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Presidencia
de la diputada
Lenia Batres Guadarrama |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta
Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los
diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
| El secretario
Luis Rojas Chávez |
Se informa a la Presidencia que existen registrados
previamente 295 diputados. Por lo tanto, hay quorum, señora Presidenta.
| La Presidenta (a
las 10:31 horas): |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
| El secretario
Luis Rojas Chávez |
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Martes 8 de septiembre de 1998
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Querétaro.
Comunicaciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Comunicación del diputado Manuel Angel Núñez Soto.
Protesta de diputados.
Oficio de la Cámara de Senadores
Por el que comunica el acuerdo, para citar a secretarios de Estado, para el análisis del
IV Informe de Gobierno.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Víctor Luis
Urquidi Bingham, pueda aceptar y usar la condecoración de la orden de Río Branco, en
grado de gran oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Seis, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos:
Claudia Elena González Méndez, Adriana Estela Ortega Silva, Eugenia Sánchez Pedroza,
Manuel Felizardo Ortiz Chávez, Rosa Isela Flores Soto y Alma Patricia Sánchez Casas,
puedan prestar servicios en los consulados generales de los Estados Unidos de América en
Ciudad Juárez, Chihuahua y en Tijuana, Baja California, respectivamente.
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Laura Vargas
Licona, pueda prestar servicios en la Embajada del Reino de los Países Bajos en México.
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Blanca
Magdalena Fontes Nava, pueda prestar servicios en la Embajada de la República Argelina
Democrática y Popular.
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas: Delta
Beatriz Iturralde Flisser y Alina Gamboa Combs, puedan prestar servicios en la Embajada de
Reino Unido en México.
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Gabriela
Pellón Martínez, Verónica Méndez Fragoso, Máximo Cruz Hernández, Paulino Guillermo
Zerón Orozco, Margarito Pérez Hernández, Celerina Guerrero Ortega, Eusebio Neri Oliver,
Enriqueta Engracia Santillán Cedillo, Trinidad Elvia Gutiérrez Suárez y María del
Pilar Laura Muñoz Muñoz, puedan prestar servicios en la Embajada y en el Consulado
General de la República Argentina en México.
Comparecencia del Secretario de Gobernación, para el análisis del IV Informe de
Gobierno.
Política Interior.»
El diputado
Ramón María Nava González
(desde su curul): |
Señora, Presidenta.
Permítame un segundo, señor Secretario.
¿Con qué objeto?
Le solicitamos a la Oficialía Mayor le acerque un micrófono al diputado.
El diputado
Ramón María Nava González
(desde su curul): |
Señora Presidenta, en el periodo anterior de
sesiones hubo un acuerdo para que las actas se pasaran a los representantes de los grupos
parlamentarios y se obviara el tiempo dedicado a leerla. Propongo que se siga ese mismo
procedimiento.
Tiene razón, señor diputado. Vamos a solicitar a la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política nos ayude a abreviar la lectura de
las actas.
Continúe, señor Secretario.
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario
Francisco Javier Santillán
Oseguera : |
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
celebrada el jueves tres de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, correspondiente
al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la
Quincuagésima Séptima Legislatura.
Presidencia de
diputado
Fidel Herrera Beltrán : |
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las
diez horas con treinta y dos minutos del jueves tres de septiembre de mil novecientos
noventa y ocho, con una asistencia de trescientos cincuenta diputados, el Presidente
declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión
anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.
Una invitación del Instituto de Cultura de la Ciudad de México, a la ceremonia
conmemorativa del centésimo quincuagésimo primer aniversario de la Heroica Defensa del
Molino del Rey. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Una comunicación del diputado Ricardo Monreal Avila, quien opta por el puesto de
elección popular como gobernador del Estado de Zacatecas. Llámese al suplente.
Cuatro, de los diputados Maximiano Barbosa Llamas y Rogelio Chabolla García, quienes
comunican su decisión de constituirse en diputados independientes. De enterado.
Diversos oficios de la Comisión Permanente, con los que comunica que los diputados:
Joaquín Antonio Hernández Correa, José Luis Flores Hernández, Ricardo Armenta
Beltrán, Gustavo Adolfo Guerrero Ramos y Antonio Benjamín Manríquez Guluarte,
solicitaron licencia para separarse de sus encargos. Llámese a los suplentes.
El Presidente informa que se encuentran a las puertas del salón, los ciudadanos: Salvador
Ezequiel Estrella Verduzco, Gudelia Tapia Vargas, Jesús Alberto Espinosa Gaxiola, Martha
Sofía Tamayo Morales, Rosa María González Gámiz y María Martha Veyna Soriano,
diputados suplentes electos en el séptimo distrito electoral del Estado de Tamaulipas,
tercer distrito electoral del Estado de Puebla, primera circunscripción electoral
plurinominal, quinto distrito electoral del Estado de Sinaloa, segundo distrito electoral
del Estado de Baja California Sur y tercer distrito electoral del Estado de Zacatecas,
respectivamente y designa a una comisión que los introduzca y los acompañe en el acto de
rendir su protesta de ley.
Terminado el acto protocolario, los diputados federales toman posesión de sus encargos de
inmediato.
Tres oficios de la Comisión Permanente, con los que informa que los diputados Fernando
Castellanos Pacheco, Felipe de Jesús Preciado Coronado y Rafael Sánchez Pérez,
solicitaron licencias limitadas según sus propias comunicaciones. De enterado.
Cuatro oficios más del mismo organismo colegiado, con los que informa que los diputados
Francisco Luna Kan, Marco Antonio Olvera Acevedo, Fernando Castellanos Pacheco y Felipe de
Jesús Preciado Coronado, se reincorporaron a sus funciones legislativas. De enterado.
Otro oficio de la Comisión Permanente, con el que informa que el diputado Patricio
Martínez García, optó por el cargo de gobernador del Estado de Chihuahua. De enterado.
De la misma Comisión Permanente, un oficio con el que informa que el diputado Angel
Sergio Guerrero Mier, optó por el cargo de gobernador del Estado de Durango. De enterado.
Otro con el que remite el informe de sus labores. De enterado e insértese en el Diario de
los Debates.
Se da lectura a un oficio de la Comisión Permanente, con el que comunica la designación
de magistrados numerarios de los tribunales unitarios agrarios. De enterado.
Un oficio del Congreso del Estado de Quintana Roo, con el que informa de actividades
propias de su legislatura. De enterado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Héctor Francisco Castañeda Jiménez, quien a
nombre de la diputación de Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, presenta
iniciativa de reformas a los artículos setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y seis,
setenta y nueve, ochenta y nueve, ciento diez, ciento once y ciento trece, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones unidas
de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con la opinión de la de Hacienda
y Crédito Público y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Una comunicación del Congreso del Estado de Baja California Sur, con la que remite
iniciativa de reformas al artículo setenta y tres de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales con la opinión de la de Fortalecimiento del Federalismo.
Un oficio de la Cámara de Senadores, con el que comunica la elección de mesa directiva
para el mes de septiembre. De enterado.
Diversas comunicaciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política,
relativas a cambios en la integración de las comisiones legislativas. De enterado.
Una proposición de la misma comisión, para sustituir a integrantes de la Comisión
Investigadora del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se aprueba en votación
económica.
También en votación económica, se aprueba el acuerdo parlamentario de la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política, para el análisis del IV Informe sobre el
estado que guarda la administración pública. Comuníquese.
Durante la sesión, el Presidente saluda la presencia de invitados del Estado de Baja
California Sur, a los que expresa su solidaridad por los daños sufridos a causa del
huracán "Isis" y de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la
próxima sesión y a las once horas con cincuenta y cinco minutos, el Presidente clausura
la sesión, citando para la que tendrá lugar el martes ocho de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho, a las diez horas.»
Está a discusión el acta...
89,90,91
HURACAN
"ISIS"
El diputado
Rufino Contreras Velázquez
(desde su curul): |
Señora, Presidenta.
Permítame, señor Secretario. Acérquele por favor
un micrófono al diputado Rufino Contreras.
El diputado
Rufino Contreras Velázquez
(desde su curul): |
Considero que podemos avanzar en esta sesión, pero
no podemos dejar de un lado los acontecimientos del huracán "Isis", por lo cual
propongo que, debido a los muertos que hubo, guardemos un minuto de silencio.
Se acepta la propuesta del diputado Rufino Contreras.
Les pedimos a todos los diputados presentes en este salón, ponerse de pie para guardar un
minuto de silencio por la muerte de las personas accidentadas por el huracán
"Isis".
(Minuto de silencio.)
ACTA DE LA SESION ANTERIOR (II)
Continúe con la votación del acta de la sesión
anterior, señor Secretario.
El secretario
Francisco Javier Santillán
Oseguera: |
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga
uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora
Presidenta.
ESTADO DE QUERETARO
El secretario
Ricardo Arturo Ontiveros
y Romo: |
«Escudo. Querétaro.- Poder Legislativo.- LII
Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F.
Atento a lo dispuesto por los artículos 33 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
en vigor, se les comunica que la LII Legislatura constitucional, en sesión ordinaria
celebrada el día de hoy clausuró el segundo periodo de sesiones del primer año de
ejercicio legal; asimismo eligieron las mesas directivas de la Comisión Permanente, que
fungirán del 1o. al 31 de agosto y del 1o. al 26 de septiembre del año en curso,
quedando integradas de la siguiente manera:
Agosto:
Los diputados: presidente, Manuel Marrufo Esparza; vicepresidente, Martín Rubén Galicia
Medina; secretarios, Ramón Soto Reséndiz, Leobardo Gallegos Martínez, Patricia Carrera
Orea, Víctor M. Perrusquía Nieves.
Septiembre:
Los diputados: presidente, Eduardo Nava Bolaños; vicepresidente, Jorge García Quiroz;
secretarios, José Luis Zepahua Hernández, Martín Mendoza Villa, Fidel Flores Salazar,
Jesús Martínez Gómez.
Lo que comunicamos para los fines legales conducentes, reiterándole las seguridades de
nuestra consideración atenta y distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Santiago de Querétaro, Querétaro, 30 de julio de 1998.- Diputados: Carlos Sánchez
Ferrusca, presidente; Salvador Rubio Valdez,vicepresidente; Esteban Luján Vega, Fernando
Zamora Gama, secretarios.»
De enterado.
COMISIONES DE TRABAJO
| La secretaria
Aracely Escalante Jasso: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la mesa directiva, Cámara de Diputados.-
Presente.
Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 22 párrafo segundo; 276 incisos b y d y
45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 5o. y
9o. del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día,
los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la sesión efectuada
el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá encontrar la siguiente
documentación y trámite correspondiente.
1. Oficio signado por el diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo
parlamentario del PT, donde solicita se realicen los siguientes cambios. Que el diputado
Ricardo Cantú Garza, deje la Comisión de Reglamento y Prácticas y asimismo se incorpora
a la Comisión de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Palacio Legislativo, México, D.F., a 3 de septiembre de 1998.- Licenciado Enrique León
Martínez, secretario técnico.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII
Legislatura.
Diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política de la Cámara de Diputados.- Presente.
Con fundamento en los artículo 35 y 45 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 4o. fracción III del
acuerdo parlamentario por el que se propone la integración y funciones de la CRICP,
solicito a usted informar a la mesa directiva de la Cámara de Diputados por el mes de
septiembre de los siguientes cambios de integrantes de comisiones por parte del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que a su vez lo haga del
conocimiento del pleno en la próxima sesión ordinaria:
El diputado Alberto López Rosas sustituye a la diputada Lenia Batres Guadarrama en la
Comisión de Justicia.
El diputado José del Carmen Enríquez sustituye al diputado Jesús Martín del Campo en
la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Agradeciendo de antemano el trámite expedito que se sirva dar a la presente le reitero la
seguridad de mis consideraciones.
Atentamente.
México, D.F., a 4 de septiembre de 1998.- Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII
Legislatura.
Diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política de la Cámara de Diputados.- Presente.
Con fundamento en los artículos 35 y 45 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 4o. fracción III del
acuerdo parlamentario por el que se propone la integración y funciones de la CRICP,
solicito a usted informar a la mesa directiva de la Cámara de Diputados por el mes de
septiembre de los siguientes cambios de integrantes de comisiones por parte del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que a su vez lo haga del
conocimiento del pleno en la próxima sesión ordinaria.
El diputado Salvador Estrella Verduzco, sustituye al diputado Joaquín Antonio Hernández
Correa, como secretario de la Comisión de Energéticos y como miembro de las comisiones
de Derechos Humanos y Trabajo y Previsión Social.
Agradeciendo de antemano el trámite expedito que se sirva dar a la presente, le reitero
la seguridad de mis consideraciones.
Atentamente.
México, D.F., a 4 de septiembre de 1998.- Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
De enterado.
ANALISIS DEL IV INFORME DE GOBIERNO
La secretaria
María del Pilar Guadalupe
Valdés y González Salas: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Ciudadano diputado Fidel Herrera Beltrán vicepresidente de la mesa directiva de la
Cámara de Diputados.- Presente.
Por este conducto, le informo que en sesión de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política, efectuada el día de hoy a las 18:00 horas, se acordó modificar
la fecha de las comparecencias ante el órgano legislativo de los secretarios de
Comunicaciones y Transportes y de Relaciones Exteriores, para quedar como sigue:
Secretarios: de Comunicaciones y Transportes, licenciado Carlos Ruiz Sacristán, jueves 10
de septiembre; de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Rosario Green Macías, viernes
18 de septiembre.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 1998.- Enrique León Martínez,
secretario técnico.»
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señora
Presidenta.
COMISIONES DE TRABAJO (II)
| El secretario
Enrique Padilla Sánchez: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados.- Presente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 fracción II de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le turno la petición del diputado José
de Jesús Martín del Campo, vicecoordinador de Proceso Legislativo, donde solicita
cambios de diputados en comisiones, quedando de la siguiente manera:
Que el diputado Demetrio Sodi de la Tijera, sustituya al diputado Germán Rufino Contreras
Velázquez, en la Comisión de Desarrollo Social.
Que el diputado Miguel Martín Noyola Martínez, se incorpore a la Comisión del Distrito
Federal.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
México, D.F., a 4 de septiembre de 1998.- El secretario técnico Enrique León
Martínez.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII
Legislatura.
92,93,94
Diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.-
Presente.
Por medio de la presente le informo que el diputado Demetrio Sodi de la Tijera, se
incorporará como miembro de la Comisión de Desarrollo Social, en sustitución del
diputado Germán Rufino Contreras Velázquez, lo anterior para los efectos procedentes.
Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial
saludo.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de 1998.- Diputado José de Jesús Martín del Campo
Castañeda, vicecoordinador de Proceso Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII
Legislatura.
Diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política de la Cámara de Diputados.- Presente.
Por medio de la presente le informo que el diputado David Miguel Noyola Martínez, se
incorporará como miembro de la Comisión del Distrito Federal, lo anterior para los
efectos procedentes.
Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial
saludo.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de 1998.- Diputado José de Jesús Martín del Campo
Castañeda, vicecoordinador de Proceso Legislativo.»
De enterado.
DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA
| El secretario
Ranulfo Tonche Pacheco: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión.- Presentes.
Por su conducto solicito de manera respetuosa, licencia por tiempo indefinido para
separarme del cargo de diputado federal por el VI distrito del Estado de Hidalgo, de la
LVII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en virtud
de mi interés en participar en el proceso de consulta interna del Partido Revolucionario
Institucional, para ser nominado candidato a la gubernatura del Estado de Hidalgo.
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 62 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos atentamente solicito:
1. Tener por presentada mi solicitud de licencia para separarme de mis funciones de
diputado federal, a partir del 4 de septiembre de 1998.
2. Someter a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados de la LVII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la solicitud presentada.
Aprovecho esta oportunidad para enviar un cordial y afectuoso saludo a los miembros de
este honorable cuerpo colegiado.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 3 de septiembre de 1998.- Diputado Manuel Angel Núñez Soto,
coordinador de la diputación federal por el Estado de Hidalgo.»
En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a
discusión los puntos de acuerdo.
| El secretario
Ranulfo Tonche Pacheco: |
Están a discusión los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Manuel Angel Núñez Soto,
para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el VI distrito del Estado
de Hidalgo, a partir del 4 de septiembre.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se
aprueban.
Los diputados que estén por la afirmativa, sirvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados, señora
Presidenta.
DIPUTADA
SUPLENTE QUE
SE INCORPORA
Se encuentra a las puertas de este recinto la
ciudadana Lilia Reyes Morales, diputada suplente electa en el VI distrito del Estado de
Hidalgo.
Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley
para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Gil Rafael Oceguera Ramos, Laura
Alicia Garza Galindo, Isael Petronio Cantú Nájera, Francisco Berganza Escorza y José
Luis López López.
| El secretario
Ranulfo Tonche Pacheco: |
Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo.)
Se invita a los presentes ponerse de pie.
| Ciudadana Lilia
Reyes Morales: |
¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar
leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en
todo por el bien y prosperidad de la Unión?
| La ciudadana
Lilia Reyes Morales: |
¡Sí, protesto!
Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ANALISIS
DEL IV INFORME
DE GOBIERNO (II)
| El secretario
Luis Rojas Chávez: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes.
Para conocimiento de esa honorable colegisladora nos permitimos transcribir a usted,
debidamente aprobado por esta Cámara, en sesión de esta fecha, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se acuerda citar a los titulares de las
secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público,
de Desarrollo Social, de Comercio y Fomento Industrial y de Comunicaciones y Transportes;
así como al titular de la Procuraduría General de la República, a las sesiones en las
que el Senado de la República realice el análisis del IV Informe de Gobierno.
Segundo. Las sesiones plenarias que lleve a cabo la Cámara de Senadores para el análisis
del IV Informe de Gobierno, se harán conforme al siguiente calendario:
a) Análisis del informe de gobierno:
Política social, con la asistencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Social,
miércoles 9 de septiembre, 11:00 horas.
b) Análisis del informe de gobierno:
Política exterior, con la asistencia del titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, jueves 10 de septiembre, 11:00 horas.
c) Análisis del informe de gobierno;
Política económica, con la asistencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, jueves 17 de septiembre, 11:00 horas.
d) Análisis del informe de gobierno:
Política económica, con la asistencia del titular de la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial, miércoles 23 de septiembre, 11:00 horas.
e) Análisis del informe de gobierno:
Política económica, con la asistencia del titular de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, jueves 24 de septiembre, 11:00 horas.
f) Análisis del informe de gobierno:
Política interior, con la asistencia del titular de la Secretaría de Gobernación,
viernes 25 de septiembre, 11:00 horas.
g) Análisis del informe de gobierno:
Política interior, con la asistencia del titular de la Procuraduría General de la
República, martes 29 de septiembre, 11:00 horas.
Tercero. Todas las sesiones en las que se analice el IV Informe de Gobierno, se sujetarán
al siguiente procedimiento parlamentario:
a) Habrá una ronda de oradores en la que los senadores de la República fijarán la
posición de sus respectivos grupos parlamentarios, con una duración de 10 minutos para
cada intervención y se ordenarán de la siguiente forma: Partido de la Revolución
Democrática, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional.
b) Intervención del secretario de despacho o servidor público responsable de la materia
respectiva, en la que expondrá las acciones realizadas en la dependencia y responderá,
según sea el caso, a las posiciones expuestas por los senadores.
c) Habrá una ronda de preguntas, con una duración de cinco minutos para cada
intervención, en el siguiente orden: Partido de la Revolución Democrática, Partido
Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional.
d) Al final de la ronda de preguntas, el secretario de despacho correspondiente
contestará a los cuestionamientos planteados en cada una de ellas.
Cada senador tendrá derecho a réplica, si así lo prefiere, hasta por un máximo de tres
minutos.
e) El secretario de despacho o servidor público responsable dará respuesta a las
réplicas de los señores senadores y, en su caso, hará un breve comentario final.
Cuarto. Conforme a lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento para el Gobierno
Interior, el Presidente de la mesa directiva nombrará a una comisión de senadores, que
introducirán al funcionario invitado al salón de sesiones y lo acompañarán cuando se
retire.
Quinto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 8 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la
Cámara de Senadores remitirá al Presidente de la República las versiones
estenográficas de las sesiones, en las que se analice el IV Informe de Gobierno.
Sexto. En los mismos términos que el punto anterior, la versión estenográfica se
remitirá a la colegisladora.
Aprovechamos la ocasión para reiterar a ustedes las seguridades de nuestra atenta y
distinguida consideración.
México, D.F., a 3 de septiembre de 1998.- Senadores: Raúl Juárez Valencia y Alfredo
Garcimarrero Ochoa; secretarios.»
De enterado.
95,96,97
REPUBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL
El secretario
Francisco Javier Santillán
Oseguera: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, a fin de
solicitar se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere
la fracción III apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para que el doctor Víctor Luis Urquidi Bingham, pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden de Río Branco, en grado de Gran Oficial, que le confiere el
gobierno de la República Federativa del Brasil.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, carta del
interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo,
copia certificada del certificado de nacionalidad mexicana y de su carta de
naturalización, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán
la condecoración relativa.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi
consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 2 de septiembre de 1998.- Por acuerdo del Secretario.- El director
general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA
El secretario
Ricardo Arturo Ontiveros y
Romo: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, a fin de
solicitar se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere
el párrafo segundo del inciso c del artículo 37 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para que la ciudadana Claudia Elena González Mendez, pueda
prestar sus servicios como asistente de visas, dentro del territorio nacional, al gobierno
de los Estados Unidos de América, teniendo como lugar de trabajo el Consulado General de
ese país, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Por lo anterior, me permito anexar copia certificada del acta de nacimiento que acredita
la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los
trámites correspondientes.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi
consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de septiembre de 1998.- Por acuerdo del Secretario.- El director general
de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, a fin de
solicitar se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere
el párrafo segundo del inciso c del artículo 37 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para que la ciudadana Adriana Estela Ortega Silva, pueda prestar
sus servicios como asistente de visas, dentro del territorio nacional, al Gobierno de los
Estados Unidos de América, teniendo como lugar de trabajo el Consulado General de ese
país, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Por lo anterior, me permito anexar copia certificada del acta de nacimiento que acredita
la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los
trámites correspondientes.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi
consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de septiembre de 1998.- Por acuerdo del Secretario.- El director general
de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, a fin de
solicitar se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere
el párrafo segundo del inciso c del artículo 37 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para que la ciudadana Eugenia Sánchez Pedroza, pueda prestar
sus servicios como asistente de visas, dentro del territorio nacional, al Gobierno de los
Estados Unidos de América, teniendo como lugar de trabajo el Consulado General de ese
país, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Por lo anterior, me permito anexar copia certificada del acta de nacimiento, que acredita
la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los
trámites correspondientes.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi
consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de septiembre de 1998.- Por acuerdo del Secretario.- El director general
de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, a fin de
solicitar se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere
el párrafo segundo del inciso c del artículo 37 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Manuel Felizardo Ortiz Chávez, pueda
prestar sus servicios como asistente de visas, dentro del territorio nacional, al gobierno
de los Estados Unidos de América, teniendo como lugar de trabajo el Consulado General de
ese país, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Por lo anterior, me permito anexar copia certificada del acta de nacimiento que acredita
la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los
trámites correspondientes.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi
consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 2 de septiembre de 1998.- Por acuerdo del Secretario.- El director
general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, a fin de
solicitar se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere
el párrafo segundo del inciso c del artículo 37 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para que la ciudadana Rosa Isela Flores Soto, pueda prestar sus
servicios como asistente de visas, dentro del territorio nacional, al gobierno de los
Estados Unidos de América, teniendo como lugar de trabajo el Consulado General de ese
país, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Por lo anterior, me permito anexar copia certificada del acta de nacimiento que acredita
la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los
trámites correspondientes.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi
consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 2 de septiembre de 1998.- Por acuerdo del Secretario.- El director
general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, a fin de
solicitar se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere
el párrafo segundo del inciso c del artículo 37 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para que la ciudadana Alma Patricia Sánchez Casas, pueda
prestar sus servicios como operadora de computadoras, dentro del territorio nacional, al
gobierno de los Estados Unidos de América, teniendo como lugar de trabajo el Consulado
General de ese país, en Tijuana, Baja California.
Por lo anterior, me permito anexar copia certificada del acta de nacimiento que acredita
la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los
trámites correspondientes.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi
consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 2 de septiembre de 1998.- Por acuerdo del Secretario.- El director
general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REINO DE LOS
PAISES BAJOS
| La secretaria
Aracely Escalante Jasso: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, a fin de
solicitar se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere
la fracción II apartado c del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para que la ciudadana Laura Vargas Licona, pueda prestar sus servicios
como representante comercial en la Embajada del Reino de los Países Bajos, en México.
Por lo anterior, me permito anexar copia certificada del acta de nacimiento que acredita
la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los
trámites correspondientes.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi
consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 2 de septiembre de 1998.- Por acuerdo del Secretario.- El director
general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA
ARGELINA DEMOCRATICA
Y POPULAR
La secretaria
María del Pilar Valdés
y González Salas: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, a fin de
solicitar se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere
la fracción II apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para que la ciudadana Blanca Magdalena Fontes Nava, pueda prestar sus
servicios como secretaria en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular.
98,99,100
Por lo anterior, me permito anexar copia certificada del
acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona, cuatro
fotografías tamaño infantil, copia fotostática de la credencial de elector y el escrito
en que solicita se realicen los trámites correspondientes.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi
consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 2 de septiembre de 1998.- Por acuerdo del Secretario- El director general
de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REINO UNIDO DE LA GRAN
BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE
| El secretario
Enrique Padilla Sánchez: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, a fin de
solicitar se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere
la fracción II apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para que las ciudadanas Delta Beatriz Iturralde Flisser y Alina Gamboa
Combs, puedan prestar sus servicios como asistente comercial y asistente de prensa y
relaciones públicas respectivamente, en la Embajada del Reino Unido en México.
Por lo anterior, me permito anexar copias certificadas de las actas de nacimiento que
acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, fotografías y escritos en que
solicitan se realicen los trámites correspondientes.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi
consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 2 de septiembre de 1998.- Por acuerdo del Secretario.- El director
general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA ARGENTINA
| El secretario
Ranulfo Tonche Pacheco: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, a fin de
solicitar se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere
el párrafo segundo del inciso c del artículo 37 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para que los ciudadanos: Gabriela Pellón Martínez, Verónica
Méndez Fragoso, Máximo Cruz Hernández, Paulino Guillermo Zerón Orozco, Margarito
Pérez Hernández, Celerina Guerrero Ortega, Eusebio Neri Oliver, Enriqueta Engracia
Santillán Cedillo, Trinidad Elvia Gutiérrez Suárez y María del Pilar Laura Muñoz
Muñoz, puedan prestar sus servicios en la Embajada y el Consulado de la República de
Argentina en México.
Por lo anterior, me permito anexar copias certificadas de las actas de nacimiento que
acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que solicitan se
realicen los trámites correspondientes.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi
consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 2 de septiembre de 1998.- Por acuerdo del Secretario.- El director
general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ANALISIS DEL IV
INFORME DE GOBIERNO
POLITICA INTERIOR
Se encuentra en el salón de recepción de esta
Cámara de Diputados, el ciudadano Francisco Labastida Ochoa, secretario de Gobernación,
invitado a la sesión de esta fecha, en la que se llevará a cabo el análisis del IV
Informe de Gobierno, en materia de política interior.
Se designa en comisión para que lo reciban y lo introduzcan a este recinto, a los
siguientes diputados: Santiago Creel Miranda, Felipe Urbiola Ledesma, Miguel Angel Quiroz
Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio González Martínez.
Se pide cumplan con su cometido.
(La comisión cumple con su cometido.)
De conformidad con el acuerdo parlamentario aprobado el 3 de septiembre, que norma el
procedimiento para el análisis del IV Informe de Gobierno, nos acompaña el ciudadano
Francisco Labastida Ochoa, secretario de Gobernación.
Para dar cumplimiento al punto segundo, incisos a, b, c y d del acuerdo mencionado, se
concede el uso de la palabra al licenciado Francisco Labastida Ochoa, por 15 minutos.
El secretario
de Gobernación, Francisco
Labastida Ochoa: |
Con su permiso, señora Presidenta; señoras y
señores diputados:
Me es particularmente honroso con la obligación de glosar la parte correspondiente a la
política interior del IV Informe de Gobierno del presidente Ernesto Zedillo, ante esta
Honorable Cámara de Diputados.
En su IV Informe el presidente Zedillo da cuenta detallada sobre cada una de las áreas
del Gobierno Federal, presentando el estado que guarda la administración pública.
El Presidente de la República, junto con todas las fuerzas políticas, ha enfrentado los
problemas nacionales e impulsado la transformación política, económica y social que la
sociedad demanda. Lo ha hecho plenamente, pero sin exceder las facultades que la
Constitución y las leyes le confieren. Gobierna al país impulsando su transformación en
lo político, en lo económico y en lo social.
Ha enviado a consideración del honorable Congreso de la Unión, las iniciativas que
México necesita para su desarrollo.
La nueva composición del Congreso determina que ningún partido político pueda, por sí
solo, aprobar una iniciativa. Ello nos obliga necesariamente a sumar fuerzas políticas
para no detener el avance de la nación. Los acuerdos siempre serán válidos cuando se
hagan en función de los intereses superiores del país y sólo son factibles por la vía
del diálogo y la negociación.
Expondré los grandes apartados de la política interna, para atender posteriormente las
preguntas y planteamientos que deseen formular las señoras y los señores diputados.
Desarrollo Democrático
"La consolidación de la normalidad democrática y la gobernabilidad dentro de un
régimen republicano, sostiene el IV Informe del presidente Ernesto Zedillo, requieren de
la división y colaboración respetuosa entre los poderes". Termina la cita. Para
coadyuvar a ello, la Secretaría de Gobernación ha dedicado un particular esfuerzo al
diálogo con los partidos políticos y los grupos parlamentarios del honorable Congreso de
la Unión. En esa tarea ha sido fundamental la voluntad de los coordinadores
parlamentarios de las cámaras de Diputados y Senadores y de los legisladores que con
ellos participan en este diálogo.
La mesa de coordinación, después de nueve reuniones y de
la creación y operación de grupos de trabajo específicos, han culminado su primera
etapa. A partir del próximo viernes 11 y con un calendario ya concertado, vendrá la
construcción de los acuerdos que, espero, alcancen el más amplio consenso.
Los temas de la agenda legislativa abarcan: reforma presupuestaria, órgano superior de
fiscalización, seguridad y justicia, Comisión Nacional de Derechos Humanos, reforma del
sistema financiero, asuntos electorales, formas de democracia semidirecta y participación
ciudadana, federalismo, paz en Chiapas y derechos y cultura indígena, reforma fiscal
integral y federalismo fiscal.
Como responsable de conducir las relaciones del Ejecutivo Federal con los gobiernos
estatales y municipales, la Secretaría de Gobernación ha mantenido un contacto
permanente y respetuoso con todos los ejecutivos estatales, así como con el jefe del
gobierno del Distrito Federal.
El Centro Nacional de Desarrollo Municipal, apoya por su parte los programas de
capacitación y fortalecimiento de los ayuntamientos. El fedelismo se amplía con
programas y acciones para descentralizar facultades y recursos. Se expresa en la
descentralización educativa, de salud, de gasto social y de inversión, entre otros
factores.
En uso de las facultades y con pleno respeto a la soberanía de los estados, la
Secretaría de Gobernación ha coadyuvado con los gobiernos y órganos electorales
estatales, en los comicios realizados durante los últimos 12 meses, en 10 estados de la
República.
Elecciones libres y justas, resultados decididos por los ciudadanos; solución de
controversias por los cauces legales; son características de la normalidad democrática
que hemos alcanzado. Los comicios ya realizados así lo acreditan, los que tendrán lugar
en los próximos meses, sin lugar a duda lo confirmarán.
Las relaciones entre el Estado y la Iglesia se desarrollan con respeto y
constructivamente, dentro del nuevo marco jurídico conformado por el honorable Congreso
de la Unión, con vigencia plena del carácter laico de nuestro Estado, la separación
entre Estado e Iglesia y la no injerencia de éstas en los asuntos políticos, es y será
la base de una relación transparente y benéfica para la nación,
El desarrollo democrático del país requiere también mantener una adecuada política de
población migratoria y la plena incorporación de las mujeres en todos los ámbitos de la
vida nacional. El Consejo Nacional de la Mujer, ha desarrollado en los últimos meses una
intensa actividad y ha sido promotor de cambios legales y acciones institucionales que
protegen los derechos de la mujer y de la familia.
A solicitud del propio consejo, en el nuevo reglamento interior de la Secretaría, se le
reconoce como un órgano desconcentrado, lo que le permitirá cumplir de manera más
adecuada sus funciones.
En materia de crecimiento demográfico, el país registra importantes avances, gracias a
los programas instrumentados desde hace más de dos décadas, en lugar de los 134 millones
de habitantes que se pronosticaban para fin de siglo, seríamos aproximadamente 100
millones, de no haber aplicado una política de población que permitiera disminuir la
velocidad del crecimiento demográfico el país tendría sin duda, mayores problemas de
pobreza, más hacinamientos y una fuerte presión para proporcionar servicios. Aun cuando
nos falta avanzar en materia demográfica, México es uno de los países con más éxito
en esta política.
El desarrollo democrático exige al Estado, garantizar el derecho de los ciudadanos a la
información como lo establece nuestra Constitución, como un instrumento para dar
coherencia y transparencia informativa en beneficio a la sociedad de los actos y
decisiones de las autoridades federales. Por ello, por acuerdo del Presidente de la
República, se creó la Secretaría de Gobernación, la subsecretaría de comunicación
social.
Estaremos atentos a las deliberaciones y conclusiones que desarrolle esta soberanía en
torno a este tema de trascendental importancia, bajo la premisa de respeto irrestricto a
la libertad de expresión.
También se fortalecieron los programas y acciones de protección civil, encomendados a la
Secretaría. De esta manera se pudo atender a las víctimas y damnificados y otros daños
ocasionados por los ciclones del Pacífico, fundamentalmente en los estados de Guerrero,
Oaxaca y Sinaloa, para auxiliar a los mexicanos contra las amenazas naturales, el país
cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas. Su valor, disciplina y profesionalismo, lo han
hecho un Ejército ejemplar, orgullo de toda la nación.
101,102,103
La seguridad pública es la más generalizada preocupación
que los mexicanos tenemos, su deterioro es una grave fuente de descontento social y uno de
los mayores problemas que existen hoy en el país. Combatir la gran mayoría de los
delitos corresponde a los gobiernos de los estados, ya que nueve de cada 10 delitos de los
que se denuncian, son del fuero común.
La preocupación e irritación de la población está plenamente fundada, porque frente a
1 millón 490 mil delitos que se denunciaron el año pasado, sólo se ejecutaron 85 mil
órdenes de aprehensión.
El país tiene un gran rezago en el número de policías judiciales, de agentes del
Ministerio Público y de juzgados penales, a lo que se agregan serios problemas de
corrupción, falta de profesionalización y de preparación de los encargados de procurar
la justicia. Además, existe un retraso serio en materia de tecnología, un deficiente
sistema de capacitación, sueldos y salarios inadecuados.
Para enfrentar a fondo el problema se emprendieron acciones para disminuir la inseguridad
y delincuencia, abatir la impunidad y recuperar la convivencia social fincada en los
valores más importantes del ser humano y la familia.
Para ello, el Gobierno de la República ha aumentado sustancialmente los recursos
destinados al Programa Nacional de Seguridad Pública. En este año se ejercerá un
presupuesto 12 veces mayor del que hace dos años. El programa coordina las
responsabilidades que a cada orden de gobierno le corresponde y se integra en ocho grandes
ejes, 32 estrategias y más de 120 líneas de acción.
El esfuerzo se concentra en la depuración y profesionalización de los elementos
policiacos y de los agentes del Ministerio Público. Se aplicaran, por los gobiernos de
los estados, cinco exámenes a los actuales y futuros policías y agentes del Ministerio
Público, se construirán cinco academias regionales para impartir cursos de la más alta
calidad y se apoyara a los gobiernos de los estados para que los sueldos y prestaciones se
eleven.
En este año se inicia la configuración de un sistema de información que va a permitir
almacenar 50 millones de huellas dactilares con capacidad para registrar, además, 5
millones de datos de rasgos faciales y antropomórficos.
Adicionalmente, se ha iniciado la realización de un sistema de comunicación incriptado y
de alta seguridad que cubrirá el 100% del territorio nacional para enlazar a las
corporaciones policiales, a las procuradurías, a las agencias del Ministerio Público y a
las instituciones de auxilio y de protección civil.
Se inició la construcción de siete nuevos centros penitenciarios y se están
intensificando los trabajos para terminar los ocho que están en proceso.
Se hicieron obras de dignificación penitenciaria en 211 reclusorios que permitieron
agregar 3 mil 600 nuevos espacios.
Es indispensable también avanzar en el perfeccionamiento del marco legal. En diciembre
del año pasado, el jefe del Ejecutivo Federal envió al Poder Legislativo diversas
iniciativas, proponiendo modificaciones a la Constitución General de la República, a dos
leyes y a dos códigos y dos nuevos ordenamientos legales para incrementar la eficiencia
en la procuración de justicia y reducir los márgenes de impunidad. Estoy seguro que esta
legislatura, en el actual periodo de sesiones, analizará, discutirá y enriquecerá
dichas iniciativas, con lo que dará su contribución para resolver este grave problema.
La cruzada nacional contra el crimen y la delincuencia ataca de fondo y de manera ordenada
esta situación que tanto lastima a los mexicanos, con ello renovamos con vigor el
compromiso de luchar contra el crimen y la delincuencia. La seguridad pública es
responsabilidad ineludible del Estado, en ella están los cimientos sobre los cuales se
finca el desarrollo económico, el bienestar social y la democracia.
El informe del presidente Zedillo indica que, cito: "la solución pacífica del
conflicto en Chiapas, iniciada en enero de 1994, ha mantenido como objetivo prioritario,
para el Gobierno de la República, en los términos de la Ley para el Diálogo, la
Conciliación y la Paz Digna en Chiapas". Un asunto de interés nacional como el de
Chiapas, requiere tener una clara dimensión del problema y contar con una estrategia
adecuada para darle solución.
El Gobierno de la República, no acepta que el problema de Chiapas se reduzca sólo al
conflicto con el EZLN. Una apreciación monotemática del conflicto, equivaldría a no
resolverlo o resolverlo de manera parcial, ése no es el propósito del presidente
Zedillo. En cumplimiento de instrucciones del titular del Ejecutivo Federal, la
Secretaría de Gobernación elaboró y viene aplicando una estrategia que atiende a toda
la complejidad del problema chiapaneco. De ella se ha dado cuenta en el informe escrito.
Aquí subrayaré sólo sus aspectos más relevantes.
Entre la Federación y el Estado se destinan este año 19 mil millones de pesos para
atender de manera coordinada y prioritaria, el rezago social en Chiapas. Con más y
mejores escuelas, centros de salud, obras de infraestructura, agua potable, asistencia
social, combate a la pobreza y a la reforma agraria.
Mediante un convenio de coordinación Federación-Estado, y con un presupuesto de 127
millones, se ha procedido a la reorganización de los cuerpos policiales, procuración de
justicia, prevención y readaptación social en la entidad.
La investigación a fondo de los sitios de Acteal, no se restringe a los sucesos muy
lamentables del 22 de diciembre pasado, comprende también los ilícitos cometidos durante
años. La Procuraduría General de la República ha detenido a 97 personas, 86 civiles y
11 ex servidores públicos estatales y por los homicidios anteriores a la masacre giró
193 órdenes de aprehensión.
A principios de este año, 10 mil 395 personas configuraban el universo de desplazados, a
quienes se les brinda asistencia social gubernamental, en adición a la ayuda humanitaria
de varias instituciones y organismos públicos y privados. A la fecha ya se ha logrado el
retorno de más de 550 familias, 2 mil 529 personas en Sabanilla, Citalá y Tila.
Cumpliendo con los acuerdos de San Andrés Larráinzar,
para cumplir los artículos 4o. y 115 constitucional, entre otros, el Presidente de la
República envió al Congreso una iniciativa que, junto con la de otros partidos, se ha
incluido en la agenda legislativa de este periodo de sesiones.
El presidente Zedillo, ha reiterado en múltiples ocasiones su convocatoria al EZLN para
que retorne a la mesa de negociaciones. También lo ha hecho el Congreso por medio de la
Comisión Permanente y la Cocopa. La respuesta invariable ha sido la negativa y el
silencio.
Señoras y señores diputados: en un contexto internacional de gran inestabilidad
económica el país demanda soluciones para su plena transformación, política,
económica y social. Tenemos la obligación y también la oportunidad de trabajar
intensamente para atender eficazmente los grandes problemas nacionales. Nos espera una
intensa agenda de trabajo para la que requerimos llegar a acuerdos políticos básicos.
Existe una plena disposición del jefe del Ejecutivo para avanzar en este propósito, la
Secretaría de Gobernación coadyuvará con plena voluntad, mediante el diálogo y la
negociación, herramientas consustanciales a la democracia.
Nuestro pasado nos entrega lecciones que no podemos
olvidar. Nunca fuimos más débiles que cuando estuvimos enfrentados, nunca más fuertes
que cuando nos unimos en torno a los objetivos nacionales. Renovemos el acuerdo profundo
entre los mexicanos, veámoslo como continuidad de lo que cada generación ha logrado y
como proyección de lo que requieren las nuevas generaciones.
México es por su historia, por la grandeza de su pueblo, por su cultura, por su
geografía, un país con grandeza, ninguna crisis debe cancelar su futuro. En nuestra
capacidad de unirnos en lo esencial, respetando nuestras diferencias, en nuestro talento,
en nuestro sentido patriótico, está la construcción de una nación siempre soberana,
más segura, más libre, más democrática y sobre todo más justa.
Muchas gracias, por su atención.
PRIMER TURNO DE
ANALISIS
Para el primer turno de preguntas por 10 minutos, con
derecho a réplica por cinco minutos, se han inscrito los siguientes diputados: por el
Partido Verde Ecologista de México, Jorge Emilio González Martínez; por el Partido del
Trabajo, Luis Patiño Pozas; por el Partido Acción Nacional, José Espina von Roehrich;
por el Partido de la Revolución Democrática, Victorio Montalvo Rojas y por el Partido
Revolucionario Institucional, Francisco Javier Gil Castañeda.
Vamos a proceder a dar la palabra a los diputados, en primer lugar al diputado Jorge
Emilio González Martínez.
El
diputado Jorge Emilio González
Martínez: |
Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y
compañeros diputados; señor Secretario de Gobernación:
Durante los cuatro años de gobierno del presidente Ernesto Zedillo, México ha sido presa
de graves y profundos problemas que han afectado la gobernabilidad del país.
Sin embargo, durante los tiempos recientes se ha visto una voluntad del Gobierno Federal
por cambiar lo que era una política de absoluto distanciamiento con los diversos partidos
de oposición y grupos de la sociedad y así buscar todos juntos la solución a los
problemas que en este sentido nos han aquejado.
No obstante el cambio que se ha visto en la voluntad de acercamiento del Gobierno Federal
también es cierto que debemos seguir trabajando y profundizar aún más el diálogo y
negociación política, para que éste dé ya los frutos que la sociedad mexicana nos
reclama a todos.
El problema que representa para todo el país el conflicto en Chiapas debe ser ya
solucionado, buscar evitar en todo momento la tensión con cualquiera de los grupos que en
el mismo estén involucrados. Es cierto, no obstante que algunos de los actores que
figuraban como indispensables para encontar una solución pacífica y negociada del
conflicto no cumplieron de manera adecuada con su tarea. Pero no por ello se debe
descalificar del todo su contribución al proceso de pacificación en el que todo el país
está involucrado.
Es momento ya de encaminar todo el esfuerzo que sea necesario de parte del Gobierno
Federal y de las instancias legislativas del congreso de la Unión, para remediar lo más
rápido posible el clima de inestabilidad política que impera en Chiapas y de esta manera
evitar que el mismo siga afectando de manera general a la situación política y hasta
económica de todo el país.
Pero esto, señor Secretario, sólo se logrará si somos capaces de buscar y exaltar más
las coincidencias, en el sentido de solucionar la grave problemática social que fue
territorio fértil para un estallido bélico en esa región del sureste mexicano y no
seguir enfatizando tanto las diferencias que han desunido a la nación.
Es cierto que hoy México vive un clima de democracia, si no el deseable por todos los
partidos políticos y por todos los mexicanos, sí más propicio para resolver nuestros
problemas, que el padecido hasta antes de esta administración.
Los procesos electorales más recientes, demuestran voluntad del Gobierno Federal de
respetar y hacer respetar el voto ciudadano, pero no por ello debemos sentirnos
satisfechos; aún hay muchos temas pendientes que deben ser discutidos para fortalecer
nuestra democracia: la separación de poderes y el respeto a la Constitución y las leyes.
Como se señaló aquí el 1o. de septiembre de este año, es muy importante que sentemos
las bases durante los próximos dos años, para que la siguiente administración que emane
de las elecciones del año 2000, pueda tener la certeza de que gobernará un país con
instituciones democráticas más sólidas, con una economía más sana, que le permita
emprender el camino del desarrollo sostenible que la sociedad demanda y sobre todo, un
país seguro, libre de los alarmantes índices de violencia y criminalidad que todos
estamos padeciendo.
Por todo lo anterior, señor secretario Labastida Ochoa, quisiera yo que usted, en
atención a la responsabilidad y obligaciones que le impone la Constitución, respondiera
a los siguientes cuestionamientos.
104,105,106
En la esfera de sus atribuciones la Secretaría de
Gobernación ha venido actuando en representación del Gobierno Federal en las
negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para encontrar una
salida pacífica al conflicto chiapaneco. Ante el prácticamente nulo contacto del
Gobierno Federal con la comandancia general del EZLN, ¿que estrategias concretas de
acercamiento ha realizado la Secretaría a su cargo y que realizará en el futuro, para
lograr un diálogo directo con dicho grupo? ¿Qué garantía ofrece el Gobierno Federal a
la sociedad mexicana de que en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, hará uso de
la fuerza para poner fin al conflicto en Chiapas?
Por otra parte, y en atención a la voluntad presidencial de dejar a quien lo habrá de
suceder un país estable en lo político y sano en lo económico, yo quisiera, señor
Secretario, que usted nos indicara qué ha hecho la Secretaría a su cargo en el ámbito
de sus atribuciones, para que refleje en los hechos lo manifestado por el presidente
Ernesto Zedillo y muy concretamente en el ámbito de las negociaciones para la reforma del
Estado y fortalecer el diálogo entre el Gobierno Federal y los otros poderes de la
Unión, así como con los partidos políticos.
Por último y atendiendo lo más importante para mi partido, desde la perspectiva de la
Secretaría a su cargo ¿cuál es la posición del Gobierno Federal respecto a las
iniciativas de reformas constitucionales que en materia de derecho al ambiente y
educación ecológica para un desarrollo sustentable que hemos presentado ante esta
Cámara de Diputados, respecto a los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos?
De antemano agradezco sus respuestas a los cuestionamientos formulados, por mi conducto,
por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Muchas gracias.
Solicitamos al licenciado Francisco Labastida Ochoa
la respuesta a las preguntas del diputado.
El
secretario de Gobernación, Francisco
Labastida Ochoa: |
Con mucho gusto, señora Presidenta.
En la exposición que el diputado Jorge Emilio González planteó al final de ella incluye
cuatro preguntas, trataré de referirme de la manera más breve y precisa a las mismas.
La primera es ¿qué estrategia realiza la Secretaría de Gobernación para contactar con
el EZLN?
La respuesta es que diría tantos instrumentos, medios y conductos como sea necesarios,
solicitamos a la Cocopa en primer lugar que gestionara por sus muy amables y eficientes
conductos, reunión con dicho organismo, con el EZLN, por diversas fuentes directas que
por razones obvias prefiero no revelar, hemos también realizado lo mismo, enviado misivas
y cartas en diversos momentos. La respuesta ha sido siempre la misma, un silencio o un
rechazo al diálogo.
La segunda pregunta es cómo podemos garantizar que no se
utilice la fuerza para solucionar los problemas. Las garantías las ha dado en palabra y
en hechos el Gobierno de la República. La declaratoria unilateral al "cese el
fuego" la decretó el Gobierno de la República; juntos, entre Poder Ejecutivo y
Legislativo se planteó una iniciativa de ley que terminó felizmente en la Ley de
Concordia y Pacificación.
Desde hace más de cuatro años y seis meses no hay de hecho un intercambio de disparos
entre el Ejército y el EZLN, ante diversas provocaciones siempre se ha mantenido la
instrucción, la decisión del Presidente de la República de nunca solucionar por la vía
de la fuerza este conflicto. Lo ha manifestado en todos los foros posibles, siempre lo ha
refrendado y los hechos acreditan la validez de las palabras.
La tercera pregunta es sobre la reforma de Estado. Diálogo con los otros poderes y
partidos políticos. La Secretaría de Gobernación refrenda su plena disposición para
mantener e intensificar el diálogo encaminado a dar respuestas al país sobre los
problemas que enfrenta y construir una mejor estructura que nos permita enfrentar no sólo
dificultades, sino impulsar el desarrollo económico y social del país.
Y, por último, la pregunta del diputado Jorge Emilio González, se refiere a la posición
de la Secretaría sobre las iniciativas de reformas constitucionales que el Partido Verde
Ecologista de México ha promovido. Son, como miembros del Legislativo, obviamente de
pleno respeto a lo que las deliberaciones de este honorable Congreso, de esta Cámara
realice sobre ello, pero en lo personal diría que vemos con simpatía siempre la lucha
por tener un marco jurídico más favorable para la defensa de la ecología en el país.
Creo que el Partido Verde Ecologista de México realiza una espléndida tarea en esta
materia y creo que es justo que desde el Ejecutivo lo reconozcamos.
Muchas gracias, por su atención.
Señor diputado, puede hacer uso de su derecho de
réplica. Adelante.
El
diputado Jorge Emilio González
Martínez: |
Muchas gracias, señora Presidenta:
Primero, quiero resaltar el tema de Chiapas y para el Partido Verde Ecologista de México
es importante el compromiso del Gobierno de seguir por el camino de la paz, no agotar la
calma, buscar todas las formas posibles para que los mexicanos tengamos paz en el Estado
de Chiapas.
Por otro lado, referente a la reforma de Estado, vemos con agrado la posición del
Gobierno Federal, que ya todos la conocemos, esperamos que todos los partidos políticos
asumamos el compromiso de seguir trabajando, dejar a un lado nuestras diferencias o
nuestros intereses, luchar cada uno de nosotros por lo que pensamos, es lo mejor para el
país y poder llegar a acuerdos que se deriven en leyes, que es lo que todos los mexicanos
están esperando de nosotros como sus representantes ante esta Cámara de Diputados.
También esperamos que la Secretaría de Gobernación se mantenga al margen de los
procesos electorales y que sean transparentes los recursos que otorgan a todos los
partidos políticos, entre ellos el PRI en todas las campañas locales y la federal del
año 2000.
El Partido Verde Ecologista de México, señor Secretario, desea expresar su preocupación
porque en el proceso de negociación para la reforma del Estado se continúa con la
visiada práctica de menospreciar las propuestas y posiciones de los partidos que, como el
nuestro, se encuentran en un proceso de consolidación y crecimiento. Esta preocupación
deriva del hecho de que en el fondo se está menospreciando a las ciudadanas y ciudadanos
que se han inclinado por favorecernos con su voto. Por ello, es para mí y para mi partido
muy importante conocer la posición de la Secretaría a su cargo sobre las iniciativas de
reformas constitucionales a los artículos 3o. y 4o. de nuestra ley fundamental,
presentadas por el Partido Verde ante esta Cámara de Diputados, para que esperemos
culminen en la elevación a rango constitucional del derecho a vivir en un medio ambiente
sano y ecológicamente equilibrado y así tener los principios rectores de nuestro sistema
educativo para en un futuro poder tener un modelo nacional de desarrollo sustentable y
armónico con la naturaleza.
Y quiero refrendar aquí mi compromiso con el más de 1 millón de ciudadanos que votó
por el Partido Verde Ecologista de México, de seguir luchando durante estos dos años por
conseguir leyes que favorezcan el entorno ecológico de México.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Luis Patiño Pozas, por
el Partido del Trabajo.
| El diputado Luis Patiño Pozas: |
Con su venia, diputada Presidenta; compañeras y
compañeros diputados; licenciado Francisco Labastida Ochoa, secretario de Gobernación:
En dos años más esta legislatura habrá terminado, en dos años más el Poder Ejecutivo
será otro, en el curso de estos dos años se intensificará la actividad política para
el renuevo de los poderes de la Unión. En este lapso se agudizará la lucha por prolongar
la hegemonía del partido en el Gobierno, que se ha sostenido durante 70 años, frente a
la emergente insurgencia ciudadana por instaurar un gobierno plural, democrático y
participativo.
Este periodo final de milenio evidencia que los sucesivos modelos económicos adoptados
durante 70 años por el partido en el Gobierno e impuestos a la sociedad, arroja un saldo
del 50% de la población empobrecida y un 30% en extrema pobreza.
Lo que en años se ha denunciado, hoy se ha puesto en evidencia y con claridad con el
famoso Fobaproa.
Los modelos, las políticas económicas, los presupuestos de ingresos y egresos que
formalmente aprobaron 56 legislaturas anteriores, tenían, como fin el favorecimiento de
la acumulación de riquezas en pocas manos en detrimento de la mayoría de la población.
Hoy se ha confirmado, sin lugar a dudas, que la política de gasto social ha sido un mero
paliativo, frente a los millones que los poderosos han acumulado mediante recursos no
siempre lícitos, sino en componendas y en complicidad con el Gobierno.
La quiebra del libre mercado financiero en el marco de la globalización económica, a la
cual el Gobierno mexicano y su Poder Legislativo en legislaturas pasadas se prestaron de
manera sumisa, pasiva y entreguista, hoy muestra la fragilidad de nuestro país en materia
alimentaria, económica y financiera.
En ese contexto realmente son limitados, si es que no inútiles, las propuestas de un
Gobierno que evidentemente ha concluido su ciclo.
No tiene nada qué ofrecer. Ya se escapó de sus manos la posibilidad de alternativas que
verdaderamente contribuyan a reconstruir un país sin perspectiva en la lógica económica
y política que durante siete décadas se nos han impuesto.
Para el PT los tiempos en los que el Ejecutivo articulaba las fuerzas políticas para el
desarrollo económico han concluido.
Para el Partido del Trabajo, los tiempos en que el Ejecutivo instrumentaba la
concertación política, también ha concluido.
Para el Partido del Trabajo el actor social y político, el pueblo, la ciudadanía, ha
empezado a ocupar su lugar en la historia de nuestro país.
En este sentido, el papel que corresponde a esta Cámara de Diputados, en este tránsito
al próximo milenio, es el de crear las condiciones para que el modelo político
centralista, autoritario, despótico y antipopular que ha conformado el Gobierno y su
partido en décadas, ya no sea un factor de freno a la democracia.
No es posible, por ejemplo, seguir permitiendo que el Poder Ejecutivo maniobre y retrace
el análisis y discusión sobre la reforma del Estado, donde se exprese un nuevo pacto
social con verdadera participación ciudadana, a la que la nueva sociedad aspiramos.
No es posible pensar que a menos de dos años de concluir el periodo gubernamental se
sienten las bases para abatir la delincuencia, sobre todo cuando todos sabemos, desde el
más humilde ciudadano, que se ha incubado gran parte de la delincuencia en las esferas de
los diferentes niveles del Gobierno, dados los métodos de arribar al poder público y
dados los métodos para sostenerse en él.
¿Cómo imaginar, señor Secretario que desde el Gobierno que cobijó la delincuencia,
ahora se pretenda abatirla?
Desde nuestro punto de vista, propuestas como la cruzada nacional contra el crimen y la
delincuencia, si bien es un reclamo social, urgente, indispensable y necesario, en boca y
manos del actual Gobierno resulta estricta demagogia, palabra hueca e inútil promoción
política.
La seguridad pública es un aspecto dentro de la reforma del Estado. En este concepto
habría que encuadrar su posible solución. Ello implica, entre otras cuestiones,
garantizar que los procesos electorales en los estados sean verdaderamente transparentes
para que la corresponsabilidad con la ciudadanía sea genuina y no comprada, como ocurre
en algunos estados, como Tabasco y Veracruz, entre otros.
107,108,109
Sólo así se enfrentará a la delincuencia, no por quienes
directa o indirectamente usufructúan y prohijan este fenómeno.
La delincuencia de cuello blanco no es abordada por la propuesta.
Señor Secretario: ¿para Gobernación no es uno de los sectores que con mayor frecuencia
hace uso de hechos delictuosos del fuero federal para mantener sus privilegios?
La legislación en materia de amparo para frenar la impunidad es, por ejemplo, una de las
medidas que puede contribuir a que el aparato judicial no tenga espacios de corrupción a
favor de la delincuencia. Por ello insistimos, es sólo un aspecto de la reforma de Estado
que abordaba con método redundante, en una reforma de las estructuras políticas y
sociales que dan origen a estos fenómenos.
Hoy, señor Secretario, los madruguetes no le son posible al partido en el Gobierno, no
pasarán ni la iniciativa para transferir a los más pobres la deuda de los ricos ni la
Ley de Derechos y Cultura Indígena sin participación de los indígenas.
La sociedad, a través de esta legislatura, ha tomado en sus manos el asunto del Fobaproa.
Nos interesa resolver esta situación donde los pobres no carguemos deudas ajenas; pero
sobre todo, nos interesa que en el marco de una redefinición de la política económica,
no tengamos en puerta hijos y nietos del Fobaproa; es una herencia injusta para los
mexicanos que aún no nacen.
Nuevamente se impone que en el marco de la reforma del Estado asumamos una propuesta de
seguridad financiera nacional, que no nos exponga a los efectos del "Vodka", del
"Dragón" o del "Tequila". Que en realidad no son más que la
expresión de la ambición del pequeño círculo financiero que amaneciendo en Tokio,
anochece en Nueva York trasladando sus capitales.
El Partido del Trabajo desde su origen ha sostenido la necesidad de practicar una
democracia directa, como pauta de una vida política y social que conlleve la
corresponsabilidad en los destinos sociales.
Contrario a ello, al estilo sudamericano, se impone un dictador en Chiapas, para frenar la
democracia y reprimir a los campesinos.
Señor Secretario: la fuerza no ha generado más que resistencias y agudización del
conflicto que sigue latente.
Si bien en su estrategia una buena parte de los medios y analistas han reducido su
frecuencia y tono respecto a Chiapas, la falta de democracia, la miseria, la marginación
y la injusticia en las zonas indígenas, persiste.
Los cuantiosos millones de pesos que se han destinado a Chiapas en los últimos cuatro
años para callar la insurgencia, han quedado sólo en el camino; el amedrentamiento
abierto no ha sido el mecanismo para favorecer el diálogo ni encontrar soluciones.
Exigimos que se cambie el método para acercar al diálogo al movimiento zapatista y junto
con él encontrar caminos de solución y de desarrollo.
Señor Secretario: queremos que transmita al señor Presidente que el mensaje que si bien
no sustituye el informe, como él mismo afirmó el pasado 1o. de septiembre, el mensaje
nos lo hubiera dado por escrito o desde otro sitio, casi a diario se le escucha.
Lo que le interesaba escuchar al Legislativo no son mensajes, sino un informe que guarda
la administración pública, misma que se nos entregó posteriormente y que en su momento
daremos nuestro punto de vista.
Por otra parte, señor Secretario, demandamos que de parte del Ejecutivo sólo favorezca y
en su caso aliente y no obstaculice, la discusión de fondo que reclama la nación:
reformar al Estado, rehacer nuestro pacto social, transitar pacíficamente a una nueva
situación social y política donde el destino del país descanse en la voluntad y en la
decisión ciudadana; arribar al nuevo milenio con preparación de bases de política
económica que dé certidumbre, que dé seguridad y oportunidad de vida a millones de
mexicanos; arribar al nuevo milenio con bases para no deteriorar mayormente la estructura
social y que exista seguridad pública con bases firmes para que la voluntad ciudadana se
exprese, defina su propio destino. Esa es la tarea que reclama la sociedad.
Corresponde al Poder Legislativo, donde ahora sí se expresa en gran medida la soberanía
del pueblo, asumir la tarea de generar condiciones para un tránsito democrático, de un
modelo político hegemónico que caduce, hacia la conformación de un espacio de Gobierno
plural, incluyente, democrático y participativo que reconstruya al país.
Muchas gracias.
Señor secretario Francisco Labastida Ochoa, tiene el
uso de la palabra.
El
secretario de Gobernación, Francisco
Labastida Ochoa: |
El diputado Luis Patiño Pozas, del PT, no planteó
ninguna pregunta sino más bien planteó tesis a las cuales quiero referirme en mi
intervención. Le reconocería en primer lugar al diputado Luis Patiño Pozas, su gran
capacidad para conjuntar adjetivos que hacer expresiones, pero reconocerle también el
poco sustento en los hechos para que ellos se puedan demostrar.
Pocas ocasiones en mi vida he escuchado un compendio de frases demagógicas tan largas y
tan bien estructuradas, como las que el diputado Luis Patiño Pozas ha construido.
Con todo respeto, pero también con toda claridad, le digo a usted que es absolutamente
falso lo que usted aquí ha afirmado. Es falso que haya tenido complicidad el Gobierno con
los fraudes que se realizaron con el Fobaproa. Es falso que usted lo afirme y que tenga
para ello algo con lo cual lo pueda comprobar.
Lo cierto es, y lo quiero expresar con toda claridad, es que ha planteado el Gobierno
reformas a la ley, que sí están comprendidas en el plan de seguridad, para combatir los
delitos de cuello blanco. En este sentido y en otros, el Gobierno del presidente Zedillo
defiende en todo momento la legalidad, se ha dicho y lo refrendamos, que para combatir los
delitos, están las leyes y queremos y proponemos reformas a las mismas.
Se ha dicho y se refrenda, que la aplicación de la ley debe ser para todos, sin tener
excepciones para ninguna de las personas.
El Gobierno impulsó modificaciones al marco que nos rige, cuando el partido al cual
pertenezco con orgullo, señor diputado, tenía la mayoría en esta Cámara y en la
Cámara de Senadores. Construimos entre todos reformas a las leyes, las construimos por
consenso, las discutimos entre todos, pero los diputados del Partido Revolucionario
Institucional apoyaron dichas modificaciones.
Es falso pretender que el Gobierno no apoyara ni el PRI no apoyara las transformaciones
legislativas que han propiciado esta nueva pluralidad.
Es falso también, que la delincuencia se haya incubado desde el Gobierno, se impulsó una
transformación de fondo en las leyes y si ha crecido la delincuencia como ha crecido,
éste es un problema social al cual tenemos que enfrentar todos con mejores leyes, con
lucha contra la corrupción, que existe y así la hemos reconocido en los cuerpos
policiacos.
Por último, diputado, dice que tenemos que construir un sistema económico, que nos
aísle de los efectos vodka, dragón y otros que se están dando en el mundo. Yo creo que
los tendríamos que construir en algún país fuera de este planeta, porque hasta el
momento todos los países del mundo que tienen problemas económicos, éstos han
trascendido al resto de los países con mayor desarrollo, incluyendo a los más grandes
países de la economía occidental.
Es muy difícil, por no decir que imposible, en este momento aislar a la economía del
país de los efectos de la crisis de los trastornos que otros países tienen, me parece
una buena pretensión, pero absolutamente imposible de cumplir. Me parece, con todo
respeto, diputado, una vez más, un planteamiento demagógico.
El diputado Luis Patiño Pozas, puede hacer uso de su
derecho de réplica.
Pero antes de dar el uso de la palabra al diputado, vamos a solicitar a todos los
presentes en este salón de sesiones, tanto diputados como al mismo Secretario de
Gobernación, nos ayuden a desarrollar de manera ordenada la sesión del día de hoy.
Adelante señor diputado.
| El diputado
Luis Patiño Pozas: |
Gracias, señora Presidenta:
La verdad es que sí da gusto que un Secretario de Estado venga a debatir por primera vez
de igual a igual con el Poder Legislativo. En ese sentido nos parece que si es importante
por la trascendencia que podamos precisar lo que habíamos planteado anteriormente.
Primero, señor Secretario, en recientes investigaciones, Francisco de Paula denunció que
efectivamente Pedro Aspe, ex secretario, miembro del gabinete, fue favorecido
indebidamente a partir de los fondos del Fobaproa. Evidentemente este Legislativo lo ha
tomado con mesura y lo estamos investigando, pero ahí está una denuncia clara.
Segundo, el problema del pueblo de México es un problema de credibilidad, es un problema
en el que todos los partidos políticos y el Ejecutivo estamos sujetos, es decir, no
necesariamente el pueblo de México confía en nosotros y por ende tenemos que dar pasos
muy concretos de realidad para que esto se supere.
Y en el caso de lo que usted decía, acusándome de demagogo, bueno, el salario de los
interventores ha sido muy alto, son interventores del Gobierno; en el lapso en que los
interventores efectivamente estuvieron haciendo su trabajo curiosamente las carteras se
duplicaron y las corruptelas continúan y ésas son cosas muy concretas. Yo no sé si eso
se llame demagogia.
Y por otro lado, efectivamente contamos aquí con una serie de recortes en los medios más
importantes del país, en donde da una relación detallada de todos aquellos funcionarios
que sirvieron como interventores del Fobaproa y que sí se han beneficiado con esos
recursos. Eso no se llama demagogia, señor Secretario.
A continuación tiene el uso de la palabra, por el
Partido Acción Nacional, el diputado Felipe Urbiola Ledesma, de acuerdo a la solicitud
que nos ha realizado el propio partido para la ocupación de este turno.
Adelante señor diputado.
| El diputado Felipe Urbiola Ledesma: |
Con el permiso de la Presidencia; señor Secretario
de Gobernación:
La reforma del Estado ha naufragado. La transición se encuentra extraviada. La nación
busca un líder en la Presidencia y no lo encuentra. Nuestro partido ha asumido
vigorosamente su tarea, pero no encuentra el interlocutor debido.
La emergencia económica se convierte en el pretexto del sistema para no avanzar en lo
político, aunque le duela a aquellos que me están escuchando.
En el IV Informe de Gobierno, se afirmó que la democracia en México ya se vive
auténtica y activamente en los órganos de representación y decisión, en las plazas
públicas, en las organizaciones políticas y sociales, en los medios de comunicación,
sobre todo en la conciencia y en la actitud de los ciudadanos.
En efecto, se puede afirmar que en nuestro país se han realizado importantes avances en
materia democrática. La pluralidad que se vive en esta Cámara es una muestra de dicha
aseveración.
El progreso político no puede ser atribuido como mérito principal al PRI y a su
gobierno, el propio Presidente de la República ha aceptado de manera tácita, que su
instituto político ha generado prácticas antidemocráticas como la designación de
sucesor presidencial.
En muchas ocasiones hemos escuchado a los priístas atribuyéndose la paternidad de
reformas legales que han contribuido a dar transparencia y certeza a los procesos
electorales. Por supuesto que incurren en una falsedad y en un contrasentido histórico.
Los avances en el terreno de la democratización formal, son méritos del pueblo de
México.
La aportación que mi partido ha hecho en esta materia, es reconocida por propios y
extraños. Sin embargo, el legado democrático de nuestro partido no se ha agotado.
Queremos manifestarle, señor Secretario, que así como hace décadas se ignoraban las
propuestas que hacíamos los panistas para que después sirvieran como base de reformas
legales, en el presente seguimos generando señalamientos sobre cuál debe ser el rumbo
democrático del país. Esperamos que hoy no reciban como antes, un simple acuse de
recibo.
110,111,112
Ustedes disculparán nuestro pesimismo pero para hablar
como el Presidente lo hizo sobre la democracia en el país, se requiere que el país viva
en otras condiciones tales como una fortaleza económica de las familias mexicanas, que
tenga como consecuencia la emancipación de las voluntades sujetas a las dádivas de los
programas de atención a la pobreza.
El manejo clientelar de la política social, sigue siendo el gran obstáculo para que la
gente se sienta confiada a decidir su destino sin tener que cifrar su voto en una despensa
o en un cheque.
Esta situación siempre la ha denunciado nuestro partido. Hoy el propio coordinador del
Progresa, ha admitido que los programas de abasto social se han viciado al propiciar
clientelismo político. Que nos disculpe el Presidente, pero así no se puede presumir que
México vive ya en la democracia.
Requerimos un sistema electoral justo y transparente, no coincidimos con el optimismo que
en materia de democracia ha manifestado con profusión el señor Zedillo. Los procesos
electorales cada vez tienen menos defectos. Sin embargo, aquellas fallas de las que siguen
adoleciendo, constituyen un mentis a quienes pretenden engañarnos con argumentos de
supuesta transparencia electoral.
En esta agenda se encuentra pendiente de resolución el tema del voto de los mexicanos en
el extranjero, a ese respecto consideramos que existe un rezago en la implementación de
las medidas administrativas que posibilitan dicho sufragio, el que se genera precisamente
en la Secretaría a su cargo. Esta es una importante ocasión para conocer los avances en
esta materia.
No obstante el avance en los procesos electorales federales, deben lograrse las mismas
condiciones en los comicios estatales. Estos muchas veces son vigilados y organizados por
ex priístas o priístas embozados que, desde la apariencia de la ciudadanía
institucionalizada, permiten anomalías que favorecen a su partido guareciéndose bajo el
argumento irrefutable de la soberanía estatal.
Coincidimos que en cada elección local se pone a prueba la vocación democrática del
pueblo de México, pero también en cada elección encontramos prácticas del pasado que
en muchas ocasiones desvían y manipulan dicha vocación.
En Veracruz fueron libres y justas las elecciones cuando por ejemplo el tope de campaña
fue rebasado casi cuatro veces por el candidato Alemán, En ese sentido, debemos resaltar
la trascendente resolución de la Suprema Corte de Justicia, al haber fallado con toda
contundencia que la Cámara Federal sí tiene facultades para investigar la aplicación de
recursos federales en campañas locales.
A dos breves años de que concluya su mandato, hoy los diputados panistas queremos saber
cuál es el verdadero compromiso del Ejecutivo en materia electoral. Requerimos también
un sistema moderno y democrático de leyes en materia de medios de comunicación social.
El marco jurídico en esta materia es comparable con el de países muy atrasados. En
varias ocasiones usted ha renunciado al deber constitucional de garantizar el derecho a la
información y a la libertad de expresión, como si estuviera en su arbitrio decidir sobre
ello, y peor aun, ha descalificado el esfuerzo de quienes buscan dar cauce legal a esas
garantías individuales.
Carecemos de una legislación que tutele con claridad los derechos de los trabajadores de
los medios, de las empresas informativas y, por supuesto, los derechos de los usuarios de
los medios, los ciudadanos, sujetos esenciales no sólo de la comunicación social, sino
fundamentalmente de la democracia.
El Gobierno Federal no sólo aplaza el cumplimiento de esta responsabilidad, sino que,
refugiado en la bandera del autoritarismo, considera que su reglamentación sería
atentatoria de la libertad de expresión. Nada más lejos de la verdad.
Es preocupante que el Secretario de Gobernación demuestre,
en los hechos, su indolencia política y una alarmante ignorancia normativa, al desconocer
la necesidad de garantizar el derecho a la información, siendo que el principal obligado
es el propio Estado. La información en manos del Gobierno no puede seguir siendo privada.
Con un método que clasifique la reservada por motivos de seguridad nacional, la
información en manos del Estado debe de ser del conocimiento de todos los mexicanos. El
derecho a la información no debe de ser una disposición hueca, debe de ser una realidad
política.
Le recuerdo que tenemos pendiente que nos proporcione la información relativa a los
tristes acontecimientos de 1968. Considero que es un deber dar esa información al pueblo
de México.
En este tema es importante formular las preguntas siguientes: ¿desde cuándo, señor
Secretario, decidieron cancelar, en la práctica, al Consejo Nacional de Radio y
Televisión, establecido por ley?
¿Desde cuándo y con base en qué el Gobierno administra, sin supervisión del consejo
respectivo, el tiempo oficial y el fiscal? ¿A quién rinde cuentas de la forma en la que
se aplica el impuesto del 12.5% en radio y televisión y por cierto, si se cargó a esta
reserva del Estado, que no es del Ejecutivo, sino del Estado, toda la campaña
propagandística del Fobaproa?
Podría informarnos, por otra parte, sobre el estado que guarda la desincorporación del
periódico El Nacional. Al principio de nuestra participación hablamos del naufragio de
la reforma del Estado. En su informe, el Presidente insinuó una reconvención al Poder
Legislativo para que éste haga su tarea. Hoy más que nunca esta Cámara ha asumido sus
responsabilidades.
Una de ellas es la elaboración de los dictámenes que permitan la modernización del
sistema jurídico mexicano. El arduo trabajo en comisiones da cuenta de ello. Al respecto,
los diputados panistas hemos presentado y apoyado la aprobación de diversas iniciativas
encaminadas a la consecución de un nuevo marco institucional, tales como la segunda
vuelta en las elecciones presidenciales, la instauración de mecanismo de democracia
participativa, el fortalecimiento del federalismo, el nuevo marco del presupuesto, entre
otras.
Sin embargo, en los anteriores y en otros puntos se hacen necesarias reformas a la
Constitución. Para nadie es un secreto que el PRI sigue conservando el monopolio de las
reformas constitucionales por su presencia mayoritaria en el Congreso Federal y en los
congresos estatales.
Asimismo, sabemos que el Presidente puede intervenir en la voluntad de los legisladores de
su partido. Por eso, la lentitud de la transición y de las reformas constitucionales que
se requieren para actualizar el marco institucional es responsabilidad de ustedes, los
priístas.
Así pues, el Presidente no puede eximirse de su
obligación y sus facultades de participación en el proceso legislativo con la promoción
de reformas viables, apegadas a derecho y que puedan generar consenso.
Finalmente, señor Secretario, qué podemos decir del silencio guardado por el Ejecutivo
ante el problema de Chiapas. Dicha actitud parece un capítulo más del discurso
titubeante, indefinido al que ya nos tiene acostumbrados.
Apenas en enero pasado, el doctor Zedillo cifraba la solución en el consenso de todos los
actores. El 5 de febrero se manifestaron porque el Congreso fuera el espacio donde debía
construirse la solución. Dos semanas después, el Ejecutivo presentaba, de manera
unilateral, su iniciativa de reformas en materia de derechos indígenas. Tal parece que
asistimos a una confrontación de ecos silenciosos de una y otra parte.
Mientras tanto, el pueblo de México y el pueblo de Chiapas no tienen alternativa que
asumir una dolorosa perplejidad.
Si bien, como usted afirma, el conflicto no se reduce al enfrentamiento entre el Ejército
Zapatista y el Gobierno, tampoco creo en la hipótesis, de que resolver los problemas de
Chiapas se puede hacer sin resolver el conflicto.
El PAN y sus legisladores en la Cocopa persistirán en su intención de deshielar el
témpano que contiene la solución de un problema que urge resolver. Si no se consigue la
paz, el proceso electoral del año 2000 se desarrollará en el peor de los ambientes. Para
llegar a la paz, para destrabar las asignaturas previamente señaladas, existe un
ingrediente que no hemos visto en cuatro años: voluntad.
Vale la pena preguntarle: ¿se pueden resolver los problemas del conflicto de Chiapas, sin
resolver el conflicto mismo? ¿Destinar cuantiosos recursos a la región resolverán
también las demandas que se registran a ser reducidas a un problema local, sin
implicaciones de las estructuras políticas y sociales, cuando una de las razones que
generaron el conflicto en Chiapas también son la búsqueda de la justicia, la democracia
y la libertad?
Y por cierto, señor Secretario, ¿ratifica usted su afirmación de que el tema de Chiapas
es un tema irrelevante?
Señor Secretario: nunca es tarde para aprovechar los espacios que brinda la historia. Los
últimos cuatro años de Gobierno no han sido aprovechados para ejercer un programa
nacional con una verdadera vocación de estadista por el titular del Ejecutivo.
Usted es el responsable de la política interior y su compromiso es fundamental para que
en estos dos años se realicen los cambios que no han operado en cuatro. ¿Acepta usted el
compromiso?
Tiene la palabra el señor secretario Francisco
Labastida.
El secretario de Gobernación, Francisco
Labastida Ochoa: |
El señor diputado Felipe Urbiola Ledesma, del
Partido Acción Nacional, planteó algunos cuestionamientos, algunas preguntas, me parece
que excesivas para atenderlas en el tiempo que tengo asignado, a las cuales trataré de
referirme con la mayor precisión y de forma lo más sintética posible para tener la
posibilidad de abordarlas en este lapso.
El primer comentario es en relación a una afirmación que hizo el diputado Felipe
Urbiola. El decía que el progreso político no puede ser atribuido sólo al Partido
Revolucionario Institucional. Yo creo que tiene razón, pero tampoco podía haber sido
logrado sin la colaboración del Partido Revolucionario Institucional.
En esos términos se ha referido siempre el Presidente de la República a este aspecto.
Son avances que entre todas las fuerzas políticas del país hemos construido, gracias e
impulsados por la demanda de la ciudadanía y es por ello que, entre todos los partidos,
logramos avances en esta materia. Creo que sería ilógico decir que sólo un partido es
factible, pero también es ilógico e incongruente negarle al partido el esfuerzo y la
participación en los avances que en esta materia tuvo.
Se refiere en segundo lugar, el señor diputado, al voto de mexicanos en el extranjero y
se dice que sería bueno que la Secretaría informara de los avances que en esta materia
existen.
Quiero decirles lo que en otras ocasiones hemos expresado, según los análisis que la
Secretaría tiene y los informes que sobre este particular le extendimos al Consejo
General del IFE, le expresamos que la cédula general no podía estar lista por las
siguientes razones:
1o. Porque el 10% de las actas de nacimiento que están registradas en el país, tienen
inconsistencias.
2o. Porque el 5% de la población en el país no cuenta con un acta de nacimiento.
Informamos que para corregir estas inconsistencias se requería tiempo, un trabajo
consistente y recursos y mencionamos que la Secretaría podía tener dicha cédula lista
aproximadamente para el año 2002, en caso de que este honorable Congreso le asigne
recursos equivalentes a unos 6 mil millones de pesos para el periodo 1999-2002. Hay un
trabajo grande que hacer en esta materia.
Por otro lado, una comisión de especialistas designados por el IFE, analiza actualmente
las modalidades del voto de los mexicanos en el exterior y deberá presentar sus
resultados, como es del conocimiento de ustedes, el 12 de noviembre. Con base en estos
estudios el Congreso podrá determinar qué mecanismos, procedimientos y reformas deberán
llevarse a cabo con relación a este tema.
En tercer lugar, el 12.5% del tiempo de radio y televisión no es un impuesto, es un
derecho que el Estado tiene reservado por mandato del Congreso, su uso está regulado por
la ley y corresponde al Ejecutivo su administración. Le enviaremos al diputado los datos
que ha planteado sobre este particular. Los tiempos de radio y televisión utilizados en
horas, lo que tenemos registrado hasta el momento son de 257 mil horas, incluyendo todo el
tiempo utilizado por los partidos conforme a las normas que rige el IFE.
113,114,115
Por lo que toca a legislación, le corresponde, como es
obvio, a esta legislatura debatir sobre el tema y pronunciarse sobre la misma. Hay
propuestas muy respetables de partidos en esta materia. Corresponde a los partidos debatir
sobre las mismas, corresponde a los diputados y senadores examinar el asunto y llegar a
acuerdos, en su caso, de propuestas y de modificaciones de ley, lo que para la Secretaría
es estar atento a dichas discusiones y tomar en consideración lo que aquí se discute,
pero es obvio, le corresponde al Legislativo discutir y dictaminar sobre ello. Para
nosotros, mantenemos el principio de que la libertad de expresión debe de ser un
principio que respetemos.
Y con toda franqueza, diputado, no comparto y no es cierto que desde la Secretaría de
Gobernación se hayan impulsado ataques en esta materia. Creo que si ustedes hacen un
balance de los comentarios, de los análisis y de las críticas que sobre los poderes o
los partidos existen, percibirán ustedes que si algo caracteriza a los medios de
comunicación en este día, es absoluta libertad a la capacidad de análisis y de crítica
y creo que todos los poderes estamos sujetos a ello; creo que es bienvenido, es la nueva
realidad que sea bienvenida para el país. No me parece razonable que cuando hay algún
comentario adverso sobre alguna propuesta se la imputen a la Secretaría.
Quienes tienen la responsabilidad de elaborar, de escribir y de opinar en los medios de
comunicación, tienen esta libertad, tienen capacidad para pensar, tienen capacidad para
escribir y también tienen capacidad para criticar, esto es lo que estamos viendo y esto
es lo que vamos a vivir hoy y también en el futuro.
Por último un comentario. El presidente Ernesto Zedillo ejerce a plenitud la
responsabilidad de gobernar, la ejerce en todos los ámbitos que le corresponde, la ejerce
como Presidente de la República, no la ejerce violando leyes, no la ejerce imponiendo a
otros poderes, no puede, no debe, lo que los otros poderes deben decidir.
Cuando se hace una mención por el diputado Felipe Urbiola, de que están buscando un
líder, lo que pasa en el fondo, así lo interpreto, es una añoranza por lo que de otro
lado se critica: la Presidencia autoritaria.
La Presidencia del presidente Zedillo es una Presidencia democrática, que están
buscando, vía el diálogo y la negociación, acuerdos con los otros poderes.
En el plano de igualdad, de respeto y de conciliación, buscamos entendimientos entre las
fuerzas políticas, buscamos sumar esfuerzos y voluntades para llegar a acuerdos en
beneficio de la nación. Lo que nos pide la nación, lo que nos demanda, no es sentarnos a
ganar debates, sino construir soluciones y ese es el espíritu que anima al Gobierno
Federal y a esta Secretaría.
Muchas gracias.
Gracias, señor Secretario.
En el uso de la palabra el diputado Felipe Urbiola Ledesma, para hacer uso de su derecho
de réplica, si es que así lo considera.
| El
diputado Felipe Urbiola Ledesma: |
Señor Secretario, muchas gracias por sus
contestaciones:
Efectivamente como le parece poco el tiempo, estoy en la disposición de recibir toda la
contestación a todas mis preguntas en la oportunidad que usted considere conveniente.
Por una parte, creo que en la primera parte, cuando usted habla de que el cambio,
efectivamente, no se le puede sancionar al PRI como el único actor y que tampoco se le
puede decir que no ha sido el que lo ha obstaculizado, yo creo que no coincido con usted.
El cambio ha sido impulsado por el pueblo de México y sólo por el pueblo de México,
efectivamente, este cambio y esta actitud de exigencia del cambio fue fustigada por la
crisis, pero el cambio es un mérito exclusivo del pueblo de México, el PRI y lo digo con
el debido respeto como estamos acostumbrados a decir aquí, ha sido más un lastre que un
apoyo en esto, el cambio se ha dado a pesar del PRI y sus líderes.
En materia del voto del extranjero, me parece encontrar reiteradamente el argumento
histórico de que no ha sido posible, no es un evento el de la constitución del Registro
Nacional Ciudadano, no es un evento que se iniciara en fecha reciente, es un evento que se
inició hace 20 años con la regularización del Registro Civil a nivel nacional para que
pudiera generarse con ello un registro nacional donde estuvieran todos incluidos.
Y reiteradamente y cada vez que sea consultado o sea preguntado, ha habido siempre el
mismo argumento histórico el pretexto para decir que no, se encuentran las condiciones
adecuadas para llegar a lo que hoy pudiera ser la posibilidad del voto de los mexicanos en
el extranjero. Creo que lo que ha faltado es otra cosa diferente, creo que lo que ha
faltado tiene un solo nombre y se llama voluntad.
Por otra, parte, dice usted que desde la Secretaría no se han implementado ataques en el
caso de la libertad de información, yo tengo registrado el caso de las radiodifusoras de
Chihuahua como uno de los ejemplos de lo que ha sucedido recientemente y en lo cual por
cierto no hemos recibido contestación. Creo que además es una buena oportunidad, una
excelente oportunidad para revisar el esquema de distribución de tiempos entre la
Federación y los estados, entre la Federación y entre el Ejecutivo y los diferentes
poderes e incluyendo al Poder Legislativo para el uso de los tiempos oficiales y fiscales
y que éstos tengan una mejor distribución.
Por último, contestarle en cuanto al requerimiento que usted hace del liderazgo y que
anhelo una presidencia autoritaria. En primer lugar, independientemente de lo que
representa esto, es decir un repudio que usted en lo personal hace a sus antiguos jefes,
Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid, donde los califica de presidentes
autoritarios y donde reniega el haber colaborado con ellos o por lo menos que esta fuera
de la actitud que ellos hubieran tomado, le quiero decir que un líder tiene
características diferentes; un líder creo que antes que nada debe tener la
característica de la capacidad para construir consensos y es evidente...
Permítame, señor diputado.
Esta Presidencia hace un exhorto a todos los presentes para que respeten a los oradores en
turno, efectivamente como en este caso el diputado y es esta Presidencia la que en su
momento acusa el tiempo de que dispone cada uno de los diputados.
Continúe señor diputado, háganme favor señores diputados de no interrumpir al orador
en turno.
| El diputado
Felipe Urbiola Ledesma: |
Gracias, señora Presidenta.
La verdad no peca pero muchas veces incomoda.
El liderazgo requiere que la cabeza del Ejecutivo y la cabeza del Gobierno busque y tenga
la capacidad de encontrar consensos, en este sentido y termino con ello, cobra importancia
la exhortación hecha por el presidente de nuestro partido para revisar un pacto, un pacto
con el cual se garantice un tránsito democrático en un clima de gobernabilidad y unidad
nacional, el PAN nunca ha generado discordia aun cuando otros si lo han hecho.
Nosotros nos encontramos prestos a realizar la labor que nos corresponde, ahora le toca al
Presidente hacer su tarea.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Sigue en el turno de la palabra, por el Partido de la Revolución Democrática, el
diputado Victorio Montalvo Rojas.
| El diputado
Victorio Rubén Montalvo Rojas: |
Señor secretario de Gobernación, Francisco
Labastida Ochoa; compañeras y compañeros legisladores:
Pocos informes de Gobierno se han presentado en momentos de la vida de la nación tan
graves como éstos.
A casi cuatro años de tomar posesión de la Presidencia de la República, Ernesto Zedillo
Ponce de León y su Gobierno, del que usted forma parte, han fracasado rotundamente en el
cumplimiento de los dos principales compromisos que adquirió ante los mexicanos cuando
pidió su voto: el de velar por el bienestar de las familias mexicanas y el de convertir a
México en un país de leyes. En lugar de ello, tenemos el peor proceso de empobrecimiento
desde principios de siglo y un México de leyes inútiles para contener la delincuencia.
No se trata de un fracaso del Congreso, que apenas comienza a existir como un órgano
capaz de generar iniciativas propias.
Aquella promesa presidencial de no hacer uso de las facultades extralegales que la
práctica política autoritaria le da al Presidente fue dejada en el olvido. Durante su
primer trienio, el presidente Zedillo ejerció sin cortapisas la facultad
metaconstitucional de legislador prácticamente único. Incluso reformó el Poder Judicial
a su gusto, sin resultados palpables para los ciudadanos en materia de seguridad pública.
Si ahora la situación es distinta y el Congreso comienza a legislar por sí mismo, ello
se debe a la nueva composición de esta Cámara, no a la vocación demócrata de Ernesto
Zedillo.
Tocante al declarado respeto de Ernesto Zedillo por el Poder Legislativo, cabe preguntarse
qué clase de respeto es lo que le permite a un Presidente comprar al Fobaproa bancos
quebrados, firmando para ello pagarés por montos que endeudarían al país por décadas,
sin pedir la autorización del único órgano del Estado con la facultad constitucional y
legitimidad política para dar un paso tan trascendente: el Congreso de la Unión.
Resulta interesante examinar afirmaciones como la siguiente: "el Ejecutivo Federal ha
tenido como una de sus más importantes prioridades impulsar la consolidación de una
presidencia democrática, como una manera de contribuir activamente al fortalecimiento de
nuestro régimen republicano". Fin de la cita. Ernesto Zedillo habla como si la
Presidencia de la República fuera ya una institución democrática, limitada eficazmente
por la ley y sometida a la vigilancia del Congreso, como en cualquier país democrático.
Tal suposición es falsa. Es demasiado todo lo que depende legal y políticamente del
Ejecutivo Federal: para empezar, nada menos que la dirección de la economía, a través
de unas leyes de presupuesto que no sólo dan a esta Cámara muy poco tiempo para
participar en su formación, sino que, además, permiten un margen de discrecionalidad en
su aplicación que hacen al Ejecutivo casi irresponsable en términos jurídicos.
La dimensión federalista de la República se ve también enormemente limitada por una
estructura jurídica presidencialista. La capacidad de recaudación fiscal de la
Federación es sustantivamente superior a la de los estados y los municipios, por lo que
estos dos niveles de gobierno prácticamente dependen del dinero que recauda en Ejecutivo
de la Unión. Esta circunstancia ya de por sí es bastante contraproducente para el
desarrollo de la democracia; a ello se añade una ley de coordinación fiscal que da una
gran capacidad de negociación al Ejecutivo Federal frente a los estados, vulnerando de
esta forma su autonomía política.
Un país sólo puede ser considerado democrático cuando quienes lo gobiernan pueden ser
llamados a rendir cuentas de sus actos. En México, los poderosos pueden arruinar al país
y venderlo a sus amigos, pueden matarse entre sí, como en el caso de Colosio, pueden
masacrar campesinos, como en Aguas Blancas y Acteal, o pueden comprar elecciones con
dinero del narcotráfico, como en Tabasco y aquí queda la pregunta señor Secretario,
¿es Ernesto Zedillo cómplice o rehén de Roberto Madrazo?
La impunidad nace desde la cúspide del sistema político: el Presidente de la República,
quien prácticamente no puede ser juzgado, ya que contra él no procede el juicio
político y el procedimiento para procesarlo penalmente no está reglamentado, la
tradición autoritaria lo hace invulnerable incluso después de su encargo.
El Presidente no ha podido llegar a una economía de Estado, como él mismo la denominó,
porque cualquier política de Estado debe ser consensada por todos los actores políticos
e institucionales de ese Estado y Ernesto Zedillo jamás ha puesto a discusión el modelo
económico que tantas crisis, devaluaciones y desempleados ha producido.
116,117,118
Por lo anterior está claro el fracaso completo, no sólo
de un Presidente y de un partido, sino de la institución presidencial tal y como hoy
existe, incapaz ya de servir para la adecuada conducción de nuestro país.
No cabe duda de que estamos presenciando la fase terminal de un sistema político y
jurídico centrado en Los Pinos, en el que un país como México, grande, complejo,
diverso y participativo, simplemente no cabe más.
Lo que México requiere con urgencia es un acuerdo nacional para la gobernabilidad
democrática, que enderece el rumbo del Gobierno.
México requiere que el Presidente sea capaz de reconocer con humildad republicana que ha
llegado la hora de corregir sus errores y aceptar en las leyes y en la práctica la
limitación de su poder.
Proponemos un acuerdo que reconstruya al Estado mexicano sobre bases democráticas, en el
que autoridades libremente electas tengan verdaderos límites institucionales en el
ejercicio del poder.
Los primeros compromisos a los que el país necesita llegar, para permitir cualquier
avance posterior, son los de la economía y la seguridad pública. La situación que
guarda la nación en ambas materias ya no ofrece muchas oportunidades: o se abordan con
auténtica visión de Estado, involucrando en su solución al país entero, o la
perspectiva de construir un Estado democrático de derecho se pierde.
En lo concerniente a los temas pendientes de la reforma electoral, es indispensable
transparentar al máximo la relación entre dinero y política, hacer públicos todos los
donativos e imponer límites estrictos a las cantidades que individuos e instituciones
puedan aportar a los partidos y sus candidatos, así como al dinero que éstos puedan
gastar. Los objetivos son, primero, que los partidos ganen elecciones con sus argumentos y
sus candidatos, no con sus chequeras, así como impedir que defraudadores, narcos y
delincuentes de cualquier clase paguen campañas y compren políticos, como ha venido
ocurriendo.
Para garantizar la libertad del sufragio, también es
indispensable que los presupuestos de los gobiernos Federal y de los estados no sean
usados para atentar contra la libertad de sufragio de los ciudadanos, lo que por desgracia
es posible en un país con la pobreza y la desigualdad del nuestro.
No podemos dejar de mencionar un tema que entraña una
deuda especialmente sensible: la que tenemos con el México de afuera, con nuestros
compatriotas que han tenido que dejar sus hogares para buscar el sustento de sus familias
en una tierra hostil y peligrosa, allende el Bravo. ¿Cuándo, señor Secretario, les
daremos la oportunidad de compartir las decisiones políticas de su patria? En el Partido
de la Revolución Democrática consideramos que cualquier dilación en la reforma de las
leyes secundarias conjunta derechos constitucionales. Señor Secretario: ¿está el
Ejecutivo dispuesto a hacer factible el voto de los mexicanos en el extranjero en
condiciones de confiabilidad?
En nuestros días la información y la comunicación son componentes esenciales de la
democracia. Sin saber con precisión lo que el Gobierno hace, no sólo en sus fines, como
ofrece el Presidente, sino también en los medios para conseguirlos, los ciudadanos se
encuentran en una enorme desventaja para defender sus intereses. Sin información
oportuna, suficiente y objetiva sobre las alternativas electorales la libertad de sufragio
no existe, sin información, la soberanía popular en los hechos desaparece.
Las leyes deben reformarse para garantizar una verdadera transparencia de los actos del
Gobierno, así como las condiciones para que los medios masivos de comunicación informen
con objetividad, imparcialidad, oportunidad y equidad, durante las campañas electorales y
en todo tiempo.
Las necesidades legislativas del país son muchas, el mismo Presidente lo reconoce y no se
trata ya de imitar el pasado reciente cuando las iniciativas del Ejecutivo eran aprobadas
sin estudios serios ni modificaciones de importancia, México, por lo tanto, necesita un
Congreso que trabaje todo el año en sesiones ordinarias.
El Poder Ejecutivo no puede actuar más sin una vigilancia puntual. El Congreso, las
cámaras y sus comisiones deben tener facultades para obtener comparecencias de
funcionarios públicos, así como todos los documentos e informaciones que precisen para
vigilar con eficiencia la marcha de la administración pública. Para ese mismo efecto, se
debe fortalecer al órgano de fiscalización del Congreso, de modo que esté en
condiciones, no sólo de auditar exhaustivamente las cuentas que presente el Ejecutivo
Federal, sino asimismo de comprobar sobre el terreno la cantidad y calidad de las obras
publicas y el funcionamiento de los servicios que presta la administración pública.
Ante un muy previsible escenario político en el que el próximo Presidente de la
República contará sólo con la minoría más grande del electorado, consideramos que el
gabinete mismo debe ser designado y removido con la autorización del Congreso, sólo una
reforma como la propuesta permitiría una gobernabilidad democrática.
Señor Secretario: en el Partido de la Revolución Democrática siempre hemos estado
dispuestos al diálogo constructivo, la prueba está en que hemos sido los principales
impulsores de la única reforma electoral que verdaderamente nos ha puesto en el camino de
la democratización, la de 1996. Ahí está la principal lección para todos nosotros:
tratándose de los problemas sustantivos del país sólo un acuerdo verdaderamente
consensado tiene éxito.
Por todo lo anteriormente expuesto me permito preguntarle, señor Secretario: ¿está
dispuesto el Ejecutivo Federal en cuyo nombre usted habla, a tratar con todas las fuerzas
políticas y sociales los temas antes enunciados para alcanzar un acuerdo que permita
corregir el rumbo económico de la nación, transparentar la vida política, reanudar las
negociaciones con el Ejército Zapatista, aplicar la ley a quienes permanecen impunes,
reconstruir al Estado sobre cimientos democráticos y limitar de modo sustancial los
poderes del Presidente de la República y acabar con su virtual inmunidad jurídica?
¿Está dispuesto este Gobierno a reconstruir las bases de su propia legitimidad y de su
propia legalidad sobre la verdad? ¿Sobre la verdad de los culpables y los beneficiarios
del Fobaproa, de las cuentas de la campaña presidencial de 1994?
Asimismo, al inicio de su intervención mencionó usted las
relaciones que el Gobierno mantiene con las instituciones religiosas. Debo mencionarle que
en la comunidad de Nueva Jerusalén, municipio de Turicato, Michoacán, se vive al margen
de nuestra Constitución. Una secta religiosa impone obligaciones a los miembros de la
comunidad y solapa abusos, tales como violaciones a menores de edad, obligación a votar
por el Partido Revolucionario Institucional y restricciones al libre tránsito de las
personas, entre otros. ¿Hasta cuando el Gobierno Federal tomará cartas en el asunto para
terminar con esta situación irregular?
Por sus respuestas, muchas gracias.
En el uso de la palabra el secretario de
Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.
El
secretario de Gobernación, Francisco
Labastida Ochoa: |
De hecho, en la intervención del diputado Victorio
Montalvo, están contenidas dos preguntas.
La primera es: ¿cuándo se les dará a los mexicanos el voto en el extranjero?
La segunda: si está dispuesto el Ejecutivo Federal a un acuerdo, para lo que el llama
reconstruir el país, llegar al diálogo con el EZLN etcétera.
Trataré de referirme fundamentalmente a las dos.
La primera, correspondiente al voto de los mexicanos en el extranjero, ha sido abordada y
le corresponde, como comentamos aquí, a este honorable Congreso, en función de los
estudios que el IFE está haciendo, pronunciarse sobre ellos.
Le recuerdo sólo lo que antes comentábamos. Realizar los cambios correspondientes al
registro de nacimientos, requiere cuando menos un periodo de entre tres y cuatro años,
recursos cercanos a los 6 mil millones de pesos y muy probablemente las organizaciones de
las elecciones en el exterior, recursos del orden de los 1 mil millones de dólares. Es
una estimación preliminar sobre esta materia.
Segundo. Me voy a referir a un comentario que hizo el diputado, una pregunta. El decía:
¿Es rehén el presidente Zedillo del gobernador Roberto Madrazo. No. Definitivamente no.
Ni de él ni de nadie.
Cualquier planteamiento que sobre ello tengan que dilucidar, me parece que entre este
Congreso y, sobre todo en el Congreso de Tabasco, puede ser examinado y dilucidado
conforme a las leyes.
El último planteamiento que hizo el diputado Montalvo, se refiere a una pregunta: ¿si el
Ejecutivo está dispuesto a llegar a un acuerdo para impulsar el desarrollo del país?
Yo expresaría que el presidente Ernesto Zedillo lo ha impulsado en todas sus vertientes
desde el principio de su Gobierno. Lo planteó y se instrumentó con las reformas
ejecutadas en 1995 y en 1996, tantas veces comentadas. Algunos de los señores diputados
que están presentes participaron en ellas.
Lo planteó y lo ha planteado para modificar diferentes leyes, pero me parece que los
términos globales en los cuales se quieren referir, tienen en sí una contradicción.
¿Estamos de acuerdo en impulsar unas reformas a las leyes? Sí. Definidas, ¿cuáles?
¿En qué términos?, y ¿con qué propósitos? Cheques en blanco no se dan.
¿Estamos de acuerdo en impulsar y fortalecer la democracia? Sí. En función de los
objetivos, de las formas, de las modificaciones que las mismas planteen.
Creo que está acreditado en la actuación del Ejecutivo, consistencia en los propósitos
de política, definidos desde el principio de Gobierno.
Cuando se plantea si estamos dispuestos a llegar a un diálogo con el EZLN, en varias
ocasiones lo ha repetido el Presidente. Si la memoria no me falla, cerca de ocho ocasiones
ha hecho llamados directos, de parte del Presidente de la República, a que este diálogo
se dé. Quien se ha negado es el EZLN y ahora, parece, según lo que dice el señor
diputado, que porque el EZLN no acepta dicho diálogo, es responsable el Ejecutivo de que
ello no se concrete. Es obviamente una contradicción o una forma de tratar de sacar una
ventaja política que sería muy lamentable que éste fuera su objetivo.
Me refiero, por último, a la queja que planteaba de una
asociación religiosa, espero que la envíe por escrito a la Secretaría para tomar las
medidas procedentes en función del planteamiento que haga el diputado.
El diputado Victorio Montalvo Rojas, para hacer uso
de su derecho de réplica.
| El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas: |
Muchas gracias, compañera Presidenta:
Sobre la primera respuesta que se sirvió manifestar el Secretario, en relación al voto
de los mexicanos en el extranjero, debo decirle o recordarle al Secretario, que en 1995,
como parte de los trabajos de la reforma electoral, se llegó a un compromiso que no ha
cumplido la actual Secretaría, en el sentido de que se iban a realizar por parte de la
Secretaría, el registro de mexicanos en el extranjero. Esto no lo ha llevado a cabo y por
lo tanto ha incumplido su palabra y más aún, ha intentado entregar ese compromiso a otra
instancia. Rogamos cordura, señor Secretario y cumplimiento a este acuerdo.
En la segunda respuesta, en el sentido de que el titular del Poder Ejecutivo sea un rehén
del gobernador del Estado de Tabasco, si usted acepta que no es rehén, por lo tanto
acepta que es cómplice.
Asimismo, señor Secretario, lamentamos que usted le dé la vuelta al acuerdo nacional
planteado por nuestro consejo nacional el pasado fin de semana. Consideramos que en esos
términos el diálogo al que usted nos está convocando, carece de bases firmes y
tomaremos nota de sus posiciones.
Asimismo le quisiera entregar un expediente relativo a la Asociación Nueva Jerusalén.
Muchas gracias.
119,120,121
A continuación solicitamos al diputado Francisco
Javier Gil Castañeda, haga uso de la palabra a nombre del Partido Revolucionario
Institucional.
| El
diputado Francisco Javier Gil Castañeda: |
Con su permiso, señora Presidenta; señoras y
señores legisladores; señor Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa:
Permítanme participar en esta sesión tocando someramente tres temas; dos de ellos
problemas y el tercero, una reflexión del momento:
La extendida seguridad pública en la que se desenvuelve la vida de cualquier ciudadano,
el incremento de la delincuencia y la criminalidad, es un hecho ya insoslayable; si bien
exacerbado en las grandes ciudades, también se manifiesta en aquellas de menor magnitud
de población.
Hoy la seguridad individual, la seguridad familiar o de grupo, el castigo al delincuente y
la protección a las víctimas del delito, conforman una demanda nacional creciente e
insatisfecha.
El aumento de la delincuencia y el crimen organizado, sus acciones delictivas y muestras
de poder, nos producen temor y alarma, daño social amplio, se trastocan los principios y
los valores, se afecta la integridad familiar, se vulnera la estabilidad y se lesiona el
estado de derecho.
Estamos frente a un problema complejo de origen, de determinaciones económicas, sociales
y culturales. Todas éstas se relacionan en su génesis, aunado a las acciones de bandas
de delincuentes, fallas y deficiencias en el sistema de administración y procuración de
justicia.
Los retos del México de hoy nos exigen el máximo de esfuerzo, concentración y entrega.
Para el mejor desempeño de nuestras actividades, se requiere un clima de seguridad y de
tranquilidad. El maestro, el obrero, el estudiante, el empresario, el ama de casa, lo
demandan. Es necesario actuar rápido y eficazmente.
Nos pronunciamos por una actuación policiaca enérgica,
pero en el marco de la ley; por su modernización tecnológica y su equipamiento, por su
capacitación, por su adiestramiento y también por su mejor remuneración.
Igualmente nos pronunciamos por atender el lacerante reclamo de las víctimas del delito.
También tenemos que avanzar y dar protección a sus derechos humanos.
Para contribuir a la solución de estos graves problemas, que azotan sin distingo a todos
los sectores de nuestra sociedad, nosotros pondremos lo que esté de nuestra parte.
Aceleraremos nuestro trabajo de revisión y reformas del marco jurídico del delito y su
penalización, ése es nuestro compromiso.
Buscaremos los consensos necesarios para avanzar con rapidez en la materia, a eso los
invitamos, compañeros legisladores.
Señor Secretario, en este orden de ideas, permítame las siguientes preguntas: en esta
materia, ¿qué resultado puede esperar en corto plazo la ciudadanía? ¿Por qué no le
puede creer la sociedad que las medidas anunciadas sí abatirán los índices delictivos y
de impunidad?
Paso ahora a otro tema, me refiero al conflicto que por más de cuatro años ha
concentrado, no sin dificultad y en riesgo la voluntad pacifista de la sociedad mexicana y
su gobierno, me refiero al conflicto de Chiapas. Hoy y antes el esfuerzo nacional ha sido
encontrar la salida sin guerrear, delicada situación, ya que su riesgo no ha sido
eliminado.
Pese a todo mantenemos firme nuestra postura de llegar a la paz por el camino de la
negociación política.
De 1994 a la fecha el conflicto ha evolucionado, hoy se tienen otras expresiones distintas
y diversas a las que se manifestaron en su origen. En el área del conflicto que encabeza
el EZLN y en otras regiones, hoy se expresan problemas diversos, unos de carácter
religioso, otros por el uso de bienes y servicios, por la representación política, en
fin, por motivos varios.
Existiendo aún el emplazamiento armado, además de éste existen otros grupos, problemas
y demandas sociales que exigen solución.
Hoy nos encontramos frente a una problemática sociopolítica con un componente militar,
que obliga a un tratamiento de conjunto, pero también específico, con los distintos
agentes que conviven en esta situación. El conflicto con el EZLN requiere de solución
inmediata, nuestro partido reafirma su convicción de llegar a ella en los términos de la
Ley para el Diálogo, la Conciliación y una Paz Justa y Digna en Chiapas.
Una vez más nos pronunciamos por la urgente necesidad de reanudar el diálogo con el
EZLN, para reencontrar la ruta de la salida política a este conflicto.
Es ésta, la salida política, la única solución que nos permitirá ir pronto, a fondo y
sin reservas, a la atención de las causas políticas, de las causas profundas del
conflicto. El retraso de una nueva etapa del diálogo, solamente retrasa la solución
pacífica del conflicto.
A nadie beneficia y sí perjudica paradójicamente a los más necesitados de ella, a los
indígenas.
Pero el retraso para llegar a la siguiente etapa de negociaciones, no puede detener la
marcha de la sociedad ni el ejercicio de Gobierno. Se exige de atención y cuidados, que
permitan dar respuesta a las demandas de los distintos grupos, evitando la atención y el
conflicto social, favoreciendo el desarrollo y la reconciliación.
Señor Secretario, ¿cuáles son sus consideraciones en cuanto a la perspectiva de una
salida política al conflicto planteado por el EZNL? ¿Cuál es la estrategia de atención
a la sociedad chiapaneca y aquellos grupos sociales que no comparten la perspectiva del
EZLN?
Ahora bien, los dos problemas aquí expuestos y otros, que tienen en jaque el destino
nacional, tienen qué ver en un contexto más amplio, con un conjunto de rezagos y
obsolescencia que aún no hemos logrado corregir.
La actualización del marco jurídico, de la estructura de la administración pública, de
las nuevas relaciones del Estado y la sociedad, nos hablan de la necesidad de elevar la
mira hacia un proceso de reforma política de Estado.
Hacia el fin del presente milenio, a tono con su evolución interna y en el marco de un
contexto internacional globalizado, México ha dado lugar a una nueva sociedad más
participativa, más demandante y con diferentes opciones. Para arribar al siguiente siglo
como un país renovado, cohesionado y con un futuro seguro y prometedor para sus
habitantes, mucho tenemos que hacer hoy. Habrá que considerar las nuevas formas de
acción y relación social, las nuevas formas de solidaridad e incluso de participación
política; habrá que actualizar el marco legal a la nueva realidad, habrá que ajustar
nuestras instituciones, nuestras estructuras y mecanismos para dar respuesta y solución a
los nuevos problemas del México de hoy. En suma, habrá que forjar una nueva relación
entre poderes y una nueva relación entre el Estado y la sociedad.
Nos pronunciamos por abordar la agenda legislativa con la comprometida y adecuada
participación de las fuerzas políticas nacionales, que nos permita hacer corresponder la
acción y la organización institucional y el marco legal a las necesidades actuales del
país.
Nos proponemos consolidar la base de la nueva cultura y sistema democrático y llegar a
contar con una relación más equilibrada y responsable entre los poderes de la Unión.
Con ese panorama visualizamos nuestra tarea legislativa hoy, con la convicción de que
somos un poder con responsabilidad y obligaciones para México. Con esta condición
buscaremos los acuerdos necesarios para cumplir nuestro trabajo; la circunstancia del
país lo exige, los mexicanos nos lo esperan.
Señor Secretario, ¿qué falta para avanzar en la reforma política del Estado?
Por sus comentarios y respuestas, muchas gracias.
Señor secretario de Gobernación, Francisco
Labastida, en el uso de la palabra.
El
secretario de Gobernación, Francisco
Labastida Ochoa: |
Gracias, señora Presidenta:
¿Qué resultados pueden esperarse en el corto plazo?, planteaba el diputado Francisco
Javier Gil Castañeda. Me parece que la respuesta de mayor interés para la ciudadanía
del país, son avances sustanciales, graduales, sistemáticos en la mayor parte de los
estados de la República.
¿Por qué podemos esperar avances importantes en materia de seguridad pública? Porque
está claro que en esta materia la situación de la seguridad pública puede mejorar. Así
lo demuestra la experiencia internacional en países en donde tienen índices delictivos
menores a los que tenemos en el país.
También se puede esperar ello por el diagnóstico del problema de seguridad pública
realizado junto con los gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, es un
diagnóstico que va al fondo de los problemas y trata de corregir la raíz y la esencia de
los mismos.
¿Por qué podemos esperar también que haya avances en esta materia? Porque las medidas
que se han diseñado conjuntamente con los gobiernos de los estados están en proceso de
ejecución para atacar los problemas más graves que en materia de seguridad pública
tenemos en el país.
El eje fundamental de ello es una profunda transformación de los recursos humanos que en
esta materia están trabajando en el país, reconociendo con objetividad que no sólo hay
insuficiencia en el número y en el personal en los policías y en los ministerios
públicos y en los juzgados que en el país están proporcionando, procurando y
administrando justicia y reconociendo que hay que ampliarlo, empezamos por reconocer que
hay un serio problema de corrupción en esta materia en todo el país y atacarlo requiere,
primero, depurar la policía, depurar todos los elementos que trabajan en materia de
procuración de justicia. Este compromiso, asumido por todos los gobernadores y el jefe de
Gobierno del Distrito Federal e instrumentado por las procuradurías correspondientes,
creemos que con firmeza va a permitir avanzar en esta materia.
En segundo término, mencionaría también que podemos esperar avances en ello porque el
programa es integral, porque abarca tanto la depuración de los cuerpos policiacos y
encargados de la procuración de justicia, como la ampliación de personal, como el dotar
de sistemas de información, de informática y de comunicación con la tecnología más
avanzada que existe en la materia.
La síntesis de la respuesta es que en esta materia debemos esperar avances consistentes
instrumentados por los gobiernos de los estados con el apoyo de la Federación y con la
amplia participación de las presidencias municipales.
El diputado Francisco Javier Gil, mencionaba que el retraso para el diálogo no puede ni
debe frenar el desarrollo de Chiapas, que éste debe tener una estrategia de atención en
sus problemas más importantes. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que él decía.
No sólo se requiere la actualización del marco jurídico, se requiere también atender
los problemas de fondo que en materia de pobreza, de marginación, de falta de aplicación
del estado de derecho, existen en el Estado. Problemas que en parte deben solucionarse por
la negociación política y con el otorgamiento de las acciones correspondientes y para
mitigar, solucionar y atacar los problemas de pobreza y de marginación que en dicho
Estado y en particular en las regiones marginadas existen.
Es por ello que la estrategia se está concentrando en cerca de 40 municipios, los que
tienen mayor nivel de pobreza y marginación, para concentrar ahí el esfuerzo del
gobierno del Estado y del Gobierno Federal, para concentrar ahí la contratación de más
maestros, médicos y enfermeras y la realización de más obras; para concentrar ahí
también la construcción de la infraestructura que permita el desarrollo productivo de
esas regiones.
Creo por ello que coincidiendo con la afirmación del diputado Javier Gil, diría que en
ese sentido estamos trabajando para atender dichas necesidades.
Y por último, con relación a su pregunta de qué falta para avanzar en la agenda
legislativa que estamos desarrollando con los señores coordinadores, diría que creo que
el tiempo nos va a dar la oportunidad de dar muestras a partir del viernes entrante, de
que las fuerzas políticas más importantes de este país, pueden llegar a acuerdos para
darle soluciones a las demandas de los ciudadanos.
Confío que el talento y la voluntad de los señores legisladores, será lo que guíe las
acciones que en los siguientes días tomaremos. Confío en que ese espíritu es el que va
a privar en la deliberación de asuntos de tan alta responsabilidad que estamos
examinando.
122,123,124
Gracias, por su atención.
Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco
Javier Gil Castañeda, para hacer uso de su derecho de réplica si él lo considera
pertinente.
| El
diputado Francisco Javier Gil Castañeda: |
Con su permiso, señora Presidenta; gracias por sus
comentarios y respuestas, señor Secretario; gracias por el ánimo, compañeros:
Bien, indiscutiblemente que tres temas son recurrentes o han sido recurrentes en esta
ocasión: la inseguridad, la violencia, la delincuencia, el caso de Chiapas y la necesidad
de avanzar en el proceso legislativo y la reforma de Estado.
Además, no quiero menospreciar de ninguna manera a los otros, además de los otros
señalados, a éstos me quiero referir. Me quiero referir a éstos porque entiendo que en
éstos mucho tenemos qué hacer los legisladores. Desde luego es una responsabilidad que
no puede ser exclusivamente cargada sobre nuestras espaldas. Desde luego que el Ejecutivo
tendrá que actuar y desde luego que tendrá que actuar y rápido. Los problemas que
tenemos enfrente, a los que se ha hecho aquí alusión, exigen de una eficaz respuesta, de
una rápida respuesta en todas las materias que aquí se han señalado.
Sin embargo, también nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Esa agenda legislativa,
hago votos porque las palabras sean proféticas, las que mencionó el señor Secretario,
de augurar un pronto encuentro entre las fuerzas políticas y ponernos rápido a desahogar
nuestra tarea.
Creemos firmemente que este Congreso, que este órgano legislativo, es un poder que debe
de ejercer con responsabilidad sus funciones en el desarrollo de nuestro país.
En esta coyuntura, compañeros, es momento de dejar los enconos; es momento de que surja
la armonía; es momento de poner la voluntad política por adelante y acercar nuestras
posiciones. Por el bien de México. Los ciudadanos lo esperan.
Muchas gracias.
Se ha concluido el primer turno de los oradores
programados.
RECESO
| La Presidenta (a
las 13:20 horas): |
Se declara un receso de 15 minutos para dar paso al
segundo turno de oradores.
(Receso.)
(A las 13:35 horas) Se reanuda la sesión.
SEGUNDO TURNO DE ANALISIS
Para el segundo turno de preguntas, en los términos
de los incisos b, c y d, por 10 minutos, con derecho a réplica por cinco minutos, se han
inscrito los siguientes diputados: por el Partido Verde Ecologista de México, Gloria
Lavara Mejía; en el lugar del Partido del Trabajo, Carolina O'Farrill Tapia; por el
Partido Acción Nacional, el diputado José Espina von Roehrich; por el Partido de las
Revolución Democrática, Gilberto López y Rivas; por el Partido Revolucionario
Institucional, Enrique Jackson Ramírez.
Solicitamos a todos los diputados tomen su asiento y le damos el uso de la palabra a la
diputada Gloria Lavara Mejía, por el Partido Verde Ecologista de México.
| La diputada Gloria Lavara Mejía: |
Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y
compañeros diputados; señor secretario Francisco Labastida Ochoa:
México es un país que, si bien ha sido dotado por la naturaleza de grandes recursos, de
una gran biodiversidad y de una gran diversidad de climas, también, por desgracia, la
naturaleza nos ha ubicado geográficamente en un territorio que sufre constantemente de
desastres naturales.
Somos un país con un alto grado de sismicidad. A lo largo de nuestras costas, las
inclemencias de huracanes y tormentas tropicales dejan todos los años gran devastación
natural y la muy lamentable pérdida de vidas humanas.
Además, y en coincidencia con el inicio de esta administración, un volcán que todos
pensábamos prácticamente inactivo, amenaza constantemente a las poblaciones de los
estados de México, Puebla, Morelos y del Distrito Federal.
El año pasado y en gran medida por causa de una gran irresponsabilidad al permitir
asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, el huracán "Paulina" provocó el
drama en muchas familias mexicanas, de la pérdida irremediable de la vida de sus seres
queridos.
Aunado a los graves riesgos naturales, a los cuales la población de nuestro país se
encuentra sometida a lo largo de todos los años, hemos sido testigos del incremento
vertiginoso y a veces en apariencia irreversible, de un proceso permanente de degradación
social que ha hecho crecer la violencia y la criminalidad, no sólo en las ciudades sino
prácticamente a todo lo largo y ancho del territorio nacional.
En este aspecto, no sólo la coordinación de los diferentes cuerpos de procuración de
justicia y de seguridad pública nos harán reducir los índices de violencia y
criminalidad que afectan a nuestro país.
Estos programas de coordinación de seguridad pública, a cargo de la Secretaría de
Gobernación son, sí, muy importantes, pero los esfuerzos del Gobierno Federal deben
estar encaminados no sólo a la represión y persecución de los delitos, sino de manera
también muy importante a la prevención pero no sólo del hecho delictivo en sí, sino de
manera mucho más importante a la prevención de condiciones sociales que favorecen la
aparición de gran variedad de factores criminales.
En este sentido la reforma integral de los sistemas de readaptación social debe ser una
prioridad fundamental del Gobierno Federal. Es intolerable que los centros de
readaptación social federales o locales y las penitenciarias sean lugares en los cuales,
lejos de readaptarse a los delincuentes se les dan condiciones tales que les permiten no
solo continuar delinquiendo sino incluso hacerlo de una manera más violenta y sin ningún
respeto por la vida, salud y patrimonio de sus semejantes.
La corrupción, señor Secretario de Gobernación, es sin duda alguna la palabra que mejor
puede describir la forma bajo la cual se administran estos centros de readaptación social
y penitenciarias.
Otro factor que impide abatir adecuadamente el incremento de los índices de violencia y
criminalidad, lo es, sin duda, el permanente bombardeo publicitario a través de los
medios masivos de comunicación para que la población, preferentemente juvenil de nuestro
país, sea inducida a conductas que nos degraden a todos como seres humanos: consumo de
tabaco, consumo de alcohol, consumo de imágenes que nos señalan al éxito económico
como la única manera de encontrar la satisfacción en nuestras vidas. Todo esto induce a
la delincuencia, induce a la violencia.
En días anteriores, el Gobierno Federal ha hecho pública la cruzada nacional contra la
delincuencia y la inseguridad. Para el Partido Verde Ecologista de México, señor
secretario Labastida Ochoa, es muy importante que aunadas a medidas que tienden a combatir
la impunidad, la corrupción de cuerpos policiacos, a fomentar la denuncia de la
ciudadanía y la represión y persecución de los delitos y delincuentes, es muy
importante que también se ponga énfasis en medidas que tiendan a fortalecer los valores
de respeto a la vida, no sólo de los seres humanos, sino de todas las especies que
pueblan nuestro país.
Si somos capaces de valorar toda forma de vida en su exacta dimensión, seremos personas
que rechazaremos la criminalidad y la violencia.
Señor secretario Francisco Labastida Ochoa: en atención a las palabras que por mí
conducto han manifestado el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
quisiera yo que usted respondiera a las siguientes preguntas:
Ante la perspectiva de ser México un país de alto riesgo de sufrir desastres naturales,
¿qué programas concretos ha realizado la Secretaría a su cargo para impulsar una
cultura de protección civil entre la población de nuestro país?
¿Qué medidas ha puesto en marcha la Secretaría de Gobernación, para identificar
asentamientos humanos irregulares en zonas de alto riesgo, que pudieran derivar en la
pérdida de vidas humanas al presentarse una catástrofe natural, ya sea sísmica o
climatológica dentro del territorio nacional?
¿Qué medidas se han tomado y cómo se han difundido éstas entre la población de los
estados de México, Puebla, Morelos y el Distrito Federal, para hacer frente a una
eventual erupción del volcán Popocatépetl?, y ¿cuáles son las perspectivas de que
esto pudiera suceder de acuerdo a los estudios e informes con los que cuenta la
dependencia a su cargo?
Por último, en el ámbito de las facultades de la Secretaría de Gobernación, ¿qué
programas se han implementando y cuales han sido los resultados de éstos para combatir la
corrupción al interior de los centros de readaptación social y penitenciarias, a fin de
evitar que éstos sigan siendo escuelas del delito y centros de corrupción?
¿Qué medidas adoptará la Secretaría de Gobernación para evitar que las compañías
productoras de tabaco y alcohol continúen inundando los espacios comerciales de los
medios masivos de comunicación, con mensajes que inducen a la población juvenil de
México al consumo de sus productos?
Señor secretario Francisco Labastida Ochoa: de antemano agradezco su atención y las
respuestas que dé a las preguntas formuladas por mí conducto, por el grupo parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México.
Muchas gracias.
Gracias, señora diputada.
Tiene el uso de la palabra el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.
El
secretario de Gobernación, Francisco
Labastida Ochoa: |
Voy a tratar de referirme a los dos grupos de
preguntas, a los dos temas que la señora diputada Gloria Lavara Mejía, del Partido Verde
Ecologista de México, ha planteado. El primero referido a las medidas referentes a los
desastres que por razones de nuestra geografía se presentan con frecuencia y regularidad
en el país.
Por lo que toca a los programas concretos para educar a la población, qué medidas hay
para reordenar los asentamientos irregulares y qué estamos haciendo con relación al
Popocatépetl.
El ordenamiento de la población, su asentamiento en el territorio nacional, depende de
los planes de desarrollo urbano que los municipios establecen. Esta facultad que por ley
tienen los municipios no debe ser, sin lugar a dudas, dejada de asistir por los otros dos
niveles de gobierno, los gobiernos de los estados y los gobiernos federales.
El Gobierno Federal puede apoyar y lo está haciendo particularmente en las zonas de más
alto riesgo, asistir a los gobiernos municipales y a los gobiernos de los estados,
haciendo estudios hidrológicos sobre la probabilidad de frecuencia de lluvias, intensidad
de ellas y zonas de riesgo que en consecuencia existen en las cañadas en cada una de las
ciudades que tienen mayor posibilidad de riesgo. Así, solo para citar algunos ejemplos,
en el caso de Acapulco y Tijuana, se han identificado las zonas peligrosas en función de
las precipitaciones pluviales que se registren en cada una de estas regiones.
Los trabajos de coordinación permiten, desde luego, determinar en función de las áreas
que se inundan, determinada por la precipitación pluriométrica, qué zonas de las
cañadas no deben estar ocupadas por asentamientos humanos. Ahí los municipios, los
gobiernos de los estados, proceden a hacer los desalojos, derruir incluso las viviendas
cuando obstaculizan el curso de las aguas, el curso de los arroyos o de los ríos y de
esta manera permitir que fluya regularmente el cauce hidráulico y no provocar embalses
que dañen a la población.
125,126,127
Se apoya mediante la Comisión Nacional del Agua, en la
realización de estos estudios, la delimitación de las zonas de alto riesgo y
conjuntamente con ellos, con los municipios y los gobiernos de los estados, se ha creado
un sistema de alarma instantánea, que se distribuye a lo largo de las zonas, en donde se
identifican altas probabilidades de riesgo, con una amplia participación desde luego del
Ejército nacional, quien tiene la misión no sólo de avisar si en su caso de desalojar a
la población que esté en condiciones de riesgo en función de las eventualidades. Este
es sólo un ejemplo de las medidas que se están haciendo para combatir los problemas
derivados de asentamientos irregulares.
Es obvio que el problema de fondo implica tener planes de desarrollo municipal, sobre todo
en las zonas más peligrosas, que prohiban que bajo ningún concepto se establezca
construcción de viviendas o de locales comerciales en dichas zonas. Esto se está
trabajando junto con las autoridades locales, gobiernos de los estados y municipios, desde
luego apoyados por el Ejército nacional y la Comisión Nacional del Agua, principalmente,
con el Centro Nacional de Prevención de Desastres.
Para educar a la población en materia de prevención de desastres, se han editado
folletos, se envían mensajes por conducto de la radio y la televisión y estamos
estableciendo dentro de los libros de texto gratuito que se imparten a todos los educandos
del país, educación sobre este particular. Sin lugar a dudas, siempre, esta materia para
un país que tiene como México, tan alta frecuencia de riesgos realizados por desastres
naturales, será necesario intensificar.
La Secretaría maneja, por decisión de este honorable Congreso, dentro del presupuesto,
un fondo revolvente de 10 millones de pesos para cubrir las emergencias más inmediatas y
hay un Fondo Nacional de Desastres que maneja la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, del orden de 2 mil millones de pesos, el cual se distribuye en función de los
eventos que sufran algunas las regiones del país; se asignan directamente a los gobiernos
de los estados -cito el ejemplo de Baja California-, con relación a las inundaciones que
acaba de sufrir, se le proporcionaron 73 millones de pesos para cubrir el 70% de las
erogaciones realizadas; cito el caso del gobierno de Sinaloa,en donde se le apoyó para
atender las necesidades derivadas de los últimos ciclones; cito el caso del gobierno de
Guerrero y también parte de las obras que las realizan directamente las dependencias
federales, Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, por mencionar
algunas de las más destacadas, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y desde luego
la intervención del Ejército nacional que no sólo coadyuva y ejecuta los desalojos
cuando éstos son necesarios sino se encarga de manejar los albergues proporcionando
techo, alimento y ropa a quien lo necesita en estas condiciones de desastre.
En el caso del Popocatépetl, le informo a la señora diputada Gloria Lavara que existe el
sistema de monitoreo más sofisticado y completo del mundo, hay una supervisión las 24
horas del día, con comunicación directa a los medios cada dos horas en función de los
eventos que en el volcán se registren, un servicio telefónico con información de
prevención y alerta para la población en las zonas de riesgo que se llama Popotei y la
coordinación general de protección civil mantiene una revisión y actualización
permanente de los planes de evacuación junto con las autoridades de los estados de
Puebla, México, Morelos, Tlaxcala y Distrito Federal.
Me referiré de manera muy breve a los programas para combatir la corrupción en
penitenciarias. Estos se atacan por varias vías; la primera, programas para intensificar
los fondos de ayuda a reclusos que por falta de capacidad económica no tienen dinero para
pagar fianzas, esto junto con programas de preliberación a delincuentes que incurren en
primera vez sobre todo en delitos de bajo agravio para la ciudadanía, se aplica con el
propósito de que no sean extorsionados para salir de las cárceles.
Hay, como es del conocimiento de ustedes, cinco reclusorios federales y el resto más de
400 son fundamentalmente reclusorios que están bajo la administración de los gobiernos
de los estados. Ellos también se encargan de aplicar medidas conducentes al mismo
propósito.
En segundo lugar se van a aplicar también a todos los custodios de las cárceles, los
cinco exámenes a que hemos hecho referencia; uno dedicado a comprobar que no hagan uso de
las drogas, porque quien lo hace así cae en manos de la delincuencia; otro dedicado a que
su nivel de vida corresponda a su nivel de ingresos; un tercero dedicado a examinar, a
evaluar que sus capacidades correspondan a las responsabilidades que tienen encomendadas y
así sucesivamente.
Esta serie de exámenes, junto con las modificaciones y los tabuladores de sueldo y en las
prestaciones, están dedicadas a eliminar a los malos elementos y a premiar a quienes
permanezcan en esta función con mejores sueldos y con mejores prestaciones.
Por último la pregunta referente a las medidas que se tomarán para evitar anuncios de
tabaco y alcohol, me permito informarle que ésta es una responsabilidad, una función que
le corresponde a la Secretaría de Salud. Ella es quien determina que dichos anuncios no
violen el marcoy, en su caso, proponer, si se requiere, modificaciones más rígidas y
severas para evitar que esto ocurra.
La vigilancia, como es lógico, le corresponde a la Secretaría de Salud, que es quien
tiene la función encomendada por ley.
Por su atención, muchas gracias.
En uso de la palabra la diputada Gloria Lavara
Mejía, para hacer uso de su derecho de réplica, si lo considera pertinente.
Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Carolina O'Farrill Tapia, en el lugar, del Partido del
Trabajo.
| La diputada
Carolina O'Farrill Tapia: |
Con su venia, señora Presidenta:
Mi intervención la realizaré al referirme a dos grupos poblacionales muy importantes en
este país, me refiero a las mujeres que constituyen el 52% de la población y a los
menores de 20 años que tienen también el 42% de la población.
Estas dos intervenciones resultan complementarias cuando se trata de la célula de la
sociedad, me refiero a la familia y a sus integrantes.
En el primer caso, el 31 de agosto de este año, las mujeres de este país, las luchadoras
sociales y nosotras las legisladoras, ya contamos con la Comisión Nacional de la Mujer,
que incluye la participación de secretarías y dependencias de la Administración
Pública Federal; órgano desconcentrado que celebramos que mujeres que hoy nos acompañan
como: Amalia García, Dulce María Sauri y otras muchas ausentes como Cecilia Romero,
lograran convencerlo, señor Secretario, de que también se cuente con recursos
específicamente asignados para ellos.
Seguiremos muy vigilantes las integrantes de esta Cámara, que la Comisión Nacional de la
Mujer cuente con apoyos, con actuación integral de todas las secretarías de Estado y
tengamos siempre, una acción coordinada, terminemos con los rezagos que en referencia a
las mujeres tenemos.
Muchas gracias, señor Secretario.
En México a los delincuentes nacionales se les denomina menores infractores. Antes de
entrar en vigor la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal
en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, el tratamiento al que se
sujetaban los infantes fue tutelar, esto es, que la responsabilidad de los menores era
principalmente del Estado. Con este criterio, si el menor cometía una falta a las leyes o
reglamentos o si los padres no sabían educarlo correctamente, podían llevarlo al
aconsejo tutelar para que se encargara de él. Esto ocasionó que muchos menores fueran
tratados como delincuentes, aun sin haber infringido una ley.
Ellos eran atendidos por personas que se creían con la capacidad para enderezarlos, no
siempre profesionalmente. No se contaba en esos centros de reinserción con defensores de
oficio o privados, porque la ley no lo contemplaba; niños y adolescentes no eran
considerandos sujetos de derecho, esto constituía una auténtica violación a la
Constitución, específicamente a las garantías individuales, en las que se establece que
las personas sólo pueden ser detenidas por hecho que la ley determine como delitos y por
autoridades competentes para ello.
En la ley actual se define al infractor como aquel menor de 18 años cumplidos y mayor de
11 años, que haya violado alguno de los artículos considerados como delitos en el
Código Penal; a los menores de 11 años, los considera sujetos a atención social por el
DIF o por alguna organización no gubernamental cuyo objeto sea ese.
La atención de los menores infractores se le encarga para juzgarlos al consejo de menores
y para reintegrarlos con tratamiento a la sociedad a la dirección de Rehabilitación
Social de Menores de la Secretaría de Gobernación.
Con esta obligación ya no se suple a padres o tutores de la obligación de atender a sus
hijos en su educación y cuidado, sino los involucra y responsabiliza y sólo actúa el
Estado como protector del menor cuando el medio familiar no es apto.
Después de juzgado un niño o adolescente, puede ser atendido en externación con sus
padres y dependiendo de la peligrosidad y del delito cometido, el tratamiento se dará en
internación, en los cuatro centros que existen en el Distrito Federal o en los ex profeso
en las entidades federativas.
El tratamiento determinado, se proporciona en relación a las circunstancias individuales
del infractor: condición social, situación familiar, de salud y nivel educativo y del
delito, incluyendo la reparación del daño de la víctima.
Señor Secretario: en las palabras de presentación de la Cruzada Nacional Contra el
Crimen y la Delincuencia, usted dijo: "la percepción que tiene la sociedad refleja
con claridad que la delincuencia ha crecido; que los índices de impunidad son
notablemente altos y que hay policías y elementos encargados de la procuración de
justicia que están coludidos con delincuentes, los protegen e incluso llegan a realizar
ellos mismos delitos."
Yo creo, señor Secretario, que le faltó agregar a los infantes y adolescentes como
víctimas o como sujetos de abuso de adultos.
La conducta infractora de los menores, se da por múltiples causas, entre otras, por
pobreza extrema como resultado de violencia intrafamiliar, por falta de atención y
cuidado de los padres, por consumo de drogas o estupefacientes o porque el medio social
donde se desarrolla el menor, es altamente criminógeno. Por ende, resulta fundamental
tratar de encontrar una fórmula integral que permita una política de prevención como lo
determina el artículo 34 de la ley que nos ocupa, que entiende, entre comillas: "por
prevención general, el conjunto de actividades dirigidas a evitar la realización de
conductas constitutivas de infracciones a las leyes penales y por especial el tratamiento
individualizado que se proporciona a los menores que han infringido dichas disposiciones
para impedir su restauración".
A casi seis años de vigencia de la ley, no se han logrado integralmente los derechos
consignados en la misma, porque prevalece en muchos de los encargados de juzgar y
readaptar a los menores, conductas evidentemente punitivas, de castigo; reminiscencias
tutelares que no consideran al menor privado de su libertad como aliado de la sociedad
para evitar que continúe lesionando a los intereses de la comunidad o los suyos propios,
sino con el afán de ejercer en él una venganza social.
En los casos de externación, se atiende con apatía, acumulada inexperiencia y por las
cargas de trabajo en los tiempos personales del técnico y no los requeridos por menor y
su familia. La prevención de conductas antisociales debe coincidir con los factores que
intervienen para producirlas, confrontando la compleja trama y las interrelaciones en la
sociedad contemporánea.
En los estados de la República Mexicana, muchas leyes siguen siendo tutelares y no
garantías, esto es, tratan a los menores como si fueran animalitos o incapaces y no como
sujetos de derecho como lo establece la Constitución.
En la Ciudad de México todavía no se cuenta con reglamentos en los Centros de
Reinserción Social ni se han creado las áreas competentes que sustituyan a los consejos
auxiliares para atender a los menores que cometan faltas administrativas; éste es el
sexto transitorio que desde 1992 no se ha cumplido en el Distrito Federal.
Así, familia, sociedad, formación escolar, hacinamiento, medios masivos de
comunicación, formas de comportamiento, medio ambiente, organizaciones y autoridad, deben
ser integralmente estudiadas para saber cómo influyen en los comportamientos erróneos
que producen conductas delictivas de niños y adolescentes: amor o afecto, aceptación o
tolerancia y la sensación de seguridad, estabilidad y de credibilidad, propician en el
menor el desarrollo de su personalidad y su incorporación a la sociedad. Con la carencia
de alguno de ellos, la incorporación a la sociedad, se hace violentamente, de ahí que
sea preciso que los adultos tratemos de comprender mejor a los niños, adolescentes y
jóvenes y que cada vez que actuemos frente a ellos tratemos de recordarnos en esas etapas
de nuestra vida.
128,129,130
A la generación actual de menores de las zonas urbanas, se
les dice que correteen y jueguen o que estudien mejor y a otros, los de los suburbios
marginales, patean las calles en busca de aventuras mientras sobreviven en trabajos sin
control de sus padres o en apoyo de la economía del hogar, muchos de éstos se sienten
atrapados en las calles, en el cuarto de jugar o en el aula, su desesperación se refleja
en el alto número de suicidios, en la paternidad o maternidad temprana, en el consumo de
alcohol y de drogas, así como en la deserción escolar.
Indispensable resulta la participación de universidades e institutos de enseñanza
superior a través de servicio social como en investigación sobre modalidades de
prevención de la delincuencia juvenil y de delitos cometidos por jóvenes, también para
intensificar las terapias de rehabilitación que constituyan una alternativa a las ya
existentes.
Muchas veces nos preguntamos ¿por qué hay tan pocos estudios sobre esto? ¿Por qué
estos temas no son de gran prioridad para los partidos? Seguramente es porque ni los
niños ni los adolescentes votan y como lo único que les interesa a los partidos es el
voto, por eso no les interesan ni los niños ni los adolescentes.
Concluimos que no es nada positivo gastar nuestras energías culpando a las familias de
los menores o al sistema gubernamental y pretendiendo bajar la edad penal, esta medida es
muy simplista. En la compleja problemática de la delincuencia juvenil creemos firmemente
que nuestras energías deben ser canalizadas en ayudar a las familias a crear una red de
seguridad, de fomento al desarrollo sano e integral de las y los infantes y adolescentes.
Por ello, señor, le proponemos que se incluya en la Cruzada Nacional contra el Crimen y
la Delincuencia, esto es, con las mismas cuatro acciones y otras específicas para atender
la problemática de la violencia en la familia, así como a las y los infantes,
adolescentes y jóvenes. Son dos rubros que deben de estar integrados, señor. No es
posible que llegan menores maltratados o mujeres golpeadas o violadas y son doblemente
victimadas por las instituciones encargadas para atender y procurar la justicia.
Por otro lado, señor, lo convocamos para hacer la revisión de la aplicación de la ley
para menores infractores vigente, así como las adecuaciones que la hagan más acorde a la
realidad que vivimos.
Señor, no puede continuar y así lo manifesté siendo asambleísta todavía cuando se
aprobó la ley, no puede seguir la defensoría de menores integrada al Consejo de Menores,
no se puede ser juez y parte, señor y si no atendemos la problemática de los menores
después no nos preocupemos que estamos formando a los delincuentes del futuro.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el secretario Francisco Labastida.
El secretario de Gobernación, Francisco
Labastida Ochoa: |
Bueno, como es obvio, la diputada Carolina O'Farrill,
diputada independiente, más que plantear, planteó más que cuestionamientos, yo diría
que una tesis, una tesis de la mayor profundidad de parte de los asuntos más importantes
del país.
Agregaría a su diagnóstico que es, sin lugar a dudas correcto, un elemento preocupante
sobre los infantes. Parte de ellos, sobre todo en las zonas en donde existe narcotráfico,
empiezan a ser contratados como menores de edad por los beneficios que tienen en ley, por
los narcotraficantes para encargarse de cometer delitos.
Como ella dice con razón, los infantes, los menores de edad incurren en parte en el
delito por la inducción que los mayores están realizando de ellos.
Este es un tema que ha sido planteado con profundidad, no
quisiera debatir sobre ello. Tengo por costumbre no discutir con alguien cuando estoy de
acuerdo, no discuto y en este sentido no debato con la diputada Carolina O'Farrill. Yo
diría que recogería sus inquietudes y le propondría más bien que trabajáramos juntos
para encontrar una respuesta a ellos, tratar de encontrar una fórmula, incluir desde
luego en la Cruzada Nacional con más énfasis la atención a los infantes y a las mujeres
me parece totalmente oportuno y atinado.
Espero poder dialogar con la señora diputada para instrumentar sus ideas y las nuestras,
de manera que respondan con cabalidad a la problemática social que en esta materia
existe; revisar además el marco jurídico que tenemos. Hay dos corrientes, usted lo sabe
mejor que yo, diputada, la corriente garantista y la corriente tutelar. La opinión de los
expertos es que tienen que trabajar de común acuerdo, sumando análisis y sumando
ventajas de cada una de ellas, no tomarlas como opuestas y revisar también en dónde debe
quedar la defensoría de oficio.
Recogiendo la pertinencia de sus comentarios y la profundidad del tema que trata, le digo
a la señora diputada que con mucho gusto dialogaría sobre ella sobre éstos y otros
temas para tratar de encontrar soluciones conjuntas a un asunto de tanta profundidad como
el que ha planteado.
Muchas gracias.
Tiene la palabra la diputada Carolina O'Farrill, para
hacer uso de su derecho de réplica.
| La diputada Carolina O'Farrill Tapia: |
Con su venia, señora Presidenta.
Efectivamente, tiene usted razón en que existen las dos corrientes: la garantista y la
corriente tutelar. Pero la ley es garantista, sí. No puede ser interpretada, analizada,
complementada, actualizada, como usted quiera, sí, en este momento, mientras esté
vigente, siendo actuado como tutelar.
Yo no quería hacer este comentario y desafortunadamente lo voy a hacer porque seguramente
los documentos que le enviaron para hacer este planteamiento de garantista y tutelar,
deben haber venido de su subsecretario o de la presidenta del Consejo de Menores.
Yo hablé con ellos dos de un asunto. El director de Servicios Periciales del Consejo de
Menores es un siquiatra. Entonces él se considera tutelar y la ley es garantista.
Entonces yo creo que ahí tenemos que ser muy vigilantes, sí, porque no es lo mismo un
sujeto de derecho a atender a los menores como si todos estuvieran locos y así lo
manifestó el señor en una reunión internacional donde acudimos.
La forma en que un país trata a las personas que han sido privadas de su libertad como
presunta responsable de un delito, como sentenciadas o sujetas a readaptación social,
constituye un criterio significativo para juzgar a ese país y a la sociedad que lo
representa, criterio que aplicado a menores de edad adquiere una importancia mayor.
La transgresión a las normas ha estado en la historia de la humanidad y aunque las causas
de este fenómeno tienen diferencias en su acontecer histórico, político, económico y
social, la conducta infractora ha existido siempre.
Hoy nos encontramos en un proceso de reestructuración y su importancia radica en la
voluntad manifiesta del Gobierno, de los representantes populares y de la sociedad para
revertir los resultados que arrojan las cifras de incidencia delictiva donde los menores
también están presentes.
Son, casi, a la mayoría de los medios de comunicación les encanta poner a los menores
como "menores infractores", ¿no?, y hay menores y medios, entonces se ha creado
en toda la sociedad, en nosotros mismos, una idea de que es mayor el número de menores
los que intervienen en los delitos que los adultos que los están utilizando y, pero se la
platico, señor Secretario, en lo que se refiere a utilizarlos como burreros en el
narcotráfico, como en Colombia ya se hace, llamando a los menores
"desechables", sí, porque como viven en áreas desechables, ¿no?, entonces es
fácil que se desechen, nadie es responsable de ellos y no hay más.
Es muy cierto que nuestros niños, adolescentes y jóvenes cometen errores, pero estos
errores también son nuestros y también forman parte del futuro de nuestro país. Tenemos
la gran responsabilidad de invertir en éste nuestro futuro.
Asimismo se deberá de promover una comunicación constante con los encargados de atender,
prevenir y tratar a los menores infractores de todos los estados del país. Sí, aquí los
circundantes nos toman el pelo a todos; los del Estado de México se meten al Distrito
Federal, los del Distrito Federal se van al Estado de México o ahora con todo este
movimiento de las bandas de secuestradores, que varios son menores, los que están ahí,
se pasan de Morelos a Puebla con una gran tranquilidad.
Todo programa de prevención deberá ser apoyado por organismos no gubernamentales y
organizaciones de la comunidad, actuando el Gobierno como coordinador de acciones para
evitar el paralelismo que actualmente padecemos; aprovechar los tiempos asignados al
Gobierno Federal y otros que proporcionen los medios de comunicación, para difundir los
videos ex professo de prevención de victimología y de delincuencia de los menores.
Señor Secretario, le agradezco mucho su atención. Gracias.
A continuación se le concede el uso de la palabra al
diputado José Espina von Roehrich, del Partido Acción Nacional.
| El diputado
José Espina von Roehrich: |
Con el permiso de la Presidencia.
Licenciado Francisco Labastida Ochoa, secretario de Gobernación; señoras y señores
diputados,
Señor Secretario: usted afirma que el Presidente no es rehén de Roberto Madrazo. Aquí
reafirmó, aquí se afirmó que es cómplice. ¿Por qué no, cumpliendo con las palabras
presidenciales que anuncian el fin de la impunidad, su partido, el PRI, permite que la
sección instructora dentro del juicio político, haga su trabajo y el pueblo de México
conozca al fin la verdad?
¡Estoy hablando de lo que el señor Secretario abordó en tribuna!
Nuevamente ante diversas preguntas sobre el conflicto en Chiapas, la respuesta fue el
silencio. Silencio que lamentablemente no parece ser un descuido, sino deliberada
estrategia de negar, por decreto, lo que la realidad tercamente contradice.
Chiapas es el síntoma de una enfermedad nacional que no tendrá remedio hasta que la
autoridad lo reconozca así y en consecuencia, emprenda acciones de esa magnitud y haga lo
que le corresponda, para atender las principales demandas de las comunidades chiapanecas y
de todos los mexicanos: democracia, respeto, justicia.
No es el silencio perverso, sino la responsabilidad y la búsqueda generosa de soluciones
incluyentes, sin simulaciones, lo que los mexicanos esperan de su Gobierno.
Señor Secretario: el clima de impunidad, la grave complicidad entre autoridades y
delincuentes, la zozobra que por desgracia se ha extendido a lo largo y ancho del país,
ha colocado en el centro del debate nacional y de las preocupaciones sociales, a la
seguridad pública y consecuentemente, como una de las principales prioridades por
resolver en la agenda nacional. Hoy pone a prueba la capacidad del Estado y constituye un
desafío para la sociedad entera.
La visión humanista con la que debe de ser abordada la seguridad pública, pretende,
excluye la ilusión autoritaria que pretende resolver los problemas sólo con medidas
pragmáticas y también los escepticismos que consideran inútil, todo esfuerzo por
satisfacer la demanda pública de mayor seguridad dentro de la legalidad, los cuales
conducen a soluciones simplistas, como la pena de muerte, el incremento de pena y el toque
de queda.
Señor Secretario, el Gobierno del presidente Zedillo presentó en 1995 el Programa
Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, lo que anunciaron conjuntamente, tanto el
Presidente como usted, son solamente las estrategias y acciones de dicho documento, no es
un nuevo programa.
Este hecho demuestra sin duda la incapacidad del Gobierno Federal para poder ofrecer
resultados concretos y positivos a la sociedad mexicana, puesto que se tardaron tres años
en poder definir el catálogo de estrategias de acciones.
131.132.133
Los diputados federales del PAN, esperamos y exigimos, que
los mexicanos que vivirnos sumergidos en la inseguridad generalizada, no tengamos que
esperar otros dos o tres años, para constatar resultados eficaces en el combate a la
criminalidad.
En 1994 se reformó el artículo 21 constitucional...
Permítame diputado.
Le solicitamos muy atentamente a los diputados del Partido Revolucionario Institucional,
escuchar al diputado en el turno de la palabra.
| El diputado
José Espina von Roehrich: |
En 1994 se reformó el artículo 21 constitucional
para crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde entonces existe el mandato
para su instrumentación y para que su coordinación sea efectiva. Sin embargo, con el
anuncio presidencial de hace unos días, quedó de manifiesto la incapacidad gubernamental
para cumplir con dicho mandato constitucional, puesto que han pasado casi cuatro años y
aún no se ha logrado su operación eficaz y en consecuencia la obtención de resultados
tangibles en la materia.
En sus planteamientos nuevamente el Gobierno pone el acento de su visión y estrategias en
la persecución de los delitos cometidos, que darle la prioridad fundamental a la
prevención efectiva de los mismos, como el medio más adecuado para solucionar de fondo
el problema.
La prevención del delito es reducida por el Gobierno en este documento, al ámbito de la
comunicación social y a algunas instancias de participación ciudadana que aún no
existe. Sin embargo, el resultado de las acciones definidas en el programa, dependerá en
buena medida de la participación de los ciudadanos.
¡Qué lástima que a pesar del gran reclamo social en este tema, no se haya consultado a
los diferentes sectores de la sociedad, para la conformación de estas estrategias
gubernamentales!
Señor Secretario, el problema de la inseguridad no puede depender solamente de la
esperanza y del voluntarismo como usted lo vino a señalar en intervenciones anteriores.
El éxito de los países que han resuelto satisfactoriamente su problema, comparten
invariablemente dos factores: se han multiplicado las actividades preventivas y no se han
aumentado las penas de prisión. Lo que sí han cambiado, son las penas alternativas y han
cambiado también la estrategia contra el crimen; en lugar de policías reactivas, ahora
se tienen cuerpos policiacos que trabajan con la población en acciones preventivas.
En 1994 en nuestra República tuvimos en prisión 94 personas por cada 100 mil habitantes;
en 1998 llegaron a 119; en el mismo lapso y por cada 100 mil habitantes pasamos de 1 mil
delitos a 1 mil 559. El aumento fue del 55%.
¿No basta con tales datos para sospechar al menos que el problema no es tan simple ni
mecánico como ustedes lo han hecho aparecer?
A lo largo de cuatro años, la presente administración no ha conseguido reducir un ápice
la delincuencia ¿Y se nos invita a una cruzada para seguir un camino costoso y de muy
restringida eficacia? Se trata por falta de idea de seguir haciendo más de lo mismo
aunque se haya comprobado su ineficacia.
El tema de la seguridad pública no puede seguir concibiéndose como un problema exclusivo
de policías y ladrones, sino como lo que es, un problema social complejo que requiere una
atención integral, ya que un escenario de inseguridad pública generalizada puede
constituirse en condición de inviabilidad para cualquier modelo de desarrollo y bienestar
social.
En las estrategias gubernamentales prevalece una visión cuantitativa para la solución de
este grave problema nacional y se minimizan los aspectos cualitativos en los contenidos de
las propuestas. Dos ejemplos de ellos: se destaca que para resolver el problema de la
delincuencia es necesario duplicar el número de policías, de peritos y de agentes del
Ministerio Público, cuando en México tenemos en proporción poblacional más policías
que otros países. Lo que necesitamos son mejores policías, antes que más policías.
Y segundo, se pone mayor énfasis en los recursos que se utilizarán para la construcción
de nuevos espacios carcelarios, que ciertamente son necesarios y se deja en segundo plano
las acciones que respondan a la necesidad de reformar integralmente el sistema
penitenciario y de readaptación social de nuestro país.
Mientras en su mensaje el presidente Zedillo reconoció la ineficiencia de los cuerpos de
seguridad y la corrupción que con demasiada frecuencia existe en ellos, el documento no
incluye ninguna estrategia específica, dirigida a combatir la corrupción e impunidad que
impera en los cuerpos policiales; sólo se establecen medidas para mejorar la calidad
profesional y la capacidad técnica de los elementos, pero mayor capacidad técnica no
garantiza por sí sola menor corrupción.
Finalmente, se requiere que las estrategias y acciones planteadas incluyan plazos y
parámetros de supervisión y evaluación, para que ciudadanos y autoridades tengan los
elementos necesarios para medir los resultados. Si el Programa Nacional de Seguridad
Pública, sus estrategias y acciones no son complementadas con estos aspectos, será
reducido a un simple documento de buenas intenciones.
Por sus comentarios y respuestas, muchas gracias.
En el uso de la palabra el secretario de
Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.
Permítame un segundo, señor Secretario.
Les suplicamos a todos los diputados de todos los grupos parlamentarios, escuchar con
orden a los oradores en esta sesión.
Adelante señor Secretario.
El
secretario de Gobernación, Francisco
Labastida Ochoa: |
Me voy a referir a los tres temas que el
señor diputado José Espina von Roehrich ha abordado.
En primer lugar a su afirmación y su comentario sobre mi afirmación de que el presidente
Zedillo no es rehén. Yo afirmé y reafirmo que no es rehén ni cómplice.
Quiero destacar de nuevo que los asuntos correspondientes a los estados le corresponden a
los congresos estatales en el marco de su ley, resolverlos y en lo que compete de la ley,
al Congreso Federal. No le pidan al Ejecutivo que ejerza funciones que no le corresponden
por ley.
Si el Legislativo tiene la responsabilidad en ésta o en otras materias, creo que es a
quien le tiene que tocar y le toca en su caso examinar, evaluar y decidir.
Estas añoranzas y estas remembranzas a responsabilidades extralegales, del Presidente de
la República, perdón, entra en contradicción con el espíritu que siempre ha defendido
el Partido Acción Nacional, de la democracia y por el cual siempre han luchado,
En segundo lugar, se refirió el señor diputado José Espina von Roehrich, al problema de
Chiapas, dice con razón que no es el silencio lo que soluciona el problema. Yo estoy de
acuerdo con él, pero el silencio no ha estado en el Ejecutivo, el Ejecutivo ha abordado
de forma reiterada y expresa el problema, ha hecho llamados al diálogo en múltiples
ocasiones. No sólo los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, del gobierno del
Estado, el propio Presidente de la República cuando menos en ocho ocasiones ha hecho un
llamado al diálogo de forma abierta, sin restricciones, sin limitaciones, sin requisitos
previos para establecerlo.
Entonces sí es cierto, coincido con la afirmación del diputado Jose Espina von Roehrich,
el silencio no ayuda a la solución del problema. Pero que le reclame a quien está
incurriendo en el silencio y en la falta de voluntad para llegar a soluciones, que es el
EZLN y no al Ejército ni menos al jefe del Ejecutivo,
El tercer punto que pone en la mesa de debates el diputado, es el problema de inseguridad
pública. Seguramente el diputado conoce mucho del problema de seguridad pública, más
que los procuradores de los estados, más que los gobernadores de los estados, porque sus
soluciones difieren de las soluciones que los procuradores de los estados, que los
gobernadores de los estados y que los expertos en esta materia, recomiendan. Pero
seguramente le llegó la iluminación para encontrar una fórmula de solución respecto a
los problemas que en esta materia existen.
Me temo, señor diputado, que usted leyó otro plan, no el plan que presentamos y déjeme
decirle por qué, usted dice que nosotros afirmamos que hay pocos policías y que en el
país hay un índice de policías superior a lo que hay en otros países del mundo,
Cometió una pequeña confusión: nosotros decimos que hay menos policías, insuficientes
policías en Policía Judicial, hay 24 mil policías judiciales en todo el país; de
policías preventivos hay 240 mil. El número que es correcto para afirmar que hay más
policías, sobre todo en algunos estados del país que en otros países del mundo, es el
de policías preventivos, no el de policías judiciales. Creo que cometió una pequeña
confusión señor diputado.
Lo que está claro y en eso hay una coincidencia con los expertos, con los gobernadores y
con los procuradores, es que 24 mil policías judiciales para un país que tiene más de
96 millones de habitantes, un país donde se denuncian ante la agencia del Ministerio
Público, más de 1 millón y medio de delitos, es insuficiente el número para atenderlo.
Segundo: nosotros no dijimos que era más importante lo cuantitativo que lo cualitativo;
hay, con todo respeto, una segunda confusión. Dijimos, por el contrario, al igual que
usted lo expresó aquí, que es más importante buenos policías que muchos policías.
Frase textual de mi intervención cuando presentamos el programa, por cierto.
Pero como no queremos ser una institución que haga un análisis parcial, mencionamos que
hay también un problema cuantitativo y ese problema cuantitativo es real, verdadero, no
lo hemos inventado, hay consenso entre los responsables de la procuración de justicia en
el país en esta materia y hay consenso también sobre la necesidad de depurar los
órganos de procuración de justicia para buscar que la corrupción se salga, que se acabe
la impunidad y que se acabe el grave problema de inseguridad.
En tercer término, me quiero referir al punto que usted menciona, que no hay estrategia
específica para combatir la corrupción. Me temo, de nuevo, que usted leyó otro
programa.
Hay una estrategia específica cuando decimos que se le tienen que aplicar a todos los
policías que están en funciones y a los que van a entrar o desean entrar en funciones,
cinco exámenes para determinar quién es corrupto y, en consecuencia, sacarlo de los
cuerpos correspondientes.
Hay una estrategia específica para, además, establecer una escala de salarios diferente,
establecer una serie de compensaciones a los cuerpos encargados de la procuración de
justicia y recompensas, no sólo económicas, en prestaciones, en sueldos y salarios, sino
también promover el reconocimiento de la sociedad. Nuestro aspecto de prevención del
delito es muy amplio; no incluye sólo a los medios de comunicación. Obviamente éstos
fueron mencionados por el destacado papel que en esta materia pueden jugar, pero comprende
la participación de toda la ciudadanía, están detallados en las 120 acciones, más de
120 acciones que están detalladas y le pusimos énfasis a la procuración de justicia por
el alto índice de impunidad que en este momento existe en el país.
Siempre solucionar un problema requiere un diagnóstico preciso. Si nos equivocamos de
diagnóstico, nos equivocamos de solución. No nos equivoquemos en el diagnóstico. No
hagamos extrapolaciones ilógicas de lo que ocurre en otro lugar a lo que ocurre en
México. El diagnóstico tiene que ser preciso sobre lo que ocurre en el país; no tomen
ejemplos y hagan extrapolaciones ilógicas de cómo está el problema en otro lugar o
cómo se solucionó en otro lugar. Es en este sentido que nosotros decimos que el
planteamiento responde con fidelidad a la problemática en esta materia.
Quiero, por último, decirle, diputado, que lamento mucho que su intervención, llena de
énfasis en su exposición, no tenga el sustento para respaldar lo que usted está
diciendo.
Espero que haya oportunidad para que puedan examinar con profundidad el asunto y aportar
soluciones específicas a un problema que es del interés de toda la ciudadanía y espero
que conjuntamente podamos encontrar algo que nos están demandando todos los mexicanos:
soluciones a los problemas en materia de seguridad, entre otros puntos.
Muchas gracias, por su atención.
134,135,136
Tiene la palabra el diputado José
Espina von Roehrich, para hacer uso de su derecho de réplica.
Compañeras y compañeros diputados, a solicitud de los compañeros integrantes de esta
mesa directiva, les volvemos a pedir que con el mismo respeto que escucharon al Secretario
de Gobernación, los diputados que están haciendo ruido en este momento respeten al
orador en turno.
| El
diputado José Espina von Roehrich: |
Con su venia, señora Presidenta; señor
Secretario:
El grave problema de inseguridad pública que está viviendo el país no es un problema de
iluminismos ilustrados ni vengo yo aquí a competir en conocimientos.
Estamos haciendo la glosa del informe y con base en los documentos del informe y de los
documentos presentados por ustedes estoy haciendo el análisis.
Sí, aquí tiene usted, y lo puede comprobar, el documento sobre el que he estado haciendo
los comentarios suficientes y ha sido evidente que del análisis de este documento y de la
cruzada que ha sido anunciada descansa en un razonamiento elemental: ¡el crimen se ha
multiplicado fundamentalmente porque no se castiga a la abrumadora mayoría de los
delincuentes y cuando llega a sancionárseles la pena que reciben es inadecuada para el
crimen cometido!
El camino para abatir la criminalidad está en el razonamiento que ustedes plantean, en
abatir la impunidad, sí, pero, a través de castigar a los delincuentes y hacerlo de
manera más severa sola o primordialmente.
¡Reitero, hay una ausencia grave en la visión gubernamental del asunto de la prevención
del delito!
Es y ha sido éste un planteamiento simplista porque carece de considerar las
circunstancias sociales y económicas que favorecen o desalientan el crimen. A sus ojos el
problema se reduce, y lo reitero, por entero a un asunto de cantidades o por lo menos en
sus pronunciamientos y en sus discursos es lo que más resalta: el aspecto cuantitativo y
no el aspecto cualitativo de transformación.
Por otra parte, en su discurso en la presentación de la Cruzada Nacional usted dice
textualmente: "estamos trabajando en ampliar la cobertura y elevar la capacidad de
respuesta. Esto quiere decir tener más policías, más peritos y más agentes del
Ministerio Público. Necesitamos, cuando menos duplicar su número dentro de la
Procuraduría".
Me parece que están haciendo falta estrategias adicionales para complementar la eficacia
en el trabajo de los policías y el combate a la impunidad.
Podremos no coincidir, pero me parece que la actitud de prepotencia, de desdén con la que
se ha dirigido usted a mi persona, de la misma manera como la que se dirigió al diputado
Luis Patiño Pozas... no es lo que le corresponde al Secretario de Gobernación.
¡Lo que hoy México está necesitando es encontrar respeto a los diferentes puntos de
vista y disposición para encontrar las coincidencias y los puntos de convergencia, para
sacar adelante al país y resolver los graves problemas y el de la seguridad pública es
fundamental! ¡Con él mantendré mi respeto hacia su persona y hacia su investidura ,
aunque no podamos coincidir!
Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el diputado
Gilberto López y Rivas.
| El diputado
Gilberto López y Rivas: |
Los informes de gobierno del presidente
Ernesto Zedillo, en especial el cuarto rendido el pasado 1o. de septiembre, no son sino el
eufemismo de la falta de gobernabilidad y militarización de la vida pública. ¡No hay
incapacidad del Gobierno que el Presidente no quiera cubrir con el empleo de los
militares! ¡La inseguridad pública, la lucha contra los imperios crecientes del
narcotráfico y el crimen organizado, la penetración de las mafias de lavado de dinero y
la violencia extrema, que son "el caldo de cultivo" de la actividad guerrillera
en México!
En esa realidad virtual, señores priístas que el Ejecutivo tiene del país, omitió en
su mensaje el 1o. de septiembre, naturalmente, el tema de la creciente militarización de
la vida nacional.
En los últimos cuatro años las fuerzas armadas han incrementado su presupuesto y el
número de efectivos, En 1994, cuando Zedillo recibió el mandato presidencial, las
fuerzas armadas estaban integradas por 214 mil 681 efectivos. Para 1998 el número ha
crecido a 237 mil 543 efectivos.
Zedillo ha optado por la militarización de la seguridad pública y de lucha contra el
narcotráfico. Los militares han pasado a desplazar incluso a varias secretarías de
Estado, como es el caso de la de Comunicaciones y de Transportes, con la construcción de
carreteras de penetración para facilitar el esfuerzo contrainsurgente del Gobierno.
La militarización incluye la sustitución de cuerpos completos de seguridad pública y de
la Policía Judicial estatal, por personal militar activos o con licencia. Lo mismo sucede
con delegaciones enteras de la Procuraduría General de la República.
Son los efectivos desplegados para la vigilancia y persecución de los grupos insurgentes,
podríamos decir que nuestras fuerzas armadas tienen el rostro vuelto hacia el interior
del país. Estados de la República como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde se concentra la
actividad de tres grupos guerrilleros, viven ahora un proceso de saturación militar. Las
comunidades campesinas e indígenas, susceptibles de la influencia insurgente, han tenido
que soportar la presencia de las tropas en la forma de retenes, patrullas o campamentos
como un asunto de la vida cotidiana.
Consideramos que la acción del Ejército, en estos estados no es indicativa de que la
solución de los conflictos sea un objetivo prioritario del Gobierno. El fundamento de esa
estrategia contrainsurgente está contenido en manuales de guerra irregular que
identifican a los rebeldes como traidores a la patria, subversivos y delincuentes y
definen los pasos necesarios para su aniquilamiento. Asimismo, la acción de grupos
paramilitares bajo el mando del Ejército, se promueve al amparo de estos manuales de
guerra irregular o como ellos dicen, los militares, restauración del orden.
Son varios los resultados de este proceso de militarización. Primero, ha crecido la
autonomía de los militares mexicanos respecto de los mandos civiles. Asuntos como el
gasto militar, la compra de armamento, los acuerdos con fuerzas armadas de otros países,
el contenido de los cursos de entrenamiento militar en el país y en el extranjero, son
los temas sin el debido control civil.
Segundo. Obligadas a combatir en la primera fila de la lucha contra el narcotráfico, las
fuerzas armadas han sido expuestas al riesgo de la corrupción. Las detenciones más
recientes indican que el narcotráfico ha logrado penetrar a esferas altas de oficiales y
mandos castrenses, incluidos jefes de zona y región militar.
Tercero. Los militares, mexicanos dedicados de lleno a tareas internas están mucho más
expuestos al roce con la población civil y por lo tanto al riesgo de violar los derechos
humanos. El prestigio de las fuerzas armadas está sujeto ahora más que nunca al
deterioro.
El Poder Ejecutivo, como otras veces en la historia política reciente del país,
convierte sus incapacidades, sus fracasos políticos, sus ineficacias, en misiones
militares que luego trata de maquillar con discursos triunfalistas como el que hoy nos ha
traído usted, señor Secretario.
El narcotráfico, el crimen organizado ha demostrado que tienen más capacidad para
golpear al Ejército y penetrarlo que a la inversa . La política de militarización del
presidente Zedillo ha puesto a la institución castrense, la única que gozaba de un
relativo prestigio, en el filo de una bancarrota moral.
También ha sido necesario que comparezca el secretario de Gobernación, Francisco
Labastida Ochoa, para que los integrantes de esta Cámara conozcamos cómo evalúa el
propio Gobierno de la República el resultado de su política en torno al conflicto de
Chiapas. Digo necesario, porque el Presidente de la República omitió referirse a este
conflicto. La palabra "Chiapas" nunca existió en su discurso, el Presidente
nunca mencionó la palabra "pacificación" en su mensaje ante el Congreso de la
Unión. Ahora, el Secretario de Gobernación nos tendrá que explicar por qué él mismo
afirmó que el asunto de Chiapas no era relevante en el debate de los grandes problemas
nacionales, aunque al día siguiente se desdijo.
En su mensaje el Presidente no hizo mención alguna a la matanza de indígenas en Acteal,
que mostró como un trágico botón de muestra la realidad de un Estado asolado por bandas
paramilitares que operan libremente, sin que parezca existir el estado de derecho ni la
autoridad que lo garantiza. Las bandas paramilitares que la Procuraduría General de la
República menciona como grupos de individuos presuntamente armados no sólo continuaron
sus actividades sino que extendieron su área de operación a todos los rincones del
Estado, donde se presume influencia del EZLN. No hay ningún dato que nos indique, señor
Secretario, que el Gobierno usó toda la fuerza del Estado para desmantelar a los grupos
paramilitares.
El Presidente de la República reiteró en el mensaje del 1o. de septiembre, que el
Gobierno sigue inclinado al diálogo y a la negociación, pero lejos de favorecerlos el
Gobierno inició en los meses pasados una ofensiva policiaco-militar contra las
poblaciones indígenas simpatizantes del EZLN que han integrado municipios autónomos.
La ofensiva gubernamental ha puesto en las cárceles del Estado a decenas de indígenas
zapatistas mediante una política que contradice los términos de la Ley de Concordia y
Pacificación. Siguiendo las órdenes del Presidente, las fuerzas armadas extendieron sus
operaciones en todo el territorio de Chiapas principalmente en las zonas geográficas de
la selva y Los Altos, donde se ubica la mayor parte de las bases indígenas del EZLN.
Con el pretexto de aplicar la Ley de Armas de Fuego, el Ejército ha multiplicado la
construcción de cuarteles temporales y permanentes, así como patrullajes terrestres y
aéreos en la zona del conflicto.
Después de la masacre de Acteal el patrullaje militar se expandió hacia las zonas de las
selvas, muy alejadas del municipio de Chenalhó en Los Altos de Chiapas donde ocurrió la
matanza. Los grupos de derechos humanos criticaron de inmediato que Acteal se convertiría
en un pretexto para incrementar el número de efectivos en la zona de conflicto y en un
hostigamiento a las posiciones zapatistas.
A la masiva presencia militar se añade la militirización de la seguridad pública en el
Estado de Chiapas, a través del entrenamiento a efectivos de esta corporación y a la
creación de unidades combinadas de la policía y el Ejército llamadas bases de
operaciones mixtas.
Dentro de los temas de la crisis de Chiapas que el Presidente también omitió en su
mensaje de Gobierno, uno de ellos fue el ataque tenaz, artero, persistente contra la
Comisión Nacional de Intermediación hasta lograr primero su debilitamiento y después su
disolución.
Durante la primera mitad de 1998, el propio presidente Zedillo encabezó la campaña
contra Samuel Ruiz, su linchamiento moral, en un evidente endurecimiento el Gobierno hizo
también imposible la actividad de los observadores internacionales mediante la expulsión
inmediata de aquellos visitantes extranjeros que se interesaban en colaborar en algún
modo en el logro de la paz en Chiapas. Por supuesto, esto fue omitido también en el
informe presidencial.
No puede haber una política seria hacia Chiapas, una intención real de lograr una
solución pacífica del conflicto si persiste ese autismo político del Presidente, una
patológica y preocupante desvinculación de la realidad nacional. No es creíble una
postura negociadora si el Gobierno desoye las exigencias de disminuir la presencia militar
en la zona del conflicto y lejos de eso la multiplica y la refuerza. No se puede aceptar
que el Presidente afirma en su informe que rechazará toda ingerencia extranjera en
asuntos internos y envía a miles de soldados mexicanos a Estados Unidos para
transformarse en fuerzas especiales para la represión del pueblo.
No es posible hablar de diálogo y enviar tropas a las escuelas contrainsurgentes de los
Kaibiles guatemaltecos, el país requiere que la voluntad del diálogo expresada en los
discursos se convierta en acción de gobierno, necesita que la intención de negociar con
el grupo armado no contraste con el aumento de la presencia militar en Chiapas.
137,138,139
Exige la desmovilización efectiva y duradera
de las bandas paramilitares y el castigo a sus crímenes, demanda que los acuerdos de San
Andrés se cumplan cabalmente y se restablezcan las condiciones para el diálogo de paz.
Por estas razones requerimos escuchar al Secretario de Gobernación, necesitamos que nos
informe de los pasos reales y concretos hacia la reconstrucción de las condiciones de
diálogo con el EZLN, el desmantelamiento de los grupos paramilitares a quienes ustedes
niegan que existan esos grupos milítares, la información detallada de los métodos de
control, del comportamiento de los grupos aéreos transportados de las fuerzas especiales
del Ejército y de los efectivos entrenados en escuelas de contrainsurgencia en los
Estados Unidos, en Guatemala y en otros países, la liberación inmediata de los
zapatistas presos como resultado de la ofensiva gubernamental contra los municipios
autónomos.
La disminución efectiva de la presencia militar en Chiapas para generar condiciones de
distensión que coadyuven al restablecimiento del diálogo de paz.
Estamos requiriendo, señor Secretario, un nuevo diálogo con las fuerzas armadas, por
ello nuestro partido ha estado insistiendo en la comparecencia ante esta soberanía, del
Secretario de la Defensa Nacional. Las fuerzas armadas como una de las instituciones
republicanas fundamentales para la estabilidad democrática, están sujetas a leyes y
reglamentos que deben ser cumplidos. Nuestro partido está luchando para que la línea
dura no prospere en nuestro país ni por medio de la represión ni a través de la
militarización ni tampoco por la tentación autoritaria contra el Congreso como se
intentó el año pasado... Por ello, entre otras razones, nuestro partido ha propuesto un
acuerdo de gobernabilidad democrática y de reconciliación nacional. Hechos, no palabras,
señor Secretario, son los que traerán la paz y la transición democrática en nuestro
país. ¡Democracia ya. Patria para todos!
Tiene la palabra el secretario de
Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, para hacer comentarios respecto de la
intervención que antecedió.
El secretario de Gobernación, Francisco
Labastida Ochoa: |
Cuando estaba haciendo el uso de la
palabra el señor diputado Gilberto López y Rivas, reflexionaba, y lo quería comentar
con ustedes, dos puntos a reserva de los que a continuación tratare:
El primero, una consideración personal para los señores diputados: el Secretario de
Gobernación entiende que estos diálogos son precisamente eso, diálogos y debates. El
Secretario nunca ha acusado ni ha dicho que los adjetivos utilizados en contra del
Gobierno y del Presidente han sido falta de respeto, pero pareciera ser que observaciones
y comentarios de nuestra parte se toman como tales. No son falta de respeto, son
simplemente precisiones.
Le refrendo mi respeto al diputado de Acción Nacional y a todos ustedes, compañeros,
pero sólo planteo mi derecho a decir con claridad el enfoque y cómo vemos los asuntos
sobre los cuales debatimos. Siempre con todo respeto y espero siempre, también, en clima
de cordialidad a pesar de las diferencias, señor diputado.
Cuando conversé la primera vez con el señor diputado Gilberto López y Rivas, le dije,
se lo dije en público, hoy lo refrendo, que él y yo obviamente no estábamos de acuerdo
y que nunca íbamos a estar de acuerdo; hoy refrendo que nuestras diferencias no sólo se
mantienen, sino que quizá han crecido.
Déjenme explicar por qué veo estas diferencias: entiendo que el señor diputado López y
Rivas tenga aversión, no sé si odio al Ejército mexicano, nosotros no. Creemos por el
contrario, que es una institución honorable y respetable, creemos que ha contribuido a
mantener la paz y a ayudar a la población civil en casos de desastre; tiene, como
cualquier institución formada por seres humanos, problemas, pero problemas que la propia
institución corrige en el marco de la ley sin ninguna complacencia con ninguno de sus
integrantes.
Por otro lado, es muy grande el número de hombres o de presupuesto que tiene el
Ejército, el diputado López y Rivas decía, no recuerdo la cifra, no la tengo, que
había crecido a 238 mil efectivos. Recuerdo sí, que el presupuesto asignado al Ejército
mexicano, es muy probablemente uno de los dos o tres más bajos como proporción del
producto nacional y como proporción del presupuesto que existe en toda latinoamérica y
en muchos países del mundo.
Recuerdo también que el Ejército mexicano ha estado siempre celoso del cumplimiento de
la ley y yo diría que ojalá en algunos casos hubiéramos tenido el Ejército mexicano
con presencia previa en el propio Estado de Chiapas.
En el caso de Acteal, si hubiéramos tenido al Ejército mexicano, no hubiéramos tenido
esos problemas que hoy tenemos, no hubiéramos tenido que lamentar la masacre, no hemos
lamentado ninguna masacre en donde tiene presencia el Ejército mexicano en Chiapas.
La pregunta es: ¿por qué tiene efectivos el Ejército mexicano en Chiapas? Los tiene
porque hay narcotráfico, los tiene porque hay una guerra declarada en contra del Gobierno
y del Ejército por el EZLN desde el 1o. de enero de 1994, los tiene porque hay una
frontera que cuidar, los tiene porque tenemos recursos naturales estratégicos como
petróleo y energía eléctrica, los tiene en función de las propias facultades que la
ley le confiere.
Por otra parte, me parece audaz, por decir lo menos, la afirmación de que hay grupos
paramilitares bajo el mando del Ejército. Hubo una investigación que realizó la
Procuraduría que desemboca en la expedición de 97 órdenes de aprehensión en el caso de
la masacre de Acteal, por cierto 12, son ex funcionarios a cargo del gobierno del Estado
en diversas corporaciones.
Se ha actuado en éste como en los delitos
previos, en donde hubo 28 ó 30 muertos, por cierto 23 de ellos opuestos al EZLN y nunca
se dijo que era una razón política la que había implicado el homicidio de 23 personas
opuestas al EZLN.
Ha actuado siempre en función y con el objetivo de mantener la seguridad y mantener la
tranquilidad y evitar el armado de los grupos.
Se ha realizado trabajo de investigación por conducto de la Procuraduría General de la
República para combatirlos. Se ha dicho y se está dispuesto a comprobar, que cualquier
grupo armado de cualquier género, de cualquier signo político, debe de ser no sólo
disuelto sino apresados sus representantes, sus integrantes y en este sentido se ha
actuado.
Se intervino para apoyar la procuración de justicia en el Estado de Chiapas, porque no se
habían investigado ni detenido a los responsables de delitos previamente cometidos. Antes
de la masacre de Acteal, hubo 14 hechos de sangre en el municipio de Chenalhó, con cerca
de 27 muertos y cerca de 40 heridos. No se había detenido a nadie, tuvo que entrar el
Gobierno Federal en auxilio de la procuración de justicia, para que esto pudiera
consumarse.
No se ha nunca solapado delitos, por el contrario, se ha participado en el auxilio de la
ley y prueba de ello es que quienes se han detenido por la masacre de Acteal, es un
número bastante significativo de gente en este sentido.
Me referiría por último a dos comentarios que el diputado Gilberto López y Rivas ha
expresado. Dijo que en el informe del Presidente de la República no se había mencionado
Chiapas. En el informe del Presidente de la República sí se mencionó a Chiapas, a los
sucesos de Acteal y a todo lo correspondiente a ello. Hay una confusión obvia entre el
mensaje que envió el Presidente de la República y el informe que por escrito presenta.
En las partes de paz, sucesos de Acteal, justicia para pueblos indígenas, en diversos
aspectos, en diversas partes del informe, me permitiría sugerirle al señor diputado que
lo leyera, encontrará referencias amplias documentadas sobre los recursos económicos,
las acciones, la procuración de justicia que en esta materia contiene el informe. Quizá
sería muy útil para el señor diputado su lectura.
De otra parte, mi último comentario. El señor diputado dice que hay, dijo un autismo y
que proponen un acuerdo de reconciliación y gubernabilidad para que no prospere la línea
dura.
La línea dura, señor diputado, no ha prosperado en el Gobierno de la República, no ha
prosperado desde que fue el Gobierno de la República, el que decidió de manera
unilateral el cese a las hostilidades y el alto al fuego en Chiapas. No ha prosperado
cuando hace más de cuatro años y medio no hubo una agresión de parte del Ejército, no
hubo en ocasiones ni siquiera caído en provocaciones que en múltiples ocasiones le han
realizado. No hubo en consecuencia endurecimiento ni línea dura de parte del Gobierno. Si
hubo, espero que siempre haya aplicación de la ley. Creo que en ocasiones esperamos,
necesitamos leyes sí más severas para algunos delitos, como son los delitos de
"cuello blanco".
No es nuestra posición, pero no me parece justo ni está apegado a la verdad que nosotros
estemos impulsando una línea dura en Chiapas y no nos parece aceptable que se diga que
hay un acuerdo de reconciliación y gobernabilidad para, deduzco por lo que usted plantea,
modificar toda la Constitución. En el fondo lo que nos ampara y lo que nos define qué
hacer en términos de responsabilidades y funciones, está contenido en nuestra Carta
Magna.
Si lo que plantea usted son cambios a la Constitución, plantéeselo así a los señores
diputados para que ellos lo juzguen, lo evalúen y en función de ello algún día puedan
opinar.
Y por último, es absolutamente falso, señor diputado, sus afirmaciones de que hay
autismo en el Gobierno de la República. Me parece no sólo falso, sino irresponsable de
su parte decirlo. El Presidente de la República decide en función de las leyes, con las
responsabilidades que tiene asignadas para atender los problemas y encauzar la marcha de
la nación. No se excede del uso de las facultades que por ley tiene asignadas, no le
soliciten que así lo haga.
El que no haya mencionado en su mensaje el nombre de Chiapas no da pie a decir que hay
autismo. Me parece un exceso, por decir lo menos, de su interpretación. En su caso está
comprendido en varias ocasiones, en el informe que por escrito tiene a su consideración
esta Cámara de Diputados, ahí podrán examinarlo, juzgarlo y evaluarlo.
Quiero sólo pensar que la euforia le llevó a tener conclusiones tan faltas de sustento
como las que usted ha tenido.
Muchas gracias, por su atención.
El diputado Gilberto López y Rivas,
para hacer uso de su derecho de réplica.
Adelante diputado López y Rivas.
| El
diputado Gilberto López y Rivas: |
En nuestro partido nosotros tenemos una
posición muy clara respecto al Ejército. Nosotros respetamos al Ejército, pero
rechazamos el militarismo; rechazamos que se comprometa indebidamente a nuestras fuerzas
armadas en aventuras de carácter contrainsurgente y en aventuras que lo llevan a la
corrupción sin remedio.
Rechazamos que se le emplee como un escudo para la propia incompetencia del Ejecutivo.
¿Quién desprestigia más al Ejército? Los que, como la chusma priísta ahora no razonan
o los que razonamos y decimos que hay que transformar las leyes para darle un control
civil al Ejército.
¿Cuándo se ha consultado al Congreso para mandar al Ejército a Chiapas, a Guerrero o a
Oaxaca? ¿Cuándo se ha consultado al Congreso para establecer un estado de guerra de
contrainsurgencia?
Aquellos que en su griterío se llenan de regocijo, debieran de reflexionar claramente a
dónde nos puede llevar el hecho de que el Ejército tenga tal autonomía, que de pronto
nosotros nos veamos una mañana con la sorpresa de un fujimorazo, en los que ustedes
serían los que también pagarían por ese fujimorazo.
Dice el señor Secretario que es audaz de mi parte el que yo diga que existan grupos
paramilitares. No lo digo yo. El Procurador General de la República nos dijo que había
12 grupos paramilitares e incluso nos dio los nombres y ahí están los diputados que
estuvimos con él y que nos dijo: Primera Fuerza, Los Chinchulines, Máscara Roja, Fuerzas
Armadas del Pueblo, Alianza San Bartolomé de los Llanos, Paz y Justicia, todos ellos
singularmente de filiación priísta y se dicen priístas también ellos.
Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista; Degolladores, Tomás Munse. Estos son
los grupos que nos dijo el Procurador General de la República que existían en el Estado
de Chiapas. A ésos les llama grupos de civiles presuntamente armados.
¿Quién tiene la razón el Procurador General de la República o el señor Secretario de
Gobernación? ¿Quién dice qué cosa pasa en el Estado de Chiapas?
Acteal, el crimen de Acteal. Sólo a los sicarios se detuvo. ¿Dónde están los culpables
del crimen?
140,141,142
Permítame, diputado; compañeras y
compañeros diputados:
A solicitud del diputado Arturo Núñez, convoco a la parte que está atrás de esta
Asamblea, a que guarde el debido respeto y orden que se merece el orador y también en
atención a que el siguiente orador es de su partido.
Continúe el compañero diputado.
| El diputado
Gilberto López y Rivas: |
Me gusta ver que los diputados del PRI
se rebelan contra su coordinador.
Acteal, el crimen que dio la vuelta al mundo. ¿Han detenido a quienes los armó? ¿Han
detenido a quienes los preparó? ¿Han detenido a quienes les proporcionaron los
uniformes? ¿Hay una sola de las personas que actuó para hacer de este grupo precisamente
un grupo paramilitar? ¿Se ha desmantelado uno de estos grupos? ¿No se ha desmantelado
uno de estos grupos?
El Secretario viene aquí y, a casi todos los
diputados, nos dice que no tenemos sustento, pero lo que no tiene sustento es la
Secretaría de Gobernación. Está aquí por un crimen, por el crimen de Acteal y ni
siquiera eso ha podido resolver durante su periodo.
Tiene el uso de la palabra el diputado
Enrique Jackson Ramírez, por el Partido Revolucionario Institucional.
El
diputado Jesús Enrique Jackson
Ramírez: |
Gracias, señora Presidenta; compañeras
y compañeros diputados; señor Secretario de Gobernación:
Está por concluir esta primera comparecencia para el análisis y glosa del estado que
guarda la Administración Pública Federal.
Se han tocado diferentes temas, todos de interés, incluso algunos, en repetidas ocasiones
y nosotros creemos que este ejercicio, este intercambio entre legisladores y el Gobierno,
es el único camino que tenemos, el mejor, para poder transitar y fortalecer la
convivencia entre quienes pensamos diferente.
Quizá vale la pena considerar nuevas formas para que este diálogo entre el Legislativo y
el Ejecutivo pueda ir de repente más allá de algunos reclamos y de acusaciones y se
vuelva un diálogo más intenso, más productivo, más rico, más frecuente, que nos
permita llegar a conclusiones.
Estamos convencidos de que sólo por la vía del diálogo podemos superar las diferencias
y podemos conciliar posiciones contrarias.
Hace años que los mexicanos estamos inmersos en un proceso de desarrollo y de avance
democrático. Así hemos logrado convenir un número importante de reformas para la vida
nacional.
Hemos sido capaces, a través del diálogo, de convertir en leyes las demandas de la
sociedad; reformas y cambios que algunos de ellos aún esperan consolidarse. Reformas que
son mérito de la nación en su conjunto, pero que encontraron respaldo en la sensibilidad
y en la responsabilidad de los legisladores y en la mayoría del Congreso de la Unión y
del Poder Legislativo.
En esa dinámica, con esa misma intención, en ese proceso irreversible de diálogo y de
construcción de reformas, hace cinco meses que reanudamos el diálogo entre el Ejecutivo
y el Legislativo. El avance no es menor, pero no hay aún resultados.
Contamos, es cierto, contamos ya con una agenda legislativa que incorpora los puntos de
interés de todos, en la que todos nos vemos reflejados; pero hay un tramo largo todavía
por recorrer, un tramo largo que exige un esfuerzo prolongado, maduro, comprometido, sobre
todo de los legisladores, senadores y diputados de las diversas militancias partidistas.
Nosotros los priístas entendemos que los
acuerdos sólo se pueden lograr si actuamos con toda responsabilidad, con seriedad, si
dejamos de lado intereses a veces solamente circunscritos a las posiciones partidistas, si
evitamos la visión de corto plazo y pensamos más en el futuro y en los que vienen
después de nosotros.
Podemos lograr acuerdos si rechazamos la descalificación del adversario; creemos los
priístas que en este esfuerzo estamos obligados a resaltar y trabajar más sobre las
coincidencias que a profundizar y a radicalizar las diferencias. Por eso nos llama la
atención tanto en contenido como la oportunidad de la convocatoria que aquí en esta
tribuna hizo hace pocos días el presidente Ernesto Zedillo, convocatoria a practicar la
democracia, a consolidar la democracia, a volvernos corresponsables todos para garantizar
un mejor destino para nuestra patria. Esta corresponsabilidad implica que cada quien haga
su tarea con apego a la ley, con respeto a los otros.
Tenemos que partir y aceptar que en la democracia caben, sin restricción alguna, las
diferencias; que en la democracia es inevitable, y yo diría que deseable el debate, el
debate de las ideas; que en la democracia se da y florece la crítica, que en la
democracia y en el ejercicio democrático, tienen cabida las propuestas de unos y las
contrapropuestas de otros, que en la convivencia democrática para sustentarla, para
hacerla viable, para que tenga resultados, exige apego absoluto a la ley y a las
instituciones.
Los priístas estamos convencidos de que el quehacer político, el de todos, tiene que
regirse por la legalidad, por la ética, por la congruencia, por la honestidad. Que la
práctica política demanda compromiso, compromiso con los intereses nacionales, que
estamos obligados todos los legisladores a revalorar el quehacer político, a utilizar
como herramienta y como medio a la política para superar las diferencias, a la política
para generar espacios de entendimiento entre los poderes, que solamente a través de la
política podemos lograr acuerdos que permitan no perder la identidad de los participantes
ni sacrificar la posición ideológica.
Que en el ánimo de buscar acuerdos queda claro que no se buscan modificar los principios
que cada quien postula. Creemos que llegar a acuerdos, no cambia ni desdibuja a los
partidos. Estamos convencidos que llegar a acuerdos no vulnera la soberanía de los
poderes, por el contrario, estimula la colaboración entre los mismos.
Dando por hecho que habrá y puede haber coincidencias en estas reflexiones y dando por
hecho que a todos nos mueve el interés nacional, le pregunto, señor Secretario de
Gobernación: ¿está dispuesto el Gobierno a lograr acuerdos con las fuerzas políticas
representadas en el Congreso de la Unión?
Y segundo: ¿tiene el Gobierno reservas o resistencias a tratar algunos temas que son de
interés de los partidos y de los mexicanos todos?
Por sus respuestas muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Secretario de
Gobernación.
El
secretario de Gobernación, Francisco
Labastida Ochoa: |
Señora Presidenta; señoras y señores
diputados: Esta es la última intervención por lo que a mí toca en relación al evento
organizado para glosar la parte de política interior del IV Informe de Gobierno, del
presidente Ernesto Zedillo.
Por ello, si ustedes me lo permiten, en el uso de los 10 minutos que me corresponden,
daré una respuesta muy breve a lo que el señor diputado Enrique que ya se había
planteado, haré una consideración final para la consideración de ustedes.
La respuesta a la pregunta del diputado Jackson de que está dispuesto el Gobierno de la
República a llegar a acuerdos y si, definitivamente sí. Déjenme expresar qué entiendo
por llegar a un acuerdo.
Acuerdo es construir una solución que mejore las propuestas que cada una de las partes
han planteado. Acuerdo significa examinar con objetividad los planteamientos que la otra
parte ha planteado y construir junto con ello algo que supere la postura de cada uno de
ellos al iniciar la sesión de trabajo, el diálogo y la discusión.
Con flexibilidad, con espíritu constructivo y tratando de encontrar soluciones viables a
los problemas que el país enfrenta, por supuesto el Gobierno está dispuesto a llegar a
acuerdos con esta Cámara de Diputados y con los legisladores de la Cámara
correspondiente, la de Senadores.
No tenemos en este sentido resistencias a tratar el tema y no hay, creo, ni debe haber
ningún tema prohibido.
Y agregaría por último, este debate se ha realizado en un contexto internacional poco
favorable, que envuelve al país en riesgos de gran magnitud y consideración, a los
cuales el propio Secretario de Hacienda ya se ha referido a ellos.
Hay, adicionalmente a ello, problemas internos que el país tiene, que también hay que
enfrentar y no sólo ello, sino solucionar. El debate que hoy hemos tenido, libre, franco,
directo, a veces con coincidencias, a veces con divergencias, creo que fortalece la
capacidad de construir consensos, fortalece la capacidad de diálogo entre los poderes.
Mi balance es que es más lo que nos une que lo que nos separa. Nos une el propósito de
construir una economía fuerte, sana, al servicio de la sociedad, con mucha mejor
distribución del ingreso y con un ataque frontal a la pobreza; nos une el objetivo de
fortalecer y consolidar la democracia en el país y avanzar en ello; nos une el reclamo
social contra la inseguridad, la exigencia de combatir a fondo la corrupción y a los
delincuentes y proteger desde luego familias y centros de trabajo; nos une, a pesar de las
a veces acres diferencias, el deseo de alcanzar una solución digna y justa al conflicto
en Chiapas y reducir drásticamente la marginación y pobreza en ése y en otros estados
del país.
Por ese propósito yo agradezco mucho a la Cámara de Diputados que me hayan invitado para
glosar el IV Informe del presidente Ernesto Zedillo y agradezco a ustedes mucho su
atención, su exposición franca y directa de sus opiniones, que aún divergiendo de
algunas de ellas en ocasiones, las respeto y los respeto a todos ustedes.
Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra para uso de
su derecho de réplica el diputado Enrique Jackson.
El
diputado Jesús Enrique Jackson
Ramírez: |
Muchas gracias, señora Presidenta:
Después de escuchar sus comentarios, señor Secretario, que mucho le aprecio, les pido a
mis compañeras y compañeros diputados un par de minutos para una última reflexión.
En la actual composición de la Cámara, donde ningún partido es mayoría por sí solo,
tenemos ante nosotros un reto mayor: alcanzar acuerdos para ofrecer respuesta a los
mexicanos. Tenemos que dejar atrás pequeños intereses, intereses de grupo, incluso
intereses legítimos de partidos; tenemos que llegar a acuerdos que estén fincados en el
respeto a las ideas de los otros, en no aferrarnos a que los otros son los que están
equivocados; tenemos que lograr acuerdos que vitalicen y que acrediten la práctica
democrática, acuerdos que nos exigen actuar con firmeza pero con humildad. Sólo así
será posible sentarnos en la mesa entre adversarios políticos, adversarios, que no
enemigos.
Tenemos que adoptar la tolerancia y el respeto como método de trabajo; no hacerlo puede
llevarnos al enfrentamiento, al encono, a los agravios. Sería una irresponsabilidad,
sería una torpeza, sería más grave aún no alcanzar acuerdos, porque nos puede llevar a
la parálisis legislativa, a una Cámara sin respuesta y sin resultados para los
mexicanos. La no respuesta, los no resultados, van a negar las supuestas virtudes de una
Cámara tan plural, una Cámara tan plural, tan democrática que no permite que los
diputados nos pongamos de acuerdo.
Una Cámara con tan diversas fuerzas políticas que no es capaz de responder y ocuparse de
los asuntos que más preocupan a los mexicanos.
¿Cómo explicar, mucho menos justificar que no hay acuerdo para sacar adelante leyes que
mejoren la seguridad pública, que combatan la delincuencia y que erradiquen la impunidad?
¿Hay manera de seguir evadiendo la responsabilidad que tenemos de resolver la
incertidumbre económica?
¿Por qué razón seguir bloqueando las leyes que buscan mejorar las condiciones de los
millones de indígenas y acercarnos a la paz en Chiapas?
143,144,145
Los priístas, los priístas estamos
convencidos que es el momento de que cada quien haga su tarea, de que asuma su
responsabilidad, que cumpla. Estos son los propósitos que deben distinguir nuestro
trabajo. A eso estamos llamados los legisladores: a cumplir, a responder a los mexicanos.
Muchas gracias.
Se pide a la comisión designada
acompañar al señor Francisco Labastida Ochoa, secretario de Gobernación, cuando desee
retirarse de este recinto.
Se solicita cumplan con su cometido los diputados integrantes de esta comisión.
(La comisión cumple su cometido.)
Se pide a los diputados permanecer en el recinto, a fin de continuar y agotar los asuntos
en cartera.
Se ruega a la Secretaría continuar con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El secretario
Francisco Javier Santillán
Oseguera: |
Señora Presidenta, se han agotado los
asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 9 de septiembre de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Dos, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos:
Herminio Alonzo Blanco Mendoza y Jaime Enrique Zabludowsky Kuper, puedan aceptar y usar
las condecoraciones: de la Orden Bernardo O'Higgins, en grado de Gran Cruz y de la Orden
al Mérito, en grado de Gran Oficial, que les confiere el gobierno de la República de
Chile, respectivamente.
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Remedios
López Cabrera, pueda prestar servicios, en la Embajada de Venezuela en México.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público
Con el que remite el informe semestral, sobre la situación que guardan los Sistemas de
Ahorro para el Retiro, enero-junio de 1998, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 5o. fracción XIII, 8o. fracción VIII y 12 fracción III, de la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro y 98 del Reglamento Interno.
Comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Angel Gurría
Treviño.
Política económica.»
CLAUSURA Y CITATORIO
| La Presidenta (a
las 15:42 horas) : |
Se levanta la sesión y se cita a los
diputados para mañana miércoles 9 de septiembre, a las 10:00 horas.
RESUMEN
DE TRABAJOS
* Tiempo de duración: 5 horas con 11 minutos.
* Quorum a la apertura de sesión: 295 diputados.
* Comparecencia del secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.
* Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.
* Minuto de silencio: 1.
* Diputado que solicita licencia: 1
* Diputado suplente que se incorpora: 1.
* Oradores en tribuna: 30
PRI-4; PRD-4; PAN-4; PT-2; PVEM-3; Diputados independientes-2.
Secretario de Gobernación: 11.
Se recibieron:
* 1 oficio del Congreso del Estado de Querétaro;
* 6 oficios respecto a la adecuación en la integración de comisiones de trabajo;
* 1 solicitud para aceptar y usar condecoración que confiere el Gobierno de la República
Federativa del Brasil;
* 10 oficios para que 21 ciudadanos puedan prestar servicios en representaciones
diplomáticas.
Se aprobó:
* Modificación de la fecha de las comparecencias de los secretarios de Comunicaciones y
Transportes y de Relaciones Exteriores, para el análisis del IV Informe de Gobierno.
|
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición: |
| Cocopa |
Comisión de Concordia y Pacificación |
| CRICP |
Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política |
| D.F. |
Distrito Federal |
| DIF |
Desarrollo Integral de la Familia |
| EZLN |
Ejército Zapatista de Liberación Nacional |
| Fobaproa |
Fondo Bancario de Protección al Ahorro |
| IFE |
Instituto Federal Electoral |
| PAN |
Partido Acción Nacional |
| PRI |
Partido Revolucionario Institucional |
| Progresa |
Programa Nacional de Educación, Salud y
Alimentación |
| PT |
Partido del Trabajo |
146,147,148
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