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Presidencia
del diputado
Gil Rafael Oceguera Ramos |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría hacer del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia, vía registro de
firmas de los diputados, para conocer la existencia del quorum reglamentario. Tenga la
bondad.
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La
secretaria Lourdes Angelina Muñoz Fernández: |
Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 457 diputados; por lo tanto, hay quorum, señor
Presidente.
| El Presidente (a
las 11:23 horas): |
Se abre la sesión ordinaria número
39, de la Cámara de Diputados.
ORDEN DEL DIA
| La secretaria
Lourdes Angelina Muñoz Fernández: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.Å
Primer Año.Å LVII Legislatura.
Orden del día
Jueves 11 de diciembre de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Iniciativas de diputados
Para reglamentar la Guardia Nacional para
percances, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Reformas constitucionales para que la
Cámara de Diputados intervenga en materia de tratados, a cargo del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional.
De decreto que adiciona un párrafo
séptimo al artículo 21 y un inciso j a la fracción III del artículo 115, en materia de
protección civil, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
De Ley que Modifica Diversas Disposiciones
Fiscales (Miscelánea), que presentan los diputados federales del Partido Revolucionario
Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional,
del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México y los Diputados
Independientes Carolina O,Farrill Tapia y Marcelo Ebrard Casaubón.
Excitativa
A la Comisión de Comercio, a fin de que
dictamine la iniciativa de Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a cargo del
diputado Adalberto Antonio Balderrama Fernández, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)
De la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de
1998. (Dispensa la segunda lectura, discusión y votación.)
Agenda política
Comentarios sobre las demandas de diversas
organizaciones sociales, a favor de mayor presupuesto para el gasto social, a cargo del
diputado Felipe Rodríguez Aguirre, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la extorsión que sufren
los mexicanos que envían dinero de los Estados Unidos de América, a territorio nacional,
a cargo del diputado Saúl Solano Castro, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la situación de los
productores porcícolas, a cargo de la diputada Alma Vucovich Seele, a nombre de la
Comisión de Ganadería. (Deliberativo.)
Propuesta de punto de acuerdo, en relación
con el presunto exceso de cobros indebidos, realizados por Teléfonos de México, a cargo
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)»
Gracias, diputada Secretaria.
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del día
es el relativo a la discusión del acta de la sesión anterior. Ruego a la diputada
Secretaria se sirva consultar a los diputados miembros de esta Asamblea si es de
dispensársele la lectura al acta referida, tomando en consideración que la misma ha sido
entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios, para sus observaciones y se
procederá a su votación.
| La secretaria
Lourdes Angelina Muñoz Fernández: |
Por instrucciones de la Presidencia,
se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior,
tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores
de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles diez de diciembre de mil
novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del
Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
|
Presidencia del diputado Gil Rafael Oceguera Ramos |
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las diez horas con cuarenta y tres minutos y con una asistencia de
cuatrocientos cincuenta diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día
y, en razón de que los coordinadores de los grupos parlamentarios recibieron copia del
acta de la sesión anterior, la Asamblea le dispensa la lectura a ese documento que,
posteriormente, se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente da la bienvenida a los
alumnos de la escuela secundaria Jesús Reyes Heroles, quienes se encuentran en las
galerías del recinto parlamentario.
Para presentar diversas iniciativas, se
otorga el uso de la palabra a los diputados:
Jorge López Vergara, del Partido Acción
Nacional, quien presenta iniciativa de reformas a los artículos ciento dos, apartado B,
ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
artículos segundo, tercero, sexto, séptimo, octavo, diez, once, quince, diecisiete,
dieciocho, diecinueve, cuarenta y seis y setenta y cinco, de la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y a la de Justicia.
Joaquín Montaño Yamuni, del Partido
Acción Nacional, quien presenta iniciativa de Ley que Crea el Fideicomiso para la Compra
de la Deuda Agropecuaria y Reactivación del Sector. Se turna a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
Elba Capuchino Herrera, del Partido de la
Revolución Democrática, quien presenta iniciativa sobre el Programa Nacional de Rescate
de Deudores Hipotecarios, Microempresarios y Agropecuarios. Se turna a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
El Presidente informa de diversos cambios
que, a solicitud de los coordinadores de los grupos parlamentarios, se hacen al orden del
día e informa a la Asamblea que no existe restricción de tiempo alguno, cuando se trata
de presentación de iniciativas.
Un oficio de la Cámara de Senadores, con
el que remite la iniciativa para derogar la fracción nona del artículo ciento
diecisiete, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el tercer
párrafo de la fracción tercera del artículo veintiocho de la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios y reformar el primer párrafo del artículo once de la Ley
de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Presidente da la bienvenida a los
alumnos de la escuela secundaria La Salle, que se encuentran en las galerías del recinto
legislativo.
Se da primera lectura a un dictamen de la
Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el
artículo primero y se adiciona una fracción nona al artículo noveno, las fracciones
decimoséptima y decimoctava del artículo quince, un tercer párrafo al artículo
cuarenta y dos, recorriendo el tercer párrafo actual a cuarto párrafo, de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, aprobado por la Cámara de Diputados el cuatro de diciembre de
mil novecientos noventa y siete y cuyo decreto fue rechazado por la Cámara de Senadores
el día ocho del mismo mes y año.
La Asamblea dispensa la segunda lectura y
se somete a discusión de inmediato.
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Presidencia de la diputada María de la Soledad
Baltazar Segura |
Para fijar la posición de sus
respectivos grupos parlamentarios, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Gerardo Buganza Salmerón, del Partido
Acción Nacional; Carlos Antonio Heredia Zubieta, del Partido de la Revolución
Democrática y Manuel Angel Núñez Soto, del Partido Revolucionario Institucional.
Durante la intervención del diputado
Heredia Zubieta, desde su curul, la diputada Soto López presenta solicitud de moción de
orden respecto al respeto que merecen todos los legisladores y la Presidenta la hace suya.
Posteriormente la misma Presidenta solicita a la Asamblea respeto para el orador en turno.
De la misma manera, la Presidenta llama la
atención del diputado Núñez Jiménez, a quien invita a que tome su lugar acostumbrado y
los representantes de los medios de comunicación a que coadyuven a mantener el orden en
el salón de sesiones y a la vez, saluda a los alumnos de la Escuela Libre de Derecho.
Desde su curul, solicita el uso de la
palabra el diputado Gómez Alvarez, para rectificar hechos y, también desde su curul, el
diputado Herrera Beltrán propone una moción de orden. El diputado Gómez Alvarez retira
su solicitud.
Debaten el dictamen en lo general y en lo
particular, los diputados: Raúl Martínez Almazán, del Partido Revolucionario
Institucional, en contra; Juan José García de Alba Bustamante, del Partido Acción
Nacional, en pro, quien acepta interpelaciones de los diputados Sobrino Sierra y Vega
Murillo; Fernando Gómez Esparza, del Partido Revolucionario Institucional, en contra, y
Angel de la Rosa Blancas, del Partido de la Revolución Democrática, en pro y acepta una
interpelación del diputado Martínez García, quien posteriormente presenta una moción
de orden.
Para rectificar hechos, la Presidenta
otorga el uso de la palabra a los diputados Pablo Gómez Alvarez, del partido de la
Revolución Democrática; María de los Dolores Padierna Luna, del mismo Partido; Manuel
Cárdenas Fonseca, del Partido Revolucionario Institucional; Demetrio Javier Sodi de la
Tijera, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta interpelaciones de los
diputados: Vega Murillo, Garza Galindo, Martínez García, Sobrino Sierra, Soto López y
Rubén Mendoza Ayala, del Partido Acción Nacional, quien es interrumpido por la
Presidencia, quien le pide al diputado Gómez Alvarez que colabore para conservar el
orden.
Por instrucciones de la Presidencia se da
lectura al artículo vigésimo del acuerdo parlamentario e inmediatamente después, la
Asamblea considera que el tema ha sido suficientemente discutido en lo general y en lo
particular, por lo que la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, que se
interrumpe por la solicitud de la diputada Batres Guadarrama, quien desea entregar a la
Secretaría diversos documentos.
La Presidenta explica que el proceso se
encuentra en votación y que debe reservarlos para otra ocasión.
Realizada la votación del dictamen a
discusión, la Secretaría informa que se emitieron doscientos cincuenta y cinco votos en
pro y doscientos treinta y ocho en contra, por lo que la Presidenta hace la declaratoria
correspondiente. Pasa al Senado para los efectos del artículo setenta y dos-D, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Durante la votación, la Presidenta llama
la atención al diputado Muñoz Ledo, a fin de que colabore en la realización del proceso
de votación.
Al término de la intervención del
diputado Gómez Esparza, desde su curul la diputada Palafox Gutiérrez llama la atención
de la Presidenta en relación con su actuación y la Presidenta hace las aclaraciones
pertinentes.
También se da primera lectura a un
dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de
decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Federal,
correspondiente al Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y seis.
La Asamblea le dispensa la primera y la
segunda lecturas al dictamen y sólo se lee el decreto correspondiente que se somete a
discusión de inmediato, conforme a la solicitud hecha, desde su curul, por el diputado
Martín del Campo Castañeda.
Para fundamentar los criterios de sus
respectivos grupos parlamentarios, se concede el uso de la palabra a los diputados: Luis
Patiño Pozas, del Partido del Trabajo; Roberto Ramírez Villarreal, del Partido Acción
Nacional; Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Partido de la Revolución Democrática, y
Charbel Jorge Estefan Chidiac, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera que el dictamen está
suficientemente discutido en lo general y en razón de que no se reserva ningún
artículo, para la discusión en lo particular, la Secretaría recoge la votación nominal
respectiva, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos cuarenta y siete votos.
Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para
los efectos constitucionales.
| Presidencia
del diputado Luis Meneses Murillo |
Para comentar reformas a la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Reglamento para el
Gobierno Interior del Poder Legislativo Federal, solicita y se concede el uso de la
palabra al diputado Salvador Sánchez Vázquez, del Partido Revolucionario Institucional,
quien acepta una interpelación del diputado Jáuregui Robles.
Se turna a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias.
Para rectificar hechos, sube a la tribuna
el diputado Armando López Romero, del Partido de la Revolución Democrática.
Hace un pronunciamiento a favor de mayor
presupuesto a los productores agropecuarios, el diputado Pedro Magaña Guerrero, del
Partido de la Revolución Democrática, y expresa su opinión al respecto, el diputado
Odorico Vázquez Bernal, del Partido Revolucionario Institucional.
El pronunciamiento se turna a la Comisión
de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Para rectificar hechos sobre el mismo tema,
se concede el uso de la palabra a los diputados Leopoldo Enrique Bautista Villegas, del
Partido de la Revolución Democrática; Leobardo Casanova Magallanes, del Partido
Revolucionario Institucional; Sergio Valdés Arias, del Partido de la Revolución
Democrática; Armando Rangel Hernández, del Partido Acción Nacional, y José Gascón
Mercado, del Partido Revolucionario Institucional.
Sube a la tribuna el diputado Armando
Chavarría Barrera, a nombre de la Comisión de Educación, para proponer un punto de
acuerdo respecto del presupuesto sobre educación.
Se turna a la Comisión de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública.
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura
la de hoy a las dieciocho horas con veintinueve minutos, citando para la que tendrá lugar
mañana, jueves once de diciembre de mil novecientos noventa y siete, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
Gracias, diputada Secretaria.
GUARDIA
NACIONAL
El siguiente punto del orden del día
es el relativo a la presentación de iniciativas por parte de los diputados;
consecuentemente, esta Presidencia le concede el uso de la palabra para presentar, en
nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa
que reglamenta la Guardia Nacional en tratándose de percances nacionales, al diputado
Alberto López Rosas.
| El diputado
Alberto López Rosas: |
Muy buenos días, con su
permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
EXPOSICION DE MOTIVOS
«México ha vivido las más graves
contradicciones en cuanto a su normatividad jurídica; siendo país abundante en leyes en
las que pretendemos normar nuestra vida institucional, nos hemos alejado de principios
jurídicos básicos. Es común que se llegue a invocar sin fundamento legal alguno, reglas
no escritas; en contrasentido, existen normas vigentes en nuestras legislaciones sin
aplicación ni eficacia, reduciendo el derecho vigente en derecho positivo, no obstante la
intención clara tanto del Constituyente original, como del Constituyente Permanente.
Caso específico resulta la norma
constitucional que establece en nuestros textos vigentes la Guardia Nacional. En efecto,
los artículos 31 fracción III, 35 fracción IV, 36 fracción II, 73 fracción XV, 76
fracción IV y 89 fracción VII, conciben a la Guardia Nacional como una institución que
debió haber formado parte de nuestras instituciones nacionales; sin embargo, el
manifiesto desinterés de los gobiernos de la República han aplazado sin justificación
alguna la creación de la Guardia Nacional.
Nunca más oportuno como en estos momentos
en que la nación ha padecido los más grandes desastres en su territorio nacional,
algunos por causas de fenómenos naturales y otros por fallas humanas, así tenemos los
casos mas relevantes, como la erupción del volcán Chichonal en el año de 1982, San Juan
Ixhuatepec en 1984, el terremoto en la Ciudad de México en 1985, el huracán
"Gilberto" en 1988, la erupción del volcán de Colima en 1991, la explosión en
la ciudad de Guadalajara en 1992, el huracán "Gert" en 1993, la amenaza latente
del volcán Popocatépetl, los huracanes que han afectado constantemente las costas, como
el caso último de Oaxaca y Guerrero, por "Paulina" y "Rich"
recientemente.
En la atención de esas tragedias, se
invoca constantemente la intervención de organizaciones gubernamentales, como lo son el
Sistema Nacional de Protección Civil, y las comisiones estatales de protección civil en
los respectivos estados de la República. En realidad pocos resultados favorables se han
obtenido a través de tales sistemas, porque ejerciendo una tarea fundamentalmente
normativa, es ajena a las tareas operativas, esto último encomendado invariablemente al
Ejército mexicano, quienes de conformidad con el plan DN3 acuden a labores de rescate,
salvamento y atención a damnificados.
Es de interés nacional la conformación de
organizaciones ciudadanas que se comprometan en los trabajos, no sólo normativos o de
opinión, sino específicamente en los operativos de rescate, salvamento y atención a
damnificados, con disciplina, profesionalismo y espíritu solidario, que surja
precisamente de la sociedad, descansando en ellos las partes esenciales del trabajo
operativo. A tales necesidades se encuadra la Guardia Nacional como organización de
ciudadanos dedicada a dar garantías de seguridad a la comunidad como se considero y
discutió en el seno del Congreso Constituyente, destacando el diputado hidalguense
Alberto M. González, quien definió a la Guardia Nacional de la siguiente manera:
"Vamos a darle la creación real, la
vamos a tener como guardia ciudadana, que tiene que cuidar el honor, los intereses o
integridad del territorio de los estados."
Así también definió que la Guardia
Nacional sirva para salvaguardar los intereses y la integridad de los estados.
Nos encontramos ante las circunstancias de
analizar y debatir la importancia que mantiene hoy en nuestros días la guardia nacional,
una institución que en esencia estará conformada por ciudadanos bajo una disciplina y
organización orientada a salvaguardar la vida, el patrimonio y la tranquilidad de los
ciudadanos, más ahora que los cauces democráticos son más ciertos. El artículo 73
fracción XV constitucional establece textualmente:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad...
Fracción XV. Para dar reglamentos con
objetivo de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose a los
ciudadanos que la forman el nombramiento respectivo de jefes y oficiales y a los estados
la facultad de instrumentarla, conforme a la disciplina prescrita por dicho reglamento.
En sentido estricto, la Guardia Nacional
está considerada en nuestra norma vigente. La falta de reglamentación ha impedido su
organización y obviamente su existencia y ante las altas zonas de riesgo que
constantemente hacen presencia en nuestro país y los peligros latentes, se hace
inaplazable su formación a fin de que la Guardia Nacional, como organización ciudadana,
reglamentada por el Legislativo Federal y ejecutivos estatales, salvaguarde a la
población de los efectos siniestrales. Es de reconocer que el Ejército mexicano ha
intervenido heroicamente en actividades de ayuda a la población, por lo que ante la
existencia de la Guardia Nacional, las labores del Ejército quedarán a las que
expresamente le otorga la Constitución, sin menoscabar su energía y la superior misión
que tiene encomendada.
En diversos países de Europa y en los
Estados Unidos la Guardia Nacional es una estructura fundamental para la protección ante
los fenómenos naturales; en esas naciones se tiene la experiencia de que ante la
despiadada fuerza de los fenómenos, se pierden bienes pero se salvaguarda la vida que es
el propósito fundamental de gobierno y sociedad. La actividad de esta Guardia Nacional en
el caso estadounidense tiene una historia de más de 300 años, desde que era colonia y en
el transcurso del tiempo han perfeccionado esa institución hasta hacerla indispensable en
la vida de la Unión Americana.
¿Por qué pensar en la necesidad de una
Guardia Nacional en México? La respuesta es inmediata: el país requiere de la
participación de mujeres y hombres que reciban instrucción especializada para atender
con prontitud y eficacia los trabajos preventivos y de auxilio a la población; pero
además, es indispensable que se fomente en la conciencia de esos hombres y mujeres un
espíritu de servicio, de fraternidad y de solidaridad. Por ello se propone que a través
de la institucionalidad de la Guardia Nacional se reglamente el servicio social como
obligatorio para ciudadanas y ciudadanos del territorio nacional, suprimiendo las
excepciones más que en aquellos casos en que por condiciones físicas u otros
impedimentos insalvables no deba exigirse la prestación del servicio social.
Bajo este esquema se irá integrando y
agrupando la Guardia Nacional con jóvenes instruidos y capacitados para las
eventualidades catastróficas, reservando a las reglamentaciones secundarias los casos en
que los integrantes de la Guardia Nacional deban permanecer armadas, de acuerdo al tiempo
y a las necesidades que estrictamente así lo requieran.
Conviene puntualizar que ningún esfuerzo
del poder público tendrá resultado óptimo si no se cuenta con la participación
ciudadana. Las catástrofes deben de ser prevenidas y atendidas fundamentalmente por los
ciudadanos en primera instancia de manera organizada, con el concurso del poder público.
Es la Guardia Nacional una institución que deberá estar compuesta por ciudadanos
preparados, conscientes de la necesidad de contar con una organización civil orientada a
proteger la vida, el patrimonio y el honor de los mexicanos.
Es oportuno invocar las resoluciones
aprobadas por la ONU, 42/169 y 44/169 del "Decenio Internacional para la Reducción
de los Desastres Naturales", que considera que los desastres naturales, tales como
los provocados por terremotos, vendavales (ciclones, huracanes, tornados, tifones),
maremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas, incendios y
otras calamidades de origen natural, han costado la vida a unos 3 millones de personas en
el mundo durante los últimos 20 años; han perjudicado la existencia de por lo menos 800
millones de seres más y han ocasionado daños inmediatos que superan los 23 mil millones
de dólares y exhorta a los gobiernos a que:
a) Formulen programas nacionales para
mitigar los efectos de los desastres naturales, así como políticas económicas, de
aprovechamiento del suelo y disposiciones relativas a los seguros para prevenir los
efectos de los desastres naturales y, particularmente en los países en desarrollo,
integren plenamente esos programas en sus programas nacionales de desarrollo.
b) Participen durante el decenio en una
acción internacional concertada para reducir los desastres naturales y, según proceda,
establezcan comités nacionales en cooperación con las comunidades científicas y
tecnológicas pertinentes y otros sectores interesados, con miras a alcanzar el objetivo y
las metas del decenio.
c) Alienten a las administraciones locales
a adoptar medidas apropiadas para movilizar el apoyo necesario de los sectores público y
privado y a que contribuyan al cumplimiento de los propósitos del decenio.
d) Adopten las medidas apropiadas para que
el público cobre mayor conciencia del riesgo de daños y de la importancia de la
preparación para casos de desastres, la prevención de los mismos y el socorro y las
actividades de recuperación a corto plazo, así como para mejorar la preparación de la
comunidad mediante la educación, la capacitación y otros medios, teniendo en cuenta la
función específica que desempeñan los medios de comunicación.
e) Presten la debida atención a los
efectos que los desastres naturales tienen en la atención de la salud, especialmente a
las actividades para reducir la vulnerabilidad de los hospitales y los centros de salud,
así como efectos en el almacenamiento de alimentos, las viviendas y otras
infraestructuras sociales.
f) Mejoren la pronta disponibilidad
internacional de suministros de emergencia adecuados mediante el almacenamiento o la
reserva de esos suministros cerca de zonas expuestas a desastres.
En consideración a la exposición de
motivos, se elabora la siguiente:
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 73 FRACCION
XV DE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA
De la Guardia Nacional
Artículo 1o. Esta ley es de orden público
y de observancia general en todo el territorio nacional y establece las bases de
organización de la Guardia Nacional en las entidades de la Federación.
Artículo 2o. La Guardia Nacional es una
institución de carácter social integrada por mujeres y hombres mexicanos por nacimiento
y naturalización, mayores de 18 años y en pleno ejercicio de sus derechos.
Artículo 3o. Cada estado de la Federación
organizará la Guardia Nacional en los términos y con las atribuciones contenidas en las
leyes respectivas.
Artículo 4o. Los ciudadanos mujeres y
hombres al cumplir la edad de 18 años están obligados a prestar su servicio militar y de
servicio social y pasando a formar parte de la reserva del Ejército y Fuerza Aérea
mexicanos en los términos previstos por la ley y asimismo formarán parte de la Guardia
Nacional para los fines y propuestas contenidas en la presente ley. Esta podrá portar
armas sólo para la defensa e integridad del territorio nacional y cuando por excepción
sea necesario en labores de prevención de tumultos o vandalismos, en caso de desastres
naturales. El armamento destinado a la Guardia Nacional estará bajo custodia del
Ejército mexicano, cuando sea del uso exclusivo del Ejército y las fuerzas armadas.
Artículo 5o. El servicio social para la
Guardia Nacional deberá presentarse por el término de un año en la forma, lugares y
condiciones que establezca el reglamento correspondiente.
Artículo 6o. Los nombramientos de jefes y
oficiales de la Guardia Nacional estará reservado a los ciudadanos que la integren, de
conformidad con la reglamentación en vigor, quienes deberán desempeñar su cargo de
tiempo completo sin que puedan dedicarse a otra actividad remunerativa, a no ser
académica o literaria. Sus emolumentos serán determinados por el Congreso del estado
respectivo.
Artículo 7o. Los miembros de la Guardia
Nacional deberán someterse a las instrucciones, disciplina y ordenamiento de quienes
ostenten cargos oficiales y de jefatura de acuerdo a la reglamentación vigente,
obligándose a respetar la disciplina y los programas respectivos.
Artículo 8o. Los gobiernos estatales
establecerán, de acuerdo a su presupuesto, los recursos materiales necesarios para la
operación y funcionamiento de la Guardia Nacional, estableciendo zonas destinadas a la
capacitación y adiestramiento de sus integrantes, de común acuerdo con el Ejército
mexicano, que tiene a su cargo el servicio militar obligatorio, estando facultado para
celebrar convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, en materia
de protección civil por casos de desastres.
Artículo 9o. La Guardia Nacional tendrá
entre sus atribuciones la elaboración de programas de trabajo relativos a la prevención
de desastres por fenómenos naturales o humanos. Elaborará sus insignias, distintivos,
uniformes, lemas, manuales y demás instructivos útiles para su integración e
identificación.
Artículo 10. Deberá prevenir
oportunamente a la población, a través de los medios idóneos y a su alcance, de
fenómenos naturales, cuando sean previsibles, a fin de que se tomen las medidas idóneas
para mantener alerta a la población sobre los efectos de esos fenómenos. Los medios de
comunicación electrónicos proporcionarán las facilidades para esos efectos, en
términos de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Artículo 11. Podrá proponer a las
autoridades municipales estatales el desalojo de habitantes asentados en áreas o
poblaciones donde pudiera ocasionarse algún daño como consecuencia de un fenómeno
determinado, debiendo prevenir a la autoridad respectiva para que acate su recomendación
en el menor tiempo posible, debiendo coadyuvar la Guardia Nacional para que los desalojos
se realicen en un lapso perentorio. Las autoridades o personas que obstruyan las medidas
de prevención y auxilio tomadas, serán sancionadas en los términos que prevenga el
reglamento.
Artículo 12. Las autoridades del municipio
y del estado, deberán destinar dentro de sus respectivas áreas, albergues funcionales
para alojar a los habitantes que hayan sido prevenidos por la posible afectación de un
fenómeno natural o humano. La Guardia Nacional, a través de sus oficiales, tendrá a su
cargo la atención y vigilancia de los albergues respectivos, procurando su buen
funcionamiento y garantizando la tranquilidad de los albergados, cuidando también de la
alimentación, servicio hidráulico y sanitario, dando preferencia en la atención a los
menores, ancianos y mujeres embarazadas. En ningún albergue o centro de atención podrá,
bajo ningún concepto restringirse la libertad personal.
Artículo 13. La Guardia Nacional en la
medida que sea posible, hará el acordonamiento, protección y patrullaje, dará seguridad
a las áreas que hayan sido desalojadas, a fin de evitar saqueos, pillajes o cualquier
otro acto que haga peligrar el patrimonio de los desalojados de los lugares de riesgo,
poniendo inmediatamente a disposición de la autoridad competente a las personas que sean
sorprendidas cometiendo actos vandálicos y de rapiña.
Artículo 14. La Guardia Nacional
fomentará la concientización en la comunidad sobre los riesgos susceptibles que puedan
sobrevenir y que puedan afectar a la población, lo que hará a través de medios de
publicidad, foros u otros medios que lleguen a la población.
Artículo 15. La Guardia Nacional
organizará periódicamente sesiones de simulacros y orientación en instituciones
públicas y privadas, a fin de prevenir e ilustrar lo que se debe hacer ante la
eventualidad de un siniestro natural o humano.
Artículo 16. La Guardia Nacional deberá
organizarse en grupos debidamente coordinados, a fin de tener contemplado los diversos
riesgos, como los volcánicos, sísmicos, hidrometeorológicos, industrial, socios
organizativos y sanitarios, estableciendo los operativos adecuados de acuerdo al siniestro
que se presente.
Artículo 17. La Guardia Nacional podrá
recomendar por escrito a las autoridades municipales federales y estatales, la suspensión
temporal o clausura definitiva de establecimientos que puedan constituir un riesgo a la
vida o al patrimonio o a ambos, en la comunidad o denuncia su existencia en caso de operar
sin autorización.
Artículo 18. La Guardia Nacional tendrá
bajo su más estricta responsabilidad los centro de acopio de víveres y otra clase de
ayuda no económica, destinada a los damnificados, organizando su distribución de manera
equitativa a los damnificados. Debiendo presentar denuncia inmediatamente ante las
autoridades competentes, cuando tenga conocimiento de presuntos desvíos o mal uso de los
apoyos destinados para las personas afectadas por el siniestro. La omisión a esta
disposición será imputable al jefe u oficial que se haya abstenido de hacer la denuncia
respectiva, haciéndose acreedor a la sanción disciplinaria que el reglamento respectivo
establezca, independiente-mente de las acciones punibles que deriven.
Artículo 19. El gobierno municipal y
estatal, de conformidad con su presupuesto, habrá de aprobar los estímulos y recompensas
a favor de los miembros de la Guardia Nacional, quedando prohibido otorgar cualquier clase
de emolumentos que no esté previamente aprobado por la instancia correspondiente.
Artículo 20. La Guardia Nacional, previa
evaluación con el gobierno municipal y del estado, declarará estado de emergencia en las
comunidades y poblaciones en que así se amerite por motivo de algún siniestro.
Artículo 21. El estado de emergencia tiene
como efecto que las corporaciones del orden público y de salud, con excepción del
Ejército y las fuerzas armadas, queden bajo el mando e instrucción de la Guardia
Nacional, cesando tal subordinación una vez que superado el riesgo, sea levantado el
estado de emergencia.
Artículo 22. La Federación deberá
destinar recursos financieros de acuerdo a su presupuesto para el auxilio, atención y
rehabilitación de los damnificados y de las zonas afectadas por el siniestro.
Artículo 23. El sistema educativo tanto
público como privado, incluirán en sus planes de estudios orientación de salvamento y
primeros auxilios, fomentando el espíritu solidario y de cooperación entre los educandos
por causas de siniestros.
Artículo 24. Los jefes y oficiales de la
Guardia Nacional no podrán, por ninguna causa, participar en actos políticos o
expresiones partidistas ni aspirar a cargos de elección popular, a menos que se separe
con un año de anticipación de la Guardia Nacional.
Artículo 25. Los miembros de la Guardia
Nacional formarán parte del Ejército mexicano en los términos de los artículos 5o.,
6o., 8o. y 9o. de la Ley del Servicio Militar.
Artículo 26. Los patrones que tengan bajo
su subordinación a miembros de la Guardia Nacional que deban ser adiestrados o presten
servicios específicos en tareas de orientación, prevención o rescate, darán las
facilidades para que éstos desempeñen sus labores en términos del artículo 132
fracción X de la Ley Federal del Trabajo, sin que exceda de términos razonables.
Artículo 27. El ciudadano para alistarse
en la Guardia Nacional, deberá acudir a las juntas municipales de reclutamiento en los
periodos en que así lo disponga el reglamento respec-tivo.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Esta ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los gobiernos de los estados
deberán instrumentar la Guardia Nacional dentro de los primeros 180 días, a partir de la
entrada en vigor de la presente ley.
México, D.F., a 11 de diciembre de 1997.Å
Diputado federal Alberto López Rosas.»
Gracias, señor diputado Alberto
López Rosas.
Esta Presidencia ordena el turno de la
iniciativa que ha presentado el diputado Alberto López Rosas, a las comisiones unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales, de Defensa Nacional y de Protección Civil, para
su estudio y dictamen, requiriendo de su opinión.
TRATADOS
INTERNACIONALES
Tiene la palabra el diputado Juan
Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, para presentar a la consideración de este
pleno una iniciativa de reformas constitucionales para que esta Cámara de Diputados
intervenga en materia de tratados.
| El diputado Juan
Bueno Torio: |
Con permiso, señor Presidente:
ciudadano Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión.Å Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por la
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 55 del Reglamento Interior del Congreso General, los firmantes, diputados
federales, presentamos iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma la
fracción XXIX-D del artículo 73, la fracción I del artículo 76, la fracción X del
artículo 89 y el artículo 133 constitucionales, a fin de que el Congreso de la Unión
apruebe los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo Federal.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Se ha insistido en diversas ocasiones en la
necesidad de que sea el Congreso y no sólo el Senado de la República, quien apruebe los
tratados internacionales.
Esta iniciativa se fundamenta en diversos
aspectos que deben ser considerados: la representación auténtica de la sociedad en el
Poder Legislativo; los antecedentes históricos; el derecho comparado y los efectos
socioeconómicos y políticos derivados de los tratados inter- nacionales suscritos.
Es esencial que el Congreso de la Unión
ejerza la facultad de aprobar los tratados, para hacer de la política exterior un
instrumento de acuerdos incluyentes y plurales que impulsen el desarrollo nacional y así
los legisladores parti- cipen con el Poder Ejecutivo con una mayor corresponsabilidad.
Con esta iniciativa se pretende coadyuvar
con el Ejecutivo Federal en la difícil tarea de llevar los asuntos exteriores de manera
concertada y permitir que sus decisiones reciban una mayor aceptación política y así se
contribuya a una auténtica colaboración entre los poderes.
Para la promoción y defensa de los
intereses nacionales, debe incluirse de manera directa a los representantes de la nación.
La representación de la sociedad mexicana
se finca esencialmente en la Cámara de Diputados, por lo que ésta debe tener la facultad
concurrente de aprobar los tratados internacionales.
Históricamente la facultad de aprobar
tratados internacionales no siempre fue exclusiva del Senado, sino que llegó a ser del
Congreso y en una época en que desapareció el Senado fue facultad de la Cámara de
Diputados.
En 1874, con la reinstauración del Senado,
se reconoce a éste la facultad exclusiva de aprobar tratados internacionales,
argumentando entre otras razones que la política exterior debe tener una
corresponsabilidad entre el jefe de Estado y el Senado.
En el año de 1933 se modificó el
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
fuera el Senado de la República el que aprobara los tratados y no el Congreso, como se
establecía en este artículo en la Constitución de 1917. El cambio se realizó sin
argumentación sólida en cada una de las cámaras del Congreso, ya que la fundamentación
en el Senado fue "por razones obvias", mientras que en la Cámara de Diputados
se aprobó considerando las mismas razones que en la Cámara de origen, por lo que esta
reforma constitucional se realizó sin bases sustanciales.
En la formación del nuevo orden
internacional se debe adecuar el marco constitucional en materia económica, en lo
referente a los tratados que suscriba México con otros países.
Con la dinámica de las relaciones
internacionales, se ha conseguido una mayor cooperación y ayuda económica entre los
países; la globalización ha vinculado los diferentes modelos económicos.
En las relaciones comerciales de México
con el mundo se han signado y aprobado tratados de libre comercio con: América del Norte;
Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica y Bolivia y se tiene una participación activa en
la APEC, OMC y OCDE y se proyecta firmar tratados con El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Belice, Perú, Ecuador y acuerdos con el Mercosur y con la Asociación
Latinoamericana de Integración (Aladi). Todo lo anterior edifica el proyecto de
configuración del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Asimismo también
están por firmarse acuerdos con la Unión Europea.
Por lo antes expuesto, se tienen mayores
compromisos y obligaciones derivados de la ostensible complejidad que revisten los
tratados de comercio internacionales, lo que hace necesario que el Poder Legislativo asuma
su responsabilidad y se le restituyan estas facultades a la Cámara de Diputados, para
tener participación en estos asuntos.
La aprobación de los tratados comerciales
ha provocado que un número importante de empresas y personas de diferentes sectores
productivos nos planteen su problemática, a los cuales no se les puede responder
satisfactoriamente por carecer esta Cámara de las facultades legislativas en esta
materia.
Los tratados internacionales otorgan
derechos e imponen obligaciones a las partes contratantes; establecen reglas de conducta a
los participantes, produciendo efectos en su régimen jurídico, que impactan la política
económica y modifican la vida cotidiana de millones de mexicanos. Esto implica el
cumplimiento de una serie de reformas y adiciones a la legislación en la que participa de
manera directa la Cámara de Diputados.
El artículo 73 constitucional establece
las funciones del Congreso, que comprende las facultades de índole económica y de
planeación nacional que refuerzan la fundamentación para que ambas cámaras aprueben los
tratados internacionales.
El artículo 133 constitucional establece
que los tratados internacionales son Ley Suprema de la Unión. Dado lo anterior, debe
establecerse la facultad concurrente a la Cámara de Diputados.
Sirva como fundamento de la iniciativa la
legislación comparada en las constituciones de: Estados Unidos de América, Argentina,
Bolivia, Colombia, Brasil, Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay, Checoslovaquia y Noruega, entre otras, donde se determina
que la aprobación de los tratados internacionales se acuerda por ambas cámaras.
Por los motivos señalados se propone que
la facultad exclusiva del Senado, en materia de aprobación de tratados internacionales,
se establezca como facultad del Congreso, para quedar como sigue:
Artículo 73 constitucional en su fracción
XXIX-D, adicionar con un párrafo que diga lo siguiente: "y para aprobar los tratados
internacionales".
En el artículo 76 fracción I se propone
quitar el párrafo siguiente: los tratados internacionales.
En el artículo 89 constitucional fracción
X, se propone hacer la modificación siguiente: la palabra Senado por la palabra Congreso.
En el artículo 133 constitucional, se
propone hacer la modificación siguiente: la palabra Senado por la palabra Congreso.
Por las consideraciones expuestas y en
ejercicio de nuestras facultades constitucionales, los suscritos, diputados federales de
la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, sometemos a esta Cámara el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Que adiciona y reforma los artículos 73
fracción XXIX-D, artículo 76 fracción I, artículo 89 fracción X y el artículo 133 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo primero. Se adiciona el artículo
73 constitucional para quedar como sigue:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I a XXIX-C. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
XXIX-D. Para expedir leyes sobre
planeación nacional del desarrollo económico y social y para aprobar los tratados
internacionales;
XXIX-E a XXX. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Artículo segundo. Se reforma el artículo
76 constitucional, para quedar como sigue:
Artículo 76. Son facultades exclusivas del
Senado:
I. Analizar la política exterior
desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente
de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso; además,
aprobar las convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión;
Artículo 3o. Se reforma el artículo 89
constitucional fracción X, para quedar como sigue:
I a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
X. Dirigir la política exterior y celebrar
tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Congreso. En la conducción
de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios
normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución
pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las
relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación
internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;
Artículo cuarto. Se reforma el artículo
133 constitucional, para quedar como sigue:
Artículo 133. Esta Constitución, las
leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con
aprobación del Congreso, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada
Estado, arreglarán a dicha Constitución leyes y tratados, a pesar de las disposiciones
en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados.
ARTlCULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de
1997.Å Diputados: Juan Bueno Torio, Juan Miguel Alcántara Soria, Raúl Monjarás
Hernández, Rogelio Sada Zambrano, Sergio César A. Jáuregui Robles, José A. Romualdo
Herrán Cabrera, Patricio Martínez García, Pedro Salcedo García, Lombardo Victoriano
Guajardo Guajardo y Mauricio Rossell Abitia.»
Con todo respeto, señor Presidente, le
pido lo turne a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y dejo un ejemplar
de esta iniciativa de decreto a la Secretaría.
Muchas gracias.
Túrnese a las comisiones unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, para su estudio y
dictamen.
Para presentar una iniciativa de decreto
que propone adicionar un párrafo séptimo al artículo 21 y un inciso J, fracción III
del artículo 115, todos ellos en materia de protección civil de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia le concede el uso de la
palabra al diputado Gerardo Acosta Zavala, quien presentará esta iniciativa en nombre del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Esta Presidencia se permite informar a
diputadas y diputados, que se encuentran presentes en este salón de sesiones la
compañera Marlene Hass, secretaria General de la Internacional Socialista de Mujeres y la
compañera Margarita Zavala, miembro de la Internacional Socialista. En nombre de los
diputados las saludamos fraternalmente.
De manera económica, esta Presidencia,
pregunta, ¿se encuentra el diputado Gerardo Acosta Zavala?.. ¿No? Diputada, ¿su nombre?
PROTECCION
CIVIL
La diputada Mercedes Maciel, va a
hacer uso de la palabra en nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y a ella
corresponderá presentar la iniciativa de reformas a la Constitución, anteriormente
referida
| La diputada
María Mercedes Maciel Ortiz: |
«Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.Å Presentes.
Los suscritos, diputados a la LVII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción Il de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículo 55
fracción Il, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de
Diputados, la presente iniciativa de decreto que adiciona un párrafo séptimo al
artículo 21 y un inciso i, corriéndose en su orden el actual inciso i, para pasar a ser
inciso j, de la fracción III del artículo 115, ambos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Estado tiene la obligación de proteger
la vida, la libertad, los bienes y derechos de todos los ciudadanos.
Proteger a la sociedad es una de las
funciones más importantes e inherentes a la naturaleza del Estado y que corresponde a su
esencia.
La protección de los ciudadanos frente a
los peligros y riesgos de trastornos o desórdenes provenientes de elementos, agentes o
fenómenos perturbadores naturales o humanos es parte de esa tarea del Estado, de
salvaguardar las vidas humanas, los bienes materiales, el entorno natural del hombre y el
transcurrir cotidiano de la comunidad.
El individuo, su familia y la comunidad
entera deben tener como garante tras de sí el respaldo permanente de dispositivos
materiales, técnicos y socio-organizativos, que sólo el Estado le puede dar, ante
situaciones de riesgo o desastre provenientes de agentes perturbadores naturales o
humanos.
Estos dispositivos materiales, técnicos y
socio-organizativos son los recursos y las instituciones de lo que conocemos como sistema
nacional de protección civil.
La protección civil, los recursos
materiales, técnicos y humanos que lo integran constituye un servicio público a cargo
del Estado.
Es, sin duda, a partir del sacudimiento en
la conciencia social de los mexicanos que significarón los sismos de 1985 ocurridos en la
Ciudad de México, que nace el moderno concepto de protección civil, como un servicio
público y una responsabilidad del Estado, con la concurrencia de los particulares.
Las bases para el establecimiento del
sistema nacional de protección civil se dan por acuerdo administrativo presidencial de
fecha 29 de abril de 1986 y hoy, en algunas entidades del país, empiezan a surgir leyes y
reglamentos que dan vida jurídica y regulan el sistema de protección civil como un
servicio público a cargo del Estado y las responsabilidades de la población.
El servicio público de protección civil
tiene valiosos antecedentes en nuestro país.
Desde la época prehispánica se tiene
conocimiento de la alta organización y sentido de la planeación de los antiguos
mexicanos, con las grandes obras hidráulicas en el valle de México, para prevenir
inundaciones; las jornadas de auxilio médico de muchos de los clérigos españoles
durante la época de la Colonia en los siglos XVI, XVII y XVIII contra las epidemias y
pestes que cobraron miles de víctimas entre los naturales de nuestro país o, mucho más
recientemente, con acontecimientos célebres como la aparición de los primeros cuerpos de
bomberos y los primeros grupos de voluntarios de la benemérita Cruz Roja.
Sin dejar de reconocer lo significativo de
lo realizado desde 1985 hasta la fecha para construir en sus bases jurídicas y materiales
el sistema nacional de protección civil, debe admitirse que las instituciones y los
grupos mexicanos que cotidianamente entregan su mejor esfuerzo en brindar a la sociedad
los distintos servicios de la protección civil se encuentran sin el reconocimiento
jurídico de nuestras leyes en la medida que se requiere.
Nuestras leyes no reconocen ni regulan
suficientemente la labor y la responsabilidad que de ello se deriva, que realizan en
nuestro país miles de bomberos de las instituciones públicas, especialmente del nivel
municipal o dentro de las empresas privadas; el gran número de paramédicos socorristas
de la Cruz Roja mexicana y todos los grupos voluntarios de rescate y auxilio.
El servicio público de protección civil
no se encuentra consignado como tal en la Constitución General de la República ni en las
particulares de los estados.
No existe, por lo tanto, una ley federal
reglamentaria en la materia que defina con claridad el ámbito de responsabilidad de las
dependencias del Poder Ejecutivo Federal en materia de siniestros o desastres ya sea
naturales o provocados por el hombre.
Se tiene la experiencia que ante
conflagraciones de alcance regional en el país, como un huracán, el incendio de bosques
o pastizales, terremotos, inundaciones etcétera, las dependencias de los distintos
niveles de gobierno actúan en un marco de responsabilidad de la que no existe la certeza
de ley que lo deban hacer como obligación de Estado y eso propicia que frecuentemente se
presenten casos de negligencia institucional ante desastres o, en el mejor de los casos,
se actúe más entre el altruismo protagónico y la voluntariedad individual, que la
obligación de autoridad.
Se precisa un verdadero sistema normativo
en la materia donde el servicio público de protección civil quede claramente estatuido
como tal por mandato constitucional.
Asimismo, que la correspondiente ley
reglamentaria, las legislaciones estatales y los reglamentos municipales, establezcan
cuál es la responsabilidad del Estado en sus tres niveles de gobierno en la prestación
del servicio y cómo debe darse la intervención reguladora del mismo Estado en alentar la
participación de la población en dichas tareas.
Por ello, la propuesta es elevar a rango
constitucional la protección civil y consiguientemente que sea promulgada la Ley Federal
de Protección Civil, propiciando la conducente a nivel de las constitucionales
particulares de las entidades federativas y sus respectivas leyes estatales reglamentarias
y en los municipios del país, para que emitan sus propios reglamentos municipales.
Por la naturaleza y la dimensión en daños
y pérdidas tanto en vidas humanas como materiales que pueden cobrar los riesgos y
desastres provenientes tanto de fenómenos naturales, como los provocados por el hombre,
se concibe la protección civil como una garantía constitucional del ciudadano y por
consecuencia, como un servicio público a cargo del Estado.
Un servicio con responsabilidad primaria
para su prestación a cargo del municipio, pero con la concurrencia de los niveles
estatales y Federal de Gobierno, tanto para normar la actividad, como para conjuntar
recursos que se canalicen a la prevención y atención de desastres de proporciones
regional o nacional.
Con las reformas constitucionales que se
promueven a través de la presente iniciativa y que de llevarse a cabo repercutirán en
ordenamientos de carácter federal, estatal y municipal, no sólo se reconocerá y tendrá
seguridad jurídica la labor de protector civil, sino que terminará una suerte de
desentendimiento del Estado hacia este servicio público que exige la sociedad.
Pues en efecto, hoy las dependencias
prestadoras del servicio de protección civil, como los bomberos municipales, trabajan con
enormes carencias, debido a que en sus municipios no son incluidos en los correspondientes
presupuestos anuales, por la falta de contundencia en la ley de la responsabilidad del
Gobierno en la prestación de este servicio.
Ni qué decir de los servicios, como el de
auxilio paramédico y rescate, que dependen de las colectas y donativos que obtengan
grupos de ciudadanos voluntarios, como la Cruz Roja Mexicana.
La moderna protección civil se concibe
como un servicio público al que tiene derecho el ciudadano y que es responsabilidad del
Estado, en sus tres niveles de gobierno brindarlo; desde luego, con la participación de
la sociedad, particularmente con la colaboración, alentada y regulada por el Estado, de
los grupos voluntarios.
Pero lo más importante, con un adecuado
sistema normativo en materia de protección civil, que empieza con la reforma a la
Constitución de la República y la promulgación de esta ley federal en la materia, pasa
por las legislaciones estatales y termina con el reglamento municipal. Los particulares,
las empresas, cada ciudadano común en la calle o dentro de su hogar, podrán incorporarse
a la cultura de la protección civil, adoptando medidas preventivas para evitar accidentes
y organizándose para saber actuar junto con los cuerpos institucionales de protección
civil ante un desastre.
Compañeras y compañeros diputados: por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículo
55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de
Diputados, la presente
INICIATIVA DE DECRETO
Que adiciona un párrafo séptimo al
artículo 21 y un inciso i, corriéndose en su orden el actual inciso i para pasar a ser
inciso j de la fracción III del artículo 115, ambos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo primero. Se adiciona un séptimo
párrafo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:
Artículo 21. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para la protección de la población ante
riesgos y desastres provocados por fenómenos o agentes, tanto de tipo natural como
social, la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios se coordinarán
en sus respectivas competencias, en los términos de la presente Constitución y la ley
general que al efecto se expida para establecer un sistema nacional de protección civil.
Artículo segundo. Se adiciona la fracción
III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con
un nuevo incisos i corriéndose en su orden el actual inciso i para pasar a ser inciso j,
para quedar como sigue:
Artículo 115. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
I y II . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
III. Los municipios, con el concurso de los
estados, cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los
siguientes servicios públicos:
a) a h) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
i) Protección civil y
j) Los demás que las legislaturas locales
determinen según las condiciones territoriales y socio económicas de los municipios,
así como su capacidad administrativa y financiera.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
IV a X . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Dado en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, a 11 de diciembre de 1997.Å Diputados: Alejandro González Yáñez, coordinador
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Ricardo Cantú Garza, vicecoordinador;
Juan José Cruz Martínez, María Mercedes Maciel Ortiz, Luis Patiño Pozas, José Luis
López López y Gerardo Acosta Zavala.»
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen y a la de Protección
Civil para requerir su opinión.
Señoras y señores diputados: como es del
conocimiento de todos ustedes, el punto siguiente del orden del día es el relativo a la
iniciativa de Ley que Modifica Diversas Disposiciones Fiscales, (Miscelánea), que
presentan los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de
la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional, del Partido del Trabajo, del
Partido Verde Ecologista de México y los diputados independientes Carolina O'Farrill
Tapia y Marcelo Ebrard Casaubón.
En virtud de que el personal de apoyo
parlamentario y el personal de Oficialía Mayor requieren de un tiempo suficiente para
imprimir los materiales relativos y para proveer a esta Cámara de los insumos necesarios
para el desarrollo de su trabajo, esta mesa directiva, por mi conducto, solicita
autorización del pleno para reordenar el orden del día y pasar este punto relativo a la
presentación de la iniciativa de Ley de Miscelánea Fiscal y también el relativo a la
Ley de Ingresos, hasta después de que se agote el punto relativo a la agenda política.
Sírvase la Secretaría, en consecuencia,
en votación económica, consultar a los diputados si es de autorizarse esta modificación
que propone la mesa directiva, al orden del día.
| El secretario
Jaime Castro López: |
Por instrucciones de la Presidencia
se consulta a la Asamblea si se aprueba la modificación al orden del día, propuesto por
la Presidencia.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los que estén por la negativa, igualmente
exprésenlo... Aprobada la modificación al orden del día, señor Presidente.
Gracias, señores diputados.
Esta Presidencia informa que se encuentran
presentes 39 estudiantes de la Escuela Secundaria del Colegio La Salle. En nombre de los
diputados los saludamos con afecto y con reconocimiento.
Esta Presidencia informa que se encuentran
presentes 35 estudiantes del bachillerato de la escuela Cámara de Comercio. También los
saludamos con particular entusiasmo.
También en nombre de los diputados
saludamos fraternalmente y 20 ciudadanos del grupo denominado Comunidad de Tlanepantla.
¡Enhorabuena!
LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y
NORMALIZACION
El siguiente punto en cartera es el
relativo a la excitativa a la Comisión de Comercio, a fin de que dictamine la iniciativa
de Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Tiene en consecuencia la palabra, el
diputado Adalberto Antonio Balderrama Fernández, en nombre del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.
| El diputado
Adalberto Antonio Balderrama Fernández: |
Con su anuencia, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Este documento al que voy a dar lectura,
contiene nobles propósitos que van a ayudar y que ayudarían a los que menos tienen. Yo
espero un dictamen feliz.
«Ciudadano Presidente de la Cámara de
Diputados: el suscrito, en mi calidad de diputado federal a la LVII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, por medio de este ocurso, con fundamento en lo dispuesto
por el inciso m del artículo 27 y párrafo tercero del artículo 48 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y fracción XVI del artículo 21 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promuevo esta excitativa en virtud de
que el grupo parlamentario de Acción Nacional presentó una iniciativa que a la fecha no
ha sido dictaminada por la comisión correspondiente, por lo que me permito acudir a usted
para los efectos pertinentes y en este sentido expongo los
ANTECEDENTES
1o. Con fecha 21 de diciembre de 1995, el
ciudadano David Rodríguez Torres, en su calidad de diputado a la LVII Legislatura del
Congreso del Estado de Chihuahua, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, presentó ante el pleno de dicho Congreso, la iniciativa de reforma del
artículo 13 de la Ley de Metrología y Normalización. Dicha iniciativa fue aprobada por
esa legislatura el día 7 de marzo de 1996, con fundamento en la fracción III del
artículo 71 constitucional, fue turnada el 13 de mayo de 1996 a la Comisión de Comercio
de esta Cámara de Diputados.
Con la iniciativa en comento, se pretende
erradicar las conductas ilícitas cometidas por algunos repartidores de gas licuado de
petróleo, consistentes en extraer este gas o sustituirlo en parte por agua. Estas
prácticas negativas se han presentado reiteradamente en toda la República; es el Estado
de Chihuahua, entidad que por medio de su legislatura y de acuerdo con su facultad de
iniciar leyes o decretos, ha dirigido su preocupación a procurar que el recipiente en el
que se contenga el combustible cuente con un sello que no pueda y no deba violarse, para
que la sustancia se conserve con toda su integridad y pureza.
En efecto, el Estado mexicano es el dueño
de los hidrocarburos; por tanto, este recurso natural forma parte de los bienes propiedad
de la nación o bienes del dominio público; es el Estado quien tiene que emprender todo
tipo de acciones para cuidar estas sustancias y otras más que sean de su propiedad.
La mencionada reforma está correctamente
ubicada en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ya que con dicha ley la
autoridad en los últimos años estableció regulaciones administrativas en las que
interviene para cerciorarse de que el bien tiene cierta garantía de calidad, además de
que es necesario proteger al consumidor por medio de la masificación de los productos.
La propuesta contenida en la iniciativa
será de esencial eficacia para los consumidores, ya que éstos continuamente se ven
desprotegidos por los abusos cometidos contra ellos.
Algunas normas legales contenidas en el
reglamento de la Secretaría de Energía, dispone sobre la certificación que expide el
Gobierno y ya analizadas las características del bien o servicios de que se trate, es
cuando se cumple con ellas.
Por lo anterior, se hace necesario que la
Ley sobre Metrología y Normalización contenga las mismas disposiciones para hacerla
congruente con el principio de procurar que el contenido no sea adulterado.
El artículo 13 de la ley citada, establece
que los recipientes que no siendo instrumentos para medir, se destinen reiteradamente a
contener o transportar materias objeto de transacción cuya masa se determine midiendo
simultáneamente el recipiente y la materia, deberán ostentar visible e indeleblemente
con caracteres legibles su tara, la que podrá verificarse en la forma y lugares que fije
la Secretaría.
Hasta aquí el artículo.
La adición que se aduce es la siguiente:
"Así también, cuando su llenado
reiterado y sistemático lo permita y requiera, deberá contar en cada ocasión posterior
al llenado, con el sello de inviolabilidad que garantice la cantidad, cualidad y calidad
de la materia."
La iniciativa que aquí se alude, tiene
precisamente como espíritu el contribuir a los objetivos esgrimidos.
2o. Es el caso que una vez presentada la
iniciativa señalada, el Presidente de la Cámara la turnó para su estudio, análisis y
dictamen a la Comisión de Comercio.
CONSIDERACIONES
1o. Desde el día 13 de mayo de 1996, fecha
en que fue turnada a la comisión mencionada de esta Cámara de Diputados, a la fecha han
transcurrido 568 días, que son más de los que como plazo concede el artículo 87 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
para que las comisiones de la Cámara presenten su dictamen, en los negocios de su
competencia, dentro de dicho plazo, al de la fecha en que los hayan recibido.
2o. Hace tiempo, José Ortega y Gasset
afirmó que la política es un sistema de soluciones para un sistema de problemas.
Actualmente esta premisa sigue vigente y los diputados somos los encargados de darle
solución a dichos problemas mediante una de nuestras tareas: legislar. Somos quienes por
medio de este arte, que es la política, cumplimos con el mandato que nos ha encomendado
el pueblo mexicano, ya que por medio del proceso legislativo se pretende dar solución
jurídica a sus demandas sociales.
La democracia no sólo depende de las
condiciones de tipo social, económico y cultural, sino también del diseño de normas
jurídicas, acordes con la realidad mexicana.
El Poder Legislativo tiene un compromiso
del quehacer político y las comisiones son parte fundamental de su estructura orgánica y
funcional.
La iniciativa que hoy comento, fue
presentada por una legislatura estatal, la cual, en atención al segundo párrafo del
artículo 71 constitucional, fue turnada debidamente a una comisión de este recinto
federal.
3o. En tal virtud, es procedente que el
Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de su obligación, expresada en el
artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Comercio a fin de emitir el
dictamen correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado a
usted, Presidente de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Congreso de la
Unión, muy atentamente pido se sirva:
Unico. En los términos de los artírculos
27 inciso M, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
por lo dispuesto en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso, solicito realice la excitativa a la comisión para que presente dictamen
correspondiente a la propuesta de reforma a la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional del
Congreso del Estado de Chihuahua, el pasado 21 de diciembre de 1995 y turnada a la
Comisión de Comercio de esta Cámara el 13 de mayo de 1996.
Por una patria ordenada y generosa y por
una vida mejor y más digna para todos.
Dado en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, a 11 de diciembre de 1997.»
Muchas gracias.
Esta Presidencia considera digna de
tomarse en consideración la solicitud presentada por el diputado Balderrama Fernández,
en nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional.
Consecuentemente, de conformidad con las
facultades que le otorgan el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General y el
ar- tículo 21 fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se sirve excitar a la Comisión de Comercio, a
fin de que emita el dictamen correspondiente.
MEXICANOS
EN EL EXTRANJERO
El siguiente punto en la agenda, es
el relativo a la agenda política. A efecto de hacer comentarios dentro del capítulo
relativo a la agenda política, sobre la extorsión que sufren los mexicanos que envían
dinero de los Estados Unidos de América al territorio nacional, el diputado Saúl Solano,
del PRD, hará uso de la palabra, por 10 minutos.
| El diputado
Saúl Solano Castro: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Dice Carlos Fuentes, que la frontera con
Estados Unidos, más que eso es una cicatriz, por el corte, por el tajo que sufrió
nuestro territorio nacional y, yo agregaría, que no sólo lo es simbólicamente por esa
escisión de nuestra patria, sino también porque representa el callado sufrimiento de ver
a los suyos buscar mejores niveles de vida en Norteamérica, y al observar el mal trato
que con frecuencia él o frente a ella son objeto, padece la recicatrización que
simboliza a su vez un golpe a nuestra dignidad y soberanía.
El tema que nos ocupa está vinculado con
ese trato abusivo y discriminatorio a nuestros compatriotas indocumentados y residentes en
Estados Unidos, a través del cobro de comisiones onerosas y manejo discrecional de la
paridad peso-dólar, para aquellos que envían dinero a sus familiares a nuestro país.
Este tipo de abuso por parte de compañías
norteamericanas, como la Western Union y la Money Gramm, en México Elektra, se ha venido
ventilando en los medios de comunicación, sobre todo en los dos últimos meses. Producto
y conocimiento de dicho problema, el Instituto de Estudios de la Revolución Democrática,
elaboró un documento en donde midió el tamaño y repercusiones del problema.
A continuación doy a conocer algunas
consideraciones económicas del citado estudio: "repercusiones en el conjunto de la
economía nacional, de la remesa de dinero que envían a sus familiares en México,
nuestros indocumentados y residentes en Estados Unidos". Este análisis se efectuó
con base en datos del Banco de México.
En relación a las exportaciones
petroleras, en 1991 las remesas familiares enviadas por nuestros compatriotas en Estados
Unidos, representaron el 30%, para 1996 el 36.2% y para 1997 se estima que lleguen a
constituir el 38%.
Comparadas estas mismas remesas familiares
con las exportaciones agropecuarias, representaron en 1981 el 101.8%, para 1996 el 117%,
el doble de las divisas que a nuestro país llegan por concepto de exportaciones del
sector agropecuario, lo que muestra el tamaño del desmantelamiento de ese sector y la
importancia de estas remesas dentro de este rubro de la balanza de pagos.
Dentro del sector turismo tenemos que para
1991, estas mismas remesas representaron el 55.6% y para 1996 el 80%.
Con respecto a la inversión extranjera en
nuestro país, en 1991 representaron el 50.7% del total de su inversión en México.
En relación a los asalariados del sector
agropecuario, constituyeron el 137.6% para 1991.
Y algo que debe llamar a la reflexión de
todos inmediatamente y a fondo, para 1995 fue del orden del 293.8%, casi tres veces el
total de las míseras remuneraciones que percibieron los jornaleros del campo nuestro.
En el sector de la construcción esta
relación pasó del 32% al 60%. En el mismo periodo anotado anteriormente lo mismo
sucedió con el sector agropecuario, perdón, con el sector comercio, al pasar del 24 al
41% entre 1991 y 1996.
Y en relación a las participaciones
estatales, tan en boga en estos momentos, en las economías de los estados las remesas
enviadas por nuestros compatriotas a sus familiares en 1991, tuvieron un valor equivalente
al 28% del total de dichas participaciones y, en 1995 ascendieron al 47.2%.
Una vez más hay que remarcar la
importancia de este gran esfuerzo de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
Distribuida esta aportación por estados, para Jalisco, que es uno de los principales
estados expulsores de mano de obra, representó en 1996 el 135.6% de las participaciones
federales para el mismo Estado.
En el caso de Michoacán, otro Estado que
expulsa cuantiosa mano de obra, le tocó el 240.5% de las mismas; es decir, casi tres
veces lo que por el concepto anotado recibe de la Federación.
Otro Estado que destaca es Zacatecas, con
un 166.2% en el mismo rubro.
Los datos son por demás ilustrativos y
abundantes sobre lo que representan estas remesas en el conjunto de la economía nacional
y la pretensión no es abrumarlos con ellos, sino dejar muy en claro el tamaño de su
importancia y la magnitud del problema que representa el abuso por parte de quienes se
encargan de estos envíos.
Sólo quiero para terminar con este
señalamiento sobre el impacto de las remesas en la vida nacional, referirme a la
importancia que han adquirido los medios electrónicos como vía de envío: de 1994 a
1996, con base en el propio estudio del Instituto de Estudios de la Revolución
Democrática y el Banco de México, estas remesas pasaron de representar el 43.7% al 52.6%
del total de dichas remesas.
En contrapartida, los giros telegráficos
cayeron del 25.5% al 16.7%. En el mismo sentido del citado estudio se encuentran los
establecimientos comerciales como Elektra, que pasó de manejar el 18.2% al 35% del total
de las remesas enviadas a nuestro país.
Para darnos una idea de lo que representan
estas remesas anualmente como ingresos de divisas al país, se considera que el monto
total anual de ellas, asciende a 5 mil 600 millones de dólares y el monto del cobro por
manejar estas cantidades por las compañías intermediarias es de aproximadamente un
dólar por cada cinco que se envían. Es decir, por lo menos ganan al año mil millones de
dólares; en dos años, para dar cuenta de esto, Elektra duplicó el capital manejable por
este concepto.
Hasta aquí el resumen sobre el impacto de
los dineros que envían los mexicanos en Estados Unidos a nuestro país.
Ahora, permítanme hacer un pequeño
comentario sobre la correspondencia a este gran esfuerzo por parte del Gobierno mexicano.
En el plano multilateral, no se ratifica la
Convención Internacional Sobre Protección a los Derechos de los Migrantes y sus
Familias, firmada en diciembre de 1990 en las sede de las Naciones Unidas.
La excusa fue que porque no estábamos
preparados para enfrentar las quejas y procesos legales interpuestos por los migrantes de
la frontera sur de nuestro país. ¿En qué quedamos? Si nosotros mismos como país
promovimos esta convención. ¿Doble juego? ¿Incon- gruencia? Autogol lo llamó Jorge
Bustamente, director del Colegio de la Frontera Norte, especialista en derechos de los
trabajadores migratorios.
A la fecha, no hemos sabido si se han
establecido acuerdos bilaterales para terminar con estos abusos.
Hacia adentro, el Gobierno, por parte del
Ejecutivo, el Presidente, para ser más precisos, en vez de conjuntar esfuerzos con el
Legislativo para este fin, sólo se advierten las ganas de perder el tiempo miserablemente
tratando de desprestigiar a la oposición, sobre todo a la mayoría en esta soberanía.
Ustedes deciden, compañeras y compañeros
del partido oficial, si le siguen su peligroso e irresponsable juego.
Por lo anterior, solicito a la Presidencia
de la Asamblea, turne esta propuesta a la Comisión de la Frontera Norte, para lo
conducente.
Muchas gracias.
Para referirse al mismo tema, ha
pedido hacer uso de la palabra el diputado Gerardo Sánchez García, en nombre del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Presidencia le concede 10 minutos,
dipu-tado Sánchez García. Tenga la bondad.
| El diputado
Gerardo Sánchez García (desde su curul): |
Va a pasar la diputada María del
Carmen Moreno.
Adelante, diputada María del Carmen
Moreno.
| La diputada
María del Carmen Moreno y Contreras: |
Compañeras y compañeros diputados:
Ciertamente el tema que ha tratado el
diputado que me antecedió en el uso de la palabra es un problema sentido para varias
entidades.
Desgraciadamente muchos estados de nuestro
país son expulsores de mano de obra. Qué más quisiéramos que tener los programas
suficientes, el desarrollo económico e industrial que permitiera que esa mano de obra no
saliera de nuestro país; pero no es así, compañeros.
Y no solamente tienen en contra el
abandonar a su familia, a su tierra y perder hasta cierto punto sus costumbres, sino
también se les presenta la inseguridad de no saber si los fondos que con tanto esfuerzo
han logrado con un trabajo rudo, a veces despiadado, tratan de mandar para que la familia
sobreviva y no llega, no llega a quien va dirigido.
Es frecuente, nos encontramos durante la
reciente campaña política para acceder a esta Cámara de Diputados, como diputada de
mayoría, numerosas familias que pedían apoyo para localizar esos envíos que sus
familiares les hacían desde el otro lado.
Desgraciadamente no hay ninguna seguridad
hasta el momento, en los medios de correo y de telégrafos por donde son enviados y se
hizo seguimiento de algunos casos encontrándose que muchos de estos giros habían sido
cobrados en estaciones intermedias entre Guanajuato y la frontera, de donde eran enviados
de origen.
Ciertamente hay muchas compañías que
lucran con el cambio de estos giros, pero es indispensable que la estructura que tenemos y
hemos tenido de comunicaciones, se fortalezca para apoyara estas familias que viven de lo
que sus familiares, esposos, hijos y padres ganan en el extranjero.
Por ello, no solamente me uno a lo
manifestado por el compañero diputado que me antecedió en el uso de la palabra, sino
pido que no solamente vaya a una comisión. Yo solicito que este asunto se trate en
comisiones unidas y sobre todo en la de Comisión de Transportes, porque es indispensable
dotar al servicio postal de las terminales necesarias para que los envíos se hagan con
seguridad.
Es por ello, compañeros, que solicito su
apoyo para que este asunto sea tratado en comisiones unidas.
Esta Presidencia, en los términos
previstos por el artículo XXIV del acuerdo parlamentario relativo a las sesiones,
determina turnar a las comisiones unidas de Frontera Norte y de Transportes la solicitud
originalmente presentada por el diputado Solano.
GASTO FISCAL
El siguiente punto de cartera es las
demandas de diversas organizaciones a favor de mayor presupuesto para el gasto social. En
nombre del grupo parlamentario del PRD, tiene la palabra el diputado Felipe Rodríguez.
| El diputado
Felipe Rodríguez Aguirre: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras diputadas y diputados:
En este momento está llegando una
movilización de mexicanos y mexicanas, que creemos son la parte de los mexicanos que son
los únicos detentadores de la soberanía de nuestro pueblo. En este momento se está
realizando la jornada nacional contra el neoliberalismo y por la soberanía popular.
Están marchando organizaciones de El Barzón, organizaciones campesinas, indígenas,
urbano-populares, de discapacitados, que exigen un gasto social digno y justo para los
mexicanos.
¡Pido que los recibamos todos los
diputados democráticos; están llegando a este recinto!
DECLARACION POLITICA
Contra el neoliberalismo y por el rescate
de la soberanía del pueblo y la nación es por lo que nos hemos convocado y coincidido en
construir un amplio proceso de convergencia, crítico de las actuales condiciones y
propositivo hacia nuevos caminos de democracia, justicia y libertad.
1o. Por un modelo económico democrático y
con justicia social. En el actual modelo económico tenemos más de 60 millones de
mexicanos pobres y 40 millones padecen miseria extrema en el campo y en la ciudad. El
desmantelamiento de los sectores productivos, la desintegración de la planta productiva,
agrícola, pecuaria e industrial. La paulatina dependencia alimenticia. La quiebra de la
micro y pequeña empresas. El aumento de las carteras vencidas. La pérdida del empleo y
del poder adquisitivo. El abandono creciente del gasto público y su significado en menos
vivienda, menos salud, menos seguridad, menos educación, menos investigación, son los
devastadores resultados en esta guerra frontal que ha significado el neoliberalismo para
los mexicanos.
Este capitalismo salvaje opera en el
entreguismo de nuestros recursos y bienes más preciados. Traiciona nuestra independencia,
pervierte nuestra soberanía, somete nuestra dignidad y enajena nuestro destino.
En su nombre se ha renunciado al rumbo
histórico, a las razones de independencia, al sustento de la reforma, a la sangre e
inteligencia de la Revolución, a los cimientos autosuficientes del México moderno, a
mantener un México con identidad y obligatoriedad para los mexicanos con justicia y
mañana para hijos y nietos. Un México perdurable en el cambio constante.
La perversión de las funciones del Estado
y del Gobierno lo mantienen corrupto, endeudado y servil a las condiciones que le impone
Washington, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano
de Desarrollo, que nos encadena al uso y pago puntual de una deuda enorme y eterna, en una
dependencia creciente que accede a tratados y acuerdos dañinos para el interés nacional.
Es ésta una secuela generacional de
tecnócratas, fieles al interés transnacional por varios sexenios, que entienden la
globalidad como saqueo y la administración pública como departamento de ventas a corto
plazo, de dinero fácil, orientado hacia la especulación y la usura, manteniendo la
corrupción, el pillaje y favoreciendo la concentración de riqueza y poder para continuar
viviendo de la impunidad y el privilegio.
Es ésta una generación que con falsa
palabra y oscuros asesinatos se ha apropiado decisiones y dinero de la nación para
rescatar bancos, carreteras, comunicaciones, para favorecer rendimientos para enriquecer
ilícitamente parientes, compadres, encubridores y cómplices, para trasladar la riqueza a
sus bolsillos y repartir la miseria entre el pueblo.
Insistentemente el Estado impone pactos y
acuerdos para recortar salarios y libertades, para elevar precios y privatizar empresas y
riqueza nacional para incumplir la palabra, para garantizar exclusiones y padecimientos.
Por lo que los legisladores mexicanos y las
organizaciones sociales del campo y la ciudad, hombres y mujeres reclamamos nuestro
derecho a decidir sobre la planificación, la conducción y el destino de la economía
como participes del interés nacional y del bienestar común que obliga a la Constitución
como atribución del pueblo ejerciendo su vigilancia y soberanía.
La riqueza de esta nación genera el
producto del trabajo de los mexicanos y no debemos continuar el perverso pago de una deuda
que acumula intereses y activos, por lo que suspender su pago es garantía de nuestro
destino nacional.
También es necesario gravar impuestos a la
especulación y a la ganancia, expropiar la riqueza ilícita y proteger el patrimonio
nacional, industrial y humano de nuestro país, a partir de una estrategia soberana e
independiente, que revise acuerdos y tratados para que prevalezca nuestro interés y se
recupere nuestra dignidad.
Queremos un modelo económico que acabe con
el pago por el pueblo a los excesos y errores de una clase mezquina en forma de impuestos
al consumo y topes salariales; queremos un modelo económico que reivindique el derecho a
la tierra, a la autosuficiencia alimentaria, al desarrollo en el campo, sin créditos
blandos, con revitalización de la planta productiva, empleo, salario digno, vivienda
habitable y colonias con agua, luz y seguridad, con una salud plena.
Una economía con memoria de rostro plural,
con paz y tranquilidad originada por causas resueltas y no con dictaduras veladas y
militarismos hipócritas usufructuando funciones.
Los instrumentos de política económica, a
decir del doctor Zedillo, no son entendidos por el hombre de la calle. Lo que sucede es
que hombres y mujeres de la calle han descubierto el desgastado engaño de un mejoramiento
al que nunca se llegó, al que se destina como menor gasto social cada año, elevados
impuestos al consumo general y mayoritario, en los que se continúa la política de
exenciones y subsidios a la especulación, a la banca y a empresarios ineficientes y
corruptos.
Ya no es posible mantener privatizadas las
ganancias y socializadas las pérdidas, ya despertamos y el fracaso es evidente, la vileza
se testifica con 40 millones de connacionales excluidos. Es necesario desgravar de
impuestos el salario y los productos de consumo popular, romper con el IVA y todo tipo de
impuesto que imponga topes al salario, al poder adquisitivo, abatir el desempleo, elevar
la inversión hacia el campo, los servicios, la industria y el capital productivo,
aumentar el gasto en educación, salud y cultura, frenar la privatización y fortalecer el
destino nacional.
Por la solución de las demandas de todos,
el apoyo mutuo, la solidaridad plena, el reclamo ajeno nos reúne y en la explicación del
propio padecimiento escuchamos la voz del otro y descubrimos que sus banderas nos
incluyen, que la suma de diversa particularidades constituye un todo que esboza nuevas
condiciones de vida, de producción, de distribución, de participación y de convivencia.
En ese tránsito finquemos renovados entendimientos y promisorios escenarios de utopías
actualizadas y sueños posibles.
Por lo que, a nombre de ese frente que se
está gestando, solicitamos que se turne a la CRICP un acuerdo político para que esta
LVII Legislatura abra desde enero de 1998 las puertas de este recinto y se formen mesas de
trabajo que permitan el desahogo y la solución de las demandas de todos los mexicanos.
Eso exige esta marcha que pedimos que la reciban los cinco coordinadores parlamentarios de
esta soberanía, compañeros.
¡Viva el movimiento popular! ¡Viva el
Barzón! ¡Vivan las organizaciones sociales, compañeros!
Gracias.
Gracias, diputado Rodríguez.
Entregue su papel aquí a la Presidencia, por favor.
Para ocuparse del pronunciamiento hecho por
el diputado Rodríguez, ha solicitado el uso de la palabra en nombre del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Javier Guerrero
García.
Al diputado Guerrero García, la
Presidencia le concede 10 minutos.
El diputado Guerrero García declina su
participación en la tribuna.
Esta Presidencia, a solicitud del diputado
Felipe Rodríguez Aguirre, turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política el documento presentado a la consideración del pleno.
PRODUCTORES
PORCICOLAS
El siguiente punto en cartera es el
relativo a la situación de los productores porcícolas. Para pronunciarse en relación a
este tema, hace uso de la palabra en nombre del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, la diputada Alma Vuchovich Seele...
Para pronunciarse en relación al mismo
tema, hace uso de la palabra la diputada María Guadalupe Sánchez Martínez.
Tiene 10 minutos diputada Guadalupe.
| La diputada
María Guadalupe Sánchez Martínez: |
Gracias.
En el año de 1980, el Bajío michoacano,
el Bajío guanajuatense, era considerado como uno de los principales centros porcícolas
no solamente del país, sino de América latina. Concretamente, La Piedad, Michoacán, era
uno de los centros porcícolas más importantes; hoy día, esa situación ha cambiado
radicalmente, precisamente a raíz... se recrudeció el problema a raíz de la firma del
Tratado de Libre Comercio en nuestro país y concretamente debido a la importación
desmedida de productos cárnicos hacia la región.
El Gobierno Federal, en estos momentos no
ha cumplido su compromiso de observar los artículos séptimos (sic) del Tratado de Libre
Comercio en materia agropecuaria y sobre medidas sanitarias y fitosanitarias para permitir
la importación de estos productos a nuestro país.
Nosotros nos estamos pronunciando en contra
de la desgravación de los productos cárnicos que está solicitando el Gobierno Federal,
en estos momentos. Ahora, se está pretendiendo eliminar en un periodo menor al previsto
originalmente los impuestos a la importación en más de 1 mil 500 fracciones de Estados
Unidos; 1 mil 900 de Canadá; 2 mil 184 de México.
Entre los productos que el Gobierno de
México le interesa desgravar, se encuentran frutas, hortalizas, productos químicos,
calzados, manufacturas de cuero, productos de la cadena textil, productos cárnicos,
cerámicas y juguetes.
Precisamente en lo relativo a productos
cárnicos, es que nosotros estamos oponiéndonos a que se esté permitiendo la
importación desmedida de productos considerados no aptos para el consumo humano en los
Estados Unidos y que se están importando a nuestro país con un grave daño a la salud de
todos los mexicanos.
La Sagar, no ha cumplido con la observancia
estricta de las medidas fitosanitarias para la importación de productos agropecuarios. En
los puntos fronterizos no se cuenta con la infraestructura necesaria para hacer
verificaciones científicas en materia de importaciones. Esto ha provocado que el Consejo
Nacional de Porcicultura ponga personal como vigilante, pero ha impedido frenar la
importación masiva de puercos enteros, puercas de desecho, canales viejos, subproductos
como buches, hígados, vísceras en general, que no cuenta con certificados de origen y
que son declarados por el Departamento de los Estados Unidos, como no aptos para el
consumo humano.
Existe su facturación, por lo que los
aranceles han sido minimizados.
En el último año la porcicultura en La
Piedad, ha tenido un decremento de más del 40%. Hace dos años se embarcaban cerca de 20
mil cerdos por mes al Distrito Federal, actualmente no llegan a los 10 mil. La
importación de manteca, producto destinado para lubricantes en los Estados Unidos, ha
dañado seriamente el precio de la producción nacional y por consiguiente también está
actualmente dañando la salud de todos los mexicanos.
Actualmente es necesario instrumentar las
acciones para hacer cumplir la Ley de Comercio Exterior en su Capítulo IV, que se refiere
a los daños y la amenaza de daño a la producción nacional, en sus artículos 39, 40,
41, 42, 43, 44 y 45 de salvaguarda.
Nosotros estamos solicitando a esta
soberanía que nos sensibilicemos al problema que viven actualmente los porcicultores de
la nación, porque se está desmantelando el sector. Si ya de por sí con las condiciones
que actualmente se estaban viviendo, se estaba viendo seriamente afectado, ahora con la
propuesta de desgravar y de permitir la importación de carne de cerdo al país, se va a
terminar por desmantelar y por acabar la industria porcina.
Yo estoy hablando a nombre de los
porcicultores de la región del Bajío michoacano, concretamente de La Piedad, una de las
zonas más importantes en producción que daba trabajo, empleo a muchas familias y que
actualmente se encuentra totalmente desmantelada.
Nos oponemos a la desgravación que se
está proponiendo por parte del Gobierno Federal a la importación de estos productos y
solicitamos que el tema que a continuación tratará mi compañera la diputada Alma
Vucovich, no nada más se canalice a la Comisión de Comercio, sino que también se
analice a la Comisión de Agricultura y a la Comisión de Salud, porque lo que hoy estamos
consumiendo los mexicanos en relación a productos de cerdo, embutidos, está dañando
seriamente al pueblo de nuestro país.
Nosotros nos pronunciamos enérgicamente en
contra del daño que se está ocasionando actualmente a todos los mexicanos.
Muchas gracias.
Gracias, diputada Sánchez Martínez.
Esta Presidencia informa que se encuentran
presentes 43 jóvenes estudiantes del sexto semestre de preparatoria del colegio hebreo
"Monte Sinaí". En nombre de los diputados los saludamos con entusiasmo y con
afecto.
También esta Presidencia se permite
informar acerca de la presencia en este salón de sesiones, de 21 alcaldes del Estado de
Puebla. También se les saluda.
También están presentes 100 invitados de
la Escuela Técnica de Zacatepec. Saludos para ellos.
Para pronunciarse en relación al tema
abordado por la diputada Sánchez Martínez, hace uso de la palabra también por el grupo
parlamentario de la Revolución Democrática, la compañera diputada Alma Vucovich Seele.
Tiene usted 10 minutos, señora diputada.
| La diputada Alma
Angelina Vucovich Seele: |
Comparezco a nombre de la Comisión
de Ganadería y a petición de los porcicultores del país, para exigir la no
desgravación anticipada de los aranceles negociados al respecto en el Tratado de Libre
Comercio.
El pasado 3 de noviembre la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial dio a conocer, por medio de una publicación en el Diario
Oficial de la Federación, donde se incluyen alrededor de 3 mil 500 productos y su
identificación por fracciones arancelarias susceptibles de tener una desgravación más
rápida que la originalmente acordada en el tratado y que serán consideradas para su
consulta pública.
Se pretende eliminar en un periodo menor al
previsto originalmente, los impuestos a la importación en más de 1 mil 500 fracciones de
Estados Unidos; 1 mil 900 de Canadá y 2 mil 184, de México.
Entre los productos que al Gobierno de
México le interesa desgravar se encuentran frutas, hortalizas, productos químicos,
calzado, manufacturas de cuero, productos de cadena textil, productos cárnicos, cerámica
y juguetes. En tanto, la contraparte pretende liberar más rápidamente: alimentos
preparados, productos químicos, farmacéuticos, manufacturas de plástico, eléctricos y
juguetes.
Las evidencias, la asimetría presentes
desde el inicio del tratado, se han acentuado como consecuencia de los eventos económicos
suscitados después del mes de diciembre de 1994, entre ellos citamos de manera particular
los siguientes: el sistema financiero nacional ha quebrantado al sector y pospuesto
indefinidamente el proceso de modernización para mejorar nuestra competitividad y
asegurar la viabilidad del sector; la falta de recursos financieros coherentes con los
mejores niveles de productividad, nos imposibilita a acceder a ellos, de tal forma que la
porcicultura no se considera viable financieramente por la banca.
En el sector social ni el Fondo de Empresas
en Solidaridad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, apoya este tipo de
proyectos.
La banca comercial se mantiene replegada
respecto al sector, argumentando entre otras causas las siguientes: baja rentabilidad del
sector, descapitalización de la propia banca, modificación de los criterios de
financiamiento derivado de las fusiones bancarias y de la homologación de las políticas.
Al margen de las estrategias bancarias, la
baja rentabilidad del sector porcícola es una realidad. Con respecto a los socios
comerciales, la asimetría en los costos de producción se acentúa al imponernos en el
mercado nacional los precios de indiferencia de importación en los insumos básicos,
tales como el grano forrajero y las pastas oleaginosas.
El actual nivel de arancel para los
principales productos de cerdo, es del 12%, situación que no compensa el mayor importe
que tenemos que pagar por los insumos de origen nacional y aún menos tratándose de
insumos de importación.
La propuesta del Gobierno pretende reducir
esos aranceles a partir de 1998. Si en las condiciones actuales la porcicultura es casi
insostenible, si se acepta la desgravación anticipada, se le está condenando a la
desaparición. La desventaja radica en que las tasas de interés para el productor
norteamericano son considerablemente más bajas que las aplicadas al productor mexicano.
Las actividades agropecuarias
norteamericanas gozan de diversos apoyos financieros y sus precios generalmente menores a
los nuestros. Debido a los hábitos de consumo, Estados Unidos puede ofertar sus productos
como vísceras, pieles, grasas, etcétera, a precios muy bajos, la entrada ilegal de estos
productos a nuestro país, donde la estructura de consumo les concede un valor mayor,
distorsionando el mercado de productos porcinos.
Lo anterior nos lleva a ser algunas
consideraciones:
1. Debemos procurar reforzar los sistemas
de control fitosanitario, control y fiscalización de importaciones.
2. Homologar los sistemas de clasificación
y de control sanitario.
3. Determinar los subsidios directos e
indirectos que reciben los productores norteamericanos, aplicar los aranceles
compensatorios correspondientes, con el objeto de garantizar una leal competencia entre
los países firmantes del TLC.
El sector porcícola no pide protección
por niveles de productividad, sino mismas condiciones de producción que nuestros socios
comerciales.
Mientras esto se logra, la protección a
nuestros porcicultores es una obligación.
En virtud de lo expuesto proponemos lo
siguiente:
Primero. Antes de reducir los aranceles, de
abrir más al mercado, se deben crear las condiciones necesarias para que el sector
porcícola y en general la ganadería, maduren en el terreno productivo y en su
capitalización.
Segundo. Tomar en consideración en la
propuesta de Presupuesto de Egresos para 1998, dentro del subsector a la porcicultura,
como otra de las prioridades de fomento pecuario.
Tercero. Pugnar porque Estados Unidos
reconozca zonas libres de fiebre porcina, permitiendo que los estados del norte puedan
exportar sus productos.
Cuarto. Se deben preparar estrategias para
un mayor nivel de productividad y rentabilidad para la comercialización de los recursos a
su propio desarrollo.
Quinto. Se debe restringir la expedición
de autorizaciones para importaciones de derivados del cerdo.
Sexto. Establecer cupos de aranceles
compensatorios a las carnes importadas, para prevenir mayores daños a la industria
ganadera.
Séptimo. Autorización a nivel regional de
cupos a la importación de granos, pastas y demás insumos para el consumo animal.
Los productores nacionales están
realizando su máximo esfuerzo en medio del desaliento, ante las importaciones legales e
ilegales que en aumento constante afectan directamente los precios y capacidades de los
productores mexicanos.
Obligar a producir con costos nacionales y
a vender a precios internacionales es incongruente, ya que los primeros crecen en forma
indiscriminada y, los segundos, permanecen estancados o incluso en las bolsas de futuro
van a la baja.
Han obligado a la porcicultura a ceder
posiciones con prácticas desleales de comercio en complicidad con las autoridades
nacionales, dando margen al contrabando técnico, solapando el incumplimiento de normas
específicas de calidad, lo que nos ha hecho receptores de productos de dudosa capacidad y
calidad, que al importarse a bajo precio lastiman la estructura comercial del mercado
nacional.
El TLC, será el fin de la ganadería
nacional si no se revisa la estrategia en lo general y se sostienen los aranceles. Hay que
replantear nuestra participación.
Antes de abrir el mercado debemos crear las
condiciones para que la producción porcícola se desarrolle; deben cumplirse los tiempos
necesarios para que el sector madure en el terreno productivo y en su capitalización.
Resulta inaudito el que por un lado se
desgrave al productor extranjero en detrimento del productor nacional.
PUNTO DE ACUERDO
Solicitamos se turne a la Comisión de
Comercio, para el trámite correspondiente.
Muchas gracias.
A efecto de pronunciarse en relación
al mismo tema, esta Presidencia le concede el uso de la palabra al diputado Abraham
González Negrete, por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Dispone de 10 minutos, señor diputado.
| El diputado Abraham González Negrete: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna, la más alta del
país, como diputado de la fracción priísta al interior de la Comisión de Ganadería y
como diputado michoacano y productor, a ampliar y apoyar la propuesta de la diputada
Vucovich, porque coincidimos que acelerar el desgravamiento va en contra de los intereses
de los productores, ya que por las condiciones económicas diferentes entre México y sus
contrapartes, Estados Unidos y Canadá, nos encontramos en desventaja.
Quiero ampliar la posición aquí fijada
por la diputada que me antecedió en la palabra y comentar sobre la desgravación de
productos lácteos que en el Diario Oficial de la Federación del 3 de noviembre de 1997
se publicó, destacando entre ellos leches en polvo, lácteos, sueros, yogurt, mantequilla
y quesos.
Es importante destacar que la producción
de leche en México, constituye una prioridad fundamental, para disminuir las
importaciones de leche en polvo y con ello incrementar la producción proveniente de los
establos lecheros y de la ganadería de doble propósito, así como por el evidente ahorro
de divisas, lo que sin duda permitiría mejorar la rentabilidad y competitividad de los
sistemas productivos, para ello se establecen como lineamientos fundamentales los
siguientes:
La liberación del precio al consumidor, lo
cual está en proceso y quedará concluido en el mes de enero del próximo año. Una
adecuada norma oficial mexicana, para el etiquetado de los productos, entre ellos los
lácteos, para evitar que productos deformados compitan injustificadamente, utilizando el
término de leche sin realmente serlo. Programas de apoyo a la inversión productiva,
considerados entre otros por ejemplo, la Alianza para el Campo, tanto para la repoblación
del hato, la rehabilitación y construcción de infraestructura lechera, equipos y
adopción de tecnologías.
Mantener un canal único para la
importación de leche en polvo a través de la Conasupo, lo que evita que los subsidios
internacionales, quedarían en 650 a 750 dólares por tonelada, depriman el precio al
productor.
La ganadería de México requiere de
fortalecer y restablecer en algunas áreas del país su productividad para mejorar la
rentabilidad y competitividad, lo que sin duda permitirá seguir generando empleo en el
medio rural y por supuesto, que mejoren los ingresos de los productores.
Es importante destacar que no solamente la
desgravación acelerada lacera o laceraría a la ganadería mexicana, carne de cerdo y
leche de bovino, sino también el contrabando técnico que está presente en las zonas
fronterizas, por lo que se requiere una adecuada clasificación arancelaria y la revisión
de documentación que avale la transacción. Tal es el caso de facturas apócrifas,
documento que al no tener valor fiscal en Estados Unidos, se obtiene fácilmente de
acuerdo a las necesidades del comprador y que en México representa el documento de mayor
importancia.
Con objeto de evitar las prácticas
desleales, deberá de buscarse una mayor participación de las organizaciones de
productores en programas de fiscalización aduanera y el apoyo de las autoridades para la
resolución de las denuncias, donde se involucran intereses tanto de comerciantes
mexicanos como del exterior, dando margen al contrabando técnico, el cual debe evitarse
con una adecuada clasificación arancelaria y la aplicación de los estándares técnicos
establecidos en las notas explicativas de la tarifa del impuesto general de importación,
para lo cual debe ahondarse en la capacitación tanto de agentes aduanales, como del
personal mismo de las aduanas.
Adicionalmente, se debe de avanzar en el
establecimiento de normas de calidad y de denominación de productos que se apliquen en el
país, tanto a productos nacionales como de importación a fin de evitar el engaño al
público consumidor y sobre todo, el desplazamiento del producto mexicano de alta calidad.
Solicito señor Presidente, que en el mismo
punto de acuerdo se amplíe la posición fijada por la diputada que me antecedió en la
palabra con el presente documento y se turne a la Comisión de Comercio para el trámite
correspondiente.
Por su atención, muchas gracias.
Gracias, señor diputado González
Negrete.
Esta Presidencia considerando dignas de
atenderse las proposiciones hechas por las diputadas María Guadalupe Sánchez Martínez,
Alma Vucovich Seele y el diputado Abraham González Negrete, ordena el turno de las mismas
a las comisiones de Comercio, Agricultura y Salud.
Están presentes señores diputados,
estudiantes de la escuela secundaria "José Vansconcelos, de San Miguel Allende,
Guanajuato. En nombre de los diputados los saludamos con afecto y solidaridad.
TELEFONOS
DE MEXICO
Señoras y señores diputados: a
efecto de garantizar que esta Asamblea cuente con un mínimo de apoyos documentales que
puedan sustanciar sus deliberaciones que resultan del desarrollo del orden del día
aprobada para esta sesión, en nombre de la mesa directiva, me permito decretar...
Rectifica la Presidencia, el punto relativo a las tarifas y a los cobros presuntamente
indebidos por la compañía Teléfonos de México, es el punto subsiguiente en la agenda
política.
Consecuentemente esta Presidencia le
concede el uso de la palabra para que en nombre del grupo parlamentario del Partido de
Acción Nacional, participe por 10 minutos el diputado Juan José García de Alba
Bustamante.
| El diputado Juan
José García de Alba Bustamante: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
En la Comisión de Comercio se han recibido
una serie de peticiones por parte de la comunidad, sobre la presunta existencia de cobros
indebidos realizados por parte de la empresa Teléfonos de México, S.A.
Aparentemente, la sistematización de los
supuestos cobros indebidos se realiza a través del denominado servicio medido, por medio
del cual la empresa con ayuda de sofisticados sistemas de informática, cobra al usuario
todos los servicios de llamadas locales que se realizan en una determinada línea.
Sin embargo, a pesar de que dicha medición
se realiza por medio de sistemas altamente sofisticados, aparentemente existen una serie
de incongruencias en dichos procesos.
Hemos verificado que existen casos de gran
número de llamadas con duración menor a cinco y 10 segundos, llamadas realizadas a dos o
más teléfonos distintos en forma simultánea, llamadas de servicio medido que no
respetan el orden cronológico de una computadora, no obstante que el sistema responde a
ese orden, entre otras posibles anomalías.
Aparentemente el cobro del servicio medido
se realiza con un desfase de tiempo que hace imposible la realización de estudios
detallados de los cobros por parte de los usuarios.
Los usuarios afectados plantean la
posibilidad de que existe un indebido cobro sistematizado por parte de Teléfonos de
México, S.A. de C. V., basado en el principio de pulverización del problema.
Los usuarios reciben un cobro mayor por
servicios telefónicos proporcionados, sin embargo, dichos cobros son económicamente
inferiores al desgaste e inversión de tiempo que cada usuario debe dedicar en la
realización de los trámites para exigir la devolución del cobro no justificado.
Por este motivo existe un gran número de
usuarios que no intentan aclarar o investigar sobre el proceder de la empresa.
Dada la importancia que las empresas de
telecomunicaciones tienen en nuestro país en materia comercial, económica y social, es
fundamental que dichas empresas desarrollen sus actividades en el más profundo apego a la
normatividad vigente.
Asimismo en caso de que la normatividad
cuente con elementos que afectan el desarrollo de dicha actividad o bien no contemplan
medidas regulatorias en beneficio de los usuarios, es responsabilidad del honorable
Congreso, brindar el marco jurídico para el desarrollo de tan importante sector, así
como también verificar el estricto apego de dichas empresas al derecho vigente.
La Comisión de Comercio considera
necesario contar con mayores elementos para proceder, en el caso que sea necesario, a
garantizar tanto el apego de la normatividad en materia de comunicaciones, como también a
la salvaguarda de las garantías constitucionales de la población posiblemente afectada.
Por tanto, nos permitimos recomendar a esta
Cámara de Diputados, la realización de una investigación dirigida a eliminar por
completo problemas de asimetría de información que se suscitan actualmente entre la
empresa Teléfonos de México y sus usuarios.
Considerando que de conformidad con el ar-
tículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es
competencia de las comisiones de Comercio, Comunicaciones y Transportes y de Manejo y
Distribución de Bienes de Consumo y Servicios, conocer de esta materia, ponemos a
consideración de esta Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se instruya a las comisiones de
Comercio, de Comunicaciones y Transportes y de Manejo y Distribución de Bienes de Consumo
y Servicios de esta Cámara, tomar las providencias y acciones necesarias para investigar,
evaluar con exactitud y detectar las presuntas irregularidades, con el fin de asegurar los
intereses de los usuarios en el sistema de cobros del servicio telefónico que presta
Teléfonos de México, S.A. de C.V., y en su caso se propongan las medidas necesarias.
Segundo. Con fundamento en el artículo 58
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, solicitamos a la Presidencia que turne a las comisiones de Comercio, de
Comunicaciones y Transportes y de Manejo y Distribución de Bienes de Consumo y Servicios,
para que puedan recabar la información correspondiente y previa discusión en su seno
informen a este pleno.
México, D.F., a 10 de diciembre de 1997.Å
Diputados: Juan García de Alba, José Antonio Herrán Cabrera, Jesús González Reyes,
Benjamín Gallegos Soto, del Partido Acción Nacional; Julio Faesler y 11 diputados
más.»
Dejo el original en la Secretaría.
Muchas gracias.
Y, en uso de la palabra y para
ocuparse en relación al tema de la compañía Teléfonos de México, en nombre del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra, por 10 minutos,
el diputado Daniel Díaz Díaz.
| El diputado Daniel Díaz Díaz: |
Con su permiso, señor Presidente;
señoras diputadas; señores diputados:
No hay duda que en nuestros días los
servicios de telecomunicaciones se han convertido en unos de los instrumentos básicos, no
sólo para los aspectos productivos de nuestras sociedades, sino para el desarrollo de la
vida social a nivel nacional e internacional que en todas partes del mundo se está dando
en otros momentos.
No hay duda entonces, que la calidad de los
servicios de telecomunicaciones, la gama que se ofrezca en esos servicios y su
accesibilidad a todas las empresas y a toda la población, es uno de los elementos
básicos para el desarrollo de nuestra economía y para el bienestar de todos los
mexicanos.
Es por eso que, considerando que uno de los
servicios básicos de telecomunicaciones es la telefonía, hay plena coincidencia de que
todo lo que se haga para mejorar y ampliar esos servicios es bienvenido. Por eso,
bienvenidos todos los esfuerzos para modernizar el servicio de teléfonos; bienvenidos
todos los esfuerzos para acelerar el proceso de competencia en el que apenas nos estamos
iniciando y bienvenidos todos los esfuerzos para asegurarle al usuario un servicio digno
de lo que en estos momentos se puede esperar y a un costo razonable.
En esas condiciones, la fracción de mi
partido, el Partido Revolucionario Institucional, se une al planteamiento de investigar a
fondo este problema, aparente o real de los cobros excesivos. Y este problema que puede
ser localizado o generalizado.
Es evidente que detrás de esto hay un
aspecto tecnológico importante, por la forma como ese servicio se da, y entonces
tendremos que adentrarnos en esos aspectos tecnológicos.
Y también, es cierto, es un aspecto que
tiene que ver con la cuestión de la competencia, competencia que ciertamente apenas se ha
iniciado y eso sólo en el servicio de larga distancia. Se está iniciando el proceso para
que la competencia también pueda hacerse al nivel de los servicios locales. Pero en uno y
en otro caso la autoridad y, en su caso, este Congreso, esta Cámara, deberán actuar para
preservar la calidad de los servicios, su accesibilidad y su costo razonable.
Hay que decir que todos los monopolios son
perversos: los monopolios oficiales y los monopolios privados. Hay que decir que se está
haciendo un gran esfuerzo para romper esa situación monopólita en cuanto al servicio
telefónico, y quiero aquí adelantar unos cuantos datos. En apenas unos meses, según
información que nos han proporcionado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de
esta Cámara, diversos empresarios que participan en este servicio, en algunos cuantos
meses una de las empresas competidoras de Teléfonos de México y sólo una, ciertamente
la mayor de las que están compitiendo, pero sólo una tiene ya el 10% del mercado y poco
más del 12% de los ingresos en relación con la larga distancia.
Y un grupo de cinco o seis empresas que
asimismo se califican de medianas en alguna exposición que le hicieron a miembros de la
Comisión de Comunicaciones y Transportes, nos aseguraron que tienen ya del 2% al 3% de
los servicios y tienen planes, parece ser que muy consistentes, para aspirar a tener entre
el 20% y el 25% del mercado tan sólo en tres años, es probable que estas cifras estén
barnizadas de una cierta capa de optimismo, pero da una muestra de la forma como se está
desarrollando este aspecto de la competencia en este servicio básico.
Por todo ello, mi fracción parlamentaria,
la del PRI, se une al propósito de investigar las quejas que en esta materia se han
presentado y tomar las medidas o hacer que la autoridad competente tome las medidas para
que los usuarios de este importantísimo servicio no sólo lo tengan, sino estén
plenamente satisfecho de él.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Díaz Díaz. En los
términos del artículo 24 del acuerdo parlamentario que regula el trabajo y las sesiones
de esta Cámara de Diputados, la Presidencia le concede para la rectificación de hechos,
cinco minutos al diputado José Luis Gutiérrez Cureño.
| El diputado José Luis Gutiérrez Cureño: |
Gracias, señor Presidente:
El asunto que ha traído a esta tribuna la
bancada del PAN, es un asunto que no solamente han requerido los ciudadanos a los
integrantes y a la Comisión de Comercio; los integrantes de la Comisión de Bienes de
Consumo y Servicios, diputados incluso que no formamos o forman parte de esta comisión o
de las dos antes alu- didas, también recibimos permanentes y constantes quejas de los
abusos de Teléfonos de México y de la ineficacia y falta de responsabilidad y
profesionalismo con que la Profeco actúa en el seno de estas denuncias que los ciudadanos
presentan ante ellos.
Diversos grupos organizados unos, otros no,
ciudadanos en lo individual reportan a diario en los medios de comunicación de diversas
partes del país, la aguda problemática que significa ya la discrecionalidad y la
anarquía con la que Teléfonos de México realiza sus cobros.
No se hable ya de la calidad que
efectivamente todos aspiramos a que exista un buen servicio, es un problema que
tendríamos que evaluar en otra temática, en otro punto, pero que también requiere de
nuestra atención inmediata. Háblese del problema que significa la falta de garantías y
la indefensión con que los ciudadanos se enfrentan por la falta, insisto, de acción de
la Profeco y por el aparato jurídico tan poderoso que Teléfonos de México ha
implementado para defenderse de una irregularidad sistemática que ellos mismos han
creado.
No sólo son los problemas que aquí han
señalado o señaló el diputado que presentó el tema, podríamos comentar un sinnúmero
más que tienen que ver, incluso, con hechos como el que una llamada realizada en el mismo
tiempo y en un mismo horario de días similares es cobrada con tarifas distintas y ni
Teléfonos de México ni la Profeco tiene cuestiones o respuestas que dar que justifiquen
este fenómeno y cuando se presentan las quejas éstas son llevadas a largos y tediosos
procesos jurídicos que finalmente resultan, como ya se señaló, más honerosos.
En ése sentido, hemos...a petición de
diversos ciudadanos, de sentirnos identificados con la propuesta.
La fracción legislativa del Partido de la
Revolución Democrática, avala por supuesto esta iniciativa y también refrendamos
nuestro interés, sobre todo en lo que se refiere a la necesidad de que estas comisiones
busquen la forma de presentar a este pleno un diagnóstico real que nos permita encontrar
los puntos en los cuales debemos modernizar no sólo la calidad en la prestación del
servicio, sino la legislación que garantice a los ciudadanos su derecho como consumidores
y usuarios y que permita, insisto, a la ciudadanía tener garantías jurídicas para
enfrentar los abusos.
La nueva competencia telefónica que
estamos empezando a observar, podría también convertirse en una multiplicidad de abusos
si las nuevas empresas telefónicas no encuentran la... a una ciudadanía y a una sociedad
preparada para enfrentar los posibles abusos que actualmente vemos en la hasta ahora
monopólica empresa de Teléfonos de México.
La fracción parlamentaria de la
Revolución Democrática, avala y se une a esta iniciativa en la idea de que las
comisiones a las que se turne, actúen a la brevedad posible sobre esta situación.
Muchas gracias.
Para ocuparse del mismo tema, la
Presidencia le concede por la vía de rectificación de hechos, cinco minutos al diputado
Francisco Reynoso Nuño, quien hablará en nombre del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
| El diputado
Francisco Javier Reynoso Nuño: |
Yo quisiera comentar este tema y
recordar en este momento para aquellos que somos de Baja California y Sonora, sobre todo
el norte, de que también allá, una compañía similar de teléfonos hace lo mismo, esta
compañía, Teléfonos del Noroeste, que es filial, entiendo yo, de Teléfonos de México,
hace el trabajo de lo que sería el servicio medido.
Yo no he visto en estos momentos un estudio
a fondo de lo que significa éste entre comillas servicio medido.
Encontramos que la Comisión Federal de
Electricidad tiene los famosos medidores y podemos encontrar ahí cierta certeza del
consumo eléctrico. A su vez, encontramos de que las compañías del servicio del agua en
diferentes estados, en especial Baja California, tiene la (CES), a su vez ellos tienen
forma de expresar a la ciudadanía el consumo que se da del agua.
Sin embargo, en lo que es el servicio
medido telefónico, y esto que quede bien claro, estamos en total oscuridad, en total
estado de indefensión, porque no sabemos con precisión, únicamente lo sabrá quizá la
compañía telefónica, lo que es el servicio medido.
Esto es un abuso, esto es una de las
condiciones que la ciudadanía en esta campaña antes del 6 de julio se ha manifestado en
contra, por lo menos en mi distrito y en la ciudad de Tijuana, la gente ya está harta del
servicio medido.
Por eso vengo a expresar el sentimiento de
los tijuanenses, de los bajacalifornianos, porque también allá, repito, tenemos esa
compañía de Teléfonos del Noroeste, y mi petición, señor Presidente, en este caso,
sería que esta comisión o las comisiones que les toque el estudio respectivo, se avoquen
también a lo que es Teléfonos del Noroeste, de por allá de Baja California, para que
esto también sea motivo de una generalidad en este estudio que es muy importante, para
que sea pareja la situación de ese estudio, no tan sólo Teléfonos de México, sino
Teléfonos del Noroeste y también que se pueda estudiar cómo está esta concesión,
poder establecer con toda precisión el porqué de este abuso, de este estado de
indefensión, de esta oscuridad que tenemos todos los consumidores del teléfono en cuanto
al uso de servicio medido.
Yo le pediría, señor Presidente, que en
este punto de acuerdo, y ése es mi motivo de la rectificación de hechos, sea
precisamente agregarse a Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V.
Muchísimas gracias, compañeros.
Túrnese la propuesta del diputado
García de Alba, que ha sido secundada por los diputados Daniel Díaz Díaz, Gutiérrez
Cureño y Francisco Reynoso Nuño, a las comisiones de Transportes, Comercio,
Comunicaciones y de Manejo y Distribución de Bienes de Consumo y Servicios, y agréguese
la intervención del diputado Francisco Reynoso Nuño, a propósito de la compañía de
Baja California.
Señoras y señores diputados, se han
agotado los asuntos que integran lo que denominamos agenda política.
DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES
El siguiente punto en cartera es la
iniciativa de Ley que Modifica Diversas Disposiciones Fiscales, que presentan los
diputados federales del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la
Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional, del Partido del Trabajo, del
Partido Verde Ecologista de México y los diputados independientes Carolina O'Farrill y
Marcelo Ebrard. Consecuentemente esta Presidencia, en nombre de la mesa directiva, va a
leer un documento que a la misma le ha turnado la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política.
"Con fundamento en lo dispuesto por
los ar- tículos 71 y 72 inciso f de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y del artículo 27 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y para dar continuidad al procedimiento que fue suspendido en la
sesión del jueves 4 de diciembre pasado, relativo a la discusión y votación de
modificaciones a diversos ordenamientos fiscales, lo conocido como Miscelánea Fiscal,
esta Presidencia declara concluido el citado trámite, habida cuenta de que se ha
presentado una iniciativa suscrita por todos los grupos parlamentarios representados en
este pleno, que resuelve las diferencias de forma suscitadas entre las distintas bancadas.
Tal y como se establece en el proemio de la
iniciativa, el acuerdo político adoptado por los distintos grupos parlamentarios, tiene
como finalidad el cumplimiento de una responsabilidad de Cámara, que supera cualquier
interés de partido y que hoy se presenta, como dice dicho texto, con el ánimo de que
prevalezcan los beneficios incorporados a la iniciativa, por encima de las naturales
diferencias que existen entre diputados que defienden proyectos políticos distintos en
una Cámara plural y cuya correlación de fuerzas obliga a buscar puntos de coincidencia,
como aquellos que esta iniciativa contiene.
Consecuentemente proceda la Secretaría a
dar lectura a la iniciativa con proyecto de Ley que Modifica Diversas Disposiciones
Fiscales, Miscelánea Fiscal, que presentan los diputados federales del Partido
Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido
Acción Nacional, del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México y los
diputados independientes.
Proceda la Secretaría.
| La secretaria Lourdes Angelina Muñoz Fernández: |
«Presidente de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.Å Presente.
Los suscritos, diputados federales miembros
de los grupos parlamentarios de esta LVII Legislatura de la Cámara de Diputados del ho-
norable Congreso de la Unión, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la
Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional, del Partido del Trabajo, del
Partido Verde Ecologista de México y diputados independientes, con fundamento en los
artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente...
Un momento, señor Secretario,
señoras y señores diputados:
En virtud de que se hace del conocimiento
de la Presidencia y de la mesa directiva, que la iniciativa que se está leyendo por parte
de la Secretaría ha sido repartida a todos los diputados de los diversos grupos
parlamentarios, esta Presidencia se permite instruir a la Secretaría preguntar a la
Asamblea si es de dispensarse la lectura de la misma iniciativa, orde- nándose desde
luego la inversión de la misma en el Diario de los Debates y en la versión
estenográfica.
Sírvase la Secretaría, proceder en
consecuencia.
| El secretario
José Antonio Alvarez Hernández: |
Por instrucciones de la Presidencia
se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura a la
presente iniciativa.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se dispensa, señor Presidente.
Documento de la iniciativa
Documento de la inicitiva 2
Documento de la inicitiva 3
Documento de la inicitiva 4
Documento de la inicitiva 5
Muchas gracias, señor Secretario.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, para su estudio y dictamen.
Señores diputados, esta Presidencia
informa que se encuentran presentes los ciudadanos representantes miembros del Frente
Común Sinaloense; se encuentran participando como invitados en esta sesión ordinaria. En
nombre de la Cámara de Diputados los saludamos de manera afectuosa y fraternal.
LEY DE
INGRESOS
El siguiente punto en cartera es el
relativo al dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público con
proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Proceda la Secretaría a dar lectura al
dictamen relativo al proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 1998.
| El secretario
Francisco Crescencio Rodríguez García: |
«Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
El Ejecutivo Federal, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 71 fracción I, 73 fracciones VII y VIII y 74 fracción IV,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante esta Cámara
de Diputados el martes 11 de noviembre, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 1998...
Permítame un momento, diputado
Secretario. En virtud de que este dictamen, señoras y señores diputados, ha sido impreso
y distribuido entre los señores diputados miembros de esta Asamblea, me permito rogar al
diputado Secretario consultar a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
| El secretario
Francisco Crescencio Rodríguez García: |
Por instrucciones de la Presidencia,
en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al
dictamen.
Los señores diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los señores diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
Es de primera lectura.
Consulte la Secretaría a la Asamblea
si es de dispensársele la segunda lectura para proceder a ponerlo a discusión y
votación de inmediato.
| El secretario
Francisco Crescencio Rodríguez García: |
Por instrucciones de la Presidencia,
con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la
segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Las señoras diputadas y diputados que
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo....
Las señoras diputadas y diputados que
estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la segunda lectura,
señor Presidente.
Ver dictamen
En consecuencia, está a discusión
en lo general el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
1998.
Esta Presidencia informa a los señores
dipu- tados que se han registrado, en los términos previstos por el artículo 16 del
acuerdo parlamentario, los siguientes diputados oradores: por el Partido Verde Ecologista
de México, Verónica Velasco; por el Partido del Trabajo, Ricardo Cantú Garza; por el
Partido de Acción Nacional, Humberto Treviño Landois; por el Partido de la Revolución
Democrática, María de los Dolores Padierna Luna y por el Partido Revolucionario
Institucional, se ha registrado el diputado Celso Fuentes Ramírez.
En consecuencia, en los términos del
artículo 16 del acuerdo parlamentario, esta Presidencia concede 15 minutos a la señora
diputada Verónica Velasco Rodríguez, para que defina su posición, del grupo
parlamentario del Partido Verde, en relación a la iniciativa de Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998.
| La diputada Verónica Velasco Rodríguez: |
Con su venia, señor Presidente:
Adelante, diputada Velasco
Rodríguez.
| La diputada
Verónica Velasco Rodríguez: |
Compañeras y compañeros diputados:
Las crisis económicas de nuestro país, se
han convertido en un fenómeno recurrente en los últimos 20 años, durante este tiempo
toda una generación ha crecido y madurado, viviendo bajo incertidumbre económica. Hoy,
esa generación, de la que formo parte, comienza a cuestionarse las causas de ello.
Aunada a las recurrentes crisis, el
acelerado proceso de apertura económica y desregulación financiera que ha sufrido la
economía mexicana desde mediados de la década de los ochenta, ha hecho que la banca se
enfrente a grandes y nuevos retos, es incuestionable que las economías que logran
integrarse a los mercados financieros internacionales de una manera sólida, logran una
acelerada tasa de acumulación de capital, que conlleva a elevar su nivel de bienestar en
forma sostenida.
Sin embargo, una desregularización
simplista, que no prevé a la corrección de las imperfecciones del mercado y no
establezca reglas prudenciales, puede llevarnos a situaciones de alta vulnerabilidad no
deseada. La desregularización financiera en nuestro país, se realizó sin considerar
estos mecanismos de prevención, por lo que la estabilidad del sistema financiero y otros
sectores de la economía, sufrieron las consecuencias de la ausencia de reglas eficaces
durante la crisis de 1995.
Esta crisis además de los costos que
significó para la población en términos de ingresos, desempleo, inflación y pérdida
de poder adquisitivo, nos deja hasta nuestros días un costo que no se tenía previsto: el
costo del saneamiento financiero. Este monto ascenderá según cálculos conservadores del
Gobierno al 12% del PIB de 1997.
El Partido Verde Ecologista de México,
manifiesta su desacuerdo en que la recomendación que se hace en el dictamen, sobre la
autorización que debe solicitar el Ejecutivo, para contraer pasivos destinados a
operaciones y programas de saneamiento financiero, no forme parte del artículo 2o. de la
Ley de Ingresos para 1998, exponiendo las razones siguientes:
Número uno. El honorable Congreso de la
Unión tiene facultades, de conformidad con la fracción VIII del artículo 73 de la
Constitución General de la República, para dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo
Federal, puede celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, así como para
reconocer y mandar pagar la deuda nacional, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi- canos.
La deuda que adquirió Fobaproa otorgando
garantías del Gobierno Federal, fue autorizada por el Ejecutivo sin darla conocer al
Poder Legislativo, ya que la actual Ley General de Deuda Pública, no permite la
intervención del Congreso en la deuda contingente, como se han catalogado los recursos
canalizados al rescate de los bancos.
Incluida esta recomendación en el
artículo del decreto, restituye al Congreso su derecho constitucional, de autorizar al
Ejecutivo toda la contratación de deuda, sea ésta directa o contingente.
Segunda razón. Con el actual mecanismo de
supuesta protección a los ahorradores, donde el Gobierno Federal otorga garantías sin
límites en los pasivos bancarios que debe cubrir el Fobaproa y la experiencia de la
tradición financiera mexicana de absorber el total de los mismos sin importar su monto,
las instituciones financieras tienen grandes incentivos para otorgar créditos, sin tomar
en cuenta el riesgo de los mismos, situación que nos llevó a la crisis de 1995 y que si
no se actúa con responsabilidad para revertir estos incentivos con medidas prudenciales,
caeremos nuevamente en el mismo problema, como lo hemos visto estos dos últimos años.
No basta con que el Gobierno diga que no
volverá a pasar, si no se eliminan los incentivos a que la banca se sobreendeude
irresponsablemente, la lista de bancos intervenidos se seguirá incrementando y el costo
fiscal para financiar estas situaciones, seguirá aumentando.
La obligación que tiene el Ejecutivo para
someter al Congreso el monto máximo de la contratación de deuda no es suficiente, es
facultad del Congreso vigilar cómo, cuánto y en qué se gasta la deuda contraída. No
basta con que el Ejecutivo diga cuánto, debe especificar cómo se ejercerán dichos
montos.
Precisamente ése fue el ánimo con el que
se presentó la exposición de motivos de la iniciativa de Ley General de Deuda Pública
que envió el Ejecutivo a este honorable Congreso de la Unión en el año de 1976, para
que la política crediticia del Gobierno Federal fuera manejada con el escrúpulo que
exige la grave responsabilidad que el país tiene con las generaciones futuras.
Se pretendía también, en el fundamento de
la Ley General de Deuda Pública, que la programación del crédito público se ajustara a
las bases que dictara el honorable Congreso de la Unión, al aprobar anualmente las leyes
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
Cito textualmente: "se trata de dar
plena vigencia al principio constitucional que atribuye al Congreso de la Unión la
responsabilidad de aprobar las bases y señalar los límites que comprometen el crédito
de la nación".
Hoy, 21 años después en que lo cotidiano
ha sido vivir en crisis, este Congreso aún no puede cumplir cabalmente la facultad que le
otorga la Constitución y que intentó sin éxito reiterarle la Ley General de Deuda
Pública.
Hoy, todavía no tenemos los elementos
suficiente para vigilar y evaluar la situación crediticia del país. Resumo: es
impostergable iniciar una reforma en las disposiciones normativas para mejorar el marco
regulatorio del sistema financiero, con la finalidad de reducir los riesgos de nuevas
crisis en este ramo.
Si las autoridades hacendarías reconocen
que es necesaria una reforma a las disposiciones que regulan el funcionamiento de las
instituciones financieras, ¿por qué la negativa a incluir en el articulado del decreto
en discusión, el primer paso para estas reformas? Así, si no se acepta que en la Ley de
Ingresos se reconozca la facultad constitucional del Congreso para autorizar al Gobierno
Federal la contratación de deuda destinada al saneamiento financiero, las oposiciones
entonces, deberán establecer en el presupuesto de egresos cuáles serán los pasivos y
hasta qué monto cubrirán los programas de rescate financiero anualmente, dando prioridad
a programas para pequeños deudores.
Por otro lado, en lo referente a la última
parte del primer párrafo del artículo 2o., nuestro partido expresa su desacuerdo en que
el Ejecutivo tenga la libertad de emitir deuda interna adicional, hasta por el monto
equivalente en moneda nacional a la deuda externa no utilizada.
Esta gran discrecionalidad que se le otorga
el Ejecutivo en un momento dado, podría poner en riesgo la ejecución de los proyectos de
inversión para los que es contratada la deuda externa, con el fin de financiar con deuda
interna alguna situación no esperada. En todo caso, si se presentara alguien, alguna
situación de ésas, el Ejecutivo podría acudir a esta soberanía a solicitar un aumento
en el tope de la deuda interna.
Respecto al monto de deuda externa
solicitada, el Partido Verde Ecologista de México, manifiesta su preocupación por el
endeudamiento que se solicita para financiar a una banca de desarrollo que enfrenta serias
dificultades, tan solo Nafin, ha adquirido quebrantos de instituciones financieras no
bancarias, por 20 mil millones de pesos y el Banco Nacional de Comercio Interior, presenta
un porcentaje de cartera vencida cercana al 90%.
Es una irresponsabilidad por parte del
Gobierno, que se esté solicitando este endeudamiento y que todavía no tengamos un
compromiso serio de su parte para revisar el papel y los esquemas de funcionamiento de la
banca.
Necesitamos una nueva banca de desarrollo
que financie proyectos de inversión productivos del micro y mediano empresarios, que
restablezca una política industrial y contribuya al crecimiento económico sostenido de
nuestra economía.
El Partido Verde Ecologista de México, se
pronuncia en favor de restituirle al Congreso de la Unión, la facultad que le otorga la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de dar las bases y aprobar los
empréstitos que el Ejecutivo puede celebrar sobre el crédito de la nación.
Nuestro papel como Poder Legislativo, es un
efectivo contrapeso del Ejecutivo Federal en un marco de estricta división de poderes y
ejerciendo siempre, con absoluto respeto, las facultades que nos otorga la Constitución
en la materia.
Por ello, nuestra responsabilidad con las
generaciones futuras exige reformar el marco regulatorio del sistema financiero para
acotar la discrecionalidad con la que el Ejecutivo asume costos fiscales. Está en
nosotros realizar una regulación eficiente que termine con la incertidumbre económica en
que hemos vivido las familias mexicanas.
Muchas gracias.
Gracias, diputada Verónica Velasco.
Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú
Garza, quien hará su intervención en nombre del grupo parlamentario del Partido del
Tra-bajo.
| El diputado Ricardo Cantú Garza: |
Con su venia, diputado Presidente;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
"Tenemos un compromiso con el pueblo
de México: preservar el patrimonio que todos hemos construido; tenemos que luchar contra
la corrupción, contra el despilfarro.
Los ingresos deben ser cuidadosamente
recolectados y aplicados con toda honradez.
Como hemos atestiguado en las últimas
semanas, se ha dado en la prensa y en diversos foros de discusión, un acalorado debate
sobre la política que debe seguirse para captar los ingresos del gobierno.
A lo largo de la polémica se han venido
decantando básicamente dos posiciones: la del Gobierno y el partido oficial, que afirman
que el proyecto presentado por el Ejecutivo es el correcto y que en todo caso el proyecto
sólo soportaría ajustes mínimos. Un cambio radical traería desestabilidad y caos en el
país.
La de quienes propugnamos por una reforma
profunda y sustancial de la política fiscal de nuestro país, los que queremos que los
contribuyentes sean gravados de manera justa y equitativa. Que pague más quien más tiene
y menos los que menos tienen.
Quienes pensamos que los recursos fiscales
en México deben crecer por lo menos al nivel de los países de desarrollo medio.
Lograr este cambio en materia fiscal,
implicaría el cumplimiento de los siguientes objetivos principales:
Poner énfasis en cambios en la Ley del
Impuesto sobre la Renta, que den lugar a la redistribución de la carga fiscal, tal y como
lo presentamos en nuestra Miscelánea Fiscal.
Aprobar un presupuesto de ingresos bastante
más elevado, que no sea menor del 26% del PIB.
Lo hemos dicho ya, pero es necesario
reiterarlo. Esta soberanía afirma que en los años subsiguientes debe incrementarse el
porcentaje de los ingresos tributarios que aportan a la totalidad de los ingresos
federales. Para ello, lo anunciamos aquí, emprenderemos una reforma fiscal sustancial que
modifique la participación aquí mencionada.
Es inaceptable que el grueso de los
ingresos presupuestarios del Gobierno Federal, continúe proviniendo del propio sector
público, de la aportación de Pemex y de las otras empresas paraestatales y de los
trabajadores y consumidores del país, mientras que los grandes empresarios y financieros
nacionales y extranjeros aportan una cantidad insignificante de sus enormes y crecientes
ingresos.
Estamos ante una estructura inequitativa y
fiscalmente ineficiente que debemos comenzar a cambiar, para marchar hacia otra mucho más
congruente con la elevadísima y creciente polarización social y con la existencia de un
núcleo empresarial internacionalizado y de beneficiarios individuales del nuevo contexto
económico, que está en condiciones de efectuar contribuciones fiscales mucho más
elevadas que las que realiza actualmente, sin afectar al crecimiento de la producción y
de las inversiones.
Para comenzar a modificar esta
distribución fiscal inequitativa, hemos señalado los cambios que deben darse en este
sentido y son:
1. Duplicar por lo menos la aportación del
sector económico social de alta capacidad tributaria mencionado. Lo que daría un 4%
adicional al PIB, de los recursos fiscales.
2. Obtener entre 1% y 2% más, mediante la
incorporación de sectores y actividades no gravadas, como las versátiles, cambiadas,
premios de funcionarios públicos, etcétera.
3. Reducir en un 2% del PIB la carga fiscal
a los sectores populares y
4. Empezar a aplicar un plan de reducciones
graduales de la carga fiscal de las empresas públicas.
Estos cambios implicarían las siguientes
medidas concretas:
1. Modificar la Ley del Impuesto sobre la
Renta, para desgravar a los ingresos hasta cinco salarios mínimos.
2. Incorporar ganancias bursátiles,
intereses excluidos de títulos de deuda, percepciones excluidas de los funcionarios
públicos y a la pequeña actividad informal.
3. Elevar tasas a las personas físicas de
mayores ingresos y a operaciones de endeudamiento externo y de inversionistas extranjeros
en el mercado internacional.
4. Reducir tasas, límites mínimos y
cuotas fijas en beneficio, pequeña empresa y los sectores de ingresos medios bajos.
5. Incluir exenciones tributarias
temporales a industrias nuevas, generadoras de empleo y a la generación de nuevas
patentes tecnológicas.
6. Crear nuevos impuestos especiales:
a) Impuesto a las incorporaciones y
b) Impuesto a las operaciones cambiarias de
compra y venta de moneda extranjera.
Finalmente, otro punto que nos interesa
mencionar es el referente al del endeudamiento. Creemos que sobre este punto es necesario
reformar la ley para que el Poder Legislativo intervenga de manera directa en la
supervisión y control del endeudamiento y no sólo en la determinación del monto en que
se puede endeudar el país.
Compañeras diputadas, compañeros
diputados; la madrugada del 5 de diciembre pasado ocurrió un hecho histórico: ¡dimos el
primer paso para devolverle al pueblo parte del sacrificio, que en aras de la
recuperación de la crisis de 1995, tuvieron que hacer al pagar una tasa más alta del
impuesto al valor agregado. Debemos de seguir siendo consecuentes con esa norma de
conducta para debatir y argumentar sobre los graves desequilibrios que existen en materia
fiscal, los cuales, como bien se sabe, recaen en los sectores sociales más desprotegidos!
Por todas las cuestiones mencionadas,
nuestro voto en relación a la Ley de Ingreso es en contra.
Por lo tanto, el Partido del Trabajo
exhorta a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, a que replanteemos
una verdadera política republicana con equidad social, una política económica que
busque no sólo el crecimiento macroeconómico, sino que genere efectivos efectos
redistributivos permanentes y devuelva la enorme aportación que la mayoría del pueblo
mexicano ha hecho en estos últimos años.
Gracias.
Por el grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional ha quedado registrado para intervenir en este debate, el diputado
Humberto Treviño Landois. La Presidencia le concede, señor diputado Treviño, 15
minutos, si es tan amable.
| El diputado Humberto Treviño Landois: |
Muchas gracias, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
El hablar de Ley de Ingresos en esta
Cámara de Diputados es hablar de tres asuntos fundamentales; es hablar de información
certera, cierta, oportuna, acerca de los asuntos fiscales económicos y financieros de
este país, es hablar de las facultades del Ejecutivo en esta materia y es hablar
fundamentalmente de límites de endeudamiento para el financiamiento del Presupuesto de
Egresos del país.
En nuestra enorme tradición parlamentaria,
en Acción Nacional hemos sostenido una y otra vez demandas que hoy reafirmamos, demandas
que hemos exigido su inclusión en el dictamen de referencia. Hemos demandado y lo hemos
hecho nuevamente que se requiere contar con información suficiente para la toma de
decisiones en esta materia, seguiremos siendo una voz de exigencia frente a las
autoridades hacendarias para que las decisiones en materia económica, fiscal y financiera
estén bien documentadas, con la información suficiente que oriente y dé luz de
certidumbre a nuestras discusiones.
También hemos exigido y lo hacemos
nuevamente, el acotamiento de las facultades del Ejecutivo en materia de finanzas
públicas, entre ellas el uso de los recursos adicionales que se generen por aumento en
los ingresos. Hemos exigido en esta Cámara y lo hacemos nuevamente, límites, rigor para
determinar un nivel de endeudamiento adecuado, pues no podemos olvidar el abuso en el
endeudamiento que ha llevado a México, el autoritarismo presidencialista que ejerce en
nuestro país facultades que están encima de la razón y por debajo de la dignidad
nacional.
Y es precisamente porque consideramos a
través de la inclusión de nuestras propuestas en los artículos 1o., 2o. y 19 del
dictamen que hoy discutimos, que consideramos que avanzamos en estos aspectos; no hemos
llegado a una meta, hemos avanzado en la dirección correcta, por eso venimos a manifestar
nuestra conformidad con este dictamen.
Hemos sostenido que este endeudamiento, el
que se señala en la Ley de Ingresos, no es una acreditación automática al gasto del
Gobierno, que su nivel ha de ser visto desde dos vertientes; por un lado, desde el
correcto ejercicio del Presupuesto del Gobierno Federal, y por el otro, igualmente
importante, como un instrumento para cubrir un déficit presupuestal razonable.
En cuanto al ejercicio del presupuesto,
señalamos que tiene como condición necesaria una utilización honesta, eficiente y
debidamente controlada de los recursos públicos para generar el mayor ahorro posible en
el gasto que permita, inclusive, aminorar la contratación de deuda adicional.
Por otra parte señalamos que el monto de
este endeudamiento, instrumento para cubrir, como ya dije, un déficit fiscal razonable
que en el actual proyecto de egresos que también analizamos en la Comisión de Hacienda,
representa 1.5% del PIB, equivalente a 47 mil millones de pesos, pero que al contratarse
en el mercado sobre descuentos se convertirá en realidad en cerca de 65 mil millones de
pesos, mismos que están contenidos en la iniciativa del Ejecutivo Federal.
Además se solicita un monto de
endeudamiento interno por otros 40 mil millones de pesos, sumando los 65 mil millones de
deuda interna y los 5 mil millones de dólares, que convertidos a 8 por 1 darían 40 mil,
que sumados a los 65 mil dan precisamente la cifra de que hablo, 105 mil millones de
pesos.
Y, ¿por qué necesitamos esta cantidad de
40 mil millones de pesos adicionales al déficit presupuestado? Primero, porque ahí esta
cantidad constituye una base de previsión para posibles eventualidades adversas y
contingencias que se pudieran presentar en el entorno macroeconómico; para anticipar
posibles fluctuaciones o variaciones estacionales en los gastos además del margen de
maniobra normal para este tipo de operaciones.
Nos parece que el planteamiento que se
está haciendo con respecto al endeudamiento, es razonable de acuerdo a la Ley de Ingresos
y al Presupuesto de Egresos que se está plan-teando.
Por otro lado, está el tema de las
facultades discrecionales del Ejecutivo Federal y está el tema ciertamente del Fobaproa,
asunto éste de rescate bancario que ha irritado a la población nacional, que ha creado
confusión e inconformidad muy seria entre una buena parte de la población.
Sería deseable limitar en buena medida
esta facultad discrecional del Ejecutivo, no sumarnos a las opiniones que esto así lo
plantea; sin embargo, no podemos desconocer que el manejo de estas operaciones de rescate
financiero, que en último termino tienen como propósito la salvaguarda del sistema
financiero nacional y por qué no la garantía que desde siempre el Estado mexicano ha
hecho de los recursos depositados en los bancos por mexicanos, es indiscutiblemente el
manejo de una situación de crisis.
El cambiar los procedimientos para el
manejo de estas situaciones sin instrumentar las medidas legislativas jurídicas en
general que esto requiere, como por ejemplo modificaciones a la Ley de Deuda o
modificaciones a la Ley de Banca e Instituciones Financieras, nos parece en este momento
riesgoso.
Debemos actuar con responsabilidad ante
estas situaciones que aunque ciertamente y lo reconocemos, causan grave irritación, hay
que atender en la medida en que se presenten. Debe quedar como asignatura pendiente de muy
alta prioridad para esta legislatura, la reforma de la Ley de Deuda Pública y la reformas
a la Ley de Institución de Banca, instituciones financieras, para dar lugar, para dar
cabida, para dar espacio a la participación de otras instancias de decisión y control en
estas materias y asegurar de que el uso discrecional de facultades del Ejecutivo Federal
sean limitadas.
Finalmente se plantean también en el
dictamen de referencia, el intercambio o la posibilidad de hacer ajustes entre los saldos
de la deuda interna y la deuda externa de acuerdo a las condiciones que se presenten en
cada mercado, esto nos parece también satisfactorio incluido en el dictamen que se ha
presentado.
Por nuestra parte, nos preocupa igual que a
la mayoría de todos ustedes, de que aparezca la segunda versión de los Tesobonos, que
tanto daño causaron en aquella famosa crisis de diciembre. Nuestro partido ha exigido
establecer límites a esta emisión de instrumentos financieros denominados en moneda
extranjera y además indexados.
Esta exigencia de limitar el monto y de
establecer condiciones específicas en cuanto a los periodos de vencimiento de estas
emisiones y están incluidas precisamente en el dictamen que se ha presentado.
Y finalmente, en el artículo 19 del
dictamen que se ha presentado, compañeros, se incluye una limitación muy importante en
las facultades del Ejecutivo.
Como todos sabemos, en ocasiones se
presentan ingresos adicionales a los que han sido planteados en la Ley de Ingresos y el
uso de estos recursos adicionales tradicionalmente ha sido discrecional; tradicionalmente
se incorporan a la gran bolsa de recursos federales y se usan indiscriminadamente por el
Ejecutivo.
El hecho de que en el artículo 19 de la
ley se incluya la disposición específica que estos ingresos adicionales deberán de ser
usados como está planteado en el Presupuesto de Egresos, en los programas que ahí se
señalan, en los programas de desarrollo social y en los programas si se da el caso de
disminución, de amortizamiento de la deuda.
Por todas estas razones consideramos de que
el dictamen que se ha presentado por la Comisión de Hacienda, debe merecer nuestro voto
aprobatorio en lo general y yo los exhorto, compañeros, que votemos en este sentido.
Muchas gracias.
Tomando en consideración que han
transcurrido las cinco horas reglamentarias de esta sesión, que establece el artículo
3o. del acuerdo parlamentario aprobado el 6 de noviembre, la Presidencia con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar
el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.
Tiene la palabra para anunciar la posición
de su grupo parlamentario, el Partido de la Revolución Democrática, la diputada María
de los Dolores Padierna Luna. Cuenta con 15 minutos, diputada Padierna.
| La diputada
María de los Dolores Padierna Luna: |
Gracias, señor Presidente;
compañeras, compañeros diputados:
Paso a esta tribuna a formular el voto
particular en contra que emitirá el grupo parlamentario del PRD, en relación a la Ley de
Ingresos para 1998, aclarando que de ninguna manera está en el escenario la sola
posibilidad de que la Ley de Ingresos no se apruebe, nuestras propuestas se abocan a
redactar el artículo 2o., para hacer más precisa y transparente esta ley.
Nuestra propuesta de Ley de Ingresos se
orienta a sentar las bases para el rescate de nuestra soberanía, por la vía de restar
discrecionalidad al Poder Ejecutivo en la contratación de la deuda pública y comenzar un
proceso que ponga fin al problema de desahorro que se registra en la economía nacional
por el creciente servicio de la deuda.
Nosotros pensamos que las posibilidades de
pago de la deuda, deben estar en función de las necesidades del desarrollo del país y no
al revés. El Gobierno actual plasma las posibilidades de crecimiento en función del pago
de la deuda; si sobra y si acaso, se destina al crecimiento interno. No pueden entender
que lo primordial es el desarrollo nacional, prefieren las líneas de política económica
dictadas desde el exterior, basadas en el remate de la mano de obra y en el predominio de
un proyecto de anti- desarrollo.
Una de las causas del déficit externo es
el pago del servicio de la deuda, que absorbe los saldos positivos de la balanza comercial
y de servicios, que se come las transferencias de divisas y vuelve negativos y en
ocasiones en explosivos, cualquier saldo positivo que se logre en nuestra economía.
El comportamiento de la deuda pública en
la última década, ha registrado una tendencia errática, entre 1987 y 1990, la deuda
crece enormemente, para luego registrar un proceso de desendeudamiento entre 1991 y 1993;
sin embargo, a partir de 1994, el saldo de la deuda pública comienza a crecer año con
año.
En 1995, el Gobierno mexicano contrata un
crédito de 50 mil millones de dólares, conseguidos por Clinton para el rescate
financiero. En enero se firmó la primera carta de intención por 17 mil 800 millones de
dólares, lo que constituyó el mayor crédito otorgado por el FMI, a un solo país en
toda su historia. Fueron recursos para estabilizar los mercados financiero y cambiario,
afectados por la devaluación de diciembre de 1994, para restaurar la confianza de los
inversionistas y reducir la inflación.
El Gobierno en ese momento se comprometió
a presentar un programa económico que fuera revisado por el Fondo Monetario Internacional
y poner a su consulta todas las medidas que se tomaran.
Cerca de la media noche del 30 de enero de
1995, Guillermo Ortiz Martínez levantó el teléfono y llamó a su homólogo Robert
Rubín en Washington. El mensaje fue directo: México estaba en la antesala de una
moratoria de su deuda; las reservas del Banco de México se habían agotado; el país no
tenía dinero para pagar los Tesobonos. Entonces, el tesoro estadounidense instrumentó
urgentemente una orden presidencial para entregar un paquete masivo de rescate por 20 mil
millones de dólares, en créditos directos, en garantías y canjes de pesos por dólares,
el cual fue firmado por Guillermo Ortiz y Robert Rubín, en Washington, el 21 de febrero.
El 7 de marzo de 1995, con el voto en
contra de toda la oposición, la diputación priísta aprobó la aceptación del paquete
crediticio concedido a México, aunque meses antes el Gobierno ya lo había contratado. La
votación priísta fue mera simulación.
El plan financiero presentado a los Estados
Unidos se hizo fuera de las normas de planeación nacional contenidos en la Ley de
Planeación. El Gobierno de Ernesto Zedillo, al comprometerse a ciertos objetivos en
materia fiscal, como el compromiso de obtener un superávit fiscal para 1996 y los años
subsiguientes, invade las atribuciones propias del Congreso, como es la definición de la
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Con lo anterior se está contrariando lo
dispuesto en los artículos 25, 26, 41, 73 y 74 de la Constitución mexicana, referentes a
las facultades de planeación de la rectoría estatal del desarrollo y de la programación
del gasto.
En ese contrato también se hipotecaron los
ingresos que por exportación petrolera se obtuvieron, ya que sirvan de garantía para el
crédito de los 20 mil millones de dólares y esto también es ilegal. A partir de
entonces, la oficina del tesoro puede practicar una suerte de intervención gerencial, lo
cual también es ilegal. Sólo la Cámara de Diputados, en su carácter de órgano
fiscalizador y el Poder Ejecutivo, pueden tener acceso a la información contable y
financiera de Pemex, nadie más y el hecho de que Estados Unidos se entrometa en Pemex,
viola el artículo 27 constitucional y la Ley Orgánica de Pemex, por ello el PRD propuso
acotar la discrecionalidad del Ejecutivo y sea el Congreso quien autorice los montos y las
condiciones del pago de la deuda.
Ahora bien, ni un solo centavo de la deuda
se han destinado a la actividad productiva ni a la generación de empleos, como lo marca
la ley, y si en cambio, al apalancamiento de los mercados financieros especulativos.
Es en realidad un plan de rescate a los
inversionistas extranjeros en México y en los mercados emergentes y no representa
recursos para la inversión social y productiva de la nación.
En 1996, los vencimientos fueron menores
con respecto al año anterior, pero sus montos son suficientemente altos como para
presionar el tipo de cambio, la tasa de interés y otras variables macro.
En este momento, en 1997, el país entero
está endeudado; la deuda interna es un núcleo de la crisis y entró por esa vía a la
esfera especulativa. El Gobierno emite deuda externa encubierta por deuda interna. Los
Tesobonos eran títulos de deuda indexados al tipo de cambio del peso frente al dólar;
así, los tesoboneros hicieron el gran negocio, pues al sobrevenir el colapso del peso,
los Tesobonos están protegidos de la devaluación.
Ante ello, el PRD propone que sea el
Congreso el que impida que el Ejecutivo Federal pueda canjear deuda externa en deuda
interna ni permitir instrumentos indexados al tipo de cambio del peso mexicano respecto de
las monedas del exterior.
El Gobierno propone que esta Cámara le
autorice cerca de 40 mil millones de pesos indexados al dólar. Dicen que ya no es tan
libre como en la era de Salinas y que sólo especularían con 40 mil millones de pesos, el
10% del monto de la deuda total. ¿Esto es conveniente, compañeras y compañeros
diputados? A nosotros nos parece un verdadero peligro nacional.
Yo conmino a todos ustedes a reflexionar su
voto sobre el modo en el cual el Gobierno ha manejado la deuda pública y que en las
redacciones intermedias que propuso el PRD para esta Ley de Ingresos en su artículo 2o.,
puedan ser aprobadas por el pleno.
Otro gran problema son las carteras
vencidas, es decir, la incapacidad de pago en que cayeron gobiernos estatales,
municipales, empresas, ciudadanos. En realidad, detrás del problema de carteras vencidas
se encuentran las prácticas usureras e ilegales de los banqueros, capitalizan los
intereses vencidos y no pagados, y lo que está en juego es la sobrevivencia de una parte
fundamental de la planta productiva, comercial y de servicios y el patrimonio de miles de
mexicanos.
Nuestra propuesta, discutida en comisiones,
establecía que el Gobierno no asuma activos de la banca comercial ni que otorgue
garantías públicas sobre los activos y que en caso de requerirse el Gobierno haga una
declaración de necesidad y pida autorización del Congreso.
Si no ponemos estas condiciones, seguirá
pasando lo que ocurre hoy: cerca de 500 mil millones de pesos han sido comprometidos y
firmados por el Gobierno Federal para la banca, de los cuales 380 mil millones van a fondo
perdido, son irrecuperables; 380 mil millones de pesos de transferencia de recursos de la
sociedad pagada con el trabajo de los mexicanos, con sus impuestos, a la banca. ¿Les
parece esto congruente o aceptable? El PRD opina que no, porque el impacto social de estas
operaciones es enorme.
Obliga a posponer el desarrollo nacional;
obliga a incrementar los índices de pobreza y a una mayor concentración de la riqueza.
Los 380 mil millones de pesos del Fobaproa;
los 40 mil millones de pesos de neotesobonos especulativos; las transacciones
discrecionales con la deuda, son algunas razones del atraso nacional.
Urge un replanteamiento de la deuda,
desgravar al país de tan pesada carga, recuperar el desarrollo interno de la economía y
reorientar el sector externo con criterios de independen-cia y de genuina competitividad.
Nuestras propuestas nos encaminan hacia
ello, permiten iniciar este proceso en forma paulatina.
Mientras no se fijen límites al Ejecutivo
y se le siga dando toda la libertad para contratar deuda, aun rebasando los montos fijados
por el Congreso y a juicio del solo Poder Ejecutivo, los acotamientos cuantitativos, ya de
por sí elevados, quedan muy abiertos, no se les fija destino alguno y no evitan la
excesiva discrecionalidad del Ejecutivo en la materia.
Nada hay en la iniciativa de Ley de
Ingresos que se refiere al cumplimiento de los artículos 73 en su fracción VIII y 117 en
su fracción VIII de la Constitución, para que los créditos sirvan a la ejecución de
obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos.
Durante los debates del IVA, acordamos
reducir en 15% las tarifas del sector público, luego permitir un ajuste anual de acuerdo
a la inflación. Ahora se les ha olvidado ese compromiso en comisiones, su compromiso con
la gente, a la hora de escribir y ponerlo en la ley para que sea una obligación y se
adopten las medidas, se abordan actitudes demagógicas, veleidosas, maniobreras, para que
la política económica neoliberal se aplique cabalmente aunque perjudique a la mayoría
de la población.
En síntesis, en 1998 no va a bajar el IVA,
se incrementarán las tarifas del sector público en hasta 16%, no habrá aumento salarial
y el concepto de deuda será su prioridad.
¿Esta es una política congruente? ¿Acaso
es difícil comprender que la tarea del Poder Legislativo es justamente guardar el
equilibrio con el Poder Ejecutivo y que se creó para evitar abusos y excesos de quienes
manejan la economía y los recursos públicos de los mexicanos?
La dinámica de los excesos y las
irresponsabilidades no se detiene y ha costado una generación entera. Hoy estamos pagando
los excesos del pasado y la intransigencia de quienes no escuchan razones y que votarán
por la permanencia de estos excesos y tengan que pagar las generaciones futuras la deuda
excesiva, manejada con ligereza; la transferencia de recursos a la banca comercial y la
nulidad de beneficios para la gente, son medida que comprometen el futuro de la nación.
Se pospone el desarrollo, se pospone el
bienestar, se pospone la recuperación salarial y se pospone la generación de empleos.
Los compromisos con la población siempre se posponen, siempre hay otras emergencias:
pagar la deuda, salvar a los banqueros, beneficiar a los financieros, enriquecer a los
funcionarios, esas son sus emergencias y los compromisos con la sociedad. ¿Hasta cuándo,
diputados, que van a votar a favor de este dictamen sin las modificaciones mínimas que
podían aliviar alguno de los problemas señalados?
Un gobierno que no garantiza los mínimos
de bienestar para la mayoría de la sociedad que gobierna, es un gobierno que no sirve y
hay que cambiarlo. Pero un Congreso que aplica a sus principales facultades, es un
Congreso subordinado, pareciera que no hubo tradición democrática el 6 de julio.
Para presentar la posición del
Partido Revolucionario Institucional de su grupo parlamentario, hace uso de la palabra
hasta por 15 minutos, el diputado Celso Fuentes Ramírez.
| El diputado Celso Fuentes Ramírez |
Con su venia, señor Presidente.
Por favor, diputado.
| El diputado
Celso Fuentes Ramírez: |
Honorable Asamblea:
Una vez más esta legislatura se enfrenta
al reto de confirmar ante el pueblo mexicano que está a la altura de los nuevos tiempos
políticos que vivimos, el diálogo no se niega a morir. El valor de la nación demanda su
lugar por todas las posiciones partidistas, el interés popular reclama su posición
privilegiada en las acciones de Gobierno.
Estamos viendo nacer el perfeccionamiento
de nuestro sistema democrático, alejémonos del riesgo de que en lugar de que se dé la
separación de poderes, lo único que consigamos sea un divorcio entre los poderes.
No convirtamos este proceso en la Cámara
de Diputados en un botín político, que alguna o algunas facciones de la lid, que no
resiste la tentación de los protagonismos.
La discusión de la política económica ha
llevado a esta Asamblea a profundas y provechosas reflexiones, pues aun de los errores se
aprende, cuando el voto pasional sustituyó al voto nacional, el costo que pagamos todos
fue muy elevado. Ante el pueblo de México, debemos demostrar la altura política del
Legislativo.
De nada sirve ya buscar culpables, si no
logramos primero comprometernos por la recuperación del prestigio de esta Cámara.
Nunca más la pluralidad debe ser razón de
encono. Nunca más la descalificación por principio, debe definir el sentido de nuestras
decisiones. La razón comienza a imperar en los trabajos de esta Cámara y por ello los
acuerdos y los consensos toman forma.
Ante el bienestar de la nación, no hay
ganador que es más que el pueblo de México.
Con estas decisiones, compañeros
diputados, estamos dando los primeros pasos hacia la definición de una política
económica de Estado, que sea resultado de un gran acuerdo nacional.
Que la LVII Legislatura se caracterice por
la madurez política que conduzca a la democracia a buen término, el debate por el
paquete económico se ha politizado a tal grado, que más parece que estamos discutiendo
posturas partidistas y conflictos personales que la conveniencia y los intereses de la
nación.
No juguemos con poner a la economía
nacional al borde del abismo. Que en nada ayuda al avance democrático y si pone en riesgo
a la República. Se requiere de un ingreso suficiente, que nos permita transitar 1998 como
un año en que sigamos consolidando la economía y su crecimiento, alejándonos de las
crisis recurrentes que nos han agobiado como país.
Mucho se ha comentado, que dada la
recuperación económica lograda, la política de ingresos puede ser relajada. No
obstante, a pesar de la recuperación, la política fiscal del país no se ha fortalecido,
la recaudación por ingresos tributarios propuesta para 1998 aun sigue siendo inferior a
la alcanzada en 1994.
Por otro lado, en 1998 con relación a
1994, existen mayores presiones de gasto público, derivadas de la reforma a la seguridad
social y de los programas de apoyo a deudores del sistema financiero.
No nos aliemos a la crisis ni busquemos su
recurrencia, aunque éstas en algunos casos hayan dado excelentes resultados electorales.
No está en juego el prestigio electoral, está en juego el bienestar de la población.
La consolidación de las bases de
crecimiento económico sostenido, constituyen el objetivo primordial para 1998, ya que
representa el mejor camino para profundizar en la generación de empleos y en la mejoría
permanente de los ingresos reales y del bienestar de toda la población, condición
indispensable para promover la justicia social.
La estrategia contemplada busca alcanzar un
crecimiento del producto interno bruto de un 5% ó 2% real como mínimo, basado
fundamentalmente en mayores niveles de ahorro interno que se canalice a la inversión y de
una mayor expansión del mercado interno derivada de la recuperación sostenida del
consumo y la dinámica acelerada de las exportaciones.
Para tales efectos es indispensable
preservar en el manejo ordenado y disciplinado de los instrumentos fiscales y monetarios,
con la finalidad de mantener resultados financieros equilibrados a partir de una
situación fiscal sólida.
El reto que enfrenta el país es muy
grande. Debemos perseverar aunque la posición fácil nos tiene en la recuperación de la
economía y luchar porque ésta se traduzca en una mejoría generalizada en las
condiciones de vida de la población, que es ciertamente lo que más importa.
Sólo el aumento sostenido en las tasas de
crecimiento económico, la generación de empleos bien remunerados y la reducción
permanente en la inflación, permitirá elevar el nivel de vida de los mexicanos y abatir
de manera firme y definitiva los rezagos sociales.
El año de 1998 de acuerdo a la propuesta,
aún estamos lejos de alcanzar los niveles de recaudación en los años anteriores a la
crisis, lo cual nos debe conducir a una reflexión seria y profunda sobre las medidas que
se deben instrumentar para protegerla, lejos de posturas populistas o demagógicas que la
debiliten.
No hacerlo afectaría las posibilidades del
Estado mexicano para atender las graves carencias que aun existen en nuestro país, donde
era el expediente fácil del déficit público. Los mexicanos bien sabemos de los años de
bonanza y que tenemos que pagar al despertar los años de la crisis.
Todo mundo opina; todo mundo dice, sin
muchos argumentos de la razón lo que les dicta su emoción y nos sentimos los salvadores.
Pero lo único que hacemos es enrarecer con nuestras expresiones el ambiente y destruir lo
que tenemos que construir.
Somos diputados de la República, con
responsabilidades en el ejercicio de Gobierno. Parece que esta postura no coincide en
muchos de nuestros compañeros, ya que parece ser que les importa más las andanadas que
lanzan desde la tribuna parlamentaria o desde el liderazgo partidista a diestra y
siniestra, sin medir las consecuencias reales.
La demagogia, el populismo y el voto
electorero están bien para el discurso, pero no debe de ser guía para la toma de
decisiones que afectan a toda la nación.
Cuando asumimos simples posturas
partidistas, éstas provocan la cerrazón y nos conducen a estar en desacuerdo con todo,
aunque en lo individual se piense lo contrario.
El fortalecimiento de la división de
poderes y el sistema de partido es un recurso básico de la democracia, pero no es la
democracia misma. Por ello, la acción de Gobierno debe de privilegiar la
corresponsabilidad entre poderes y la defensa de los intereses partidistas debe de ser
acotada.
Debe existir en todo momento una visión de
largo plazo en las decisiones de esta Cámara. Ese es el sentido de cualquier acuerdo, de
cualquier pacto. Ese es el sentido de los votos que asume la responsabilidad de sus
propias decisiones. Que se olvide rápidamente la etapa del encono y confirmemos a
nuestros conciudadanos que la división de poderes es suma positiva y no enfrentamiento
perpetuo.
Hagamos valer el interés de la República
y coadyuvemos a que el rumbo de la recuperación económica se fortalezca. El beneficio es
para todos.
Estamos aquí para hacer patria, no para
vivir una permanente contienda electoral.
La fracción parlamentaria del PRI no se
opone a reducir las tasas impositivas o a eliminar impuestos. Todo esto deberá hacerse
hasta que las finanzas públicas encuentren fuentes estables de financiamiento y no
dependan tanto de los ingresos petroleros.
Consolidemos nuestro sistema tributario y
no en los primeros síntomas de recuperación de manera irresponsable lo destruyamos.
Más que razonar en términos simplistas de
subirle o bajarle a todo, que lo que aprobemos debe de ser compatible con los equilibrios
económicos que requiere el apuntalamiento de la recuperación económica y productiva,
con una visión de mediano y largo plazos y no la inmediata sustentada en la demagogia.
Como legisladores federales, nuestro
compromiso es con el presente, pero también con el futuro de México. Si nuestro trabajo
no se agota ni aquí ni ahora, ¿por qué asumir que dejar al Ejecutivo continuar en el
camino que ha mostrado ser exitoso, representa una derrota para la separación de poderes
y particularmente para el Legislativo?
El compromiso por la reforma fiscal
integral, es la puerta de entrada del Legislativo a esa corresponsabilidad en la
definición del rumbo de las finanzas públicas.
Trabajemos para llevar propuestas de cambio
sustentadas, donde el riesgo sea seriamente calculado y el beneficio sea claro.
Asumamos nuestra responsabilidad política
como diputados de la nación. Todos estamos de acuerdo en lo fundamental. Queremos una
economía sana para México que genere los empleos que la gente demanda, que permita
elevar la capacidad adquisitiva de los salarios, que contemple una política social que
garantice educación, salud, vivienda y desarrollo regional y apoyo a las labores del
Estado en materia de seguridad pública y de un combate efectivo a la pobreza.
Dejemos atrás la línea partidista como en
el caso de la Miscelánea Fiscal y asumamos plenamente nuestra conciencia y nuestra
responsabilidad.
Por ello el grupo parlamentario del PRI, se
pronuncia por concentrar nuestros esfuerzos en proponer acciones que se concreten en la
ampliación de la base de contribuyentes para que todos los ciudadanos apostemos lo justo
y lo equitativo para el cumplimiento de las funciones sociales del Estado mexicano.
Debemos privilegiar los impuestos al
consumo y buscar ajustes en los impuestos al ingreso que desestimulan las actividades
productivas. Debemos consolidar la seguridad jurídica del contribuyente, debemos
incentivar el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas en materia de impuestos, al
simplificar los trámites para la contribución. Ese es el camino y todas las fuerzas
políticas han expresado acuerdos respecto al curso a seguir.
Privilegiemos ese acuerdo y apoyemos esta
iniciativa de Ley de Ingresos que el Ejecutivo somete a nuestra consideración. Demos un
voto de confianza a los resultados que saltan a la vista y seamos críticos y propositivos
en el trabajo que nos queda por delante.
Compañeras y compañeros legisladores: un
mejor futuro se construye con decisiones acertadas en el presente, en política, el valor
de reconocer las aportaciones que benefician el interés nacional, engrandece, pues el
triunfo de la nación no es derrota para ningún partido político.
Cumplamos el mandato popular en su sentido
positivo; ofrezcamos un mejor pars para las generaciones presentes y futuras. Los
resultados en empleo, en inversión, en ahorro, en dinamismo de la economía están a la
vista, no actuemos contra ellos.
Ser Gobierno significa asumir las
decisiones públicas en función del interés mayoritario. Dignifiquemos la investidura
política que el voto popular nos otorgó y hagamos valer la razón de los argumentos.
Muchas gracias.
Están presentes 70 jóvenes del
Frente Juvenil del Estado de México. ¡Bienvenidos jóvenes mexiquenses!
Señoras y señores diputados: de acuerdo a
las previsiones del inciso a del artículo 16 del acuerdo parlamentario, el debate se ha
agotado, habida cuenta de que cada grupo parlamentario ya dispuso de los 15 minutos
parlamentarios para presentar su posición y de acuerdo a las previsiones del inciso b del
mismo artículo 16, es factible abrir hasta dos turnos de cuatro oradores en pro y cuatro
en contra, mismos que dispondrán de 10 minutos cada orador.
Consecuentemente esta Presidencia informa
que se han registrado para los efectos del inciso b del artículo 16, los siguientes
diputados oradores:
Por el grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática se registra el diputado Pablo Gómez Alvarez, en contra en lo
general.
Por el grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional se ha registrado el diputado Juan José Rodríguez Prats, a favor en lo
general.
| El diputado
Francisco José Paoli y Bolio (desde su curul): |
Ramón Nava.
Perdóneme diputado, pero no me
habían notificado de ese cambio en el registro. ¿Cómo dice usted que se llama?
| El diputado
Francisco José Paoli y Bolio (desde su curul): |
¡Ramón Nava González!
A solicitud del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, la Presidencia rectifica: se registra en pro en lo general
el diputado Ramón Nava González, por el grupo parlamentario de Acción Nacional.
También ha sido registrado en contra, por
el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en lo general en
contra, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.
Y en pro en lo general, ha sido registrado
por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Dionisio
Meade García de León.
Consecuentemente tiene la palabra el
diputado Pablo Gómez, del PRD, para hacer uso de la palabra en lo general y en contra.
Dispone de 10 minutos, señor diputado.
| El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Señoras y señores diputados:
Hace muchos años, más de 20 años...
cuando ya eran viejos muchos de los... ¡presentes!, se ha discutido la Ley de Ingresos en
esta Cámara y la bancada oficialista ha dicho que: "votar en contra de la Ley de
Ingresos es votar en contra de que el Estado recaude, recaude contribuciones".
Eso ha sido siempre falso. El argumento ha
sido una cobertura para no dar el debate de fondo. La Ley de Ingresos es esencialmente la
autorización de financiamiento público. ¡Eso es lo general de la ley!
El Ejecutivo Federal contaba con una
cláusula, eliminada en el año de 1988, gracias a una acción concertada de toda la
oposición, que aunque era minoría en la Cámara logró, retirándose de la sala, obligar
al PRI a una negociación, habida cuenta de que los diputados priístas no hacían en su
conjunto en ese momento el número de 251.
Después de 12 horas de receso, la bancada
del PRI llamó a negociaciones y aceptó el planteamiento de la oposición para eliminar
la facultad conferida al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, para endeudarse
con la cantidad que fuera necesaria en situaciones extraordinarias a juicio del propio
Ejecutivo.
Este precepto era violatorio de la ley y
era violatorio, sobre todo la Constitución. La eliminación del precepto no fue
suficiente para evitar que Carlos Salinas emitiera deuda externa disfrazada de interna por
30 mil millones de dólares en Tesobonos, obligaciones pagaderas a corto plazo que fuera
uno de los detonantes principales de la crisis de finales de 1994 y principios de 1995.
Porque una redacción semejante a la que ustedes tienen en sus pupitres en el dictamen, es
la que utilizó el señor Salinas. ¿Cuál es ésa? Veamos.
Se autoriza al Ejecutivo para un
endeudamiento neto externo que no exceda de 5 mil millones de dólares y se autoriza al
Ejecutivo a un endeudamiento neto interno hasta por 65 mil millones de dólares. ¿Cúal
es el problema? En caso de que el endeudamiento neto externo sea inferior al autorizado,
el Ejecutivo Federal podrá emitir deuda interna adicional hasta por el equivalente en
moneda nacional de esa diferencia.
Esto quiere decir que el artículo 2o.
está autorizando al Ejecutivo a un endeudamiento que en este momento podrá cifrarse en
105 mil millones de pesos, pero lo que se requiere para cubrir el presupuesto es de 72 mil
500 millones. El Ejecutivo aduce que necesita 2 mil 500 millones, que es el costo de la
contratación de la deuda a través de los Cetes, que es por cierto un porcentaje muy alto
de costo de colocación de bonos y discusión que habría que hacer aquí en algún
momento que haya mejores condiciones que hoy.
En estas condiciones, en esta
circunstancia, lo que la comisión dictaminadora está proponiendo es que autoricemos al
Ejecutivo a que pueda contratar hasta 105 mil millones de pesos para cubrir el
presupuesto.
¿No se ha dado un discurso todos estos
días en contra del déficit fiscal? ¿No se ha dicho que el déficit fiscal no puede
aumentar, no puede ser mayor que el 1.25% del producto interno bruto?, eso no llega a los
50 mil millones de pesos, se nos pide 105 mil millones.
Ahora bien, nosotros habíamos propuesto
otra redacción; en primer lugar que los 65 mil millones de pesos se autorizaran para
cubrir el presupuesto y no los 5 mil millones de dólares como viene en el proyecto de
decreto.
En segundo lugar, que los 5 mil millones de
dólares se autorizaran pero se autorizaran solamente, cito, la propuesta del PRD con el
propósito de enfrentar contingencias cambiarias u otras relacionadas con disminuciones de
precios internacionales del petróleo mexicano, así como para recibir financiamiento de
organismos internacionales destinados a la realización de obras o programas de fomento,
porque toda la lucha ha sido para tratar de quitar las facultades y las autorizaciones que
le dan al Ejecutivo capacidad de endeudamiento discrecional, porque eso es contrario a la
Constitución, porque es facultad del Congreso de la Unión aprobar los empréstitos,
reconocer y mandar a pagar la deuda nacional.
Y en la autorización no debe estar
incluido otro tipo de cosas cuyo objeto se desconozca. La Cámara debe discutir primero
las contribuciones y el financiamiento necesarios a cubrir el presupuesto.
En un país en donde el Presidente de la
República ha comprometido deuda por medio billón de pesos, 500 mil millones de pesos, es
necesario establecer controles, es necesario recuperar la facultad constitucional del
Congreso para controlar el endeudamiento; es necesario impedir que el Poder Ejecutivo
siga, como ha sido en toda la historia del país, endeudando a partir de decisiones
personales del Presidente en turno a la nación entera lo que se hereda por generaciones y
generaciones.
Para nosotros, esta es una cuestión de
principios, no nos extraña; no nos extraña que el PRI pase un dictamen con estas
características, nos extraña que lo pase quienes en todos los años anteriores, excepto
hoy, siempre han coincidido con nosotros y han votado en contra de este dictamen porque
atropella las facultades del Congreso y permite que el Presidente se convierta en el
expedidor de deuda públcia discrecional.
Para hacer uso de la palabra en favor
del dictamen que está siendo objeto de discusión, tiene 10 minutos el diputado Ramón
Nava González, que participará en nombre del Partido Acción Nacional.
| El diputado Ramón María Nava González: |
Con su venia, señor Presidente:
La diferencia entre la guerra y la
política, está en el consenso que busca la última, quizá como esencia de su propia
naturaleza.
A esto hemos venido los integrantes del
grupo parlamentario Acción Nacional, a construir consensos entre pares con proyectos
diversos que pasados por la mesa del diálogo, deban cohonestarse.
Ahora, para buscar lo mejor o cuando la
complejidad del entramado social con cargas de historia y de intereses radicalizados no lo
permitan, buscar por lo menos evitar los perjuicios y sembrar sobre todo horizontes de
esperanza en el bien que necesita la patria.
Con ese objetivo entramos al tema relativo
a las finanzas públicas en sus dos vertientes fundamentales: las que se refieren a los
ingresos y las que se refieren al gasto.
Nuestra perspectiva ha sido una visión
completa y no fragmentada, no se trataba simplemente de construir la equidad a costa de la
capacidad de financiamiento del Estado, porque ésta tiene una finalidad, la finalidad es
la sociedad, la finalidad son los grupos marginados.
Tampoco de subordinar nuestra
representa-ción al estilo de un Presidente de la República, que considera ser el dueño
de la verdad y de los remedios que le convienen a la nación; mucho menos de un grupo
parlamentario cuyo comportamiento precisamente, frente a este emblema de la patria que
merece el más sagrado de los respetos, fue testigo de la falta de respeto y agresión que
ningún grupo humano civilizado puede admitir.
La tarea a realizar exigíá capacidad de
propuesta y capacidad de consenso. La primera la soportan las asesorías más prestigiadas
del país, ya que nuestro grupo lo integran sobresalientes fiscalistas, analistas de
crédito, economistas, constitucionalistas, investigadores y líderes sociales; nuestra
capacidad de consenso se mostró en el diálogo, tanto con los representantes de la
Secretaría de Hacienda, como con las compañeras diputadas y diputados de otras
fracciones parlamentarias. Cada uno aportó las razones de su propuesta...
Se les ruega a los diputados que
están formando corrillos en el pasillo central, tengan la bondad de sentarse para que el
orador que está en el uso de la palabra pueda continuar. Un momento, señor orador, no
continúe.
Vamos a facilitar el desarrollo del debate,
señores diputados, se les ruega hacer uso de sus curules para poder continuar escuchando
al orador en turno. Sírvase, diputado Nava, continuar con su intervención.
| El diputado
Ramón María Nava González: |
Cada uno aportó las razones de su
propuesta, no era posible obtener el bien, sino un sentido de valorar lo propio y lo ajeno
y estar dispuesto a un ensamble de soluciones, que pueden no ser las mejores...
Un momento, orador. Diputado Muñoz
Ledo, se le pide su cooperación, pase a tomar su curul si es tan amable. Adelante,
diputado Nava.
| El diputado
Ramón María Nava González: |
Soluciones que pueden no ser las
mejores pero sí las que el tiempo, la circunstancia y el entramado social aconsejan como
un mínimo de normas a partir de las cuales es posible construir en un futuro inmediato,
una reforma integral a todas las preocupaciones que sean puestas en materia de discusión,
ya en las comisiones, ya en esta alta tribuna y a las que Acción Nacional, se siente
avocado a ser reivindicador de las mismas.
Propusimos y nos radicalizamos en la
disminución de la tasa del Impuesto al Valor Agregado, y con diversas medidas que
protegían el consumo de bienes básicos. Nuestro consenso fue evidente con varios grupos
parlamentarios y nuestro disenso también lo fue evidente con un grupo parlamentario.
Hoy, avalados por las mismas prestigiadas
asesorías, con el espiritu de buscar para México un avance y con muchas horas de
diálogo que tuvo acentos de tono y de color, hemos llegado a la conclusión de dar un
voto afirmativo a la iniciativa de Ley de Ingresos, porque registra propuestas muy serias
hechas por Acción Nacional, porque hemos logrado avances significativas en las normas que
rigen el ingreso y las que después se pondrán en la mesa de esta discusión, porque el
tema a discusión y esto es muy importante, porque el tema a discusión son las fuentes y
las cantidades de financiamiento del Estado, que no pueden esperar. De esto se ocupa
precisamente la Ley de Ingresos.
Acción Nacional, se compromete a
reivindicar las facultades que le corresponden a esta Cámara en su momento oportuno; dar
a cada quien lo que le corresponde, en el momento que le corresponde es función que
peleará Acción Nacional.
Pero también distinguir los distintos
tipos de financiamiento y no confundir las cantidades y los renglones del financiamiento
creando confusión entre las personas que están esperando nuestro mensaje.
Por todas estas razones, porque hemos
avanzado, porque no claudicamos a reivindicar lo que es reivindicable, Acción Nacional da
un voto afirmativo al dictamen de la Ley de Ingresos.
Muchas gracias.
Para participar con la
representación del grupo parlamentario de la Revolución Democrática y en contra del
dictamen en esta discusión en lo general, está en el uso de la palabra al diputado
Alfonso Ramírez Cuéllar.
Diputado Ramírez Cuéllar, cuenta usted
con 10 minutos.
Señores diputados, señores de los medios
de comunicación, les rogamos su cooperación a efecto de que el orador pueda iniciar su
intervención, contando con la atención de todos los diputados.
Adelante, diputado Ramírez Cuéllar.
| El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar: |
Compañeras y compañeros diputados:
Cada discusión que damos en materia
económica, sale de relieve el papel del Congreso y el ejercicio o no de las facultades de
esta Cámara y del Congreso de la Unión en su conjunto.
Hoy el debate está situado en esos
términos y la disyuntiva aquí es: o asumimos a plenitud la decisión de lograr el
establecimiento de una verdadera divisisión de poderes o en muchos de los casos adoptamos
una actitud donde permitimos que el Ejecutivo siga violentando nuestras facultades y
decisiones y permitimos que el Ejecutivo asuma el papel que le corresponde a la Cámara de
Diputados. Esa es la disyuntiva real en este debate.
El PRI, el PAN, el PRD, el Partido del
Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, tan sólo el día de ayer, llegaron a
una conclusión muy importante en relación a la Cuenta Pública e hicieron notar por
consenso la discrecionalidad con la que se ejercieron parte de los recursos derivados de
los ingresos ordinarios excedentes en ese año. En el año fiscal que se revisa, se
ejercieron 20 mil 500 millones de pesos para programas de saneamiento financiero no
incluidos en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Esta es una confesión de todos, del PAN y
del PRI y cuando nosotros proponemos que el Congreso de la Unión autorice las partidas
presupuestales para la operación del Fobaproa, resulta extraño que el Partido Acción
Nacional no quiera poner este control y este candado para que el Ejecutivo no siga
haciendo lo que siempre ha hecho.
Primero nos dijeron que el gasto era del 8%
del producto interno bruto, luego nos dijeron que era el 12%, ahora nos dicen que será
del 13.5%, mañana cuánto nos dirán que irá a ser, porque este asunto del que hoy
debatimos se ha convertido en un verdadero hoyo fiscal que le está haciendo un profundo
daño a la nación.
Fobaproa, señoras y señores, tiene en su
seno 440 mil créditos, pero, ¿saben ustedes, señores del Partido Acción Nacional y
señores del Partido Revolucionario Institucional, que solamente 550 créditos de 50
millones para arriba se llevan casi el 60% del gasto fiscal que todos los mexicanos
aportamos para llevar a cabo este paquete de saneamiento de los bancos?
Fueron algunos bancos primero los que
intervinieron...
Detengan un momento el reloj; señor
diputado Ramírez Cuéllar, usted puede continuar.
Señoras y señores diputados, faciliten el
desarrollo del debate, no generen desorden que impida la concentración del orador.
Por favor continúe, diputado Ramírez
Cuéllar.
| El diputado
Alfonso Ramírez Cuéllar: |
¿Saben que en 1995 no se autorizó
ninguna partida presupuestal para el Fobaproa y sin embargo el Gobierno ejerció con la
absoluta discrecionalidad miles de millones de pesos? Ni en 1996, se autorizó por parte
de la Cámara ninguna partida presupuestal y el Gobierno volvió a hacer lo mismo y no
resolvieron los problemas.
Primero eran unos bancos, pero la mayoría
de los bancos intervenidos o bien es por problemas de mala administración o bien es por
una profunda corrupción entre los socios del gabinete económico y los que se hicieron
después banqueros, porque antes eran verdaderos bolseros. Y esto es lo que nosotros
queremos in- cluir en el artículo 2o., de esta Ley de Ingresos, la facultad del Congreso
para autorizar las operaciones y adquisición de activos de la banca comercial que se
convierten al final de cuentas en un endeudamiento que hipoteca el presupuesto por 20 ó
30 años.
Señores del Partido Acción Nacional y del
PRI. ¿Por qué oponerse, por qué negarse a que el Congreso tenga la facultad para
aprobar si este rescate financiero que en el futuro se dé, se está haciendo en términos
correctos? ¿Qué acaso no nos damos cuenta que la mayor parte de la cartera adquirida por
el Fobaproa es cartera "chatarra", de la cual no tendrá más que una
recuperación entre el 10% y el 15% y que la mayoría serán pérdidas para toda la
nación?
¿El Fobaproa está actuando correctamente
o no? Esto es lo que no nos han podido explicar las autoridades. Y el PRD no puede seguir
actuando como si no pasara nada en este asunto, porque el Fobaproa se ha convertido en la
verdadera caja negra de las finanzas nacionales, en la que el Gobierno se niega abrir en
el punto que parece intocable y hoy cuando les queremos poner el control, el Congreso para
sus operaciones, simple y sencillamente nos hablan del nerviosismo de los mercados, nos
hablan de que esto puede dar lugar a fugas de depósitos, lo cual es totalmente falso.
Las intervenciones de los bancos se han
hecho con el suficiente tiempo, que muy bien pudiera haberse dado la aprobación del
Congreso para haber instrumentado esas acciones.
La compra de cartera a otras instituciones
bancarias, se hizo con el suficiente tiempo para que el Congreso, sin trastocar la
situación financiera del país hubiera emitido una opinión.
La compra de cartera de bancos que han
adquirido instituciones extranjeras, se hizo en un determinado tiempo donde nos alcanzaba
para que el Congreso hubiera dado su opinión.
Por eso, señoras y señores, compañeros
diputados, aquí está en juego, en esta discusión, si le damos a la Cámara de Diputados
la posibilidad de que controle o no este tipo de opera- ciones.
Algunos dicen que no cabe en la Ley de
Ingresos, pero tiene enteramente cabida porque al final de cuentas es deuda que tenemos
que pagar con bonos o en efectivo.
Se han gastado hasta el momento 77 mil
millones de pesos, autorizados o no por el Congreso y estamos hipotecados por 20 ó 30
años y lo que queremos es acabar con esa discrecionalidad.
Por eso, si somos consecuentes con lo que
aprobamos el día de ayer, si somos congruentes con que el ejercicio de estos fondos se
hizo de manera discrecional, una resolución a la cual llegaron el PAN, el PRI, el PRD y
todos los partidos, hoy que estamos en el momento de evitar que la historia trágica se
repita, hoy que estamos en el momento de evitar que se vuelva a imponer la
discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, nos echamos para atrás.
Esto es...
Un momento, diputado. Es voluntad de
la Presidencia permitir que el orador concluya con toda libertad. Manifestemos tolerancia.
Por favor, orador, continúe con su intervención.
| El diputado
Alfonso Ramírez Cuéllar: |
Hoy que estamos a punto o en el
momento preciso de evitar que la discrecionalidad absoluta del Ejecutivo continúe, que
tenemos el alma de la mayoría del Congreso, particularmente de la Cámara de Diputados no
podemos, salvo con un alto costo político ante la nación, rehuir a este candado para que
no se sigan cometiendo los atropellos con el gasto público.
Muchas gracias.
Para agotar el primer turno de
oradores en contra y en pro en esta discusión en lo general del dictamen a discusión, va
a hacer uso de la palabra el diputado Dionisio Meade y García de León, por el grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene usted 10 minutos diputado
Dionisio Meade.
| El
diputado Dionisio Alfredo Meade y García de León: |
Con la venia de la Presidencia:
Sírvase por favor diputado Meade.
Adelante.
| El diputado
Dionisio Alfredo Meade y García de León: |
Compañeros diputados...
Haber, señor diputado Meade,
permítame un momento. De nueva cuenta pedimos la colaboración de los representantes de
los medios de comunicación social, para que los oradores se puedan expresar con entera
libertad y el debate que se está llevando a cabo resulte una deliberación libre y
ejemplar. Por favor, diputado, Muñoz Ledo, de nueva cuenta, la Presidencia lo instruye
para que tome su curul. Para reponerle el tiempo al diputado Meade, se ruega a los
técnicos poner el marcador en 10 minutos exactos. Adelante diputado Meade.
| El diputado
Dionisio Alfredo Meade y García de León: |
Gracias, señor Presidente:
Creo que es muy pertinente en los términos
en que se ha venido a plantear aquí el debate que estamos sosteniendo, son las facultades
del Congreso las que están en cuestión y yo me pregunto si no fue el Congreso el que
aprobó el día de ayer la Cuenta Pública, que aquí se mencionó en algunos casos, que
habrá sido el gasto arbitrario e ilegal, cuando se acreditó en la cuenta que se habrá
fundado en los términos de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y del
Presupuesto de Egresos, no fue el Congreso mismo...
Un momento el orador. Por favor
marquen, paren el tiempo del reloj de la Cámara.
Dígame, ¿con qué objeto, diputado Pablo
Gómez?
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Tenga la bondad...
No le he dado el uso de la palabra
diputado Gómez, ¿con qué objeto?
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Le estoy diciendo con qué objeto.
Quizá el señor diputado, que está en el uso de la palabra, tenga la bondad y usted
también, de permitirme una pregunta.
| El diputado
Dionisio Alfredo Meade y García de León: |
Señor Presidente, me ha sido muy
difícil mi intervención por las distracciones de los señores, no acepto la pregunta.
Sírvase diputado Meade, continuar
con su intervención.
| El diputado
Dionisio Alfredo Meade y García de León: |
Gracias Presidente, haber si es
posible si puedo hacerlo, porque no parece que prevalezca orden en esta sala. Voy sin
embargo a intentar continuar.
Señor Presidente, como nunca en este
periodo de sesiones, se han efectuado consultas, han habido acercamientos, se han venido
aclarando distintos aspectos, diferentes enfoques, información suficiente y abundante
sobre la política económica, sobre la estrategia de ingresos, que hemos venido a
discutir el día de hoy y que ha sido objeto de discusión y análisis en muy diversas
reuniones en todos los niveles y en todos los foros.
Hemos venido avanzando y hemos venido
recogiendo consensos. El propio dictamen implica avances en varias formulaciones que
recogen precisiones, que recogen mayores obligaciones, que recogen mayor claridad. Sin
embargo, para poder participar con claridad, para poder participar con utilidad en estos
enfoques, es muy útil que se tomen en cuenta todos los procesos de información y de
consulta que aquí se ha dicho.
Por ejemplo, se ha hablado aquí de la
deuda pública y probablemente no se ha apreciado que ha reducido del 35% del PIB acerca
del 26% que hoy tenemos, que respecto de las exportaciones significa ahora una reducción
de apenas 8.8%, respecto a tasas superiores que habían anteriormente.
Que por ejemplo nuestro coeficiente de
deuda es mucho mejor que la mayoría de los países de la OCDE. Por ejemplo, que ya se
pagó la deuda americana, hay gente que no se ha percatado de que eso ya ocurrió, a pesar
de que se ha venido informando y los materiales que se han puesto a nuestra
consideración, como por ejemplo en el documento de criterios o por ejemplo en el informe
trimestral de deuda pública que se les circuló para conocer, en los dos se afirma que
esto ya se pagó desde enero de este año y que no existen ya estas garantías petroleras
a que aquí se hizo referencia.
El esfuerzo que se ha venido haciendo en
relación a las propuestas del dictamen, significa avances indudables. En los términos
del debate por lo que hace al artículo 2o., en cuanto a los montos de endeudamiento que
aquí se señale, vale la pena precisarlo, no implican al desplazar una deuda de la otra,
sino aprovechar circunstancias del mercado y los techos quedan en los mismos porcentajes.
Se ha reducido a 10% la emisión de estos
bonos y se condicionó también a que su plazo de vencimiento no fuera inferior a un año.
Creo que estas propuestas implican avances en el sentido positivo y acotan las facultades
que aquí se ha querido señalar que son discrecionales. No son por cierto los únicos
avances que se recogieron en el dictamen que estamos analizando; se recogieron también
precisiones para dar un destino más claro a los recursos presupuestales a través de
modificaciones que se hicieron en el artículo 19 de la Ley de Ingresos, propuesta que
significó que en lo sucesivo los recursos excedentes que se manejan, puedan canalizarse
precisamente a las finalidades prioritarias establecidas en el Presupuesto de Egresos de
la Federación y cuando aquellas fueren satisfechas, fueren dedicadas al pago de la deuda.
Creo que la política que se propone
garantiza ingresos suficientes. Se ha venido señalando en las presentaciones que hemos
venido teniendo, y se ha logrado un consenso importante alrededor de estas propuestas, que
los ingresos tributarios de nuestro país son insuficientes; que es necesario hacer un
esfuerzo mucho más grandes para incorporar al mundo tributario a muchas personas que
ahora lo evaden o a muchas personas que no participan en la contribución del gasto
público.
Estos avances refuerzan la estrategia de
optimización de estos recursos. Estas insuficiencias obligan, aquí se señaló, a
utilizar recursos petroleros como fuente tributaria del gasto nacional.
Por eso, la razón de la política
tributaria que se propone. Por eso se mantiene en lo general las tasas y se mantienen en
lo general los tributos que están establecidos. Pero se avanza con una serie de medidas
que se recogieron en un esfuerzo plural, en un esfuerzo condensado que implicarán mejoras
en la administración tributaria sucesiva. Esa ley no puede considerarse de manera
aislada, tiene que verse, por lo que hace a su aplicación, de manera coordinada, de
manera conjunta, con las mejoras que se prevén también en la Ley Miscelánea; y tiene
que verse por lo que hace al destino, con el presupuesto de egresos que habrá de ser
objeto de análisis el próximo fin de semana.
Los avances recogidos en el análisis de
esta discusión, implicaron elaborar argumentos importantes en torno a algunos de los
planteamientos que aquí se han señalado.
Es cierto, aquí se ha dicho que se
destinaron muchísimos recursos al saneamiento bancario. Y es cierto y nosotros lo
reconocemos. Pero lo que no se ha dicho es cuál hubiera sido el costo para el país si no
se hubiera preservado el sistema de pagos nacional, eso es lo que estaba de por medio con
el saneamiento financiero y no se ha escatimado de pedir cuentas. Nosotros hemos
solicitado reiteradamente y ha habido disposición del Ejecutivo a informar escru-
pulosamente sobre los avances en el Programa de Saneamiento Financiero.
Vale la pena tomar en cuenta estos
planteamientos y recogemos con responsabilidad y con complacencia, el consenso, la
mayoría que se está generando alrededor del apoyo a la Ley de Ingresos. Lo vemos con
satisfacción porque da certidumbre al proceso económico que enfrentamos, porque permite
avizorar con mucha mayor certidumbre el próximo año de 1998, porque sentimos que habrá
de permitir consolidar una estrategia en la que tras muchos años de estancamiento, se
recupera el crecimiento.
Porque sentimos que está mejorando el
empleo a niveles muy superiores, probablemente al millón que hacía muchos años que
tampoco conseguíamos. Porque sentimos también que es posible recuperar los rezagos
salariales a que nos habíamos venido enfrentando y porque habremos también de disponer
de mayores recursos para el gasto social, detrás del cual se encuentra una estrategia de
lucha por una mejor educación, por mejor alimentación, por mejorar la salud de los
mexicanos, por combatir la pobreza, por tratar de resolver los índices de marginalidad a
los que hoy nos enfrentamos. Porque creemos que con eso y por eso votamos a favor del
dictamen, estamos consolidando un México mejor.
Muchas gracias, señor Presidente.
Siempre dentro de la primera ronda de
oradores que fueron inscritos para participar de la discusión en lo general, se concede
la palabra al diputado José Luis Sánchez Campos, del PRD y hasta por 10 minutos.
| El diputado José Luis Sánchez Campos: |
Con su venia, señor Presidente:
Desde 1920, en el país no había ocurrido
lo que está ocurriendo en este momento. Quiero que los compañeros diputados que formamos
la LVII Legislatura Federal, tengamos conciencia de nuestro papel histórico, porque en
este momento estamos en una situación de cambio, en una situación de cambio que se
expresó el 6 de julio de 1997. El pueblo de México tiene la voluntad política de
cambiar, de transformar sus estructuras, de ir al porvenir, de llegar al Siglo XXI con una
nueva esperanza y con un nuevo proceso de desarrollo económico, político y social.
El pueblo de México así nos lo ha
manifestado y es por eso que el Partido de la Revolución Democrática refrenda hoy ese
compromiso en esta tribuna nacional. Porque, compañeros, no estamos de acuerdo en abdicar
con nuestras facultades; porque el artículo 73 fracción VIII de la Constitución señala
claramente que:
"Es facultad del Congreso de la
Unión, el poder sentar las bases para adquirir deuda nacional y para mandarla
pagar". Y éste es un legado histórico que nos dio en 1814, la primera Constitución
que hizo José María Morelos y Pavón, en el Congreso de Apatzingán y hoy venimos a
ratificar ese mandato histórico.
Hoy en esta Cámara venimos a decirles que
no vamos a abdicar con la facultad que nos concede el Congreso en el artículo 73
fracción VIII de la Constitución.
El dictamen de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de esta Cámara de Diputados ha votado a favor de convertir deuda
externa en deuda interna en el artículo 2o. de la Ley de Ingresos, otorgando la
posibilidad de que se aumente la discrecionalidad del titular del Ejecutivo Federal. La
argumentación es que era conveniente mantener la flexibilidad necesaria para aprovechar
mejor las condiciones de los mercados financieros nacionales o internacionales, además de
contar con márgenes para enfrentar posibles eventos adversos principalmente de carácter
externo que puedan afectar la evolución de las finanzas públicas.
Esta situación relacionada con la Ley
General de Deuda Pública ha permitido al Ejecutivo autorización de montos adicionales de
financiamiento, cuando a juicio del propio Ejecutivo se presentan circunstancias que así
lo exijan. De tal manera que esta discrecionalidad le permitió a los gobiernos, como el
de López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de
León, ¡endeudar al país de una manera sin precedentes en la historia nacional!
Asimismo el otorgar autorización para
manejar en forma discrecional el monto de endeudamiento, ¡es una abdicación injusta
inmoral e inaceptable del Legislativo a favor del Ejecutivo, que niega y viola el
artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que alude a la
división de poderes, además de negarle al Congreso la aplicación del artículo 73
fracción VIII de aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la
deuda nacional.
¡Hoy debemos remarcar que vamos a cumplir
con el artículo 49 constitucional y que el Ejecutivo tome las veces del Poder
Legislativo!
¡Hoy en México estamos exigiendo y
estamos demandando de parte del Poder Ejecutivo respeto para el Poder Legislativo! ¡Que
el Ejecutivo nos deje legislar, como lo establece el artículo 49 de la Constitución!
¡Esta situación profundiza la
discrecionalidad del Ejecutivo en la conversión de deuda externa en interna y le permite
seguir con adquisiciones de activos de la banca comercial!
¡Esto último se ha convertido en un
agujero negro de la economía nacional, en un instrumento de socialización de pérdidas
de los banqueros a costa del erario nacional!
¡Dice el diputado Meade: "que ¿qué
hubiera pasado si el costo en que ha incurrido el país si no se hubiera rescatado el
sistema de pagos?"! ¡Pero no a este costo, diputado Meade: de 380 mil millones de
pesos no autorizados por este Congreso! ¡Y eso venimos a refutarle!
¡Ese cambio de deudas internas por
externas le ha costado al país, tan sólo en el año de 1996, 54,907.3 millones de pesos
adicionales a lo previsto en el Presupuesto de Egresos! ¡Es decir, el equivalente al 3.2%
del producto interno bruto!
¡El Congreso debe de establecer que la
conversión de deudas internas por externas o viceversa, no signifiquen mayores costos de
financiamiento; más aún, las autorizaciones de dichas operaciones deben condicionarse a
que representen un mayor perfil de gastos de capital y una disminución de los intereses,
gastos y comisiones que deban realizarse!
¡Por otro lado, no podemos seguir
permitiendo con la expedición de la Ley General de Deuda Pública, que se le den
facultades discrecionales al Ejecutivo!
¡Por esta razón el Partido de la
Revolución Democrática rechaza los términos establecidos en el artículo 2o. de la Ley
de Ingresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 1998!
¡Asimismo rechaza que la discrecionalidad
al Ejecutivo en materia de deuda, en el sentido de que el endeudamiento interno sea de un
margen del 10 % de la deuda pública que se indexe al tipo de cambio, lo que representa
una erogación aproximada de cerca de 34 mil millones de pesos que pueden representar la
generación de una crisis como la que ocurrió en 1994 con los Tesobonos! o ¿acaso no
vino Salinas de Gortari en su VI Informe de Gobierno a decirnos que el país estaba en
estabilidad, que había logrado las transformaciones más profundas del Siglo XX y en
diciembre de 1994 nos encontramos con la crisis de los Tesobonos, con la devaluación y
con la adquisición de un macro préstamo con el Fondo Monetario Internacional y con los
organismos internacionales, que fue uno de los mayores préstamos de la historia nacional?
Por eso el PRD se manifiesta a favor del
pueblo y vota a favor del beneficio de la población, por eso es que votamos en contra,
porque somos responsables con nuestro compromiso y porque asumimos la historia de nuestro
país.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado José Luis
Sánchez Campos.
Para hablar en pro del dictamen a
discusión en lo general, hace uso de la palabra por el grupo parlamentario de Acción
Nacional, el diputado Fauzi Hamdan Amad. La Presidencia le concede 10 minutos diputado.
| El diputado Fauzi Hamdan Amad: |
Con la venia de la Presidencia:
Honorable Asamblea: yo nada más me quiero
referir básicamente a dos puntos relativos al decreto de dictamen de la Ley de Ingresos
para 1998. Concretamente el ingreso extraordinario que corresponde a la contratación de
empréstitos de deuda pública tanto externa como interna adicional.
Nadie discute que históricamente la deuda
pública ha sido usada como un instrumento de abuso y exceso por diversos gobiernos, nadie
se olvida del primer acto de extraordinaria valía, de gran decisión que adoptó
entonces, hace más de un siglo, Benito Juárez, al suspender el pago de la deuda pública
que con tanto exceso y abuso se había contratado durante 40 años consecutivos con
antelación.
Tampoco nadie discute lo irrisorio de las
comisiones pagadas a dos grandes casas en Londres, que eran comisionistas en la
contratación de deuda pública en Europa y cuyas comisiones llegaban a ser superiores al
monto de los intereses que devengaban esos valores de deuda pública. Eso es cierto en la
historia, de 1976 a la fecha de 4 mil millones de dólares hemos pasado en deuda pública
externa neta a 90 mil millones de dólares; del equivalente a 50 mil millones desde
entonces hemos pasado a deuda pública interna a 240 mil millones de pesos, sí, nadie
pone en tela de duda de que nuestra deuda pública es perpetua, nadie lo discute.
Pero ahora, en las nuevas condiciones,
ciertamente en el artículo 2o. que establece las bases de contratación y financiamiento
del presupuesto, para financiar obras y servicios por 5 mil millones de dólares y por lo
que concierne al ámbito de deuda pública interna con un techo de 65 mil millones para
cubrir un déficit de 1.25% y con el margen razonable real que requiere cualquier
operación de crédito de financiamiento de pagar intereses, acuérdense que el Gobierno
mexicano coloca papel emisión en masa a debajo de la par según las tasas de interés que
estén en los mercados, si el déficit de nuestra deuda pública, el déficit presupuestal
es 47 mil millones, 1.5%, evidentemente que tiene que darse un margen para que puedan
colocarse esos valores en el mercado, para ello se requiere tener un grado de posibilidad
de realización...
Un momento el orador, detengan el
marcador de tiempo.
¿Con qué objeto, diputado Pablo Gómez?
Permítame, señor orador, primero le vamos
a facilitar el apoyo de un micrófono al diputado Gómez. Segundo, le vamos a preguntar al
orador si acepta la interpelación del diputado Gómez.
| El diputado
Fauzi Hamdan Amad: |
Naturalmente, señor diputado. Así
es, señor Presidente.
Adelante, diputado Gómez.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Gracias, señor Presidente, un poco
lento todo esto pero, seguro.
Señor diputado: usted dice que 47 mil
millones es lo que se estima de déficit público; mis preguntas son dos:
1o. ¿Por qué el Ejecutivo solicita al
Congreso que se le autorice 65 mil millones? ¿Usted supone que la diferencia entre 47 y
65 es tanto como el costo de intermediación o el costo de colocación de los valores
gubernamentales?
Primera pregunta, porque de ser así, el
peor negocio es éste, ¿no?
Segunda pregunta: usted dice que el
déficit previsto es de 47 mil, pero ¿estaría de acuerdo que de la lectura del artículo
2o. del dictamen, del proyecto de decreto, el Ejecutivo puede girar 65 mil millones de
pesos y 5 mil millones de dólares que al tipo de cambio actual aproximadamente son 40 mil
millones, o sea 105 mil en total?
Si no los ejerce en el extranjero, se le
está autorizando al Ejecutivo para que los pueda convertir en deuda interna, 65 más 40
creo que son todavía 105 mil y ya estamos hablando entonces de autorizaciones anticipadas
hasta por 105 mil millones para cubrir un déficit pensado en 47 mil millones.
Por sus respuestas, le agradezco de
antemano sus atenciones, señor diputado.
| El diputado
Fauzi Hamdan Amad: |
Con mucho gusto, señor diputado.
Aritméticamente nadie discute que usted puede sumarlo bien de 47 y 40 mil que es la suma
tanto de los montos de deuda pública externa como interna, pero, señor diputado, olvida
usted que la fase de la deuda pública interna de 47, que es el déficit tiene que tener
por razones obvias un margen al que yo estaba haciendo alusión cuando usted me
interpeló, que es razonable en cualquier esquema de financiamiento, en cualquier país
del mundo.
El margen es más o menos el equivalente a
un 5%; 5 mil millones de pesos y luego la diferencia, señor diputado Pablo Gómez,
corresponde al costo de intermediación razonable, dándose también un margen y desde
luego la estacionalidad en que opera la operación de crédito; no hay tasas uniformes,
ojalá que siga la tendencia a la baja, pero puede haber variables según la demanda de
papel y según se oferta en los mercados no sólo nacionales sino extranjeros, ésa es la
razón del diferencial: sumado al margen de resguardado que se llama financiero más el
margen del costo de intermediación, da la suma de los 65.
Es más, están en 62 flat y las 3 mil de
diferencia es el margen apretado de resguardo financiero en una operación de crédito que
regularmente se hace. Uno.
Segundo, señor diputado, nadie discute que
5 mil millones de dólares se están pidiendo de financiamiento adicional, pero
evidentemente va destinado a gastos de inversión autofinanciable por sí mismo a través
de organismos descentralizados como es Pemex, Comisión Federal de Electricidad y sobre
todo usando el instrumento de los agentes financieros Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos y Nacional Financiera, son los agentes financieros que para ese endeudamiento
adicional se están utilizando y, en efecto, la deuda adicional que se pretende contratar
y que la autorice esta Cámara, es para financiar el presupuesto.
Incluso como estrategia financiera sería
un desatino, mientras no se incurra en un abuso y en exceso, repito y subrayo, que el
Gobierno no acuda a los mercados de dinero para alcanzar sus objetivos de sus funciones
públicas y caiga en el deterioro y en el aniquilamiento de sus recursos diarios que
genera de sus ingresos ordinarios.
Por último, señor diputado y no
contestando a su pregunta pero en adición yo agrego: por primera vez en 56 años, y lo
repito con mucho orgullo, la última vez fue en 1941 con la Ley de Depuración de
Créditos, por primera vez en 56 años aparece un nuevo párrafo en el artículo 2o. para
dar cumplimiento cabal y total al ar- tículo 73 fracción VIII de la Constitución, esto
es, que el Congreso de la Unión dé las bases para contratación de empréstitos, apruebe
ex post dichos empréstitos y mande a pagar la deuda pública. Nunca se había recogido en
una ley en los últimos 56 años.
Muchas gracias.
Para hacer uso de la palabra, en
contra del dictamen, la Presidencia le concede 10 minutos al diputado Carlos Heredia
Zubieta, que hablará en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
| El diputado Carlos Heredia Zubieta: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras, compañeros:
Estamos hoy ante una encrucijada para el
destino de México, no se trata sólo de pronunciarnos en torno a la iniciativa de Ley de
Ingresos, o incluso del paquete de ingresos y egresos; estamos decidiendo hoy, como
representantes populares, sobre la política económica que nos ha pedido el pueblo de
México. Nuestro deber, por tanto, es reflexionar desde esa perspectiva.
Tenemos entonces que plantear nuestras
propuestas orientadas hacia el cumplimiento con nuestro compromiso como representantes
populares. Esa es la divisa que ha seguido el PRD en su posicionamiento respecto de esta
iniciativa de ley y ése es el compromiso que hoy ratificamos en esta tribuna.
Repasemos, compañeros diputados, los tres
puntos principales que nos han llevado a votar en contra de esta iniciativa de Ley de
Ingresos. En primer lugar la situación de la deuda mexicana, tanto la deuda externa como
la deuda interna.
Yo recuerdo, y creo que debemos de tenerlo
muy presente hoy, aquel discurso de Carlos Salinas de Gortari, en donde nos decía que
México había llegado a su segunda indepen- dencia. Nos decía que podíamos mirar de
frente a nuestros hijos y decirles que esa carga sobre nuestras espaldas ya no lo era
más.
Compañeros diputados: durante la sesión
de la Comisión de Hacienda del día de ayer, dejamos muy en claro que lo que estamos
aquí nosotros argumentando no es en el fondo la conveniencia o no, la necesidad o no de
recurrir al crédito externo. No pretendemos erigir fronteras o barreras a los mercados
financieros. ¡Por supuesto que necesitamos el crédito externo!
El problema, compañeros diputados, es la
discrecionalidad total con que ha operado hasta ahora el Ejecutivo. Difiero de mi
compañero diputado que me precedió en el uso de la palabra, porque si bien lo que él
indicó está en la iniciativa, no se recogió la propuesta del PRD para que la
contratación de empréstitos dejara de ser discrecional desde antes, ex ante de que se
formalizara esta contratación de deuda.
No es suficiente que en el informe
trimestral de finanzas públicas se informe, se entere a esta soberanía cuál ha sido el
proceso de contratación de deuda.
No se vale, compañeros diputados, que nos
quieran introducir algunas medidas para contratar financiamiento por la puerta trasera.
Estamos en contra de la clandestinidad a la hora de la contratación de deuda. Queremos
total transparencia, por eso es que el PRD ha propuesto una y otra vez que esta
discrecionalidad se termine.
Lo mismo, compañeros diputados, respecto
al llamado "rescate bancario". En ese sentido todos sabemos que quedan más
preguntas que respuestas. En estos tres meses y medio hemos estado concentrados, tomando
todo nuestro tiempo en la agenda legislativa que nos propusimos sacar adelante, pero a
partir de enero resurgirán las preguntas.
¿Quién decidió que se salvara a los
bancos, con cuánto dinero, en qué momento? ¿Por qué, compañeros, queremos insistir en
preservar esa discrecionalidad? ¿No les parece que alimenta el terreno de la corrupción
que se ha dado en los casos de Banca Confía, en Banpaís, en Banco Unión y sigue la mata
dando?
¿No les parece, compañeros, que esta
discrecionalidad debe terminarse? Eso es justamente lo que estamos pidiendo. No estamos
proponiendo la quiebra del sistema bancario. México necesita un sistema financiero
vigoroso y moderno, pero la modernidad pasa por el término, por el fin de la
discrecionalidad, compañeros diputados. Esa es la modernidad por la que estamos peleando,
no es una modernidad de pacotilla en la cual solamente vamos a declamar y a enunciar aquí
que la globalización y los mercados hacen imperativo que nosotros sigamos este juego
malévolo.
Compañeros diputados: ahí está lo que
está ocurriendo en Corea, lo que está ocurriendo en Brasil.
Compañeros diputados: esta crisis
financiera apenas está empezando. No es cierto que nos hayamos escapado del "efecto
dragón". La repercusión que tendrá la crisis financiera en México, cuando ésta
alcance a los Estados Unidos y cuando tengamos un proceso deflacionario en el marco
estadounidense, será mucho más fuerte que la que hemos experimentado hasta ahora.
No tenemos, compañeros, el instrumental
legislativo adecuado para enfrentar una crisis de ese tipo ¿Qué vamos a decir entonces?
¿Que decida una vez más discrecionalmente el Ejecutivo? En ese momento, compañeros,
tendremos, tendrán todos aquellos que revisar el sentido de su voto.
Finalmente, compañeros diputados, vayamos
a la propuesta del PRD que no fue recogida, en el sentido de que los precios de la
gasolina, el diesel, el gas doméstico, en las tarifas eléctricas, no suban más allá de
la inflación, del alza de precios anual medida por el Indice Nacional de Precios al
Consumidor.
Compañeros: una y otra vez se argumenta
aquí que no nos podemos sustraer a los dictados de los mercados. Es cierto, es verdad;
sin embargo, compañeros, ¿por qué seguimos consintiendo una política en que el ajuste
recesivo, la crisis, siempre se carga a la cuenta de los asalariados? ¿Por qué a la hora
del salario no hablamos de los mercados internacionales, por qué no hacemos esa
comparación cuando estamos hablando de la venta de la fuerza de trabajo de los mexicanos?
¿Por qué, compañeros?, porque seguimos insistiendo en una política económica y la Ley
de Ingresos que hoy nos presenta el Ejecutivo es un instrumento más de ello, una
política económica que sigue cargando el peso de la crisis, el peso del pago del
servicio de la deuda, el paso de los incesantes aumentos en el precio de los bienes y
servicios básicos, sobre las espaldas del pueblo de México.
El PRD, compañeros, se opone a que sigamos
teniendo una política económica de sacrificio al pueblo. Esta Ley de Ingresos constituye
una vuelta más de tuerca en el sacrificio sobre las espaldas del pueblo de México. No lo
vamos a aceptar.
Que quede claro, compañeros diputados, que
nuestro compromiso es realmente con una política económica orientada a la reactivación
de la planta productiva mexicana, a la defensa del salario, al impulso de la pequeña y
mediana empresa, a la satisfacción del clamor por el cual los 20 mil, 20 mil pequeños
empresarios y deudores que se encuentran afuera de esta sala nos están interpelando.
Ustedes deciden, compañeros, si vale más
la interpelación que les hacen desde Los Pinos o la del pueblo de México.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Heredia.
Para hablar por la representación del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y a favor del dictamen, está
en el uso de la palabra el diputado Carlos Jiménez Macías.
Dispone de 10 minutos, diputado Jiménez
Macías.
| El diputado
Carlos Martín Jiménez Macías: |
Con su permiso, señor Presidente:
Adelante, diputado Jiménez Macías.
| El diputado
Carlos Martín Jiménez Macías: |
Compañeras, compañeros
legisladores:
He solicitado el uso de la palabra para
tratar ante las expresiones y argumentos de mis compañeros del PRD, de volver un poco a
ciertos razonamientos que es necesario aplicar en este debate de gran trascendencia.
Cuando el diputado José Luis Sánchez
afirma que la reconversión entre la deuda interna y externa es una artimaña o una medida
para adquirir montos adicionales de deuda, está olvidando que ésta está limitada
exactamente por el presupuesto y que en el dictamen se respeta el techo autorizado de 5
mil millones de dólares de deuda externa y de 65 mil millones de pesos de deuda interna.
No hay mayor endeudamiento, sino
simplemente un mecanismo de flexibilidad. Hay que llamarle a las cosas por su nombre.
Por el otro lado, no se dice que se busca
con ello una flexibilidad que permita escoger entre los mercados internos y externos
dependiendo de las condiciones financieras de cada uno de ellos.
Aquí mismo se hizo referencia al ejemplo
más reciente de los mercados financieros asiáticos. Se han visto envueltos en serias
turbulencias y han originado repercusiones en el contexto internacional, financiero, de
una gran magnitud negativa para éstos.
Por eso la conveniencia de darle al
Gobierno esta flexibilidad de actuación en un momento importante para el país.
Otro ejemplo que puede demostrar lo
deseable de esta flexibilidad, es cuando las razones por las que se acude a estos mercados
internacionales, significan mayor oportunidad para el país y no hacerlo cuando esto
significa un riesgo para el propio país.
También, lo decía el diputado Fauzi
Hamdan, es muy importante recordar que cuando no se puede aplicar todo el monto de esta
deuda, de esta deuda autorizada, es necesario tener suficientes recursos para financiar
los programas de inversión, como él lo dijo, de entidades paraestatales y también los
programas de la banca de desarrollo.
Por todo ello, también deseo hacer algunas
precisiones en cuanto a los valores indexados a este debate sobre lo que antes se conocía
como Tesobonos.
No se ha dicho, por parte de nuestros
compañeros, que se bajó el techo del 15 al 10%; no se dijo que no se emite a menos de un
año buscando la permanencia de este tipo de inversiones.
Con este techo se estaría estableciendo un
límite máximo de estos valores de alrededor de 3 mil millones de dólares, cuando, aquí
mismo lo dijeron los compañeros, en otro tiempo era indiscriminado y llegó incluso hasta
30 mil millones de dólares. Aquí hay un límite bien claro y eso es importante tomarlo
en cuenta.
Es importante mantener este tipo de
mercado. No olvidemos que a él pueden acudir inversionistas especializados en fondos de
pensiones o en seguros.
Como conclusión de lo anterior,
consideramos conveniente dejar abierto este tipo de mercados financieros.
Compañeras y compañeros: finalmente, con
la aprobación de la Ley de Ingresos, del Presupuesto, estamos abriendo un camino adecuado
para el financiamiento de un gasto público con profundo contenido social.
Hoy, y quizá como dato histórico de esta
legislatura, dos fuerzas muy importantes representadas en esta Cámara, hemos coincidido
en el interés superior de la nación, en la necesidad de fortalecer la capacidad del
Gobierno para enfrentar los momentos difíciles.
Hemos coincidido y hemos tomado acuerdos
fundamentales para, con conciencia a favor de México, aprobar esta Ley de Ingresos.
Estamos actuando con un profundo sentido de
responsabilidad para con México. Que no se diga lo contrario; que no se nos trate de
señalar como traidores a la voluntad de las mayorías.
Más allá de nuestras diferencias
ideológicas, hoy a estas dos fuerzas nos une la conciencia de los difíciles momentos que
enfrentamos, de la necesidad de cerrar filas...
| La diputada
María de los Dolores Padierna Luna (desde su curul): |
Señor Presidente...
Un momento, diputado Jiménez
Macías. La diputada Padierna me está solicitando el uso de la palabra.
¿Con qué objeto, diputada Padierna?
Compañeros diputados, la Presidencia tiene que garantizar el derecho de los diputados a
hacer sus mociones o interpelaciones.
| La diputada
María de los Dolores Padierna Luna (desde su curul): |
Señor Presidente, con objeto de
solicitarle a usted pueda preguntarle al señor orador si me permite formularle una
pregunta.
Con mucho gusto.
Diputado Jiménez Macías, la diputada
Padierna quiere presentarle una interpelación, ¿acepta usted?
| El diputado
Carlos Martín Jiménez Macías: |
No, señor Presidente.
No la acepta, diputada Padierna.
Continúe el orador.
| El diputado
Carlos Martín Jiménez Macías: |
Compañeras y compañeros:
Muy largo, intenso, este debate que sin
duda alguna lo va a ganar la objetividad y el razonamiento a favor de México.
Sin duda alguna, compañeras y compañeros,
es fundamental olvidar las posiciones demagógicas y entender que esta objetividad nos
debe llevar a acuerdos que puedan ayudar al país a salir adelante. Por eso nuestro voto
aprobatorio.
Estamos hoy conscientes de cuál es la
determinación que tenemos. Queremos que México supere estos momentos, queremos un futuro
mejor para nuestros hijos.
Señoras y señores diputados. Se ha
agotado la primera ronda de oradores que se inscribieron para participar en la discusión
en lo general, pudiendo esta Presidencia consultar a la Asamblea, si el asunto está
suficientemente discutido.
En respuesta a la solicitud de los
coordinadores de los diversos grupos parlamentarios y en mérito de garantizar la
continuidad y la alta calidad del debate, esta Presidencia ha decidido formar una segunda
ronda de oradores que participen en esta discusión en lo general...
¿Con que objeto, diputado González?
| El diputado
Jorge Emilio González Martínez (desde su curul): |
Señor Presidente, ¿por qué no se
pregunta a la Asamblea si el tema se considera suficientemente discutido o se considera
necesaria otra ronda de oradores?
Permítanme, señores diputados,
después de la discusión en lo general, como es del conocimiento de la Asamblea, tenemos
que realizar la discusión en lo particular. Pero habiendo acuerdos entre los distintos
grupos parlamentarios y la Comisión de Régimen Interno, es factible desarrollar una
segunda ronda de oradores y obviar la discusión en lo particular.
La Presidencia ha tomado la decisión...
Dígame diputado Gonzalo Rojas.
El diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas
Arreola (desde su curul):
Nuevamente para solicitarle que consulte a
la Asamblea si está suficientemente discutido. La Asamblea es soberana y la Asamblea
decide, por encima de los acuerdos de la CRICP.
Sírvase la Secretaría consultar a
la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido...
Permítame, ¿con qué objeto, diputado
Valdés?
| El diputado
Sergio Valdés Arias: |
Para hacer una moción a la
Presidencia.
Adelante. Haga su moción diputado
Valdés.
| El diputado
Sergio Valdés Arias: |
Usted ya había instruido, señor
Presidente, con todo respeto, a que se estableciera esta segunda ronda de oradores.
Nosotros estamos dispuestos a escucharle señor.
Gracias, diputado Valdés.
Continúe la Secretaría con el trámite
que la Presidencia ha instruido... Un momento, señor Secretario.
Diputado Fidel Herrera, ¿con qué objeto?
Un momento, diputado Herrera.
Vamos a pedirle a todas las personas que
están en el pasillo central, permitan a los diputados participar en las deliberaciones
con entera libertad.
Diputado Fidel Herrera, ¿con qué
objeto?
| El diputado
Fidel Herrera Beltrán (desde su curul): |
De hacer una moción al
procedimiento, señor Presidente.
Adelante.
| El diputado
Fidel Herrera Beltrán (desde su curul): |
Le comunicamos a usted, quizá por
las prisas en que se estaba desarrollando el debate, no fue con el tiempo suficiente, que
había un acuerdo de las coordinaciones de los grupos parlamentarios en términos de lo
que prevé el acuerdo respectivo, para celebrar un segundo turno de oradores, en vista de
que se nos ha anunciado por los coordinadores, que no habrá reserva de artículos y que
al término de este segundo turno, se procederá a la votación.
Siendo éste el caso, señor Presidente, le
rogaría que procediéramos al desahogo de este segundo turno e inmediatamente después
proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se acepta la moción, diputado Fidel
Herrera.
Consecuentemente, en cumplimiento de las
previsiones del artículo 16 del acuerdo parlamentario, esta Presidencia informa: se ha
formado una segunda ronda de oradores para participar en la discusión en lo general del
dictamen de Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de
1998.
Consecuentemente, se han inscrito para
hablar en contra del dictamen los diputados Pablo Gómez, por el grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática; para hablar en favor del dictamen y en nombre del
Partido Acción Nacional, Juan José Rodríguez Prats, queda inscrito; para hablar en
contra del dictamen a discusión, se ha inscrito por parte del Partido de la Revolución
Democrática, Bernardo Bátiz Vázquez y para hablar en favor o en pro del dictamen, por
el Partido Revolucionario Institucional, se ha inscrito Manuel Angel Núñez Soto; para
participar en contra del dictamen se ha inscrito por el grupo del Partido de la
Revolución Democrática, Agustín Miguel Alonso Raya; para hablar en pro del dictamen, se
ha inscrito en nombre del Partido Acción Nacional, Felipe de Jesús Rangel Vargas;' para
hablar en contra del dictamen a discusión por el grupo parlamentario de la Revolución
Democrática, se ha inscrito Alfonso Ramírez Cuéllar y para hablar a favor del dictamen,
por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se ha inscrito
Guillermo Barnés García.
Consecuentemente, cada uno de estos
diputados cuenta con 10 minutos para participar en esta discusión.
Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez
Alvarez.
| El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Ciudadanas diputadas; ciudadanos
diputados:
Me preocupan las cuentas que en la
respuesta a mi pregunta, a mis dos preguntas, hiciera el diputado Hamdan. Me preocupan
mucho.
Entiendo que él dice que para obtener 47
mil millones y cubrir el déficit presupuestal previsto, se requieren 65 mil, como costo
de las operaciones en general, de diverso género; ¿22 mil millones es el costo para
contratar 47 mil? Es casi el 50%...
Un momento, diputado Gómez. Detengan
el reloj.
Señoras y señores: merced a que el
diputado Gómez está haciendo uso de la palabra, de nueva cuenta la Presidenta, la
Presidencia los llama al orden.
La Presidencia llama al orden al público
en general y particularmente a los ciudadanos diputados. Vamos a permitir que la
deliberación y el debate continúe en términos de calidad.
¡Adelante, diputado Gómez!
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Estaba yo diciendo que 22 mil
millones de costo para obtener 47 mil, es algo que no ocurre en ninguna parte del mundo.
Esto es algo inadmisible. Sencillamente hemos recibido una respuesta que no tiene sentido,
que no tiene lógica. Son probablemente otros los motivos de esta diferencia tan grande.
Lo discutiremos, lo dije en mi primera
intervención, con posterioridad, en otro momento. Tenemos que revisar muchas cosas
todavía. Por lo pronto, no se puede votar a ciegas.
Si me están a mí pidiendo 22 mil millones
de costo para contratar 47, lo primero que diría es: "Este asunto no está claro, no
está discutido."
Tendremos...
| El diputado
Humberto Treviño Landois (desde su curul): |
Señor Presidente.
Diputado Gómez, un momento, por
favor. Paren el reloj. ¿Con qué objeto, diputado Treviño?
| El diputado
Treviño Landois (desde su curul): |
Para preguntarle al diputado Pablo
Gómez si me permite una muy breve pregunta.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Con mucho gusto.
Adelante, diputado Treviño. El
diputado Gómez acepta la interpelación.
| El diputado
Humberto Treviño Landois (desde su curul): |
Yo nada más le preguntaría al
diputado Pablo Gómez: ¿Por qué hace los cálculos al revés, cuando él perfectamente
sabe hacerlos al derecho? No es así la forma como se calcula el costo de una operación
de esta naturaleza. La forma como se calcula y estoy seguro que usted la sabe muy bien, es
de que si alguien emite bonos o documentos en general, por 65 mil millones de pesos y
recibe 47, lo que se calcula es el descuento, que es como de veintitantos por ciento, 25%,
26%. Porque si usted le calcula al revés, como la forma como la hizo, no es la forma como
se hace. Entonces le pregunto: ¿Por qué lo calcula de esa manera que es totalmente
insólita?
Gracias.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Señor diputado: la manera en como
usted lo ha hecho, es exactamente la misma, o sea, para poder obtener 47 necesita usted
gastar 22 además de los 47. Es decir, el costo de la operación es casi el 50% de lo que
está usted obteniendo, es muy sencillo. Tan sencillo como esto, si yo para tener 47 debo
de ver 65...
Diputado Gómez...
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
¿Cuál es el problema, señor
Presidente?
Un momento, no hay problema.
¡Permítame un momento!
¿Con qué objetivo diputado Martínez?
Permítame, diputado Martínez. Vamos a
permitirle al orador primero que conteste la interpelación del diputado Humberto Treviño
Landois. Cuando el diputado Gómez diga que ha concluido con la respuesta al diputado
Treviño Landois, la Presidencia le concederá a usted el derecho a presentar una
interpelación, si la acepta el orador.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Con mucho gusto, pero sí tiene usted
razón y le agradezco, diputado Presidente, pero todavía no he terminado de responder.
Adelante, por favor.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
El ingreso real no son 65, sino 47
mil millones, según, no mis datos ni siquiera los de Hacienda, ¿eh?, sino los del
diputado Hamdan. Que eso es lo que estamos discutiendo en este momento.
Entonces se nos dice: "que para poder
obtener 47 tenemos que dar un descuento de 22". ¿En qué mercado?, ¿en qué mercado
del mundo ocurre esto? Ese mercado no existe en el mundo. ¡No hay un mercado así! ¡Esta
es la subversión de todo el sistema financiero! ¡No operaría el sistema financiero
internacional sobre estas bases! ¡Sobre estas bases no hay crédito simplemente! ¡No hay
deudor potencial en condiciones de contratar de esta manera, simplemente! ¡Es una cosa
absurda! ¡Esto no puede existir! ¿Cuáles son las razones?
Yo he discutido este asunto no sólo con el
diputado Hamdan, que lo acabo de hacer apenas enfrente de ustedes, sino con los
subsecretarios y con el Secretario de Hacienda personalmente. ¿Les parece mucho a
ustedes?.. pues ya sé por qué...
He discutido este asunto, señor diputado,
con el Secretario de Hacienda...
¿Señor Presidente, puedo terminar la
respuesta?
Se ruega a los técnicos del servicio
de sonido no volver a retirar el sonido a la Presidencia, para que la Presidencia pueda
realizar bien su trabajo de moderar los debates.
El diputado Pablo Gómez no ha concluido
con la respuesta al diputado Treviño. Se ruega a todos los señores diputados no
establecer diálogos con el orador.
Adelante, diputado Gómez.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Gracias, diputado Presidente:
Y la respuesta ha sido bastante más
confusa que la que me dio el diputado Hamdan, quiero decirlo, la respuesta de Guillermo
Ortiz... El está hablando de la diferencia que hay, el Secretario de Hacienda, entre 62
mil 500 que están en el ingreso estimado de financiamiento en el artículo 1o. del
proyecto de Ley de Ingresos y los 75 mil que se están pidiendo en el artículo 2o. Hasta
ahí nada más. Eso no me suena muy bien, pero tampoco me parece extremoso; es posible que
así sea. Es decir, que las operaciones de colocación de bonos gubernamentales en el
mercado interno tienen un porcentaje bastante elevado de descuento. Estamos nosotros para
colocar, al colocar 65 mil, como usted lo dice, señor diputado, al colocar 65 mil tenemos
que ofrecer un descuento de 2 mil 500 Me parece cara la deuda, me parece cara la
colocación, pero así está el mercado interno, probablemente. ¡Pero colocar 75 para
obtener 47 eso sí, eso no existe! ¡Puede lo que ustedes quieran, pero eso no existe, lo
garantizo!
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre
47, quizá 44 de déficit, calculado o 43 mil millones y los 65 mil de la autorización?
¿Por qué esta diferencia tan grande? Uno podría decir: bueno, es que todo gobierno nos
está... necesita un colchón financiero. Yo estoy de acuerdo, pero el colchón financiero
se lo autoriza el Congreso, no lo decide el Gobierno.
Y nosotros hemos dicho, el PRD, señor
diputado: muy bien, quiere un colchón financiero que va de 40 y tantos mil a 62 mil 500
en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos, que es un colchón enorme. Correcto. Estamos de
acuerdo, se los damos, se lo aceptamos. Votamos a favor. Estamos dispuestos a dar nuestro
consentimiento por esta ocasión, pero no podemos dar nuestro voto a favor para que esta
cantidad destinada a cubrir el presupuesto se pueda elevar, según la decisión del
Ejecutivo, hasta 105 mil millones de pesos, ahí no hay justificación alguna, señor
diputado, creo que usted estará en cierta forma también de acuerdo conmigo.
Hasta ahí termino honradamente con la
respuesta.
Un momento, señor diputado Treviño,
anteriormente el diputado Martínez, ¿retira su interpelación?, perfecto; diputado
Treviño, ¿con qué, objeto?
| El diputado
Humberto Treviño Landois (desde su curul): |
Para rectificación de hechos.
Para rectificación de hechos,
tendríamos que registrarlo en un turno diferente.
| El diputado
Humberto Treviño Landois (desde su curul): |
Con respecto a la respuesta que está
dando el diputado Pablo Gómez, me parece muy importante hacer una aclaración para no
tener más confusión sobre las cifras que se están presentando.
Un momento, diputado Treviño, si me
permite a efecto de no violentar los procedimientos yo le rogaría colaborar para que el
diputado Pablo Gómez pueda agotar el tiempo que la Presidencia le ha concedido para hacer
su intervención en contra. Si, ¿con qué objeto, diputado?
| El diputado
Humberto Treviño Landois (desde su curul): |
Quisiera, señor Presidente, le
preguntara al diputado Pablo Gómez si me permite una nueva y última interpelación.
Con todo gusto, diputado Gómez, le
pregunto de nuevo si acepta una interpelación.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Sí, ya lo había escuchado, gracias,
señor Presidente.
Adelante, diputado Treviño.
| El diputado
Humberto Treviño Landois (desde su curul): |
Mi observación y lo sostengo, es que
la forma como se calculan los costos de una operación financiera no es como usted lo
dice, se calculan a descuento y es, me parece, claro e inobjetable.
Con respecto a lo que usted comenta de que
si los 65 mil millones son lo que hay que ver para financiar el déficit de 47, eso no lo
dice en ninguna parte la Ley de Ingresos, no hay una correspondencia exacta entre los 65
mil millones y los 47 mil millones de déficit, lo que ha hecho aquí son observaciones
aproximadas pero no estamos diciendo exactamente que sean los 65 mil millones, entonces
eso es lo que me parece que genera confusión, nadie ha dicho que los 65 mil millones de
ese endeudamiento interno es exactamente y justo para financiar los 47.
Lo que sí se ha dicho es de que el costo
de emitir documentos para tener netos 47 mil millones es más de los 47 mil millones
mencionados, lo dice muy claro diputado.
Muchas gracias, por la interpelación.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
¿Puedo responder, señor Presidente?
Adelante, señor diputado Gómez.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Sí, mire, en la primera parte de su
pregunta quiero decirle que creo que no hay discrepancia entre usted y yo en relación con
la forma de cálculo; no cálculo, sino el concepto que hay que aplicar aquí, en efecto,
si de lo que se pretende es obtener 65 mil, ésa es una cifra que si viene en la Ley de
Ingresos, estamos nosotros calculando todos los diputados, no solamente el diputado
Hamdan, que el déficit público previsto es de 40 y tantos mil millones, puesto que nos
han dado una cifra inamovible de 1.25% del PIB, esa cifra si la tenemos.
Entonces sobre la base de ése 125
porcentuales del PIB se han calculado diversas cifras desde el rango de los 40 y tantos.
El diputado Hamdan considera que son 47 mil, algunos consideran que son 44 mil, pero no es
ésa la discusión. El diputado Hamdan nos explica que para obtener los 47 mil hace falta
colocar obligaciones de deuda pública por 65 mil y eso es lo que explica la cifra de 65
mil en el artículo 2o. de la Ley de Ingresos y creo que hasta este momento, señor
diputado, todas las cifras están claras.
Entonces, yo lo que afirmo es que si para
obtener 40 y tantos mil, 47 ó 44, la cantidad que fuera, según el cálculo que se haga
del 1.25% del producto interno, hay que vender bonos por 65 mil, puesto que ése es el
tamaño del descuento, entonces esta deuda no existe en ningún mercado del mundo, no hay
forma, nadie pide prestado así en ninguna parte.
Lo que dice el Secretario de Hacienda es
que es ésta la diferencia, que para obtener 62 mil 500 hay que colocar bonos por valor
nominal de 65, puesto que el Gobierno al colocar los Cetes no recibe el valor nominal del
bono, sino recibe una parte menor del bono, habida cuenta de las "subastas" que
organiza el Banco de México, en la colocación de los valores gubernamentales y en
función de la tasa de interés a la que están los compradores dispuestos a asumir los
bonos gubernamentales.
Lo vemos de esa manera o lo vemos de la
otra. Para colocar un bono de un peso, se recibe no el peso, sino se recibe digamos 90, 90
y tantos centavos en función de la subasta y se va anticipando la tasa de interés a la
que va a ser cobrado dicho bono.
Esto más o menos funciona, pero lo que ya
no funciona es por qué si todos coincidimos en que el déficit en el discurso del
Gobierno anda en menos de 50, nos estén pidiendo 65 para cubrir 62 mil 500, ¿entienden?
En eso es lo que ya no hay una explicación, no ha habido una explicación y yo no estoy
seguro de que Hacienda pueda dar esa explicación, si es que nos quiere decir todo. Porque
nunca ha habido tanta información de Hacienda hacia la Cámara como ahora, ésta es la
Cámara que más información ha recibido de carácter económico yo no sé en cuantos
años y nos damos cuenta que, sin embargo, hay una cantidad de preguntas sin resolver; una
cantidad de preguntas sin respuesta todavía, quizá porque nuestras preguntas eran
muchas, quizá porque las respuestas de la Secretaría de Hacienda no son las suficientes
todavía.
Entonces creo que no hay una discrepancia,
en donde existe la discrepancia es en las cuentas tal como las presenta la Secretaría de
Hacienda, pero que no se venga aquí a decir, señor diputado, por parte de ningún
diputado de ninguna bancada, eso ya no importa de qué bancada es, que esta brecha es una
brecha con el propósito de cubrir pues todo el gasto de co- locación que implica o el
costo de colocación que implica una deuda de este tamaño. ¿No sé si con eso esté
respondida su pregunta, señor diputado?
Ahora bien, señoras diputadas, señores
diputados:
Se ha planteado aquí entonces, que no
puede obligársele al Gobierno, a usar los 5 mil millones de dólares que nos está
solicitando para operaciones contingentes de carácter cambiario, motificaciones
internacionales del precio del crudo y las obras y los programas de fomento como lo
propuso el PRD. ¿Por qué no?
Contesta Hacienda... esto no ha estado
aquí en el debate desgraciadamente. Contesta la Secretaría de Hacienda: "porque a
veces es preferible utilizar fondos en el exterior, tomar deuda pública en el exterior
que deuda pública en el interior del país". Este es el argumento de la Secretaría
de Hacienda que todavía no se ha esgrimido aquí en la tribuna.
Y nosotros le hemos respondido a la
Secretaría de Hacienda: hay que tomar el crédito que nos permite la Constitución, aquel
que se puede pagar, porque la experiencia es sobre todo en los empréstitos
internacionales que se tomara la deuda y se toma deuda en este país no para obras que
generen ingresos, como dice la Constitución, sino para cubrir otro tipo de gastos, de tal
manera que la deuda, cuando es contratada, ya trae una tremenda carga de presión contra
el país, porque no se puede pagar por sí sola, porque tiene que pagarse sobre
erogaciones presupuestales, porque los contribuyentes tienen que pagar esa deuda al
exterior y porque la brecha con el exterior se nos va haciendo más grande, en la medida
de que, como ocurre ahora, se nos va profundizando el déficit de la cuenta corriente de
la balanza de pagos, por los servicios factoriales que no son más que regalías, más que
pago de intereses, más que todo ese tipo de cosas que son las obligaciones de México
respecto al extranjero.
Entonces le estamos pidiendo a las señoras
y a los señores diputadas, que cuando menos en el crédito externo establezcamos lo que
dice la Constitución, por primera vez, diputado Hamdam, por primera vez sería en la
historia del país, no porque ahora no se va a meter, tampoco fue en el año 40 y tantos.
Crédito externo, como dice la
Constitución, para obras que generen ingresos, para operaciones de conversión de deuda y
para operaciones de estabilización monetaria, que nosotros ahora les llamamos
contingencias cambiarías, pero que quiere decir exactamente lo mismo.
Ese es el texto que propuso el PRD y yo me
pregunto: por qué se rechaza ese texto que es de la Constitución, por el cual nosotros
hemos luchado durante más de 20 años y que hemos tenido la respuesta persistente de los
presidentes de la República, de que ellos necesitan tener la flexibilidad. ¿Para ir
contra la Constitución? ¿Para embarcar al país en operaciones impagables? ¿Para
endrogar a México? ¿Para convertir a México en un país tributario del ex- terior? Eso
es lo que somos hoy, ésa es la historia de porqué no se ha aceptado este texto en la Ley
de Ingresos durante 20 años.
Y hoy hemos venido, sí y lo digo
claramente, con la ilusión, con una ilusión de lograr que se respetara eso no sólo
porque lo dice la Carta Magna, no, sino porque es lo mejor para México, para evitar esa
sangría, para evitar que nos estén cobrando como nos cobran eso que es una herida en el
país, que es la deuda externa contratada por los presidentes.
Se dice que este segundo párrafo que se
mete al proyecto de dictamen dice algo distinto que el penúltimo. Yo les ruego que los
lean, uno dice que nos van a informar de las operaciones de deuda en marzo de 1999 y esto
es lo nuevo porque esto no venía en el proyecto del Ejecutivo, en marzo de 1999; el
penúltimo dice que nos van a informar cada tres meses en el curso de 1998. ¿Dónde está
el cambio?, yo no entiendo este párrafo, no lo entiendo sólo porque invoque el 73
fracción VIII. La información que nos dé el Ejecutivo cada 3 meses, como lo hace desde
hace ya muchos años, tiene que ser de conformidad con el 73 fracción VIII, de
conformidad con qué más y con la ley de deuda.
Ahora, qué es lo nuevo que nosotros
propusimos desde un principio y que se refleja muy parcialmente en el dictamen: que nos
informen ahora también de las operaciones de pasivos contingentes, porque eso no se
informaba en el informe trimestral de deuda pública.
Hacienda está dispuesto a informar de sus
operaciones de pasivos contingentes. ¡Qué bueno! Es un avance, y sin embargo no resuelve
el problema, porque no es sólo información lo que queremos, es tomar nosotros la
decisión sobre los pasivos contingentes, porque la Constitución nos da esa facultad y no
se la da al Presidente de la República; porque la Constitución no le puede dar las
mismas facultades a dos poderes de la Unión simultáneamente; o es del Presidente o es de
los legisladores.
¿Quién nos ha autorizado a nosotros y en
base a qué artículo de la Constitución para trasladarle nuestras facultades como
representantes populares al Poder Ejecutivo? No tenemos autorización; nadie nos la ha
dado, no podemos hacerlo, no debemos hacerlo. Eso se ha hecho durante más de 70 años.
Se han trasladado facultades del Congreso
al Ejecutivo; eso es lo que están haciendo aquí al decir: "infórmame después de
que lo hiciste". No, pide autorización antes de hacerlo. ¿No se entiende la
diferencia?
Ese es un punto de vista y queremos, si es
necesario, seguir en este debate que es fundamental; no es cuestión superficial de
ninguna manera.
En turno para hablar a favor del
dictamen, en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene la palabra
el señor diputado Juan José Rodríguez Prats.
Adelante, diputado Rodríguez Prats.
| El diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Con su permiso, señor Presidente:
Yo creo que todos coincidiríamos en que de
alguna forma el derecho define a las naciones, más que las religiones, más que la
cultura, más que los idiomas, el derecho se lo da a sí mismo cada organización estatal
y analizando la Ley de Ingresos podemos llegar a la primera conclusión: la ley de
ingresos es una manifestación clara de un sistema centralizado.
Haremos un poco de historia: las famosas
Convenciones Fiscales de 1925, por cierto organizadas por Manuel Gómez Morín, en donde
había la preocupación de definir qué le correspondía a las tres entidades que están
revestidas de potestad tributaria en el ordenamiento jurídico mexicano.
En 1936 fue la Segunda Convención y se
avanzó a tratar de definir y de evitar los problemas de doble y triple tributación y
llegamos a la Convención de 1947 en donde se adoptó un criterio que vino prácticamente
a despojar de potestad tributaria a las entidades federativas y a los municipios, porque
ahí se dijo que una sola entidad cobrara el impuesto y distribuyera con las otras
entidades de gobierno. Por eso mi primera reflexión es que la Ley de Ingresos, de su
lectura se deriva que estamos en un sistema centralizado.
Pero no había reflexionado aquí, y
quisiera yo detenerme, señores legisladores, en qué clase de ordenamiento jurídico es
la Ley de Ingresos. Ernesto Flores Zavala, Gabino Fraga, Tena Ramírez, Sergio Francisco
de la Garza, que son grandes fiscalistas administradistas, inclusive niegan que sea una
auténtica ley. Gabino Fraga llega a dudar de que sea una ley porque no contiene
obligaciones y derechos, es un catálogo, es una estimación de lo que va a percibir el
Gobierno, lo que se espera percibir y es una aprobación previa y ahí está el meollo del
asunto, es una aprobación previa para que el Gobierno pueda cobrar todos los demás
gravámenes.
Hay quienes dicen que inclusive equivale a
un simple artículo transitorio, que es materialmente administrativo y formalmente
legislativo.
¿Qué sucedería si no hay Ley de
Ingresos?, y en esto coinciden todos los autores, amarramos al Gobierno Federal sin el
instrumento jurídico que le permita simplemente cobrar impuestos, derechos,
aprovechamientos, productos, las aportaciones a la seguridad social y las contribuciones a
obras y desde luego todos los demás préstamos y todos los demás créditos.
Por lo tanto, señores, no es la Ley de
Ingresos el instrumento jurídico para poder supervisar el Fobaproa o para poder frenar el
incremento de tarifas, porque esto corresponde a otros ordenamientos y está en otras
atribuciones y en otras autoridades.
No es posible afirmar que se abdica de las
funciones de un Congreso en su primer periodo de sesiones, no es posible objetar y votar
en contra de una ley en lo general cuando se está tratando un solo artículo o se está
riñendo con una política en materia de endeudamiento. Tenemos que ver el instrumento
jurídico en su conjunto que, repito, posiblemente sea la ley donde se desprenden las
demás leyes. La Ley del Impuesto sobre la Renta, el IVA, la Ley de los impuestos
especiales, corresponden a ar tículos, corresponde a este artículo 1o., en donde se
señala qué es lo que el Gobierno va a cobrar y qué es lo que va a percibir.
Yo leí su libro, licenciado Pablo Gómez,
sobre las cuentas públicas, sobre las cajas, la caja negra, sobre las cuentas secretas y
aprendí de su experiencia, de su testimonio como legislador, y coincidimos y me
atrevería a afirmar que en México no hay cuentas públicas, no tenemos oportunidad
siquiera de asomarnos a toda la información en materia de egreso y de ingreso. No
recibimos a tiempo la Cuenta Pública, por eso insiste el Partido Acción Nacional de que
la Secretaría de la Contraloría pase a formar parte de la Contaduría Mayor de Hacienda.
¿Hay alguna interpelación, señor?
Permítame.
Diputado Pablo Gómez, no interfiera en el
desarrollo del discurso del orador Juan José Rodríguez.
¿Con qué objeto, diputado Gómez?
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Préstenme un micrófono.
Un momento, diputado Gómez. Se le
apoya con un micrófono.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Señor Presidente: me parece que no
he interferido en el discurso del señor orador. El interfirió en todo caso con su propio
discurso, pero yo no dije ni palabra.
Yo lo vi haciendo señas, diputado.
Continúe el orador.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Muchas gracias, señor Presidente:
Discúlpeme, señor diputado. Yo de lo que
estoy hablando es de una reforma integral, yo de lo que estoy hablando es de entrarle de
lleno a una serie de instrumentos jurídicos que nos permitan cabalmente ejercer nuestras
funciones.
Las tesis del PAN en este sentido son
añejas. El PAN tiene un historial desde 1943 en su plataforma legislativa, en que se
transparentaran las cuentas públicas en materia de ingreso y de egreso, en que se pueda
instrumentar una supervisión a la par que se está ejerciendo el presupuesto por parte de
la Contaduría Mayor de Hacienda. Inclusive la iniciativa de que la Contraloría pase a
formar parte de la Contaduría Mayor de Hacienda viene desde 1987.
En 1912 Luis Cabrera, siendo diputado le
dijo a Francisco I. Madero, unos meses antes de la Decena Trágica, que había dos
corrientes que se enfrentaban en la reciente XXV Legislatura, los que estaban ansiosos por
las reformas y olvidaban el orden social y los que privilegiando la estabilidad política
y el orden social rechazaban las reformas y yo creo que ahí está el reto de este nuevo
Poder Legislativo, porque hay muchos que están deseando que se tomen decisiones
atrevidas, que le amarremos al Gobierno las manos para instrumentar sus políticas y que
entonces se diga: no funciona el Poder Legislativo, no funciona esta Cámara de Diputados,
hay que regresar a los viejos esquemas, hay que regresar al partido hegemónico, y eso no
lo queremos permitir.
Un momento, si me permite el orador
Rodríguez Prats.
Detengan el reloj, señores de la
marcación del tiempo.
¿Con qué objeto, diputado Ramírez
Cuéllar?
Sírvase la señorita edecán apoyar con un
micrófono al diputado Ramírez Cuéllar.
| El diputado
Alfonso Ramírez Cuéllar (desde su curul): |
Una pregunta, si me permite.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Con mucho gusto.
Señor orador, el diputado Ramírez
Cuéllar le pregunta si acepta una interpelación.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Con muchísimo gusto.
Adelante.
| El diputado
Alfonso Ramírez Cuéllar (desde su curul): |
Lo que se está proponiendo es de que
el Congreso autorice la posibilidad de que el Ejecutivo pueda asumir activos de la banca
comercial y, por lo tanto, contratar pasivos contingentes. Eso es lo que está
proponiendo. ¿Eso le parece a usted una decisión atrevida?
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
¿Es en relación al artículo 2o.?
La diputada Padierna aquí casi insinuó que no se trataba de detener a la ley en lo
general. Yo estoy refutando el porqué...
| La diputada
María de los Dolores Padierna Luna (desde su curul): |
Señor Presidente.
Permítame, diputada Padierna, el
diputado Rodríguez Prats está respondiendo una interpelación. ¿Con qué objeto,
diputada Padierna?
| La diputada
María de los Dolores Padierna Luna (desde su curul): |
Señor Presidente, si le pregunta al
orador si después de contestarle al diputado Ramírez Cuéllar, me acepta una pregunta.
Con mucho gusto le pregunto.
¿Diputado Rodríguez, una vez respondida la pregunta del diputado Ramírez Cuéllar,
aceptaría usted una interpelación de la diputada Padierna?
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Con mucho gusto.
Adelante, diputado, respóndale al
diputado Ramírez Cuéllar.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
En la política económica del
sexenio pasado, se votó en contra. Aquí pasaron Felipe Calderón y Diego Fernández de
Cevallos, para sustentar sus puntos de vista y para hablar precisamente de que se votaba
en contra de esa política económica.
¿Qué sucede hoy? ¿Qué ha cambiado hoy
en México? Yo creo que muchas cosas. Yo creo que cuando la oposición se aproxima al
poder, se torna más responsable, no lo digo yo, lo dice Pierre Trudeau, lo dicen grandes
teóricos, y pronto vamos a ver en distintos gobiernos como habrá modificaciones de
muchas actitudes.
Decía Jesús Reyes Heroles Åcito a un
priístaÅ, que hay un México que no acaba de morir y otro que no acaba de nacer. Y en
ese momento en cada decisión, se trata de precisar dónde está la congruencia, la
congruencia absoluta es una incongruencia absoluta. Tenemos los gobiernos de Felipe
González, de Mitterrand, y podré yo mencionar muchísimos nombres y muchísimos casos,
en donde hay la evolución, hay la madurez, hay el equilibrio, buscando siempre el bien
común y buscando siempre el beneficio de la patria.
Hoy se sostiene que no darle ese
instrumento jurídico al Gobierno Federal, sería atropellar el estado de derecho y poner
en serio riesgo la situación financiera del país. Creo que están contestadas sus dos
preguntas.
Permítame un momento el orador.
Diputado Sergio Valdés, ¿con qué objeto? Se ruega a los diputados mantener el orden y
contribuir al buen desarrollo de este debate. Adelante, diputado Sergio Valdés.
| El diputado
Sergio Valdés Arias (desde su curul): |
Sí, señor Presidente, muchas
gracias. Solicitar a la Presidencia pregunte al orador si me permite hacer un
cuestionamiento.
Señor orador, el diputado Valdés,
si usted acepta una interpelación.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Con muchísimo gusto, señor
Presidente.
Adelante, diputado Valdés.
| El diputado
Sergio Valdés Arias (desde su curul): |
Diputado Rodríguez Prats usted ha
externado que intentar votar en contra de la aprobación de la Ley de Ingresos sería
amarrarle a las manos al Ejecutivo para que pueda captar ingresos, así es. Y nos ha dicho
también aquí, en la primera parte de su exposición, que de la aprobación de esta ley
se desprende también, la propia Ley del Impuesto al Valor Agregado posteriormente.
Yo le pregunto, le hago dos preguntas, si
usted me permite. Cuando la minuta en relación a la solicitud de baja al Impuesto al
Valor Agregado regresó a esta Cámara de Diputados, el diputado de su fracción que fijó
su posición, dijo que se había implementado una campaña de terror en la sociedad por
parte del Gobierno, en relación a esta propuesta de todos los partidos opositores para
que el IVA bajara.
Entonces ahora usted nos dice, que debemos
aprobar la ley para que no le amarremos las manos al Presidente y después pueda contar
con ese instrumento de IVA al 15% de nueva cuenta.
Yo le pregunto, señor diputado, ¿hay
congruencia o hay incongruencia en su partido, según usted lo ha referido en esta
situación? Y le pregunto también, si me permite, porque en esta Ley de Ingresos nosotros
no le queremos amarrar las manos al Presidente; queremos que haya una mejor Ley de
Ingresos; queremos que se incorporen otros criterios que la mejoren por el bien del pueblo
de México y por respeto a la Constitución General de la República. Y entre ellos yo le
pregunto ¿si se está cuidando la discrecionalidad o no?, porque mire, el 1o. de
diciembre de 1994...
Respeto al orador, a la persona que
hace la interpelación. Diputado Valdés, sírvase presentar su pregunta.
| El diputado
Sergio Valdés Arias (desde su curul): |
Con todo gusto, señor Presidente.
Hago una pequeña reflexión para hacer mi
pregunta.
Adelante diputado Valdés. Respeto
para el diputado Valdés.
| El diputado
Sergio Valdés Arias (desde su curul): |
El 1o. de diciembre de 1994, para
comprar un dólar gastaba el pueblo de México, 2.4 pesos, 1o. de diciembre de 1994; 1o.
de diciembre de 1997, para comprar un dólar el pueblo de México gasta 8.00 pesos. En
esta Ley de Ingresos le estamos dando esa autorización al Presidente. ¿Estaría usted de
acuerdo con ello?
Gracias, por su respuesta.
Adelante, diputado Rodríguez Prats.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Con su permiso, señor Presidente:
No encuentro la contradicción entre
nuestra actitud al apoyar la disminución del IVA, que creemos que es algo factible,
equivale al 0.46 del producto interno bruto. El rescate bancario es 25 veces más que lo
que cuesta diminuir el IVA. La deuda del Distrito Federal es 11 veces más que lo que
equivaldría descontar el IVA.
Ahora bien, no sé si se refiere a que en
la Ley de Ingresos viene una estimación de lo que se va a ingresar, tal parecería que
pudiera haber una contradicción, por eso mi argumentación de que la Ley de Ingresos no
constituye una ley, es una estimación de lo que va a obtener el Gobierno, previa la
autorización del presupuesto, el presupuesto tampoco es una ley, solamente la aprueba la
Cámara de Diputados. Pero son los dos instrumentos financieros y jurídicos más
importantes que el Gobierno tiene para poder desempeñar sus tareas.
Si no se aprueba la Ley de Ingresos, no se
puede cobrar ni un quinto de impuesto sobre la renta; ni un quinto de IVA; ni un quinto de
impuestos especiales; ni un quinto de impuestos a los vehículos; ni un quinto de
tenencia. No hay simplemente el sustento para que el Gobierno pueda ejercer su potestad
tributaria. Entonces, no veo la incompatibilidad entre Ley de Ingresos y entre la minuta y
lo que aquí votamos de disminuir el IVA.
En relación a la segunda pregunta de lo
que pasó y del valor del dólar, en 1994 en relación a la fecha. Mire usted, yo le
contestaría con un gran economista Von Jayeg, que dice que la economía es la única
ciencia que se enfrenta a lo desconocido y yo creo que algo hay de cierto en esto o él
también hablaba cuando recibió el Premio Nobel, de que los economistas han complicado
mucho las cosas.
Y hay otro autor que dice que el economista
que solamente sabe economía ni economía sabe. No sé a quién se refería, aquí un
diputado la distorsionó un poco para liberar a alguien, no sé a quién se refería. Pero
yo creo que el factor fundamental de todo, y aquí están coincidiendo todos los autores,
es el factor confianza. De las 24 naciones más ricas hoy día, con excepción de cuatro
que tienen ubicación geográfica o riqueza en su subsuelo, que son: Hong Kong, Singapur
por su ubicación geográfica y Arabia Saudita y Kuwait, las demás, 20 naciones son
democracias.
¿A qué me lleva todo esto diputado?, a
que tenemos que fortalecer la credibilidad, el valor confianza, por eso en el PAN se
sostiene el principio del primado de lo político que dice que el problema está en que se
acabe el desorden, el monopolio político y que se acabe el desorden económico.
Por eso tenemos crisis cíclicas, Efraín
González Luna, decía que se provocan inclusive para hacernos creer, de un sistema que es
indispensable.
Entonces, el primer mensaje que tenemos que
emitir, de esta Cámara, es un mensaje de confianza, de credibilidad, de madurez, de
responsabilidad, rumbo al próximo sexenio, rumbo al próximo milenio.
Quiero decirle que en toda Latinoamérica,
empieza a funcionar el Poder Legislativo, quiero decirle que antes, de los años treinta a
los años ochenta, la lucha era entre el poder civil y el poder militar. En Brasil se
llevó a Fernando Collor de Mello un juicio político; en Venezuela, a Carlos Andrés
Pérez; en Ecuador, se liberó a Ecuador de esa crisis que se hubiera provocado con la
renuncia de Abalab Bucarán, en Guatemala el Congreso le ganó una batalla tremenda a
Jorge Serrano Elías.
Y ese reto pedimos nosotros. No lo perdamos
en la primera oportunidad ni nos desboquemos queriendo amarrar al Ejecutivo cuando
requiere de estas atribuciones para salir de esta crisis. Esta es mi tesis.
Respondidas las preguntas y las
interpelaciones, continúe el orador usando el tiempo que le queda disponible.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Retorno a mi tema y lo felicito por
lo generoso que es usted hoy, señor Presidente.
Gracias, señor diputado.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Los siete sabios llegaron a una idea
que me parece espléndida.
Manuel Gómez Morín Lombardo Toledano,
decían que: "no es cierto que la política sea el arte de lo posible". Ellos
decían: "en la política lo necesario, hay que hacerlo posible." Y aquí hay un
cambio radical, porque entonces se le da a la política un sentido de trascendencia y de
cumplimiento del deber. Lo necesario hay que hacerlo posible.
Curiosamente esa frase aparece también en
el V y VI Informe de Adolfo Ruiz Cortines: "lo necesario, hay que hacerlo
posible".
¿Qué es lo necesario hoy? Un Poder
Legislativo vigoroso. El mismo don Adolfo Ruiz Cortines decía que el poder presidencial
solamente se veía limitado por dos principios: el término sexenal y su sentido de
responsabilidad. Acabemos con esa etapa. Hagamos posible un Congreso, porque es necesario
para México; hagamos posible la democracia, porque es necesario para México; hagamos
posible que se abata la marginación y la pobreza, porque es necesario para México.
Muchas gracias.
En turno, para hacer uso de la
palabra, en contra del dictamen a discusión, en nombre del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, el diputado Bernardo Bátiz Vázquez.
El diputado Bátiz Vázquez, dispone de 10
minutos.
| El diputado Bernardo Bátiz Vázquez: |
Señoras y señores diputados; señor
Presidente:
Quiero en primer lugar decirles que estoy
muy satisfecho de este debate. Estamos efectivamente viviendo la nueva Cámara de
Diputados, en la cual cada quien con su convicción, está exponiendo sus puntos de vista
con toda legitimidad.
Esta debe de ser una lección para los
señores diputados del PRI. Están viendo un debate de altura entre diputados libres,
entre diputados que están defendiendo sus convicciones y sus puntos de vista.
Creo yo que tal como se dijo aquí, sería
un desatino no acudir a los mercados de dinero. No entiendo muy bien, muy a fondo ese
pensamiento, más bien del mundo de las finanzas que del mundo de la política. Pero sí
presiento, como mexicano, como político, que sería un mayor desatino seguir acudiendo a
los mercados de dinero tan frecuentemente, tan irracionalmente, tan desesperadamente.
Tenemos que buscar nuestras propias fuentes de riqueza, no podemos seguir con un criterio
puramente financiero, por el cual los ojos de este país están siempre atentos a las
alzas y a las bajas de los mercados del dinero.
Yo creo que precisamente la necesidad de
poner un freno a ese prurito, a esa tendencia, a esa verdadera caída en cascada, en que
cada vez vamos descendiendo más, es indispensable que le presentemos al Ejecutivo una
barrera, que es el papel del Poder Legislativo.
Yo he oído en otras ocasiones defender
posiciones como las que aquí se han defendido en favor de la Ley de Ingresos. Siempre se
ha dicho "que está por encima el interés superior de la nación", siempre se
han buscado argumentos patrióticos o patrioteros para decir que es necesario aprobar el
presupuesto.
Y luego, cuando hemos dado ya la carta
blanca al Presidente de la República para el endeudamiento sin límites, empezamos con el
tiempo a ver que las cosas no eran tan sencillas y que aquello que en un momento dado les
pareció a los que argumentaban en favor de la Ley de Ingresos, simplemente redundó en un
mayor desastre económico para México.
¡Siempre habrá algún argumento!
¡Siempre habrá alguna razón para sostener la sinrazón! Pero jurídicamente tenemos, el
grupo parlamentario del PRD, los argumentos y los fundamentos para rechazar el proyecto
tal y como fue aquí presentado.
¡No para dejar al Gobierno sin una Ley de
Ingresos, simplemente estamos proponiendo una ley alternativa de ingresos; que no sea
ésta que nos mandaron de la Secretaría de Hacienda, que no sea ésta que recibió apenas
algunas afinaciones y algunos pequeños avances que no son satisfactorios!
¡En el fondo estamos aprobando, si es que
se aprueba, una Ley de Ingresos idéntica a la que año con año y sexenio tras sexenio se
ha aprobado y que nos ha puesto en ese declive al que antes me refería!
Es muy claro lo que dice el artículo 73 en
su fracción VIII. Nosotros tenemos dos facultades: la primera es dar bases para el
endeudamiento, para que el Ejecutivo obtenga empréstitos; pero la segunda, que esta
inmediatamente después de ésta, es para aprobar esos mismos empréstitos, para aprobar
cada uno de ellos, para aprobarlos en este Congreso, en la Cámara de Diputados y en la
Cámara de Senadores.
No es posible, de antemano, señalar los
lineamientos de los empréstitos y al mismo tiempo autorizar adlibitum al Ejecutivo para
que disponga de ellos cuando y como quiera.
Se dijo aquí: "que las fuentes de
ingreso no pueden esperar". Es cierto, pero cualquier fuente de ingreso, la que sea,
las deudas al exterior que siguen minando la soberanía nacional, ¿otra vez otros 500 mil
millones de pesos para rescatar otros bancos? ¿Cualquier fuente de ingresos? Yo creo que
sí es cierto que somos diputados de la República, como aquí se ha dicho, creo que
debemos demostrarlo analizando exactamente las dos proposiciones que aquí se presentan:
Una, significa lisa y llanamente que desde
el momento de que se apruebe esta Ley de Ingresos, queda autorizado el Poder Ejecutivo
para contraer deudas con los lineamientos que ahí se señalan, pero con muchas
posibilidades de abrir la discrecionalidad para mover, alterar, modificar y ampliar la
deuda.
Y, la otra propuesta está también muy
clara, queremos que no quede atado el Ejecutivo, que pueda contratar deuda externa e
interna, pero que cada vez que se contraiga esa deuda se cuente con la aprobación del
Poder Ejecutivo. Para eso estamos aquí; eso sería cumplir estrictamente con la
Constitución, con el artículo 73 fracción VIII. ¡Aprobarla tal como está, es
saltarnos a la torera lo que dice el artículo que cito!
Yo creo que este debate debe culminar, como
debieran culminar todos los debates democráticos, de tal manera que cada diputado en
conciencia, que cada diputado analizando y sopesando los argumentos del pro y el contra,
se comprometa con su voto, no somos aquí representantes de un partido político ni de un
sector ni de un distrito, somos aquí representantes de la nación y tenemos que votar
cada uno de acuerdo con nuestra más íntima y profunda convicción.
Tenemos que ser congruentes con nuestra
propia historia, yo he sido otras veces diputado, nunca les puedo decir que había votado
por la oposición la Ley de Ingresos a favor, nunca habían sonado tantos aplausos de
priístas a favor de oradores de la oposición... Yo creo que tenemos que analizar muy
profundamente el sentido de nuestro voto o votamos la carta blanca, el cheque en blanco al
Ejecutivo o votamos no para amarrarle las manos al Gobierno y no tengo con qué gastar,
sino para amarrarle las manos al posible despilfarro, al posible endeudamiento irracional,
como ya lo ha habido, al posible despilfarro del crédito de este país.
Muchas gracias.
Un momento, diputado Bernardo Bátiz
¿con qué objeto pide usted la palabra, diputado Paoli y Bolio?
| El diputado
Francisco José Paoli y Bolio (desde su curul): |
Para que la Presidencia me hiciera el
favor de preguntar al orador si acepta una interpelación.
Con mucho gusto. Diputado Bernardo
Bátiz, el diputado Paoli Bolio solicita su autorización para presentarle una
interpelación.
| El diputado
Bernardo Bátiz Vázquez: |
Sí, señor Presidente.
Adelante, diputado Paoli.
| El diputado
Francisco José Paoli y Bolio (desde su curul): |
Con este breve preámbulo, el
Congreso de la Unión que es el que tiene la facultad para aprobar los empréstitos, lo
hace a través de normas, a través de leyes, que son diversas, en este caso tenemos en la
Ley de Ingresos algunas previsiones y hay otras en la Ley de Deuda y otras más; pero no
como una oficina de trámite que autoriza los créditos, al menos ésta es la concepción
que está detrás de la pregunta.
Yo quisiera preguntarle con todo respeto,
pero con toda conciencia, diputado Bátiz, si usted considera que los créditos que
contraiga el Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá que venirlos a tramitar uno por
uno a esta Cámara o a este Congreso. Eso es todo.
Si desea responder el diputado
Bernardo Bátiz, por favor.
| El diputado
Bernardo Bátiz Vázquez: |
Claro que sí. Yo quisiera recordarle
al diputado Paoli y Bolio, que seguramente lo sabe y simplemente lo traigo a colación,
que durante muchos años en este país el Presidente de la República fue el único
legislador con lo que se llamaban las facultades extraordinarias y, efectivamente, el
Congreso se reunía una vez y autorizaba al Ejecutivo para que él emitiera todas las
leyes que le vinieran en gana.
Y entonces, las facultades del Poder
Legislativo simple y llanamente se trasladaban al Poder Ejecutivo y no había ya necesidad
de que se reunieran los diputados más que para cobrar su dieta los días de quincena.
Durante mucho tiempo así sucedió. De
alguna manera las leyes de ingresos así han funcionado; se da una autorización general,
global y entonces cada uno de los empréstitos que va contratando el Ejecutivo los lleva a
cabo a partir de la autorización general. Yo creo que esto es un vicio tanto para el
Poder Ejecutivo Nacional y lo sería también para el Poder Ejecutivo del Distrito
Federal.
Hay límites, hay renglones, hay áreas,
del endeudamiento público que quedan ya previamente autorizadas y que pueden ejercerse,
pero hay otras que en nuestra opinión deben autorizarse previamente. Si el gobernador del
Distrito Federal tiene que hacer uso de algún intercambio de deuda o de algún
endeudamiento distinto al autorizado expresamente o que se salga de los lineamientos
iniciales, tendrá que sujetarse exactamente igual que el Presidente de la República, si
es que ese supuesto se da.
No queremos distinción para uno o para el
otro. Contestada su pregunta, diputado.
Gracias. Ha concluido con su
intervención el diputado Bernardo Bátiz. Para presentar la posición... para participar
como orador en pro del dictamen a discusión, la Presidencia le concede 10 minutos al
diputado Raúl Martínez Almazán, que participa... La Presidencia rectifica.
Para participar en pro del dictamen, se le
conceden 10 minutos al diputado Manuel Angel Núñez Soto, que hablará en pro del
dictamen con la representación del grupo parlamentario del PRI.
| El diputado Manuel Angel Núñez Soto: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Una vez más esta legislatura se enfrenta
al reto de confirmar ante el pueblo de México, que está a la altura de los nuevos
tiempos políticos que vivimos. El interés popular reclama su posición privilegiada en
las acciones de gobierno, la discusión de la política económica ha llevado a esta
Cámara a profundas y provechosas reflexiones buscando dejar de costado el voto pasional;
cuando el voto pasional sustituyó al voto racional, el costo que pagamos todos fue muy
elevado. Ante el pueblo de México debemos demostrar la altura política del Legislativo.
Aquí quisiera abundar sobre la solicitud
del techo de endeudamiento interno neto por 65 mil millones de pesos y de endeudamiento
externo por 5 mil millones de dólares.
La Ley de Ingresos que se está sometiendo
a la consideración de esta Cámara de Diputados, marca claramente que de acuerdo al
Presupuesto de Egresos para 1998, se tiene proyectado un déficit del Gobierno Federal por
57 mil millones de pesos y no por los 47 mil millones que aquí se han señalado y que
corresponden al déficit del sector público, el cual considera el superávit de 10
millones de pesos del sector paraestatal.
Para financiar el déficit del Gobierno
Federal, se requerirá, en 1998, de un flujo de efectivo como el que he mencionado, el
cual se tiene programado tenerlo fundamentalmente a través del mercado interno, por medio
de la colocación de valores gubernamentales. Por ese motivo es que se está solicitando
el endeudamiento neto por 65 mil millones de pesos.
Este endeudamiento, si nos percatamos de
las cifras, veremos que su costo financiero es inferior al costo que marcan las tasas de
interés previstas para 1998, que este financiamiento se adquirirá a través de deuda
documentada como bondes, udibonos, en que se hace típicamente bajo par, esto es, por
abajo de su valor nominal, pero también muy por debajo de las tasas de interés que
habremos de tener. Este es un cálculo de 62 mil millones de pesos, esto es, 57 mil más 5
mil, que es bastante menos del 10%, y reitero, por debajo de lo que implican las tasas de
interés.
Se ha solicitado también un margen de
maniobra de 3 mil millones de pesos adicionales, que se juzga razonable dentro de un monto
de colocación y de endeudamiento de esta naturaleza.
Por lo que hace a los 5 mil millones de
dólares, que se están también planteando como endeudamiento, quiero dejar muy en claro
también que se trata de deuda a través de intermediación financiera, fundamentalmente a
través del Banco Nacional de Comercio Exterior, a través de Nacional Financiera y que es
una deuda contingente que nos sirve para financiar el crecimiento de las exportaciones de
México, que van aparejadas al desarrollo económico, que van aparejadas a la creación de
empleo, que van aparejadas a la creación de infraestructura para las empresas y para el
país y también estos recursos se utilizan para el desarrollo de la infraestructura a
nivel nacional. Esta deuda, señores, también es deuda contingente que se recupera.
Nunca más, estimamos nosotros dentro del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la pluralidad debe de ser
razón de encono; nunca más la descalificación por principio debe de definir el sentido
de nuestras decisiones. La razón y felicito ampliamente a los diputados del Partido
Acción Nacional, comienza a imperar en los trabajos de esta Cámara y por ello, los
acuerdos y los consensos toman forma.
Ante el bienestar de la nación,
compañeras y compañeros diputados, no hay más ganador que el pueblo de México. Con
estas decisiones estamos dando los primeros pasos hacia la definición de una política
económica de Estado, que sea el resultado de un gran acuerdo nacional en el que participe
la sociedad y todos los partidos políticos.
El fortalecimiento de la división de
poderes y del sistema de partidos, es un recurso básico de la democracia, pero no es la
democracia misma. Por ello, la acción de Gobierno debe privilegiar la corresponsabilidad
entre poderes y la defensa de los intereses partidistas debe de ser acotada.
Debe existir en todo momento una visión de
largo plazo en las decisiones de esta Cámara, tenemos que pensar que la obligación de
todos los legisladores, independientemente del partido político al que pertenezcamos,
está en construir, en ayudar a construir el futuro de la nación. No son los enconos, no
son los rencores, no es el pasado ni vamos a justificar nada, sino es la construcción
hacia el futuro lo que nos va a permitir cumplir con la obligación y la tarea que tenemos
como legisladores y cumplir con lo que espera de nosotros el pueblo de México.
Debe existir en todo momento, reitero, una
visión de largo plazo. Ese es el sentido de cualquier acuerdo, de cualquier pacto, de
cualquier consenso, como estamos logrando hoy dos partidos de gran envergadura
representados en esta Cámara.
En este sentido, los votos que habrán de
emitirse asumen la responsabilidad de cada uno de los diputados que votaremos a favor de
esta iniciativa de ley.
Recomiendo, compañeros, que privilegiemos
este acuerdo que se está sometiendo, este proyecto de Ley de Ingresos, que apoyemos esta
iniciativa que nos envía el Ejecutivo y que hemos discutido ampliamente todos los
diputados de los distintos partidos políticos.
Quiero reiterar que dentro del Partido
Revolucionario Institucional tuvimos cuando menos 25 reuniones, en donde expusimos con
claridad nuestras propuestas y están claramente plasmadas. Quiero reiterar también que
hemos participado en distintas reuniones con compa- ñeros de los distintos partidos
políticos y que se nos ha dejado muy en claro, por parte de las autoridades del Poder
Ejecutivo, concretamente de la Secretaría de Hacienda, que toda la información que se
requiera para hacer el análisis correspondiente a los recursos del Fobaproa está y está
a la disposición; que hemos encontrado el eco que esperamos y el cumplimiento de las
obligaciones del Poder Ejecutivo, que no debemos dejarnos llevar por la pasión ni por el
encono; que debemos de dar un voto razonado, un voto que permita construir para el futuro
del país generar los empleos que está demandando la sociedad, generar el crecimiento de
las exportaciones, el desarrollo de la infraestructura y sobre todo, fundamentalmente
compañeros, dar respuesta a ese compromiso ciudadano que todos tenemos.
Reitero mi felicitación a los compañeros
del Partido Acción Nacional que han razonado claramente su voto y que conjuntamente con
los compañeros del Partido Revolucionario Institucional habrán de hacer que esta
iniciativa vaya adelante.
Muchas gracias.
Para hacer uso de la palabra en
contra del dictamen que está a discusión, la Presidencia le concede 10 minutos al
diputado Agustín Miguel Alonso Raya, que participa en nombre del Partido de la
Revolución Democrática.
| El diputado Agustín Miguel Alonso Raya: |
Con su permiso señor Presidente.
Compañeras diputadas, compañeros diputados:
En primer lugar quisiera dejar establecido
con toda claridad que no está a discusión si hay o no Ley de Ingresos. Habrá
indiscutiblemente Ley de Ingresos; ése no es el debate y ése no ha sido el debate
históricamente de la Ley de Ingresos.
El contenido fundamental de la Ley de
Ingresos es el problema del financiamiento del conjunto del articulado que la ley contiene
y del financiamiento en el debate central ha estado siempre en cómo se va a manejar ese
financiamiento, en qué sentido, con qué discrecionalidad, con qué reglas, con qué
bases. Siempre ése ha sido el debate.
Y así por eso es de extrañarse que el
propio Ejecutivo no vea en la pluralidad y composición nueva de esta Cámara, una gran
ventaja para poder manejar de otra manera el financiamiento del gasto y que no vea lo
positivo y la potencialidad que le ofrece la nueva composición de la Cámara, para poder
incluso negociar el propio financiamiento externo en condiciones distintas a las que se ha
venido haciendo.
Pero además, lo que planteó el Partido de
la Revolución Democrática, las modificaciones que planteaba al artículo 2o. de la Ley
de Ingresos y el artículo 3o., son propuestas con la finalidad de llegar al acuerdo y al
consenso, de poder finalmente sacar una ley que permitiera reivindicar al Congreso en sus
facultades constitucionales y al mismo tiempo permitirle al Ejecutivo mejores condiciones
en su compor- tamiento para la negociación de financiamiento, porque lo que proponemos no
es que no se autoricen los 5 mil millones de dólares de endeudamiento, no estamos
proponiendo eso, no estamos oponiéndonos a eso.
Lo que estamos planteando es una
modificación que permita que esos recursos que se solicitan se utilicen adecuadamente
para lo que la Constitución señala y que vayan como tal estos recursos para ser
utilizados en programas de fomento y obras y esto que aquí se señaló que para eso es el
financiamiento externo, no quisieron y no permitieron que se plasmara en parte de las
reformas que se pro- ponían al artículo 2o. de la Ley de Ingresos.
El debate histórico que se ha dado siempre
sobre el artículo 2o., aquí defendido en la LIII Legislatura, me acuerdo, por Juan de
Dios Castro, vehementemente, cuando reivindicaba las facultades del Congreso de la Unión
y en lo particular de esta Cámara de Diputados y argumentaba cómo debíamos hacerle y
por qué razones obligar al Ejecutivo a ceñirse estrictamente a las facultades que la
Constitución le otorga a este Congreso.
No estamos pidiendo otra cosa, porque no
estamos ni siquiera planteando negar la autorización de otros empréstitos si son
necesarios, lo que estamos planteando es que previamente se debata como se está
debatiendo ahora, razonablemente en esta Cámara, las razones de por qué y para qué más
endeudamiento en caso de que sea necesario, por parte del Ejecutivo.
Ese es el debate, eso es lo que estamos
planteando como reformas al proyecto de Ley de Ingresos, al dictamen de Ley de Ingresos
que se presenta, pero aquí también es de extrañarse que tampoco se acepte una
modificación que proponemos al artículo 3o. de la Ley de Ingresos, en donde aquí
públicamente, compañeras diputadas y diputados expresaron y se manifestaron porque se
subsidiaran las tarifas de luz eléctrica, de gas doméstico, entre otras cosas. Y
proponemos la modificación para que estas tarifas no aumenten y ni siquiera proponemos su
congelamiento, proponemos que no aumenten más allá de la inflación calculada para 1998,
y también se negaron a introducir esa reforma en este proyecto de Ley de Ingresos.
Por esas razones, compañeros, hay que
ubicar con toda claridad en dónde está el centro de discrepancia y el centro del debate
en estos momentos. Creo que todos reconocemos la importancia y el nivel que el debate ha
adquirido, pero ubiquémoslo en su justa dimensión.
Aquí se dice y ahora se reconoce, dicen,
los razonamientos, la razón que ha imperado para que las fracciones del PAN y del PRI
estén coincidiendo.
Y yo digo, ¿las razones son en función de
renunciar a final de cuentas a que esta Cámara y el Congreso de la Unión en su conjunto
ejerzan sus facultades constitucionales?, porque no estamos pretendiendo amarrarle las
manos al Ejecutivo ni estamos pretendiendo polarizar con el Ejecutivo. Eso es falso,
estamos planteando simplemente, compañeras y compañeros, que cualquier autorización que
se solicite, pase, se debata, se conozcan razones y fundamentos en esta Cámara y después
de eso venga la autorización.
Eso lo vemos como ventajas no como
limitaciones, para que el Ejecutivo tenga más razones y más fundamentos para poder
negociar en mejores condiciones en el interior y hacia el exterior, no como impedimento,
sino como obstáculo. Será cuestión de visiones, será cuestión de enfoques que cada
quien tenga.
Pero nosotros planteamos que hay una gran
oportunidad para reivindicar a esta Cámara, para poder hacer que cumpla sus funciones.
Yo estoy convencido que ya, producto de la
composición misma de esta Cámara después del 6 de julio, ya el comportamiento del
Ejecutivo y el comportamiento mismo de sus funcionarios, ha tenido que ir cambiando en
función de la propia composición que esta Cámara tiene. Esta Cámara y esta
composición ya han producido hechos concretos, productivos, en favor de la gente, en
favor del pueblo. Pero podemos todavía subrayarlos más y ganar y avanzar mucho más en
la medida en que estamos dispuestos a dar pasos para que ésta pueda ejercer plenamente
sus facultades constitucionales.
Por eso, compañeras y compañeros, yo los
invito a todos a que reflexionemos y a que ubiquemos y no desvirtuemos los términos del
debate y ubiquemos con toda claridad en dónde están, en todo caso, los puntos de
divergencia y los puntos por los cuales el PRD votará en contra de este dictamen que se
nos presenta, en contra para que se vaya a comisiones y se puedan hacer las modificaciones
respectivas, entre ellas, para que se establezca con toda claridad que el financiamiento
externo que se contrata, que se plantea se contrate y cualquier otro que se haga, se vaya
a manejar, se use para el fomento y para la cuestión de poder utilizarlo en obras y,
segundo, para que los productos de gas doméstico, de luz eléctrica, etcétera no
aumenten más allá del 12% de la inflación calculada.
Así lo demandaron aquí, así lo gritaron
frente al IVA, así lo plantearon y lo demandaron que se subsidiaran las tarifas, el PRD
planteó una modificación en la Ley de Ingresos para que se cumpla y no le cargemos al
pueblo el costo de la ineficiencia, el costo del engordamiento de la burocracia del
Gobierno y el costo, al final de cuentas, de corruptelas que se siguen manejando y que
están exhibidas en lo que comentábamos ayer como parte del informe de la Cuenta
Pública.
Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Para hablar en pro del dictamen, por
parte del grupo parlamentario del PAN, está en el orden de los oradores el diputado
Felipe de Jesús Rangel Vargas. Tiene usted 10 minutos.
| El diputado
Felipe de Jesús Rangel Vargas: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Se ha discutido con bastante amplitud en
esta tribuna los aciertos y los desaciertos de esta iniciativa de Ley de Ingresos para el
Ejercicio Fiscal de 1998.
Sin lugar a dudas, una de las principales
demandas de los ciudadanos ha sido la de corregir la aplicación discrecional del gasto y
el destino unilateral de los mismos recursos.
En respuesta a estas peticiones, hemos
asumido el compromiso de llegar a la meta, de erradicar el gasto discrecional y de que el
destino de los recursos se definan por esta Cámara.
En consecuencia, propusimos corregir el ar-
tículo 19 de la iniciativa que discutimos, para precisar que en el caso de los ingresos
que obtengan las dependencias en exceso previstos en la misma, entregarán a la Tesorería
de la Federación y se deberán de aplicar afines que al efecto establezca el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998. He aquí un cambio de fondo
de esta ley.
En cuanto al destino de los recursos,
depende de la aprobación, de manera específica, de esta Cámara de Diputados, cuando
aprobemos el decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Por lo que respecta a los esquemas de
endeudamiento y de manera específica de los activos de la banca comercial que asume el
Gobierno Federal y sobre el otorgamiento de las garantías públicas sobre la adquisición
de las mismas, estamos de acuerdo que uno de los objetivos de esta Cámara, debe ser el de
legislar para llegar a la meta de eliminar toda discrecionalidad.
Al respecto todos estamos de acuerdo.
Inclusive ayer manifesté que me parecía razonable la propuesta del diputado Alfonso
Ramírez Cuéllar. En lo que no hemos coincidido, es en el mecanismo para lograrlo,
mientras algunos son partidarios de un cambio inmediato y drástico, otros somos
defensores de que hay que llegar a la meta de manera gradual y segura y con la
participación de todos los actores involucrados en este problema.
Proponemos que iniciemos una evolución
gradual para llegar a nuestra meta. Que debemos involucrar en esta discusión a toda la
sociedad. Que debemos de buscar y encontrar el traje a la medida que requiere nuestro
país.
El criterio que nos debe de guiar, es el de
evaluar las finanzas públicas en el contexto global de la economía del país y del
entorno mundial. No debemos reflexionar en solucionar los problemas económicos al amparo
de un solo instrumento de política fiscal.
Compañeras y compañeros diputados,
estamos de acuerdo en iniciar una reforma integral de la política económica, pero esta
reforma no depende ni está en función exclusiva de la Ley de Ingresos.
Compañeras y compañeros diputados, los
invitamos para que todos nosotros, con la sociedad, construyamos un nuevo modelo, hoy
mismo hemos construido los cimientos.
El PAN entiende la división de poderes
dentro del marco de respecto y de colaboración que entre ellos se deben. No estamos aquí
para obstruir u obstaculizar, sino para construir dentro de la pluralidad que nos
distingue por respeto al marco jurídico y a la sociedad que nos colocó como sus
representantes populares.
El PAN asume su responsabilidad decisoria
asegurando a los mexicanos que nuestra lucha es la lucha de los mexicanos y que los
cambios que hoy impulsamos, no los vamos a detener. Conocemos nuestras atribuciones, las
ejercemos con cabalidad y emprendemos con responsabilidad la reforma del Estado.
Hay frases que en boca de los fundadores
del Partido Acción Nacional han sonado; como son: profundas y reflexivas. Pero algunos
las han mal entendido. Brega de eternidad no es invitación para una lucha eterna y sin
esperanza; no es entrar en un túnel de destino incierto y sombrío; es un llamado a la
convicción de que todos los días se va construyendo una patria que hoy se prepara y
mañana seguirá edificando.
Ahora, como hace varios años, habrá que
repetir: el retiro es estéril, la violencia es suicidio; sólo la fortaleza y la
perseverancia son patrióticos.
Muchas gracias.
Se encuentra registrado para hacer
uso de la palabra en contra del dictamen el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien
hará uso de la tribuna en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. La Presidencia le concede 10 minutos, diputado Ramírez Cuéllar.
| El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar: |
Compañeras y compañeros diputados:
Hace algunas semanas que desde el Ejecutivo
Federal se levantó la campaña de propaganda diciendo que la Cámara de Diputados
pretendía dejar al Ejecutivo sin un presupuesto. Y hoy se dice que la propuesta del PRD
es dejar al Ejecutivo sin una Ley de Ingresos. Ni vamos a dejar al país sin presupuesto
ni vamos a dejar al país sin Ley de Ingresos, sino todo lo contrario, lo que queríamos y
lo que buscamos, es de que por primera vez esta Cámara pudiera hacer uso de sus
facultades plasmando una Ley de Ingresos acorde con las necesidades nacionales y un
presupuesto de acuerdo a los requerimientos del país.
La Ley de Ingresos no es solamente un
catálogo de contribuciones ni en eso radica su aspecto fundamental, el aspecto
fundamental de la Ley de Ingresos, es también la definición de la política de
endeudamiento que es lo que hoy ha estado en el debate entre los distintos grupos
parlamentarios.
¿Qué es lo que propone el PRD? Lo que
propuso el PRD en la Comisión, y lo que ha señalado en esta tribuna, es de que se retire
el párrafo en donde se señala la facultad discrecional del Ejecutivo para convertir
deuda externa en deuda interna. Porque la deuda externa que se está pidiendo, cuyo monto
es de 5 mil millones de dólares, tiene objetivos muy definidos. Y el endeudamiento
interno por 65 mil millones de pesos, tiene también propósitos muy claros, que son
hacerle frente al déficit fiscal que el Ejecutivo está proponiendo en su paquete
económico.
Dejar a discreción que el Ejecutivo pueda
convertir deuda externa en deuda interna, hasta por 105 mil millones de pesos, es abrir
una partida presupuestal cuyos objetivos no están absolutamente nada claros y que el
Ejecutivo los podrá utilizar de acuerdo a su conveniencia y con la más completa
discrecionalidad.
Eso es lo que el PRD ha traído a
discusión, como una propuesta responsable para evitar que se repita lo que el día de
ayer condenamos todos los partidos políticos aquí en la Cámara.
Se dice que vamos a buscar otros mecanismos
para evitar la discrecionalidad y que el problema de los rescates financieros no tiene por
qué establecerse en la Ley de Ingresos a partir de controles que tenga el Ejecutivo que
respetar.
Yo quiero decirles que lo que ha hecho el
Gobierno con los rescates financieros, es también endeudamiento, a partir de que ha
adquirido los activos de la banca comercial, el Ejecutivo Federal se ha endeudado.
Y lo que nosotros estamos proponiendo es de
que este endeudamiento que va a continuar, no se decrete, que se detenga, sino que simple
y sencillamente haya una autorización del Congreso para que este endeudamiento, a partir
de asumir los activos de la banca comercial. Es decir, queremos acabar con esta
discrecionalidad.
Yo creo que es el momento. No son
decisiones atrevidas; son las decisiones más responsables porque cuando se llegó aquí,
se han hecho muchos señalamientos a la ausencia de la división de poderes y se han hecho
muchos señalamientos también a los reclamos que los ciudadanos expresaron el 6 de julio.
Y uno de los reclamos fundamentales es
precisamente el de evitar que el Ejecutivo haga lo que quiera, cuando quiera, sin tener
que darle cuentas al Congreso. Ese es el reclamo fundamental.
Por eso me parece a mí totalmente fuera de
lugar el decir que la razón, ahora que se vota a favor una iniciativa del Ejecutivo, que
la razón empieza a imperar, como si todo lo que hemos hecho antes, lo que se hizo a
partir del 1o. de septiembre, hubiera sido algo fuera de la razón.
No se puede venir aquí a decir que cuando
se vota con el Ejecutivo y cuando se cansan de felicitarse, es cuando se entra en razón.
Y cuando se vota en contra de una iniciativa del Ejecutivo es cuando se actúa fuera de la
razón.
¡Nosotros, compañeras y compañeros
diputados, solamente pedimos lo mínimo, lo que solicitamos es lo más elemental, lo que
le estamos proponiendo al PAN, al PRI y al resto de las fracciones parlamentarias es: que
no dejemos ir esta oportunidad para hacer valer a plenitud la facultad del Congreso, la
facultad de esta Cámara de Diputados, para ponerle freno a esa discrecionalidad absoluta,
que de aprobarse en sus términos el dictamen de la Ley de Ingresos, desafortunadamente
volverá a imponerse, volverá a repetirse! ¡El reto es: o desde hoy ponemos el freno a
la discrecionalidad o en un acto de aparente responsabilidad política dejamos que el
Ejecutivo siga haciendo lo que ha venido haciendo: siga pisoteando las facultades de esta
Cámara de Diputados!
Tiene la palabra para hablar a favor
del dictamen, en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
el diputado Guillermo Barnés García.
| El diputado Guillermo Barnés García: |
Con su permiso, señor Presidente;
compa- ñeros diputados:
Hablar aquí de la Ley de Ingresos es
hablar del examen y fuente de recursos para el Gobierno Federal que pueda cumplir con sus
objetivos de política económica de cara a la nación. Esta ley es instrumento para
distribuir las cargas fiscales y facultar al Gobierno a emitir la deuda pública. Esa es
su importancia y así lo entendemos nosotros.
El dictamen de la Ley de Ingresos, tras un
análisis profundo de la información, enriquecido por el intercambio fértil de ideas
entre todos los partidos y grupos parlamentarios, ha logrado una iniciativa responsable e
incluyente, con un estricto apego a la Constitución que todos defendemos en este
honorable Congreso.
Más que nunca México requiere de una
política económica responsable, que promueva la estabilidad, que promueva el crecimiento
económico sustentable y sostenido, que promueva el empleo; en síntesis, que promueva el
progreso del país.
Los empréstitos que aquí se discuten se
solicitan en la Ley de Ingresos para ser invertidos en bienes de capital, en fuentes de
trabajo, pero también con el propósito de que las autoridades cuenten con capacidad de
maniobra, que permita sustituir proporciones entre deuda interna y deuda externa,
aprovechando en todo momento las condiciones de los mercados, de tal manera que se reduzca
el costo que el país tiene que pagar en sus diferentes emisiones.
El PRI votará a favor de la Ley de
Ingresos por un compromiso, para que se cuente con recursos suficientes para financiar un
mayor gasto social, para financiar mayores recursos para el sector agropecuario, para
financiar una mayor inversión en electricidad, en agua, en hidrocarburos, en carreteras y
sobre todo pensando en destinar más recursos en estados y municipios.
En la diversidad responsable, mas no en la
confrontación sistemática, podemos sumar ideas para construir todos juntos un marco
jurídico sólido y congruente con las metas de crecimiento económico que todos queremos
y que México demanda.
El voto positivo no es un voto a ciegas, es
un voto comprometido y responsable con la nación.
Compañeros diputados: nadie posee la
verdad absoluta. Por ello, con voluntad política, con diálogo de altura como el que
hemos tenido hoy, con fundamentos sólidos, así, es posible encontrar los consensos
necesarios para avanzar en la construcción de un país mejor, de un país con mejores
opciones de vida y mejores oportunidades para nuestra gente.
La Ley de Ingresos que hoy vemos aquí es
un ejemplo de ello y es una necesidad para la nación.
Muchas gracias.
Agotada la ronda de oradores,
consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente
discutido en lo general.
| El secretario
Francisco Crescencio Rodríguez García: |
Esta Secretaría pregunta a la
Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
Gracias, señor Secretario.
Para los efectos del artículo 134 del
Reglamento Interior del Congreso General, esta Presidencia pregunta a la Asamblea si se va
a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en
un solo acto.
| El secretario
Francisco Crescencio Rodríguez García: |
Esta Secretaría procede por lo tanto
a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Esta Secretaría le informa que se
emitieron 351 votos en pro y 131 votos en contra.
También le informo que por el artículo
2o. del dictamen se emitieron 340 votos en pro y 142 en contra.
Repita por favor la información,
señor Secretario.
| El secretario
Francisco Crescencio Rodríguez García: |
Aprobado en lo general y en lo
particular por 351 votos en pro, aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Pasa al Senado para los efectos
constitucionales.
DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES
Esta Presidencia no tiene
inconveniente en satisfacer el pedido del diputado Jorge Emilio González, coordinador del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en el sentido de que el
Partido Verde Ecologista de México no ha promovido las diversas disposiciones fiscales de
la iniciativa que modifica diversas disposiciones fiscales.
La Presidencia aclara que la iniciativa en
cuestión ha sido presentada única y exclusivamente por los diputados federales del
Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del
Partido Acción Nacional, del Partido del Trabajo y diputados independientes.
Continúe la Secretaría.
ORDEN DEL
DIA
| El secretario
José Antonio Alvarez Hernández: |
Señor Presidente, se han agotado los
asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la
próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.Å
Primer Año.Å LVII Legislatura.
Orden del día
Viernes 12 de diciembre de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de Aguascalientes y Campeche.
Iniciativas de diputados
De reformas en relación con el artículo
3o. constitucional para la obligatoriedad de la educación preescolar, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
De reformas a la Ley del Servicio Público
de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Enrique Santillán Viveros, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito
Publico, con proyecto de Ley que Modifica Diversas Disposiciones Fiscales, (Miscelánea).
(Dispensa segunda lectura, discusión y votación.)
De la Comisión de Hacienda y Crédito
Público con proyecto de decreto que adiciona y reforma la Ley de Coordinación Fiscal.
(Dispensa segunda lectura, discusión y votación.)
Agenda política.
Propuesta para que se incremente el
presupuesto al sector agropecuario, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)»
Es cuanto señor Presidente.
CLAUSURA
Y CITATORIO
| El Presidente (a
las 21:00 horas): |
Gracias, diputado Secretario.
Se levanta la sesión ordinaria, siendo las
21:00 horas de este día jueves 11 de diciembre y se cita para la próxima que tendrá
lugar mañana viernes 12 de diciembre a las 10:00 horas.
RESUMEN
DE TRABAJOS
• Tiempo de duración: 9 horas con 30 minutos.
• Quórum a la
apertura de sesión: 457.
• Excitativas a comisiones: 1.
• Puntos de acuerdo: 1.
• Temas de
agenda política: 4.
• Oradores en tribuna: 35
PRI-8; PRD-15; PAN-9; PVEM-1.
Se recibieron:
• 1 iniciativa del PRD, reglamenta la guardia nacional en
percances;
• 1 iniciativa del PAN, de reformas a los artículos 73,
76, 89 y 133 constitucionales;
• 1 iniciativa del PT, de reformas a los artículos 21 y
115 constitucionales;
• 1 iniciativa a la Ley que Modifica Diversas Disposiciones
Fiscales. Presentada por los partidos Revolucionario Institucional, de la
Revolución Democrática, Acción Nacional, del Trabajo y diputados independientes.
Dictamen de primera lectura:
• 1 dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de
1998. Se le dispensa segunda lectura.
Se aprobó:
• 1 dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
1998.
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