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Presidencia
de la diputada
Lenia Batres Guadarrama |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta
Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los
diputados.
| El secretario
Luis Rojas Chávez: |
Se informa a la Presidencia que existen registrados
previamente 317 diputados, por lo tanto hay quorum, señora Presidenta.
| La Presidenta (a
las 10:40 horas): |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
| El secretario
Luis Rojas Chávez: |
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Martes 22 de septiembre de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes y Morelos.
Comunicación del ciudadano Patricio Martínez García.
Dictámenes de primera lectura
Tres, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto
que conceden permiso a los ciudadanos: Víctor Luis Urquidi Bingham, Herminio Alonzo
Blanco Mendoza, Jaime Enrique Zabludowsky Kuper y Carlos Alberto de Icaza González, para
aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Siete, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto
que conceden permiso a los ciudadanos: Blanca Magdalena Fontes Nava, Delta Beatriz
Iturralde Flisser, Alina Gamboa Combs, Laura Vargas Licona, Claudia Elena González
Méndez, Adriana Estela Ortega Silva, Eugenia Sánchez Pedroza, Manuel Felizardo Ortiz
Chávez, Rosa Isela Flores Soto, Alma Patricia Sánchez Casas, Gabriela Pellón Martínez,
Verónica Méndez Fragoso, Máximo Cruz Hernández, Paulino Guillermo Zerón Orozco,
Margarito Pérez Hernández, Celerina Guerrero Ortega, Eusebio Neri Oliver, Enriqueta
Engracia Santillán Cedillo, Trinidad Elvia Gutiérrez Suárez, María del Pilar Laura
Muñoz Muñoz, Remedios López Cabrera, Lucía Alba Nicio Hernández y Julio César
Jiménez Martínez, para prestar servicios en embajadas y consulados generales de
gobiernos extranjeros en México.
Intervención de la diputada Isabel Villers Aispuro.
Intervención de la diputada Aurora Bazán López
Comparecencia del procurador General de la República, ciudadano Jorge Madrazo Cuéllar.
Política exterior.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del día es la
discusión del acta de la sesión anterior. Solicito a la Secretaría consulte a la
Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido
entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus
observaciones y se proceda a su votación.
El secretario
Francisco Javier Santillán
Oseguera: |
Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la
Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en
consideración que ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos
parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la
lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el
lunes veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, correspondiente al Primer
Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima
Legislatura.
Presidencia del
diputado
Fidel Herrera Beltrán |
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las
diez horas con treinta y un minutos del lunes veintiuno de septiembre de mil novecientos
noventa y ocho, con una asistencia de doscientos sesenta y cinco diputados, el Presidente
declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura del acta de
la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Guanajuato y
Puebla, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Otra del Congreso del Estado de Sinaloa, con la que remiten un punto de acuerdo con el que
solicitan que durante la aprobación y revisión del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el año de mil novecientos noventa y nueve, se amplíen las partidas
correspondientes al sector agrícola. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito
Público, a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Agricultura, para
su información.
Se da cuenta con una proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política, relativa a la integración de las comisiones legislativas. Se aprueba en
votación económica.
Conforme al acuerdo parlamentario del tres de septiembre próximo pasado, el Presidente
informa que en el salón de protocolo se encuentra el Secretario de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, invitado por esta soberanía para el análisis del IV
informe del estado que guarda la administración pública del país y designa a la mesa
directiva de la Comisión de Agricultura para que lo introduzca en el salón de sesiones.
Se concede el uso de la palabra al ingeniero Romárico Arroyo Marroquí y, posteriormente
analizan el IV informe del estado que guarda la Administración Pública Federal, en
materia de política económica y hacen preguntas, los diputados: Miguel Angel Garza
Vázquez, del Partido Verde Ecologista de México; Luis Patiño Pozas, del Partido del
Trabajo; Joaquín Montaño Yamuni, del Partido Acción Nacional; Leopoldo Enrique Bautista
Villegas, del Partido de la Revolución Democrática y Odorico Vázquez Bernal, del
Partido Revolucionario Institucional.
Durante el periodo de preguntas y respuestas, el Presidente saluda la presencia de
representantes de diversas organizaciones campesinas que se encuentran en las galerías de
la Cámara de Diputados.
Todos los representantes de los grupos parlamentarios, hacen uso de su derecho a réplica.
En el segundo turno de oradores, hacen uso de la palabra los diputados: José Adán Deniz
Macías, independiente; Maximiano Barbosa Llamas, independiente; Armando Rangel
Hernández, del Partido Acción Nacional; Luis Meneses Murillo, del Partido de la
Revolución Democrática, y José Bonilla Robles, del Partido Revolucionario
Institucional.
Hacen uso de su derecho a réplica, los diputados encargados del análisis. Terminada la
comparecencia, la misma comisión designada acompaña al Secretario de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, hasta las puertas del recinto.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la
próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con siete minutos,
citando para la que tendrá lugar mañana, martes veintidós de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de
la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada,
señora Presidenta.
Esta Presidencia solicita a todos los diputados que
se encuentran conversando en la parte posterior del salón, se sirvan tomar su asiento.
Adelante, señor Secretario.
ESTADO DE AGUASCALIENTES
El secretario
Ricardo Arturo Ontiveros y
Romo: |
Se va a dar lectura a varias comunicaciones.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Aguascalientes.- Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados.- México, D.F.
En forma atenta hago de su conocimiento que la honorable LVI Legislatura del Estado Libre
y Soberano de Aguascalientes, con esta fecha clausuró su segundo periodo de sesiones
ordinarias, correspondiente al tercer año del ejercicio constitucional, habiéndose
elegido la mesa directiva de la diputación permanente, que coordinará los trabajos
relativos al periodo de receso que comprende del 16 de julio al 14 de noviembre del
presente año, en la forma siguiente:
Diputados: Javier Aguilera García, presidente; Arturo Díaz Ornelas, vicepresidente;
Jesús Medina Olivares, Luis González Rodríguez, José Alfredo González González, Juan
Raúl Vela González y Gerardo Raygoza Mejía, secretarios.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, me es grato
reiterar a usted las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Aguascalientes, Aguascalientes, a 15 de julio de 1998.- Miguel Angel Nájera Herrera,
oficial mayor.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Aguascalientes.- Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados.- México, D.F.
La honorable LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, con fecha 4 de
agosto del presente año, abrió y clausuró su segundo periodo de sesiones
extraordinarias, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, a que fue
convocada por su diputación permanente con fecha 21 de julio del presente año, cuyos
trabajos fueron coordinados por la mesa directiva que se integró en la forma siguiente:
Diputados: Luis González Rodríguez, presidente; Adolfo Padilla Muñoz, vicepresidente;
Hilario Galván Cervantes, Manuel Esparza Marchan y Josefina Alvarado Alemán,
secretarios.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato reiterar a usted las seguridades de
nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Aguascalientes, Aguascalientes, a 10 de agosto de 1998.- Miguel Angel Nájera Herrera,
oficial mayor.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Aguascalientes.- Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados.- México, D.F.
La honorable LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, con fecha 10
de septiembre del presente año, abrió su tercer periodo de sesiones extraordinarias
correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, a que fue convocada por su
diputación permanente con fecha 3 de septiembre del presente año, cuyos trabajos fueron
coordinados por la mesa directiva que se integró en la forma siguiente:
455,456,457
Diputados: José Alfredo González González,
presidente; Alicia Ibarra Rodríguez, vicepresidenta; Jesús Contreras Durón, Adolfo
Padilla Muñoz y Francisco Javier Luévano Martínez, secretarios.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato reiterar a ustedes las seguridades
de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Aguascalientes, Aguascalientes, a 11 de septiembre de 1998.- Miguel Angel Nájera Herrera,
oficial mayor.»
De enterado.
ESTADO DE MORELOS
| La secretaria
Aracely Escalante Jasso |
«Escudo.- Poder Legislativo.- XLVII Legislatura.-
1997-2000.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso del
Estado de Morelos, tenemos el honor de informar a ustedes, que en sesión de esta fecha el
honorable Congreso del Estado clausuró los trabajos correspondientes al primer periodo
del segundo año de ejercicio constitucional de la XLVII Legislatura del Estado; asimismo
se eligió a los diputados que integrarán la diputación permanente, quedando integrada
de la siguiente manera:
Diputados: Félix Javier Malpica Marines, presidente; Ricardo Dorantes San Martín,
vicepresidente; Juan Sánchez Santamaría, Arturo Mazari Arizmendi y Emma Margarita
Alemán Olvera, secretarios.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, a 30 de agosto de 1998.- El oficial mayor del honorable Congreso del
Estado de Morelos, Antolín Escobar Cervantes.»
De enterado.
DIPUTADO QUE OPTA POR OTRO CARGO
| La secretaria
Aracely Escalante Jasso: |
«Diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.-
Presente.
Patricio Martínez García, en ejercicio del derecho que me confiere el artículo 125 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a esa
representación para exponer:
Fui electo diputado de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, iniciando
mi desempeño en tal encargo el día 1o. de septiembre de 1997.
Con motivo de las elecciones para renovar la titularidad del Ejecutivo en el Estado de
Chihuahua, fui postulado candidato a gobernador por el Partido Revolucionario
Institucional, por lo que previa solicitud de mi parte, el 11 de marzo del presente año
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión me concedió licencia para separarme
temporalmente de mis funciones como diputado federal.
En la jornada electoral efectuada el 5 de julio pasado en mi Estado, el voto ciudadano me
favoreció, por lo que en los términos del artículo 37 de la Constitución local, la
autoridad electoral competente extendió la declaratoria de validez de las elecciones y
constancia de mayoría a mi favor y el Congreso del Estado expidió el decreto en el que
me declara formalmente gobernador electo.
Derivado de lo anterior, el 12 de agosto
pasado solicité a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, licencia
para separarme definitivamente de mis funciones como diputado federal, petición que fue
resuelta por la comisión en la misma fecha.
El artículo 125 de nuestra Carta Magna prevé el supuesto que en mi caso se actualiza, al
haber sido electo diputado federal y posteriormente gobernador constitucional del Estado
de Chihuahua y contempla también la necesidad de optar por alguno de los dos cargos, como
deber y derecho a la vez, en cuanto a alternativa para salvaguardar la prevención del
precepto.
Como el próximo día 3 de octubre habré de rendir la protesta constitucional como
gobernador del Estado, para iniciar el ejercicio de tal cargo al día siguiente, para los
efectos del artículo 125 de la Ley Suprema, me permito hacer del conocimiento de ese
honorable Congreso de la Unión, lo anterior, al mismo tiempo que reiterar que entre los
dos cargos para los que fui electo popularmente, opto por el que la ciudadanía me otorgó
como gobernador constitucional del Estado de Chihuahua para el periodo comprendido del 4
de octubre de 1998 al 3 de octubre del año 2004.
Acompaño ejemplar del periódico oficial del gobierno del Estado de Chihuahua, publicado
el 11 de julio de 1998, en el que aparece el decreto número 1092/98 IX P.E., mediante el
cual se me declara gobernador electo de la misma entidad.
Agradezco se dé trámite al presente y reitero a ese honorable cuerpo legislativo la
seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., 14 de septiembre de 1998.- Diputado Patricio Martínez García.»
Se toma nota de que opta por el cargo de
gobernador electo del Estado de Chihuahua.
Esta mesa directiva saluda la presencia el
día de hoy en este salón de sesiones, de estudiantes de la Universidad del Nuevo Mundo,
invitados por el diputado José Carlos Cota Osuna y de estudiantes de la Universidad
Anáhuac, a quienes agradecemos su presencia.
REPUBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL
El siguiente punto del orden del día es
la primera lectura a tres dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos Víctor
Luis Urquidi Bingham, Herminio Alonzo Blanco Mendoza, Jaime Enrique Zabludowsky Kuper y
Carlos Alberto de Icaza González, para aceptar y usar las condecoraciones que les
confieren gobiernos extranjeros.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la
Secretaría consulte a la Asamblea si se les dispensa la lectura.
| El secretario
Enrique Padilla Sánchez: |
Por instrucciones de la Presidencia, se
consulta a la Asamblea si se les dispensa la lectura, en virtud de que se encuentran
publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la
lectura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de
Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe,
le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de
Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el
ciudadano Víctor Luis Urquidi Bingham, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden
de Río Branco, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República
Federativa del Brasil.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Víctor Luis Urquidi
Bingham, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Branco, en grado de
Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 10 de septiembre de 1998.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo
Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Juan Carlos
Gómez Aranda, Pablo Gómez Alvarez, Enrique Tito González Isunza, Juana González Ortiz,
José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José
Luis Lamadrid Sauza, José del Carmen Enríquez Rosado, Carlos Medina Plascencia, Porfirio
Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio,
Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE CHILE
| El secretario
Enrique Padilla Sánchez: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe,
le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con oficio de la Secretaría de
Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los
ciudadanos Herminio Alonzo Blanco Mendoza, secretario de Comercio y Fomento Industrial y
Jaime Enrique Zabludowsky, puedan aceptar y usar las condecoraciónes en diferentes grados
que les confiere el gobierno de la República de Chile.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el
permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del
apartado C del artículo 37 constitucional y el artículo 60 segundo párrafo del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Herminio Alonzo Blanco
Mendoza, secretario de Comercio y Fomento Industrial para aceptar y usar la condecoración
de la Orden de Bernardo O'Higgins, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de
la República de Chile.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Jaime Enrique
Zabludowsky Kuper, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito en grado
de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Chile.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 11 de septiembre de 1998.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo
Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Juan Carlos
Gómez Aranda, Pablo Gómez Alvarez, Enrique Tito González Isunza, Juana González Ortiz,
José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José
Luis Lamadrid Sauza, José del Carmen Enríquez Rosado, Carlos Medina Plascencia, Porfirio
Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio,
Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
458,459,460
REINO DE
BELGICA
| El secretario
Enrique Padilla Sánchez: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe,
le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con oficio de la Secretaría de
Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el
embajador Carlos Alberto de Icaza González, pueda aceptar y usar la condecoración de la
Orden de Leopoldo II, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno del Reino de
Bélgica.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el
permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del
apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la
honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al embajador Carlos Alberto de Icaza
González, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de
Gran Cruz, que le confiere el gobierno del Reino de Bélgica.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 18 de septiembre de 1998.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo
Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Juan Carlos
Gómez Aranda, Pablo Gómez Alvarez, Enrique Tito González Isunza, Juana González Ortiz,
José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José
Luis Lamadrid Sauza, José del Carmen Enríquez Rosado, Carlos Medina Plascencia, Porfirio
Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio,
Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA ARGELINA DEMOCRATICA
Y POPULAR
El siguiente punto del orden del día es
la primera lectura a siete dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos Blanca
Magdalena Fontes Nava, Delta Beatriz Iturralde Flisser, Alina Gamboa Combs, Laura Vargas
Licona, Claudia Elena González Méndez, Adriana Estela Ortega Silva, Eugenia Sánchez
Pedroza, Manuel Felizardo Ortiz Chávez, Rosa Isela Flores Soto, Alma Patricia Sánchez
Casas, Gabriela Pellón Martínez, Verónica Méndez Fragoso, Máximo Cruz Hernández,
Paulino Guillermo Zerón Orozco, Margarito Pérez Hernández, Celerina Guerrero Ortega,
Eusebio Neri Oliver, Enriqueta Engracia Santillán Cedillo, Trinidad Elvia Gutiérrez
Suárez, María del Pilar Laura Muñoz Muñoz, Remedios López Cabrera, Lucía Alba Nicio
Hernández y Julio César Jiménez Martínez, para prestar servicios en embajadas y
consulados generales de gobiernos extranjeros, en México.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la
Secretaría consulte a la Asamblea si se les dispensa la lectura.
| El secretario
Ranulfo Tonche Pacheco: |
Por instrucciones de la Presidencia, se
consulta a la Asamblea si se les dispensa la lectura, en virtud de que se encuentran
publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de
Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 18 de agosto del año en curso, la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional
necesario para que la ciudadana Blanca Magdalena Fontes Nava, pueda prestar servicios como
secretaria en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el
día 8 de septiembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el
expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta
de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de la República
Argelina Democrática y Popular en México, serán como secretaria;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del
artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable
Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Blanca Magdalena
Fontes Nava, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de la República
Argelina Democrática y Popular en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 10 de septiembre de 1998.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo
Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Juan Carlos
Gómez Aranda, Pablo Gómez Alvarez, Enrique Tito González Isunza, Juana González Ortiz,
José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José
Luis Lamadrid Sauza, José del Carmen Enríquez Rosado, Carlos Medina Plascencia, Porfirio
Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio,
Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
REINO UNIDO DE LA GRAN
BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE
| El secretario
Ranulfo Tonche Pacheco: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 24 de agosto del año en curso, la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional
necesario para que las ciudadanas Delta Beatriz Iturralde Flisser y Alina Gamboa Combs,
puedan prestar servicios como asistente comercial y asistente de prensa y relaciones
públicas, en la Embajada del Reino Unido en México, respectivamente.
En sesión celebrada por la Camara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el
día 8 de septiembre, se turnó a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen, el
expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del
acta de nacimiento;
b) Que los servicios que las interesadas prestarán en la Embajada del Reino Unido en
México, serán como asistente comercial y asistente de prensa y relaciones públicas,
respectivamente y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del
artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable
Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Delta Beatriz
Iturralde Flisser, para prestar servicios como asistente comercial en la Embajada del
Reino Unido en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Alina Gamboa Combs,
para prestar servicios como asistente de prensa y relaciones públicas, en la Embajada del
Reino Unido en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 8 de septiembre de 1998.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo
Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Juan Carlos
Gómez Aranda, Pablo Gómez Alvarez, Enrique Tito González Isunza, Juana González Ortiz,
José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José
Luis Lamadrid Sauza, José del Carmen Enríquez Rosado, Carlos Medina Plascencia, Porfirio
Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio,
Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
REINO DE LOS PAISES BAJOS
| El secretario
Ranulfo Tonche Pacheco: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 24 de agosto del año en curso, la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación solicita el permiso constitucional
necesario para que la ciudadana Laura Vargas Licona, pueda prestar servicios como
representante comercial, en la Embajada del Reino de los Países Bajos en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el
día 8 de septiembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el
expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada del Reino de los
Países Bajos en México, serán como representante comercial y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del
artículo 37 constitucional.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Laura Vargas Licona,
para prestar servicios como representante comercial en la Embajada del Reino de los
Países Bajos en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 10 de septiembre de 1998.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo
Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Juan Carlos
Gómez Aranda, Pablo Gómez Alvarez, Enrique Tito González Isunza, Juana González Ortiz,
José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José
Luis Lamadrid Sauza, José del Carmen Enríquez Rosado, Carlos Medina Plascencia, Porfirio
Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio,
Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
461,462,463
ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
| El secretario
Ranulfo Tonche Pacheco: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficios fechados el 2 de septiembre del año en curso, la
Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso
constitucional necesario para que los ciudadanos Claudia Elena González Méndez, Adriana
Estela Ortega Silva, Eugenia Sánchez Pedroza, Manuel Felizardo Ortiz Chávez, Rosa Isela
Flores Soto y Alma Patricia Sánchez Casas, puedan prestar servicios de carácter
administrativo en los consulados generales de los Estados Unidos de América en Ciudad
Juárez, Chihuahua y Tijuana, Baja California.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el
día 8 de septiembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el
expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su
nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en los consulados generales de
los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y Tijuana, Baja California,
serán de carácter administrativo y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del
artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable
Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Claudia Elena
González Méndez, para prestar servicios como asistente de visas en el Consulado General
de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Adriana Estela
Ortega Silva, para prestar servicios como asistente de visas, en el Consulado General de
los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Eugenia Sánchez
Pedroza, para prestar servicios como asistente de visas, en el Consulado General de los
Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Manuel Felizardo Ortiz
Chávez, para prestar servicios como asistente de visas en el Consulado General de los
Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo quinto. Se concede permiso a la ciudadana Rosa Isela Flores
Soto, para prestar servicios como asistente de visas en el Consulado General de los
Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo sexto. Se concede permiso a la ciudadana Alma Patricia Sánchez
Casas, para prestar servicios como operadora de computadoras en el Consulado General de
los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 10 de septiembre de 1998.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo
Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Juan Carlos
Gómez Aranda, Pablo Gómez Alvarez, Enrique Tito González Isunza, Juana González Ortiz,
José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José
Luis Lamadrid Sauza, José del Carmen Enríquez Rosado, Carlos Medina Plascencia, Porfirio
Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio,
Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA
ARGENTINA
| El secretario
Ranulfo Tonche Pacheco: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 18 de agosto del año en curso, la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional
necesario para que los ciudadanos Gabriela Pellón Martínez, Verónica Méndez Fragoso,
Máximo Cruz Hernández, Paulino Guillermo Zerón Orozco, Margarito Pérez Hernández,
Celerina Guerrero Ortega, Eusebio Neri Oliver, Enriqueta Engracia Santillán Cedillo,
Trinidad Elvia Gutiérrez Suárez y María del Pilar Laura Muñoz Muñoz, puedan prestar
sus servicios de carácter administrativo en la Embajada y en el Consulado General de la
República Argentina en México.
En sesión celebrada por la Camara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 8
de septiembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente
relativo
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de
sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada y en el
Consulado General de la República Argentina en México, serán de carácter
administrativo y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del
artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable
Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Pellón
Martínez, para prestar servicios como empleada administrativa local en la Embajada de la
República Argentina en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Verónica Méndez
Fragoso, para prestar servicios como empleada administrativa local en la Embajada de la
República Argentina en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Máximo Cruz
Hernández, para prestar servicios como empleado administrativo local en la Embajada de la
República Argentina en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Paulino Guillermo
Zerón Orozco, para prestar servicios como chofer en la Embajada de la República
Argentina en México.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Margarito Pérez
Hernández, para prestar servicios como chofer en la Embajada de la República Argentina
en México.
Artículo sexto. Se concede permiso a la ciudadana Celerina Guerrero
Ortega, para prestar servicios como empleada local de servicio doméstico en la Embajada
de la República Argentina en México.
Artículo séptimo. Se concede permiso al ciudadano Eusebio Neri Oliver,
para prestar servicios como mayordomo en la Embajada de la República Argentina en
México.
Artículo octavo. Se concede permiso a la ciudadana Trinidad Elvia
Gutiérrez Suárez, para prestar servicios como empleada local de servicio doméstico en
la Embajada de la República Argentina en México.
Artículo noveno. Se concede permiso a la ciudadana Enriqueta Engracia
Santillán Cedillo, para prestar servicios como empleada local de servicio doméstico en
la Embajada de la República Argentina en México.
Artículo décimo. Se concede permiso a la ciudadana María del Pilar
Laura Muñoz Muñoz, para prestar servicios como empleada administrativa en el Consulado
General de la República Argentina en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 10 de septiembre de 1998.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo
Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Juan Carlos
Gómez Aranda, Pablo Gómez Alvarez, Enrique Tito González Isunza, Juana González Ortiz,
José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José
Luis Lamadrid Sauza, José del Carmen Enríquez Rosado, Carlos Medina Plascencia, Porfirio
Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio,
Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE VENEZUELA
| El secretario
Ranulfo Tonche Pacheco: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 27 de agosto del año en curso, la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional
necesario para que la ciudadana Remedios López Cabrera, pueda prestar servicios como
lavandera en la Embajada de Venezuela en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el
día 9 de septiembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el
expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta
de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de Venezuela en
México, serán como lavandera y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del
artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable
Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Remedios López
Cabrera, para prestar servicios como lavandera en la Embajada de Venezuela en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 11 de septiembre de 1998.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo
Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Juan Carlos
Gómez Aranda, Pablo Gómez Alvarez, Enrique Tito González Isunza, Juana González Ortiz,
José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José
Luis Lamadrid Sauza, José del Carmen Enríquez Rosado, Carlos Medina Plascencia, Porfirio
Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio,
Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA ARGELINA DEMOCRATICA
Y POPULAR (II)
| El secretario
Ranulfo Tonche Pacheco: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 31 de agosto del año en curso, la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional
necesario para que los ciudadanos Lucía Alba Nicio Hernández y Julio César Jiménez
Martínez, puedan prestar servicios como recamarera y jardinero, respectivamente en la
Embajada de la República Argelina Democrática y Popular en México.
464,465,466
En sesión efectuada por la Camara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 17 de septiembre, se turnó a la
suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del
acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de la
República Argelina Democrática y Popular en México, serán de recamarera y jardinero,
respectivamente y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del
artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable
Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Lucía Alba Nicio
Hernández, para prestar servicios como recamarera en la Embajada de la República
Argelina Democrática y Popular en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Julio César Jiménez
Martínez, para prestar servicios como jardinero en la Embajada de la República Argelina
Democrática y Popular en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 17 de septiembre de 1998.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo
Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Juan Carlos
Gómez Aranda, Pablo Gómez Alvarez, Enrique Tito González Isunza, Juana González Ortiz,
José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José
Luis Lamadrid Sauza, José del Carmen Enríquez Rosado, Carlos Medina Plascencia, Porfirio
Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio,
Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
ESTADO DE CHIAPAS
Tiene la palabra la diputada Isabel
Villers Aispuro.
| La diputada Isabel Villers Aispuro: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeros diputados:
Como ya de todos es conocido, las intensas lluvias de hace unos cuantos días ocasionaron
grandes daños en las regiones costa y sierra del Estado de Chiapas. El saldo parcial es
hasta el momento preocupante por la pérdida numerosa de vidas humanas, por el elevado
número de damnificados y desaparecidos y por las cuantiosas pérdidas materiales, tanto
por la destrucción de infraestructuras públicas, como el patrimonio de particulares.
Son igualmente preocupantes los efectos
secundarios que se agregan a este tipo de tragedias.
El apoyo del Gobierno Federal ha sido oportuno, inobjetable y decidido, encabezando las
acciones de emergencia el propio Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de
León.
Reconocemos la gran capacidad y experiencia de las fuerzas armadas y del personal de las
instituciones civiles, federales y locales en la aplicación del plan de emergencia que ha
permitido salvar vidas humanas, atender a los damnificados, llevar ayuda a comunidades
aisladas y reconstruir las infraestructuras básicas para normalizar los servicios y la
circulación en la región.
El oportuno llamado que en días pasados hicieran desde esta tribuna los compañeros
legisladores, ha sido atendido con prestancia. Hemos sido enterados que en respuesta
inmediata el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, ha destinado una partida presupuestal extraordinaria de 1 mil millones de pesos
para la reconstrucción de algunas de las carreteras dañadas.
También la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de sus representaciones
diplomáticas, ha enviado una solicitud de ayuda humanitaria a la comunidad internacional.
Paulatinamente, conforme el plan de emergencia, las dependencias del Gobierno Federal se
han sumado con programas de atención y reconstrucción. Tal es el caso de las
secretarías de Comunicaciones y Transportes, que restablece las vías dañadas; de Salud,
que ha evitado brotes epidémicos en la región; de Agricultura y Recursos Hidráulicos,
con acciones de reactivación económica, así como la de Desarrollo Social, con su
ambicioso Programa de Desarrollo Urbano Nuevo Milenio.
No cabe la menor duda de que los efectos directos e indirectos de este desastre podrán
ser debidamente atendidos mediante al plan general de reconstrucción que hoy se aplica, y
que el desarrollo futuro de la región habrá de consolidarse con la participación de la
población, de las organizaciones económicas, sociales y políticas y con la firme
conducción de las instituciones federales, estatales y municipales.
Por todo ello, como originaria y representante popular de la región afectada que
comprende los distritos electorales federales VII, con cabecera en Tonalá, X en
Motozintla, XI en Huixtla y XII en Tapachula, no tengo palabras para agradecer la
solidaridad nacional de las instituciones federales, la vocación de servicio de las
fuerzas armadas, así como el desprendimiento generoso que los compañeros legisladores
han demostrado hacia los habitantes de la costa y la sierra de Chiapas.
Muchas gracias.
Tiene la palabra la diputada Aurora
Bazán López.
| La diputada Aurora Bazán López: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Los diputados que suscriben el siguiente punto de acuerdo a la LVII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, integrantes de los distintos grupos parlamentarios, con
fundamento en los artículos 45 fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos y 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos la integración de un grupo
de ciudadanos diputados, a efecto de verificar las condiciones en que se encuentran los
damnificados por los recientes fenómenos climatológicos en el Estado de Chiapas, así
como el destino y oportunidad de la ayuda gubernamental y de la sociedad que está siendo
destinada para atender sus más urgentes necesidades
«EXPOSICION DE MOTIVOS
I. En fechas recientes, como es del dominio de la opinión pública, un gran número de
poblados y comunidades en el Estado de Chiapas, fueron afectados por severos fenómenos
climatológicos que provocaron desbordamiento de ríos, inundaciones, grandes daños
materiales y la muy lamentable pérdida de vidas humanas. El resultado final de las
inclemencias del clima, todavía es desconocido.
II. No obstante lo anterior, lo que sí es un hecho por todos conocido, es que nuestros
compatriotas en desgracia necesitan un volumen enorme de ayuda, no sólo del Gobierno
Federal y de la ciudadanía, sino también de nosotros, sus representantes ante el
Congreso de la Unión y en particular, de esta Cámara de Diputados.
III. Es cierto que nuestra capacidad presupuestal y de infraestructura resulta
insuficiente para abordar por nuestra parte la tarea de llevar ayuda material a nuestros
hermanos chiapanecos; así como también lo es, que es tarea del Ejecutivo Federal
coordinar las labores de los cuerpos de protección civil para vigilar la adecuada
canalización de la ayuda para los damnificados; sin embargo, como es constatable por los
diversos informes, tanto de la prensa nacional, como por los enviados de organizaciones
civiles y los de algunos partidos políticos que han constatado personalmente la
apremiante situación que vive la población de las comunidades afectadas, la ayuda no
está fluyendo de manera adecuada, lo que contribuye a agravar la situación de decenas de
miles de afectados, por ello, nos permitimos proponer, como asunto de urgente resolución:
La integración de un grupo de cinco diputados miembros de los grupos parlamentarios
representados en esta Cámara y de las comisiones de Protección Civil, Salud y Asuntos
Indígenas para que, en el ámbito de sus atribuciones, verifiquen el desempeño de las
autoridades de protección civil y el adecuado destino de la ayuda gubernamental y civil a
los damnificados en el Estado de Chiapas, a fin de rendir un informe al pleno de esta
Cámara, solicitando que esta proposición se vote en la presente sesión por ser un
asunto de urgente resolución.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 22 de septiembre de 1998.Å Diputados
firmantes: Verónica Velasco, Gloria Lavara Mejía y Alejandro Jiménez Taboada, del
Partido Verde Ecologista; Marco Antonio Adame, Espiridión Sánchez, Joaquín Montaño,
Abelardo Perales Meléndez, José Antonio Alvarez Hernández, del Partido Acción
Nacional; Gilberto López y Rivas, Armando López, del Partido de la Revolución
Democrática; Juan Cruz Martínez, Luis Patiño Pozas, del Partido del Trabajo y una
servidora, Aurora Bazán López.»
Gracias, compañeros.
Se turna a la Comisión de
Protección Civil.
ANALISIS AL IV INFORME
DE GOBIERNO. POLITICA INTERIOR
Se encuentra en el salón de recepción
de esta Cámara de Diputados, el ciudadano Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de
la República, invitado a la sesión de esta fecha en que se llevará acabo el análisis
al IV Informe de Gobierno, en materia de política interior.
Se designa en comisión para que lo reciban y lo introduzcan a este recinto, a los
integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Justicia.
(La comisión cumple con su cometido.)
Esta mesa directiva saluda la presencia de la delegación de bomberos de la comuna de
Paris, Francia, encabezada por el coronel Michel Villán.
De conformidad con el acuerdo parlamentario aprobado el 3 de septiembre, que norma el
procedimiento para el análisis al IV Informe de Gobierno, nos acompaña el licenciado
Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la República. Para dar cumplimiento al
punto segundo, incisos a, b, c y d del acuerdo mencionado, se concede el uso de la palabra
al ciudadano Jorge Madrazo Cuéllar, hasta por 15 minutos.
El procurador
General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Con su permiso, señora Presidenta;
señoras y señores diputados federales:
Concurro ante esta soberanía atendiendo con
puntualidad la convocatoria para colaborar en el análisis que esta Cámara de Diputados
realiza del IV Informe de Gobierno.
El establecimiento de las condiciones sobre las cuales se sustenta la armonía social, el
orden público y el respeto a la legalidad, sobre las cuales se finca el desarrollo
individual, familiar y social, sobre las que se cimienta el futuro mismo de la nación, es
responsabilidad de todos. Frene al problema de la creciente delincuencia, cada vez más
agresiva, más diversificada, más sofisticada en sus métodos, más poderosa en sus
recursos, cada vez con mayor poder o infiltración de las instituciones y con mayor
capacidad para la corrupción, el Estado debe responder con organización y unidad, con
dinamismo y firmeza, con respeto escrupuloso de la ley y respeto a los derechos
fundamentales de los gobernados.
467,468,469
El 10 de septiembre de 1997, desde esta misma
tribuna, tuve la oportunidad de expresar que la estrategia que la Procuraduría General de
la República utilizaría para revertir los problemas de procuración de justicia, que
desde hace un buen número de años se han venido generando, se apuntalaba en tres
vertientes distintas e imprescindibles: la reorganización de las estructuras internas de
la institución, la renovación de los recursos humanos sustantivos y la revisión
profunda de la legislación en que se funda la justicia penal y especialmente el sistema
de enjuiciamiento criminal.
Durante los últimos 12 meses, hemos buscado avanzar en estos tres propósitos centrales,
que por otra parte no sólo son compatibles, sino se reflejan con fidelidad en varios de
los ejes, estrategias y acciones que integran la Cruzada Nacional contra el Crimen y la
Delincuencia.
En el ámbito de la reorganización interna, durante el último trimestre de 1997,
programamos y realizamos un curso intensivo destinado a la totalidad de los agentes del
Ministerio Público de la Federación, a fin de prepararlos para desarrollar integralmente
las tareas que les corresponden y deshacernos así de la absurda sobrecompartimentación
de sus actividades, lo que requería encarar globalmente los procedimientos penales, desde
la recepción de la denuncia o querella, hasta que en un mismo caso se dictara una
sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada.
Concluidos que fueron estos cursos, el 1o. de enero de 1998, se dio inicio a las
actividades de la subprocuraduría de Procedimientos Penales a, b y c y se suprimieron las
anteriores de averiguaciones previas y control de procesos. Además del desarrollo de la
función del Ministerio Público Federal, bajo un esquema de integralidad, la
desconcentración territorial que implica la existencia de las tres subprocuradorías de
Procedimientos Penales, que tienen en su responsabilidad la conducción de los trabajos en
tres agrupamientos de entidades federativas del país, ha ido permitiendo un mayor
control, una mejor supervisión y el otorgamiento de más apoyos a las 32 delegaciones de
la PGR en el territorio nacional.
El grado de implementación de este esquema es considerable en todo el país, aunque no ha
estado exento de problemas, dada la escasez de recursos humanos, la extensión territorial
de varios estados y las distintas modalidades de los partidos judiciales.
Durante el periodo sobre el que se informa, se crean nuevas subsedes y agencias del
Ministerio Público de la Federación, en Pachuca, Tejupilco, Apatzingán, Oaxaca,
Ensenada, Rosarito, Guamuchil, Calvillo, Ojinaga, Mazatlán y China, Nuevo León. Para
atender la problemática de Chiapas, se creó una fiscalía especial para el municipio de
Chenalhó y tres agencias del Ministerio Público en Tila, Ocosingo y Pantelhó.
A fin de tener mejores resultados en la atención de delitos ambientales y ecológicos,
derechos de autor y propiedad intelectual, así como fiscales, patrimoniales y de banca,
se dispuso la creación de las fiscalías especializadas correspondientes dentro de cada
una de la subprocuradurías de Procedimientos Penales. Todas estas nuevas estructuras se
han hecho con el mismo presupuesto autorizado para 1998.
La segunda vertiente estratégica, tiene que ver con la renovación de los recursos
humanos sustantivos de la institución, en esta línea se ha trabajado también con gran
intensidad. Mientras que a través del Instituto Nacional de Ciencias Penales se preparan
nuevas generaciones de agentes del Ministerio Público y se revisan los exámenes de
ingreso de todos los aspirantes o se regulariza la situación de los actuantes, el
Instituto de Capacitación de la PGR trabaja en la formación de 1 mil 400 nuevos agentes
de la Policía Judicial Federal e investigadores en delitos federales, que egresarán en
diferentes fechas a lo largo de 1999.
Todos los aspirantes a ingresar a los equipos
del Ministerio Público, policía judicial o peritos, además de los exámenes de
conocimientos, deben acreditar los correspondientes al Centro de Control de Confianza de
la PGR. Este centro en adición a los exámenes que han presentado los aspirantes, ha
continuado realizando los de permanencia para el personal de la fiscalía especializada
para la atención de delitos contra la salud, unidad especializada en delincuencia
organizada, unidad de lavado de dinero y visitaduría.
Del conjunto de cinco exámenes que se practican en esta instancia, en los que se incluyen
el médico, toxicológico, sicológico, poligráfico y de situación socioeconómico,
mediante visita domiciliaria, se han entregado un total de 7 mil 346 evaluaciones, con un
total de 1mil 192 expedientes completos.
Por otra parte, es indispensable mencionar que de los 830 elementos de la Policía
Judicial Federal que fueron separados de la corporación en agosto de 1996, es decir,
antes de mi llegada a la PGR, en la actualidad, de 636 que promovieron juicio de amparo,
339 han debido ser reinstalados mediante sentencias firmes y aún se encuentran en
trámite 67 juicios de garantías.
A lo largo de los casi 22 meses que han transcurrido desde que asumí la titularidad del
Ministerio Público de la Federación, han sido destituidos otros 474 elementos de la
Procuraduría, 229 han sido inhabilitados y el número de sanciones administrativas se ha
elevado a 1mil 488.
Asimismo, se ha ejercitado acción penal contra 213 agentes de la Policía Judicial
Federal y 75 del Ministerio Público, para totalizar 288 personas, de las cuales 108 ya
han sido aprehendidas y están a disposición de su juez.
No obstante que ningún acto de corrupción o complicidad ha sido tolerado, dado que la
lucha contra la impunidad empieza desde adentro, es indispensable contar con una mayor y
más enérgica clarificación legislativa que permanentemente haga una realidad la norma
constitucional del artículo 21, que dispone que la actuación de las instituciones
policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y
honradez.
En relación con la tercera vertiente de la estrategia, vinculada a la adecuación del
marco legal por la que transcurre la justicia penal, se prepararon los estudios que más
tarde sirvieron de base a la iniciativa del presidente Zedillo, para reformar cinco
dispositivos constitucionales, así como el Código de Procedimientos Penales, la Ley de
Amparo, la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y las nuevas leyes sobre Registro Nacional
de Vehículos y sobre Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados.
Falta a la verdad quien diga que con las reformas al Sistema de Enjuiciamiento Penal, lo
que se pretende es ampliar el poder discrecional del Ministerio Público, consignar con
simples sospechas o suspicacias y suprimir las garantías de los probables responsables.
En cambio, lo que verdaderamente se busca, es acreditar una causa probable, sustentada en
pruebas como sucede en la inmensa mayoría de los estados democráticos occidentales, para
que un juez libre una orden de aprehensión y expida un auto de formal procesamiento.
Se trata de crear un verdadero equilibrio entre los derechos del probable responsable con
los de los ofendidos, las víctimas y la sociedad y hacerlo todo ello compatible con la
legítima pretensión punitiva del Ministerio Público; se trata de impedir que las
fisuras o imprecisiones de la ley, operen como verdaderos espacios de impunidad y que las
ventajas económicas no se conviertan en inaceptables privilegios procesales.
Confiamos en que los anunciados acuerdos que se dicen han alcanzado los miembros de la
Cámara de Senadores se materialicen y lleguen en su momento también a esta honorable
representación nacional y a las legislaturas de la entidades federativas.
Tal y como lo informó el señor Presidente de
la República, en breve serán presentadas otras iniciativas en materia de justicia penal,
que permitan profundizar los cambios para que la autoridad, que está constreñida a
actuar en todo momento dentro de la ley, cuente con mejores herramientas para enfrentar al
hampa común y a la delincuencia organizada.
Hoy, en la realización de la estrategia que he venido reseñando y en la ejecución de
sus tres vertientes, nos encontramos a la mitad del camino. Sin duda se han dado avances,
pero éstos no son todavía tan importantes como para revertir la realidad delictiva y
para reconquistar la confianza social.
Vuelvo a insistir, que una reforma integral como la que necesitamos supone alcanzar la
otra orilla en las tres vertientes enunciadas.
Al tiempo de desarrollar y concretar nuestra estrategia, en la PGR tenemos retos que
debemos superar en el corto plazo. El cumplimiento de 35 mil 696 órdenes de aprehensión
y 14 mil 644 de reaprehensión son números que por sí solos reflejan el alto grado de
ineficacia que históricamente ha tenido la Policía Judicial Federal.
Hemos constituido ya células centralizadas de la policía que, con independencia del
trabajo ordinario de las delegaciones, busca abatir estos rezagos. En el mismo orden de
ideas, es necesario incrementar los índices actuales del 34% de autos de formal prisión
ante las consignaciones realizadas y de más del 93% de sentencias condenatorias de
primera instancia.
Desafortunadamente, lo que trasciende a la opinión pública en muchos casos es el 26% de
autos de libertad y el 7% de las sentencias de absolución.
En cuanto a la atención de los delitos contra la salud y lucha contra el narcotráfico,
la fiscalía responsable ha continuado con el desarrollo de sus labores. Las 1 mil 200
averiguaciones previas de carácter global y, por tanto, más sensibles, se han venido
integrando en esta instancia de la PGR, así como en la Unidad Contra la Delincuencia
Organizada.
La consignación de toda una banda criminal dedicada al narcotráfico y el
desmantelamiento de la organización de los Amezcua Contreras, se encuentran dentro de los
resultados más importantes de 1998.
Los esfuerzos de inteligencia y el ejercicio de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada que lleva a cabo la unidad respectiva, han dado también importantes frutos en
el desmantelamiento de tres organizaciones criminales dedicadas al secuestro.
La cooperación interinstitucional ha sido fundamental para alcanzar estos logros. Las
diversas dependencias e instancias del Gobierno Federal que colaboran en la lucha contra
el narcotráfico, hemos venido ejecutando una nueva estrategia en la frontera sur, la
península de Yucatán y la de Baja California desde junio de este año y que tiende a
encarar con más eficacia el traslado internacional de drogas ante el cambio de rutas y de
métodos que utilizan las organizaciones criminales.
Estamos ciertos que este nuevo programa tendrá importantes resultados. El uso de
tecnología avanzada y el desarrollo de la inteligencia policial se encuentran dentro de
nuestros planes de cortísimo plazo.
En los últimos 12 meses, la Procuraduría General de la República, ha desarrollado una
intensa actividad en materia de cooperación legal internacional, en este sentido, las
extradiciones, los casos de asistencia jurídica en materia penal, la presencia en
reuniones y la concertación de instrumentos internacionales, así como los traslados de
reos para la ejecución de sentencias penales y otras expresiones de dicha cooperación,
se ha desarrollado significativamente con Estados Unidos, Canadá, los países
iberoamericanos y Europa.
En cuanto a los casos particulares, imposible resultaría referirme en esta oportunidad a
las más de 17 mil averiguaciones previas en trámite o a los casi 10 mil procesos que se
vienen atendiendo. Ni siquiera tendría oportunidad de referirme a los muchos casos que
han llamado la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública.
En atención a esta circunstancia, habré de referirme brevemente a las investigaciones en
torno a los homicidios de Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio Murrieta y
José Francisco Ruiz Massieu, así como a la matanza de Acteal.
Estoy seguro, señores diputados, que a
propósito de las preguntas que se sirvan formularme, tendré la oportunidad de referirme
a otros asuntos de indiscutible importancia.
Con relación al homicidio del cardenal Posadas, durante este periodo se presentaron
nuevas evidencias que, en principio, confirmarían la tesis expuesta por cinco
procuradores generales, en el sentido de que este homicidio se produjo como consecuencia
de la confusión del vehículo en el que viajaba el prelado y ante la presencia en el
aeropuerto de Guadalajara, el 23 de mayo de 1993, de los capos de dos organizaciones
criminales antagónicas.
No obstante lo anterior, pero con la legítima pretensión del Ministerio Público Federal
de convencer a la opinión pública de la validez de las pruebas y las conclusiones,
convoqué a las autoridades del Estado de Jalisco y a la conferencia del episcopado,
instancias que han sido especialmente escépticas del trabajo realizado en este caso, a
que constituyéramos un grupo interinstitucional en el que, con absoluta apertura, se
presentaran todas las dudas, se ofrecieran pruebas que no se habían presentado y se
cuestionara el acervo probatorio que consta en el expediente.
470,471,472
Este grupo interinstitucional ha venido
trabajando con intensidad desde el día 9 de julio de 1998 y ha asumido el compromiso de
alcanzar una conclusión sustentada en la totalidad de pruebas, para el próximo 30 de
noviembre, en principio, que desde luego se hará pública.
La subprocuraduría especial creada para la investigación del homicidio del licenciado
Donaldo Colosio, ha seguido trabajando intensamente, bajo la premisa de atender todas las
inquietudes y sospechas, sin prejuzgar a priori sobre su validez. Estas inquietudes y
sospechas, sociales si bien son un presupuesto para investigar, no pueden ser conclusiones
en sí mismas; las conclusiones tienen que derivar de los elementos probatorios que las
confirmen.
La subprocuraduría ha alcanzado conclusiones en 23 de las 27 líneas de investigación
que hizo públicas en septiembre de 1996, mismas que se han comunicado a las comisiones de
la Cámara del Congreso de la Unión y a los medios de comunicación social.
Ninguna prueba o evidencia consistente se ha presentado durante el último año, que ponga
en duda la conclusión de que el autor de los dos disparos que recibió el licenciado
Colosio fue Mario Aburto Martínez, conclusión que no elimina la posibilidad de que
existan uno o más instigadores o autores intelectuales. La subprocuraduría está
dispuesta a debatir pública y abiertamente la conclusión sobre la autoría material.
Dentro de las líneas de investigación pendientes, que ciertamente están muy avanzadas,
pero que aún no ha sido posible concluir, se trabaja respecto del entorno político en
que se desarrolló la campaña del licenciado Colosio, la posible participación de
narcotraficantes en el asesinato, la forma en que Mario Aburto adquirió el arma, así
como la indagación de versiones acerca de dos personas que dijeron tener noticias del
atentado de manera previa a su ejecución. Hasta el día de hoy la averiguación previa
consta de 136 tomos con 53 mil 983 fojas y estoy por terminar, señoras y señores
diputados.
Por cuanto hace al homicidio del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, la actual
administración de la PGR sostuvo el ejercicio de la acción penal que en su momento se
enderezó contra Raúl Salinas de Gortari, aportando todas las pruebas con que contó y
que suman 163. La instrucción del proceso ha sido ya cerrada por el juez y actualmente
corre el término para que el Ministerio Público presente conclusiones, las que
indudablemente serán acusatorias. será responsabilidad del órgano jurisdiccional dictar
la sentencia que en derecho corresponda.
Como autores materiales del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu y por encubrimiento,
han sido sentenciadas seis personas.
El 22 de diciembre de 1997 sucedieron los abominables hechos Acteal, Chiapas, en los
cuales 45 personas fueron asesinadas y 18 resultaron lesionadas. A partir del día
siguiente la PGR asumió directamente las investigaciones y como resultados de ellas,
hasta el día de hoy, se ha ejercitado acción penal en contra de 126 personas; 97 ya se
encuentran detenidas y a disposición de su juez, de ellas 84 sonciviles, 11 son ex
policías de la Coordinación General de Seguridad Pública, uno es ex militar y uno es el
ex presidente municipal de Che nalhó.
Adicionalmente, siete personas que trabajaron
en la subprocuraduría indígena del Estado de Chiapas, fueron consignadas por la PGR ante
el Fuero Común por delitos cometidos contra la administración de justicia y por abuso de
autoridad.
Junto a la investigación de los hechos de Acteal, la PGR atrajo al Fuero Federal 34
averiguaciones previas que se encontraban radicadas en la Procuraduría de Chiapas, por
hechos que se presentaron en el municipio de Chenalhó con anterioridad al 22 de diciembre
de 1997. De estas averiguaciones previas 15 ya han sido consignadas y la autoridad
judicial determinó obsequiar 193 órdenes de aprehensión por distintos delitos, entre
ellos: homicidio, lesiones, robo, allanamiento y daño en propiedad. Tres averiguaciones
previas se acumularon a otras por tratarse de los mismos hechos, en tres más se
determinó el no ejercicio de la acción penal por prescripción y por no haber tenido
acreditados los elementos de los tipos penales.
Toda esta investigación realizada por la PGR lleva a la conclusión de que en Chenalhó
antes del 22 de diciembre de 1997, se vivía un ambiente de enfrentamiento entre las
comunidades, que se exacerbó ante el alineamiento de simpatizantes y no simpatizantes del
EZLN, clima de violencia del que no estuvieron ausentes factores de orden económico y
social, así como un entorno de impunidad que potenciaba la comisión de delitos más
graves cada vez.
Con independencia del seguimiento del caso de Acteal, actualmente la fiscalía ciudadana
del municipio de Chenalhó...
Señor Procurador, ha concluido su
tiempo.
El procurador
General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Son 30 segundos, señora Presidenta.
Adelante.
El procurador
General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Gracias.
...Se encuentra trabajando en la identificación efectiva y, en su caso, desarticulación
de grupos civiles armados que habrían aparecido tanto en este municipio como en otros del
Estado de Chiapas. Hasta el 4 de diciembre de 1997 han rendido declaración ministerial 74
personas dentro de esta investigación.
Señoras y señores diputados federales: la recta, pronta y eficaz procuración de
justicia en México es todavía una asignatura pendiente; sin embargo, creemos estar dando
los pasos concretos para acreditarla y remediar esta dolencia nacional. Será más rápido
y menos difícil si Estado y sociedad asumimos el reto trabajando juntos y unidos.
Muchas gracias.
Gracias, señor Procurador.
Esta mesa directiva saluda la presencia en
esta sesión de Lord Alfred Morris y de los representantes Gisela Stuart, Roger Berry,
Laurence Robertson y John Whittingdale, todos ellos miembros de la Delegación del grupo
Británico de la Unión Interparlamentaria.
PRIMER
TURNO DE ANALISIS
Para el primer turno de preguntas por 10
minutos con derecho a réplica por cinco minutos, se han inscrito los siguientes
diputados: por el Partido Verde Ecologista de México, Verónica Velasco Rodríguez; por
el Partido del Trabajo, Juan Cruz Martínez; por el Partido Acción Nacional, Juan Carlos
Gutiérrez Fragoso; por el Partido de la Revolución Democrática, Benito Mirón Lince y
por el Partido Revolucionario Institucional, Domingo Yorio Saqui.
Tiene la palabra la diputada Verónica Velasco Rodríguez.
| La diputada Verónica Velasco Rodríguez: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados; procurador General de la República, Jorge Madrazo
Cuéllar:
Uno de los factores más importantes para el desarrollo de cualquier país es sin duda la
seguridad pública; ésta no puede ser tratada mas que como un tema prioritario de la
nación.
México está siendo lastimado en lo más profundo, en la integridad de sus habitantes, es
obligación de los tres poderes de la Unión poner un alto a esta situación y devolverle
a nuestro pueblo la tranquilidad que merece. México no puede ser rehén de nada ni de
nadie y mucho menos debe dejarse rebasar por quienes quisieran desestabilizarlo.
La inseguridad que se manifiesta hoy a cualquier hora del día y a lo largo de toda la
República Mexicana tiene que ser combatida por las autoridades de manera frontal y
decidida, el Ejecutivo Federal envió ya a esta Cámara un paquete de iniciativas para
evitar la inseguridad y atacar la delincuencia, del cual más adelante manifestaría que
no ha sido aprobado por esta soberanía debido a que no ha trabajado lo suficiente.
Yo le contestaría que sí hemos trabajado pero que estamos convencidos que gran parte del
problema radica en la aplicación de las penas y no en las penas mismas.
Es menester para esta administración procurar y otorgar a la ciudadanía seguridad en el
desarrollo de su actividad diaria para que no se sienta amedrentada en su persona,
familia, trabajo y medio ambiente, pero es también responsabilidad de cada uno de
nosotros, como mexicanos, trabajar juntos para garantizar a las futuras generaciones un
país seguro y lleno de oportunidades.
Es por esto que el Partido Verde Ecologista de México se suma a la cruzada nacional
contra la delincuencia, cruzada que refleja el sentimiento de una sociedad que a todas
luces se ha percatado de que las autoridades encargadas de la procuración e impartición
de justicia, han sido ya rebasadas y superadas, lo que deja a la ciudadanía a merced del
hampa y en un estado de total indefensión.
Los ciudadanos ahora salen armados de sus casas porque sienten que las autoridades
encargadas de protegerlos los han abandonado y que incluso son ellas mismas las que
participan de manera directa en las actividades delictivas, arrebatándoles lo que tanto
trabajo les ha costado ganar o que en el menor de los casos, solapan indirectamente a los
delincuentes para que hagan el trabajo sucio, pudiendo éstos recibir una parte del
botín.
Uno de los delitos que más nos preocupa y que ha crecido de manera alarmante y desmedida,
es el del secuestro. Creemos que la recientemente aprehendida banda de los Arizmendi, que
causara gran notoriedad en la sociedad por su forma tan despiadada de privar de la
libertad a sus víctimas y sus métodos para cobrar el rescate, es sólo la punta del
iceberg del crimen organizado que parece tener secuestrado al país, con la complicidad,
corrupción y protección de malos elementos de corporaciones policiacas, mismas que no
deben tener cabida en ningún organismo.
En el campo de la prevención, poco se ha hecho para abatir los índices delictivos, las
campañas hasta ahora implementadas no han desincentivado a la delincuencia, pareciera
más bien que la fomentaran. Si no instrumentamos campañas que sean efectivas para
desmotivar el crimen, de nada servirá destinar recursos numerosos, de por sí escasos y
que tanto cuestan a quienes circulamos inseguramente por las calles.
Hasta en tanto no se asuma una posición seria y comprometida para atacar de frente el
problema que implica la seguridad pública, no podremos estar seguros de gozar de las
garantías fundamentales que nos otorga nuestra Constitución. ¿De qué nos sirve tener
la garantía de libre tránsito si no podemos ejercerla de manera plena, por el miedo
fundado de salir a las calles?.
Por otra parte, me gustaría reiterar que para
el Partido Verde Ecologista de México, es una prioridad el combate al narcotráfico,
estamos convencidos que hay que mantenerse enfocados en informar y prevenir a los niños y
jóvenes de México, del riesgo que significa para su vida el consumo de enervantes,
sicotrópicos y estimulantes. No podemos permitir que el futuro del país se vea mermado
por los cárteles de la droga, que sólo buscan enriquecerse a costa de la vida de
nuestros niños y nosotros los jóvenes y que son en muchos casos causales de los actos
delictivos que suceden en nuestro país.
La destrucción de plantíos, la mayor vigilancia, así como la captura de los jefes del
narco, por enfrentar algunas de las medidas emprendidas por esta administración, no han
logrado afectar la estructura de organización, distribución y comercialización de las
drogas, debido en gran parte a la corrupción de nuestras autoridades y a la demanda
generada en otros países.
La muerte o captura de un capo de la mafia del narcotráfico no disminuye el comercio de
las drogas, porque habrá otro que lo sustituya en su propia organización y otro que
llene el vacío dejado. La oferta y la demanda de drogas no han podido ser abatidas, aun
cuando existen numerosos decomisos.
473,474,475
Por eso mismo, señor Procurador, yo le
pregunto: ¿qué se hace para atacar a una industria que tiene un crecimiento tal, que aun
teniendo pérdidas cuantiosas, no es afectada en el precio de sus productos en el mercado?
Deben todos los países del orbe instrumentar de manera conjunta acciones encaminadas a
poner fin a este problema y así compartir experiencias para la mejor consecución de
objetivos comunes, pero eso sí, no permitamos, como hasta ahora lo ha hecho el Gobierno
mexicano, la injerencia de ningún otro Estado que, pretextando el combate al
narcotráfico, vulnere nuestra soberanía. Exigimos acciones, pero de manera responsable y
acatando la voluntad de la nación.
Finalmente, en lo que se refiere a los llamados delitos de cuello blanco, es una burla la
confianza de los ahorradores o inversionistas que depositaron su patrimonio en
instituciones de crédito, en aras de una mayor seguridad, el que hayan sido defraudados
por los dueños de estas instituciones. Conocidos por todos son los casos de Lankenau e
Isidoro Rodríguez y de uno más que está prófugo, el señor Cabal Peniche.
Señor Procurador, ¿se obtendrán sentencias satisfactorias para la sociedad en los dos
primeros casos? ¿Se consolidarán los esfuerzos de la Procuraduría para localizar y
posteriormente extraditar, si fuera el caso, a Cabal Peniche o deberemos esperar que la
impunidad continúe?
Una de las causas de este problema es sin duda la actualización y capacitación de los
servidores públicos encargados de la procuración de justicia, pues deja ésta mucho qué
desear. Pensamos que debe de fomentarse como una política propia de esta Procuraduría y
no como una situación particular de cada sexenio. Esta es una prioridad que creemos
debería de compartir con nosotros, señor Procurador.
Hay que evitar en la medida de lo posible que los criminales salgan impunes por las
deficiencias e irregularidades cometidas durante los procedimientos en su contra o por la
corrupción de policías y agentes del Ministerio Público y sus órganos auxiliares. ¿De
qué nos sirve tener la garantía de ejercer el comercio, si cuando invertimos en nuestro
país para obtener ganancias fruto de nuestro trabajo, nos son arrebatadas por quienes
secuestran a los seres más queridos de nuestras familias?
Usted, como Procurador General de la República, ¿qué respuesta les puede dar a los
inversionistas del nuestro y otros países que han tenido la confianza suficiente para
invertir su dinero en México, que traen empleos a nuestro país y que incluso residen en
él, que han sido víctimas del secuestro lacerante o víctimas de un crimen organizado?
¿Saldría usted, señor, tranquilo a las calles sin el cuerpo de seguridad que lo aísla
y protege del riesgo de sufrir un asalto con violencia, de que le arrebaten sus
pertenencias, de ser privado de su libertad o simplemente en el peor de los casos, de
perder la vida, como sucede a todos los habitantes de nuestro país?
Por su atención y respuestas, muchas gracias.
Gracias, diputada Verónica Velasco.
Les solicitamos a todos los diputados que se encuentran en pasillos conversando, fueran
tan amables de tomar su asiento en el recinto.
Tiene la palabra el señor Procurador de la República.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias, diputada Verónica
Velasco.
Yo he venido comentando que para tener mejores resultados en el ámbito de la procuración
y la administración de justicia, como uno solo de los segmentos que integran la función
de seguridad pública, que arranca por cierto en la prevención del delito y concluye en
la readaptación social del delincuente, hay que poner en práctica tres conjuntos de
medidas distintas.
Ciertamente la modificación de la ley, la adecuación de las normas es importante, pero
no sólo con la adecuación de las normas se va a resolver el problema, debemos trabajar
también en la depuración de las corporaciones policiacas, en la profesionalización del
Ministerio Público y desde luego nadie puede estar de acuerdo en que elementos de
procuración de justicia o policías sean los que estén trabajando en complicidad con las
organizaciones criminales. Esto es uno de los problemas más serios que hemos tenido y
desde luego estamos buscando erradicarlo no sólo con la separación de estos malos
elementos ni siquiera con tener toda la información de estos elementos para hacer un
seguimiento cuando éstos son separados de las corporaciones, sino ejercitando las
acciones penales en su contra.
Qué bueno que el Partido Verde se haya sumado a la cruzada nacional contra la
delincuencia. Creo que ésta es una convocatoria y una llamada al Estado y a la sociedad
para trabajar de manera muy firme y muy unida y desde luego que en el ámbito de la
procuración de justicia, concretamente en el ámbito de la Procuraduría General de la
República, conocemos perfectamente cuáles son los retos que estamos llamados a superar.
El secuestro indudablemente se ha vuelto uno de los delitos más graves que se cometen no
solamente en la Ciudad de México, sino en distintos puntos de nuestro país. Hasta ahora,
se ha logrado por parte de la PGR el desmantelamiento de tres bandas de secuestradores,
pero son más las que están operando en el territorio de la República.
Yo quiero recordar a ustedes que el secuestro es en principio un delito del ámbito del
fuero común, que bajo determinadas condiciones y en aplicación de la Ley de Delincuencia
Organizada puede convertirse en un delito federal. Lo que hemos buscado hacer es trabajar
de manera muy organizada y unida con otras procuradurías de los estados y esta
cooperación interinstitucional es la que nos está permitiendo tener mejores resultados,
pero indudablemente el problema del secuestro no ha desaparecido.
Yo convengo con la diputada Velasco que es necesario trabajar mucho más en la prevención
y creo que aquí los organismos de la sociedad y, sobre todo, los medios masivos de
comunicación, deben jugar todavía un rol más importante.
En materia de narcotráfico, no puedo sino también estar de acuerdo en la necesidad de
profundizar el área de la prevención.
Creo que durante 1998 hay resultados más tangibles de que se está trabajando en esta
área, de que se está trabajando en colaboración con instituciones públicas, con
organizaciones de la sociedad, pero es mucho más lo que hay que hacer.
No puedo también sino referir a ustedes que sabemos, por el trabajo de información, que
muchas organizaciones criminales, transnacionales, ya no están recibiendo su pago en
dólares, sino lo están recibiendo en especie, es decir, que lo están recibiendo en
droga, con el compromiso de no hacer ingresar esa droga al mercado de los Estados Unidos.
Es decir, que la condición es que esa droga se consuma en territorio de la República, lo
cual para nosotros representa una extraordinaria preocupación.
Repito, creo que debemos de trabajar de manera mucho más unida.
Efectivamente, cuando trabajamos para desmantelar las organizaciones criminales, los
cárteles de la droga, nos damos cuenta que después surgen organizaciones intermedias.
Esto ha sucedido, por ejemplo, en Jalisco, en Colima, en Ciudad Juárez. El problema es de
una gravedad extraordinariamente importante.
Nuevamente aquí la llamada es a la acción conjunta, a la cooperación internacional, en
la medida que esta cooperación internacional resulte respetuosa de los principios de la
soberanía nacional, la jurisdicción territorial y el reconocimiento y aplicación
íntegra del orden jurídico dentro de nuestro territorio.
Yo confío en que podamos detener indudablemente al señor Cabal Peniche. Son muchas las
corporaciones policiacas internacionales que nos están ayudando; es mucho el esfuerzo que
la PGR viene desarrollando en esta área. También quiero decirle que confío en que las
sentencias en contra del señor Lankenau e Isidoro Rodríguez sean condenatorias y
ejemplares.
¿Qué haría yo? Yo no tengo sino que sumarme a las preocupaciones por la inseguridad
pública que padecemos todos los mexicanos. La he padecido yo, antes de ser Procurador
General de la República y es muy posible que la padezca cuando lo deje de ser. Pero
déjeme decirle que si de amenazas se trata, yo puedo contarle un rato.
Muchas gracias.
Tiene la palabra la diputada Verónica
Velasco, para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo considera... Ha declinado.
Tiene la palabra el diputado Juan Cruz Martínez, hasta por 10 minutos.
| El diputado Juan José Cruz Martínez: |
Con su permiso, señora Presidenta:
Doctor Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la República, para el grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, hablar de procuración de justicia en el ámbito de
la institución que usted preside, resulta a todas luces difícil.
¿Cómo hablar de procuración de justicia en las condiciones de inseguridad en que se
encuentra la sociedad mexicana, debido al crecimiento del índice de comisión de delitos
del Fuero Federal?
Indiscutiblemente este incremento delincuencial trae aparejada la impunidad de quienes se
dedican a desposeer a los ciudadanos de su patrimonio, en el mejor de los casos o de su
vida en el peor.
Una de las conductas delictivas que más lastiman a la población es la de la desposesión
de un bien mueble, que se adquiere mediante un trabajo honesto por quien lo sufre.
El robo se ha convertido en un delito que se ha incrementado notablemente en esta época.
Con él no sólo se priva a un particular de su patrimonio, sino dependiendo de las
modalidades con que se cometa, se genera en el sujeto pasivo de la comisión de ese
delito, graves trastornos sicológicos, ya que el ladrón pretende fundar su impunidad en
la amenaza de personas cercanas al afecto de quien resiente ese delito.
La sociedad se ve agraviada no sólo por la comisión de delitos, sino por la impunidad de
la que disfrutan los delincuentes, en muchos de los casos, como ha quedado demostrado
ampliamente, en el periodo que se informa.
Existe una implicación entre delincuentes e instituciones policiacas, encargadas de
combatirlos, a tal grado que en ocasiones resulta difícil diferenciar unos de otros.
Señor Procurador: si bien es cierto que en nuestro país está prohibida la vindita
privada, no podemos soslayar el hecho de que ante la desconfianza que la ciudadanía
siente hacia las instituciones encargadas de procurar justicia, decide por sí misma
aplicar la Ley del Talión a los delincuentes.
La ciudadanía sabe que en caso de acudir a las agencias del Ministerio Público, pasarán
horas antes de que puedan levantar el acta correspondiente, por lo que las estadísticas
presentadas en el informe que se analiza, no están acordes con la realidad, ya que no
reflejan lo ocurrido.
Al grupo parlamentario del Partido del Trabajo, le interesa particularmente que se cuente
con una Procuraduría General de la República que sea plenamente autónoma en el
cumplimiento de sus funciones. Para tal efecto, con fecha 30 de abril del año en curso,
sometimos a la consideración de esta soberanía, una iniciativa de reformas
constitucionales a diferentes artículos de nuestra Norma Fundamental, entre las que se
proponen: reformar el apartado A del artículo 102 constitucional con el propósito de
dotar de plena autonomía a la Procuraduría General de la República, para que pueda
cumplir, sin interferencia alguna, el mandato que la Constitución y los diferentes
ordenamientos jurídicos secundarios le imponen.
En el apartado A se propone también que el Procurador General de la República sea
designado por esta soberanía de entre una terna que la misma Cámara integrará, atentos
al procedimiento establecido en la adición al artículo 74 constitucional, durando en su
cargo seis años.
Asimismo nos pronunciamos porque en el ejercicio de las atribuciones de la institución a
su cargo, el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos, sean
principio rector fundamental.
Una eficiente procuración de justicia requiere contar con recursos humanos profesionales
y permanentemente capacitados para desempeñar adecuadamente su función. Sin embargo,
vemos con preocupación que la institución ha seguido siendo objeto de las corruptelas de
malos elementos.
476,477,478
Sin lugar a dudas el narcotráfico, por lo
inmenso de los recursos que moviliza, ha llegado a corromper a los elementos encargados de
combatirlo. Resulta inconcebible que con los instrumentos jurídicos que la Procuraduría
tiene a su disposición, como en el caso de la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada, todavía no se haya logrado desmantelar y aprehender a los capos de los
diferentes cárteles que operan en el país al amparo de protección o complicidad de
elementos policiacos. Basta tan sólo, a manera de ejemplo, mencionar la masacre
perpetrada en contra de tres familias en Ensenada, Baja California.
Resulta alarmante que en México nos enteremos por publicaciones editadas en el
extranjero, del grado en que la unidad del crimen organizado se encuentra infiltrada por
el narcotráfico.
Señor Procurador: ¿no cree que los mexicanos debemos ser los primeros en conocer de ese
tipo de irregularidades y no como siempre ha ocurrido, que somos los últimos en
enterarnos?
Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, manifestamos
nuestra posición enérgica en contra de que a los agentes de la DEA, se les permita
operar armados en nuestro país y que se les extienda inmunidad diplomática.
Queremos que nos informen las medidas específicas que la Procuraduría ha tomado en
contra de los agentes norteamericanos que realizaron en nuestro país actividades que
desembocaron en la operación Casablanca;
Otro de los aspectos medulares que nos interesan, son aquellos que se realizan al amparo o
con la complicidad de las instituciones integrantes del sistema financiero mexicano.
Resulta evidente que las enormes ganancias generadas por el narcotráfico, requieren ser
lavadas.
En las operaciones, con recursos de procedencia ilícita, participan los bancos. Nuestro
grupo parlamentario estima que es pertinente el que la institución a su cargo, en
cumplimiento de la atribución que le otorga el artículo 21 constitucional, persiga
directamente la comisión de estos ilícitos sin necesidad de denuncia previa por parte de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que como ha quedado plenamente
demostrado, dicha dependencia ha sido negligente en la vigencia del sistema bancario
nacional y tan sólo hay que recordar la denominada operación Casablanca.
En el periodo del informe que se analiza, el Ejecutivo hace mención del paquete de
iniciativas sometido a la consideración de la colegisladora en 1997 y de las que pudiera
presentar en este periodo de sesiones; todas ellas con el propósito de ser más rigurosos
en el combate a la delincuencia, particularmente lo que ha sido considerada como la
delincuencia organizada.
Sin embargo, este rigor en lo que corresponde
a las penas y otras medidas complementarias, no debe llevarnos bajo ninguna condición y
circunstancias al establecimiento de un estado autoritario o policial. La iniciativa de
reformas constitucionales a los artículos 16, 19, 20, 22 y 123, no deben ser restrictivas
de las libertades individuales, no podemos permitir el que para combatir a quienes violan
la ley, el Gobierno cuente con instrumentos jurídicos que violenten la esencia de las
garantías individuales. No se trata de proteger a los delincuentes; de lo que se trata es
de establecer con claridad, en el ámbito de las competencias del poder público en su
relación con los particulares, teniendo siempre en consideración la limitación al poder
público de las garantías individuales.
Por último, señor Procurador, quisiera que nos diera su punto de vista, su opinión, si
es ético y moral que un gobernador de un estado o sea representante del Poder Ejecutivo,
nombre a su hermano político, su cuñado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia es
decir; representante del Poder Judicial. ¿Es ético y moral que dos poderes, en este caso
el Ejecutivo y el Judicial, queden en una misma familia? Agradecemos su respuesta, muchas
gracias.
Gracias diputado.
Tiene la palabra el señor Procurador. Adelante.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchísimas gracias por su
intervención, señor diputado.
Vuelvo a insistir en que uno de los graves problemas que a lo largo de los años ha tenido
la Procuraduría General de la República, la Policía Judicial Federal, pero también las
procuradurías de las entidades federativas, ha sido la penetración de la delincuencia
organizada, muy especialmente del narcotráfico, por los ríos de oro que manejan y por su
enorme capacidad de corrupción. Estamos tratando de forjar una nueva generación de
investigadores en delitos federales, de policías judiciales federales que realmente
puedan tener mejores garantías para luchar contra esa corrupción y que
institucionalmente existan también las herramientas para poder verificar, constatar esos
actos de complicidad y corrupción y castigarlos con toda la severidad que las leyes
permiten.
Este es un trabajo estratégico que venimos desarrollando con toda energía en la
Procuraduría General de la República. El número de ejercicios de la acción penal que
reseñé en mi presentación, creo que es muestra de ello y desde luego que hay todavía
más elementos de nuestra corporación, tristemente lo tengo que decir, que están sujetos
a esta investigación y cuando existan los elementos del tipo penal y la probable
responsabilidad, haremos la consignación correspondiente,
Indudablemente que en materia de criminalidad existen cifras negras. Esto se ha reconocido
repetidamente. Las estadísticas que podemos dar a conocer son aquellas que parten de las
denuncias que se presentan, de las averiguaciones previas que se inician, de aquellas que
se consignan cuando se logra aprehender a los probables responsables y cuando esto
concluye en sentencias condenatorias.
Sabemos que en la medida en que podamos ir reconquistando la confianza de la ciudadanía,
la cultura de la denuncia también se verá fortalecida y desde luego el trabajo,
afortunadamente en ese sentido, tendrá que ir en aumento.
Conozco de la iniciativa que se presentó para la reforma al apartado A del artículo 102.
Sé que existen distintos diputados y senadores que creen que una de las soluciones en
materia de procuración de justicia tiene que ver con el nombramiento del Procurador. Eso
desde luego quedará como materia de resolución de esta soberanía.
Lo que yo puedo comentar sobre el particular, es que lo importante es que su función
técnica de persecución de los delitos, de investigación de los delitos, se haga de una
manera técnica y no se haga de una manera política.
Mi particular punto de vista, que ya el año pasado tuve la oportunidad de compartir con
ustedes, es que la procuración de justicia es una tarea esencialmente técnica y que eso
es lo que habría que garantizar constitucionalmente hablando.
Desde luego que no hemos podido detener señor diputado, a todos los capos del
narcotráfico. Sin embargo, quiero decirle que estamos alentados por el trabajo que sobre
todo se ha hecho en materia de delincuencia organizada. Por primera vez en la historia de
este país hemos logrado la consignación de toda una organización criminal dedicada al
narcotráfico, que mereció del señor juez a quien se le consignó el caso, la
expedición de más de 60 distintas órdenes de aprehensión. Creo que hemos logrado
desarticular algunas organizaciones, especialmente la de los Amezcua Contreras, como lo
comenté en mi presentación y es mucho más lo que queda por hacer.
Lo único que yo le puedo decir es que existe toda la voluntad y estamos tratando de
trabajar con más organización y con más unidad, para enfrentar este fenómeno que es
una gran amenaza a la seguridad nacional de México.
Respecto de las noticias que se dan a conocer en el extranjero sobre posibles actos de
corrupción en la unidad de delincuencia organizada, debo decir que todo esto parte de la
prueba de un examen poligráfico; que la realización de un examen poligráfico no
significa que con eso automáticamente se pueda generar acusaciones penales. Pero que en
todo caso he ordenado que se realice una profundísima investigación.
Qué bueno que ahora tenemos la posibilidad de realizar estos exámenes, que existe una
estructura dentro de la PGR para realizarlas y para detectar a tiempo la posible
ocurrencia de estos fenómenos.
Las personas que resultaron no aprobadas en el examen poligráfico, ya no trabajan en la
unidad de delincuencia organizada y la investigación está en curso y de ello daré
noticia puntual a la opinión pública.
Jamás el Gobierno mexicano ha aceptado que los elementos de la DEA porten armas en
territorio de la República. Se ha sido profundamente insistente por las autoridades
norteamericanas en este caso y la respuesta, señor diputado, ha sido siempre la misma:
no. Nuestra legislación no acepta que extranjeros dedicados a este tipo de actividades,
como la DEA, tengan la capacidad de portar armas en territorio de la República. Tampoco
se ha autorizado ninguna posibilidad de que gocen de inmunidades diplomáticas.
Y en cuanto al caso Casablanca, la pregunta concreta que usted hizo, señor diputado, le
podría decir que apenas tuvimos conocimiento de la posibilidad de que testigos
cooperantes, informantes o agentes, hubiesen realizado actividades de policía en
territorio de la República, iniciamos una averiguación previa.
Esa averiguación previa radicada en la fiscalía para la atención de delitos contra la
salud, se viene integrando, necesitamos conocer algunos datos mucho más sensibles para la
ubicación de qué personas pudieron haber realizado estas actividades en México y desde
luego que cuando se abra la Corte de Los Angeles, el juicio de Los Angeles, que sucederá
el próximo mes de noviembre, estaremos en capacidad de tener más elementos que nos
permitan determinar en definitiva la averiguación previa que se viene integrando.
Finalmente, las reformas penales que el señor presidente Zedillo propuso, no buscan una
restricción de las garantías de los probables responsables, si no armonizarlas, como
sucedía antes de 1993, con los privilegios, las prerrogativas, los derechos de víctimas,
de ofendidos y con la pretensión punitiva del Ministerio Público.
Creo que si se examinan a fondo, con serenidad, se van a percatar de que ése es
precisamente el equilibro que estamos buscando.
Yo no soy quien para decir si hay alguna irregularidad o alguna ilegalidad en la
designación del cuñado de un gobernador, como presidente del Tribunal Superior de
Justicia en esa entidad federativa, pero supongo que no debió de haberse hecho por lo
menos para no abrir sospechas ni suspicacias. Pero eso es distinto a lo que la ley en ese
estado pueda disponer.
Gracias, señor Procurador.
Esta Presidencia saluda la presencia en la sesión de hoy, de alumnos de la Universidad
Intercontinental, invitados por la diputada Jacaranda Pineda.
Igualmente esta Presidencia desea invitar a todos los diputados que se encuentran de pie
hagan favor de tomar sus asientos. Diputados: Sobrino, Domínguez Lacroix, Martín del
Campo, Sodi, sean tan amables de tomar sus asientos.
Diputado Juan Cruz Martínez, ¿desea hacer uso de su derecho de réplica? Adelante, por
favor.
| El diputado Juan José Cruz Martínez: |
Con su permiso, señora Presidenta;
señor Procurador:
En el periodo del informe que se analiza el presidente Zedillo establece que es necesario
hacer de México un país de leyes, en el que las conductas de los individuos y de las
autoridades se guíen por lo dispuesto en las normas jurídicas. Es un objetivo en el que
el Gobierno Federal ha puesto su mayor empeño.
Lo anterior viene a colación porque precisamente una serie de servidores públicos, que
al amparo de su cargo y de sus relaciones políticas, medraron en una entidad paraestatal
defraudando la confianza que durante décadas los mexicanos han depositado en la Conasupo
y sus empresas filiales.
Para investigar las irregularidades cometidas, esta soberanía, con fundamento en lo
dispuesto en el tercer párrafo del artículo 93 constitucional, decidió crear una
comisión investigadora de dichas anomalías.
479,480,481
Señor Procurador: la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República establece, en su artículo 2o. fracciones II y V,
como obligaciones del Ministerio Público, la de promover la pronta, expedita y debida
procuración e impartición de justicia, así como perseguir los delitos del orden
federal.
Atentos a lo anterior, es obligación de la Procuraduría, por medio de los agentes del
Ministerio Público, llevar a cabo dichas investigaciones, tal y como lo establecen los
incisos a, b y c de la fracción I del artículo 8o. de la Ley Orgánica.
Sin embargo, hasta la fecha no se tiene conocimiento de los resultados de dichas
investigaciones. ¿Cuál es el número de investigaciones previas abiertas y si se ha
ejercitado acción penal en contra de los responsables de dichos ilícitos?
Quiero aclarar que la Procuraduría recientemente nos ha dado información acerca de ocho
denuncias que la LVI Legislatura hizo llegar a la Procuraduría.
Los legisladores estamos convencidos que actuando cada uno de los integrantes de los
órganos del poder público en la esfera de competencia que la Constitución nos otorga,
contribuiremos significativamente a abatir los niveles de impunidad que tanto han
lastimado a la sociedad.
No podemos permitir que se robe el patrimonio del pueblo de México y de que quienes lo
hacen evadan la acción de la justicia. Señor Procurador, las averiguaciones previas
están abiertas.
Corresponde a usted y a los agentes del Ministerio Público que le están subordinados el
investigar adecuadamente para fincar las responsabilidades que correspondan.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Cruz Martínez.
Tiene la palabra en seguida, por el Partido Acción Nacional, el diputado Juan Carlos
Gutiérrez Fragoso,
| El diputado Juan Carlos Gutiérrez Fragoso: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados; señor Procurador de la República:
Hoy existe una aguda sensación de que la impunidad prevalece y de que la prevención y la
persecución jurídica de la delincuencia no ha dado los resultados esperados.
Es lo que muchos han denominado la
masificación de la criminalidad; es decir, la proliferación de individuos que han hecho
de la comisión de los delitos su ocupación habitual, su modus vivendi.
Ante la sensibilidad y la clara necesidad social de que sea una realidad la seguridad
pública, podemos afirmar categóricamente que la acción y la responsabilidad del
Gobierno contra el crimen hasta el momento ha fracasado.
Hemos sostenido que la seguridad pública y la administración de justicia es una
prioridad nacional, pero no sólo para que sea reconocida en los textos del Gobierno o en
sus informes de trabajo, sino que para que su acción y su estrategia se traduzca en
realidad mediante resultados efectivos, efectividad que no puede ser percibida hasta el
momento.
Resulta que la función encaminada a la lucha contra el crimen parece seguir siendo la de
la improvisación, la de una visión reduccionista, ya que las acciones en el sistema de
justicia y de seguridad pública no hila, no enlaza todas las piezas de solución contra
los factores que dan origen a la delincuencia. Consideramos que ello no deriva de una
ceguera o sordera del Gobierno, sino de una incapacidad o incompetencia para dar solución
a las causas que generan el delito, tales como la desintegración familiar, el desempleo y
la miseria.
En el IV Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, se refrenda que es prioritario
consolidar en México, un México verdadero y un estado de derecho; en síntesis, hacer un
México de leyes y forma, que para dar respuesta al clamor ciudadano, para combatir la
delincuencia, dedica a partir de 1998 y en coordinación con los gobiernos de las
entidades federativas, los municipios de todo el país, los recursos más cuantiosos que
nunca antes se hayan destinado al combate de la delincuencia y el crimen.
Ningún presupuesto cuantioso será suficiente para combatir el crimen sin naciones
efectivas, concatenadas, coherentes y permanentes, con capacidad organizativa,
dedicación, vocación y trabajo altamente profesional. Desde luego que su éxito cabal no
podrá garantizarse a menos de que las causas que inciden en la comisión de los delitos
encuentren tendencias reversibles.
Es lamentable y causa desilusión e irritación, que ante la abrumadora delincuencia, en
el IV informe se nos diga que la Procuraduría General de la República avanza en forma
paulatina, en un proceso de transformación a fin de garantizar una procuración de
justicia pronta, expedita y apegada a derecho. No podemos permitirnos prórrogas ni
movimientos densos en una transformación que se viene anunciando desde hace mucho tiempo
por este Gobierno y los anteriores. Señores diputados, nos parece en todo caso que
debemos exigir a la Procuraduría que sea ella misma expedita y apegada a la
transformación de esta institución que ve por la seguridad y la justicia.
En el informe de Gobierno, a pesar de que se expresa que mediante un diagnóstico profundo
y detallado se han identificado las causas y los altos niveles de la inseguridad pública
existente, al respecto nosotros consideramos que no hay en él ni el más mínimo
análisis de las causas reales del crimen ni explicación alguna sobre el abrumador
crecimiento de la delincuencia. Este análisis es vetado en el informe, se evade con un
silencio para ocultar el problema de la crisis económica y financiera del sexenio. Ante
la inseguridad pública pareciera necesario omitir por el Gobierno toda referencia a las
causas sociales y económicas del crimen creciente.
En el informe de Gobierno que nos ocupa, se enuncian ocho ejes estratégicos para combatir
la inseguridad y el crimen y que se trasladan a su aplicación y persecución de la
justicia. Dichas estrategias no son propuestas nuevas; son las mismas recetas, buenos
propósitos que nos han anunciado otras veces, entre dichos ejes están: la
profesionalización, sistema nacional de información, instancias de coordinación, por
citar algunas; los mismos conceptos que se han contemplado desde el Plan Nacional de
Desarrollo, en la Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, en el Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000 y en la
última reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Luego entonces, señor Procurador: ¿dónde está la novedad de los ocho ejes
estratégicos que se anuncian?, ¿dónde está el programa más ambicioso de la historia
de la nación en esta materia, que se expresó así a la opinión pública por el
gobierno?
Bajo esta ilustración se concluye que las estrategias que se anuncian en los compromisos
no cumplidos con anterioridad, que no se han concretizado o aterrizado mediante acciones
efectivas que corresponde a la esfera del Poder Judicial, porque no se vale escudarse en
la falta de reformas legales, porque hemos podido observar que existe un marco normativo
que no se ha hecho vigente en la práctica, que se encuentran comprendidos en el Sistema
Nacional de Seguridad Pública, en la propia Ley Orgánica, tales como el Servicio Civil
de Carrera, la efectiva coordinación de las instancias de procuración, el mando eficaz
del Ministerio Público sobre la policía, por citar algunos.
Esta Cámara ha cumplido con su tarea legislativa, corresponde al Ejecutivo su ejecución
y cumplimiento.
Por otra parte señor Procurador, en la glosa del informe anterior, usted propuso la
necesidad de avanzar en tres áreas distintas; la renovación de los recursos humanos, la
reorganización de las estructuras internas y la revisión del actual sistema de
enjuiciamiento penal.
En este sentido, quisiéramos que usted nos informara cuáles han sido los resultados
hasta este momento, consideramos que no se puede transformar un régimen, sino provocando
al propio tiempo una renovación de los principios de los valores y de la vida moral, pues
el servicio público requiere vocación, valor, mística, profesionalismo, eficacia, en
síntesis, formación.
Usted habló de la necesidad de limpiar la casa, es decir, de depurar los malos elementos
de la Procuraduría a su cargo, reconoció que tenían al enemigo enfrente, pero también
una parte del enemigo atrás. Realmente esto es preocupante puesto que nadie puede pintar
un cuadro artístico si lo pueril o lo grotesco es su modelo.
Es así que no puede combatirse el crimen cuando parte de quienes lo patrocinan son
delincuentes, esta situación es sumamente grave, pues el panorama es que se ha
desdibujado la frontera delincuencia-policía, es aquí donde debe y debió centrarse las
acciones de la Procuraduría que hasta el momento han sido insatisfechas.
Para erradicar esto y alcanzar el de la renovación, usted informó que para tal objetivo
se constituyó el centro de control de confianza; ahora bien, hasta ahora, ¿cuántos
agentes se han destituido e inhabilitado y a cuantos se les ha ejercitado acción penal?
¿Qué pasó con los 270 que usted refería de servidores públicos que se han destituido
y los 192 que han sido consignados durante el presente año y el anterior?
Por otra parte, usted también nos habló en la comparecencia sobre la cooperación
internacional, manifestando que es una tarea esencial para combatir con éxito un
fenómeno transnacional como es el narcotráfico y que esta cooperación se había
desarrollado bajo los principios de respeto a la soberanía nacional, a la jurisdicción
territorial y la reciprocidad.
Luego entonces, señor Procurador, ¿qué pasó con el operativo denominado Casablanca?,
¿por qué no se respetaron los principios aludidos, que acaso no se confía en la
institución a su cargo y se duda de la capacidad de respuesta de esta institución para
resolver e investigar el lavado de dinero? O ¿lo más grave, se duda de su honorabilidad?
Al respecto, la Secretaria de Relaciones Exteriores, en su comparecencia ante el Senado,
expresó que además de constituir una acción que vulneró la confianza necesaria para el
trabajo conjunto, expuso la necesidad de apuntalar las bases de una cooperación
respetuosa y efectiva en materia de lavado de dinero y el presidente Zedillo y el
presidente Clinton encargaron a los procuradores enfrentar los efectos de este operativo y
diseñar las formas y compromisos para evitar otro incidente que pueda impactar
negativamente el clima de confianza y colaboración.
Asimismo dijo, hay una investigación en proceso en la Procuraduría General de la
República y tenemos que encontrar y perseguir a los responsables. En ese sentido, señor
Procurador, primero; ¿qué mecanismos se están diseñando para garantizar que no se
repita este serio revés a la cooperación bilateral en materia de combate al
narcotráfico? Y, segundo, ¿cuáles son los avances de la investigación?
Finalmente nosotros consideramos que lo que hace a la facultad de atracción que tiene la
Procuraduría General de la República debe ser analizada y en su caso reformada, pues
actualmente es una facultad discrecional en lo que no se contiene límites o requisitos
para su procedencia, en ese sentido, ¿qué opina al respecto?
Señor Procurador, decirle que nosotros seguimos trabajando por la auténtica autonomía
del Ministerio Público por ser esta premisa fundamental para que esta institución cumpla
cabalmente los objetivos encomendados, avanzar para que sea plenamente independiente del
Ejecutivo en su nombramiento, remoción y funcionamiento, para que la procuración de
justicia que realiza, combata seriamente la impunidad, los abusos y los delitos e incluso
donde se ven involucrados funcionarios del Poder Ejecutivo.
Señor Procurador: en su visita anterior, usted afirma que el Ministerio Público goza de
una autonomía plena, yo le pregunto: ¿cómo puede asegurar esto cuando su remoción no
depende de un supuesto jurídico?, su conducta grave, si no depende del Presidente de la
República, cómo puede afirmar la autonomía cuando el nombramiento de los
subprocuradores u otros funcionarios a su cargo no lo hace usted, sino el Ejecutivo y
cuando ciertas fiscalías especiales tienen autonomía al respecto.
Por su respuesta, muchas gracias.
Gracias diputado Gutiérrez Fragoso.
Tiene la palabra el procurador, Jorge Madrazo Cuéllar.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias.
482,483,484
Durante mi intervención busqué, por un lado,
comentar a las señoras y señores diputados, los resultados que habíamos tenido en la
implantación de esta estrategia fincada en tres vertientes: la reorganización interna de
la institución, di a conocer cómo a partir del 1o. de enero de este 1998, se hizo esa
reestructuración y está ya operando; hablé también de la renovación de los recursos
humanos, en ese sentido permítame recordar que mencioné que a lo largo de 22 meses han
sido destituidos 474 elementos de la Procuraduría, 299 inhabilitados y que la suma de
sanciones administrativas es de 1 mil 488 y mencioné también que hemos ejercitado la
acción penal contra 213 agentes de la Policía Judicial Federal y 75 del Ministerio
Público y que 108 de estos inculpados están ya delante de su juez, preparando los
procesos correspondientes.
He mencionado también algo que nos preocupa muchísimo y donde lo que queremos es el
apoyo de la claridad legislativa. Como ustedes recordarán, en agosto de 1996, 830
elementos de la Policía Judicial Federal, fueron separados de su cargo; sin embargo, por
las imprecisiones legislativas, por las interpretaciones que a este marco tan vago se ha
dado dentro del Poder Judicial Federal, hoy resulta que de estos 830 elementos, 339 están
ya de regreso y que a muchos de ellos se les tuvo que pagar incluso salarios caídos.
La petición muy atenta, es de que revisen ustedes el mandato constitucional y el marco de
la legislación secundaria para que esto no vuelva a ocurrir. Yo lo expreso aquí con una
gran preocupación.
El diputado Gutiérrez Fragoso se ha referido a múltiples temas que los minutos que tengo
yo para hacer mi comentario no bastarían, permítanme enfocarme sobre el operativo
Casablanca, que ocupó una parte de la intervención del diputado.
Yo debo decir que efectivamente el operativo Casablanca fue un balde de agua helada,
cuando pensábamos que mejor iba caminando la cooperación bilateral con los Estados
Unidos; pienso que esto es de alguna manera producto de la pluralidad de agencias y de
criterios que en los Estados Unidos trabajan en materia de combate al narcotráfico.
Mientras que la relación iba avanzando muy satisfactoriamente con el Departamento de
Justicia, no sabíamos que en el Departamento del Tesoro se venía realizando esta
operación, una operación que se inició en 1996, a inicios de 1996, cuando un servidor
todavía no era titular del Ministerio Público.
Cuando supimos que se habían dado posiblemente actos irregulares en el territorio de la
República, lo que hicimos con independencia de los trabajos de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, fue iniciar una averiguación previa en donde estamos en proceso de
identificación de las personas que pueden ser agentes, informantes o testigos que
realizaron entrevistas en territorio de la República o que incluso pudieron haber cobrado
cheques en bancos mexicanos, producto de la investigación del lavado de dinero que se
generaba también por el narcotráfico en las calles de Chicago.
¿Qué estamos haciendo para que no se repita,
que es otra de las vertientes del problema que Casablanca representa? Yo he tenido un
conjunto de reuniones con la procuradora de los Estados Unidos y el acuerdo que se ha
tenido es que existen solamente dos ventanillas para intercambiar información tratándose
de asuntos de narcotráfico, si para darle unidad a la cooperación binacional, que desde
luego es indispensable. La ventanilla de los Estados Unidos es la procuradora Reno, la
ventanilla de México es un servidor, creo que de esta manera vamos a poder resolver
problemas de dispersión de las agencias que trabajan a uno y otro lado de la frontera en
el combate al narcotráfico.
Pero asimismo a partir del 9 de noviembre, realizaremos seminarios, tanto en los Estados
Unidos como en México, para que los agentes sobre el terreno, porque ustedes no pueden
perder de vista, señoras y señores diputados, que la PGR, tiene 27 elementos trabajando
en seis ciudades de los Estados Unidos y estos seminarios, para los agentes desde luego de
las agencias norteamericanas en México, deben de comprender quienes están trabajando
sobre el terreno, las reglas específicas que les son impuestas para desarrollar los
trabajos de cooperación.
Indudablemente vamos a terminar nuestra averiguación previa, que la vamos a consignar si
tenemos los elementos del tipo penal y después tendrá que venir por parte de los jueces
mexicanos y por la Secretaría de Relaciones Exteriores, las determinaciones que están en
la esfera de sus competencias.
Adicionalmente, porque no podemos ser tolerantes con la comisión de delitos tan graves
como el lavado de dinero, producto del narcotráfico, cinco empleados bancarios de
poblaciones muy pequeñas de este país, están sujetos a una prisión preventiva y serán
también los jueces mexicanos los que determinen en definitiva, de acuerdo con lo que
también sobre el particular haga la Secretaría de Relaciones Exteriores, el lugar en
donde estas personas deban encarar los respectivos procesos penales.
Esta es la forma como hemos venido encarando el problema que representó el operativo
Casablanca, esperamos que en el futuro no se vuelva a repetir, yo no tengo ninguna
indicación de mi contraparte, que es la procuradora de Estados Unidos, de que no se tenga
confianza en un servidor para desarrollar este tipo de actividad.
Debo decir que después del operativo Casablanca, es mucha la información que ha fluido,
de manera ordenada y con solicitudes incluso por escrito, del gobierno de los Estados
Unidos al Gobierno de México, sin embargo esta vía no se va a cerrar sino hasta que en
México podamos concluir satisfactoriamente nuestras investigaciones.
Creo que en materia de cooperación con las procuradurías, distinguido señor diputado,
hemos tenido avances importantes. Hemos desarrollado como la ley establece, las distintas
sesiones de la Conferencia Nacional de Procuradores y ya hay resultados tangibles y
concretos del esfuerzo conjunto de las procuradurías. Uno de ellos es precisamente el
grupo "yaqui", que se estableció para que con elementos de las distintas
corporaciones, pudiéramos trabajar de manera más expedita y de manera más confiable en
el ataque al delito de secuestro.
Creo que en la Procuraduría General de la República hemos sido fieles a la estrategia
que desde el 1o. de diciembre de 1996, el 2 de diciembre propusimos y desde luego hay
cosas que no se pueden resolver en plazo inmediato, hay desde luego tiempos que deben de
cubrirse, la formación de los nuevos policías me gustaría a mí que fuese en un abrir y
cerrar de ojos, pero desde luego, los cursos que están llevando a cabo estos nuevos
agentes que deben de egresar con un nuevo perfil son, en el menor de los casos, de 12
meses. Lo que estamos procurando es una formación curricular muy importante, una
formación en valores, una capacitación en técnicas modernas de investigación policial
que nos permita tener mejores resultados. Creo que sería hacer pura demagogia, señor
diputado, si yo le dijera que estos resultados se van a tener en el cortísimo plazo, creo
que hemos tenido fallas, creo que hemos tenido tropiezos, pero estoy seguro que si
seguimos trabajando con esta estrategia, no vamos a fracasar, señor diputado, yo en este
caso soy más optimista que usted.
Gracias, señor Procurador.
Diputado Gutiérrez Fragoso, ¿desea hacer uso de su derecho de réplica? Adelante, por
favor.
| El diputado Juan Carlos Gutiérrez Fragoso: |
Con el permiso de la Presidencia:
Señor Procurador, nosotros también quisiéramos ser optimistas y la ciudadanía recobrar
la confianza en las instituciones de procuración de justicia, más sin embargo, por los
hechos no la tenemos, porque al hablar de que en México la justicia es pronta y expedita,
cuando el señor Procurador se ha autorrevelado en la función fundamental, que es la de
investigar, le voy a dar, tan solo de muestra un botón.
En el Estado de Sinaloa los agricultores han ejercitado una acción penal, han interpuesto
una denuncia y no se ha ejercitado la acción penal, en virtud de que el Ministerio
Público Federal a su cargo aduce de que hacen falta elementos, que sinceramente, señor
Procurador, elementos son los que sobran para consignar a los responsables en el presunto
delito de fraude cometido por los representantes de la Pronase, la Productora Nacional de
Semillas.
Al respecto, yo le solicitaría que la Procuraduría a su cargo actué en consecuencia,
tan solo como muestra un botón.
Además, hemos observado en la actualidad una apología del delito que ha cobrado una
dimensión que a su vez pueda transformarse en un factor más de criminalidad: se observa
cómo se incentiva la ilegalidad y no el respeto a las normas, como si fuera preferible y
deseable los comportamientos indebidos, se estimula la perversión, la conducta criminal
en muchos casos. Parece modificarse al delincuente, como si fuera el modelo de imitar, en
cambio a las víctimas o a los ofendidos se les ridiculiza o se les desprecia muchas
veces.
Al perseguidor se le hace ver como un tonto o un incompetente, pero si hay alguna
modalidad que parece enaltecer la empresa criminal y sus autores y produce especializarse
en individuos fácilmente sugestibles, una verdadera trasmutación de los valores éticos.
En este sentido le pregunto, señor Procurador, ¿cómo es posible que se pueda desplegar
una gran campaña sobre la figura de Daniel Arizmendi, en donde incluso la Procuraduría
autoriza entrevistas a los medios de comunicación con dicho personaje y en otros casos se
guarda un total hermetismo, como en el caso de Raúl Salinas? ¿Qué no puede proporcionar
más información Salinas de Gortari, Raúl Salinas, que este delincuente que tanto ha
dañado a la sociedad? ¿Cómo puede ser posible que estemos ante estos casos de apología
de la delincuencia y otros casos que interesan a la salud pública se guarde total
hermetismo? No puede ser posible, señor Procurador.
Por su atención, muchas gracias.
Gracias diputado.
Por el Partido de la Revolución Democrática, tiene ahora la palabra el diputado Benito
Mirón Lince.
| El diputado Benito Mirón Lince: |
Compañeras y compañeros legisladores;
señor Procurador:
Agradezco su presencia en esta tribuna y aprovecho la oportunidad para intercambiar con
usted algunas reflexiones sobre el gran problema de la procuración y administración de
justicia, que como función principal corresponde al Estado, pero más allá de nuestro
diálogo o debate, fuera de este recinto de San Lázaro existe una triste y desesperante
realidad que no nos dejará mentir.
Resulta necesario poner en marcha nuevos mecanismos que de una vez y por todas pongan fin
a las bochornosas noticias cotidianas que anuncian corrupción, complicidad con la
delincuencia, abuso de autoridad y transgresión a los derechos fundamentales de los
gobernados. Vuelvo a mencionar que en las actuales circunstancias, el sistema ha
propiciado impunidad, incremento de la criminalidad, inseguridad pública y desconfianza
social.
Yo diría, que el principal problema en la agenda nacional de México tiene que ver
precisamente con la inseguridad pública y con los fracasos que se han tenido en una recta
procuración y administración de justicia.
Señor Procurador, espero se haya dado cuenta ya que estas palabras no son mías, son de
usted hace un año que compareció en este recinto. Estos fueron algunos de los conceptos
que usted nos dijo hace un año en el III Informe Presidencial, ahora, al rendir su
Presidente el IV Informe, nos vino a decir que hemos fallado en la impartición de
justicia, que los tres poderes le hemos fallado a la sociedad.
Tardío y falso reconocimiento, tardío porque viene a descubrir con ello el hilo negro,
un hilo que ya había descubierto, según nos lo dijo, el año pasado.
¡Cuidado, señor Procurador! Están cansando a esta sociedad ávida de justicia; a esta
sociedad a la que hablarle del estado de derecho es como platicarle un cuento de hadas.
No se vale que después de un año más de fracasos se vengan a decir las mismas cosas,
cuando de septiembre a septiembre ha crecido la impunidad, la injusticia, la inseguridad
pública, los crímenes políticos, el deterioro social en todos sus ámbitos.
¿Acaso la única novedad que encuentro entre las palabras que nos trajo su Presidente el
año pasado y las que nos trae ahora es que, como queriéndose curar en salud, nos endilga
el fallo del Ejecutivo y parece consolarse con compartir con los otros poderes el
remordimiento?
Este recinto, esta tribuna, no son iglesia ni confesionario. Necesitamos presidentes y
funcionarios capaces, que resuelvan y que no vengan a lavar aquí sus culpas.
485,486,487
Creo que no es honesto y conveniente descargar
los errores en otro. No se trata de evadir responsabilidades, sino de enmendar los fallos.
Háganlo, señor Procurador. Deseo fervientemente que lo hagan, pero le confieso que no lo
creo, pues es decepcionante escuchar del Presidente que para resolver los problemas de
procuración y administración de justicia y de seguridad pública, se pretenda actuar con
criterios nazifascistas sobre las causas del delito y la soluciones que pretenden darles.
En el discurso pronunciado por el doctor Zedillo al presentar el plan para la cruzada
nacional contra el crimen y la delincuencia, así como lo señalado en su IV Informe,
vemos ausencia total de medidas que se encaminen a la prevención del delito. Sólo el
combate a éste mediante la imposición de castigos mucho más severos: acumulación de
penas, supresión de beneficios de preliberación y de reducción parcial de las mismas.
En el diagnóstico del Ejecutivo, en voz del Secretario de Gobernación, el fracaso se
debe al escaso número de efectivos con los que se cuenta; deficiente nivel de
preparación del personal; el atraso técnico del sistema; la falta de recursos
financieros; el atraso del marco jurídico; la falta de coordinación entre los cuerpos de
seguridad y la escasa participación de la sociedad en la lucha contra el crimen.
Verdaderamente alarmante este criterio que nos deja una inmensa preocupación sobre la
solución al problema.
Conforme a este planteamiento, todo se resolvería en cuestión de números: más agentes,
más policías, más dinero y, sobre todo aberrante, que la sociedad luche contra el
crimen.
No, señor Procurador. La sociedad está para ser protegida, no para hacer el trabajo que
a ustedes les corresponde.
¿Cómo olvidarse de las causas que originan el delito? ¿Cómo pretender resolver la
impartición de justicia y el vivir en un estado de derecho cuando el criterio es el
castigo, cuando se va a la superficie y en el fondo se dejan intocadas las causas
generadoras de la descomposición social? ¿Cómo desconocer que prácticamente el 80% de
los delitos tienen origen en la injusticia y marginación económica en la que se
encuentra la mayoría de la población?
Históricas palabras de su Presidente: "hemos fallado, pero no fracasaremos".
Adelante, al fin y al cabo todo se reduce a una cuestión de semántica y ya llegará el
momento de rendir verdaderas cuentas al pueblo de México.
Señor Procurador: por otro lado, hay muchas
cuentas pendientes que la justicia tiene con el pueblo de México: Aguas Blancas, Acteal,
El Bosque, el Charco y muchos otros crímenes más que han quedado sin aclararse o porque
no se quiere o porque no se puede.
En ambos casos es muy grave, pues hablaríamos entonces de complicidad o de incapacidad.
Crímenes que no podemos olvidar, pues más allá de lo que usted y yo digamos en esta
tribuna, poco ha de contar ante los gritos de inconformidad y lamentos de las víctimas de
estos hechos, que confirman el poco interés del Gobierno por el respeto a los derechos
humanos de sus gobernados.
Tortura, desapariciones forzadas, presos de conciencia, persecución por ideas, inframundo
penitenciario, desempleo, miseria, abandono social, inseguridad, corrupción, impunidad,
son realidades que marcan a un gobierno que sólo sabe decir: "fallamos, pero no
fracasaremos".
¿Dónde están los verdaderos autores de estas matanzas. Dónde están los culpables? y
no me refiero a lo que ya sabemos ha hecho la Procuraduría deteniendo y girando órdenes
de aprehensión contra peones y uno que otro alfil, dejando a salvo las principales piezas
del ajedrez.
¿Qué ha pasado con los grupos paramilitares que aunque el Secretario de Gobernación los
ha negado, usted ha reconocido su existencia? Pero no sólo hablamos de estos grupos en
Chiapas, pues parece ser que esto obedece ya a una estrategia que se está generalizando
en todo el país y le pregunto si usted tiene conocimiento de su existencia en el Estado
de Guerrero, en Tepetixtla, Tepatlán, Tecpan de Galeana, Atoyac y otros municipios;
supongo que sí, pues estas denuncias se han hecho públicas.
Oaxaca, sí, señor Procurador; también ahí ya tiene usted la denuncia 6246/98 para
investigar al grupo paramilitar que ha cometido actos de violencia, incluyendo homicidios
en contra de las propias autoridades municipales que se rigen por usos y costumbres y en
agravio de la población de Mazatlán Villa de las Flores, Oaxaca. Loxicha: otro ejemplo
vergonzoso de detenciones anticonstitucionales con el único argumento de toda la fuerza
del Estado.
No quiero dejar de preguntarle si usted ha ordenado que en cualquier carretera o
aeropuerto del país, los agentes a su cargo, con plena violación a los artículos 14 y
16 constitucionales, tratan a uno con prepotencia y abuso de autoridad, revisando todo lo
que pueden, hostigando y amenazando incluso a cualquier ciudadano nacional o extranjero.
¿No considera que las BOM, las Bases de Operaciones Mixtas, integradas por agentes de la
Policía Judicial Estatal y Federal y Ejército, son contrarias al espíritu del artículo
21 constitucional, que señala que la investigación y persecución de los delitos incumbe
al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su
autoridad y mando inmediato? ¿Será que los miembros del Ejército que actúan en las BOM
están bajo su mando?
Perdóneme, señor Procurador, pero no lo creo. Creo que el Ejército está invadiendo
funciones que a usted le corresponden. Por la siguiente pregunta, si estoy mal informado,
le ruego me disculpe, pero ¿podría decirnos si tiene conocimiento que el general
Guillermo Alvarez Nara, director de la Policía Judicial Federal, giró un oficio al jefe
del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, general de división Juan
Salinas Saltez, con número 02630/98, solicitando autorización para el cambio de
titulares en algunas plazas, en lugar de girárselo a usted?
Y nuevamente con todo respeto, señor Procurador, le pregunto: ¿está seguro que es usted
quien manda en la Procuraduría?
¿Con todo esto podremos esperar resultados satisfactorios de las investigaciones de
crímenes como en Aguas Blancas, Acteal, El Bosque, El Charco y otros?
Por sus respuestas, gracias, señor Procurador.
Adelante, señor Procurador.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Señor diputado Mirón; señoras y
señores diputados:
Indudablemente que reconozco mis palabras hace un año en esta tribuna, cuando señalé
que el tema de la justicia y el tema de la seguridad pública ocupa algún lugar muy
prioritario, fundamental, dentro de la agenda nacional de fines de siglo y de principios,
seguramente de principios del próximo.
Creo que esto sigue siendo una realidad. Creo que éste sigue siendo un tema absolutamente
prioritario. Pero esto no quiere decir, a diferencia de lo que usted ha mencionado, señor
diputado Mirón, que durante el último año no hubiésemos tenido avances para lograr
tener una mejor seguridad pública y una mejor procuración de justicia.
Finalmente, en este ámbito, señor diputado, los tres niveles de gobierno, los tres
poderes tenemos una responsabilidad y yo llamaría a la conciencia de cada quien. Yo estoy
seguro que el señor Presidente no vino a hacer aquí un llamado al remordimiento, sino un
llamado a la toma de conciencia y como la toma de conciencia es algo necesariamente
interno o que empieza por lo interno, yo dejo que cada quien asuma sus responsabilidades y
sus consecuencias.
Yo no encuentro en los ocho ejes de la cruzada nacional contra el crimen y la
delincuencia, medida de carácter nazifascista. Si la cooperación entre las instancias de
seguridad pública del país, las federales, las estatales y las municipales, la
operación entre las procuradurías, la formación de grupos mixtos como son las BOM, que
en un momento dado desde luego quien tiene que tomar la acción es, según el tipo de
delito, el Ministerio Público Federal o del Fuero Común, yo no veo que en todo esto
pueda haber un criterio nazifascista o que exija en precisar los tipos penales o en
superar las penas para algunos delitos que precisamente sus efectos se ven a nivel de la
opinión pública cuando se dice que son delito no graves y que por tanto el presunto
responsable goza de una libertad caucional, la que en muchos casos utiliza para evadir la
acción de la justicia.
Todo eso lo percibe la opinión pública como actos de impunidad y es lo que tratamos de
limitar, buscando con serenidad, con gran reflexión, se precisen los instrumentos
normativos.
Yo no conozco la estadística, la forma como se realizó, para llegar a la conclusión de
que el 80% de los delitos se cometen con motivo de la pobreza, aunque nadie puede dejar de
reconocer que este país tiene gravísimos problemas de pobreza; eso sería un absurdo.
De todos los casos que usted señaló señor diputado, hay algunos que están en la
órbita de competencia de la Procuraduría General de la República, de lo cual yo puedo
informar, pero hay otros que no.
Respecto del caso de Acteal, nosotros hemos hecho las 126 consignaciones en los casos en
que hemos tenido los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad y los hemos
llevado a los jueces y no se trata solamente de peones o alfiles, como usted decía.
Incluso el director de la Policía Preventiva está ya sujeto a proceso en el Estado de
Chiapas y si hubiese más elementos, señor diputado, yo lo convido a que nuevamente nos
podamos saludar en la Procuraduría y me haga usted el favor de entregarme más elementos,
porque esta averiguación previa no ha sido cerrada.
Y hemos trabajado también en 36 averiguaciones previas de hechos previos al 22 de
diciembre de 1997. Tenemos 193 órdenes de aprehensión de personas que incurrieron en
estos delitos y que no estamos inventando. Yo lo invito a que consulte usted los procesos
penales, porque ya no son averiguaciones previas, sino los procesos, para que pueda usted
verificar estas situaciones. Hemos buscado trabajar de manera eficiente, con rectitud, con
honestidad, no solamente en el caso de Acteal, que como yo dije son hechos muy
bochornosos, que nos apenan como mexicanos y tenemos toda la voluntad de llegar hasta las
últimas consecuencias, con pruebas, no con especulaciones ni con discursos políticos.
Respecto a El Charco, estoy en la mejor disposición de conversar con usted y con los
compañeros de su fracción que así lo estimen pertinente, para darles a conocer cuál es
el trabajo y las evidencias que la Procuraduría General de la República tiene y que en
este momento su consecuencia es ocho personas bajo proceso y además la liberación de 17
personas por parte de la Procuraduría General de la República.
Las personas que están siendo sometidas a proceso, han tenido todos los recursos y medios
procesales a su alcance, incluso el juicio de garantía. El auto de formal prisión ha
sido ratificado y el amparo ha sido sobreseído. Todo esto está a la disposición de
ustedes, señores diputados.
Seguimos trabajando en las denuncias que se han hecho sobre grupos sociales probablemente
armados, no solamente en Chenalhó sino en otras regiones del Estado de Chiapas. Hemos
abierto una averiguación previa, 74 personas que dicen que pertenecen a esos grupos, han
ido a declarar ante el Ministerio Público.
Yo en este momento puedo decir que esas organizaciones sociales ahí están determinadas;
lo que no está probado, con pruebas jurídicamente valorables, es que esas organizaciones
sociales sean organizaciones armadas.
Yo le solicité al general Alvarez Nava que enviara un comunicado a la Secretaría de la
Defensa Nacional pidiendo algunos cambios respecto de elementos del Ejército, que han
estado comisionados en la Procuraduría General de la República. Necesitábamos hacer
esos cambios y lo tuvimos que instrumentar por escrito; no hay absolutamente ningún
delito, irregularidad o pecado en eso.
Yo vuelvo a utilizar esta tribuna para agradecerle a la Secretaría de la Defensa Nacional
todo el apoyo que me ha dado para contar con elementos en el tiempo que necesitamos para
que los egresados del instituto de capacitación terminen su curriculum y sean mucho
mejores policías judiciales federales.
Yo estoy seguro que mando en la Procuraduría General de la República y asumo esta
declaración con toda la responsabilidad y con todos sus efectos, señor diputado.
488,489,490
Mucha gracias, señor procurador.
Tiene la palabra el diputado Benito Mirón Lince, para hacer uso de su derecho de réplica
si así lo considera conveniente.
Adelante, diputado.
| El diputado Benito Mirón Lince: |
Le agradezco sus respuestas, señor
Procurador, que las considero sinceras y de buena fe.
Solamente que en El Charco, yo me refería a que no hay detenidos de los asesinos. Por
supuesto que los masacrados y los sobrevivientes han sido procesados. Los asesinos son los
que no están siendo procesados, ahí no se ha tocado nada.
Sin embargo, yo acepto la invitación con muchísimo gusto para ver estos asuntos. Pero
como el tiempo es muy corto desgraciadamente, no podemos entrar al debate porque todavía
tengo dos, tres cosas pendientes que decirle y preferiría hacerlo.
Aguas Blancas, Acteal, El Bosque, El Charco, son palabras demasiado fuertes que no nos
dejarán mentir sobre el estado de derecho y la impartición de justicia y que no
permitirán andar con la frente erguida a quienes tienen la responsabilidad de esclarecer
estos oprobiosos sucesos.
Señor procurador: en El Charco, Guerrero, estuve personalmente tres días después de lo
sucedido; coincidiendo con muchas opiniones más de diversos organismos no
gubernamentales, que se trató de una masacre de civiles desarmados; se cometieron muy
graves violaciones a derechos humanos, como ejecuciones sumarias, torturas físicas y
sicológicas, incomunicación, privación ilegal de la libertad, detenciones arbitrarias,
hostigamiento y amenazas de muertes. Pero al fin y al cabo nuestra opinión tal vez no
cuente, pues es usted el encargado de la investigación.
Lo que sí le pedimos son resultados que hasta ahora no ha habido o en el mejor de los
casos han sido insuficientes. Espero tenga usted conocimiento que a los sobrevivientes se
les tomó declaración por parte de un militar, varias horas después y en lugar diverso a
donde ocurrieron los hechos, habiendo sido trasladados en helicóptero, en lugar de
ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal, en flagrante violación al orden
constitucional.
De muchas cosas más igualmente importantes
podríamos hablar: militarización, retenes, presos políticos, narcotráfico,
"cuello blanco". Pero desgraciadamente el tiempo es muy corto. Aunque desde
ahora le hago una invitación para platicar de esto y más en la Comisión de Derechos
Humanos que me honro en presidir.
Me da pena y rabia por la sociedad a la que le han fallado. Me da rabia y dolor por los
masacrados, los torturados, los desaparecidos, los presos políticos. Me da pena por
usted, señor Procurador, y por nosotros que poco hemos podido hacer para cambiar las
cosas.
Quiero decirle que reconozco lo difícil de su trabajo. El gran empeño que ha puesto en
el cargo y aunque admito su buena fe y voluntad, así como algunas de las cosas positivas
que ha realizado, no estoy aquí para alabarlo, sino para decirle que así como una
golondrina no hace verano, un Arizmendi tampoco lo hace.
Aprecio su gran esfuerzo, pero le han dado una tarea imposible, pues el modelo neoliberal
tiene más capacidad para producir injusticia, violación al estado de derecho y
delincuencia, que cualquier institución para combatirlas.
Mientras no cambie el rumbo económico del país, así como el enfoque neofascista de
concebir y combatir el delito, usted fracasará en su intento de lograr una verdadera
procuración de justicia y tendrá que venir a decir junto con su presidente, el año que
entra: "fallamos, pero no fracasamos".
Termino diciéndole que la violencia no sólo está en manos de los criminales, está
sobre todo en las patologías que genera el modelo de país que nos agobia. Este modelo
neoliberal, apoyándose en los intereses económicos a los que sirve, ha impuesto
momentáneamente sus teorías, pero no por ello tiene la razón y la justicia y es de
esperarse que antes o después las profundas contradicciones que conlleva le hagan perder
la batalla definitiva.
No creemos que la solución del problema de la delincuencia y la impartición de la
justicia sea la de crear nuevas leyes para endurecer o incrementar los castigos a
discreción o tomar medidas intolerantes que van en el sentido de someter, en los
términos más dictatoriales, a la sociedad.
No creemos en un estado celador; no lo queremos. Creemos en un estado que cree las
condiciones para hacer efectiva la libertad plena de los ciudadanos, que otorgue igualdad
de oportunidades, que ame, respete y dignifique la vida; en suma, un estado de derecho, un
estado social, un estado democrático.
Señor Procurador: por hoy usted le debe el cargo al Presidente de la República, pero la
fidelidad se la debe a su patria.
Gracias.
Gracias, señor diputado.
Invitamos a los compañeros diputados sean tan amables de tomar sus lugares y nos ayuden a
mantener el orden de esta sesión. Señores diputados, hagan favor de guardar silencio.
Esta Presidencia y esta mesa directiva, con base en el artículo 27 de la Ley Orgánica y
del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior de esta Cámara, invita a todos
los presentes e invita a los diputados que han querido manifestarse, por favor pasen a sus
lugares, tomen sus asientos y nos ayuden a guardar con orden y atender a todos los
oradores en esta sesión.
Esta Presidencia solicita a la Secretaría haga favor de dar lectura al artículo 21
fracción VIII del Reglamento para el Gobierno Interior.
El secretario
Francisco Javier Santillán
Oseguera: |
Artículo 21. Son
obligaciones del Presidente abrir y cerrar las sesiones a las horas señaladas por este
reglamento.
La fracción VIII, señor Secretario.
El secretario
Francisco Javier Santillán
Oseguera: |
Llamar al orden por sí o por excitativa
de algún individuo de la Cámara al que faltare a él.
La Presidenta:
Diputado Machuca, esta Presidencia está
llamando al orden. Por favor, guarde silencio. Termine la lectura, señor Secretario.
El secretario
Francisco Javier Santillán
Oseguera: |
Llamar al orden por sí o por excitativa
de algún individuo de la Cámara al que faltare a él.
Muchas gracias, señor Secretario.
Se solicita a la Oficialía Mayor colabore con esta Presidencia retirando los letreros que
han quedado pegados abajo.
A continuación tiene la palabra, por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado
Domingo Yorio Saqui.
| El diputado Domingo Yorio Saqui: |
Con permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados; señor Procurador de la República:
Una vez más la insolencia y la falta de civilidad del PRD. Ni modo...
Mejor dicho, de algunos del PRD.
Señor Procurador de la República: el IV Informe de Gobierno en su apartado de política
interna, nos habla de la especial importancia que representa la seguridad pública, la
prevención, la procuración y la administración de justicia, como aspectos fundamentales
de la actuación del Estado, que requieren de una política integral para hacer
congruentes los esfuerzos de las diferentes instituciones que por mandato de la ley
atienden esta problemática social en virtud de su obligada especialización y es así
como en 23 páginas del informe documental se engloba estos importantes y fundamentales
aspectos de la vida y convivencia nacional, denominando a dicho capítulo con el desde
nuestro punto de vista acertado y adecuado título de "por un estado de derecho y un
país de leyes".
"Hacer de México, nos dice el Ejecutivo, un país de leyes, en el que las conductas
de los individuos y de las autoridades se guíen por lo dispuesto en las normas
jurídicas, es un objetivo en el que el Gobierno Federal ha puesto su mayor empeño y el
instrumento rector para tal fin es el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, el cual se
desarrolla y se evalúa puntual y permanentemente."
En el informe que nos ocupa, se da cuenta de importantes avances en las acciones de dicho
plan, aunque también reconoce que se registran problemas y rezagos que deben llevarnos a
redoblar esfuerzos y a comprometer mayores recursos a fin de asegurar la consecución de
las metas que fueron trazadas al inicio de la presente administración y que pretenden dar
cabal respuesta a las demandas más sentidas del pueblo de México.
De esta manera, el Gobierno de la República ubica su acción en el marco del referido
plan, dando lugar a la creación de variadas y diversas estructuras y estrategias que
consideramos conveniente mencionar, como ejemplo solamente algunas de las más de 13 que
ahora existen: el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la ley que lo regula, el
Programa de Prevención del Delito, el Registro Nacional de Información de Apoyo a la
Procuración de Justicia, el Registro Nacional de Armamento y Equipo Estadístico de
Seguridad Pública, los institutos de capacitación de policía judicial del país y las
academias de policía preventiva, incluyendo el propio sistema penitenciario, entre otros.
En el informe encontramos elementos objetivos que denotan la atención prioritaria del
Gobierno de la República en estos renglones. Las asignaciones e incrementos que las
diversas acciones también recibieron en el periodo que nos ocupa, son los siguientes: al
Programa Nacional de Seguridad Pública se asignaron 2 mil 721 millones de pesos, casi el
12% de incremento con relación al ejercicio presupuestal anterior; las entidades
federativas y el Distrito Federal reciben en su conjunto recursos que ascienden a 1 mil
931 millones de pesos, lo que representa un incremento real del 38.9% a lo presupuestado
en 1997; para el mejoramiento del perfil profesional y especialización del Ministerio
Público, tarea encomendada al Instituto Nacional de Ciencias Penales y al Consejo de
Profesionalización del Ministerio Público de la Federación y de los servicios
periciales, que incluyen en sus cursos de formación contenidos específicos sobre
derechos humanos, deberes policiales y nociones del juicio del amparo, la inversión total
para este rubro ascendió a un monto superior a 377 millones de pesos.
Pero además se destacan en este IV Informe de Gobierno, que en el combate al
narcotráfico, considerado como la más grave expresión del crimen organizado por virtud
de las reformas en esta materia, el Gobierno de la República ha podido establecer una
eficaz coordinación de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de
Gobernación, de Comunicaciones y Transportes y de la propia Procuraduría General de la
República. Esta última dispuso del 31.6% de su presupuesto, suma que asciende a un monto
de 3 mil 486 millones de pesos para el logro de dicho objetivo.
Coincidimos en reconocer el extraordinario esfuerzo de estos destacados mexicanos que
arriesgan todo por el bienestar de todos, me refiero a nuestro glorioso Ejército y
armadas nacionales y a los efectivos que integran las diversas corporaciones civiles de
las dependencias mencionadas.
Todos estos esfuerzos presupuestales emergen de, por un lado, admitir rezagos en el
desafío crucial de esta problemática y por el otro, como consecuencia obvia del diseño
y puesta en marcha por primera vez de una estrategia completa e integral de seguridad
pública en el marco de la cual se desarrolla una cruzada nacional contra el crimen y la
delincuencia, ocho grandes ejes de los cuales se desprenden 26 estrategias y 120 acciones
específicas la constituyen, siendo éstos los siguiente: profesionalización del
personal, cobertura y capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad pública,
el sistema nacional de información, el equipamiento, la adquisición de tecnología y el
desarrollo de infraestructura de seguridad pública, la coordinación de las instancias
competentes, la participación de la comunidad, el marco jurídico aplicable y los
servicios privados de seguridad.
El desarrollo nacional de nuestras leyes, en esta materia, ha priorizado el criterio de
prevención del delito, que engloba dos aspectos de primer orden: por una parte el fomento
de una cultura de respeto a la ley y, por otra, la inhibición de conductas delictivas por
la aplicación de una adecuada normatividad punitiva.
491,492,493
Justamente éste es el espíritu que animó al
Ejecutivo Federal para proponer reformas al Código Penal Federal y al Código Federal de
Procedimientos Penales que en su momento tuvo a bien aprobar esta soberanía, mejorando
cualitativamente el ordenamiento sustantivo con lo que ahora, aplicando una mejor técnica
jurídica, se tipifican y castigan con mayor rigor delitos como los electorales,
ambientales, forestales y autorales, al tiempo que se ampliaron las facultades del
Ministerio Público para conocer de tales ilícitos.
En respuesta a la tarea del legislador, el Ejecutivo Federal nos informa ahora que el
Ministerio Público ha logrado mejorar el perfil profesional y la especialización de sus
cuerpos.
Como resultado de lo anterior, deseo resaltar el dato que nos aporta el propio Informe de
Gobierno. Entre septiembre de 1997 y agosto de 1998, cito, se concluyeron 52 mil 338
órdenes judiciales, un 4.1% mayor al periodo anterior; los delitos contra la salud se
redujeron en un 14.5%, del total de los procesos se resolvieron 22 mil 42 juicios de los
cuales 8 mil 22 son por delitos contra la salud.
El propio Consejo Nacional de Seguridad Pública, formuló y aplicó el llamado plan
maestro de erradicación, como resultado de dicho plan, se reporta un aumento en la
erradicación del 2.9% en el total de hectáreas de mariguana y el 9.8% de plantíos de
amapola y se duplicaron las cifras de aseguramiento de cocaína, estas cifras hacen
suponer razonablemente una mayor eficacia en el combate al narcotráfico.
En contraste, es nuestro deber mencionar el propio ejercicio de autocrítica que hace el
Gobierno de la República, cuando reconoce que falta mucho por hacer para mejorar la
procuración de justicia. Contribuyamos con nuestro trabajo legislativo a resolver los
embates y consecuencias del crimen y de la antisocialidad en general y reconozcamos el
esfuerzo del Gobierno Federal en este sentido.
El Ejecutivo, asevera que es indeclinable obligación de la autoridad garantizar que la
ley se aplique sin distingo alguno, pues la impunidad ofende no sólo al estado de
derecho, sino que vulnera la seguridad de la sociedad y de la legitimidad de las
instituciones. El grupo parlamentario de mi partido, el Revolucionario Institucional,
reafirma su demanda más sentida de que se esclarezcan a plenitud los homicidios de Luis
Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu por el bien de la legalidad y el
combate a la impunidad, que de ninguna manera ésta debe de permitirse hacia nada ni
nadie, en el pasado, en el presente o en el futuro.
Aquí, en las ciudades, en las costas, en las
montañas o en las selvas y en víspera del quinto aniversario de ambos lamentables
acontecimientos.
Reconocemos y aceptamos a plenitud, en consecuencia, el compromiso del Ejecutivo Federal
de seguir manteniendo en la más alta prioridad el objetivo de consolidar el estado de
derecho y lograr que México sea un país de leyes, no hay obstáculo que no podamos
vencer si sociedad y Gobierno sumamos nuestros esfuerzos en esta cruzada nacional. De ahí
que también se privilegie el mejoramiento del acceso a la justicia de los pueblos
indígenas y la atención a la situación de asilados y refugiados.
Criticamos irresponsablemente si se convoca a una cruzada, que por supuesto implica la
participación ciudadana y criticamos con vehemencia si no se convoca, por favor nada se
puede ni se podrá hacer si no es con el concurso y participación de todos.
La reforma constitucional en materia de procuración y administración de justicia
aprobada durante el ejercicio de la anterior legislatura modificó diversos artículos de
nuestra Ley Fundamental, entre los que destaca la reforma del artículo 73 fracción XXI
con lo que por primera vez en nuestro orden jurídico se introdujo el concepto de
delincuencia organizada en reconocimiento a que éste es uno de los problemas más graves
que vive no sólo nuestro país, sino la comunidad internacional, problema considerado
incluso como amenaza para la seguridad nacional.
Ello motivó que los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión desarrollaran el proceso
legislativo para instrumentar la reforma constitucional que conminó, en este caso
particular, con la expedición de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
En la exposición de motivos de la iniciativa que sustentó esta ley, se reconoció a
ésta como una sociedad que busca operar fuera del control del pueblo y del Gobierno o se
involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de estructuras tan complejas,
ordenadas y disciplinadas como las de cualquier corporación, mismas que están sujetas a
reglas aplicadas con gran rigidez.
La iniciativa de reformas a los artículos 16, 19, 20, 22, 23 y 123 apartado B fracción
XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ahora propone el
Ejecutivo con el propósito de fortalecer al Ministerio Público y con el fin de disponer
de instrumentos jurídicos adecuados para impedir a los delincuentes evadir la acción de
la justicia, merece un estudio detallado y profundo para conformar un nuevo marco
jurídico acorde con la problemática que presenta la delincuencia moderna en perjuicio de
toda la sociedad.
A partir de la concepción más general de lo que es el estado de derecho en el que se
busca dar pleno cumplimiento a dos de sus principios rectores, el de la legalidad que
obliga a las autoridades y el de seguridad que opera en favor de los gobernados, hemos de
considerar la actuación del Ejecutivo Federal por lo que hace a política interior.
En virtud de que se pide el tiempo por los señores que lo llevan, quiero únicamente
decir al señor Procurador:
Que la seguridad pública es un facto tum fundamental de la prevención, procuración,
administración e impartición de justicia y en su caso la readaptación sin menoscabo de
la justicia social, de la distribución de la riqueza, de la educación y recreación de
las expectativas de trabajo y desarrollo...
Diputado, ha concluido su tiempo y le
ruego terminar.
| El diputado
Domingo Yorio Saqui: |
Voy a terminar señora Presidenta, pero
considero que el tema de la seguridad pública interesa al pueblo de México y no me
escamotee ni un solo minuto para terminar.
Señor Procurador: el informe nos entera de las reformas jurídicas en materia penal y
además de otros aspectos, ¿cómo podría usted explicarnos esta ilógica relación?;
¿cómo se piensa resolver esta incongruencia insoslayable, pero sobre todo, cuáles son
los temas más preocupantes que la Procuraduría podría abordar para combatir el
narcotráfico, la delincuencia organizada y sobre todo la pornografía, la violencia y la
apología de la delincuencia?
Por sus contestaciones, muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Procurador
General de la República, adelante licenciado Madrazo Cuéllar.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias, señor diputado Yorio
por sus comentarios:
Es indudable que para tener mejores resultados en el combate al hampa común y a la
delincuencia organizada, las instituciones que tenemos esta tarea en nuestra encomienda
requerimos de recursos económicos, me da la impresión que durante muchos años en este
país se consideró que la justicia era algo automático, que los gabinetes de quienes
planeaban los presupuestos del país se leía que la Constitución establecía los
ministerios públicos, los jueces, los policías y que se decía "bueno, pues con
esto: hágase la justicia".
Y por mucho tiempo, las procuradurías, las corporaciones policiacas hemos padecido de muy
graves rezagos presupuestales. Sólo es a partir de los últimos años en que estas
inyecciones económicas han podido llegar efectivamente a nuestras estructuras, pero lo
importante no es solamente contar con esos recursos, sino que esos recursos puedan
canalizarse a programas bien establecidos, bien diseñados y sujetos a una evaluación
permanente. Es lo que estamos tratando de hacer precisamente en estos momentos.
Afortunadamente el presupuesto de la Procuraduría ha crecido; afortunadamente no ha sido
sujeto de ningún recorte a pesar de las penurias económicas de este año, pensamos que
hemos avanzado de manera sensible en este aspecto, aunque todavía es mucho el monto de
los recursos económicos que necesitamos para adquirir una tecnología que verdaderamente
nos permita hacer un trabajo de investigación científica del delito, en este año se van
a dar ya algunos resultados en materia de uso de tecnología de punta para el combate al
narcotráfico, pero lo necesitamos para muchos otros más delitos que están en la esfera
de la Federación. Tampoco se necesitan solamente las reformas penales o solamente los
refuerzos presupuestales.
La reforma de las leyes no modifica automáticamente la realidad, por eso insisto en que
es necesario estar más organizados en lo interior y es necesario que nuestras leyes, las
que regulan la justicia penal, no dejen abiertas fisuras, no dejen lagunas de las cuales
puedan aprovecharse los delincuentes que todos los días están agraviando a la sociedad.
Me da mucho gusto decir que desde enero de 1997, el Consejo de Profesionalización del
Ministerio Público viene trabajando de manera absolutamente regular, de suerte que todo
lo que son los ingresos, los exámenes, las oposiciones, las promociones de los agentes
del Ministerio Público, ya no están solamente en la voluntad del Procurador, sino que se
resuelven en un órgano colegiado como es este consejo de profesionalización.
Qué bueno que tenemos ahora la Ley de Delincuencia Organizada, quiero decirles a ustedes
señoras y señores diputados, que sin los instrumentos nuevos de esta Ley de Delincuencia
Organizada, hubiera sido imposible las consignaciones que hemos logrado de bandas
completas dedicadas al narcotráfico o de bandas completas dedicadas al secuestro. Los
instrumentos de esta ley están siendo positivos y los estamos ejercitando de manera
absolutamente escrupulosa y con respeto total a lo que son los derechos fundamentales de
los gobernados.
Decía yo, señor diputado Yorio, que en materia del combate al narcotráfico, a partir de
junio de este año, las distintas instancias y dependencias federales que participan
dentro de esta lucha, hemos puesto en desarrollo una nueva estrategia, sobre todo para la
intercepción de droga, que está ya aplicándose en la península de Yucatán, en la
península de Baja California, en la frontera con Guatemala y con Belice y que está dando
ya buenos resultados. Seguramente esos resultados van a poderse apreciar con más claridad
al finalizar este año.
Son los comentarios que yo podría hacer a sus reflexiones, señor diputado.
Gracias, señor Procurador.
Diputado Yorio Saqui, ¿desea hacer uso de su derecho de réplica? Adelante, señor
diputado
| El diputado Domingo Yorio Saqui: |
Agradecemos sus conceptos, señor
Procurador y permítame coincidir en que los problemas relativos a las funciones de
seguridad pública del Estado, no pueden analizarse ni resolverse con criterios o
soluciones parciales unilaterales, sino que los problemas complejos requieren estudios y
soluciones también complejas.
La prevención y presunción del delito, su sanción y la readaptación del delincuente,
no pueden ser vistos en forma parcial, sino integral y necesariamente con criterio
multidisciplinario.
Conforme a nuestro sistema constitucional, el combate a la antisocialidad debe ser
necesariamente integral, la procuración de justicia es tan importante como la prevención
del delito, si la prevención es eficiente, habrá pocos delitos que perseguir; asimismo,
una eficaz procuración de justicia facilita la administración de la misma y la sanción
al delincuente.
Por último, ningún esfuerzo será suficiente sin un sistema penitenciario que
verdaderamente readapte al sentenciado, esto es prevenir, procurar, impartir o administrar
y readaptar, cuando esto sea posible, son condictio sine qua non de una verdadera justicia
penal, requiriéndose también como premisa fundamental, el concurso no sólo de los
poderes de la Unión, sino también al interior del Ejecutivo.
494,495,496
Tal parece que una epidemia de antisocialidad
de proporciones internacionales en algunos casos está afectando nuestra vida cotidiana,
encontrar el remedio y la solución es una responsabilidad de los poderes de la Unión.
Para el pueblo de México y para cualquier ser humano, lo más importante es la vida y los
valores que giran en torno a ello, como el honor, la integridad y la propiedad entre
otros, es por ello que este tema debe ser analizado con la prioridad que ello requiere e
implica.
La situación financiera, las relaciones internacionales, la producción económica, la
educación, el empleo y todos los tópicos que versen en el sentido de generar bienestar
común y el desarrollo integral del ser humano, por supuesto que son muy importantes, pero
la vida y su disfrute son fundamentales.
La seguridad pública es el factotum, el principio y fin de la prevención, procuración,
administración e impartición de justicia y readaptación en su caso, sin menoscabo de la
justicia social, de la distribución de la riqueza, de la educación y recreación, de las
expectativas de trabajo y desarrollo, amén de una estrategia estructural de verdadera
integración familiar, que tenga como premisa el rescate y consolidación de nuestros
valores humanos y nacionales, que se identifican con nuestras tradiciones e idiosincrasia,
sin negar la modernidad y contemporaneidad que el actual concierto universal demanda.
Medios de comunicación, particularmente películas, revistas, canciones, programas de
radio, hacen y contribuyen a descomponer los aspectos fundamentales de la familia
mexicana. No estamos en contra de limitar la libertad de expresión y la profesión
artística, sino lo inmoral y lo deshonesto.
Las fuerzas de seguridad deben mejorar su armamento y aplicar la más avanzada tecnología
en el combate a la delincuencia, pero más que nada su espíritu, vocación y actitud para
lograrlo, propiciémoslo involucrándonos todos.
Debemos diseñar estrategias para persecución del delito y enfocarlas a la sanción y
rehabilitación del verdadero delincuente y al mismo tiempo dar un trato educado y cortés
al ciudadano que sí cumple con sus obligaciones sociales. Ha llegado el momento en que
primeramente la procuración y observancia de los derechos humanos tienen como objetivo
prioritario y fundamental ponderar la dignidad humana en general en la convivencia social.
La dignidad humana de todos nosotros, de los
obreros, de los campesinos, de los colonos, de los inmigrantes y refugiados y también de
los reclusos, entre otros, pero cada uno de ellos en su exacta dimensión y espacio. Ha
llegado el momento de que la protección de los derechos humanos deje de ser pretexto para
la impunidad de aquellos que hacen de la antisocialidad su modus vivendi y privilegiar a
la protección de los derechos humanos en hospitales, asilos de ancianos y orfelinatos.
En materia penal ante todo debemos de proteger los derechos humanos de la víctima.
Es imperativo buscar los remedios para que los tecnicismos legales del procedimiento penal
ya no sirvan de pretexto para la impunidad de los delincuentes de "cuello
blanco" y otras malas yerbas sociales. Por tanto, las consignaciones y los actos de
formal prisión que en su caso se dicten deben hacerse con la mayor técnica jurídica,
para que a la hora de la sentencia no tengamos la sorpresa de que se liberen a los que
sabemos son efectivamente los responsables del delito o se mantengan en prisión o peor
aún, se condene y castigue injustamente a inocentes. La sociedad nos pide que los
delincuentes no tengan resquicios legales por dónde evadir la acción de la justicia,
pero también debemos cuidar que los inocentes no sean sancionados.
Insistimos, todo esfuerzo en la prevención y la sanción de los delitos será infructuoso
si no existen las mejores relaciones de colaboración entre los poderes de la Unión, así
como de las entidades federativas y el Distrito Federal, pues los delitos, tanto federales
como locales nos afectan a todos los ciudadanos de la República y todos, absolutamente
todos, debemos involucrarnos.
Y lamento yo también, como tanto lo mencionó el diputado que me antecedió en el uso de
la palabra, que no se considere mexicano o al menos que reniegue públicamente como aquí
lo acaba de hacer, de racionalidad política al negar de un solo plumazo el avance
democrático en el que ahora vivimos. El pueblo de México quiere justicia plena en
realidad, pero no demagogia y expresiones protagónicas con miras coyunturales y puestas
básicamente en la sucesión y relevo de quien verdaderamente elude la responsabilidad y
compromiso con resultados, argumentando culpas pasadas y condiciones cronológicas
incongruentes, pero eso sí, prestos están a abordar temas anacrónicos y fuera del
interés colectivo.
Por cierto, el diputado en referencia, veracruzano de origen y dudosa vinculación
territorial e ideológica, es presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos.
Ni modo, esto es producto del mayoriteo y la rabia también, como aquí lo ha llevado a
excederse de sus atribuciones y funciones, es un comentario entre pares.
Muchas gracias.
SEGUNDO TURNO DE ANALISIS
Gracias, diputado; compañeros
diputados:
A solicitud de las coordinaciones de los grupos parlamentarios y del propio Procurador
General de la República, esta mesa directiva acuerda, con las facultades que le confieren
los artículos 27 de la Ley Orgánica del Congreso General, 21 del Reglamento Interior y
el punto tercero del acuerdo parlamentario del 3 de septiembre, continuar con el siguiente
turno de la comparecencia que hoy nos ocupa.
Para el segundo turno de preguntas, en los términos de los incisos b, c y d, por 10
minutos, con derecho a réplica por cinco minutos, se han inscrito los siguientes
diputados: por el Partido Verde Ecologista de México, Gloria Lavara Mejía; por el
Partido del Trabajo, María Mercedes Maciel Ortiz; por el Partido Acción Nacional, Javier
Paz Zarza; por el Partido de la Revolución Democrática, María Guadalupe Sánchez
Martínez y por el Partido Revolucionario Institucional, Manuel González Espinoza.
En tal sentido, tiene la palabra la diputada Gloria Lavara Mejía, hasta por 10 minutos.
| La diputada Gloria Lavara Mejía: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados; señor Procurador General de la República, Jorge
Madrazo Cuéllar.
Los crímenes que a todos nos aquejan y que padecemos de uno y otro modo, no se limitan a
los homicidios, secuestros, narcotráfico y robos, sino también a aquellos que afectan al
medio ambiente y aunque no lo notemos de una manera tan directa e intensa, también nos
perjudica gravemente.
Hace tan sólo unos meses nuestro país fue preso de la ola de incendios forestales más
grave de nuestra historia, la gran mayoría de ellos provocados por la actividad del
hombre, como nos lo hizo saber la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recuros
Naturales y Pesca, sin que a la fecha tengamos una respuesta clara de qué sanciones se
han impuesto a aquellos que con sus conductas han perjudicado nuestro entorno ambiental.
Tal parece que hay una inactividad del Ministerio Público Federal para perseguir aquellos
delitos que atentan contra la protección y estabilidad del medio ambiente y de las
especies de flora y fauna que en él interactúan, que están regulados claramente en el
Código Penal Federal.
Es así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, según consta
en el texto del informe que se glosa, presentó 83 denuncias ante el Ministerio Público
Federal, por razón de los incendios forestales, habiendo al respecto 99 consignados, sin
que sepamos, lo reitero, qué ha sido de esos procesos, si se han dictados sentencias
condenatorias o absolutorias, lo que nos ha dejado en un estado de incertidumbre en lo
relativo a estos acontecimientos, dejándonos con la duda si los delitos cometidos en esa
materia han quedado o no impunes.
La pérdida de nuestros bosques también se debe a otros factores.
Por muy diversas zonas del país, grupos de talamontes, que constituyen auténticas bandas
del crimen organizado, talan sin ningún tipo de autorización e inmoderadamente extensas
áreas de bosques y selvas que forman parte de zonas de reserva ecológica, sin que con
tribuyan a su reforestación y perjudican severamente al ambiente, no sólo de nuestro
país, sino de todo el planeta, dañando las especies que en ellos se desarrollan.
La pobreza no es argumento válido para justificarlos, porque quienes se encargan de esa
tala utilizan instrumentos técnicos sofisticados para realizar las maniobras conducentes
en poco tiempo, sin que aparentemente se den cuenta las autoridades forestales, porque en
este negocio de la muerte se esconden bajo un manto de corrupción.
Señor Procurador: en ese sentido, la dependencia a su cargo nada ha hecho al respecto,
cuando sabe que de la conservación de los bosques y selvas depende en mucho el futuro del
aprovechamiento racional de los recursos con los cuales contamos y sobre todo, de la salud
de la población.
Señor Procurador: vemos en la realidad cotidiana y creo que sin mucho esfuerzo, que no se
ha convertido cierta y adecuadamente a los delitos que implican el daño que un ser humano
le haga a otro directamente, delitos tan comunes que a la vuelta de la esquina se pueden
observar sin que las autoridades hagan algo.
Si eso sucede con delitos que aparentemente ocupan casi toda la atención de la
dependencia a su cargo, ¿qué podemos esperar de la atención que se le dé a delitos
ambientales, a los que tal parece no se les da mucha importancia?
Los crímenes ecológicos repercuten directamente en todos los órdenes de nuestra vida.
La conservación de las especies es fundamental para conservar el equilibrio de los
ecosistemas y en tanto se pierden día con día las diversas especies de flora y fauna
silvestres, también se pierde la posibilidad de conservar el equilibrio ecológico de las
diversas regiones de nuestro país, lo que influirá, en no mucho tiempo, en un deterioro
del campo productivo y en la posibilidad de conservación de las especies que sobrevivan,
en perjuicio no sólo de ellas, sino también del ser humano. De ahí la importancia de
conservar el medio ambiente y de evitar a toda costa los crímenes ambientales.
Junto con la muerte de especies vegetales y animales a que hago alusión, se presenta otro
crimen que también merma la biodiversidad. Me refiero al tráfico de especies.
México es el segundo país con mayor riqueza
biológica del mundo, por lo que tiene la gran responsabilidad de preservar las distintas
especies amenazadas o en peligro de extinción que se encuentran en su territorio,
evitando no sólo que cualquier persona pueda lucrar con el patrimonio biológico mundial
que se encuentra en México, sino que contribuye a su disminución.
En países desarrollados, se pagan miles de dólares por diversas especies exóticas para
zoológicos públicos o privados, en el mejor de los casos y para coleccionistas que
desean conservarlos en sus casas como piezas de exhibición, olvidando que ellas requieren
de un entorno ambiental climatológico y geográfico propicio para su desarrollo y
reproducción y que al extraerlos de su hábitat se les impide realizar su función para
el equilibrio ecológico.
Así es común que se trafique con diversas especies endémicas, como el mono araña, el
mono aullador, tan sólo por mencionar algunas, sin olvidar el tráfico de huevos de
tortuga y el consumo de la carne de ésta en sus diversas especies, por tanto tiempo
explotadas y que se han expuesto innecesariamente.
El Gobierno Federal ha formulado programas y realizado campañas para el combate al
tráfico de especies que sin duda no han dado resultados satisfactorios. Sólo basta echar
un vistazo a algunos mercados de la Ciudad de México, como es el mercado de Sonora, donde
pueden ser adquiridas por sólo unos cuantos pesos, ejemplares de especies en peligro de
extinción como tucanes, monos araña, boas etcétera.
Señor Procurador, ¿por qué no se realizan operativos para asegurar estos ejemplares y
consignar a los probables responsables de tales delitos, como aquellos que se llevan a
cabo en materia de delitos relacionados con los derechos de autor?
Cuando se trafica con alguna de esas especies, se vende parte del patrimonio nacional; es
más, se daña gravemente el patrimonio biológico mundial, sin tomar en cuenta la
crueldad de que son objeto los animales y plantas, porque además de todo quienes trafican
con ellos, lo hacen sin tener experiencia en su cuidado y los condenan a una muerte cruel,
fuera de sus ambientes naturales y dejan sin oportunidad a las generaciones futuras de
conocer la riqueza de diversidad biológica que sus padres tuvieron la fortuna de
disfrutar y la responsabilidad de cuidar y que no lo hicieron por simple negligencia.
497,498,499
Hay todavía más: a principios de este año,
en el norte del país se presentó la muerte intencional de diversas especies de
mamíferos marinos sin que aparentemente se haya realizado investigación alguna por parte
de la dependencia a su cargo. Lo anterior, por tratarse de delitos ambientales del orden
federal.
Señor Procurador: ¿qué se ha investigado al respecto? ¿Permitiremos que la muerte de
diversas especies se siga produciendo impunemente? ¿Cuánto más deberemos esperar para
que las autoridades actúen el respecto? ¿Será necesario que encontremos un medio con
desequilibrio ecológico irreversible para que entonces las autoridades ministeriales
actúen? ¿No cree usted que estamos a tiempo para poder actuar y evitar este daño que se
ocasiona al medio ambiente, sancionando a los responsables?
El descuido del medio ambiente va más allá que la simple determinación de culpabilidad
por los hechos de delitos ambientales por muerte o tráfico de especies. Hay además otros
hechos que merecen aclararse.
En el combate al narcotráfico, otro de los principales males sociales que aquejan a
nuestro país, se incauta a los narcotraficantes y se destruye gran parte de los
sicotrópicos que clandestinamente se ponen a la venta y que ocasiona daños graves a la
población. Estos se incineran para evitar que reingresen al mercado negro y que con su
venta y consumo agravien nuevamente a la sociedad.
Para evitar el consumo y comercialización de esas drogas, generalmente se aplican
herbicidas en los suelos de las regiones donde se cultivan. Al respecto, cabe realizar
algunos cuestionamientos, señor Procurador:
¿En qué estudios se basan, de haberlos, para determinar cuándo se aplican estos
herbicidas? ¿Se sabe qué efectos produce la aplicación de estos herbicidas a los suelos
de cultivo, independientemente de que lo que se produzca sean drogas? ¿Qué criterios se
utilizan para que en un lugar se apliquen o no los herbicidas?
Por su atención y sus respuestas, muchas
gracias.
Gracias, diputada.
Adelante, licenciado Jorge Madrazo Cuéllar.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias, diputada Lavara Mejía.
Yo coincido con la mayoría de las preocupaciones que usted ha expuesto en esta tribuna y
además de preocupados estamos ocupados buscando fortalecer las estructuras de la
Procuraduría General de la República para ser más eficientes en el combate a los
delitos ambientales o ecológicos. De hecho en mi presentación di a conocer a ustedes,
señoras y señores diputados, la creación de tres fiscalías especiales en cada una de
las subprocuradurías de procedimientos penales, para atender de manera más enérgica,
con más conocimientos, con más experiencia, todos estos delitos que desde luego dañan
profundamente el medio ambiente, nuestro sistema ecológico.
Pero además de las nuevas fiscalías que están ya trabajando, durante el periodo
septiembre de 1997 a agosto de 1998, ha habido mucho trabajo desempeñado por la PGR en
atención de estos casos. Permítame señalarle muy brevemente cuáles son los
aseguramientos que tuvimos durante este periodo.
Por ejemplo se aseguraron 144 especímenes de fauna silvestre, 314 productos y
subproductos de fauna silvestre, 1 mil 80 pieles de fauna protegida, cinco cajas de
pedacería de piel, cinco toneladas de caracol, 635 toneladas de huevo de tortuga, 843
unidades de especímenes, productos y subproductos de flora silvestre, 67 metros cúbicos
de recursos forestales, dos motosierras, siete vehículos, dos inmuebles, 220 mil litros
de residuos peligrosos, ocho toneladas de residuos peligrosos biológico-infecciosos,
cinco toneladas de residuos patológicos, 2 mil 653 unidades de productos y subproductos
de fauna puestos a disposición de otras autoridades y 2 mil 653 unidades de productos y
subproductos de flora puestos a disposición de otras autoridades.
Todo esto lo hemos venido comunicando oportunamente a la opinión pública.
Estos resultados tienen que ser todavía mejores para el próximo año.
Por lo que se refiere a las averiguaciones previas o a las denuncias que se presentaron
con motivo de incendios forestales, lo que le puedo comentar, distinguida diputada, es que
fueron ocho denuncias que originaron ocho averiguaciones previas. De estas ocho
averiguaciones previas tres han sido consignadas y las demás se encuentran en trámite.
Ojalá que podamos encontrar pronto el resto de los elementos del tipo penal y la probable
responsabilidad para hacer las acusaciones ante el juez competente.
Fundamentalmente hemos recibido estas denuncias en los estados de Morelos, Nuevo León y
en el Distrito Federal.
Por lo que se refiere a operativos, incluso en el Distrito Federal, hemos dado a conocer
que en el mercado de Sonora, en este año del cual estamos informando, se dieron cuatro
operativos que desde nuestro punto de vista resultaron exitosos, porque además del
aseguramiento de los productos, logramos la detención y procesamiento de tres personas.
Apenas el 14 de septiembre pasado, Interpol-México, que depende de la Procuraduría
General de la República, logró la aprehensión más importante que ha habido en este
tema, de un importante contrabandista de animales salvajes, que es una persona de origen
malayo de nombre Kent Biam Roun y esto se debió fundamentalmente al trabajo de
inteligencia y a la cooperación internacional que la PGR viene desarrollando.
Finalmente, por lo que se refiere a los trabajos de erradicación de cultivos ilícitos,
debo decir a ustedes que el herbicida que utiliza la Procuraduría General de la
República recibe el nombre de "paracoat" y que durante este año se han hecho
distintos estudios a fin de estar absolutamente seguros que no ocasiona ningún daño a
los suelos; se han hecho estudios químicos sobre este particular, que con mucho gusto
ponemos a la disposición de todas las diputadas y diputados que quisieran ver.
Estamos incluso precisando la mezcla de "paracoat" que tiene que hacerse en
estos trabajos de erradicación; creo que hasta ahora han resultado positivos, por lo que
se refiere a la erradicación de los cultivos ilícitos y que no han generado ningún
daño a la salud ni a los suelos.
En cualquier caso estamos a sus órdenes para poner este material íntegramente a su
disposición.
Muchas gracias.
Diputada Lavara Mejía, ¿desea hacer
uso de su derecho de réplica.
La diputada
Gloria Lavara Mejía
(desde su curul): |
Declino.
Tiene entonces la palabra, a nombre del
Partido del Trabajo, la diputada María Mercedes Maciel Ortiz.
| La diputada María Mercedes Maciel Ortiz: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros legisladores; procurador General de la República, Jorge Madrazo
Cuéllar:
Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, es manifiesto que para garantizar la
confianza de los mexicanos en el estado de derecho, se hace necesario que contemos con una
pronta, expedita, adecuada, procuración de justicia.
Los mexicanos no podemos seguir siendo rehenes de la delincuencia. Para lograr lo anterior
se hace necesario eficientar profesional y administrativamente a la institución que usted
preside.
Se hace imperativo combatir el rezago en las averiguaciones previas que se integran,
profesionalizar más la función de los ministerios públicos que son parte en los
procesos penales para aportar las pruebas y promover las diligencias necesarias para
comprobar la existencia del tipo penal de que se trate, así como formular las
conclusiones en las que se solicite la imposición de penas y medidas de seguridad
correspondientes, así como que se garantice la reparación del daño que corresponda.
Sin duda los tres aspectos anteriores resultan fundamentales en la actuación de los
agentes del Ministerio Público a su cargo. Pero también debemos destacar que la función
de los ministerios públicos que son parte permanente en los juicios de garantía, en
muchas ocasiones resulta deficiente. Con mucha frecuencia nos enteramos de que peligrosos
delincuentes resultan prácticamente exonerados por el otorgamiento, en su favor, del
amparo y protección de la justicia federal. Esto puede ser en parte porque los agentes a
su cargo, no formulan adecuadamente los pedimentos correspondientes. Esperamos que por
negligencia profesional y no porque estén coludidos con la delincuencia.
Señor Procurador, no nos explicamos cómo existiendo instrumentos jurídicos de reciente
promulgación, tal como la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Reglamento de la Ley Orgánica, no haya
sido posible eliminar inercias que se traducen en el deterioro de la función de la
Procuraduría.
En el periodo que se informa, se establece cuál es el número de averiguaciones previas
efectuadas, las cuales ascienden a 67 mil 4. Pero del desglose realizado, se determina que
todas ellas corresponden a delitos federales. ¿Podría explicarnos por qué no se
mencionan cifras de averiguaciones previas en las cuales se haya ejercido por parte de la
Procuraduría, la facultad de atracción?
En la actual administración una de las más graves matanzas en contra de nuestros
connacionales fue la ocurrida en diciembre pasado en la comunidad de Acteal, Chiapas. Pero
como siempre ocurre, únicamente se detiene y procesa a los autores materiales de esta
masacre y a los autores intelectuales, así como a quienes con su actitud propician el
clima de inestabilidad y violencia, no se les molesta.
Nuestro grupo parlamentario planteó el 3 de junio del año en curso, en la sesión de la
Comisión Permanente, la necesidad de que la institución a su cargo ejerciera la facultad
de atracción en tratándose de los crímenes perpetrados en contra de más de un centenar
de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Podría informarnos cuál es el grado de avance
sobre este particular?
De igual forma nos interesa saber si esta facultad de atracción se ejerce únicamente en
el caso de los homicidios de tinte político o es posible ampliarla a otro tipo de
ilícitos.
Señor Procurador, ante el clima de violencia en el que vive la sociedad mexicana, nuestro
grupo parlamentario ha establecido la siguiente tipología en la comisión de delitos:
La primera, los que se derivan directamente de la crisis económica y social, mismos que
se cometen por hambre;
La segunda, los realizados por las bandas organizadas y
La tercera, los efectuados por la delincuencia de estado que se realizan desde las mismas
corporaciones policiacas.
Al tenor de la tipología anterior, resulta pertinente el aumento en la penalidad de
aquellos delitos que más agravian a la sociedad, pero particularmente los que realizan
las bandas en delincuencia organizada y los que efectúan elementos de las corporaciones
policiacas.
Sin embargo, al grupo parlamentario del Partido del Trabajo le preocupa el que se haga una
indiscriminada inclusión de determinadas conductas antisociales en el catálogo de
delitos graves, en el querer y conocer las consecuencias de la conducta realizada. Quienes
actualizan las hipótesis de los denominados delitos de cuello blanco deben necesariamente
ser incluidos en el catálogo de delitos graves, ya que sus conductas son costosas para
toda la sociedad.
Tan sólo mencionaremos, a manera de ejemplo, los quebrantos bancarios. No podemos admitir
que por actividades realizadas en defensa de los intereses de sus representados por parte
de líderes y luchadores sociales les sea aplicada la inclusión en el catálogo de
delitos graves.
Señor Procurador, a quienes se debiera incrementar las penas es a quienes incumplen su
obligación de defender a la sociedad; a quienes actúan desde la impunidad de sus cargos,
coludidos con los delincuentes, se les debe de castigar ejemplarmente
500,501,502
En el periodo que cumple el presente informe
se establece el tema referente a la prevención y a la readaptación social. A nuestro
grupo parlamentario le inquieta el que las políticas seguidas para readaptar a la
delincuencia prácticamente no funcionan. Quienes salen de las cárceles, lo hacen
adquiriendo en ellas un perfeccionamiento sofisticado en las actividades ilícitas.
Urge modificar las condiciones de readaptación social para que éstas puedan lograrse
plenamente.
Los delincuentes no deben de ir a pudrirse a la cárcel, sino que se debe de integrar un
moderno sistema penitenciario en el cual se cumplan los objetos previstos en el artículo
18 Constitucional.
Quiero también aquí comentar la situación que vive, y de manera muy grave, el Estado de
Baja California, donde la violencia es el pan de cada día, donde, dado que somos el paso
obligado de los narcotráficantes para llevar su mercancía a Estados Unidos, la
población es sumamente trabajadora y nacionalista y nos vemos perjudicados.
Más que nada estamos extremadamente irritados y molestos al ver la ineficiencia de las
autoridades para castigar a quienes están provocando esta situación.
Hace unos días conocimos el acto tan violento, tan terrible, que le pasó a la otrora
ciudad tranquila de Ensenada.
Hay muchos comentarios de nuestro Estado, señor Procurador, con respecto a algunas
posibles soluciones. Una de ellas, que queremos comentar y que queremos escuchar su
opinión, es con respecto a algunas opiniones que hay en nuestro Estado, cosa que además
yo comparto en lo personal, para que los delegados de la Procuraduría General de la
República en los estados sea gente arraigada en el Estado; si es posible, nacidos en el
Estado, si es posible con amplia trayectoria en el Estado, litigantes en el Estado, para
que puedan tener más responsabilidad con los que habitamos allá.
Uno de los graves problemas que hemos visto en
nuestros estados es cómo los delegados de la PGR, si tienen algún problema, pues los
cambian de estado y no tienen un amor a donde están trabajando.
Quisiéramos conocer su opinión a este respecto. Creemos que sería una cuestión
importante a debatir.
Por otro lado también quiero hacer uso de la tribuna para denunciar que en el Estado de
Baja California Sur, donde desgraciadamente estamos a muchos kilómetros de distancia y a
veces sentimos el que desde el centro nos ven como una isla, hay una práctica por parte
del gobierno del Estado de utilizar los instrumentos judiciales para reprimir las luchas
sociales y políticas.
Hay una averiguación abierta, señor Procurador, en contra de los dirigentes estatales
del Partido del Trabajo, una averiguación abierta desde hace dos años, donde se fraguó
el que los compañeros tenían explosivos, cosa que realmente es bastante, es un invento.
Sin embargo esta averiguación todavía no se abre, perdón, no se cierra.
Hace unos días todavía fueron llamados a declarar los compañeros. Me comuniqué con el
delegado de la PGR de allá y me comentaba que porque lo querían cerrar.
Hay una práctica constante de represión y de utilización de los instrumentos judiciales
en algunos casos, por parte de este gobierno del Estado, que se cree que está muy lejos y
que es intocable.
El día de antier, domingo 20 de septiembre, fue secuestrado un compañero del Partido del
Trabajo, todo esto en medio de un ambiente de proceso electoral que queremos que usted
conozca y que asimismo también todos los compañeros legisladores conozcan. Consideramos
que es importante que la autoridad actúe en este caso.
Por último, señor Procurador, nada más quiero dejar asentado que en el combate a la
delincuencia, el Poder Legislativo sabrá cumplir con responsabilidad y apego a nuestras
normas fundamentales la tarea que le corresponda.
Por las respuestas a nuestros cuestionamientos, muchas gracias.
Gracias, diputada Maciel Ortiz.
Adelante, señor Procurador de la República.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias, diputada Maciel, por sus
comentarios y por haber incrementado mi grado. No soy doctor, soy licenciado, pero de
todas maneras le agradezco los buenos propósitos.
Hemos trabajado en la PGR intensamente con el ánimo de profesionalizar al personal, al
personal sustantivo, tanto del Ministerio Público como de la Policía Judicial, como de
peritos.
Particularmente en el ámbito de los agentes del Ministerio Público, tuvimos cursos
sumamente intensivos, como lo refería yo en mi presentación, a partir de septiembre de
1997. Estamos tratando de que ahora nuestros agentes del Ministerio Público sean capaces
de llevar un asunto desde que se presenta la denuncia la querella, hasta que tenemos una
sentencia por autoridad de cosa juzgada, incluyendo su participación en los amparos y en
la formulación de los pedimentos correspondientes.
La participación del Ministerio Público en el amparo es todavía muy limitada, tenemos
el gran problema y por eso estamos buscando reformas a la Ley de Amparo. El hecho de que
sea el Ministerio Público Federal el que participe cuando las acusaciones han sido
formuladas por los ministerios públicos del Fuero Común, queremos que en este caso
quienes participen decididamente del juicio de garantías sea el Ministerio Público del
Fuero Común; yo espero que lo lograremos si ustedes ven con simpatía la propuesta que se
contiene en las iniciativas del señor Presidente de la República.
Creo que sí hemos logrado modificar muchas inercias. Eso no quiere decir que se haya
concluido por completo con los actos de corrupción dentro de la Procuraduría General de
la República. Lo que hemos hecho es ante cada acto de corrupción que tenemos debidamente
documentado, que tenernos sustentado, es el ejercicio de la acción penal y yo he dado
cuenta a ustedes de las acciones que sobre este particular se han desarrollado.
La verdad no están desagregadas por números en el informe del señor Presidente de la
República, los casos en que se ejercitó la facultad de atracción, pero fueron varios y
muy diversos y no solamente los casos más conocidos de homicidios de personas muy
conocidas dentro de la sociedad mexicana. Acteal fue un caso en donde ejercitamos la
facultad de atracción por ejemplo y para eso necesitamos que exista siempre alguna
conexidad con un delito federal; así fue como lo aprobaron ustedes, como lo aprobó el
Poder Legislativo en 1993 y así es como lo hemos venido desarrollando.
Quiero decirle, diputada, que en el caso de Acteal no solamente están procesados y en
este momento detenidos los autores materiales de esta terrible matanza, sino también
están autores intelectuales, instigadores, facilitadores y recuerdo que uno de ellos es
el anterior presidente municipal de Chenalhó.
Hemos venido trabajando como coadyuvantes en el caso de las mujeres que han sido
asesinadas en Ciudad Juárez. Hasta ahora nuestra participación ha sido de ayuda a nivel
del Ministerio Público del Fuero Común, porque no encontrarnos que exista conexidad con
delitos federales.
No actualizándose la hipótesis para el ejercicio de la facultad de atracción, lo que
hemos hecho es coadyuvar y lo seguiremos haciendo. Estamos más que abiertos a seguir
colaborando con el Estado de Chihuahua.
En la Procuraduría General de la República, diputada, no tenemos delitos de famélico,
es decir, delitos cometidos por pobres; esto no es una hipótesis que por lo menos a nivel
de delitos federales se actualice. Hemos encontrado, sí, personas con un muy bajo nivel
de instrucción, que son aprovechados por el narcotráfico o menores aprovechados por el
narcotráfico o incapaces aprovechados por el narcotráfico y lo que estamos proponiendo,
lo que propuso el señor presidente Zedillo en su iniciativa de reformas a esta
miscelánea penal es que ahí venga un agravamiento considerable de las penas.
Indudablemente que cuando se es servidor público y se comete un delito, las penas más
que se doblan, lo importante no es en este caso la cantidad o el límite superior de la
pena que pueden imponer los jueces, sino lograr aprehender a estos malos servidores
públicos que nos traicionan y ponerlos a disposición de los jueces para que en un debido
proceso penal reciban las penas que las normas establecen.
Yo estaba muy preocupado por el catálogo de delitos graves, cuando se modificó la
disposición que establecía que no había derecho a la libertad caucional cuando el
término media aritmética de la pena era de cinco años o más y se cambió por este
sistema en donde se hace un catálogo de delitos graves y los demás tenemos que entender
que no son graves y que por tanto permiten la libertad caucional. Lo que dejamos fuera son
72 tipos delictivos distintos que antes sí permitían la prisión preventiva del probable
responsable y la mayoría de éstas 72 conductas delictivas están en el ámbito de los
delitos cometidos por bancarios, contra instituciones financieras, delitos patrimoniales.
Es muy urgente que ustedes puedan modificar esa norma y que con independencia del
incremento de la penalidad no tengan derecho a la libertad caucional. Repito, cuando son
sujetos de estas medidas de libertad caucional.
La opinión pública lo que percibe es que ahí hay impunidad, no que el proceso sigue,
pero además asumamos que cuando se conceden muchas libertades caucionales lo que
efectivamente sucede es que se produce la evasión de la justicia del procesado. Tenemos
miles de ejemplos, algunos muy graves que hemos tenido que enfrentar en la Procuraduría
General de la República, a lo largo de estos últimos 22 meses.
Yo coincido con usted, diputada, que hay que trabajar intensamente en la readaptación
social del delincuente, no es un área que esté en la esfera de competencia de la
Procuraduría General de la República, pero creo que sí, qué bueno que se reconoce así
en la cruzada nacional contra el crimen y la delincuencia, que es necesario que se vuelva
una realidad el objetivo de la prisión en México, que es la readaptación social del
delincuente; en ese momento coincido plenamente con usted que el objetivo no se ha
logrado.
Las ciudades fronterizas de nuestro país, las ciudades de la frontera norte, están
padeciendo enormemente los efectos del crimen organizado y del narcotráfico, no solamente
las de Baja California, sino también las de Chihuahua, las de Tamaulipas, incluso el
sector que le corresponde a Nuevo León. Esto nos mantiene muy preocupados, la mayor
cantidad de elementos de la policía judicial y del Ministerio Público que hemos
canalizado en estos 22 meses han ido precisamente a estos estados fronterizos, desde luego
no hemos logrado ni siquiera aproximarnos a controlar, a desintegrar las organizaciones
criminales que ahí vienen trabajando.
Los hechos de Ensenada son profundamente lamentables, el único compromiso que puedo hacer
como Procurador General de la República respecto de estos hechos de El Sauzal, del 17 de
septiembre pasado, es investigarlos a profundidad, identificar las líneas de
investigación, detener a los presuntos responsables y ojalá que en un debido proceso
legal tengan penas verdaderamente ejemplares.
La política de la actual Procuraduría es que precisamente los delegados no sean
originarios de los estados en donde están desarrollando su función como delegados,
tenemos pruebas evidentes que esta situación genera incluso más conflictos para los
delegados y más problemas en el desarrollo cabal de las funciones de las delegaciones;
sin embargo, insistiremos en que los delegados se acerquen muchísimo a la sociedad de
esas entidades federativas, a los organismos sociales representativos en el Estado, que se
reciban con amplitud las quejas o las observaciones para mejorar nuestro trabajo.
No estoy enterado, seguramente es una de estas 17 mil averiguaciones previas que tenemos
ahora en trámite, el tema de la averiguación previa sobre explosivos en Baja California
Sur, pero estoy a su más absoluta disposición, a sus órdenes, distinguida diputada,
para que sobre ese particular pudiéramos de manera específica intercambiar opiniones.
Muchas gracias.
Gracias señor Procurador.
Diputada Maciel Ortiz, ¿desea hacer uso de su derecho de réplica?... Ha declinado.
En tal sentido, tiene la palabra por el
Partido Acción Nacional, el diputado Javier Paz Zarza.
503,504,505
| El diputado Javier Paz Zarza: |
Con su venia, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados; señor Procurador General de la República:
Una demanda sentida y justificada de la población del país, ha sido y es la de recibir
una mejor procuración e impartición de justicia, pues ésta al igual que la seguridad
pública, son elementos fundamentales para lograr el establecimiento de un auténtico
estado de derecho fundado en el reconocimiento de los derechos esenciales de la persona
humana y promotor del bien común. Así, todos necesitamos condiciones de seguridad, de
protección a nuestra persona, familia y bienes, requerimos seguridad pública para el
trabajo, para el estudio, para la investigación; para la cultura, para la recreación, es
decir, para la convivencia social armónica.
Por eso, la lucha contra la criminalidad y la
garantía de una seguridad pública y un sistema de justicia, son un componente básico
para la gobernabilidad y factor esencial de la cuestión social. No basta, no basta
señor, con dos o tres casos aislados y con anuncios espectaculares sobre la captura de
ciertos presuntos delincuentes para pensar que está teniendo éxito la función de
seguridad pública y procuración de justicia.
La situación cada vez más angustiante que enfrentan millones de mexicanos como
consecuencias del negativo modelo socioeconómico y político que todavía padecemos,
propicia la violencia, el robo y otros actos delictivos. El narcotráfico se ha apoderado
de muchas ciudades importantes, incluso penetrando instituciones encargadas de combatirla;
las cifras de los hechos sobre la extensión son contundentes y escalofriantes; los
índices delictivos crecen de manera incontenible; las cifras oficiales seguramente están
muy lejos de la realidad; la zozobra que expresan los funcionarios constituye muchas veces
para el ciudadano común y corriente, una bofetada, porque quien la padece es él mismo y
no el funcionario rodeado de guaruras.
Parece que nadie está a salvo. La delincuencia y los narcotraficantes en general, actúan
de tal manera que pareciera que existe una acción concertada de impunidad o de
negligencia manifiesta de las autoridades.
No vemos, no vemos en el informe del Ejecutivo y en los múltiples discursos, incluso
aquí, elocuentes, programas y mecanismos concretos para la consolidación del sistema de
procuración de justicia a fin de que la Procuraduría a su cargo actúe en los términos
que fija la ley; está muy lejos de cumplir su obligación, no sólo de indagar las causas
de los retrocesos de nuestro sistema de procuración de justicia, sino el de atacarlas y
enfrentarlas con seriedad.
Se afirma en el informe que las indagatorias tienen como criterio la búsqueda de la
verdad y la aplicación invariable de la ley; pero, señor Procurador, a la sociedad nos
estremeció y vale la pena repetirlo otra vez, nos estremeció la masacre en diciembre de
1997 en el paraje de Acteal, Chiapas.
Reconocemos que se ha estado actuando logrando a la fecha consignar a los presuntos
autores materiales del asesinato de 45 personas, entre ellos niños y las lesiones de 16
más; sin embargo, a pesar de que se creó una nueva fiscalía especial, es fecha que no
se dan a conocer y consignar a los presuntos autores intelectuales de la masacre.
Para tener credibilidad, señor Procurador, reiteramos nuestra exigencia de investigar a
fondo la masacre de Acteal y sancionar a los autores intelectuales de la misma. Hace unos
minutos escuché el peregrino argumento de usted de que solamente, no solamente se había
detenido a los autores materiales, sino también a los intelectuales. Yo me voy a permitir
darle una copia del informe del señor Presidente, para cuando tenga oportunidad de leerlo
en un momento oportuno.
Segundo, señor Procurador, la defensa de los derechos humanos es irrenunciable, no
importa la posición quien los tenga, creemos nosotros en Acción Nacional que aunque
hubiera que lastimar el derecho de una sola persona, exige de cualquiera de nosotros la
defensa irrenunciable.
Igualmente, no es creíble la voluntad de hacer de nuestro país un país de leyes, cuando
a pesar de tener la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la aplicación de la
misma durante el periodo del informe sólo ha tenido como logro el arraigo de 38 personas
y la consignación de 73 individuos.
Fue positivo el detener a la organización delictiva encabezada por Arizmendi López, pero
es indiscutible que falta mucho por hacer, no solamente preocuparse, sino ocuparse, para
enfrentar con resultados a la industria del secuestro, incluyendo al secuestro express,
que como usted bien sabe, presuntamente ha involucrado a muchos elementos de la PGR.
¿Cuál es el tamaño de las bandas de secuestradores? ¿Cuáles son los vínculos que
tienen para actuar con tal impunidad para lastimarnos a todos los mexicanos? ¿Hasta
cuando, señor Procurador?
Asimismo, ante la delincuencia desbordada, la única respuesta que observamos es aumentar
la penalidad a las conductas delictivas. Está demostrado que eso no erradica ni disminuye
las conductas antisociales, evidencia de ello es que la pena máxima de 20 años en el
pasado, ha aumentado a 40 años, persiguiendo los mismos fines y ha demostrado incapacidad
la Procuraduría para atacar de fondo los problemas.
Lo cierto es que es urgente una profunda reforma al sistema de justicia, implica la
profesionalización real de los cuadros de la Procuraduría. Para nadie es un secreto el
severo rezago en las averiguaciones previas, incluso las mal integradas, ya sea por
presunto dolo o por ignorancia, que ha solapado la impunidad de la delincuencia en nuestro
país. El número de delitos que se quedan sin esclarecer es de manera creciente y hay
otros que ni siquiera se sabe que se cometieron, porque nunca fueron denunciados y por
tanto no tuvo conocimiento la autoridad de ellos.
Las averiguaciones previas, ya se ha dicho aquí, voy a obviar, son en este momento más
de 17 mil, que demuestra o incapacidad o ignorancia o tal vez sería interesante conocer
su punto de vista por el cual no hay resultados concretos que esperamos los mexicanos del
Procurador General de la República.
¿Nos puede dar un informe al respecto? ¿Por qué el rezago creciente? ¿Cuáles son los
objetivos, cuáles son las metas, cuáles son las condiciones por las cuales no se dan
resultados?
Por otra parte, hemos expresado en Acción Nacional la necesidad de la depuración de los
cuerpos policiacos, cuyo manto cobija la impunidad, la delincuencia y un sistema de
complicidades. Es necesaria la real profesionalización de las corporaciones, para
garantizar control y eficiencia, eficacia y responsabilidad.
No siempre es cuestión de leyes, como aquí usted ha afirmado; lo que está fallando,
señor Procurador, además, son los mecanismos de admisión, de profesionalización, de
superación, de control y supervisión implementados por la institución a su cargo, los
que no están dando resultados.
Haciendo un balance muy breve de los programas de capacitación y profesionalización de
los elementos de las procuradurías, es indiscutible que son notoriamente insuficientes;
así, de 14 mil 248 elementos que tenía la Procuraduría en 1997, el Instituto Nacional
de Ciencias Penales tuvo eventos en que participaron un total de 2 mil 248 elementos y en
1998, de 14 mil 196 en el mismo instituto, solamente participaron 1 mil 54; es decir, en
lugar de fortalecer la profesionalización de los elementos, tal pareciera que el objetivo
es lo contrario.
Incluso en el instituto de capacitación, en 1997 se impartieron para los 14 mil 248
elementos 42 cursos con 8 mil 199 elementos y en 1998 para los 14 mil 196, únicamente
para 865 elementos. Al paso que va pasarán varios lustros para que los actuales elementos
estén capacitados. ¿Cree usted así que vamos a creerle con seriedad la afirmación del
Ejecutivo y de usted, de tener elementos con un perfil de calidad y probidad?
Hay muchos asuntos que están en el tintero, señor Procurador, quisiéramos tratar tantos
pero el tiempo nos impide ser la voz de los que no tienen voz. Quisiéramos plantear
claramente las condiciones, el rostro verdadero que ha demostrado la Procuraduría para
millones de mexicanos.
Yo quiero nada más plantear dos puntos rápidamente. Uno, la brutal masacre ocurrida
recientemente en Ensenada, Baja California, no solamente nos llenó de estupor por la
impunidad y prepotencia de los agresores, sino demostró la presunta falta de
coordinación para enfrentar con eficacia la delincuencia organizada. Argumentos y
pretextos habrá muchos, pero, señor Procurador, los ciudadanos de Baja California exigen
y todos los mexicanos con ellos, exigimos hechos concretos.
No hay criterios definidos para la distribución de los elementos, no hay condiciones de
profesionalidad en los mismos y así podemos ver que se han incluido a elementos del
Ejército para, posteriormente, como en el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, consignarlos acusándolos de corrupción y complicidad.
¿Qué es lo que se quiere?, ¿una policía científica? ¿Se quiere arrastrar en su
desprestigio del PRI al Ejército nacional? ¿Acaso se pretende dar un perfil de mano
dura? ¿Acaso se busca fracasar en su diagnóstico de honorabilidad y eficacia?
Señor Procurador, señores...
Señor diputado, ha concluido su tiempo,
le ruego concluya, por favor.
| El diputado
Javier Paz Zarza: |
Termino, señora Presidenta.
Esperamos tener oportunidad de escuchar respuestas concretas y no, respetuosamente se lo
digo, como lamentablemente ha ocurrido hasta este momento, con preguntas y respuestas que
eluden respuestas específicas.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Adelante, licenciado Jorge Madrazo Cuéllar.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Desde luego estoy de acuerdo en que no
basta la resolución de dos o tres casos para pasar el mensaje de que las cosas van
caminando mejor.
Yo lo que le puedo decir es que en estos 12 meses, señor diputado Paz Zarza, no fueron
dos o tres casos los que resolvió la Procuraduría General de la República. Toda la
información aparece en el apéndice del informe que tiene que ver, específicamente, con
la PGR.
En materia de infiltración jamás hemos negado y al contrario, hace rato aquí lo
mencionaba, que la capacidad de corrupción del narcotráfico del crimen organizado, ha
afectado a distintas corporaciones policiacas y que la Policía Judicial Federal no ha
sido la excepción. Cada vez que hemos tenido pruebas, elementos, que hemos podido
documentar un caso, lo hemos presentado ante el juez y como nunca antes en la historia de
la PGR, se ha ejercitado la acción penal en contra de servidores públicos de la
institución y nunca antes se habían cumplido tantas órdenes de aprehensión.
Respecto a los autores intelectuales y los instigadores, bueno, en el caso de Acteal el
proceso está ya abierto y yo con mucho gusto le podría mostrar las piezas de las
consignaciones por autoría intelectual, por instigadores y por falsificadores.
Indudablemente que uno de los grandes problemas ha sido en materia de secuestros, el
famoso "secuestro express" y efectivamente elementos de la Procuraduría General
de la República estuvieron en complicidad con una de estas organizaciones que se dedicaba
al "secuestro express" en el Distrito Federal.
Debo decirle que ésta es una de las tres organizaciones que logramos desmantelar en la
Procuraduría General de la República.
Yo coincido en que para alcanzar la justicia penal que necesitamos no solamente se
requiere del aumento de la penalidad, aunque en algunos casos, por ejemplo, tratándose de
los delitos de "cuello blanco", de varios delitos contra instituciones de
crédito, delitos bancarios, esto desde mi punto de vista resulta importante, pero además
de eso pienso que es necesario que se aprueben las reformas sobre el sistema de
enjuiciamiento penal, para poder tener realmente posibilidades de éxito ante
consignaciones delicadas, complejas, que las procuradurías de justicia hacemos no
solamente la Procuraduría General de la República, sino también las procuradurías de
los estados.
506,507,508
Yo quiero decirle que el 84% de las
consignaciones que hacemos están concluyendo con autos de formal prisión, pero que no
estamos satisfechos con ese 84%, que pensamos que estos índices deben superarse. Para
esto necesitamos una mejor legislación, un mejor trabajo del Ministerio Público.
En la profesionalización del Ministerio Público se hicieron esfuerzos enormes durante
1997 y lo que va de 1998.
Usted desde luego leyó friamente los números sobre los cursos de capacitación, tanto en
el Instituto Nacional de Ciencias Penales como en el propio Instituto de Capacitación de
la Policía y de los Peritos.
Debo decirle que esto se debe a que muchas de las asignaturas que se impartieron como
cursos especiales en 1997, se incorporaron ahora al plan de estudio y forman parte del
curriculum.
Todo lo que tiene que ver con derechos humanos
y todo lo que tiene que ver con formación en valores, que dieron lugar en 1997 a
cursillos específicos, hoy forman parte del curriculum y de ahí la disminución del
número de cursos en una y en otra instancia.
En cuanto a los mecanismos de admisión, perdón, señor diputado, pero nunca se había
desarrollado un plan tan ambicioso para la admisión y para la permanencia de nuestro
personal, como es el Centro de Control de Confianza.
Nunca se habían practicado tantos exámenes; nunca se habían practicado algunos con
tanta singularidad, como el examen de polígrafo, como la visita domiciliaria, como el
examen de situación socioeconómica. Eso no existía en la Procuraduría, ha empezado a
trabajar desde abril del año pasado y todavía esperamos mejores resultados.
Respecto de Ensenada, pues no veo todavía la falta de coordinación, señor diputado, con
toda sinceridad. Este asunto empezó en el fuero común, se trata de homicidios. Empezó a
realizar las diligencias, la investigación, el inicio de la averiguación previa la
Procuraduría del Estado. Cuando encontramos elementos suficientes, trabajando juntos, la
Procuraduría del Estado y la PGR, de que estos homicidios se daban en el entorno de una
lucha de organizaciones intermedias del narcotráfico, decidimos ejercitar la facultad de
atracción y esto sucedió el sábado pasado.
Hemos estado trabajando en materia de realización de diligencias, de exámenes
periciales, muy cerca de la Procuraduría del Estado.
El compromiso que yo puedo asumir, como lo dije hace un momento, es hacer una
investigación eficiente, rápida, honesta, que nos permita identificar a los probables
responsables, detenerlos y someterlos a un proceso.
En cuanto al asunto del aeropuerto internacional, bueno, encontramos que nueve elementos
que habían sido comisionados por la Secretaría de la Defensa Nacional incurrieron en
irregularidades. No se permitió un ápice de impunidad; se les consignó. Están en este
momento sujetos a proceso, sin beneficio de la libertad caucional y ahí el juez tendrá
la responsabilidad de dictar la sentencia de las pruebas que le hemos dado.
Ninguno de estos hechos han quedado impunes, sobre todo tratándose de personal que
temporalmente ha colaborado en la PGR y cuyo origen es militar.
Aprovecho la oportunidad nuevamente para agradecer el apoyo de la Secretaría de la
Defensa Nacional en cubrir estos espacios, temporalmente para la PGR y mientras logramos
que 1 mil 400 nuevos de la Procuraduría que están actualmente en programas de
capacitación, logren egresar y logren ocupar esos puestos, pero no hay forma de amarrar
navajas con la Secretaría de la Defensa Nacional, señor diputado.
Gracias, señor Procurador. ¿Diputado
Javier Paz Zarza, desea hacer uso de su derecho de réplica?
El diputado Javier Paz Zarza
(desde su curul): |
Sí.
Adelante.
| El diputado
Javier Paz Zarza |
Con su permiso, señora Presidenta;
señoras y señores diputados:
Nosotros en Acción Nacional estamos muy lejos de pretender amarrar navajas, nos interesa
que haya respeto a las instituciones nacionales y no se vale que se utilice al Ejército
nacional, que estoy convencido, porque muchos lo han manifestado así de los mandos medios
y superiores, que no están conformes de su utilización para funciones que no son de su
competencia.
Creo que la autoridad tiene que asumir su responsabilidad y cumplir su papel y no
involucrar a otras instituciones.
Qué bueno, señor Procurador, que en el caso de Ensenada hay disposición, dice usted, de
enfrentar el asunto, de hacer la investigación correspondiente. Pero si hay algún Estado
donde ha habido agresión por algunos elementos de la policía a su cargo, de la
Procuraduría, ha sido precisamente los enfrentamientos violentos contra la policía
municipal o estatal que usted conoce, el allanamiento a una institución educativa, la
actitud violenta y prepotente de elementos que consideran que son dueños y señores de
los lugares de donde se les asigna. Es repudiable totalmente eso.
Se afirma que hay trabajos para evitar infiltración y que jamás se ha negado; pero
concretamente queremos números, fechas, datos específicos porque, señor Procurador, de
discursos creemos los mexicanos que ya estamos hartos, con todo respeto.
Se afirma que ahí están los documentos de que los autores intelectuales de Acteal están
siendo perseguidos. Pero tal como dice el texto del informe, solamente se han detenido a
los autores materiales.
Yo espero, finalmente, señor Procurador, dos cosas: que todos los exámenes de
profesionalización que se afirma se realicen, tengan realmente resultados específicos.
No es posible seguir tolerando una actitud de queja, una actitud de aceptar, cuando bien
nos va, que hay eficacia o que no hay capacidad o que no se ha logrado enfrentar a todos
los problemas y seguir con la carencia de una autoridad que cumpla con su papel.
Esperamos que el año que entra, estas comparecencias tengan frutos con resultados, que es
lo que los mexicanos esperamos para bien de nuestro país.
Muchas gracias.
Gracias, diputado.
Toca el turno a la diputada María Guadalupe Sánchez Martínez, por el Partido de la
Revolución Democrática.
La diputada María Guadalupe Sánchez
Martínez: |
Compañeras y compañeros diputados;
procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar:
El día de hoy usted comparece ante esta soberanía, donde están representados los
ciudadanos de nuestro país. La nación está herida; nuestra patria ha sido mancillada
por el brazo oscuro del crimen y de la impunidad.
Nosotros, los diputados del grupo parlamentario del PRD, asumimos nuestro compromiso de
lucha contra los que sistemáticamente agreden a nuestra sociedad. Esperamos que su
comparecencia también tenga como finalidad, que usted reafirme su compromiso ante este
grave problema que aqueja a todo nuestro país.
Usted, señor Procurador General de la República, ha sido hasta el momento el
representante más directo del Poder Ejecutivo, que el representante de la sociedad,
sociedad que busca, que anhela y que exige justicia.
Usted fue propuesto por el doctor Zedillo, a un Senado en el que el partido oficial tiene
aún la mayoría de los escaños. En consecuencia, entendemos que usted depende jurídica
y políticamente del Presidente de la República y no le ha quedado más remedio que ser
solidario con la totalidad de la política del Presidente, en materia de seguridad
pública.
Existen elementos para dudar de la autonomía política de la procuración de justicia en
México, ya que ha resultado para ustedes imposible el esclarecimiento de casos concretos
en los que seguramente están involucrados los círculos del poder que han gobernado este
país. Hablamos de los casos del cardenal Posadas, de Luis Donaldo Colosio, de Francisco
Ruiz Massieu, de Aguas Blancas, cuya oscuridad aún se ha mantenido.
A su propia cuenta agregamos los casos de las operaciones Casablanca y ahora El Rodeo,
así como los crímenes de Acteal, El Bosque, en el Estado de Chiapas.
La procuración y la administración de justicia, así como la seguridad pública, en
general, viven en México su más profunda crisis desde tiempos de la Revolución, cuando
por imperativos del desmantelamiento del viejo régimen para dar paso al nacimiento de uno
nuevo, resultaba imposible la observancia generalizada de la ley.
De las cifras del propio informe presidencial, se desprende que en el país se cometen
más de 200 delitos al día, aun sin tomar en cuenta los que no se denuncian como
consecuencia de la falta de confianza en las instituciones encargadas de procurar y
administrar justicia.
Ante esta proliferación delictiva, la ineficiencia de la Procuraduría a su cargo es
monumental, según datos del propio informe. Sólo el 7.8% de las averiguaciones previas
obtienen una orden de aprehensión. Ante esta realidad la respuesta del Ejecutivo Federal
ha sido la evasión de la responsabilidad. El Presidente ha culpado a los otros dos
poderes de la Unión, como si la división de poderes hubiera sido la norma en este país,
cuando hoy es claro para todo el mundo que el Congreso de la Unión está renaciendo como
Poder, hasta los días que corren, gracias a la nueva mayoría de esta Cámara, aunque
aún nos falta mucho por avanzar, pero estamos en ese intento.
Un grave ejemplo de la evasión de responsabilidad de la que hablamos, es una frase del
informe que cito a continuación: "la proliferación del crimen y la delincuencia
tienen su origen más profundo en una severa crisis de valores, como la honestidad, la
solidaridad, el respeto a las leyes y a las demás personas, la responsabilidad social y
el aprecio al valor del trabajo".
¿Con qué autoridad moral el Presidente pide cuentas de sus valores a la sociedad, con la
honestidad y el respeto a las leyes de los asesinos de Colosio, con la autoridad moral de
Carlos y Raúl Salinas, de Roberto Madrazo y de Cabal Peniche, de los beneficiarios del
Fobaproa, con la solidaridad y la responsabilidad social de un equipo de economistas que
ha empobrecido la inmensa mayoría de los mexicanos?
No es la sociedad la que padece de una aguda falta de valores, señor procurador, es el
régimen político al que ustedes están apoyando.
La desafortunada frase también es preocupante, porque el Presidente parece olvidar un
hecho fundamental: la ola delictiva es hija natural de la crisis económica y política y
fruto de la descomposición del régimen. En lugar de ir a las verdaderas raíces del
problema de la inseguridad, que no son otras, sino la crisis económica y la ausencia de
un estado democrático de derecho, el Presidente nos propone ahora una cruzada contra la
delincuencia, que deja intactas las causas de fondo: la violencia y la impunidad.
Más que cruzadas o guerras santas de cualquier índole, que mucho asemejan las que fueron
las cruzadas en su tiempo, espectáculos para legitimizar el poder del rey, lo que el
México de hoy requiere con urgencia es un acuerdo nacional de emergencia para la paz, el
desarrollo y la democracia, que enderece el rumbo de este Gobierno y el Estado, que han
resultado incapaces de combatir tanto la delincuencia como sus causas.
La nación no requiere un caballero medieval de corsel y armadura, sino un Presidente
capaz de reconocer con humildad republicana que ha llegado la hora de corregir el rumbo y
de aceptar en las leyes y en la práctica la limitación de su poder. El Presidente
pretende, incluso, eludir su propia responsabilidad personal como jefe de un Ejecutivo,
que prácticamente ha dictado las bases de la seguridad pública durante el sexenio. Baste
recordar la reforma constitucional que él mismo realizó, con el concurso de las
mayorías priístas que todavía mandaban a finales de 1994, la cual ha resultado a todas
luces insuficiente para hacer realidad el derecho a la justicia.
509,510,511
Adicionalmente el Presidente se indigna de la
suavidad de las leyes por los delitos de cuello blanco, que hoy agravian a toda la
nación, pero olvida que fue un Gobierno en el que él mismo fue Secretario de Estado el
que impuso esas leyes diseñadas para que los aliados del sistema eludieran a la justicia.
No en balde hay una gran cantidad de simpatizantes del anterior y el actual Gobierno en
las listas de esos delincuentes.
Desde luego el Presidente elude la responsabilidad que tiene la estrategia económica que
él mismo ha impulsado y defendido contra toda crítica, en la peor situación de
inseguridad pública desde la Revolución. El vínculo entre pobreza, desigualdad,
desempleo, por una parte, y delito y violencia, por la otra, es directo, claro e
innegable.
La regeneración de la seguridad pública debe
necesariamente incluir la rectificación a fondo de la política económica. En un país
empobrecido en el que el ingreso se concentra cada vez más, el delito siempre será
atractivo para una parte importante de la población. En lugar de una solución de fondo,
el Presidente propuso el aumento de las penas y el aumento del margen de acción de los
ministerios públicos, culpando además al Congreso por no aprobar rápidamente esas
iniciativas. Estas no fueron aprobadas porque no tuvieron la aprobación siquiera de los
senadores de su partido.
El Congreso no puede aprobar leyes que, como las propuestas por el Presidente, violen los
derechos humanos fundamentales y concentran la actividad del Estado en la represión del
delito y no en la prevención del mismo, por lo que conducirán a un agravamiento del
fenómeno delictivo, a una mayor frustración social y a un recrudecimiento de la crisis
estatal que hoy vivimos los mexicanos.
Por ello, el Partido de la Revolución Democrática está próximo a proponer la reforma
integral de las bases constitucionales de la Procuraduría General de la República, a fin
de convertirla en lo que todo México espera: una institución de garantizada
imparcialidad, profesionalismo e independencia.
Lo anterior se logrará recurriendo a algo que ya es común en el constitucionalismo
moderno: la figura de órgano constitucional autónomo cuya autonomía quede garantizada
por un modo de integración, en el cual el Presidente de la República no pueda más
imponer su voluntad y en el que la capacidad profesional quede elevada a principio de
actuación en el seno de unas estructuras diseñadas según las normas del servicio civil
de carrera.
Exigimos como representantes populares, que se trabaje en la revisión de los tratados
internacionales de extradición, buscando con ello sentar las bases para que se
desarrollen más ágilmente los procesos y se apliquen de manera más eficaz las leyes
nacionales, en contra de quienes por sus medios económicos huyen al extranjero después
de haber violado las mismas.
Actualmente los gobiernos y sistemas judiciales de otras naciones, violando la soberanía
nacional y nuestras leyes, están poniendo la muestra: señalan culpables, integran
averiguaciones, persiguen delitos en nuestro país relacionados con el narcotráfico, con
mucha efectividad que la institución que usted preside, a tal grado que, usted es el
último en enterarse, como es el caso de la operación Casablanca y el último en integrar
averiguaciones, incluso los suizos son más eficientes para perseguir los delitos que
cometen los mexicanos. Sólo falta que el FBI atrape a los multiasesinos de Ciudad
Juárez, para que usted se decida a efectuar la facultad de atracción en un caso que ha
indignado a la opinión pública.
En materia de cooperación internacional, en el combate al narcotráfico, como
legisladores y representantes de la nación, le exigimos aclare los sucesos acaecidos
durante la puesta en marcha de la operación Casablanca.
Y hablando de narcotráfico en nuestro país, ¿cómo explica que el presupuesto destinado
para el combate al narcotráfico haya aumentado en más de un 20% y, por el contrario,
hayan disminuido los aseguramientos de droga?
Por último, quiero formularle las siguientes preguntas si me lo permiten compañeros.
Si nos puede hacer un comentario sobre la dirección general de normatividad y
supervisión en seguridad pública, de la Secretaría de Gobernación, fundada, creada el
31 de agosto de 1998.
También que nos pudiera comentar si es cierto lo que se ha publicado en diarios
extranjeros en el sentido de que se han afectado cuentas por 500 millones de dólares de
Raúl Salinas de Gortari. Si eso cierto ¿cuál va a ser el destino de esos recursos y
cuánto de ellos va regresar a nuestro país?..
Compañera diputada, se ha concluido su
tiempo. Haga favor de concluir.
La diputada
María Guadalupe Sánchez
Martínez: |
Gracias, señora Presidenta.
Por sus respuestas, señor Procurador, muchas
gracias.
Tiene la palabra señor Procurador.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias.
En la Constitución General de la República está establecida la autonomía técnica del
Ministerio Público de la Federación.
En los 22 meses en que he tenido el inmenso privilegio y el orgullo de encabezar la
Procuraduría General de la República, hemos trabajado siempre bajo los supuestos de esa
autonomía técnica y así lo seguiremos haciendo.
Yo creo que no hay absolutamente ninguna idea de evadir las responsabilidades que a cada
quien le corresponden. El Poder Ejecutivo en el ámbito de sus responsabilidades, ha
asumido precisamente los compromisos que tiene que vencer; los ha expuesto así en la
cruzada nacional contra el crimen y la delincuencia. Ese es un programa público que es
susceptible de evaluación, precisamente por la sociedad. Por eso se presentó de esta
manera y estamos abiertos al escrutinio de la sociedad.
Cada una de las instancias del Poder Ejecutivo, por lo que se refiere a los ámbitos de su
competencia, pero creo que también tiene algo que hacer el Poder Legislativo y algo tiene
que hacer también el Poder Judicial.
Esto no es echar la pelota de un lado a otro; es que cada quien, en un ejercicio, primero
de conciencia, pueda establecer cuáles son las responsabilidades y las tareas que debe de
desarrollar.
Si ustedes o alguno de ustedes, piensa que no tiene ninguna responsabilidad en ello,
bueno, seguramente se sentirá muy tranquilo con su conciencia. Eso no resuelve los temas
de seguridad pública y de procuración de justicia.
Hay una serie de temas que se me mencionan aquí como dentro de mi responsabilidad, que no
lo están. Desde luego yo tengo que responder por una parte del operativo Casablanca. Sí,
en cuanto a la averiguación previa que se ha iniciado, respecto de los agentes
informantes y cooperantes al servicio de los Estados Unidos que pudieron haber realizado
actividades ilícitas en el territorio.
He dicho que abrimos una averiguación previa y he dicho que la estamos integrando. Espero
que, con los elementos que se provean en la corte de Los Angeles, podamos satisfacerla,
determinarla adecuadamente.
El caso de El Sauzal, sí, acabo de decir que el sábado ejercitamos la facultad de
atracción, pero esto fue el sábado, diputada, no podría yo tener resultados más
pronto. Lo que puedo decirle es que tenemos las investigaciones, las líneas de
investigación, las hipótesis claras; que hemos tenido, a través de los cateos que se
han realizado, documentación importante que nos permite afinar estas líneas de
investigación. Que hay nueve personas en este momento que estamos solicitando su arraigo
judicial, primero para que podamos tener más información de lo que ellos presenciaron,
pero además para brindarles protección, porque ellos estuvieron ahí el día 17 de
septiembre, a las 4:30 de la mañana.
Respecto de Acteal, ahí está toda la documentación de la PGR para que se pueda
analizar. Lo que vamos a hacer es publicar todo lo que ha sido el desarrollo de las
investigaciones de la PGR, hasta llegar a las conclusiones y espero que a las sentencias
definitivas, para que no haya ninguna sombra de duda sobre la forma como la PGR ha
trabajado.
Pero si usted me pregunta sobre el caso de El Bosque, por ejemplo, yo no tengo nada qué
decirle sobre el caso de El Bosque, porque no está en el ámbito de trabajo de la
Procuraduría General de la República.
Yo no tengo nada que comentarle respecto a las consideraciones políticas y económicas
que usted vierte, con todo respeto, señora diputada. Trato de hacer una función técnica
como titular del Ministerio Público de la Federación.
Ninguna, si llega a aprobarse las reformas constitucionales que se plantearon en diciembre
del año pasado, les debería generar a ustedes la mortificación de que se está cayendo
en violaciones a derechos humanos. Absolutamente ninguna. Estamos buscando un adecuado
balance entre lo que son los derechos del probable responsable, de la víctima y de los
ofendidos. Que no vendan la idea de que lo que buscamos es suprimir las garantías. Nada
más alejado de la realidad.
Y bueno, pues yo estaré muy interesado en conocer, cuando lo presenten, las nuevas bases
constitucionales para el trabajo de la Procuraduría General de la República. Espero que,
como ciudadano, si todavía en ese momento soy Procurador, pueda también dar mi opinión
en un estado democrático como éste.
Respecto al tratado de extradición, qué bueno que lo menciona. Nosotros participamos al
100% de la preocupación que usted ha expuesto en la tribuna y por eso trabajamos en la
configuración de un tratado para lograr extradiciones temporales, a fin de que la fuga de
un delincuente de un país a otro no se traduzca en verdaderos hechos de impunidad. Porque
cuando las extradiciones muchas veces se dan, ya no existe ni forma de poder hacer una
investigación que en el país residente permita llevar ante la justicia a un evadido.
Respecto de Casablanca, estaré informando repetidamente a la opinión pública, desde
luego a las comisiones de esta Cámara, sobre los avances que en estos dos aspectos se
vayan teniendo.
Yo confío, diputada, que al finalizar el año las drogas aseguradas en sus distintos
conceptos sean muy parecidas a las de 1997. Quiero decirle que en 1997 la Procuraduría
General de la República estableció el récord en la década de decomiso de la mayor
cantidad en cuanto a la naturaleza de las drogas.
Este año vamos solamente retrasados un poco en el aseguramiento de cocaína.
Yo no tengo más elementos que los que aparecieron publicados en el Diario Oficial sobre
la Dirección General de Normatividad de la Secretaría de Gobernación. No tengo ningún
elemento que agregar y ojalá que juntos nos podamos enterar de qué más funciones y
actividades va a tener encomendada esta dirección.
Y le pido respetuosamente a esta Asamblea que me permita omitir datos, detalles y
estrategias respecto a las averiguaciones que se realizan en el caso del señor Raúl
Salinas de Gortari, porque de otra manera pondríamos en riesgo la estrategia que en este
momento viene desarrollando la PGR. Ruego que en futuras sesiones, muy pronto, el mes
próximo, si esto así conviene a los intereses de esta Asamblea, pudiésemos reunirnos
para darles a conocer qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos, qué estamos
haciendo en relación con las imputaciones que se han visto reflejadas en los medios de
comunicación respecto del señor Salinas de Gortari.
Gracias, señor Procurador.
Diputada María Guadalupe Sánchez Martínez, ¿desea hacer uso de su derecho de réplica?
La diputada María Guadalupe Sánchez
Martínez (desde su curul): |
Sí, señora Presidenta.
Adelante, por favor.
La diputada
María Guadalupe Sánchez
Martínez: |
Señor Procurador: aprovechamos la
oportunidad para hacerle una invitación, la fracción parlamentaria del PRD, a platicar
sobre el asunto de Raúl Salinas y sobre los recursos que seguramente son muchos y están
en Suiza.
512,513,514
Quisiera yo recordar algunas palabras que
usted mencionó el día 2 de diciembre de 1996, fecha en la cual tomó posesión como
Procurador de la República. Usted decía que: "el país requiere avanzar
aceleradamente en la tarea de contar con instituciones de procuración de justicia que
trabajen con eficacia, probidad, honradez y compromiso con las más elevadas causas de la
nación". Nosotros creemos que las más elevadas causas de la nación incluyen la
procuración de justicia y el bienestar de toda la población.
"En la materialización progresiva de este propósito superior dedicaré todo mi
esfuerzo, toda mi capacidad, toda mi vocación y todas mis energías". Dice "se
podrá reconquistar plenamente la confianza que la sociedad debe de tener en quienes han
sido llamados a servirla en la sensible función de procurar justicia".
Quiero decirle que las ciudadanas y ciudadanos
de este país confiábamos y seguimos confiando en usted y queremos que si usted en algún
momento dado tiene la autonomía técnica, queremos que también tenga la autonomía
política para decidir y para procurar la justicia de todos los mexicanos; que la
ciudadanía está esperando el cumplimiento de estos compromisos y que esperamos que usted
asuma nuevamente ese compromiso y esa responsabilidad.
En lo relacionado a la Dirección General de Normatividad y Supervisión de Seguridad de
la Secretaría de Gobernación, es preocupante que haciendo uso del derecho reglamentario
que le confiere al Ejecutivo la Constitución, se esté pretendiendo instituir una
policía por encima de las ya existentes.
Me voy a permitir leer el caso de la fracción VII, donde se establece que esta policía
pretende coadyuvar en la planeación y ejecución de operativos policiacos en
coordinación con los estados, el Distrito Federal y los municipios, que tengan por objeto
disminuir la incidencia delictiva.
"La facultad en comento supondría que esta naciente dirección en el ejercicio de la
coadyuvancia, realice o lleve a cabo acciones actualmente reservadas a las policías ya
existentes en los tres niveles de gobierno, pues dicha disposición supone la
participación técnica y operativa de la dirección. Por lo que tomando en consideración
la tradicional prevalencia política del Ejecutivo Federal, estamos ante la presencia de
una notable injerencia de este poder sobre las soberanías administrativas y organizativas
de los estados, del Distrito Federal y de los municipios."
Es muy lamentable que no esté enterado de esta policía. Nosotros lo invitamos a que se
entere, establezca las formas de coordinación con esta policía y que la fecha en que
pueda volver a visitarnos pueda hacer un comentario más amplio.
Muchas gracias.
Gracias diputada María Guadalupe
Sánchez Martínez.
A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Manuel González Espinoza, del
Partido Revolucionario Institucional.
| El diputado Manuel González Espinoza: |
Con la venia de la Presidencia; señoras
y señores diputados, señor Procurador General de la República.
En México estamos obligados, en aras de la construcción de un nuevo orden, a combatir la
injusticia con empeño y valentía, transformar el poder para que se traduzca en un
sistema de impartición de justicia como una instancia autónoma y de máxima
responsabilidad y certidumbre entre las instituciones de la República, ése es el alcance
y la trascendencia de nuestro compromiso.
El pueblo no ve que podamos poner fin a la impunidad y lograr mejorías en los niveles de
seguridad pública en todo el país, nos reclama la construcción de normas consensuadas y
respetadas, exigibles por el poder ciudadano y garantizadas por instancias autónomas y
puntos de equilibrio reales.
El Poder Legislativo está dispuesto a cumplir con la responsabilidad de constituirnos en
los elementos instrumentales para combatir la injusticia, la corrupción y la impunidad.
Nuestras instituciones que tienen que ver con la impartición de justicia, requieren de
una profunda y urgente renovación; llevar adelante esta reforma implica un esfuerzo
social de dimensiones extraordinarias, esto nos impone a asumir la responsabilidad del
presente y reconocer que el futuro se construye todos los días. Sólo así podremos
acceder a niveles de desarrollo más elevado y brindar mejores expectativas de bienestar,
justicia y democracia.
El titular del Poder Ejecutivo ha dicho: "compartimos la indignación de todos los
mexicanos por la ineficacia de los cuerpos de seguridad y por la corrupción que con
demasiada frecuencia existe en ellos y que también recurrentemente es el origen de la
impunidad".
Por todo ello la sociedad exige con toda
contundencia que se actúe ya con decisión y con eficacia, la ciudadanía tiene razón
cuando reclama con firmeza resultados claros en el combate a la delincuencia.
Le pregunto a usted, señor Procurador, ¿cuáles son las reformas jurídicas que buscan
hacer que las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia realicen sus
funciones con mayor eficacia? ¿De qué forma se combate a los actos delictivos en materia
de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, ya que atenta contra la
integridad física y el patrimonio familiar? ¿Cuáles acciones se desarrollan para hacer
frente al narcotráfico que constituye uno de los delitos más graves de la delincuencia
organizada y una importante amenaza a la salud de los mexicanos? ¿Cuál es la estrategia
que su normatorio de cooperación internacional nuestro país promueve y cuáles acuerdos
y convenios de cooperación contra el tráfico ilícito de drogas y la fármacodependencia
se han suscrito?
Señor Procurador, señoras diputadas, señores diputados, mañana se cumplirán 54 meses
del homicidio del señor Luis Donaldo Colosio y el 28 de este mismo mes 48 del homicidio
del señor José Francisco Ruiz Massieu; desde el mes de octubre a la fecha hemos
realizado un sinnúmero de reuniones de trabajo con las dos fiscalías especiales y con la
Procuraduría General de la República. Demuestra esto que existe una amplia colaboración
entre los poderes de la Unión; sin embargo, como representación nacional no podemos
sentirnos satisfechos con lo logrado hasta ahora y exigimos que en las líneas de
investigación que están abiertas se profundice y se continúe hasta su agotamiento.
Mientras no tengamos una profunda investigación y la conclusión adecuada de los trabajos
que tienen que desarrollar las autoridades que constitucionalmente tienen esta encomienda,
estaremos, como sistema político, expuestos a la suspicacia, la sospecha, la duda y
fomentaremos la incredulidad de la ciudadanía hacia las instituciones del Estado.
Concluyo: por la salud de la República y porque es una exigencia del pueblo mexicano, la
representación nacional no cejará en la exigencia a la Procuraduría General de la
República y a las fiscalías especiales, para que no reparen en utilizar todos los medios
a su alcance y que la ley les permite, para llegar a las conclusiones de los casos y que
se haga fundamentalmente justicia.
Por sus respuestas, muchas gracias, señor Procurador.
Gracias, diputado.
Adelante, señor Procurador de la República.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias, diputado Manuel
González.
En cuanto a las reformas legales que la Procuraduría cree indispensable se puedan
tramitar y en su caso aprobar, pues tienen que ver fundamentalmente con el sistema de
enjuiciamiento penal, con los artículos 16 y 19, que están ya a la consideración de la
Cámara de Senadores y que estamos seguros que pasarán en su momento a esta colegisladora
para los efectos constitucionales correspondientes.
Indudablemente además de estas reformas que ya están siendo objeto de análisis en la
Cámara de Senadores, algunas más tendrán que presentarse. Nos preocupan mucho todas
aquellas que tienen qué ver con la libertad caucional; nos preocupan los beneficios de
libertad anticipada porque si consideramos que en no pocas ocasiones los jueces establecen
la pena mínima para los delitos que han estado bajo su estudio y si a eso se aplica los
beneficios para una libertad anticipada, pues resulta que la pena no tiene nada que ver
con la gravedad de la conducta delictuosa; pensamos que en esto tendrían que
profundizarse mucho más y seguramente las iniciativas del señor Presidente lo van a
recoger.
En materia de acciones contra el narcotráfico, hemos dicho que el narcotráflco es un
fenómeno complejo y que hay que atacar todos sus eslabones: la producción, la
circulación, la distribución y el consumo.
Esto es lo que incluso la Organización de las Naciones Unidas, en el resultado de su
asamblea extraordinaria de junio de este año, trajo como gran resultado, la cooperación
internacional y la lucha a todos los eslabones de la cadena del narcotráfico. Desde luego
que creo que los mexicanos tendríamos que ser más insistentes en que los índices de
consumo de droga en los Estados Unidos, que afecta a más de 12 millones de adolescentes y
que representa una derrama de 56 mil millones de dólares al año, tenga necesariamente
que reducir se, porque todo eso también tendría un efecto positivo muy importante sobre
la lucha que en México tenemos que dar contra el narcotráfico, sobre todo en materia de
erradicación, de intercepción y de distribución.
Creo que ha sido muy claro el señor Presidente de la República al señalar cuáles son
los límites de la cooperación internacional en materia de lucha contra el narcotráfico,
los límites están señalados por el respeto a la soberanía nacional, por el respeto a
la jurisdicción territorial y por respeto al orden jurídico interno en todo lo que tenga
qué ver con acciones desarrolladas en el territorio de la República.
Se han suscrito muchísimos convenios durante este año con países del continente
americano y europeo y la PGR especialmente ha trabajado en convenios, en instrumentos, en
intercambios de información con el gobierno de Guatemala y con el gobierno de Belice,
dado que las nuevas rutas que ha utilizado el crimen organizado del narcotráfico,
precisamente demuestran vuelos aéreos sobre Belice y sobre Guatemala y después la
introducción a través del tráfico hormiga por el territorio de la República Mexicana
hasta alcanzar la frontera norte.
La subprocuraduría del caso Colosio y la subprocuraduría general que atiende el caso del
homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, seguirán absolutamente abiertas a trabajar con
las comisiones de la Cámara de Diputados y con la comisión de la Cámara de Senadores.
Esperamos que en el caso del homicidio del licenciado Colosio, a fin de año puedan
haberse terminado las líneas básicas de investigación y todo esto lo pondremos a la
más absoluta disposición de la comisión de esta Cámara y estaremos dispuestos a
debatir con quien ustedes quieran, los resultados que hayamos alcanzado, basados en
pruebas y en evidencias; no en especulaciones y no en conclusiones falaces.
De manera, señor diputado, que le reitero nuestra más absoluta apertura para seguir
colaborando de esta manera.
Gracias, señor Procurador.
Diputado González Espinoza, ¿desea hacer uso de su derecho de réplica?.. Ha declinado.
Se ruega a la comisión designada para acompañar al ciudadano Jorge Madrazo Cuéllar,
procurador General de la República, cuando desee retirarse de este recinto, estén
dispuestos a hacerlo los diputados Miguel Sadot Sánchez Carreño, Jaime Miguel Moreno
Garavilla, María Guadalupe Sánchez Martínez, María Soledad Baltazar Segura y Carolina
O'Farrill Tapia.
Se pide cumplan con su cometido.
Se ruega a los diputados permanecer en el recinto a fin de continuar y agotar los asuntos
en cartera.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
La secretaria
María del Pilar Guadalupe
Valdés y González Salas: |
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.- Segundo Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 23 de septiembre de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de San
Luis Potosí.
Comunicación de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, con la
que remite el informe de resultados sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal de 1996.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que comunica que la ciudadana María Elena García Frías, ha dejado de prestar
servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Guadalajara,
Jalisco.
Comparecencia del secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas.»
515,516,517
CLAUSURA
Y CITATORIO
| La Presidenta (a
las 14:53 horas): |
Se levanta la sesión y se cita para
mañana, miércoles 23 de septiembre, a las 10:00 horas.
RESUMEN
DE TRABAJOS
* Tiempo de duración: 4 horas con 13 minutos.
* Quorum a la apertura de sesión: 317 diputados.
* Diputado que opta por otro cargo: 1.
* Comparecencia del procurador General de la República, licenciado Jorge Madrazo
Cuéllar.
* Puntos de acuerdo: 1.
* Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.
* Oradores en tribuna: 28.
PRI-4; PRD-4; PAN-4; PT-2; PVEM-3.
Procurador General de la República-11.
Se recibieron:
* 1 comunicación del Congreso del Estado de Aguascalientes;
* 2 comunicaciones del Congreso del Estado de Morelos.
Dictámenes de primera lectura:
* 3, con proyectos de decreto que conceden permisos constitucionales para que cuatro
ciudadanos, puedan aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros.
* 7, con proyectos de decreto que conceden permisos constitucionales para que 23
ciudadanos, puedan prestar servicios en representaciones diplomáticas.
|
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición: |
| BOM |
Bases de Operación Mixtas |
| Conasupo |
Compañía Nacional de Subsistencias Populares
|
| D.F. |
Distrito Federal |
| DEA |
Agencia Federal Contra el Narcotráfico de
Estados Unidos de América (por las siglas en inglés) |
| EZLN |
Ejército Zapatista de Liberación Nacional |
| FBI |
Oficina Federal de Investigación de Estados
Unidos de América (por las siglas en inglés) |
| Fobaproa |
Fondo Bancario de Protección al Ahorro |
| PAN |
Partido Acción Nacional |
| PGR |
Procuraduría General de la República |
| PRD |
Partido de la Revolución Democrática |
| PRI |
Partido Revolucionario Institucional |
| Pronase |
Productora Nacional de Semillas |
| PT |
Partido del Trabajo |
| PVEM |
Partido Verde Ecologista de México |
518,519,520
|