Diario de Debates No. 3, 15 de marzo de 1998, Segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio, LVII Legislatura

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora

PRESIDENTE

Diputado Jorge Emilio Gonzalez Torres

DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES
Norberto Reyes Ayala

ASISTENCIA	Pag. 15
ORDEN DEL DIA	15
ACTA DE LA SESION ANTERIOR	15
MINUTOS DE SILENCIO	16
En honor de los diputados José García Cerda y Alfonso Sandoval Camuñas.	16
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS	16
Respecto a los trabajos a realizar en el presente periodo de sesiones, expresan las opiniones de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados:	16
Verónica Velasco Rodríguez, del Partido verde Ecologista de México.	16
Por el partido del Trabajo, Ricardo Cantú Garza.	18
Por el Partido Acción Nacional, Carlos Medina Plascencia.	20
A nombre del Partido de la Revolución Democrática, Porfirio Muñoz Ledo.	22
Fidel Herrera Beltrán, por el Partido Revolucionario Institucional.	24
RECESO	25
Continúa en el uso de la palabra el diputado Fidel Herrera Beltrán.	25
ORDEN DEL DIA	29
De la próxima sesión.	29
CLAUSURA Y CITATORIO	29
RESUMEN DE TRABAJOS	29

Presidencia del diputado Arturo Núñez Jiménez

ASISTENCIA

El Presidente :

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.

La secretaria Enoé González Cabrera:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 372 diputados. Por lo tanto, hay quorum señor Presidente.

«Acta de la sesión previa de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el sábado catorce de marzo de mil novecientos noventa y ocho, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con cuarenta minutos y una asistencia de doscientos setenta y dos diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y de inmediato se procede a la elección por cédulas de mesa directiva que funcionará del quince de marzo al catorce de abril de mil novecientos noventa y ocho, del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.

Realizada la votación, el escrutinio y el cómputo correspondientes, resulta triunfadora por trescientos veintiséis votos, la planilla integrada por los diputados: Jorge Emilio González Martínez, como presidente; Arturo Charles Charles, Sergio Valdés Arias, Alberto Cifuentes Negrete, María Mercedes Maciel Ortiz y Verónica Velasco Rodríguez, vicepresidentes; Enoé González Cabrera, María del Carmen Escobedo Pérez, Edgar Martín Ramírez Pech y Gerardo Acosta Zavala, secretarios; Vicente de la Cruz Santiago, María Victoria Peñaloza Izazaga, María del Carmen Corral Romero y Adoración Martínez Torres, prosecretarios, quienes de inmediato toman posesión de su encargo.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, se declara legalmente instalada para funcionar durante el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.

La mesa directiva designa las comisiones reglamentarias para participar que la Cámara de Diputados ha quedado debidamente instalada, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Primera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Agotados los asuntos en cartera, el Presidente levanta la sesión a las once horas con cuarenta y nueve minutos y cita a la sesión de Congreso General a las dieciocho horas del domingo quince de marzo de mil novecientos noventa y ocho y a la ordinaria de la Cámara de Diputados a las dieciocho treinta horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

Antes de continuar con el orden del día, del día de hoy, les voy a pedir muy atentamente a todos los compañeros diputados, ponerse de pie y guardar un minuto de silencio por un compañero que falleció el 10 de marzo del presente año, el diputado José García Cerda.

Señor Presidente, respetuosamente solicitamos un minuto de silencio con motivo también del reciente fallecimiento de nuestro compañero, el diputado Alfonso Sandoval Camuñas.

Claro que sí, señor diputado y ofrezco una disculpa por no tener conocimiento del fallecimiento.

Pido un minuto de silencio para el compañero diputado Alfonso Sandoval Camuñas.

Harán uso de la palabra a nombre de los grupos parlamentarios que integran la LVII Legislatura, los siguientes diputados:

Por el Partido Verde Ecologista de México, Verónica Velasco Rodríguez; por el Partido del Trabajo, Ricardo Cantú Garza; por el Partido Acción Nacional, Carlos Medina Plascencia; por el Partido de la Revolución Democrática, Porfirio Muñoz Ledo y por el Partido Revolucionario Institucional, Fidel Herrera Beltrán.

Tiene la palabra la diputada Verónica Velasco Rodríguez, hasta por 15 minutos.

El día de hoy asistimos a la sesión mediante la cual se abre el segundo periodo de sesiones ordinarias de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Este hecho por sí solo nos debe producir una gran satisfacción, sí. La satisfacción de que a pesar de las dificultades que se presentaron al instalarse esta legislatura en septiembre pasa-do y de las predicciones de crisis constitucionales, económicas e institucionales, ha quedado demostrado que la pluralidad y la autonomía del Poder Legislativo frente al Ejecutivo, no significan de modo alguno ingobernabilidad ni por sí mismas generan inestabilidad y crisis.

Ese solo hecho debe demostrarnos que cuando existe voluntad y apertura al diálogo, podemos encontrar los caminos que nos hagan converger a los partidos políticos en posiciones que busquen siempre el mejor interés de nuestro país.

Con ese espíritu, el Partido Verde Ecologista de México y su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, decidimos aportar nuestros esfuerzos a la construcción de una nueva forma de gobierno interno de esta Cámara, sin renunciar a nuestros objetivos y programas ni mucho menos al mandato que recibimos de aquellas personas que depositaron su confianza en nuestra propuesta.

El tiempo y los hechos han demostrado que actuamos de manera correcta. Nadie puede poner en duda ahora que el darnos la oportunidad de vivir una auténtica experiencia democrática en el seno de la Cámara de Diputados, ha sido la mejor demostración de que nuestro país está cambiando y que lo está haciendo en el sentido correcto.

El Partido Verde Ecologista de México, en congruencia con sus postulados, ha presentado ya diversas iniciativas ante el pleno de la Cámara de Diputados, en las que ha buscado siempre anteponer nuestros principios e ideales ecologistas, con la convicción de que la problemática ambiental que ahora enfrenta no sólo nuestro país sino la humanidad entera, así nos lo exige.

En ese sentido propusimos la elevación a rango constitucional del derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que sea adecuado para la salud, bienestar y desarrollo de todos los habitantes de este país.

Tenemos confianza de que cuando sea presentado el dictamen correspondiente a dicha iniciativa durante este periodo de sesiones, todos coincidiremos en la imperiosa necesidad de que tal propuesta sea aprobada por el bien de México y de sus futuras generaciones.

En concordancia con todos los demás grupos parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, el Partido Verde Ecologista de México denunció la intención de construir un confinamiento de residuos nucleares de baja intensidad en el poblado tejano de Sierra Blanca y nos satisface mucho saber que en un hecho que puede resultar histórico, en este periodo ordinario de sesiones se podía aprobar una resolución en estrecha cooperación con el Ejecutivo Federal que fije, final, claramente, la posición de nuestro país en el sentido de rechazar al unísono ese proyecto y así poder todos unidos, por una causa común y benéfica para México, actuar para defender nuestra frontera, nuestro ambiente y la calidad de vida y salud de miles, si no es que de millones de mexicanos.

Tal hecho nos demuestra de nueva cuenta que el único camino viable para superar nuestros problemas es la unidad en la democracia y que la pluralidad no sólo no es un obstáculo para alcanzar un México mejor, sino que es una condición necesaria para que esto se haga posible.

Por todo ello, el Partido Verde Ecologista de México, en este periodo ordinario de sesiones que hoy inauguramos, impulsará iniciativas que garanticen la permanencia de un sistema electoral en el que prevalezca el principio constitucional de equidad en los procesos electorales y así fortalezca y asegure la pluralidad de la representación política que, insistimos, ha demostrado ser la única vía para la construcción de una mejor sociedad.

Asimismo continuaremos promoviendo el perfeccionamiento de nuestras leyes y normas ambientales para que éstas cumplan cabalmente con los objetivos que deben perseguir, a saber: protección del ambiente, la biodiversidad, el equilibrio ecológico, las bases naturales para un desarrollo sustentable y que a su vez garanticen la felicidad y pleno desarrollo de los seres humanos que poblamos, este gran país llamado México.

Ante los enormes retos a los que la cuestión ambiental nos enfrenta, resulta inaplazable encontrar los mecanismos para que el sistema educativo cumpla con un objetivo absolutamente necesario, concientizar de la manera más rápida posible a la gran mayoría de mexicanos de las graves consecuencias del cambio climático, de la desaparición de la capa de ozono de la estratosfera, de la deforestación, de la contaminación de ríos, lagos y mares, del desperdicio del agua, de la emisión de gases que deterioran nuestra salud. En fin, que si no actuamos de manera inmediata, poco o nada estaremos dejando a las futuras generaciones.

Así pues la educación deberá ser la base para la transformación de nuestro estilo de vida, que es sin duda la causa de todos los problemas ambientales que ahora enfrentamos.

Además de lo ya dicho, muchos pendientes hay todavía para todos nosotros, respecto a lo que esperan los ciudadanos de nuestra actuación: la inseguridad pública, la miseria, el desempleo y Chiapas.

Todos estos problemas y muchos más, no podrán ser solucionados sin el concurso responsable de los poderes de la Unión, de los partidos políticos y de la sociedad.

Animados realmente por encontrar alternativas claras y viables en ese sentido, por ello el diálogo para la reforma del Estado debe de reiniciarse de manera inmediata y no limitarse otra vez a buscar una reforma electoral eternamente inacabada.

El Partido Verde Ecologista de México refrenda su compromiso con México, con nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan y sobre todo con la ciudadanía. Por ello hoy más que nunca estaremos abiertos al diálogo constructivo con todas y cada una de las fuerzas políticas y sociales, pero particularmente con los ciudadanos, para impulsar nuestros proyectos y los de todos aquellos que tengan como prioridad el bien de México.

Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza hasta por 15 minutos.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna a fijar su posición respecto del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año del ejercicio de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión que hoy inicia.

Sin lugar a dudas los próximos 45 días serán de intenso trabajo; como legisladores tenemos la responsabilidad de proveer a la ciudadanía de los instrumentos jurídicos que regulen actividades específicas del quehacer de la sociedad.

Uno de los temas que será objeto de intenso análisis y debate, es el que corresponde a Chiapas. El Partido del Trabajo se ha pronunciado reiteradamente por el fortalecimiento del papel de coadyuvanza de la Cocopa, en términos de la ley que la crea; sin embargo, a últimas fechas se ha pretendido debilitarla y en la práctica eliminarla.

Estamos conscientes que es a las cámaras del Congreso de la Unión a quienes corresponde legislar las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena y de las leyes secundarias, que para reglamentar el contenido de las modificaciones constitucionales se tenga que expedir. Sin embargo el grupo parlamentario del Partido del Trabajo pugnará porque el contenido de las iniciativas que tengamos que conocer, sea debidamente consensado entre las partes involucradas en el conflicto, con base en el respeto de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, mismos que fueron signados por los representantes del Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Consideramos que la iniciativa que el Ejecutivo de manera unilateral presentará en este periodo de sesiones, vulnera de manera grave el consenso que se había obtenido a través de la Cocopa.

Reconocemos que en términos de lo que dispone el artículo 71 constitucional en su fracción I, puede el Ejecutivo ejercer su facultad de iniciativa sobre cualquier tipo de leyes. Sin embargo éste es un tema que requiere necesariamente el consenso político de todos los actores involucrados, máxime que la sociedad mexicana internacional se encuentra atenta al resultado de las negociaciones.

Aunado a lo anterior, el Partido Acción Nacional también presentará una iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena. Sin embargo, nosotros estimamos que sobre esta materia deben de respetarse irrestrictamente las atribuciones de las instancias de coadyuvancia y mediación, previstas en la Ley para el Diálogo y la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

Con esta actitud, Acción Nacional facilita el camino para que el Ejecutivo promueva de manera más expedita su iniciativa. De esta forma la discusión en el pleno del recinto parlamentario tendrá diversas variantes en cuanto al contenido específico de la ley; pero lo esencial, que es la aprobación de la misma, se tendrá la mayoría calificada necesaria para su convalidación.

Nuevamente el PAN coincide con el Ejecutivo y con el PRI para impulsar cambios que van en contra de la iniciativa de la Ley de la Cocopa que el Legislativo expidió en marzo de 1995 y sobre todo van en contra del interés mayoritario de la nación.

Con esta acción, en la práctica se exime la facultad de la comisión de seguimiento y verificación para proponer reformas jurídicas que se deriven del Acuerdo de Concordia y Pacificación, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 11 de la ley de la materia.

Aprobar una reforma constitucional si se cuenta con la mayoría calificada, es fácil; aprobar las reformas a las leyes secundarias lo es más. Sin embargo hay que tener presente y no olvidar que el Poder Legislativo aprueba las leyes, pero que corresponde al titular de la Presidencia su ejecución.

En el caso, suponiendo sin conceder, que se aprueban las reformas constitucionales y legales, ¿qué acaso el Presidente de la República las ejecutará en la zona del conflicto mediante el uso de la fuerza pública?

Por tanto, presentar dicha iniciativa de reformas constitucionales, abre de manera directa la posibilidad de la violencia y de la guerra, borrando de un plumazo el esfuerzo que organizaciones civiles y partidos políticos hicieron durante cuatro años.

También confirmaría que ante el fracaso del Gobierno Federal de su estrategia de guerra de baja intensidad, busque una nueva opción que termine el conflicto sin importar los costos sociales y políticos.

Por otra parte, la aprobación del paquete económico para el ejercicio fiscal de 1998 representó una serie de cambios e innovaciones en la presentación formal y en el contenido del mismo. Dentro de ellos cabe destacar la adición que se hizo al Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cual contiene diversos rubros que afectan en lo particular al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal y Fondo de Aportaciones Múltiples.

La aplicación reciente de dicha ley en algunas entidades federativas, trajo como consecuencia una serie de observaciones y críticas que diversos actores políticos hicieron al respecto. Como producto de ello, los ejecutivos locales enviaron iniciativas de ley a los congresos locales que en su opinión mejoraban los mecanismos de la asignación de los recursos.

Sin embargo el grupo parlamentario de Partido del Trabajo considera que se debe modificar la Ley de Coordinación Fiscal en esta materia, en particular en el Capítulo V, desde luego siendo congruente con nuestro voto no aprobatorio de esta ley.

Lo cierto es que el punto es polémico. Se han vertido opiniones que destacan aspectos de carácter puramente político, en tanto que otras enfatizan sobre las cuestiones técnicas.

Desde nuestra óptica, las reformas que haya que efectuar en el capítulo V de la citada ley, deberán servir para clarificar los mecanismos de asignación de recursos y que los indica-dores y metodologías contenidos en ella sean más transparentes y más sencillo su manejo.

Asimismo es fundamental considerar que los criterios para la asignación de los recursos privilegian a los municipios que tienen mayores índices de pobreza extrema y no como la ley actual, que perjudicó a algunos de dichos municipios.

Por último, creemos que en materia fiscal deben replantearse de manera integral todos los ordenamientos legales existentes. Nuestro país, que aspira legítimamente a la modernidad, sólo podrá lograrlo si moderniza también su aparato administrativo de captación de impuestos, sobre la base de criterios de equidad e igualdad republicana que favorezcan a los sectores más desprotegidos y que el capital especulativo aporte lo que en justicia le corresponde.

Compañeras y compañeros legisladores: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo compromete su mejor esfuerzo para que las tareas legislativas que hoy emprendemos beneficien a las grandes mayorías nacionales.

Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Medina Plascencia, hasta por 15 minutos.

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; señoras y señores:

Iniciamos hoy dentro de nuestro primer año de ejercicio legal, el segundo periodo de sesiones ordinarias de esta LVII Legislatura de la Cámara de Diputados.

El periodo abre oportunidades para todos en la esperanza de una pluralidad que sea capaz de converger en la idea de lo nacional, del bien común que supone todo desarrollo político pleno y que exige toda normalidad democrática. El periodo abre retos de una agenda legislativa que no puede ser postergada debido a que su cumplimiento suscitará entusiasmo y hará florecer esperanzas de muchos mexicanos que ven hoy por hoy en este poder, el rostro del cambio que tanto anhelamos.

El periodo abre la esperanza de una paz digna en Chiapas, que pone a prueba al Congreso de la Unión en un debate de cara a la nación. Chiapas mantiene abiertas las entrañas de una discordia inconcebible: mexicanos luchando contra mexicanos. Una nación que se nutre de diversidad reclama hoy reconocer desde el marco constitucional a sus comunidades naturales intermedias, entre ellas a las que más han sufrido la explotación y el abandono, que son las que más han esperado: nuestras comunidades indígenas.

Por ello, el conflicto armado en el sureste mexicano debe traducirse en una respuesta inmediata en este periodo legislativo. No podemos mantener el estancamiento al que las partes han apostado en una estrategia de desgaste mutuo que genera una pugna de personas y grupos que anteponen ambiciones e intereses nada generosos. El saldo a cuatro años de distancia es doloroso y preocupante. Pueblos enteros hundidos en la mayor miseria, miles de familias expulsadas desde sus hogares, cientos de asesinatos y un desprestigio internacional creciente.

Ante esta lacerante realidad, Acción Nacional ha hecho un llamado a todos los mexicanos de buena voluntad a superar el falso dilema: oficialismo o guerrilla. Creemos sinceramente que hay una tercera opción: el reconocimiento a la dignidad e igualdad esencial de todos los seres humanos y, a través de la verdad, al diálogo que permita encontrar la unidad con respeto a la diversidad que nos enriquece como nación.

Como grupo parlamentario con identidad y visión propia en este órgano legislativo, estamos decididos a integrar desde ahora, en nuestras discusiones y debates, los acuerdos de San Andrés Larráinzar, para que toda decisión que tomemos en materia de derechos y cultura indígena, ya sea como Cámara revisora o de origen, atienda lo más fielmente posible este conjunto de anhelos.

En nuestra acción legislativa sobre la materia haremos prevalecer el principio constitucional de la igualdad esencial de todos los seres humanos, así como el reconocimiento y respeto a sus derechos fundamentales.

El Partido Acción Nacional, en congruencia con sus principios doctrinarios, se pronuncia por la reivindicación de las comunidades indígenas como sujetos de derecho, ya que por razones de identidad cultural constituyen comunidades naturales que deben tener pleno reconocimiento por el Estado, con las consecuencias jurídicas que establezca la jurisdicción, tanto federal como local, en el ámbito de su competencia.

Se requiere una solución que asuma como principios rectores la dignidad inminente de toda persona, cualquiera que sea su raza o condición y la protección eficaz de los derechos humanos.

Este cambio hacia estructuras de justicia ha de darse dentro de la dinámica armonización de los intereses parciales con la primacía del interés nacional. Pero Chiapas no sólo es un problema de leyes; es ante todo la exigencia de una voluntad política verdadera que dé res-puesta integral a los antiguos anhelos de justicia y que restablezca de manera definitiva e inmediata el estado de derecho en esa entidad.

Para esta respuesta integral se deben generar programas de desarrollo regional con inversión a través del diseño y planeación de los proyectos, con el concurso y la participación de las propias comunidades indígenas, de tal manera que posibiliten la suficiencia económica, el acceso a los servicios de salud, educación y cultura, sin romper con la concepción cultural que sobre el trabajo, el entorno y el sentido de la vida tienen los propios grupos indígenas.

Conforme a lo establecido en los resolutivos celebrados por el consejo nacional de nuestro partido, el Partido Acción Nacional, integramos en nuestra agenda legislativa para este periodo y dentro del diseño de una reforma fiscal integral, la iniciativa de ley que propone declarar al sureste de la República mexicana como una zona económica especial que goce de exenciones y estímulos fiscales y de otro tipo para estimular e impulsar la elevación económica con relación al desarrollo social y sustentable.

El periodo abre también la esperanza de ponernos finalmente de acuerdo en el inmediato diseño integral de la reforma del Estado mexicano, que nos pone a prueba a todos los actores del proceso político. La reforma del Estado ha sido uno de los temas más recurrentes en los últimos años, como una condición sin la cual la transición mexicana no se consolida. Ello urge definir una agenda temática. México no puede vivir en permanente estado de transición; debemos de aterrizar nuestras propuestas y materializarlas lo más pronto posible, a efecto de que nadie le imponga sus propias fórmulas ni al proceso de sucesión ni a las instituciones del Estado mexicano.

Tal reto exige despojarnos de estrictos intereses partidarios y por tanto tenemos que legislar de cara a la nación, generar reglas claras y las condiciones óptimas en que pueda desarrollarse un modelo de alternancia democrática para el futuro.

Hemos reivindicado el Congreso General y no a la Secretaría de Gobernación, como el espacio plural donde ha de continuar el diálogo nacional y donde se dé cabida a las opiniones de los actores involucrados y a la sociedad mexicana en su conjunto.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional propondrá en la comisión plural recoger por supuesto las asignaturas pendientes en la agenda planteada en 1996, pero insistirá en que una auténtica e integral reforma del Estado implica nivelar el poder entre el Presidente, los diputados y senadores y los integrantes del Poder Judicial. Implica darle mayor responsabilidad y mayor peso e importancia a los estados de la Federación y a los propios municipios. Promover mejores formas en que la ciudadanía opine y decida sobre asuntos públicos y garantizar el derecho que tenemos todos para informarnos y difundir nuestras ideas.

La reforma fiscal integral pone a prueba la palabra empeñada del Gobierno Federal y la Secretaría de Hacienda, para cumplir y hacer avanzar también por esta vía una economía humana y una política de tributación justa y promotora de la inversión.

En el periodo anterior se demostró que no podemos continuar con la misma dinámica de discusión y aprobación de remiendos fiscales, aun en aquellos casos como la Ley de Coordinación Fiscal, que fue aprobada por los cinco grupos parlamentarios; mucho menos con los estrechos márgenes de tiempo para el análisis y discusión de las propuestas de Miscelánea Fiscal que generan literalmente "albazos gubernamentales". ¡Eso debe terminar!

Lo que México necesita es una reforma con carácter permanente en sus preceptos fundamentales, que ofrezca certidumbre jurídica, fomente la producción, el ahorro, la inversión, el crecimiento económico, la desregulación y el poder adquisitivo de los mexicanos, buscando desde luego la eficacia y equilibrio entre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El periodo abre la esperanza de un auténtico federalismo y desarrollo municipal como motor de la reactivación económica de nuestras regiones. El Gobierno de la República tiene un compromiso para que juntos impulsemos y desarrollemos al municipio libre. A este esfuerzo lo ensombrece y lo empaña un espíritu de restauración autoritaria que postulan algunos gobernadores que quieren regresar al país de ayer.

En 1998 debemos continuar con la política de asignación de mayores recursos a todas las regiones del país. En medio de retos y esperanzas queremos trabajar unidos. Venimos a este periodo a converger con quien quiera hacer avanzar en México estas ideas, poniendo sobre la discusión la franqueza de la palabra y en la decisión del interés supremo de la nación.

¡Eso ha sido nuestra guía en el trabajo parlamentario! ¡Con ésa actuamos hoy y esa misma ofrecemos para mañana!

Tiene el uso de la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 15 minutos.

Inauguramos hoy el segundo periodo de sesiones de la LVII Legislatura. En el ámbito de la Cámara de Diputados, el primer periodo fue el más singular y agitado, inédito en una palabra, que haya conocido el Poder Legislativo en muchos años. Tiempo de cambio, de innovación, también de confrontación y ajuste, una suerte de acomodo telúrico del parlamentarismo mexicano.

No fue en modo alguno tiempo perdido, heredamos experiencias valiosas, nos vimos obligados a inventar y a transcurrir por senderos desconocidos. Fue también espacio áspero de lucha, que espero no haya dejado estériles rencores. Nos dejó sobre todo un nuevo estilo de convivencia fundado en la aceptación de la igualdad.

En adelante no habrá hegemonías políticas que se reproduzcan y consoliden a lo largo de decenios, no habrá, por ende, así lo esperamos, mayorías prefabricadas, obediencias mecánicas, prácticas clientelares, decisiones verticales y procesos legislativos sometidos a un mando unilateral altamente discrecional y subordinado a su vez a instancias ajenas al Congreso.

Sobre una realidad plural tendremos que edificar una Cámara plural en su organización, en sus métodos de trabajo, en sus sistemas decisorios y en su estilo parlamentario. Habremos dejado atrás, para siempre, los territorios de la incuria, del servilismo, del doble lenguaje, de la formalidad vacía, ausente de genuina sustancia democrática.

Los proyectos que hemos concebido entre todos son ambiciosos. En el caso de llevarlos a cabo habilitarán a esta Cámara para ocupar en el escenario político del fin de siglo el sitio que la arquitectura constitucional le ha reservado. Todos ellos suponen un alto nivel de consenso efectivo, auténtica voluntad para ejecutarlos y perseverancia a toda prueba para desarrollarlos y para madurarlos.

Nos proponemos nada menos que el rescate de la dignidad, de la funcionalidad y de la independencia de la Cámara de Diputados. Nuestra empresa hará que todas las diputadas y los diputados se sientan orgullosos de la tarea colectiva que nos han confiado los electores.

Estamos empeñados en restablecer y fortalecer el diálogo entre las cámaras del Congreso y entre esta Cámara y los poderes de la Unión. Estamos empeñados también en legislar cumpliendo nuestra obligación en toda la extensión de la palabra. Estamos empeñados en ser en verdad un poder del Estado, capaz de abolir el despotismo y de reducir el abuso del poder.

Nos hemos trazado un programa de reforma del Estado que podría preparar al país para el próximo milenio. Hemos asumido una agenda de la reforma del Estado, que a todos nos compromete. En esa agenda están considerados tanto la reducción de los poderes abusivos, de las instancias ejecutivas, como el advenimiento de una genuina República parlamentaria.

Abarca el establecimiento de un federalismo auténtico fundado en una profunda reforma fiscal y el rescate de la soberanía originaria de los municipios. Comprende, igualmente, una revisión a fondo de nuestro sistema de justicia y de procuración y defensa de los derechos humanos. Es un mecanismo para aumentar la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones públicas y para abolir toda forma de corporativismo que coarte la libre expresión y asociación de los mexicanos.

No podríamos, sin embargo, disociar el debate de la reforma política de las cuestiones que afectan el rumbo económico y social del país. Resulta inútil discutir a estas alturas si el mandato popular del año anterior fue el de un cambio de modelo económico. Lo que resulta indiscutible es que el pueblo se inclinó por una política económica distinta, si no, hubiese sufragado mayoritariamente en favor del partido del Gobierno.

Los instrumentos que esta Cámara tendrá para la revisión cuidadosa de la estructura y distribución del presupuesto federal, de la escrupulosa revisión de la Cuenta Pública, así como del análisis de las leyes fiscales, nos pondrá en una posición privilegiada para influir en el rumbo económico del país, pero será necesario fortalecer el diálogo con la sociedad y con el Gobierno, será necesario organizar un foro con la asistencia de los principales actores económicos y sociales, para que entre todos decidamos cuáles son las modificaciones que deben introducirse en la política económica y social.

No podríamos entender por política económica de Estado tan sólo la ampliación de facultades al Banco de México, ello significaría por la vía tecnocrática la reconstrucción del supremo poder conservador, al margen del sufragio, de la voluntad popular, de los productores de riqueza y de los trabajadores, representaría una lamentable y flagrante regresión en el proceso democrático del país.

En dado caso, toda posibilidad de consenso político depende hoy de una paz justa, digna y pronta en Chiapas. Alcanzar la paz es hoy una prueba de nuestra capacidad efectiva de diálogo, de nuestra vocación democrática en la medida que pone también a prueba nuestra aptitud para tratar a los otros mexicanos con los que tenemos diferencia como una parte sustancial y en ocasiones emblemática de la nación, nunca como enemigos a los que es necesario eliminar, combatir o exterminar.

Pone también a prueba nuestra capacidad para lograr un nuevo equilibrio de fuerzas en el país, favorable a los más necesitados, a los marginados, a los oprimidos, a las fuerzas emergentes, a todos aquellos que representan la sustancia viva e histórica de la soberanía

nacional; pone a prueba nuestra decisión de combatir la impunidad, el abuso ancestral y el militarismo insecundo y degradante para las propias fuerzas armadas; puede en esta legislatura, conforme al marco jurídico vigente, presentarse diversas iniciativas de Ley sobre Cultura Indígena, incluso contrarias o diametralmente opuestas a una interpretación recta de los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Pueden presentarse también iniciativas que estén atrás en su concepción de leyes supremas de la Unión, que son los acuerdos internacionales suscritos por el Gobierno y ratificados por el Senado de la República; pueden presentarse inclusive reminiscencias históricas del medievo, pero es evidente que sólo será eficaz aquel proyecto de ley que merezca el consenso y la aprobación de las partes en conflicto.

La Ley de Concordia y Pacificación otorgó el carácter de bilateralidad a la solución de la controversia. Cito al respecto, a un senador del partido del Gobierno, fundador de la Cocopa, quien explica la fuente de la autoridad jurídica y moral de esta institución para elaborar y presentar el proyecto de iniciativa. Fueron las partes que mandataron a la Cocopa, para que redactara la iniciativa; la Cocopa aceptó la encomienda de conciliar esos textos bajo el acuerdo explícito en que la iniciativa será aceptada sin modificaciones por ambas partes.

Y en tercer término, las propuestas de modificaciones constitucionales fueron consultadas con las partes en conflicto y se apegan en todo a los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Fue así que la Cocopa alcanzó un papel relevante en el proceso de pacificación, logró la confianza de las partes; la mediación efectiva en el conflicto y el apoyo de la opinión pública; refrendó su carácter plural y participativo y se convirtió en la instancia natural para llevar el proyecto al Congreso y se pregunta: ¿quién falta a la verdad? ¿Quién no respeta su firma? ¿Quién no cumple su palabra? El día de hoy, el Gobierno de la República.

El Congreso Nacional Indígena, publica hoy un documento en el cual resalta que desde el Constituyente de 1917, resultaría difícil encontrar una iniciativa de ley que haya provocado un debate público tan amplio.

¿Qué se pretende reformar de nuevo? La Constitución bajo los dictados del Ejecutivo. Los partidos políticos no deben ser cómplices de esa maniobra, porque la única iniciativa capaz de conducir a la paz es la que han aceptado las partes, las que suscribieron originalmente los partidos y la que corresponde a la estructura bilateral del conflicto.

Cuando en este tipo de conflictos se reabren los textos, se incumplen los compromisos, lo que se niega es el valor del diálogo y el significado de la palabra empeñada, y cuando se reabren los textos, suelen reabrirse las hostilidades.

Es pues un deber político irrenunciable encaminar nuestros trabajos legislativos no hacia una licitación de leyes o de iniciativas parlamentarias, sino a través de aquella que por merecer el apoyo de las partes sea capaz de hacer la paz y la concordia en Chiapas.

En los grandes momentos de la historia se han enfrentado siempre la grandeza y la pequeñez. Que éste sea uno de aquellos instantes de nuestra trayectoria nacional en que nos coloquemos por encima de las pequeñas ambiciones y sepamos honrar el mandato que el pueblo nos ha otorgado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Fidel Herrera Beltrán, hasta por 15 minutos.

Y se pregunta: ¿quién cumple su palabra, quien genera con patriotismo y responsabilidad una propuesta para la paz o quien se niega a la generosidad que representa la presentación de una iniciativa que encuentre un camino de paz, de concordia y de tranquilidad?

Compañeras y compañeros: la apertura del segundo periodo de sesiones de este primer año de labores, se nutre con un aliento que muy pocas legislaturas han tenido en la historia reciente del país.

¿Me permite, señor diputado orador? Pásenle, por favor, un micrófono al diputado.

Le preguntaría al diputado Fidel Herrera, si me permitiría hacerle una interpelación.

Nosotros, los miembros del Congreso Nacional Indígena, su servidor y otros diputados, anunciamos que hoy iniciamos una huelga de hambre aquí en este espacio, donde nos han enviado nuestros hermanos mexicanos indígenas, para protestar porque en este país otra vez la gente de fuera son los que quieren decidir en este país por los propios indios. No lo aceptaremos. ¡Viva la autonomía de los pueblos indios!

Esta Presidencia le ruega a los diputados hagan el favor de tomar sus asientos, guardar el debido respeto al orador y le suplica al orador continúe con su intervención.

En términos de la disposición constitucional, siendo ésta la sesión de apertura del periodo de sesiones, le ruego a usted aplicar las disposiciones de ley y reglamento y permitirme cumplir con la encomienda de mi grupo parlamentario en condiciones de igualdad, como lo han hecho los voceros de los otros grupos parlamentarios.

Le pido al diputado que está dando conferencia de prensa, que si por favor la puede pasar a hacer a un lado del recinto y a los miembros de los medios de comunicación, favor de desalojar los pasillos para poder continuar con esta sesión...

Le pido a los diputados y a los miembros de los medios de comunicación, tengan la amabilidad de permitir que esta sesión continúe de forma adecuada y ordenada.

El artículo 21 de la Ley Orgánica, invita a todos los diputados contribuyan con la Presidencia a guardar el orden y la compostura de la sesión. Solicito muy atentamente, por tercera ocasión, a los diputados miembros del Partido de la Revolución Democrática, hagan el favor de ocupar sus curules y permitir que la sesión se conduzca de una forma adecuada y ordenada, como se determinó en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y como se le ha permitido a los demás oradores y también a los miembros de los medios de comunicación, favor de desalojar los pasillos, para que la sesión pueda ser desarrollada de una forma adecuada.

Señor Presidente, le ruego, en términos de la Ley Orgánica, que formule usted la exhortación correspondiente a la coordinación del grupo parlamentario del que forman parte los diputados, que nos dispensan que con esta manifestación de parlamentarismo, casi británico, a efecto de que me permitan cumplir con la encomienda de mi grupo parlamentario...

Señores diputados, por cuarta ocasión se les solicita que ocupen sus curules, para que esta sesión se pueda conducir de forma adecuada y de acuerdo con lo que se estableció en la Comisión de Régimen Interno.

En vista de que los diputados no quieren ocupar sus asientos y la sesión no se puede conducir de una forma ordenada, declaro un receso hasta que la sesión pueda ser conducida de una forma ordenada.

Se convoca a los señores coordinadores al salón tras banderas, para dialogar sobre este asunto.

(A las 20:14 horas) Señores diputados, la decisión que tomaron los señores coordinadores del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, fue retirarse del recinto, hasta que los señores diputados que están con sus mantas no las dejen y ocupen sus curules.

Esta Cámara y esta Presidencia se declaran en receso, en tanto no se arregle este asunto.

(A las 21:35 horas) Se reanuda la sesión. Sí, señor diputado, ¿con qué objeto?

Señor Presidente, en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quisiera lamentar los hechos que tuvieron como consecuencia la interrupción del discurso del diputado Herrera Beltrán.

Lamentamos que dicho discurso haya sido interrumpido y por lo tanto esperamos que el diputado Herrera Beltrán entienda las circunstancias que hemos tenido que enfrentar, para que no suceda en adelante en el caso de ningún legislador de esta Cámara.

Señor Presidente, tomando en consideración los hechos que desgraciadamente se dieron en el salón de sesiones y sobre todo que la disculpa no fue una disculpa plena de lo acontecido. Yo quisiera que quedara específicamente la violación a la Ley Orgánica, porque el artículo 23 señala que únicamente la sesión es para fijar posiciones y no hay debate.

El diputado le pidió a usted la palabra para una interpelación ni contemplada está, según el reglamento, habla de hechos o de hacer uso de la palabra y el título es muy específico, habla de discusiones. En este momento, en esta sesión, no habría ninguna discusión.

Además de, el acuerdo parlamentario con los coordinadores, es muy específico en su artículo 3o., que señala, que debe de ser el orden del día, una día antes acordada por los coordinadores y la orden era muy específica, únicamente era fijar posiciones de los grupos parlamentarios.

Lo hago con objeto de que quede asentada en el acta, para los efectos conducentes. Es todo, señor Presidente.

Muchas gracias por su aportación, señor diputado. Hago referencia a que el artículo que usted menciona, dice que los partidos políticos representados en el Congreso, está hablando de congresos no nada más de Cámara de Diputados. Y por respetar el acuerdo, yo le dije al diputado Marcelino, que por favor respetara dicho acuerdo y permitiera al diputado Herrera seguir con su intervención, pero fue una situación que se salió de las manos de la mesa directiva y por el bien de la Cámara de Diputados se restableció.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra y por decisión de la mesa directiva, por 15 minutos, el diputado Fidel Herrera Beltrán.

La apertura del segundo periodo de sesiones de esta Cámara, se nutre con un aliento que muy pocas legislaturas en la historia reciente de México han tenido.

En este espacio de deliberación popular, podremos construir los consensos que den respuesta a todos aquellos que anhelan una salida pacífica y con justicia al conflicto armado en Chiapas, ha llegado la hora de decir: no a las armas; ha llegado la hora de decir: no a la violencia.

Hoy, acudimos a una cita insoslayable con las generaciones del presente y del futuro en la República, para asentar los principios jurídicos e institucionales, en los que vamos a construir seguramente por voluntad del Constituyente Permanente, la nueva relación entre el Estado y la sociedad, los pueblos indígenas y el conjunto de aquellos que creemos en que con la ley es posible transformar y avanzar.

Lo que aquí se debatirá de manera apasionada, no es otra cosa, sino la búsqueda de la ruta más segura y corta hacia la paz duradera.

Bajo esta óptica, las diferentes fuerzas políticas con representación en la Cámara, habremos de defender nuestras propuestas acerca del camino y encontrar el de menores obstáculos y aristas, para avanzar a la reconciliación entre los mexicanos.

El PRI considera que sólo habrá una solución real y permanente al conflicto y evitará otros si desarrollamos un esfuerzo entre las distintas fuerzas políticas, de buena fe, de altura de miras, que sea capaz de encontrar a partir de las diversas iniciativas, un verdadero acuerdo político que responda a cabalidad a las demandas más sentidas de los grupos indígenas del país y de los pobres de México.

El camino más corto y seguro hacia la paz, debemos construirlo con cuidado y no debe ser el que pretenda imponer una u otra fuerza política, sino aquel que de manera razonada y concensada, pueda alcanzarse sin reduccionismos, con altura de miras, teniendo siempre en mente la paz en Chiapas, sí y el bien supremo de la República, también.

El tamaño del esfuerzo de negociación y acuerdos entre las posiciones de cada grupo parlamentario, tiene que ser enorme; pero en todo caso será mucho menor del tamaño del sufrimiento, del dolor, del olvido, de la postración de nuestras comunidades indígenas; será mucho menor al tamaño de la vergüenza nacional que generan las condiciones en la que habitan millones de compatriotas indígenas; será mucho menor a la indignación por el crimen bárbaro en Acteal.

Por ello, los integrantes del grupo parlamentario del PRI en el Congreso, saludamos la iniciativa de reformas constitucionales enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso el día de hoy, porque busca alcanzar la garantía de derechos sociales, económicos, culturales y políticos de los mexicanos indígenas con pleno respeto a su dignidad, para evitar que promoviendo la violencia, expongamos al crimen y a la masacre a quienes tienen derecho a vivir en paz, como todos los mexicanos.

La iniciativa que ahora conocemos, ya gracias al espacio que nos han brindado generosamente, propone reformas a los artículos 4o., 18, 26, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución. Cumple con el compromiso que hizo el Presidente de la República en su declaración de la Canacintra, el 23 de enero en Yucatán; cumple a plenitud con los acuerdos de San Andrés Larráinzar, a plena cabalidad también.

En la iniciativa del Ejecutivo, hay un diseño jurídico que da forma a lo plasmado en los acuerdos de San Andrés, al tiempo que retoma sin modificación alguna, partes importantes de la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación.

De los siete artículos constitucionales que la iniciativa de reformas que envió el Ejecutivo al Congreso de la Unión y al Constituyente Permanente, comprende, hay cuatro de ellas que corresponden a los artículos, como letra fiel del 18, 26, 53 y 116 de la iniciativa presentada por la Cocopa.

El texto que fue propuesto al Constituyente Permanente, comparte íntegramente el espíritu y la intención que motivó los trabajos de la Cocopa, cuando hicieron su iniciativa de reforma constitucional y comparte también el reclamo de todos los mexicanos para atender un conflicto y resolver una injusticia.

Es de señalarse que la iniciativa, no sólo es congruente con los instrumentos y tratados internacionales a los que nuestro país se ha adherido, sino que los rebasa con amplitud, va más allá de lo que en 1990 se logró en el Senado de la República al ratificar el convenio, número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

Ahora se desarrolla un esfuerzo para crear un nuevo pacto social integrador de una nueva relación entre los grupos indígenas, la sociedad en su conjunto y el Estado mexicano.

La iniciativa que es para la paz, está a la discusión, al debate y a la decisión de los que queremos la paz en Chiapas.

Queremos encontrar también en la voluntad política clara del Gobierno Federal, un elemento que concilie y reconcilie las propuestas de aquellos que con buena fe y patriotismo han hecho su aportación a la paz.

Por eso exhortamos a esta Cámara, para que cuando en nuestro momento conozcamos de esta iniciativa, que la dictaminemos con aquellas que ya son de nuestro conocimiento, que las resolvamos con voluntad política para encontrar caminos para acordar un pacto social por la paz.

Si la propuestas, que incluye la novedosa idea de cartas municipales como instrumento a través del cual se recojan y reivindiquen las especificidades sociales y culturales de las comu. nidades indígenas aporta soluciones, ¡discutámosla!

Sus suscriptores señalan que se ofrece una posibilidad amplia para la realización de la convivencia en las distintas comunidades que integran la nación mexicana, que alojan en su ámbito municipal a las comunidades indígenas. Si es así, ¡analicémosla!, con espíritu abierto.

Encontremos pues, en el ejercicio de nuestra responsabilidad constitucional y política, la forma para hacer de una vez por todas, un llamado claro al grupo beligerante, al EZLN, para que se siente a negociar. Los mexicanos queremos la paz en Chiapas; reclamamos que ésta sea en el marco de la ley respetando a todos, sin violencia. Para que esto sea posible, se necesita negociar. Desde aquí nuestro llamado a que quienes por una decisión de carácter que aún no encontramos una justificación completa, tomaron el camino de las armas, encuentren en el camino de la ley, el camino real y correcto para resolver los problemas que dicen defender.

Compañeras y compañeros legisladores: hoy, iniciamos un periodo de sesiones especialmente relevantes para la vida política de México. Nos encontramos en una circunstancia en que coinciden necesidades y demandas sociales de primer orden, con una dinámica parlamentaria que a pesar de sus logros evidentes requiere todavía para estar a la altura de sus responsabilidades frente al país, de una mayor consolidación de las conductas de diálogo, negociación y acuerdo propios de la normalidad democrática.

Hasta ahora, nuestra legislatura ha desarrollado un trabajo que ha permitido avances considerables en diversas áreas de interés para los mexicanos. Hemos construido acuerdos y demostrado que la pluralidad puede enriquecer el proceso legislativo y que no necesariamente debe obstaculizarlo.

Al ser sensibles a los legítimos reclamos de la nación y mirando hacia el futuro, los legisladores debemos refrendar el compromiso de que esta legislatura trascienda históricamente no sólo por la correlación de fuerzas a su interior, sino por la importancia de los resultados que consignamos para México.

Si logramos dejar atrás de manera definitiva la dinámica de polarización y resistencia al acuerdo que ha ensombrecido en diversas ocasiones nuestro trabajo, desarrollaremos un quehacer legislativo más ordenado y productivo, acorde con las necesidades de la sociedad mexicana y con la racionalidad de nuestra agenda. No habrá ni congestionamiento legislativo ni acorralamiento político.

Somos conscientes que este periodo de sesiones ordinarias del Congreso, ha generado importantes expectativas en la opinión pública, debido a la trascendencia de las iniciativas que van a ser presentadas, discutidas y aprobadas, en su caso, por los legisladores.

Para que los diputados seamos verdaderamente constructores de buenas leyes para los mexicanos, debemos partir del acuerdo para organizar la agenda legislativa prioritaria que en el marco del respeto y colaboración con los otros poderes, en especial con el que genera iniciativas que están destinadas al bien de la nación, avancemos en el establecimiento de las reglas de trabajo colegiado y que lo hagamos también con el Senado y con el Gobierno, con un nuevo espíritu para consolidar el intenso diálogo que se ha venido manteniendo hasta ahora en comisiones con diversas secretarías y despachos del Gobierno y para que podamos precisas tareas institucionales comunes.

Una asignatura pendiente, es cierto que requiere curso inmediato, es la reforma del Estado. A ninguno de los actores políticos nacionales escapa la relevancia que tiene para el país la reanudación de los trabajos para la reforma del Estado, toda vez que su realización es condición indispensable para el fortalecimiento y desarrollo de nuestras instituciones políticas y para garantizar a los mexicanos, cada vez en mayor medida, una forma de gobierno y de convivencia social que armonice democracia con gobernabilidad.

Es de tal trascendencia lo que está en juego que deberíamos encontrar ya una fórmula que nos permita avanzar sobre la base de los mayores consensos posibles, pero sin descuidar la eficacia y el sentido de la oportunidad.

Contamos ya con una agenda de trabajo que el Gobierno puso a disposición de los legisladores, con temas específicos sobre régimen político, sobre equidad y justicia, sobre nuevo federalismo, extensión de derechos y participación ciudadana.

Estos temas y otros que están ya a disposición del Legislativo, relacionados con la seguridad pública, van a ocupar nuestra atención, van a ocupar nuestra preocupación. Ojalá que tengamos la visión y el patriotismo para resolverlos pronto y bien, por el bien de México.

Compañeras, compañeros diputados: iniciamos hoy, bajo augurios extraordinariamente positivos para la nación, un nuevo periodo de sesiones. Que la reflexión y el convencimiento de los que creemos en la vía de la democracia, del diálogo y del acuerdo, sustituya la propuesta de la violencia y la sinrazón de aquellos que todo quieren resolverlo por el camino de la violencia.

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

Oficio de la Cámara de Senadores, por el que comunica la mesa directiva para el primer mes del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional.

Sobre la segunda vuelta en la elección presidencial, a cargo del diputado Rafael Alberto Castilla Peniche, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios sobre la problemática del Estado de Baja California, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Excitativa de la Comisión de Participación Ciudadana, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 17 de marzo a las 10:00 horas.