PRESIDENTE

Diputado Arturo Núñez Jiménez

AÑO II                 México, D.F., martes 1o. de septiembre de 1998              No.2

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Año lI  No.2          PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS       SEPTIEMBRE 1o, 1998

ASISTENCIA

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 458 diputados.

Se solicita al Secretario de la Cámara de Senadores haga del conocimiento de esta Presidencia la asistencia de senadores.

Señor Presidente, con base en el registro previo de asistencia de la Oficialía Mayor, esta Secretaría informa que están presentes 112 senadores.

Señor Presidente, hay una asistencia de 458 diputados y 112 senadores. Hay quorum de Congreso General.

Se abre la sesión de Congreso General.

Se suplica a todos los presentes ponerse de pie.

DECLARATORIA DE APERTURA

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 1o. de septiembre de 1998, el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de la LVII Legislatura.

Se va a proceder a entonar el Himno Nacional.

(Himno Nacional.)

COMISIONES REGLAMENTARIAS
Y PROTOCOLARIAS

En virtud de que cada una de las cámaras, al instalarse, designó las comisiones de cortesía a que se refiere la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso, esta Presidencia solicita a los legisladores integrantes de las mismas procedan en su oportunidad a cumplir con el cometido asignado por sus cámaras.

Sírvase la Secretaría dar lectura al artículo 8o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 8o. DE LA LEY ORGANICA
DEL CONGRESO GENERAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 8o. El 1o. de septiembre de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe de conformidad con el artículo 69 constitucional.

Antes del arribo del Presidente de la República hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados de cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de 15 minutos.

El Presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y generales, con las formalidades que correspondan al acto. Esta sesión no tendrá más objeto que celebrar la apertura del periodo de sesiones y que el Presidente de la República presente su informe; en tal virtud, durante ella no procederán intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores.

Las cámaras analizarán el informe presentado por el Presidente de la República, el análisis se desarrollará clasificándose por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior.

Las versiones estenográficas de las sesiones serán remitidas al Presidente de la República para su conocimiento.

INTERVENCIONES PARTIDISTAS

Harán uso de la palabra los siguientes legisladores: por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Jorge Emilio González Martínez; por el Partido del Trabajo, el diputado Ricardo Cantú Garza; por el Partido Acción Nacional, el senador Gabriel Jiménez Remus, por el Partido de la Revolución Democrática, la senadora Rosalbina Garavito Elías; por el Partido Revolucionario Institucional, la diputada Laura Alicia Garza Galindo.

En tal virtud, se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Emilio González Martínez.

Muchas gracias, señor Presidente; honorable Congreso de la Unión; señoras y señores:

Hace un año, al inicio del primer periodo de sesiones de esta LVII Legislatura del Congreso de la Unión, los diputados verdes sabíamos que serían grandes los retos que enfrentaríamos y asumimos el compromiso de enfrentarlos con lo mejor de cada uno de nosotros, pero no imaginábamos la magnitud de los mismos ni mucho menos que habríamos de trabajar por lograr acuerdos en beneficio de la sociedad mexicana en un ambiente hostil, lleno de encono, mismo que debe de ser ya superado en interés de México.

Hay muchas razones por las cuales pudiera considerarse a esta legislatura como histórica, pero sólo una, por la cual quedará realmente grabada en la memoria nacional: el cumplimiento cabal de nuestro deber de realmente representar el interés del pueblo de México. En ese sentido es en el que los diputados del Partido Verde Ecologista de México hemos trabajado a lo largo de este año, lleno de circunstancias difíciles y preocupantes para nuestro país.

Los diputados verdes fuimos electos por representar una corriente de crítica y acción contra la destrucción a la que está siendo sometido nuestro medio ambiente y con él las bases ecológicas para alcanzar un desarrollo justo, compartido, sobre todo sostenible a largo plazo; por ello, nuestro trabajo se ha encaminado principalmente a presentar iniciativas que ayuden a prevenir y revertir el proceso depredatorio en el que se basa nuestro actual modelo económico y sus negativos efectos para toda la sociedad, sin que ello, claro, signifique desatender el gran número de asuntos que conforman la agenda política nacional.

Nuestras iniciativas han traído al Congreso de la Unión, de forma seria y razonada, los puntos más relevantes del tema ambiental y su número, aunque aparentemente reducido, nos da la satisfacción de ser el partido que proporciona el número de integrantes de su grupo parlamentario y del costo que nuestro trabajo representa para la sociedad, ha desempeñado sus funciones de una manera más eficiente y progresiva.

Sin embargo, la eficacia no sólo debe medirse en función de números y porcentajes, no; también y de manera muy importante el reflejo de nuestro trabajo en la mejora de las condiciones de vida de la población y la atención de sus legítimas demandas, debe ser un indicador fundamental para calificar nuestro desempeño como legisladores.

Las iniciativas y propuestas del Partido Verde Ecologista de México han dado ya sus primeros frutos, que valorados en su justa dimensión constituyen un ejemplo de lo que un Congreso plural, activo y autónomo, puede hacer en beneficio de toda la sociedad.

Hoy, todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal y diversos grupos organizados de la sociedad civil, han unido esfuerzos para evitar que en el estado americano de Texas, a menos de 30 kilómetros de nuestra frontera, se construya y opere un confinamiento de residuos nucleares que pudiera poner en grave riesgo la salud de la población de dicha región, además de ser una grave ofensa de un país poderoso, que pretende ahora desconocer sus acuerdos y compromisos internacionales que había asumido.

Unidos todos podremos hacer frente a éste y a cualquier otro reto que la compleja dinámica internacional nos pueda presentar; confrontados seremos presa fácil de la red de intereses internacionales.

A lo largo de la historia de nuestro Congreso muchas comisiones especiales de investigación se han creado, pero nunca antes del 30 de abril de este año se había creado alguna que contara con el apoyo y consenso de todos los partidos políticos representados en esta Cámara.

La comisión investigadora de las entidades exportadoras de sal es la primera que ha contado con tal apoyo y deseamos que durante el desarrollo de estos trabajos siga con el mismo entusiasmo que imperó para su conformación.

La comisión que se menciona constituye un antecedente muy importante en la vida parlamentaria de nuestro país, no sólo por el consenso para su creación, sino porque es la primera vez que en el seno de la Cámara de Diputados se discutirá y evaluará el desempeño ecológico ambiental de una empresa del Estado y la repercusión que sus actividades han tenido en la comunidad en que se encuentra, así como la conveniencia o falta de ésta para que dicha empresa expanda sus actividades a un área que por sus características es sin duda parte muy importante del patrimonio natural de nuestro país.

Durante este año todo el país sufrió una gran tragedia nacional, que de repetirse, sin que se prevean las medidas para hacerle frente, en los años por venir será de mayores y más profundas consecuencias negativas que cualquier caída de nuestro sistema financiero: los incendios forestales que este año consumieron alrededor de 600 mil hectáreas de bosques y selvas mexicanas, de continuar a ese ritmo, en los años siguientes nos dejarán en 10 años más, más que las cenizas de lo que en otros tiempos fueron paraíso de la biodiversidad.

Ante este panorama la única esperanza es que unidos trabajemos para que las futuras generaciones puedan gozar de un México verde.

Por otra parte, en coincidencia con todos los partidos políticos representados en este Congreso, el Partido Verde Ecologista de México ha presentado una propuesta para intentar resolver el grave problema que representa para nuestro país la situación de incertidumbre en la que se encuentra la cartera vencida que conforma los pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro.

La propuesta que el Partido Verde Ecologista de México ha presentado en el seno de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y ante la opinión pública, tiene por objeto la regulación jurídica constitucional de todo el proceso de rescate bancario implementado a espaldas de la nación por el Ejecutivo Federal.

Fincar todas y cada una de las responsabilidades administrativas, políticas y penales que se deriven del proceso de auditoría al que éste se someterá, en aras de su depuración a los pasivos de dicho fondo, encontrar los mecanismos que reduzcan y distribuyan de manera real los costos fiscales y el impacto social que el reconocimiento de la deuda contraída ilegalmente por el Gobierno Federal, pudiera tener en este caso y también encontrar los instrumentos que hagan posible beneficiar a un gran número de deudores del sistema financiero nacional para así de esta manera sanear y reemprender sobre bases más sólidas y seguras la reactivación de la economía mexicana.

Por todo lo anterior, durante el periodo de sesiones que hoy se inicia, el partido de los integrantes del grupo parlamentario continuaremos trabajando en beneficio de los intereses de la sociedad mexicana para que la corriente que representamos vea reflejada en los hechos sus demandas, preocupaciones e intereses.

En este periodo de sesiones habremos de abordar nuevamente los temas de importancia en materia ambiental, como son el ecoturismo como una alternativa viable para la conservación y aprovechamiento de nuestros recursos naturales. La protección y aprovechamiento racional de la fauna y flora silvestre, la prevención y combate del cambio climático y el establecimiento a nivel constitucional de la premisa para que el desarrollo nacional se lleve con los principios de la sustentabilidad.

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Estos serán algunos de los temas que abordaremos y a los cuales se sujetarán nuestras iniciativas, entre otras, durante este periodo de sesiones.

Durante los últimos cuatro años México ha transitado por un periodo de incertidumbre, zozobra y desesperanza; el Gobierno Federal ha sido incapaz, dado lo errático de sus decisiones o quizá sea mejor decir la consistencia de su indecisión, de enfrentar los graves retos que en todos los órdenes de la vida nacional tiene y ha tenido nuestro país.

Chiapas sigue pendiente, el crimen y la violencia aumentan sin control, la economía va de sobresalto en sobresalto, la falta de previsión en esta materia ha sido un signo permanente en el quehacer del Gobierno.

Nunca durante los últimos días de 1994, se previó que la devaluación sufrida por el peso mexicano, traería como consecuencia el derrumbe del sistema financiero y por ello no se tomaron entonces las medidas adecuadas para que, constitucional y legalmente, se implementara un esquema de rescate que dejara satisfecho el interés nacional.

Tres recortes presupuestales en este año, derivados todos ellos de la caída de los precios del petróleo, demuestran que el Gobierno, además de mentir al asegurar que la economía mexicana no dependía más del petróleo, es absolutamente incompetente para prevenir oportunamente los vaivenes de la economía internacional que tanto nos han afectado.

Hoy como hace un año, vuelvo a reiterar mi convicción sobre la necesidad de sentar las bases para un nuevo sistema político, un sistema que le pueda dar a México el bienestar que el actual no puede ni podrá darnos.

En el Partido Verde, como en los demás grupos parlamentarios de oposición, existen legisladores que buscan la transición, argumentando que este sistema está agotado, como también buscamos combatir diversos actos ilegales del actual régimen, cuando por fines políticos se ha pretendido torcer la ley.
En el grupo parlamentario del Verde lucharemos por la transición, pero con legalidad, siempre respetando todas y cada una de las leyes, ya que es para nosotros un compromiso moral, por ser legisladores, defender el cumplimiento de la ley a toda costa.

Señoras y señores legisladores: todo México nos demanda que unamos esfuerzos y así sentar las bases para lograr un desarrollo sostenible y permanente. Demostremos que un Congreso sin mayoría absoluta de ningún partido, sí puede lograrlo. Esta es una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar. ¡Hagámoslo por México!

Muchas gracias.

Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza.

Con su venia, diputado Presidente; compañeros legisladores; pueblo de México:

Hoy, como cada 1o. de septiembre, la voz presidencial hace desfilar aquí visiones optimistas sobre México, que parecen encontrar sustento en programas y cifras macroeconómicas hechas para la ocasión, que nada tienen qué ver con la realidad que vivimos la mayoría de los mexicanos.

Hoy que son muchos, demasiados los problemas que afligen a nuestra patria, los mexicanos necesitamos que se nos hable con la verdad.

Vana promesa recibimos al arranque del actual sexenio, cuando el Presidente reconoció como una exigencia nacional el esclarecimiento de los asesinatos políticos que sacudieron a la nación, asegurando no descansaría hasta lograrlo.

El resultado es un incumplimiento tan rotundo, como el lema de campaña que ofrecía bienestar para la familia.
México ha vivido en los últimos años crisis recurrentes, ya no podemos aceptar que somos víctimas de factores externos, indispensable resulta poner freno a la especulación, apoyando decididamente las actividades productivas. Al campo le urgen los recursos para revitalizar la producción agropecuaria, que hoy atraviesa por una profunda crisis, mientras el país compra cada vez más alimentos en el extranjero.

El modelo económico neoliberal, impuesto al país desde hace tres sexenios, ha mostrado hasta la saciedad su incapacidad para generar un desarrollo sostenido, que en verdad garantice los mínimos necesarios de bienestar para nuestras familias.

Los legisladores del Partido del Trabajo insistimos en la necesidad de una nueva política económica al servicio del ser humano, por encima de los intereses económicos de los grupos oligárquicos, que hoy acumulan grandes fortunas a costa de la penuria de la mayoría de los mexicanos.

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa, ha evidenciado el verdadero rostro de rapiña del modelo neoliberal que busca privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. El pueblo de México no tiene por qué cargar con el gran peso de la deuda del rescate bancario; es a todas luces injusto, inmoral y pernicioso el que se pretenda que quienes menos tienen carguen con la deuda de quienes más tienen, los que para colmo en no pocos casos esconden oscuras y alevosas corruptelas.

El Fobaproa es un grotesco monumento a la irracionalidad; deviene de un modelo que ha privilegiado la especulación, el dinero fácil, el abuso, la corrupción y la complicidad de los sectores de la clase política con el poder económico. Se trata de prácticas lesivas para el desarrollo del país que deben ser erradicadas mediante el fortalecimiento de un sistema financiero que realmente apoye la producción y la justa distribución de la riqueza.

Nos indigna el grave deterioro de salarios que en los tres sexenios neoliberales ha perdido más del 70% de su capacidad de compra. Los salarios miserables ya alcanzan a médicos y maestros, pese a las importantes luchas que han desarrollado y a ello se suma el deterioro de los programas de abasto, salud, educación y vivienda. No obstante esto, prosiguen los despiadados recortes al gasto social.
Enfrentamos una profunda crisis con muy graves secuelas: una ya crónica inseguridad pública, una lacerante desnutrición infantil, una muy elevada deserción escolar, una incontenible prostitución que ya alcanza a nuestra niñez.

Hablamos pues, no de las cifras macroeconómicas que diseñan los tecnócratas, sino del estado real que guarda la nación, de la única realidad, más de hueso que de carne que vive México, de la tendencia desastrosa que lo arrastra a la que urge poner freno.

Demandamos que la política social del Estado mexicano ya no siga sacrificándose, que se destinen mayores recursos a combatir los abismos que nos separan cada vez más. Estamos a favor de que se combatan las causas de la pobreza que envuelve a la mayoría de los mexicanos.

La seguridad pública es reclamo primordial de todos nosotros. Lejos de avanzar, retrocedemos por la nefasta confluencia de la desmesurada corrupción de las instituciones encargadas de procurar e impartir la justicia y las lacerantes manifestaciones de la enorme pobreza que padecemos.

Desde su candidatura el presidente Zedillo reconoció el reclamo y ofreció una reforma radical que regresara la tranquilidad a los mexicanos. Contrariamente, durante su mandato, los índices delictivos casi se duplican y México ocupa un lugar destacado en las listas internacionales de países violadores de los derechos humanos.

Insistimos, no es un problema policiaco que se resuelva mediante programas de seguridad; es una problemática compleja en la que se entrelazan dos grandes males: la impunidad y la corrupción. En México podemos distinguir tres tipos de delincuentes: uno, que se deriva directamente de la crisis económica y social, que se comete por hambre; dos, de las bandas organizadas; tres, desgraciadamente la delincuencia de Estado, la que se realiza desde las mismas corporaciones policiacas.

Por ello es indispensable realizar efectivas depuraciones de los cuerpos policiacos, al tiempo que se mejoren las condiciones laborales y salariales de sus buenos elementos, así como brindar el debido seguimiento de quienes son expulsados por comportamiento indebido. Por eso el Partido del Trabajo afirma que todo ser humano debe gozar de una calidad de vida digna y al mismo tiempo vivir con tranquilidad para su desarrollo personal y comunitario y por tanto debemos combatir la inseguridad pública de manera conjunta entre Gobierno y ciudadanos y por eso decimos con energía: "contra la delincuencia organizada, la ciudadanía organizada. Contra el crimen organizado, el pueblo organizado".

Los legisladores del Partido del Trabajo demandamos que no se repita el silencio de hace un año en torno a la grave problemática de Chiapas, en la que nos jugamos la suerte el país. Condenamos la errática política del Ejecutivo frente a Chiapas, verdadera provocación belicosa en abierto desapego a la Ley de Concordia y Pacificación surgida unánimemente por este Congreso. La iniciativa sobre derechos indígenas del Gobierno se apartó de la ley, agravando el enrarecido ambiente de Chiapas, pues es a la Comisión de Seguimiento y Verificación, organismo bipartita, al que corresponde legalmente presentar esta iniciativa.

Mediante la concesión o la amenaza el Gobierno buscó y desgraciadamente en algunos casos consiguió, que otros partidos presentaran iniciativas similares, avalando esta violación a la Ley de la Cocopa.

En el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés apenas se asoma el verdadero rostro de la política oficial hacia Chiapas: militarización creciente de la zona; creación e impulso de grupos paramilitares; ataque a las comunidades que simpatizan con los zapatistas y la abierta matanza, como en el caso de Acteal y de El Bosque. Al doble discurso, al lenguaje de paz que encubre preparativos para el uso y abuso de la fuerza, le estorban los testigos; es por ello que el Gobierno la emprendió en contra de los miembros de la Arquidiócesis de San Cristóbal de las Casas, de la mediación de la Conai, de la participación de la Cocopa y de los observadores nacionales e internacionales.

Algunos legisladores hemos sido objeto de cobardes amenazas, que amparadas en el anonimato intentan obtener nuestro silencio, con pretensiones de que seamos comparsas de los intereses políticos y económicos que se han entronizado en el poder y que son los responsables de la miseria humillante padecida por millones de mexicanos. A esas voces oscuras les aseguramos que a los diputados del Partido del Trabajo no nos amedrentarán, contamos con la enorme fortaleza que da el pueblo de México, hemos nacido en las luchas del pueblo, nos hemos fortalecido en ellas y compartiremos la suerte del pueblo, que al final emergerá victorioso.

Al margen de presiones, seguiremos manteniendo inflexible nuestra conducta, la misma que nos llevó a ser el único partido político que no votó a favor de la Miscelánea Fiscal ni de la Ley de Ingresos vigente, por mantener una estructura que privilegia al gran capital en detrimento de la mayoría de los mexicanos y ante el intento renovado de aumentar el IVA y mantener el paraíso fiscal para el capital especulativo.

El Partido del Trabajo desde ahora señala: se opondrá una vez más con toda su fuerza a la complicidad entre las cúpulas gubernamentales y los especuladores. El Partido del Trabajo jamás traicionará su esencia de anteponer el interés nacional por sobre los intereses particulares o de grupo.

México está viviendo una transición política. El modelo de Estado autoritario ha entrado en crisis. Con ello se han debilitado las formas habituales del hacer político y se requiere avanzar firmemente en una reforma de Estado.

La reforma de Estado debe de recuperar ante todo la institucionalidad democrática, el espíritu republicano, el fortalecimiento en los contrapesos institucionales y la defensa de la igualdad.

Es necesario retirar los chantajes que detienen los trabajos de la mesa del diálogo nacional para concretar reformas que establezcan controles sobre los gastos de campaña excesivos e ilegales.

Deben evitarse los despilfarros que marcan profundas desigualdades dentro de las campañas electorales y principalmente en los gastos destinados a distorsionar el voto ciudadano con dádivas indebidas y amenazas de retirar programas y apoyos gubernamentales que condicionan el voto.

Asimismo, es importante señalar que en estados como Nayarit y Baja California, entre otros, hay una fuerte resistencia a homologar los avances que en materia electoral se producen en el país.Ç

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Pendiente está garantizar una fiel representación nacional de las cámaras de Diputados y Senadores, evitando la sobrerrepresentación que actualmente obtiene el PRI, así como aceptar sin regateos el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, la iniciativa popular y la voz ciudadana en los cabildos.

En los últimos años nuestro país ha sido víctima de desastres naturales, producto del deterioro climatológico mundial.

Aunado a ello, la ineficiente política gubernamental para la prevención de estos desastres, nos ha llevado a hechos trágicos como los ocurridos a la población de las costas de Guerrero y Oaxaca, cuando los azotó el huracán "Paulina" en octubre del año pasado.

También las terribles sequías demostraron que el Gobierno no está en capacidad técnica para hacer frente a este tipo de desastres. Por lo tanto, requerimos de una política clara y efectiva de atención a la población que sufre de las inclemencias de la naturaleza.

Hoy el modelo económico y social que nos han impuesto ha embargado nuestro futuro, ha hipotecado nuestro porvenir, ha confiscado la prosperidad de los mexicanos, se está vendiendo el mañana de nuestros hijos. Un modelo económico y social inhumano nos arrebata lo construido y por decisión ajena se pone en la mesa de las apuestas nuestra esperanza.

Ante ustedes, los diputados peteístas ratificamos nuestro compromiso de defensa de los intereses del pueblo de México y nuestro empeño de, junto con él, trabajar por las mejores causas de la humanidad.

Perseveremos en el esfuerzo por construir un México del que nos sintamos orgullosos, el México que queremos para nuestros hijos, cimentado en el amor y la verdad, democrático, justo sin privilegios ni exclusiones.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el senador Gabriel Jiménez Remus.

Señor diputado Presidente del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; señoras y señores diputados; señoras y señores senadores:

Fijaré la posición que hacen las señoras y señores legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en relación con el IV Informe, que rendirá hoy ante el Congreso de la Unión el titular del Ejecutivo Federal.

Dejaré de referirme a muchos aspectos de la realidad nacional, no por omisión, sino porque la crisis brutal por la que atraviesa el país, hace que ése sea el tema central, prioritario, que exige la atención de la representación nacional.

Los sucesos económicos y sociales que sacuden al país son mucho más que una crisis, son la expresión de un monumental error histórico, la herencia de sufrimiento y de angustia que testó el régimen de partido hegemónico que, además ha producido un grave debilitamiento del Estado, que limita su capacidad de respuesta ante gigantescos retos internos y externos.

Un somero vistazo a los indicadores económicos de México, revela que el país se sostiene todavía sobre los resquebrajados pilares del engaño, de la pobreza del pueblo a mayor gloria exterior del régimen.

La renta per capita, la inflación, la devaluación de nuestra moneda, los millones de pobres y el desempleo que agota con agudeza creciente a la población, emplazan a nuestro país todavía en el Tercer Mundo, por ahora sin esperanza.

Si se tienen en cuenta otros indicadores, se percibe el caos con más crudeza. La protección social arroja características de ficción, díganlo si no: un Seguro Social quebrado, un Infonavit cuyas cuentas siguen siendo secreto de Estado, la exigencia de subsidios crecientes a los artículos de consumo básico para que la población pueda subsistir y al cuarto año de un sexenio, ya ni los datos de la macroeconomía pueden ser maquillados, como se acostumbraba en sexenios anteriores, pues la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes no cotiza en el mercado de los valores políticos.

Con todo lo anterior, el régimen se coloca en un déficit serio de credibilidad. Esa es una responsabilidad del presidente Ernesto Zedillo, que cuanto más se tarde el Ejecutivo en asumir y rectificar, mayor será el daño producido y mayor será el sufrimiento del país.

A quienes desde la oposición discrepamos de las conductas asumidas por el Gobierno, solicitando se rectifiquen, se nos sitúa reiteradamente en la condición perversa de los traidores o cuando menos en la triste condición de los que están equivocados, condenándonos siempre a la hoguera o al más espeso silencio, pues no encajamos en el criterio de ciertas poderosas corrientes de opinión y en los círculos políticos, académicos o periodísticos que las sustentan.

Nosotros preferimos en Acción Nacional otra perspectiva muy distinta de la democracia: la que defiende el último reducto de diversidad que singulariza a cada persona y nos hace obstinarnos en ser diferentes en cuanto nos dan la menor oportunidad para ello y siempre por el bien de México; la que proclama ese núcleo irrenunciable de la propia personalidad, haciendo de cada persona un ser irrepetible y explica el horror que nos produce cuando es tratada por el Gobierno, como un bien fungible.

Los legisladores de Acción Nacional, diputados y senadores, estimamos que es oportuna esta ocasión para reiterar ante la comunidad mexicana e internacional, nuestra propuesta encaminada a una solución integral a la crisis estructural del sistema financiero que, hoy por hoy, coloca al país en una situación de grave riesgo.

Apelamos a considerar la aceptación de esta crisis como un problema, cuya solución ha de tener por fondo, una cuestión de Estado y por ello, ha de involucrar institucionalmente a toda la comunidad mexicana, en orden de arribar a un consenso nacional generado en la participación democrática de todos.

El envío de la iniciativa con la actual conformación del Congreso, pretendiendo el Presidente de la República lisa y llanamente, aumentar la deuda del país en 550 mil millones de nuevos pesos después de avalar a las espaldas del Congreso, las obligaciones contraídas por el Fobaproa, olvidando que la fracción VIII del artículo 73 constitucional, se reformó en la década de los años cuarenta para evitar, según dijo el Ejecutivo de entonces, se hipotecara a las generaciones futuras de país, es un indicio más de la arrogancia descompuesta con la que el Ejecutivo viene conduciéndose en este asunto; subraya, con crudeza, el desprecio al Congreso en el ejercicio del poder, con la premeditada vulneración y actitud jactanciosa de ponerse por encima de las reglas que rigen para todos los presidentes, pero no para él, en este momento histórico.

La solución, por tanto, que se dé a este problema, en modo alguno, puede ir encaminada a que se mantengan los privilegios de una clase dirigente, pública y privada, que pensó que las reformas económicas se debían supeditar al sostenimiento de sus prebendas.

El PAN y sus legisladores nunca le hemos fallado a la nación. Ahora en este complejo y grave problema del Fobaproa, no le habremos de fallar. De eso pueden estar plenamente seguros los mexicanos. Si de nosotros depende, no habrá corrida financiera, pero tampoco estamos dispuestos a tolerar atracos al patrimonio común de todos, con el pretexto de rescatar el sistema bancario. Decimos con toda franqueza: no a la impunidad y sí sanción ejemplar a los responsables, cualquiera que sea su rango o posición.

Como partido responsable, Acción Nacional ha dado una alternativa viable, para resolver este problema, respetando la facultad constitucional del Congreso y que permite gestionar el rescate de un sistema bancario y financiero que, rectamente manejados, son fundamentales para el desarrollo económico y social del país. Es una alternativa que ha puesto a consideración del país y que no permite la impunidad de quienes defraudaron la nación.

México requiere vigencia del estado de derecho, que descansa en un principio sencillo y elemental: la libertad, bajo el imperio de la ley, es la única forma digna de la vida verdaderamente humana.
Por otra parte, los actores económicos de la nación esperan una reforma integral al sistema tributario en México, que vive una singular situación de paradoja fiscal: mientras las autoridades hacendarias expresan que la baja carga tributaria impide al Estado realizar objetivos de justicia social elemental, la comunidad de contribuyentes se expresa día a día, en un tono inequívoco de queja y de protesta, para resaltar la agobiadora carga fiscal que pesa sobre ellos.

Acción Nacional ha propuesto en forma reiterada una mayor y mejor distribución de los ingresos fiscales para fortalecer a estados y municipios y proclama un régimen fiscal con varias características: la simplificación, tanto en los aspectos legislativo como en el administrativo y la universidad contributiva, cuyo fin es no sólo terminar con la evasión, sino establecer un número tal de contribuyentes que permita una carga fiscal sustancialmente disminuida en lo individual.

México tiene sed de consensos. Somos muchos que así lo decimos. La inmensa mayoría de los mexicanos queremos la cohesión de la sociedad a pesar de la diversidad de los individuos que la componen.

El consenso ni se fundamenta en la desaparición de las diferentes maneras de ser y de pensar ni es una especie de sincretismo ideológico. El consenso que anhelamos exige coraje e imaginación, ya que reposa menos en la eliminación de las diferencias que en la construcción de un espacio de diálogo que asegure la regulación de cualquier discrepancia. El consenso no se concibe sin una tensión permanente entre las fuerzas que se emplean para estabilizar una situación y las que pretenden cambiarla.

El consenso, en definitiva, como ahora quisiéramos verlo, reinstaurado en la escena pública mexicana, no es una solución fácil generada por la pereza o por el temor de la acción. Se trata, por el contrario, de una tarea compleja que ha de acometerse resueltamente arrostrando peligros.

Consenso que implique sacrificio de renunciar a beneficios de aquellos que habiendo sido fieles al estado de cosas tradicional, deben ahora sumarse sin reservas a la defensa y consolidación del régimen democrático; consenso que implique también olvido de agravios pasados y sentarse en la misma mesa de negociación con quienes han sido nuestros perseguidores.

Vivimos en un mundo de globalización donde la situación económica de un estado influye a veces de manera decisiva en la de otros estados. Qué duda cabe, a este mundo glóbalizador no escapan las relaciones de los factores de la producción. Nosotros decimos: globalización, sí; modernización, sí; tecnología moderna de punta, sí; productividad, sí; capacitación, sí; pero nosotros añadimos: antes que globalización, antes que modernización, antes que tecnología, antes que primer mundo para unos cuantos, justicia social para la clase trabajadora.

Lo dijimos en 1939 y lo ratificamos en 1995, en nuestra iniciativa laboral: en los factores de la producción, el trabajo tiene preeminencia sobre el capital; con justicia se eleva la persona humana, se eleva el trabajador que se enorgullece de sus esfuerzos, de su fatiga y de su sudor. Con justicia se produce la aceptación abnegada de cargas, de destinos ajenos sobre los propios hombros y el cumplimiento personal de una vocación del espíritu.

Cien millones de mexicanos demandan acciones y políticas que les permitan desarrollarse con libertad y justicia. Sin embargo, las condiciones actuales difícilmente pueden dar esperanzas de que en el corto plazo ese justo anhelo pueda ser satisfecho para la mayoría.

El populismo de ayer y el neoliberalismo de hoy, unidos al abuso del poder y a la corrupción de siempre, han cancelado a varias generaciones la oportunidad de vivir dignamente. La desesperanza y la frustración que esto produce atenta directamente contra la fortaleza del país.

El flagelo de la violencia ha sentado sus reales en nuestra sociedad exhibiendo la agonía de nuestro estado de derecho, violencia política, violencia criminal, violencia en los conflictos sociales son las tres caras de este mal que castiga cruelmente la vida cotidiana de los mexicanos.

La mundialización de la economía al lado de las grandes oportunidades que ofrece, enseña hoy su lado negativo, cuando acontecimientos que están fuera de nuestro control se precipitan sobre nuestra precaria economía, anulando, de la noche a la mañana, los esfuerzos y sacrificios de los mexicanos por recuperar el crecimiento.

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En esta era de globalización se le exige al Estado mexicano respuesta para proteger los intereses nacionales prioritarios, fundado en la fortaleza de la sociedad, en la solidez de un estado democrático de derecho y de una economía sana.

Por desgracia, no son éstas las condiciones que hoy imperan en nuestro país, por eso los diputados y senadores del Partido Acción Nacional afirmamos que ésta es una hora crucial en la historia de la patria que nos exige a todos un esfuerzo superior a favor de México.

La revitalización del Estado mexicano, en sus diversas dimensiones: política social y económica, es deber y responsabilidad de todos los mexicanos. En mayor grado, de quienes servimos a la República desde los puestos públicos.

Nadie en forma individual o sectaria puede dar todas las respuestas que los problemas del país requieren, a estas alturas no se puede creer que exista un hombre providencial que todo lo puede y todo lo resuelve.

El tiempo del presidencialismo omnipotente ha terminado, como también ha quedado demostrada la impotencia del voluntarismo del caudillismo contestatario.

El Gobierno debe reconocer, con modestia, que mucho lo honraría, que no puede resolver los problemas del país sin el concurso de quienes lo criticamos y le resistimos.

La oposición, por nuestra parte, debemos hacer el esfuerzo de responsabilidad y generosidad que el interés nacional reclama para construir acuerdos viables y justos.

Este es el ejercicio democrático que nos impone nuestra convicción y la realidad que vivimos.

México tiene sed de consenso. A nuestra patria le urge que todas las fuerzas políticas y sociales nos dispongamos a edificar un pacto nacional para la estabilidad, la gobernabilidad y el crecimiento.

El consenso no se fundamenta en la desaparición de las diferentes maneras de ser y de pensar ni en una especie de sincretismo ideológico. Si así fuera entendido, tendrían razón los ultras, de la derecha y de la izquierda, que lo consideran una prueba de cretinismo político.

El consenso, en definitiva, como en Acción Nacional quisiéramos verlo instaurado en la escena política mexicana, no es una solución fácil generada por la pereza de los espíritus o por temor a la acción. Se trata, por el contrario, de una tarea compleja que ha de acometerse resueltamente arrastrando peligros.

Estos son los principios sobre los que sostenemos nuestra convocatoria al Ejecutivo de la Unión y a todas las fuerzas políticas, para pactar un acuerdo nacional revitalizador del Estado mexicano.

Los temas que están pendientes de resolución en la agenda nacional son muchos y de hondo calado.

El Fobaproa y el paquete financiero, no son sino un botón dramático que muestra las urgencias del país.

El conflicto de Chiapas y la legislación sobre derechos y cultura indígena no debe convertirse en materia de especulación electoral para el año 2000 ni pretexto para dar rienda suelta a la represión gubernamental.

La reforma de Estado y las leyes para combatir el crimen y la delincuencia y la reforma laboral no pueden esperar a tiempos inciertos para ser votados en este Congreso. Cada día que nos retrasemos se paga con un mayor debilitamiento del país.

El pacto nacional por la estabilidad, la gobernabilidad y el crecimiento exige una nueva relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. La voluntad popular, expresada en las elecciones de julio de 1997, abrió las puertas a un equilibrio democrático más auténtico y nos impuso la corresponsabilidad en la conducción del país.

El Presidente de la República no debe ver en esta nueva condición un reto a su propia legitimidad democrática, sino un sustento para la fortaleza de la República.

Llamamos al Ejecutivo a ser parte dinámica y comprometida con el pacto nacional, disponiendo a todo el aparato de la Administración Pública Federal a ser consecuente con la búsqueda y el logro de los consensos necesarios. En unos minutos más, el Ejecutivo vendrá a esta tribuna a informar al Congreso y al país sobre su gestión. Acción Nacional espera que más allá de las cifras y estadísticas, se reconozca que la situación del país exige nuevas actitudes, nuevos métodos de gobierno y una relación más flexible con el Congreso y las distintas fuerzas políticas que lo integramos.

De ello depende que en los últimos años de su sexenio, se defina el resultado final de su gestión: revitalización del Estado o una nueva crisis sexenal cuyas consecuencias cancelarían definitivamente cualquier expectativa positiva para la nación entera.

Ese es el tamaño de su responsabilidad. Le demandamos que esté a la altura del reto que como Presidente de la República le ha tocado encarar.

Tiene la palabra la senadora Rosa Albina Garavito Elías.

Señoras y señores diputados; señoras y señores legisladores:

Dentro de pocos minutos el presidente Ernesto Zedillo rendirá el informe del estado que guarda la Administración Pública Federal, en su cuarto año de gobierno. Lo hará frente a esta soberanía que representa hombres y mujeres, quienes en su gran mayoría han sacrificado durante los últimos 15 años su bienestar en pos de la recuperación económica del país. Un sacrificio que hasta ahora sólo ha servido para enriquecer a unos cuantos.

En materia económica el presidente Zedillo sólo puede ser portador de malas noticias, a menos que como su antecesor, hoy en el exilio, pretenda vender la imagen de un país que no existe.

Contrario a la propaganda oficial la recuperación económica se desvanece; mientras durante el primer trimestre de 1998 el producto interno bruto creció en 6.6%, se estima que para el cuarto trimestre el crecimiento apenas será de 2.8%.

Por su parte la tasa anualizada de la devaluación de acuerdo al promedio de agosto, llegó al 20%. Al cierre del año el déficit en cuenta corriente será del doble en relación a 1997.

Las tasas de interés real alcanzaron durante agosto un valor promedio de 12%, esto es, del doble del valor de las tasas internacionales, las reales.

En suma, al rendir cuentas de la situación económica nacional el jefe del Ejecutivo Federal tendrá que reconocer en esta tribuna, que la historia de los últimos 15 años continúa: esto es ni crecimiento ni estabilidad, mucho menos bienestar para todos.

Seguramente en este recinto legislativo escucharemos que el descalabro económico que estamos viviendo es producto de la globalización, que el efecto dragón ahora a ese efecto hay que agregar el efecto vodka. Pero ojalá también escuchemos el reconocimiento de que la vulnerabilidad económica de nuestro país frente a los embates del exterior se ha labrado con esmero por parte del Gobierno.

Vincular la economía al mercado mundial sin superar el sistema autoritario, discrecional y corrupto, ha hecho de la modernización en México una triste y onerosa caricatura.

En lugar de fomentar la inversión productiva, se ha privilegiado el pago al capital especulativo con una rentabilidad que supera con creces la que otros países registran.

La fragilidad frente al exterior se ha fomentado con un sector exportador no integrado a la planta productiva nacional, con el derroche sistemático de la renta petrolera mediante la exportación de crudo sin industrializar y para colmo, contribuyendo, como se hizo hasta inicios de este año, a la caída de su precio internacional.

A esa vulnerabilidad se ha contribuido también con el desmantelamiento de la planta productiva, agudizado con la apertura comercial indiscriminada.

Mientras el mercado interno no se fortalezca, seguiremos siendo víctimas de los vaivenes financieros internacionales, se seguirán recreando los profundos abismos sociales y el país continuará desintegrándose.

Con esta política suicida, es la propia viabilidad del país como nación independiente, la que está en juego. La "operación casablanca", constituye una sería advertencia sobre las consecuencias de esta política.

Los costos sociales de esta política económica son criminales. En relación a 1994 la caída del salario mínimo real es del 20%. El 52% de la población económicamente activa se encuentra en la economía informal, según datos del INEGI y el déficit en la creación de empleos se acumula año tras año.

Además de insuficiente el crecimiento ha sido profundamente inequitativo. Mientras el 20% de la población más rica del país recibe casi el 60% del ingreso nacional, el 20% de la población más pobre apenas sobrevive con el 3% de ese ingreso.

Sin los mínimos de bienestar en alimentación, en salud, en educación, en vivienda, en esparcimiento, sobrevive el 60% de la población más pobre.

Con una política económica que cancela las oportunidades de empleo bien remunerado, no es extraño que los trabajadores indocumentados sigan pagando con sus vidas, 100 en lo que va de este año, sólo en la frontera con el Estado de California, el riesgo de cruzar la frontera en busca de las oportunidades que su país no les proporciona.

De la violencia económica del modelo impuesto por el Gobierno no nos sorprenda que el resultado sea el crecimiento de la violencia social y de la inseguridad pública.

No nos extrañemos que la fácil ganancia que ofrece la delincuencia haga presa de las voluntades de tantos jóvenes sin porvenir. El crimen organizado ha encontrado el campo fértil para su desarrollo en la complicidad de autoridades de diverso nivel y en la ausencia de oportunidades para la población.

Ya podrán destinarse todos los recursos públicos a su combate. Mientras esas condiciones continúen, el crimen organizado y la delincuencia seguirán siendo una actividad atractiva para muchos.

El Gobierno ha ideologizado la economía y la ha secuestrado para sus objetivos políticos. El fundamentalismo, junto con la manipulación económica al servicio de la permanencia del régimen, están impidiendo avanzar en la reforma política del Estado.

Frente a los reclamos democráticos del México de fin de siglo, el desfase del Ejecutivo se ahonda y su impotencia por falta de convocatoria se torna dramática.

A falta de soluciones políticas, la militarización se extiende por el territorio nacional. El clima de persecución y las constantes violaciones a los derechos humanos en Guerrero, en Oaxaca y Chiapas pretenden desacreditar la vía electoral para el cambio democrático.

La sombra de Acteal se cierne sobre el país y los acuerdos de San Andrés siguen sin cumplirse. Para el PRD es claro que ninguna iniciativa legislativa unilateral suplantará el espacio del diálogo y del acuerdo político para cerrar la herida abierta por 500 años de sojuzgamiento a los pueblos indígenas.

Hasta en tanto no se reconstituyan las condiciones del diálogo mediante el desmantelamiento de los grupos paramilitares, la disminución de la presencia del Ejército, la solución al problema de los desplazados y de los reos presuntamente zapatistas, cualquier medida para resolver el conflicto en Chiapas seguirá formando parte del doble discurso gubernamental.

Los legisladores del PRD estamos comprometidos con la paz firme en Chiapas. No avalaremos ninguna iniciativa en materia de derechos y de cultura indígena que rompa con los compromisos suscritos en San Andrés.

La consulta nacional sobre la iniciativa de la Cocopa a la que ha convocado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene todo nuestro apoyo.

Frente al fracaso de la política económica gubernamental y frente a los altos costos sociales de la misma, pretender legalizar los pasivos del Fobaproa como deuda pública sólo puede calificarse como lo que es: un gran crimen contra la nación.

El Fobaproa sintetiza todas las dimensiones de la crisis de fin de régimen que el país vive. En la iniciativa presidencial que pretende convertir en deuda pública los pasivos de ese fondo está la inmoralidad de un régimen que intenta dar una vuelta de tuerca más al proceso de concentración de la riqueza.

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En eso se convertiría el rescate a los banqueros con los recursos del pueblo. En esa iniciativa está también la ilegalidad de pretender dedicar recursos públicos para servir a una deuda incondicional.

A la iniciativa presidencial le asiste también la irracionalidad económica que ha caracterizado a su proyecto. En este caso, por el borrón y cuenta nueva a un sistema bancario cuya voracidad ha provocado el despojo a deudores de todos los sectores productivos.

En suma, en esa iniciativa se encuentra la inaceptable decisión política de poner los intereses particulares de unos cuantos por encima de los intereses de la nación.

Más de 3 millones de ciudadanos acudieron a la consulta convocada por el PRD y la decisión fue clara: no a la conversión en deuda pública de los pasivos del Fobaproa.

La participación ciudadana en la toma de decisiones públicas obligará a los gobernantes a hacer transparente su política. La participación democrática es la mejor arma contra la impunidad.

Los legisladores del PRD no dudamos en afirmar que de la manera como resolvamos el quebranto bancario, de esa manera depende el futuro del país o profundizando la impunidad y la ilegalidad, como el Ejecutivo pretende o saneando a fondo el sistema bancario y financiero o continuando con los privilegios al capital financiero especulativo o sentando las bases para el desarrollo que genera empleos con salarios suficientes.

Quedarnos a mitad del camino en la solución al quebranto bancario es crear las condiciones para un Fobaproa dos, para un mayor derroche de recursos de la nación, para una mayor corrupción.

Es obligación del Ejecutivo proporcionar al Legislativo la información sobre el Fobaproa, incluyendo los nombres de los beneficiarios de las operaciones de dicho fondo con los bancos y no sólo, como se pretende ahora, para fines de auditoría.
Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática no aceptaremos el absurdo de manejar como información privada los quebrantos que hoy pretenden endosarse como deuda pública a toda la ciudadanía.

La propuesta del PRD para resolver el quebranto bancario es clara: rescatar a los pequeños deudores de la crisis, aquéllos con adeudos de hasta 1 millón de pesos. Para ello invitamos a todos los partidos aquí representados a aprobar, de manera transparente, una partida presupuestal destinada a ese fin. ¡En lugar de dedicar recursos a servir una deuda inconstitucional, los recursos para los pequeños deudores permitirán recrear el circuito crediticio que hoy se encuentra estancado!

Rescatar a los bancos significa también ponernos a buen resguardo de la impunidad. Castigar las responsabilidades administrativas, penales y políticas cometidas en el otorgamiento de créditos irregulares e ilegales, servirá para que la certidumbre que otorga la aplicación estricta de la ley sea el mejor mensaje de confianza a inversionistas nacionales y extranjeros. Servirá también para depurar los pasivos del Fobaproa de todos aquellos adeudos contratados de manera irregular e ilegal, para que en lugar de socializar las cuantiosas pérdidas de los 600 grandes créditos que acumulan más del 50% de los pasivos del Fobaproa, sean pagados por quienes se beneficiaron con ellos.

El grave perjuicio a la salud republicana cometido por la ilegalidad de los donativos de empresas y bancos a la campaña electoral de la que el presidente Zedillo salió triunfador, ese grave perjuicio puede ser reparado; basta que el Presidente solicite a su partido regresar esos recursos. Así disminuirá, así disminuirá el quebranto bancario, la deuda moral del PRI y la ofensa contra la sociedad.

Durante las últimas semanas se ha pretendido orquestar una campaña de desprestigio contra el Poder Legislativo. Para quienes añoran los viejos tiempos del partido único, el fujimorazo podría ser su salvación.

Tan perniciosa es la ausencia de diálogo como la simulación del diálogo. Hasta ahora la falta de voluntad política del Ejecutivo ha obstaculizado el avance en la discusión sobre la reforma democrática de Estado.
La agenda que permita transitar a la democracia es producto de las luchas sociales y políticas en todos los rincones del país, es una agenda madura:

Paz digna en Chiapas, autonomía y equilibrio entre los poderes, reforma económica y social, reforma electoral y democracia directa, seguridad pública y reforma al sistema de justicia, fortalecimiento del federalismo.

Pero dar forma legal a los cambios requiere, antes que nada, de la voluntad política para acordarlos.

Para la profunda descomposición del régimen político la sociedad ha creado ya las vías de solución; por fortuna así es.

Por la voluntad popular del 6 de julio de 1997, la rendición de cuentas del Ejecutivo ya no es aquella mascarada que se confundía con la fiesta del Presidente. En un sistema republicano el informe de Gobierno es un acto que sirve al equilibrio de los poderes. En un régimen democrático en lugar de endosar los costos de los fracasos económicos sobre las espaldas de las mayorías, lo que sigue es reconocer los errores y rectificar el rumbo.

Si el Presidente de la República llega a este recinto, en su carácter del estadista que vela por los intereses de la nación, el informe objetivo de la situación que guarda el país tendría que acompañarse del ejercicio humilde del reconocimiento de los errores y el ofrecimiento de la rectificación de la política.

Contra la resistencia gubernamental al cambio democrático ahí está el México del Siglo XXI, que se ha venido construyendo desde abajo desde muchos años atrás.

Este México próspero, justo y soberano que queremos para nuestros hijos, se empezó a dibujar en la mente y en el corazón de miles de mujeres y hombres que participaron en las luchas de los campesinos, de los ferrocarrileros, de los médicos, de los electricistas, del movimiento estudiantil de 1968, de la guerrilla de los años setenta, del sindicalismo independiente, del movimiento urbano popular, de la insurgencia ciudadana de 1988, de las luchas de los pueblos indígenas.
A fuerza de memoria, de dignidad y de entereza se ha ido construyendo, la salida pacífica a la crisis de fin de régimen que desde arriba no se alcanza a ver porque hace mucho tiempo los gobernantes se olvidaron que es al pueblo al que se deben.

Construyamos el acuerdo político para transitar a la democracia, con este acuerdo, con este México democrático, justo, libre y soberano, está el compromiso del Partido de la Revolución Democrática, ése es el compromiso que honraremos, democracia ya, patria para todos.

Tiene la palabra la diputada Laura Alicia Garza Galindo.

Con su permiso, señor Presidente; señoras senadoras; honorable audiencia; México todo:

Es privilegio y también responsabilidad acceder a esta tribuna con la representación de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, 77 legisladores, de los 128 que integran la Cámara de Senadores y 237 de los 500 que integran la Cámara de Diputados.

Y en consecuencia con la representación del electorado mayoritario que decidió confiar en nosotros para que hagamos valer sus derechos con toda dignidad, tenacidad y respeto que cada uno de ellos y sus familias merecen aquí en el Congreso de la Unión.

Independientemente de abordar lo que más importa de la agenda legislativa, debo decir que hemos escuchado con suma atención las participaciones de quienes me antecedieron en el uso de la palabra y asombra la contradicción, no es posible que a mayor democracia se corresponda con menor memoria histórica.

Sin embargo, continuaremos respetando cada posición porque no olvidamos que a cada uno le respalda porciones precisas del electorado mexicano, situación que los otros partidos políticos tampoco deberían olvidar en lo que a nosotros corresponde.
Y cabe la pregunta, ¿cómo es posible que se olvide la dramática situación en que hace cuatro años se encontraba el país?, el entorno de zozobra e incertidumbre que pesaba como losa sobre la espalda de los mexicanos.

Entendemos que a otros el interés político les impida reconocer que el presidente Zedillo actuó con oportunidad, con altura de miras y produciendo resultados, que muy rápido revirtieron la crisis para volver a crecer, para generar empleos, salarios y productividad. Es difícil, es difícil aceptarlo, pero la realidad inconmovible lo señala, los resultados están a la vista.

Y es que un Gobierno responsable está obligado a sacar adelante a su país, no obstante los costos políticos que signifique el tomar decisiones drásticas y dolorosas, pero también necesarias, se sacrifica lo inmediato, lo corto de visión, para sustentar la visión de largo plazo.

Sí, México estuvo al borde del colapso, el mismo que hoy vemos en otras latitudes actuar, con toda la crudeza inclemente y devastadora que entraña la globalidad, ésa por la que se decidieron todos en el mundo y por ello ya insoslayable.

En la realidad de las economías interrelacionadas a la que nos enfrentamos, es posible que hoy no percibamos aún sus muchas complejidades con toda nitidez, pero queda claro que los mercados con estructuras vulnerables y víctimas de la incertidumbre, dan lugar a una gran volatilidad y especulación, afectando todos los ámbitos de la sociedad. Los fundamentos de nuestra economía son sólidos y nos colocan hoy en mejor posición para que no obstante el entorno adverso que hoy se vive, nuestra economía continúe resistiendo.

Es esa la base que nos proporciona márgenes de maniobra razonables para el manejo de nuestra economía. Nadie afirma que ha sido fácil, pero el esfuerzo ha valido la pena. Continuemos con él.

Señoras y señores: el Presidente de la República no gobierna solo, hoy tenemos un marco de mayor democracia y de equilibrio entre los poderes, los vasos comunicantes y la línea conductora entre los tres poderes tiene un solo nombre: corresponsabilidad. El Legislativo es contrapeso que no debe constituirse en obstáculo a la acción del Gobierno. Actuemos entonces con la congruencia que exigen los mexicanos. Hoy debemos continuar siendo responsables y previsores, trabajar y pertrecharnos contra los embates externos y también contra los internos. El buen futuro de México es el fin que a todos nos mueve, no provoquemos la distorsión de los medios para lograrlo. Al buscar ganancias políticas, es obligado medir las consecuencias y tener siempre presente que de las cenizas sólo se recogen cenizas.

La historia del México contemporáneo está llena de ejemplos en la que los priístas hemos actuado con responsabilidad, anteponiendo el interés general de la nación, siempre el transcurrir del tiempo nos ha concedido la razón. Por eso en mí y en cada uno de mis compañeros, día con día se arraiga y persevera el inmenso orgullo de ser priísta.

Somos la mayoría responsable, hemos hecho grandes contribuciones a la construcción del México moderno, hemos defendido nuestra soberanía y nuestra identidad como nación. Hoy no será la excepción. Las críticas no nos arredran; saldremos adelante.

Como decía Reyes Heroles: "lo que resiste apoya", y el pueblo de México, su mayoría, día con día nos apoya y fortalece.

La agenda pendiente es amplia; tenemos en principio las diversas iniciativas presentadas al Congreso por el Ejecutivo Federal para la reforma del sistema financiero y la atención de la deuda derivada de las operaciones para la protección del ahorro de los mexicanos, tema determinante para la vida nacional y un devenir más promisorio.

Partimos de la premisa de que se ha actuado en el más estricto apego al marco del sistema jurídico. Se protegió la viabilidad de la economía nacional y el ahorro de todos los mexicanos. Es necesario contar con un sistema financiero sano y eficazmente supervisado que esté en condiciones de impulsar la actividad productiva. No es posible que sigamos aplazando las reformas que permitirán abatir los riesgos de más crisis financieras.

Es inadmisible que aún persistan las mismas reglas que antecedieron a la crisis de 1994, por cierto, en 1994 no existía aún el adeudo del Fobaproa; es perverso se intente mezclar al PRI en ese asunto; así no se consiguen votos, sólo con trabajo.

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Construyamos -le escuché con todo respeto yo a usted-, construyamos...

Permitame, señora diputada.

Esta Presidencia solicita en forma atenta y comedida a todos los legisladores que guarden el orden y la compostura necesaria para su debido desarrollo, que se escuche respetuosamente al orador en turno como se ha escuchado a los demás.

Continúe, señora diputada.

Gracias diputado Presidente, construyamos la mejor solución, pero ya, la que otorgue certidumbre financiera a los agentes económicos y a los ahorradores. Es necesario restablecer el crédito a las empresas para asegurar la creación de más empleos, con mejores salarios reales que otorguen más calidad al nivel de vida de los mexicanos.

Nadie es dueño de la verdad absoluta; trabajemos sin dogmas; a eso los convocamos. Las cartas de cada quien están sobre la mesa. Construyamos juntos una solución, la que implique los menores costos y los mejores resultados para el pueblo de México.

A los deudores les decimos: se acercan las soluciones concretas, pronto pasaremos de los qué a los cómos. A los buenos banqueros e inversionistas mexicanos les pedimos no se replieguen. Sabemos que se sienten agredidos; no se olviden que la historia y la información veraz determinará de parte de quién estaba la razón. ¡Anímense! Son ustedes los únicos que pueden recrear el círculo virtuoso del crecimiento, del que requiere el futuro de la nación.

En cambio a los deshonestos les reiteramos: no habrá impunidad y sí todo el rigor de la ley; no habrá ni borrón ni cuenta nueva.

Los legisladores seguiremos trabajando en los temas más sentidos en la sociedad como son: la seguridad pública, la reforma fiscal, la reforma presupuestal, el órgano superior de fiscalización, las iniciativas populares y en el referendum; continuaremos con Chiapas, seguiremos buscando los consensos. Pronto, sin duda, rendiremos cuentas de los avances a la sociedad.

Para finalizar. Primero. Aquí en el Congreso de la Unión tenemos responsabilidades inmensas con los mexicanos, porque ése es su mandato. Afuera se encuentra la arena electoral, en donde los partidos políticos se disputan el poder, dejemos allá la política electoral, allá sólo decidirá el voto popular, aquí dentro sobra y basta con la ideología que tiñe muy bien a cada cual en los debates.

El pueblo apreciará y calificará mejor el desempeño de cada fuerza política si logramos despartidizar los debates y, sobre todo, generar resultados.

Quisiera proponer que los vocablos y las actitudes que más se usen aquí en el Congreso sean: respeto, tolerancia, entrega, eficiencia, resultados, compromisos, corresponsabilidad, acuerdos, certidumbre, civilidad, esperanza, madurez, seriedad y mucha seriedad. Los legisladores del PRI continuaremos haciendo nuestra parte por el bien de México.

¡Que viva México!

RECESO

Se declara un receso en espera del señor Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.

(Receso.)

(A las 18:55 horas) Se reanuda la sesión.

Se ruega a los presentes ocupar sus lugares.

Se invita a los presentes a escuchar el Himno Nacional.

(Himno Nacional.)

IV INFORME DE GOBIERNO

Tiene la palabra el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Señoras y señores diputados y senadores del honorable Congreso de la Unión; señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; mexicanas, mexicanos:

He entregado a estas soberanía un informe escrito, cumpliendo así lo que me ordena el artículo 69 constitucional.

Los funcionarios de la Administración Pública Federal, tienen instrucciones de atender los requerimientos de las comisiones del Congreso para brindar o precisar sobre dicho informe.

Este mensaje no resume ni sustituye al informe escrito que es el que, conforme a la Constitución, señala el estado general que guarda la administración pública del país.

Mi mensaje habrá de subrayar algunos asuntos en que los ciudadanos tienen particular interés.

Siempre he considerado un alto honor dirigirme a los mexicanos desde este recinto legislativo, que es donde más intensa y cotidianamente se expresa el vigor alcanzado por nuestra democracia.

México vive ya en la democracia. La democracia en México se vive ya auténtica y activamente en los órganos de representación y decisión, en las plazas públicas, en las organizaciones políticas y sociales, en los medios de comunicación, sobre todo en la conciencia y en la actitud de los ciudadanos.

Nunca antes la democracia había estado tan presente como ahora en la vida del país. Esto no es mérito ni logro de una sola persona o de un solo grupo ni siquiera de una sola generación.

Edificar nuestra democracia ha costado largas luchas. Llegó a costar, incluso, la vida de mujeres y hombres.
Por eso es responsabilidad de todos apreciar y cuidar nuestra democracia y también es responsabilidad de todos practicarla.

La práctica de la democracia trae consigo procesos de decisión, pautas de conducta y formas de hacer y decir las cosas a los que todos debemos acostumbrarnos.

La democracia implica la libre expresión de diferencias que nutren un debate más intenso, en ocasiones incluso acalorado. También implica un horizonte más amplio desde donde surgen propuestas, objeciones y contrapropuestas para todo problema importante del país.

La democracia implica una opinión pública fuerte. Implica una atención permanente de la ciudadanía y un mayor escrutinio sobre los asuntos públicos.

Al igual que la inmensa mayoría de los mexicanos, tengo absoluta confianza en que más pronto que tarde todos aceptarán que nuestra vida política es más sana y funciona mejor en la democracia que en el autoritarismo.

Los mexicanos rechazamos el autoritarismo porque depende de la fuerza, soslaya la ley y no rinde cuentas a nadie.
Rechazamos el autoritarismo porque coarta las libertades, suprime el debate, reprime las diferencias.

Los mexicanos de hoy rechazamos el autoritarismo porque es intolerante y se impone por la violencia, porque actúa sin control y sin medida.

Los mexicanos de hoy hemos luchado por la apertura, por la tolerancia, por la libre participación, porque se sujete el interés personal o de grupo al interés supremo de la nación.

Los mexicanos hemos luchado por la democracia, porque éste es el sistema que nos permite afrontar retos y resolver problemas sin atropellar los derechos de las personas y sin excluir a nadie.

La democracia nos ofrece una solución, inclusive cuando no nos ponemos de acuerdo, la voluntad de la mayoría y el respeto a las minorías.
Sabemos que como ningún otro régimen, la democracia exige que la política sea practicada con rectitud, tolerancia y mesura, que en todo momento nos guardemos respeto unos a otros, que actuemos con civilidad y participemos constructivamente. La democracia exige que la política sea practicada con firme vocación de servicio, visión de largos plazos y profundo sentido del deber.

Además, la democracia exige, un cuidadoso equilibrio entre los poderes del Estado y una clara responsabilidad en el cumplimiento de las funciones que a cada uno confiere la ley.

Esa corresponsabilidad implica sujetarse invariablemente a la Constitución, mantener una comunicación respetuosa y permanente con los otros poderes y asumir y cumplir las tareas propias.

Desde el inicio de mi mandato expresé mi compromiso de ejercer exclusivamente las atribuciones que la Constitución confiere al Presidente de la República. Creo que así se debe actuar, para que espacios que antes eran ocupados por el poder, indebidamente excesivo de la Presidencia, ahora sean utilizados por los múltiples actores políticos que requiere un régimen democrático.

También desde el inicio del sexenio el Gobierno que presido, ha tenido y siempre tendrá el mayor respeto por el Poder Legislativo, con el que ha procurado mantener una comunicación abierta y constante.

Como parte de esa comunicación, en los pasados 12 meses los secretarios de Estado, realizaron 159 comparecencias ante el pleno o ante las diversas comisiones de este honorable Congreso, 762 reuniones de trabajo con diputados y senadores.

Además en ese lapso otros funcionarios federales han comparecido en 720 sesiones del pleno de las comisiones del Congreso o de la Contaduría Mayor de Hacienda y han sostenido cerca de 3 mil reuniones de trabajo complementarias con las señoras y los señores legisladores.

Adicionalmente los órganos de gobierno de las dos cámaras de este Congreso y el Ejecutivo Federal, por conducto del Secretario de Gobernación, han establecido una mesa de coordinación entre ambos poderes. De común acuerdo en dicha mesa se han definido, un método de trabajo y hace días una agenda legislativa.

Esta comunicación asidua y franca, es la base para una relación republicana, respetuosa y corresponsable.

Los mexicanos quieren un Gobierno, entendido como la suma de los poderes públicos, ordenado, armónico y trabajando, un Gobierno plural, que unido por el interés superior de la nación y por la eficacia en las tareas que a cada poder le incumben.

Ello significa construir consensos, sumar voluntades, concertar acuerdos y cumplirlos.

Muy señaladamente en los asuntos que hoy más preocupan a los mexicanos, la ciudadanía espera del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, un trabajo corresponsable, constructivo y útil, que con seguridad habrá de afianzar nuestra democracia.

Asimismo, sólo en el marco de la ley y la democracia, pueden y deben resolverse problemas que han sido muy dolorosos para todos los mexicanos y que nos recuerdan que en su raíz, están los rezagos, la injusticia y el abandono de muchos años.

Creo firmemente que entre los mexicanos puede haber divergencias y aún conflictos pasajeros; pero no puede ni debe haber discordia duradera ni guerras ni vencedores ni vencidos.

Podemos resolver todo problema por delicado que sea; todo agravio por profundo que sea, a través del diálogo y de la buena fe, atendiendo las carencias con una eficaz política social y atendiendo las demandas justas con buenas leyes.

Ante problemas que tanto nos lastiman a todos los mexicanos, la estrategia del Gobierno de la República seguirá siendo, por una parte, procurar pacientemente el diálogo y la negociación y, por otra, trabajar con mayor ahinco, para aplicar los programas sociales que apoyen a los más necesitados.

La negociación y el esfuerzo corresponsable forman parte de la democracia. Todo quien genuinamente quiera contribuir a ella, debe practicarlos.

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En la tarea de consolidar la democracia, la ciudadanía está dando el ejemplo al informarse y al participar abierta y responsablemente, al ejercer su voto en las elecciones y reafirmar que éste es el único medio legítimo para contender por el poder.

En los últimos 12 meses se han celebrado elecciones de gobernadores en seis estados de la República, así como para renovar 10 congresos estatales y 635 ayuntamientos.

Cada nuevo proceso electoral está comprobando la vocación democrática del pueblo mexicano. Una democracia más sólida hará de México una nación más fuerte y más respetada.

Los mexicanos nos sentimos profundamente orgullosos del reconocimiento y el aprecio que se ha ganado nuestro país en todo el mundo, por su defensa de la igualdad jurídica de los estados y la observancia del derecho internacional para resolver las controversias, así como por su firme respeto a la soberanía de cada nación.

Hoy como siempre, a lo largo de nuestra historia, México ofrece y cumple ese respeto y hoy como siempre, México exige ese respeto.

Los mexicanos no necesitamos ni aceptamos la tutela extranjera para dirimir nuestras diferencias ni para solucionar nuestros problemas, la soberanía de México no se negocia ni se negociará jamás.

Con los Estados Unidos de América hemos debido encarar momentos difíciles en los renglones de migración y combate al narcotráfico; a pesar de ello, se ha mantenido el rumbo general de la relación bilateral en términos constructivos, con una visión integral y una proyección a largo plazo.

Cuando ha sido necesario, hemos dejado muy en claro, con palabras y con hechos, que el límite a nuestra voluntad de colaboración, es el respeto a la soberanía nacional y la primacía de las leyes mexicanas en nuestro territorio.

Con las naciones hermanas de América Latina, estamos avanzando para que nuestras relaciones económicas y de cooperación se correspondan mejor con nuestros estrechos lazos de historia, lengua y cultura. Europa representa hoy una extraordinaria oportunidad de diversificación política y económica.
En diciembre pasado firmamos con la Unión Europea un acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación, cuyo componente comercial está próximo a negociarse.

México tendrá nuevas oportunidades para traer inversiones y ampliar sus mercados. Todo ello, con el fin de generar más y mejores empleos.

El acuerdo también hará más extenso el diálogo sobre temas políticos de interés común. Con los países de la región asiática, señaladamente con Japón, al que nos une una relación de amistad centenaria, se han multiplicado los contactos políticos al más alto nivel, se han captado flujos de inversión y se han fortalecido los programas de cooperación.

En el marco de las Naciones Unidas, la iniciativa mexicana para celebrar una reunión mundial sobre drogas, se concretó en junio pasado. Ahí se logró que la comunidad internacional definiera una estrategia global integral y respetuosa de las soberanías nacionales para luchar contra esta amenaza a la seguridad y a la salud de todos los países.

El compromiso del Estado mexicano con sus nacionales que radican o trabajan fuera del país, ha sido refrendado mediante la ampliación de nuestra capacidad consular en los Estados Unidos y la negociación de acuerdos importantes con las autoridades estadounidenses para salvaguardar sus derechos.

Por ello y en consonancia con este compromiso ético y político del Gobierno de la República, próximamente se pondrá en marcha el Seguro de Protección al Migrante. Este seguro otorgará una defensoría jurídica gratuita y de calidad sobre sus derechos humanos, migratorios y laborales, a todo migrante mexicano registrado con matrícula consular.

Asimismo, han entrado en vigor las reformas a la Ley de Nacionalidad, que permiten preservar o recuperar la nacionalidad mexicana a quienes por diversa razón adquirieron otra. Ya se han otorgado las primeras 2 mil 600 declaraciones correspondientes.

En México, la Constitución otorga libertades y derechos a toda persona, independientemente de su nacionalidad, género o credo. A la vez es obligación de toda mujer y todo hombre acatar las leyes y deben ser sancionados cuando no la cumplen.

Debemos reconocer que hoy en nuestro país hay muchos individuos y bandas organizadas, que viven de violar la ley, viven del crimen. Como ciudadano, como padre de familia y como Presidente de la República, comparto totalmente la indignación y la preocupación de todos los mexicanos ante la gravísima inseguridad pública que estamos viviendo. Indigna que al ama de casa le roben el gasto del hogar; que al empresario le arranquen el dinero de la nómina; que al trabajador lo despojen del salario ganado con tanto esfuerzo; indigna que los padres vivan con miedo cada vez que sus hijos salen de casa; que el empleado o el estudiante teman tomar un taxi o subirse a un autobús; que familias enteras queden lastimadas para siempre por haber vivido el dolor de una muerte injusta; la angustia de un secuestro; indigna profundamente que policías y agentes judiciales, en vez de prevenir, investigar, perseguir los delitos y proteger a la población, sean delincuentes más crueles y más peligrosos por la impunidad con que actúan.

Con toda honestidad, señoras y señores, debemos admitir que en la seguridad pública los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno le hemos fallado a la ciudadanía. Vivimos las consecuencias de leyes permisivas y reformas insuficientes, de años de negligencia, imprevisión y corrupción en las instituciones encargadas de procurar justicia, de la aplicación de penas que en vez de castigar a los delincuentes propician su impunidad y con ella, su reincidencia.

Actualmente de cada 100 delitos que se cometen, 95 son del fuero común. Esto significa que deben ser perseguidos y castigados por las autoridades locales.

El año pasado se denunciaron cerca de 1 millón 500 mil delitos, muchos más no fueron denunciados. Se expidieron menos de 150 mil órdenes de aprehensión y sólo llegaron a cumplirse 85 mil, apenas el 6% de las denuncias presentadas. Esto refleja que muchos delincuentes logran burlar la ley y siguen haciendo de las suyas en las calles.
La seguridad pública y la justicia, constituyen una obligación esencial del Estado. Por eso, si hasta ahora hemos fallado, debemos hacer todo lo necesario para no fracasar.

Cada uno, las autoridades del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales y del Distrito Federal, los legisladores y los miembros del Poder Judicial, debemos asumir la tarea que nos corresponde.

Con toda razón la población está exigiendo resultados claros, positivos y prontos. No quieren más pretextos ni dilaciones. La seguridad pública es una deuda del Estado con los ciudadanos.

En lo que toca al Poder Ejecutivo, en diciembre pasado propuse al honorable Congreso de la Unión reformas a cinco artículos de la Constitución, dos leyes y dos códigos, así como dos nuevos ordenamientos legales. Los objetivos fundamentales de esas reformas consisten en hacer más difícil a los delincuentes evadir la justicia y en facilitar la depuración de las instituciones de procuración de justicia. Tengo confianza en que el honorable Congreso de la Unión concluirá oportuna y satisfactoriamente su trabajo legislativo en esta materia tan sensible para todos los mexicanos.

Sin embargo, esas reformas, que siguen siendo muy necesarias, no serán suficientes. Es nuestra obligación lograr que quien viole la ley sepa que habrá de acabar en la cárcel, dondequiera que haya cometido un delito y dondequiera que trate de huir y que sepa que la pena que habrá de enfrentar corresponderá a la gravedad del delito cometido.

Por eso, para dar un impulso firme al combate contra la delincuencia, enviaré al Congreso de la Unión nuevas iniciativas con reformas adicionales. Propondré penas más severas para los delitos más frecuentes y más graves; propondré nuevas reglas, a fin de que las penas para una persona que ha cometido varios delitos se acumulen; además propondré que en los casos de los delitos de más peligrosidad y frecuencia se supriman los beneficios de libertad preparatoria y de reducción parcial de penas.

No hay ninguna razón jurídica o moral para que los derechos de los delincuentes se privilegien a costa de los derechos de las víctimas. La ciudadanía está exigiendo y con razón, que las leyes la protejan, que den la certeza de que el castigo ayuda a preservar el estado de derecho y que contribuyan a disuadir la comisión de otros delitos.

Por otra parte, propondré imponer castigos mucho más severos a los delitos de carácter financiero y fiscal, pues inciden gravemente en la economía del país.

La acción legislativa debe ir acompañada de un más intenso combate a la corrupción. Como parte de ese combate en el ámbito de la Administración Pública Federal, durante el último año se impusieron 9 mil 665 sanciones administrativas y 959 sanciones económicas por un total de 417.6 millones de pesos a funcionarios que cometieron irregularidades. Asimismo, con los debidos elementos probatorios, se presentaron 375 denuncias penales contra funcionarios o empleados de la Administración Pública Federal.

El Ejecutivo Federal seguirá haciendo su tarea para desterrar la corrupción y la impunidad y respaldará toda medida que genuinamente ayude a fortalecer la administración honesta y eficaz de los recursos públicos.

Sé bien que no basta reformar las leyes para contar con la justicia y la seguridad pública que merecen los mexicanos. Además de mejores leyes que castiguen a quienes delinquen, necesitamos instituciones fuertes y eficaces y servidores públicos preparados y comprometidos.

Necesitamos recursos económicos suficientes y juiciosamente invertidos, necesitamos programas bien diseñados y aplicados y una amplia participación social. En una palabra, necesitamos una cruzada nacional.

Por eso hace algunos días, el Gobierno de la República convocó a una cruzada contra el crimen y la delincuencia como parte del Programa Nacional de Seguridad Pública.

Este es el primer paso que damos conjuntamente los gobiernos de los estados, el gobierno del Distrito Federal y el Gobierno de la República, para avanzar en una estrategia común, ordenada y dinámica para combatir la delincuencia. Expreso mi reconocimiento a los señores gobernadores y al jefe de gobierno del Distrito Federal por su decisión de sumarse al programa. Estoy seguro que a este paso seguirán otros que fortalezcan una corresponsabilidad firme, justa y eficaz.

El programa comprende apoyar a los gobiernos estatales con más recursos a cambio de participar en acciones concretas. En 1998 el Gobierno Federal estará invirtiendo en seguridad pública 12 veces más que hace dos años. El Programa de Seguridad Pública incluye acciones para llegar a tener buenos cuerpos de policía, cuerpos depurados, capacitados, con una carrera digna y prestaciones adecuadas y cuerpos con policías honestos y capaces.

El programa incluye, asimismo, una estrategia completa para alcanzar una buena coordinación entre las distintas autoridades; una buena coordinación para elevar la cobertura, la comunicación, el intercambio de información y la capacidad de respuesta de quienes deben de perseguir los delitos. Una buena coordinación para fortalecer la capacidad de investigación de quienes deben probar ante los jueces los delitos cometidos.

Además de una buena coordinación el programa comprende contar con la infraestructura y el equipo moderno que se requiere para auxiliar con rapidez a la ciudadanía.

Tengo entera confianza en que las autoridades de los estados y de los municipios pondrán toda su voluntad y toda su capacidad para que el Programa de Seguridad Pública rinda resultados esquemáticos y comprobables.

Cada uno debe asumir su responsabilidad. Por eso hoy reitero mi convocatoria a toda la gente, a todas las organizaciones de ciudadanos y a los medios de comunicación, a participar con convicción, constancia y firmeza en nuestra cruzada nacional.

Actuemos todos a fin de alcanzar el clima de tranquilidad, el imperio de la ley y la fe en la justicia que necesitamos para consagrar nuestra energía a vencer la pobreza y edificar la prosperidad de México.

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La justicia social es un principio fundamental de la nación, la justicia social no se consigue por decreto ni la pobreza se vence con buenas intenciones; sólo lograremos la justicia social con un trabajo intenso, compartido y permanente, ésta es una obligación principal del Estado.

Para cumplir con ella, el Gobierno de la República aplica una amplia política social integrada por los programas que apoyan a las personas, a las familias y a las comunidades.

Mucho es lo que los mexicanos hemos avanzado en este siglo, pero es mucho más lo que nos falta por hacer hasta construir condiciones para que todos tengamos una vida digna, productiva y provechosa.

Por eso, a pesar de todas las dificultades económicas, el Gobierno de la República está dedicando a estos programas la inmensa mayoría de sus recursos humanos y la mayor parte de sus recursos económicos. Casi el 80% del personal del Gobierno Federal está integrado por maestros, médicos, enfermeras, y trabajadores sociales, agrónomos y otros servidores públicos dedicados al apoyo social de los mexicanos.

De igual modo, el Gobierno Federal está invirtiendo la mayor suma de nuestra historia en salud y nutrición, en educación y capacitación, en seguridad y asistencia social, en servicios básicos como agua potable, drenaje y electricidad, en caminos y apoyos al campo.

Este año casi el 60% del gasto programable federal es para programas sociales; hace 10 años era el 33% y entre 1990 y 1995 promedió 48%.

Como proporción del producto interno bruto, el gasto social representará este año 9.1%, hace una década era 5.8% y entre 1990 y 1995 fue 7.8% en promedio.

Uno de los instrumentos más importantes para dar más eficacia a la política social, ha sido la descentralización. Como nunca antes, se han transferido facultades, responsabilidades y recursos del centro a los gobiernos estatales y a los ayuntamientos. Por cada peso que gasta hoy el Gobierno Federal, los gobiernos de los estados y los ayuntamientos están gastando 1.31 pesos; en 1994 esta proporción era de 78 centavos y en 1988 era de 51 centavos.
Ahora, por primera vez en la historia de México, los gobiernos locales ejercen directamente más recursos que la Federación. Algo muy estimulante en las giras de trabajo que semanalmente realizo por el país, es recibir el testimonio de alcaldes surgidos de todos los partidos políticos reconocer que como nunca antes están ejerciendo más recursos y facultades.

El nuevo federalismo está significando una auténtica redistribución del poder público tanto económico como político entre los tres órdenes de gobierno; también significa promover la democracia y fortalecer la participación social.

Para el presente año se aprobó la creación de un nuevo ramo presupuestal que transfiere los recursos descentralizados de gasto especialmente para programas sociales, los recursos ya no son transferidos a voluntad del Gobierno Federal, sino por mandato de ley.

La salud es lo primero para las personas y las familias y es una de las primeras obligaciones del Estado. Este año los servicios de salud cubrirán aproximadamente a 93 millones de mexicanas y mexicanos, se trata de la cobertura más alta de nuestra historia.

Ello se debe, por una parte, a que en lo que va de la administración, se han puesto en operación 2 mil 400 nuevas unidades médicas, un promedio cercano a dos por día. Por otra parte, se ha venido aplicando un paquete básico de servicios de salud; cerca de 8 millones de personas que en 1994 no contaban con estos servicios, hoy ya los están recibiendo.

Cada día se logra prevenir mejor, enfermedades que antes provocaban muchísimas muertes, especialmente entre niñas y niños. Desde septiembre de 1997 se han aplicado más de 81 millones de dosis de vacunas. La vacunación universal ha permitido que los mexicanos erradiquemos la poliomielitis, eliminemos la difteria y virtualmente desaparezca el sarampión.

Por fortuna, cada día es mayor la participación de las mexicanas en la vida social, económica y política del país, pero debemos reconocer que falta mucho por hacer, hasta lograr la sólida cultura de respeto y valoración y la cabal igualdad jurídica a que la mujer tiene absoluto derecho.

A través del Programa Nacional de la Mujer, estamos avanzando en todos los campos. Este año se estableció la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer, de la que ya se distribuyeron 12 millones de ejemplares. La meta para 1998 que cumpliremos, es llegar a 22 millones.

El Gobierno Federal redoblará su esfuerzo para alcanzar las condiciones de equidad entre la mujer y el hombre, que son esenciales para tener un país justo.

Las mujeres y los niños son las principales víctimas de la violencia intrafamiliar, fenómeno por desgracia todavía muy frecuente. Con la participación de muchas organizaciones civiles y con el apoyo de legisladores y especialmente de legisladoras, de todos los partidos políticos, se elaboró la Ley contra la Violencia Intrafamiliar; con la aprobación de esta ley, las mujeres y los niños tienen ahora un instrumento efectivo para su defensa.

Por primera vez estamos contando con un programa integral, que en verdad abre oportunidades de salud, de educación, empleo y deporte, a los niños, jóvenes y adultos con alguna discapacidad. El Distrito Federal y 25 estados de la República, disponen ya de una legislación que protege sus derechos. Contamos ya con 310 unidades básicas de rehabilitación; en lo que va de la administración, se han modernizado 28 centros de rehabilitación integral y 27 centros de educación especial. Se trata de un buen principio pero debemos redoblar nuestros esfuerzos.

La seguridad social representa el escalón más alto de la justicia laboral. La reforma a la Ley del Seguro Social garantiza la viabilidad futura de un instituto hondamente apreciado por los trabajadores, sus familias y sus organizaciones. En un año, más de 12 millones de trabajadores han elegido una administradora de fondos para el retiro, (Afore) lo que comprueba su confianza en el nuevo sistema de pensiones. Gracias a la nueva ley, en 12 meses el Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS) ha extendido su cobertura a 90 mil familias de trabajadores no asalariados, que ahora cuentan con servicios médicos y de hospitalización.

Nos hemos propuesto que el Seguro Social atienda también a los jornaleros agrícolas migrantes, que en su mayoría provienen de comunidades indígenas y trabajan en condiciones mucho muy precarias. Gradualmente y con un apoyo económico especial del Gobierno Federal, se irán incorporando más de 3 millones de jornaleros y sus familias a la totalidad de los servicios y prestaciones del IMSS.

La educación es el instrumento más rápido, efectivo y duradero de la justicia social. Gracias al trabajo de los maestros, los padres de familia, los gobiernos estatales y el Gobierno Federal, se está elevando la cobertura y la calidad de la educación.

En el ciclo escolar que se inició la semana pasada, 28.5 millones de alumnos están asistiendo a clases en 210 mil escuelas de todos los niveles, que los mexicanos hemos construido a lo largo y a lo ancho de toda la República.
Actualmente el 93.6% de los niños entre seis y 14 años de edad están inscritos en la escuela. Antes de la federalización educativa, el 74% de los niños habían pasado por la educación preescolar; en este ciclo nueve de cada 10 niños que ingresaron a la primaria habían cursado, por lo menos, un año de preescolar.

En 1992, antes de la federalización educativa, 72 de cada 100 alumnos terminaban la primaria; hoy la completan 85 de cada 100. Nueve de cada 10 alumnos que concluyen la primaria entran a la secundaria. En el presente ciclo escolar ingresó a la secundaria el doble de alumnos que hace cinco años, antes de que fuese obligatoria.

Estamos decididos a sostener un gran esfuerzo hasta que la secundaria llegue a todos los jóvenes en edad de estudiarla. Para ello, un medio sumamente eficaz está siendo, como lo ha sido a lo largo de casi 30 años, la telesecundaria. En 1994 este sistema atendía a 618 mil alumnos; hoy atiende a más de 890 mil, un incremento del 44% en tan sólo cuatro años.

Además, está creciendo la red satelital de distribución de televisión Educativa vía satélite, (Edusat). Hasta 1994 se habían instalado 2 mil equipos; a fines de este año tendremos 30 mil.

Por cuarto año consecutivo se distribuyeron los libros de texto gratuitos a tiempo y en cantidades suficientes. Este año se editaron 125 millones de ejemplares para los alumnos de preescolar, primaria y apoyo a los maestros.

Con la participación firme de los estados, este año se entregaron a jóvenes de escasos recursos 22.3 millones de libros de texto gratuitos en secundarias generales, técnicas, de trabajadores y telesecundaria, de este modo la distribución total de libros de texto gratuitos en el año fue de 147.3 millones de ejemplares; la más alta de nuestra historia.

Como padre de familia y como Presidente, hago un reconocimiento a las maestras y maestros de México. Su vocación, su ejemplo y su esfuerzo diario son base insustituible para educar a nuestros hijos, por eso se ha seguido haciendo un esfuerzo muy fuerte para mejorar progresivamente los ingresos y las condiciones de vida de los maestros.

Además, contamos ya con 327 centros de maestros equipados con bibliotecas y medios electrónicos para apoyar su actualización y 81 más están en proceso de instalación.

Como en toda la política social, el mayor compromiso y el esfuerzo adicional, es con quienes sufren más carencias. A través de los programas compensatorios estamos apoyando a los niños y jóvenes más pobres para que puedan completar su educación básica. Cerca de 5 millones de niños y jóvenes de preescolar, primaria y secundaria están siendo apoyados con libros y útiles escolares, construcción de aulas, capacitación y estímulos a sus maestros.

Los desayunos escolares son uno de los apoyos a la educación más importante para las niñas y niños de escasos recursos. Se trata de una acción histórica del Estado mexicano que había perdido mucho de su vigor. Ante ello, en 1995 nos propusimos darles un nuevo impulso y llegar a distribuir 4 millones de desayunos diarios en el año 2000.

Es muy satisfactorio que gracias al esfuerzo de los gobiernos estatales habremos superado esa meta dos años antes. En este ciclo escolar se distribuirán 4.3 millones de desayunos diarios.

Hace un año anuncié ante esta soberanía la puesta en marcha de un programa que atiende las causas de la pobreza extrema con un enfoque integral, fundado en la educación, la salud y la alimentación, programa que conocemos como el Progresa. Este mes el Progresa estará atendiendo ya a más de 1 millón 500 mil familias, 56% de ellas de comunidades indígenas.
El Progresa promueve el cuidado de la salud y del estado nutricional de los niños. En las comunidades donde se aplica las consultas de carácter médico han aumentado 40%. El programa está ayudando asimismo a que muchos niños y jóvenes que habían dejado la escuela vuelvan a ella.

En las secundarias que atienden a jóvenes becados por el Progresa, la matrícula está incrementándose 32%, tan sólo este año.

De acuerdo con los avances obtenidos hasta ahora, hacia fines del año el Progresa estará cubriendo a casi 2 millones de familias.

Hoy hay más mexicanos estudiando en los diferentes niveles educativos, más que nunca antes. La matrícula de educación media superior llega a 2.8 millones de estudiantes, 500 mil más que en 1994.

En el último año, el Gobierno Federal ha apoyado la creación de 35 colegios de bachilleres y 40 colegios de estudios científicos y tecnológicos. A su vez, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, (Conalep) ha incrementado sensiblemente su capacidad de formación técnica profesional y la impartición del bachillerato, así como la calidad de sus programas. Este año capacitará a más de 95 mil personas y se ha iniciado la descentralización de este colegio.

En el último año casi se ha duplicado la matrícula de educación superior tecnológica. Al inicio de la administración, en el país había siete universidades tecnológicas, el año pasado eran 24 y en el presente ciclo escolar contamos ya con 36.

Adicionalmente, en los pasados 12 meses se construyeron siete institutos tecnológicos más, con lo que ya suman 153 en la República.

Entre 1994 y este año la matrícula de educación superior pasó de 1.4 a 1.8 millones de estudiantes, un crecimiento de 400 mil estudiantes, que era la meta para el final del sexenio.

A través del Programa de Mejoramiento del Profesorado, se está apoyando a más de 5 mil 300 profesores de las universidades estatales en su formación de posgrado, la infraestructura que requieren y sus ingresos.

Pese a las restricciones presupuestales, cerca de 32 mil jóvenes están recibiendo apoyo de diversas dependencias, para realizar estudios de posgrado en México y el extranjero. El mayor esfuerzo es del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (Conacyt), que está administrando 19 mil becas con recursos que son36% real, mayores que en 1994.

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El Gobierno Federal tiene el compromiso de respaldar el avance de las ciencias, las humanidades y la tecnología. Se están apoyando los proyectos y la infraestructura de investigación, así como la vinculación entre la comunidad científica y tecnológica y los sectores productivos.

En 1998, el Sistema Nacional de Investigadores apoyará a casi 6 mil 850 investigadores.

La cultura nacional nos da identidad y es motivo de orgullo para todos los mexicanos, por eso hemos seguido y seguiremos fortaleciendo el cuidado del patrimonio histórico y cultural del país y alentando a los creadores artísticos con becas y apoyo a sus proyectos.

Un esfuerzo formativo que está ensanchando los horizontes de empleo e ingreso para miles de jóvenes y adultos, es la capacitación para el trabajo. Cerca de 3 millones y medio de trabajadores han recibido becas y cursos de capacitación en menos de cuatro años.

De los jóvenes depende el futuro de la nación. El vigor de la juventud, su ánimo crítico, su capacidad y talento, su apego a los valores que nos identifican, serán la fuerza de México en el Siglo XXI.

Los jóvenes son, de manera natural, la población hacia la que se dirige el esfuerzo más importante de la política social, pues prácticamente todo el gasto en educación y capacitación y más de la mitad del gasto en salud y muchos otros rubros, están dedicados a los jóvenes.

El Ejecutivo se propone trabajar intensamente con el Legislativo, a fin de articular e integrar mejor los programas y acciones de gobierno, dirigidos a los jóvenes.

Al lado de los campesinos, sus organizaciones y los gobiernos de los estados, el Gobierno Federal sigue y seguirá trabajando para asentar las bases firmes de un auténtico desarrollo rural.
Un primer paso ha sido avanzar en la consolidación de la seguridad jurídica de todas las formas de propiedad rural que consagra la Constitución.

Por decisión de su asamblea, el 80% poco más de los 27 mil ejidos que hay en el país, se ha incorporado al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, (Procede).

Se han certificado más de 16 mil ejidos o sea, 60% del total.
Antes del final de la administración concluiremos con la certificación de todos los ejidos que se hayan inscrito en el Procede.

Este esfuerzo de regularización es el más grande que se ha realizado en el mundo.

En los pasados 12 meses, más de 135 mil familias recibieron las escrituras de la tierra donde han fincado sus hogares.

Entre septiembre de 1997 y agosto de 1998, cerca de 10 mil posesionarios de terrenos nacionales recibieron los títulos que los hacen propietarios de la tierra. La mayoría de ellos tienen menos de 10 hectáreas y recibieron sus títulos de manera gratuita.

El título otorga seguridad y agrega valor a la tierra pero, sobre todo, imparte justicia a quienes con su trabajo la volvieron productiva.

La seguridad jurídica, sin embargo, no es suficiente para que los productores y sus familias obtengan mejores condiciones de vida. Es necesario apoyarlos oportuna y eficazmente para que puedan elevar su producción, capitalizar sus tierras y de ese modo incrementar sus ingresos.

Durante los pasados 12 meses, el campo mexicano se ha visto afectado por condiciones climáticas especialmente particularmente adversas que impactaron negativamente la producción agropecuaria.

Para hacer frente a ello, se estableció un Programa Especial de Sequías al que se destinaron cerca de 1 mil 100 millones de pesos.

A la vez, mediante el Programa de Empleo Temporal, se generaron 1 millón 110 mil empleos en la construcción de caminos rurales y otras obras de impacto productivo y social.

Pese a lo desfavorable del clima, la productividad agropecuaria está aumentando gracias a la Alianza para el Campo. De hecho, desde el impulso que dieron las grandes obras hidráulicas realizadas entre los años treinta y sesenta, la alianza es el programa más exitoso para elevar la productividad en el campo.

El Programa de Crédito a la Palabra, ofrece el financiamiento de corto plazo a los campesinos más pobres del país. Este año se está apoyando a más de 500 mil campesinos que trabajan 1.2 millones de hectáreas de temporal.

Con la recuperación de los créditos a la palabra y de otros apoyos reembolsables, se han formado cerca de 3 mil cajas de ahorro en los municipios más pobres, que a su vez financian proyectos de largo plazo. En su conjunto esas cajas disponen ya de 300 millones de pesos.

Casi 3 millones de productores de todo el país están recibiendo los apoyos del Programa de Apoyos Directos al Campo, (Procampo).

Es muy satisfactorio que este programa, que nació como una forma de subsidio se está transformando en un medio para la inversión productiva y la adquisición de insumos necesarios al inicio de los ciclos agrícolas.

En nuestro país son muchos los grupos campesinos, con una enorme capacidad de iniciativa productiva, pero a los que sólo les falta un apoyo para llevar a cabo sus proyectos.

Para respaldar a estos grupos en las zonas más pobres, el Fondo Nacional de Empresas Sociales apoya proyectos en que participan 800 mil productores agropecuarios.

Ante la caída de los precios agrícolas en los mercados internacionales, hemos mantenido los apoyos a la comercialización de maíz, trigo y sorgo, así se han apoyado el ingreso de los productores y la competitividad de las cadenas productivas que utilizan estos granos como materias primas.

Con el Programa de Asistencia Social Alimentaria (PASAF), este año se otorgaron 18 millones de despensas en beneficio de 1.5 millones de familias.
Los programas de abasto, de leche y de tortillas subsidiadas, se han enfocado con mayor precisión hacia quienes más lo necesitan.

Leche Industrializada de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, S.A., (Liconsa) atenderá este año a 5.1 millones de personas de escasos recursos, de los cuales 95 son niños. A la vez 1 millón y medio de kilos de tortillas son entregados diariamente para apoyar el consumo de familias pobres.

Adicionalmente cerca de 23 mil 500 tiendas de Ditribuidora de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, S.A., (Diconsa), instaladas en comunidades aisladas, donde no hay otros medios de comercialización, ofrecen productos básicos en beneficio de más de 33 millones de personas.

La disponibilidad de servicios de agua potable, drenaje y electricidad, es un claro indicador del avance social de cualquier país. En los últimos cuatro años, 9 millones más de mexicanos tienen acceso al agua potable. Este año la cobertura alcanzará casi el 87% de la población, al mismo tiempo cerca de 11 millones de personas que en 1994 no lo tenían, ya cuentan con el servicio de alcantarillado.

Con el esfuerzo de todos este año la cobertura comprenderá a 73% de la población. Entre 1995 y 1998, la capacidad instalada para procesar las aguas residuales, se habrá incrementado cerca del 70% hasta llegar a 72.7 metros cúbicos por segundo.

Sin embargo, es esto todavía muy poco, el tratamiento de aguas residuales representa y seguirá representando, un enorme reto para el equilibrio ambiental, que deberá ser enfrentado más decididamente en los próximos años.

En coordinación con los estados y municipios, estamos aplicando programas para prevenir y combatir la contaminación atmosférica en las principales zonas metropolitanas del país.

Ciertamente en el cuidado de nuestros recursos naturales en medio ambiente, hace falta mucho camino por recorrer, pero tengamos presente, por ejemplo, que no hace mucho la protección no pasaba de disposiciones que se quedaban en el papel. Ahora tenemos más de 100 áreas naturales protegidas, con cerca de 12 millones de hectáreas, que empiezan a contar con programas de manejo, recursos y personal especializado.
Debido a las condiciones adversas del clima, en los últimos meses del año pasado y sobre todo en los primeros de este año, enfrentamos una gran oleada de incendios forestales.

A fin de contrarrestar los efectos de los incendios, se puso en marcha un programa emergente de restauración de las zonas siniestradas. Adicionalmente se está apoyando a grupos campesinos, para que dejen atrás prácticas tradicionales, que ponen en riesgo los bosques y las selvas y tengan ellos opciones productivas más seguras para el cultivo de sus tierras.

Los mexicanos deberemos enfrentar otro reto de la mayor importancia, en el suministro de la electricidad. Hoy, 95 habitantes de cada 100 del país reciben servicios, pero la demanda aumentará con gran rapidez.

Se estima que en los siguientes siete años, deberemos generar 13 mil megawatts adicionales, lo que equivale a una tercera parte de la capacidad instalada en todo un siglo.

Para responder a este desafío, de aquí al año 2005, se necesitarán inversiones por alrededor de 220 mil millones de pesos.

Para obtener los recursos necesarios, es imprescindible seguir procurando nuevos mecanismos que permitan sumar el esfuerzo de todos los sectores de nuestra economía; sólo así tendremos una oferta de energía eléctrica suficiente para respaldar el crecimiento de la economía, el empleo y el bienestar de los mexicanos.

En octubre pasado, el huracán "Paulina" causó graves daños en Acapulco y zonas costeras y serranas de Oaxaca, enlutando muchísimos hogares y entristeciendo a todos los mexicanos. Como siempre, frente a grandes retos, los mexicanos nos unimos en el esfuerzo, la ayuda, el consuelo y la reconstrucción. En pocos días se rescató y evacuó a decenas de miles de damnificados, se atendió a los heridos, se previnieron enfermedades, se restituyó el suministro de agua potable y se restableció la energía eléctrica. En pocas semanas se repararon caminos y cruces carreteros, se puso en marcha un programa emergente de vivienda para apoyar a 40 mil familias y se otorgaron apoyos para la producción. En pocos meses se reconstruyeron las carreteras que habían quedado seriamente dañadas.
Todavía hoy siguen efectuándose trabajos de reconstrucción y prevención. Al concluirlos, el Gobierno Federal habrá invertido más de 2 mil millones de pesos.

Por su oportuna y delicada labor de apoyo a los damnificados por el huracán "Paulina" y ante otras emergencias y necesidades sociales, quiero hacer un reconocimiento muy especial al Ejército y a la Marina de México.

Nuestras fuerzas armadas cuentan con la confianza y el aprecio del pueblo; además de actuar siempre con patriotismo, lealtad y valor en defensa de nuestra soberanía y la integridad del territorio nacional, auxilian a la población con rapidez y eficiencia, cuando más lo necesitan.

En gran medida, el avance social de México y de cualquier país, depende del avance económico; la creación de empleos suficientes y mejor pagados, la mejoría en la educación, la salud y los otros servicios básicos; el combate a la pobreza, el fortalecimiento de las instituciones responsables de la seguridad pública y la justicia y todos los demás aspectos que son importantes para el bienestar de la gente, requieren de la inversión de recursos cada vez mayores.

Estos recursos sólo pueden ser generados si la economía nacional crece año tras año. Entre más rápido crezca la economía, más pronto se podrán alcanzar las metas para el bienestar social. Por eso la política económica de esta administración, ha tenido el propósito de alcanzar y preservar las condiciones que permitan a la economía nacional no sólo crecer en el corto plazo, sino hacerlo firmemente a lo largo del tiempo.

México necesita ese crecimiento dinámico y duradero, a fin de contar con los recursos necesarios que durante muchos años deberán aplicarse para resolver los problemas sociales y elevar significativamente el nivel de vida de la población.

La política económica enfrentó un enorme desafío, con la severa emergencia que se manifestó claramente a fines de 1994, justo al inicio del sexenio. La crisis presentó tres grandes problemas a los que se tuvo que responder con prontitud y con firmeza.

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El primer gran problema era que el país estaba gastando considerablemente más que el valor de lo que producía, lo que se manifestaba en un enorme déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que en 1994 alcanzó casi 30 mil millones de dólares.

Durante varios años, la diferencia entre el gasto el ingreso y del país, se había compensado con flujos de capital del exterior invertidos en su mayor parte en instrumentos de alta liquidez.

El exceso de gasto resultaba insostenible, primero porque ya había ocurrido de manera apreciable durante varios años y segundo, porque a lo largo de 1994, sucedieron una serie de eventos muy desafortunados que minaron fuertemente la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en las perspectivas de nuestra economía.

Una consecuencia fue que se detuvo abruptamente el flujo de recursos externos que hasta entonces había financiado dicho exceso de gasto. Para hacer frente a esa situación se aplicó un severo, aunque indispensable, ajuste fiscal y monetario. Una consecuencia fue que se detuvo abruptamente el flujo de recursos -decia- y para enfrentar eso tuvimos que aplicar irremediablemente el ajuste fiscal y monetario.

El segundo gran problema era el vencimiento inmediato de deudas cuyo valor estaba denominado en dólares o vinculado al valor de esta moneda. El monto de dichas obligaciones con vencimiento durante 1995, equivalía a 41 mil millones de dólares. Para afrontar esta situación y evitar un estado de insolvencia que hubiese acarreado gravísimas consecuencias para la economía nacional, se obtuvieron financiamientos a mediano y largo plazos, que compensaran los vencimientos de corto plazo. A los montos contratados con organismos multilaterales de los que México es socio de pleno derecho, se sumó una muy importante línea de crédito negociada con el gobierno de los Estados Unidos, cuyo saldo, por cierto, fue completamente liquidado a principios de 1997, varios años antes del plazo pactado.

El tercer gran problema era el riesgo de quiebra del sistema bancario. Desde 1993 se había manifestado una cierta fragilidad en la banca, que se acentuó durante 1994 y se tornó muy crítica al sobrevenir la emergencia económica.
Las dificultades para recuperar los préstamos otorgados, sumadas a las pérdidas de capital de las instituciones, causadas en unos casos por factores ajenos a su control, en otros por una administración deficiente y en algunos incluso por la realización de operaciones fraudulentas, determinaron una situación de potencial insolvencia del sistema bancario. De haberse materializado ese estado de insolvencia, hubiese tenido consecuencias sumamente graves e irreparables para la economía nacional. El Gobierno tomó la decisión de evitar bajo cualquier circunstancia, la quiebra del sistema bancario, ya que ésta hubiese significado el colapso total de la economía del país y habría acarreado un costo social mucho más grave que la de por sí dolorosa carga que sufrió la población durante 1995.

Ninguna economía del mundo contemporáneo puede funcionar sin el sistema de pagos que opera a través de los bancos. En nuestro país sólo 10% de las transacciones económicas se realizan en efectivo, el resto ocurre mediante operaciones bancarias. Sin el sistema de pagos que descansa en los bancos, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, no podrían adquirir materias primas ni pagar a sus obreros y empleados ni vender los bienes y servicios que producen.

Tampoco se podrían efectuar las exportaciones e importaciones que realiza el país. No podría funcionar regularmente el gobierno incluidos los sistemas públicos de educación y de salud. En pocas palabras, con la quiebra del sistema bancario y de pagos, se habría paralizado toda la economía de la nación, lo que hubiese significado el desempleo inmediato de millones de personas y muchas otras graves, gravísimas consecuencias sociales.

Una vez ocurrida la quiebra, sin importar qué tan rápido se hubiese iniciado el restablecimiento del sistema de pagos, habría sido inevitable sufrir una recesión mucho más profunda que la de 1995, que se habría prolongado durante varios años.

Es útil recordar que en 1982 se impusieron controles que obstruían las operaciones en moneda extranjera, que entonces constituían una parte menor del sistema de pagos del país en su conjunto.

Si bien ese quebranto del sistema de pagos fue apenas parcial, resultó ser el principio y causa fundamental de un periodo muy prolongado de estancamiento económico, alta inflación y carencia total de crédito externo voluntario para nuestro país.

Aquella experiencia y la de otros países que han sufrido el derrumbe parcial o total de su sistema de pagos, explican por qué el Gobierno no podía permitir la quiebra del sistema bancario. Además, de haber ocurrido esa quiebra, se hubiesen sufrido inevitablemente pérdidas muy significativas en el patrimonio de los depositantes de los bancos y los deudores habrían padecido una situación mucho más difícil que la que han enfrentado desde 1994.

En consecuencia, se adoptó una estrategia que cumpliera varios objetivos a la vez. Primero, evitar la quiebra del sistema bancario. En las circunstancias de marcado nerviosismo e inestabilidad financiera de 1995, la quiebra de un solo banco hubiese precipitado prácticamente la de todos los demás. De ahí que hubo que atender el problema de los bancos caso por caso, lo que condujo a un enfoque irremediablemente casuítico y selectivo.

Segundo, restablecer a la brevedad posible la operación normal de la banca, tanto en las transacciones domésticas como en las internacionales.

Tercero, hacer el máximo esfuerzo posible para apoyar a los deudores de la propia banca, sin propiciar prácticas de incumplimiento premeditado y, cuarto, procurar que los apoyos otorgados tuvieran el menor costo posible con cargo al Estado, lo cual también determinó el caracter selectivo de la estrategia.

En función de estos objetivos, se determinaron las principales acciones y programas que fueron conformando la estrategia de apoyo al sistema bancario. En los momentos de mayor inestabilidad y riesgo, se abrieron líneas de crédito en moneda extranjera para que los bancos pudieran cumplir sus obligaciones externas y se dispuso un programa para apoyar su capitalización temporal.

Se promovieron exitosamente reformas legales para facilitar la inyección de capital adicional a los bancos. Como lo señala la ley, en los casos de bancos irremediablemente insolventes se procedió a intervenirlos y donde se detectaron irregularidades y operaciones fraudulentas se iniciaron los procesos penales correspondientes.

Se han abierto 100 procesos penales en contra de 183 empleados y funcionarios bancarios. De esos procesos, 52 son en contra de 116 altos ejecutivos. Existen procesos contra cinco individuos que fungieron como presidentes de consejos de administración.

Para los bancos que podían recuperar la solvencia sin necesidad de intervenirlos y, por lo mismo, de que el Gobierno asumiese todo el costo de la rehabilitación, se estableció un programa de incentivos para su recapitalización con recursos de antiguos y nuevos accionistas.

Asimismo se establecieron diversos programas en apoyo a deudores de la banca, mediante los cuales los participantes han recibido importantes reducciones en el saldo y en los intereses de los créditos a su cargo.

Desde el inicio el Gobierno ha previsto e informado que las acciones para sanear al sistema bancario implican necesariamente un costo sustancial, es un costo enorme si se toman en cuenta los otros usos que podrían tener los recursos destinados al saneamiento. Con todo, el costo previsto es menor al que hubiese resultado de permitirse la quiebra bancaria o simplemente de haber actuado lenta y medrosamente.

Es preciso reiterar que en rigor el Gobierno que presido no tuvo la alternativa de escoger: entre pagar el costo de evitar la quiebra del sistema bancario o no pagarlo; como tampoco la tuvo entre enfrentar o no la emergencia económica. El único camino responsable consistía en tomar las medidas necesarias para resolver la crisis económica por alto que resultase el costo político para el Gobierno.

El caso de muchos países que se han enfrentado a severas crisis financieras, incluyendo algunas que hoy están ocurriendo en otros continentes, muestra claramente que el retrasar las decisiones o aplicarlas con titubeo agrava dramáticamente los costos económicos y sociales.

En 1995 sabíamos muy bien que efectuar el ajuste fiscal y monetario, convenir financiamientos extraordinarios con los organismos multilaterales y con el gobierno de los Estados Unidos de América y evitar la quiebra del sistema bancario eran decisiones susceptibles de provocar las controversias consustanciales a temas tan trascendentes, en especial si son discutidos en las condiciones de libertad, democracia y pluralismo que afortunadamente hoy existen en México.

Era mi deber actuar con toda decisión para enfrentar la emergencia. Así se hizo y nunca lo lamentaré. Como tampoco lamento y sí en cambio celebro con inquebrantable convicción democrática que los actos de Gobierno sean sujetos de debate, de escrutinio y aun de rigurosa crítica.

Con la misma convicción afirmo que el Gobierno encuentra indignante que una parte sustancial del quebranto bancario obedezca, en unos casos, a la negligencia y en otros a actos fraudulentos de algunos administradores, ejecutivos y accionistas bancarios.

¡Esos individuos han agraviado a los depositantes, a los bancos que si han actuado con profesionalismo, a accionistas que de buena fe invirtieron en los bancos defraudados y, sobre todo, al pueblo de México que es el que en última instancia sufraga el costo causado por los bancos intervenidos por mala o fraudulenta administración!

Es muy lamentable e injusto que el marco jurídico vigente, al cual debe sujetarse la autoridad, sea absurdamente generoso con quienes presuntamente han causado un grave daño patrimonial a muchos personas y a la nación. ¡La debilidad de ese marco jurídico es el origen del enojo y la frustración que las autoridades y la ciudadanía compartimos ante los cínicos alardes de impunidad de quienes dolosamente han causado un grave daño a la economía del país!

¡A pesar de las deficiencias del marco jurídico, que confío será enmendado por esta legislatura, no se escatimará esfuerzo alguno para que los llamados criminales de "cuello blanco" reciban el mayor castigo posible!

Es también inaceptable la conducta de personas o instituciones que por negligencia o por maquinación abusen y sustraigan beneficios indebidos de los varios programas gubernamentales de apoyo al sistema bancario. El compromiso con todos los mexicanos es que cualquier presunto abuso será investigado y sancionado con todo el rigor que permite la ley.

El pasado mes de marzo envié a la consideración de este honorable Congreso un conjunto de iniciativas de reformas en materia financiera cuyos propósitos generales conviene reiterar en ésta tan valiosa oportunidad. Dichas iniciativas proponen fortalecer en la autoridad competente las funciones de regulación y supervisión del sistema bancario; las crisis financieras que se han presentado recientemente, incluyendo la mexicana de 1995 y las que han conmovido al mundo en los últimos días, muestran claramente que frente a la globalización financiera el talón de Aquiles de las economías nacionales reside en la inadecuada regulación y supervisión de los sistemas bancarios.

Este es un campo en que la globalización, lejos de suponer una menor intervención del Estado, reclama de éste un papel más activo para vigilar la observancia de buenas prácticas bancarias que prevengan tanto los auges infundados como los colapsos financieros asociados a la gran movilidad internacional que hoy tiene el capital.

Las iniciativas mencionadas proponen asimismo otorgar plena certidumbre jurídica de largo plazo a los procesos de capitalización emprendidos desde 1995, así como propiciar importantes posibilidades de capitalización adicional del sistema bancario.

El progreso del país requiere de bancos dinámicos y eficientes que capten más ahorros, financien adecuadamente la expansión de la planta productiva y atiendan las demandas de crédito de la población para cuestiones tan importantes como la vivienda.

Para cumplir satisfactoriamente esas funciones, la generalidad de los bancos requiere afianzar y ensanchar sus índices de capitalización, justamente eso es lo que las iniciativas del Ejecutivo Federal pretenden facilitar.

Del mismo modo se busca hacer más rápida y favorable la recuperación de créditos y la venta de activos otorgados en garantía en los programas de apoyo al sistema bancario, lo que permitirá reducir significativamente su costo fiscal.

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Otro objetivo importante consiste en transparentar y racionalizar gradual y progresivamente la garantía de los ahorros confiados a los bancos, pues ello también propiciaría en estas instituciones mayor eficiencia y responsabilidad y reduciría el costo de eventuales intervenciones de la autoridad para atender problemas de solvencia en los bancos.

También es significativa la propuesta de acotar la facultad del Ejecutivo Federal para otorgar avales y otras garantías conducentes a la constitución de deuda pública contingente.

Confío en que a partir de las propuestas presentadas por el Ejecutivo Federal y varios de los partidos políticos representados en este Congreso, se cuente pronto con el marco jurídico que atendiendo los objetivos antes señalados, haga posible el sistema bancario que requiere el desarrollo general del país.

La estrategia que seguimos los mexicanos para enfrentar la emergencia económica de 1995, alcanzó sus objetivos gracias al enorme esfuerzo de todos y a la unidad que en lo fundamental se mantuvo, fue posible iniciar la recuperación económica justo cuando se había previsto.

Después de la severa contracción de 1995, en 1996 el producto interno bruto creció 5.2% y en 1997 se alcanzó la tasa de crecimiento económico más alta en 16 años, de 7%. La tasa de desempleo abierto que en agosto de 1995 alcanzó un alarmante máximo de 7.6%, en 1996 promedió 5.5% y 3.7% en 1997. La inflación anual que se había disparado hasta el 52% en 1995, se redujo a 27.7% en 1996 y a 15.7% el año pasado.

Un hecho notable es que se logró revertir la caída que durante varios años sufrió la tasa de ahorro interno y que en 1994 la llevó a un bajo nivel de 14.8% del producto interno bruto, lo que indudablemente constituyó una causa importante del quebranto que sufrió entonces la economía nacional. En 1997 dicha tasa de ahorro alcanzó 24.6% del producto interno bruto, resultado de gran significado para el crecimiento económico del país.

Cuando a principios de noviembre pasado se sometieron a consideración de este honorable Congreso los criterios generales de política económica para 1998, existían razones para sustentar una visión prudentemente optimista respecto al desempeño de la economía nacional durante el presente año; sin embargo, en el curso de pocas semanas, prácticamente mientras ocurría el proceso de discusión y aprobación del presupuesto y la Ley de Ingresos, algunas circunstancias externas de indudable influencia en nuestra economía, cambiaron sustancialmente.
La situación de varias de las economías asiáticas se deterioró abruptamente, lo que ha desembocado en una grave crisis financiera sin precedente en esos países. A su vez, ello ha causado una situación de aguda inestabilidad en los mercados financieros internacionales, con efectos negativos en prácticamente todos lados y, de manera señalada, en las llamadas economías emergentes, entre las que se encuentra la mexicana.

Esa inestabilidad se ha agravado recientemente, como resultado de las muy delicadas circunstancias que se viven en Rusia.

La aguda caída en el precio internacional del petróleo, constituye otra sorpresiva circunstancia adversa. Hasta el momento de enviar el proyecto de Presupuesto para 1998, a consideración de la Cámara de Diputados, el precio de exportación del petróleo mexicano había promediado 16.90 dólares por barril, en el presupuesto se estimó un precio promedio de 15.50 dólares para 1998, lo que por cierto algunos consideraron una subestimación injustificada.

En realidad durante los últimos días del año pasado, el precio internacional de los hidrocarburos comenzó a sufrir una baja muy pronunciada, motivando que nuestro petróleo haya promediado un precio de poco menos de 10.5 dólares por barril en lo que va del presente año. En comparación con 1997, se perderán por lo menos 3 mil 500 millones de dólares en el valor de las exportaciones de petróleo, monto equivalente al 1% del producto interno bruto del país en 1998.

Habiéndose despetrolizado sustancialmente las exportaciones del país durante la última década, ahora el mayor daño que nos causa el desplome en los precios del crudo, es en las finanzas públicas, ya que lamentablemente los ingresos fiscales todavía dependen excesivamente del petróleo.

En 1997, el 36% de los ingresos del Gobierno Federal provinieron de los rendimientos petroleros. Desde los primeros días de enero pasado, al manifestarse claramente la tendencia a la baja en los precios del petróleo, se optó por enfrentar de inmediato la situación reduciendo el gasto público programado y optimizando fiscalmente otros ingresos públicos.

Al continuar el deterioro en el mercado petrolero internacional, se dispusieron otros dos ajustes en los pasados meses de marzo y julio.

En los tres ajustes prevaleció el criterio de afectar en la menor medida posible al gasto social, lo que afortunadamente ha permitido mantener vigentes las principales metas de los programas en apoyo de quienes más lo necesitan.

Frente a la disminución del ingreso petrolero, era indispensable el ajuste fiscal para evitar daños aún mayores en nuestra economía, como lo prueban experiencias propias del pasado y presente de otros países petroleros. De no habernos ajustado ahora suficiente y oportunamente a las nuevas circunstancias, más pronto que tarde habríamos pagado un costo mucho mayor en términos de pérdida de crecimiento económico y empleo, inflación e inestabilidad financiera.

Los resultados acreditan que el país ha sorteado satisfactoriamente las muy difíciles circunstancias que se han enfrentado en 1998. Gracias a la disciplina fiscal y monetaria y al esfuerzo de todos los sectores productivos, se ha mantenido al máximo posible el crecimiento de la economía.

Durante el primer semestre de este año, a pesar de la caída de la producción agropecuaria, causada por las condiciones climáticas muy adversas, el producto interno bruto creció 5.4% con respecto al mismo periodo del año pasado. Este avance es muy meritorio si se considera el tamaño de la pérdida petrolera y la inestabilidad financiera internacional que ha prevalecido.

Cabe mencionar que entre las 15 economías más grandes del mundo, la nuestra tuvo la segunda tasa de crecimiento más alta del producto interno bruto durante el primer semestre del año. Entre los países en desarrollo, que son grandes exportadores de petróleo, el nuestro ha tenido con mucho el mejor desempeño económico.
Gracias al crecimiento de la producción y la inversión, siguió aumentando el nivel de empleo en la economía. Durante los primeros siete meses del año, la tasa de desempleo abierto promedió 3.3% de la población económicamente activa, que se compara favorablemente con la tasa de 4.1% que se registró en el mismo periodo de 1997.

Es también alentador que al 31 de agosto el número de trabajadores asegurados permanentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, haya llegado a su máximo histórico de 10.1 millones, lo que significa un aumento de 4.6% más que un año antes. El nivel de los salarios es todavía muy bajo, pero ha comenzado gradualmente su recuperación, según lo sugieren algunos indicadores.

Durante los primeros seis meses del año, por ejemplo, en la industria manufacturera las remuneraciones crecieron 3.1% y en el sector comercio 4.3%, ambos casos en términos reales.

A pesar de factores adversos como la sequía y la variación en el tipo de cambio que han impactado desfavorablemente el nivel de precios, la inflación acumulada en 1998 sí ha resultado inferior a la comparable de un año antes.

Si bien estos resultados son favorables al tomar en cuenta las condiciones tan adversas en que se han dado, no deben llevarnos a subestimar el enorme reto que tenemos por delante. Debo ser el primero en advertir que son difíciles las circunstancias en que se desenvolverá nuestra economía en el futuro inmediato.

A pesar de los esfuerzos que los principales países productores de petróleo hemos hecho para reducir nuestras exportaciones, no está a la vista una pronta recuperación del precio internacional. Tampoco es previsible que en poco tiempo vayan a resolverse los problemas externos causados por la inestabilidad financiera internacional padecida este año. De hecho, los efectos más significativos de esa inestabilidad sobre las economías más desarrolladas del mundo están todavía por suceder.

Admitamos que durante los próximos dos años, la situación internacional planteará grandes retos y fuertes restricciones a la política económica. Para cumplir los objetivos que nos tracemos, se precisará de una conducción económica muy prudente y eficaz en todos sus aspectos. Propongamos objetivos que tomen muy en cuenta las circunstancias poco propicias que enfrentamos. Propongámonos objetivos que sean realistas y a la vez ambiciosos para así estimular nuestro esfuerzo y perseverancia. Hagámoslo con visión de largo plazo, pensando que entre más grande sea ahora nuestro empeño, mejores serán los resultados en el futuro.

Cumplamos nuestra tarea con la confianza de que gracias al esfuerzo de todos, nuestra economía tiene ahora fortalezas de las que carecía, no hace mucho, y que han sido probadas satisfactoriamente por los acontecimientos de este año.

Propongo que hagamos lo necesario no sólo para alcanzar el mayor crecimiento económico posible en el bienio 1999-2000, sino para que el próximo Presidente de la República tenga las condiciones más propicias para el inicio y el desarrollo de su mandato.

Cumplir ambos objetivos demandará de todos voluntad y firmeza de carácter, compromiso y sentido de responsabilidad con la República, atributos que los mexicanos hemos probado tener. Usémoslos ahora para desterrar la lacra de las crisis sexenales.

Estoy convencido de que a pesar de las difíciles circunstancias externas y a condición de que sostengamos alto el espíritu y fuerte el trabajo, podremos alcanzar la meta que nos propusimos en el Plan Nacional de Desarrollo, de que la economía crezca en promedio al 5% durante el periodo 1996-2000. Para lograrlo, el promedio del crecimiento del producto interno bruto en 1999 y el año 2000 deben ser alrededor del 4%.

Para que esto se consiga y además sea parte del camino que nos conduzca a que la economía pueda crecer más rápidamente después del año 2000, debemos hacer todo lo necesario para que en el último año de esta administración, la economía nacional esté resguardada por una evidente fortaleza financiera, fiscal y estructural. De esta manera dejaremos atrás los traumas económicos que se han dado alrededor del cambio sexenal de Gobierno desde hace casi un cuarto de siglo.

Para el logro de este objetivo estratégico aseguro a las señoras y a los señores legisladores y a todos los mexicanos, que ejerceré íntegramente las facultades que me otorga la Constitución.

Todas las decisiones e iniciativas que emprenda con ese fin serán motivadas únicamente por el supremo interés de la República.

Confío en que el mismo principio habrá de guiar la conducta de todos cuya participación se requiere para cumplir las metas que nos tracemos, así podremos conformar la política de Estado que propuse aquí hace un año para darle certidumbre de largo plazo al progreso de la nación.

El progreso de nuestro país sólo puede edificarse con el esfuerzo tenaz, inquebrantable de todos los mexicanos. Hacer frente a los enormes desafíos que nos aguardan exige que renovemos el ánimo y la decisión. Tomemos fuerzas de nuestra propia historia, templemos la voluntad en el recuento de lo mucho que los mexicanos hemos conseguido con nuestro esfuerzo en este siglo que termina, un siglo en el que los mexicanos realizamos la primera revolución social y nuestro país se afianzó como una nación libre y soberana. Un siglo en el que los mexicanos hemos logrado importantes avances en la salud, en la educación, en los servicios básicos y en la infraestructura para el desarrollo. Un siglo en el que los mexicanos edificamos instituciones sólidas, supimos preservar la paz social y hemos alcanzado una normalidad democrática que muchos creían remota.

Los mexicanos llegamos a las puertas del tercer milenio, orgullosos de nuestros avances, pero con clara conciencia de los retos que nos depara el porvenir.

Sabemos que para las generaciones de nuestro tiempo, es un privilegio histórico ser testigos del paso del Siglo XX al Siglo XXI. Sabemos que ese privilegio implica también una gran responsabilidad que solamente podremos cumplir con la unidad y la perseverancia de todos.

Sabemos que tenemos la voluntad y las capacidades para edificar un futuro de prosperidad, democracia y justicia y hacer de México una de las grandes naciones del Siglo XXI.

Por eso convoco a toda mujer, a todo hombre, a todo adulto, joven y niño, a redoblar el paso con firme confianza en nuestra historia y en nuestra cultura, en nuestra energía y en nuestro destino.

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Convoco a todos los mexicanos y las mexicanas a levantar unidos la esperanza y la voluntad.

Los convoco a creer en México, a pensar siempre en México, a trabajar, más que nunca y más hermanados por México.

Muchas gracias.

RESPUESTA

Ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; ciudadano José Vicente Aguinaco Alemán, presidente de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación; ciudadana Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Cámara de Senadores; honorable Congreso de la Unión; señoras y señores:

Esta soberanía recibe el informe escrito, con el que el Presidente de la República da cuenta del estado que guarda la administración pública del país y cumple la obligación señalada por el artículo 69 constitucional.

Asimismo, ha escuchado con interés el mensaje que el primer mandatario ha dirigido a todos los mexicanos.

En sesiones subsecuentes, corresponderá a senadores y diputados conocer y analizar el informe presentado, para ello se examinará el texto y sus anexos y se convocará a los funcionarios del Ejecutivo Federal a comparecer ante las comisiones del Congreso.
Con altura de miras, enalteciendo la política como instrumento de la razón y haciendo del debate vía para el entendimiento, abordaremos el análisis de este IV Informe de Gobierno.

En su oportunidad, en los términos de la ley, comunicaremos al Presidente de la República, los resultados de nuestros trabajos.

Durante el periodo de sesiones ordinarias que se inicia en esta fecha, habremos de trabajar con apego a la ley y responsabilidad republicana, para dar al país la legislación que requiere ante los retos de hoy.
La ciudadanía puede tener la seguridad, de que por encima de las diferencias consustanciales a nuestro pluralismo, los legisladores trabajamos con patriotismo, anteponiendo siempre el interés superior de la nación.

Muchas gracias.

Solicito a los asistentes ponerse de pié, para entonar nuestro Himno Nacional.

(Himno Nacional.)

Se ruega a la comisión designada para acompañar al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al retirarse de este recinto, cumpla su cometido.

CLAUSURA Y CITATORIO

Se levanta la sesión del Congreso General.

Se cita a sesión de la Cámara de Diputados, para el próximo jueves, 3 de septiembre de 1998 a las 10:00 horas.

RESUMEN DE TRABAJOS

Sesión de Congreso General realizada en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.

* Tiempo de duración: 3 horas con 41 minutos.

*Quorum a la apertura de sesión: 458 diputados y 112 senadores.

*Oradores en tribuna: 7
PRI-2; PRD-1; PAN-1; PVEM-1; PT-1.

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