Presidencia
del diputado
Jorge Alejandro Jiménez Taboada |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de
firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
El
secretario José Antonio Alvarez Hernández: |
Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 460 diputados. Por lo tanto, hay quorum, señor
Presidente.
El
Presidente (a las 12:00) |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL
DIA
El
secretario José Antonio Alvarez Hernández: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.-
Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Sábado 13 de diciembre de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Homenaje luctuoso al canciller Jorge Casta-
ñeda.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de Guanajuato, Nuevo León, Sinaloa y Sonora.
Iniciativa de diputados
Que reforma el artículo tercero
transitorio del decreto por el que se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los integrantes de las
comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores.
(Dispensa de todos los trámites, discusión y votación.)
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación,
para el Ejercicio Fiscal de 1998. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)
Agenda política
Propuesta para la creación de una
comisión investigadora que analice el proceso de desincorporación de Teléfonos de
México, a cargo del diputado Sergio Marcelino George Cruz, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Comunicado de los grupos parlamentarios
re-presentados en la Comisión del Distrito Federal.
Comentarios sobre el conflicto de poderes,
en el Estado de Colima, a cargo del diputado Francisco José Paoli y Bolio, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Deliberativo.)
Comentarios sobre el problema carretero, en
San Martín Texmelucan-Tlaxcala, a cargo del diputado Fabián Pérez Flores, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (deliberativo.)
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del día
es la discusión del acta de la sesión anterior. Ruego a la Secretaría consulte a la
Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido
entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios, para sus
observaciones y se proceda a su votación.
El
secretario Francisco Crescencio Rodríguez García: |
Por instrucciones de la Presidencia,
se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior,
tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores
de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse
manifestarlo... Se le dispensa la lectura
al acta de la sesión anterior, señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el viernes doce de diciembre de mil
novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del
Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
Presidencia del diputado
Luis Meneses Murillo
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las once horas con cuarenta minutos y con una asistencia de cuatrocientos
cincuenta y seis diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día
y, habida cuenta que los coordinadores de los grupos parlamentarios, recibieron copia del
acta de la sesión anterior, la Asamblea le dispensa la lectura a dicho documento y,
posteriormente, lo aprueba en sus términos en votación económica.
Se da lectura a diversas comunicaciones de
los congresos de los estados de Aguascalientes y Campeche, con las que comunican de
actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
El Presidente otorga el uso de la palabra a
los diputados:
Leticia Villegas Nava, del Partido Acción
Nacional, quien presenta iniciativa de reformas al artículo tercero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Educación.
Enrique Santillán Viveros, del Partido de
la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley del Servicio
Público de la Industria Eléctrica. Se turna a la Comisión de Energéticos.
El Presidente da la bienvenida a
estudiantes de la escuela Jean Piaget, a quienes desea éxito en sus estudios, para el
bien de México.
La Secretaría da primera lectura al
dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley que Modifica
Diversas Disposiciones Fiscales.
La Asamblea le dispensa la segunda lectura
y se somete a discusión de inmediato.
Expresan las opiniones de sus respectivos
grupos parlamentarios, los diputados: María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del
Trabajo y Salvador Moctezuma Andrade, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente
discutido el dictamen en lo general y reserva, para la discusión en lo particular, el
artículo doscientos veinticuatro de la Ley Federal de Derechos en materia de agua.
La Secretaría recoge la votación en lo
general y de los artículos no impugnados, misma que arroja los siguientes resultados: en
lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, cuatrocientos cincuenta
votos en pro y seis en contra; por los artículos seis, cincuenta y dos, cincuenta y
cinco, setenta, ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres, ciento treinta y tres y
doscientos treinta y nueve, del Código Fiscal de la Federación, cuatrocientos cuarenta y
nueve votos en pro y siete en contra.
A discusión en lo particular el artículo
reservado, hacen uso de la palabra los diputados: Benjamín Gallegos Soto, del Partido
Acción Nacional y Jorge Galo Medina Torres, del Partido Revolucionario Institucional,
quienes hacen diversas consideraciones sobre los derechos de agua a centros escolares y a
la producción agropecuaria.
Suficientemente discutido en lo particular,
se recoge la votación nominal respectiva, con las proposiciones hechas por los oradores
y, realizado el cómputo correspondiente, resulta aprobatoria por: cuatrocientos
diecisiete votos en pro y uno en contra, con la adición mencionada.
Se turna a la Cámara de Senadores para los
efectos constitucionales.
El Presidente informa que las comisiones
unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, enviaron el dictamen con proyecto de
decreto de Ley de Nacionalidad y solicita la anuencia de la Asamblea para que se incluya
en el orden del día.
La Asamblea aprueba la solicitud y la
Secretaría da lectura al proyecto de decreto de Ley de Nacionalidad, reglamentaria de los
artículos treinta, treinta y dos y treinta y siete, apartados A y B, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al dictamen con proyecto de decreto que
reforma diversas disposiciones en materia de nacionalidad.
Se dispensa la segunda lectura y se somete
a discusión de inmediato, por lo que se concede el uso de la palabra a los diputados:
Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Felipe Urbiola Ledezma, del Partido Acción
Nacional; Marta Dalia Gastelum Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática, y
Miguel Antonio Rubiano Reyna, del Partido Revolucionario Institucional, quienes expresan
la posición de sus respectivos grupos parlamentarios al respecto.
La Asamblea considera que ambos dictámenes
han sido suficientemente discutidos en lo general y en lo particular, por lo que la
Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por
cuatrocientos veintisiete votos.
Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para
los efectos constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al diputado
Enrique Bautista Villegas, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta una
propuesta para que se aumente el presupuesto del sector agropecuario y sobre el mismo
tema, el diputado Francisco Javier Gil Castañeda, del Partido Revolucionario
Institucional.
El Presidente informa que habiendo
transcurrido las cinco horas a la que se refiere el acuerdo parlamentario para cada una de
las sesiones, acuerda continuarla hasta el término de los asuntos en cartera.
Sube a la tribuna el diputado Jorge Emilio
González Martínez, del Partido Verde Ecologista de México, quien hace aclaraciones
respecto a la posición de su partido en relación con su voto en la Ley que Reforma
Diversas Disposiciones Fiscales y para rectificar hechos, los diputados Arturo Saiz
Calderón García, del Partido Acción Nacional, y Sergio Valdés Arias, del Partido de la
Revolución Democrática, quien propone un punto de acuerdo, que se turna a la Comisión
de Hacienda y Crédito Público.
A solicitud del diputado Treviño Landois,
se da lectura a los nombres de los diputados que firman el documento propuesto por el
diputado Valdés Arias.
Para continuar con el orden del día, se da
primera lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto
de decreto que reforma la Ley de Coordinación Fiscal.
Tomando en consideración que el dictamen
ya ha sido distribuido entre los señores diputados, se suspende la lectura y la Asamblea
dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.
Fincan la posición de sus respectivos
grupos parlamentarios, los diputados: Aurora Bazán López, del Partido Verde Ecologista
de México; Jesús Salvador Olvera Pérez, del Partido Acción Nacional; José del Carmen
Enríquez Rosado, del Partido de la Revolución Democrática, y Augusto Rafael Carrión
Alvarez, del Partido Revolucionario Institucional.
Debaten sobre el mismo dictamen, los
diputados: Carlos Arce Macías, del Partido Acción Nacional y Carlos Antonio Heredia
Zubieta, del Partido de la Revolución Democrática.
La Asamblea considera suficientemente
discutido el dictamen en lo general y en lo particular y se recoge la votación nominal
respectiva, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos treinta y ocho votos en pro.
Se turna a la Cámara de Senadores para los
efectos constitucionales.
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura
la de hoy a las diecinueve horas con tres minutos, citando para la que tendrá lugar
mañana, sábado trece de diciembre de mil novecientos noventa y siete, a las diez
horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
Continúe la Secretaría con las
comunicaciones de los congresos de los estados de Guanajuato, Nuevo León, Sinaloa y
Sonora e iniciativa de diputados.
ESTADO
DE GUANAJUATO
La
secretaria María Guadalupe Sánchez Martínez: |
Se va a dar lectura a varias
comunicaciones.
«Escudo Nacional.- Honorable Congreso del
Estado de Guanajuato.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.- Congreso de la Unión.- Presentes.
La LVII Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión ordinaria, celebrada el día de hoy,
aprobó un punto de acuerdo, que en su parte conducente, realiza una atenta y respetuosa
solicitud, a efecto de que en los trabajos relativos a la aprobación de la Ley de
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998, se atienda una disminución
real de la tarifa 09, aplicable al sector agrícola. Anexo al presente el acuerdo
aprobado.
Aprovecho la ocasión para reiterarles las
seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, 28 de noviembre de
1997.- El presidente del honorable Congreso del Estado, José Gerardo de los Cobos
Silva.»
«Escudo Nacional.- Honorable Congreso del
Estado de Guanajuato
ACUERDO
La LVII Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda:
Artículo único. La LVII Legislatura
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, dirige una atenta solicitud al
ciudadano Carlos Rojas Gutiérrez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a
efecto de que en la esfera de su competencia y dentro de la disponibilidad presupuestal,
se destine un mayor apoyo financiero para los productores de temporal afectados por la
sequía en el Estado.
Asimismo, en los mismos términos al
ciudadano Francisco Labastida Ochoa, secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, para que el otorgamiento del Procampo, se aplique en base a necesidades
particulares del campesino y no a esquemas genéricos y limitativos.
Por otra parte, realizar una atenta
comunicación al honorable Congreso de la Unión, a través de su Cámara de Diputados,
para que en los trabajos relativos a la aprobación de la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998, se atienda una disminución real de la
tarifa 09, en apoyo a la crisis que impera en el sector agropecuario.
Igualmente, se hace una respetuosa
solicitud a la junta de gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, para que en el
marco de sus atribuciones, considere una reducción del 50% a la tarifa 09 efectiva al
ciclo otoño-invierno de 1997-1998.
Publíquese el presente acuerdo en los
diarios locales.
Guanajuato, Guanajuato, 28 de noviembre de
1997.- Diputados: José Gerardo de los Cobos Silva, presidente; José Rivera Carranza y
Ricardo Padilla Martín, suplentes.»
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
ESTADO
DE NUEVO LEON
El
secretario Francisco Berganza Escorza: |
«Escudo.- Honorable Congreso del
Estado de Nuevo León.- LXVIII Legislatura.- Secretaría.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados al honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En sesión celebrada el día 10 de
diciembre de 1997, el pleno de la LXVIII Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo
León, conoció del dictamen suscrito por la Comisión de Información y Peticiones, el
cual fue aprobado en forma unánime, mediante el cual en sus puntos resolutivos acordó,
se extienda formal y atenta petición al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
para que durante el primer periodo de sesiones ordinarias, próximo a concluir, se
establezcan las condiciones y se acuerden soluciones al problema de la cartera de la
banca; se anexa el dictamen de la Comisión de Información y Peticiones.
Sin otro particular les reiteramos las
seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Monterrey, Nuevo León, a 10 de diciembre
de 1997.- Diputados: Leopoldo González González y Martín Santos Torres, secretarios.»
«Escudo Nacional.- Honorable Congreso de
Nuevo León.- Sala de comisiones.
Honorable Asamblea: a los integrantes de la
Comisión de Información y Peticiones nos fue turnado para su estudio y dictamen la
solicitud que remiten a este honorable Congreso diversos ciudadanos pertenecientes a la
asociación civil denominada El Barzón.
En el escrito de referencia se nos solicita
que haciendo uso del derecho constitucional que tiene esta legislatura, establecido en el
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se haga llegar
un exhorto o una excitativa a la legislatura federal para que durante este periodo de
sesiones ordinarias se establezcan las condiciones y se acuerden soluciones al problema de
la cartera vencida.
Los suscritos expresan en la exposición de
motivos, que "la nueva legislatura federal ha iniciado a través de una subcomisión
que se deriva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión de
Programación y Presupuesto y de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de
Hacienda, una investigación a fondo del rescate bancario y carretero. Además, se ha
constituido una mesa de negociación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México como fiduciario del
Fobaproa, los banqueros y los representantes de la nación investidos como diputados
federales".
Posteriormente señalan que "a más
tardar el próximo día 15 de diciembre tendrá que aprobarse el Presupuesto de Egresos y
la Ley de Ingresos" y que "uno de los temas principales es el asunto de la
cartera vencida, que en este momento se consensa entre todas las fuerzas políticas y
sociales".
Por lo que solicitan a esta legislatura se
dictamine en apoyo a su solicitud, misma que consideran debe plantearse tomando en cuenta
la discusión que para el efecto tendrá la legislatura federal en días próximos.
Compañeros diputados: la crisis financiera
acaecida a finales de 1994 y el disparo de los intereses bancarios, originaron serios
problemas de insolvencia para los deudores de la banca, quienes de la noche a la mañana
se encontraron ante la imposibilidad material de hacer frente a los créditos contratados
con anterioridad a la misma.
Ante esta situación, el Gobierno Federal
instrumento 14 programas de apoyo a los deudores y a la banca, constituyendo en igual
sentido, el fondo de apoyo denominado Fobaproa.
De esta manera, para atenuar el problema en
comento, se destinó una partida de 379 mil millones de pesos, cantidad que representa el
11.9% del producto interno bruto, sin embargo a pesar de este esfuerzo aún no se ha
logrado establecer una solución definitiva para atacar la situación actual de la banca y
sus deudores.
Por ello y dado que el problema bancario
sigue ocasionando estragos en la economía de las familias de nuestro Estado, la comisión
que suscribe el presente dictamen, considera necesario hacer frente a la solicitud
planteada ante este Poder Legislativo, solidarizándonos con los nuevoleoneses que
presentan dificultades para hacer frente a los créditos agropecuarios, hipotecarios,
empresariales o de servicios, comercio y consumo, que representan el 11%, 18%, 36% y 35%
respectivamente, de la cartera vencida de la banca.
Entrando en materia de la propuesta
planteada, ocurre que en la misma se solicita a este Congreso, en uso de la facultad
establecida en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se sirva hacer llegar exhorto o excitativa al Congreso de la Unión, para que
durante el actual periodo de sesiones establezca las condiciones y se acuerden soluciones
al problema de la cartera vencida. Sobre el particular los integrantes de la comisión
suscribiente consideramos:
Primero. Que la fracción III del artículo
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de iniciar leyes o
decretos ante el Congreso de la Unión y es el caso, que la solicitud planteada no cabe en
la hipótesis de los artículos constitucionales invocados, al tratarse de una solicitud
de exhorto o excitativa.
Segundo. No obstante lo anterior, estimamos
que el problema por el que atraviesan los deudores de la banca debe atenderse en su justa
dimensión, por lo que en ejercicio de la facultad concedida a este Congreso en el
artículo 63 fracción XXXV de la Constitución Política del Estado, planteamos ante este
pleno dar trámite legal favorable a la promoción que nos ha sido turnada para su estudio
y dictamen, no como un exhorto o excitativa, sino como una formal petición formulada ante
el honorable Congreso de la Unión.
Tercero. Por otra parte, de resultar
favorable el voto de este pleno, la comisión sustentante estima que la petición que sea
planteada ante el honorable Congreso de la Unión, incluya contemplar y beneficiar no
sólo a las personas que se encuentran en el lamentable problema de la cartera vencida,
sino en igual medida, a los deudores que con sacrificio se han esforzado por mantenerse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias.
Cuarto. En igual sentido es de hacer notar
que la promoción presentada para ser plenamente satisfecha por el Legislativo Federal,
requiere ser planteada dentro del paquete económico para 1998, el cual esta por aprobarse
de un momento a otro dentro del honorable Congreso de la Unión; asimismo, el artículo 66
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el primer
periodo ordinario del Congreso de la Unión no podrá prolongarse sino hasta el 15 de
diciembre, por lo que se hace necesario que este pleno se aboque a la resolución pronta
de la solicitud planteada, a fin de que la misma no resulte inoperante o tardía para
considerarse en el referido paquete económico.
Quinto. Finalmente, es de tomarse en cuenta
que la propuesta planteada a este Congreso representa el sentir de un importante sector de
la población de nuestro Estado, por lo qué atendiendo a nuestro carácter de
representación popular y en consideración a la gran cantidad de escritos dirigidos por
ciudadanos a cada uno de los integrantes de esta legislatura, estimamos prioritario dar
cauce legal a la misma.
Por lo anteriormente expuesto y en base a
las disposiciones legales y constitucionales invocadas, los integrantes de la comisión
que suscribe el presente dictamen, sometemos al recto criterio de este pleno el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO
Primero. Con fundamento en los artículos
46 y 63 fracción XXXV de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, se
extiende formal y atenta petición al honorable Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, para que durante el primer periodo ordinario de sesiones próximo a concluir,
se establezcan las condiciones y se acuerden las soluciones al problema de la cartera de
la banca.
Segundo. Se instruye a la Oficialía Mayor
de este honorable Congreso, para que realice los trámites administrativos conducentes a
fin de elevar este acuerdo ante el honorable Congreso de la Unión.
Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a
los ciudadanos promoventes.
Monterrey, Nuevo León, a diciembre 10 de
1997.- Comisión de Información y Peticiones.- Diputados: presidente, Jaime Rodríguez
Calderón; vicepresidentes, Enrique Nuñez Vela; Jose Luis Castillo Domínguez; vocales:
Fanny Arellanes Cervantes; Inocencio Cerda Cortés; Guillermo Martínez Garza;
Jesús Morales García; Manuel Peña Doria
y José Herrera Maldonado.»
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
ESTADO DE
SINALOA
La
secretaria Lourdes Angelina Muñoz Fernández: |
«Escudo.- Congreso del Estado Libre
y Soberano de Sinaloa.
Ciudadano diputado Juan Cruz Martínez.-
Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Respetable señor Presidente:
La LV Legislatura del honorable Congreso
del Estado de Sinaloa, en sesión celebrada el día de hoy, aprobó punto de acuerdo cuyo
contenido me permito transcribir:
Primero. La LV Legislatura del honorable
Congreso del Estado de Sinaloa, se solidariza con las familias y productores deudores en
la búsqueda de solución a su problemática.
Segundo. Dirigirse a la Cámara de
Diputados y Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, solicitándoles su
intervención oportuna en la búsqueda de mecanismos que tengan por objeto resolver el
problema de la cartera vencida en el país y la reestructuración de adeudos, en el marco
del estado de derecho y con criterio de justicia.
Tercero. Solicitar a los integrantes del
Congreso de la Unión, se impulsen alternativas a nivel nacional en las que se contemplen
criterios que sean orientados a solucionar los adeudos, atendiendo las características de
los créditos y los sectores involucrados.
En el marco del espíritu de gestión que
impulsa la actividad del legislador, en su calidad de representante social, se orienta el
punto de acuerdo aprobado, mismo que seguro estoy será hecho suyo por los integrantes de
esa alta soberanía popular.
Para ilustrar lo anterior, anexo al
presente oficio, envío a usted copia del escrito de la iniciativa correspondiente.
Atentamente.
Culiacán, Rosales, Sinaloa, a 9 de
diciembre de 1997.- El presidente de la Gran Comisión del honorable Congreso del Estado
de Sinaloa.- Diputado, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco.»
«Escudo.- Honorable Congreso del Estado.-
Presente.
Los coordinadores parlamentarios, con
nuestra calidad de diputados miembros de la LV Legislatura del Congreso del Estado de
Sinaloa y en cumplimiento de nuestra obligación para coadyuvar en la solución de los
problemas que afectan a nuestros representados, y
CONSIDERANDO
Que la naturaleza deliberativa del Poder
Legislativo y foro donde coincide la diversidad ideológica que constituye a nuestra
sociedad, es razón importante para que los diputados hagan suyas las inquietudes y
problemas de todos los sectores sociales y en esta pluralidad ideológica se busquen
alternativas de solución.
Que los problemas de trascendencia social,
como el que actualmente afecta a las familias mexicanas y sinaloenses, en virtud de la
crisis económica que afectó al país entero en 1994 no puede ser soslayado por los
diputados del honorable Congreso del Estado de Sinaloa.
Que es de obvio conocimiento que, no
obstante que las diversas instancias gubernamentales, se han preocupado por impulsar
programas de apoyo a los deudores, la elevación de los intereses bancarios ha
incrementado también la cartera vencida, dejando sentir con ello sus negativas
consecuencias e impidiendo un verdadero desarrollo económico y social.
Que la solución de la cartera vencida
requiere de bases sólidas y revisión de programas que al momento de discutirse las
reformas fiscales y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 1998 resultaría tiempo oportuno para tomar medidas tendientes a proporcionar
alternativas para este magno problema.
Que habiéndose recibido planteamientos
para que esta LV Legislatura se manifieste apoyando alternativas de solución a los
problemas que afectan a familias sinaloenses, derivados de una alta inflación que ha
repercutido en sus créditos bancarios, los diputados miembros de los grupos
parlamentarios que integran este Congreso han determinado solidarizarse con ellos y
expresar su decidido apoyo para dirigirse a las instancias y órganos competentes que
deban ayudar a resolver su situación económica.
Que con sustento en las consideraciones
anteriores, los coordinadores de los grupos parlamentarios del honorable Congreso del
Estado, proponemos al pleno la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La LV Legislatura del honorable
Congreso del Estado de Sinaloa, se solidariza con las familias y productores deudores en
la búsqueda de solución a su problemática.
Segundo. Dirigirse a la Cámara de
Diputados y Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, solicitándoles su
intervención oportuna en la búsqueda de mecanismos que tengan por objeto resolver el
problema de la cartera vencida en el país y la reestructuración de adeudos, en el marco
del estado de derecho y con criterio de justicia.
Tercero. Solicitar a los integrantes del
Congreso de la Unión, se impulsen alternativas a nivel nacional en las que se contemplen
criterios que sean orientados a solucionar los adeudos atendiendo las características de
los créditos y los sectores involucrados.
Salón de sesiones del honorable Congreso
del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 9 días de
diciembre de 1997.- Grupos parlamentarios del honorable Congreso del Estado de Sinaloa.-
Diputados coordinadores parlamentarios: Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, del Partido
Revolucionario Institucional; Luis Roberto Loaiza Garzón, del Partido Acción Nacional y
Fernando Durán Sepúlveda del Partido de la Revolución Democrática.»
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
ESTADO DE
SONORA
El
secretario José Antonio Alvarez Hernández: |
«Escudo Nacional.- Congreso del
Estado Libre y Soberano de Sonora, Hermosillo.- Secretaría.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
El pleno del honorable Congreso del Estado,
en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
ACUERDO
Unico. El honorable Congreso del Estado de
Sonora, hace un pronunciamiento de apoyo y solidaridad en favor de todos los sonorenses
deudores de la banca, para que se proceda a llevar a cabo una revisión financiera
crediticia flexible, con la finalidad de que se esté en posibilidades de dar cumplimiento
a las obligaciones crediticias.
Hágase lo anterior del conocimiento del
honorable Congreso de la Unión, para los efectos legales a que haya lugar, así como del
Secretario de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria, del Banco de México y en
general de todas las instituciones de crédito, para que se propicie la elaboración de
una propuesta general que haga posible la solución al problema de las carteras vencidas y
con ello solucionar cada caso en particular y de acuerdo a la capacidad económica de cada
deudor.
Lo que nos permitimos comunicar a ustedes
para su conocimiento y demás fines.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Hermosillo, Sonora, a 27 de noviembre de
1997.- Diputados: Juan de Dios Castro Pacheco y Ofelia González Miranda, secretarios.»
«Escudo Nacional.- Congreso del Estado
Libre y Soberano de Sonora, Hermosillo.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Los suscritos coordinadores parlamentarios
de los partidos políticos PRI, PAN y PRD del honorable Congreso del Estado de Sonora, y
con motivo del dictamen presentado al pleno, con fecha 27 de noviembre de 1997 por la
Comisión de Peticiones del Congreso, nos permitimos comunicar y poner a disposición el
punto de acuerdo determinado por el pleno relativo al acuerdo legislativo mediante el cual
este honorable Congreso se pronuncia a favor de apoyar y otorgar nuestra solidaridad a
favor de todos los sonorenses deudores de la banca, mismo que se presenta en anexo al
presente ocurso.
Atentamente.
Hermosillo, Sonora, a 28 de noviembre de
1997.- Diputados: Carlos Gámez Fimbres, coordinador parlamentario PRI; Luis Alfonso
Valenzuela Segura, coordinador parlamentario PRD y Carlos Tapia Astiazarán, coordinador
parlamentario PAN.»
«Escudo.- Congreso del Estado Libre y
Soberano de Sonora, Hermosillo.
Punto de acuerdo de coordinadores
parlamentarios de los partidos políticos PRI, PAN y PRD del honorable Congreso del Estado
de Sonora.
Por decisión unánime de los coordinadores
parlamentarios en el honorable Congreso del Estado, respecto de la solicitud de apoyo y
solidaridad planteada por ciudadanos sonorenses pertenecientes a distintas organizaciones
de deudores de la banca comercial en el Estado de Sonora, se emite públicamente el
siguiente acuerdo, mismo que deberá presentarse ante el honorable Congreso de la Unión,
por conducto de la Cámara de Diputados, a efecto de que, con plenitud de jurisdicción,
competencia y facultades constitucionales, y previo estudio y discusión del pleno, se
emita el dictamen que en derecho corresponda
ANTECEDENTES
Con fecha 26 de noviembre del año en
curso, y en la sala de comisiones del honorable Congreso del Estado, previa solicitud de
ciudadanos, se reunieron los señores diputados Olegario Carrillo Meza, en su carácter de
Presidente del Congreso, Luis Alfonso Valenzuela Segura, Carlos Gámez Fimbres y Carlos
Tapia Astiazarán, como coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos
políticos PRD, PRI, y PAN, respectivamente, así como los ciudadanos Francisco Mitre
Rivas, como representante de la organización denominada El Barzón Democrático (sectores
norte y sur), Ramón Emetrio Icedo Miranda, René Francisco Botello Ortiz, como
representantes del Frente Unido de Deudores de la Banca A.C., con el propósito de
analizar conjuntamente la relación actual de organizaciones de deudores con bancos
locales; planteamientos y mecanismos de reestructuración propuestos por las partes;
situación de trámites judiciales de carácter mercantil; propuesta técnica propia
planteada a la banca por dichas organizaciones; respuestas y avances obtenidos hasta la
fecha y en sí informar al Congreso del Estado, por conducto de los referidos diputados,
la problemática global sobre la cual se mantienen relaciones formales con los bancos
acreedores.
De manera expresa los señores diputados
hicieron saber a los representantes de las organizaciones de deudores que, de acuerdo a
las facultades y atribuciones del Congreso del Estado, dispuestas por el artículo 64 de
la Constitución Política local, éste tiene impedimento constitucional, por razón de la
materia, para legislar en lo relativo a los actos de comercio y toda clase de operaciones
mercantiles celebradas entre particulares, sean personas físicas o morales, y las
instituciones crediticias, toda vez que éstas se instituyen, rigen y reglamentan por una
legislación de Orden Federal, como lo es el Código de Comercio y la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito.
En consecuencia, quedó satisfactoriamente
aceptado que el Congreso local no puede expedir ley, decreto o acuerdo legislativo en
materia mercantil o comercial, de acuerdo al artículo 52 de la Constitución Política
local, razón sustancial esta por la que resulta improcedente presentar al pleno propuesta
al respecto y, adicionalmente, las organizaciones de deudores y
ciudadanos en general, no cuentan con
facultades de iniciativa, según lo dispone el artículo 53 de la Constitución Política
local y artículo 71 de la Constitución General de la República, para que este Congreso
esté en aptitud de estudiar, dictaminar y resolver lo relativo al concepto de deudas y
créditos insolutos a favor de la banca comercial, como entidad acreedora, toda vez que la
operación y otorgamiento de créditos se rigen por una normatividad federal, mientras que
la legislación local, única y exclusivamente es aplicada en forma supletoria de
aquélla, tal y como expresamente lo establece el artículo 2o. del propio Código de
Comercio.
Ahora bien, entrando en materia, uno de los
puntos centrales que se abordaron y fueron objeto de análisis, son los mecanismos de
negociación y restructuración crediticia de cartera vencida vía Udis, Ades y Fobaproa
implementados unilateralmente por los bancos hasta la actualidad, mismos que, a juicio de
los deudores y coincidiendo con el criterio común de los diputados, no han resuelto de
manera sustancial el conflicto de adeudos, y mucho menos aún, han permitido resolver en
condiciones de equidad para deudores y acredores los empréstitos comerciales, tanto de
créditos refaccionarios, habilitación o avío, hipotecarios, prendarios,
quirográfarios, tarjetas de crédito etcétera, a grado tal que de los 540 mil millones
de pesos adeudados a la banca comercial a nivel nacional, 24 mil millones de pesos
corresponden a adeudos de ciudadanos sonorenses, mismo que en el segundo semestre del
presente año incrementó en 2.9% la cartera vencida en el Estado de Sonora.
Independientemente del volumen o puntos de
incremento porcentual que afecte o incida directamente en la elevación o disminución de
montos de adeudos, entre bancos de la localidad y sus deudores, estimamos que en nuestro
carácter de legisladores y como representantes populares, es un deber social insoslayable
atender toda clase de solicitudes y opiniones provenientes de ciudadanos con incapacidad
económica para responder al cumplimiento de sus obligaciones crediticias con la banca
privada y comercial, ya que esta problemática se acentúa y viene agudizándose
cotidianamente sin posibilidades de resolución a mediano plazo, toda vez que observamos
intransigencias evidentes por parte de las instituciones bancarias y además, nuestras
autoridades hacendarias en el país, Comisión Nacional Bancaria y Banco de México, han
omitido participar en tal conflicto de manera propositiva, lo cual imposibilita lograr una
solución de fondo en tal problema.
Nosotros consideramos oportuno atender las
preocupaciones de los ciudadanos deudores, en términos de que como representantes de los
tres principales partidos políticos nacionales, estamos conscientes que dicho fenómeno
representa en el futuro un conflicto con repercusiones sociales y costos políticos de
impredecibles consecuencias negativas para el Estado y el país en general, ya que el
problema no es privativo exclusivamente de los sonorenses, sino que por el contrario, los
adeudos bancarios constituyen un punto de orden general en el país y donde tienen
expresión de interés los distintos sectores sociales de nuestra economía.
Tiene nodal importancia aceptar que el
incremento exacerbado e incontrolable de la cartera vencida bancaria, tiene su origen en
una condición ajena y extracontractual a las partes de conflicto, toda vez que con motivo
de la crisis económica generada a partir de diciembre de 1994, se vieron incrementados
inopinadamente los réditos o intereses ordinarios y moratorios generados con motivo de la
condición de impago en que incurrió el grueso de los acreditados en contratos
comerciales con la banca, cuyas consecuencias incrementaron de manera dramática los
montos generales de adeudos, a grado tal que en la actualidad éstos resultan imposibles
de cumplirse con motivo de los índices de inflación de nuestra economía nacional,
amén, del lacerante desempleo y desocupación que priva en el mercado de trabajo en la
actualidad.
ACUERDO UNICO
En las apuntadas condiciones, manifestamos
nuestra más amplia solidaridad y apoyo con los ciudadanos sonorenses deudores de la
banca, en términos de que el Poder Legislativo del Congreso de la Unión asuma como
propia la solicitud de nuestros conciudadanos a efecto de que por su conducto se analicen
y exploren nuevos mecanismos de reestructuración sobre adeudos y obligaciones crediticias
entre particulares y las instituciones bancarias, ya que con la suma de facultades y
atribuciones constitucionales establecidas en los artículos 50, 73, 74 y 76 de la
Constitución General de la República, se determine procedencia para legislar, emitir
decreto o acuerdo legislativo en los que se dictamine la transformación de las
operaciones de crédito y toda clase de actos comerciales pactados entre ciudadanos
mexicanos y la banca privada en nuestro país.
Atentamente.
Hermosillo, Sonora, a 27 de noviembre de
1997.- Diputados: Olegario Carrillo Meza, presidente del
honorable Congreso del Estado de Sonora;
Carlos Gámez Fimbres, PRI; Luis Alfonso Valenzuela Segura, PRD y Carlos Tapia
Astiazarán, PAN, coordinadores parlamentarios.»
«Escudo Nacional.- Congreso del Estado
Libre y Soberano de Sonora, Hermosillo.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Los suscritos coordinadores parlamentarios
de los partidos políticos: PRI, PAN y PRD del honorable Congreso del Estado de Sonora y
con motivo del dictamen presentado al pleno, con fecha 27 de noviembre de 1997 por la
Comisión de Peticiones del Congreso, nos permitimos comunicar y poner a disposición el
punto de acuerdo determinado por el pleno, relativo al acuerdo legislativo mediante el
cual este honorable Congreso se pronuncia a favor de apoyar y otorgar nuestra solidaridad
a favor de todos los sonorenses deudores de la banca, mismo que se presenta en anexo al
presente ocurso.
atentamente.
Hermosillo, Sonora, a 28 de noviembre de
1997.- Diputados: Carlos Gámez Fimbres, PRI; Luis Alfonso Valenzuela Segura, PRD y Carlos
Tapia Astiazarán, PAN, coordinadores parlamentarios.»
De enterado.
CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El
secretario Gerardo Ramírez Vidal: |
«Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados.- Presentes.
Adjunto al presente nos permitimos remitir
la iniciativa de reforma al artículo tercero transitorio del decreto, por el que se
reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, suscrita por los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Cabe destacar que previo acuerdo de la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, esta iniciativa deberá de
incluirse en el orden del día de la sesión del 13 de diciembre del presente, debiéndose
solicitar la dispensa que establece el artículo 14 del acuerdo parlamentario del 6 de
noviembre de 1997 y de considerarlo procedente la Asamblea, invocar el artículo 60 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para
que se considere este asunto como de urgente y obvia resolución y sea votado en la
sesión de mañana, para que pase al Senado de la República para sus efectos
constitucionales.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 12 de diciembre de
1997.- Por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones
Exteriores, diputados: Santiago Creel Miranda, Alfredo Phillips Olmedo, presidentes.»
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Cámara de Diputados.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Los diputados suscritos de esta Cámara de
Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos
Mexicanos, con fundamento en el artículo 71 fracción ll, de la Constitución General de
la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa
de decreto por el que se reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que
se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997,
por los siguientes
MOTIVOS
Considerando que las reformas a los
artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997 y que son
de gran trascendencia para un amplio número de mexicanos, ya que establecen las
modalidades por las cuales se adquiere la nacionalidad mexicana.
Que el artículo 30 constitucional
establece: la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
A) Son mexicanos por nacimiento:
I. Los que nazcan en territorio de la
República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres;
II. Los que nazcan en el extranjero, de
padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio
nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional;
III. Los que nazcan en el extranjero, hijos
de padres mexicanos por naturalización, de padres mexicanos por naturalización o de
madre mexicana por naturalización y
IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones
o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.
B) Son mexicanos por naturalización:
I. Los extranjeros que obtengan de la
Secretaría de Relaciones Exteriores carta de naturalización y
II. La mujer o el varón extranjeros que
contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su
domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto
señale la Ley.
Que la reforma a la Constitución dice en
su artículo 32:
La ley regulará el ejercicio de los
derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad
y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.
El ejercicio de los cargos y funciones para
los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por
nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta
reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso
de la Unión.
En tiempo de paz, ningún extranjero podrá
servir en el Ejército ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer
al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea, en
todo momento o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano
por nacimiento.
Esta misma calidad será indispensable en
capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y de una manera general, para todo
el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o
insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de
capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo.
Los mexicanos serán preferidos a los
extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los
empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de
ciudadano.
Que la reforma al artículo 37 considera:
A) Ningún mexicano por nacimiento podrá
ser privado de su nacionalidad.
B) La nacionalidad mexicana por
naturalización se perderá en los siguientes casos:
I. Por adquisición voluntaria de una
nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como
extranjero, por usar un pasaporte extranjero o por aceptar o usar títulos nobiliarios que
impliquen sumisión a un estado extranjero y
II. Por residir durante cinco años
continuos en el extranjero.
C) La ciudadanía mexicana se pierde:
I. Por aceptar o usar títulos nobiliarios
de gobiernos extranjeros;
II. Por presentar voluntariamente servicios
oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión
Permanente;
III. Por aceptar o usar condecoraciones
extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente;
IV. Por admitir del gobierno de otro país
títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal o de su Comisión
Permanente, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden
aceptarse libremente;
V. Por ayudar, en contra de la nación, a
un extranjero o a un gobierno extranjero, en cualquier reclamación diplomática o ante un
tribunal internacional y
VI. En los demás casos que fijan las
leyes.
En el caso de las fracciones II a IV de
este apartado, el Congreso de la Unión establecerá en la ley reglamentaria respectiva,
los casos de excepción en los cuales los permisos y licencias se entenderán otorgados
una vez transcurrido el plazo que la propia ley señale, con la sola presentación de la
solicitud del interesado.
Que en los artículos transitorios de dicha
reforma se estableció que:
Primero. El presente decreto entrará en
vigor al año siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Quienes hayan perdido su
nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad
extranjera y si se encuentran en pleno goce de sus derechos, podrán beneficiarse de lo
dispuesto en el artículo 37 apartado A, constitucional, reformado por virtud del presente
decreto, previa solicitud que hagan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de
los cinco años siguientes a la citada fecha de entrada en vigor del presente.
Tercero. Las disposiciones vigentes con
anterioridad a la fecha en que el presente decreto entre en vigor, seguirán aplicándose,
respecto a la nacionalidad mexicana, a los nacidos o concebidos durante su vigencia.
Cuarto. En tanto el Congreso de la Unión
emita las disposiciones correspondientes en materia de nacionalidad, seguirá aplicándose
la Ley de Nacionalidad vigente, en lo que no se oponga al presente decreto.
Quinto. El último párrafo del apartado C
del artículo 37, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Como se desprende de la transcripción del
artículo tercero transitorio de la reforma constitucional, a las personas que hayan
nacido o sido concebidas antes del 20 de marzo de 1998, no les serían aplicables tales
modificaciones, como tampoco las disposiciones legales que de ellas se deriven. Por ello,
la finalidad de la presente iniciativa es extender este nuevo régimen de nacionalidad
para que abarque y sea aplicable a esos mexicanos que quedaron excluidos en la pasada
reforma constitucional.
Por las anteriores consideraciones nos
permitimos someter por el digno conducto de ustedes señores secretarios, a la elevada
consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente
INICIATIVA DE DECRETO
De reforma al artículo tercero transitorio
del decreto por el que se reforman los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de marzo de 1997, para quedar como sigue:
Artículo tercero. Las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de este dcreto, seguirán aplicándose a
los nacidos o concebidos durante su vigencia, únicamente en todo aquello que les
favorezca, sin perjuicio de los beneficios que les otorga la reforma contenida en el
presente decreto.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Unico. Esta reforma entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reiteramos a ustedes, señores secretarios,
las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de
diciembre de 1997.- Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputados:
Santiago Creel Miranda, presidente; Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González
Martínez, Ricardo Monreal Avila, secre
tarios; Felipe Urbiola Ledesma, Roberto
Armando Albores Guillén, Juan Miguel María Alcántara Soria, Francisco Agustín Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Castillo Peralta, Ricardo Cantú Garza, Juan
José García de Quevedo Báez, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Benjamín Lamadrid Sauza, Antonio
Benjamín Manríquez Guluarte, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina
Plascencia, Porfirio A. Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Armando Neyra Chávez, Arturo
Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo
Perales Meléndez, Miguel A. Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats, Demetrio Javier
Sodi de la Tijera y Jorge Doroteo Zapata García; por la Comisión de Relaciones
Exteriores: Alfredo Phillips Olmedo, presidente; Javier Algara Cossío, José Luis Flores
Hernández y Jesús Samuel Maldonado Bautista, secretarios; Orlando Arvizu Lara, María
del Socorro Aubry Orozco, Carlos Froylán Camacho Alcázar, Lázaro Cárdenas Bate, Juan
Carlos Espina von Roehrich, Francisco García Castells Pérez, José Gascón Mercado,
José de Jesús González Reyes, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Lombardo Victoriano
Guajardo Guajardo, Carlos Antonio Heredia Zubieta, Israel Hurtado Acosta, Carlos Martín
Jiménez Macías, Jeffrey Max Jones Jones, José Luis López López, Dionisio Alfredo
Meade y García de León, Francisco Javier Morales Aceves, Ramón Mota Sánchez, Porfirio
A. Muñóz Ledo y Lazo de la Vega, Juan Manuel Parás González, Clarisa Catalina Torres
Méndez, Héctor Flavio Valdez García, Violeta Margarita Vázquez Osorno, Sara Esthela
Velázquez Sánchez, Alfredo Villegas Arreola y José Luis López López.»
De conformidad con los artículos 59
y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensan todos
los trámites y se somete a votación de inmediato.
El
secretario Gerardo Ramírez Vidal: |
Por instrucciones de la Presidencia,
con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le
dispensan todos los trámites y se someten a votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se dispensan todos los trámites, señor Presidente.
El
diputado Ricardo Monreal Avila (desde su curul): |
¡Pido la palabra!
¿Con qué objeto, diputado Monreal?
El
diputado Ricardo Monreal Avila (desde su curul): |
Para rectificar hechos para este
asunto, señor Presidente.
El
diputado Armando López Romero (desde su curul): |
¡Pido la palabra!
¿Con qué objeto, diputado López?
El
diputado Armando López Romero (desde su curul): |
Para una moción.
Adelante, diputado.
El
diputado Armando López Romero (desde su curul): |
Señor Presidente:
Estamos en un proceso de votación. Está
poniéndose a consideración del pleno si se hace la votación y no sabemos en qué
momento del procedimiento nos encontramos ahora. Si se concluye la votación, que se le
dé entonces paso y proceso a la votación; lo que sucede es que ahora está suspendida.
¡Entonces, no sabemos en qué momento estamos, es decir, se concluyó con la votación!
¡Se concluyó y se votó, señor Presidente!
Por favor, pida la Secretaría que se
dé...
El
diputado Ricardo Monreal Avila (desde su curul): |
¡Una moción, señor Presidente!
Tiene la palabra el diputado Monreal,
para una moción. Facilítenle un micrófono.
El
diputado Ricardo Monreal Avila (desde su curul): |
Señor Presidente: mire, esto que
está sucediendo nos parece preocupante, es una moción a todos los diputados de todos los
grupos parlamentarios. No puede ser que se presente una iniciativa, que no se dé el turno
a comisiones, sino que se intente en este momento, por el 59 del Reglamento, considerarlo
de urgente y obvia resolución, votarlo y enviarlo al Senado, en un solo momento. ¡No
sólo es falta de pulcritud constitucional y parlamentaria, es absurdo que se presente la
propia iniciativa y en el mismo acto se dé la votación en lo particular y en lo general,
si es una reforma constitucional, señor Presidente!
Les pido a todos los diputados, de veras,
que obremos con seriedad. Tenemos acuerdos consensados en esto. Podemos enviarla a
comisiones. Hoy en la tarde la enviamos y mañana la votamos. Pero me parece muy
precipitado y estamos violando procedimientos elementales, lógica jurídica, lógica
parlamentaria. Está bien que implementemos nuevas prácticas parlamentarias, pero,
señores diputados, es una reforma a la Constitución General de la República. Tengamos
un poquito de cuidado y hagamos las cosas también con cuidado y con pulcritud. La
precipitación nos lleva a cometer errores y nos parece delicado lo que está sucediendo.
Y si no fuera así, señor Presidente, le
pido que verifique "la urgente y obvia resolución", porque no estamos de
acuerdo la bancada y se requieren las dos terceras partes.
Entonces, en ese sentido, es simplemente un
llamado a la sensatez, a la prudencia, a la cordura, a la responsabilidad constitucional.
Muchas gracias, diputado.
Diputado Santiago Creel, ¿con qué objeto,
por favor?
El
diputado Santiago Creel Miranda (desde su curul): |
Quisiera hacer una moción, señor
Presidente.
Adelante, diputado.
El
diputado Santiago Creel Miranda (desde su curul): |
Respecto de lo que acaba de mencionar
el diputado Monreal, yo quisiera informarle a la Presidencia que hubo un acuerdo previo en
comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores,
con objeto de presentar el día de hoy esta iniciativa de reforma constitucional
dispensando los trámites, debido a que el día de ayer se habían presentado dos
iniciativas de la misma materia que habían sido objeto de discusión y de posicionamiento
en el pleno por cada uno de los grupos parlamentarios.
Pero a mayor abundamiento, señor
Presidente, y para rebatir aquí lo dicho por el diputado Monreal, tengo la Constitución
Política en mis manos. Voy a dar lectura al artículo 71 de nuestra Constitución, que
dice lo siguiente: "las iniciativas que presenten los diputados o senadores, se
sujetarán a los trámites que decide el reglamento de debates"; artículo 71. El
reglamento de debates claramente establece...
Diputado, un momentito, voy a
solicitar orden en la sala, por favor.
Pasen a tomar sus lugares señores, para
que esto se lleve como debe de ser, por favor. Adelante.
El
diputado Santiago Creel Miranda (desde su curul): |
Muchas gracias, señor Presidente:
Decía que el fundamento para este acuerdo
que adoptamos las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de
Relaciones Exteriores, tiene como fundamento la Constitución, el artículo 71 y el
párrafo que acabo yo de mencionar, que remite directamente al reglamento, precisamente en
su artículo 60, en donde dice que solamente podrán dispensarse de este requisito, del
envío a comisiones habla esta disposición, en los asuntos que por acuerdo expreso de la
Cámara se califiquen de urgente y de obvia resolución.
Déjeme informarle a la Presidencia de que
hemos considerado los miembros integrantes de las comisiones unidas y precisamente fue el
fundamento para fojar este acuerdo parlamentario, que le diéramos este trámite, el
trámite del artículo 60 de nuestro reglamento, que está a su vez fundamentado en el
artículo 71 de nuestra Constitución.
En un principio no teníamos inconveniente
de que esto pasará a comisiones, fue precisamente a propuesta de los diputados de las
comisiones unidas de Gobernación y de Relaciones Exteriores, que aceptamos a esa
propuesta darle cauce a través del artículo 71 de la Constitución y del 60 del
reglamento. Pero, por supuesto, señor Presidente, lo sometemos a la determinación que
adopte la mesa directiva por su conducto.
Muchas gracias.
El
diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde su curul): |
Señor Presidente, para una moción.
¿Con qué objeto, diputado Arroyo?
El
diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde su curul): |
Señor Presidente, no hay litigio de
fondo en la materia de la iniciativa del asunto que nos ocupa. Sin embargo, entendemos que
se trata de una reforma constitucional. Por un mínimo respeto a la norma fundamental,
queremos que tenga los trámites debidos. Repito, no hay litigio de fondo en cuanto al
asunto que nos ocupa, pero sí consideramos prudente que se turne a comisiones, que nos
reunamos a la brevedad y que tengamos en el pleno el dictamen en cuanto se reúnan las
comisiones, lo aprueben y lo firmen.
El
diputado Santiago Creel Miranda (desde su curul): |
¿Me permite la palabra, señor
Presidente?
Diputado Santiago Creel, ¿con qué
objeto?
El
diputado Santiago Creel Miranda (desde su curul): |
Sí, con objeto de hacer una moción
en el sentido siguiente, señor Presidente. Efectivamente, si la posición de algunos
diputados integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y
de Relaciones Exteriores ha cambiado de ayer para hoy, cuando forjamos el acuerdo, por
parte de la Presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales no
había ningún inconveniente de que se turne a comisión. Lo que pasa es que el acuerdo
había sido diferente. No habría por supuesto ningún motivo para oponernos en tal
sentido.
Lo que yo sí pediría es que con su
anuencia y de acuerdo con el reglamento, que nos permitiera reunirnos durante esta sesión
a las comisiones unidas, de tal suerte de poder deliberar el dictamen y presentarlo al
final de esta sesión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El
diputado Ricardo Monreal Avila (desde su curul): |
¡Señor Presidente!
¿Con qué objeto, diputado Monreal?
El
diputado Ricardo Monreal Avila (desde su curul): |
Señor Presidente, estamos de
acuerdo.
Gracias.
Túrnese a las comisiones de Gobernación y
Relaciones Exteriores.
Por favor pasen a sus lugares diputados
para continuar con la sesión.
Solicito a los diputados y señores de la
prensa pasar a sus lugares para proseguir con la sesión.
JORGE
CASTAÑEDA
Se han inscrito para rendir homenaje
luctuoso al canciller Jorge Castañeda, los siguientes diputados: por el PRD, Porfirio
Muñoz Ledo y por el PRI, Jaime Moreno Garavilla.
Tiene la palabra el diputado, Porfirio
Muñoz Ledo, hasta por 15 minutos.
El diputado Porfirio
Muñoz Ledo: |
Con su venia, señor Presidente:
En este día tan cercano al luto por el
deceso del distinguido internacionalista mexicano Jorge Castañeda, debemos congratularnos
como parlamentarios por haber decidido dedicar, así sea unos cuantos minutos de
reflexión a su vida y a su obra, en estos días crepusculares de un periodo de sesiones,
crepusculares en un sentido literal, relámpago, luces y ocaso.
Abramos un espacio para honrar a un hombre
que fue portador de valores de la República, así estaremos honrando a la República
misma, Jorge Castañeda fue un eminente diplomático mexicano que dejó tras de sí una
larga trayectoria y un riquísimo ejemplo en la cátedra, en la investigación, en el
ejercicio de la política internacional y en la lucha por la soberanía del país. Siempre
fue su preocupación primordial la defensa de los intereses superiores de la nación, pero
no como una frase abstracta, sino buscando en cada coyuntura específica los métodos y
procedimientos para servir ese interés patriótico.
No confundió en ningún momento lo
contingente con lo permanente, sabía que como lo diseñaron los liberales que restauraron
la República, el derecho es el arma de los pueblos débiles y la defensa de los
principios es lo que nos hace respetables, congruentes y a la postre, independientes.
Jorge Castañeda pertenece a una
generación de diplomáticos que se formó durante los primeros años de la Segunda Guerra
Mundial, de la segunda posguerra mundial, precisamente en el tiempo en el que se
construyeron los grandes instrumentos jurídicos multilaterales que rigen el mundo
contemporáneo: la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco; los Acuerdos de Breton
Guts, que siguen ordenando en lo formal las relaciones financieras y monetarias
internacionales, y el documento de Bogotá, la Carta de la Organización de los Estados
Americanos.
Castañeda fue, antes que nada, como
vocación y definición, un jurista; fue, de quienes creyeron hasta su muerte, que sólo
el desarrollo progresivo del derecho internacional puede ordenar de modo civilizado la
convivencia entre los pueblos; fue en ello heredero de sus dos grandes maestros, los dos
más grandes diplomáticos de la historia contemporánea de México: Luis Padilla Nervo y
Alfonso García Robles.
Por ello, los primeros libros, las primeras
reflexiones de Castañeda, se refieren a ese nuevo orden jurídico mundial. Dos son sus
obras sobresalientes: una, México y el Orden Mundial; y la otra, El Valor Jurídico de
las Resoluciones de las Naciones Unidas, libro este último que le valió inmenso
prestigio internacional como jurista.
Para ellos, para los hombres de su
generación, la Carta de las Naciones Unidas era la respuesta a un mundo de oprobio, de
guerra y de abuso de los poderosos. En dos de los principios esenciales que la Carta de
San Francisco sostuvo -afirmaba Castañeda-, representa la más alta revolución jurídica
de la historia humana: primero, la proscripción del uso de la fuerza; a partir de
entonces, la guerra es un hecho ilegal y por lo tanto queda proscrita...
Y en consecuencia, como lo había dicho,
con mucha anticipación el Constituyente de Chilpancingo: "toda conquista surgida de
la fuerza, es ilegítima". El otro principio es el de la supremacía de los derechos
humanos, la internacionalización de los derechos fundamentales de la persona humana que
crean las jurisdicciones que nos permiten defender esas garantías inherentes al ser
humano.
Su vocación por el derecho internacional,
lo hizo convertirse con los años en el principal promotor del derecho contemporáneo del
mar; a él se debe más que a ningún otro diplomático, el que se haya conquistado el
principio de las 200 millas náuticas de mar territorial, o técnicamente hablando, de
zona exclusiva de los estados, con lo que nuestro país duplicó la extensión de su
territorio.
La preocupación central de Castañeda, fue
la ampliación del ámbito de igualdad entre los estados que representan los organismos
multilaterales, donde no importa si el país tiene una gran potencia militar o económica
y si hay otro que es sumamente débil en los
hechos. Todos tienen igualdad jurídica y
todos componen un parlamento mundial. De ahí que haya sido su celo primordial que México
nunca se apartara de la política de principios, porque el día que ceda un parlamentario
a una presión o a una componenda, ese día deja de representar a su país o a sus
electores.
Recuerdo en el tiempo que laboramos juntos,
él como canciller y yo como representante de México en las Naciones Unidas, una
difícil, penosa, ardua conversación. Uno de los ministros de Relaciones Exteriores de
uno de los países más poderosos de la Tierra, nos exigía cambiar el sentido de un voto,
no sé a cambio de qué ventajas materiales. Castañeda quiso estar en esa conversación,
le dijo: señor ministro, una cosa es nuestra amistad y nuestros intereses concretos y
otros son los principios superiores de la convivencia internacional, el día que
votáramos por intereses y no por principios, no seríamos dignos del respeto que nos
tiene.
Otra ocupación fundamental de Castañeda,
en análisis crítico de los principios del derecho internacional y su jerarquización.
Para él y lo dice con toda claridad su discurso de agosto de 1997, en la Cumbre de los no
Alineados, en La Habana, el más importante principio del derecho internacional para
México es el de la no intervención, curiosamente aquel que estuvo ausente de la Carta de
San Francisco, que fue una fiesta de los vencedores y que sólo se consagró 15 años
después en la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la
declaración sobre el derecho a la independencia de los pueblos coloniales.
Por eso se empeñó en que México fuese
promotor de la independencia de Belice, del reconocimiento pueblo de la soberanía de
Namibia, de la defensa de la soberanía de la República Arabe Saharauí y de la defensa
de los pueblos en rebeldía a fijar su propio destino, primordialmente aquellos que
comparten nuestra cuenca geográfica.
De ahí nuestra actitud digna,
independiente y congruente, en el caso de la lucha por la independencia del pueblo de
Nicaragua y de una paz consecuente, pacífica, justa y duradera en el caso de la
República de El Salvador.
A nuestra iniciativa se debe la
declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador, que abrió el paso al reconocimiento de
quienes luchaban por el cambio social en ese país como fuerzas beligerantes o en el texto
del acuerdo como fuerzas políticas representativas.
Pero también se debe un compromiso
mexicano en materia de derechos humanos. A efecto de no tener tacha alguna en la defensa
de esos pueblos, del pueblo de Chile, contra diversas formas de opresión se promovió que
México suscribiera y ratificara, en 1981, los pactos civiles y políticos de Naciones
Unidas y la llamada Convención de San José, que no es, sino la Convención sobre
Derechos Americanos en nuestro continente. Gracias a la suscripción de esas convenciones,
hemos podido acudir en defensa de nuestros propios derechos ciudadanos, a los tribunales e
instancias internacionales, para que respeten los derechos individuales, los derechos
civiles y los derechos políticos del pueblo mexicano.
Fue por último partidario de que México
participara en todos aquellos foros en los cuales hubiera un espacio para defender
nuestros intereses. Pensaba que el aislamiento era la peor política que México podría
practicar, de ahí que fue, gracias a su decisión que ingresamos por primera y única vez
al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que estuvimos presentes en cuantos foros
se debatieron los grandes problemas de la humanidad.
El reconocía, lo escribió en un ensayo
particularmente agudo, el peso gravitacional de nuestra vecindad con los Estados Unidos de
América sobre la política exterior del país, pero pensaba que precisamente por ello el
conjunto de la diplomacia mexicana bilateral y multilateral, regional y mundial, política
y especializada, debiera dedicarse a expander la presencia de México, de modo a crear un
contrapeso a esa fuerza predominante de la relación con los Estados Unidos.
Lo escribió textualmente; dijo: "el
hecho de que la vinculación de México con Estados Unidos constituya una piedra
fundamental de su política exterior, no implica de modo alguno, la aceptación pasiva o
simplista de una dependencia política, económica y cultural. A pesar de las diferencias
y sobre todo a pesar de la asimetría del poder entre nuestros países, existe un vasto
campo para México, para que lleve a cabo una relación positiva y justa, basada en el
respeto mutuo. Para ello tenemos el conjunto de nuestra política exterior".
Lo más importante compañeros, es que en
cada momento de la historia y ésa es la lección que pudiéramos extraer de la obra de
Castañeda, debemos hacer vigentes los principios permanentes de México en cualquier
coyuntura y no dejarnos seducir por los juegos de abalorio de la globalización.
México es un país con historia, es un
país con principios y es un país con la fuerza y el talento suficiente para continuar
siendo un país independiente en el concierto de las naciones.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Jaime
Moreno Garavilla, del grupo parlamentario del PRI, hasta por 15 minutos.
El diputado
Jaime Miguel Moreno Garavilla: |
Con la venia de las compañeras aquí
presentes; de mis compañeros legisladores; con su venia, señor Presidente:
Y se cubrió su ataúd con la Bandera
Nacional y tres rosas blancas y más de 30 citas grabadas para la posteridad en la obra
que condensa los tiempos del estadista que acudió a guardarle, en presencia, los últimos
honores.
La primera de dichas citas: mayo 21 de
1979: "designo a Castañeda en sustitución de Santiago Roel, mañana será recibido
Fidel Castro en Cozumel".
Mayo 23. "Castañeda,
inmejorable".
Junio 26. "En la Organización de
Estados Americanos la posición de México impecable. Por primera vez México no se queda
solo frente a las pretensiones norteamericanas. Firmes en cuanto a la no intervención.
Castañeda haciendo buen trabajo".
Julio 9. "Castañeda, su solidez y
profesionalismo".
Octubre 4. "Castañeda, uno de los
hombres a cuyo cargo está nuestra tesis ante la Organización de Naciones Unidas.
Castañeda duda nuestro eventual ingreso al GATT, se opone a admitir al Sha de Irán una
vez más. Castañeda promueve y ejecuta la decisión de que México ingrese al Consejo de
Seguridad de la ONU en el marco de la invasión soviética a Afganistán, la toma de la
Embajada de los Estados Unidos de América en Irán. Fomenta, promueve, media y negocia
frente a los vecinos del norte, soluciones para atenuar el bloque impuesto al hermano
pueblo cubano".
Castañeda también supera un casi coma
diabético para recibir en las horas siguientes al presidente Reagan y atender la
histórica reunión Norte-Sur.
Noviembre 4 de 1981. "El trabajo de
Jorge Castañeda, verdaderamente extraordinario. Recorrió el mundo, propuso, negoció,
concertó, avanzó".
Ocho días después el relator de estas
expresiones en sus tiempos, preguntaba si el gobierno de los Estados Unidos de América
apoyaría la candidatura de Castañeda a la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Otro compromiso les impedía aceptar la candidatura de este mexicano de excepción.
Portador digno de la investidura
diplomática, que supo representar los intereses primarios de México, sumando convicción
y luces a la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas.
Definición de derecho del mar, desarme,
pacificación centroamericana, diálogo Norte-Sur, entre sus prioridades, preocupaciones.
Embajador emérito de amplia trayectoria académica y evidentemente diplomática, como ya
con precisión y holgura lo señaló el diputado Muñoz Ledo que me antecedió en la
palabra, aquel embajador emérito que se crea y recrea en las aulas, aquellas aulas en las
que se aprende que la ley y la justicia coronan al resto de las ciencias y tienen como
misión fundamental la de servir al hombre al que conforma a los pueblos.
Sí, a ese humanismo al que alguna vez se
refiriera el insigne jurista Mario de la Cueva, al decir, que si bien es cierto el hombre
primitivo tembló horrorizado ante los embates de la fuerza de la naturaleza, el hombre
del Siglo XX tiembla también horrorizado frente a los embates de sus grandes creaciones,
de sus grandes creaciones monumentales: el Estado y la política. En la medida en que se
olvidó de dotarles al crearlas, de la dosis suficiente de humanismo.
Hoy, decía De la Cueva, la proporción y
dimensión exacta de ese olvido, es en razón directa a la crisis, que el hombre tiene que
soportar. Hoy, es pues sobre la concepción humanista como se explica que México ha sido
y es, una nación pacifista, que finca su honor, dignidad y fortaleza, en el apotegma
juarista de un cabal respeto entre los hombres y entre las naciones.
Imbuído por este leído del gran patricio
oaxaqueño, del académico Castañeda y Alvarez de la Rosa, se erigió como intransigible
defensor de principios inveterados, que se sustentan en las más claras expresiones de la
viva, esencia histórica del pueblo de México.
Respeto a la autodeterminación de los
pueblos. Respeto a la no intervención. Solución pacífica de las controversias,
Proscripción de la amenaza o uso de la fuerza. Igualdad jurídica de los estados.
Cooperación internacional para el desarrollo y lucha por la paz y la seguridad
internacionales.
Todos estos principios son de validez
inalterable en el concierto de las naciones, del que se derivan por cierto relaciones cada
vez más complejas, intentando ahuyentar al mundo de la equidad y de la justicia en que
todos deseamos verlo muy pronto.
Un mundo en cuyo ámbito económico
globalizador, sea factible insertar con dignidad, los nacionalismos incluyentes, que como
el nuestro, buscan conservar identidad histórica, cultura y rumbo, desalentando al tiempo
las profundas asimetrías que hoy reflejan los niveles de desarrollo entre los pueblos del
orbe.
Un mundo globalizado de cooperación y de
competencia, si, pero en el que haya respeto a la soberanía del pueblo, que es decir:
capacidad de autodeterminarse y de autolimitarse.
Capacidad ejercida sobre la unidad
inteligente y productiva de los mexicanos, sobre un sólido marco axiológico de orden
primario, compuesto por la libertad, por la independencia, por la democracia y por la
justicia.
En efecto, compañeras y compañeros, los
mexicanos sabemos por lección histórica, que nuestra unidad es la única salvaguarda
real de nuestra soberanía. Unidad construida a partir de la diversidad y mediante
consensos, con irrestricto respeto al pluralismo, expresión fiel de una composición
heterogénea en lo esencial de orden social, que acusa en lo ideológico también
diversidad.
He ahí la fortaleza de nuestra identidad
nacional y el respeto a nuestra actuación internacional. Nos respetamos al interior,
merecemos respeto al exterior.
Promovamos así nuestros intereses
nacionales; proyectemos nuestra vasta y sólida cultura; salgamos en busca de mejores
niveles de vida para los mexicanos; consolidemos nuestra democracia, no sólo como forma
de gobierno funcional, sino como una forma de vida integral; diversifiquemos nuestras
relaciones de cooperación hacia afuera; sumémonos como nación a la búsqueda conjunta
de los grandes temas que preocupan al mundo: la migración, la protección del medio
ambiente, la defensa de los derechos humanos, la democracia, la lucha contra el
narcotráfico; ¡hagámoslo! tal y como lo propuso el Presidente de México, Ernesto
Zedillo. Lo propuso desde su campaña política, reconociendo efectivamente que el
sustento para que México fortalezca y ejerza plenamente su soberanía nacional, se
encuentra en la consolidación de las instituciones democráticas.
La democracia, sostuvo el presidente
Zedillo, nos permite unir voluntades sin uniformarlas; fijar metas comunes respetando
divergencias. Por ello, también dijo, estoy comprometido con el diálogo sustentado en la
tolerancia, como el mejor camino para avanzar respetando la riqueza y la pluralidad
política de la sociedad mexicana.
Así, señoras y señores, la política,
nuestra política exterior, aquélla por la que luchó Jorge Castañeda y Alvarez de la
Rosa, debe seguir siendo corolario de nuestra política interior plural, participativa e
intensa, respetable por respetuosa, adentro y afuera, como lo han querido los grandes
hombres que han entregado como él, sus luces y sus vidas.
Es efectivamente muy merecido el homenaje
que hoy en este sagrado recinto, símbolo de la nación, se le ofrenda a Jorge Castañeda.
Así lo quiso el embajador
emérito, ver la política exterior de
México en esas dimensiones: con dignidad, con orgullo, con decoro, con respeto y así,
así quedó cubierto su ataúd con la Bandera Nacional, con tres rosas blancas y con más
de 30 expresiones de un estadista, condensadas para siempre en sus tiempos.
¡Enhorabuena! por el homenaje que le
rendimos hoy a un insigne mexicano que dio sus luces y lo mejor de su trayectoria
diplomática para representar con dignidad y decoro los intereses de nuestra patria ante
el concierto de las naciones.
Muchas gracias, diputado Jaime
Moreno.
TELEFONOS
DE MEXICO
Esta Presidencia informa que por
acuerdo de la mesa directiva el siguiente punto del orden del día, por abordarse, será
el relativo a los asuntos que se incluyen en la agenda política, con el objeto de dar
tiempo a recibir el dictamen de la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta
Pública.
Por lo que tiene la palabra el diputado
Sergio Marcelino George Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una propuesta para la creación de una comisión
investigadora que analice el proceso de desincorporación de Teléfonos de México.
El
diputado Sergio Marcelino George Cruz: |
Con su venia, señor Presidente;
diputadas y diputados de este honorable Congreso de la Unión:
Propuesta para la creación de una
comisión investigadora que analice el proceso de desincorporación de Teléfonos de
México.
"No es la forma de gobierno lo que
constituye la felicidad de un pueblo, sino las virtudes con que cuenten sus gobernantes
para conducir los destinos de una nación." Aristóteles.
El deterioro del nivel de vida que hoy
padecemos los mexicanos, se basa en dos razones fundamentales:
Por un lado un modelo económico que ha
fracasado y que ha tenido como efecto un ascenso importante en los índices de pobreza
extrema.
Y por el otro lado, la existencia de una
escandalosa acumulación de riqueza en unas cuantas personas, sólo puede ser el producto
de un sistema político que violentando el estado de derecho, favoreció el crecimiento de
algunas empresas privadas a costa de los bienes públicos.
La privatización de las empresas
paraestatales es un reclamo que hace necesaria la inmediata atención de esta soberanía
legislativa, con el objeto de clarificar dudas fundadas que surgen de la reflexión y del
análisis serio, cuidadoso, de la política económica de los últimos años. Un reclamo
que quiere que esta Cámara tome medidas urgentes, con el objeto de esclarecer sospechas
causadas a raíz del proceso desincorporador de las empresas paraestatales que han dejado
al país sin empresas de apoyo social y sin los recursos obtenidos por la venta de dichas
entidades públicas.
El combate a la corrupción fue una de las
principales demandas que hicimos los mexicanos el 6 de julio y los resultados del proceso
privatizador en la que la corrupción fue una constante durante todo este lapso, trajo
como consecuencia la pérdida de la rectoría del Estado en varios sectores estratégicos
de la vida nacional.
En 1934, el Gobierno Federal poseía 15
empresas públicas. En 1962, esta cantidad había ascendido a 206. Para 1982 existían ya
1 mil 115 empresas descentralizadas, paraestatales o de gobierno, en 63 ramos de la
actividad económica, desde la producción del azúcar, petróleo, acero, agua, minerales,
camiones, motores, bicicletas, hasta la administración de la banca, hoteles, la empresa
telefónica y hasta un equipo de fútbol.
El proceso privatizador aceleró la venta
que provocó deshacerse de 902 sociedades en tan sólo 10 años, resquebrajando las
reservas del patrimonio nacional, quedando para 1993, tan solo 213 empresas públicas.
El doble discurso manejado por el Gobierno
Federal, se demuestra en el hecho de que por un lado se indicaba que el Estado mexicano
conservaría la rectoría en el estado del sector comunicacional.
Pero por otro lado, el 18 de septiembre de
1989, se daba a conocer la privatización de Teléfonos de México, so protexto de la
disminución de costos y mejoría en la calidad de este servicio. Actualmente ambas cosas
son falsas.
Durante 1990, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes reestructuró el sector, empezando por fusionar Telégrafos
con la dirección general de Telecomunicaciones, para constituir Telecom; la red federal
de microondas fue desincorporada y vendida a Teléfonos de México, además de la
expedición de un nuevo reglamento para dicho organismo.
Nuestros gobernantes han puesto nuestros
recursos naturales, humanos y de infraestructura, en clara subasta ante los intereses
voraces del capital nacional y extranjero, bajo el argumento y cito a Jacques Rugosinski,
encargado de la unidad de desincorporación de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en el sexenio pasado, que la venta de las empresas de gobierno permitirían
fortalecer las finanzas públicas, canalizando adecuadamente los escasos recursos del
sector público en áreas estratégicas y prioritarias, eliminar gastos y subsidios no
justificables ni desde el punto de vista social ni del económico, promover la
productividad de la economía transfiriendo las actividades empresariales al sector
privado y mejorar la eficiencia del sector público, disminuyendo el tamaño de su
estructura. Tal cosa no fue así.
Es por ello que por la magnitud de los
montos a que ascendió la suma de las desincorporaciones, su escaso efecto en el
fortalecimiento de las finanzas, la falta de resolución a problemas concretos de índole
macroeconómico, así como por ser parte de una errática y equivocada política
económica fundada en principios atentatorios al interés, soberanía e independencia
nacional, es por todo ello que debemos de reflexionar en la necesidad de contar con
respuestas concretas que resuelvan dudas específicas, ya que busca esencialmente
esclarecer lo sucedido en el proceso desincorporador de esta entidad pública.
Por ello y correspondiendo al clamor
popular, propongo a esta Cámara dentro de sus facultades constitucionales, revise la
actuación de los titulares de la administración pública federal durante el proceso de
privatización de Teléfonos de México, además de la urgencia de que este órgano
legislativo de cara a la nación informe sobre la manera en que se llevó a cabo el
proceso desincorporador de dicha paraestatal. Lo que propongo se sustenta en que la
Cámara tiene la función de legislar, pero también tiene la facultad de ejercitar
funciones de control que inspeccionen, indaguen y verifiquen las actividades del gobierno.
La urgencia de que esta Cámara se aboque
en forma inmediata a la integración de una comisión investigadora, no se ciñe en que
esta Cámara haga una cacería de brujas, sino dar respuesta a un problema que de todos es
sabido y que quiere que por el bien de la nación se tome una serie de medidas que
conduzcan al esclarecimiento de acciones efectuadas en contra del patrimonio nacional en
los últimos 10 años.
Compañeras y compañeros legisladores:
creo oportuno referirme a la naturaleza jurídica de la comisión que hoy se propone, dado
que es un instrumento de control parlamentario caracterizado por ser un órgano colegiado,
así como un instrumento de información que permite el esclarecimiento de temas
controvertidos de interés nacional y es por ello que la actuación del Congreso General
no se da al margen de la Constitución, sino que su ejercicio se desprende de un conjunto
de facultades constitucionales y reglamentarias que permiten indagar sobre el
funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal
mayoritaria.
Una facultad de esta soberanía es la de
indagar sobre las funciones del Ejecutivo, debido al carácter representativo de estos
cuerpos como auténticos portadores de la voluntad popular.
Quiero dejar muy claro que nuestra
propuesta no pretende arrogarse facultades que nuestra normatividad interna le señala
expresamente a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de esta
soberanía legislativa.
Nuestra propuesta no se encamina a que
sufra menoscabo las funciones de una comisión ordinaria, sino por el contrario, a
fortalecerlo. Es por ello que el espíritu de nuestro planteamiento está perfilado por la
intención de perfeccionar la función de contrapeso que la Constitución atribuye a este
Congreso, pero que por la modalidad y la naturaleza del punto, la desincorporación de las
empresas paraestatales no pueden ser analizadas oficiosamente por la Comisión de la
Contaduría Mayor de Hacienda, dado que ya desaparecieron muchas de éstas.
Es preciso señalar que en fecha reciente
la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, por el voto unánime de sus miembros, se
declaró en comisiones incompetente para conocer de la atención al presente asunto,
argumentando que dicha comisión es la referida con las atribuciones conferidas a la
Secofi, pero única y exclusivamente en lo referente a minas e industria.
Considerando la particularidad de este
hecho y la discrecionalidad con la que ha actuado el Ejecutivo, se hace necesaria la
creación de una comisión investigadora conformada por legisladores de los diversos
grupos parlamentarios de esta LVII Legislatura, que tenga la facultad de investigar,
analizar y dar a conocer los resultados de las mismas al pueblo de México, a las cámaras
del Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal y se esclarezca el turbio proceso
desincoporador de Teléfonos de México.
Es necesario saber cuál fue el destino de
miles de millones de dólares producto de la venta de esta empresa y saber quiénes se
beneficiaron por este dicho proceso.
Convencido de que los legisladores de esta
Cámara se sumarán a esta propuesta para esclarecer una de las etapas más obscuras y
corruptas de nuestra historia reciente, la propuesta que hoy se presenta al pleno será
apoyada como muestra de que la Cámara de Diputados no será cómplice, indique para que
se investigue a los funcionarios y procesos corruptos que han dañado tanto a la dignidad
del pueblo mexicano como, obviamente, a esta Cámara.
Por lo anterior y con fundamento en los
artículos 70 y 93, último párrafo, en relación con el 90 y demás aplicables de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 numeral cuatro, 46 y demás
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General, 53, 58, 89 y 90; y demás aplicables
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, en mi calidad de
legislador...
Permítame. Se suplica al orador
terminar, por favor.
El
diputado Sergio Marcelino George Cruz: |
Sí, ya termino.
"A nombre de los diversos grupos
parlamentarios conformados en esta legislatura, someto a ustedes el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
La conformación de una comisión
investigadora que analice el procedimiento utilizado para privatizar Teléfonos de
México, ya que por el monto a que ascendió el pago de dicha entidad pública, la
importancia que reviste para la sociedad mexicana y el esclarecimiento del proceso
desincorporador."
Señor diputado, por favor concluya.
El
diputado Sergio Marcelino George Cruz: |
Sí, ya concluí.
Por todo lo dicho, solicito a esta
Presidencia se tomen las medidas correspondientes con apego a la Constitución y a la Ley
Orgánica y el Reglamento de este Congreso de la Unión, el desahogo y conformación de la
comisión que se propone, por lo que giro este documento a la CRICP.
Muchas gracias diputado. Tiene la
palabra el diputado
Patricio Martínez García, para hablar
sobre el mismo tema, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado
Patricio Martínez García: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras diputadas; colegas diputados:
En la Constitución y en la ley que fijan
claramente nuestras facultades como diputados, habremos de basar nuestra intervención en
este caso señalado por el
ciudadano diputado que me antecedió en el
uso de la palabra.
Nuestra Constitución establece que la
administración pública federal será centralizada y paraestatal, conforme a la Ley
Orgánica que expida el Congreso y definirá ahí las bases de su creación y la
intervención del Ejecutivo en su operación.
Hay señalamientos, hechos, supuestos, en
la propuesta para la creación de una comisión investigadora que analice el proceso de
desincorporación de Teléfonos de México. Bienvenida la propuesta. Que se turne para su
estudio la procedencia y posibilidades de la misma. Hagámoslo con serenidad y prudencia,
sin prejuzgar.
Solamente para ampliar el horizonte de lo
que aparece como un hecho aislado, la desincorporación de esta paraestatal, recordamos
algunas circunstancias en torno a este asunto. Un precario servicio telefónico aparece en
nuestras ciudades con el siglo. Pasan los años y el servicio teléfonico crece con las
necesidades de comunicación de una economía y población crecientes que van entrando en
la modernidad. La compañía Ericsson, empresa extranjera que trajo capital y tecnología
para mejorar el servicio limitado y manual que daban algunas empresas, absorbió
prácticamente toda la telefonía nacional.
Al paso del tiempo y con las tendencias
nacionalistas de la época, los paquetes accionarios de la telefonía extranjera fueron
adquiridos por inversionistas mexicanos que crearon así el Teléfonos de México que
todos conocemos y que ya para los años sesenta se ufanaba de tener 1 millón de
teléfonos en el país; no obstante ya eran evidentes las limitaciones en el servicio y la
falta de inversión se descubría en la falta de líneas y un lento avance en la cobertura
del territorio nacional.
No sólo vientos nacionalistas soplaban
para entonces sino arreciaban los de la creación de un estado fuerte que diera a la
población no sólo gobierno, sino también abundantes servicios públicos, con los que
llegamos al clímax del estado propietario que mantenía en el sector paraestatal no sólo
los organismos públicos descentralizados, sino también a empresas públicas que en los
sesenta llegaron a ser más de mil, evidencia de una gran participación estatal en los
factores económicos, estableciendo así una política que no se sustentaba del todo en
razones económicas, sino sobre todo en razones políticas y sociales, tendencia de la
época.
Fué así como en este sector quedó
incorporado Teléfonos de México; posteriormente una nueva tendencia de una nueva época
a la que nuestro país no podía sustraerse, fue señalando los inconvenientes de un
estado propietario, congestionado y por esto reemplazable por otras opciones que dieran
respuestas a los reclamos de la población por servicios de todo tipo y en este caso,
telefónicos, que atendieran no sólo aquellos criterios políticos y sociales, muy
encomiables pero muy reales y con poca capacidad para seguir el paso al avance
tecnológico en el ramo.
El país requería de una infraestructura
moderna para comunicar a los mexicanos y así, sin el lastre de malos servicios, enfrentar
los retos que nos presenta la competencia global, situación que no es evitable si hay
sensatez en el manejo de los destinos de una nación.
Recordemos el reclamo popular de malos y
por esto caros servicios telefónicos, cuando se conseguían, porque el rezago en la
inversión llegó con los años a convertirse justamente en éso, un reclamo popular. El
teléfono más caro era el que no se podía conseguir retrasando así el avance de muchas
personas y empresas; la escasez de capitales, fantasma siempre en las finanzas nacionales,
impedía la inversión que esta industria paraestatal requería para resolver su
incapacidad y obsolescencia, inversión que ascendía entonces y sigue requiriéndose, por
miles de millones de dólares.
El criterio político y social,
intrínsecamente bueno, no era suficiente para darle viabilidad económica y operativa;
los impuestos financiaban sus operaciones, mientras en otros rubros se requería
nivelación de éstos para atender las necesidades de la población. Es así como se
decide la desincorporación de esta empresa en momentos que la industria telefónica en
muchos países del mundo tiene y con las mismas razones, la misma decisión: salir del
sector público para que sean particulares los que den este servicio.
¿Cómo se desincorporó? ¿Hay evidencias
de un mal manejo, es sólo rumor, es la evidencia objetiva y seria la que exige una
revisión de esta desincorporación o son criterios subjetivos basados en algunas
apariencias y consejas?
Lo que sea, no vamos a calificar aquí y a
priori lo que es una propuesta, que la directiva envíe a comisiones el estudio de este
caso presentado hoy y que ahí se defina en primer lugar, si procede con apego a la ley y
las atribuciones que nos da el crear esta comisión investigadora para que si así fuera,
ésta, a la luz de una realidad de entonces y con los criterios de entonces, sin desviarse
con las apariencias por el manejo y la inversión de hoy, abundante, extraordinaria, así
como su tecnología y mercadotecnia también muy superiores el día de hoy, proceda en
consecuencia.
Hagamos claramente la diferenciación entre
esto que se ha señalado en la propuesta, la desincorporación y las circunstancias de
operación de la empresa. La empresa está unificando a los mexicanos; la empresa
Teléfonos de México está aplicando una serie de tarifas y una serie de factores para el
cobro en los que no estamos de acuerdo los priístas; no estamos de acuerdo porque es un
reclamo popular; esto tenemos que atenderlo todos en esta legislatura, porque los que usan
teléfonos no están previamente inscritos en un partido político, son personas que
requieren de un servicio público y, compañeras y compañeros legisladores, manos a la
obra en esta tarea que es un reclamo popular.
Hoy lo vimos en la Comisión de
Comunicaciones y Transportes, hoy vimos la necesidad de que se ponga un fusible, una
medida, una contraparte a lo que es el servicio medido del cual el usuario no tiene
ninguna evidencia más que lo que le llega en el recibo de cobro.
Ciertamente, ahora los costos son altos,
hoy una llamada telefónica local cuesta 7 mil 500 veces más que lo que costaba hace unos
cuantos años. De 20 centavos de 1.00 peso viejo, hoy equivale a 1 mil 500 pesos viejos o
sea 1.50 pesos y sólo por tres minutos. Estamos de acuerdo, la tecnología que utiliza
tiene precios alineados en lo internacional; lo aceptamos, demos garantías a la
inversión, demos garantías a la inversión para que la inversión haga negocio, pero
pidámosle la ponderación del mercado en el que se encuentra para que comprenda que ese
mercado tiene ingresos muy mermados por las circunstancias que hay en nuestro país y que
por lo tanto la recuperación de la inversión no puede ser en las mismas circunstancias
que en otros países.
Todo esto es importante, no lo podemos
soslayar pero lo que sí subrayo es que no sólo hay cosas importantes sino muchas, muchas
muy urgentes. En este primer periodo de sesiones ordinarias al que ya le vamos dando fin,
hemos visto muchos asuntos importantes: de procedimiento, de entendimiento entre nosotros,
provenientes de cinco corrientes políticas diferentes; hemos discutido hasta el cansancio
y hasta con uno que otro golpe. Del ambiente tenso de la apertura que pasamos en octubre
en la integración de todos al trabajo en comisiones que no sólo nos integró en ellas,
sino también en el mejor entendimiento como compañeros de legislatura, más allá de
nuestras diferencias partidistas, mientras tanto el pueblo sigue esperando mucho de
nosotros, siguen pendientes asignaturas tan importantes como una muy nuestra, como es la
de legislar.
Hay muchos ejemplos, no hay tiempo, pero
que sirva lo anterior sólo como ejemplo de la tendencia urgente que debemos retomar,
redimensionando nuestro quehacer en comisiones, en las propias y en las que se propongan
como ésta para investigar a Telmex. Bienvenida la ponencia. Decídase de manera
consecuente su creación o no, pero no perdamos el rumbo, clasifiquemos lo que es objetivo
y sustantivo.
Legisladores, la población sigue esperando
que legislemos para el futuro, hagámoslo con urgencia porque ellas nos lo están
urgiendo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Régimen Interno
y Concertación Política.
PROBLEMA
CARRETERO
Esta Presidencia informa a la
Asamblea que la propuesta de punto de acuerdo a cargo del diputado Gonzalo Rojas Arreola,
del Partido de la Revolución
Democrática, así como las propuestas
sobre retabulación de tarifas eléctricas a cargo del PRI, han sido retiradas, por lo que
tiene la palabra el diputado Fabián Pérez Flores, del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, para hacer comentarios sobre el problema carretero de San
Martín Texmelucan-Tlaxcala, hasta por 10 minutos.
El
diputado Fabián Pérez Flores: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
Si a la denuncia penal presentada por
varios diputados de esta legislatura en contra de un ex gobernador del Estado de México,
por la concesión fraudulenta del tramo Atlacomulco-Toluca de la carretera Panamericana,
se agrega el que ahora nos ocupa, queda clara la urgente necesidad de investigar las
condiciones en que autoridades anteriores han enajenado en su provecho el patrimonio
nacional.
Cuando una empresa usa recursos legales
para defender su patrimonio, tenga o no la razón, puede aceptarse que con razón o sin
ella intenta defender algo que siente suyo, pero cuando abusando del poder que un puesto
público les otorga o amparados tras el anonimato de los prestanombres, los funcionarios
públicos se apropian para sí o para sus favoritos de los bienes y recursos de la
sociedad, y en ese afán más que usar abusan de los recursos coercitivos del Estado, en
perjuicio de ciudadanos indefensos, la corrupción del poder nos muestra su peor cara.
El 15 de marzo de 1990 el Secretario de
Comunicaciones y Transportes otorgó a la empresa Aucal la concesión para la
construcción, explotación y conservación de 22 kilómetros de autopista entre San
Martín Texmelucan y la ciudad de Tlaxcala, adicionando posteriormente 7.5 kilómetros en
cláusula específica para totalizar 29.5 kilómetros.
Obran en nuestro poder documentos donde la
misma empresa beneficiada acepta que la autopista es una vía federal de cuota
concesionada por el Gobierno Federal, a solicitud del gobierno de Tlaxcala, a la empresa
Autopistas Concesionadas del Altiplano, S.A. de C.V.
Por tal aseveración, nos preguntamos:
¿cuáles fueron los motivos y cuáles los fundamentos legales por los que el gobierno de
Tlaxcala en aquel entonces solicitó ante la SCT la concesión de aquella obra?
En el inciso 4 de los antecedentes, se
precisa que tal concesión es para construir, explotar y conservar la autopista en
cuestión. Este punto no se cumplió porque más de la mitad de la autopista ya existía
como carretera federal 117.
El plazo de concesión fijado por la SCT
fue de siete años, seis meses, a partir de la fecha de concesión. Vencido el plazo, la
autopista en cuestión quedaría en poder de la SCT. A reserva de más argumentos, dicho
plazo vencía el pasado 15 de septiembre.
La cláusula 5a. señala que la tarifa
asignada sólo podrá ser modificada en función del alza reconocida en el Indice de
Precios al Consumidor. La empresa inició cobrando 3.50 nuevos pesos, debería cobrar hoy
9.00 pesos, pero cobra 22.00 pesos.
Esta tarifa viola lo dispuesto en la
cláusula 5a., lo cual según el título de concesión, es causa suficiente para retirar
la concesión.
La tarifa está calculada sobre la base de
29.5 kilómetros, la autopista mide 17 kilómetros y en el mejor de los casos 21
kilómetros, pero cobran sobre 29.5 kilómetros.
El tramo Tlaxcala-El Molinito mide 4
kilómetros a lo sumo y no 7.5 kilómetros, como la empresa señaló en los documentos de
solicitud del crédito a Bancomer e, independientemente los cuatro carriles ya estaban
construidos, la empresa sólo llegó a poner los letreros de "Aquí empieza la
autopista" y a cobrar por ello.
En resumen:
Primero. De los cuatro carriles, 29.5
kilómetros cada uno, 118 kilómetros en total que la empresa debió construir, sólo
construyó dos de 17 kilómetros, total 34 kilómetros. El resto eran obra federal ya
existente. La inversión fue sin duda redituable.
Segundo. La tarifa está calculada sobre la
base de 29.5 kilómetros; se recorren 17 kilómetros, a lo sumo 22
kilómetros. Además, Aucal no podía
aumentar la tarifa por encima del índice general de precios al consumidor. Aucal viola
esta cláusula o los índices de precios oficiales son falsos.
Tercero. Los terrenos para la ampliación
fueron en su mayoría arrebatados sin mayor trámite a campesinos, cuyo promedio de
propiedad no rebasa dos hectáreas. Estos se resignaron por el ofrecimiento del Gobierno
Federal de mejorar la infraestructura carretera de la región; nunca se les dijo que la
autopista sería de cuota. Estamos seguros que si las comisiones de Comunicaciones y
Transportes, Desarrollo Municipal y demás relacionadas se abocan a investigar,
encontrarán razón más que para investigar e intervenir.
Independientemente de las irregularidades
que obviamente existen, queremos hacer énfasis en el impacto social del problema. La
situación involucra en forma directa a ocho municipios del Estado de Tlaxcala y al
municipio de San Martín Texmelucan del Estado de Puebla; en total 500 mil habitantes que
ven coartado su derecho al libre tránsito, condición que encarece y restringe el normal
desarrollo de tales comunidades, además del obvio desaliento que sufre el visitante
foráneo al tener que pagar la autopista más cara del país, en función de kilómetros
recorridos.
Por lo anteriormente expuesto, considerando
las irregularidades en que se basó la concesión, las irregularidades cometidas por la
empresa durante la vigencia de la concesión, los derechos que asisten a los vecinos de la
región y en aras de reparar en lo posible el daño causado, con fundamento en el
artículo 93 de la Constitución General de la República, proponemos:
Primero. Recomendar a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes dar por terminada la concesión otorgada en favor de
Autopistas Concesionadas del Altiplano, S.A. de C.V. Responsabilizar de inmediato a
Caminos y Puentes Federales de la operación de la autopista en tanto se termina lo
conducente.
Segundo. Permitir la libre circulación de
ella hacia las comunidades que la rodean, en tanto se hacen los estudios que corresponda.
Tercero. Solicitar a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes realizar el estudio respectivo sobre la conveniencia de
terminar la vía de baja velocidad para transportes agrícolas, de transición animal y
bicicletas y el tramo referido y
Cuarto. Solicitar a la misma SCT un informe
detallado sobre las condiciones pactadas en las inversiones realizadas por la empresa
Aucal, S.A. de C.V., en referencia a esta obra, para actuar en consecuencia.
Aceptando la posibilidad de que altos
intereses de dirigentes políticos se esconden tras los problemas que genera Aucal, a más
de 500 mil de habitantes y compatriotas, entendemos por qué la PGR y otras instancias de
Gobierno son tan diligentes para defender una empresa que desde el inicio sábese envuelta
al amparo de la corrupción oficial.
Al margen de los partidos, la lucha de los
perjudicados por esa empresa y la corrupción que representa desde la concesión, nos da
la oportunidad de legislar para hacer justicia.
Señoras y señores diputados: no es la
lucha de grandes empresarios la que aquí se libra, por el contrario, son campesinos,
pequeños comerciantes, amas de casa y estudiantes, en representación de nueve municipios
que acuden ante nosotros para exigir respeto al libre tránsito cuando es un derecho
elemental. Agilizar las acciones de las dependencias involucradas es nuestra obligación,
pero es sólo parte de ella.
La notoria posibilidad de que se haya
cometido un ilícito al margen de las condiciones pactadas, el solo hecho de haber
enajenado una carretera federal disfrazada como construcción de una nueva, nos obliga a
solicitar que al menos la Comisión de Comunicaciones y Transportes y la Contaduría Mayor
de esta Cámara, intervengan para aclarar lo referente a esta concesión y otras en que la
misma empresa tenga participación. Pido por tanto a la mesa, si considera esta propuesta.
Tenemos razones fundadas para suponer
ilícitos, no bajaremos la guardia en defensa de los afectados, pero si en la
investigación resulta que las acciones realizadas se circunscriben al marco legal,
estaremos prontos a reconocerlo. Nuestra lucha es por el respeto a la ley.
Por tales consideraciones, pido a esta
Presidencia remita esta solicitud a las comisiones de Comunicaciones y Transportes,
Desarrollo Municipal y a la Contaduría Mayor de esta Cámara.
Gracias.
Muchas gracias.
Tiene la palabra la diputada Martha Palafox
Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema.
Hasta por 10 minutos.
La diputada
Martha Palafox Gutiérrez: |
Con su permiso, señor Presidente.
Adelante, diputada.
La
diputada Martha Palafox Gutiérrez: |
Señoras y señores legisladores;
diputado Damián Pérez Flores:
El día 3 de diciembre, fecha en que
nuestra fracción priísta tenía contemplado plantear los comentarios a este pleno
relacionado con la problemática que se ha suscitado entre los habitantes de la región de
Ixtacuixtla, Tlaxcala y la empresa concesionada Aucal, el mismo día recibimos la
disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Comisión
de SCT que preside el licenciado Daniel Díaz Díaz, y con la presencia en este recinto de
las autoridades municipales y grupos políticos, se realizó una reunión donde hubo el
compromiso explícito de atender esta demanda de los habitantes paisanos nuestros.
Yo valoro mucho que dentro de nuestra
pluralidad política haya coincidencia con el diputado, nuestro paisano, para el beneficio
de los habitantes de nuestro Estado.
Debo informar a esta soberanía que este
asunto lo tratamos, y estamos pendientes hasta su solución, el diputado Enrique Padilla
Sánchez, el diputado Tulio Hernández Gómez y su servidora, mismos que el día 8 de
diciembre tuvimos una entrevista con el subsecretario de infraestructura carretera de la
SCT, y el día 11 de diciembre, encabezados por el presidente de la Comisión de
Comunicaciones y Transportes, los mismos diputados realizamos un recorrido con el
subsecretario, su equipo y las autoridades municipales, a fin de ver, de atender y ser el
intermediario entre la empresa Aucal y los pobladores de la región sobre el tramo
carretero San Martín-Ixtacuixtla.
En este recorrido le reiteramos su
intervención, que desde hace tiempo le hemos estado solicitando. Dentro de las propuestas
y peticiones más señaladas coincidimos en que se le retire la concesión a la empresa
Autopistas Concesionadas del Altiplano, S.A., Aucal en el tramo carretero San Martín
Texmelucan-Tlaxcala. El Molinito, que el tramo carretero sea administrado por el organismo
público Caminos y Puentes Federales, Capufe, la construcción de su carril paralelo a la
autopista, mismo que desde hace 30 años se había venido utilizando.
Mientras se construye este carril, que las
23 comunidades del municipio de Ixtacuixtla y los ocho que están implicados con sus
peajes, así como obreros de las empresas aledañas, que tengan entrada libre, previa
identificación de calcomanías.
También pugnamos porque se mejoren todos
los accesos, los pasos a desnivel, los puentes y la construcción de la infraestructura
demandada, previo estudio y determinación de los técnicos.
Este expediente lo tiene la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, así como las comisiones unidas y SCT de esta Cámara de
Diputados.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos
Espina, del Partido Acción Nacional para hablar sobre el mismo tema, hasta por 10
minutos. Declina el diputado.
Túrnese a las comisiones unidas de
Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Municipal y a la Contaduría Mayor de esta
Cámara.
ESTADO DE
COLIMA
Tiene la palabra el diputado
Francisco José Paoli y Bolio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para
hacer comentarios sobre el conflicto de poderes en el Estado de Colima, hasta por 10
minutos.
El diputado
Francisco José Paoli y Bolio: |
Con su venia, señor Presidente;
diputadas, diputados:
Vengo a esta tribuna para dar cuenta de un
conflicto que parece haber cobrado dimensiones mayores en el Estado de Colima, en donde
los tres poderes de esa entidad intervienen, se trata simplemente de que esta Cámara de
Diputados tome nota, adquiera información sobre este conflicto de una de nuestras
entidades federativas, en las cuales están involucrados, como decía, los tres poderes
locales, y que amenaza con desarrollarse como un conflicto que trabe la relación y la
vida pública de ese Estado, en tiempos en los cuales el Congreso local, que no se reúne
hace más de un mes, tiene que entrar a dirimir asuntos como los que nosotros hemos estado
analizando del Presupuesto de Ley de Ingresos y otros.
Los datos del problema, son los siguientes:
en uso de las atribuciones que le otorga la Constitución Política del Estado de Colima
en su artículo 70, el gobernador de la entidad nombró a siete personas para ocupar el
cargo de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sujetando dichos
nombramientos, como lo establece la propia Constitución, a la aprobación del Congreso
del Estado.
El Congreso del Estado otorgó su
aprobación a tres de los referidos nombramientos por voto unánime de sus integrantes,
que son 20 diputados, resultando una decisión empatada de 10 votos respecto de la
aprobación de los otros cuatro nombramientos realizados por el gobernador del Estado, es
decir, 10 votos de los diputados fueron para aprobar el nombramiento y 10 votos fueron por
no aprobar el nombramiento de cuatro diputados y sólo hacerlo con el nombramiento de tres
de los siete.
Es necesario aclarar que a diferencia de
otros órganos, en el Estado de Colima, no existe el voto de calidad para destrabar las
votaciones que se empaten. La conformación de los diputados y del Congreso de Colima, es:
10 diputados del PRI, siete diputados del Partido Acción Nacional y tres diputados del
Partido de la Revolución Democrática.
El artículo del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo que hace referencia a las votaciones y en el cual se
suprimió el voto de calidad a propósito de un acuerdo al que llegaron los tres grupos
parlamentarios que forman el Congreso de esa entidad, acuerdo en el cual se suprime el
voto de calidad al que me refería, establecieron una forma para destrabar los empates en
el artículo 112 de ese reglamento que dice: "los empates en las votaciones que no
sean para elegir personas, se decidirán repitiéndose la discusión del asunto en la
misma sesión". Este no es el caso, porque éste sí era para elegir personas.
Continúa diciendo el 112: "si
nuevamente resultare un empate, se regresará a la comisión respectiva para las
observaciones del pleno, con la finalidad de que se realice un nuevo dictamen. Y si al
presentarlo nuevamente al pleno se volviese a empatar la votación, se reservará el
asunto para el periodo siguiente". Este no es el caso, el caso en el que estamos es
el del nombramiento de personas que dice a continuación: "para la elección de
candidatos, a ocupar un cargo o comisión, será necesaria la mayoría que señale la ley
respectiva. En caso de que no se obtuviere la mayoría necesaria de acuerdo con la ley,
que es mitad más uno, se repetirá la discusión en la misma sesión, votándose
nuevamente, y si en esa segunda ocasión tampoco se obtuviera el número de votos
requerido, se tendrá por no aceptada la propuesta, requiriéndose en consecuencia una
nueva proposición".
Es decir, que el gobernador pasará, en
este caso, a hacer una nueva proposición de magistrados en aquellos cuatro que no fueron
aprobados por el Congreso.
El artículo clave primero, es el artículo
70 de la Constitución local de Colima que dice: "los nombramientos de los
magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, serán hechos por el gobernador del Estado y
sometidos a la aprobación del Congreso, el que otorgará o negará dicha aprobación
dentro del improrrogable término de 10 días. Sin la aprobación del Congreso -termina
esta parte del artículo- no podrán tomar posesión los magistrados nombrados. Si el
Congreso no resolviera dentro de dicho término, se tendrán por aprobados los
nombramientos. Sin la aprobación del Congreso no podrán tomar posesión los magistrados
nombrados". Y aquí se plantea la controversia, hay una interpretación hecha por los
diputados del Partido Revolucionario Institucional, que suscribe el gobernador del Estado
de Colima, en el sentido de que se da una afirmativa ficta. Es decir, que al no aprobarse,
entonces se está en presencia de una aprobación final, porque no hubo resolución.
Y la interpretación que tienen los
diputados del PRD y del PAN, los otros 10 diputados, es que en ese caso no sólo hubo
resolución, sino que de hecho, hubo tres tipos de resoluciones, y que la afirmativa ficta
no procede porque ésta se da cuando hay inacción de la autoridad que debe decidir.
Cuando simplemente hay silencio total, cuando la acción administrativa no opera en
ningún sentido, y en este caso el Congreso, entró a la consideración y al análisis,
tanto en comisión; debatió los siete magistrados, estudió sus distintos expedientes,
aprobó cada uno, como podía ser de otra manera, porque se trata de personas distintas,
las cuales pueden ser aprobadas o no aprobadas en función de sus propias condiciones, de
sus propios requisitos. Es decir, uno puede llenar los requisitos y otro puede no
llenarlos, y entonces pasa a aprobarse al que los llena y a no aprobarse al que no los
cumpla.
Esto se hizo en comisión y se tomó la
resolución de hacer un dictamen aprobando a tres y no aprobando a cuatro. Por tanto, lo
que procede en la interpretación de los diputados del PAN-PRD, es que el gobernador
vuelva a formular, como dice el artículo 70, una propuesta para los cuatro magistrados
que no han sido nombrados.
Como ustedes advierten, estamos en
presencia de la acción de los tres poderes. El primero de los cuales, el Ejecutivo, tiene
la facultad de hacer una nominación que queda sujeta a aprobación del Congreso, pero
para constituir al tercer poder, que es el Poder Judicial, a sus magistrados
fundamentales.
El tema ha traído una discusión que no ha
tenido término y que ha llevado a la parálisis de los tres poderes, en algunos aspectos:
del Poder Legislativo, a una parálisis total, porque el presidente en turno de la mesa
directiva del Congreso local, convocó a una sesión solemne para que protestaran los
siete magistrados y hubo conflicto, que incluso tuvo manifestaciones físicas en el seno
del Congreso y no se permitió la toma de posesión porque 10 diputados se oponían.
Por otra parte, no se ha vuelto a citar al
Congreso, porque según la interpretación de los diputados del PRI y del gobernador, no
se hará ninguna que no sea la sesión solemne para que tomen protesta los siete
magistrados.
Pero se está violando también un acuerdo
que está suscrito por todos los partidos, en el sentido de que se alternen las mesas
directivas por mes. El mes pasado, noviembre, le correspondía al PRI, y ahora le
correspondía a la oposición. Pero hay la dificultad y el PRI dice que no entregará la
Presidencia de la mesa directiva a la oposición y no se ha convocado al Congreso
nuevamente.
Este conflicto ha llevado, como el tiempo
se ha agotado, a dos resoluciones que son de la mayor importancia. Por una parte los
diputados del grupo opositor PAN-PRD, solicitaron la intervención del Senado, para que en
uso de sus facultades pueda entrar a resolver el conflicto político. Pero a su vez, el
gobernador del Estado ha solicitado la intervención de la Suprema Corte para que resuelva
una supuesta controversia constitucional.
Nuestra opinión es en el sentido de que
los diputados del PAN-PRD tienen razón, que no están aprobados y no pueden tomar
posesión los magistrados, que no hubo afirmativa ficta porque sí hubo resoluciones que
se traducen en la aprobación de tres, en la no aprobación de dos; y hay una tercera
resolución al respecto que se tomó en función de aceptar una licencia de uno de los
magistrados, que pedía licencia como suplente, para poder pasar a ser propietario. O sea,
hubo una gama de tres resoluciones...
Señor diputado, su tiempo ha
concluido.
El
diputado Francisco José Paoli y Bolio: |
Termino, señor Presidente.
El conflicto entre poderes está planteado
y esta soberanía como colegisladora del Senado, debe tomar nota, debe de estar pendiente
porque de su resolución nos está tocando una necesaria responsabilidad, ya que en
términos generales...
Voy a concluir, diputada, pero creo que es
importante que conozcamos los términos de un conflicto de una de nuestras entidades.
Y decía que esta Cámara de Diputados
está viendo este proceso como uno de los que tiene la problemática de la transición
encima, porque está habiendo situaciones de empate, de las que nosotros no somos muy
lejanos, en diversas entidades que pueden establecer problemas serios al procesamiento del
trabajo público.
En consecuencia, dejo en conocimiento de
esta soberanía los términos del conflicto y los de nuestra posición en el sentido de
que el gobernador debe presentar los cuatro magistrados o candidatos para las cuatro
magistraturas que no han sido aprobadas, pasar a aprobación del Congreso y establecerse
el Poder Judicial.
Muchas gracias por su atención.
Tiene la palabra el diputado Sadot
Sánchez Carreño, del grupo parlamentario del PRI, para hablar sobre el mismo tema, hasta
por 10 minutos.
Adelante diputado Sánchez Carreño.
El
diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
Con su permiso, señor Presidente:
Hace un momento escuchábamos en esta misma
tribuna el ejemplo de quien en el exterior y en el interior hizo de su vida una defensa
permanente del orden jurídico, un ejemplo que concitó las voluntades y que permitió en
esta tribuna agigantar un esfuerzo de coincidencia y que nos unió en un diálogo: que fue
el homenaje a Jorge Castañeda.
Hoy, nuevamente es el derecho, la columna
vertebral de nuestra organización política la que nos lleva a interpretaciones desde
enfoques y puntos de vista diferentes.
José María Iglesias, presidente de la
Suprema Corte de Justicia en el siglo pasado acuñó una extraordinaria frase, que
merecería estar en este recinto: "sobre la Constitución nada ni nadie".
Y hoy precisamente el tema al que se ha
referido el orador que me antecedió en el uso de esta tribuna, parece esconder y cobijar
un propósito de violentar nuestro orden jurídico. El conflicto que hoy se presenta en
una entidad federativa, soberana por mandato constitucional y que entraña una doble
interpretación que hoy, como paso en seguida a referirme, carece de fundamento jurídico
y constitucional.
En efecto, los hechos que se han narrado
por el orador que hizo uso de la palabra en el turno anterior, se refieren a una
atribución que ejerce el titular del Ejecutivo del Estado de Colima, para designar a
quienes integran el Tribunal Superior de Justicia. El artículo 70 de la Constitución de
este Estado se refiere de manera expresa y casi en forma similar a como lo tenemos en la
Federación nuestro artículo 96, a que los nombramientos de los magistrados en el caso de
Colima, serán una atribución que hace el gobernador, pero con el ejercicio de una
facultad que se llama en la doctrina constitucional, una facultad de cooperación del
Congreso. Porque ésta radica en aprobar o rechazar los nombramientos que en uso de sus
atribuciones constitucionales hace el gobernador del Estado.
Y en efecto, de acuerdo con este mandato
constitucional, se presentaron siete propuestas al Congreso del Estado, de conformidad con
el Reglamento Interno del Congreso se resolvieron y así se notificaron de manera oficial,
la aprobación de tres de ellas. Sin embargo, como aquí se ha relatado, quedaron cuatro
nombramientos sin que oficialmente se les hubiera notificado el rechazo o la negación. Y
esto, este vacío, este silencio respecto a la resolución en la que se negaba o se
aprobara ese nombramiento, es lo que efectivamente satisface la hipótesis que señala el
propio artículo 70 constitucional, en el sentido...
El
diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul): |
¡Señor Presidente, me permite!
¿Con qué objeto, diputado
Rodríguez Prats?
El
diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul): |
¿Quiero consultar al orador si me
acepta una interpelación, por favor?
¿Acepta usted la interpelación?
El
diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
Sí, la acepto con mucho gusto.
Adelante.
El
diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul): |
Señor licenciado, muchas gracias por
aceptar mi pregunta. ¿Esa sesión donde el Congreso rechaza la aprobación de las cuatro
sugerencias o las cuatro propuestas del Ejecutivo del Estado, fue pública?
El
diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
La sesión se llevó a cabo de
acuerdo con el reglamento, que señala en su artículo 112 y que señala que las sesiones
sean públicas.
El
diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul): |
Muchas gracias.
Adelante, diputado.
El
diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
De acuerdo con el Reglamento Interno
del Congreso de Colima y particularmente en el artículo 112, se aplica un procedimiento
que de manera interna lleva a varias sesiones y a una dilatada discusión en la que aquí
ya se ha hecho referencia. Sin embargo, durante los 10 días que señala el propio
artículo 70 constitucional, el Ejecutivo del estado no recibe la notificación oficial
que necesariamente debe de darse como lo prescribe el mandato constitucional del Estado de
Colima. En consecuencia y toda vez que se trata de un improrrogable plazo de 10 días, se
satisface la hipótesis legal que establece este propio artículo 70, en el sentido de
considerar aprobados los nombramientos que se habían sometido al órgano colegiado de la
soberanía de Colima.
Esta es la primera conclusión que nosotros
debemos de obtener haciendo una interpretación y una aplicación exacta de lo que
prescribe literalmente la Constitución de Colima. No tenemos por qué buscar otra
interpretación que apoyada en un ordenamiento reglamentario, que es un ordenamiento que
jerárquicamente es inferior a la Constitución, pueda producir una conclusión distinta a
la que aquí hemos referido.
De acuerdo, pues, al texto del artículo 70
de la Constitución de Colima, al no recibirse en estos 10 días, procede que se aplique
el propio precepto que señala el artículo 70 de considerar aprobados estos
nombramientos. En consecuencia, se producen los efectos jurídicos que con toda legalidad
y con toda lógica hace valer el Ejecutivo del Estado de Colima.
Pero aún más. Hoy traemos nosotros como
un punto de análisis esta referencia, análisis que deberá de ser resuelto en su vía
formal y jurisdiccional por quien la Constitución de la República le ha dado esa
competencia. Se ha planteado de acuerdo con la fracción I del artículo 105
constitucional esta controversia y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que
resuelva, como esperamos, apegada a derecho.
Hoy queremos que en esta tribuna no se
busque tergiversar ni de ninguna manera desviar la competencia, las facultades que de
acuerdo con nuestra Constitución le corresponde a un órgano jurisdiccional y en quien
está planteado ya esta controversia.
Abonemos pues en este diálogo que hoy
sostenemos, del respeto que debemos de tener a nuestro orden constitucional, que sean los
órganos competentes quienes resuelvan los asuntos que corresponden a su jurisdicción, no
entorpezcamos el régimen del derecho ni caigamos en obstáculos que eviten declarar, como
lo debe hacer el supremo tribunal, lo que es el derecho.
Muchas gracias.
Muchas gracias diputado. ¿Con qué
objeto diputado Paoli? El micrófono por favor.
El
diputado Francisco José Paoli y Bolio (desde su curul): |
Para contestar alusiones personales.
Tiene la palabra hasta por 10
minutos, diputado. Perdón, rectifico, son cinco minutos.
El
diputado Francisco José Paoli y Bolio: |
Con su venia, señor Presidente:
Fui aludido en términos del orador
anterior, aunque no por mi nombre, pero muy claramente en el sentido de esconder y
cobijar, apunté literalmente, la violación al orden jurídico.
Muy lejos de mí está esconder o cobijar
ninguna violación al orden jurídico, he procurado señalar los términos de una
controversia, señalando que existen dos interpretaciones en curso y ciertamente dando la
opinión de la que a mí me parece la correcta. Esto no tiene nada que ver con esconder y
mucho menos cobijar la violación al orden jurídico.
La problemática planteada consiste en
determinar si el Congreso resolvió o no resolvió sobre la aprobación o desechamiento de
las propuestas formuladas por el gobernador del Estado de Colima, para designar como
magistrados del tribunal de justicia del Estado a cuatro personas sobre las cuales hubo
empate de 10 votos en sentido aprobatorio y 10 votos en sentido contrario.
De acuerdo con el artículo 112 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, una vez que fue sometida esta
designación al Congreso de los cuatro magistrados que nos ocupan, se obtuvo un primer
empate, hubo una violación porque no se siguió con el procedimiento que establece, que
debe repetirse entonces como cuando hay un empate, máxime no habiendo un voto de calidad,
la discusión para, dados nuevos argumentos, encontrar una fórmula que tuviera mayoría
de votos y pudiera desempatarse.
Aquí hay una primera violación de
procedimiento; lo que ocurre es que el gobierno del Estado y la diputación del PRI dice
que no hay que entrar a la interpretación del artículo 112 del reglamento, porque basta
con la aplicación del artículo 70 de la Constitución y ahí es donde está el problema
fundamental, porque el artículo 70 de la Constitución dice que cuando no hubiera mediado
resolución, entonces se entenderán por aprobados cualquier tipo de nombramientos en este
caso, pero en este caso ya he dicho, que hubo resolución, hubo una afirmativa de tres de
los siete, hubo una de no aprobación, pero es una resolución, la resolución consiste en
aprobar o en no aprobar y hubo las dos para aprobar a tres, para no aprobar a cuatro y
hubo una tercera relacionada con el asunto aceptando una licencia que solicitaba unos de
los magistrados que era suplente para pasar a ser propietario.
Es decir, hubo plena resolución y por
tanto no procede la afirmativa fiscal, porque el artículo 70 efectivamente dice:
"que si el Congreso no hubiera resuelto, quedarían nombrados como fueron presentados
los magistrados; no veo en donde pueda estar el cobijo a la violación del orden jurídico
que yo esté planteando, si precisamente fue mía la iniciativa de venir a presentar aquí
los términos de una controversia sobre el orden jurídico, para plantear cuáles son esos
términos y desde luego cuál es la opinión que además emití en el seno, invitados del
Congreso del gobernador, invitado informalmente para participar en trámites que pudieran
llevar a la resolución del conflicto.
Y fui invitado, no para cobijar o esconder
el orden jurídico, sino para aportar junto con otros juristas mi punto de vista con el
ánimo de encontrar una resolución.
El asunto es que el Congreso estatal sí
resolvió dentro del término constitucional, sobre el otorgamiento o la negativa de los
nombramientos a magistrados sometidos a su consideración y esto pasa al artículo 112,
que es el previsto en las disposiciones del propio Estado para resolver cuando algún
empate se produce; no seré prolijo en el análisis, pero hay todo un conjunto de
considerandos de este reglamento que sufre una modificación precisamente en virtud de la
situación de empate en la que ha caído; es un acuerdo, como el acuerdo de concertación
política al que nosotros hemos llegado a nivel federal.
Concluyo, señor Presidente.
Y este acuerdo implicaba que por
consideraciones democráticas se cancelara el voto de calidad, lo cual estuvo muy bien,
pero entonces se previene que cuando se produce el empate debe aplicarse el artículo 112
del reglamento y éste es el que no quiere entrar a aplicar ni el gobernador del Estado ni
10 de los 20 diputados y por eso se está planteando el conflicto.
Por último quiero decir, que no existe
ningún fundamento para una controversia constitucional como las que previene el artículo
105, porque ninguno de los poderes está llamándose a que el Estado...
Diputado Paoli, por favor concluya.
El
diputado Francisco José Paoli y Bolio: |
Concluyo con mucho gusto. Sólo se
produce una controversia constitucional cuando un poder se va sobre las atribuciones de
otro y las ejerce, pero en este caso, cada uno de los poderes ha ejercido las suyas, por
tanto no hay controversia constitucional ni cabe la intervención de la Suprema Corte, en
cambio sí cabe la intervención del Senado de la República, que previene en el artículo
76, que se resolverá por el Senado los conflictos políticos que se establezcan en alguno
de los estados.
Muchas gracias.
Gracias, diputado.
COMISION
DEL DISTRITO FEDERAL
Tiene la palabra el diputado
Alejandro Ordorica Saavedra, como presidente de la Comisión del Distrito Federal, para
presentar un comunicado de los grupos parlamentarios representados en esa misma comisión,
hasta por 10 minutos.
El
diputado Alejandro Victoriano Ordorica Saavedra: |
Con su permiso, señor Presidente:
compañeras diputadas; compañeros diputados:
El pasado 27 de noviembre fue aprobada por
unanimidad la iniciativa de reforma del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, asi
como otras disposiciones legales que permitieron adecuar el marco jurídico del gobierno
del Distrito Federal, respecto a la nueva normatividad establecida en el artículo 122
constitucional y sentar las bases jurídicas necesarias para el ejercicio del nuevo
gobierno, así como la participación ciudadana en esta ciudad.
Como resultado de la discusión, se
estableció también un acuerdo entre los grupos parlamentarios representados en la
Comisión del Distrito Federal, con el compromiso de trabajar durante el presente periodo
de sesiones y avanzar en la definición de los órganos colegiados de representación
popular en las propias delegaciones de la Ciudad de México.
De conformidad con este acuerdo, se
realizaron diversas reuniones en las que, de las deliberaciones llevadas a cabo, se logró
un avance en cuanto a las características básicas que deben tener dichos órganos,
coincidiendo los grupos parlamentarios en lo siguiente:
1. Se reafirma la necesidad de que dichas
instancias sean órganos colegiados electos mediante voto universal, directo y secreto.
2. Estos órganos se constituirán en cada
una de las demarcaciones territoriales en las que se divida el Distrito Federal, para la
elección de los titulares de las mismas.
3. Debido a la necesidad de profundizar en
el análisis jurídico, se continuarán los trabajos de la comisión, para presentar en el
próximo periodo de sesiones la iniciativa de adiciones al Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal.
4. En cuanto al procedimiento para su
elección y sus normas de funcionamiento, deberán precisarse en la Ley Electoral que
emita la propia Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Finalmente el quinto punto que dice así:
en el desarrollo de estos trabajos, se considera conveniente realizar las consultas
necesarias con los senadores, los diputados de la Asamblea legislativa y el Ejecutivo
local a fin de evaluar sus consideraciones e integrar aquellas que tengan el mayor
consenso.
Atentamente. Firma: el presidente, diputado
Alejandro Ordorica Saavedra; secretaria por el grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, Sandra Segura Rangel; la secretaria por la fracción parlamentaria del Partido
de la Revolución Democrática, Martha Irene Luna Calvo y
el
secretario por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional,
Enrique Jackson Ramírez. |
Muchas gracias.
Muchas gracias diputado.
Con las facultades que otorga la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el
Gobierno Interior, esta Presidencia acuerda un receso para reanudar la sesión hoy mismo a
las 18:00 horas, seis de la tarde, para continuar el desahogo de los asuntos en cartera.
Muchas gracias.
RECESO
El
Presidente (a las 14:45 horas) |
(Receso.)
(A las 21:20 horas) Se reanuda la sesión.
Proceda la Secretaría con los asuntos en
cartera.
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
La
secretaria Lourdes Angelina Muñoz Fernández: |
Se va a dar lectura al dictamen del
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 1998.
El
diputado Eduardo Guadalupe Bernal Martínez (desde su curul): |
Señor Presidente.
¿Con qué objeto, diputado Bernal?
El
diputado Eduardo Guadalupe Bernal Martínez (desde su curul): |
Señor Presidente, para pedirle
respetuosamente, ya se está repartiendo el dictamen entre los señores diputados, para
ver si se puede dispensar o someta a votación de la Asamblea la dispensa de la lectura.
Consulte la Secretaría a la Asamblea
si se dispensa la lectura del dictamen, en votación económica.
El
secretario Francisco Crescencio Rodríguez García: |
Esta Secretaría, por instrucciones
de la Presidencia consulta a la Asamblea en votación económica, si se le dispensa la
lectura al dictamen.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se dispensa la lectura, señor Presidente.
El
diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
Señor Presidente.
¿Con qué objeto, diputado?
El
diputado Gonzalo Pedro BárbaroRojas Arreola (desde su curul): |
Presidente, con todo respeto yo le
quiero hacer una observación.
Tengo en mis manos un documento que según
lo que se acaba de decir es el dictamen, sin embargo, este documento que nos están
ahorita distribuyendo carece de firmas, por lo tanto no puede haber dictamen si no está
firmado, señor Presidente. No procede la moción.
Yo le pido por favor que continúe la
lectura y que nos entreguen el dictamen firmado.
Sírvase la Secretaría mostrar el
dictamen con firmas y que se diga quiénes firmaron, por favor.
El
secretario Francisco Crescencio Rodríguez García: |
Esta Secretaría procede a leer la
firma de diputados que firman el dictamen relativo al proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Lo firman los diputados: Ricardo García
Sainz Lavista, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Javier Castelo Parada, Jesús Cuauhtémoc
Velasco Oliva, Guillermo Barnés García, Fortunato Alvarez Enríquez, Felipe de Jesús
Cantú Rodríguez, Luis Fernando González Corona, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Arturo
Saiz Calderón García, Agustín Miguel Alonso Raya, José del Carmen Enríquez Rosado,
Pablo Gómez Alvarez, Sergio Benito Osorio Romero, Demetrio Javier Sodi de la Tijera,
Esteban Miguel Angeles Cerón, Manuel Cárdenas Fonseca, Alberto Curi Naime, Charbel Jorge
Estefan Chidiac, Jorge Luis Flores Hernández, Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Gómez
Esparza, Enrique Tito González Isunza, Javier Guerrero García, Manuel Angel Núñez
Soto, Miguel Sadot Sánchez Carreño, Francisco Javier Santillán Oseguera, Clarisa
Catalina Torres Méndez.
Es cuanto, señor Presidente.
¿Con qué objeto, diputado Rojas?
El
diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
Una pregunta.
Por favor, el micrófono para el
diputado Rojas.
El
diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
Si la moción de la suspensión de la
lectura fue realizada, en función de que los diputados ya teníamos el dictamen, eso es
incorrecto, porque lo que tenemos es un documento no firmado. El único documento que
tiene firmas, es el que está leyendo el señor Secretario. En todo caso queremos saber si
procede la moción no importa, pero que nos den la copia del dictamen firmado, porque
tenemos derecho a saber en qué sentido firmaron cada uno de los integrantes. Muchas
gracias.
Puede usted proceder a instruir que se nos
distribuya el dictamen firmado, para saber en qué sentido se votó por cada uno de los
integrantes de la comisión, señor Presidente.
Diputado Paoli, ¿con qué objeto?
El
diputado Francisco José Paoli y Bolio (desde su curul): |
Moción de orden, señor Presidente.
Adelante.
El
diputado Francisco José Paoli y Bolio (desde su curul): |
La distribución de las copias de
cualquier proyecto de dictamen, tienen un propósito de difusión, en ningún artículo
del reglamento de la ley, establecen que las copias de difusión tienen que ir firmadas.
Lo que tiene que estar firmado es el dictamen.
Si la Secretaría hace constar que existen
firmas autógrafas, entonces la moción de petición de suspensión de la lectura, tiene
como fundamento que como el documento ha sido suficientemente conocido porque ha sido
distribuido, podemos suspender la lectura.
La votación fue en el sentido de que se
suspendiera, por tanto debemos continuar con el trámite que la Presidencia giró.
Muchas gracias.
Prosiga la Secretaría por favor.
¿Con qué objeto, diputado Bátiz?
El
diputado Bernardo Bátiz Vázquez (desde su curul): |
Señor Presidente, aquí en esta
área no ha sido entregado el documento, no lo hemos visto ni lo podemos leer en dos
minutos. Yo rogaría que continúe la lectura.
¿Con qué objeto, diputado?
El
diputado Benito Mirón Lince (desde su curul): |
Hay una moción por ahí, si se dice
que está distribuido el documento, aquí no tenemos ningún documento, por lo tanto
creemos que no procede la moción.
Que la Oficialía Mayor acelere el
reparto del dictamen, por favor.
¿Con qué objeto, diputado?
El
diputado Leopoldo Enrique Bautista Villegas (desde su curul): |
Mire, no estamos reclamando si la
copia tiene o no que ser firmada, simple y sencillamente ahí está un documento firmado,
lo que no sabemos si éste equivale al mismo. Porque si equivale al mismo debería de
estar firmada la copia también...
Es de primera lectura. Haber,
diputado por favor.
El
diputado Felipe Urbiola Ledesma (desde su curul): |
Si me permite hacer una moción. Para
evitar suspicacias si usted considera conveniente, podría permitir que un grupo de
compañeros del PRD, que tienen una inquietud, verificaran si las copias que se les
repartieron corresponden a las que se encuentran firmadas en la Secretaría y creo que
esto aclararía en cuestión de un minuto el asunto y terminaremos las suspicacias.
Gracias. Haber diputado, por favor,
¿con qué objeto, diputado?
Diputado Ortiz, por favor, ¿con qué
objeto?
¿Con qué objeto, diputado Bautista?
El
diputado Leopoldo Enrique Bautista Villegas (desde su curul): |
Una moción de orden, señor
Presidente.
Sería conveniente que el Secretario
repitiera la lista de los firmantes del dictamen señalando el sentido en que votaron.
Se concede eso. Proceda la
Secretaría por favor.
El
secretario Francisco Crescencio Rodríguez García: |
Ricardo García Sainz Lavista, vota
en contra; Marcelo Luis Ebrard Casaubón, firma en contra; Javier Castelo Parada, no
menciona, a favor: Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, firma en contra; Guillermo Barnés
García, a favor; Fortunato Alvarez Enríquez, a favor; Alejandro González Yáñez,
abstención, no firma; Fortunato Alvarez Enríquez, nada más firma; Felipe de Jesús
Cantú Rodríguez, firma; Luis Fernando González Corona, firma; Roberto Ramírez
Villarreal, firma; Felipe de Jesús Rangel Vargas, firma; Arturo Saiz Calderón García,
firma; Agustín Miguel Alonso Raya, firma en contra; José del Carmen Enríquez Rosado,
firma en contra; Gómez Alvarez Pablo, firma en contra; Sergio Benito Osorio Romero, firma
en contra; Demetrio Javier Sodi de la Tijera, firma en contra; Esteban Miguel Angeles
Cerón, firma en pro; Manuel Cárdenas Fonseca, firma en pro; Alberto Curi Naime, a favor;
Charbel Jorge Esteban Chidiac, a favor; José Luis Flores Hernández, a favor; Garza
Galindo Laura Alicia, a favor; Fernando Gómez Esparza, a favor; Enrique Tito González
Isunza, a favor; Javier Guerrero García, firma; Manuel Angel Núñez Soto, firma; Miguel
Sadot Sánchez Carreño, a favor; Francisco Javier Santillán Oseguera, firma; Clarisa
Catalina Torres Méndez, firma.
Consulte la Secretaría a la Asamblea
si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y a votación de inmediato.
El
secretario José Antonio Alvarez Hernández: |
Por instrucciones de la Presidencia
con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la
segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la segunda lectura.
En consecuencia está a discusión en
lo general el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio
Fiscal de 1998.
Esta Presidencia, informa que se han
registrado para las discusiones en lo general, los siguientes oradores, hasta por 15
minutos: diputados: por el Partido Verde Ecologista de México, Gloria Lavara Mejía; por
el Partido del Trabajo; Luis Patiño Pozas; por el Partido Acción Nacional; Javier
Castelo Parada; por el Partido de la Revolución Democrática, Ricardo García Sainz y por
el Partido Revolucionario Institucional, Laura Alicia Garza Galindo.
Tiene la palabra la diputada Gloria Lavara
Mejía, del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Gloria
Lavara Mejía: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Nuestro país asiste al inicio de un nuevo
siglo en un proceso de cambio en muchos aspectos de su vida como nación. El proceso de
transformación política, económica y social que vivimos, en muchos aspectos rebasa
claramente al Gobierno Federal.
La jerarquización de prioridades que
existe en el Gobierno, dista mucho de las necesidades y aspiraciones de la sociedad.
Quizá uno de los ejemplos más claros en esta disparidad de prioridades, es el tema
ecológico. Este tema, uno de los principales problemas en la agenda de todos los países
del mundo, aún no llega a ser comprendido por el Gobierno actual.
Hoy tenemos un proyecto de presupuesto, en
el que la preservación del medio ambiente pasa desapercibida. Parece que no importa que
seamos el país en Latinoamérica con la tasa de deforestación más alta y que la
desertificación de suelos ascienda a 80% del territorio nacional.
Estas cifras deberían de ser motivo
suficiente para establecer una política de Estado emergente con el objetivo de proteger
nuestras riquezas naturales. Sin embargo, parece que no hay tal motivo de alarma para
nuestro Gobierno, pues el presupuesto destinado al fomento forestal y conservación de
suelos, asciende para 1998, a 641 millones de pesos; 60 millones de pesos menos de lo que
se va a gastar la Secretaría de Turismo, tan solo en materiales y servicios generales.
Los programas para el desarrollo
sustentable tienen asignado la cantidad de 30 millones de pesos.
Quisiera mencionar que la Secretaría de la
Contraloría se va a gastar cuatro veces más, sólo en servicios generales y que la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tiene programados 70 millones sólo para el
mantenimiento de sus oficinas.
Esta jerarquización de prioridades es
simplemente inaceptable. Necesitamos la implantación de políticas públicas orientadas a
un crecimiento económico en equilibrio con nuestra biodiversidad.
Por otro lado, no podemos aceptar un
presupuesto que todavía permite grandes márgenes de discrecionalidad en el uso de los
recursos públicos al Gobierno.
Este decreto de presupuesto en sus
artículos 42 y 44, otorga al Ejecutivo la facultad de disponer de los montos
presupuestarios no devengados y autorizar erogaciones adicionales para aplicarlos a
programas y proyectos estratégicos o prioritarios del sector público federal.
La discrecionalidad que permiten estos dos
artículos, es de singular importancia cuando se presentan ingresos extraordinarios al
Gobierno Federal.
Para ilustrarlo, en 1993 el Gobierno tuvo
excedentes por 40 mil 548.3 millones de pesos.
Estos recursos se ejercieron con base a
estos artículos, lo que otorgó al Ejecutivo un amplio margen de decisión sobre un monto
importante de recursos.
Pero exploremos a dónde fueron a parar
esos recursos en 1996. La revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública que el pasado
jueves aprobaron todos los partidos, nos arroja que de los excedentes de 1996, el 50% se
destinó al rescate financiero.
Nuevamente las prioridades del Ejecutivo
son inaceptables. Curiosamente o coincidentemente, el hacer referencia a la
discrecionalidad del Ejecutivo nos lleva invariablemente al tema del rescate financiero.
No se puede aprobar un presupuesto que
destina recursos al saneamiento financiero, sin informar a esta soberanía la estructura
de pasivos de Nafin, BNCI y Fobaproa.
No podemos aprobar algo que no conocemos,
porque implicaría complicidad.
¿Con qué autoridad moral le vamos a
explicar a las siguientes generaciones que "aprobamos a ciegas" recursos por 379
mil 800 millones para un periodo de 30 años?
El Partido Verde Ecologista de México se
pronuncia una vez más, como lo hicimos en la presentación del dictamen de la Ley de
Ingresos, por restituirle al Congreso de la Unión el principio constitucional de aprobar
las bases y señalar los límites que comprometan el crédito de la nación.
Repetimos: ¡es impostergable iniciar una
reforma en las disposiciones normativas para mejorar el marco regulatorio del sistema
financiero, con la finalidad de reducir los riesgos de una nueva crisis en este ramo y
acotar los márgenes del Ejecutivo para comprometer recursos públicos!
La confianza de los ciudadanos con el
Gobierno, sólo se establece si existe transparencia en la asignación de los recursos
públicos. Una de las reglas más elementales de la relación Gobierno-ciudadano es la
claridad en el cobro de impuestos y la correcta aplicación de éstos en las grandes
necesidades de la sociedad.
Cuando no existe claridad en el uso de los
recursos públicos se rompe la relación de confianza que el ciudadano le otorgó al
Gobierno. Una de las condiciones básicas para conservar esta confianza lo es, sin duda,
los ingresos de los servidores públicos.
Hoy, en un México que intenta ser moderno
y democrático, increiblemente no podemos saber todavía el total de ingresos que perciben
los servidores públicos.
¡Es lamentable que la espera de más de 70
años por tener un Congreso que fuera una verdadera representación popular y donde se
velara por sus intereses, se vea ahora traicionada!
Se puede hacer mucho por este país. ¡No
renunciemos a la confianza que depositaron en nosotros 17 millones de votos el pasado 6 de
julio! ¡Todos esos votos tuvieron un sentido muy claro: un cambio en la política
económica! ¡Con este presupuesto no se está logrando! ¿Por qué aprobarlo?
¡En el Partido Verde Ecologista de México
queremos heredarle a nuestros hijos un ambiente limpio, un sistema financiero sano y una
relación de poderes en equilibrio! ¡Por eso nuestro voto es en contra!
Gracias.
Tiene la palabra el diputado Luis
Patiño Pozas, del Partido del Trabajo, hasta por 15 minutos.
El diputado Luis
Patiño Pozas: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
Asistimos a un punto medular en nuestro
quehacer legislativo: la autorización respecto a los montos y destino de los impuestos
que todos pagamos y de los endeudamientos internos y externos que son complemento al
presupuesto.
Ya verificamos durante la presente semana
al aprobar el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública por
todos los grupos parlamentarios y esto es también del PRI, que al Ejecutivo del PRI se le
autorizó un presupuesto para 1996 y la Cuenta Pública reflejó un ejercicio bastante
distinto. Se ordenaron incluso auditorías a determinados conceptos, especialmente a la
compra de carteras, a los bancos privados y al programa carretero.
Se advirtió, como en 1995, que en 1996 el
Legislativo estuvo completamente al margen de los endeudamientos externos y su aplicación
que realizó el Ejecutivo.
Por ello, como Partido del Trabajo,
exhortamos a todos los grupos parlamentarios que aquí concurrimos, a que no nos
conformemos con aprobar el presupuesto, sino que además establezcamos verdaderos acuerdos
para verificar su cabal aplicación. De tal manera que no por la puerta trasera el
próximo año encontremos que el presupuesto aprobado es totalmente distinto en la Cuenta
Pública.
El artículo 27 del proyecto de decreto de
presupuesto debe de sernos útil para ello, y por tanto adicionarle la participación
directa del Legislativo en la verificación de los recursos federales que se reasignan a
las entidades federativas que son motivo de convenio para su seguimiento.
Igualmente, por lo que corresponde al
artículo 36 del citado proyecto, limitar el amparo de hecho a la discrecionalidad del
Ejecutivo, para mover el presupuesto entre dependencias y entidades y a posteriori
informar al Legislativo.
Consideramos que debe adicionarse un
dispositivo no burocrático que salvaguarde la soberanía del Legislativo frente al
Ejecutivo, de tal manera que se consulte antes y no después o bien que se establezcan
criterios o rangos y no como ha venido ocurriendo año con año; ¡fíjense señores
diputados que gastamos en esto por lo otro!
El artículo 45 del proyecto de decreto,
ratifica estas facultades de discrecionalidad. Nuestra posición es que no podemos
permitirlo. ¡Ya basta que el señor Presidente meta indiscriminadamente las manos en
materia que sólo le corresponde a este Legislativo y que esa discrecionalidad se ampare
en leyes y decretos secundarios!
Por otra parte, nos parece un absurdo que
siendo la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Contraloría, ambas dependencias
del Ejecutivo, corresponda a esta última vigilar la operación de la primera. ¡Por
favor!, ¿a quiénes pretenden seguir engañando? Esperamos que este Legislativo asuma su
posición y corrija estas deformaciones administrativas que además son onerosas para el
erario. Debe ser la Contaduría Mayor de Hacienda, que es el organismo de vigilancia de
este Legislativo, el instrumento al que
hay que adecuarle, adicionarle facultades
para que mantenga la supervisión, evaluación, control y seguimiento del ejercicio
presupuestal. Pero ello, señores diputados, no debe ser a toro pasado como ahora ocurre,
sino antes de que ocurra y con ello eliminar a la Secretaría de la Contraloría, que
realmente no sirve para nada ni da seguridad en nada al Legislativo.
También consideramos necesario que el
Legislativo participe en la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento, para dar
cuenta y opinar sobre movimientos del presupuesto, especialmente en lo correspondiente a
licitaciones de inversión pública, con el objeto de transparentar ante la ciudadanía
estos procesos que actualmente dejan jugosas ganancias a trasmano.
En estos momentos, compañeros
legisladores, es necesario tomar conciencia, decisiones claras. No podemos seguir siendo
comparsas del Ejecutivo y, ¡ojo!, subrayo, no podemos ser comparsas del Ejecutivo
independientemente de cuál partido sea el Gobierno. Nos debemos al pueblo y es nuestra
obligación garantizar sus intereses y evitar abusos.
En este mismo sentido, si bien el monto que
la Presidencia de la República, el monto de dinero que ejerce puede ser mayor o menor, es
indispensable un mayor desglose de los conceptos que se aplican. Se aprecia que de los 1
mil 150 millones de pesos que se asignan sólo 50 millones son de inversión física en
dos inmuebles y para la consejería jurídica 16 millones. ¿En qué se aplica el resto?
¿En 80 cursos que refiere el apéndice G del resumen sectorial del presupuesto? ¿En qué
se aplican?
Pues bien, de esta cantidad son 150
millones de pesos sin fin preestablecido, la famosa partida secreta, concepto 7 mil 300
erogaciones contingentes del ramo 23. ¡Véanlo, pues, compañeros diputados! Ciertamente,
de 1994, último año formalmente salinista a la fecha, se ha reducido a un 10%, no
precisamente por propia voluntad, pero aún no sabemos su destino; quitémosle secreto a
la partida del Presidente, desde hoy para todos los presidentes, insisto, de cualquier
partido que llegue a tomar la Presidencia de la República.
Existe otro tema muy delicado que se cuela
a través del presupuesto y que tiene implicación directa con la democracia: la
transparencia y seguridad en materia electoral para los próximos años y especialmente
para el año 2000, de gran trascendencia para nuestro país.
Cito textualmente párrafos del apéndice
G, resumen sectorial: "el 30 de junio pasado, la Secretaría de Gobernación publicó
en el Diario Oficial de la Federación, el programa para el establecimiento del Registro
Nacional de Ciudadanos y la expedición de identidad ciudadana", y ahora -subrayo por
mi cuenta-, con vistas a su utilización en el proceso electoral del año 2000.
Más adelante, dice: "con tal
propósito, la Secretaría de Gobernación formuló requerimientos presupuestarios para
1997-2000 del orden de 5,298.5 millones de pesos", más o menos el equivalente a un
punto porcentual del tan llevado y traído IVA, que por cierto algunos grupos
parlamentarios de Xicoténcatl nos rechazaron.
Para 1998, Gobernación requiere 2 mil 500
millones de pesos en este punto; el Partido del Trabajo considera que no son de aprobarse
de manera contundente, no por no ser necesaria la cédula de identidad ciudadana, sino que
en tanto no discutamos aquí y en el IFE y avancemos en la reforma del Estado, todos los
grupos parlamentarios y otros sectores sociales, no podemos autorizar el inicio de un
proceso que recoloca nuevamente en manos del Ejecutivo, una parte sustantiva del proceso
electoral.
El Partido del Trabajo dice
categóricamente: no que sea nuevamente Gobernación quien maneje este importante aspecto
en los procesos electorales; es más, que Gobernación no intervenga para nada en los
procesos electorales. Ya tenemos al IFE, fortalezcámoslo. En los comicios pasados ha dado
muestras de confianza y seguridad a los electores, no enturbiemos este advenimiento a la
democracia que el país exigía desde hace mucho tiempo.
Es curioso que el articulado del proyecto
de decreto no se toque en este punto para nada y se amparen los gastos en otros rubros; en
cambio, sí es explícito en el apéndice.
Nuestra posición es que este aspecto se
discuta en lo particular y no se incorpore a la aprobación general; es nuestra propuesta,
señor Presidente, ¡retómela por favor!
Además, nos parece injustificado que se
asignen en Gobernación 23.3 millones de pesos para el Programa Nacional de la Mujer.
Seguro que se requiere muchísimo más en favor de las mujeres, independientemente de lo
que por sí mismas ya realizan, pero, ¿este programa por qué en la Secretaría de
Gobernación?, si se refiere a aplicaciones en aspectos de educación, salud, laborales,
violencia etcétera; nuestra opinión es que estos recursos se transfieran directamente a
los municipios.
En otro orden de ideas, en el campo y en la
ciudad, reiteradamente rechazamos en calidad de beneficiarios individuales u organizados,
la duplicidad de funciones de dependencias o de secretarías y la feroz competencia
clientelar o de futurismo político entre secretarios y subordinados.
Ejemplo de esto en el campo mexicano, es
que nos encontramos en abierta competencia la Secretaría de Agricultura Federal y las
secretarías estatales; la Secretaría de Desarrollo Social Federal y las secretarías
estatales, junto con el INI en materia de productividad agropecuaria y en materia de
empresas de productores agropecuarios y forestales. En nuestra opinión, corresponde al
sector del desarrollo rural esta tarea.
Pero, analicémoslo: nos parece
indispensable una reestructuración más a fondo de las funciones que cada dependencia
desempeña y de su correlación con las entidades y municipios, para que dentro del marco
de un federalismo con participación ciudadana, cada quien realice lo que le corresponde.
En materia salarial consideramos que debe
haber una estratificación en función de los salarios mínimos, para incrementar más a
quienes menos ganan y propiciar un equilibrio de ingresos.
Es indispensable que los trabajadores al
servicio del Estado con menores ingresos, perciban aumentos superiores a la inflación, y
no así en el caso de los servidores públicos con mayores ingresos, especialmente
funcionarios.
Por otra parte, ya basta de que seamos
música de acompañamiento, de retahíla de inventos sexenales de moda. Ejemplo ahora de
ello es el Pronafide, que con bombo y platillos se anunció. Es inocuo, nunca fue
autorizado por este Legislativo y más bien mostró un prematuro futurismo. Ejemplo de
ello es el tan traído programa de solidaridad, que se metía en todo y con todo, creando
distorsiones entre productores, entre colonos y entre otros grupos de beneficiarios.
Como vemos, la decisión del Presupuesto de
Egresos nos conduce inevitablemente a revisar otros aspectos que den mayor congruencia al
mismo presupuesto y a su destino.
Compañeros diputados, esperamos que como
se dice en los propósitos y montos asignados y reasignados del dictamen, se dé amplia
prioridad al gasto social, así como para que se reduzca el monto originalmente previsto
para los banqueros.
Debemos, junto con nuestros compatriotas,
asegurar que esto ocurra y que no existan desvíos.
A partir de enero deberemos establecer en
nuestras respectivas comisiones, nuestros programas de supervisión y seguimiento en cada
ejido, en cada comunidad, en cada colonia, en cada municipio, en todas las entidades. Este
proceso tortuoso de aprobación de ingresos, de egresos, de la Miscelánea Fiscal y de la
Cuenta Pública, seguramente para el próximo año nos encontrará en mejores condiciones,
con mayor experiencia y entonces, como ahora, en favor de México, seguramente
realizaremos mejor nuestras tareas.
Finalmente les proponemos a los grupos
parlamentarios la suscripción de un acuerdo político, para que nuestra tarea legislativa
en el próximo año de 1998, sea más acorde a las necesidades de la población en sus
diferentes estructuraciones e intereses y desde todos los rincones del país.
Les proponemos instrumentar una amplia
consulta ciudadana para 1998. Abundaremos en ello en otro momento. El Partido del Trabajo
reitera: prioridad al gasto social, con orientación autosustentable y productiva, mayor
atención al campo mexicano, mayor aumento salarial para quien gana menos y no más
privilegios a los banqueros.
Muchas gracias, diputado.
Para fijar posición y hasta por 15
minutos, tiene la palabra el diputado Javier Castelo Parada, del Partido Acción Nacional.
El diputado Javier
Castelo Parada: |
Con su permiso, diputado Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Las crisis recurrentes que desde hace
tiempo aquejan a la economía nacional, han sido el signo más elocuente de los límites
del autoritarismo del sistema político mexicano. La ocurrida hace tres años, evidenció
que las transformaciones estructurales promovidas por las más recientes administraciones
priístas, no fueron suficientes para desterrar el fantasma de caídas abruptas, cada vez
más frecuentes y más severas en los niveles de bienestar de millones de compatriotas,
antes al contrario, mostraron con la mayor nitidez que las crisis no pueden ser más
crueles que cuando la economía seguía como lo hace la tecnocracia neoliberal, con un
estilo que mucho se asemeja al despotismo ilustrado, siguiendo los dictados de la razón
técnica y dando la espalda a la razón política, que no es otra cosa que la razón de
los ciudadanos.
Esta razón no sólo se expresó, sino se
impuso el pasado 6 de julio. La sociedad se manifestó por el cambio gradual, y
gradualismo significa decisión, sentido de rumbo, pero también responsabilidad.
No es casual que para llevar a cabo esta
transformación, la ciudadanía haya escogido el poder que mejor la representa, el ahora
sí honorable Congreso de la Unión. En él se expresa el contrapeso necesario a la
discrecionalidad en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, y por ello la decidida
vocación democrática que día a día refrendan los mexicanos a pesar de las campañas
deliberadas que pretenden contraponerla con la gobernabilidad, por decir lo menos, y con
la responsabilidad pública, por decir lo más.
El decreto de presupuesto que hoy
comenzamos a discutir recibe la anuencia de Acción Nacional porque el dictamen recoge sus
propuestas, y al hacerlo inaugura la democratización en el ejercicio del poder, que es
ingrediente indispensable para hacer de la economía un vehículo seguro hacia el
crecimiento sostenido, el bienestar y la equidad social.
Aislados estos aspectos, cada uno provoca
distorsiones que los mexicanos ya no estamos dispuestos a tolerar. El primero, el
crecimiento degenera en la obsesión tecnocrática liberal; los segundos en ilusiones
populistas que no tienen otra consecuencia que dejar a cargo de generaciones futuras.
Las recomendaciones del Partido Acción
Nacional apuntaron en tres sentidos precisos: consolidar la estabilidad y el crecimiento;
traducir el crecimiento en una justicia distributiva con un referente inequívoco: la
vigorización del federalismo, y la apropiación ciudadana del destino de los recursos
públicos. Esto democratiza la política económica nacional.
Comprometido con la necesidad de evitar
desequilibrios que al final no hacen, sino frenar el crecimiento, Acción Nacional
insistió en preservar finanzas públicas sanas y un gasto cuyo financiamiento no se
tradujera en un déficit público que arriesgara las cuentas externas, el nivel de precios
y el tipo de cambio, y por esta vía la recuperación económica.
Hoy podemos afirmar que nuestra insistencia
ha encontrado eco, el dictamen del Presupuesto de Egresos responde a los límites que le
imponen los recursos fiscales disponibles y el manejo de un endeudamiento razonable, que
mantiene el coeficiente de solvencia del sector público federal si la economía crece al
ritmo pronosticado, y lo reduce si, como es lo más probable, esa previsión es superada
por la inercia implícita en el dinamismo económico.
El hecho más relevante de la transición
mexicana es la transformación de una comunidad de actores colectivos que sirvieron como
base de apoyo a los sistemas corporativos, en una sociedad cada vez más nutrida de
ciudadanos.
Esta mutación ha sido y es el fundamento
en el que se fincan las aspiraciones democráticas en todas las naciones que han
transitado de formas autoritarias a democráticas de Gobierno. México no ha sido la
excepción, y por ello la lucha por instaurar la democracia como forma efectiva de
Gobierno implica descentralizar el poder, no sólo político, sino económico y cultural,
en múltiples centros de decisión que consoliden el eslabonamiento necesario que debe
existir entre ciudadano, comunidad y Federación.
Democratizar es federalizar, federalizar es
democratizar, y ambas en el México actual implican legitimar el ejercicio del poder.
Si para evitar las crisis recurrentes y
garantizar que el crecimiento beneficie a la mayoría, la política económica debe ser
democratizada, entonces el gasto público debe ser un gasto federalizado. El dictamen del
Presupuesto de Egresos ha adoptado el afán de nuestro Partido Acción Nacional, por
impulsar el federalismo como la forma privilegiada de promover la equidad.
En el rubro de bienestar social,
reconocemos que la atención a la pobreza extrema es un imperativo moral, pues se acepta
que la verdadera naturaleza de la misma es la incapacidad de los núcleos de población
que la padecen para salir de la penuria, sin un apoyo deliberado y subsidiario del poder
público, que busque su habilitación, para que puedan aprovechar oportunidades de
desarrollo en igualdad de condiciones.
Pero también Acción Nacional entiende que
la pobreza adquiere, antes que todo, una dimensión geográfica y por ello, que son los
gobiernos estatales y municipales, los instrumentos más eficaces para su atención.
Es en este sentido que hemos logrado
incorporar el combate a la pobreza, como un expediente más, tendiente a la vigorización
del federalismo. A propuesta de nuestro partido, los recursos destinados a las prioridades
estatales del ramo 26 son transferidos para crear el ramo 33, un fondo de aportaciones
para la infraestructura social estatal, que se agrega al que por ámbito municipal propone
la iniciativa del Ejecutivo.
En esta línea Acción Nacional se suma a
la propuesta de regir la distribución de los recursos destinados al combate a la pobreza,
con criterio de transparencia y temporalidad, así como a la modificación que tiene como
objetivo transferir a los gobiernos locales, los recursos que el Gobierno Federal
orientaba a programas sociales y desayunos escolares, a través del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia y al mantenimiento y ampliación de la infraestructura
de la educación básica y universitaria.
El significado de esta adscripción, no es
otro que hacer de la política social un instrumento cada vez más en manos de sus
receptores y de sus representantes más inmediatos.
El bienestar social pierde todo sentido si
se carece de seguridad pública. La violencia y el delito se han instalado como un invasor
permanente de la vida comunal, por ello Acción Nacional propuso y logró que los estados
de la República, tuvieran mayor flexibilidad en el uso de los recursos orientados a la
seguridad pública, a través de su inclusión en el fondo de aportaciones para el
fortalecimiento municipal del ramo 33.
La razón estribó en que un municipio
fuerte, es antes que todo, un municipio seguro. Cuando la seguridad pública se ve
socavada, el principio que legítima a la autoridad del Estado desaparece, y el municipio
es la primera instancia en la que el Estado se manifiesta.
Pero el fortalecimiento municipal acepta, y
sobre todo reclama, otra acepción: el robustecimiento financiero.
El escandaloso monto de recursos que el
Gobierno Federal ha venido dedicando al rescate bancario, ha levantado una ola de
indignación en la sociedad mexicana, no sólo por su ostensible ineficacia, sino porque
revela los verdaderos compromisos e intereses, que efectivamente representa el grupo
político que hoy detenta el poder.
El Gobierno mexicano defiende la salud de
la banca, pero había desatendido una enfermedad crónica: la penuria financiera
municipal. Por ello, Acción Nacional buscó transferir una parte del dinero orientado al
llamado saneamiento financiero, al nuevo fondo de aportaciones para el fortalecimiento
municipal.
Con estos recursos, más los que provienen
de la partida del ramo 23 para coordinación hacendaria, los ayuntamientos aliviarán la
pesada carga del endeudamiento en que los hundió el injusto centralismo presupuestario,
avalado por un Congreso que representaba únicamente intereses partidarios y sólo en muy
escasas ocasiones, los intereses de los ciudadanos.
Desde que el desarrollo de las
instituciones políticas las generaron, los cuerpos legislativos tuvieron una
justificación esencial, que sólo un sistema autoritario, como el priísta pudo soslayar.
La legitimidad en la apropiación de
recursos y la vigilancia del uso que el PRI siempre hacia de las contribuciones
ciudadanas. Hoy, Acción Nacional ha logrado que la Cámara de Diputados recupere esta
función que se le había arrebatado al pueblo de México. Por un lado ha logrado incluir
la propuesta que disminuye la discrecionalidad del Ejecutivo en la asignación de rubros
como los premios al desempeño de funcionarios públicos, al fijar topes máximos por
nivel jerárquico y salarial.
También logró que la llamada
"partida secreta", continúe su disminución y persistiremos hasta que
desaparezca. Y por último, se obliga a que el Ejecutivo Federal ejerza el gasto de los
recursos en partidas precisas y determinadas por esta Cámara, que se generen por las
variaciones favorables en ingresos tributarios y no tributarios.
El dictamen obliga al Ejecutivo a que
proporcione información clara y oportuna, a efecto de que esta representación popular
dé seguimiento cabal al ejercicio del gasto, ejerciendo en toda su amplitud las
facultades de control que la Constitución le asigna.
Por último, el principio de austeridad
implícito en unas finanzas públicas sanas se ha impuesto al incorporar las propuestas
panistas de desincorporar entidades gubernamentales que duplicaban funciones, que eran
utilizadas con propósitos partidistas y electorales, que significaban la yuxtaposición
de poderes en el ámbito estatal.
Compañeros legisladores: por las razones
anteriores, por primera vez en su historia legislativa Acción Nacional aprueba el
dictamen sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación. Hacemos votos porque el
Legislativo insista y las autoridades permanezcan abiertas para seguir avanzando en el
fortalecimiento del federalismo, en la disminución de las discrecionalidades de que
venía disponiendo el Ejecutivo, en dar mayor transparencia mediante información
suficiente y oportuna al Legislativo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Para fijar posición, hasta por 15 minutos,
tiene la palabra el diputado Ricardo García Sainz, del Partido de la Revolución
Democrática.
El diputado
Ricardo García Sainz Lavista: |
Dentro de los retos de esta LVII
Legislatura, destaca el de sentar las bases para ofrecer a los mexicanos una nueva
concepción de la política económica, del gasto público y del papel estratégico,
aunque ciertamente limitado, que tiene el Presupuesto de Egresos de la Federación, como
instrumento privilegiado para impulsar el desarrollo económico y social del país.
He tenido la oportunidad, como Presidente
de la Comisión de Programación y Presupuesto, de vivir una de las expectativas
personales más intensas, más enriquecedoras y puedo decir, más frustrantes en mi vida.
Iniciamos la conversación con las
autoridades hacendarias para poder establecer las bases de cómo transitar esta primera
experiencia en la configuración de un presupuesto en una Cámara plural, en donde el
partido en el poder no tenía la mayoría. En estas reuniones con el titular de la
Secretaría de Hacienda, con los subsecretarios, establecimos las bases los cinco
partidos, de las normas que debían regir nuestro diálogo y nuestro quehacer para
configurar este presupuesto.
Y convenimos que debía de hacerse con el
más profundo respeto entre nosotros, sin descalificaciones que limitaran nuestras
capacidades hacia adentro y fuera de nuestras respectivas bancadas y hacia la opinión
pública. Y sin dogmatismos, para que juntos pudiéramos encontrar las mejores fórmulas
para el desarrollo económico, social y político del país.
Este tránsito fue satisfactorio hasta las
últimas fechas, en donde debo decirles que este respeto, que esta verdad, que ésta no
descalificación, se sustituyeron de golpe por el incumplimiento de compromisos, por el
engaño y la simulación y por el peso abrumador del Ejecutivo Federal para la
elaboración de los documentos finales.
Llegamos a la Cámara, nosotros llegamos a
la comisión, todos los integrantes, con propósitos muy claramente definidos. Buscábamos
la limitación del autoritarismo; buscábamos la transparencia en el uso y ejercicio de
los recursos públicos; buscábamos la certeza jurídica para que todos los mexicanos
tengamos más clara conciencia de nuestros derechos y obligaciones. Buscábamos eliminar
las facultades discrecionales que tanto han lesionado a la trayectoria del país;
buscábamos el calendarizar los gastos para evitar uno de los factores de mayor
arbitrariedad. Buscábamos verificar que las asignaciones pudieran ser soportadas por las
estructuras y buscábamos el establecimiento de algo fundamental, y que debo decir
se logró, que era el establecimiento de
reglas precisas para el manejo de los excedentes de recursos y para el financiamiento de
los faltantes. Esto limita una de las tradicionales facultades discrecionales y sí se
alcanzó.
Les diría que llegamos aquí entendiendo
las limitaciones del presupuesto. Y buscábamos, a través de él, modificar en la medida
de lo posible, la política concentradora de ingresos y depauperizadora, en perjuicio del
pueblo de México. Buscamos impulsar el papel promotor orientador y regulador del Estado
en armonía con el mercado, para que en el Estado sean eficaces y complementarios.
Buscábamos darle prioridad a la actividad productiva y al gasto social. Buscábamos
impulsar el desarrollo agropecuario, fortalecer el federalismo a través de la ampliación
de la asignación de recursos federales a los estados y municipios.
Buscábamos la conversión de las actuales
delegaciones federales, en órganos estatales, limitando la representación federal,
fortaleciendo los estados y eliminando dispendios. Buscábamos a través del presupuesto,
fortalecer la inversión productiva en los sectores estratégicos de la economía
nacional, específicamente en el ámbito de producción y generación de energéticos, de
tal manera que se garantice la viabilidad de las empresas paraestatales del sector.
Buscábamos y seguimos pidiendo frenar el costo creciente de los servicios públicos,
evitando aumentos por encima de la inflación estimada para el año. Buscábamos a través
de las facultades del Congreso dar las señales necesarias, iniciando la recuperación del
valor real de los salarios a partir de un incremento del 5% por arriba de la inflación a
los sueldos de los servidores públicos a partir del próximo 1o. de enero.
Buscábamos aprobar un nuevo esquema
financiero para resolver el problema de las carteras vencidas, en beneficio de los
deudores de la banca; cancelando apoyos adicionales hacia la banca privada.
Buscábamos impulsar la reactivación
productiva de la pequeña y mediana empresas, aumentar el presupuesto destinado a la
educación pública, a la salud y a la alimentación.
Buscábamos usar el presupuesto como un
instrumento de combate frontal a la corrupción.
Lo hicimos, esta tarea, sabíamos que es
inmensamente ambiciosa y apenas se inicia y tenemos conciencia en el Partido de la
Revolución Democrática de las limitaciones; se nos acusa frecuentemente de populismo,
pero tenemos plena conciencia de que se requiere el crecimiento como instrumento básico
para mejorar las condiciones y calidad de vida de nuestros semejantes.
¡Estamos plenamente conscientes de
preservar el equilibrio presupuestal! ¡Jamás mencionamos incremento alguno en el
déficit público! ¡Y jamás cuestionamos lo impreciso de su cálculo!
Establecimos, también, una clara
conciencia de las condiciones que nos son impuestas por el exterior. Sabemos lo que afecta
a nuestra economía, a nuestra estructura presupuestal, lo que afecta el precio de los
productos petroleros...
Permítame el orador.
Ruego a los diputados guardar sus lugares
para que esta sesión continúe de la forma civilizada en que queremos. Por favor...
Nuevamente ruego a los diputados guardar su
lugar para que continúe la sesión.
Adelante, diputado.
El
diputado Ricardo García Sainz Lavista: |
Estamos plenamente conscientes,
insisto, de las condiciones impuestas por el exterior: precios de los productos petroleros
y tasas de interés que tanto pesan sobre el equilibrio de las finanzas nacionales.
Estamos, asimismo, plenamente conscientes
de las limitaciones en la elaboración del presupuesto que nos son impuestas por las leyes
aprobadas por este honorable Congreso. ¡Y así no discutimos un ápice la justificación
de las transferencias al Instituto Mexicano del Seguro Social, a las Afore, que producen
pesos extraordinarios sobre la estructura presupuestal! ¡Pero tenemos la convicción de
que en el respeto a la certeza jurídica es donde podemos encontrar los espacios para el
fortalecimiento de la democracia!
¡Les diría a ustedes que votamos en
contra, porque no se logró la mayoría necesaria para cancelar la partida secreta de
gastos de la Presidencia de la República!
¡Votamos en contra porque se confirma el
presupuesto, una vez más, como instrumento concentrador del ingreso y promotor de las
dramáticas desigualdades!
¡Votamos en contra por no asignar
suficientes recursos al desarrollo agropecuario, al impulso de la pequeña y mediana
empresas y a la vivienda!
¡Votamos en contra, porque este
presupuesto debilita a los históricos programas sociales más sentidos de la población,
como abasto de leche y tiendas rurales!
¡Votamos en contra, porque reduce la
política social a apoyos puntuales y clientelares!
¡Votamos en contra, por haber perdido la
oportunidad histórica de profundizar en el análisis de los grandes rescates financieros
que protegen a la banca y olvidan a los deudores!
¡Votamos en contra, por haber rechazado la
alianza PRI-PAN, la decisión de incrementar el valor real de los salarios en 5% por
encima de la inflación, a partir del próximo 1o. de enero!
En el umbral del Siglo XXI, la forma de
entender el funcionamiento de la actividad económica tiene que hacerse en función del
análisis que en ella han adquirido la tecnología y el conocimiento. Precisamente por
ello, denunciamos y decimos una vez más: ¡no al fundamentalismo neoliberal!
Hace ya 15 años que el país se encuentra
inmerso en el estancamiento al tiempo que se agudizan la polarización social y los
desequilibrios entre los sectores. Si bien la globalización significa pérdida de grados
de poder para los estados y las políticas económicas nacionales, exige también un mayor
rigor en las políticas económicas para mantener la competitividad.
Es necesario afirmar y dignificar la
democracia, metiendo al presupuesto dentro del proceso de reforma del Estado.
Para la discusión del presupuesto de 1999
es imperativo hacer las cosas de una manera diferente, para que esta Cámara de Diputados
sea verdaderamente la casa del pueblo, en donde la verdad, la lealtad y el compromiso de
servir sean norma invariable.
Muchas gracias.
Para fijar posición hasta por 15
minutos, tiene la palabra la diputada Laura Alicia Garza Galindo, del Partido
Revolucionario Institucional.
La diputada
Laura Alicia Garza Galindo: |
Con su permiso, señor Presidente;
honorable Asamblea:
Es honor y privilegio acceder a esta
tribuna con la encomienda de mi grupo parlamentario, el Partido Revolucionario
Institucional, de fijar nuestra posición en torno al proyecto de decreto del Presupuesto
de Egresos de la Federación para 1998 que, por supuesto, votaremos a favor, porque es una
propuesta incluyente...
Incluyente, que ha logrado incorporar
muchos de los compromisos y de las preocupaciones de todos los grupos parlamentarios que
integran esta Cámara de Diputados, para transformarlos en programas y proyectos de gasto
público; proyecto de gasto público que establece las reglas básicas para sostener el
proceso de crecimiento de la nación como una de las vías idóneas para alcanzar mejores
estadios y calidad de vida para los mexicanos y muy especialmente para los que menos
tienen; proyecto de gasto público para 1998, que presenta importantes innovaciones
estructuradas en enfoques integrales para atacar aquellos problemas que son sin duda los
más sensibles para nuestra nación; un nuevo federalismo, con importantes
modificaciones...
Presidencia de la diputada
María de la Soledad Baltazar Segura
Por favor, permítame la oradora. El
tiempo por favor. Compañeros diputados...
Compañeros diputados, les suplico de la
manera más atenta, que podamos... compañera diputada Enoe, por favor, si es tan
amable... por favor... Por favor a los compañeros diputados se les suplica de la manera
más atenta, guardar el mayor orden posible.
Les agradecemos a todos que se ubiquen en
sus lugares y que se sienten. A las personas que se encuentran en
las galerías, también les suplicamos que
tomen sus asientos y nos permitan continuar con la sesión en el mayor orden posible.
Se les suplica tomar sus asientos y
permitir que esta Presidencia continúe con los trabajos legislativos.
Por favor, continúe la oradora.
La
diputada Laura Alicia Garza Galindo: |
Un nuevo federalismo, con importantes
modificaciones a través de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal que habrá de
seguir evolucionando.
La creación del ramo 33, marca un nuevo
rumbo en el proceso de descentralización de la vida nacional para fortalecer a los
estados y a los municipios que conforman el pacto federal. Hace 20 años, se inició en
México el primer esfuerzo con el Convenio Unico de Coordinación, el CUC, que
desconcentraba funciones, pero no los recursos ni materiales ni humano ni mucho menos
financieros.
Se evolucionó con el Convenio Unico de
Desarrollo, pero hoy, con la aparición de este nuevo ramo, en realidad se descubre una
nueva ruta para entrelazar el Convenio de Coordinación Fiscal con la descentralización
de recursos.
Se marca así el inicio de un esfuerzo que
quizá si nos apuramos, toque a esta legislatura concluir y que deberá culminar con una
nueva Ley del Federalismo, que establezca a plenitud los derechos, pero también las
obligaciones y las corresponsabilidades entre las tres órdenes de gobierno.
Y fuimos los priístas quienes exigimos
este avance, nadie podrá negar que lo impulsamos nosotros, pues hubo quienes pretendieron
que las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, se quedaran en la congeladora;
afortunadamente desistieron, desistieron en el intento y vieron finalmente las bondades
que entrañaba el proyecto. Por eso, en éste hoy se contemplan cinco fondos en lugar de
los tres iniciales.
Es sin duda innovar el planteamiento de una
nueva estrategia en donde se entrelaza una política de desarrollo rural integral, con
gran apoyo al campo, con la política por cierto, más amplia de desarrollo social, que
extiende su cobertura y permite mejorar la calidad de los servicios sociales básicos como
lo son educación, salud, seguridad social, vivienda, capacitación laboral, apoyos a los
grupos más vulnerables de la sociedad, entre ellos las mujeres y los niños.
En este último rubro, las legisladoras del
PRI, aseguramos recursos en el presupuesto orientado a proyectos productivos y sociales
así como de financiamientos para proyectos de mujeres organizadas, especialmente en el
área rural.
Estas estrategias del campo y la social,
enfocan sus objetivos para acelerar las estrategias de superación de la pobreza extrema y
de impulso al bienestar social, en donde vale la pena destacar un progreso más amplio y
mejor estructurado, sin descuidar las áreas urbanas con rápido crecimiento poblacional e
interrelacionando los dos planes, lo rural y lo urbano con la más acelerada
descentralización en la vida nacional hacia los estados y municipios, es decir con el
nuevo enfoque al federalismo.
No podría dejar de reiterar la importancia
de la reforma en la seguridad social que beneficia a los trabajadores, en particular a los
de menores ingresos, que incorpora en su diseño una desgravación importante que estimula
al trabajador y a la creación del empleo.
Vale la pena señalar que los recursos
adicionales del IVA, nos permiten como país sufragar menores cuotas de los trabajadores y
de sus empleadores. La reforma a la seguridad social permite que las remuneraciones de los
trabajadores se incrementen en 2.8% en términos reales; esto sí es favorecer a la clase
trabajadora, ya que con incrementos de otra naturaleza que no corresponden al presupuesto.
Proyecto de gasto público para 1998 con
políticas claras de fomento al crecimiento económico, en las que el Estado mexicano pone
especial énfasis en los programas de inversión pública destinados al aparato
productivo, es decir, orientada hacia los sectores privado y social para que éstos
cuenten con más y mejor infraestructura productiva, a fin de que agilicen la generación
de empleos y en consecuencia de ingresos para los más, dinamizando así la economía.
En este espacio se localizan los nuevos
esfuerzos en materia de desincorporación de empresas públicas, con lo que el Estado
continúa su proceso de adelgazamiento, en tanto que el sector privado asume nuevas
responsabilidades que inciden en el crecimiento económico. Así, el Estado puede
dedicarse más plenamente a lo suyo.
Otras políticas importantes que muestran
avances significativos en este proyecto, son el fortalecimiento a la democracia y del
estado de derecho, que incorpora tal cual los proyectos de presupuesto que elaboraron los
poderes Legislativo y Judicial y el IFE. Se busca también fortalecer la capacidad de los
cuerpos encargados de la seguridad pública para salvaguardar la integridad física y
patrimonial de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz
pública, política que igual se interrelaciona con el avance en el federalismo, al
integrar al Sistema de Seguridad Pública a los municipios del país.
Debo señalar el impulso a las políticas
de transparencia en el ejercicio del gasto, que muestra los resultados que alcanza el
Ejecutivo Federal con el uso de los recursos públicos. Es también parte de esta
política el objetivo de informar más detalladamente sobre las remuneraciones a los
servidores públicos, en donde la asignación de percepciones se otorgue en función del
puesto y su grado de complejidad y de responsabilidad.
Es importante destacar como parte de esta
política de transparencia, la disminución significativa del ramo 23, que se reducirá en
más del 73%.
Los priístas, hemos además exigido que la
partida secreta cuente con reglas claras en su instrumentación. Además...
Permítame la oradora. Por favor
compañeros, esta Presidencia les suplica guardar el orden, para que podamos continuar.
Adelante, señora diputada.
La
diputada Laura Alicia Garza Galinda: |
Además, la hemos fijado para este
presupuesto en 50 millones de pesos y no se canceló porque se requiere. Recuerden el
huracán "Paulina", además de ir en la Cuenta Pública.
Quisiera señalar que nuestro
posicionamiento parte de una premisa irreductible, ser priísta es ir contra la mala
distribución del ingreso, así como de que el gasto público es el instrumento más
eficaz para redistribuir la riqueza.
La premisa se sustenta en una realidad
inocultable, el 10% de la población más favorecida concentra el 43% del ingreso,
mientras que el 40% de los mexicanos más pobres, sólo reciben el 11% del mismo. Esto nos
indica que el 50% de la población y dentro de ella la económicamente activa, es la base
cautiva que integra el padrón de contribuyentes.
Requerimos construir una reforma fiscal
integral, que por otra parte consideremos en que no se construyen los casi cuatro meses en
que ha transcurrido esta legislatura. Bajar el IVA ni es un problema de reforma fiscal ni
resuelve los problemas que como país enfrentamos. De entrada los invito, compañeros, a
que en los meses por venir formemos mesas de trabajo plurales en las que con rigor
metodológico, con esfuerzo sistemático y sumando la sensibilidad política de ustedes,
la aplicación de la técnica, vayamos delineando no sólo la reforma fiscal integral e
indispensable para el país, sino la política económica de largo aliento a la que nos
convocara el presidente Zedillo en su último informe de Gobierno y de la que este
presupuesto ya constituye un avance.
Aprobaremos este proyecto de decreto. No
podría sin embargo concluir, sin señalar que no obstante lo alcanzado aún falta mucho
por hacer y considero que podríamos lograr más si lo hacemos unidos, así, señores, se
podría consolidar más rápido la democracia que nos exigen los mexicanos, una democracia
fincada en mejorar día a día la vida de los mexicanos que se nutre en la justicia
social, una democracia que se refleje en lo plural, en la tolerancia entre quienes
pensamos diferentes, en los afanes por alcanzar acuerdos, una democracia que por encima de
las posiciones partidistas, legítimas por cierto, aglutine a todos en torno al interés
superior de la patria, una democracia que tolere todo, todo menos a quienes se empeñan en
ir en contra del futuro de los mexicanos.
Sí, sí, que tolere todo, menos a quienes
con su decir y su hacer pretenden frenar la lucha de las mayorías por darnos un México
más grande, más fuerte y más generoso.
Muchas gracias, señora diputada.
Tomando en consideración que han
transcurrido las cinco horas reglamentarias para las sesiones ordinarias, que establece el
artículo 3o. del acuerdo parlamentario aprobado el 6 de noviembre último, esta
Presidencia acuerda prorrogar el lapso correspondiente a la sesión de este día hasta la
conclusión del orden del día.
Señores diputados: se suplica a los
señores diputados que permitan a esta Presidencia continuar con los trabajos.
Esta Presidencia informa que se han
registrado los siguientes diputados como oradores en pro y en contra, hasta por 10
minutos.
En contra los diputados: Cuauhtémoc
Velasco Oliva, Pablo Gómez Alvarez, Marcelo Ebrard Casaubón y Demetrio Sodi de la
Tijera.
En pro: Luis Fernando González Corona,
Manuel Cárdenas Fonseca, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez y Francisco Javier Santillán
Oseguera.
En consecuencia, tiene la palabra para
hablar en contra del dictamen, hasta por 10 minutos, el diputado Cuauhtémoc Velasco
Oliva, del Partido de la Revolución Democrática.
¿Con qué objeto, diputado Bernal?
Permítame el orador.
El
diputado Eduardo Guadalupe Bernal Martínez (desde su curul): |
Le pediría, señora Presidente, si
fuera tan gentil, instruir a la Secretaría diera lectura a los artículos 207 y 209 del
Reglamento Interior del Congreso, si fuera tan amable.
Gracias. Se instruye a la Secretaría
para que dé lectura a los artículos 207 y 209 del Reglamento Interior del Congreso.
El
secretario Jaime Castro López: |
"Artículo 207. Los concurrentes
a las galerías se presentarán sin armas, guardarán respeto, silencio y compostura y no
tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostración.
Artículo 209. Los que perturben de
cualquier modo el orden, serán despedidos de las galerías en el mismo acto, pero si la
falta fuere grave o importante delito, el Presidente mandará detener al que la cometiera
y consignarlo al juez competente."
Cumplida su instrucción, señora
Presidente.
Muchas gracias, señor Secretario.
Por favor, señores diputados. Yo les voy a
suplicar que si quieren usar la palabra, lo hagamos al término del orador.
El
diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: |
Compañeras diputadas; compañeros
diputados:
El dictamen aprobado en la Comisión de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública el día de hoy, por el PRI y por el PAN,
representan muy malas noticias para el pueblo de México.
Ojalá que simplemente fuera una posición
técnica, lamentablemente sus consecuencias se extienden a toda la población mexicana.
Lamentablemente no habrá beneficios para la mayor parte de la población, el presupuesto
no comprende beneficios de carácter general.
Primero, se dijo no al IVA. Antes se dijo
no a la reducción de tasas impositivas en artículos de consumo básico. Ahora se dice no
al incremento de salarios.
Si nosotros revisamos las cuentas del
incremento de salarios en este año, nos daremos cuenta que, prácticamente se han
mantenido estancados, por lo que el hecho de que para el año entrante no se incrementen
de acuerdo con la propuesta del PRD, significa que no habrá mejoría real para los
trabajadores mexicanos.
Asimismo los gastos en salud y educación,
simplemente significan más de lo mismo, la gente no verá una mejoría real en su
economía familiar.
En salud, los actuales servicios que se
ofrecen continuarán congestionándose, seguiremos viendo en los hospitales públicos las
largas filas de personas que acuden por falta de recursos a atenderse ahí.
En educación, las escuelas primarias
seguirán teniendo un mantenimiento precario, como actualmente ocurre a lo largo y a lo
ancho de la República Mexicana. Muchas universidades continuarán lamentablemente con su
proceso de deterioro, sin posibilidades de mejorar su nivel académico, sin posibilidades
de superar sus angustiantes problemas económicos que a muchas las tienen contra la pared.
Desafortunadamente el pan, el pan que come
la gente todos los días, seguirá escaseando en la mesa de muchas familias mexicanas.
El factor trabajo seguirá perdiendo
terreno. Durante la presente administración la caída del salario real ha sido de 14.4%
respecto del año de 1994. Como ustedes saben también, los salarios reales desde los
principios de los años ochenta a la fecha, han perdido más de las dos terceras partes de
su capacidad, de su nivel real.
En consecuencia, el ingreso continuará
concentrándose en pocas manos.
Las desigualdades sociales serán cada vez
mayores, están claramente documentadas por varios investigadores las brutales
transferencias de ingreso que el proceso de modernización, entrecomillado, ha significado
para el país. Porciones importantes del ingreso nacional han pasado de una manos a otras.
El factor trabajo ha perdido más de 10 puntos en unos cuantos años.
El presupuesto seguirá sirviendo para
aumentar los bolsillos de los grandes millonarios, a través de los macroproyectos y de
las grandes obras, de las obras suntuarias a que son tan afectos los regímenes emanados
de la Revolución Mexicana.
El sector agropecuario seguirá recibiendo
menos apoyo. Entre principios de los años ochenta y ahora, los recursos reales destinados
al campo, se han deteriorado en un 50%. Para 1998, hay una disminución de entre 2% y 5%
de los recursos destinados al campo. Claro, Hacienda prepara cuadros muy bonitos donde
demuestra a través del cruce de cifras entre los distintos programas, que los apoyos han
aumentado.
La verdad es que el campo mexicano seguirá
languideciendo; la verdad es que muchos campesinos se verán obligados a emigrar al norte;
la verdad es que el campo mexicano seguirá viviendo momentos muy difíciles.
Desafortunadamente también, el sector
productivo orientado al mercado interno no recibirá apoyos reales. Los centros de
competitividad que están previstos para dizque aumentar la competitividad de la empresa
mexicana son auténticamente una falacia, no representan ningún apoyo real para la
empresa; ésta seguirá enfrentándose a un mercado estrecho, a tasas de interés elevadas
y a un sinnúmero de problemas que dificultan su desarrollo y su viabilidad.
El fortalecimiento del ramo productivo para
los pobres, no será posible llevarlo a cabo. La fracción parlamentaria del PRD estuvo
trabajando intensamente, con el ánimo y el propósito de hacer una reasignación y darle
una orientación adecuada al ramo 26, para que no siguiera siendo la bolsa política que
alimenta el clientelismo político y los fraudes electorales. Se buscó concebirlo,
desarrollarlo de manera tal que se constituyera en un apoyo efectivo para muchos mexicanos
pobres; se pensó que sería importante fortalecer el programa de empresas sociales Fonaes
que actualmente existe, canalizándole mayores recursos; que era muy importante impulsar
el crédito a la palabra, para que no beneficiara a 500 mil personas o campesinos pobres,
sino para que beneficiara a un millón. Se pensó en la conveniencia de crear un fondo
para el fomento cooperativo, para impulsar la capacitación también para el fomento
cooperativo y constituir una asesoría técnica para el fomento del desarrollo productivo.
Todo esto buscando la manera de no recargar
el presupuesto, tratando de hacerlo con inteligencia, con mesura, con equilibrio, con
sentido real de las limitaciones presupuestales a las que nos enfrentamos.
¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que
hemos visto el día de hoy? El rechazo a este tipo de planteamientos. Sinceramente insisto
y repito, son muy malas noticias para todos los mexicanos.
También hay que destacar que el proceso
desatado para llevar a cabo una revisión exhaustiva de parte de esta Cámara a
políticas, a programas y presupuestos, sufre un rudo golpe. Todo el esfuerzo, toda esta
dinámica que se había puesto en marcha, se detiene. Lamentablemente el Poder Legislativo
seguirá siendo un apéndice del Poder Ejecutivo y el modelo económico, inequitativo e
ineficaz, seguirá prevaleciendo y lo más grave, no se sentarán las bases para resolver
de fondo los problemas de la economía nacional y esto, compañeros, lamentablemente para
todos los mexicanos, es muy mala noticia.
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra, para hablar en pro del
dictamen, el diputado Luis Fernando González Corona, del Partido Acción Nacional.
Se suplica a los diputados que se
encuentran en medio del pasillo, nos ayuden a conservar el orden, al igual que a los
medios de comunicación.
El
diputado Luis Fernando González Corona: |
Muchas gracias, diputada Presidenta;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
La democratización de las instituciones y
de la vida política nacional, en la que estamos comprometidos, encuentra un aliento
considerable en el dictamen que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta
Pública, presenta a esta soberanía.
En su elaboración se trabajó mirando a
quienes más lo necesitan y buscando superar las deficiencias derivadas de manejos
discrecionales de los recursos públicos.
Hoy la vida política nacional se
caracteriza por su pluralidad; para bien de la República se acaban los tiempos del
verticalismo. Como legisladores, somos corresponsables de la gobernabilidad y así nos
asumimos...
El
diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (desde su curul): |
Señora Presidenta.
Perítame el orador.
¿Con qué objeto, diputado Montalvo?
El
diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (desde su curul): |
Si me acepta el orador una
interpelación.
Permítame ver si la acepta.
Diputado Luis Fernando González, ¿acepta
una pregunta del diputado Montalvo?
El
diputado Luis Fernando González Corona: |
Sí, con mucho gusto.
Adelante, diputado Montalvo.
El
diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (desde su curul): |
Diputado: respetuosamente, ¿me
pudiera usted decir qué plantea Acción Nacional en la plataforma electoral de 1997 que
registró ante el Instituto Federal Electoral en relación al alza de salarios y la
división de poderes?
El
diputado Luis Fernando González Corona: |
Señor diputado: aprovechando su
pregunta, me voy a "colgar" de ella, de otra manera no hubiera cubierto parte de
mi discurso, para darle respuesta a lo que usted nos dice, pero también para precisar
algunas cuestiones que hemos venido escuchando y que creo que han sido distorsionadas.
Primero. Aquí se ha dicho, aquí se ha
dicho, que muchas de las aspiraciones y anhelos que tenía el PRD, y esto lo escuchamos
por voz del señor presidente de la comisión, se fueron abajo con este disentir del
Partido Acción Nacional, y quiero precisar esto, que usted me da la oportunidad ahorita
de aclarar.
El día de anoche el presidente de la
comisión nos presentó un dictamen elaborado solamente al interior del PRD, violentando
los acuerdos existentes del grupo parlamentario de que es la mesa directiva la facultada
para nombrar subcomisiones y emitir dictámenes, como éste tan importante que estamos
viendo.
El
diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (desde su curul): |
¡Pido la palabra!
¿Con qué objeto, diputado Montalvo?
El
diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (desde su curul): |
...forma electoral!
Perdóneme, diputado Montalvo. Tengo
entendido que el señor diputado Luis Fernando González Corona, aún está contestando la
pregunta que le formuló usted. Habrá la posibilidad de que al término de la misma le
formule usted la siguiente.
El
diputado Luis Fernando González Corona: |
Me estoy "colgando" de la
oportunidad que usted me acaba de dar, señor diputado.
Por siete horas casi, por siete horas casi,
el día de hoy se conformó una comisión redactora del dictamen. En esa comisión
redactora se avalaba punto por punto el dictamen. Se avaló en un 98% por el PRD, quedando
solamente 12 puntos, 12 puntos y que estos 12 puntos, señores diputados, no hacen la
revolución presupuestaria en nuestro país.
Y precisando su pregunta, nuestra
plataforma, nuestros planteamientos más importante es el fortalecimiento al municipio y
claro que una auténtica división de poderes y lo hemos venido desarrollando de esa
manera.
¿El salario? Ahorita lo retomo en mi
discurso con mucho gusto.
Ustedes han manejado, señores diputados,
que el PAN se opone a un incremento salarial del 5% real. Es absurdo, hay que precisar que
es solamente a la burocracia de nuestro país y no a todos los trabajadores mexicanos.
¿Ya terminó de contestar la
pregunta, señor diputado González Corona?
El
diputado Luis Fernando González Corona: |
Ya.
Entonces por favor continúe con su
tiempo.
El
diputado Luis Fernando González Corona: |
Así pues, ¡nuestra posición no fue
la de vetar el presupuesto enviado por el Ejecutivo, pero mucho menos aceptarlo a pie
juntillas! ¡No estamos aquí para oponernos por sistema ni para mostrar sumisión! ¡Se
equivocan quienes pretenden ver en el grupo parlamentario de Acción Nacional a un
conjunto de legisladores que defiende intereses partidistas o se vuelve comparsa de otros
partidos! ¡No! ¡Nuestro compromiso primordial es con la nación!
Hoy aprobaremos el Presupuesto. En él
hemos logrado algunos avances. Mínimos si se quiere, pero que recogen la necesidad
impostergable de hacer más eficiente y menos discrecional el funcionamiento del Gobierno
Federal. Así como también de redistribuir el gasto en favor del bienestar social y de
optimizar los recursos, de tal modo que lleguen prioritariamente a quienes más lo
necesitan.
La democracia, compañeras y compañeros
diputados, no se reduce tan sólo al respeto al voto ni es un discurso vacío, sino tiene
un contenido de justicia que se expresa precisamente en el destino y en el cuidado de los
recursos públicos.
Nuestra tarea es garantizar el cumplimiento
de los compromisos sociales fundamentales del Estado. En ese sentido, las medidas a
través de las cuales se precisan, reforman, adicionan o suprimen diversas disposiciones
del proyecto presidencial, logran una más justa distribución de los recursos fiscales y
un más sano equilibrio financiero.
Por tal motivo, se agrega un artículo
transitorio para señalar que los ahorros y economías que se logren en los subsidios
generalizados al consumo del Programa de Variaciones de Empresas Internacionales, se
destinen al apoyo de los programas de desarrollo rural. De igual manera de los excedentes
en recursos tributarios, se canalizará una parte a fomentar el desarrollo agropecuario,
así como a programas de construcción, mantenimiento y modernización carretera.
Se transferirán directamente a los estados
recursos que hasta ahora venían manejándose a través de los convenios con CAPFCE. Se
otorgarán mayores facultades a los estados para administrar los recursos del Programa
Nacional de Seguridad Pública.
Compañeros, diputadas y diputados: la
deuda principal del Estado mexicano no es con el Fondo Monetario Internacional ni con el
Banco Mundial. La deuda principal es con el pueblo de México, con las clases más
desprotegidas, con los millones de mexicanos sumidos en la pobreza y en la miseria. ¡A
ellos responden las iniciativas que incrementan el Fondo de Aportaciones para
Infraestructura Social Municipal, las que crean el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento Municipal y el Distrito Federal también, así como la creación del Fondo
de Aportaciones de Usos Múltiples; que todos estos fondos sumados le dan a los municipios
a partir de 1998, casi un 40% más de lo que recibían anteriormente del Gobierno Federal!
Eso es lo que venía en nuestra plataforma
política de 1997, compañeros.
Como lo ha probado la historia del sistema
político mexicano, no es con discrecionalidad ni con centralismo como alcanzaremos el
desarrollo; al contrario, ahí está la causa de nuestros males. El pueblo, señoras y
señores diputados, ha perdido la credibilidad en su Gobierno. El pueblo siente que su
sacrificio sólo ha servido para incrementar la corrupción, la pobreza, la deuda y los
abusos de toda índole; por eso ya no cree, compañeros, por eso en sólo casi cuatro
meses de este primer periodo de sesiones hemos acotado parte de ese exacerbante
centralismo, de esa discrecionalidad.
Por tal razón, el Partido Acción Nacional
propuso que la Secretaría de Hacienda incorpore en su informe financiero que
trimestralmente rinde al Congreso, los montos de las participaciones pagadas a cada
entidad federativa durante el periodo que se informa; ¡reglas claras de qué hacer con
los recursos excedentes y a dónde canalizarlos; reducción del monto de la partida
secreta, su reglamentación así también por la Cámara; transparencia en los estímulos
y en los bonos a servidores públicos y, sobre todo, un mayor involucramiento de la
Cámara, del Poder Legislativo, una mayor vigilancia a lo largo del ejercicio del
Ejecutivo, está plasmado en este Presupuesto de 1998!
Con esto solamente estamos empezando,
compañeros, a saldar nuestra deuda histórica engrosada tras décadas
de centralismo, agraviada por el
despotismo, por el ninguneo, por el verticalismo. Empieza a cambiar ya el papel de las
dependencias federales en la ejecución y vigilancia de los programas que se realizan en
estados y municipios, eliminándose éstas en favor de los gobiernos locales.
Ciertamente en estas jornadas hemos logrado
todos avances, no los ideales, sí los posibles en este preciso momento. Hemos llegado a
un sustancial adelgazamiento del aparato burocrático federal, se reduce a su mínima
expresión la Secretaría de la Reforma Agraria, se compactan las delegaciones estatales
de la Sedesol, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud, se
reducen las delegaciones foráneas de la Secretaría de Turismo, se desincorpora PIPSA y
el periódico El Nacional, todo esto con el fin de que los recursos producto de ese ahorro
se canalicen a rubros más prioritarios.
Estas, entre otras medidas, mis amigos,
integran el proyecto de decreto que hoy se presenta a su consideración.
Compañeras y compañeros: ni desastre
económico, ni clima de inestabilidad ni guerrilla institucional ni crisis, contra lo que
algunos difunden por ignorancia o mala fe, el proyecto del decreto del Presupuesto de
Egresos de la Federación para 1998 que se presenta a esta soberanía, no responde a
cálculos políticos ni a tiempos electorales. El ciudadano emergente es cada vez más
portador de un voto libre e informado y espera soluciones, salidas distintas a las de
siempre, sin poner en riesgo el funcionamiento regular de las instituciones.
Ciertamente hemos privilegiado al
municipio, célula básica de la República; nuestra propuesta materializa la necesidad
impostergable de realizar un ejercicio más racional en clave democrática, más justo en
la distribución de los recursos públicos; convertirlos en auténticos impulsores del
bien común que contribuyan a la realización de lo que queremos en materia política: la
democratización plena de nuestro sistema político mexicano.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado
González Corona.
Tiene la palabra para hablar en contra del
dictamen, el diputado Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática.
Señor diputado Gómez Alvarez, tiene usted
hasta 10 minutos.
El diputado Pablo
Gómez Alvarez: |
Señoras diputadas y señores
diputados:
Con el voto que ha dado una mayoría en la
Comisión de Presupuesto, se ha renunciado a acabar con la discrecionalidad del Ejecutivo
en materia del gasto y se ha cambiado esa gran oportunidad que teníamos, por pequeños
cambios.
No se acaba, pudiéndolo hacer, con la
discrecionalidad del Ejecutivo y se intercambia esa gran oportunidad por algo que ya
estaba, aunque no se cumplía, que son los informes del Ejecutivo a la Cámara de
Diputados. ¿Por qué conformarnos con pedir informes, si podemos controlar el gasto y
tenemos facultad constitucional? ¿Por qué reducir la partida secreta pudiéndola
eliminar? ¿Por qué conformarnos con un informe del Ejecutivo sobre la partida secreta, a
una comisión de la Cámara que no tiene facultad constitucional fiscalizadora ni facultad
de auditoría?
Ni siquiera la Contaduría Mayor de
Hacienda recibirá el informe del gasto de la partida secreta, quien sí tiene facultad
constitucional.
¿Por qué hablar de un aumento del 5% real
a los salarios para todos los trabajadores, cuando tiene uno enfrente el documento que la
Constitución nos permite emitir, que no es la expedición del salario mínimo
desgraciadamente, sino el presupuesto del país, el presupuesto de la Federación
solamente? No hacerlo ahí donde se puede y esperar a que el Gobierno lo haga
allá donde él puede decidir, renunciando
a tomar la decisión por sí mismo y ejercer la facultad constitucional que se le ha
arrancado durante años a esta Cámara.
¿Por qué aceptar una redacción indigna,
impuesta por Hacienda, que dice que de las decisiones que la Secretaría de Hacienda
tomará para la distribución del fondo del famoso rescate financiero, nos informará el
señor Secretario de Hacienda?, cuando la Cámara puede tomar la decisión, no tiene que
pedirle el informe al Secretario de Hacienda; debería la Cámara asumir sus facultades e
informarle de cómo las ejerció al señor Secretario de Hacienda, al Presidente de la
República.
Nos piden dinero para programas que van a
dos bancos; miles de millones a dos bancos y a los deudores, les pregunto colegas de
Acción Nacional, incluyendo a algunos de ustedes que también lo son, y la respuesta:
ninguna, ninguna absolutamente. Esperaremos la decisión del Presidente y del señor
Ortiz.
Dice el artículo 127 de la Constitución,
hay que leer eso de cuando en cuando, que los servidores públicos recibirán una
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o
comisión, que será determinada, determinada anual y equitativamente en los presupuestos
de egresos de la Federación y del Distrito Federal o en los presupuestos de las entidades
paraestatales, según corresponda.
¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué han
votado en contra de una propuesta para poner la tabla de percepciones dentro del decreto
del presupuesto? No entiendo por qué se puede votar contra lo elemental que la
Constitución nos manda, sólo porque los enviados del señor Ortiz dijeron que no les
gustaba ese artículo.
¿Y qué ponemos en lugar o qué ponen
ustedes en lugar de las percepciones que nos manda la Constitución? Ponen ahí los bonos,
los sobresueldos, que no están determinados en presupuesto, puesto que serán
determinados por la autoridad no todos los funcionarios tendrán una cantidad y ni
siquiera existe la garantía de que ellos recibirán los famosos bonos, con los cuales se
ha sustituido la función del empleado de la República, por el que está sometido al
jefe, por el siervo del político; pero el funcionario de una república debe ser siervo
del pueblo y no de los altos mandos de la burocracia, debe tener garantizada su
percepción y estar orgulloso de ella para decirlo frente a la prensa, para poder confesar
su ingreso frente a sus hijos, frente a sus esposas o esposos.
Ciudadanas diputadas, tengo aquí una
tarjeta firmada por el diputado Paoli, a quien le advertí que leería esto en esta
tribuna cuando así lo convenimos. Con la letra del diputado Paoli: "Aumento de un
17% promedio, excluyendo mandos medios y superiores, y considerando las promociones, en
una negociación formal entre la bancada del PRD y la del PAN".
Pero yo digo, guardaré esto como
recordatorio de los vientos nuevos en las luchas parlamentarias y quiero decir que no
hubiera recibido una tarjeta de un diputado de la bancada oficialista, porque nunca la
firma de alguien de esa bancada vale más que el papel, pero la firma y el escrito de
Paoli, en mi opinión siempre ha valido más que el papel en el que están escritas esas
letras.
Hemos, se ha renunciado a la gran
oportunidad de hacer un presupuesto de la oposición por primera vez. Pudimos haberlo
hecho. Que el pueblo y la nación se los demanden.
Tiene la palabra el diputado Manuel
Cárdenas Fonseca, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro hasta por
diez minutos.
El diputado
Manuel Cárdenas Fonseca: |
Con el permiso de la Presidencia.
Adelante, señor diputado.
El
diputado Manuel Cárdenas Fonseca: |
Tomando plena nota de las primeras
palabras de quien me antecedió en esta tribuna, iniciaré esta intervención.
El habló de que el voto lo dio la
mayoría, ésa es la democracia y por ella estamos luchando.
Se comenta aquí varias cosas, pero habría
que hacer algunas precisiones. Me voy a referir a una, con todo respeto, al esquema
clientelar con el que la han comentado y que es la llamada partida secreta. Fíjense de
qué tamaño es lo que acabamos de escuchar, contra lo que les voy a expresar.
Página 13 del documento que hoy y ayer y
antier analizamos, porque la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública,
nunca tuvo prisa en su dirigencia, de presentar un dictamen serio y bien llevado.
Dice el segundo párrafo del punto 3:
"Se reafirman los recursos propuestos para las partidas secretas a que se refiere el
párrafo tercero de la fracción IV del artículo 64 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por lo que se disminuye el monto de dichas partidas. Asimismo se
establece la necesidad de contar con reglas, para que la Contaduría Mayor de Hacienda
realice un control y seguimiento de dichas partidas, sin que éstas pierdan su carácter
de secreto".
Por lo anterior, será necesario
desarrollar dicho marco normativo y mecanismos durante el Ejercicio Fiscal de 1998, para
que se puedan ejercer estas asignaciones conforme a las reglas claras que emita la
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Ese es el respeto entre
poderes, ése es el reconocimiento a la igualdad de poderes, eso es lo que buscamos, es
por donde hemos avanzado.
Pero con esta muestra no agoto las
precisiones que pudieran ser vastas, muchas pudiéramos hacer. Pero prefiero pensar que la
vida democrática de nuestra patria se sigue consolidando día y día. Hoy, en esta
soberanía se refleja claramente y aun con ideologías distintas, cuando cabe la
prudencia, la mesura y la razón, se pueden armonizar pretensiones en aras de beneficiar
al pueblo de México.
Este ejercicio democrático que hemos hecho
en los últimos días, ha permitido dar cauce, apegados a la ley, a la convivencia
responsable de distintas corrientes ideológicas y hoy que nos referimos al Presupuesto de
Egresos de la Federación, debemos de reconocer, como lo han reconocido otros compañeros,
que todo es perfectible, pero nadie podrá decir que éste no es presupuesto incluyente.
Si revisáramos el borrador de proyecto que
nos presentó la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, contra el que
hoy aquí, estamos en vías de aprobar, porque el PRI votará a favor, verán que no hay
grandes diferencias, aunque eso ya se dijo hace un momento.
Pero, bien, para nosotros, el hablar de
gasto público necesariamente debe llevar implícito el hablar de las variables de
ingreso, deuda y déficit público. No podemos olvidar la obligación del Estado, de otra
suerte no podríamos encontrar un camino posible para buscar dar sustento y viabilidad a
un proyecto de Estado o de país.
Para el PRI, para el partido al que
orgullosamente pertenezco, la política de gasto debe de orientarse a promover el
crecimiento, la inversión y el empleo, teniendo como meta elevar el bienestar de la
población, reduciendo desigualdades entre grupos sociales y regiones geográficas.
También debemos ver como obligación de
parte, no nada más del Ejecutivo, porque a veces se nos olvida que es el Presupuesto de
Egresos de la Federación, que son los tres poderes más el IFE y bueno, a propósito de
ese nombre que mencionaron, él comentó en aras de la convocatoria el día que estuvo
aquí, que habría paquete económico a tiempo, y hoy, lo estamos teniendo, compañeros.
Dicho de otra manera: debemos de pugnar por
un país de más y mejores oportunidades, en el que la sociedad tenga acceso a mejor
educación, a salud, a vivienda, a los servicios básicos y a mejores empleos. Pero como
les decía hace rato, debemos de hacerlo con la prudencia de la razón, con el sentido
común y la honestidad intelectual.
Para lograr una economía en vigorosa
expansión, es necesario hablar de ingresos adicionales que satisfagan las necesidades de
recursos para llevarle al pueblo de México la respuesta a las necesidades de ahorita, a
las de mañana. Pero también a la formación que todos los que estamos aquí estamos
obligados de llevar a cabo: a la formación del México del Siglo XXI.
En ese camino y atendiendo al tamaño de
nuestra economía y sin desatender el equilibrio que debe prevalecer en la obligación
legal del Estado, vamos a seguir pugnando, sin olvidar la obligación legal del Estado,
por un mayor y más eficaz gasto para el desarrollo social.
Hoy los invito, compañeros, a todos, sin
distingos de creencia ideológica, haciendo a un lado dogmas, a que pongamos en nosotros
la mejor y mayor voluntad para corresponder a los que están fuera de este recinto y a
quienes hoy nos acompañan, en aras de, responsablemente, con dignidad, con seriedad, con
compromiso y respeto entre los poderes, a seguir valorando lo que hoy tenemos: un México
de apenas 75 años y que a veces perversamente lo quieren comparar con países de más de
un cuarto de siglo. ¡Vámonos despacio y vamos haciendo las cosas bien!
¡Sí, señores!, eso quería que
contestaran. México tiene después de la Revolución aproximadamente 70 años y un
desarrollo civilizado y estable y fíjense nada más, compañeros legisladores, cómo en
ocasiones, cómo en ocasiones perdemos la mesura y cómo en ocasiones perdemos la razón.
Vamos regresando en este acto plural, en
ese ejercicio democrático, vamos peleando la reivindicación, la dignidad del Poder
Legislativo, construyendo en 1998 las bases fundamentales legislativas para que ya no se
quejen quienes en aras del abuso del discurso, recurren a la verborrea.
Muchas gracias y ¡viva México!
Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Marcelo Ebrard
Casaubón, diputado independiente, hasta por 10 minutos.
Permítame, señor diputado Marcelo Ebrard.
Quiero suplicarle muy especialmente al
diputado Martín Mora Aguirre, que cuando tenga deseos de usar la palabra, se sirva
pedirla a esta Presidencia, quien con mucho gusto se la concederá.
También quiero suplicar a los señores que
se encuentran en las galerías, que se abstengan de participar en los debates; que nos
ayuden a llevar esta sesión con el mayor orden posible. Se los vamos a agradecer mucho.
Adelante, diputado Marcelo Ebrard.
El diputado
Marcelo Luis Ebrard Casaubó||n: |
Gracias, señora Presidenta;
compañeras y compañeros:
El dictamen sujeto a nuestra
consideración, no se puede aprobar como está. ¿Por qué? Primero, porque es un dictamen
que mantiene las prioridades del Presidente de la República. Esta Cámara con mayoría
opositora, no logra en este dictamen traducir sus prioridades en el presupuesto.
Se argumenta por parte del partido del
Gobierno, que no hay recursos, que no hay margen para atender las prioridades que
presentan los demás partidos, especialmente el incremento salarial, especialmente el
gasto social, especialmente el respaldo a estados y municipios.
Pero si tan sólo recortáramos el 10% de
las partidas de materiales y suministros y de servicios generales, tendríamos 17 mil
millones de pesos para las prioridades que a todos nos trajeron aquí.
Si esa lógica aplicáramos, simple y
llanamente podríamos, con una decisión expedita, reunir el monto que hubiese demandado
la reducción del IVA, sí, la reducción que ustedes propusieron y que acaban de rechazar
en el Senado, los señores del PRI.
El margen existe, sí, tenemos el margen;
pero si se aprueba el dictamen en sus términos, se renuncia a atender esas prioridades,
como las que ya acabo de comentar: el apoyo al campo, el respaldo a los municipios, los
programas sociales, el programa a la mujer, las acciones ecológicas. Tendrán que esperar
a mejores tiempos.
La Cámara está, si se aprueba este
dictamen, renunciando a reorientar el presupuesto que envió el Ejecutivo. Es un dictamen
como si no hubiera pasado nada, como si el equilibrio político no hubiese cambiado en
México.
¿Cómo aprobar un presupuesto, colegas
diputados, en donde esta Cámara no puede siquiera dotarse de los recursos para instalar
el canal del Congreso? ¿Qué no somos la mayoría? ¿Qué no tenemos esa facultad
constitucional? Pues no se aprobaron siquiera los 7 millones para el canal del Congreso.
Segundo. El dictamen propone la
autorización de recursos para el Ramo 29 de saneamiento financiero, por un monto de
prácticamente 12 mil millones de pesos. Pero, compañeras y compañeros, ¿cómo vamos a
aprobar recursos para el Fobaproa si esta Cámara no cuenta, honestamente, con la
información necesaria para verificar las operaciones que ha realizado ese fondo? ¿Con
qué autoridad moral se nos propone que le otorguemos a este Gobierno un cheque en blanco
en materia de saneamiento financiero, si este mismo Gobierno ha triplicado en los últimos
dos años solamente, la deuda interna con operaciones por 380 mil millones de pesos, sin
la autorización del Congreso de la Unión?
¿Cómo vamos a aprobar 2 mil 500 millones
para tres instituciones bancarias: Inverlat, Banco Mexicano, y Banco Bilbao Vizcaya,
porque en esta reciente segunda privatización que el Gobierno impulsó, aceptó el
Gobierno asumir pérdidas y pagarlas en efectivo con recursos de los contribuyentes? No,
no se puede aprobar así, porque el punto medular no es sólo el monto de estos recursos,
sino porque se nos propone hacer caso omiso del grave problema que está detrás.
El asunto es que este Gobierno asumió ya
pasivos, como decía yo, por más de dos veces el total de la deuda pública interna, que
lo vamos a tener que pagar durante 20 años, que incluso puede resultar una cifra mucho
mayor. Que esa deuda no tiene reconocimiento alguno. Que todo se ha hecho en
contravención a la Carta Magna. Que los diputados no sabemos cómo y por qué se tomaron
esas decisiones y peor aún: ¡que las puertas para que vuelva a suceder, de aprobarse
este dictamen, permanecen abiertas para el futuro.
¡No! Lo conducente sería establecer un
nuevo arreglo institucional que permita revisar a fondo y en serio todas las operaciones
del Fobaproa entre 1995 y 1997. ¡Que obligue al Gobierno a cambiar el actual sistema de
seguro ilimitado a la banca, por otro limitado y explícito! ¡Que restituya al honorable
Congreso de la Unión su irrenunciable facultad de autorizar, reconocer y mandar pagar la
deuda nacional!
Si autorizamos estas partidas de
saneamiento financiero, como lo propone el dictamen, ¿cuándo vamos a tener en México un
efectivo sistema de rendición de cuentas? ¿Cuándo, si no ahora, que los partidos de
oposición son mayoría? ¿Cuándo van a cambiar las reglas que han permitido comprometer
el crédito de la nación, como se ha hecho con el saneamiento financiero?
Si se aprueba este dictamen, la Cámara
sigue sin ejercer su facultad en esta materia. ¡Todo va a seguir igual!
Finalmente y lo más importante: ¡no
debemos aprobar este dictamen porque éste será el mejor momento, compañeras y
compañeros diputados, que tendremos para que el Presidente tenga que escuchar a la
Cámara! ¡Para que se pueda iniciar una negociación seria sobre el curso político del
país!
Este momento difícilmente va a volver, es
hoy ¿Por qué dejarlo ir? ¿Por qué si podemos obtener lo más, vamos a aceptar lo
menos?
¡El dictamen propone, políticamente,
autorizar al Ejecutivo para que pase sin tener que escuchar a esta Cámara, sin tener que
ir a una negociación de fondo con las fuerzas aquí representadas!
¡Se nos propone, por vía de este dictamen
entonces, un gran aplazamiento de cambios políticos que hoy son indispensables!
¡Se propone darle al Gobierno tiempo,
cuando ahora podríamos haber logrado avances políticos decisivos, que están en la
plataforma de todos los partidos políticos de oposición!
El Presupuesto de Egresos representa, por
ser facultad exclusiva, el punto de mayor fuerza relativa de esta Cámara. ¡Y simplemente
se le deja ir!
¡No, no debe aceptarse esa propuesta! ¡No
venimos a esta Cámara para eso! ¡No venimos por cualquier cosa! ¡Venimos por un cambio,
un cambio decisivo; de largo aliento, que refleje las aspiraciones de cambio de nuestra
sociedad!
¡Por todo eso hay que votar en contra!
¡Compañeras, compañeros, piénsenlo bien! ¡El momento es ahora y no hay que dejarlo
ir!
Gracias, diputado Ebrard Casaubón.
Tiene la palabra, hasta por 10 minutos,
para hablar en pro del dictamen, el diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del
Partido de Acción Nacional.
El
diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez: |
Honorable Asamblea:
No, no es enteramente satisfactorio
encontrar un dictamen como éste y no lo es porque el 100%, el absolutismo, la búsqueda
del todo o nada a nada nos lleva. ¡Los logros son lo importante y ellos son por los que
vamos, vamos por logros y en este dictamen están logros del PRD, están incluidos en el
dictamen, aunque no lo quieran reconocer.
Ahorita les digo cuáles, si me esperan.
Quiero referirme a palabras que aquí he
escuchado. Diputada Lavara, usted dijo que el Presidente gastará como quiera los recursos
. No, ¡por primera vez se establecen reglas específicas para limitarlo, precisamente
ése es uno de los argumentos que nos llevan a buscar el voto a favor y además a tratar
de convencer a quienes aún están indecisos!
Diputado Patiño, usted dijo que el
artículo 45 permite que el Presidente gaste como quiera. Diputado Patiño, el artículo
45 se refiere a ingresos.
Es falso también, diputado Patiño, que la
partida secreta establezca 150 millones, como usted afirmó. Probablemente si hubiera
estado atento al dictamen, se habría dado cuenta que éste contempla sólo 50.
Cuando escuché al diputado García Sainz
afirmar aquí que frecuentemente se les llama populistas, continué escuchándolo y
confirmé por qué.
Las propuestas del PRD sobre salarios,
incremento concreto del 17% o cinco puntos por encima de la inflación, como proponían,
ciertamente no se puso específicamente ahí, aunque hay una masa salarial con un
incremento del 18%. Pero pidieron que bajara el Fobaproa y los fondos de Saneamiento
Financiero bajan 5 mil millones. Pidieron mantenimiento para escuelas y se distribuye el
CAPFCE para estados y municipios. Pidieron limitar la discrecionalidad y se limitó.
Pidieron que hubiera reasignación de recursos del ramo 23 y sucedió. Pidieron que se
redujeran las oficinas en el exterior, que fueran como gasto superfluo y así lo indica el
dictamen. Pidieron adelgazamiento y el adelgazamiento ahí está expresamente determinado
con nombre y apellido. ¿Dónde entonces está la congruencia cuando dicen que este
dictamen, como dijo el diputado Velasco, son consecuencias que se extienden y que no
habrá mejoría real?
Si no hay mejoría real y se incluyen las
propuestas del PRD entonces ¿quién es el promotor de ese perjuicio a la comunidad?
¡Evidentemente no es congruente la postura!
El diputado Gómez, como tradicionalmente
lo hace, vino aquí a decir mentiras y dijo mentiras porque precisa que los estímulos los
estamos introduciendo en este dictamen. ¡Falso, diputado Gómez, ya existían y si se
hubiera tomado la molestia de leer el presupuesto del año pasado, lo habría notado en el
artículo 59!
¡Y quiero contestarle al diputado Gómez
cuando le pregunta a la bancada de Acción Nacional qué ha hecho por los deudores,
acusando, diputado Gómez! En el PAN hicimos la tarea, hemos presentado dos iniciativas:
una respecto de deudores hipotecarios y otra sobre el rescate a la cartera agropecuaria.
¿Dónde está la tarea de usted, diputado
Gómez?.. es mi pregunta. ¿Dónde está la tarea?
No es la primera vez que el PRD rehuye a su
responsabilidad social y la rehuye porque es muy fácil ser un viajero sin pagar boleto;
las ventajas que se están obteniendo aquí en este dictamen y que incluyen al Distrito
Federal como amplio beneficiario, fueron promovidas, sí, pero nunca tendrán el valor de
asumir su responsabilidad de decir "aquí estoy y doy la cara".
Quiero invitarlos a votar a favor, pero no
a favor sin estar convencidos, no; los invito a asumir su responsabilidad social; a leer
el dictamen, no como otros, para que nos demos cuenta que los avances existen y que veamos
que hay 1 mil 278 millones que van al fondo de aportaciones para infraestructura social
estatal y que hay recursos por 5 mil millones del saneamiento financiero que van al fondo
de fortalecimiento municipal y del Distrito Federal y que hay 1 mil millones que bajarán
del gasto corriente.
Hay elementos: 7 mil 645 mil millones de
pesos, son razones que señalan cómo se incrementan los apoyos a estados y municipios.
Son 2 mil 840 millones de pesos en ahorros
efectivos que se están poniendo por escrito en el dictamen respecto de secretarías como
la de Educación, la de Salud, la de Reforma Agraria y la Sedesol; estamos buscando
razones para votar a favor, no excusas para votar en contra.
Se está dando a los ayuntamientos y
estados facilidades para controlar más presupuesto, tener facilidades para que en su
contacto directo con la ciudadanía puedan entonces darle los satisfactores a sus
principales carencias. Esto es la búsqueda del federalismo, eso es lo que buscamos, no
patrañas buscadas detrás de una curul; estamos buscando ingresos adicionales como
limitantes a los ingresos adicionale****** * * * * * * * * * * * * * * * ********* * * * *
* * * * * * * * * *s como los que establece el artículo 44, que haya condiciones para que
haya un verdadero desarrollo y el desarrollo regional se dá cuando existen recursos ahí
que generan el arraigo de las personas en su comunidad.
Y precisamente es por ello que hemos
buscado que haya apoyos específicos para el desarrollo agropecuario; siendo así, existen
elementos para votar a favor y es por eso que creo que todos debemos considerar el voto,
aún aquellos que han venido aquí a expresar razones sin tenerlas.
Estamos buscando alternativas específicas
y la alternativa del adelgazamiento del Gobierno, está con nombre y apellido: PIPSA y El
Nacional y otras paraestatales tendrán que enfrentarse al adelgazamiento que los llevará
a una desincorporación, a llevar al anhelo de Acción Nacional más sociedad, menos
Gobierno.
Es ahí donde se cifran las esperanzas de
la ciudadanía, es ahí donde tiene que concretarse no una falsa y vaga y hueca promesa de
campaña, sino la búsqueda real de constituir en hechos, haciendo el trabajo, estudiando
y llevando las propuestas específicas para alcanzar el bienestar que los mexicanos ya
requieren con exigencia.
Gracias.
Gracias, diputado Cantú.
Tiene el uso de la palabra hasta por 10
minutos para hablar en contra del dictamen, el diputado Demetrio Sodi de la Tijera, del
Partido de la Revolución Democrática.
++++++++++++++++++++++++++++++++
les como los que establece el artículo 44,
que haya condiciones para que haya un verdadero desarrollo y el desarrollo regional se da
cuando existen recursos ahí que generan el arraigo de las personas en su comunidad.
Y precisamente es por ello que hemos
buscado que haya apoyos específicos para el desarrollo agropecuario; siendo así, existen
elementos para votar a favor y es por eso que creo que todos debemos considerar el voto,
aun aquellos que han venido aquí a expresar razones sin tenerlas.
Estamos buscando alternativas específicas
y la alternativa del adelgazamiento del Gobierno está con nombre y apellido: PIPSA, El
Nacional y otras paraestatales tendrán que enfrentarse al adelgazamiento que los llevará
a una desincorporación, a llevar al anhelo de Acción Nacional más sociedad, menos
Gobierno.
Es ahí donde se cifran las esperanzas de
la ciudadanía, es ahí donde tiene que concretarse no una falsa y vaga y hueca promesa de
campaña, sino la búsqueda real de constituir en hechos, haciendo el trabajo, estudiando
y llevando las propuestas específicas para alcanzar el bienestar que los mexicanos ya
requieren con exigencia.
Gracias.
Gracias, diputado Cantú.
Tiene el uso de la palabra, hasta por 10
minutos, para hablar en contra del dictamen, el diputado Demetrio Sodi de la Tijera, del
Partido de la Revolución Democrática.
El diputado
Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Dicen y dice bien un dicho mexicano que:
"el que nace para maceta no sale del corredor" y los que nacieron para minoría
no saben ser mayoría.
El diputado Felipe Cantú, dice: "los
del PRD pidieron..." No, no pedimos, si somos mayoría. Ya no, gracias a ustedes,
gracias a ustedes.
El gran reto, el gran reto, la gran
oportunidad en esta Cámara de Diputados y lo hemos vivido desde el 1o. de septiembre y
desde los días previos al 1o. de septiembre, la gran oportunidad era fortalecer una
mayoría opositora para obligar al Gobierno a cambiar, no a pedirle al Gobierno, no llegar
a la Secretaría de Hacienda a ver qué nos daba, no llegar a mendigar apoyos y cambios en
el presupuesto.
Si hubiéramos mantenido una mayoría que
realmente fuera congruente con sus compromisos y con sus principios, no estaríamos ahora
hablando de que nos concedieron o les concedieron una modificación del .6% del
presupuesto. El 99.4% del presupuesto se está votando como lo envió el Ejecutivo ni las
manos nos dejaron meter.
Cuando fuimos mayoría teníamos la
capacidad de nombrar comisiones, de cambiar la forma, el preformato del informe, de acabar
con todos los fraudes de esta Cámara de Diputados y la perdimos y la perdimos no por
culpa nuestra, porque a mí no me dejarán mentir..
Perdón, señor diputado. Se suplica
a la Asamblea que por favor guarde el orden. El señor diputado que está en el uso de la
palabra merece respeto. Se les suplica, por favor, que lo escuchen con atención y que
observemos la tolerancia que debemos observar en este grupo plural, por favor.
El
diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
A mí no me dejarán mentir muchos
compañeros del PAN. Muchas reuniones de muchas horas se llevaron a cabo para buscar
acuerdos. Aquí hay un documento, un documento que señala los acuerdos que habíamos
buscado y que habíamos logrado y de repente nos enteramos por los medios que no, los
diputados del PAN, que un grupo de los diputados del PAN estaban negociando con Hacienda y
no me dejará mentir el diputado Felipe Cantú, que se acaba de subir, que con vergüenza
llegó hoy a la reunión de la Comisión de Programación y Presupuesto, para decir:
"ya nos pusimos de acuerdo con el PRI y éste es el dictamen y es el que se
vota".
A mí sí me preocuparía, me preocupa
muchísimo, porque respeto mucho a muchas diputadas y diputados del PAN; que acaben con la
disciplina priísta, con la de que no importa lo que piensen, no importa que los acuerdos
se hagan fuera de la Cámara, no importa que traicionemos la posibilidad de tener un
Congreso independiente y que se queden callados.
Yo creo de veras, ¿por qué vamos a votar
en contra del presupuesto en el PRD? Por muchas razones. Primero, ¿Se está modificando
la política económica? ¿No hemos venido hablando los últimos cuatro meses y los
últimos años de que había que acabar con el neoliberalismo y con la política
económica que empobrece a la población? Este presupuesto para nada modifica, para nada,
la política económica de los últimos 16 años. La consolida y ahora la consolida con el
voto de ustedes esta política económica está afectando los salarios, no me dejarán
mentir ustedes...
Por favor, se suplica a los señores
diputados que deseen usar la palabra, que la soliciten a esta Presidencia.
El
diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Ustedes y nosotros nos habíamos
comprometido a bajar el IVA, ¿para qué?, para mejorar el poder adquisitivo, nos
mayoritearon y la perdonamos. Nos habíamos comprometido a bajar el precio de la luz, el
precio del diesel, del gas, lo echaron para atrás y no dijimos nada y por el contrario,
se aprobó un aumento del 16% en todo lo que son tarifas y precios de los productos que
vende el Gobierno.
No solamente no bajamos el IVA, no
solamente no le quitamos el 15%, se aprobó un aumento del 16, ¿dónde está la
congruencia?, ¿no que íbamos a buscar mejores salarios?, ¿cuál era la única
alternativa de recuperarlo?, aumentando el salario, aumentarlo en 5% y por eso lo
peleábamos, porque era la única alternativa aumentando el salario a los servidores
públicos y obligar al Gobierno a cumplir el punto que ustedes firmaron.
El PRI firmó un punto también de aumentar
el 5% por arriba de la inflación o sea el 17% los salarios. El único instrumento que
tenemos para cambiar la política económica es el Presupuesto y la Ley de Ingresos y el
único instrumento que tenemos lo echamos por la borda, lo echamos por la borda porque
simplemente en lugar de mantener una posición y no ir a pedir, y no ir a negociar con
Hacienda y no ir a pedir limosnas, teníamos la capacidad.
Ni el PRD ni el PAN ni ningún partido de
oposición queríamos dejar al país sin Ley de Ingresos y si alguien les dijo eso miente
y ustedes saben que buscamos negociar todos los puntos y en todos buscamos acuerdos y
flexibilizamos nuestra posición. No estábamos de acuerdo con bajar el IVA del 15% al 12%
y mantuvimos esa posición simplemente para consolidar la fuerza de la mayoría.
Hoy lo que estamos traicionando es al
Congreso, se está traicionando un Congreso independiente. Todavía hay tiempo de
rectificar, lo que no vale es que con tanto esfuerzo los mexicanos se deshicieron de una
mayoría priísta para que ahora el PAN venga a avalar esa mayoría que ha perjudicado a
todo el pueblo de México.
Están ustedes votando por menos recursos
para el campo; están ustedes votando porque se reduzca el abasto de leche en la Ciudad de
México y en todas las ciudades, en todas las capitales del país; están ustedes votando
porque se aumente el precio de la tortilla;
están ustedes votando porque se acaben los
programas sociales de abasto a nivel nacional. Están ustedes ignorando...
¿Con qué objeto, señor diputado?
El
diputado Javier Castelo Parada (desde su curul): |
Quisiera que le preguntara al señor
diputado si me permite una pregunta.
¿Permite usted, diputado Demetrio
Sodi, que le formulen una pregunta?
Adelante, diputado Castelo.
El
diputado Javier Castelo Parada (desde su curul): |
Muchas gracias, señora Presidenta:
Yo quisiera que usted nos explicitara su
cálculo de que el 99.6% del presupuesto queda intacto. También quisiera que nos dijera
dónde dice específicamente en el presupuesto lo que usted acaba de decir, en mi
apreciación falsamente, de que se están aprobando aumentos a bienes y servicios del
sector público y quisiera que usted me confirmara de que usted y su partido falsamente
nos habían apoyado en la reducción del IVA, sin estar de acuerdo en ello, por la única
razón de tener un acuerdo con el planteamiento nuestro.
Muchas gracias.
El
diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Bueno, mire, lo del 6% es muy fácil.
Si se están modificando 7 mil millones de pesos, 6 mil 400 millones de pesos y a 880 mil,
nada más hay que hacer el cálculo, lo demás queda intacto.
Ahora, en cuanto a los bienes, a los
precios de las tarifas del sector público y a los precios del Gobierno, no está en el
presupuesto, está en la Ley de Ingresos, y así lo señalé, y en la Miscelánea Fiscal.
Se está autorizando un aumento mensual del 1.2%, que si es compuesto es el 16% y lo
autorizamos.
¿No que íbamos a bajar el precio de los
energéticos, no que íbamos a bajar el precio de la ley, no que íbamos a quitarle el
IVA, no que íbamos a bajar un IVA en 13%? En lugar de darle a la población eso le
estamos dando aumentos. La única alternativa de compensarlo, es con el aumento al salario
mínimo y con el aumento al salario a los servidores públicos.
Estamos autorizando en el presupuesto, un
salario para un subsecretario de 100 mil pesos mensuales libres, ¿se justifica eso? Dicen
los priístas: es que es un mercado de trabajo. No, perdónenme, yo he sido servidor y he
ganado dinero y no es lógico, ustedes si. Estamos, finalmente, en el caso concreto de las
tarifas del Gobierno, un aumento del 1.2% mensual. Bueno, digo, veamos la Miscelánea, en
la Ley de Ingreso...
¿Con qué objeto, diputado Castelo?
Quiero preguntar primero al orador, si terminó ya de contestar la primera pregunta.
El
diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Si, para que venga la segunda de una
vez.
Está de acuerdo el orador en que se
le formule la pregunta, por favor.
El
diputado Javier Castelo Parada (desde su curul): |
Yo quisiera que nos señalara, usted
está hablando de la Ley de Ingresos, ¿en qué punto o artículo de la Ley de Ingresos se
habla de ese aumento de precios y tarifas de bienes del sector público, que haya aprobado
este Congreso? Lo que se plantea en ello son estimaciones, señor diputado...
El
diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Claro, diputado...
El
diputado Javier Castelo Parada (desde su curul): |
Espéreme tantito, pues habla usted o
hablo yo...
El
diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Usted...
El
diputado Javier Castelo Parada (desde su curul): |
Si me permite, por favor. Quisiera
que explícitamente dijera de dónde viene eso. Igualmente ese salario al que usted se
acaba de referir a funcionarios públicos, ciertamente en el libro de presupuesto, vienen
algunas tablas al respecto, pero de ninguna manera en el dictamen se hace específica una
aprobación de salarios, como usted lo está señalando y por otro lado se contradice.
Usted se queja de que hay una definición
de salarios y el diputado Pablo Gómez dice que está ausente esa definición, ¿quién
los entiende?
El
diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Desde luego, diputado, que usted no
los entiende, eso si no hay duda, pero déjeme explicarle, porque el reto de este debate
no es saber cómo descalificamos todos, el reto es que veamos en qué punto uno tiene
razón y uno no tiene razón, y concretamente en el caso de las tarifas y de los precios
del Gobierno, esto se calcula con base a las estimaciones que tienen de ingresos y con
base en la forma que van diciendo esos ingresos.
O en el caso de los salarios, usted no
estuvo probablemente en la reunión de la comisión, se está aprobando por un lado un
salario del orden de 40 y tantos mil pesos libres para los subsecretarios, más un bono
que equivale al 105%, que insistimos, inclusive, en que se pusiera en el dictamen. Y por
el voto, no de todos los miembros de la Comisión de la fracción del PAN, varios miembros
de la comisión de la fracción del PAN, es más, cuatro de los siete querían que se
incluyera, los otros tres, bueno, traían línea, ¿no?
Ahora, sigamos con el análisis del
presupuesto. Ustedes han hablado mucho, el diputado Rodríguez Prats, de que ya basta, que
hay que hacerle juicio a Madrazo...
Por favor, que continúe el orador
con su tiempo.
El
diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Hay que hacerle el juicio al
gobernador Madrazo por el uso de recursos públicos...
Por favor, que continúe el orador
con su tiempo.
Gracias.
El
diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Ahora, ¿qué estamos aprobando en el
Presupuesto de Egresos? Las mismas partidas de siempre, estamos aprobando un programa
Progresa totalmente clientelar, le estamos dando 550% de crecimiento, a pesar de que en
los estados donde se ha aprobado, no sirve y es una limosna de tres pesos por día para
las familias, para los padres de los hijos que están en la escuela.
Y estamos aprobando programas, que ustedes
han venido aquí a decir, que son clientelares. o sea, han venido aquí a decir, que el
programa de empleo temporal es totalmente clientelar, y que no vale porque lo usan los
gobernadores, porque son 89 días que se dan en las épocas electorales y lo están
aprobando.
Digo, yo creo que hay que tener
congruencia. O le entramos en serio, acabar con la discrecionalidad, acabar con los
programas electoreros, acabar con el manejo discrecional de los gobernadores y del
Presidente de la República o simplemente ya no vale que nos la juguemos dentro de un
año.
Madrazo volvió a utilizar recursos
electoralmente, se los está aprobando. Entonces, finalmente, este presupuesto por eso no
lo aprobamos, porque lesiona a los trabajadores, lesiona a los campesinos, sigue con gasto
discrecional. Es un presupuesto que sí, como aquí se decia, pues sacamos lo que pudimos.
Yo les digo una cosa: si nos hubiéramos mantenido unidos, no andaríamos pidiendo y
hubiéramos sacado muchísimo más. Y es el reto que todavía tenemos, tenemos a futuro.
Aquel, aquellos que no saben lo que
significa una mayoría y que creen que esa mayoría tiene que seguir actuando como si
fuera minoría, no se están dando cuenta del tiempo político y la forma en que se votó
el 6 de julio. El 6 de julio se votó para sustituir a la mayoría priísta por una
mayoría de oposición y ustedes están fallando a ese compromiso.
Muchas gracias, diputado Sodi.
Tiene el uso de la palabra, hasta por 10
minutos, para hablar en pro del dictamen, el diputado Francisco José Paoli Bolio, del
Partido Acción Nacional.
Permítame el orador.
Por favor, esta Presidencia suplica que
guardemos el mayor orden posible. Se los agradeceremos para que podamos continuar de la
mejor forma posible, haciendo gala de nuestra buena voluntad y nuestra tolerancia hacia el
orador.
El
diputado Francisco José Paoli y Bolio: |
Gracias, señora Presidenta; señoras
y señores diputados:
Creo que estamos en un punto fundamental de
un debate que tiene una doble significación política y en relación con la política
económica. Este debate que ha remarcado con toda claridad, aunque con exceso de
adjetivos, el diputado Gómez, es un debate que hace ver que tenemos concepciones
distintas sobre la política económica y que en ningún momento hemos contraído un
compromiso para ir juntos en todo.
El sentido del grupo de los cuatro, era
establecer el Gobierno estable y ordenado en esta Cámara de Diputados y se fincó en ocho
puntos, ninguno de los cuales ha sido violentado por Acción Nacional. Pero en ningún
momento concebimos ni aceptamos que el voto de las urnas el 6 de julio es un voto en el
sentido de cambiar la política económica. ¡Eso es falso!
Y en todo caso, el cambio en la política
económica tiene variaciones y tonalidades en las que por supuesto diferimos del PRD, como
voy a tratar de mostrar en seguida.
En cuanto al asunto específico de la
tarjeta a la que se refería Pablo Gómez, yo quisiera en primer lugar agradecer la
deferente referencia a la confianza que le merece mi caligrafía. Pero quiero decir que si
bien la tarjeta es real, reconozco su contenido y quiero explicarlo, porque en él se
encuentra precisamente la diferencia en la concepción de la política económica que
tenemos en Acción Nacional y la que tiene el PRD, que por supuesto es populista y que por
supuesto traslada una lógica sindical que no siempre tiene adecuadas repercusiones
económicas en nuestra concepción. Y me voy a referir a ella si me permiten, señores
diputados.
La política es negociación dentro de los
principios, nosotros negociamos dentro de ellos. Los del PRD consideran... yo no hice una
sola agresión y escuché con atención y respeto las argumentaciones que ustedes
hicieron. Demando lo mismo, pero pueden demostrar que no son capaces de hacerlo.
Efectivamente, cuando cruzamos esta
tarjeta, buscábamos, diputado Gómez, una fórmula en la cual pudiéramos conciliar lo
que le interesaba al PRD, el aumento en los salarios reales, con lo que le interesaba al
PAN, que al hacerlo, al aumentarlo, estos salarios no se hiciera como tabla rasa, no se
hiciera a todos igual, porque ésta es una fórmula populista que premia por igual a
quienes trabajan y a quienes lo hacen menos y a quienes no trabajan, también a los
aviadores.
Nosotros consideramos que no se puede
aumentar el salario en forma pareja. Por eso yo establecía en esa tarjeta que usted
tiene, primero que se excluía a los mandos medios y superiores, porque nosotros
consideramos que ya están suficientemente bien pagados y no necesitaban este aumento del
17% promedio. Y también aumentaba que se consideraran las promociones, porque en las
promociones, al menos se va considerando el mérito desarrollado por cada trabajador, la
productividad y la antigüedad. Y ahí hay una variación que no es tabla rasa, porque al
aumento de tabla rasa ha demostrado ser muy negativo y producir efectos inflacionarios. Y
por eso es que buscábamos una fórmula como la que está en esa tarjeta, pero en una
tarjeta que era una expresión en flujo de negociación como lo voy a probar a
continuación, porque efectivamente dos días después de que intercambiamos esta tarjeta,
que es de mi puño y letra, el compañero Pablo Gómez señaló que le parecía poco
relevante el asunto de las promociones y que a cambio de eso debíamos agregarle a esta
fórmula, que ella se aplicara a quienes recibían de uno a cinco salarios mínimos.
Por tanto y aquí está aportado por su
puño y letra. Yo también conservo mi tarjeta y también respeto la caligrafía y la
firma de Pablo Gómez.
El
diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Y lo sostengo.
El
diputado Francisco José Paoli y Bolio: |
Está bien que lo sostenga el
diputado Gómez. Lo que quiero probar es que ésta es una tarjeta en flujo que yo escribí
en una primera forma, a la cual le agregamos otra, pero que en el fondo buscaba encontrar
soluciones para este punto y también para el punto de vivienda, que era una preocupación
fundamental del Partido de la Revolución Democrática.
Nosotros queremos decir que éstas eran
fórmulas que se buscaban, a fin de encontrar puertas para entrar todos a la aprobación
de un mismo presupuesto, pero que por supuesto están definidas en un conjunto integral y
no pueden ser vistas sólo como cuestiones aisladas; en un flujo de negociación en el que
nunca pudimos llegar a tener convergencia.
Este es el punto que está a discusión. La
tarjeta es real, pero estaba sujeta a todas las negociaciones.
Cuando el compañero Pablo Gómez se la
llevó, me dijo: "la presentaré en mi bancada y veremos".
No era un compromiso firmado a bigote o de
honor, era un compromiso de establecer la búsqueda de una fórmula, tanto así que
después ésta fue modificada, agregada y matizada de una manera distinta.
No con la letra del compañero Pablo
Gómez. Pero quiero...
El
diputado José Luis Sánchez Campos (desde su curul]: |
¡Pido la palabra¡
Permítame diputado Paoli.
¿Con qué objeto, señor diputado?
El
diputado José Luis Sánchez Campos (desde su curul): |
Para hacer una interpelación, si me
lo permite.
Diputado Paoli: ¿acepta la
interpelación?
El
diputado Francisco José Paoli y Bolio: |
Encantado.
Adelante diputado. Su nombre por
favor.
El
diputado José Luis Sánchez Campos (desde su curul): |
José Luis Sánchez Campos.
Muchas gracias diputado Sánchez
Campos, adelante por favor.
El
diputado José Luis Sánchez Campos (desde su curul): |
Maestro Paoli: como universitarios
siempre hemos admirado su integridad intelectual, siempre hemos respetado sus principios y
sus posiciones. Pero usted firmó una tarjeta y usted debe de saber que el salario de los
trabajadores del Estado desde 1981 a 1997 ha disminuido en términos reales en un 50%.
Usted decía que habría que aumentarlo, en esa tarjeta, en un 5%. Hoy cambia de
posición. ¿No le parece que el salario de los trabajadores y la vivienda para los
trabajadores es algo sin importancia para el PAN? ¿Qué ese cambio de posición es una
gran injusticia que usted viene a tratar de hacer apología en esta tribuna?
El
diputado Francisco José Paoli y Bolio: |
Le agradezco su pregunta y muy
particularmente el proemio sobre mi integridad. Pero quiero, precisamente, con la mayor
frialdad posible, tratar de explicarle que el aumento que nosotros aceptamos y que está
en esta tarjeta, en ningún momento lo he cancelado o echado atrás. ¡Pero es el mismo
aumento que viene en el proyecto de presupuesto, es el 17%! Y esto es lo que dice la
tarjeta que escribí, dice: "aumento de un 17% en los salarios reales,
promedio", dice. Bueno, no dice "en los salarios reales", pero esa es la
búsqueda. Lo que dice en la tarjeta es: "aumento de un 17% promedio",
excluyendo por supuesto a mandos medios y superiores y considerando promociones, decía la
original y la corrección posterior aplicando de uno a cinco salarios mínimos.
Pero lo que es indispensable que
entendamos, es que lo que nosotros buscábamos era que ese aumento se diera dentro de una
masa salarial que comprende varias cosas, compañero. Que comprende plazas nuevas, que
comprende promociones y que comprende aumentos estricto sensu.
Y lo que ocurre es que ustedes quieren
solamente tener un aumento raso igual para todos, que esta es la mentalidad sindical
trasladada y que ha dado tan malos resultados a las economías nacionales. Pero ésta es
nuestra concepción, ustedes pueden mover y deben mover la cabeza porque tienen otra; pero
no nos digan que nosotros traicionamos nuestras convicciones, nosotros estamos
respondiendo en las negociaciones que hacemos y lo advertimos desde un principio, con
todos los partidos, ¡y por supuesto con el Ejecutivo, porque éste es un instrumento
anual que se construye en correlación! ¡El Ejecutivo presenta, por obligación
constitucional el proyecto, y nosotros tenemos obligación de dialogar con el Ejecutivo
para encontrar fórmulas de advenimiento, tratando de lograr en la correlación de
fuerzas, en la medida de nuestras posibilidades, avances de lo que planteamos en nuestra
plataforma!
Pero debo decirle que lo que planteamos en
nuestra plataforma no es algo para conseguir "de un plumazo", en un sólo año y
que sería verdaderamente ingenuo pensar que con un instrumento anual de un año, en un
año se va a cambiar la política económica. Se pueden dar pasos importantes y
significativos. Creemos que en este presupuesto se dan esos pasos importantes y
significativos.
En nuestra plataforma, la puede usted
revisar, a diferencia de la de ustedes, no se habla de la desaparición, por ejemplo, de
la partida secreta. Nosotros consideramos que ésa debía reducirse sustancialmente, pero
que el Presidente debe disponer de recursos, de los cuales es conveniente incluso que no
dé cuenta, siempre y cuando sean suficientemente reducidos y sean aplicados para
cuestiones como pueden ser las de seguridad nacional, que podría ser peligroso incluso
que informara.
Entonces cuando nosotros logramos un avance
sustancial en este punto y logramos una reducción, ustedes dicen, "que nos dieron de
comer en la mano". Y ésta es una agresión indebida, porque pueden ustedes ver que
nuestro compromiso de plataforma estaba en reducir sustancialmente la partida secreta.
¡Lo cual logramos, como logramos otras cosas!
Por favor, el tiempo del orador.
El
diputado Francisco José Paoli y Bolio: |
Como logramos otras cosas, porque
logramos reducciones importantes y significativas en secretarías de Estado; lo habíamos
planteado sistemáticamente, incluso hemos planteado la desaparición de las secretarías.
Pero hemos planteado en todo momento que esto tiene que hacerse atendiendo a las
circunstancias y sin causar quiebras o rupturas que pueden representar una inestabilidad
grave para el país ¡Ahí está la responsabilidad de Acción Nacional que contrasta con
sus posiciones voluntaristas que no toman en cuenta la realidad!
La
diputada Violeta Margarita Vázquez Osorno (desde su curul): |
Señora Presidenta, ¿me permite?.
¿Con qué objeto, diputada Violeta
Vázquez?
La
diputada Violeta Margarita Vázquez Osorno (desde su curul): |
Para solicitarle al diputado Paoli y
Bolio si me permite una interpelación.
¿Le permite usted una interpelación
a la diputada Vázquez diputado Paoli?
El
diputado Francisco José Paoli y Bolio: |
Especialmente agradable
concedérsela.
Adelante, diputada Vázquez.
La
diputada Violeta Margarita Vázquez Osorno (desde su curul): |
Lamento en esta ocasión, diputado
Paoli y Bolio, no tener mucho agrado en hacer una interpelación a un compañero que
compartimos en algún momento ideales políticos en otro partido político de oposición.
El compañero Paoli y Bolio habla de sus
aspiraciones a través de su partido, de Acción Nacional, de reducir el aparato de
Gobierno. Hemos planteado en el PRD también esto, pero hay que ser responsables. Mire, yo
le quiero hacer una pregunta que se refiere a su intervención, porque usted habla
correctamente de que se hizo una propuesta de incremento que no incluyera a mandos medios
y superiores y hay razones. En el PRD, aspirábamos a favorecer a las familias de los
trabajadores al servicio del Estado, que son los trabajadores de siempre, no son aves de
paso, los que permiten con muchas dificultades darle continuidad a programas. Y lo hago
con un tanto de coraje esta pregunta, porque parece una acusación la que nos hace Paoli y
Bolio, el hecho de tener una visión sindicalista.
A mucho orgullo, diputado Paoli, yo he sido
sindicalista por 19 años consecutivos de un sindicato que me honré en dirigir, en fundar
y es el único Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Estado, que no
es un sindicato corporativo y que lo han tratado... ¿perdón?
Pregunta. Estoy preguntado y lo digo que lo
hago con pena, porque el salario..., tomamos un botón de muestra Paoli, tomamos a la
Semarnap, analizamos su estructura de puestos, partiendo del analítico de plazas por
unidad administrativa que nos presentó Programación y Presupuesto, de ahí, compañeros
diputados, el 26% del presupuesto para salarios se destina a mandos superiores, el 18% a
mandos medios; era obvia su propuesta diputado Paoli. Solamente el 16% de salario se
destinaba al personal de base, que por cierto en el analítico de 38 mil 909 trabajadores
se reduce el personal de base a solamente 7 mil 900. Estamos hablando que tenemos 30 mil
trabajadores en la inestabilidad ...
Por favor compañeros, permítanle a
la oradora terminar de formular su pregunta.
La
diputada Violeta Margarita Vázquez Osorno (desde su curul): |
Tenemos en la Semarnap, que es un
botón de muestra analizado detenidamente por nosotros y por esos trabajadores de base que
hoy no tendrán aumento salarial. Pregunto ¿si es populismo aumentarle el salario a un
auxiliar de servicios de mantenimiento que gana el nivel más bajo que es 1 mil 648 pesos
y que de un trabajador que es el nivel más alto, de base, que es de 2 mil 300 pesos?
Señores diputados, ¿cuánto ganamos?
El señor Presidente de la República
según el tabulador que nos envía la Secretaría de Hacienda, gana 81 mil 368 y el
Secretario de Estado 57 mil 282 ...
Diputada. Me permite diputada
Vázquez. ¿Ya formuló usted su pregunta?...
La
diputada Violeta Margarita Vázquez Osorno (desde su curul); |
No, mire señora Presidenta...
Por favor, hágame el favor de
formular su interpelación o pregunta. Usted solicitó la palabra para una pregunta, yo le
suplico que la formule. Si es tan amable. Muchas gracias.
La
diputada Violeta Margarita Vázquez Osorno (desde sucurul): |
Estoy exponiéndole al diputado
Paoli,... la voy a formular, la voy a formular porque de esas buenas intenciones que me
parecieron muy correctas que hizo el diputado Paoli al diputado Pablo Gómez, de ésas, no
ocurrió nada.
Diputado Paoli, usted no considera
importante que los salarios de los trabajadores de base se incrementen y se acabe con la
discrecionalidad en el manejo de presupuesto para el pago de los salarios donde hay una
distancia abismal entre lo que ganan unos y lo que ganan otros, aparte las distancias de
las responsabilidades que tienen, sobre todo el manejo discrecional.
¿Usted considera que eso es poco
importante? Gracias por sus respuestas.
Gracias diputada Vázquez. Por favor
diputado Paoli, adelante.
El
diputado Francisco José Paoli y Bolio: |
Gracias.
Yo agradezco también a la compañera
diputada Violeta Vázquez Osorno, de quien también yo estoy honrado de haber acompañado
en una militancia limpia hace muchos años en el Partido Mexicano de los Trabajadores y
agradezco ese nostálgico recuerdo del cual jamás he negado, pero quiero decirle en
primer lugar que el agradecimiento mío se extiende por haber usted formulado una pregunta
que me permite extender un poco la explicación de esta constitución sindicalista que es
una concepción positiva para los sindicalistas, pero no positiva para quienes tenemos la
obligación de Estado, de establecer un presupuesto de recursos que atiendan al bien
general, que atiendan al bien común y no a una parte solamente de la sociedad.
Porque aquí no estamos como sindicalistas,
es cierto que haberlo sido no tiene porqué ser demérito y en eso coincidimos; es
producto también de orgullo y está bien que lo sea, pero no hay que confundir la
magnesia con la gimnasia. Esta es una tarea de Estado, no de sindicato.
Y quiero decirle que la lógica sindical,
cuando se permea mecánica y automáticamente y se traslada y se convierte en una lógica
de toda una institución o del Estado mismo, entonces empieza a tener deméritos lo que
podría haber sido si se redujera a sus espacios, una lógica positiva.
Y es que la lógica sindical que parte de
un conjunto de injusticias muy grande, como el trabajo de 16 horas o de 14 horas de las
mujeres y los niños en las minas, tiene una lógica reduccionista que va logrando
constantemente llevar a un nivel mucho más razonable y humano las horas de trabajo, pongo
este ejemplo, y de 14 horas se llega a un punto razonable de ocho horas y ésta es la
seña que da nuestra Constitución, pero la lógica sindicalista no se para ahí y
continúa rebajando la prestación de las funciones del trabajo y llega en muchas
ocasiones protegida por un sindicato a que se conviertan las ocho horas en cinco horas, en
cuatro horas.
Yo tuve ocasión de hacer estudios en la
Universidad Autónoma Metropolitana, donde conjuntos amplios de trabajadores llegaban a
trabajar tres horas y media, protegidas por un sindicalismo que iba reduciendo las
condiciones y las capacidades de una institución pública de educación que estaba ahí
para ser servida por ocho horas.
Y cuando digo que se hace un pago indebido,
cuando se hacen pagos iguales sin considerar las distintas circunstancias que generan ese
pago, digo que están dentro de una lógica sindicalista, reduccionista y equivocada y que
tenemos que ver la lógica de Estado, la lógica que nos lleva a contemplar el bien
general de la nación, la estabilidad y necesitamos entender eso y esto es algo de lo que
les ha faltado a mis compañeros del Partido de la Revolución Democrática desde esta
perspectiva.
Yo quisiera decir que por supuesto
compañera Violeta Vázquez Osorno, me preocupa que aumente el salario real de los
trabajadores, sobre todo de los que tienen menos ingresos; por supuesto, pero creo que si
provocamos efectos inflacionarios, creo que si ratificamos una política equivocada, lo
que vamos a conseguir es que estos efectos reduzcan, porque la inflación es el impuesto
que todos pagan y que más daño hace a quienes menos tienen y eso ustedes, por lo visto,
no lo acaban de ver.
Quiero decir que efectivamente nosotros
estamos buscando el aumento dentro de las posibilidades...
Permítame diputado Paoli. ¿Con qué
objeto..?
El
diputado Francisco José Paoli y Bolio: |
Estoy terminando la respuesta, si no
quieren, no la termino.
Permita por favor diputado, que
termine el diputado Paoli de contestar.
El
diputado Francisco José Paoli y Bolio: |
Yo apenas voy a la mitad del tiempo
de la pregunta.
Continúe por favor, diputado Paoli.
El
diputado Francisco José Paoli y Bolio: |
Quiero simplemente precisar que no es
sólo con declaraciones voluntaristas y con decisiones inmediatas y arbitrarias que se
logra el aumento de los salarios reales de los trabajadores. Es con una conciencia y una
concepción mucho más amplia, mucho más global que alcanza a ver las repercusiones y los
efectos que se provocan con las decisiones.
En Acción Nacional, hemos planteado
siempre y se nos ha acusado a veces, como insulto, de que somos gradualistas, pero lo
somos porque consideramos que la vida se desarrolla gradualmente, como la semilla, que no
nace de la noche a la mañana; que muchas cosas tienen que procesarse atendiendo a las
condiciones de posibilidad y que nosotros hemos logrado y esto se los vamos a comprobar,
muchos más avances de lo que ustedes han logrado.
Pero quiero decirles que si bien ustedes
tenían en la propuesta de aumento salarial su principal tesis, nosotros la teníamos en
la propuesta de distribución entre los estados y sobre todo entre los municipios de
mayores recursos y le puedo decir que en esto hemos logrado pasos muy significativos y
ésta si era nuestra bandera fundamental.
Quiero decirles que nosotros logramos
reducir al aparato estatal... si quiere echar a andar el tiempo, para concluir, ...que
nosotros hemos logrado reducir el aparato estatal central, que hemos logrado reducciones
significativas en secretarías como la de la Reforma Agraria, que prácticamente ha
concluido con su objeto, porque el reparto agrario ha concluido y hay que liquidar esa
Secretaría, aunque sea parte.
Pero hemos también logrado reducciones en
otras secretarías, como la Secretaría de Turismo, para pasar esos recursos a gastos que
puedan hacer en forma más directa los municipios y poder cumplir con esa autoridad tan
cercana a la gente, las obras y los servicios públicos que están requiriendo las
mayorías pobres que viven en los municipios.
Y quiero decirle que logramos también la
reducción de la Sedesol, de la Secretaría de Salud, con sus delegaciones excesivas en
los estados que duplica el Gobierno y que para nosotros, para no cansarlos con el conjunto
de conquistas que hemos logrado y que les mostraremos como un balance, es suficiente como
para poder votar a favor este Presupuesto de Egresos de 1998. Agradezco su atención.
Sí, diputado Pablo Gómez.
El
diputado Pablo Gómez Alvares (desde su curul): |
Le solicito la palabra de acuerdo con
el artículo 20 del acuerdo parlamentario habida cuenta de que ha terminado el actual
turno de oradores, y los previamente inscritos que usted mencionó ya terminaron, para
responder a las alusiones personales de los señores Cantú y Bolio.
Se le concede la palabra al diputado
Pablo Gómez hasta por cinco minutos, de acuerdo con el artículo 20 del acuerdo que
menciona.
Por favor, diputados compañeros, si desean
hacer uso de la palabra, en su oportunidad solicítenla. Tengan la seguridad que los
anotaremos.
El
diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Voy a responder a las alusiones del
diputado Paoli Bolio, para eso he pedido la palabra.
El dice que el PRD quiere hacer tabla rasa
en el aumento salarial. Diputado Paoli, si nosotros planteamos 17% de aumento no es tabla
rasa, puesto que el que más gana mayor aumento tendrá. No es un aumento fijo para todos.
Segundo lugar. Yo le planteé que fuera en
promedio para que el PAN lo aceptara...
Permítame diputado, si es tan
amable.
¿Con qué objeto, diputado?
El
diputado Héctor Flavio Valdez García (desde su curul): |
Para una moción.
Una moción.
Por favor facilítenle el micrófono.
El
diputado Héctor Flavio Valdez García (desde su curul): |
Solamente para recordarle, señora
Presidenta, que el diputado Gómez se apuntó para alusiones personales, no para hablar de
aspectos políticos.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Adelante diputado Gómez.
El
diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Entonces decía yo que nosotros
habíamos agregado 17% en promedio, con el propósito de que pudieran determinados niveles
de ingreso tener un aumento mayor y determinados otros un aumento menor, de acuerdo con
negociaciones de carácter sindical, de ahí vino la palabra promedio que yo le agregué y
el diputado Paoli le agregó "y considerando promociones", lo cual me pareció
bien, aunque también es relevante porque las promociones no representan un gasto mayor de
carácter presupuestal al nivel en que estábamos planteándolo.
Entonces, en efecto, le dije posteriormente
que quizá fuera mejor que se hiciera hasta determinado límite: cinco salarios mínimos.
No era entonces tabla rasa, aunque diría también que la lógica sindicalista es algo que
poco conocemos en México, porque una de las
grandes cosas que han hecho falta en este
país es tener verdaderos sindicatos que defiendan los intereses de los trabajadores.
Cuando los tengamos vamos a ver cómo se
van a producir mayores cambios y más rápidamente.
Quiero decir, a propósito de lo que dijo
el diputado Bolio respondiéndome, que él lo que quería era un aumento en la masa
salarial. La masa salarial también abarca la creación de nuevas plazas, pero al crearse
nuevas plazas no hay aumento ninguno de salario.
El diputado Paoli dice que lo que hay
que hacer es algo paulatino, gradual, pero no dice por qué. ¿Cómo romper la política
salarial en la que los salarios reales se van deteriorando cada vez más? Eso es lo que no
nos responde porque en el presupuesto no hay nada y yo le respondo a usted, diputado
Paoli, hoy teníamos la posibilidad, ¿por qué no se hizo?
Y al diputado Cantú, que se he referido a
mí, diciendo que hizo él la tarea de los deudores, le digo: no hay nada en el
presupuesto en favor de los deudores. O sea que no hizo ninguna tarea. Nosotros planteamos
la tarea.
Y le respondo también algo: dice que he
venido yo como siempre a decir cosas que no son; hasta hace poco lo veía de pie
aplaudiéndome, señor diputado Cantú.
Se concede la palabra al diputado
Francisco Paoli y Bolio para contestar alusiones personales hasta por cinco minutos.
El
diputado Francisco José Paoli y Bolio: |
Con su venia, señora Presidenta.
Adelante diputado.
El
diputado Francisco José Paoli y Bolio |
Señoras diputadas, diputados.
Quisiera responder a una afirmación y a una interrogación del diputado Pablo Gómez y
también a alguna referencia que hacía el diputado Demetrio Sodi.
En primer lugar, quisiera decir que la
interrogación, empiezo por la afirmación que formulaba Pablo Gómez, era que teníamos
la posibilidad y yo también lo creo, la teníamos y trabajamos arduamente. Esta no es una
discusión fácil ni es una discusión que no se ha dado, es una discusión que llevó
probablemente dos meses, los últimos dos meses.
Pero llegaron nuestras discusiones a
ciertos puntos, en donde nuestras visiones, concepciones y posiciones eran encontradas y
distintas y no pudo tenerse un acuerdo. Esto es lo que ocurrió, porque precisamente lo
que prueba este jueguito de las tarjetas, es que estuvimos negociando con interés de
encontrar fórmulas, pero no las encontramos y no las encontramos, pero no podíamos dejar
a la nación sin Presupuesto de Egresos. ¡Ah! porque el presupuesto es algo fundamental
para el desarrollo del país.
Bueno, yo estoy haciendo la afirmación de
que efectivamente teníamos la posibilidad, pero no la conseguimos, porque el potencial no
siempre se realiza y no se realiza en función de las diametralmente opuestas concepciones
que tenemos, respecto de algunos asuntos económicos.
Nosotros podemos coincidir, y así lo
planteamos, diputadas y diputados, desde un principio. Y el otro día lo recordaba con
toda claridad el diputado Muñoz Ledo, Acción Nacional dijo desde un principio que
negociaría con todos y cada uno de los partidos y que también negociaría con el Poder
Ejecutivo como había que hacerlo y por supuesto que donde encontramos la posibilidad, no
de pedir dádivas, como ustedes han dicho insultantemente, sino de encontrar
reivindicaciones y avances planteados en nuestra plataforma y créanme que en muchas
ocasiones fueron agrias las discusiones y difíciles, pero pudimos arrancar prestaciones
sustanciales y recursos para descentralizar al país y para dar a los estados y a los
municipios mucho mayores posibilidades de desarrollo.
Tenemos una concepción distinta de cómo
se impulsa la justicia social. Esto es cierto, por eso son los partidos distintos, no nos
vengan a reclamar ahora que somos partidos distintos, porque eso es obvio.
El haber constituido un grupo de los cuatro
para negociar transformaciones democráticas en esta Cámara, es legítimo y está
asentado en el acuerdo. El haber logrado acuerdos que mantendremos hasta el último día
de esta legislatura para ordenar y hacer transparentes los recursos de esta Cámara, para
designar a los funcionarios, para distribuir las comisiones de acuerdo con la proporción
de fuerzas que representa cada una de las formaciones partidarias, no nos lleva
necesariamente y así estaba claro para muchos, a tener coincidencias en todo.
Por eso hemos dicho y aclarado
reiteradamente que no somos un bloque que vota automáticamente junto con los cuatro,
aunque hacemos el esfuerzo por buscar no sólo el voto con los cuatro, sino con los cinco,
señores, porque nosotros estamos aquí para integrar, estamos aquí para caminar juntos y
para construir un país que requiere una visión reconciliadora y armónica que nos
permita avanzar a todos los mexicanos.
Por eso no se hizo posible nuestra
coincidencia.
Muchas gracias, diputado Paoli.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el
dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario José
Antonio Alvarez Hernández: |
En votación económica se pregunta a
la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido señora Presidenta.
Muchas gracias, señor Secretario.
Para los efectos del artículo 134 del
Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar
algún artículo para discutirlo en lo particular.
Esta Presidencia informa que se le ha hecho
llegar la siguiente reserva y si hay algún otro agregado, solicito que se le haga saber:
Por el grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, se reserva el artículo 19; por el grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, se reserva el artículo decimoquinto transitorio y adiciona el
artículo decimoseptimo transitorio; por el grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, se reservan los siguientes artículos: 5o., 8o., 9o., 12, 14,
15, 18, 20, 23, 26, 44, 54, 59, 60, 61, tercero y decimosexto transitorios.
Se viene reservando al diputado Victorio
Rubén Montalvo, el artículo 19.
Se reserva el artículo 8o., por el
diputado Rubén Mendoza Ayala, del Partido Acción Nacional.
Se tiene al diputado Benjamín Gallegos,
reservando el artículo 5o.
Se tiene al diputado Alfonso Ramírez
Cuéllar, reservándose el artículo decimoquinto transitorio. ¿Alguien más?
El
diputado Eduardo Mendoza Ayala (desde su curul): |
También el artículo 8o., por favor,
el Capítulo II referente a las erogaciones.
Gracias.
Gracias, diputado Mendoza Ayala.
¿No hay ninguna otra reserva?..
Proceda la Secretaría a recoger la
votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un
solo acto.
El
secretario José Antonio Alvarez Hernández: |
Se va a proceder a recoger la
votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un
solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señora Presidenta, se emitieron 341 votos
en pro y 132 en contra.
Se suplica a los diputados se sirvan
tomar sus lugares y se suplica a los señores de la prensa su comprensión y apoyo para
que nos permitan guardar el orden. Se suplica al diputado Lamadrid y al diputado Muñoz
Ledo, nos hagan favor de ocupar sus respectivas curules para que nos ayuden a mantener el
orden.
Aprobados en lo general y en lo particular
los artículos no impugnados por 341 votos.
Para referirse al artículo 8o., tiene la
palabra, hasta por cinco minutos el diputado Armando López Romero.
Por favor, se suplica a las personas que se
encuentran en el pasillo central, se sirvan tomar sus lugares para que podamos continuar
con la discusión de los artículos reservados.
Se suplica por favor a los señores que se
encuentran en los pasillos, que no son diputados, que nos ayuden a mantener el orden y se
suplica a los compañeros diputados que se ubiquen en sus curules para que estemos en
condiciones de continuar con el desarrollo de la Asamblea.
Adelante, señor diputado López Romero.
El diputado Armando
López Romero: |
Con su venia, señora
Presidenta...(*)
Tiene usted cinco minutos para
hablar, diputado López Romero. Haga favor de manifestarle a esta Presidencia si no desea
hacer uso de la palabra, porque se le concedió para que hiciera uso de la palabra.
El
diputado Armando López Romero: |
Señora Presidenta, solicité la
presencia y el uso de la palabra. Los cinco minutos yo sabré como utilizarlos, señora
Presidenta.
¡No, señor diputado! ¡Discúlpeme!
De acuerdo con las disposiciones normativas usted tiene cinco minutos para utilizarlo con
la palabra.
El
diputado Armando López Romero: |
Muy bien, señora Presidenta. Le
pediría entonces nada más que le pida orden a la Asamblea.
Por favor, señores diputados, les
suplico que se ubiquen en sus lugares, al igual que a los señores de la prensa, para que
podamos escuchar las exposiciones
del diputado Armando López Romero, que
solicitó la palabra precisamente para usar el micrófono y hacernos saber los motivos por
los que reservó el artículo a los que seguramente nos va a hacer mención, que es el
artículo 8o.
Yo suplico a los compañeros que están
solicitando que su servidora ponga orden, que me ayuden con el ejemplo para que podamos
estar en condiciones de poner orden todos.
El
diputado Armando López Romero: |
Compañeras diputadas; compañeros
diputados...(*)
Señor diputado, esta Presidencia le
solicita que si no va usted a usar la palabra, nos permita continuar con el siguiente
orador.
El
diputado Armando López Romero: |
Nos hemos reservado, nos hemos
reservado el 8o. por una sencilla razón: ¡porque este país ha sido sacrificado en la
educación, en la ciencia y en la tecnología! ¡Ningún país puede darse el lujo de
sacrificar la educación¡ ¡La educación es un factor fundamental! La ciencia y la
tecnología, una vez más, ha sido abandonada.
El presupuesto asignado para educación, en
términos reales, alcanza apenas un 4.05% del producto interno bruto. Quiere decir que
apenas recuperamos o llegamos a lo que estaba en 1993.
El plan del Gobierno en educación
1995-2000 establecía como objetivo el desarrollo y el aumento del gasto en educación.
Sin embargo, hoy lo que sucede es que al 2000 apenas vamos a llegar, tal vez, si bien nos
va, a recuperar un poco lo que perdimos en 1993.
Y había por ahí quien nos decía que
nosotros rechazábamos, que nosotros no éramos congruentes con lo que decíamos. Sí, sí
somos congruentes y quiero referirles compañeros que en campaña recuerdo al candidato
del PAN, Ernesto Herrera, distrito XXIV federal, decir en su discurso: "lucharemos
porque la educación tenga por lo menos el 8% del producto interno bruto". Recuerdo
también en ese mismo discurso hablar del fortalecimiento de las universidades y quiero
decirles lo siguiente. Desapareció la propuesta del fondo de recuperación de las
universidades.
Hemos sacrificado a las universidades de
los estados. La ciencia y la tecnología, señoras diputadas, señores diputados, ha sido
condenada una vez más a no apoyar en el desarrollo de este país. Es realmente una
tristeza escuchar por todos, más allá de las ideologías, sacrificar este país.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado López
Romero.
Tiene el uso de la palabra hasta por cinco
minutos, para hablar en pro del artículo 8o., el diputado Héctor Luna de la Vega, del
Partido Revolucionario Institucional.
El diputado
Héctor Luna de la Vega: |
Con su anuencia, señora Presidenta;
honorable Asamblea:
Efectivamente, nos encontramos ante la
inquietud de una asignación presupuestaria por debajo de lo deseable. Sin embargo,
habremos de estimar el equilibrio que debe existir invariablemente entre lo deseable y lo
posible.
Cuando hacemos el análisis de cualquier
estructura de carácter presupuestario, nos damos cuenta que es la expresión cuantitativa
de las estrategias de Gobierno; precisamente es lo que permite hacer la diferenciación
entre una oferta política y otra oferta política. Pero tenemos una limitante adicional:
los recursos, la capacidad recaudatoria y la base que va a suministrar los recursos
necesarios para dotar de capacidad de respuesta al Estado mexicano.
El más alto énfasis que se da en la
asignación presupuestaria que hoy hemos aprobado en lo general y que mi partido aprueba
también en lo particular, está precisamente dado al ramo de la educación.
Efectivamente, nos encontramos por debajo
de los parámetros de carácter internacional. Sin embargo, habremos de reconocer que el
énfasis está precisamente en ello en la educación, como también habremos de
percatarnos de que se han hecho modificaciones contenidas en la Miscelánea Fiscal, en
donde se otorga un estímulo, que es otra forma de aportar hacia el producto interno
bruto; habría nada más que cuantificarlo para determinar qué corresponde a gasto
público y qué corresponde al gasto que hace el resto de la sociedad mexicana vía los
estímulos fiscales.
Por ello es que mi partido, el
Revolucionario Institucional, vota precisamente en favor de ese artículo y considera que
a partir de lo posible, es la asignación recomendable y sin duda que será benéfica para
el desarrollo del país.
Es cuanto.
Muchas gracias, señor diputado
Héctor Luna de la Vega.
Tiene la palabra para referirse al
artículo 8o. también, hasta por cinco minutos, la diputada Clara Brugada Molina, del
Partido de la Revolución Democrática...
Hay un cambio. Tiene la palabra la diputada
Dolores Padierna hasta por cinco minutos.
La diputada María de los Dolores
Padierna Luna:
Señora Presidenta, gracias por darme la
palabra; señoras y señores diputados:
El Partido de la Revolución Democrática
reservó para su análisis en lo particular, una serie de artículos que de analizarse con
todo cuidado por ustedes y de dar el voto favorable de todos ustedes, significaría
realmente un cambio muy importante.
Lamentamos esta alianza, esta nueva
mayoría; la entendemos porque así es la democracia. Quisiera sólo señalar que 17
millones de personas, el 6 de julio, votaron por la oposición; que los votos y las
decisiones que pudiera haber tomado la oposición, están respaldadas por el voto popular
y son absolutamente legítimas; que no había ninguna necesidad de agachar la cabeza y de
sumarse a los que han aplastado el interés popular durante 70 años.
Que el negativismo político, que el
arreglo tras bambalinas, refuerza las bases tradicionales de un sistema antidemocrático y
le propina un duro golpe a la población, la enorme embestida colaboracionista, los ha
hecho a ustedes demasiado pequeños para resolver los grandes problemas nacionales.
El Partido de la Revolución Democrática
se va a retirar en este momento y espera que voten en contra todo lo que le hubiera
beneficiado a la población.
Tiene la palabra para hablar en
contra, el diputado Ricardo Armenta Beltrán...
No estando en el salón de sesiones, tiene
la palabra para hablar en contra, el diputado Eduardo Mendoza Ayala.
Adelante, diputado Mendoza Ayala.
-El diputado
Eduardo Mendoza Ayala: |
Con su venia, diputada Presidenta:
En unos cuantos momentos más, este digno
Congreso procederá a aprobar el Presupuesto de Egresos para el año que está por
iniciar. El hecho de que hoy se apruebe tan importante documento, no significa sin embargo
que todo lo que contiene sea lo que le vaya a beneficiar a la República.
Es imposible también en unos cuantos
minutos, abarcar por completo la inmensa inquietud existente en el pleno de la sociedad
mexicana, acerca de la urgente necesidad porque el Gobierno Federal deje de gastar
recursos indiscriminada e irresponsablemente como se ha acostumbrado en repetidas
ocasiones por décadas.
Uno de esos ángulos de inquietud es el que
se refiere precisamente al indispensable contrapeso que debe tener la autoridad federal
para vigilar que no se den excesos en el ejercicio del gasto público, situación que
hasta ahora no ha pasado de ser un precioso
sueño, algo así como uno de esos mitos geniales, como los que cierto personaje
hacendario narrara no hace mucho al pueblo de México.
A lo largo de las últimas semanas, los
diputados de esta LVII Legislatura hemos podido comprobar por supuesto con profunda
tristeza, la sospecha de dominio popular, en el sentido de que al partido de Estado lo que
le mueve es el interés económico y no la vocación de servicio. Esto que no es nuevo
pero sí desde luego lamentable, nos debe llevar al camino de una seria reflexión sobre
el diseño y perfeccionamiento de las herramientas de control con que nuestra naciente
democracia debe contar.
En el Presupuesto de Egresos para el año
venidero, el Ejecutivo Federal está solicitando la cantidad cercana a 800 millones de
pesos para sostener y mantener una auténtica entelequia burocrática, conocida bajo el
nombre de Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo de la Federación.
De acuerdo con el artículo 37 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, es facultad de esta institución
dependiente del Poder Ejecutivo, inspeccionar el ejercicio del gasto público y su
congruencia con el Presupuesto de Egresos, vigilar las normas de control y fiscalización
de la administración pública federal.
A la luz de un análisis detenido de la
legislación vigente, logramos identificar que no está cumpliendo efectivamente con las
responsabilidades a las que debe estar obligado. Muchos ejemplos de ineficiencia podrían
ser citados, para demostrar que invertir recursos económicos en la Secretaría de la
Contraloría, es desperdiciar esfuerzo, tiempo y dinero en un organismo que lejos de
servir, ha sido hasta objeto de burla por los que practican cotidianamente conductas
viciadas.
Aprobar un gasto a todas luces innecesario,
como está solicitando el presidente Zedillo en el caso de la Secretaría de la
Contraloría, podría llevarnos a ser vistos por la opinión pública como auténticos
bandoleros de la moral y yo creo, amigos nuestros, que nadie quiere cargar con el estigma
de ser calificado de esa manera, a no ser de que carezca de escrúpulos y de la más
mínima sensibilidad social.
Y que nadie se espante aquí por el
lenguaje claro y llano utilizado en el análisis, dado que el mandato ciudadano otorgado a
nuestra representación exige antes que nada resultados efectivos y no maquillajes
escenográficos que simulen avances cuando no lo son.
Pedimos la desaparición, la eliminación
del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de la Contraloría y Administración, y al
mismo tiempo solicitamos incrementar en 20% en términos reales el presupuesto de
educación, 15% en términos reales el de salud, que se incremente el 8% a agricultura y
desarrollo rural y así que la Federación maneje en desarrollo social 2.5 millones y los
municipios 3.5 millones. Eso, eso sería congruencia y esto es lo que esta madrugada he
venido a solicitar a todos los presentes.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Mendoza
Ayala.
Tiene la palabra para hablar en pro el
diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado
Charbel Jorge Estefan Chidiac: |
Con su venia, señora Presidenta:
Antes de tratar el tema para el que pasé a
la tribuna, quisiera felicitar al Partido Revolucionario Institucional y al Partido
Acción Nacional por sí dar muestras de responsabilidad y de trabajo y estar el día de
hoy permaneciendo aquí.
Déjenme decirles que el tema que estamos
tratando sobre la fiscalización de los recursos públicos, no es un tema que haya venido
por primera vez a esta tribuna. Durante los últimos años, las diferentes fracciones
parlamentarias, los grupos parlamentarios, hemos hecho propuestas para mejorar la
fiscalización en este país. El propio presidente Zedillo ha presentado una iniciativa
que tenemos aquí dormida digamos, en la Comisión de Gobernación y a la cual se ha hecho
incluso una excitativa para que a la manera más breve se llegue a dictaminar y se
presente al pleno.
Coincidimos todos y lo dijimos aquí el
día que se aprobó el dictamen de la Cuenta Pública, que queremos una mejor
fiscalización, que queremos mayor oportunidad en la fiscalización, que queremos que se
reforme el marco jurídico con que la Contaduría Mayor de Hacienda realiza sus funciones,
pero no lo
vamos a mejorar con discursos, sino lo
vamos a mejorar llegando a la realidad. Esto no quiere decir, y lo hemos reiterado muchas
veces, que los órganos internos de control de los poderes sean excluyentes de los
órganos externos.
Es muy claro, y lo hemos visto en los
gobiernos de diferentes partidos, cómo no solamente no desaparecen las contralorías,
sino que en muchos casos se fortalecen y se amplía su personal por la importancia que
tiene el control interno.
En tal virtud, a nuestro punto de vista, y
dado los resultados que vienen en la propia Cuenta Pública de 1996, la Secretaría de la
Contraloría generó muchos más recursos de recuperaciones que el propio costo que tiene
la propia Secretaría, y está muy claro ahí en los reportes.
Tiene también la Contraloría una función
muy importante que hemos compartido con diferentes grupos parlamentarios sobre el
desarrollo administrativo, y ustedes saben muy bien que en la nueva estructura
programática que trae el presupuesto de 1998 y en la reasignación funcional del
presupuesto tiene mucho qué ver también el sistema de evaluación y desarrollo
administrativo que propone la propia Secodadm y el Ejecutivo.
En tal virtud, los priístas nos
pronunciamos por fortalecer el órgano externo de fiscalización y por mantener, como debe
ser, un órgano interno de control que permita el Ejecutivo rendir cuentas y que permita
también a nosotros cumplir con nuestra obligación constitucional.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Estefan.
Tiene la palabra para referirse al
artículo 9o., en contra, el diputado José Luis Gutiérrez Cureño...
Por no encontrarse en el salón de
sesiones, tiene la palabra con el mismo fin, el diputado Carlos Heredia Zubieta...
Por no encontrarse en el salón de
sesiones, pasaremos a la discusión del artículo 12.
Para hablar en contra, tiene la palabra
hasta por cinco minutos el diputado Sergio Benito Osorio Romero...
Por no estar en el salón de sesiones, para
referirse al artículo 14 por cinco minutos, para hablar en contra del dictamen, el
diputado Pablo Gómez Alvarez, del PRD, tiene la palabra...
Pasamos a la discusión del artículo 15,
tiene la palabra por cinco minutos para hablar en contra, el diputado Victorio Montalvo
Rojas, del PRD...
Por no encontrarse en el salón de
sesiones, tiene la palabra con el mismo fin, para hablar en contra, la diputada Martha
Gastelum Valenzuela, del PRD...
Para referirse al artículo 18 y hablar en
contra del dictamen, tiene la palabra el diputado Antonio Prats García, del PRD...
Por no encontrarse en el salón de
sesiones, pasamos a la discusión del artículo 19, y para hablar en contra, por el PRD,
tiene la palabra el diputado Victorio Montalvo Rojas...
Por no encontrarse en el salón de
sesiones, y para referirse al artículo 20, tiene la palabra el diputado Alfonso Ramírez
Cuéllar, del PRD...
Por no encontrarse en el salón de
sesiones, tiene la palabra para hablar en contra, por el Partido de la Revolución
Democrática, el diputado Sergio Valdés Arias...
Tiene la palabra para hablar en contra, por
no estar el diputado Sergio Valdés Arias en el salón de sesiones, el diputado Marcelo
Ebrard Casaubón, diputado independiente...
Por no encontrarse en el salón de
sesiones, para referirse al artículo 23, tiene la palabra para hablar en contra el
diputado Rosalío Hernández Beltrán, del PRD, hasta por cinco minutos...
Por no encontrarse en el salón de
sesiones, para referirse al mismo articulo 23 y hablar en contra tiene la palabra el
diputado Miguel Alonso Raya, del PRD...
Por lo que se refiere a los artículos 26,
44, 54, 59, 60, 61 y tercero transitorio, no se encuentran inscritos oradores ni a favor
ni en contra, por lo que esta Presidencia informa a la Asamblea que para referirse al
artículo decimoquinto transitorio tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado
Alberto Cifuentes Negrete, del Partido Acción Nacional.
El diputado
Alberto Cifuentes Negrete: |
Con su permiso, señora Presidenta;
señoras y señores diputados:
En representación del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, vengo a poner a su consideración, la propuesta de
modificación del artículo decimoquinto transitorio del decreto que nos ocupa, por las
siguientes razones:
En el PAN, como en todos los partidos aquí
representados, compartimos la inquietud de cientos de miles de familias mexicanas, que
adquirieron créditos bancarios de todo tipo, créditos que se volvieron impagables,
principalmente por los esquemas financieros contenidos en los contratos.
Sabemos que la solución a este problema
tan complejo, no se puede resolver en un ejercicio presupuestal, pero también sabemos que
el Gobierno Federal ha destinado y comprometido grandes cantidades de recursos fiscales
para sanear al sistema financiero.
Somos conscientes que la aplicación y
ejecución de los programas contenidos en el presupuesto, es responsabilidad del
Ejecutivo, pero reclamamos que se hagan efectivas las facultades que para el Congreso de
la Unión establece la Constitución en materia de deuda pública.
Reconocemos que esta Cámara no cuenta en
estos momentos con la información suficiente, de cómo y con quién están comprometidos
los recursos destinados al rescate del sistema financiero, que según nos comentaron
funcionarios de la Secretaría de Hacienda, ascienden a más de 360 mil millones de pesos.
Sabemos que esto no es un problema sólo de
información, sino que para su solución se requiere que el Ejecutivo Federal, este
dispuesto a dialogar por conducto de las dependencias correspondientes, con los grupos
representados en esta Cámara, para que conjuntamente y con responsabilidad se analicen
los programas ya implementados por el primero y las propuestas que han presentado
organizaciones sociales y los propios diputados en la actual legislatura, para buscar
alternativas que sean más eficaces en la solución de la cartera vencida, ya que
consideramos que el saneamiento financiero supone necesariamente la solución a este
problema de la cartera vencida.
En otras palabras, para tener instituciones
bancarias fuertes, requerimos lograr que los créditos, que las deudas sean pagables,
sólo haciendo las deudas pagables restauraremos así la cultura del pago.
Con estos antecedentes y teniendo en cuenta
también el punto de acuerdo propuesto a este pleno por la Comisión de Vigilancia de la
Contaduría Mayor de Hacienda, punto de acuerdo que fue presentado en el mes de noviembre,
en el sentido de que se respeten las atribuciones constitucionales, respecto de la
vigilancia, del buen uso y destino de los recursos públicos que nuestra Carta Magna le
confiere a la Comisión de Vigilancia y para efecto de que las Comisiones que reciban la
información de todos estos recursos destinados al saneamiento financiero, pues pueda
tener esas facultades de fiscalización, establecidas en la Constitución y así en su
oportunidad se finquen las responsabilidades que procedan y para efecto de que no sólo se
reciba información de las partidas contempladas en este presupuesto para los programas de
apoyo a deudores y de saneamiento financiero, sino también se pueda revisar lo ya
asignado y comprometido, de tal forma que esta Cámara cuente con la información
suficiente en estos rubros, proponemos de conformidad con los artículos 59, 60 y 124 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
que se modifique el artículo decimoquinto transitorio, para quedar como sigue:
"Artículo quince transitorio. El
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, proporcionará la información y
documentación que le requiera la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de
Hacienda, por conducto de una subcomisión que al efecto se integre para dar seguimiento a
la aplicación de los recursos destinados a los programas de apoyo a deudores y de
saneamiento financiero".
Apoyan la propuesta los diputados: Ricardo
Ortiz Gutiérrez, Adalberto Balderrama, Salvador Olvera, Alberto Cifuentes, Emilio
González y 35 firmas más, de diputados de esta Cámara; firmas que dejamos en la
Secretaría para que se les dé el trámite solicitado.
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra para hablar en pro
respecto al artículo decimoquinto transitorio, el diputado Alfredo Phillips Olmedo, hasta
por cinco minutos.
El diputado
Alfredo Phillips Olmedo: |
Con permiso, señora Presidenta:
Adelante, señor diputado.
El
diputado Alfredo Phillips Olmedo: |
Compañeras y compañeros diputados:
Los programas de saneamiento financiero que
se han establecido para apoyar exactamente al sistema financiero, para darle viabilidad a
las instituciones para poder atender los sectores prioritarios, la micro y pequeña
empresa, los productores rurales, los deudores, hacer frente a pasivos, apoyar a 11
millones de ahorradores para salvar sus ahorros, apoyar a 8 millones de deudores para que
se les facilite cumplir con sus obligaciones, han tenido un impacto favorable. Pero
entendemos la propuesta del diputado que me antecedió en el uso de la palabra.
Estamos conscientes de la necesidad que se
tiene de informar. Sin embargo, sabemos que en materia de deuda de saneamiento financiero
se presentan informes trimestrales a esta honorable Asamblea.
Para este año vemos con interés que hay
cantidades importantes para saneamiento financiero tanto en banca de desarrollo por 6 mil
227 millones, Fobaproa, para deudores en materia de vivienda, agroindustria, industria
mediana y pequeña.
Estamos de acuerdo en que esto requiere que
se informe adecuadamente a esta asamblea. Es por ello que apoyamos la propuesta del
diputado que me precedió en la palabra, para que se cree una subcomisión y ante ella se
puedan recibir los informes y discutirlo tal como se ha propuesto.
No sé si sea yo el último orador, pero
sin duda, ha sido una sesión muy larga, muy fructífera, por el bien de México.
Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra para
hablar en contra del artículo decimoquinto transitorio, el diputado Alfonso Ramírez
Cuéllar, del PRD...
Por no encontrarse en el salón de
sesiones, pasaremos a la discusión del artículo decimosexto transitorio... no se
encuentran inscritos oradores en pro ni en contra.
En cuanto a la adición del artículo
decimoséptimo transitorio, tiene la palabra el diputado Santiago Creel Miranda, hasta por
cinco minutos.
El diputado
Santiago Creel Miranda: |
Con su venia, señora Presidenta;
compañeras y compañeros legisladores:
Hago uso de esta tribuna el día de hoy, ya
tarde, siendo de los últimos oradores, porque pienso que es necesario plantear una
adición de un artículo transitorio en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos
para 1998.
Esta propuesta tiene que ver con el
artículo 9o. referente a las erogaciones previstas para el ramo 22 del Instituto Federal
Electoral, las cuales prevén una reducción de 200 millones de pesos a lo originalmente
planteado por el Instituto Federal Electoral.
Estas reducciones, de acuerdo con la
propuesta que deseo plantear a esta honorable Asamblea, tienen dos finalidades.
La primera de ellas, reconocer, dar
testimonio al principio de autonomía del Instituto Federal Electoral, que en síntesis
significa autodeterminación en asuntos y en decisiones internas y esto se refiere a lo
siguiente:
En los montos que han sido reducidos del
monto general, el testimonio que deseo plantear que quede
asentada en esta disposición transitoria,
es que el IFE, tendrá la plena autonomía para determinar qué programas serán objeto de
reducciones, motivadas por esta disminución presupuestal que se dio del presupuesto
originalmente planteado por el Instituto Federal Electoral.
El segundo elemento incorporado en esta
disposición transitoria, tiene qué ver con que la disminución de 200 millones,
seguramente va a impactar en la estructura administrativa y operativa del Instituto
Federal Electoral.
Comparativamente es el presupuesto más
bajo que ha tenido ese instituto en su historia.
En consecuencia, no es improbable que los
efectos de este presupuesto puedan traducirse en una disminución de sus funciones
operativas y administrativas. Si es el caso, es probable que el ordenamiento jurídico
vigente tenga que ser reformado, para lo cual propongo que en este artículo transitorio
que el Consejo General del Instituto Federal Electoral nos lo haga saber a esta Cámara, a
través de la comisión respectiva, para que los legisladores estemos en posibilidad de
elaborar una reforma acorde y que pueda acompasar al presupuesto a este nuevo marco
financiero.
Estos son los motivos de la visión que
propongo. A continuación me voy a permitir dar lectura al artículo transitorio que
propongo se adicione como decimoséptimo. Dice su texto de la siguiente manera:
"El Presupuesto de Egresos aprobado
por esta Cámara contempla una reducción considerable al presupuesto del Instituto
Federal Electoral. En atención a su autonomía, que otorga el artículo 41 constitucional
a este instituto, la Cámara de Diputados ha determinado no reducir rubros específicos al
proyecto de presupuesto elaborado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Lo anterior con el objeto de que sea ese
órgano superior de dirección el que determine cuales serán las partidas presupuestales
que se verán afectadas, en caso de que esta reducción suponga la necesidad de llevar a
cabo adecuaciones en el marco normativo que rige al Instituto Federal Electoral, la
comisión correspondiente de la Cámara de Diputados recibirá las opiniones del Consejo
General del Instituto Federal Electoral."
Este es el texto y lo que me permití
expresar con anterioridad, son los motivos por los cuales pido su aprobación y su voto.
Muchas gracias.
En relación con la adición del
artículo decimoséptimo transitorio tiene la palabra respecto a esta adición el diputado
Manuel González Espinoza.
El diputado
Manuel González Espinoza: |
Muchas gracias, señora Presidenta;
señoras; señores diputados:
Vengo a hablar en relación a la propuesta
que hace el diputado Creel, sobre el artículo decimoséptimo transitorio.
Quisiera recordar solamente que el
artículo 41 constitucional en su fracción III establece que las elecciones federales son
una función estatal que realiza a través de un organismo público autónomo, denominado
Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, en
cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos
nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa
función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad,
serán los principios rectores.
El Partido Revolucionario Institucional,
considera que es de aprobarse la propuesta porque es un esfuerzo que debemos realizar por
necesario; está dirigido fundamentalmente a fortalecer y ampliar nuestra democracia en
términos de profundidad y amplitud. Vamos a aprobar esta propuesta con sentido de madurez
y responsabilidad, porque con ello estamos asumiendo nuestro papel en la evolución
integral de nuestro país y de sus instituciones electorales.
Es cuanto, gracias.
Gracias señor diputado González
Espinoza.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se
encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados y la adición planteada al
decimoséptimo transitorio.
El
secretario José Antonio Alvarez Hernández: |
En votación económica se pregunta a
la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados con la
adición propuesta al artículo decimoquinto transitorio y al decimoséptimo transitorio.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos.
Proceda la Secretaría a recoger la
votación nominal de los artículos reservados en un solo acto, con la modificación
propuesta al artículo decimoquinto transitorio y la adición del artículo decimoséptimo
transitorio.
El
secretario José Antonio Alvarez Hernández: |
Se va a proceder a recoger la
votación nominal de los artículos reservados con la modificación propuesta al artículo
decimoquinto transitorio y la adición del decimoséptimo transitorio, en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor, haga los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron por los artículos reservados
335 votos en pro y uno en contra; por el artículo decimoquinto transitorio, con la
modificación aceptada, 334 en pro y dos en contra; por el artículo decimoséptimo
transitorio, con la adición aceptada, 333 en pro y tres en contra.
Aprobados los artículos reservados
con la modificación propuesta al artículo decimoquinto transitorio y la adición del
decimoséptimo transitorio por 335 votos.
El
secretario José Antonio Alvarez Hernández: |
Pasa al Ejecutivo para sus efectos
constitucionales.
Continúe la Secretaría con los
asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El
secretario Jaime Castro López |
Señora Presidenta, se han agotado
los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.-Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Domingo 14 de diciembre de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del diputado Felipe de Jesús
Preciado Coronado.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de Durango y Sonora.
Comunicación de los coordinadores de los
grupos parlamentarios, que integran la LVII Legislatura.
Dictámenes de primera lectura
De las comisiones unidas de Gobernación y
Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que reforma el
artículo tercero transitorio por el que se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dispensa de segunda lectura,
discusión y votación.)
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo décimo, al inciso B
del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. (Dispensa de
segunda lectura, discusión y votación.)
Elección de los integrantes de la
Comisión Permanente.
Agenda política
Punto de acuerdo para proteger el
patrimonio familiar de los connacionales que envían dinero de los Estados Unidos de
América, al territorio nacional, a cargo del diputado Víctor Manuel López Balbuena, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Deliberativo.)
CLAUSURA
Y CITATORIO
La
Presidenta (a las 3:48 horas del día 14 de diciembre): |
Muchas gracias, señor Secretario.
Se levanta la sesión y se cita para la
próxima que tendrá lugar el día de hoy domingo 14 de diciembre, a las 17:00 horas.
RESUMEN
DE TRABAJOS
* Tiempo de duración: 15 horas con 30 minutos
(con un receso de 3 horas con 20 munitos)
* Quorum a la apertura de sesión: 460
*Puntos de acuerdo: 1
* Temas de agenda política: 4
* Oradores en tribuna : 34
PRI-10; PRD-11; PAN-10; PT-1; PVEM-1; Diputado
Independiente-1
Se recibieron:
* 4 comunicaciones de congresos estatales;
* 1 iniciativa de las comisiones de
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, con el que remiten
iniciativa de reformas al artículo tercero transitorio del decreto por el que se
reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la carta Magna.
Dictamen de primera lectura:
* 1 dictamen de la Comisión de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública, con Proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio Fiscal de 1998. Se dispensa la segunda lectura.
Se aprobó:
* 1 dictamen de la Comisión de Programación
, Presupuesto y Cuenta Pública, con Proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio Fiscal de 1998.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas
en esta edición:
Ade |
Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de
la banca |
Afore |
Administradora de Fondos Para el Retiro |
Aucal |
Autopistas Concesionadas del Altiplano,
S.A de C.V |
Bancomer |
Banco de Comercio |
BNCI |
Banco Nacional de Comercio Interior,
Sociedad Nacional de Crédito |
CRICP |
Comisión de régimen interno y
Concertación Política |
D.F. |
Distrito federal |
Fobaproa |
FondoBancariopara la protección al
Ahorro |
Fonaes |
Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad |
GATT |
Acuerdo General de Aranceles y comercio
(por siglas en inglés) |
IFE |
Instituto Federal Electoral |
INI |
Instituto Nacional Indigenista |
Inverlat |
Inversiones Latinoamericanas (Banamex) |
IVA |
Impuesto al Valor Agregado |
ONU |
Organización de las Naciones Unidas |
PAN |
Partido Acción Nacional |
PGR |
Procuraduría General de la República |
PIPSA |
(sin aclaración) |
PRD |
Partido de la Revolución Democrática |
PRI |
Partido Revolucionario Institucional |
Pronafide |
Productora e importadora de Papel,
Sociedad Anónima |
S.A de C.V. |
Sociedad Anónima de Capital
Variable |
SCT |
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes |
Secodam |
Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo |
Secofi |
Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial |
Sedesol |
Secretaría de Desarrollo Social |
Semarnap |
Secretaría del medio Ambiente |
Telecomm |
Telecomnicaciones de México |
Telmex |
Teléfonos de México |
Udis |
Unidades de Inversión |
|