Presidencia del
diputado
José Eulogio Bonilla Robles |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta
Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de los diputados para conocer si
existe el quorum reglamentario.
La secretaria
Cecilia Eulalia López
Rodríguez: |
Se informa a la Presidencia que existen
registrados previamente 266 diputados... corrijo, señor, 267 diputados.
Por lo tanto, hay quorum, señor Presidente.
| El
Presidente (a las 10:56 horas) : |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La secretaria
Cecilia Eulalia López
Rodríguez: |
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo
Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Martes 27 de octubre de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de
Puebla, Tabasco y Zacatecas. (Publicadas en la Gaceta Parlamentaria el 26 de octubre.)
Iniciativas de diputados
Que reforma el párrafo sexto y se adicionan los
párrafos séptimo y octavo del artículo 4o., de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Publicada en la Gaceta
Parlamentaria el 26 de octubre. Turno a comisión.)
De reformas a los artículos 51, 52, 53, 54, 55 y 60
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado
Héctor F. Castañeda Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Con proyecto de decreto para que se realice una sesión
solemne de Congreso General, para recibir al señor presidente de la República Francesa,
Jacques Chirac, la cual tendrá lugar en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de
San Lázaro, el 12 de noviembre de 1998, a las 12:00 horas, suscrita por los integrantes
de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. (Publicada en la Gaceta
Parlamentaria el 26 de octubre, dispensa de todos los trámites. Discusión y votación.)
Iniciativa de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, I Legislatura
Proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 85, 201, 203, 205 y 208 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia
de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, así como los
artículos 8o. y 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social
de Sentenciados. (Publicada en la Gaceta Parlamentaria el 26 de octubre. Turno a
comisión.)
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano biólogo Sergio
Iván Trujillo Bolio, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las
Letras, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
(Publicado en la Gaceta Parlamentaria el 23 de octubre. Discusión y votación.)
Tres, de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos Ana
Pricila Sosa Ferreira, Carlos Hurtado López y Antonio Ocaranza Fernández, para aceptar y
usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República de Chile.
(Publicados en la Gaceta Parlamentaria el 23 de octubre. Discusión y votación.)
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Eloy Vallina
Laguera, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia, en la ciudad de
Chihuahua, con circunscripción consular en el Estado de Chihuahua. (Publicado en la
Gaceta Parlamentaria el 23 de octubre. Discusión y votación.)
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María
Guadalupe Hernández González, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de
Colombia, en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de
Jalisco. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria el 23 de octubre. Discusión y votación.)
Comunicaciones de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política. (Publicadas en la Gaceta Parlamentaria el 26 de octubre.)
Proposición de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política, en relación a la Comisión Especial de la Conasupo. (Publicada
en la Gaceta Parlamentaria el 26 de octubre. Votación económica.)
Excitativas
A la Comisión de Relaciones Exteriores, a cargo del
diputado Javier Algara Cossío, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Publicada en la Gaceta Parlamentaria el 26 de octubre. Turno a comisión.)
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, a cargo del diputado Ramón Félix Santini Pech, del grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Proposición con programa de rescate agropecuario, a
cargo del diputado Sergio Valdez Arias, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Publicada en la Gaceta Parlamentaria el 26 de octubre. Turno a
comisión.)
Propuesta integral para atender la cartera vencida
del sector agropecuario, a cargo del diputado Ricardo Castillo Peralta, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Deliberativo a comisión.)
Comentarios sobre el desempeño de funciones
vinculados con el Fobaproa, a cargo de la diputada María Dolores Padierna, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Debate pactado.)»
Saludamos a 25 alumnos de la Universidad
Lasalle, invitados por el diputado Felipe Urbiola Ledezma. En la misma forma, a 50 alumnos
de la preparatoria del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus
sur, Ciudad de México, invitados por el diputado Fernando Gómez Esparza. ¡Bienvenidos!
ACTA DE LA
SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del día es
la discusión del acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintidós de octubre de mil novecientos
noventa y ocho, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año
de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
Presidencia del
diputado
Felipe de Jesús Preciado Coronado |
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del jueves veintidós de octubre
de mil novecientos noventa y ocho, con una asistencia de doscientos cincuenta y nueve
diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la
Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en sus términos.
El Presidente informa sobre el fallecimiento del
ciudadano Silverio Ricardo Alvarado, ex legislador de la República y se guarda un
respetuoso minuto de silencio en su memoria.
Se da lectura a diversas comunicaciones de los congresos de
los estados de Coahuila, con consideraciones respecto a los programas agropecuarios, que
se turnan a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de
Agricultura, para su conocimiento; de Chihuahua y Jalisco, con las que informan de
actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Hace uso de la palabra la diputada Aurora Bazán
López, del Partido Verde Ecologista de México, quien presenta iniciativa de reformas a
la ley reglamentaria del artículo veintisiete de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia nuclear y a la Ley de Responsabilidad Civil por Daños
Nucleares. Se turna a las comisiones de Energéticos y de Protección Civil.
Se concede el uso de la palabra al diputado Américo
Ramírez Rodríguez, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas a
los artículos ciento ocho, ciento diez y ciento once, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el
que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Nemecio Díez
Riega y Leonor Sarmiento Pubillones, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les
confiere el gobierno del Reino de España. Se turna a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales.
La Secretaría da cuenta con una comunicación de la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que se refiere a la integración
de las comisiones legislativas. De enterado.
Se someten a discusión seis dictámenes de la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto con los que
se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Doroteo Agustín Arteaga Domínguez, pueda aceptar y
usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Francesa. No habiendo
quien haga uso de la palabra, se recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta
aprobatoria por doscientos ochenta y un votos en pro. Se turna al Poder Ejecutivo Federal
para los efectos constitucionales.
Diversos diputados hacen comentarios respecto a la
votación desde sus curules y el Presidente, así como la Secretaría, aclaran lo
procedente.
La Asamblea autoriza que la votación de los
proyectos de decreto que autorizan a ciudadanos mexicanos a prestar sus servicios a
gobiernos extranjeros, se realice en un solo acto.
Cinthia Patricia Estudillo López, Oscar Moctezuma
Arroyo y Paola Rosales Corzo, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados
Unidos de América en México y su Consulado General en Tijuana, Baja California,
respectivamente.
María Luisa Ruiz Peñalosa, pueda prestar sus
servicios en la Embajada de Jamaica en México.
Catherine Denice Dubalen de Manjarrez, pueda prestar
sus servicios en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular en México.
Victorina Castillo Rodríguez, pueda prestar sus
servicios en la Embajada de Paraguay en México.
María del Consuelo Carrizosa Esperanza, Claudia
Erika Zavala Galindo, María Angelina Martínez Chaveste, Adoración González Pérez,
Héctor Aníbal Martínez Caballero, Angel Gutiérrez Huerta, Alicia Elizabeth Guerrero
Ventura y Esther Solaque Muete, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Venezuela
en México.
Se aprueban por trescientos cincuenta votos en pro.
Pasan al Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República, como corresponda.
Hace uso de la palabra la diputada Socorro May
López, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita excitativa a la Comisión
de Justicia, en relación con una iniciativa de reformas a la Ley General de la
Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Menor. El Presidente ordena lo conducente.
Para expresar sus comentarios sobre el Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza, hacen uso de la palabra los diputados:
Juan José Cruz Martínez, del Partido del Trabajo; Rubén Alfonso Fernández Aceves, del
Partido Acción Nacional, quien solicita que se guarde un minuto de silencio y así se
hace; Luis Meneses Murillo, del Partido de la Revolución Democrática y Bertha Hernández
Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional.
1377,1378,1379
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría
da lectura a un punto de acuerdo relativo al confinamiento de desechos tóxicos en Sierra
Blanca, Texas y hacen uso de la palabra, para referirse al tema, los diputados: Verónica
Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México; María de las Mercedes Maciel
Ortiz, del Partido del Trabajo; Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano, del Partido
Acción Nacional; Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido de la Revolución Democrática
y Jesús Ignacio Arrieta Aragón, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea aprueba en votación económica, el punto
de acuerdo leído por la Secretaría al inicio del debate.
Debaten sobre las elecciones en el Estado de
Tamaulipas, en un primer turno, los diputados: Abelardo Perales Meléndez, del Partido
Acción Nacional, quien propone la creación de una comisión investigadora de los hechos
mencionados; Carlos Antonio Heredia Zubieta, del Partido de la Revolución Democrática y
Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una
interpelación del diputado Abelardo Perales Meléndez.
En el segundo turno de oradores, hacen uso de la
palabra los diputados: Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, quien
acepta una interpelación de la diputada América Soto López y es interrumpido por la
diputada María del Refugio Calderón González; y desde su curul, el diputado Gil Rafael
Oceguera Ramos, propone una moción de orden, por lo que el Presidente ordena la lectura
del artículo vigésimo primero del Acuerdo Parlamentario que rige las sesiones. Propone
que sea la Comisión Investigadora de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares,
la que se encargue del asunto. Acepta también interpelaciones de los diputados Wintilo
Vega Murillo; Salvador Ezequiel Estrella Verduzco, del Partido de la Revolución
Democrática y Amira Gricelda Gómez Tueme, del Partido Revolucionario Institucional.
Túrnese a la Comisión de Investigación del
Funcionamiento de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y empresas filiales.
Por instrucciones del Presidente, se da lectura al
artículo doscientos siete del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que todos los presentes lo conozcan.
Para referirse a la cartera vencida, en un primer
turno, debaten los diputados: Maximiano Barbosa Llamas, independiente, quien presenta una
solicitud de juicio político en contra de magistrados de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación. El Presidente informa que la Oficialía Mayor ya recibió la misma solicitud;
Joaquín Montaño Yamuni, del Partido Acción Nacional; Alfonso Ramírez Cuéllar, del
Partido de la Revolución Democrática y Gerardo Sánchez García, del Partido
Revolucionario Institucional, quien informa que las autoridades de Texas, rechazaron la
construcción del confinamiento de desechos tóxicos en Sierra Blanca.
En el segundo turno de oradores, suben a la tribuna
los diputados: José Adán Deniz Macías, independiente; y Juan Bueno Torio, del Partido
Acción Nacional.
Para rectificar hechos, los diputados: Maximiano
Barbosa Llamas, independiente; Armando Rangel Hernández, del Partido Acción Nacional;
María del Refugio Calderón González, del Partido Revolucionario Institucional y José
Adán Deniz Macías, independiente.
Para presentar un punto de acuerdo, se otorga el uso
de la palabra al diputado Leobardo Casanova Magallanes, del Partido Revolucionario
Institucional.
Se turna a la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política.
Sube a la tribuna la diputada Angélica de la Peña
Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, quien a su vez presenta un punto de
acuerdo, respecto a la detención, en Londres, Inglaterra, del ciudadano chileno Augusto
Pinochet.
Se turna a la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política.
Durante la sesión, el Presidente da la bienvenida a
representantes municipales de El Barzón, a miembros de la Gran Logia Valle de México, a
colonos del municipio de Nezahualcóyotl, México; alumnos del Colegio Pasteur; alumnos de
la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la
Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México y del Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala, quienes se
encuentran en las galerías del recinto legislativo.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da
lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las
diecisiete horas con catorce minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes
veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y ocho, a las diez horas.»
| El secretario
Adalberto Antonio Balderrama Fernández: |
Está a discusión el acta... No habiendo quien
haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, por favor
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, también
por favor sírvanse manifestarlo... Queda aprobada, señor Presidente.
ESTADO DE PUEBLA
| El secretario
Nicolás Jiménez Carrillo: |
Se va a dar lectura a varias
comunicaciones.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Honorable Congreso del Estado.- Puebla.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 de la
Ley Orgánica y 25 del Reglamento Interior, ambos del Poder Legislativo, nos permitimos
comunicar a usted, que el LIII Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla, en junta preparatoria celebrada con esta fecha, se declaró legítimamente
constituido para funcionar durante el tercer periodo de sesiones ordinarias,
correspondiente a su tercer año de ejercicio legal, comprendido del 15 de octubre al 15
de diciembre, pudiéndose prorrogar hasta el 22 de diciembre del año en curso, para los
efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 57 de la Constitución Política
del Estado.
Asimismo se eligió a los diputados que integrarán
la mesa directiva, quedando de la siguiente manera; diputados: Jorge René Sánchez
Juárez, presidente; Saúl Coronel Aguirre, vicepresidente; Juan Manuel Huerta Aroche,
Bernabé Félix Marmolejo Orea, Laura Roldán Rubio y Eugenio Castañeda Sánchez,
secretarios.
Lo que hacemos de su conocimiento por disposición de
esta legislatura para los efectos correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Heroica Puebla de Zaragoza, octubre 13 de 1998.- Juan
Manuel Huerta Aroche y Bernabé Félix Marmolejo Orea, secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE TABASCO
| El diputado
Efrén Enríquez Ordóñez: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 19
párrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito hacer de su
conocimiento que con esta fecha, la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, llevó a cabo la elección de la mesa directiva que presidirá los
trabajos legislativos durante el mes de octubre, correspondiente al segundo periodo de
sesiones ordinarias, del primer año de ejercicio constitucional, quedando integrada de la
forma siguiente: diputados: Jorge Luis Iza Ramírez, presidente; Marqueza Morales
Narváez, vicepresidente.
Aprovechamos la oportunidad para saludarle
cordialmente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Villahermosa, Tabasco, a 30 de septiembre de 1998.-
Diputados: Víctor Manuel Góngora Romero, presidente; César de la Cruz Osorio,
secretario.»
De enterado.
ESTADO DE
ZACATECAS
| El secretario
Adalberto Antonio Balderrama Fernández: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
LVI Legislatura.- Zacatecas.
Ciudadanos secretarios del honorable Congreso de la
Unión.- México, D.F.
Por acuerdo del presidente de la LVI Legislatura del
Estado, adjunto nos permitimos remitir a ustedes en siete fojas útiles de frente, el
acuerdo número dos de fecha ocho del actual mes y año, expedido por esta soberanía
popular, lo anterior para los efectos procedentes en cumplimiento al resolutivo segundo
del referido documento.
Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra
distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Zacatecas, Zacatecas, 9 de octubre de 1998.- La LVI
Legislatura del Estado.- Diputados: Francisco Sandoval M. y Teodoro Campos M.,
secretarios.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.- Honorable Legislatura del Estado.
ACUERDO NUMERO DOS
La honorable LVI Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Zacatecas.
Resultando único. En sesión ordinaria de fecha 29
de septiembre próximo pasado, la Comisión Legislativa de Desarrollo Agropecuario,
informó al pleno de esta asamblea popular acerca de los resultados obtenidos en el II
Encuentro Nacional de Legisladores del Sector Agropecuario, celebrado del 23 al 25 del
propio mes y año, en la ciudad de Manzanillo, Colima.
En dicho evento, la referida comisión, presentó un
diagnóstico de la situación que priva en el sector agropecuario del Estado de Zacatecas,
así como algunos lineamientos y directrices generales para su desarrollo en el marco
prospectivo del agro mexicano. Asimismo, se hizo el compromiso de plantear a esta
legislatura el punto de acuerdo que en materia programática y presupuestal agropecuaria,
presentaron diputados federales y locales que asistieron al mencionado encuentro nacional
CONSIDERANDO
Que como seguimiento a los trabajos del I Encuentro
Nacional de Legisladores del Sector Agropecuario, se realizó en la ciudad y puerto de
Manzanillo, Colima, el II encuentro, derivada de estas actividades, se planteó nuestra
posición en relación a la problemática del campo mexicano y su posible solución.
En primer término tenemos que revalorar el papel que
juega el campo mexicano en el desarrollo del país.
Para 1998 se tiene estimada la importación de
aproximadamente 15 millones de toneladas de productos agrícolas, destacándose, entre
otros, la de granos como maíz, arroz y frijol, que son base de la alimentación de los
mexicanos.
Lo anterior implica tener una balanza agropecuaria
deficitaria; más endeudamiento en el exterior y estar cada vez más necesitados de contar
con una real política de desarrollo rural.
Las estadísticas nos dejan en claro que el sector
agropecuario esta desconectado. Desvinculado, delos sectores secundarios y terciarios de
la economía. De 1994 a la fecha el producto interno bruto agropecuario ha decrecido,
mientras que la economía en su conjunto ha crecido en promedio un 3% anual.
También creemos urgente revalorar el papel del
campo, porque debemos alcanzar la seguridad alimentaria; se debe plantear la recuperación
del sector agropecuario, porque el modelo económico actual no asegura un aumento del
empleo y el ingreso rural y porque al reactivarse el crecimiento agropecuario se
contribuirá al abatimiento de la pobreza del campesino, que sólo por el hecho de vivir
en el campo, está en desventaja con el habitante de la ciudad.
1380,1381,1382
Se debe avanzar en la consolidación de un
federalismo real mediante el cual se dé a los sujetos y organizaciones de productores una
verdadera transferencia de recursos, funciones y responsabilidades.
Esta federalización plena tendrá que dar mayor
autonomía a los estados y municipios al darse la descentralización de funciones y
responsabilidades, donde el Gobierno Federal debe tener un carácter más normativo que de
ejecutor de programas.
Los gobiernos estatales tendrán que asumir, con los
recursos necesarios, las responsabilidades operativas y de formulación de programas
estatales, para promover un desarrollo económico tomando en cuenta la vocación de sus
regiones.
Un elemento esencial en el fortalecimiento del federalismo
se sustenta en el mejor desempeño de los municipios, como una de las formas de gobierno
más cercana a la sociedad.
En esta propuesta de federalización hay que cuidar
que no se caiga en el error del centralismo y dejar el poder, como todavía lo padecemos,
en control de un sector. Deberá instrumentarse entre todos los actores: Gobierno Federal,
estatales y municipales, congresos locales, organizaciones y productores. Se debe caminar
en la búsqueda de un acuerdo estatal entre todos los actores, donde se dé un sistema de
contrapesos entre los diferentes poderes y organizaciones.
Es necesario implementar un proyecto agropecuario
nacional con programas de largo, mediano y corto alcance, con políticas sectoriales que
reflejen las necesidades de las diferentes regiones, no nada más que se realicen acciones
en el marco de la planeación centralizada. De nada sirve tener el recurso si no hay una
política sectorial estatal definida.
En este contexto, el análisis nos definirá si
podemos desarrollarnos con las instituciones que tenemos, si son necesarias o hay que
crear nuevas instituciones estatales y municipales que los nuevos cambios nos exigen.
Todo lo anterior lleva a plantearnos la necesidad de
desarrollar y capacitar los recursos humanos que van a operar en un futuro próximo las
políticas y programas sectoriales.
La actividad económica en el campo es una de las de
más alto riesgo, por sus peculiares características, tanto en el ámbito mundial como
nacional; es por ello que nos exigen implementar políticas que den certidumbre al campo
mexicano.
Si desde el inicio del proceso de siembra hasta el de
cosecha contamos con todos los elementos a nuestro favor, veremos que no son suficientes
para dar certidumbre a la actividad. Porque en un mundo globalizado, con pocos controles
al coyotaje e intermediarismo, el proceso de comercialización se torna en una de las
principales limitantes para la rentabilidad de la actividad.
Por lo tanto, para alcanzar la rentabilidad del
sector agropecuario, debe existir un apoyo a la comercialización, con fondos suficientes
que permitan fijar un precio objetivo o de referencia que se pueda sostener con apoyos
gubernamentales y que en caso de no necesitarse, al no darse fenómenos naturales adversos
o caídas de los precios, dichos fondos puedan asignarse a otras ramas de la producción
agropecuaria.
También se debe discutir, en la fijación de los
precios de referencia, la posibilidad de establecerlos de acuerdo a la productividad de
las diferentes regiones del país.
En este punto de la comercialización vemos cómo la
mayoría de los subsidios van encaminados al consumo y no a la productividad, para generar
nuevas tecnologías que hagan viable la actividad, por lo que se requiere revisar la
estructura presupuestal para corregir estos errores.
Es importante discutir la política de apoyos y
subsidios del Gobierno Federal a los productores agropecuarios, para que ésta se dé en
un marco de igualdad y reciprocidad, como la que aplican los países socios de México en
el Tratado de Libre Comercio y la Comunidad Europea. Esto seguramente permitirá competir
en condiciones más justas sin tomar en cuenta algunos otros factores. Por todo lo antes
expuesto en materia presupuestal, se deberá definir un aumento de recursos, discutiendo a
la vez a quienes beneficiará, de acuerdo a la filosofía de cada programa.
Reducción de la participación porcentual del
campesino en la parte que le corresponde de los programas hasta un máximo de 20% del
total.
Entonces pues debemos dar respuesta muy clara a la
pregunta ¿presupuesto para qué y para quien?, para así orientarnos en la formulación
del presupuesto de cada entidad, lo cual discutiremos en la segunda quincena del mes de
noviembre en el III Encuentro Nacional de Legisladores del Sector Agropecuario, que se
realizará en la ciudad de Morelia, Michoacán.
Es importante hacer un llamado a los gobiernos
estatales y a sus legislaturas locales para que se pronuncien a favor de una discusión
presupuestal de acuerdo a las necesidades de cada entidad. Que el presupuesto no se haga
desde una perspectiva centralista y de escritorio.
Por tiempos de discusión y aprobación del
Presupuesto de Egresos de la Federación para 1999, es necesario consolidar una propuesta
para plantearla y discutirla en el mes de octubre, con el Ejecutivo Federal y la Cámara
de Diputados, con el firme propósito de influir en la conformación y montos del mismo,
previa a su presentación, el 15 de noviembre, al pleno del Congreso Federal.
A continuación creemos conveniente proponer en
materia de presupuestos lo siguiente:
1o. Impulsar acciones para que se apruebe un gasto
programable real para el desarrollo rural y federal en 1999 equivalente al 8% del gasto
programable total; en busca de recuperar los niveles de inversión y gasto para el campo
que se tenía a inicio de 1980.
2o. Aprobar un presupuesto para el Procampo en 1999,
que sea superior en 50% en relación al año anterior, dedicando un mayor porcentaje a la
economía campesina con productores que tienen menos recursos para competir en una
economía de libre mercado.
3o. Gestionar nuevos recursos para incorporar un
programa-presupuesto integral, explícito y deliberado, para el desarrollo agropecuario y
forestal. Para ello tendremos que revisar próximamente montos y líneas programáticas.
4o. Que se incorpore al Programa Alianza para el
Campo un programa de presupuesto explícito para el fortalecimiento de la organización
económica campesina. Para que esté en posibilidad de acceder a diferentes programas, una
de las alternativas es la creación de fideicomisos, así como la reducción de la
participación porcentual del campesino en la parte que le corresponde de los programas
hasta un máximo de 20% del total.
5o. Aprobar dentro de la Alianza para el Campo un
programa de presupuesto integral para la promoción y apoyo a la creación y
consolidación de empresas comercializadoras campesinas.
6o. Aprobar una partida presupuestal para el rescate
y fortalecimiento de las uniones de crédito agropecuarias, en particular las campesinas.
Se debe avanzar en una propuesta que permita que los que tengan adeudos sigan gozando de
créditos frescos para la producción, para que de esa manera puedan hacer frente a su
situación crediticia.
7o. Instrumentar un programa de desarrollo integral
de las zonas que han sido afectadas por desastres naturales y contar con recursos que
posibiliten ayudar a prever los efectos de estos fenómenos.
8o. Enviar al Ejecutivo Federal, para su inclusión,
un programa presupuesto integrado para recuperar la soberanía alimentaria nacional.
9o. Gestionar y promover la realización de un
estudio sobre los impactos económicos, sociales y ambientales del Tratado de Libre
Comercio, así como el apoyo a zonas campesinas afectadas o impactadas negativamente.
10. Impulsar el establecimiento de un nuevo sistema
de financiamiento rural y de comercialización agropecuaria, que tenga como base a las
organizaciones locales y regionales de comercialización, ahorro y crédito, en donde se
contemple que, las nuevas o actuales instituciones bancarias, compartan también el riesgo
de la actividad agropecuaria y no nada más sean las que otorguen los recursos y dejen al
productor solo ante el riesgo.
11. El presupuesto total por Estado para 1999 deberá
ejercerlo, en la medida de lo posible, la dependencia estatal acreditada para este efecto,
de acuerdo con sus prioridades marcadas en el programa sectorial respectivo, quedando las
representaciones federales como normativas y vigilantes de su aplicación operativa,
integrando dicha entidad los recursos destinados al combate a la pobreza, si así fuese
posible.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
además en los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61 fracción
I, 62, 108 y 109 relativos del Reglamento Interior, es de acordarse y se
ACUERDA
Primero. La legislatura del Estado de Zacatecas se
adhiere al presente punto de acuerdo, informándose de ello a la Comisión de Agricultura
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al órgano de dirección del III
Encuentro Nacional de Legisladores del Sector Agropecuario, que se realizará en la ciudad
de Morelia, Michoacán. Todo lo anterior con el propósito de realizar, a nivel nacional,
una gran discusión que permita revalorar y redimensionar el papel del campo mexicano y de
un verdadero federalismo y que en corto plazo, para la asignación presupuestal y la
formulación de programas del sector agropecuario.
Segundo. Esta legislatura también acuerda solicitar
al Congreso de la Unión que se revisen los diferentes apartados de la normatividad del
Procampo; que en la norma se tome en cuenta las características regionales y
climatológicas para determinar los tipos de cultivo y las fechas de siembra de los
mismos. Asimismo, que los apoyos del Procampo sean para los procesos de la producción, y
no para la comercialización, como está actualmente, ya que los productores requieren y
usan estos recursos para la compra de insumos y para las actividades de labranza de su
tierra, lo que implica otorgar los apoyos, una vez que se cumpla con la preparación de la
tierra para la siembra.
Dado en la sala de sesiones de la LVI Legislatura del
Estado, a 8 de octubre de 1998.- Diputados: Francisco Sandoval Martínez y Teodoro Campos
Mireles, secretarios.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública y de Agricultura, para su conocimiento.
DERECHOS
HUMANOS DE MENORES
Tiene la palabra la diputada Angélica de
la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una iniciativa que reforma el párrafo sexto y se adicionan los párrafos
séptimo y octavo del artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
| La diputada
Angélica de la Peña Gómez: |
Buenos días. Con su permiso, señor
Presidente:
«Propuesta de reforma y adición al artículo 4o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55
fracción II y 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados firmantes de la LVII
Legislatura, sometemos a la consideración de esta soberanía, esta iniciativa de reforma
constitucional que reforma y adiciona el artículo 4o.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constitución es el ordenamiento supremo que da
sustento a nuestro estado de derecho y proporciona las pautas para un desarrollo
democrático y una convivencia justa que anhelamos los mexicanos. El perfeccionamiento de
nuestro estado de derecho exige que en la vida cotidiana los mexicanos tengamos la certeza
de que el ejercicio de nuestros derechos y libertades nos conduzca a una convivencia
civilizada, armónica y pacífica, sustentada en la plena vigencia de nuestra
Constitución Política.
1383,1384,1385
En este contexto, resulta imperativo proteger a uno
de los sectores sociales que tiene gran importancia en el desarrollo del México moderno:
las niñas, niños y adolescentes. Tomando en cuenta que es a ellos a quienes
corresponderá enfrentar el país que hoy construimos, es menester garantizarles los
elementos necesarios para que crezcan en las convicciones de participación democrática e
igualdad de oportunidades, a través de un efectivo goce y disfrute de los derechos que
otorga a toda persona la ley fundamental.
Es de suma importancia tomar en cuenta que la
función reformativa de la Constitución no debe quedar al arbitrio de los órganos
estatales a los que se atribuye la facultad respectiva, sino que tiene que estar encauzada
por factores de diferente tipo que justifiquen, bajo diversos aspectos, sus resultados
positivos.
Toda reforma a la Constitución debe tener una justa
causa, un motivo y un fin que respondan a los imperativos sociales que la reclaman.
En esta tesitura, para una verdadera y efectiva
legitimación en la reforma, deben existir objetivos que la justifiquen, estableciendo las
bases o principios de un mejoramiento o perfeccionamiento social o proporcionar las reglas
según las cuales pueda solucionarse satisfactoria y eficazmente un problema que afecte al
pueblo o subsanar una necesidad pública. Resulta de un valor positivo tomar en cuenta la
participación de los sectores público y privado que de manera directa se enfrentan y
tienen contacto con la problemática que en la vida diaria afecta a las niñas, niños y
adolescentes.
La presente iniciativa tiene como objetivo promover,
proteger y garantizar el disfrute pleno de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales de los menores en las distintas etapas de su desarrollo, con estrategias que
garanticen el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Además, es conveniente hacer el señalamiento de que
es en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la
asamblea general de las Naciones Unidas en noviembre de 1989 y ratificada por el Senado de
nuestro país el 31 de julio de 1990 y promulgada el 25 de enero de 1991.
Lo anterior se refuerza con la idea de que México,
siendo un país con una tradición jurídica de vanguardia en cuanto al aspecto social de
su Constitución, tiene que incorporar en su ley fundamental una disposición integral de
protección a las niñas, niños y adolescentes. Es innegable que en el mundo globalizado
en que hoy vivimos, se requiere contar con una disposición jurídica que no separe los
derechos civiles y políticos de los derechos económicos, sociales y culturales.
Precisamente lo que se busca en la iniciativa es un enfoque integral de los derechos de
los menores.
Resulta claro que el texto actual del artículo 4o.
en lo relativo a menores, incluye la protección a éstos, pero lo que se pretende es
reforzar dicha disposición al hacer extensiva al Estado y a la sociedad, la obligación
de velar por dicha protección. El Estado, como expresión máxima de la organización
jurídica política del país, debe ser confirmado como el principal garante del sano
desarrollo de los menores, ofreciendo a éstos canales efectivos para el disfrute y
ejercicio de sus derechos.
Respecto a la sociedad, ésta debe estar plenamente
comprometida con el privilegio que deben tener los menores, en cuanto a las expectativas
de un desarrollo equilibrado en México. De esta manera se contribuirá en la tarea
diaria, de sociedad y Gobierno, a una mayor participación y concientización sobre la
relevancia fundamental de este sector en el acontecer nacional.
Por otro lado, se plantea establecer un listado de
derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, así como mecanismos de
protección para el ejercicio de los mismos. Sobre esta disposición es imprescindible
anotar que no obstante que nuestra carta fundamental otorga garantías individuales a
todas las personas, el hecho de que se contemple expresamente respecto de los menores,
atiende a su calidad de sector vulnerable y por ende, digno de protegerse de manera
especial. Consideramos que el régimen de garantías individuales en México no se
afectaría en absoluto, sino por el contrario, se reforzaría.
La distinción entre niñas y niños estriba en que
en el entorno social, existen diferencias marginales de carácter cultural que limitan de
alguna manera la igualdad de oportunidad por tratarse del género femenino. Lo que aquí
se busca es patentizar de manera expresa la igualdad fundamental de toda niña o niño,
independientemente del sexo y de la aptitud física que ello pudiera significar.
Como consecución lógica, la ley secundaria
definirá y establecerá los criterios y lineamientos jurídicos bajo los cuales se
canalizarán los resultados concretos de esta iniciativa. En dicha ley de carácter
federal, se perfeccionaría el marco jurídico de los menores.
En el contexto de la reforma constitucional, se parte
de la concepción del menor de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño de
1989, que define en su artículo 1o.: "se entiende por niño todo ser humano menor de
18 años de edad, salvo cuando las leyes nacionales establezcan que alcanzaron antes la
mayoría de edad".
Por lo anterior, nos permitimos proponer a esta
soberanía el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforma el párrafo sexto y se
adicionan los párrafos séptimo y octavo del artículo 4o. constitucional para quedar
como sigue:
Artículo 4o. Es obligación de los padres, del
Estado y de la sociedad, el preservar y proteger los derechos de las niñas y niños con
la finalidad de garantizar su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Se
entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. La ley establecerá los
instrumentos y apoyos para la protección de las niñas y niños y regulará las
instituciones encargadas de la protección al menor.
Son derechos fundamentales de las niñas, niños y
adolescentes: la protección contra toda forma de discriminación; a formar parte de una
familia, a la libertad de opinión, conciencia, religión y de asociación. Todas las
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre desde su nacimiento y a obtener
una nacionalidad y preservar su identidad. Serán protegidos contra toda forma de
abandono, violencia física o moral, privación ilegal de su libertad, secuestro, venta,
tráfico, trata, abuso sexual, explotación laboral y trabajos riesgosos, así como de
cualquier otra forma de explotación. Tendrán derecho a la salud, a una alimentación
equilibrada, educación, cultura, recreación y seguridad social. Las niñas, niños y
adolescentes mental o físicamente impedidos tienen derecho a recibir cuidados, educación
y adiestramiento especial destinados a lograr su autosuficiencia e integración a la
sociedad. Las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a minorías o poblaciones
indígenas tienen derecho a su propia vida cultural y emplear su propio idioma.
Gozarán también de las demás garantías
consagradas en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por
México. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento de los
derechos aquí mencionados y la sanción correspondiente a los infractores.
México, D F., a 27 de octubre de 1998.- Diputados:
Angélica de la Peña Gómez y Alvaro Arceo Corcuera.
Y agradezco el apoyo de mis compañeras diputadas y
diputados miembros de la Comisión de Equidad y Género que solidariamente decidieron
también apoyar esta propuesta y voy a dar los nombres: Sara Estela Velázquez, del PRI;
María Elena Cruz, del PAN; Luz del Carmen López Rivera, del PRI; Clarisa Catalina Torres
Méndez, del PRI; Isabel Villers, del PRI; Lourdes Angelina Muñoz, del PRI; Jorge López
Vergara, del PAN; María Beatriz Zavala, del PAN; María Victoria Peñaloza, del PRD y
Elsa Patria Jiménez Flores, del PRD.»
Muchas gracias a todos ustedes por su atención.
Túrnese a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales.
DIPUTADOS
PLURINOMINALES
Se le concede el uso de la palabra al
diputado Héctor Francisco Castañeda Jiménez, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas a los artículos
51, 52, 53, 54, 55 y 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1386,1387,1388
El diputado
Héctor Francisco Castañeda
Jiménez: |
«Ciudadano Presidente y secretarios de
la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes.
Los que suscribimos diputados del Estado de Jalisco y
demás diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con apoyo en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 56, 58 y demás relativos del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos
permitimos presentarles una iniciativa de reformas constitucionales con apoyo en las
siguientes
CONSIDERACIONES
Como es del conocimiento de todos ustedes, la forma
de integración del Poder Legislativo Federal se ha venido transformando a lo largo de los
años de vida que tiene la Constitución Política del país. De hecho, cada una de las
modificaciones que han ocurrido en los preceptos constitucionales que se refieren tanto a
la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, han tenido como objetivo
fundamental el de preservar el principio de elección democrática y el de garantizar el
acceso al Congreso a las diversas y representativas fuerzas políticas del país.
Se plasmó en la Constitución el tipo de diputados que
conformarían a dicha Cámara: los de mayoría relativa y los denominados plurinominales.
Es en este punto en el que deseamos reflexionar con ustedes.
En el entendido de que, en lo general, un solo
partido político obtenía resultados favorables en la gran mayoría de los distritos
electorales, se pensó en la creación de diputaciones plurinominales para que las fuerzas
políticas que se evidenciaran en el resultado nacional de las votaciones tuvieran voz y
voto dentro del Congreso, pues en efecto, los resultados de las elecciones distritales en
su conjunto no necesariamente reflejaban el número de curules que un partido político
obtenía dentro de la Cámara de Diputados.
Originalmente esas diputaciones plurinominales fueron 100
y, en la actualidad, su número se eleva a 200.
Se considera también que la existencia de
diputaciones por mayoría relativa y diputaciones plurinominales, respondía a la
necesidad de que en la Cámara de Diputados existieran personas real y efectivamente
conocidas por los electores de cada uno de los distritos y estar acorde con el principio
constitucional de que los diputados han de ser verdaderos representantes de sus electores;
y la necesidad de que, cada uno de los partidos políticos, pudiera instalar como
diputados a sus hombres mejor preparados para las distintas tareas que tiene asignadas la
Cámara, representación y preparación, representaron un binomio que dio lugar a la
diferencia entre los diputados.
No obstante, los tiempos han generado cambios
sustanciales en la vida política de nuestro país. Ya no se puede hablar de que algún
partido sea absolutamente mayoritario en los 300 distritos electorales del país y, de
hecho, basta una simple reflexión acerca de la afiliación partidista de cada uno de los
300 diputados por mayoría relativa que conforman la actual legislativa, para comprender
que la pluralidad ideológica y política es un hecho evidente en nuestro país.
Existe un innegable reclamo de la sociedad mexicana hacia
sus representantes: el de que realicen su función con eficiencia, dedicación y de manera
fructífera, lo cual implica necesariamente, durante los periodos legislativos que cada,
uno de los diputados haga uso de la tribuna haciendo saber a los demás integrantes de la
Cámara los reclamos del grupo de habitantes de su distrito, participe en comisiones y
votaciones y esté presente en las sesiones, entre otras tantas tareas; y fuera de los
periodos legislativos, la tarea del diputado es la de buscar y utilizar los canales de
comunicación para con los ciudadanos de su región, escuchar sus reclamos y reflexionar
con ellos las mejores vías de solución y de atención.
El trabajo en la Cámara, no obstante, se ve
obstaculizado e impedido por las circunstancias que nos rodean. Una de tales
circunstancias es el hecho de que el número de diputados, 500, es muy alto si
consideramos que para la carga de trabajo los dos periodos legislativos resultan apenas
suficientes. Asimismo, los tiempos exigen que las instituciones públicas reduzcan y
restrinjan sus gastos al mínimo.
Los medios de comunicación han informado acerca de
gastos que persona o personas de los diputados han realizado en sus tareas y se ha sentido
de alguna manera el rechazo de la población. He aquí dos cuestiones de sumo interés:
facilitar el trabajo legislativo y economizar recursos públicos a efecto de que todos
éstos sean canalizados a personas y programas que exigen una atención prioritaria;
pensemos, por ejemplo, en todos nuestros hermanos de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y otros
estados de la República, cuyas comunidades han sufrido las inclemencias de los fenómenos
naturales. Pensemos también en que la carga fiscal a los contribuyentes no puede seguir
elevándose como único medio para obtener los recursos necesarios a sufragar los gastos
públicos, entre ellos, el gasto propio de toda la Cámara de Diputados y no es que me
refiera en exclusiva al gasto particular o individual que constituye la dieta de un
diputado, sino además, a todo el gasto que paralelamente se tiene que llevar a cabo.
Se escucha con insistencia que si desaparecen los
diputados plurinominales, las minorías no estarán debidamente representadas en la
Cámara. Creo prudente llevar a cabo un análisis de este argumento para demostrar que, en
las circunstancias actuales, se trata de una falacia.
En efecto, a todos nos consta que en nuestro país
están debidamente identificadas las fuerzas políticas y, por ende, los diversos partidos
políticos tienen una real existencia. Todas las fuerzas políticas reales están aquí
representadas en la Cámara por medio de sus diputados de mayoría relativa.
El espíritu del Constituyente es y debe seguir
siendo, el que los diputados sean verdaderos representantes de los grupos sociales, porque
a éstos ha de atenderse de acuerdo a sus reclamos y de acuerdo a sus necesidades; en
todos los países existen minorías muy pequeñas que, si bien han de ser atendidas, no
tiene porque contar necesariamente con un representante dentro de la Cámara de Diputados
pues, entonces, la Cámara de Diputados sería un mosaico de tantas tendencias políticas
como doctrinas políticas pudieran aparecer.
Recordemos, además, que el Poder Legislativo Federal
no lo es simple y sencillamente la Cámara de Diputados, pues existe la colegisladora
Cámara de Senadores, en la que permanecen las circunscripciones plurinominales y en
donde, desde luego, estarán si es el caso, representadas ciertas minorías.
Nuestro sistema electoral se basa en la mayoría del
voto por distritos electorales, habida cuenta que es una realidad innegable que las
diversas fuerzas políticas han hecho su trabajo de presencia y convencimiento en todos
los distritos y, ha sido una decisión de la mayoría, elegir un partido en un determinado
distrito. Se trata, pues, de hacer más dúctil el trabajo legislativo y de llevar a él
los verdaderos reclamos de las mayorías absolutas. Deseamos que cada partido asuma dos
responsabilidades: elección de sus mejores hombres en cada distrito electoral, lo cual
implica dos características:
a) Identificación del candidato en su distrito por
méritos de su quehacer en él y
b) Preparación y capacitación para el ejercicio de
su cargo. Así, tanto la comunidad asume su responsabilidad de elección, como el partido
mismo al cual pertenece el candidato.
En fin, razones de tipo político y de índole
económica, nos ponen en las circunstancias de analizar y proponer medidas que demuestren
que los diputados verdaderamente estamos conscientes de los problemas de la nación y que
no le damos la espalda a ellos sino que, por el contrario, proponemos soluciones reales
que nos implican por la situación en que nos encontramos y cargo que ocupamos.
Estas dos necesidades que se conjugan tienen una
solución común sobre la que hemos venido reflexionando por varios años:
a) La de que la Cámara de Diputados se conforme
única y exclusivamente con diputados de mayoría relativa, es decir, con personas que
hubieren sido elegidas por la población de cada distrito electoral.
b) Que desaparezcan los diputados plurinominales,
porque a ninguna comunidad representan y no existen electores que los conozcan.
c) Que la Cámara de Diputados se integre
exclusivamente con 300 miembros pues, de otra forma, redistritar el territorio nacional
para mantener el número actual de 500 diputados implicaría altos costos.
Por todas las consideraciones expuestas, me permito someter
a esta soberanía un proyecto de reformas a los artículos 52, 53, 54, 55 y 60 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la forma siguiente
INICIATIVA DE REFORMA
A los artículos 51, 52, 53, 54, 55 y 60 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo primero. Se modifica el artículo 51 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en la forma
siguiente:
Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá
de 300 representantes de la nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada
diputado propietario, se elegirá un suplente.
Artículo segundo. Se modifica el artículo 52 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en la forma
siguiente:
Artículo 52. Los 300 diputados que integren la
Cámara de Diputados, serán electos según el principio de votación mayoritaria mediante
el sistema de distritos electorales.
Artículo tercero. Se modifica el artículo 53 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en la forma
siguiente:
Artículo 53. La demarcación territorial de los 300
distritos electorales será la que resulte de dividir la población total del país entre
los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales entre las
entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población,
sin que en ningún caso la representación de un estado pueda ser menor de dos diputados.
Artículo cuarto. Se deroga el artículo 54 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo quinto. Se deroga el segundo párrafo de la
fracción III del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo sexto. Se modifica el primer párrafo del
artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue.
Artículo 60. El organismo público previsto en el
artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la
validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos
electorales y en cada una de las entidades federativas, otorgará las constancias
respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará
la asignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 56 de esta Constitución y en la ley.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
México, D.F., a 27 de octubre de 1998.- Diputados:
Raúl Martínez Almazán, Héctor Francisco Castañeda Jiménez, Jaime Hugo Talancón,
Javier Santillán Oseguera, Héctor Rodolfo González Machuca, Juan García de Quevedo,
Teresa Núñez Casas, Francisco Javier Morales Aceves y Rafael Gil Oceguera Ramos.»
Túrnese a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales.
REPUBLICA FRANCESA
| El secretario
Adalberto Antonio Balderrama Fernández: |
«Honorable Asamblea: con motivo de la
visita de Estado a nuestro país que durante el mes de noviembre de este año realizará
el señor Jacques Chirac, presidente de la República Francesa y en virtud de que ha
manifestado su deseo de dirigir un mensaje a los legisladores mexicanos, la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política, somete a la consideración del pleno el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Realícese una sesión solemne de
Congreso General para recibir al presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, la
cual tendrá lugar en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el día
12 de noviembre de 1998, a las 12:00 horas.
Por la Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política, las firmas de los diputados compañeros: Arturo Núñez Jiménez, Carlos Medina
Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo y Ricardo Cantú Garza.»
De conformidad con los artículos 59 y 60
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensan todos los trámites y
se pone a discusión y votación de inmediato.
| El secretario
Adalberto Antonio Balderrama Fernández: |
Por instrucciones de la Presidencia, con
fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensan
todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Se le dispensan todos los trámites.
En virtud de que se encuentra publicado
en la Gaceta Parlamentaria del 26 de octubre, está a discusión en lo general y en lo
particular el artículo único del proyecto de decreto.
No habiendo quién haga uso de la palabra, esta
Presidencia pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por cinco minutos para
proceder a la votación en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto
de decreto.
| El
secretario Adalberto Antonio Balderrama Fernández: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos
a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para tomar
la votación en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de
decreto.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 348 votos en pro y
ninguno en contra.
Aprobado el proyecto de decreto por 348 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto
de decreto para que se realice una sesión solemne de Congreso General, para recibir al
presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, la cual tendrá lugar en el salón
de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 12 de noviembre de 1998, a las
12:00 horas.
| El secretario
Adalberto Antonio Balderrama Fernández: |
Pasa al Senado para los efectos
constitucionales.
PORNOGRAFIA
Y PROSTITUCION
INFANTIL
| El secretario
Nicolás Jiménez Carrillo: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.- I Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.- Presentes.
De conformidad con el artículo 122 apartado C, base
primera fracción V inciso ñ, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y de los artículos 42 fracción VIII del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal y 10 fracción II de la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del
Distrito Federal, por el digno conducto de ustedes, este órgano de representación
ciudadana somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de
decreto por el que se reforman los artículos 85, 201, 203, 205 y 208 del Código Penal
para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia
de Fuero Federal, así como los artículos 8o., y 16 de la Ley que Establece las Normas
Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, la cual nos permitimos adjuntar al
presente oficio.
1389,1390,1391
Hemos de agradecerles dar el trámite correspondiente
a la iniciativa de esta Asamblea.
Aprovechamos la oportunidad para reiterarles nuestra
consideración atenta y distinguida.
Por la mesa directiva.
Recinto Legislativo, a 20 de octubre de 1998.-
Diputados: Pablo de Anda Márquez, José Luis Benítez Gil, secretarios.»
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión.- Presentes
Con la finalidad de lograr mejores condiciones para
el desarrollo de los menores, es menester adecuar el marco jurídico a las circunstancias
que se viven en la actualidad. La experiencia reciente nos muestra que existen grupos
dedicados a las actividades de lo que el común conoce como "pornografía y
prostitución infantil", ello ocurre no sólo en nuestro país, incluso se ha dado
noticia acerca de que material distribuido en el extranjero procede de México.
Entendemos que la disminución y extinción de este tipo de
delincuencia exige un esfuerzo continuo y en el que participen instituciones públicas,
privadas y ciudadanos en general, sólo así las conductas que atacan uno de los aspectos
más sensibles de nuestra estructura social, como son los menores, podrán ser
erradicadas.
México firmó en 1989 con otros estados miembros de
la Organización de las Naciones Unidas, la Convención de los Derechos del Niño, misma
que fue aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 19 de junio de
1990 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de julio del mismo
año, que entre otros aspectos señala que en las medidas de órganos legislativos se
atenderá como consideración primordial el interés superior del niño, igualmente se
establece que ningún niño será objeto de ataques ilegales a su honra o a su
reputación, así como que se adoptarán las medidas legislativas necesarias para proteger
al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.
Un importante compromiso adoptado por el medio
referido fue la protección del niño contra todas las formas de explotación y abuso
sexuales para impedir la incitación o la coacción para que se dedique a cualquier
actividad sexual: su explotación en la prostitución u otras prácticas sexuales; así
como su explotación en espectáculos o materiales pornográficos.
La iniciativa que hoy se somete al honorable Congreso
de la Unión por el digno conducto de ustedes, forma parte de ese esfuerzo, está basada
en la necesidad de implementar acciones específicas para proteger a los menores.
Otro de los aspectos considerados por la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal en la aprobación de esta iniciativa, radica en que en
los últimos meses no sólo en el Distrito Federal, sino también en algunos estados de la
República, se ha conocido a través de los medios de comunicación una preocupante
realidad: ya no son sólo delitos cometidos contra menores, sino una participación cada
vez más frecuente de menores de edad en la comisión de ilícitos, así como también su
utilización en delitos que degradan su concepción de los valores.
Internacionalmente también se ha dado noticia de ello. En
el informe de fecha 7 de febrero de 1997 presentado a la Organización de las Naciones
Unidas por la relatora especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía, se refirió un caso en Acapulco sobre una gran
red de producción y distribución de pornografía infantil con ganancias de 500 mil
dólares al año, así como acerca de la existencia en México, de lugares de
espectáculos de explotación sexual infantil.
En octubre de 1996 se presentó con carácter
provisional el informe mencionado y en él se da cuenta como una de las causas de
expansión de este fenómeno. La consideración del niño como un factor de producción o
una inversión, involucrándose no sólo aficionados, sino grupos muy bien organizados que
suelen estar implicados en otras actividades delictivas En él se informa también de los
graves y profundos efectos físicos y mentales que la explotación provoca a los menores,
afectando todos los aspectos de su personalidad: los menores explotados padecen desde
insalubridad, hacinamiento, carencia de toda atención médica, depresión, pérdida de la
autoestima, percepción distorsionada de la actividad sexual, sentimientos de pérdida,
sacrificio, culpa, dificultades para aprender, hasta la automutilación y tendencias
suicidas.
En efecto, es deber fundamental tomar conciencia
acerca de los impactos de la explotación de menores, que supone en primer lugar la
pérdida de su infancia y dignidad y en ocasiones hasta de su futuro. En el ámbito de la
salud de los menores se tienen efectos cuyas consecuencias son de más fácil mesura;
así, el VIH, considerado a la vez como causa y consecuencia de la explotación sexual de
los niños, infecciones diversas, cáncer cervical, embarazos precoces y enfermedades de
transmisión sexual, significan para ellos no sólo la pérdida de la vida, en ocasiones
implican la de la familia, la dignidad y las oportunidades, el rechazo y la
discriminación social.
Son en extremo graves las repercusiones físicas y
sicológicas con que se ven afectados los menores explotados: los años que debieran ser
para su formación, testimonian el despojo de la infancia y el esparcimiento, privaciones
que llevan a la pérdida de la confianza en los adultos y a la probabilidad de convertirse
a su vez en explotadores, además de las ya mencionadas consecuencias de pérdida de la
autoestima y traumas como la depresión, agresión, violencia, falta de autocontrol,
automutilación e incluso el suicidio, a cuya erradicación pretende contribuir la
iniciativa que se somete a esa soberanía.
Constituyeron también aspectos de consideración, el
desarrollo tecnológico y comercial, así como el cada vez más fácil acceso al material
pornográfico, lo cual, aunado a lo anteriormente mencionado, nos ha llevado a plantear
medidas concretas de carácter legislativo. En efecto, los elementos mencionados
incidieron en el contenido de la iniciativa que se somete a la consideración del Congreso
de la Unión, a fin de que se sancione de una manera más considerable las conductas
delictivas que atenten contra la integridad moral de los menores de edad, ello en la
convicción de que el marco jurídico debe favorecer el desarrollo de mejores condiciones
de vida, incluyendo el importantísimo aspecto ético, que beneficiando individual y
comunitariamente a los menores, redundará en la sociedad conjunta.
El incremento de las sanciones privativas de libertad
y pecuniarias obedece al énfasis que se estima debe darse cuando se trata de ilícitos
que atentan contra la integridad de los menores, provocando profundos problemas físicos,
de desarrollo, sicológicos y aún de índole social; se busca reafirmar la reprobación
de la sociedad y su intolerancia hacia dichos actos, al mismo tiempo que la conciencia de
la importancia primordial y decisiva de los menores para el desarrollo futuro y el
bienestar de la sociedad.
Así, en la adecuación de los supuestos contenidos
en el artículo 201 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común
y para toda la República en Materia de Fuero Federal, uno de los principales aspectos es
el incremento de la sanción para el caso de la comisión de actos corruptores,
planteándose en esta línea pase de tres a ocho años de prisión y de 50 a 200 días
multa, a una sanción de cinco a 10 años de prisión y de 1 mil a 2 mil días multa
cuando los actos corruptores sean la prostitución o el homosexualismo o tengan contenido
sexual y para el caso de la inducción a la ebriedad, al consumo de narcóticos o a la
comisión de hechos delictivos, la sanción sería de cuatro a nueve años de prisión y
de 500 a 1 mil días multa.
Particularmente se estimó adecuado diferenciar
diversos supuestos de comisión del delito en razón de la diversa naturaleza de los
hechos que los constituyen, así reconociendo que en todos los casos se afecta el
desarrollo y la integridad de las víctimas y se pone en serio peligro su salud. En la
primera fracción del artículo 201 se contemplarían, como se ha mencionado, las
conductas de corrupción de contenido sexual; en la segunda de ellas se sancionarían las
relacionadas con la obligación o inducción a la ebriedad, al consumo de narcóticos o a
la comisión de delitos, dejando en la fracción final las relativas a la obligación o
inducción a la práctica de la mendicidad y señalando como se ha dicho, penas
diferenciadas para cada una de ellas.
Se destaca también el planteamiento para que las
penas se aumenten hasta en una cuarta parte cuando el delito fuere cometido por la persona
que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en
él depositada. En virtud de que las circunstancias de vida actuales obligan a un gran
número de padres a dejar a sus hijos al cuidado de extraños en establecimientos o con
personas ajenas al núcleo familiar, la previsión de estos supuestos fue considerada como
un elemento de tranquilidad que contribuirá a la protección de los menores frente a los
peligros de abusos o explotación a que están expuestos. La misma línea sigue el
planteamiento de las reformas a los artículos 205 y 208, relativos: el primero a las
conductas de promover, facilitar, conseguir o entregar a una persona para que ejerza la
prostitución, para las cuales se aumentaría la pena y en lugar de imponerse de dos a
nueve años de prisión y de 100 a 500 días multa, con la reforma serían de cinco a 10
años de prisión y de 100 a 1 mil días multa. Para el segundo de los preceptos, que
trata de la explotación de un menor de edad por medio del comercio carnal, se aplicarían
de ocho a 12 años de prisión y de 100 a 1mil días multa para quien encubra, concierte o
permita dicho comercio, en lugar de la sanción actual que va de los seis a los 10 años
de prisión y de los 10 a 20 días multa.
También fundamental es la propuesta para el
establecimiento de dos tipos penales del delito no considerados en las disposiciones
vigentes y que asumidos en la comúnmente denominada pornografía infantil, permitirán
sancionar severamente por una parte y con una pena de 10 a 12 años de prisión y de 500
hasta 3 mil días multa, los casos en que los actos corruptores de contenido sexual, de
prostitución u homosexualismo en que participen uno o más menores, sean fijados,
grabados o impresos en cualquier medio con fines de lucro, lo que se aplicaría a quienes
fabriquen, produzcan, vendan, arrienden, almacenen, transporten, distribuyan o difundan
dichas grabaciones o impresiones de actos corruptores; en ambos casos, la punibilidad
depende de la realización de las conductas con fines de lucro, ello obedece a que la
corrupción de menores en estos supuestos adquiere una dimensión mayor, al darle un fin
económico a su degradación.
Se ubicarían en estas hipótesis aquellos que hacen
de la corrupción de menores un negocio altamente redituable, por ello se plantea que el
mínimo de la sanción sea el máximo del tipo general previsto en la fracción V del
artículo 201 del ordenamiento penal, en correspondencia a la necesidad y obligación de
sancionar severamente a quienes por los beneficios económicos que obtienen no sólo
afectan a los menores como víctimas, sino que ponen en peligro a los menores en general
en cuanto a potenciales usuarios del material pornográfico, afectando así gravemente a
los componentes más vulnerables de nuestra sociedad. Igualmente se permitiría la
sanción de quienes por medio de una asociación delictuosa cometan estos delitos con
prisión de 12 a 15 años y de 1 mil a 5 mil días multa, como la respuesta a la actividad
de organizaciones que incluso rebasan fronteras, que emplean redes organizadas y
cohesionadas y que suelen estar involucradas con otras actividades delictivas como el
secuestro y el tráfico de drogas.
Aunado a lo anterior se encuentra la propuesta de
reformar el artículo 203 Del Código referido, correspondiente al aumento de sanción y
la privación de los derechos sobre bienes de los menores, así como de la patria potestad
sobre descendientes, para prever que dicho aumento sea de los mínimos y máximos de la
sanción que corresponda sea diferenciado y comprender ahora los supuestos en que el autor
del delito tenga relación de parentesco con el menor o ejerza sobre él la tutela, ello
como la contrapartida a la consideración primordial del interés superior del menor,
motivada en igual medida por la exigencia de reforzar el inmediato y alto deber de los
familiares en la formación y protección de los menores, como lo prevé la convención
antes mencionada, así como también en la privación que de su familia sufre el menor por
hechos como los de la especie, careciendo del elemento estabilizador que ésta representa
para su desarrollo en tanto núcleo primario de su formación.
En el mismo contexto, es planteada la reforma al
artículo 85 del propio Código Penal y a los artículos 8o. y 16 de la Ley que Establece
las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a efecto de que quienes
sean sentenciados por los delitos de corrupción de menores contemplados en los artículos
201 y 205, así como por el de la explotación del cuerpo de un menor de edad por medio
del comercio carnal, previsto en el artículo 208, ambos del Código Penal, no tengan la
posibilidad de alcanzar la libertad preparatoria, la preliberación ni la remisión de la
pena. El otorgamiento de los beneficios mencionados está negado actualmente para los
casos como los delitos contra la salud, la violación, el secuestro y el robo a casa
habitación con violencia en las personas, a los delincuentes habituales así como a los
que hubieren incurrido en segunda reincidencia, negativa que toma en cuenta factores
varios como el impacto social de esos delitos y los efectos que producen a sus víctimas,
por lo que al tiempo que se objetiva la intención de evitar que quien hace del delito una
forma de vida se le faciliten las posibilidades para incurrir en nuevos delitos, se
consideró la necesidad de una mayor protección para quienes por condición natural
presentan mayor vulnerabilidad a los múltiples efectos de un abuso, de modo que la
corrupción de los menores mediante actos sexuales o la inducción a aducciones o a la
mendicidad al afectar gravemente los cimientos de la sociedad misma, requiere de acciones
que con carácter ejemplar y mayor eficacia la inhiban y en caso de que se presenten, su
sanción revista la severidad que procure evitar la comisión de nuevos delitos e impida a
los responsables alcanzar la libertad antes de cumplir la condena que le sea impuesta a
través de los beneficios penitenciarios previstos por la Ley Penal.
1392,1393,1394
Aunado a ello, para los últimos artículos
mencionados, se plantean las modificaciones pertinentes para que la remisión a los tipos
penales del delito que se excepcionan sea a los artículos que en efecto corresponde, así
los relativos a los delitos contra la salud, violación y plagio o secuestro.
Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 122,
apartado C, base primera, fracción V, inciso ñ, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; el artículo 42 fracción VIII del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal y el artículo 10 fracción II de la Ley Orgánica de la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal, por el digno conducto de ustedes, se somete a la
consideración del Congreso de la Unión el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se reforman los artículos 85, 201, 203,
205 y 208 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para
toda la República en Materia de Fuero Federal, así como los artículos 8o. y 16 de la
Ley que Establece las Normas Minimas sobre Readaptacion Social de Sentenciados.
Artículo primero. Se reforman los artículos 85,
201, 203, 205, primer párrafo y 208 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia
de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como
sigue:
"Artículo 85. La libertad preparatoria no se
concederá a los sentenciados por alguno de los delitos contra la salud en materia de
narcóticos previstos en los artículos 194 y 196-bis; por corrupción de menores,
previstos en el artículo 201 y 205; por explotación del cuerpo de un menor de edad por
medio del comercio carnal, previsto en el artículo 208; por delito de violación,
previsto en el primero y segundo párrafos del artículo 265 en relación con el artículo
266-bis fracción I; por el delito de plagio y secuestro, previsto en el artículo 366 con
excepción de lo previsto en la fracción VI de dicho artículo en relación con su
antepenúltimo párrafo y lo dispuesto en el penúltimo párrafo; por el delito de robo
con violencia en las personas en un inmueble habitado o destinado para habitación,
conforme a lo previsto en el artículo 367 en relación con los artículos 372 y 381-bis,
de este código, así como a los habituales y a quienes hubieran incurrido en segunda
reincidencia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Artículo 201. Al que procure o facilite la
corrupción de un menor de 18 años de edad:
I. Mediante actos de exhibicionismo corporal,
lascivos o sexuales o lo obligue o induzca a cualquiera de ellos; o lo obligue o induzca a
la prostitución o al homosexualismo, se le impondrán de cinco a 10 años de prisión y
de 1 mil a 2 mil días multa;
II. Obligándolo o induciéndolo a la ebriedad, al
consumo de narcóticos o a cometer hechos constitutivos de cualquier delito, se le
impondrán de cuatro a nueve años de prisión y de 500 a 1 mil días multa;
III. Obligándolo o induciéndolo a la práctica de
la mendicidad, se le impondrán de tres a ocho años de prisión y de 50 a 200 días
multa.
Cuando los actos de exhibicionismo corporal, lascivos
o sexuales, de prostitución o de homosexualismo en que participen uno o más menores,
sean fijados, grabados o impresos, en cualquier medio con fines de lucro la pena será de
10 a 14 años de prisión y de 500 a 3 mil días multa, al que fije, grabe o imprima y al
que realice los actos mencionados con el menor. La misma pena se impondrá a quien con
fines de lucro fabrique, produzca, venda, arriende, almacene, transporte, distribuya o
difunda el material.
Se impondrá prisión de 14 a 18 años y de 1 mil a 5
mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito
a quien por sí, a través de terceros o a nombre de otros, dirija, administre o supervise
cualquier tipo de asociación delictuosa constituida con el propósito de realizar o que
realice cualquiera de las actividades delictivas a que se refiere este artículo.
Si además de los delitos previstos en este capítulo
resultase cometido otro, se aplicarán las reglas de acumulación.
Se equiparará a la corrupción de menores y se
sancionará con las mismas penas a quien cometa los actos a que se refiere este artículo,
respecto de quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho.
Las penas previstas en este artículo se aumentarán
hasta en una cuarta parte en su mínimo y máximo cuando el delito fuere cometido por la
persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la
confianza en él depositada.
Artículo 203. Cuando el delincuente tenga parentesco
con el menor, ejerza la tutela sobre él o sea su padrastro o madrastra, las penas de
prisión que señalan los artículos anteriores de este capítulo, se aumentarán:
I. En una mitad para el supuesto de la fracción I
del artículo 201 anterior;
II. En un tanto igual para el supuesto del artículo
202 anterior y
III. En una tercera parte para los demás supuestos
del artículo 201 anterior.
En todos los casos el reo será privado de todo
derecho a los bienes del ofendido y de la patria potestad sobre sus descendientes.
Artículo 205. Al que promueva, facilite, consiga o
entregue a una persona para que ejerza la prostitución dentro o fuera del país, se le
impondrá prisión de cinco a 12 años y de 100 a 1 mil días multa.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Artículo 208. Cuando la persona cuyo cuerpo sea explotado
por medio del comercio carnal, sea menor de edad, se aplicará al que encubra, concierte o
permita dicho comercio, pena de ocho a 12 años de prisión y de 100 a 1 mil días
multa."
Artículo segundo. Se reforman los artículos 8o. y
16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados,
para quedar como sigue:
"Artículo 8o.. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
I a la V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
No se concederán las medidas de tratamiento
preliberacional establecidas en las fracciones IV y V de este artículo, a los
sentenciados por los delitos contra la salud en materia de estupefacientes y sicotrópicos
previstos en las fracciones I a la IV del artículo 194, salvo que se trate de individuos
en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad
económica, por los delitos de corrupción de menores previstos en los artículos 201 y
205, por el delito de explotación del cuerpo de un menor de edad por medio del comercio
carnal, previsto en el artículo 208, por el delito de violación, previsto en el primero
y segundo párrafos del artículo 265, en relación a los artículos 266 fracción I y
266-bis fracciones I, II y IV, por el delito de plagio o secuestro, previsto en el
artículo 366, por el delito de robo con violencia en las personas en un inmueble habitado
o destinado para habitación conforme a lo previsto en el artículo 367, en relación con
los artículos 372 y 381-bis, del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de
Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Artículo 16.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
No se concederá la remisión parcial de la pena a
los sentenciados por los delitos contra la salud en materia de estupefacientes y
sicotrópicos, previstos en las fracciones I a la IV del artículo 194, salvo que se trate
de individuos en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema
necesidad económica; por los delitos de corrupción de menores, previstos en los
artículos 201 y 205; por el delito de explotación del cuerpo de un menor de edad por
medio del comercio carnal previsto en el artículo 208; por el delito de violación
previsto en el primero y segundo párrafos del artículo 265, en relación a los
artículos 266 fracción I y 266-bis fracciones I, ll y IV; por el delito de plagio o
secuestro previsto en el artículo 366; por el delito de robo con violencia en las
personas en un inmueble habitado o destinado para habitación conforme a lo previsto en el
artículo 367, en relación con los artículos 372 y 381-bis, del Código Penal para el
Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero
Federal."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal I Legislatura, a 15 de octubre de 1998.- Por la mesa directiva.-
Diputados: Jesús Galván Muñoz, presidente; Pablo de Anda Márquez y José Luis Benítez
Gil, secretarios.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Justicia.
Saludamos la presencia de 130 integrantes de la
Federación de Productores de Maíz del Estado de México, invitados por el diputado
Sergio Valdés Arias, al igual que de 20 alumnos de la Facultad de Derecho del Instituto
Tecnológico Autónomo de México, invitados por el diputado Francisco Loyo Ramos.
Bienvenidos.
REPUBLICA
FRANCESA (II)
El siguiente punto del orden del día es
la discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto que concede permiso al
ciudadano Sergio Iván Trujillo Bolio, para aceptar y usar la condecoración que le
confiere el gobierno de la República Francesa.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el
expediente con minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Sergio Iván
Trujillo Bolio, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las
Letras, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
La comisión considera cumplidos los requisitos
legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo
que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano
Sergio Iván Trujillo Bolio, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las
Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República
Francesa.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 16 de octubre de 1998.- Diputados:
Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez,
Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta,
Juan José García de Quevedo Baeza, Arturo Núñez Jiménez, Pablo Gómez Alvarez, Fidel
Herrera Beltrán, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández
Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José Luis Lamadrid Sauza, J. de Jesús Martín del
Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez,
Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan
José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta
Parlamentaria del 26 de octubre, está a discusión el proyecto de decreto...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a
la Secretaría se abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la
votación del proyecto de decreto.
1395,1396,1397
| El secretario
Efrén Enríquez Ordóñez: |
Se ruega a la oficialía Mayor haga los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para
tomar la votación nominal del proyecto de decreto.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 350 votos en pro y
cero en contra.
Aprobado el proyecto de decreto por 350
votos.
| El secretario
Efrén Enríquez Ordóñez: |
Pasa al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
REPUBLICA DE
CHILE
El siguiente punto del orden del día es
la discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto que concede permiso a la
ciudadana Ana Pricila Sosa Ferreira, para aceptar y usar la condecoración que le confiere
el gobierno de la República de Chile.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el
expediente con minuta proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Ana Pricila
Sosa Ferreira, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Bernardo O'Higgins en
grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Chile.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales
necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que
establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana
Ana Pricila Sosa Ferreira, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Bernardo
O'Higgins en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Chile.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 16 de octubre de 1998.- Diputados:
Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez,
Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta,
Juan José García de Quevedo Baeza, Arturo Núñez Jiménez, Pablo Gómez Alvarez, Fidel
Herrera Beltrán, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández
Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José Luis Lamadrid Sauza, José de Jesús Martín del
Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez,
Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan
José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta
Parlamentaria del 26 de octubre, está a discusión el proyecto de decreto...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a
la Secretaría se abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la
votación del proyecto de decreto.
| El secretario
Saúl Solano Castro: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que
se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para tomar
la votación nominal del proyecto de decreto.
(Votación.)
Se emitieron 335 votos en pro y 24 en contra.
Aprobado el proyecto de decreto por 335
votos.
| El secretario
Saúl Solano Castro: |
Pasa al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es
la discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto que concede permiso al
ciudadano Carlos Hurtado López, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el
gobierno de la República de Chile.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con
minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Carlos Hurtado López, para
aceptar y usar la condecoración de la Orden Bernardo O'Higgins, en grado de Comendador,
que le confiere el gobierno de la República de Chile.
La comisión considera cumplidos lo requisitos legales
necesario para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que
establece la fracción III del aparado C del artículo 37 constitucional, se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano
Carlos Hurtado López, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Bernardo
O'Higgins, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Chile.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 16 de octubre de 1998.- Diputados:
Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez,
Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta,
Juan José García de Quevedo Baeza, Arturo Núñez Jiménez, Pablo Gómez Alvarez, Fidel
Herrera Beltrán, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández
Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José Luis Lamadrid Sauza, José de Jesús Martín del
Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez,
Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan
José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta
Parlamentaria del 23 de octubre, está a discusión el proyecto de decreto...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a
la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación
del proyecto de decreto.
La secretaria
Cecilia Eulalia López
Rodríguez: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para
tomar la votación nominal del proyecto de decreto.
(Votación.)
Se emitieron 356 votos en pro y 14 en contra.
Aprobado el proyecto de decreto por 356 votos.
La secretaria
Cecilia Eulalia López
Rodríguez: |
Pasa al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
Esta Presidencia agradece a los señores
diputados permanecer en sus curules, en virtud de que faltan cuatro votaciones continuas.
El siguiente punto del orden del día es la
discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto que concede permiso al
ciudadano Antonio Ocaranza Fernández, para aceptar y usar la condecoración que le
confiere el gobierno de la República de Chile.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el
expediente con minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Antonio
Ocaranza Fernández, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Bernardo O'Higgins,
en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Chile.
La comisión considera cumplidos los requisitos
legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo
que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano
Antonio Ocaranza Fernández, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Bernardo
O'Higgins, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Chile.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 16 de octubre de 1998.- Diputados:
Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez,
Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta,
Juan José García de Quevedo Baeza, Arturo Núñez Jiménez, Pablo Gómez Alvarez, Fidel
Herrera Beltrán, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández
Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José Luis Lamadrid Sauza, José de Jesús Martín del
Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez,
Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan
José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta
Parlamentaria del 23 de octubre, está a discusión el proyecto de decreto...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a
la Secretaría se abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la
votación del proyecto de decreto.
| El secretario
Efrén Enríquez Ordóñez: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para
tomar la votación nominal del proyecto de decreto.
(Votación.)
Se emitieron 360 votos en pro y siete en contra.
Aprobado el proyecto de decreto por 360 votos.
| El secretario
Efrén Enríquez Ordóñez: |
Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
1398,1399,1400
REPUBLICA
FRANCESA (III)
El siguiente punto del orden del día es la
discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto que concede permiso al
ciudadano Eloy Vallina Laguera, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario
del gobierno de Francia.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 13 de
octubre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con minuta
proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Eloy Vallina Laguera, para
desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia, en la ciudad de Chihuahua, con
circunscripción consular en el Estado de Chihuahua.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, el 15 de octubre, se turnó a las suscrita comisión para
su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad
mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado
prestará en el Consulado de Francia, en Chihuahua, con circunscripción consular en el
Estado de Chihuahua, serán de carácter estrictamente consular y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la
fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a
la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano
Eloy Vallina Laguera, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia, en la
ciudad de Chihuahua, con circunscripción consular en el Estado de Chihuahua.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 16 de octubre de 1998.- Diputados:
Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez,
Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta,
Juan José García de Quevedo Baeza, Arturo Núñez Jiménez, Pablo Gómez Alvarez, Fidel
Herrera Beltrán, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández
Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José Luis Lamadrid Sauza, José de Jesús Martín del
Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez,
Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan
José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta
Parlamentaria del 23 de octubre, está a discusión el proyecto de decreto...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a
la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la
votación del proyecto de decreto.
| El secretario
Adalberto Antonio Balderrama Fernández: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para
tomar la votación nominal del proyecto de decreto.
(Votación.)
Se emitieron 164 votos en pro y 206 en contra.
Regrésese al Senado para los efectos
constitucionales.
REPUBLICA DE
COLOMBIA
El siguiente punto del orden del día es
la discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto, que concede permiso a la
ciudadana María Guadalupe Hernández González, para que pueda desempeñar el cargo de
cónsul honorario del gobierno de Colombia.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 13 de
octubre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta
proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana María Guadalupe Hernández
González, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Colombia en la ciudad de
Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, el día 15 de octubre, se turnó a la suscrita comisión
para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad
mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada
prestará al gobierno de Colombia, serán de carácter estrictamente consular y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la
fracción II del apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a
la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana
María Guadalupe Hernández González, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de
Colombia en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de
Jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 16 de octubre de 1998.- Diputados:
Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez,
Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta,
Juan José García de Quevedo Baeza, Arturo Núñez Jiménez, Pablo Gómez Alvarez, Fidel
Herrera Beltrán, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández
Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José Luis Lamadrid Sauza, José de Jesús Martín del
Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez,
Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan
José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a
la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación
del proyecto de decreto.
| El secretario
Nicolás Jiménez Carrillo: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para
tomar la votación nominal del proyecto de decreto.
(Votación.)
Se emitieron 349 votos en pro y tres en contra.
Aprobado el proyecto de decreto por 349
votos.
| El secretario
Nicolás Jiménez Carrillo: |
Pasa el Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
COMISIONES DE
TRABAJO
| El secretario
Luis David Gálvez Gasca: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.
Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política.
Ciudadano diputado Felipe de Jesús Preciado
Coronado, presidente de la mesa directiva.- Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27
incisos b y d, 45 fracciones I y VI y 47 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos; el artículo 21 fracciones III y IV del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los
artículos 2o., 5o. y 9o. del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración
del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en
la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente el documento
suscrito por el diputado Jesús Martín del Campo, en que comunica que la diputada Lenia
Batres Guadarrama se incorpora a la Comisión de Justicia en sustitución del diputado
Arturo Rosas.
Lo anterior, para el trámite a que haya lugar.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 22 de octubre
de 1998.- Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.- Enrique León
Martínez, secretario técnico.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.
Ciudadano diputado Felipe de Jesús Preciado
Coronado, presidente de la mesa directiva.- Presente.
Por medio de la presente le informo que la diputada
Lenia Batres Guadarrama se incorporará como miembro de la Comisión de Justicia, en
sustitución del diputado Alberto López Rosas, lo anterior para los efectos procedentes.
Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la
oportunidad para enviarle un muy cordial saludo.
Atentamente.
México, D.F., a 22 de octubre de 1998.- Diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda, coordinador de proceso legislativo.»
De enterado.
«Ciudadano diputado Felipe de Jesús Preciado
Coronado, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.
Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 34,
27 incisos b y d y 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los
artículos 5o. y 9o. del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del
Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la
sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá encontrar
el siguiente documento signado por el diputado Francisco José Paoli y Bolio,
subcoordinador del grupo parlamentario del PAN, donde solicita cambios en comisiones, lo
anterior para que se le dé el trámite correspondiente.
Que el diputado Américo Ramírez Rodríguez
sustituya al diputado Juan Marcos Gutiérrez González, en la Comisión de Justicia.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 22 de octubre
de 1998.- Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de Régimen Interno
y Concertación Política.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.
Ciudadano diputado Arturo Núñez Jiménez,
presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.- Presente.
Por este conducto, le solicito de la manera más
atenta sea tramitado el cambio del diputado Juan Marcos Gutiérrez González, por el
diputado Américo Ramírez Rodríguez, en la Comisión de Justicia.
1401,1402,1403
Lo anterior con base en que el diputado Gutiérrez,
venía sustituyendo al diputado Ramírez temporalmente en dicha comisión.
Le envío un cordial saludo.
México, D.F., a 22 de octubre de 1998.- Diputado
Francisco José Paoli y Bolio, subcoordinador del PAN.»
De enterado.
«Diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado,
presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.
Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 34,
27 incisos b y d y 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los
artículos 5o. y 9o. del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del
Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la
sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá encontrar
el siguiente documento signado por el diputado Jorge Emilio González Martínez,
coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, donde
solicita cambios en comisiones, lo anterior para que se le dé el trámite
correspondiente.
Que la diputada Gloria Lavara Mejía sustituya a la
diputada Verónica Velasco Rodríguez, en la Comisión de Concordia y Pacificación.
Sin otro particular quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F. 22 de octubre de
1998.- Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.
Diputado Arturo Nuñez Jiménez, presidente de la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.- Presente.
Por medio del presente me permito solicitar a usted sea tan
amable de girar sus apreciables instrucciones a efecto de que se realice la sustitución
de la diputada Verónica Velasco Rodríguez, de la Comisión de Concordia y Pacificación
(Cocopa), por la diputada Gloria Lavara Mejía, quienes pertenecen a este grupo
parlamentario.
Sin otro particular, agradezco de antemano la
atención recibida al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y
respetuoso saludo.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 22 de octubre de 1998.-
Diputado Jorge Emilio González Martínez, coordinador del Partido Verde Ecologista de
México.»
De enterado.
La secretaria
Cecilia Eulalia López
Rodríguez: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.
Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política.
Diputado Felipe de Jesús Preciado, presidente de la
mesa directiva.- Presente.
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 27 incisos b y d, 45 fracciones I y VI, 46 primer párrafo, 52 y 55 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21 fraccón III del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y segundo y duodécimo del acuerdo parlamentario relativo a la organización y reuniones
de las comisiones y comités, aprobado en la sesión efectuada el día 2 de diciembre de
1997, le comunico que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en la
reunión celebrada el 15 de octubre del presente, acordó someter a la consideración del
pleno extender la vigencia de la Comisión de Investigación del Funcionamiento de la
Conasupo y empresas filiales, durante un lapso de seis meses más, contados a partir de la
fecha en que formalmente debieran cesar las actividades de la misma. Lo anterior, para los
efectos conducentes.
Sin más por el momento, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 19 de octubre
de 1998.- Enrique León Martínez, secretario técnico.»
En votación económica se pregunta si se aprueba la
proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
Saludamos la presencia de 80 alumnos de
primaria y secundaria del Colegio Discover School, acompañados por la profesora Diana
Rocío de Ramos. ¡Bienvenidos!
JUSTO SIERRA MENDEZ
Tiene la palabra el diputado Ramón
Félix Santini Pech, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar una excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
| El diputado
Ramón Félix Satini Pech: |
Señor Presidente; compañeras y compañeros
diputados:
Este año, al cumplirse el sesquicentenario del
natalicio de Justo Sierra Méndez, los mexicanos de hoy, al evocar su memoria, nos
recreamos en el ejemplo de quien fuera en vida literato impecable, historiador imparcial,
tribuno elocuente y educador de recio prestigio.
Con cuánta razón un michoacano sensible, el
diputado Santiago Padilla, en la sesión ordinaria del pasado 24 de septiembre sustentó
la iniciativa de inscribir en las paredes de este recinto legislativo el nombre del
maestro de América. Nada más propio que incluir en la relación de los mexicanos
ilustres que presiden el quehacer legislativo desde el sitial de honor de los muros de
esta Cámara, el nombre del educador eminente que nació en tierras campechanas para
constituirse por sus virtudes propias, por su talento y sus lecciones de moral cívica, en
parte sustancial del patrimonio espiritual de América.
Justo Sierra fue un hombre visionario, comprometido
con las generaciones nuevas, cuyo recto desempeño en la función pública nunca fue
eclipsado por las pasiones políticas de su tiempo.
Como educador, Sierra pugnó porque la escuela fuera fuente
de energía para renovar y fortalecer los desequilibrios sociales.
La escuela, como agente de cambio, fue el principio
rector de su filosofía educativa que no ha perdido vigencia; "nada tendremos que
temer al porvenir si la escuela cumple con su deber", afirmaba con frecuencia el
educador por excelencia.
Como legislador, su sentido de equidad y su vocación
por la justicia social lo hicieron aliado de los sectores desposeídos.
Existe en el archivo documental de esta Cámara,
testimonio de sus discursos vigorosos en los que brilla su inteligencia, en armonía con
la razón y el derecho. Aún perdura en el recinto legislativo el eco de su vibrante
reclamo en defensa de un pueblo defraudado en sus anhelos, de vivir en condiciones dignas.
Cimbró la conciencia de los hombres de su época, su
frase encendida: "el pueblo tiene hambre y sed de justicia". Sierra actualiza
con rigor la figura del intelectual, que asume el imperativo de no ser ajeno al destino de
su comunidad. Con Justo Sierra la práctica de la política estuvo indisolublemente unida
al concepto del valor, que obliga a hacer lo debido a costa de cualquier precio.
El deber, no la consigna, fue la estrella que
orientó su conducta de hombre público. Quizá ése fue el mayor mérito que lo ubica por
encima del rencor, que suele nacer de la pasión insana, que muchas veces despierta el
ejercicio del poder.
En la magistratura de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en la definición de objetivos de la Secretaría de instrucción Pública y
Bellas Artes, de la que fue su primer titular y en la fundación de la Universidad
Nacional de México, de la que fue el más entusiasta de sus promoventes, el maestro Justo
Sierra acreditó las altas miras y advirtió él, con su palabra exquisita, José Martí.
"A Sierra -dijo el mártir cubano-, su fantasía
de poeta le lució para pulir y agudizar su ingenio, que puso siempre al servicio de las
causas grandes."
Con nuestro reconocimiento a la voluntad de los
legisladores de los diversos partidos políticos, que coinciden con la propuesta de
escribir con letras de oro el nombre de nuestro ilustre coterráneo, en el espacio
reservado a nuestros grandes ausentes, el día de hoy, a nombre de los diputados del
Estado de Campeche, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional y con fundamento en el artículo 27 inciso b y el artículo 48 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción
XVI del artículo 21 del Reglamentos para el Gobierno Interior del Congreso General,
solicitamos a esta Presidencia se sirva turnar esta excitativa a la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que proceda a la presentación del dictamen
relativo a la iniciativa aludida, a efecto de que en este mismo periodo se pueda dar
cumplimiento al acuerdo que por razón corresponda.
No debería concluir sin una breve exhortación que
pudiera parecer incluso innecesaria, esta LVII Legislatura se encuentra ahora en la
oportunidad de honrar a un destacado mexicano que acreditó en su prolífica vida, un amor
por la educación y la cultura, sólo superados por su devoción por la patria.
A 150 años de su natalicio, hagámosle el justo
reconocimiento de incluirlo en el listado de honor de este recinto. A ello la historia nos
convoca.
Muchas gracias.
De conformidad con lo que establece el
artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, para que presente el dictamen correspondiente.
SECTOR
AGROPECUARIO
Tiene la palabra el diputado Sergio
Valdés Arias, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una proposición con programa de rescate agropecuario.
| El diputado
Sergio Valdés Arias: |
Gracias por su anuencia, señor Presidente;
diputadas y diputados:
Es tan severa la crisis que padece en México el
sector primario de la producción, que parece que éste se encamina hacia su extinción,
particularmente en el rubro de los granos básicos y de éstos el cultivo del maíz.
Ningún programa de rescate agropecuario en México podrá ser exitoso si no inicia
fortaleciendo la productividad, incorporando el avance tecnológico y mejorando la
comercialización.
La Federación de Productores de Maíz del Estado de
México y productores de Hidalgo y de Tlaxcala, cuyos dirigentes se encuentran presentes,
me han pedido traiga a la consideración de la soberanía nacional rumbo al presupuesto
federal de 1999 las siguientes reflexiones y propuestas:
¿Por qué decimos que nuestro maíz es primero? En
México este cultivo es con mucho la actividad principal de los productores rurales.
Quienes producen este alimento básico de la dieta de los mexicanos, son gente empobrecida
que no ve premiado su trabajo en el mercado. El precio que se paga por la tonelada de
maíz es un precio inhumano y antieconómico. Antes de 1982 los productores comerciales de
maíz de los valles altos, eran agentes económicos útiles y que con el apoyo de las
instituciones sociales del Estado mexicano, casi abastecían todo el mercado nacional.
Después del año referido, las políticas aplicadas por el Gobierno han convertido al
productor de maíz en un agente económico inservible.
1404,1405,1406
Reivindicar un Procampo que sirva, es decir que
mejore las condiciones de producción y de vida a la población rural, que contrarreste
los desequilibrios del mercado internacional; pugnamos porque el Procampo al menos iguale
los subsidios que otros países otorgan a los productores agrícolas.
En Suiza, los agricultores reciben el equivalente a
12 mil pesos por hectárea como subsidio a la producción agrícola; en Estados Unidos
entre el 40% y 57% del costo de producción de granos se subsidia; los países
desarrollados son los más proteccionistas de su producción agropecuaria.
La producción de maíz en México es prioritaria, no
puede quedar expuesta a los referentes comerciales de la globalización de la oferta y la
demanda. Muchas veces lo hemos dicho, hoy lo recalcamos, el Tratado de Libre Comercio,
pone a competir al productor nacional en condiciones desventajosas con los mejores
productores del mundo. Sirva esta ocasión, para que a plena responsabilidad, todos los
representantes de la nación construyamos el gran acuerdo que empuje modificaciones en el
Tratado de Libre Comercio para que se proteja a nuestros connacionales agricultores.
El campo está lleno de carteras vencidas; es urgente
un nuevo esquema de financiamiento público a las actividades rurales.
En 1999 en México habrá escasez de granos
nacionales. Los precios internacionales están a la baja, lo que quiere decir que si no se
hubiera devaluado el peso ni siquiera cuando los granos nacionales escasean, es rentable
producirlo y ante un temporal como el de 1998, con sequías primero e inundaciones
después, la solución fácil simplemente es las importaciones.
Pero se nos olvida que si estos fenómenos
meteorológicos fueran mundiales, podríamos pasar de un año de abundancia y precios
bajos, a un periodo de escasez, precios altos y hambre colectiva.
Algunas tesis gubernamentales equivocadas:
Sostiene el Gobierno: si el maíz cultivado en los
valles altos no es negocio para los productores, hay que abandonarlo. El cultivo del maíz
no es abandonable, si se suprimen los valles altos se cae la economía rural, no sólo de
las comunidades campesinas, sino también de sus centros urbanos.
Hoy en día, de esta actividad depende el ingreso del
70% de las unidades familiares de producción rural.
Es catastrófico seguir una política de ofensiva al
cultivo del maíz. Dice también el Gobierno: es más costeable importar el maíz de otros
países que producirlo en nuestras propias tierras, éste es un pretexto para ocultar lo
equivocado de las políticas económicas.
También en los valles altos del país puede ser
costeable producir el maíz en cantidades suficientes sin tener que distraer divisas para
comprarlo fuera. Pero hay que dotar de apoyos suficientes y oportunos a quienes ya saben
de esa actividad productiva.
No hace falta cambiar a nuestros campesinos por los
granjeros americanos. Dicen en el Gobierno: sólo los productores de maíz que cultivan
extensiones grandes, tendrán futuro en el mercado de este producto, los pequeños
productores están condenados al fracaso. Es una necedad querer copiar la agricultura
norteamericana; nuestros campos no son iguales y la tierra aquí está muy repartida.
Debemos usar tecnología adecuada a pequeñas explotaciones, así lo hacen los países
desarrollados cuyas unidades de producción no son muy extensas.
Sostienen los gobiernos estatales: estamos
imposibilitados de abanderar la defensa del cultivo y del precio del maíz. Sólo el
Ejecutivo Federal o el Poder Legislativo de la Federación, son competentes en la materia,
este argumento no es verdadero. Los gobiernos estatales pueden solidarizarse con los
productores de maíz y proponer al Gobierno Federal alternativas de solución para el
incremento en los precios de este grano, así como para que se revise el Tratado de Libre
Comercio, lo mismo pueden hacer los senadores, diputados federales y diputados locales.
Se dice también en el área gubernamental: una vez
firmado el Tratado de Libre Comercio, ya no hay modo de cambiarlo y el Gobierno no puede
ir en contra de los acuerdos firmados, lo único que cabe es resignarse y adaptarse a la
nueva realidad, por cruda que ésta sea.
Las autoridades del gobierno de Canadá están de
acuerdo en que se revisen los compromisos pactados e insisten en hacer replanteamientos.
Es necesario revisar los acuerdos relativos al maíz, a fin de lograr un tratamiento de
complementariedad y no de competencia y exclusión, en el que se incorporen los objetivos
de seguridad alimentaria de corto, mediano y largo plazos. Se revalore la función y la
contribución de las agriculturas campesinas e indígenas al empleo rural, a la
autosustentación, al abasto de mercados locales y regionales.
Se demanda la cancelación de la importación de
maíz libre de arancel y su manejo discrecional por parte del Gobierno Federal, así como
la incorporación de los representantes de los productores en la planeación y ejecución
del fomento, protección y subsidio a los granos básicos.
Se dice también en el Gobierno: el Gobierno Federal
a través del Procampo y del Programa de Empleo Temporal, así como los gobiernos
estatales a través del precio de los fertilizantes, han compensado la pérdida del poder
adquisitivo de los productores del maíz.
La compensación obtenida mediante estos apoyos es
muy baja y no es verdaderamente una compensación, además no es general, pues no todos
los campesinos obtienen los beneficios.
El empeoramiento de nuestras condiciones de
producción, al comparar el precio de la cosecha del maíz con los precios de algunos
insumos que juegan un papel importante en el proceso de la producción del grano básico,
así como con la relación peso-dólar y con el valor de la mano de obra rural, se obtiene
la conclusión de la pérdida vertiginosa de la capacidad de compra del maíz, esta
mercancía describe una tendencia parecida a la del salario mínimo rural, pero aún más
pronunciada.
El poder de compra de los productores comerciales del
maíz y de los trabajadores del campo, está en franco deterioro; seguramente aquí está
el factor de la pobreza extrema tan característica de las comunidades cultivadoras de
maíz y aún más, de la indigencia y creciente desesperanza.
La problemática de los estados del centro del país se
resume así: un solo ciclo agrícola, un cultivo predominante, tenencia pulverizada, bajos
rendimientos, altos costos de producción, baja rentabilidad del cultivo y otros más
asociados con los primeros, que se resumen en una creciente descapitalización de las
unidades productivas, la cual se manifiesta de manera cruda en las desfavorables
relaciones de intercambio que prevalecen desde hace casi dos décadas.
Y aquí quisiera comentar lo que puede pasar con la
urea, que es el fertilizante nitrogenado de mayor importancia en México.
En el país existen las siguientes plantas: Pajaritos,
Veracruz, propiedad de Agromex, cuyos dueños en apellidos son Autroy, Ancira y Salinas;
Camargo, Chihuahua; Salamanca, Guanajuato y Minatitlán Veracruz, propiedad del grupo
Fertimina, Fertimex, de Manuel Cadena, Mosqueda y Castillo, la producción anual de estas
plantas se estima en 1 millón de toneladas anuales. Todas estas plantas fueron
construidas por el Gobierno Federal y vendidas a la iniciativa privada a precios muy bajos
como resultado de la apertura comercial, diferentes empresas, Fertinal, Tonamex, Almeca,
Fertipu, entre otras, importan alrededor de 600 mil toneladas anuales de urea,
principalmente de Rusia, con lo que se logra que este producto no suba de precio en
México, por ser la urea extranjera más barata que la mexicana.
Este año el grupo Agromex compró al grupo
Fertimina, Fertimex todas sus plantas productoras de urea, por lo que este grupo
monopoliza la producción de urea en el país. Agromex está por lograr que el Gobierno
Federal apruebe un arancel del 15% al 20% a la urea importada y así evitar la entrada de
la urea de importación.
Con lo anterior, el agricultor mexicano pagará la
ineficiencia con que operan las plantas y el lucro excesivo que pretenden obtener los
propietarios de éstas en áreas en que se debe proteger la industria mexicana.
El enfoque oficial de los costos de producción del
maíz: el Gobierno mexicano, desde hace varias décadas, ha estimado y operado el criterio
de los precios de garantía para regular el valor del maíz, a partir de los costos de
producción. El costo por tonelada, de acuerdo con este enfoque, debería de ser de 1 mil
832.25 pesos por tonelada en riego y de 2 mil 679.50 por tonelada en temporal. Este dato
no es siquiera correspondiente con el precio ofrecido por la Conasupo en el periodo de
compras más reciente, 1 mil 345 pesos por toneladas.
Este costo por tonelada, evidentemente no refleja el
costo que para los productores significa el que se autoempleen todo el año en sus
parcelas, el costo de los servicios médicos en que incurren todo el año, el seguro de
vida, del que carecen como productores agrícolas, las prestaciones sociales, que tampoco
tienen, además del hecho que este precio, teóricamente les estaría permitiendo
recuperar lo invertido, pero no acumular lo necesario para ampliar sus explotaciones ni
tampoco para amortizar el costo de la maquinaria que emplean. Lo que se traduce en el
avejentamiento inevitable de la misma, sin tener en realidad oportunidad para sustituirla
ya no por la misma, sino por otra más moderna y eficiente.
Por lo tanto, desechamos este enfoque, porque encubre
la autoexplotación del agricultor y la transferencia de valor a otros sectores
económicos.
El análisis siguiente se refiere a una comparación
del poder de compra del maíz con algunos de los insumos más importantes que se utilizan
en su producción. En 1982, con un kilogramo de maíz, se podían comprar 1.5 litros de
gasolina; en 1990 ya solamente se compraban 800 centímetros cúbicos; en 1996, solamente
medio litro de gasolina por un kilogramo de maíz y en octubre de 1998, solamente 370
centímetros cúbicos de gasolina por un kilogramo de maíz.
Litros de diesel que se compran con un kilogramo de
maíz: en 1982, 3.5; en 1990, uno; en 1996, 600 centímetros cúbicos y en octubre de
1998, apenas 470 centímetros cúbicos.
Toneladas de maíz que se necesitaban para comprar un
tractor equipado de 70 caballos de fuerza, en 1982: 84.5 toneladas; en 1990, 120
toneladas; en 1996, 112 mil 500; en octubre de 1998 se requieren 145 toneladas.
Los datos anteriores, en conjunto, son una prueba
fehaciente de la pérdida del valor del maíz en relación con otras mercancías e insumos
necesarios para su producción y la consecuencia ha sido la creciente descapitalización
de los productores, limitando severamente la posibilidad de poder vivir de él.
Propuesta: nuestra propuesta parte del enfoque de la
capacidad de intercambio que se relaciona directamente con la recuperación del nivel de
compra de nuestro maíz que tenía en 1982, en relación con los insumos que se usan
directamente en la producción, ajustando la cantidad de cada mercancía que se compraba
con un kilogramo de maíz, considerando el precio actual de dichas mercancías.
De esta manera, si se parte del fertilizante, el
precio de la tonelada de maíz debería ser de 4 mil 332.63 pesos. En el caso de la
gasolina para tener un valor equivalente al de 1982, el precio debería de ser de 5 mil
445.00 pesos por tonelada. Si se toma en cuenta el diesel nos da un precio de 9 mil 009.00
pesos por tonelada y por último, para que pudiéramos comprar un tractor, con 84.5
toneladas de maíz, cada una debería de valer 2 mil 307.06 pesos por tonelada.
El promedio aritmético de los indicadores anteriores
nos da un precio de 5 mil 273.58 pesos por tonelada, si a esta cifra se le descuenta el
importe del Procampo, que actualmente es de 626.00 por hectárea o sea, 207.00 pesos por
tonelada, entonces el precio por tonelada de maíz debería de ser de 5 mil 041.73.
¿Cómo llegar a la propuesta?
Consideramos que lo que el productor necesita es
fundamentalmente precio para su maíz, sin mecanismos de otra naturaleza, por lo que ésta
sería la vía que preferiríamos en primera instancia, por lo que la propuesta anterior
está hecha en términos de precio por tonelada de maíz, aunque reconocemos que no es la
vía exclusiva, pues las experiencias de otros países nos muestran que existen diversas
medidas e instrumentos que los gobiernos operan.
También en México, aunque de manera reducida para
estimular la producción agropecuaria, de entre los que destacan el apoyo a los precios de
los productos, legislación particular para proteger y estimular la producción interna,
pagos directos a los productos, subsidios a los insumos, programas de estímulo a la
productividad mediante la introducción de innovaciones tecnológicas, asesoría técnica
especializada y desarrollo de infraestructura, subsidio en el pago del seguro agrícola y
otros.
1407,1408,1409
En conjunto, las medidas e instrumentos anteriores
han formado parte de las políticas agropecuarias de los países con grandes aportaciones
al volumen mundial del maíz y deberían de ser analizados por el Gobierno para ponerlos
en práctica, como parte de una política de apoyo a los productores.
En este caso concreto por la importancia que tiene el
maíz en la alimentación, humana y las consecuencias económicas que por ser el primer
eslabón de la cadena productiva, creemos necesario que el Gobierno intervenga para
mantener un sistema de precios que garanticen al productor la consecución de sus metas
económicas; es decir, proteger al cultivo y a los productores nacionales. Por esto es que
deben considerarse de manera concreta los siguientes mecanismos operados en otros países
para que los productores tengan esa garantía:
1o. Es indispensable por principio tener clara la
importancia de la fijación de un precio objetivo del grano al inicio de las cosechas, en
función de la superficie sembrada y al rendimiento esperado, teniendo presente siempre el
ingreso mínimo que se le debe garantizar al productor.
2o. Pagos de deficiencia. Sistema usado en los
Estados Unidos y en los países de la Unión Europea, en los casos cuando el productor
vende por abajo del precio objetivo el gobierno interviene pagando la diferencia al
productor para que su ingreso no disminuya y persista el interés por producir a niveles
satisfactorios de producción.
3o. Precio de intervención. Usado entre los países
de la Unión Europea cuando existe oferta excesiva del grano y su precio en el mercado
tiende a bajar, por lo que a partir de cierto nivel el gobierno interviene fijando un
precio que permite estabilizar el mercado y por lo tanto garantiza un ingreso adecuado a
los productores.
4o. Subsidios a la prima del seguro agrícola y de
cobertura amplia, lo que también fomentaría este servicio entre los productores.
5o. Subsidios a los insumos usados en la producción
de maíz con aportes importantes en la proporción de su costo, sobre todo al inicio del
ciclo agrícola.
Es necesaria la implementación de una política
agropecuaria realista, nacionalista, que garantice la producción y el abasto de alimentos
producidos en México para todos los mexicanos y que permita un ingreso suficiente al
productor.
Por las condiciones específicas de producción
consideramos importante establecer un esquema de precios diferenciales por regiones,
según las condiciones climatológicas y costos de producción que por ellos se generan.
Estamos convencidos que el medio de acceder a este objetivo
es un precio adecuado para nuestro maíz, que de acuerdo con nuestro análisis debería de
ser de 5 mil 041 pesos por tonelada, pero no obstante la claridad que tenemos ahora de
nuestras desventajas presupuestales y sin esperar que en un solo ciclo recuperemos lo que
hemos perdido en 17 años, sostenemos la demanda de que el precio por tonelada de maíz
para las cosechas subsiguientes deba de ser en los valles altos de México de 3 mil pesos
por tonelada.
Que lo anterior implica una fuerte erogación por
parte del Gobierno es cierto, pero también el Gobierno ha subsidiado tradicionalmente a
los molineros y a los industriales de la harina en cantidades extraordinarias y esos
recursos han quedado en pocas manos.
En 1994 el maíz se pagaba a 60 centavos y la
tortilla costaba el kilo 75 centavos, la diferencia era de 15 centavos; hoy el maíz
cuesta 1.35 y el kilo de tortilla cuesta tres pesos, la diferencia se hizo abismal en
sólo cuatro años.
Es tiempo de iniciar el rescate agropecuario
mexicano, sólo basta reconocer que los países desarrollados lo son en virtud de haber
fortalecido antes que nada su producción agropecuaria, reconocer la obviedad que si son
países poderosos es porque tienen el arma de los alimentos.
Dicen los sociólogos latinoamericanos que los
campesinos son los sobrevivientes de la globalización, pero ahí están los productores
de trigo y sorgo de Guanajuato, defendiendo el producto de su trabajo; están los
cebaderos de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala reclamando el respaldo que no limosna, del
Gobierno; los trigueros de Sonora en busca de mercado para su producto, igual que los
maiceros de Sinaloa. Tarde o temprano, todos los productores estarán unidos.
Por esta vez apostamos al nacionalismo del Poder
Legislativo, que no por casualidad es ahora más plural y democrático. De los diputados
en lo individual esperan los productores una actitud congruente y digna del tamaño de la
fe que los mexicanos tienen en ellos.
En México la ruina de los productores dejaría sin
rumbo a la política alimentaria, por eso proponemos que en el presupuesto de 1999 se
impulse un programa ambicioso para hacer competente la producción de maíz y otros granos
sobre la acción decidida y acelerada de dos protagonistas; los productores que se
comprometen a elevar la productividad al límite de lo posible, incorporando la mejor
tecnología disponible como ya lo están haciendo y, segundo, los gobiernos Federal y
estatales comprometiéndose a apoyar la producción, acercándose y rebasando aun el nivel
de los apoyos que los agricultores de otros países reciben de sus gobiernos, sin olvidar
que los precios adecuados son el mejor estímulo a la productividad.
Como lo dijera un destacado mexicano: "explotar
a la tierra y no explotar al hombre".
Señor Presidente, ruego a usted turne esta propuesta
a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la
Comisión de Agricultura.
Muchas gracias.
Túrnese a la Comisión de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Agricultura.
CARTERA VENCIDA
Se concede el uso de la palabra, al
diputado Arturo Charles Charles, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una
propuesta integral para atender la cartera vencida del sector agropecuario.
| El diputado
Arturo Charles Charles: |
Gracias. Con su permiso, señor
Presidente; honorable Asamblea:
Acudo en representación de los diputados que integramos el
grupo del sector agrario del grupo parlamentario del PRI, para presentar ante ustedes una
propuesta acerca de la cartera vencida y fomento crediticio a los productores del sector
agropecuario. Lo hago con apoyo en las siguientes consideraciones:
En los últimos años el Gobierno de la República ha
adoptado nuevas estrategias para superar vicios y rezagos en el sector rural; dichas es
trategias han estado encaminadas a modificar el marco institucional y la política
agropecuaria, a fin de capitalizar el sector; incrementar los ingresos de los productores
y elevar su producción y productividad.
De esta manera, a partir de 1994 se han instrumentado
estrategias tendientes a consolidar la seguridad jurídica de la propiedad en el medio
rural, impulsar la inversión productiva, es decir, la capitalización a través del
Procampo y la Alianza para el Campo, lo que ha permitido una mejor asignación de los
recursos públicos.
La aplicación de estas políticas permitió que
durante los últimos años el producto interno bruto agropecuario haya registrado tasas de
crecimiento positivas; no obstante dicho crecimiento en 1996 y en 1997 fue inferior al de
la economía nacional y, en lo que va del presente de 1998, ha registrado una sensible
caída.
Considerando que el problema de la cartera vencida de
los productores agropecuarios no es sólo un asunto de carácter financiero, porque se ha
convertido en un problema político y social y lo más grave, porque se ha politizado, el
problema abarca a millones de productores, mismos que constituyen un sector que requiere
de apoyos no sólo para reactivar sus actividades productivas en el campo, sino para
producir y tener con qué alimentar a su familia.
Por otra parte, en los momentos actuales que vive el
país el campo demanda urgentemente de recursos financieros frescos y de un sistema
financiero más moderno para continuar con la tecnificación del campo y lograr mejorar la
producción que se exporta, con el fin de ser más competitivos en los mercados
internacionales, así también para proporcionar producción de mayor calidad al mercado y
a la industria nacionales.
En este orden de ideas, compañeras y compañeros
diputados, y conociendo las limitaciones económicas por las que atraviesa el país, se
propone que el Gobierno Federal apoye la solución del problema de la cartera vencida de
los productores agropecuarios y forestales, con base en medidas integrales y no en
sistemas de reestructuración o de apoyos inmediatos a deudores, que no han funcionado.
Con apoyo en estas consideraciones, presentamos a
esta honorable Asamblea la siguiente propuesta, integrada en los siguientes puntos:
Primero. Se condonen los intereses moratorios a todos
los productores agropecuarios del país, con problema de cartera vencida que reestructuren
su deuda o regularicen su pago; de esta manera beneficiaríamos a cerca de 3 millones de
productores.
Segundo. Que se lleven a cabo reestructuraciones del
capital en alrededor de 600 mil predios cuya categoría fluctúa entre comerciales y
subcomerciales, los cuales aportan entre el 60 y 70% de la producción, aplicando las
reglas de montos, plazos, intereses y garantías que se convengan con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Tercero. Que se aplique una solución a la deuda de
750 mil explotaciones submarginales que por su naturaleza producen fundamentalmente para
su alimentación y que sólo aportan entre el 4 y 10% de la producción total del país.
Cuarto. Para el resto de las explotaciones con
cartera vencida que alcanza aproximadamente un millón 650 mil predios, se propone se
aplique un sistema mixto conforme a su producción y productividad, el cual estará entre
el que se aplique a las explotaciones marginales y aquel que se da a las explotaciones
comerciales y subcomerciales; es decir, un sistema mixto que llamaríamos
reestructuración-condonación, en términos similares a los del Financiamiento y Apoyo al
Sector Agropecuario y Pesquero (Finape). En este caso los descuentos deberán aplicarse
hasta por el 60% de los pagos de los créditos que están en el rango de créditos
inferiores a 500 mil pesos, contratados antes de junio de 1996.
Quinto. Con el nuevo programa de apoyo a deudores,
que este programa que estamos comentando quede condicionado a que la banca comercial
otorgue nuevos créditos al sector.
Sexto. Que la banca de desarrollo a través del FIRA
y el Banrural apoyen la reestructuración de la cartera de productores que deben
regularizarse, con plazos hasta de 15 años, dependiendo la viabilidad y necesidades del
proyecto.
Séptimo. Que el Banrural revise su normatividad a
fin de que se agilice el financiamiento a productores del sector social, que permita la
recuperación de la actividad.
Octavo. Para garantizar el acceso al crédito
deberán instrumentarse programas de asistencia técnica que ayuden a los productores a la
contratación financiera y productiva.
Noveno. El FIRA deberá ofrecer garantías
complementarias a los productores que adopten tecnología para apoyarlos en ese proceso,
así como a aquellos que entren al esquema de agricultura por contrato para apoyar la
comercialización de cosechas.
Décimo. Se deberá revisar la legislación y
normatividad de los intermediarios financieros no bancarios rurales, incluyendo uniones de
crédito y cajas de ahorro, como sociedades de ahorro y préstamo que complementen el
financiamiento del campo.
Decimoprimero. Que la banca de desarrollo revise la
normatividad que regulan los estratos de productores para el acceso al crédito.
Decimosegundo. Que se promueva el establecimiento de
tasa fija para los créditos de avío.
Esta es la propuesta que estamos haciendo, señor
Presidente de esta Cámara de Diputados y, le solicito instruya a la Secretaría para que
le dé trámite a este documento y sea turnado a la Comisión de Hacienda.
Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Tiene la palabra el diputado Juan Cruz
Martínez, del Partido del Trabajo, para hablar sobre el mismo tema, hasta por cinco
minutos.
1410,1411,1412
| El diputado Juan
José Cruz Martínez: |
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y
compañeros diputados:
El Partido del Trabajo viene a fijar en esta tribuna
su posición respecto al rescate de los deudores agropecuarios de la banca.
Como se sabe, la cartera vencida fue el resultado de
la combinación de un conjunto de factores económicos, enteramente ajenos a la voluntad
de los productores agropecuarios.
La crisis económica y el crecimiento del crédito,
se convirtieron en las causas más inmediatas que detonaron la crisis del sistema bancario
en nuestro país y el crecimiento exponencial de las deudas de los prestatarios de la
banca, entre los que se encuentran también los productores agropecuarios.
La crisis de la banca y de los deudores también
tiene responsables directos: en primer término, están las autoridades hacendarias que
fueron quienes diseñaron y pusieron en funcionamiento la privatización de los bancos sin
haber tomado las previsiones necesarias para evitar que los recursos crediticios de la
nación fueran manejados de forma irresponsabe.
En segundo lugar, está la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, por no haber ejercido una regulación prudencial y efectiva porque,
de acuerdo a la normatividad existente de la comisión, tenía la función de fijar normas
de desempeño para los bancos, específicamente con relación al monto de las reservas
preventivas, así como obligar a los bancos a otorgar créditos en montos y condiciones
más acordes a la realidad del país que estaba viviendo desde 1992.
Esta situación se complementó con la ausencia de
controles por parte del Gobierno en el manejo de las tasa activas de interés y de las
comisiones bancarias que agudizó la crisis social al aumentar la carga de los deudores y
creó un amplio movimiento social de cuestionamiento contra los cobros excesivos de los
bancos y que dio origen a El Barzón y a otras organizaciones de deudores de la banca que
no están dispuestos a perder su patrimonio familiar.
¿Quiénes fueron los mayores perdedores de la crisis del
sistema bancario y en qué situación quedaron los pequeños y medianos deudores y en
particular los productores agropecuarios?
Es indudable que la crisis económica repercutió
negativamente sobre los negocios de los banqueros. Sin embargo, los efectos de la crisis
de 1994 fueron anulados por la vía del rescate de los accionistas que el Gobierno
realizó, en la medida que creó mecanismos de apoyo a los banqueros que utilizaron para
cometer todo tipo de irregularidades e ilícitos, como sabemos hoy día.
Pero quienes tienen que pagar el costo de estas
crisis, son indudablemente los contribuyentes y en particular los pequeños y medianos
deudores que han perdido ya su patrimonio o están por perderlo ante la incapacidad de
hacer frente a las deudas que contrataron con el sistema bancario.
La situación de los deudores agropecuarios es
preocupante por varias razones:
La primera de ellas atañe a la situación particular
en la que se encuentra el funcionamiento de la producción agropecuaria que viene
padeciendo una crisis histórica de hace varias décadas y que se ha conjuntado con las
crisis generales de la economía mexicana, porque las condiciones actuales de crisis
financiera internacional y de desaceleración económica, el aparato productivo de nuestro
país, lo hacen más vulnerables para producir la suficiente cantidad de riquezas para
afrontar las deudas que tienen con los banqueros.
Por ejemplo, desde el tercer trimestre de 1997, el
sector agropecuario empezó a tener un comportamiento negativo de su producto del orden
del 1%; para el cuarto trimestre de este año, alcanzaba el 2.5% y para el primer
trimestre de 1998 representaba una caída del 6%.
En condiciones de crecimiento negativo del sector
agropecuario, no se le puede exigir que pague sus deudas, que tiene un monto bastante alto
actualmente. Por ejemplo, hasta junio de 1997, la cartera vigente con la banca múltiple,
es decir, la que sigue pagando los productores agropecuarios, tenía un saldo de 28 mil
569 millones de pesos, mientras que la cartera vencida, esto es lo que no pueden continuar
pagando, ascendía a más de 4 mil 620 millones de pesos.
En síntesis, consideramos que es necesario que el
sector agropecuario tome el camino del crecimiento económico para garantizar que el
endeudamiento adquirido en el pasado, pueda ser superado, así como plantear un programa
de apoyo financiero que garantice, efectivamente, que el problema de las deudas va a ser
solucionado y que no constituya sólo una solución parcial como hasta ahora ha ocurrido
con los programas que se han elaborado.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Joaquín Montaño
Yamuni, para hablar sobre el mismo tema, del Partido Acción Nacional.
| El diputado
Joaquín Montaño Yamuni: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras
y compañeros legisladores:
Hablar del problema de los pasivos agropecuarios, de
la cartera vencida, de la cartera litigiosa de los juicios, los embargos, de aquella
cartera que los banqueros malamente han llamado "cartera reestructurada", que
nada más es una cartera redocumentada con convenios judiciales y hablar de la cartera
vigente, maquillada, es hablar de uno de los problemas más graves, más agudos, más
lacerantes que tiene el sector agropecuario en el país. Hablar de este problema significa
que tenemos que hablar no nada más de la cartera que vamos a reestructurar a través de
apoyos a los sectores productivos, es hablar de política.
Las causas de la cartera vencida son causas
políticas, son causas que han estado engendradas en los malos gobernantes. Las causas
naturales, las causas provocadas por los fenómenos climatológicos, por las sequías, las
inundaciones, las heladas, las plagas y las enfermedades, son causas que el agricultor y
el ganadero han estado acostumbrados desde hace mucho tiempo y hemos salido adelante en
todo este tipo de problemas.
Las causas no naturales, son las causas que provoca
el hombre, y en este caso, las que provocan las malas y nefastas políticas hacia el campo
que se han venido implementando por un gobierno insensible y que no quiere sacar al campo
del atraso en que está sumido.
Y me quiero referir a esto precisamente porque tenemos que
irnos a la historia, tenemos que ver que cuando al campo lo metieron en una economía de
libre mercado, cuando ni siquiera consultaron a los actores económicos que estaban
produciendo la tierra, que cuando nada más las organizaciones corporativistas sirvieron
de paliativo para explicar en una forma no contundente por qué nos habían traicionado
con el Tratado de Libre Comercio, nada más sirvieron esas organizaciones para enriquecer
a una cúpula en el poder y que no permearan ninguno de los beneficios que aquel Tratado
de Libre Comercio decía que iba a traer.
Y para nosotros es muy complicado estar
desgastándose aquí en la Cámara de Diputados en propuesta de solución al Programa de
Apoyo a Deudores Agropecuarios. Tenemos que hablar de rentabilidad en el campo, tenemos
que regresarle al agricultor, al ganadero y al campesino, aquella ilusión y la esperanza
de poner la semilla en la tierra y levantar para poder comprar cosas que le dieran
bienestar, para poder mandar a sus hijos a las escuelas, porque no es un pecado generar
riqueza para estudiar, no es un pecado generar riqueza para comprarse una camioneta o un
tractor y así lo han visto aquellos que quieren a un campo hundido, para seguirlo
manipulando electoralmente.
Queremos tener responsabilidad ya como legisladores y
como representantes populares. No hay un programa de apoyo a deudores agropecuarios que la
tenga cuando el costo fiscal de estos 15 programas que han sumido al campo en la pobreza,
se vayan a la basura, como se quieren seguir yendo con las propuestas del Gobierno
Federal. Queremos nosotros soluciones de fondo, que corten el problema de la cartera en el
campo y para eso el Partido Acción Nacional, desde diciembre de 1997, propuso la
constitución de una institución autónoma a la banca, un fideicomiso que compre la deuda
agropecuaria a precio de capital, cancelando todos los intereses de los cuales el
agricultor y el ganadero no tuvo razón de pagarlos porque esos intereses se los llevó el
capital especulativo, cuando los Cetes, el CPT, la TIIE y las otras tasas tuvieron que
subir para atraer a la inversión extranjera y fugarse con esos intereses, cargándoselos
al sector productivo, que es el campo y todo lo que además emane en actividades.
Por ello, tenemos que ponernos de acuerdo todas las
fracciones parlamentarias tenemos que ser lo suficientemente responsables con la gente que
está produciendo los alimentos, porque el día que tengamos las bodegas medio vacías,
como actualmente sucede; y el día que tengamos las bodegas vacías, no van a vender el
maíz a 100 dólares, van a vender el frijol a 4 mil pesos, lo van a vender el maíz a 300
y a 400 dólares y vamos a depender nuevamente de esos pulpos que quieren colonizar al
campo y al país. Hay que evitar eso compañeros.
Estamos proponiendo un esquema de solución a fondo
al problema de los pasivos agropecuarios y éste consiste en lo siguiente: tenemos que
retornar a las tasas fijas, si no hay un programa que contemple quitas, tasas fijas,
plazos y una verdaderamente rentabilidad del campo, no vamos a poder hablar de un
programa.
Por eso paralelamente propondremos en el presupuesto
de egresos al sector agropecuario dentro del grupo parlamentario Acción Nacional, un
incremento sustancial, pero a los subsidios que vayan sin corrupción, a los subsidios que
vayan vía precios, para que se puedan desvincular de aquella economía de subsistencia de
la economía comercial del campo, que es la que genera riqueza y empleos.
Proponemos, en consecuencia, la constitución de un
fideicomiso, que compre la deuda agropecuaria, que transfieran y movilicen y liberen la
totalidad de las garantías del sector hacia ese fideicomiso, que el fideicomiso bajo un
proyecto de viabilidad, libere garantías para reactivar al sector con una tasa máxima
del 12% anual sobre el préstamo a la compra de la cartera agropecuaria.
Tenemos esa iniciativa, está en la Comisión de
Hacienda, exigimos que se dictamine, como exigimos de aquí en adelante, mayor
responsabilidad para todos los programas que vayan conducentes a arreglar por última vez
el problema de los pasivos agropecuarios del sector.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Leopoldo Enrique
Bautista Villegas, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el mismo
tema.
El
diputado Leopoldo Enrique Bautista
Villegas: |
Con su permiso, señor Presidente:
Es obvio que el problema de las carteras vencidas,
sobre todo en el campo, no es un problema que hayamos generado quienes nos dedicamos a la
actividad agropecuaria. El problema de las carteras vencidas, como ya se ha mencionado
aquí, tiene su origen en la irresponsabilidad de una serie de gobiernos, que han
pretendido imponer una política agropecuaria, una política económica diseñada desde
los escritorios y no solamente desde los escritorios sino fuera del país.
Es claro que los resultados del error de diciembre de
1994 se llevaron entre los pies, perdonando la expresión a la mayor parte de todos
aquellos que estábamos endeudados con los bancos en cualquiera de las áreas económicas,
pero fundamentalmente en el área agropecuaria.
Y desde entonces hemos escuchado una serie de
propuestas de parte del Gobierno, para solucionar este problema, pero siempre
desatendiendo a los requerimientos y a los puntos de vista de los ahorradores y de los
actores fundamentales de la situación de carteras vencidas, que somos quienes estamos en
carteras vencidas.
Ciertamente la propuesta que ha presentado aquí el
Partido Revolucionario Institucional, es una propuesta que suena interesante y que habría
que ver en detalle. También es interesante la propuesta que ha presentado el diputado
Montaño Yamuni.
Sin embargo, no podemos pensar en que podremos
encontrar una salida definitiva a este problema, si partimos de los últimos actos que se
han dado en el país en relación a las carteras vencidas, y me refiero específicamente a
la decisión del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, de declarar como
jurídicamente legal el anatocismo.
1413,1414,1415
Si bien en otros países la capitalización de los
intereses a los ahorradores como en México se da, es legítima y a los deudores es
también legítima, en México no puede ser porque partimos de bases completamente
diferentes. Por un lado, de una situación de absoluta contracción de la economía y por
otro lado de una situación completamente irregular en relación a la operación
financiera y de los bancos.
En México los diferenciales entre las tasas de
interés que se pagan a los ahorradores y los que deben de pagar los deudores, es
excesiva; en momentos llega a ser a 30% ó 40% y la sola capitalización de ese
diferencial hace imposible pagar cualquier deuda.
En ese sentido nosotros hemos insistido mucho en que
es indispensable que las tasas de interés sean tasas fijas y que se indexen o que estén
de acuerdo a las tasas internacionales. No podemos pensar que productores de maíz,
productores de sorgo, productores de granos que están expuestos a una competencia
internacional desleal, a la cual entramos por decisión unilateral de negociadores que no
conocen el campo mexicano, no podemos pensar que este tipo de productores puedan competir
con tasas que no son equivalentes a las internacionales, cuando se nos están imponiendo
precios equivalentes a los internacionales.
Es muy importante que en lo futuro evitemos la
absoluta discrecionalidad en la operación de los bancos, que permitió la Secretaría de
Hacienda, que permitió la Comisión Nacional Bancaria, pero es muy importante también
que esta Cámara se pronuncie en relación a la función de la banca de fomento, porque de
acuerdo a la iniciativa y de acuerdo a las propuestas de la Secretaría de Hacienda y del
Ejecutivo actual, la banca de fomento no está cumpliendo con sus necesidades y con sus
funciones para las cuales fue creada y está en el objetivo del actual Ejecutivo la
desaparición de la banca de fomento. Ya hemos visto algunos pasos importantes hacia ese
objetivo.
Por lo tanto nosotros consideramos que es
fundamental, decía yo, el que se establezcan tasas de interés fijas, equivalentes a las
internacionales en cualquier programa de revisión o de búsqueda de solución de las
carteras vencidas, que se libere a las garantías de todos aquellos que están en carteras
vencidas en el sector agropecuario y que se dé a esta Cámara de Diputados una
participación muy, profunda en la definición y en la determinación de cualquier
programa de solución de las carteras vencidas que surja para atender de una vez por todas
las necesidades del sector agropecuario.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado José Gascón
Mercado, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema.
| El diputado José Gascón Mercado: |
Señor Presidente; compañeras y compañeros
diputados:
Los compañeros que han venido a hablar sobre el tema
de la cartera vencida en el campo, han presentado argumentos con los que yo no podría
disentir. Estamos de acuerdo en que el problema en el campo es muy complejo y más la
cartera de los productores que menos recursos tienen y disponen para el cultivo de sus
tierras.
Pero yo creo que venir a la tribuna es para hacer
propuestas ya de solución. Hemos hablado de mi punto de vista demasiado y no hemos
concretado propuestas de solución para que entre todos revisemos el problema y acotemos
lo que creemos que es necesario y conveniente.
A mí también me gustaría que quitáramos todos los
intereses y algunos que ni siquiera pagaran el capital, pero yo creo que en forma
responsable debemos revisar este problema. Aquí mi partido ha presentado hoy una
propuesta, una propuesta de solución donde se contempla la visión del problema para
darle de una buena vez para que los productores de bajos ingresos, de pequeñas
extensiones, que están en cartera vencida, puedan resolver el problema y sobre todo, que
nos pongamos ya a trabajar y a producir.
De nada sirve que hagamos propuestas de
reestructuración e inclusive con plazos largos, si los productores no reanudan la tarea
de producir. Efectivamente nosotros estamos ya en contra, muchos diputados de nuestro
partido, estamos en contra del TLC y su firma. Bueno, pero hemos luchado y hemos pedido
que se revise, compañeros. Pero este asunto no va a ser resuelto tan rápido porque hay
un compromiso de Estado.
En tanto no se resuelva, vamos a estar discutiendo o
con todo y TLC, busquemos una solución para que el campo siga produciendo. Nosotros
quisiéramos también que las tasas fueran inferiores inclusive a las que hay en Estados
Unidos. Pero yo creo que en esto de las tasas, podemos hacer propuestas combinadas para
poder encontrar que en el campo haya tasas subsidiadas; que haya tasas fijas.
Aquí lo importante, como ya lo dijo un compañero,
es que la actividad agropecuaria sea rentable. Si nosotros logramos reducir nuestros
costos de producción, si nosotros tenemos creatividad, que desarrollamos, nos deje una
utilidad para beneficio de las familias, yo creo que eso es lo más importante y a eso yo
quiero convocarlos aquí desde esta tribuna.
Presentamos nosotros un documento; analicémoslo,
compañeros. Yo escuché ya al compañero del PRD, el compañero Bautista, que me pareció
interesante el documento. Conozco al diputado Joaquín Montaño Yamuni, que es una persona
creo yo de buena intención, bien intencionada.
¿Por qué no nos juntamos todos y revisamos la
primera propuesta que ya está aquí concreta? Mi partido hace una propuesta diferenciada
en donde hay solución a la cartera vencida con quitas, inclusive intereses totales, en
algún grupo de productores y nosotros revisemos hasta dónde podemos hacer esas quitas;
recordemos que todo lo que aportemos en quitas y beneficio a las carteras vencidas,
lógicamente lo tiene que pagar nuestro país.
Por eso, yo sí les pido a los diputados, que no
desechemos las propuestas que hemos hecho. Yo no desecho la propuesta que hace el PAN ni
desecho tampoco la propuesta que hace el PRD.
Yo solamente vengo a decir: el PRI hoy hizo una
propuesta concreta que desde mi punto de vista es una propuesta muy aceptable porque ha
considerado todas las variables. Pero ha considerado sobre todo a la mayor parte de los
productores para que sean beneficiados por una quita de intereses de tal manera que si
combinamos esto con créditos a largo plazo, con eso terminamos el problema porque
volveremos rentable la agricultura.
Muchas gracias, compañeros.
El diputado
Maximiano Barbosa Llamas
(desde su curul): |
Pido la palabra.
¿Con qué objeto, señor diputado?..
Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado
Maximiano Barbosa, hasta por cinco minutos.
| El diputado
Maximiano Barbosa Llamas: |
Con su permiso, señor Presidente; buenas
tardes, compañeras y compañeros:
Aquí se ha hablado por todas las fracciones de que
se intenta resolver el problema de cartera vencida.
Hay una propuesta que hace el PRI, que dice que es
una propuesta concreta.
Yo quisiera aclarar muy bien, compañeras y
compañeros diputados, ¿que si queremos que se resuelva de los dientes para afuera o
realmente queremos que se resuelva? En esta propuesta, yo la desecho en un 90%, la que
hace el PRI, por muchos motivos.
En el punto número dos, aquí habla de reestructurar
predios. Yo creo que el banco le prestó a personas y nos dice que caso por caso, no les
prestó a predios. Hay que aclarar muy bien las cosas.
Pero lo más grave no es eso, compañeros. Lo grave
es que su propuesta dice que las reglas, los plazos, los intereses y las garantías se
convengan con la Secretaría de Hacienda. Ya sabemos cómo actúa la Secretaría de
Hacienda, compañeros. Eso nos dice que nuevamente al campo le vamos a dar atole con el
dedo y le vamos a crecer la deuda y los vamos a congelar a que queden esclavizados, esto
es lo que ha hecho la Secretaría de Hacienda y lo podemos demostrar.
Si queremos resolver el problema de fondo, tenemos
que entender y tenemos que revisar con profundidad. El problema nace con la
globalización, con el cambio de la política económica, con las importaciones y aquellos
pactos desleales que sólo sometieron a los campesinos a que sus productos no valieran,
pero al banco nunca se le sometió a un pacto.
Es importante que entendamos que se perdió el
equilibrio, es importante que entendamos que al banco se le dieron atribuciones para que
viole las leyes, por eso tenemos que partir de bases muy concretas. Al campesino de
México, al agricultor y al ganadero que recibió créditos por parte de los bancos, no
podemos darle un programa más de los que siempre se le han dado y que no han resuelto el
problema y lo han crecido; simplemente lo aplaza.
Ya es tiempo de que pongamos las cosas en claro, ya
es tiempo de que no se sigan destinando recursos de la nación para engordarle el caldo a
los banqueros con el pretexto de ayuda a los deudores del campo, en este caso.
Compañeros, pongamos los pies sobre la tierra, no es
posible un programa que parta de quitas pero de cantidades muy infladas. Si no partimos de
la base de que el deudor campesino, agricultor y ganadero somos responsables legalmente de
lo que recibimos físicamente del contrato inicial, donde si hubo entrega física de
dinero, no va a ser posible que funcione ningún programa.
Aquí están hablando de quitas a los pagos ni
siquiera quitas a los capitales inflados; aquí están hablando de reestructurar, cuando
la Corte, en su resolutivo, acaba de decir que están prohibidos los créditos para pagos
de pasivo para todos los bancos de segundo piso. Así lo resolvió la Corte, compañeros,
es una contradicción.
Yo los invito a que nos sentemos realmente y que
traigamos elementos para poder discutir un programa de fondo y que resuelva cartera
vencida. En este momento existe más de un 20% de los acreditados del campo que ningún
programa le va a resolver porque sus empresas ya no tienen ingresos, esos son los
pequeños productores, productores que ya acabaron con el ganado, productores que ya
acabaron con su empresa productiva. A ésos, si se les condona o no se les condona, es lo
mismo; no van a pagar esas personas.
Pero hay un 80% de productores que seguimos
trabajando, seguimos produciendo, con mucho sacrificio, nosotros necesitamos un programa
que realmente nos resuelva el problema. Hemos hecho muchas propuestas, la propuesta del
diputado Joaquín Montaño me parece muy sensata, porque esa propuesta habla de reconocer
solamente el principal.
Es importante, compañeros, de que estamos hablando
de una globalización, de un mercado internacional, donde los precios son internacionales.
Los costos deben ser internacionales también en el campo, por ejemplo, el costo del
dinero, los intereses, es uno de los insumos más importantes y más caros que tenemos en
el campo y el más ausente.
También debe estar a costos internacionales, los
costos internacionales del dinero siempre han dado entre el 7% y el 12% anual.
No podemos someter al campesino a que pague una tasa
de interés comercial en base a los problemas del país. Si lo estamos sometiendo a la
apertura comercial también hagámoslo con los intereses, nosotros no podemos reconocer un
capital que no debemos, aunque la Corte diga que ya se permite la recapitalización,
también la Corte dijo que está prohibido prestar a tasas alternativas y todos los bancos
prestaron con tasas alternativas en el campo.
Por tal motivo no hay formalidad para que nos cobren
esa recapitalización de intereses. Si nos vamos al resolutivo de la Corte podemos bajar a
que solamente somos responsables del 6% anual del capital recibido y con el resolutivo de
la Corte, compañeros.
También la Corte nos dice que todas las empresas
agropecuarias, los que redescontaron créditos con FIRA, con el Bancomext, el Banco de
Comercio Exterior, el Banobras, el Banjército, esas instituciones les está prohibido
prestar para pagar pasivos.
1416,1417,1418
Entonces quiere decir que todas las reestructuraciones del
campo, el EPL, el Sireca y todos los campesinos que reestructuramos en los diferentes
programas no tienen sustento legal y no son legales las reestructuraciones. Nos remontamos
nuevamente a capital inicial, por eso se sustenta la propuesta que hace el compañero
Joaquín Montaño y no es que nos adornemos quien hace la propuesta. Aquí lo importante,
compañeros, es que nos juntemos y nos olvidemos de partidos y que saquemos realmente una
propuesta que resuelva de fondo los problemas de los campesinos de México.
Túrnese a la Comisión de Hacienda la
propuesta del compañero Arturo Charles Charles y en la misma forma las intervenciones del
resto de los diputados.
FONDO
BANCARIO DE PROTECCION
AL AHORRO
El siguiente punto del orden del día es
el debate pactado sobre el desempeño de funcionarios vinculados con el Fobaproa. Para
fijar la posición de su grupo parlamentario se han inscrito los siguientes diputados:
Por el Partido Verde Ecologista, el diputado Marcelo
Luis Ebrard Casaubón; Gustavo Pedro Cortés, del PT; Ramón María Nava González, del
PAN; María Dolores Padierna Luna, por el PRD y José Antonio Estefan Garfias, por el PRI.
Ellos son para la primera ronda. Consecuentemente
tiene la palabra el diputado Marcelo Luis Ebrard Casaubón.
Concedemos la palabra al diputado Gustavo Pedro
Cortés, del Partido del Trabajo.
El diputado
Santiago Gustavo Pedro
Cortés |
Con su venia, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
El Partido del Trabajo acude ante esta tribuna a plantear
algunas de las observaciones que consideramos deben tomarse en cuenta para sancionar el
desempeño que tuvieron los funcionarios vinculados al funcionamiento del Fobaproa. Como
sabemos, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, tenía como objetivo inicial ser un
fondo de garantía para proteger a los ahorradores de cualquier eventualidad, ante un
posible quebranto bancario. En esas circunstancias, era un fondo que se creó con buenas
intenciones, aun cuando su base legal sólo era conocida por quienes conformaban su
órgano operativo y técnico.
Este fondo fue creado por el Gobierno Federal a
través de la Secretaría de Hacienda y su funcionamiento quedó encargado al Banco de
México. En el contrato constitutivo del fondo se perseguía como objetivo crear medidas
preventivas y correctivas ante eventuales quebrantos bancarios, pero en la práctica se
determinó que el objetivo fundamental de este fondo era adquirir deuda subordinada
emitida por los bancos que requerían capital. Esta deuda tendría la peculiaridad de que
podría ser convertida en acciones de los bancos emisores, si después de cierto tiempo
razonable no podrán pagar sus deudas.
En tal caso las acciones pasarían al Fobaproa, con
lo cual automáticamente, dependiendo de cuanto capital se hubiera perdido, se diluiría y
desaparecerían los derechos de los accionistas originales de los bancos.
Este programa fue virtualmente abandonado para dar
paso a otro, cuyo objetivo era fortalecer a las instituciones bancarias, por medio de la
bien conocida compra de cartera de préstamos.
A partir de esta situación salta de inmediato una
pregunta al aire: ¿quién fue el responsable de abandonar la primera estrategia y adoptar
la segunda? ¿Por qué inclusive el entonces gobernador del Banco de México, Miguel
Mancera Aguayo, preveía que en la mayoría de los casos de compra de cartera, los bancos
compartirían los riesgos de incumplimiento de la deuda resultante del rescate bancario en
deuda pública? Tal y como está asentado en el informe del Banco de México de 1995.
También debe quedar claro que las decisiones que se
ventilaron dentro del Fobaproa, las conocían muy bien los miembros del comité técnico
de dicho fondo porque eran ellos quienes tomaban las decisiones y casualmente este comité
descansaba fundamentalmente en el Secretario de Hacienda y en el gobernador del Banco de
México y en el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Como se ve, los responsables del quebranto bancario
tienen nombres y apellidos y son bien identificados plenamente, tanto por la opinión
pública así como por los miembros de esta soberanía.
El propio Presidente de la República es responsable
directo del rescate fraudulento de los accionistas de la banca y debe asumir las
consecuencias políticas que de ello se deriven,
Por lo tanto, para el grupo parlamentario del Partido
del Trabajo los responsables deben ser castigados, pero teniendo en cuenta que las leyes
actuales son obsoletas y que las nuevas leyes no tendrían aplicación retroactiva, se
requiere que el Presidente de la República y los partidos representados en el Congreso
efectúen un pronunciamiento público en el que se comprometan a utilizar todos los
instrumentos legítimos, legales y extralegales y que no violenten los derechos humanos,
para obligar a los responsables a pagar el delito cometido y a reparar el daño.
Y no se vale que una instancia legal de nuestro
país, que debiera tener como función prioritaria cuidar los intereses y el patrimonio de
los mexicanos, pretenda de forma impune y sin fundamento legal, descalificar de antemano
las investigaciones que deben realizarse en torno de los responsables del quebranto
bancario y del escandaloso fraude legalizado que se pretende descargar sobre las espaldas
del pueblo mexicano.
Para el Partido del Trabajo, el Fondo Bancario de
Protección al Ahorro se tornó inconstitucional desde el momento mismo en que violentó
el artículo 73 fracción VII que señala: "que sólo compete al Congreso de la
Unión autorizar la contratación de deuda pública y que está en concordancia con el
artículo 9o. de la Ley General de Deuda Pública que refrenda lo planteado a rango
constitucional sobre la materia".
En este sentido, quienes fueron responsables del
manejo técnico, operativo y político del Fobaproa cometieron graves irregularidades e
ilícitos en tanto dejaron de lado los preceptos legales que están elevados a rango
constitucional y crearon las condiciones para que a nombre de la sociedad, un puñado de
sujetos se enriquezcan de la noche a la mañana a costa de los mexicanos,
De acuerdo a lo anterior señalado, existen elementos
jurídicos suficientes para que esta soberanía inicie juicio político en contra de
Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y miembro del comité técnico del
Fobaproa en el momento en que se cometieron algunos de esos ilícitos, así como en contra
de Javier Arrigunaga, director y brazo operativo de ese fondo, en contra de José Angel
Gurría Treviño por su vinculación directa con muchas de las decisiones que se tomaron
desde el momento mismo en que asumió su función como secretario de Hacienda en torno al
Fobaproa, en contra del entonces gobernador del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo,
por ser también responsable directo y operador político de este fondo y, por último, en
contra de Eduardo Fernández García, responsable del manejo de la supervisión bancaria
en nuestro país a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y miembro del
comité técnico del Fobaproa y por tanto responsable directo del quebrando bancario.
Para el Partido del Trabajo, esta soberanía tiene
las facultades necesarias para iniciar el juicio político sobre los responsables directos
del rescate fraudulento de la banca, en tanto se violaron de forma sistemática todo una
serie de disposiciones legales entre las que se encuentran, no sólo nuestra Constitución
Política y la Ley General de Deuda Pública, sino también la Ley de Instituciones de
Crédito al asumir de forma unilateral la decisión de convertir al Fobaproa en un
fideicomiso público y contratar obligaciones solidarias por un monto superior a los 552
mil millones de pesos sin tener en la práctica el aval del Congreso de la Unión.
Para el Partido del Trabajo, es indudable que las
irregularidades y los ilícitos del rescate bancario sólo fueron posibles en la medida en
que existe un vacío legal elaborado durante la época en que predominó el carro completo
del priísmo, que legisló al vapor sin haber creado mecanismos preventivos y
transparentes para evitar el abuso de los banqueros y de los funcionarios públicos en
turno.
Por ello, proponemos que ninguna ley sobre la materia debe
pasar si no cuenta con la exigencia de garantizar el manejo claro y transparente de los
recursos públicos en los que esta soberanía tenga una clara injerencia, para que en el
futuro no volvamos a tener una lamentable experiencia como la que hoy nos toca discutir.
Muchas gracias.
Se concede ahora sí la palabra al diputado
Marcelo Ebrard.
| El diputado
Marcelo Luis Ebrard Casaubón: |
Gracias, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Hace más de un año el pleno de esta Cámara tuvo a
bien ordenar que se constituyera una subcomisión que hiciera una evaluación integral del
famoso Fondo Bancario de Protección al Ahorro y posteriormente también el pleno de esta
Cámara acordó que se integrara otra subcomisión con el mismo objeto a partir del
presupuesto de egresos de este año.
Estas subcomisiones han hecho una evaluación tal
cual se les ordenó y hemos, después de una revisión exhaustiva de la información de
que dispone la Cámara, llegado a conclusiones que compartimos un número importante de
diputados y que tienen qué ver con el hecho de que el Fobaproa y las operaciones de
rescate bancario y en específico las autoridades que tuvieron a su cargo todo ello y que
lo tienen todavía, actuaron en un estado de excepción de gestión económica, como si no
existiera o no existieran las disposiciones legales que establecen la división de
poderes, que establecen el principio de rendición de cuentas, como si no existiera
ningún control.
Cuando uno revisa toda la arquitectura jurídica del
Fobaproa y las decisiones que llevaron a lo que hoy discutimos y al desempeño de estos
funcionarios, uno tiene que llegar a la conclusión de que se hizo una suspensión de
facto de las normas constitucionales y legales que nos rigen y que limitan al Ejecutivo
Federal.
¿Y por qué digo esto? Simplemente hagamos un listado muy
breve y muy rápido de las conclusiones a las que llegamos los integrantes de estas
subcomisiones, que por cierto todavía no se pueden debatir aquí en el pleno, pero
afortunadamente hoy se las puedo referir.
Primero se violó la Constitución, aquí ya se dijo,
artículo 73, por lo que hace a la emisión de pagarés de deuda pública, sin
consentimiento del Congreso de la Unión; se contrató deuda para efectos distintos,
diferentes, no previstos en la ley ni en la Constitución ni en la Ley de Deuda Pública;
se violó la Ley de Deuda Pública en varios de sus artículos porque no se informó al
Congreso como lo establece el propio artículo 9o. de la Ley General de Deuda Pública,
decuadran, el estado de la deuda, incluida todo, todo tipo de pasivos, incluidos los
pasivos o garantías de carácter contingente.
Se violaron las disposiciones también de la ley en
lo que hace al registro de la deuda pública. De hecho el monto de estas obligaciones las
venimos a conocer este año, cuando mandó el Ejecutivo su iniciativa.
Se dio el aval de la Secretaría de Hacienda para
fines diversos a los que la ley le confiere.
Se violentó también la Ley de Instituciones de
Crédito, no se registró anualmente cuál era el monto de los depósitos que debía
cubrirse, como lo ordena la ley, se violentó la ley que rige al Banco de México. El
Banco de México no tiene facultades para obligar directamente al Gobierno de la
República y lo hizo y todavía se dice que son pasivos contingentes.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores
simplemente actuó a su libre albedrío, hagan de cuenta que solamente hay un decreto que
la crea, le otorga facultades ilimitadas, omnímodas y a nadie le dio cuenta. Desde luego
no tomó o no hizo lo que la ley le ordena, que son medidas prudenciales, preventivas, de
supervisión y de control. Bueno.
¿A qué conclusiones llega su servidor, que hoy
quiero compartir con ustedes?, estamos en un proceso en donde tenemos que resolver y
tendremos que resolver en las próximas semanas qué es lo que se va a hacer con este
problema, cómo se va a resolver. Eso quiere decir una cosa aquí y allá en el Ejecutivo
quiere decir lo contrario, pero tenemos que buscarle una salida, una solución y, sin
embargo, sabemos muy bien que durante todo este periodo se actuó por encima del principio
de división de poderes, por fuera de la norma constitucional y todavía nos sentamos a
discutir con los señores que violentaron y siguen violentando la norma constitucional y
la norma de ley.
1419,1420,1421
Uno se preguntaría, ¿a título de qué estamos
sentados con el señor presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es
el mismo que nos está informando hoy que todo se hizo conforme a derecho, cuando lo que
tenemos es la evidencia que durante los últimos dos años y medio el señor presidente de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sus funcionarios y otros funcionarios
importantes actuaron en contra de la ley y de la Constitución que nosotros juramos
guardar y hacer guardar? ¿A título de qué esta Cámara no puede impulsar que esos
funcionarios, por lo pronto, cuando menos sean separados de sus cargos sin perjuicio de
los procedimientos que debemos de seguir en contra de ellos?
Compañeras, compañeros, llamo su atención a que
esta soberanía, a que este pleno, que es la autoridad máxima de la Cámara de Diputados,
pueda el día de hoy no sólo debatir y conocer estos puntos, sino tomar una posición y
una decisión que siente un precedente y que restituya a la Cámara de Diputados el papel
que le corresponde en la división de poderes de nuestro país.
Si hay alguna razón que explique por qué estamos
hoy discutiendo montos como los que discutimos, por qué se usó el dinero de manera
discrecional, por qué ni las propias cifras oficiales cuadran, es el excesivo poder del
Ejecutivo Federal en gestión económica, es ese hecho de que estamos ante una suspensión
virtual o definitiva, si lo permitimos, de las disposiciones de ley que obligan a este
Ejecutivo Federal y a sus funcionarios, a pasar por esta Cámara las decisiones
estratégicas de la economía nacional.
Llamo su atención para que hoy debatamos esto y
tomemos una resolución, que lleguemos a un punto de acuerdo para exigir a la institución
de estos funcionarios para poder continuar con los trabajos que tenemos enfrente, que
tenemos que resolver. De esta manera podríamos decir que la suspensión de esos
ordenamientos constitucionales ha cesado.
Mientras permitamos y consintamos que esos mismos
funcionarios sean los interlocutores de la Cámara, compañeras, compañeros, estamos
consintiendo la suspensión de nuestra Constitución.
Muchas gracias.
Se concede el uso de la palabra al diputado
Ramón María Nava González, del Partido Acción Nacional, para hablar sobre el mismo
tema.
| El diputado Ramón María Nava González: |
Con su venia, señor Presidente:
Considerando que el motivo de esta intervención
afoca las violaciones que se han cometido por diversos funcionarios públicos en perjuicio
del pueblo de México, por el abandono e incumplimiento de sus funciones, entrego, para
que se considere leído, el documento denominado "Fobaproa, ensayo analítico del
pasado y de su estructura orgánica", que en 51 fojas analiza este problema y las
responsabilidades que de él se derivan.
Ruego que, teniéndose por leído, se publique en el
Diario de los Debates, junto con los siguientes conceptos. Entrego a la Secretaría el
documento.
La enfermedad apocalíptica de este siglo es el SIDA.
Fundamentalmente sus víctimas son los jóvenes que cancelan sus proyectos de vida al
sucumbir bajo sus ataques. Lo más dramático es cuando un ser humano en el vientre
materno, que no ha tenido la posibilidad todavía de contacto con el mundo exterior,
recibe de éste su mensaje de muerte al ser inoculado a través de la sangre materna.
Este drama, en esa magnitud destructiva, se da
precisamente con el Fobaproa, porque una buena idea nace inoculada de
inconstitucionalidad.
Pero antes de ocuparme de los actos que se reclaman a
quienes generan este tipo de problemas, que rompen el estado de derecho de la misma manera
como lo hacen los policías que detienen arbitrariamente y que torturan, veamos algunos
antecedentes muy importantes del problema.
El Fobaproa es un mecanismo financiero que gira en
torno de la idea del seguro. Se buscaba asegurar riesgos que podrían dejar al descubierto
a los ahorradores que habían confiado sus haberes monetarios a las instituciones de
crédito, pero el Fobaproa no era la primera manifestación de esos mecanismos de
seguridad.
La Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito
y Organismos Auxiliares, que rigió la banca de 1941 a 1982, se modificó en el mes de
diciembre de 1981, creando el primer seguro bancario que se denominó "Fondo de
Protección de Créditos a cargo de Instituciones Bancarias". Su exposición de
motivos, de fecha 8 de diciembre de aquel año, leída en el seno de esta Cámara de
Diputados, dice textualmente lo siguiente, cito: "cabe aclarar que el mecanismo
propuesto se estima idóneo para abordar problemas individuales de liquidez o insolvencia
de instituciones en forma aislada, pero no para resolver situaciones de liquidez
generalizada del sistema bancario, mismas que sólo pueden ser atendidas por el Banco
Central en su carácter de prestamista de última instancia".
Es muy importante esta referencia, porque en ella se
anuncia y se confiesa, por el autor de aquella iniciativa, nada menos que el Presidente de
la República de aquellos años, que el seguro financiero, objeto de su iniciativa, era
idóneo para problemas individuales en forma aislada, pero no para resolver problemas de
una crisis generalizada, y ¿qué se nos dice ahora en cambio? Que si el Fobaproa no
hubiera intervenido para resolver los problemas de la crisis de 1994, el daño hubiera
sido incalculable.
Pero el Fobaproa, como el mecanismo de seguro
financiero creado en diciembre de 1981, no podía resolver una crisis sistémica porque se
trataba de un monto de recursos limitados que se entregaba en la administración al Banco
de México.
La pregunta es: ¿por qué en 1981 se aceptó que los
seguros bancarios resolvieran solamente problemas bancarios individuales y no un problema
generalizado de la banca?
Pero hay un dato más. La exposición de motivos de 1981
estableció lo que ahora está sucediendo, que en caso de una crisis bancaria
generalizada, el único que podría resolverlo sería el Banco de México, cito: "en
su carácter de prestamista de última instancia". Repito: "en su carácter de
prestamista de última instancia".
Pues bien, esto es precisamente lo que ha sucedido,
que se tuvo que acudir al Banco de México en su carácter de prestamista de última
instancia, pero sin consultar al Congreso de la Unión, como lo establece el artículo 73
fracción VIII de la Constitución Política de la República y todavía hay un diputado
que quiere que volvamos al pasado con una ley de no sé cuántos diputados.
Aquel mecanismo de protección, legislado en 1981, no
nació y es hasta la promulgación de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca
y Crédito de enero de 1985, cuando el artículo 77 establece la disposición de crear el
segundo mecanismo de seguro para la banca que tomó el nombre de Fondo de Apoyo Preventivo
a las Instituciones de Banca Múltiple. La exposición de motivos, oigan ustedes, la
exposición de motivos señaló textualmente lo siguiente:
"El mecanismo de protección de créditos a
cargo de las instituciones de banca múltiple y el fideicomiso que el Gobierno Federal
constituirá en el Banco de México para su operación, tiene por objeto contar con un
instrumento de apoyo financiero interinstitucional que garantice su solvencia y liquidez y
evite afectar el erario federal."
Repito: el propósito de ese mecanismo de seguridad
era en palabras de su autor, el Presidente de la República, evitar afectar el Erario
Federal.
Y, ¿qué es lo que ahora se pone de manifiesto? Y lo
que se propone, sino precisamente afectar el Erario Federal y convertir en deuda pública
nada menos que 552 mil 300 millones de pesos.
El fondo de protección dispuesto por la ley de 1985,
fue creado en noviembre de 1986, su patrimonio estaba integrado por aportaciones
ordinarias y extraordinarias de los bancos y por financiamientos que obtuviera este
fideicomiso. Pero cuando nace el Fobaproa, se le quita esa facultad de que se nutra de
financiamientos.
Y, ¿qué es lo que hace el Secretario de Hacienda al
constituir el fideicomiso? Simplemente irse más allá de la norma que le estaba
imponiendo la obligación de modificar el fideicomiso y establecer lo que no estaba
establecido en la ley con lo cual se extralimitó y violó por inaplicación el artículo
16 de la Constitución Política de la República.
Lo que quedó finalmente también establecido en el
artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito promulgada en 1990, fue una
violación a la garantía de audiencia y una violación a la incorporación de mecanismos
que la Suprema Corte definió anticonstitucionales.
Me han marcado tiempo, los argumentos están,
solamente quisiera señalar que aquí hay responsabilidad del Secretario de Hacienda, del
Presidente de la República y del Gobernador del Banco de México.
Si, señor, el tiempo es de la nación y usted tiene
para pagar lo que aquí se nos quiere cobrar.
Se concede el uso de la palabra a la diputada
María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada
María de los Dolores Padierna
Luna: |
Con su venia, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Esta legislatura que cerrará el Siglo XX tiene ante
sí la oportunidad de dar certidumbre al país de que llegó el fin de la impunidad, de
que se acabó la discrecionalidad que hizo proclive a los gobernantes de tomar decisiones
equivocadas y arbitrarias, dar claridad a la ciudadanía de que se terminó la época
centenaria, en donde los gobernantes eran intocables, invulnerables a la crítica y al
enjuiciamiento, gobernantes incompatibles a cualquier remoción, aun cuando hubieran
tomado decisiones erráticas, ilegales y cuyos actos de autoridad hayan puesto en extremo
riesgo al país, como lo es el caso del Fobaproa.
Esta legislatura está ante la posibilidad de sentar las
bases, para que las decisiones, tareas, sus funciones públicas, como principio
inquebrantable, persigan y procuren el interés general por encima de todas las cosas,
para que los gobernantes estén vigilados por la opinión pública y rindan cuenta de sus
actos al Congreso, a la población y de ninguna manera escapen a la condena pública, si
su actuación afecta gravemente el interés nacional.
Sólo los cómplices convalidarían el hecho de que
permanezcan en sus cargos los responsables de este desastre. Bastaría un poquito de
compromiso con el país, tantita vergüenza para que desde el propio Ejecutivo, se
removiera e inhabilitara, a quienes autorizaron una deuda que hipoteca al erario público
durante por lo menos 30 años.
Esperábamos que ante el escándalo mundial el caso
del Fobaproa, el Presidente de la República retirara inmediatamente a su gabinete
económico y aplicara las sanciones de ley y lo que hemos constatado en Zedillo, es
silencio, indolencia, como si se tratara de un asunto más, de un caso menor, siendo el
Fobaproa el mayor agravio que ha recibido la nación en muchos años.
Tal vez el Presidente piense que puede escapar él
mismo de la censura pública, por un hecho que ha lastimado enormemente la economía del
país, pero que de aprobarse por esta Cámara, su intención de cargar a la deuda pública
la deuda del Fobaproa, causará perjuicio irremediable a la población de ahora, a la
futura y tarde o temprano recibirá el juicio popular.
Los funcionarios que tomaron esta decisión
irresponsable, deben abandonar sus cargos cuanto antes. No son aptos para la función
pública y al no haber respuesta del Ejecutivo, debe ser este Congreso quien haga valer la
justicia y por justicia nos referimos no a la legaloide del Poder Judicial, sino a la
justicia que deseamos todos, la que ponga fin a la corrupción y dé una lectura clara al
país, de que no se tolerará más la impunidad.
Los titulares del gabinete económico, que tomaron la
decisión del fondo descapitalizado para desviar partidas presupuestales a favor de los
bancos privados. Si las posibilidades de apoyo del Fobaproa era ilimitada o la necesidad
lo rebasaba, lo conducente era que el Gobierno Federal informara de la situación a la
opinión pública y solicitara al Congreso, una autorización extraordinaria de recursos,
dada la importancia nacional del problema y sus posibles consecuencias.
1422,1423,1424
¿Por qué el Presidente no acudió al Congreso a
plantear con toda responsabilidad el problema del quebranto bancario, si además tenía a
la mayoría del Congreso? Esta omisión presidencial resultó altamente lesiva en todos
los aspectos. La extrema preponderancia presidencial que toma decisiones extralegales, es
también un delito y un asunto pendiente de solucionar en la ley; se prefirió ocultar el
problema y ello dio pie a la corrupción, a la discrecionalidad y al abuso. Tres años
después abren el problema ya con un quebranto siete veces mayor a todo el ahorro
bancario.
Dentro de todo este proceso de cuestionamiento del
salvamento bancario, tenemos que partir de la reprivatización bancaria. Guillermo Ortiz
Martínez, presidente del comité y Carlos Salinas, entonces presidente de la República,
entregaron la banca mexicana a personas sin perfil o sin el perfil requerido para ser
banquero, gente sin solvencia económica en algunos casos, pero también sin solvencia
moral, sin ningún mérito empresarial, más que el ser casa-bolseros, banqueros que
inmediatamente procedieron a formar grandes grupos empresariales con el dinero de los
bancos y, ante esto nos preguntamos: ¿dónde estaban las autoridades de inspección y
vigilancia? ¿Por qué se generalizaron los créditos cruzados y relacionados para pagar
bancos y formar grupos empresariales propiedad de los mismos banqueros, sin que la
autoridad actuara?
Esas prácticas ilícitas de los neobanqueros
llevaron al sistema financiero al abismo y en ello participaron todos los banqueros sin
excepción. Ante monumentales prácticas ilegales, la supervisión bancaria fue
inexistente, la autoridad supervisora complaciente y coadyuvante y este hecho no debe
quedar impune, pues implicó una descapitalización provocada, conocida y auspiciada por
la propia autoridad.
La Comisión Nacional Bancaria tomó también
decisiones altamente perjudiciales, que profundizaron la crisis bancaria en vez de
reducirla; intervino los bancos en forma precipitada, permitió la inyección de recursos
a bancos totalmente en quiebra, cuando en estos casos procedía la liquidación. Autorizó
a los interventores sueldos y remuneraciones exorbitantes; las intervenciones en lugar de
propiciar condiciones favorables a los bancos, generaron un mayor detrimento de su
patrimonio y la cartera vencida se multiplicó.
Los apoyos otorgados a los bancos carecieron de
reglas y se dieron dichos apoyos con base a complacencias con los banqueros. No obstante
que la Comisión Bancaria conocía de manejos y operaciones fraudulentas de los bancos,
nunca se actuó con firmeza ni oportunamente como lo requería la mayoría de los casos.
Después del alto costo que significaron las
intervenciones, la gran mayoría de bancos se vendieron a valores ínfimos en comparación
con el apoyo otorgado. El costo de esta errática decisión asciende a 211 mil millones de
pesos, según propias cifras de la Comisión Bancaria, y se trata del más jugoso negocio
de los banqueros y la mayor de las pérdidas en el Fobaproa.
Esto habla de una deficiente administración de los
recursos y la toma de decisiones equivocadas y realmente resulta difícil creer que
todavía estén en sus cargos los responsables de este caos. El gabinete económico trató
de realizar un salvamento encubierto bajo el manto de la protección al ahorro, usando
como vehículo al Fobaproa; en vez de tomar de frente el problema ideó un camino de
simulación mediante el cual los bancos ceden toda su cartera vencida, quedándose las
instituciones con la administración de la misma cartera vencida, donde el único que gana
es el banquero y el único que pierde es el país.
¿Cómo aceptar estas decisiones como correctas?
¿Cómo aceptar que este costo se cargue a las finanzas públicas si es una mera
conversión de deuda privada a deuda pública? Estas cuentas de los grandes bancos revelan
todas las complicidades entre el poder político y financiera. Aceptarlo sólo
significaría convalidar una serie de actos ilegales e inconstitucionales realizados por
la autoridad, autoridad que no demostró compromiso con su función pública y que debe
abandonar cuanto antes sus cargos.
Estos y otros aspectos que han abordado mis
compañeros, nos lleva necesariamente a la exigencia de pedir la remoción de
funcionarios, el fincamiento de responsabilidades y juicio político, según corresponda.
Resulta de elemental coherencia que los funcionarios responsables de éstas y otras muchas
irregularidades, sean retirados de sus cargos, no sólo por los actos cometidos antes
referidos, sino también para garantizar una investigación transparente y sin obstáculos
o bien que ellos renuncien como muestra de cooperación en el esclarecimiento de todas las
operaciones del Fobaproa.
Su destitución o renuncia es absolutamente
necesaria, dado el reconocimiento explícito de su incapacidad y hacemos hincapié que
esta remoción sea independientemente del resultado que se obtenga de las auditorías, al
término de las cuales deberán fincarse las responsabilidades administrativas y penales.
Por todo lo anterior solicitamos a este pleno de la
Cámara de Diputados, emita una excitativa al Presidente de la República, con base en el
artículo 58 de nuestro Reglamento Interior, para que a la brevedad ordene la separación
de su cargo al señor Guillermo Ortiz Martínez, responsable de la privatización bancaria
mal practicada, del rescate bancario motivo de una sangría monumental a las finanzas
públicas y de la venta de bancos provocando un total desorden financiero, por haber
ordenado la contratación de deuda y servir como aval en esa operación sin antes
consultar al Congreso, violando así la Constitución.
Por haber autorizado la compra de cartera vencida
violando la finalidad de la deuda pública marcada en la ley correspondiente, entre otras
irregularidades.
Solicitamos se destituya de su cargo a José Angel
Gurría, secretario de Hacienda, por haber permitido apoyos preferenciales a banqueros y a
grandes empresarios, por abdicar a su responsabilidad de brindar información suficiente,
veraz y oportuna a esta Cámara de Diputados, obstaculizando en todo momento la formación
de un juicio exacto de las operaciones del Fobaproa.
Asimismo se solicita la separación de su cargo del
señor Eduardo Fernández García, actual presidente de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, por incumplir en su responsabilidad en la vigilancia y supervisión de los
bancos, por haber permitido la rehabilitación...
Ha concluido su tiempo diputada.
La diputada
María de los Dolores Padierna
Luna: |
Estoy por terminar, señor Presidente:
Por haber permitido la realización de operaciones
irregulares y el otorgamiento de créditos fuera de norma, por haber llevado a cabo
intervenciones plagadas de irregularidades; por haberse autoasignado...
Suplicamos al operador cierre por favor el sonido.
La diputada
María de los Dolores Padierna
Luna: |
Estoy por terminar, me falta un
funcionario.
Por haberse autoasignado sueldos y remuneraciones
exorbitantes.
Saludamos a 40 alumnos de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México,
acompañados por el profesor José Luis Camacho Vargas.
Bienvenidos, señores.
Se concede el uso de la palabra al diputado José
Antonio Estefan Garfias, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el
mismo tema,
| El diputado
José Antonio Estefan Garfias: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras
y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna, la más alta de la nación, con
el respeto y la responsabilidad a la que me debo como representante ciudadano. Tribuna
donde se han debatido con responsabilidad nuestros problemas y también con
responsabilidad hemos encontrado respuestas.
Como también con responsabilidad, oportunidad y
transparencia lo hizo en la defensa de miles, millones de mexicanos, el presidente Ernesto
Zedillo Ponce de León.
No es mi papel una defensa sin razón y sin soporte
jurídico. Vengo con el propósito de cumplir la responsabilidad que como legislador me
obliga a respetar la ley por encima de cualquier posición política. No a interpretarla
con sesgos que busquen atraer la atención pública para confundir o distorsionar la
realidad.
Estos principios fundamentales que obliga nuestro
quehacer legislativo parece olvidarlos el PRD; y ante su manifiesta indecisión de ofrecer
a la nación soluciones, no encuentra otro camino que continuar ensimismado en su afán
protagónico.
Hoy nuevamente ese partido busca crear situaciones de
escándalo y entablar juicios sumarios, juicios que le permitan acaso recuperar espacios
políticos perdidos. Así, mientras el pueblo demanda encontrar soluciones efectivas sobre
el Fobaproa, el PRD responde abandonando la mesa de negociaciones establecida con el
Ejecutivo para recluirse en su propia entropía, como fiel creyente de ser depositario de
la verdad absoluta y ahora presenta ante el pleno propuestas carentes de sentido y de
sustento, solicitando juicios políticos que generan políticos sin juicio.
¿Será por la precaria imagen que tienen, no sólo
ante sus correligionarios? ¿Será que buscan todavía mercadear principios y
obligaciones, pero sin construir soluciones? Olvidan que estamos aquí para servir al
pueblo y no a intereses partidistas o de grupo. Olvidan que también lo que está en juego
es el patrimonio de miles de mexicanos.
El PRD se la juega poniendo en riesgo la unidad que
en la diversidad nos da la democracia, utilizando a la democracia para revivir enconos y
rencores. Los diputados estamos aquí para revisar el cumplimiento de la ley, para
plantear que ésta se adecúe a la realidad, no para ajustarla a mezquinos intereses o
para tomar supuestas banderas que generan expectativas electorales.
Piensan que con el prurito de traer sangre a la arena
llenarán las urnas de votos, no importa el costo que tenga que pagar porque ya no pueden
ni engañar ni distraer la atención ciudadana, porque todos conocemos su promoción a la
ingobernabilidad y su proclividad al escándalo, al engaño y a la violencia...
Suplicamos a la Asamblea mantener el orden.
La diputada
María Guadalupe Sánchez
Martínez (desde su curul) |
Pido la palabra.
Con qué objeto, diputada.
La diputada
María Guadalupe Sánchez
Martínez (desde su curul): |
Solicito le pregunte al orador si acepta una
pregunta.
| El diputado
José Antonio Estefan Garfias: |
Señor Presidente, con todo respeto, no
acepto ninguna pregunta y le solicito que si es para interpelaciones no se me vuelva a
interrumpir.
Muchas gracias.
Adelante, señor diputado.
| El diputado
José Antonio Estefan Garfias: |
No obstante la grave forma de evadir
responsabilidades y soslayar el problema, buscan sustituirlas...
Diputado Gonzalo Rojas, ¿con qué objeto?
Un momentito, señor orador.
1425,1426,1427
El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas
Arreola (desde su curul): |
Es para dirigirme respetuosamente a
usted, señor Presidente, para que tenga la amabilidad de centrar en el tema Fobaproa al
orador y no sobre el PRD. El tema es el Fobaproa y la nación; no es el PRD.
El micrófono para el diputado Oceguera, por
favor.
El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Señor Presidente, no procede la moción
presentada por el orador Gonzalo Rojas, porque el orador se está ocupando del tema que
debidamente se pactó en los términos del artículo 23 del acuerdo parlamentario,
primero.
Segundo, el orador ha sido muy claro, no acepta
interpelaciones porque se usan las mismas como pretexto para evitar que use al máximo su
tiempo. Le ruego, señor Presidente, reponerle los 30 segundos que a propósito de las
interpelaciones al orador se le han quitado.
Prosiga, señor orador.
| El diputado
José Antonio Estefan Garfias: |
Le tenemos que recordar al PRD que la
consistencia de un partido político se encuentra en su proyecto, en sus principios y en
el quehacer de sus militantes para con la sociedad. ¿Cuáles son las propuestas a este
problema que toda la nación reclama sea resuelto?
Hemos de suplicar a la Asamblea mantener el
orden. El orador no quiere conceder preguntas ni interpelaciones. En su término podrán
hacerlo.
| El diputado
José Antonio Estefan Garfias: |
Ante la incapacidad de ese partido de proponer
alternativas, nos enfrentamos ante una nueva veta de maniobras y distorsiones...
Un momento, señor orador.
El micrófono por allá para los señores diputados.
El diputado Luis
Rojas Chávez
(desde su curul): |
Muchas gracias, señor Presidente, pero
en todo caso corresponde a usted responder si procede o no procede el llamado de atención
y no a otro diputado. En todo caso a usted le corresponde señalar si procede o no procede
una moción.
Le solicito, atentamente, recordarle al orador que el
debate pactado es el del Fobaproa, no son agresiones a partidos. Sólo solicito que usted
responda a este pedimento.
El orador no se ha salido del tema, el orador
lleva la secuencia de su alocución.
Denle el micrófono a la diputada, por favor.
La diputada
Lenia Batres Guadarrama
(desde su curul): |
Señor Presidente: usted tiene en esta
Asamblea la facultad de dirigirse al orador para centrarlo en el tema. Entonces yo
solamente quisiera que usted leyera en el orden del día, éste que se nos distribuyó,
dice: "comentarios sobre el desempeño de funcionarios vinculados con el
Fobaproa".
Y yo le solicito, como diputada, parte de esta
Cámara de Diputados, que usted centre al orador en el tema con base en el acuerdo
parlamentario que reglamenta las sesiones.
Cuando a nuestro criterio proceda, lo
haremos con mucho gusto.
Adelante, señor orador.
| El diputado
José Antonio Estefan Garfias: |
Hoy llaman a juicio político, aun cuando
las subcomisiones encargadas de analizar este caso no concluyen sus trabajos, cuando las
auditorías ni siquiera las han iniciado, lo hacen porque han considerado como norma de
conducta, sí, inhabilitar los avances que se han alcanzado. Espero reflexionen y
corrijan, todavía hay tiempo.
¡Esta óptica obtusa ha llevado al PRD a considerar
la práctica republicana como pasarela política, reducirla en su vertedero para hacer
fluir toda gama de posiciones simplistas y artificios que nada tienen qué ver con la
solución real de los problemas y de utilizar esta tribuna como proyector de imágenes
visuales y caricaturescas!
¡Cito un ejemplo: la tan llevada y traída consulta
sobre el Fobaproa, que promovieron y que resultó un total fracaso por la mínima
participación que alcanzó y de la cual hoy nadie se acuerda! ¡En ese ejercicio
seudodemocrático se hizo evidente el menosprecio que les merece el ciudadano, al
pretender inducirle sus respuestas, éste logró detectar la burda manipulación y
respondió con la respuesta más sólida y contundente: la ausencia y el desdén de los
llamados a la mentira y la falsedad!
¡El ciudadano no busca planteamientos retóricos y
populistas, sino propuestas reales, eficaces y efectivas! ¡Sapiencia de la cual carece y
ha carecido toda la vida ese partido!
¡El pueblo desea y quiere ver propuestas
consistentes! ¡El trabajo desarrollado por nuestra fracción parlamentaria en el seno de
las subcomisiones unidas, como ustedes recordarán, surgió con el propósito de
investigar los diversos programas de saneamiento financiero! ¡En esa mesa de trabajo
nuestra labor ha sido responsable; apoyamos, como en su momento se dijo, la iniciativa de
convocar públicamente a todos aquellos ciudadanos que tuvieran elementos que aportar, que
lo hicieran con todas las ventajas y seguridades del caso! ¡Pero nuestro partido estuvo
en contra de las audiencias para escuchar, como lo propuso el PRD, la presentación de
individuos sujetos a investigación penal por diversos ilícitos y más aún, que se
retomaran esos argumentos como válidos y que formaran parte concluyente de los trabajos
de investigación!
¡Los resultados de las audiencias fueron por demás
elocuentes: nada de aportaciones que contribuyeran a aclarar ilícitos y sí mucho
escándalo! ¡Sirvieron únicamente de foro público, de defensa para esos individuos,
argumentando en pro de su supuesta inocencia!
Al írsele cerrando las posibilidades de maniobra el
PRD optó por montar una nueva comedia: la de los juicios políticos. Pero desde aquí les
digo, ya basta de hacer del Fobaproa un motivo de escándalo y de división; ya basta de
tener al Fobaproa como rehén para obtener prebendas y concesiones graciosas; en nuestra
fracción exigimos respeto y seriedad, que quede claro, no estamos en defensa de ilícitos
y de quienes los cometieron; si tenemos que tomar acciones legales por irregularidades lo
haremos y que sean las instancias correspondientes las que ejerzan su cumplimiento.
Estamos y debemos procurar el estado de derecho que
todos hemos construido, no buscamos ni prometemos salidas falsas, no socavamos con la
cultura del "no pago", nuestro propósito es encontrar una solución justa que
permita restablecer la normalidad del sistema financiero; el momento por el que atraviesa
la nación demanda además de la unidad, apego a la ley, objetividad y amplio sentido de
responsabilidad legislativa.
Pero aún tienen la oportunidad de trascender con la
historia, con responsabilidad, pensamos que más que generar elementos que nos distancien,
pensemos encontrar coincidencias que nos unan, aún es tiempo de recapacitar, aún es
tiempo de construir proyectos que respondan al compromiso que tenemos con la historia, que
su horizonte sea más amplio que las elecciones del 2000, que les permita ver el México
del nuevo milenio, que les permita evaluar condiciones que nos imprime la alta competencia
y la globalización. Reiteramos que sólo con una acción constructiva, consensada y
propositiva, será como se resuelvan los problemas nacionales y será la única forma de
preservar verdaderamente el interés de los mexicanos.
Gracias.
Queremos hacer reflexionar a nuestros
compañeros en el sentido que en el orden de la sesión se pactó evitar hacer
manifestaciones de cualquier tipo durante la intervención del orador en turno, invitar a
diputados a ocupar sus asientos y seguir con atención y respeto la exposición del
diputado en turno. Vamos a proseguir con este debate con todo orden y con toda altura.
Se concede el uso de la palabra al diputado Felipe de
Jesús Cantú Rodríguez, del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.
El
diputado Felipe de Jesús Cantú
Rodríguez: |
Muchas gracias, señor Presidente y por la
atención que me brinden les agradezco de antemano:
El Fobaproa ha sido asociado generalmente por la
población en una sabiduría popular al mal, un mal como el haber generado beneficiarios
que no habían comprado boleto de lotería y se la sacaron.
Acciones de ilegalidad, de fraude, de costo fiscal,
de eventual alza de impuestos como la que Hacienda ya está estimando proponer, de
oscuridad en general.
La sabiduría popular y la sensibilidad del mismo
pueblo tiene mucho de valor, pues todas las acciones han estado desviadas y desvinculadas
de los objetivos nobles inicialmente planteados. ¿Hay responsables? sí, sí los hay, hay
desacato constitucional.
Cuando el presidente Ernesto Zedillo asumió ante
esta Cámara, recibió la banda presidencial cuando no se debía ni un solo centavo por el
concepto del Fobaproa; ahora, se deben más de 600 mil millones de pesos ni modo que ahora
nos diga que le echa toda la culpa a su antecesor Salinas.
Se violó el artículo 73 fracción VIII de la
Constitución y la Constitución sigue siendo la Ley Suprema y es responsabilidad del
Ejecutivo, del Presidente, de Ernesto Zedillo; no obstante la violación a la ley y a su
propio juramento, el Presidente no se hace acreedor a ninguna sanción porque la propia
Constitución así se lo permite. O sea, que el presidente Zedillo es la mejor muestra de
impunidad en nuestro país, viola la ley y no tiene garantía de sanción.
La responsabilidad está también en el Banco de
México, pues violando el artículo 7o. de su ley dice que no podrá realizar sino los
actos expresamente previstos en esta ley, pero suscribió pagarés a favor de diversas
instituciones de crédito, lo cual no debería haber hecho, violó el principio de
legalidad y ahí hay otro nombre: Mancera, fue el gobernador y representante de dicho
Banco y designó representantes ante otras instituciones como el Fobaproa mismo.
¿No publicó el Banco de México, en cada diciembre,
en el Diario Oficial de la Federación el monto máximo de las obligaciones de que sería
objeto de protección expresamente el fondo? al ser ambiguo desde 1993, reiteradamente
deja en el incumplimiento de la Ley de Instituciones de Crédito en su artículo 122.
Guillermo Ortiz, primero celebra una ruta crítica
que lo tiene hoy día en el Banco de México; vende bancos; luego les devuelve sobre
precios; luego los salva haciendo aportaciones con una intervención directa e indirecta
por cinco veces más que lo que recibió en pago y regulándoles de manera muy especial;
ahora los quiere llevar al Banco de México de acuerdo a las iniciativas presidenciales,
donde él cree que seguirá.
En la desincorporación en Hacienda, en la Comisión
Nacional Bancaria, en el Banco de México y en el Fobaproa, tuvo y tiene mucho que ver y
tiene por supuesto muchas cuentas que rendir, vaya que si hay justificación para un
juicio político, todo lo ha hecho al margen del pueblo, excepto, claro, los costos.
En la Secretaría de Hacienda, Ortiz y Gurría, hubo
negligencia por no publicar el reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y
esto representa un obstáculo para tipificar cada una de las irregularidades cometidas;
avaló una deuda ilegal que no estaba destinada a la realización de proyectos de
inversión o actividades productivas; no registró la deuda y todavía a esta fecha no ha
determinado normatividad contable para el registro de dicha deuda avalada en sus
operaciones.
1428,1429,1430
En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se escuda
ésta en el secreto bancario para no dar la información, incluso a la Contaduría Mayor
de Hacienda le ha negado informes específicos que le permitirían cumplir con su
obligación en la auditoría que esta Cámara le ordenó a través de su Comisión de
Vigilancia. Aún no vemos las actas de intervención, sólo un comunicado sin argumentos
específicos y mucho menos las actas circunstanciadas que nos dicen lo que encontraron, lo
que era oficial de la institución y lo que era de los accionistas, lo que era de los
particulares y que en la intervención desapareció.
Le pasó de noche a la Comisión Nacional Bancaria la
crisis de cada uno de los bancos, pues sólo actuó cuando éstas ya estaban desatadas.
Eso aquí y en cualquier parte es negligencia, pero además atesora los documentos que
prueban las anomalías y eso es parte de por qué ahora se está intentando regular la
intervención en esas auditorías por parte del Legislativo, ahora el Ejecutivo está
regulando el derecho que esta Cámara tiene.
Y por si eso fuera poco, en la comisión se
autopremian por productividad, por pago de informantes, por gratificaciones de fin de
año, por remuneraciones especiales, por ahorro, también especial, entre otras. Si lo
merecieron o no, bueno, qué importa, ellos mismos son quienes califican y ellos son los
que se deciden a sí mismos las ventajas que tendrán.
El favoritismo y la discrecionalidad han estado en
todas las operaciones del Fobaproa. No conocemos aún los criterios utilizados por el
comité técnico, porque las actas de ese comité están a buen resguardo, por supuesto
que no es el resguardo de esta Cámara.
A unos se les apoyó en su capitalización por dos a
uno, en otros a cinco uno; la diferencia, ¿por qué?, sólo ellos lo saben. A unos se les
otorgaron avales para obtener créditos para capitalizarse, a otros nada. A unos sin
demanda, a otros a la cárcel. ¿Por qué? ¿Tendrán culpa o no?, eso no es un asunto que
nos corresponda verificar, lo que nos importa es la actuación de la autoridad a la que
este órgano legislativo ha de fiscalizar, porque las reglas de operación, es por eso,
porque las reglas de operación del Fobaproa nunca fueron emitidas.
La violación ha dado...
Un momento, señor orador.
El micrófono por allá, por favor. ¿Para qué
objeto, señor diputado?
El diputado
Leopoldo Enrique Bautista
Villegas (desde su curul): |
Si me permite hacerle una consulta al señor
orador.
Usted está en su derecho de aceptar o no.
El diputado
Felipe de Jesús Cantú
Rodríguez: |
Yo prefiero terminar mi exposición y en su
momento, terminando, si todavía tiene interés en hacer un cuestionamiento, yo lo
aceptaría.
Continúe el orador.
El diputado
Felipe de Jesús Cantú
Rodríguez: |
La violación ha dado un producto, ha
dado un engendro: el resultado del Fobaproa eso es. Las instituciones han acaparado las
críticas como si ellas solas se hubieran actuado, pero en ellas hay funcionarios, hay
consejeros, hay ejecutivos que decidieron usar y abusar la autoridad y de las lagunas
legales y reglamentarias que ellos mismos propiciaron.
No debe haber impunidad, por eso debemos asumir la
responsabilidad que a nosotros nos toca, que es la de sancionar y reformar, fincar
responsabilidades las que se deriven, sean éstas administrativas, penales o políticas;
dejar sin sanción, dejar sin sancionar este mal es invitar a que esto vuelva a suceder
con éstos o con otros funcionarios una y otra vez.
Ahora o nunca. No se trata de hacer juicios sumarios,
como los que el propio PRI -hacía referencia el diputado Estefan-, ha hecho, de antemano
están liberados de responsabilidad. Ese juicio sumario yo no lo avalo.
Gracias.
Adelante, aceptó el orador la pregunta.
Gracias, señor orador:
Yo quiero señalar que coincido totalmente con las
argumentaciones que el orador presentó, sólo le quiero consultar, con mucho respeto, que
nos defina hasta dónde el Partido Acción Nacional convalida el que el Fobaproa o parte
del Fobaproa se convierta en deuda pública.
El diputado
Felipe de Jesús Cantú
Rodríguez: |
Agradezco la pregunta. Acción Nacional
ha tomado la determinación de rechazar rotundamente el Fobaproa y ésa, ésa es una
definición que no cambia ni cambiará.
Para hablar sobre el mismo tema, se le concede
el uso de la palabra al diputado José Luis Sánchez Campos, del Partido de la Revolución
Democrática.
| El diputado
José Luis Sánchez Campos: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Sapiencia no es el conjunto de calificativos. Por lo
tanto, no voy a responder a calificativos grotescos, dado que "Palillo" era
mejor en la carpa. Debemos de dignificar al Congreso de la Unión con un debate de altura.
Es necesario poner fin, se dice por los
incondicionales del Ejecutivo, a un tema tan trascendente como el del Fondo Bancario de
Protección al Ahorro, para dar lugar a otros temas de la agenda legislativa.
No dicen que debemos hacerlo dentro de la ley y sin
encubrir errores ilícitos o cargando sus costos en las espaldas de los contribuyentes y
en detrimento de los programas sociales. Ese es el debate, señores. El debate es de que
por primera vez en la historia de México, desde 1824 a la fecha, hubo un presidente que
violó el artículo 73 fracción VIII de la Constitución y ese presidente se llama
Ernesto Zedillo Ponce de León y eso no debe quedar impune ante todos los mexicanos.
Como ven, entré primero a la cuestión de la
inconstitucionalidad de los actos de la Secretaría de Hacienda, al avalar los pagarés
suscritos por el Fobaproa a favor de la banca, ya que con este acto el Ejecutivo Federal
viola el artículo 73 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, al contratar deuda sin contar la aprobación previa del Congreso de la Unión.
No importa que la Secretaría de Hacienda aduzca que
se trata de deuda contingente, dada la naturaleza transitoria de los avales. Sin embargo,
es muy notorio que por el monto de que se trata, 552 mil millones de pesos, una bomba de
tiempo, un desastre sobre todos los mexicanos y dada la naturaleza tan limitada de los
recursos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, dolosamente se maquinó una
contratación de deuda pública simulada como deuda contingente.
No obstante siendo de primer orden la violación
constitucional realizada por las autoridades hacendarias que ignoraron las facultades
constitucionales del Congreso y las disposiciones de la Ley General de Deuda Pública.
Quiero cuestionar con mayor énfasis la legalidad de
las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que se pretenden legitimar en
esta Cámara de Diputados y para ello habremos de recurrir básicamente al precepto legal
que sirve de fundamento al Fondo Nacional de Protección al Ahorro y que establece los
límites de la actuación del referido fondo.
El artículo 122 de la Ley de Instituciones
Bancarias, nos señala que el Fondo Preventivo y de Protección al Ahorro, en su
organización y funcionamiento, quedará sujeto a las disposiciones previstas en dicho
ordenamiento.
En principio, tiene la finalidad la realización de
operaciones preventivas tendientes a evitar problemas financieros que pudieran presentar
las instituciones de banca múltiple y procurar el cumplimiento de obligaciones a cargo de
dichas instituciones, objeto de protección expresa del fondo.
El Fobaproa no responde a crisis sistémicas, lo dice
bien la argumentación del PAN.
Esta afirmación la encontramos en la exposición de
motivos de la institución de crédito, que consideró por primera ocasión la creación
del mecanismo preventivo de protección al ahorro, en la que expresa que el mecanismo
está diseñado para enfrentar problemas de liquidez de un banco o bancos determinados,
pero nunca para hacer frente a una crisis sistémica del sistema financiero mexicano.
Aprendámoslo, leamos los textos constitucionales y
las respectivas leyes; vengamos a debatir a esta tribuna con argumentos y no con
calificativos.
Ya en el caso de presentarse una situación así,
correspondería al Banco de México accionar como prestamista de última instancia; es
decir, nos remite a las facultades que la ley le otorga al Banco de México en su
artículo 3o. fracción III.
Por otra parte el Fondo Bancario de Protección al
Ahorro siempre tendrá la calidad de sujeto activo en las relaciones con los bancos a los
cuales preste su apoyo y consecuentemente como sujeto activo, le corresponde ser acreedor,
acreedor de los bancos y no deudor como se ha pretendido presentarlo bajo el supuesto de
que ha adquirido una cartera crediticia.
La ley es muy clara al expresar que los apoyos
preventivos siempre deben garantizarse con acciones representativas del capital social de
la institución o instituciones que reciban los referidos apoyos preventivos y nunca se
dice que esos apoyos puedan cubrirse con cartera crediticia de los bancos, por el
contrario, en el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, dispone que éstas
sólo podrán descontar su cartera con el Banco de México u otras instituciones de
crédito o con los fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento
económico. Esa disposición aporta los elementos suficientes para excluir al Fondo
Bancario de Protección al Ahorro, de la cesión o descuento de cartera.
La disposición habla expresamente del Banco de
México y aun cuando éste es fiduciario en el Fobaproa, la ley distingue siempre que se
refiere al citado fondo mencionándolo por su nombre.
Asimismo, al autorizar el descuento cesión de
cartera bancaria con fideicomisos, se refiere concretamente a los de fomento económico,
tales como FIRA, Fogain, Fidec etcétera y el Fobaproa, es evidente que no es un fondo de
fomento.
De la lectura del artículo 122 se desprende con toda
claridad que los apoyos del fondo deben estar correspondidos con garantías suficientes
otorgadas por la banca y que consisten en acciones representativas del capital social, con
valores gubernamentales o con otros bienes que a juicio del fiduciario satisfagan la
garantía requerida y es claro afirmar que una cartera crediticia pueda satisfacer la
calidad exigida por el artículo 122. Este criterio se ve fortalecido por las distintas
disposiciones que le permiten al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, concentrar
capital accionario de los bancos como lo señala el artículo 13 fracción III y el
artículo 17 fracción III de la Ley de Instituciones de Crédito, que permiten al
Fobaproa concentrar en garantía el capital accionario de los bancos.
Siempre que se ha discutido este tema, se ha partido
de una base falsa, de que el Fobaproa es deudor de la banca y se ha dado por hecho que ha
adquirido cartera crediticia. Sin embargo, nunca se ha discutido respecto de la
calificación de dicha cartera de acuerdo con la disposición que rige en la actividad
bancaria. Los bancos tienen la obligación de realizar periódicamente una calificación
de cartera, cartera que se clasifica de la "a" a la "e" con la
obligación que tiene la banca de establecer las reservas exigidas y que van de 0% en el
caso de la cartera clasificada como "a", hasta el 100% cuando se trata de
cartera clasificada con la "e". No sabemos cuál es la naturaleza de la cartera
que pretende transmitirse al Fobaproa.
1431,1432,1433
El Ejecutivo no nos permite legislar, al no
proporcionar a esta soberanía, la información requerida. Pero ya hemos establecido que
no es legal establecer una transmisión de cartera crediticia al Fobaproa.
Primero, porque ésa no es su función ni cuenta con
la estructura necesaria para proceder.
Debemos terminar con la impunidad y la impunidad
aunque sea respaldada por esos grupos debe terminarse en este país. ¡Democracia ya.
Patria para todos!
Se concede el uso de la palabra para hablar
sobre el mismo tema al diputado Francisco Javier Loyo Ramos, del Partido Revolucionario
Institucional.
| El diputado
Francisco Javier Loyo Ramos: |
Con su venia, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Es indudable que en el entorno de las discusiones
sobre las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal, para reestructurar de manera
profunda el sistema financiero mexicano, sobre todo ante las posturas de absoluto rechazo
a la conversión de una parte sustancial de los pasivos asumidos por Fobaproa en deuda
pública soberana, se establece como una cuestión fundamental la de controvertir la
constitucionalidad y legalidad de las operaciones que realizaron diversas autoridades
responsables de la política hacendaria y del Banco de México, aduciendo principalmente
la violación de las normas constitucionales, que regulan los mecanismos por los que el
Estado puede asumir deuda pública.
A lo largo de los intensos debates que ha ocasionado
el tema del Fobaproa, han sido insistentes los señalamientos y denuncias, en el sentido
de que las acciones y medidas adoptadas para proteger los ahorros de miles de mexicanos,
fueron resultado de una dolosa intención de diversos funcionarios e instituciones, para
transgredir y quebrantar el estado de derecho y ocasionar graves daños a la economía
mexicana.
En esta línea de debate se inscriben las
argumentaciones de orden constitucional y leal, que buscan acreditar, con diversas bases
interpretativas, la presunta responsabilidad política de las autoridades y funcionarios
involucrados, mismas que han sido concretadas mediante la presentación, por parte de
integrantes del Partido de la Revolución Democrática, de una solicitud de juicio
político en contra del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del ex titular de
dicha dependencia y del actual gobernador del Banco de México y del ex gobernador de esta
última institución.
De igual manera, el señor Salvador Beltrán del Río
Madrid del Partido Acción Nacional, ha presentado denuncia de juicio político en contra
del gobernador del Banco de México, señor Ortiz Martínez, ambas denuncias de juicio
político fueron presentadas y una de ellas ratificada el día de ayer del año en curso.
Como a todos resulta evidente, las denuncias
formuladas resultan claramente orientadas a socavar la legitimidad y legalidad de las
operaciones del Fobaproa, en un intento de politizar, las negociaciones que actualmente se
llevan a cabo en el seno de la Cámara de Diputados.
A partir de los trabajos de las subcomisiones para la
investigación de los programas de saneamiento financiero y de seguimiento y aplicación
de los recursos, instancia creada por las comisiones unidas de Hacienda y Crédito
Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, sus integrantes
suscribieron...
Un momentito, señor orador.
Sí, diputado, ¿para qué objeto?
El diputado Juan
José Rodríguez Prats
(desde su curul): |
Si me permite una interpelación.
| El
diputado Francisco Javier Loyo Ramos: |
No, señor Presidente.
Prosiga el orador.
| El
diputado Francisco Javier Loyo Ramos: |
Debe aclararse que como lo señala el punto primero
del acuerdo que crea la subcomisión de referencia, a dicha instancia se le ordenó la
investigación del fundamento legal de estos programas y sus objetivos, hacer una
evaluación jurídica, económica y social de su operación y sus resultados, así como
proponer las medidas legales y económicas a seguir para superar las fallas que se
encuentren.
En relación con el artículo 73 fracción VIII de la
Constitución Política, éste establece que el Congreso tiene facultades para dar bases
sobre las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación,
para aprobar esos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda pública nacional.
Con fundamento en ese precepto, la Ley General de
Deuda Pública establece: "la deuda pública está constituida por las obligaciones
de pasivo directo y contingente", como se advierte, las disposiciones legales que
desarrollan el mencionado precepto constitucional, como es la Ley General de Deuda
Pública, hacen una clara distinción entre deuda directa y deuda contingente, previendo
expresamente que sólo queda sujeta a la aprobación del Congreso de la Unión la
contratación de deuda directa, Por tal razón, y considerando que tanto los avales como
las obligaciones solidarias, con los cuales se garantizaron las obligaciones del Fobaproa
constituyen pasivos contingentes, su otorgamiento por parte del Ejecutivo Federal no queda
sujeto al requisito de obtener la previa autorización del Congreso de la Unión, ya que
la ley sólo exige el cumplimiento de ese requisito tratándose de la contratación de la
deuda directa neta.
De no darse tal significado a la fracción VIII del
artículo 73 de la Constitución Política, no sería posible, como hemos observado,
contratar deuda pública para financiar obras de infraestructura, tales como caminos de
libre acceso, escuelas, universidades y hospitales. Tampoco sería factible contratar
deuda pública para cubrir el déficit del sector público en general, toda vez que cuando
así se hace se financian todos los programas públicos que dan origen a ese déficit, sin
que la respectiva aprobación del Congreso de la Unión, para contratar endeudamiento,
esté ligada directamente a la ejecución de obras que produzcan un incremento de los
ingresos públicos.
Las operaciones realizadas por el Fobaproa, que
fueron garantizadas por el Gobierno Federal, corresponden a la segunda de las formas
universalmente aceptadas para dar cumplimiento al requisito constitucional mencionado.
Efectivamente, las acciones emprendidas por el
Gobierno no protegieron a un banco en particular o a los bancos en general ni sólo
ayudaron a los deudores o ahorradores, sino que conformaron un amplio paquete de medidas
adoptadas, con el fin de evitar las graves consecuencias que la quiebra de la banca
hubiera tenido para todos los mexicanos, razón por la cual beneficiaron a todas las
actividades productivas del país.
Estas afirmaciones se sustentan en las razones y
explicación que se expresan a continuación.
A finales de 1994, el sistema financiero presentaba
una situación muy endeble. Los bancos tenían por una parte deudas muy importantes de
corto plazo y por la otra préstamos que no se cobraban, cartera vencida o eran de dudosa
recuperación. Esta situación se agravó sensiblemente a raíz de la elevación de las
tasas de interés. De no haber actuado con oportunidad y firmeza el presidente Ernesto
Zedillo, esta situación hubiera devenido en el colapso del sistema financiero nacional,
la pérdida de los depósitos de una parte muy importante de la clientela bancaria, la
destrucción del sistema de pagos y como consecuencia de todo lo anterior, una seria
afectación al desarrollo de las actividades productivas y al empleo, con un costo
económico social y humano de dimensiones y consecuencias inaceptables.
La reacción frente al problema o una reacción
lenta, habría sido la peor estrategia. La pérdida de miles de empleos que ocasionó la
crisis se hubiera convertido en millones, además del inevitable desmantelamiento de una
parte considerable del aparato productivo del país. La recuperación de México hubiera
tomado muchos años.
Compañeras y compañeros diputados: el presidente
Ernesto Zedillo dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 73 fracción VIII de la
Constitución Política, tomando en consideración que el paquete de medidas implementadas
por el Fobaproa, que fueron garantizadas por el Gobierno Federal, se adoptaron con el
propósito de evitar el colapso de la economía nacional, pérdidas del patrimonio
familiar, la quiebra generalizada de empresas y cancelación de millones de empleos.
Es inobjetable que estas acciones redundarán en
mayores ingresos fiscales.
El Ejecutivo Federal ordenó garantizar las
obligaciones del Fobaproa, para evitar que los bancos se vieran en la necesidad de
recurrir a financiamientos de última instancia otorgados por el Banco de México, los
cuales hubieran expandido la cantidad de dinero en circulación y por ende habrían
provocado presiones inflacionarias adicionales.
Por el bien de México, Ernesto Zedillo adoptó las
medidas aquí descritas.
Muchas gracias.
Han concluido las dos primeras rondas.
Pasamos a la fase final donde los oradores tendrán
únicamente cinco minutos.
En primer lugar hace uso del micrófono el diputado
Maximiano Barbosa Llamas, diputado independiente.
| El diputado Maximiano Barbosa Llamas: |
Con su permiso, señor Presidente; buenas tardes
compañeras y compañeros diputados:
Es importante que no nos perdamos con la función de las
personas que tuvieron qué ver con el Fobaproa.
La ley es muy clara. La Ley de Instituciones de Crédito,
en su artículo 122 que a la letra dice: "las instituciones de banca múltiple
deberán participar en el mecanismo preventivo de protección al ahorro, cuya
organización y funcionamiento se sujetará a lo siguiente: fracción IV. En el contrato
constitutivo del fondo deberá preverse la existencia de un comité técnico que deberá
integrarse por la Secretaría de Hacienda, Banco de México y la Comisión Nacional
Bancaria".
Este comité es quien califica las carteras que deban
ser protegidas por el fondo. Yo sugiero, compañeros, que llamemos a esta tribuna a esos
nueve integrantes del comité técnico, que son: cuatro de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, tres del Banco de México y dos de la Comisión Nacional Bancaria.
Este comité técnico es quien decidió qué carteras
se deben proteger por el fondo, es importante que se le informe a la ciudadanía que el
fondo tenía un fin positivo, pero no actuó de tal manera; una cosa es el objetivo del
fondo y otra cosa es cómo se actuó y cómo se dispuso de este fondo. Estas personas del
comité técnico, son responsables de cómo se manejó los recursos del fondo.
Compañeros: la misma ley nos dice cómo se debe
sancionar, en el artículo 112 fracción V de la misma ley dice: "los empleados y
funcionarios de las instituciones de crédito que autoricen operaciones a sabiendas de que
ésas resultarán en quebrantos al patrimonio del banco, ésos tendrán de dos a 10 años
de prisión y multa de 500 a 50 mil veces el salario mínimo en el Distrito Federal.
Es importante que definamos de estas personas
quiénes son los funcionarios del banco que actuaron indebidamente, hay responsabilidades
penales; quiénes son los funcionarios públicos que actuaron, a través del comité
técnico, la disposición y los recursos del fondo, para operaciones que no debían ser
aprobadas por el fondo.
Hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en un resolutivo muy mentado, que era para lo del interés sobre interés, sobre
el anatocismo, también dictaminó sobre el Fobaproa.
La Corte elevó a rango de ley todas las circulares
del Banco de México, aunque aquí en la misma ley nos dice que el Banco de México debe
publicar las operaciones en su monto mayor que deban ser protegidas por el fondo, que
nunca se publicaron, pero sí hizo otras publicaciones. En las publicaciones del Banco de
México nos dice, en todas, que el Fondo de Protección al Ahorro puede proteger todas las
operaciones, menos las irregulares, las ilícitas y las de mala fe.
1434,1435,1436
Hay una prohibición para esos tres tipos de
operaciones que no tienen ni debían estar protegidas por el fondo. El comité técnico,
tengo entendido que Guillermo Ortiz, como secretario de Hacienda; el señor Mancera
Aguayo, la gente de la Comisión Nacional Bancaria, tienen responsabilidad directa. No
hace falta más que revisar la misma formalidad que marca la ley y nos podremos dar cuenta
que más del 90% de las operaciones que se encuentran protegidas por este fondo no deben
estar y deben regresar a los propios bancos. No hay necesidad de que pase a deuda pública
ningún cinco; tendrán que regresar las operaciones porque así lo está dictaminando la
Corte en su resolutivo y así lo marcan las leyes.
Compañeros: es importante que revisemos cuáles son
las operaciones ilícitas, cuáles son las irregulares y cuáles son las de mala fe para
que ahí podamos entender que no deben de estar protegidas por el fondo y no hay mucho que
discutir. Tendrán que regresar a los bancos y, obviamente, los funcionarios tendrán que
pagar por eso, como lo marca la propia ley.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Arturo Saiz, del Partido
Acción Nacional, para el mismo tema.
| El diputado
Arturo Saiz Calderón García: |
Gracias, señor Presidente. Mucho, mucho se habla del
Fobaproa; lo que no se habla del Fobaproa es que este fondo era para proteger a los
deudores, no para salvar a la banca. Ahí está lo perverso que hizo el comité técnico
de este fideicomiso.
Y es aquí donde no entendemos por qué cuando se
habla de las denuncias, cuando se habla del juicio político a las personas que
pervirtieron el fondo de salvar a los deudores, inmediatamente la bancada priísta, a
priori, los está exonerando. Esto es lo que da origen, esto es lo que da origen a la
impunidad en este país. Esa impunidad con la cual no podemos terminar, señores. Esa
impunidad que tratan de esconder atrás del término politizar.
Pretenden que todo lo que se politice sea
prostituido, sea una porquería. Señores, ése es el trabajo que ustedes, los priístas,
han hecho en este Congreso y en este país.
El Fobaproa de ninguna manera los diputados de
Acción Nacional lo aprobaremos como deuda pública. Estamos convencidos que las
propuestas que hemos presentado en el sentido de devolver a la banca los créditos mal
otorgados está bien hecha. Estamos convencidos de que el hecho de ayudar a los deudores,
quitándoles intereses mal calculados está bien hecho. Pero lo que todavía no hemos
podido entender es por qué Zedillo se dice salvador de la banca, y así está en el
documento político que nos presentó aquí el día 1o. de septiembre, y la banca no tiene
recursos para operar, no tiene recursos para llevar a cabo su función.
No entendemos por qué se dice "salvador de la
banca", cuando lo que debió hacer fue "salvar a los deudores". Esos
deudores que se ven en este momento en esta crisis, pero que no se originó en diciembre
esa crisis; ahí fue donde reventó.
Recordemos que en el principio de este sexenio el
Secretario de Hacienda, aquél al que se le puso el mote de "El Tesobono",
porque se venció a los 30 días, no pudo aclarar ante el pueblo de México por qué los
errores de diciembre; cuando estos errores habían nacido desde antes y se siguen dando,
se siguen dando para proteger intereses oscuros y capitales extranjeros, los cuales deben
que tener en este país un rendimiento mucho más alto que las tasas internacionales de
interés. ¡Y esto es el origen de la crisis, señores! ¡Eso, los intereses, las tasas de
intereses fuera de las tasas de mercado!
Es necesario, insisto, que en este país se tomen
decisiones económicas. No como nos lo vino aquí a platicar el Secretario de Hacienda,
"que era el extirparle el apéndice".
No, señores, aquí lo que necesitamos son medidas
económicas, con gente que sepa de qué estamos hablando y que dejen a un lado su soberbia
para de una vez por todas ponernos a trabajar por este país que tanto lo necesita.
Se concede el uso de la palabra al diputado
Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Partido de la Revolución Democrática, para el mismo tema.
El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco
Oliva: |
Compañeras y compañeros diputados:
Es interesante escuchar el razonamiento del diputado
Estefan. Resulta que ahora el problema no es el Fobaproa, sino el PRD.
Compañeros: seamos serios. Yo los conmino y los invito,
compañeros, a que sostengamos un debate a fondo y de altura, con argumentos y con
razones.
El quebranto del sistema bancario mexicano hunde sus
raíces en un modelo de política económica que utiliza el tipo de cambio como ancla
contra la inflación. Subordina la política monetaria al libre flujo de capitales, con la
consecuente alza en las tasas de interés. Sacrifica el interés nacional al libre
comercio. Privilegia las privatizaciones sobre el interés público y sobrepone la
desregulación económica a las lecciones de nuestra historia.
Ese credo se asocia a un escandaloso nivel de
corrupción que se reflejó claramente en el manejo de la banca reprivatizada, que para
1994 exhibía: bancos que fueron reprivatizados sin que sus accionistas contaran con el
capital mínimo para operarlos. Utilización de la banca para financiar campañas
políticas. Aprovechamiento de los recursos bancarios para operaciones especulativas.
Creación de grupos y bloques financieros para la
realización de transacciones irregulares.
Esas prácticas viciadas no sólo se agudizan con la
crisis de 1995, ya que se fortalece la ilegalidad. La necesidad de aplicar un programa de
apoyo a la banca se traduce en una maquinada discrecionalidad que conduce a la
transformación del Fobaproa en un fideicomiso supuestamente de carácter privado, pero
que recibe fondos públicos. Conduce a tratar de eludir la necesidad de ajustar el rescate
bancario a las reglas de operación, al evitar que el Fobaproa cuente con el reglamento
respectivo.
Al violar la obligación de publicar el monto de los
apoyos que otorgue en forma anticipada y al desapegarse del mandato de que los préstamos
que se otorguen a los bancos se respalden con garantías accionarias.
También en el incumplimiento del Banco de México
como fiduciario de cuidar que el Fobaproa no se desviara del cumplimiento de sus normas
prudenciales, al efectuar las intervenciones de los bancos a voluntad de las autoridades,
dando manga ancha en algunos casos para que se acumularan pérdidas multimillonarias o
bien haciéndolo ante el menor signo de debilitamiento patrimonial, arrebatando lo mismo
los bancos a sus propietarios que actuando en forma complaciente al otorgar facilidades y
ventajas con prodigalidad o actuar con severidad.
Asimismo al manejar arbitrariamente los bancos
intervenidos y sin más control que el arbitrio de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores. También al favorecer a diversos bancos con las operaciones realizadas, entre
quienes destacan Serfin, Banpaís, Inverlat, Confía, Bancomer y Banamex. Asimismo al
pasar por alto la obligación constitucional de solicitar al Congreso de la Unión la
autorización para contratar deuda pública. Asimismo al informar en forma superficial al
Congreso de la Unión de las operaciones del Fobaproa. Al escamotear información que ha
solicitado la Cámara de Diputados y su Contaduría Mayor de Hacienda.
Al contratar deuda para efectos distintos a los
señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al suscribir
pagarés por parte del Banco de México, sin facultades para hacerlo. Al incrementar
ilegalmente el patrimonio del Fobaproa con aportaciones del Gobierno Federal.
Al incumplimiento de la obligación de llevar el
registro de la deuda y a la violación de las disposiciones constitucionales sobre la
elaboración y el ejercicio del presupuesto, de acuerdo a lo señalado en el artículo
126.
Señoras y señores: definitivamente ojalá esto
fuera protagonismo; esto es impunidad, esto es discrecionalidad y es indispensable que
nosotros tomemos las medidas necesarias para remover a los funcionarios públicos y para
castigar con juicio político a todos aquellos que lo merezcan. ¡Ya basta de corrupción!
¡Ya basta de impunidad!, construyamos un país diferente, compañeros.
Se concede el uso de la palabra al diputado Dionisio
Meade, del PRI, para el mismo tema.
| El
diputado Dionisio Alfredo Meade y García de León: |
Con la venia de la Presidencia; compañeros
diputados:
Nos hubiera gustado encontrar en este debate algunas
salidas para definir el problema y la solución del Fobaproa; quisiéramos inscribirlo en
un análisis que no lo personifique y que no considere que son las personas las que están
detrás de lo que ha venido pasando.
El mundo ha sido testigo de más de 100 crisis
bancarias en los últimos 15 años, la explicación está en la extrema vulnerabilidad a
que se enfrentan los sistemas financieros, hay que buscarlo en la complejidad de las
transacciones financieras mundiales más de 50 veces superiores al comercio mundial: en
las telecomunicaciones, en la complejidad con que se elaboran las nuevas operaciones
financieras, en los impactos de la globalización y en la apertura, que multiplican
inestabilidades económicas y políticas internas que en el nuevo entorno explican de
mucha mejor medida qué es lo que hay detrás de una crisis bancaria.
Los países más importantes: Japón que ha invertido
más de 250 mil millones de dólares y espera invertir otros 250 mil, Rusia, Brasil, son
ejemplos recientes de las graves consecuencias a que puede conducir una turbulencia
financiera e ilustran inclusive hasta dónde se puede llegar cuando no se adoptan
oportunamente las medidas que pueden corregir estas inestabilidades.
Por eso los países en lo individual y la comunidad
internacional trabajan activamente en la definición de mejores condiciones de operación
de la economía mundial e identifican medidas concretas para dar solidez a las economías
nacionales para enfrentar estas crisis.
Este fue el sentido de las acciones convenidas en el
marco de las recientes reuniones financieras internacionales que se han celebrado en
circunstancias particularmente desfavorables para la economía mundial.
En esa reunión, fue motivo de particular interés y así
se solicitó a nuestros delegados, que explicaran las medidas con las que México pudo
sortear los momentos más graves de sus crisis bancarias. ¿Cómo pudo hacerlo para
preservar su sistema de pagos y para transitar de una caída de menos 7% de su PIB en 1995
a más de 7.97%?
¿Cómo, a pesar de la segura e imprevisible caída
del petróleo a los niveles que ha alcanzado y que nos ha llevado a reducir tres veces el
presupuesto, hemos podido mantener niveles de crecimiento superiores al 4% para este año,
muy superiores a los de nuestros competidores; logros que se han reconocido por analistas
serios, nacionales e internacionales?
De fines de diciembre de 1994 a abril de 1995, ya se
había puesto en marcha y reforzado un severo programa de ajuste; se había reformado el
marco jurídico del sistema financiero; se había negociado apoyos del exterior que ya se
pagaron; se había fortalecido las funciones de la autoridad supervisora y se habían
puesto en marcha los primeros programas en favor de los deudores.
Al ritmo que nos proponen trabajar, todavía
estaríamos diagnosticando lo que pasó en la crisis de 1929 y a lo mejor hasta
estaríamos solicitando juicios políticos contra Pani y Montes de Oca, responsables de
las finanzas públicas de aquella época; incapaces de pronunciarse sobre problemas tan
complejos, les ha resultado más fácil avocarse a la función judicial que a la
legislativa, porque a esta última han tenido que hacer una consulta pública que les
indique qué deben de hacer en relación a las iniciativas financieras.
1437,1438,1439
Incapaces de mantener un diálogo con otras
fracciones parlamentarias, incluso a riesgo de quedarse fuera de la construcción de un
nuevo marco jurídico que fortaleza al sistema financiero mexicano con iniciativas que
llevamos siete meses esperando a dictaminar; inclusive en una actitud sin precedente en la
conducta política, el PRD y su dirigencia les da instrucciones de no participar en el
diálogo sobre el Fobaproa y se han quedado al margen de la elaboración del programa de
deudores que sin su participación estamos construyendo. Al privarnos de esta capacidad de
diálogo, no sorprende que acudan a estos juicios, forma de llamar la atención de la
opinión pública y del electorado.
Compañeros diputados: las experiencias de las diversas
crisis reconocen la necesidad de adoptar muy diversas medidas para prevenirlas,
estabilizar las economías, generar crecimiento, fortalecer la supervisión, ordenar las
corrientes de capital, revisar el papel de los organismos financieros internacionales,
mejorar la operación de los marcos jurídicos para luchar contra la impunidad, pero
ninguno de los países ha pretendido instaurar juicios políticos contra quienes han
encabezado las acciones de rescate bancario, nosotros lo habríamos hecho si no lo
hubieran realizado.
Estas estrategias negativas ni conducen a nada ni engañan
a nadie. Los resultados de las elecciones del pasado domingo, confirman que la gente sabe
por quién votar: por el partido que ha tenido la decisión de enfrentar los problemas y
dar cauce a soluciones para enfrentar en mejores condiciones el futuro nacional.
Muchas gracias.
Presidencia del
diputado
Felipe de Jesús Preciado Coronado |
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco
minutos, el diputado Marcelo Luis Ebrard.
Permítanle un micrófono al señor diputado
Oceguera.
El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Señor Presidente, en los términos del
artículo 23 del acuerdo para el trabajo en sesiones, el acuerdo parlamentario con los
distintos grupos y los distintos partidos, convenimos un debate pactado que implicaba la
participación en esta ronda de los partidos de la Revolución Democrática, de Acción
Nacional y del PRI; consecuentemente, con todo respeto para el diputado Ebrard, un
diputado sin partido, me pregunto yo por qué se violentan los acuerdos y los pactos que
se convinieron en los términos del artículo 23.
Sí, a ver... Un momento señor diputado.
Acérquenle un micrófono al diputado Rodríguez Prats, ¿con qué objeto, señor
diputado?
El diputado Juan
José Rodríguez Prats
(desde su curul): |
Es muy claro señor Presidente que hay una Ley
Orgánica y que hay un Reglamento que le confiere a cualquier diputado hacer uso de la
palabra para hechos e intervenir en un debate; por muy pactado que haya sido el debate, no
se puede suspender el derecho de un diputado para hacer uso de la tribuna.
Gracias diputado... ¿Con qué objeto, diputado
Oceguera?.. A ver, un micrófono.
El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Señor Presidente, la moción a la Presidencia es en
el orden siguiente: independientemente de la validez que para todos nosotros tiene la
Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento de este Congreso General, es el caso que
en los términos del artículo 23 estamos desahogando esta discusión y es fuera de todo
pacto y de todo acuerdo la intervención de un diputado que no fue convenida,
independientemente de que Rodríguez Prats, por convenir así a su interés particular,
ostente que lo que hay que hacer valer es el Reglamento y la ley.
No hay oposición, señor Presidente, le ruego a usted
ordenar la discusión en los términos del artículo 23, como se agendó en el orden del
día. Es la petición de mi grupo, señor Presidente.
Señor diputado Oceguera. Efectivamente se
trata de un debate pactado, pero la normatividad de ser originalmente cinco diputados,
después tres y para rectificación de hechos otros tres, ha quedado sin efectos, es
decir, se ha quitado lo pactado del debate que venía pactado.
Por tal motivo y considerando también que es
fundamental el respeto a la libertad que tiene un diputado y puesto que también así se
manejó ya en una sesión anterior, cuando fuera de lo pactado una diputada de su grupo
parlamentario así lo solicitó, respetemos el derecho de un orador de estar aquí.
| El diputado
Marcelo Luis Ebrard Casaubón: |
Gracias, señor Presidente:
De acuerdo...
Un momento, señor orador. Un micrófono para el
diputado Oceguera.
¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Señor Presidente:
Esta discusión se está dando, insisto, en los
términos del artículo 23 del acuerdo parlamentario que regula el desarrollo de las
sesiones y de las discusiones de este pleno.
Se han cometido anomalías como la de presentar en su
primera oportunidad al diputado Marcelo Ebrard como orador del Partido Verde, cosa que no
es cierta, el ha participado en su condición de diputado independiente, se cometió esa
irregularidad. Yo le pido de nueva cuenta, señor Presidente, que rencauce la sesión en
los términos del artículo 23 del acuerdo parlamentario y le solicite al compañero
diputado que está en tribuna tenga a bien a pasar a hacer uso de su curul.
Señor diputado Oceguera, le insisto que esta
Presidencia ha determinado que hable el orador por las razones antes expuestas.
Le rogamos al orador continúe.
| El diputado
Marcelo Luis Ebrard Casaubón: |
Gracias, señor Presidente:
Doy inicio entonces al debate no pactado, al debate
que corresponde a un ejercicio de un derecho de cada diputado de los que somos parte de
esta legislatura. Nadie nos puede constreñir a no hacer uso de la palabra en esta
Cámara. Cumplan la ley y el Reglamento.
Compañeras, compañeros... Solicito a la Presidencia
se tome...
Detengan por favor el reloj, por favor
Oficialía.
Hacemos desde esta Presidencia un llamado al orden y
respeto al orador y rogamos a los diputados que están abandonando la sala que no lo
hagan, puesto que esta sesión no ha terminado.
| El diputado
Marcelo Luis Ebrard Casaubón: |
Gracias, señor Presidente:
Estamos...
Un momento. Permítame el orador.
Detengan el reloj.
¿Con qué objeto, señor diputado Oceguera?
El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Señor Presidente, en los términos del
Reglamento y de la ley, le ruego a usted proceder a hacer la verificación del quorum
legal de esta Asamblea.
RECESO
| El Presidente (a
las 16:05 horas): |
Esta Presidencia va a rogar a los señores
coordinadores de los grupos parlamentarios que acudan a la parte de atrás de esta
Presidencia, a fin de estudiar la continuidad de esta sesión. Mientras tanto, si ustedes
nos lo permiten, se decreta un receso de cinco minutos.
Rogamos a los representantes de las coordinaciones de
los grupos parlamentarios sírvanse acudir.
(Receso.)
Presidencia del
diputado
José Eulogio Bonilla Robles (A las 16:08 horas): |
Con el permiso del orador. La moción del
diputado Oceguera es válida, de acuerdo con el artículo 109, hay una evidente falta de
quorum. Entonces si la Asamblea quiere que pasemos lista. Vamos a suplicarle al señor
Secretario le dé lectura al artículo 109 del Reglamento, para apegarnos a él.
| El secretario
Saúl Solano Castro: |
"Artículo 109. Del Reglamento
Interno: ninguna discusión se podrá suspender, sino por estas causas: primera, por ser
la hora en que el Reglamento fija para hacerlo, a no ser que se prorrogue por acuerdo de
la Cámara; segunda, porque la Cámara acuerde dar preferencia a otro negocio de mayor
urgencia o gravedad; tercera, por graves desórdenes en la misma Cámara; cuarta, por
falta de quorum, la cual, si es dudosa, se comprobará pasando lista y si es
verdaderamente notoria...
Vamos a suplicarle a los compañeros que dejen
al señor Secretario, que los entere a ustedes sobre el contenido del 109 y después del
112.
| El secretario
Saúl Solano Castro: |
Repito: ...cuarta, por falta de quorum, la
cual, si es dudosa, se comprobará pasando lista y si es verdaderamente notoria, bastará
la simple declaración del Presidente; quinta, por proposición suspensiva que presente
alguno o algunos de los miembros de la Cámara y que ésta apruebe."
"Artículo 112. La falta de quorum se establece,
cuando es verdaderamente notoria, por una simple declaración del Presidente de la Cámara
y, cuando es dudosa, por la lista que pasará la Secretaría, por acuerdo de la
Presidencia o a petición de un miembro de la Asamblea."
Es todo, señor Presidente.
CLAUSURA Y
CITATORIO
| El Presidente (a
las 16:15 horas): |
Está perfectamente bien esclarecido con
base a los dos artículos, consecuentemente declaramos clausurada esta sesión y citamos
para la próxima.
Se cita para el próximo jueves a la misma hora.
1440,1441,1442
RESUMEN DE
TRABAJOS
* Tiempo de duración: 5 horas 20 minutos.
* Quorum a la apertura de sesión: 267 diputados.
* Excitativas a comisiones: 1.
* Temas de agenda política: 3.
* Oradores en tribuna: 22
PRI-7; PRD-6; PAN-4; PT-2; diputados independientes-3.
Se recibieron:
* 3 oficios de los congresos de los estados de
Puebla, Zacatecas y Tabasco;
* 1 iniciativa del PRD;
* 1 iniciativa del PRI;
* 1 iniciativa para efectuar sesión solemne de
Congreso General, para recibir al Presidente de Francia;
* 1 iniciativa de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal;
* 4 comunicaciones de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política, para cambios en la integración de comisiones de
trabajo y vigencia de una de ellas.
Se aprobó:
* 1 iniciativa para efectuar sesión solemne del
Congreso General, para recibir al Presidente de Francia;
* 4 dictámenes con proyecto de decreto para aceptar
y usar condecoraciones que confieren los gobiernos de Francia y España;
* 1 dictamen con proyecto de decreto para desempeñar
el cargo de cónsul honorario de Colombia en Guadalajara, Jalisco.
|
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición: |
| Banamex |
Banco Nacional de México, Sociedad Anónima |
| Bancomer |
Banco Nacional de Comercio, Sociedad Anónima |
| Bancomext |
Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad
Nacional de Crédito |
| Banjército |
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y
Armada, Sociedad Nacional de Crédito |
| Banpaís |
Banco del País |
| Banobras |
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
Sociedad Nacional de Crédito |
| Banrural |
Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad
Nacional de Crédito |
| Cetes |
Certificados de la Tesorería de la
Federación |
| Conasupo |
Compañía Nacional de Subsistencias Populares |
| Confia |
Consorcio Financiero Abaco |
| D.F. |
Distrito Federal |
| EPL |
Empresas con problemas de liquidez |
| Fertimex |
Fertilizantes Mexicanos |
| Fidec |
Fideicomiso para el Desarrollo Comercial |
| FIRA |
Fideicomisos Instituidos en Relación a la
Agricultura |
| Fobaproa |
Fondo Bancario de Protección al Ahorro |
| Inverlat |
Inversiones Latinoamericanas (Banamex) |
| PAN |
Partido Acción Nacional |
| PIB |
Producto interno bruto |
| PRD |
Partido de la Revolución Democrática |
| PRI |
Partido Revolucionario Institucional |
| Procampo |
Programas de Apoyos Directos al Campo |
| Serfin |
Servicios Financieros Integrados |
| SIDA |
Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida |
| TIIE |
Tasa de Interés Intercambiara de Equilibrio |
| TLC |
Tratado de Libre Comercio |
| VIH |
Virus de Inmunodeficiencia Humana |
1443,1444
|