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Saludamos y damos la bienvenida a 50
alumnos de bachillerato tecnológico del Cetis 30, invitados por el diputado Enrique
González Isunza.
También saludamos y damos la bienvenida a 60 alumnos de la preparatoria Valle de
Anáhuac, invitados del diputado Javier Paz Zarza.
Continúe, señor Secretario.
REPUBLICA FRANCESA
| El
secretario Nicolás Jiménez Carrillo: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente
que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Doroteo Agustín
Arteaga Domínguez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las
Letras, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 8 de octubre de 1998.- Senadores: Alfredo Garcimarrero Ochoa y Jorge
Galván y Moreno, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Doroteo Agustín Arteaga Domínguez,
para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de
Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 8 de octubre de 1998.-
Senadores: Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente, Alfredo Garcimarrero Ochoa y Jorge
Galván y Moreno, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Jorge Mendoza
Alvarez, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA DEL PARAGUAY
| El
secretario Mario Elías Moreno Navarro: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente
que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Victorina
Castillo Rodríguez, para prestar sus servicios como secretaria dentro del territorio
nacional al gobierno de Paraguay, teniendo como lugar de trabajo la Embajada de ese país
en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 8 de octubre de 1998.-Senadores: Alfredo Garcimarrero Ochoa y Jorge
Galván y Moreno, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Victorina Castillo Rodríguez, para
prestar sus servicios como secretaria dentro del territorio nacional al gobierno de
Paraguay, teniendo como lugar de trabajo la Embajada de ese país en México.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 8 de octubre de 1998.-
Senadores, Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente; Alfredo Garcimarrero Ochoa y Jorge
Galván y Moreno, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 8
de octubre de 1998.- Jorge Mendoza Alvarez, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se instruye a la Oficialía Mayor
que en este momento se cierre el registro de asistencia electrónica.
Continúe la Secretaría.
REPUBLICA DE VENEZUELA
La
secretaria Cecilia Eulalia López
Rodriguez: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente
que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María del
Consuelo Carrizosa Esperanza, Claudia Erika Zavala Galindo, María Angelina Martínez
Chavest'e, Adoración González Pérez y Héctor Anibal Martínez Caballero, para prestar
sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de Venezuela, teniendo como lugar
de trabajo la Embajada de ese país en la Ciudad de México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 6 de octubre de 1998.- Senadores: Héctor Ximénez González yJorge Budib
Lichtle, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana María del Consuelo Carrizosa
Esperanza, para desempeñar el cargo de secretaria dentro del territorio nacional al
gobierno de Venezuela, teniendo como lugar de trabajo la Embajada de ese país en la
Ciudad de México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Claudia Erika Zavala Galindo, para
desempeñar el cargo de secretaria dentro del territorio nacional al gobierno de
Venezuela, teniendo como lugar de trabajo la Embajada de ese país en la Ciudad de
México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana María Angelina Martínez Chavest'e,
para desempeñar el cargo de secretaria dentro del territorio nacional al gobierno de
Venezuela, teniendo como lugar de trabajo la Embajada de ese país en la Ciudad de
México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Adoración González Pérez, para
desempeñar el cargo de encargada del área de comunicaciones y archivo dentro del
territorio nacional al gobierno de Venezuela, teniendo como lugar de trabajo la Embajada
de ese país en la Ciudad de México.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Héctor Anibal Martínez Caballero, para
desempeñar el cargo de encargado de mantenimiento dentro del territorio nacional al
gobierno de Venezuela, teniendo como lugar de trabajo la Embajada de ese país en la
Ciudad de México.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 6 de octubre de 1998.-
Senadores: Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente; Héctor Ximénez González y Jorge Budib
Lichtle, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Jorge Mendoza
Alvarez, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La
secretaria Cecilia Eulalia López
Rodríguez: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente
que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Angel
Gutiérrez Huerta, Alicia Elizabeth Guerrero Ventura y Esther Solaque Muete, para prestar
sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de Venezuela, teniendo como lugar
de trabajo la Embajada de ese país en la Ciudad de México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 8 de octubre de 1998.- Senadores: Alfredo Garcimarrero Ochoa y Jorge
Galván y Moreno, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Angel Gutiérrez Huerta, para prestar
sus servicios como encargado de mantenimiento dentro del territorio nacional al gobierno
de Venezuela, teniendo como lugar de trabajo la Embajada de ese país en la Ciudad de
México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Alicia Elizabeth Guerrero Ventura,
para prestar sus servicios como recepcionista dentro del territorio nacional al gobierno
de Venezuela, teniendo como lugar de trabajo la Embajada de ese país en la Ciudad de
México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Esther Solaque Muete, para prestar
sus servicios como empleada de limpieza dentro del territorio nacional al gobierno de
Venezuela, teniendo como lugar de trabajo la Embajada de ese país en la Ciudad de
México.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 8 de octubre de 1998.-
Senadores: Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente; Alfredo Garcimarrero Ochoa y Jorge
Galván y Moreno, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Jorge Mendoza
Alvarez, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
1150,1151,1152
COMISIONES
DE TRABAJO
| El
secretario Luis David Gálvez Gasca: |
«Diputado Jesús Preciado
Coronado, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.
Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 34, 27 incisos b y d; y 45 fracciones I
y VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como
por el artículo 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 5o. y 9o. del Acuerdo
Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las
Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la sesión efectuada el día 6 de
noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá encontrar el siguiente documento signado
por el diputado Francisco José Paoli y Bolio, coordinador del grupo parlamentario del
PAN, donde solicita cambios de fracción, lo anterior para que se le dé el trámite
correspondiente.
Que el diputado Adalberto Balderrama Fernández, sustituye al diputado A. Ricardo
Ontiveros y Romo en la Comisión de Ganadería.
Que el diputado Alvaro Elías Loredo, sustituye al diputado Felipe de Jesús Preciado
Coronado en la Comisión de Ganadería.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 12 de octubre de 1998.- Enrique León Martínez,
secretario técnico de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.»
De enterado.
| El
secretario Efrén Enríquez Ordóñez: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.
Comisión de Regimen Interno y Concertación Política.
Ciudadano presidente Felipe de Jesús
Preciado Coronado, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.
Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 27 incisos b y d, 45, fracciones I y VI
y 47 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el
artículo 21 fracciones III y IV del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 2o., 5o. y 9o. del Acuerdo
Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las
Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la sesión efectuada el día 6 de
noviembre de 1997, adjunto a la presente, sírvanse encontrar la siguiente documentación:
Oficio suscrito por el diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, vicecoordinador de
proceso legislativo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en
el que solicita se someta a consideración del pleno de la Cámara la incorporación del
diputado Plutarco García Jiménez como secretario de la Comisión de Agricultura, en
sustitución del diputado Maximiano Barbosa Llamas.
Oficio suscrito por el diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, vicecoordinador del
proceso legislativo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en
el que solicita se someta a consideración del pleno de la Cámara la incorporación de
los diputados Ricardo García Sainz y Jorge Silva Morales como miembros de la Comisión de
Hacienda y Crédito Público, en sustitución de los diputados Maximiano Barbosa Llamas y
Aarón Quiroz Jiménez, respectivamente.
Lo anterior, para el trámite que corresponda.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 12 de octubre de 1998.- Enrique León Martínez,
secretario técnico.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII
Legislatura.
Diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado, presidente de la mesa directiva de la Cámara
de Diputados.- Presente.
Por este medio le solicito la alta del diputado Ricardo García Sainz, como miembro de la
Comisión de Hacienda y Crédito Público, en sustitución del diputado Maximiano Barboza
Llamas. Asimismo le informo que el diputado Aarón Quiroz Jiménez será sustituido por el
diputado Jorge Silva Morales, en la comisión antes mencionada, lo anterior para los
efectos procedentes.
Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la oportunidad para enviarle un muy
cordial saludo.
Atentamente.
México, D.F., a 9 de octubre de 1998.- Diputado José de Jesús Martín del Campo
Castañeda, vicecoordinador de proceso legislativo.»
De enterado.
| El
secretario Nicolás Jiménez Carrillo: |
«Diputado Jesús Preciado
Coronado, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.
Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 27 incisos b y d, 45 fracciones I y VI y
47 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo
21 fracciones III y IV, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 2o., 5o. y 9o. del Acuerdo Parlamentario
Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de
la Cámara de Diputados, aprobado en la sesión efectuada el 6 de noviembre de 1997,
adjunto a la presente, sírvase encontrar el oficio suscrito por el diputado Arturo
Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, en el que solicita se someta a consideración del pleno de la Cámara, la
incorporación de los diputados Fidel Herrera Beltran y Amira Gómez Tueme como
integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta y Pública, en
sustitución de los diputados Manuel Angel Núñez Soto y José Luis Flores Hernández.
Lo anterior, para el trámite que corresponda.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 13 de octubre de 1998.- Enrique León Martínez, secretario
técnico de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de
Diputados.
Al Presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara
de Diputados.- Presente.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento las siguientes sustituciones de
diputados priístas en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública: Amira
Gricelda Gómez Tueme, sustituye a José Luis Flores Hernández; Fidel Herrera Beltrán,
sustituye a Manuel Angel Núñez Soto.
Sin otro particular, expreso a usted las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 13 de octubre de 1998.- Diputado Arturo Núñez Jiménez,
coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»
De enterado.
| El
secretario Mario Elías Moreno Navarro: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.
Diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado, presidente de la mesa directiva de la Cámara
de Diputados.- Presente.
Por este medio le comunica que el diputado Plutarco García Jiménez, pasará a ser
Secretario de la Comisión de Agricultura por parte del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, en sustitución del diputado Maximiano Barboza Llamas. Lo
anterior para los efectos procedentes.
Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la oportunidad para enviarle un muy
cordial saludo.
Atentamente.
México, D.F., a 9 de octubre de 1998.- Diputado José de Jesús Martín del Campo
Castañeda, vicecoordinador de proceso legislativo.»
| El
secretario Mario Elías Moreno Navarro: |
En votación económica se pregunta
si se aprueba la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada.
RENTAS CONGELADAS
En términos de lo que dispone el
tercer párrafo del artículo 2o., el artículo 5o., del inciso c del artículo 9o. y el
artículo 12 del Acuerdo Parlamentario del 6 de noviembre de 1997, que se refiere a las
Sesiones, Integración del Orden del Día y Votaciones, esta Presidencia informa a la
Asamblea que el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de las
comisiones unidas de Vivienda y del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma
y adiciona las disposiciones del decreto modificatorio de los artículos transitorios del
diverso, por el que se reformaron el Código Civil para el Distrito Federal en Materia de
Fuero Común y para la toda la República en Materia de Fuero Federal, el Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y la Ley Federal de Protección al
Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 1993.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del 9 de octubre, está
a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII
Legislatura.
Comisiones unidas de Vivienda y del Distrito Federal.
Dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones del decreto
modificatorio de los artículos transitorios del diverso por el que se reformaron el
Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la
República en Materia de Fuero Federal; el Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal y la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 1993.
Honorable Asamblea: a las comisiones de Vivienda y del Distrito Federal, fue turnada para
su estudio y dictamen la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga
disposiciones del decreto de reforma de los artículos transitorios del diverso por el que
se reformaron el Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para
toda la República en Materia de Fuero Federal; el Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal y la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada el 7 de
abril de 1998, por el diputado David R. Cervantes Peredo, del Partido de la Revolución
Democrática, al pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en
ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 71 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
1153,1154,1155
Las comisiones arriba citadas de esta
Cámara de Diputados, de conformidad con los artículos 42, 43 fracción II, 48, 56 y
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración
de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los
siguientes
ANTECEDENTES
a) El 7 de abril de 1998, la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó, para su
estudio y dictamen, la presente iniciativa a las comisiones del Distrito Federal y de
Vivienda.
b) De conformidad a lo dispuesto en los artículos 1o., 2o., inciso b y 6o. incisos a, b,
c, d, y e del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones de las
Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, se constituyó por acuerdo de la
Comisión del Distrito Federal una subcomisión de trabajo para la elaboración del
proyecto de dictamen coordinada por el diputado David R. Cervantes Peredo e integrada
además por los diputados: Sandra Segura Rangel, María Guadalupe Francisca Martínez Cruz
y Humberto Serrano Pérez. Asimismo, la Comisión de Vivienda constituyó una subcomisión
integrada por los diputados: José Oscar Aguilar González, como coordinador, José
Armando Jasso Silva y David R. Cervantes Peredo. Ambas subcomisiones trabajaron de manera
conjunta en la elaboración del proyecto de dictamen para ser presentado al pleno de las
comisiones antes mencionadas.
c) Según se desprende de la exposición de motivos de la propia iniciativa, el objetivo
fundamental de ésta, es el posibilitar la elaboración de una legislación más apropiada
para atender la problemática de la vivienda en arrendamiento en el Distrito Federal, para
lo cual se considera conveniente dejar sin efecto la aplicación de las reformas
contenidas en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de
julio de 1993, las cuales de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 23 de septiembre de 1993, entrarían en vigor el 19 de octubre de 1998 para
todos aquellos inmuebles que antes del 19 de octubre de 1993 se encontraran en
arrendamiento y tuvieran uso habitacional. Considera la iniciativa que la entrada en vigor
de las mismas en la fecha antes citada, provocaría el agravamiento del conflicto en las
relaciones entre arrendadores y arrendatarios y que ello tendría a su vez consecuencias
en el agudizamiento de la problemática de la vivienda.
En consecuencia con los antecedentes
mencionados, las comisiones responsables de dictaminar esta iniciativa exponen los
siguientes
CONSIDERANDOS
1o. Que las comisiones unidas reconocen que desde la aprobación del decreto que modifica
los artículos transitorios de las reformas aprobadas en julio de 1993, la situación del
problema de la vivienda en el Distrito Federal y su marco regulatorio, en particular el de
la vivienda en arrendamiento, ha enfrentado dificultades mayores debido a que las
políticas y los programas de vivienda en el Distrito Federal, orientados a la atención
de las familias de bajos ingresos, no han logrado ampliar las posibilidades de acceso a
una vivienda digna para la mayoría de las familias que tienen esta necesidad.
Asimismo, la política económica de orden federal y el conjunto de programas y acciones
que de ella se derivan para resolver las demandas sociales de la población, han
encontrado dificultades para ampliar realmente la oferta de vivienda para los sectores de
menores recursos económicos y para atender el crecimiento de la demanda cuyo nivel de
ingresos y de prestaciones sociales se han visto también disminuidos en términos reales.
2o. Que de 1993 a 1998, la construcción de vivienda en arrendamiento en el Distrito
Federal no sólo no se ha incrementado, sino que ha mostrado un constante decaímiento. Es
decir, que la tendencia que presentaba en el periodo inmediato anterior a la aprobación
de las reformas, se ha mantenido y no muestra indicios de modificarse. Esto se explica en
parte por las condiciones económicas generales y que han afectado particularmente a la
industria de la construcción, pero además deja en claro que las reformas mencionadas no
han sido un estímulo para este sector, pues en realidad, como se planteó en las
discusiones de ese momento, esta reactivación tiene que ver en mayor medida con factores
de orden económico y de política habitacional.
3o. Que en el ámbito jurisdiccional se ha observado que la aplicación de las reformas,
para el caso de la vivienda, ha estado sujeta no a lo que establece la ley, sino a la
actuación arbitraria de algunos propietarios y a la actuación irregular de algunos
jueces y abogados, con lo que las nuevas disposiciones colocan al inquilino en una
situación de mayor indefensión frente al arrendador y ello estimula la violación de sus
derechos por parte de los propios arrendadores, jueces y abogados.
Aunado a lo anterior, resulta necesario señalar también que en las viviendas en las que
se sigue aplicando la normatividad anterior, se ha mantenido la tendencia que presentaba
en los primeros años de esta década, concentrándose los juicios en aquellos casos en
los que los inquilinos son familias de bajos ingresos, las construcciones se encuentran
deterioradas y el fondo del conflicto está relacionado con problemas de orden económico
y social. Esto es, que las familias que se encuentran en esta situación, no pueden
acceder a otra vivienda ni tampoco tienen las posibilidades de permanecer en la que
habitan enfrentando aumentos de renta y los costos del mejoramiento de la misma.
4o. Por otra parte, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como órgano de
gobierno local, se le han otorgado nuevas atribuciones en cuanto a las materias en las que
puede ejercer su facultad legislativa, estando entre ellas la civil y penal, que se
añaden a su facultad en materias como vivienda y desarrollo urbano, entre otras. Estas
nuevas facultades podrá asumirlas la Asamblea a partir del 1o. de enero de 1999, lo que
abre en el corto plazo la posibilidad de que la Asamblea Legislativa elabore nuevas
disposiciones en la materia de arrendamiento de inmuebles.
5o. Que en relación con lo anterior y tomando en cuenta que en el espíritu de la
iniciativa está el dar mayor seguridad jurídica a quienes podrían resultar afectados
por la aplicación de las reformas citadas, las comisiones unidas consideraron conveniente
establecer un tiempo preciso para posponer dicha aplicación y permitir también que la
Asamblea Legislativa lleve a cabo el análisis y la elaboración, en su caso, de nuevas
disposiciones para regular el arrendamiento de inmuebles en el Distrito Federal.
Es así que, como resultado de las anteriores consideraciones, las comisiones unidas del
Distrito Federal y de Vivienda se permiten someter a la consideración del pleno de la
Cámara de Diputados, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Objeto del presente dictamen
Decreto que reforma y adiciona las disposiciones del decreto modificatorio de los
artículos transitorios del diverso por el que se reformaron el Código Civil para el
Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero
Federal; el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y la Ley Federal de
Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de
septiembre de 1993.
Unico. Se reforman, adicionan y derogan las disposiciones del decreto modificatorio del
diverso por el que se reformaron el Código Civil para el Distrito Federal en Materia de
Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, el Código de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal y de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, publicado el 23 de septiembre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación,
para quedar como sigue:
Primero. Las disposiciones contenidas en el presente decreto entrarán en vigor el 19 de
octubre del año 2000, salvo lo dispuesto por el transitorio siguiente.
Segundo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tercero. Los juicios y procedimientos judiciales y administrativos derivados de contratos
de arrendamiento de inmuebles destinados para casa-habitación y sus prórrogas, que no se
encuentren en los supuestos establecidos en el transitorio anterior, se regirán por las
disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y de la Ley
Federal de Protección al Consumidor, vigentes con anterioridad al 19 de octubre de 1993.
Cuarto. En los contratos de arrendamiento, los propietarios de inmuebles están obligados
a transcribir y explicar de forma clara y concisa las disposiciones del presente decreto.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Comisiones unidas de Vivienda y del Distrito Federal.- Rúbricas.
Esta Presidencia informa que se han
registrado para la discusión en lo general y en lo particular del artículo único del
proyecto de decreto, los siguientes oradores, hasta por 15 minutos; diputados: del PAN,
Sandra Segura Rangel; del PRD, David Ricardo Cervantes Peredo y del PRI José Oscar
Aguilar González.
Tiene la palabra la diputada Sandra Lucía Segura Rangel, del Partido Acción Nacional.
| La diputada Sandra Lucía Segura Rangel: |
Con el permiso de la Presidencia:
El 21 de julio de 1993 fue publicado el decreto por el que se reforman y derogan diversas
disposiciones al Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para
toda la República en Materia de Fuero Federal, al Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal y a la Ley Federal del Consumidor. En términos generales consideramos
que el espíritu que animó dichas reformas es loable, pues pretendía buscar favorecer
una auténtica relación de equidad jurídica entre arrendadores y arrendatarios,
establecer un procedimiento que garantice la impartición de justicia de manera pronta y
expedita en las controversias del arrendamiento inmobiliario y con ello dar cumplimiento
al principio constitucional consagrado en el artículo 17.
El esquema jurídico que actualmente se sigue aplicando tanto en el aspecto sustantivo
como adjetivo en esta materia, ha generado una serie de vicios, entorpecimientos y
deterioros en los procedimientos, en el que se pretende dirimir las controversias que
surgen por este tema.
También estas normas han inhibido y desalentado, sobre todo en el caso del Distrito
Federal, a los propietarios a dedicar su propiedad al arrendamiento o bien a la
construcción de viviendas para dichos fines, toda vez que esta actividad no es rentable y
si por el contrario, en muchas de las ocasiones se ha convertido jurídica y
económicamente para el arrendador en una carga.
Consideramos que la reforma propuesta el pasado periodo de sesiones plantea una gran
ventaja de aspecto procesal.
En ese contexto la necesidad de una vivienda se ha convertido en una de las demandas más
reiteradas y más importantes de la sociedad mexicana y lamentablemente la respuesta a
esta necesidad no ha sido satisfecha por parte del Gobierno.
El derecho a una vivienda digna y decorosa, que como parte de una justicia social y
distributiva es reconocida a rango constitucional en el artículo 4o. como un derecho
público subjetivo, no se ha actualizado en la realidad y hoy muchos mexicanos no cuentan
con una vivienda ni siquiera se diga con una digna y decorosa, simple y sencillamente no
cuentan con una vivienda.
Consideramos que debe darse una solución global e integral a la demanda de vivienda por
la sociedad, basada en un fundamento de justicia social. El Estado debe asumir plena y
responsablemente su función, para crear condiciones en la medida de lo posible y en el
corto y mediano plazos se generen resultados que superen el déficit de vivienda que hoy
se padece. Debe darse prioridad a este problema, destinar recursos tanto a nivel Federal
como local para solucionarlo, establecer programas y una mayor cobertura presupuestal a
los organismos respectivos, sobre todo a los que impulsan de manera particular la vivienda
de interés social.
Consideramos que las actuales reformas, las que se proponen en el periodo pasado de
sesiones, dan agilidad a los procedimientos y no se rompe con el derecho de audiencia del
arrendador. Por lo anterior, consideramos en términos generales oportunas y necesarias
las reformas, ya que se encaminan con los fines que hemos aludido.
Por su atención, muchas gracias.
1156,1157,1158
Tiene la palabra, por el Partido de
la Revolución Democrática, el diputado David Ricardo Cervantes Peredo.
| El diputado David Ricardo Cervantes Peredo: |
Gracias, compañera Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
La problemática de la vivienda en las grandes ciudades es, sin lugar a dudas, uno de los
problemas más complejos.
En el marco general de esta problemática, la situación particular de la vivienda en
arrendamiento en la Ciudad de México representa un problema de amplia dimensión social
debido a que durante varias décadas el arrendamiento fue para un amplio sector de la
población, una alternativa para resolver su necesidad de habitación, especialmente para
los sectores de ingresos bajos y medios.
En 1993 se estimaba que la vivienda en arrendamiento constituía cerca del 20% del parque
habitacional en el Distrito Federal. La situación económica que ha enfrentado el país a
lo largo de los últimos años y los cambios en la política y en la orientación de los
programas sociales han repercutido en forma negativa en las condiciones de la vivienda en
renta, ya que la pérdida del poder adquisitivo del salario y la pérdida de empleo,
aunados a la elevación de los costos de mantenimiento de los inmuebles, han dado como
resultado el deterioro progresivo de los inmuebles y por lo tanto el deterioro de las
condiciones de habitabilidad de las viviendas.
Por otra parte, la falta de instrumentos financieros y el bajo nivel de ingresos de la
mayoría de las familias que requieren de una vivienda, han contraído drásticamente la
construcción de vivienda para arrendamiento. Ambas situaciones se manifiestan hoy en una
compleja problemática que no ha encontrado una solución adecuada, pues la solución de
las controversias entre arrendadores y arrendatarios por la vía jurídica, en ocasiones
ha llegado a generar fuertes conflictos sociales, ha mostrado que en su mayor parte el
fondo de este problema no está en la simple aplicación de las disposiciones legales que
norman la relación entre inquilino y propietario, sino en las condiciones económicas y
sociales que impiden que las familias que ocupan una vivienda en renta puedan cubrir los
altos montos de las rentas que requieren los propietarios para cumplir con su obligación
de mantener en buen estado los inmuebles y de cumplir con sus responsabilidades fiscales.
Las reformas al Código Civil, al Código de Procedimientos Civiles y a la Ley Federal del
Consumidor promovidas en 1996 pretendían abrir un cauce de solución para resolver los
conflictos inquilinarios e incentivar la producción de vivienda en arrendamiento a
través de modificar el marco jurídico. Sin embargo, dichas modificaciones, además de
representar un desequilibrio en la relación entre inquilinos y propietarios al eliminar
varios derechos que tenían los inquilinos e incrementar los derechos de los arrendatarios
en detrimento de las condiciones de seguridad y de tranquilidad inherentes al derecho
constitucional, que tienen todas las familias a gozar de una vivienda digna, han
demostrado que en la modificación del marco legal no es donde se encuentra el principal
estímulo para la construcción de vivienda en renta, pues hay que recordar que las nuevas
disposiciones son aplicables desde octubre de 1993 para los nuevos inmuebles destinados
para vivienda en renta y para aquellos inmuebles ya construidos que después de esta fecha
se incorporaran al régimen de arrendamiento.
El PRD reconoce que si bien la legislación en materia inquilinaria anterior a 1993
requiere adecuaciones, éstas deben basarse en criterios distintos a los que se utilizaron
en 1993 si se quiere contribuir a la solución real de la problemática de la vivienda en
arrendamiento.
Las nuevas disposiciones en esta materia, desde nuestro punto de vista deben recuperar el
espíritu del legislador plasmado en la exposición de motivos del Código Civil elaborado
en 1928 que establecía: "es nuestro propósito cuidar la distribución de la
riqueza, proteger a los débiles e ignorantes en su relación con los fuertes e
ilustrados, limitar el principio de que la voluntad de las partes es la suprema ley de los
contratantes. Es preciso que el derecho no constituya un privilegio o un medio de
dominación de unos sobre otros."
Este espíritu debe ahora expresarse en la consideración de los preceptos
constitucionales y en los acuerdos y compromisos internacionales que establecen el derecho
a la vivienda digna para todos y que incluye la seguridad jurídica, las condiciones
adecuadas de habitabilidad, la no discriminación y la equidad, entre otros aspectos.
Por ello consideramos que la aprobación del dictamen que presentan a este pleno las
comisiones unidas de vivienda y del Distrito Federal, abren nuevas posibilidades para que
esta problemática sea analizada a fondo y se elabore una legislación más adecuada.
Con la aprobación de este dictamen se propiciará, además, que esta tarea sea asumida
por la Asamblea Legislativa del D.F., que a partir de 1999 tendrá facultades para
legislar en materia civil.
Esta propuesta contribuye asimismo a fortalecer el papel de la Asamblea Legislativa como
órgano de gobierno local y es congruente con la necesidad de que sean los representantes
populares locales los que discutan y resuelvan lo concerniente a las disposiciones legales
aplicables en su entidad.
Por todo lo anterior, el PRD se congratula de que este dictamen se presente con la
aprobación consensuada de las diputadas y diputados de las comisiones unidas de Vivienda
en el Distrito Federal y reiteran su decisión de expresar su voto a favor en este pleno.
Finalmente, quisiéramos solicitar a la Presidencia, que al momento de someter a votación
el dictamen, pudiera considerarse una fe de erratas, ya que en la publicación en La
Gaceta, en el artículo único del decreto se dice: "se reforman, adicionan y derogan
las disposiciones del decreto modificatorio...", y en realidad debe decir: "se
reforman y adicionan las disposiciones del decreto modificatorio", ya que no hay
ninguna disposición que se derogue.
Propuesta de modificación al dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona las
disposiciones del decreto modificatorio de los artículos transitorios del diverso por el
que se reformaron el Código Civil del Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para
toda la República en Materia Federal; del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal en la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 1993. (Publicado en la Gaceta
Parlamentaria el 9 de octubre de 1998.)
Dice:
Primero. Las disposiciones contenidas en el presente decreto entrarán en vigor el 19 de
octubre del año 2000, salvo lo dispuesto por el transitorio siguiente:
Debe decir:
Primero. Las disposiciones contenidas en el presente decreto entrarán en vigor el 19 de
octubre del año 2002, salvo lo dispuesto por el transitorio siguiente.
Fe de erratas del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona las
disposiciones del decreto modificatorio de los artículos transitorios del diverso por el
que se reformaron el Código Civil del Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para
toda la República en Materia de Fuero Federal en la Ley Federal de Protección al
Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 1993.
(Publicado en la Gaceta Parlamentaria el 9 de octubre de 1998.)
Dice:
Unico. Se reforman, adicionan y derogan las disposiciones del decreto modificatorio...
Debe decir:
Unico. Se reforman y adicionan las disposiciones del decreto modificatorio...
Gracias.
Permítame, señor diputado José
Oscar Aguilar.
Tiene la palabra el diputado Juan Cruz Martínez, del Partido del Trabajo.
| El diputado Juan José Cruz Martínez: |
Con el permiso de la Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna con el propósito de
manifestar su apoyo irrestricto al dictamen que hoy se discute y vota sobre la prórroga
de los artículos transitorios diversos por los que se reforma el Código Civil para el
Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero
Federal y otros ordenamientos jurídicos.
Resulta un acto de elemental justicia favorecer temporalmente con una prórroga a aquellos
que como arrendatarios se encuentran en una total desventaja respecto de su contraparte.
Con la reforma propuesta, se pretende prorrogar el inicio de vigencia de la reforma del 23
de septiembre de 1993 para permitir que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pueda
ejercer sobre la materia su atribución legislativa. No es posible el que se aplicaran las
disposiciones con del decreto que se prorroga porque existen en el Distrito Federal miles
de mexicanos que no estarían en condiciones de poder celebrar un nuevo contrato de
arrendamiento, ya que su situación económica se los impide.
Además, tener presente que el problema de la vivienda se encuentra lejos de resolverse,
existe un alto déficit en la construcción de vivienda para casa-habitación, las
restricciones presupuestales han impedido que se canalicen recursos adecuados para este
rubro, por ello resulta procedente el efectuar la prórroga de los ordenamientos
jurídicos que proponen las comisiones unidas de Vivienda y del Distrito Federal, por lo
que el Partido del Trabajo votará a favor de esta iniciativa.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado José
Oscar Aguilar González, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 15 minutos.
| El diputado José Oscar Aguilar González: |
Con su venia, señor Presidente;
señoras y señores diputados:
Es de trascendental importancia social y política que se tiene en este momento de crisis
hacer un planteamiento en el cual se pide que se dé una prórroga a los contratos de
arrendamiento; de no hacerlo así, estaríamos poniendo en riesgo la seguridad de las
familias que están en este momento pagando su renta tanto en el Distrito Federal como en
las demás entidades federativas. Sería inadmisible que no lo hiciéramos en este
momento, por ello es que llegamos a un acuerdo y existe el consenso de todos los partidos
políticos que tenemos representación en este honorable Congreso.
Pero creemos que debe señalarse una fecha todavía con mayor tiempo del que aquí ha sido
planteado. Se ha señalado que debería de darse hasta el año 2000; yo propongo que se
dé hasta el año 2002 para que tengan mayor oportunidad quienes están en materia de
fuero federal y éste es un trabajo que tenemos que realizar conjuntamente, porque en
materia de vivienda existe un gran rezago que todavía no hemos podido dar satisfacción a
millones de mexicanos, por ello tenemos que legislar más en materia de vivienda, para
darles vivienda a quienes no han tenido acceso en diferentes instituciones y también para
quienes tienen la oportunidad de contar con vivienda puedan también seguirla mejorando.
Por ello es un tema fundamental que no debe agotarse su discusión en esta intervención,
sino que tenemos el compromiso todos los que formamos parte de la Comisión de Vivienda,
de hacer un esfuerzo mayor por hacer posible que todos los mexicanos tengan una vivienda
digna y decorosa y quienes están en este momento rentando tengan la certidumbre de que
con esta prórroga no van a ser lanzados al día siguiente de que entre en vigor esta
publicación.
Muchas gracias.
Consulte la Secretaría si se
encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único
de proyecto de decreto.
La
secretaria Cecilia Eulalia López
Rodríguez: |
Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra
suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del
proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente
discutido.
1159,1160,1161
De conformidad con los artículos
58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo
26 del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los
Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, esta Presidencia pide a la
Secretaría abra el sistema electrónico por 15 minutos, para proceder a la votación en
lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.
La
secretaria Cecilia Eulalia López
Rodríguez: |
Se ruega a la oficialía mayor haga
los avisos a los que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por 15 minutos para tomar la votación en lo general y en
lo particular del artículo único del proyecto de decreto.
Les recordamos a los señores diputados que va a haber votaciones sucesivas, por lo que
les suplicamos no se retiren.
Serán tres votaciones más. Les suplicamos a los diputados no se retiren del salón.
El sistema electrónico en las siguientes tres votaciones solamente permanecerá prendido
por cinco minutos, por lo que les suplicamos a los ciudadanos diputados no se retiren del
salón.
Hacemos la rectificación de que no serán tres votaciones las subsecuentes, sino cuatro y
que el sistema electrónico solamente permanecerá por cinco minutos, por lo que les
volvemos a suplicar no abandonen el salón.
(Votación.)
Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Se emitieron 371 votos a favor y tres en contra.
Aprobado el proyecto de decreto por
371 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y
adiciona disposiciones del decreto modificatorio de los artículos transitorios del
diverso por el que se reformaron el Código Civil para el Distrito Federal en Materia de
Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; el Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y la Ley Federal de Protección al
Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 1993.
La
secretaria Cecilia Eulalia López
Rodríguez: |
Pasa al Senado para los efectos
constitucionales.
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
El siguiente punto del orden del
día es la discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto que concede permiso
al contralmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, José Ortegón Cisneros, para
aceptar y usar la condecoración Deportiva Alemana, que le confiere el gobierno de la
República de Alemania.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del 6 de octubre, está
a discusión el proyecto de decreto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de
Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe,
le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de
Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el
ciudadano contralmirante CGDEM José María Ortegón Cisneros, pueda aceptar y usar la
condecoración Deportiva Alemana, que le confiere el gobierno de la República Federal de
Alemania.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el
permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del
apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la
honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al contralmirante CGDEM José María Ortegón
Cisneros, para aceptar y usar la condecoración Deportiva Alemana, que le confiere el
gobierno de la República Federal de Alemania.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 25 de septiembre de 1998.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo
Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Juan Carlos
Gómez Aranda, Pablo Gómez Alvarez, Enrique Tito González Isunza, Juana González Ortiz,
José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José
Luis Lamadrid Sauza, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina
Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco
José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio
Sodi de la Tijera.»
No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a la Secretaría abra el sistema
electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.
| El
secretario Luis David Gálvez Gasca: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga
los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para tomar la votación nominal del
proyecto de decreto.
¿Falta algún diputado de emitir su voto? ¿Han verificado el sentido de su voto?
(Votación.)
Ciérrese el sistema de votación
electrónico.
Se emitieron 326 votos en pro y ocho en contra.
Aprobado el proyecto de decreto por
326 votos.
| El
secretario Luis David Gálvez Gasca: |
Pasa al Senado para los efectos
constitucionales.
¡Saludamos y damos la bienvenida a
50 mujeres del Congreso del Partido Acción Nacional, invitadas del diputado Víctor
Alejandro Vázquez Cuevas!
También saludamos y damos la bienvenida a 25 estudiantes de derecho, del Centro
Universitario de Tijuana, invitados por la maestra María Elena Cesma Escalante.
También le damos la bienvenida a 80 estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM,
invitados por el diputado Marcos Augusto Bucio Mújica.
También saludamos y damos la bienvenida a 40 estudiantes del Tecnológico de Monterrey,
campus Chihuahua, invitados del diputados Jorge Humberto Zamarripa Díaz.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El siguiente punto del orden del
día es la discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto que concede permiso
a la ciudadana Cynthia Rodríguez Martínez, para prestar servicios en el Consulado
General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del 6 de octubre, está
a discusión el proyecto de decreto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de
Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 10 de septiembre del año en curso, la
Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso
constitucional necesario para que la ciudadana Cynthia Rodríguez Martínez, pueda prestar
servicios como empleada en la sección de visas de turista, en el Consulado de los Estados
Unidos de América en Tijuana, Baja California.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el
día 23 de septiembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el
expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta
de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en el Consulado de los Estados
Unidos de América en Tijuana, Baja California, serán como empleada en la sección de
visas de turista y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C, del
artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable
Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Cynthia Rodríguez Martínez, para
prestar servicios como empleada en la sección de visas de turista, en el Consulado de los
Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 25 de septiembre de 1998.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo
Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Juan Carlos
Gómez Aranda, Pablo Gómez Alvarez, Enrique Tito González Isunza, Juana González Ortiz,
José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José
Luis Lamadrid Sauza, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina
Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco
José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio
Sodi de la Tijera.»
No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a la Secretaría se abra el sistema
electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.
| El
secretario Efrén Enríquez Ordóñez: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga
los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos, para tomar la votación nominal del
proyecto de decreto.
(Votación.)
¿Falta algún diputado de emitir su voto?
Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Señor Presidente, se emitieron 388 votos; 374 a favor, ocho en contra y seis
abstenciones.
Aprobado el proyecto de decreto por
374 votos.
| El
secretario Efrén Enríquez Ordóñez: |
Pasa al Senado para los efectos
constitucionales.
Damos la bienvenida a los
estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, encabezados por el
licenciado Gustavo Almaguer, secretario de esa facultad.
1162,1163,1164
Se pide a la Secretaría se abra el
sistema electrónico por cinco minutos, para la votación del proyecto de decreto que
conceden permiso a las ciudadanas: Martha Estela Fong Balderrama, Lorena Alicia Domínguez
Rubio, Daniela Teresa Hernández Sáenz y Myrna Lucía Fierro Quintana, para prestar
servicios de carácter administrativo en el Consulado General de los Estados Unidos de
América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de
Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 25 de septiembre del año en curso, la Cámara de
Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a
las ciudadanas: Martha Estela Fong Balderrama, Lorena Alicia Domínguez Rubio, Daniela
Teresa Hernández Sáenz y Myrna Lucía Fierro Quintana, para prestar servicios de
carácter administrativo en el Consulado General de los Estados Unidos de América en
Ciudad Juárez, Chihuahua.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el
día 29 de septiembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el
expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de
sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en el Consulado de los Estados
Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter administrativo y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C, del
artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Martha Estela Fong Balderrama, para
desempeñar el cargo de auxiliar de visas, dentro del territorio nacional al gobierno de
los Estados Unidos de América teniendo como lugar de trabajo el Consulado General de ese
país en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Lorena Alicia Domínguez Rubio, para
desempeñar el cargo de auxiliar de visas, dentro del territorio nacional al gobierno de
los Estados Unidos de América teniendo como lugar de trabajo el Consulado General de ese
país en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Daniela Teresa Hernández Sáenz,
para desempeñar el cargo de auxiliar de visas, dentro del territorio nacional al gobierno
de los Estados Unidos de América teniendo como lugar de trabajo el Consulado General de
ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Myrna Lucía Fierro Quintana, para
desempeñar el cargo de asistente de visas, dentro del territorio nacional al gobierno de
los Estados Unidos de América teniendo como lugar de trabajo el Consulado General de ese
país en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 30 de septiembre de 1998.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo
Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Juan Carlos
Gómez Aranda, Pablo Gómez Alvarez, Enrique Tito González Isunza, Juana González Ortiz,
José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José
Luis Lamadrid Sauza, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina
Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco
José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio
Sodi de la Tijera.»
| El
secretario Adalberto Antonio Balderrama Fernández: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga
los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos, para tomar la votación nominal del
proyecto de decreto.
(Votación.)
¿Falta algún diputado de emitir su voto?
Se emitieron 377 votos en pro, tres en contra y nueve abstenciones.
Aprobado el proyecto de decreto por
377 votos.
| El
secretario Adalberto Antonio Balderrama Fernández: |
Pasa al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
Se pide a la Secretaría se abra el
sistema electrónico por cinco minutos, para la votación del proyecto de decreto que
conceden permiso a los ciudadanos: Rosa Elia Varela, Patricia Abril Chacón Rodríguez,
José Magdaleno Díaz Haros, Andrés Lorenzo Acosta Parra y José de Jesús Castruita
Dávila, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América
en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo.- Cámara de
Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el
23 de septiembre del año en curso, la honorable Cámara de Senadores remite el expediente
con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Rosa Elia Varela,
Patricia Abril Chacón Rodríguez, José Magdaleno Díaz Haros, Andrés Lorenzo Acosta
Parra y José de Jesús Castruita Dávila, para prestar sus servicios en el Consulado
General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el
24 de septiembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el
expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de
sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en el Consulado General de los
Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter
administrativo y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C, del
artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable
Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Rosa Elia Varela, para desempeñar el
cargo de asistente de computación dentro del territorio nacional al gobierno de los
Estados Unidos de América, teniendo como lugar de trabajo el Consulado General de ese
país en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Abril Chacón Rodríguez,
para desempeñar el cargo de asistente de visas dentro del territorio nacional al gobierno
de los Estados Unidos de América, teniendo como lugar de trabajo el Consulado General de
ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano José Magdaleno Díaz Haros, para
desempeñar el cargo de asistente de visas dentro del territorio nacional al gobierno de
los Estados Unidos de América teniendo como lugar de trabajo el Consulado General de ese
país en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Andrés Lorenzo Acosta Parra, para
desempeñar el cargo de auxiliar de visas dentro del territorio nacional al gobierno de
los Estados Unidos de América teniendo como lugar de trabajo el Consulado General de ese
país en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano José de Jesús Castruita Dávila, para
desempeñar el cargo de personal de limpieza dentro del territorio nacional al gobierno de
los Estados Unidos de América teniendo como lugar de trabajo el Consulado General de ese
país en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 25 de septiembre de 1998.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo
Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Juan Carlos
Gómez Aranda, Pablo Gómez Alvarez, Enrique Tito González Isunza, Juana González Ortiz,
José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José
Luis Lamadrid Sauza, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina
Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco
José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio
Sodi de la Tijera.»
| El
secretario Nicolás Jiménez Carrillo: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga
los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco
minutos para tomar la votación nominal del proyecto de decreto.
(Votación.)
| El
secretario Nicolás Jiménez Carrillo: |
¿Falta algún diputado de emitir
su voto?
Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Se emitieron 350 votos en pro, dos en contra y dos abstenciones.
Aprobado el proyecto de decreto por
350 votos.
| El
secretario Nicolás Jiménez Carrillo: |
Pasa el Senado para los efectos
constitucionales.
CONSTITUCION
POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Tiene la palabra el diputado Javier
Algara Cossío, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una
excitativa a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos
Humanos.
| El diputado
Javier Algara Cossío: |
Con su venia, compañera
Presidenta:
Señor Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Presente.
1165,1166,1167
Los suscritos en nuestra calidad de
diputados federales a la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, por medio
de este curso y con fundamento en lo dispuesto por el inciso m del artículo 27 y párrafo
tercero del artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promovemos esta excitativa en virtud de
que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa que a la
fecha no ha sido dictaminada por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales
y la Comisión de Derechos Humanos, por lo que nos permitimos acudir a usted para los
efectos pertinentes y en ese sentido exponemos los siguientes
ANTECEDENTES
Con fecha 28 de abril de 1995, el ciudadano Tarsicio Navarrete Montes de Oca, en su
calidad de diputado federal de la LVI Legislatura, a nombre del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional presentó ante el pleno de esta Cámara de Diputados, la
iniciativa de reforma al artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de política exterior.
Esta iniciativa tiene por objeto que se exija expresamente someter el ejercicio de la
soberanía del Estado mexicano, al respeto de los derechos humanos y la promoción de la
democracia; esto con el fin de dar congruencia a las políticas interior y exterior de
nuestro país.
Su propósito es fortalecer y desarrollar la presencia internacional de nuestro país;
derechos humanos y democracia dentro de un Estado y su sistema político, son hoy día los
dos pilares del desarrollo equilibrado y pacífico de cualquier sociedad. Tienen esos dos
elementos además, día a día, una mayor vinculación con las relaciones internacionales
contemporáneas, dada la visión cada vez más generalizada de que también la relación
mutua entre los países debe partir de y orientarse a la dignificación de la persona
humana.
La soberanía, definida teóricamente como la facultad real del pueblo para
autodeterminarse y escoger libremente la forma como ha de ser gobernado, ha ido
evolucionando práctica y jurídicamente.
El concepto es aún universal y válido, sin embargo empujado por el desarrollo de la
ciencia, por las nuevas perspectivas referentes a los conceptos de persona y pueblo y por
la experiencia cada vez más intensa de las relaciones mutuas entre individuos y entre
pueblos, la soberanía ya no puede considerarse como una fuerza excluyente entre los
pueblos del mundo.
El concepto de soberanía debe tomar en
cuenta la tendencia de los países a interrelacionarse en una forma distinta a la que
hasta hace poco les imponían las geografías y las limitadas condiciones de la
comunicación.
Hoy estamos ante una realidad que no solamente ha borrado los antiguos límites
geográficos, sino que ha orillado a las mentes a reconstruir muchos de los conceptos que
les servían de eje en sus diálogos y negociaciones.
No debemos olvidar, por otra parte, que la imagen de México se fortalece o se debilita,
en la medida en que se fortalecen o debilitan los derechos humanos. Por eso tenemos que
recordar que el mejor parámetro para medir el grado de vigencia de un estado de derecho
son los mismos derechos humanos.
El fortalecimiento por lo tanto de la soberanía nacional debe fincarse en la promoción
del interés nacional, pero éste debe arraigarse cada vez más en la diversificación de
nuestras relaciones internacionales, mismas que deben estar sustentadas en el
reconocimiento de que México es un país partícipe en la construcción del nuevo orden
internacional y que para ser parte de éste, se debe contar con sólidos fundamentos en
los principios de respeto a la dignidad humana y el bien común universal.
Con tal fin, México también debe mejorar el catálogo de sus principios de política
exterior y poner en un lugar preponderante las consideraciones referentes a los derechos
humanos de sus ciudadanos, cuya decisión libre y soberana fundamenta a su vez la
soberanía del Estado. Así se resaltará la soberanía popular en la ley, por la que ella
misma va a manifestarse hacia afuera, para poder exigir respeto e inviolabilidad.
Los países se agrupan hoy día en organismos supranacionales, tanto de origen
gubernamental como no gubernamental, para crear leyes sin fronteras, orientadas a la
solución de problemas regionales o mundiales.
Un ejemplo de ello es la Conferencia Mundial de Viena de 1993, que creó en el seno de las
Naciones Unidas un alto comisionado para los derechos humanos. El derecho internacional
define cada vez mejor el perfil de dichos organismos y les otorga mayor alcance a sus
actividades. De ahí nace también la ya famosa cláusula democrática, que exige que un
Estado muestre verdadero interés y desempeño en crear condiciones de democracia, basados
en los derechos fundamentales de la persona, para poder ser admitido en la comunidad de
países.
El Acta única Europea de 1987 establece que los estados miembros de la Comunidad Europea
reafirmarán los principios de la democracia y el respeto de los derechos humanos que
ellos propugnan, a fin de aportar conjuntamente su propia contribución al mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales.
Tanto el fortalecimiento mismo de la soberanía como la autodeterminación de un país,
deben cimentarse en la inviolabilidad de los derechos humanos. Esto constituye el corazón
del reclamo mundial, que cada vez desarrolla órganos más facultados y preceptos más
claros de observancia obligatoria y universal, que van constituyéndose en la forma
práctica de legitimar el ejercicio del poder público.
Los derechos humanos de esta manera se convierten en el punto de contacto entre los
diversos países. Proponemos entonces, los diputados del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, una forma concreta de que México se ponga en posición de asumir en esa
línea sus retos, sus derechos y sus obligaciones como parte de la comunidad
internacional.
Consideraciones desde el día 28 de abril de 1995 a la fecha, ha transcurrido un tiempo
mayor al que como plazo concede el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que las comisiones de la
Cámara de Diputados presenten su dictamen en los negocios de su competencia dentro de
dicho plazo al de la fecha en que se han recibido.
En tal virtud es procedente que el Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento
de su obligación expresada en el artículo 21 fracción 16 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la
Comisión de Gobernación y a la Comisión de Derechos Humanos, a fin de que emitan el
dictamen correspondiente y pedimos aquí que se incluya en el estudio y dictamen de la
iniciativa que es objeto de esta excitativa, a la Comisión de Relaciones Exteriores, por
caer ella en el ámbito de su competencia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted Presidente de la Cámara de Diputados de
la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pedimos se sirva:
Unico. En los términos del artículo 27 inciso m de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, realice la
excitativa a las comisiones para que presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa
de reformas al artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional el
pasado 28 de abril de 1995.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de octubre de 1998.- Diputados: Carlos Camacho,
Leticia Villegas, Juan lgnacio Fuentes, Francisco Javier Reynoso Nuño, Juan Carlos
Espina, Gustavo Villanueva, Julio Castrillón y el de la voz.
De conformidad con lo que establece
el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones de Gobernación y
Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, para que emitan el dictamen
correspondiente, con opinión de la de Relaciones Exteriores.
TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO
Esta Presidencia informa que a
solicitud de diversos diputados se integra una comisión para acudir a Tultepec y conocer
de diversos incidentes; la comisión integrada por los diputados de los grupos
parlamentarios del PRI, PRD y PAN y uno por el PT y el Partido Verde Ecologista; en
Tultepec, Estado de México.
ANATOCISMO
El siguiente punto del orden del
día es el debate pactado sobre anatocismo. Para fijar la posición de su grupo
parlamentario se han inscrito los siguientes diputados: por el Partido Verde Ecologista,
Gloria Lavara Mejía; por el Partido del Trabajo, Maximiano Barbosa Llamas; por el Partido
Acción Nacional, Ramón María Nava González y por el Partido Revolucionario
Institucional, Francisco Javier Loyo Ramos.
Tiene la palabra la diputada Gloria Lavara Mejía, hasta por 10 minutos.
| La diputada Gloria Lavara Mejía: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Durante el mes de diciembre de 1994, dos hechos ocurridos dejaron una honda huella en la
historia de nuestro país. Ninguno de los acontecimientos a que me refiero han dejado de
estar vigentes de forma plena en la vida cotidiana de los mexicanos.
La devaluación del peso mexicano generó el incremento desmedido de las tasas de
interés, que llevó a una quiebra técnica al sistema financiero nacional. Millones de
deudores de todos los bancos mexicanos se vieron en la imposibilidad de seguir cubriendo,
como lo venían haciendo, los pagos a capital e intereses de los créditos que habían
contratado.
El espejismo creado por las políticas económicas instrumentadas durante el sexenio
anterior, hicieron pensar a la mayoría de mexicanos que efectivamente nos encontrábamos
apenas a unos pasos de ingresar al primer mundo.
Hoy, como todos sabemos, aquello sólo fue una ilusión pasajera.
Durante los primeros meses de 1995 y todo el año de 1996, la economía mexicana fue
víctima de fenómenos tales como el de crecimiento del producto interno bruto, el aumento
en los índices de desempleo, la caída estrepitosa de nuestro sistema financiero y un
gran múmero de esquemas de rescate implementados por el Gobierno, que como hemos sido
testigos, no han sido capaces de solucionar adecuadamente el problema.
Todos los programas implementados por el Gobierno Federal, para dar solución a la virtual
quiebra del sistema financiero, desde el implementado a través del Fobaproa, hasta
aquellos que han tenido por objeto reestructurar los créditos de los deudores del sistema
bancario, han sido un absoluto fracaso.
El otro hecho al que me refería anteriormente y que se encuentra íntimamente relacionado
con el tema que hoy discutimos, es el virtual golpe de Estado que tanto el Ejecutivo
Federal como el Congreso de la Unión, dieron al Poder Judicial de la Federación, al
llevar a cabo una reforma constitucional que dejó a nuestro país durante varios días
sin su máximo tribunal.
Durante aquel ominoso periodo, el país estuvo a merced de cualquier exceso que pudieran
haber cometido los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Nadie en aquel tiempo fue capaz de denunciar claramente el que fuera, tal vez, el último
gran golpe del autoritario presidencialismo mexicano. Durante días se llevaron a cabo
audiencias públicas en la Cámara de Senadores, en las cuales se analizó y discutió la
conveniencia de nombramiento de aquellos que fueron propuestos como candidatos para ocupar
los 11 lugares de los que ahora se compone el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
Todos los partidos políticos con representación parlamentaria, en aquel entonces,
estuvieron de acuerdo con los nombramientos de las personas que ahora integran la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
¿Por qué compañeras y compañeros hago alusión a todos estos hechos? Porque no podemos
de ninguna manera los partidos políticos actuar permanentemente como veletas impulsadas
por los vientos políticos en circunstancias determinadas.
El día de hoy nos ocupa el análisis de una resolución, que en uso de sus facultades
constitucionales y legales ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada
por los miembros que un Senado de la República plural designó.
En consecuencia, la responsabilidad histórica de la resolución asumida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, es de todos aquellos que avalaron no sólo su
nombramiento, sino también el antirrepublicano proceder el Ejecutivo y Legislativo, al
desmembrar nuestro máximo tribunal en 1994.
1168,1169,1170
El Partido Verde Ecologista de México,
compañeras y compañeros, no avala ni avalará postura alguna que perjudique la grave
situación de millones de familias mexicanas que se han visto sumidas en la
desesperación, fruto de la imposibilidad de pagar los créditos que de buena fe y bajo
condiciones determinadas que los hacían pensar que era posible para ellos cumplir con sus
obligaciones, contrataron con la banca nacional.
Muestra de lo que digo es la propuesta que presentamos para solucionar de manera íntegra
la problemática derivada del Fobaproa, en la que se contempla precisamente como prioridad
el solucionar el problema de la cartera vencida de los pequeños y medianos deudores del
sistema bancario nacional.
No obstante lo anterior, tampoco participaremos en el linchamiento público de los
miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; criticaremos, eso sí, su proceder
desde el punto de vista jurídico. No aceptamos su posición con respecto al anatocismo.
Para nosotros es claro que aplicando supletoriamente, porque la propia Ley de Títulos de
Operaciones de Crédito así lo impone, el Código de Comercio a los contratos de apertura
de crédito, debió determinarse que el pacto de capitalización previa de intereses era
ilegal y, en consecuencia, los contratos con tales cláusulas, nulos de pleno derecho.
Nuestro trabajo, como legisladores miembros del Congreso de la Unión, debe ser de respeto
institucional respecto a los demás poderes del Estado mexicano, asumiendo posiciones
críticas respecto de aquellos que perjudican nuestros representados. Pero no de
revanchismo político en contra de todo aquel que no haga lo que nosotros esperamos.
El problema de la imposibilidad de cubrir los créditos contratados con la banca nacional,
no está de ninguna manera cerrado, hay muchos otros argumentos e instrumentos que se
pueden hacer valer para solucionarlo. En eso, en su solución, nosotros tenemos mucho qué
hacer. La solución debe ser de carácter político más que jurídico, dada la gran
magnitud del problema al que nos enfrentamos.
Muchas gracias.
El lugar que le corresponde al
Partido del Trabajo, tiene la palabra el diputado Maximiano Barbosa Llamas.
| El diputado Maximiano Barbosa Llamas: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Quiero iniciar mi participación informándoles a ustedes quién es el presidente de la
Suprema Corte de Justicia, Vicente Aguinaco Alemán, con cédula profesional 27509 y su
hijo, Fabián Aguinaco Bravo, con cédula profesional 643288, ambos presentaron
acreditación como apoderados de todos los bancos en el juicio de amparo contra el decreto
de expropiación del 1o. de septiembre de 1982 del presidente José López Portillo.
Al mismo tiempo, compañeras y compañeros diputados, en la quinta, sexta y séptima
época de la Constitución Política Mexicana de 1917 a 1970, cuando los ministros de la
Corte eran verdaderos juristas y no simples empleados del Presidente, como hoy, se dijo
siempre que en un contrato las partes no pueden ponerse de acuerdo para quebrantar el
estado de derecho.
La Corte, hace seis días, emitió un resolutivo con muchas ilegalidades.
Primero, deja sin efecto el Código de Comercio y el Código Civil Federal, o sea, deroga
el 1363 y el 2397 de los citados códigos, para poder permitir que se cobren intereses de
los intereses.
Posteriormente, la Corte, en su mismo resolutivo, invoca el Código de Comercio, artículo
78, de 1887, de Porfirio Díaz para legalizar la Corte nuevamente que, a partir de su
resolutivo, la voluntad de las partes se convierta en Ley Suprema o sea que las partes
pueden convenir la violación de las leyes.
Esto es absurdo, compañeros. Ningún mexicano podemos convenir la no aplicación de la
ley, les voy a dar un ejemplo para que clarifiquemos más qué significa este resolutivo
tan absurdo: si el presidente de la Corte y su servidor hacemos un contrato y lo firmamos
y en una de sus cláusulas acordamos que él me permite que yo le ponga un balazo en la
cabeza y yo, en cumplimiento del contrato, le pongo el balazo en la cabeza al presidente
de la Corte y luego invoco el resolutivo de ellos mismos de hace seis días, obviamente no
tendría ningún valor legal porque podemos convenir lo que queramos, siempre y cuando
estemos dentro del marco legal.
Compañeras y compañeros diputados: la Corte no tiene facultades para legislar. El
artículo 49 de la Constitución Política Mexicana nos dice de la división de poderes
que no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona, por eso la Corte no tiene
facultades de legislador.
Esta Cámara ha legislado que no es permitido en México que se cobren intereses sobre los
intereses o que éstos se capitalicen en forma anticipada. La Corte, al dar un resolutivo
contrario a lo que los legisladores en su momento legislaron a este respecto, la Corte
está legislando. La Corte en este absurdo resolutivo está legislando y la misma Corte
está derogando leyes.
Compañeros: yo quiero decirles que existen antecedentes de que esta Cámara tiene
facultades para emitir decretos de interpretación y voy a recordarles un poquito en la
historia, cuando se nominó al candidato a la Presidencia de la República, Luis Donaldo
Colosio, hubo una denuncia que presentó la oposición. En esa denuncia se acusaba al
entonces secretario de Agricultura, Carlos Hank González, de que había usado recursos de
la dependencia para mandar fax de apoyo a todo el país y a todos los priístas.
Esa denuncia que presentó la oposición, los diputados federales en ése entonces, y que
hoy se encuentran algunos todavía por aquí, hicieron una defensa y la forma de
desarticular esa denuncia penal fue la siguiente:
Ahí, en esta Cámara y revisen el Diario de los Debates, se argumentó que es facultad de
este órgano de gobierno emitir el decreto de interpretación y se emitió un decreto de
interpretación en donde dejaron a salvo, en donde de mostraron, según ellos, que Carlos
Hank González no había cometido tales delitos.
Ya existen antecedentes y es importante que retomemos nuestra propia facultad. No es
posible que la Corte esté pasando contra la legalidad. No es posible que la Corte esté
pasando por este órgano de Gobierno, por este poder y no es posible que la Corte esté
yendo contra la justicia.
Acuérdense, compañeros, que nuestra principal obligación como diputados o legisladores
es hacer leyes claras y justas. El principio fundamental de toda ley es que debe ser
justa. ¡Es injusto que la Corte pretenda despojar o cobrar cantidades impagables a más
de 10 millones de mexicanos! ¡No es posible que vuelva a concentrarse la riqueza, es
anticonstitucional!
Muchas gracias.
Por el Partido Acción Nacional
tiene la palabra el diputado Ramón María Nava González.
| El diputado Ramón María Nava González: |
Con su venia, señora Presidenta:
El Partido Acción Nacional al nacer en el año de 1939 propuso a los mexicanos su lema de
lucha: "Luchamos por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna
para todos".
Desde entonces, desde aquel 1939, la casa de los mexicanos se nos fue emproblemando. Una
casta política se erigió en rectora de los destinos de los mexicanos, consolidó un
régimen presidencialista, subordinó el Poder Legislativo al Ejecutivo y en más de
alguna ocasión el Poder Judicial llegó a tener pronunciamientos hijos de la
recomendación.
De tal suerte que juristas muy destacados en su labor docente, allá en la Universidad
Nacional Autónoma de México, le decían a sus alumnos "que la Corte tenía de
chile, de dulce y de manteca".
En 1970, antes de que el desarrollo estabilizador cambiara de nombre y emprendiera un
camino sin rumbo, un grupo de investigadores realizaron un ensayo de análisis sobre la
economía de México, publicada por la Colección Sep/Setentas en dos tomos titulados
Crecimiento o Desarrollo Económico y Disyuntivas Sociales. Este análisis fue prologado
por Miguel Bionchet, con un texto que registra el juicio siguiente. Lo cito: "en aras
del crecimiento económico cuantitativo sacrificó a la democracia política y al
bienestar social. La estrategia de desarrollo adoptada durante el último cuarto de siglo
condujo a la acumulación de contradicciones y tensiones sociopolíticas de magnitudes
desconocidas durante todo el periodo posterior a la Revolución. Los autores están de
acuerdo en que la estrategia del crecimiento económico, conocida hasta hace poco tiempo
como el desarrollo estabilizador, que supuestamente se ha traducido en el milagro
mexicano, no beneficia a los intereses de las grandes masas de población en rápido
crecimiento, para las cuales el costo de ese milagro representó una carga difícil de
soportar durante mucho tiempo". Fin de la cita.
En aquel mismo año de 1970 Acción Nacional, acorde con esa realidad estrujante
dictaminada por 13 investigadores, proponía a la nación su plataforma política
denominada "cambio político de estructuras" y exigía el cambio de las
estructuras políticas, pues no había democracia real; proponía el cambio de las
estructuras económicas para que los bienes materiales cumplieran su función natural de
satisfacción universal y no estrictamente particular; proponía el cambio de las
estructuras sociales y entre ellas la legislación, para que el andamiaje rector de la
vida de los mexicanos incorporara al bienestar social a las grandes masas de población.
Hoy el problema del anatocismo nos enfrenta a una triste realidad, conmemorar como hace
unos días el grito justiciero de 1968 con las mismas estructuras de injusticia y con los
mismos resultados de impunidad que se habían denunciado por Acción Nacional en 1939 y en
1969; contemplar que tuvimos la oportunidad de diseñar un México mejor en su
independencia, en su soberanía, en su seguridad jurídica, en la educación y, en
general, en todo lo que mida al bienestar social y en cambio perdimos en ese camino
unirector, economía moneda y hasta la seguridad de la vida.
El anatocismo es la segunda llamada de
las alarmas que acusan un desajuste entre la ley y la justicia. La llamada anterior es la
del Fobaproa. Entre el Fobaproa y el anatocismo nos siguen ubicando en la tragedia de
nuestra vida económica y social, porque el anatocismo no siendo una figura nueva ni
habiendo registrado un problema social como el que se vive en la actualidad, lo único que
nos está diciendo es que el problema de fondo está en otra parte, está en las
estructuras sociales. Por eso hoy el grupo parlamentario de Acción Nacional renueva su
lema de buscar soluciones para lograr una patria ordenada y generosa y una vida mejor y
más digna para todos.
El grupo parlamentario de Acción Nacional renueva la vigencia de su plataforma de 1969,
que exigió un cambio democrático de estructuras y enlaza su actual postulado de 1966, de
exigir una economía con rostro humano. En estos postulados encontramos la constante
histórica que nos aparta del neoliberalismo y del liberalismo, en estos postulados
fincamos un horizonte de esperanza para el pueblo de México, en estos postulados anclamos
nuestro sentido de la política y de la lucha de tantos mexicanos desde el nacimiento
mismo de nuestra patria en 1821.
Sin embargo, con un propósito de aproximación más acusada y más clara al problema que
nos acusa, insistiré, el problema fundamental de México está en una economía mal
orientada, allá debemos mirar, no nos perdamos en lo que puede ser una cortina de humo,
más grave, más grave que la capitalización de los intereses es la cláusula del
interés flotante que determina los mercados de dinero, aquí la rectoría del Estado ha
capitulado en favor de los mercados internacionales de dinero y eso el grupo parlamentario
de Acción Nacional no lo acepta ni lo aceptará y es nuestro propósito reivindicar esa
facultad nuestra, en la rectoría del Estado debe estar por encima de los mercados de
dinero y esto no lo ha hecho Ernesto Zedillo Ponce de León y lo reclamo.
Nuestro compromiso y misión la expuso la sabiduría de José María Morelos y Pavón,
quizá no sea una cita textual pero fundamentalmente su idea es la siguiente: "como
la buena ley es superior a todo hombre, las que emita este Congreso deben ser tales que
moderen la opulencia y atemperen la injusticia". Este es el mandato que recibe con
modestia, con humildad y con compromiso la legislatura de Acción Nacional.
Muchas gracias.
1171,1172,1173
Del Partido de la Revolución
Democrática, tiene la palabra hasta por 10 minutos el diputado Jorge Silva Morales.
| El diputado Jorge Silva Morales: |
Con su permiso, diputada
Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
La semana pasada, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó a favor de
la capitalización de intereses; es decir, el cobro de intereses sobre intereses, conocido
este acto como anatocismo.
Bien es cierto que el capital prestado debe producir intereses, cualquier otra prestación
debe tenerse como intereses y no puede a su vez producir más intereses; en cambio, las
instituciones de crédito hacen producir intereses de los intereses, presentándose
entonces el anatocismo, mismo que está prohibido por ley.
Quiero citar el artículo 363 del Código de Comercio, los intereses vencidos y no pagados
no deben ganar intereses, los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos.
Igual disposición contiene el artículo 2397 del Código Civil del Distrito Federal.
"Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses
se capitalicen y que produzcan intereses".
Con base en las anteriores disposiciones legales, debemos manifestar previamente que todas
las leyes están de una u otra forma, sujetas a las reglas de interpretación y existe al
caso lo que se denomina integración del derecho, que establece que no puede haber leyes
que a un mismo hecho le den distintas connotaciones. La integración del derecho parte de
que las instrucciones jurídicas no se crean para deleitar a intelectuales, sino es el
caso de interpretación de la misma ley.
La interpretación es un acto racional que busca cuál es o fue la idea del legislador,
nos habla de la interpretación legal que podría ser usual, que es la que fijan los
tribunales y la auténtica, que es la que nos da el legislador.
Especialmente en las definiciones o en la interpretación doctrinaria que es la que nos
dan los diversos autores y es precisamente en esta tarea donde hoy tratamos de juntar las
resoluciones de los tribunales, la ley misma en sus diversas codificaciones, las opiniones
de tratadistas y para ello es importante referir que por lo menos 10 tribunales colegiados
fallaron en favor de deudores, por lo que obviamente esperábamos que la Suprema Corte de
Justicia declarara ilegal el anatocismo.
No puede verse este tema desde un solo ángulo o punto de vista, deben consultarse muchos
factores, entre ellos los sociales, para encaminar a soluciones legales, siendo ésta la
labor de los juristas su más importante aportación a este grave problema social y
económico que hoy viven 9 millones de mexicanos como deudores de la banca, cuya salida es
sólo en el camino del derecho.
De todo esto hoy se ha roto como tal al haber aprobado el anatocismo en beneficio de los
banqueros, pero más sorprendente es citar lo que el propio presidente del más alto
tribunal de justicia de la nación, el magistrado Vicente Aguinaco Alemán, solicitó al
Banco Internacional bajo el texto: "como es conocido de todos, las circunstancias
financieras por las que atraviesa nuestro país, han provocado graves desequilibrios en
las finanzas personales de todos los mexicanos; su impacto negativo ha sido especialmente
importante en las economías de aquellos que se comprometieron al pago de créditos con la
banca comercial en general y con el Banco Internacional en particular.
Con el propósito de conseguir condiciones más favorables -cita el magistrado-, se
procuraron acercamientos con altos funcionarios de dicha institución -se refería
entonces al Banco Internacional y sigue refiriendo-: como consecuencia de esas pláticas,
me complace mucho informarles que se han obtenido nuevas condiciones para los créditos
aplicables de manera retroactiva al mes de diciembre pasado, es decir, 1994, cuando los
efectos de la crisis aún no se hacían patentes como hoy los tenemos".
El mismo magistrado Aguinaco Alemán añade que el Banco Internacional se comprometió a
hacer los ajustes necesarios para adecuar los intereses generados de diciembre de 1994 a
mayo de 1995, para que de esta manera se congelaran una tasa de intereses y de esta forma
acreditar los pagos correspondientes.
Sin duda alguna, estos hechos vician la resolución de la Suprema Corte. Ante tales casos
expuestos, es todavía más importante enmarcar que no simplemente el Gobierno cubrió a
los banqueros las pérdidas y compras de cartera vencida a través del Fobaproa, sino que
hoy la Suprema Corte, que se supone es el templo de justicia en la nación, interpreta las
leyes a favor de 20 familias, dueñas de bancos y en perjuicio de miles de deudores.
Yo me pregunto: ¿de qué justicia estamos hablando hoy?.. si los deudores perderán sus
propiedades por errores financieros en los que ellos nada tuvieron qué ver y por la
absurda resolución de la Suprema Corte. Si la Suprema Corte, invocando y poniendo de por
medio a la justicia como tal hubiera tomado en cuenta que todos aquellos deudores que hoy
sufren los resultados de los fracasos de una política neoliberal y del evidente
despeñamiento de sus propios modelos y programas económicos y sociales, mismos que
provocaron un desfasamiento entre los salarios de los trabajadores, los que nunca jamás
se han ajustado con la proporción elevada entre tasas de inflación y tasas de interés,
mismos que reducen fuertemente la capacidad de pago de los deudores de crédito
hipotecario, siendo la verdadera causa por la cual obviamente muchos deudores enfrentan
hoy día problemas para cumplir con sus compromisos crediticios, amén de la inestabilidad
monetaria y el tipo de cambio que afecta la estabilidad económica de todos los mexicanos.
Los magistrados olvidaron considerar que estos deudores creyeron en México; que sus
deudas o apalancamientos fueron el producto de confiar en su país y que no estamos
hablando aquí de inversiones especulativas ni de compras suntuarias, sino de créditos al
campo, a la vivienda, al pequeño y mediano comercio y, en general, al sector
agropecuario.
¿Cuánto cuesta y cuánto deben de pagar por ese amor a México y que hoy estos
magistrados, esta Suprema Corte de Justicia, haya votado en contra de todos estos
mexicanos?
Sin embargo, todas las condiciones cambiaron y todos estos deudores se encuentran de
frente a las deficiencias de nuestras leyes y a la ineficiencia administrativa de la
justicia que padecemos.
Ante tales circunstancias, el Partido de la Revolución Democrática demanda que se
investiguen los vínculos financieros de los magistrados con la banca, porque al favorecer
a 20 familias de banqueros se olvidaron del más elemental sentido de justicia social para
los deudores, siendo su obligación resolver sobre las bases de equidad y no sobre
privilegios, divisiones de clase o componendas financieras.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado
Francisco Javier Loyo Ramos, hasta por 10 minutos.
| El diputado Francisco Javier Loyo Ramos: |
Con su venia, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
En una controvertida resolución emitida en sesión del pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, se pronunció respecto a la aplicabilidad o no del Código de
Comercio, la legislación civil y de instituciones de crédito a contratos realizados
entre instituciones bancarias y particulares.
El fallo emitido resuelve la contradicción de tesis contenidas en diversas
jurisprudencias, relacionadas con la legalidad o ilegalidad de la capitalización de
intereses con la práctica que comúnmente se ha denominado pacto de anatocismo.
En este sentido, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a lo
establecido por el artículo 107 fracción XIII de la Constitución, correspondió al
pleno de la Suprema Corte decidir cuáles de las tesis, objeto de la consulta, deben
prevalecer.
A fin de eficientar la litis para resolver la contradicción de tesis denunciada y
sistematizar metodológicamente el objeto de las mismas, fueron establecidos, en la
denuncia de posible contradicción de tesis planteadas en su origen por el ministro Román
Palacios, nueve temas como materia de estudio y posterior pronunciamiento de la Suprema
Corte.
Estos temas, relacionados todos ellos con las figuras jurídicas y modalidades de las
relaciones crediticias de los particulares con los bancos y la aplicabilidad
respectivamente del Código Civil, del Código de Comercio y de la Ley de Instituciones de
Crédito.
Los temas y cuestiones planteados, no demuestran otra cosa que la inoperancia de las
actuales normas civiles, mercantiles y bancarias, para resolver las complejas situaciones
que generan las relaciones financieras modernas, sobre todo ante la emergencia de crisis
económicas y bancarias, como las presentadas en nuestro país en los últimos años.
Ante la existencia de resoluciones divergentes y de la legal pretensión de las partes en
conflicto para encontrar una salida a las diferencias arrojadas por las tesis de los
tribunales, correspondió entonces a la Corte determinar, en última instancia, la razón
jurídica para dirimir tales controversias.
Como es obvio, y en el entendido de que una de las funciones esenciales del juzgador es
dirimir las controversias jurídicas entre individuos o los propios órganos
jurisdiccionales de primera instancia, este procedimiento de dilucidación de la verdad
legal, no hubiese encontrado mayores problemas si no fuese por la intensa problemática
socioeconómica que bien sabemos todos, conlleva el asunto al involucrar a un alto número
de individuos y familias que a partir de las resoluciones a emitirse, verían aclarados
los términos de su situación contractual, en operaciones bancarias, cuyas consecuencias
especialmente, por lo que se refiere al monto final de sus adeudos, no pudieron ser
previstas en forma alguna por los acreditados del Ceb a la supervenencia de los factores
externos ajenos por completo a su voluntad, que los situaron, las más de las veces, en la
imposibilidad fáctica de cubrir los pagos correspondientes.
Como todo órgano colegiado, máxime aquellos que la ley dispone se integren de tal modo
para resolver de manera conjunta y plural las cuestiones sometidas a su consideración, la
Suprema Corte de Justicia hubo de hacer acopio de una serie de razonamientos y argumentos
de orden legal y técnico para acotar con relativa claridad, las especies de las distintas
figuras jurídicas y contractuales aludidas en las diversas tesis y tratar de determinar
la naturaleza de cada una de ellas a fin de lograr establecer su aplicabilidad o no a los
casos concretos que se le plantearon.
De esta forma, comentando la resolución aludida, debemos decir que independientemente de
los efectos reales que para cada una de las partes conlleva, esta soberanía debe proceder
a revisar con la mayor profundidad, seriedad y responsabilidad, el marco normativo que
regula la celebración de los contratos de orden crediticio, a la luz de las cambiantes y
pocas veces previsibles situaciones de orden económico de las que todos estamos
plenamente impuestos.
Por supuesto que también se hace necesario, como ya se ha insistido, regular de manera
más estricta la naturaleza de las operaciones bancarias, sobre todo en materia de
otorgamiento de créditos y su respaldo ante eventuales situaciones de insolvencia como
las que se han dado origen en gran medida, a la acumulación de la cartera vencida en el
Fondo Bancario de Protección al Ahorro.
Hemos expresado también en esta tribuna, que tenemos frente a nosotros un reto de doble
dimensión; a partir de los razonamientos expresados por el juzgador, existe la imperiosa
necesidad legal de atender la necesidad de dar cumplimiento estricto al derecho, como en
el caso que nos ocupa.
Pero por otro lado, debemos imponernos la necesidad de que a partir de la insuficiencia de
las leyes involucradas, han demostrado para cumplir los requerimientos de justicia que
toda norma debe contener, estamos obligados como legisladores a encontrar los mecanismos
más adecuados para reencauzar y dotar a la norma jurídica de mayores elementos de
equidad, sobre todo frente a las relaciones de equilibrio, de fuerzas y de capacidades tan
desiguales como son las de las instituciones bancarias frente a sus acreedores, la gran
mayoría de ellos, de buena fe.
1174,1175,1176
El camino y los retos de esta
legislatura, son entonces de muy diversa magnitud y naturaleza. Por un lado hacer uso de
la capacidad del legislador para encontrar mediante la aportación de propuestas y
sugerencias, como las que ya han sido presentadas por diversas fuerzas políticas e
instituciones en materia de reestructuración del sistema financiero nacional, mecanismos
de apoyo a los miles de deudores que han caído, por razones ajenas a su voluntad, en
situaciones de insolvencia frente a las exigencias de los contratos celebrados con la
banca y por otro lado, el de proponer las reformas legales que se estimen necesarias para
evitar en lo sucesivo, la ocurrencia de estos fenómenos, de tal suerte que sin limitar el
desarrollo de las instituciones bancarias y por ende, de los beneficios que también
legítimamente pueden tener los ahorradores, que han dado sustento a la intermediación
bancaria, propiciar mejores condiciones que den seguridad, certeza y viabilidad a esta
necesaria relación entre ahorradores, instituciones bancarias y acreditados.
Compañeras y compañeros diputados: como hemos establecido en esta tribuna, los priístas
jamás estaremos a favor del llamado pacto de anatocismo, igualmente reconocemos el
carácter independiente y la competencia que la Constitución otorga al Poder Judicial,
así como hemos defendido y defenderemos la soberanía del Congreso de la Unión y el
establecimiento de nuevos equilibrios entre los poderes, en cuya razón nos oponemos a la
tesis de que sólo con medidas de presión o en contra de las instituciones legalmente
establecidas o con amagos de violencia, se puedan orientar las decisiones en la
aplicación de la ley, se pueda acceder a la justicia sólo por la vía del derecho.
Muchas gracias.
Harán uso de la palabra para
fijación de posiciones en el segundo turno los siguientes diputados:
Por el Partido Acción Nacional, el
diputado Abelardo Perales Meléndez.
Por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.
Por el Partido Revolucionario Institucional, Dionisio Meade y García de León, hasta por
10 minutos.
Tiene la palabra del diputado Abelardo Perales Meléndez.
| El diputado Abelardo Perales Meléndez: |
Con su venia, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Es importante resaltar que la Suprema Corte dictó jurisprudencia al resolver tesis
contradictorias de los tribunales colegiados del país, no fue entonces a petición de
deudores ni de banqueros, por lo que no se trató de un juicio entre partes en conflicto
sino de un procedimiento que prevé la Ley de Amparo, para definir la jurisprudencia de la
Suprema Corte, cuando existe contradicción de tesis entre tribunales colegiados y dictó
14 jurisprudencias que deben y obligan a los jueces y a los tribunales a observarlas en
sus fallos que a futuro lleguen a dictar por ser obligatorias, tenemos así la
contradicción de tesis: 31 de 1998 y 32 del 1998.
En primer lugar, respetamos la resolución de la Suprema Corte de Justicia. No podemos
desconocer su valor y su fuerza legal en un sistema democrático que se sustenta en el
principio de la división de poderes.
El esquema normativo ha creado cuatro posturas de la Suprema Corte: primero, niega el
anatocismo y con el debido respeto para la Suprema Corte, debemos distinguir entre
anatocismo puro, que es el interés sobre interés, la Corte reconoce erróneamente que
puede haber interés sobre interés, que es el anatocismo puro. Lo cierto es que lo que la
ley permite es el interés compuesto, entendiéndose por éste la capitalización de
intereses, siempre que los bancos no caigan en tasas usureras, ya que el servicio de la
banca tiene como objetivo primordial, proteger los intereses del público.
Segundo, entendemos que el fin del derecho es la justicia y por ende lamentamos la
expresión de uno de los ministros de la Suprema Corte, cuando afirmó que en su fallo
privilegiaron la legalidad y no la justicia.
Tercero, la validez que atribuye a la causación de intereses con tasas alternativas
cuando en el contrato se encuentra pactado entre las partes, privilegiando la voluntad de
las partes como suprema ley sobre la justicia.
Cuarto. La Suprema Corte admite la capitalización de intereses cuando las partes así lo
hubieren pactado. En estricta legalidad es irrefutable el criterio de nuestro máximo
órgano de justicia; sin embargo, en el mismo tenor antes mencionado, reiterando el
respeto a la Suprema Corte de Justicia, en la dinámica de la exorbitancia de las tasas de
interés, ajenas a la voluntad de las partes, la Corte no supo responder para lograr el
equilibrio con la justicia conmutativa entre las partes involucradas conforme al principio
general de derecho que reza que cuando en las relaciones recíprocas a una de las partes
le depara perjuicio, deberá siempre interpretarse el contrato en función directa del
equilibrio entre ellas; tan es así, que debió aplicarse este principio de que no es
concebible razonablemente que un deudor permita que se pudieran capitalizar los intereses
en contra de los deudores.
La solución que proponemos es que la solución está entre los legisladores; ya la
jurisprudencia que sentó la Suprema Corte podemos decir que es una jurisprudencia
estacionaria y que a diferencia de lo que han opinado algunos señores senadores, yo
considero que no es factible que se pueda volver a presentar otra contradicción de tesis
ante la Suprema Corte de Justicia, porque ya está definido y así ha sido interpretada la
ley por este máximo órgano de justicia; ni siquiera cabría remotamente hablar de un
amparo o de otra contradicción, para que la propia Corte superara o corrigiera cualquier
falta adecuada de interpretación de la ley y por eso consideramos que la solución está
en nosotros los legisladores, porque debemos diseñar los esquemas de reforma financiera
que respondan a los reclamos de justicia y al principio de igualdad entre las partes,
dejando claramente establecida la prohibición terminante de que no puede haber intereses
sobre intereses, que es el anatocismo puro.
El Partido Acción Nacional presentará
las iniciativas de ley que se requieran sobre el particular, para que se privilegie la
justicia, la equidad sobre la legalidad.
Podemos apuntar por ejemplo, que los créditos hipotecarios, el valor del capital y de los
intereses, nunca deben exceder del valor del inmueble y también ir pensando si la teoría
de la imprevisión puede ser también una solución a las circunstancias cambiantes de la
economía, que van en detrimento de una de las partes que es la parte más débil: los
usuarios de la banca.
Además, y para precisamente anular los efectos de la jurisprudencia, se deben hacer las
reformas a la ley necesarias y nosotros presentaremos las iniciativas, para un programa de
apoyo a los deudores, con quitas sustanciales que pueden ir del 35 y hasta el 60%, porque
incluso ya hay consensos entre los partidos y el propio Ejecutivo para que se hagan los
cambios a la ley y se den esos apoyos y de ese modo anular los efectos de la
jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte.
Y a los señores del PRI, en aras de la congruencia, esperamos también su iniciativa,
pues por voz de algunos de ustedes, la semana pasada condenaron el anatocismo. Esperamos
su respuesta.
Muchas gracias.
Tiene la palabra hasta por 10
minutos el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del Partido de la Revolución Democrática.
| El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar: |
Señoras y señores diputados:
En esta sesión no venimos a juzgar a los ministros por el sentido de su voto; cada quien
tiene el derecho de actuar como su conciencia le manda, sino que se trata de juzgar la
esencia y la repercusión jurídica y social de la resolución de una institución y de un
Poder de la República.
Por eso decimos que fue una tremenda resolución de una Corte igualmente tremenda; que se
resiste a hacer compatible el derecho con la justicia. Pero también hay inmoralidades. El
9 de mayo de 1995 el presidente de la Corte o la Corte por voz de su presidente anunció
la firma de un convenio con el Banco Internacional. En este convenio el presidente
anunciaba tratos preferenciales para los trabajadores y funcionarios del Poder Judicial,
en materia de pago y de cobro de intereses. Se pasó por encima de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, su artículo 146 precisa las razones por las que los ministros deberían
declararse impedidos para conocer y votar en un juicio.
Y queda claro en esta ley, que no se pueden aceptar presentes o servicios de alguno de los
interesados. Tal parece que privó más la idea de que favor con favor se paga.
El problema de las deudas y los créditos siempre ha estado ligado a las grandes
transformaciones del país. El 24 de diciembre de 1804, la Corona expidió un decreto de
la Real Cédula de Consolidación de Vales, fue una medida que dañó profundamente la
estructura del crédito de la Nueva España. Se sabía que la Iglesia, a la falta de
bancos, se había constituido en el centro financiero del país y el dinero eclesiástico
era prestado a agricultores, mineros y comerciantes. Pero cuando el Estado Español se
hizo cargo de los créditos en favor de la Iglesia, exigió el pago total de las deudas y
amenazó con rematar las propiedades si el dueño no podía pagar el crédito y las
anualidades.
Miguel Hidalgo fue uno de los que resintieron en carne propia esta decisión de la Corona
y fue uno de los primeros a los que le remataron su hacienda de Santa Bárbara Jaripeo,
incluso alguien que no podía considerarse como revolucionario o insurgente, representando
a los labradores y comerciantes de Valladolid, exigió la derogación de esta
disposición.
Y hay testimonios cómo esta decisión de la Corona, fue un acicate para generar la
insurrección de independencia. Lo mismo con las tiendas de raya, porque los banqueros
antes, en la antigüedad, ahora y si no les ponemos un freno, se comportan como los
modernos Shylok esos judíos árabes, esos judíos avaros, esos judíos avaros que son,
solamente veían la ganancia por encima de la estabilidad política y social.
Tomemos la experiencia de la independencia y también de la Revolución Mexicana.
Saquémosla como lección para resolver a fondo el problema que aqueja a millones de
mexicanos. Porque no pueden tener aprecio los mexicanos a la interpretación torcida del
derecho si en ello solamente ven la protección de unos cuantos y la medida de las penas
que les van a establecer ante la imposibilidad de cumplir obligaciones.
Lo que se dio con la resolución de la Corte y con la política financiera del país
también es el secuestro y la expropiación del ahorro y el patrimonio de los sectores
medios de la economía nacional. Se cerró, en mucho, una de las vías legales que se
habían conquistado para demostrar la ilegalidad de los contratos y se puso en
cuestionamiento también que la voluntad de las partes puede constituirse en ley suprema
cuando no existe ni árbitro ni igualdad, ni equidad y cuando tenemos un Gobierno que
protege constante y permanentemente a una minoría y así la voluntad de las partes, lejos
de ser ley suprema, es el soguzgamiento del más fuerte hacia el más débil.
En eso radica una decisión de la Corte, que abre una crisis social de incalculables
consecuencias, porque haber elevado la voluntad de las partes a ley suprema y haber negado
también la supletoriedad del Código Civil en la apertura de contratos deja intacta una
estructura financiera totalmente caduca y sumamente desventajosa.
Ahora nosotros tenemos la responsabilidad, no solamente para legislar hacia el futuro,
sino también para aprobar el nuevo programa que resuelva en definitiva el problema de los
medianos y pequeños deudores.
Ya no se trata de apariencias ni de echarle dinero a un barril sin fondo para dar la
cobertura de que está funcionando el sistema de pagos en el país, mientras que día con
día siguen cayendo más y más deudores insolventes por la pesada carga de las
obligaciones bancarias.
Es la hora del Congreso. Es la hora también de que nosotros actuemos con decisión y no
basta prometer quitas que pueden resultar insustanciales; se tiene que partir de quitar la
carga, aquella que generó la crisis y que las víctimas de esta crisis no fueron
responsables.
Las quitas solamente pueden ser benéficas si a los sectores pobres, medianos y pequeños
se les subsidia la tasa de interés. ¿Qué importancia tendrán las quitas si seguiremos
padeciendo tasas de interés como las que en la actualidad cobran y cobran los banqueros o
como las que teníamos en 1995 y también en 1996? Sería echar dinero bueno a un barril
sin fondo si el programa de quitas no está acompañado de un subsidio para las tasas de
interés de las familias que contrataron créditos hipotecarios y que viven de su salario;
de los agricultores, que ven perdida la rentabilidad de sus unidades productivas; de los
pequeños y medianos empresarios.
1177,1178,1179
Porque además con las actuales tasas de
interés no habrá posibilidades de tener recursos suficientes y frescos para reactivar la
economía y hay que establecer también un programa especial para jubilados y pensionados,
para indígenas y ejidatarios, para sectores comerciales e industriales que sufrieron
siniestros en la economía o siniestros naturales,
Si se trata, si se trata de llegar a fondo al asunto, tenemos que adquirir la
responsabilidad para que, de una vez por todas, le demos la salida económica y financiera
a esta pesada carga que hemos traído desde hace mucho tiempo.
Finalmente, compañeras y compañeros, yo solamente quiero hacer una pregunta: ¿sabe a
cuánto asciende ahora la deuda del PRI, con la capitalización de los intereses que
aprobó la Suprema Corte, la deuda que tiene en Fobaproa? ¿Ya hicieron el cálculo,
señoras y señores del Partido Revolucionario Institucional?
Tiene la palabra, hasta por 10
minutos, el diputado Dionisio Meade García de León, del Partido Revolucionario
Institucional.
El diputado Dionisio Alfredo Meade
y García de León: |
Con la venia de la Presidencia:
No cabe duda que al celebrarse este debate sobre anatocismo es de la mayor importancia
recordar que con independencia de los criterios recientemente sustentados por la Suprema
Corte de Justicia, se han puesto en marcha, desde el principio del rescate bancario,
programas para ayudar a los deudores a resolver sus problemas con la banca, precisamente
los intereses que se multiplicaron y las carteras vencidas que fueron creciendo.
Ya en abril de 1995 estaba vigente un acuerdo para apoyar a los deudores, que implicó
subsidios y esquemas de reestructuración a créditos hipotecarios que implicaron treguas
judiciales y condonación de intereses moratorios.
Parte del costo fiscal, del costo fiscal del Fobaproa que aquí se acaba de aludir, se
explica por estos apoyos que implican montos superiores a los 110 mil millones de pesos en
los últimos tres años. Más de un millón y medio de deudores han utilizado hasta ahora
esos programas. No obstante en muchos casos no han sido suficientes.
Al igual que otras fuerzas políticas nuestro partido ha integrado nuevas propuestas en
favor de los deudores, al posicionarse en relación a las iniciativas financieras que
están siendo objeto de análisis en la Cámara, dentro de un importante conjunto de
medidas, nuestro partido destinó un apartado a promover mecanismos de apoyo para los
deudores de la banca.
Por eso, como parte de la solución de la actual problemática financiera, nuestro partido
ha demandado la adopción de nuevos programas en favor de los deudores que impliquen una
solución definitiva a sus problemas manteniendo la cultura de pago. Los criterios que
animan estos programas recogen la necesidad de que los descuentos y las quitas ofrecidas,
sumadas a los apoyos previos que se han otorgado, impliquen lo que se ha denominado la
eliminación de la joroba de las tasas y que llegue el adeudo a los niveles que hubieran
alcanzado de no haber mediado las crestas en la tasa de interés derivada de la crisis.
Este criterio lo estamos proponiendo para los créditos agropecuarios y para los de la
pequeña y mediana industria. Conforme ha venido evolucionando nuestra propuesta en la
mesa de negociación que está discutiendo estos programas, se otorgarían descuentos de
cuando menos el 60% sobre los primeros 500 mil pesos al saldo de las deudas agropecuarias
a quienes realicen pagos, anticipos o liquidaciones en los dos años siguientes a la
puesta en marcha del programa. A reabrir el Finape, que también lo estamos proponiendo,
podrían incluirse descuentos hasta por los primeros 4 millones del saldo del crédito. El
apoyo se aplicaría a los deudores que estén al corriente de sus pagos, así como a
aquellos que reestructuren sus créditos. De esta manera se beneficiarían más de 800 mil
deudores.
Por lo que hace a las pequeñas y medianas empresas, proponemos un descuento de no menos
del 45% sobre los primeros 500 mil pesos de adeudos, también durante dos años a partir
de la entrada en vigor del programa. Se beneficiaría a quienes sus adeudos no fueran
superiores a los 10 millones de pesos y así se favorecerían hasta 220 mil empresas.
Para facilitar la operación de estos programas se pretende aplicarlos sobre los del
Finape y Fopime, por lo que se contemplarían créditos hasta antes del 30 de junio y 31
de julio de 1996, respectivamente.
En cuanto a la protección del patrimonio inmobiliario de las familias mexicanas, la
propuesta incorpora una reducción que equivalga hasta el 45% del saldo de los créditos
hipotecarios. Este porcentaje se ha calculado, como aquí se ha indicado que es correcto,
sobre la base de que el nuevo saldo resultante sea inferior al valor de la vivienda.
Resulta un contrasentido tener garantías superiores al valor del inmueble. De esta manera
se beneficiaría a más de 450 mil familias.
En todos los casos los beneficios se aplicarían de manera automática a los deudores
cumplidos y se establecería un plazo de seis meses a partir de la puesta en marcha del
programa, para que quienes estén en mora se pongan al corriente o reestructuren.
Conforme al criterio propuesto de reducir la brecha en las tasas de interés, que hubieren
sido consecuencia de la crisis, la adopción de los programas propuestos implicaría que
en el crédito promedio los deudores cumplidos en el programa hipotecario hubieran
enfrentado un compromiso equivalente a alrededor del 17% y los que no hubieran hecho
ningún pago a poco más del 25% de interés anual.
Para apreciar el alcance del programa debe señalarse que la inflación acumulada en el
lapso de enero de 1995 a agosto de 1998 es cercana al 30%. Para que esto sea posible se
propone que se condonen todos los intereses moratorios que forman parte de los distintos
adeudos.
Parte esencial de nuestra propuesta es que pueda reactivarse el crédito para poder
reanudar el círculo financiero en favor de la producción y el empleo, de ahí que en los
trabajos que estamos realizando para poner en marcha esta propuesta hayamos insistido en
que el costo de los programas se comparta con la banca, de forma tal que esta última
absorba costos superiores en caso de no otorgar nuevo crédito a los deudores. No se trata
de salvar la coyuntura, se trata de sembrar nuevas bases para volver a crecer.
Nuestra fracción también ha propuesto que a la luz de estos problemas los deudores
hipotecarios puedan aplicar a la amortización de sus créditos las aportaciones mensuales
que realizan al Infonavit, lo que se someterá próximamente a consulta de su consejo de
administración.
Como puede apreciarse, en todos los casos estamos proponiendo un descuento específico
para los deudores cumplidos, reconociendo la tenacidad de su esfuerzo para cumplir sus
obligaciones.
En esto estamos trabajando distintas fracciones parlamentarias. A este trabajo invitamos a
todas las fracciones sumarse porque lo que está de por medio es el futuro de los deudores
y los deudores no son patrimonio de ningún partido.
De la misma forma, exigimos que quienes no puedan salir adelante ni con las quitas
propuestas, encuentren una salida legal a su situación de incumplimiento. No es posible
condenarlos a una especie de muerte financiera semejante a la muerte civil, que los
condene de por vida a interrumpir su relación con la banca. Es cierto que en la crisis
hubieron deudores que abusaron, pero muchos otros a pesar de su esfuerzo no estuvieron en
condiciones de pactar; no hagamos más difícil su agobio.
Finalmente, estamos proponiendo la creación de una defensoría de los usuarios de la
banca, que se convierta en una instancia efectiva para dirimir controversias entre la
clientela de los bancos y las instituciones financieras y que lo haga de manera accesible,
expedita y justa. Como lo señala la propuesta priísta, este organismo estaría encargado
de atender quejas, sancionar conductas o prácticas abusivas, resolver controversias,
asesoría a los usuarios y en general difundir la información financiera que apoye las
decisiones de los usuarios de la banca.
No podemos abandonar a deudores y ahorradores a contratos de adición en los que nada
tuvieron qué ver. Pronto pondremos a consideración de esta Cámara una iniciativa en
relación a la creación de esta instancia.
La adopción de programas de apoyo en favor de los deudores expresa un ánimo de justicia
de quienes con frecuencia adquirieron sus obligaciones confiando en un entorno que no se
dio, pero debemos reordenar nuestro esfuerzo. No habrá posibilidad de restablecer un
sistema de crédito fluido si no recuperamos la estabilidad de la economía y
restablecemos niveles adecuados de crecimiento.
¿Acaso se generaron problemas con el pago de los créditos cuando la economía estaba
creciendo mientras se generaron empleos y los salarios fueron suficientes para cubrir el
pago de los créditos? La experiencia previa a la crisis demuestra que cuando se redujeron
los niveles inflacionarios y disminuyeron las tasas de interés, fue posible que muchos se
comprometieron con los bancos para impulsar actividades productivas o para hacerse de su
casahabitación. El hecho objetivo es que producida la crisis los deudores se enfrentaron
a nuevas circunstancias que no se habían previsto cuando negociaron su crédito, por eso
corresponde apoyarlos ahora en una solución definitiva.
Compañeros diputados: tenemos enfrente un importante reto legislativo, la crisis reciente
conlleva a una serie de acciones a las que tenemos que hacer frente en materia de
créditos, en materia de supervisión, en cuanto al fortalecimiento del sistema
financiero, en el desarrollo de un buen sistema de garantías, en el establecimiento de
una buena banca que esté a prueba de malos banqueros, pero además para la adopción de
todas aquellas medidas que den certeza al horizonte de crecimiento, que consoliden el
empleo y permitan la recuperación del salario, que fortalezcan el ahorro interno, que den
vigor a nuestra planta productiva y nos aseguren la competitividad internacional en el
mundo global del que formamos parte.
La crisis de los deudores aflora muchos otros problemas. Los programas de apoyo son una
adecuada decisión, pero no resuelve todo lo pendiente. La solución se dará cuando
contemos con una economía fuerte y con un mejor marco jurídico sobre el cual tenemos que
trabajar, en el que los mexicanos podamos hacer frente a nuestras obligaciones
financieras. Trabajemos para alcanzarlo, nos permitimos construir un México mejor.
Muchas gracias.
El
diputado Maximiano Barbosa Llamas
(desde su curul): |
Pido la palabra, señora
Presidenta.
¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado
Maximiano Barbosa Llamas
(desde su curul): |
Para rectificar hechos.
Después de la siguiente ronda lo
anotamos, diputado Barbosa.
El diputado
José Adán Deniz Macías
(desde su curul): |
Señora Presidenta, pido la
palabra.
¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado
José Adán Deniz Macías
(desde su curul): |
Para rectificar hechos.
Igual que el diputado Barbosa, al
finalizar la segunda ronda quedan ustedes inscritos.
Diputado Oceguera, ¿con qué objeto?
El diputado
Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Para aclarar que habíamos
convenido ya ciertas rondas y cierto número de oradores. Si se va a abrir la posibilidad
de que nos registremos los oradores por la vía de hechos, pues tengamos registrado al
compañero, porque es compañero del PRI también.
1180,1181,1182
Se iba ahorita a pasar la ronda
para los diputados para rectificar hechos y posteriormente de la participación de estos
tres participantes se pedirá a la Asamblea si está suficientemente discutido y se
votará.
Si, ¿con qué objeto señor diputado? Una vez más, compañero diputado, le vuelvo yo a
citar aquí que después de la participación de esta siguiente ronda que es de tres...
bueno.
Se han inscrito para la siguiente ronda, para rectificación de hechos, los siguientes
diputados: por el Partido Acción Nacional, Juan José Rodríguez Prats; por el Partido de
la Revolución Democrática, el diputado Bernardo Bátiz Vázquez y por el Partido
Revolucionario Institucional, Jaime Miguel Moreno Garavilla.
Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats.
| El diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Con su permiso, señora Presidenta:
Yo creo que no estamos yendo a la sustancia en este asunto del anatocismo y de la
resolución de la Suprema Corte de Justicia. Yo creí en cierto momento que
continuaríamos con el debate de la semana pasada para precisar en primer lugar, de qué
debate estamos hablando.
Tal parece que hay un gran temor que se diga que el Fobaproa o el anatocismo son asuntos
políticos, inclusive he visto algunos artículos firmados por miembros del partido
oficial, no politicemos estos asuntos y, señores, aclaremos algo de entrada. Estos
asuntos son 100% políticos, estamos discutiendo la conducción de la nación, yo no creo
que el problema esté en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en su resolución.
Trataré de demostrar cómo el problema está en el Ejecutivo Federal y su política
económica equivocada.
También insisten en que no se le habla al electorado, esto no es un problema que tenga
que repercutir en cuestiones electorales.
Señores, la función de la oposición, en todo sistema democrático, es señalar los
errores del partido que está en el poder y solamente aquí en México, un partido que ha
estado en el poder y que ha equivocado su política, como es evidente en todos los
órdenes, dice: no discutamos de esto ni se vale que la ciudadanía me cobre con el voto
sus errores. Esto sería una excepción de todos los sistemas, repito, que pretenden ser
democráticos y donde hay confrontación de los partidos políticos en búsqueda del voto,
precisamente el ciudadano es la oportunidad que tiene en el voto, en esos siete segundos
cuando está frente a la boleta, de ser por ese brevísimo momento funcionario, ahí va a
tomar una determinación y tal parece que el PRI quiere seguir buscando el voto de
autocastigo, sigue con ese masoquismo y sigue votando por el partido oficial con todo y
que se está gobernando mal, lo cual no se discute.
Yo creo que debemos hacer un poco de memoria, ¿quién sube las tasas de interés? El
artículo 28 de la Constitución le señala la función al Banco de México de proteger el
poder adquisitivo y la Ley Orgánica del Banco de México en su artículo 24, señala
expresamente a la junta directiva estas funciones ¿Qué sucedió? ¿Por qué se
dispararon las tasas?, yo no sé el problema jurídico que explicó mi compañero Abelardo
Perales y las tesis panistas que explicó mi compañero Ramón María Nava, pero
recordemos cuál era el lema de campaña de Ernesto Zedillo: "él sabe cómo
hacerlo".
Y recordemos que en el mes de noviembre hubo una reunión en donde hablaron Pedro Aspe y
Miguel Mancera, que Ernesto Zedillo se opuso a una devaluación en ese mes y recordemos el
discurso de Ernesto Zedillo en su toma de posesión ratificando que continuaría la misma
política económica del sexenio anterior y recordemos que aquí vino Jaime Serra Puche y
dijo que en 1995 se iba a crecer al 4% con una inflación del 7%, ¿y qué sucedió el 29
de diciembre?.. Ernesto Zedillo dice que se subestimaron los rasgos de la crisis, que él
no conocía la profundidad de la crisis.
Aquí está la mentira. Aquí está la deshonestidad y en 10 días se habían fugado 1 mil
millones de dólares diarios... ¿Y con quién va Jaime Serra Puche a discutir cuál es la
política económica, cuando Ernesto Zedillo había afirmado que él le daría prioridad a
los pobres de México?.. Va con la gente del dinero, va ratificando un sistema que es una
plutocracia, imbricado el poder económico con el poder político, las grandes élites
financieras manipulando para tratar de no perjudicar a la gente que tiene los recursos
económicos y que dirige y a éstos sí se les hace caso, de las políticas que debe
adoptar el Gobierno.
Ernesto Zedillo, simple y llanamente había engañado al pueblo de México, porque ustedes
coincidirán conmigo que para que una nación crezca, se requiere trabajo, ahorro,
confianza, que se estimule el trabajo. No hay otro remedio, no hay otra receta mágica;
pero llegaron los economistas, llegaron los mágicos a hablar de medidas fantásticas,
monetaristas, que implicaría una serie de medidas y de modernidad para disparar el
desarrollo y entonces lograr crecimientos extraordinarios.
Señores, en el mando no se distribuye la carga ética. El responsable es un sistema que
se resiste a cambiar y el Presidente de México, Ernesto Zedillo, engañó al pueblo de
México, ésta es la causa por la que se dispararon las tasas de interés y se
comprometió a todos los que tenían créditos... ésta es la razón y éste es el tema
del debate.
Tiene la palabra, hasta por cinco
minutos, el diputado Bernardo Bátiz Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática.
| El diputado Bernardo Bátiz Vázquez: |
Señora Presidenta; señoras y
señores diputados:
El debate, efectivamente, no se ha dado porque no ha habido puntos de vista contrarios, yo
he sentido que todos estamos aquí de acuerdo en algunos puntos muy importantes, muy
claves para este momento de la historia de nuestro país. No he oído a nadie, ningún
diputado ha venido aquí a la tribuna a defender el anatocismo, los diputados priístas
han recordado sus tesis viejas de justicia social; los señores de Acción Nacional han
desempolvado su doctrina del cambio democrático de las estructuras, de lo cual me
congratulo; la rectoría del Estado volvió a sonar aquí en voz de diputados de este
partido; estamos todos de acuerdo en que es necesario suprimir de la legislación actual
el anatocismo y además encontrar las medidas que sean pertinentes para resolver este
problema que ya no es simplemente jurídico, sino va a ser un problema muy grave social y
económico, que se deriva de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.
Ese es un camino de solución, pero el otro camino de solución debe ser el de la reforma
de las leyes vigentes que hicieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entender
e interpretar, considerar que lo único que estaban haciendo ellos era interpretar leyes
que están vigentes.
La verdad es que aun en un código tan radicalmente liberal y burgués como es el Código
Civil, la máxima expresión del pensamiento capitalista que nos viene desde el siglo
pasado, en ese mismo código, en el código que podía ser la expresión del sistema
liberal capitalista, ahí está prohibido el anatocismo, ahí está prohibido que en el
mismo momento en el que se celebra un contrato se pueda pactar el pago de los intereses,
porque consideró el legislador civil que era necesaria una protección a los más
débiles, porque aun en ese código modelo de liberalismo hay también preceptos y
principios de derecho social, porque adoptó a través de la lesión, de la figura de la
lesión y a través de esta prohibición del anatocismo, nuestro legislador civil algunas
reglas protectoras. Pero después esa pésima costumbre de legislar al gusto del poderoso
en turno, hizo que el principio tan claro se fuera confundiendo y revolviendo en un
maremágnum de disposiciones confusas y contradictorias que permitieron algunos ministros
de la Corte.
Yo no quiero juzgar su actitud personal, ellos probablemente actuaron pensando que estaban
resolviendo conforme a derecho, cuando menos conozco a dos o tres que estoy seguro que no
hubieran recibido ni consigna ni algún otro tipo de presión, no sé de los demás, pero
les hicieron considerar y concebir que era posible interpretar la ley, tal como está
ahora, en el sentido en que lo hicieron y si ahora la sensibilidad del pueblo mexicano que
se sintió herida por esta sentencia de la Corte, el sentido de justicia del pueblo de
México, que se sintió agraviado, justamente está reclamando a la Suprema Corte de
Justicia su sentencia.
Pero, señores diputados, tenemos que cuidarnos de que no sea mañana a nosotros a quienes
nos reclamen. Todos hemos estado aquí de acuerdo en que el anatocismo es condenable.
Nuestra responsabilidad es implementar cuanto antes proyectos conjuntos, proyectos comunes
para resolver este problema, para especificar en el articulado del mismo Código Civil,
del Código de Comercio, de la Ley de Títulos de Operaciones de Crédito, de las leyes de
Instituciones de Crédito, los cambios, las modificaciones que se requieran para que el
día de mañana no puedan venir jueces a decirnos que nuevamente se vieron obligados a
acatar una ley, aunque le parezca al pueblo de México, injusta.
La responsabilidad está en este momento en nuestras manos, podemos hacer un juicio de
valor respecto de la sentencia de la Suprema Corte, pero fundamentalmente, pienso yo y a
eso convocaría a todos mis compañeros legisladores, debemos abocarnos a modificar las
leyes injustas, a mover esas leyes oscuras, confusas, intrincadas, para legislar en
beneficio de nuestros mandantes.
Muchas gracias.
Tiene la palabra hasta por cinco
minutos, el diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del Partido Revolucionario
Institucional.
| El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: |
Con la venia de las compañeras
diputadas aquí presentes, incluyendo a la Presidenta; compañeros diputados:
El éxito del ejercicio profesional del derecho se cifra más que en la lucidez del
ingenio por la aplicación correcta de la técnica, en la rectitud de conciencia para
aplicar la justicia a causas de orden social. Por eso digo que la justicia es fruto más
que de un decantado y sistemático estudio, de una sensibilidad que surge del patrimonio
del alma. Ese patrimonio tiene como factor central la justicia.
Ya se ha dicho y se ha recordado muy bien por el diputado que me antecedió en el uso de
la palabra, que los mexicanos, conscientes de nuestra responsabilidad histórica, primero
como legisladores, sea como representantes de la nación, somos capaces de encontrar
coincidencias para, a partir de ellas, edificar las nuevas instituciones que reclama la
etapa de transición del México en el que vivimos.
Y también somos capaces de dejar para ulteriores discusiones nuestras divergencias, verbi
gratia. No, señores. Los señores ministros de la Corte pueden resolver tratándose de un
litigio del impuesto sobre la renta, independientemente de que ellos sean causantes de ese
impuesto.
No podemos tratar de venir a decir que se actualiza la hipótesis normativa de la ley
orgánica del Poder Judicial de la Federación que impide la participación de los
ministros, cuando ellos han tenido tal o cual acto de estricto corte profesional en su
antecedencia. Actuemos con sindéresis también.
La responsabilidad histórica implica el que efectivamente saquemos lo mejor y más grande
de nuestra capacidad y de nuestra capacidad de actuar y de proponer para consolidar las
nuevas estrategias de solución a la problemática que nos enfrentamos.
¿Qué no es necesario que pongamos de una buena vez solución al anacronismo de la ley, a
la ambigüedad y al amplio ámbito e discrecionalidad que la ley le permite al juzgador?
Actuemos con responsabilidad y en consecuencia y pongámonos a legislar con una técnica
jurídica sólida, capaz de saber y de per mitir interpretar con corrección y de aplicar
con corrección la norma, que ha de obligar a propios y a extraños.
¿Qué no es tiempo ya de que nos sentemos a dar solución al paquete que se discute,
semanas atrás, a propósito del Fobaproa? ¿Qué no es necesario que demos ya una
respuesta responsable y consciente a esas decenas de miles de representados que siguen con
puntualidad nuestra actuación?
Señores: no olvidemos que la toga tiene alma también y que ésta funciona no sólo donde
se utiliza como vestuario en la aplicación del Poder Judicial. La toga también tiene
símbolo en la Cámara; la toga también tiene símbolo en la facultad; la toga también
tiene símbolo en el gabinete de estudio y de investigación y la toga impone un deber
moral que se significa en una obligación categórica de actuar en consecuencia, de la
justicia como valor supremo que ha de orientar siempre a la ley y, fundamentalmente, a la
actitud de quienes tienen la responsabilidad de hacer la ley.
1183,1184,1185
La justicia social, sea, pues, el faro
que oriente los esfuerzos de los hacedores de la ley y de la aplicación de la misma.
Continúe la Secretaría con los
asuntos en cartera.
El diputado
Maximiano Barbosa Llamas
(desde su curul): |
Pido la palabra para rectificar
hechos.
Compañero diputado:
Quiero hacer de su conocimiento que éste fue un debate pactado. En términos del acuerdo
parlamentario del 6 de noviembre de 1997, esta Presidencia informa a la Asamblea que el
tema sobre el anatocismo se ha convenido como un debate pactado, por lo cual se
registraron dos turnos de intervenciones por grupo parlamentario hasta por 10 minutos cada
uno y al finalizar la lista de oradores inscritos, una participación para rectificación
de hechos hasta por cinco minutos, por los grupos parlamentarios del PAN, PRD y PRI.
Continúe la Secretaría.
| El
secretario Efrén Enríquez Ordóñez: |
Señora Presidenta, se han agotado
los asuntos en cartera.
El diputado
Maximiano Barbosa
Llamas (desde su curul): |
Yo soy diputado independiente. Yo
no pacté.
Ruego a la Secretaría dé lectura,
por favor, al artículo XXIII, del acuerdo parlamentario del 6 de noviembre de 1997.
| El
secretario Efrén Enríquez Ordóñez: |
"La Comisión de Régimen Interno y concertación Política podrá acordar la
celebración de debates sobre asuntos de interés general, abarcando un máximo de 20
minutos por grupo parlamentario, divididos de conformidad con la propia decisión del
grupo y en el orden previamente convenido. En estos debates la asignación integral de
tiempos a cada grupo parlamentario, se distribuirá como mejor lo estime el propio grupo,
mediante el señalamiento de su respectivo coordinador."
Es cuanto, señora Presidenta.
Gracias, señor Secretario. Al
segundo párrafo, ¿le puede dar lectura, por favor, señor Secretario?
| El
secretario Efrén Enríquez Ordóñez: |
"En estos debates la
asignación integral de tiempos a cada grupo parlamentario se distribuirá como mejor lo
estime el propio grupo, mediante el señalamiento de su respectivo coordinador."
Es cuanto, señora Presidenta.
Señor diputado: se le dio la
participación por el Partido del Trabajo y el Partido del Trabajo estuvo en el acuerdo de
que fuera un debate pactado.
Prosiga la Secretaría.
ORDEN DEL DIA
| El
secretario Efrén Enríquez Ordóñez: |
Señora Presidenta: se han agotado
los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Jueves 15 de octubre de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Hidalgo y Guanajuato.
Iniciativas de diputados
Que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley
Federal de Radio, Televisión y Cinematografía, a cargo del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México.
Del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Comentarios sobre el Día Mundial de la Alimentación.
Excitativas
Dos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
CLAUSURA Y CITATORIO
| La
Presidenta (a las 15:23 horas): |
Se levanta la sesión y se cita
para la próxima que tendrá lugar el jueves 15 de octubre a las 10:00 horas.
RESUMEN
DE TRABAJOS
*Tiempo de duración: 4 horas con 24 minutos.
*Quorum a la apertura de sesión: 271 diputados.
*Excitativas a comisiones: 1.
*Temas de agenda política: 2.
*Oradores en tribuna:17
PRI-5; PRD-4; PAN-6; PVEM-1; diputados independientes-1.
Se recibieron:
*1 comunicación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal;
*1 iniciativa del Congreso del Estado de Nuevo León;
*1 iniciativa del PAN;
*1 iniciativa del PRI;
*1 minuta con proyecto de decreto para aceptar y usar condecoración que confiere el
gobierno de Francia;
*3 minutas para que nueve ciudadanos puedan prestar servicios en representaciones
diplomáticas;
*3 comunicaciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, sobre la
integración de comisiones de trabajo.
Se aprobó:
*1 dictamen de las comisiones unidas de Vivienda y del Distrito Federal, con proyecto de
decreto que reforma diversas disposiciones del decreto modificatorio de los artículos
transitorios del diverso por el que se reformaron el Código Civil para el Distrito
Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal;
el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y la Ley Federal de
Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de
septiembre de 1993;
*1 dictamen para aceptar y usar condecoración que confiere el gobierno de Alemania;
*2 dictámenes para que 10 ciudadanos puedan prestar sus servicios en representación
diplomática;
*1 cambio en la integración de la Comisión de Agricultura.
|
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición: |
| CGDEM |
Cuerpo General Diplomado de
Estado Mayor |
| D.F. |
Distrito Federal |
| Finape |
Programa de Apoyo Financiero
al Sector Agropecuario y Pesquero |
| Fobaproa |
Fondo Bancario de Protección
al Ahorro |
| Fopime |
Acuerdo de Apoyo Financiero y
Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa |
| Infonavit |
Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores |
| IVA |
Impuesto al valor agregado |
| N.L. |
Nuevo León |
| PAN |
Partido Acción Nacional |
| PRD |
Partido de la Revolución
Demócratica |
| PRI |
Partido Revolucionario
Institucional |
| PT |
Partido del Trabajo |
| PVEM |
Partido Verde Ecologista de
México |
| UNAM |
Universidad Nacional
Autónoma de México |
1183,1184,1185,1186,1187,1188
|