| El diputado Luis Meneses Murillo: |
Con su venia, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
El problema de la miseria no es exclusivo de las sociedades del Tercer Mundo, es un
problema a escala mundial cuyas causas se escapan a la planeación de los programas
compensatorios con los que se ha pretendido atacarla desde el Fondo Monetario
Internacional.
El más reciente Premio Nobel de Economía Amartya Sen, demostró que la solución a la
pobreza no se encuentra en medidas que compensen sus niveles de desigualdad, sino en la
restitución de las fuentes de desarrollo de las personas, es decir, en el fortalecimiento
de los niveles de ingreso.
Por ello, el corte de las políticas públicas debe orientarse más por la redistribución
del ingreso, que por la compensación.
Esta sencilla contribución le valió el premio más prestigiado del mundo académico al
prominente economista indú.
Pero esta lección aún está lejos de asimilarse por los gobiernos. Mientras ello ocurre,
miles de millones de personas sobreviven en medio del hambre y la pobreza crónica.
En América Latina, la región donde con mayor fuerza se han aplicado las medidas de corte
neoliberal, los estragos de la pobreza empiezan a ser alarmantes.
En los países como el nuestro, 1 mil 200 millones de personas carecen de agua potable;
842 millones de adultos son analfabetos; 766 millones no tienen acceso a ningún servicio
de salud y 507 millones tienen una esperanza de vida de menos de 40 años.
Los contrastes son dramáticos. Mientras que el número de ricos en el mundo se duplicó,
el total de pobres se triplicó para alcanzar actualmente un tercio de la población
mundial. Asimismo el número de indigentes crece en 25 millones al año; cada minuto 47
personas quedan bajo el rango de la pobreza y 160 millones de niños en el mundo padecen
problemas de nutrición.
En nuestro país el panorama no es mejor, tenemos la no muy honrosa tradición de mantener
altos niveles de desigualdad y pobreza.
A inicios de la década de los años setenta, seis de cada 10 mexicanos eran pobres, de
ellos dos lo eran de manera moderada y cuatro eran miserables; 10 años después, en 1980,
estos números se revirtieron a cinco pobres de cada 10 mexicanos, tres en condiciones de
pobreza moderada y dos miserables, respectivamente. Es decir, el país era menos desigual
y menos pobre.
Los 15 años del modelo neoliberal han significado un profundo retroceso social, el
número de pobres se ha multiplicado tanto en términos absolutos como relativos, a pesar
de que según las cifras oficiales, la proporción de pobres con respecto al total de la
población ha sido más o menos estable desde hace 10 años, la incidencia de la pobreza
se ha incrementado.
Actualmente de cada 10 mexicanos, tres son miserables y tres son pobres moderados, con lo
que prácticamente se ha retrocedido 18 años.
En términos absolutos, en los últimos 10 años, el número de miserables se ha
duplicado, mientras que en 1988 el número de pobres en la miseria ascendió a 14
millones, en 1994 esta cifra se ubicó en los 20 millones. Tres años y medio después, en
el actual Gobierno, existen ya 26 millones de pobres en la miseria, por si esto fuera
poco, mientras que el 28% de la población adulta está en la miseria, el 40% de la
población menor de 12 años comparte esta situación, aproximadamente 11 millones de
infantes.
Asimismo los índices de desigualdad han experimentado una tendencia regresiva, atendiendo
a la distribución del ingreso, según la última encuesta ingreso-gasto de los hogares,
realizada en 1996, la situación anterior empeoró considerablemente, si se considera una
canasta básica de hasta tres salarios mínimos, que no incluye carne, pago de alquiler de
vivienda, electricidad, vestido y calzado, más del 33% de los hogares nacionales
estarían en esta situación.
Algunos estudiosos de este tema estiman que cerca del 70% de la población mexicana es
pobre, poco más del 50% es miserable y el 30% no satisface la mitad de las condiciones de
la miseria.
Es entendible por qué el Gobierno mexicano se niega a discutir sobre la incidencia de la
pobreza y únicamente quiere discutir las acciones en función de números y de recursos.
Lo cierto es que las políticas públicas focalizadas y compensatorias han sido incapaces
de mejorar las condiciones de vida de la población. Con estas acciones, nadie ha dejado
de ser pobre.
La principal razón de la disparidad entre ser pobre y no serlo, es política y no depende
de qué indicadores se usen, pues la pobreza y el hambre son reales. En este sentido, en
el país se requiere una reorientación del modelo económico y de las políticas para
garantizar el combate a la pobreza.
Ante las políticas implementadas para promover el libre mercado, las cuales privilegian
la importación, destruyen la posibilidad de una base productiva nacional y merman la
incapacidad de los productores mexicanos, sin importar si son campesinos, pequeños
empresarios o grandes exportadores, México requiere reorientar las políticas nacionales
cambiando al modelo de desarrollo macroeconómico por un modelo que privilegie la
inversión productiva, la generación de empleo y el combate contra la pobreza.
Proponemos que sobre cualquier interés político, privado o de mercado, se reconozcan los
fracasos del actual modelo, ya que la pobreza en México crece a pesar del Pronasol y del
Progresa.
CONSIDERAMOS
Primero. Que es necesario cambiar el modelo de desarrollo en el país, para no seguir
provocando el incremento de la pobreza y la miseria.
Segundo. Que es necesario cobrar un impuesto específico a los capitales especulativos y
regular su permanencia en el país, dinero que se usaría para incrementar presupuestos de
combate a la pobreza.
Tercero. Que la información estadística sea del dominio público y sea una institución
descentralizada la que realice dicha labor, ya que no puede seguir bajo la tutela del
Ejecutivo, que la información circule para medir a tiempo el diagnóstico y el
crecimiento de la pobreza y para poder plantear políticas de previsión y planeación
adecuadas.
De acuerdo con el más reciente informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas,
mientras que el porcentaje de pobres en el mundo disminuyó ligeramente, en Latinoamérica
y el Caribe se incrementó un 2%.
Hace una semana el presidente de los Estados Unidos dijo que: "ante la actual
emergencia financiera, los mercados no pueden funcionar conducidos por flujos excesivos
entrantes o salientes de capital, con comportamientos indiscriminados".
La Cumbre Iberoamericana, hace unos
días, señaló que: "es necesario reorientar la política social del modelo
neoliberal" y el mismo Milton Friedman, reconocido como el padre de la doctrina del
nuevo liberalismo económico, señaló en días pasados que los lineamientos del Fondo
Monetario Internacional rompen con los acuerdos de Bretton Woods.
Aún así el Gobierno mexicano sigue empeñado en mantener una política, que sólo
sostiene el incremento de la pobreza, el desmantelamiento de la base productiva del país
en todos los sectores, la concentración excesiva de los capitales en la actividad
especulativa y el desaliento de los mexicanos.
No es posible que la Secretaría de Hacienda haya venido a esta soberanía a decir que
todo está bien, cuando las políticas neoliberales arrojan a la pobreza a 10.6 millones
de mexicanos en los últimos dos años. Pero lo peor de todo es que según la encuesta
nacional de ingreso-gasto de 1996, que apenas empieza a circular, los pobres en
condiciones de miseria que eran 36 millones en 1994, aumentaron hasta 50 millones en ese
año, un aumento de casi 15 millones de pobres en condiciones de miseria.
El modelo de desarrollo implementado por el actual Gobierno, llegó a su límite en
México y debe ser cambiado, los mexicanos requerimos una política económica que
fortalezca la actividad productiva.
Queda claro que no es un asunto de solidaridad nada más, es un asunto de modificar el
modelo de desarrollo y distribuir la riqueza. Es momento de reorientar el sentido de las
políticas de combate a la pobreza y aprovechar lo que queda de la estructura solidaria de
los programas de abasto, de fortalecer las políticas educativas y de promoción del
empleo. En pocas palabras, de redistribuir los costos del desarrollo en beneficio de
quienes menos tienen.
El combate a la pobreza no es un asunto de calidad asistencial, es una responsabilidad del
estado frente a los millones que la padecen. Reconocer el problema no es resolver la
pobreza, se requiere una clara reorientación de las políticas públicas de carácter
social, pero sobre todo un nuevo rumbo de este modelo económico para el verdadero
beneficio de los mexicanos.
Muchas gracias.
Esta Presidencia envía un
afectuoso saludo a 50 alumnos de la Universidad Autónoma de Puebla, invitados por la
diputada Gloria Lavara Mejía. Del mismo modo se saluda cordialmente por esta Presidencia,
a 80 alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, invitados por el diputado Jaime Moreno
Garavilla.
Tiene la palabra la diputada Bertha Hernández Rodríguez, del grupo parlamentario del
PRI, para hablar sobre el mismo tema.
| La diputada Bertha Hernández Rodríguez: |
Señoras y señores diputados:
La justicia social ha sido aspiración de todos los mexicanos, alcanzarla es y sigue
siendo propósito y tarea fundamental, bajo la cual se orientan las acciones en nuestro
partido y su grupo parlamentario.
La Constitución considera las garantías individuales y los derechos sociales, como
principios fundamentales para la convivencia social, para fortalecer la República y el
Estado democrático; históricamente nos hemos pronunciado y actuado en consecuencia, por
un desarrollo social donde la igualdad de oportunidades fomente la convivencia, la equidad
y la justicia social.
Estos preceptos, inscritos en nuestra Carta Magna, refieren el objetivo permanente de
alcanzar la igualdad de oportunidades y el establecimiento de condiciones para el
desenvolvimiento de los individuos, las familias, las comunidades, los pueblos indígenas,
los trabajadores y los sectores productivos.
Para concretarse, es indispensable que el Estado mexicano dé un efectivo y frontal
combate a la pobreza, fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las garantías
individuales, dé mayor impulso a la educación, fomente y garantice los servicios de
salud, asegure que el derecho a una vivienda digna y a la alimentación sea una realidad.
Que la preservación del medio ambiente,
la lucha por la igualdad de la mujer, la creación de más oportunidades para los
jóvenes, las personas discapacitadas y de la tercera edad, el respeto a los niños y el
derecho al desarrollo regional, se constituyan en objetivos y prácticas constantes del
Gobierno.
En los umbrales del Siglo XXI el desafío de México, de sus gobiernos, de todos y cada
uno de los mexicanos, empeñados en construir una sociedad próspera, es dar plena
vigencia a los preceptos constitucionales, que tutelan las garantías sociales. Disminuir
sustantivamente los niveles de miseria y marginación en las que se encuentran miles de
compatriotas, debe ser más que un motivo de discurso, una práctica y esfuerzo cotidiano
que logre moderar las desigualdades existentes entre los distintos, estratos de la
población que hoy, al igual que antes, exigen de sus gobernantes y representantes
populares, compromisos firmes para alcanzar más y mejor el desarrollo social.
Resolver un fenómeno social como la pobreza, es tarea difícil, considerando que en ella
se inscriben los grupos sociales que no logran alcanzar mínimos básicos de bienestar;
diferentes organizaciones e instituciones han buscado puntos de acuerdo, lo que ha servido
de base para crear nuevas categorías que permitan entender mejor y priorizar acciones en
el caso de la pobreza extrema.
El hecho más reciente y significativo a escala mundial, que da cuenta de la urgencia que
existe para que los gobiernos profundicen en sus programas económicos sobre tareas
específicas para el combate a la pobreza, lo muestra el que haya sido otorgado el Premio
Nobel en este año a un destacado economista, Amartya Sen, que como lo han manifestado
aquí quienes han hecho uso de la palabra, de manera ejemplar está mostrando que la
economía tiene como fin ultimo al ser humano.
1316,1317,1318
Su humanismo no debe perderse; al lado de
los cálculos técnicos y la elocuencia matemática, debe integrarse la visión
filosófica y ética.
Es cierto y no obstante que en otras épocas ya se había dicho y aún ahora se mantiene
el propósito en muchos programas de gobierno, coincidimos plenamente en la explicación
de que la pobreza desaparece cuando se asume por los dirigentes de las naciones y por una
sociedad comprometida con la justicia, que la clave para combatir la miseria está en
invertir en áreas de salud, educación, vivienda, alimentación y por supuesto buscar los
mecanismos que permitan mejorar los niveles de ingresos de las familias.
Para nuestro partido el combate a la pobreza es impostergable, la promoción de diversas
formas para alcanzar este objetivo se estableció en nuestra plataforma electoral: la
necesidad de mejorar la distribución del gasto, que permita garantizar la equidad en la
asignación de los recursos a los estados y a los municipios y asegurar que el presupuesto
se destine directamente a acciones que apoyen prioritariamente a la población en pobreza
extrema, pronunciándonos también por la reorientación de los subsidios, para que éstos
sean canalizados hacia la población más necesitada, así como por el fortalecimiento de
los programas de alimentación y su orientación hacia la población en pobreza extrema.
Sostenemos que el reto social implica actuar de manera simultánea y decidida con el
conjunto de medidas económicas y de atención social que reviertan las tendencias
adversas en la distribución del ingreso, amplíen las oportunidades de progreso y
reduzcan la pobreza extrema, pero no olvidemos que para alcanzar la justicia social y
bienestar de todas las familias mexicanas, se requiere una economía en crecimiento que
genere empleo y los ingresos suficientes.
Sin duda que debe continuar y fortalecerse el esfuerzo que se realizó en el gasto
público de este año, donde se incrementaron los recursos destinados a la educación, la
salud y otros programas vinculados con el desarrollo social y procurar el óptimo
aprovechamiento de los mismos, prioritariamente aquellos que se canalizan a zonas y a
grupos marginados.
A nadie resulta fácil aceptar que ante necesidades múltiples y crecientes de la
población en general y en particular de la más desprotegida, los recursos que se
destinan al gasto social sean insuficientes para cubrirlas. Ha sido doloroso y hasta
ofensivo que ante los extremos de miseria y marginación subsista en otro extremo la
opulencia y el dispendio.
La función del Estado que se refiere a
las acciones para estrechar esa brecha, debe ser cada vez más firme y contundente en
procurar la justa distribución de la riqueza que genera el trabajo de los mexicanos.
La política social ha de renovarse siempre y sustentarse bajo criterios estratégicos,
para preservar el esfuerzo de combate a la pobreza, de fortalecer y ampliar los servicios
sociales básicos en materia de salud y seguridad social, educación y vivienda; la
política social debe mantener como criterio de verticalidad, el ser una política social,
integral e incluyente.
La lucha de hoy es contra los desequilibrios sociales y regionales, iniquidad que existe
en la distribución del ingreso, las condiciones de subsistencia inaceptables en las que
viven miles de mexicanos, condiciones que nos llaman a reflexión serena de lo que falta
por hacer; que se dé paso a una fase mejor y superior en la distribución de los
beneficios del desarrollo y a la superación de la pobreza en sus distintos grados.
La estrategia para superar la pobreza debe ser permanente. Reconocemos que el desafío es
enorme. Cada día deben incorporarse más mexicanos a la vida productiva; su demanda de
servicios es cada vez mayor. Por lo que avanzar en un mejor diseño de política social
que logre cubrir con eficacia y equidad las demandas sociales, se constituye, entre otras,
como la prioridad en las políticas públicas.
Superar el rezago social y brindar un mejor horizonte de oportunidades a los grupos de
mayor desventaja económica y social, exige sumar fuerzas para la realización de una gran
alianza nacional contra la pobreza que impulse las reformas constitucionales y legales
para construir nuevas y mejores formas de convivencia social y programas orientados al
desarrollo armónico de ésta.
Legislar en torno a un esquema normativo de derecho que abarque una propuesta integral de
desarrollo social, es hoy indispensable para lograr un desarrollo equilibrado y
socialmente justo.
Con ello, lograríamos fortalecer nuestra democracia y generar el mayor aprovechamiento de
la riqueza nacional, en una justa, respetuosa y equilibrada interrelación de los diversos
niveles y órganos de gobierno.
Nuestra exigencia ha sido que en esta etapa de la vida nacional, se destinen mayores
recursos que permitan fortalecer el desarrollo social y combatir eficazmente los grandes
rezagos que subsistan. Ello sin lugar a duda deberá reflejarse en la asignación del
gasto destinado a potenciarlo.
La actual circunstancia histórica que vive México, requiere de repensar los programas
sociales bajo distintas ópticas, entre ellas, las de mejorar en los diseños
presupuestales la participación del gasto social y mejorar su instrumentación.
No se trata de incurrir en paternalismo o clientelismo político; nadie debe utilizar las
legítimas aspiraciones de los mexicanos que menos tienen, para transgredir sus derechos o
violentar su dignidad.
Nuestro partido se pronuncia una vez más por estructurar un programa integral para la
superación de la pobreza, que permita sumar la fuerza de las instituciones y de la
sociedad y aumente la eficacia de la transferencia de ingresos a la población más
necesitada.
Hoy, que nos referimos en este recinto al Día Mundial para el Combate a la Pobreza
Extrema, manifestamos que su afronta será más eficaz si orientamos nuestros esfuerzos
bajo un principio: unidad de propósitos que dé lugar a la acción concertada de quienes
desde diferentes espacios queremos un México justo y equitativo para todos los mexicanos.
Muchas gracias.
SIERRA
BLANCA, TEXAS
El siguiente punto del orden del
día son comentarios sobre Sierra Blanca, Texas.
Proceda la Secretaría a dar lectura al documento entregado a esta Presidencia.
| El
secretario Luis David Gálvez Gasca: |
Señoras y señores diputados:
«Ante la posible decisión de la
Comisión de Conservación de Recursos Naturales del Estado de Texas, Estados Unidos de
América, el próximo día 22 de octubre, de aprobar la construcción del confinamiento de
residuos radiactivos de bajo nivel en la comunidad de Sierra Blanca, condado de Hudspeth,
nos permitimos someter a esa soberanía, las siguientes consideraciones:
1. Las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y de
Relaciones Exteriores de las cámaras de Diputados y Senadores, manifestaron el 31 de
marzo y 27 de abril de este año sucesivamente, su rechazo total al proyecto,
construcción y operación del confinamiento de residuos radiactivos que el gobierno de
Texas pretende establecer en el poblado de Sierra Blanca.
2. El 11 de febrero de este año, el pleno de la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión acordó lo siguiente: el Congreso mexicano, por conducto de su
Comisión Permanente, declara que el proyecto de Sierra Blanca, Texas, así como los
proyectos de otros confinamientos en la frontera con México, ponen en riesgo la salud de
la población de la zona fronteriza y constituyen una agresión a la dignidad nacional.
3. En diversas sesiones ordinarias de cabildo de los municipios de Juárez, Praxedis G.
Guerrero, Guadalupe y Ojinaga, en el Estado de Chihuahua; los municipios de Acuña y
Piedras Negras, en el Estado de Coahuila; Santa Catarina, San Nicolás y San Pedro, en
Nuevo León, así como el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, han acordado rechazar la
instalación del mencionado confinamiento.
4. De igual manera, los congresos de los estados de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León han
acordado expresar su rechazo a la construcción del confinamiento de residuos radiactivos
en Sierra Blanca, Texas.
5. La instalación de dicho confinamiento viola el convenio entre los Estados Unidos
Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre cooperación para la protección y
mejoramiento del medio ambiente en la zona fronteriza, firmado el 14 de agosto de 1983,
conocido como Acuerdo de la Paz que, en su artículo segundo dice: "las partes se
comprometen, en la medida de lo posible, a adoptar las medidas apropiadas para prevenir,
reducir y eliminar fuentes de contaminación en su territorio respectivo que afecten la
zona fronteriza de la otra. Adicionalmente, las partes cooperarán en la solución de
problemas ambientales de interés común en la zona fronteriza, de conformidad con las
disposiciones de este convenio".
6. La definición de "zona fronteriza" en el convenio mencionado se establece en
su artículo 4o. como "el área situada hasta 100 kilómetros de ambos lados de las
líneas fronterizas terrestres y marítimas entre las partes". El sitio destinado en
Sierra Blanca se encuentra a escasos 27 kilómetros de la línea fronteriza con México.
7. Desde agosto de 1996 se inició el proceso de análisis y definición del proyecto de
confinamiento de residuos radiactivos, a través de audiencias públicas y procedimientos
administrativos. Los jueces administrativos texanos Kerry Sullivan y Mike Rogan, quienes
han estado al frente de dicho proceso, emiten un dictamen y recomiendan, en agosto pasado,
no llevar a cabo el proyecto citado en el sitio propuesto en Sierra Blanca, condado de
Hudspeth. El dictamen de los jueces Sullivan y Rogan se funda en dos aspectos básicos:
"uno, la autoridad en materia nuclear en el estado de Texas no logró justificar
técnicamente la instalación del confinamiento de residuos radiactivos debido a problemas
de orden geológico y dos, el señalamiento de impacto negativo en materia social y
económica que repercutiría en la región".
8. En el mismo proceso de decisión del multicitado proyecto se han dado múltiples
irregularidades, que van desde que nunca se entregó en idioma español el proyecto, no
existe un plan de contingencia, no se llevó a cabo una consulta ciudadana del lado
mexicano, se excluyó a los representantes mexicanos que intentaron participar en todo el
proceso de análisis de este proyecto.
9. La experiencia que se tiene en los Estados Unidos en la instalación de este tipo de
confinamientos ha fracasado. De un total de seis confinamientos, ha sido inevitable
clausurar cinco de ellos, debido a fallas consistentes en fugas de elementos radiactivos,
con las consecuencias económicas, ambientales y de salud.
10. Ante la inminente decisión que
sobrevendrá en los próximos días, un grupo de ciudadanas y ciudadanos norteamericanos y
mexicanos, autoridades municipales de la región fronteriza, así como diputados
federales, en representación los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, de
la Revolución Democrática, del Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de
México, han instalado un plantón permanente frente al edificio del capitolio de
Hudspeth, Texas, sede del poder legislativo estatal, con el objetivo de dar testimonio a
la opininión pública internacional y a los poderes públicos del estado de Texas, a fin
de que la decisión vaya en el sentido de cancelar la construcción del confinamiento de
residuos radiactivos en la comunidad Sierra Blanca.
11. Por las anteriores consideraciones y en función de los intereses nacionales, los
diputados federales Carlos Camacho Alcázar, en ayuno, Violeta Vázquez Osorno, José del
Carmen Enríquez Rosado, Ignacio Arrieta Aragón, Omar Bazán Flores y Miguel Angel Garza
Vázquez, todos en plantón desde el capitolio de Hudspeth, Texas, proponen a esta
soberanía el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Ratificar el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión, así como el de las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente, de Asuntos
Fronterizos y de Relaciones Exteriores de las cámaras de Diputados y Senadores, en el
sentido del rechazo total a la construcción y operación de confinamiento de residuos
radiactivos en Sierra Blanca, Texas y demandar de los gobiernos de los Estados Unidos de
América y del estado de Texas y particularmente a la Comisión de Conservación de
Recursos Naturales del estado de Texas, la no aprobación del mencionado proyecto en el
sitio destinado en Sierra Blanca condado de Hudspeth, Texas.
1319,1320,1321
Esta Cámara acuerda igualmente ampliar
la representación de los distintos grupos parlamentarios que permanecen en Hudspeth,
Texas, con objeto de reforzar la demanda que las comisiones de esta Cámara han acordado.
Y firman: los compañeros diputados Carlos Camacho Alcázar, Ignacio Arrieta Aragón,
Ricardo Cantú Garza, Omar Bazán Flores, Violeta Vázquez Osorno, José del Carmen
Enríquez Rosado, Miguel Angel Garza Vázquez y Laura Itzel Castillo.
Acompaña esta proposición José Luis Rodríguez Chávez, ex regidor del ayuntamiento de
Juárez, Chihuahua. Regidores en funciones del ayuntamiento de Juárez, Chihuahua: María
Teresa Zorrilla Carcaño, Pamela Franco Ruiz y Pablo Gómez Caballero.»
Esta Presidencia saluda a 50
alumnos de la Universidad Autónoma de Puebla, invitados por el diputado Juan Carlos
Espina von Roehrich.
Reciban también, 80 alumnos del Instituto Universitario Puebla invitados por la
licenciada Inés Ruiz Salinas, un saludo afectuoso de esta Presidencia.
Del mismo modo la Presidencia saluda a 30 habitantes del Estado de México, invitados por
el diputado José Janitzio Soto Elguera.
Tiene la palabra la diputada Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, para hablar sobre el tema de Sierra Blanca, Texas.
| La diputada Verónica Velasco Rodríguez: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
México se ha distinguido a lo largo de su historia por ser un país que ha defendido
férreamente principios de política y derecho internacional que han procurado la paz,
estabilidad y cooperación internacional, por ello hemos ganado un respeto muy grande
entre la comunidad de naciones. La no intervención, la solución pacífica de las
controversias, la proscripción de armas nucleares y muchas otras causas que México ha
defendido frente al mundo, son testimonio fiel de estas palabras.
La política internacional mexicana, sin embargo, en fechas recientes ha tenido un Talón
de Aquiles que la ha venido debilitando aceleradamente. La nula defensa de nuestros
intereses legítimos frente a las grandes potencias comerciales a las que quiméricamente
llamamos "socios comerciales", frente a las presiones cada día más grandes de
nuestros socios norteamericanos, asiáticos y europeos, hemos ido cediendo soberanía,
estabilidad financiera, recursos naturales y la dignidad nacional a cambio únicamente de
las cuentas de vidrio de la modernidad globalizadora, ilusiones de bienestar que sólo
llegan a las esferas más favorecidas de la sociedad mexicana.
Cuando en noviembre de 1997, el Partido Verde Ecologista de México y otros grupos
parlamentarios representados tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de
Senadores del Congreso de la Unión, exigimos al Ejecutivo Federal que asumiera una
posición firme de rechazo frente a la intención del gobierno de Texas, de construir un
confinamiento de residuos nucleares en la frontera con nuestro país, lo hicimos porque
tanto la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y la Secretaría de
Energía, habían manifestado quizá de forma ambigua, pero sin duda es de su intención,
que no se oponían a la construcción de dicho confinamiento en el poblado de Sierra
Blanca, Texas.
Hoy la posición que las dependencias del Ejecutivo han asumido, no los libera de la
responsabilidad por no haber actuado oportunamente cuando el Congreso de la Unión así se
lo solicitó. Es necesario que se rindan cuentas claras al Congreso de la Unión de la
forma errática en la que el Gobierno Federal intervino ante las autoridades legislativas
y ejecutivas de los Estados Unidos, para expresar la indignación del pueblo de México
frente a las intenciones de los Estados Unidos, de convertirnos en su traspatio.
¿Por qué en un asunto que pone en riesgo la salud y el entorno ambiental de la
población chihuahuense y de aquellos connacionales que habitan en la zona de Sierra
Blanca, no se llevaron a cabo negociaciones tan intensas como aquellas que se practican
para suscribir los acuerdos de libre comercio? Si como lo han declarado a la prensa
nacional, el caso Sierra Blanca es la máxima prioridad de la política internacional de
México en estos momentos frente a los Estados Unidos y fue atendido de una manera tan
poco responsable, ¿qué podemos entonces esperar de los demás temas de la agenda
internacional de nuestro país?
Afortunadamente para el Partido Verde Ecologista de México, para nuestros conciudadanos
que viven al otro lado de la frontera y para el pueblo de México, el proyecto del
confinamiento de desechos nucleares de baja intensidad en Sierra Blanca, Texas, ha sido
ampliamente denunciado por los medios de comunicación, organizaciones civiles y por
personas preocupadas por este proyecto tan peligroso.
Decimos afortunadamente porque la población ha cobrado conciencia de este asunto tanto
del lado de los Estados Unidos como en el territorio mexicano. Decimos afortunadamente
porque la población ha expresado estas inquietudes y a sus representantes dentro del
Gobierno y decimos afortunadamente, porque muchos representantes han tomado
responsablemente cartas en el asunto en defensa de las inquietudes que se les han
expresado.
Desgraciadamente no se ha tomado una postura firme de respaldo a los ciudadanos por parte
del grupo intersecretarial, compuesto por la Secretaría de Energía, la de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y la Secretaría de Relaciones Exteriores. No han
bastado los miles de cartas de protesta que le han llegado al Poder Ejecutivo Federal por
parte de ciudadanos conscientes, las protestas oficiales de los municipios fronterizos,
las del Congreso de Coahuila, de Chihuahua, de Nuevo León y finalmente de la Cámara de
Diputados y del Senado de la República, además de cientos de organizaciones no
gubernamentales que han expresado su total rechazo a este proyecto.
Todo indica que el Poder Ejecutivo Federal hizo caso omiso hasta el día de ayer de las
reclamaciones que le ha hecho el pueblo de México. Los mexicanos estamos en contra de la
construcción y operación del confinamiento de residuos nucleares tóxicos y que en
congruencia con los intereses de nuestros representados, tanto los legisladores federales
hemos expresado nuestro rechazo, incluso los legisladores del partido oficial.
Todos sabemos que el gobierno de los Estados Unidos no hace ningún caso a las notas
diplomáticas que envía la Secretaría de Relaciones Exteriores y que, por ende, es
necesario tomar acciones más enérgicas sobre este caso. ¿Por qué no se han llevado a
cabo acciones más firmes en torno a este problema? ¿Por qué no se ha recurrido a
organismos internacionales para solucionar esta controversia? ¿Por qué siempre doblamos
las manos ante nuestros vecinos del norte?
Se argumenta que el caso no está cerrado, sin embargo, en un comunicado de prensa
señalan que: "el Gobierno de México considera adecuada la construcción de
confinamientos, siempre y cuando cumplan estrictamente con las normas nacionales e
internacionales de seguridad". ¿Sabe acaso el Gobierno Federal que la mayoría de
los confinamientos de la Unión Americana que cumplieron con las normas nacionales e
internacionales de seguridad cuentan con graves fallas operacionales y de confinamiento?
Muestra de esto es el basurero construido en Betti, Nevada, en donde en 1979 el gobernador
tuvo que ordenar la clausura del confinamiento después que los cargamentos de desechos
radiactivos similares a los que se llevaran cerca de la frontera mexicana, presentaron
fugas en los contenedores. Estudios realizados por el Instituto Geológico de Estados
Unidos señala que existen contaminantes radiactivos en mantos acuíferos que se
encuentran bajo el confinamiento de Nevada. Cabe mencionar que cerca de Sierra Blanca
existen mantos acuíferos que desembocan en el río Bravo, en el confinamiento de Kentucky
en donde se depositaron desechos similares a los que se pretenden depositar en Texas, se
descubrió que los materiales radiactivos se habían propagado ya dos millas fuera de este
confinamiento, lo que propició la clausura de éste y más de 100 millones de dólares en
costos para limpiar el área.
Como este caso existen los basureros de West Valley, Nueva York, Richland, Washington y
California, por mencionar algunos. El Partido Verde Ecologista de México no comprende
cómo el Gobierno Federal puede decir que considera adecuada la construcción del
confinamiento sabiendo que no existen las garantías para certificar la seguridad,
conociendo que los riesgos de accidentes siempre están presentes, como lo hemos visto en
los demás confinamientos norteamericanos y más, en un lugar en donde pasa una falla
sísmica y un manto acuífero, a pesar de todas las garantías de seguridad que pueden
ofrecer las autoridades de los Estados Unidos.
En el artículo 2o. del Convenio de La Paz suscrito en 1983 por México y los Estados,
Unidos señala que las partes se comprometen en la medida de lo posible, a adoptar las
medidas apropiadas para prevenir, reducir y eliminar fuentes de contaminación en su
territorio respectivo que afecten las zonas fronterizas de la otra. Si la factibilidad de
un accidente existe, ¿por qué no se apela a este convenio?
El Partido Verde Ecologista de México, como su nombre lo indica, está enfocado a buscar
un mejor nivel de vida para los mexicanos a partir de la conservación del medio ambiente,
además de buscar una armonía entre éste y los seres humanos. Por eso manifestamos una
vez más, nuestro reiterado apoyo y convicción por cancelar de manera definitiva la
construcción de dicho confinamiento, así como esta medida, en las que por mandato de la
Constitución nos facultan a nosotros los diputados federales, para actuar rápida y
eficazmente en contra de este tipo de proyectos que son una clara afrenta a la seguridad y
salud de la población.
Como ustedes saben, el día de hoy se presentó una iniciativa de ley que funcionará como
antídoto al darse la posibilidad de acudir ante tribunales mexicanos para dirimir las
controversias que se pudieran suscitar como resultado de negligencias, accidentes o actos
intencionales dentro o fuera del territorio nacional que provocaran daños nucleares a la
salud de la población y a los recursos naturales de la nación. Por lo tanto, esperamos
que en su momento dicha iniciativa cuente con el mismo apoyo solidario de todos los grupos
parlamentarios representados en esta Cámara, que ha habido hasta la fecha en todo lo
referente al caso de Sierra Blanca, en defensa de los intereses de México.
Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra, la
diputada Mercedes Maciel Ortiz, del grupo parlamentario del PT, para hablar sobre el mismo
tema.
| La diputada María Mercedes Maciel Ortiz: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
El Partido del Trabajo, viene ante esta
tribuna a realizar una serie de observaciones en torno a la construcción del
confinamiento de desechos industriales radiactivos que el gobierno de Texas pretende
realizar en el condado de Hudspeth, cercano a la comunidad de Sierra Blanca.
Para hablar de este caso, es necesario remontarnos a los acuerdos que tiene nuestro país
con los Estados Unidos en materia ambiental. En 1983, se firmó el Convenio entre los
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, sobre la cooperación para la
protección y el mejoramiento del medio ambiente en la zona fronteriza, en la Paz, Baja
California, también conocido como Convenio de La Paz.
En el marco de este acuerdo, ambos países se comprometieron a instrumentar las medidas
necesarias para prevenir y controlar la contaminación en la zona fronteriza, así como el
área situada hasta 100 kilómetros a ambos lados de las líneas divisorias, terrestres y
marítimas de los dos países. Este convenio se constituye como el instrumento legal que
da sustento al trabajo bilateral en la frontera para cuestiones ambientales de las dos
naciones.
El acuerdo abarca cinco aspectos de la cuestión ambiental entre ambos países: primero,
el acuerdo para la solución de los problemas de saneamiento en Tijuana, Baja California,
San Diego, California; segundo, el acuerdo sobre contaminación del ambiente a lo largo de
la frontera terrestre e internacional por descargas de sustancias peligrosas; tercero, el
acuerdo sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y sustancias peligrosas,
éste firmado el 12 de noviembre de 1986; cuarto, acuerdo sobre contaminación
transfronteriza del aire causado por las fundidoras de cobre a lo largo de su frontera
común y el quinto, el acuerdo relativo al transporte internacional de contaminación del
aire urbano.
Sin embargo, a partir de la iniciativa del gobierno de Texas, a través de la autoridad
responsable de los desechos radiactivos de baja intensidad de ese estado, de construir un
confinamiento para esos fines cercano a la comunidad de Sierra Blanca, en el condado de
Hudspeth, a 25 kilómetros del río Bravo, los acuerdos en materia ambiental entre los dos
países se han visto seriamente violentados.
1322,1323,1324
Como se sabe, el manejo de estos residuos
es sumamente delicado, porque representan una de las fuentes de contaminación ambiental
más peligrosas que existen y por ello hay una gran preocupación de que se ubique tan
cerca de la frontera con nuestra nación, toda vez que en la frontera México-Estados
Unidos viven más de 10 millones de personas de acuerdo a cifras que maneja la Comisión
de Cooperación Ecológica Fronteriza.
Para nuestro país, este problema toma importancia porque en el curso de esta semana, el
día de hoy se conocerá la decisión final del gobierno de Texas sobre la operación del
confinamiento de desechos radiactivos en Sierra Blanca, a unos kilómetros de la frontera
con México.
A partir del anuncio de la construcción de este confinamiento, las comisiones unidas de
Ecología y Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores de la Cámara
de Diputados manifestaron su rechazo, como quedó asentado en el punto de acuerdo del día
11 de febrero del 1998. Asimismo lo hizo el Congreso del Estado de Nuevo León en marzo de
este año, haciendo lo propio el de Chihuahua y Coahuila, al igual que por lo menos 20
condados de los Estados Unidos y 12 cabildos de México.
Estos poderes consideran inequitativa una situación en que México compartiría riesgos
potenciales a futuro, sin gozar de ninguno de los posibles beneficios. Hay que recordar
que el único que se verá beneficiado económicamente por este proyecto, es el gobierno
de Texas y el condado de Hudspeth.
Al rechazo parcialmente oficial, también se han sumado grupos que pugnan por la
protección del ambiente, tanto de México como de los Estados Unidos y han argumentado
que Sierra Blanca es una área tectónica muy activa, sumado al hecho de que la mayor
parte de la población de ese lugar, el 66% es mexicoamericana, donde muchos hablan sólo
el español; éste es un hecho discriminatorio, porque el confinamiento afectaría a la
población más desvalida de ese lugar.
El proyecto contempla la construcción de celdas para depositar anualmente entre 45 mil y
50 mil pies cúbicos de material radiactivo denominados de baja intensidad y con duración
de 10 mil años, para ser transformados a otro tipo de material que equivale al
cubrimiento de 204 campos de futbol con cinco centímetros de espesor, procedentes
principalmente de estados tan alejados como Bermont y Maine.
Además de estos desechos radiactivos, también se pretende almacenar lodo sanitario
proveniente de la ciudad de Nueva York.
Técnicamente esta área ha sido considerada inviable para la construcción de un
confinamiento de desechos médicos e industriales, radiactivos y tóxicos, porque es una
zona de alta sismicidad y por la existencia de una falla profunda del subsuelo, que con el
paso del tiempo puede afectar los mantos acuíferos que conducen al río Bravo, así como
a los más de 10 millones de personas que viven a lo largo de la frontera.
Para el Partido del Trabajo la defensa del medio ambiente a lo largo y ancho de nuestro
territorio, así como en la frontera con los Estados Unidos, tiene mucha importancia como
parte de su política de medio ambiente y ecología, porque como sabemos el mundo
atraviesa por una emergencia ecológica caracterizada por el agudo deterioro del entorno
ambiental en la vida humana, como resultado del ritmo y las modalidades del crecimiento
económico y demográfico mundial, asociado a los patrones culturales del pasado.
Esta emergencia ambiental está compuesta por situaciones críticas que afectan a los
seres humanos a través del uso incontrolado de desechos industriales y domésticos
extremadamente peligrosos, así como la contaminación de los ríos.
En esas circunstancias, para el PT la defensa del medio ambiente en nuestro país requiere
de un cambio radical en la orientación de la educación, así como del desarrollo de
nuevas funciones regulatorias por parte del Estado en materia ambiental y de la defensa
enérgica de la sociedad en su conjunto de todas aquellas situaciones que atentan contra
la naturaleza.
Esa circunstancia de la defensa del medio ambiente de nuestra frontera con los Estados
Unidos, no debe ser un hecho exclusivo de los órganos de representación de poder de
nuestro país, sino de toda la sociedad y en particular de los habitantes de la frontera
con los Estados Unidos por el problema que hoy nos aqueja.
Para hacer frente de forma inmediata al problema que hoy nos preocupa, el Partido del
Trabajo propone:
Primero. Exigir el cumplimiento del Convenio de La Paz al gobierno de los Estados Unidos
de América y en particular al gobierno del estado de Texas, en el sentido de que se
reubique fuera de la franja fronteriza el proyecto de construcción del confinamiento de
desechos radiactivos, respetando los 100 kilómetros a ambos lados de las líneas
divisorias terrestres y marítimas de los dos países.
Segundo. Hacer un llamado a las autoridades responsables en materia ambiental de los
Estados Unidos y México, en el sentido de revisar la legislación vigente en la materia,
con el fin de tomar medidas más radicales en cuanto a la protección del medio ambiente
en la frontera de ambos países.
Tercero. Incorporar al Convenio de La Paz un anexo que establezca la prohibición
explícita de la instalación y operación de basureros tóxicos y de residuos peligrosos
y radiactivos en la franja de los 100 kilómetros a ambos lados de las líneas divisorias
terrestres y marítimas de ambos países, tal como lo sugirieron las comisiones unidas de
Ecología y Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores de la Cámara
de Diputados de la actual legislatura.
Cuarto. Exigir a la Semarnap que cumpla su papel de vigilante de los acuerdos que tiene
México en materia ambiental con los participantes del Tratado de Libre Comercio y en
particular con el caso de Sierra Blanca.
Quinto. México debe solicitar la intervención de la Corte Internacional de La Haya, con
el propósito de establecer un antecedente que sirva de base para negociar la reubicación
del basurero nuclear que se pretende construir en Sierra Blanca, Texas.
Sexto. Reivindicar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá en su
apartado referente a la Comisión para la Cooperación Ambiental, artículo 10.
Asimismo, el Partido del Trabajo manifiesta su solidaridad a los compañeros diputados
federales de las distintas fracciones parlamentarias y a los regidores de Ciudad Juárez,
Chihuahua, que están en huelga de hambre desde el día 18 del mes en curso, para
protestar contra el proyecto de la construcción del basurero nuclear de Sierra Blanca.
Gracias.
Para referirse al mismo tema, tiene
el uso de la palabra el diputado Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano, del Partido
Acción Nacional.
El diputado Francisco Xavier Salazar Díez
de Sollano: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
El punto de acuerdo presentado a este pleno y relativo a Sierra Blanca, nos mueve a hacer
dos reflexiones:
La primera, referente a la producción de todo tipo de residuos peligrosos, como desechos
radiactivos, corrosivos, tóxicos, biológico-infecciosos etcétera y su ubicación en
lugares apropiados desde el punto de vista ambiental, social y económico.
La segunda, relativa a la pertinencia de que esta Cámara y no sólo el Senado apruebe los
tratados internacionales que firma el Ejecutivo.
Desde hace tiempo al PAN le preocupa un problema de consecuencias cada vez más graves,
por el efecto negativo que tienen sobre nuestros ecosistemas y su repercusión en la salud
del hombre.
¿A dónde van a parar las más de ocho toneladas de residuos peligrosos industriales que,
de acuerdo con la autoridad ambiental se producen en nuestro país y no se confinan en
lugares adecuados? Cabe aclarar que este dato no es preciso, porque en la medida en que se
levantan censos más apropiados, se incrementa aquella cantidad.
Evidentemente, dichos contaminantes no son destinados a los dos, únicamente dos,
confinamientos autorizados en el país: Rimsa y Cytrar. Por desgracia, en el mejor de los
casos, estos residuos se depositan en rellenos sanitarios, aunque casi siempre van a
tiraderos clandestinos, arroyos, barrancas etcétera.
En el caso de residuos radiactivos, es preocupante que no haya un solo confinamiento
permanente en México. Temascalapa no representa un lugar definitivo y Laguna Verde sólo
confina sus desechos.
En este contexto, es evidente que se requiere construir la infraestructura adecuada para,
de acuerdo a una lógica ambiental que privilegie, antes que nada la reducción de los
residuos, recicle, trate y sólo después confine lo que no sea susceptible de eliminarse
por los procesos anteriores.
Con base en este motivo, durante el periodo legislativo anterior, nuestro partido propuso
un punto de acuerdo para promover la firma de un convenio nacional mediante el cual las
entidades federativas y la autoridad ambiental, busquen lugares apropiados para establecer
esta infraestructura.
Mientras más tardemos en llevar a cabo este proceso, continuaremos dañando el medio
ambiente; hasta que entendamos que la citada infraestructura y los confinamientos son
parte de la solución, mas no del problema, seguiremos propiciando el descontrol absoluto
de los residuos peligrosos. En este sentido, es importante garantizar la seguridad a
inversionistas que después de seleccionar un sitio adecuado, están dispuestos a
construir la citada estructura.
Empero, si el PAN promueve y está en favor de que haya confinamientos, ¿por qué
cuestionamos Sierra Blanca? Porque es evidente que una solución potencial puede
convertirse en un problema grave cuando ella no toma en cuenta los datos de la realidad.
¿Qué sucedió con Sierra Blanca? Sierra Blanca no fue seleccionado como la primera
opción para construir la instalación que confine los residuos radiactivos de varios
estados del vecino país del norte, menos los exclusivos del estado de Texas. En los
Estados Unidos cada estado debe hacerse cargo de sus propios residuos radiactivos y sólo
puede tratarlos fuera mediante un convenio con otro estado, con la respectiva aprobación
del Congreso norteamericano. Por ello, los estados de Maine y Vermont buscaron un convenio
con Texas para que tratara sus residuos radiactivos.
En 1985, Texas, a través de la Comisión de Disposición de Desperdicios de Bajo Nivel
Radiactivo, ubicó el mejor sitio para este tipo de infraestructura: el condado de
Mc,mullen, a 70 millas al sur de San Antonio. Sin embargo, a finales de ese año, la
legislatura de Texas hizo reformas a los estatutos de la comisión, de tal manera que se
daba preferencia a terrenos que fueran propiedad del estado, decisión que no es de
carácter técnico. Por lo anterior, la comisión ubicó otro lugar a 11 millas de Fort
Hancock, lugar, empero, que fue protestado y se consiguió un embargo apoyado,
posteriormente, por la entonces gobernadora Ann Richards. Sólo después se seleccionó el
lugar en donde actualmente pretende construirse el confinamiento.
De lo anterior se deduce que el proceso de selección fue desplazando el criterio técnico
por un equivocado criterio político. La pregunta fue: ¿dónde podemos tener la menor
resistencia para instalar el confinamiento?, en lugar de la obligada, ¿cuál es el lugar
idóneo? y una vez encontrado éste, ¿cómo podemos involucrar a la comunidad que viva
cerca para que acepte la necesidad de esta infraestructura?
Desafortunadamente, no se buscó una solución alterna al problema, como tampoco se
tomaron en cuenta los impactos económicos que tendrá la perniciosa imagen que se ha
generado hacia la frontera, como el basurero de Estados Unidos, así como una
incompatibilidad con el espíritu del convenio de La Paz. Es precisamente este tratado que
nos mueve a la segunda reflexión.
Lamentablemente el articulado del citado acuerdo carece de obligatoriedad en sus propios
términos; sólo llama a consultas, intercambio de información y cooperación. Esto es un
ejemplo de por qué conviene que los tratados que firma el Ejecutivo, sean aprobados por
la Cámara de Diputados y no sólo por el Senado, además de que los tratados tienen
carácter de ley y por tanto deberán involucrar a ambas cámaras.
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Insistimos, estamos conscientes de la
necesidad de construir la infraestructura para confinar residuos peligrosos; seguimos
exhortando para que se construya la misma, pero con criterios técnicos, ingenieriles,
científicos. Un confinamiento que cumpla estos requisitos, no representaría un problema
ni incompatibilidad con el acuerdo de la paz. Uno que no lo haga, sí.
Y nosotros no tenemos elementos como para creer que Sierra Blanca es el arquetipo del
confinamiento ecológicamente necesario.
Por todo lo anterior y en congruencia con los distintos pronunciamientos que ha avalado
nuestro grupo parlamentario en esta Cámara y en la de Senadores, votaremos a favor de
este punto de acuerdo.
Gracias.
Tiene la palabra la diputada Laura
Itzel Castillo Juárez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar sobre el mismo tema.
| La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: |
Con su permiso, señor Presidente:
El tema de Sierra Blanca es un tema que tiene que ver directamente con cuestiones
políticas y no exclusivamente técnicas. El problema del proyecto de confinamiento de
residuos nucleares de baja intensidad en Sierra Blanca, Texas, tiene que ver con una
política de los Estados Unidos de América, de racismo ambiental. Y así con ese enfoque
es como lo debemos de ver todos nosotros, como legisladores.
Nos han planteado que cuál es el problema con relación a esta situación en específico
de Sierra Blanca, ya que ahí lo que se va a confinar, son residuos de baja intensidad.
Uno de los problemas que hay, es que en esos confinamientos se trasladan residuos
radiactivos a muchos kilómetros de la frontera con México, se trasladan residuos
radiactivos ni más ni menos que de la frontera con Canadá y tienen que recorrer ocho
estados para llegar a la frontera con México. Si efectivamente no existiera ningún
problema en este sentido y exclusivamente fueran cuestiones de carácter técnico, no
entendemos por qué el confinamiento no se lleva a cabo donde se generan estos residuos
nucleares y se tiene que confinar en una zona que está poblada directamente por
hispanoparlantes.
Evidentemente que toda la argumentación que se ha dado en este sentido, todo un sesgo.
Queremos decir que la información a la que han tenido acceso las autoridades mexicanas,
esta comisión técnica que se constituyó desde hace mucho tiempo, a partir de la
comisión Intersecretarial que componen la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca, la Secretaría de Energía, así como la de Relaciones Exteriores, fue
una información parcial.
La información que se recibió, fue generada directamente por la empresa promotora del
proyecto. Nosotros nos preguntamos: ¿cómo es posible que con esta información se puedan
dar dictámenes favorables?, ya que evidentemente una propuesta que parte de una empresa
promotora, constructora, debe tener dentro de su argumentación, toda una serie de
elementos positivos y de carácter de mercado tecnia.
Por eso es que la comisión que se ha constituido recientemente de personalidades de alto
nivel, debe tener un acceso directo a la zona que se está analizando y estos estudios
están relacionados con las manifestaciones de impacto ambiental, lo que sería un estudio
directamente del subsuelo, lo que sería un estudio hidrológico, lo que tendría qué ver
con toda una serie de cuestiones que se han venido manejando.
Por ejemplo, según informes técnicos realizados por la empresa Radiactive Way Magament
Association, concluyeron que con la existencia de fallas geológicas, mantos acuíferos,
suelos permeables y alto grado de sismicidad en la zona de Sierra Blanca, hay condiciones
que podrían provocar la filtración de elementos radiactivos hasta el río Bravo y así
impactar no solamente la zona fronteriza, sino que la amenaza se extendería más al sur
de dicha zona, principalmente en zonas semiurbanas y regiones agrícolas nacionales.
Este estudio lo hizo específicamente una
empresa del lugar; sin embargo, hay algo que nosotros consideramos importante: el día de
hoy teníamos un encuentro con el secretario de Energía de Estados Unidos, con el señor
Bill Richardson y en este encuentro una de las preguntas que le hacíamos, es que si
efectivamente esta comision técnica que recientemente se constituyó, una comisión que
fue aquí aprobada y propuesta por la Secretaría de Medio Ambiente en su comparecencia,
que si esta comisión iba a tener directamente acceso al lugar. Sin embargo, las
respuestas que se dan por parte de las autoridades norteamericanas, van en el sentido de
que efectivamente sí se va a poder tener acceso, pero ya en específico a lo que sería
el proyecto de construcción y de confinamiento, mas no a los análisis previos que
debieran de servir para determinar si técnicamente ése lugar es apropiado o no lo es.
Por lo que desde aquí nosotros respaldamos lo que es la propuesta de punto de acuerdo,
llamamos a que votemos a favor de él, pero también a que demandemos que sea posible que
el equipo técnico que va a participar por parte de los mexicanos, pueda tener acceso al
sitio, para hacer los análisis previos. Eso me parece que es un punto fundamental.
En el caso de los Estados Unidos ya lo han planteado otros compañeros que me han
antecedido en el uso de la palabra y que tiene qué ver con las fallas que ha habido de
estos confinamientos, ni más ni menos que ha habido fallas en Nevada, en Kentucky, en
Nueva York, en Washington, en Illinois y en Carolina del Sur.
Aquí seis confinamientos han presentado toda una serie de problemas y que cumplen
supuestamente con las características y con las normas adecuadas.
En Sierra Blanca decimos se almacenarán por ejemplo materiales que son altamente
peligrosos, como es el caso del plutonio, que tiene una vida promedio de 24 mil años y
que evidentemente esto está comprobado, ocasiona problemas cancerígenos, sobre todo
cuando rebasa la dosis de más de una millonésima de gramo en el cuerpo humano.
Por eso es que consideramos fundamental que dentro de toda esta discusión que se ha
venido llevando a cabo, haya finalmente la preocupación manifiesta del presidente Ernesto
Zedillo. Saludamos que finalmente haya manifestado la preocupación que tenemos los
mexicanos con relación a la instalación de este confinamiento.
Creemos que en estos momentos, que son momentos cruciales y que además estamos a unas
horas de que la Comisión de Recursos Naturales del Estado de Texas, dictamine si procede
o no procede la construcción ahí, en estos momentos insisto, estemos unidos, tanto
legisladores de los diferentes partidos políticos, organizaciones no gubernamentales,
ambientalistas, diversas instancias del Ejecutivo, como es la Semarnap, la Secretaría de
Energía, Secretaría de Relaciones Exteriores y el propio Presidente de la República,
Ernesto Zedillo, tenemos que trabajar como un solo ser humano, porque queremos insistir en
que no cejaremos en esta lucha hasta lograr la reubicación del confinamiento de Sierra
Blanca en el estado de Texas.
Sabemos que dentro de algunas horas se va a determinar si se construye o no se construye.
Sin embargo, sabemos que también existen algunos argumentos de carácter político que
podrían quizá posponer el resolutivo y estos elementos de carácter político son ni
más ni menos que se encuentran en proceso de elección en los Estados Unidos para
gobernador y que el candidato del Partido Demócrata, Mauro, ha manifestado su rechazo a
la instalación del confinamiento en esa zona y en el caso concreto de Bush, ha sido uno
de los principales promotores del proyecto.
Queremos decir que nosotros consideramos que si en algunas cuantas horas se pospone este
proyecto, creemos que podrá ser el primer paso de un avance que deberemos de dar, porque
continuaremos nosotros manifestando nuestro rechazo, como ya aquí se ha dado, pero que
también es importante que consideremos que tenemos toda una serie de argumentos, toda una
serie de elementos de carácter jurídico a nivel internacional, que también estaremos
dispuestos a acudir a ellos, tal es la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de
Libre Comercio o incluso poder llegar al Tribunal de La Haya.
Por eso nos manifestamos a favor de la aprobación del punto de acuerdo que han presentado
nuestras compañeras y compañeros que se encuentran en estos momentos frente al
capitolio, protestando por la posible instalación del confinamiento de residuos nucleares
de baja intensidad en Sierra Blanca, Texas.
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema,
tiene el uso de la palabra el diputado Jesús José Villalobos Sáenz, del grupo
parlamentario del PRI.
Participará para hacer uso de la palabra el diputado Ignacio Arrieta, del grupo
parlamentario del PRI.
| El diputado Jesús Ignacio Arrieta Aragón: |
Con su permiso, señor Presidente;
señoras y señores diputados:
Honra a esta Cámara el que todos los grupos parlamentarios sin excepción y de forma
unánime, se pronuncien por el rechazo a una medida que violenta tajantemente convenciones
internacionales pactadas en acuerdos plenamente reconocidos y vigentes, tanto como a la
regla no escrita de la buena vecindad y el respeto entre las naciones.
Estamos ciertos que causas como la que hoy nos congrega, seguramente tendrán éxito si
anteponemos los intereses de grupo por el superior de la nación.
Ya en anterior ocasión esta soberanía, en forma colegiada, así como distintos diputados
de los diversos grupos parlamentarios en lo individual, hemos expresado nuestra oposición
a que la frontera mexicana se convierta en forzada vecindad de instalaciones que, aún a
pesar de las argumentaciones en contrario, pueden llegar a representar un peligro real a
la salud y seguridad de un importante sector de la población de ambos lados de la
frontera con los Estados Unidos; hablamos en terminos estimados, de más de 4 millones de
habitantes.
México, como nación, se ha distinguido a lo largo de su historia por privilegiar el
derecho sobre la fuerza, a la razón sobre los intereses de los poderosos. Tenemos larga
constancia de ello. Hemos atendido siempre a las instancias e instrumentos que las
convenciones internacionales estipulan, es por ello que en esta ocasión reiteramos
nuestra plena convicción, de que las pretensiones de llevar adelante un proyecto
inaceptable en términos de los acuerdos de La Paz de 1983, serán abandonados en cuanto
al confinamiento que se pretende instalar en Sierra Blanca, Texas, no se apega a lo
estipulado en dicha convención.
El establecimiento de depósitos de materiales peligrosos, como eufemísticamente se
describe a los sitios en que se confina a la basura de este género y que ahora se plantea
localizar en la inmediatez de la frontera con nuestro país, pasa a formar parte de la
agenda de las relaciones entre ambos gobiernos y se convierte por tal circunstancia en
insoslayable objeto de análisis y controversia.
El más elemental sentido común nos indica que por su naturaleza tal construcción
entraña riesgos reales y potenciales para la tranquilidad de la población de la zona.
No queda claro para nadie el hecho de que una nación con la extensión geográfica de los
Estados Unidos, con la vastedad de los recursos que le caracterizan y le sitúan como la
economía más fuerte del mundo, pueda decidir, sin alternativa alguna, que el lugar más
idóneo para confinar sus residuos tóxicos, sea precisamente la frontera con nuestro
país, en una zona que dicen, representa riesgos mínimos de contaminación. Pero que, sin
embargo, para nuestro país significa la vecindad del riesgo potencial con uno de nuestros
centros de población más grandes, al igual que los centros de población a lo largo del
río Bravo.
¿Acaso será que la razón de la fuerza significa automáticamente el desprecio por el
vecino? ¿Sería entonces justificable otorgar más valor a los intereses económicos
involucrados en el proyecto, que a la vida y la salud de poblaciones enteras.
Estamos seguros de que la reflexión y debida consideración a estas cuestiones, habrán
de orientar la necesaria decisión para evitar la comisión de un atropello a la
diplomacia y a las buenas relaciones entre países. Sabemos perfectamente que la calidad
de vida de poblaciones enteras se puede ver seriamente deteriorada por las eventualidades,
por lo mismo siempre imprevisibles de una mala selección de los sitios que se elijan para
depositar desechos tóxicos.
1328,1329,1330
En reiteradas ocasiones, sin minimizar
como algunos aseguran, este hecho, las autoridades competentes de nuestro país han
expuesto las razones técnicas y jurídicas para oponerse y oponernos a este proyecto.
Hoy, nuevamente nos solidarizamos con tal rechazo y demandamos del gobierno federal de los
Estados Unidos y del estado de Texas, reconsidere la desafortunada selección del sitio en
que se pretende confinar materiales peligrosos, sobre todo a la luz de las peticiones de
sus propias poblaciones fronterizas y de los justificados y jurídicamente bien
sustentados, reclamos de nuestro país.
La vecindad entre las naciones, sobre todo cuando existen diferenciales tan grandes como
los que se dan entre nuestro país y el vecino del norte, deben sustentarse más que en la
buena fe, en la existencia de normas de derecho internacional que impidan, qué decisiones
unilaterales e inconsultas, pueden llegar a afectar la sana convivencia y la seguridad de
las poblaciones vecinas.
A ello apelamos seguros de que la razón nos asiste y por ella habremos de pugnar en
cumplimiento del mandato de que somos depositarios. No podemos ni debemos desdeñar el
camino de las leyes. No somos partidarios de violentar soberanías ajenas. Pero sí
exigimos con toda energía, el respeto a las reglas que norman la coexistencia pacífica y
el entendimiento entre los pueblos y sus gobiernos.
Es por ello que nos solidarizamos con nuestros connacionales que luchan por la
cancelación del proyecto Sierra Blanca, con base en las acreditadas razones de orden
técnico y de orden jurídico que desaconsejan su continuación.
El día de hoy, los medios informativos nacionales e internacionales dan cuenta, como
también lo han dado en días anteriores y como lo hemos escuchado de víva voz de las
autoridades responsables de las gestiones y esfuerzos que el Gobierno mexicano ha venido
realizando por encontrar una solución adecuada y justa al conflicto que representa la
instalación del mencionado depósito de materiales radiactivos.
Ante la inminencia de la toma de decisiones al respecto, inminencia de la que estamos
hablando, que es justamente el día de hoy, deseamos hacer un nuevo llamado para que tales
gestiones y acercamientos se intensifiquen hasta llegar a la solución que demandan la
preservación del equilibrio ecológico y la seguridad civil en la región.
Llamamos también a la Comisión de Recursos Naturales de Texas, en este mismo momento
reunida y a las autoridades gubernamentales de ese estado vecino, a no desoír las
legítimas demandas de la población fronteriza de ambos países para poder contar con un
entorno seguro y ecológicamente sano.
Sierra Blanca aun situado en otro país, es para nuestro país un asunto de primera
importancia involucra una defensa apegada siempre a derecho y con fundamento en los
acuerdos y leyes que rigen al respecto, desde tratados y convenciones en la materia.
La soberanía nacional y la salvaguarda de su población, de los cuales la tradición
diplomática ha sido puntual permanentemente en innumerables foros y compromisos
internacionales.
Creemos que es por este camino por donde debe dirimirse cualquier apreciación y
diferencia que se tenga respecto al asunto de Sierra Blanca.
Siempre las instancias que abordan los espacios del diálogo y el respeto entre las partes
han desembocado en medidas que le dan solucion a los problemas, a los planteamientos. Por
tanto, es deber de esta legislatura solicitar un estricto apego a lo que estipulan los
amplios acuerdos referentes a contingencias ecológicas por riesgo de contaminación
ambiental, fincando nuestras legítimas reclamaciones siempre en una norma y en una
conducta responsable que prevenga consecuencias que a todos podrían perjudicarnos.
Es también deber inexcusable de México refrendar en los hechos el lema juarista, a la
vez que reclamar su cumplimiento: "Entre los Individuos Como Entre las Naciones, el
Respeto al Derecho Ajeno es la Paz".
Dentro de tal reflexión, nuestro grupo
parlamentario se ha pronunciado sistemáticamente porque el asunto Sierra Blanca sea
objeto de un justo arreglo que satisfaga a ambas partes y que, apegado a derecho, evitemos
que este confinamiento se construya dentro de los límites de 100 kilómetros a los que el
pacto establece no se debe establecer ningún tipo de obra que ponga en riesgo la
estabilidad ecológica de la frontera.
Para ellos, para las autoridades tanto norteamericanas como mexicanas, reafirmamos nuestra
confianza tanto en los gobiernos norteamericanos del estado de Texas, los buenos oficios
del nuestro y la organización de la sociedad de las entidades involucradas y las
organizaciones ecologistas para encontrar una salida que contribuya eficazmente a
salvaguardar la buena calidad de vida de la región.
Sin duda, resulta de extraordinaria importancia que nuevamente, en forma unánime, se
reitere la negativa al rechazo de la construcción de este confinamiento en el lugar
llamado Sierra Blanca. Resulta de suma importancia, puesto que unidos todos en este fin
aún estamos a tiempo de que este punto de acuerdo sea tomado en cuenta por quienes están
analizando, desde el punto de vista técnico, la situación pero que, seguramente deberán
de escuchar el aspecto jurídico y el señalamiento político que hoy les hacemos.
No dudamos que los instrumentos del derecho, la razón y la buena voluntad serán los
elementos determinantes para solventar este diferendo.
Gracias.
Consulte la Secretaría a la
Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
| El
secretario Saúl Solano Castro: |
Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de
acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el punto de
acuerdo, señor Presidente.
ESTADO DE
TAMAULIPAS
El siguiente punto del orden del
día es el debate pactado sobre elecciones en el Estado de Tamaulipas. Para fijar la
posición de su grupo parlamentario, se han inscrito los siguientes diputados: en el
primer turno, Abelardo Perales Meléndez, del PAN; Carlos Antonio Heredia Zubieta, del PRD
y Laura Alicia Garza Galindo, del PRI.
El segundo turno, Juan José Rodríguez Prats, por el PAN; Salvador E. Estrella Verduzco,
por el PRD y Amira Griselda Gómez Tueme por el PRI.
Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado Abelardo Perales Meléndez,
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
| El diputado Abelardo Perales Meléndez: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
El tema de la democracia sigue siendo un tema pendiente en la agenda nacional, sobre todo
en lo que se refiere a los procesos locales en donde prevalecen las actitudes autoritarias
y primitivas violatorias del derecho que siempre dejan una secuela de inconformidad y de
protesta.
En Tamaulipas se arrancó un proceso de elecciones de autoridades locales, en que desde el
principio quedó de manifiesto el descomunal uso de recursos y programas gubernamentales
al servicio de un partido político.
En el Estado de Tamaulipas se está viviendo con mayor intensidad que en épocas pasadas
la contienda electoral para elegir gobernador, diputados locales y ayuntamientos. El
actual gobernador quiere por todos los medios favorecer a Tomás Yarrington Ruvalcaba,
candidato del PRI a la gubernatura del Estado, sin importar los recursos para este fin.
La ley establece límites para las
campañas, para elegir gobernador hasta 23 millones de pesos. Hubo un derroche excesivo
para el candidato del partido oficial que han rebasado en mucho los límites legales. A
cualquier ciudadano que ustedes le pregunten sobre los gastos de campaña de Yarrington
Ruvalcaba, les contestará que con ellos se está dilapidando recursos del erario
público.
Incluso miembros distinguidos del Partido Revolucionario Institucional, como es el caso
del senador Marco Antonio Bernal Gutiérrez, quien en su calidad de precandidato del
citado instituto político a la gubernatura de Tamaulipas, días antes de la elección
interna que llevó a cabo el citado partido por voto universal, hizo declaraciones que
confirman lo anterior.
En efecto, en diversos periódicos aparecen las declaraciones del senador Bernal
Gutiérrez, en las que denuncia el mal uso de los recursos públicos para la campaña de
Yarrington Ruvalcaba. Dijo, entre otras cosas: "si gastaron dinero de ustedes en la
precampaña, qué no harán el día de la elección". También denunció las
maniobras de todo el aparato gubernamental del gobierno estatal a favor de Tomás
Yarrington y que éste, así lo dijo en sus últimos días como funcionario estatal, hizo
entrega de reconocimientos a los integrantes de los comités beneficiados con las obras
cavazistas, en una demostración de gran derroche de recursos económicos.
También denunció entre comillas, todos treparon en el caballo del presupuesto y que los
candidatos no respetaron acuerdos de la consulta. Agregó: "no se cumplió con los
compromisos de limpieza y transparencia porque se tienen informes de donde salió el
dinero, ciudad por ciudad, poblado por poblado, para comprar el voto y la conciencia de la
gente".
"Me acaban de informar, dijo Bernal Gutiérrez, que reparten vales de cemento, están
dando despensas y que les están condicionando el Procampo, bajo la amenaza de que si no
votan por determinado candidato no se los van a dar el Procampo."
Todo lo anterior sucedió con motivo de la precampaña para la selección interna del PRI,
es decir, cuando ya se tuvieron los resultados en donde se le dio el triunfo a Tomás
Yarrington Ruvalcaba y posteriormente a ello simpatizantes del propio Marco Antonio Bernal
volvieron a arremeter contra los resultados del reciente proceso electoral interno del
PRI, en los que se cometieron diversas irregularidades que desvirtuaron la voluntad de
más de 107 mil priístas que emitieron su voto a favor de un cambio.
El comité de campaña del senador Bernal Gutiérrez sostuvo que en Tamaulipas cada
sufragio a favor de Tomás Yarrington le costó más de 1 mil 100 pesos, una cifra 20
veces superior a la erogada por aquél y que cada uno de dos votos reconocidos
oficialmente es falso, resultado de la manipulación de actas y casillas. Esto fue en la
selección interna de ese partido.
Si multiplicamos ese costo que el propio senador admite, pues tendríamos una cantidad de
180 millones de pesos que se gastaron nada más para la precampaña en el Estado.
En Tamaulipas, al igual que en otros estados, el gobernador fue el gran triunfador.
¿Quién le gana a un gobernador que tiene atrás de él a los funcionarios estatales, los
alcaldes, la dirigencia estatal del PRI y hasta el comité organizador de la contienda,
además de recursos económicos ilimitados, según balance final del comité de campaña
de Bernal Gutiérrez, publicado el domingo pasado en Enfoque, por el periódico Reforma?
Los precandidatos derrotados de Hidalgo, Guerrero y Tamaulipas, concluyeron que el PRI hoy
está controlado por los gobernadores. Marco Antonio Bernal sentencio; "mientras no
se detenga la intervención de los mandatarios y su acceso a los órganos electorales, no
mejorara la calidad de las contiendas".
Recientemente se publicó las declaraciones de la corriente crítica del PRI, el 27 de
septiembre de 1998, que denuncia que en las altas esferas del gobierno se permite que
algunos militantes utilicen su infraestructura para nutrir sus intereses personales,
distorsionan los procesos democráticos para ello utilizan los medios y herramientas, por
ejemplo, compra de votos, los regalos en especie, aprovechándose de las necesidades
económicas de muchos de los militantes.
Y así hay varias declaraciones, como también la del senador Hugo Andrés Araujo, que
aseguró que "después de la forma como se dio el pasado proceso de selección
interna del PRI, los compañeros, dice, tienen mucha desconfianza y también la
ciudadanía en general, de la madurez de las autoridades estatales".
1331,1332,1333
Por otra parte, se han dado múltiples
violaciones en el proceso electoral y que dada la brevedad del tiempo voy a referirme nada
más a dos casos que son muestra de lo que sucede actualmente, el caso de Tula,
Tamaulipas, en donde el candidato del Partido Acción Nacional, Florentino Guerrero
Hernández, a quien se le acusó del delito de despojo de inmueble, un delito que se le
inventó y que no hay ninguna prueba que acredite su participación en el mismo; se trata
de la posesión de unos terrenos de su señor padre y que es un conflicto meramente de
carácter civil y no penal, sin embargo se le consignó, se le giró orden de
aprehensión, se le dictó auto de formal prisión y todavía esta pendiente de dictarse
sentencia para de ese modo inhabilitarlo y miren ustedes, el defensor de oficio, el
defensor de oficio del juzgado penal de Tula, Tamaulipas, él directamente le ofreció 10
mil pesos a este candidato del PAN a la alcaldía municipal de Tula, para que renunciara a
la candidatura; si no lo hacía iban a llevar a cabo toda la maquinaria en su contra para
dictarle sentencia condenatoria por ese delito que le inventaron.
Y también referirme al caso de Altamira. Recientemente, el 14 de octubre, fue descubierto
un trailer que transportaba despensas, el que se encontraba estacionado frente a una
bodega de un supuesto particular, ostentando el emblema de la Sedesol-Diconsa, Tamaulipas.
Simpatizantes del PAN, PRD y PT permanecieron observando el camión y la maniobra de
descarga, de donde bajaron despensas para introducirlas en un local propiedad de Roberto
Polanco Aguilar, coordinador especial del Copladet, que es el Comité de Planeación y
Desarrollo del Estado. La primera explicación que dio el chofer, pues dijo que debía ser
entregada del Copladet a Altamira y que al presentarse en la dependencia se le ordenó
acudir a una bodega.
Quiero decir que se han dado múltiples explicaciones sobre este caso, de que no son
recursos públicos, de que se trata de una compraventa entre Diconsa y un comerciante
autorizado por esa paraestatal y que por tanto no hay ningún delito. Por el tiempo que me
queda, hay una serie de contradicciones en este caso y desde ahora nosotros proponemos que
se integre una comisión para que en base al artículo 93 tercer párrafo de la
Constitución, en base a los artículos 42 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso y en base
a la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia, se investigue el probable uso
de recursos públicos federales en esta campaña política del candidato del PRI a la
gubernatura del Estado.
Gracias.
Para hablar sobre el mismo tema,
tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Antonio Heredia Zubieta, del grupo
parlamentario del PRD y hasta por 10 minutos.
| El diputado Carlos Antonio Heredia Zubieta: |
Muchas gracias, diputado
Presidente:
En función de la restricción del tiempo voy a turnar a esta Secretaría el texto
completo de mi intervención, pidiendo que éste se haga constar aquí en el registro.
Honorable Asamblea, en Tamaulipas no habrá elecciones de acuerdo con lo estipulado por el
Codigo Electoral del Estado, por la Constitución de la entidad ni por la propia de los
Estados Unidos Mexicanos. En Tamaulipas se llevará a cabo simplemente una etapa más de
un proceso por el cual el gobierno del Estado compró la elección para los candidatos del
partido oficial. No fue por cierto el PRD el primero que denuncio este operativo
fraudulento, fueron los propios precandidatos del PRI que buscaban la candidatura de su
partido para contender por la gubernatura.
Este dedazo disfrazado de elección se llevó a cabo el 24 de mayo, coronando un proceso
en el que el precandidato seleccionado por el gobernador gastó aproximadamente 1 mil 100
pesos por voto y se atribuyó 180 mil votos, lo que representó un gasto que excede, como
ya lo ha señalado en esta tribuna el diputado Perales Meléndez, los 180 millones de
pesos desembolsados sólo durante la campaña interna, hay que recordar que el límite es
de 23 millones de pesos.
Desde ese momento quedó claro que quien
fuese el candidato a gobernador del Estado por el PRI estaría en una posición propicia
para alcanzar e incluso rebasar el récord marcado por Roberto Madrazo Pintado, durante su
tristemente celebre campaña para gobernador de Tabasco en 1994, una cifra que excedió
los 72 millones de dólares. El PRI denominó a este proceso consulta a la base,
insinuando que ahora sí la base militante de ese partido decidiría a quien postular para
los cargos de elección popular en juego el 25 de octubre. A raíz de esta desigual
batalla los propios precandidatos del PRI lo bautizaron como la consulta a la bolsa, con
esta expresión coloquial queda claro que no gana quien representa los intereses de la
base militante ni quien convence a los ciudadanos y a los electores potenciales, sino
aquel precandidato que goza de los favores del gobernador en turno y por lo tanto tiene
acceso ilimitado a los fondos públicos manejado por el gobierno del Estado.
Hoy dejaremos en claro que los comicios en Tamaulipas están marcados por al menos ocho
vicios:
1o. Una autoridad electoral que sigue estando controlada en su operación cotidiana y en
su secretaría técnica por el gobernador del Estado.
2o. Un código electoral que no penaliza los delitos electorales considerándolos como
meras infracciones administrativas.
3o. Un Poder Ejecutivo que lejos de garantizar elecciones imparciales, gravita de manera
grosera a favor de los candidatos del PRI.
4o. Un Poder Legislativo cuya mayoría mecánica esta subordinada al gobernador.
5o. Límites de campaña que son meramente indicativos sin que en realidad se verifiquen
ni mucho menos se castigue a quienes los infringen.
6o. Medios de comunicación que están al servicio de los intereses mercantiles de sus
propietarios o son víctimas de las presiones políticas y presupuestales del gobierno del
Estado.
7o. Inexistencia en la división de poderes, dado que el gobernador del Estado concentra
en su persona la titularidad del Poder Ejecutivo, la dirección de la línea a seguir por
la legislatura estatal y el control sobre el Tribunal Superior de Justicia.
8o. Inexistencia del estado de derecho.
Hasta esta tribuna llegarán legisladoras y legisladores del PRI para, previsiblemente,
defender lo indefendible. Saben que los tamaulipecos y la opinión pública nacional
conocemos perfectamente que la imposición de Tomás Yarrington, la pretendida imposición
de Tomás Yarrington, constituye una flagrante transgresión a la más elemental
normatividad electoral y una burla a la inteligencia.
El gobierno del Estado de Tamaulipas para vergüenza de nuestra entidad y oprobio de la
nación entera, está convertido en un botín sexenal que se entrega a la mafia en turno
para su usufructo.
Ha quedado aquí descrito el caso de Altamira que el diputado Salvador Estrella Verduzco
describirá con mayor detalle, hago simplemente entrega a esta Secretaría de las fotos
que han circulado ampliamente en la entidad e incluso en la televisión nacional, que
muestran la propaganda de Tomás Yarrington en el trailer de la Sedesol-Diconsa, captadas
en flagrancia por los militantes del PAN, del PRD y del PT.
Ahora las autoridades en Tamaulipas nos quieren hacer creer que no vimos lo que si
ocurrió o que lo que efectivamente ocurrió es responsabilidad de quién sabe quién,
porque ellos tratan de lavarse las manos aún a pesar de esta total flagrancia.
Quedan pues por contestarse muchas preguntas en el proceso de Tamaulipas. Plantearemos
algunas:
¿De dónde obtuvo el actual candidato del PRI la fortuna que se gastó en su campaña? El
ha dado una respuesta públicamente, cuando Tomás Yarrington aseveró: la campaña la
paga el pueblo de Tamaulipas. Le diremos a Yarrington que en eso sí estamos de acuerdo
con él, porque la estamos pagando los tamaulipecos con cargo al presupuesto público, a
nuestros impuestos sobre todo en el último año del sexenio de Cavazos, que es bien
conocido como el año de Hidalgo.
Segunda pregunta: ¿además de servirse
con la cuchara grande del presupuesto del Estado, en que otras fuentes tiene su origen el
financiamiento al partido oficial? La oblicuidad de operadores políticos priístas
cargados con centenares de miles de pesos o incluso millones de pesos en efectivo, se
presta por lo menos a la sospecha y digo aquí, a la sospecha de que comparten métodos
con el modus operandi del narcotráfico y del lavado de dinero. Tendremos acaso que
pedirle, tendremos acaso que pedirle a la procuradora suiza Carla Del Ponte que investigue
las operaciones de los salinistas y de sus herederos políticos en Tamaulipas?
En el sistema político tamaulipeco sigue operando el principio rector de la política
priísta, para conservar el poder se vale todo con tal de mantener el control discrecional
sobre el presupuesto público. En lo político su maestro es Carlos Salinas de Gortari,
cuyo sueño restaurador es impulsado por el actual titular del Ejecutivo estatal; en lo
financiero su mentor es Raúl Salinas de Gortari, cuyas operaciones tienen amplias
ramificaciones en la entidad entre conspicuos miembros del priísmo que han tomado al
huésped de Almoloya como ejemplo a seguir en materia de tráfico de influencias y la
multiplicación de cuentas bancarias vinculadas a actividades ilegales.
En lo electoral, su asesor de cabecera es Roberto Madrazo Pintado, quien está exportando
su tecnología electoral a todo el golfo de México y al sureste del país. Napoleón
decía que para ganar la guerra se necesitan tres cosas: dinero, dinero y más dinero. En
Tamaulipas como en Tabasco, la receta madracista se esta aplicando al pie de la letra con
recursos ilegales del erario.
Finalmente, compañeros legisladores, el grupo parlamentario del PRD, exige al Procurador
General de la República y al Secretario de la Contraloría de la Federación, que
investigue la utilización de recursos federales en las campanas electorales del PRI,
dando seguimiento a la denuncia presentada por el PRD el 14 de octubre en Tamaulipas y
asimismo nos sumamos a la propuesta que ha presentado en esta tribuna el diputado Abelardo
Perales Meléndez, en el sentido de integrar una comisión especial de diputados para
investigar el posible desvío de recursos públicos en la campaña electoral en
Tamaulipas.
Compañeros, cerremos el paso a la restauración salinista en Tamaulipas. Detengamos la
degradación política. Construyamos el estado de derecho en Tamaulipas.
Muchas gracias.
Esta Presidencia saluda a 40
alumnos del Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala, invitados por el diputado Carlos
Medina Plascencia.
Para hablar sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra, y hasta por 10 minutos, la
diputada Laura Alicia Garza Galindo, del grupo parlamentario del PRI.
| La diputada Laura Alicia Garza Galindo: |
Con su permiso, señor Presidente;
honorable Asamblea:
Una vez más, como hace seis años, pero ahora previo a la elección, me toca en suerte
debatir sobre la elección constitucional del ya inmediato próximo domingo, dentro de 72
horas, en Tamaulipas, elección en la que por decisión mayoritaria el PRI resultará
triunfador en muy buena parte de las posiciones...
Esta Presidencia hace un llamado a
todas las ciudadanas y ciudadanos diputados para que, con todo respeto, orden y silencio,
se conduzcan en esta sesión.
Continúe, por favor, la oradora.
| La diputada
Laura Alicia Garza Galindo: |
Gracias.
Faltaría a mi verdad si no dijera que resulta ocioso este debate, primero porque son
asuntos electorales partidistas que competen a las entidades federativas libres y
soberanas, que cuentan con su propia legislación y órganos electorales ciudadanizados y
plenamente constituidos. ¿Qué competencia tenemos entonces los diputados federales en
este asunto? Ninguna.
Segundo. Al no existir competencia en estos temas, y estando además inmersos en una
inédita parálisis legislativa, exigiendo tantos asuntos nacionales pendientes que sí
nos atañen, se torna más absurdo aún conocer de cuestiones ajenas a esta Cámara, pero
no cabe duda que a algunos ni les duele ni les cuesta evadir las obligaciones inherentes a
su representación.
1334,1335,1336
Tercero. Porque deberíamos evitar
abordar aquellas cuestiones que tienen sus cauces de solución en otra instancia y que
aquí sólo sirven para dividirnos más, generando encono, desviándonos de nuestro
objetivo, que es la búsqueda de consensos para resolver la agenda nacional pendiente.
Y cuarto y último. Porque me parece mezquino y burdo tener como único propósito el
venir a ensuciar una campaña electoral que ha logrado suscitar el interés de los
tamaulipecos, para pretender obtener más puntos electorales a 72 horas de la elección y
cerradas las campañas políticas. Puntos que quizá en su momento pudieron haber logrado,
pero trabajando, apoyando a sus candidatos desde el inicio de este proceso y no ahora,
desde hace 15 días, cuando se percataron del inmenso olvido en que los han tenido, sobre
todo a uno de ellos, porque el otro lo atienden en Nuevo León.
Conocido es en Tamaulipas, a ustedes les entró el apuro por ahí a principios de octubre,
cuando a partir de las encuestas quedó en evidencia que el PRD ha puesto en riesgo su
lustroso segundo lugar alcanzado en las elecciones federales de 1997, fecha en la que el
PAN se fue al piso en las preferencias electorales.
Se inicia entonces una disputa por el segundo lugar en la actual contienda, por la medalla
de plata, ninguno quiere la de cobre, a costa de lo que sea y suponen que debe ser a
costillas del PRI: uno con 18 y el otro con 16 puntos. Pues discútanlo y debátanlo entre
ustedes... pero se equivocaron de estrategia...
Permítame la oradora.
Esta Presidencia hace nuevamente un llamado a las diputadas y a los diputados para que
eviten hacer manifestaciones de cualquier tipo durante la intervención del orador en
turno.
Continúe la oradora.
| La diputada
Laura Alicia Garza Galindo: |
Gracias, señor Presidente:
No sabemos si ustedes, pero la sociedad tamaulipeca sí conoce de las instancias que allá
existen para presentar las denuncias sobre los hechos sobres los que se dicen ofendidos.
Se cuenta con un tribunal estatal electoral y con una fiscalía en dónde denunciar y
presentar sus quejas, claro, con las pruebas correspondientes, de las que siempre carecen,
olvidándose del principio elemental en derecho de que el que acusa prueba. Denuncien y
presenten sus pruebas. Así que si ése es el propósito, hoy y aquí se equivocaron de
foro.
Pero cómo nos cuestionan, incluso la forma de seleccionar a nuestros candidatos. Esa es
su mayor argumentación.
No, señores, a quienes se les dio gusto fue a los tamaulipecos y saben bien que el
resultado de una consulta directa a las bases, aunque la quieren desacreditar porque la
consideran muy peligrosa, sobre todo para el 2000, no es un problema de dinero o de compra
de votos, como hoy gritan en su pretendida campaña de desprestigio, olvidándose que se
están refiriendo y eso es lo que se les olvida, que se están refiriendo a mexicanos
mayores de edad, en pleno uso de sus facultades ciudadanas, que les deben merecer respeto.
No, señores. Es un problema de arraigo, de representatividad, de generación de un
proyecto a futuro que satisfaga al electorado.
Ustedes, lo lamentamos, no fueron capaces de generarlo.
Yo quisiera decirles que nosotros consideramos que Tomás Yarrington cumple con los
requisitos que nos satisfacen a los priístas; es un político, aunque a muchos les duela,
es un político incluyente, conciliador, aunque no les guste... ¡30 puntos de
diferencia!..
Pero ustedes, ¿cómo ganar con un candidato que viene a la capital y envía una carta al
Presidente de la República gritando, ¡auxilio! y firmando como candidato por el Partido
Acción Nacional? No sabe ni qué camiseta trae puesta, pero la sangre es la sangre.
Acuérdense de noviembre de 1992, cuando los panistas quemaron en Tamaulipas cinco
comités electorales municipales también en esta misma elección; acuérdense cómo los
criticó la sociedad, acusándolos de incivilizados y de salvajismo y hoy su candidato nos
vuelve a amenazar con problemas poselectorales. ¿De veras, con las diferencias que hay,
con 30 puntos..?
Por favor, pero no nos culpen a nosotros de haberse vuelto a tropezar casi casi con la
misma piedra.
No ganarán porque allá sí conocemos a Gustavo Cárdenas. Sobre de él pesan varias
demandas por haber endeudado a la capital que mal gobernó de 1992 a 1995; y no con 4
millones de pesos, con bastante más, al grado de que aún ahora, a tres años de
concluida su incompetente administración, aún lo persiguen sus acreedores y aquí el
diputado Perales lo sabe muy bien, fue secretario del ayuntamiento y ahora afirma que el
gobernador Cavazos, leía yo ayer, le ofreció 10 millones de pesos para que no
contendiera...
Permítame la oradora.
Acérquenle un micrófono al diputado. ¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado
Abelardo Perales Meléndez
(desde su curul): |
Si me acepta hacerle una
interpelación.
| La diputada
Laura Alicia Garza Galindo: |
¡Sí! Claro que sí.
¿Acepta la señora diputada? y le
recuerdo que es la Presidencia quien es el conducto para ello, la interpelación que
propone el diputado.
Perdón, señor, diputado. Le ruego una disculpa. Sí acepto la interpelación.
Adelante, señor diputado.
El diputado
Abelardo Perales Meléndez
(desde su curul): |
Laura Alicia: sabe muy bien cómo
trabajó el ayuntamiento en el periodo 1993-1995; con un estrangulamiento económico de
parte de Cavazos Lerma, que siempre nos estuvo escamoteando las participaciones a los
municipios. Además por qué si usted afirma que cometió una serie de fallas en su
administración, ¿por qué la Procuraduría General de Justicia no lo ha consignado? Ahí
están unas averiguaciones desde hace tres años, cuando le congelaron las cuentas
públicas... Bueno, pues déjenme hablar, señores.
| La diputada
Laura Alicia Garza Galindo: |
¡Ah! ¿Verdad que da gusto que lo
dejen hablar a uno?
Permítame, diputado Perales.
Señores diputados: nuevamente esta Presidencia hace un llamado al orden. Quedan todavía
muchos puntos en nuestra agenda; será muy difícil resolverlos si no hay una disposición
en el ánimo de todos y cada uno de ustedes, para conducirnos con respeto, con orden.
Muchas gracias.
Continúe, diputado.
El diputado
Abelardo Perales Meléndez
(desde su curul): |
Muchas gracias, señor Presidente.
¿Por qué entonces la Procuraduría no
ha ejercitado acción penal? Porque están ahí las averiguaciones. ¿Por qué no lo han
consignado? ¿Por qué razón?
Si ustedes consideran que desfalcó, que hizo mal uso del dinero, entonces consígnenlo.
¿Por qué no lo han hecho? Han pasado tres años y ahí están congeladas las
averiguaciones. ¿Qué es lo que pretende Cavazos?
| La diputada
Laura Alicia Garza Galindo: |
Con su permiso, señor Presidente:
Mire, diputado, efectivamente las cuentas públicas nunca pasaron y usted sabe
perfectamente, por haber sido secretario del ayuntamiento y usted sabe que yo soy
victorense, que he pasado tres elecciones, nunca he perdido ninguna casilla en la capital,
que también la conozco perfectamente, nuestra capital.
Efectivamente, hubo problemas muy delicados en la administración del señor Gustavo
Cárdenas. El contrató adeudos con bancos, quesque para pagar la nómina del ayuntamiento
y ahí están las cuentas públicas que nunca pudieron pasar. Las cuentas públicas
efectivamente están en la Procuraduría del Estado. Pero se imagina que los priístas o
que el gobernador, como usted dice, hubieran sacado a colación cuando ustedes decidieron
en una convención por delegados nombrar a Gustavo Cárdenas, su candidato a la
gubernatura, que nosotros íbamos a sacar eso y decir: "¡no!, ¡no! señores, no
debe ser". ¡No!, si eso lo sabe la sociedad tamaulipeca, por eso no va ganar. ¡No!,
por eso no va a ganar.
Ahí están y están todas las denuncias. Por eso no va a ganar.
Nosotros sabemos que la sociedad tamaulipeca...
El diputado
Sergio César Alejandro
Jáuregui Robles (desde su curul): |
Señor Presidente...
| La diputada
Laura Alicia Garza Galindo: |
¡No!, todavía no termino, señor
Presidente.
El diputado
Sergio César Alejandro
Jáuregui Robles (desde su curul): |
Quiero preguntarle, señor
Presidente...
| La diputada
Laura Alicia Garza Galindo: |
Señor Presidente, ¡todavía no
termino de contestar!
Un momento, por favor, un momento.
¿Ha terminado la respuesta que da la oradora?
| La diputada
Laura Alicia Garza Galindo: |
¡No!, no he terminado.
Le rogamos al diputado Jáuregui
que una vez que termine de dar contestación a la interpelación, se le concederá el uso
de la voz.
| La diputada
Laura Alicia Garza Galindo: |
Se imaginan que hubiese el
gobernador sacado esos expedientes, como nos hubiera juzgado a los priístas... ¡No!, la
sociedad está enterada, es un problema ampliamente difundido en todo Tamaulipas, para
nosotros no es problema. Adelante, ustedes lo eligieron sabiendo a quién estaban,
eligiendo.
Señor Presidente, ya he concluido con mi respuesta al señor que interpeló.
Proporciónesele un micrófono al
diputado Jáuregui. ¿Con que objeto, señor diputado?
El diputado
Sergio César Alejandro
Jáuregui Robles (desde su curul): |
Con el propósito de solicitarle
tenga a bien consultar a la oradora si me acepta una pregunta.
¿Acepta usted, señora oradora?
1337,1338,1339
| La diputada
Laura Alicia Garza Galindo: |
No, señor Presidente. Que me dejen
concluir, porque aquí voy a concluir precisamente con las interrogantes que tienen los
señores. Después si quiere venir, adelante.
Continúe la oradora y activen el
reloj.
| La diputada
Laura Alicia Garza Galindo: |
Gracias. Ahora afirma el compañero
Cárdenas que el gobernador Cavazos le ofreció 10 millones de pesos para que no
contendiera, si eso hubiera sucedido en la realidad y no en su mente confundida, jurenlo
que se hubieran quedado sin candidato. Además se sabe que se encuentra involucrado en un
litigio en Sonora, por la disposición indebida de 3.5 millones de dólares, acusado por
su socio y conste que de esto no los había enterado su candidato a los tamaulipecos, nos
enteramos por los medios de comunicación nacionales, ante los cuales Cárdenas acepto,
andar enredado en problemas con la ley.
Bueno, pero no sólo en Sonora, como aquí lo hemos visto, también en Tamaulipas.
Los tamaulipecos que hemos sufrido a Cárdenas, sabemos que así se las gasta, que no le
rinde cuentas a nadie ni tampoco pide autorización de nada, pero allá sus seguidores.
Cárdenas, es cierto, es un candidato inelegible, pero eso que lo juzgue el voto popular
de los tamaulipecos, los resultados se conocerán el próximo domingo en la noche. Ahí
nos vemos.
Tiene el uso de la palabra el
diputado Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del PAN, hasta por 10
minutos y para hablar sobre el mismo tema.
| El diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Señor Presidente yo inicio...
Un momento, un momento orador;
diputadas, diputados:
Nuevamente se hace un llamado al orden, debemos escuchar con toda atención y con una
conducta adecuada al orador en turno. Muchas gracias, continúe el orador. Sírvanse
ajustar en 10 minutos el reloj, para que inicie el orador.
| El diputado
Juan José Rodríguez Prats: |
Empiezo por felicitar a la diputada
Laura Garza Galindo, que bueno que estemos rescatando el debate, que bueno que la Asamblea
agarre de nuevo este sabor que ésta es la vida parlamentaria, pero que pobre defensa de
Manuel Cavazos Lerma. Ahora, "si la confesión de parte relevo de pruebas", no
hay estado de derecho en Tamaulipas, porque el señor protesto por cumplir y hacer cumplir
y resulta que con todos los elementos, aquí la oradora ha dicho que no quiso aplicar la
ley, porque eso le corresponde a los panistas. No, eso le corresponde a las autoridades y
así actúa Cavazos, quiere ahí sostener su amenaza, como en alguna vez los mismos
tamaulipecos lo calificaron: uno de los grandes sátrapas de este país.
Pero yo creo que estamos viendo algo, señores diputados, verdaderamente insólito. Aquí
por muchos meses, años, diría yo, se ha denunciado el uso de recursos gubernamentales en
las campañas del partido oficial y ahora resulta que estas denuncias las hacen los
priístas. Hoy resulta que en Guerrero, seis precandidatos acusaron al señor gobernador
de apoyar a un candidato, al ex presidente municipal de Acapulco con recursos
gubernamentales.
José Guadarrama en Hidalgo, Jose
Guadarrama acusa al PRI de hacer fraude en Hidalgo y resulta que en Quintana Roo,
desafortunadamente ya no está aquí Joaquín, que hace afirmaciones muy puntuales de
cómo se están derrochando recursos gubernamentales.
Y Marco Antonio Bernal en Baja California Sur, como un candidato del PRI se fue y ésta
hoy postulado por el PRD. Entonces es evidente que estamos ante un hecho que, repito, lo
había denunciado la oposición y ahora el PRI es el que los denuncia. Esto es algo nuevo
en el escenario político nacional.
No, diputada Laura Garza Galindo, no le tenemos ningún temor a una elección interna del
PRI, y es interna, pero no olvida el PRI que ya no es el todo. Entonces convoca a toda la
ciudadanía y agarra el padrón electoral, ésa es una elección constitucional, ésa no
es una consulta a sus militantes, hasta Manuel Bartlett lo dice, claro que no. Claro que
no y utiliza los recursos gubernamentales, inmensos presupuestos y son dos campañas: una
interna y después viene la campaña constitucional y resulta que en la primera ni
siquiera se miden cuales son la autorización de los recursos por parte de los órganos
electorales.
Esta no es una elección auténtica interna, que se esté consultando a los militantes,
equivale a una elección constitucional, con todos los recursos y con todo el aparato
gubernamental para realizarlas. Habla usted de respeto al pueblo tamaulipeco. Yo le
preguntaría, diputada: ¿por qué entre mayor nivel de bienestar tiene la gente, mayor de
preparación, mayor nivel de información, menos votan por el PRI? ¿A qué se deberá?,
ésta es una cuestión extraña, ésta es una cuestión extraña, vea usted las
estadísticas, vea usted en dónde tiene las mayores clientelas el PRI es en las zonas
marginadas.
Yo creo que ustedes deben hacerle un gran homenaje a Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo ha
sido un magnífico priísta.
Por favor instruya la Oficialía
que proporcione un micrófono a la diputada América ¿Con qué objeto, señora diputada?
La diputada
América Soto López
(desde su curul): |
Para pedirle, señor Presidente, si
fuera tan gentil en preguntarle al señor diputado si me permite una pregunta.
¿Acepta el orador y le ruego que
sea por conducto a la Presidencia, que le hagan una pregunta? ¿El orador acepta?
| El diputado
Juan José Rodríguez Prats: |
Sí, desde luego.
Muchas gracias. Adelante, señora
diputada.
La diputada
América Soto López
(desde su curul): |
Gracias diputado.
Yo quisiera recordar aquí que la entidad con mayor escolaridad en su población y con
mejor nivel de vida, es precisamente esta ciudad en la que estamos que es el Distrito
Federal y el Distrito Federal y la población con mayor escolaridad la opción por la que
menos optó, fue por el PAN. ¿Por qué sería?
| El diputado
Juan José Rodríguez Prats: |
Fíjese que no diputada; ganamos un
distrito, tenemos un representante local y ganamos dos distritos; el PRI no ganó nada; el
PRI no ganó nada.
Continúe el orador y actívese el
reloj.
| El diputado
Juan José Rodríguez Prats: |
Todavía no termino de contestar la
pregunta de la diputada América Soto. Precisamente ahí tenemos a José Espina von
Roehrich, que le puede dar testimonio de cómo ganamos y tuvimos dos representantes
también en la Asamblea. El PRI se sumió sin ningún triunfo electoral. Me está usted
dando la razón y le agradezco mucho su interpelación. Retorno a mi tiempo.
Miren ustedes, hay estudios en donde en este sexenio el ingreso per capita de los
mexicanos solamente va a mejorar en .6% en los seis años del presidente Ernesto Zedillo.
Eso significa...
La diputada
María del Refugio Calderón
González (desde la curul): |
Señor Presidente, pido la palabra.
Proporciónesele un micrófono a la
diputada y suspéndase el tiempo. ¿Con qué objeto, señora diputada?
La diputada
María del Refugio Calderón
González (desde la curul): |
Nada más para rogarle señor
Presidente que le pida al orador que se apegue a su tema, porque aquí está ometiendo
Corpus con Semana Santa. Están hablando de Tamaulipas; hablen de Tamaulipas, porque éste
es un debate en relación al proceso electoral de Tamaulipas y nada más y usted ni
tamaulipeco es, seguramente por eso se le olvidó ya el tema.
Permítame la oradora recordarle
que quien hace uso de la voz, fue en respuesta de una pregunta que le fue formulada.
Continúe, señor orador.
| El diputado
Juan José Rodríguez Prats: |
Señor Presidente, quiero
responderle la interpelación a la compañera diputada.
No hubo interpelación. Moción de
orden.
| El diputado
Juan José Rodríguez Prats: |
Señor Presidente, le recuerdo que
la interpelación no es sólo una pregunta. Hubo una interpelación y quiero responder a
esa interpelación. Pido permiso a la Presidencia.
Permítame el orador y hago un
nuevo llamado al orden.
No hubo ninguna interpelación, puesto que la oradora se dirigió a esta Presidencia, de
manera que yo le ruego que continúe una vez que se active el reloj.
Muchas gracias.
| El diputado
Juan José Rodríguez Prats: |
Aprovecho mi tiempo nada más para
hacer una mención; en ninguna parte del Reglamento habla de que nos sujetemos al tema
cuando estamos en la lista de oradores. Esto se refiere a los viejos concursos de
oratoria; allá se grita, allá hay porras y se dice "tema" para que el orador
se sujete al tema. Aquí yo tengo libertad de hablar, de los 10 minutos que tengo, sobre
el tema que lo aborde, como yo lo prefiera.
Ernesto Zedillo Ponce de León, que ofreció bienestar para su familia, solamente va a
mejorar en seis años, en el mejor de los casos, con el .6% el ingreso per capita de los
mexicanos. Si consideramos el incremento poblacional y la concentración del ingreso,
quiere decir que Ernesto Zedillo, va a enriquecer la clientela priísta porque va a haber
más pobres y ahí ustedes pueden penetrar, con ese programa que bien lo ha dicho aquí
Carlos Heredia, se llama el método Bartlett-Madrazo, con sus cinco ingredientes, cinco
ingredientes: primer ingrediente, afán de poder sin ningún principio ético. Hay una
frase de Roberto Madrazo, que sintetiza la actitud de Manuel Cavazos.
El diputado
Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Tema. Sujétese al tema.
| El diputado
Juan José Rodríguez Prats: |
Con mucho gusto, con mucho gusto.
En base a qué artículo diputado Oceguera.
Proporciónesele un micrófono al
diputado Oceguera.
1340,1341,1342
El diputado
Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Para hacerle una moción muy
comedida y respetuosa a la Presidencia de esta Asamblea.
Señor diputado Preciado, en su condición de Presidente le pido atentamente ruegue al
orador, ordene al orador, sujetarse al tema que en los términos del artículo 21 del
acuerdo parlamentario, se inscribió como un debate pactado. Consecuentemente el debate
que se ha pactado se denomina elecciones en Tamaulipas. En este orden señor Presidente,
le pido a usted se sirva llamar al orden al orador.
| El diputado
Juan José Rodríguez Prats: |
Pido que se dé lectura al
artículo.
Permítame el orador.
Para mayor ilustración, ruego a la Secretaría dé lectura al artículo 21 del acuerdo
parlamentario del 6 de noviembre.
| El
secretario Luis David Gálvez Gasca: |
"Artículo vigésimo primero.
Cuando el orador se aparte del tema para el cual solicitó la palabra o se exceda del
tiempo establecido, será llamado al orden por el Presidente y si al segundo llamado no
rectifica su actitud, se le retirará el uso de la palabra."
| El diputado
Juan José Rodríguez Prats: |
Debate pactado no es debate
amortajado.
Continúe el orador.
| El diputado
Juan José Rodríguez Prats: |
Manuel Cavazos utiliza el método
de Roberto Madrazo que consiste en: primero, el uso del poder sin ninguna consideración
ética. Utiliza una frase también de Roberto Madrazo que debe ser considerada en la
antología de este tipo de pensamiento autoritario: "lo que en política se puede
comprar con dinero, resulta barato". Fíjense ustedes qué extraordinaria lección de
un México en transición.
Las más modernas técnicas al servicio de las más primitivas causas. Ya llegó la
mercadotecnia electoral, ya llegó la publicidad. Desafortunadamente al servicio de darle
continuidad a causas que ya deberían de pertenecer al pasado; enfocarnos a las zonas más
marginadas, sin limitación de recursos e imbricado como programas gubernamentales y eso
se está confirmando, ahí está y todavía se van a intentar modificaciones a la ley para
hacer legal esta gran, descomunal, erogación de recursos.
Yo les digo señores priístas: no pueden hacer del PRI una inmensa nómina, llénenlo de
ideas, actualicen sus programas. Pero que no solamente ahí se mueva el que vaya por el
dinero. No tienen derecho a hacerlo, tuvo un pasado histórico como un mecanismo de
transición, no lo conviertan en una nómina, no lo hagan una inmensa alianza de
complicidades; no lo hagan una inmensa alianza de cometer ilícitos.
La tolerancia nunca es la resignación del impotente, sino la restricción voluntaria del
poderoso.
Aquí mi compañero Abelardo Perales habló de una comisión, que investigue, yo sugiero
que a la Comisión de la Conasupo, que ya está integrada, se le dé esta línea de
investigación. Son programas federales, no es un asunto que solamente compete a los
tamaulipecos, diputada Garza Galindo, es un asunto de recursos federales, en camiones de
Diconsa, que es una filial de la Conasupo. Por eso creo que aquí la Comisión de la
Conasupo, no necesitamos crear otra comisión, simplemente que de aquí salga esa
recomendación para que investigue en esa línea y se aclaren las cosas. La verdad no
puede dañar a la democracia.
Ustedes son representantes de la nación, no son defensores de delincuentes de cuello
blanco ni son protectores de caciques, ustedes están obligados aquí a tomar decisiones
en beneficio del país, igual que yo, desde luego que sí. Por eso precisamente vengo a
denunciar; por eso precisamente me interesa que haya elecciones claras.
Si no hay nada qué ocultar, si no hay recursos ilegales, vamonos con la comisión,
vámonos a que la verdad se estudie; si señor.
Pasen un micrófono al diputado,
que así lo está solicitando para que nos diga con qué objeto, señor diputado.
El diputado
Wintilo Vega Murillo
(desde su curul): |
Si es usted tan amable y gentil de
preguntarle al orador si me acepta una pregunta.
¿Acepta usted una pregunta?
| El diputado
Juan José Rodríguez Prats: |
Sí.
El diputado
Wintilo Vega Murillo
(desde su curul): |
Yo le preguntaría al diputado
Rodríguez Prats, si estaría usted dispuesto a que esta misma Cámara hiciera la
recomendación para que se investigaran los gastos del gobernador de Guanajuato, Vicente
Fox Quezada. ¿Con que financia su precampaña?
| El diputado
Juan José Rodríguez Prats: |
Desde luego que sí. Mire usted, el
artículo 4o. de los estatutos, señala que uno de los principios del PAN era preeminencia
del interés nacional. Aquí ya se han hecho imputaciones contra Carlos Medina, contra
Fernando Canales, contra Vicente Fox, contra Alberto Cárdenas, recuerden ustedes cuando
aquí se propuso una comisión al Estado de Jalisco. ¿Cuál fue la actitud del PAN? Que
se investigue, no hay nada que ocultar, diputado, que se formen las comisiones cuantas
veces quieran, recuerden ustedes que los diputados de Jalisco, después de la elección,
ya ni siquiera insistieron en su demanda. Vea usted cómo actuó el PAN en Chihuahua.
¿Usted cree que si hubiera habido esta utilización de recursos gubernamentales, esta
imbricación del partido que está en el poder con el poder mismo, hubieran ustedes
obtenido un triunfo en Chihuahua? Francisco Barrios respetó y se creó un órgano
electoral y caminó.
Y vea usted Baja California, cómo hoy en día, gracias a esa promoción de Héctor
Terán, extraordinario panista, hizo una reforma en donde el PRI tiene el mismo número de
diputados que el PAN porque de eso se trata, de impulsar el cambio, pero para eso se
requiere convicción íntima de que México requiere democracia y ahí está el problema,
que ustedes no quieren aceptar. Está circulando un libro, Francisco Loyo creo que hizo un
gran esfuerzo en que ese libro se editara, sobre las comisiones de investigación...
Permítame el orador. Ajusten el
reloj, por favor, en la oficialía. Continúe el orador.
| El diputado
Juan José Rodríguez Prats: |
Ahí habla de que un Poder
Legislativo, si va a modificar la realidad, necesita conocerla. Todos los poderes
legislativos del mundo tienen amplísimas facultades para indagar, para investigar y yo,
por eso, sostengo y apoyo la propuesta de mi compañero Abelardo Perales, la propuesta de
Carlos Heredia Zubieta, de que esta misma Comisión de la Conasupo se traslade. No hay
ninguna violación a la soberanía de Tamaulipas ni esta rompiendo contra el federalismo
ni nada por el estilo.
Corresponde simple y llanamente a que haya un Poder Legislativo, cuya función es que se
conozca la verdad por el pueblo de México, porque sin lugar a dudas esto va a impulsar la
democracia.
Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el
diputado Salvador E. Estrella Verduzco, del grupo parlamentario del PRD y hasta por 10
minutos, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Salvador Ezequiel Estrella
Verduzco: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Han pasado más de cuatro años de que la promesa de "Bienestar para la Familia"
no ha llegado, pero tampoco se han hecho realidad las promesas de elecciones con equidad y
democracia, pues las últimas elecciones realizadas en nuestro país han dejado mucho que
desear no tan sólo en equidad y democracia, sino también en transparencia de resultados.
El bienestar de la familia y las elecciones en nuestro país siempre han estado
relacionados, porque es regla general que las campañas proselitistas del Partido
Revolucionario Institucional se basen en regalar despensas a cambio de votos.
El pasado 11 de octubre se puso al descubierto la forma en que hace sus campañas el
partido oficial, ya que el señor Abel Rodríguez, candidato de nuestro partido a la
presidencia municipal de Nuevo Padilla, Tamaulipas, detectó en una bodega del DIF
municipal 5 mil 600 despensas, que además de contener un kilo de Maseca, un kilo de
arroz, un kilo de frijol y un litro de aceite, también incluía invitación a votar por
el PRI y el mensaje proselitista del candidato a gobernador Tomás Yarrington.
Se levantó el acta respectiva ante el Ministerio Público y a los pocos días el
ayuntamiento declaró que esas despensas eran parte de los desayunos escolares y que se
iban a entregar después del día de las elecciones, lo que es peor; porque conlleva a
utilizar una necesidad del pueblo, una necesidad de nuestros hijos, a cambio del voto y
esto es criminal.
Del segundo hallazgo de despensas ya dio cuenta el diputado Carlos Heredia, pero quiero
puntualizar que hay pruebas, que tengo en mi poder la evidencia de un videocasete y
fotografías, donde se puede apreciar claramente que el trailer color blanco, marca
Kenworth, donde se transportaban otras 6 mil despensas, es propiedad de la Secretaría de
Desarrollo Social, mejor conocida como Sedesol, al servicio de Distribuidora de la
Conasupo de Tamaulipas, liconsa, con registro federal de causantes DCT-86215C54 y placas
IWH-6110 del Estado de Tamaulipas, con domicilio en Carretera Nacional kilómetro 701 de
Ciudad Victoria, Tamaulipas y conducido por el señor Rodrigo Cuéllar Delgado, quien se
identificó como empleado de la paraestatal.
El descubrimiento de este nuevo desvío de recursos públicos lo hizo nuestro candidato a
la presidencia municipal de Altamira, Tamaulipas, el señor José Guadalupe Ocaña. Pero
debo aclarar que aparte de la nuestra hay denuncias penales por este delito electoral
contra quien resulte responsable por parte de los candidatos a la presidencia municipal
del Partido del Trabajo, del Partido Acción Nacional y del Partido Cardenista.
Pero ésta no es la primera vez que en Altamira se cometen delitos electorales, ya que en
las pasadas elecciones federales del 6 de julio de 1997, nuestro partido denunció
instalaciones, el uso de instalaciones y recursos públicos del ayuntamiento a favor de la
campaña del candidato del PRI a diputado federal por el VII distrito. En esas fechas se
interpuso una denuncia en contra del secretario del ayuntamiento de Altamira, el señor
Salvador Rivera y del director de deportes, señor Jorge Lorza, los cuales actualmente
están sujetos a proceso y libres bajo fianza por estos delitos. Sin embargo, siguen
cobrando en la nómina municipal.
Con respecto al trailer detectado con 6 mil despensas, el gobierno necesitaba desaparecer
el cuerpo del delito y el pasado viernes, 16 de octubre, a las 4:00 horas de la madrugada,
en un operativo implementado por más de 20 elementos, sin identificación y en cinco
vehículos sin placas ni logotipos, utilizando grúas para quitar los vehículos que
impedían la movilización del trailer y agrediendo a la ciudadanía a macanazos y
cachazos, el trailer fue liberado de la ciudadanía y trasladado hasta Ciudad Victoria,
Tamaulipas, a las oficinas de la Distribuidora de la Conasupo, donde actualmente sigue
prestando sus servicios en el Programa de Combate a la Pobreza, mejor conocido como
Progresa.
Señor presidente Ernesto Zedillo: está visto que en Tamaulipas la ley electoral es letra
muerta y nuestro partido exige, junto con los demás partidos de oposición, que se
investigue a fondo y se castigue a los responsables de lucrar precisamente con esos fondos
públicos, aprovechándose de la necesidad de la gente durante los procesos electorales.
1343,1344,1345
Pero también en Tamaulipas se tiene
necesidad de mejores vías de comunicación, pues mientras la producción de un agricultor
se queda estancada en su parcela, debido a las malas condiciones de los caminos rurales y
carreteras, el famoso proyecto del canal intracostero ya lleva 200 millones de pesos
gastados sólo en estudios, sin que se haya excavado ni un metro de tierra para su
construcción.
Señor secretario de Desarrollo Social, licenciado Esteban Moctezuma: le sugerimos que
para mayor transparencia en los programas gubernamentales de asistencia social de la
Secretaría que usted preside, se integren consejos consultivos no solo a nivel estatal y
municipal, respetando la soberanía y autonomía de los estados y municipios, para que se
vigile en su aplicación en estos programas y que estos mismos programas no se interrumpan
en época de elecciones, para que lleguen a toda la población necesitada sin distingo de
filiación política o credo.
Compañeras y compañeros diputados: no se vale aprovechar de manera mezquina y miserable
la pobreza de la mayoría de los tamaulipecos para traficar y obtener votos en forma
ilegítima. Nuestro país necesita gobernantes y funcionarios que trabajen no sólo para
un partido político en especial, sino para todos los mexicanos, además de que éstos
deben de ser elegidos auténtica y legítimamente en un proceso limpio y transparente por
los ciudadanos.
Muchas gracias.
Se concede el uso de la palabra a
la diputada Amira Gricelda Gómez Tueme, del grupo parlamentario del PRI y hasta por 10
minutos, para hablar sobre el mismo tema.
| La diputada Amira Gricelda Gómez Tueme: |
Diputado Presidente; compañeros
diputados:
Me parece muy desafortunada la intervención de algunos compañeros que me antecedieron en
el uso de la palabra y son desafortunadas porque en Tamaulipas la disputa por el segundo
lugar en las preferencias del electorado entre el PRD y el PAN, es el contexto real en el
cual afloran las difamaciones, el engaño y la simulación.
Aquí se ha mencionado una verdad a medias en relación a los hechos suscitados en
Altamira, Tamaulipas y cuando decimos una verdad a medias estamos diciendo una mentira
completa. Lo cierto es que el día 14 de octubre del año en curso, a las 11:45 horas se
encontraba un trailer de Diconsa en una bodega ubicada en la calle Carranza e Hidalgo, en
el municipio de Altamira y de dicho trailer efectivamente estaban bajando despensas cuando
fue interceptado por militantes del PAN, del PRD y del PT. Ante el bloqueo, el chofer del
trailer de Diconsa, el señor Rodrigo Cuéllar Delgado, solicita la fe de hechos del
notario público número 157, licenciado Guillermo Peña Sam, para que dé testimonio de
que el trailer únicamente transportaba despensas y no propaganda política del PRI, como
lo quieren hacer creer ustedes aquí, despensas que, efectivamente, algunas de ellas
serían donadas al candidato de Altamira, ingeniero Sergio Carrillo, por el señor Enrique
Carrera Arenas, quien tiene una concesión de Diconsa y el dirige un grupo social.
Los hechos que he descrito son lamentables, sí, pero no por las razones que argumentan
los partidos de oposición, sino porque esencialmente aparece en el escenario electoral
tamaulipeco esa moda panista llamada "Aviazul", que consiste en tres etapas; la
primera desprestigiar a nuestros candidatos cuando menos un mes antes de la elección de
la que forman parte los libelos anónimos que infructuosamente tratan de dañar, así como
acusaciones reiteradas de apoyos gubernamentales y gastos excesivos de campaña,
intentando crear un clima de sospecha que enturbie el proceso.
La segunda, se daría el propio día de la elección sobre la base del clima previamente
creado para intentar descalificar todo el proceso magnificando o creando incidentes que
incluso...
Permítame la diputada oradora.
Proporciónesele un micrófono al diputado. ¿Cón que objeto señor diputado?
El diputado
José Luis Gutiérrez Cureño
(desde su curul): |
Para pedirle a usted, señor
Presidente, pregunte a la oradora si acepta una interpelación.
¿Acepta usted una interpelación?
| La diputada
Amira Gricelda Gómez Tueme: |
No, no la acepto, diputado.
Continúe, por favor.
| La diputada
Amira Gricelda Gómez Tueme: |
Me estaba refiriendo a las fases de
esa moda panista llamada "Aviazul" y me refería a la segunda fase, la cual se
daría el propio día de la elección sobre la base del clima previamente creado para
intentar descalificar todo el proceso, magnificando o creando incidentes que incluso
puedan llegar a la destrucción de urnas en las que el PRI obtenga mayoría con el
propósito de cambiar los resultados electorales.
Y la tercera fase sería poselectoral, en la que se movilizarían grupos de protesta en
acciones radicales y de provocación, como la toma de edificios públicos, el
estrangulamiento de carreteras o el bloqueo de puentes fronterizos internacionales con el
fin de obtener concesiones.
Aquí tengo el "Aviazul" compañeros, ésta sí es mercadotecnia electoral
diputado Prats, si es que se encuentra por ahí y el PRD hace su contribución en esta
perversa estrategia tratando de desviar la atención de sus propios militantes y
simpatizantes por la pugna interna que se ha suscitado en Ciudad Madero en la designación
del presidente municipal sustituto y definitivamente este asunto ha pesado mucho en el
ánimo del perredismo local.
Esta es miopía política, eso no es lo que quieren las mayorías tamaulipecas, recuerden
que la realidad es más caprichosa que los hombres y que en política nada es producto de
la casualidad, por eso en Tamaulipas va a ganar el PRI y lo que es más importante, tengo
la firme convicción de que debemos ganar, ganaremos porque la experiencia cuenta en
política, porque ofrecemos lo que podemos cumplir, porque en oposición a quienes tratan
las naturales inconformidades presentando programas incongruentes y contradictorios,
nosotros tenemos programas realistas y constructivos, porque a pesar de las provocaciones,
porque a pesar de las provocaciones de nuestros adversarios nos mantenemos serenos,
prudentes y pacientes.
Tamaulipas siempre ha estado con las causas del progreso, del avance ordenado, de la
libertad y de la independencia; Tamaulipas ratificará su antiguo pacto con las mejores
causas de México y el próximo 25 de octubre con suma alegría y confianza, reiterará su
decisión de progresar en la paz, en el derecho y en la libertad.
Muchas gracias.
Como lo han solicitado los
diputados Abelardo Perales Meléndez, Carlos Antonio Heredia Zubieta y Juan José
Rodríguez Prats y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior, túrnese a
la Comisión de la Conasupo para los efectos conducentes.
El siguiente punto del orden del día es el debate pactado sobre la cartera vencida. Para
fijar la posición de su grupo parlamentario, se han inscrito los siguientes diputados:
primer turno, diputado Maximiano Barbosa Llamas... diputado independiente.
Diputado Joaquín Montaño Yamuni... un momento, por favor...
Esta Presidencia instruye a la Secretaría a fin de que todos los presentes en esta
sesión, conozcan las disposiciones conducentes de nuestro reglamento y para tal efecto,
pido que se dé lectura al artículo 207 del Reglamento de este Congreso. Sírvase la
Secretaría proceder a dar lectura.
| El
secretario Nicolás Jiménez Carrillo: |
Artículo 207. Los concurrentes a
las galerías, se presentarán sin armas, guardarán respeto, silencio y compostura y no
tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostración.
Muchas gracias, señor Secretario.
Hacemos un llamado cordial, respetuoso a nuestros ilustres visitantes para que el
delicadísimo tema sobre el que se va a tratar ahora, lo escuchemos con gran atención,
con gran respeto.
CARTERA VENCIDA
Decíamos entonces, que se han
apuntado en un primer turno, los señores diputados Maximiano Barbosa Llamas que es
diputado independiente; el diputado Joaquín Montaño Yamuni, diputado del grupo
parlamentario del PAN, así como el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del grupo
parlamentario del PRD.
Tiene la palabra el diputado Maximiano Barbosa Llamas, hasta por 10 minutos, para hablar
sobre este tema.
| El diputado Maximiano Barbosa Llamas: |
Con su permiso, señor Presidente:
¡Buenas tardes, compañeras y compañeros curules!, porque ya veo muy poquitos diputados,
pero vamos a darle seguimiento.
El problema de la cartera vencida tiene sus inicios cuando los bancos se privatizaron en
los años de 1991 a 1992 y los compraron los defraudadores de la bolsa de 1987, que
también fueron los mismos sacadólares en 1982. ¡Qué honorable gente tenemos como
banqueros!
Sepan ustedes que los bancos se vendieron en 13 mil millones de dólares y la aberración
más grande es que con los famosos programas, "de apoyo a deudores", la cuenta
ya asciende a 65 mil millones de dólares, o sea cinco veces más de su valor.
Compañeras y compañeros diputados: recuerden que ya se han implementado nueve programas
de apoyo a deudores, como lo fueron primeramente el Ficaben, el EPL, el Sireca-I, el
Sireca-II, Udis, el ADE, el Finape, el Fopine y el último programa que se implementó
para apoyar a más de 600 empresas con condiciones especiales y privilegiadas al cual le
llamaron indebidamente "el barzón de los ricos", este programa fue el Ugade,
que tuvo un costo aproximadamente de 160 mil millones de pesos.
Compañeras y compañeros diputados: no cometamos el error de aprobar un nuevo programa
que no resuelva el problema de fondo, como el que propone en los medios de difusión
Felipe Calderón y Carlos Medina Plascencia.
Yo quiero hacer mención a este programa que están proponiendo, valga la redundancia,
porque aparenta ser algo tentativo para los deudores, quitas del 50%; hagan de cuenta que
un producto vale un peso, le suben a seis y lo ponen a 50% de oferta. Este es el programa
que está proponiendo el PAN o mejor dicho Carlos Medina Plascencia y Felipe Calderón,
que lo anunciaron a nombre de los panistas.
Por lo anteriormente expuesto, los barzonistas de México proponemos lo siguiente:
Primero. Que se deslinde cuál es el
adeudo real que habremos de reconocer los deudores, porque existen tres tipos de adeudos:
Primero, el adeudo que recibimos físicamente los deudores y que firmamos en el contrato
principal.
Segundo. El adeudo que tenemos firmado con toda las reestructuras, contratos de crédito
para pago de pasivos y que no hemos recibido y simplemente aparece firmado, que es una
cantidad aproximadamente entre un 400 a un 600% de diferencia y el último, lo que el
banco dice que debemos hasta el día de hoy. Esos son los tres tipos de adeudos, por lo
tanto debemos partir como base general del contrato inicial, donde sí hubo entrega
física de dinero.
Cualquier programa de cartera vencida, lo proponga quien lo proponga, que no parta de la
base legal de que los deudores somos responsables de lo que recibimos y no lo que el banco
dice, no podríamos aprobarlo.
Nosotros no podemos reconocer las reestructuraciones o los créditos para pago de pasivos,
porque la Ley sobre las Instituciones y Organizaciones Nacionales de Crédito, en su
artículo 8o. fracción b, prohiben el crédito para pago de pasivos, porque ésos tienen
como finalidad legalizar el cobro de interés sobre interés o capitalizarlos, que es otra
práctica prohibida por el artículo 363 del Código de Comercio y el 2397 del Código
Civil Federal.
1346,1347,1348
|