DIARIO de los DEBATES
ORGANO
OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio
| DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Héctor de Antuñano y Lora |
PRESIDENTE |
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala |
AÑO I México, D.F., miércoles 29 de abril de 1998 No. 18 |
S U M A R I O
DIARIO de los DEBATES
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Año l No. SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS ABRIL, 29 1998 |
Presidencia del diputado Pablo Sandoval Ramírez
El Presidente :
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
La secretaria Teresa Núñez Casas:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 439 diputados. Por lo tanto, hay quorum.
| El Presidente (a las 11:38 horas): |
Se abre la sesión.
| La secretaria Teresa Núñez Casas: |
Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias. Primer Año. LVII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 29 de abril de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Iniciativas de diputados
De reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones de Crédito, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que modifica la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 76 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alvaro Arceo Corcuera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De reformas y adiciones a los artículos 89, 213 y fracción VII del artículo 264 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos: de la Revolución Democrática y Acción Nacional.
De reformas a la Ley de Instituciones de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo del diputado Samuel Lara Villa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Comunicación de la Comisión de Seguridad Social.
Comunicación de la Comisión de Turismo.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Comercio, con proyecto de Ley del Registro Nacional de Vehículos. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)
De la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, con proyecto de decreto relativo a que se establezca una veda indefinida en los estados de Guerrero y Oaxaca. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)
De la Comisión de Bosques y Selvas, con proyecto de decreto por el que se solicita al Ejecutivo Federal, declare estado de emergencia en las zonas afectadas y por conducto de las secretarías correspondientes, la realización de diversas actividades para combatir los incendios forestales en nuestro país. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Eduardo Navarrete López, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República Dominicana. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Enrique Vilatela Riba, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Dominicana. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Gabriel Newman Valenzuela, para aceptar y usar la condecoradón de la Cruz del Comendador, Tercer Grado, por Méritos, que le confiere el gobierno de la República de Polonia. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)
Elección de miembros de la Comisión Permanente.
Agenda Política
Dictamen con punto de acuerdo de las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente, de Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores, sobre el confinamiento de desechos radiactivo, que pretende establecerse en Sierra Blanca, Texas. (Votación.)
Comentarios en torno a la situación del proceso electoral en Yucatán, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Deliberativo.)
Punto de acuerdo sobre la defensa de la libertad de investigación, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Votación.)
Punto de acuerdo en torno al Parlamento de Mujeres de México, a cargo de la Comisión de Equidad y Género. (Votación.)
Comentarios sobre el 1o. de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, a cargo del diputado Rosalío Hernández Beltrán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios en torno al cierre de la compuerta de la presa Alvaro Obregón, en Cajéme, Sonora, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios en torno al asesinato de Oscar Rivera Leyva, dirigente del PRD en Atoyac de Alvarez, Guerrero, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Punto de acuerdo para que las comisiones de Agricultura y Comercio, se reunan con las autoridades que designe el Ejecutivo, con el propósito de evaluar y estudiar los resultados que arroje el decreto cañero de 1991, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Votación.)
Comentarios en torno al pacto de anatocismo. (Debate pactado.)
Comentarios sobre el cambio de las instalaciones de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Anastasio Solís Lezo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en Morelos. (Deliberativo.)
Comentarios en torno a la situación de los maiceros del Estado de Sinaloa, a cargo del diputado Ricardo Armenta Beltrán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)»
| El Presidente : |
El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.
Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios, para sus observaciones y se proceda a su votación.
| El secretario Francisco Antonio Ordaz Hernández: |
Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintiocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
| Presidencia de la diputada Aurora Bazán López |
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con cuarenta y siete minutos del martes veintiocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, con una asistencia de trescientos ochenta diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
La Presidenta informa del sensible fallecimiento del ex diputado federal Raúl Livas Vera, del Partido de la Revolución Democrática y se guarda un respetuoso minuto de silencio en su memoria.
La Presidenta otorga el uso de la palabra a los diputados: Carolina O'Farrill Tapia, quien presenta iniciativa de reformas a los artículos treinta y tres, cuarenta y siete y setenta y cinco de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación, con opinión de la de Equidad y Género.
Gloria Lavara Mejía, del Partido Verde Ecologista de México, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Américo Ramírez Rodríguez, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sobre los colores de la Bandera. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Isael Cantú Nájera, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa de Ley Nacional de Archivos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas a los artículos del treinta y ocho al cuarenta y cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al que da lectura la Secretaría y se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
María del Carmen Escobedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa de reformas al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otra que reforma el artículo séptimo de la Ley Federal de Educación. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Educación.
Fabián Pérez Flores, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley de Organizaciones Ganaderas. Se turna a la Comisión de Ganadería.
La Secretaría da cuenta con una proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, referente a la integración de comisiones, a solicitud del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación económica se aprueba.
Se da primera lectura a un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y a otro de la misma comisión con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Especial sobre Producción y Servicios. Son de primera lectura.
La Asamblea dispensa la segunda lectura a ambos dictámenes y que se discutan y se voten en un solo acto.
A discusión en lo particular y en lo general de ambos proyectos de decreto, hacen uso de la palabra los diputados: Marcelo Luis Ebrard Casaubón, diputado independiente; María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo; Fortunato Alvarez Enríquez, del Partido Acción Nacional; José Luis Sánchez Campos, del Partido de la Revolución Democrática y Gonzalo Morgado Huesca, del Partido Revolucionario Institucional.
En el segundo turno de oradores, se concede el uso de la palabra a los diputados: Gerardo Buganza Salmerón, del Partido Acción Nacional; Angel de la Rosa Blancas, del Partido de la Revolución Democrática, y Charbel Jorge Estefan Chidiac, del Partido Revolucionario Institucional.
Sube a la tribuna, el diputado Morgado Huesca, para informar que la comisión hace suya la propuesta del diputado Alvarez Enríquez, para que se vote en conjunto.
La Asamblea considera suficientemente discutidos los dictámenes y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos diecinueve votos en pro y uno en contra, para ambos dictámenes.
Se turnan al Senado de la República, para los efectos constitucionales.
La Secretaría da primera lectura a un dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Se da lectura a un dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de Ley Federal de Defensoría Pública y de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es de primera lectura.
La Asamblea dispensa la segunda lectura a ambos dictámenes y se someten a discusión de inmediato.
Para expresar sus opiniones respecto al dictamen con proyecto de decreto que reforma el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se concede el uso de la palabra a los diputados: Carolina O'Farrill Tapia, diputada independiente; Alvaro Elías Loredo, del Partido Acción Nacional; Lenia Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, y Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el proyecto de decreto y la Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por trescientos cuarenta y ocho votos. Se turna al Poder Ejecutivo para los efectos constitucio-nales.
Debaten sobre el dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto de Ley Federal de Defensoría Pública y que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los diputados: Luis Patiño Pozas, del Partido del Trabajo; Francisco Javier Reynoso Nuño, del Partido Acción Nacional; Victorio Rubén Montalvo Rojas, del Partido de la Revolución Democrática, y Jaime Miguel Moreno Garavilla, del Partido Revolucionario Institucional.
| Presidencia del diputado David Ricardo Cervantes Peredo |
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos cuarenta y un votos.
Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
| Presidencia de la diputada Aurora Bazán López |
Se da primera lectura a cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Pedro José González-Rubio Sánchez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Ucrania; Francisco Antonio Sánchez, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México; José Benjamín Medina Velazquillo, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México; y José Antonio Dighero Medina, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
La Asamblea les dispensa la segunda lectura y se reservan para su votación nominal en conjunto.
En el curso de la sesión se recibió una minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María del Rosario Gloria Green Macías, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República del Ecuador.
La Asamblea considera este asunto de urgente resolución y le dispensa todos los trámites, por lo que la Secretaría recoge la votación nominal de este dictamen y los anteriormente reservados, misma que resulta aprobatoria por trescientos cuarenta y tres votos.
Se turnan al Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República, para los efectos constitucionales, según corresponda.
También se recibió una minuta con proyecto de decreto con el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a la Comisión de Justicia.
La Presidenta solicita que el dictamen que se refiere al tramo carretero Atlacomulco-Toluca, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, le sea entregado, por encontrarse en la fecha que se marcó en la excitativa.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las diecisiete horas con treinta y tres minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, miércoles veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Gonzalo Rojas Arreola, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 89, 213 y fracción VII del artículo 264 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995.
| El diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola: |
Con su venia, señor Presidente:
«Iniciativa de decreto que reforma los artículos 89 y 213 y que deroga la fracción VII del artículo 264 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; a los trabajadores de México; a los derechohabientes del IMSS; a los empresarios nacionalistas.
Y aquí quiero precisar, señor Presidente, que ésta es una iniciativa de diputados en lo individual de diferentes fracciones y no una iniciativa de fracciones parlamentarias como apareció en el orden del día, por lo que rogaría que se corrigiera ese asunto del orden del día.
Los que suscribimos, diputados integrantes de diversas fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento y apoyo en los diversos fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante el pleno de esta Cámara de Diputados, una iniciativa de reformas a la Ley del Seguro Social vigente, fundándola en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Han transcurrido casi dos décadas de profundas reformas estructurales que no han terminado por resolver la grave crisis económica por la que atraviesa nuestro país. Por el contrario, la estrategia gubernamental de "cambio estructural" de los últimos tres sexenios lejos de resolver los desequilibrios macroeconómicos los ha profundizado. La reforma económica estructural puesta en marcha desde 1982 y las políticas de ajuste y estabilización que la acompañan, están conduciendo a nuestro país por una ruta de mayor dependencia externa, una grave fragilidad interna y externa que se manifiesta en crisis financieras cada vez más recurrentes y violentas, un mayor grado de extranjerización de la industria y del sistema de pago nacionales, un mayor grado de explotación de la clase trabajadora, una mayor concentración de la riqueza nacional y, en consecuencia, de desigualdad social y de deterioro sistemático de los niveles de vida de la inmensa mayoría de la población.
La pobreza y pobreza extrema que padece cerca del 50% de la población nacional, la desnutrición que afecta al 46% de los niños y la pérdida del 70% del valor real del salario de los trabajadores de nuestro país, por citar algunos de los saldos, parecen ya no despertar la más mínima capacidad de asombro. Para los estrategas del cambio estructural y de la política económica en marcha, estas cifras bien podrían abultarse en nombre de la globalización y la estabilización económicas y sin riesgo alguno para ellos.
Desmantelar la propiedad de la nación y ampliar el ámbito de competencia de la gran empresa nacional y extranjera, han sido dos de los objetivos específicos más importantes de los gobiernos de Miguel de la Madrid a la fecha. Para ello se han servido de una agresiva y planificada política de privatización de activos estatales, que alcanza ya el terreno de las áreas estratégicas de la nación. Pemex-Petroquímica es el ejemplo ilustrativo de esta histórica y aberrante política de enajenación económica de nuestras riquezas nacionales y que violenta el articulo 25 constitucional.
No obstante, durante el presente sexenio no sólo el campo económico y financiero es festín de las privatizaciones, sino también, ahora, el de las grandes instituciones de bienestar social. El propósito es privatizar todos los espacios potencialmente rentables, incluidas aquel!as actividades del Estado eminentemente sociales, donde la gran empresa comercial y financiera nacional y extranjera ve una fuente adicional de extracción de ganancias.
El actual gobierno ha procedido a privatizar espacios definitorios de la seguridad social, del derecho a la seguridad social y del Instituto Mexicano del Seguro Social. El primer paso de este proceso está ya en marcha con la privatización de los fondos previsionales y de las pensiones.
Con la nueva Ley del Seguro Social, vigente a partir del 1o. de julio de 1997 y que fuera aprobada con el voto solitario del Partido Revolucionario Institucional en diciembre de 1995, la administración de los fondos de pensiones y la asignación de las mismas ha pasado a manos de la industria financiera privada de las Afore y las compañías comerciales de seguros. De esta forma, la organización y gestión de una parte vital de la seguridad social ha quedado en manos de entidades privadas cuyo único fin es el lucro financiero. Pero no sólo ello, las nuevas disposiciones desvirtúan la filosofía de la seguridad social al quedar subsumidos en la lógica del mercado y del contrato mercantil privado tres de los cinco seguros del régimen obligatorio de la nueva Ley del Seguro Social, ellos son: el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el seguro de riesgos de trabajo y el seguro de invalidez y vida.
El nuevo sistema de pensiones privado y su industria de Afore destruyen el principio del cooperativismo y la solidaridad social. En este contexto, la nueva Ley del Seguro Social o "la reforma de fin de siglo", según sus promotores, no entraña otra cosa que una profunda contrarevolución social y una involución legislativa.
Esta contrarrevolución social no ha contado con el apoyo de las bases del sector obrero, dado que destruye la propia organización social, las conquistas históricas y laborales y las demandas futuras por mejores condiciones de vida y de trabajo. Bajo los criterios engañosos de libertad de elección, eficiencia de mercado, competencia y ahorro individual, se perfila un nuevo régimen que nada tiene qué ver con la seguridad social, sino con el seguro privado. Desde la perspectiva de los derechos sociales de los millones de beneficiarios de la seguridad social, ningún representante popular puede apoyar el desmantelamiento de uno de los últimos bastiones e instituciones de la Revolución Mexicana: el derecho a la seguridad social y del Instituto Mexicano del Seguro Social, ni tampoco puede compartir la responsabilidad de la pérdida de los derechos adquiridos de los trabajadores y beneficiarios que entraña la nueva Ley del Seguro Social y, junto con ésta, la apropiación de una cuarta parte del ahorro de los trabajadores por parte de las Afore, que están en manos de los grandes grupos financieros nacionales y extranjeros.
Estas reformas, llamadas de segunda generación por el Banco Mundial, no sólo propician la privatización de las pensiones, sino del resto de los servicios de las instituciones públicas de seguridad social. En tal sentido, las reformas de segunda generación en el IMSS se perfilan a romper lo que se ha dado en llamar "el monopolio del Estado" en la prestación de servicios médicos.
Es ampliamente conocido que el Banco Mundial viene apoyando y orientando a los gobiernos de los países de América Latina para el impulso de estas reformas de segunda generación. Las propuestas de este organismo financiero multilateral en materia de salud y seguridad social se encuentran ampliamente documentadas y buscan, según su conceptualización, romper lo que consideran el monopolio del Estado en estos ámbitos.
En particular, el Banco Mundial recomienda que los gobiernos de nuestros países, financien y sólo se hagan cargo de manera exclusiva de un conjunto de servicios clínicos esenciales definidos a nivel nacional, como el paquete básico de servicios de salud en el caso de México, lo que permitiría que el resto de la atención a la salud se financie de manera privada y a través de seguros sociales.
Con la aclaración que, según el Banco Mundial, el financiamiento de la salud vía seguros sociales debe operar ahora, bajo esquemas de subrogación integral de servicios. Otra vez, como en el campo de las pensiones, se pone a libertad de elección, la competencia interna y externa y, en consecuencia, al fomento de la gestión privada como las piezas clave de la reforma del sector salud, del cual forma parte el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las orientaciones del Banco Mundial se encuentran claramente trazadas en los objetivos contenidos en el Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000 del presidente Ernesto Zedillo, que articula a su vez la reforma emprendida a la Ley del Seguro Social en 1995.
El problema más grave es que la privatización de los servicios médicos del IMSS es mucho más compleja de desentrañar, puesto que el mecanismo en marcha es aún más conservador que el de las pensiones y, eventualmente, no requeriría en sus primeras fases de ninguna reforma legal en la materia. La apertura de la gestión privada al campo de la seguridad social se plantea llevar a cabo en un mediano plazo a partir de dos proyectos fuertemente interrelacionados: el primero se vincula con la aplicación integral de la subrogación de servicios y la reversión de cuotas, que ya comprende la propia Ley del Seguro Social en los seguros de enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo y guarderías y, el segundo, corresponde al denominado proyecto de reforma del IMSS financiado con recursos del Banco Mundial hasta por un monto de 700 millones de dólares.
Este segundo proyecto, negociado con el Banco Mundial, buscaría la subrogación integral de todos los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social; la creación de 135 zonas médicas con autonomía financiera para propiciar un esquema de competencia por la demanda; la conversión del instituto en un gestor de la demanda a partir del modelo de las organizaciones administradoras de servicios de salud y la introducción de un nuevo mecanismo de prestación de servicios a partir del gasto captado en salud, entre otras medidas.
Al respecto, cabe recordar que el pasado 22 de abril, por decisión unánime de los diputados de esta LVII Legislatura, aprobamos la creación de una Comisión Investigadora del Instituto Mexicano del Seguro Social en términos de lo establecido por el artículo 93 constitucional. En tanto que dicha comisión especial realice la investigación correspondiente y conozca de manera detallada los acuerdos y compromisos a los que vienen arribando el Gobierno Federal, el IMSS y el Banco Mundial para el otorgamiento del crédito citado, así como la situación integral del instituto, es nuestro deber como representantes populares evitar cualquier intento que conlleve a desnaturalizar los fines y principios de la seguridad social y, en consecuencia, del propio instituto.
Con el convencimiento de que en esta nueva ocasión para la defensa de la seguridad social mexicana se cuenta con el apoyo informado y decidido de la base del sector obrero para evitar cualquier forma y mecanismo de privatización del IMSS, en primera instancia debemos, señoras y señores diputados, cancelar cualquier mecanismo que implique una privatización abierta o velada de los servicios que aún mantiene el instituto. Debemos, señoras y señores diputados, cerrarle el paso a cualquier proceso gradual o silencioso de privatización del IMSS.
Compañeros diputados: la nueva Ley del Seguro Social prevé disposiciones en materia de subrogación de servicios, reversión de cuotas, así como su reglamentación, ésta sí elaborada en los sótanos más oscuros del poder, que son la puerta trasera por la que se pretende echar a andar el proyecto de desmantelamiento del IMSS.
En el debate reciente en torno a este importante tema, el director del IMSS ha señalado que la subrogación de servicios y la reversión de cuotas existen desde la Ley del Seguro Social de 1943 y por lo tanto, nunca se han interpretado como privatización. No obstante que el primer decreto de Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1943, no contiene disposición alguna respecto de la prestación indirecta de los servicios de seguridad social vía subrogación de servicios y convenios de reversión de cuotas, su eventual incorporación a la ley, sin la menor duda, respondió a las circunstancias históricas de carencia de infraestructura medico-hospitalaria y a la presión que ejercieron los opositores a la promulgación de la ley, concretamente los grupos económicos con fuertes intereses e inversiones en el sector asegurador privado y los grupos industriales más poderosos del país.
En este contexto, la reversión de cuotas fue una clara concesión para aquellos empresarios que ya contaban con algunos de los servicios médicos o con convenios con empresas privadas para la atención de los accidentes y enfermedades profesionales que exigía cubrir con anterioridad la Ley Federal de Trabajo.
Mientras que la subrogación de servicios del IMSS en su origen se justificó por la evidente carencia financiera e infraestructural para la debida y oportuna atención de los asegurados, por el contrario, la reversión de cuotas expresó la concesión del Estado a un reducido grupo empresarial con poderosos intereses, contrarios al más importante principio fundante del sistema de seguridad social, es decir, a la solidaridad obrera industrial.
La seguridad social desde su origen y desarrollo es un sistema donde los beneficios se otorgan en función de la necesidad y bajo los principios de equidad e integralidad. La equidad del sistema se expresa en que todos los derechohabientes en igualdad de circunstancias reciben la misma calidad de atención con independencia de su ingreso personal o capacidad personal contributiva; es decir, un trabajador de un salario mínimo recibe la misma atención que un trabajador de 25 salarios mínimos.
La integralidad del sistema se expresa en que los derechoabientes en igualdad de circunstancias reciben integralmente los servicios establecidos; es decir, desde la atención de primer nivel hasta la de tercer nivel, sin costo adicional alguno. Por ello, en su financiamiento y organización es determinante la contribución colectiva de los asalariados.
La reversión de cuotas es contraria a estos principios de solidaridad, equidad e integralidad con que opera el sistema de seguridad social. La reversión de cuotas es un mecanismo que propicia la salida de una parte de las contribuciones y de los asegurados del sistema, sobre todo los de mayores ingresos y aportaciones a la institución; su aplicación propicia una estratificación de servicios y una discriminación en el otorgamiento de los mismos.
En la práctica, a este mecanismo se han acogido aquellos trabajadores con salarios más altos o por arriba al promedio de la distribución salarial y que tienen la posibilidad de contratar los servicios de empresas o aseguradoras médicas privadas. De acuerdo con el propio director del IMSS, en el esquema de reversión de cuotas se encuentran el 2.47% de los asegurados, en un sistema donde el 70% de los trabajadores asegurados cotizan con un salario inferior a los tres salarios mínimos y contribuyen con poco menos del 50% de los ingresos totales. Bajo tan lacerante realidad no podemos permitir, señores legisladores, la ampliación y una mayor promoción de la reversión de cuotas y de los seguros médicos de empresas privadas, para los cuales y bajo su óptica, no hay instituciones; hay empresas. No hay derechohabientes ni pacientes; hay clientes y consumidores. No hay seguridad social; hay mercado y el derecho más reconocido es el de la libre competencia.
A propósito que el señor director del IMSS nos ha recordado la Ley del Seguro Social expedida en 1943, conviene también que recordemos fragmentos de la histórica exposición de motivos de la iniciativa que le dio vida y que fuera turnada al honorable Congreso de la Unión el 18 de diciembre 1942 por el presidente de la República Manuel Avila Camacho. En aquella histórica oportunidad el titular del Ejecutivo Federal señaló que, cito: "...como la protección impartida por el Seguro Social entraña una función de interés público, no puede ser encomendada a empresas privadas, sino que el Estado tiene el deber de intervenir en su establecimiento y desarrollo porque quien sufre, en última instancia, los riesgos de la pérdida de la capacidad de trabajo de los obreros, es la colectividad entera...";
"...El Seguro Social es una institución en que se compensan las cargas económicas de sus costos entre un gran número de empresas y asegurados; es un fenómeno esencialmente colectivo, de solidaridad industrial, que no puede resolverse individualmente...";
"...El Instituto Mexicano del Seguro Social, creado especialmente para establecer un régimen eficaz de protección obrera sin fines de lucro, suministrará las prestaciones en metálico, en servicios y en especie en los momentos de mayor angustia de los trabajadores, sin costo adicional...";
"...Una de las excelencias del sistema del Seguro Social consiste en que permite la organización de servicios médicos y farmacéuticos de calidad superior a los que comúnmente los patrones pueden brindar a los trabajadores, porque su primordial propósito es dar una protección amplia al sector activo de la población y porque dadas las finalidades de amplia proyección social del mismo sistema, por medio de éste se logrará la organización de servicios médicos competentemente especializados cuya actuación en la asistencia profesional a los asegurados alcanza un valor difícil de lograr a través de intereses particulares cuyas finalidades son distintas a la institución del Seguro Social". Fin de la cita.
Aquel histórico diciembre de 1942, tres conceptos fundamentales de la seguridad social cimbraron al honorable Congreso de la Unión: Primero, en función del interés público que entraña el seguro social, éste no puede ser encomendado a empresas privadas; segundo, es un fenómeno esencialmente colectivo, de solidaridad industrial, que no puede resolverse individualmente y, tercero, el Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución sin fines de lucro y sin costos adicionales, su primordial propósito es dar una protección amplia al sector activo de la población, un valor difícil de lograr a través de intereses particulares cuyas finalidades son distintas a la institución del Seguro Social.
Estas premisas cobran mayor sentido en una sociedad como la nuestra, cada vez más polarizada económica y socialmente y frente a la disputa del mercado por los servicios del sistema. Si ello no es así, en un futuro no muy lejano tendremos que hablar de cualquier otra cosa, menos de seguridad social. Estamos a tiempo de corregir y dar marcha atrás a disposiciones de la Ley del Seguro Social contrarias al espíritu revolucionario del sistema de seguridad social que nos legaron los Constituyentes de 1917.
La Ley del Seguro Social vigente dispone en sus artículos 89 y 213 la posibilidad de que el Instituto Mexicano del Seguro Social preste de manera indirecta los servicios de enfermedades y maternidad, las prestaciones en especie y subsidios del seguro de riesgos de trabajo y los servicios de guarderías, disponiéndose para dicha prestación de servicios indirectos las figuras del derecho civil y mercantil de sub-rogación de servicios y de reversión de cuotas. Por su parte, el artículo 264 fracción VII otorga atribuciones al consejo técnico del instituto para expedir el reglamento de reversión de cuotas para los servicios que expresamente establece la ley, así como los demás que fueran necesarios para la exacta observancia de la misma.
En estos tres artículos de la ley está sustentada la pretensión de implantar las reformas de segunda generación al IMSS, sin duda alguna las que tienden a su desmantelamiento.
En este sentido, es necesario esclarecer lo relativo a la mal llamada "subrogación de servicios" a que se contrae el artículo 89 fracción II de la Ley del Seguro Social. A nuestro juicio, el término subrogación es inadecuado para definir conceptualmente la prestación indirecta de servicios de seguridad social por terceras personas públicas o privadas, pues su aplicación deriva de una confusión teórica por imprecisión en el uso o empleo de los conceptos jurídicos; esto es, llamar una cosa por lo que no es, ocasiona el dar una idea falsa o imprecisa de la misma.
En efecto, el término jurídico subrogación, es una institución jurídica proveniente del derecho privado (derecho civil y mercantil) que se ubica en el marco de la transmisión de las obligaciones y que resulta inapto para definir la hipótesis de la fracción II del artículo 89 de la Ley del Seguro Social y que técnicamente se refiere al acto administrativo de derecho público, a través del cual la administración pública concedente otorga a los particulares, concesionarios, el derecho para explotar un bien propiedad del Estado o para explotar un servicio publico. Su término correcto debería ser concesión y, por lo tanto, su aplicación debería ajustarse a las normas establecidas por las leyes relativas y aplicables de la materia.
Efectivamente, existe en la Ley del Seguro Social un uso contradictorio del término subrogación y como un elemento demostrativo de dicho uso inadecuado, los artículos 88 y 89 de la propia Ley del Seguro Social se refiere al mismo de dos maneras distintas, en el primero, en su acepción correcta como transmisión de obligaciones y, en el segundo, como sinónimo inadecuado de concesión administrativa, situación que en derecho se expresa como un contrasentido y es necesario destacar que en derecho no son permisibles los contrasentidos.
Por su naturaleza, como por sus efectos y consecuencias legales, la subrogación de servicios técnicamente no es otra cosa que una concesión administrativa, por lo que en la Ley del Seguro Social existe una gran imprecisión conceptual al usar la palabra subrogación de servicios, no obstante que así se haya denominado. Por lo tanto existe el riesgo que por la vía de subrogación de servicios de manera integral tal como lo postula el proyecto de reforma del IMSS, contratado o negociado por el Gobierno Federal con el Banco Mundial y mediante esta prestación indirecta concesionaria a la gestión privada, con base en convenios de subrogación de servicios se establezca una auténtica privatización de la seguridad social.
Toda vez que es bien sabido por la doctrina nacional y extranjera, que la concesión administrativa es una forma típica de privatización, esto es, de la prestación indirecta vía particulares de un servicio público, en este caso la seguridad social, situación que, dado el crecimiento y desarrollo logrado por tan noble institución, ya no se justifica más que en casos muy puntuales.
Igualmente resulta necesario destacar que el artículo 264 de la Ley del Seguro Social en su fracción VII, confiere al consejo técnico del instituto la atribución de: "expedir el reglamento de reversión de cuotas para los seguros que expresamente establece esta ley, así como los demás que fueran necesarios para la exacta observancia de la misma", situación francamente aberrante, no porque no sea indispensable la reglamentación de la "reversión de cuotas" para evitar la discrecionalidad con la que actualmente cuenta el director general, sino por un vicio de origen, esto es, por la violación y abierta contradicción con los artículos 89 fracción I y 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La facultad de expedir reglamentos administrativos para proveer la exacta observancia de las leyes federales, se encuentra expresamente reservada al titular del supremo Poder Ejecutivo de la Unión, es decir, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; dicha facultad es indelegable y en consecuencia el artículo 264 fracción VII de la Ley del Seguro Social vigente, es evidentemente inconstitucional, porque el Legislativo delegó en el consejo técnico del IMSS la facultad reglamentaria y dicha facultad sólo le pertenece al Ejecutivo y que ni aun éste puede delegar. Por lo que debe ser derogada dicha fracción VII mencionada, a efecto de corregir una inconcusa violación constitucional contenida en la Ley del Seguro Social.
Por último, por lo que se refiere a la prestación de servicios indirectos por reversión de cuotas, contenida en la fracción III del artículo 89 de la Ley del Seguro Social, por las razones expresadas que posibilitan una vía legal para la salida de los cotizantes y cotizaciones del IMSS, contradice el principio de solidaridad de la seguridad social y provoca una descapitalización del sistema público de seguridad social y una consecuente limitación de los recursos financieros del IMSS; se propone, igualmente, su derogación, para dejar subsistente únicamente la subrogación de casos, como excepción al principio general contenido en la fracción I del artículo 89 de la ley de la materia, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado del consejo técnico del IMSS y sólo para el supuesto de que el instituto se encuentre imposibilitado para realizar dicha prestación de manera directa y cuando la naturaleza del caso ponga en peligro la vida e integridad física y/o funcional de los asegurados y con los demás requisitos y limitaciones contenidos en el texto actual.
Por las anteriores consideraciones y en respuesta a múltiples demandas de diversos sectores de la sociedad en el sentido de legislar para conservar la esencia y sentido original y revolucionario de la seguridad social mexicana, dentro de las cuales se encuentra la del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, para que en el ejercicio de la facultad conferida por el artículo 71 constitucional se promoviera una iniciativa de decreto para eliminar los mecanismos de subrogación de servicios y reversión de cuotas contenidos en Ley del Seguro Social vigente y, asimismo, ante la pretensión de sentar las bases a través de estos mecanismos para privatizar los servicios proporcionados por el IMSS, cuya obligación de servicios le corresponde otorgar a dicho instituto, mismos que deberá seguir prestando de manera directa.
Como lo hemos fundamentado, cualquier otra vía distinta sería violatoria de los principios de la seguridad social y se traicionarían las raíces históricas de la Revolución Mexicana, para lo que fue creado el IMSS, que es considerado de servicio público, conceptos éstos a juicio de dicha organización sindical y que, desde luego, compartimos. Por esas razones, así como por los principios deontológicos médicos que rigen el ejercicio profesional de los trabajadores de la salud, cualquier intención de implantar mecanismos que deriven en privatización y discriminación estratificada de los servicios de la seguridad social es inaceptable.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, por el digno conducto de ustedes, secretarios de esta Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa, misma que se solicite sea turnada a la Comisión de Seguridad Social, para su análisis y dictamen.
INICIATIVA DE DECRETO
Que reforma los artículos 89 y 213 y que deroga la fracción VII del artículo 264 de la Ley del Seguro Social.
Artículo primero. Se reforma el párrafo primero y se derogan las fracciones I, II y III del artículo 89 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 89. El instituto prestará los servicios que tiene encomendados de manera directa a través de su propio personal e instalaciones; solamente en caso de excepción debidamente fundado y motivado y cuando el instituto se encuentre imposibilitado para realizar dicha prestación de manera directa y cuando se encuentre en peligro la vida y la integridad física y/o funcional de los derechohabientes, se podrá realizar de manera indirecta en virtud de convenios con otros organismos públicos o particulares, para que se encarguen de impartir los servicios del ramo de enfermedades y maternidad y proporcionar las prestaciones en especie y subsidios del ramo de riesgos de trabajo, siempre bajo la vigilancia y responsabilidad del instituto.
Los convenios fijarán el plazo de su vigencia, la amplitud del servicio subrogado, los pagos que deban hacerse, la forma de cubrirlos y las causas y procedimientos de terminación, así como las demás condiciones pertinentes señaladas en esta ley y reglamentos aplicables de la materia.
En este caso, las personas, empresas o entidades a que se refiere este artículo, estarán obligadas a proporcionar al instituto los informes y estadísticas médicas o administrativas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el mismo instituto, en los términos de los reglamentos que con respecto a los servicios médicos y subsidios se expidan.
I. Se deroga.
II. Se deroga.
III. Se deroga.
Artículo segundo. Se reforma el artículo 213 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 213. El instituto podrá celebrar convenios de subrogación de servicios, con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, cuando reúnan los requisitos señalados en esta ley y los reglamentos relativos y aplicables de la materia. Para la suscripción de estos convenios, deberá existir acuerdo previo del consejo técnico del instituto debidamente fundado y motivado.
Artículo tercero. Se deroga la fracción VII del artículo 264 de la Ley del Seguro Social.
Artículo 264. El consejo técnico tendrá las atribuciones siguientes:
VII. Se deroga.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan al presente decreto.
Tercero. En tanto concluye su vigencia los convenios de subrogación de servicios o reversión de cuotas, suscritos con anterioridad a esta reforma, la autoridad administrativa vigilará el exacto cumplimiento de las obligaciones contraídas por los suscriptores.
Atentamente.
Salón de sesiones, de la Cámara de Diputados, México, D.F., a 29 de abril de 1998.— Diputados: Gonzalo Rojas Arreola, José Luis Sánchez Campos, Lenia Batres Guadarrama, Carmelo Enríquez Rosado, Martha Irene Luna Calvo, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Francisco de Souza, del PRD; Gustavo Espinosa Plata, Juan Carlos Gutiérrez, José Espina von Roehrich, del PAN y Ricardo Cantú Garza, del PT.»
Y completamente, estoy seguro, que muchos diputados suscribirían y suscribirán esta iniciativa.
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.
Por favor, pedimos orden y compostura para proseguir la sesión.
Tiene la palabra el diputado... Vamos a continuar la sesión. Agradeceremos se guarde el debido orden y compostura para continuar la sesión de la Cámara de Diputados.
Agradeceremos orden y compostura para continuar la sesión de la Cámara de Diputados.
Agradecemos la presencia de los dirigentes sindicales del Seguro Social y el orden y compustura que han guardado hasta ahora para la realización de la sesión de la Cámara de Diputados.
Tiene ahora la palabra el diputado Héctor Castañeda Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones de Crédito, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos y del Código Federal de Procedimientos Penales.
Antes de su intervención queremos saludar también... Un momento, diputado.
Agradeceremos su atención para la intervención del diputado Héctor Castañeda Jiménez.
Queremos saludar también la presencia de alumnos del sexto año de la escuela primaria José Dávila, invitados por el diputado Martín Contreras Rivera y de los estudiantes del Cecati 158.
Están también con nosotros, y agradecemos su presencia, estudiantes del colegio universitario de Puebla y del Ateneo doctor Gustavo Baz Prada.
También saludamos la presencia de estudiantes del Instituto Nicolás Guillén, invitados del profesor Benjamín Silva Ruiz.
Tiene la palabra el diputado Héctor Castañeda Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Llamamos a que se guarde orden en las galerías, muchas gracias. Un segundo, diputado, para que tenga usted todas las condiciones para hacer su intervención.
Muchas gracias, señor diputado. Diputado Bernal.
| El diputado Eduardo Guadalupe Bernal Martínez (desde su curul): |
Señor Presidente, con el debido respeto que me merece usted. Le suplicaría que primero el orador no empiece su intervención hasta que se retiren y segundo, creo que se tiene que hacer un extrañamiento para que no se utilice la Cámara de Diputados de una manera populista y traer porras para algunos temas que se tienen que tratar.
Lo único que le pido es que se respete el recinto legislativo como debe de ser. Y usted, en su calidad de Presidente, imponga el orden como lo señala el Reglamento. Es lo único que le pido, el respeto al grupo parlamentario que no se está dando de galerías hacia los diputados y hacia nuestro grupo parlamentario.
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CREDITO
| El Presidente : |
Se accede a la solicitud del diputado Bernal. Le vamos a pedir al diputado Héctor Castañeda espere un momento para iniciar su intervención, de tal manera de que se le preste la debida atención. Y exhortamos a quienes han estado en las galerías a que se conduzcan con el debido orden y respeto, para que continúen las labores de esta sesión adecuadamente. Accedimos pues a la petición del diputado Bernal.
Señor diputado Héctor Castañeda Jiménez, adelante en el uso de la palabra.
| El diputado Héctor Francisco Castañeda Jiménez: |
Gracias, señor Presidente:
«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión. Presente.
Los que suscribimos, diputados del Estado de Jalisco y el diputado del Estado de Sinaloa Manuel Cárdenas Fonseca integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en lo previsto por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presentamos ante el pleno de esta Cámara, una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones de Crédito, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos y del Código Federal de Procedimientos Penales, fundando nuestra presentación en las siguientes
CONSIDERACIONES
En esta ocasión trataré, en esta alta tribuna, un tema de mucha importancia por los intereses que se involucran; un tema que ha venido llamando la atención de toda la población de la República, porque ha sido profundamente comentado por los medios de comunicación. Me refiero a la cuestión que en la práctica jurídica se conoce como criminalidad de cuello blanco.
Según las fuentes que he consultado,1 el término criminalidad de cuello blanco fue acuñado por el sociólogo Edwin Sutherland,2 a finales del año de 1939, con el objeto de destacar públicamente una serie de comportamientos y prácticas llevadas a cabo por personas de alto estatus socioeconómico y cultural en el marco de los negocios y de las operaciones comerciales, que propiamente no estaban tipificadas como delitos en las leyes pero que, a causa del inmoderado lucro que generaban, del encubierto daño patrimonial que ocasionaban y de la ausencia de valores en quienes las llevaban a cabo, merecían ser contempladas como delito.
1 Bajo Fernández, Miguel, Derecho Penal Económico, 1978. Fernández Albor, Agustín. Estudios sobre Criminalidad Económica, 1978.
2 "White-collar criminality."
Dentro de toda esta gama de prácticas están contemplados lo que hoy conocemos como delitos bancarios, delitos fiscales, delitos de quiebras, delitos en materia de competencia económica y otros más. Se destacó desde aquella época, que siendo el delincuente un individuo con gran poder económico, con amplias relaciones en los círculos de poder y de alguna manera "bien visto" en sociedad, resultaba difícil desenmascararlo y someterlo a la acción de la justicia. Además, se habla del poder corruptor que este tipo de delincuencia tiene en la diferentes esferas.3.
3 Bajo Fernández, Miguel.
Estos comentarios que se hicieron célebres, provocaron que los estados del mundo occidental incluyeran en sus legislaciones una serie de ilícitos cometidos en el alto mundo de los negocios por personas de "blanco cuello" en su camisa. Nuestro país no fue la excepción y en diversos ordenamientos como la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, la Ley de Defraudación Impositiva en Materia Federal, la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, se contemplaron una serie de figuras delictivas para esos delincuentes de los negocios y prácticas comerciales.
Más de 50 años han transcurrido a partir de lo que comentamos y el panorama que tenemos enfrente no es halagador, porque en los últimos años todos hemos sido testigos de una serie de actos ilícitos que se han dado en el marco de los grandes negocios bancarios y crediticios. No quiero mencionar ni casos ni nombres, pero ambos son públicamente conocidos. No asusta ni admira que existan posibles delitos y presuntos delincuentes, pero, lo que causa sorpresa e indignación es que esos presuntos delincuentes evadan la acción de la justicia, apoyados en una serie de mecanismos formalistas que las leyes de la materia contemplan.
Consecuencia de ello, el Gobierno de la República ha tenido que instrumentar planes emergentes de rescate, con un alto costo económico y social, tales como las Udis, el Fobaproa y otros, mismos que pretenden sanear el sistema financiero mexicano, saqueado por unos pillos que al amparo de una serie de lagunas legales se mantienen impunes.
En efecto, hablemos de lo que frecuentemente ocurre en los principales delitos de corte bancario y crediticio, que son los previstos en la Ley de Instituciones de Crédito y en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Para proceder en contra de los presuntos responsables se requiere acreditar un elemento que se conoce como quebranto patrimonial, que involucra una serie de conceptos y mecanismos contables y la participación de las autoridades de vigilancia; se exige en muchos casos la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; se necesita la presentación por parte de la institución de crédito ofendida o de la autoridad hacendaria de una petición o querella ante la Procuraduría General de la República y, como estos actos están sujetos a formalidades, cualquier omisión o defecto en ellos provoca una línea de escape para el presunto responsable que, desde luego, es fácilmente explotada y aprovechada.
Por si lo anterior no fuera suficiente, siendo los delitos bancarios perseguibles por querella, quedan sujetos a los plazos generales de prescripción de la acción penal que contempla el artículo 107 del Código Penal aplicable en materia federal, plazo que es de un año cuando se tiene conocimiento del hecho delictivo y de su autor y de tres años si no se tiene ese conocimiento.
Además de lo ya mencionado, es conocido por todos que los procedimientos de quiebra y de suspensión de pagos han venido en aumento. De alguna manera se ha visto como una solución no tan drástica para salir librado de una responsabilidad económica ejemplificativo de ello es el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tiene jueces especializados en materia concursal, pero, cuando se trata de los delitos previstos en la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, que son delitos del orden federal por estar contemplados en una Ley Federal, nuevamente encontramos formalismos que impiden una eficaz y oportuna acción de la justicia. Por una parte, está la circunstancia de que la ley indica, que para proceder por tales delitos se requiere la sentencia de quiebra y como la ley no es clara en lo que atañe a la suspensión de pagos, generalmente se burla la acción de la justicia penal en procedimientos de suspensión de pagos; por la otra, a raíz de lo que considero una indebida interpretación de un precedente del Poder Judicial de la Federación que se conformó con apoyo en la anterior Ley de Quiebras4, el ejercicio de la acción penal se condiciona a que la sentencia de quiebra o de suspensión de pagos esté firme. Nada más fácil para evitar la acción penal que el hecho de que un interesado cualquiera interponga el recurso de apelación en contra de la sentencia de quiebra o de suspensión de pagos, para impedir de manera "legal" la acción eficaz y oportuna del Ministerio Público de la Federación.
4. Que sí contemplaba en su articulado que el ejercicio de la acción penal quedaba supeditado a la firmeza de la declaración de quiebra.
Para continuar la exposición de ese privilegiado esquema legal, hay que mencionar que como los delitos bancarios no son "delitos graves", los presuntos criminales de cuello blanco tienen el derecho de obtener la libertad provisional bajo caución, otorgando la garantía que el juzgador fije. Un motivo más para demostrar que su poder económico les permite evitar los pesares y sufrimientos a que necesariamente están expuestos los mexicanos de "baja clase", (con perdón de la expresión), haciendo patente que el rico no merece estar en la cárcel.
Finalmente, hay que destacar que la pena de prisión que prevé la ley para los delitos bancarios de quebranto patrimonial (máximo de 10 años), es menor a la que contempla el Código Penal para el delito de fraude (máximo de 12 años), siendo que los delitos bancarios por lo general involucran fuertes perjuicios patrimoniales, superiores a los de un ordinario fraude. Por una razón de justicia, la pena máxima debe ser, al menos, equiparada.
Señores diputados, los invito a reflexionar acerca de lo siguiente: deseamos que las leyes federales sigan siendo los instrumentos que protejan a presuntos delincuentes de cuello blanco o deseamos que sean los medios para perseguirlos y castigarlos.
Por nuestra parte, estamos comprometidos y convencidos de que ningún trato preferencial deben tener las personas que son señaladas como probables criminales de cuello blanco y, por lo tanto, que los formalismos que integran el escudo legal que los hace inmunes a la acción de la justicia deben desaparecer en aras de la igualdad en la aplicación de las leyes penales. A quién conviene la permanencia de ese privilegiado trato: a la nación o a los mismos infractores, la respuesta es obvia. A quién nos debemos y representamos: a la nación o a los infractores, la respuesta también es evidente.
El derecho debe ajustarse a la realidad social y no quedar a la zaga. Es responsabilidad de esta diputación federal, velar porque la legislación esté a la par de los reclamos sociales y para que sea realidad la aplicación de la justicia por igual, sin distinciones de rango o de status.
Por todas las anteriores manifestaciones y consideraciones, se propone una iniciativa de ley que tiene como objeto modificar las diversas leyes que se han comentado, adicionando al término quebranto el de perjuicio patrimonial en forma disyuntiva, disponiendo que se pueda acreditar por cualquier medio de prueba; ampliando los actuales plazos de prescripción de la acción penal de uno y tres años a tres y cinco años, respectivamente; destacando que para proceder por los delitos previstos en la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, basta la declaración de suspensión de pagos; señalando que no es necesario que el ejercicio de la acción penal esté condicionado a que quede firme una sentencia de quiebra o de suspensión de pagos, pues para ello en materia penal están previstas las figuras del desvanecimiento de datos y el sobreseimiento; contemplando a los delitos bancarios más importantes como delitos graves, para el efecto de que los presuntos infractores no tengan derecho a gozar de una libertad provisional bajo garantía que moralmente no merecen; y, equiparando el máximo de la pena del delito bancario a la del delito de fraude.
Es así que se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones de Crédito, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley de Quiebras y Suspensiones de Pagos y del Código Federal de Procedimientos Penales.
Artículo primero. Ley General de Instituciones de Crédito.
Se reforma el artículo 112, para quedar como sigue:
Artículo 112. Serán sancionados con prisión de tres meses a tres años y multa de 30 a 500 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, no exceda del equivalente a 500 veces el referido salario; cuando exceda dicho monto, serán sancionados con prisión de dos a 12 años y multa de 500 a 50 mil veces el salario mínimo señalado:
I. Las personas que con el propósito de obtener un crédito, proporcionen a una institución de crédito, datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad o persona física o moral, si como consecuencia de ello resulta quebranto o perjuicio patrimonial para la institución;
II. Los empleados y funcionarios de una institución de crédito que, conociendo la falsedad sobre el monto de los activos o pasivos, concedan el crédito a que se refiere la fracción anterior, produciéndose los resultados que se indican en la misma;
III. Las personas que para obtener créditos de una institución de crédito presenten avalúos que no correspondan a la realidad, resultando como consecuencia de ello quebranto o perjuicio patrimonial para la institución;
IV. Los empleados y funcionarios de la institución que, conociendo los vicios que señala la fracción anterior, concedan el crédito, si el monto de la alteración hubiere sido determinante para concederlo y se produce quebranto o perjuicio patrimonial para la institución;
V. Los empleados y funcionarios de la institución de crédito que autoricen operaciones, a sabiendas de que éstas resultarán en quebranto o en perjuicio patrimonial a la institución en la que prestan sus servicios;
Se consideran comprendidos dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior y, consecuentemente, sujetos a iguales sanciones, los empleados y funcionarios de instituciones de crédito:
a) Que otorguen créditos a sociedades constituidas con el propósito de obtener financiamientos de instituciones de crédito, a sabiendas de que las mismas no han integrado el capital social que registren las actas constitutivas correspondientes;
b) Que para liberar a un deudor, otorguen créditos a una o varias personas físicas o morales, que se encuentren en estado de insolvencia, sustituyendo en los registros de la institución respectiva unos activos por otros;
c) Que otorguen créditos a personas físicas o morales cuyo estado de insolvencia les sea conocido, si resulta previsible al realizar la operación que carecerán de capacidad económica para pagar o responder por el importe de las sumas acreditadas, produciendo quebranto o perjuicio patrimonial a la institución;
d) Que renueven créditos vencidos parcial o totalmente a las personas físicas o morales a que se refiere el inciso c, anterior;
e) Que a sabiendas, permitan a un deudor desviar el importe del crédito a los fines pactados y como consecuencia de ello resulte quebranto o perjuicio patrimonial a la institución;
VI. Los deudores que no destinen el importe del crédito a los fines pactados y como consecuencia de ello resulte quebranto o perjuicio patrimonial a la institución de crédito y
VII. Los acreditados que desvíen un crédito concedido por alguna institución de crédito a fines distintos para los que se otorgó, si dicha finalidad fue determinante para el otorgamiento del crédito en condiciones preferenciales.
Se adiciona el siguiente párrafo al artículo 115, que en lo subsecuente será el tercero:
Tratándose de los delitos previstos en el artículo 112 de esta ley, la acción penal prescribirá: en tres años, contados desde el día en que quienes puedan formular la petición tengan conocimiento del delito y del delincuente y en cinco, fuera de esa circunstancia. Para la acreditación del quebranto o del perjuicio patrimonial podrá utilizarse cualquier medio de prueba.
Artículo segundo. De la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
Se adiciona el siguiente párrafo al artículo 95, que en lo subsecuente será el segundo:
Tratándose de los delitos previstos en la fracción II del artículo 97 de esta ley, la acción penal prescribirá: en tres años, contados desde el día en que quien pueda formular la petición tenga conocimiento del delito y del delincuente y en cinco, fuera de esa circunstancia.
Se reforma la parte inicial y la fracción II del artículo 97 para quedar como sigue:
"Artículo 97. Se impondrá pena de prisión de dos a 12 años y multa con importe de 500 a 5 mil días de salario, a los funcionarios y empleados de las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio que:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Falsifiquen, alteren, simulen o, a sabiendas, realicen operaciones que resulten en quebranto o en perjuicio al patrimonio de la organización o casa de cambio en la que prestan sus servicios.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Realicen operaciones propias del objeto social de las organizaciones y casas de cambio con personas físicas o morales cuyo estado de insolvencia les sea conocido, si resulta previsible al realizar la operación que carecerán de capacidad económica para pagar o responder por el importe de las operaciones realizadas que resulten en quebranto o en perjuicio al patrimonio de las organizaciones o casas de cambio de que se trate;
c) y d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) A sabiendas, permitan a un deudor desviar el importe del crédito, préstamo o bien arrendado en beneficio de terceros, reduciendo notoriamente su capacidad para pagar o responder por el importe de su obligación y, como consecuencia de ello, resulte quebranto o perjuicio patrimonial a la organización y
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
Se reforman las fracciones I, III y IV del artículo 98 para quedar como sigue:
"Artículo 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Las personas que con el propósito de obtener un préstamo, crédito o de celebrar un contrato de arrendamiento financiero o de factoraje financiero, proporcionen a una organización auxiliar del crédito datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad o persona física o moral, si como consecuencia de ello resulta quebranto o perjuicio patrimonial para la organización;
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Las personas que para obtener préstamos o créditos de una organización auxiliar del crédito o con el fin de celebrar contratos de arrendamiento financiero o de factoraje financiero, presenten avalúos que no correspondan a la realidad, de manera que el valor real de los bienes que se ofrecen en garantía sea inferior al importe del crédito o préstamo, bienes en arrendamiento o derechos de crédito, resultando quebranto o perjuicio patrimonial para la organización;
IV. Los funcionarios de la organización auxiliar del crédito que, conociendo los vicios que señala la fracción anterior, concedan el préstamo, crédito o celebren el contrato de arrendamiento financiero o de factoraje financiero, si el monto de la alteración hubiere sido determinante para concederlo y se produce quebranto o perjuicio patrimonial para la organización;
V y VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . "
Artículo 3o. De la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos.
Se modifica la denominación de la Sección Segunda del Título Tercero, Capítulo I, para quedar como sigue:
De la responsabilidad penal en la quiebra y en la suspensión de pagos.
Se reforma el artículo 111 para quedar como sigue:
"Artículo 111. No se procederá por los delitos definidos en esta sección sin que el juez competente haya hecho la declaración de quiebra o de suspensión de pagos. No será obstáculo para el ejercicio de la acción penal el hecho de que se encuentre en trámite una apelación en contra de la sentencia que hubiere declarado la quiebra o la suspensión de pagos; si con motivo de la sentencia de segunda instancia queda sin efecto la declaración de quiebra o de suspensión de pagos, se procederá conforme señala el Código Federal de Procedimientos Penales."
Se reforma el artículo 112 para quedar como sigue:
"Artículo 112. Los delitos previstos en los artículos 93, 94 y 96 de esta ley se entienden cometidos también en los casos de suspensión de pagos y, por consecuencia, los responsables quedan sujetos a las sanciones que la misma señala para los casos de quiebra. Los delitos en materia de quiebras y de suspensión de pagos se perseguirán de oficio."
Artículo cuarto. Del Código Federal de Procedimientos Penales.
Se adiciona un párrafo al artículo 194, para quedar como sigue:
"Artículo 194. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) a c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
También se consideran delitos graves: los previstos en el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, cuando el monto de la operación, del quebranto o del perjuicio patrimonial exceda del equivalente a 500 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, y los previstos en la fracción II del artículo 97 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 29 de abril de 1998.— Diputados: Francisco J. Santillán Oceguera, Héctor Francisco Castañeda Jiménez, Juan García de Quevedo Baeza, Héctor González Machuca, Francisco Javier Morales Aceves, Teresa Núñez Casas, Salvador Rizo Ayala, Manuel Cárdenas Fonseca y Juan Enrique Ibarra Pedroza.»
| El Presidente : |
Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Alvaro Arceo Corcuera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que modifica la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 76 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 106 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
| El diputado Alvaro Arceo Corcuera: |
Muchas gracias, señor Presidente; señoras diputadas y señores diputados:
Iniciativa de decreto que modifica la fracción II del artículo 107 constitucional, y el artículo 76 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Iniciativa para suprimir la fórmula otero en las sentencias del juicio de amparo, respecto de la impugnación de leyes secundarias declaradas jurisprudencialmente inconstitucionales.
Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
«Con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 55 fracción II y 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados firmantes, pertenecientes al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVII Legislatura Federal, sometemos a la consideración de esta soberanía, la iniciativa que modifica la fracción II del artículo 107 constitucional, y el artículo 76, fracción II de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad a la siguiente
EXPOSICION DE MOTlVOS
El juicio de amparo es, indiscutiblemente, una aportación de México a la ciencia jurídica universal. Sus características particulares lo hacen notable entre otras instituciones del derecho que persiguen fines semejantes y, naturalmente, sus bondades legales han sido objeto de estudio y admiración de juristas extranjeros, así como también de adopción e imitación por algunas constituciones de otros países latinoamericanos, incluso por algunas naciones del viejo continente como: España y Portugal.
El amparo tiene influencias y antecedentes remotos insospechados, aunque dicho proceso de defensa constitucional, por el que se define la validez de los actos de toda clase de autoridades, inclusive las leyes federales y locales, aparece desde su invención con una fisonomía propia inconfundible.
Se afirma que los orígenes del amparo se remontan a la legislación romana, particularmente el interdicto de Homine Libero Exhibiendo (Dig., tít. XXIX, libro XLIII ), pasando por la Mediola española, del Siglo XVI, y el Habeas Corpus inglés; la comparación con estas instituciones confirma, sin embargo, la originalidad del instrumento mexicano de defensa del individuo contra los excesos y transgresiones de las normas jurídicas por parte de los poderes públicos en México.
El amparo mexicano tuvo su origen en el "proyecto de constitución del Estado de Yucatán" del 23 de diciembre de 1840, obra del jurista Manuel Crescencio Rejón, que señalaba como primera atribución de la Suprema Corte de Justicia: "amparar en el goce de sus derechos a los que pidan su protección, contra las leyes o decretos de la legislatura que sean contrarios a la Constitución; o contra las providencias del gobernador o el Ejecutivo, cuando en ellas se hubiesen infringido el código fundamental o las leyes, limitándose en ambos casos a reparar el agravio de la parte en que éstas o la Constitución hubiesen sido violadas". 1
1 Martínez Báez, Antonio. Derecho constitucional. El Juicio de Amparo. Ensayo contenido en el libro México en la Cultura Universal, editado por el Gobierno del Estado de Puebla, edición de 1996, pp. 68 y ss.
Posteriormente, el acta de reformas de 1847, que se reconoce como obra del jurista Mariano Otero, instaura la figura del juicio constitucional de garantías con los perfiles definitivos que desde entonces adoptó en el artículo 25 de la siguiente forma: "los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le conceden esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer una declaración general respecto de la ley o del acto que la motivare"; 2 esta fórmula, conocida como fórmula Otero, pasó poco después a la Constitución de 1857, en el artículo 102 y a la Constitución de 1917, en el artículo 107 fracción I, respecto a los efectos limitados de la sentencia protectora de los intereses individuales.
2 Véase el artículo del citado proyecto.
"El amparo es en esencia, continuaba el proyecto de 1847, un método, un procedimiento, un remedio constitucional, por su forma de juicio y por su objeto en cierto modo recurso, que lleva por finalidad restituir al sujeto quejoso el goce de sus garantías constitucionales, cuando por ley o por acto cualquiera de autoridad se le lesionan o que la autoridad federal o de los estados federales vuelvan a sus respectivas órbitas, cuando mutuamente se invadan. Método, recurso o sistema seguido con fórmulas judiciales y que, solicitado por el individuo lesionado, debe hacer declaración respecto al caso a debate, sin decretar nada en lo general y que se limita a amparar sumaria y rápidamente al quejoso para resarcirlo del atentado cometido o detener el que se intente, y esto contra la ley misma". 3
Conferencia de Antonio Martínez ante la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en sesión del 8 de febrero de 1916, sobre el tema: "El Juicio de Amparo de Garantías en el Derecho Constitucional Mexicano". Ed. De la Academia de la Academia Madrid, 1916, ante el Monumento Constituyentes Español. CIAP, S.A. obra apariencia en 1931 durante, la actuación de las Cortes Constituyentes de la República, con base en las notas del ensayo La Defensa Constitucional, Recursos de Inconstitucionalidad y Amparo.
Así pues, el juicio de amparo tiene una vida real y efectiva, es una institución eminentemente práctica, de hecho es la garantía de todas las libertades civiles; asegura al hombre en México las integridades: física, moral y patrimonial, las libertades que más interesan para salvaguardarlas y que constituyen la base de la vida social y garante y protector de las libertades políticas. El amparo se ha convertido en la institución legal más importante de la justicia federal, sin el aparato de la fuerza, por medio de un simple acto, armada del poder moral que la Constitución le confiere, en nombre de la soberanía nacional, que hace prevalecer al derecho individual contra el poder del Gobierno, y lo que es más, contra la ley cuando vulnere las garantías individuales consagradas en la Ley Suprema. Sin embargo, hoy esta institución requiere adaptarse a nuevos tiempos en aras de responder a necesidades apremiantes que en materia de justicia la sociedad reclama y que le permita seguir como un orgullo de la ciencia jurídica mexicana.
La fórmula Otero cumplió ampliamente con la protección de las garantías individuales y respondió a las necesidades históricas de su momento. La preocupación fundamental de proteger al individuo de una ley inconstitucional es la de anular los efectos de ésta para el quejoso y evitar la confrontación entre poderes, situación que en el siglo pasado se consideraba de graves consecuencias, pero dejando secundariamente la defensa de la Constitución; indudablemente, hoy es necesario completar la protección de la Constitución declarando la invalidez de las leyes inconstitucionales.
Ciertamente, a raíz de la reflexión sobre la naturaleza, objeto, fines y alcances del juicio de amparo, es necesaria la revisión sobre uno de los principios que nutren a esta institución legal: el principio de relatividad de la sentencia, también conocida como fórmula Otero, cuando se trate de la impugnación de leyes secundarias inconstitucionales. Desde luego, las consideraciones que se viertan sobre la defensa de los efectos relativos de las sentencias del juicio de amparo en la impugnación de leyes secundarias por su inconstitucionalidad, son, por naturaleza, contrarias a un principio rector del derecho: la justicia. Más aún, sostener la vigencia de tal principio equivale a aceptar leyes y actos que violentan el orden constitucional.
Al respecto, el destacado jurista Héctor Fix Zamudio sostiene: "baste señalar la consecuencia que se produce actualmente en la práctica, de la desigualdad ante la ley, que significa, no obstante la existencia de una jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia que ha considerado determinadas leyes como contrarias a la Ley Suprema, que las mismas se desapliquen en beneficio de las personas que tuvieron la suerte de solicitar oportuna y correctamente el amparo y en cambio, se impongan coactivamente a otras, que por diversas razones no pudieron obtener la protección, inconveniente que el principio de la suplencia de la queja establecida por el párrafo cuarto del artículo 76 de la Ley de Amparo, no disminuye sino en mínima parte". 4
4 Véase "Introducción al Estudio del Amparo". Universidad de Nuevo León 1968, pp 98 y 99.
En este aspecto, escribió Efraín Polo Bernal, el amparo contra leyes en México contradice el principio de la supremacía de la Constitución, como cualidad de medida y de sustento de la legalidad, igualdad, seguridad y regularidad jurídicas, pues permite un sistema de excepción, en cuanto que sólo se desaplica la ley para el particular que la impugnó, pero no anula el acto legislativo violatorio de la Ley Fundamental; autorizando así que la ley tenga una vida jurídica normal, aun cuando esté en abierta y absoluta contradicción con la Constitución; con lo que se destruye la función de ésta de fundamentar el ordenamiento jurídico total de una nación; nulificándolo como garantía de perdurabilidad de dicho orden, como expresión de contenido esencial para que el orden pueda existir, y como principio, base y fundamento en el que descansan los restantes ordenamientos jurídicos.
En cierto sentido, continúa Polo Bernal, al permitir la no aplicación de una ley, declarada inconstitucional, para una persona determinada, crea situaciones jurídicas de privilegio frente a todos los que no accionaron contra la misma; sistema criticable porque desoye el principio de igualdad consignado por el propio Constituyente en los artículos 1o. y 13 de la Ley Suprema.
Por otra parte, el reconocido ministro de la Corte Juventino V. Castro asevera que: "si la función del Poder Judicial Federal, primordialmente, es la vigilancia y vivencia de las normas constitucionales, no parece catastrófico que precisamente sea él el que haga prevalecer la vigencia de lo que establece la Ley Suprema".5
5 Véase"Lecciones de Garantías y Amparo". Edición de 1974, pag. 343.
Cuando el Poder Judicial, garante de la legalidad, declare que una ley del Congreso o de las legislaturas locales se aparta de lo que dicta la Constitución, en defensa del orden constitucional debe declarar la invalidez de la ley inconstitucional, previo examen de los órganos jurisdiccionales y en caso de que se hayan dictado cinco ejecutorias ininterrumpidas en el mismo sentido. Esto no significa que el Poder Judicial esté por encima de los otros dos poderes, sino que la norma fundamental, la Constitución, está por sobre los tres poderes que aquella crea y regula. Lo que prevalece es lo constitucional, no lo judicial.
Por lo anterior, la ley secundaria declarada inconstitucional por los órganos jurisdiccionales en jurisprudencia definida, no debe seguirse aplicando por autoridad alguna. El principio de la relatividad de las sentencias de amparo permite la observancia de ordenamientos legales opuestos a lo que establece la Constitución para aquellos que no tienen los recursos suficientes para promover un juicio de amparo, que implica altos costos y una gran especialización de quien haga técnicamente la promoción legal. La supresión de la llamada fórmula Otero, sin lugar a dudas, permitirá la accesibilidad de la justicia para todos los mexicanos y un mayor control sobre la observancia de lo que establece nuestra Constitución.
Por lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Que modifica y adiciona la fracción II del artículo 107 constitucional, y del artículo 76 de la Ley de Amparo.
Artículo primero. Se reforma el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción II, para quedar como sigue:
"Artículo 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Las sentencias se ocuparán de individuos particulares limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja. Sin embargo, cuando una ley ha sido declarada inconstitucional por jurisprudencia definida, la Suprema Corte podrá declarar su validez general por mayoría de seis votos."
Artículo segundo. Se reforma el artículo 76 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, para quedar como sigue:
"Artículo 76. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo se ocuparán de los individuos particulares o de personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado para ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso sobre el que verse la demanda. Sin embargo, cuando a ley ha sido declarada inconstitucional por jurisprudencia definida, la Suprema Corte podrá declarar su invalidez general por mayoría de seis votos."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. La reforma al artículo 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entrará en vigor a los 15 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La reforma al artículo 76 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, entrará en vigor al siguiente día de que entre en vigor la reforma al artículo 107 fracción II, de la Constitución Federal.
México, D.F., a 27 de abril de 1998.— Diputado Alvaro Arceo Corcuera.»
| El Presidente : |
Túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
| El Presidente : |
Tiene ahora la palabra el diputado Samuel Lara Villa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
| El diputado Samuel Lara Villa: |
Señor Presidente; señoras diputadas, señores diputados:
«Ciudadano Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— LVII Legislatura.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados de la Comisión de la Defensa Nacional, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de reforma a los artículos 29, 152 y 155 y adiciones al Capítulo IV de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en razón de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El personal de las fuerzas armadas mexicanas que paso a situación de retiro, durante el tiempo que se desempeñó en el servicio activo lo hizo con apego a lo que establecen las leyes y reglamentos militares, y su actitud ante el servicio, en la generalidad de los casos fue positiva y más aun destacada, cumpliendo con el perfil ético y con el espíritu de servicio que es característico en quienes se dedican a esta materia laboral; y al retirarse cumplió con los requisitos legales vigentes aprobados en su oportunidad por las autoridades competentes.
Debe considerarse también, que los miembros de las fuerzas armadas al retirarse pasan a la situación legal de reservas, por todo el tiempo en que se encuentren físicamente aptos para el servicio de las armas; no resulta congruente que se acepte, la necesidad de disponer de personal militar profesional físicamente apto; útil para contingencias de emergencia nacional y no se busque mejorar la situación que lo permita, mediante mejoras de tipo social.
El deterioro progresivo del poder adquisitivo de bienes de consumo asequible con los haberes de retiro o pensiones, ha colocado a quienes sólo cuentan con estos ingresos en situación de extrema pobreza, máxime cuando aún sostienen a dependientes económicos y han llegado ya a la senectud y el deterioro de su estado físico y sicosomático origina gastos adicionales.
Es por estas razones que el Estado mexicano, reconociendo el esfuerzo que impone el servicio de las armas y la abnegación y sacrificio a que están obligados quienes lo abrazan, al extremo de anteponer el supremo interés de la nación a la satisfacción personal, debe aceptar que es imprescindible y urgente que el marco legal aplicable, contemple el mejoramiento de las condiciones de vida del personal en situación de retiro y los pensionados, al grado de dignidad que merecen quienes dedicaron su vida al servicio del pueblo.
Artículo único. Se reforman los artículos 29, 152 y 155 y se adiciona el Capítulo IV de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar en los términos siguientes:
CAPITULO II
Artículo 29. Para calcular el monto de los haberes de retiro, de las compensaciones o de las pensiones, se sumarán al haber del grado con el que vayan a ser retirados o les hubiere correspondido en caso de retiro, el sobre haber regional para el personal en activo, vigente en el lugar donde vayan a residir, las primas complementarias de ese haber por condecoraciones de perseverancia ya otorgadas, además las asignaciones del técnico, las de los niveles académicos de licenciatura, maestría y doctorado, las de técnico, de vuelo y las especiales de los paracaidistas, cuando las estén percibiendo los integrantes de las fuerzas armadas en el momento en que ocurra alguna de las causales de retiro.
Para los efectos del párrafo anterior los haberes, las primas y las asignaciones que deban servir de base en el cálculo, serán los fijados en el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente en la fecha en que el militar cause baja en el activo, modificándose en la misma proporción en el momento en que se autoricen incrementos para el personal militar en servicio activo; debiendo en todos los casos entregar al beneficiario copia del recibo de pago desglosado por conceptos.
CAPITULO IV
Artículo 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. Convenir con los gobiernos Federal, estatales y municipales, la exención de impuestos y derechos derivados de la compra, construcción y usufructo de bienes inmuebles de interés social y de los servicios con éstos relacionados.
Artículo 141-bis. El instituto celebrará convenios con las empresas y dependencias públicas y privadas proveedoras de los servicios de suministro de agua, energía eléctrica, gas doméstico, teléfono y de transporte urbano y foráneo, dentro del territorio nacional para que se otorgue obligatoriamente un descuento del 50% en el precio de estos servicios a los miembros de las fuerzas armadas que se encuentren en situación de retiro y pensionados cubriendo en su caso los costos respectivos.
CAPITULO VI
Artículo 152. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La atención médica-quirúrgica a los militares con haber de retiro y a los familiares de los militares que perciban haberes y haber de retiro, se prestará por el instituto en sus propias instalaciones o como servicio subrogado o concesionado, en los casos que no existan estas instalaciones propias en el lugar o que la urgencia o la importancia de la atención médica lo amerite, con base en la aportación del Gobierno Federal especificada en el artículo 229 de esta ley.
Artículo 155. La atención médico-quirúrgica será en todos los casos, inmediata y obligatoria e incluye además, la asistencia hospitalaria y farmacéutica necesaria y, en su caso, obstétrica, prótesis y ortopedia y rehabilitación de los incapacitados, así como de la medicina preventiva y social y la educación higiénica.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
México, D.F., a 28 de abril de 1998.— Diputados: Ranulfo Tonche Pacheco, Rodrigo Maldonado Ochoa, Alvaro López Ríos, Gilberto Parra Rodríguez, Rufino Contreras Velázquez, Adolfo González Zamora y Samuel Lara Villa.»
| El Presidente : |
Túrnese a la Comisión de Seguridad Social y de Defensa Nacional.
| La secretaria Teresa Núñez Casas: |
«Diputado Pablo Sandoval Ramírez, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
El pasado 20 de abril de 1998, esta comisión se reunió en sesión ordinaria. En ella se abordó el tema relativo a la excitativa que le hizo a esta comisión el Presidente de la mesa directiva el pasado 31 de marzo de 1998, previa solicitud del diputado Sergio M. George Cruz. La razón fue el solicitar que esta comisión integrara una comisión investigadora que analizará el procedimiento utilizado para privatizar Teléfonos de México.
CONSIDERANDO
Que conforme al artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, "la competencia de las comisiones ordinarias es la que deriva de su denominación, en correspondencia a las respectivas áreas de la Administración Pública Federal, así como de las normas que rigen el funcionamiento de la Cámara".
Que los integrantes de esta comisión argumentaron que no existe necesidad alguna de crear una nueva comisión investigadora en torno al tema señalado, ya que éste puede ser abordado por comisiones existentes en la actual LVII Legislatura.
Ante esta situación, la comisión de manera unánime acordó:
1. Que el tema es relevante y pertinente, pero de la competencia de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Dicha comisión definirá la forma en la cual se trabaje internamente, sin embargo, se le solicitará que invite al diputado George, a que coadyuve con los trabajos de la misma.
Con base en lo anterior, solicito que se informe en el pleno del acuerdo tomado por esta comisión y sírvase turnar esta petición a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 28 de abril de 1998.— Jorge Torres Castillo, secretario técnico de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.»
De enterado.
| El secretario Carlos Iñiguez Cervantes: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVII Legislatura.
Comisión de Seguridad Social.
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
El que suscribe diputado Gonzalo Rojas Arreola, en mi carácter de presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura y en relación al oficio 57-II-5-248, remitido por la dirección de Proceso Legislativo de esta Cámara de Diputados a esta comisión a mí cargo, en tiempo y forma y toda vez que dada la naturaleza colegiada de esta comisión y de que resulta necesario celebrar una reunión del pleno de la misma y de que tal reunión plenaria se encuentra en proceso a la fecha, para los efectos de emitir un dictamen en relación a la iniciativa presentada por el diputado Jesús Montejo Blanco, a nombre de diputados integrantes de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados, de los grupos parlamentarios de los partidos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, (sobre discapacitados y régimen de afiliación voluntaria), para reformar los artículos 222, 227, 228 y adicionar con una fracción el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, y en virtud de la importancia y trascendencia del tema en cuestión, con fundamento y apoyo en el artículo 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, juzga necesario contar con mayor término para emitir el dictamen correspondiente, solicito y así procede, se demore el despacho del negocio puesto a consideración y se otorgue la autorización a esta Comisión de Seguridad Social de la prórroga a que haya lugar, lo que manifiesto a esta Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para los efectos legales conducentes.
Sin otro particular por el momento, me despido reiterándole la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Palacio Legislativo, 7 de abril de 1998.— Diputado Gonzalo Rojas Arreola, presidente.»
De enterado.
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS (II)
| El secretario Carlos Iñiguez Cervantes: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVII Legislatura.
Comisión de Seguridad Pública.
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
El que suscribe diputado Gonzalo Rojas Arreola, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura y en relación al oficio de turno número 57-II-3-209, remitido por la dirección de Proceso Legislativo de esta Cámara de Diputados, a esta comisión a mÍ cargo, en tiempo y forma y toda vez que dada la naturaleza colegiada de esta comisión y de que resulta necesario celebrar una reunión del pleno de la misma y de que tal reunión plenaria se encuentra en proceso a la fecha y de que así mismo resulta necesario realizar una reunión de las comisiones unidas de Defensa Nacional, Marina y de Seguridad Social de esta Cámara de Diputados, en relación a la propuesta del diputado Samuel Lara Villa, quien a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presento una propuesta de modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para el efecto de expeditar el despacho del turno en cuestión y dada la importancia y trascendencia del tema que nos ocupa, esta Presidencia a mí cargo, con fundamento y apoyo en el artículo 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, juzga necesario contar con mayor tiempo para emitir el dictamen correspondiente, solicito y así procede se demore el despacho del negocio puesto a consideración y se otorgue la autorización a esta Comisión de Seguridad Social de la prorroga a que haya lugar, para los efectos legales conducentes.
Sin otro particular por el momento, me despido reiterándole las seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Palacio Legislativo, 7 de abril de 1998.— Diputado: Gonzalo Rojas Arreola, presidente.»
De enterado.
| El secretario Francisco Antonio Ordaz Hernández: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVII Legislatura.
Comisión de Turismo.
Ciudadano diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política Presente.
Estimado diputado: de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir adjunto a la presente el oficio de comunicación por el cual hago del conocimiento del pleno la determinación que adoptó la junta directiva de la comisión a mí cargo, consistente en aplazar la presentación de los dictámenes correspondientes a dos iniciativas que tenemos en rezago hasta el próximo periodo de sesiones ordinarias.
Lo anterior, a efecto de que se sirva incluirlo en el orden del día 29 de abril del año en curso y se dé cuenta al pleno en la sesión correspondiente.
Sin más por el momento, le reitero mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 28 de abril de 1998.— Diputado Fernando González Corona.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVII Legislatura.
Comisión de Turismo.
Ciudadano Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito por su conducto informarle al pleno de esta soberanía, que esta comisión a mí cargo en las últimas semanas ha tenido que atender algunos asuntos no menos importantes que nos han impedido formular y, en su caso, aprobar el dictamen correspondiente a dos iniciativas que se nos han remitido, una de ellas junto con la Comisión de Pesca.
En consecuencia, hacemos de su conocimiento también que hemos aplazado la presentación de los dictámenes correspondientes hasta el próximo periodo de sesiones ordinarias.
Atentamente.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 28 de abril de 1998.— Diputado Fernando González Corona, presidente.»
De enterado.
| El Presidente : |
Damos la bienvenida a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México.
| El Presidente : |
Tiene la palabra la diputada Clara Marina Brugada Molina, de la junta directiva de la Comisión de Desarrollo Social, para presentar un punto de acuerdo para que el ajuste presupuestario no perjudique los programas de desarrollo social.
| La diputada Clara Marina Brugada Molina: |
Gracias, diputado Presidente; honorable Asamblea:
Lamentablemente la pobreza en México se ha convertido en la compañera inseparable y cotidiana de más de la mitad de los mexicanos; la pobreza que cada día cobra más víctimas, que margina a millones de mexicanos de los satisfactores básicos, que rompe con las esperanzas y los sueños; la pobreza que nos muestra el rostro de los olvidados; esa pobreza que en la realidad se muestra más cruda que en los números y estadísticas.
Ello nos obliga a todos los legisladores, a asumir un firme compromiso ético y político con esos millones de mexicanos, con aquellos que esperan resultados concretos y tangibles de la democracia y la pluralidad de esta LVII Legislatura.
Pero también obliga al gobierno en todos sus órdenes, a situar como prioridad nacional, el desarrollo social.
El espíritu del presente punto de acuerdo, manifiesta la disposición de todos los grupos parlamentarios, para unificar voluntades y acciones que coloquen el desarrollo social y la lucha contra la pobreza, en el centro del quehacer legislativo, gubernamental y de la sociedad.
En febrero pasado, el Ejecutivo Federal decidió efectuar un recorte del Presupuesto de Egresos de la Federación por 18 mil 115 millones de pesos, como resultado de una disminución no programada en los precios del petróleo.
Esta medida tuvo como objetivo fundamental, mantener el déficit programado en 1.25% del producto interno bruto y no contratar nueva deuda.
Dicho recorte repercutió en los montos asignados a programas sociales dirigidos específicamente a la población en condiciones de pobreza, lo cual afectó al número de beneficiarios, las metas y los tiempos de ejecución programados en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos.
El mes pasado el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor José Angel Gurría Treviño, anunció un segundo recorte y la posibilidad de un tercero. Ante ello, los diputados preocupados por los posibles efectos de estos recortes en el bienestar de la población, debemos asumir una postura firme en defensa del gasto social y especialmente de los programas sociales dirigidos a la población más vulnerable de nuestro país.
El combate a la pobreza es un compromiso que legisladores y gobierno debemos reafirmar con toda determinación, ya que representa uno de los retos más serios y urgentes de nuestro desarrollo, además de que se le otorga la más alta prioridad dentro de la política social establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.
El decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por esta Cámara de Diputados, establece en su artículo 45 fracción II, inciso b, que los ajustes y reducciones deberán realizarse en forma selectiva y sin afectar las metas sustantivas del gasto social y de los principales proyectos de inversión.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Desarrollo Social, pone a consideración de esta soberanía, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Cámara de Diputados, se pronuncia por que el segundo recorte prespuestal anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no afecte aún más los montos, tiempos y metas, establecidos para el gasto social dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1998.
Asimismo, exhortamos al Ejecutivo Federal a buscar alternativas que permitan cumplir con los programas sociales aprobados en diciembre de 1997.
Atentamente.
Diputados de la Comisión de Desarrollo Social: Clara Brugada Molina, presidenta; Luis Patiño Pozas, Edgar Martín Ramírez Pech, Carlos Sobrino Sierra, Armando Aguirre, secretarios; Ramón Corral Avila, María del Carmen Corral Romero, María del Carmen Díaz Amador, Elodia Gutiérrez Estrada, Felipe Vicencio Alvarez, Leticia Villegas Nava, Antonio Esper Bujaidar, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Rigoberto Garza Cantú, Oscar González Rodríguez, Manuel Hernández Gómez, Arquímedes León Ovando, Cecilia Eulalia López Rodríguez, Verónica Muñoz Parra, Moisés Ignacio Mier Velasco, José Antonio Rojo García de Alba, Odorico Vázquez Bernal, Wintilo Vega Murillo, Isabel Villers Aispuro, Norma Gabriela Argaiz Zurita, Marcelino Díaz de Jesús, José Antonio Prats García, Esperanza Villalobos Pérez y Demetrio Sodi de la Tijera.
Gracias.
| El Presidente : |
Para fijar posición en torno a este punto de acuerdo, tiene la palabra el diputado José Antonio Rojo García de Alba, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
| El diputado José Antonio Rojo García del Alba: |
Con su permiso, señor Presidente:
El primer recorte realizado al Presupuesto de Egresos de la Federación 1998, fue del orden de los 18 mil millones de pesos, esta medida se llevó a cabo con el fin de mantener el déficit programado del 1.25% del producto interno bruto y evitar contratar nueva deuda.
La baja en el precio internacional de los precios del petroleo ha provocado que sean necesarios nuevos recortes. La política de gasto social desarrollada por el Gobierno distribuye los recursos en dos grandes vertientes:
Uno. Las acciones de amplia atención a la población como educación, salud, seguridad social, capacitación para el trabajo, programas de vivienda y los de desarrollo estatal y municipal.
Dos. Las acciones dirigidas hacia regiones y grupos sociales que, por su dispersión geográfica y condiciones de marginación, viven en extrema pobreza.
Como legisladores preocupados por el bienestar de la población, nos manifestamos por defender el gasto social, evitando que se haga un recorte financiero, especialmente en los programas dedicados a abatir la pobreza. Sin embargo, nuestro papel no está sólo en censurar el tipo de recortes que realice el Ejecutivo, también debemos de proponer una estrategia que no dañe nuestro proyecto de crecimiento económico y social.
No es sólo papel del Ejecutivo buscar las alternativas, yo los convoco, como legisladores, a hacer una propuesta concreta para 1999.
Debemos estar conscientes que nuestra infraestructura productiva y nuestra infraestructura de desarrollo se podrán ver dañadas con este recorte. En la misma medida, serían dañados nuestro proyecto de crecimiento económico y, por lo tanto, en la manera como nos relacionemos con los mercados internacionales, ya que la renta petrolera es una fuente de riquezas con limitación natural.
En el Presupuesto de Egresos se plantea una estrategia para crear riqueza perdurable a gasto de capital. Es fundamental fortalecer la recaudación de impuestos para disponer de más fuentes estables y permanentes que financien el gasto público y para no tener que utilizar la renta petrolera en cubrir el gasto corriente del sector público.
En el Presupuesto de Egresos se mencionan tres objetivos de la política de deuda pública: uno, mejorar el perfil de vencimiento de la deuda pública; dos, disminuir el costo del financiamiento del sector público; tres, reducir la vulnerabilidad del país ante choques externos, minimizando las variaciones en el servicio de la deuda ante movimientos en las condiciones en los mercados internacionales de capital.
El recorte presupuestal debe entonces estar encaminado a establecer mecanismos de equilibrio con el mercado internacional que nos afecta y por lo anterior no debemos dañar el gasto social y el beneficio que éste tiene para los mexicanos.
Por último, el papel de los legisladores debe ser fundamental en la planeación, ejercicio y distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal de 1999.
En consecuencia, discutamos, reflexionemos y enriquezcamos todo lo posible para el desarrollo social de nuestro país. Discutamos también cómo atendemos aquellas regiones, las 25 de mayor pobreza en el país y cómo modernizar los mecanismos que le permitan a los municipios desarrollarse.
El PRI impulsa y apoya. ¡Bienvenido este punto de acuerdo!
Gracias.
| El Presidente : |
Tiene la palabra la diputada Norma Gabriela Argaiz Zurita, del Partido de la Revolución Democrática, para fijar posición al respecto.
Con su venia, señor Presidente; señoras legisladoras; señores legisladores:
Como consecuencia de la caída inesperada de los precios del petróleo, el Ejecutivo Federal ha tomado hasta el momento la decisión de efectuar dos recortes al presupuesto de egresos. Del primero se cuenta con información general sobre los rubros afectados. Del segundo, oficialmente, sólo se ha informado su monto global. Ambos recortes suman ya un total de 29 mil 287 millones de pesos.
El primer recorte repercutió en los montos asignados a los distintos rubros que integran el presupuesto de manera diferenciada, mostrando claramente cuáles son las prioridades y compromisos del Gobierno Federal.
De las entidades públicas que más se vieron afectadas por este recorte, se encuentra la Secretaría de Desarrollo Social, con una disminución de 8.2% a su presupuesto, cinco puntos por arriba del promedio en que fue afectado el gasto total: 3.5%.
Siendo la Secretaría de Desarrollo Social, con todo y sus deficiencias, la principal articuladora de la política social y de combate a la pobreza en nuestro país, es claro que en este primer recorte no se respetó el mandato de esta soberanía de no afectar el gasto social en caso de contingencia.
En el otro lado de la moneda tenemos que la dependencia que menos sufrió el recorte fue la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual fue afectada en sólo 0.2% de sus gastos, es decir, ¡que para el Gobierno Federal resulta de la mayor importancia proteger el gasto militar!, mientras los pobres, que se siguen multiplicando y muriendo de hambre, son desatendidos con la mayor facilidad.
Igualmente grave, aunque totalmente congruente con los compromisos del Gobierno, están los casos de los recursos destinados al servicio de la deuda pública y los fondos de los programas de rescate financiero: Fobaproa, rescate carretero, entre otros, que sumados alcanzan ¡los 127 mil 478 millones de pesos, y que no resultaron afectados en lo más mínimo con los recortes presupuestales!
Según la información oficial, estos recursos no se piensan tocar en el nuevo recorte, con lo que alcanzarían la proporción del 15% del gasto público total para este año. ¡Esos son sus compromisos! ¡Esas son sus prioridades!
Bastaría con un 8.8% de dichos recursos para cubrir el costo total del nuevo ajuste. ¡Es claro que estamos frente a un asunto de voluntades que el Ejecutivo intenta mostrar como necesidades ineludibles!
¡Vayamos más allá! Dentro de la Secretaría de desarrollo Social el rubro que registró el mayor recorte fue, justamente, el concerniente al programa superación a la pobreza, que sufrió una dramática disminución del 39% en su presupuesto. Esta situación contradice, de manera contundente, el espíritu del artículo 45 del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por esta soberanía, que establece en forma textual que "los ajustes y reducciones deberán realizarse en forma selectiva y sin afectar las metas sustantivas del gasto social" y contradice de igual forma los pronunciamientos oficiales que señalan un compromiso de protección al mismo.
Otros de los programas sociales que vieron disminuido su presupuesto y con ello sus metas, son los programas de vivienda progresiva: Fonhapo, control de residuos sólidos, así como de abasto social tan importantes como: Fidelis, Diconsa y Liconsa, este último dirigido específicamente a los niños más pobres de nuestro país.
El impacto de estos recortes no radica tanto en los montos como en los efectos que éstos tienen sobre nuestra población, sobre todo si consideramos el deterioro y casi abandono en que se encuentran los programas de asistencia social.
A los diputados del Partido de la Revolución Democrática, comprometidos con el bienestar y la justicia social, nos preocupa profundamente esta situación. Aún más, cuando la política económica imperante genera un número cada vez mayor de pobres y desamparados, en una situación en la que la política social es totalmente insuficiente para contrarrestar toda la miseria que genera la política económica, nos parece absolutamente injustificada la estrategia gubernamental instrumentada de los recortes presupuestales.
En términos globales el gasto social fue disminuido en el primer recorte en 3 mil 386 millones de pesos, lo cual bien podría haber sido sustituido por reducciones en otros rubros menos prioritarios para la sociedad, ¡como los 40 mil millones de pesos que el Gobierno utilizó en el último trimestre de 1997 para apoyar el sector más protegido de nuestro Gobierno: los banqueros, o los 3 mil millones de pesos que se utilizaron para rescatar a Banca Confía!
| El Presidente : |
Compañera diputada, se ha terminado su tiempo; le suplicamos terminar su intervención.
| La diputada Norma Gabriela Argaiz Zurita: |
Compañero, señor Presidente, mi intervención estaba para 10 minutos, por lo cual exijo se me restituya el tiempo que me falta.
| El Presidente : |
Por favor, aclarar este problema del tiempo. Se entiende que era de 10 minutos la intervención de cada orador y le pido a quien esté llevando el tiempo rectifique este problema.
| La diputada Norma Gabriela Argaiz Zurita: |
Por favor, señor Presidente.
| El Presidente : |
Vamos a suplicarle a la compañera diputada termine su intervención.
| La diputada Norma Gabriela Argaiz Zurita: |
Le voy a suplicar, señor Presidente, con todo el respeto que usted se merece, que se me permita terminar, pero dentro del marco del tiempo que me corresponda... No quiero rechiflas, porque no me lo merezco.
| El Presidente : |
Continúe su intervención, compañera diputada.
| La diputada Norma Gabriela Argaiz Zurita: |
Gracias, señor Presidente:
El monto de los recursos en los programas sociales en realidad es muy pequeño. A la luz de las grandes cifras monetarias manejadas en el presupuesto, en términos relativos significa el 1.5% del gasto neto total. ¡Por lo mismo y debido a la función que tiene el bienestar social, no se justifica su reducción!
Los programas sociales no sólo no debieron ser objeto de ajuste, sino que no pueden volver a hacerlo. Alternativas existen y es cuestión de sensibilidad política y social el que se instrumenten; entre ellas podemos mencionar: el fondo de rescate a los bancos y a carreteras, el gasto militar, el fondo de contingencia y los proyectos de inversión financiada en el que el sector público nuevamente avala y es garante de inversiones efectuadas por el sector privado, sin contar por supuesto con una revisión profunda de la ortodoxia disciplinada del Gobierno Federal, que ha defendido a toda costa el déficit fiscal programado, 1.25% del producto interno bruto, y la posibilidad de que se impulse una reforma fiscal integral que implique una mayor progresividad fiscal y recaude más ingresos de los sectores privilegiados de la política actual.
Se cuenta con información en el sentido de que el segundo recorte también tendrá repercusiones sobre el gasto de asistencia social, por un total de 725 millones de pesos. El Partido de la Revolución Democrática, así como las demás fracciones parlamentarias, no podemos permitir esta situación, menos aún si consideramos que como se ha calculado, esto implica que 2 millones de personas en condiciones de extrema pobreza se verán afectadas y dejarán de ser atendidas por los programas de abasto y asistencia social.
Señoras diputadas; señores diputados: refrendemos nuestro compromiso con la población más pobre de nuestro país y pronunciémonos de manera irreductible por la protección absoluta a los montos, tiempos y metas establecidos para el gasto social en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
¡La asistencia social, compañeros todos, no puede más ser objeto de ningún recorte!
Es cuanto, señor Presidente.
| El Presidente : |
Muchas gracias, compañera diputada.
Tiene la palabra la diputada María del Carmen Corral Romero, para fijar la posición de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, en torno de este punto de acuerdo.
uchas gracias, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En primer lugar quiero resaltar que en la presentación de este punto de acuerdo viene la firma de diputados de todos los grupos parlamentarios, ya que compartimos la preocupación por la disminución que sufrió el gasto social en el primer recorte al Presupuesto de Egresos.
Como los presentes sabemos, la caída en los precios del petróleo ha dado lugar a la necesidad de recortes al gasto público, con la consigna de que la actividad económica no se vea tan afectada y que las finanzas públicas se mantengan estables.
Acción Nacional reconoce que los recortes en el Presupuesto de Egresos obedecieron a la necesidad de mantener las expectativas de crecimiento planteadas en los criterios generales de política económica, sin que se genere la posibilidad de una mayor inflación o un aumento de las tasas de interés en lo que resta del año.
Reconocemos también que para evitar un recorte prespuestal las únicas alternativas que le quedarían a las autoridades son incrementar los impuestos, lo cual la sociedad ya no está en condiciones de tolerar o bien, aumentando el dinero en circulación, situación que se traduciría en mayores niveles de inflación.
Otra alternativa sería la deuda interna, pero si se aumentan los Cetes en circulación para captar más recursos que subsanen la caída de los ingresos, se generaría un incremento de las tasas de interés creando insolvencia crediticia y nuevos problemas de cartera vencida.
La vía más propicia que tenemos es la disminución en el gasto público; sin embargo este recorte presupuestal debe llevarse a cabo de una manera responsable, en el entendido de que es una acción encaminada a subsanar la emergencia económica que vive el país por el problema internacional de los precios del petróleo.
Es importante tener presente que se requiere eficientar al Gobierno como tal, obligándolo a dar mejores servicios y procurando ante todo que se convierta en una entidad con espíritu de ahorro.
La propuesta de recorte presupuestal por tanto debe recaer necesariamente en el todavía elevado burocratismo gubernamental, aplicado con mayor énfasis en el gasto corriente, en lugar de inversión, pero cuidando, eso sí, de no afectar el que se aplica para pagar sueldos y salarios de los trabajadores, sino enfocado a reducir los altos gastos administrativos que en un buen número de casos no tienen justificación alguna.
De acuerdo al documento enviado el pasado 18 de febrero para la comparecencia del Secretario de Hacienda a la Cámara de Diputados, se desprende que el recorte en el gasto social fue significativo resaltando los 200 millones de pesos que le disminuyeron al subsidio para la tortilla, los casi 464 millones de pesos que le recortaron al sector salud, cancelándose principalmente ampliación y remodelación de hospitales rurales y disminuyendo adquisiciones de equipo de oficina e instrumental de laboratorio.
El sector educativo presenta un fuerte recorte de 961 millones de pesos, lo que significa que habrá una reducción en el apoyo para la adquisición y distribución de libros de texto gratuitos, disminuyéndose en 15 millones de ejemplares que se tenían contemplados para el presente año y demás apoyos para los estudiantes de primaria y secundaria. Asimismo se dejarán de construir 492 espacios educativos.
En vivienda con el recorte ya no se construirán 19 mil 500 casas ya que en este rubro se presenta un recorte de más de 216 millones de pesos que iban dirigidos al Fideicomiso de Operación y Fomento a la Vivienda.
Además el Fovissste va a diferir pagos para escrituración de otros 9 mil 6670 casas. Existen otros tantos ejemplos más de reducción de gasto orientado al sector social.
Como se menciona en el punto de acuerdo en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y en el artículo 45 fracción II inciso B, del Presupuesto de Egresos, el gasto social se convierte en una prioridad nacional debido a que existe un alto índice de pobreza y marginación de millones de mexicanos como se ve claramente con 4 millones de personas que no tienen acceso a los servicios de salud. Más de 6 millones de mexicanos que son analfabetas, 3.7 millones de niños que padecen desnutrición, el 59.2% que en el medio rural de los hogares son pobres, que el rezago estimado en vivienda es de 4.6 millones de casas y que cada año nacen 2.4 de niños en condiciones de pobreza.
No podemos permitir que en el marco del segundo recorte presupuestal se hagan declaraciones por parte de las autoridades sobre nuevos recortes que afectarían al gasto educativo en una cantidad importante. El sector social ha cargado con una parte importante del recorte presupuestal y es en última instancia, el pueblo mexicano el que una vez más tiene que soportar las irresponsabilidades del Gobierno que dicta medidas unilaterales en detrimento del bienestar de la sociedad y en particular de aquellos grupos vulnerables que resienten en mayor medida las decisiones gubernamentales.
El gasto social se aplica fundamentalmente para atender las necesidades básicas de la sociedad, siendo éste uno de los limitados factores que actúan en pro de los más necesitados, por lo que esta serie de recortes no deben llevarse a cabo sin un control estricto por parte de nosotros, los legisladores y sólo debe ser aplicado a aquellos sectores que realmente no sean prioritarios para el desarrollo del país.
Compañeros diputados: como podemos apreciar, los recortes efectuados por las autoridades en gasto social atentan contra programas que son indispensables para la sociedad; no podemos permitir que el segundo recorte vuelva a dirigirse al gasto social, porque de ser así se atentará contra el bienestar y calidad de vida de todos los sectores desprotegidos que existen en México.
Tampoco podemos permitir que se recorten recursos dirigidos a las entidades federativas y municipios.
Evidentemente hay otros ramos de la economía que se han perjudicado con los recortes, resaltando el sector de la construcción, situación que se refleja en un obstáculo para el crecimiento económico y en la pérdida de empleos, dos elementos que afectan directamente en el bienestar de la sociedad; de hecho, sólo se generarán 600 mil empleos, que representan la mitad del número de jóvenes que cada año se incorporan a la fuerza productiva.
Por tales motivos, en Acción Nacional estamos convencidos de que existen otros rubros apropiados para recortes que no afecten el bienestar de la sociedad y que sirvan para volver más eficiente el aparato burocrático que tenemos, por lo cual proponemos:
Disminuir el gasto corriente no prioritario, para lo cual es posible hacer un recorte generalizado de todas las secretarías de Estado, a fin de que no se afecte ninguno en lo particular de manera franca. Un recorte de estas características el no afecta el equilibrio presupuestal de todas las dependencias y sí en cambio logra captar un monto importante de recursos que pueden llenar el hueco dejado por la disminución de los ingresos petroleros.
Es válido mencionar qué secretarías pueden ser más consideradas para un recorte, como lo es la Secretaría de Gobernación, que mantienen programas no prioritarios en este momento; la Secretaría de Hacienda también puede ajustar su presupuesto, sin que signifique deterioro de sus funciones esenciales.
Las secretarías de la Defensa y la de Marina, definitivamente en la actualidad no son prioritarias, porque no estamos en situación bélica; los recursos de la Semarnap no tienen razón de ser y bien pueden ser trasladados a las entidades federativas.
Otros rubros del presupuesto que pueden ajustarse, son el ramo 29, erogaciones para las operaciones y programas de saneamiento financiero, el cual en principio ya fue disminuido en 6 mil 400 millones de pesos, lo que nos demuestra la factibilidad de recortar este tipo de partidas.
Es momento de cerrar filas y no permitir más recortes que son necesarios para el desarrollo humano. Resulta irónico recordar cuando se planteó la baja en el IVA del 12% al 5%, se decía que no existía margen de maniobra y por lo tanto era imposible tocar la tasa del IVA; hoy, ante la caída de los precios del petróleo, se hicieron los recortes sin mayores preocupaciones y sobre todo sin responsabilidad al afectar programas sociales en detrimento de los pobres.
Es por ello que exigimos al Ejecutivo Federal actuar de manera responsable sobre los rubros en los que se realizará este segundo recorte presupuestal.
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Damos la bienvenida a estudiantes de la secundaria y preparatoria del Liceo Hispanoamericano, invitados del diputado Enrique González Isunza.
Damos la bienvenida también a estudiantes del Instituto Ellen Key, invitados de la diputada Luz del Carmen López Rivera y a estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, invitados por el diputado Enrique González Isunza.
Tiene la palabra el diputado Luis Patiño Pozas, para fijar su posición respecto de este punto de acuerdo del Partido del Trabajo.
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Luego de largas sesiones formales e informales a finales del año pasado, para la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación del año 1998, resulta que no se previeron adecuadamente contingencias como el precio del petróleo y nos remite a su revisión y ajustes.
El Presupuesto de Ingresos y Egresos, como uno de los instrumentos de la política económica, refleja sus beneficiarios principales y refleja sus debilidades de sustento sólido ante contingencias externas al país.
Si bien no es posible concebirse como un país aislado del mundo económico, comercial y financiero internacional, la necesidad de una política económica de Estado se hace cada vez más indispensable, pero ello es parte de la reforma del Estado, de un nuevo pacto social con participación ciudadana en su conformación.
Ahora, con la política económica impuesta desde el exterior y adoptada por el Poder Ejecutivo en perjuicio de los más pobres del país, nuevamente pretende un ajusticiamiento a través del recorte presupuestal, originado por la baja de precios del petróleo.
Al Ejecutivo le parece fácil reducir las oportunidades de ingreso, de trabajo, de salud, de vivienda, de producción y en general de vida, a quienes menos tienen, y en cambio a los que más han tenido a costa de los primeros, los banqueros, los empresarios, los protege y los consiente con el Fobaproa.
Es nuestra obligación como Poder Legislativo, cobrar mayor autonomía, reflejar fielmente el sentir popular e impulsar medidas para conformar una nación más digna y más justa para todos.
En la base del poder social, derivado del movimiento social de 1917, se asumió como pacto que la soberanía reside esencialmente en el pueblo y que éste se ejerce a través de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, donde claramente se ha establecido que la política económica no la decide e impone el Ejecutivo unilateralmente; antes al contrario, es facultad de este poder, del Poder Legislativo.
Por ello aspiramos a que la ley en ese sentido se cumpla y que las prioridades del desarrollo correspondan a la soberanía popular.
Hoy sabemos que la sociedad entera reclama un profundo cambio en materia política, social y económica, que asegure un desarrollo sustentable; participación democrática ciudadana, prácticas de autogestión popular, seguridad y justicia públicas y reconocimiento efectivo a la pluralidad y diversidad social del país, especialmente a los indígenas, a mujeres y niños. Ellos son aspectos fundamentales de la pospuesta y dilatada reforma del Estado.
En tanto ello ocurre, tenemos que asumir medidas transitorias, como el evitar el mayor deterioro a las posibilidades de desarrollo de la mayoría de la población.
Por ello, nuestro partido se opone rotundamente al recorte del presupuesto en lo relativo al gasto social; el Ejecutivo debe presentarnos una propuesta que elimine la posibilidad de reducción del gasto social; deberá reducir sus gastos promocionales. Señores del Ejecutivo: deberán reducir sus campañas y sus viajes onerosos, optimizar los recursos de gasto corriente en las dependencias, pero de ninguna manera afectar el presupuesto destinado al gasto social.
Somos conscientes de que no sólo es el monto de recursos que destinan para gasto social, sino que es fundamental el destino y la forma en que se apliquen, la manera en que realmente coadyuven al esfuerzo popular, pero ello nuevamente implica parte de la reforma del Estado en materia de política de desarrollo con participación popular, donde los recursos fiscales refuercen la solución de las necesidades, pero no sea la solución de las necesidades a manera paternalista o asistencial, como hasta el momento se ha realizado.
Es opinión de nuestro partido que cada vez es más difícil abordar un aspecto legislativo que no involucre una discusión seria, a fondo, de todo lo que hemos consensado como reforma del Estado. Por eso coincidimos en que la tarea fundamental es ésta, pero no podemos esperar a ello para frenar algunas decisiones del Ejecutivo que afecten aún más a la población. Por ello proponemos a los demás partidos presentes en esta legislatura, a emitir el punto de acuerdo para que el Ejecutivo no reduzca el gasto social presupuestado.
Debemos insistir, por otra parte, en que corresponde a la legislatura el seguimiento de la aplicación del gasto público, por lo que también proponemos instrumentar medidas para que las diversas comisiones realicemos visitas coordinadas a los municipios y grupos sociales y asimismo apoyemos su gestión.
No olvidemos, por otra parte, que el Ejecutivo empieza a elaborar la propuesta de ingresos y egresos a mediados de año y no olvidemos que en el anterior periodo nos dieron escasos días para su revisión.
También debemos desde ahora tomar las providencias para que no nos vuelva a ocurrir esto. Estas medidas lograrán realmente que el Poder Legislativo asuma, ejerza y fortalezca el poder conferido constitucionalmente en favor del pueblo.
Muchas gracias, compañero diputado.
Consulte la Secretaría en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo presentado por la Comisión de Desarrollo Social.
| El secretario Primitivo Ortega Olays: |
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo propuesto por la Comisión de Desarrollo Social.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE VEHICULOS
| El Presidente : |
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen relativo al proyecto de Ley del Registro Nacional de Vehículos.
En virtud de que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a dar lectura únicamente a la exposición de motivos.
| El secretario Carlos Iñiguez Cervantes: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVII Legislatura.
Comisión de Comercio.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, correspondiente a la LVII Legislatura, el día 23 de abril de 1998, fue turnada para su estudio y dictamen el proyecto de Ley del Registro Nacional de Vehículos, enviada a esta Cámara por el Senado de la República, para los efectos constitucionales a que haya lugar.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 42, 48 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, 56, 87, 88 y 94, párrafo cuarto, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa descrita, bajo los siguientes
ANTECEDENTES
1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 23 de abril de 1998, los secretarios dieron cuenta al pleno de la minuta del proyecto de Ley del Registro Nacional de Vehículos, enviada por el Senado de la República a esta Cámara, el día 22 de abril de 1998 para los efectos constitucionales procedentes.
2. El día 23 de abril de 1998, la Presidencia de la mesa directiva dictó el siguiente trámite: "recibo y túrnese a la Comisión de Comercio".
3. El día 24 de abril de 1998, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Comercio de la presentación de la iniciativa que se describe en el proemio de este dictamen.
4. Durante los trabajos de redacción del proyecto de dictamen, se analizó la exposición de motivos de la iniciativa de ley enviada al Senado por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Del mismo modo, tal y como lo establecieron las comisiones unidas de Comercio y de Estudios Legislativos del Senado, en el dictamen en el inciso d del Capítulo II, referente al procedimiento de trabajo en comisiones, se tomó en cuenta la iniciativa de ley que crea el Registro Nacional de Vehículos, presentada por algunos legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, al pleno de esta Cámara el día 2 de diciembre de 1998, misma que obra en el Diario de los Debates de esta Cámara, correspondiente al primer periodo de sesiones del primer año de ejercicio de la LVII Legislatura, en el volumen del año I, número 34, del mismo día, a fojas 2548 a la 2551, misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda de esta Cámara, sin haber sido dictaminada a la fecha por razones desconocidas para los miembros de esta comisión. Cabe mencionar que esta última iniciativa es esencialmente similar a la que aquí se dictamina, principalmente en su comprensión lógica y jurídica, así como en su distribución capitular y en su contenido. Por último, se tomaron en cuenta diversas opiniones de diputados federales.
5. A efecto de dar cumplimiento a los artículos 4o. y 5o. del acuerdo parlamentario relativo a la organización y reuniones de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, el día 27 de abril de 1998 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara, la convocatoria a la reunión para analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de Ley del Registro Nacional de Vehículos, enviada por el Senado de la República a esta Cámara, a celebrarse el día 28 de abril de 1998, a las 18:00 horas.
6. En sesión de trabajo de la Comisión de Comercio celebrada el día 28 de abril de 1998, se analizaron, se discutieron y se aprobó el proyecto de Ley del Registro Nacional de Vehículos, habiéndose tomado en cuenta las diversas aportaciones a que hace referencia el Capítulo V de los antecedentes de este dictamen.
7. De acuerdo con los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio, con las atribuciones antes señaladas, presenta a consideración de esta soberanía el presente dictamen, bajo la siguiente motivación:
Como se estableció en las iniciativas a que se hace referencia en el antecedente cuatro de este dictamen, coincidimos en el sentido de la necesidad de consolidar un régimen de seguridad jurídica para el patrimonio de las personas y las actividades productivas, que a la vez ayude al Estado a prevenir eficazmente la delincuencia, combatir frontalmente a las organizaciones criminales, así como perseguir y castigar oportunamente los delitos.
CONSIDERANDO
Que toda vez que el robo de vehículos es uno de los delitos con mayor incidencia en la sociedad mexicana, cometido y fomentado por la delincuencia organizada, a efecto de obtener grandes ganancias a través de su posterior comercialización y dado que los compradores de buena fe, quienes actualmente no cuentan con medio alguno que les permita conocer la situación legal de los vehículos que adquieren, son frecuentemente sorprendidos, viéndose involucrados en problemas de índole legal y económico, se hace necesario que el Gobierno de la República lleve a cabo acciones que le permitan, por una parte, proteger el patrimonio de las personas, brindándoles seguridad jurídica y, por la otra, combatir a la delincuencia.
Para estos efectos es indispensable contar con un instrumento que sirva a los particulares para conocer con oportunidad el estado legal de los vehículos en cualquier entidad federativa, conociendo incluso los gravámenes que sobre los mismos pudieren existir. Un instrumento con tales atributos coadyuvaría eficazmente con los órganos encargados de la procuración de justicia para perseguir con oportunidad a los delincuentes, pudiendo identificar las transacciones que tengan por objeto la compraventa de vehículos robados.
La ciudadanía en general, las empresas dedicadas a la compra, venta y aseguramiento de vehículos y las autoridades gubernamentales en sus tres niveles de gobierno, coinciden en el sentido de que un registro nacional de vehículos constituiría una medida importante para ayudar a prevenir y remediar muchos de los problemas que se derivan del robo de vehículos y sus autopartes.
De la iniciativa que se estudia y que ha sido aprobada por el Senado, así como la iniciativa que tomamos en cuenta presentada ante esta soberanía por algunos legisladores del Partido Acción Nacional, se propone la creación del Registro Nacional de Vehículos, que tendría como fin primordial la identificación de cada uno de los automotores que circulan en territorio nacional, así como prestar el servicio público de información al público respecto de la situación legal de éstos, a diferencia del Registro Federal de Vehículos de 1977, cuyo objeto principal era establecer un control fiscal mediante el registro de vehículos en territorio nacional. Este último registro no contaba con la capacidad técnica y organizacional necesarias para responder a las necesidades de un parque vehicular nacional cada vez mayor, ya que manejaba una gran cantidad de archivos documentales, en virtud de lo cual se convirtió en una estructura administrativa compleja e ineficiente, habiéndose determinado su desaparición en el año de 1989.
Hoy día operan en el país varios padrones vehiculares estatales, cuyos datos se integran en una base de datos nacional. Sin embargo, todos los sistemas en su conjunto adolecen de la grave deficiencia de no poder consultar la información de los mismos en un solo padrón a la vez. Por otra parte, el objetivo primordial de cada uno de ellos sólo sirve para propósitos fiscales.
En la medida en que el registro no otorgue certeza jurídica a todas y cada una de las transacciones efectuadas en relación con vehículos, se perdería la razón de ser de dicho sistema. Es decir, el objetivo más importante al respecto es brindar una total seguridad jurídica al adquirente de buena fe, en su calidad de consumidor. Por esta razón, se propone que su operación esté a cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, como dependencia responsable de regular la promoción de la industria, la comercialización de bienes y la protección al consumidor.
Para lograr el objetivo antes descrito, es indispensable que en el registro se inscriban todos y cada uno de los automotores que circulen en territorio nacional, sean de origen nacional o extranjero, ya sea que se importen de manera definitiva, temporal o en franquicia.
La base de datos del registro sería alimentada por las diversas autoridades federales y por los particulares, a efecto de contar con un control que permita saber en todo tiempo los datos más importantes de cada automotor, desde su origen y durante toda su existencia. Asimismo las personas dedicadas al comercio y aseguramiento de vehículos deberán presentar avisos sobre las diversas transacciones realizadas respecto de estos últimos.
De conformidad con lo previsto en la ley que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Registro Nacional de Vehículos deberá servir como un gran banco de información encaminado a servir como instrumento para un estrecho intercambio de información en relación con el robo y recuperación de vehículos.
Para el eficaz funcionamiento del registro, se propone instaurar un número de identificación vehicular, cuya asignación, determinación e instalación estaría a cargo de los fabricantes y ensambladores de vehículos, compuesto de 17 dígitos, conforme a una norma oficial mexicana basada en disposiciones aceptadas internacionalmente. Dicho número permitiría identificar a cada vehículo de manera inequívoca.
En resumen, el Registro Nacional de Vehículos constituiría un instrumento de información de gran valor, que coadyuvaría eficazmente a un control integral del parque vehicular, en beneficio de la ciudadanía, al dar certidumbre a las transacciones que ésta efectúa en este rubro del comercio, sirviendo además para el mejor desarrollo y funcionamiento del mercado de seguros y fianzas.
Asimismo se pretende que el registro coadyuve a mejorar el control fiscal sobre los vehículos y a combatir el robo de automotores en todo el territorio nacional.
Por lo que respecta a la posibilidad de concesionar a los particulares la operación del registro, se argumenta en la iniciativa que se ha tenido éxito en las concesiones para la operación de bases de datos, como lo son las instituciones nacionales para el depósito de valores y la de los sistemas de ahorro para el retiro, permitiendo el ahorro de recursos públicos, así como el uso de tecnología de punta en su operación y la elasticidad de su organización administrativa.
Sin embargo, para que el funcionamiento de dicho registro no se convierta en un negocio exclusivo de algunos particulares, las concesiones deberían obtenerse a través de concesiones tramitadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo especial consideración de los preceptos legales previstos en los artículos 2o., 3o., 24, 30 y 31 de la Ley Federal de Competencia Económica.
No obstante el funcionamiento del registro mediante el esquema de concesión, la base de datos generada por el registro permanecerá siempre en propiedad exclusiva del Gobierno Federal, a efecto de asegurar al Estado la continuidad en la prestación del servicio público, pudiendo adoptar medidas tales como la requisa, la ocupación temporal y la revocación de la concesión por causas de utilidad e intereses públicos.
Además, a efecto de dar certeza jurídica a los usuarios del sistema, se deberán tomar en cuenta que las circunstancias económicas actuales no permitirían un cobro alto o excesivo en perjuicio de los mexicanos, por lo que otra facultad que de manera correcta modificó la colegisladora, fue la de vigilar la debida aplicación de los precios y tarifas, así como las contraprestaciones establecidas en la Ley de Derechos, figuras que, lo afirma el dictamen emitido por esa Cámara, tienen una naturaleza jurídica diferente, según la Administración Pública entregue el bien o servicio de manera directa o bien de manera delegada.
Resultando
Que hoy día se carece de un padrón a nivel nacional en el que se registren los vehículos automotores que circulan en territorio nacional a efecto de dar certeza jurídica a los adquirentes de buena fe, contribuyendo también al combate eficaz en contra de la delincuencia organizada dedicada al robo de vehículos.
Que los sistemas de control de información vehicular existentes en los estados y en diversas entidades federativas desde luego son insuficientes para la necesidad que se trata de resolver, afrontando la problemática del robo, dado que es el fenómeno de incidencia más recurrente y lastimoso para la sociedad en su conjunto, en virtud de la preocupación e irritación que ocasiona, por el daño patrimonial que acarrea, atentando inclusive en muchas ocasiones contra la integridad física de las personas, provocando también la pérdida de vidas cuando los robos se perpetran de manera violenta.
Que es indispensable otorgar certeza y seguridad a todas las operaciones relacionadas con vehículos, protegiendo con ello el patrimonio de las personas, proporcionadas a través de un instrumento eficaz y completo de consulta para certificar la situación jurídica de cada bien automotor que sea objeto de una posible transacción, entre particulares o entre comerciantes.
Que los esfuerzos para el combate de este flagelo han sido infructuosos, atribuible en parte a la carencia de un instrumento que coadyuve con las instituciones encargadas de la seguridad pública, para prevenir y perseguir de manera más eficaz a los delincuentes mediante la detección de las transacciones que tengan por objeto la compraventa de vehículos robados.
Que el registro que se propone sería un sistema que serviría tanto a las autoridades como a los particulares, donde se podría conocer con la debida oportunidad la situación legal que guarde cada vehículo en cualquier entidad federativa, toda vez que se pretende que en el registro se anoten todos los eventos que afecten la existencia de cada automotor.
Que con la puesta en operación de este instrumento podrá haber un control eficaz del parque vehicular, que propiciará también un mejor desarrollo de los mercados de seguros y automotrices.
Que se pretende la participación de la sociedad en su conjunto, al buscar que cualquier interesado, particular, empresa, autoridad, vaya proporcionando los avisos necesarios para registrar la identificación y secuela de operaciones jurídicas que la vida de un vehículo consigna.
Que el objetivo central del registro es lograr la identificación de los vehículos que se ensamblan, importan, comercian o circulan en el territorio nacional, creando un sistema de información accesible al público, que pueda ser consultado de forma preventiva ante las operaciones comerciales y jurídicas de manera sencilla y rápida, teniendo como base el principio de presunción de propiedad sobre un vehículo al generarse su inscripción.
Que el parque vehicular actual de nuestro país es de aproximadamente 12.9 millones de unidades automotrices, respecto de las cuales no puede precisarse de manera rápida y certera la información referente a la situación legal de cada vehículo ni sobre el número de autos internados que circulan de manera irregular en territorio nacional.
Que dentro de la organización y el diseño de este sistema nacional, se contempla un capítulo especial para acopiar y actualizar todos los datos relativos al robo y rescate de vehículos, que enlaza a las procuradurías del país y que ahora deberán tener el vínculo legal institucional con el registro, alimentándose recíprocamente para surtir efectos mucho más eficientes, positivos y rápidos.
Que se pretende que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, como dependencia del Ejecutivo Federal, sea la encargada de operar el Registro Nacional de Vehículos, por considerar que este instrumento conlleva a la certeza jurídica sobre las transacciones comerciales, desde la producción e internación al país de los vehículos, hasta la realización de todo tipo de compraventa entre particulares.
Que la base de datos será propiedad exclusiva del Gobierno Federal, constituida e integrada por la información que proporcionen las autoridades, fabricantes, ensambladores, comercializadoras, aseguradoras y particulares en general.
Que diversas entidades de la Administración Pública Federal, tales como las secretarías de Hacienda, de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes y de Comercio y Fomento Industrial, así como la Procuraduría General de la República y las demás instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública o que tengan injerencia en el tema, podrán consultar y tener acceso a la información del sistema de manera expedita.
Que el proyecto de ley que se discute, establecería la obligación de diversas instituciones financieras para dar avisos relativos a créditos, ventas, contratación de seguros o fianzas, en virtud de que dichos actos jurídicos constituyen una modalidad jurídica que limita la plena disposición o derecho de propiedad sobre los vehículos.
Que tomando en cuenta las razones de hecho que se han vertido, la existencia de una ley de tales características sería de interés público, a fin de prevenir, erga omnes, a cualquier comprador, adquirente o interesado, sobre vehículos gravados o limitados jurídicamente.
Que los particulares deben ser parte integral del registro, a efecto de que la base de datos del sistema sea constantemente actualizada, constituyéndose de este modo en coadyuvantes del mismo. Se pretende que dicha información sea el antecedente lógico necesario para que todo adquirente o interesado pueda realizar tranquilamente cualquier trámite ante la autoridad que corresponda, teniendo la certeza de que está adquiriendo una unidad libre de vicios ocultos, consistentes en antecedentes ilícitos relacionados con la misma. De este modo, los tenedores o propietarios de vehículos serán los principales beneficiarios de esta nueva institución administrativa registral.
Que la base de datos será nacional y contendrá de cada vehículo el número de identificación, sus características, nombre del propietario, denominación o razón social y domicilio del mismo, identificando a cada vehículo conforme a un número de identificación uniforme compuesto de 17 dígitos, reconocido internacionalmente, representando cada uno de ellos una característica esencial del vehículo que permitirá identificarlo inequivocamente.
Que se pretende que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial como la dependencia principal facultada para la operación del registro, establezca las reglas para sujetar la recepción, almacenamiento, transmisión de la información, operación, funcionamiento y administración del servicio público, pudiendo concesionar la operación del sistema y, en su caso, celebrar convenios de coordinación, a fin de facilitar la cobertura e intercambio de información y coadyuvar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública para el cumplimiento de sus objetivos, así como todas aquellas autoridades que lo requieran para el cumplimiento de sus objetivos.
Que la concesión, como acto administrativo discrecional por medio del cual la autoridad faculta a un particular para utilizar y explotar bienes del Estado o para brindar la prestación de un servicio público, dentro de los límites y condiciones que señale la ley, puede ser una figura ágil y funcional para la administración y operación del pretendido registro, siendo necesario que en los procedimientos para su otorgamiento, se observe lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en los artículos 2o., 3o., 24, 30 y 31 de la Ley Federal de Competencia Económica.
Que en virtud de lo expuesto en el párrafo anterior, se incluye en la iniciativa que se discute un breve capítulo de normas para establecer procedimientos y sujetar el trámite de la licitación.
Que la participación del capital extranjero en las empresas registradoras, se limita al 49%.
Que a efecto de dar certeza jurídica a los usuarios del sistema, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, al momento de determinar las tarifas que habrán de cubrirse, cuidará que las mismas se fijen de manera clara y precisa en la ley de derechos, tomando en cuenta que las circunstancias económicas actuales no permitirían un cobro alto o excesivo en perjuicio de las personas.
Que atendiendo al carácter, coactivo que lleva implícito todo ordenamiento jurídico se prevén una serie de sanciones de naturaleza admistrativa, que se clasifican de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida y de los sujetos infractores.
Que el texto de la ley que se propone quedaría como sigue
LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE VEHICULOS
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto crear y regular el Registro Nacional de Vehículos. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional.
Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se entiende por:
I. Carroceros: las personas físicas o morales dedicadas al ensamble o modificación del conjunto de piezas que configuran externamente a un vehículo;
II. Comercializadoras: las personas dedicadas a la compra o venta de vehículos nuevos o usados;
III. Registro: el Registro Nacional de Vehículos;
IV. Secretaría: la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y
V. Vehículos: los automotores, remolques y semirremolques terrestres, excepto los ferrocarriles, los militares y aquellos que por su naturaleza sólo pueden ser destinados a usos agrícolas e industriales.
Artículo 3o. Corresponde la aplicación de la presente ley al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Para la correcta operación del registro, la Secretaría tiene las siguientes facultades:
I. Establecer las reglas a que se sujetará la recepción, almacenamiento y transmisión de la información del registro y, en general, la operación, funcionamiento y administración del servicio público que preste;
II. Operar y, en su caso, concesionar y regular la operación del registro;
III. Vigilar la debida aplicación de los precios, tarifas y contraprestaciones establecidas en ley de derechos relativas a la prestación del servicio público del registro;
IV. Celebrar convenios de coordinación con los gobiernos estatales y del Distrito Federal, a fin de facilitar la cobertura del registro, procurar su buen funcionamiento y efectuar intercambio de información;
V. Realizar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, las actividades de cooperación con otros países para el intercambio de información relacionada con el registro;
VI. Coadyuvar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el cumplimiento de sus objetivos;
VII. Verificar el cumplimiento de esta ley y, en su caso, sancionar las infracciones a la misma y
VIII. Las demás que establece esta ley.
Artículo 4o. Se establece el Comité Consultivo del Registro Nacional de Vehículos, en el que participarán representantes de:
I. La Secretaría, quien lo presidirá;
II. La Secretaría de Gobernación;
III. La Secretaría de Relaciones Exteriores;
IV. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
V. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
VI. La Procuraduría General de la República;
VII. Representantes de los sectores de fabricantes y ensambladores, comercializadoras de vehículos, instituciones de seguros, afianzadoras e instituciones de crédito.
El comité sesionará cuando menos cada seis meses y fungirá como órgano de consulta en relación con las materias relativas a la integración, organización y funcionamiento del registro.
TITULO SEGUNDO
Del registro
Artículo 5o. La operación del registro es un servicio público a cargo de la Secretaría y tiene como fines la identificación de los vehículos que fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio nacional, así como la de brindar el servicio de información al público.
El registro contará con una base de datos, propiedad exclusiva del Gobierno Federal, la cual estará integrada por la información que de cada vehículo proporcionen las autoridades, fabricantes y ensambladores, comercializadoras, aseguradoras, particulares o cualquier otra fuente.
Cualquier persona podrá consultar la información contenida en el registro, conforme al procedimiento y niveles de acceso que para la consulta de la información determine el reglamento.
Artículo 6o. La inscripción de los vehículos en el registro será definitiva o provisional, conforme a las siguientes reglas:
I. Inscripción definitiva. Es la que se efectúa por una sola vez y estarán obligados a solicitarla quienes:
a) Fabriquen o ensamblen vehículos en territorio nacional y destinados al mercado nacional y
b) Importen vehículos destinados a permanecer definitivamente en territorio nacional y
II. inscripción provisional, que estarán obligados a solicitar quienes:
a) Importen temporalmente vehículos y
b) Importen vehículos en franquicia.
Artículo 7o. Los sujetos que se indican deben proporcionar al registro los avisos siguientes:
I. Las comercializadoras, los de compra y venta del vehículo, indicando los datos del nuevo propietario;
II. Quienes sin tener el carácter de comercializadoras adquieran un vehículo de una persona distinta a éstas, el de cambio de propietario; el enajenante también podrá dar el aviso. Igualmente son registrables otros actos jurídicos que impongan gravámenes o modalidades de la propiedad de los vehículos;
III. Las instituciones de seguros, los de:
a) Expedición de seguro del vehículo, que incluirá número de poliza y nombre de la institución;
b) Cancelación de póliza del seguro y
c) Robo, recuperación o pérdida total del vehículo;
IV. Las instituciones de fianzas, los de:
a) Número de fianza, tratándose de importación temporal de vehículos, incluyendo el nombre de la institución y
b) Cancelación de la fianza y causa de la misma;
V. Las personas dedicadas al desguace, por la destrucción total o parcial del vehículo;
VI. Las instituciones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito, demás entidades financieras y comercializadoras, cuando los créditos que otorguen sean garantizados con vehículos, los de:
a) Gravamen relacionado con el número de identificación vehicular y
b) Cancelación de gravamen;
VII. Los carroceros, el de las modificaciones que realicen a los vehículos;
VIII. Las autoridades judiciales competentes, así como los tribunales del trabajo y las autoridades administrativas, los de:
a) Embargos o aseguramientos que traben sobre vehículos y
b) El levantamiento de tales gravámenes y
IX. Los demás que establezca el reglamento.
Artículo 8o. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante los instrumentos de información nacional sobre seguridad pública que correspondan, y con base en los convenios de coordinación que en la materia se establezcan, proporcionará al registro la información relativa al robo y recuperación de vehículos.
Artículo 9o. El registro contendrá, sobre cada vehículo, la información siguiente:
I. El número de identificación vehicular a que se refiere el artículo 10 de esta ley;
II. Las características esenciales del vehículo;
III. El nombre, denominación o razón social y el domicilio del propietario;
IV. Los avisos que actualicen la información a que se refiere este artículo y
V. Las demás que establezca el reglamento.
Artículo 10. Quienes fabriquen o ensamblen vehículos en territorio nacional deberán asignar a éstos un número de identificación vehicular que será el principal elemento de identificación en el registro, el cual estará integrado de conformidad con la Norma Oficial Mexicana respectiva.
Los vehículos importados deberán cumplir con lo establecido en este artículo, de conformidad con el reglamento, la Norma Oficial Mexicana y demás ordenamientos legales aplicables.
Cuando un documento público o privado tenga por objeto identificar un vehículo, deberá utilizarse el número a que se refiere este artículo.
Artículo 11. La inscripción de un vehículo en el registro presume la existencia del mismo y su pertenencia a la persona inscrita en él como propietario, salvo prueba en contrario.
La inscripción, los avisos, las consultas y los demás trámites relativos al registro se realizarán en los términos que establezca el reglamento.
Artículo 12. Las autoridades federales ante quienes se efectúe cualquier trámite relacionado con un vehículo exigirán, respecto de éste, la presentación de la constancia de su inscripción en el registro.
Artículo 13. Las comercializadoras, arrendadoras, aseguradoras, afianzadoras o las personas que otorguen crédito a un consumidor o que realicen un acto de comercio relacionado con un vehículo, deben exigir respecto del mismo la presentación de la constancia de su inscripción en el registro.
Artículo 14. Las autoridades fiscales deben exigir la inscripción en el registro como requisito previo para cualquier trámite relativo al pago de los impuestos federales relacionados con vehículos. Para tal efecto, en los convenios que las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebren con la Federación, se establecerán los mecanismos que garanticen que en la recaudación del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos será requisito, entre otros, la inscripción de los vehículos en el registro.
Artículo 15. De los ingresos que la Federación perciba con motivo de la prestación del servicio público del registro, se podrá otorgar participación a las entidades federativas, en función de los convenios de coordinación que al efecto se celebren.
TITULO TERCERO
De las concesiones para la operación del registro
Artículo 16. La Secretaría podrá otorgar una o varias concesiones a efecto de que se preste el servicio público del registro, a quienes reúnan los requisitos siguientes:
I. Ser sociedad anónima de capital variable constituida conforme a las leyes mexicanas;
II. Tener capital social sin derecho a retiro e íntegramente pagado, el cual no podrá ser inferior al que señale la Secretaría y
III. Acreditar su capacidad técnica, administrativa y financiera;
La inversión extranjera podrá participar hasta en un 49% en el capital de la sociedad concesionaria. Se requerirá resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, para que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor.
Artículo 17. Las concesiones se otorgarán hasta por 10 años y podrán ser prorrogadas a juicio de la Secretaría, hasta por un plazo igual al originalmente establecido, siempre que la concesionaria hubiere cumplido con las condiciones previstas en la concesión y lo solicite a más tardar tres años antes de su conclusión.
Artículo 18. Los títulos de concesión contendrán como mínimo lo siguiente:
I. La denominación social y domicilio de la concesionaria;
II. El objeto de la concesión;
III. Los diferentes servicios que pueda prestar la concesionaria;
IV. Los niveles de servicio requeridos para asegurar calidad en la prestación del mismo;
V. Los derechos y obligaciones de la concesionaria;
VI. Las características y el monto de las garantías que, en su caso, deba otorgar la concesionaria;
VII. Las contraprestaciones que deban cubrirse al Gobierno Federal;
VIII. Los programas de inversión y
IX. La vigencia.
Artículo 19. Las concesiones se otorgarán mediante concurso que deberá garantizar las mejores condiciones para el Estado y se realizará conforme a lo siguiente:
I. La Secretaría publicará la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación;
II. Las bases del concurso incluirán, como mínimo, las características del servicio materia de la concesión, el plazo de la misma, los requisitos exigidos a los participantes, los criterios para el otorgamiento de la concesión, entre los cuales se considerarán las contraprestaciones ofrecidas al Gobierno Federal para dicho otorgamiento y las demás condiciones que se consideren convenientes;
III. El procedimiento se sujetará a lo siguiente:
a) Recepción de las propuestas técnicas y económicas;
b) Evaluación de las propuestas técnicas, señalando los participantes que cumplieron con la evaluación técnica y los que fueron eliminados;
c) Evaluación de las propuestas económicas cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, considerando la viabilidad financiera, la factibilidad para prestar el servicio público y la proposición de menor costo a los usuarios y
d) La Secretaría, con base en un análisis comparativo de las propuestas admitidas, emitirá el fallo correspondiente.
La Secretaría, en su caso, otorgará la concesión dentro del plazo señalado en las bases correspondientes. El título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación a costa del interesado.
No se otorgará la concesión cuando, ninguna de las propuestas presentadas cumplan con las bases, o bien, por caso fortuito o fuerza mayor. En estos casos la Secretaría declarará desierto el concurso y, a su juicio, podrá expedir una nueva convocatoria.
Artículo 20. Las obligaciones derivadas de las concesiones serán las siguientes:
I. Prestar el servicio público de manera general, continua y en igualdad de condiciones para todos los usuarios, en los términos de esta ley y su reglamento;
II. Notificar de inmediato a la Secretaría cualquier suspensión en la prestación del servicio público;
III. Contar con la infraestructura necesaria para operar el servicio público dentro del plazo señalado en el título de concesión;
IV. Otorgar y actualizar las garantías que aseguren el cumplimiento de todas las obligaciones que asuman mediante la concesión,
V. No ceder, transferir o enajenar la concesión o derechos derivados de la misma, salvo que se cuente con autorización de la Secretaría;
VI. Garantizar la seguridad de la información contenida en el registro, observando los principios de confidencialidad y reserva de la información;
VII. Cumplir con las disposiciones que regulen el intercambio de información con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como con cualquier otra dependencia o entidad federa-tiva;
VIII. Cumplir con los niveles de calidad del servicio que se establezcan en el título de concesión;
IX. Cubrir las contraprestaciones que se establezcan en el título de concesión;
X. Permitir a la Secretaría el acceso a sus instalaciones para vigilar y verificar el cumplimiento de esta ley, su reglamento y demás deposiciones aplicables, así como otorgarles todas las facilidades para que realicen la verificación y practiquen las auditorías informáticas, de operación y resultados que disponga la autoridad, así como las especiales que resulten necesarias;
XI. Someter a la aprobación de la Secretaría las modificaciones a su acta constitutiva y estatutos y
XII. Las demás que se establezcan en el reglamento, en el título de concesión y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 21. Las concesiones terminarán por:
I. Vencimiento del plazo por el que se haya otorgado;
II. Renuncia de la concesionaria;
III. Revocación o nulidad;
IV. Desaparición del objeto de la concesión;
V. Causas de utilidad o interés públicos y
VI. Quiebra o liquidación de la concesionaria.
La terminación de la concesión no extingue las obligaciones pendientes de cumplimiento contraídas por el titular durante su vigencia.
Artículo 22. Las concesiones se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:
I. No contar con la infraestructura necesaria para operar el registro o dejar de contar con ella, dentro de los plazos señalados al efecto en el título de concesión;
II. No iniciar o no reanudar la prestación del servicio concesionado dentro del plazo señalado para tal efecto en el título de la concesión;
III. Dar a la información del registro un uso distinto al autorizado, así como dejar de observar los principios de confidencialidad y reserva de la información derivada de los registros;
IV. Interrumpir la concesionaria la prestación del servicio público del registro, total o parcialmente, sin previo aviso y sin causa justificada ante la Secretaría, de no reanudarlo en el plazo autorizado;
V. Cobrar precios, tarifas o contraprestaciones distintas a las aplicables;
VI. Gravar la concesión o algunos de los derechos en ella establecidos sin la autorización previa de la Secretaría;
VII. Dejar de actualizar las garantías exigidas para el otorgamiento de la concesión;
VIII. No cubrir las indemnizaciones por daños a terceros que se originen con motivo de la prestación del servicio y
IX. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta ley, su reglamento o en el título de concesión respectivo.
El titular de la concesión que haya sido revocada no podrá obtener nuevamente, directa o indirectamente, una de las concesiones a que se refiere esta ley, dentro de un plazo de cinco años contado a partir de la fecha en que hubiere quedado firme la resolución respectiva.
Artículo 23. En caso de darse la terminación de la concesión por cualesquiera de los supuestos establecidos en los artículos 21 y 22 de esta ley, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, podrá hacer efectivas las garantías a que se refiere el artículo 18 de esta ley y asumirá de inmediato el control del registro, así como de los bienes afectos al mismo, sus mejoras y concesiones, incluido todo el equipamiento informático necesario para la prestación del servicio, los cuales pasarán a ser propiedad de la Federación.
Cuando la terminación de las concesiones se dé por razones imputables a la concesionaria, no procederá indemnización alguna
Artículo 24. En los casos en que la concesión termine por causas de utilidad o interés públicos, se otorgará indemnización, cuyo monto será fijado por peritos, considerando, entre otros aspectos, los estudios financieros que se presentaron para el otorgamiento de la concesión, así como el tiempo que falte para que concluya y la amortización del capital invertido. En este caso, los bienes, equipo e instalaciones afectos a los fines de la concesión ingresarán de pleno derecho, desde la fecha en que sea publicada la declaratoria correspondiente, al patrimonio de la Federación y a la posesión, control y administración de la Secretaría.
Artículo 25. En caso de algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía nacional, la Secretaría podrá realizar la requisa del centro de operaciones y demás instalaciones, inmuebles, muebles y equipo destinados para la operación del registro.
La Secretaría podrá igualmente utilizar el personal que estuviera al servicio de las empresas operadoras de que se trate, cuando lo considere necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron.
Asimismo, la Secretaría podrá ocupar temporalmente el servicio público e intervenir en su administración en caso de huelga o cualquier circunstancia que impida al concesionario mantener la óptima operación del servicio. En este caso no habrá indemnización.
TITULO CUARTO
De las infracciones y sanciones
Artículo 26. Son infracciones a la presente ley:
I. No inscribir el vehículo en el registro, conforme lo establece el artículo 6o. de esta ley;
II. No presentar los avisos a que se refieren las fracciones I, III, IV, V, VI, VII y IX del artículo 7o. de esta ley;
III. Efectuar extemporáneamente la inscripción de un vehículo en el registro o la presentación de los avisos a que se refiere el artículo 7o.;
IV. No exigir la constancia de inscripción de los vehículos en el registro, conforme lo establecen los artículos 12 y 13 de esta ley;
V. Hacer uso indebido de las constancias, documentos y demás medios de identificación, relacionados con la inscripción de vehículos;
VI. Alterar, omitir, simular o permitir registros o avisos en forma ilícita, registrar datos falsos, proporcionar información falsa o proporcionar información a terceros que no tengan derecho, accesar sin autorización a la información del registro, o no denunciar alguna irregularidad teniendo la obligación de hacerlo;
VII. Hacer uso de la información, documentos o comprobantes del registro para obtener un lucro indebido, directamente o por interpósita persona y
VIII. Incumplir, la concesionaria, con alguna de sus obligaciones.
Artículo 27. A quien cometa las infracciones a que se refiere el artículo anterior, se le impondrán las sanciones siguientes:
I. Multa de 500 a 1 mil salarlos mínimos a las referidas en las fracciones I, II y IV;
II. Multa de 20 a 50 salarios mínimos a la comprendida en la fracción III;
III. Multa de 2 mil a 4 mil salarios mínimos a la prevista en la fracción V;
IV. Multa de 10 mil a 15 mil salarios mínimos a la señalada en la fracción VI;
V. Multa de dos a tres veces el beneficio obtenido para la comprendida en la fracción VII y
VI. Multa de 20 mil a 30 mil salarios mínimos a la señalada en la fracción VIII.
Para efectos del presente artículo, se entenderá por salario mínimo el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de someterse la infracción.
Artículo 28. La aplicación de las sanciones a que se refiere este título se harán considerando las circunstancias en que se cometió la infracción, así como la capacidad económica del infractor. Dichas sanciones no liberan al infractor del cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley; de la responsabilidad administrativa, civil o penal que resulte ni de la revocación que, en su caso, proceda.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los fabricantes, ensambladores o importadores de vehículos deberán proporcionar al registro la información histórica de que dispusieran a la entrada en vigor de esta ley, relativa a los números de identificación que hubiesen asignado a los vehículos a efecto de integrar la base de datos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 5o.
Tercero. Para efectos de proporcionar la información a que se refiere artículo 10, relativa a los vehículos modelo 1997 y años anteriores que no cuenten con el número de identificación vehicular asignado conforme a la Norma Oficial Mexicana, se deberá proporcionar al registro el número de identificación o número de serie asignado por el fabricante o ensamblador.
Cuarto. La obligación de inscripción del parque vehicular en el registro deberá cumplirse conforme al calendario que publique la Secretaría.
Quinto. Los avisos relativos a la expedición de seguros de vehículos y en su caso a la cancelación de pólizas, a que se refrieren los incisos 'a' y 'b' de la fracción III del artículo 7o., entrarán en vigor cuando se establezcan sus términos y condiciones en el reglamento de la ley.
Que una vez que se han analizado y tomado en cuenta los distintos argumentos fácticos descritos con anterioridad, así como el articulado de la minuta de proyecto de Ley del Registro Nacional de Vehículos enviados a esta soberanía por el Senado de la República para los efectos constitucionales a que haya lugar, esta Comisión de Comercio de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87, 88, 93 y 94 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a emitir el siguiente:
DICTAMEN
En términos de los considerandos y resultados del presente dictamen, la Comisión de Comercio de la LVII Legislatura, aprueba el proyecto de Ley del Registro Nacional de Vehículos, aprobada por el Senado de la República el día 22 de abril de 1998 y remitida a esta Cámara para los efectos constitucionales a que haya lugar.
El presente dictamen fue adoptado por una votación de 17 votos a favor en lo general, habiendo votado en contra en lo particular por lo que se refiere al Título Tercero de la ley, los diputados del Partido de la Revolución Democrática Antonio Prats García, Leticia Robles Colín, Pedro Salcedo García y Víctor Manuel López Cruz.
El diputado Víctor Manuel López Cruz puso a consideración de los asistentes a la reunión una propuesta de adición de una VIII fracción, al artículo 4o., a efecto de que se incluyera a los consumidores como miembros del Consejo Consultivo del Registro Nacional de Vehículos. Sometida que fue la propuesta a votación, se obtuvieron cuatro votos a favor y 13 votos en contra.
El diputado Víctor Manuel López Cruz puso a consideración de los asistentes a la reunión una propuesta de adición de un artículo 29, a fin de que se incluyese algún procedimiento de manera expresa en la ley referente a la solución de controversias por parte de tribunales federales. Sometida que fue la propuesta a votación, se obtuvieron cuatro votos a favor y 13 votos en contra.
Remítase el presente dictamen al pleno de esta soberanía, a efecto de que se discuta y en su momento se apruebe bajo los términos anteriormente aludidos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., en la reunión de la Comisión de Comercio, celebrada el día 28 de abril de 1998.— Diputados: Juan J. García de Alba Bustamante, presidente; José Romualdo Herrán Cabrera, Antonio Prats García, Manuel Angel Núñez Soto, secretarios; Julio Faesler Carlisle, Benjamín Gallegos Soto, José de Jesús González Reyes, Edgar Martín Ramírez Pech, Humberto Treviño Londois, Leopoldo Enrique Bautista Villegas, Juan José González Davar, Luis Meneses Murillo y Sergio Benito Osorio Romero, Leticia Robles Colín, Pedro Salcedo García, Manuel Cárdenas Fonseca, Marta Laura Carranza Aguayo, Fernando Castro Suárez, Ignacio García de la Cadena Romero, Arturo Jairo García Quintanar, Rigoberto Armando Garza Cantú, Víctor Manuel López Cruz, María Guadalupe Martínez Cruz, Gonzalo Morgado Huesca, Teresa Núñez Casas, Orlando Alberto Paredes Lara, Sara Esthela Velázquez Sánchez, Domingo Yorio Saqui, Luis Patiño Pozas.»
Es de primera lectura.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen con el que se acaba de dar cuenta y se pone a discusión y votación de inmediato.
| El secretario Carlos Iñiguez Cervantes: |
Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la segunda lectura.
| El Presidente : |
En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de Ley del Registro Nacional de Vehículos.
Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular del proyecto de ley, los siguientes oradores:
Felipe de Jesús Preciado Coronado, de la fracción legislativa del Partido Acción Nacional; el diputado Antonio Prats García, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y el diputado Manuel Angel Núñez Soto, de la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado, hasta por 10 minutos.
| El diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado: |
Con su autorización, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Como legisladores tenemos obligación de hacer que el orden impere sobre el caos. Nuestro país, entre otros muchos problemas, está flagelado por una constante ruptura del orden legal, robo de vehículos, venta de lo robado, asaltos, secuestros, cantidad de hechos delictuosos perpetrados en vehículos de los que no queda ni existe rastro alguno o padrón al que se pueda acudir a tener información confiable. Es por eso, compañeras y compañeros diputados, que debemos apoyar con nuestro voto afirmativo la iniciativa de ley que crea el Registro Nacional de Vehículos, que será sin duda un adecuado instrumento para dar la debida seguridad jurídica a la propiedad y a la posesión del parque vehicular de todo el país.
El Registro Nacional de Vehículos, adecuadamente operado, garantizará la protección de los derechos de propiedad vehicular de los mexicanos y será una valiosa herramienta para combatir el robo de vehículos que por centenas de miles ocurren en el país. Dicho registro permitirá tener acceso a una fuente de información valiosa para la impartición de justicia, que podrá ser utilizada por procuradurías, por gobiernos estatales, municipales, federales y por otras instituciones públicas y privadas.
El dictamen que se discute deja percibir en sus características los siguientes elementos de este Registro Nacional de Vehículos: confiabilidad, actualización permanente y la susceptibilidad de ser concesionado en los términos que establece el artículo 134 de la Carta Magna, pero además deberá ser económico, de lo que también se encargará esta soberanía, al aprobar la Ley de Ingresos del próximo ejercicio, donde puntualmente se tendrá que establecer el pago adecuado, equitativo y razonable por el servicio que se preste y no con esta medida pretender que sea motivo de un pago alto en perjuicio del ciudadano.
Crear el registro que nos ocupa, es el inicio del retorno a la legalidad en muchos campos: será un valioso auxiliar en la lucha contra el crimen organizado; permitirá controlar la importación temporal y definitiva de vehículos, pero, sobre todo, se da al ciudadano un mecanismo que le ayudará en la defensa de su patrimonio.
Votemos, pues, compañeras y compañeros diputados, en lo general y en lo particular, a favor de la creación del Registro Nacional de Vehículos.
Es cuanto, señor Presidente.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el compañero diputado Antonio Prats García, de la fracción legislativa del PRD, hasta por 10 minutos.
Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso; compañeras diputadas; compañeros diputados:
En nombre del Partido de la Revolución Democrática, fijaré ante ustedes la posición de nuestra fracción en torno a la iniciativa y dictamen de la Ley del Registro Nacional de Vehículos.
Los integrantes del Partido de la Revolución Democrática reconocemos que la mencionada ley mejorará el sistema que dejó la derogada ley que regulaba el Registro Federal de Automóviles. De la misma forma, creemos que permitirá combatir de manera más eficaz el robo y el tráfico de vehículos; permitirá un control nacional por parte de las propias autoridades; desalentará el comercio de vehículos robados; permitirá identificar todos y cada uno de los automotores que circulan en territorio nacional y, en particular y asimismo a los que prestan un servicio público; da seguridad a las operaciones de compraventa; establecerá un sistema útil para fines fiscales, censales y de tráfico vehicular; impondrá obligaciones a vendedores, compradores y autoridades respectivas.
Queremos reconocer todas estas bondades que he marcado de manera precisa.
También queremos dejar constancia de que existen desventajas que debemos señalar y que son el que consideramos como improcedente que se faculte a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Secofi, para que pueda concesionar a particulares y extranjeros la operación del registro, ya que es un problema de legitimidad, es un problema de soberanía y esta posición queremos que quede muy clara.
La Cámara de Diputados, desde nuestra visión, deberá establecer la tabla de cobros por estos servicios anualmente; deberá preocuparse también porque las cuotas por inscripción, altas, bajas y todos los movimientos relacionados con los vehículos, no afecten la economía de los ciudadanos mexicanos, beneficiando así a unas cuantas empresas.
Estamos convencidos de que la constancia que expida el mencionado registro en esta ley, no cuenta con el reconocimiento de documento público o en la certificación, que es facultad exclusiva de funcionarios públicos, conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles, en sus artículos 129 y 130 y no puede ser realizado por particulares concesionarios.
Manifestamos nuestro total desacuerdo con el artículo 3o. en su fracción II, que dice: que operar y en su caso concesionar y regular la operación de estas pretendidas concesiones, de este obsesivo espíritu privatizador.
Manifestamos igualmente nuestro total desacuerdo con el último párrafo del artículo 16, que consiste en privatizar dicho registro, concediéndolo a empresas multinacionales, con una inversión de hasta el 49% y no tenemos ninguna duda, de que esto tendrá que contar con la previa resolución de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, para que la inversión extranjera participe con un porcentaje mayor.
Queremos dejar muy claro nuestro total desacuerdo con el artículo 20 fracción IV, que sólo define de manera genérica que las concesionarias prestarán el servicio público de manera general y que tendrán que cumplir con todas las obligaciones que se asuman. Pero no existe ninguna precisión jurídica ni de funciones ni de capacidades ni tampoco de acciones que se van a realizar, en un tema tan trascendente para los mexicanos, tan importante para los legisladores mexicanos; esto no puede quedar en los términos que ha propuesto el propio Ejecutivo.
Consideramos inconveniente e improcedente, que lo que son funciones sustantivas del Estado mexicano, se concesionen y se privaticen, ya que esto significa ir cercenando dichas facultades.
No podemos seguir aceptando el solo argumento de que por una pretendida eficiencia y transparencia, se quieran justificar las privatizaciones. Ejemplos sobran, ahí está Teléfonos de México, que en principio de ser un monopolio público pasó a ser un monopolio particular.
Y esa pretendida eficiencia ha dejado con un gran disgusto a miles y millones de usuarios. Como verán, la privatización por sí misma no funcionó, como no ha habido transparencia en otras privatizaciones. Entonces el sólo argumento de privatizar, de concesionar por hacer esta acción, no nos parece que sea la justificación para que un registro tan importante, para que un órgano tan importante, deba de tener el destino que ha tenido parte del patrimonio nacional, hoy en manos de la iniciativa privada y en el peor de los casos de empresas multinacionales.
Por lo anteriormente expuesto y como resultado de la reflexión realizada por los integrantes de la Comisión de Comercio, expreso a ustedes que votaremos a favor de esta ley en lo general, pero en lo particular, votamos en contra del artículo 3o. del Título Tercero, y esperando que el debate del Senado y de esta Cámara sirvan para que el Gobierno, para que el Ejecutivo, para que los parlamentarios de las diferentes fracciones analicen la propuesta de que este servicio no sea concesionado porque no existe la garantía, en ningún término, en ningún aspecto, de que no será usado por bandas de especuladores, de que no sea usado por bandas de delincuentes y también porque no será penetrado por el propio poder del dinero de los que hacen el narcolavado.
Los invito a que reflexionemos y a que decidamos de manera libre, en una votación responsable, que votemos a favor de los intereses de los mexicanos, no aceptando la concesión, no aceptando la privatización.
Muy amables, muchas gracias.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Manuel Angel Núñez Soto, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El proyecto de Ley del Registro Nacional de Vehículos, que turnó la Cámara de Senadores, se propone reinstaurar un instrumento que registre a los casi 13 millones de vehículos que hay en el país.
Cabe recordar que el anterior Registro Federal de Vehículos fue abrogado en 1989 y que sólo servía prácticamente para fines fiscales.
En la actualidad, operan en el país los padrones vehiculares estatales, los cuales han llegado a ser, con el paso del tiempo, ineficientes en el ámbito nacional, por el acelerado aumento de automóviles que circulan en la República Mexicana.
Asimismo, dichos patrones no proporcionan el servicio de consulta pública, se integran con una periodicidad variable y sólo sirven para propósitos fiscales.
Por lo anterior, la conformación de un registro de carácter nacional, el cual se sustente bajo un nuevo régimen jurídico, previamente consensado en lo general por los diversos partidos políticos en la Cámara de Senadores y en el seno de la Comisión de Comercio de esta Cámara, es lo más benéfico, oportuno y justo para toda la población fuera de intereses o banderas políticas y fuera de pretensiones personales o de grupo.
Se determina la creación del Comité Consultivo del Registro Nacional de Vehículos, en el que participarán diversas dependencias del Ejecutivo Federal y representantes de los sectores de fabricantes y ensambladores, comercializadoras de vehículos, instituciones de seguros, afianzadoras e instituciones de crédito, reuniéndose con una periodicidad mínima de seis meses por cada sesión.
Por otra parte, se faculta, con base en el artículo 28 constitucional, a otorgar concesiones a la Secofi y que tenga entre sus facultades, la de establecer las reglas para el manejo de la información y en general, para la operación, funcionamiento y administración del registro, así como la de vigilar la debida aplicación de los precios y tarifas.
Otra de las facultades de la Secretaría, son celebrar convenios de coordinación con los gobiernos estatales y del Distrito Federal y coadyuvar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública; vigilar y verificar el cumplimiento de la ley, así como sancionar con infracciones a la misma.
El proyecto otorga a la operación del registro, el carácter de servicio público y encarga su operación a la Secofi.
Asimismo determina que la base de datos es propiedad exclusiva del Gobierno Federal y podrá ser consultada por cualquier persona conforme al procedimiento y niveles de acceso que se establezcan en el reglamento de la ley.
Se establece la obligación de los particulares de proporcionar el aviso de operaciones de compraventa u otros actos jurídicos que se celebren en relación con un vehículo para prevención de fraudes y robos.
Además, se incluye la obligación de las autoridades jurisdiccionales, tribunales del trabajo y las autoridades administrativas, de notificar los avisos de embargo y aseguramientos que traten sobre vehículos, otorgando así la certeza jurídica a las transacciones comerciales.
Hoy día existe una carencia de controles vehiculares y el robo de vehículos es uno de los delitos con mayor incidencia cometidos generalmente por miembros de la delincuencia organizada, quienes los utilizan para otros ilícitos graves y para comercializarlos.
El tráfico de vehículos robados ha generado que los compradores de buena fe, quienes actualmente no cuentan con medio alguno que les permita conocer con certeza la situación legal del vehículo que adquieren, sean sorprendidos y se vean involucrados en problemas de índole legal y económico.
En relación con el robo y la recuperación de vehículos, se considera apropiado que la información correspondiente sea proporcionada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con base en los convenios que para tal efecto se celebren.
Mi partido, el Revolucionario Institucional, considera que un elemento fundamental para combatir a la delincuencia y proteger al patrimonio de los ciudadanos brindándoles seguridad jurídica, es el establecimiento de un instrumento como este registro, el cual sirve a los particulares para conocer con oportunidad el estado legal de los vehículos en cualquier entidad federativa e incluso los gravámenes que sobre los mismos pudieran existir.
El registro será un elemento de primer orden para garantizar el interés de nuestro pueblo, así como para perseguir eficazmente a los delincuentes e identificar las transacciones que tengan por objeto la compraventa de vehículos robados.
Por otra parte, se establece la obligación a los fabricantes y ensambladores, de asignar a los vehículos que fabriquen y ensamblen, el número de identificación vehicular previsto en la Norma Oficial Mexicana correspondiente, el cual consta de 17 dígitos, conforme a una norma internacional en donde cada dígito representa una característica del vehículo, lo cual nos permite una identificación certera e inequivoca de cada uno de ellos.
Apoyamos decididamente que con el fin de asegurar la obligatoriedad del registro, así como propiciar el cumplimiento de sus disposiciones y facilitar la cobertura y seguridad del mismo, se establezcan una serie de requerimientos para exigir la constancia de inscripción.
Estamos convencidos que la concesión puede ser una figura ágil para la administración y operación del citado registro. Por ello, los concesionarios deberán contar con sistemas tecnológicos modernos y eficientes, previéndose en la ley que la Secofi pueda otorgar concesiones por 10 años prorrogables por el mismo plazo, a quienes reúnan los requisitos establecidos en la ley, ajustándose igualmente a lo previsto por la Ley Federal de Competencia Económica.
Aspecto importante de la ley es el establecimiento de un concurso para el otorgamiento de las concesiones, determinándose las etapas y requerimientos para efectuarlo, en donde destaca el hecho de que los concesionarios tendrán mayoría de capital mexicano y que cualquier solicitud en otro sentido, requerirá del análisis y resolución de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
Compañeras y compañeros diputados: dentro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, estamos convencidos que la creación de este registro cubre una necesidad imperiosa en los mexicanos. Dicho registro será un valioso instrumento que proporcione seguridad jurídica al patrimonio de los ciudadanos, garantice el cumplimiento de las obligaciones que con el Estado tienen los particulares y combata de manera decidida a la delincuencia organizada.
Esta ley que busca, a través de la organización y la eficiencia, dar respuesta a la exigencia permanente de la ciudadanía por una mayor seguridad y una mayor justicia.
Por ello los invito a todos ustedes a ponderar su voto y al igual que mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, votar a favor de este proyecto de ley que es en beneficio de todos los ciudadanos de nuestro país.
Muchas gracias.
Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el punto correspondiente.
| El secretario Trinidad Escobedo Aguilar: |
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido, en lo general y en lo particular, el proyecto de ley.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
| El Presidente : |
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de ley.
| El secretario Trinidad Escobedo Aguilar: |
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de ley.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Por la afirmativa, el diputado Trinidad Escobedo.
Por la negativa, el diputado Primitivo Ortega.
(Votación.)
| El Presidente : |
En tanto se dan los resultados, vamos a enviar un saludo a los estudiantes del Cecati 158, invitados por la diputada América López, que se encuentran en el recinto. También enviamos un saludo a los representantes de la Coalición Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla de la República Mexicana, que están también invitados a este recinto.
| El secretario Trinidad Escobedo Aguilar: |
Señor Presidente, se emitieron en lo general y en lo particular por los artículos no impugnados 373 votos en pro y un voto en contra y por la fracción II del artículo 3o. y por el Título Tercero, que comprende los artículos del 16 al 25 de la ley, 281 votos en pro 91 en contra.
| El Presidente : |
Aprobado en lo general por 373 votos en pro y uno en contra y en lo particular por 281 votos y 93 en contra de la fracción II del artículo 3o. y del conjunto del Título Tercero. Aprobada en lo general y en lo particular la Ley del Registro Nacional de Vehículos.
| El secretario Trinidad Escobedo Aguilar: |
Pasa al Ejecutivo, para los efectos constitucionales.
| La secretaria Silvia Oliva Fragoso: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Jorge Eduardo Navarrete López, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República Dominicana.
La comisión considera cumplidos lo requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jorge Eduardo Navarrete López, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República Dominicana.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 28 de abril de 1998.— Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
| La secretaria Teresa Núñez Casas: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Enrique Vilatela Riba, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Dominicana.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Enrique Vilatela Riba, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República Dominicana.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 29 de abril de 1998.— Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
| El secretario Primitivo Ortega Olays: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano José Gabriel Newman Valenzuela, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz del Comendador, Tercer Grado por Méritos, que le confiere el gobierno de la República de Polonia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Gabriel Newman Valenzuela, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz del Comendador, Tercer Grado por Méritos, que le confiere el gobierno de la República de Polonia.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 28 de abril de 1998.— Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se les dispensa la segunda lectura a los dictámenes con los que se acaba de dar cuenta y se ponen a discusión y votación de inmediato.
| El secretario Primitivo Ortega Olays: |
Por instrucciones de la Presidencia y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se les dispensa la segunda lectura.
| El Presidente : |
En consecuencia, están a discusión los proyectos de decreto...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a recoger la votación nominal.
| El secretario Primitivo Ortega Olays: |
Se ruega a la Oficialía Mayor hacer los avisos a los que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
El diputado Trinidad Escobedo, por la afirmativa.
El diputado Antonio Ordaz, por la negativa.
(Votación.)
Se informa a la Presidencia el resultado de la votación.
Se emitieron 253 votos en pro y cero en contra.
| El Presidente : |
Aprobados los proyectos de decreto por 253 votos.
| El secretario Primitivo Ortega Olays: |
Pasan al Ejecutivo, para los efectos constitucionales.
| El Presidente : |
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución General de la República, se va a proceder a la elección de los diputados que formarán parte, en su calidad de titulares y sustitutos, de la Comisión Permanente.
Se suplica a los diputados pasen a depositar su cédula al escuchar su nombre.
(Votación.)
| El secretario Trinidad Escobedo Aguilar: |
Esta Secretaría da a conocer los resultados de la elección.
La planilla encabezada por Héctor González Machuca, 59 votos. Por diversas planillas 10, dos votos en contra, una abstención y 270 votos por la planilla encabezada por Rafael Oceguera Ramos.
| El Presidente : |
En consecuencia, se declara que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que funcionará durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LVII Legislatura, los siguientes diputados: Rafael Oceguera Ramos, Ricardo Castillo Peralta, Marco Antonio Fernández Rodríguez, Carlos Jiménez Macías, Francisco Arroyo Vieyra, Miguel Angel Quiroz Pérez, Francisco Loyo Ramos, Jorge Estefan Chidiac, Marlene Catalina Herrera Díaz, del PRI; Carlos Medina Plascencia, María de la Soledad Baltazar Segura, José de Jesús González Reyes, Javier Corral Jurado, del PAN; María de los Dolores Padierna Luna, Demetrio Javier Sodi de la Tijera, Gilberto López y Rivas, Laura Itzel Castillo Juárez, del PRD; Ricardo Cantú Garza, del PT; Gloria Lavara Mejía, del PVEM y como sustitutos: Orlando Alberto Paredes Lara, Francisco Morales Aceves, Esaú Hernández Herrera, José Luis Bárcena Trejo, Javier Guerrero García, Blanca Rosa García Galván, Guillermo Barnés García, Mauricio Alejandro Rossell Abitia, José Agapito Domínguez Lacroix, del PRI; Juan Miguel Alcántara Soria, Felipe Urbiola Ledesma, Marco Antonio Adame Castillo, Francisco José Paoli y Bolio, del PAN; Bernardo Bátiz Vázquez, Marcelino Díaz de Jesús, José Luis Sánchez Campos, Agustín Miguel Alonso Raya, del PRD; José Luis López López, del PT y Aurora Bazán López, del PVEM.
Tomando en consideración que han transcurrido las cinco horas reglamentarias de esta sesión, que establece el artículo 3o. del acuerdo parlamentario aprobado el 6 de noviembre, la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.
| El Presidente : |
Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que, a nombre de las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente, de Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores, dé lectura al dictamen con punto de acuerdo sobre el confinamiento de desechos radiactivos que pretende establecerse en Sierra Blanca, Texas.
| El secretario Primitivo Ortega Olays: |
Se va a dar lectura al dictamen de las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente, de Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, sobre el confinamiento de desechos radiactivos que se pretende establecer en Sierra Blanca, Texas.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Dictamen de las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados sobre el confinanciamiento de desechos radiactivos, que se pretende establecer en Sierra Blanca, Texas.
Honorable Asamblea: a las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, fue turnado para su estudio y análisis el expediente número 129 del primer año, sección II, de fecha 5 de noviembre de 1997, al que se incorporan las proposiciones que presentaron los diputados de los diferentes grupos parlamentarios que integran la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.
Con el propósito de solicitar al Poder Ejecutivo Federal asuma una posición oficial de rechazo a la intención del gobierno del Estado de Texas, de construir un confinamiento de residuos radiactivos, que se adicione un anexo al convenio bilateral entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, sobre la cooperación para la protección y mejoramiento del ambiente en la zona fronteriza; se cite al grupo interinstitucional que se formó con la finalidad de que informe el estado de avance que se tiene sobre el proyecto de confinamiento nuclear que se pretende establecer en Sierra Blanca, Texas, y se solicite al gobierno de los Estados Unidos de América un informe sobre las condiciones en que se pretende construir y operar dicho depósito.
Asimismo, el día 11 de febrero de 1998 se recibió del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión , el punto de acuerdo que a continuación se transcribe.
"Primero. Que el Congreso mexicano, por conducto de su Comisión Permanente, declara que el proyecto de Sierra Blanca, Texas, así como los proyectos de otros confinamientos en la frontera con México, ponen en riesgo la salud de la población de la zona fronteriza y constituyen una agresión a la dignidad nacional.
Segundo. Que las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente, de Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores de las cámaras de Diputados y de Senadores, se reúnan con la Comisión Interinstitucional integrada por las secretarías de Relaciones Exteriores, de Energía, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, para analizar a fondo las consecuencias para México de los confinamientos de materiales y residuos peligrosos y radiactivos en la zona fronteriza del país, con los Estados Unidos de América, a fin de realizar los pronunciamientos y gestiones necesarias que impidan su instalación.
A efecto de proceder a cumplimentar el mandato otorgado por el pleno de la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, los presidentes de las comisiones de la Cámara de Diputados, analizaron la documentación y estudios existentes sobre el confinamiento radiactivo en Sierra Blanca, reuniéndose en varias ocasiones para diseñar la estrategia de acción política. Asimismo, se llevó a cabo una sesión de trabajo con el grupo interinstitucional, todo ello con la finalidad de integrar el presente dictamen sobre el confinamiento de desechos radiactivos que el gobierno de Texas pretende construir en Sierra Blanca, Texas. (Anexo 1.)
CONSIDERANDO
a) Las comunidades en ambos lados de la frontera, diversas organizaciones no gubernamentales, organizaciones políticas y funcionarios públicos que tienen su sede en nuestro país y en los Estados Unidos de América, han manifestado su total oposición a la construcción del confinamiento de residuos radiactivos, que el gobierno del Estado de Texas pretende instalar en la población de Sierra Blanca, Texas, a una distancia menor de 30 kilómetros de la frontera con México.
b) Autoridades administrativas del Estado de Texas convocaron a audiencias públicas con el propósito de conocer las opiniones de los sectores interesados en torno a la posible construcción del confinamiento en Sierra Blanca. En estas condiciones, se considera conveniente que el Gobierno de México reitere su preocupación e inconformidad ante la posibilidad de que se autorice la construcción del confinamiento.
c) La posición que el Gobierno de México asuma con relación al proyecto del confinamiento de Sierra Blanca establece un claro precedente que puede ser invocado en el futuro, con relación a confinamientos que se pretendan instalar en la franja de 100 kilómetros a lo largo de la frontera común.
d) Además, existen tratados que han sido ratificados por ambos países, que tienen en consecuencia validez legal en los dos territorios, como se expresa en el artículo 110 de la carta constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas.
e) El grupo interinstitucional (creado en 1995 por el Poder Ejecutivo Federal, con el objetivo específico de revisar el proyecto de construcción del confinamiento de Sierra Blanca) elaboró un estudio preliminar respecto del confinamiento, el cual ha sido analizado por las comisiones.
f) Las comisiones unidas han recibido diversos estudios que demuestran la existencia de riesgos en la zona, no sólo por los niveles sísmicos, sino también por las características meteorológicas y geohidrológicas del sitio seleccionado. Lo anterior, representa un alto riesgo potencial de contaminación para el río Bravo y los mantos freáticos, lo cual podría ocasionar un impacto negativo para la salud de la población, la preservación del ambiente y los recursos naturales en ambos lados de la frontera. (Anexo III.)
g) Existen otros sitios adecuados en los Estados Unidos de América para la instalación de confinamientos de residuos radiactivos, situados fuera de los 100 kilómetros de la franja fronteriza, por lo cual el sitio seleccionado en la localidad de Sierra Blanca no representa la única opción para el proyecto propuesto.
h) Los desechos radiactivos que se pretenden confinar en Sierra Blanca, junto a la frontera mexicana, no sólo incluye a los generados en el Estado de Texas, sino que también se tiene previsto que ahí se depositen los desechos provenientes de los estados de Vermont y Maine, situados en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.
i) La construcción del confinamiento en cuestión violaría el espíritu de diversos principios de derecho internacional e implicaría el incumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados Unidos en el Convenio sobre la Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza (Convenio de La Paz).
El artículo 2o. del convenio suscrito en 1983, dispone que: "las partes se comprometen, en la medida de lo posible a adoptar las medidas apropiadas para prevenir, reducir y eliminar fuentes de contaminación en su territorio respectivo que afecten la zona fronteriza de la otra". De igual manera, el convenio compromete a las partes a cooperar en el campo de la protección ambiental en la zona fronteriza, sobre la base de igualdad, reciprocidad y beneficio mutuo. En acatamiento de estas disposiciones, el gobierno de Estados Unidos deberá tomar las medidas del caso ante las autoridades competentes, a fin de que el proyecto no se autorice.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundamentado en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratarse de un asunto que amerita una urgente resolución por parte de la Cámara de Diputados, debido a la trascendencia que el mismo pudiera tener sobre nuestra población y recursos naturales, presentamos el siguiente
DICTAMEN
Primero. Las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, reiteran el rechazo total al proyecto, construcción y operación del confinamiento de residuos radiactivos que el Gobierno de Texas pretende establecer en el poblado de Sierra Blanca, Texas y expresan su desacuerdo, preocupación e inconformidad con la política adoptada y seguida hasta ahora por el gobierno de los Estados Unidos de América, que favorece la instalación de confinamientos en la frontera sur con México, sin tomar en cuenta los potenciales impactos negativos que esta política puede tener sobre la salud humana y el medio ambiente en las comunidades localizadas en ambos lados de la frontera.
Segundo. Las comisiones unidas de la Cámara de Diputados han realizado una evaluación de la información disponible sobre dicho proyecto de confinamiento, cuyo resultado demuestra que su operación conllevaría impactos potenciales adversos.
Tercero. Las comisiones unidas de la Cámara de Diputados solicitan atentamente a las comisiones homólogas del Senado de la República, que la Secretaría de Relaciones Exteriores comunique al gobierno de los Estados Unidos de América, el rechazo total de la Cámara de Diputados a la construcción y operación del confinamiento de residuos radiactivos en Sierra Blanca, Texas.
Cuarto. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores realizar las siguientes propuestas al gobierno de los Estados Unidos de América:
a) Insistir en la posibilidad de reubicar el proyecto de Sierra Blanca en un sitio localizado fuera de los 100 kilómetros de la zona fronteriza.
b) Manifestar el desacuerdo de la Cámara de Diputados respecto a la política de los Estados Unidos de América que favorece la instalación de confinamientos de desechos peligrosos y radiactivos dentro de la franja fronteriza.
c) Iniciar de inmediato la negociación de un anexo al Convenio de La Paz, en el que se prohiba explícitamente la instalación y operación de confinamientos de residuos radiactivos y desechos peligrosos y tóxicos en la franja de los 100 kilómetros de la frontera común.
d) Incluir el tema de confinamientos de residuos radiactivos y peligrosos en la agenda de la próxima reunión de la Comisión Bilateral México-Estados Unidos, para establecer la suspensión de cualquier proyecto de confinamiento en la franja de 100 kilómetros de la frontera.
Quinto. Se instruye a las comisiones unidas de la Cámara de Diputados, así como al Comité de Asuntos Internacionales, para que:
a) Este asunto se incluya en la agenda de la próxima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos.
b) Las comisiones de Ecología y Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Diputados, proponen se informe a los gobernadores de los estados fronterizos y a sus respectivos congresos sobre los proyectos que se pretenden establecer en la zona fronteriza, con el propósito de definir una estrategia común para que no se instalen confinamientos dentro de la franja fronteriza de 100 kilómetros. Asimismo se les solicita su adhesión al presente dictamen.
c) Se integre una comisión plural de diputados integrantes de las comisiones unidas para que se entrevisten con las autoridades federales, locales y legislativas de los Estados Unidos de América, para tratar el caso de Sierra Blanca y manifestar el rechazo al mismo.
Sexto. Las comisiones unidas expresan que el presente caso constituye una valiosa oportunidad a fin de que ambos países demuestren su voluntad, responsabilidad y capacidad para cooperar en el tratamiento de asuntos similares de interés común.
Séptimo. A efecto de que la opinión pública tenga un mayor conocimiento sobre el tema, se sugiere elaborar a la brevedad un documento que pueda ser difundido a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales en el que se exprese la problemática y situación actual del proyecto en cuestión.
Octavo. Las comisiones unidas de la Cámara de Diputados solicitan se envíe el presente dictamen a la Cámara de Senadores, para que en el marco de las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proponga las acciones necesarias para su instrumentación.
Dado en el salón de comisiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de abril de 1998.— Comisión de Ecología y Medio Ambiente.— Diputados: Jorge Alejandro Jiménez Taboada, presidente; Lino Cárdenas Sandoval, Roselia Margarita Barajas Olea, Francisco Javier Salazar Díez de Sollano, secretarios; Elva Margarita Capuchino Herrera, Laura Itzel Castillo Juárez, Fernando Castro Suárez, María Elena Cruz Muñoz, Irma Chedraui Obeso, Vicente de la Cruz Santiago, José A. Domínguez Lacroix, Porfirio Durán Reveles, Baldemar Dzul Noh, Ignacio García de la Cadena Romero, Francisco Javier Gil Castañeda, Enoé González Cabrera, Pablo Gutiérrez Jiménez, Víctor Manuel López Cruz, Agustín Santiago Albores, Francisco Javier Martínez Zorrilla Rabelo, Martín Mora Aguirre, David Miguel Noyola Martínez, Ricardo Arturo Ontiveros y Romo, Orlando Alberto Paredes Lara, Noé Paredes Salazar, Luis Patiño Pozas, María Victoria Peñaloza Izazaga, Juan Jaramillo Fricas, Miguel Angel Solares Chávez y Francisco Vera González.
Comisión de Asuntos Fronterizos.— Diputados: Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, presidente; Gilberto Parra Rodríguez, Miguel Antonio Rubiano Reyna, José de Jesús González Reyes, secretarios; Carlos Froylán Camacho Alcázar, Trinidad Escobedo Aguilar, Jorge Tomás Esparza Carlo, José Ricardo Fernández Candia, Juan Marcos Gutiérrez González, Eliher Saúl Flores Prieto, Julieta Ortencia Gallardo Mora, Martha Dalia Gastélum Valenzuela, Carlos Antonio Heredia Zubieta, Martha Irene Luna Calvo, Saúl Solano Castro, Genaro Alanís de la Fuente, Omar Bazán Flores, Leobardo Casanova Magallanes, Francisco García Castells, Antonia Mónica García Velázquez, Rigoberto Armando Garza Cantú, Amira Griselda Gómez Tueme, Isaías González Cuevas, Héctor Mayer Soto, Roberto Pérez de Alva Blanco, Guillermo Santín Castañeda, Odorico Vázquez Bernal, Horacio Veloz Muñoz, María Mercedes Maciel Ortiz y Miguel Angel Garza Vázquez.
Comisión de Relaciones Exteriores.— Diputados: Alfredo Phillips Olmedo, presidente; Javier Algara Cossío, J Samuel Maldonado Bautista, José Luis Flores Hernández, secretarios; Carlos Froylán Camacho Alcazar, Juan Carlos von Roehrich, José de Jesús González Reyes, Israel Hurtado Acosta, Jeffrey Max Jones Jones, Héctor Flavio Valdez García Socorro Aubry Orozco, Lázaro Cárdenas Batel, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Carlos Antonio Heredia Zubieta, Porfirio Muñoz Ledo, Violeta Margarita Vázquez Osorno, Orlando Arvizu Lara, Francisco García Castells, José Gascón Mercado, Lombardo V. Guajardo Guajardo, Carlos Jiménez Macías, Dionisio A. Meade, Francisco Javier Morales Aceves, Ramón Mota Sánchez, Juan Manuel Parás González, Clarisa Catalina Torres Méndez, Sara Esthela Velázquez Sánchez, Alfredo Villegas Arreola y José Luis López López.»
ANEXO 1
Antecedentes
A partir del año de 1995 las comisiones de Ecología y Medio Ambiente correspondientes a la LVI Legislatura han dado seguimiento al caso de Sierra Blanca, Texas, entre las acciones realizadas destacan las siguientes:
Solicitud de información a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al grupo interinstitucional, y el envío de comunicaciones al gobernador George Bush y al senador John Chaffe, con objeto de ampliar la información del caso y transmitir las inquietudes de las comunidades fronterizas respecto de los posibles impactos negativos sobre la salud y la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Se solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el "informe de resultados sobre el proyecto de confinamiento de Sierra Blanca, Texas", realizado por el grupo interinstitucional, el cual fue recibido con fecha 11 de noviembre de 1997 y analizado por los integrantes de las comisiones mencionadas.
De la documentación enviada por el grupo interinstitucional (integrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, así como de la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), se recibieron los informes técnicos, elaborados por la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. (Anexo 2).
De igual forma, diputados y senadores han acudido a diversos eventos fronterizos en los que han escuchado las opiniones y preocupaciones de la población de ambos lados de la frontera. Inclusive se ha mantenido presencia en las diferentes audiencias públicas celebradas, con objeto de autorizar o negar la solicitud de instalación de dicho confinamiento.
Asimismo, se han sostenido diversas reuniones de trabajo con organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como norteamericanas y otras instituciones interesadas en el tema. Destacando las reuniones celebradas entre senadores y diputados con el señor Richard Boren, coordinador de la Alianza Ecologista del Bravo el día 23 de octubre de 1997 y con el señor Marvin Resnikoff, autor del estudio sobre la solicitud de licencia del confinamiento el día 11 de diciembre de 1997.
Con fecha 20 de diciembre de 1997, una comisión plural de diputados de la Comisión de Asuntos Fronterizos acudió a solicitar información in situ, la cual les fue negada conociendo única y exclusivamente el lugar y trasladándose posteriormente a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se les proporcionó información.
Mediante oficio de fecha 16 de enero de 1998, número CEMA/016/98, suscrito por la mesa directiva de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente se solicitó a la doctora Rosario Green, secretaria de Relaciones Exteriores, manifestara la posición oficial de rechazo del pleno de la Cámara de Diputados, a la intención del Gobierno del Estado de Texas de construir un confinamiento de residuos radiactivos.
Con esta misma fecha, la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados, envió al Senado de los Estados Unidos de América, una carta para informarles que: "una de las principales preocupaciones de los legisladores mexicanos se constituye por el probable depósito de residuos radiactivos en Sierra Blanca, Texas, provenientes, no sólo de dicho Estado, sino también de los estados de Maine y Vermont y siendo facultad de los Estados Unidos de América, la aprobación para transportar los residuos en mención, desde los estados fronterizos con Canadá hasta su destino final en Sierra Blanca, expresando la enorme inquietud de nuestros representados por los daños potenciales que éstos pudieran causar al medio ambiente y al desarrollo económico de nuestra frontera común y por lo tanto a los habitantes de ambos lados".
Mediante nota diplomática de fecha 22 de enero de 1998, número 000122, suscrita por el excelentísimo embajador de México en los Estados Unidos, Jesús Reyes Heroles, se presentó la preocupación ante eventuales riesgos que pudiera generar la construcción y operación del confinamiento.
El día 22 de enero de 1998, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente realizó una conferencia de prensa para dar a conocer el mandato del pleno de la Cámara de Diputados, así como la situación en que se encuentra dicho proyecto.
Con fecha 23 de enero mediante oficio SPR-094, dirigido al diputado Alejandro Jiménez Taboada, presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, suscrito por la secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, se informó que se acordó plantear al gobierno de los Estados Unidos la conveniencia de reconsiderar la ubicación de este confinamiento a la luz de la evaluación de los aspectos técnicos, sociales y económicos del proyecto e instruir a la Embajada de México en Washington, para que comunicará al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, la preocupación que ha causado el proyecto de confinamiento de Sierra Blanca entre la población mexicana aledaña al sitio propuesto para la construcción del mismo.
El 23 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su dirección general de información, difundió un comunicado de prensa mediante el cual expresa las legítimas preocupaciones manifestadas por diversos sectores, que el Gobierno de México ha planteado al gobierno de Estados Unidos la reubicación del proyecto del confinamiento, indicando, además, que continuará promoviendo la cabal aplicación del principio de proximidad, conforme al cual los desechos peligrosos deben de ser confinados cerca del lugar donde se originan.
Del 4 al 9 de febrero de 1998, un grupo de diputados y senadores encabezados por el senador Norberto Corella, realizaron un viaje a la ciudad de Washington, durante el cual sostuvieron reuniones de trabajo con medios de comunicación, autoridades, legisladores federales y organizaciones de derechos civiles y de protección ambiental, con objeto de transmitirles la preocupación de las organizaciones y población fronteriza por la construcción del mencionado proyecto de Sierra Blanca y la tendencia del gobierno norteamericano por desarrollar proyectos dentro de la franja de 100 kilómetros de la frontera con México, lo que ocasionaría que la zona se convirtiera en un basurero de materiales peligrosos y radiactivos.
Posteriormente el 18 de febrero, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados realizó una reunión de trabajo con el arquitecto José Luis Rodríguez, regidor del ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien ha estado participando como representante mexicano en las audiencias que se están realizando en el Estado de Texas. La reunión tuvo como objetivo conocer el desarrollo y la situación actual de dichas audiencias.
En virtud del acuerdo de la Comisión Permanente, se acordó por unanimidad de las mesas directivas, realizar todas las acciones subsecuentes en forma conjunta.
Los integrantes de las mesas directivas de las comisiones unidas, acordaron solicitar al cuerpo de asesores de ambas cámaras, elaborar un proyecto de dictamen.
El 24 de febrero los presidentes de las comisiones de referencia acordaron invitar al grupo interinstitucional, dirigiendo una invitación especial a los titulares de la Semarnap y de Relaciones Exteriores, a reunión de trabajo, que se efectuó el martes 3 de marzo a las 9:00 horas en la Cámara de Diputados.
Con fechas 27 de febrero y 2 de marzo, mediante oficios suscritos por la licenciada Amparo Canto y el licenciado Alfonso López Cruz, respectivamente, informaron que por compromisos contraídos con anterioridad, transmiten ambas secretarías sus disculpas y en obsequio a la solicitud de la Comisión Permanente, asistirá un grupo colegiado del más alto nivel de las instituciones que componen dicha instancia, que integran la Comisión Interinstitucional que ha venido trabajando sobre el tema del confinamiento de desechos radiactivos que se pretende construir en Sierra Blanca, Texas.
El día 3 de marzo de 1988 se llevó a cabo la reunión de las comisiones unidas con el grupo interinstitucional, durante la cual se presentó un informe del citado grupo respecto al estado en se encuentra el caso que nos ocupa.
Cabe señalar la coincidencia entre la posición adoptada por los legisladores y el informe del grupo interinstitucional en relación con los siguientes puntos:
Rechazo al confinamiento y solicitud de reubicación.
Negociación del anexo VI al Convenio de la Paz.
Asimismo, el grupo interinstitucional manifestó que aún no se ha agotado el estudio técnico respecto del impacto derivado de la instalación del confinamiento y que está abierta a recibir toda la información adicional del caso.
El día 31 de marzo del presente año, el pleno de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente se reunió y aprobó la propuesta de dictamen sobre el confinamiento de desechos radiactivos, que se pretende establecer en Sierra Blanca, Texas.
El día 6 de abril del presente año, las comisiones de Asuntos Fronterizos y Relaciones Exteriores celebraron por separado reuniones con el pleno de sus comisiones, donde se aprobó la propuesta de dictamen sobre el confinamiento de desechos radiactivos, que se pretende establecer en Sierra Blanca, Texas.
ANEXO 2
Estudio técnico realizado por la Comisión Nacional del Agua (CNA) y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas.
Se solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el "informe de resultados sobre el proyecto de confinamiento de Sierra Blanca, Texas", realizado por el grupo interinstitucional, el cual fue recibido con fecha 11 de noviembre de 1997 y analizado por los integrantes de las comisiones mencionadas.
De la documentación enviada por el grupo interinstitucional (integrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, así como de la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), se recibieron los informes técnicos, elaborados por la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas.
En el dictamen técnico relativo al proyecto de Confinamiento de Residuos Radiactivos, en la localidad de Sierra Blanca, en Texas, Estados Unidos de América, elaborado por la Comisión Nacional del Agua, a través de la subdirección general Técnica y de la Gerencia de Aguas Subterráneas, se aprecia que éste fue elaborado con la información proporcionada por las autoridades ambientales estadounidenses. Las fuentes de información de dicho documento fueron las agencias Texas Natural Resource Conservation Comisión (TRNCC) y Texas Low Level Radiactive Waste Disposal Authority, agencias que están íntimamente ligadas con la viabilidad del proyecto de Sierra Blanca, Texas.
Asimismo, se reconoce que no se abordan los aspectos de ingeniería del proyecto ni los que coadyuvan a la seguridad del mismo y por lo tanto la opinión se refiere exclusivamente a aspectos hidrogeológicos.
Por otra parte, se destaca que existen 14 fallas geológicas que rompen la continuidad de las formaciones acuíferas, donde se pretende construir el confinamiento y que no obstante, no hay conexión hidráulica entre el acuífero regional y relleno sobreyacente, porque no es un área receptora de recarga y el relleno no está saturado de agua, por consiguiente.
Por otro lado se reconoce la existencia de inundaciones que se presentan cada dos o tres años y la última fue a finales del verano de 1993.
Respecto a la sismicidad, en un radio de 320 kilómetros del sitio y en el periodo de 1931 a 1993, se han presentado alrededor de 63 sismos, con una magnitud de 3.0 grados, destacando el de 6.4 que correspondió a la zona Valentine, el cual, según los registros históricos, es el único que ha rebasado los 0.6 grados. Se indica además que la actividad sísmica puede estar asociada con las fallas en las montañas Franklin, Cuenca Tularosa y Bolsón Hueco.
Asimismo, se manifiesta que en un evento al azar en términos de magnitud y a una profundidad focal de 3 kilómetros, para propósitos de evaluación sísmica que pudiera ocurrir directamente debajo del sitio de estudio, sería de una magnitud de 6.5 grados.
En relación con la información proporcionada por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas respecto al confinamiento, consideramos que por su contenido resulta insuficiente y expone desde un punto de vista teórico los procedimientos y requerimientos mínimos que se deberán de establecer para los confinamientos nucleares y los criterios de exclusión de áreas, en el que destacan las áreas geológicas no adecuadas y las zonas de recarga de acuíferos. Por lo que se considera que, de conformidad a los estudios e información que se tienen hasta la fecha, el área geológica de Sierra Blanca, Texas, no es la adecuada por su sismicidad.
Por otro lado, la Conasesusa plantea un programa de inspección desde la construcción, la operación, la clausura y monitoreo posclausura, por un periodo de cinco años, para posteriormente traspasarlo a una entidad que se encargue de su cuidado por 100 años.
Asimismo, presenta las condiciones normales y las dosis de radiación que se darán durante su operación y las condiciones que se darían en el lugar, en caso de algún accidente.
Concluyendo que el sitio seleccionado cumple con los requerimientos reguladores del Estado de Texas y de la Nuclear Regulatory Commission y que el impacto radiológico ambiental, en condiciones normales y de accidente, son de muy bajo riesgo.
ANEXO 3
Estudio del geólogo H. C. Clark.
El estudio elaborado por el geólogo H. C. Clark y presentado durante las audiencias que se están celebrando en Texas, demuestra de igual manera los riesgos de instalar dicho confinamiento en Sierra Blanca. En opinión de este connotado especialista, el peligro más inminente radica en que se trata de una zona de alta sismicidad. Dicha actividad sísmica, con el tiempo provocaría la fractura de los contenedores de concreto, ruptura de las líneas en el fondo del confinamiento, el desarrollo de fisuras y fracturas y el movimiento de fluidos a través de la superficie hacia los mantos acuíferos.
Los datos existentes en relación al sitio, demuestran que Sierra Blanca se encuentra en una zona de stress que favorece la probabili-dad de ocurrencia de sismos, éstos son esperados como resultado de las fallas o rupturas en el área inmediata al sitio y por cierto una de dichas fallas se encuentra directamente conectada al lugar en cuestión.
La propuesta minimiza el potencial de que ocurran dichos sismos, la proximidad al sitio, su magnitud y la frecuencia de probabilidad de ocurrencia, así como la complejidad que involucran estas características geológicas. Por otro lado, es importante señalar que los sismos en fallas activas, su magnitud, frecuencia y complejidad, dan como resultado que el sitio no sea apto para establecer la construcción y operación del confinamiento. Por lo anterior, Sierra Blanca no ha sido adecuadamente caracterizado y el modelo respecto al impacto sísmico, no refleja los cuestionamientos provocados por las evidencias o eventos ocurridos.
Adicionalmente, el doctor H. C. Clark manifestó en testimonio presentado el 3 de octubre de 1997, que existe una relación directa entre la ubicación del sitio de Sierra Blanca y el mapa sismológico de los Estados Unidos de América. Pero además, el sitio queda comprendido dentro del área correspondiente a la cuenca y provincia tectónica del río Bravo.
Por último destacó que el oeste de Texas es una de esas áreas donde las placas están unidas y es una región donde el stress se desarrolla y en la cual las fallas y sismicidad activas son bien conocidas.
| El Presidente : |
Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo presentado por las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente, de Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores.
| El secretario Primitivo Ortega Olays: |
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo propuesto por las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente, de Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
| Presidencia del diputado Marco Antonio Fernández Rodríguez |
| El Presidente : |
Tiene la palabra la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación del proceso electoral en el Estado de Yucatán.
| La diputada María Beatriz Zavala Peniche: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Las elecciones en el Estado de Yucatán se celebran en un marco de grandes contrastes: por un lado una activa participación ciudadana democrática, que ya conoce el poder de su voto y, por el otro, violaciones a la ley, irregularidades y atrasos.
Entre los atrasos podemos decir que debido al tortuguismo y estrategias de una mayoría priísta en el Congreso local, la legislación vigente en materia electoral no se modificó con respecto a los avances nacionales. Entre las consecuencias de este retraso podemos decirles que el presupuesto asignado al Consejo Electoral del Estado es insuficiente para el proceso electoral que en Yucatán se está llevando a cabo.
Como ejemplo, les diré que el Estado de Campeche, con menos distritos electorales y sin un proceso electoral, sin elecciones, tiene un presupuesto mayor.
Como consecuencia de esta insuficiencia de recursos se justifica que no se lleven a cabo acciones de seguimiento y control de comicios justos y equitativos. ¿Y por qué se justifica o por qué pretenden justificarlo? Porque en Yucatán, tenemos que decirlo, persisten en los organismos electorales personas vinculadas al gobernador. Están, por tanto, las elecciones del Estado de Yucatán en manos de un inculpado de violaciones constitucionales, de un gobernante sujeto a un juicio político.
Hablamos entonces de comicios en un Estado donde se vive por fuera de la Constitución, con un gobernante que extendiéndose en el tiempo, en el poder, más allá del principio republicano establecido después de la Revolución, hace uso de recursos públicos para conservar su dominio y compra y coacciona descaradamente el voto de los habitantes más necesitados de las zonas rurales del Estado de Yucatán. Se entregan máquinas de coser, bicicletas, se hacen pisos de cemento en viviendas muy humildes de estas zonas rurales e, increíble, escuchen esto, se les sella con el nombre del gobernante, es decir, al interior de esas humildes viviendas llevan estampado, al interior de sus hogares, el nombre del gobernador, como en las épocas de un esclavismo o de peones acasillados.
Pero eso sí, como en los regímenes dictatoriales, un reducido grupo de personas beneficiadas de los privilegios del régimen, se denominan representantes empresariales, salen en defensa de este régimen caciquil y hablan de elecciones limpias y escuchen esto, hablan de prosperidad en el Estado de Yucatán, en uno de los estados más pobres de la República Mexicana y además conciben esta prosperidad solamente en torno a la figura del gobernante; es decir, sin este gobernante no habría desarrollo en su Estado; la sociedad para ellos no cuenta en este desarrollo, siendo lamentablemente que la prosperidad sólo ellos la viven y un reducido grupo de personas y olvidan cuáles son las verdaderas condiciones de las grandes poblaciones en el Estado de Yucatán, sobre las que se pretende obtener votos.
Por cada 753 habitantes en el Estado hay un médico, Yucatán es el tercer Estado con más analfabetas de la República, por cada 100 yucatecos hay 24 sin empleo y éso por citar sólo algunas cifras oficiales, ésa es la prosperidad que pretenden existe en el Estado de Yucatán.
Ha sido incluso impresionante la serenidad del pueblo yucateco, serenidad ante su miseria; que no se agote esta serenidad, tenemos que estar muy pendientes antes de que llegue el cambio democrático porque Chiapas no es muy distante y sin embargo como Yucatán ha optado por buscar el camino de la legalidad para encontrar la justicia y para encontrar el respeto a las leyes, denuncia y pide que se enjuicie para acabar con el caciquismo y volver al marco constitucional.
Y también este noble pueblo de Yucatán ha decidido, sabe reconocer el poder de su voto, desde luego más fácilmente en donde llega la educación y la comunicación; por eso, en la capital del Estado, estamos ya al final de la tercera administración panista consecutiva y sabrán los habitantes de Mérida y de otros importantes municipios sostener a estas administraciones que le han cambiado el semblante a sus ciudades.
En siete años Mérida ha cambiado muchísimo más que en 70 años de corrupción priísta y aun es importante decirlo, en contra de todas estas intenciones y estrategias caciquiles, vamos a ver la liberación de muchísimas poblaciones y habitantes de zonas rurales, porque la transición democrática está en marcha en México y también en Yucatán y lo van a reflejar las elecciones del 24 de mayo en nuestro Estado.
Gracias.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado José Luis Gutiérrez Cureño, para hablar sobre el mismo tema hasta por 10 minutos.
Gracias, señor Presidente; buenas tardes, compañeros todos:
La fracción de la Revolución Democrática en esta Cámara de Diputados se interesó mucho cuando conocimos la iniciativa de Acción Nacional de traer a este pleno los comentarios sobre el caso Yucatán.
Evidentemente no se trata y así lo pensábamos, que no se trataba de venir a hacer aquí proselitismo político o a difundir alcances y expectativas partidarias porque evidentemente no es éste el foro, pero a la Revolución Democrática se parece que este foro es para establecer y hacer del conocimiento de la nación, las graves condiciones en que se desarrolla el proceso electoral en Yucatán.
En Yucatán, señoras y señores diputados, se observa, como en ningún otro Estado de la República, un atraso grave en los mecanismos de preparación y de organización de las elecciones. En Yucatán, señoras y señores, se observa una permanente, sistemática actitud de trabajo y de proselitismo político del gobernador del Estado en favor de sus candidatos. En Yucatán, el Instituto Electoral Estatal no cuenta con las condiciones para garantizar una elección libre y democrática; en Yucatán, señores diputados, se está desarrollando una elección de Estado que pretende asegurar el control del Congreso y de la mayoría de los municipios no en favor siquiera de un partido, sino en favor de una persona, que es el señor Cervera Pacheco. No en vano esta Cámara de Diputados ha iniciado el procedimiento para enjuiciarlo políticamente.
En Yucatán, es constante la presencia del gobernador del Estado en actos públicos con sus candidatos, con los candidatos que le impuso al Partido Revolucionario Institucional. La entrega en esos eventos de máquinas de coser, de bicicletas y otros enseres que son adquiridos con los recursos públicos, se utilizan con objeto de propiciar e inducir, coaccionar diría yo, en una entidad tan pobre el voto a favor de los candidatos del Revolucionario Institucional.
Es una historia constante, efectivamente y en las zonas urbanas la efervescencia electoral nos asegura que no podrá detenerse y en esto coincido con la diputada que me antecedió, no podrá detenerse la ola de cambio democrático que se viene desarrollando, pero la escasez de recursos económicos que se observa en la mayoría de los municipios, el agudo control que tiene sobre los gobiernos municipales el gobernador personalmente y los candidatos de su partido, nos permite aseverar, señores diputados, que en Yucatán no existen condiciones para un proceso electoral libre y democrático.
El Instituto Electoral de Yucatán, que debiera ser la instancia adecuada para otorgar las garantías de libertad del voto a los yucatecos, es una instancia que está en este momento sojuzgada a los intereses políticos del gobernador de una manera muy sencilla. La escasez de recursos, el control al interior del órgano electoral por parte de consejeros electorales que no en todos los casos acuden a su libre albedrío para determinar las decisiones electorales, es una amenaza para la libertad de las elecciones.
Podríamos ir más allá y señalar que las condiciones que a nivel federal se establecen como de equidad electoral, en Yucatán no se dan. Anticipaba yo en mi discurso que existe un uso faccioso de los recursos públicos en beneficio del Partido Revolucionario Institucional y esto en demérito de las otras fuerzas políticas que con una ley muy atrasada reciben subsidios públicos infinitamente superiores a la capacidad que tiene el gobernador para respaldar y apoyar a sus candidatos.
No se trata, señores diputados, de que en esta campaña electoral que se está desarrollando en Yucatán, se recurra a fórmulas de injusticia e iniquidad para garantizar el triunfo de alguna opción política, se trata de que esta máxima instancia política del país conozca de estos antecedentes y se pronuncie, se pronuncie para que en Yucatán el gobierno del Estado y las instancia encargadas del desarrollo del proceso electoral, garanticen la libertad, la equidad, el secreto del voto.
Nosotros hemos podido recorrer el Estado de Yucatán en diversas ocasiones, particularmente en estas últimas semanas y hemos podido conocer y reconocer que en Yucatán hace falta mucho por trabajar, pero también hemos observado un pueblo que está dispuesto a trabajar para enaltecer el desarrollo y a la sociedad misma. Las amenazas que hemos observado en contra de aquellos ciudadanos que han decidido cambiar de adscripción política o bien tener una posición favorable a candidatos y partidos distintos al oficial, nos preocupa y queremos compartir esa preocupación con ustedes.
En Izamal, en Mérida, en otras ciudades también como Valladolid, pero particularmente en los municipios rurales, las amenazas de los candidatos priístas y el inadecuado funcionamiento de los programas de gobierno, están generando desesperación y están generando también una grave preocupación en los ciudadanos.
Esta Cámara de Diputados, insisto, tiene condiciones para pronunciarse para que en Yucatán se le permita a la ciudadanía ejercer su derecho al sufragio con libertad, para que se impida que se use la miseria de los yucatecos, producto de gobiernos que no han tenido la capacidad de elevar a esta entidad a niveles de desarrollo adecuados a su posición geográfica y a las riquezas naturales que tiene; esta Cámara de diputados debe pronunciarse para que en Yucatán se permita el libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y esta Cámara de Diputados debe pronunciarse para que los recursos federales, como el Procampo y otros más, que también se están aplicando facciosamente, sea efectivamente verificado que éstos, sobre todo en esta campaña electoral, en estos momentos de proceso electoral, se utilicen con justicia, se utilicen en beneficio de la ciudadanía sin distingos partidarios.
El señor Cervera debe entender que las elecciones se pueden ganar con programas y con propuestas; que las elecciones no permiten ya en este país, que la ciudadanía no permite ya en este país, que las elecciones se ganen con el ejercicio indebido del poder en apoyo o en beneficio de una facción o de un individuo.
Nosotros también vendremos aquí a denunciar las amenazas constantes que se hacen contra la integridad de nuestros candidatos, pero vendremos sustancialmente a exigirle a este cuerpo colegiado, que se pronuncie por justicia y libertad electoral en Yucatán.
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Orlando Alberto Paredes Lara, para referirse al mismo tema.
Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Hemos escuchado a dos diputados en esta legislatura, a la diputada Beatriz Zavala, yucateca, que ha venido a esta tribuna, pero que de acuerdo a lo que hemos escuchado, desconoce la realidad de Yucatán y hemos escuchado también al diputado José Luis Gutiérrez, quien no es de Yucatán ni vive en Yucatán, por lo que desconoce totalmente lo que está pasando en Yucatán.
Por encima del catálogo de agravios y rencores que acabamos de escuchar, de antiguas frustraciones y anquilosados odios, demos paso al análisis sereno y al debate racional que dignifica esta máxima tribuna.
Y digo lo anterior, porque en torno a lo aquí dicho, el proceso electoral de Yucatán se está llevando a cabo dentro de un clima de paz y armonía social. Las autoridades electorales del Estado están trabajando a su tiempo, con transparencia y certeza jurídica, en estricto apego a lo dispuesto por nuestra normatividad electoral.
El Congreso del Estado de Yucatán aprobó para el Instituto Electoral del Estado en este proceso electoral, la cantidad de 14 millones 944 mil nueve pesos cincuenta centavos y hace unos días el gobernador del Estado, a solicitud del mismo instituto, otorgó un apoyo extraordinario de 5 millones 186 mil 240 pesos, que hace un total de 20 millones 130 mil 249 pesos cincuenta centavos.
En toda la entidad los candidatos llevan a cabo sus campañas políticas y son respetuosos del marco legal. No hay penumbra ni violencia ni desviación alguna. Asimismo, debemos precisarle a los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra y cuyo estridente resentimiento fue lo único que aportó o que aportaron ante esta Cámara, que el trabajo de todo gobierno se debe dar, independientemente de los procesos electorales.
El gobernador Víctor Cervera Pacheco, desde el inicio de su gestión, dentro del plazo que la Constitución del Estado le señala, presentó al pueblo yucateco su plan estatal de desarrollo, que recoge las más sentidas demandas de su pueblo. En él se localizan los grandes objetivos del Estado, en él los procedimientos para alcanzarlos, en él el fundamento y programa para la acción del pueblo y Gobierno.
El gobierno del Estado de Yucatán ha desarrollado estos programas durante todo el tiempo que lleva de su gestión constitucional, los ha cumplido como soporte del futuro y sustento y garantía de lo que aún falta por hacer. En otras palabras, se pretende anticipar con lucidez y voluntad al destino de Yucatán, pero con responsabilidad y compromiso.
Magna tarea la del señor gobernador, entre la cual podemos señalar programas de elevado beneficio comunitario, en desarrollo industrial y comercial, turismo, empleo, desarrollo urbano y obras públicas, agricultura y ganadería, sector social, educación, salud, cultura, deporte y recreación y seguridad pública.
Yo quisiera señalar, porque aquí se ha dicho en tribuna, el desempleo en Yucatán.
Fíjense, el número de nuevos empleos permanentes creados en el Estado durante la actual administración, hasta diciembre de 1997 era de 42 mil 201 y sólo en lo que va de 1998 ya fueron creados 11 mil 476 empleos más, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Durante la administración actual el servicio estatal de empleo ha otorgado 60 mil 690 becas de capacitación y ha proporcionado empleo a más de 16 mil yucatecos. La tasa de desempleo actual en el Estado es de 1.4%, menor a la mitad de la tasa nacional de desempleo, que es de 3.6% y aún más: con recursos del Convenio de Desarrollo Social, sólo de 1996 a 1997, se crearon más de 58 mil empleos temporales con una inversión de casi 111 millones de pesos.
Fíjense, antes de la administración actual funcionaban en el Estado 36 maquiladoras; actualmente, en 20 municipios del Estado funcionan 103 maquiladoras que emplean a 19 mil 555 trabajadores.
Quiero decirles que en el sector social, desde el inicio de su gobierno, ha otorgado 28 mil 121 créditos para la adquisición de igual número de bicicletas. En cumplimiento del Programa de Mejoramiento de Vivienda, más de 2 millones de láminas de cartón a familias de escasos ingresos; se ha dotado a 50 mil 431 viviendas de pisos de cemento. El gobierno del Estado ha entregado 34 mil 500 máquinas de coser al 50% de su costo.
Esto, amigas y amigos, no se hace en dos meses ni en tres meses, esto se inició desde que el señor gobernador asumió la gubernatura en el Estado de Yucatán y es parte del Plan Estatal de Desarrollo, que fue realizado con todos los sectores de la población.
Pero reflexionemos ahora un poco sobre el trabajo que realiza en Mérida la autoridad municipal, emanada del Partido Acción Nacional.
Durante más de dos años y medio de gestión, observa obras públicas escasas y con una administración ausente de un plan municipal de desarrollo.
En estos momentos, la autoridad municipal de Mérida se encuentra en plena campaña política, con acciones de gobierno eminentemente electoreras.
| El Presidente : |
Permítame el orador.
Por favor paren el tiempo. Diputado Soto, ¿desea hacer uso de la palabra? ¿Con qué objeto?
| El diputado Antonio Soto Sánchez (desde su curul): |
Solicitarle, señor Presidente, respetuosamente, que le pida al diputado orador que se centre en el tema y que deje de echarle flores a su gobernador; no, por favor.
| El Presidente : |
Pásenle un micrófono por favor al diputado Rafael Oceguera
¿Con qué objeto, diputado?
| El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Señor Presidente, para presentar una moción, si es tan amable. La moción es en el sentido, señor Presidente, de que no ha lugar que desde el piso de la Cámara, cuando hay un debate pactado, se recurra a argucias para impedir que el orador se ocupe del tema Yucatán. Mérida es Yucatán, para el conocimiento del diputado que interpone la moción. Consecuentemente, señor Presidente, ruego a usted, como moción respetuosa al orden a cargo de la Presidencia, impedir y no darle el paso a estratagemas de esta naturaleza que lo que buscan es evitar que el debate se realice en los términos en que se pactó.
| El Presidente : |
Gracias, señor diputado.
Continúe el orador, por favor.
| El diputado Orlando Alberto Paredes Lara: |
Las autoridades municipales de Mérida han llegado al grado de señalar, dos veces antes del proceso electoral y a tres meses de la conclusión de su periodo, que en este semestre la comuna hará más del 60% de las obras que realizaron en dos años, ya que para el tiempo electoral tiene programadas 163 horas.
Aquí, miren, tengo aquí a la mano recortes de los periódicos en donde el presidente municipal de Mérida declara que la comuna estrenará 18 kilómetros de red eléctrica en seis meses.
| El Presidente : |
Permítame el orador.
Pasen un micrófono a la diputada María Beatriz Zavala Peniche.
| La diputada María Beatriz Zavala Peniche (desde su curul): |
Señor Presidente, si me permite una pregunta el orador.
| El Presidente : |
¿Diputado orador, permite una pregunta?
| El diputado Orlando Alberto Paredes Lara: |
Estamos en el tema, señor.
| El Presidente : |
No la permite diputada.
Retiren el micrófono. Por favor, un micrófono al diputado.
| El diputado Rufino Contreras Velásquez (desde su curul): |
Quisiera hacer una pregunta, digamos, habló de tantas bicicletas, láminas, que me dijera, ¿en cuánto se traduce en dinero? Nada más.
| El Presidente : |
¿Diputado, desea responder?
| El diputado Orlando Alberto Paredes Lara: |
No.
| El Presidente : |
Continúe entonces, por favor.
| El diputado Orlando Alberto Paredes Lara: |
Fíjense, aquí está: la comuna instalará 18 kilómetros de red eléctrica en seis meses. Aquí están las obras, seis meses, lo que no hizo en dos años. La comuna hará una obra record en alumbrado, en un semestre, lo que no hizo en dos años. Aquí hay más obras de la comuna en comisarías. Aquí está: la comuna anuncia nuevas obras para el...
| El Presidente : |
Permítame el orador. Por favor, paren el reloj. Un micrófono al diputado Sánchez Campos. Esta Presidencia desea recordarles a todos los diputados que es éste un debate pactado. Se ha hecho referencia a que se centre al tema, sin embargo, el diputado a quien está a cargo este tema hizo referencia también a Mérida.
Yo les suplico a los señores diputados de todas las fracciones parlamentarias que permitan que el orador continúe y nos ajustemos al debate pactado tal y como lo hicieran en las fracciones parlamentarias. Tiene la palabra diputado.
| El diputado José Luis Sánchez Campos (desde su curul): |
Es una moción.
| El Presidente : |
Adelante.
| El diputado José Luis Sánchez Campos (desde su curul): |
En el sentido de que el tema se llama proceso electoral en Yucatán.
| El diputado Orlando Alberto Paredes Lara: |
Mérida es Yucatán.
| El diputado José Luis Sánchez Campos (desde su curul): |
No se trata del informe de gobierno de Cervera Pacheco.
| El Presidente : |
Gracias, diputado.
Se ha hecho ya la orientación por parte de esta Presidencia. Continúe el orador.
| El diputado Orlando Alberto Paredes Lara: |
Que no se confundan quienes aquí vienen a vertir sus amarguras y complejos de antaño. El trabajo del gobernador de Yucatán se ha dado siempre durante todos los días de su gobierno, conozcamos las dos caras de la moneda: la del trabajo y la de la especulación partidista. Busquemos en ambas la raíz y la expresión de los éxitos y los fracasos, las expectativas y las frustraciones. No hacerlo, es ocultar el sol con un dedo, es a la postre, es ponerse demasiado al juicio inevitable de la historia.
Yo me pregunto y les pregunto a ustedes: ¿qué intereses oscuros e inconfesables hacen traer al PAN este asunto a esta Cámara, cuando se trata de un proceso electoral? Si allá en Yucatán están los organismos electorales, si allá en Yucatán está el fiscal de delitos electorales, si allá en Yucatán están precisamente los electores y ahí es donde deben ustedes trabajar. ¿Cuáles son sus intereses oscuros e inconfesables?
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado José Luis Gutiérrez Cureño, para contestar alusiones personales.
| El diputado José Luis Gutiérrez Cureño: |
Gracias señor Presidente; señoras y señores diputados:
No necesitamos vivir en Yucatán para conocer de la desgracia que significa allá tener un gobernador con tan poca estatura de miras, para trabajar en beneficio de su pueblo. El cree que repartiendo bicicletas y máquinas de coser, y que eso si lo vinieron ustedes a confesar, va a recuperar o va a tener el voto de un pueblo que lo repudia tanto o más que los que aquí conocemos de sus tropelias.
Efectivamente no vivo ni nací en Yucatán y no necesito hacerlo para venir como representante popular, a externar la gran preocupación que tenemos por las graves condiciones en las que ustedes están pretendiendo entrometerse en la elección de Yucatán.
Los señores, a quienes defiende el diputado que me antecedió en la palabra, nos expone un mundo color de rosa. Dice él que en Yucatán las condiciones y las estadísticas nos reflejan el trabajo de un gobernador.
No se le olvide que tuvimos un presidente de la República, que según sus estadísticas nos llevaría al primer mundo y nos tiene a los pocos días en una condición tan crítica o más, de las que tuvimos antes de su mandato.
Es el mismo caso señores. Cervera Pacheco ha inventado un estado estadístico que se contrapone con el estado que se observa durante el proceso electoral. En Yucatán hay represalias para los ciudadanos que en este proceso electoral tienen una opinión política partidaria distinta a la del señor gobernador. Tengo en mis manos un documento suscrito por Víctor Lugo González, hermano de un candidato del Partido de la Revolución Democrática en Izamal, quien denuncia que por órdenes del gobernador se ha retirado el apoyo para 70 viudas en el ejido en el que es presidente del comisariado y le ha retirado también el apoyo económico a ese ejido, por órdenes del gobernador y porque su hermano es ahora candidato perredista.
Esto es parte del proceso electoral y éstas son las tropelías que ustedes están haciendo en Yucatán y que ni así van a tener más votos.
Harían bien los diputados que aquí recriminan que los que no vivimos allá, estamos atentos a esta elección. Harían bien en regresar a sus distritos, en ocuparse de platicar y de conversar con sus ciudadanos, porque de otra manera los diputados federales que tenemos interés real en atender las demandas ciudadanas, tendremos que seguir yendo a explicar a Yucatán, la parte que nos toca del trabajo legislativo.
Los pequeños contribuyentes, los campesinos, los ejidatarios y otros sectores sociales como los intelectuales y universitarios de Yucatán, señor diputado que me antecedió, no comparten sus cifras, no comparten sus modos de hacer política y bien haría usted en irles a explicar por qué sus formas siguen siendo las mismas.
Yo quisiera concluir esta intervención sobre el proceso electoral, haciendo referencia e insistencia; más vale que desde este momento se haga un esfuerzo en Yucatán por corregir las deficiencias del proceso electoral.
La competencia que se está dando en esa entidad es muy importante; si se violenta la voluntad popular, el señor Cervera agregará a su expediente de juicio político, más elementos para la procedencia del mismo. Así es que, señores que defienden al gobernador, el mejor consejo y la mejor defensa que pueden hacer de él, es que saque las manos del proceso electoral; ustedes mismos vigilar que nadie meta las manos en un proceso que sólo deben de definir los propios yucatecos, con libertad y con estricto apego a derecho y, sobre todo, con respeto a su decisión, que es la decisión del cambio.
Y efectivamente ni en Yucatán ni en otro lugar del país, aunque así lo desearan los señores que dicen gobernar el sureste, podrán tapar el sol con un dedo.
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Tiene la palabra, para rectificación de hechos, el diputado Edgar Ramírez, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
| El diputado Edgar Martín Ramírez Pech: |
Con el permiso de la Presidencia; estimados compañeros de esta Cámara de Diputados:
A confesión de partes, relevo de pruebas. Repartir bicicletas, pisos de cemento sellados con el nombre del gobernador, repartir láminas, repartir pollitos, repartir despensas, son prueba ineludible de que los recursos estatales en Yucatán, los destina un cacique, hoy anticonstitucional para la compra de votos. Pero vamos mucho más allá de eso.
Mientras él reparte pollitos y reparte láminas de cartón y pisos de cemento, se viene a quejar aquí el diputado del partido oficial, que el ayuntamiento panista de Mérida hace drenaje, hace alumbrado, hace pavimento, hace parques, hace una serie de infraestructura urbana que demuestran cómo se debe gobernar, no dejando a la gente en la pobreza, sino llevando a la gente, como en Mérida, a estadios superiores de bienestar.
Y si no es así, señores diputados oficialistas, yo quisiera decirles o preguntarles: ¿Si tan mal lo está haciendo el ayuntamiento meridano, por qué desde hace siete años en todas las elecciones, les ganamos prácticamente dos a uno? Porque Mérida sabe quién gobierna bien y quién gobierna mal.
Y, ¿por qué amigos venir a tratar este tema en la tribuna de la Cámara?
Miren, no se trata de venir a tratar regionalismo, no; no se trata tampoco de venir a tratar problemas locales para que aquí estén las soluciones nada más, no. Vamos a trabajar ahí en el Estado para darle soluciones. Pero esta Cámara, aunque no le entra el diputado priísta, también es representación del pueblo yucateco y esta Cámara también tiene que estar enterado de que mientras a nivel nacional las elecciones hoy están en manos de organismos electorales sanos, imparciales. Allá en Yucatán los organismos electorales están en manos de un presunto delincuente constitucional y que ésa es la diferencia, que mientras en México, en todo México hay adelanto electoral, en Yucatán hay retraso en organismos electorales, porque se les ahorca, se les asfixia, no se les dan recursos necesarios para que no tengan autonomía.
Aquí se viene a presumir de que para el organismo electoral hay 20 millones de pesos designados, ¡hay qué magnánimo es el señor gobernador! Pero ese presupuesto es el mismo que tiene, o similar, al que tiene el Estado de Campeche en su organismo electoral para este año y es que ahí no hay elecciones. Dígame si eso no es estrangular la autonomía de los organismos electorales.
Señoras y señores: es lamentable lo que padece Yucatán, ciertamente vivimos en las épocas del pasado, de un dinosaurio.
Y aquí no venimos a que se den todas las soluciones, repito, venimos a que se conozcan los hechos, porque esta Cámara lo tiene que conocer. Nosotros, señores, si hubieran reglas claras en el proceso electoral ¡le entramos al proceso electoral! Pero aún habiendo reglas oscuras en este proceso electoral en Yucatán, ¡también le entramos porque confiamos en el pueblo!, ¡apostamos por el pueblo!, y es el que va a superar como lo ha hecho en estos últimos años, las tropelías y los ataques del gobernante estatal.
Por eso hoy, Yucatán, el 60% de sus habitantes municipales tienen ayuntamientos de oposición y venimos a esta Cámara, porque esta Cámara es lo nuevo, esta Cámara con sus diputados panistas, priísta, perredistas, petistas, verde ecologistas e independientes, es lo nuevo, es lo legítimo, es lo legal, es lo novedoso. Cervera es lo antiguo, es lo pasado, es lo añejo, es lo que no sirve, es lo que se está dejando, es lo que le estorba, incluso, al propio PRI para mantenerse como partido político decente y eso ya lo comprendió el pueblo de México y ya lo comprendió el pueblo de Yucatán.
Y en las elecciones del 24 de mayo, a pesar de los desequilibrios, a pesar de que no se le quiera dotar a Yucatán de elecciones limpias, los yucatecos vamos a salir a votar como siempre y a elegir autoridades honestas.
| El Presidente : |
Señor diputado, concluya por favor.
Termino, señor Presidente.
| El Presidente : |
Concluya, por favor, su tiempo ha terminado.
| El diputado Edgar Martín Ramírez Pech: |
Repito. La diferencia: en México hay elecciones con organismo electoral limpio e imparcial. En Yucatán las elecciones están en manos de un presunto delincuente constitucional.
| El Presidente : |
Señor diputado, concluya por favor.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Wilbert Hebert Chi Góngora, para hablar sobre el mismo tema.
ECon el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
En una actitud, eso sí, evidentemente electorera de cara al actual proceso del 24 de mayo en Yucatán, el ayuntamiento panista de Mérida se ha desbocado en una campaña de obras que pretende hacer creer a los meridanos que son acciones surgidas de un compromiso de trabajo, cuando en realidad son producto de una burda estrategia electoral en favor del Partido Acción Nacional, del cual emana el alcalde.
| El Presidente : |
Diputada Beatriz. ¿Con qué objeto, diputada?
| La diputada María Beatriz Zavala Peniche (desde su curul): |
Con objeto de hacerle una pregunta al orador.
| El Presidente : |
¿Acepta usted la pregunta? No la acepta, diputada. Continúe el orador.
| El diputado Wilbert Hebert Chi Góngora: |
Desde el pasado mes de marzo, en coincidencia con el inicio del proceso electoral en Yucatán, el alcalde panista de Mérida ha venido anunciando un importante cúmulo de obras públicas consistentes en diversas acciones en materia de parques, de pavimentación etcétera, que inclusive han llevado a dicho edil a manifestar públicamente en los medios de comunicación que en lo menos de tres meses que le restan de gestión romperá records en ese renglón. Incluso, en ese afán protagónico electorero que hace a los panistas hasta denostar a sus propios compañeros de partido, el alcalde ha afirmado de manera textual, cito: "las obras se extenderán a las comisarías de Mérida que se encuentran marginadas por la desatención de que son víctimas durante los últimos años".
Cuando estos últimos años, aquí se ha dicho precisamente siete, las autoridades responsables de no atenderlas han sido las del Partido Acción al que pertenece el primer regidor meridano. Así, el alcalde panista ha dicho, y así han dado cuenta los medios de comunicación al plasmarlo en sus ediciones, que construirá más calles en Mérida en los próximos días de gestión que las que hizo en toda ella, o sea, en casi tres años. Dotará de más alumbrado público al municipio en 60 días que el concretado en dos años y nueve meses. Entregará más aulas en planteles de la ciudad y las comisarías que en todo el tiempo que lleva de alcalde.
Lo anterior se fortalece con hechos tales como el desmesurado incremento establecido por el ayuntamiento panista de Mérida en su Presupuesto de Egresos para este año de 1998, año electoral en Mérida y en Yucatán.
Debemos destacar que en el presupuesto de referencia se programaron gastos con un incremento de hasta 488% en relación al de 1997. Así vemos que en servicios personales aumentó más del 100%; comidas del personal, 488%; comidas de funcionarios, 214%; pinturas y accesorios, 382%; trabajos extraordinarios, 174%; materiales y útiles de imprenta, más del 100%; combustible para 400 vehículos, 10 millones de pesos, cuando el gobierno del Estado, para 1 mil 500 vehículos, presupuestó 300 millones de pesos, sin considerar que los recorridos se circunscriben, en el caso del ayuntamiento meridano, al municipio de Mérida y el del gobierno del Estado a toda la entidad.
En equipos y aparatos de comunicación aumentó 358% y en equipo fotográfico, 185%.
Todo lo anterior demuestra que las acciones del gobierno municipal de Mérida para estos meses del proceso electoral están debidamente previstos para una finalidad totalmente electorera.
Dejo en manos de la Secretaría una relación pormenorizada de las declaraciones de prensa donde se corrobora lo que aquí quedó asentado. Copias de los presupuestos 1997 y 1998 y un análisis de los rubros contemplados en el presupuesto de egresos del ayuntamiento de Mérida para 1998.
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Tiene la palabra la diputada María Beatriz Zavala, para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.
Muy brevemente, compañeros diputados, para rectificar y para ratificar también algunos hechos aquí señalados.
Ciertamente, el ayuntamiento de Mérida está en los últimos meses realizando muchísimas obras de infraestructura, muchísimas; es el trabajo que tiene que hacer un ayuntamiento. Lo que extraña es que no estén enterados los diputados priístas que en 1997, gracias a que...
| El Presidente : |
Permítame la oradora.
| La diputada María Beatriz Zavala Peniche: |
Con mucho gusto.
| El Presidente : |
Un micrófono al diputado Oceguera.
¿Con qué objeto, señor diputado?
| El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Para hacerle una interpelación, si la acepta, señor Presidente.
| El Presidente : |
¿Acepta la oradora una interpelación?
| La diputada María Beatriz Zavala Peniche: |
Con mucho gusto.
| El Presidente : |
Adelante, diputado Oceguera.
| El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Diputada, usted está señalando que, efectivamente, de cara a las elecciones el alcalde de Mérida se propone hacer una cuantiosísima obra pública...
| La diputada María Beatriz Zavala Peniche: |
Termine usted, le escucho diputado.
| El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Ustedes, su partido, en procesos en elecciones anteriores han traído a la consideración del país una propuesta en el sentido de que los gobiernos dejen de construir obra, para efecto de que no se induzca el voto. La pregunta a usted es, ¿estaría usted dispuesta, como lo ha hecho su partido en otras ocasiones, a hacer una proposición en el sentido de que se suspenda la obra pública en Mérida a efecto de que no se induzca el voto clientelar?
| La diputada María Beatriz Zavala Peniche: |
En primer lugar, diputado Oceguera, voy a decirle que es muy distinto...
| El Presidente : |
Permítame la oradora. Cuando termine usted de dar respuesta a la pregunta, indíquelo para que corran el tiempo a que tiene derecho.
| La diputada María Beatriz Zavala Peniche: |
Con mucho gusto.
En primer lugar, es muy distinto seguir trabajando haciendo obras, que es lo que compete a los gobiernos, a estar repartiendo apoyos en campaña un gobernante y con los candidatos de su partido. Estamos hablando de dos aspectos muy diferentes.
Y hecha esta aclaración quiero decirle también, respondiendo a su pregunta, que el Partido Acción Nacional ¡nunca va a estar de acuerdo en que se suspendan los trabajos y las obras de infraestructura que mejoren los niveles de condición de vida de la población de México para evitar que entonces sean susceptibles de esos regalos de compra y coacción del voto!
Termino con mi pregunta y sigo con mi intervención para rectificar hechos.
| El Presidente : |
Por favor, que corra el tiempo.
| La diputada María Beatriz Zavala Peniche: |
Estaba yo diciéndoles que extraña muchísimo que no recuerden los diputados del PRI que en el Presupuesto de Egresos de la Federación que aprobamos en esta Cámara de Diputados y gracias a la nueva composición de la Cámara de Diputados, los municipios, los ayuntamientos de todo el país ya tienen más recursos para trabajar y particularmente en el Estado de Yucatán, donde las participaciones federales eran totalmente recortadas para ayuntamientos de oposición, especialmente el ayuntamiento de Mérida.
Entonces es absolutamente comprensible, mal haría nuestro ayuntamiento si no estuviera aplicando los recursos que le corresponden para elevar el nivel de vida y de urbanización de la ciudad de Mérida.
Y cuando hablamos de que en los últimos años, cuando menciona aquí el diputado que me antecedió en la palabra, una cita textual del alcalde, que por cierto hay que felicitarlos porque tienen un seguimiento muy preciso de todas las obras, verdaderamente del trabajo que en el ayuntamiento se está haciendo. Hay que decirle que cuando se habla de los últimos años, del abandono en el que se encuentra en las comisarías, para los que no saben, porque en la República las comisarías tienen distintos nombres, son poblaciones rurales que no son cabeceras municipales, que están alrededor de Mérida, ¡porque hablamos de los últimos 70 años, 70 años de corrupción priísta!, en donde esas comisarías y todas las poblaciones rurales, incluso las ciudades, habían estado en un total abandono en el Estado de Yucatán.
Esa es la aclaración y la rectificación de hechos y también, pues por último quiero felicitarles por el reconocimiento a los apoyos que ustedes dan: láminas, bicicleta, etcétera y, bueno, ¿a eso le llaman un gran plan de desarrollo en el Estado de Yucatán? ¡Comparen ustedes!
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Orlando Alberto Paredes Lara, para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos.
Gracias, señor Presidente; diputadas y diputados:
Aquí en esta tribuna hemos escuchado doble discurso, hechos de corrupción de las autoridades municipales y otras cosas.
Quiero decirles que allá en Yucatán el Partido Acción Nacional ha solicitado la suspensión de las acciones de gobierno durante este proceso electoral y aquí ...
| El Presidente : |
Permítame el orador.
¿Con qué objeto, diputado Ramírez Pech?
| El diputado Edgar Martín Ramírez Pech (desde su curul): |
Pedirle amablemente al señor orador, si me permite una interpelación, señor Presidente.
| El Presidente : |
Diputado orador, ¿le permite una interpelación?
| El diputado Orlando Alberto Paredes Lara: |
Estamos en el tema trabajando.
| El Presidente : |
No se la permite.
Adelante, diputado.
| El diputado Orlando Alberto Paredes Lara: |
Quiero también manifestarles que en Yucatán no hay coacción al voto, no hay compra de voto, lo que hay es gobierno y es un gobierno para todos, para todos; no hay absolutamente una acción de gobierno que no favorezca o no beneficie a todos los yucatecos.
Con relación a que hace siete años están en el gobierno de Mérida, sí, yo quisiera recordarles que también los enanos de Blanca Nieves fueron siete, pero nunca crecieron y aquí es donde podemos ver la reacción del pueblo de Yucatán en estos comicios electorales. ¡Esta es una de las razones por las cuales trajeron aquí a esta tribuna el proceso electoral de Yucatán, porque en Yucatán sus candidatos no crecen ni crecerán!
Estamos hablando de un plan estatal de desarrollo. Si aquí se trataron algunos programas del sector social, esto en colación al discurso de la diputada anterior, pero en Yucatán los proyectos son proyectos grandes; en desarrollo industrial y comercial, las exportaciones yucatecas se han incrementado en más del 100%, en turismo en más del 53%, en desarrollo urbano y obras públicas el 99% de los yucatecos tienen servicio de energía eléctrica, en las zonas urbanas y en las zonas rurales el 98.6%.
Quiero decirles que a nivel nacional Yucatán ocupa el quinto lugar general en producción pecuaria, el primero en apicultura, en producción de henequén y en captura pesquera de escamas, el cuarto en porcicultura y en producción de huevo y el séptimo en carne de aves; así está trabajando Yucatán desde el 1o. de agosto de 1995.
En Yucatán se ve el cambio, se ve el cambio entre las personas de menos recursos, entre las etnias mayas, el cambio de ver que su piso de tierra se convierte en un piso de cemento, el cambio de ver que su vivienda ya es una vivienda digna, el cambio de ver que los trabajadores tienen un empleo dónde ganar su ingreso, el cambio de ver que tienen salud, el cambio de ver que tienen proyectos de producción, el cambio de ver de cómo está creciendo Yucatán.
Tenemos proyectos de la ampliación del puerto de Altura en Progreso, la ampliación ya concluida de la pista principal del Aeropuerto Internacional de Mérida. Tenemos también en ejecución la construcción de la planta Termoeléctrica Mérida III y del gasoducto de Mérida-Villahermosa, la modernización de la carretera Mérida-Campeche y el compromiso presidencial de dotar de sistemas de riego hasta 100 mil hectáreas, con proyectos detonadores del desarrollo del Estado.
Yo les vuelvo a preguntar a los del Partido Acción Nacional y a los del PRD: ¿cuáles son sus intereses oscuros e inconfesables de traer aquí hasta esta tribuna el proceso electoral de Yucatán, que es un proceso local, si ahí están las autoridades, ahí están los votantes? ¿Cuál es el interés de ustedes? ¡Yucatán sigue avanzando!
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Ramírez Pech, para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.
Con el permiso de la Presidencia:
La verdad es que debo confesar que no me asombra, pero sigue siendo lamentable: en tanto una dama es capaz de aceptar sus interpelaciones mañosas, aquí los señores diputados del PRI de Yucatán no sean capaces de aceptarlas. Se ve que no están en el script, en el script que les manda leer su cacique de su informe de gobierno no están en el script las interpelaciones, sigue siendo lamentable.
Y para rectificación de hechos aquí se viene a hacer declaraciones muy a la ligera, incluso sin pensar lo que se está diciendo. Hace unos momentos el señor diputado federal que me antecedió, nos dijo que Mérida es de lo peor, el ayuntamiento es de lo peor, es corrupto, hasta no más, al 100% es corrupto.
Señoras y señores diputados: ¿quiénes son los que examinan la cuenta pública de los ayuntamientos? Los congresos estatales, el Congreso Estatal en donde el diputado que me antecedió ha sido presidente de ese Congreso con mayoría priísta. Si han sido tan despreciables las autoridades municipales panistas, si han sido lo que no ha habido de corrupción, ¿por qué hasta el momento no le han rechazado sus cuentas públicas? ¿Por qué hasta el momento no han rechazado las cuentas públicas?, no han sido capaces de dictaminar las cuentas públicas y decir: el ayuntamiento panista está robando, es corrupto, ¿por qué?, porque no les asiste la verdad, porque vienen a decir las cosas con ligereza, las cuentas del ayuntamiento de Mérida no las han aprobado ni las han rechazado desde hace muchos años y no lo han hecho por la pulcritud, por la claridad, por la honestidad de las cuentas públicas, de las cuentas de la hacienda municipal y son incapaces de reconocer que se han hecho bien las cosas, con limpieza, con honestidad, algo que desconocen lamentablemente.
Además, aquí me vienen a recordar un viejo refrán, dicen: "que la perra cuando es brava, hasta a los de casa muerde". Aquí de pronto parece ser que los anteriores gobernadores priístas fueron una nulidad, sólo el señor Víctor Cervera Pacheco es capaz de convertir a Yucatán en un paraíso terrenal, que es lo que nos han venido a contar aquí en esta tribuna, pero no me extraña, es por eso, porque "cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde" que desprecian a sus propios correligionarios, por eso el cacique hoy en turno, vigila incluso hasta a sus propios correligionarios, por eso alguien del CEN del PRI que fue gobernador, Víctor Manzanilla Schaffer, declara públicamente, que lo peor que hay en Yucatán es Cervera y que Cervera le hizo la vida imposible para que renunciara a su mandato constitucional. Pregúntenselo ustedes, trabaja también en el CEN del PRI.
Por eso no es raro, "cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde", por eso no es raro que la solicitud de juicio político a Víctor Cervera Pacheco no haya tenido la firma de panistas, de perredistas y de petistas y de ciudadanos, tuvo la firma y la solicitud de destacados priístas, porque saben que acabar con la intolerancia, que acabar con la impunidad, que acabar con la corrupción en el Estado de Yucatán, es incluso benéfico para los muchos priístas que seguramente quieren tener un partido político que pueda competir con honestidad y lo único que les estorba es el caciquismo, la prepotencia, la intolerancia de quien es hoy émulo de Porfirio Díaz.
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Artemio Caamal.
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea legislativa:
Como legisladores, creo que a todos nos interesan los procesos electorales en puerta.
En los últimos tiempos y derivado muchas veces de la desesperación o de la improvisación de lo que es el ejercicio de la política, se está dando un fenómeno negativo para el desarrollo de la democracia; adelantar juicios, ver moros con tranchete, agredir al adversario, verter falsas acusaciones, sembrar dudas y asumir actitudes protagónicas, como es el caso del proceso electoral en Yucatán, eleva, eleva la moral colectiva de los priístas y hace más dinámica la democracia de todos los ciudadanos.
Adelantar juicios obedece al parecer, a una conceptualización del queacer político, sustentado muchas veces en criterios partidistas o personalistas, los que tienden a tergiversar una causa común y en este caso un proceso electoral transparente. Lo grave de esta tendencia opositora es que día a día afecta a la unidad y las relaciones entre los mexicanos en general y en nada ayuda al fortalecimiento de nuestra práctica democrática, donde es claro que la democracia no es algo que se logre de una vez y para siempre, sino que se va perfeccionando diariamente con la participación de todos los mexicanos. Es decir, el camino de la democracia está lleno de obstáculos; vencerlos es el reto de todos los mexicanos.
Es el caso del proceso electoral en puerta. El pueblo, estoy convencido, que garantizará las elecciones limpias, como es el caso de Yucatán, sin más respeto que las normas establecidas por nuestras leyes para que el sufragio que se emita con entera libertad y se respete celosamente la voluntad popular.
La certidumbre de tener elecciones limpias, es también o está también en la participación de los partidos políticos, de sus candidatos, de sus dirigentes sociales y de cada uno de los ciudadanos. La calidad de las campañas donde se respeta el adversario político, donde los electores analizan las plataformas políticas de los candidatos, de sus ideas, sus programas y proyectos, será el preámbulo del ejercicio cívico de todos los yucatecos, de todos los mexicanos en puerta.
Compañeros legisladores: propiciemos, cada uno desde su trinchera de lucha, con nuestra participación honesta y con renovados bríos, el espíritu cívico que apuntale los sentimientos de nuestra vida democrática, que no nos ganen las pasiones; recordemos que las raíces de nuestra vida democrática está en la historia y avanza y se consolida con el respaldo de las mayorías; no es hora de lamentaciones.
Muchas gracias.
| El Presidente : |
En virtud de que han sido agotados los oradores para este tema que fue pactado como deliberativo, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es referente a un punto de acuerdo sobre la Defensa de la Libertad de Investigación.
Tiene la palabra la diputada María del Carmen Díaz Amador, por la Comisión de Ciencia y Tecnología.
| La diputada María del Carmen Díaz Amador: |
Con su permiso, señor Presidente:
Nada más quiero, antes de iniciar, rectificar que éste es un punto de acuerdo consensado de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que está mal apuntado en el orden del día.
Compañeras y compañeros diputados; con fundamento en la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 73 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Ciencia y Tecnología se permite someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo sobre la defensa a la libertad académica y a la libertad de investigación, bajo las siguientes consideraciones:
Primero. Es responsabilidad de los investigadores en ciencia y tecnología cumplir con la función social de las casas de estudio; es decir, vincular el trabajo investigador con los sujetos sociales que más lo requieran.
Esta vinculación con la sociedad se desarrolla a través del servicio social, la investigación, la extensión y difusión de los quehaceres y saberes generados en las casas de estudio, contribuyendo a la solución de los complejos problemas enfrentados por el país en la actualidad.
Segundo. En este sentido, la Comisión de Ciencia y Tecnología consideró que corresponde a esta representación popular y nacional, llevar a cabo las acciones tendientes a aclarar las actividades académicas efectuadas en el Estado de Chiapas por los profesores e investigadores Sergio Valdez Ruvalcaba y Luis Menéndez Medina, por lo cual sometemos a consideración de la Cámara el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Artículo 1o. Que se continúe dando garantías a la investigación y actividad académica en la zona en conflicto del Estado de Chiapas.
Artículo 2o. Solicitar al gobierno del Estado de Chiapas informe a la Comisión de Ciencia y Tecnología acerca de la situación legal de los investigadores involucrados.
Firman los diputados: Héctor Flavio Valdés García, como secretario de la comisión, por el Partido Acción Nacional; Gustavo Guerrero Ramos, como secretario de la comisión, por el Partido Revolucionario Institucional; Armando López Romero, secretario por el Partido de la Revolución Democrática; Jorge Zamarripa Díaz, del Partido Acción Nacional y la de la voz.»
Pedimos a usted, señor Presidente, que se le califique de urgente y obvia resolución, conforme al artículo 59.
| El Presidente : |
Gracias, diputada.
Consulte la Secretaría en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
| La secretaria Teresa Núñez Casas: |
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sirvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
| El Presidente : |
Gracias, Secretaria.
PARLAMENTO DE MUJERES DE MEXICO
| El Presidente : |
Tiene la palabra la diputada Alma Angelina Vucovich Seele, por la Comisión de Equidad y Género, para presentar un punto de acuerdo en torno al Parlamento de Mujeres de México.
| La diputada Alma Angelina Vucovich Seele: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He solicitado el uso de la palabra para informar a ustedes de un hecho de gran trascendencia para la historia y desarrollo de la vida democrática del país, esto es, que los días 7 y 8 de marzo próximo pasado, tuvo lugar en este recinto legislativo el Parlamento de Mujeres de México, convocado por las comisiones de Equidad y Género de las cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión.
La participación entusiasta de 138 legisladores federales y locales, junto a las más de 1 mil 200 mujeres mexicanas, representantes de un gran número de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como de destacadas intelectuales y estudiosas de los temas de género, militantes de los distintos partidos políticos, mujeres de todo el país, fue sin duda signo inequívoco de los nuevos tiempos en que la República se encamina a la meta común de lograr una sociedad donde la igualdad de oportunidades, sin distingo de sexo, sea un principio y práctica cotidianos.
Este encuentro de las mujeres de México no fue casual, ya que, por un lado, se da el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo y por el otro, responde al firme propósito de la Comisión de Equidad y Género en esta histórica legislatura, por cristalizar los esfuerzos que un gran número de mujeres han venido realizando a lo largo de nuestra historia contemporánea, en pro de un derecho más equitativo de las mujeres mexicanas en relación con el de los hombres.
Es claro que no existe manera alguna de acceder a la plena modernidad política sin la participación igualitaria de la mujer en los asuntos públicos y del quehacer nacional, de igual forma que su efectiva valoración social como sujeto de capacidades y derechos idénticos al de los hombres, porque la equidad entre los géneros constituye un referente central e ineludible de todo proceso de construcción y consolidación democráticos.
La democratización de México ha dado hoy un gran paso, en virtud de la gran diversidad de mujeres que estuvo presente en el parlamento, las trabajadoras del campo y la ciudad, las amas de casa, las jóvenes, las intelectuales, las académicas y estudiantes, las indígenas, las periodistas y comunicadoras, las discapacitadas, las sexoservidoras, etcétera, de quienes pudimos constatar que acudieron a él con convicción y sin delegar su representación.
La composición y propuestas fueron reflejo de la realidad actual del país.
En el contexto nacional, la conformación del Parlamento de Mujeres de México, muestra claramente que se está consolidando cada vez más la tendencia reivindicadora de la mujer mexicana, al asumir con toda seriedad y capacidad de compromiso su justo lugar en las tareas derivadas de una amplia agenda de reformas, orientadas a establecer una plena equidad entre hombres y mujeres.
No olvidemos que la lucha de la mujer mexicana en torno a su reivindicación de género es muy amplia y de mucho tiempo; ha generado ya importantes logros en diversos campos de actividad que contribuyen hoy a la formación de una plataforma, desde la cual es
posible plantear nuevas y más ambiciosas metas. Sin embargo, es necesario fortalecer el paso para lograr la retroalimentación entre los diversos grupos sociales, la presencia política y los cambios legislativos que procuran el mejoramiento de la vida cotidiana de las mujeres y sus familias.
En el ámbito internacional, de conformidad con los compromisos asumidos por México, emanados de distintos ordenamientos internacionales, tanto mundiales como regionales, mediante los que el Estado mexicano se ha comprometido a instrumentar leyes, programas y políticas públicas que contengan una perspectiva de género, es decir, que posibiliten la igualdad de oportunidades para el desarrollo y bienestar de las mujeres y los varones en los ámbitos tanto de la salud, la educación, el trabajo y la política.
La creación del Parlamento de Mujeres de México representa en sí mismo, un acto de libertad de las legisladoras y legisladores locales y federales de todos los partidos políticos de nuestro país.
Gracias a esta iniciativa, todas y todos, estamos obligados a recordar que no hay vida democrática sin tolerancia, consenso y universalidad en la participación, ya que esta última supone plena igualdad en la capacidad de reflexión y de acción de todos los individuos.
Más aún, el Parlamento de Mujeres de México, se ha propuesto ser una instancia, cuya función principal será el análisis de liberación, del cambio de experiencias entre los congresos federales y locales, para la promoción e integración de una agenda legislativa nacional, encaminada a eliminar toda forma de discriminación de género.
Con este espíritu el Parlamento de Mujeres de México, se encamina en un principio, al análisis del marco legal vigente en el país prioritariamente respecto a los rubros de educación, salud, trabajo, violencia y participación política de la mujer.
Por su dinámica influyente, abierta y multiplicadora, buscará recoger el sentir y las expectativas de los diversos grupos y sectores, que componen el gran universo de las mujeres mexicanas, contribuyendo así para que a lo largo y ancho del país se conceptualice o en su caso vigorice, una conciencia de género, que sea compartida por mujeres y hombres.
Como conclusión de los trabajos del Parlamento, podemos afirmar que todas las propuestas, inquietudes, recomendaciones e incluso reclamos, presentados a través de las ponencias que se recibieron durante la organización y desarrollo del evento, sin excepción exigieron una adecuación a las leyes, en especial de los códigos Civil y Penal tanto federales como locales, donde principalmente se legisle para erradicar todo tipo de violencia y discriminación a la mujer, de conformidad a los principios que consagra el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del mismo modo se exige el cumplimiento cabal de los compromisos adquiridos por nuestro país, a través de los convenios internacionales, buscando que nuestro marco jurídico responda a las necesidades reales y actuales que los mexicanos y mexicanas enfrentamos, sin demérito de nuestra soberanía geográfica, política y cultural, pero siempre con respeto a nuestros derechos humanos y protección de los mismos, junto a la garantía de un desarrollo personal, como única forma de llegar a una sociedad, donde predomine el derecho, la justicia y el valor de sus mujeres.
Sólo así alcanzaremos una sociedad progresiva, con posibilidad de conseguir para el próximo siglo y milenio, estar entre las sociedades de democracia avanzada de este mundo.
Por ello, señor presidente, en este acto, hago entrega a la secretaría del punto de acuerdo debidamente firmado, por las presidentas colegiadas de la Comisión de Equidad y Género de esta Legislatura:
Parlamento de Mujeres de México
«PUNTO DE ACUERDO
En atención a los términos de la convocatoria de este evento, el mecanismo denominado Parlamento de Mujeres de México, se constituye a través de una comisión bicamaral integrada por legisladoras del Senado de la República y de la Cámara de Diputados Federal, de acuerdo con los artículos 46 párrafo segundo, 77 y 90 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 90 de su Reglamento Interior.
Es una instancia cuya función será de reflexión, deliberación y promoción de una agenda legislativa nacional y de políticas públicas, para eliminar toda forma de discriminación de género por la democracia, la paz y el desarrollo de la República Mexicana.
La comisión podrá apoyarse en grupos de trabajo especializadas para la realización de sus tareas y podran llevarse a cabo consultas y solicitarse asesoría a expertos y expertas, organizaciones y ciudadanos interesados e interesadas en las materias de su actividad.
La comisión establecerá contactos y favorecerá consultas e interacción con legisladores locales en aquellos asuntos que repercutan en la jurisdicción legislativa estatal; convocará a reuniones anuales a las que invitará a las legisladoras locales de todo el país a reflexionar en torno a los asuntos de equidad y género, las legisladoras locales podrán proponer temas para el análisis y valoración de la comisión.
Dentro de sus objetivos destacan: elaborar propuestas legislativas que reformen, adicionen o en su caso deroguen leyes para contribuir a eliminar todas las formas de discriminación de género; promover a través de las facultades del Poder Legislativo, políticas y acciones gubernamentales con visión de género que garanticen el respeto a los derechos de las mujeres y la implementación de programas que las beneficien en los rubros de salud, educación, trabajo, cultura, alimentación, toma de decisiones, política, derechos humanos, etcétera; impulsar la difusión de las leyes para el pleno conocimiento de la ciudadanía sobre sus derechos; impulsar las reformas jurídicas que permitan el establecimiento de mecanismos de consulta y concertación que corresponden a la dinámica actual del Poder Legislativo y al tratamiento de la problemática específica a las mujeres.
Las legisladoras federales, senadoras y diputadas de los diversos grupos parlamentarios, en esta reunión acordamos presentar a nuestros respectivos plenos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo, para cumplimiento lo conducente a los artículos 46, párrafo segundo y 77, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:
Las legisladoras de las entidades de la República, promoverán la creación de las comisiones de Equidad y Género en sus respectivos congresos locales.
La agenda de actividades, la mesa directiva y la mecánica de operación del Parlamento de Mujeres de México, será definida de común acuerdo por las comisiones de Equidad y Género de ambas cámaras, en concordancia con los ordenamientos jurídicos pertinentes.
Para la agenda de actividades serán bases fundamentales la relatoría de asuntos tratados en este histórico encuentro del 7 y 8 de marzo de 1998.—Firman, diputados: Sara Esthela Velázquez Sánchez; María Elena Cruz Muñoz; María Mercedes Maciel Ortiz; Verónica Velasco Rodríguez; presidentas colegiadas de la comisión y su servidora Alma Angelina Vucovich Seele.»
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo presentado por la Comisión de Equidad y Género.
| El secretario Francisco Antonio Ordaz Hernández: |
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea, si se aprueba el punto de acuerdo propuesto por la Comisión de Equidad y Género.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Rosalío Hernández Beltrán, del PRD, para referirse al 1o. de mayo Día Internacional de los Trabajadores, hasta por 10 minutos.
| El diputado Rosalío Hernández Beltrán: |
Compañeras y compañeros diputados:
Pasado mañana 1o. de mayo, amanecerá temprano. Millones de seres humanos tomarán las plazas públicas y las principales calles de la ciudad, para honrar la memoria, el ejemplo heroico de los Mártires de Chicago y en nuestro país, a diferencia de los últimos años, los trabajadores organizados en el llamado movimiento obrero organizado y los trabajadores independientes harán lo propio.
Aquí también se recordará a los Mártires de Chicago, pero también a los Mártires de Cananea, a los Mártires de Río Blanco, esos hombres y mujeres que pagaron con su vida y desafiaron a la dictadura de Porfirio Díaz, por mejores condiciones de vida y de trabajo para todos los asalariados.
Sabemos que su sacrificio no fue en vano, unos cuantos años después, explotó la revolución social más importante de este siglo en el continente americano: la Revolución Mexicana de 1910, quien parió también la Constitución Política, única en el mundo, la que por primera vez estableció derechos sociales como el del artículo 123, donde están consagrados los derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad.
Desafortunadamente, 80 años después de que quedó establecido, derechos tan importantes como, la jornada laboral máxima de ocho horas, como un salario constitucional, como el derecho a participar en las utilidades de las empresas, el derecho a tener condiciones de higiene y de seguridad que no lastimen la salud ni pongan en peligro la integridad física de los trabajadores, son derechos que son letra muerta.
Porque el actual salario que se paga en estos días, el salario mínimo general ha perdido en los últimos 20 años, más del 71.4%, según declaraciones del propio Congreso del Trabajo. Todos, gobierno, empresarios y los tres poderes que integran a esta nación, somos testigos que los actuales salarios no se ajustan a lo establecido en la fracción VI del artículo 123, que establece que los salarios debieran ser suficientes para que un jefe de familia pueda satisfacer las necesidades en el orden material, cultural, social y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Los 30 pesos que se pagan ahora ni siquiera alcanzan para adquirir un kilogramo de carne.
Tenemos además el derecho al empleo, es el preámbulo del artículo 123 constitucional. Ese derecho al empleo sigue siendo una esperanza, porque tenemos millones de compatriotas que aún carecen de él.
Todo ello se debe, y seguramente los trabajadores de nuestro país lo recordarán pasado mañana, que en este país los gobiernos posrevolucionarios se han olvidado de lo establecido en nuestra Constitución Política en el artículo 25 constitucional, que señala lo siguiente: dice: "corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante el fomento al crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución". Termino la lectura que se establece en el preámbulo de este artículo 25.
Basta señalar que en 1976 la masa salarial, en relación con el producto interno bruto, sumaba el 40.3%., 20 años después ésta sólo representa el 25%. Por eso no es nada extraño que más de 40 millones de compatriotas vivan en extrema pobreza, ni tampoco es nada extraño que una minoría está considerada como los más ricos del mundo, esto ofende cualquier concepto de equidad.
Seguramente pasado mañana los trabajadores esgrimirán estas banderas que enarbolaron los trabajadores a principios de siglo, pero se han sumado otras banderas de lucha y otra más es que exigirán que el conflicto que existe en Chiapas se resuelva por la vía del diálogo y la conciliación, porque todos sabemos que si en este país no hay paz y no hay tranquilidad no habrá las condiciones apropiadas para generar los bienes, para generar los servicios y los productos que todas las familias necesitamos para vivir con dignidad.
Por eso, el Partido de la Revolución Democrática, la fracción parlamentaria del PRD, aprovecha esta oportunidad para saludar desde esta tribuna y hacer un reconocimiento público a la clase trabajadora por su vocación patriótica, por su vocación pacifista y por su talento generoso, que está aportando a pesar de que las crisis económicas los han golpeado duramente y a pesar de eso siguen aportando su esfuerzo todos los días, tratando de conseguir y de no olvidar esas banderas de lucha de todos los trabajadores del mundo, que han soñado con una sociedad que se estructure sobre bases de igualdad y de justicia, sin discriminaciones ni privilegios. Esa sociedad algún día vendrá. ¡Que viva los trabajadores de México!
Gracias.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Gerardo Acosta Zavala, para hablar sobre el mismo tema y hasta por 10 minutos.
Con su permiso, señor Presidente:
Este 1o. de mayo conmemoramos el Día Internacional del Trabajo, no será, no puede ser una celebración para los trabajadores mexicanos, hay muy pocas cosas que festejar, cuando viven los peores momentos de su historia moderna.
Hay, si, un motivo de optimismo, que es el gradual pero inequívoco despertar de los trabajadores, de los que crecientes sectores se mueven ya por caminos de independencia y dignidad.
Este 1o. de mayo, veremos las calles llenas de trabajadores de esta capital y de casi todas las entidades del país desfilando, enarbolando sus auténticas demandas, que perfilan la resistencia contra el neoliberalismo que han sumido a México en una verdadera situación de desastre nacional.
Vivimos un nuevo orden internacional surgido sobre la base de una revolución tecnológica que permite cada vez mayores procesos de automatización de los procesos productivos, con el consiguiente desplazamiento de trabajadores que a su vez plantea la exigencia de crecientes escalas de producción, imponiendo la internacionalización y desplazando cada vez más a la pequeña y mediana empresas, principales fuentes de empleo.
Este proceso de internacionalización presenta ya una reestructuración del capitalismo, por la que su concentración tiende a contraerse más que en la producción de bienes y en la redefinición internacional de la propiedad financiera. En este proceso los estados nacionales van cediendo terreno en su fusión de garantes del bienestar colectivo y cada vez más son empujados a un triste papel de gerentes de inmensos corporativos transnacionales.
En la medida en que el Estado acepta reducir su política social pierde legitimidad y se reduce a un campo de maniobra, quedando cada vez más indefenso ante las presiones internacionales externas.
Frente a ello, cada vez más trabajadores mexicanos entienden que corresponde a la defensa de sus legítimos intereses enarbolar la defensa de la soberanía nacional, reivindicando la exis-tencia de condiciones para el desarrollo de una vida digna, oponiéndose al desmantelamiento del Estado mexicano a la vez que se demanda su democratización.
Definitivamente debemos de ser muy claros en que no se trata de oponerse al avance tecnológico ni negar las grandes ventajas de la globalización económica. Pero debemos reivindicar la necesidad de que se orienten en función de las necesidades colectivas y de acuerdo a las dinámicas que las condiciones nacionales marquen.
Es evidente que nunca la humanidad habrá tenido a su disposición tantos medios de desarrollo de satisfactores de sus necesidades, pero tampoco este mundo habrá contemplado tantos seres humanos sumidos en la miseria, alejados de los medios y las oportunidades para alcanzar una vida digna.
México, desgraciadamente no sólo está al margen de esta grave contradicción, sino que aparece como un ejemplo de los extremos a los que se puede llegar, señalados como indeseables por los propios organismos financieros internacionales, conductores del proceso de reorganización capitalista internacional.
Ciertamente, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, han reiterado llamados a México para que atienda como prioridades el combate a la extrema pobreza y a la elevación del nivel salarial, haciendo evidente que los neoliberales que gobiernan a México desde hace más de 15 años, resultaron "más papistas que el Papa".
Antes de la crisis de finales de 1994 se señaló la existencia de 40 millones de pobres, de ésos, 17 millones en la extrema pobreza.
Oficialmente en el Plan Nacional de Desarrollo se reconocieron 14 en estado de penuria, dando por referencia un estudio de 1992.
Hoy la Sedesol reconoce que 24 millones de mexicanos viven en condiciones de extrema pobreza.
Estimaciones del sector empresarial ubican ya a nivel de pobreza 48 millones de mexicanos. Pero el diagnóstico oficial se reserva el cálculo, aunque sí aporta suficientes indicios del saldo neoliberal: 10 millones de mexicanos sin accesos a los sistemas de salud, 9% de analfabetismo, déficit de vivienda en 4 millones y el 20% de las existentes sin agua y sin drenaje.
Y la desigualdad patente: mientras el 10% de la población absorbe el 40% del ingreso nacional, el 20% de los mexicanos recibe apenas el 5%.
El deterioro salarial es realmente ya escandaloso y las políticas económicas del régimen federal tienden a agravar la situación. El salario mínimo definido en el artículo 123 constitucional como suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, para 1995 era ya equivalente a la quinta parte de 1976, ocupando el nivel adquisitivo más bajo de sus 60 años de existencia.
Tan sólo en los ocho años de los llamados "pactos", supuestamente encaminados a lograr una recuperación económica que beneficiaría a los trabajadores, el salario se desplomó a la mitad. En diciembre de 1987, antes de la firma del primero de los pactos, un salario mínimo general compraba 32.4 kilogramos de tortilla, ahora apenas se compra el 10.8kg., es decir, la tercera parte.
Las cifras que ilustran el criminal deterioro de vida de los trabajadores mexicanos abundan, sólo referimos dos más. En los últimos 20 años el salario mínimo pasó de comprar 10.6 kilos de frijol a sólo 3.3kg., es decir, la tercera parte y de más de 20 litros de leche que compraban, ahora alcanza sólo para cinco y medio, casi la cuarta parte.
Vivimos en un país en el que sus pobres son cada vez más pobres, mientras sus ricos son cada vez más ricos. Este proceso de cada vez mayor concentración del ingreso pasa por el creciente deterioro del salario, su participación en el producto nacional era en 1976 del 40% y para 1990 bajó apenas al 25%, que ahora seguramente es inferior.
A partir de aquel 1976 el salario mínimo sufrió una pérdida adquisitiva del 18.4%, durante el sexenio del presidente López Portillo del 48%, con De La Madrid del 22%. Con este deterioro a cuestas el inicio del presente sexenio se requería de 1.6 salarios mínimos para comprar la canasta básica alimenticia y al 31 de marzo pasado, por este gasto referente sólo a la alimentación se requirieron de 3.3 salarios mínimos, nivel de ingresos que no alcanza más del 70% de las familias mexicanas.
Por esto es de que hace ya largos años, en México difícilmente podemos celebrar el 1o. de mayo, máxime que se padece con toda la complicidad de la clase gobernante.
Sostenemos que la recuperación de México requerirá la liberación de sus trabajadores, lo que habrá de pasar por la reconquista de sus derechos más elementales. La democracia no puede restringirse a lo electoral, debe practicarse en todos los ámbitos de nuestra vida, destacando lo sindical.
Es difícil suponer una modernización económica de México mientras que sus trabajadores sigan condenados a una precaria subsistencia, como difícil también es que México transite a la democracia mientras más de la mitad de la población se debate en la pobreza.
Para su propia fortuna, cada vez más trabajadores mexicanos están despertando y en este 1o. de mayo habremos de acompañarlos por todas las calles de México.
Muchas gracias, compañeros.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Martín Contreras Rivera, del Partido Acción Nacional, para referirse al mismo tema y hasta por 10 minutos.
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
El desorden económico y social, fruto directo del desorden político, es el peor enemigo del bienestar obrero y el más activo factor de degradación del trabajo y del salario. Es así que la política laboral de nuestro país ha sido establecida por un régimen que sólo ha velado por sus prioridades, compromisos y criterios particulares, lejos de las legítimas aspiraciones del trabajador. Un ejemplo de esta situación son los altos índices de desempleo y la lacerante miseria de la gran mayoría que el pueblo sufre, que más que ese problema es una herida sangrante; afirmaba don Efraín González Luna, en 1944.
El manifiesto de los iguales, la liga de los justos, los anarquistas, la internacional-socialista, sindicatos social-cristianos, organizaciones sindicales católicas, es decir, la lucha de más de 200 años por la dignificación del obrero, tuvo su culminación en Chicago, una huelga el 1o. de mayo de 1886 convocada por los sindicatos federales de los Estados Unidos y de Canadá. Su reclamo, la implantación de la jornada laboral de ocho horas, la policía ataca brutalmente a los huelguistas asesinando a nueve de ellos y desencadena una represión en contra de los trabajadores y de sus organizaciones llevando a la horca a muchos; otros, a prisión de por vida.
En 1889, se acuerda celebrar el 1o. de mayo como manifiesto en todo el mundo por la reducción de la jornada del trabajo y la revindicación de los trabajadores; por ese motivo los Mártires de Chicago y los que han luchado o han muerto por la causa merecen el respeto y el homenaje de todos. Sus vidas forman parte del heroísmo y sacrificio de la clase trabajadora.
En nuestro país el Congreso Constituyente de 1917 plasmó a nivel constitucional por primera vez en el mundo, la tutela jurídica de los derechos sociales, entendidos como los principios de instituciones que garantizan condiciones laborales justas, gracias a este esfuerzo el artículo 123 constitucional sienta las bases para darle al trabajador elementos mínimos que le corresponden por la prestación de sus servicios.
Es así, que un estado de derecho entre sus objetivos fundamentales debe considerar la libertad y el derecho al trabajo; esto es, proporcionar al individuo una tarea o actividad útil en donde pueda desarrollar su potenciabilidad como ser humano y así contribuir al desarrollo de la sociedad en que se desenvuelve y, como consecuencia, obtener los recursos monetarios que le permitan llevar un nivel de vida digno tanto a él como a su familia.
Es indudable que en México vivimos momentos particularmente complejos, una diversidad de crisis se han dado cita al final del milenio, haciendo cada vez más enmarañado el programa nacional, el panorama nacional, perdón. Una vertiginosa sucesión de hechos nos arrastran y dan la impresión de que no hay alternativa ante la agudización de los problemas, principalmente los que afectan a la inmensa mayoría de los mexicanos.
Pero no sólo necesitamos argumentar sobre el dolor de México, necesitamos redimirlo, una redención íntegra; tener acceso a la libertad plena, a la dignidad, a la justicia, a las fuentes de la cultura, al respeto de los derechos ciudadanos.
Todavía hoy, muchas organizaciones y organismos de los hombres del campo y de la fábrica se han reducido a mecanismos de control político, muchas organizaciones ocupacionales se han convertido en canales de influyentismo personal y en resonadores de la nefasta política del régimen política económica y social, que es decidida a espaldas del pueblo donde prevalece un sindicalismo vertical, autoritario y clientelar.
Y, finalmente, las cargas más lastimosas las padecen los trabajadores tanto de la ciudad como del campo, y al hablar de los trabajadores no debemos referirnos exclusivamente a los sindicalizados que de la población económicamente activa sólo representan el 15% de ellos; trabajadores son todo aquel que desempeña una función, sean empleados del Gobierno, sean técnicos, sean jornaleros, sean mujeres trabajadoras, millones de niños trabajadores, los desempleados, los jubilados, los pensionados, los tiempos actuales y todos los cambios que se han generado han llevado a nuestro país a un modelo económico que no favorece en nada el derecho a los trabajadores y sí representa obstáculos para obtener mayores beneficios para los mismos.
Este modelo busca producir con el menor costo posible y una de las vías para lograrlo es la mano de obra mal remunerada.
Hoy el régimen es elogiado por sus socios, por el comienzo de un radical enfoque a su economía que finalmente permitirá crecer al país. En 1890, periodistas y banqueros de Estados Unidos y Europa, elogiaban a Porfirio Díaz por las reformas y abrir mercados para revertir la pobreza y estancamiento económico y así adoptar la competencia y una economía de mercado.
Actualmente nos enfrentamos con una crisis económica muy grave para el país que ha generado un aumento considerable en las tasas de desempleo, una sensurable contención salarial, además de una disminución en la producción de bienes y servicios y el cierre masivo de empresas e industrias, sustituyéndolas con productos extranjeros. Dicen que el Tratado de Libre Comercio es bueno, pero lo que no dicen es para quién; que las privatizaciones son buenas, pero tampoco dicen para quién son buenas.
En Acción Nacional, consideramos que el derecho al trabajo es prerrogativa común de todos los hombres, porque en última instancia funda en el derecho a la vida y a la libertad, de ahí que el derecho al trabajo no puede quedar sujeta ni por el sindicato ni por el patrón ni por el Gobierno a la imposición de criterios ideológicos o políticos; como premisa, todo trabajo socialmente útil, debe tener la retribución justa que permita al trabajador vivir y mantener decorosamente una familia con posibilidades rea-les de mejoramiento.
En Acción Nacional, no consideramos al trabajo como mercancía sujeta a las leyes del mercado; por ello nosotros no solamente hablamos de mejoras radicales en materia de salario, jornadas de trabajo y prima de antigüedad, sino que también planteamos uno de nuestros aspectos básicos manejados desde 1939, el acceso paulatino de los trabajadores a la copropiedad de la empresa y establecemos nuestra nueva y antigua tesis de la libertad sindical.
Hoy, la unidad de los trabajadores en torno a un sindicalismo democrático y vigoroso, es más que nunca necesaria para luchar contra un gobierno que abandona la responsabilidad social tratando de privatizarla. Hoy el número de mexicanos en extrema pobreza pasó de 15 millones en 1992 a 50 millones en 1997.
Por esta razón, millones de mexicanos han iniciado el camino del deterioro genético. Ante esto, el presidente Zedillo nos pronostica que dentro de 20 años se verán los resultados de su política, claro, cuando 40 millones de mexicanos estén laborando en Estados Unidos y 40 millones de mexicanos hayan muerto de hambre aquí en nuestro país.
Un régimen que finca su progreso en el desempleo, los bajos salarios y el hambre, no puede llamarse patriota, mucho menos nacionalista; hoy 1o. de mayo, día de proclama y protestas de los trabajadores ante la injusticia laboral.
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Héctor Rodolfo González Machuca, hasta por 10 minutos.
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He de iniciar mi intervención, por sentar como base que para los trabajadores el 1o. de mayo no es una conmemoración, no es un festejo, es un recuerdo de las muertes de miles de obreros que no murieron en Cananea y Río Blanco, que no murieron en Chicago, sino de los que murieron en la Revolución Mexicana y a la que defenderemos los trabajadores hasta el último momento.
El 1o. de mayo, es para los trabajadores, desde 1886, una gesta heroica del proletariado que no se debe de olvidar pues a pesar de haber transcurrido más de un siglo de los acontecimientos que lo motivaron, hechos similares se han repetido en distintas partes del mundo y en diversas circunstancias, por ello, resulta significativo que en 1889 el Congreso de París, decida que se celebre el 1o. de mayo como un homenaje a los Mártires de Chicago que dieron su vida por la reducción de la jornada de trabajo y por la obtención de mejores condiciones laborales para ellos y de convivencia para sus familias.
Junto a este acontecimiento simbólico del sindicalismo mundial, sumamos nuestro justo recuerdo de los Mártires de Cananea, Sonora, en 1906 y de Río Blanco, Veracruz, en 1907, que representan a los precursores de la Revolución Mexicana.
Por todo ello, la fecha que hoy conmemoramos constituye un acontecimiento de especial relevancia. El 1o. de mayo representa para los trabajadores del mundo la reafirmación de su conciencia de clase y la certidumbre de que la unión es la fuerza de los trabajadores y es el único motor que impulsa su crecimiento y desarrollo.
En las grandes luchas de las organizaciones obreras, se han logrado consolidar conquistas que son irrenunciables, las cuales siempre defenderemos, apoyando toda iniciativa que tienda a mejorar las condiciones de vida y de tra-. bajo actuales.
La vigencia plena del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo, forman parte de esas conquistas, así como los avances que se han logrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en Fonacot, en la Procuraduría de la Defensa del Consumidor y en otras instituciones similares aun a pesar de los lastres y deficiencias que les aquejan y que tendrán que corregirse en corto plazo.
Las actividades productivas y el desempleo y el empobrecimiento de la población; a estos problemas había que darles respuesta pronta y eficiente. Así el titular del Poder Ejecutivo instrumentó y puso en marcha una profunda política de transformación económica que permitió afrontar e iniciar la superación de los efectos negativos de la crisis. Los avances se notan en el país; pese a los augurios pesimistas no se colapsó, empiezan a recuperarse las fuentes de empleo, lo cual se refleja en el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, que muestran los índices de ocupación más altos de la crisis.
Las actividades productivas se reactivan, lo mismo en la industria, en el campo que en el comercio y se avanza en un proceso que nos conduce con decisión y certeza a la recuperación económica y al crecimiento sostenido aun a pesar de la baja de los precios del petróleo.
Con la conciencia de clase que nos identifica y nos une frente a los retos que la situación económica del país nos impone, los obreros del país reconocemos los esfuerzos del Gobierno de la República para alcanzar mejores niveles de crecimiento y desarrollo económico.
Es necesario que el Gobierno de la República continúe luchando para estabilizar la economía, dar confianza y credibilidad a los mercados y a los factores reales de la producción, abatir los índices de inflación, pues mientras el bienestar no se refleje en las familias obreras, no se habrá hecho justicia a la clase social que ha debido soportar sobre sus espaldas el mayor peso de la crisis en todos sus tiempos.
Los trabajadores de México demandamos políticas eficaces para lograr menor inflación, más empleos y mejores salarios que permitan una vida digna y decorosa.
Hacemos, asimismo, un llamado, desde esta alta tribuna de la nación, al sector privado del país, para que respete cabal y honestamente los pactos económicos, la nueva cultura laboral y los compromisos contraídos, a fin de que la negociación colectiva pueda continuar como un instrumento eficaz de apoyo que vincule jurídica, política, ética y socialmente a los factores de la producción.
El movimiento obrero organizado de México en este día ratifica una vez más la alianza responsable con el gobierno revolucionario y como se hizo en el pacto celebrado con don Venustiano Carranza, donde se manifestó que el Ejército Rojo de los Trabajadores, ahora también nos manifestamos, estamos como ayer, como hoy, como siempre, al lado del progreso, con la filosofía social de la Revolución Mexicana y con sus luchas sociales de compromiso con los más pobres.
¡Salud camaradas!
| El diputado Rafael Alberto Castilla Peniche (desde su curul): |
Señor Presidente.
| El Presidente : |
Un micrófono, por favor, para el diputado.
Adelante diputado. ¿Con qué objeto, diputado?
| El diputado Rafael Alberto Castilla Peniche (desde su curul): |
Señor Presidente, para el mismo tema. Para rectificar hechos.
Quisiera recordarle que éste es un debate pactado, sin embargo, ha sido la actitud de esta directiva que demos pie a las intervenciones de los señores diputados.
Adelante diputado, para rectificar hechos. Se ha dado la palabra para hechos, hasta por cinco minutos, señor diputado.
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En esta celebración internacional del Día del Trabajo, creo pertinente recordar que desde su fundación, en 1939, el Partido Acción Nacional dejó muy en claro que la dignidad de la persona humana es el centro de su doctrina, de su proyecto social, económico y político y como consecuencia de ello ha reiterado en numerosas plataformas políticas e iniciativas de ley que el trabajo humano tiene la dignidad eminente de quienes lo realizan.
Para Acción Nacional el trabajo humano no es simple mercancía no es sólo factor de la producción, es deber y es derecho porque supone e implica una actividad digna, factible de acceso general, suficientemente remunerada, apoyada en la seguridad social y destinada a la creación de riqueza económica para todos, por ello la exigencia y la lucha constantes de Acción Nacional por el respeto al hombre que trabaja, a las organizaciones y movimientos de trabajadores, por el cumplimiento de los justos anhelos de los obreros y por la instauración en México de un sistema económico político y social que garantice la primacía del trabajo sobre los bienes materiales e instrumentales que constituyen el capital.
Sostenemos que la falta de oportunidades de trabajo, el subempleo y la ocupación disfrazada daña a la persona y al bien común y que las políticas económicas, públicas y privadas que reducen el número de empleos productivos socialmente útiles, son antihumanas, antisociales y antinacionales.
Sólo podrá hablarse de justicia laboral cuando los salarios de los trabajadores permitan a éstos satisfacer sus necesidades personales y familiares, si las condiciones de trabajo no deshumanizan al trabajador y si se logra integrar a éste a un proceso que le permita relacionarse con los medios de la producción y con los productos como algo propio.
No nos cansaremos de repetir que es más importante el salario justo al trabajador que la recompensa desmesurada al capital y que la propiedad del capital sólo se justifica en función de la creación de más trabajo para la satisfacción de más necesidades para más hombres.
En este sentido, hablamos de hacer social la economía de mercado, sin confundirla con la estatización, que por lo general despoja a los trabajadores, no sólo del producto de su esfuerzo, sino también de su autonomía gremial y de su libertad como ciudadanos.
Ante el México de hoy, con más de 50 millones de compatriotas en la pobreza, más de 20 millones de ellos en la pobreza extrema, es decir, que no pueden satisfacer sus necesidades más elementales y con un modelo económico que no es más que un descarnado capitalismo criollo, mercantilista, rampante y devorador, concentrador del ingreso, protector de monopolios y explotador de los mexicanos, el PAN ha propuesto una amplia reforma laboral, la que en su aspecto fundamental puede sintetizarse en los siguientes puntos:
1. Debe cambiarse la forma de retribución del trabajo en México. Es necesario incorporar al salario nuevos elementos de valoración, a fin de que el trabajador participe en la riqueza que produce.
2. Una parte de su salario debe ser suficiente para adquirir una canasta básica de subsistencia que le alcance para vivir y mantener decorosamente a una familia. Esto es, que esta parte del salario quedará sujeta a las variaciones de los precios de la canasta indispensable, de los cuales no es responsable el trabajador.
3. Vincular la remuneración con el grado de productividad de la empresa. Esto es, a mayor productividad mejor salario para el hombre productivo.
4. Se debe tomar en cuenta la situación particular de cada empresa en la que se labora, basado en el tamaño de la misma, su grado de capitalización y otras razones financieras diversas.
La justicia laboral a la que el PAN aspira, no supone que la mayoría de la gente va a vivir para siempre de un salario y que, privada de capacidad de ahorro, no tendrá jamás acceso a la propiedad, la que por tanto permanecerá concentrada en unas cuantas manos.
Acción Nacional propone superar el simple régimen de salarios y avanzar a la creciente integración del trabajador en el funcionamiento, en las decisiones, en la copropiedad y en las ganancias de la empresa.
Muchas gracias.
| El diputado Alfonso Carrillo Zavala (desde su curul): |
Señor Presidente, pido la palabra para rectificación de hechos.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Alfonso Carrillo Zavala, hasta por cinco minutos, para referirse al mismo tema en rectificación de hechos.
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
El sector obrero organizado de México no podemos ni debemos olvidarnos de los mártires que le dieron origen a nuestra lucha social de clase. Si lo hiciéramos, es como renegar a ser mexicanos y voltearle la espalda a nuestros héroes.
El 1o. de mayo es oportunidad para recordar a los mártires de la lucha reivindicatoria de los obreros de México y del mundo, es por ello, los seis oradores que me antecedieron, coincidimos que el sostén económico del país sigue siendo el movimiento obrero organizado.
Desde la promulgación de la Constitución de 1917, la reglamentación del artículo 123 constitucional, había sido uno de los principales objetivos del movimiento sindical. A partir de 1929 comenzó a plantearse la posibilidad de legislar en esta materia; tras varios proyectos presentados ante las cámaras en 1930, se hace evidente la instauración de las leyes de trabajo, pues se hacía necesario un código relativo en la regularización de las relaciones capital-trabajo.
Sectores laborales discutieron a profundidad la significación de la nueva ley, se establecieron comités para dialogar con la comisión redactora del Código del Trabajo y se mantiene un debate constante entre las agrupaciones sindicales y las autoridades gubernamentales.
Finalmente, la Ley Federal del Trabajo es promulgada el 28 de agosto de 1931, tras esfuerzos y aportaciones para fructificar en un estado de derecho para la relación obrero-patronal.
A partir de 1936 el sector obrero, con su poder numérico, con su prestigio revolucionario, con su claridad y su firmeza ideológica, marcó la línea de conducta que fue seguida por la mayoría aplastante del pueblo, que reconoció y reconoce en este gran conglomerado proletario una fuerza militante de seriedad y capacidad probada, en luchas ya históricas y por el bien de la nación.
Los trabajadores unidos en el movimiento obrero, desempeñan el papel no sólo de defensores de los intereses económicos, los estrictamente sindicales de la clase obrera, sino también de las instituciones que se preocupan y participan en la resolución de todos los problemas de interés popular y nacional, más aún en los de carácter internacional.
El 1o. de mayo, aun cuando nosotros recordamos a los mártires que le dieron origen a nuestro movimiento, también es oportunidad para expresar nuestros reclamos de justicia. Nada ni nadie nos podrá apartar del camino que los trabajadores han determinado de luchar en la paz y en el orden por las prestaciones que nos permitan vivir con mayor dignidad.
La CTM, como las demás organizaciones hermanas, ha sido y seguirá siendo la organización política que mantendrá en alto las banderas de lucha obrera. No aceptaremos que con fines partidistas electoreros, se trate de empañar la imagen de lucha de nuestra organización obrera.
Nadie que no pertenezca al movimiento obrero nos podrá venir a decir la forma como debemos de actuar ante la embestida que denigra la dignidad de los trabajadores. Quieren acabar con las garantías sociales de los obreros; el sector obrero, aglutinado en nuestras centrales obreras, hará la lucha constante.
Es por ello que los mártires que el día 1o. de mayo honraremos y seguiremos honrando todos los 365 días del año, vamos a defender en nuestras trincheras el legado que le dieron origen al movimiento obrero de México. ¡Viva México! ¡Viva el movimiento obrero organizado del país!
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado José Luis Sánchez Campos, hasta por cinco minutos.
Con su permiso, señor Presidente:
Vengo a esta tribuna a recordar a los trabajadores que han hecho posible el desarrollo del mundo que hoy tenemos; vengo a recordar a aquellos trabajadores que desde Monclova, Coahuila, venían caminando y llegaron al Zócalo capitalino a presentarle al Presidente de la República el cadáver de un compañero que había sido asesinado en una de las huelgas históricas de los mineros de este país; vengo a esta tribuna a recordar a compañeros sindicalistas asesinados que cayeron, como es el compañero maestro Misael Núñez Acosta, del Consejo Central de Lucha Magisterial del Valle de México y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Vengo a recordar las luchas de nosotros los trabajadores. A los trabajadores bancarios en la década de los años setenta, que con máscaras en la cara íbamos a desfilar el 1o. de mayo en el Zócalo capitalino, a mostrarle al mundo que no teníamos libertad sindical. A eso vengo a esta tribuna. No vengo a decir elogios, sino vengo a plantear que los trabajadores de este país no merecemos el modelo de política económica neoliberal que lesiona nuestras condiciones de vida, que lesiona el porvenir de nuestros hijos y que lesiona la fuente de empleo, porque hoy hay muchos trabajadores despedidos, porque hoy en nuestro país hay muchos trabajadores que no tienen empleo.
Los trabajadores bancarios me envían este escrito y me plantean que lo lea en esta tribuna. Ante las iniciativas del Ejecutivo de reforma al paquete financiero, ante el contexto del modelo económico neoliberal, ellos plantean:
1. El cumplimiento de la función de intermediario de la banca en el sentido de que los recursos que capte el público, de ahorro interno, se canalice a las actividades productivas del país a través de diferentes modalidades de crédito.
2. En reactivación de la planta productiva nacional, históricamente la mayor generadora de empleo, mediante el enlace de los eslabones de las cadenas productivas nunca antes integradas o rotas como consecuencia de las crisis económicas recurrentes y de la precipitada apertura comercial.
3. El respeto a la actual plantilla laboral y la no mutilación de las prestaciones, producto de las conquistas de los empleados bancarios, como es el caso del Banco del Atlántico, Sociedad Anónima, que fueron despedidos más de 3 mil trabajadores y donde a los jubilados que pasaron a la nómina de Bital, les fue monetizado el aguinaldo sin previo consentimiento, en beneficio de las fusiones y la apertura del capital extranjero.
Planteamos también que se hagan las liquidaciones conforme a la ley y que se respeten los derechos de los trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Secretaría de Desarrollo Social.
El cobro de los adeudos de la banca a personas y organismos sociales, se les aplique tasas de interés justas por los créditos concedidos para diversos fines mediante amortizaciones que se negocien a plazos razonables; la implementación en las instituciones bancarias de sistemas administrativos que permitan una mayor participación de los trabajadores en los procesos productivos y en la toma de decisiones, para ofrecer un trabajo productivo de calidad.
En virtud del alto desarrollo de los medios electrónicos de informática utilizados en el sistema financiero, se instituya la jornada de seis horas de trabajo diarias con semana de 30 horas, sin opción a tiempo extra. De esta forma se propicia la reducción del recorte de personal e incluso se efectuarían nuevas contrataciones de personal.
Que los empleados y ex empleados bancarios con créditos originarios por su relación laboral y pendientes por liquidar, reciban algún beneficio de lo ya comentado del Fobaproa, que supuestamente fue creado para apoyar a los deudores de la banca.
¡Vivan los trabajadores del mundo! ¡Vivan los trabajadores de México! ¡Por un 1o. de mayo combatiente! ¡Por una clase obrera de la cual estamos orgullosos!
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Gracias, señor diputado.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Saúl Solano Castro, del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al cierre de la compuerta de la presa Alvaro Obregón, en Cajeme, Sonora, hasta por 10 minutos.
| El diputado Saúl Solano Castro: |
Con su permiso, señor Presidente; a esta honorable Asamblea; compañeras, compañeros diputados:
El tema que expondré a continuación nos da una idea muy clara de la vulnerabilidad, de la indefensión ante la que se encuentran las comunidades, cuando se confunde la función de un administrador de un distrito de riego, con el sentido patrimonialista sobre ese distrito de riego.
El día 22 del presente mes culminó con el cierre de las compuertas de la presa Alvaro Obregón, ubicada en el municipio de Cajeme, Sonora, un diferendo que mantienen desde hace tiempo los dirigentes actuales del distrito de riego número 41 del valle del Yaqui, que administra el agua de uso domiciliario y agrícola del municipio en referencia y otro grupo de usuarios del mismo distrito, que pretenden democratizar la dirigencia del citado distrito de riego.
Al margen de este pleito y de quién o quiénes tengan la razón, los habitantes de Ciudad Obregón y del valle del Yaqui, rechazamos quedar en medio de esta querella, como rehenes del distrito de riego en referencia y el grupo que pretende hacer las cosas de otra manera.
No es la ciudadanía de Cajeme la que debe pagar este alto costo social por diferencias de cualquier tipo entre estos dos grupos. Sólo como ilustración daré a conocer algunas de las consecuencias que padecieron los habitantes de este municipio y otros seres vivos del mismo: daños ecológicos, millones de peces, moluscos e insectos murieron al quedar sin agua los canales de este distrito de riego, daños económicos, docenas de intervenciones quirúrgicas se suspendieron tanto en el sector salud como en sanatorios particulares, con el consecuente aumento del costo-paciente díacama, decenas de tortillerías suspendieron sus actividades dejando sin este producto básico a la población y así pudiéramos denunciar más daños a las distintas ramas de la producción como la agrícola que en este valle del Yaqui representan 250 mil hectáreas de riego.
Daños a los educandos y a la educación, las actividades educativas se suspendieron con motivo de no tener agua en las escuelas y en prevención de enfermedades o epidemias; daños a la salud, en las condiciones de pobreza, insalubridad y desnutrición que prevalecen en grandes capas sociales, las posibilidades de presentarse epidemias, siempre hay que tenerlo presente.
Sin ningún afán de dramatizar, ¿cuántos niños se enfermaron de diarrea como consecuencia de esta carencia de agua? ¿Cuántos fueron hospitalizados por este mismo motivo? ¿Cuántos aumentaron su deterioro por desnutrición al padecer de nuevo enfermedades diarreicas?
En un país como el nuestro, en el que todavía pagamos una cuota de pobreza de 5 mil muertes de niños al año por enfermedades diarreicas, es indispensable que estos actos de barbarie no se repitan.
Por lo anterior, exigimos una investigación completa y a fondo, para deslindar responsabilidades políticas y penales de quienes actuaron en este acto de sabotaje.
Con el propósito de lograr un auténtico estado de derecho, nadie de nosotros debe estar al margen de ello. Por todo esto, compañeras y compañeros diputados, los convoco a que reforcemos este estado de derecho, a que disminuyamos la impunidad, a que nadie se sienta tentado a incurrir en actos de extrema impunidad, como es el que les he narrado.
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Ramón Corral Avila, para hablar sobre el mismo tema y hasta por 10 minutos.
Con la venia, señor Presidente:
Después de haber escuchado al diputado Solana sobre los hechos que ocurrieron en el sur del Estado de Sonora, concretamente en el municipio de Cajeme, administrado precisamente por el PRD, es lamentable saber que las autoridades, y además los responsables de administrar ese distrito de riego número 41, hayan, sin ningún antecedente en la historia, dejado sin agua a más de 350 mil habitantes. Es irresponsable saber que por pleitos y luchas políticas y por el control del agua, se ponga en riesgo a todo un municipio.
Y aquí, ante esta tribuna, queremos solicitar una investigación a fondo, sin importar quiénes sean los responsables; sin importar a qué autoridad se tenga que castigar si hay necesidad de hacerlo, o a qué partido pertenezca. No es posible que por el solo hecho de estar politizando los asuntos del agua en Obregón, se corra con el peligro de que los 350 mil habitantes de Cajeme pudieran haber tenido, como lo dijo el doctor Solana, problemas de salud o algún otro problema que podía haber sido irreversible.
Por lo tanto, pedimos y exigimos que la investigación se lleve a fondo y se castigue a los culpables y se aplique la ley, de acuerdo a como dé la investigación.
Gracias.
| El Presidente : |
¿Con qué objeto, diputado Solano?
| El diputado Saúl Solano Castro (desde su curul): |
Para rectificar hechos y contestar alusiones personales.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Solano, para contestar alusiones personales.
El diputado Corral Avila ha dicho dos cosas que es preciso que tengan una respuesta puntual. El menciona la responsabilidad de las autoridades municipales que encabeza el Partido de la Revolución Democrática en el municipio de Cajeme. Quiero referirme simplemente y remitirlo a él, a la Ley Nacional de Aguas.
La presa Alvaro Obregón, como el agua que contienen las presas, están en custodia de la Comisión Nacional del Agua y ésta a su vez otorga la administración a los distritos de riego.
De tal manera que el delito de sabotaje en este caso está tipificado como un delito federal y la instancia municipal sólo pudo haber actuado en flagrancia, como lo pudo haber hecho cualquier ciudadano, sólo si se hubiera detectado a quienes incurrieron en este ilícito, a quienes bajaron la compuerta de la presa Alvaro Obregón la autoridad municipal debió haber actuado.
De tal manera que no nos confundamos, este acto, reprobable desde todos los puntos de vista, es del orden federal. Por eso exigimos y en ello estamos totalmente de acuerdo con él, una investigación exhaustiva, una investigación completa y a fondo, para que quienes resulten responsables sean enviados a donde corresponda y este tipo de actos no puedan servir como un punto de referencia para que otros, con la impunidad con que se actuó en esta ocasión, puedan repetirse.
| El Presidente : |
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos y para hablar sobre el mismo tema, el diputado Alfredo Lomelí Rivas.
Con su permiso, señor Presidente:
| El Presidente : |
Permítame el orador.
A los señores operadores del reloj: habrá que ponerlo en 10 minutos, tal y como lo hicieran los oradores de los demás partidos. Corregir, por favor, el reloj.
| El diputado Alfredo Lomelí Rivas: |
Gracias.
Compañeras y compañeros diputados: aprovecho esta tribuna para comentar los lamentables hechos suscitados en Ciudad Obregón, Sonora, los días 23 y 24 de este mismo mes, respecto al cierre de compuertas de la presa que afectó el sistema de su ministro de agua potable, dejando sin servicio a más de 400 mil habitantes.
En 1992, con el Programa de Transferencia de los Distritos de Riego a los Usuarios, se constituyen los módulos de riego, mismos que reciben del Ejecutivo, a través de la Comisión Nacional del Agua, los títulos de concesión de agua y de infraestructura de distrito para su operación, conservación y administración bajo el principio de autosuficiencia administrativa.
Una vez constituidas las asociaciones civiles de usuarios acuerdan formar una sociedad de responsabilidad limitada, como una empresa de servicios de los módulos de riego, que se encargaría de operar, conservar y administrar la infraestructura hidráulica mayor del distrito.
El resultado de la transferencia del distrito de riego a los usuarios para su operación, conservación y administración ha resultado un éxito. Inclusive es un ejemplo a nivel nacional e internacional por el nivel de eficiencia con el que se maneja el recurso agua e infraestructura.
El conflicto se origina el pasado día 22 de abril, cuando un grupo de aproximadamente 100 personas se plantaron fuera de las oficinas e instalaciones de la sociedad, restringiéndose el libre acceso a las mismas. Las demandas de este grupo, se refieren a la inconformidad por el proceso de elección del consejo de administración de la sociedad que se ha convocado para celebrarse el próximo día 2 de mayo, exigen se cancele la celebración de esa asamblea y modificaciones en los estatutos sociales.
Hay información que la sociedad se vería imposibilitada para operar la infraestructura de manera adecuada y presentar el servicio de entrega de agua a los módulos de riego, por lo que se procedió a suspender el servicio de riego, ya que de no hacerlo no se tendría el control del agua de los canales, propiciando la operación de las estructuras conocidas como desfogue que existen en el canal principal y que funcionan por sí solos al momento que el canal rebasa el nivel de operación, pudiendo provocar daños por inundaciones.
Al realizar estas maniobras para suspender el servicio de entrega de agua a los módulos de riego, el nivel de agua se redujo y en consecuencia afectó la alimentación de las obras de toma que abastecen las plantas potabilizadoras.
Por otra parte, sumado a lo anterior, el conflicto interno de elección del organismo directivo de la sociedad de usuarios, se presentaron intereses ajenos que influyeron en la toma de decisiones que se reflejaron en la población de manera negativa.
Existen evidencias de que intereses de grupo se antepusieron a decisiones administrativas que se debieron haber tomado con oportunidad sin exponer a la población.
Nuestra posición es la de no fomentar los conflictos, pero no por eso vamos a prestarnos al encubrimiento de deficiencias, menos a ser parte de conflictos que deriven en situaciones que pongan en riesgo a la sociedad, en actos que echen por tierra los avances del desarrollo de la organización de los productores, menos faltarles al respeto pasando por encima de sus formas de gobierno, lo que permitiría que actividades estratégicas, como es la administración y distribución de los recursos hidráulicos, quede en manos que únicamente buscan el provecho personal y no vamos a solapar actitudes encubiertas de grupos que están distantes del interés social.
Es por eso que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional se suma a la condena que han hecho los partidos de la Revolución Democrática y de Acción Nacional, condenando enérgicamente los hechos que se verificaron en el municipio de Cajeme, que culminaron con el desabasto de agua potable a la población, producto de problemas políticos generados por grupos inconformes, pidiendo desde este momento que se realicen todas las investigaciones correspondientes y se ejercite acción legal en contra de todos y cada uno de los que resulten responsables, sobre todo de aquellos que son funcionarios del ayuntamiento y andaban en el mismo grupo.
Túrnese a la Comisión de Asuntos Hidráulicos.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Alberto López Rosas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al asesinato de Oscar Rivera Leyva, dirigente del PRD en Atoyac de Alvarez, Guerrero.
| El diputado Alberto López Rosas: |
Muchas gracias, señor Presidente:
Acudo ante esta tribuna con indignación y conmovido por un hecho más que ha enlutado a los guerrerenses y por lo mismo contribuye a la propagación de un clima de violencia e incertidumbre en la vida política del Estado de Guerrero.
Hace apenas unos días ocurrió el homicidio del ciudadano Magdaleno Correa, ex presidente municipal de Coahuayutla y padre del actual presidente municipal de ese municipio de afiliación perredista.
Hace poco también fue ultimado un policía municipal en Metlatonoc por parte de elementos del Ejército, en situación aún no aclarada.
Y el domingo 19 de abril, en el pueblo de Atoyac, al término de una reunión del Partido de la Revolución Democrática, en la que se encontraban presentes dos compañeros diputados federales de la fracción del PRD, fue asesinado a mansalva, en presencia de una multitud de personas y a plena luz del día, el profesor Oscar Rivera Leyva, ex regidor del PRD en el municipio de Atoyac.
La violencia por motivos políticos se agudiza más e intensamente a medida de que nos acercamos al proceso electoral en que habrá de renovarse el Poder Ejecutivo de la entidad.
A los diputados guerrerenses del Partido de la Revolución Democrática, al pueblo de Guerrero en general, nos preocupan los homicidios, las persecuciones, los secuestros y el estado de inseguridad en que se vive en nuestra región. No sólo preocupa la represión que se da en la modalidad de homicidio y persecución a los líderes sociales y miembros de la oposición, nos preocupa también el clima de inseguridad para el ciudadano común, que alejado de toda pasión partidista se encuentra dedicado a sus actividades cotidianas y productivas y que se ve asaltado, vejado o secuestrado. Nos preocupa la inseguridad que atenta y perjudica al ciudadano común, que enarbolando un estandarte de partido, se ve acosado en sus bienes y su persona, acciones tan socorridas en los últimos meses en la entidad.
Nos indigna la impunidad y la presencia cada día más destacada de tropas militares. No se entiende que existiendo una importante presencia militar, la más numerosa después del Estado de Chiapas, continúe fomentándose, cuando debería ser a la inversa.
No entendemos tampoco por qué un soldado en activo, quien fue detenido por la policía preventiva, hoy en libertad ya, presumiblemente privara de la vida al profesor Oscar Rivera Leyva. La celeridad de la justicia guerrerense en decretar libertades a quienes se ven involucrados en esos hechos de sangre, es contrario a la actitud que asume cuando se trata de inculpar a un dirigente social, a quienes les aplica el rigor de la ley. Casos hay muchos que podríamos enumerar uno por uno, si el tiempo lo permitiera.
La libertad de los presuntos homicidas por parte de las autoridades del Estado, genera sospecha de que ninguna acción de justicia puede resplandecer cuando las víctimas son opositores, porque las autoridades se convierten en jueces y parte ante hechos que trastocan todo principio jurídico, político y sobre todo humano.
Aplicar la justicia con tendencia política nos conduce a una injusticia y sobre todo a la impunidad, que es la causa que fomenta la acción que ahora condenamos.
¿Qué ocurre en Guerrero? ¿Por qué ocuparnos de pasar a la tribuna para denunciar estos hechos, desviando el quehacer puramente legislativo? La respuesta quizá la podamos tener en la siguiente declaración que ilustrará a esta Asamblea lo que pasa en Guerrero.
El senador por Guerrero, Porfirio Camarena Castro, ex presidente del PRI en el Estado y hoy flamante contralor del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, en una entrevista periodística afirmó: "no se debe olvidar el papel que tiene Guerrero en el escenario nacional, de alto interés y de elevada apreciación estratégica en la seguridad nacional del país. No puede haber un descuido del centro en esta materia".
Tales declaraciones demuestran que existe una estrategia centralista de grupos políticos que utilizan a sicarios que deshonran a las fuerzas armadas, al ponerse al servicio de los grupos corruptos, promoventes de la violencia y la ingobernabilidad en la entidad, intentonas perversas que rebasan al gobierno del Estado, sin que se le tenga de reprochar a éste su tolerancia o cuando menos su indiferencia al permitirles actuar sin limitación alguna. Esa infame estrategia tiene como objetivo intimidar y atemorizar a los guerrerenses, ¿por qué el Estado de Guerrero es estratégico para la seguridad nacional? ¿Qué no lo son todos los estados del país?
Esa valoración impedirá a juicio del senador priísta realizar elecciones pacíficas y creíbles; es válido que cada partido establezca su estrategia electoral; lo que no es legítimo es crear ambiente de tensión y violencia que va más allá de la atención de un gobernador que ha terminado como rehén de los grupos políticos de su partido que hoy lo rebasa con un nuevo grupo guerrero que pretende ignorarlo y llevar a cabo su propia estrategia.
Tal apreciación sería intrascendente de no haber sido expresada por un priísta que dirigió ese partido, todo ello aunado a la militarización en el Estado y a los hechos violentos registrados, nos llevan a la presunción fundada de que en el Estado de Guerrero intervienen intereses turbios que buscan crear un clima de tensión en contra del interés auténtico y genuino de los guerrerenses, con el deliberado propósito de intimidación para que la sociedad se inhiba de participar en las contiendas electorales por venir.
En el PRD hemos apostado a la transformación de este país a través de la vía democrática, nos ha animado la participación ciudadana que ha hecho posible los triunfos electorales no obstante los grandes dispendios del partido oficial para acotar conciencias; por ello no se justifican los actos de represión como son la privación de la vida, de la libertad y del libre tránsito.
La mayoría de los guerrerenses han optado por una participación política y por un cambio pacífico; así se demostró en el pasado reciente como una participación ciudadana en la jornada electoral sin precedente en la historia de Guerrero. No es válido, pues, frenar esa participación con actos de intimidación.
Se dice que la población guerrerense reclama la presencia del Ejército, yo los invito a que organicemos una consulta popular para saber que tan cierto es este deseo porque por ello, ante este nuevo artero crimen, exhorto al gobierno del Estado, a que promueva la reducción de la presencia militar en el Estado, proponga las fuerzas políticas del Estado de las diversas corrientes a establecer una mesa de diálogo que permita restablecer los puentes de acercamiento para lograr la pacificación del Estado.
Es oportuno recordar que en Chiapas los homicidios son colectivos y en Guerrero de manera unitaria, se ha rebasado ya el número de víctimas en relación a aquel Estado. Se propone a esta Cámara se turne este asunto a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, a fin de que se dé seguimiento a las diligencias de investigación relacionadas a este homicidio, así como los anteriores que he mencionado.
No basta, compañeros diputados, un minuto de silencio, no es suficiente lamentar los hechos, ni siquiera satisface la promesa inútil de esclarecer los homicidios, lo válido es evitar más derramamiento de sangre en Guerrero, abatir la impunidad y democratizar al Estado. La política es armonía, es la posibilidad de vivir dentro de las divergencias; la política es la negación de la violencia.
En consecuencia, podemos concluir que hasta en los altos índices de criminalidad en Guerrero por motivo del orden común y político, se puede concluir que se ha extraviado el valor de la política y por consecuencia el valor de la vida, que es la esencia misma de toda acción y toda actuación política.
Deseo presentar ante esta Secretaría una petición con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando a la Presidencia turne el asunto relativo a la investigación de los hechos en que perdieran la vida violentamente los ciudadanos: Oscar Rivera Leyva, Magdaleno Correa, Cayetano Mendoza y Juan Carlos Mendoza Salgado, a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, para que en el ámbito de sus atribuciones contribuya a dar seguimiento a las investigaciones, a fin de esclarecer los hechos aquí denunciados y presente un informe a este pleno sobre tan lamentables hechos.
Queremos tranquilidad y justicia para Guerrero, para los guerrerenses.
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, para hablar sobre el mismo tema y hasta por 10 minutos.
Con el permiso del señor Presidente y de esta Asamblea:
Estamos enterados que hace unos días, para ser exactos el día domingo 19 de abril del presente año, en el municipio de Atoyac de Alvarez, Guerrero, fue asesinado de un balazo el profesor Oscar Rivera Leyva, militante del Partido de la Revolución Democrática.
Quiero decirles a todos los presentes, que nos sumamos a la pena que embarga a la familia del hoy occiso. También estamos enterados que desde el momento en que se tuvo conocimiento por la autoridad municipal y estatal, se abocaron a la persecución y fueron detenidos dos individuos que responden a los nombres de Antonio Huerta Castillo y Alfonso Juárez Rumbo.
Dichos individuos fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en el municipio de Atoyac de Alvarez. Se inició con la averiguación integrando el testimonio de las personas presentes, como fue el de la esposa del hoy occiso, así como el de la segunda comisaría municipal de Cacalutla, Rosa Loeza Varela y la señora Romana Arciega.
Al comparecer ante el Ministerio Público del Fuero Común para reconocer a los presuntos asesinos, negaron ante esa representación social que los dos detenidos sean los que acribillaron al profesor Oscar Rivera Leyva.
Independientemente de este reconocimiento, se procedió con la prueba pericial correspondiente, resultando negativa para estas personas.
Nosotros como guerrerenses no estamos de acuerdo con ese tipo de ilícitos que llevan luto a las familias de nuestro Estado, pero tampoco estamos de acuerdo con algunas denuncias que han hecho miembros del PRD, como Humberto Zazueta y Laura Itzel Castillo, quienes han señalado que la ola de violencia contra perredistas en Guerrero es promovida por los gobiernos estatal y Federal.
Quiero señalar a todos los presentes y a los medios de comunicación, que el Gobierno Federal y estatal está haciendo un gran esfuerzo por tener a los mejores hombres, impartirles la mejor capacitación, allegarles los medios necesarios para la prevención e impartición de justicia. Hasta cierto punto es comprensible que estos miembros del PRD señalen eso y que se nota que no tienen el más mínimo conocimiento de los avances que en materia de seguridad pública existe en Guerrero; que la atención que da el gobernador al resto de los partidos políticos es igual que al nuestro.
Yo les pido a los diputados del PRD, que sería bueno que investigaran a fondo la actuación de sus militantes, antes de hacer señalamientos que vengan a confundir a la opinión pública y menosprecien la buena actuación del gobierno del Estado de Guerrero.
Señalo lo anterior, porque voy a dar a conocer algunos pequeños antecedentes del hoy occiso: hace seis años participó en el secuestro del señor Cuauhtémoc García, de Cacalutla; no lo digo yo, lo señalan los familiares y la misma persona del señor García. Hace aproximadamente tres años, sujetos desconocidos realizaron varios disparos contra Oscar Rivera Leyva, sin lograr herirlo.
Los ciudadanos de Cacalutla que lo conocieron, mencionan que Rivera Leyva formó parte del Movimiento Guerrillero que encabezó Lucio Cabañas Barrientos; se dedicó al abigeato, delito que se le comprobó en 1993 al ser sorprendido por la policía del Estado cuando tenía dos reses, decomisándole a la vez dos armas de fuego, obteniendo inmediatamente su libertad al identificarse como regidor y dirigente del PRD en Atoyac de Alvarez.
Tenía conocimientos en el manejo de armas y explosivos, debido a que fue instructor del servicio militar obligatorio en la localidad de La Sabana, municipio de Acapulco.
A últimas fechas hay un ambiente raro en las filas del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Guerrero, han sucedido algunos asesinatos de miembros de ese partido, donde las líneas de investigación señalan a mismos militantes del PRD y no lo dice su servidor ni lo estoy inventando. Voy a señalar un caso de estos:
Hace unos cuantos meses, en ciudad Altamirano, municipio de Pungarabato, del cual forma parte mi distrito electoral, asesinaron al secretario general del PRD en este municipio, el señor Antonio Díaz Cervantes. Su esposa, quien fue testigo presencial de los hechos, señaló y dio varios nombres, todos ellos miembros del PRD.
A los pocos días asesinaron otro miembro de este partido político y la investigación señala conexión con el anterior asesinato.
El gobierno de Angel Aguirre está aplicando medidas de seguridad pública en todo el territorio estatal; no hay municipio ajeno a este progreso, sin importarle a nuestro gobernador la militancia partidista. Aunado a eso vamos a señalar los recursos con los que hoy disponen de manera directa los 77 ayuntamientos, con los que podrán reforzar estas acciones de seguridad.
Es difícil, o mejor dicho imposible, que exista un policía por cada habitante y por eso que convoco en estos momentos a la unidad, a la participación de todos los diputados federales de todos los partidos políticos que representamos a nuestro Estado de Guerrero, a que hagamos propuestas constructivas, que nos dejemos de señalar a la ligera, que tengamos confianza en las autoridades correspondientes.
Permítame el orador. Por favor un micrófono al diputado.
| El diputado Alberto López Rosas (desde su curul): |
Si el señor orador me permite una interrogante.
| El Presidente : |
Diputado orador, ¿permite una interrogante al diputado?
| El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero: |
Quiero terminar, señor Presidente.
| El Presidente : |
No la permite el diputado.
| El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero: |
Que nos dejemos de señalar a la ligera, que tengamos confianza en las autoridades correspondientes, que esperemos el resultado de la averiguación y ahora sí, señalar con razón, pero no juzgar sin fundamento.
Estoy de acuerdo, señores, en que en la propuesta que hace el diputado López Rosas, en relación a que se envíe esta información a la Comisión de Derechos Humanos; estamos de acuerdo en eso y que se dé a conocer el resultado de la investigación de los sucesos o de este suceso que lamentamos todos los guerrerenses. No tenemos ningún inconveniente al respecto. Es todo.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Martín Mora Aguirre, hasta por cinco minutos.
Con su permiso, señor Presidente:
Si hubiera una medalla al cinismo, sin duda alguna el diputado que me antecedió ya se la hubiera ganado. Temerarias sus acusaciones cuando acusa a perredistas de matarnos entre nosotros. ¿Cuándo se ha visto esto señores? Los que se matan están dentro del PRI ¿Acaso no fueron los mismos que mataron a Colosio?
Admiradores involuntarios del poeta tabasqueño José Gorostiza, los grupos de interés guerrerenses han querido encarnar en la sociedad suriana su obra máxima, sometiéndola a una interminable muerte sin fin.
El asesinato artero el pasado 19 de abril del dirigente perredista Oscar Rivera, es un eslabón más de esta cadena de terror que día a día se cierra sobre la ciudadanía guerrerense. Pero no es todo: el pasado 25 de abril asesinaron policías preventivos del municipio de Arcelia al dirigente perredista de Teloloapan, Cayetano Mendoza Rodríguez y a su hijo, un joven de 17 años, de nombre José Carlos Mendoza Salgado, a quienes asesinaron por la espalda y con saña indescriptible. Al joven de 17 años le dieron 18 balazos calibre M-l y a su padre, Cayetano Mendoza Rodríguez 14 balazos del mismo calibre. Los policías asesinos están, como dice el señor diputado que me antecedió, cuidando el ayuntamiento, porque se creen muy dignos todavía de cuidar el ayuntamiento.
Funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero y algunos diputados del PRI han salido en defensa de la policía municipal, de ese tamaño, señores diputados, es la impunidad en Guerrero.
La estrategia es clara, irnos acostumbrando de tal manera a los asesinatos para hacerlos parte de nuestra cotidianidad y con ello insensibilizar a la ciudadanía. Poco a poco lo van logrando, hoy ya no se cuidan ni siquiera se esconden para asestar sus golpes mortales. A Oscar Rivera lo asesinaron en público en el mismo lugar que hace apenas cinco meses fue ultimado Silverio García, otro dirigente perredista. Lo hicieron después de sus fuertes intervenciones en un foro en donde solicitó a los diputados presentes definir su postura en torno al reclamo de castigo, justicia y fin a la impunidad de los casos de Aguas Blancas y el intento de homicidio de Mario Valdés y acerca de los desplazados de Cucuyache, Aguafría y El Quemado.
El asesinato de Rivera, de Calletano Mendoza y su hijo José Carlos, son un mensaje claro de las fuerzas más oscuras sobre lo que puede pasar a quienes se atrevan a levantar la voz en contra de los represores del pueblo Guerrerense. Estos asesinatos ocurren después de la publicación del pasado viernes de un violento desplegado del PRI, que por su nivel de confrontación fue, incluso, criticado por algunos priístas. Con estas acciones sólo se envenena el ambiente y se alienta a los grupos violentos irresponsablemente.
La estrategia de quienes plantean esta represión sistemática es clara: pegarle a los cuadros medios, la columna vertebral del PRD. Ni muy bajo para que no se pierda el mensaje ni muy arriba para evitar el escándalo, sino justo en la mitad para desarticular al PRD y sembrar una atmósfera de terror en la sociedad. Es claro que una estrategia como ésta sólo se puede operar desde las altas esferas del Gobierno.
Así pues, yo acuso al Gobierno estatal al menos de su incapacidad para desarticular esta red criminal que desde hace años mantiene asolada a la sociedad guerrerense, cobijada por la impunidad que le proporcionan sus padrinos incrustados en el aparato gubernamental.
Hago un llamado a las ONG, a los intelectuales periodistas democráticos, a dirigir su mirada a Guerrero para detener este baño de sangre mediante el cual se quiere debilitar al pueblo guerrerense para que llegue al proceso electoral sin fuerzas para imponerse al régimen actual.
Lo anterior se agrega al cáncer de la corrupción que corroe las entrañas del Estado guerrerense, ejemplo de lo cual es el caso de Tlalchapa, donde un pueblo combativo lleva seis meses luchando con las pruebas en la mano para que le hagan justicia, estrellándose sus demandas con la cerrazón y la complicidad de las autoridades estatales, seguramente beneficiadas por esta corrupción.
Gracias.
| El Presidente : |
Tiene la palabra, para contestar alusiones personales, el diputado Cuauhtémoc.
Con su permiso.
Cínico usted y usted sabe por qué me lo refiero.
Quiero decirles...
Pido en estos momentos al señor Presidente, instruya a la Secretaría para que se dé lectura al artículo 107 del Reglamento.
| El Presidente : |
Por favor interrumpan el tiempo y solicito a la Secretaría se lea el artículo solicitado.
| El secretario Francisco Antonio Ordaz Hernández: |
Por instrucciones de la Presidencia, damos lectura al artículo 107 del Reglamento Interno.
"No podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones, pero en caso de injurias o calumnias, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión cuando el orador haya terminado su discurso o en otra que se celebre en día inmediato, el Presidente instará al ofensor a que la retire o satisfaga al ofendido. Si aquél no lo hiciere así, el Presidente mandará que las expresiones que hayan causado la ofensa se autoricen por la Secretaría, insertando éstas en un acta especial para proceder a lo que hubiere lugar." Se ha obsequiado la petición del señor diputado.
| El Presidente : |
Gracias, señor Secretario.
| El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero: |
En este caso, señor Presidente, pido le indique al diputado Martín Mora retire esas injurias que hizo contra nuestro partido, porque en nuestro partido no hay asesinos.
De no ser así, señor, le pediría... Le pido, señor Presidente, ordene a esta Asamblea que guarden respeto a su servidor.
Asimismo, señor, le pido le pida al señor diputado retire estas injurias o, en su caso, se nos expida copia certificada de lo señalado, para que nuestra fracción parlamentaria proceda conforme a derecho.
| El Presidente : |
Un micrófono al diputado López.
| El diputado Alberto López Rosas (desde su curul): |
El señor orador pidió el uso de la palabra para contestar alusiones personales, y está tratando un asunto ajeno a la alusión personal por el cual se le concedió el uso de la palabra. Llámelo al orden, señor Presidente.
| El Presidente : |
Diputado López, es derecho de los diputados, y está consignado, por eso esta Presidencia solicita al diputado Martín Mora retirar las palabras que en el concepto del diputado Cuauhtémoc han sido ofensivas en su intervención.
¿Esta Presidencia le pregunta al diputado Mora si es su deseo retirarlas?
| El diputado Martín Mora Aguirre (desde su curul): |
Yo hablé de un premio si existiera. Hablé de que si existiera una medalla al cinismo yo en ningún momento hablé ni le dije directamente a él esa expresión que, en su caso, él si me lo dijo a mí, que si se puso el saco, es problema de él.
| El Presidente : |
¿Diputado, desea retirarlas o no desea retirarlas?
| El diputado Martín Mora Aguirre (desde su curul): |
Estoy dándole una explicación a usted, señor Presidente.
| El Presidente : |
Precisamente, por eso le estamos solicitando respuesta.
| El diputado Martín Mora Aguirre (desde su curul): |
No hay nada que retirar, porque no he dicho nada.
| El Presidente : |
Por favor, un micrófono al diputado Eduardo Bernal.
| El diputado Eduardo Guadalupe Bernal Martínez (desde su curul): |
Señor Presidente, lo único que queremos es que quede certificado. El señor dijo que los asesinos de Colosio se encuentran dentro del PRI. Lo único que queremos es que si retira lo que señaló en tribuna o que se expida acta certificada, como lo señala el artículo 107. Eso es todo, es lo único que pedimos, señor Presidente, si ratifica esas palabras o las retira.
| El Presidente : |
Un micrófono a la diputada Dalia Gastelum.
| La diputada Martha Dalia Gastelum Valenzuela (desde su curul): |
Señor Presidente, quiero hacerle una moción, porque el compañero diputado que está en el uso de la palabra, mandó a leer el Reglamento, que establece que se retire la injuria a una autoridad. El PRI no es autoridad, señor, así que eso no procede.
| El Presidente : |
Un micrófono al diputado Victorio Montalvo.
| El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (desde su curul): |
Señor Presidente, la intervención del diputado que está en la tribuna, inició acusando al diputado Martín Mora de "cínico", en todo caso, también el grupo parlamentario solicitaría que retirara la injuria del diputado.
| El Presidente : |
Diputado Martín, esta Presidencia solicita a todos los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, guardar compostura y permitir el desarrollo de esta Asamblea.
Por favor, diputado, haremos también la pregunta al diputado Cuauhtémoc, pero en el orden que fueron presentadas las solicitudes, yo quisiera preguntarle al diputado Mora si está dispuesto a retirar las palabras en cuanto a la aseveración... Permítame diputada. Es una pregunta que se le está haciendo de parte de la Presidencia.
| El diputado Martín Mora Aguirre (desde su curul). |
No entendía su pregunta, señor Presidente, soy medio tonto.
| El Presidente : |
Si está usted dispuesto, diputado, a retirar su aseveración en el sentido de que en el PRI están los asesinos del licenciado Colosio. Esa es la solicitud.
| El diputado Martín Mora Aguirre (desde su curul): |
¿De qué partido era Muñoz Rocha, señor Presidente?
| El Presidente : |
No lo sé, señor diputado, simple y sencillamente estoy dando trámite.
| El diputado Martín Mora Aguirre (desde su curul): |
¿De qué partido es Salinas de Gortari, señor Presidente?
| El Presidente : |
Estoy dando trámite.
| El diputado Martín Mora Aguirre (desde su curul): |
Esto lo dice el pueblo y yo lo afirmo porque lo dice el pueblo.
| El Presidente : |
¿No está dispuesto a...
| El diputado Martín Mora Aguirre (desde su curul): |
Está en una línea de investigación y mientras no se aclare.
| El Presidente : |
Aducimos que no está dispuesto a retirarlas por tanto solicitamos a la Secretaría se consigne en acta especial.
Esta Presidencia pregunta también al diputado Cuauhtémoc Salgado, si está dispuesto a retirar lo que para el diputado Mora constituye una ofensa, al señalarlo como cínico.
| El Presidente : |
En ningún momento.
| El Presidente : |
No está. Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que se consigne el acta especial. Siga por favor el orador con su intervención.
| El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero: |
En este caso, continuando, ha habido contradicciones entre diferentes miembros del Partido de la Revolución Democrática. A los pocos días en que sucedieron estos hechos en Atoyac, la diputada María de la Luz Núñez Ramos, señalaba que no era un asunto político la muerte de este militante.
Hoy, el diputado López Rosas al igual que el diputado Martín Mora, señalan lo contrario, aquí se ven contradicciones hasta en los mismos miembros de este partido político, y si hace un momento señalé lo que sucedió en Ciudad Altamirano, lo que le sucedió al secretario general en ese entonces, Antonio Díaz Cervantes, fue porque su esposa, quien fue testigo presencial de los hechos, ella al momento de rendir su declaración ante la autoridad competente dio nombres, nombres de militantes del PRD.
Y reitero, no lo estoy inventando yo, hay constancias al respecto en la agencia del Ministerio Público de Coyuca de Catalán.
No es justo que el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno del Estado, reitero, y el del Gobierno Federal se vea menospreciado por los militantes del PRD. Son gobierno en varios municipios del Estado de Guerrero, y ustedes han visto principalmente de la atención que el gobernador Angel Aguirre les está dando a todos, de que cuando llega en gira reparte recursos, de que hay reuniones de manera constante con todos los presidentes municipales. Eso es muestra de la civilidad política, ésa es muestra de la pluralidad que hay en nuestro Estado de Guerrero. He dicho señor Presidente.
| El Presidente : |
Tiene la palabra la diputada María Verónica Muñoz Parra, hasta por cinco minutos y para referirse al mismo tema.
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros de partido:
A través del tiempo hemos aprendido a convivir con personas que calumnia, que difama, que distorsiona la imagen de un ser humano. Por eso no estoy de acuerdo con todas estas aseveraciones que se han hecho en torno a mi partido.
Vengo a esta tribuna a expresar nuestra solidaridad a la pena que hoy embarga a la familia Rivera Leyva.
La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, expresa su más profundo repudio al crimen artero del que fuera objeto el líder del PRD en el municipio de Atoyac de Alvarez, el profesor Oscar Rivera Leyva, el pasado domingo nueve del presente mes.
Lamentamos que se haya producido este hecho de violencia contra un militante de un partido político, del PRD. Por lo tanto nosotros demandamos justicia, castigo y exigimos que se esclarezcan los motivos del asesinato.
Hechos como éste nos lastiman a los mexicanos y especialmente a los guerrerenses. Y no se justifica la muerte de un ser humano, de esta forma.
Pero tampoco compartimos la idea de que en el Estado de Guerrero se esté viviendo una campaña de represión en contra del Partido de la Revolución Democrática y que se fomente la impunidad en las acciones de este tipo de delitos.
Sobre lo anterior, bástese decir que fueron aprehendidos dos personas que responden a los nombres de Antonio Huerta Castillo y Alfonso Juárez Rumbo, originarios y vecinos de la comunidad del Ticuí, como sospechosos de haber cometido el asesinato en comento, quienes fueron sometidos a investigaciones por las autoridades judiciales competentes. Pero fueron puestos en libertad, es cierto, pero por la falta de elementos que los responsabilizaran, como la prueba de Harrison y la propia declaración de la esposa, que acompañaba al hoy occiso, así como de la segunda comisaría municipal de Cacalutla, Rosa Loeza Varela y la señora Romana Arciénega, que al comparecer ante el Ministerio Público del Fuero Común para reconocer a los presuntos asesinos, negaron ante esa representación social, que los dos detenidos sean los que acribillaron al profesor Oscar Rivera Leyva.
También cabe señalar que no han sido únicamente militantes del PRD quienes han sucumbido en medio de la violencia, que desafortunadamente aún prevalece en algunas regiones de la entidad guerrerense y que tienen causas profundas de carácter estructural y que se reflejan en el aspecto social, frente a las cuales el Gobierno de la República y el gobierno del Estado de Guerrero, han realizado grandes esfuerzos para combatir la marginación y pobreza que ha caracterizado a nuestro Estado, y que se ha visto reflejado en la inversión de programas sociales que tienen como propósito fundamental, mejorar el nivel de vida de los guerrerenses más marginados.
Reconocemos todos que el problema de la inseguridad sigue siendo un cáncer que nos lacera todos los días a la sociedad guerrerense. Pero también hay que reconocer que el gobernador Angel Aguirre Rivero, ha mostrado voluntad política para gobernar y para buscar las mejores alternativas de solución a esos problemas. Como muestra de ello, se han intensificado las acciones en el combate a la inseguridad pública, dotándose de mejor equipo y capacitación a las corporaciones policiacas, así como de mejores salarios y prestaciones económicas en todos los municipios del Estado, incluyendo a los propios municipios del Partido de la Revolución Democrática.
Se acusa al gobierno de Aguirre Rivero de intolerante y represor, resultando curioso que nuestra propia compañera diputada del PRD, María de la Luz Núñez Ramos, en declaraciones a los medios de comunicación, descartó ella misma, que el crimen del dirigente de su partido en Atoyac, haya sido por motivos políticos, manifestando ella misma su preocupación porque dichos sucesos pueden enrarecer el clima preelectoral del Estado, cosa que nosotros también compartimos totalmente.
También debe de recordarse que los resultados electorales de las jornadas oficiales de los procesos locales y federales últimos, han dado como resultado un avance favorable al PRD, siendo procesos electorales transparentes y democráticos, sin que se haya producido conflictos poselectorales y sí en cambio se han observado actitudes democráticas y respetuosas del gobernador del Estado e incluso los propios funcionarios municipales del PRD han expresado en diversas ocasiones, el reconocimiento al trato respetuoso del que han sido por parte del Ejecutivo del Estado.
Los priístas guerrerenses somos los primeros en exigir el pronto esclarecimiento de este crimen y confiamos en que se investigue en el marco de la ley a los asesinos materiales e intelectuales, si los hubiera.
Asimismo confiamos en la prevalencia del estado de derecho y en que la lucha política se mantenga en el plano civilizado que merecen los guerrerenses y logremos con eso la participación de todas las fuerzas políticas y la acción ciudadana y dejar atrás esta leyenda negra de la violencia política en nuestro Estado que demandan un clima de paz y un convivencia social constructiva para lograr alcanzar todos juntos mejores niveles de progreso.
Muchas gracias, compañeros.
| El Presidente : |
Tiene la palabra la diputada María de la Luz Núñez Ramos, para contestar alusiones personales.
Compañeras diputadas y diputados:
Estas discusión inútil hubiera podido evitarse. El día de ayer el gobernador sustituto del Estado de Guerrero, invitó al grupo parlamentario del PRD a dialogar. Aceptamos, a pesar de que fui la única que no aceptaba ese diálogo, sin embargo, ya encaminados, nos hablaron que esta reunión quedaba cancelada.
Quienes tienen que retirar las injurias a la memoria de un difunto que ya no se puede defender, serían otros. El profesor Oscar Rivera Leyva, militante del PRD y conocido dirigente social en Atoyac, no se suicidó, fue asesinado de dos balazos en la nuca y exigimos una investigación a fondo. Pedimos que se esclarezca este crimen.
Consideramos que todos los asesinatos que se han realizado en esta región y en otras del Estado, tienen claro tinte político en Atoyac, y aquí está la prueba del periódico en donde dice: "María de la Luz Núñez, dice: crimen político", no como lo están diciendo los compañeros del PRI.
Este crimen pues, tiene tinte político. En Atoyac el grado de militarización es alarmante, los militares que deben vivir en su cuartel, sabemos que muchos de ellos viven en casas habitación entre la población. El general Juan Oropeza Garnica, de la 27 zona militar declaró: "que la prueba de Harrison en este asesinato salió negativa". ¿cómo lo determinó si en Atoyac, no hay laboratorio ni condiciones para ello? ¿Fue acaso a larga distancia?, y eso fue suficiente para liberar a los presuntos asesinos Antonio Huerta Castillo, que se le olvidó decir al diputado Cuauhtémoc Salgado, que es militar en activo y Alfonso Juárez, informante de la Sedena.
Los altos mandos militares presionaron para liberar a los presuntos asesinos. Lo que pasa en Guerrero, compañeros, es que el gobierno ha declarado una guerra abierta del EPR, por lo que pensamos que son ejecuciones producto de una contrainsurgencia, a quienes reiteradamente se les involucra y calumnia como miembros del EPR y sin embargo, todas las muertes han sido de dirigentes del Partido de la Revolución Democrática o luchadores so-ciales.
Sabemos que en Guerrero diariamente se llevan a cabo operativos conjuntos entre el Éjército y la policía judicial. Estas acciones están convirtiendo a Atoyac, virtualmente en un campo de batalla.
En 1993 cuando asumí la presidencia municipal de Atoyac de Alvarez y me enteré del retiro del 49 batallón, pedimos a quien en su momento era el Presidente de la República, no lo hiciera. Sin embargo, retiraron al batallón y en cambio, en el antiguo cuartel, instalaron una escuela de policía y actualmente es también cuartel de la PGR.
Posteriormente las instalaciones de lo que era la única agroindustria que existía en Atoyac, el Instituto Mexicano del Café, fue cedido a los militares para instalar su cuartel general.
En Atoyac, han quedado en la impunidad decenas de asesinatos, sólo de diciembre a la fecha llevamos más de dos, sin olvidar el atentado y las amenazas a Mario Valdés Lucena, dirigente estatal del PRD, Guilebaldo Rojas Arellano, Secundino Catarino Crispín y Cornelio Barrientos, todos ellos dirigentes y militantes del PRD.
En Guerrero, la impunidad se premia y el ejemplo más claro es el nombramiento como coordinador de la judicial estatal en la Costa Grande, Epifanio Hernández, pistolero reconocido desde la época de Raúl Caballero Aburto. Al gobierno de Guerrero le da por fabricar delitos y colgárselos a militantes del PRD.
Los que hacemos política en Guerrero pedimos a la Secretaría de Gobernación garantías; pedimos también que el caso del profesor Oscar Leyva, por las características tan verídicas de los presuntos asesinos, se atraiga a la PGR. Pedimos a los 500 diputados de esta LVII Legislatura su solidaridad a nuestras peticiones de justicia, de alto a la impunidad, alto a la masacre que, a cuenta gotas, se realiza en Guerrero.
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Tiene la palabra, la diputada María Victoria Peñaloza Izazaga.
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo vengo a decirles a ustedes que nos pongamos en el estado en que estamos los guerrerenses; que no veamos camisetas de partido, sino que veamos las vidas que se van segando por cuestiones partidistas.
Aquí se quiere decir o se dice más bien que no son muertes políticas. Que nos lo cuenten a nosotros, los que vivimos en la Costa Grande y en todo el Estado de Guerrero. Se dice que Zazueta y Laura no saben lo que se vive en Guerrero. Quizá no lo han vivido. Pero ¿quién no sabe de qué manera el gobierno actual y el anterior y los que han pasado tratan de parar a la militancia del PRD desde 1989?
¿Quién no sabe de qué manera se intimida? En Chiapas se mata a montones; en Guerrero de a uno por uno, porque es fácil decir "son cuestiones personales; fueron pleitos de cantina; fueron problemas que se buscó el occiso", como hoy se dice, que era un delincuente y que además era un secuestrador. Yo quisiera decirles que me digan aquí si Magdaleno Correa, ex presidente de Coahuayutla, era delincuente. Sin embargo, sí podemos decir, compañeras diputadas y compañeros diputados, que en los gobiernos del PRI, y lo podemos señalar, hay delincuentes; hay delincuentes que por temor a perder la vida no se denuncian. Si de por sí, por simplemente no coincidir en ideas políticas ya carga la muerte en la espalda del compañero, pues ahora denunciando a un delincuente.
Y ¿qué es lo que hace nuestro Gobierno? Los premian, compañeros; los cambian de un lugar a otro. ¿Dónde está el ex comandante de antisecuestros de Morelos? Está premiado con un cargo en el puerto de Zihuatanejo. Así es como se castiga, compañeros, y como se hace justicia en Guerrero.
Pero no se muera uno del PRD porque entonces le encuentran todos los delitos. ¿Por qué no vivo? Ya muerto no se puede defender. Así es como se hace justicia en nuestro Estado.
Curiosamente, a aquellos asesinos que logran capturar en los momentos de los hechos, suelen ser ex policias o policías activos y, lo más triste hoy, que son militares activos. ¿Cómo es posible, compañeros, que hoy se cuida uno más de la policía y del militar en nuestro Estado?
Y curiosamente se dan más las muertes cuando están los procesos electorales. No basta, compañeros, que el día de mañana se guarde un minuto de silencio por un compañero o se le lleve una ofrenda floral. Juntos busquemos parar esta ola de asesinatos en el Estado de Guerrero, al igual que en otros. Ustedes lo irán viendo, ojalá que no sea así, pero entre más se acerque febrero de 1999 verán lo que pasa y lo que ha pasado.
¡Yo les pido que no solapemos en esta Cámara el cinismo de los gobernantes corruptos que tenemos en Guerrero! ¡Si el gobernador Angel Aguirre en verdad quisiera justicia, en verdad la tiene en sus manos! Sin embargo no puede ir en contra de los mismos, porque casualmente los que hacen esas injusticias y asesinatos son de su línea.
Entonces solamente me resta pedirles, compañeros, que no cerremos los ojos ante la gravedad que existe en Guerrero. Ha habido muchos muertos, en Guerrero no se respeta ni a las mujeres, tenemos el caso muy palpable de la compañera doctora Martha Morales, del municipio de Tecpan, y como ella pudiera enumerarles un sinfín de nombres de compañeros que han quedado por tratar de cambiar las cosas en Guerrero y en nuestro México.
¡No nos ceguemos, compañeros, esto es asunto de todos! Hoy lo estamos viviendo en Guerrero, lo estamos viviendo en otros estados, tratemos de manera unida parar esta situación.
Tiempo, compañeros. Gracias. ¡Y que no se solape el cinismo de los que vienen a defender a sus gobernantes en esta tribuna, porque para eso les pagan, porque no traen compromiso con el pueblo.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Vicente Fuentes Díaz, para hablar hasta por cinco minutos sobre el mismo tema...
¿Declina?..
Entonces tiene la palabra la diputada Verónica Muñoz Parra, para rectificación de hechos e inmediatamente después el diputado López.
Con su permiso, señor Presidente:
Yo únicamente quiero fundamentar lo expresado anteriormente en mi participación. Las declaraciones que ha hecho la compañera las tengo fundamentadas en los siguientes documentos:
En el periódico El Universal, el jueves 23 de abril de 1998, donde se declara: "por su parte la diputada federal por el PRD, María de la Luz Núñez Ramos, señaló que los presuntos asesinos que se encontraban en investigación no eran priístas. Por lo tanto, no se podía calificar el caso como político". Aquí tengo la copia del periódico donde yo obtuve esta información.
También tengo otro documento de unas declaraciones de prensa donde la diputada federal del PRD, María de la Luz Núñez Ramos, al ser entrevistada por la estación XLI, en el programa Micrófono Abierto, que se transmite a las 14:00 horas, negó rotundamente que el asesinato del ex militar del sol azteca en Atoyac, Oscar Rivera Leyva, sea un conflicto entre PRI y PRD y agregó "que los presuntos asesinos son Antonio Huerta Castillo y Alfonso Juárez Rubio, miembros del Ejército mexicano". Yo tengo aquí las pruebas de lo que he afirmado en mi participación.
Finalmente, compañeras y compañeros, nosotros los priístas estamos de acuerdo que se turne a la Comisión de Derechos Humanos y que se investigue este penoso asesinato.
Muchas gracias.
| El Presidente : |
A ver, por favor un micrófono a la diputada.
| La diputada María de la Luz Núñez Ramos (desde su curul): |
Yo lo único que quiero señalar, y todos lo sabemos, las declaraciones yo las tengo aquí; las cabezas de periódico las paga el gobierno del Estado.
Lo que yo dije fue esto: "que a menos que al Ejército lo mandara el PRI, pensaría yo que fue un crimen cometido por los priístas". En ningún momento dije yo que el PRI asesinó. Yo dije que fueron un soldado en activo y que fue también un informante de la Sedena, y aquí tengo yo también las pruebas.
| El Presidente : |
Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Alberto López Rosas, para rectificación de hechos.
Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que al término de la intervención del diputado López Rosas, pregunte a la Asamblea si considera suficientemente discutido este tema, que fue inscrito como deliberativo.
Gracias, señor Presidente; compañeros diputados:
Estamos hablando del valor más supremo que existe en nuestro medio, que es la vida. No queremos hablar con ligereza, pero quiero entregar con todo fundamento a esta Secretaría una lista que va de marzo 17 de 1997 a abril 20 de 1998, en la que se relacionan 20 homicidios en el Estado de Guerrero, 20 homicidios, todos relacionados con el Partido de la Revolución Democrática. Las bajas son miembros o simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática. Si esto no es alarmante, ¿entonces qué nos podrá preocupar en nuestro estado y en nuestro país? Si no se salvaguarda la vida ¿por qué luchamos? ¿Para qué luchamos? ¿En qué nos esforzamos si no pretendemos resguardar lo más valioso, que es la vida? Eso es lo importante que debemos valorar en este recinto.
Dejo en la Secretaría esta lista y quiero decirles que ninguno de estos homicidios ha sido esclarecidos. Todo ha sido promesas, todo ha sido justificación del exceso de trabajo y en ninguno se ha detenido a los responsables. Esto es lo preocupante.
Quiero decirles también en relación a la puesta en libertad de los presuntos homicidas del profesor que fue ultimado el 19 de abril, que fueron detenidas estas personas casi inmediatamente después de haberse cometido el ilícito, y si se señala oficialmente que la prueba de Harrison resultó negativa, nada nos puede confortar.
También en la matanza de Aguas Blancas las pruebas de Harrison resultaron negativas y también se justificó hechos totalmente trastocados de que los occisos habían disparado. Eso, señores, no nos da ninguna garantía de certeza, de imparcialidad en las investigaciones por parte de las autoridades del Estado de Guerrero.
Quiero dejar la inquietud, compañeros diputados: Si no preservamos y salvaguardamos la vida, ¿para qué luchamos?
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Proceda la Secretaría.
| El secretario Trinidad Escobedo Aguilar: |
Por instrucciones...
| El Presidente : |
Permítame, diputado.
Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado e inmediatamente después...
A ver, un micrófono a la diputada Lenia Batres.
| La diputada Lenia Batres Guadarrama (desde su curul): |
Señor Presidente:
Usted antes de la intervención del último orador dijo que sometería a la consideración de esta plenaria si el punto estaba suficientemente discutido. Le solicito que nos pregunte antes de dar el turno a quien usted está decidiendo.
| El Presidente : |
Diputada, ha sido acuerdo de la directiva no solamente en esta sesión sino en todas las que hemos desarrollado en este periodo, la intención de que los señores diputados puedan discutir ampliamente lo que corresponda a su trabajo legislativo.
Si ustedes están de acuerdo, daríamos el turno al diputado y asimismo daríamos también el turno al otro orador e inmediatamente después ya someteríamos a la consideración de la Asamblea.
|
El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (desde su curul): |
eñor Presidente, respetuosamente le indico que usted comete un error al adelantar el hecho de que esté suficientemente discutido un tema. Yo le solicitaría que no anuncie que va a solicitar el que se vote si está suficientemente discutido, cuando evidentemente los grupos parlamentarios desean hacer uso de la tribuna.
| El Presidente : |
Se ha dado ya el turno al diputado. Por favor diputado, haga uso de la palabra.
Compañeras y compañeros diputados:
Les ofrezco ser muy breve. No es la primera ocasión en que se ocupa esta tribuna para discutir o para denunciar hechos de violencia en Guerrero, aquí se han vertido en múltiples ocasiones los puntos de vista sobre determinados asuntos y que sostienen los distintos partidos políticos aquí representados.
El PRD reitera su denuncia de que la violencia en Guerrero la promueve el Gobierno, los priístas también reiteradamente hemos venido a señalar que no es cierto, que eso sucede aquí en el Estado de Guerrero. Hemos dicho que la realidad es que Guerrero enfrenta profundos problemas de pobreza, de marginación y que de ahí realmente se derivan los problemas de violencia.
Aquí se ha venido a señalar nombres y listas de perredistas asesinados, también de parte nuestra hemos señalado nombres de priístas asesinados y finalmente todos hemos concluido en que rechazamos la violencia, en que no construye las condiciones para el desarrollo de Guerrero, en que es necesario que asumamos todos una actitud positiva y constructiva. Yo vengo de nueva cuenta a plantear esta convocatoria.
Aquí decía la diputada María de la Luz que quizá esta discusión no se hubiese dado si se hubiese realizado un encuentro que se tenía planeado ayer con el gobernador de Guerrero, lo que muestra que hay voluntad de dialogar del Gobierno y de todas las partes, porque muchas veces han dialogado compañeros, y a ustedes les consta, yo vengo a pedirles la reflexión, que busquemos los caminos que realmente construyan condiciones para abatir el problema de violencia en Guerrero y que nos mantengan finalmente a todos en condiciones de dialogar y de que las instancias encargadas de impartir la justicia en Guerrero puedan actuar y que esta Cámara de Diputados y particularmente la Comisión de Derechos Humanos, como el PRD lo plantea, y nosotros también, pueda dar seguimiento a las acciones de las instancias de impartir justicia en Guerrero.
Muchas gracias.
Dejo a la Secretaría una lista de muertos, asesinados con violencia en Guerrero, militantes del Partido Revolucionario Institucional.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Pioquinto Damián Huato, hasta por cinco minutos.
Con su permiso, señor Presidente; compañeras, compañeros diputados:
Cuando escuchamos hablar a los diputados priístas sobre las condiciones que vive el Estado de Guerrero, según ellos de progreso, de diálogo, de concertación, nos entra la duda y pensamos que seguramente están hablando de otro Estado que no es Guerrero y cuando hablan de un gobernador concertador, de un gobernador de diálogo y de un gobernador que apoya y que dialoga con todas las fuerzas políticas de Guerrero, seguramente estarán hablando de otro pero no del de Guerrero, no de Angel Aguirre Rivero.
Nos dicen que en Guerrero hay un ambiente de progreso y de entendimiento, que hay un ambiente de seguridad, que hay un ambiente en donde se busca privilegiar la negociación; absolutamente falso, nada de lo que se afirma es cierto. En Guerrero existe un ambiente de inseguridad pública, de inseguridad publica en donde al año se cometen más de 150 mil delitos, en donde cinco guerrerenses por cada 100 son objeto de algún atentado a su patrimonio o a su persona.
Estamos hablando de un Estado en donde los principales promotores de la violencia son los cuerpos policiacos, estamos hablando de un Estado en donde hay más de 60 perredistas muertos en solo dos años de gobierno de Angel Aguirre Rivero; estamos hablando de un Estado en donde estamos en el primer lugar en subdesarrollo social y en el último del desarrollo social; estamos hablando de un Estado donde la persecución a los contrarios es encarnizada, estamos hablando amigas y amigos diputados, de un Estado en donde no hay diálogo con los partidos de oposición; no hay diálogo porque el gobernador se ha negado permanentemente a sostener un diálogo con los partidos de oposición y principalmente con el Partido de la Revolución Democrática, por eso no se asistió al informe de gobierno, para no avalar un informe que pretendía ser faraónico y darse el aire...
| El Presidente : |
Permítame el orador; permítame, señor diputado.
Por favor un micrófono al diputado.
Detengan el reloj.
| El diputado Salvio Herrera Lozano (desde su curul): |
Quiero preguntarle al ex priísta, hoy diputado Pioquinto Damián Huato, si me permite una pregunta.
| El Presidente : |
Diputado orador, ¿permite la pregunta?
| El diputado Pioquinto Damián Huato: |
Adelante, adelante.
| El Presidente : |
Adelante, diputado.
| El diputado Salvio Herrera Lozano (desde su curul): |
Eso que usted dice, quiero preguntarle si ahora, si hace un año que usted era secretario general del PRI y un destacado ex secretario de Educación Pública, ¿qué hizo para evitar este tipo de problemas cuando formaba parte del gobierno del Estado?
| El diputado Pioquinto Damián Huato: |
Como no, compañero.
| El Presidente : |
Señor diputado, al término de su respuesta, infórmelo a la Presidencia para dar instrucciones y siga corriendo el tiempo.
| El diputado Pioquinto Damián Huato: |
Claro que sí. Muchas gracias, señor Presidente:
Desde luego que sí, compañero Salvio Herrera Lozano, y le consta a usted como diputado y como miembro prominente del PRI, cuál fue mi actitud; mi actitud fue siempre de denuncia, mi actitud fue siempre de sumarme a las causas del pueblo y de la sociedad, mi actitud fue siempre al lado del pueblo de Guerrero, tanto fue así que cuando fui diputado mis propios compañeros priístas me desaforaron por hablar con la verdad y por defender las causas del pueblo.
Gracias, señor Presidente.
| El Presidente : |
Continúe con su intervención, diputado.
| El diputado Pioquinto Damián Huato: |
Muy bien. Estamos hablando, decía, de que en Guerrero está roto el diálogo; lamentamos esta situación.
El día de ayer nos invitaron a dialogar con el gobernador y habíamos aceptado para dar muestras de buena fe, para dar muestras de que el Partido de la Revolución Democrática es un partido que quiere el diálogo y que busca la transición a través de la vía democrática. Desafortunadamente, como a ustedes les consta, se quedó cancelada esta reunión de última hora; otra forma grosera de manejar las cosas.
Sabemos muy bien que Guerrero y que los priístas de Guerrero tienen mucho miedo, tienen miedo de que el Partido de la Revolución Democrática gane el próximo proceso electoral y tienen muy justificado su temor, estamos seguros de que el pueblo de Guerrero sabrá elegir la opción más democrática en el próximo proceso electoral.
Muchas gracias.
Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, relacionado con el punto de acuerdo para que las comisiones de Agricultura y Comercio se reúnan con las autoridades que designe el Ejecutivo con el propósito de evaluar y estudiar los resultados que arroja el decreto cañero de 1991.
| El diputado Víctor Alejandro Vázquez Cuevas: |
Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores legisladores:
El motivo por el cual he solicitado hacer uso de esta tribuna, tiene la finalidad de solicitar la evaluación del decreto cañero vigente de 1991 a la fecha. Pongo a su consideración los siguientes
ANTECEDENTES
En primer lugar, desde luego que el tema que nos ocupa, es un tema de tipo nacional, ya que en nuestra patria existen 62 ingenios en prácticamente la mitad de las entidades federativas.
Durante la década de los años sesentas, se dio una época del auge para la industria azucarera; en los siguientes 10 años su ritmo de crecimiento se redujo, ya que se hizo palpable la obsolescencia del equipo, el envejecimiento del campo cañero y la poca capacidad financiera de los ingenios, de tal manera que sobrevino la quiebra de un gran número de ingenios al finalizar la década.
En la siguiente década, es decir, la de los años setenta, el sector privado era propietario del 75% de los ingenios y la comercialización estaba a cargo del monopolio privado UNPASA; para la siguiente década, el Estado llegó a ser dueño hasta del 80% de los ingenios, por tanto tenía el control de prácticamente toda la producción azucarera.
En 1983, el Estado crea Azúcar, S.A., con objeto de coordinar el desarrollo de la industria azucarera nacional y así controla la operación de los ingenios como paraestatales y comercializa los productos y subproductos de la industria.
Azúcar, S.A., absorbía tanto los costos financieros como los de almacenamiento que implicaban conservar la producción de azúcar durante la zafra y distribuirla durante todo el año.
Al absorber los ingenios en quiebra, el Estado no puso en marcha un programa que obligara a corregir los factores de crisis, además, un régimen obsoleto de tenencia de la tierra, el fuerte peso de financiamientos y subsidios que en muy pocas ocasiones alcanzaban los objetivos para los cuales habían sido creados. Sin embargo, la reforma agraria de 1946 establece límites a la pequeña propiedad y a la inclusión de una dotación mínima de 10 hectáreas para la figura ejidal; esto rompió la estructura existente en la industria. Desde entonces cobraron primordial relevancia en el cultivo de la caña la figura del ejido y en menor grado la pequeña propiedad, cuya extensión para 1985 era de 4.47 hectáreas y de 4.65 respectivamente.
En resumen, hay problemas que derivan por el modo de propiedad de la tierra y de esas escalas de producción. También es el reducido tamaño de la parcela una importante causa de la poca productividad del campo.
La reforma del artículo 27 constitucional, del 1o. de noviembre de 1991, que hace posible la venta, el arrendamiento o agrupación de las tierras ejidales de acuerdo a los niveles de sus tenedores, descubre un amplio horizonte de posibilidades que es muy probable que propicie una eficiente tenencia de la tierra.
El decreto cañero de abril de 1944 obliga a los agricultores, cuyas tierras estén dentro de las zonas de abastecimiento, a producir caña y al ingenio a adquirirla. El decreto de octubre de 1975 cambia el concepto de zonas de abastecimiento por el de zonas de influencia. El uso de la tierra en estas zonas ya no está limitado al cultivo de la caña, aunque los ingenios sí están obligados a adquirirlas en su totalidad. El decreto de diciembre del 1979 establece que dentro de cada zona de influencia los ingenios tienen la obligación de adquirir a sus abastecedores toda la caña sobre la cual se hayan celebrado contratos.
Lo más actual es precisamente el tema que nos ocupa: el decreto cañero de 1991 fue expedido en mayo, mientras que las reformas al artículo 27 datan de noviembre de ese mismo año, razón por la que se hizo necesario adecuar el marco regulatorio de la agroindustria a la nueva legislación agraria, particularmente en lo que se refiere a la libertad de asociación y contratación.
Para ello se consideró también que se están implementando mecanismo de comercialización tendientes a ordenar el mercado, a efecto de asegurar un adecuado comportamiento en los precios del azúcar; esto según lo publica el Diario Oficial con fecha 27 de julio de 1992.
Asimismo, que en marzo de 1993 los cañeros e ingenios azucareros suscribieron un convenio de cooperación y fortalecimiento; sin embargo, el 27 de julio de 1993 fue reformado el decreto cañero de 1991.
Asimismo, en el mes de noviembre de 1991 fueron anunciadas las reformas al 27 constitucional, acompañadas de un nuevo programa estratégico desarrollo para el campo, que pueden concentrarse en tres puntos esenciales: la conclusión del reparto agrario, la modificación del régimen de propiedad ejidal y la mayor canalización de recursos públicos destinados a capitalizar el campo.
Al concluir el reparto agrario habrá más certidumbre sobre la propiedad privada y ejidal existente, además que se hace posible la compra, la venta, el arrendamiento y la asociación de las tierras ejidales. Tal restablecimiento de los derechos de propiedad dará a los propietarios del agro horizontes más largos de planeación y la inversión de recursos en proyectos de mayores alcances.
Por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados a continuación, formulamos algunas consideraciones relativas a la industria azucarera mexicana y a las deficiencias que viene arrastrando desde hace muchos años, ya que son dignas de ser tomadas en cuenta para que el sistema operativo del decreto vigente pueda ser mejorado, merced a los planteamientos siguientes:
Como parte del proceso de modernización del estado de los ingenios mexicanos, fueron privatizados en 1987. Esta medida se ha complementado gradualmente con importantes modificaciones como son la reforma desde luego al artículo 27 constitucional y otras regulatorias propias de la industria. Probablemente las más importantes de ellas sean las concernientes a relacionar el precio de la caña con su calidad y con el del azúcar, así como la reciente del 27 de julio, que da libertad organizacional de los cañeros y los ingenios para el desarrollo de las relaciones, dentro de las cuales se encuentran el pago de la caña y la celebración de contratos de inversión.
Aunque esta última modificación tiene un fuerte potencial y desde luego beneficia a los cañeros y a los ingenios, su consecución no será fácil. Los cañeros y los ingenios azucareros constituyen el tronco medular de la industria azucarera, cuando no están integrados verticalmente aquéllos y los ingenios deben establecer los lineamientos bajo los cuales se desenvolverán sus relaciones, cuyo principal aspecto concierne al sistema de retribución de la caña como materia prima de la industria azucarera.
Debido a la diversidad de factores que deben tomarse en cuenta, es muy difícil encontrarse un modelo eficiente para el pago de la caña.
Por lo anterior, sostenemos que el decreto cañero vigente por lo menos es insuficiente en los siguientes temas:
No establece relaciones claras entre productores e ingenios; no establece un adecuado sistema de retribución de la caña; causa serias dificultades en la repartición de las ganancias y no establece con claridad la cantidad innumerable de descuentos que a cada cañero de manera injusta se le cobran. Esto desde luego entre muchos grandes vacíos que el decreto hoy a la fecha no contempla.
Por tal razón, y en virtud de los planteamientos anteriores, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso, solicitamos que sea turnado el siguiente punto de acuerdo a las comisiones de Agricultura, de Comercio y de Fomento Industrial.
De la misma manera y con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 53 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos de México, solicitamos se cite para valorar y estudiar los resultados que arroja el decreto vigente en su sentido operativo, a la parte del Ejecutivo correspondiente, es decir, al subsecretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como al subsecretario de Comercio y Fomento Industrial.
El objetivo de las comparecencias es poner ante esta soberanía qué se está haciendo para mejorar la situación financiera de los ingenios; qué se está haciendo para reducir las pérdidas de sacarosa durante el procedimiento de la caña. Por último, qué se está haciendo para aumentar el área promedio de los predios dedicados al cultivo de la caña, con la finalidad de alcanzar las economías a escala.
Suscriben este punto de acuerdo los diputados: Felipe de Jesús Preciado Coronado, Armando Rangel Hernández, Benjamín Gallegos Soto, Joaquín Montaño Yamuni y desde luego un servidor.
Por su atención, muchas gracias.
| El Presidente : |
Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Luis Meneses Murillo.
Con su permiso, señor Presidente:
Se tiene entendido que el objetivo de los decretos cañeros es reducir los altos costos de transacción de la industria, regulando los términos de intercambio y la retribución entre los ingenios y sus abastecedores, sin embargo, el decreto cañero reformado en 1993 no define los instrumentos gubernamentales que regulan los términos de intercambio entre los ingenios y los cañeros, por el contrario, es sabido que la razón del desplome de los precios del azúcar es que los principales grupos azucareros, quienes ofertan el 70% de la producción nacional de azúcar, se ponen de acuerdo con periodicidad sobre los precios en que venderán, pero la competencia desleal y el incumplimiento de los acuerdos perjudica los precios, sin que el Estado intervenga para regular dichas transacciones.
Más que la revisión del decreto cañero de 1991, reformado el 27 de julio de 1993, se requiere que realmente se regule el precio del azúcar y se establezcan instrumentos para regular la competencia del azúcar con la fructuosa, ya que en México, dado que el precio de la fructuosa es menor que el del azúcar, ésta se vende más principalmente entre las refresqueras. Por consiguiente se requiere una revisión a fondo del TLC con Estados Unidos, específicamente en los cupos arancelarios con respecto a la fructuosa y las barreras arancelarias de los Estados Unidos, con respecto al azúcar.
En la revisión de la situación de los cañeros, se deben de evaluar las medidas proteccionistas de los Estados Unidos con respecto al azúcar mexicana y la protección arancelaria que debe implementar México para los productores cañeros.
Por otra parte, las comparecencias de los funcionarios públicos, que se citan en el punto de acuerdo, no deben limitarse a responder lo que hacen para mejorar la situación financiera de los ingenios o para reducir las pérdidas de sacarosa durante el procesamiento de la caña, sino, además, esclarecer el asunto de la legalidad de la compra y venta de los ingenios, así como aclarar lo que han hecho para permitir la libertad organizacional de los cañeros y los ingenios para el desarrollo de sus relaciones, dentro de las cuales se encuentran el pago de la caña y la celebración de contratos de inversión.
El año pasado, por la competencia con la fructuosa, se desplazaron del mercado nacional 400 mil toneladas de azúcar refinada en el consumo nacional.
Los acuerdos comerciales nos ponen en desventaja frente a Estados Unidos. Mientras ellos nos venden 600 mil toneladas de fructuosa al año, libres de impuestos, nosotros solamente les vendemos 25 mil toneladas de azúcar.
Por ello, en la comparecencia de los funcionarios públicos citados, es necesario recordar lo que demandan los azucareros:
Primero. Que se les deje comercializar el azúcar mexicana a Estados Unidos.
Segundo. Que se les apoye para que los campesinos, productores azucareros, mejoren sus condiciones de vida y de trabajo y obtengan mejores ingresos por la venta de caña y del azúcar.
Es por todo esto que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, apoya el punto de acuerdo que se ha propuesto para que las comisiones unidas de Agricultura y Comercio citen al Ejecutivo Federal para evaluar los resultados del decreto, los mecanismos de comercialización de azúcar mexicana, así como los programas respecto a la industria azucarera.
Muchas gracias.
Túrnese a la Comisión de Agricultura, Comercio y Patrimonio y Fomento Industrial.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Héctor Flavio Valdez García, para referirse al pacto de anatocismo, hasta por 10 minutos.
| El diputado Héctor Flavio Valdez García: |
Con la venia, señor Presidente; amigas y amigos diputados y a todos los amigos que nos siguen en la transmisión de televisión y los medios:
Hablemos del indebido manejo político del asunto jurídico de la cartera vencida.
El problema de las carteras vencidas o de la incapacidad de pago de los deudores de la banca, indebidamente se le ha estado dando el tratamiento de una causa, cuando es el efecto de la violación sistemática al estado de derecho o al orden jurídico positivo que regula la actividad financiera y crediticia nacional, al extremo de olvidar, por razones meramente políticas, que en todas partes del mundo la función característica de la banca es la de ser un intermediario con responsabilidad económica y jurídica, lo que significa que por tener la responsabilidad patrimonial frente a los depositantes e inversionistas, deberá invertir los recursos captados de ello o del público en general, tal y como lo ordena el artículo 49 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Este artículo expresamente señala: "...será bajo condiciones razonables de seguridad y para cumplir esas condiciones razonables de seguridad o para aprobar la institución de crédito que las cumplió, deberá haber observado todos y cada uno de los requisitos que el artículo 65 de la misma ley determinó como las mínimas condiciones razonables de seguridad".
Pero, independientemente de lo anterior, precisamente porque el banco resulta ser intermediario con responsabilidad, no tiene ninguna relación jurídica el inversionista o depositante con el acreditado y no puede ser esgrimido como razón para eludir la responsabilidad de la intermediación en el incumplimiento de pago de los deudores o acreditados por los bancos, puesto que para ello la ley establece los límites no niveles mínimos de capacitación, para que aún frente al incumplimiento de los acreditados, el banco pueda cumplir con las responsabilidades frente a sus acreedores depositantes o inversionistas.
Dentro del sistema jurídico nacional, las autoridades administrativas dentro del área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del órgano desconcentrado de la misma denominado ahora Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tienen a su vez la responsabilidad oficial de vigilar que los bancos como intermediarios financieros, cumplan con todas y cada una de las normas jurídicas y administrativas que imponen los requisitos y las formalidades a las operaciones activas y pasivas de los bancos, a fin de que puedan hacer frente a la responsabilidad patrominial proveniente de su intermediación.
De modo que las tan repetidas declaraciones del Presidente de la República y de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria, en el sentido de que el incumplimiento de los deudores con sus obligaciones de pago, es la causa del incumplimiento de los bancos con las responsabilidades de su intermediación profesional y las no menos abundantes declaraciones de los mismos banqueros en ese mismo sentido, no es más que un absurdo intento político y antijurídico que vulnera el estado de derecho, para pretender ilícitamente un enfrentamiento entre los acreedores y los deudores de los bancos, eludiendo la responsabilidad de los banqueros y de la autoridad, con lo cual se coloca en actitud de confrontación a los dos extremos de la actividad, como son los aportantes y los solicitantes de los recursos, para eludir la verdadera responsabilidad del Gobierno y de las instituciones de crédito en el conflicto y pretendiendo colocarse en la cómoda posición de árbitros y no de partes como la ley ordena.
Hacer propuestas absurdas pretendiendo cancelar efectos sin aceptar las causas y la responsabilidad de quienes las generaron.
Así pues y de acuerdo con el estado de derecho o del país de leyes, como tergiversando el concepto se ha vuelto costumbre decirlo así en el discurso político. La única solución constitucional, pacífica y civilizada, que debe imponerse en primer lugar, es la misión de las responsabilidades jurídicas y patrimoniales, que son a cargo del banco frente a sus depositantes e inversionistas y del banco, frente a los acreditados y deudores.
Proveniente de haber vulnerado el orden jurídico nacional, en la búsqueda de lucro indebido, a través de tasas de interés tan altas, que se han convertido inmorales.
Deberán admitir las autoridades administrativas mencionadas y los intermediarios con responsabilidad o instituciones de crédito, que la expansión crediticia y responsable auspiciada y tolerada por el Gobierno del sexenio pasado, fue lograda mediante la violación sistemática de todo el orden jurídico y de las normas administrativas, relacionadas con el financiamiento al público, en afanes tanto de lucro indebido como para proyectar la falsa apariencia de un país y de un gobierno, que en busca del aplauso internacional, recurrió a múltiples actos simulados e ilícitos para impedir que, en su momento, se conociera la verdadera situación, que era muy distinta de esa falsa apariencia, que se convirtió en neurosis política.
Dentro de ello y para cumplir con el orden jurídico nacional y que se puedan fincar las responsabilidades de cualquier índole, que a la par de permitir el diagnóstico exacto de lo que ocurrió, pueda posibilitar la solución pacífica apegado al estado de derecho.
Por todo lo anterior, debemos establecer como falsa y dolosa, la declaración hecha por el jurídico de la Asociación de Banqueros de México, en el sentido de que en el pacto de anatocismo o prohibición de pactar por adelantados los intereses, para que éstos se generen en intereses, se da una contradicción entre el artículo 363 del Código de Comercio y el 2397 del Código Civil Federal.
Por un lado el Código de Comercio establece, en el artículo 363: "los intereses vencidos y no pagados, no generarán intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos."
De aquí se desprenden dos tesis: la primera que prohibe que los intereses generen intereses. La segunda que permite la capitalización de los intereses cuando éstos ya existan.
Se desprende claramente en el artículo 363, la falta de autorización para que se pacte por adelantado, es decir, a la hora de firmar el contrato cuando aún no existen los intereses, que éstos se capitalicen y generen intereses.
Por otro lado, se omite de manera intencional que la aplicación del Código Civil Federal sobre la capacidad de los contratantes y las causas que invalidan los contratos, es por rendición expresa, es decir, el legislador constituyente, reformador, de manera intencional estableció que para no repetir lo que ya se estableció en el Código Civil dentro del Código de Comercio hace la remisión a través del artículo 81 del Código de Comercio, dejando en claro que los derechos de todos, el Código Civil Federal, están por encima del derecho de unos cuantos.
Esta es la lucha jurídica entre los vencedores de la independencia, la reforma y revolución, en contra de los entreguistas, concentradores de la riqueza y los bienes nacionales.
Los primeros a favor del pueblo de México y del estado de derecho; los segundos, buscando a través de la fructífera imaginación financiera, algoritmos matemáticos que obtengan el mismo resultado que la ley prohibe. Por ello es que lo establecido en el Código Civil, en el artículo 2397: "las partes no pueden bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses".
No contradice lo establecido en el Código de Comercio.
El artículo 363 del Código de Comercio, no le autoriza al pacto de anatocismo, pacto anticipado de capitalización de intereses y el artículo 2397 del Código Civil Federal, expresamente lo prohibe.
Evitemos que se den interpretaciones que no van de acuerdo al marco legal, estableciendo en esta Cámara, los criterios auténticos. Así como se debe de emitir un punto de acuerdo para investigar las denuncias de juicio político en contra de funcionarios de la administración de justicia federal que no cumpla con lo establecido en el artículo 72 inciso f de la Carta Magna.
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Maximiano Barbosa Llamas, para el mismo tema y hasta por 10 minutos.
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Es muy importante para su servidor que ustedes sepan cuál es el principal motivo por el que yo me encuentro en esta Cámara.
Existimos más de 10 millones de deudores del agio oficializado, mejor conocido como bancos. Estos más de 10 millones de deudores estamos con imposibilidad de pago. No hemos podido pagar porque las cuentas crecieron enormemente y es importante que sepan ustedes que las cuentas crecieron porque el banco violó las leyes, leyes federales que rigen al sistema crediticio.
Quiero decirles, compañeros, que nosotros más que no poder pagar, no debemos pagar en su totalidad lo que el banco nos está cobrando.
Se violó el Código de Comercio, en su artículo 363; se violó el Código Civil Federal, en su artículo 2397. Ambos prohiben la capitalización de intereses o el cobro de interés sobre interés. Eso es anatocismo, palabra del griego anatokismos, que significa el hecho de cobrar interés de los intereses, interés compuesto con usura doble. Es decir, capitalización de intereses para que a su vez generen intereses o que los intereses se transformen en capital.
Para tal efecto, el artículo 363 del Código de Comercio textualmente ordena: "los intereses vencidos y no pagados, no deben generar intereses y los contratantes podrán sin embargo capitalizarlos". Pero lo que resulta inadmisible es que a los peritos en derecho, jueces y magistrados del Fuero Común o del Fuero Federal y aun a los ministros de la Suprema Corte, el texto de la ley también les produzca dudas que resuelven conforme a su leal saber y entender, ignorando que los artículos 2o. y 81 del mismo Código de Comercio, determinan cuáles son y cómo se aplican las leyes supletorias que pueden aclarar el texto oscuro de la ley y para ello ordenan: "artículo 2o. del Código de Comercio. A falta de disposiciones de este código, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil en Materia Federal".
Artículo 81 del propio Código de Comercio: "con las modificaciones y las restricciones de este código, serán aplicables a los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil, acerca de la capacidad de los contrayentes y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos". De modo que el código mismo de comercio, ordena que ante la duda en el caso existe la disposición expresamente aplicable para suplir o llenar el supuesto vacío de la ley mercantil, que es el artículo 2397 del Código Civil Federal, que prohibe bajo pena de nulidad que el pacto de capitalización se realice antes de que los intereses estén vencidos y no pagados, ya que con claridad ordena:
Artículo 2397 del Código Civil Federal. "Las partes no pueden bajo pena de nulidad de antemano, que los intereses se capitalicen y produzcan intereses". Ese texto específicamente aplicable y supletorio para llenar los supuestos vacíos de la norma mercantil, prohibe expresamente el pacto anticipado, previo o hecho por las partes de que se hayan vencido y no pagado los intereses. Es decir, prohibe bajo pena de nulidad, que el pacto de capitalización de los intereses se celebre o se lleve a cabo en el momento de contratar el préstamo.
Y resulta claro que no prohibe que el pacto de capitalización se haga con fecha posterior, igual que expresamente lo permite el Código de Comercio en su artículo 363.
De modo concluyente: "queda prohibido, bajo pena de nulidad, celebrar el pacto de capitalización anticipados". Es decir, hacerlo en el momento de realizar el contrato principal del préstamo. Aunado a esto, la lucha jurídica emprendida por los deudores del país ante los tribunales, ha dado frutos con las resoluciones emitidas por seis magistrados el Poder Judicial de la Federación a 10 resoluciones que constituyen dos jurisprudencias: las del vigésimo tribunal colegiado de circuito, con sede en Zacatecas y del séptimo tribunal colegiado en materia civil, con sede en esta Ciudad de México, donde claramente se determina la prohibición de pactar por adelantado la capitalización de intereses, para que éstos generen intereses.
Esto último conocido como anatocismo, quienes en sendas jurisprudencias así lo han sentenciado.
Pero como parte del juego perverso de complicidades ocultas, otro tribunal colegiado, el caso del primer tribunal colegiado del decimoséptimo circuito, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, por conducto del magistrado ponente Agustín Cerón Flores, ha emitido una sola tesis en contrario que por interpretación interesada de la Ley de Amparo, resulta que esa única resolución puede confrontarse con 10 que integran la jurisprudencia.
En esa ilícita resolución contraria, los magistrados que la suscriben e interpretan según su leal saber y entender y sin fundamento en la ley, que el contrato de crédito adicional no encierra un pacto de anatocismo, confundiendo y falsificando deliberadamente el contenido y el alcance del artículo 363 del Código de Comercio, al aclarar antijurídicamente que esa norma prohibe y permite a la vez el pacto de anatocismo, con la cual resulta que ese tribunal colegiado ha legislado al producir una resolución que se puede transformar en una ley contraria a la emitida por el Poder Legislativo, obligatoria para todos los tribunales del país, mediante el recurso de pedir a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia que resuelve cuál de las dos tesis contrarias debe prevalecer.
Y tenemos la amarga experiencia de que en casos similares, siempre relacionados con los juicios y en los contratos de los bancos, ilícitamente los favorece, como el relativo a la procedencia del juicio civil hipotecario del fuero común y como el relativo al artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito sobre el Contador Facultado, casos en los cuales, o por este medio, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte han resuelto en contra de los preceptos terminantes de la ley y hasta en contra de la jurisprudencia del pleno, acogiendo el criterio de las tesis contrarias a la jurisprudencia para conceder ventajas indebidas a los bancos.
Ese mecanismo perverso de provocar la contradicción de tesis, emitiendo una resolución contraria por cualquier tribunal colegiado de circuito para provocar la contradicción en el caso del contrato de crédito adicional queda descubierto, porque la resolución de contradicción fue elaborada por el magistrado Agustín Cerón Flores, a favor de Bancomer, S.A., y resulta que el licenciado Agustín Cerón Guedea es hijo del magistrado mencionado, es parte interesada por ser apoderado de Bancomer y litiga a favor de éste y otros bancos en la misma Ciudad Juárez, Chihuahua, donde supuestamente administra justicia su padre, el magistrado ponente de la tesis que provoca la contradicción.
Compañeras y compañeros diputados: dispongo de poco tiempo para denunciar desde esta honorable tribuna muchos y muy graves ilícitos judiciales similares y son muchos agravios como los narrados. Por ello propongo que esta honorable Asamblea acuerde para resolver en lo inmediato esa negación de justicia que favorece ilícitamente a los bancos en perjuicio de la mayoría nacional, y con las facultades que el artículo 72, inciso f de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra transcribo:
Artículo 72, inciso f. "En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos se observarán los mismos trámites establecidos para su formación", o sea, revisar exposición de motivos y el Diario de los Debates para encontrar el verdadero espíritu del legislador y la interpretación correcta.
Por lo tanto pido al Congreso de la Unión emita los decretos interpretatorios de las leyes mercantiles relacionadas con el problema para evitar que el Poder Judicial continúe legislando en contrario de las leyes expedidas por el Congreso de la Unión.
También acuerde, para los mismos fines, que la subcomisión de análisis previo de la comisión correspondiente admita y tramite todas las denuncias de juicio político que contra los jueces, magistrados y ministros han elaborado nuestras organizaciones de El Barzón y que presentaremos en el próximo periodo de sesiones.
Muchas gracias, compañeros.
| El diputado Miguel Angel Navarro Quintero (desde su curul): |
Pido la palabra, para rectificar hechos.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Navarro Quintero, para rectificar hechos.
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Los miembros del Partido Revolucionario Institucional manifestamos con energía nuestra consternación por la forma en que viven ahorita, en la actualidad, muchos miles de mexicanos, donde tienen problemas de cartera vencida lo mismo en el campo que pequeños empresarios.
En verdad nos consterna las circunstancias en que se encuentran. No podemos, bajo ninguna circunstancia, los diputados de cualquier partido, estar ajenos a este grave problema nacional.
Es por eso que los miembros del Partido Revolucionario Institucional, de frente y de cara a la nación y a nuestros compromisos de conciencia revolucionaria, también nos solidarizamos de que pase a comisión para que sea reflexionado y se encuentren vías y alternativas de solución al problema por el que pasan estos hermanos mexicanos.
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Eduardo Mendoza Ayala.
Con su venia, señor Presidente:
Vengo a esta tribuna, legisladores, para denunciar ante esta dignísima la estrategia propagandística para inducir con dolo y mala fe a la opinión pública y presionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la nación, buscando en consecuencia nulificar de manera coercitiva la lucha jurídica emprendida por los deudores del país ante los tribunales, que ya han sentado los primeros criterios ya como tesis de jurisprudencia de colegiado, como las que se dieron por el tribunal vigesimotercero de circuito con sede en Zacatecas y en el séptimo tribunal colegiado con sede en esta Ciudad de México, Distrito Federal, donde claramente se determinó la prohibición de pactar por adelantado la capitalización de intereses para que éstos generen intereses.
Se presume que es la Asociación de Banqueros de México quien ha orquestado una campaña publicitaria, acusando a los magistrados de los mencionados tribunales colegiados de ser parciales por ser deudores o tener familiares deudores.
Esta actitud temeraria, por ser un hecho público y notorio, se constituye en hechos de posible carácter delictuoso, pues al venir de los banqueros se da el caso de estar violando el secreto bancario, institución protegida por la Ley General de Instituciones.
Con la interposición de las contradicciones de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la nación, la número dos de 1998 y la 11 de 1998, se intenta cambiar de criterio y se le permita a los bancos pactar por adelantado la capitalización de intereses para que éstos generen intereses y de esta forma evitar la obligación que tienen los accionistas de dichas instituciones de capitalizar con aportación económica directa o deducirlo directamente a cuenta de capital por haber otorgado dichos créditos con contratos ilícitos.
Esta es la razón, amigos nuestros, de fondo, por la que los señores banqueros están dispuestos a gastar grandes sumas económicas para lograr cambiar estos criterios de jurisprudencia ya establecidos.
Es también con el mismo fundamento que se utilizan mecanismos perversos para que algunos funcionarios de la administración de justicia federal, como el mencionado magistrado Agustín Cerón Flores, de ser ciertos y probados los hechos narrados en la denuncia anteriormente expuesta, incurrió en hechos de posible constitución de delitos de los funcionarios públicos contra la administración de justicia, tal y como lo señala el artículo 225 fracciones I y II del Código Penal Federal.
Por lo anterior, es necesario que esta Cámara de Diputados emita un punto de acuerdo con la facultad que nos da el artículo 72 inciso f de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en la interpretación, reforma y derogación se observarán los mismos trámites que se dieron para su formación e iniciemos de inmediato la recuperación de la auténtica interpretación constitucional a través de la iniciativa, del Diario de los Debates y el dictamen de dichos códigos y leyes mercantiles.
Asimismo exhortamos a la subcomisión de análisis previo correspondiente a que se reciban las denuncias de juicio político en contra de magistrados y funcionarios federales de la administración pública, por interpretar las leyes anteponiendo intereses económicos al interés del derecho.
¡Siempre el interés del pueblo antes que privilegiar a una casta que ha empobrecido impunemente a muchos mexicanos!
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Tiene la palabra para hablar sobre el mismo tema la diputada Elba Capuchino Herrera.
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Antes de hablar de cualquier asunto relacionado con la forma de pago o cualquier convenio de las carteras vencidas, es imprescindible analizar su validez a la luz de las normas jurídicas, para establecer con legalidad, justicia y equidad los montos reales a cargo de los deudores y no partir de una afirmación dogmática por parte de los bancos, de que los montos que manejan son ciertos, sin oportunidad de revisión desde el punto de vista de las leyes que rigen la actividad del crédito mexicano.
Comencemos por analizar la pirámide del derecho mexicano, que tiene como base la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y poder, posteriormente, analizar las leyes secundarias que derivan de la misma.
Pero antes de hacerlo y en cuanto a la interpretación que se maneja en relación con las leyes secundarias, quiero dejar establecido que para aclarar el sentido de la ley, es decir, el espíritu del legislador, me he apoyado en un método de interpretación, el más común, usado por la Suprema Corte de Justicia de la nación, la exposición de motivos de cada ley o códigos nacionales.
Existe un imperativo constitucional que determina la conducta que la autoridad, ya sea legisladora, la ejecutora o la juzgadora, deberá observar y está establecido en el segundo párrafo del artículo 28 constitucional y dice así: "en consecuencia, la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesarios y que tengan por objeto obtener el alza de los precios. Todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva, indebida, a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o alguna clase social".
La Ley de Instituciones de Crédito en su artículo 1o. nos dice: "La presente ley tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que la misma podrá realizar, su sano equilibrio y desarrollo, la protección de los Intereses del público y los términos en el que el Estado ejercerá la rectoría financiera del sistema bancario mexicano".
Con fundamento en lo anterior, a partir del 21 de diciembre de 1994, peyorativamente denominado "los errores de diciembre" y por el cambio fundamental de circunstancias ocurridas en nuestro país, resulta claramente fundado que quienes tenían la obligación de prever los riesgos que los agentes económicos nacionales se pudieran presentar por el inadecuado manejo de la economía, son: el Gobierno Federal y la banca nacional. Ya nos lo mencionó el diputado Max, lo que prevé el artículo 363.
Y por todo esto mencionado, no puede aceptarse en un régimen de derecho, que sector alguno de la economía nacional se coloque al margen o por encima de la ley ni tampoco puede esgrimirse como pretexto de cualquier razón la necesidad de violar la ley; puede ser premeditado. Existirán tantas razones de violar la ley que acabarán con el orden jurídico y, por ende, con el Estado mexicano.
El derecho es la ética de la economía. Impongamos la fuerza de la ley y el respeto al derecho, para que la conducción económica de los asuntos nacionales no resulte inmoral e ilegal y sobre todo para lograr que el pueblo mexicano viva y progrese dentro de un sistema democrático y no dentro de una democracia aparente que resulta transgresora del mandato constitucional, porque propicia el enriquecimiento sin límite de una minoría de financieros con el empobrecimiento de la mayoría nacional.
Como lo mencioné al inicio de mi intervención, el PRD considera que es imprescindible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice la validez de las resoluciones de los tribunales colegiados de Zacatecas y del D.F., a la luz de las normas jurídicas para establecer con legalidad justicia y equidad, los montos reales de los deudores y no a partir de una afirmación dogmática por parte de los bancos, tomada en cuenta sólo por un colegiado del Estado de Chihuahua.
Asimismo hacemos un llamado desde esta tribuna a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia a no dejarse presionar por las acciones abusivas de chantaje, y de acoso para que resuelva a favor de los banqueros. Tenemos que pensar en las mayorías y la mayoría somos los deudores del país que representamos más de seis millones de mexicanos.
Muchas gracias.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
BANCO NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR
| El Presidente : |
Se informa a esta Presidencia que el lunes 27, durante la intervención de la diputada Guadalupe Sánchez Martínez, en la discusión del decreto que abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Interior, presentó solicitud para que se excitara a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que emitieran el dictamen relativo a la proposición para que la subcomisión de Investigación de los programas de Saneamiento Financiero dependientes de las mismas comisiones, investigara y analizar a la problemática del Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, sobre la reestructuración de sus adeudos a la que no se dio trámite.
Por tanto esta Presidencia y de conformidad a lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excita a las comisiones respectivas a fin de que emitan el dictamen correspondiente.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Anastasio Solís Lezo, del PRD, para referirse al cambio de las instalaciones de Petróleos Mexicanos.
| El diputado Anastasio Solís Lezo: |
Con la anuencia de la Presidencia, señores diputadas y diputados:
El objetivo primordial de la protección civil es el de salvaguardar la integridad física de los habitantes ante eventos extraordinarios causantes de desastres que pueden ser de carácter natural o debido a errores humanos, pero naturales hasta ahora sólo podemos amortiguar sus efectos, no así de los derivados de los errores humanos, que podemos y debemos prevenirlos para evitarlos.
En las ciudades densamente pobladas y en las regiones de alta industrialización determinadas condiciones generadas por procesos poco previsores propician el surgimiento de situaciones altamente riesgosas, mismas que desembocan en situaciones devastadoras para la población, el medio ambiente y el desarrollo. Tal es el caso que hoy presentamos de la Terminal Pemex de Cuernavaca, rodeada de 15 colonias urbanizadas de los municipios de Cuernavaca y Jiutepec, Morelos, con una población estimada de 20 mil habitantes, a los que pone en alto riesgo y peligrosidad de no tomarse las medidas preventivas requeridas.
Consideramos que existen los motivos y elementos probatorios suficientes basados en informes técnicos especializados, hechos y circunstancias reales, mismos que han sido presentados en tiempo y forma después de un estudio y en el informe de los propios habitantes de las 15 colonias que habitan las zonas aledañas, quienes nos han pedido formalmente la inclusión de este asunto en tribuna para darle el tratamiento y resolución que el caso amerita.
Con ese fin presentamos de manera resumida los antecedentes. A finales de 1991 se incendió un carro-tanque en el interior de las instalaciones que afortunadamente se encontraba lejos de los tanques de almacenamiento. En el mes de enero de 1992 sobre la calle de Tulipán Americano número 13 de la colonia Tulipanes de este sector, se registró una fuga de combustible inundando inclusive las cisternas de agua de algunas de las casas.
En el mes de abril del mismo año se detectó otra fuga de combustible en las inmediaciones de la colonia Mártires de Río Blanco por donde atraviesa precisamente el oleoducto de Pemex de la terminal Cuernavaca causando alarma entre los pobladores.
Los acontecimientos anteriores preocuparon a los habitantes de las colonias aledañas a la terminal Pemex, organizándose en un frente común dando origen a la formación del Comité Prorreubicación de la Planta Pemex que agrupa a las 15 colonias y a otras que se han sumado de manera solidaria.
Coincidentemente, el 22 de abril de 1992, la explosión registrada en el sector "Reforma", de Guadalajara, Jalisco, cuyo desastre provocó la pérdida de muchas vidas y cuantiosos daños materiales que hasta la fecha no se han reparado de manera satisfactoria, provocó más alarma en las colonias de Cuernavaca y Juitepec, intensificándose la organización por la reubicación de la terminal de Pemex.
En 1993 hubo otra fuga de gasolina en uno de los tanques de almacenamiento de la terminal, causando derrames sobre la barranca "Puente Blanco", lo que provocó pánico en los habitantes.
Los constantes olores de gasolina detectados en los drenajes, la falta de un ordenamiento legal sobre protección civil y la movilización social, fueron elementos que provocaron que el Gobierno estatal del sexenio 1988-1994 tomara con seriedad el asunto, resultando de ello las siguientes acciones:
Se nombró una subsecretaría de protección civil. En la actual administración estatal menospreciaron esta área bajándola a rango de dirección y posteriormente a coordinación.
Se legisló en materia de protección civil, creando la ley y su reglamento.
Se le exigió a Pemex realizar un estudio técnico, mismo que elaboró la empresa Constructora Internacional Consorcio Internacional de Proyecto Integrales, (CIPI), cuyo resumen ejecutivo anexamos a los documentos que entregaremos a la Secretaría de la mesa directiva. Los resultados de dichos estudios comprometieron a Pémex, ya que se detectaron varias anomalías que a continuación describimos:
Se concluyó que el oleoducto no reúne las condiciones que exige el nivel standar de la industria. El estudio, en principio, recomienda como prioridad realizar una investigación exhaustiva de ingeniería especializada para evaluar la validez de una reubicación inmediata del tramo del oleoducto donde se encuentran las áreas más pobladas a las no pobladas, específicamente en los últimos 4 ó 5 kilómetros de la línea.
El oleoducto hasta la terminal "Cuernavaca", tiene un declive de 1 mil 600 metros, lo que da por resultado que en algunas áreas existan problemas de corrosión. Un reporte de la sección "Añil-3 Marías", indica que en 15 lugares se detectó significante corrosión; las condiciones del tramo del oleoducto 3 Marías-Cuernavaca, es virtualmente desconocida.
La alta presión que resulta de estos 1 mil 600 metros de declive, se controla únicamente por una válvula de presión ubicada a 12 kilómetros hacia arriba de la terminal, lo cual resulta insuficiente; en consecuencia, se recomienda la instalación de una más y la realización de un estudio adecuado para conocer la sección "3 Marías-Cuernavaca".
El mayor riesgo a que se expone la población que habita alrededor de la terminal de Pemex, sería un fuego provocado por el mal funcionamiento en las instalaciones de la terminal, debido a la corta distancia de las áreas pobladas con la planta. El estudio recomienda que las paredes de la terminal se construyan más altas, para dar mayor protección; prepara planes y procedimientos de respuesta emergente, sitio y lugar específico para todos los sistemas de oleoducto, éstos también deben incluir acciones requeridas por las autoridades locales.
En el mes de noviembre de 1993, el gobernador Antonio Riva Palacio emitió un acuerdo que debería ejecutarse en un plazo de seis años a partir del 24 de noviembre de 1993, dando a Pemex dos años para presentar su proyecto de reubicación. Anexamos copia de dicho acuerdo. Sin embargo, Pemex nunca cumplió ni siquiera con la primera parte del acuerdo del Ejecutivo y en cambio promovió un amparo ante la justicia federal, el cual hasta el mes de enero de 1998 se conoció publicamente.
Cabe señalar que el actual gobernador ocultó esta información por casi tres años, tanto a la opinión pública, al comité pro-reubicación de Pemex, así como a los diputados de la legislatura local anterior.
Sobre el desarrollo del juicio de amparo nos hemos enterado que desde el 24 de junio del 1997, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, en cumplimiento a la resolución del amparo resuelto declara insubsistente el acuerdo que ordena la reubicación y el propio gobernador, por su parte, también deja insusbsistente el acuerdo de referencia.
¿Acaso Pemex con este recurso de amparo pretende evadir su responsabilidad de dar seguridad y protección a la población vecina que lo demanda? Nosotros pensamos que escudarse en un recurso legal de esta naturaleza, más que apoyarse en un precepto jurídico, pretende justificar su falta de voluntad en el cumplimiento de su corresponsabilidad con las tareas de protección civil. Asimismo, en el juicio de amparo promovido por Pemex en contra del acuerdo suscrito por el ejecutivo del Estado, el único perdedor, sin lugar a dudas, es la sociedad civil, quien quedó en un estado de indefensión al no ser considerada como parte del juicio de referencia, por lo que corresponde al Ejecutivo estatal toda la responsabilidad por su inadecuada defensa del caso.
Con esto pretenden ocultar el verdadero argumento que le preocupa al Gobierno y a la paraestatal, que es el alto costo que implica la reubicación de la terminal multicitada. Sin embargo, a pesar de la eventual validez del argumento señalado, insistimos con firmeza que sería preferible un esfuerzo de inversión en este rubro a la latente incertidumbre de riesgo de impacto social que provocaría un siniestro con la pérdida de vidas humanas.
En los primeros días de este año, se conoció públicamente la filtración de gasolina hasta un pozo de agua potable ubicado en las instalaciones del deportivo Fidel Velázquez, pozo que abastece de líquido a cinco colonias del oriente de Cuernavaca y vecinas de Pemex. La gasolina llegó a las tomas domiciliarias y cisternas de las casas, acumulándose 40 puntos de explosividad en la zona, conociéndose que se requieren 60 puntos para que se propicie una explosión.
La fácil solución que dieron las autoridades fue clausurar el pozo de agua potable, sin considerar la elaboración de un estudio ambiental requerido por afectación de los mantos acuíferos de la zona y sin determinar el origen específico de dicha causa.
Por lo anteriormente formulado, concluimos que efectivamente existe un alto grado de vulnerabilidad de la zona y que la terminal Pemex de Cuernavaca es un potencial de riesgo y siniestralidad que pone en peligro a los habitantes, por lo que solicitamos atentamente a la Presidencia, turne el caso presentado a la Comisión de Protección Civil y a la Comisión de Energéticos, para su conocimiento, valoración, seguimiento y planteamiento de solución recomendable al problema expuesto.
Atentamente.
Diputados: José del Carmen Enriquez Rosado, Jesús Flores Carrasco, Gerardo Ramírez Vidal, Plutarco García Jiménez y el suscrito Anastacio Solís Lezo.
| El Presidente : |
Gracias, diputado.
Tiene la palabra para hablar del mismo tema y hasta por 10 minutos, el diputado Marco Antonio Adame Castillo.
Con su permiso, señor Presidente:
El tema en cuestión sobre la propuesta para revisar la terminal de productos refinados de Petróleos Mexicanos, no podría ser desatendida por el Partido Acción Nacional. Es un tema de alta importancia para nosotros, como lo hemos manifestado ya por miembros de nuestro partido en las instancias estatales de las que hay ya constancia en nuestro Estado.
Y es importante, porque tiene que ver con la vida, la seguridad y la protección de los ciudadanos.
Lo relacionado con estos depósitos altamente riesgosos para la población, no son un tema exclusivo del Estado de Morelos; tiene que ver con todos estos depósitos a lo largo y ancho del país y que se han desarrollado fundamentalmente a partir de dos causales que quiero destacar ante ustedes: la primera, una política expansionista, discrecional y totalmente alejada de los más elementales criterios de desarrollo sustentable por parte de Pemex, que ha instalado la infraestructura al margen de la normatividad vigente, dando origen a un problema recurrente de alcance nacional que hoy tiene en riesgo a millones de mexicanos que se juegan la vida sobre un ducto o al lado de una bomba de tiempo y también tiene que ver con un sin número de instalaciones asentadas en terrenos federales, obtenidos normalmente por donación, que han propiciado asentamientos urbanos irregulares por la vía de las invasiones, a cargo de líderes corporativistas y caciques, no pocas veces solapados por gobiernos impulsores de una justicia social mal entendida, que usa de estos medios para premiar servidumbres o afianzar cotos de poder y de control político.
El tema merece una reflexión de fondo. Hace unos días acabamos de recordar con tristeza los lamentables acontecimientos del sector reforma de Guadalajara. La pregunta es: ¿cuántos sectores reforma, cuántos San Juanicos tendremos que ver para asumir de una vez por todas la opción del desarrollo sustentable? ¿Qué tenemos que hacer o qué tiene que pasar para lograr que Petróleos Mexicanos finque sus desarrollos con criterios de sustentabilidad, de responsabilidad?, es decir, sin comprometer la vida y el desarrollo de la presente y las futuras generaciones de mexicanos.
Múltiples y recientes son las irregularidades de este depósito asentado en Cuernavaca, Morelos, como ya ha señalado quien me antecedió en el uso de la palabra. Estamos pues ante situaciones y condiciones de seguridad y ésta es una afirmación que para los criterios de protección civil tiene alta relevancia, situaciones de inseguridad que se derivan por la falta de mantenimiento e inversión en la moderniza-ción de las plantas y depósitos de Petróleos Mexicanos. Sus autoridades contemplan pasivamente el deterioro de la infraestructura con el consiguiente riesgo para la población y estamos también ante condiciones de inseguridad porque esta falta de mantenimiento y de atención genera una situación estructural, permanente y creciente de riesgo mientras no se tomen las acciones necesarias.
De esta manera afirmamos que la reubicación de este tipo de depósitos se vuelve un imperativo categórico ante el cual no valen ni los argumentos que se derivan de los costos que tengan que erogarse para su reubicación, porque la vida humana y el patrimonio de los ciudadanos no tiene precio. Tampoco vale ante eso las argucias legales de Petróleos Mexicanos, que ante el decreto que se emitió para lograr que se hicieran los estudios pertinentes y se lograra la reubicación en un plazo de seis años, Petróleos Mexicanos se amparó y ganó el amparo, de tal manera que se antepuso una argucia jurídica al bien y a la vida de los ciudadanos de Morelos, pero que, repito, es también una práctica sistemática de esta paraestatal en muchos estados de la República.
Ante esta situación, tampoco puede pasar por alto la pasividad del gobernador Jorge Carrillo Olea, que en una más de sus graves omisiones ocultó información sobre el particular y menospreció este grave problema desapareciendo la subsecretaría que se había erigido para tal efecto, reduciéndola primero a nivel de una dirección y luego a nivel de una simple coordinación, con la consecuente disminución del presupuesto y de la atención en la agenda política del gobernador Carrillo.
Concluyo afirmando que ante este tipo de graves riesgos para nuestra población, es indispensable que el Gobierno Federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales implicados tomen cartas en el asunto.
Afirmamos los miembros de Acción Nacional nuestra convicción y nuestra decisión de que sea la política y el desarrollo de la administración pública orientada al bien común, el medio para evitar con todos los posibles, el dolor y la muerte que sea evitable y previsible por medio de la prevención y la atención esmerada a los riesgos en cada una de nuestras ciudades.
Este tema debe ser revisado por las comisiones de nuestro Congreso, abocadas al particular, como son la de Energéticos y la de Protección Civil.
Muchas gracias.
Túrnese a las comisiones de Energéticos y de Protección Civil.
| Presidencia del diputado Daniel Ricardo Cervantes Peredo |
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Ricardo Armenta Beltrán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación de los maiceros del Estado de Sinaloa.
| El diputado Ricardo Armenta Beltrán: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Me comprometí con los productores agropecuarios sinaloenses agrupados en el Frente de Defensa de Productores de Sinaloa, a venir a hacer uso de esta tribuna y a invitar a los diputados del PAN, del PRD, del PRI, del Verde y del Trabajo a que nos acompañen en la lucha que están librando los productores agropecuarios de Sinaloa.
Se ha comentado en el Estado que estos movimientos están politizados y una de las muestras de que no queremos darle esa cara, es precisamente la invitación que les hicimos el día de ayer, por escrito, a varios diputados de esta legislatura y a los coordinadores del PAN, del PRI, del PRD, al Secretario del Trabajo y del Partido Verde.
El problema de la agricultura en el país lo conocemos todos, no es un problema de ningún partido político. Ese problema está afectando a todos los mexicanos y el detonante que se está trabando ahorita en el Estado de Sinaloa, va a causar problemas en varios estados de la República, problemas que el Gobierno Federal no los va a poder detener, si es que no le pone más recursos económicos a la comercialización.
Todos sabemos el problema que enfrentamos aquí en diciembre del año pasado, cuando aprobamos el presupuesto federal que nos envío el Ejecutivo y donde al interior de la Comisión de Agricultura, todos los partidos políticos coincidimos que les faltaba dinero al renglón agropecuario.
Lamentablemente lo que sucedió lo conocemos todos.
Este año el Gobierno Federal ha anunciado un precio por tonelada de 1 mil 315 pesos para el maíz. El año pasado nos pagaron 1 mil 335 pesos la tonelada y el año antepasado fueron 1 mil 895 pesos. De tal manera que vamos para abajo en los precios.
De los costos, pues qué les voy a decir, la gasolina todos los días sube y la usamos en la agricultura; el diesel todos los días sube y lo usamos en la agricultura; los insumos, como la semilla, todos los días suben y los usamos; el fertilizante, para arriba; los precios de los productos que nos venden para producir los granos nos los ponen los que nos venden y el precio que tiene lo que nosotros producimos, nos lo ponen los que nos compran. De tal manera que nosotros estamos en medio, batallando con los que nos venden y batallando con los que nos compran y batallando también con el que nos presta dinero, el Banco Rural.
¿Qué sucede compañeros? Que nosotros quitamos dinero prestado en la banca de desarrollo con intereses blandos, ciertamente, y desde el momento en que firmamos el contrato de avío y desde el momento en que salen administraciones, empiezan los intereses. Llegamos al término de la cosecha, entregamos nuestra cosecha a los coyotes o a la Conasupo y los intereses del banco todos los días nos los siguen cobrando y los que acopian nuestros granos no nos pagan los intereses de ese grano que tienen en sus bodegas.
Las normas de la obtención del crédito todos los días se hacen más engorrosas. Ahora tenemos que ir a ver a un notario público para que nos firme un documento, para poder hacer válido el contrato de avío con el Banco Rural; tenemos que ir al Registro Público de la Propiedad, donde se sabe que nuestra propiedad ejidal es inembargable; ¿qué vamos a revisar al Registro Público de la Propiedad?
Nos decía el Secretario de Agricultura en la comparecencia que tuvo ante la Comisión de Agricultura, de la que yo formo parte en esta Cámara, que nos falta organizarnos para tener valor agregado en nuestra comercialización; tiene mucha razón. Pero la organización que necesitamos en el sector agropecuario y sobre todo en el social, no la podemos sacar adelante si no tenemos el apoyo económico del Gobierno Federal. Nuestra organización nos cuesta dinero y ese dinero no lo tenemos.
¿Cómo es posible que el Gobierno Federal nos suelte a competir en un Tratado de Libre Comercio con los norteamericanos y con los canadienses, cuando todos sabemos que las condiciones que tenemos de apoyos gubernamentales en estos tres países no son iguales? No podemos competir con ellos, eso lo sabemos todos y, sin embargo, estamos compitiendo en productividad, estamos compitiendo en calidad. El maíz blanco que producimos los mexicanos es el mejor maíz que tenemos en este mundo, maíz blanco que aquí en la capital de la República no lo conocen en la tortilla, porque es una vergüenza la tortilla que nos dan aquí en el restorán de la Cámara de Diputados. Esas tortillas que se comen aquí, se las comen los marranos en el norte de la República, si no las calientan no se pueden comer y después de que se enfrían necesitan un soplete para ablandarlas.
En la plática que tuvimos anoche con el Secretario de Agricultura varios miembros de la comisión, al ver que no había alternativa de parte del Gobierno Federal para sacar adelante este problema, varios compañeros que fuimos del PRI, del PAN y del PRD le propusimos varias alternativas al señor Secretario.
Y quiero decirles que estoy muy satisfecho del trabajo que han hecho los compañeros del PAN, del PRI y del PRD al interior de la Comisión de Agricultura. Ojalá que lo que hemos hecho al interior de la Comisión de Agricultura lo hagamos después, enfrente de toda la gente, y que le digamos al Gobierno Federal lo que platicamos en lo cortito.
Qué le dijimos al señor Secretario, ¿no tienen dinero para pagarnos la cosecha? No hay ningún problema. Hace dos años cuando tuvimos el precio más alto en el maíz, en 1995 la tonelada, sin nosotros pedírselo al Gobierno Federal, fuimos a la banca de desarrollo a pagar nuestro crédito y nos descontaron el 40% de lo que debíamos. Si es cierto, se gano mucho dinero.
Le dijimos, implementen un fideicomiso para que nos hagan un descuento en el banco a la hora de pagar. Esto también es dinero.
No se puede que le suban el precio a la tonelada, bájenos el costo de los insumos, que no estén subiendo todos los días. Bajó el petróleo, al entrar menos recursos a este país, baja el presupuesto del Gobierno Federal, pero resulta que la gasolina y el diesel no baja, esos siguen para arriba.
Le dijimos también, que no considerábamos conveniente, que estuviéramos asignando tantos recursos económicos en la Alianza para el Campo. ¿De qué nos va a servir que nos apoyen con 30 mil pesos para comprar un tractor, si no tenemos utilidades para poder poner los otros ciento y tantos mil pesos que tenemos que usar para comprar una maquinaria?
Los recursos que tiene la Alianza para el Campo, sácalos de ahí y métalos a la comercialización, tampoco le gustó.
También le solicitamos que nos entregara infraestructura. Boruconsa tiene muchas bodegas en poder del Gobierno Federal, que lo necesitamos los ejidatarios, no la tenemos, no podemos conseguir un peso más por la comercialización, porque esas bodegas las tiene el gobierno. El Gobierno Federal se las entregó al gobernador del Estado de Sinaloa y no ha entregado ninguna bodega.
Por último, hice el compromiso con mis compañeros, productores de Sinaloa, que el día viernes 1o. de mayo a las 11:00 horas de la mañana, iba a invitar a todos los diputados federales de esta Cámara y a los senadores de todos los partidos políticos del Estado de Sinaloa, para que nos acompañen a la reunión que tendremos.
No queremos tomar carreteras, no queremos tomar casetas de cobro, pero si no nos deja otra alternativa el Gobierno más que eso, eso y más vamos a hacer.
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Gracias, diputado Armenta.
Para referirse al mismo tema tiene la palabra el diputado Armando Rangel Hernández, del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Agregar un poco más en el asunto que hoy nos plantean los productores de Sinaloa, nos permite darnos cuenta que no nada más es un problema en la cuestión de precio; también es un problema de a cuántos les alcanza el poquito apoyo que se les está dando.
Hoy por hoy la cosecha para este año en el Estado de Sinaloa y para el maíz, se estima en 2 millones 400 mil toneladas. Ya las autoridades competentes y concretamente la Conasupo, ha anunciado y ha dejado entrever que única y exclusivamente tiene posibilidades de apoyar a 825 mil toneladas; es decir, 1 millón 575 mil toneladas ni siquiera van a tener el escueto presupuesto y ayuda que hoy a los productores se les hace poco. No nada más por tanto es un problema de precio, es un problema también de cobertura.
Ya ha hablado nuestro compañero en cuanto a la negativa que se nos ha dado a fin de conseguir más presupuesto para resolver este problema. Hoy nos damos cuenta de que si bien en la Sagar no quisieron sacar de la Alianza para el Campo para apoyar la comercialización, el recorte presupuestal, segundo que se hizo este año, afectó a la alianza para el campo.
Y hoy nos damos cuenta que en los dos recortes presupuestales, no se ha tocado para nada a la Secretaría de Gobernación; nos damos cuenta que tampoco a Relaciones Exteriores, a la Sedena, a Marina, a Tribunales Agrarios y al Tribunal Fiscal.
Creo que ahora invertir en el precio del maíz, en el precio de los granos básicos, es invertir, como lo decía Ricardo, en la seguridad nacional; creo que ahora en este momento, aunque nos choque la palabra "solidaridad", es necesario apretarnos el cinturón, solidarizarnos y de veras invertir en bienestar para la familia.
Y digo bienestar para la familia porque lamentablemente no es un problema único y exclusivo de Sinaloa. Hoy nos hablan de ese Estado y nos hablan del maíz. En cuanto empiecen a cosechar otros estados, volveremos a ver este mismo síntoma. En cuanto empiecen a cosechar otros granos básicos, estaremos viendo este mismo síntoma, como ya lo estamos viviendo en Guanajuato con el trigo y lo veremos con el sorgo y lo veremos con todos los productos básicos que lamentablemente no reciben el apoyo suficiente de este Gobierno.
Señores: creo que si nos obsesionamos por invertir y por trabajar en alcanzar elevadas cifras macroeconómicas, vamos a seguir viendo lo que hasta ahorita hemos visto. Esas no se reflejan en el bolsillo del pueblo mexicano y no se reflejan más que nada porque la mayoría de los mexicanos no vivimos de la bolsa y por tanto el índice de la bolsa de valores, no nos ayuda y mucho menos nos importa.
Es reconocer que en el campo y del campo depende casi el 40% de la población de este país. Es justo darnos cuenta que en el campo y del campo este 40% constituye un 75% de esa población que vive hoy en extrema pobreza.
Es necesario darnos cuenta que hacia allá deben ir los trabajos, los intereses, la preocupación, la ocupación también, del Gobierno de la República.
Hacer oídos sordos, dar oídos sordos a esta realidad, no entraña más que seguir construyendo castillos en el aire, que a final de sexenio y al principio del otro, se traduce en errores de diciembre, se traduce en errores de toda la vida.
Amigos diputados: hoy nos damos cuenta, y creo que lo habíamos mencionado con suficiente antelación, que la firma en las condiciones en que se hizo del Tratado de Libre Comercio iba a producir exactamente esto.
Hoy también tenemos que decir y decir en claro, que esa falta de competitividad del agro mexicano no obedece a la falta de competitividad que tenga el productor dentro de su parcela. Esta situación no deriva por la poca o mala eficiencia que tenga al aplicar su fertilizante, tampoco deriva de la poca o mala eficiencia que tenga al aplicar los insecticidas; deriva de otros insumos, de otros factores que incurren en el campo. Deriva primordialmente de la falta de competitividad que tiene el gobierno mexicano para apoyar a los productores agropecuarios de este país; deriva primordialmente de la falta de compromisos que ha tenido la banca para apoyar y para llegar al campo en condiciones similares a las que lo están haciendo los banqueros norteamericanos, los banqueros canadienses y, en fin, también los gobiernos de América del Norte.
Es, pues, necesario, no echarle la culpa al campesino. No es posible que esta carga la tengamos que pagar la gente que ha dedicado toda su vida a rasgarle a la tierra, al surco, a fin de poder vivir mejor. Es necesario darnos cuenta en las oficinas gubernamentales, es necesario darnos cuenta en esta Cámara de Diputados, que en el campo está faltando el trabajo precisamente de nosotros, está faltando el compromiso de nosotros, es necesario aportarlo.
Yo los invito a que hoy volteemos al campo con una nueva visión, que no veamos ese agro mexicano, a esos campesinos, a esas miles de familias que en él viven, como destinatarios de discursos populistas. Yo les invito a que volteemos a ese campo y no veamos el costal de votos que para muchos lamentable y criminalmente representa.
Yo los invito a hacer un trabajo serio, a hacer un trabajo digno, a hacer un trabajo solidario a favor del agro mexicano.
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Gracias, diputado Rangel.
Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema y hasta por 10 minutos.
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
El tema que hoy nos ocupa es un tema de la mayor importancia. Tan es así que apenas hace seis días se trató en esta tribuna. Pareciera ser que lo que entonces planteamos lo olvidaron las fracciones parlamentarias que pidieron se anotara el tema.
Creo que el jueves pasado quedaron las propuestas y los puntos de coincidencia de cada una de las fracciones aquí representadas. Sin embargo, hoy, va acompañada de una invitación a concurrir a Sinaloa. Déjenme decirles, compañeros, que están en todo su derecho de asistir a esa invitación. Pero déjenme decirles también, compañeros, que el jueves que estábamos aquí tratando el tema, se violentaron los derechos de terceros allá y hoy la invitación, qué pena que aplaudamos eso, lo recibimos con un comentario de que si no es suficiente tomar casetas y carreteras, harán algo más.
Yo buscaría ser más propositivo; yo buscaría simplemente que los hechos hablaran por sí solos y hablaran quienes realmente tienen la representatividad de la inmensa mayoría de los agricultores en Sinaloa, que es la Liga de Comunidades Agrarias y la CADES, la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, ellos señalan lo siguiente: la definición de los términos de la comercialización de la cosecha otoño-invierno 1997-1998, ha estado marcada por un gran esfuerzo de gestión por parte de productores, gobierno del Estado, la Sagar y la Conasupo.
Aquí el reconocimiento implícito, tácito y formal de que es juntos como debemos de buscar las soluciones en el campo. El campo, ya lo discutimos, no es un problema de precios de los productos nada más. El campo tiene problemas más allá de establecer un precio o de señalar una bolsa de recursos inagotable para ningún país y tratar así engañosamente de sacar adelante a nuestros compañeros tan necesitados.
Sí, en el campo necesitamos reconocer muchas cosas. Necesitamos plantearlo con honestidad intelectual. Necesitamos también reconocer que, bajo la explotación minifundista, poca viabilidad tendrá el campo. Necesitamos reconocer que debemos avanzar en esquemas asociativos para la producción, para la transformación y para la comercialización de las cosechas.
¿Por qué digo que necesitamos avanzar en eso?, y ahora que tratamos el esquema de Sinaloa hay muchos claros ejemplos de que el sector social se puede organizar y salir adelante con líderes honestos, con gente trabajadora.
Pero adicionalmente, aquí también se señala, en este oficio que no le daré lectura completamente para no abundar en lo que ya se comentó el jueves pasado, dice: "sin dejar de reconocer la voluntad y esfuerzos manifestados por el Gobierno, los organismos de productores exhortamos a las autoridades a continuar afinando conjuntamente mecanismos y alternativas que nos permitan acceder a un ingreso por tonelada al productor de 1 mil 400 pesos, que atendería las necesidades mínimas aceptables de rentabilidad".
El jueves pasado algunos hablaron de 1 mil 500, otros de 1 mil 600. La propuesta de los productores, señores, es 1 mil 400. Entonces, claro que nosotros podemos ir más adelante de las expectativas de los productores. ¿Por qué no hacerlo y por qué no reconocerlo?
Claro que se nos pudiera hacer muy fácil venir aquí y pedir un precio. Ya se hizo el año pasado. También con actos de violencia. Pero como en aquel entonces andábamos en campaña, ofrecieron 2 mil pesos. Con ese anzuelo fueron ante los necesitados a decirles "tomen carreteras; tenemos la razón. Vamos a solucionarles el problema del campo y lo justo son 2 mil pesos por tonelada". En los actos ilegales en que incurrieron el jueves pasado, líderes —y ahí está, los mismos líderes del año pasado— que electoralmente prometían 2 mil pesos —ahí está la prensa— ahora piden 1 mil 773 . Qué extraño. No les dan ni sus propias cifras.
Pero en el campo tenemos que ver hacia adelante. Aquí hemos propuesto que hagamos nuestro trabajo en materia legislativa. Aquí se propuso el jueves pasado que reconozcamos que tenemos más coincidencias que disensos.
Hombres, mujeres del campo, están esperando que nos pongamos a trabajar con seriedad. ¿O también vamos a ver este tema el lunes que entra? ¿Pareciera ser que en lo que el jueves pasado coincidimos ahora ya no coincidimos?
Me gustaría proponer algunas cosas para incrementar. Porque el tema que se inscribió fue el precio del maíz de los productores de Sinaloa. Aunque aquí acostumbremos, como el chiste de Pepito, cuando le toca la respuesta del elefante, dice con la respuesta del gusano, porque se parece a la trompa del elefante.
Propuestas concretas, compañeros, propuestas que estén consensadas con la mayoría de los productores de Sinaloa y que serán presentadas formalmente a las distintas instancias de Gobierno, porque también es cierto que hoy por hoy, aun cuando la fracción priísta y las otras también han tenido acercamientos con las autoridades, no podemos dejar de reconocer que es facultad del Ejecutivo en donde aplican los ajustes, que para el caso en concreto, a petición de la fracción priísta, incrementó los recursos a la Conasupo para apoyar la comercialización.
Propuesta 1. Y le compete al Gobierno Federal que aporte la cantidad de 30 pesos por tonelada del producto del Procampo, correspondiente a la superficie que quede sin sembrar en el ciclo primavera-verano 1998-1998.
Propuesta 2. Que también le compete al Gobierno Federal, al Poder Ejecutivo, que los grados de humedad se amplíen a 16 grados en lugar de los 14 en que se ha venido aplicando anteriormente.
Propuesta 3. Que así como el año pasado al establecer un precio de 1 mil 315 pesos se dieron 20 pesos por secado, ahora se dio un 50% del secado por parte del Gobierno Federal.
Propuesta 4. Que será entre organizaciones y gobierno del Estado y prestadores de servicios, que se acuerde con los maquileros y transportistas que se apliquen las tarifas que ejercieron en el ciclo 1996-1997 o bien nos subsidien con un 15% en los fletes y las trillas.
Compañeros legisladores: el campo necesita nuestra ayuda, pero construyámoslo con propuestas serias y viables. Hoy vinieron a acusar precio. Hoy los invito, una vez más, a que legislemos en la Ley de Desarrollo Agropecuario Integral.
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Por favor un micrófono al diputado Ricardo Armenta.
¿Con qué objeto?
| El diputado Ricardo Armenta Beltrán (desde su curul): |
Solicito la palabra para rectificar hechos, señor Presidente.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Armenta Beltrán hasta por cinco minutos para rectificación de hechos.
Quiero decirles, compañeros, que efectivamente se tomaron casetas, una caseta de cobro en Guasave y está demandado junto conmigo un diputado local del PRI, que tuvo vergüenza de estar allá junto con nosotros, que fue ex dirigente estatal de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, que anduvo junto con nosotros tomando esa caseta.
Fuimos primero, antes de irnos a tomar la caseta de cobro, fuimos a ver al presidente municipal de Guasave, que es priísta, que es productor y tuvimos una reunión abierta con él en los patios de la presidencia municipal y le dijimos que íbamos a pedirle ayuda como presidente municipal de Guasave y que sabíamos que no era la instancia municipal la que resolvería ese problema ni el gobernador del Estado, pero le pedimos al presidente municipal del PRI que nos acompañara a ver al señor gobernador del PRI, para que nos ayudara con las autoridades federales del PRI, a solucionar nuestro problema. No quiso el presidente municipal, por eso nos fuimos a la caseta.
Ciertamente, dice el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, que este asunto no es de precios, que va más allá y todos hemos coincidido en la Comisión de Agricultura que es cierto. Pero los productores agropecuarios no podemos esperarnos aquí a que después de las alegatas que tenemos en esta Cámara de Diputados, donde nadie le hace caso a nadie, donde todos nos peleamos dentro de nosotros, algún día se pongan de acuerdo para poder sacar lo que necesitan los productores.
También menciona el diputado Cárdenas Fonseca que la agricultura está mal porque el minifundio no funciona. Tiene razón, tiene mucha razón. Por eso le presenté yo al Secretario de Agricultura, aquí en esta Cámara de Diputados, cuando nos vino a hablar de lo mismo le presenté un proyecto productivo, de una sociedad de producción rural de allá de Guasave, donde están agrupados 25 ejidos, con más de 60 mil hectáreas, que no deben ni un cinco y le dimos el proyecto para comprar unas bodegas y que hasta el momento todavía no me ha contestado.
También quiero decirle al diputado Cárdenas Fonseca, que en diciembre la Cámara local de Diputados del estado de Sinaloa y la CADES, que el mencionó ahorita como los productores mayoritarios del Estado, hasta un papel nos enseñó, cuyo dirigente estatal es hermano de él, era hermano del licenciado Cárdenas Fonseca, era dirigente, acaba de terminar, nos solicitó por escrito a todos los diputados federales de todos los partidos políticos, que buscáramos más recursos para la agricultura y yo sí lo hice dentro de la Comisión de Agricultura; el que no lo hizo fue él, porque aquí todos sabemos quienes apoyaron eso.
También aquí yo no vine a pedirles precio ni les puse cantidades, yo les dije que traía un compromiso con los productores amigos míos y que yo también soy productor, aunque no le guste al licenciado Cárdenas Fonseca, porque mi parcela está retacada de maíz, porque yo también estoy luchando por lo mío y por lo de mi familia.
Muchas gracias.
| El Presidente : |
Tiene la palabra el diputado Maximiano Barbosa, hasta por cinco minutos, para rectificación de hechos.
Con su permiso, señor Presidente; compañeros:
Es importante que pongamos las cosas en claro. El pedir precio no es que estemos regateando. Hace un año la Secretaría de Agricultura y El Barzón, nos abocamos a la tarea de hacer un estudio del costo de producción del maíz. Datos de hace un año, producir una tonelada de maíz nos costaba 1 mil 950 pesos. La Secretaría de Agricultura reconoció que ese es el costo de producción del maíz, pero también se nos dijo que estábamos en una etapa de apertura comercial en la globalización y que había que estar en los niveles internacionales.
Yo estoy convencido, compañeros, de que tenemos que establecer los criterios. O estamos en la apertura comercial o estamos con los costos nacionales. Porque no se vale que el costo de producción nacional esté demasiado elevado y se actualice cada mes. Si nos quieren dar precios internacionales, como es el precio de 1 mil 300 pesos, pues también que nos den costos internacionales.
Yo estoy convencido que esta Cámara no va a dar precio al maíz, que efectivamente le corresponde al Ejecutivo. Pero yo quiero decirles que dentro del Ejecutivo tenemos a una Secretaría de Agricultura y una Secretaría de Comercio, como las peores plagas del campo y principalmente del cultivo de maíz.
Yo quiero decirle a ese compañero que me antecedió en la palabra, el compañero del PRI, él habla que la CNC, el habla que la CADES, yo quiero decirles que ni la CNC ni la CADES representan los intereses reales de los productores. Yo quiero decirles que las organizaciones como la CNC ya dejaron de cumplir con su función al traicionar a los productores del campo, al permitir esa importación indiscriminada.
Es importante, compañeros, que pongamos las cosas en claro. Nosotros no vamos a ponerle precio, pero sí tenemos la facultad de fiscalizar al Ejecutivo y no se vale que tengamos un Tratado de Libre Comercio, en donde tenemos pactado importar 2 millones 500 mil toneladas de maíz y se hayan exportado hasta 6 millones de toneladas de maíz. ¿Pues a qué estamos jugando, compañeros?
Yo invito al compañero priísta que me antecedió, para que conjuntamente vayamos a la Secretaría de Agricultura a hacerla que cumpla con su obligación. Yo sé que no es cuestión de precio, es cuestión de un proyecto integral, es cuestión de poner las reglas claras y que estemos realmente en igualdad de condiciones.
El costo de producción del maíz está por encima realmente del costo de producción del maíz en otros países . El costo más fuerte del insumo es el costo del dinero. En México andamos alrededor del 50% del costo del dinero.
Internacionalmente el costo del dinero todo mundo sabemos que anda sobre el 8% al 12%. Así no podemos competir, compañeros. Yo quiero invitar a esta Cámara de Diputados que, a través de la Comisión de Agricultura y las comisiones que correspondan, que vayamos juntos y llamemos a cuentas al Secretario de Comercio y nos dé una explicación por qué se están dando importaciones de maíz fuera del control y fuera del contexto del Tratado de Libre Comercio.
Si queremos realmente resolver el problema y lo queremos hacer por la vía del diálogo, como dice el compañero, que no debe ser por la vía de la manifestación ni la toma de carreteras, tenemos que hacerlo nosotros, porque a los campesinos no se les escucha.
Cientos de campesinos y miles, han venido a tocarle la puerta a la Secretaria de Agricultura y ni caso les hacen. ¿A dónde van a recurrir esos campesinos? ¿Al PRI? ¿Al Presidente de la República? No, señores, nosotros somos representantes del pueblo y somos representantes dignos de los campesinos y no los dejemos en manos de las organizaciones tradicionales, que han traicionado a los productores del campo. Yo los invito a que cumplamos con la función de gestoría y sobre todo de fiscalizar al Ejecutivo para que cumpla con su obligación.
Muchas gracias.
| Presidencia del diputado Marco Antonio Fernández Rodriguez |
Túrnese a la Comisión de Comercio y a la de Agricultura.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
| La secretaria Silvia Oliva Fragoso: |
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año.— LVII Legislatura.
Orden del día
Jueves 30 de abril de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Comunicación de la Comisión de Seguridad Social
Comunicación de la Cámara de Senadores.
Comunicación de la mesa directiva.
Iniciativas de diputados
De reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Tra-bajo.
De reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Lázaro Cárdenas Batel, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona el último párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona un artículo transitorio a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Ley del Impuesto al Activo, a cargo del diputado Juan Miguel Alcántara Soria, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona un párrafo al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
De reformas a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, a cargo del diputado José Antonio Herrán Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona, reforma y deroga diversos artículos de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona, reforma y deroga diversos artículos de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que modifica al párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
De Ley para la creación de una Zona Económica Sur-Sureste, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
De reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos: de la Revolución Democrática, Acción Nacional y del Trabajo.
De reformas a los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De reformas al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De reformas y adiciones al artículo 175 numeral 3o. y artículo vigesimosegundo transitorio y otros del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Martha Delia Gastélum Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que modifica la fracción IV y se adicionan las fracciones V y VI al artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
De reformas y adiciones al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gilberto Parra Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Proposición para que se integre una comisión de investigación sobre el impacto ecológico ambiental para las actividades de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Exportadora de Sal, S.A de C.V., a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Votación)
Informe de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con punto de acuerdo relativo a la situación de la Carretera Atlacomulco-Ixtlahuaca-Toluca. (Votación)
Oficio del gobernador del Banco de México
Para dar cumplimiento al artículo 51 fracción III de la Ley del Banco de México, remite el Informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el segundo semestre de 1997 y sobre las actividades del banco en dicho ejercicio.
Minuta
Proyecto de Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona un numeral 2 al artículo 5o., con un inciso 'a' al artículo 27 y con un inciso `q' al artículo 38, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Dispensa de la segunda lectura, discusión y votación).
De la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, con proyecto de decreto relativo a que se establezca una veda indefinida en los estados de Guerrero y Oaxaca. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación).
De la Comisión de Bosques y Selvas, con proyecto de decreto por el que solicita al Ejecutivo Federal declare estado de emergencia en las zonas afectadas y por conducto de las secretarías correspondientes, la realización de diversas actividades para combatir los incendios forestales en nuestro país. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación).
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dispensa de la segunda lectura, discusión y votación).
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIX-J al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dispensa de la segunda lectura, discusión y votación).
Excitativa
A la Comisión de Bosques y Selvas, a cargo del diputado Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Clausura
Intervención de los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran la LVII Legislatura.
Comisiones protocolarias.
Declaratoria de clausura de labores de la Cámara de Diputados del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de la LVII Legislatura.»
| El Presidente (a las 23:09 horas): |
Se levanta la sesión y se cita para mañana jueves 30 de abril a las 10:00 horas.
*Tiempo de duración: 11 horas con 31 minutos.
*Quoum a la apertura de sesión: 439.
Temas de agenda política: 10.
*Puntos de acuerdo: 5.
*Oradores en tribuna : 61.
PRI- 17; PRD-27; PAN-15; PT-
Se recibieron:
*1 iniciativa del PRI;
*3 iniciavas del PRD;
* 1 comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, respecto a la comopañía Teléfonos de México;
* 2 comunicaciones de la Comisión de Seguridad Social, respcecto a iniciativas de reformas a ls lelyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas ArnadasMexicanas;
* 1 comunicación de la Comisión de Turismo, respecto a inciativas en proceso de dictamen.
Dictámenes de 1a. lectura:
* 1 de la Comisión de Comercio, reslpecto a laLey del Registro Nacional de Vehículos. Se dispensa la segunda lectura.
* 2 para aceptar y usar condecoraciones que otorgan los gobiernos de las repúblicas de Polonia y Dominicana.
Se aprobó:
*3 dictámenes, los presentados de primera lectura:
*Elección de miembros de la Comisión Permanente.