DIARIO de los DEBATES
ORGANO
OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio
| DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Héctor de Antuñano y Lora |
PRESIDENTE |
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala |
AÑO II México, D.F., jueves 5 de noviembre de 1998 No. 25 |
S U M A R I O
DIARIO de los DEBATES
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Año Il No. 25 PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS NOVIEMBRE 5, 1998 |
| «Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes. En la estrategia general para el crecimiento que orienta la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, la inversión pública y la aplicación transparente y responsable del gasto público que la misma requiere, son líneas de acción prioritarias en la administración actual. El régimen jurídico-administrativo previsto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, históricamente está vinculado a estrategias de crecimiento económico y sostenido por el impacto que las transacciones gubernamentales tienen en la economía. Este ordenamiento jurídico, que entró en vigor desde el día 1o. de enero de 1994, reunió en un ordenamiento legal a las anteriores leyes de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles y de obras públicas, con el propósito de facilitar su interpretación y aplicación. Si bien ello significó un avance de técnica legislativa que se enriqueció con la regulación de aspectos innovadores en la materia, en la práctica este propósito se ha visto obstaculizado y desvirtuado por el efecto inverso que trajo aparejada la complejidad del esquema de la misma ley. En efecto, las materias reguladas por la ley vigente se conjuntaron en un régimen jurídico específico, sin una concepción funcional que permitiera la distinción precisa de una y otra, por lo cual el esquema de la misma propicia confusiones en lo general y en lo particular. Por no citar sino algunos ejemplos, en los conceptos de servicios de cualquier naturaleza y servicios relacionados con la obra pública, previstos en los artículos 3o. fracción III y 4o. fracciones II y IV, respectivamente, es recurrente la confusión de considerar trabajos que constituyen obra pública, como la perforación en general, a los servicios de cualquier naturaleza relacionados con inmuebles, cuya conservación, mantenimiento o reparación no implican modificación alguna al propio bien. Asimismo, los porcentajes en los contratos modificatorios suelen confundirse aplicando en adquisiciones el 25% que corresponde a obra pública y a esta última el 15% aplicable en los convenios de adquisiciones. A mayor abundamiento, la misma conjunción de materias dio lugar a algunas en el régimen de una u otra, lo que ha venido propiciando la aplicación analógica de preceptos donde se carece de disposición expresa, con las consecuentes inobservancias de la norma. Tal es el caso de la ausencia de una disposición que establezca que en el ámbito de la obra pública, un comité deba conocer de los dictámenes sobre la procedencia de la celebración de licitaciones públicas o de los casos en que éstas puedan no celebrarse, como en cambio está previsto para las adquisiciones en el artículo 24. Lo mismo ocurre con la evaluación de solvencia de las proposiciones: mientras el artículo 59 detalla los elementos objeto de evaluación de las propuestas en materia de obra pública, en el supuesto previsto para las adquisiciones en el artículo 46 no se enuncian, por citar algunos ejemplos. En síntesis, consultados al respecto, tanto los servidores públicos que aplican la ley de la materia y ejercen atribuciones de interpretación en el ámbito administrativo, como los organismos socio-profesionales de la industria de la construcción y del sector servicios que agrupan a proveedores, contratistas y prestatarios de servicios, se ha percibido en la práctica que al insertarse ambos regímenes en el esquema de un solo ordenamiento, los conceptos técnicos y disímbolos, así como los procedimientos que les son propios, son confundidos e inducen a errores en su aplicación. El crecimiento sostenido como meta del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, exige un entorno de estabilidad económica y financiera que garantice certidumbre y confianza para planear, invertir y trabajar productivamente, así como reglas claras y trato justo para todos. Por ello, contribuir al manejo adecuado y preciso de la ley, separando el conjunto de sus disposiciones en torno a conceptos identificados a lo largo de la experiencia y aplicación especializada de los ordenamientos que regulaban con anterioridad, por un lado la obra pública y por el otro las adquisiciones, arrendamientos, bienes muebles y los servicios de cualquier naturaleza, es una necesidad inaplazable. La especificidad de materias en regímenes autónomos permitirá suplir lagunas, circunscribir la aplicación de los ordenamientos en las fronteras de sus propios conceptos, procedimientos, actos y contratos, así como la debida observancia de las obligaciones a cargo de los servidores públicos que convocan a licitaciones públicas y las conducen e incluso aquellas que corresponden a los propios contratistas. Otro aspecto relevante consiste en la actualización del esquema normativo de la ley, para hacerlo congruente con los diversos ordenamientos legales que, durante la vigencia de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, fueron expedidos y reformados, que implica entre otros aspectos, revisar los sujetos que estarían obligados a aplicar este ordenamiento, como lo serían la inclusión de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, de los fideicomisos públicos y de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, así como la exclusión del Gobierno del Distrito Federal y de las obras que ejecuten los particulares con motivo de la concesión de un servicio público. También se propone, por una parte, establecer que a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo le corresponde dictar las disposiciones administrativas necesarias para el adecuado cumplimiento de la ley y verificar que las obras públicas y los servicios relacionados con éstas se realicen conforme a lo preceptuado por la misma y por la otra, incluir como ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Independientemente de lo anterior, con objeto de precisar el concepto de obra pública y clarificar la naturaleza de los servicios relacionados con ella e integrar un régimen jurídico completo y especializado, la iniciativa propone los aspectos siguientes: La distinción entre las obras públicas y los servicios relacionados con éstas, refiriéndose en particular a las actividades que quedarían comprendidas en ambos rubros e incorporándose otras manifestaciones de trabajos y servicios para ampliar su concepto, las cuales quedarían igualmente reguladas por la ley (artículos 3o. y 4o.). Previsión para considerar ajustes de costos y celebración de convenios que aseguren la continuidad de los trabajos, cuando su ejecución comprenda más de un ejercicio presupuestal (artículo 22). Establecer la posibilidad de constituir comités de obra pública, cuando por el número de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades lo justifiquen, destacándose entre sus funciones, la de dictaminar la procedencia de no celebrar licitaciones por encontrarse en un supuesto de excepción (artículo 27). Adopción de una tercera modalidad de contratación, denominada mixta, para pactar la ejecución y prestación de trabajos y servicios a precio alzado y sobre la base de precios unitarios (artículo 46 fracción III). Los avances que se destacan en esta iniciativa se sitúan en el contexto de los planteamientos que en diversos foros se han manifestado para que las obras públicas y los servicios relacionados con éstas que deben realizarse bajo los principios del artículo 134 constitucional, cuenten con normas justas que al tiempo que garanticen al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, también permitan a las empresas constructoras y prestatarias de servicios desarrollarse y cumplir con los compromisos que pacten con éste en las actuales circunstancias económicas. En esta tesitura, para obtener las mejores condiciones, se faculta a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para que, adicionalmente a la licitación pública, determine el carácter nacional o internacional de los demás procedimientos de contratación y los criterios para fijar el contenido nacional de los trabajos, atendiendo a las reservas y medidas de transición establecidas en los tratados (artículo 29 párrafo tercero). De igual manera, considerando las particularidades que revisten algunos servicios relacionados con obras públicas que contratan las dependencias y entidades, se contempla la posibilidad de utilizar en licitaciones públicas, un sistema que permita la evaluación de la solvencia de las propuestas, basado en mecanismos de puntos o porcentajes, cuando ello resulte conveniente de acuerdo con los lineamientos que emita la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (artículo 34 fracción VII). Ante la presencia de contingencias ajenas a la voluntad de la convocante y supervenientes al inicio de la licitación que pudieran ocasionar un daño o perjuicio a las dependencias o entidades, en caso de continuarse con el procedimiento, se establecen los supuestos en los que podrá cancelarse una licitación pública (artículo 41, último párrafo). Un renglón importante lo constituye la transparencia que debe observarse en los casos de excepción a la licitación pública, cuyos procedimientos no se realizan en atención al monto de las obras públicas y los servicios relacionados con éstas. Al respecto, con la intención de procurar lo anterior, se distinguen dos actividades a cargo del titular del área responsable de la contratación de los trabajos encaminadas al acreditamiento de la idoneidad para no celebrar licitación pública, por una parte, deberá justificar las razones para no llevarla a cabo y por la otra, elaborar un dictamen en el que hará constar los motivos y circunstancias que se tuvieron para adjudicar el contrato a determinado contratista (artículo 42, párrafos segundo y cuarto). La iniciativa de Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas que por su digno conducto se somete a la consideración de esa Cámara de Diputados propone por otro lado, aspectos que además de conservar los logros que en cada materia consagró la ley vigente, resultan de una revisión integral con fines de actualización en los órdenes económico y técnico. Bajo esta perspectiva, atendiendo al impacto de las cambiantes circunstancias económicas prevalecientes en la presente década que en el financiamiento de la obra pública han originado limitaciones en el cumplimiento de los compromisos asumidos por los contratistas, se toman en cuenta los planteamientos que éstos han manifestado en diferentes foros en el sentido de que se incorpore en la ley una previsión que les permita afrontar estas situaciones, de suerte que con la intención del Estado de ver concluidas las obras proyectadas, se pretende precisar la posibilidad de realizar ajustes de costos a los contratos a precio alzado, cuando se presenten circunstancias económicas de tipo general que los modifiquen (artículo 60, párrafo tercero). Así también, se adoptan reglas claras en el otorgamiento de anticipos en favor de los contratistas (artículo 51 ); así como procedimientos mediante los cuales se realizará el ajuste de costos a los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, convenidos sobre la base de precios unitarios, en beneficio del equilibrio financiero del contrato (artículos 58 y 59). Con el propósito de adoptar medidas que permitan con mayor eficacia garantizar la ejecución de los programas de obra y el cumplimiento de los compromisos contractuales que se adopten, se precisa que el contrato y la bitácora de obra son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, determinando la obligatoriedad del uso de la misma, puesto que en ésta se registra el avance efectivo de los trabajos (artículo 47, último párrafo). Aunado a lo anterior, como medida de vigilancia, control y revisión de la ejecución y avance de los trabajos de la obra, se prevé la figura denominada residencia de obra, misma que recaerá en un servidor público designado por la dependencia o entidad, previéndose que la actividad de la supervisión de obra pueda ser realizada por un tercero (artículo 54). Por otra parte, a fin de lograr un equilibrio contractual que dé lugar a una mayor reciprocidad de intereses entre el Estado y los contratistas, se propone que el cálculo de las penas convencionales a cargo de éstos no exceda del monto de la garantía de cumplimiento del contrato y que la aplicación de éstas se realice en proporción a los trabajos o servicios que no hayan sido ejecutados o prestados oportunamente, conforme al programa convenido (artículo 47 fracción VIII) aspecto que la ley en vigor no precisa y que ha dado lugar a diversas interpretaciones que provocan una disminución en las utilidades de los propios contratistas. Asimismo, con objeto de reforzar la medida relativa al pago oportuno de las estimaciones, se señala el procedimiento que deberá seguir el contratista para su requerimiento y en su caso, autorización por parte de la residencia de la obra; estableciéndose el plazo dentro del cual la dependencia o entidad deberá cubrirlo, mismo que se estipulará con exactitud en los contratos que se celebren, lo que evitaría reclamaciones innecesarias, pago de gastos financieros y la aplicación de sanciones a servidores públicos (artículos 55 y 47 fracción VII). 1719,1720,1721 Los aspectos propuestos que redundarían en la igualdad de condiciones para los proveedores nacionales en relación con los extranjeros, se encuentran contenidos en los supuestos siguientes: La previsión de que los procedimientos y contratos derivados de licitaciones públicas deban celebrarse en el territorio nacional, cuando las obras o servicios hayan de ser ejecutados o prestados dentro del país, circunstancia que permitiría a los contratistas nacionales abatir sus costos generados por el traslado a otro país para presentar sus propuestas (artículo 15, párrafo segundo). Como estrategia de fomento a la economía nacional se establece que en las licitaciones públicas de carácter internacional, sin detrimento de lo dispuesto en los tratados, la convocante podrá requerir la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de fabricación nacional, por un determinado porcentaje del valor de los trabajos (artículo 31, último párrafo). En la vertiente del desarrollo democrático que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, contempla para impulsar la modernización de la gestión pública, se proyectan en esta iniciativa, medidas de simplificación de procedimientos y adecuación consecuente de disposiciones que reduzcan costos e incrementen la oportunidad y transparencia de las operaciones. Hacia ese sentido están concebidas propuestas de transformación que incluyen la utilización de avances tecnológicos que permitan agilizar los procedimientos previstos por la ley, sobresaliendo los siguientes: La difusión de la información relativa a las diversas etapas que comprenden los procedimientos de licitación, mismas que se pondrían a disposición de cualquier interesado mediante una base de datos (artículo 29, último párrafo.) A tal efecto, se establece la obligación para las dependencias y entidades de remitir a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo dicha información, a través de medios magnéticos o remotos de comunicación electrónica (artículo 74, párrafo segundo). La posibilidad de que los licitantes puedan enviar sus propuestas a través de servicio postal o de mensajería o por medios remotos de comunicación electrónica (artículo 30, párrafo segundo), así como por esta última vía la presentación de inconformidades (artículo 83, párrafo segundo); en ambos casos, la firma autógrafa será sustituida por medios de identificación electrónica, mismos que producirán los efectos probatorios que las leyes otorgan a los documentos (artículos 30, párrafo tercero y 85). Para hacer viable esta propuesta, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, certificará los citados medios de identificación conforme a los lineamientos que al efecto emita (artículos 30, último párrafo y 85, último párrafo). En la misma vertiente de modernización se inscriben las medidas de simplificación siguientes: Tratándose de dependencias, sus titulares podrán delegar las facultades que les conferiría este ordenamiento a los titulares de sus órganos desconcentrados, previo acuerdo emitido conforme a las disposiciones legales aplicables (artículo 10, último párrafo). Se suprime el término genérico de invitación restringida y se prevé la invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa, como procedimientos de contratación independientes (artículo 29 fracciones II y III, incorporándose nuevos supuestos de excepción a la licitación pública (artículo 43 fracciones X y XI) y estableciéndose la posibilidad de que el titular del área responsable de la contratación de los trabajos adjudique directamente después de declararse desiertos dos procedimientos de invitación, sin necesidad de someterlo a dictamen del comité de obras públicas (artículo 44, último párrafo). La opción de que las convocantes, previo al acto de presentación y apertura de propuestas, efectúen el registro de participantes y revisiones preliminares de la documentación distinta a la que constituye las proposiciones (artículo 37, último párrafo). La precisión de las etapas del acto de presentación y apertura de proposiciones del procedimiento de licitación pública (artículo 38); así como la adición de otras estipulaciones que deberán contener los contratos (artículo 47). Se suprime la garantía de seriedad de las propuestas toda vez que en el régimen vigente se dejaba al arbitrio de las convocantes fijar las bases, forma y porcentajes en que dicha garantía debía constituirse, lo que propiciaba subjetividad e incertidumbre en el procedimiento licitatorio. En sustitución de dicha garantía, se previene la imposición de sanciones que consistirían en una multa, así como en una inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos, en el caso de que por causas imputables al licitante adjudicado, no formalice el contrato en el plazo respectivo (artículos 34 fracción XIX y 78 fracción I). Con el propósito de que los recursos del Estado se ejerzan con honestidad y la mayor transparencia posible, se incorporan nuevos supuestos y se precisan algunos de los ya existentes, en que las dependencias y entidades deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias que regula la ley (artículo 52). En este sentido, destaca el impedimento para contratar con aquellas personas que hayan sido inhabilitadas temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos. Igualmente no se podrá contratar con empresas que en un mismo procedimiento tengan un socio o asociado común (artículo 52 fracciones IV y VI). Está previsto por otro lado, en el régimen de los contratos de la materia, la posibilidad de celebrar convenios modificatorios y adicionales. Respecto a estos últimos, previa autorización del titular del área responsable de la contratación de los trabajos, las variaciones podrán exceder del 25% del monto o plazo originalmente pactados, siempre y cuando no se afecten las condiciones referidas a las características esenciales del objeto del contrato inicialmente celebrado (artículo 60). Para dar solución a la problemática generada en los casos en que las dependencias y entidades, por causas imputables a ellas, determinan la suspensión temporal de los trabajos, sin precisar en qué momento deberán reiniciarse, lo que produce incertidumbre entre los contratistas; se propone incorporar el señalamiento de que la suspensión temporal en todo o en parte de los trabajos contratados, no podrá prorrogarse ni ser indefinida, debiendo en todo caso los servidores públicos designados determinar la duración de ésta (artículo 61). Cabe mencionar que este proyecto supera a la ley vigente, si se toma en cuenta que el que se somete a su consideración, aclara los supuestos en que podrán darse por terminados anticipadamente los contratos (artículo 61) y adopta un procedimiento expreso para la rescisión administrativa en la materia, puesto que actualmente se aplica el procedimiento previsto para la imposición de sanciones, lo cual por la naturaleza misma de la rescisión es inadecuado (artículo 62). Como complemento de lo anterior, se obligaría a las dependencias y entidades para que una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa o de terminación anticipada de los contratos, éstas procedan a tomar inmediata posesión para hacerse cargo de los trabajos ejecutados y de las instalaciones respectivas, debiéndose levantar acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra (artículo 63, párrafo segundo). Por lo que toca a las sanciones, se establece que éstas se impondrán con arreglo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (artículo 79, último párrafo), haciéndose más severas como medida coercitiva que procure el estricto cumplimiento de la ley, ya que por una parte se eleva el monto máximo de las multas y por la otra, se indican los supuestos en que además podrá inhabilitarse a los contratistas (artículos 77 y 78). En concordancia con las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se suprime el recurso de revocación, precisándose que en contra de la resolución que dicte la Contraloría o los órganos internos de control en las dependencias y entidades en materia de inconformidades, se podrá interponer el recurso que para tal efecto se prevé en dicho ordenamiento, sin perjuicio de que se opte impugnarla ante las instancias jurisdiccionales competentes (artículo 88). Por otra parte, se hace expreso que la Contraloría, de oficio o a petición del inconforme, podrá suspender el proceso de adjudicación, señalándose que cuando la suspensión sea solicitada por el licitante, éste deberá garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar; además de que el tercero perjudicado podrá dar contrafianza con el propósito de que quede sin efectos la suspensión (artículo 86). Finalmente, se propone una instancia ante la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, que tendría lugar con motivo de una queja derivada por discrepancias en la aplicación de los términos estipulados en los contratos, para que en una audiencia de conciliación, se procure avenir los intereses de las partes, a fin de que a través de una amigable composición se llegue a un convenio cuyo cumplimiento sería obligatorio y podría ser demandado por la vía judicial correspondiente; lo anterior, sin perjuicio de que de no llegar a un acuerdo, quedarían a salvo los derechos de los promoventes para reclamarlos ante los tribunales federales (artículos 89 a 91). Por tal motivo y con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 constitucional, me permito someter a la consideración de ese honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, la siguiente INICIATIVA DE LEY
DE OBRAS TITULO PRIMERO De las disposiciones generales CAPITULO UNICO Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen: I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; II. Las secretarías de Estado, departamentos administrativos y la consejería jurídica del Ejecutivo Federal; III. La Procuraduría General de la República; IV. Los organismos descentralizados; V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal y VI. Las entidades federativas, con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, con la participación que en su caso, corresponda a los municipios interesados. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, las políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo. Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento. Los contratos que celebren las dependencias con las entidades o entre entidades y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo. No estarán sujetas a las disposiciones de esta ley, las obras que deban ejecutarse para crear la infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan concesionados, cuando éstos las lleven a cabo. Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo se realizarán conforme a lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley General de Deuda Pública y 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y estarán regidos por esta ley únicamente en lo que se refiere a los procedimientos de contratación y ejecución de obra pública. 1722,1723,1724 Artículo 2o. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: I. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; II. Contraloría: la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; III. Dependencias: las señaladas en las fracciones I a la III del artículo 1o.; IV. Entidades: las mencionadas en las fracciones IV y V del artículo 1o.; V. Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos; VI. Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas y VII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas. Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se consideran obras públicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras públicas los siguientes conceptos: I. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique modificación al propio inmueble; II. Los trabajos de exploración, geotécnia, localización y perforación que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos petroleros y gas que se encuentren en el subsuelo; III. Los proyectos integrales o llave en mano, que deberán comprender desde el diseño de la obra hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnología; IV. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de extracción de petróleo y gas; mejoramiento del suelo; subsuelo; desmontes; extracción y, aquellos similares, que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el subsuelo; V. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la explotación de recursos naturales; VI . Los trabajos de infraestructura agropecuaria; VII. La instalación, montaje, colocación o aplicación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por la convocante al contratista, o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten y VIII. Todos aquellos de naturaleza análoga. Artículo 4o. Para los efectos de esta ley, se consideran como servicios relacionados con las obras públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula esta ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras públicas los siguientes conceptos: I. La planeación, elaboración del anteproyecto y diseño de ingeniería básica y de detalle civil, industrial y electromecánico y de cualquier otra especialidad de la ingeniería; II. La planeación, elaboración del anteproyecto y diseños arquitectónicos y artísticos y de cualquier otra especialidad de la arquitectura; III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnia, geofísica, geotermia, oceanografía, meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; IV. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico-económica, ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones; V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y control de calidad; de laboratorio de geotécnia, de resistencia de materiales y radiografías industriales; de preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; VI. Los trabajos de organización, informática, cibernética y sistemas aplicados a las materias que regula esta ley; VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y revisiones técnico-normativas, aplicables a las materias que regula esta ley y VIII. Todos aquellos de naturaleza análoga. Artículo 5o. La aplicación de esta ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. Artículo 6o. Será responsabilidad de las dependencias y entidades mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que cuenten; las contrataciones respectivas se sujetarán a las disposiciones aplicables. Artículo 7o. El gasto para las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se sujetará, en su caso, a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y demás disposiciones aplicables. Artículo 8o. La Secretaría, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta ley para efectos administrativos. La contraloría dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Tales disposiciones se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 9o. Atendiendo a las disposiciones de esta ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas. Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Contraloría. Artículo 10. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta ley, se observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades. Las facultades conferidas por esta ley a los titulares de las dependencias podrán ser ejercidas por los titulares de sus órganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio. Artículo 11. En los casos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas financiados con créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su aval, los requisitos y demás disposiciones para su contratación serán establecidos por la Contraloría. Artículo 12. En lo no previsto por esta ley y demás disposiciones que de ella se deriven, serán aplicables supletoriamente el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Artículo 13. Cuando por las condiciones especiales de las obras públicas o de los servicios relacionados con las mismas se requiera la intervención de dos o más dependencias o entidades, cada una de ellas será responsable de la ejecución de la parte de los trabajos que le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeación y programación del conjunto. En los convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 1o., se establecerán los términos para la coordinación de las acciones entre las entidades federativas que correspondan y las dependencias y entidades. Artículo 14. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por el Poder Judicial de la Federación, en los términos de su Ley Orgánica, salvo aquellas que se susciten con motivo de las resoluciones definitivas que se dicten sobre la interpretación y cumplimiento de los contratos de obras públicas celebrados con dependencias, las cuales serán resueltas por el Tribunal Fiscal de la Federación, de conformidad con la competencia que le fija su Ley Orgánica. Sólo podrá convenirse compromiso arbitral, ya sea en cláusula compromisoria incluida en el contrato o en acuerdo independiente, respecto de aquellas controversias que determine la Contraloría mediante reglas de carácter general, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Lo previsto en los dos párrafos anteriores es sin perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea parte o de que en el ámbito administrativo la Contraloría conozca de las inconformidades que presenten los particulares en relación con los procedimientos de contratación, o bien, de las quejas que en audiencia de conciliación conozca sobre el incumplimiento de lo pactado en los contratos. Lo dispuesto por este artículo se aplicará a los organismos descentralizados sólo cuando sus leyes no regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver controversias. Los actos, acuerdos, cláusulas compromisorias, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente. Artículo 15. Los contratos celebrados en el extranjero respecto de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que deban ser ejecutados o prestados fuera del territorio nacional, se regirán por la legislación del lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo conducente lo dispuesto por esta ley. Cuando las obras y servicios hubieren de ser ejecutados o prestados en el país, tratándose exclusivamente de licitaciones públicas, su procedimiento y los contratos que deriven de ellas deberán realizarse dentro del territorio nacional. TITULO SEGUNDO De la planeación, programación CAPITULO UNICO Artículo 16. En la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas, las dependencias y entidades deberán ajustarse a: I. Los objetivos y prioridades del plan nacional de desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales y II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades respectivas. Artículo 17. Las dependencias y entidades según las características, complejidad y magnitud de los trabajos formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, así como sus respectivos presupuestos, considerando: I. Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, ecológica y social de los trabajos; II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; III. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, incluyendo, cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, así como las acciones para poner aquéllas en servicio; 1725,1726,1727 IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la obra pública; V. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de éstas, las normas internacionales; VI. Los resultados previsibles; VII. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de trabajos o interrupción de servicios públicos; VIII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación; IX. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de iniciación y terminación de los trabajos; X. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios; XI. La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los permisos de construcción necesarios; XII. La ejecución que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que se realicen por contrato y, en caso de realizarse por administración directa, los costos de los recursos necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos; XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo; XIV. Las instalaciones para que las personas con discapacidad puedan entrar y transitar por los inmuebles, las que, según la naturaleza de la obra, podrán consistir en rampas, puertas, elevadores, pasamanos, asideras y otras instalaciones análogas a las anteriores que coadyuven al cumplimiento de tales fines y XV. Las demás previsiones y características de los trabajos. Artículo 18. Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar con sustento en los estudios de impacto ambiental previstos por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras publicas. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia. Artículo 19. Las dependencias y entidades pondrán a disposición de los interesados y remitirán a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a más tardar el 31 de marzo de cada año, su programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. El citado programa será de carácter informativo, no implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate. Para efectos informativos, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial integrará y difundirá los programas anuales de obras públicas y servicios relacionados con la misma, para lo cual podrá requerir a las dependencias y entidades la información que sea necesaria respecto de las modificaciones a dichos programas. Artículo 20. En los procedimientos de contratación de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la utilización de bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la región, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. Artículo 21. Las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con las mismas, sea por contrato o por administración directa, así como los contratistas con quienes aquellas contraten, observarán las disposiciones que en materia de construcción rijan en el ámbito Federal, estatal y municipal. Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derecho de vía, expropiación de inmuebles, derechos de bancos de materiales y demás autorizaciones que se requieran. Las autoridades competentes deberán otorgar a las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con las mismas, las facilidades necesarias para su ejecución. Artículo 22. En las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, cuya ejecución rebase un ejercicio presupuestal, deberá determinarse tanto el presupuesto total, como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes, además de considerar los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, se deberán tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de costos y convenios que aseguren la continuidad de los trabajos. El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada ejercicio presupuestal subsecuente. La asignación presupuestal aprobada para cada contrato servirá de base para otorgar, en su caso, el porcentaje pactado por concepto de anticipo. Para los efectos de este artículo, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Artículo 23. Las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o contratar obras públicas y servicios relacionados con las mismas, solamente cuando cuenten con la autorización global o específica, por parte de la Secretaría, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán elaborarse los programas de ejecución y pagos correspondientes. En casos excepcionales y previa aprobación de la Secretaría, las dependencias y entidades podrán convocar sin contar con dicha autorización. Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien, con un avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una propuesta solvente y ejecutar ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusión. Artículo 24. A la conclusión de las obras públicas, las dependencias y, en su caso, las entidades, deberán remitir a la Contraloría los títulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con motivo de la construcción de las obras públicas, para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal y su inclusión en el catálogo e inventario de los bienes y recursos de la nación. Artículo 25. Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, previamente verificarán si en sus archivos o, en su caso, en los de la coordinadora del sector correspondiente, existen estudios o proyectos sobre la materia de que se trate. En el supuesto de que se advierta su existencia y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de la entidad o dependencia, no procederá la contratación. A fin de complementar lo anterior, las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector una descripción sucinta del objeto de los contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos. Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán celebrar cuando las áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el titular del área responsable de los trabajos. Artículo 26. No quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras públicas, los que tengan como fin la contratación y ejecución de la obra de que se trate por cuenta y orden de las dependencias o entidades, por lo que no podrán celebrarse contratos de servicios para tal objeto. Artículo 27. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, atendiendo a la cantidad de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen, podrán establecer comités de obras públicas, los cuales tendrán como mínimo las siguientes funciones: I. Revisar los programas y presupuestos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como formular las observaciones y recomendaciones convenientes; II. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como autorizar los supuestos no previstos en éstos, debiendo informar al titular de la dependencia o al órgano de gobierno en el caso de las entidades; III. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 43 de esta ley; IV. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de obras públicas, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos; V. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, conforme a las bases que expida la Contraloría y VI. Coadyuvar al cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables. Artículo 28. Las dependencias y entidades podrán realizar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas por alguna de las dos formas siguientes: I. Por contrato o II. Por administración directa. TITULO TERCERO De los procedimientos de contratación CAPITULO I Generalidades Artículo 29. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios relacionados con las mismas, mediante los procedimientos de contratación que a continuación se señalan: I. Licitación pública; II. Invitación a cuando menos tres personas o III. Adjudicación directa. En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías; debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, tomando en cuenta la opinión de la Contraloría, determinará el carácter de los procedimientos de contratación y los criterios para determinar el contenido nacional de los trabajos a contratar, en razón de las reservas, medidas de transición u otros supuestos establecidos en los tratados. La Contraloría pondrá a disposición de cualquier interesado, a través de la base de datos electrónica que establezca, la información correspondiente a las convocatorias y bases de las licitaciones, así como sus modificaciones; en su caso, las actas de las juntas de aclaraciones y los fallos que recaigan a dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas. Artículo 30. Los contratos de obras públicas y los de servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente ley. El sobre a que hace referencia este artículo podrá entregarse, a elección del licitante, en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones o bien, si así lo establece la convocante, enviarlo a través del servicio postal o de mensajería o por medios remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que establezca la Contraloría. 1728,1729,1730 Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. La Contraloría se encargará de la certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía. CAPITULO II De la licitación pública Artículo 31. Las licitaciones públicas podrán ser: I. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana o II. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjera. Solamente se deberán llevar a cabo licitaciones internacionales en los siguientes casos: a) Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados; b) Cuando, previa investigación que realice la dependencia o entidad convocante los contratistas nacionales no cuenten con la capacidad para la ejecución de los trabajos o sea conveniente en términos de precio; c) Cuando habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presenten propuestas y d) Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su aval. Podrá negarse la participación a extranjeros en licitaciones internacionales, cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese país no conceda un trato recíproco a los licitantes, contratistas, bienes o servicios mexicanos. En las licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, de fabricación nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la convocante. Artículo 32. Las convocatorias podrán referirse a una o más obras públicas o servicios relacionados con las mismas y contendrán: I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; II. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal, la experiencia y capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos; III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen un costo, éste será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de la reproducción de los documentos que se entreguen; los interesados podrán revisarlas previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la licitación; IV. La fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la visita al sitio de realización de los trabajos; V. La indicación de si la licitación es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras del sector público de algún tratado y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones; VI. La indicación que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas; VII. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos, así como, en su caso, la indicación de que podrán subcontratarse partes de los mismos; VIII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos; IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían y X. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos. Artículo 33. Las convocatorias se publicarán, según el lugar en que hayan de ser ejecutados los trabajos, de la siguiente manera: I. Si es en el Distrito Federal, en el Diario Oficial de la Federación; II. Si es en alguna entidad federativa, en el Diario Oficial de la Federación y a la vez, en un diario de circulación local o regional y III. Si es en dos o más entidades federativas, en el Diario Oficial de la Federación y a la vez, en un diario de circulación nacional. Artículo 34. Las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados a partir del día en que se publique la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este periodo y contendrán en lo aplicable como mínimo, lo siguiente: I. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el licitante; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de la presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato; III. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes; IV. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones; V. Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En los casos en que se permita hacer la cotización en moneda extranjera se deberá establecer que el pago que se realice en el territorio nacional se hará en moneda nacional y al tipo de cambio vigente en la fecha que se haga dicho pago; VI. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas; VII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos de que en la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes, excepto cuando se trate de servicios relacionados con las obras públicas, en los que se demuestre la conveniencia de aplicar dichos mecanismos para evaluar objetivamente la solvencia de las propuestas, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría; VIII. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería, que se requieran para preparar la proposición; normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción aplicables, en el caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el responsable del proyecto. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto esperado y la forma de presentación; IX. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la convocante; X. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serían utilizados en la ejecución de los trabajos; XI. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos; XII. Datos sobre las garantías, porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan; XIII. Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, la que deberá llevarse a cabo dentro del periodo comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones; XIV. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; XV. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos; XVI. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes; XVII. Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte correspondiente, las condiciones de pago; XVII. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, así como el catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición, debe ser firmado por el responsable del proyecto y la relación de conceptos de trabajo más significativos, de los cuales deberán presentar análisis y relación de los costos básicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en dichos análisis. En todos los casos se deberá prever que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y soportado, preferentemente, en las especificaciones de construcción y normas de calidad solicitadas, procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto; XIX. La indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del artículo 78 de esta ley; XX. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de mensajería o por medios remotos de comunicación electrónica y XXI. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, deberán cumplir los interesados, los que no deberán limitar la libre participación de éstos. Artículo 35. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones internacionales no podrá ser inferior a 20 días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos, de 15 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan razones de urgencia justificadas, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, las dependencias y entidades podrán reducir los plazos a no menos de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. Artículo 36. Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que: I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación y 1731,1732,1733 II. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que los interesados concurran ante la propia dependencia o entidad para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas. No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que a más tardar en el plazo señalado en este artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación. Las modificaciones de que trata este artículo, en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente o bien, en la adición de otros distintos. Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. Artículo 37. La entrega de proposiciones se hará en dos sobres cerrados que contendrán, por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica. La documentación distinta a las propuestas podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la técnica. Diversas empresas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las licitaciones sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada empresa se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de empresas. Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, las convocantes podrán efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la propuesta técnica y económica. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su documentación y proposiciones durante el propio acto. Artículo 38. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente: I. En la primera etapa, una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados; se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos; II. Por lo menos un licitante y dos servidores públicos de la dependencia o entidad presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente haya determinado la convocante en las bases de licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquéllos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la propia convocante, quien de estimarlo necesario podrá señalar nueva fecha, lugar y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas; III. Se levantara acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos; IV. La convocante procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas; V. En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dará lectura al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante y dos servidores públicos presentes rubricarán el catálogo de conceptos, en el que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitación. Se señalarán lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los 40 días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo y VI. Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. Artículo 39. Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación; que el programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado, con los recursos considerados por el licitante y que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean las requeridas por la convocante; así como, en su caso, que la integración de los precios unitarios haya sido debidamente analizada y calculada por el licitante. No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por las convocantes que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo. La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas. Artículo 40. En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. En sustitución de esa junta, las dependencias y entidades podrán optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión. En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, las dependencias y entidades proporcionarán por escrito a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los licitantes podrán inconformarse en los términos del artículo 83 de esta ley. Artículo 41. Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación, o sus precios no fueren aceptables y expedirán una segunda convocatoria. Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. CAPITULO III De las excepciones a la licitación pública Artículo 42. En los supuestos que prevé el artículo 43, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. La selección que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación para el ejercicio de la opción, deberá constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos. En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del artículo 43 fracción IV, de esta ley. Artículo 43. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos; II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales; III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados; IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada, sean necesarios para garantizar la seguridad interior de la nación o comprometan información de naturaleza confidencial para el Gobierno Federal; V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al 10%; VII. Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas; VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución; IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana marginada y que la dependencia o entidad contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o morales; X. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona física, siempre que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico o 1734,1735,1736 XI. Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago, en los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. Artículo 44. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda de los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo. Cuando diversas áreas de las dependencias o entidades sean las que por sí mismas realicen las contrataciones, los montos a que se refiere este artículo se calcularán de acuerdo con el presupuesto que a cada una de ellas le corresponda ejercer. La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del 20% del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar, obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestal. En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, de manera indelegable y bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado para las operaciones previstas en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan sido declarados desiertos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato. Artículo 45. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente: I. El acto, presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, para lo cual la apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno de control en la dependencia o entidad; II. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente; III. En las bases se indicarán, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, aquellos aspectos que correspondan al artículo 34 de esta ley; IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos; V. El carácter nacional o internacional en los términos del artículo 31 de esta ley y VI. A las demás disposiciones de esta ley que resulten aplicables. TITULO CUARTO De los contratos CAPITULO I De la contratación Artículo 46. Para los efectos de esta ley, los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas podrán ser de tres tipos: I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado; II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades principales y III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado. Las dependencias y entidades podrán incorporar en las bases de licitación las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, siempre que con ello no desvirtúen el tipo de contrato que se haya licitado. Los trabajos cuya ejecución comprendan más de un ejercicio presupuestal deberán formularse en un solo contrato, por la vigencia que resulte necesaria para ejecución de los trabajos, quedando únicamente sujetos a la autorización presupuestal para cada ejercicio, en los términos del artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Artículo 47. Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, como mínimo, lo siguiente: I. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos; II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; III. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos mixtos, la parte y su monto que será sobre la base de precios unitarios y la que corresponda a precio alzado; IV. El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha de inicio y conclusión de los mismos, así como los plazos para verificar la terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito referido en el artículo 65 de esta ley, los cuales deben ser establecidos de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos; V. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen; VI. Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del contrato; VII. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando corresponda, de los ajustes de costos; VIII. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. Las dependencias y entidades deberán fijar los términos, forma y porcentajes para aplicar las penas convencionales; IX. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, para lo cual se utilizará el procedimiento establecido en el artículo 56 de este ordenamiento; X. Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las bases de la licitación por la dependencia o entidad, el cual deberá regir durante la vigencia del contrato; XI. Causales y procedimiento mediante los cuales la dependencia o entidad podrá dar por rescindido el contrato en los términos del artículo 62 de esta ley; XII. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos; tratándose de servicios, los términos de referencia y XIII. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliación. Para los efectos de esta ley, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Artículo 48. La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o entidad y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo dentro de los 30 días naturales siguientes al de la notificación del fallo. Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 39 de esta ley y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate. El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en la dependencia o entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la dependencia o entidad señale específicamente en las bases de la licitación, las partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la dependencia o entidad. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate. Artículo 49. Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta ley deberán garantizar: I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Las garantías deberán constituirse por la totalidad del monto de los anticipos y II. El cumplimiento de los contratos. Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las entidades fijarán las bases, la forma y el porcentaje a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse. En los casos señalados en los artículos 43 fracciones IX y X y 44 de esta ley, el servidor público que deba firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía del cumplimiento. Las garantías previstas en este artículo deberán presentarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que el licitante ganador reciba copia del fallo de adjudicación; y el o los anticipos correspondientes se entregarán, a más tardar dentro de 10 días naturales siguientes a la presentación de la garantía. Artículo 50. Las garantías que deban otorgarse conforme a esta ley se constituirán en favor de: I. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias; II. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas y III. Las tesorerías de los estados y municipios, en los casos de los contratos celebrados al amparo de la fracción VI del artículo 1o. de esta ley. Artículo 51. El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo siguiente: I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 49, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente; 1737,1738,1739 II. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un 30% de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio; en el supuesto de que la entidad decida otorgarlo, deberá ajustarse a lo previsto en este artículo; III. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta; IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de la persona en quien éste haya delegado tal facultad; V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal, se inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate. En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato y VI. No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 60, salvo para aquellos que alude el último párrafo del mismo ni para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate. Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato. El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme a lo indicado el párrafo primero del artículo 56 de esta ley. Artículo 52. Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley, con las personas siguientes: I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier forma en la adjudicación del contrato tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte; II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Contraloría conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario contado a partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante durante dos años calendario contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato; IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloría, en los términos del Título Séptimo de este ordenamiento y Título Sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; V. Aquéllas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a concurso de acreedores; VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común; VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, el proyecto; trabajos de dirección, coordinación, supervisión y control de obra e instalaciones; laboratorio de análisis y control de calidad, geotecnia suelos y de resistencia de materiales; radiografías industriales; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos o la elaboración de cualquier otro documento vinculado con el procedimiento, en que se encuentran interesadas en participar; VIII. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes y IX. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. CAPITULO II De la ejecución Artículo 53. La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo y la dependencia o entidad contratante oportunamente pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de la dependencia o entidad prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. Artículo 54. Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la dependencia o entidad, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. Artículo 55. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 15 días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate. Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar los trabajos y los plazos para su pago deberán establecerse en las bases de licitación y en el contrato correspondiente. Artículo 56. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del contratista. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente. Artículo 57. Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes. El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito. No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. Artículo 58. El ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos: I. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; II. La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del contrato y III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. Artículo 59. La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el artículo anterior se sujetará a lo siguiente: I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones; II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor, con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista y la dependencia o entidad no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México; III. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta y 1740,1741,1742 IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría. Artículo 60. Las dependencias y entidades podrán, dentro su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado en el contrato ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley o los tratados. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las condiciones. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del titular del área responsable de la contratación de los trabajos. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta ley o de los tratados. Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser modificados en monto o en plazo ni estarán sujetos a ajustes de costos; sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción de los costos de los trabajos no ejecutados conforme al programa originalmente pactado y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o requerir reducciones, conforme a los lineamientos que expida la Contraloría. Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la celebración oportuna de los convenios será responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate. De las autorizaciones a que se refiere este artículo, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos informará al órgano interno de control en la dependencia o entidad que se trate. Al efecto, a más tardar el último día hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago. No será aplicable el porcentaje que se establece en el primer párrafo de este artículo, cuando se trate de contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de los inmuebles a que hace mención el artículo 5o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, en los que no sea posible determinar el catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las especificaciones correspondientes o el programa de ejecución. Artículo 61. Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se evitaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este artículo. Artículo 62. Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 15 días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer y III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada y motivada y se comunicará al contratista. Artículo 63. En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos deberá observarse lo siguiente: I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a la dependencia o entidad, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate; II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinación respectiva, la dependencia o entidad procederá a hacer efectivas las garantías en la parte proporcional de los trabajos pendientes por ejecutar y precautoriamente, desde su inicio, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; III. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate y IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el contratista podrá no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a la dependencia o entidad, quien determinará lo conducente dentro de los 15 días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si la dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del contratista. Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de notario público. El contratista estará obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de 10 días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. Artículo 64. De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo anterior, las dependencias y entidades comunicarán la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato al contratista; posteriormente, lo harán del conocimiento de su órgano interno de control, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior. Artículo 65. El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la dependencia o entidad contará con un plazo de 15 días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito o bien, el contratista no acuda con la dependencia o entidad para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de 10 días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de 15 días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondrá a disposición del contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. Artículo 66. Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del monto total ejercido de los trabajos o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto en fideicomisos, especialmente constituidos para ello. Los recursos aportados en fideicomiso, deberán invertirse en instrumentos de renta fija. Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos 12 meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea al caso. Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este artículo. En los casos señalados en los artículos 43 fracciones IX y X, y 44 de esta ley, el servidor público que haya firmado el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía a que se refiere este artículo. Artículo 67. El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la dependencia o entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista. Artículo 68. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o entidades vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su realización, el inmueble en condiciones de operación, los planos congruentes a la construcción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. 1743,1744,1745 Artículo 69. Las dependencias y entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra pública concluida, estarán obligadas, por conducto del área responsable de su operación, a mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento. Los órganos internos de control vigilarán que su uso, operación y mantenimiento se realice conforme a los objetivos y acciones para las que fueron originalmente diseñadas. TITULO QUINTO De la administración directa CAPITULO UNICO Artículo 70. Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 23, las dependencias y entidades podrán realizar trabajos por administración directa, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria y equipo de construcción y personal técnico, según el caso, que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos y podrán: I. Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente deberá llevarse a cabo por obra determinada; II. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario; III. Utilizar preferentemente los materiales de la región y IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran. En la ejecución de los trabajos por administración directa, bajo ninguna circunstancia podrán participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza jurídica o modalidades que éstos adopten. Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados, materiales u otros bienes que deban ser instalados, montados, colocados o aplicados, su adquisición se regirá por las disposiciones correspondientes a tal materia. Artículo 71. Previamente a la realización de cada obra pública o servicio relacionado con la misma por administración directa, el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos emitirá el acuerdo respectivo, del cual formarán parte, entre otros aspectos, la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, los proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución y suministro y el presupuesto correspondiente. Los órganos internos de control en las dependencias y entidades, previamente a la ejecución de los trabajos por administración directa, verificarán que se cuente con el presupuesto correspondiente y los programas de ejecución, de utilización de recursos humanos y, en su caso, de utilización de maquinaria y equipo de construcción. Artículo 72. La ejecución de los trabajos estará a cargo de la dependencia o entidad a través de la residencia de obra; una vez concluidos los trabajos por administración directa, deberá entregarse al área responsable de su operación o mantenimiento. Artículo 73. La dependencia o entidad deberá prever y proveer todos los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios para que la ejecución de los trabajos se realice de conformidad con lo previsto en los proyectos, planos y especificaciones técnicas; los programas de ejecución y suministro y los procedimientos para llevarlos a cabo. En la ejecución de los trabajos por administración directa serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones de esta ley. TITULO SEXTO De la información y verificación CAPITULO UNICO Artículo 74. La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la Contraloría, a la Secretaría y a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la información relativa a los actos y contratos materia de esta ley, serán establecidos por dichas secretarías, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. La información a que se refiere el último párrafo del artículo 29 de esta ley, deberá remitirse por las dependencias y entidades a la Contraloría, a través de medios magnéticos o remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto establezca la propia Contraloría. Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables. Artículo 75. La Contraloría, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en esta ley o en otras disposiciones aplicables. Si la Contraloría determina la nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables a la convocante, la dependencia o entidad reembolsará a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente. La Contraloría podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con las mismas e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellos todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate. Artículo 76. La Contraloría podrá verificar la calidad de los trabajos a través de los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con las personas que determine, en los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y que podrán ser aquéllos con los que cuente la dependencia o entidad de que se trate. El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quién haya hecho la comprobación, así como por el contratista y el representante de la dependencia o entidad respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma del contratista no invalidará dicho dictamen. TITULO SEPTIMO De las infracciones y sanciones CAPITULO UNICO Artículo 77. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta ley, serán sancionados por la Contraloría con multa equivalente a la cantidad de 50 hasta 1 mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. Artículo 78. La Contraloría, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta ley, al licitante o contratista que se encuentre en alguno de los supuestos siguientes: I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante; II. Los contratistas que se encuentren en la fracción III del artículo 52 de este ordenamiento, respecto de dos o más dependencias o entidades; III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate y IV. Los licitantes o contratistas que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad. La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Contraloría la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación. Las dependencias y entidades, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta ley, remitirán a la Contraloría la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción. Artículo 79. La Contraloría impondrá las sanciones considerando: I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse; II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; III. La gravedad de la infracción y IV. Las condiciones del infractor. La Contraloría impondrá las sanciones administrativas de que trata este título, con base en las disposiciones relativas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Artículo 80. La Contraloría aplicará las sanciones que procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento. Artículo 81. Las responsabilidades a que se refiere la presente ley serán independientes de las de orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. Artículo 82. No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas. TITULO OCTAVO De las inconformidades y del CAPITULO I De las inconformidades Artículo 83. Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Contraloría por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de esta ley. La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica, dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquél en que ocurra el acto o el inconforme tenga conocimiento de éste. Transcurrido el plazo establecido en este artículo, precluye para los interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloría pueda actuar en cualquier tiempo en términos de ley. Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten a la Contraloría las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de contratación, a fin de que las mismas se corrijan. La falta de acreditamiento de la personalidad del promovente será causa de desechamiento. Artículo 84. En la inconformidad que se presente en los términos a que se refiere este capítulo, el promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten, relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación que sustente su petición. La falta de protesta indicada será causa de desechamiento de la inconformidad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta ley y a las demás que resulten aplicables. Artículo 85. En las inconformidades que se presenten a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa. Dichas inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para efectos de la transmisión expida la Contraloría, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identificación y documentos correspondientes. La Contraloría certificará las sujeción a tales disposiciones. 1746,1747,1748 Artículo 86. La Contraloría podrá de oficio o en atención a las inconformidades a que se refiere el artículo 83 del presente capítulo, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de cualquier procedimiento de contratación se ajustan a las disposiciones de esta ley, dentro de un plazo que no excederá de 45 días naturales contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, deberá emitir la resolución correspondiente dentro de los 30 días hábiles siguientes. La Contraloría podrá requerir información a las dependencias o entidades correspondientes, quienes deberán remitirla dentro de los 10 días naturales siguientes a la recepción del requerimiento respectivo. Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, la Contraloría deberá hacerlo del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término a que alude el párrafo anterior manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga manifestación alguna, se tendrá por precluido su derecho. Durante la investigación de los hechos a que se refiere este artículo, la Contraloría podrá suspender el procedimiento de contratación, cuando: I. Se advierta que existen o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta ley o a las que de ella deriven o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudiera producirse daños o perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate y II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de orden público. La dependencia o entidad deberá informar dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la suspensión, aportando la justificación del caso, si con la misma no se causa perjuicio al interés social o bien, se contravienen disposiciones de orden público, para que la Contraloría resuelva lo que proceda. Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije la Contraloría, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión. Artículo 87. La resolución que emita la Contraloría tendrá por consecuencia: I. La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las directrices necesarias para que el mismo se reponga conforme a esta ley; II. La nulidad total del procedimiento o III. La declaración relativa a lo infundado de la inconformidad. Artículo 88. En contra de la resolución de inconformidad que dicte la Contraloría, se podrá interponer el recurso que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o bien, impugnarla ante las instancias jurisdiccionales competentes. CAPITULO II Del procedimiento de conciliación Artículo 89. Los particulares podrán presentar quejas ante la Contraloría, con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados con las dependencias y entidades. Una vez recibida la queja respectiva, la Contraloría señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la queja. La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del contratista traerá como consecuencia el tenerlo por desistido de su queja. Artículo 90. En la audiencia de conciliación, la Contraloría tomando en cuenta los hechos manifestados en la queja y los argumentos que hiciere valer la dependencia o entidad respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado. En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, la Contraloría señalará los días y horas para que tengan verificativo. El procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de 60 días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión. De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada, en la que consten los resultados de las actuaciones. Artículo 91. En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los tribunales federales. ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. La presente ley entrará en vigor a los 60 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se abroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. Tercero. Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente ley, en tanto se expiden las que deban sustituirlas. Cuarto. Los procedimientos de contratación; de aplicación de sanciones y de inconformidades, así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendiente de resolución se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron. Los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas que se encuentren vigentes al entrar en vigor esta ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento en que se celebraron. Las rescisiones administrativas que por causas imputables al contratista se hayan determinado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, se continuarán considerando para los efectos de los artículos 52 fracción III y 78 fracción II, de esta ley. Reitero a ustedes, señores secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Palacio Nacional, a los cuatro días del mes de noviembre de 1998.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.» La Presidenta: Recibo y túrnese a las comisiones unidas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Programación y Presupuesto y Cuenta Pública y de Comercio, la Ley de Adquisiciones. En relación a la Ley de Obra Pública, recibo y túrnese a las comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, con opinión de la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública,
El siguiente punto del orden del día es el debate pactado sobre las elecciones en el Estado de Puebla. Para fijar las posiciones se han inscrito: por el Partido Acción Nacional, la diputada María del Carmen Díaz Amador; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Adolfo González Zamora y por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Omar Alvarez Arronte. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Díaz Amador, hasta por 10 minutos. Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: Según el teorema de Goebels, una mentira para que se convierta en verdad, debe tener dos condiciones: primera, la mentira tiene que ser muy grande y segunda, debe ser repetida muchísimas veces. En Puebla, el discurso del Gobierno del Estado posee una dosis muy grande de argumentos tales como: desarrollo económico, paz, desarrollo social, equidad, democracia, progreso e igualdad. Sin embargo, si nos remitimos a las cifras y a los datos duros, en Puebla durante los últimos años se ha dado una tendencia ascendente en las movilizaciones masivas y las acciones de fuerza. Según los datos del Instituto de Investigaciones Sociales del consejo coordinador empresarial local, desde fines de 1997, han ocurrido 192 protestas sociales masivas, lo que habla del grado de inconformidad social que hay en la entidad. Pero si éste es un indicador duro del estado en que se encuentra la sociedad poblana, no podemos dejar de tener en cuenta que frente a la movilización se han dado en la entidad 164 acciones de fuerza en las que, de una u otra forma, se ha hecho uso de armas y de violencia. Estas acciones de fuerza, en su mayoría, han sido protagonizadas por el gobierno del Estado. En este escenario transcurren las elecciones locales. ¿Se puede hablar de transición política en el Estado de Puebla? ¿Hay condiciones para que los ciudadanos ejerzan el voto libre y secreto? ¿Hay condiciones para que los partidos lleven a cabo una competencia electoral equitativa? En uno de los estados con mayor índice de pobreza en la República, la precampaña del Partido Revolucionario Institucional hizo una vez más gala de derroche de recursos. El día de ayer el candidato del PRI a gobernador declara que el costo de su campaña ha sido de aproximadamente 15 millones de pesos. Sin embargo, los candidatos del PAN y del PRD calculan unos 200 millones. ¿Cuántos millones de pesos se gastaron los tres precandidatos en su precampaña? Si dicen que éste es un proceso abierto, ¿no tendría que serlo en sus dimensiones, inclusive la financiera? ¿Quién fiscaliza y sanciona este derroche? Y una pregunta fundamental, ¿de dónde provienen estos recursos? Y esto es sólo la precampaña. En lo que respecta a los órganos electorales, resulta sorprendente el que la reforma política de 1978 y la más reciente de 1994 aún no ha llegado a Puebla. La Comisión Estatal Electoral es una institución dependiente de la Secretaría de Finanzas del Estado y con funciones limitadas y aunque sus integrantes llevan el apellido de ciudadanos, la operación de los procesos electorales, su puesta en marcha real, está en manos de personajes que han sido impugnados desde 1995 por los partidos de oposición y que tienen relaciones de compadrazgo con miembros prominentes del partido oficial. Los consejeros ciudadanos no controlan los procesos electorales. En Puebla, hasta hace unos pocos días, no existían campañas de promoción del voto. No va a haber programas de resultados electorales preliminares, hay irregularidades en el nombramiento y capacitación de funcionarios de casilla, por ejemplo en Chautla, en Xicotepec y en San Martín. El tribunal electoral no tiene carácter permanente. En el Estado, como en los viejos tiempos, la autoridad se mantiene más por el terror y la amenaza que por una legitimidad construida. El terror y la amenaza son los mecanismos de control de la radio, la televisión y la prensa locales. Hay una censura informal a la opinión pública y hay una censura formal a aquellas comunidades de tendencia opositora, a través de su exclusión en programas, como es el manejo de becas del Progresa y la entrega de recursos del Procampo. Un ejemplo de esto son los municipios de Xolalpan y Zoltepec, como también Aguazotepec. Hay testigos de que en la ciudad de Puebla, con recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se hace uso de brigadistas de salud, quienes en lugar de dedicarse a la labor de abatir la morbilidad en la ciudad, funcionan como promotores de campaña para el partido oficial. Las despensas del DIF también van dirigidas a inducir el voto por el PRI, como es el caso de Santa Isabel Cholula. Los programas de justicia social evidentemente tienen un rostro electoral. En los municipios más pobres donde se instauran mecanismos que inhiben la expresión libre del voto. Los instrumentos son los presidentes municipales. Por ejemplo, en el municipio de Aguazotepec, en el que la convocatoria al mitin para el candidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional es firmada por el presidente municipal. 1749,1750,1751 En Cuetzalán, donde el municipio reparte la propaganda del candidato del PRI a la gubernatura. La alternativa es muy clara. O los titulares de los municipios se alinean al partido oficial o corren el peligro de ser sometidos a auditorías gubernamentales por el Congreso local donde este partido conserva la mayoría. La violencia física forma parte de la inhibición del voto en la entidad. En los municipios de Guadalupe Victoria y Quimixtlán, miembros del Partido Acción Nacional en campaña fueron agredidos físicamente. En Guadalupe Victoria, militantes del partido oficial amenazaron a miembros del Partido Acción Nacional y en Quimixtlán, en la comunidad de El Triunfo, el pasado 17 de octubre fue agredido un grupo de panistas y fueron una vez más amenazados con armas de fuego. La muestra más reciente de la agresión son los palos y piedras, que el pasado martes 27 de octubre fueron dirigidos a integrantes del equipo de campaña del PAN, en la colonia Bosques de san Sebastián de la ciudad de Puebla. Lo anterior es una muestra muy clara de que en Puebla no hay lugar para la disidencia ni para la pluralidad política, aun en el caso de que la oposición gane el gobierno de la capital y otros 30 municipios del Estado a través de los votos, como sucedió en 1995. De 1995 a la fecha el gobierno de la ciudad de Puebla fue impedido para contar con los mecanismos necesarios para gobernar. De noviembre a diciembre de 1995, dos meses antes de la toma de posesión del gobierno municipal, la mayoría del PRI en el Congreso por instrucciones del Ejecutivo estatal aprobó una serie de decretos que le impiden al actual presidente municipal dictar las políticas adecuadas para la prestación de servicios públicos que la ciudadanía requiere, tales como decidir sobre el manejo del agua de la ciudad, la contratación de créditos. Tampoco cuenta con la policía, tránsito, bomberos etcétera. En Puebla, el voto opositor puede ganar el gobierno. Sin embargo, esto no equivale a poder gobernar. La fuerza de los ciudadanos en Puebla se muta, se transforma por la alquimia del autoritarismo y la intolerancia en mera representación política. Elías Canetti, en su libro Masa y Poder, afirma "que para el ciudadano cruzar una boleta electoral implica un acto de ética y de racionalidad. El voto, votar, es dejar a un lado la opción de las armas. Por ello el respeto al voto es sagrado, es una condición para la construcción de la política". Puebla, junto con Tamaulipas y Tabasco, son estados que dan una muestra fehaciente de que la transición política en México no sólo no es lineal, sino que también implica retrocesos y estos retrocesos le abren la puerta a la violencia. Señores diputados: ¡es nuestro deber impedirlo! Muchas gracias.
Para el mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Adolfo González Zamora, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.
Con su venia, señor Presidente: Compañeros diputados: lo que está pasando en Puebla va a definir lo que está pasando en este país. Señor Presidente: Pido que el coro fácil se controle.
Le pedimos a los señores diputados guarden el orden para el orador. Sé perfectamente bien que hay dos tipos de diputados: el diputado que defiende a la nación y el diputado que defiende a su año. Nosotros, los que defendemos a la nación, estamos preocupados porque en Puebla se puede dar la regresión autoritaria. En Puebla pueden regresar acciones fascistas que interrumpan el progreso democrático de este país. ¿Qué pasa en Puebla señores diputados? Y aquí viene una reflexión que todos tenemos que hacer. Recuerden los compañeros diputados, la reflexión es muy importante. ¿Dejamos que un gobernante haga de este país lo que él quiera o son los electores o es el ciudadano el que tiene que dirigir los destinos de este país? Esa es la disyuntiva, compañeros diputados... Quince a cero. Hoy quiere Manuel Bartlett Díaz 217 a cero, apoyado en el sindicato de caciques que hay en Puebla, la Puebla de Maximino Avila Camacho, la Puebla de Jenquis, la Puebla de Gonzalo Bautista, la Puebla de Nava Castillo y la Puebla de Bartlett Díaz, una Puebla antidemocrática, que persigue al movimiento social, que mete a la cárcel a los luchadores sociales. ¡Esa es la Puebla que quieren sus diputados! Y nosotros lo vamos a impedir, compañeros, porque la historia está a favor nuestro. ¿Qué está pasando hoy día? ¿Qué está sucediendo en Puebla hoy día? El gobernador Manuel Bartlett Díaz está utilizando como trampolín para ser precandidato a la Presidencia de la República de este país, a Puebla, y eso no se vale y eso es un atropello contra su propio partido, es un atropello contra la disciplina del propio PRI, eso es una actitud que lleva a desintegrar la gobernabilidad en este país. Bartlett está en actitud ofensiva, con un disfraz falso, se llama juarista y él es porfirista, se llama progresista y él es estafador del capital alemán, ése es Manuel Bartlett Díaz y eso nadie lo puede negar. Bartlett Díaz responde a los intereses más reaccionarios de la extrema derecha que se encuentra ahí, hasta por lugar se encuentra en extrema derecha.
Permítame el orador. Vamos a pedir a los diputados que guardemos orden mientras el orador termina su intervención. Micrófono para el diputado Celso Fuentes.
Señor Presidente, para que le pregunte al diputado orador si me permite hacerle una pregunta.
¿Acepta una pregunta del señor diputado?
Como no, Celso.
Adelante, señor diputado.
Muchas gracias; señor Presidente: Nos conocemos desde hace rato y sé de tu congruencia ideológica, tú hablaste ahorita de la extrema derecha. Mi pregunta es: ¿por qué el PRD tiene como candidato a gobernador y candidato a presidente municipal a dos prominentes miembros de la extrema derecha?
Los que conocen la historia de Puebla saben que el jefe de la extrema derecha de ese Estado se llama Gonzalo Bautista O'Farrill, él es el jefe de esas fuerzas reaccionarias y si no los más de 50 muertos que se dieron en el año de 1972 y 1973 que lo señalen desde su lugar, Joel Arriaga y Enrique Cabrera; ¡ése es el jefe! ¡Y Gonzalo Bautista es miembro del PRI, es jefe de campaña de Mario Marín Torres!
Contesta la pregunta.
Ya contesté que el jefe de la ultraderecha poblana se llama Gonzalo Bautista O'Farrill.
Señores diputados... Permítanme tantito.
Repito, señores del PRI que están ubicados a la extrema derecha, el jefe de la ultraderecha poblana se llama Gonzalo Bautista O'Farrill y pertenece a su partido. Repito, Gonzalo Bautista es el jefe de la ultraderecha poblana.
Diputado ¿Ya concluyó la respuesta?
¡Lo vuelvo a repetir y Montoto y Chedraui, son miembros de la ultraderecha poblana!
Orador, permítame. ¡Permítame el orador!
¡Y el jefe empresarial más poderoso de Puebla se llama Manuel Espinosa Iglesias y es de su partido, el de ustedes!
Permítame el orador. Diputado: ¿ya respondió la pregunta el señor diputado?
La diputada Enoé me está ofendiendo, yo invitaría a la diputada Enoé que para rectificar hechos tome la palabra.
Continúe el orador con su tiempo y le pedimos a los diputados guardar el orden debido al orador.
Es muy fácil venir aquí a gritar compañeros, no es la conducta de un diputado, el diputado tiene aquí que hacer leyes y debatir ideas y mi idea es que el gobernante de Puebla, está utilizando todo el aparato estatal, no para hacer el bien para los poblanos, sino para sus intereses particulares, para ser candidato a la presidencia de la República por su partido y eso no se vale, eso no se vale, aunque le aplaudan los 15 diputados del PRI que ganaron de manera muy oscura además, que ganaron de manera altamente tramposa las elecciones y que se ríen con nerviosismo, se ríen porque todos tienen una línea genealógica que es, sus jefes son caciques, porque en Puebla el caciquismo no ha desaparecido. En el norte de Puebla los caciques han recibido una orden por parte del gobierno estatal: acaben a la oposición y en Huehuetla hay una situación altamente difícil y acuso al gobernante de Puebla, si este domingo en Puebla, en Huehuetla hay violencia, porque ha mandatado a los caciques de Huehuetla a ganar, pase lo que pase y en Oixtla y aquí tengo un casete que le voy a entregar a la Secretaría, en donde el presidente municipal de Olincho, les dijo a todos los ciudadanos de ese municipio, que el que votara por el PRD era hombre muerto y aquí está el casete y se lo entrego a la Secretaría como testimonio, así se la juegan en Puebla señores diputados, juegan con trampas, no juegan limpiamente, juegan a través de una serie de corruptelas atrayéndose a los diputados que hoy están acá para hacer campaña sucia y eso no se vale, 1752,1753,1754
Un micrófono a la diputada por favor y le pedimos también orden por favor.
Señor Presidente, podría decirle al diputado Zamora si acepta una pregunta.
Como no, América, por América...
Gracias diputado Zamora, gracias. Hablando de procesos internos y hablando de procesos electorales, nos parece a todos los poblanos que el proceso de selección de candidatos del PRD ha sido el proceso más oscuro de toda la historia electoral de Puebla. ¿Podría usted comentarnos cómo fue ese proceso que le dio el triunfo a un candidato con una urna trasnochada que llegó precisamente de la sierra Norte tres días después a Huatlán, que tuvieron que anularla y posteriormente el Comité Ejecutivo Nacional anular la urna para poder darle el triunfo al candidato que ellos presentaban? Gracias diputado.
Por fortuna fui consejero universitario allá en Puebla, cosa que ustedes nunca lo fueron... y fue cuando, la pregunta lleva jiribilla, yo les puedo asegurar que la elección de nuestros candidatos fue la más correcta... fue la más coyuntural, fue la más importante que se ha dado en mucho tiempo, porque soy hombre de partido y como hombre de partido voy a defender las candidaturas para sacar del poder a los que tanto daño le han hecho a Puebla en los últimos 70 años, desde Maximino Avila Camacho hasta la fecha, a los priístas... porque los priístas allá en Puebla han llevado a esa entidad a la extrema pobreza, los priístas allá en Puebla han llevado a esa entidad a grados de represión brutal; la democracia en Puebla ha sido atacada diariamente por los priístas y acuérdense de los Jiménez Morales, Enoé... acuérdese de los Jiménez Morales, acuérdese de Pantepej... quienes fueron los asesinos de Pantepej... Ya lo dijimos, ya lo dijimos, en Puebla se dio el proceso coyuntural más importante para que las elecciones no las ganara de manera absurda el partido que siempre ha gobernado junto con los caciques allá en Puebla: el de ustedes.
¿Terminó la pregunta?... ya concluyó la pregunta. Prosiga con su tiempo, señor orador. Prosiga con su tiempo señor orador.
¡Viva la muerte! ¡Muera la inteligencia!, señalaba un fascista español y en Puebla existe ese mismo lema: ¡viva la muerte, muera la inteligencia! Y mis colegas diputados de Puebla solamente se dedican a provocar, no traen un debate a fondo, no traen un debate sobre lo que está de por medio en la nación. En la nación, puede darse con la candidatura de Bartlett, un enorme retroceso político en este país y Puebla, aunque no lo quieran los diputados de esa entidad, ha sido utilizada por Bartlett, como un laboratorio para ver qué pasa en el país y esa situación hace que la inestabilidad se dé en todo el país; las declaraciones irresponsables de Bartlett Díaz, están llevando a una situación altamente riesgosa, a este pueblo mexicano, que no podemos permitir. Efectivamente, Bartlett se cree Napoleón; efectivamente se cree conquistador de este país y ahí están sus soldados... pensamos que esas sonrisas sarcásticas, esas sonrisas de gente que no tiene criterio propio, de gente que no tiene conciencia propia, que jamás ha luchado por el movimiento social en Puebla, yo le pregunto a esos diputados ¿Cuándo han estado a la cabeza de un movimiento social?... Jamás, siempre han estado al lado (sic) de los caciques, siempre han estado al lado de los poderosos, siempre han estado al lado de los explotadores, nunca han luchado socialmente, jamás han estado a favor de los campesinos más fregados de ese Estado y todavía tienen el descaro de reírse. Arronte, que hace tres meses le gritaba a Marí, hoy se disciplina... vuelvo a señalar: Puebla está en una situación altamente compleja; Puebla va a definir qué va a pasar en este país, señores..., pero no se burlen, no aplaudan, porque Bartlett no va a ser candidato a la presidencia, porque Bartlett no va a ser presidente, porque Bartlett no puede hacer política, porque está señalado por los Estados Unidos y ustedes lo saben señores diputados... y las elecciones de Puebla que son sumamente agresivas, por parte de Bartlett, no van a meternos a nosotros el miedo (sic), hemos estado en etapas más difíciles y vamos a dar la batalla señores diputados priístas de Puebla y les hago un llamado: actúen con conciencia propia, actúen de manera responsable, no vayan a agudizar las contradicciones en Puebla porque si hay violencia, ustedes son los responsables. Ante todo, ante la actitud caciquil, ante la actitud de Bartlett, triunfará la democracia en Puebla. Muchas gracias, muchas gracias diputada.
Tiene el uso de la palabra para el mismo tema, el diputado Omar Alvarez Arronte, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. Señoras y señores diputados: El 19 de septiembre de 1994, el Ejecutivo del Estado se abstuvo de hacer uso de su derecho para enviar iniciativas al Congreso del Estado, conducentes a la reforma electoral de la entidad. Se convocó a la sociedad a participar en foros regionales, recibiéndose 332 ponencias. Fueron aprobadas por consenso más de 12 artículos, producto del trabajo de una comisión dentro del Congreso. Fueron aprobadas por todos los partidos políticos. El código integró en su Título Segundo la comisión estatal electoral y en su Título Séptimo el tribunal estatal electoral, en ambos casos el acuerdo correspondiente fue unánime. El Poder Ejecutivo del Estado no tiene representante en la comisión estatal electoral, son los siete consejeros propietarios ciudadanos quienes eligen al presidente de la comisión, éste a su vez designa un secretario técnico, quien no tiene derecho a voto. El Poder Legislativo designa dos comisionados con derecho a voz y voto: uno de la mayoría y otro de la minoría. Cada partido nombra un representante sólo con derecho a voz, el vocal del Registro Federal Electoral igualmente sólo tiene derecho a voz, por lo tanto la ciudadanización de la comisión estatal electoral y por consiguiente todo el proceso electoral en el Estado de Puebla, es un hecho. El artículo 3o. de la Constitución de Puebla dice: "el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes del Estado en la forma y términos que establecen la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado. La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo de los ayuntamientos se verificará por medio de elecciones mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, cuya organización es una función estatal encomendada a un organismo de carácter público, permanente, autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado comisión estatal". "En el ejercicio de esa función, la legalidad e imparcialidad, objetividad, certeza e independencia serán principios rectores." "El tribunal estatal electoral será el órgano autónomo e independiente, máxima autoridad jurisdiccional electoral. Tendrá la organización y competencia que el código electoral del Estado determine para resolver en forma definitiva y firme las impugnaciones que se presenten en materia electoral." En términos de esta Constitución y del Código Electoral del Estado de Puebla, el párrafo reformado al artículo 4o. perfeccionó el contenido de la Constitución local, que establecía prerrogativas de los partidos, el acceso a la radio y a la televisión durante periodos de campaña electoral. El actual párrafo es más avanzado porque no limita el uso de los medios masivos de comunicación social a épocas de elección, sino que lo hace permanente. Asimismo, amplía el acceso de los partidos a la sociedad, puesto que ya no se habla de radio y televisión, sino que alude a los medios de comunicación social en general. La comisión estatal electoral, así como el tribunal estatal electoral, nacen por mandato de la ley con la promulgación del Código Electoral del Estado el día 23 de febrero de 1995. Con fecha 13 de marzo de este año fueron designados los consejeros ciudadanos que forman la comisión estatal: dos fueron designados por mayoría, por cierto, a propuesta del PRD; uno por unanimidad y cuatro por insaculación, observándose lo establecido por el artículo 5o. del código. En esa misma sesión se designó por consenso como magistrados, quiénes integran el pleno del tribunal estatal electoral. Hasta este día han sido aprobados por el pleno de la comisión estatal electoral 35 acuerdos, de los cuales tres han sido aprobados por mayoría y 32 por unanimidad, lo que en términos porcentuales significa que el 8.57% han sido aprobados por mayoría un 91.42% por unanimidad. Con relación a la materia recursal, han sido promovidos tres recursos de revisión, de los cuales uno fue desechado y dos sobreseídos, lo que se traduce en que el 100% de ellos han sido improcedentes. De igual forma, han sido presentados ante la comisión estatal y tramitados 12 recursos de apelación, de los cuales dos han sido procedentes y 10 improcedentes, lo que significa que han sido procedentes un 16.6% e improcedentes un 83.3%. Pero me llama mucho la atención los comentarios de la diputada Díaz Amador y para eso me voy a permitir hacer un poco de historia en nuestro Estado de Puebla. Hace tres años, el 3 de octubre de 1995, el señor diputado Creel, en su carácter de consejero electoral, es decir, funcionario federal, participó en un foro en la ciudad de Puebla con organizaciones satélites, que casualmente sólo aparecen en procesos electorales como el Diac, la Cívica Femenina y el Comité del Pueblo Unido, amén de las cúpulas empresariales, así como la coordinadora ciudadana que hoy anda ahí en los spots de radio. La prensa local publicó que se impidió la entrada al Congreso y fueron excluidos ciudadanos que no pertenecieran a los grupos antes citados. El señor consejero electoral José Agustín Pinqueti, convocó a los asistentes a asumir tácticas de lucha, en particular las del inolvidable Manuel Clouthier. El señor Creel realizó una cruenta defensa de la ex consejera María del Carmen Díaz Amador que, como es sabido, la comisión estatal electoral, con fundamento en sus atribuciones, solicitó al Congreso del Estado su remoción, ya que demostró falta de independencia, imparcialidad y equidad y que hoy, hoy, casualmente, reitero casualmente, es diputada por su partido. El diputado Creel violó el artículo 41 constitucional, que dispone que en ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones federales, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, así como el artículo 77 inciso dos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El diputado Creel convocó en ese foro a seguir en la lucha, sólo que se le olvidó que en ese momento era un servidor público, federal, una autoridad electoral, no un líder partidista. En su carta del día 30 de octubre, publicada y ampliamente difundida del señor Creel, habla que la transición política está en curso; habla de un cambio democrático en donde señala que los actores políticos se conduzcan con ética y ello implica necesariamente proceder y hablar con la verdad. Por lo tanto, con sus actos, el señor Creel ha demostrado que no tiene ética; es un auténtico Torquemada moderno, el principal promotor de los juicios políticos y él, por sus actos, se merece un juicio político. El diputado Creel, por gente como él, porque no quiero decir que en Acción Nacional no hay buenos panistas, en Puebla hay excelentes panistas que desgraciadamente están siendo desplazados, por personas como él, que han convertido al Partido Acción Nacional en un auténtico "club de toby", pero incluso ahí también son excluyentes, sectarios, porque sólo se admiten políticos obsesionados como Prats y Creel. 1755,1756,1757 Como dijera Pancho Barrio, son pura vacilada. Pero en Puebla no son los órganos electorales, existe una razón de fondo y tenemos que ir más allá y ver que a fin de cuentas el fondo de todo este asunto es que el PAN en Puebla, para su desgracia, se ha convertido en tercera fuerza política, como lo demuestran todos los estudios y encuestas que se han realizado. Como diría su líder moral: "estas encuestas son irreversibles, sólo un fraude electoral podría cambiar el resultado de las elecciones". Y me voy a permitir hacer entrega a la Secretaría de todas las encuestas que se han levantado desde hace un año, que perdieron las elecciones, los 15 distritos, aquí está el análisis, hago entrega a la Secretaría. Estamos en el umbral del fin del usufructo de los términos "fraude electoral" o "falta de democracia", cuando los resultados no les favorecen. Más bien han probado el dicho popular que lo difícil no es llegar sino sostenerse o bien, lo afirmado por la ex diputada María Elena Alvarez de Vicencio Tovar en su libro Democracia y municipio, en donde afirma...
Permítame el orador. Un micrófono al diputado. ¿Con qué objeto, señor diputado?
Para hacer una moción, señor Presidente. El orador acaba de ofrecer que iba a entregar una encuesta y entrega un periódico. Quisiéramos que hiciera la entrega de las encuestas que está ofreciendo o que mejor se calle y no esté diciendo lo que no tiene.
Prosiga el orador.
¿Me permite contestarle?
Prosiga el orador con su tiempo, por favor.
¡Oiga, quiero contestarle la moción que está haciendo!
Discúlpeme, no es una pregunta la que acaba de hacer el señor diputado.
Está haciendo referencia a que estoy entregando un periódico. Le quiero explicar.
¿Acepta responder la pregunta?
Claro que sí.
Adelante.
Señor diputado: estas encuestas son elaboradas por órganos como el Ceo, como el mismo Consejo Coordinador Empresarial y que han sido publicadas en todos los medios de difusión en el Estado y la ciudad de Puebla. Aquí están y estoy haciendo entrega a la Secretaría de lo que ha sido publicado; ruego por favor que se le tome, porque ha sido el mecanismo, la herramienta que ustedes han utilizado durante muchos años para descalificar los procesos electorales. Por eso hablaba yo que estamos en el fin del usufructuo de lo que es el fraude electoral para ustedes. A menos de tres días de las elecciones a desarrollarse en puebla, donde habremos de elegir diputados locales, presidentes municipales y gobernador, se trata de predisponer y contaminar el proceso electoral por una simple razón y que es la razón de fondo, se han convertido en la tercera fuerza política; nosotros no tenemos la culpa de que hayan escogido pésimos candidatos y quiero aprovechar esta tribuna para hacer un reconocimiento público a Felipe Calderón Hinojosa. Los priístas poblanos estamos muy agradecidos, hacemos honor al nepotismo que los caracteriza y que ojalá y sigan imponiendo a más parientes, más primos, como presidentes municipales, se los vamos a seguir agradeciendo porque eso nos va a dar seguridad de seguir ganando los procesos electorales. A nuestros compañeros del PRD, solamente, ya impugnaron a sus candidatos; me llama mucho la atención que ahora los vengan a convalidar. Muchas gracias, buenas tardes.
Tiene la palabra el diputado Santiago Creel, para contestar alusiones personales. Muchas gracias, señor Presidente: El diputado Omar Alvarez, creo que así se llama, no tengo el gusto de conocerlo, aunque él parece y digo parece, porque está muy distante de la realidad y de los hechos, parece conocerme. Efectivamente participé en ese foro cívico, en mi calidad de ciudadano; un foro convocado, señor diputado, por los distintos partidos políticos en Puebla y que fue abierto, que por cierto un miembro del Partido Revolucionario Institucional pidió la palabra y pudo participar en ese foro. Esa fue la realidad. Ciertamente lo que ocurrió en el foro no le pareció al gobernador Manuel Bartlett y quiso descalificar, no con hechos veraces, sino con falsedades y situaciones totalmente desajustadas a la propia realidad. Esos son los métodos Bartlett, no de ese foro cívico, sino también que vienen ya de tiempo atrás; quiero sólo citar el caso de 1988 en donde el sistema no solamente se cayó, con "y", sino también con "ll". Esas son las simulaciones de Bartlett que por supuesto no puedo yo aceptar ni como ciudadano ni pude yo aceptar como consejero ciudadano ni mucho menos como diputado federal. Diputado Alvarez: usted dice que yo violé la Constitución, el artículo 41 y el artículo 77 del Cofipe. ¿Por qué nadie me denunció? Ningún miembro del Partido Revolucionario Institucional presentó una sola demanda por mi participación en el foro cívico. Eso sí, hubo una serie de descalificaciones públicas, en medio, pero no en los tribunales de derecho. Yo creo que si el Partido Revolucionario Institucional hubiera tenido fundamento y causa, ciertamente hubiera podido presentar las denuncias correspondientes. Pero yo creo que mi actuación como consejero ciudadano no ha estado en duda y menos para los representantes del Partido Revolucionario Institucional. Cuando tuve yo la oportunidad de dejar el instituto, las actas que muestran la última sesión, claramente hacen constancia y evidencia, por parte del representante del Partido Revolucionario Institucional, de mi actuación imparcial dentro del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Ahí están las actas, el representante en aquel entonces era el diputado Enrique Barra, miembro de esta Asamblea, que puede dar constancia de ello, pues yo no entiendo por qué a propósito de las elecciones que hoy día se están manejando en Puebla, se trata de opacar lo que está sucediendo en ese Estado, trayendo a la memoria y a cuento una situación del pasado, en donde en ese momento, al menos no hubo de parte del Partido Revolucionario Institucional, ningún tipo de fundamento, puesto que no iniciaron los juicios correspondientes, tanto desde el punto de vista político como las denuncias respectivas. Me dice usted que soy el incitador de los juicios políticos. No, fíjese que no lo soy, son precisamente sujetos de juicio político los que dan motivo a la causa de las denuncias que se han venido presentando. Me toca la enorme responsabilidad de conducirlos y quiero decirles y aquí haré un compromiso con todos los presentes, aunque no sean muchos los diputados que en este momento estén en sus curules, que mientras que yo esté en la presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, los juicios políticos irán adelante, primero. Segundo, la cultura que avalaba el congelamiento de los juicios políticos, se ha acabado en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. En fin, concluiría simplemente diciéndole al diputado Alvarez, que lo que aquí vino a decir, está totalmente desapegado de la realidad, de otra suerte los tribunales hubieran dado cuenta de ello. Muchas gracias.
Le pido al diputado que quiere hacer uso de la palabra tome el micrófono de su curul.
Señora Presidenta, para contestar alusiones personales solicito el uso de la palabra.
Tiene el uso de la palabra, para contestar alusiones personales, el diputado Omar Alvarez, hasta por cinco minutos. Señor diputado Creel, usted mismo me está dando la razón, confirmando lo que acabo de señalar, usted no actuó con legalidad, con independencia e imparcialidad y usted si tiene un juicio político que le inició el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Por cuestiones leguleyas fue desechado, pero la autoridad moral de usted está muy deteriorada, se lo quiero decir señor diputado Santiago Creel. Usted habla que su gestión fue impecable, tan es así que mi partido no le ha presentado a usted ninguna denuncia, cuando actuó como consejero electoral y le voy a decir, ¿por qué?, señor diputado. Porque usted no representa a nadie, porque usted llegó casualmente como diputado plurinominal, en pago de unos favores a Acción Nacional y por lo tanto para mi partido usted no representa ningún riesgo. Muchas gracias, señor diputado.
¿Con que objeto, señor diputado Santiago Creel?
Muchas gracias, señora Presidente. Quisiera que me dé el uso de la tribuna para contestar alusiones personales, si me hace favor.
Tiene el uso de la palabra el diputado Santiago Creel, para contestar alusiones personales. Con su venia, señora Presidenta: Otra vez al diputado Omar Alvarez le falla su lectura de la realidad. No es un solo juicio político el que tengo en mi contra, son dos. Yo le pediría al diputado Omar Alvarez que primero aprendiera a sumar. El primer juicio político en mi contra lo presentó el ex Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Por unanimidad de votos fue desechado, incluyendo los miembros integrantes de la bancada de su partido, entre otros, el diputado Lamadrid y algunos otros diputados aquí presentes; ellos mismos dieron los argumentos para desechar ese juicio político que en este momento se encuentra en archivo, a menos que usted, violentando los ordenamientos de Cámara y la propia Constitución, lo quiera revivir. Si usted cree que tiene ese derecho, adelante, será bienvenido en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 1758,1759,1760 Me dice usted que no represento a nadie. Surjo de votos igual que usted. La Constitución no marca ninguna diferencia entre los diputados que aquí formamos parte de esta Asamblea; somos 500, todos con los mismos derechos, o, pregunto yo, ¿qué, hay unos diputados con más derechos que otros? Por una parte. Y por otra, déjeme decirle: represento a la bancada de Acción Nacional con mucha honra y con mucha dignidad. Soy miembro de la bancada y no solamente ello, me he sumado al proyecto político de Partido Acción Nacional, a su programa y he tratado de hacerlo en el mejor de mis capacidades y así lo seguiré haciendo. Soy diputado de la bancada de Acción Nacional; si eso a usted no le merece ningún tipo de consideración desde el punto de vista de nuestra bancada, pues es un problema de usted y no mío. Muchas gracias.
Solicitó atrás la palabra el diputado Sadot Sánchez ¿Con qué objeto, diputado?
En los términos del artículo 102 del Reglamento, solicito hacer uso de la palabra para rectificación de hechos.
Permítame diputado Rodríguez Prats. Le suplico que tome su lugar y desde su curul solicite el uso de la palabra. Le solicito tomar el micrófono de su curul diputado Rodríguez Prats.
Para contestar alusiones personales, de acuerdo al artículo 102, le solicito la palabra, señora Presidenta.
Tiene la palabra el diputado Rodríguez Prats, para contestar alusiones personales, hasta por cinco minutos. Con su permiso, señora Presidenta: Aludió usted diputado en forma muy insolente a mi partido, a Manuel Clouthier, a Felipe Calderón y habla usted de autoridad moral. Y quiero decirle que si tuviera usted todos los datos de quién es Manuel Bartlett, dudaría usted en venir a defenderlo. En primer lugar, quiero decirle: Manuel Bartlett es tabasqueño, no es poblano. En 1964, pregúntele usted a Manuel Bartlett, pregúntele usted a Manuel Bartlett, si no fue a pelear la diputación federal por Tabasco, en 1964. Si Manuel Bartlett tuviera tantita gratitud y tantito sentido leal al TAT recordaría que en 1955 la única voz...
¿Me permite, señor diputado Rodríguez Prats.
Pido la palabra.
¿Con qué objeto, diputado Estefan Chidiac?
Para decirle al diputado Rodríguez Prats, que pasó para contestar alusiones personales, no del señor gobernador Bartlett, entonces que se atenga a defender su posicionamiento el señor Rodríguez Prats, por favor.
Señor diputado, les pido que no hagan un diálogo. Ha lugar la moción y le pido continúe usted, señor diputado Rodríguez Prats.
Muchas gracias. Pregúntele usted si en 1955 cuando un gran tabasqueño, el padre de Manuel Bartlett, hombre honorable, jurista, fue desconocido por el gobierno central, por Adolfo Ruiz Cortines, si no fue la única voz, la del PAN, la que se levantó en defensa de Manuel Bartlett Bautista, el padre de Manuel Bartlett Díaz. Y pregunten ustedes, si presume de autoridad moral el gobernador de Puebla, cómo siendo Secretario de Gobernación, dado que presume de ser muy hábil, se cuajó todo un complot en el homicidio de Manuel Buendía, en 1984. ¿Por qué durante todo ese sexenio no se investigó? ¿Por qué a José Antonio Zorrilla, en 1985, se le quita como candidato a diputado por Hidalgo? Estamos aquí respondiendo porque hubo una imputación muy sería de falta de autoridad moral y yo le estoy señalando a usted, que no hay autoridad moral en el gobernador de Puebla, al que usted está defendiendo. Ahí está el tema. Ahí está precisamente respondiendo a lo que estamos analizando en el caso de Puebla. Le menciono que es tabasqueño porque allá lo conocemos, un niño bien, un niño de derecha, criado en escuelas particulares, un pirrurris, así lo conocíamos, el pirrurris Bartlett. Y que ahora le ha agarrado un gran rencor al PAN, porque quiere simplemente tomar estatura y tratar de prolongar su carrera política. Entonces, ¿asumen una defensa?, conozcan al personaje. No lo conocen. El pueblo no lo conoce. El nació accidentalmente en Puebla, siendo su padre juez de distrito y después vino a sacar esa acta de nacimiento. Y no los vamos a acusar de despojo los tabasqueños, quédense con él, no hay ningún interés en recuperarlo, se los obsequiamos. Pero ustedes no lo conocen, yo lo conocí siendo delegado de la Venustiano Carranza, cuando coyoteaba, coyoteaba litigando, tramitaba licencias de construcción, una gente que siempre ha procurado acumular algunos recursos porque siente que puede prolongar su carrera política y yo le garantizo que pertenece al México que ya no queremos ver.
Tiene el uso de la palabra para el segundo turno, estaban inscritos para hechos el diputado Juan Carlos Espina, del PAN, el diputado González Zamora, del Partido de la Revolución Democrática y la diputada América Soto López. Tiene el uso de la palabra el diputado, Juan Carlos Espina, hasta por cinco minutos. Compañeras y compañeros diputados: Decía don Efraín González Luna, distinguido mexicano de quien hace poco conmemoramos su centenario, los 100 años de su natalicio, decía sobre la política: la política no debe ser reducida a los límites estrechos, episódicos, efímeros de un acontecimiento electoral que, con todo y su importancia, pasa a segundo término si se le compara con la magnitud de la tarea permanente, sustancial, básicamente vital, que es la de contribuir de manera constante en la obra de definición, delimitación y diseño del Estado como instrumento de la justicia social. Si entendemos así la política, de manera integral, podemos entonces definir a la denuncia que está haciendo Acción Nacional sobre el proceso electoral en Puebla, como una denuncia eminentemente política. No es una denuncia que se presente en sustitución de un organismo electoral. En su caso, las iremos presentando ante la autoridad correspondiente, bajo los requisitos legales, tiempos y formas y con las pruebas recabadas. Esta es una denuncia política porque se refiere a actos y actitudes que son contrarias a la política, definida por Efraín González Luna. Es una denuncia política y, por ello, se presenta aquí, en este foro, que es, por naturaleza, un foro público y un foro político. Es un foro político por naturaleza, por excelencia y por antonomasia. Es una denuncia política a ustedes, representantes de la nación, porque lo que está aconteciendo en el proceso electoral de Puebla es un riesgo a la vida democrática nacional y por eso tiene que ser denunciado en donde se congrega la auténtica representación nacional. No es cuestión de encuestas o de estadísticas, nosotros tenemos confianza en el electorado; hemos hecho nuestro trabajo, confiamos en que el 8 de noviembre el voto cuente y el voto se cuente. Pero es una denuncia que va más allá de simplemente quién pueda ganar tal o cual municipio y quién pueda ganar la gubernatura. Es una denuncia política porque las actitudes y las actuaciones del Ejecutivo del Estado de Puebla y de su partido, desde luego, no contribuyen en la definición, no contribuyen a la delimitación y diseño de un Estado justo y democrático que todos los mexicanos de buena fe buscamos para el México del Siglo XXI. Y lo decía ya la diputada Díaz Amador: la transición no es uniforme en el ámbito Federal y local; la regresión autoritaria se fortalece con el decir y con el hacer del señor gobernador y la regresión autoritaria se manifiesta en este proceso cuando la calumnia y la mentira se vuelven arma del régimen estatal para descalificar a los opositores, sean partidos, candidatos, autoridades municipales. Ejemplos: se tergiversa la plataforma, se reviven procesos judiciales ya muertos o se inventan nuevos, como en el proceso de 1997, se renueva la denuncia mentirosa de documentos llamados Ave Azul y Lobo, que no los saca el PAN cuando va perdiendo el PAN, sino que los saca el PRI cuando va perdiendo el PRI. Se amenaza, en esta estrategia de mentira, con el fin de los programas sociales y de los triunfos y de los avances de la justicia social en caso de ganar la oposición. Y la regresión autoritaria, señores, se manifiesta cuando, a través del discurso, se promueve la violencia, se promueve la intolerancia a los otros, a los que piensan diferente, a los que disienten. En fin, que la regresión autoritaria es una realidad, una posibilidad que avanza en el Estado de Puebla y hacemos un llamado a la República y a los representantes de la República, a los demócratas, a los auténticos políticos sobre este riesgo. Desde Puebla, desde casa Puebla se genera y se impulsa un movimiento reactivo, se opera un esfuerzo de regresión autoritaria motivada en la añoranza de tiempos idos. Señoras diputadas, señores diputados, no lo permitamos. Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado González Zamora, del Partido de la Revolución Democrática. Con mucho respeto licenciado Rodríguez Prats, le quiero manifestar que nosotros no queremos a Bartlett en Puebla, que se regrese a Tabasco... Podrá triunfar en este momento la fuerza en Puebla. Podrá triunfar el partido de Estado en Puebla. Podrá triunfar el fraude en este momento en Puebla. Podrá triunfar la sinrazón en Puebla. Pero históricamente en Puebla va a avanzar la democracia, porque el ciudadano poblano, principalmente el indígena, el campesino pobre, el obrero que no tiene trabajo, está cansado de un partido que no le ha dado nada, más que miseria. Están preparando un fraude de Estado obviamente en Puebla, están preparando una maquinaria brutal que domine totalmente la voluntad a través de todos los programas del Estado y comprar la conciencia. Pero la conciencia no se puede comprar eternamente, la conciencia se va desarrollando dialecticamente y los pueblos se llegan a cansar. ¡Y este pueblo mexicano se está cansando y lo demostró el mes de julio del año pasado! ¡Y en Puebla se va a demostrar este 8 de noviembre, cuando miles de poblanos voten contra el autoritarismo del gobierno estatal y los caciquismos, cuando miles de poblanos voten en contra de una política de Estado atroz, brutal! ¡Eso ténganlo por seguro! 1761,1762,1763 No podemos nosotros, por ningún motivo, permitir que el atraso ideológico, que la pobreza de nuestro pueblo, se utilice como mercancía y eso lo hace el PRI en Puebla. ¡Eso es un crimen contra la nación!
¡Pido la palabra!
¿Con qué objeto, diputada América Soto?
Pedirle, Presidenta, que si es tan gentil de solicitarle al señor diputado González Zamora si me permite una pregunta.
Señor diputado González Zamora: ¿le permite una pregunta a la diputada América Soto?
Sí, se la acepto.
Sí la acepta. Tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, diputado González Zamora. La casa de campaña del candidato del PRD a la presidencia municipal de Puebla está exactamente junto a mi casa en Puebla. Nos damos perfecta cuenta del número de trailers con paquetes de leche y de refrescos que su candidato distribuye y dice Acción Nacional "que lo hace para comprar conciencias". ¿Usted qué opina diputado?
Yo no tengo la culpa de que usted viva en una colonia de gente opulenta. Yo no tengo la culpa... pero además es muy fácil mentir. La mentira en este país, en esta cultura política es muy cotidiana. Se han manejado un sinfín de mentiras y no podemos negar que nuestro candidato Emilio Maurer, es una persona triunfadora, es una persona capaz, es una persona que ha puesto a temblar a la oligarquía poblana. ¡Es una persona que ha puesto a temblar a aquellos señores del poder que se han enriquecido a través de canonjías con el Estado! ¡Eso nadie lo niega! Y en ese aspecto, sabemos perfectamente bien, diputada América, que su pregunta tiene la idea de provocar, pero nosotros no caemos en la provocación, pensamos que en Puebla el problema es más grave. En Puebla se puede dar la violencia el 8 de noviembre y el PRD no le apuesta a la violencia, el PRD le apuesta al tránsito pacífico a la democracia. Y ahí sonó una risa de un compañero que cruzó el Canal de la Mancha, como hazaña publicitaria de Televisa... No, estoy respondiendo la pregunta de América. Estoy respondiendo la pregunta de América y en ese tenor yo les puedo señalar que la persona que es responsable de lo que está pasando en Puebla va a ser juzgado por la historia. Que la persona que es responsable de la antidemocracia en Puebla va a ser juzgado por la historia y esa persona se llama: Manuel Bartlett Díaz, eso ténganlo por seguridad. Bartlett Díaz no se va a salvar del destino de la historia, Bartlett Díaz va a pasar como un personaje autoritario, antidemocrático, antipopular y en contra del proyecto nacionalista de muchos mexicanos que han dado su vida para que este país sea grande, para que este país sea poderoso y Bartlett Díaz no entra en esa colección, No sé si respondí a su pregunta.
¿Concluyó diputado su contestación?. Continúe con su tiempo.
Y sigo señalando que la política de Estado no solamente se da en Puebla se da en Sinaloa, se da en Michoacán, se da en todas partes, porque ustedes no defienden no solamente a la persona, defienden a un modelo neoliberal que atenta contra la soberanía de este país y ustedes son los que afectan enormemente los intereses del pueblo mexicano. Y para no entrar en confusiones que ustedes pretenden plantear, les señalo lo siguiente: queremos una Puebla democrática, queremos una Puebla con desarrollo productivo, queremos una Puebla con participación ciudadana. El PRI tiene que renovarse en Puebla, el PRI tiene que sacar al cacicazgo de sus filas, el PRI tiene que eliminar a muchos arribistas que le hacen el juego a las oligarquías poblanas. El PRI tiene que ser un partido de transición o va a desaparecer. El PRI no tiene nada de democrático en Puebla, en Puebla el PRI actúa a través del dedazo y los 15 diputados del PRI, federales, fueron producto del dedazo, no fueron producto de la consulta popular... Espero que me respeten.
Continúe señor orador.
Los azucareros han sido violentamente reprimidos ahí en la zona de Matamoros y usted lo sabe diputado y en este aspecto hago un llamado, compañeros diputados, compañeros de la bancada perredista, de la bancada panista, de la bancada priísta, petetista: o nos vamos por el camino de la barbarie o nos vamos por el camino de la democracia; la barbarie la representa Bartlett, la democracia la representan los ciudadanos, o estamos con los ciudadanos o estamos con el autoritarismo, ustedes tienen la palabra compañeros diputados. Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra para el mismo tema, la diputada América Soto, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
Antes de iniciar quiero pedirle, señora Presidenta, que con base en el artículo 113 del Reglamento pida a la Secretaría pueda leer el documento que aquí traigo... ¡Lean el artículo 113 primero! Podríamos empezar por leer el artículo 113 del Reglamento.
Le instruyo a la Secretaría lea el artículo 113 del Reglamento.
El artículo lo menciona. Mi tiempo no ha empezado.
"Artículo 113. Cuando algún individuo de la Cámara quisiera que se lea algún documento en relación con el debate para ilustrar la discusión, pedirá la palabra para el solo efecto de hacer la moción correspondiente y aceptada que sea por la Cámara, la lectura del documento deberá hacerse por uno de los Secretarios, continuando después en el uso de la palabra el orador."
Se autoriza a dar lectura al documento presentado por la diputada América Soto, en base al artículo 113, leído en este momento. Se solicita a la Secretaría solicite a la Asamblea si acepta la lectura del documento...
En votación económica se pregunta a la Asamblea si acepta la lectura del documento. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... No se aprueba, señora Presidenta.
Le solicitamos a la diputada América Soto inicie su participación para rectificar hechos hasta por cinco minutos.
Por supuesto que iniciaré con el contenido del documento... Qué lamentable que el PAN en su enorme desesperación, después de los resultados de todas las encuestas tenga que recurrir al lenguaje más vulgar y corriente que en Puebla se haya utilizado, como éste que ustedes efectivamente ya leyeron. Aquí está la grabación por si alguien lo dudara. Quiero decirles... sí, cómo no, diputado.
Un momento diputada América. ¿Con qué objeto señor diputado Rodríguez Prats?. Con micrófono por favor.
Usted señala que el PAN incurre en actos de incivilidad.
¿Con qué objeto, señor diputado?
Para hacer una interpelación que ya aceptó...
No, yo no he autorizado nada.
Con el micrófono le pido, yo no escuché porque no tenía usted micrófono. ¿Con qué objeto?
Si le pregunta usted a la oradora si me permite una interpelación.
Diputada América, ¿le permite usted una interpelación al diputado Rodríguez Prats?
Sí diputado, cómo no.
Adelante, diputado.
Muchas gracias. Diputada, si acusa usted y señala usted que el PAN incurre en incivilidad, ¿qué acaso el candidato del PRI Melquiades Morales no incurrió en una incivilidad cuando le tuvo miedo y rehuyó permanentemente al debate con nuestra candidata Ana Teresa Aranda, después de haber aceptado y haber firmado el documento y revisar su firma? ¿No es ése un acto de incivilidad? 1764,1765,1766 Yo creo, voy a contestar su pregunta señor diputado con muchísimo gusto, acto de incivilidad hubiera sido aceptar ese debate, debate que organizó el presidente municipal de Puebla Hinojosa, lo organizó al interior del cabildo con regidores Panistas, pero cuál será la seriedad de los regidores panistas que mandaron a hacer máscaras de los candidatos del PRI y las portan a manera de mofa, ¿eso es seriedad?, aquí esta la foto del Regidor del PAN precisamente de José María Iguiñez portando la máscara del candidato del PRI a la Presidencia Municipal, Mario Marín. ¿Creen ustedes no he terminado diputado, permítame terminar de contestar..., estoy contestando...
Permítame diputada América, ¿con qué objeto señor diputado?
Señora Presidenta, solicito atentamente que me inscriba usted en el turno que corresponde para rectificación de hechos ante la inexactitud que está comentando la diputada Soto.
Continúo contestando al diputado Rodríguez Prats. Aquí está la foto del Regidor al que hice referencia. Qué seriedad podría haber en debatir con una señora guanajuatense, de mediana escolaridad que pretende gobernar Puebla pero que su actitud y sus métodos han sido los más corrientes, los más bajos y los más vulgares. Yo no sería capaz de referirles aquí los insultos de que fui objeto por parte de ella en las estaciones de radio en el distrito al que hoy represento; ella llegó y fueron tales los insultos que suscitó más solidaridad incluso de los propios panistas de esa ciudad en mi favor. Ese distrito lo gané pueblo por pueblo, ciudad por ciudad aún estando gobernado por Acción Nacional. Y hoy no es la excepción diputado Rodríguez Prats... qué lamentable que una señora como ella, que ha dado a luz seis hijos utilice el término "madre" en sus discursos, en el sentido más vulgar, corriente y ofensivo que ése término pueda tener. Carece de toda vergüenza la señora. Qué seriedad pudo haber tenido ese debate si quienes debatieron ahí todavía siguen peleando entre ellos ante los medios de comunicación, con un lenguaje absolutamente soez y bajo, por todo eso no aceptó el debate, no aceptaron el debate nuestros candidatos. No lo necesitan diputado Rodríguez Prats. El PRI es el único partido que tiene candidatos en los 217 municipios; el PRI, es el único partido por lo tanto que está en posibilidad de ganar los 217 municipios, diputado Rodríguez Prats. En este momento, quiero informarle, diputado, que en Puebla, mi partido está presentando una denuncia ante la comisión estatal electoral, porque ahorita en la radio en Puebla, el presidente municipal del PAN, Hinojosa, está invitando abiertamente a votar por su partido en un acto de desesperación. La campaña terminó ayer, diputado. Esa denuncia se está presentando en este momento. He terminado de contestar.
Continúe con su tiempo, diputada América Soto.
Ante la adversidad de las tendencias, el PAN ha cuestionado aquí a la Comisión Estatal Electoral, sólo que baste hacer un poco de memoria y recordar a quien inició este debate aquí, que había una vez en Puebla, a propuesta del PAN, una consejera ciudadana, apolítica pura, hasta que los dirigentes estatales del PAN se la llevaron. ¿A dónde creen ustedes que se la llevaron? Pues a Washington. Cuando a su regreso la comisión estatal electoral le inquirió sobre esa relación impropia, ella dijo que había sólo coincidido con ellos, que en realidad ella había ido invitada como académica a dar una conferencia. La comisión estatal electoral le pidió una copia de esa conferencia, a lo que contestó: "no di una conferencia, sino que escribí una hojita y la repartí en una reunión en Washington". Nunca dijo en qué reunión. Ante tales evidencias, la consejera, que seguía diciendo era apolítica y académica, fue destituida de la comisión estatal electoral. No recibió de Acción Nacional millones de pesos, no, a ella le regaló Acción Nacional una diputación federal sin campaña y ya siendo diputada federal, ¿cuántos de ustedes, diputados federales de Acción Nacional, son presidentes de comisión?.. porque a ella, la hicieron presidenta de comisión. ¿A cuántos de ustedes, diputados federales del PAN, les entregó la Cámara un "Stratus 1998", porque a ella, se lo entregaron; a ella no le dieron millones de pesos... sólo queda la duda de si ya seguirá siendo pura y apolítica o ya será panista...
Un momento, por favor.
No, diputada.
Un momento, diputada América Soto, permítame un momento, por favor.
Legalidad, honestidad...
El micrófono a la diputada Batres. ¿Con qué objeto, diputada Batres?
Señora Presidenta, para que me anote en la lista de oradores para rectificación de hechos.
Está registrada, diputada. Continúe diputada América.
Legalidad, honestidad, ética e imparcialidad es lo que le faltó a usted cuando se le nombró consejera ciudadana y porque no los tuvo, es que fue destituida. La historia hoy nos vuelve a dar la razón. Es usted ejemplo de las mentiras muy grandes que mencionó al inicio de este debate. El candidato del I distrito y la dirigencia blanquiazul en rueda de prensa anunciaron en días pasados, que iban a presentar una denuncia ante la comisión estatal electoral contra el PRI por difamación y la difamación consistía en hacer lo que yo voy a hacer en este momento, compañeros: tomar la plataforma electoral del PAN, abrirla en la página 16, en el punto 1.7 y respecto de la educación leer que su propuesta es restringir la gratuidad de la enseñanza. Se sienten difamados, se sienten difamados por su plataforma legislativa federal. Yo creo que tendrían dos caminos: o cambiar su plataforma electoral o cambiarse de partido a un partido donde su plataforma electoral no los difame. Acción Nacional se caracteriza también porque sus gobiernos participan en las elecciones, en los procesos electorales. Aquí está el acta del ayuntamiento que quitó a las autoridades auxiliares electas democráticamente en sus pueblos y metió a ese consejo que define las obras en un municipio al candidato a diputado, estando el candidato a diputado en campaña. Aquí está el acta firmada por ese candidato en campaña, que formó parte de ese consejo que decidió las obras en el municipio. De esta manera, los gobiernos de Acción Nacional participan en las elecciones abiertamente. Quiero decirles que en Puebla durante los últimos días escuchamos todo el día en la radio, ¿a quién creen ustedes?, al gobernador hablando abiertamente de su partido y pidiendo el voto para su partido, me refiero al gobernador de Guanajuato y al gobernador de Jalisco. Qué profundo interés tienen en Puebla que tienen que venir, dejar sus obligaciones en sus estados e ir a Puebla a contarnos, oíganlo bien, compañeros de Jalisco y de Guanajuato, que han resuelto todos los problemas en esos estados y que como ya les sobra tiempo entonces pueden ir a Puebla. Compañeros, en Puebla el cambio va mal y se nota.
Un micrófono para la diputada Díaz Amador. ¿Con qué objeto, diputada?
Presidenta, pido el uso de la palabra para contestar alusiones personales, por favor.
¿Hubo alusión a su nombre, diputada?
Dijo, María del Carmen Díaz Amador.
Tiene el uso de la palabra la diputada. Con su venia, señora Presidenta; compañeras diputadas y diputados. Qué pena que el debate sobre las posibilidades de la democracia en un Estado de la República llegue a este nivel. Qué pena que se tenga que recurrir a atribuciones personales y a atribuciones del pasado. Qué pena cuando todos sabemos la historia electoral del personaje que gobierna Puebla y la historia electoral del Estado, que desde 1933 no ha sido posible que lo suelten, aquí se dijo, los caciques y los gobiernos autoritarios. Qué pena también que a través de atributos individuales no se toquen los temas de cómo se inhibe el voto ciudadano, de cómo se compra a los más pobres y de cómo el autoritarismo reina en el Estado. Creo que carece de información, diputada, acerca de la comisión estatal electoral en Puebla. Creo que no está enterada que viajé a Washington, fue un viaje académico, donde hubo representantes de su partido y también del PRD. Creo que tampoco está enterada que fue Morfín Patrata, la mano derecha del gobernador, desde 1988, el que instrumentó esta denuncia para la falta de independencia que nunca logro aprobar y aquí está el diputado Quiroz, no lo veo, porque el Congreso nunca llegó a dictaminar, nunca hubo las pruebas y fue una decisión autoritaria como las que se acostumbran. Por otro lado, creo que lo que está, el problema de fondo, es que no es posible que existan ciudadanos en Puebla, ésta es una prueba evidente. No es posible que existan ciudadanos que expresen libremente su voto ni en su partido y ahora se traslada la realidad en Puebla. Aquí, en el Partido Acción Nacional, no se pide obediencia anticipada para participar. Bueno, aclarando un poco lo demás, por instrucciones de la CRICP le quiero aclarar que se entregó un vehículo a cada diputado presidente de comisión, se lo puede preguntar a todos los diputados que forman parte de las comisiones. Gracias.
Señora Presidenta. 1767,1768,1769
¿Con qué objeto, diputada América?
Para contestar alusiones personales, señora Presidenta.
Tiene el uso de la palabra la diputada América Soto López. Da la casualidad de que efectivamente sólo a la mitad de los presidentes de comisión les entregaron ese vehículo. Compañera diputada: conozco perfectamente bien el caso. Yo era diputada local; yo formé parte de la mesa directiva que le tocó juzgar su caso; conozco perfectamente el diálogo y las referencias que se hicieron al interior de la comisión estatal. No puede usted aducir aquí falta de conocimiento. A insistencia del tema, podríamos traer los documentos aquí, con muchísimo gusto. Gracias.
Tiene el uso de la palabra el diputado Ramón María Nava González, para hechos, hasta por cinco minutos. Les vamos a pedir a los señores diputados que se encuentran en el pasillo, tomen sus curules para poder continuar. Con su venia: Cuando el señor diputado Omar Alvarez, refiriéndose al diputado Creel, dijo que no representaba a nadie porque era un diputado plurinominal. Creo que había materia más que suficiente para un rectificación, porque no hay derecho de venir a hacer gala ni de burro ni de ignorante. El artículo 51 de la Cámara, dice: "...la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación..." y el artículo 52, dice: "...la Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria y mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional". La proporcionalidad de un distrito plurinominal, aglutina más electores de los de un distrito uninominal. Por lo tanto, el señor diputado Creel representa a muchos más electores de los de su impugnante. Qué triste, que triste que esas afirmaciones se hagan frente a un testigo de calidad mundial, como es Giovanni Sartori, que se encuentra aquí en México; qué triste que se lleve la impresión de este nivel de diputados; qué triste tener que decirle también al señor Giovanni Sartori: "es que allá no solamente desconocen la Constitución, sino hay orangutanes que agreden a las mujeres". Y recorrió el mundo entero una fotografía, nada menos que de una señora que se llama Ana Tere Aranda, arrastrada por la policía y de esto, señora América, por mujer, debió usted haber venido a hacerse solidaria por los derechos humanos pisoteados por su gobernante. Había más que suficiente, había materia más que suficiente para una rectificación y creo que es todo.
Tiene el uso de la palabra el diputado Sadot Sánchez Carreño, para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.
Declino, señora Presidenta.
Declina el diputado Sadot Sánchez Carreño: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Espina von Roehrich, hasta por cinco minutos. Gracias, señora Presidenta: Paso para hacer una rectificación de hechos, porque comentó la diputada América Soto que el debate que organizaba el ayuntamiento de Puebla con puros regidores panistas, fue el que se negó a aceptar el licenciado, el senador Melquiades Morales y me obliga a hacer una rectificación, porque no fue así. El Partido Acción Nacional dirigió una invitación a todos los partidos políticos para, definiendo cada quién un representante, se sentaran las bases y los reglamentos y las reglas básicas para iniciar los preparativos para un debate a difundirse en los medios de comunicación. De tal manera que el señor Melquiades Morales envía una carta, firmada de su puño y letra, en donde acepta participar en un debate entre los candidatos al gobierno del Estado y aún más, designa a una persona, a un distinguido huauchinanguense, para que sea su representante en los preparativos para dicho debate. Finalmente, después de un evento en la Universidad Iberoamericana, en donde evidentemente no le va muy bien al senador Morales, su partido le indica que no es conveniente como estrategia electoral y entonces el partido se desdice y entonces el Partido Revolucionario Institucional no acepta participar en un debate. Si los candidatos del PAN tienen tan poca preparación académica, ¿por qué negarse a participar en un debate con ellos, si era tanta la seguridad de que tendría mayores posibilidades de éxito?, ¿por qué negarse sistemáticamente a debatir? Lo que sucede es que han tenido miedo a debatir y ese miedo a debatir es un reflejo de su miedo a la democracia. Los diputados priístas confunden la causa con el efecto; la destitución autoritaria de la entonces consejera ciudadana María del Carmen Díaz Amador, se dio porque el régimen estatal no acepta, no concibe a un consejero independiente, con iniciativa, valiente y que no se plegaba a los designios del gobierno del Estado. Y, señores priístas, confunden la causa con el efecto, porque no fue ella destituida por ser panista, fue destituida por ser una consejera honesta, congruente y valiente y en función del aliado que tuvieron en esa destitución autoritaria, nos podemos dar cuenta de la calidad de la tropelía, su aliado fue entonces el Partido Popular Socialista, ya nos podríamos imaginar la calidad pues de la acción. Y a nosotros no nos preocupa que entren cada vez más personalidades al PAN, al PAN le honra que cada día entren más personajes y personalidades a Acción Nacional. Para nosotros es un honor, la tragedia para ustedes, es que cada día hay más personalidades que abandonan su partido.
Tiene el uso de la palabra la diputada Lenia Batres, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos. ¿Con qué objeto, señor diputado?
Señora Presidenta, para rectificación de hechos.
Está registrado, señor diputado. ¿Con qué objeto, diputada América Soto?
Para alusiones personales.
¿Me permite diputada Batres, que conteste alusiones personales la diputada América Soto? Hoy la ciudad de Puebla está llena de propaganda azul y blanca, la mitad es del PAN y la mitad es de Gabriel Hinojosa Rivero. Ustedes aquí pedían que se cambiaran los colores del PRI, era una propuesta hipócrita evidentemente, porque cuando ustedes llegan al poder, la bandera de su partido es igual a la bandera de su gobierno y Puebla es un ejemplo de esto. Hoy se confunden los colores y contribuyen a confundir a la ciudadanía. Toda la intromisión del ayuntamiento y de los regidores en estas campañas, hacen que carezcan de autenticidad y de imparcialidad, por eso no se efectuó el debate. Al diputado que me antecedió en el uso de la palabra, lo invito a confrontar el curriculum de cada uno de nuestros candidatos. Su candidata al gobierno del Estado de Puebla tiene escolaridad media, no profesional, no universitaria.
Tiene el uso de la palabra la diputada Lenia Batres, hasta por cinco minutos. Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros: Yo quisiera señalar dos cosas que me parecen importantes en este debate: primero, es una pena que el Partido Revolucionario Institucional, cada vez que se denuncian atropellos, tropelías, fraudes, irregularidades que ellos mismos cometen o sus candidatos, sean incapaces de defender a esos candidatos y así los opera, en este caso el gobernador Bartlett. Ninguno de ellos ha sido capaz de decir una sola palabra en defensa de su gobernador, es imposible, los comprendemos. Segundo, compañeras y compañeros, hay dolo y hay dolo notable en las palabras de los diputados que han intervenido por parte del Revolucionario Institucional, sobre todo de quien afirma haber sido diputada local, justamente cuando se nombró a la consejera María del Carmen Díaz Amador, como consejera electoral en ese Estado. Fíjese diputada y eso lo sabe usted perfectamente, si es que fue diputada local en ese periodo, yo no lo sé, pero si es así, si es así fíjese usted, que quien propuso a la consejera no fue el PAN, fue el diputado entonces local, el único del PRD, Jorge Méndez Espíndola del PRD. Y la consejera efectivamente se comportó con honestidad, fue una molestia permanente para el gobernador Bartlett, que no resiste, que no puede tolerar una sola voz disidente en lo que él considera su territorio, porque es autoritario y es fascista y él, faltando a todo tipo de procedimiento jurídico válido, destituyó a la consejera y fue nuestra diputada federal del PRD, María Rosa Márquez, en la legislatura pasada, quien promovió en esta Cámara Federal un punto de acuerdo para que fuera restituida en su cargo, desgraciadamente todavía tenía mayoría absoluta el Revolucionario Institucional, por lo cual no procedió. Pero compañeras y compañeros, yo creo que el punto de Puebla es muy importante para todos nosotros, como un ejemplo de lo que no debe suceder en el país. A mi me consta porque soy diputada por la cuarta circunscripción y he estado muchas veces en ese Estado en giras de trabajo, me consta haber visto al candidato, entonces éste, precandidato por el Revolucionario Institucional para la gobernatura del Estado, Melquiades Morales, distribuyendo bicicletas, lavadoras y muchos objetos pero bastante suntuosos, para promover internamente el apoyo a su voto. Era un candidato y tuvo que hacer muchas tropelías, como acostumbran los candidatos y precandidatos de ese partido, para poder obtener el voto hasta de sus propios afiliados que en este caso logró la candidatura a la gubernatura estatal y éste es un antecedente importante, nada más déjenme decirles y es con lo que yo termino esta intervención, es el antecedente directo que permitiría ver.
Un momento diputada Batres. ¿Con qué objeto, señor diputado? 1770,1771,1772
Pedirle señora Presidenta, si acepta una interpelación la diputada Lenia Batres.
Diputada Lenia Batres, ¿acepta usted la interpelación del diputado Alvarez Arronte?
Acepto en cuanto termine la intervención, señora Presidenta.
No la acepta en este momento.
Compañeras y compañeros: afortunadamente el que está orquestando esta campaña, el gobernador Bartlett, el que está orquestando todas las tropelías del Revolucionario Institucional para la gobernatura, afortunadamente ha ido perdiendo espacio; eso realmente es un punto muy bueno, también de los priístas, porque no ganó el candidato del gobernador, ganó otro candidato dentro de su mismo partido. Afortunadamente hasta en el propio PRI empieza a haber conciencia de que el autoritarismo no es lo más positivo para el país. He terminado, señora Presidenta, acepto la pregunta del diputado.
Un momento. ¿Con qué objeto, diputado?
Ya aceptó la pregunta la diputada. ¿Me permite hacer la pregunta?
Un momento. ¿Con qué objeto, diputada América?
Presidenta, yo solicitaré posteriormente la palabra para contestar alusiones personales.
Puede usted hacer la pregunta diputado Alvarez.
Gracias, señora Presidenta: Señora diputada Lenia Batres, usted hizo referencia a que la consejera electoral María del Carmen Díaz Amador fue propuesta por el PRD y que actuó con equidad, certeza y legalidad. Yo quisiera preguntarle a usted: de dos consejeros que fueron propuestos por su partido y que fueron designados por mayoría, ellos son Prócoro Carvajal Fuentes y Víctor Manuel Reynoso, perdón, el consejero que fue a propuesta del PRD, si ellos han sido señalados por Acción Nacional, denunciando que su comportamiento ha sido ilegal, que se han vendido, por supuesto al PRI y que el actuar de estos consejeros ha puesto en entredicho el funcionamiento de la comisión electoral. ¿Usted está de acuerdo en que estos dos consejeros propuestos por su partido han actuado ilegalmente, señora diputada Lenia Batres?
Mire señor diputado, como en este caso usted menciona que es el PAN el que ha hecho la denuncia, sería bueno que les preguntara a ellos. Segundo, señor diputado qué bueno que usted haga esa pregunta, porque yo lo que le recomiendo a usted es que si usted tiene queja directa, la presente ante los órganos competentes. Se lo digo en el caso de los consejeros y se lo digo también respecto de nuestros candidatos que ustedes dicen, vienen, acusan de dicho pero nunca presentan denuncias porque no tienen pruebas. Gracias.
No contestó mi pregunta señora diputada, nosotros el PRI, no estamos impugnando a los consejeros, el Partido Acción Nacional los impugnó. No me contestó mi pregunta.
Pido la palabra.
¿Con qué objeto, diputada América Soto?
Para contestar alusiones personales.
Para contestar alusiones personales, tiene el uso de la palabra. Las irregularidades a las que se refirió el Partido Acción Nacional, son precisamente la actuación de los consejeros ciudadanos del PRD, para su ilustración, diputada que me antecedió en el uso de la palabra. Ella habló de la falta de democracia, habló del autoritarismo. Yo quiero decir aquí que el único municipio que el PRD ha podido gobernar subsecuentemente en Puebla, es un pequeño pueblo indígena de la sierra norte: Huehuetla. Ha gobernado el PRD ahí como sabe hacerlo: con intimidación y sembrando terror, es que ha podido gobernar Huehuetla durante nueve años. Ahí, en 1995 fue brutalmente asesinado un indígena, Pedro García Lecona, asesinato que sigue impune porque fue cobardemente cazado desde los cerros. Pedro García, era presidente municipal del PRI y lo estaba reorganizando; a su muerte y a múltiples atropellos, el pueblo reaccionó en su contra y en las urnas en 1997, perdió el PRD, ahí ganó el diputado por el PRI, Miguel Quiroz Pérez. En este año son condiciones de refrendar ese triunfo que los perredistas ven llegar con desesperación. Pero el triunfo no será suficiente.
¿Me permite un momento?
Pido la palabra.
¿Con qué objeto, señor diputado?
Bueno, si es tan amable señora Presidenta, de a su vez inquirirle a la oradora si me acepta una interpelación.
¿Acepta usted una interpelación, señora diputada?
Sí, diputada,
Preguntarle a la distinguida oradora, ¿en qué momento hará la defensa o se referirá a la alusión personal? y si lo que hace es cuándo va a empezar a defender a sus candidatos, en vez de injuriar a los demás?
Nuestros candidatos no necesitan defensa. Ellos ganarán, diputado. Yo formé parte del gobierno del Estado de Puebla y en ese sentido me estoy refiriendo a las acusaciones que profiriera aquí la diputada que me antecedió en el uso de la palabra. El triunfo no será suficiente en Huehuetla. Exigimos el esclarecimiento del asesinato de nuestro compañero Pedro García en ese municipio hasta hoy gobernado por el PRD. Quiero comentarles aquí a los diputados y diputadas del PRD, que ayer en el municipio de San Salvador el Verde, estando yo ahí presente, la policía municipal uniformada, colocaba la propaganda del PRD en ese municipio. También los gobiernos municipales intervienen en las elecciones, en el caso del PRD.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Estefan Chidiac, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.
Quisiera que fuera usted tan amable de incluirme en la lista de oradores para rectificación de hechos. Muchas gracias.
Queda usted registrada. Compañeros diputados: Este debate se prorrogó por tres, cuatro ocasiones y pensé que los compañeros del Partido Acción Nacional y del PRD, con el tiempo que tuvieron para preparar sus intervenciones, podrían traer argumentos sólidos, podrían combatir precisamente la cuestión electoral en mi Estado. Qué lástima que perdieron el tiempo y que no pudieron traer, qué lástima, ningún sustento el día de hoy aquí. No hay argumentos, no hay pruebas, no hay señalamientos; son simples quejas y rumores que han nacido en su mente malsana y la verdad han perdido el tiempo. Yo los haría reflexionar y les diría: ¿qué, vinieron hoy aquí a justificar que van a perder en Puebla? ¿Con qué cara le van a decir a sus demás compañeros, cuando hace tres años festinaban acerca de la gubernatura de Puebla? Cuando ganaron en Tehuacán, en San Martín y en Puebla, con ese gobernador oprobioso y el ogro que ustedes señalan, ¿ustedes ganaron? Porque hoy pierden. Porque hoy, después de tres años, el voto popular los va a censurar. Yo los llamaría más bien a reflexionar y que no vengan a dar excusas a sus demás compañeros y a los comités ejecutivos nacionales de ustedes por qué van a perder. Creo que ése es un punto muy importante que hay que señalar. Decirles también que ven la paja en el ojo ajeno pero no ven el yunque en el propio. El presidente municipal de Puebla es el mayor activista del Partido Acción Nacional allá en Puebla. Traemos datos muy claros respecto a los spots que hay en la radio en la publicidad. El señor Hinojosa parece que, después de ser un empresario fracasado y ahora un político fracasado, quiere ser locutor de radio. Al día de hoy más de 8 mil spots en la radio del señor presidente municipal de Puebla promoviendo a su partido; más que los candidatos a gobernadores y que los candidatos a presidentes municipales, Con el dinero del pueblo, con el dinero que tanto pelearon que fuera discrecional para los presidentes municipales, se ha gastado más de 3 millones de pesos para poder llevar a cabo esa campaña publicitaria. 1773,1774,1775 ¿Quién regala, quién regala? El señor presidente municipal de Puebla, sabiendo que se anticipaba una derrota y que su partido quedaría enterrado, fue al panteón el Día de Muertos a oprobiar a todos los deudos de los muertos en Puebla, a regalarles agua y decirles: vayan al cierre de campaña del Partido Acción Nacional; aquí está una gorra azul para que votes por el PAN. Aquí están las fotos del señor presidente municipal de Puebla haciendo esa oprobiosa campaña en contra de la legalidad. Aquí sí traemos pruebas; aquí sí traemos datos. América y Omar han señalado concretamente casos específicos. ¿Qué nos han traído ustedes aquí? Puras quejas oprobiosas, puros señalamientos, pero nada de realidades. Yo les diría: prepárense porque el cambio ya llegó, el cambio ya llego a Puebla. Va a cambiar de gobierno la ciudad de Puebla y va a cambiar Tehuacán. Prepárense para ese cambio, porque el cambio que le ofrecieron al pueblo no lo hicieron ustedes para ustedes mismos. Siguen siendo los mismos de siempre y vamos a decirles que hay que cambiar en el PAN. En el PAN hay que cambiar el nepotismo. El presidente municipal de Puebla y toda su camarilla de primos y hermanos están en el gobierno. Dijeron que iban a ser una administración muy transparente. No se licitan las obras en Puebla y Tehuacán. Vivimos en un caos social, en donde les quiero decir que lo único que va a cumplir el presidente municipal de Puebla, de Cholula y de todas las ciudades que gobiernan, son tres años de haber estado ahí. Es lo único que van a poder cumplir y la verdad resígnense, resígnense a que van a perder el próximo domingo. No busquen explicaciones y si tienen algunos señalamientos de pruebas, tráiganlas, por favor, enséñenlas y no vengan a llorar aquí lo que no pueden ganar en Puebla. Los votos son los que nos hacen a todos llegar a gobernar; no venir aquí a llorar a la Cámara de Diputados lo que no han podido ganar allá en Puebla. Y decía un compañero que le daba pena que Sartori se iba muy triste de ver lo que estamos haciendo aquí. Ayer comió con Manuel Bartlett Sartori. Ayer estuvo en Puebla comiendo con Manuel Bartlett. Imagínense la tristeza que le va a dar de ver lo que ustedes están señalando. Y también decirles que la autoridad moral la dan los votos. Quien va a calificar la autoridad moral de Manuel Bartlett y del PRI son los votos el domingo y ese domingo ustedes van a saber quién va a ganar. Y les voy a decir otra cosa. Me atrevo a apostar con ustedes, porque dicen que las encuestas no sirven. Hace tres años las encuestas decían que el Partido Acción Nacional iba a ganar y acusaban al gobierno y al PRI de que íbamos a hacer fraude para que no ganara el Partido Acción Nacional. Ahora que las encuestas no los señalan para ganar, acéptenlo, resígnense. Van a volver a ser oposición en los municipios que hoy gobiernan y hoy el PRD va a desbancar al Partido Acción Nacional del segundo lugar en la ciudad de Puebla. Paguen las consecuencias de ser un pésimo gobierno en Puebla.
En términos del artículo vigésimo del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones y Debates en la Cámara, esta Presidencia determina consulte la Secretaría a la Asamblea si el tema se encuentra suficientemente discutido.
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el tema. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... No se encuentra suficientemente discutido, señora Presidenta.
Continuamos con la lista de oradores para hechos. Tiene el turno el diputado Juan José García de Quevedo, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos. Con su permiso, señora Presidenta; compañeros diputados: Aquí se han dado dos cuestiones que parecen de sustancial importancia. Número uno, se ha afirmado que Acción Nacional recoge a todas las personalidades democráticas y todas esas personalidades democráticas llegan a Acción Nacional. Casualmente también estas personalidades democráticas antes fueron consejeros ciudadanos, antes representaban la más absoluta neutralidad y pureza, no tenían pasiones políticas, estaban al margen de ellas y su mundo era simplemente una serie de reflexiones sobre la realidad y lo que debería de ser la realidad. ¡A esta especie, casualmente, corresponde un personaje como el señor Creel, que siempre ha vivido en la más absoluta ambigüedad! Se define a sí mismo como el hombre de la transición, pero los hombres de la transición, los hombres de la transición necesitan coherencia, congruencia y haber manejado siempre posiciones políticas; no la ambigüedad como posición política. Casualmente también estas personalidades democráticas en Jalisco, ya lo sabemos, tienen ustedes dos o tres consejeros que antes eran neutrales y hoy no sé si panistas, solamente antipriístas. ¡Esta es la mayor aportación de material de capital teórico que tiene Acción Nacional y seguramente el hecho de contraponerse con un hombre como Manuel Bartlett, que representa, les guste o no, posición política, historia y posición política! ¡Nunca, nunca ha dicho que no es priísta! ¡Nunca ha dicho que no gobierna con su partido! ¡Nunca ha dicho que no quiere que su partido gane! ¡Y en Puebla va a ganar el PRI y a eso llaman ustedes regresión autoritaria, porque gana el PRI! ¡Y cuando no sucede así festejan con antelación fraudes y hablan de fraudes y vuelven otra vez a sustentar la cultura del fraude como una forma de supervivencia política! ¡Señores, son posiciones! ¡Bartlett tiene coherencia! ¡El capital humano y político, estas personalidades democráticas de Acción Nacional son, han vivido, han existido en la historia de la ambigüedad!
Un momento, por favor. El micrófono para el señor diputado. ¿Con qué objeto, señor diputado?
Señora Presidenta, quisiera por su conducto que le preguntara al orador si nos permite una interpelación.
Señor diputado, ¿permite usted una interpelación?
Al término de mi intervención.
No la acepta ahorita.
¿Al término la acepta?
Sí, señor.
Correcto.
¡Y llama más la atención cuando dentro de sus argumentos hablan de caciquismo político y en esto de caciquismo político juzgan ustedes a una personalidad como la del señor Manuel Bartlett! Señores, en Jalisco Acción Nacional ha tenido la desvergüenza de mandar a un señor a Guadalajara y a su hermano a Zapopan, al candidato a Ciudad Guzmán, hermano del gobernador; es decir, una familia política se ha repartido, se ha querido repartir el Estado. Dicen ustedes: y ganaron. Señores, perdieron el Congreso y Acción Nacional en Jalisco, por esos comportamientos autoritarios y de caciquismo político, va para abajo y va a perder. Hoy no se quiere discutir, no se quiere discutir una elección que es Puebla, que saben ustedes que la tienen perdida. Quieren injustamente contraponer dos personalidades, el gobernador Bartlett, que es un hombre de posiciones y su capital político, sus consejeros, que son hombres de ambigüedades. Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Villanueva, para hacer la pregunta.
Señora Presidenta.
¿Con que objeto, diputado Santiago Creel?, un momento por favor.
Señora Presidenta, con todo respeto quisiera hacer uso de la tribuna, una vez que termine el diputado que está haciendo uso de la voz, para contestar alusiones personales.
Está registrado diputado Santiago Creel. El diputado Villanueva iba a hacer una pregunta al diputado García Quevedo.
Diputado, ¿no cree usted que la experiencia aumenta el conocimiento y que las personas honestas que fueron electas como consejeros una vez que se dan cuenta de la trapacería, de las pillerías del PRI, por congruencia y por amor a México toman partido?
Puede usted dar respuesta.
Mire usted, opino yo que los consejeros ciudadanos tienen la más alta responsabilidad en tanto que en mucho representan una conciencia justamente objetiva, al margen de las reyertas partidistas, para imponer la voluntad ciudadana y para hacer que esta voluntad ciudadana cuenta y valga todo. Justamente en este proceso que tenemos los mexicanos para legitimar todos nuestros procesos electorales, para que no haya estas voces aullantes de señalar el fraude cuando van a perder, justamente para dar certificación y certeza a partidos políticos y a instituciones, es que los consejeros ciudadanos debieron haber mantenido verticalidad, principios y, sobre todo, lo más importante señor, que en su historia se recuperara algo de coherencia y no ser ayer los hombres de la aparente neutralidad y hoy simplemente unos fanáticos que empequeñecen a Robespierre en sus locuras. Muchas gracias. 1776,1777,1778
Tiene el uso de la palabra el diputado Santiago Creel, para contestar alusiones, hasta por cinco minutos.
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: Paso por tercera ocasión a la tribuna en un tema en donde no estoy relacionado o vinculado, como son las elecciones de Puebla. Ese es el nivel de debate que quieren imponer los compañeros del Partido Revolucionario Institucional. Fíjense ustedes, se está discutiendo sobre cuestiones de Puebla y en tres ocasiones tengo que pasar por alusiones personales, en situaciones que nada se vinculan al tema que en este momento debe de estarse tratando... ¿Ese es el nivel? ¿Con eso quieren ustedes, compañeras y compañeros del PRI, superar la parálisis legislativa? ¿Quieren que de esta manera se suba el debate parlamentario para agotarnos...
Un momento, señor diputado Creel, permítame un momento. El micrófono para el diputado Carlos Jiménez, ¿con qué objeto, señor diputado Carlos Jiménez?
Señora Presidenta, si es tan amable en consultarle al orador si me permite una pregunta.
Señor diputado Creel, ¿permite usted una pregunta al diputado Carlos Jiménez?
Con mucho gusto al final de mi intervención.
Al final de su intervención, en este momento continuará el diputado Santiago Creel con su intervención. Entonces, compañeras y compañeros diputados, creo que debemos empezar a tratar de incrementar el nivel, la calidad del debate parlamentario. Habla aquí el diputado García de Quevedo que los consejeros ciudadanos debíamos de haber sido apolíticos; es decir, fuera de la política, fuera de cualquier interés público, fuera de la polis, fuera de esa esencia natural que le es a todo ciudadano intervenir en las cuestiones de orden público. Las diputadas y los diputados del PRI quieren que los consejeros ciudadanos, hoy consejeros electorales, cuando dejen de ser jueces electorales ya no puedan ser parte, quieren que pierdan sus derechos políticos, quieren que pierdan su libertad de poder escoger la opción política que más les sea acorde a sus intereses y a sus ideologías, a sus programas, a su visión de la realidad, ¿eso desean, mandarnos fuera del mundo de la política?, yo creo que no, yo creo que no lo desean ni ustedes como tampoco el resto de los diputados. ¿Qué es lo importante para un funcionario electoral?, lo importante a mi juicio es que mientras se tiene la función, debe de respetar el principio de la imparcialidad y creo que de ello hay perfectamente cuenta y evidencia en las distintas actas que dan prueba fehaciente de la actividad y de la conducción, que el que habla tuvo como consejero ciudadano. Pero aquí se ha hecho la comparación, aquí se ha hecho la comparación de los consejeros ciudadanos respecto de Manuel Bartlett. ¿Qué representa Manuel Bartlett? Manuel Bartlett representa a los neoconservadores, sí, escucharon muy bien ustedes, los primos hermanos de los neoliberales, los neoliberales son los tecnócratas y los supuestos políticos son los neoconservadores, aquellos que quieren seguir conservando privilegios, aquellos que desean seguir con el modelo del sistema político mexicano arcaico; efectivamente los consejeros ciudadanos cuando lo fuimos representamos algo totalmente distinto. Es por ello que no puede haber ambigüedades en posiciones, diputado García de Quevedo, neoconservador Manuel Bartlett y lo contrario, consejeros ciudadanos. Sí, efectivamente estamos en pro de la democracia y en pro de la transición política. Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Valdés Romo, del PRI, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos. ¿Con qué objeto, diputado García de Quevedo? Un momento diputado Valdés Romo.
La pregunta que solicité, con todo respeto señora Presidenta, para el señor orador y la aceptó... aceptó que al final de su intervención.
¿Acepta usted la pregunta que le va a hacer el diputado Jiménez?
Así es. Así lo acepté.
Entonces damos lugar a la pregunta y después la alusión del diputado García de Quevedo.
Diputado Creel: yo quisiera y sobre todo reafirma usted el sentido de mi pregunta en la forma en que inició usted su intervención en este momento, cuando nos ha endilgado una serie de calificativos para decir que hemos desviado el sentido de este debate y yo le pregunto por qué cuando usted pasó endilgó ése tipo de ataques y enfiló todas sus baterías en contra del señor Bartlett. Pero sobre todo, dígame en qué calidad dijo usted que los juicios políticos seguirían, les gustara o no. Si lo dijo como diputado muy bien, pero como presidente de la comisión usted no tiene derecho a hacer juicio de valor en ningún caso de juicios políticos.
Señor diputado: me parece que no conoce adecuadamente el Reglamento ni la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Los presidentes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, como también el presidente de Justicia, tienen la obligación de conducir los trámites de juicio político a nivel de la subcomisión de examen previo y a nivel de las comisiones unidas; entre otras facultades tiene que convocar y conducir las sesiones, pero tendrían también otras atribuciones. Le sugiero diputado Jiménez Macías, lea la ley y por supuesto el Reglamento. Muchas gracias.
¿Con qué objeto, diputado Jiménez Macías?
Señora Presidenta: no contestó a mi pregunta, porque ha aludido cierto desconocimiento de mi parte que él afirma tengo. Está muy equivocado y lo que yo le pregunté es, ¿por qué afirma que procederán los juicios cuando él no tiene ninguna... calidad jurídica para hacer esos juicios de valor? Sí sé cuales son sus responsabilidades. Eso sí lo sé y no emitir juicios de valor como los que ha venido emitiendo siempre...
Señor diputado Jiménez Macías... señor diputado Jiménez Macías. Ya le... el diputado Santiago Creel dio respuesta y ha bajado de la tribuna, le voy a pedir al diputado García de Quevedo pase a la tribuna. ¿Con qué objeto, diputado Quiroz?.. Un momento, el micrófono para el diputado Miguel Angel Quiroz.
Señora Presidenta, con todo respeto le solicito me inscriba en la lista de oradores para rectificar hechos.
Está usted inscrito, señor diputado. Continúe diputado García de Quevedo. Con su permiso, señora Presidenta; señores diputados: De que el señor Creel es imaginativo, es imaginativo, varias veces en esta tribuna se ha dado el lujo no sólo, no sólo de inventar una tesis, sino darle historia. Esto, esto ya habla mucho de la imaginación del señor Creel. Inventa aquí una tesis, le da historia, señor Creel, en principio, la calidad del debate la establecieron justamente ustedes, Acción Nacional y la establecieron por lo que usted ya conoce, porque no se vale ya, justamente porque tenemos un sistema electoral y autoridades electorales, llamarse a fraude... llamarse a fraude cuando se sabe perdido ese proceso electoral y le hace daño a la democracia, le hace daño a los partidos, le hace daño a la sociedad, le hace daño a México y a Puebla. Esto no se vale. ¿Pero qué demuestra esto?, impotencia y la impotencia lleva a ser esta serie de juicios temerarios contra el gobernador Bartlett, donde indebidamente usted se propuso como comparación y por eso señalamos, el señor Bartlett es un hombre de posición. Usted ha vivido en la más absoluta ambigüedad, por un lado. Por otro lado, nadie ha dicho que los consejeros ciudadanos y electorales no sepan de política, no les interese la política, no conozcan la política. Hemos dicho que no debían de haber tenido jamás como único incentivo, como única preocupación el antipriísmo visceral que sus actos y también actos señor Creel, hacen evidente y patente. Los consejeros electorales son antipriístas, visceralmente antipriístas y luego casualmente, cuando cumplen su tarea, todos casualmente son premiados con diputaciones plurinominales. Esto se ve como un premio y esto no habla en nada bien ni de su historia personal ni de su amor y su cariño, como lo han dicho, por los tribunales y la justicia electoral, porque la ponen en entredicho y porque permiten justamente estas intervenciones. Porque usted, señor Creel, por más que se autoproponga como el hombre de la transición democrática, para ser un hombre de la transición democrática lo más importante, lo definitivo, es tener coherencia...
Señor diputado García de Quevedo, un momento. ¿Con qué objeto, diputado Creel?
Señora Presidenta, ¿me permite hacerle una pregunta al orador, si así la acepta?
Al término con mucho gusto.
No acepta, señor diputado.
Para ser y autonombrarse como el hombre de la transición, señor Creel, hay que tener coherencia, congruencia, esto lo exigen los partidos y la ciudadanía. No se puede simplemente, sin ese capital de honestidad y verticalidad política que implica militancia partidista y toma de posiciones, autonombrarse el hombre inmaculado que defiende la Constitución, el hombre inmaculado que defiende la transición, el demócrata convencido, el que tiene cabeza y corazón democrático, eso no se vale, señor Creel, eso no se puede hacer. 1779,1780,1781 La transición política y los hombres de la transición implican honestidad y coherencia y no andar como saltimbanquis de un lugar para otro. Eso no se puede hacer, señor Creel. Por otro lado, le niego absoluta autoridad moral y política para llegar aquí y establecer una nueva tesis y darle también historia. Bartlett representa el neoconservadurismo. Otra vez llega usted aquí, inventa una tesis y luego con el tiempo seguramente, señor Creel, le va a dar historia. Este México y este México democrático exige en sus hombres coherencia y congruencia y para ser todo eso hay que tener carácter y haber apostado a un partido abiertamente, señor Creel, abiertamente. Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Santiago Creel, para la pregunta al orador. Muchas gracias, señora Presidenta: Quisiera preguntarle al orador si alguien que fue juez no puede ser parte. En términos de autoridades electorales, si alguien que fungió como autoridad electoral no tiene el derecho legítimo, cuando deja de serlo, de optar por una opción política de manera clara, de manera abierta, en una candidatura y posteriormente venir a defender sus ideas con el voto ciudadano, en una Asamblea como la que en este momento estamos celebrando. Diputado García de Quevedo, ¿se puede ser juez y después de ser juez se puede ser parte? Muchas gracias por su respuesta.
Tiene la palabra, diputado García.
Mire, señor Creel. Lo ha dicho usted en sus artículos, estos momentos reclaman, en sus actores políticos, una absoluta capacidad ética, y yo diría también un absoluto sentido estético en su comportamiento, frente a la sociedad y frente a los partidos. Usted puede ser perfectamente juez y después ser parte. Lo que no puede usted, señor Creel, es haber actuado como juez y como parte y sus hechos de hoy, entre otras cosas, tienen algo gravísimo, señor Creel: usted, el compañero López Vergara y muchos más de Acción Nacional, están logrando descalificar una figura muy importante que era justamente el consejero electoral y el consejero ciudadano. Señor, señor Creel, hay posiciones...
Un momento, señor diputado. Les pedimos orden en la sala para que podamos continuar y tengan respeto al diputado que está en el uso de la palabra. Les pido respeto y no diálogo, por favor. Puede usted continuar, señor diputado.
Señor Creel, diputado Creel, hay momentos, como ha señalado usted, que la mera legalidad...
Un momento, señor diputado. ¿Con qué objeto, diputada Zavala?
Orden, señora Presidenta. Mire, creo que podríamos pasarnos largas horas defendiendo el derecho que tienen los consejeros ciudadanos de tomar posiciones políticas, incluso partidistas después de terminar su encargo, pero el tema del debate agendado es Puebla. Pido esa moción de orden para que la Presidencia haga centrar el debate a este tema.
No ha lugar la moción, porque está dando la respuesta al diputado Santiago Creel, el diputado. Termine, diputado.
Usted ha señalado, señor Creel, diputado Creel, varias veces que en estos momentos de la transición que usted llama y a la que usted apuesta, es necesario algo más que la mera legalidad jurídica; que es necesario también la moralidad política y la ética política. Con sus actos lo único que señalo, señor Creel, es que lastima severamente a la figura del consejero electoral, del consejero ciudadano, lo lastima y también lastima y también pervierte la existencia de los partidos políticos en tanto bloques con historia, con militantes y, sobre todo, con cuadros y dirigentes que pudieran estar en este lugar y no como en Jalisco y en muchos lados, en Jalisco principalmente López Vergara se sospecha, por pagos y por buenos pagos, a sus servicios electorales por parte de Acción Nacional. Señor Creel, sí le puedo asegurar y lo invito a que reflexione y a que piense, en que sus posiciones y su historia poco ayudan a la democracia en México.
Señora Presidenta.
¿Con qué objeto, señor diputado Creel?
Señora Presidenta, para contestar alusiones personales quisiera hacer uso de la tribuna, si usted me hace el favor.
Tiene el uso de la palabra el diputado López Vergara y después el diputado Creel.
Señora Presidenta.
¿Con qué objeto, señor diputado Pablo Gómez?
Con el propósito de rectificar hechos, señora Presidenta.
Queda usted inscrito en la lista de oradores. Con su permiso, señora Presidenta: Juan García de Quevedo no tiene absolutamente, de ninguna forma, la moralidad para decir que llegó a esta Cámara limpiamente. Juan García de Quevedo me lo dijo a mi en esta misma Cámara, que estaba muy molesto conmigo porque durante dos meses lo tuve muy preocupado porque le quería quitar su diputación, concretamente federal, toda vez que había hecho trampa y en el Partido Acción Nacional habíamos promovido los juicios correspondientes y fuimos hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial, para demostrar precisamente la falsedad que ganó por 500 votos, pero falsamente. Pero además quiero contestarle otra de sus falsas aseveraciones que ha hecho Juan García de Quevedo: es cierto que en el año de 1994 fui invitado a formar parte del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, acepté la posición de consejero porque quería que nuestro país cambiara y que terminaran esos 69 años que tenemos de corrupción, que hemos vivido precisamente a través de todo este tiempo. Pero no sólo por eso, es importante mencionar más cosas. Yo fui invitado porque era un profesor universitario y precisamente porque me promovieron los grupos de ciudadanos que querían que estuviera representado el consejo electoral. Pero quiero decirle algo, algo que es muy importante: es cierto, con posterioridad acepté la Procuraduría General de Justicia del Estado y eso no creo que sea premio para ninguno, lo hice a consecuencia de la gran problemática que se vivía en el Estado y de la gran corrupción que estábamos viviendo. Quiero decirle que esto es muy importante, para Juan: sí, él estaba tan temeroso de que le quitara, porque a mí me encargaron en el Partido Acción Nacional, que dirigiera precisamente las actividades jurídicas electorales, de que le quitara su diputación, es porque temía precisamente algo, porque el que nada debe, nada teme. Pero no sólo esto. Recientemente volvió a repetir lo mismo y le dije: "Juan, en los juicios está precisamente cómo en las urnas, en las urnas concretamente de Pouzitlán, se encontraron las boletas cruzadas a tu favor, pero ni siquiera les quitaron el talón del número ni siquiera de eso se aprovecharon ni siquiera de eso se cuidaron". Pero también quiero mencionar otra cosa y creo que esto es muy importante. Es importante mencionar...
Les voy a pedir a todos los diputados y recordarles que el tiempo que tenemos en este momento es el debate pactado sobre las elecciones en el Estado de Puebla. Se está desviando el debate. Les voy a pedir a los señores diputados centren el tema de Puebla.
Pues bien, precisamente cuando uno ejerce la función de consejero electoral, descubre el sinnúmero de corruptelas que el Partido Revolucionario Institucional ha hecho a través de los procesos electorales y el líder de éstos, el ideólogo de ellos, el autor intelectual es precisamente Bartlett, y una prueba muy clara la tenemos en 1988 cuando se le cayó el sistema por no reconocer precisamente la derrota que tuvo el PRI en esa ocasión. Pero no sólo eso, posteriormente aceptamos ser consejeros, de consejeros aceptamos función pública y después con mucha honra, acepté formar parte del Partido Acción Nacional, del cual me considero en este momento un miembro activo y a partir de este año, precisamente porque queremos ser congruentes con la historia de México y luchar contra tanta corrupción que se da en el Partido Revolucionario Institucional. Termino diciéndole y fundamentalmente a ese golpeador que tenemos en Jalisco, ¡líder charro, Machuca!, que grita y que dice mentiras continuamente, que precisamente los Bartlett, los Machuca, no tendrían por qué estar en esta Cámara. Estos señores no tienen ninguna calidad moral precisamente para presentarse y menos para escudarse gritando en las tribunas, gritando en el Bronx. Es importante que sepan, hay un cambio. Han perdido el poder en esta Cámara, se está conociendo la verdad, la corrupción no permitiremos que continúe, que se da precisamente en el proceso electoral y en Puebla qué bueno que se denuncia esto, porque Bartlett es el autor intelectual de toda esta corrupción en Puebla.
Un momento, diputado Santiago Creel. ¿Con qué objeto, señor diputado? 1782,1783,1784
Para contestar alusiones personales.
Tiene el uso de la palabra el diputado Santiago Creel. Estaba en el turno para contestar alusiones personales. Solicitamos a la Asamblea orden para poder continuar con el debate. Nuevamente les solicito a los señores diputados se comporten seriamente y en orden, para que podamos continuar con este debate. Con su venia, señora Presidenta: Subió aquí a la tribuna el diputado García de Quevedo y dijo que aceptaba la tesis que yo había planteado en mi intervención anterior, en el sentido de que alguien que había sido juez, podía sin problemas ser parte. Le agradezco que se sume a esa tesis que yo plantee aquí en la tribuna y que esté de acuerdo conmigo. Diputado García de Quevedo, si usted tiene alguna denuncia en concreto, como una imputación que me formule como consejero ciudadano, yo lo que le pido son las pruebas y también lo que le preguntaría a usted es ¿por qué en su momento los militantes de su partido no presentaron las denuncias correspondientes ante el tribunal, ante el fiscal electoral o ante las autoridades competentes que hubiere lugar? Yo le ruego que si tiene una denuncia, presente las pruebas y sobre todo que nos explique por qué no lo hizo en su momento el Partido Revolucionario Institucional. Que raro que apenas opté por ser candidato del Partido Acción Nacional, qué raro que sólo fue hasta ese momento cuando empezaron las denuncias y las imputaciones y no antes. Yo lo invitaría, diputado García de Quevedo, también a meditar. Usted dice que mis tesis hacen historia, yo se lo agradezco. No creo que lleguen a tanto todas ellas. También dice que su concepción de la ética o de la moral política, le avala sus críticas. Qué bueno que tenga esa ética y esa moral política, precisamente eso es lo que me honra a mí ser diferente a usted en las concepciones éticas y morales de la política. Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra para contestar alusiones personales el diputado García de Quevedo. Quiero recordarle a la Asamblea que tenemos inscritos para rectificar hechos a ocho diputados más, por lo que les solicitamos se centren en el tema del debate sobre Puebla. Con su permiso, señora Presidente; señores diputados: El diputado López Vergara verdaderamente hace aquí una revelación que todo mundo escuchamos y que parecía imposible que la hiciera. Dice literalmente: "acepté ser consejero ciudadano para acabar de una vez por todas con 60 años de corrupción y fraude". Esta es la tesis que sostiene un pretendido consejero electoral y después de esto ¿cómo es posible que todavía pidan que con su actitud y con sus dichos no se desprestigie esa fórmula tan importante que es la de consejero electoral, la de consejero ciudadano y también la de integrante de un partido político? Señor López Vergara, usted raya siempre en lo incomprensible. Ahora resulta que pone en entredicho aquí, en este momento, ante un tema que se está tratando que nada tiene qué ver con el asunto, la legitimidad de mi elección y está diciendo que no es legítima. Esto es desmesurado, por lo menos desmesurado, señor López Vergara, como desmesurado fue su tránsito bastante dramático y usted lo sabe, por la política en Jalisco. Simplemente a estas perturbaciones emocionales, quiero decir que sea más mesurado López Vergara y que no ponga en evidencia lo que realmente siente y lo que realmente piensa. Entró para acabar con 60 años de fraude y de corrupción, por eso fue consejero electoral, y evidentemente acabar con el fraude es hacer que el PRI pierda y si el PRI no pierde, existe fraude, porque el PRI, en su lógica de maestro universitario, implica justamente todo lo oscuro y todo lo negro de la política mexicana. Por eso justamente señor López Vergara, justamente por todo lo que dijo y por lo que aplaude, es que usted no tiene ninguna calificación moral y en su comportamiento, por sus propios dichos, son de un cínico, simplemente de un cínico como fue cuando lo Procurador de Justicia de Jalisco. Al señor Creel, que evidentemente tiene por lo menos algunas ideas, sí le puedo decir: el planteamiento, señor Creel, el planteamiento que yo le hice es en el sentido de que en esa apuesta que usted hizo a su persona y a las tesis que maneja en tanto la transición, es importante que el hombre que quiere encabezar más este Congreso, sea un hombre cuya congruencia, cuyas posiciones políticas y cuya claridad política sea absolutamente inatacable. No dije nunca, señor Creel, que sus tesis tienen historia; dije que tiene usted el espectáculo de llegar aquí a este Congreso, manejar una tesis y después decir que ésa tiene una larga historia. Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra la diputada Carolina O'Farrill, para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos. Con su venia, señora Presidenta: Es muy triste para el pueblo mexicano, que se venga a debatir aquí, a tratar de ganar o perder elecciones, a hacer confrontaciones como las que se están haciendo. Los compromisos que hicimos como diputados de la nación, es cumplir y hacer cumplir la ley y vigilar que se cumpla. Por lo tanto, este foro no es el lugar para dirimir este tipo de controversias y desacreditar unos días antes de las elecciones. Tampoco es para desacreditar una de las instituciones que ha costado tanto trabajo que se ciudadanice; mucho menos a los consejeros. El trabajo que han realizado los candidatos de todos los partidos, nos merece un extraordinario respeto en este lugar donde el pueblo nos sentó pluralmente. Ellos han trabajado en sus campañas, han luchado cada uno de los candidatos. No es desacreditar y mucho menos a una candidata mujer, como se ha venido haciendo en este lugar. Es la primera ocasión que Puebla tiene una mujer candidata y se ha venido a desacreditar. No es conveniente. Ni tampoco, es conveniente desacreditar a los demás partidos. Un debate como éste tendría que empezar a platicar, a dialogar los grandes rezagos que tenemos que exigirle al futuro gobierno, al futuro gobernante que el pueblo de Puebla, las y los poblanos decidan que llegue. Es en las instituciones electorales donde se debe de respetar y hacer respetar el voto. Todos los partidos nos comprometemos cuando participamos con nuestros candidatos y con las reglas que se establecen. Ahí es donde se debe desacreditar a los partidos, pero no a las instituciones electorales. Es una falta total de respeto la que se está realizando aquí. Hablemos de las carencias; hablemos de las poblanas y de las poblanos; hablemos de cuál es lo que vamos a exigir en esta Cámara plural; con estas características que el pueblo nos dio a todos, absolutamente a todos los gobernantes que en unos días más en las cuatro entidades llegarán: a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal. Eso es lo que necesitamos; no venir a ganar o perder votos con debates que no le sirven a este pueblo, a nuestro pueblo, a México. Yo los convoco a todos, que respetemos a los poblamos. Respetemos las instituciones electorales. Respetemos a los partidos. Cada uno está haciendo su lucha. Pero aquí las elecciones se terminaron el 6 de julio del año pasado. Este año y lo que viene en adelante, tenemos que buscar la forma de mejorar las condiciones de las y los poblanos y de todo el país en su conjunto. Muchas gracias, señores diputados; muchas gracias señora Presidenta. Gracias, diputada Carolina O'Farrill. Esta Presidencia consulta a la Asamblea, le pide a la Secretaría consulte si el tema se encuentra suficientemente discutido. Quiero informar a ustedes que hasta el momento sobre el tema de las elecciones de Puebla, han hecho uso de la palabra en la tribuna 25 oradores y están inscritos 12 más. Por lo tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea si el tema se encuentra suficientemente discutido.
En votación económica se consulta a la Asamblea si el tema se encuentra suficientemente discutido. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
Se ruega a la Secretaría dar cuenta de una invitación de la Secretaría de Salud.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud. Ciudadano diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.- Presente. En memoria del ciudadano Norberto Treviño Zapata, quien además de su significativa labor como médico, sirvió al país de manera muy destacada, desde diversas responsabilidades públicas; el próximo 9 de noviembre del año en curso, a las 11:00 horas, se llevará a cabo un homenaje en el auditorio doctor Abraham Ayala González, del Hospital General de la Ciudad de México. Con base en lo anterior, atentamente solicito a usted, tenga a bien encausar las gestiones necesarias para que la Cámara de Diputados designe a la representación que considere conveniente, a fin de acompañarnos en esta ceremonia. Sin otro particular, me es grato reiterarle mi distinguida consideración. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., a 3 de noviembre de 1998.- El secretario Juan Ramón de la Fuente.»
Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes diputados: Miguel Angel Navarro Quintero, María Verónica Muñoz Parra, Gonzalo Rojas Arreola y la de la voz, María de las Mercedes Juan López.
El siguiente punto del orden del día es el debate pactado sobre las elecciones en el Estado de Tamaulipas. Para fijar la posición de su grupo parlamentario, se han inscrito los siguientes diputados: Carlos Antonio Heredia Zubieta, del Partido de la Revolución Democrática; Sergio Antonio Salazar Salazar, del Partido Acción Nacional y Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional. Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado Sergio Antonio Salazar Salazar, del Partido Acción Nacional. Con su permiso, señora Presidenta; diputadas y diputados: 1785,1786,1787 Una vez más, en Tamaulipas, se comete un crimen contra la democracia. Tomás Yarrington Rubalcaba ha sido impuesto como gobernador de Tamaulipas por el gobernador saliente, el salinista químicamente puro, Manuel Cavazos Lerma. La carrera política de Tomás tiene como rasgos distintivos una presidencia municipal de Matamoros cuestionada al final de su gestión, una labor electorera como secretario de finanzas en el Estado, de principio a fin, una utilización manipulada de la historia cabalgando por todo el Estado para celebrar los 250 años de mi Estado, una consulta interna estatal que provocó fuertes críticas de los candidatos rivales del mismo partido oficial, que lo acusaron de utilizar fondos públicos e inclusive lo señalaron de usar fondos de dudosa procedencia, una manipulación y combinatoria en los procesos municipales y distritales internos, en los que de nuevo se exhibió el uso ofensivo de recursos y, finalmente, la campaña constitucional de los meses de agosto, septiembre y octubre donde todo, absolutamente todo, fue utilizado: selección de los consejeros y funcionarios electorales, todos ellos priístas, unos abiertos y otros emboscados, insuficiencias en la preparación de los insaculados, presiones y cambios en multitud de funcionarios de casilla. Publicación de encuestas amañadas para inducir el voto. Presiones y chantaje con recursos del Procampo, del Progresa y Tritibonos para amarrar traficando con la miseria por ellos promovida. Mas aún: coacciones a servidores públicos y burócratas de todos los niveles. Plena implantación del voto corporativo en diferentes agrupaciones. Espionaje telefónico en todos los municipios de la entidad. Reparto condicionado de minidespensas y pobres atados de láminas de cartón. Compromisos cupulares con sectas y religiosos que niegan con sus conductas los auténticos valores del espíritu. Presiones inmorales antes, durante e inmediatamente después de las elecciones. Importación de mapaches y tejones nacionales. En Tampico poblanos, que unidos a los que todos conocemos en nuestro Estado se confabularon con los gángsteres incrustados en los comités municipales y estatales para, atracar la voluntad del pueblo de Tamaulipas. Padrones rasurados y alterados. Carruseles...
Diputado Salazar: permítame un momento. Diputado Villalobos: ¿con qué objeto?
Solicitarle al orador, si me permite hacerle un cuestionamiento.
¿Le da usted la posibilidad de hacerle alguna pregunta? Les recuerdo que estamos en la fijación de posiciones.
No, señora Presidenta.
No acepta.
Gracias.
Ratones locos y acarreos de votantes. Operaciones "tamal", "barbacoa" y "pozole". La multiplicación de imágenes televisivas con el gobernador saliente que entre demagogia y cursilerías magnifica su obra de gobierno, al mismo tiempo que ofrecía su amistad, pero que sólo era el colofón de una campaña abusiva de medios en la que Tomás se hizo ubicuo y omnipresente. Intimidaciones a candidatos de oposición y a posibles apoyos a los mismos, dosificados con intentos de compra como en el caso del candidato a la presidencia del municipio de Tula. Manejo anticipado de credenciales de elector, con presiones intimidatorias para el control del voto. Cerrándose todo con la asistencia de seudolíderes y porros, checando con patrones paralelos. En suma, la transición a la democracia, el respeto a la misma ofrecida por el presidente Ernesto Zedillo, el 1o. de septiembre de este año, quedó en evidencia en Tamaulipas como una simple promesa demagógica o reducido a vacía retórica. La transición a la democracia hoy está más lejos que nunca en el Estado de Tamaulipas, nuestras elecciones ponen de manifiesto la debilidad del Ejecutivo Federal ante grupos de poder, diestros en el manejo maquiavélico que manipulan el hambre y el miedo de un pueblo, por lo que se proponen con carácter de urgente las siguientes medidas de emergencia: Primero. Que existan mecanismos para evaluar realmente origen, monto y grado de compromiso generado con los recursos utilizados en las campañas políticas, pues en el caso de la que nos ocupa ya se rebasaron las cifras astronómicas de la campaña del Estado de Tabasco y obviamente son imprescindibles los compromisos que se habrán contraído. Segundo. Que los códigos electorales y el de Tamaulipas, en especial, sean reformados para que las sanciones por delitos electorales no sean letra muerta, para que no se repitan incidentes tan sucios como el del trailer con las 6 mil despensas en la ciudad de Altamira, que no obstante su desmesura contó con la complicidad, precisamente, de quienes debieron sancionarla. No confiamos en la fiscalía especial para delitos electorales del Estado, porque su titular es un notario público y no es garantía de imparcialidad, pues al resolver en contra del Gobierno y del PRI corre el riesgo de que le quiten su notaría. Tercer. Que la ciudadanización de los organismos electorales sea una auténtica realidad y no como en Tamaulipas, donde reconocidos hampones del sistema electoral están incondicionalmente al servicio de los candidatos del partido oficial para garantizar sus triunfos, echando mano de todos los recursos, desde los más viejos hasta los más nuevos. Cuarto. Que como lo realizado por Cavazos y por Tomás en Tamaulipas constituye un atraco electoral a los tamaulipecos y una emboscada a la esperanza, al mismo tiempo que confirman la línea de conducta del peor de los priísmos, enemigo número uno de la democracia, proponemos que se forme una comisión de la Cámara de Diputados, para que investigue el probable uso de recursos federales para la campaña política del candidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional, Tomás Yarrington Ruvalcaba. Quinto. No permitiremos que el sindicato de gobernadores salinistas logren una victoria en contra de la voluntad del pueblo de Tamaulipas, porque la imposición de Tomás representa parte de la burla a la democracia, seis años más de atraso en el campo, en las ciudades, en la educación, en los valores materiales y espirituales; seis años más de pobreza, de humillaciones, de mentira y de demagogia; seis años más que pretenden rebasar el año 2000 de una larga noche que trata de ocultarse con el nombre del nuevo amanecer. Todos los mexicanos que con honestidad luchamos por la democracia en nuestro país y en nuestro Estado, estamos y estaremos fuertes y en pie de lucha por el México que todos queremos ver. Por su atención, muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Antonio Heredia Zubieta, hasta por 10 minutos. Señora Presidenta; honorable Asamblea: En Tamaulipas no hubo realmente una elección constitucional, sino la consumación de un operativo de Estado, por el cual el gobernador Manuel Cavazos Lerma compró la gubernatura para Tomás Yarrington. Cavazos instrumentó la ingeniería electoral para imponer no a un candidato sino a un socio, con el fin de cubrirse la espalda al terminar su mandato. Tomás Yarrington llevó a cabo cuatro campañas diferenciadas en cuatro etapas. La primera, en 1997, como secretario de finanzas del gobierno del Estado, durante la cual recorrió la entidad entregando obras y repartiendo cheques, preparando el terreno para su candidatura desde el gobierno del Estado. La segunda como precandidato a la gubernatura de enero a mayo de 1998, durante la cual gozó del apoyo de la estructura, el personal y los recursos del gobierno del Estado para imponerse a los otros precandidatos de su partido, como estos mismos lo han manifestado ampliamente. La tercera durante junio y julio, durante la cual Cavazos y Yarrington colocaron a sus candidatos a alcaldes y a diputados locales. Finalmente la cuarta durante agosto, septiembre y octubre, durante su campaña para la elección constitucional. ¿Qué ocurrió en Tamaulipas, compañeras y compañeros diputados, en el proceso previo a la elección del 25 de octubre? ¿Cuál fue la conducta del gobierno del Estado y del partido oficial?, fue simple y sencillamente cínico lo que ahí ocurrió, el PRI montó un operativo altamente sofisticado de ingeniería electoral, de la cual se ha hablado ampliamente aquí como autor intelectual, teniendo como autor intelectual o como predecesor a Manuel Bartlett, financiado por recursos públicos provenientes del gobierno del Estado, con el propósito de defraudar la voluntad popular al menos a través de 10 mecanismos: 1. Utilización del presupuesto del gobierno del Estado a favor de los candidatos del PRI. 2. Mapeo electoral del territorio tamaulipeco, sección por sección, casilla por casilla, ubicando a mapaches y a operadores electorales a lo largo y ancho de la entidad. 3. Manipulación de la papelería electoral, de las credenciales de elector y del padrón. En el 80% de las casillas el número de votantes difiere del número de boletas. 4. Intimidación y presiones a los alcaldes priístas, para garantizar su apoyo a los candidatos del gobernador. 5. Desvío de recursos federales para favorecer a los candidatos del partido oficial, como lo demostró el caso de la Sedesol-Liconsa en Altamira, lo cual hace imperativo; y aquí me sumo a la propuesta del diputado Salazar, la integración de una comisión especial de diputados para investigar el desvío de recursos federales en favor de los candidatos del partido oficial. 6. Saturación de los medios informativos electrónicos e impresos con propaganda priísta pagada con recursos públicos. 7. Coacción del voto de servidores públicos. 8. Subordinación de las autoridades electorales de la entidad, particularmente la secretaría técnica y el aparato operativo del Instituto Estatal Electoral. 9. Resurgimiento del voto corporativo, presionando a maestros, trabajadores petroleros, ejidatarios, trabajadores de las maquiladoras y otros grupos sindicalizados para sufragar por los candidatos oficiales. Y, finalmente, la más extendida de todas, número 10, compra del voto ciudadano. En síntesis tuvimos unas elecciones sumamente sucias, por las cuales el PRD ha presentado mas de 1 mil 500 escritos de protesta en toda la entidad. En ningún municipio fue limpia la elección, los triunfos del PRD en Río Bravo y en Madero se han dado cuesta arriba a pesar de los fraudes electorales del PRI y aún en esos casos se han detectado vicios como la introducción de votos falsos, el taqueo y otras artimañas que los alquimistas del PRI despliegan durante los comicios. Como lo manifestó nuestro candidato a gobernador del Estado, es un hecho público y notorio en todo el Estado de Tamaulipas, que el PRI y sus candidatos han venido aplicando recursos y programas oficiales para fines electorales y compra de conciencias. Templea una doble moral, por un lado el gobierno es el responsable de la extrema pobreza del pueblo y, por otra parte, se reparten migajas con la idea de que los tamaulipecos vendan su voto y sus derechos políticos al PRI. Se agudiza la subcultura de la manipulación y falta de legitimidad en el sistema electoral al no existir equidad en la competencia ni limpieza en el manejo de los recursos públicos. El voto por hambre, eso es lo que tenemos en Tamaulipas, coarta e impide el ejercicio real de la democracia convirtiéndola en una simulación; las dádivas o compra de votos rebajan la condición de los ciudadanos al papel de súbditos. 1788,1789,1790 Con ello se transgrede en Tamaulipas el principio constitucional de autenticidad en las elecciones por tolerancia o complicidad de autoridades, otorgando ventajas indebidas a uno de los sujetos del proceso electoral en perjuicio de los demás contendientes. Resulta sumamente perverso compañeras y compañeros diputados, que mientras el presidente Zedillo pide a la Cámara de Diputados autorizar la conversión de los pasivos del Fobaproa en deuda pública a cargo de los contribuyentes y mientras los índices de pobreza y desigualdad se deterioran gravemente, el PRI derrocha recursos públicos en una elección de Estado; de hecho podemos decir que en Tamaulipas estamos ante el hecho inédito de un Fobaproa tamaulipeco. ¿En qué consiste éste?, simple y sencillamente en la pretensión de trasladar ahora a los contribuyentes tamaulipecos el pago de la campaña de Tomás Yarrington con recursos públicos, la carga de los pasivos de la campaña de Yarrington que efectivamente compitió con Roberto Madrazo en el monto desembolsado durante su campaña, sería transferida a las espaldas de los tamaulipecos, quienes pagarían con su trabajo, con el deterioro de los servicios sociales y con el estancamiento de la economía del Estado, este saqueo al presupuesto público estatal. Sale muy caro el fraude en Tamaulipas, no sólo por los exorbitantes gastos de campaña del PRI, sino porque su pretendida imposición resultaría en seis años más de atraso para nuestra entidad donde la transición a la democracia no se ha iniciado aún. Esta imposición se traduciría en la continuidad del salinismo en Tamaulipas, por lo que se presagia un periodo de inestabilidad política en la entidad, pues Yarrington no gana mediante el respaldo de los tamaulipecos, sino que compra la gubernatura con recursos públicos. El gobierno y su partido quieren hacer de 1998 el año del proyecto restaurador del partido de Estado, las victorias de la oposición en Zacatecas y en Aguascalientes se han dado cuesta arriba a pesar de la ingeniería electoral priísta. No es cierto que vivamos ya en democracia, tampoco es cierto que objetemos las supuestas victorias del PRI, lo que estamos planteando en esta tribuna una y otra vez, es la manera en que el PRI utiliza recursos públicos y manipula el proceso electoral para arrogarse la victoria. Reiteramos entonces la propuesta de integración de una comisión especial de diputados, para Tamaulipas, para investigar el desvío de recursos públicos con fines electorales. Finalmente, compañeras y compañeros diputados, quiero desde esta tribuna hacer un reconocimiento a la diputada María del Carmen Díaz Amador y al diputado Santiago Creel, quienes tanto durante su desempeño como consejeros ciudadanos o consejeros electorales y como diputados federales han dado muestra de elevada calidad moral y de un excelente desempeño como legisladores. Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra para el mismo tema, la diputada Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. Un momento diputada. Les pedimos a los señores legisladores mantengan el orden y respeto para la diputada que inicia su turno. Un momento por favor. Las personas que están en el pasillo central, diputados que están en el pasillo central, por favor tomen sus curules. Continúe, señora diputada. Señora Presidenta; honorable Asamblea: Quisiera en primer término, permitirme una digresión. Los diputados priístas tamaulipecos por mi conducto y desde esta tribuna, quisiéramos rendir tributo a un gran periodista tamaulipeco, amigo muy estimado, quien falleciera hace algunas horas y quien amara como el que más la política, don Guadalupe Díaz, del Gráfico de Victoria. Descanse en paz. Quisiera también, aunque creo que ya no está en la sala, dar la bienvenida a las tareas de esta Cámara al ex candidato a la gubernatura de Tamaulipas por el PRD, al diputado Joaquín Hernández Correa. Bienvenido compañero diputado en su reingreso a esta Cámara. Y me parece muy importante decirles a mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, que el PRI es un partido congruente con lo que dice y hace. Por eso es que se declara respetuoso de la legalidad y acatará las decisiones que en su momento tomen las diversas instancias jurídicas y electorales, por lo que les solicitamos sean en éstas en donde presenten sus pruebas, que nosotros acataremos las disposiciones de las autoridades. Hace 15 días, convoqué a mis compañeros diputados a que nos viéramos en Tamaulipas el 25 de octubre por la noche y aun cuando muchos fueron testigos del triunfo irrebatible del PRI, vienen aquí a tratar de influir en una voluntad popular que no les favoreció en las urnas. Perdieron señores. Quiero decirles, que ustedes que se consideran los partidos más democráticos de México, quisiera me hicieran el favor de tomar nota: mal andamos en la democracia si son incapaces de admitir su derrota con honor; mal andamos en la democracia si son incapaces de admitir que las elecciones se ganan con votos, con el voto popular y que éste, una vez más, no los favoreció en Tamaulipas... Mal andamos en la democracia cuando además de enderezarnos a la sociedad tamaulipeca y a nuestros gobernantes, actual y futuro y a nuestras instituciones, toda clase de insultos, ofensas e impugnaciones, sin pruebas y sin fundamentos hasta este momento, que por falsas rechazamos. Les decimos, acataremos las disposiciones de las autoridades cuando tengan a bien presentar las pruebas... Se las cambiamos por otras cosas compañerito, que ustedes repartieron. No sería la primera vez, no sería la primera vez que nos amenazan. Yo sugeriría que se deslindaran a tiempo, les reitero, algunos se volvieron a tropezar casi, casi con la misma piedra que en 1992. También reiterarles, los procesos electorales sólo se ganan con votos y aunque les duela en Tamaulipas el PRI ganó con casi 500 mil votos en 1998. Les ganamos dos a uno al PAN y tres y medio a uno al PRD, ganamos con el 54% de la votación: 28 puntos de distancia con el PAN y 38 puntos de distancia con el PRD, que sacó 16 puntos. Con esos mismos votos, esos 500 mil votos que tenemos los priístas en Tamaulipas, nos veremos las caras en ese año que tanto les preocupa: el 2000, ese año que les obsesiona. El mapa electoral no cambió como ustedes esperaban y no ha cambiado en favor de ustedes, el mapa electoral va favoreciendo al Partido Revolucionario Institucional para el 2000. Pero este 1998 no debió sorprenderles. En 1997 fueron prácticamente los mismos resultados: de ocho diputaciones federales les ganamos siete. En la geografía electoral es el mismo resultado el de 1998 que el de 1997, ganamos todo a excepción de Madero, que lo ganó el PRD y hoy también, además de Río Bravo. El PAN en 1997 perdió todo, cayó al piso electoral, ¿por qué hoy la llaman engaño? Con estos resultados se sigue demostrando que el PRI se recupera, cuando ustedes apostaban en contrario, se demuestra que el PRI tiene madurez política y democrática y también el valor que la sociedad otorga a sus propuestas vanguardistas, tanto en la selección de sus candidatos como en sus propuestas para continuar construyendo nuestro futuro, por eso ganó Tomás Yarrington, por eso ganamos 40 de las 43 alcaldías, por eso ganamos 17 de las 19 diputaciones de mayoría... Ese es su problema, demuéstrelo. En la elección se requirieron 3 mil 100 casillas, esto significa un ejército de funcionarios, casi 25 mil personas. ¿De veras no les merecen respeto? En todas las casillas estuvieron representantes de cuando menos los tres partidos políticos principales, otro ejército: casi 10 mil personas que firmaron y retuvieron cada quien su copia del acta de cómputo. ¿Qué de veras no les merecen respeto? Hubo cientos de observadores, diputados federales, representantes de ONG,s, representantes de los medios de comunicación nacionales y locales, señores interesados y luego los votantes mismos. Hubo un 60% de participación en las urnas. De un padrón de 1 millón 600 mil personas, votaron 902 mil electores y de ellos, 500 mil votaron por el PRI. ¿De veras no les merecen respeto? ¿De verdad creen que todos se confabularon para actuar en contra de ustedes? Tenemos mejor destino. Por cierto, los funcionarios electorales son los mismos que los de 1995, cuando el PAN y el PRD ganaron posiciones en Tamaulipas y aceptaron sus constancias de mayoría, igual que ahora el PRD. Son los mismos funcionarios. Democracia perfecta cuando el voto nos favorece y democracia imperfecta cuando no nos favorece? Presenten sus pruebas y si no, acepten su derrota, aunque duela. La sociedad tamaulipeca quiere seguir desarrollándose; queremos paz y tranquilidad; queremos civilidad y ética en la práctica política. A eso les invitamos. Muchas gracias.
Se han inscrito para el segundo turno de oradores, el diputado Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, el diputado Carlos Antonio Heredia, del Partido de la Revolución Democrática y el diputado Luis Alejandro Guevara Cobos, del Partido Revolucionario Institucional. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Juan José Rodríguez Prats. Con su permiso, señor Presidente: Yo me felicito en realidad de lo que hoy aquí ha acontecido. Creo que estamos entrando en una de las funciones primordiales de una auténtica asamblea deliberativa. Estamos discutiendo, estamos ventilando la vida pública mexicana. Woodrow Wilson decía que en alguna ocasión vio a un irlandés que estaba escarbando a la orilla de su casa y le dijo: "¿qué estás haciendo?" "Estoy permitiendo que salga la oscuridad del sótano...", contestó el irlandés y yo creo que ésa es una función importante de esta Cámara: discutir, analizar, traer la demanda de la ciudadanía, tratar de confrontar nuestras tesis porque, al final de cuentas, éste es el recinto en donde se encuentran los adversarios para articular acuerdos. Permítaseme iniciar con una digresión histórica cuando algún escritor señalaba que se llama victoria pírrica a la que resulta tan costosa o más que una derrota. La expresión surgió del episodio en el que el rey de Epiro, Pirro II, triunfó en Ascoli sobre los romanos en el año 279 antes de Cristo, lo hizo con tantas bajas que reflexionó: "...con otra victoria como ésta, estoy perdido...". Yo creo que en México se están poniendo de moda las victorias pírricas, porque se logran resultados, pero no convences, no hay legitimidad. Cuando el Partido Acción Nacional ha contendido con equidad, reconoce los resultados, pero cuando no se da esa equidad ni los órganos electorales asumen su tarea, obviamente tiene que señalar su protesta y su inconformidad. Y no hay nada que más aliente la ambición que la impunidad. Por eso ha sido mi lucha, algunos me han calificado atrevidamente de que soy obcecado o que soy terco, el estar insistiendo en la investigación de los recursos públicos en las campañas políticas. Pero ahora resulta que hay testimonios priístas todos los días: Marco Antonio Bernal, en Tamaulipas; la senadora Gómez Aranda, en Guerrero; José Guadarrama, en Hidalgo. El día de ayer publica una carta abierta Jesús Martínez Ross, en donde habla de su inconformidad ante un proceso costoso, así lo dice en una carta abierta, en Quintana Roo. Desafortunadamente como ha habido esa resistencia terrible de parte de ustedes, entonces ya se hizo escuela el utilizar un derroche enorme de recursos en estos días en que lo menos en que se debe exigir a los partidos es austeridad y en el que se ha denigrado y humillado al pueblo porque alterar resultados electorales es grave, pero esto está prostituyendo al ciudadano, lo está atrofiando en su sentido de responsabilidad y esto es sumamente grave. 1791,1792,1793 Hay victorias que denigran y derrotas que enaltecen. Yo admiro a mi amiga Laura Garza Galindo porque su elocuencia es ejemplar, es una mujer que utiliza la ironía. Pero yo creo que debe estar al servicio esa elocuencia de causas más nobles. Sin lugar a dudas, Manuel Cavazos está imponiendo a Yarrington para que Yarrington lo proteja, para que Yarrington lo cubra, eso es evidente. Recordemos cómo Manuel Cavazos se atrevió a enviar una iniciativa en donde se cerraban las cuentas públicas y no podrían analizarse. ¿Qué refleja esto? ¿Por qué están teniéndole miedo a la verdad? Yo creo que eso es lo más importante que debemos precisar, porque aquí Fidel Herrera Beltrán habla de que el PRI no permitirá la impunidad. Pero, señores, ¿cómo vamos a castigar los hechos ilícitos si no se permiten las investigaciones? Si ustedes han frenado que se inicien los juicios políticos, para que simplemente se averigüe qué fue lo que ahí aconteció. Por eso nosotros insistimos que la Comisión de Desarrollo Social, la Comisión Conasupo, las distintas comisiones, asuman su papel de indagar y de asistir a los estados y de documentar todo lo que ha sucedido en los procesos locales, porque yo creo que la verdad no puede dañar el avance democrático, yo creo que si los procesos son, como aquí lo ha señalado la diputada Laura Alicia Garza Galindo y que obviamente los órganos locales electorales no están actuando con imparcialidad, pues que se haga la investigación correspondiente y de esa manera podamos, entonces sí, todos, castigar la impunidad. Muchísimas gracias, señora Presidenta.
Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Antonio Heredia, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos. Gracias, diputada Presidenta: Me sumo respetuosamente a la expresión de duelo que hizo la diputada Garza Galindo, por el fallecimiento de don Lupe Díaz, periodista insigne de nuestra entidad. Lo que hemos dicho en esta tribuna no es tanto una expresión en torno a los resultados electorales que pueden haber sido desfavorables, sino una expresión de preocupación profunda por lo que está pasando en Tamaulipas. Si nosotros revisamos el mapa político del norte del país tenemos desde Baja California hasta Nuevo León, entidades en donde de alguna manera hay o algún medio de comunicación que puede hacer algún tipo de equilibrio, de contrapeso o una correlación de fuerzas políticas que permite estos equilibrios y contrapesos respecto del Ejecutivo o algún liderazgo civil o empresarial que no haya sido coptado por el gobernador y que permita entonces una participación ciudadana dinámica, abierta, libre. Nos preocupa de manera extrema que se someta a Tamaulipas a golpe de dinero, a golpe de corrupción, a golpe de nuevo de dinero, de dinero y de más dinero, a este atraso. Nos duele porque lo vimos, la manera en que los colonos, en que los campesinos fueron obligados a entregar su credencial de elector para ser ésta manipulada por los operadores electorales del PRI. Por lo tanto, si efectivamente están tan seguros de la limpieza de esta victoria, estamos seguros nosotros que aceptarán la integración de una comisión investigadora que dé seguimiento a las denuncias que se han integrado hasta ahora. No nos hagamos respecto de la naturaleza de las autoridades electorales en Tamaulipas. Con todo respeto para los consejeros, la operación cotidiana del instituto estatal electoral, está a cargo de subordinados del gobernador del Estado. No hemos llegado en Tamaulipas, no es cierto, a una etapa en donde se pueda hablar de autoridades electorales más allá de toda sospecha y dicen: "son las mismas de 1995". Sí, nada más que la cantidad de dinero que le metieron ahora, excedió en varias veces la cantidad de dinero que invirtieron en 1995 y además había aquí una instrucción determinante de meter las manos hasta el fondo para sacar la elección a como diera lugar. Repetimos, los triunfos de la oposición se dieron a pesar de estas mapachadas. Quiero decir además, que por lo que toca a Tampico, las actas y la documentación electoral con que contaba el PRD, más de tres cuartas partes de las actas hasta la noche del 25 de octubre, favorecían al Partido Acción Nacional. Nosotros lo declaramos así, que las tendencias favorecían al Partido Acción Nacional en la elección para la alcaldía y para las dos diputaciones en el I distrito y en el XV. A la mañana siguiente apareció el resultado revertido en favor del PRI. Dejo constancia de este hecho, simple y sencillamente, porque es el mismo operativo que se empleó en Ciudad Victoria y es exactamente, exactamente punto por punto, el proceso de ingeniería electoral que aplicaron en Tabasco, en donde Roberto Madrazo pronosticó: "les vamos a ganar por tantito pero en todas". Eso fue lo que dijo Madrazo, no como un pronóstico, sino simplemente como asegurar lo que efectivamente ya tenían en marcha como un operativo altamente sofisticado en ingeniería electoral. Reiteramos por parte del grupo parlamentario del PRD, que dé curso a esta petición, para que se investiguen los presuntos desvíos de recursos federales en favor del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Alejandro Guevara Cobos, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos. Con su permiso, diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados que todavía se encuentran aquí en sesión: ¡Ya basta! Ya basta que a los tamaulipecos, mujeres y hombres, con una amplia madurez cívica y política, con valores y principios bien fundados, nos quieran seguir y estar permanentemente ensuciando nuestros nombres y ofendiendo a nuestras costumbres. Qué lástima me da, como joven, casado con el futuro de mi Estado, que tan distinguidos diputados del PAN y el PRD, siguen con sus lloriqueos comenzados ya hace algunas semanas, donde anticipaban a la ciudadanía en general del inolvidable fracaso electoral que obtendrían el pasado 25 de octubre. Referirnos al proceso electoral de Tamaulipas nos da la oportunidad de hacer un responsable análisis comparativo, entre partidos y entre candidatos. Con todo respeto, compañeros panistas, es que su partido se encuentra en nuestro Estado sin dirigencia estatal, con unas grandes pugnas internas y con una fallida articulación y con una débil estructura y una carencia de imagen positiva, que es lo que en estos momentos quiere el pueblo; no les puede atraer y acarrear más que la gran y apabullante derrota que los electores tamaulipecos les infligieron en esta ejemplar contienda electoral. Discúlpennos, arreglar problemas de ustedes no es de nuestra competencia, pero ojalá que se fortalezcan y cambien, porque necesitamos profesionales que nos aguanten en una competencia más de un round. Aquí se han tocado temas de ataques al gobernador Manuel Cavazos Lerma y yo los comprendo. Les comprendo la impotencia, el trauma y la desesperación que sufren a la hora de saber, que nada más y con los únicos que nuestro gobernador tiene compromisos, es con los ciudadanos, mujeres y hombres, de Tamaulipas y hoy, al final de su gobierno, mantiene nada más el 75% de la aceptación entre la ciudadanía, 75% que muy bien les hubiera ayudado para ganar las elecciones, que tiene claridad de ideas y una gran visión para poder calificar los beneficios: el crecimiento estable y sustentado, la obra pública, las carreteras gratuitas, la disminución de los pasivos públicos, la donación de libros de texto gratuitos para más primarias y para más secundarias y así podríamos seguir enumerando muchas más de las acciones que diferencian a nuestro Estado de muchos otros, gobernados por Acción Nacional. Pero, señoras y señores, los electores, el 25 de octubre nos dieron la señal de que vuelven a confiar en el PRI y de que los del PRI sí sabemos gobernar y como muestra basta un botón: los casi 500 mil votos para el PRl son la calificación positiva para nuestros buenos gobernantes y nuestros excelentes candidatos, simbiosis perfecta del quehacer político frente al aval ciudadano y la disminución electoral tan vergonzosa, humillante y dolorosa que obtuvieron en los municipios, donde ustedes hoy administran, es la muestra más tajante que el pueblo en la elección los reprobó como gobernantes. La aprobación nosotros la buscamos por medio de los hechos, nunca por medio de la crítica dolosa e insana, por la descalificación poco seria y reiterada de una inmadura oposición. Termino diciéndoles que para ganar se necesitan cuadros, se necesitan bases y buenos y mejores candidatos. En Tamaulipas ganó el PRI señores porque seguimos ante la esencia estatal, siendo los mejores. Muchas gracias.
El micrófono para la diputada Blanca Rosa García, en su curul diputada, por favor.
Señora Presidenta, solicito pasar a tribuna para rectificación de hechos.
Tiene el uso de la palabra la diputada Blanca Rosa García. Muy buenas tardes y con su venia, señora Presidenta, noches ya: Podría utilizar esta tribuna para difamar, para calumniar o destruir la imagen de cualquier partido político o de todos los candidatos que contendieron en las pasadas elecciones de mi Estado, pero, ¿saben qué?, eso no espera ni merece México ni Tamaulipas y mucho menos esta Cámara de Diputados. Destruir no cuesta nada; en este mismo momento yo podría hacer una lista larga de todos los candidatos, de su vida personal, social y de negocios de cada uno de los involucrados que me constan, incluso, me constan algunas acciones, pero no vengo a eso. Construir señores, es lo que más cuesta y lo más difícil; cuesta un análisis profundo y un cambio de mentalidad, de no sólo ver lo negativo o lo que queremos que así sea, sólo por luchas personales o partidistas. Construir es pensar en México y qué bueno que utilicemos este foro como uno de los más importantes del país y que debatamos y nos preocupemos por nuestro Estado, que son asuntos de vital importancia, pero qué malo que estemos escuchando hablar a nombre de los tamaulipecos; ellos ya hablaron el domingo 25 de octubre en las urnas. Venir a decidir posiciones y calificar procesos, cuando los señores ya las calificaron. Lo que ustedes están haciendo en este momento no es dañar al PRI; están dañando al electorado, pero también a sus propios representantes de casilla, a los que fueron a representarlos a ustedes, a defender sus votos, a cuidar que no existieran irregularidades y que además firmaron de aceptadas las actas y en la mayoría de ellas no hubo una sola impugnación. Están cometiendo un atentado a la razón, a la conciencia, a la madurez política y electoral que hemos construido en estos años en Tamaulipas. En 1994, respetamos la decisión de los tamaulipecos y en muchos, en algunos municipios importantes perdimos y reconocimos. Ahora respeten nuestro triunfo y pónganse a trabajar para las siguientes elecciones. 1794,1795,1796 El PAN tiene mucho quehacer, su problema en Tamaulipas no fue sólo en un municipio o en un distrito; perdieron en todo el Estado y eso requiere un análisis al interior no al exterior, porque sólo los incapaces le echan la culpa a los demás de lo que les pasa. El PRD en Tamaulipas aún no soluciona su problema interno y para hablar de legalidad primero deben practicarla y eso no sucede. Ejemplos hay muchos y no se puede pregonar la moral con groserías. Mientras sigan volteando para atrás señores, se van a seguir tropezando; mientras sólo miren la paja en el ojo ajeno van a seguir retrocediendo; mientras sigan pensando que son poseedores de la verdad absoluta, los van a seguir rechazando y mientras sigamos siendo su obsesión, jamás podrán crear nuevos caminos, analicen. Los votos ya no se ganan fácilmente y esto lo saben también muchos panistas y perredistas aquí presentes; aquellos que tienen un concepto claro del ciudadano y lo valoran; los que comprenden el concepto de democracia y que están dispuestos a fortalecerla; los que saben que una elección, además de toda una organización, lleva con ello muchas pasiones, muchas pasiones y muchos rumores y no podemos ser presa de ellos. Así como un grupo de inconformes pequeños se manifiesto, también un gran grupo se manifestó a través de los medios en Tamaulipas y son ellos los que nos piden que respetemos su voto, su decisión y su voluntad; que no los subestimemos, que no los denigremos. Ese es el pueblo que yo conozco y del cual me siento orgullosa de pertenecer: el pueblo tamaulipeco, un pueblo extraordinario, inteligente, difícil de manipular por nadie; somos un pueblo con mucha decisión, decisión propia y qué lástima que quieran lograr aquí lo que no obtuvieron en las urnas. Ustedes todos los argumentos que aquí han manejado, los manejaron antes de las elecciones y no les creyeron, no votaron por ustedes. Ya no es a través de la descalificación como se gana. Será gobernador un hombre joven, optimista, propositivo, que dio esperanza en momentos difíciles, con visión de futuro, que salió primero a convencer y no a vencer y estoy segura que estará dispuesto a servirles igual que todos los presidentes electos municipales y los diputados electos en el Congreso, estarán para servirles. En Tamaulipas, señores, no se aceptan los caprichos y así vayan a las secretarías que vayan y acudan a donde quieran, nosotros respetaremos la voluntad tamaulipeca que además es irreversible. A los priístas no nos asusta la competencia, porque eso nos da excelencia y no nos asusta la pluralidad porque eso nos legitima, como el 25 de octubre. Muchas gracias.
Pido la palabra.
¿Con qué objeto, diputado Perales?
Para rectificación de hechos.
Pido la palabra. Lista para rectificación de hechos, por favor.
Tiene el uso de la palabra el diputado Perales y posteriormente el diputado Heredia, para rectificación de hechos.
Con su permiso, señora Presidenta; estimados compañeros legisladores: Las palabras de los diputados del Partido Revolucionario Institucional pretenden reflejar que hubo absoluta legalidad en las elecciones del pasado 25 de octubre. Nada más falso. Las elecciones en Tamaulipas del 25 de octubre, se caracterizaron por la prostitución del voto, del régimen de terror, la compra de conciencias, la publicación de encuestas amañadas, la utilización de fondos de dudosa procedencia, la presión para que votaran por el candidato del gobernador, el descomunal derroche de recursos del pueblo, sí diputado Machuca, aunque usted no lo crea, pero es cierto, es cierto. Las amenazas a los campesinos de no entregarles el Procampo; la invención de delitos a disidentes y la persecución policiaca.
Un momento, señor diputado, por favor diputado González Machuca, lo conmino a guardar el orden en la sala y tener respeto por el orador. Este es el reflejo del PRI; la falta de respeto a la legalidad se refleja en usted, diputado Machuca. Lo que usted hace aquí lo hace Cavazos en el Estado. No respeta la ley ni el estado de derecho... Así está Cavazos gritando, igual que usted, exactamente así y no tiene otro argumento, como usted. El terrorismo fiscal para los empresarios, el acoso a los burócratas, el pedimento de la credencial de elector a cambio de dinero, el condicionamiento de apoyos oficiales a cambio del voto, la coacción a servidores públicos, el rasuramiento del padrón, las amenazas a los notarios públicos para que no dieran fe de las irregularidades. Ningún notario público, por temor a las represalias del Gobierno, quiso dar fe de hechos; incluso al fiscal, al que nombraron como fiscal para delitos electorales, es un notario público. ¡Con qué imparcialidad va a conocer de los delitos electorales? La utilización de porros, la complicidad de los policías, policías rurales y ministeriales, el reparto de despensas, láminas, materiales; lo de siempre, lo que han hecho siempre, la falsificación y sustitución de actas, la coacción al magisterio, la presión sindical, el espionaje telefónico, y esto me consta porque mi teléfono, en mi despacho y en mi casa, los tiene intervenidos el gobernador, la alianza con las sectas religiosas y tantas más que constituyen un monumento al autoritarismo, a la antidemocracia y que se encuentran precisadas en su documento de muro 1998, versión Tamaulipas y líderes 2000, que contienen la estrategia del partido oficial, que ha utilizado en otros estados como: Zacatecas, Durango, Oaxaca y Chihuahua y que en Tamaulipas los llevaron a cabo debido al apoyo descarado y a la intervención abierta del gobernador Cavazos, que ha hecho retroceder la democracia, que ha hecho el fraude y quiere regresar a los tiempos de carro completo y al atraco electoral. Por eso los hechos de Altamira, de Tampico, de Miquihuana, de Bustamante, de Tula, de Matamoros, Padilla, Río y Bravo y en la casi totalidad de los municipios nos demuestran, en la realidad, lo enunciado por los propios precandidatos Marco Antonio Bernal, que dijo: todo lo que gastó su candidato Tomás Yarrington, que rebasa en mucho los gastos de Madrazo en Tabasco y nos demuestran, en la realidad, lo que he manifestado, en donde la emboscada electoral, preparada por el gobernador, representa un gravísimo retroceso para la vida democrática del país. Aquí, la diputada García Galván ha dicho que no hemos impugnado las elecciones. Están impugnadas. Están impugnadas más del 50% de las casillas. Ayer nada menos se detectó un grave error aritmético en la cuantificación de los votos que hizo el consejo estatal electoral y también se impugnó. Entonces, es falso lo que afirma de que nos hemos conformado. No estamos conformes; están las impugnaciones y será el tribunal electoral el que vaya a resolver. Por eso, señores, y con esto termino. A pesar de las buenas intenciones de Zedillo, lamentablemente estamos pasando de un centralismo presidencialista a un caciquismo regionalista mañosamente forjado y fomentado por el sindicato de gobernadores salinistas. Gracias.
Tiene el uso de la palabra el diputado Heredia, hasta por cinco minutos.
¿Con qué objeto, señor diputado? Un momento, por favor. ¿Con qué objeto, diputado? El micrófono por favor, en su curul.
Quiero que me apunte, señora Presidenta, para rectificación de hechos.
Queda registrado. Puede iniciar diputado Heredia. Gracias, diputada Presidenta: Lo que hemos dicho aquí nosotros es muy sencillo: queremos que el PRI compita sin el presupuesto, así de sencillo. Queremos una elección en donde el Partido Revolucionario Institucional pueda contender sin la ayuda del presupuesto del gobierno del Estado y de las dependencias federales. Así de sencillo, así de sencillo. Necesitamos, en Tamaulipas, no desacreditar a las elecciones como mecanismo de transferencia del gobierno y del poder. Lo que ha dicho aquí el diputado Perales, acertadamente, en el sentido de la prostitución del voto es exacto, es exactamente lo que ha ocurrido en la elección en Tamaulipas. Nos estamos emplazando simple y sencillamente a contender sin la ayuda del presupuesto estatal y sin la ayuda del presupuesto federal y entonces sí podremos ver realmente cual es la correlación de fuerzas en Tamaulipas. Paso además a mencionar un hecho extremadamente preocupante en Tamaulipas, que es la extensión, el crecimiento del narcotráfico durante los últimos seis años. En Tamaulipas esta situación ha llegado a niveles sumamente preocupantes y nosotros estamos pidiendo a la Procuraduría General de la República que inicie una investigación en serio respecto del avance de este cáncer en la sociedad tamaulipeca, tanto como punto de tránsito y de paso del narcotráfico hacia Estados Unidos, como por los múltiples puntos de contacto que existen entre el narcotráfico y la estructura de poder. La pretensión de quedarse con la elección y con la gubernatura a toda costa tiene exactamente qué ver con esto, con la conservación de una estructura delictiva que financia al aparato político. Esto nos parece extremadamente grave, lo hemos expresado así a las autoridades federales, más allá de las denuncias que hemos presentado en el terreno electoral queremos, como tamaulipecos, extirpar el cáncer del narcotráfico de la entidad y por supuesto, sobre todo, eliminar la maraña de complicidades que existen entre el narcotráfico y el poder político. Esto nos parece, como ciudadanos, como tamaulipecos, de extremada gravedad. Se ha reflejado ya en numerosos casos, quizá el más espectacular dentro de los recientes fue la explosión en Reynosa, pero nos preocupa sobre manera que desde el centro también se adopte una actitud de dejar hacer, de dejar pasar, de considerar que la gubernatura del Estado es una franquicia que se otorga al partido oficial y que éste puede hacer y deshacer con la gubernatura y con el Estado un botín sexenal. Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el diputado Ernesto Manrique Villarreal, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos. Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados; compañeros diputados del PRD: El fuero constitucional que nos confiere esta representación popular no nos faculta para difamar impunemente a personas dedicadas al servicio público, acusándolos de vínculos con el narcotráfico sin pruebas. Vivimos en un estado de derecho y a nosotros como legisladores nos obliga a ser los primeros en respetarlo, de tal manera que si existen fundamentos para su acusación interpongan la denuncia ante las autoridades correspondientes, si no recuerden que difamar también es un delito. 1797,1798,1799 En Tamaulipas conservamos como norma la costumbre de dirimir nuestras diferencias políticas en forma vertical, viril y civilizada. Cuando nos toca perder lo aceptamos y lo afrontamos, cuando la alternancia política, signo de nuestros tiempos, se manifiesta legítimamente por voluntad popular, los tamaulipecos sabemos reconocer y acatar el mandato supremo del pueblo. Tamaulipas no es botín de frustraciones ni venganzas familiares, tenemos que aceptar la realidad. El diputado Joaquín Hernández Correa se merece todo nuestro respeto, porque no cabe duda que se necesita mucho valor, un admirable amor por la figura paterna para lanzarse a una aventura dura y difícil, como es la candidatura a gobernador, con una motivación profunda, tendiente tal vez a cobrar agravios familiares, pero desconocedora lamentablemente de los más elementales principios del quehacer político. Otro yerro en la selección de su candidato lo tuvo el PAN con el joven Gustavo Cárdenas, este ciudadano no es más agraciado, ya que ni siquiera es heredero de la sensibilidad política de algún miembro de su familia. Yo les quiero pedir, señores diputados del PRD y del PAN, que hagamos un esfuerzo serio para que hagan un acto de conciencia. Considero muy injusto que abusen de la juventud y la buena voluntad de descendientes de reconocidos tamaulipecos para tratar de dirimir diferencias políticas, queriendo poner en juego el futuro de miles y miles de tamaulipecos. Ya basta de substituir la propuesta por la protesta, sus candidatos no estuvieron cerca de las demandas de los ciudadanos, porque no hicieron una campaña ni propositiva ni comprometida como la hizo el nuestro. Las irregularidades que aquí señalan en el proceso electoral deben acreditarlas ante las autoridades electorales correspondientes, en lugar de estarlas señalando aquí en esta Cámara. Estamos conscientes de que la derrota que les hemos infringido en Tamaulipas es sumamente dolorosa para ustedes por su contundencia y por eso argumentan manipulaciones e irregularidades en el proceso electoral, pero igual hubiera sido si los hubiéramos ganado por un margen reducido. De todas maneras ustedes estarían aquí impugnando, queriendo ganar en la Cámara de Diputados lo que no supieron ganar en las urnas electorales, trabajando con entrega y pasión, como lo hizo nuestro candidato y ahora gobernador electo de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Hablan de fraude electoral y de dispendio de recursos en el proceso electoral de Tamaulipas y yo pregunto: ¿para qué?, ¿para qué utilizar alguna estrategia electoral especial? ¿Para qué gastar un peso más de lo legítimamente permitido, si ustedes nos allanaron el camino poniendo candidatos tan malos, despegados de la realidad política de Tamaulipas? Por favor, ¡cómo es posible que lancen un candidato que ni siquiera conoce el nombre correcto de su partido, al firmar documentos como candidato del "Partido Auténtico Nacional"! Ustedes son los únicos responsables y en el pecado llevan la penitencia.
Esta Presidencia informa a la Asamblea que los temas restantes de la agenda política de esta sesión han sido retirados. Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
Diputada Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión. «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVII Legislatura. Orden del día Martes 10 de noviembre de 1998. Lectura del acta de la sesión anterior Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes y Guanajuato. Oficios de la Secretaría de Gobernación Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: ministro Enrique Antonio Romero Cuevas, general de división Diplomado de Estado Mayor Enrique Cervantes Aguirre, general de brigada Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, Edgar Ortiz Ocampo, Jaime Enrique Zabludowsky Kuper, Herminio Alonzo Blanco Mendoza, María del Rosario Gloria Green Macías, Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de las repúblicas: de Chile y de Honduras, respectivamente. (Turno a comisión.) Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Víctor Hugo Arroyo Vázquez, Margarita Atmé Abud, Manuel Castañeda Millán, Alejandro Díaz Casas, Genaro Cesáreo García Navarro, Acacia Eugenia Guerrero Trillo, María Margarita Guerrero Trillo, Leonor Elvira Lara de la Fuente, María del Rosario Lara Rodríguez, Catalina Marinié Jardón, Nora Elisa Ortega Aldaraca, Víctor Martín Pérez Castro, Oscar Rodríguez Contreras, María Eugenia Solís Cruz, Héctor Armando Magaña Vázquez y Héctor López Cuéllar, puedan prestar servicios en las embajadas de España y Japón respectivamente. (Turno a comisión.) Iniciativas de Diputados De reformas a leyes relativas a discapacitados, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.) Iniciativa de senadores De decreto que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador José Ramón Medina Padilla, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Oficio de la Cámara de Senadores. Excitativa A las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Ecología y Medio Ambiente, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.) Dictamen a discusión De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 16, 19, 22 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Publicado el 3 de noviembre. Discusión y votación.) Agenda política Comentarios sobre seguridad pública en el país, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional. (Deliberativo.) Comentarios sobre elecciones en el Estado de Michoacán, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.) Conmemoración del natalicio de Felipe Carrillo Puerto, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Comentarios sobre la gira de trabajo por los municipios y comunidades de la costa y sierra del Estado de Chiapas, devastados por los daños climatológicos, a cargo de la diputada Aurora Bazán López, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Deliberativo.) Sesión secreta.»
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 10 de noviembre a las 10:00 horas. * Tiempo de duración: 10 horas 35 minutos. * Quorum a la apertura de sesión: 287 diputados. * Diputado que se reincorpora: 1. * Diputado que deja de ser miembro de grupo parlamentario: 1. * Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1. * Excitativas a comisiones: 1. * Puntos de acuerdo: 3. * Temas de agenda política: 3. * Oradores en tribuna: 74 PRI-28; PRD-16; PAN-25; PT-1; diputados independientes-4. Se recibieron: * 2 oficios de los congresos de los estados de Chihuahua y Tamaulipas; * 1 informe de la Comisión de Protección Civil; * 1 iniciativa del PAN; * 1 iniciativa del PRD; * 1 solicitud para que el ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional del 14 al 19 de noviembre de 1998, a fin de realizar visita de trabajo a Japón y participar en la Vl Cumbre de Líderes del Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico APEC, a celebrarse en Kuala Lumpur, Malasia; * 5 comunicaciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para cambios en la integración de comisiones de trabajo; * 2 iniciativas del Ejecutivo. Se aprobó: * 1 oficio de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, sobre ajuste en la mesa directiva de comisiones de trabajo; * Elección de mesa directiva que fungirá durante el mes de noviembre.
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