, por favor formule
su pregunta.
| El diputado
Carlos Hernando Sobrino Sierra (desde su curul): |
Señor diputado, usted en su
desarrollo ha hablado de la necesidad urgente de bajar el IVA y ha planteado que es
posición de su partido y demuestra que su partido y quienes lo integran, tienen los
elementos para transferir seguramente del gasto las necesidades de dinero que tendrán que
ser reducidos tres puntos del IVA.
Y parece que trae usted toda una
argumentación de lo cierto. La pregunta es: ¿por qué hay diferencias entre lo que
opinan los ejecutivos que pertenecen a su partido como el gobernador de Guanajuato, en no
bajar el IVA y entre ustedes los legisladores que, según, esto no es una política
simplemente de hacer perder al PRI aquí en la Cámara de Diputados. Yo creo que hay allá
una contradicción que ha hecho pública el señor Fox.
Me gustaría saber cuáles son las
diferencias entre lo que los legisladores del PAN plantean y los gobernadores de
extracción panista dicen que no se debe bajar el IVA. Me gustaría saber.
El diputado Juan José García de Alba
Bustamante:
Al respecto quiero decirle, señor
diputado, que en el PAN somos congruentes con lo que pensamos. En el PAN respetamos la
dignidad y el pensamiento de cada uno de todos los mexicanos, por supuesto también
incluidos los personajes de nuestro partido. Esa es la razón. Continúo.
Adelante, señor diputado.
| El diputado Juan
José García de Alba Bustamante: |
Todos los mexicanos incluyendo los
mismos burócratas, sabemos perfectamente cómo se gasta el dinero en el Gobierno
Federal...
| El diputado
Wintilo Vega Murillo (desde su curul): |
Señora Presidenta.
¿Con que objeto, señor diputado
Vega?
| El diputado
Wintilo Vega Murillo (desde su curul): |
Señora Presidenta, respetuosamente,
quisiera pedirle si fuera posible que el señor orador me aceptara una interpelación.
Señor orador, ¿acepta?
| El diputado Juan
José García de Alba Bustamante: |
Cuando termine.
Al término de su exposición.
| El diputado
Wintilo Vega Murillo (desde su curul): |
Entonces, ¿quedaría pendiente?
Desde luego.
| El diputado
Wintilo Vega Murillo (desde su curul): |
Gracias, señora Presidenta.
¡Adelante, señor diputado!
| El diputado Juan
José García de Alba Bustamante: |
Todos los mexicanos, incluyendo a los
mismos burócratas, sabemos perfectamente cómo se gasta el dinero en el Gobierno Federal.
Realmente no es posible reducir este mínimo porcentaje de menos del 2% para cumplir así
lo que la mayoría, la gran mayoría de los mexicanos están pidiendo.
Sin ánimos de politizar más este asunto,
les pido de veras su sincera reflexión y análisis.
Y yo invito, en aras del pluripartidismo
auténticamente solidario con el pueblo de México, a todos, repito, a todos mis
compañeros diputados de esta histórica LVII Legislatura, a que mandemos un mensaje a
este México, de que la democracia, la auténtica democracia, la que contrapesa el
omnipoder absoluto, es lo mejor que le puede pasar a este país.
Los invito, especialmente a los diputados
capaces y honestos del PRI, que sí los hay, a que se unan a lo que la inmensa mayoría de
los mexicanos queremos. Estamos obligados, como diputados, a hacer lo que el pueblo de
México quiere. Voten por lo que pide la inmensa mayoría de los mexicanos.
Gracias.
Diputado, hay una interpelación
pendiente.
| El diputado Juan
José García de Alba Bustamante: |
Ahora sí, señora Presidenta.
Diputado Vega; formule su pregunta,
por favor.
| El diputado
Wintilo Vega Murillo (desde su curul): |
Yo únicamente quisiera saber,
señora Presidenta, si está enterado el orador de que Vicente Fox Quezada, gobernador,
creo que es de su partido, en Guanajuato ha mandado una iniciativa al Congreso local
solicitando el cobro de un 2% sobre nómina a las empresas. Yo tengo entendido, o estoy en
el supuesto, que esto significa un aumento más de impuestos, sobre un 2% a la nómina
empresarial.
Yo quisiera saber, dada la respuesta que
daba de la libertad que existe entre los diputados de su partido, si los diputados de
Acción Nacional, de Guanajuato, van a votar a favor de que se mantenga el 15% del IVA.
| El diputado Juan
José García de Alba Bustamante: |
Con todo gusto, diputado.
Al respecto, quiero decirle lo siguiente:
los diputados de Acción Nacional votan libremente. No conozco cuál va a ser su voto.
Gracias.
| El diputado
Patricio Martínez García (desde su curul): |
Señora Presidenta.
¿Con qué objeto, señor diputado?
| El diputado
Patricio Martínez García (desde su curul): |
Pregunte al diputado García, si
acepta una interpelación.
No sé si el diputado Juan José
García de Alba quiera continuar contestando las preguntas que pretenden formularle
algunos compañeros diputados.
| El diputado
Patricio Martínez García (desde su curul): |
Señorita Presidenta, solicito a
usted pregunte al orador Juan José García de Alba, si acepta una pregunta.
| El diputado Juan
José García de Alba Bustamante: |
No la acepto.
No la acepta, señor diputado.
| El diputado
Patricio Martínez García (desde su curul): |
Lo lamento porque era muy interesante
para ilustrar en aras...
Diputado, por favor entregue el
micrófono porque no le va a contestar.
Tiene la palabra el diputado Fernando
Gómez Esparza, del PRI, en contra, por 10 minutos.
| El diputado Fernando Gómez Esparza: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en los artículos 96 y 98
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, me permito hacer uso de la palabra en la más alta tribuna de la nación.
El papel del Estado como detonador,
promotor y gestor del desarrollo, lleva consigo una enorme responsabilidad: el deber de
ser consciente de los tiempos y las situaciones específicas que le rodean.
El desarrollo es una obligación política
y ética del Estado, que está siendo ejercida con suma atingencia. Ni la pobreza ni la
marginación, las deficiencias sanitarias o los rezagos educativos, pueden ser soluciones
a través de una política de vaivenes. Sólo el esfuerzo sostenido de la sociedad y el
Gobierno podrá incidir determinantemente en las condiciones económicas enfocadas a
resolver los problemas. En este sentido, política de ingresos y egresos se aparean y
dependen biunívocamente para generar el desarrollo social, para cumplir con el marco
jurídico constitucional en relación al artículo 74 fracción IV, el pasado 11 de
noviembre el Ejecutivo Federal presentó el proyecto de Ley de Ingresos a esta soberanía,
sustentado en criterios de política económica, con la premisa de finanzas públicas
sanas, que permitan para 1998 el crecimiento de la economía al 5.2%, déficit demorado de
1.25% del producto interno bruto y consolidación de los ingresos de la Hacienda Pública
a partir de la simplificación, seguridad jurídica al contribuyente y ampliación de la
base tributaria.
La política de finanzas públicas se ha
cimentado sobre los resultados positivos a partir de objetivos cumplidos que se tuvieron
en estos últimos dos años en que se logró un crecimiento de más del 5% anual.
Disminución de la inflación. Generación de empleo y crecimiento de la inversión
pública y privada. Además de generar una balanza comercial equilibrada y una balanza de
pagos no preocupante.
Estos resultados nos dicen que estamos por
el camino correcto. Sólo con finanzas públicas sanas podremos lograr que los signos
vitales de la economía, de la macroeconomía se conserven y con disciplina mantengamos un
crecimiento sostenido que se traducirá en beneficio para las familias. La política de
ingresos del Ejecutivo se sustenta en principios razonados que le permiten conformar con
equilibrio las fuentes de los recursos que financien el gasto, atendiendo a las demandas
prioritarias de la sociedad, como el fortalecimiento del federalismo, los compromisos de
la deuda, la inversión en organismos y empresas del sector público, así como el
funcionamiento de la administración pública centralizada, con objeto de cumplir con las
funciones que la Constitución y el pueblo le tienen encomendada.
La importancia de las fuentes que conforman
los ingresos del Gobierno Federal tienen una enorme importancia y las prioritarias por el
porcentaje que representan sobre los ingresos, son las relativas al petróleo, al impuesto
sobre la renta y al impuesto al valor agregado, que representa el 29% de los ingresos por
concepto de impuestos y el 14% de los ingresos del sector público, es decir, para 1998,
115 mil millones de pesos.
El IVA como impuesto indirecto y de base
amplia tiene como fin impactar en los consumidores para que éstos contribuyan a conformar
el ingreso público, se desaliente el consumo suntuario y se genere ahorro interno que
conduzca a alentar la inversión.
Desde el punto de vista impositivo, por su
facilidad de cobro no requiere de gran aparato burocrático y desde el punto de vista
social se exentan de su tasa alimentos y medicinas, considerados éstos por absorber gran
parte del ingreso de las clases populares. Además de contribuir ésta a conformar la
política de egresos del Gobierno Federal.
Sin duda, la reducción del IVA beneficia a
los que más tienen. Por consiguiente, los que más deben de contribuir de acuerdo a los
principios de proporcionalidad y equidad.
Mucho se ha mencionado que al crecer la
tasa del IVA se dejó de recaudar y que al bajar el IVA se recaudará más. La primera
afirmación es falsa, hay que aclarar que los efectos no fueron inmediatos por la crisis
económica y la evasión fiscal, pero si a partir del segundo semestre de implementado
inicia el incremento de la recaudación por dos factores importantes, la recuperación de
la economía y el cumplimiento en el pago de impuestos de referencia; en segundo lugar, el
Gobierno Federal no mantiene la tasa del 15% por el hecho de querer hacerlo, lo deseable
sería reducirlo o no cobrarlo, pero ante las necesidades prioritarias de la sociedad, el
gasto social, la inversión y mantenimiento de la infraestructura que permitan continuar
con el crecimiento sostenido, requiere de los ingresos tributarios y por el momento no
puede prescindir de los ingresos que proporciona el IVA, sin tener como consecuencia
incrementar el déficit público por arriba del 1.5, 1.25 del producto interno bruto y por
supuesto, presionar sobre el ahorro interno con nefastas consecuencias derivando en el
cáncer de la economía y la sociedad que es la inflación.
Y, por supuesto, ninguna de las fracciones
parlamentarias con nuestras actitudes, al menos los priístas, pretendemos caer en
escenarios que empobrecen a los más pobres y enriquecen a los más ricos ampliando la
brecha que con la política actual queremos reducir.
Con la reducción del IVA momentáneamente
también se beneficiarían los que sin razón se comprometieron a bajar su tasa como
promesa de campaña sin medir las consecuencias económicas y sociales con miras
coyunturales para obtener el triunfo de una elección, sin medir que más temprano que
tarde, hoy pagan el costo de una promesa incumplida y que de llevarse a cabo, los más
perjudicados serían precisamente a quienes les hicieron sus irresponsables promesas.
Es momento de enmendar, es el tiempo de
reconocer que al reducir la tasa, existiría una pérdida del ingreso para 1998, que
repercute en el gasto programable impactando también en los recursos disponibles para los
estados de la República y municipios.
Entre ellos, los 17 millones de electores
que los tienen aquí y que tan frecuentemente pregonan y hoy ustedes les dan la espalda,
por esos mismos 17 millones de electores y por los 11 que votaron por sus representantes
priístas responsablemente los diputados del PRI confirmamos nuestra postura para mantener
el nivel de gasto e inversión y no recurrir al endeudamiento interno.
Estamos a favor de los mexicanos, en
nuestra Constitución se plasma la libertad de trabajo, de actividad a la que cada quien
desee dedicarse, además de existir el principio de igualdad ante la ley y al ser sujetos
de derecho también tenemos obligaciones, entre ellas bajo el principio de progresividad y
equidad, contribuir con el Estado para que pueda desempeñar sus funciones, para
redistribuir los beneficios individuales en beneficios comunes a través del gasto
público; es decir, que la igualdad formada ante la ley de todos los mexicanos, hacerlo
menos igual desde el punto de vista material.
Gracias.
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Angel de la
Rosa Blancas, permítame, ¿con qué objeto, diputada Martha Palafox? Pásele un
micrófono por favor señoritas edecanes a la diputada Martha Palafox, para formular una
moción de orden.
| La diputada
Martha Palafox Gutiérrez (desde su curul): |
Señora Presidenta, con todo respeto,
es evidente la parcialidad que usted demuestra en la conducción de esta sesión, es
parcial con su partido, yo le ruego que tome en consideración y que sea usted más
imparcial y equitativa en el desarrollo de ello, porque nuestros oradores siempre son
víctimas de su prestancia para su partido.
Muchas gracias, señora Presidenta.
Le agradezco su observación, tenga
la seguridad de que esta Presidencia quiere llevar a cabo su papel de la manera más
imparcial posible. Considero que es una apreciación personal pero tomaré en cuenta su
observación.
Muchas gracias. Tiene la palabra el
diputado Angel de la Rosa Blancas, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por
10 minutos, para hablar en pro del dictamen.
| El diputado Angel de la Rosa Blancas: |
Con su permiso, señora Presidenta;
señoras diputadas y diputados:
Aquí hay un problema, pareciera ser de
conductos y de enfoques. Cuatro partidos votamos porque la energía eléctrica, gas
doméstico, telefonía doméstica, a quienes iban a beneficiar o deben de beneficiar, es a
millones de familias que han sido agraviadas con esa política excluyente que ha llevado
al desempleo y a la miseria a grandes cantidades de mexicanos y que aquí el único que se
opuso a esa política social fue el partido del PRI y ahora nos sale con que es el
representante de la nación. ¿A qué nación se está refiriendo?..
Eso se debe de tomar muy en serio, porque
deben de hacer caso a su jefe, a Ortiz, quien les señaló que con la economía no se
juega... Que recuerden que el pueblo tiene memoria, que sabe él que las transformaciones
más profundas han sido con la participación del pueblo; por ello, reitero, tampoco con
el pueblo se juega y es por ello que Acción Nacional, Verde Ecologista, Partido del
Trabajo y de la Revolución Democrática, estamos aquí de frente para señalarles cuáles
son los enemigos del pueblo...
Mas aún, el día de ayer quien se negó a
aprobar y a hacer las modificaciones pertinentes a la Ley de Ingresos, fue precisamente el
PRI... No quiso modificar acciones que van directamente a beneficiar a la comunidad, a la
mayoría del pueblo, en relación a que no subiera la tasa de escalas de precios de gas, a
las tarifas eléctricas.
A ustedes priístas, que son muy
exhaustivos en cuestiones democráticas,...
Permítame el orador, si es tan
amable. ¿Con qué objeto, señor diputado? Para preguntar al orador si acepta una
pregunta de su parte... ¿Señor orador?.... Hasta el final.
Diputado Martínez, el orador le
contestará al final de su exposición.
Continúe el orador.
Esta mesa directiva y su servidora, la
Presidenta, le suplica a los compañeros que deseen hacer uso de la palabra, se sirvan
pedirlo y con todo gusto se les concederá, para que podamos conservar el orden de la
sesión.
| El diputado
Angel de la Rosa Blancas: |
En relación al dictamen que emite el
Senado, con un vergonzante dictamen de priístas, se basó en dos enfoques: por un lado,
respecto del impacto de la reducción del IVA sobre las finanzas públicas y el otro sobre
aspectos macroeconómicos.
En relación al primer punto, el Senado
argumenta que el IVA representa la tercera parte de la fuente de ingresos del Gobierno
Federal y que por tanto se debe evaluar con rigor el efecto de una reducción de sus tasas
sobre los ingresos del sector público y así no se ponga en peligro los requerimientos de
gastos tanto de la Federación como de los estados y municipios.
Para fortalecer su argumento, hace una
evaluación del efecto de la reducción del IVA en 1991 y dice que su impacto fue severo,
la pérdida de ingresos tributarios fue de 34 mil millones de pesos de 1998, por lo cual
fue necesario aumentar adicionalmente las tarifas de los bienes y servicios públicos, en
particular las gasolinas. Y le faltó decir que también a bienes y servicios, los ya
señalados de energía eléctrica, gas natural etcétera.
Pero vamos a algo muy concreto: un
priísta, un senador priísta, Fernando Solana, él mismo dijo que los datos no eran
correctos, pero naturalmente que siendo solidarios con su grupo mas no con la nación,
votó a favor.
Por otro lado, en cuanto al segundo
enfoque, el impacto, según ellos, debe ser muy amplio y que afectaría a las capas
sociales de la sociedad más agraviadas y que por tanto, como lo señaló el que me
antecedió, la reducción del IVA beneficiaría más a los que más tienen.
La razón de que la Comisión de Hacienda
no haga ninguna referencia a los argumentos macroeconómicos, es seguramente porque éstos
no son aún menos conscientes que los referentes consistentes a las finanzas públicas.
Por la prensa nos enteramos que los
argumentos que esgrimieron los senadores que rechazaron la reducción del IVA, son los
mismos que desde hace meses han esgrimido al Ejecutivo que afectan negativamente al
ahorro, que no ayuda a elevar el mercado interno y que, reitero, benefician a los que más
tienen; argumentos que varios diputados lo hemos señalado que no es cierto. Quizá un
argumento nuevo que se expresó en el Senado fue respecto a un efecto negativo de la
disminución del IVA sobre el sector externo de la economía, verdaderamente genial, de
modo que la disminución que proponemos en el IVA tendrá tal impacto sobre la demanda que
disparará nuevamente el déficit comercial por un gran aumento de las importaciones.
Con este genial argumento esos senadores
confiesan dos cosas: uno, que la disminución del IVA tiene un efecto sobre la demanda,
esto es, sobre el mercado interno, mucho mayor que el que nosotros hemos obtenido cuando
el Gobierno se ha dedicado a negar ese efecto; y dos, la economía mexicana es tan frágil
que cualquier aceleración del mercado interno nos conduciría de nuevo a la crisis
externa. Dónde está entonces el éxito de la recuperación del crecimiento y de la
estabilidad que tanto pregona el Gobierno.
El senador priísta Rodolfo Becerril,
aportó el argumento económico más valioso, la verdadera razón de que no se puede
modificar el IVA ni mover ninguna otra pieza que se considere clave del modelo de
política económica que practica el Gobierno. Lo señaló muy bien, dijo el senador que
la disminución del IVA daría una mala señal al extranjero. Aquí está la clave
económica del asunto, el Gobierno de México no puede hacer nada en política económica
que inquiete al capital extranjero, especialmente al financiero; es más, ha firmado
contratos y cartas de intención con el gobierno de Estados Unidos y con el Fondo
Monetario Internacional que le impiden modificar la política económica.
Ese argumento tan realista del señor
Becerril significa algo más grave: que la estabilidad económica del país sigue
dependiendo de los flujos externos de capitales financieros y, por lo tanto, es
inaceptable cualquier cosa que inquiete a los agentes que mueven estos flujos. Estamos por
tanto ante la confesión de un gran fracaso de la política económica del doctor Zedillo,
quien señaló a partir de la crisis de 1994 que la estabilidad económica del país no
debería depender ya de los flujos de capital externo, por lo cual propuso como eje del
Plan Nacional de Desarrollo al ahorro interno. A la mitad del sexenio el senador Becerril
nos informa que ese objetivo ha fracasado. Ninguna señal se debe dar que inquiete a los
agentes del capital financiero, porque si no de nuevo se derrumba.
En el rechazo del Senado a nuestra
iniciativa encontramos también dos razones políticas. Una, la total sumisión del grupo
parlamentario priísta a la política del Ejecutivo, la total negación a la separación
de poderes. Otra razón es fundamentalmente la del Ejecutivo, su dogmática decisión a
imponer a costa de lo que sea su proyecto de política económica, su decisión a que no
se dé un solo paso para cambiar el rumbo económico impuesto al país desde hace 15
años.
Tiene miedo el Ejecutivo a que sí se dé
un paso adelante. Uno tras de otro se darán, todos los necesarios porque el G-4 o como lo
quieren decir los priístas, somos los únicos congruentes y consecuentes con los que nos
dieron los votos; con la política económica que hoy ha llevado a la miseria de grandes
mexicanos, nos uniremos no el G-4, se unirá el pueblo y juntos cambiaremos a este país
hoy o mañana, pero no será eterno este peso que sobre las espaldas de muchos mexicanos
hoy cobran funcionarios y que por ese momento hoy estamos aquí mexicanos debatiendo algo
grave, algo profundo: la política económica del país y por tanto, recordándole
nuevamente al Secretario de Hacienda que tenga en cuenta que la política económica es
para nosotros lo más importante, en cambiar y por ello estaremos empecinados a que con
ustedes, priístas, podamos cambiar a este país y no rehuyo la pregunta como el
compañero que salió hace rato corriendo ante esto.
Señor orador, ha terminado su
tiempo.
Permítame, no se retire.
Por favor el diputado Patricio Martínez
formule la pregunta que quedó pendiente.
| El diputado
Patricio Martínez García (desde su curul): |
Muchas gracias, señora Presidenta;
compañero diputado orador:
Establece usted que es bueno bajar el IVA
del 15% al 12%, da algunas razones y muchos adjetivos. Ya en alguna ocasión se bajó el
IVA del 15% al 10%, ¿recuerda usted quién propuso esa baja, quiénes la votaron y
cuáles fueron los argumentos que dieron quienes negaron ese voto a favor y cuáles fueron
las razones que entonces se dieron?
Por su respuesta, muchas gracias.
| El diputado
Angel de la Rosa Blancas: |
Quiero decirle al compañero diputado
que también quiere saber el país qué pasó con la Cuenta Pública.
Le quiero informar que ayer se descubrió
que su Gobierno, que ustedes hicieron una desviación de 20 mil 500 millones de pesos para
hacer estos recursos, para rescatar supuestos ahorradores que son encubiertos a través
del rescate a los bancos y al rescate carretero...
Permítame el orador, si es tan
amable.
Por favor, compañeros diputados,
permítanle al orador que dé contestación a la pregunta... Pero antes por favor
infórmeme, diputado Patricio Martínez, ¿con qué objeto?
| El diputado
Patricio Martínez García (desde su curul): |
Una moción de orden, señora
Presidenta.
Yo no solicité que se me dieran lecciones
de política económica ni de administración pública; hice una pregunta concreta y es lo
que solicito que se me responda. Por favor.
¿Desea el orador contestar la
pregunta?.. Adelante, por favor.
| El diputado
Angel de la Rosa Blancas: |
Ahora lo que quieren los diputados
priístas, precisamente sostener esos ingresos del IVA para favorecer a un solo grupo.
Hoy me hace una pregunta de quiénes
objetaron y quiénes votaron a favor por esa baja. Le quiero decir que siendo congruentes
con nuestra política social, el PRD sostuvo esa postura,y que hoy los demás partidos, a
sabiendas de esa experiencia hoy solicitamos conjuntamente que los priístas tomen
conciencia para bajar esto, porque en poco benefició al pueblo, al grupo en el poder,
benefició a unos cuantos.
¿Con qué objeto, diputado Arroyo?
| El diputado
Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde su curul): |
Por su conducto, pedirle al orador,
si es tan gentil y amable de contestarme una pregunta.
| El diputado
Angel de la Rosa Blancas: |
No.
Ya no desea contestar más preguntas.
| El diputado
Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde su curul): |
¡Lástima, señora Presidenta!
| El diputado
Patricio Martínez García (desde su curul): |
Señora Presidenta.
¿Con qué objeto?
| El diputado
Patricio Martínez García (desde su curul): |
Señora Presidenta, para dejar
establecido que hice una pregunta, se aceptó por el orador dar respuesta, pero que con
sus palabras no dio ninguna respuesta. Nada más dejarlo sentado, por favor.
Muy bien, ya lo dejó establecido,
señor diputado.
| La diputada
María de los Dolores Padierna Luna (desde su curul): |
Señora Presidenta, pido la palabra
para rectificación hechos.
Permítame, diputada Padierna. Está
inscrito precisamente para rectificar hechos el diputado Pablo Gómez y en su caso, si
gusta usted inscribirse para rectificación de hechos, la tomamos en consideración. ¿El
diputado Pablo Gómez desea hacer uso de la palabra?
| El diputado
Manuel Cárdenas Fonseca (desde su curul): |
Señora Presidenta, pido la palabra
para rectificación de hechos, después del diputado Pablo Gómez, si es tan amable.
Permítame. Tiene la palabra para
rectificación hechos, hasta por cinco minutos, el diputado Pablo Gómez, del PRD.
| El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Señoras diputadas y señores
diputados:
La rectificación que quería hacer y que
quiero hacer, se refiere a uno de los principales argumentos en contra de las reducciones,
de diversas reducciones al IVA que están contenidas en el proyecto enviado por la Cámara
al Senado y devuelto por el Senado, con la observación de que no se acepta.
Este argumento consiste en que es necesario
que en este momento el déficit público no supere el 1.25% del producto interno bruto. No
es el único argumento que se ha dado aquí en la tribuna, pero es uno de los principales
que se ha dado en las dos rondas de oradores que hemos escuchado en contra del
planteamiento que la mayoría de la Cámara asumió la madrugada del viernes pasado.
Quisiera a ese respecto manifestar una
preocupación no solamente del partido al que yo pertenezco, sino también de otros
partidos y también de políticos y economistas del partido gubernamental, sobre la
cuestión del déficit.
El Gobierno ha calculado un déficit de
1.25% del producto interno bruto, estrictamente a partir del presupuesto, pero no está
tomando en cuenta que en estos tres años el Gobierno ha asumido compromisos de deuda por
500 mil millones de pesos adicionales a la deuda corriente.
Estos 500 mil millones de pesos son
compromisos de deuda que el Gobierno Federal ha hecho a través de otorgar garantías para
asumir activos del sistema bancario nacional y de otras empresas y actividades,
básicamente el llamado "rescate carretero".
El Gobierno considera que de los 500 mil
millones en este momento, podrán recuperarse a través de un plazo, quizá de 20 años,
unos 120 mil millones y 380 mil millones es lo que los expertos de la Secretaría de
Hacienda consideran como el costo fiscal de esta decisión del presidente Zedillo de
asumir compromisos gubernamentales hasta por 500 mil millones de pesos.
Sin embargo, como la deuda no está
consolidada, como no ha sido reconocida como tal, no se está sirviendo, no existe un
servicio de la deuda y no tenemos en el presupuesto una partida asignada al pago del
servicio de esa deuda, no obstante hay que pagar esa deuda. La mayor parte de esta deuda
está contratada, por así decirlo, a Cetes más dos puntos.
Si hacemos el cálculo sobre los 500 mil
millones y los intereses que se van a pagar este año, y que no se pagarán en dinero sino
en otros bonos, lo cual hará crecer el total, estamos hablando de una cantidad aproximada
de 100 mil millones de pesos. Si lo sumamos al déficit presupuestal, para calcular el
déficit económico del Estado, tendremos una cantidad cercana o alrededor, quizá un poco
más, de los cuatro puntos porcentuales del producto interno bruto. La rectificación
entonces está en esos términos.
Quienes están presionando y han presionado
en estos años hacia el aumento del déficit público, no han sido las personas y los
partidos que han propuesto determinadas modificaciones fiscales, sino todo el rescate y la
manera en cómo el Presidente de la República ha contratado deuda, contraviniendo el
artículo 73 de la Constitución, sin autorización del Congreso.
La deuda contratada, los 500 mil millones
de pesos, tendrían que ser pagados, una gran parte de ellos más los intereses que
generen estos 500 mil millones, por varias generaciones de mexicanos.
Muchas gracias.
Tiene la palabra para rectificación
de hechos hasta por cinco minutos la diputada Dolores Padierna.
| La diputada María de los Dolores Padierna Luna: |
Con su venia, compañera Presidenta;
compañeras y compañeros diputados.
Es la segunda ocasión que en este
importante recinto dos diputados del PRI han hecho alusión a que en el debate sobre el
IVA en 1993 los partidos de oposición, en particular, mi partido y el PAN también, han
aludido, de que votamos en contra de esa disminución.
Yo quisiera que esos diputados leyeran el
Diario de los Debates del 11 de noviembre de 1993, donde hace constar una queja de la
oposición; en ese momento nuestro diputado Jorge Calderón posicionó a nuestro partido,
para señalar que el ex presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, había
emitido un decreto presidencial, disminuyendo el IVA entre otras reformas marcadas en ese
decreto de manera ilegal, sin haber pasado por este Congreso, sin haberlo solicitado
siquiera a esta Cámara; el ex presidente, por cuenta propia, instrumentó una
disminución de impuestos.
Nosotros nos opusimos al procedimiento, no
a la disminución de los impuestos y quisiera que leyeran antes de hablar, porque quien
posicionó justamente en contra, fue el diputado Aceves, y ojalá tenga la delicadeza el
diputado que preguntó de leer la intervención del diputado Aceves, porque ahí está
diciendo exactamente lo contrario de lo que ahora dice para no reducir el IVA.
Y compañeras y compañeros, es sumamente
importante decir que ahora en el debate del IVA, estamos ante una paradoja que tenemos que
reconocer y es en el fondo también una razón social y económica. La paradoja es de que
por un lado tenemos a una sociedad empobrecida, llena de carencias y cuando hay pobreza,
hay una exigencia social por disminuir las cargas fiscales y por mejorar los salarios y
tenemos que entenderlo: del otro lado está también la paradoja de que tenemos una
política fiscal hecha crisis, hecha trizas; una mala política fiscal derivada de una
mala política económica, pero también derivada de los excesos cometidos en contra de la
población.
Ante esta paradoja convendría recapitular
que los diputados estamos obligados a dar solución a los problemas nacionales; no estamos
obligados a votar a favor a fuerzas, una iniciativa del Poder Ejecutivo, si ésta no está
resolviendo de fondo la problemática que se discute.
Quiero dejar señalado, porque algún
diputado también lo comentó, de que nuestro partido está en contra del Poder Ejecutivo
y estamos por el enfrentamiento entre poderes. ¡Nada más lejano de la realidad! Nosotros
estamos del lado de quien defienda los intereses de la nación, estamos del lado de quien
defienda los intereses de la población; si el Presidente de la República pone dentro de
sus prioridades la realidad nacional, la problemática social del país y la enfrenta,
nosotros estaremos avalando esa política.
Pero no como ahora, que está en contra de
la sociedad; en contra de las prioridades nacionales y sólo defiende al grupo de los
financieros, sólo defiende al grupo de los funcionarios y sólo para ellos hay beneficios
en su política económica. No podemos estar del lado de una estrategia económica que no
piensa ni resuelve de manera definitiva los problemas del país. Es cuanto.
Gracias, señora diputada.
Tiene la palabra para rectificación de
hechos hasta por cinco minutos, el diputado Manuel Cárdenas Fonseca.
| El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: |
Con el permiso de la Presidencia:
Antes que nada, independientemente de que
continuaremos dialogando y discutiendo el tema que nos ocupa, quisiera precisar dos cosas,
de los dos últimos oradores y posteriormente de quienes en primer término hicieron uso
de la voz.
Señalar que nunca se ha supendido el
servicio de la deuda, como lo hubiera querido algún partido de la oposición y comentar
que los tiempos de hoy no son los tiempos de entonces, respecto de la reducción del IVA y
en aquel entonces, en una economía que no crecía, era muy necesario estimularla.
Hoy, ante una economía que está creciendo
sin precedentes, de los últimos 16 años, el calentar la economía es perverso porque
además, no nada más genera déficit, no nada más generaría inflación. Afectaría a
los que menos tienen, porque se privilegia a los que más tienen, con esa medida.
Pero bueno, yo creo que aquí lo que nos
ocupa es hablar de política y todo lo que la política engloba deberá de ir más
destinado, y en eso creo que todos coincidimos, a una finalidad que es la justicia social.
Pero con esta premisa no podemos soslayar
nuestra propia realidad, debemos de reconocer nuestras limitaciones, compañeros
legisladores y debemos de reconocerlo con responsabilidad y prudencia, con honestidad.
Y ¿por qué? Porque efectivamente, como
aquí se señaló por el Partido de la Revolución Democrática, "al pueblo no se le
puede engañar".
Y cada día que pasa, claramente el pueblo
se da cuenta de quién le habla con la verdad.
Compañeros del PRD: en mi pueblo decían:
"no se calienten planchas viejas". Escuchen. Pero así ustedes se darán cuenta
de que hay una máxima pública en la historia de la humanidad que dice que: "la
mentira llega en tanto la verdad aflora".
Dicen los compañeros del PAN, dicen ellos
que bueno, que hay que hablar con propuestas de campaña y hay que hablar con la verdad
también. "El pez por su boca muere" y les voy a decir por qué, compañeros del
PAN; les voy a decir por qué su propuesta de bajar el IVA es electorera, falsa y dañina
a los intereses de la patria.
En campaña, el diputado que contendió por
su partido en mi distrito, que perdió y con mucho, hizo una propuesta electoral para
venderse, para vender la propuesta política del PAN, una propuesta irresponsable.
Primero opinó, y ahí está inclusive un
video en el canal 7 de televisión del Estado de Sinaloa, en el que acaso hasta se
ofendió porque lo felicité por empezar a pensar como priísta. Ellos propusieron baja el
IVA del 15% al 7%. Cuando explicamos en qué consistía el IVA, que era un impuesto al
consumo, dijeron: "del 15% al 7% gradualmente". Posteriormente se fueron
aplazando para llegar del 15% al 12%.
Pero no se preocupen, compañeros, el grupo
de los cuatro, ingenuamente cree que el pueblo ignora lo que implica bajar el IVA; pero no
es así. A mí lo que me preocupa es por qué habiendo diputados responsables en otras
fracciones priístas, puede más el compromiso que pudiera haber entre Carlos Medina
Plascencia y Porfirio Muñoz Ledo, que con el pueblo de México, ¿compañeros?
Y así, así, no quiero soportar con
cifras. Ese grupo de los cuatro fantásticos, no busca otra cosa más que desestabilizar y
beneficiarse y en ese afán, están queriendo arrasar con el Distrito Federal y otros
gobiernos de oposición en la República, además de querer arrasar con la economía del
pueblo de México.
Se ha agotado su tiempo, señor
diputado.
| El diputado
Manuel Cárdenas Fonseca (desde su curul): |
Voy a concluir, señora Presidenta.
Déjenme decirles que lo que más les
interesa a Porfirio y a Medina, es el interés de ellos para el año 2000, no el interés
del pueblo de México.
Gracias, compañeros.
Tiene la palabra el diputado Demetrio
Sodi de la Tijera, para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.
| El diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Dice el diputado Manuel Cárdenas "que
los tiempos de hoy no son los tiempos de antes", ¡y es cierto!, los tiempos de hoy
no son los tiempos de antes: ¡hoy ya no tienen mayoría! ¡Hoy ya no pueden hacer lo que
quieren! ¡Hoy la Secretaría de Hacienda ya no manda en este país!, ¡y ustedes,
priístas, que han padecido por tantos años la dictadura de Hacienda, deberían verlo,
esto, como un buen signo de avance político y como una posibilidad de cambio económico
nacional!
Finalmente hoy y probablemente como está
pasando en la Ley de Ingresos, en el caso de la Ley del IVA: ¡esto ha sido un diálogo de
sordos! ¡Pero viene el presupuesto y el grupo de los cuatro va a hacer cambios que
ustedes nunca hubieran podido presionar al Gobierno, para llevarlos a cabo!
Diputado orador, permítame, si es
tan amable.
Con qué objeto diputado Vega... se les
suplica a las señoritas edecanes pasen un micrófono al diputado Domitilo Vega.
| El diputado
Wintilo Vega Murillo (desde su curul): |
Con mucho respeto señora Presidenta,
me llamo Wintilo Vega.
Muchas gracias por la corrección.
| El diputado
Wintilo Vega Murillo (desde su curul): |
Y si por su conducto le pregunta al
orador si me acepta una pregunta.
Permítame.
Señor orador. ¿Le acepta una pregunta?
| El diputado
Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Sí.
Adelante diputado, formule su
pregunta.
| El diputado
Wintilo Vega Murillo (desde su curul): |
Yo lo único que quiero saber, que el
diputado Sodi nos pudiera decir ¿Cuántos años tiene que dejó de militar en el PRI,
porque parece que trae otra piel?
| El diputado
Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Bueno, creo que es muy oportuno para
el debate la pregunta, indiscutiblemente. Pero en fin.
Por eso mismo, que milite durante muchos
años en el PRI y en parte cambié por eso. Porque todos ustedes como priístas, saben que
en los últimos años les han impuesto políticas económicas desde la Secretaría de
Hacienda en contra de su forma de pensar.
¡En el Gobierno hoy, todo lo decide
Hacienda! ¡Si queremos discutir de agricultura, hay que hablar con el subsecretario de
Hacienda! ¡Si queremos discutir de educación, hay que hablar con el subsecretario de
Hacienda! ¡Si queremos discutir de desarrollo social! ¡Y la oportunidad que se da ahora,
que se está dando en este momento, es acabar con una dictadura que ha impedido que exista
un desarrollo social nacional, un desarrollo compartido!
¡Hoy la oportunidad que teníamos, a la
hora de discutir el IVA y desgraciadamente ha habido una total cerrazón del PRI y del
Gobierno para discutir las implicaciones objetivamente a sus implicaciones de reducir el
IVA!
El diputado Vega insiste en otra
pregunta y yo le decía que le permitiera que terminara usted de contestar su primera
pregunta.
| El diputado
Wintilo Vega Murillo (desde su curul): |
¡No, no me ha contestado...
¿Con qué objeto entonces, señor
diputado?
| El diputado
Wintilo Vega Murillo (desde su curul): |
Lo que estoy pidiendo, señora
Presidenta, es que nos diga ¡cuántos años tiene que dejó de militar en el PRI!
| El diputado
Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
A ver diputado, Si con eso está
usted contento: ¡desde marzo del 1994!
Ahora sí, vamos a hablar del IVA, ¿no?
Digo, dejémonos de tonterías y vamos a hablar del asunto por el cual estoy en la
tribuna.
Adelante, señor diputado.
| El diputado
Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Y sí creo que es muy importante
porque esta es una Cámara nueva, es una composición política nacional diferente y era y
debería haber sido y debería de ser la gran oportunidad para hacer un debate profundo,
con información veraz, oyendo las posiciones del contrario, tratando de analizar quién
tiene la razón.
Y aquí ha habido una cerrazón total para
oir siquiera, para entender las propuestas de la oposición en materia del IVA. Aquí vino
el Secretario de Hacienda... yo quisiera insistir en esto, teníamos y tenemos todavía la
gran oportunidad como Congreso de darle a la pluralidad que existe, a la pluralidad que se
votó el 6 de julio, darle las fuerzas para poder rectificar muchas políticas económicas
que nos han impuesto desde hace 15 años. Esta era la gran oportunidad de un Congreso
diferente, de un Congreso que analizara con seriedad las propuestas, los argumentos de
cada una de las fracciones parlamentarias y que pudiéramos avanzar en una reconstrucción
nacional.
Sin embargo no ha pasado esto, aquí vino
el Secretario de Hacienda y vino a descalificar las propuestas del PAN y del PRD en
materia del IVA con argumentos y con cifras falsas.
Vino a decir que la propuesta del PRD de
bajar a tasa cero una serie de productos básicos costaba 19 mil millones de pesos, pero
en corto los diputados priístas dicen, no es cierto, no cuesta más de 4 mil ó 5 mil
millones de pesos, ¿por qué no hicimos un análisis a fondo? El PAN ha presentado
documentos en que demuestra que la reducción del IVA del 15% al 12% no costaría los 20
mil millones de pesos que argumenta Hacienda; ha señalado que habría una recuperación
por el IVA que gasta el propio Gobierno, pero en lugar de analizar los argumentos del PRD
o los del PT o los del Ecologista o los del PAN, la Secretaría de Hacienda dijo
simplemente: este punto no se discute.
Estamos de acuerdo en discutir cualquier
punto, pero si el punto del IVA...
Por favor, señor orador. ¿Con que
objeto, señora diputada Laura Alicia Garza?
Por favor, se suplica a las edecanes que
estén atentas a los requerimientos.
| La diputada
Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul): |
Señora Presidenta, para preguntarle
al orador si acepta una pregunta ahorita o al término de su intervención.
| El diputado
Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
De una vez y también la del
compañero diputado.
| La diputada
Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul): |
Compañero diputado, me preocupó que
haga usted mención de que van a hacer profundas modificaciones en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para 1998. Ahorita todavía no presentan el dictamen, ¿qué es
lo que están haciendo?
| El diputado
Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Preparando las propuestas.
La pregunta del diputado Patricio
Martínez, por favor.
| El diputado
Patricio Martínez García (desde su curul): |
Señor diputado, yo no me meto con su
origen partidista ni hago referencias a eso, es usted un diputado y lo estoy escuchando
como hemos escuchado a todos los que han argumentado en favor y en contra de esta reforma.
Hace usted una mención de que se encuentra
con una cerrazón total de parte de los contrarios para escuchar los argumentos, yo creo
que hechos son amores, se ha hablado de que el cambio es muy pequeñito, ¿por qué nada
más el 2% del presupuesto? Esto, bueno, pudiera ser una razón de aceptarse, ¿me podría
dar usted algún antecedente de un gobierno perredista, panista, petista o verde, en un
municipio o en un Estado en este país, que haya hecho, promovido y ejecutado una reforma
fiscal que implique bajar el 2% de su presupuesto? Se lo agradezco si tiene ese
antecedente, porque me ilustraría más para tomar estas decisiones y que no hubiera en un
momento dado el dar el consejo y que se quedaran sin él.
Muchas gracias.
| El diputado
Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Bueno, primero en relación con el
presupuesto de egresos.
Permítame el orador, discúlpeme,
permítame el orador ¿Con qué objeto, señor diputado? ¿Una pregunta?
| El diputado
Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Pero se me van a olvidar tantas,
¡hombre!
¿Puede, quiere, desea el orador
contestar la pregunta? Formule su pregunta, diputado Carlos Sobrino.
| El diputado
Carlos Hernando Sobrino Sierra (desde su curul): |
Si, quisiera yo hacerte una pregunta
diputado, que va en el mismo sentido y siempre con relación al IVA.
Hay un extraño conflicto entre lo que
gente de sus partidos, tanto de usted como de Acción Nacional, que están en el
Ejecutivo, opinan en relación con la disminución del IVA. Estas opiniones las han hecho
públicas y están en la mayor parte de los medios de información; me parece que la
argumentación de usted se basa fundamentalmente en la cerrazón y yo la pregunta que
hago: ¿no le parecería a usted también de cerrazón que las coincidencias entre los
legisladores que pertenecen al grupo de los cuatro y las no coincidencias con los
ejecutivos que tienen origen partidista de este grupo de los cuatro, en donde no hay
coincidencias?
Un orador anterior a usted, me dijo que era
parte de la libertad de sus partidos, pero aquí estamos hablando de economía, a
diferencia de política; aquí los asuntos afectan o no a la población si lo tomamos.
¿Ustedes estarían, los diputados del PRD, dispuestos a aprobar el 15% del IVA, si el
Ejecutivo del Distrito Federal y las presidencias municipales que su partido está
actualmente ejerciendo y ellos le manifestaran que no es conveniente bajar el IVA?.. O
sería una actitud de cerrazón de los gobernadores panistas y de los presidentes
municipales perredistas.
Muchas gracias, por su respuesta.
| El diputado
Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Bueno, primero en relación con el
presupuesto de egresos.
Yo creo que a todos los que estamos aquí
nos hubiera gustado que hubiese clima de apertura para discutir en serio, no solamente el
presupuesto de egresos, sino la Ley de Ingresos, la Miscelánea Fiscal, nos hubiera
gustado que en lugar de hacer toda una campaña para confrontar y tratar de descalificar
una acción del jueves pasado, se fuere por el procedimiento más simple, más sencillo de
regresarlo a comisiones y no llevar al país a un enfrentamiento como el que estamos
llevando.
A todos nos hubiera gustado más madurez a
todos nos hubiera gustado más flexibilidad y no la ha habido, no la ha habido desde el
1o. de septiembre y desgraciadamente si por este camino seguimos, vamos al camino de la
confrontación y no son amenazas, porque todos salimos perdiendo con la confrontación.
Lo que es un hecho es que si ustedes han
usado su mayoría para negarse a aceptar, a reflexionar, a analizar la modificación al
IVA, nosotros vamos también a usar nuestra mayoría para imponer el presupuesto que le
conviene a este país.
Ahora en cuanto al 2%. Las cifras están
equivocadas, si partimos de cifras falsas, hacemos discusiones falsas, cuando uno habla en
corto y aquí hay un debate en público y hay los de en corto, ¿no?, cuando uno habla con
miembros del Partido Revolucionario Institucional sobre las implicaciones reales de un
paquete de productos que beneficiaría con un aumento de entre el 5% y el 10% del ingreso
a las clases populares, dicen "no cuesta nada, hombre".
El IVA se politizó, el IVA lo politizaron,
el IVA lo convertimos todos en una bandera más allá de la discusión seria de lo que
implica y de lo que podría implicar una reducción del IVA en tasa cero a las tasas
populares.
El PAN, el PRD y el PT, nos pusimos de
acuerdo porque era la única forma, creíamos, de tratar de obligarlos a discutir. Tratar
de obligar a la Secretaría de Hacienda cuando menos a oír nuestros argumentos, cuando
menos a trabajar sobre cifras ciertas, dejar en la tribuna pura falsedad, pura
información que no era cierta y pura descalificación automática y no lo hemos
conseguido. La discusión real sobre el IVA, no se ha dado. Nadie se ha movido.
En reuniones que hemos tenido, cuando se
analizan propuestas sobre este tema, inclusive en reuniones internas que han salido a la
luz pública, de los priístas, hay mucha coincidencia, tanto en la reducción del IVA a
tasa cero, como en algunos ajustes en ciertos productos básicos, pero por qué no lo
defendemos en la tribuna, ya no está el país para discusiones y para acuerdos de café;
ya no está el país para disidencias de café y al interior; hoy estamos discutiendo el
futuro del país y el IVA es fundamental.
El IVA, podría significar un aumento real
de inmediato a los ingresos de la población de bajos recursos con un costo mínimo,
inexistente, oíganlo, inexistente en las finanzas públicas, pero no han querido
discutir.
Hacienda dijo: "este punto no se
discute" y Hacienda manda para ustedes... Hacienda ya no manda para nosotros.
Tiene levantada la mano el diputado
Patricio Martínez.
| El diputado
Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Déjeme, nada más terminar la
última pregunta.
Cerrazón de que haya diferencias entre
gobernadores del PAN, presidentes municipales, diputados, al interior del PRD claro que
las hay, lo importante es discutirlas y cuando hay información real, cuando hay ganas de
buscar soluciones, se encuentran y en el caso del PAN, sin duda puede haber posiciones
diferentes, igual las hay en el PRD, pero finalmente, democráticamente analizamos las
diferencias, las discutimos, votamos y la mayoría decide, no decide Hacienda, decide la
mayoría de los diputados y ése es el reto ahora.
Permítame. Diputado Patricio
Martínez, usted deseaba hacer uso de la palabra, yo pregunto ¿con qué objeto?.. Ya no.
Diputada América, ¿con qué objeto?
| La diputada
América Soto López (desde su curul): |
Para preguntarle al diputado si me
aceptaría una pregunta.
¿Desea contestar la pregunta que le
formulan?
| El diputado
Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Por supuesto.
Adelante.
| La diputada
América Soto López (desde su curul): |
Le agradezco mucho, diputado.
Nos queda la duda de porqué en los lugares
donde ustedes no son gobierno, como es la Presidencia de la República y el Poder
Ejecutivo de este país, ustedes están por una reducción de impuestos y donde ustedes
gobiernan nunca han propuesto una reducción de impuestos, al contrario, han propuesto
aumentos de impuestos. Por qué esta diferencia, porque parecería deshonesto, diputado.
Gracias.
| El diputado
Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Se lo contesto, mire. Finalmente la
gran mayoría de los impuestos son federales y el poco rango que le queda a un presidente
municipal o a un gobernador ante la concentración de recursos que hay en la Federación,
el poco margen de acción que tiene para poder salir adelante con los gastos importantes
que tiene en su municipio, en su Estado, pero hoy estamos discutiendo los impuestos
federales.
Y yo lo que insistiría de veras y ya para
terminar, es que la cerrazón que ha habido, si no se abre en serio una discusión,
todavía a tiempo, sobre cómo lograr beneficiar realmente las condiciones de vida de la
población, que nos dejemos de preocupar, que dejemos atrás la política de los últimos
años de preocuparnos únicamente por las grandes cifras macroeconómicas y que todos los
diputados, porque todos en eso coincidimos, empecemos a pensar en las cifras del pueblo y
las cifras del pueblo tienen que ver con el IVA y tienen que ver con el salario.
Permítame el orador. ¿Con qué
objeto, señor diputado?
| El diputado
Jesús José Villalobos Sáenz (desde su curul): |
Una moción.
Adelante, señor diputado. ¿Me dice
su nombre, por favor?
| El diputado
Jesús José Villalobos Sáenz (desde su curul): |
Jesús José Villalobos, para
servirle.
Lo que se acaba de comentar es siempre lo
que ha pasado, se mencionan las medias verdades y las medias mentiras.
¿En qué consiste su moción, señor
diputado?
| El diputado
Jesús José Villalobos Sáenz (desde su curul): |
Mi moción consiste en que el orador
no da respuesta a las preguntas hechas.
| El diputado
Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Ahora, si quieren, podemos volver a
empezar.
No, muchas gracias.
|
El
diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Bueno, yo concluiría simplemente con
esto: creo definitivamente que la cerrazón a la baja del IVA, que la cerrazón a discutir
cualquier cosa, finalmente está llevando a este Congreso a un callejón sin salida y si
queremos salir adelante con el compromiso que tenemos con la población, más vale que los
priístas se suelten las amarras y empiecen a hablar como diputados y no como funcionarios
de Hacienda.
Tiene la palabra, según el turno
inscrito de oradores, el diputado Rubén Mendoza, del Partido Acción Nacional.
| El diputado Rubén Mendoza Ayala: |
Amigos todos, con su permiso:
Diputado Cárdenas, creo que cuando la
pasión domina, la razón se pierde y los mexicanos perdemos todos. Agredir a las personas
no es avanzar; caer en el lodo es simplemente no tener capacidad para el debate. No
caigamos en este supuesto; respetemos a todos los grupos y a la pluralidad que hay en esta
Cámara porque en esa medida ustedes tendrán respeto en todos.
Señores, en juego está la nación, no es
un juego de póker en la que esto se está apostando. Tenemos que la baja del IVA se ha
dado en muchas naciones como Estados Unidos y en Inglaterra; tenemos datos suficientes...
Diputado Rubén Mendoza, ¿me permite
si es tan amable? Por favor que detengan el reloj.
¿Dónde está el diputado que levantó la
mano y que ya no está en su lugar? ¿Ya no? Continúe por favor el orador.
| El diputado
Rubén Mendoza Ayala: |
El respeto de las ideas de cada
persona, de cada individuo, Pablo...
Por favor el orador permítame.
Se suplica al diputado Pablo Gómez nos
ayude y contribuya en el orden en la sala; igual que a los medios de comunicación se les
suplica que colaboren con esta Presidencia para que podamos continuar con mayor orden la
sesión.
| El diputado
Rubén Mendoza Ayala: |
La democracia requiere ante todo y de
todos nosotros puntos de acuerdo. Es la nación la que nos pide el que todos colaboremos
con nuestras ideas. El dogmatismo cayó hace mucho con el muro de Berlín. Las posiciones
que no permiten simplemente el tolerar a cada persona, es simplemente caer en el abismo en
el cual no habrá entendimiento.
Señores diputados, hay en el presupuesto
actual 5 mil millones de pesos no ejercidos en el rubro de seguridad social; hay forma en
que se reduzcan las secretarías y se reduzcan 3 mil millones de pesos; hay forma en
síntesis en que se pueda bajar uno o dos puntos o tres puntos el impuesto al valor
agregado. ¿Sólo el pueblo se debe de ajustar el cinturón? ¿Para eso votó el pueblo
por nosotros? ¿Es justo que nosotros le demos al pueblo más de los peores beneficios que
hoy se proponen como mantener una tasa al 15% lacerando a la población? ¿Es ético y
moral?, pregunto.
Por eso yo digo a todos que el acercamiento
de las personas a un camino de la verdad no se obtiene con la confrontación. Tenemos que
buscar un entendimiento. Ojalá, como aquí se ha comentado, pudiéramos luchar, no por el
grupo de los cuatro, por el grupo de los cinco que representamos a muchos más mexicanos.
Esa debe de ser nuestra responsabilidad. Por eso quiero decirles que la condición para la
democracia es el entendimiento, la racionalidad ante todo y el problema del impuesto al
valor agregado ha sido un problema de dogmatismo; no es un problema simplemente de quien
gane. El que tiene que ganar es el pueblo de México.
Por supuesto, hay que entender que somos
nueva mayoría, pero también hay que entender que hay que lograr consensos y quien tiene
gran parte de los mexicanos y otra gran parte otro punto, traten de lograr consensos. Los
catastrofismos son simplemente armas que impiden el cambio y la consecución de un buen
gobierno.
El cambio es una necesidad y debemos de
encontrar nuevos caminos para que haya impuestos justos y haya una patria ordenada y
generosa.
Recordemos, diputados todos, que los
regímenes pasan pero México queda y aquí tenemos la respuesta en lograr consensos. Esa
es nuestra responsabilidad, no venir a tirar lodo, no venir a tirar basura, sino a dar
ideas que puedan mejorar a todo nuestro pueblo. Esa es, ante esa mira con que debemos
estar los mexicanos.
Se suplica a la Secretaría dé
lectura al artículo 20 del acuerdo parlamentario.
| La secretaria
Lourdes Angelina Muñoz Fernández: |
"Artículo 20: durante la
discusión en lo general o en lo particular, los diputados y diputadas que no estén
inscritos para hablar podrán pedir la palabra para rectificar hechos, hasta por cinco
minutos o para responder alusiones personales, hasta por cinco minutos, pero sus
intervenciones se verificarán después de concluido el turno de oradores previamente
inscritos. El orador iniciará su exposición precisando el hecho a rectificar o la
alusión a contestar. Después de cinco intervenciones de estas características, en una
discusión en lo general y, de tres, en una discusión en lo particular, la Presidencia de
la mesa directiva podrá preguntar al pleno si se procede a dar curso al turno siguiente
de oradores o a la votación, según lo que corresponda, de conformidad con las normas
precedentes."
Muchas gracias, señora Secretaria.
Por favor consulte la Secretaría a la
Asamblea si procede dar curso al turno siguiente de oradores o a la votación, en virtud
de que hasta este momento ha concluido el turno de cinco oradores a que hace referencia el
artículo 20.
Consulte la Secretaría si está
suficientemente discutido.
| El secretario
José Antonio Alvarez Hernández: |
Por instrucciones de la Presidencia,
en votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente
discutido el dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
En consecuencia, proceda la
Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del dictamen,
en un solo acto.
Se informa a la Asamblea que la compañera
diputada Lenia Batres solicitó, si no era posible que interviniera, presentar unos
documentos entregando a la Secretaría.
Lo único es entregarlos a la Secretaría,
por favor.
Por favor entréguelos a la Secretaría, si
es tan amable.
| La diputada
Lenia Batres Guadarrama (desde su curul): |
Señora Presidenta, quisiera informar
a esta Asamblea qué documentos son, para que estén a disposición de este pleno.
Por favor, ya estamos en votación,
le suplico, si es tan amable, que los entregue a la Secretaría.
| La diputada
Lenia Batres Guadarrama (desde su curul): |
Sí, pero si no se informa qué
documentos son, no quedan a disposición de este pleno. Quisiera entregar...
Si no los entrega a la Secretaría
sin hacer uso de la palabra, resérvelos para otra ocasión, en su defecto.
| El secretario
José Antonio Alvarez Hernández: |
Se va a proceder a recoger la
votación nominal en lo general y en lo particular del dictamen, en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 255 votos en pro y 238 en
contra.
Aprobado por 255 votos en pro. Se
aprueba y ratifica el decreto que reforma el artículo 1o.; la adición de una fracción
IX al artículo 9o. y las fracciones XVII y XVIII al artículo 15, así como un tercer
párrafo al artículo 42, recorriendo el actual hacia el cuarto párrafo, con un artículo
transitorio, todos ellos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, aprobado por esta
Cámara de Diputados con fecha 4 de diciembre del año en curso, cuyo decreto fue
rechazado por la Cámara de Senadores, según minuta remitida a esta Cámara con fecha
ocho de los corrientes.
Pasa al Senado para los efectos del
artículo 72 inciso d, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUENTA
DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL
| El secretario
Jaime Castro López: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura al Congreso de la Unión.
Proyecto de decreto de la revisión de la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1996...
| El diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul): |
Señora Presidenta .
Sí, diputado, ¿con qué objeto?
| El diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul): |
Señora Presidenta, querría hacerle
la siguiente solicitud: en virtud de que ya está publicado en la Gaceta todo el dictamen
sobre Cuenta Pública, puede leerse sólo el proyecto de decreto, que es más breve y
dispensarse la lectura de todo lo demás para que se agilice esta reunión, en vista de
que también ya había sido un acuerdo de los coordinadores parlamentarios.
Gracias, diputado Martín del Campo.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
| El secretario
Jaime Castro López: |
Por instrucciones de la Presidencia,
se consulta a la Cámara para que en votación económica manifieste si se dispensa la
lectura del dictamen que se estaba dando cuenta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Aprobado. Se dispensa la lectura del dictamen que se estaba dando cuenta.
Consulte la Secretaría a la Asamblea
si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
| El secretario
Jaime Castro López: |
Por instrucciones de la Presidencia,
con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la
segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la segunda lectura.
En consecuencia, está a discusión
en lo general el proyecto de decreto, relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1996.
Esta Presidencia informa que se han
inscrito para la discusión en lo general, los siguientes oradores...
Antes, se instruye a la Secretaría para
que se lea sólo el decreto.
| El secretario
Jaime Castro López: |
Por instrucciones de la Presidencia,
se le dará lectura al decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1996.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura al Congreso de la Unión.
Proyecto de decreto de la revisión de la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1996.
Comisión de Programación, Presupuesto y
Cuenta Pública.
Honorable Asamblea: la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a la Cámara de Diputados, de manera
exclusiva, la facultad y responsabilidad de revisar la Cuenta Pública del año anterior.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, recibió para su estudio, análisis, revisión y dictamen, la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al año fiscal de 1996.
Los documentos y medios magnéticos que la
conforman fueron elaborados por el Ejecutivo Federal en observancia de lo que ordenan los
artículos 74 fracción IV párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Los
documentos fueron entregados por el Ejecutivo en tiempo a la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión y ésta los hizo llegar a la Cámara de Diputados a
través de la Comisión de Vigilancia, la cual, a su vez, en uso de sus atribuciones
legales, los remitió a la Contaduría Mayor de Hacienda.
Para profundizar el análisis de la Cuenta
Pública, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, convocó a ocho
sesiones de trabajo. Por el lado del Ejecutivo asistieron subsecretarios, oficiales
mayores, directores generales y otros servidores públicos de las dependencias y entidades
del sector público. Cabe resaltar que por primera vez participaron en estas reuniones las
secretarías de Gobernación, Defensa y Marina y la Procuraduría General de la
República. Por parte del Legislativo participaron en las reuniones los diputados miembros
de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de todas las fracciones
parlamentarias que integran esta soberanía y un número significativo de diputados de
otras comisiones legislativas ordinarias. En las sesiones de trabajo los legisladores
expusieron puntos de vista y criterios, solicitaron y recibieron información
complementaria e intercambiaron opiniones relativas al cumplimiento de objetivos y metas
contenidos en los principales programas autorizados y los resultados presupuestarios y
financieros del ejercicio fiscal de 1996.
La Contaduría Mayor de Hacienda elaboró y
entregó en tiempo a la Comisión de Vigilancia el informe previo sobre la Revisión de la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1996, documento que fue turnado a esta
dictaminadora, conforme a derecho, por la Comisión de Vigilancia. Para la revisión de la
Cuenta Pública se utilizaron además otras fuentes de información, como el informe
presidencial, el informe de ejecución del plan nacional de desarrollo y los informes
trimestrales sobre las finanzas y la deuda públicas.
Con base en los anteriores elementos, la
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública elaboró un proyecto de dictamen
que fue afinado y superado gracias al cuidadoso análisis del mismo y a las importantes
aportaciones realizadas por los diputados integrantes de la comisión, miembros de los
grupos parlamentarios de esta soberanía. Del trabajo realizado surgió el presente
dictamen, para sustentar el decreto sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1996.
DICTAMEN
I. Observancia de los principios básicos
de contabilidad gubernamental.
Esta dictaminadora considera que son de
asumirse las conclusiones obtenidas en el informe previo elaborado por la Contaduría
Mayor de Hacienda respecto a la observancia por el Ejecutivo Federal de los principios
básicos de contabilidad gubernamental, como resultado de su evaluación preliminar.
De esta manera se concluye que, en
términos generales, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se presentó de acuerdo con
los Principios básicos de contabilidad gubernamental. En lo particular, y conforme a lo
presentado en el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, en el caso del sector
central se observó en algunas dependencias la falta de depuración de ciertos rubros de
la información financiera, la omisión de recuentos físicos de bienes inventariables,
pagos con cargo al presupuesto de 1996 por bienes y servicios recibidos en 1995, registro
de presupuesto como ejercido no devengado al 31 de diciembre de 1996 y la inobservancia de
algunas entidades de los principios "cumplimiento de disposiciones legales" y
por su parte, las dependencias, de los de "control presupuestario", "base
de registro" y "revelación suficiente".
En el sector paraestatal se observaron
ciertos incumplimientos de los principios de contabilidad generalmente aceptados en el
caso de Luz y Fuerza del Centro y el ISSSTE. Esta dictaminadora encontró además otras
insuficiencias en la observancia de los principios básicos de contabilidad general. Entre
las principales:
Dentro de los estados presupuestarios y
económicos consolidados, se usaron distintas metodologías en los rubros de ingreso y
gasto de la clasificación económica en cuenta doble del sector público presupuestario y
del Gobierno Federal, con el estado de ingresos presupuestarios y el estado del ejercicio
del presupuesto por capítulos del Gobierno Federal, que si bien no inciden en los
resultados, dificultaron el análisis de la Cuenta Pública.
En el análisis correspondiente al
capítulo de orientación sectorial del gasto, no se presentó el sector administración y
servicios, si bien se presentó la desagregación del gasto corriente y de capital del
mismo. Asimismo, la información correspondiente al gasto de cada sector en el rubro de
apoyos, subsidios y transferencias a organismos, empresas, fondos y fideicomisos
subsidiados no se presentó debidamente identificada y clasificada por dependencia o ramo
que los otorga ni homologada con la sectorización del gasto por dependencia o ramo.
Dentro de dicho rubro, se encuentran sectorizados en el renglón de "otros" los
conceptos presupuestales del ramo 23: provisiones económicas y salariales, de los cuales
no se presenta información detallada respecto a su ejercicio.
Se recomienda que la presentación de la
Cuenta Pública de los siguientes ejercicios, se haga con una metodología que homogeinice
la presentación de la información en los Estados presupuestarios y económicos
consolidados, para facilitar su consulta y análisis. Asimismo, que se incluyan en el
capítulo analítico de orientación sectorial del gasto todos los sectores y que en la
información de cada uno de ellos se identifiquen, clasifiquen y totalicen por dependencia
o ramo responsable la información presupuestal y el ejercicio de los subsidios, apoyos y
transferencias a organismos, empresas, fondos y fideicomisos subsidiados, a partir de su
asignación y sectorización precisa por dependencia y ramo.
El informe previo da cuenta de 13
dependencias que no habían concluido la depuración de sus cuentas colectivas de balance;
siete que no efectuaron los recuentos físicos de bienes inventariables y/o de artículos
en almacén; tres que realizaron pagos en el ejercicio, por concepto de bienes y servicios
recibidos en el ejercicio anterior, sin autorización previa de la SHCP; y una que al
cierre del ejercicio tenía anticipos a proveedores y contratistas no devengados
pendientes de aclarar.
En atención a lo anterior, las
dependencias y entidades deberán subsanar las deficiencias en los registros, observar
estrictamente los principios básicos de contabilidad gubernamental y desahogar las
salvedades. La Contaduría Mayor de Hacienda, deberá llevar a cabo revisiones
específicas más detalladas y profundas; realizar auditorías especiales; tomar en cuenta
las observaciones de la comisión no contenidas en el informe previo; además de realizar
el seguimiento y evaluación de acciones correctivas para subsanar las deficiencias e
informará de ello a la Cámara de Diputados.
II. Observancia de los preceptos legales.
En lo referente al grado de observancia de
los preceptos legales, el informe previo, la Contaduría Mayor de Hacienda concluye que
"si bien existe una observancia generalizada de las disposiciones, también se
aprecian ciertos incumplimientos, deficiencias e inconsistencias en relación con algunos
preceptos normativos".
La Comisión de Programación, Presupuesto
y Cuenta Pública asume las conclusiones del órgano técnico en esta materia. Sin
embargo, hace notar la discrecionalidad con la que se ejercieron parte de los recursos
derivados de los ingresos ordinarios excedentes en ese año. En el año fiscal que se
revisa, se ejercieron 20 mil 500 millones de pesos para programas de saneamiento
financiero no incluidos en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de
1996.
La discrecionalidad se observa también al
constatarse la reasignación de recursos de diversas partidas del Presupuesto de Egresos
de la Federación para 1996. De estas reasignaciones decididas por el Ejecutivo algunas
tuvieron un alcance principalmente administrativo, pero otras constituyeron cambios de
programas, metas y prioridades. Ello hace necesario que la Contaduría Mayor de Hacienda
evalúe el impacto que estas reasignaciones pudieron tener sobre los cumplimientos de los
programas y metas aprobados.
Respecto a la aplicación de los ingresos
ordinarios excedentes debe destacarse que si bien el 53.3% de las ampliaciones
presupuestales se destinaron al gasto programable, el 46.7% restante se canalizó a los
programas de saneamiento financiero, casi 20 mil 500 millones de pesos, lo que señala la
necesidad de avanzar en la integración de un marco jurídico que brinde mayor claridad y
certeza jurídica a estas decisiones.
Existe falta de transparencia en la Cuenta
de la Hacienda Pública Federal, en lo referido a las remuneraciones a servidores
públicos por concepto de estímulos a la productividad, eficiencia y calidad determinados
por los artículos 47 y 48 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de
1996.
Respecto a la amplitud con la cual el
Ejecutivo reasignó gasto autorizado durante el ejercicio fiscal de 1996, como
consecuencia se dejaron de ejercer recursos presupuestarios autorizados, en diferentes
sectores tales como los de: desarrollo agropecuario y recursos naturales que registró un
subejercicio de casi 1 mil 900 millones de pesos (5.9% menos que lo autorizado), en parte
debido a las desfavorables condiciones climáticas que ocasionaron la disminución de la
superficie sembrada de algunos de los recursos elegibles en Procampo; medio ambiente que
vio reducido su gasto en 77% respecto de lo autorizado (4 mil 468 millones de pesos
menos), en lo cual influyó una reclasificación sectorial de los recursos destinados a la
Comisión Nacional del Agua; y el sector laboral que ejerció menos de la mitad del
presupuesto aprobado por esta soberanía, habiendo sido transferida una parte de ese
presupuesto a estados y municipios para fines similares a los originalmente establecidos.
Algunos de los programas o ramos
presupuestarios afectados fueron reasignados por el Ejecutivo a otros programas o ramos
presupuestarios, representando un cambio neto de metas y prioridades. Ciertamente, en
otros casos, las reasignaciones se decidieron para cumplir objetivos similares a los
aprobados, pero por dependencias distintas a las originales, representando la
reasignación, reclasificaciones administrativas.
Además, de 31 mil 499 millones de pesos
asignados al ramo 23 provisiones salariales y económicas, se ejercieron en el propio
ramo, 6 mil 646 millones de pesos, mientras que 24 mil 853 millones de pesos fueron
reasignados, sin que se presente información detallada al respecto. En resumen, en la
Cuenta Pública de 1996 se realizó un gasto mayor al presupuestado por 40 mil 548.3
millones de pesos, cubiertos principalmente con los ingresos adicionales obtenidos,
destinándose 21 mil 600 millones de pesos al gasto programable y 18 mil 948.3 millones de
pesos al gasto no programable, considerando dentro de éste los 20 mil 500 millones de
pesos para los programas de apoyo financiero.
Por otro lado, en los ramos 23
"Provisiones Salariales y Económicas" y 26 "Superación de la
Pobreza", se realizaron programas y acciones carecieron de origen de metas
programáticas contra las cuales comparar los resultados obtenidos en el ejercicio, por lo
cual no se cuenta con "elementos de evaluación de la acción gubernamental" de
estos programas.
Otra área del gasto público, en la que
hay falta de transparencia e información insuficiente es la de las erogaciones realizadas
al amparo del artículo 48 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1996. En la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de ese año se informa que las economías obtenidas
en el concepto del artículo 47, fueron de 1 mil 649 millones de pesos. Respecto a las
remuneraciones especiales a servidores públicos a las que hubieren dado lugar, nada se
reporta ni en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal ni en el informe previo de la
Contaduría Mayor de Hacienda.
Se considera necesaria mayor información
sobre la utilización que Nacional Financiera dio a los recursos obtenidos de colocaciones
en los mercados financieros internacionales y de créditos bilaterales. Así como la
asunción de pasivos realizada por el Gobierno Federal. El informe previo de la
Contaduría Mayor de Hacienda, en lo referente al cumplimiento de los preceptos legales,
asienta que se hace necesario analizar información adicional a la contenida en la Cuenta
Pública, por lo que se recabó información mediante cuestionarios que se enviaron a
dependencias y entidades de control presupuestal directo, con respuesta de todas las
dependencias, con excepción de la Conasupo, que no contestó oportunamente dichos
cuestionarios. La información obtenida fue analizada y cotejada con la que proporcionaron
las dependencias globalizadoras y coordinadoras de sector.
Como resultado de una evaluación
preliminar, en principio se observaron incumplimientos en diversas dependencias y
entidades en lo relativo a la adjudicación, contratación y ejecución de obras
públicas, adquisiciones, contratación de estudios, asesorías e investigaciones; así
como al suministro de información a las dependencias globalizadoras y coordinadoras de
sector.
Por otro lado, esta dictaminadora considera
que para mejorar los programas de fiscalización de la Cámara de Diputados, es
recomendable una mayor colaboración entre órgano de control del Ejecutivo y el órgano
técnico de la Cámara de Diputados.
III. Análisis de los resultados
financiero-presupuestarios del sector público federal.
III.1. Análisis del panorama económico.
Durante 1996 las metas de política
económica fueron alcanzadas. La evolución del producto interno bruto superó lo previsto
al obtenerse un crecimiento real de 5.1%; el repunte de la producción se acompañó por
una recuperación del empleo y cierto repunte del consumo. El empleo aumentó en el sector
formal en 7.8% anual y en 295 mil puestos de trabajo, respecto a 1994; la tasa de
inflación se redujo a 27.7%. La recuperación lograda en el año de análisis, sin
embargo, no fue suficiente para rebasar los niveles reales del producto interno bruto y
del ingreso por habitante, previos a la crisis de 1995 ni tampoco para recuperar la tasa
de desempleo de fines de 1994 ni la caída de los salarios reales.
III.2. Resultados generales de las finanzas
públicas.
El balance primario del sector público
presupuestario (que resulta de comparar los ingresos y los gastos del sector público no
financiero, sin considerar los intereses y gastos de la deuda), superó en 23.6% al
estimado y se ubicó en un nivel de 4.27% con relación al tamaño de la economía, esto
es 0.1 puntos porcentuales por arriba del alcanzado en 1995. El costo de la deuda
representó 3.5% del producto interno bruto, nivel inferior en 0.2% a lo reportado el año
anterior; de excluirse los 20 mil 500 millones de pesos (0.8% del PIB) del rescate
financiero asignados a Fobaproa, Fopyme y Finape, el balance presupuestario alcanzaría
una posición superavitaria equivalente a 0.77 puntos del producto. El informe previo
asienta que el comportamiento de las finanzas públicas en 1996, refleja en general que
los principales indicadores macroeconómicos alcanzaron las metas aprobadas por el
Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos de la Federación.
III.3. Ingresos públicos.
Los ingresos ordinarios del sector público
presupuestario ascendieron a 580 mil 722.0 millones de pesos y fueron superiores en 39 mil
992.1 millones de pesos, 7.4% sobre los estimados en la Ley de Ingresos de la Federación
y 5.3% real respecto a lo captado en 1995, manteniendo su proporción en el producto de
22.8%; lo anterior se debió principalmente al incremento que registraron los ingresos
petroleros, 11.4% sobre el presupuesto y 12% en términos reales en relación a 1995,
derivados del mayor precio y volumen del petróleo exportado.
Los ingresos no petroleros superaron la
estimación original en 5.1% y en 1.2% real a los del año previo, debido sobre todo a la
elevación de los ingresos no tributarios y dentro de éstos a los recursos derivados de
los excedentes de operación del Banco de México, ya que los ingresos tributarios no
petroleros sólo crecieron 1.4% real y su relación con el producto disminuyó ligeramente
de 1995 a 1996, situación que se atribuye al costo de los estímulos fiscales para
impulsar la inversión, el empleo y al impacto derivado de la recesión de 1995 en la
recaudación, dados los calendarios de pagos. Los ingresos del sector paraestatal,
excluyendo Pemex, registraron una caída real de 2.5%,
debido a las menores cuotas captadas por el
IMSS, la reducción en la participación de la Conasupo en la comercialización de granos
básicos y la disminución de las ganancias financieras que reportaron algunas entidades.
Del total de ingresos ordinarios del sector
público presupuestario en 1996, corresponden al Gobierno Federal el 67.6% y el 32.4% a
los organismos y empresas bajo control directo.
De los primeros, el 37.8% está constituido
por ingresos petroleros y el 62.4% corresponde a la recaudación no petrolera, constituida
ésta en el 78% por ingresos tributarios y el resto por ingresos no tributarios; del
ingreso de las entidades, el 39% es aportado por Pemex y el 6% por los otros organismos y
empresas.
Lo anterior denota la alta dependencia de
las finanzas públicas respecto a los ingresos derivados de la explotación petrolera; el
38% de los ingresos ordinarios del sector público presupuestario son aportados por esta
industria. Es recomendable que se intensifiquen los esfuerzos y se aumente la eficiencia
para elevar los niveles de recaudación por otras fuentes; en todo caso, debe garantizarse
el uso productivo y socialmente benéfico de esos recursos, sin descuidar la propia
capitalización de la industria petrolera y petroquímica que son patrimonio nacional.
III.3.1. Gobierno Federal.
Los ingresos ordinarios del Gobierno
Federal, ascendieron a 392 mil 566.0 millones de pesos y fueron mayores en 28 mil 913.6
millones de pesos (8%) a los previstos en la Ley de Ingresos de la Federación,
principalmente por el crecimiento de 15.2% de los petroleros, mientras que los no
petroleros se incrementaron en 4%.
Los ingresos ordinarios del Gobierno
Federal, se integraron en 99.7% por ingresos corrientes y su incremento respecto a lo
previsto provino de los ingresos adicionales de la industria petrolera; con el total de
los ingresos ordinarios se financió el 97.2% del gasto neto devengado, 1.2 puntos
porcentuales mayor a lo previsto. Los ingresos corrientes no petroleros representaron
62.1% de la recaudación, 1.3 puntos menos de lo previsto, debido a que la participación
de los tributarios se redujo 3.6 puntos, como resultado de la menor recaudación del IVA
no petrolero y a que la participación de los no tributarios aumentó 2.3 puntos,
fundamentalmente por la mayor captación de aprovechamientos y productos.
Los ingresos petroleros (37.6% del total),
se integran fundamentalmente por los derechos a cargo de Pemex (71.9% de su rubro y 27%
del total de ingresos ordinarios), aunque son importantes también la recaudación por
concepto de IEPS (13.8% y 5.2% de ésos mismos conceptos y 68.7% de este impuesto) y de
IVA (9.6% y 3% de los totales mencionados y 19.6% del total de IVA). Los ingresos no
petroleros se integran fundamentalmente por el impuesto sobre la renta (23.8% del total de
ingresos ordinarios) y el IVA (14.8% de los ingresos ordinarios si se excluye el petrolero
y 18.4% si se incluye éste).
Si bien los impuestos sobre la renta y al
activo rebasaron ligeramente la estimación, prácticamente no crecieron en términos
reales sobre la recaudación del año anterior, disminuyendo su participación en el
producto interno bruto. En el caso del IVA, no se cubrieron las expectativas del Gobierno
Federal ante el aumento de la tasa general de este impuesto; la recaudación, incluyendo
la petrolera, fue 8.4% inferior a la estimada y si se excluye ésta, la disminución es de
10.9%; su coeficiente sobre el PIB de 2.8% es similar al que se obtuvo con tasa general
del 10%. Es necesario tomar medidas para combatir efectivamente la evasión y aumentar la
eficiencia recaudatoria.
Para el análisis de los ingresos
ordinarios del Gobierno Federal, fue una limitante la insuficiencia de la información,
especialmente en lo que se refiere a los ingresos tributarios; en lo que se refiere al ISR
y al IVA, es necesario reiterar a la SHCP, la recomendación de que se incluya
información completa respecto a la recaudación por estratos de ingreso y de causación
impositiva, elementos indispensables para analizar argumentos fiscales y propuestas
alternativas.
III.3.2. Organismos y empresas.
Los organismos y empresas de control
directo obtuvieron ingresos propios por 194 mil 725.9 millones de pesos, superiores en
5.8% a los estimados en la Ley de Ingresos de la Federación, que permitieron financiar el
99.9% de su gasto programable (en la previsión original se consideró una cobertura de
100.% y un remanente de 7.5%). Por el monto de sus incrementos respecto de la Ley de
Ingresos de la Federación destacaron Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de
Electricidad (CFE), Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE); y por renglón de ingresos los mayores crecimientos se registraron en
la venta de bienes y servicios y los ingresos diversos.
Respecto de 1995, los ingresos propios de
los organismos y empresas registraron un incremento real de 3.0%, sin considerar las
aportaciones al ISSSTE, que se explica por la favorable evolución que mostraron Pemex,
CFE y Ferronales. No obstante, salvo estas entidades, cuyos ingresos propios aumentaron en
términos reales, en los otros organismos y empresas disminuyeron y en ASA, PIPSA y LFC,
la baja fue incluso en términos nominales, en relación con el año anterior.
Considerando las transferencias del
Gobierno Federal por 24 mil 603.8 millones de pesos, los ingresos ordinarios de los
organismos y empresas ascendieron a 219 mil 329.7 millones de pesos. De este total, un
tercio corresponde a Pemex, una cuarta parte al IMSS y el 18.3% a la Comisión Federal de
Electricidad, para totalizar entre las tres entidades más de las tres cuartas partes del
total y si se incluye al ISSSTE un 85.3%. En relación con lo presupuestado originalmente,
todas las entidades excepto LFC y PIPSA tuvieron ingresos ordinarios mayores, aunque en
relación con el año anterior, en términos reales, sólo aumentaron los de Pemex, LFC y
CPFISC.
III. 4. Gasto público.
El gasto neto devengado en 1996 fue de 583
mil 890.3 millones de pesos, superó a lo previsto en 7.5%, en 4.8% lo registrado en 1995
y mantuvo su proporción en el PIB a un nivel similar al del ejercicio precedente; el
gasto programable ascendió a 403 mil 449.5 millones de pesos, rebasó en 5.7% al
presupuesto y en 5.5% real al de 1995, elevando ligeramente su participación en el
producto a 15.9%; el gasto no programable, 180 mil 440.8 millones de pesos, rebasó la
meta en 11.7% y en 3.2% el ejercido en 1995. El incremento en el gasto total sobre el
presupuesto (40 mil 548.3 millones de pesos), se explica por un aumento de 5.7% en el
gasto programable (53.3% del incremento) y uno de 11.7% en el gasto no programable (46.7%
de la desviación observada).
El gasto programable (69.1% del total), fue
mayor en 5.7% que el presupuestado (5.5% real sobre 1995) y dentro de este crecieron tanto
el gasto corriente (76.6% del programable), como el gasto de capital (23.4% del
programable), el primero 2.1% en términos reales sobre el ejercicio anterior y el segundo
en 18.4% lo cual en su mayor parte se originó en los organismos y empresas sujetos a
control directo, sobre todo por la adquisición de activos financieros y la mayor
inversión física en los sectores Energético, Desarrollo Social y Comunicaciones y
Transportes. Dentro del gasto corriente, en términos reales, sobre 1995 crecieron los
rubros de servicios personales (0.5%), materiales y suministros (9.6%) y presentó una
disminución real de 2.8% el de servicios generales, no obstante su crecimiento nominal de
13.1% sobre el presupuesto.
En la estructura del gasto no programable
el costo financiero de la deuda, que representa el 49.4% de este rubro y el 15.3% del
gasto neto total, creció ligeramente sobre el estimado, 1%, y disminuyó también
ligeramente, 1.4%, en términos reales; las participaciones a estados y municipios (39.3%
del gasto no programable y 12.1% del total devengado), no alcanzó lo estimado, debido a
que los niveles alcanzados por la recaudación participable especialmente el IVA y el
IEPS, dadas las fórmulas correspondientes, significó una disminución sobre el
presupuesto de 2 mil 400.6 millones de pesos, no obstante que el porcentaje de los
ingresos federales del Fondo General de Participaciones aumentó del 18.51% en 1995, al
20% en 1996; los programas de apoyo al Fobaproa, Fopyme y Finape, no previstos en
presupuesto, significaron una erogación de 20 mil 500 millones de pesos, situación ya
analizada.
III.4.1. Gobierno Federal.
Los egresos netos del Gobierno Federal en
1996, fueron de 403 mil 953.2 millones de pesos, de los cuales correspondieron 239 mil
689.7 al gasto programable (59.3% del total) y 164 mil 263.5 millones de pesos al gasto no
programable (40.7% del total). El gasto neto devengado total significó un aumento de 6.6
% sobre el presupuesto y de 3.6% en términos reales; las variaciones correspondientes al
programable fueron de 2.3% y 2.4%, en tanto el gasto no programable creció más, 13.8% y
5.5%, respectivamente.
Dentro del gasto programable, corresponde
el 37.8% al gasto directo (28.1% de administración y 9.7% de capital) y el 62.2% a
ayudas, subsidios y transferencias. El gasto de capital quedó 4.4% abajo del presupuesto
y decreció en términos reales en 0.6%, en tanto las variaciones correspondientes al
gasto directo de administración fueron de 2.7% y 1.3%.
Las ayudas, subsidios y transferencias, por
149 mil 156.4 millones de pesos, se canalizaron en un 62.7% a las entidades del sector
público federal, 33.9% a los apoyos financieros a estados y municipios y 3.9% para ayudas
a los sectores social y privado; de un total de 93 mil 463.1 millones de pesos transferido
a las entidades del sector público, el 27.4% correspondió a las de control presupuestal
directo y los restantes 67 mil 877.9 millones de pesos (72.6% de ese total), a las de
control indirecto.
Las transferencias a los organismos y
empresas de control directo observaron un aumento de 51.8% respecto a lo previsto, debido
a los mayores apoyos concedidos al ISSSTE, IMSS, Conasupo y Caminos y Puentes Federales de
Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). En clasificación económica, dicho aumento se
explica tanto por las transferencias corrientes que registraron una variación positiva de
52.7%, como las de capital que crecieron 48.7%.
Las variaciones más significativas del
gasto programable por ramo administrativo obedecen principalmente a las relativas a
provisiones salariales y económicas, Educación Pública, aportaciones para educación
básica en los estados y para los servicios en el Distrito Federal, Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, Comunicaciones y Transportes, Defensa Nacional, Salud y
Desarrollo Social.
El gasto no programable creció en 13.8%
sobre el presupuesto y 5.5% real en relación al año anterior, debido a un aumento real
de 9.5% en las participaciones a estados y municipios (aunque éstas quedaron 3.3% abajo
del presupuesto por razones ya explicadas), pero sobre todo por los programas de apoyo
financiero, también ya expuestos. Los intereses, comisiones y gastos de la deuda
representaron el 44.4% del gasto no programable y el 18% del gasto total, sobrepasando al
presupuesto y al año anterior en términos reales en 2.5% y 2.3%, respectivamente.
Por lo que respecta al ramo 23, con un
presupuesto de 31 mil 499 millones de pesos, se ejercieron en dicho ramo 6 mil 646
millones de pesos, con una variación negativa de 24 mil 853 millones de pesos (-78,9%);
la variación se explica en la Cuenta Pública por la transferencia de recursos hacia
otros ramos. De acuerdo con lo expuesto en dicho documento, entre los recursos
transferidos destacan: 13, ,649.9 millones de pesos destinados a diversas dependencias y
entidades para cubrir los incrementos salariales autorizados durante el año; 2,274.7
millones de pesos a Conasupo para solventar el aumento del subsidio a la industria
harinera y las mayores compras de maíz; 2 mil 075 millones de pesos al ISSSTE para cubrir
el déficit de la nómina de pensiones; 1,687.4 millones de pesos a Capufe, con objeto de
liquidar las operaciones derivadas de la terminación anticipada del contrato de
concesión de la autopista Tecate-Mexicali; 1,150.7 millones de pesos a la SEP para
rehabilitar espacios educativos y laboratorios, así como para la adquisición de equipo
de cómputo, de oficina, de laboratorio y de transporte; 861 millones de pesos a cubrir el
impacto ocasionado por sequías y huracanes a la población y a la infraestructura de
diversas entidades federativas y 790 millones de pesos a la SRA para el pago de
indemnizaciones a núcleos agrarios por expropiación de tierras. En conjunto, estos
recursos representaron 90.5% del presupuesto original transferido.
Al respecto, el informe previo presenta los
resultados de un análisis global del ramo 23, para el cual consideró la información
presentada en la Cuenta Pública y la que se obtuvo directamente de la SHCP, en su calidad
de dependencia coordinadora de ese ramo y reporta el gasto ejercido de manera directa e
informa que para profundizar en la evaluación del cumplimiento de sus objetivos y metas,
la eficiencia y eficacia con que se ejecutaron los programas de este ramo, así como para
delimitar sobre sus resultados financieros y presupuestales, la Contaduría Mayor de
Hacienda ha programado auditorías específicas con relación a este ramo para efectos del
informe de resultados correspondientes. En el apartado de resultados generales de las
finanzas públicas se estipulan las consideraciones de esta comisión dictaminadora a ese
respecto.
III.4.2. Organismos y empresas.
El gasto neto devengado total de los
organismos y empresas sujetos a control presupuestal directo fue de 211,110.8 millones de
pesos, de los cuales corresponden 194,933.5 millones de pesos (92.3%) al gasto programable
y 16,177.3 millones de pesos (7.7%) se destinaron al costo financiero de la deuda.
Descontando del gasto programable, las erogaciones por cuenta de terceros (0.1% de ese
gasto), el gasto directo de operación fue de 141,620.8 millones de pesos y el de capital
de 51,420.8 millones de pesos, 73.4% y 26.6%, respectivamente, del gasto directo total.
Del gasto directo de operación se ejerció
el 35.2% en servicios personales, 26.1% en materiales y suministros y 38.6% en servicios
generales, en todos los casos con aumentos de alrededor de 9% sobre el presupuesto. El
gasto de capital aumentó significativamente sobre lo estimado originalmente (24%) y tuvo
un aumento real de 30%, debido sobre todo a un aumento considerable en la inversión
financiera (11,159.7 millones de pesos sobre lo previsto), ya que la inversión física
decreció ligeramente en relación a lo presupuestado, aunque aumentó 9.2% en términos
reales sobre el ejercicio anterior; de sus componentes, los capítulos de bienes muebles e
inmuebles con una tasa anual de 65.4% y el de obras públicas que creció en 4.1%, ambos
en términos reales.
Por entidades, las entidades que ejercieron
mayores recursos respecto al presupuesto fueron Pemex, Conasupo, ISSSTE, Ferronales,
Capufe e IMSS. En Pemex el gasto superior al previsto originalmente se debe a aumentos en
las inversiones financieras y en menor proporción en los servicios personales y servicios
generales. En la Conasupo, las erogaciones adicionales se destinaron principalmente a los
capítulos de servicios generales y materiales y suministros.
III.4.3. Inversión pública.
La inversión pública presupuestaria fue
de 77,262.1 millones de pesos, considerando la inversión física directa, lo cual
significó un aumento anual de 10.2% real y 1.9% con relación al presupuesto. El 52.5% de
la inversión fue realizada por el Gobierno Federal y ascendió a 40,579.2 millones de
pesos, considerando 21,537.5 millones de pesos de inversión directa y 19,041.7 de
transferencias de capital a entidades de control presupuestal indirecto. El 47.5% fue
ejercida por el sector paraestatal, por un monto de 36,682.9 millones de pesos.
En la clasificación sectorial, los
programas de desarrollo social (34.4%) y los sectores energético (42.2%) y comunicaciones
y transportes (11.4%) representan el 88% de la inversión pública presupuestal, lo cual
se corresponde con las inversiones realizadas en mayor proporción por las dependencias
responsables de esas acciones, en la clasificación administrativa.
Por lo que se refiere a la inversión del
sector paraestatal de control presupuestal directo, del total de la inversión
correspondió el 64.2% a Pemex y el 21.1% a CFE, siguiéndole en menores proporciones FNM
(4.1% del total), el IMSS (3.4%), LFC (3.2%), Capufe (1.8%), ISSSTE (1.5%) y ASA (0.6%).
La inversión física en el sector
paraestatal presentó un crecimiento anual de 9% a precios constantes. El capítulo de
bienes muebles registró una tasa anual de 65.4%, debido al aumento en las erogaciones por
concepto de equipo de perforación y cómputo, así como por la compra del edificio
administrativo de Pemex-Petroquímica y por la adquisición de dos imnuebles por parte de
la CFE. El capítulo de obras públicas tuvo una tasa anual de crecimiento de 4.1%,
relacionado fundamentalmente con el impulso al desarrollo de infraestructura petrolera,
así como la infraestructura hospitalaria del ISSSTE.
III.5. Deuda pública.
La política de deuda pública para el
ejercicio fiscal de 1996, que se estableció en los Criterios Generales de Política
Económica, tenía como objetivos primordiales obtener recursos crediticios en mejores
términos de contratación y diversificar las fuentes de financiamiento. En la Ley de
Ingresos de la Federación, el Congreso de la Unión fijó un límite para el
endeudamiento neto del Ejecutivo Federal al equivalente en moneda nacional de 5 mil
millones de dólares, que incluía un máximo de endeudamiento interno neto de 22 mil
millones de pesos.
El reducido déficit presupuestal permitió
que la contratación de deuda pública se concentrará en refinanciar las obligaciones
existentes, particularmente las derivadas del apoyo que recibió México en 1995, buscando
reducir el costo financiero de esas obligaciones y ampliando el perfil de sus
vencimientos. En términos de devengado, el endeudamiento interno neto fue de 15,744.7
millones de pesos y se obtuvo un desendeudamiento neto externo de 856.3 millones de
dólares; en el nivel de flujo de efectivo, el endeudamiento neto fue de 21,758.7 millones
de pesos, de los cuales corresponden 16,846.4 millones de pesos al Gobierno Federal y
4,912.3 millones de pesos a los organismos y empresas de control directo; por su origen, 9
mil 863 millones de pesos son internos y 11 mil 895 millones de pesos externos. En todo
caso, el endeudamiento neto resultó inferior al límite establecido en la Ley de Ingresos
de la Federación, el cual fue por el equivalente a 5 mil millones de dólares.
III.5.1. Deuda externa.
En materia de deuda externa, se efectuaron
operaciones de refinanciamiento en condiciones más favorables de plazo y tasas de
interés. Con ello se captaron recursos frescos que se utilizaron para amortizar por
anticipado parte de las obligaciones públicas. Los financiamientos brutos externos del
sector público ascendieron a 34,606.7 millones de dólares, principalmente por la
colocación de bonos públicos, créditos bilaterales, papel comercial y aceptaciones
bancarias, que en conjunto representaron el 86.2% de los créditos externos obtenidos en
el año. De las operaciones realizadas en el año con esos recursos, destacan el prepago
de bonos Brady y la cancelación de la mayor parte de la deuda que el Gobierno Federal
contrató con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, como parte del
Paquete de Apoyo Financiero de 1995. Restando a los financiamientos brutos la
amortización de 35,463.0 millones de dólares, en 1966 el sector público obtuvo un
desendeudamiento neto externo a nivel devengado de 856.3 millones de dólares.
El saldo de la deuda externa bruta del
sector público al 31 de diciembre de 1996 fue de 98,284.5 millones de dólares, inferior
en 2,649.2 millones de dólares al de 1995, debido al desendeudamiento neto mencionado y a
una disminución de 1,792.9 millones de dólares por la apreciación del dólar respecto a
otras divisas. Al descontar del saldo de la deuda externa bruta los activos financieros
que México tiene depositados en el exterior, el saldo disminuye a 89,746.2 millones de
dólares (deuda externa neta), monto inferior en 0.6% al registrado en 1995.
Medido en pesos, al 31 de diciembre de 1996
el saldo de la deuda externa del sector público presupuestario a nivel de devengado fue
de 673,463.6 millones de pesos, de los cuales el 87.7% correspondió al Gobierno Federal y
el 12.3% a los organismos y empresas.
III.5.2. Deuda interna.
En materia de deuda interna se favoreció
la colocación de valores gubemamentales de mediano y largo plazos con menores tasas de
interés. Por lo tanto, al cierre del ejercicio los Bondes fueron el principal instrumento
público en el saldo de la deuda interna y su participación se incrementó en 7.1 puntos
porcentuales respecto al año anterior, mientras que la del Sistema de Ahorro para el
Retiro (SAR) aumentó 4.5 puntos y la de los Cetes 2.1 puntos; en cambio, se redujo la
participación de los bonos ajustables del Gobierno Federal (Ajustabonos) y desaparecieron
los Tesobonos.
Al concluir el ejercicio fiscal de 1996, el
sector público presupuestario registró un endeudamiento neto interno a nivel de
devengado de 15,744.7 millones de pesos, inferior en 28.4% al límite de 22,000.0 millones
de pesos, que fijó en la Ley de Ingresos de la Federación el Congreso de la Unión. El
endeudamiento neto se originó principalmente en el que contrató el Gobierno Federal, ya
que el sector paraestatal obtuvo un desendeudamiento interno. El endeudamiento neto del
sector público presupuestario, junto con los 15,202.9 millones de pesos por concepto de
ajustes por revaluación y asunción de pasivos, incrementaron el saldo de la deuda
interna bruta en 17.2% respecto a 1995, por lo que ascendió a 211, 162.1 millones de
pesos.
Por lo que se refiere al endeudamiento a
nivel de flujo de efectivo, al cierre del ejercicio fiscal de 1996 el sector público
presupuestario presentó un endeudamiento de 21,758.7 millones de pesos, superior en 22.6%
al previsto, del cual corresponden 16,846.4 millones de pesos al endeudamiento del
Gobierno Federal y 4,912.3 millones de pesos a los organismos y empresas.
III.5.3. Deuda consolidada.
Al 31 de diciembre de 1996 el saldo de la
deuda del sector público presupuestario a nivel de devengado fue de 884,625.7 millones de
pesos, superior en 5.1% al de 1995. Del saldo, el 76.1% correspondió a los pasivos
externos y 23.9% a los internos. Con relación a la estructura de 1995, la participación
de la deuda interna aumentó 2.5 puntos porcentuales, debido a que se incremento la
colocación de valores públicos, principalmente de Bondes y de Cetes.
De la deuda externa 673,463.6 millones de
pesos, el 87.7% corresponde al Gobierno Federal y el 12.3% a los organismos y empresas,
siendo las respectivas proporciones de 90.8% y 9.2% en el saldo de la deuda interna, el
cual tiene un importe de 211,162.1 millones de pesos.
III.5.4. Costo financiero de la deuda.
En 1996 el pago de intereses de la deuda
del sector público presupuestario ascendió a 101,372.5 millones de pesos, que aprecios
constantes fue superior en 14.9% a la previsión original e inferior en 9.6% al del año
anterior; su nivel respecto al PIB fue de 4%, frente a 4.6% en 1995. El costo financiero
corresponde en 51.5% al componente externo de la deuda y el 48.5% al componente interno.
Para efectos de resultados generales y descontando los intereses compensados por 12,272.4
millones de pesos, el servicio de la deuda fue por 89,100.1 millones de pesos.
El costo financiero de la deuda del
Gobierno Federal fue de 85,195.2 millones de pesos, rebasó lo programado en 19.8% y fue
inferior al ejercicio precedente en 8.4% real. Su participación en el PIB fue de 3.4%,
inferior en 0.4 puntos porcentuales al nivel de 1995. El 52.8% correspondió al costo
financiero de la deuda externa y el 47.2% al de la interna.
Los intereses de la deuda del sector
paraestatal sumaron 16,177.3 millones de pesos, inferior a la meta en 5.5% y a la cifra de
1995 en 15.2% real. Con relación al PIB, ese monto significó 0.6%, inferior en 0.2
puntos porcentuales respecto al año anterior. El 55.5% del costo correspondió a la deuda
interna y el 44.5% a la deuda externa.
Por usuario de los créditos, el 73.9% del
saldo de la deuda correspondió al sector central y el 26.1% a los organismos y empresas.
Por su origen, el 99.3% de la deuda fue interna y el 0.7% externa.
III.6. Análisis de los estados financieros
consolidados.
Se analizaron los estados financieros
consolidados en su relación con los estados presupuestarios y económicos consolidados.
En el sector central de acuerdo con los principios básicos de contabilidad gubernamental
y las principales políticas contables, no se reexpresa la información financiera,
excepto las responsabilidades que se registran a valor de reposición y las ventas
inventariables que se contabilizan por el monto de realización. En el sector paraestatal
para presentar estados financieros actualizados se utilizan normas de información
financiera de acuerdo con la naturaleza de las diferentes entidades.
De acuerdo con el estado de situación
financiera comparativo del sector público presupuestario, con relación a 1995 el activo
total se incrementó en 21.2%, el pasivo total en 16.5% y la Hacienda Pública Federal se
incrementó a 15,140.2 millones de pesos, después de afectarse los resultados del
ejercicio por variaciones al patrimonio y sujetas a conciliación contable.
De acuerdo con el estado de situación
financiera comparativo de los organismos y empresas de control presupuestal directo, se
observaron los siguientes incrementos respecto al ejercicio de 1995: 14% en el activo
total, 22.9% en el pasivo total y 10.2% en el patrimonio, el cual se valúa en 555,190.8
millones de pesos. En el activo destacan los aumentos en las cuentas y documentos por
cobrar y en los inventarios, así como los activos fijos excepto la maquinaria y equipo
productivo. En el pasivo, los incrementos se presentaron en la deuda externa de corto
plazo y en los impuestos y cuotas por pagar, así como en proveedores, cuentas por pagar y
acreedores diversos.
El estado de resultados de los organismos y
empresas de control presupuestal directo muestra un déficit antes de transferencias de
12,771.6 millones de pesos y después de las transferencias del Gobierno Federal para
gasto corriente por un importe de 31 mil 827 millones de pesos, un resultado del ejercicio
de 19,055.4 millones de pesos.
Respecto al patrimonio de los organismos y
empresas de control presupuestal directo, destacan Pemex, Capufe y el ISSSTE, cuyos
crecimientos se explican por la reexpresión de sus estados financieros con base en las
normas contables y financieras. Es importante comentar que la CFE disminuye su patrimonio
en 39,181.2 millones de pesos, debido a que la Comisión Intersecretarial de Gasto
Financiamiento acordó la cancelación del saldo de la cuenta por cobrar a cargo del
Gobierno Federal contra su patrimonio acumulado.
IV. Análisis de la orientación sectorial
del gasto y los resultados programáticos.
Para el análisis de la orientación
sectorial del gasto se convocó a los servidores públicos responsables de la operación y
ejecución del mismo en las dependencias y entidades relacionadas con las acciones de cada
sector, así como a los miembros de las comisiones legislativas correspondientes. Durante
las reuniones los funcionarios del Ejecutivo Federal aportaron información complementaria
a la de la Cuenta Pública y los legisladores de esta Cámara de Diputados aportaron
opiniones, realizaron comentarios e hicieron preguntas respecto a cuestiones generales,
programáticas, presupuestarias, de ejercicio del gasto y de cumplimiento de los objetivos
y metas contenidos en los programas autorizados.
El gasto programable en clasificación
sectorial ejercido durante 1996 fue de 397,214.7 millones de pesos, con un crecimiento
real de 5.4% respecto a 1995 y 5.6% superior al presupuesto, equivalentes a 21,168.1
millones de pesos, financiado con los ingresos ordinarios excedentes del ejercicio. Del
total del gasto programable sectorial el 51.6% correspondió a los sectores de desarrollo
social, destacando el subsector de educación (23.3% del total), así como el de salud y
seguridad social (20.5% del total), 25.3% al sector energético, 7.6% al sector de
desarrollo agropecuario y recursos naturales y 6% al sector de comunicaciones y
transportes entre los que ejercieron mayor gasto; así como 5.1% al sector gobierno,
seguridad nacional y administración de justicia; 4% al sector administración y servicios
y 0.3% al sector medio ambiente.
Se observó un mayor gasto sobre el
presupuesto en el sector energético (17,537.2 millones de pesos, 21.1%); en el sector
comunicaciones y transportes (5,520 millones de pesos, 30.1%); en el sector desarrollo
social (3,876.1 millones de pesos, 1.9%); en el sector gobierno, seguridad nacional y
administración de justicia (2,384.4 millones de pesos, 13.2%). En tanto, ejercieron
montos inferiores a los presupuestados los sectores de medio ambiente (-4,367.9 millones
de pesos, 77%); Desarrollo Agropecuario y Recursos Naturales (-1,896.9 millones de pesos,
5.9%); y administración y servicios (-1,884.8 millones de pesos, 10.7%); dentro de los
subsectores de desarrollo social destaca una disminución del sector laboral por 1,119.7
millones de pesos, que representó el 55% de su presupuesto, debido a las transferencias
de estos recursos a estados y municipios para el mismo fin. Algunas de estas variaciones
se deben a reclasificaciones sectoriales.
El gasto programable sectorial se ejerció
directamente por las dependencias del Gobierno Federal en un 19.1% (76,046.5 millones de
pesos); por los organismos y empresas de control presupuestal directo por un monto de 194
mil 209 millones de pesos equivalente al 48.9% del total; y el 32% restante que representa
126,959.2 millones de pesos fue ejercido por los organismos, empresas fondos y
fideicomisos subsidiados (de control indirecto) y se refiere a ayudas, subsidios y
transferencias del Gobierno Federal y distribución de los ramos generales, destacando
dentro de éstos los correspondientes al subsector Educación, el sector agropecuario y
recursos naturales y el subsector desarrollo regional y urbano.
Entre los sectores y dentro de éstos entre
las dependencias, organismos y empresas de control directo y los de control indirecto, se
realizaron transferencias o reasignaciones por 17,475.1 millones de pesos, en relación al
presupuesto, erogados de menos en algunos de ellos, los cuales adicionados a los ingresos
excedentes permitieron sufragar los 38,643.2 millones de pesos ejercidos de más en los
otros.
Si se considera la generalidad e
insuficiencia de la información disponible para analizar esas transferencias o
reasignaciones, será necesario analizar con más detalle las transferencias reportadas,
en las que influye en forma importante el ejercicio del ramo 23, considerando los
conceptos presupuestados que aparecen como no ejercidos en dicho ramo, que se enuncian
para cada uno de los sectores en el siguiente análisis.
Para el análisis
programático-presupuestario del gasto, esta comisión se apoyó en los capítulos
correspondientes del informe previo. Cabe señalar que en el informe previo se presentan
señalamientos en el sentido de que los comentarios que presentaron diversas dependencias
y sus entidades coordinadas en la Cuenta Pública de 1996 respecto a las variaciones
programático-presupuestales de los programas evaluados, son insuficientes para explicar
sus causas; por consiguiente, no observaron los lineamientos establecidos en el catálogo
de formatos e instructivos que emitió la SHCP para integrar la Cuenta Pública.
IV.1. Sector desarrollo agropecuario y
recursos naturales.
Los objetivos establecidos en el Plan
Nacional de Desarrollo y el Presupuesto de Egresos de la Federación 1996, fueron
incrementar la productividad del campo, aumentar el ingreso de los productores, mejorar
los niveles de rentabilidad y competitividad de las actividades agropecuarias y contribuir
al fortalecimiento de la balanza comercial del país.
En cumplimiento a ello y con el propósito
de garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y promover la
capitalización de las actividades agropecuarias, se pretendió concluir el proceso de
regularización de la propiedad de la tierra y de titulación de predios. Todos estos
objetivos enmarcarían las acciones para alcanzar lo relativo a elevar el bienestar de la
población rural.
El sector desarrollo agropecuario y
recursos naturales ejerció un gasto de 30,315.4 millones de pesos, inferior en 5.9% al
presupuesto; el subejercicio se explica por la disminución del gasto de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (-25.6%) y los organismos, empresas, fondos y
fideicomisos del sector por 2,597.2 millones de pesos, el 11.7% de su presupuesto. Las
secretarías de Reforma Agraria y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca rebasaron su
presupuesto en 35.6% y 18.9% respectivamente, así como, la Conasupo, que ejerció un
18.2% sobre su asignación original y la Comisión Nacional del Agua en 17.9%.
Destaca el hecho de que del monto ejercido
por el sector, sólo el 15% fue a cargo del sector central (Gobierno Federal) y el resto
de organismos en presupuesto como la Conasupo y otras empresas, fideicomisos o fondos, con
ayudas y transferencias.
Otro aspecto relevante del ejercicio
presupuestal es que en materia de comercialización, vía Conasupo y Aserca se destinaron
el 45% del total de los recursos ejercidos, es decir, 13,763.2 millones de pesos, los que
aparentemente corresponden a subsidios. Aserca ejerció 7,650.8 millones de pesos, de los
cuales 6 mil 800 se asignaron a los productores agrícolas a través del Procampo; 642.5
se destinaron a apoyar la comercialización de granos, 26.8 al programa emergente de
sequías y los restantes 181.5 millones para sufragar los gastos de operación de calidad.
La Conasupo ejerció 6,112.4 millones, de los cuales 5,192.2 se dirigieron a la
comercialización de maíz, a apoyar a la industria molinera y a la Diconsa para el abasto
rural; los restantes 920.2 millones se utilizaron para cubrir los gastos de operación y
la ampliación de la infraestructura del organismo.
Debido a condiciones climáticas adversas
que impidieron una mayor siembra, los recursos del Procampo, que ascendieron a 6 mil 800
millones de pesos se redujo en términos reales y aunque el subsidio por hectárea
aumentó, las superficies apoyadas de maíz, frijol y trigo disminuyeron.
La estrategia en materia de
comercialización pretendió lograr que: 1) el agricultor obtuviera una mayor proporción
del precio final de sus productos; 2) un entorno de mayor certidumbre para las decisiones
de producción e inversión y, 3) la corrección de distorsiones en la formación de los
precios. Es decir, se persiguió la liberación de precios, impulsar mercados regionales y
esquemas de comercialización basados en la relación directa productores-consumidores. La
Conasupo conservó su carácter de comprador-almacenador de última instancia, aplicó
"precios soporte" y concentró sus canales de venta a la industria molinera y
Diconsa, para favorecer el consumo humano de maíz. No obstante, a pesar de las
estrategias se tuvieron que importar 1 millón 226 mil 900 toneladas de este producto.
Los programas de fomento pecuario
obtuvieron resultados favorables según la información proporcionada con metas mayores a
las previstas; sin embargo, no alcanzaron a contrarrestar los efectos desfavorables de las
condiciones climáticas presentadas desde un año antes y la caída de la demanda en
productos cárnicos, cuya producción en bovino y porcino disminuyó en 3.2% respecto a
1995, en contraste a la producción de leche que sí se incrementó en 2%. La
capitalización del campo se entiende en dos ámbitos: uno relacionado a la
tecnificación, reconversión de cultivos, repoblación y mejoramiento de hatos y
asimilación de tecnologías generales o específicas y el otro, relativo a la política
financiera que buscaría restablecer los flujos crediticios y resolver el problema de la
cartera vencida.
En el primer ámbito destaca la estrategia
de inversión hidroagrícola por parte de la Comisión Nacional del Agua en materia de
construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de áreas de riego; las metas
alcanzadas (58 mil 734 hectáreas) son mayores a las originales (44 mil 804 hectáreas) en
el caso de la incorporación de áreas de riego a la producción.
En contraste, no se observa la misma
atención a las áreas de temporal, ya que se habilitaron 19 mil 365 hectáreas, 18.7% por
abajo de lo programado y de las alcanzadas el 63.5% se relacionan con la ejecución del
Plan Chiapas.
Las acciones en materia agraria se
orientaron a dar solución definitiva al rezago agrario; ordenar y regularizar la tenencia
de la tierra en todas las formas de propiedad y fortalecer la propiedad social a través
de la promoción de formas asociativas.
De las metas alcanzadas destaca la
superficie atendida con 155 resoluciones presidenciales ejecutadas (301 mil 297
hectáreas) en beneficio de 11 mil 850 campesinos. Ello significó un 67% más de la meta
original, pero también destaca, aunque en sentido negativo, que en materia de
investigación, deslinde y declaración de terrenos nacionales, sólo se alcanzó un
tercio de la meta (133 mil 873 hectáreas, contra 400 mil originales) y el caso de la
regularización de asentamientos humanos en terrenos ejidales y comunales, aspecto en el
que se escrituraron 118 mil 561 lotes (57% de la meta) por expropiaciones no realizadas
debido a la falta de oportunidad en la publicación de los decretos correspondientes.
En el caso de organización,
capitalización y desarrollo agrario con acciones tendientes a impulsar nuevas
posibilidades de asociación de los productores, también se observan deficiencias en el
alcance de metas, si bien en este caso puede obedecer a razones que no atañen a la
dependencia, sino a la falta de interés de los potenciales beneficiarios.1
En el ámbito forestal y manejo de suelos
la Semarnap centró sus acciones en los aspectos jurídico-normativos que estimulan el
aprovechamiento integral por un lado y por otro, la protección y conservación de suelos
en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, áreas laguneras y zonas afectadas por otras
actividades como la minería o la infraestructura de comunicaciones.
En suma, en el aspecto de recursos
forestales y manejo del suelo, esta dependencia es estrictamente normativa y aunque,
según lo informa el propio documento, su actividad ha influido en la reactivación de la
producción forestal maderable, creció 8.2%, el alcance de metas en fomento forestal en
materia de reforestación de áreas (44%), recolección de semillas (37.8%) y producción
de plantas en viveros (60.9%) resulta ser bajo.
En materia de pesca el marco de acción ha
sido la administración de pesquerías bajo el concepto de desarrollo sustentable; la
reactivación de la flota pesquera; el mejoramiento de los procesos de industrialización,
y el estímulo al consumo de productos pesqueros.
Los principales resultados de la actividad
pesquera muestran una evolución favorable, tanto en producción, industrialización,
saldo de la balanza comercial y en el consumo nacional aparente. El aumento de la
producción pesquera obedeció a los incrementos registrados tanto en captura como en la
acuacultura, aunque los resultados pueden haber sido favorecidos por las acciones de
regulación y normalización desarrollados por la dependencia para racionalizar la
explotación e inducir el aprovechamiento sustentable; sin embargo, no se establecen metas
de resultados del sector debido a que las acciones se orientan al fomento y regulación,
el resto lo realizan los sectores social y privado, por lo cual se complica el análisis
al no tener un marco de referencia.
Otro aspecto destacable es que en el
Programa de Modernización de la Flota Pesquera con recursos crediticios de FIRA-Fopesca
se han modernizado 195 embarcaciones, el 15% de la meta para el periodo 1996-2000; se ha
apoyado la organización en cooperativas, y se han alcanzado las investigaciones previstas
sobre el potencial de diversas pesquerías.
En materia de ejercicio del gasto y alcance
de metas, salvo en el subsector pesca, las entidades con mayores observaciones son las
sectoriales en Semarnap, además que no se apegan a los formatos establecidos para
explicación de variaciones programáticas y presupuestales según lo observó la
Contaduría Mayor de Hacienda,2 por lo que se recomienda al Ejecutivo reforzar el apoyo a
esta dependencia y se solicita a la Contaduría Mayor de Hacienda seguir más de cerca la
actuación de este sector.
IV.2 Medio ambiente.
El sector de medio ambiente ejerció un
gasto de sólo 1,303.3 millones de pesos, muy inferior a su presupuesto de 5,671.2
millones de pesos; el gasto se distribuyó de la siguiente manera: el Gobierno Federal
aplicó el 23.7% (del que destinó 1.5% a gasto corriente y 98.4% a gasto de capital), y
organismos, empresas, fondos y fideicomisos subsidiados ejercieron el restante 76.3% (del
que asignaron 68% a gasto corriente y 31.9% a gasto de capital).
Fue inquietud generalizada de la
diputación asistente a la reunión de la Cuenta Pública del Sector el subejercicio del
77% respecto a lo originalmente presupuestado. Tal variación en el gasto se explica de
manera sucinta por la reducción de los gastos de Semarnap, que presenta a su vez un
subejercicio del 73.3% ocasionado por las transferencias hechas a la Comisión Nacional
del Agua, además de reasignaciones y reclasificaciones.
Los funcionarios de la dependencia hicieron
referencia a un problema de agregación y acomodo de cifras y aunque se tuvo la
consideración de enviar respuestas por escrito para ampliar la información y disipar las
dudas al respecto, el subejercicio debe ser estudiado en detalle por parte de la CMH.
De los 29 programas realizados por el
sector en 1996, el informe previo seleccionó seis de los cuales esta comisión toma para
su análisis dos; el programa EA "Desarrollo de Areas de Riego" a cargo de la
Comisión Nacional del Agua (CNA) y el 3Z "Regulación y Preservación
Ecológica", a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa), el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la CNA.
Respecto al primer programa el gasto
superó en 6.8% al asignado originalmente (2,034.3 millones de pesos de gasto ejercido),
pues hubo ampliaciones presupuestales que autorizó la SHCP para ejecutar las obras que se
incorporaron en el programa modificado de la CNA. El informe previo toma para su estudio
los subprogramas 03 "Rehabilitación" y 04 "Conservación y Mantenimiento
de las Areas de Riego. El subprograma 03 ejerció un presupuesto de 393.9 millones de
pesos, superando en más de 1000% las metas originales (439 mil 455 hectáreas. finalmente
favorecidas) excediéndose en su gasto 4.5%, realizando también 75 obras con un
presupuesto de 91.2 millones de pesos superior en 1.6% al original y superando las metas
en 23%. El subprograma 04 realizó trabajos de conservación y mantenimiento en 4,494.7
miles de hectáreas agrícolas, superficie mayor en 40.5% que la programada con un gasto
de 666.4 millones de pesos, superior en 27.3% a lo presupuestado. No se presentan cuadros
en el informe previo en referencia a este subprograma.
En relación al segundo programa, el
informe previo seleccionó el subprograma 02, en el que se registra un subejercicio del
31.2%. La meta 05 sólo gastó 3.9 millones de pesos (23.5% menos de lo programado); en
ella se efectuaron los 24 programas que estaban proyectados. La meta 06 presenta un
sobreejercicio de 360.3% respecto del original presupuestado (se gastaron 35.9 millones de
pesos) pero se cumplieron todas las metas programadas. Las metas 23, 24, 25 y 26 se
cancelaron por falta de financiamiento.
Para que la Cámara de Diputados pueda
llevar un seguimiento pormenorizado del gasto en inversión se recomienda la conformación
de un equipo u órgano consultivo que pueda evaluar los estudios técnico-científicos que
justifiquen la pertinencia y viabilidad de las obras, y proponga en su caso alternativas
que redunden en economías reales. El gasto en inversión que en general presenta montos
cuantiosos, no garantiza por sí mismo la solución de los problemas. Se recomienda que
para ejercicios posteriores, la revisión de la cuenta integre aspectos de análisis
técnico-cualitativo.
Debe quedar asentado que existe la
necesidad de efectuar una evaluación integral sobre la problemática ambiental en
general; la agenda y los alcances de su realización quedan pendientes de definición.
IV.3. Desarrollo social
El gasto programable en este sector superó
al presupuesto en 1.9%, al alcanzar 205,038.9 millones de pesos, 3,876.1 millones de pesos
más que los 201,162.8 millones de pesos estimados originalmente, lo cual representó un
aumento en términos reales de 2.3%. En este sector, las mayores proporciones del gasto
corresponden a los subsectores Educación (45.2% del total); Salud y Seguridad Social
(39.7%); en menor medida a Desarrollo Regional y Urbano (10.1%) y Abasto Social y
Nutrición (4.6%), y por último al subsector laboral (0.4% del ejercicio del sector).
IV.3.1. Educación
El gasto en Educación durante 1996 fue de
92,655.9 millones de pesos, lo cual representa un aumento de 2.9% sobre el presupuesto y
de 3.3% en términos reales sobre el ejercicio anterior. Tanto el gasto directo del
Gobierno Federal como los apoyos, subsidios y transferencias a las instituciones de los
diversos niveles de educación contribuyeron a este aumento, presentando la Cuenta
Pública sólo una disminución importante en el rubro de otros por 8 mil 107 millones de
pesos en relación a su presupuesto de 15,438.7 millones de pesos (-52.5%) que se
explicaría, entre otros rubros menos importantes, por la forma de aplicación de las
provisiones salariales y económicas (ramo 23) sectorizadas en el presupuesto por 4,316.6
millones de pesos y del modelo de educación superior por 4,121.9 millones de pesos, que
aparecen como presupuesto original sin que se identifique con claridad su forma de
ejercicio.
En este subsector quedan registradas las
aportaciones para educación básica en los estados y para los servicios en el D.F. (ramo
25), las cuales fueron presupuestadas en 40,783.2 millones de pesos y se ejercieron
45,706.5 millones de pesos, 12.1% más, con un incremento de 3.9% en términos reales
sobre el ejercicio anterior. Respecto a este último aspecto, en el seno de la comisión
se manifestó la preocupación para lograr, junto a una efectiva descentralización, un
mejor control y fiscalización de los recursos federalizados, transferidos y estatales. El
informe previo señala que en el presupuesto de 1996 de la SEP no quedaron establecidas
las metas de atención de alumnos que los gobiernos estatales deberían cumplir con los
recursos federales que esa dependencia les transfirió para dicho efecto, lo cual impidió
el análisis del cumplimiento de metas y de la aplicación de los recursos presupuestales
correspondientes.
En congruencia con las prioridades
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y el Programa de Desarrollo
Educativo (PDE) para el mismo periodo, en el presupuesto de 1996 se fijaron los objetivos
siguientes: extender los beneficios de la educación preescolar, especialmente en el
ámbito rural; garantizar la educación primaria y secundaria a todos los que la
demandarán; reducir los índices de deserción y reprobación en estos niveles; apoyar el
arraigo de los docentes en las zonas rurales e indígenas; aumentar el número de becas
para niños y adolescentes de bajos ingresos; fortalecer el vínculo de la actividad
académica con la demanda de profesionales en el sector productivo; apoyar los programas
de orientación vocacional y de seguimiento de egresados de educación media superior,
superior y posgrado, e impulsar el conocimiento y aprecio de la historia, la cultura y las
costumbres de México.
En el ciclo escolar 1996-1997 -que es el
reportado en el informe previo- el sistema educativo nacional atendió a un total de 30
millones 929,296 alumnos, 1.7% más que en el ciclo anterior y de los cuales 87.3%
corresponden al sistema escolarizado y el restante 12.7% al sistema extraescolar. En el
nivel básico del sistema escolarizado, se atendió a 22 millones 826,600 alumnos en
educación básica (1.5% más que el año anterior), de los cuales corresponden 3 millones
302,300 a educación preescolar; 14,657,100 a educación primaria, y 4 millones 867,200 a
educación secundaria.
De los 19 programas sustantivos del sector
Educación, la Contaduría Mayor de Hacienda seleccionó cuatro para análisis para
efectos del informe previo: DH, apoyo a la educación; DA, Educación Básica; DB,
Educación Media Superior, y DD, Educación Superior, con el señalamiento en el informe
previo de que los comentarios que presentaron la SEP y sus entidades coordinadas en la
Cuenta Pública de 1996 respecto a las variaciones programático-presupuestales de estos
programas, son insuficientes para explicar sus causas; por consiguiente, no observaron los
lineamientos establecidos en el catálogo de formatos e instructivos que emitió la SHCP
para integrar la Cuenta Pública.
En vista de lo anterior la evaluación
preliminar realizada en el informe previo significó una cobertura presupuestaria del
31.3% de los recursos ejercidos en el sector educación.
En el Programa de Apoyo a la Educación el
gasto fue superior en 14.3% al presupuestado y alcanzó 48 mil 268 millones de pesos, de
los cuales el 96.7% corresponde al ramo 25 apoyo para la educación básica en los estados
y para los servicios en el Distrito Federal y del 3.3% restante se evaluaron cinco de seis
programas bajo responsabilidad directa de la SEP. El aumento en el gasto del programa se
debe a que se contrató personal para proporcionar el servicio en las comunidades rurales
e indígenas del país, se otorgaron estímulos y compensaciones a los profesores que se
incorporaron al "Programa Carrera Magisterial", se incrementó el número de
becas y aumentaron los precios de algunos materiales e insumos de importación.
En los subprogramas seleccionados, con un
gasto de 1,513.7 millones de pesos, en general se superaron las metas previstas, relativas
al otorgamiento de becas, orientación vocacional, diseño y desarrollo de material
didáctico y destaca la producción de 156.9 millones de ejemplares de libros de texto
gratuitos, lo cual significó una erogación de 910.8 millones de pesos.
Respecto al ramo 25, el informe previo
indica que la información sobre la atención de alumnos fue obtenida de la estadística
básica del Sistema Educativo Nacional que elaboró la SEP con base en las cifras que le
remitieron los gobiernos estatales. Con esos recursos, se atendió a 23 mil 728 alumnos en
educación inicial, población similar a la del ciclo anterior; 2 mil 028,604 alumnos en
preescolar, 1.4% más que en el ciclo escolar 1995-1996; 9 millones 392,761 alumnos en
primaria, población similar a la del ciclo anterior; 2 millones 858,925 alumnos en
secundaria, 2.3% más que en el ciclo precedente; y 37,333 alumnos en educación normal,
4.3% más que en el ciclo anterior, para una población escolar total de 14 millones
341,351 alumnos.
En el Programa de Educación Básica, con
un gasto de 8,212.9 millones de pesos, se ejercieron recursos superiores en 9.1% a los
presupuestados, debido a que se cubrieron los incrementos salariales autorizados en abril
y mayo, se crearon plazas para atender la demanda de educación preescolar y secundaria,
se pagaron estímulos a los docentes que se incorporaron al "Programa Carrera
Magisterial" y se efectuaron gastos adicionales por concepto de arrendamientos,
energía eléctrica y servicio telefónico. En los diferentes subprogramas, que cubren de
la educación preescolar a la secundaria y de los cuales se evaluó el 95.4% del gasto, se
cumplieron parcialmente las metas, sobre todo debido a la deserción escolar,
especialmente en el medio rural.
En el Programa de Educación Media Superior
se ejercieron recursos por un total de 7,990.2 millones de pesos, superiores en 21.6% a
los presupuestados, debido a que se otorgaron estímulos a los profesores que participaron
en los programas "Superación del Personal Académico" y "Carrera Docente
del Personal Académico", se contrató personal y se adquirió equipo didáctico para
talleres y laboratorios. Los subprogramas correspondientes, de educación media superior
general, universitaria y tecnológica, cumplieron o superaron las metas.
En el Programa de Educación Superior el
gasto fue superior en 17.8% al previsto, para un total de 11,704.4 millones de pesos,
debido a que se contrató personal y se adquirió mobiliario y equipo para la operación
de nuevos centros educativos y se canalizaron recursos a la UNAM, la UAM, la IEMSS y la
UPN para la rehabilitación, conservación y mantenimiento de sus instalaciones. En
general, las metas previstas en los subprogramas de educación superior, que cubren la de
carácter general, universitaria y tecnológica, fueron alcanzadas.
No obstante los logros alcanzados, es
necesario reconocer que la educación pública presenta rezagos; los indicadores de
eficiencia presentados en los anexos a la Cuenta Pública muestran que siguen siendo
elevados los niveles de reprobación (8.1% en la primaria y 23.5% en la secundaria) y
apenas se ha elevado la eficiencia terminal (69.1% en la primaria y 79.3% en la
secundaria).
IV.3.2. Salud y seguridad social
El gasto del subsector salud y seguridad
social en el ejercicio de 1996 alcanzó un total de 81,350.1 millones de pesos,
ligeramente inferior al presupuesto (-0.4%) y al ejercicio anterior en términos reales
(-1.7%. Los aumentos en términos presupuestarios en el gasto directo de la Secretaría de
Salud (11.5%), el ISSSTE (14%) y el IMSS (3.3%) se corresponden con ligeros aumentos en
términos reales de la SSA (1.7%) y más significativo del primer instituto (9.1%), pero
no así en el caso del IMSS cuyo gasto decreció 5.8% en términos reales sobre el
ejercido en 1995.
En el renglón de organismos, empresas,
fondos y fideicomisos subsidiados se registra una importante disminución de 4 mil 782
millones de pesos sobre el presupuesto, determinada fundamentalmente por la disminución
de 4,670.1 millones de pesos en el rubro de otros, de los cuales corresponden 1,418.1
millones de pesos a las provisiones salariales en este subsector; 2mil millones de pesos
al apoyo a la reserva técnica del ISSSTE, y 1500 millones de pesos del programa de apoyo
a la asistencia social, que aparecen como presupuestados, pero cuyo ejercicio no se
identifica con claridad.
De acuerdo con las prioridades establecidas
en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y el Programa de Reforma del Sector Salud
(PRSS) para el mismo periodo, en el presupuesto de 1996 se fijaron los objetivos
siguientes: mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población, sobre todo de
los grupos más vulnerables; garantizar la cobertura de atención a la población que no
contará con servicios básicos de salud; extender la cobertura de las instituciones de
seguridad social a la población ocupada, aunque formalmente no fuese asalariada; y
consolidar el proceso de descentralización de los servicios de salud a la población
abierta.
En 1996 las instituciones del sector
proporcionaron servicios médicos a 74,472.7 miles de personas, 4.1% más que en 1995,
debido principalmente a que, conforme al Programa de Ampliación de Cobertura (PAC), que
tiene como eje central el Paquete Básico de Servicios de Salud (Pabss) la SSA y el
IMSS-Solidaridad emplearon brigadas móviles para proporcionar atención
médico-asistencial a la población rural e indígena de los municipios marginados de los
estados más atrasados del país y el ISSSTE y el IMSS ampliaron y remodelaron diferentes
unidades médicas, con lo cual aumentó su capacidad física en camas, consultorios de
especialidades, salas de cirugía, expulsión y radiología.
Lo anterior, aunado a otras acciones
institucionales, contribuyó para que, con relación a 1995, aumentara la esperanza de
vida al nacer, se redujera la incidencia de las principales enfermedades transmisibles y
se mantuviera el índice de mortalidad general, aunque aumentó la tasa de mortalidad
materna.
Se formalizó el Acuerdo Nacional para la
Descentralización de los Servicios de Salud, mediante el cual el Gobierno Federal, el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la SSA y los gobiernos de las 31 entidades
federativas y el Distrito Federal, se comprometieron a asumir las responsabilidades de
manejar y operar directamente los servicios de salud en el ámbito de su competencia,
participar en la definición y aplicación de la política general de salud y administrar
los recursos financieros conforme a las necesidades de los servicios y prioridades
locales, en el marco de la Ley General de Salud.
De los 17 programas sustantivos del sector
Salud y Seguridad Social, la Contaduría Mayor de Hacienda seleccionó tres para efectos
de análisis para el informe previo: DK, Atención Curativa; DJ, atención preventiva; y
DO, prestaciones económicas; los cuales fueron evaluados en forma preliminar para efectos
del informe previo y en su conjunto representan el 73.8% del gasto del sector, con el
señalamiento en el informe previo de que los comentarios que presentaron la SSA y sus
entidades coordinadas en la Cuenta Pública de 1996, respecto a las variaciones
programático-presupuestales de estos programas, son insuficientes para explicar sus
causas; por consiguiente, no observaron los lineamientos establecidos en el catálogo de
formatos e instructivos que emitió la SHCP para integrar la Cuenta Pública.
En el Programa de Atención Curativa, a
cargo de la SSA y sus entidades coordinadas, el ISSSTE, el IMSS y el IMSS-Solidaridad, se
erogaron 34,693.3 millones de pesos, gasto que fue 9.8% superior al presupuestado, como
resultado de la creación de plazas, el aumento de medicamentos e instrumental y los
mayores costos por concepto de servicios. De los seis subprogramas correspondientes, se
seleccionaron cinco que en conjunto representan el 99.4% de la variación registrada en el
programa; correspondientes a los servicios de consulta externa general; consulta externa
especializada; hospitalización general; hospitalización especializada y atención de
urgencias, emergencias y desastres; en cuatro de ellos se cumplieron parcialmente las
metas y sólo en el de hospitalización especializada se superó la meta de atención, al
igual que en los otros subprogramas con un gasto superior al previsto.
En el Programa de Atención Preventiva, a
cargo de la SSA y sus entidades coordinadas, el ISSSTE, el IMSS y el IMSS-Solidaridad, se
ejercieron 3,280.9 millones de pesos, una erogación superior en 17.5% a lo previsto,
porque se crearon plazas y aumentaron los precios de algunos insumos médicos y de
laboratorio. En los subprogramas seleccionados (seis de los siete correspondientes al
programa) se obtuvieron resultados superiores a los programados, debido a que se
incorporaron brigadas móviles adicionales para intensificar las acciones de vacunación,
control de enfermedades transmisibles, detección oportuna de enfermedades, planificación
familiar, orientación para la salud y atención materno-infantil, las cuales constituyen
el programa.
En el Programa de Prestaciones Económicas,
a cargo del ISSSTE y el IMSS, se ejerció un gasto de 25 mil 207 millones de pesos,
inferior en 1.3% al previsto, debido principalmente a que se suspendió el pago de
pensiones a las personas que no cumplieron los requisitos establecidos en la Ley del
Seguro Social y se implantaron medidas administrativas encaminadas a reducir los pagos
indebidos a subsidios y ayudas.
En la Cuenta Pública de 1996, se hace
mención a los cambios del perfil epidemiológico en México, hacia los padecimientos
crónicodegenerativos que han ganado proporción respecto de las enfermedades
transmisibles. En la atención preventiva a enfermedades transmisibles las acciones y
consultas de la Secretaría de Salud son mayores que las realizadas por el IMSS y el
ISSSTE; la situación inversa ocurre en cuanto a la detección de padecimientos
crónico-degenerativos.
Se percibió un alto gasto asignado a
clasificaciones presupuestales administrativas como el programa AA, que incorporan gastos
sustantivos. Ello se debe, entre otras causas, a que en esos programas se incluye el
Programa de Ampliación de Cobertura (PAC). A este respecto, en la Cuenta Pública de 1996
se hacen reiteradas referencias a dicho programa, cuyo eje de operación es el Paquete
Básico de Servicios de Salud-(Pabss.) Se observó que en el PAC la gran mayoría de las
metas de atención a la población no se alcanzaron.
La SSA reportó un gasto directo mayor a lo
proyectado inicialmente en 11.5% y en 1.7% real con respecto al ejercicio precedente, en
lo cual sobresale el incremento de 34.1% real y 55.7% sobre lo programado del capítulo de
bienes muebles e inmuebles, debido a la importancia conferida al mantenimiento correctivo
y preventivo, así como al equipamiento de los centros de salud y hospitalarios. Dentro de
la inversión en obras públicas, que presentó un incremento en términos reales de
56.8%, se señala que se distinguen los avances logrados en la construcción del Centro
Médico de Rehabilitación, programada dentro del convenio celebrado con el gobierno de
Argentina. Sin embargo, en la construcción de dicho centro sólo se registra un avance
físico del 18.7%; el monto aplicado en 1996 fue de 213.9 millones de pesos.
Respecto a las instituciones de seguridad
social, el gasto real disminuyó en 5.8% en relación al ejercicio precedente,
disminución originada en la contracción del pago de pensiones y otras prestaciones a que
dio lugar la reducción generada de los salarios reales que constituyen la base para la
determinación de dichos pagos. Asimismo, el hecho de que la inversión en obras públicas
haya mostrado una caída real del 25.9%, como resultado del diferimiento de diversos
proyectos de construcción de unidades médicas, dada la prioridad conferida a las obras
en proceso y debido, sobre todo, al deterioro de los ingresos del instituto. En lo que se
refiere al ISSSTE, las principales preocupaciones manifestadas fueron respecto a los
reducidos montos de las pensiones y a las posibilidades del instituto para pagarlas o
incrementarlas.
IV.3.3 Laboral
Este subsector presenta un importante
subejercicio de su presupuesto, el gasto total ejercido fue de 898.4 millones de pesos,
cantidad inferior en 1,119.7 millones de pesos al presupuesto original (55.5%). La
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, absorbió el 87.7% del gasto (del que dedicó
64.2% a gasto corriente y 35.6% a gasto de capital); los organismos, empresas, fondos y
fideicomisos subsidiados representaron por su parte el 12.3% del gasto (71.5% se asignó a
gasto corriente y 28.5% a gasto de capital).
La disminución en el gasto ejercido como
en otros sectores se deriva de reasignaciones y reclasificaciones sectoriales, cuyo
ejercicio no es claramente identificable. El informe previo de la Contaduría Mayor de
Hacienda no seleccionó programas de este subsector para su análisis, lo que limitó el
análisis.
IV.3.4 Desarrollo regional y urbano
En sus diferentes renglones, el gasto en el
subsector de desarrollo regional y urbano presentó incrementos sobre el presupuesto y en
términos reales sobre el ejercicio anterior, incluyendo el rubro de superación de la
pobreza, al considerar tanto el gasto directo como la sectorización del ramo 26
correspondiente y la participación de la Comisión Nacional del Agua en el ámbito de
captación, conducción y potabilización del agua. El total del gasto considerado la
Sedesol, Superación de la Pobreza, CNA y otros, ascendió a 208 mil 049 millones de pesos
10.2% mayor al original, con un crecimiento de 6.7% en términos reales respecto al año
anterior.
En este subsector se observan variaciones
muy elevadas por el manejo discrecional del presupuesto que se hizo entre el ramo 20
desarrollo social y el ramo 26 superación de la pobreza, de tal manera que la Sedesol
presentó un gasto superior al 100.2% por "elemento de la inversión destinada al
desarrollo de la infraestructura urbana 3 y la disposición de ampliaciones
presupuestales, provenientes del ramo 26, por la ejecución de proyectos orientados a la
superación de la pobreza. Mientras que el propio ramo de superación de la pobreza
realizó un subejercicio de 6.9% 4.
Del lado de la CNA también se observa un
sobreejercicio de 209.9% debido a readecuaciones entre los programas que maneja en tres
sectores, dada la clasificación sectorial presentada por la SHCP y ampliaciones
presupuestales tanto para gasto corriente como de capital.
El objetivo del sector es el combate a la
pobreza y el fortalecimiento al desarrollo regional y urbano. Para ello durante 1996 la
estrategia utilizada se concentró en tres aspectos: avanzar en la descentralización;
fortalecer mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno y de
concertación con el sector social y mejorar la eficiencia operativa en la asignación y
manejo del gasto público.
Por primera vez la distribución de los
recursos del Fondo de Desarrollo Social Municipal, se realizó a través de la aplicación
de una fórmula ampliamente discutida con esta soberanía, que combina indicadores de
pobreza a partir de parámetros que reflejan tanto los rezagos sociales básicos, como la
insuficiencia de ingresos. La fórmula aplicada, su metodología y la asignación de
recursos entre los estados, se publicó el 5 de enero de 1996 en el Diario Oficial de la
Federación.
Existe una larga lista de acciones
realizadas, las cuales por la naturaleza del ramo implican concertación de acciones y
establecimiento gradual de metas convenidas con estados y municipios, que no pueden
evaluarse en su total magnitud 5. Del informe presentado en los resultados generales y la
presentación de funcionarios de la dependencia responsable se desprenden las siguientes
observaciones.
Se avanzó en el proceso de transferencia
de recursos aunque existe una regulación excesiva que limita la toma de decisiones de los
ayuntamientos en algunos rubros.
De los 12,114.1 millones de pesos ejercidos
del presupuesto del ramo, se ejerció el 58.6%, a través del Fondo de Desarrollo Social
Municipal, mientras que el manejado por la dependencia para la promoción del empleo y la
educación, alcanzó el 36.8% y el de prioridades estatales fue del 4.6%.
Se establecieron criterios de rezago
relativo y de pobreza para la elaboración de la fórmula de distribución entre entidades
federativas para el Fondo de Desarrollo Social Municipal, los otros dos fondos se
manejaron sin fórmula en su distribución por entidades federativas y en su destino
programático, en virtud de que los criterios de asignación se establecen de manera
concertada con cada uno de los estados.
Por su parte, el impulso al desarrollo
urbano se ha sustentado en el ordenamiento territorial de las actividades económicas de
la población. En 1996, las acciones se concentraron en dos vertientes: el reordenamiento
territorial y la promoción del desarrollo urbano de las ciudades medias (Programa de Cien
Ciudades). Aunque queda establecido que los cinco aspectos del programa se desarrollaron
conforme a lo requerido por los municipios, la asignación de recursos sigue siendo una
decisión central (Sedesol), convenida con los estados.
Las prioridades de la política hidráulica
son determinadas por su contribución a la salud y al bienestar social de la población y
simultáneamente a frenar el deterioro del medio ambiente. En este sentido las acciones de
la Comisión Nacional del Agua, se orientaron a fortalecer la administración de los usos
del agua; ampliar y rehabilitar la infraestructura (conjuntamente con estados y
municipios); y asegurar la calidad del agua suministrada a la población.
En general la CNA orientó sus acciones en
el rubro de agua potable a la atención de las zona metropolitana de la Ciudad de México
y con programas concertados con estados y municipios a otras áreas urbanas y el medio
rural. En este caso sí se ofrecen los datos de cobertura de población para agua potable
(84.9%) y alcantarillado (67.7%.)
En el caso de vivienda, el papel de la
Secretaría de Desarrollo Social se ha convertido exclusivamente en el de promotor y
coordinador de los esfuerzos de otras dependencias públicas. así como del sector privado
y social. En este caso lo relevante son los financiamientos otorgados por el Infonavit,
Fovissste, Fovi y Fonhapo. A este último fideicomiso se le canalizaron recursos por 799.6
millones de pesos de apoyos fiscales por no haber dispuesto de financiamientos para su
fondeo.
Se dio el caso de que la meta prevista para
1996 por el Fovissste fue muy lejana a la programación original, en virtud de que el
monto de crédito individualizado se incrementó sustancialmente sobre un presupuesto ya
autorizado, lo que alteró el número de financiamientos otorgados.
IV.3.5 Abasto social y nutrición
En su conjunto el subsector abasto social y
nutrición, integrado por la Conasupo, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) y los organismos Diconsa, Liconsa y el Programa de Subsidio a la Tortilla,
tuvieron un sobreejercicio de 9.2% y un crecimiento en términos reales de 24.9%, respecto
al año anterior.
Se observaron fuertes sobreejercicios en la
Conasupo (61.2%) y Diconsa (93.3%), debido en el primer caso a los apoyos a la industria
harinera para cubrir el diferencial por el aumento del precio del maíz y no afectar al
consumidor final; en el caso de Diconsa también afectó el precio de venta del maíz y
del frijol. El sobreejercicio del DIF y Liconsa se mantuvo en torno al 16% y sólo
destacan subejercicios en el Programa de Subsidio a la Tortilla (a cargo de Fidelist), por
un total de 1mil 132.4 millones de pesos y de la previsión de Liconsa (519.3 millones de
pesos) sólo se utilizó el 39%.
El objetivo de atender íntegramente los
aspectos nutricionales, educativos y de salud de los grupos más vulnerables, se realizó
a través del Programa de Alimentación y Nutrición Familiar (PANF). Originalmente el
programa contempló 117 municipios, pero a través de los programas de raciones
alimenticias y el de asistencia social alimentaria a familias, a cargo del DIF, se amplió
la cobertura a 26 estados. Los recursos se manejaron en forma descentralizada.
En el caso de los programas de subsidio al
consumo de tortilla y de abasto social de leche, aparecen reducciones en las metas como
resultado de las medidas para depurar el padrón de beneficiarios. Para continuar el
fortalecimiento de dichos programas, se recomienda culminar la revisión exhaustiva de los
padrones de beneficiarios respectivos.
IV.4 Sector comunicaciones y transportes
Las líneas estratégicas del sector pueden
agruparse en dos aspectos, el primero la actualización del marco jurídico como base para
llevar a cabo por un lado la desconcentración y descentralización de funciones y por
otro, impulsar la privatización vía comunicaciones y desarrollar proyectos de
infraestructura con participación de capital privado. El segundo aspecto se relaciona con
la más alta prioridad a concluir obras en proceso y a la integración de un sistema
multimodal para vincular los centros de producción con sus mercados.
En ese contexto el gasto ejercido por el
sector ascendió a 23 mil 855 millones de pesos, 30.1% mayor al original de 1996 y 18.9%
en términos reales superior al ejercido en 1995, tanto la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes como los organismos y empresas en presupuesto Capufe, Ferronales y ASA; y los
organismos, empresas, fondos y fideicomisos subsidiados (Instituto Mexicano del
Transporte, Seneam y Conacal, ejercieron recursos por arriba de lo aprobado. El gasto de
Capufe y Ferronales fue apoyado en un 43.9% y 37.6%, respectivamente, por transferencias
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También hubo una partida de 386.3
millones de pesos ejercidos por los centros SCT que no se autorizó en el presupuesto
original y que fueron para apoyar estados y municipios.
En general los incrementos en el ejercicio
del gasto fueron para la modernización y ampliación de carreteras en el caso de SCT; por
la conclusión anticipada de las concesiones de las autopistas Arriaga-Huixtla y
Tecate-Mexicali y diversas obras en autopistas por parte de Capufe, destaca en este
último el pago de escalatorias en las obras de rehabilitación y pavimentación de la
autopista México-Puebla; la ampliación otorgada a Ferronales se destinó a liquidar y
jubilar personal en el marco del proceso de concesionamiento de los servicios
ferroviarios, principalmente y aeropuertos y servicios auxiliares al pago de
indemnizaciones, mayor precio y consumo de combustibles y otros en pistas de rodaje y
plataformas, básicamente.
De los 25 programas manejados por la SCT
los 20 sustantivos absorben el 67.4 % del presupuesto de la Secretaría y cinco no
sustantivos correspondientes a administración, planeación, etcétera, absorben el 32.6%,
por lo que se recomienda a la dependencia evaluar la estructura de su gasto.
El mayor ejercicio de recursos tuvo un
reflejo en los resultados de la acción sectorial, se dieron incrementos en todos los
rubros del transporte tanto de carga como de pasajeros y en comunicaciones tanto en
servicio postal y telégrafos como en el servicio de telefonía rural.6
El desarrollo de la infraestructura conexa
al autotransporte siguió apoyándose en la concurrencia del capital privado. A través
del Programa de Reestructuración Financiera de Carreteras Concesionadas, se siguió
apoyando a los inversionistas privados con problemas para enfrentar sus compromisos
crediticios; se formalizaron 19 proyectos, conversión de adeudos a Udis y aportación de
capital.
El otro organismo del subsector, Conacal
tuvo un bajo cumplimiento de metas, debido entre otras razones al inicio de la
descentralización. Mediante el programa de conservación de caminos rurales con uso
intensivo de mano de obra, a través del cual se dio mantenimiento a 71 mil 811.3 Km., que
generaron 141 mil empleos temporales.
La reestructuración del sistema
ferroviario ha impuesto la segmentación regional, orgánica, financiera y operativa,
constituyéndose cuatro empresas ferroviarias troncales: Pacífico-Norte, noreste, sureste
y Chihuahua-Pacífico, una terminal del valle de México y diversas líneas cortas
especializadas con el propósito de concesionarias en forma gradual al capital privado
para su explotación. Las dos primeras fueron licitadas pero sólo la noreste se asignó a
Transportación Ferroviaria Mexicana en sociedad con Kansas City Southern Industries.
También en el Sistema Marítimo Portuario
se impulso la inversión privada y concesión de la operación de puertos, vía
desincorporación de las Administraciones Portuarias Integrales (APIS).
Se creó el Comité de Reestructuración
del Sistema Aeroportuario Mexicano, con el fin de apoyar la participación del sector
privado en la construcción, administración, manejo y explotación de aeropuertos; y que
esto se lleve a cabo con la garantía de una correcta interpretación y ejecución del
marco jurídico-normativo.
Es conveniente que la Contaduría Mayor de
Hacienda, se aboque a establecer elementos que proporcionen una visión integral de la
situación de los procesos de concesiones y permisos y si éstos se ajustan a la
normatividad vigente.
Con el marco jurídico que proporcionan las
reformas de 1995 al artículo 28 constitucional y la expedición de la nueva Ley Federal
de Telecomunicaciones, se reforzaron las condiciones para impulsar el desarrollo de las
comunicaciones en dos aspectos: apertura a la competencia de la inversión privada y la
incorporación de nuevas tecnologías. Lo destacable son las 10 concesiones de larga
distancia a empresas nacionales con participación de capital extranjero y el inicio de la
desincorporación del organismo telecomunicaciones de México en la parte correspondiente
al sistema satelital mexicano.
La conclusión que resulta del análisis de
la actividad sectorial es el trabajo que desarrolla en materia jurídica y de inversiones
en modernización, operación y mantenimiento para impulsar a la inversión privada en la
explotación de concesiones en los distintos ámbitos. El sector continúa el proceso de
venta o descentralización y desconcentración funcional.
Dado el bajo cumplimiento de metas de la
Conacal, se solicita a la Contaduría Mayor de Hacienda lleve a cabo la evaluación del
desempeño de este organismo.
IV.5 Energéticos.
En el sector energéticos, los ligeros
aumentos en el presupuesto ejercido de la Secretaría de Energía, CFE y LFC
(disminuciones en términos reales en el caso de éstas últimas) contrastan con el
notable aumento de Pemex de 41.9% sobre su presupuesto original. El presupuesto ejercido
por el sector llegó a 100 mil 552 millones de pesos, excediéndose 21.2% respecto del
presupuesto original. Del gasto sectorial la Secretaría de Energía y Minas participó
con el 0.2%; los organismos y empresas absorbieron el 99.4% y los organismos, empresas,
fondos y fideicomisos subsidiados aplicaron sólo el 0.4%.
La Secretaría de Energía se sobreejerció
en 16.4% respecto al presupuesto autorizado, debido fundamentalmente a incrementos
salariales y adquisiciones anticipadas. Pemex se sobreejerció en 41.9% en razón del
fondo para la inversión física del año siguiente.
La tendencia observada por los porcentajes
de las metas alcanzadas de los programas del sector es igual o superior al 100%, aunque se
registran algunos programas que no presentan metas originales que impiden establecer las
variaciones correspondientes.
De los 31 programas que se ejecutaron en el
sector energético, el informe previo seleccionó cinco para efectos de análisis, de los
que esta comisión toma a su vez dos; el programa FP "generación, transformación,
distribución y venta de energía eléctrica", bajo la responsabilidad de la CFE y
Luz y Fuerza del Centro, y EX "exploración, desarrollo de campos y obras de
explotación", de este último el análisis se vio limitado porque ni en el PEF ni en
la Cuenta Pública se cuantifican metas de conservación y mantenimiento en instalaciones
tanto de exploración como de explotación.
En relación al primer programa se
ejercieron recursos superiores en 20.4% a lo presupuestado, para erogar finalmente
46,586.9 millones de pesos. De este monto 29,510.9 millones de pesos (63.3%) los ejerció
la CFE (12.9% más de lo presupuestado), y 17 mil 076 millones de pesos (36.7%) fueron
ejercidos por LFC. El mayor gasto de la CFE se explica por el aumento en los precios de
los combustibles utilizados. En el subprograma 01 "origen primario" se superaron
en 24.2% las metas de generación de origen hidráulico, y en 2.7% las de generación de
origen geotérmico; las de generación por carbón llegaron al 98.5% de la meta, las de
generación nucleoeléctrica llegaron al 91% de la meta programada.
En el programa de exploración, desarrollo
de campos y obras en explotación se ejercieron 16,459.3 millones de pesos, monto superior
en 34.3% al presupuestado, pues se destinaron recursos adicionales para la perforación de
pozos en desarrollo con el fin de ampliar la plataforma de explotación.
Al igual que en otros programas, Pemex no
cuantifica sus metas originales o presenta información incompleta, lo que impide una
evaluación más precisa. Un ejemplo de ello lo proporcionan los proyectos del Programa de
Infraestructura Ecológica, donde no se presentan explicaciones de las causas de las
variaciones de las metas en construcción y rehabilitación de gasolineras (proyecto
ecológico) y del proyecto de ampliación de refinerías, por lo que se concluye la falta
de observancia en lo dispuesto en la guía para la elaboración del documento
"explicación a las variaciones programáticas" emitido por la SHCP.
Se recomienda a Pemex realizar el
mantenimiento oportuno en cada una de sus instalaciones, en especial aquellas de alto
riesgo que afectan al resto de las actividades productivas a su cargo, y a
Pemex-Refinación, observar también lo dispuesto en el artículo 9o. fracción II del
reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y evitar
incurrir en la falta a los reglamentos y leyes establecidos al programar volúmenes de
producción que rebasan la capacidad instalada en los diferentes productos que elabora.
Realizar los trámites necesarios oportunamente a fin de dar cumplimiento a cada una de
las metas productivas que se establecen; en especial las que se refieren a autorización
del uso de los recursos y las que involucran a otras instancias gubernamentales diferentes
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
IV.6 Gobierno, seguridad nacional y
procuración de justicia.
El sector ejerció un presupuesto de
20,419.2 millones de pesos, 13.2% (2,384.4 millones de pesos) mayor que el original
programado. El gasto se distribuyó de la siguiente manera: el Gobierno Federal absorbió
92.3% (86.4% lo destinó a gasto corriente y 13.5% a gasto de capital) y los organismos,
empresas, fondos y fideicomisos subsidiados ejercieron el 7.7% (31% en gasto corriente y
69% en gasto de capital.)
La Secretaría de Gobernación erogó
2,209.4 millones de pesos para un sobreejercicio del 32.6%, explicado fundamentalmente por
los mayores recursos para los programas de Seguridad Pública e Infraestructura
Penitenciaria y de Comunicación Social, además de la creación de plazas y la cobertura
de gastos asociados con la operación del área de la dependencia que colabora en el grupo
interinstitucional que participa en las negociaciones de la Organización Mundial de
Comercio. La Secretaría de Gobernación dedicó 72.3% de su presupuesto (2,731.3 millones
de pesos) al desarrollo de sus programas sustantivos y 27.7% (1,045.0 millones de pesos) a
la realización de programas no sustantivos. En el rubro de ayudas, subsidios y
transferencias se otorgaron recursos a la dirección general de prevención y
readaptación social que generaron un sobreejercicio de 423.7% del original. El programa
AA se sobreejerció en 43.7%. Se solicita a la CMH evaluar el ejercicio de los recursos y
el cumplimiento de las metas del Programa Nacional de Seguridad.
La PGR presentó un sobreejercicio del
28.4% (460.8 millones de pesos) explicado por el pago de aumentos salariales, aportaciones
al Fovissste y la creación de plazas de la Policía Judicial Federal, además de la
compra de refacciones para aeronaves, abastecimiento y arrendamiento. Dada la naturaleza
de las actividades de la PGR se solicita a la Contaduría Mayor de Hacienda ampliar el
alcance y número de las auditorías programadas.
La Sedena trabajó en la actualización de
planes estratégicos; el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional; la
formación y capacitación profesional y técnica de sus efectivos; la modernización de
la infraestructura y del equipo operativo; apoyo al combate del narcotráfico, y auxilio a
la población en casos y zonas de siniestro, y respaldo a las actividades de desarrollo
social.
La dependencia se sobreejerció en 27%
(2,336.5 millones de pesos) respecto a su presupuesto original, debido a la puesta en
marcha del servicio de conducción de señales analógicas y digitales, así como a la
compra de equipo de comunicación y telecomunicación. Es de resaltarse que con excepción
del programa CR (construcciones militares), el resto de los programas sustantivos
presentan variaciones en sus gastos ejercidos, no mayor al 10% respecto del original
presupuestado. Para el caso de las metas anuales, éstas se cumplieron al 100% o en un
porcentaje bastante cercano para todos los programas sustantivos.
La Secretaría de Marina trabajó
especialmente en fortalecer la presencia y mejorar la operatividad de la Armada de México
en el mar territorial, faja costera y zona económica exclusiva; mantener la flota naval,
aeronaval y el equipo de infantería, en condiciones que permitan mejorar la eficiencia
operativa y las acciones de apoyo logístico; elevar los niveles de preparación y
asegurar el adiestramiento permanente en todos los nieves jerárquicos del personal de la
Armada de México; coadyuvar al combate del narcotráfico en coordinación con la Sedena,
la PGR y otras instituciones abocadas a garantizar la seguridad pública, atender el
mantenimiento y construcción de la infraestructura necesaria para la ejecución de las
operaciones navales y de otra índole, y apoyar a la población en casos y zonas de
desastre y participar en las campañas de salud y alfabetización. La Semar aplicó 70% de
su presupuesto a programas sustantivos.
Dado que en el informe previo no se incluye
el análisis de los programas relacionados con el sector Gobierno, Seguridad Nacional y
Procuración de Justicia, y considerando los sobreejercicios realizados por las
dependencias respectivas, se recomienda a la Contaduría Mayor de Hacienda sistematizar su
evaluación.
IV.7 Administración y servicios.
Como se asentó anteriormente, en el
capítulo de la orientación sectorial del gasto no se incluyó al sector administración
y servicios en el tomo de resultados generales de la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal de 1996, porque la SHCP ha considerado que las dependencias incluidas en este
sector realizan actividades normativas y de servicios, por lo que el análisis de la
comisión se realizó con base en el anexo estadístico de aquél y el banco de
información. Todas las dependencias en este sector, así como la Lotería Nacional,
ejercieron un gasto mayor al presupuestado, con la excepción del caso de PIPSA. En el
caso de los organismos, empresas, fondos y fideicomisos subsidiados, de un total de
7,312.7 millones de pesos en presupuesto, se ejercieron 4,014.3 millones de pesos cuyo
detalle se encuentra en el tomo I Información Consolidada del Banco de Información.7
En total se ejercieron 15,730.7 millones,
de los cuales 10,639.5 millones fueron ejercidos por la Secretaría de Hacienda a través
de su gasto directo o bien, ayudas, subsidios y transferencias a otros organismos y
empresas y 577.3 millones de pesos se destinaron a inversiones financieras.
Los otros 5,091.2 millones fueron ejercidos
por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Presidencia de la República, Contraloría y
Desarrollo Administrativo, Turismo, Comercio y Fomento Industrial y sus organismos
coordinados. El mayor crecimiento se observa en la Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo cuyo presupuesto ejercido (459.4 millones de pesos) fue 41.2%
mayor en términos reales al de un año anterior. Ello contrasta con la caída observada
por Comercio y Fomento Industrial de 20.1% en términos reales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público sustentó su gasto en tres programas básicos, relativos a la canalización de
recursos financieros, en especial a organismos del sector agropecuario y Fovi; a
fortalecer el proceso de fiscalización en el ámbito de los ingresos, con la meta de
ampliar los recursos disponibles del sector y, a la conducción de la política económica
dentro de la que se dio prioridad al gasto relacionado con el Sistema Nacional de
Información, con la elaboración del Censo General de Población y Vivienda y con el
Censo Económico. Esos tres programas absorbieron el 47.4% del sector.
Las acciones realizadas por la Secretaría
de Relaciones Exteriores se enmarcan en un programa sustantivo en el que se ejerce el
19.78% del presupuesto del sector, mientras que los programas no sustantivos absorbieron
el 58% del total del gasto, debido a que ahí se concentra el total de asignaciones del
personal del servicio exterior mexicano. Las principales acciones se dieron en el ámbito
bilateral, pero orientadas a la realización de estudios y en la búsqueda de un acuerdo
de libre comercio con la Unión Europea y los países de la Cuenca del Pacífico.
La Contaduría Mayor de Hacienda
seleccionó del sector comercio y fomento industrial dos programas de 15 sustantivos para
efectuar su análisis basada en la vinculación de los objetivos sectoriales, el gasto del
sector y los incrementos registrados en el ejercicio. Se dificultó la evaluación de
resultados por las unidades de medida utilizadas por la dependencia.
En relación a los porcentajes y montos de
los estímulos por productividad para los funcionarios, mandos medios y superiores, la
oficialía mayor de la Secofi informó sobre el pago del estímulo a la productividad que
representó el 11.9% (52 millones de pesos) de los recursos destinados al pago de
servicios personales.
La recomendación a las secretarías de
Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito Público es revisar el catálogo de
unidades de medida y denominación de metas con objeto de que sean representativos tanto
del sector como de las acciones programadas.8
En materia de turismo el análisis
realizado por la Contaduría Mayor de Hacienda se basó en tres de los seis programas
sustantivos y se complementó con el relativo a financiamiento que se ejecuta con recursos
propios del Fonatur. Los tres programas seleccionados representan el 79.4% del gasto
programable y el 95.3% de los sustantivos, por lo que se consideran representativos de la
actividad sectorial. Los resultados más importantes se dieron en el saldo de la balanza
turística que ascendió a 3,328.0 millones de dólares, el turismo receptivo creció en
15.4% en relación a 1995 y la demanda hotelera en 38%.
Para la clasificación del sector
administración y servicios, que comprende las secretarías de Hacienda y Crédito
Público, Relaciones Exteriores, Contraloría y Desarrollo Administrativo, Turismo,
Comercio y Fomento Industrial, sus entidades coordinadas y Presidencia de la República,
se deberá elaborar un apartado que se incorpore al tomo de resultados generales.
Considerando lo expuesto, la Comisión de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública somete a la consideración del pleno de la
Cámara de Diputados el siguiente
DECRETO RELATIVO A LA REVISION DE LA CUENTA
DE LA HACIENDA PUBLlCA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 1996
DECRETO
Artículo 1o. La Cuenta de la Hacienda
Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1996, fue recibida en tiempo el 10
de junio de 1997, por la Cámara de Diputados en los términos del artículo 74 fracción
IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciándose su proceso
de revisión por la Contaduría Mayor de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el
párrafo quinto del mismo artículo constitucional y los artículos 3o., 20 y demás
aplicables de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Artículo 2o. La Comisión de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, recibió para su estudio, análisis, revisión y dictamen la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal correspondiente al año fiscal de 1996; igualmente recibió de
la Comisión de Vigilancia, en tiempo el 10 de junio de 1997, el informe previo sobre la
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1996 elaborado por la
Contaduría Mayor de Hacienda.
Artículo 3o. En términos generales, la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal se presentó de acuerdo con los principios básicos
de contabilidad gubernamental. En el sector central, y en algunas dependencias, se
observó la falta de depuración de ciertos rubros de la información financiera, la
omisión de recuentos físicos de bienes inventariables, pagos con cargo al presupuesto de
1996 por bienes y servicios recibidos en 1995, registro de presupuesto como ejercicio no
devengado al 31 de diciembre de 1996 y la inobservancia por algunas entidades de los
principios "cumplimiento de disposiciones legales", y por su parte, de algunas
dependencias, de los de "control presupuestario", "base de registro" y
"revelación suficiente".
En el sector paraestatal "se
observaron ciertos incumplimientos de los principios de contabilidad generalmente
aceptados en el caso de Luz y Fuerza del Centro y el ISSSTE." 9
Además, esta dictaminadora detectó otras
posibles insuficiencias o deficiencias en la observancia de los principios básicos de
contabilidad gubernamental que son mencionados en el texto del dictamen que sustenta este
decreto.
Artículo 4o. En términos generales,
durante el ejercicio fiscal de 1996 existió una observancia de las disposiciones legales
aplicables, aunque se pueden apreciar casos de posibles incumplimientos, deficiencias e
inconsistencias que deben ser investigados por la Contaduría Mayor de Hacienda.
Se observa la discrecionalidad con la que
se ejercieron parte de los recursos derivados de los ingresos ordinarios excedentes en ese
año. En el año fiscal que se revisa se erogaron 20 mil 500 millones de pesos para
programas de saneamiento financiero no incluidos en el decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación de 1996. Además se constataron reasignaciones de recursos aprobados en
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1996. Se instruye a la Contaduría Mayor
de Hacienda que evalúe el impacto de estas reasignaciones en el cumplimiento de los
programas y metas originalmente aprobadas.
Artículo 5o. Se observa que no se
presentó en la Cuenta Pública de 1996 un análisis suficiente correspondiente al sector
administración y servicios en el capítulo analítico de la orientación sectorial del
gasto.
Artículo 6o. Existen áreas de la Cuenta
de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal de 1996 cuya información no es
suficiente. Por el lado de los ingresos públicos, se denota la inexistencia de
información básica agregada sobre los contribuyentes que resulta indispensable para
evaluar las políticas tributarias de la Federación. Se solicita a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público elaborar un programa para proporcionar el número de
contribuyentes activos diferenciando entre personas morales y físicas y dentro de las
segundas, a quienes son asalariados de aquellos contribuyentes que no lo son; asimismo se
solicita establecer las medidas administrativas necesarias para que se informe sobre el
monto de las recaudaciones aportadas por las personas físicas agrupadas por rangos de
ingresos en veces de salarios mínimos y las personas morales por niveles de ingresos; la
recaudación del ISR de personas morales y del IVA, de acuerdo al domicilio fiscal de los
contribuyentes, y la recaudación del IVA clasificada por agregados convenientes de tipos
de bienes y servicios que dan origen a los ingresos generados. Se solicita respetuosamente
a la citada dependencia que en el futuro incorpore regularmente la información obtenida
en este programa a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Por el lado del gasto público se concluye
la necesidad de información sobre los niveles de las remuneraciones pagadas a los
servidores públicos durante 1996 al amparo de los artículos 47 y 48 del Presupuesto de
Egresos de la Federación de 1996. Nada se reporta al respecto ni en la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal ni en el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda. Se
solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en el futuro reporte este
concepto en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Esta dictaminadora observó también la
necesidad de contar con mayor y más detallada información referida a la totalidad de las
transferencias realizadas por el ramo 23 en 1996. Se solicita a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público la información correspondiente a estos gastos en el año de 1996 y
que en el futuro la incorpore regularmente en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal;
asimismo se le solicita que en lo sucesivo incorpore a la Cuenta Pública un análisis
suficiente correspondiente al sector administración y servicios en el capítulo
analítico de la orientación sectorial del gasto.
Artículo 7o. Del análisis efectuado en el
informe previo se desprenden diversas inobservancias por parte de dependencias y entidades
en los procesos de programación, presupuestación y en los sistemas de registro e
información contable y financiera, así como la falta de justificación de algunas
cantidades erogadas, que podrían resultar en incumplimientos de lo establecido en los
artículos 39 a 44 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
Artículo 8o. Se recomienda al Ejecutivo
Federal profundizar las adecuaciones necesarias en el proceso de programación y
presupuestación, para permitir a esta Cámara una evaluación del desempeño de los
programas.
Artículo 9o. Se solicita a la Contaduría
Mayor de Hacienda, a través de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de
Hacienda, lo siguiente:
a) Auditar la aplicación de los recursos
aplicados a los programas de saneamiento financiero en 1996; así como dar seguimiento a
las observaciones sobre los programas de saneamiento financiero, reportadas en el informe
de resultados finales de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del
año 1995.
b) Auditar los recursos fiscales que fueron
destinados a los programas de carreteras concesionadas.
c) Auditar el ramo 23, en vista de que en
el informe previo de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1996
sólo se hace referencia a los 6 mil 646 millones de pesos ejercidos por el propio ramo de
un total de 31 mil 499 millones de pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la
Federación de 1996.
d) Auditar a Nacional Financiera atendiendo
la utilización de los recursos provenientes de colocaciones en los mercados financieros
internacionales y de créditos bilaterales.
e) Auditar los recursos erogados para las
remuneraciones de servidores públicos con fundamento en los artículos 47 y 48 del
Presupuesto de Egresos de la Federación de 1996, detallando la relación entre economías
y pagos realizados.
f) Profundizar en las revisiones
específicas de los posibles incumplimientos de algunas dependencias en materia de
adjudicación, contratación y ejecución de estudios, asesorías e investigaciones, así
como el suministro de información a las dependencias globalizadoras y coordinadoras del
sector, reportadas en el informe previo de 1996;
g) Presentar en comisiones unidas de
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y de Programación, Presupuesto y Cuenta
Pública, un programa de trabajo para formular un diagnóstico que dé cuenta del estado
que guardan las políticas públicas para atender la problemática ambiental y del agua en
el país;
h) Auditar a la Procuraduría General de la
República respecto al año que se analiza e
i) Atender otras recomendaciones expresadas
en el texto del dictamen que sustenta el presente decreto.
Artículo 10. La Contaduría Mayor de
Hacienda en acatamiento a lo establecido en su Ley Orgánica deberá ejercer las funciones
de control y evaluación y practicar las auditorías correspondientes, destacando las
irregularidades por el incumplimiento de la legislación y normatividad vigentes y, en su
caso, promover el fincamiento de las responsabilidades administrativas, civiles o penales,
que conforme a derecho procedan, así como dentro del término de ley, deberá rendir a
esta Cámara el informe de resultados correspondientes.
Artículo 11. Remítase el presente decreto
al Ejecutivo Federal y a la Contaduría Mayor de Hacienda para todos los efectos a que
hubiese lugar.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.- México, D.F. a 9 de diciembre de 1997.- Diputados:
Ricardo García Sáinz Lavista, presidente; Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, secretario;
Agustín Miguel Alonso Raya, José del Carmen Enríquez Rosado, Pablo Gómez Alvarez,
Sergio Benito Osorio Romero, Demetrio Javier Sodi de la Tijera, Javier Castelo Parada,
secretarios; Fortunato Alvarez Enríquez, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Luis
Fernando González Corona, Roberto Ramírez Villarreal, Felipe de Jesús Rangel Vargas,
Arturo Sáinz Calderón García, Marcelo Luis Ebrard Casaubón,Alejandro González
Yáñez, Esteban Miguel Angeles Cerón, Guillermo Barnés García, Manuel Cárdenas
Fonseca, Alberto Curi Naime, Charbel Jorge Estefan Chidiac, José Luis Flores Hernández,
Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Gómez Esparza, Enrique Tito González Isunza, Javier
Guerrero García, Manuel Angel Núñez Soto, Miguel Sadot Sánchez Carreño, Francisco J.
Santillán Oceguera y Clarisa Catalina Torres Méndez.»
Cumplida su instrucción señora
Presidenta.
En consecuencia está a discusión en
lo general el proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1996.
Esta Presidencia informa que se han
registrado para la discusión en lo general, los siguientes oradores, hasta por 15
minutos.
Diputados: por el Partido del Trabajo, Luis
Patiño Pozas; por el Partido Acción Nacional, Roberto Ramírez Villarreal; por el
Partido de la Revolución Democrática, Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva y por el Partido
Revolucionario Institucional, Charbel Jorge Estefan Chidiac.
En consecuencia, tiene la palabra el
diputado Luis Patiño Pozas, hasta por 15 minutos.
| El diputado Luis Patiño Pozas: |
Compañeras, compañeros diputados:
La información suministrada por la
Secretaría de Hacienda sobre el ejercicio de la Cuenta Pública Federal de 1996, puede
sintetizarse en lo siguiente:
a) Los ingresos federales se mantuvieron al
mismo nivel de 1995 en relación al producto interno, es decir, un 22.3%, a pesar de la
recuperación económica superior a la esperada que tuvo lugar ese año.
b) Ello fue posible casi exclusivamente por
el inesperado incremento de los precios internacionales del petróleo, que permitieron
elevar los recursos aportados por Pemex en un 12% real por encima de 1995.
c) Los ingresos tributarios no petroleros,
continuaron disminuyendo en términos de participación en el PlB, a pesar de la
recuperación económica, el incremento de la tasa del IVA y el fuerte repunte de la
rentabilidad empresarial y de los ingresos de las clases adineradas.
d) La continuación de la caída en
relación al PlB, fue particularmente seria, en el caso del impuesto a la renta, que del
5% en 1994 y 4% en 1995, descendió al 3.8% en 1996.
En conjunto, esto configura una situación
completamente incongruente con las condiciones económicas del año. Si no hubiera sido
por el elevamiento de los precios internacionales del petróleo, los ingresos federales
totales hubieran sufrido una caída mucho más seria.
La Secretaría de Hacienda argumenta, que
el descenso relativo de los ingresos aportados por el IVA y el impuesto a la renta, fue
consecuencia de la persistencia de los efectos de la recesión en la primera mitad de 1996
y de los estímulos fiscales establecidos en la Ley de Ingresos, para favorecer la
recuperación económica.
Pero esta explicación no puede ser
aceptada por las dos siguientes razones:
Primera. La Secretaría de Hacienda no
suministra ninguna información detallada que lo compruebe, la Cuenta Pública de 1996, es
aún más parca que la de años anteriores, al no suministrar todo tipo de información
que permita discutir sus aseveraciones con conocimiento de causa.
Para poder discutirlo, la Cuenta Pública,
por lo menos su presentación, debió haber establecido el costo fiscal preciso de los
estímulos establecidos en la ley, en la Ley de Ingresos junto a otros indicadores
absolutamente pertinentes como el monto total de la rentabilidad y las deducciones
fiscales de las sociedades mercantiles, así como toda la información desagregada
disponible sobre las características y estratos a los contribuyentes, lo mismo con
respecto al IVA.
Al no hacerlo, la Secretaría de Hacienda
oculta información al Congreso de la Unión y al pueblo de México y presenta un informe
que lo menos que podemos hacer es cuestionar su credibilidad. Lo cierto es que existe una
enorme evasión fiscal por parte de las grandes empresas y sectores privilegiados
favorecidos por un nuevo orden económico que la misma Secretaría de Hacienda solapa.
En lo que hace al cobro del IVA, se hace
referencia en la presentación de esta Cuenta Pública: "a un amplio programa de
fiscalización enfocado a detectar el incumplimiento de la obligación fiscal".
Cabe preguntar, ¿qué se hizo frente al
aún más grave incumplimiento de las obligaciones fiscales de los sectores adinerados de
México en relación al impuesto sobre la renta, gasto?
El Partido del Trabajo encuentra que existe
un número considerable de omisiones, violaciones de disposiciones legales, insuficiencias
de principios de registro y de contabilidad, además de incumplimientos sistemáticos de
los acuerdos legales emitidos y sancionados por este Poder Legislativo. Eso encontramos en
la Cuenta Pública.
Esas fallas en el informe de la Hacienda
Pública, revelan que el Poder Ejecutivo menosprecia la normatividad que formula este
Legislativo y procede de acuerdo a sus propios criterios, aprovechando un largo historial
de impunidad para imponer un método de utilización de los recursos públicos enormemente
lesivo a los intereses de la nación.
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, por lo tanto, fija su posición y hace las siguientes propuestas y
recomendaciones:
a) Asignación inmediata a la Contaduría
Mayor de Hacienda, para que realice una revisión más detallada y profunda de la Cuenta
Pública en su totalidad, tomando como referente las observaciones de la comisión y los
antecedentes detectados en las revisiones de cuentas públicas anteriores.
b) Instruir y habilitar a la Contaduría
Mayor de Hacienda, para que efectúe auditorías en todos los rubros del presupuesto de
gastos, donde por tradición el Poder Ejecutivo cuenta con un alto grado de
discrecionalidad en el ejercicio del mismo. Esto es, en primer lugar, aplicable a los
recursos destinados al rescate bancario y a las carreteras concesionadas.
c) Asimilar los casos de dependencias donde
se han cometido mayores irregularidades y abusos en el siguiente orden: la Sedena, la
Semarnap, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República.
En estas dependencias se debe efectuar un
procedimiento semejante al que aplica la Secretaría de Hacienda, a las empresas bajo
auditoría, mediante una inspección prolongada, incluso in situ, determinar el destino
real de los recursos ejercidos, deslindando responsabilidades.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Roberto
Ramírez Villarreal, del Partido Acción Nacional, hasta por 15 minutos.
|
El diputado Roberto
Ramírez Villarreal: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
Una vez más le corresponde a este órgano
legislativo el conocer el dictamen sobre el informe previo de la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal, en este caso, del Ejercicio Fiscal de 1996; segundo año de Gobierno del
presidente Zedillo.
La historia vuelve a inscribirse y a esta
soberanía le toca hacer un juicio sobre la forma en que el Gobierno de la República usó
los recursos económicos de los mexicanos.
Esta evaluación, para el grupo legislativo
del Partido Acción Nacional es sencilla, porque la hacemos como diría don Efraín
González Morín: "dime de dónde, de qué y de quiénes obtienes tus recursos; dime
cómo los administras y controlas, y dime en dónde, en qué, en quiénes y cómo los
inviertes y los gastas y te diré qué tipo de gobierno tienes."
La actitud de sumisión al Ejecutivo del
grupo político que había dominado la Cámara de Diputados, ha evitado que el Poder
Legislativo ejerza a plenitud una serie de atribuciones.
Ahora en que esta Cámara de Diputados
está integrada con una mayoría diferente a la de aquellos que habían ejercido el
monopolio del poder, ahora se presenta la oportunidad de que se cumpla cabalmente con la
función, la facultad exclusiva que tiene la Cámara de fiscalizar los recursos públicos.
Para el PAN, los actuales mecanismos de
auditoría y de control del gasto federal, después de ejercido éste, han obstaculizado
una adecuada fiscalización y control del ejercicio del gasto, abriendo la puerta a casos
de un uso ineficiente, ineficaz y discrecional de los recursos, así como actos de
corrupción.
Exigimos que no haya partidas de gasto
secretas, a las cuales la Contaduría Mayor de Hacienda no pueda revisar y que todo
ingreso público sea auditable. Deseamos que las revisiones sean más oportunas, que se
puedan llevar a cabo en cualquier tiempo y no esperar a que transcurra un año, como
sucede actualmente; que todo, que se hagan en cualquier momento, todas las investigaciones
necesarias en torno a los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta
ilícita en el ingreso, el gasto y el manejo o aplicación de los recursos federales.
La actuación pública discrecional por
parte de las autoridades, ha producido efectos nocivos a nuestro país, específicamente
la acción del titular del Ejecutivo en el manejo del gasto público, realizada en forma
autoritaria y centralizada, ha originado, entre otras cosas, la falta de cumplimiento de
los planes gubernamentales, la carga excesiva de impuestos para los contribuyentes, una
inequitativa distribución de los recursos del erario público entre las entidades
federativas y la carencia de eficiencia en la asignación del gasto. De todo ello, se da
cuenta en el informe previo elaborado por la Contaduría Mayor de Hacienda, que es la base
y el fundamento del dictamen presentado.
El Gobierno Federal debe ajustarse de una
vez y para siempre, a las autorizaciones de gasto realizadas por la Cámara de Diputados,
en los términos del artículo 126 constitucional.
No es posible que alguna disposición
secundaria contravenga nuestra ley general u otorgue permiso para violarla. Que ningún
pago se haga sin la autorización de esta Cámara.
La Contaduría Mayor de Hacienda debe
contar con recursos suficientes para cumplir con sus fines, debe revisar los programas
emergentes que proponga el Ejecutivo y por tal razón es que proponemos que los recursos
que se destinan a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, se
canalicen a la Contaduría Mayor de Hacienda, desapareciendo la Secodadm, ya que es
evidente su nula aportación y resultado en el combate a la corrupción y supervisión de
las leyes que rigen el manejo de los recursos públicos.
Por otro lado, en cuanto a la presentación
de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio 1996 y como resultado del
análisis del informe previo, encontramos las deficiencias que a continuación se
enumeran:
Una falta de cumplimiento a los principios
generales de contabilidad gubernamental.
Una Cuenta Pública incompleta, con falta
de información, por ejemplo dentro del ramo 23, de provisiones salariales y económicas;
la famosa "partida secreta". Un desorden administrativo y contable que se
refleja en la falta de depuración de cuentas, en la falta de realización de inventarios,
en pagos por bienes y servicios no considerados en los adeudos de ejercicios fiscales
anteriores Adefas.
Por anticipos entregados que aún no han
sido devengados.
Por incumplimientos, deficiencias e
inconsistencias en relación con algunos preceptos normativos.
Es lamentable que en el ejercicio
presupuestal se haya efectuado discrecionalidad e irresponsabilidad, que no refleja más
que la desordenada programación presupuestal y por otra parte una falta de respeto al
Presupuesto de Egresos, autorizado por la Cámara de Diputados.
Esto también se manifiesta en la
reasignación significativa de recursos hacia objetivos y programas no aprobados, en el
hecho de que casi la mitad de los ingresos extraordinarios no se canalizaron conforme a
claros ordenamientos jurídicos y por la no ejecución de recursos presupuestarios para
1996 en diferentes sectores, entre otros, el sector de medio ambiente, del desarrollo
agropecuario y de recursos naturales.
Los recursos que se le reasignaron a los
programas de rescate bancario, a través del Fobaproa, 20 mil 500 millones, por ejemplo,
no fueron aprobados previamente en el Presupuesto de Egresos. Cabría preguntarnos ahora
¿Cuál fue el criterio para evaluar el impacto social del mismo comparado con otras
alternativas? Preguntarnos si aquí el Ejecutivo consideró, a como lo hizo en su
oposición a la reducción del IVA, ¿a cuántas personas de los niveles de ingresos más
bajos y a cuántos pobres de este país beneficio este ejercicio del gasto?
En los ramos 23 y 26 se realización
programas y acciones de los cuales no se tienen elementos para la evaluación del
desempeño gubernamental, que es parte de esta facultad y del objetivo de la revisión que
hace la Contaduría Mayor de Hacienda. No se informa nada acerca del ejercicio de los
ahorros en el gasto, utilizados para compensar económicamente a los funcionarios
públicos, al amparo de los oprobiosos artículos 47 y 48 del decreto de Presupuesto de
Egresos para 1996.
No se presenta información que permita
analizar las cuentas con relación a los objetivos y prioridades de la planeación
nacional. Además, se requiere información adicional a la presentada por el Ejecutivo,
para la verificación del cumplimiento de los preceptos legales.
De la información parcial presentada se
señalan ilegalidades en lo relativo a la adjudicación, contratación y ejecución de
obras públicas, de las adquisiciones, de la contratación de estudios, asesorías e
investigaciones, así como el suministro de información a las dependencias globalizadoras
del sector.
Lo anterior, sin duda, representa fuentes
importantes para la corrupción.
Por otra parte, se manifiesta que para el
análisis de los ingresos ordinarios del Gobierno Federal, son una limitante la
insuficiencia de la información, especialmente en lo que se refiere al desglose detallado
de los ingresos tributarios.
Por lo anterior, estamos de acuerdo en que
se exija a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluir información completa
respecto de la recaudación por estrato de ingreso y de causación impositiva. Esperando
ver estos datos en el informe sobre el resultado de la revisión de la Cuenta Pública de
la Hacienda Pública Federal que la Contaduría Mayor entregue a este Congreso el próximo
año.
En cuanto a la deuda pública, se señala
en el informe que al 31 de diciembre de 1996 su saldo era de 884 mil 625 millones de
pesos. Deuda que generó un costo en 1996 de 101 mil millones. Lo cual, pues, es bastante
alto y con este costo se impide el ejercer un mayor gasto programable para atender las
necesidades sociales.
Por lo que es nuestra obligación señalar
que se recomienda al Gobierno Federal que busque una renegociación integral de la deuda,
que permita que se reduzca este costo y que también sean registrados dentro de la deuda
los compromisos de erogaciones equivalentes a 3 mil 928 millones que se tiene pensado para
el programa de rescate financiero.
Durante el análisis del gasto programable,
en su clasificación por sectores se encontraron problemas de correlación de la
información presupuestaria consistentes principalmente en la falta de identificación
precisa de los ramos que participan en los gastos de los diferentes sectores y
específicamente dentro del rubro de otros que es un concepto, un rubro que comúnmente
emplea el Gobierno Federal en los ejercicios de organismos, empresas, fondos y
fideicomisos subsidiados, quedando sin precisar la reasignación definitiva para el
ejercicio de varios conceptos de este rubro, en particular los correspondientes a las
famosas partidas 23, por lo cual es necesario que se lleve a cabo una revisión profunda
de la manera para que se desprenda de esta revisión la forma en que se ejercieron los
recursos de este ramo 23.
El ejercicio de esta partida influye en
forma importante en las transferencias por reasignaciones entre los sectores, considerando
la generalidad e insuficiencia de la información disponible para analizar, están
incluidos los comentarios justificativos de las dependencias.
Se considera que no se observaron los
lineamientos, formatos e instructivos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
tiene para integrar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Por otra parte, continúa la Conasupo
siendo un motivo de señalamiento por la forma irregular en que ejerce su gasto, al
advertir el informe previo que 13 mil 763 millones de pesos, que aparentemente
corresponden a subsidios, no están debidamente comprobados o justificados en la
información presentada; esto es, que no se sabe a ciencia cierta si llegaron estos
recursos a los productores, a la industria o a los consumidores.
Creemos que debe revisarse a mayor detalle
los fondos del ramo 26, ya que la dispersión de los recursos en una gran cantidad de
programas, así como su repetición en los tres grandes fondos que lo integran, son motivo
de oscuridad y falta de transparencia y de manipulación política, presentándose un alto
grado de inequidad y discrecionalidad en su distribución.
Además no se establece el monto que se
utiliza para el gasto corriente en el manejo de los programas, esto en virtud de la
complejidad administrativa y burocrática que tiene la Sedesol Federal.
Reprobamos el que no se establezca con
claridad quienes sean responsables del ejercicio de los recursos del Programa Cien
Ciudades, así como la asignación que de los mismos siga siendo una decisión central y
discrecional de las autoridades federales.
Por su alto contenido social, los programas
de Subsidio al Consumo de Tortilla y de Abasto Social de Leche, puedan ser implementados
con la mayor transparencia posible, sin manipulación política; por eso es conveniente
que se haga una revisión exhaustiva de los criterios para elaborar y modificar los
patrones de beneficiarios en ambos programas.
En fin, son abundantes las irregularidades
en el manejo de los recursos cometidos por las autoridades federales en 1996; es evidente
también la responsabilidad con que el Ejecutivo Federal elabora sus presupuestos y
después los modifica sustancialmente sin ningún respeto por lo autorizado en la Cámara
de Diputados.
La nueva composición de este cuerpo
colegiado y nuestro deseo de recuperarle su dignidad y el pleno ejercicio de la facultad
fiscalizadora de esta Cámara, nos dan la seguridad de que ahora sí se habrá de
fiscalizar con profundidad el gasto público, que ahora sí y no como sucedió en la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1995, en que sólo el 41% de las recomendaciones
de la Contaduría Mayor de Hacienda fueron atendidas, ahora sí, se habrá de ser más
severo en que se atienda el 10% de las recomendaciones que haga la Contaduría.
No es posible que se siga permitiendo que
los recursos públicos, que los contribuyentes aportan fruto de su esfuerzo, se sigan
manejando de esta forma, que se actúe con severidad y se finquen las responsabilidades
penales y administrativas a los funcionarios corruptos.
Por estos motivos y porque los resolutivos
del proyecto de decreto presentados en el dictamen satisfacen en su mayor parte las
expectativas y orientaciones que a juicio del grupo parlamentario del PAN, debe tener la
revisión que a profundidad haga la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cuenta Pública de
1996 del Gobierno Federal, es que manifestamos nuestro apoyo al dictamen que presenta la
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Jesús
Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Partido de la Revolución Democrática.
| El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: |
Compañeras diputadas y diputados:
La fidelidad a los principios es aspecto
estratégico, es cuestión fundamental para la existencia de las organizaciones y de los
individuos. Quien no es leal a sus principios se traiciona a sí mismo.
Para la fracción parlamentaria del Partido
de la Revolución Democrática, es muy importante reflejar en este dictamen años de lucha
política y parlamentaria. La división de poderes no debe ser un ejercicio teórico, sino
una práctica cotidiana que equilibre a las fuerzas y evite los desmanes presidenciales.
Si el gobierno de Carlos Salinas hubiera
tenido en la Cámara de Diputados un contrapeso real al ejercicio desmedido del poder, no
hubiera adquirido en menos de un año pasivos en Tesobonos, que fueron cimiente y
desonante junto a los errores de diciembre, de la crisis de 1994.
No podemos aceptar que ese ejercicio
discrecional del poder, haga pensar a los actuales responsables de Fobaproa, que la
Cámara de Diputados no tiene autoridad para intervenir cuando se hipoteca al país para
los próximos 30 años y no sólo la Cámara, sino cualquier mexicano debería de tener en
la práctica la posibilidad de cuestionar y acotar el proyecto de futuro que se hereda a
sus hijos.
Es obvio que revertir esas formas de
Gobierno trascienden mucho la elaboración de un dictamen sobre la Cuenta Pública, pero
también es evidente que para cambiar las cosas hay que desatar un proceso, ir acumulando
esfuerzos que permitan sentar las bases del cambio que demandan los mexicanos.
Hoy se libra una batalla en múltiples
frentes al debatir y decidir sobre las distintas propuestas que integran el paquete
económico para 1998. En todos estos frentes, es satisfactorio comprobar y corroborar la
congruencia de los planteamientos del PRD, coherencia que provoca el encono y los embates
que sufrimos en el intento por descalificar nuestras propuestas e iniciativas.
No obstante, nuestra voluntad se acrecienta
con cada nuevo desafío. Estamos conscientes de que la economía mexicana no requiere
parches, sino cirugía mayor, pero también de que requerimos ser capaces de darnos
treguas y conciliar objetivos antitéticos. Por ejemplo, la estructura fiscal es
actualmente inviable para financiar en el largo plazo al estado social que requiere el
país.
De alguna forma, nos hemos estado comiendo
a Pemex, descapitalizándolo y esto no puede continuar indefinidamente. Junto a ello,
tenemos más de tres lustros de deterioro de las condiciones de vida del pueblo mexicano,
a grado tal que un grito desesperado, por el mejoramiento de la economía familiar alcanza
todos los confines del país.
Esto nos obliga a buscar un alivio a la
economía popular, a la vez que ir sentando las bases para la transformación de nuestra
estructura fiscal; evidentemente que esto no es fácil pero tenemos que hacerlo, no
podemos darnos el lujo por ejemplo, de desatender la desnutrición de amplios sectores de
la población rural infantil, núcleo vital de las futuras generaciones de México.
Tampoco debemos minar a Pemex por
incapacidad de acabar con los privilegios fiscales. Es fácil, es obvio que no es fácil
reconciliar objetivos tan encontrados pero tenemos que hacerlo. Ese, no es el único de
nuestros desafíos, hay muchos más, la inequidad fiscal refuerza la inequidad en la
distribución del ingreso, el aparato productivo, no sólo es en su mayor parte altamente
ineficiente, sino que está exhausto por largos años de estrechez del mercado interno,
falta de financiamiento, altas tasas de interés, inestabilidad cambiaria.
La transición democrática que vive el
país, nos plantea también retos considerables, la población jubilada aumenta
constantemente, incrementándose aceleradamente los subsidios requeridos para las
jubilaciones, sin que se hayan tomado en el pasado las previsiones necesarias. Esto hoy se
traduce en la injusticia de pagos sumamente bajos a quienes dedicaron su vida al trabajo y
hoy merecerían seguridad y protección social.
El angostamiento en la base de la pirámide
demográfica y su ensanchamiento en la parte superior, exige que se multipliquen los
recursos destinados a la educación media y superior, mientras que se subutilizan los
orientados a la educación básica.
Esos retos y otros más no podrán
abordarse si no saneamos a fondo la vida pública nacional. Dispendio, arbitrariedad,
corrupción, impunidad, injusticia, capricho gubernamental, utilización del patrimonio
público para beneficio personal y no de la nación, no deben seguir presentes en la vida
pública del país.
Por estas consideraciones, nos satisface,
como fracción parlamentaria, que en el dictamen de la Cuenta Pública se ponga coto a
excesos del poder público, como los siguientes:
Durante 1996, el Ejecutivo Federal
incurrió en preocupantes prácticas de discrecionalidad, falta de transparencia y
desapego a la normatividad en el manejo de los recursos presupuestales. Esto representó
en los hechos incumplimiento en la división de poderes, al autoasignarse el Ejecutivo
facultades que, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
competen exclusivamente al legislador.
En este sentido, son cuestionables tanto
las importantes asignaciones presupuestales realizadas por el Ejecutivo sin autorización
de esta Cámara de Diputados, para cubrir el costo de los programas de saneamiento
financiero, como la amplitud de las reasignaciones presupuestales aprobadas por esta
soberanía, de las que se da cuenta detallada en el dictamen que hemos elaborado.
Respecto a los programas de saneamiento
financiero, en 1996, el Ejecutivo decidió ejercer, como ya se señaló aquí, 20 mil 500
millones de pesos para este fin, sin contar con la autorización de la Cámara de
Diputados. Ello ocurrió por segundo año consecutivo, pues en 1995, también el Ejecutivo
gastó importantes recursos públicos para financiar los programas de saneamiento
financiero, sin contar con la debida aprobación.
Por otro lado, el Ejecutivo Federal
reasignó o reclasificó un monto significativo de los recursos ordinarios, afectando con
ello el cumplimiento de metas y programas aprobados.
En síntesis, en el ejercicio
presupuestario de 1996, se realizó un gasto mayor al aprobado, por 40 mil 548 millones de
pesos, cubiertos principalmente con los ingresos adicionales obtenidos, destinándose 21
mil 600 millones de pesos al gasto programable y 18 mil 948 millones de pesos al gasto no
programable.
Por otra parte, cuánto se pagó en forma
de estímulos, bonos y premios a los funcionarios públicos durante 1996; cuáles fueron
los sueldos que efectivamente se dieron a los funcionarios en ese año. Nada nos informa
al respecto ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni la Contaduría Mayor de
Hacienda, en el informe previo. Estamos demandando que se audite este gasto.
El ramo 23, siguió siendo la gran caja de
la discrecionalidad del Ejecutivo, de 31 mil 499 millones de pesos asignados a las
provisiones salariales y económicas, se ejercieron en el propio ramo, 6 mil 646 millones
de pesos, mientras que 24 mil 853 millones de pesos fueron reasignados sin que se
presentará información que permitiera saber en forma clara, cómo se utilizaron esos
recursos.
Un problema persistente en la presentación
de la Cuenta Pública, consiste en que se utilizan artimañas para presentar la
información, dificultándose la consulta y el análisis de la misma, ya que muchas veces
se encuentra implícita en cuadros de concentración de datos que no forman parte del
texto, sino de los apéndices.
Por el lado de los ingresos públicos se
denota una vez más la inexistencia de información básica agregada sobre los
contribuyentes que resulta indispensable para evaluar las políticas tributarias de la
Federación.
En la perspectiva de profundizar la
revisión de la Cuenta Pública de 1996, el dictamen que hemos aprobado en la comisión
instruye a la Contaduría Mayor de Hacienda para que audite a los programas, entre otros
de Saneamiento Financiero, Nacional Financiera, recursos destinados a las carreteras
concesionadas, gastos del ramo 23, ramo 26 y las remuneraciones especiales de los
servidores públicos.
Asimismo insistimos en la necesidad de
revisar a fondo el marco normativo del análisis de la Cuenta Pública, para fortalecer la
efectiva división de poderes, terminar con la discrecionalidad del Ejecutivo en el
ejercicio presupuestal y aumentar la transparencia en el ejercicio de los recursos
públicos.
Es necesario un mayor plazo para revisar la
cuenta, recibir mayor información del Ejecutivo, que además debe de ser de mucho mejor
calidad. Es indispensable un mejor desempeño del órgano técnico de la Cámara de
Diputados, la Contaduría Mayor de Hacienda; es indispensable que las instrucciones
formuladas a este órgano se sigan al detalle y que, llegado el caso, la Contaduría
proceda a promover la sanción a las responsabilidades administrativas e incluso penales a
las que hubiere lugar.
Al asumir la Presidencia de la Comisión de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, el Partido de la Revolución Democrática
adquirió el compromiso de iniciar un proceso serio de mejoría en la forma en la cual la
Cámara de Diputados realice las dos funciones que la Constitución le otorga como
facultades y responsabilidades exclusivas: los dictámenes sobre la revisión de la Cuenta
de la Hacienda Pública Federal y sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación.
El primer esfuerzo de cambio de mejoría en
la realización de esta tarea, cuya superación consideramos absolutamente necesaria,
indispensable para alcanzar la salud pública de la nación, se ha nutrido sobre todo del
mantenimiento de criterios verdaderamente autónomos respecto de los del Ejecutivo, pero
es necesario recordar que el trabajo de revisión de la Cuenta Pública se ha realizado
todavía en el contexto de grandes limitaciones de tiempo, de significativas restricciones
legales e institucionales, con el peso de inercias y costumbres que obstaculizan y
dificultan la profundización en la revisión por esta Cámara, del uso de los recursos
públicos.
A partir del dictamen que hemos realizado,
será necesario, en coordinación con la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor
de Hacienda de esta Cámara, estar al tanto de la realización de las auditorías que se
han instruido poner en marcha, así como enlazar estos trabajos con los de las comisiones
de investigación, de manera tal que se culmine con las bases necesarias para cumplir con
las disposiciones legales, sobre todo para evitar la repetición de discrecionalidades que
atentan contra la división de poderes y el buen uso de los recursos públicos.
Por esta razón será necesario trabajar y
estar al pendiente de que se finquen las responsabilidades que resulten, inclusive si
hubiera lugar, a juicios políticos.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Charbel Jorge
Estefan Chidiac, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 15 minutos, señor
diputado.
| El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
El día de hoy sometemos a consideración
de este pleno, por demás plural, el dictamen con proyecto de decreto relativo a la
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal
de 1996.
Por lo general, y desde hace varias
legislaturas, esta ocasión es aprovechada por las fuerzas políticas representadas en
esta Cámara para ejercer su derecho a la crítica de las acciones del Gobierno. Hoy, por
supuesto, no ha sido la excepción. Para analizar el balance de la acción programática
presupuestal del Gobierno Federal se trabajó intensamente en el seno de la Comisión de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, se revisaron los muchos tomos de la
integración de la cuenta, así como el informe previo y sus anexos realizados por la
Contaduría Mayor de Hacienda.
Cuando menos se realizaron ocho reuniones
de comparecencias de servidores públicos de prácticamente todas las dependencias y
entidades, para ampliar y precisar aspectos de lo realizado en 1996.
Como de costumbre, en este proceso se
intenta confundir el análisis de los resultados de las políticas públicas de 1996 con
los ejercicios pasados y hasta futuros, sacrificando un importante grado de objetividad
evaluatoria, introduciendo temas ajenos a la materia en discusión el día de hoy.
Como ya sabemos, más que evaluar los
resultados presentados en la Cuenta Pública, se trata de resaltar en qué se han
equivocado los responsables de la ejecución de los programas. Los logros, ésos no
Interesan y, sin embargo se ven ahí, ahí están en muchos lugares de nuestro basto
territorio, logros de un quehacer público que jamás pretenderemos calificar de perfecto.
En este marco entonces, el anteproyecto de dictamen presentado por la comisión a los
distintos grupos parlamentarios contenía, además de mucha información real, algunos
juicios de valor y prácticamente también apuntes de debate político.
Para arribar a un documento más objetivo y
preciso, se acordó integrar en el seno de la comisión una subcomisión revisora y
redactora del dictamen. Al final de este trabajo, en términos generales hemos logrado
llegar a introducir cambios al dictamen sobre temas que eran de importancia para los
partidos y las fracciones parlamentarias.
Hemos considerado que el dictamen en lo
general refleja el interés de todos los grupos parlamentarios por el cumplimiento
estricto de nuestra responsabilidad constitucional en esta materia, y para contribuir al
proceso legislativo los priístas hemos decidido apoyar este dictamen que subraya que el
Gobierno Federal observó para la integración de la cuenta, en términos generales, los
principios básicos de contabilidad gubernamental, y que se cumplieron de forma general
las disposiciones legales aplicables en la materia.
Reconocemos, no obstante, que se detectaron
preliminarmente algunos posibles incumplimientos que deben ser revisados y comprobados por
la Contaduría Mayor de Hacienda.
A la luz de la crisis económica de 1995,
el paquete económico presentado por el Ejecutivo y aprobado por el Legislativo se
orientó prioritariamente a promover la reactivación económica y el empleo y a reducir
la inflación dentro de un contexto de mayor estabilidad financiera y cambiaria.
El dictamen asienta que durante 1996 las
principales metas de política económica fueron alcanzadas, el crecimiento del producto
interno bruto superó lo previsto; el número de empleos se recuperó por arriba de los
niveles de 1994; la inflación fue menor a la de 1995; se reactivaron las inversiones
pública, privada y los niveles de consumo. El fortalecimiento de las finanzas públicas
permitió una mayor y mejor asignación de recursos destinados al mejoramiento de las
condiciones de vida de la sociedad.
Se distingue un mayor énfasis del gasto
público en desarrollo social y combate a la pobreza, principalmente para los que menos
tienen.
En 1996, nuestro país dejó atrás la
emergencia económica más profunda de la historia reciente de la nación e inició el
camino de la recuperación.
No se vale minimizar estos logros, si bien
los priístas reconocemos los rezagos que persisten en nuestro país en materia económica
y social, también es necesario justipreciar los logros obtenidos.
El hecho de que sólo se asuman actitudes
de rechazo sistemático que obedecen más a una estrategia publicitaria que al fondo de
los asuntos en los que se niega el menor reconocimiento de lo conseguido, no beneficia a
México ni a la política ni a la democracia.
Sobre el ejercicio del gasto público
federal, hemos escuchado a las diferentes fracciones parlamentarias hacer un buen número
de señalamientos, la gran mayoría de ellos cargados de subjetividad política, haciendo
a un lado de forma deliberada la objetividad y la técnica jurídica contable que deben
regular este tipo de ejercicios.
Se regatea el Ejecutivo las facultades para
autorizar erogaciones adicionales con cargo a excedentes de ingresos ordinarios para
aplicarlos a proyectos de inversión de carácter social a programas y proyectos
prioritarios y a la reasignación de recursos aprobados del Presupuesto de Egresos.
Se pretende condenar al Ejecutivo a
gobernar en la parálisis, sin capacidad para enfrentar los cambios y las contingencias;
se pretende convertir al presupuesto de la Federación que, como su nombre lo indica, es
un presupuesto, en un instrumento de aplicación inflexible, rígido, sin margen de
maniobra.
La visión que plantean algunos partidos
sobre la administración pública, no concuerda con los principios y criterios
fundamentales en la materia.
Claramente lo especifican los artículos 25
y 26 de nuestra Carta Magna; 25 de la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público y
35 del Presupuesto de Egresos de la Federación 1996, en que se faculta al Ejecutivo para
autorizar las modificaciones referidas.
Sobre este tema significa una gran
contradicción que por un lado se declare pedir apoyar a los deudores de la banca, se pida
el rescate de la pequeña y mediana empresas de este país y se manifiesten preocupaciones
por los productores del campo y, al mismo tiempo, se objeten y pretendan obstaculizar la
aplicación de recursos públicos originados con recursos excedentes ordinarios.
Resulta simplista y superficial a nuestro
punto de vista, considerar negativas por sí solas las variaciones en las metas y los
sobre y subejercicios presupuestales, cuando la gran mayoría de las supuestas
reasignaciones en realidad consisten en reclasificaciones contables y, en algunos casos,
se derivan de transferencias de recursos destinados para los mismos fines, aunque
ejercidos por otras instancias o dependencias.
Es claro que en términos generales esta
situación no afectó el cumplimiento y las metas programáticas durante 1996.
Como en toda organización, estamos
conscientes que en el ejercicio de la administración pública del presupuesto Federal,
existen errores que deben subsanarse.
En algunos programas se requiere
profundizar en las causas de las variaciones registradas en el cumplimiento de las metas y
en la aplicación de ciertos recursos que deberán ser revisados, y así lo sostenemos,
con mayor detalle por la Contaduría Mayor de Hacienda.
La erogaciones ejercidas, al amparo de los
artículos 47 y 48 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1996, aplicadas como
estímulos a la productividad de los servidores públicos, así como el ramo 23, que ha
sido manifestado varias veces en esta tribuna el día de hoy, son dos temas señalados en
el dictamen que efectiva y evidentemente necesitan ampliarse.
Los priístas apoyamos la realización de
las auditorías programadas para estos rubros que nos permitirán contar con más
elementos de juicio y normar nuestro criterio al respecto.
No obstante, debemos subrayar, que no se
desconoce el destino y la aplicación de las transferencias que se otorgan a las
dependencias con cargo a este ramo ni que tampoco se considera ilegítimo, porque muchos
gobiernos de otros partidos así lo hacen, otorgar estímulos al personal por eficiencia y
productividad.
Lo que se requiere, y así lo estamos
proponiendo en el decreto, avalado por los priístas, es que se ponga a disposición de
esta Cámara la información respectiva y detallada al respecto.
Los priístas nos pronunciamos por una
administración pública, no sólo honesta y austera, sino también eficaz y eficiente,
con un alto sentido social.
Debemos avanzar en nuestro país en un
proceso de programación-presupuestación que nos permita una mejor y más efectiva
medición de los resultados de la ejecución de los programas, el cumplimiento de metas y
su congruencia con la aplicación de los recursos públicos, integrando sistemas de
información más oportunos y confiables.
Debe ser en los hechos y no con
protagonismos publicitarios, como debemos de avanzar en un tema tan importante como éste.
La revisión de la Cuenta Pública de 1996
no culmina con la aprobación del dictamen que se presenta el día de hoy, es un paso
intermedio para la evaluación integral de la misma y para priorizar las áreas, donde se
requiera mayor investigación.
La Contaduría Mayor de Hacienda deberá
asumir las resoluciones que se señalan en tales documentos y continuar con la revisión
de la Cuenta Pública de 1996, principalmente deberá ejecutar el programa de auditorías
que señala el artículo 9o. del proyecto de decreto.
Los priístas avalamos cada una de las
propuestas de auditorías que fueron presentadas por todas las fracciones parlamentarias,
incluida la nuestra, en el seno de la comisión. Estaremos pendientes del resultado de las
mismas, nuestro voto a favor del decreto, significa un voto a favor de este programa de
auditorías.
Qué bueno que se auditen los recursos
aplicados a los programas de saneamiento financiero, los recursos fiscales para
carreteras, el ramo 23, los estímulos al personal. Esto nos permitirá transitar de un
enfoque solamente político, planteado por algunos grupos, para llegar a un abordamiento
técnico-contable sobre estos temas, satisfactorio para la sociedad mexicana.
Compañeras y compañeros diputados; en
razón de nuestras posiciones ideológicas y partidistas, encontramos diferencias en la
apreciación de los resultados expresados sobre la Cuenta Pública de 1996.
Si bien suscribimos conjuntamente el
dictamen con proyecto de decreto, muchos de los señalamientos aquí planteados el día de
hoy por algunos grupos parlamentarios, no corresponden al contenido del consenso acordado
que se refleja en el dictamen.
Continuemos el análisis y haremos un
seguimiento riguroso de nuestras recomendaciones. Profundicemos en las áreas de mayor
relevancia programático-presupuestal, seamos objetivos en nuestros juicios y
observaciones. Mantengámonos unidos con un propósito común, de cumplir con la revisión
estricta y apegada a la Ley de la Cuenta Pública. Reconozcamos resultados, congruencia y
cumplimiento y, también en su caso, señalemos las irregularidades y promovamos el
fincamiento de responsabilidades cuando más proceda.
El combate a la corrupción y la
ineficiencia son nuestra meta común, laceran la integridad de nuestras instituciones,
limitan nuestra capacidad de atender problemas sociales.
Hemos avanzado mucho y hay que reconocerlo.
Continuemos el esfuerzo juntos, Ejecutivo y Legislativo, para superar estos vicios. Sólo
así cumpliremos cabalmente con el mandato que nos dio el pueblo de México.
Gracias.
Gracias, señor diputado. Consulte la
Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo
general.
| El secretario
Jaime Castro López: |
En votación económica, se pregunta
a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general...
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
Para los efectos del artículo 134
del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a
reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado algún
artículo para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación
nominal en lo general y en lo particular del dictamen en un solo acto.
| El secretario
Jaime Castro López: |
Se va a proceder a recoger la
votación nominal en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados, en un
solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señora Presidenta, le informo que se
emitieron 447 votos en pro y cero en contra.
Aprobado en lo general y en lo
particular el dictamen por 447 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular
el decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal
Correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1996.
| El secretario
Jaime Castro López: |
Pasa al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
LEY ORGANICA
DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Tiene la palabra el diputado Salvador
Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
referirse a las reformas al Reglamento para el Gobierno Interior y a la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
| El diputado
Salvador Sánchez Vázquez: |
Con su permiso, señora Presidenta;
legisladores:
Durante varios años y por integrantes de
diferentes legislaturas y diversos grupos parlamentarios, se ha debatido sobre la
necesaria reforma de los ordenamientos jurídicos internos del Congreso de la Unión y
darle contenido, incluso al artículo 77 fracción III de la Constitución, para que cada
Cámara sin intervención de la otra, construya el Reglamento Interior propio.
No han faltado las iniciativas y propuestas
al respecto, incluso algunas adecuaciones en 1994. Por eso, no resulta extraño que en la
presente legislatura surja renovado interés, interés con el que coincido en el fondo y a
plenitud, mas no en la forma; coincido en el interés y el fondo, porque resulta
incongruente que seamos los hacedores de las leyes, los reformadores de las mismas y que
no hayamos sido capaces de poner orden jurídico en nuestra propia casa. Bien dice la
conseja popular: "en casa del herrero, azadón de palo"; no coincido en la
forma, porque el interés renovado de actualizar los ordenamientos jurídicos propios
pasan por un gobierno interno de la Cámara que no ha entregado resultados.
Se ha hablado demasiado de orden, de
racionalidad, de eficiencia, de otro tipo de administración y los resultados han sido:
desorden, ineficiencia y mala administración.
Estoy aquí para ratificar ante ustedes
respetables legisladores y ante la opinión pública, mi desacuerdo con actuaciones de la
CRICP. Es ratificación porque mi inconformidad ha quedado de manifiesto al firmar, sumado
a otros legisladores, documentos de reclamo que se han presentado a la CRICP al opinar en
comités, así como también quedó de manifiesto con mi voto en contra, a la propuesta de
acuerdo parlamentario presentado, debatido y aprobado en la sesión del pasado 2 de
diciembre.
Lo anterior, porque la CRICP es una
comisión que todavía no está suficientemente sustentada en la ley, ya que su
integración no se ajustó a los términos del artículo 45 de la Ley Orgánica,
haciéndose del mismo una interpretación convenenciera, porque su integración inicial y
los propósitos que la conducen han obedecido a lineamientos partidarios y compromisos de
minorías.
Lo que fue evidente en la propuesta que la
CRICP hace para integrar comisiones y comités, como si se tratara de reparto de parcelas
políticas, de competencias de tramos, espacios y pedazos, de entrega o defensa de una
plaza, de bórrate, quítate que ahora somos nosotros, en una evidente actitud de
intolerancia y exclusión.
Propuestas a las que nos hemos opuesto en
el seno de la misma CRICP o hemos resuelto abstenernos.
Ratifico mi inconformidad porque la CRICP
ha desatendido en los hechos, la parte del artículo 45 de la Ley Orgánica que expresa:
"La comisión fungirá como órgano de
gobierno a fin de optimizar el ejercicio de las funciones legislativas, políticas y
administrativas que tiene en la propia Cámara."
Pues no han logrado optimizar nada, porque
sus propuestas, por el camino de los acuerdos parlamentarios, chocan frecuentemente con la
ley, el reglamento y la realidad del proceso legislativo.
El artículo 45 en su fracción IV
establece que: "corresponde a esta comisión contribuir con la mesa directiva a
organizar y conducir los trabajos camarales."
Lo que en realidad ha hecho la CRICP, es
ignorar a la mesa directiva, someterla a sus acuerdos, en la práctica restarle facultades
y algo muy grave en estos meses, ha querido desaparecer la Presidencia de la mesa
directiva, subestimando y escamoteando sus facultades legalmente establecidas.
Se quiere soslayar lo que establecen
fundamentalmente los artículos 27 y 71 de la Ley Orgánica, respecto de la Presidencia y
sus facultades, facultades de dirección del trabajo camaral, facultades de
representación de la Cámara, facultades relativas al orden y la disciplina en el
desarrollo de las sesiones.
Una evidencia de lo expresado es que
ciertos grupos parlamentarios han propuesto para la Presidencia o vicepresidencia de la
Cámara, respetables legisladores que al no tener mayor conocimiento de ordenamientos
jurídicos internos y de artículos constitucionales relativos y no tener experiencia en
la práctica para su aplicación al procedimiento legislativo, han incurrido en
violaciones a la ley misma y en el caso del Presidente de la sesión del jueves 4, en
pifias de graves consecuencias, quedando hoy la lección de que no cualquiera, por muy
legisladores que seamos, puede presidir la Cámara, menos cuando se preside...
| El diputado
Sergio César Alejandro Jáuregui Robles (desde su curul): |
Señor Presidente.
Permítame, diputado. ¿Con qué
objeto, diputado Jáuregui?
| El diputado
Sergio César Alejandro Jáuregui Robles (desde su curul): |
Quisiera formular al orador una
pregunta, si éste la acepta.
Orador, ¿Acepta usted la pregunta?
| El diputado
Salvador Sánchez Vázquez: |
Sí, señor Presidente.
El orador acepta la pregunta,
diputado.
| El diputado
Sergio César Alejandro Jáuregui Robles (desde su curul): |
El señor diputado nos ha hecho aquí
una exposición muy patética de lo que a su parecer constituye la actuación de la
Comisión de Régimen Interno y nos hace una serie de señalamientos relativos a cómo se
viene operando de manera, a su parecer, muy parcialmente a través de la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política.
Yo le quisiera preguntar, ¿cómo podría
él considerar que se debe de respetar un reglamento, que tiene una antigüedad desde 1934
y cómo operaba la Gran Comisión, que siempre fue utilizada por el partido oficial para
el control no solamente de las mesas directivas, sino de todas las cámaras y de todo el
Congreso de la Unión?
| El diputado
Salvador Sánchez Vázquez: |
Con mucho gusto. Sólo con una
palabra, compañero: ¡reformándolo! Eso es todo lo que tengo que contestar.
"Los acuerdos parlamentarios
aprobados, relativos a Sesiones, Debates, Votaciones, Comisiones y Comités, son acuerdos
que quieren convertir a la CRICP en el ombligo del mundo camaral, sustituyendo funciones
propias del Presidente, repito, de la mesa directiva, de las comisiones y comités, de la
plenaria de la Cámara y algo grave de verdad, queriendo sustituir la condición de pares
de cada diputado, de igualdad e individualidad, de iguales ante la ley, de iguales como
representantes de la nación, de iguales, uno a uno, los 500 diputados.
El Presidente de la CRICP, es igual que
otro. Un diputado federal no menos, pero no más.
Se lesiona esta igualdad, esta condición
de pares, cuando la CRICP se faculta "resolver favorablemente las solicitudes de un
diputado para incluir una iniciativa o propuesta o asunto general en el orden del
día". Esto es, que la CRICP quiere incluso quien habla o no en una sesión. Pues
agréguese a esta ilegalidad la de no respetar los términos del artículo 102 del
reglamento, que nos faculta ante cualquier tema y frente a cualquier acuerdo parlamentario
a solicitar la palabra para rectificación de hechos o contestar alusiones personales.
Frente a los acuerdos parlamentarios, que
no comparto, ahora debemos recurrir a lo establecido por la Constitución, la Ley
Orgánica, el Reglamento Interno, el Acuerdo para la Integración del Orden del Día, los
Debates y las Votaciones, el Acuerdo para la Organización y Reuniones de las Comisiones y
Comités y, además encontrarnos que van más allá de los ordenamientos jurídicos.
El reglamento establece en el artículo 28:
que las sesiones durarán cuatro horas y el acuerdo que durarán cinco horas.
El artículo 25 fracción IV establece que
los dictámenes e iniciativas se impriman y circulen entre diputados y esto no sucede. La
CRICP cree que basta con entregárselos a algunos.
Se ignora el artículo 31 de celebrar
sesión secreta cada lunes de cada semana para despachar los asuntos económicos. La Ley
Orgánica establece en siete fracciones y el primer párrafo del artículo 45 de la citada
ley, las facultades que corresponden a la CRICP.
Mientras los acuerdos referidos amplían
estas facultades en tal forma que la CRICP se empieza a convertir en el todo: en el
órgano del Gobierno que todo lo centraliza, que toma decisiones de tamaño y sin tamaño,
trascendentes e intrascendentes.
Y ahora ante tanta función se convierte en
un ser antidiluviano: con un gran cuerpo, un cuello largo y una cabecita pequeña. En el
cuerpo estamos 495 diputados y en la cabeza, diría yo, cuatro y éstos intentando,
intentando mandar órdenes desde esa altura y esa cabecita, órdenes que tardan tanto en
bajar por ese largo cuello que no es extraña la ineficiencia de la CRICP.
Más podrían ser los argumentos, pero
concluyo:
1. Que sea por el camino de reformas y
adiciones a la Ley Orgánica, al Reglamento para el Gobierno Interior y, en su caso, a la
Constitución que determinemos el marco jurídico contemporáneo del Congreso General y de
cada Cámara.
2. Que omitamos el camino de los acuerdos
parlamentarios por todo y para todos.
3. Que la CRICP se sujete a las facultades
expresas de los ordenamientos jurídicos y que respete las facultades expresas de
comisiones, comités, plenaria, mesa directiva y Presidente.
4. Que la CRICP se sepa integrada por
pares, por dos o más diputados federales en condiciones de igualdad con los 500 diputados
federales.
Y termino, que la CRICP ajuste de una vez
por todas su integración a lo que establece categóricamente el artículo 45 de la Ley
Orgánica.
Muchas gracias.
Túrnese a la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
| El diputado
Américo Alejandro Ramírez Rodríguez (desde su curul): |
¡Pido la palabra!
¿Con qué objeto, diputado Américo
Ramírez?
| El diputado
Américo Alejandro Ramírez Rodríguez (desde su curul): |
¡Para preguntar si acepta una
interpelación el orador!
Diputado Salvador Sánchez, ¿acepta
usted una interpelación?
| El diputado
Salvador Sánchez Vázquez: |
¡No!
El orador no acepta la
interpelación.
Pidió la palabra, para rectificar hechos
en este punto, el diputado Armando López. Tiene usted la palabra, hasta por cinco
minutos.
Esta Presidencia le da un saludo a 10
estudiantes de comercio del Cecati 158 de la Ciudad de México y espera que le sea de
utilidad su presencia aquí en la Cámara.
Adelante, diputado Armando López.
| El diputado Armando López Romero: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros:
Efectivamente, yo creo que éste es un
punto muy importante, creo y ha sido de los más críticos a las actitudes que ha tomado
la CRICP; los cinco que se encuentran ahí, porque esto ha limitado el trabajo
legislativo.
No se trata, compañeros, de una posición
partidaria; se trata de la vida legislativa y en eso estamos de acuerdo: no podemos
limitar la vida legislativa. Y creo que como fue también un gran efecto negativo la Gran
Comisión, desgraciadamente hoy se nos está convirtiendo en un efecto negativo la CRICP.
Lo he dicho y quiero sostenerlo en esta
tribuna por una sencilla razón: somos 500 diputados que nos debemos a la nación. No se
trata de un gobierno exclusivamente de la cúpula de cinco ni se trata de crear un
organismo, tampoco, como la Gran Comisión que tuvo sus grandes defectos.
Yo creo que en este momento debemos de ser
conscientes, sí, para reformar, para que esta vida legislativa tome su fuerza. Nosotros
pasamos un documento en donde, desgraciadamente, por decisiones de los cinco de la CRICP,
las comisiones hemos tenido problemas de trabajo. Aquí también no se han discutido en el
pleno como lo establece el reglamento y la ley, condiciones administrativas. Yo creo que
es para todos, yo creo que aquí no podemos partidizar este problema, la CRICP,
efectivamente, ha tomado decisiones que han afectado la vida legislativa pero, señores,
también quiero decirles: decidamos los 500 diputados, esto es algo muy importante, es
para todos y para fortalecer la vida legislativa ante la nación.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Armando López.
PRODUCCION
AGROPECUARIA
Tiene la palabra el diputado Pedro
Magaña Guerrero, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un pronunciamiento a
favor de mayor presupuesto a productores agropecuarios, hasta por 10 minutos.
|
El
diputado Pedro Magaña Guerrero: |
Con su permiso, señor Presidente;
señoras y señores diputados:
El campo mexicano es el escenario en donde
hoy diferentes actores sociales, económicos y políticos se disputan la definición y la
conducción del modelo de desarrollo rural. En los últimos años y en el marco de una
política neoliberal, en el campo hemos sufrido el deterioro de la organización
económica y social rural, el abatimiento de los niveles de ingreso, consumo y de vida de
los pequeños productores.
A la falta de rentabilidad de la actividad
agropecuaria, se suma hoy la incertidumbre en la indefinición ante las distorsiones del
mercado, la falta de inversión privada y la sesgada orientación de la inversión
pública.
Hoy los legisladores tenemos la posibilidad
y la responsabilidad de modificar la política económica y social en nuestro país, desde
luego, en beneficio de los sectores mayoritarios, entre ellos el campo, los campesinos y
los pequeños productores.
Paso a la lectura de una propuesta que
fuera entregada el día de ayer por dirigentes rurales de organizaciones económicas, a
esta Cámara de Diputados.
Un presupuesto justo para el campo en 1998,
priorizar soberanía alimentaria, agricultura campesina sustentable. Las organizaciones
económicas abajo firmantes ponemos a su consideración las siguientes propuestas en torno
al Presupuesto de Egresos de 1998 para el sector agropecuario y el desarrollo rural.
Desde nuestro punto de vista, lo importante
en el debate en curso no es tan sólo el porcentaje de aumento en el monto del presupuesto
sectorial. Hoy, la Cámara de Diputados tiene la oportunidad y el mandato ciudadano de
reorientar los recursos destinados al sector, la pregunta que compartimos con ustedes es:
¿más recursos al campo para qué y para quiénes?
Nosotros consideramos que el país requiere
un programa-presupuesto que prioritariamente se oriente a la recuperación de la
soberanía alimentaria y al reconocimiento y promoción de los campesinos y sus
organizaciones económicas sociales, como sujetos del desarrollo agropecuario y rural.
Es urgente detener y revertir el
desmantelamiento de la agricultura campesina, superando la visión profundamente errónea
y excluyente de que la economía campesina no es viable y a lo más, que sólo debe ser
objeto de la ayuda asistencialista. Hoy la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de
reconocer en la agricultura campesina un potencial estratégico de contribución
económica, social, ambiental y cultural para el desarrollo nacional, incluyente y
sustentable.
Por lo anterior, proponemos a su alta
consideración que la Cámara de Diputados condicione al Ejecutivo Federal la
autorización del presupuesto sectorial de 1998 a los siguientes mandatos, entre otros:
1o. Que se apruebe un gasto programable
real para el desarrollo agropecuario en 1998, equivalente al 6.5% del gasto programable
total; esto quiere decir 39 mil 131 millones, y no del 5.18% que representan 31 mil 190
millones; como lo propone el Ejecutivo Federal para 1999, proponemos que ascienda al 8% y
llegue al 10% para el año 2000, recuperando el nivel prevaleciente en el inicio de la
década de los ochenta.
En 1997, la participación sectorial en el
gasto total fue del 5.69% mientras que en 1996 fue del 6.4%. No entendemos por qué el
Ejecutivo propone un crecimiento real del 5.38% en el gasto programable total mientras que
para el desarrollo agropecuario propone una reducción en términos reales del 2.69%.
2. Aprobar un presupuesto de 12 mil 750
millones para el Procampo en 1998, lo que significa a precios constantes el apoyo
comprometido por el Gobierno Federal al instaurar dicho programa. Lo anterior representa
apoyar en 1998, con 850 pesos por hectárea en promedio para un total de 15 millones de
hectáreas. Dicho mandato en oposición a la propuesta gubernamental de solicitar un
presupuesto para el Procampo de 8 mil 521 millones, inferior en un 4% real presupuestado
para 1997.
Lo que significa sólo 613 pesos por
hectárea en promedio para un total de 13.9 millones de hectáreas.
El diferencial entre el monto propuesto por
el Ejecutivo y el monto que se propone a su consideración, sería aplicado únicamente a
favor de productores del ciclo primavera-verano y adicionado a la suscripción de un
contrato para el manejo sustentable de tierras, el Procampo ecológico. El país no puede
continuar olvidando el hecho de que 11.6 millones de hectáreas agrícolas se encuentran
en condiciones de alta fragilidad, lo que amenaza la base material para la producción de
alimentos y el empleo rural.
3. Mandatar al Ejecutivo Federal para
incorporar un programa presupuesto integral, explícito y deliberado para el desarrollo
productivo de la agricultura campesina con un monto de 3 mil 500 millones; lo anterior en
oposición a la propuesta del Ejecutivo, en la que únicamente se destinan cinco centavos
a dicho propósito por cada peso presupuestado en la Sagar, por transferencias y
subsidios. Es decir, 1 millón... mil millones de la alianza para el campo para la
agricultura campesina, de un total de 20 mil 246 millones asignados a la Sagar en dichos
conceptos.
En los hechos, la Cámara de Diputados
puede y debe decir claramente al Ejecutivo Federal que la agricultura campesina es... sí
es viable y capaz de un desarrollo sustentable.
Mandatar a la Sagar para incorporar en los
programas de la alianza para el campo, un programa-presupuesto explícito para el
fortalecimiento de la organización económica, autogestiva campesina, con un monto de 500
millones. Dicho programa y sus lineamientos normativos y operativos deberán ser
presentados por la Sagar a la Cámara de Diputados para su apreciación en los primeros 30
días de 1998.
La fracción parlamentaria del PRD, se
pronuncia por un incremento sustantivo al presupuesto para el desarrollo rural, por la
instrumentación de una política agropecuaria que rescate a nuestros sectores productivos
y fortalezca regionalmente proyectos de desarrollo rural.
Por la diferenciación clara de los
subsidios, los orientados a la actividad productiva deben fomentar la productividad y el
desarrollo de la infraestructura de servicios a la producción.
Los sociales deben mejorar la calidad de
los servicios para el bienestar social.
Por la instrumentación de mecanismos de
evaluación y vigilancia del presupuesto en forma permanente, proponemos en el mes de
enero la revisión del destino de los recursos aplicados a los programas de 1997, tales
como alianza para el campo, el Procampo, crédito a la palabra y otros.
Estamos de acuerdo en que se canalicen
mayores apoyos a la comercialización agropecuaria, pero éstos deben estar sujetos a la
vigilancia para garantizar que éstos lleguen a los pequeños productores y que sirvan
éstos para fomentar su organización comercial y desarrollen la infraestructura necesaria
para este objetivo.
Nos pronunciamos por una política
agropecuaria que fomente, promueva, impulse la organización económica de los pequeños
productores y el presupuesto rural.
Le pedimos al orador que concluya,
por favor, su tiempo se le ha terminado.
| El diputado
Pedro Magaña Guerrero: |
Le solicitamos a la Secretaría que
recoja esta propuesta y sea canalizada a la Comisión de Programación y Presupuesto.
Por su atención, muchas gracias.
Túrnese la propuesta a la Comisión
de Programación y Presupuesto.
Para el mismo tema, tiene la palabra el
diputado Odorico Vázquez Bernal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, hasta por 10 minutos.
Le pedimos al diputado Porfirio Muñoz Ledo
que ocupe su curul. Gracias, diputado. Adelante, diputado Odorico.
| El diputado Odorico Vázquez Bernal: |
Con el permiso del señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
A pesar de tener muchas coincidencias con
el PRD en relación a las propuestas para el campo y en general sobre la justicia social,
en esta ocasión permítaseme no compartir algunos de los planteamientos vertidos por el
diputado Pedro Magaña.
No podemos plantear una economía sana, si
por un lado se busca bajar los ingresos y por el otro aumentar el gasto. Para continuar
con un crecimiento sostenido de la economía del país, la propuesta del presupuesto
contiene las siguientes metas:
Un crecimiento del producto interno bruto
de 5.2%; mantener la inflación en 12% anual; reducir el déficit público en proporción
al producto interno bruto en 1.25% y aumentar el gasto social en 10%.
En el presupuesto encontramos en un
apartado los recursos para fomento productivo: en alianza para el campo, 2 mil 632
millones, que representan un 50% de incremento; programas de empleo temporal, 2 mil 900
millones, con un incremento del 20%; infraestructura hidroagrícola, 2 mil 947 millones,
que representan un incremento del 24% y apoyo al sector forestal, con 374 millones, con un
incremento del 7.9%.
Otros conceptos importantes lo son: el
Procampo con 8 mil 521 millones y crédito y seguro con 28 mil 248 millones y el otro gran
rubro es la atención a condiciones generales de vida. Cabe resaltar la magnitud de una
modalidad de gasto que se inscribe en los procesos de federalización, como se puede
observar en la propuesta del presupuesto. Se pretende orientar mayores recursos a la
población rural por la vía del gasto social y por la modalidad de las participaciones a
estados y municipios; esto permite ver mayor canalización de recursos al campo por la
vía de la atención a las condiciones generales de vida de la población del medio rural,
que es donde se encuentran los mayores índices de pobreza y marginación.
Desde la perspectiva de la política
social, el presupuesto propone aumentar el gasto social en 10%, en particular los recursos
para el combate a la pobreza en un 25%; del total del dedicado a la educación se
incrementa en un 10% y el de salud en un 20%. En esta línea se inscribe el Progresa que
tiene programado atender a 2 millones de familias, entonces, señoras y señores
diputados, si tanto se ha cuestionado la existencia de miles de familias en pobreza
extrema, tenemos que decidir estos incrementos y ver al campo de manera integral sin
tratar de confundir, queriendo que veamos los recursos al campo sólo en el fomento
productivo.
Las organizaciones campesinas hemos venido
planteando la puesta en práctica de una política integral de producción y abasto
alimentario, que contemple una estrategia de reconversión, que permita el reordenamiento
del aparato productivo sobre la base de la integración de las cadenas agroalimentarias y
la mejor relación campo-ciudad, una estrategia alimentaria que aproveche el potencial de
los campesinos y demás miembros de la sociedad rural, que responda a los requerimientos
de la producción y el consumo y que establezca las bases de un futuro con menos
desequilibrios y mayor equidad.
Soporte de esta política integral, serán
las reformas legislativas que garanticen el derecho a la alimentación y un desarrollo
integral.
A raíz de la apertura del mercado, es
indispensable contar con una política integral de apoyo a la comercialización de los
productos agropecuarios, tanto en el mercado interno como el externo; que contemple, entre
otras cuestiones, integración de un Consejo Nacional de Comercialización Agropecuaria,
con la participación del sector público, el social y el privado; que apoye la
planeación de la producción para hacerla congruente con la demanda; que realice
investigación y prospectiva de mercados, concerte contratos de mercados a futuro, provea
de información a los productores.
Es necesario que existan financiamientos
para la comercialización, créditos pignoraticios y otros; que los programas de alianza
para el campo beneficien a mayor número de campesinos de escasos recursos, para lo cual
se requiere se haga más flexible la normatividad y las fórmulas de aportación de los
productores, considerando los distintos niveles de ingresos de los campesinos y dando
trato preferencial a quienes menos tienen.
En cuanto al Procampo proponemos la
eliminación de la reinscripción anual, entrega de los recursos antes del ciclo
agrícola, ampliación de la cobertura hacia otros cultivos, bursatilización del Procampo
para ampliar beneficios y hacer efectiva la garantía del Procampo para créditos
diversos, sobre todo a proyectos productivos, mayores volúmenes de crédito, tasas de
interés bajas y mecanismos que garanticen que la banca comercial invierte en el campo;
que se mantengan e incrementen los programas de abasto social alimentarios, para
garantizar acceso a los nutrientes básicos a la niñez y a la población con menores
recursos; que se diseñe y establezca con participación de diversas dependencias una
política integral para la atención a los jornaleros agrícolas.
Consideramos a la educación y a la
capacitación como indispensables para alcanzar la justicia y la modernización en el
medio rural. Demandamos más becas para niños y jóvenes de origen rural, más programas
específicos para la atención de la mujer y los jóvenes del campo; que se constituyan
fondos especiales de financiamiento para sus proyectos productivos.
La tragedia de los productores del campo
mexicano siempre ha sido el problema de comercialización, desde que siembran, con la
incertidumbre de si lo van a vender y a qué precio. Demandamos, como grupo parlamentario
del PRI, que las instituciones gubernamentales, dentro de la reglamentación de
importaciones protejan las cosechas nacionales.
El grupo parlamentario del PRI luchó y
obtuvo mediante gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
creación de un cajón presupuestal específico para efectos de comercialización de los
productos básicos.
Se planteó 3 mil 500 millones de pesos
bajo estudios serios de costo-beneficio y se proponen 1 mil 693 millones de pesos. Se
considera la utilización de recursos del ramo 23 del proyecto de Presupuesto de 1998 en
el que está considerada la cantidad de 1 mil 214 millones para fluctuaciones en los
precios internacionales.
Al igual que en 1997, pugnamos para que se
establezca un acuerdo transitorio en el caso de que ingresen mayores tributaciones
fiscales o que haya excedentes en las ventas de petróleo, se le dé prioridad al campo y
particularmente a la comercialización.
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público incluyó una asignación de recursos para que la Conasupo actúe como comprador
de última instancia de frijol y otros granos, por las insistencias de los diputados
priístas.
Los campesinos vemos reflejada la atención
a nuestras exigencias en los siguientes rubros y montos: Programa Nacional de Jornaleros
Agrícolas, 145 millones; Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales, 800 millones;
Programa de Crédito a la Palabra, 700 millones; Programa de la Mujer Campesina, 95
millones; Productores Rurales de Bajos Ingresos, 8 mil 313 millones; Fondo para Desastres
Naturales, 2 mil 650 millones.
Nosotros coincidimos con el PRD y los
demás grupos parlamentarios en que el campo mexicano requiere más recursos, pero es
importante no pedir lo imposible, hemos luchado por lo posible dentro del marco de lo
deseable.
Seguiremos luchando contra los acaparadores
el coyotaje de la comercialización de las cosechas de nuestros compañeros. Ya basta de
que el campo mexicano siga subsidiando al comercio y a la industria.
Reconocemos el rezago y la
descapitalización del agro mexicano por muchos años atrás, pero también reconocemos el
impulso que en el último tiempo el sistema le ha dado al desarrollo agropecuario, donde
juntos, Gobierno Federal, estatal y productores, sumamos esfuerzos y recursos para la
creación de infraestructura en programas como la alianza, equipamiento rural, de
proyectos productivos y otros.
Recuerden ustedes, señores diputados del
PRD, que en su plataforma electoral proponían la desaparición del Procampo. Registren
también el doble discurso, los programas que hoy buscan incremento en los recursos, en
tiempos de campaña algunos los criticaban como programas electoreros.
Ahora la oposición también son Gobierno
en algunas entidades, revisen también su Presupuestos de Egresos y se encontrarán con
sorpresas por los escasos recursos que destinan al campo. Lo que requerimos en esta
Cámara es congruencia, propuestas serias y factibles. El grupo parlamentario del PRI
estamos con los campesinos de México.
Muchas gracias.
Gracias, diputado.
| El diputado Leopoldo Enrique Bautista Villegas (desde su curul): |
Señor Presidente.
¿Con qué objeto, diputado Bautista?
| El diputado
Leopoldo Enrique Bautista Villegas (desde su curul): |
Para rectificación de hechos.
Para rectificación de hechos, tiene
la palabra el diputado Bautista, hasta por cinco minutos.
| El diputado
Leopoldo Enrique Bautista Villegas: |
Señoras diputadas, señores
diputados.
Permítame, diputado Bautista.
Si me da el nombre el diputado que pide la
palabra para rectificación de hechos.
| El diputado
Héctor Rodolfo González Machuca (desde su curul): |
Leobardo Casanova.
Gracias, diputado González Machuca.
Adelante, diputado Bautista.
| El diputado
Leopoldo Enrique Bautista Villegas: |
Ciertamente, señoras legisladoras,
señores legisladores:
De acuerdo a la Secretaría de Hacienda hay
un incremento sustancial en el presupuesto programable para el campo, sin embargo, las
cifras que se presentan son sumamente engañosas. Por un lado observamos que se señalan,
se citan una serie de recursos muy importantes para el desarrollo social a través de
programas que han vivido permanentemente, como es el caso de los gastos que se hacen a
través del sector salud, educación y algunos otros y ahora se establece el Progresa.
Por el lado de la inversión productiva,
que es aquella que se canaliza fundamentalmente a través de la Secretaría de
Agricultura, observamos que no hay un incremento sustancial en relación al presupuesto
del año anterior.
Lejos de ello, nosotros observamos que hay
una disminución en las propuestas que la Secretaría de Hacienda ha presentado a esta
Cámara.
De acuerdo a la propuesta correspondiente,
para el año de 1997 se está proponiendo un gasto de 31 mil 190 millones de pesos, para
erogarse a través de la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de la Reforma Agraria
y los tribunales agrarios.
Se señala que el gasto correspondiente
para 1997 fue de 28 mil y tantos millones de pesos, cuando en realidad lo que se había
aprobado en el año de 1997 fueron 31 mil 129 millones de pesos. En términos reales esto
significa una disminución de aproximadamente 10%.
Sin embargo, no es sólo importante
señalar que hay una disminución real, de manera global, en el presupuesto para
inversión en éste esta partida, sino que cuando la desglosamos observamos que programas
sumamente importantes como el Procampo se mantiene prácticamente intocable.
El Procampo cuando se constituyó, se
constituyó con el espíritu de otorgar al agricultor un apoyo por hectárea de
aproximadamente o el equivalente a 100 dólares y actualmente sólo se le están
entregando el equivalente a 65 dólares.
En el caso del Programa Alianza para el
Campo, está proponiendo la Secretaría de Hacienda un gasto de 2 mil 659 millones de
pesos, que incluye un programa de 510 millones de pesos para reconversión de cultivos.
Este programa de reconversión de cultivos está especialmente pensado para desalentar el
cultivo de la caña. La caña es un magnífico negocio y, sin embargo, se está
considerando desestimularlo, porque debido a las malas negociaciones que se hicieron al
interior del TLC, no podemos colocar nuestros excedentes en los Estados Unidos o en otros
países que pudieran ser potencialmente compradores del istmo.
Si nosotros deducimos estos 510 millones de
pesos, nos vamos a dar cuenta de que prácticamente el presupuesto para alianza para el
campo queda intocable.
La propuesta del PRD es que los recursos de
alianza para el campo se canalicen fundamentalmente para pequeños agricultores y se
establezcan en el decreto que acompañará el Presupuesto de Egresos de 1998, una serie de
artículos que establezcan candados para garantizar que estos recursos van a llegar a los
agricultores de menores recursos en el país.
Por el lado de los apoyos a la
comercialización, observamos que la Secretaría de Hacienda está proponiendo una
erogación de 1 mil 853 millones de pesos, cuando en el año de 1997, de acuerdo al
reporte de la propia Secretaría de Agricultura, deberá de erogarse el equivalente a 2
mil 845 millones de pesos. Es decir, una reducción antes de la inflación de más de 1
mil millones de pesos.
Nosotros consideramos que debe de
estimularse de manera importante y fundamental no sólo el crecimiento del presupuesto en
aquellos renglones encaminados a resolver el problema del hambre, sino consideramos que se
debe de ir sentando las bases para reactivar la economía agropecuaria en el país y esto
sólo lo vamos a hacer a través de una serie de programas que invierten recursos
importantes en programas que estimulen al productor a incrementar su producción y su
productividad.
Yo quiero nada más dejar esto planteado
aquí y comentar que desde luego no es de ninguna manera aceptable el presupuesto que la
Secretaría de Hacienda está planteando para el sector agropecuaria.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Leobardo
Casanova, para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.
| El diputado Leobardo Casanova Magallanes: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Ciertamente pese al esfuerzo que se ha
realizado en el campo mexicano, es menester reconocer los rezagos que aún persisten en la
realidad. Se ha avanzado en investigación, tenemos logros en capacitación y asistencia
técnica, se ha impulsado la organización productiva, existe infraestructura
hidroagrícola, aunque algunas subutilizadas. Se han realizado esfuerzos en agroindustria
y comercialización, sin embargo, pese a los esfuerzos realizados en los últimos años
por el Gobierno de la República, sumado al de los gobiernos de los estados, municipios y
productores, resultaba insuficiente, de ahí que surgiera la necesidad de sistematizar y
reforzar los mismos, dándole vida el Estado mexicano a la estrategia denominada alianza
para el campo.
Estrategia cuyo fin principal es lograr la
reactivación del campo mexicano, elevando los ingresos y con ello los niveles de vida de
las familias de los productores, fortalecer el federalismo y fundamentalmente lograr la
soberanía alimentaria. Prueba de esto, son los tangibles incrementos en la producción
logrados en los dos últimos años, al obtener cosechas-récord de granos básicos.
Esto se logró teniendo como base los 26
programas, que en estos dos últimos años se aplicaron, programas que tiene como objetivo
fortalecer la investigación; la asistencia técnica; el cambio estructural; la
repoblación de actos; el mejoramiento genético, tanto en animales como en vegetales; el
uso eficiente del agua; agroindustrias; la comercialización y el Programa Kilo por Kilo,
entre otros.
Para consolidar este esfuerzo entre muchos,
el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ha pugnado para que a
esta estrategia se le otorgue un incremento de más del 50%, con el fin de reforzar todos
los programas de la alianza, ya que consideramos que es lo justo lo que el campo requiere.
Por eso en la bancada priísta, seguiremos pugnando por más apoyos al campo, por lo que
estamos convencidos que sólo así se saldará la deuda que se tiene con el campo
mexicano.
Por último, como lo decía el compañero
que me antecedió, ciertamente que faltan más recursos, pero también es cierto que estos
recursos deben de ir sistematizados. Que lo hagamos tomando como base la realidad
financiera, de la Federación, de los estados y los productores, ya que en esta
estrategia, como lo mencioné con anterioridad, se aporta en forma tripartita.
Ojalá que pudiéramos subsanar en un año
los rezagos de casi dos décadas. Los invitamos, compañeros diputados, a todos, a que
reflexionemos y que no caigamos en optimismos inalcanzables.
Muchas gracias, compañeros diputados.
Gracias, diputado Leobardo Casanova.
Tiene la palabra el diputado Sergio Valdés, para rectificación de hechos, hasta por
cinco minutos.
| El diputado Sergio Valdés Arias: |
Gracias por su anuencia, señor
Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo me refiero al diputado Castillo Peralta
en sus expresiones, que si para su servidor tiene algún cuestionamiento, estoy dispuesto
a respondérselo diputado.
Señor Presidente, yo llamaría al orden al
diputado Janitzio Soto, que si me hiciera alguna pregunta, pediría respeto a mi tiempo.
Permítame, diputado Valdés. Pedimos
a los diputados que guardemos el orden correspondiente para escuchar al orador. Hay
anotados varios diputados en este punto de los distintos grupos parlamentarios. Adelante,
diputado Valdés.
| El diputado
Sergio Valdés Arias: |
Gracias, señor Presidente:
Indiscutiblemente que cuando tenemos que
hablar del campo, como lo subrayó el orador que me antecedió, independientemente del
partido político en el que militemos o del que provengamos, tenemos que reconocer, como
aquí se subrayó, este rezago que ya abarca décadas en el campo mexicano y que se torna
cada vez alarmante.
País que no asegura a su sector primario
de la producción, país que corre el riesgo de perder soberanía y considerarse como
entidad dependiente. En el proyecto de Presupuesto de Egresos que envió el Ejecutivo
Federal a esta soberanía, se marca un incremento en general del 12% para el campo.
Yo quiero con un ejemplo, con uno o dos
ejemplos, poner a la consideración de esta Asamblea, si con eso vamos a componer el campo
mexicano. En 1982, por cierto, año en que se inicia la etapa franca del neoliberalismo en
México, lo que costaba un kilo de maíz, se vendía, se entregaba a la Conasupo a 6.50
pesos y con ese dinero que se obtenía por la venta de este kilo de maíz, se podrán
comprar tres litros y medio de diesel. Ahora se vende un kilo de maíz a 1 mil 260 pesos
la tonelada y por cada kilo de maíz que se venda, no se puede comprar más que un tercio
de litro de diesel.
En 1982 también, vendiendo 60 toneladas de
maíz, se alcanzaba a comprar un tractor equipado de los de 75 ó 77 caballos de fuerza.
Ahora, hay que vender o poder producir 220 toneladas para comprar la misma maquinaria.
Entonces, yo digo aquí: tenemos que
recurrir a la congruencia, ¿o no?, según lo postulaba el diputado Odorico, a quien le
reconozco que tenemos que actuar en congruencia en el campo.
Por esto yo creo y hago y puntualizo a los
integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, que en sus
discusiones puedan incorporar que para el campo mexicano pueda establecerse también un
tratamiento diferenciado.
No se puede pensar que cuesta lo mismo en
el altiplano producir una tonelada de maíz, en donde se tiene una sola cosecha por año,
en donde se va contra meteoros, en donde la mayor parte de la superficie es de temporal,
que lo mismo en partes del norte del país como Sinaloa, en donde se levantan hasta tres
cosechas, se tiene mayor grado de humedad y el costo de producción es menor. Allá
importaría más el Procampo; acá nos importaría más la recapitalización del campo y
restituirle poder adquisitivo a los productos del campo.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, diputado Valdés. Tiene la
palabra, para rectificar hechos, el diputado Armando Rangel, del Partido Acción Nacional,
hasta por cinco minutos.
| El diputado Armando Rangel Hernández: |
Con su venia, señor Presidente;
señores diputados; compañeras diputadas:
Ahora que nos toca nuevamente analizar un
presupuesto de egresos para el campo, nos damos cuenta de que lo que confluye nuevamente
hacia este importante sector, vuelve siendo reconocimiento de la desgracia en que vive y
vuelve siendo también aplausos y buenos deseos.
Lamentablemente notamos una falta real de
voluntad para acudir a esta instancia, a este importante sector y decidir a comprometernos
a rescatarlo y a devolverlo a la realidad que muchos mexicanos quisiéramos para ese
importante medio donde tantas familias de este glorioso pueblo viven.
Nosotros vemos, compañeros diputados, que
es a lo mejor inútil ver si es necesario destacar más recursos o no o buscar más
recursos y decidir si los hay o si no los hay, más allá de la cantidad que se asigne.
Es necesario también cimbrar la estructura
de la política agropecuaria y dar un nuevo giro hacia funciones, hacia trabajos y hacia
objetivos que hoy por hoy no han funcionado. Y la prueba no nada más es la cartera
vencida, la prueba es también la cantidad de agricultores, mujeres, hombres, niños que
hoy padecen hambre, que hoy padecen una miseria embargante y que necesitan que volteemos
con mayor decisión y mayor compromiso hacia ellos. Más allá de ver si los programas
necesitan mayor dinero y sacarle de aquí para allá, hoy necesitamos darnos cuenta de lo
que finalmente ha funcionado y reconocer con decencia, reconocer también con dignidad, lo
que lamentablemente no ha funcionado.
No está mal a veces que las cosas no
funcionen; es peor, definitivamente, obcecarnos en querer que sigan por ese camino, en
querer negarnos a rectificar y a devolverle la dignidad de un sector necesitado de apoyo,
de un sector necesitado de oportunidades.
Vemos con preocupación definitivamente
cómo no nada más se habían olvidado de temas básicos como la cartera vencida, cómo se
han olvidado de temas básicos también como los costos de los productos, de los insumos,
perdón y no vemos hasta ahorita una solución a la tarifa 09; no vemos tampoco soluciones
a los grandes problemas del campo, como es la comercialización en el campo mexicano.
Estamos hartos de que nos digan que no
podemos ser competitivos con los agricultores extranjeros y que nos echen la culpa de esa
falta de competitividad a nosotros y el Gobierno no reconozca la falta de apoyo y de
competitividad que tiene frente a otros gobiernos que sí apoyan a sus productores.
Queremos aprovechar este momento para hacer
una invitación a las fracciones parlamentarias de esta Cámara de Diputados y que
definitivamente no nos veamos nada más, como decía anteriormente, en la coyuntura o en
la disyuntiva, perdón, de mandar o no mandar más dinero. Vamos mandando al campo
responsabilidad, vamos mandando compromiso, vamos mandando también lo que ellos necesitan
para salir adelante.
Ellos, la gente del campo, la mayor parte
de la población mexicana que vive en este medio, requiere ahora sí y en definitiva, un
apoyo necesario y un compromiso que hasta este momento ninguna legislatura les ha dado.
Hoy vivimos un momento histórico y es
justo, es necesario que nos comportemos a la altura de esa responsabilidad que el día de
hoy tenemos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Rangel.
Tiene la palabra, para este mismo tema,
para rectificación de hechos, el diputado José Gascón Mercado, del Partido
Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
| El diputado José Gascón Mercado: |
Señor Presidente; señoras y
señores diputados:
Desde luego que está viviendo una
situación difícil el campo y compleja. Pero yo creo que esto debemos de analizarlo con
seriedad y con responsabilidad.
Aquí escuchamos planteamientos de más
recursos, en eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Cuántos más recursos? Si todo el
presupuesto del país lo pusiéramos en disposición solamente para intentar resolver los
problemas del campo, todos los recursos no serían suficientes.
¿Qué es lo que tenemos que plantearnos
entonces? Yo creo que vamos, como aquí se dijo, a que con los recursos de que podamos
disponer, los máximos, intentar resolver los más urgentes problemas del campo.
Hay algo que a mí me interesa dejar
destacado: que el país está cambiando, porque el mundo ha cambiado y los campesinos
tienen que cambiar. A mí me llama la atención, por ejemplo que se refieran siempre a lo
que se vivía en torno distinto a lo que estamos viviendo: la firma del TLC, simplemente
cambio las condiciones de la comercialización, a que aquí se ha hecho referencia.
No podemos actuar a la ligera porque nos
operan dos condicionantes:
Primero. Tenemos que vender a los mismos
precios que comercializan los productores de Estados Unidos y Canadá y el TLC obliga a
que no se puedan dar apoyos a la comercialización.
Sin embargo, aquí se ha dicho y es verdad,
si ¿los países Estados Unidos y Canadá y todos apoyan al campo, subsidian al campo,
¿de qué manera podemos poner nosotros esos subsidios y esos apoyos? Yo creo que esto
requiere una reflexión que debemos hacer al interior en nuestro país, para reflexionar.
Porque estamos viviendo una etapa de transición difícil, de un mercado cerrado a un
mercado abierto, en donde en esta etapa de transición nos vienen a poner en competencia
con costos distintos y con rendimientos distintos.
El compañero del PAN decía que no tenemos
rendimientos diferentes. ¡Claro que tenemos rendimientos diferentes! porque las tierras
nuestras y aún en los mejores tiempos, con los mejores esfuerzos, nunca hemos tenido
rendimientos parecidos a los que producen los productores de Estados Unidos o Canadá.
Esta es una verdad y la tecnología que
usamos, también es cierto, que ellos tienen distinta y alcanzan mayores rendimientos con
ella. ¿Y los costos de producción? Ellos tienen costos diferentes. Pero entonces, ¿qué
vamos a hacer? Simplemente reconocer una realidad y dejar al campo esperando a que venga
una política de apoyo del Gobierno, ¿que si no es suficiente va a quedar postrado el
campo?
Yo creo que aquí es la disyuntiva de
pedirle a los productores, primero, que enfrentamos un cambio y a ese cambio tenemos que
sumar todos los esfuerzos del Gobierno y la sociedad en su conjunto. Para comercializar
por ejemplo, ¿qué es lo que estamos necesitando?
Nosotros presentamos un documento que nos
llevó tres meses elaborarlo, los diputados del PRI, que estamos en el campo. Y esto lo
presentamos en la Comisión de Agricultura, con una propuesta, seria, responsable y le
dijimos: queremos conocer qué están presentando o qué van a presentar y presenten las
otras fracciones.
¡Hasta hoy no tenemos todavía la
presentación de las fracciones porque pretendíamos obtener una propuesta de presupuesto
en la comisión por consenso! ¡Las diferencias entre la propuesta, lo que nos decía el
PRD y nosotros no eran sustanciales, aún con los compañeros del PAN! ¡No son tan
alejadas las propuestas que hacemos, creemos, nosotros, con las que ellos hacen! ¡Pero
necesitamos verlas! ¡Necesitamos revisarlas! ¡Ver que sustento tienen! Si en verdad
hemos estudiado seriamente por que, por ejemplo, a qué nos referimos cuando precisamos...
Le pedimos al orador que concluya
porque su tiempo ha terminado, por favor.
| El diputado
José Gascón Mercado: |
¿A qué nos referimos cuando
precisamos que requerimos de 1 mil 500 millones de pesos para apoyos a la
comercialización? Lo que estamos diciendo es que de los 12 millones aproximadamente de
toneladas, requerimos alrededor de 300 pesos por tonelada y que esto con el precio de
diferencia vamos a competir nosotros, de tal manera que aquí en México podamos vender
compitiendo contra los productos que vengan del exterior con ventaja, porque así, con
esos apoyos, podemos contar con el precio de competencia.
Yo creo que esto debemos hacerlo y yo les
digo...
Concluya el orador, por favor.
| El diputado
José Gascón Mercado: |
Sí, señor Presidente.
Yo les pido no hagamos la politización de
este problema. Yo les pido a las fracciones: sentémonos en la Comisión de Agricultura,
revisemos con seriedad nuestras propuestas y traigamos al pleno lo que en justicia
consideremos justo.
Muchas gracias.
EDUCACION
Continuando con el orden del día,
tiene la palabra el diputado Armando Chavarría, por la Comisión de Educación, para
presentar un punto de acuerdo sobre presupuesto para el sector educativo, hasta por 10
minutos.
| El diputado
Armando Chavarría Barrera: |
Con su permiso, señor Presidente:
En mi calidad de presidente de la Comisión
de Educación, me voy a permitir dar lectura al siguiente punto de acuerdo. Considerando
que tal y como se establece en el artículo 3o. de nuestra Constitución en su fracción
VIII, el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda
la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social
educativa entre la Federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones
económicas correspondientes a este servicio público y a señalar, las sanciones
aplicables a los funcionarios que no cumplan o no han cumplido las disposiciones
relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.
Que la educación ha sido una preocupación
permanente de los mexicanos a través de su historia y que identificamos a la educación
pública, como el mejor instrumento para lograr las metas de justicia y desarrollo que
como nación nos hemos propuesto.
Que la realidad nacional exige un sistema
educativo que ofrezca más y mejor educación, que organismos internacionales recomiendan
a los países que destinen al menos un 8% del producto interno bruto y que pese a los
esfuerzos realizados por el Gobierno Federal y los gobiernos estatales, las necesidades
crecientes del sistema educativo implican un mayor presupuesto en los términos dispuestos
por el artículo 27 de la Ley General de Educación.
«Por lo anterior y con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión de los
Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados integrantes de la Comisión de
Educación de esta LVII Legislatura, proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se consideran insuficientes los
recursos asignados al sector educativo para el ejercicio fiscal de 1998, por lo que
solicitamos a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, analice las
opciones para incrementar el presupuesto y así garantizar el pleno derecho a la
educación de todos los mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de
diciembre de 1997.- Diputados por la Comisión de Educación: Armando Chavarría Barrera,
presidente; José Ricardo Fernández Candia, Cupertino Alejo Domínguez, María del Carmen
Escobedo Pérez, secretarios; Javier Algara Cossío, Leonardo García Camarena, Luis
Guillermo Villanueva, Agustín Miguel Alonso Raya, Primitivo Ortega Olays, Ranulfo Tonche
Pacheco, Alfonso José Gómez Sandoval Hernández, Esaú Hernández Herrera, Francisco
Antonio Ordaz Hernández, Martha Palafox Gutiérrez, Julio Castrillón Valdés, Pablo
Gutiérrez Jiménez, Leticia Villegas Nava, José de Jesús Martín del Campo Castañeda,
Miguel Angel Solares Chávez, Lino Cárdenas Sandoval, Enrique Ku Herrera, Everardo Paiz
Morales, Roberto Pérez de Alva Blanco, Miguel Angel Garza Vázquez, Horacio Veloz Muñoz,
Carlos Jaime Rodríguez Velasco y Jaime Talancón Escobedo.»
Dejo este documento de punto de acuerdo a
la Secretaría de esta Cámara de Diputados.
Gracias, diputado Chavarría.
Túrnese a la Comisión de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública.
PROGRAMA NACIONAL
DE RESCATE A DEUDORES HIPOTECARIOS, MICROEMPRESARIOS Y AGROPECUARIOS (II)
Esta Presidencia informa a la
Asamblea, que con base en el inciso h, del artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y a petición de la diputada Elba Capuchino
Herrera, la iniciativa presentada en la sesión del día de hoy sobre el Programa Nacional
de Rescate a Deudores Hipotecarios, Microempresarios y Agropecuarios, fue turnado a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público; esta Presidencia dicta el trámite de turnarse
también a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Continúe, señor Secretario.
ORDEN DEL DIA
| El secretario
Gerardo Ramírez Vidal: |
Señor Presidente, se han agotado los
asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la
próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.-
Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Jueves 11 de diciembre de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Iniciativas de diputados
Para reglamentar la Guardia Nacional para
percances, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Reformas constitucionales para que la
Cámara de Diputados intervenga en materia de tratados, a cargo del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional.
De decreto que adiciona un párrafo
séptimo al artículo 21 y un inciso i, corriéndose en su orden al actual inciso i, para
pasar a ser inciso j de la fracción III del artículo 115, de la Constitución, a cargo
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Excitativa
A la Comisión de Comercio, a fin de que
dictamine la iniciativa de Ley Federal de Metrología y Normalización, a cargo del
diputado Adalberto Antonio Balderrama Fernández, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Agenda política
Comentarios sobre las demandas de diversas
organizaciones sociales, a favor de mayor presupuesto para el gasto social, a cargo del
diputado Felipe Rodríguez Aguirre, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la situación de los
productores porcícolas, a cargo de la diputada Alma Vucovich Seele, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Propuesta de punto de acuerdo, en relación
con el presunto exceso de cobros indebidos, realizados por Teléfonos de México, a cargo
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)»
CLAUSURA Y
CITATORIO
| El Presidente (a
las 18:29 horas): |
Se levanta la sesión y se cita para
la próxima que tendrá lugar mañana jueves 11 de diciembre, a las 10:00 horas.
RESUMEN DE TRABAJOS
•
Tiempo de duración: 2 horas con 30 minutos.
•
Quórum a la apertura de la sesión: 450.
•
Puntos de acuerdo: 1.
•
Temas de agenda política: 3.
•
Oradores en tribuna: 30.
PRI-9; PRD-12; PAN-7; PT-2.
Se recibieron:
• 1 iniciativa del PAN,
sobre reformas a los artículos 102 y 105 constitucionales, así como a los artículos
2o., 3o., 6o., 7o., 8o., 10, 11, 15, 17, 18, 19, 46 y 75 de la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos:
•
1 iniciativa del PAN, que crea el fideicomiso para la compra de deuda agropecuaria y
reactivación del sector;
•
1 iniciativa del PRD, sobre el Programa Nacional de Rescate a Deudores Hipotecarios,
Microempresarios y Agropecuarios;
•
1 iniciativa enviada por el Senado respecto a reformas al artículo 117 constitucional, a
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y a la Ley de Coordinación
Fiscal.
Dictamen de primera lectura:
•
1 dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por el que se apruebe y
ratifica el decreto que modifica los artículos 1o., 9o., 15, y 42, de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado, aprobado por la Cámara de Diputados el 4 de diciembre y rechazado por
la Cámara de Senadores el 8 de diciembre. Se le dispensa segunda lectura;
•
1 dictamen de la Comisión de programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto
de decreto relativo a dicho ordenamiento, para el ejercicio fiscal de 1996. Se le dispensa
segunda lectura.
Se aprobó:
•
2 dictámenes, los presentados de primera lectura y dispensado la segunda lectura.
|