|
Presidencia
del diputado
Jorge Emilio González Martínez |
ASISTENCIA
| El Presidente
del Congreso: |
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de
firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
| La Secretaria
María del Carmen Corral Romero: |
Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 410 diputados.
Por lo tanto, hay quorum, señor
Presidente.
| El Presidente (a
las 11:20 horas): |
Se abre la sesión.
| El diputado
Ramón María Nava González: |
¡Señor Presidente!
Por favor, pásenle un micrófono al
señor diputado.
| El diputado
Ramón María Nava González: |
Señor Presidente: hemos sido
convocados a las 10:00 de la mañana. Desde el inicio de este periodo cada sesión ha sido
convocada a las 10:00 de la mañana. Sin embargo, estamos principiando una hora y media
tarde, una hora y media que tiene costo de no productividad y si multiplicamos por el
número de personas que percibimos una dieta, tiene un costo muy elevado para la nación.
Protesto enérgicamente y le solicito que
en lo sucesivo se principien las reuniones, por respeto a la norma y por respeto a quienes
estamos presentes y por respeto a la nación.
Muchas gracias, señor diputado por
la observación. El inicio de las sesiones depende en gran parte de la asistencia de los
diputados, que sean puntuales, no nada más es de la mesa directiva y el día de hoy se
debió a que hubo una sesión solemne por el aniversario luctuoso del señor Heberto
Castillo y en un futuro yo también espero que las sesiones empiecen puntualmente.
Continúe la Secretaría con los asuntos.
ORDEN DEL DIA
| La Secretaria
María del Carmen Corral Romero: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.Å
Primer Año.Å LVII Legislatura.
Orden del día Martes 7 de abril de 1998.
Inicio a las 9:00 horas en el salón verde.
Efemérides
I aniversario luctuoso del ingeniero
Heberto Castillo Martínez.
A las 10:00 horas en el salón de sesiones.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de
Coahuila.
Comunicación de la honorable Cámara de
Senadores.
Iniciativas de diputados
De decreto que deroga el artículo 2o.-B y
fracción XIV del artículo 19, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, a cargo del diputado Angel de la Rosa Blancas, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
De reformas a la fracción IV del artículo
74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado
Gerardo Buganza Salmerón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
De reformas a la fracción IV del artículo
74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado
Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De reformas y adiciones a los artículos 70
y 70-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México.
De reformas a los artículos transitorios,
en materia inquilinaria, a cargo del diputado David Cervantes, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
De reformas y adiciones al Código Civil y
al Código de Comercio, en materia de imprevisión, a cargo del diputado Héctor Flavio
Valdez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Propuesta de punto de acuerdo, sobre
personal de confianza, a cargo de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de
Hacienda.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que el ciudadano Roberto Javier Blancarte Pimentel, pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden Ecuestre de San Gregorio Magno en su Clase Segunda, en grado de
Comendador con Placa, que le confiere el gobierno de la Santa Sede.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que el ciudadano coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Rogelio
Terán Contreras, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Rio Branco, en
grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que el ciudadano Ferdusi Bastar Merito, pueda desempeñar el cargo de
cónsul honorario de Guatemala en Villahermosa, Tabasco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que la ciudadana Ana Verónica García Miranda, pueda prestar servicios
como asistente consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en
Tijuana, Baja California.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que la ciudadana Laura Elena Rendón Romero, pueda prestar servicios como
asistente consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana,
Baja California.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que la ciudadana María del Socorro Gurrola Cuevas, pueda prestar servicios
como auxiliar administrativo en el departamento de agricultura en el Consulado General de
los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política, con proyecto de "acuerdo parlamentario para la creación de
la unidad de estudios de finanzas públicas de la Cámara de Diputados".
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que el ciudadano Juan Rebolledo Gout, pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden Cristóbal Colón, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le
confiere el gobierno de la República Dominicana.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que el ciudadano Andrés Henestrosa, pueda aceptar y usar la condecoración
de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la
República del Ecuador.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que el ciudadano Liévano Sáenz Ortiz, pueda aceptar y usar las
condecoraciones que le confieren los gobiernos de Argentina y repúblicas de Nicaragua y
Dominicana.
Elección de Mesa Directiva.
Agenda política
Denuncia sobre la autorización de
importación de leche en polvo, a cargo de la diputada María Antonia Durán López, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Comentarios sobre el tema "propuestas
para impulsar el turismo en Guerrero", a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la situación del Lago de
Cuitzeo, Michoacán, a cargo de la diputada Julieta Gallardo Mora, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre desechos tóxicos en
Sierra Blanca, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos; Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la situación en
Temazcalapa, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos: Revolucionario
Institucional y Acción Nacional. (Deliberativo.)»
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del día
es la discusión del acta de la sesión anterior.
Ruego a la Secretaría consulte a la
Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido
entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus
observaciones y se proceda a su votación.
| El
secretario Vicente de la Cruz Santiago: |
Por instrucciones de la Presidencia
se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior,
tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores
de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el lunes seis de abril de mil novecientos
noventa y ocho, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año
de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
Presidencia de la diputada
María Mercedes Maciel Ortiz
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las once horas con veintinueve minutos del lunes seis de abril de mil
novecientos noventa y ocho, con una asistencia de trescientos noventa y un diputados, la
Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día
y la Asamblea dispensa la del acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos
en votación económica.
Diversas comunicaciones de los congresos de
los estados de Morelos y Nayarit, con las que informan de actividades propias de sus
legislaturas. De enterado.
Una comunicación de la Cámara de
Senadores, informando del cambio de coordinador del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. De enterado.
Un oficio de la Secretaría de
Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que el
ciudadano Gerardo Lemus Zamorano, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los
Estados Unidos de América en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Para presentar iniciativas, la Presidenta
concede el uso de la palabra a los diputados:
Héctor Francisco Castañeda Jiménez, del
Partido Revolucionario Institucional, de ley reglamentaria de los párrafos cuarto y
quinto del artículo veintiuno de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Gloria Lavara Mejía, del Partido Verde
Ecologista de México, que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Solicita y se concede el uso de la palabra
al diputado Gonzalo Rojas Arreola, del Partido de la Revolución Democrática, quien
propone la creación de una comisión especial investigadora sobre el funcionamiento del
Instituto Mexicano del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política.
Sube a la tribuna el diputado Germán
Martínez Cázares, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de Ley General
para la Atención de las Personas en Edad Avanzada. Se turna a las comisiones de Justicia
y de Población y Desarrollo.
Se otorga el uso de la palabra al diputado
Felipe Rangel Vargas, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de Ley de
Asociaciones Ganaderas. Se turna a la Comisión de Ganadería.
Tres minutas del Senado de la República,
con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios
para que los ciudadanos:
Horacio Cora y Muñoz, pueda aceptar y usar
la condecoración que le confiere el gobierno de la Santa Sede.
Blanca Estela Ibarra Carrillo, pueda
prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Juan Antonio Ventura Malanche, pueda
prestar sus servicios en la Agencia Consular de los Estados Unidos de América en Cancún,
Quintana Roo.
Se turnan a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales.
Se da primera lectura a un dictamen de la
Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto con el que se concede el
permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda ausentarse del territorio nacional del catorce al
veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho, para realizar una visita de Estado a la
República de Venezuela y asistir a la Segunda Cumbre de las Américas en Santiago,
República de Chile. Es de primera lectura.
La Asamblea considera el asunto de urgente
resolución, dispensa la segunda lectura y se aprueba por trescientos ochenta y ocho votos
en pro.
Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para
los efectos constitucionales.
Tres dictámenes de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto con los que se conceden
los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Juan Rebolledo Gout, pueda aceptar y usar
la condecoración que le confiere el gobierno de la República Dominicana;
Andrés Henestrosa Morales, pueda aceptar y
usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República del Ecuador y
Liévano Sáenz Ortiz, pueda aceptar y usar
las condecoraciones que le confieren los gobiernos de las repúblicas de Argentina, de
Nicaragua y Dominicana.
Son de primera lectura.
Se someten a discusión cuatro dictámenes
de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que conceden los permisos
constitucionales para que los ciudadanos:
José Angel Gurría Treviño, Pedro José
González-Rubio Sánchez, Roberto Miranda Sánchez, Rogelio Terán Contreras y Edgar Ortiz
Ocampo, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la
República Dominicana;
César Tapia Jiménez, para aceptar y usar
la condecoración que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América;
José Luis Barros Horcasitas, pueda aceptar
y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Francesa y
José Alfredo González Rodríguez, pueda
aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federativa
del Brasil.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por
trescientos setenta y nueve votos.
Se turnan al Senado de la República para
los efectos constitucionales.
La Presidenta concede el uso de la palabra
al diputado Gilberto López y Rivas, del Partido de la Revolución Democrática, quien
solicita se haga excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a
fin de que emita dictamen en relación con la iniciativa de poner en letras de oro, en el
muro de honor de la Cámara de Diputados, el nombre del Batallón de San Patricio.
La Presidenta hace lo conducente.
Hace uso de la palabra el diputado Rubén
Fernández Aceves, del Partido Acción Nacional, quien solicita excitativa a la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales, a fin de que dictamine en relación con la
iniciativa presentada en la Quincuagésima Sexta Legislatura en materia constitucional,
sobre la democracia participativa.
La Presidenta hace lo conducente.
Para referirse a los incendios forestales
hacen uso de la palabra los diputados: Antonio Soto Sánchez, del Partido de la
Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo para que diversas
dependencias oficiales establezcan un programa nacional de prevención de los incendios
forestales y otras acciones para proteger los bosques; Manuel Hernández Gómez, del
Partido Revolucionario Institucional y Fernando Castellanos Pacheco, del Partido Acción
Nacional. Se turnó a las comisiones de Bosques y Selvas y a la de Ecología y Medio
Ambiente, después de una intervención para rectificar hechos, del diputado Antonio Soto
Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática.
Expresan sus opiniones respecto a la
gobernabilidad y el fuero constitucional de los diputados, los legisladores: Porfirio
Durán Reveles, del Partido Acción Nacional;
Presidencia del diputado
Alberto Cifuentes Negrete
José Luis Gutiérrez Cureño, del Partido
de la Revolución Democrática, quien es interrumpido por la diputada Garza Galindo, quien
propone una moción de orden que no hace suya la Presidencia y Lino Cárdenas Sandoval,
del Partido Revolucionario Institucional.
En un segundo turno de oradores, hacen uso
de la palabra, para el mismo tema, los diputados: Eduardo Mendoza Ayala, del Partido
Acción Nacional; Olga Medina Serrano, del Partido de la Revolución Democrática y Manuel
González Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional.
Se cierra el tema con una tercera ronda de
oradores, en la que intervienen los diputados: Javier Paz Zarza, del Partido Acción
Nacional; Sergio Benito Osorio Romero, del Partido de la Revolución Democrática, y
Héctor Guevara Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional.
Para contestar alusiones personales o
rectificar hechos, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados: Sergio
Valdés Arias, del Partido de la Revolución Democrática; Alberto Martínez Miranda, del
mismo Partido; Eduardo Bernal Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, en dos
ocasiones, la segunda para contestar alusiones personales; Antonio Lagunas Angel, del
Partido de la Revolución Democrática, quien es interrumpido por el diputado Valdés
Arias, quien hace una aclaración gramatical y posteriormente por la diputada Soto López,
quien solicita que el orador se exprese con respeto; Felipe Rodríguez Aguirre, del
Partido de la Revolución Democrática, y Jorge León Díaz, del mismo partido.
La Asamblea considera suficientemente
discutido el tema.
Solicita y se concede el uso de la palabra
a la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo, quien presenta un
punto de acuerdo en relación con la tercera etapa del río Tijuana, dirigido al
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a las comisiones de Asuntos Hidráulicos y de
Ecología y Medio Ambiente y al gobierno del Estado de Baja California.
Expresan sus opiniones al respecto, los
diputados: Francisco Javier Reynoso Nuño, del Partido Acción Nacional y Roberto Pérez
de Alva Blanco, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos, se concede el uso
de la palabra al diputado Juan Marcos Gutiérrez González, del Partido Acción Nacional y
para contestar alusiones personales, sube a la tribuna la diputada María Mercedes Maciel
Ortiz, del Partido del Trabajo.
Las propuestas presentadas se turnan a la
Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
En representación de la Comisión de
Asuntos Hidráulicos, hace uso de la palabra el diputado Jesús Higuera Laura, del Partido
Revolucionario Institucional, quien se refiere a la situación de la cuenca Lerma-Chapala
Presidencia de la diputada
María Mercedes Maciel Ortiz
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura
la de hoy a las dieciocho horas con siete minutos, citando para la que tendrá lugar
mañana, martes siete de abril de mil novecientos noventa y ocho, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
ESTADO
DE COAHUILA
| La secretaria
María del Carmen Escobedo Pérez : |
Se va a dar lectura a varias
comunicaciones.
«Escudo. Coahuila de Zaragoza. Poder
Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F.
La Comisión Permanente de este Congreso,
en sesión celebrada el día 27 de febrero del año en curso, aprobó por votación
unánime de sus integrantes, el siguiente
ACUERDO
Unico. Que el Congreso del Estado
respetuosamente solicite al Congreso Federal que las personas que se encuentran dentro del
"Esquema Modificado" y que se hallan en el grupo denominado "Campesinos y
Viudas Primordiales de 1936", reciban un apoyo económico mayor en las pensiones que
les otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social.
El antecitado caso, referido a ejidatarios
que en su mayoría son habitantes de la región Lagunera de Coahuila, al ser analizado por
los integrantes de la Comisión de Salud de esta LIV Legislatura, éstos concluyerón
previas reuniones y consultas con las autoridades del ramo, que dicho asunto debiera ser
atendido por ese órgano legislativo federal, por ser de su competencia la solicitud de
modificación de las señaladas prestaciones.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo Coahuila, a 6 de marzo de 1998.Å
Diputado Fernando Orozco Cortés, presidente del Congreso.»
Recibo y túrnese a las comisiones de
Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
CAMARA
DE SENADORES
| El
secretario Edgar Marín Ramírez Pech: |
«Escudo Nacional. Cámara de
Senadores. México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados. Presentes.
Para los efectos de lo dispuesto por los
artículos 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, informamos por el digno
conducto de ustedes que la Cámara de Senadores convocó a su siguiente sesión ordinaria
el próximo martes 14 de abril del año en curso.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 6 de abril de 1998.Å
Senadores: José de Jesús Padilla Padilla y Luis Felipe Bravo Mena, secretarios.»
De enterado.
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS
Tiene la palabra el diputado Angel de
la Rosa Blancas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una iniciativa de decreto que deroga el artículo 2o.-B y fracción XIV del
artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
| El diputado
Angel de la Rosa Blancas: |
Con su permiso, diputado Presidente:
«Iniciativa de decreto que deroga el
artículo 2o.-D y la fracción XIV del artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados de la LVII Legislatura.
Los suscritos diputados a la LVII
Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55,
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la
consideración de la Asamblea de esta Cámara, la presente iniciativa que deroga al
artículo 2o.-D y la fracción XIV del artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, con base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
En la iniciativa de ley que modifica
diversas disposiciones fiscales para el año de 1998, que el Ejecutivo sometió a la
consideración de esta Cámara de Diputados, señala que es necesario tomar medidas para
compartir la competencia desleal que llevan a cabo los productores clandestinos de bebidas
alcohólicas, que no sólo no cumplen con las normas sanitarias, sino que también evaden
impuestos y por lo tanto se propuso incorporar nuevas obligaciones fiscales que
permitieran a las autoridades federales, estatales y municipales combatir a este sector de
la economía informal.
Bajo estos criterios y para controlar la
evasión fiscal es que nace la adición del artículo 2o.-D, el cual es vigente desde el
primer día de este ejercicio fiscal, sin considerar que el impuesto a que se somete a los
contribuyentes que enajenan bebidas alcohólicas y aguardiente de los señalados en esta
ley en los inciso (e), (f) y (g), de la fracción I del artículo 2o., en envases de
vidrio reutilizados, que afecta a productores, envasadores de bebidas alcohólicas, a
recolectores y recicladores de envases de vidrio, ya que se genera, además del pago del
impuesto especial sobre producción y servicios, un adicional que por su naturaleza
propicia una doble tributación, generando una distinción y discriminación de aquellos
que utilizan envases nuevos, los cuales no pagarán este impuesto, dando un trato
desigual, porque se impone de esta forma un impuesto a un solo grupo de empresas, que
debería de ser para toda la industria sin distinción.
De tal manera que este gravamen se reconoce
como selectivo y no general, en virtud de que no contempla su aplicación a la cerveza,
sidra ni bebidas refrescantes, por lo tanto es contrario al espíritu del artículo 5o.
constitucional, al penalizar con un impuesto una actividad licita, por el solo hecho de
usar un insumo reutilizado. La aplicación de este impuesto es discriminatorio y, por lo
tanto, es contrario a lo expuesto en el artículo 13 constitucional, ya que sólo se
obliga a ciertos causantes del impuesto especial sobre producción y servicios y no a
todos. De tal manera que con esta normatividad se generan verdaderas barreras, lo que
permite prácticas monopólicas que son opuestas a lo dispuesto en el artículo 28
constitucional. Además de que es un artículo inconsistente fiscalmente, porque señala
una tabla para su aplicación y no una tasa como lo señala en el artículo 2o., de esta
ley. Debemos considerar que el reciclaje es una actividad ecológica que deberíamos de
premiar, en virtud de que el Estado se ve beneficiado al no canalizar más recursos a esta
actividad.
Si consideramos que la Federación, los
estados y el Distrito Federal deben promover que los intereses de las personas que
realicen actividades industriales, comerciales y de servicios sean compatibles con los
intereses colectivos de protección al ambiente y de establecer mecanismos económicos
normativos y administrativos de carácter fiscal para incentivar las acciones que
favorezcan la protección del ambiente, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 21,
22, 134 y 138 de Ley Federal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se
concluye que este gravamen no cumple con los criterios antes enunciados y tampoco con lo
que señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23, que
señala: que toda persona tiene derecho a la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo, ya que la aplicación de esta carga impositiva
los coloca en peligro de desaparecer.
Por otro lado, es necesario señalar que de
aplicarse este impuesto quedarían sometidas a un futuro incierto las 150 mil personas que
viven diariamente de esta actividad, que con la normatividad actual, al obligarles a pagar
$2.00 pesos por botella reciclada las llevaría a salir del mercado. La totalidad de estas
empresas son nacionales y son muy importantes para generar empleos y fortalecer el mercado
interno.
Cabe señalar que la presente iniciativa
esta conjuntamente analizada con las organizaciones involucradas directamente en la cadena
productiva como la Asociación Nacional de Recicladores y Acondicionadores de Envases, AC,
el Instituto Nacional de Recicladores, AC, la Asociación Nacional de la Industria de
Bebidas Alcohólicas y Conexos, AC, la Alianza Nacional de Contribuyentes, El Barzón, la
Asociación de Abastos y Mercados, la Asociación Nacional de Industriales de la
Transformación, la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas AC,
entre otras.
Por las razones anteriormente expuestas se
presenta el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se deroga el artículo
2o.-D y la fracción XIV del artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. La presente reforma tendrá efecto
retroactivo a partir del 1o. de enero de 1998. publíquese en el Diario Oficial de la
Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de
Diputados, Partido de la Revolución Democrática.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
México, D.F., a 30 de marzo de 1998.Å Diputados: Angel de la Rosa Blancas, José Luis
Sánchez Campos, Pedro Salcedo García y Carmen Carrera Escobedo Pérez.»
Túrnese a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Tiene la palabra el diputado Gerardo
Buganza Salmerón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar
una iniciativa de reformas a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
| El diputado
Gerardo Buganza Salmerón: |
Con su venia, señor
Presidente:
«Grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. Cámara de Diputados, LVII Legislatura.
Iniciativa que reforma la fracción IV y
deroga las fracciones II y III del artículo 74, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.Å Presentes.
Los suscritos, diputados de la LVII
Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 135
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55
fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a la consideración
del Constituyente Permanente a través de esta Cámara de Diputados, la presente
iniciativa de decreto que reforma la fracción IV y deroga las fracciones II y III del
artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad
con la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos contiene principios fundamentales que definen nuestra forma de Gobierno,
entre los que destaca el relativo a la división de poderes: "el supremo poder de la
Federación se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial", de
acuerdo al primer párrafo del artículo 49, cuyas facultades y atribuciones para cada uno
de ellos se definen, entre otros, por los artículos 73 a 79, en lo que hace al
Legislativo, 80 al 93 respecto al Ejecutivo y 94 al 107, en relación al Poder Judicial.
Sin embargo, contrasta el marco
constitucional con la realidad operante del sistema político mexicano, respecto al cual
aludía desde hace casi 80 años, en aquel lejano pero aún vigente, diciembre de 1916,
Venustiano Carranza en su discurso ante el pleno del Congreso Constituyente, cuando se
refería a la inoperancia del principio de separación de poderes:
"Tal división sólo ha estado, por
regla general, escrita en la ley, en abierta oposición con la realidad, en la que, de
hecho, todos los poderes han estado ejercidos por una sola persona, habiéndose llegado
hasta el grado de manifestar, por una serie de hechos constantemente repetidos, el
desprecio a la ley suprema, dándose sin el menor obstáculo al jefe del Poder Ejecutivo,
la facultad de legislar sobre toda clase de asuntos, habiéndose reducido a delegar
facultades y aprobar después lo ejecutado por virtud de ellas, sin que haya llegado a
presentarse en caso, ya no de que reprobase (alguna iniciativa de ley del Ejecutivo), sino
al menos de que hubiese observación alguna."
En efecto, prácticamente desde que nuestro
país se convirtió en nación independiente, la presencia de un presidente omnipotente ha
sido la regla que ha caracterizado a nuestra vida política. Mas aún, si le sumamos
aquellas atribuciones que los estudiosos de nuestro sistema político definen como
facultades metaconstitucionales, tenemos por resultado, que en nuestra incipiente vida
republicana está lejos de hacer realidad el referido principio de división o separación
de poderes y dentro de ello que el Poder Legislativo ejerza sus funciones y opere como
verdadero freno y contrapeso de las amplísimas atribuciones del Ejecutivo Federal.
El propio titular del Ejecutivo en diversas
ocasiones desde su toma de posición y en el mismo Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000,
ha venido insistiendo en acotar los amplios poderes presidenciales y en mantener una nueva
relación, sana y respetuosa, con el Congreso de la Unión.
En contraste con los propósitos
manifestados, en los hechos se mantienen las mismas prácticas de un ejercicio desbordado
del poder presidencial frente a los otros poderes. Se requiere voluntad política para
cambiar actitudes y aceptar con toda naturalidad que la división de poderes y el
fortalecimiento de nuestro régimen federal, es el mejor camino para legitimar el
ejercicio del poder, es el medio para compartir responsabilidades, coordinar esfuerzos,
con respeto al ámbito de competencias que a cada poder debe corresponder.
Anteriormente, las iniciativas de Ley de
Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviada por el
Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, tenía como finalidad, cumplir con los
formalismos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
las cuales una vez recibidas eran turnadas a las comisiones correspondientes para su
análisis, discusión y dictamen.
Aquí la problemática que se plantea es
que generalmente los tiempos concedidos para el análisis y discusión en el seno de las
comisiones es sumamente reducido y por tal motivo no se puede llevar a cabo un análisis
claro, profundo y programático de los ingresos que van a sostener al Gobierno y a las
obras y servicios públicos, así como la forma ordenada y clara en que se efectuará el
gasto público. Bien sabido es que primero se discuten los impuestos o contribuciones y
que debe cubrir el pueblo y después el Presupuesto de Egresos. Si bien es cierto que para
el análisis y discusión, se invita a los secretarios del ramo al seno de las comisiones,
también es cierto que esas comparecencias en cuanto a su discusión resultan estériles e
inoperantes, toda vez que la costumbre nos ha enseñado que el mayoriteo partidario
prevalecía por sobre todas las opiniones y manifestaciones de los demás grupos
parlamentarios de los partidos políticos representados en la Cámara, pues se sabe,
inclusive, que el dictamen se elaboraba en la propia Secretaría de Hacienda.
Las propuestas que presentamos, tienen por
objeto fortalecer y dignificar los trabajos del Poder Legislativo. No son cambios de
forma, sino de fondo, que de aprobarse, estamos seguros contribuirán a mejorar nuestras
instituciones republicanas.
La reforma del Estado tiene que ser
integral, entendida ésta como la transformación de actitudes y de prácticas
gubernamentales, de instituciones y de normas, encaminadas al fortalecimiento de los
poderes; reforma que debe llevarse a cabo por quienes ostentamos la representación
popular, particularmente en el tema del Poder Legislativo, somos sus integrantes quienes
debemos impulsar las modificaciones necesarias que transformen al Congreso de la Unión en
un poder digno, eficiente y responsable para ejercer con mayor independencia las
facultades que la Constitución le confiere.
La Secretaría de Hacienda prepara el
proyecto de iniciativa que debe incluir la siguiente información para cada uno de los
programas gubernamentales: una descripción clara del programa, incluyendo sus objetivos;
la expectativa de ingreso a ser generado; los gastos propuestos para el programa y el
ingreso que se recibió y los gastos hechos en los años fiscales anterior y el actual. La
iniciativa debe también explicar la situación de la deuda pública y el balance de la
hacienda pública para los años fiscales anterior, presente y el próximo. Además, debe
incluir las estadísticas macroeconómicas actuales y los pronósticos futuros. Cualquier
propuesta en la iniciativa de gasto que incremente el presupuesto de un programa o
establezca un programa nuevo, debe ir acompañado de la iniciativa financiera adjunta con
nuevas fuentes de ingresos.
A continuación, pasamos a exponer el
contenido de nuestra propuesta.
Por lo que hace al artículo 74, que se
refiere a las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, se propone reformar la
fracción IV y derogar las fracciones II y III.
De la fracción IV se mantiene su primer
párrafo y se propone modificar el segundo, a fin de que el Ejecutivo Federal debe hacer
llegar a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos, la iniciativa de
Ley de Ingresos, así como los criterios generales de política económica, a más tardar
el 15 de septiembre.
Con el fin de darle más tiempo al Poder
Legislativo para el análisis de dichas iniciativas, con lo que se fortalecen sus
atribuciones en materia presupuestaria y económica. Se exceptúa de lo anterior cuando se
dé el cambio de titular del Ejecutivo Federal, en cuyo caso, éste tendrá hasta el 10 de
diciembre para hacer llegar el llamado paquete económico y en este caso, se conserva la
ampliación ya prevista del primer periodo de sesiones ordinarias hasta el 31 de
diciembre, con lo que se tendrán 20 días de su análisis.
Conforme al tercer párrafo, la Cámara al
aprobar el Presupuesto de Egresos deberá señalar la retribución que corresponda a un
empleo establecido en la ley. En un cuarto párrafo, se propone resolver un problema que
enfrentan los estados modernos cuando por cualquier razón, al término de un ejercicio
fiscal, no se aprueban las partidas presupuestarias para hacer frente al ejercicio fiscal
que inicia. De ahí que propongamos que "en el caso de que al inicio del ejercicio
fiscal no estuvieren aprobados la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos, o ambos,
continuarán rigiendo la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos aprobados para el
último ejercicio".
Por otra parte, si bien es cierto que el
estado moderno requiere de una partida especial, que no es secreta, cuyo manejo sea
reservado por razones de seguridad nacional, sin embargo se hace necesario que la ley
establezca el tope de su monto, los destinos específicos que tendrá y el procedimiento
especial a que se sujetará su revisión por la Contaduría Mayor de Hacienda.
La existencia de partidas presupuestales
con carácter de secreto no obedecen a una práctica del sistema de Gobierno mexicano, a
la fecha se implementan con tal carácter partidas que por su contenido y tratamiento no
tienen tal naturaleza y por tanto consideramos que es conveniente la eliminación de la
previsión constitucional que permite su existencia, garantizando que el tratamiento que
se le dé al total del presupuesto responda a las condiciones de transparencia que el
pueblo mexicano exige en el ejercicio de los recursos públicos.
Dentro de esta misma fracción IV del
artículo 74, se propone un último párrafo conforme al cual el Ejecutivo Federal deberá
remitir la Cuenta Pública Federal a la Cámara dentro de los tres primeros meses de
concluido el ejercicio presupuestal correspondiente, a fin de iniciar el proceso de
revisión de la misma con mayor puntualidad.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la consideración del
honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Por el que se reforma y adiciona el
artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se reforma la fracción
IV y derogan las fracciones II y III del artículo 74 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 74. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
II. Derogada.
III. Derogada.
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
El Ejecutivo Federal hará llegar a la
Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación y los Criterios Generales de Política Económica a más tardar el 15 de
septiembre de cada año, debiendo comparecer en todo caso el secretario de despacho
correspondiente a dar cuenta de los mismos.
Este plazo será prorrogable hasta por 30
días cuando medie solicitud del Ejecutivo, justificada a satisfacción de la Cámara,
debiendo comparecer el secretario del despacho a informar las razones que la motivan.
Tratándose del año en que inicie su
encargo el Ejecutivo, el plazo para entregar las iniciativas que se mencionan será a más
tardar hasta el día 15 de diciembre del año que corresponda.
El Presupuesto de Egresos deberá señalar,
en todo caso, la retribución que corresponda a los empleos que estén establecidos por
ley.
Para el caso de que al inicio de un
ejercicio fiscal no estuvieren aprobados la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos o
ambos, se tendrá por aprobada una Ley de Ingresos o Presupuesto de Egresos o ambos, cuyas
partidas y montos serán iguales a los que se encontraron vigentes en el ejercicio que
termina y hasta en tanto se aprueban por la Cámara la ley o, en su caso, el presupuesto
para el ejercicio correspondiente.
El Ejecutivo Federal remitirá la Cuenta
Pública a la Cámara de Diputados dentro de los tres primeros meses de concluido el
ejercicio presupuestal correspondiente, a fin de proceder a su revisión de conformidad
con el artículo siguiente.
V a VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, D.F., a
6 de abril de 1998.Å Diputados: Gerardo Buganza Salmerón, Juan Miguel Alcántara Soria,
Abelardo Perales Meléndez, Juan Marcos Gutiérrez, José Espina von Roehrich, Felipe
Urbiola Ledesma, Juan Carlos Espina von Roehrich y Víctor Alejandro Vázquez Cuevas.»
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez
Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una iniciativa de reformas a la fracción IV del artículo 74 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
| El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Señor Presidente; señoras y
señores diputados:
Vengo a presentar una iniciativa para
reformar la fracción IV, en sus párrafos cuarto y sexto, del artículo 74 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Habida cuenta de que esta iniciativa ha
sido ya publicada en la Gaceta y sólo con el propósito de que el Presidente le dé turno
a las comisiones que corresponda, leeré solamente el proyecto y dejaré para la lectura
individual de los interesados la exposición de motivos.
Dice: Artículo 1o. Se reforma el artículo
74 fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
"Son facultades de la Cámara de
Diputados:
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
IV. Segundo párrafo. El Ejecutivo Federal
hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación, a más tardar el día 15 del mes de septiembre o hasta el 10 de
diciembre, cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo
comparecer el secretario del despacho correspondiente, a dar cuenta de los mismos".
Subsiguiente párrafo: "La Cuenta
Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, dentro de los 10 últimos días del mes de abril".
Palacio Legislativo, a 7 de abril de 1998.
Firman, diputados: Pablo Gómez, Ricardo García Sainz y Miguel Alonso Raya.»
Y lo entrego a la Secretaría, diputado
Presidente, con el propósito de que usted le dé turno a comisiones.
Muchas gracias.
Pido que se inserte lo publicado en la
Gaceta, en el Diario de los Debates y se turne a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
«Iniciativa para reformar de la fracción
IV, los párrafos cuarto y sexto del artículo 74 constitucional
Ciudadano Presidente de la Cámara de
Diputados.Presente.
El Ejecutivo Federal envía actualmente a
la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de
la Federación el 15 de noviembre y la Cuenta Pública del año fiscal anterior, en los 10
primeros días del mes de junio.
Al crearse en 1997 una nueva situación en
la Cámara de Diputados en la que no existe ningún grupo parlamentario que por sí solo
sea mayoría, las prácticas parlamentarias tienden a modificarse. El trabajo legislativo
en torno al Presupuesto y la Cuenta Pública debe asimismo transformarse para el cabal
cumplimiento de las funciones que en esta materia le atribuye la Constitución a la
Cámara de Diputados.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En la Constitución de 1857 se estableció
un periodo de tres meses y medio de plazo para que la comisión del Congreso elaborará
los dictámenes sobre las iniciativas presidenciales de Ley de Ingresos y Presupuesto, y
revisara la Cuenta Pública.
En la Constitución se definía que el
segundo periodo de sesiones "se destinará de toda preferencia al examen y votación
de los presupuestos del año fiscal siguiente, a decretar las contribuciones para
cubrirlos y a la revisión de la cuenta del año anterior que presente el Ejecutivo."
En el texto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se estableció como facultad exclusiva de la
Cámara de Diputados "aprobar el presupuesto anual de gastos discutiendo primero las
contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrir aquél", sin precisar los
plazos de la entrega por parte del Ejecutivo de las iniciativas de ingresos y egresos de
la Federación; tampoco se definía en el texto original del artículo 74 fracción IV, el
término para la elaboración y aprobación del dictamen correspondiente en la Cámara de
Diputados.
En esa misma Carta Magna se instituyó que
la Cuenta Pública se enviara a la Cámara de Diputados "dentro de los 10 primeros
días de la apertura de sesiones", es decir, del mes de septiembre. Pese a que se
exigía un "examen de la exactitud y justificación de los gastos hechos", los
legisladores sólo contaban con un lapso de tres meses para la revisión de la cuenta.
El plazo máximo para que el Ejecutivo
enviara el presupuesto a los diputados el último día del mes de noviembre se estableció
en el texto constitucional hasta diciembre de 1977, en el artículo 74 fracción IV. En
esa misma reforma de la Constitución se modificó el párrafo sexto para instituir que la
Cuenta Pública sería recibida por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
dentro de los 10 primeros días del mes de junio, con el objetivo de proporcionar tres
meses más al Legislativo para la revisión del gasto público.
En 1982, con el desarrollo de los
procedimientos normativos para la recaudación fiscal y al hacerse más compleja la
elaboración del presupuesto federal, se hizo necesario reformar nuevamente la fracción
IV del artículo 74 de la Constitución, para ampliar el plazo de revisión de las
iniciativas por 15 días más, estableciéndose el 15 de noviembre como término para que
el Presidente hiciera llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y
del Proyecto de Presupuesto de Egresos.
En 1986 el párrafo sexto de la fracción
IV se modificó con el objetivo de establecer que la Cuenta Pública se entregaría
solamente a la "Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión", pero
se mantuvo el plazo respecto a que la Cuenta sería entregada a más tardar en los
primeros 10 días del mes de junio.
En 1993 por iniciativa presidencial se
redujo nuevamente a 30 días el plazo para examinar y aprobar el presupuesto y se dotó al
Ejecutivo Federal de la facultad de proponer a la Cámara de Diputados la ampliación del
plazo cuando así lo considerara pertinente.
A partir del cambio de composición de la
Cámara de Diputados, en la actual LVII Legislatura, el Presidente tiene que compartir con
el Legislativo la función de presupuestación, lo que demanda mayor tiempo para el
trabajo legislativo.
En las nuevas condiciones, en las que es
posible recuperar las funciones de la Cámara de Diputados, un mes resulta completamente
insuficiente para que los diputados conozcan la Ley y el Proyecto de Presupuesto, lo
analicen y calculen los efectos que podrían tener sus propuestas de modificación. De
igual forma, seis meses a partir de junio son insuficientes para examinar la cuenta.
Con la composición actual de la Cámara,
es necesario ampliar los plazos que permitan a los legisladores el conocimiento de las
iniciativas presidenciales, el tiempo suficiente para fundamentar propuestas, realizar
negociaciones responsables entre los diferentes grupos parlamentarios y con el Ejecutivo
Federal.
Al mismo tiempo, se requiere que las
comisiones ordinarias que atienden materias correspondientes a los diversos ramos de la
administración pública, elaboren su opinión acerca del funcionamiento y alcance de los
diversos programas, para que la Comisión de Presupuesto de la Cámara tome en cuenta
dichos pronunciamientos en la elaboración del dictamen correspondiente.
Sobre los plazos para la entrega de la
Cuenta Pública es pertinente señalar que existen condiciones técnicas y de personal
para que el Ejecutivo Federal presente la cuenta en un plazo menor. Además, la
experiencia demuestra que un examen acucioso por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda
de la Cámara de Diputados requiere un plazo mayor al establecido en la actualidad.
Por lo anterior, los diputados abajo
firmantes, con base en el artículo 71 de la Carta Magna presentan la siguiente
INICIATIVA
Que reforma la fracción IV del artículo
74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafos segundo y
sexto.
Artículo único: se reforma el artículo
74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:
Artículo 74. Son facultades de la Cámara
de Diputados:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
El Ejecutivo Federal hará llegar a la
Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación a más tardar el día 15 del mes de septiembre o hasta el 10 de diciembre
cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo comparecer el
secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
La Cuenta Pública del año anterior
deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
dentro de los 10 últimos días del mes de abril.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Palacio Legislativo, a los siete días del
mes de abril de 1998. Diputados: Pablo Gómez Alvarez, Ricardo García Sainz, José del
Carmen Enríquez Rosado, Demetrio Sodi de la Tijera, Sergio Benito Osorio Romero, Miguel
Alonso Raya y Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva.»
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Tiene la palabra la diputada
Verónica Velasco, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para
presentar una iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 70 y 70-B de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
| La diputada
Verónica Velasco Rodríguez: |
Gracias, señor Presidente:
«Ciudadanos de la mesa directiva de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Jorge Emilio González Martínez, Verónica
Velasco Rodríguez, Jorge Alejandro Jiménez Taboada, Aurora Bázan López, Miguel Angel
Garza Vázquez y Gloria Lavara Mejía, diputados integrantes de la fracción parlamentaria
del Partido Verde Ecologista de México, de la LVII Legislatura del honorable Congreso de
la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Congreso General,
así como en los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior
del propio Congreso, presentamos ante el pleno de esta Cámara, una iniciativa de
adiciones y reformas a los artículos 70 y 70-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al
tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
De diversas formas se ha manifestado la
inconformidad de organizaciones no gubernamentales, tanto de ambientalistas, como de
protectores de animales, por la carencia de apoyos del sector público, como es el caso de
su exclusión, casi por completo, como donatarias autorizadas para emitir recibos
deducibles de impuestos, viendo así reducidas sus actividades altruistas y benéficas
hacia la sociedad, hasta un mínimo lamentable.
ANTECEDENTES
En las últimas décadas, nuestra
concepción sobre el medio ambiente y los demás seres vivos con los que compartimos el
planeta, ha cambiado rotundamente, pues si antes estos temas carecían de importancia, en
la actualidad son asuntos prioritarios para nuestra sociedad, tanto a nivel nacional como
internacional.
La conciencia generalizada sobre la
fragilidad del medio ambiente a nivel mundial y la estrecha interrelación que guardan
todas las especies vivientes ha empezado a transformar las políticas de los diferentes
gobiernos, estimulando el desarrollo de las actividades vinculadas a la protección de los
ecosistemas y de la biodiversidad.
Podemos afirmar que la bandera ecológica
no es exclusiva de algún grupo ambientalista o partido político, pues contar con un
medio ambiente sano incumbe a toda la sociedad.
Tierra, agua y aire limpios, constituyen el
más cierto patrimonio para las futuras generaciones, en tanto que la capacidad de respeto
hacia todas las formas de vida representa un signo inequívoco de una comunidad educada y
sana, tanto física como mentalmente
EXPOSICION DE MOTIVOS
México ha sido favorecido con un
patrimonio natural único en el mundo, estamos considerados entre los 12 países
megadiversos a nivel mundial, destacando nuestra diversidad faunística con:
717 especies de reptiles 1er. lugar mundial
500 especies de mamíferos 2o. lugar
mundial
295 especies de anfibios 4o. lugar mundial
1 mil 150 especies de aves 11. lugar
mundial
Por si esto no fuera suficiente, estamos
clasificados en el 4o. lugar mundial en angiospermas (plantas con flor), ya que se
calculan en el territorio nacional alrededor de 25 mil especies.
Con apenas 1.4% de la superficie
planetaria, México posee cerca del 10% de las especies conocidas en el mundo, calculando
que el 30% de las especies de vertebrados en nuestro país son endémicas, es decir, que
estas especies no existen en ningún otro ecosistema del planeta.
La vegetación natural en nuestro país es
tan extensa como variable y va desde las selvas perennifolias de los Chimalapas o
Lacandona que reciben entre 2 y 5 mil milímetros de precipitación anual, hasta los
desiertos de Sonora y Baja California, que figuran entre los más áridos del mundo.
Los hábitats acuáticos y costeros
completan la extraordinaria riqueza ecológica del país. Arrecifes, lagunas, pantanos y
manglares configuran complicados sistemas ribereños, que sumados a los 11 mil kilómetros
de litorales costeros complementan un panorama de extraordinaria diversidad biológica y
ecosistémica difícil de igualar.
Desafortunadamente nuestro patrimonio
ambiental está desapareciendo a pasos gigantescos, el abuso de los recursos naturales,
generador de la destrucción de selvas y bosques, la creciente contaminación ambiental y
el crecimiento desmedido de la población humana, son tan sólo algunos ejemplos de los
problemas ecológicos que debemos afrontar en los albores del año 2000.
Sin embargo, existen problemas de carácter
administrativo que agravan seriamente los ya expuestos de tipo ambiental y que a la vez
impiden la posibilidad de participación de la sociedad civil en la búsqueda de
soluciones, que en materia ecológica se requieren aplicar urgentemente.
Existen cerca de 500 agrupaciones civiles
en todo el país que se dedican a combatir la problemática ambiental en sus distintas
facetas y todos ellos a excepción de unos cuantos, carecen de la posibilidad de obtener
recursos financieros, debido a que no cuentan con la autorización de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para emitir recibos deducibles de impuestos.
Es inapropiado que el gobierno de un país
con tal riqueza ecológica, niegue totalmente la posibilidad de ayuda a los grupos
interesados en la protección, conservación y preservación del medio ambiente y más
tomando en consideración la gravedad de los problemas ambientales que se están viviendo
en la actualidad, muchos de los cuales ya son de carácter irreversible y otros tantos van
en camino de serlo. Las autoridades ambientales y las fiscales, no pueden seguir ignorando
la gran cantidad de propuestas, trabajos y proyectos que la sociedad civil lleva a cabo
desde hace ya mucho tiempo con recursos propios y con las mejores intenciones de
participar activamente en la solución de los problemas. Compañeros diputados, estimamos
que la problemática ambiental incumbe a todos los mexicanos y todos los ciudadanos tienen
derecho a participar y a recibir apoyo en su búsqueda por mejorar el medio ambiente.
Si bien es cierto que en la actualidad el
artículo 70 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta contempla como autorizadas para emitir
recibos deducibles de impuestos a las organizaciones ecológicas, en la práctica esto no
funciona, ya que la fracción XVIII del mismo artículo limita, en forma excesiva, la
posibilidad de que cualquier agrupación reciba su solicitud aprobada por parte de las
autoridades hacendarias, puesto que esta fracción que cito textualmente dice:
"Las sociedades o asociaciones civiles
que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para la realización de actividades de
preservación de la flora y fauna silvestre y acuática dentro de las áreas geográficas
definidas que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de
carácter general, así como aquellas actividades de investigación de la flora y fauna
silvestre y acuática, que lleven a cabo físicamente las citadas sociedades o
asociaciones, dentro de las áreas señaladas anteriormente, siempre que se cumpla con las
reglas de carácter general que al efecto establezca la dependencia citada. Dichas
sociedades o asociaciones deberán cumplir con los requisitos señalados en las fracciones
II, III, IV y VI del artículo 70-B de esta ley, para ser consideradas como instituciones
autorizadas para recibir donativos en los términos de la misma."
De lo anterior se deduce que los grupos
ecologistas sí pueden ser donatarios, siempre y cuando trabajen dentro de las áreas del
territorio nacional señaladas por la autoridad, lo cual, por limitativo y excluyente,
lleva a desaprovechar todo el potencial de las organizaciones ambientalistas y protectoras
de fauna dispuestas a actuar.
Debe considerarse que la mayor parte de
nuestra biodiversidad se encuentra fuera de las áreas protegidas, las cuales representan
un porcentaje ínfimo del total de los ecosistemas del país.
La autoridad debe considerar a las
organizaciones no gubernamentales como sus aliadas en la difícil lucha para la
preservación y protección del medio ambiente y la biodiversidad, proporcionándoles
todos los apoyos a su alcance, incluyéndose mayores estímulos fiscales.
Con lo anterior se aprovecharía el gran
potencial de ayuda extranjera hacia nuestro país, ya que existe una gran cantidad de
organizaciones internacionales que cuentan con fundada solvencia económica y tienen gran
interés de ayudar e invertir en México respecto a proyectos relacionados con el medio
ambiente, la protección de selvas y bosques, la preservación de nuestra biodiversidad y
la lucha contra la crueldad hacia los animales, lo cual actualmente es desperdiciado.
Entre las principales acciones que las
asociaciones dedicadas a la protección de los animales han realizado, se encuentran las
siguientes:
1. Convencer a las autoridades de la
Secretaría de Salud para que la campaña de vacunación antirrábica se realice de forma
gratuita y a nivel nacional.
2. Ofrecer este mismo servicio, de forma
gratuita y permanente, independientemente de la campaña anual que realiza la Secretaría
de Salud.
3. Realizar en forma permanente la campaña
de esterilización de perros y gatos, llevando a los médicos veterinarios para ofrecer el
servicio de manera gratuita a las zonas detectadas con problemas de sobrepoblación
canina.
4. Efectuar convenios y/o acuerdos con
médicos veterinarios para ofrecer el servicio de esterilización en clínicas a un precio
subsidiado, para motivar a los propietarios de mascotas a que esterilicen a sus animales;
también se ofrece servicio clínico veterinario a bajo costo, como ayuda a los
propietarios de animales que no cuentan con recursos suficientes, para darles la atención
debida, ayudando así a evitar la proliferación de enfermedades.
5. Servicio de atención a reportes de
crueldad hacia los animales, de recoger animales heridos, enfermos o atropellados y de
asesoría gratuita a la ciudadanía, sobre todo lo relacionado con la alimentación,
cuidados y necesidades de los animales domésticos y domesticados.
6. Las asociaciones protectoras de animales
también ofrecen los servicios de asistencia y asesoría en los centros antirrábicos y de
control canino, que realizan el sacrificio de animales recogidos de las calles, durante
las "razzias" realizando esta labor humanitaria con recursos propios, ya que
hasta la fecha las autoridades de dichos centros han sido totalmente insensibles e
indiferentes al dolor de estas criaturas, lo cual es una vergüenza para nuestra sociedad.
Es importante señalar que todos los puntos
anteriores son convenientes y de gran beneficio para nuestra sociedad, ya que se están
combatiendo los problemas de sobrepoblación canina, proliferación de enfermedades y de
contaminación ambiental.
7. Por otra parte se practica un arduo y
continuo trabajo en los rastros y mataderos del país para aplicar los métodos de
sacrificio humanitario en los animales destinados al consumo humano, a través de
pláticas, asesorías, enseñanzas y demostraciones que han logrado convencer a ganaderos,
transportistas, introductores y matanceros sobre la importancia de dar un buen trato a los
animales de abasto, lo cual disminuye la tensión de éstos durante su manejo y
sacrificio, repercutiendo directamente en una mejor calidad de los productos obtenidos y
en una disminución de las toxinas secretadas por los animales, mejorando así la calidad
de los productos cárnicos que consumimos.
Cabe señalar que los métodos de
sacrificio humanitario fueron introducidos a nuestro país por la Asociación Nacional
para la Aplicación de Leyes de Protección a los Animales (ANPALPA), ya que la autoridad
correspondiente nunca se había ocupado de este asunto, por considerarlo de poca
importancia, a pesar de estar probado científicamente que al reducir el stress de los
animales de abasto durante el proceso de transporte y sacrificio, se obtiene una mayor
calidad y rendimiento de los productos de origen animal.
8. En el aspecto educativo, diversas
asociaciones protectoras de animales ofrecen pláticas, cursos y conferencias en todos los
niveles didácticos, sobre temas ecológicos, ambientales, éticos, morales y
humanitarios; también han colaborado con la Secretaría de Educación Pública, para la
inclusión de estos temas en los libros de texto de educación básica.
Es importante señalar que diversos
sectores de la sociedad son beneficiados con actividades relacionadas con el
aprovechamiento de los animales, entre los que destacan: criadores, ganaderos,
introductores, rastros, distribuidores de productos agropecuarios, tiendas de mascotas,
clínicas veterinarias, farmacéuticas, fabricantes y distribuidores de alimentos
accesorios, medicamentos etcétera.
La lista podría ser muy larga y de una
representación económica enorme para el país, pero es importante destacar que la gran
mayoría de estos grupos rara vez se han preocupado por el bienestar de los animales que
son su sustento de vida.
Las sociedades protectoras de animales son
las que han resuelto los problemas que se derivan de las diferentes formas de
aprovechamiento que generan grandes ganancias a los grupos ya señalados, realizando un
trabajo que le corresponde hacer a la autoridad, pero que, por su falta de interés, no lo
han ejecutado eficazmente y, si consideramos que dichas agrupaciones no reciben ningún
tipo de ayuda gubernamental ni tampoco tienen la posibilidad de dar recibos deducibles de
impuestos, podemos concluir que se les tiene en un completo abandono.
Compañeros diputados, hacemos un llamado a
su conciencia y a su sentido de la compasión, para luchar contra el dolor y sufrimiento
de las criaturas sensibles que comparten el planeta con nosotros; gracias a ellas nos
hemos alimentado y vestido durante siglos, su compañía nos ha proporcionado alegrías y
protección, su nobleza ha enriquecido nuestro espíritu y a cambio de tantos beneficios
ignoramos su dolor y sufrimiento, nos deleitamos torturándolos en espectáculos crueles e
insensatos, los menospreciamos y nos burlamos de ellos, ridiculizando su inferioridad y
abusando de su nobleza.
Por medio de este documento les exhortamos
para apoyar esta propuesta, que busca elevar nuestros valores éticos y a la vez preservar
la vida en todas sus manifestaciones.
Por último, debemos recordar el
pensamiento de un hombre insigne de nuestra historia:
Benito Juárez dijo: "la educación
del sentimiento debe ir de la mano con el cultivo de la mente. La bondad con todas las
criaturas sensibles y la compasión por el sufrimiento en todas sus formas, son el
distintivo de una comunidad instruida y la insignia de todo individuo culto. Es un gran
error creer que una naturaleza bondadosa es inconsistente con carácter firme y enérgico.
La ternura y la compasión nunca deben tomarse como una prueba de debilidad. Los grandes
hombres, en el verdadero sentido de la palabra, nunca han sido indiferentes a los derechos
o ciegos hacia las necesidades de los indefensos".
Por todo lo anterior, respetuosamente, los
diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, la presente
INICIATIVA DE DECRETO
Mediante el cuál se adicionan los incisos
`f' y `g', a la fracción VI y se reforma la fracción XVIII del artículo 70,
adicionándose también la parte final del segundo párrafo de la fracción II del
artículo 70-B, ambos numerales de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como
sigue:
Artículo primero. Se adicionan los
incisos, `f' y 'g', a la fracción VI del artículo 70 quedando de la siguiente forma:
Artículo 70. Para los efectos de esta ley,
se consideran personas morales no contribuyentes, además de las señaladas en el
artículo 73, las siguientes:
I a V . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
VI. Instituciones de asistencia o de
beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o
asociaciones civiles autorizadas para recibir donativos en los términos de esta ley, que
sin designar individualmente a los beneficiarios tengan como actividades las que a
continuación se señalan:
a) a e) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
La conservación y protección del medio
ambiente. La conservación y protección de la fauna, tratándose de especies domésticas,
silvestres y acuáticas.
Artículo segundo. Se reforma la fracción
XVIII del artículo 70, quedando de la siguiente forma:
Artículo 70. Para los efectos de esta ley,
se consideran personas morales no contribuyentes, además de las señaladas en el
artículo 73, las siguientes:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
XVIII. Las sociedades o asociaciones
civiles dedicadas a la conservación y protección, tanto del medio ambiente, como de la
fauna doméstica, silvestre o acuática, deberán cumplir con los requisitos señalados en
las fracciones II, III, IV y VI del artículo 70-B.
Artículo tercero. Se adiciona la última
parte del segundo párrafo de la fracción II del artículo 70-B, para quedar como sigue:
Artículo 70-B. Las personas morales no
contribuyentes a que se refieren las fracciones VI, X y XI del artículo 70 de esta ley,
deberán cumplir con lo siguiente para ser consideradas como instituciones autorizadas
para recibir donativos deducibles en los términos de esta ley:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
II. Que las actividades que desarrollen
tengan como finalidad primordial el cumplimiento de su objeto social, sin que puedan
intervenir en campañas políticas o se involucren en actividades de propaganda o
destinadas a influir en la legislación.
No se considera que influye en la
legislación, la publicación de un análisis o investigación, que no tenga carácter
proselitista o la asistencia técnica a un órgano gubernamental, que lo hubiera
solicitado por escrito ni tampoco la expresión o difusión pública de sus ideas respecto
a la legislación cuya aplicación esté directamente relacionada con alguno de sus fines
sociales.
TRANSITORIOS
Artículo único. El presente decreto
entrará en vigor, el día siguiente a aquel de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Atentamente.
Dado en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los
Estados Unidos Mexicanos, a 7 de abril de 1998.Å Por la fracción parlamentaria del
Partido Verde Ecologista de México, diputados: Jorge Emilio González Martínez,
coordinador; Verónica Velasco Rodríguez, vicecordinador; Jorge Alejandro Jiménez
Taboada, Aurora Bazán López, Miguel Angel Garza Vázquez y Gloria Lavara Mejía.»
Túrnese a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
MATERIA
INQUILINARIA
Tiene la palabra el diputado David
Cervantes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una iniciativa de reformas a los artículos transitorios, en materia
inquilinaria.
| El diputado
David Ricardo Cervantes Peredo: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
«Ciudadanos secretarios de la mesa
directiva de la Cámara de Diputados. LVII Legislatura.
Con fundamento en el artículo 71 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55
fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, los suscritos diputadas y diputados, presentamos a la consideración de
esta Cámara de Diputados, a efecto de que se turne para dictamen a las comisiones unidas
del Distrito Federal y de Vivienda, la siguiente iniciativa de decreto que reforma,
adiciona y deroga disposiciones del decreto que reformó los artículos transitorios del
diverso, por el que se reformaron el Código Civil para el Distrito Federal en Materia
Común y para toda la República en Materia Federal; el Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal y la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
En julio de 1993 fueron aprobadas por el
Congreso de la Unión diversas reformas al Código Civil para el Distrito Federal en
Materia Común y para toda la República en Materia Federal; al Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en
materia inquilinaria
El decreto por medio del cual se dieron a
conocer las citadas reformas, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de
fecha 21 de julio de 1993, mismas que entrarían en vigor a los 90 días después de su
publicación en dicho órgano, de acuerdo con lo establecido en el artículo primero
transitorio.
El contenido de estas reformas generó en
el Distrito Federal múltiples manifestaciones de inconformidad, al considerar que
conducían a una relación inequitativa entre arrendadores y arrendatarios y serían
propiciatorias de graves violaciones a los derechos humanos y garantías individuales de
los inquilinos.
En respuesta al amplio rechazo a las
reformas, el Ejecutivo Federal envió al Congreso una iniciativa que modificaba los
artículos transitorios del decreto. Las citadas modificaciones fueron emitidas mediante
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 23 de septiembre de
1993, estableciéndose en el apartado primero del artículo único, que las disposiciones
contenidas en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 21 de
julio de 1993, entrarían en vigor el 19 de octubre de 1998, salvo en los casos que se
señalaban en el apartado segundo del mismo decreto; es decir, se estableció la
aplicación parcial de la nueva normatividad, quedando sujetos a la legislación de 1985,
todos los inmuebles con uso habitacional que se encontraran arrendados al 19 de octubre de
1993.
Sin embargo, la iniciativa del Ejecutivo no
significó una solución real al conflicto generado por la aprobación de las reformas, ya
que la gran mayoría de las organizaciones sociales, investigadores y otros sectores de la
sociedad planteaban la necesidad de su abrogación y la elaboración de una nueva
normatividad en la materia basada en criterios de justicia, equidad y de respeto a los
derechos humanos.
Con el aplazamiento parcial de las
reformas, el Ejecutivo pretendió, en realidad, abrir un compás de tiempo para la
búsqueda de posibles acuerdos con las fuerzas sociales y políticas sobre la legislación
en la materia, especialmente en lo que se refiere a la vivienda, contemplando la eventual
promulgación de una legislación propia para el Distrito Federal, emitida por el
órgano Legislativo local cuyas facultades abrían de definirse en una nueva reforma
política de la entidad.
Desde la aprobación del decreto que
modifica los artículos transitorios de las reformas aprobadas en julio de 1993, la
situación del problema de la vivienda en el Distrito Federal y su marco regulatorio, en
particular de la vivienda en arrendamiento, se ha caracterizado por lo siguiente:
1. Las políticas y los programas de
vivienda en el Distrito Federal, orientados a la atención de las familias de bajos
ingresos, no han logrado ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda digna para la
mayoría de las familias que tienen esta necesidad.
2. La política económica de orden federal
y el conjunto de programas y acciones que de ella se derivan para resolver las demandas
sociales de la población, han significado una reducción real de la oferta de vivienda
para los sectores de menores recursos económicos y un crecimiento de la demanda cuyo
nivel de ingresos y de prestaciones sociales se han visto también disminuidos en
términos reales.
3. Durante los últimos años, en especial
al Distrito Federal se le ha reducido progresivamente la participación en los programas
federales de vivienda, debido a los criterios de política general que en la materia se
han impuesto. Es así que dentro de los recursos destinados para estos programas en el
Presupuesto de Egresos federal, no existe ninguna opción destinada a las familias del
Distrito Federal, que por su nivel de ingresos no cubren los requisitos de los créditos
del Fovi o no tienen acceso a los créditos del Infonavit o Fovissste, ya sea porque no
son derechohabientes o porque no tienen la calificación correspondiente para obtenerlos.
4. De 1993 a 1998, la construcción de
vivienda en arrendamiento en el Distrito Federal no sólo no se ha incrementado, sino que
ha mostrado un constante decaimiento; es decir, que la tendencia que presentaba en el
periodo inmediato anterior a la aprobación de las reformas, se ha mantenido y no muestra
indicios de modificarse. Esto se explica en parte por las condiciones económicas
generales y que han afectado particularmente a la industria de la construcción, pero
además deja en claro que las reformas mencionadas no han sido un estímulo para este
sector pues en realidad, como se planteó en las discusiones de ese momento, esta
reactivación tiene que ver en mayor medida con factores de orden económico y de
política habitacional.
5. En el ámbito jurisdiccional, se ha
observado que la aplicación de las reformas, para el caso de la vivienda, ha estado
sujeto no a lo que establece la ley, sino a la actuación arbitraria de algunos
propietarios y a la actuación irregular de jueces y abogados. En los casos en los que las
nuevas disposiciones se han aplicado, se demuestra que dichas disposiciones, como se
preveía, colocan al inquilino en una situación de indefensión frente al arrendador y
estimula la violación de otros derechos de los inquilinos por parte de los propios
arrendadores, jueces y abogados.
6. Aunado a lo anterior, resulta necesario
señalar también que en las viviendas en las que se sigue aplicando la normatividad de
1985, se ha mantenido la tendencia que se presentaba en los primeros años de esta
década, concentrándose los juicios en aquellos casos en los que los inquilinos son
familias de bajos ingresos, las construcciones se encuentran deterioradas y el fondo del
conflicto está relacionado con problemas de orden económico y social. Esto es, que las
familias que se encuentran en esta situación, no pueden acceder a otra vivienda ni
tampoco tienen las posibilidades de permanecer en la que habitan enfrentando aumentos de
renta y los costos del mejoramiento de la misma.
7. De 1992 a 1996 se realizaron 36 mil 468
juicios ordinarios civiles, 41 mil 452 controversias y 27 mil 302 desahucios, lo que
significa un promedio de 18 juicios de desalojo al día en la Ciudad de México.
Actualmente, de los juicios cuya sentencia ordena el desalojo de inmuebles, el 61% son
juicios por controversia de arrendamiento, aproximadamente el 6% son juicios civiles
ordinarios y el 5% son especiales de desahucio. Estas cifras muestran las dimensiones de
la problemática y dan una idea clara del efecto negativo que tendría la aplicación de
la normatividad aprobada en 1993.
8. Por otra parte, a la Asamblea
Legislativa como órgano de gobierno local, se le han otorgado nuevas atribuciones en
cuanto a las materias en las que puede ejercer su facultad legislativa, estando entre
ellas la civil y penal, que se añaden a su facultad en materias como vivienda y
desarrollo urbano, entre otras. Estas nuevas facultades podrá asumirlas la Asamblea, a
partir del 1o. de enero de 1999, lo que abre en el corto plazo la posibilidad de que el
Distrito Federal cuente con un marco jurídico propio que norme, con una visión integral
y adecuada a su realidad, desde la planeación, los programas y las políticas, hasta las
relaciones entre los agentes productores de la vivienda y los destinatarios, así como el
usufructo de la misma, en especial la de interés social y popular.
9. Como consecuencia también de la
aprobación de las reformas en 1993, se motivó la participación de organizaciones
sociales y civiles, investigadores, abogados y otros grupos interesados, en la
elaboración de propuestas alternativas para contar con una legislación inquilinaria
propia del Distrito Federal. Existe un cúmulo de experiencias y propuestas que
constituyen ya una base muy importante para legislar en la materia. Asimismo, las
iniciativas que en materia de vivienda habrá de dictaminar próximamente la Asamblea
Legislativa, son parte del nuevo marco normativo necesario para garantizar la protección
y la realización del derecho a la vivienda.
Por lo anterior y considerando que la
entrada en vigor de las reformas citadas en octubre de 1998, como lo establece el
artículo primero transitorio, resultaría inconveniente por el previsible agravamiento
del conflicto en las relaciones entre arrendadores y arrendatarios y las consecuencias que
ello tendría, a su vez, en el agudizamiento de la problemática de la vivienda en la
ciudad, las diputadas y diputados signantes, presentamos a la consideración del pleno, la
siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Que reforma, adiciona y deroga
disposiciones del decreto que reformó los artículos transitorios del diverso por el que
se reformaron el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la
República en Materia Federal; el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal y la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada en el Diario Oficial de
la Federación, el 23 de septiembre de 1993.
Unico. Se reforman, adicionan y derogan
disposiciones del decreto que reformó el diverso por el que se reformaron el Código
Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia
Federal, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y de la Ley Federal de
Protección al Consumidor, publicado el 23 de septiembre de 1993 en el Diario Oficial de
la Federación; para quedar como sigue:
Primero. Se deroga.
Segundo. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Tercero. Los juicios y procedimientos
judiciales y administrativos derivados de contratos de arrendamiento de inmuebles para
habitación y sus prórrogas, que no se encuentren en los supuestos establecidos en el
transitorio anterior, se regirán hasta su conclusión por las disposiciones del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, vigentes con anterioridad al 19 de octubre de 1993.
Cuarto. En los contratos de arrendamiento,
los propietarios de inmuebles están obligados a transcribir las disposiciones del
presente decreto.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 7 de abril de 1998.
Diputados: David Cervantes Peredo, Alejandro Ordorica S., Lenia Batres Guadarrama y Jesús
Martín del Campo.»
Túrnese a la Comisión de
Vivienda y a la Comisión del Distrito Federal.
CODIGO
CIVIL. CODIGO DE COMERCIO
Tiene la palabra el diputado Héctor
Flavio Valdez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para
presentar una iniciativa de reformas y adiciones al Código Civil y al Código de
Comercio, en materia de imprevisión.
| El diputado
Héctor Flavio Valdez García: |
Con su venia, señor
Presidente:
«Exposición de motivos para la iniciativa
de decreto por el que se reforma el Código Civil para el Distrito Federal en Materia
Común y para toda la República en Materia Federal y el Código de Comercio.
Ciudadano Presidente de la Cámara de
Diputados. Presente.
Con fundamento en el artículo 71 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de lo dispuesto
en los artículos 73 fracciones X y XXX, 104 fracción I y lo ordenado en el artículo 122
apartado A fracción I de la misma Constitución y los artículos 55 al 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo
el siguiente decreto con reformas al Código Civil para el Distrito Federal en Materia
Común y para toda la República en Materia Federal y al Código de Comercio:
Señor Presidente, con su venia; señoras y
señores diputados de la LVII Legislatura:
Es un hecho incontestable que las crisis
económicas que aquejan a nuestro país han provocado estragos en la seguridad del pueblo
mexicano.
Los esquemas macroeconómicos implementados
por el Gobierno Federal, no han respondido con eficacia a las necesidades de la
ciudadanía. Esto es un problema que se arrastra desde hace más de 20 años.
Se ha hecho frente a devaluaciones súbitas
de grave impacto social, político y financiero. También se ha luchado contra
inflaciones, que en muchas ocasiones rebasan las expectativas de los organismos públicos
del sector financiero de nuestro país y que laceran las economías de la inmensa mayoría
de las familias mexicanas.
En 1994, los indicadores parecían
favorables para las economías nacionales. Parecían favorables para la gente.
Empero, un fenómeno económico repentino e
inesperado por la generalidad, sacudió a la ciudadanía.
El aumento dramático en las tasas de
interés, por el llamado "error de diciembre", provocó el grave problema de las
"carteras vencidas". Los mexicanos, golpeados y desprotegidos se acogieron a
movimientos sociales. En más de una ocasión, diversos agentes saciaron apetitos de poder
con la manipulación perversa de la angustia de quienes debían más de lo que podían
pagar.
Las soluciones han sido pobres. La
respuesta de los actores económicos ha sido inconsistente.
A la luz de la experiencia, se vuelve
imperativa la regulación de una figura jurídica que permita atemperar los efectos
inmediatos de un eventual fenómeno económico, súbito y gravoso, como el de 1994. El
Rebus sic Stantibus (que significa: "mientras las cosas permanezcan igual"), es
un principio general de la contratación, que busca una mayor justicia y equidad para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de contratos de ejecución diferida.
El Rebus sic Stantibus o teoría de la
imprevisión, se constituye como un remedio preventivo para el desequilibrio del contrato
por la inflación monetaria.
La teoría de la imprevisión es un
principio del derecho de los contratos, que atribuye al deudor la facultad de demandar la
reducción equitativa de su obligación cuando ésta se vuelve excesivamente onerosa por
acontecimientos imprevisibles, generales y ajenos al riesgo propio del contrato.
La construcción doctrinal de nuestro
Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en
Materia Federal permite sustentar el criterio de la regulación positiva para la excesiva
onerosidad de las obligaciones originadas en los contratos de ejecución diferida. Algunos
de los artículos que conforman el reforzamiento son los siguientes: 19, 1796, 1857 y 2455
del mencionado ordenamiento.
El artículo 19 dispone que la
interpretación y la integración de las normas del Código Civil deberán hacerse
conforme a los principios generales del derecho, cuando falte disposición expresa. Es
decir, conforme a la justicia, la equidad, la reciprocidad y la buena fe. Sin duda, la
teoría de la imprevisión encuentra un sólido fundamento en los anteriores valores
éticos. Sobre todo, en lo referente a la "buena fe". Es cierto que
"cumplir con lo pactado es de buena fe". Sin embargo, no es de buena fe que el
acreedor obligue al deudor a quedar en la ruina.
Por otra parte, el artículo 1796 dispone
que los contratos, desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes "no sólo al
cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su
naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley". Sin duda, es necesaria la
"buena fe" en el cumplimiento de las obligaciones por parte del deudor. También
presupone "buena fe", en el ejercicio del derecho, por parte del acreedor.
Entonces, son válidas las mismas observaciones que se han hecho al artículo anterior.
Además, es importante advertir que el
artículo dispone que el cumplimiento de las obligaciones no está, de ninguna manera,
revestido de una rigidez insuperable. Más bien, es posible atemperar la severidad de
dicho cumplimiento, de acuerdo a las circunstancias que rodean la celebración y la
ejecución de las obligaciones originadas por el acto. Esta disposición pone en evidencia
la indeclinable voluntad del legislador de 1928, de buscar la equidad antepuesta a la
rigidez de la letra inmutable.
Es necesario recordar que la vocación del
jurista es la de servir a la justicia. Por eso, el jurista sirve al derecho, cuando éste
es un instrumento para la realización del bien común y la dignificación de la persona.
El jurista no sirve al derecho cuando éste se convierte en un antagonista de la justicia.
Cuando el legislador pone las condiciones o las conserva, para que una de las partes abuse
de su derecho, es un legislador inmoral y perverso. Cuando el legislador procura la
equidad, es un legislador bueno y justo.
El artículo 1857 ordena que los contratos
onerosos oscuros se interpreten de acuerdo a la mayor reciprocidad de intereses. Queda
claro que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición. La ley ordena
que un contrato debe interpretarse de acuerdo a la mayor reciprocidad de intereses, cuando
las obligaciones que dimanan de dicho contrato son inciertas. La Constitución de 1917 y
el orden jurídico mexicano siguen un rumbo siempre humanista. Nunca un camino draconiano.
Tampoco se trata de un derecho que autorice a nadie para sacar provecho ilícito de otro.
Mucho menos del débil o del que menos tiene. Prueba de esto, es el estricto control
constitucional que se ejerce para salvaguardar las garantías individuales. Otra prueba,
es la amplísima regulación que se ha buscado y logrado en lo referente a derecho social.
También se ha protegido la integridad familiar con peculiar esmero. Por eso es que
debemos buscar la justicia en todo el derecho y no sólo en disposiciones aisladas. Este
ideal debe imprimirse a la materia contractual, con la mayor claridad posible, para que
llegue a todos. Se trata de brindar el mayor bien a la mayor cantidad de personas. No
sólo a unos pocos.
Además es fundamental subrayar que el
artículo 2455 del mismo Código Civil contempla una disposición análoga a la teoría de
la imprevisión. Se regula dentro del contrato de arrendamiento de fincas rústicas.
Sin embargo, por la naturaleza del
artículo no es posible la aplicación por analogía a los demás contratos civiles.
Tampoco cabe la supletoriedad en materia de comercio. Por tanto, no es aplicable a
contratos como el mutuo mercantil con interés o cualquier otro de la misma naturaleza.
Por otro lado, la iniciativa que hoy
presento a este honorable pleno, toma de manera muy responsable lo que ha manifestado la
doctrina contractual en materia de imprevisión.
Los criterios jurídicos de mayor autoridad
dicen que el principio que dice que los "pactos son para cumplirse", llevado
hasta sus últimas consecuencias, garantiza la estabilidad y fijeza de las convenciones.
Es, según algunos, un presupuesto indispensable de seguridad jurídica, para el
desarrollo del comercio y de la actividad económica. Por tanto, la ley debe proteger el
derecho del acreedor a obtener la prestación debida. Empero, también es cierto que el
derecho que instaura en la sociedad un orden justo, no puede permanecer impasible ante la
ruina de una persona a quien no se le puede reprochar que no haya previsto lo
imprevisible.
El sentimiento natural de la justicia no
puede consentir con el empobrecimiento grave o la ruina definitiva del deudor, enfrentado
a hechos que de ninguna manera pudo prever cuando otorgó el compromiso.
Muchos millones de mexicanos deudores de la
banca han sido víctimas de estas injusticias intolerables.
La presente iniciativa busca que el deudor
cumpla en condiciones de equidad, es decir, en condiciones de buena fe. Es por esto que la
referida iniciativa propone la revisión y reducción de las obligaciones, cuando éstas
se hagan excesivamente gravosas.
Países como Argentina, Italia, Perú y
Portugal ya han incorporado el Rebus sic Stantibus a sus respectivos ordenamientos de
derecho privado, con éxito rotundo. Inclusive, antes de llevar este principio a la ley
Argentina, ya los tribunales de dicho país lo habían tomado en cuenta para dictar sus
resoluciones.
Otra motivación importante, que me impulsa
a buscar en la teoría de la imprevisión una solución preventiva y justa para evitar
eventuales problemas futuros de cartera vencida, es lo dispuesto en el artículo 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo dispone que todos los tratados
internacionales, celebrados por el Presidente de la República con la aprobación del
Senado, que estén de acuerdo con la Constitución, serán ley suprema de toda la Unión.
En este sentido, México celebró el 29 de
octubre de 1964 un tratado internacional, suscrito por el resto del los países
occidentales, en el cual se contempla la teoría de la imprevisión
Me refiero al "Tratado Internacional
de Viena sobre el Derecho de los Tratados".
Los códigos civiles de los estados de
Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz ya regulan la teoría de la
imprevisión. Esto sin duda es un avance sustancial, pero no es suficiente para crear
medios de prevención eficaces para futuros impactos económicos de envergadura mayor. Si
bien dichos códigos protegen la contratación en materia civil de sus respectivos fueros
locales, también es cierto que la institución del Rebus sic Stantibus debe encontrarse
regulada por un ordenamiento que rija la materia contractual de carácter mercantil.
Sólo de esta manera podría alcanzar,
dicha institución, a los contratos de mutuo mercantil con interés, de arrendamiento
financiero, de apertura de crédito en cuenta corriente, o cualesquiera otros, de la misma
naturaleza, celebrados con instituciones del sector financiero. Esta regulación podría y
debería encontrarse en el Código de Comercio y en el Código Civil en Materia Federal.
Por tanto, dicha figura, que se ha vuelto tan necesaria, debe adoptarse en las referidas
legislaciones cuanto antes.
No es posible que los mexicanos prescindan
de una protección viable y eficaz, ante el inminente riesgo de colapsos macroeconómicos.
Es por todo lo anterior que el estudio
profundo del derecho comparado y la aplicación del derecho internacional me permiten
arribar a la propuesta que presento ante esta honorable plenaria en materia de revisión y
reducción de las obligaciones.
Cabe decir que los tribunales nacionales
mexicanos tampoco han permanecido indiferentes a la injusticia de la excesiva onerosidad
sobrevenida. Me refiero a la sentencia en materia de alzada que dictó la segunda sala del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el 25 de septiembre de 1996, con toca
número 2303/96, a favor de Carlos Sigfrido Chaim Sánchez Pérez, contra Bancomer, S.A.
La resolución ordena la disminución en un 50% de la tasa de interés del apelante.
Dichos intereses se habían vuelto excesivamente onerosos, por los hechos económicos
gravosos, generales e imprevisibles de diciembre de 1994.
Los magistrados de la sala integraron la
teoría de la imprevisión gracias a lo dispuesto en el artículo 1796 del Código Civil
para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.
Sin embargo este acto de lucidez ética y jurídica por parte del Poder Judicial del
Distrito Federal no puede ser más frecuente, porque hasta hoy no existe una norma expresa
que faculte al juzgador para hacer justicia, en la multicitada materia contractual. Por
eso digo que es nuestra responsabilidad imprimir esa norma de equidad a nuestro derecho
positivo mexicano.
No existe ninguna razón para que sólo el
deudor asuma la excesiva onerosidad que presenta un fenómeno inflacionario súbito e
imprevisible. Lo justo es que la asuman las dos partes, porque el fenómeno es de todos
los mexicanos, no sólo de los desvalidos. Además, si es cierto, como lo es, que los
bancos están sujetos a los intereses del mercado, también es cierto que los eventuales
rescates, por parte del Gobierno Federal, tales como Fobaproa y Fiderca, que ya han sido
materia de mucha polémica, serían mucho menos costosos, ya que los deudores pagarían
dentro de sus posibilidades. Es decir, los deudores obtendrían una reducción equitativa
de sus prestaciones, y entonces, podrían cumplir.
Su cumplimiento no sería suficiente para
que el banco pudiera pagar los intereses del mercado a los ahorradores. Sin embargo, el
Gobierno Federal perdería mucho menos de 245 mil millones de pesos, de nuestros
impuestos, para rescatar a los dichos ahorradores.
Esta iniciativa, de aprobarse, beneficiará
en primer lugar a los deudores, es decir, a muchos mexicanos, hermanos compatriotas que
han sido víctimas de los errores de la macroeconomía, en detrimento de su dignidad
humana. En segundo lugar beneficiará a las instituciones financieras, porque les dará la
oportunidad a tener deudores que paguen puntualmente, no insolventes. Por último, será
de gran beneficio a las economías públicas, no sólo en favor de todos nosotros,
contribuyentes, sino en favor del bien común.
Primero: como ya he referido, a los
mexicanos nos permitirá cumplir con nuestras obligaciones. Esto lo digo, porque la
mayoría de los deudores que han dejado de pagar, después de 1994, lo han hecho porque
nadie puede cumplir con lo imposible y sus créditos se han vuelto imposibles de pagar.
Estoy convencido que en la aplastante mayoría de deudores morosos no hay dolo ni mala fe.
Simplemente no pagan porque no tienen dinero.
Segundo: a los bancos y otras instituciones
les permitirá tener suficiente liquidez, ya que no sucederá de nuevo lo que sucedió en
el año de 1994. Es decir, con las presentes disposiciones, que someto a su
consideración, señoras y señores diputados, los deudores pagarán lo que esté dentro
de sus posibilidades, aunque sea menos que los intereses del mercado. De esta forma, nunca
dejarán de pagar por completo. Alguien podría decir que los juicios se toman tiempo, y
que la propuesta que hoy hago del conocimiento de esta honorable plenaria presupone un
juicio. Por tanto, su aplicación práctica restará liquidez a la institución financiera
de que se trate. Es cierto que se prevé un procedimiento judicial, sin embargo, nada
impide que el banco o la institución, antes de llegar a juicio, reduzca o negocie, como
parte de la buena fe derivada de los contratos, el crédito con su deudor, en caso de
presentarse hechos generales e imprevisibles.
Tercero: beneficiará a las economías
públicas porque los dineros que pagamos los contribuyentes podrán destinarse a rubros de
mayor prioridad, tales como seguridad pública. Ya no será necesario gastar y perder
cantidades demenciales de dinero en los desplomes bancarios.
La iniciativa de imprevisión propone
adicionar el Título Séptimo "de la revisión y reducción", Capítulo Unico,
al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en
Materia Federal.
Dicho título se colocaría en el Libro
Cuarto "de las obligaciones", en la "primera parte: de las obligaciones en
general". Su ubicación sería inmediatamente posterior a los artículos referentes a
la nulidad de los contratos.
En cuanto al Código de Comercio, se
adicionarían los artículos 88-A, 88-B y 88-C., dentro del capítulo "de los
contratos mercantiles en general".
El artículo primero transitorio derogaría
el artículo 2626 del Código Civil Federal.
De tal suerte, la revisión y reducción
sería aplicable a los contratos civiles, regulados por las normas del Fuero Común para
el Distrito Federal y los contratos que se rigen bajo las reglas de la Materia Federal.
Además, las disposiciones de revisión y reducción podrían demandarse para los
contratos mercantiles, en lo que sean aplicables, de acuerdo con los artículos
respectivos.
Los requisitos que se establecen en el
artículo 2242-A se entienden limitativos, no alternativos. Es decir, si no se reúnen en
su totalidad será inaplicable la figura de revisión y reducción. Esto tiene el
propósito de evitar el abuso del derecho por parte de los deudores.
En caso de intentar la acción cuando sea
notoriamente improcedente, se condenará al actor al pago de gastos y costas por
temeridad. Esto es una protección al acreedor, en contra de deudores que pretendan una
reducción en sus obligaciones, cuando no exista un motivo legítimo que lo amerite.
Se establece que las normas de imprevisión
serán aplicables sólo a contratos de ejecución diferida. Esto quiere decir que se
excluyen los contratos de ejecución instantánea, ya que éstos, por su naturaleza, no
son susceptibles a volverse excesivamente onerosos por fenómenos económicos generales e
imprevisibles.
La afectación de la economía nacional
deberá ser de notoria gravedad. Se excluyen los ajustes económicos de menor importancia
En el artículo 2242-B se establecen parámetros para determinar cuando será posible
revisar y reducir las prestaciones contractuales. Esto es, que deben verse gravemente
afectadas, razonablemente, la mayoría de las relaciones contractuales de ejecución
diferida.
Además, en el artículo se establece sólo
"la reducción equitativa de las prestaciones, no la resolución del contrato, ya que
se espera que los deudores paguen en
condiciones justas, no que encuentren un
pretexto para dejar de cumplir.
Se excluyen las eventualidades personales
del deudor, como causales para demandar la revisión y reducción de los contratos. Esto
es, porque se pretende proteger a los contratantes de una desvalorización monetaria, no
de la muerte de familiares, de la superveniencia de hijos o de cualquier otra causa que no
sea un fenómeno general.
Son requisitos indispensables la excesiva
onerosidad sobrevenida y la notoria desproporción en las prestaciones.
Además, la excesiva onerosidad debe
conducir a la imposibilidad en el cumplimiento. Este es otro requisito indispensable.
El parámetro para determinar el monto de
la reducción será la onerosidad de las prestaciones, antes del cambio de circunstancias,
en el patrimonio del deudor. Para determinar esto, el juez podrá allegarse los medios de
conocimiento que considere necesarios.
Deberá tomar en cuenta los principios
generales del derecho, la buena fe, la justicia y la mayor reciprocidad de intereses. Esto
se establece porque los anteriores principios son parte medular de la doctrina del Rebus
sic Stantibus.
Se determina que la parte lesionada no
gozará de los derechos de revisión y reducción, si en algún momento de la ejecución
se constituyó en mora. Tampoco gozará del derecho si actuó con dolo o mala fe al
momento en que nació o que se hizo exigible su obligación.
Esta disposición se adiciona porque lleva
implícita la buena fe, también por parte del deudor.
Es decir, la ley establece una presunción
de "buena fe" del deudor a través del cumplimiento, ya que dicho cumplimiento
puntual y con carácter responsable es el único parámetro objetivo con el que pueden
contar el legislador y el juez.
En la materia mercantil se remite en todo a
lo dispuesto por el Código Civil Federal. Además, las normas de imprevisión sólo
podrán ser aplicables a créditos de carácter financiero. Esto es, a créditos bancarios
o cualesquiera otros de la misma naturaleza. Por ejemplo, de arrendamiento financiero
etcétera.
Se excluye su regulación para las demás
instituciones mercantiles porque, en primer lugar, el fin del comercio es el lucro. Por
otro lado, el comercio es una actividad que en sí misma presupone en riesgo: en tercer
lugar y en concordancia con la primera premisa, se pretende evitar la saturación excesiva
de los tribunales, en caso de ocurrir fenómenos inflacionarios repentinos.
En materia civil será procedente la vía
ordinaria civil o la que corresponda, de acuerdo con la naturaleza del contrato. En
materia mercantil, sera procedente la vía ordinaria mercantil.
Es por todo lo anterior, que considero una
necesidad apremiante la regulación positiva del Principio Rebus sic Stantibus en nuestro
Código Civil Federal y en nuestro Código de Comercio. Por tanto, propongo la siguiente
INICIATIVA DE REFORMAS
Propuesta con iniciativa de reformas al
Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en
Materia Federal y al Código de Comercio.
Propuesta de reformas al Código Civil
Libro Cuarto "de las
obligaciones", primera parte "de las obligaciones en general ". Se
adiciona: Título Séptimo "de la revisión y reducción", Capítulo Unico.
Artículo 2242-A. En los contratos de
ejecución diferida, si la prestación de alguna de las partes hubiera llegado a ser
excesivamente onerosa, por causa de acontecimientos extraordinarios, por los que se afecte
de manera grave la estabilidad económica del país, que sean imprevisibles por la
generalidad y por las partes al momento del perfeccionamiento del acto jurídico, de
surgimiento y consecución posteriores a la celebración del contrato, la parte afectada
podrá demandar la revisión y en su caso reducción equitativa de las prestaciones.
Artículo 2242-B. Las eventualidades
personales de una de las partes, en ningún caso serán causa de revisión y reducción de
las prestaciones. Sólo serán causa de revisión y reducción los acontecimientos
generales e imprevisibles que, conforme al artículo anterior, provoquen además de una
excesiva onerosidad, una exagerada y notoria desproporción en las prestaciones de una de
las partes, de tal manera que la modificación de dichas prestaciones haga imposible su
cumplimiento para la parte obligada, con el transcurso del tiempo de ejecución del
contrato.
Para que sea procedente la reducción,
deberán presentarse la onerosidad, la desproporción de las prestaciones y la
imposibilidad de su cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior,
razonablemente, en la mayoría de las relaciones jurídicas derivadas de contratos de la
misma naturaleza.
Artículo 2242-C. En caso de resultar
procedente, el juez deberá reducir las prestaciones de la parte afectada, de tal manera
que bajo las nuevas circunstancias, la onerosidad de dichas prestaciones sea proporcional
en el patrimonio de la referida parte, a la onerosidad que le impondrían las
circunstancias bajo las cuales se obligó, si éstas no se hubieran modificado por los
acontecimientos que se señalan en el artículo 2242-A.
Para tal efecto, el juez podrá allegarse
los medios de conocimiento necesarios, tales como el dictamen de peritos o cualesquiera
otros elementos, que le permitan cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Además, el juez deberá tomar en cuenta
los principios generales del derecho, la buena fe, la justicia, la mayor reciprocidad y la
equidad de intereses.
Artículo 2242-D. La parte lesionada no
gozará de los derechos de revisión y reducción de las prestaciones si en algún
momento, anterior a la presentación de la demanda, se constituyó en mora, aunque al
tiempo de ejercitar la acción se encuentre regularizada en el cumplimiento. Tampoco
gozará de tales derechos si actuó con mala fe o dolo al momento del nacimiento de la
obligación o de que ésta se hizo exigible.
Propuesta de reformas al Código de
Comercio
Libro Segundo "del comercio
terrestre", Título Primero "de los actos de comercio y de los contratos
mercantiles en general", Capítulo II "de los contratos mercantiles en
general", se adicionan los artículos: 88-A, 88-B, 88-C.
Artículo 88-A. En lo referente a la
revisión y reducción de las obligaciones originadas de operaciones crediticias de
carácter financiero, entre comerciantes o entre un comerciarte y un no comerciante, se
estará a lo dispuesto en el Código Civil Federal.
Artículo 88-B. Sólo en el caso de
obligaciones originadas de operaciones crediticias de carácter financiero, de conformidad
con el artículo anterior, será aplicable la revisión y reducción de las obligaciones
en materia mercantil, por lo que tales principios de revisión y reducción, no serán
aplicables a ningún otro tipo de institución regida por el presente código ni por otra
legislación mercantil.
Artículo 88-C. En lo relativo a la
revisión y reducción de las obligaciones derivadas de operaciones crediticias de
carácter financiero, de conformidad con el artículo 88-A, se estará a lo dispuesto para
el juicio ordinario mercantil.
Artículos transitorios para el decreto
Primero. Las presentes disposiciones
derogan toda disposición anterior en contrario.
Segundo. Las presentes disposiciones
entrarán en vigor a los 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Tercero. Estas disposiciones en ningún
caso serán de aplicación retroactiva.
México, D.F., 7 de abril de 1998.
Diputado: Flavio Valdez García.»
Les agradezco su atención y dejo en la
Secretaría el documento completo para su estudio y dictamen.
Muchas gracias.
Túrnese a la Comisión de
Comercio.
Se encuentra presente el señor Sen Yunua,
embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular de China en México,
a quien le damos la más cordial bienvenida a este salón de sesiones de la Cámara de
Diputados.
Comunico a esta Asamblea que a propuesta de
la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, se pasó para la próxima
sesión el punto de acuerdo sobre el personal de confianza.
Siga la Secretaría con el orden del día.
SANTA SEDE
| La secretaria
Adoración Martínez Torres: |
«Escudo Nacional. Poder Legislativo
Federal. Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y
dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano
Roberto Javier Blancarte Pimentel, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
Ecuestre de San Gregorio Magno, en su Clase Segunda, en grado de Comendador con Placa, que
le confiere el gobierno de la Santa Sede.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Roberto Javier Blancarte Pimentel, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden Ecuestre de San Gregorio Magno, en su Clase Segunda, en grado de Comendador con
Placa, que le confiere el gobierno de la Santa Sede.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 3 de abril de 1998.
Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz
Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta,
Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José
Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis
Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo
Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo
Núñez Jiménez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales
Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL
| El secretario
Vicente de la Cruz Santiago: |
«Escudo Nacional. Poder Legislativo
Federal. Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y
dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al coronel
de infantería Diplomado de Estado Mayor Rogelio Terán Contreras, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden de Río Branco, en grado de Comendador, que le confiere el
gobierno de la República Federativa del Brasil.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Rogelio Terán Contreras, para aceptar y
usar la condecoración de la Orden de Río Branco, en grado de Comendador, que le confiere
el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 1o. de abril de 1998.
Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz
Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta,
Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José
Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis
Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo
Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo
Núñez Jiménez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales
Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA
DE GUATEMALA
| La secretaria
María del Carmen Escobedo Pérez: |
«Escudo Nacional. Poder Legislativo
Federal. Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 26
de marzo del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta
proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Ferdusi Bastar Merito, para
desempeñar el cargo de cónsul honorario de Guatemala en Villahermosa, Tabasco.
En sesión efectuada por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 31 de marzo se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio
interesado prestará al gobierno de Guatemala, serán de carácter estrictamente consular
y
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Ferdusi Bastar Merito, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de
Guatemala en Villahermosa, Tabasco.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 1o. de abril de 1998.
Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz
Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Marcos Augusto Bucio Mujica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta,
Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José
Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis
Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo
Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo
Núñez Jiménez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales
Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Ferdusi Bastar Merito, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de
Guatemala en Villahermosa, Tabasco.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 1o. de abril de 1998.
Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz
Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta,
Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José
Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis
Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo
Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo
Núñez Jiménez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales
Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
| El secretario
Edgar Martín Ramírez Pech: |
«Escudo Nacional. Poder Legislativo
Federal. Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 26
de marzo del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta
proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Ana Verónica García Miranda,
para prestar servicios como asistente consular en el Consulado General de los Estados
Unidos de América en Tijuana, Baja California.
En sesión celebrada por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 31 de marzo, se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia
interesada prestará en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana,
Baja California, serán como asisten consular;
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la
ciudadana Ana Verónica García Miranda, para prestar servicios como asistente consular en
el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 1o. de abril de 1998.
Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz
Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta,
Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José
Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis
Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo
Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo
Núñez Jiménez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales
Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
| La secretaria
María Victoria Peñaloza Izazaga: |
«Escudo Nacional.Poder Legislativo
Federal. Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 26
de marzo del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta
proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Laura Elena Rendón Romero, para
prestar servicios como asistente consular en el Consulado General de los Estados Unidos de
América en Tijuana, Baja California.
En sesión efectuada por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 31 de marzo, se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia
interesada prestará en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana,
Baja California, serán como asistente consular y
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la
ciudadana Laura Elena Rendón Romero, para prestar servicios como asistente consular en el
Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 1o. de abril de
1998.Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A.
Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan
Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta,
Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José
Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis
Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo
Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo
Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo
Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
| La secretaria
María del Carmen Escobedo Pérez: |
«Escudo Nacional. Poder Legislativo
Federal. Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 26
de marzo del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta
proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana María del Socorro Gurrola Cuevas,
para prestar servicios como auxiliar-administrativa en el departamento de agricultura, en
el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
En sesión efectuada por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 31 de marzo, se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia
interesada prestará en el Consulado General de los Estados Unidos de América en
Guadalajara, Jalisco, serán como auxiliar administrativo y
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la
ciudadana María del Socorro Gurrola Cuevas, para prestar servicios como
auxiliar-administrativa en el departamento de agricultura, en el Consulado General de los
Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 3 de abril de 1998.
Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz
Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta,
Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José
Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis
Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo
Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo
Núñez Jiménez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales
Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
UNIDAD DE ESTUDIOS DE FINANZAS
PUBLICAS
| El secretario
Edgar Martín Ramírez Pech: |
«Escudo Nacional. Poder Legislativo
Federal. Cámara de Diputados.
Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política.
Honorable Asamblea: conforme a los trabajos
desarrollados durante el pasado periodo de sesiones ordinarias, particularmente con
relación a las tareas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
confiere a esta Cámara de Diputados, en materia de ingresos y egresos públicos, en la
sesión del 14 de diciembre de 1997 se encomendó a esta Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política, desarrollar el análisis y estudio del planteamiento relativo al
establecimiento de una oficina de finanzas públicas de la Cámara de Diputados, como un
servicio de orden técnico para auxiliar a las comisiones ordinarias de dictamen
legislativo, con competencia en las cuestiones de la hacienda pública que conciernen a la
Cámara, así como a los grupos parlamentarios y a los diputados que requieran de este
tipo de apoyos para el mejor desarrollo de sus funciones en ese ámbito de las
atribuciones estatales.
A partir de esta encomienda y con base en
lo previsto por el párrafo primero del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso
General, esta Comisión de Régimen Interno y Concertación Política estimó pertinente
que la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, fuese el ámbito de estudio
para la atención del mandato del pleno. En este sentido, la mencionada comisión
consideró tanto los elementos de información disponibles como las propuestas
desarrolladas por sus miembros para dar forma al propósito de establecer una unidad de
estudios de finanzas públicas de la Cámara de Diputados. Al efecto, cabe destacar tres
aspectos de análisis y valoración inicial que destacan a partir de la información que
se consultó sobre este asunto:
1. Del estudio del derecho comparado, con
base en el conocimiento y valoración de otras experiencias en asambleas, congresos o
parlamentos del mundo, se encontró que existen dos vertientes fundamentales para
fortalecer los servicios técnicos que requiere el desempeño de las facultades
legislativas en materia de finanzas públicas: el establecimiento de una unidad de estudio
específica a cargo de estos servicios; o la atención de los mismos por parte del área
encargada del conjunto de los servicios legislativos y técnicos, sin demérito de su
especialización.
Como ejemplo singular de la primera
vertiente figura la oficina del presupuesto del Congreso de los Estados Unidos de
América, creada en 1974 mediante ley, con el propósito de brindar a la Cámara de
Representantes y al Senado, así como a sus comisiones competentes, información y
análisis económicos necesarios para el desempeño de sus atribuciones con relación a la
formulación y aprobación del presupuesto. Al respecto, debe recordarse que esta oficina
aparece para dar un mayor respaldo técnico a la elaboración de los diferentes
instrumentos que contienen las disposiciones presupuestales para el siguiente año fiscal,
en un sistema constitucional donde el Ejecutivo no tiene derecho de iniciativa y por lo
cual sólo remite al Congreso una serie de documentos de orden económico y financiero que
permitan la formulación anual del presupuesto.
En el resto de las experiencias mundiales
que se consultaron, como son los casos del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, la República Francesa, la República Italiana, la República de la India, la
República Federativa del Brasil y el Reino de España, los servicios técnicos necesarios
para que los legisladores desempeñen, tanto en el trabajo de comisiones como en lo
indiviso, las funciones que en el orden jurídico les asignan en materia económica y de
finanzas públicas, se encuentran integrados a la estructura general de servicios a
disposición de los representantes populares, generalmente en las oficinas o departamentos
que recopilan información y realizan estudios para el conjunto de las materias que son
competencia de los respectivos órganos legislativos.
2. Esta LVII Legislatura se ha propuesto
revisar a fondo los ordenamientos que rigen la organización y el funcionamiento de la
Cámara de Diputados, con objeto de reformar su sistema administrativo y establecer con
claridad las reformas y procedimientos de vinculación entre órganos de la Cámara,
integrados por legisladores y los servicios con los que la misma cuenta para el desarrollo
de sus encomiendas constitucionales, conformados por funcionarios.
A la fecha ese tipo de servicios se
encuentran enunciados en forma genérica por algunas disposiciones de la Ley Orgánica del
Congreso. Así, en el artículo 22 se habla del cuerpo técnico profesional de apoyo que
debe asistir a la mesa directiva; el inciso m del artículo 29 se refiere la coordinación
que la Secretaría debe ejercer sobre las labores de la Oficialía Mayor y del cuerpo
técnico profesional de cargos de oficial mayor y de tesorero, como funcionarios cuya
designación propone la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política al pleno
de la Cámara. Es decir, que a la luz del artículo 70 constitucional, las cuestiones
fundamentales de la estructura administrativa de la Cámara se hallan previstas en la Ley
Orgánica del Congreso General.
Es preciso expresar que, sin demérito del
compromiso para el establecimiento de la unidad de estudios de finanzas públicas de la
Cámara de Diputados, la reflexión sobre la naturaleza y jerarquía del ordenamiento
donde se contenga, deberá ser objeto de renovada consideración en el planteamiento de
reformas a la Ley Orgánica del Congreso General, sobre la base del fortalecimiento de las
normas que rigen la vida interna de la Cámara de Diputados y de las funciones que en
materia de ingresos tiene el Senado de la República; desde luego, sin merma del respeto
que nos merecen las valoraciones y las consideraciones que sobre sus servicios
administrativos realice la propia Cámara de Senadores.
En los márgenes de lo apuntado,
particularmente desde la perspectiva de la creación de una oficina de servicios
técnicos, su fundamentación en los ordenamientos vigentes y su vinculación con los
órganos competentes, así como con otras oficinas administrativas de la Cámara,
estimamos que la unidad de estudios de finanzas públicas puede establecerse mediante la
adopción de un acuerdo del pleno que especifique sus relaciones de vinculación con las
comisiones ordinarias de dictamen legislativo, con competencia en el ámbito de las
finanzas públicas, así como los vínculos que tengan con el órgano de gobierno interior
de la Cámara y los servicios administrativos hoy existentes en la Cámara.
3. En todo sentido, conforme a lo dispuesto
por los artículos 41 y 124 de la Constitución General de la República, esta Cámara de
Diputados y sus órganos actúan con base en los principios de competencias delimitadas o
facultades expresamente señaladas en el orden jurídico federal, de acuerdo con las
jerarquías de las diferentes normas que lo conforman. En esa virtud, al considerar el
establecimiento de un nuevo servicio técnico en apoyo del desempeño de las atribuciones
de los legisladores, sea que actúen en comisiones o en forma individual dentro de una
sesión del pleno, es necesario valorar cabalmente la órbita de atribuciones que la
Cámara de Diputados tiene en el campo de las finanzas públicas, con objeto de que el
establecimiento de servicios técnicos especializados responda cabalmente a esas
competencias.
En términos de lo expuesto, pueden
distinguirse diversas atribuciones de la Cámara, algunas compartidas, para su ejercicio,
con el Senado de la República, en materia de finanzas públicas, como son las precisadas
en las fracciones VII, VIII, XI, XVII, XXIX del artículo 73; en la fracción IV del
artículo 75; en el artículo 127 y en el artículo 131 de la Constitución General de la
República. En ese orden de ideas, la unidad de estudios de finanzas públicas tendría
como objeto brindar los servicios de información y estudio relacionados con el ejercicio
de estas responsabilidades por parte del pleno de la Cámara, al apoyar las tareas de las
comisiones competentes en el conocimiento de las iniciativas correspondientes y el
cometido de dictaminarlas oportunamente para su presentación en la sesión respectiva.
En atención a lo expuesto, nos permitimos
plantear a esa soberanía los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero. Que la Cámara de Diputados
participa en el proceso legislativo para "imponer las contribuciones necesarias a
cubrir el presupuesto"; "dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda
celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos empréstitos y
para reconocer y mandar pagar la deuda nacional"; "establecer
contribuciones" sobre el comercio exterior, el aprovechamiento y explotación de los
recursos naturales comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27
constitucional, sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, sobre servicios
públicos concesionados o explotados directamente por la Federación y especiales sobre
energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos
derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación,
explotación forestal y producción y consumo de cerveza; "examinar, discutir y
aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las
contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo"; "señalar la
atribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley"; determinar
las remuneraciones de los cargos públicos anualmente en el Presupuesto de Egresos de la
Federación y facultar el Ejecutivo Federal para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas
de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para
crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las
exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente,
a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la
producción nacional o para realizar cualquier otro propósito en beneficio del
país".
Segundo. Que el Congreso de la Unión y,
por ende, la Cámara de Diputados, reciben los informes sobre la situación económica y
las finanzas públicas y sobre la situación de la deuda pública, al tiempo que conocen
tanto del texto del Plan Nacional de Desarrollo, como sus informes de ejecución anual, en
los cuales se incluyen diversas e importantes referencias a las finanzas públicas.
Tercero. Que las comisiones de Hacienda y
Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara
constituyen órganos de dictamen legislativo con funciones específicas para atender y
desahogar las iniciativas que se les turnen, así como negocios que se les encarguen de
acuerdo a las materias de su competencia. De entre esas propuestas, anualmente conocen,
conforme a la denominación de cada una de ellas, de la iniciativa de Ley de Ingresos de
la Federación y demás disposiciones relativas a contribuciones y deuda pública, así
como de la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Cuarto. Que dichas comisiones requieren de
elementos de información y estudio que les permitan desarrollar a cabalidad, tanto sus
atribuciones de dictamen, como de llamamiento de servidores públicos vinculados al
cumplimiento de esas funciones a la luz del artículo 93 constitucional y su desarrollo en
otras disposiciones y para el desahogo de citas en el pleno de secretarios del despacho
relacionados con esas materias.
Quinto. Que con fecha 14 de diciembre de
1997, a propuesta de los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios de esta
Cámara, se adoptó el acuerdo de recomendar a esta Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política "la creación de una oficina de finanzas públicas, como
dependencia no partidista e imparcial que tenga como función apoyar a las comisiones y
comités de esta Cámara, así como a los grupos parlamentarios y diputados, a fin de
facilitar los requerimientos de información económica sustantiva en beneficio de los
trabajos legislativos".
Sexto. Que a petición de la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política que suscribe, la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias realizó los estudios y análisis conducentes al propósito de
establecer la citada oficina de finanzas públicas y
Séptimo. Que esta Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política está facultada, con base en la fracción I del párrafo
segundo del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General, para "suscribir
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno de la Cámara" y por
tanto proponemos al pleno de esta soberanía la adopción del siguiente:
ACUERDO PARLAMENTARIO PARA LA CREACION DE
LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE FINANZAS PUBLICAS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Artículo 1o. Se crea la unidad de estudios
de finanzas públicas de la Cámara de Diputados como órgano de apoyo técnico, de
carácter institucional y no partidista, integrado por especialistas en el análisis,
organización y manejo de información relacionada con las finanzas públicas del país.
La unidad de estudios de finanzas públicas
formará parte de la estructura de servicios legislativos, técnicos y administrativos de
la Cámara y se encargará de preparar y proporcionar elementos para el desarrollo de las
tareas legislativas de las comisiones, grupos parlamentarios y diputados.
Artículo 2o. Las funciones de la unidad de
estudios de finanzas públicas serán las siguientes:
I. Analizar los informes sobre la
situación económica, las finanzas públicas y la deuda que presenta trimestralmente el
Poder Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados y presentar reporte a la misma sobre los
resultados de dicho análisis;
II. Analizar el informe anual sobre las
acciones y resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo en los aspectos
relacionados con las finanzas públicas, así como el contenido de éste al inicio del
periodo presidencial y dar cuenta a la Cámara de tales trabajos, a través de las
comisiones con competencia en estos aspectos;
III. Analizar las iniciativas de
presupuesto, Ley de Ingresos, leyes fiscales y los criterios de política económica que
presente el Ejecutivo a la Cámara, así como el informe sobre tarifas al comercio
exterior y, en general, sobre los aspectos comprendidos en el segundo párrafo del
artículo 131 constitucional, que presente el mismo Ejecutivo. La unidad recibirá las
iniciativas mencionadas por conducto de las comisiones correspondientes de la Cámara;
IV. Elaborar análisis, proyecciones y
cálculos que le sean requeridos por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta
Pública; la Comisión de Hacienda y Crédito Público y la Comisión de Vigilancia de la
Contaduría Mayor de Hacienda, sobre el tema de finanzas públicas;
V. Proporcionar a las comisiones de la
Cámara, a los grupos parlamentarios y a los diputados, la información que requieran,
para el ejercicio de sus funciones constitucionales en materia de finanzas públicas; esa
información se presentará previo su procesamiento adecuado;
VI. Recabar y organizar la información de
carácter económico, procedente de organismos públicos y privados, para hacer accesible
la misma a la Cámara y a sus diversas comisiones y grupos parlamentarios;
VII. Asesorar a las comisiones de la
Cámara de Diputados cuando éstas requieran información en materia económica de parte
de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, conforme a lo prescrito en la Ley
Orgánica del Congreso y el Reglamento para el Gobierno Interior, con el propósito de
mejorar la calidad y cantidad de los datos para el desempeño de las funciones de los
diputados;
VIII. Solicitar a la Contaduría Mayor de
Hacienda la información que estime necesaria, a través y con autorización expresa del
pleno de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara;
IX. Realizar estudios sobre los temas
directamente relacionados con las finanzas públicas, abarcando los que por su naturaleza
tengan relación con éstos, a petición de las comisiones de la Cámara o por iniciativa
propia; y
X. Llevar el archivo de las copias de los
informes sobre finanzas y deuda públicas que envíe el Ejecutivo a la Cámara, así como
de las copias de todos los documentos económicos que sean remitidos a ésta última y
proporcionar al sistema de documentación e informática de la Cámara el acceso a dicho
archivo, a través de los procedimientos técnicos adecuados; y
XI. Presentar a la consideración del
Comité de Administración de la Cámara los requerimientos presupuestales para el
desempeño de sus funciones.
Artículo 3o. Los requerimientos de las
comisiones, grupos parlamentarios y diputados serán atendidos por la unidad dentro de los
lineamientos del programa anual que al efecto sea aprobado por el órgano de gobierno
interior de la Cámara, después de conocer las necesidades generales de las comisiones de
la misma. Dicho programa deberá ser aprobado anualmente a más tardar en el mes de
febrero.
Artículo 4o. La unidad no podrá entregar,
por sí misma, información a entidades ajenas a la Cámara. Las opiniones públicas de
los integrantes de la unidad serán siempre a título estrictamente personal, pero
deberán guardar la reserva que el ejercicio de sus funciones les impone.
Artículo 5o. Los informes solicitados por
las comisiones de la Cámara a la unidad serán entregados siempre al presidente de la
comisión correspondiente.
Artículo 6o. Los análisis de los informes
trimestrales del Ejecutivo sobre finanzas públicas y deuda, así como los referentes al
Plan Nacional de Desarrollo, serán entregados al Presidente de la Cámara, a los
presidentes de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; de Hacienda
y Crédito Público; y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y a los
coordinadores de los grupos parlamentarios, simultáneamente. Estos análisis deberán
estar concluidos, a más tardar, un mes después de la fecha de entrega a la Cámara de
dichos informes.
Artículo 7o. En los análisis, informes,
proyecciones y toda clase de documentos que elabore la unidad no podrán hacerse
recomendaciones de política económica y social.
Artículo 8o. La unidad contará con un
director, quien será nombrado por la Cámara a propuesta del órgano de gobierno interior
de la misma, para un periodo de cinco años, permitiéndose una reelección para un
periodo igual. La reelección del director se llevará a cabo sin la realización del
concurso a que se refiere el artículo siguiente.
Artículo 9o. El nombramiento del director
se realizará a través de un concurso abierto, sobre las siguientes bases:
I. La convocatoria será pública;
II. Se nombrará un jurado por parte del
órgano de gobierno interior de la Cámara, el cual estará integrado por académicos y
profesionales de reconocido prestigio en la materia de finanzas públicas y, entre los
cuales, figurarán dos especialistas designados por el Colegio Nacional de Economistas y
por el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública,
respectivamente;
III. El jurado establecerá las
características del concurso, analizará las postulaciones recibidas y emitirá un
dictamen de una terna de aspirantes. En caso de que el jurado considere que no se reúnen
las condiciones de idoneidad de por lo menos tres de los postulados, el órgano de
gobierno interior convocará, dentro de los tres meses siguientes, a un nuevo concurso;
IV. El órgano de gobierno interior votará
sobre los integrantes de la terna para nombrar a uno de ellos; y
V. El órgano de gobierno interior de la
Cámara, presentará la proposición al pleno para su votación. Si la Cámara no aprobara
la propuesta, se repetirá todo el procedimiento.
Artículo 10. El director podrá ser
removido de su cargo, por causa fundada y motivada, después de escucharlo en defensa, por
el órgano de gobierno interior de la Cámara, siempre que concurran en el acuerdo las dos
terceras partes del voto ponderado con que se adoptan las decisiones en dicho órgano.
Artículo 11. Para ser designado director
de la unidad de estudios de finanzas públicas se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno
ejercicio de sus derechos;
II. Tener cuando menos, 30 años de edad
cumplidos el día de la designación;
III. Poseer título de licenciado en
economía o en administración pública, expedido por autoridad o institución legalmente
facultada para ello, o grado académico en alguna de estas mismas disciplinas o en
aquellas directamente vinculadas a las finanzas públicas;
IV. Tener experiencia profesional en
materia de finanzas públicas de por lo menos cinco años al día de la designación; y
V. Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito intencional.
Artículo 12. La unidad contará con el
número de investigadores y analistas que señale el presupuesto de la Cámara. El
nombramiento de este personal se realizará a través de concurso abierto de oposición,
mientras que la promoción de categoría se realizará mediante concurso cerrado de
méritos. El ingreso a la unidad podrá hacerse a cualquier categoría que se decida abrir
a concurso abierto. Las normas de los
concursos serán aprobadas por el órgano
de gobierno interior de la Cámara.
Artículo 13. La estructura orgánica y
funcional de la unidad será objeto de las normas que emita el órgano de gobierno
interior de la Cámara.
Artículo 14. La unidad contará con un
boletín de difusión en el que se publicarán análisis, informes, proyecciones y demás
documentos relevantes.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente acuerdo entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Dentro de los 15 días a partir de
la aprobación del presente acuerdo, la Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política procederá a convocar al concurso para nombrar al director de la unidad de
estudios de finanzas públicas.
Tercero. La unidad se instalará según las
disponibilidades presupuestales de 1998, de conformidad con el acuerdo que al respecto
tome la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Cámara de Diputados, Palacio Legislativo
de San Lázaro.Å México, Distrito Federal, a 2 de abril de 1998.ÅPor la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.Å Diputados: por el PRI, Fidel Herrera Beltrán,
presidente; por el PAN, Sergio César Alejandro Jáuregui Robles y por el PRI, Jorge
Canedo Vargas, secretarios; por el PAN: Juan Miguel Alcántara Soria, Alberto Cifuentes
Negrete, Santiago Creel Miranda, Sandra Lucía Segura Rangel; por el PRD: Bernardo Bátiz
Vázquez, Pablo Gómez Alvarez, Demetrio Sodi de la Tijera; por el PRI: Francisco Agustín
Arroyo Vieyra, Eduardo Guadalupe Bernal Martínez, Ignacio Mier Velasco, José Luis
Benjamín Lamadrid Sauza, Miguel Sadot Sánchez Carreño, Gil Rafael Oceguera Ramos,
Mauricio Alejandro Rossell Abitia; por el PT, Ricardo Cantú Garza; por el PVEM y Jorge
Emilio González Martínez.
Por la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política.Å Diputados: Carlos Medina Plascencia, por el PAN; Arturo Núñez
Jiménez, por el PRI; Porfirio Muñoz Ledo, por el PRD; Ricardo Cantú Garza, por el PT;
Jorge Emilio González Martínez, por el PVEM.»
Está a discusión el acuerdo
parlamentario... No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a
recoger o a convocar a votación económica.
| La secretario
Edgar Martín Ramírez Pech: |
Por instrucciones de la Presidencia,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
Publíquese en el Diario
Oficial de la Federación.
REPUBLICA
DOMINICANA
| La secretaria
Adoración Martínez Torres: |
«Escudo Nacional. Poder Legislativo
Federal. Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y
dictamen el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso
constitucional necesario para que el ciudadano Juan Rebolledo Gout, pueda aceptar y usar
la condecoración de la Orden de Cristóbal Colón, en grado de Gran Cruz Placa de Plata,
que le confiere el gobierno de la República Dominicana.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Juan Rebolledo Gout, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
Cristóbal Colón, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el gobierno de la
República Dominicana.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 1o. de abril de 1998.
Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz
Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta,
Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José
Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis
Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo
Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo
Núñez Jiménez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales
Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal
en conjunto.
REPUBLICA
DEL ECUADOR
| El
secretario Vicente de la Cruz Santiago: |
«Escudo Nacional. Poder Legislativo
Federal. Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y
dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se
solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Andrés Henestrosa,
pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de
Comendador, que le confiere el gobierno de la República del Ecuador.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Andrés Henestrosa, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional
al Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República del
Ecuador.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 1o. de abril de 1998.
Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz
Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta,
Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José
Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis
Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo
Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo
Núñez Jiménez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales
Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal
en conjunto.
REPUBLICAS DE ARGENTINA,DOMINICANA Y DE
NICARAGUA
| El
secretario Edgar Martín Ramírez Pech: |
«Escudo Nacional. Poder Legislativo
Federal. Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y
dictamen el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que
solicitan el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Liévano Sáenz Ortiz,
pueda aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados le confieren los
gobiernos de: Argentina, República de Nicaragua y República Dominicana.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Liévano Sáenz Ortiz, para aceptar y usar las siguientes condecoraciones:
De la Orden de Mayo, en grado de Gran
Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
De la Orden José de Marcoleta, en grado de
Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua y
De la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en
grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República Dominicana.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 2 de abril de 1998.
Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz
Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta,
Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José
Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis
Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo
Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo
Núñez Jiménez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales
Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la
votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Por los dos primeros dictámenes se
emitieron 359 votos en pro y cero en contra y por el tercer dictamen se emitieron 357
votos en pro y dos en contra.
Aprobados los proyectos de
decreto.
| El secretario
Edgar Martín Ramírez Pech: |
Pasan al Senado, para los efectos
constitucionales.
LECHE EN
POLVO
Tiene la palabra la diputada María
Antonia Durán López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para
presentar una denuncia sobre la autorización de importación de leche en polvo.
| La Diputada
María Antonia Durán López: |
Con su venia, señor Presidente:
Dice la sabiduría popular, que por cierto
nunca se equivoca, que obras son amores y no buenas razones y esta exigencia es todavía
mayor, cuando las obras son eminentemente de justicia.
Señoras y señores legisladores,
orgullosamente represento en esta Cámara, al pueblo del II distrito del Estado de
Jalisco, Los Altos de Jalisco, región de mujeres y hombres laboriosos que han luchado en
la actividad agropecuaria por muchos años y han logrado arrancarle a la tierra sus
frutos, a base de tenacidad y de dedicación.
Pedazo de nuestra nación que ha hecho de
esta actividad, tan noble y digna, su modo de vida y que constituye puntal del desarrollo
del país; por algo se dice que un país sin actividades primarias sanas, jamás podrá
consolidar su economía global.
En el Estado de Jalisco, compañeros
diputados, es a pesar de tener muchos factores en contra, el primer productor de leche de
la República. Contamos en el mismo con 82 mil 914 unidades de producción rurales, con
actividad de cría y explotación de ganado bovino, con una población de 3 millones 410
mil 624 cabezas de ganado, según los registros de la Sagar hasta diciembre de 1996.
El volumen de producción en miles de
litros de leche, según los registros de la misma dependencia...
Permítame, señora diputada. Esta
Presidencia hace una exhortación a los diputados y a las personas que se encuentran en el
pasillo central, para ubicarse en sus curules y prestar atención al orador en turno.
Continúe, señora diputada.
| La Diputada maría Antonia Durán LópezPresidente: |
Gracias, señor Presidente:
El volumen de producción en miles de
litros de leche, según los registros de la misma dependencia, la Sagar, ha sido de 1
millón 167 mil 596 litros de leche y, ¿por qué señaló que tiene factores en contra?
Porque hasta la fecha, la política agropecuaria que ha desarrollado el Gobierno Federal,
contrariamente a mejorar la rentabilidad de la producción del campo o de estimular su
capitalización provoca, como es el caso de los productores de leche, en unos frustración
y abandono de su actividad y en otros impotencia y rabia, cuando se dan cuenta de que
siguen siendo engañados por un gobierno que le da prioridad a la protección de los
intereses de la economía secundaria y terciaria.
El punto a tratar en esta tribuna, es la
falta de planeación y coordinación, así como la ausencia de una política de desarrollo
integral para el campo, demanda reiterada del PAN desde su origen. Asimismo, la falta de
control por parte de dependencias como la Secofi, que permite una importación
indiscriminada de productos lácteos y la Profeco, que permite la venta de éstos, sin
cumplir con las normas establecidas.
En los pequeños productores, el
inalcanzable precio de los insumos y el bajo precio de la leche, provoca la venta de los
animales, la mayoría de las veces al rastro. Esto conduce o a la extrema pobreza de las
familias o a su desintegración, al emigrar los varones en edad productiva. En otros casos
viene la desintegración de las explotaciones lecheras, por la notable disminución de
hatos y la ya famosa cartera vencida.
Para los lecheros jaliscienses, en especial
los alteños, 1998 ha comenzado como un año especialmente difícil, se presenta una de
las peores sequías y el ganado aumenta su consumo de forrajes y concentrados, mismos que
continuamente están elevando sus precios.
Los medicamentos veterinarios aumentan de
costo y la energía eléctrica y combustibles, que son vitales para la producción
agropecuaria, muestran también un aumento continuo.
Por la sequía muchos productores tienen
que pagar acarreo de agua para sus ganados, además de la necesidad de elevar el costo de
mano de obra por el aumento de salario.
Bajo estas condiciones, el único factor de
recuperación con el que cuentan los productores de leche es, obviamente, el precio de
venta de la misma a las lacteoindustrias.
Año con año, se repite que al inicio de
la primavera, la demanda de leche es fluida, baja por parte de las empresas que la
industrializan. El argumento es excedente que tienen a su vez por la baja en la venta del
producto.
Al suceder esto, los productores sufren por
tres condiciones: se les retiene el pago por largo tiempo, o bien, se les baja el precio
de compra con argumentos tan diversos como residuos de antibióticos, baja cantidad de
grasa, muestreo de reductasa o bien, de plano, se les suprime la compra del mismo
producto. Todo esto por los famosos "excedentes".
Si bien es cierto que este producto está
sujeto a la oferta y la demanda y que en nuestro país hubo una contracción del consumo
nacional ante la pérdida del poder adquisitivo de la población, el precio de la leche
está también sujeto a las importaciones que de productos lácteos realizan industriales
del ramo.
Históricamente la balanza comercial de
productos lácteos en México, ha sido deficitaria. La importación de leche en polvo
descremada, representa el 36% del total de las importaciones mundiales y hacen, de nuestro
país, el primer importador mundial, seguido de Japón, con el 15.4%.
México incluyó su sector lechero en las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; Canadá excluyó el suyo
por considerarlo estratégico. Ello abrió grandes expectativas para productores e
industriales ¡estadounidenses! mientras que para los mexicanos, las perspectivas son
sumamente difíciles.
Aunque a partir de 1995 los productos
lácteos registraron un descenso en sus importaciones superior al 30% en términos de
valor, comparando con 1990, a excepción de la leche fluida y la grasa butíricas, llama
la atención que para el lactosuero, aun cuando sus importaciones cayeron en términos de
valor en un 58.3%, entre 1990 y 1995, en términos de volumen, aumentaron en 1072%.
Ello refleja dos hechos simultáneos:
Primero. La gran demanda en el mercado
mexicano de este producto con fines de adulteración de la leche pasteurizada o para la
elevación de rendimientos en la elaboración de quesos y otros lácteos.
Segundo. El abaratamiento internacional de
parte de los exportadores, a fin de darle salida a sus excedentes.
Ambas situaciones siguen sucediendo y
causan un gran daño a los productores de leche y a los consumidores que creyendo adquirir
un producto, adquieren un sustituto, clásica operación de dumping en perjuicio de
México.
Por ello, en esta tribuna y en nombre de
los productores de leche, exhorto a la Secofi para que demuestre mayor énfasis y rigor en
las observaciones de las normas de calidad para la leche de importación y sus derivados.
Sabemos que las normas mexicanas en
cuestión de productos alimenticios, son de las más estrictas del mundo. El verdadero
problema estriba en su no aplicación.
De esta manera, la no observancia de las
normas de calidad por parte de productores e industriales y la complicidad de autoridades,
han dado lugar a la adulteración de productos terminados, principalmente quesos, leche
pasteurizada y yoghurt.
El uso de almidones, fécula de maíz,
crema vegetal, saborizantes artificiales, suero, láctosuero y el agua simple, es una
práctica común en muchas agroindustrias mexicanas.
Esto va directamente en perjuicio de los
productores de leche y beneficia no sólo a quienes las realizan en forma directa, sino a
los países que comercian con México, pues éstos exportan cuantiosos volúmenes de
subproductos, tales como el suero o lactosueros, con el pretexto de ser utilizados para la
elaboración de pinturas, pegamentos y complementos dietéticos para perros, gatos, pollos
y otro tipo de ganado y terminan siendo consumidos por los seres humanos.
Lo anterior se evitaría con la aplicación
estricta de las normas en beneficio de los consumidores directos y del sector lechero, que
tendría un precio real de su producto, permitiendo mejorar la rentabilidad de la
producción y estimularía la capitalización de las unidades productivas agropecuarias.
Todo es cuestión de voluntad, de ética de las dependencias responsables. De otra manera
los programas destinados al campo son inútiles.
Dentro de las acciones de impacto que
señala el Programa de Alianza para el Campo, se menciona que: se continuó asistiendo a
las exportaciones lecheras y a sus explotaciones, mediante apoyos para la construcción y
rehabilitación de infraestructura básica para la ordeña y el acopio, así como para el
equipamiento.
En este año, 1998, se apoyará a 15 mil
200 prductores en 5 mil 146 proyectos.
¿De qué sirve, compañeros en Jalisco,
por ejemplo, el Programa de Alianza para el Campo de la Sagar, destinando 72 millones de
pesos en 1996, si al disminuir las lactoindustrias el pago de leche, en 10 centavos por
litro a los productores del Estado, que aportan 97 millones 299 mil 667 litros diarios,
los hacen perder casi 10 millones de pesos sólo en un mes.
Señores diputados, esto creo que sólo en
México sucede. Se deben aplicar las normas, se debe evitar el contubernio o el
tortuguismo de las dependencias involucradas con el problema. De otra manera,
complementando el refrán con el que inicié mi intervención. Necesitamos que la
política adecuada a nuestras necesidades se demuestre en obra, porque en el campo,
señores, ya estamos cansados de buenas razones.
Es cuanto, señor Presidente
Para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 10 minutos, tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Angel Núñez Soto,
del Partido Revolucionario Institucional.
| El diputado Manuel Angel Núnez Soto: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
El tema que fue tocado por mi predecesora,
que hoy nos concierne, debe partir del hecho que la leche es un producto básico en la
dieta de los mexicanos, por lo que es de suma importancia, como ella lo señalaba,
asegurar su abasto.
Esta es la primera premisa que debemos de
atender fuera de cualquier enfoque partidista. La producción nacional de leche es hoy
todavía insuficiente para cubrir la demanda interna y los índices de consumo han ido en
constante aumento, razón por la cual es necesario complementar esta producción nacional
con la importación de leche en polvo. Este esfuerzo importante de resaltar, tiene como
propósito el garantizar la alimentación básica de la población y el suministro de
leche es un ejemplo claro de ello.
En los últimos cinco años, la producción
nacional de leche fluida ha cubierto en promedio el 80% del consumo nacional, por lo que
ha sido necesario realizar compras de leche en polvo en el mercado internacional,
principalmente para atender los requerimientos del programa de abasto social de Liconsa y
complementar el abasto de la industria de derivados lácteos.
Cabe recordar que el programa de abasto
social de Liconsa ofrece cobertura a más de 5 millones 400 mil niños pertenecientes a 2
millones 650 mil familias de escasos recursos.
En esta red de distribución Liconsa cuenta
con más de 11 mil puntos de venta integrados con 1 mil 494 establecimientos que expenden
leche fluida envasada y 9 mil 532 puntos de venta de leche en polvo.
Hay que subrayar y que no se nos olvide,
que estas importaciones se realizan fundamentalmente para garantizar el desarrollo del
programa de abasto de Liconsa, lo que significa que cumplen la importante misión de
garantizar el suministro de leche a la población de más bajos ingresos.
Otro punto de primer orden, es que la
política para garantizar el abasto complementario de leche en polvo importada, tiene como
norma fundamental, que las ventas de este producto se realicen sin afectar la producción
y comercialización de la leche fluida nacional, particularmente en los meses de alta
producción de mayo a septiembre. Esta política ha permitido el crecimiento anual
promedio de 2.8% en la producción de leche fluida durante los tres últimos años, lo que
conlleva al fortalecimiento de esta industria y a ser más competitivos en nuestro mercado
interno.
Compañeros diputados: en los últimos
cinco años, las importaciones de leche en polvo se han reducido en 11.2%, gracias a la
mayor producción nacional. El Programa Agropecuario y de Desarrollo Rural 1995-2000 de la
Sagar estima que para el año 2000 la producción nacional de leche fluida cubrirá el 89%
del consumo, por lo cual las importaciones de leche en polvo representarían solamente el
11% de los requerimientos del país.
En la negociación del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos, se estableció un arancel cupo de importación de leche en
polvo de 40 mil toneladas, con un crecimiento anual del 3%. El periodo de desgravación
negociado fue de 15 años y el arancel, después de este volumen, es de 140% para las
importaciones.
Para los demás productos lácteos el
periodo de desgravación fue de 10 años, con excepción de la grasa butírica, que se
desgravó desde el primer año de entrada en vigor del tratado.
Con la Organización Mundial de Comercio,
se estableció un arancel cupo de 120 mil toneladas de leche en polvo, 40 mil de las
mencionadas para Estados Unidos y 80 mil toneladas a la nación más favorecida.
En el caso que nos ocupa no se trata de la
importación de un producto que compite con la planta productiva nacional y la desplaza
del mercado doméstico. Estamos ante la necesaria y justificada adquisición de un
producto de primera necesidad para poder completar el suministro a la población que más
lo necesita.
En diciembre de 1996, en el seno de la
subcomisión de precios de la Alianza para el Crecimiento Económico, se concertó con
ganaderos y pasteurizadores un programa para apoyar la recuperación de la producción
nacional de leche. En dicha concertación se contempló la liberación del precio de la
leche a partir de enero de 1998, con el fin de brindar certidumbre y restituir la
rentabilidad en este importante sector.
En junio de 1997 se concertó con los
ganaderos lecheros y los industriales un programa para la modernización del sistema
comercial de la leche y derivados lácteos. Los aspectos relevantes de ese programa son la
definición de normas de denominación de leche y productos lácteos, la creación de
mecanismos de verificación y certificación de la calidad de leche y los productos
derivados lácteos, con base en las reformas a la Ley de Metrología y Normalización, el
establecimiento de alianzas estratégicas entre productores e industriales para fomentar
la producción nacional y sustituir eficientemente las importaciones.
Adicionalmente, la Profeco continúa
realizando verificaciones sobre el cumplimiento de la normatividad vigente y ha elaborado
estudios sobre la calidad de la leche y los productos lácteos, los cuales han sido
difundidos a través de sus distintos medios informativos como son la revista y el
periódico del consumidor.
Por otra parte, es importante destacar el
apoyo del Gobierno y los esfuerzos de la iniciativa privada para fomentar el crecimiento
de la industria láctea nacional. Recientemente, la Secofi y la Sagar firmaron un convenio
para estimular la producción nacional de leche y las exportaciones de productos lacteos.
En este convenio sólo la compañía Nestlé, por citar un ejemplo, llevará a cabo un
programa de inversiones durante los próximos tres años, por casi 55 millones de
dólares. Estas inversiones permitirán incrementar la captación de leche fluida de 550 a
730 millones de litros anuales, un incremento del 33%, y exportar 61.2 millones de
dólares anuales en productos lácteos a Centroamérica, Chile, Estados Unidos y Libia.
Por su impacto regional destacan las
inversiones por 6 millones de dólares que se realizan para ampliar su planta industrial
en el Estado de Chiapas, lo que permitirá incrementar la captación de leche en ese
Estado y en esa región de 67 a 104 millones de litros anuales y exportar 26 millones de
dólares de productos lácteos a Centroamérica y Brasil. Permitirá de igual forma
ampliar el número de productores de leche en esa zona de 2 mil 398 a 3 mil 65, a la vez
de incrementar su planta laboral de 106 a 165 empleos directos y generar alrededor de 1
mil 500 empleos indirectos.
Adicionalmente se brindarán apoyos
financieros a productores de la región, por casi 5 millones de dólares, para modernizar
las explotaciones ganaderas, tales como tanques enfriadores, ordeñadoras, campañas
sanitarias etcétera.
Estas situaciones de apoyo y fomento se
impulsan igualmente en otros estados de la República.
Compañeras y compañeros diputados: no nos
enfrasquemos en un estéril análisis sobre la importación de leche en polvo, que se
encuentra plenamente justificada. No cuestionemos con el solo objetivo de disentir,
hagámoslo cuando existan razones fundadas y argumentos sólidos que lo ameriten.
Reiteramos a nombre de mí partido, el
Revolucionario Institucional, que no puede ni debe usarse como bandera política el caso
de la importación de leche, ya que los productos de la alimentación básica mexicana
están por encima de los intereses políticos. En otras palabras, cuestionar este tema es
cuestionar y negarle el acceso de un producto básico para la alimentación de menores
ingresos a la población mexicana.
Por otra parte, deseo destacar que estamos
avanzando en el sentido correcto para un desarrollo creciente en la industria láctea
nacional, con la ampliación de nuevas inversiones y con el mejoramiento de la política
industrial y comercial. Redoblemos nuestros esfuerzos para incrementar la competitividad y
el crecimiento de este sector en beneficio del pueblo de México.
Muchas gracias.
| La diputada
María Antonia Durán López(desde su curul): |
Señor Presidente, pido la palabra.
Sí, diputada, ¿con qué objeto?
| La diputada
María Antonia Durán López(desde su curul): |
Para rectificación de hechos.
Para rectificación de hechos y hasta
por cinco minutos, tiene el uso de la palabra la diputada María Antonia Durán López.
| La diputada María Antonia Durán López: |
Con su venia, señor
Presidente.
Señor diputado, en ningún momento
mencioné esto como bandera partidista, usted habla de la importación de leche en polvo,
perfecto; que la leche en polvo que se importe sea de calidad, no hay problema.
En el sector agropecuario, en el sector
lechero, lo que afecta es la importación de sueros y lactosueros que están siendo
adquiridos por las lactoindustrias como si fueran leche y están adulterando el producto
al consumidor, eso siempre en detrimento de la industria lechera, de los productores y del
consumidor mismo.
Lo que nosotros alegamos en este caso es
que no sean los sueros y los lactosueros los que sustituyan a la leche en polvo de
calidad.
Usted presentó un magnífico informe de la
Secofi y de la Sagar. Vuelvo a lo mismo: "¡obras son amores y no buenas
razones!". Es maravilloso el discurso, muy buenos los informes, pero la realidad es
otra. ¡Vayan ustedes al campo mexicano y verán que tengo razón!
Por último, ¿por qué castigan a los
productores, pagándoles a 2.00, 2.10 hasta 2.20 pesos el precio de la leche, cuando en el
mercado, por ejemplo, está a 4.90 pesos, casi a 5.00 pesos y jamás, aunque haya
excedente, baja este precio al consumidor?
Es cuanto, señor Presidente.
Se turna a las comisiones de
Comercio y de Ganadería lo solicitado por la diputada María Antonia Durán López.
Esta Presidencia hace la exhortación a la
Oficialía Mayor para que proceda a entregar las cédulas de elección de mesa directiva a
los ciudadanos legisladores.
En tanto continuamos con el desarrollo de
la agenda política.
ESTADO
DE GUERRERO
Para hablar sobre el tema propuestas
para impulsar al turismo en Guerrero, tiene el uso de la palabra el señor diputado Salvio
Herrera Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.
| El diputado Salvio Herrera Lozano: |
Señor Presidente; señores
diputados:
En el marco del punto de acuerdo leído
ante esta legislatura la semana pasada sobre el turismo hacia el tercer milenio, surgen
inquietudes y propuestas para promover los destinos turísticos del país.
El Estado de Guerrero es una entidad con un
gran rezago histórico en materia económica, social y cultural. Por ello, la actividad
turística es una de sus principales fuentes de ingreso. Para darnos una idea de la
importancia del turismo para nuestro Estado, basta señalar que representa el 70% del
producto interno bruto.
En 1997 los tres destinos turísticos:
Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, captaron 6 millones 500 mil turistas, de los cuales
5 millones fueron nacionales y 1 millón 500 mil extranjeros, que generaron una derrama
económica de 2 mil 251 millones de dólares. Asimismo, alcanzaron una ocupación general
promedio del 52%.
En los últimos años se han intensificado
las campañas promocionales, tanto en ciudades del interior de la República como en el
extranjero, para captar un mayor número de vacacionistas. Las acciones del Gobierno
Federal, estatal y municipal en la materia, se han
ampliado para revertir campañas negativas
tanto del ámbito nacional e internacional.
No dejamos de reconocer que el Gobierno
Federal ha estado atento en esas inquietudes, también el interés del Ejecutivo estatal,
Angel Aguirre Rivero, que ha mantenido acercamiento constante con los turisteros,
atendiendo sus problemas y siendo un gestor ante las otras instancias de gobierno. Pero
necesitamos el apoyo efectivo de las empresas privadas que durante muchos años han
obtenido riqueza y ganancias en Acapulco y ahora, con su participación, poder reactivar
ese destino turístico. Que no sea la indolencia o ver solamente sus intereses
particulares signo distintivo para obtener ganancia fácil.
Es necesario que las acciones del Fonatur
lleguen en auxilio de los medianos y pequeños hoteleros de Acapulco y Zihuatanejo, que
necesitan financiamiento para remodelar y rehabilitar sus hospederías.
Traemos un punto de acuerdo firmado por las
fracciones parlamentarias de los partidos políticos PRI, PRD y PAN.
1. Exhortar al Fonatur atienda las demandas
de crédito de pequeños y medianos hoteles de Acapulco y Zihuatanejo, tendientes a
rehabilitar y reacondicionar sus hospederías.
2. Exhortar a las líneas aéreas
comerciales la revisión de sus programas de vuelo con destino a Acapulco y Zihuatanejo.
Es evidente la inexistencia de promociones por parte de esas líneas, así como las altas
tarifas que son inaccesibles para importantes sectores de la sociedad. El número de
vuelos se han visto seriamente reducidos en perjuicio de los centros turísticos
mencionados.
3. Se exhorte a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a revisar
de las tarifas de la Autopista del Sol que conduce al puerto de Acapulco. El costo de
cuotas de la Ciudad de México a Acapulco asciende a la cantidad de 646 pesos, además del
combustible.
4. Se exhorte a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes incremente la vigilancia en las autopistas que conducen a los
diversos destinos turísticos del Estado de Guerrero, como Ixtapa-Zihuatanejo, Acapulco y
Taxco, mejor conocido como el Triángulo del Sol.
5. Se exhorte a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes rehabilite la carretera federal Toluca-Ciudad
Altamirano-Zihuatanejo, así como Lázaro Cárdenas-Zihuatanejo y Acapulco.
Señores diputados: convoco a todos ustedes
y en especial a los legisladores guerrerenses, para que sin importar filiación política
y banderas ideológicas, nos unamos en esta justa petición que permita fortalecer y
fomentar el turismo en el Estado de Guerrero.
En el seno de la Comisión de Turismo de
esta Cámara de Diputados, se están dando los pasos necesarios para establecer las bases
jurídicas y legislativas del turismo del tercer milenio, con la participación y opinión
de los empresarios turísticos y sociedad en general. Los guerrerenses apoyamos esas
acciones, porque deseamos un Estado con mayor desarrollo y justicia social; que el turismo
siga siendo una importante palanca para el desarrollo integral de nuestro Estado, donde
todos tengamos la oportunidad de un mejor futuro.
Gracias.
Tiene el uso de la palabra para
hablar del mismo tema y hasta por 10 minutos, la diputada María de la Luz Núñez Ramos.
| La diputada
María de la Luz Núñez Ramos: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
En Guerrero los empresarios, los
trabajadores del turismo y la sociedad, cumplen con sus funciones y responsabilidades.
También la LVII Legislatura y la sociedad mexicana han acreditado una verdadera
conciencia solidaria con Guerrero y particularmente con Acapulco, la cual debe ser
correspondida por el gobierno del Estado, renunciando ya a la soberbia excluyente, tanto
para el renacimiento del turismo en toda la entidad, como para la construcción del nuevo
Acapulco.
Nos complace la adhesión del diputado
Salvio Herrera, quien suponemos expresa una posición colectiva de los diputados del PRI a
las tesis originales de la comisión, para construir un acuerdo nacional para el turismo
del tercer milenio. Ellas se originaron precisamente en Zihuatanejo; se desarrollaron en
ejemplar trabajo de construcción de consensos y entendimientos en la Comisión de Turismo
y son fruto de la conducta de legislar con la sociedad que estamos practicando.
Es vital corregir las deformaciones del
modelo turismo; enumero sus plagas:
1. La infraestructura es obsoleta; envejece
por la falta de reinversión, no se abren nuevos desarrollos. El Fonatur carece de tierra
patrimonial para el crecimiento sostenido, para actuar en Acapulco y abrir nuevos
desarrollos.
2. La ocupación anual apenas rebasa el 40%
y el promedio de estancia es de 3.3 días-turista. Los costos de operación por cuarto en
Guerrero son los más caros del país y probablemente del mundo.
3. El turismo internacional ha dejado de
preferir a nuestros destinos. Cancún, beneficiado por verdaderas promociones y por las
ventajas del IVA preferencial de 10% por sí mismo, percibe tantos visitantes extranjeros
como todos los demás destinos de playa mexicanos.
4. La situación del transporte público es
una verdadera calamidad. Las tarifas de las autopistas son sumamente elevadas y el estado
de las carreteras federales una amenaza.
5. El turista recibe trato de negocio de un
instante; es acosado, saqueado y esquilmado.
6. La oferta cultural recreativa es nula.
Los recursos de selva y de aventura, los coloniales, no se aprovechan y son depredados.
7. La promoción nacional e internacional
es muy mala, casi inexistente. En un día una noticia de violencia, de impunidad, un
desastre, son una infame contrapropaganda que contrarrestan sin piedad la escasa
promoción.
8. Los inversionistas no reciben atención
ni estímulos ni se les reconoce el importante papel social que desempeñan.
9. El Gobierno encarece la operación de
los fondos mixtos; no atiende la propuesta del depósito en cuentas diferenciadas que
permitan la aplicación instantánea del 15% por concepto de agua como tributo a los
fondos.
10. El divorcio entre turismo y desarrollo
con justicia, está vinculado a un proyecto depredador y excluyente, tanto como a la
desintegralidad de la cadena productiva de comercio y servicios.
Las diputadas y diputados del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, compartimos el punto de acuerdo
propuesto. Además, proponemos avanzar en nuevos consensos, podemos ejecutar unidos el
compromiso ya aprobado de participar en la ejecución y en la vigilancia de las
inversiones para Acapulco. Los 1 mil millones que en 1998 se destinarán a este fin son
federales en un 75%; de su adecuada asignación, de la honesta ejecución depende el
éxito de un fondo cuya asignación fue propuesta original nuestra.
No existe ninguna razón para que los
diputados del Partido de la Revolución Democrática en Acapulco sean excluidos como han
sido hasta ahora.
Compañeras y compañeros diputados: a
nivel federal estamos trabajando para un acuerdo nacional para el turismo del Tercer
Milenio. Para el renacimiento del turismo en Guerrero es urgente que nosotros construyamos
un acuerdo del sur para el turismo del Siglo XXI. Pongamos manos a la obra, Guerrero
recibirá un mensaje de aliento con la unidad de propósitos de sus diputadas y diputados
federales.
Muchas gracias.
Para hablar del mismo tema, tiene el
uso de la palabra la diputada María Gloria Ocampo Aranda, hasta por 10 minutos, del
Partido Acción Nacional.
| La diputada María Gloria Bernardita Ocampo Aranda: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeros diputados:
El turismo es uno de los sectores más
importantes en la actividad económica de México, generando divisas y fuentes de empleos
tan necesarios en la actualidad. Sin embargo, se reconoce la insuficiencia de la que este
sector adolece para generar los beneficios económicos y sociales que el potencial
nacional debería producir.
Este sector tiene una tasa de crecimiento a
nivel nacional del 2.85%, en el periodo comprendido entre 1988 y 1993, considerando al
comercio, restaurantes y hoteles.
En el Estado de Guerrero esta tasa es de
3.56%, sin embargo, si consideramos la participación de la industria turística del
Estado con respecto a la propia nacional, apreciamos que solamente participa con un 7.9%,
lo cual nos indica que esta industria requiere de mayor impulso en dicha entidad.
Es preocupante que Guerrero, siendo
tradicionalmente una de las regiones más populares en la atracción de turistas, tanto
nacionales como extranjeros, tenga tan poca participación a nivel nacional. Preocupa
también por qué el mayor peso relativo de la actividad económica del Estado recae en el
turismo con sólo un 24%; por ello es indispensable crear las condiciones necesarias para
que esta actividad tenga un mayor peso y coadyuve a recuperar el deteriorado desarrollo
económico de mi Estado.
Para tomar las medidas pertinentes, se
requiere en primera instancia conocer la infraestructura hotelera de Guerrero, para esto,
daré estas cifras.
En 1996 se contaba con 266 hoteles, de los
cuales un 73% son de tres estrellas o menos y sólo un 11% son de cinco estrellas. De
estos hoteles, más del 70% se encuentran en Acapulco y únicamente un 11% se encuentra en
Taxco.
Como consecuencia de lo anterior, los
visitantes a los principales centros turísticos de Guerrero, se distribuyen de la
siguiente forma: el 72% en Acapulco el 17.3% en Ixtapa Zihuatanejo y el 10.3% en Taxco.
Es fundamental contar con una estrategia de
promoción de los distintos centros turísticos existentes en la entidad.
Guerrero no sólo es un destino playero. Es
necesario diversificar los destinos turísticos existentes en dicha entidad.
Se debe dar un impulso a lugares como
Taxco, productor de plata, donde nuestro diputado local panista, Ezequiel Tapia Bahena, ha
obtenido varios galardones a nivel nacional e internacional como un excelente orfebre;
Iguala, con su mercado de oro; Buena Vista de Cuéllar, con su talabartería; Xalitla, con
su artesanía de barro; Costa Chica, con lugares turísticos como Las Peñitas; Costa
Grande, con Barra de Potosí, así como los parajes de turismo ecológico, preferidos de
los exploradores y espeleólogos.
Se requiere, pues, mayor inversión
federal, a mejorar la infraestructura hotelera y restaurantera y a promover en distintos
medios de comunicación de toda la variedad cultural y recreativa existente en la entidad.
Es necesario incentivar el turismo por
distintas vías, tales como: disminuciones en costo de transportación, aérea y
terrestre, para llegar a puntos como Acapulco o Ixtapa-Zihuatanejo; se requiere
proporcionar incentivos fiscales, tales como reducción del IVA en servicios relacionados
al turismo.
Nuestro partido, el Partido Acción
Nacional, ha propuesto para impulsar el desarrollo turístico en localidades como
Acapulco, lo siguiente: proporcionar el marco jurídico y legislativo dentro del cabildo
para que la reglamentación sea adecuada y no se implante la corrupción; también
instaurar un seguro del sol, para garantizar la afluencia durante la temporada baja;
difundir nacionalmente el Programa de Descuentos Comerciales y de Servicios que de común
acuerdo establezca esta industria para el viajero que utiliza la supercarretera;
proporcionar de forma eficiente y racional el puerto como destino turístico de primer
orden, a través del fondo mixto, sobre todo con nuestro mercado extranjero tradicional, a
fin de recuperarlo y en su caso lograr un incremento sustancial; promover ante
inversionistas nacionales o extranjeros el proyecto de un tren bala de la Ciudad de
México a este puerto; implementar un programa permanente de difusión y promoción
turística, para obtener resultados a corto, mediano y largo plazos, tomando siempre en
cuenta la opinión de un grupo o consejo representativo del sector turístico local, a
efecto de que las actividades tengan el consenso y el respaldo general.
Se buscarán también convenios con las
cadenas de la radio y la televisión comerciales para lograr la más amplia cobertura
nacional; la terminal marítima y el aeropuerto, en coordinación las instancias
federales, de aquellas comodidades y servicios necesarios para un turismo de un gran
nivel; se implementará en todos los servidores de esta industria, campañas de
moralización para erradicar los casos de corrupción.
Para finalizar, debemos denunciar una de
las lacras que se presentan como un obstáculo casi insalvable para el crecimiento y
promoción de turismo y eso no sólo es en el Estado de Guerrero, sino en todo el país,
me refiero a la inseguridad que prevalece.
Cada día nos enteramos de los actos
delictivos cometidos en perjuicio, tanto a los turistas nacionales como extranjeros, así
como de los prestadores de servicios, como son los transportistas en la serranía
guerrerense. Dicho problema ha rebasado con mucho la capacidad del Estado, por lo que es
menester que la Federación atienda en forma subsidiaria, los requerimientos necesarios
para detonar el turismo.
No es posible que la hospitalidad del
pueblo guerrerense y la belleza de sus parajes naturales, se vean afectadas para siempre,
por el ingente problema de la delincuencia.
Por último les diré, que también debemos
señalar la necesidad de incrementar las medidas de salvaguarda ecológica, para dar
confianza a los visitantes de nuestro Estado y hacer posible la satisfacción de sus
deseos al visitarnos. El máximo disfrute de los dones de la naturalesa, pero sobre todo
de una experiencia que debe ser grata en el recuerdo de todos ellos y la satisfacción
plena de los guerrerenses por haber cumplido en esta meta.
Muchas gracias, por su atención.
Túrnese
la solicitud del diputado Salvio Herrera Lozano, a la Comisión de Turismo.
Esta Presidencia exhorta a los señores
coordinadores de las fracciones parlamentarias, para que inviten a los diputados a
presentarse en el pleno Legislativo, a efecto de llevar a cabo la elección de la mesa
posterior al siguiente punto de la agenda política.
ESTADO
DE MICHOACAN
Para hablar sobre la situación del
lago de Cuitzeo, en Michoacán, tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos, la
diputada Julieta Gallardo Mora.
| La diputada Julieta Ortencia Gallardo Mora: |
Con su permiso, señor
Presidente; señoras y señores diputados:
Los recursos naturales de cualquier país,
representan uno de los elementos indispensables para el desarrollo de sus economías y,
por tanto, del bienestar de la población, sin embargo, pocos se interesan por llevar una
planeación económica y política, que incluya en sus objetivos el de preservar el medio
que se les provee de los insumos primarios para el sustento de las diversas actividades
humanas.
El modelo de modernización que guía
actualmente el avance de la economía de nuestro país y el sistema capitalista, que
excluye generalmente dentro de su esquema el cuidado del medio ambiente, han desembocado
en el deterioro progresivo y en muchos casos irreversibles de los recursos naturales con
los que cuenta nuestra nación: los bosques, las tierras fértiles, la flora, la fauna, el
petróleo, los recursos minerales y los recursos hidrológicos, presentan importantes
daños, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, lo que pone en riesgo la
supervivencia de las generaciones actuales y futuras.
El manejo racional y la preservación de
los recursos, es una necesidad que no puede ignorarse, principalmente en situaciones que
comprometen la permanencia de los diversos ecosistemas naturales, en el que se encuentra
incluida, entre otras, la especie humana.
Si se considera el agua como elemento
natural, indispensable y fundamental, para mantener todo tipo de vida, sea humana o de
otra clase, así como factor decisivo para el desarrollo de las actividades económicas y
turísticas de cualquier sociedad, se vuelve entonces un recurso apreciado, que podría
incluso llegar a provocar conflictos nacionales e internacionales.
Por la importancia que representa contar
con este vital líquido, así la preservación de los recursos hidrológicos se vuelve un
asunto de interés primordial de cualquier nación que pretenda mantener constante el
camino del desarrollo.
Un ejemplo de este tipo de problemas
ambientales que parece México y que han tenido un impacto ambiental importante, es el
deterioro del lago de Cuitzeo, el cual pertenece al Estado de Michoacán.
El deterioro en el que se encuentra inmerso
el lago de Cuitzeo, representa por lo tanto un problema ambiental digno de tomarse en
cuenta, por lo que podría representar la pérdida de este recurso natural.
Gran parte del territorio de la entidad
federativa en el que se encuentra el lago de Cuitzeo, se ubica dentro de dos de las
primeras cuencas con las que cuenta nuestro país, en términos del aprovechamiento del
agua que son: la del Lerma y la cuenca del Balsas-Tepalcatepec.
El Estado de Michoacán, a pesar de que se
ubica en una vertiente de poca humedad, se encuentra estratégicamente localizado en la
porción geográfica que presenta mayor cantidad de recursos hidrológicos.
Las condiciones de humedad del territorio
michoacano, son de lo más variado, existiendo zonas que cuentan con una importante
cantidad de humedad y, otras, con una escasez preocupante.
Por ejemplo, hacia la región norte en la
que predominan climas semicálidos con lluvias moderadas en el verano, los suelos
profundos permanecen húmedos entre siete y ocho meses, lo que favorece realizar un ciclo
de cultivo de temporal al año. Por el contrario, las regiones de Tierra Caliente son las
que en el Estado presentan condiciones de mayor déficit de agua, dado que las lluvias son
escasas y restringidas claramente.
Todo ello determina que en estas regiones,
la agricultura de temporal presente ciertos riesgos y que sea la agricultura de riego la
que se haya extendido.
Sin embargo, el lago de Cuitzeo se ubica en
una zona de transición climática, de un clima subhúmedo y un clima estepario o
semiárido.
Ello se traduce en una zona de déficit de
irrigación y por lo tanto, de poca humedad.
Cabe mencionar que en esta entidad
federativa, faltan sólo dos tipo de clima de los que caracterizan el territorio nacional.
Los climas típicamente secos o desérticos y los muy fríos que únicamente los podremos
encontrar en las cumbres más elevadas de los grandes volcanes.
Dicha situación obliga a realizar acciones
permanentes para incrementar y mantener la humedad de esta región, ya que la zona de
transición climática o proceso de desertificación, presenta el riesgo de que se
extienda hacia el norte o hacia el sur por los efectos del cambio climático global.
El nivel promedio del lago, cuando se
encuentra en su máxima capacidad, se registra a una altura de 1 mil 880.5 metros sobre el
nivel del mar, aunque en años anteriores el lago registró elevaciones hasta de 1 mil 822
metros, es de cir, que presentaba profundidades hasta de dos metros sobre la cota promedio
de altitud.
El lago ha sufrido profundas
modificaciones, por lo que su extensión superficial es variable. Sin embargo, se estima
que su superficie es de 420 kilómetros cuadrados, lo cual lo ubica en el segundo lago
natural más grande de México, siendo el primero el Lago de Chapala.
En el interior del lago, se distribuyen 11
islas, las cuales son de origen volcánico. La importancia que le imprime esta
característica, se manifiesta en la presencia de cuerpos de aguas termales, a lo largo de
la ribera del lago de Cuitzeo y que representa un importante recursos natural, turístico
y por lo tanto, económico en la región.
A los problemas que enfrenta el lago,
podemos agregar el que se encuentra fuertemente eutrofizado y por el continuo aporte de
fosfatos y nitratos provenientes de los detergentes, desechos industriales y urbanos, que
son depositados en el lago y que impiden la recuperación del ciclo biológico de sus
aguas.
Por lo anterior el lago de Cuitzeo, se
incluye dentro de los elementos de mayor importancia para Michoacán y su desarrollo, que
repercute directamente en el bienestar de la población, por lo que su prevención se
vuelve un asunto público que requiere pronta solución, además de que a nivel nacional
también representa una de las mayores riquezas.
Por lo anteriormente expuesto y en
términos del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los
Estados Unidos Mexicanos, pido a la Presidencia se turne este asunto a las comisiones de
Ecología y Medio Ambiente, Asuntos Hidráulicos, Agricultura y Turismo, para que en el
marco de los compromisos que aquí ya se han señalado para el sistema Lerma-Chapala, del
que forma parte el zona de lago de Cuitzeo, se proceda a su investigación y análisis.
Dejo estos documentos y un video, en el que
pueden constatar el gran deterioro y la gran problemática social que viven los ribereños
al lago de Cuitzeo.
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 10 minutos, del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra la diputada
Margarita Chávez Murguía.
| La diputada Margarita del Sagrado Corazónde Jesús Chávez
Murguía: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
El tema que hoy nos trae a esta tribuna a
los diputados michoacanos, representa un problema ya viejo en nuestro Estado. Pero como
muchas otros, no ha sido atendido en forma oportuna y decidida, llegando ahora a extremos
que requieren actuación inmediata.
Es una lástima que en nuestro país
continuemos atendiendo lo urgente y no lo importante y todo por permitir que se convierta
en problema, cuando deberían ser oportunidades para aprovechar en beneficio de las
regiones y de las comunidades.
Pues bien, el lago de Cuitzeo es ahora un
problema al cual ya se ha tratado de darle solución desde el Congreso local, para lo cual
en abril de 1996 se realizó un foro en el que participaron autoridades municipales,
investigadores, organizaciones de pescadores y ciudadanos en general. Foro del cual se
publicó posteriormente una memoria que le fue entregada al gobernador del Estado y en el
cual se recogieron 60 ponencias respecto al problema, pero no pasó nada.
En 1997, e! gobierno del Estado convocó
para la creación del consejo consultivo de la cuenca del lago de Cuitzeo, el cual reúne
a autoridades municipales, instituciones educativas, instituciones relacionadas con la
materia y sectores público y privado. Sin embargo, a la fecha no han tenido un resultado
concreto o un proyecto al respecto.
El problema específico es que el vaso
poniente del lago no tiene ya agua y el vaso oriente es cada vez menor, ocasionando
tolvaneras y, por supuesto, afectación a la salud de los habitantes de la región, así
como la disminución en los volúmenes de pesca, teniendo entre sus causas principales
altos índices de desforestación en las partes altas del lago, descargas residuales
contaminadas de la ciudad de Morelia, Querétaro, Santa Ana Maya, Alvaro Obregón,
Cuitzeo, Huandacareo y Chucándiro, acumulación en el vaso del lago de desechos sólidos
arrastrados por las corrientes y que disminuyen la profundidad del mismo,
sobreexplotación de los recursos pesqueros, reducción de la precipitación pluvial y
disminución de la cantidad de agua que llega por la retención que se realiza para otros
usos.
Propuestas de solución existen pues se
cuenta con una amplia investigación científica, técnica y práctica que puede orientar
los trabajos para revertir los efectos del deterioro ambiental. Sin embargo, es preciso
participen los afectados directos, involucrarlos en las acciones que desde el gobierno se
deben de emprender en la zona atendiendo integralmente la problemática.
La respuesta al gobierno estatal se dio
cuando el pasado 4 de abril los medios de comunicación informaron la puesta en marcha del
plan de empleo temporal para los pescadores por parte del Ejecutivo, con el cual se
generarán 750 empleos, que trabajarán en el control de malezas y rehabilitación de
caminos vecinales.
También anunció el gobernador que en
breve se sembrarán 30 mil crías para el incremento y mejoramiento genético de la
población de peces. Todo eso está muy bien, pero no atiende el problema de fondo y no
con ello se va a resolver el problema de Cuitzeo.
Por ello, y siendo un problema federal, los
diputados michoacanos del Partido Acción Nacional pedimos enérgicamente la atención y
la acción inmediata de las dependencias federales correspondientes para que se pongan en
coordinación con el gobierno del Estado y así se impulse un proyecto integral de largo
plazo, en donde ya se implementen acciones concretas encaminadas, entre otras cosas, a la
reforestación de la zona, la reconstrucción de los bordos que permitan recuperar lo
recuperable, la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales, la intervención
inmediata de la Secretaría de Salud para proteger y atender a la población afectada y la
implementación de un programa de trabajo en el que participen todos los municipios
involucrados, sea porque son afectados y/o porque afectan al lago.
Michoacán es un Estado privilegiado,
tenemos todo para ser el primero en muchos sentidos y, sobre todo, para que los
michoacanos disfrutemos de una vida más digna. No es justo que por omisiones de los
responsables de aprovechar nuestros recursos para generar oportunidades para todos,
permitamos su destrucción y, con ello, la de nuestras oportunidades.
Asimismo, le hago un llamado a todos los
diputados michoacanos representados en esta Cámara, de todas las fracciones, para que
conformemos entre nosotros una comisión y vayamos juntos a ver al gobernador del Estado,
a las dependencias que se requiere su intervención y entonces sí veamos que se
implemente un proyecto y se manden los recursos necesarios para dar solución al problema
de Cuitzeo.
Es cuanto, señor.
Para hablar del mismo tema y hasta
por 10 minutos, del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra el
diputado Daniel Díaz Díaz.
| El diputado Daniel Díaz Díaz: |
Con su venia, señor Presidente;
señoras diputadas y señores diputados:
Vivimos en Michoacán, una vez más, un
fenómeno que se da con cierta periodicidad, que afecta de manera muy negativa la vida en
el lago de Cuitzeo y la vida en las comunidades ribereñas. Un fenómeno que cada ocho o
10 años hace casi crisis y un fenómeno que, como aquí se ha mencionado, no hemos podido
atender adecuadamente.
Se ha mencionado también la necesidad de
que uniendo fuerzas las instancias federales, el gobierno del Estado, las autoridades
municipales y todos los integrantes de la sociedad michoacana que vive en la zona del lago
de Cuitzeo podamos definir soluciones y llevarlas a cabo que no sólo atiendan lo urgente,
lo inmediato, sino lo trascendente, lo de medio y largo plazo.
Creo que en ese sentido puedo informar que
estamos avanzando. Recientemente, un grupo de diputados michoacanos de mi fracción
parlamentaria, la del Partido Revolucionario Institucional, nos entrevistamos con el
Secretario de Desarrollo Social y con el gobernador del Estado, para afinar un mecanismo
que permita, en una planeación de medio y largo plazos, definir la solución de fondo,
las soluciones que pudiéramos llamar definitivas en relación con la problemática del
lago de Cuitzeo.
Como se ha dicho aquí, el lago de Cuitzeo
tiene características muy especiales, características en el sentido de su tamaño, el
segundo cuerpo de agua interna del país; características en el sentido de su muy poca
profundidad: dos metros en donde tiene más agua, lo que representa un fenómeno de
evaporación permanente.
Problemas también en cuanto a que las
corrientes que alimentan el lago de Cuitzeo están contaminadas, fundamentalmente la
principal, la que viene de la ciudad capital Morelia.
Una solución integral al problema del lago
de Cuitzeo implica el control de la calidad de las aguas que le llegan y eso implica
inversiones importantes en plantas de tratamiento, con mucho la más importante la de la
ciudad de Morelia.
El gobierno del Estado ha dado pasos para
resolver este primer y fundamental problema. Hay también la idea de aprovechar las
condiciones excepcionales de esa zona del país; excepcionales por su ubicación, porque
está a mitad de camino entre las dos grandes poblaciones de México, la ciudad capital
México y Guadalajara; porque está cerca de un centro cultural académico, comercial,
institucional, gubernamental, como es Morelia; porque tiene una magnifica comunicación
con la autopista México-Morelia-Guadalajara; porque está conectada con el resto del
país y el resto del mundo a través del aeropuerto y porque se conjugan en esta región
una serie de factores, de elementos, algunos de carácter natural y otros que hemos
producido a lo largo del tiempo los michoacanos y los mexicanos, y parecería que hay las
condiciones más propicias para un desarrollo de largo plazo, autosostenido, incluyente y
que permita resolver de manera definitiva los problemas del lago de Cuitzeo y no sólo
eso, sino dar un impulso al desarrollo de los municipios ribereños y de los municipios en
torno cercano al propio lago.
Recogemos con mucho interés la propuesta
de formar un grupo plural, con diputados michoacanos y no michoacanos ¿por qué no? De
todas las fracciones aquí representadas, para hacer un análisis serio, pero con rapidez,
a efecto de plantear las líneas de acción más importantes, comentarlas, como, aquí se
ha dicho, con el gobierno del Estado, con las instancias federales adecuadas y definir, de
una vez por todas, ¿qué se puede hacer? y ¿qué se debe hacer para que este fenómeno
de sequía, este fenómeno de que desaparece prácticamente el lago para convertirse en
una placa de arena, se resuelva de manera definitiva?
Hay, como se ha mencionado aquí, la
tecnología adecuada; hay el conocimiento de la zona; creo que hay la voluntad de todos
nosotros y podemos constar la voluntad de las instancias federales del gobierno estatal y
de las autoridades municipales para realizar este trabajo, que se inscribe en un proceso
de planeación de medio y largo plazo y que permita en forma conjunta definir soluciones a
este problema.
Este problema de Michoacán no es único,
parecido es el que se tiene en el lago de Pátzcuaro y no es único del Estado, parecido
es el problema que se tiene en Chapala, que ha sido también abordado en esta tribuna.
Quiere decir que lo que hagamos los
michoacanos en relación con el lago de Cuitzeo, puede ser una magnífica experiencia, una
magnífica prueba para aplicarlo en otros casos en que recursos naturales semejantes
están corriendo peligros semejantes.
Recogemos, pues, la invitación a trabajar
conjuntamente y con la participación de todos estoy seguro que podemos definir una
solución adecuada para este problema serio que se da alrededor del lago de Cuitzeo.
Muchas gracias.
Para rectificación de hechos y hasta
por cinco minutos, tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Sánchez Campos.
| El diputado José Luis Sánchez Campos: |
El compañero diputado del PRI
que me antecedió señala que es importante que participen la sociedad civil, los
distintos gobiernos y los diputados federales y locales, para luchar por la conservación
del lago de Cuitzeo.
Sin embargo, nosotros queremos rectificar
un hecho, en el sentido de que ni en los programas de protección del medio ambiente del
sexenio anterior y en el Programa de Protección del Medio Ambiente y del Plan Nacional de
Desarrollo del actual sexenio, se habla de que una de las prioridades debe de ser proteger
los recursos naturales, el ecosistema del lago de Cuitzeo. Sin embargo, discursos vienen,
discursos van, lo que vemos con profunda preocupación y en este sentido queremos hacer un
llamado a todos los legisladores de manera plural y respetuosa, es el incumplimiento de la
Ley de Aguas Nacionales, el incumplimiento de esta ley, en donde se señalan perfectamente
las competencias de los tres niveles de gobierno, del nivel federal, del nivel estatal y
del nivel municipal.
Nosotros vemos con preocupación que esto
es competencia fundamentalmente de la Comisión Nacional del Agua y que poco ha hecho al
respecto, que éste es un vaso considerado de competencia federal y que necesitamos
programas eficientes, rápidos y ágiles que eviten que ocurra con el lago de Cuitzeo como
ocurrió con el lago de Sayula, que se secó de manera completa, afectando a las
actividades económicas, turísticas, ecológicas y productivas de la región.
Nos preocupa la región michoacana, nos
preocupa que no se cumpla con las normas técnico-ecológicas de las descargas de los
afluentes que alimentan al lago de Cuitzeo, que se sigan descargando aguas negras y que no
existan proyectos de tratamiento de estas aguas para descargarlas, como lo plantean los
parámetros de las normas técnico-ecológicas.
Por eso, llamamos a todas las fracciones a
que de manera conjunta actuemos. Debemos actuar de manera rápida, ágil y eficiente, para
poder conservar los recursos naturales. Porque hoy el Plan Nacional de Desarrollo habla de
que la mayor parte de las cuencas hidrológicas del país se encuentran afectadas, se
encuentran contaminadas y en lugar de que esa contaminación y esa depredación de los
recursos disminuya, éstas se vean acrecentadas.
En las cumbres de Estados Unidos sobre
Ecología, en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en el año de 1992, se aceptaron
acuerdos y convenciones que México firmó internacionalmente, en el sentido de proteger
los recursos naturales y las aguas nacionales, las aguas interiores. Por eso, llamamos al
Gobierno Federal para que cumpla con esos acuerdos internacionales, para que hoy considere
como prioridad el desarrollo sustentable de nuestro país y no puede haber desarrollo
sustentable si no tenemos un proyecto estratégico de desarrollo que armonice el
desarrollo de las actividades productivas con armonización de la conservación de la
naturaleza a lo largo de los periodos.
Hoy tenemos que hacer lo que nos obliga la
naturaleza: conservarla y reproducirla a largo plazo, porque nuestros hijos deben de tener
recursos naturales que les permitan tener un desarrollo amplio, sano y equitativo.
Muchas gracias.
Tiene hasta por cinco minutos, para
rectificación de hechos, el uso de la tribuna el diputado Abraham González Negrete, del
Partido Revolucionario Institucional.
Posteriormente la diputada Carmen Escobedo,
del Partido de la Revolución Democrática.
| El diputado Abraham González Negrete: |
Con su permiso, compañero
Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El problema hidráulico en el país nos
preocupa a todos los michoacanos, nos preocupa a los legisladores federales, nos preocupa
a los mexicanos.
Vengo aquí a ésta, la más alta tribuna
del país, a hacer comentarios al respecto como diputado federal michoacano y como
integrante de la Comisión de Asuntos Hidráulicos.
El problema del lago de Cuitzeo, ya muy
comentado aquí, dentro de una cuenca cerrada, un problema cíclico entre 13 y 17 años
que sucede este fenómeno y en donde el problema fundamental estriba en la contaminación,
actualmente en el problema de salud de las comunidades rurales cercanas, en el problema
también tan grave que enfrenta la cuenca Lerma-Chapala y el propio lago de Chapala, aquí
muy comentado ya ampliamente, en donde nos hemos abocado, la Comisión de Asuntos
Hidráulicos a trabajar al respecto, en donde aquí fue presentado el día de ayer un
punto de acuerdo para formar una subcomisión que se aboque a este problema, muy
específico.
Creemos que es fundamental resolver a fondo
y trabajar para que se den los elementos necesarios para que los asuntos hidráulicos, los
problemas de abastecimiento de agua potable para el riego y para conservar los mantos
freáticos en el país, se den las condiciones para que así suceda.
En Michoacán, el gobernador del Estado ha
estado trabajando a fondo y muy al pendiente al respecto. La diputación federal
michoacana de la fracción priísta, ha estado muy al pendiente con un programa de acción
el cual el compañero diputado que me antecedió en la palabra hacía comentarios al
respecto y en donde se presentan alternativas de solución a fondo con programas de
mediano y de largo plazo.
En el programa para resolver el problema
fundamental del lago de Chapala, que está implicado también dentro de la cuenca el lago
de Cuitzeo, básicamente son dos cuestiones fundamentales: uno, resolver el problema de
contaminación y no únicamente de esa región, sino el problema de contaminación en todo
el país, y dos, el que el abasto, el reparto, la distribución de agua se haga con
eficiencia. En ello estamos trabajando, en ello está trabajando el Ejecutivo Federal con
los programas que está instrumentando la Comisión Nacional del Agua, con los programas
de uso eficiente del agua y por ello nos preocupa el que esta Cámara de Diputados defina
los recursos suficientes a esos programas muy específicos.
En este año fue una de las dependencias a
las que más recursos se le incrementaron, no suficientes, por ello en el presupuesto que
deberemos de analizar a fin de año, debemos de canalizarle recursos suficientes, más
recursos porque no lo son suficientes, a los programas muy específicos de la Comisión
Nacional del Agua, a los programas muy específicos para resolver los problemas...
Permítame un momento el orador.
¿Con qué objeto, señor diputado?
Acérquenle un micrófono al diputado Sánchez Campos.
| El diputado
José Luis Sánchez Campos (desde su curul): |
¿Me permite una interpelación?
Esta Presidencia pregunta al diputado
Abraham González, si permite una interpelación.
| El diputado
Abraham González Negrete: |
Al término de mi intervención.
Continúe, señor orador.
| El diputado
Abraham González Negrete: |
...Y resolver los problemas a fondo
que nos ocupan.
Creemos que efectivamente tenemos que
dejarles a nuestros hijos y a las nuevas generaciones soluciones; dejar un país saneado y
en ello la fracción priísta, en ello el Ejecutivo Federal están trabajando muy a fondo.
Muchas gracias, compañeros diputados.
Por favor el micrófono al diputado
Sánchez Campos.
| El diputado
José Luis Sánchez Campos (desde su curul): |
Usted habla de que se están
haciendo algunos programas para combatir la contaminación del agua. Usted me podría
decir, ¿qué programas son éstos y cuál es la capacidad técnica que se pretende
realizar para tratar las aguas negras?
Y por otro lado, me habla del programa de
uso eficiente del agua. ¿Qué acciones están realizando en este programa para evitar
disminuir el consumo del agua, y qué acciones se están haciendo para una adecuada
distribución del vital líquido entre los distintos usos que tiene este líquido:
agrícola, de consumo urbano, de consumo industrial etcétera?
| El diputado
Abraham González Negrete: |
Sin conocer muy a fondo las
cuestiones técnicas, le daré respuesta, compañero diputado.
En el saneamiento de la cuenca Lerma hay un
programa de instalación, de construcción de plantas de tratamiento, con diferentes
métodos, el cual desde 1990 ha estado trabajando y varias de ellas en operación ya con
lagunas de oxidación muy importantes, en las ciudades más importantes, que incluyen en
este problema.
Y la segunda pregunta, sobre el uso
eficiente del agua. Hay un programa muy importante para ir sustituyendo las acciones de
riego. En lugar de anegación hacer sistemas de riego, se están haciendo sistemas de
riego con aspersión, microaspersión y por goteo, así como los programas de
revestimiento de canales y los programas de eficiencia del agua incluyen también la
reparación y construcción de mejores sistemas y equipos de bombeo.
Creo que he contestado compañero diputado
y le podré hacer algunos comentarios más y explicarle a fondo.
Muchas gracias.
Gracias, diputado.
Para rectificación de hechos y hasta por
cinco minutos, en uso de la palabra la diputada Carmen Escobedo.
| La diputada
María del Carmen Escobedo Pérez: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Hoy los compañeros diputados de la
fracción de Michoacán hacemos uso de esta tribuna para no solamente denunciar y hablar
de la problemática del lago de Cuitzeo. El lago de Cuitzeo no es simplemente un problema
cíclico, hoy Cuitzeo vive una de las peores sequías y no es una situación cíclica.
Desde hace 14 años se está padeciendo el problema de Cuitzeo, y aquí lo precisaba la
compañera que me antecedió de Acción Nacional.
Por lo tanto, el problema que se está
viviendo en Cuitzeo es, ¿por qué no decirlo?, una falta de voluntad política por parte
del gobierno del Estado. No se han aplicado las plantas de tratamiento que se debían
aplicar en la ciudad de Morelia y en La Piedad, que son las más grandes y los que se
requiere para atender el problema del lago de Cuitzeo.
Efectivamente hay mucha buena voluntad,
pero en eso se queda. En esta tribuna se ha hablado que tanto el Gobierno Federal como los
gobiernos de los estados demuestran buenas voluntades, pero ahí se quedan, y este país
requiere de acciones y de hechos, no de buenas voluntades.
En Morelia, para el tratamiento del agua
desde 1991 se ha estado intentando ampliar la planta de agua de tratamiento, sin embargo,
han dejado solo al ayuntamiento de Morelia. Ha pasado por varios ayuntamientos de
diferentes partidos y no se ha logrado, y cada vez los de Morelia vivimos y padecemos la
contaminación del río Chiquito, que efectivamente preocupa y llega al lago de Cuitzeo.
Lo que requerimos hoy es una coordinación
con el Gobierno Federal y el gobierno del Estado, con las diferentes secretarías que
tienen implicación.
El delegado de la CNA está peor que el
gobernador, nunca se le puede ver, al delegado de la CNA, no sabemos si anda de gira
artística, de turismo, a la mejor visitando el lago de Cuitzeo, no sabemos, pero al
señor delegado no se le puede ver. Ya se le visitó al señor gobernador. Pero, volvemos
a decir, lo que requerimos es que actúe el señor gobernador, Víctor Manuel Tinoco, en
el problema de Cuitzeo, y que efectivamente demuestre esa buena voluntad política que ha
dicho en el sentido de Cuitzeo.
Otro punto que hoy nosotros queremos
mencionar aquí: para solucionar el problema del lago de Cuitzeo, no es simplemente con
los delegados de las diferentes dependencias; requerimos que el gobierno del Estado haga
un programa en donde participen los nueve municipios que tienen qué ver y que son parte
de la ribera del lago de Cuitzeo, y que los 300 mil habitantes participen en rescatar este
lago. Urge que nosotros, y todos, podamos rescatar el lago de Cuitzeo, porque es una
belleza natural del país, no sólo de los michoacanos, sino del país entero.
Volviendo a la situación que requerimos
hechos, en el Estado de Michoacán se requiere también de la reforestación, y esto
podría ayudar bastante. ¿Pero qué sucede? Que en el año de 1995 no se aplicó 6
millones para reforestación, y el año de 1996 no se aplicó más de 1 millón de pesos.
Se tuvo que devolver este dinero.
¿Qué sucede, preguntamos, y cómo vamos a
solucionar los problemas naturales que estamos padeciendo? Por eso, repetimos, que
requerimos de hechos, no de palabras.
Para finalizar, tomamos la palabra para
crear una comisión de los diputados michoacanos para atender el problema de Cuitzeo, y no
sólo el problema de Cuitzeo, yo aquí hago la invitación, es para que estemos muy
pendientes de que realmente se esté tratando también y se esté cuidando el lago de
Pátzcuaro y el lago de Cuitzeo, así como todas nuestras bellezas naturales y los
bosques.
Por lo tanto, hago extensiva también y
asumimos los compañeros de la fracción del PRD michoacanos, a emplear esta comisión y
que estemos al pendiente.
Gracias, señores diputados.
Para rectificación de hechos tiene
la palabra, por cinco minutos, Jorge Canedo Vargas y al término de su exposición, esta
Presidencia consultará si el asunto ha sido suficientemente discutido.
| El diputado Jorge Canedo Vargas: |
Muchas gracias, señor Presidente;
con su permiso, compañeras y compañeros diputados:
Creo que este asunto, y muchos otros de los
que llenan el espacio de la agenda política, debemos empeñarnos, yo creo que todos, en
propiciar un orden y un ejercicio de resultados para este tratamiento.
Resulta muy desgastaste para todos, lo
hemos dicho en el anterior periodo, y lo ratificamos ahora a propósito de este asunto,
que cada señalamiento de problemas que son de suyo importantes, sensibles, como éste del
lago de Cuitzeo, y muchos otros del país, este asunto que nuestra compañera del PRD
refería, del asunto forestal, de esta parte de programas de reforestación, creo que es
importante que hagamos un esfuerzo.
Y aquí reitero la aceptación de los
diputados michoacanos del Partido Revolucionario Institucional, para sumarnos con gusto a
que una comisión plural trabaje este asunto, y proponerle a este pleno que en los asuntos
subsecuentes que se propongan en la agenda política, se propicie también que los
diputados que tengan qué ver con esos asuntos, por sus regiones, por sus estados, por el
hecho de que les afecte de alguna manera a sus respectivos espacios territoriales, donde
nacieron o donde viven, pues se puedan trabajar estos asuntos, para que vengamos a esta
tribuna y abordemos con propuestas concretas, ya trabajadas y le ahorremos al pleno de la
Cámara, tiempos importantes para que podamos avanzar en el asunto nuestro del trabajo
legislativo.
Yo lo quiero decir con todo respeto, pero
la verdad es que en esta agenda política que registra nuestra gaceta en cada una de las
sesiones, nos hemos llevado el tiempo, muy valioso, que desde luego la ciudadanía observa
y la sociedad sanciona y creo que la sanción para todos, independientemente de partidos y
de ideologías, es una sanción fuerte, de parte de la sociedad, porque no estamos
ciertamente atendiendo la responsabilidad que los ciudadanos expresaron en las urnas.
Yo quiero invitarlos a todos, desde luego a
los diputados michoacanos, para que empecemos a trabajar. Ya hicimos un ejercicio con el
asunto de Puruarán y Pedernales, que ahí venimos trabajando con dificultades, pero ahí
estamos, y ahora éste. Pero que, ojalá, la integración de la directiva de esta Cámara,
en las diferentes expresiones parlamentarias, tome cartas en el asunto y podamos llegar
verdaderamente a hacer un trabajo conjunto, de mejores resultados, de mayor
responsabilidad y de mayor beneficio para la ciudadanía que nos trajo a esta Cámara de
Diputados.
Muchas gracias.
Esta Presidencia solicita a
la Secretaría turne a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente, Asuntos Hidráulicos
y Agricultura, lo solicitado por la diputada Julieta Gallardo Mora.
MESA
DIRECTIVA
Se va a proceder a la elección de
mesa directiva que funcionará del 15 al 30 de abril, del segundo periodo de sesiones
ordinarias del primer año de ejercicio de la LVII Legislatura. Proceda la Secretaría.
| El secretario
Vicente de la Cruz Santiago: |
Se ruega a los diputados pasen a
depositar su cédula conforme se mencione su nombre.
(Votación.)
| La secretaria
María del Carmen Escobedo Pérez: |
Señor Presidente, se emitieron 296
votos, de los cuales dos nulos, 14 por diversas planillas y 276 por la siguiente planilla:
Presidente: Pablo Sandoval Ramírez;
vicepresidentes: Marco Antonio Fernández Rodríguez, David Ricardo Cervantes Peredo,
José Ricardo Fernández Candia, Juan José Cruz Martínez, Aurora Bazán López;
secretarios: ,y Francisco Antonio Ordaz Hernández, Primitivo Ortega Olays, Trinidad
Escobedo Aguilar, Gerardo Acosta Zavala; prosecretarios: Amira Griselda Gómez Tueme,
Silvia Olivia Fragoso, Carlos Iñiguez Cervantes y Teresa Núñez Casas.
Es cuanto, señor Presidente.
Se declara que han sido electos para
integrar a la mesa directiva que funcionará del 15 al 30 de abril del segundo periodo de
sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LVIl Legislatura, los siguientes
diputados:
Presidente: Pablo Sandoval Ramírez;
vicepresidentes: Marco Antonio Fernández Rodríguez, David Ricardo Cervantes Peredo,
José Ricardo Fernández Candia, Juan José Cruz Martínez, Aurora Bazán López;
secretarios: Francisco Antonio Ordaz Hernández, Primitivo Ortega Olays, Trinidad Escobedo
Aguilar, Gerardo Acosta Zavala; prosecretarios: Amira Griselda Gómez Tueme, Silvia Oliva
Fragoso, Carlos Iñiguez Cervantes y Teresa Núñez Casas.
Hacen llegar a esta Presidencia que el
último tema de Agenda Política sobre el asunto; de Temazcalapa, habrá de posponerse
para la siguiente sesión.
Continúe la Secretaría con los asuntos en
cartera.
ORDEN DEL
DIA
Señor Presidente se han agotado los
asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Periodo de Sesiones
Ordinarias.— Primer Año.— LVII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 15 de abril de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficio del Banco de México
Con el que se remiten: copia del dictamen
de los estados financieros del Banco Central y el informe sobre el ejercicio del
presupuesto de gasto corriente, de inversión en activos fijos y de inversión en activo
circulante por concepto de producción de billete y adquisición de moneda metálica del
Banco de México, correspondiente al periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1997,
para dar cumplimiento a los artículos 50, 46 fracción X y 40 de la Ley y del Reglamento
Interior del Banco de México, respectivamente.
Minuta
Proyecto de decreto, que concede permiso al
ciudadano Alejandro Antonio Rich Aranda, para prestar servicios como telefonista en la
Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso
constitucional, necesario, para que el licenciado Antonio Riva Palacio López, pueda
aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Gran Cruz,
que le confiere el gobierno último de la República del Ecuador.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ingeniero Horacio Cora y
Muñoz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Ecuestre de San Gregorio Magno
en su Clase Segunda, en grado de Comendador con Placa, que le confiere el Gobierno de la
Santa Sede.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que del día concede permiso a la ciudadana
Blanca Estela Ibarra Carrillo, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de
los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Antonio
Ventura Malanche, para prestar servicios como asistente consular en la Agencia Consular de
los Estados Unidos de América en Cancún, Quintana Roo.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Gerardo Lemus
Zamorano, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en la
Ciudad de México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que se concede permiso al doctor Roberto Javier
Blancarte Pimentel, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Ecuestre de San
Gregorio Magno en su Clase Segunda, en grado de Comendador con Placa, que le confiere el
Gobierno de la Santa Sede.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al coronel de infantería
Diplomado de Estado Mayor Rogelio Terán Contreras, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden de Río Branco, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la
República Federativa del Brasil.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ferdusi Bastar
Mérito, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Guatemala en Villahermosa,
Tabasco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Ana Verónica
García Miranda, para prestar servicios como asistente consular, en el Consulado General
de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Laura Elena
Rendón Romero, para prestar servicios como asistente consular, en el Consulado General de
los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María del
Socorro Gurrola Cuevas, para prestar servicios como auxiliar administrativo en el
departamento de agricultura, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en
Guadalajara, Jalisco.
Y los demás asuntos con los que la
Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
| El Presidente (
a las 16:28 horas): |
Se levanta la sesión y se cita para
la próxima que tendrá lugar el miércoles 15 de abril a las 10:00 horas.
|