|
Presidencia
del diputado
Juan José Cruz Martínez |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta
Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados para conocer si existe el
quorum, reglamentario.
| El secretario
Crisógono Sánchez Lara: |
Se informa a la Presidencia que existen registrados
previamente 279 diputados.
Por lo tanto, hay quorum señor Presidente.
| El Presidente (a
las 11:16 horas): |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
| El secretario
Crisógono Sánchez Lara: |
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Martes 3 de noviembre de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Quintana Roo.
Oficios de la Cámara de Senadores
Por el que comunica la elección de mesa directiva para el tercer mes del primer periodo
de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional.
Por el que comunica que la senadora María de los Angeles Moreno Uriegas, ha sido electa
presidenta de la Gran Comisión, en sustitución del senador Genovevo Figueroa Zamudio.
Iniciativa del Congreso del Estado de Baja
California Sur
Que adiciona la fracción XVII-bis y se reforma el punto número 2o. de la fracción XXIX
del artículo 73, de las facultades del Congreso, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que
concede permiso a los ciudadanos Nemecio Díez Riega y Leonor Sarmiento Pubillones, para
aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno del Reino de España.
(Publicado en la Gaceta Parlamentaria el 30 de octubre. Discusión y votación.)
Tres, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto
que concede permiso a los ciudadanos: María del Carmen Flores Vázquez, Abel Valdivia
Toscano, Trinidad Vázquez Juárez, Hortencia Vélez Vega, Luz Mendoza López, Rosa
Mónica Guadarrama Santacruz, María del Rocío Guerra Ordóñez, María Nieves Bertha
Martínez Villagómez, Susana Sil Avilés, María Guadalupe Huerta Osorio, Martha
Guadalupe Martínez Villagómez, Lilián Ramírez Rojas, Efrén Hernández Contreras y
Claudia Elizabeth Niño Zierlein, para prestar servicios en la Embajada de España, en
México. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria el 30 de octubre. Discusión y votación.)
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que
concede permiso a las ciudadanas: Gabriela Sparrowe Pons, Ingeborg Sainz Carrillo y Andrea
Martínez Ampudia, para prestar servicios en la delegación de la Comisión Europea, en
México. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria el 30 de octubre. Discusión y votación.)
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que
concede permiso a los ciudadanos Luis Bastida Avila y Víctor Manuel Ochoa Bujanda, para
prestar servicios en los consulados generales de los Estados Unidos de América, en
Tijuana, Baja California y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Publicado en la
Gaceta Parlamentaria el 30 de octubre. Discusión y votación.)
Proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, relacionada
con el proyecto de acuerdo para garantizar la difusión de la información de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión y con adiciones al artículo 4o., de
dicho proyecto. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria de los días 8 de septiembre, 20 de
octubre y 3 de noviembre. Votación.)
Proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en relación a
la unidad de finanzas públicas. (Discusión y votación.)
Propuesta con punto de acuerdo suscrita por diputados integrantes de los grupos
parlamentarios de la LVII Legislatura, en relación con la detención del general chileno
Augusto Pinochet Ugarte. (Votación.)
Excitativa
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a cargo del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional.
Agenda política
Debate pactado y presentación de punto de acuerdo en relación al desempeño de
funcionarios vinculados con el Fobaproa, a cargo del diputado Marcelo Ebrard Casaubón.
Comentarios sobre la reforma política del Distrito Federal, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Debate pactado.)
Comentarios sobre las elecciones en el Estado de Puebla, a cargo del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional. (Debate pactado.)
Comentarios sobre las elecciones en el Estado de Tamaulipas, a cargo del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Debate pactado.)
Comentarios sobre seguridad pública en el país, a cargo del diputado Jorge Esparza
Carlo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Deliberativo.)»
ACTA DE LA SESION
ANTERIOR
El siguiente punto del orden del día es la
discusión del acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el
jueves veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, correspondiente al Primer
Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima
Legislatura.
Presidencia del
diputado
Felipe de Jesús Preciado Coronado |
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las
diez horas con cincuenta y nueve minutos del jueves veintinueve de octubre de mil
novecientos noventa y ocho, con una asistencia de trescientos nueve diputados, el
Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea aprueba el acta de la sesión
anterior, en sus términos, en votación económica.
El Presidente informa que con el acuerdo de los coordinadores de los grupos
parlamentarios, incorpora al orden del día los temas sobre un punto de acuerdo sobre la
Comisión de Concordia y Pacificación y comentarios sobre el comportamiento de
funcionarios del Fondo Bancario de Protección al Ahorro.
Una comunicación del Congreso del Estado de San Luis Potosí, con la que informa de
actividades propias de su legislatura. De enterado.
La Cámara de Senadores comunica el punto de acuerdo relativo a la visita del Presidente
de la República Francesa y la elección de la senadora María de los Angeles Moreno
Uriegas, como presidenta de la Gran Comisión. De enterado.
Un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que la ciudadana María
Angela Díaz Reineiro, dejó de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos
de América en México. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales del Senado
de la República.
La Presidencia otorga el uso de la palabra a los diputados:
Mauricio Alejandro Rossell Abitia, del Partido Revolucionario Institucional, quien
presenta iniciativa de reformas al artículo cincuenta y nueve de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reelección inmediata de los
legisladores. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
José Adán Deniz Macías, quien a nombre de legisladores de diversos grupos
parlamentarios, presenta iniciativa de reformas a los artículos cincuenta y nueve,
sesenta y seis, setenta y tres y noventa y tres, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la misma comisión que la anterior.
Jorge Silva Morales, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa
de reformas al Título Decimoquinto del Libro Segundo, del Código de Comercio. Se turna a
la comisión correspondiente.
Margarita Pérez Gavilán Torres, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa
de reformas al artículo noventa y tres de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y al Código Federal de Procedimientos Penales. Inclúyase íntegra en el Diario de los
Debates. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y a la de Justicia.
Juan José García de Alba Bustamante, del Partido Acción Nacional, quien presenta
iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de derecho a la información. Se turna a la Comisión de Reglamentos
y Prácticas Parlamentarias.
Juan Arizmendi Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta
iniciativa de proyecto de Ley de Organizaciones Ganaderas, en sustitución de la Ley de
Asociaciones Ganaderas. Se turna a la Comisión de Ganadería.
Roselia Barajas Olea, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta
iniciativa de reformas a los artículos veintisiete, ciento cinco, ciento ocho, ciento
diez y ciento once, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de justicia ambiental. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos
Constitucionales y a la de Ecología y Medio Ambiente.
Lourdes Angelina Muñoz Fernández, quien a nombre de la Comisión de Apoyo y Atención a
Discapacitados, presenta iniciativa de reformas al Código Civil para el Distrito Federal
en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.
El Presidente da la bienvenida a un grupo de seis miembros finlandeses del Parlamento
Europeo encabezados por la señora Mirja Ryynanen. También informa que las comisiones de
diputados que se encargaron de visitar a los diputados Juan Antonio Prats García y
Jeffrey Max Jones Jones, informan que se encuentran en positiva mejoría.
Sube a la tribuna la diputada Gloria Lavara Mejía, del Partido Verde Ecologista de
México, quien solicita excitativa a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y a la
de Gobernación y Puntos Constitucionales, en relación con la iniciativa de reformas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ecología y medio
ambiente. El Presidente ordena lo conducente.
La Secretaría da lectura a una comunicación de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política, relativa a la integración de las comisiones legislativas. De
enterado
Hace uso de la palabra el diputado Miguel Angel Navarro Quintero, del Partido
Revolucionario Institucional, quien presenta punto de acuerdo sobre la utilización del
condón como medida de prevención del VIH-SIDA. Se turna a la Comisión de Salud.
Se realiza la elección por cédula de mesa directiva para el mes de noviembre y, después
de realizado el escrutinio y cómputos correspondientes, resultan electos los diputados:
Juan José Cruz Martínez, como presidente; María de las Mercedes Martha Juan López,
María del Socorro Aubry Orozco, Ramón María Nava González, María Mercedes Maciel
Ortiz y Aurora Bazán López, como vicepresidentes; Crisógono Sánchez Lara, Alberto
Martínez Miranda, Carlos Froylán Guadalupe Camacho Alcázar y Gerardo Acosta Zavala,
como secretarios; José Luis Acosta Herrera, Jesús Alberto Espinosa Gaxiola, Elodia
Gutiérrez Estrada y Teófilo Manuel García Corpus, como prosecretarios, por trescientos
veintiséis votos.
1543,1544,1545
Desde su curul, el diputado Marcelo Luis Ebrard Casaubón,
solicita que se le otorgue el uso de la palabra a fin de tocar el tema que inscribió en
el orden del día. El Presidente hace aclaraciones y, también desde su curul, la diputada
María de los Dolores Padierna Luna, insiste y la Presidencia decide que, en primer lugar,
por tratarse de un asunto que requiere de votación, haga uso de la palabra el diputado
Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, presidente en turno de la Comisión de Concordia y
Pacificación, quien presenta un punto de acuerdo respecto de la situación en el Estado
de Chiapas, que se aprueba en votación económica.
Desde su curul, el diputado Marcelo Ebrard Casaubón, insiste en que se le otorgue el uso
de la palabra; también desde su curul, el diputado Gil Rafael Oceguera Ramos, presenta
moción de orden, conforme el acuerdo parlamentario que rige y norma el trabajo del pleno
y abunda en las disposiciones que la Presidencia hizo al respecto, al modificar el orden
del día y pide que se respete el acuerdo y la disposición de modificación del orden del
día.
El Presidente aclara que al hacerse la modificación de referencia, no se mencionó el
momento en el que serían incluidas.
Desde su curul, el mismo diputado hace aclaraciones al respecto y que la Presidencia tiene
libertad para consultar a la Asamblea. Autorizado por el Presidente, hace nuevamente uso
de la palabra el diputado Oceguera Ramos, quien afirma que están de acuerdo en entrar de
inmediato en el debate inscrito y que se respete el acuerdo que al respecto tuvieron los
coordinadores de los grupos parlamentarios.
También hace uso de la palabra el diputado Arturo Saiz Calderón García y el diputado
Oceguera Ramos solicita, que en el caso de que se consulte a la Asamblea, la votación sea
nominal.
El Presidente hace aclaraciones respecto a la legalidad de la solicitud, a la que se
adhieren más de cinco diputados y el diputado Oceguera Ramos, insiste en ella y el
Presidente ordena que se inicie la votación electrónica por cinco minutos.
La Secretaría anuncia que se emitieron ciento cincuenta y seis votos en pro, dos en
contra.
Se concede el uso de la palabra al diputado Rodríguez Prats, quien hace dos mociones que
se turnan a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
El diputado Oceguera Ramos, hace nuevamente uso de la palabra desde su curul, quien,
conforme a las sumas de la votación, presenta moción a fin de que se declare la falta de
quorum.
Desde su curul, el diputado Pablo Gómez Alvarez, quien solicita que se cumplimente el
orden del día con los asuntos en cartera.
Varios diputados presentan mociones y hacen comentarios, que se pase lista de asistencia y
otros asuntos relacionados con el mismo tema y por instrucciones de la Presidencia, la
Secretaría da lectura al artículo ciento doce del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En atención a diversas solicitudes, el Presidente ordena que se pase lista de asistencia
y se active el sistema electrónico por cinco minutos. La Secretaría informa que hay
ciento setenta y cuatro diputados presentes, por lo que el Presidente pide que se lea el
artículo ciento nueve del Reglamento.
El Presidente a las dieciséis horas con quince minutos, clausura la sesión y cita para
la que se llevará a cabo el martes tres de noviembre a las diez horas.»
El secretario
Carlos Froylán Guadalupe
Camacho Alcázar: |
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga
uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor
Presidente.
ESTADO DE QUINTANA ROO
| El secretario
Alberto Martínez Miranda: |
Se va a dar lectura a una comunicación.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo.- Ciudad Chetumal, Quinta Roo, México.
Ciudadanos diputados secretarios del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La honorable VIII Legislatura Constitucional del Estado, en cumplimiento al artículo 20
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se permite comunicar que en sesión solemne
celebrada el día 8 del presente mes y año, declaró abierto su segundo periodo de
sesiones ordinarias, del tercer año de ejercicio constitucional, previa elección de mesa
directiva que fungirá del 8 de octubre al 7 de noviembre de 1998, quedando integrada de
la siguiente forma:
Diputados: Olegario Tah Balam, presidente; Alicia C. Ricalde Magaña, viceprecidenta;
Israel Barbosa Heredia, secretario.
Sin otro particular, me es grato reiterarles las seguridades de mi consideración
distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Chetumal, Quintana Roo, a 8 de octubre de 1998.- Diputado Israel Barbosa Heredia,
secretario.»
De enterado.
CAMARA DE SENADORES
| El secretario
Teófilo Manuel García Corpus: |
Oficios de la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.
En cumplimiento a lo que disponen los artículos 65 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados unidos Mexicanos, 16 y 24 del Reglamento para el Gobierno Interior,
nos permitimos comunicar a ustedes que en sesión celebrada el día de hoy, la Cámara de
Senadores de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión eligió la mesa
directiva para el tercer mes del primer periodo de sesiones ordinarias de su segundo año
de ejercicio constitucional, quedando integrada como sigue:
Senadores: Oscar López Velarde Vega, presidente; Luis Santos de la Garza, Rosa Albina
Garavito Elías, vicepresidentes; Laura Pavón Jaramillo, María Elena Alvarez Bernal,
Juan José Quirino Salas, Esteban Maqueo Coral, secretarios; Fernando Iturribarría
Bolaños, Francisco Javier Molina Ruiz, Magno Garcimarrero Ochoa y Eleazar Robledo
Sicairos, prosecretarios.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 29 de octubre de 1998.- Senadores: Héctor Murguía Lardizábal y Jorge
Galván y Moreno, secretarios.»
De enterado.
| La secretaria
Elodia Gutiérrez Estrada: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para conocimiento de esa honorable colegisladora, nos permitimos comunicar a ustedes que
con fundamento en lo previsto en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, los senadores coordinadores de los grupos
parlamentarios y los senadores representantes de las 31 entidades federativas y del
Distrito Federal electos para integrar las Gran Comisión, acordaron hacer la siguiente
sustitución en la mesa directiva.
Presidenta: senadora María de los Angeles Moreno Uriegas, en sustitución del senador
Genovevo Figueroa Zamudio.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 29 de octubre de 1998.- Senadores: Héctor Murguía Lardizábal y Jorge
Galván y Moreno, secretarios.»
De enterado.
SECTOR PESQUERO
El secretario
Jesús Alberto Espinosa
Gaxiola: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Estado de Baja California Sur.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F.
Respetable señor diputado: por este conducto, estamos presentando ante esa soberanía la
iniciativa de decreto que adiciona la fracción XVII-bis mediante la cual se reforma el
punto número 2 de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, misma que fuera aprobada el día 28 de mayo del año en curso en
sesión ordinaria de la VIII Legislatura de este honorable Congreso del Estado de Baja
California Sur.
La propuesta que respetuosamente hacemos, tiene su origen en un punto de acuerdo
económico que solicitará la Comisión de Asuntos Pesqueros de esta legislatura, con
fecha 15 de mayo de 1997, para la realización de foros de consulta y análisis en
búsqueda de alternativas de solución a la problemática del sector pesquero de nuestra
entidad. Uno de los puntos resolutivos fue la convocatoria a un foro nacional de análisis
del sector pesquero que se llevó a cabo en esta ciudad de La Paz, los días 22 y 23 de
agosto de 1997, con la participación de la mayor parte de las legislaturas cuyos estados
tienen costas, en donde una de las conclusiones más importantes fue el realizar una
revisión cuidadosa de los ámbitos de competencia de los tres niveles de gobierno en las
actividades pesqueras, enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y en su caso
proponer reformas constitucionales para que estados y municipios participemos en la
transformación de nuestro sistema federal.
Considerando que nuestro planteamiento busca vigorizar el equilibrio entre la Federación
y las entidades federativas en su respectivo ámbito de competencia en materia pesquera,
en el marco del nuevo federalismo, entregamos esta propuesta con la seguridad de que
recibirá el tratamiento legislativo que con toda justicia pueda determinar esa
soberanía.
Atentamente.
La Paz, Baja California Sur, a 1o. de septiembre de 1998.- Diputados: Valentín Castro
Burgoin, presidente de la Gran Comisión; Paulino Molina Romero, presidente de la
diputación permanente; Jesús Redona Murillo, presidente de la Comisión de Asuntos
Pesqueros.»
INDICE
1o. Dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y de
Asuntos Pesqueros de la VIII Legislatura del honorable Congreso del Estado de Baja
California Sur, que contiene la iniciativa de reforma y adición al artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2o. Copia de la iniciativa de reforma constitucional.
3o. Copia de oficio de entrega de la iniciativa a la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.
4o. Oficio de remisión girado a los congresos de la República con costas.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Estado de Baja California Sur.
Comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Asuntos Pesqueros.
Honorable Asamblea: en sesión pública ordinaria de fecha 28 de mayo de 1998, se turnó a
las suscritas comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Asuntos
Pesqueros de este Poder Legislativo, para su estudio y dictamen, la iniciativa de acuerdo
económico presentada por la fracción parlamentaria del PRI, con objeto de que las
suscritas comisiones emitan su acuerdo para que el proyecto de iniciativa de decreto que
adiciona la fracción XVII-bis y reforma el punto número 2o. de la fracción XXIX del
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea remitida a
la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión como iniciativa de esta VIII
Legislatura para su tramitación; asimismo, se envíe copia de dicha iniciativa y anexos
correspondientes a los congresos de los estados que tienen litoral, a fin de solicitarles
su apoyo a estas propuestas de reformas constitucionales.
1546,1547,1548
Por lo que con fundamento en los artículos 113, 114 y
demás relativos de la ley reglamentaria, nos permitimos formular el presente dictamen de
acuerdo con los siguientes antecedentes y considerandos
ANTECEDENTES
Unico. Con fecha 15 de mayo de 1997, la Comisión de Asuntos Pesqueros de esta VIII
Legislatura, obtuvo consenso del pleno para que realizara foros de consulta y análisis en
busca de propuestas y alternativas de solución a la problemática confrontada por el
sector pesquero en la entidad, mismos que se llevaron a cabo, por lo que se consideró
oportuno propiciar un marco institucional que permitiera coadyuvar con los esfuerzos de
las instancias directamente involucradas en la búsqueda de soluciones, por lo que se
realizó el Foro Nacional de Análisis del Sector Pesquero.
CONSIDERANDOS
Primero. Que dentro de las políticas sustentadas por el Ejecutivo Federal en el Plan
Nacional de Desarrollo 1995-2000, destaca la convocatoria que se ha hecho a los mexicanos
para participar en el impulso al sistema federal, que como forma de organización adopta
el Estado mexicano y que requiere de una revisión cuidadosa de los ámbitos de
competencia de sus tres niveles de gobierno, que permita reforzar sustancialmente la
capacidad de gestión y respuesta de soluciones de sus estados federados y municipios y
que substancialmente fueron los reclamos de los foros de consulta municipales y del primer
Foro Nacional de Análisis del Sector Pesquero, celebrados en nuestra entidad.
Segundo. Es de estimarse que la actividad pesquera en México es de trascendental
importancia, debido a su capacidad para generar alimentos, entre otros beneficios
económicos y tomando en cuenta las políticas públicas de desarrollo pesquero
establecidas en el plan nacional de desarrollo al expresarse que en el ámbito pesquero,
su fomento se basa en un enfoque integral que atienda tanto las necesidades de
investigación, evaluación de los recursos, infraestructura básica, flota pesquera,
procesamiento, transportación y comercialización etcétera, en esta política se aduce
que para el presente sexenio se privilegia la generación de empleos, el incremento de la
oferta de alimentos de origen pesquero destinado a mejorar la nutrición de los grupos
mayoritarios de la población y la obtención de divisas con el fomento a las
exportaciones en lo que tenemos mayor competitividad, con el propósito de lograr una
administración accesible, conocedora, moderna, eficiente, justa y equitativa.
Por ello, la iniciativa en estudio se inscribe en la lógica de reconocer la capacidad de
las entidades con litorales para concurrir en el desarrollo de la pesca, como fin
primordial del Estado federal y el justo equilibrio entre Federación y estados.
Con este federalismo renovado y cooperativo, que tiene manifestaciones concretas como
fórmula para ampliar la vida democrática, transformar el ordenamiento territorial de la
población, equilibrar el desarrollo de las regiones en lograr mayor eficacia y calidad en
la explotación de recursos pesqueros y en forma particular impulsar la capacidad de las
entidades federativas para propiciar su propio desarrollo.
Por ello se hace necesario modificar nuestra Carta Magna, con la intención de que los
estados tengan una mayor participación en legislar en materia de pesca, asimismo para
imponer contribuciones en el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales
contemplados en el artículo 27 párrafo V de la Ley Suprema, para lograr un federalismo
cooperativo, basado en principios de corresponsabilidad, solidaridad y equidad, que no
sólo incide en la relación entre los poderes federales y locales para reforzar la
estructura política de la Unión, sino impacta en las bases materiales y sociales del
progreso territorial, en la práctica del Estado y en los beneficios para la sociedad.
Por todo lo anteriormente expuesto, las suscritas comisiones unidas resuelven
favorablemente los puntos de la iniciativa de acuerdo económico de referencia, por lo que
se permiten solicitar a los diputados integrantes de esta honorable Asamblea su voto
aprobatorio al siguiente
ACUERDO
Primero. Se remita al Congreso de la Unión en calidad de iniciativa el documento que
hemos conocido y dictaminado como proyecto de iniciativa que adiciona la fracción
XVII-bis y reforma el punto número 2o. de la fracción XXIX del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que sea promovida ante el
Poder Legislativo Federal en los términos establecidos en nuestra Carta Magna, por esta
VIII Legislatura al Congreso del Estado, cuyo texto íntegro, señala:
Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.- VIII Legislatura
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes.
En la actualidad nuestro país está viviendo una crucial etapa caracterizada por
transformaciones profundas en el sistema político, en el desarrollo económico y en la
sociedad y la cultura nacional; se reconoce en el centralismo económico y administrativo,
en la concentración demográfica y urbana y en las desigualdades regionales, obstáculos
a la democracia, a la modernización económica y al bienestar social.
Fortalecer el federalismo supone una acción deliberada para combatir la centralización
de atribuciones y decisiones en que ha incurrido la administración pública y que ha
provocado, a su vez, la burocratización, la excesiva regulación y la desproporción de
sus dimensiones, con consecuencias evidentes, lentitud en las decisiones, engorrosos
procedimientos, costos excesivos de operación, incapacidad para captar y reaccionar con
oportunidad a las demandas de la población, pérdida o debilitamiento de los canales de
comunicación entre gobernantes y gobernados.
Por ello, desde esta perspectiva, el federalismo pone el acento en la fórmula para
desconcentrar la administración, transferir el uso de facultades, recursos y programas
del nivel central o federal al local, estatal y municipal; se vincula con el propósito de
acercar las decisiones y la prestación de los servicios al nivel de organización que por
su escala optimice sus rendimientos, pero también se relaciona con la
desburocratización, la desregulación y la desincorporación de funciones y actividades
que se transfieren a los niveles locales o estatales, para que éstos las desarrollen. De
esta manera el Gobierno Federal transfiere al local o estatal, facultades, recursos y
ámbitos de actividad.
En esta óptica se inscribe el reclamo social y político de las regiones, de los estados
y de los municipios por una más decisiva participación en la acción presente y en la
previsión de su futuro.
Bajo estos objetivos, los suscritos, diputados que integramos la VIII Legislatura al
Congreso del Estado de Baja California Sur, como resultado de foros de consulta
municipales y de los acuerdos emanados del Primer Foro Nacional de Análisis del Sector
Pesquero, ambos celebrados en nuestra entidad, hemos integrado la presente iniciativa de
reformas y adiciones al articulado de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en relación a las facultades legislativas de los estados con litoral en materia
pesquera, de acuerdo a los siguientes postulados:
I. Consideraciones generales
La actividad pesquera en México es de trascendental importancia debido a su capacidad
para generar alimentos, empleo y divisas para el país, así como por coadyuvar en el
ejercicio de la soberanía nacional.
Dado que la pesca y la acuicultura son practicadas tanto en litorales del golfo de México
y el Caribe, así como en el Pacífico mexicano, son en consecuencia actividades en las
que participan más de la mitad de los estados de la República, ya que en éstos se
presenta colindancia con litorales marítimos, independientemente de la existencia de
aguas interiores dentro de sus límites geográficos.
La pesca y la acuicultura son actividades que se basan en la utilización de recursos
naturales renovables tanto de flora y fauna, cuyo medio de vida total o parcial es el
agua, para conformar fundamentalmente una actividad económica y social cuya viabilidad
descansa en gran medida en el marco normativo en que se sustenta.
Es por lo anterior, que el marco normativo que rige las actividades pesqueras y
acuícolas, tiene para las entidades del país con litoral, un alto significado para su
desarrollo.
A través de los años, nuestro país ha contado con una
serie de disposiciones jurídicas, contenidas en diversas normas de distinta jerarquía
legal, generalmente orientadas a promover prácticas pesqueras racionales que además de
fomentar una actividad productiva, brinde oportunidades de empleo y haga de la
pesca una fuente de alimentos para nuestro pueblo.
Esta larga tradición normativa y legislativa relativa al uso y conservación de recursos
acuícolas comienza a mediados del siglo pasado, siguiendo durante la primera parte del
presente siglo. Sin embargo es hasta 1923 que se expide el primer Reglamento de Pesca
Marítima y Fluvial de la República Mexicana en donde se señalaron como atribuciones de
la entonces Secretaría de Agricultura y Fomento, aspectos sobre la conservación y
promoción de esta riqueza nacional, la autorización de permisos y contratos, vedas,
clasificación de la pesca, finalidades y aprovechamientos.
Es a partir de este primer cuerpo normativo en el que habría de sustentarse la primera
Ley de Pesca emitida en 1925; ley que articula de manera más consistente la importancia
que le es atribuida a la actividad pesquera y en particular a la conservación y cuidado
de esta riqueza nacional.
La nueva concepción social del trabajo que se estableció en el país en los años
treinta, trajo como consecuencia que la legislación pesquera fuera modificada, ya que en
1932 entró en vigor una nueva Ley de Pesca y al final de esa década se expidieron leyes
relacionadas tanto con las aguas territoriales, como con las sociedades cooperativas, lo
que consolidó un enfoque de aprovechamiento social de esta riqueza natural.
Con la introducción de nuevos sistemas de pesca, de conservación, industrialización y
sistemas de trabajo, así como el aprovechamiento de especies que antes no eran
susceptibles de explotación, surgieron actividades comerciales y de transformación
industrial que no estaban previstas en el marco normativo de esa época; por esta razón
se hizo necesaria la actualización de la normatividad vigente. Esta actualización se
logró al concretarse una ley en materia pesquera en 1947.
Posteriormente vinieron modificaciones adicionales al marco legal pesquero, en 1950 y
1951, años en que se vinculó la actividad pesquera como un tema con estrecha relación a
la alimentación popular.
Es hasta principios de los años setenta que se considera necesario adecuar la regulación
pesquera al considerar que a la pesca se le reconoce una más elevada posición en la vida
económica del país. En 1972 fue sometida para su análisis y aprobación ante el
Congreso de la Unión, la Ley Federal para el Fomento de la Pesca, la cual señalaba que
los recursos pesqueros, a pesar de ser un renglón importante para el país, no habían
sido regulados adecuadamente en su explotación y aprovechamiento.
Durante la segunda mitad de la década de los años setenta y la primera de los ochenta se
dieron transformaciones, innovaciones y requerimientos en materia pesquera que obligaron
de nueva cuenta a la adaptación del marco legal correspondiente. Así, en 1986 fue
aprobada la Ley Federal de Pesca.
Con el advenimiento de un enfoque de modernización en la vida de México por parte del
Ejecutivo Federal en turno, que fortaleciera la economía ya no sólo a lo interno en un
ámbito protegido, sino con una nueva orientación que evitara esquemas regulatorios que
inhibieran la productividad y generaran una sana competencia, se sometió al Congreso de
la Unión y fue aprobada la actual Ley de Pesca en 1992.
La pesca, al igual que las demás actividades productivas, ha evolucionado y de manera
consistente se ha tratado de adecuar sus leyes y reglamentos. Esta adecuación debe ser
consistente con el objetivo de ser congruentes con la nueva realidad productiva y social
que presenta el país en cada momento.
En relación al proceso legislativo es pertinente puntualizar que la iniciativa es el
primer paso de este proceso para la formación de una ley o decreto y por lo tanto sin
ella no hay función legislativa. A este respecto conviene señalar que la fracción I del
artículo 71 de nuestra Constitución Política otorga la facultad de iniciar las leyes o
decretos al Presidente de la República, a los diputados y senadores al Congreso Federal y
a las legislaturas de los estados.
La legislación pesquera en México y su continua adecuación, ha sido promovida
fundamentalmente por el titular del Poder Ejecutivo, no obstante la importancia que este
tema tiene para los estados de la República Mexicana, que poseen colindancia con aguas
litorales, tanto por las posibilidades de desarrollo que pueden darse con base en estos
recursos, como por la responsabilidad inherente a la conservación de los mismos.
1549,1550,1551
Respecto a la legislación correlativa, en la que se
involucra el aprovechamiento y conservación de recursos naturales a través de una
visión más genérica, como la legislación sobre el medio ambiente, se observa que ésta
presenta características de mayor articulación entre las facultades del Ejecutivo
Federal y las propias de los estados y municipios.
Es así que las más recientes reformas realizadas a la Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente, se dieron en una etapa revitalizada del federalismo
mexicano, misma que supone una mayor participación de los estados, así como un mayor
compromiso y equilibrio de los poderes federales, base de un federalismo legislativo, que
garantiza la pluralidad y los espacios a todas las expresiones e inquietudes de la
comunidad nacional. Esta concepción del federalismo identifica la articulación armónica
y eficaz de la soberanía de los estados, la libertad de los municipios y las facultades
constitucionales del Gobierno Federal.
El fundamento constitucional de la citada Ley General de Equilibrio Ecológico, está
consignado en los artículos 27 y 73 fracción XXIX-G de nuestra Carta Magna. Este último
precepto faculta al Congreso de la Unión para "expedir las leyes que establezcan la
concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en
el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de
preservación y restauración del equilibrio ecológico".
De acuerdo con la iniciativa de esta ley, la función que la Constitución asigna a la
legislación que expida el Congreso de la Unión consiste, por una parte, en establecer
los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno que hagan posible una
gestión ambiental integral y, por otra parte, en precisar el esquema de distribución de
competencias en materia ambiental que deriva, de forma explícita o implícita, de la
propia Constitución.
El proceso de adecuación de la actual ley sobre el medio ambiente, fue un claro ejemplo
de modernidad legislativa, ya que en éste se dieron un sinnúmero de consultas a nivel
nacional y se alcanzaron importantes consensos para finalmente someter la iniciativa de
ley, tanto por parte del Ejecutivo Federal como por los diputados de diversas fracciones
parlamentarias, integrantes de la respectiva Comisión de Medio Ambiente.
Una de las grandes exigencias para la sociedad mexicana, incluidas ya en el Plan Nacional
de Desarrollo 1995-2000, es llevar a cabo una profunda redistribución de la autoridad,
responsabilidades y recursos del Ejecutivo Federal hacia los estados y municipios. Hay
pues, plena conciencia de que es necesario hacer más vigorosa la participación y
concurrencia de los estados y municipios para hacer frente a diversas decisiones
administrativas, así como para legislar en ciertas materias prioritarias.
Por otra parte, desde el punto de vista del concierto internacional, se ha considerado que
la pesca constituye para la humanidad una fuente importante de alimentos que proporciona
empleo y beneficios económicos a quienes se dedican a esta actividad. Anteriormente se
consideraba que la riqueza de los recursos acuáticos eran ilimitados; sin embargo, el
desarrollo y la evolución dinámica de las pesquerías, particularmente después de la
Segunda Guerra Mundial, han hecho desaparecer esta idea, ya que los recursos pesqueros,
aún siendo recursos renovables, son limitados y tienen que ser sometidos a una
ordenación adecuada si se pretende que sigan contribuyendo al bienestar alimentario,
económico y social de manera sostenida en un ámbito de crecientes demandas.
Al establecerse la zona económica exclusiva, a mediados de los años setenta y su
adopción por parte de los estados ribereños, se originó una nueva circunstancia para un
mejor ordenamiento de los recursos marinos.
Desde hace tiempo, las Naciones Unidas han desarrollado una ardua labor encaminada a
lograr un mejor y más eficaz desarrollo sostenible de la pesca. Entre otras actividades
destaca la Conferencia Internacional sobre la Pesca Responsable celebrada en Cancún,
México, en 1992, en la que nuestro país tuvo una destacada participación. De esta
conferencia se derivó la petición a la Organización Mundial para la Alimentación
(FAO), para que preparara un Código Internacional de Conducta para la Pesca Responsable,
en donde se establecieran principios y normas aplicables a la conservación, ordenamiento
y desarrollo de las pesquerías, de tal manera que asegure una explotación sostenible de
los recursos acuáticos vivos, en consonancia con el medio ambiente.
Si bien la aplicación de este código es voluntaria, también es cierto que México está
plenamente comprometido con su implementación y cumplimiento. En uno de sus capítulos
más importantes, el de ordenación pesquera, se estipula que en las zonas bajo
jurisdicción nacional, los estados deberían tratar de determinar quienes son dentro del
propio país, las partes pertinentes que tienen un interés legítimo en la utilización y
ordenación de los recursos pesqueros y establecer medidas para mantener consultas con las
mismas, a fin de contar con su colaboración para lograr la pesca responsable.
El anterior planteamiento en la práctica puede ser considerado como un esquema de
comanejo en el aprovechamiento, administración y conservación de los recursos naturales
en el que participan activamente tanto la autoridad pesquera como los interesados,
situación que en el ámbito nacional es plenamente compatible con el proceso de
descentralización de la vida económica, política y legislativa que se demanda en
México y que ya se ha puesto en marcha, en áreas como la relativa al medio ambiente.
Por otro lado se advierte en este instrumento sobre pesca responsable que la base
fundamental para la toma de decisiones en cuanto a la administración de los recursos
pesqueros debería hacerse siempre considerando la mejor información científica
disponible. Esta consideración puede ser plenamente atendible en México, ya que en los
diferentes estados con litoral se ha desarrollado una alta capacidad de investigación
institucional pesquera y acuícola que bien puede servir de apoyo y contribuir a este
proceso de participación con la Federación en el ámbito de sus respectivas
atribuciones.
Continuando con las referencias internacionales, podemos citar a los Estados Unidos de
América, Australia y Canadá, entre otros, como países que practican esquemas de
participación no sólo federal, sino estatal o regional en el aprovechamiento, la
administración y la conservación de sus recursos acuáticos vivos, por lo que México
podría inscribirse en una corriente internacional que toma en cuenta de manera más
amplia la participación de las regiones litorales en esquemas de manejo pesquero y
acuícola.
Por ello se hace necesario modificar nuestra Carta Magna, con la intención de que los
estados tengan una mayor participación en legislar en materia de pesca, asimismo para
imponer contribuciones en el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales
contemplados en el artículo 27 párrafo quinto de la Ley Suprema, para lograr un
federalismo cooperativo, basado en principios de corresponsabilidad, solidaridad y
equidad, que no sólo incide en la relación entre los poderes federales y locales para
reforzar la estructura política de la Unión, sino impacta en las bases materiales y
sociales del progreso territorial, en la práctica del Estado y en los beneficios para la
sociedad.
II. Marco constitucional
Es una pretensión muy válida y más que justa, desde los inicios de México como país
independiente, en la historia política nacional, el establecimiento de un sistema Federal
como forma de Estado para beneficio de todos los mexicanos. El objetivo de este Estado
Federal ha sido desde entonces y tendrá que seguir siéndolo, "un justo equilibrio
entre dos entes jurídicos que lo integran: Federación más entidades federativas",
ambos, en igualdad de jerarquía dentro de sus respectivos ámbitos competenciales; junto
a estos dos ordenamientos jurídicos, pero en un grado jerárquico superior, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conteniendo las decisiones
políticas fundamentales de todo un pueblo para garantizar el logro de este justo
equilibrio.
No obstante que en la Constitución de 1824; es decir, en
nuestro pacto federal, no se incluyera ni con precisión ni con claridad la adopción del
principio de enumerar las atribuciones de la Federación y la competencia residual quedara
para las entidades federativas, es de entenderse por la lectura a la misma, que se adopta
este principio por quienes firman este pacto federal, al señalarse en su artículo 50 las
facultades del Congreso General y no prescribirse en operación de contraste las de los
congresos de los estados; por consiguiente la competencia del Congreso General queda
expresamente establecida en la Constitución en su artículo 50.
En el mismo sentido se refiere la Constitución Política de 1857 y su artículo 72 que
prescribe las facultades del Congreso de la Unión variando en relación con las
facultades del Congreso General establecidas por la Constitución de 1824, pero que por
provenir las mismas de un Congreso Constituyente, han sido muy válidas dentro de nuestra
historia constitucional.
El Congreso Constituyente de 1917, como resultado de un movimiento revolucionario, dejó
sin efecto la Constitución de 1857 y creó una nueva Constitución, reuniendo ésta, los
requisitos de legalidad en el mismo sentido que las dos anteriores constituciones.
El artículo 124 de esta nueva Constitución reproduce fielmente, el principio establecido
en el artículo 117 de la Constitución de 1857 al prescribir que: "las facultades
que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales
se entienden reservadas a los estados". Se otorga la competencia expresa para la
Federación y competencia residual para las entidades federativas.
En el artículo 73 de esta nueva Constitución de 1917 se prescriben las facultades
explícitas del Congreso General en sus 30 fracciones. En la fracción XXXI, las
facultades implícitas del mismo.
Del análisis de la evolución histórica de estas facultades de estos congresos, de estas
constituciones de México, en sus respectivos artículos: 50, 72 y 73 más el análisis de
las facultades del Ejecutivo de los artículos 110 de la Constitución de 1824, artículo
85 de la Constitución de 1857 y artículo 89 de la Constitución de 1917, se puede
concluir que el aumento constante del ámbito competencial se ha dado en la evolución
histórica constitucional para la Federación, en detrimento de las entidades federativas.
En efecto, el centralismo del Gobierno Federal no solamente fue el producto de la
ampliación de atribuciones en merma de la esfera de competencia local, sino con la
dinámica propia que generó el Estado de permanecer propietario, proveedor paternalista y
absorbente, trajo consigo mayores rendimientos decrecientes, ineficiencias, con un
crecimiento desproporcionado y desordenado que lo condujo a su debilidad.
Por lo anterior expuesto y teniendo como fin primordial del Estado Federal el justo
equilibrio, el dualismo de fuerzas recíprocas, entre Federación y estados buscando que
una fuerza no tenga el monopolio de la acción sobre la otra, la presente iniciativa se
inscribe en esta lógica de reconocer la capacidad de las entidades con litorales para
concurrir en el desarrollo de la pesca.
III. Marco social
La justicia social implica dos componentes fundamentales: la seguridad y la igualdad.
Seguridad en el disfrute de las garantías individuales; igualdad entendida, ésta no
sólo como equidad sino la oferta de oportunidades para un desarrollo social y equitativo.
Esto lleva tanto a la Federación como a los estados a orientar acciones prioritariamente
a la lucha contra la pobreza, ante lo cual se requiere conjugación de esfuerzos basados
en la dinámica de un nuevo federalismo.
La ubicación de los pobres en la sociedad y en la economía merece un especial interés y
cuidado por el mínimo respeto que merecen los seres humanos por el solo hecho de serlo,
así como por su dignidad.
La pobreza es una situación que tiene causas estructurales. Su crecimiento surgió como
un efecto no deseado del sistema económico de libre mercado y es consecuencia de una
prolongada crisis, por lo que en la estrategia de superarla se realizan ajustes a la
economía bajo principios de regulación, de integración regional, sin olvidar el
compromiso social del Estado mexicano. Por eso es responsabilidad inexcusable del Estado,
promover políticas de desarrollo social, particularmente compensatorias de los
desequilibrios sociales, ya que es evidente que la economía de mercado por sí misma no
las genera.
Es necesario también, que la política macroeconómica tenga en la más alta prioridad y
consideración a las políticas sociales de superación de la pobreza y tome en cuenta la
vida social en sus valores y principios, en sus estados y municipios.
Dentro del aspecto social para efectos de la presente iniciativa, hemos tomado como punto
de partida las políticas públicas de desarrollo pesquero establecidas en el citado Plan
Nacional de Desarrollo 1995-2000, al expresarse que en el ámbito pesquero, su fomento se
basa en un enfoque integral que atienda tanto las necesidades de investigación,
evaluación de los recursos, infraestructura básica, flota pesquera, procesamiento,
transportación y comercialización. Se aduce en este plan que se promoverá también la
diversificación y el desarrollo de nuevas pesquerías y de recursos no aprovechados, así
como la acuicultura industrial y rural; asimismo se establece que es necesario reordenar
las pesquerías haciendo transparentes las concesiones, las renovaciones y los permisos de
pesca.
En estas políticas se aduce que para el presente sexenio se privilegia la generación de
empleos, el incremento de la oferta de alimentos de origen pesquero destinado a mejorar la
nutrición de los grupos mayoritarios de la población y la obtención de divisas con el
fomento a las exportaciones en lo que tenemos mayor competitividad.
Por el potencial en litoral y en especies marinas de Baja California Sur partimos del
hecho que no debe haber pobreza en aquellas comunidades donde se cuente con el recurso
pesquero racionalmente explotado.
Es justamente el reclamo de la sociedad, vertido en esta iniciativa de ley, que puede
lograrse una administración de los recursos desde sus propios ámbitos espaciales, una
administración accesible, conocedora, moderna, eficiente, justa y equitativa, siempre que
contemos jurídicamente con las facultades constitucionales para ello. Por esta razón se
propone que el Estado debe cambiar para generar nuevas formas que incidan en la capacidad
de la nación para crecer y que afecten su capacidad económica.
Con el federalismo renovado y cooperativo que tiene manifestaciones concretas como
fórmula para ampliar la vida democrática, transformar el ordenamiento territorial de la
población, equilibrar el desarrollo de las regiones en lograr mayor eficacia y calidad en
la explotación de recursos pesqueros y en forma particular impulsar la capacidad de las
entidades federativas para propiciar su propio desarrollo.
De esta manera podremos lograr un desarrollo social más sólido y permanente cuando
convergen democracia y economía para el logro del bienestar social a través de la
generación de empleos permanentes, bien remunerados que garanticen el acceso a la
seguridad social, así como mejorar la calidad de vida mediante el incremento en los
ingresos de la población.
IV. Marco económico administrativo
El desarrollo adquirido en el ejercicio de Gobierno y el avance de la participación de la
sociedad permite que busquemos un nuevo equilibrio entre Federación y estados, para que
la normatividad deje de ser puramente controladora y que en contribución con los estados
al legislar sus propias leyes, en materia de pesca, se conviertan concurrentemente la
Federación y las entidades federativas en promotoras de la actividad de los particulares
en el ámbito pesquero.
Nuestra iniciativa se fortalece con los postulados del Plan Nacional de Desarrollo
1995-2000, en el que claramente se expresa que en respetuosa consulta y coordinación con
los gobiernos estatales y municipales el Gobierno Federal promoverá una
descentralización administrativa profunda para favorecer el federalismo. En este sentido,
consideramos necesario evaluar las funciones que actualmente realiza la Federación y
determinar cuales podrán desempeñarse de manera más eficiente con menos costos por los
gobiernos estatales y municipales y con la participación de los 17 estados costeros del
país que cuentan con el recurso pesquero como actividad productiva básica.
Pese al desarrollo del federalismo aún existen esquemas centralizados que han impedido un
desarrollo justo y equilibrado de las entidades federativas y de las regiones que
conforman a México y que dificulta el desarrollo regional, estatal y de los municipios.
Por esta razón, se han venido perpetuando a lo largo de nuestra historia contrastes y
rezagos de distinta índole que distorsionan nuestra realidad como República Federal,
pués se requiere en la actualidad una adecuada y eficaz redistribución de competencias,
recursos y oportunidades.
No obstante que contamos con la mencionada Ley Federal de Pesca y la existencia de
acuerdos y convenios de coordinación, resulta más eficaz a nuestro juicio atender de
manera concurrente las necesidades reales de la pesquería y los requerimientos más
apremiantes que aquejan al sector pesquero.
1552,1553,1554
De esta manera consideramos debe favorecerse a los estados
y municipios con facultades cercanas a la región, a efecto de que en la toma de
decisiones se privilegien las condiciones que derivan del propio entorno regional para que
no se frenen las potencialidades económicas de estas instancias de gobierno.
El momento actual y los años venideros exigirán que vivamos una descentralización
administrativa más profunda, en donde la transferencia de la administración pública a
los ámbitos regionales, estatales o municipales sea real, que les permita a las
autoridades y comunidades locales ejercer atribuciones de poder político, facultades y
recursos, así como la ampliación de su autonomía y democratización.
La sociedad ha evolucionado profundamente; los ciudadanos mexicanos exigen democracia y
justicia, justicia social, equidad económica y mayores libertades; es decir, se reafirma
una vez más, la indiscutible voluntad de vivir en pleno federalismo.
México con su forma de Estado, con su fortalecimiento progresivo de instituciones, es un
país en vías de desarrollo, por lo que debemos los mexicanos, todos, pugnar siempre por
un auténtico desarrollo socioeconómico y político en nuestro proyecto nacional; por un
auténtico federalismo, que nos permita consolidar el respeto necesario a normas y
lineamientos de valores nacionales que beneficien siempre a los destinatarios del poder
donde la descentralización sea un estímulo a las libertades, a la creatividad y a las
iniciativas.
La Federación se ha preocupado por establecer reformas al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, concebido así en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, al
afirmar propuestas de "reformar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con el
propósito de otorgar simultáneamente mejores ingresos y atribuciones de gastos a las
entidades federativas, en correspondencia con sus responsabilidades institucionales y sus
funciones públicas."
Esta reforma se ha cumplido parcialmente vía los convenios de coordinación fiscal
suscritos entre la Federación y los estados, pensando que estos convenios son supletorios
a la facultad que tiene cada Estado para el cobro de contribuciones de acuerdo a sus
niveles de competencia.
En los estados y municipios con recursos y vocación pesquera como base de su economía,
estamos convencidos que sólo lograremos un auténtico desarrollo, cuando exista
congruencia entre los objetivos económicos, sociales y ambientales.
Las entidades federativas costeras del golfo de México: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco,
Campeche y Yucatán; el Caribe: Quintana Roo; el Pacífico: Chiapas, Oaxaca, Guerrero,
Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit y el golfo de California: Sinaloa, Sonora, Baja
California y Baja California Sur, desean un desarrollo pesquero integral, donde prevalezca
como política básica el desarrollo sustentable y en donde tenga prioridad el consenso
local para el establecimiento de nuestras propias leyes de pesca y de ordenamiento
ecológico, respetuosas de los fundamentos técnicos, los respaldos jurídicos,
económicos y fiscales, que dicte la Federación.
Se hace necesario que en los estados costeros, los tres niveles de gobierno, con la
participación del sector social y privado beneficiario de la explotación de los recursos
marinos, consoliden su infraestructura básica, vial, portuaria e industrial, que sirva
como oferta para canalizar más y mejores inversiones en el sector pesquero.
El federalismo se renueva a través de actos positivos, de
determinaciones políticas orientadas a favorecer a las esferas de gobierno, procurar la
coordinación y la colaboración en interés mutuo y establecer con mayor equidad en la
distribución de los recursos públicos.
Sustancialmente es nuestro reclamo y por extensión del pueblo al que representamos, que
en todas las políticas y acciones del Gobierno Federal, en el ámbito pesquero, la
estrategia sea la descentralización administrativa, política y económica. Estamos de
paso al Siglo XXI. México es ya, un nuevo México, con más conciencia nacional
republicana y federalista. En la capacidad y contabilidad de los habitantes de un Estado
en lo particular, se basa la descentralización. La descentralización es consustancial a
nuestro federalismo. Este es el reclamo de los habitantes de los estados con actividad
pesquera.
Queremos una responsabilidad compartida entre Federación y entidades federativas en el
ámbito pesquero como un legítimo derecho constitucional del pueblo de México.
V. Marco jurídico
La Constitución Mexicana expresa muy claramente en sus normas una dimensión completa del
hombre, que es tanto individual como social. El Estado tendrá en todo momento la firme
obligación de diseñar políticas de bienestar social prioritariamente para las zonas de
marginación y pobreza hasta las no marginadas y no tan pobres.
Para lograr este bienestar es necesario que la Federación comparta estructuras de
decisión con los estados y los estados a su vez con los municipios dentro de sus
respectivas competencias.
Es necesario que juntos Federación y estados, colaboren más ampliamente en la toma de
decisiones políticas fundamentales en el ámbito pesquero y que juntos las ejecuten a
través de la legislación para el fortalecimiento del Estado Federal, para el bien de la
Federación y el progreso de cada una de las entidades federativas.
Por lo anterior se propone adecuar el marco jurídico constitucional en materia de pesca,
vía las enmiendas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 73, facultades del Congreso General; la adición de una fracción XVII-bis, así
como a sus leyes federales respectivas.
En el marco jurídico constitucional se propone la enmienda de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73 "de las facultades del
Congreso". Adicionándose una fracción XVII-bis que refiera: "para expedir
leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los
estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de
pesca". Igualmente se hace necesario reformar el punto número 2o. de la fracción
XXIX del artículo en cita para decir:
"2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos
en el párrafo cuarto del artículo 27 constitucional. En lo relativo al párrafo quinto
del artículo 27 constitucional referido al aprovechamiento y explotación de los recursos
naturales se procederá en coordinación con las entidades federativas en el ámbito de
sus respectivas competencias."
Igualmente se pretende modificar la facultad exclusiva del Congreso de la Unión, para
legislar en materia de pesca y distribuirse esta competencia entre el Congreso General
Federal y las legislaturas de los estados que tienen actividad pesquera en el ámbito de
sus respectivas competencias.
Con lo anterior, se establecería la concurrencia para tomar las decisiones políticas
fundamentales en relación a los recursos naturales que consagra el párrafo quinto del
artículo 27 constitucional, entre la Federación y las entidades federativas en el
ámbito de las finanzas públicas, al incorporarlas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Ello significaría dar validez plena a uno de los principios ideológicos sustanciales del
Estado Federal: el justo equilibrio entre la Federación y las entidades federativas.
Con la propuesta de la enmienda al artículo 73 fracción XXIX, en su punto, número 2o.,
en el renglón para la imposición de las contribuciones, se modificaría la competencia
exclusiva a la Federación en este renglón de acuerdo al párrafo quinto, artículo 27
sobre la explotación de los recursos naturales, otorgándose esta atribución, a las
entidades federativas en coordinación con la Federación para imponer contribuciones, lo
que es congruente con las políticas tomadas en el actual Gobierno Federal, vía Plan
Nacional de Desarrollo 1995-2000, al establecerse en el mismo, "que se les otorgará
todo el apoyo, a las iniciativas de los estados para estabilizar sus finanzas públicas y
consolidar sus propias fuentes de riqueza".
En el marco de este "nuevo federalismo", ideológicamente hablando, esta doble
enmienda constitucional es muy congruente con las nuevas estrategias del Ejecutivo
Federal, demostrando con ello a los destinatarios del poder la gran congruencia entre el
discurso y la acción por parte de quienes son depositarios de la voluntad popular
"Poder Ejecutivo y Poder Legislativo de la Federación", para el beneficio de
todos, para el beneficio de la clase trabajadora, de la clase económicamente débil y de
quienes de una forma u otra se dedican a la actividad pesquera. Se lograría también que
los gobiernos estatales, donde se desarrolla la actividad pesquera, se involucrasen de una
manera más activa y con capacidad de decisión en sus propios recursos, con el único
propósito de una mejor planeación en su actividad pesquera y lo que es mejor, el
favorecimiento con su propia actividad económica a sus pescadores, por estar las
legislaturas de los estados, por razón natural, más cerca de su propia problemática.
1555,1556,1557
Un mejor bienestar social para las comunidades de
pescadores ribereños y de alta mar, un mayor bienestar social para los acuicultores
ejidales y comunales y un progreso económico y social dentro de esta responsabilidad
compartida para nuestras regiones pesqueras. Un progreso con justicia y equidad para
lograr un verdadero estado de derecho, que exige un esfuerzo colectivo y permanente,
"es tarea de todos, para el bien de todos".
Este nuevo federalismo para los nuevos mexicanos, es decir, el fortalecimiento del
federalismo prescrito en la Constitución Mexicana desde 1824, para los mexicanos de todos
los tiempos deberá tener como grandes objetivos a la democracia como sistema de vida y la
consolidación del bienestar social del impulso al desarrollo regional para fortalecer el
todo nacional.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción III del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes,
ciudadanos secretarios, nos permitimos someter a la consideración del honorable Congreso
General, la presente
INICIATIVA DE DECRETO
Se adiciona la fracción XVII-bis y se reforma el punto número 2o. de la fracción XXIX
del artículo 73, de las facultades del Congreso, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se adiciona la fracción XVII-bis y se reforma el punto número 2o. de
la fracción XXIX del artículo 73, de las facultades del Congreso, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 73. El Congreso tiene la facultad:
Fracción I a la XVII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fracción XVII-bis. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno
Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en materia de pesca.
Fracción XVIII a la XXVIII. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Fracción XXIX. Para establecer contribuciones:
1o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en el
párrafo cuarto del artículo 27 constitucional. En lo relativo al párrafo quinto del
artículo 27 constitucional, referido al aprovechamiento y explotación de los recursos
naturales, se procederá en coordinación con las entidades federativas en el ámbito de
sus respectivas competencias.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se envía copia de dicha iniciativa y anexos a los
congresos de los estados que tienen litoral, con objeto de solicitarles su apoyo a esta
propuesta de reforma constitucional.
Atentamente.
Sala de comisiones del Poder Legislativo.- La Paz, Baja California Sur, a 4 de junio de
1998.- Por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, diputados: César de
Jesús Ortega Salgado, presidente; Domingo Valentín Castro Burgoin y José Francisco
Portela Santana, secretarios; por la Comisión de Asuntos Pesqueros: Jesús Redona
Murillo, presidente; Reyes Barrón Bustamante y Edmundo Núñez Reyes, secretarios.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Estado de Baja California Sur.
Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.- VIII Legislatura.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En la actualidad nuestro país está viviendo una crucial etapa caracterizada por
transformaciones profundas en el sistema político, en el desarrollo económico y en la
sociedad y la cultura nacional; se reconoce en el centralismo económico y administrativo,
en la concentración demográfica y urbana y en las desigualdades regionales, obstáculos
a la democracia, a la modernización económica y al bienestar social.
Fortalecer el federalismo supone una acción deliberada para combatir la centralización
de atribuciones y decisiones en que ha incurrido la administración pública y que ha
provocado, a su vez, la burocratización, la excesiva regulación y la desproporción de
sus dimensiones, con consecuencias evidentes, lentitud en las decisiones, engorrosos
procedimientos, costos excesivos de operación, incapacidad para captar y reaccionar con
oportunidad a las demandas de la población, pérdida o debilitamiento de los canales de
comunicación entre gobernantes y gobernados.
Por ello, desde esta perspectiva, el federalismo pone el acento en la fórmula para
desconcentrar la administración, transferir el uso de facultades, recursos y programas
del nivel central o federal al local, estatal y municipal; se vincula con el propósito de
acercar las decisiones y la prestación de los servicios al nivel de organización que por
su escala optimice sus rendimientos, pero también se relaciona con la
desburocratización, la desregulación y la desincorporación de funciones y actividades
que se transfieren a los niveles locales o estatales, para que éstos las desarrollen. De
esta manera el Gobierno Federal transfiere al local o estatal, facultades, recursos y
ámbitos de actividad.
En esta óptica se inscribe el reclamo social y político de las regiones, de los estados
y de los municipios, por una más decisiva participación en la acción presente y en la
previsión de su futuro.
Bajo estos objetivos, los suscritos, diputados que integramos la VIII Legislatura al
Congreso del Estado de Baja California Sur, como resultado de foros de consulta
municipales y de los acuerdos emanados del Primer Foro Nacional de Análisis del Sector
Pesquero, ambos celebrados en nuestra entidad, hemos integrado la presente iniciativa de
reformas y adiciones al articulado de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación a las facultades legislativas de los estados con litoral en
materia pesquera, de acuerdo a los siguientes postulados:
I. Consideraciones generales
La actividad pesquera en México es de trascendental importancia debido a su capacidad
para generar alimentos, empleo y divisas para el país, así como por coadyuvar en el
ejercicio de la soberanía nacional.
Dado que la pesca y la acuicultura son practicadas tanto en litorales del golfo de México
y el Caribe, así como en el Pacífico mexicano, son en consecuencia actividades en las
que participan más de la mitad de los estados de la República, ya que en éstos se
presenta colindancia con litorales marítimos, independientemente de la existencia de
aguas interiores dentro de sus límites geográficos.
La pesca y la acuicultura son actividades que se basan en la utilización de recursos
naturales renovables tanto de flora y fauna, cuyo medio de vida total o parcial es el
agua, para conformar fundamentalmente una actividad económica y social cuya viabilidad
descansa en gran medida en el marco normativo en que se sustenta.
Es por lo anterior que el marco normativo que rige las actividades pesqueras y acuícolas,
tiene para las entidades del país con litoral, un alto significado para su desarrollo.
A través de los años, nuestro país ha contado con una serie de disposiciones
jurídicas, contenidas en diversas normas de distinta jerarquía legal, generalmente
orientadas a promover prácticas pesqueras racionales que además de fomentar una
actividad productiva, brinde oportunidades de empleo y haga de la pesca una fuente de
alimentos para nuestro pueblo.
Esta larga tradición normativa y legislativa relativa al uso y conservación de recursos
acuícolas comienza a mediados del siglo pasado, siguiendo durante la primera parte del
presente siglo. Sin embargo es hasta 1923 que se expide el primer Reglamento de Pesca
Marítima y Fluvial de la República Mexicana, en donde se señalaron como atribuciones de
la entonces Secretaría de Agricultura y Fomento, aspectos sobre la conservación y
promoción de esta riqueza nacional, la autorización de permisos y contratos, vedas,
clasificación de la pesca, finalidades y aprovechamientos.
Es a partir de este primer cuerpo normativo en el que habría de sustentarse la primera
Ley de Pesca emitida en 1925, ley que articula de manera más consistente la importancia
que le es atribuida a la actividad pesquera y en particular a la conservación y cuidado
de esta riqueza nacional.
La nueva concepción social del trabajo que se estableció en el país en los años
treinta trajo como consecuencia que la legislación pesquera fuera modificada, ya que en
1932 entró en vigor una nueva Ley de Pesca y al final de esa década se expidieron leyes
relacionadas tanto con las aguas territoriales como con las sociedades cooperativas, lo
que consolidó un enfoque de aprovechamiento social de esta riqueza natural.
Con la introducción de nuevos sistemas de pesca, de conservación, industrialización y
sistemas de trabajo, así como el aprovechamiento de especies que antes no eran
susceptibles de explotación, surgieron actividades comerciales y de transformación
industrial que no estaban previstas en el marco normativo de esa época; por esta razón
se hizo necesaria la actualización de la normatividad vigente. Esta actualización se
logró al concretarse una ley en materia pesquera en 1947.
Posteriormente vinieron modificaciones adicionales al marco legal pesquero, en 1950 y
1951, años en que se vinculó la actividad pesquera como un tema con estrecha relación a
la alimentación popular.
Es hasta principios de los años setenta que se considera necesario adecuar la regulación
pesquera al considerar que a la pesca se le reconoce una más elevada posición en la vida
económica del país. En 1972 fue sometida para su análisis y aprobación ante el
Congreso de la Unión, la Ley Federal para el Fomento de la Pesca, la cual señalaba que
los recursos pesqueros, a pesar de ser un renglón importante para el país, no habían
sido regulados adecuadamente en su explotación y aprovechamiento.
Durante la segunda mitad de la década de los años setenta y la primera de los ochenta se
dieron transformaciones, innovaciones y requerimientos en materia pesquera que obligaron
de nueva cuenta a la adaptación del marco legal correspondiente. Así, en 1986 fue
aprobada la Ley Federal de Pesca.
Con el advenimiento de un enfoque de modernización en la vida de México por parte del
Ejecutivo Federal en turno, que fortaleciera la economía ya no sólo a lo interno en un
ámbito protegido, sino con una nueva orientación que evitara esquemas regulatorios que
inhibieran la productividad y generaran una sana competencia, se sometió al Congreso de
la Unión y fue aprobada la actual Ley de Pesca en 1992.
La pesca, al igual que las demás actividades productivas, ha evolucionado y de manera
consistente se han tratado de adecuar sus leyes y reglamentos. Esta adecuación debe ser
consistente con el objetivo de ser congruentes con la nueva realidad productiva y social
que presenta el país en cada momento.
En relación al proceso legislativo es pertinente
puntualizar que la iniciativa es el primer paso de este proceso para la formación de una
ley o decreto y por lo tanto sin ella no hay función legislativa. A este respecto
conviene señalar que la fracción I del artículo 71 de nuestra Constitución Política
otorga la facultad de iniciar leyes o decretos al Presidente de la República, a los
diputados y senadores al Congreso Federal y a las legislaturas de los estados.
La legislación pesquera en México y su continua adecuación, ha sido promovida
fundamentalmente por el titular del Poder Ejecutivo, no obstante la importancia que este
tema tiene para los estados de la República Mexicana que poseen colindancia con aguas
litorales, tanto por las posibilidades de desarrollo que pueden darse con base en estos
recursos, como por la responsabilidad inherente a la conservación de los mismos.
Respecto a la legislación correlativa, en la que se involucra el aprovechamiento y
conservación de recursos naturales a través de una visión más genérica, como la
legislación sobre el medio ambiente, se observa que ésta presenta características de
mayor articulación entre las facultades del Ejecutivo Federal y las propias de los
estados y municipios.
1558,1559,1560
Es así que las más recientes reformas realizadas a la Ley
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se dieron en una etapa
revitalizada del federalismo mexicano, misma que supone una mayor participación de los
estados, así como un mayor compromiso y equilibrio de los poderes federales, base de un
federalismo legislativo, que garantiza la pluralidad y los espacios a todas las
expresiones e inquietudes de la comunidad nacional. Esta concepción del federalismo
identifica la articulación armónica y eficaz de la soberanía de los estados, la
libertad de los municipios y las facultades constitucionales del Gobierno Federal.
El fundamento constitucional de la citada Ley General de Equilibrio Ecológico, esta
consignado en los artículos 27 y 73 fracción XXIX-G, de nuestra Carta Magna. Este
último precepto faculta al Congreso de la Unión para "expedir las leyes que
establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y de los
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al
ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico".
De acuerdo con la iniciativa de esta ley, la función que la Constitución asigna a la
legisiación que expida el Congreso de la Unión consiste, por una parte, en establecer
los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno que hagan posibIe una
gestión ambiental integral y, por otra parte, en precisar el esquema de distribución de
competencias en materia ambiental que deriva, de forma explícita o implícita, de la
propia Constitución.
El proceso de adecuación de la actual ley sobre el medio ambiente, fue un claro ejemplo
de modernidad legislativa, ya que en éste se dieron un sinnúmero de consultas a nivel
nacional y se alcanzaron importantes consensos para finalmente someter la iniciativa de
ley, tanto por parte del Ejecutivo Federal como por los diputados de diversas fracciones
parlamentarias, integrantes de la respectiva Comisión de Medio Ambiente.
Una de las grandes exigencias para la sociedad mexicana, incluidas ya en el Plan Nacional
de Desarrollo 1995-2000; es llevar a cabo una profunda redistribución de la autoridad,
responsabilidades y recursos del Ejecutivo Federal hacia los estados y municipios. Hay
pues, plena conciencia de que es necesario hacer más vigorosa la participación y
concurrencia de los estados y municipios para hacer frente a diversas decisiones
administrativas, así como para legislar en ciertas materias prioritarias.
Por otra parte, desde el punto de vista del concierto internacional, se ha considerado que
la pesca constituye para la humanidad una fuente importante de alimentos que proporciona
empleo y beneficios económicos a quienes se dedican a esta actividad. Anteriormente se
consideraba que la riqueza de los recursos acuáticos eran ilimitados; sin embargo, el
desarrollo y la evolución dinámica de las pesquerías, particularmente después de la
Segunda Guerra Mundial, han hecho desaparecer esta idea, ya que los recursos pesqueros,
aún siendo recursos renovables, son limitados y tienen que ser sometidos a una
ordenación adecuada si se pretende que sigan contribuyendo al bienestar alimentario,
económico y social de manera sostenida en un ámbito de crecientes demandas.
Al establecerse la zona económica exclusiva, a mediados de los años setenta y su
adopción por parte de los estados ribereños, se originó una nueva circunstancia para un
mejor ordenamiento de los recursos marinos.
Desde hace tiempo, las Naciones Unidas han desarrollado una ardua labor encaminada a
lograr un mejor y más eficaz desarrollo sostenible de la pesca. Entre otras actividades
destaca la Conferencia Internacional sobre la Pesca Responsable celebrada en Cancún,
México, en 1992, en la que nuestro país tuvo una destacada participación. De esta
conferencia se derivó la petición a la Organización Mundial para la Alimentación
(FAO), para que preparara un Código Internacional de Conducta para la Pesca Responsable,
en donde se establecieran principios y normas aplicables a la conservación, ordenamiento
y desarrollo de las pesquerías de tal manera que asegure una explotación sostenible de
los recursos acuáticos vivos, en consonancia con el medio ambiente.
Si bien la aplicación de este código es voluntaria, también es cierto que México está
plenamente comprometido con su implementación y cumplimiento. En uno de sus capítulos
más importantes, el de ordenación pesquía, se estipula que en las zonas bajo
jurisdicción nacional, los estados deberían tratar de determinar quienes son dentro del
propio país, las partes pertinentes que tienen un interés legítimo en la utilización y
ordenación de los recursos pesqueros y establecer medidas para mantener consultas con las
mismas, a fin de contar con su colaboración para lograr la pesca responsable.
El anterior planteamiento en la práctica puede ser considerado como un esquema de
comanejo en el aprovechamiento, administración y conservación de los recursos naturales
en el que participan activamente tanto la autoridad pesquera como los interesados,
situación que en el ámbito nacional es plenamente compatible con el proceso de
descentralización de la vida económica, política y legislativa que se demanda en
México y que ya se ha puesto en marcha, en áreas como la relativa al medio ambiente.
Por otro lado se advierte en este instrumento sobre pesca responsable que la base
fundamental para la toma de decisiones en cuanto a la administración de los recursos
pesqueros debería hacerse siempre considerando la mejor información científica
disponible. Esta consideración puede ser plenamente atendible en México, ya que en los
diferentes estados con litoral se ha desarrollado una alta capacidad de investigación
institucional pesquera y acuícola que bien puede servir de apoyo y contribuir a este
proceso de participación con la Federación en el ámbito de sus respectivas
atribuciones.
Continuando con las referencias internacionales, podemos citar a los Estados Unidos de
América, Australia y Canadá entre otros, como países que practican esquemas de
participación no solo federal, sino estatal o regional en el aprovechamiento, la
administración y la conservación de sus recursos acuáticos vivos, por lo que México
podría inscribirse en una corriente internacional que toma en cuenta de manera más
amplia la participación de las regiones litorales en esquemas de manejo pesquero y
acuícola.
Por ello se hace necesario modificar nuestra Carta Magna, con la intención de que los
estados tengan una mayor participación en legislar en materia de pesca, así mismo para
imponer contribuciones en el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales
contemplados en el artículo 27 párrafo quinto de la Ley Suprema, para lograr un
federalismo cooperativo, basado en principios de corresponsabilidad, solidaridad y
equidad, que no sólo incide en la relación entre los poderes federales y locales para
reforzar la estructura política de la Unión, sino impacta en las bases materiales y
sociales del progreso territorial, en la práctica del Estado y en los beneficios para la
sociedad.
II. Marco constitucional
Es una pretensión muy válida y más que justa, desde los inicios de México como país
independiente, en la historia política nacional, el establecimiento de un sistema federal
como norma de Estado para beneficio de todos los mexicanos. El objetivo de este Estado
Federal ha sido desde entonces y tendrá que seguir siéndolo, "un justo equilibrio
entre dos entes jurídicos que lo integran: Federación más entidades federativas",
ambos, en igualdad de jerarquía dentro de sus respectivos ámbitos competenciales; junto
a estos dos ordenamientos jurídicos, pero en un grado jerárquico superior, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conteniendo las decisiones
políticas fundamentales de todo un pueblo para garantizar el logro de este justo
equilibrio.
No obstante que en la Constitución de 1824, es decir, en nuestro pacto federal, no se
incluyera ni con precisión ni con claridad la adopción del principio de enumerar las
atribuciones de la Federación y la competencia residual quedara para las entidades
federativas, es de entenderse por la lectura a la misma, que se adopta este principio por
quienes firman este pacto federal, al señalarse en su artículo 50 las facultades del
Congreso General y no prescribirse en operación de contraste las de los congresos de los
estados; por consiguiente la competencia del Congreso General queda expresamente
establecida en la Constitución en su artículo 50.
En el mismo sentido se refiere la Constitución Política de 1857 y su artículo 72 que
prescribe las facultades del Congreso de la Unión variando en relación con las
facultades del Congreso General establecidas por la Constitución de 1824, pero que por
provenir las mismas de un Congreso Constituyente, han sido muy válidas dentro de nuestra
historia constitucional.
El Congreso Constituyente de 1917, como resultado de un movimiento revolucionario, dejó
sin efecto la Constitución de 1857 y creó una nueva Constitución, reuniendo ésta los
requisitos de legalidad en el mismo sentido que las dos anteriores constituciones.
El artículo 124 de esta nueva Constitución reproduce fielmente, el principio establecido
en el artículo 117 de la Constitución de 1857, al prescribir que: "las facultades
que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales
se entienden reservadas a los estados". Se otorga la competencia expresa para la
Federación y competencia residual para las entidades federativas.
En el artículo 73 de esta nueva Constitución de 1917, se prescriben las facultades
explícitas del Congreso General en sus 30 fracciones. En la fracción XXXI, las
facultades implícitas del mismo.
Del análisis de la evolución histórica de estas facultades de estos congresos, de estas
constituciones de México, en sus respectivos artículos: 50, 72 y 73, más el análisis
de las facultades del Ejecutivo de los artículos 110 de la Constitución de 1824,
artículo 85 de la Constitución de 1857 y artículo 89 de la Constitución de 1917, se
puede concluir, que el aumento constante del ámbito competencial se ha dado en la
evolución histórica constitucional para la Federación, en detrimento de las entidades
federativas.
En efecto, el centralismo del Gobierno Federal no solamente fue el producto de la
ampliación de atribuciones en merma de la esfera de competencia local, sino con la
dinámica propia que generó el Estado de permanecer propietario, proveedor paternalista y
absorbente, trajo consigo mayores rendimientos decrecientes, ineficiencias, con un
crecimiento desproporcionado y desordenado que lo condujo a su debilidad.
Por lo anteriormente expuesto y teniendo como fin primordial del estado federal el justo
equilibro, el dualismo de fuerzas recíprocas, entre Federación y estados buscando que
una fuerza no tenga el monopolio de la acción sobre la otra, la presente iniciativa se
inscribe en esta lógica de reconocer la capacidad de las entidades con litorales para
concurrir en el desarrollo de la pesca.
III. Marco social
La justicia social implica dos componentes fundamentales: la seguridad y la igualdad.
Seguridad en el disfrute de las garantías individuales, igualdad entendida, ésta no
sólo como equidad, sino la oferta de oportunidades para un desarrollo social y
equitativo.
Esto lleva tanto a la Federación como a los estados a orientar acciones prioritariamente
a la lucha contra la pobreza, ante lo cual se requiere conjugación de esfuerzos basados
en la dinámica de un nuevo federalismo.
La ubicación de los pobres en la sociedad y en la economía posee un especial interés y
cuidado por el mínimo respeto que merecen los seres humanos por el solo hecho de serlo,
así como por su dignidad.
La pobreza es una situación que tiene causas
estructurales, su crecimiento surgió como un efecto no deseado del sistema económico de
libre mercado y es consecuencia de una prolongada crisis, por lo que en la estrategia de
superarla se realizan ajustes a la economía bajo principios de regulación, de
integración regional sin olvidar el compromiso social del Estado mexicano. Por eso es
responsabilidad inexcusable del Estado, promover políticas de desarrollo social,
particularmente compensatorias de los desequilibrios sociales y que es evidente que la
economía de mercado por sí misma no las genera.
Es necesario también, que la política macroeconómica tenga en la más alta prioridad y
consideración a las políticas sociales de superación de la pobreza y tome en cuenta la
vida social en sus valores y principios, en sus estados y municipios.
Dentro del aspecto social para efectos de la presente iniciativa, hemos tomado como punto
de partida las políticas públicas de desarrollo pesquero establecidas en el citado Plan
Nacional de Desarrollo 1995-2000, al expresarse que en el ámbito pesquero, su fomento se
basa en un enfoque integral que atienda tanto las necesidades de investigación,
evaluación de los recursos, infraestructura básica, flota pesquera, procesamiento,
transportación y comercialización. Se aduce en este plan que se promoverá también la
diversificación y el desarrollo de nuevas pesquerías y de recursos no aprovechados, así
como la acuicultura industrial y rural; asimismo se establece que es necesario reordenar
las pesquerías haciendo transparentes las concesiones, las renovaciones y los permisos de
pesca.
1561,1562,1563
En estas políticas se aduce que para el presente sexenio
se privilegia la generación de empleos, el incremento de la oferta de alimentos de origen
pesquero destinado a mejorar la nutrición de los grupos mayoritarios de la población y
la obtención de divisas con el fomento a las exportaciones en lo que tenemos mayor
competitividad.
Por el potencial en litoral y en especies marinas de Baja California Sur partimos del
hecho que no debe haber pobreza en aquellas comunidades donde se cuente con el recurso
pesquero racionalmente explotado.
Es justamente el reclamo de la sociedad, vertido en esta iniciativa de ley, que puede
lograrse una administración de los recursos desde sus propios ámbitos espaciales, una
administración accesible, conocedora, moderna, eficiente, justa y equitativa, siempre que
contemos jurídicamente con las facultades constitucionales para ello. Por esta razón se
propone que el Estado debe cambiar para generar nuevas formas que incidan en la capacidad
de la nación para crecer y que afecten su capacidad económica.
Con el federalismo renovado y cooperativo que tiene manifestaciones concretas como
fórmula para ampliar la vida democrática, transformar el ordenamiento territorial de la
población, equilibrar el desarrollo de las regiones en lograr mayor eficacia y calidad en
la explotación de recursos pesqueros y en forma particular impulsar la capacidad de las
entidades federativas para propiciar su propio desarrollo.
De esta manera podremos lograr un desarrollo social más sólido y permanente cuando
convergen democracia y economía para el logro del bienestar social a través de la
generación de empleos permanentes, bien remunerados que garanticen el acceso a la
seguridad social, así como mejorar la calidad de vida mediante el incremento en los
ingresos de la población.
IV. Marco económico administrativo
El desarrollo adquirido en el ejercicio de gobierno y el avance de la participación de la
sociedad permite que busquemos un nuevo equilibrio entre Federación y estados, para que
la normatividad deje de ser puramente controladora y que en contribución con los estados
al legislar sus propias leyes, en materia de pesca, se conviertan concurrentemente la
Federación y las entidades federativas en promotoras de la actividad de los particulares
en el ámbito pesquero.
Nuestra iniciativa se fortalece con los postulados del Plan Nacional de Desarrollo
1995-2000 en el que claramente se expresa que en respetuosa consulta y coordinación con
los gobiernos estatales y municipales el Gobierno Federal promoverá una
descentralización administrativa profunda para favorecer el federalismo. En este sentido,
consideramos necesario evaluar las funciones que actualmente realiza la Federación y
determinar cuales podrán desempeñarse de manera más eficiente con menos costos por los
gobiernos estatales y municipales y con la participación de los 17 estados costeros del
país que cuentan con el recurso pesquero como actividad productiva básica.
Pese al desarrollo del federalismo aún existen esquemas centralizados que han impedido un
desarrollo justo y equilibrado de las entidades federativas y de las regiones que
conforman a México y que dificulta el desarrollo regional, estatal y de los municipios.
Por esta razón, se han venido perpetuando a lo largo de nuestra historia contrastes y
rezagos de distinta índole que distorsionan nuestra realidad como República Federal,
pués se requiere en la actualidad una adecuada y eficaz redistribución de competencias,
recursos y oportunidades.
No obstante que contamos con la mencionada Ley Federal de Pesca y la existencia de
acuerdos y convenios de coordinación, resulta más eficaz a nuestro juicio atender de
manera concurrente las necesidades reales de la pesquería y los requerimientos más
apremiantes que aquejan al sector pesquero.
De esta manera consideramos debe favorecerse a los estados y municipios con facultades
cercanas a la región, a efecto de que en la toma de decisiones se privilegien las
condiciones que derivan del propio entorno regional para que no se frenen las
potencialidades económicas de estas instancias de gobierno.
El momento actual y los años venideros exigirán que vivamos una descentralización
administrativa más profunda, en donde la transferencia de la administración pública a
los ámbitos regionales, estatales o municipales sea real, que les permita a las
autoridades y comunidades locales ejercer atribuciones de poder político, facultades y
recursos, así como la ampliación de su autonomía y democratización.
La sociedad ha evolucionado profundamente; los ciudadanos mexicanos exigen democracia y
justicia, justicia social, equidad económica y mayores libertades; es decir, se reafirma
una vez más, la indiscutible voluntad de vivir en pleno federalismo.
México con su forma de Estado, con su fortalecimiento progresivo de instituciones, es un
país en vías de desarrollo, por lo que debemos los mexicanos, todos, pugnar siempre por
un auténtico desarrollo socioeconómico y político en nuestro proyecto nacional; por un
auténtico federalismo, que nos permita consolidar el respeto necesario a normas y
lineamientos de valores nacionales que beneficien siempre a los destinatarios del poder
donde la descentralización sea un estímulo a las libertades, a la creatividad y a las
iniciativas.
La Federación se ha preocupado por establecer reformas al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, concebido así en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, al
afirmar propuestas de "reformar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con el
propósito de otorgar simultáneamente mejores ingresos y atribuciones de gastos a las
entidades federativas, en correspondencia con sus responsabilidades institucionales y sus
funciones públicas".
Esta reforma se ha cumplido parcialmente vía los convenios de coordinación fiscal
suscritos entre la Federación y los estados, pensando que estos convenios son supletorios
a la facultad que tiene cada Estado para el cobro de contribuciones de acuerdo a sus
niveles de competencia.
En los estados y municipios con recursos y vocación pesquera como base de su economía,
estamos convencidos que sólo lograremos un auténtico desarrollo, cuando exista
congruencia entre los objetivos económicos, sociales y ambientales.
Las entidades federativas costeras del Golfo de México: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco,
Campeche y Yucatán; el Caribe: Quintana Roo; el Pacífico: Chiapas, Oaxaca, Guerrero,
Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, y el Golfo de California: Sinaloa, Sonora, Baja
California y Baja California Sur, desean un desarrollo pesquero integral, donde prevalezca
como política básica el desarrollo sustentable y en donde tenga prioridad el consenso
local para el establecimiento de nuestras propias leyes de pesca y de ordenamiento
ecológico, respetuosas de los fundamentos técnicos, los respaldos jurídicos,
económicos y fiscales, que dicte la Federación.
Se hace necesario que en los estados costeros, los tres
niveles de gobierno, con la participación del sector social y privado beneficiario de la
explotación de los recursos marinos, consoliden su infraestructura básica, vial,
portuaria e industrial, que sirva como oferta para canalizar más y mejores inversiones en
el sector pesquero.
El federalismo se renueva a través de actos positivos, de determinaciones políticos
orientadas a favorecer a las esferas de gobierno, procurar la coordinación y la
colaboración en interés mutuo y establecer con mayor equidad en la distribución de los
recursos públicos.
Sustancialmente es nuestro reclamo y por extensión del pueblo al que representamos, que
en todas las políticas y acciones del Gobierno Federal, en el ámbito pesquero, la
estrategia sea la descentralización administrativa, política y económica. Estamos de
paso al Siglo XXI. México es ya, un nuevo México, con más conciencia nacional
republicana y federalista. En la capacidad y confiabilidad de los habitantes de un Estado
en lo particular, se basa la descentralización. La descentralización es consustancial a
nuestro federalismo. Este es el reclamo de los habitantes de los estados con actividad
pesquera.
Queremos una responsabilidad compartida entre Federación y entidades federativas en el
ámbito pesquero como un legítimo derecho constitucional del pueblo de México.
V. Marco jurídico
La Constitución Mexicana expresa muy claramente en sus normas una dimensión completa del
hombre, que es tanto individual como social. El Estado tendrá en todo momento la firme
obligación de diseñar políticas de bienestar social, prioritariamente para las zonas de
marginación y pobreza hasta las no marginadas y no tan pobres.
Para lograr este bienestar es necesario que la Federación comparta estructuras de
decisión con los estados y los estados a su vez con los municipios dentro de sus
respectivas competencias. Es necesario que juntos Federación y estados, colaboren más
ampliamente en la toma de decisiones políticas fundamentales en el ámbito pesquero y que
juntos las ejecuten a través de la legislación para el fortalecimiento del Estado
Federal, para el bien de la Federación y el progreso de cada una de las entidades
federativas.
Por lo anterior se propone adecuar el marco jurídico constitucional en materia de pesca,
vía las enmiendas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 73, "de las facultades del Congreso General"; la adición de vía
fracción XVII-bis, así como a sus leyes federales respectivas.
En el marco jurídico constitucional se propone la enmienda de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73 "de las facultades del
Congreso". Adicionándose una fracción XVII-bis que refiera: "para expedir
leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los
estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de
pesca". Igualmente se hace necesario reformar el punto número 2o. de la fracción
XXIX del artículo en cita para decir:
"2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos
en el párrafo cuarto del artículo 27 constitucional. En lo relativo al párrafo quinto
del artículo 27 constitucional referido al aprovechamiento y explotación de los recursos
naturales se procederá en coordinación con las entidades federativas en el ámbito de
sus respectivas competencias."
Igualmente se pretende modificar la facultad exclusiva del Congreso de la Unión, para
legislar en materia de pesca y distribuirse esta competencia entre el Congreso General
Federal y
las legislaturas de los estados que tienen actividad pesquera en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Con lo anterior, se establecería la concurrencia para tomar las decisiones políticas
fundamentales en relación a los recursos naturales que consagra el párrafo quinto del
artículo 27 constitucional, entre la Federación y las entidades federativas en el
ámbito de las finanzas públicas, al incorporarlas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Ello significaría dar validez plena a uno de los principios ideológicos sustanciales del
Estado Federal: el justo equilibrio entre la Federación y las entidades federativas.
Con la propuesta de la enmienda al artículo 73 fracción
XXIX, en su punto número 2o. en el renglón para la imposición de las contribuciones, se
modificaría la competencia exclusiva a la Federación en este renglón de acuerdo al
párrafo quinto del artículo 27, sobre la explotación de los recursos naturales,
otorgándose esta atribución a las entidades federativas en coordinación con la
Federación para imponer contribuciones, lo que es congruente con las políticas tomadas
en el actual Gobierno Federal, vía Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, al establecerse
en el mismo, que "se les otorgará todo el apoyo, a las iniciativas de los estados
para estabilizar sus finanzas públicas y consolidar sus propias fuentes de riqueza".
En el marco de este "nuevo federalismo", ideológicamente hablando, esta doble
enmienda constitucional es muy congruente con las nuevas estrategias del Ejecutivo
Federal, demostrando con ello a los destinatarios del poder y la gran congruencia entre el
discurso y la acción por parte de quienes son depositarios de la voluntad popular
"Poder Ejecutivo y Poder Legislativo de la Federación", para el beneficio de
todos, para el beneficio de la clase trabajadora, de la clase económicamente débil y de
quienes de una forma u otra se dedican a la actividad pesquera. Se lograría también que
los gobiernos estatales, donde se desarrolla la actividad pesquera, se involucrasen de una
manera más activa y con capacidad de decisión en sus propios recursos con el único
propósito de una mejor planeación en su actividad pesquera y lo que es mejor, el
favorecimiento con su propia actividad económica a sus pescadores, por estar las
legislaturas de los estados, por razón natural, más cerca de su propia problemática.
1564,1565,1566
Un mejor bienestar social para las comunidades de
pescadores ribereños y de alta mar, un mayor bienestar social para los acuicultores
ejidales y comunales y un progreso económico y social dentro de esta responsabilidad
compartida para nuestras regiones pesqueras. Un progreso con justicia y equidad para
lograr un verdadero estado de derecho, que exige un esfuerzo colectivo y permanente,
"es tarea de todos para el bien de todos".
Este nuevo federalismo para los nuevos mexicanos, es decir, el fortalecimiento del
federalismo prescrito en la Constitución Mexicana desde 1824, para los mexicanos de todos
los tiempos, deberá tener como grandes objetivos a la democracia como sistema de vida y
la consolidación del bienestar social, del impulso al desarrollo regional para fortalecer
el todo nacional.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción III del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes,
ciudadanos secretarios, nos permitimos someter a la consideración del honorable Congreso
General, la presente
INICIATIVA DE DECRETO
Se adiciona la fracción XVII-bis y se reforma el punto número 2o. de la fracción XXIX
del artículo 73 de las facultades del Congreso, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se adiciona la fracción XVII-bis y se reforma el punto número 2o. de
la fracción XXIX del artículo 73, de las facultades del Congreso, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 73. El Congreso tiene la facultad:
Fracción I a la XVII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fracción XVII-bis. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno
Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en materia de pesca.
Fracción XVIII a la XXVIII. . . . . . . . . . . . . . . . .
Fracción XXIX. Para establecer contribuciones:
1o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en el
párrafo cuarto del artículo 27 constitucional. En lo relativo al párrafo quinto del
artículo 27 constitucional, referido al aprovechamiento y explotación de los recursos
naturales, se procederá en coordinación con las entidades federativas en el ámbito de
sus respectivas competencias.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Paz, Baja California Sur, a 31 de agosto de 1998.- Diputados: Domingo Valentín Castro
Burgoin, presidente de la Gran Comisión; Paulino Molina Romero, presidente de la
diputación permanente y Jorge Alberto Cachú Ruiz, secretario de la diputación
permanente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Estado de Baja California Sur.
Diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Respetable señor diputado: por este conducto, estamos presentando ante esa soberanía la
iniciativa de decreto que adiciona la fracción XVII-bis mediante la cual se reforma el
punto número 2o. de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, misma que fuera aprobada el día 28 de mayo del año en
curso en sesión ordinaria de la VIII Legislatura de este honorable Congreso del Estado de
Baja California Sur.
La propuesta que respetuosamente hacemos, tiene su origen en un punto de acuerdo
económico que solicitara la Comisión de Asuntos Pesqueros de esta legislatura, con fecha
15 de mayo de 1997, para la realización de foros de consulta y análisis en búsqueda de
alternativas de solución a la problemática del sector pesquero de nuestra entidad. Uno
de los puntos resolutivos fue la convocatoria a un foro nacional de análisis del sector
pesquero que se llevó a cabo en esta ciudad de La Paz, los días 22 y 23 de agosto de
1997, con la participación de la mayor parte de las legislaturas cuyos estados tienen
costas, en donde una de las conclusiones más importantes fue el realizar una revisión
cuidadosa de los ámbitos de competencia de los tres niveles de gobierno en las
actividades pesqueras, enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y en su caso
proponer reformas constitucionales para que estados y municipios participemos en la
transformación de nuestro sistema federal.
Considerando que nuestro planteamiento busca vigorizar el equilibrio entre la Federación
y las entidades federativas en su respectivo ámbito de competencia en materia pesquera,
en el marco del nuevo federalismo, entregamos esta propuesta con la seguridad de que
recibirá el tratamiento legislativo que con toda justicia pueda determinar esa
soberanía.
Atentamente.
La Paz, Baja California Sur, a 1o. de septiembre de 1998.- Diputados: Valentín Castro
Burgoin, presidente de la Gran Comisión; Paulino Molina Romero, presidente de la
diputación permanente; Jesús Redona Murillo, presidente de la Comisión de Asuntos
Pesqueros.»
«Escudo.- Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.- VIII Legislatura.
Diputado Jorge Mario López Sosa, presidente de la Gran Comisión del honorable Congreso
del Estado de Quintana Roo.- Presente.
Estimado señor Presidente: con fecha 4 de junio del año en curso, en sesión pública
ordinaria, la honorable Asamblea de la VIII Legislatura que integramos, aprobó por
mayoría el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y
de Asuntos Pesqueros, que contienen la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En dicho acuerdo del Congreso, se establecieron dos puntos fundamentales: el primero,
remitir dicha iniciativa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
acto que cumplimos el día de ayer al hacer entrega formal en sus oficinas de Palacio
Legislativo, al diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la mesa directiva; el
segundo, nos mandata a enviarles copia de la iniciativa, su dictamen y anexos a los
congresos estatales, cuyas entidades tienen litoral y costas, para solicitarles su apoyo a
la propuesta de reforma constitucional mencionada, petición que formal y respetuosamente
hacemos por su conducto al Poder Legislativo estatal que distinguidamente usted
representa.
Cabe señalar que la iniciativa de reforma y adición que aprobamos y que ponemos a su
consideración, es resultado de los foros municipales y fundamentalmente del foro nacional
de análisis del sector pesquero que efectuamos en el mes de agosto del año próximo
pasado, aquí en nuestra entidad.
Nos será muy grato contar con las reflexiones pertinentes y el valioso apoyo de esa
soberanía popular a la iniciativa que este día ha iniciado el trámite reglamentario en
la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.
En espera de su amable respuesta y agradeciéndole de antemano sus consideraciones, le
saludamos cordialmente y nos suscribimos a sus apreciables órdenes.
La Paz, Baja California Sur, a 3 de septiembre de 1998.- Diputado Domingo Valentín Castro
Burgoin, presidente de la Gran Comisión.»
«Escudo.- Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.- VIII Legislatura.
Diputado Javier Jiménez Herrera, presidente de la Gran Comisión del honorable Congreso
del Estado de Oaxaca.- Presente.
1567,1568,1569
Estimado señor Presidente: con fecha 4 de junio del año
en curso, en sesión pública ordinaria, la honorable Asamblea de la VIII Legislatura que
integramos, aprobó por mayoría el dictamen de las comisiones unidas de Puntos
Constitucionales y de Justicia y de Asuntos Pesqueros, que contienen la iniciativa que
reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
En dicho acuerdo del Congreso, se establecieron dos puntos fundamentales: el primero,
remitir dicha iniciativa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
acto que cumplimos el día de ayer al hacer entrega formal en sus oficinas de Palacio
Legislativo, al diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la mesa directiva; el
segundo, nos mandata a enviarles copia de la iniciativa, su dictamen y anexos a los
congresos estatales, cuyas entidades tienen litoral y costas, para solicitarles su apoyo a
la propuesta de reforma constitucional mencionada, petición que formal y respetuosamente
hacemos por su conducto al Poder Legislativo estatal que distinguidamente usted
representa.
Cabe señalar que la iniciativa de reforma y adición que aprobamos y que ponemos a su
consideración, es resultado de los foros municipales y fundamentalmente del foro nacional
de análisis del sector pesquero que efectuamos en el mes de agosto del año próximo
pasado, aquí en nuestra entidad.
Nos será muy grato contar con las reflexiones pertinentes y el valioso apoyo de esa
soberanía popular a la iniciativa que este día ha iniciado el trámite reglamentario en
la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.
En espera de su amable respuesta y agradeciéndole de antemano sus consideraciones, le
saludamos cordialmente y nos suscribimos a sus apreciables órdenes.
La Paz, Baja California Sur, a 3 de septiembre de 1998.- Diputado Domingo Valentín Castro
Burgoin, presidente de la Gran Comisión.»
«Escudo.- Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.- VIII Legislatura.
Diputado Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, presidente de la Gran Comisión del honorable
Congreso del Estado de Sinaloa.- Presente.
Estimado señor Presidente: con fecha 4 de junio del año en curso, en sesión pública
ordinaria, la honorable Asamblea de la VIII Legislatura que integramos, aprobó por
mayoría el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y
de Asuntos Pesqueros, que contienen la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En dicho acuerdo del Congreso, se establecieron dos puntos fundamentales: el primero,
remitir dicha iniciativa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
acto que cumplimos el día de ayer al hacer entrega formal en sus oficinas de Palacio
Legislativo, al diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la mesa directiva; el
segundo, nos mandata a enviarles copia de la iniciativa, su dictamen y anexos a los
congresos estatales, cuyas entidades tienen litoral y costas, para solicitarles su apoyo a
la propuesta de reforma constitucional mencionada, petición que formal y respetuosamente
hacemos por su conducto al Poder Legislativo estatal que distinguidamente usted
representa.
Cabe señalar que la iniciativa de reforma y adición que aprobamos y que ponemos a su
consideración, es resultado de los foros municipales y fundamentalmente del foro nacional
de análisis del sector pesquero que efectuamos en el mes de agosto del año próximo
pasado, aquí en nuestra entidad.
Nos será muy grato contar con las reflexiones pertinentes y el valioso apoyo de esa
soberanía popular a la iniciativa que este día ha iniciado el trámite reglamentario en
la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.
En espera de su amable respuesta y agradeciéndole de antemano sus consideraciones, le
saludamos cordialmente y nos suscribimos a sus apreciables órdenes.
La Paz, Baja California Sur, a 3 de septiembre de 1998.- Diputado Domingo Valentín Castro
Burgoin, presidente de la Gran Comisión.»
«Escudo.- Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.- VIII Legislatura.
Diputado José Manuel Correo Ceseña, presidente de la Comisión de Administración del
honorable Congreso del Estado de Jalisco.- Presente.
Estimado señor Presidente: con fecha 4 de junio del año en curso, en sesión pública
ordinaria, la honorable Asamblea de la VIII Legislatura que integramos, aprobó por
mayoría el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y
de Asuntos Pesqueros, que contienen la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En dicho acuerdo del Congreso, se establecieron dos puntos fundamentales: el primero,
remitir dicha iniciativa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
acto que cumplimos el día de ayer al hacer entrega formal en sus oficinas de Palacio
Legislativo, al diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la mesa directiva; el
segundo, nos mandata a enviarles copia de la iniciativa, su dictamen y anexos a los
congresos estatales, cuyas entidades tienen litoral y costas, para solicitarles su apoyo a
la propuesta de reforma constitucional mencionada, petición que formal y respetuosamente
hacemos por su conducto al Poder Legislativo estatal que distinguidamente usted
representa.
Cabe señalar que la iniciativa de reforma y adición que aprobamos y que ponemos a su
consideración, es resultado de los foros municipales y fundamentalmente del foro nacional
de análisis del sector pesquero que efectuamos en el mes de agosto del año próximo
pasado, aquí en nuestra entidad.
Nos será muy grato contar con las reflexiones pertinentes y el valioso apoyo de esa
soberanía popular a la iniciativa que este día ha iniciado el trámite reglamentario en
la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.
En espera de su amable respuesta y agradeciéndole de antemano sus consideraciones, le
saludamos cordialmente y nos suscribimos a sus apreciables órdenes.
La Paz, Baja California Sur, a 3 de septiembre de 1998.- Diputado Domingo Valentín Castro
Burgoin, presidente de la Gran Comisión.»
«Escudo.- Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.- VIII Legislatura.
Diputado Jorge Luis Lavalle Azar, presidente de la Gran Comisión del honorable Congreso
del Estado de Campeche.- Presente.
Estimado señor Presidente: con fecha 4 de junio del año en curso, en sesión pública
ordinaria, la honorable Asamblea de la VIII Legislatura que integramos, aprobó por
mayoría el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y
de Asuntos Pesqueros, que contienen la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En dicho acuerdo del Congreso, se establecieron dos puntos fundamentales: el primero,
remitir dicha iniciativa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
acto que cumplimos el día de ayer al hacer entrega formal en sus oficinas de Palacio
Legislativo, al diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la mesa directiva; el
segundo, nos mandata a enviarles copia de la iniciativa, su dictamen y anexos a los
congresos estatales, cuyas entidades tienen litoral y costas, para solicitarles su apoyo a
la propuesta de reforma constitucional mencionada, petición que formal y respetuosamente
hacemos por su conducto al Poder Legislativo estatal que distinguidamente usted
representa.
Cabe señalar que la iniciativa de reforma y adición que aprobamos y que ponemos a su
consideración, es resultado de los foros municipales y fundamentalmente del foro nacional
de análisis del sector pesquero que efectuamos en el mes de agosto del año próximo
pasado, aquí en nuestra entidad.
Nos será muy grato contar con las reflexiones pertinentes y el valioso apoyo de esa
soberanía popular a la iniciativa que este día ha iniciado el trámite reglamentario en
la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.
En espera de su amable respuesta y agradeciéndole de antemano sus consideraciones, le
saludamos cordialmente y nos suscribimos a sus apreciables órdenes.
La Paz, Baja California Sur, a 3 de septiembre de 1998.- Diputado Domingo Valentín Castro
Burgoin, presidente de la Gran Comisión.»
«Escudo.- Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.- VIII Legislatura.
Diputado Mario González Valenzuela, presidente de la Gran Comisión del honorable
Congreso del Estado de Sonora.- Presente.
Estimado señor Presidente: con fecha 4 de junio del año en curso, en sesión pública
ordinaria, la honorable Asamblea de la VIII Legislatura que integramos, aprobó por
mayoría el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y
de Asuntos Pesqueros, que contienen la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En dicho acuerdo del Congreso, se establecieron dos puntos fundamentales: el primero,
remitir dicha iniciativa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
acto que cumplimos el día de ayer al hacer entrega formal en sus oficinas de Palacio
Legislativo, al diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la mesa directiva; el
segundo, nos mandata a enviarles copia de la iniciativa, su dictamen y anexos a los
congresos estatales, cuyas entidades tienen litoral y costas, para solicitarles su apoyo a
la propuesta de reforma constitucional mencionada, petición que formal y respetuosamente
hacemos por su conducto al Poder Legislativo estatal que distinguidamente usted
representa.
Cabe señalar que la iniciativa de reforma y adición que aprobamos y que ponemos a su
consideración, es resultado de los foros municipales y fundamentalmente del foro nacional
de análisis del sector pesquero que efectuamos en el mes de agosto del año próximo
pasado, aquí en nuestra entidad.
Nos será muy grato contar con las reflexiones pertinentes y el valioso apoyo de esa
soberanía popular a la iniciativa que este día ha iniciado el trámite reglamentario en
la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.
En espera de su amable respuesta y agradeciéndole de antemano sus consideraciones, le
saludamos cordialmente y nos suscribimos a sus apreciables órdenes.
La Paz, Baja California Sur, a 3 de septiembre de 1998.- Diputado Domingo Valentín Castro
Burgoin, presidente de la Gran Comisión.»
«Escudo.- Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.- VIII Legislatura.
Diputado José Manuel Rivas Allende, presidente de la Comisión del honorable Congreso del
Estado de Nayarit.- Presente.
Estimado señor Presidente: con fecha 4 de junio del año en curso, en sesión pública
ordinaria, la honorable Asamblea de la VIII Legislatura que integramos, aprobó por
mayoría el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y
de Asuntos Pesqueros, que contienen la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En dicho acuerdo del Congreso, se establecieron dos puntos fundamentales: el primero,
remitir dicha iniciativa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
acto que cumplimos el día de ayer al hacer entrega formal en sus oficinas de Palacio
Legislativo, al diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la mesa directiva; el
segundo,nos mandata a enviarles copia de la iniciativa, su dictamen y anexos a los
congresos estatales, cuyas entidades tienen litoral y costas, para solicitarles su apoyo a
la propuesta de reforma constitucional mencionada, petición que formal y respetuosamente
hacemos por su conducto al Poder Legislativo estatal que distinguidamente usted
representa.
Cabe señalar que la iniciativa de reforma y adición que aprobamos y que ponemos a su
consideración, es resultado de los foros municipales y fundamentalmente del foro nacional
de análisis del sector pesquero que efectuamos en el mes de agosto del año próximo
pasado, aquí en nuestra entidad.
Nos será muy grato contar con las reflexiones pertinentes y el valioso apoyo de esa
soberanía popular a la iniciativa que este día ha iniciado el trámite reglamentario en
la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.
En espera de su amable respuesta y agradeciéndole de antemano sus consideraciones, le
saludamos cordialmente y nos suscribimos a sus apreciables órdenes.
La Paz, Baja California Sur, a 3 de septiembre de 1998.- Diputado Domingo Valentín Castro
Burgoin, presidente de la Gran Comisión.»
«Escudo.- Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.- VIII Legislatura.
Diputado Eliseo Castillo Tejeda, presidente de la Gran Comisión del honorable Congreso
del Estado de Tamaulipas.- Presente.
Estimado señor Presidente: con fecha 4 de junio del año en curso, en sesión pública
ordinaria, la honorable Asamblea de la VIII Legislatura que integramos, aprobó por
mayoría el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y
de Asuntos Pesqueros, que contienen la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En dicho acuerdo del Congreso, se establecieron dos puntos fundamentales: el primero,
remitir dicha iniciativa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
acto que cumplimos el día de ayer al hacer entrega formal en sus oficinas de Palacio
Legislativo, al diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la mesa directiva; el
segundo, nos mandata a enviarles copia de la iniciativa, su dictamen y anexos a los
congresos estatales, cuyas entidades tienen litoral y costas, para solicitarles su apoyo a
la propuesta de reforma constitucional mencionada, petición que formal y respetuosamente
hacemos por su conducto al Poder Legislativo estatal que distinguidamente usted
representa.
Cabe señalar que la iniciativa de reforma y adición que aprobamos y que ponemos a su
consideración, es resultado de los foros municipales y fundamentalmente del foro nacional
de análisis del sector pesquero que efectuamos en el mes de agosto del año próximo
pasado, aquí en nuestra entidad.
Nos será muy grato contar con las reflexiones pertinentes y el valioso apoyo de esa
soberanía popular a la iniciativa que este día ha iniciado el trámite reglamentario en
la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.
En espera de su amable respuesta y agradeciéndole de antemano sus consideraciones, le
saludamos cordialmente y nos suscribimos a sus apreciables órdenes.
La Paz, Baja California Sur, a 3 de septiembre de 1998.- Diputado Domingo Valentín Castro
Burgoin, presidente de la Gran Comisión.»
«Escudo.- Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.- VIII Legislatura.
Diputado Fernando Navarrete Magadaleno, presidente de la Gran Comisión del honorable
Congreso del Estado de Guerrero.- Presente.
Estimado señor Presidente: con fecha 4 de junio del año en curso, en sesión pública
ordinaria, la honorable Asamblea de la VIII Legislatura que integramos, aprobó por
mayoría el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y
de Asuntos Pesqueros, que contienen la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En dicho acuerdo del Congreso, se establecieron dos puntos fundamentales: el primero,
remitir dicha iniciativa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
acto que cumplimos el día de ayer al hacer entrega formal en sus oficinas de Palacio
Legislativo, al diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la mesa directiva; el
segundo, nos mandata a enviarles copia de la iniciativa, su dictamen y anexos a los
congresos estatales, cuyas entidades tienen litoral y costas, para solicitarles su apoyo a
la propuesta de reforma constitucional mencionada, petición que formal y respetuosamente
hacemos por su conducto al Poder Legislativo estatal que distinguidamente usted
representa.
Cabe señalar que la iniciativa de reforma y adición que aprobamos y que ponemos a su
consideración, es resultado de los foros municipales y fundamentalmente del foro nacional
de análisis del sector pesquero que efectuamos en el mes de agosto del año próximo
pasado, aquí en nuestra entidad.
Nos será muy grato contar con las reflexiones pertinentes y el valioso apoyo de esa
soberanía popular a la iniciativa que este día ha iniciado el trámite reglamentario en
la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.
En espera de su amable respuesta y agradeciéndole de antemano sus consideraciones, le
saludamos cordialmente y nos suscribimos a sus apreciables órdenes.
La Paz, Baja California Sur, a 3 de septiembre de 1998.- Diputado Domingo Valentín Castro
Burgoin, presidente de la Gran Comisión.»
«Escudo.- Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.- VIII Legislatura.
Diputado Osvaldo Chizaro Montalvo, presidente de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política del honorable Congreso del Estado de Veracruz.- Presente.
1570,1571,1572
Estimado señor Presidente: con fecha 4 de junio del año
en curso, en sesión pública ordinaria, la honorable Asamblea de la VIII Legislatura que
integramos, aprobó por mayoría el dictamen de las comisiones unidas de Puntos
Constitucionales y de Justicia y de Asuntos Pesqueros, que contienen la iniciativa que
reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
En dicho acuerdo del Congreso, se establecieron dos puntos fundamentales: el primero,
remitir dicha iniciativa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
acto que cumplimos el día de ayer al hacer entrega formal en sus oficinas de Palacio
Legislativo, al diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la mesa directiva; el
segundo, nos mandata a enviarles copia de la iniciativa, su dictamen y anexos a los
congresos estatales, cuyas entidades tienen litoral y costas, para solicitarles su apoyo a
la propuesta de reforma constitucional mencionada, petición que formal y respetuosamente
hacemos por su conducto al Poder Legislativo estatal que distinguidamente usted
representa.
Cabe señalar que la iniciativa de reforma y adición que aprobamos y que ponemos a su
consideración, es resultado de los foros municipales y fundamentalmente del foro nacional
de análisis del sector pesquero que efectuamos en el mes de agosto del año próximo
pasado, aquí en nuestra entidad.
Nos será muy grato contar con las reflexiones pertinentes y el valioso apoyo de esa
soberanía popular a la iniciativa que este día ha iniciado el trámite reglamentario en
la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.
En espera de su amable respuesta y agradeciéndole de antemano sus consideraciones, le
saludamos cordialmente y nos suscribimos a sus apreciables órdenes.
La Paz, Baja California Sur, a 3 de septiembre de 1998.- Diputado Domingo Valentín Castro
Burgoin, presidente de la Gran Comisión.»
«Escudo.- Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.- VIII Legislatura.
Diputado Manuel Andrade Díaz, presidente de la Gran Comisión del honorable Congreso del
Estado de Tabasco.- Presente.
Estimado señor Presidente: con fecha 4 de junio del año en curso, en sesión pública
ordinaria, la honorable Asamblea de la VIII Legislatura que integramos, aprobó por
mayoría el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y
de Asuntos Pesqueros, que contienen la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En dicho acuerdo del Congreso, se establecieron dos puntos fundamentales: el primero,
remitir dicha iniciativa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión,acto que cumplimos el día de ayer al hacer entrega formal en sus oficinas de
Palacio Legislativo, al diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la mesa directiva;
el segundo, nos mandata a enviarles copia de la iniciativa, su dictamen y anexos a los
congresos estatales, cuyas entidades tienen litoral y costas, para solicitarles su apoyo a
la propuesta de reforma constitucional mencionada, petición que formal y respetuosamente
hacemos por su conducto al Poder Legislativo estatal que distinguidamente usted
representa.
Cabe señalar que la iniciativa de reforma y adición que aprobamos y que ponemos a su
consideración, es resultado de los foros municipales y fundamentalmente del foro nacional
de análisis del sector pesquero que efectuamos en el mes de agosto del año próximo
pasado, aquí en nuestra entidad.
Nos será muy grato contar con las reflexiones pertinentes y el valioso apoyo de esa
soberanía popular a la iniciativa que este día ha iniciado el trámite reglamentario en
la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.
En espera de su amable respuesta y agradeciéndole de antemano sus consideraciones, le
saludamos cordialmente y nos suscribimos a sus apreciables órdenes.
La Paz, Baja California Sur, a 3 de septiembre de 1998.- Diputado Domingo Valentín Castro
Burgoin, presidente de la Gran Comisión.»
«Escudo.- Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.- VIII Legislatura.
Diputado Juan Carlos Bonifaz Trujillo, presidente de la Gran Comisión del honorable
Congreso del Estado de Chiapas.- Presente.
Estimado señor Presidente: con fecha 4 de junio del año en curso, en sesión pública
ordinaria, la honorable Asamblea de la VIII Legislatura que integramos, aprobó por
mayoría el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y
de Asuntos Pesqueros, que contienen la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En dicho acuerdo del Congreso, se establecieron dos puntos fundamentales: el primero,
remitir dicha iniciativa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
acto que cumplimos el día de ayer al hacer entrega formal en sus oficinas de Palacio
Legislativo, al diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la mesa directiva; el
segundo, nos mandata a enviarles copia de la iniciativa, su dictamen y anexos a los
congresos estatales, cuyas entidades tienen litoral y costas, para solicitarles su apoyo a
la propuesta de reforma constitucional mencionada, petición que formal y respetuosamente
hacemos por su conducto al Poder Legislativo estatal que distinguidamente usted
representa.
Cabe señalar que la iniciativa de reforma y adición que aprobamos y que ponemos a su
consideración, es resultado de los foros municipales y fundamentalmente del foro nacional
de análisis del sector pesquero que efectuamos en el mes de agosto del año próximo
pasado, aquí en nuestra entidad.
Nos será muy grato contar con las reflexiones pertinentes y el valioso apoyo de esa
soberanía popular a la iniciativa que este día ha iniciado el trámite reglamentario en
la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.
En espera de su amable respuesta y agradeciéndole de antemano sus consideraciones, le
saludamos cordialmente y nos suscribimos a sus apreciables órdenes.
La Paz, Baja California Sur, a 3 de septiembre de 1998.- Diputado Domingo Valentín Castro
Burgoin, presidente de la Gran Comisión.»
«Escudo.- Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.- VIII Legislatura.
Diputado Héctor Terán Huerta, presidente de la Gran Comisión del honorable Congreso del
Estado de Michoacán.- Presente.
Estimado señor Presidente: con fecha 4 de junio del año en curso, en sesión pública
ordinaria, la honorable Asamblea de la VIII Legislatura que integramos, aprobó por
mayoría el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y
de Asuntos Pesqueros, que contienen la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En dicho acuerdo del Congreso, se establecieron dos puntos
fundamentales: el primero, remitir dicha iniciativa a la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, acto que cumplimos el día de ayer al hacer entrega
formal en sus oficinas de Palacio Legislativo, al diputado Arturo Núñez Jiménez,
presidente de la mesa directiva; el segundo, nos mandata a enviarles copia de la
iniciativa, su dictamen y anexos a los congresos estatales, cuyas entidades tienen litoral
y costas, para solicitarles su apoyo a la propuesta de reforma constitucional mencionada,
petición que formal y respetuosamente hacemos por su conducto al Poder Legislativo
estatal que distinguidamente usted representa.
Cabe señalar que la iniciativa de reforma y adición que aprobamos y que ponemos a su
consideración, es resultado de los foros municipales y fundamentalmente del foro nacional
de análisis del sector pesquero que efectuamos en el mes de agosto del año próximo
pasado, aquí en nuestra entidad.
Nos será muy grato contar con las reflexiones pertinentes y el valioso apoyo de esa
soberanía popular a la iniciativa que este día ha iniciado el trámite reglamentario en
la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.
En espera de su amable respuesta y agradeciéndole de antemano sus consideraciones, le
saludamos cordialmente y nos suscribimos a sus apreciables órdenes.
La Paz, Baja California Sur, a 3 de septiembre de 1998.- Diputado Domingo Valentín Castro
Burgoin, presidente de la Gran Comisión.»
«Escudo.- Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.- VIII Legislatura.
Diputada Myrna Esther Hoyos Schlamne, presidenta de la Gran Comisión del honorable
Congreso del Estado de Yucatán.- Presente.
Estimada señora Presidenta: con fecha 4 de junio del año en curso, en sesión pública
ordinaria, la honorable Asamblea de la VIII Legislatura que integramos, aprobó por
mayoría el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y
de Asuntos Pesqueros, que contienen la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En dicho acuerdo del Congreso, se establecieron dos puntos fundamentales: el primero,
remitir dicha iniciativa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
acto que cumplimos el día de ayer al hacer entrega formal en sus oficinas de Palacio
Legislativo, al diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la mesa directiva; el
segundo, nos mandata a enviarles copia de la iniciativa, su dictamen y anexos a los
congresos estatales, cuyas entidades tienen litoral y costas, para solicitarles su apoyo a
la propuesta de reforma constitucional mencionada, petición que formal y respetuosamente
hacemos por su conducto al Poder Legislativo estatal que distinguidamente usted
representa.
Cabe señalar que la iniciativa de reforma y adición que aprobamos y que ponemos a su
consideración, es resultado de los foros municipales y fundamentalmente del foro nacional
de análisis del sector pesquero que efectuamos en el mes de agosto del año próximo
pasado, aquí en nuestra entidad.
Nos será muy grato contar con las reflexiones pertinentes y el valioso apoyo de esa
soberanía popular a la iniciativa que este día ha iniciado el trámite reglamentario en
la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.
En espera de su amable respuesta y agradeciéndole de antemano sus consideraciones, le
saludamos cordialmente y nos suscribimos a sus apreciables órdenes.
La Paz, Baja California Sur, a 3 de septiembre de 1998.- Diputado Domingo Valentín Castro
Burgoin, presidente de la Gran Comisión.»
«Escudo.- Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.- VIII Legislatura.
Diputado Jorge Armando Gaytán Gudiño, presidente de la Gran Comisión del honorable
Congreso del Estado de Colima.- Presente.
Estimado señor Presidente: con fecha 4 de junio del año en curso, en sesión pública
ordinaria, la honorable Asamblea de la VIII Legislatura que integramos, aprobó por
mayoría el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y
de Asuntos Pesqueros, que contienen la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En dicho acuerdo del Congreso, se establecieron dos puntos fundamentales: el primero,
remitir dicha iniciativa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
acto que cumplimos el día de ayer al hacer entrega formal en sus oficinas de Palacio
Legislativo, al diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la mesa directiva; el
segundo, nos mandata a enviarles copia de la iniciativa, su dictamen y anexos a los
congresos estatales, cuyas entidades tienen litoral y costas, para solicitarles su apoyo a
la propuesta de reforma constitucional mencionada, petición que formal y respetuosamente
hacemos por su conducto al Poder Legislativo estatal que distinguidamente usted
representa.
Cabe señalar que la iniciativa de reforma y adición que aprobamos y que ponemos a su
consideración, es resultado de los foros municipales y fundamentalmente del foro nacional
de análisis del sector pesquero que efectuamos en el mes de agosto del año próximo
pasado, aquí en nuestra entidad.
Nos será muy grato contar con las reflexiones pertinentes y el valioso apoyo de esa
soberanía popular a la iniciativa que este día ha iniciado el trámite reglamentario en
la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.
En espera de su amable respuesta y agradeciéndole de antemano sus consideraciones, le
saludamos cordialmente y nos suscribimos a sus apreciables órdenes.
La Paz, Baja California Sur, a 3 de septiembre de 1998.- Diputado Domingo Valentín Castro
Burgoin, presidente de la Gran Comisión.»
«Escudo.- Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.- VIII Legislatura.
Diputado José Manuel Salcedo Sañudo, presidente del Congreso del Estado de Baja
California.- Presente.
Estimado señor Presidente: con fecha 4 de junio del año en curso, en sesión pública
ordinaria, la honorable Asamblea de la VIII Legislatura que integramos, aprobó por
mayoría el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y
de Asuntos Pesqueros, que contienen la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1573,1574,1575
En dicho acuerdo del Congreso, se establecieron dos puntos
fundamentales: el primero, remitir dicha iniciativa a la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, acto que cumplimos el día de ayer al hacer entrega
formal en sus oficinas de Palacio Legislativo, al diputado Arturo Núñez Jiménez,
presidente de la mesa directiva; el segundo, nos mandata a enviarles copia de la
iniciativa, su dictamen y anexos a los congresos estatales, cuyas entidades tienen litoral
y costas, para solicitarles su apoyo a la propuesta de reforma constitucional mencionada,
petición que formal y respetuosamente hacemos por su conducto al Poder Legislativo
estatal que distinguidamente usted representa.
Cabe señalar que la iniciativa de reforma y adición que aprobamos y que ponemos a su
consideración, es resultado de los foros municipales y fundamentalmente del foro nacional
de análisis del sector pesquero que efectuamos en el mes de agosto del año próximo
pasado, aquí en nuestra entidad.
Nos será muy grato contar con las reflexiones pertinentes y el valioso apoyo de esa
soberanía popular a la iniciativa que este día ha iniciado el trámite reglamentario en
la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.
En espera de su amable respuesta y agradeciéndole de antemano sus consideraciones, le
saludamos cordialmente y nos suscribimos a sus apreciables órdenes.
La Paz, Baja California Sur, a 3 de septiembre de 1998.- Diputado Domingo Valentín Castro
Burgoin, presidente de la Gran Comisión.»
«Escudo.- Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.- VIII Legislatura.
Diputado Alonso Ulloa Vélez, presidente del Congreso del Estado de Jalisco.- Presente.
Estimado señor Presidente: con fecha 4 de junio del año en curso, en sesión pública
ordinaria, la honorable Asamblea de la VIII Legislatura que integramos, aprobó por
mayoría el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y
de Asuntos Pesqueros, que contienen la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En dicho acuerdo del Congreso, se establecieron dos puntos fundamentales: el primero,
remitir dicha iniciativa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
acto que cumplimos el día de ayer al hacer entrega formal en sus oficinas de Palacio
Legislativo, al diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la mesa directiva; el
segundo, nos mandata a enviarles copia de la iniciativa, su dictamen y anexos a los
congresos estatales, cuyas entidades tienen litoral y costas, para solicitarles su apoyo a
la propuesta de reforma constitucional mencionada, petición que formal y respetuosamente
hacemos por su conducto al Poder Legislativo estatal que distinguidamente usted
representa.
Cabe señalar que la iniciativa de reforma y adición que aprobamos y que ponemos a su
consideración, es resultado de los foros municipales y fundamentalmente del foro nacional
de análisis del sector pesquero que efectuamos en el mes de agosto del año próximo
pasado, aquí en nuestra entidad.
Nos será muy grato contar con las reflexiones pertinentes y el valioso apoyo de esa
soberanía popular a la iniciativa que este día ha iniciado el trámite reglamentario en
la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.
En espera de su amable respuesta y agradeciéndole de antemano sus consideraciones, le
saludamos cordialmente y nos suscribimos a sus apreciables órdenes.
La Paz, Baja California Sur, a 3 de septiembre de 1998.- Diputado Domingo Valentín Castro
Burgoin, presidente de la Gran Comisión.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales.
REINO DE ESPAÑA
El siguiente punto del orden del día, es la
discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto que concede permiso a los
ciudadanos Nemecio Díez Riega y Leonor Sarmiento Pubillones, para aceptar y usar las
condecoraciones que les confiere el gobierno del Reino de España.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de
Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe
le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de
Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los
ciudadanos Nemecio Díez Riega y Leonor Sarmiento Pubillones, puedan aceptar y usar las
condecoraciones, que les confiere el gobierno del Reino de España.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el
permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del
apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la
honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Nemecio Díez Riega, para aceptar y
usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda que le
confiere el gobierno del Reino de España.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Leonor Sarmiento Pubillones, para
aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda,
que le confiere el gobierno del Reino de España.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 23 de octubre de 1998.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo
Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez
Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Fidel Herrera Beltrán,
Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José Luis Lamadrid Sauza, José de
Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo,
Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José
Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de
la Tijera.»
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del 30 de octubre,
está a discusión el proyecto de decreto...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a la Secretaría se abra el sistema
electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.
Esta Presidencia informa que se va a cerrar el registro de asistencia, ya que daremos
inicio a la votación correspondiente.
Instruyo a la Secretaría para que anote la asistencia del diputado Jiménez Carrillo.
| El secretario
José Luis Acosta Herrera: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que
se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10
minutos para tomar la votación nominal del proyecto de decreto.
Esta Secretaría hace del conocimiento de las diputadas y diputados, que habrá votaciones
sucesivas, por lo que se les ruega permanecer en el recinto.
(Votación.)
Diputado Jiménez Carrillo, el sentido de su voto,
por favor. ¿En qué sentido es su voto? Si gusta darlo de viva voz.
El diputado
Nicolás Jiménez Carrillo
(desde su curul): |
Afirmativo y quiero hacer notar que no aparezco en el
tablero solamente, aunque aparezca en las listas impresas.
Gracias.
Ciérrese el sistema electrónico de votación.
| El secretario
José Luis Acosta Herrera: |
Señor Presidente, esta Secretaría informa que se
emitieron 341 votos en pro, incluyendo el voto del diputado Jiménez Carrillo y cero votos
en contra.
Aprobado el proyecto de decreto por 341 votos.
Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
REINO DE ESPAÑA (II)
El siguiente punto del orden del día, es la
discusión y votación de los dictámenes con proyectos de decreto que concede permiso a
los ciudadanos: María del Carmen Vázquez, Avel Valdivia Toscano, Trinidad Vázquez
Juárez, Hortencia Vélez Vega, Luz Mendoza López, Rosa Mónica Guadarrama Santacruz,
María del Rocío Guerra Ordóñez, María Nieves Bertha Martínez Villagómez, Susana Sil
Avilés, María Guadalupe Huerta Osorio, Martha Guadalupe Martínez Villagómez, Lilián
Ramírez Rojas, Efrén Hernández Contreras, Claudia Elizabeth Niño Sierlein, Gabriela
Sparrowe Pons, Ingeborg Sainz Carrillo, Andrea Martínez Ampudia, Luis Bastida Avila y
Víctor Manuel Ochoa Bujanda, para prestar servicios a gobiernos extranjeros y que se haga
en una sola votación.
| El secretario
Crisógono Sánchez Lara: |
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta en
votación económica si se autoriza que la votación de los proyectos de decreto para que
puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros se haga en una sola votación.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Por mayoría de
votación, se autoriza, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de
Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio de fecha 13 de octubre del año en curso, la Secretaría de
Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: María
del Carmen Flores Vázquez, Avel Valdivia Toscano, Trinidad Vázquez Juárez, Hortencia
Vélez Vega y Luz Mendoza López, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en
la Embajada de España en Mexico.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el
día 20 de octubre, se turno a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el
expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del
acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de España en
México, serán de carácter administrativo y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del
artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable
Asamblea, el siguiente
1576,1577,1578
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Flores Vázquez,
para prestar servicios como empleada de servicio, en la Embajada de España en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Avel Valdivia Toscano, para prestar
servicios como empleado de servicio, en la Embajada de España en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Trinidad Vázquez Juárez, para
prestar servicios como cocinera, en la Embajada de España en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Hortencia Vélez Vega, para prestar
servicios como empleada de servicio, en la Embajada de España en México.
Artículo quinto. Se concede permiso a la ciudadana Luz Mendoza López, para prestar
servicios como empleada de servicio, en la Embajada de España en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 21 de octubre de 1998.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo
Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Arturo
Núñez Jiménez, Pablo Gómez Alvarez, Fidel Herrera Beltrán, Juana González Ortiz,
José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José
Luis Lamadrid Sauza, J. de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia,
Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli
y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la
Tijera.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder
Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 22 de septiembre del año en curso, la
Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso
constitucional necesario para que las ciudadanas: Rosa Mónica Guadarrama Santacruz,
María del Rocío Guerra Ordóñez, María Nieves Bertha Martínez Villagómez y Susana
Sil Aviles, puedan prestar servicios de cáracter administrativo, en la Embajada de
España en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el
20 de octubre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente
relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de
sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en la Embajada de España en
México, serán de carácter administrativo y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II apartado C del
artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable
Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Rosa Mónica Guadarrama Santacruz,
para prestar servicios como secretaria administrativa, en la Embajada de España en
México.
Artículo segundo. Se ccncede permiso a la ciudadana María del Rocío Guerra Ordóñez,
para prestar servicios como secretaria social del embajador, en la Embajada de España en
México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana María Nieves Bertha Martínez
Villagómez, para prestar servicios como secretaria del coordinador, en la Embajada de
España en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Susana Sil Avilés, para prestar
servicios como administradora, en la Embajada de España en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 21 de octubre de 1998.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo
Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Arturo
Núñez Jiménez, Pablo Gómez Alvarez, Fidel Herrera Beltrán, Juana González Ortiz,
José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José
Luis Lamadrid Sauza, J. de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia,
Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli
y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la
Tijera.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de
Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 13 de octubre del año en curso, la Secretaría
de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos:
María Guadalupe Huerta Osorio, Martha Guadalupe Martínez Villagómez, Lilian Ramírez
Rojas, Efrén Hernández Contreras y Claudia Elizabeth Niño Zierlein, puedan prestar
servicios de carácter administrativo, en la Embajada de España en México.
En sesion celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el
día 20 de octubre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el
expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de
sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán a la Embajada de España en
México, serán de carácter administrativo y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del
artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable
Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana María Guadalupe Huerta Osorio, para
prestar servicios como auxiliar administrativo, en la Embajada de España en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Martha Guadalupe Martínez
Villagómez, para prestar servicios como auxiliar de becas, en la Embajada de España en
México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Lilián Ramírez Rojas, para prestar
servicios como auxiliar administrativo, en la Embajada de España en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Efrén Hernández Contreras, para
prestar servicios como auxiliar administrativo, en la Embajada de España en México.
Artículo quinto. Se concede permiso a la ciudadana Claudia Elizabeth Niño Zierlein, para
prestar servicios como auxiliar administrativo, en la Embajada de España en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 21 de octubre de 1998.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo
Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz,
José Luis Gutiérrez Cureño, Fidel Herrera Beltrán, Tulio Hernández Gómez, Enrique
Jackson Ramírez, José Luis Lamadrid Sauza, José de Jesús Martín del Campo Castañeda,
Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez
Jiménez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales
Meléndez, Juan José Rodríguez Prats, Demetrio Sodi de la Tijera y Marcos Augusto Bucio
Mújica.»
COMISION EUROPEA
| El secretario
Crisógono Sánchez Lara: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 22 de septiembre del año en curso, la
Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso
constitucional necesario para que las ciudadanas: Gabriela Sparrowe Pons, Ingeborg Sainz
Carrillo y Andrea Martínez Ampudia, puedan prestar servicios de carácter administrativo,
en la delegación de la Comisión Europea en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el
20 de octubre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente
relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de
sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en la delegación de la
Comisión Europea en México, serán de carácter administrativo y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II apartado C del
artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable
Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Sparrowe Pons, para prestar
servicios como contadora en la delegación de la Comisión Europea en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Ingeborg Sainz Carrillo, para prestar
servicios como secretaria en la delegación de la Comisión Europea en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Andrea Martínez Ampudia para prestar
servicios como adjunta al servicio de documentación e informática en la delegación de
la Comisión Europea en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 21 de octubre de 1998.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo
Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Arturo
Núñez Jiménez, Pablo Gómez Alvarez, Fidel Herrera Beltrán, Juana González Ortiz,
José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José
Luis Lamadrid Sauza, J. de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia,
Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli
y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la
Tijera.»
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
| El secretario
Crisógono Sánchez Lara: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-
Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado 13 de octubre del año en curso, la Secretaría de
Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Luis
Bastida Avila y Víctor Manuel Ochoa Bujanda, puedan prestar sus servicios de carácter
administrativo en los consulados generales de los Estados Unidos de América en Tijuana,
Baja California y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
1579,1580,1581
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, el 20 de octubre, se turnó a la suscrita comisión para
su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de
sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán, en los consulados generales
de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California y Ciudad Juárez,
Chihuahua, serán de carácter administrativo;
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del
artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideracion de la honorable
Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Luis Bastida Avila, para prestar
servicios como ingeniero en telecomunicaciones, en el Consulado General de los Estados
Unidos de América, en Tijuana, Baja California.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Víctor Manuel Ochoa Bujanda, para
prestar servicios como personal de limpieza, en el Consulado General de los Estados Unidos
de América, en Ciudad Juarez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 21 de octubre de 1998.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo
Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez
Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Fidel Herrera Beltrán,
Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José Luis Lamadrid Sauza, J. de Jesús
Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando
Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y
Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la
Tijera.»
En virtud de que se encuentran publicados en la
Gaceta Parlamentaria del 30 de octubre, están a discusión los proyectos de decreto...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a la Secretaría se abra el sistema
electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los proyectos de decreto.
| El secretario
Crisógono Sánchez Lara: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que
se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por
cinco minutos para tomar la votación de los proyectos de decreto.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 355 votos en pro y tres en contra.
Aprobados los proyectos de decreto por 355 votos.
| El secretario
Crisógono Sánchez Lara: |
Pasan al Senado para los efectos constitucionales.
Prosiga la Secretaría con el orden del día.
MEDIOS DE INFORMACION
El secretario
Carlos Froylán Guadalupe
Camacho Alcázar: |
«Acuerdo para garantizar la difusión de la
información de la Cámara de Diputados.
(Publicado en la Gaceta Parlamentaria del martes 8 de septiembre de 1998.)
CONSIDERANDO
Primero. Que la Cámara de Diputados, como órgano del Estado, se encuentra obligada a
garantizar, en el ámbito de sus competencias, el derecho a la información, de
conformidad con el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Segundo. Que la Cámara de Diputados está comprometida a proporcionar información
confiable y oportuna al pueblo mexicano de manera directa y a través de los medios de
información.
Tercero. Que la Cámara de Diputados ha carecido hasta ahora de un ordenamiento que
establezca los procedimientos y condiciones para brindar información al público.
Cuarto. Que no ha existido definición suficiente sobre los deberes informativos de la
Cámara, sus grupos parlamentarios, comisiones, comités, diputadas y diputados.
Quinto. Que la Cámara de Diputados cuenta con una coordinación general de Comunicación
Social, cuya política informativa debe ser normada por la propia Cámara.
Sexto. Que las informaciones que se originan en la Cámara tienen diversas procedencias,
ya sea de ésta como tal, de sus comisiones y comités, de sus grupos parlamentarios, así
como de los legisladores, por lo que es necesario que se defina con claridad el origen de
las distintas informaciones para evitar confusiones.
Séptimo. Que es necesario informar sobre el contenido y alcance de las actividades,
decisiones y diversas propuestas que se presentan ante la Cámara.
Octavo. Que debe otorgarse un trato equitativo a los diversos medios de información
acreditados ante la Cámara.
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. El presente acuerdo tiene como finalidad garantizar las actividades
tendientes a difundir una información oportuna y objetiva sobre las actividades que
realice la Cámara de diputados, conforme a sus atribuciones constitucionales.
Artículo 2o. La Cámara de Diputados informará sobre el estado que guardan sus trabajos
y las de sus comisiones y comités, en los términos del presente acuerdo.
Artículo 3o. Los informadores tienen el derecho de solicitar a la Cámara de Diputados,
grupos parlamentarios, comisiones, comités y legisladores en lo individual, la
información que consideren pertinente, incluyendo la realización de sesiones de
preguntas y respuestas.
Artículo 4o. La Cámara de Diputados prestará a los informadores de los diversos medios,
acreditados ante la misma, los elementos materiales que estén a su alcance para el
desempeño de su trabajo.
Artículo 5o. La Cámara de Diputados en ningún caso podrá remunerar el trabajo de los
informadores al servicio de los medios de información ajenos a la misma, ya sean éstos
privados, sociales, estatales, concesionados o de cualquier otra naturaleza.
Artículo 6o. La publicidad institucional de la Cámara de Diputados será asignada de
acuerdo con los niveles de circulación y cobertura de cada medio informativo.
En el caso específico de los medios de información del interior del país, serán los
interesados los responsables de comprobar ante la coordinación general de Comunicación
Social los niveles de circulación y cobertura, a través de medios reconocidos y
confiables.
Para los medios informativos de reciente creación o de circulación limitada o selectiva,
que por su especialización, prestigio de sus integrantes u objetivos reconocidos, sean
útiles para la Cámara de Diputados, será el comité de Comunicación Social quien
proponga a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política la asignación de
publicidad y los alcances de la misma, para su autorización.
Artículo 7o. Los grupos parlamentarios podrán tener su propia oficina de comunicación
social, la cual contará con el apoyo de la Coordinación General de Comunicación Social
de la Cámara.
Artículo 8o. En sus comparecencias ante los medios informativos, las diputadas y
diputados precisarán si sus opiniones o proyectos son a título personal o corresponden a
disposiciones oficiales de los grupos parlamentarios a los que pertenecen, a expresión
mayoritaria de alguna comisión o comité o al consenso de las mismas.
Artículo 9o. Las diputadas y diputados procurarán hacer las rectificaciones que fueran
necesarias a la publicación de hechos o declaraciones que se les atribuyen; para ello
contarán, según sea el caso, con el apoyo de la oficina de comunicación social del
respectivo grupo parlamentario o de la coordinación general de Comunicación Social de la
Cámara. Las rectificaciones se harán siempre en forma respetuosa.
Artículo 10. En la medida en que los medios técnicos de la Cámara lo permitan, las
sesiones de las comisiones serán trasmitidas por televisión y los informadores
acreditados podrán verlas a través de circuito cerrado. En las transmisiones se dará
prioridad a la información relevante, a consideración de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política.
CAPITULO II
De la coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados
Artículo 11. La coordinación general de Comunicación Social de la Cámara de Diputados
es la dependencia profesional y apartidista, encargada de informar sobre los
acontecimientos que se produzcan en la misma, así como de atender y dar servicios a los
informadores acreditados.
Artículo 12. La coordinación general de Comunicación Social será dirigida por un
coordinador, nombrado por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Artículo 13. La coordinación general de Comunicación Social tendrá las siguientes
funciones:
I. Proporcionar a los informadores acreditados ante la Cámara, y en general a todos los
medios, la información que se genere en la misma.
II. Informar sobre las iniciativas de ley o decreto, las propuestas que no constituyan
iniciativas y que se reciban por la Cámara, así como los proyectos de dictamen que sean
discutidos y resueltos por el pleno.
III. Poner a disposición de los informadores las versiones estenográficas, la Gaceta
Parlamentaria y el Diario de los Debates.
IV. Facilitar a los informadores acreditados en la Cámara los elementos para su mejor
desempeño, conforme a las previsiones presupuestales de la misma.
V. Coadyuvar con los informadores a concertar entrevistas, exclusivas o de difusión
general, con las diputadas y diputados.
VI. Acreditar a los representantes de los medios de información, dotarles de
identificación de la Cámara y otorgarles las atenciones necesarias para el cumplimiento
de su función.
VII. Divulgar entre las diputadas y diputados el compendio de noticias de los diversos
medios relacionadas con las funciones de la Cámara.
VIII. Apoyar a las oficinas de comunicación social de los grupos parlamentarios de la
Cámara.
IX. Realizar conforme a las instrucciones que reciba de la instancia competente de la
Cámara, las aclaraciones pertinentes sobre informaciones públicas por los medios de
información del país y del extranjero.
X. Ordenar las publicaciones pagadas en los medios de información, cuidando que éstas
señalen con total claridad la procedencia de la Cámara. No podrán ordenarse inserciones
en prensa, radio y televisión en forma de gacetilla que no identifiquen a la Cámara como
la responsable de la inserción.
Artículo 14. La coordinación general de Comunicación Social aplicará la política
definida por el Comité de Comunicación Social y aprobada por la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política. La coordinación estará bajo la autoridad permanente
de esta última.
1582,1583,1584
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