PRESIDENTE

Diputado Juan José Cruz Martínez.

AÑO II                                México, D.F.,  miércoles 25 de noviembre de 1998.                                No. 33

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Año Il       No.  33           PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS             NOVIEMBRE 25,   1998

ASISTENCIA

Rogamos a los señores diputados pasen a ocupar sus curules y a las demás personas a ocupar sus respectivos lugares para poder iniciar la sesión.

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados para conocer si existe el quórum reglamentario.

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 270 diputados, por lo tanto hay quorum, señor Presidente.

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

Se va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias. —Segundo Año.—LVII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 25 de noviembre de 1998.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Jalisco y San Luis Potosí.

Comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. (Cambio de integrantes de comisión.)

Comunicación de la Comisión de Derechos Humanos. (Votación.)

Comunicación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. (Votación.)

Iniciativas de diputados

De reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Víctor Manuel Carreto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

De reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada Elodia Gutiérrez Estrada, a nombre de diputados integrantes de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados. (Publicada en la Gaceta Parlamentaria el 18 de noviembre. Turno a comisión.)

De reformas al Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a cargo del diputado Ramón María Nava González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De reformas a diversos ordenamientos para resolver la crisis bancaria, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

De reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jorge Alejandro Jiménez Taboada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Publicada en la Gaceta Parlamentaria el 24 de noviembre. Turno a comisión.)

De reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Efrén Enríquez Ordóñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Excitativas

A la Comisión de Justicia, a cargo del diputado José Luis Acosta Herrera y otros integrantes de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo de la diputada Aurora Bazán López, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a cargo del diputado Javier Paz Zarza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición para crear una comisión especial plural, a efecto de buscar los medios para fortalecer la Marina Mercante Mexicana, la investigación oceanográfica, el estado del sector pesquero y la educación náutica, a cargo del diputado Jesús Samuel Maldonado Bautista, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Proposición con punto de acuerdo, en relación con importaciones de cárnicos, a cargo del diputado Abraham González Negrete, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposición con punto de acuerdo, sobre recursos presupuestales para programas de apoyo a deudores hipotecarios, a cargo del diputado José Ricardo Ortiz Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Dictámenes a discusión

Tres, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden permiso a los embajadores Manuel Martínez del Sobral y Penichet, Francisco Eduardo del Río y López y al general brigadier Diplomado de Estado Mayor Eduardo Bahena Pineda, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Publicados en la Gaceta Parlamentaria del 23 de noviembre. Discusión y votación.)

Cuatro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos Patricia Frías Moreno, Luz María Espinosa Serrano, — Sergio Yoshio Aisawa Flores, Angelina Dessens Cordero, Isaura Guadalupe Cambero González, Carlos Delgado Bolaños y Julia Martínez Rivera, para que puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros. (Publicados en la Gaceta Parlamentaria del 23 de noviembre. Discusión y votación.)

Agenda política

Comentarios sobre los procesos electorales de 1998 y la imparcialidad de los órganos electorales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Debate pactado.)

Comentarios sobre violación del artículo 27 constitucional en materia de especulación de —terrenos ejidales en Yucatán, a cargo del diputado Edgar Ramírez Pech, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Deliberativo.)

Comentarios sobre los efectos de los incrementos en los precios de los artículos de primera necesidad, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Debate pactado.)

Comentarios sobre la situación de los productores de maíz. (Debate pactado.)»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con cincuenta y dos minutos del martes veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, con una asistencia de doscientos sesenta y tres diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior, en sus términos, en votación económica.

Se da cuenta con una invitación del Congreso del Estado de Veracruz-Llave, a la sesión solemne en la que rendirá protesta, como gobernador, el licenciado Miguel Alemán Velasco. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.

Una comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, informando de cambios en la conformación de las comisiones legislativas. De enterado.

La Presidenta informa que está en el salón de protocolo, el licenciado José Angel Gurría Treviño, secretario de Hacienda y Crédito Público y designa una comisión para introducirlo en el salón.

Se concede el uso de la palabra al Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien amplía la información sobre la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y nueve.

En el primer turno de oradores, interrogan al Secretario, los diputados: Verónica Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México; Santiago Gustavo Pedro Villarreal Cortés, del Partido del Trabajo; Roberto Ramírez Villarreal, del Partido Acción Nacional; Carlos Antonio Heredia Zubieta, del Partido de la Revolución Democrática y Gonzalo Morgado Huesca, del Partido Revolucionario Institucional. A todos ellos el Secretario de Hacienda y Crédito Público da respuesta y, aprovechan su derecho a réplica, los diputados: Pedro Cortés, Ramírez Villarreal, Heredia Zubieta y Morgado Huesca.

En el segundo turno de oradores, hacen uso de la palabra los diputados: Luis Patiño Pozas, del Partido del Trabajo; Humberto Treviño Landois, del Partido Acción Nacional; José Luis Sánchez Campos, del Partido de la Revolución Democrática y Angel Aceves Saucedo, del Partido Revolucionario Institucional, a quienes el Secretario de Hacienda y Crédito Pública da respuesta a sus interrogantes. Usan de su derecho a réplica, los diputados: Patiño Pozas, Treviño Landois, Sánchez Campos y Aceves Saucedo.

Al término de la comparecencia, la misma comisión designada, acompaña al Secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta las puertas del recinto legislativo.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las quince horas con nueve minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, miércoles veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.

ESTADO DE JALISCO

Se va a dar lectura a varias comunicaciones:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Gobierno de Jalisco.—Poder Legislativo.—Contaduría Mayor de Hacienda.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—México, D.F.

De conformidad en lo dispuesto por los artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, me permito comunicar a usted(s), que en sesión de fecha 29 de octubre del presente año, la LV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Jalisco, aprobó la forma de como quedó integrada la mesa directiva que fungirá durante el mes de noviembre del presente año, quedando de la siguiente manera:

Diputados: Humberto Rodríguez Martínez, presidente; Armando Nambo Amezcua, José Manuel Verdín Díaz, vicepresidentes; Salvador Arellano Guzmán, Víctor Badillo Martínez, Juan Alberto Márquez de Anda y Martín Hernández Balderas, secretarios.

Lo que hago de su conocimiento, para los efectos legales procedentes.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Atentamente.

Guadalajara, Jalisco, a 30 de octubre de 1998.—María Carmela Chávez Galindo, oficial mayor.»

De enterado.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Congreso del Estado Libre y Soberano.—San Luis Potosí.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—Presentes.

En sesión ordinaria del honorable Congreso del Estado, celebrada el día de la fecha, se eligió al presidente y vicepresidente del Congreso del Estado, que fungirán durante el lapso del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 1998, en este primer periodo de sesiones ordinarias resultando electos los siguientes legisladores: Emilio López Novoa, presidente; Mario Leal Campos, primer vicepresidente; Víctor Manuel Pérez González, segundo vicepresidente.

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, propiciando la ocasión para reiterarles la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

"1998, Año de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí."

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 12 de noviembre de 1998.—Diputados: José Carmen García Vazquez, presidente; Fabián Espinosa Díaz de León y Antonio Gama Basarte, secretarios.»

De enterado.

COMISIONES DE TRABAJO

«Diputado Juan Cruz Martínez, presidente de —la mesa directiva de la Cámara de Diputados.—Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, 27 incisos b y d y 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 5o. y 9o. del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá encontrar el siguiente documento signado por el diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, donde solicita cambios en comisiones, lo anterior para que se le dé el trámite correspondiente.

Que el diputado Héctor Francisco Castañeda Jiménez, sustituye al diputado Juan José García de Quevedo, en la Comisión de Justicia.

Que el diputado Francisco Javier Morales Aceves, sustituye a Raúl Martínez Almazán, en la Comisión de Justicia.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 24 de noviembre de 1998.—Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Poder Legislativo Federal.—Cámara de Diputados.

Al presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.—Presente.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento las siguientes sustituciones de diputados priístas en la Comisión de Justicia.

Juan José García de Quevedo, por Héctor Francisco Castañeda Jiménez; Raúl Martínez Almazán, por Francisco Javier Morales Aceves.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 24 de noviembre de 1998.—Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

De enterado.

CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Cámara de Senadores.—LVII Legislatura.

Ciudadano Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

De conformidad con los artículos 65 de la Constitución Política de Ios Estados Unidos Mexicanos, 27 inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21 fracción III y IV, 58, 59, 60 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer el presente punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

CONSIDERACIONES

1o. El pasado 30 de abril del presente año la secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, declaró, con motivo de la celebración del L aniversario de la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Bogotá, Colombia, que era decisión del Gobierno mexicano aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2o. El pasado 10 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la Secretaría de Gobernación, envió al Senado de la República la propuesta de "declaración que formula el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", con la finalidad de que dicho órgano colegiado la apruebe, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 76 de nuestra Carta Magna.

3o. Con motivo de dicha propuesta, diversas personalidades, instituciones y organizaciones de derechos humanos gubernamentales y no gubernamentales, locales, nacionales e internacionales, han manifestado su beneplácito hacia dicha iniciativa del Ejecutivo Federal para someterse a la jurisdicción o competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4o. Los derechos humanos son inherentes a las personas sin distinción alguna y por lo tanto su reconocimiento universal ha rebasado toda frontera política o convencional y se ha constituido en piedra angular para el desarrollo de las sociedades democráticas y para la convivencia internacional.

5o. La creciente promoción y protección de los derechos humanos deriva también de la politización y concientización de la sociedad, reflejo de la transición democrática que se inicia en nuestro país y del concepto de democracia que no sólo se traduce en acatar la voluntad ciudadana expresada mediante su voto en las urnas sino, entre otras cosas, en impulsar un proyecto económico que garantice una justa distribución del ingreso nacional y garantice un nivel de vida digno para todos los mexicanos y el pleno respeto a sus derechos humanos.

6o. En esta etapa de transición, en nuestro país, si bien contamos con una amplia red de organismos públicos y no gubernamentales que promueven y defienden las libertades esenciales, aún debe considerarse la necesidad de contar con normas, mecanismos e instituciones que faciliten, complementen y coadyuven en esta digna tarea.

7o. La mayor parte de los gobiernos del mundo, entre los que se encuentra el de México, han suscrito compromisos en la materia, mediante los cuales se obligaron internacionalmente a velar por la dignidad humana a través del respeto y la promoción de los derechos humanos en todos los ámbitos.

8o. Uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno mexicano, fue la ratificación, en 1980, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos creada al seno de la OEA, hecho publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de enero de 1981.

9o. Dicha Convención Americana establece, junto con una gama de derechos esenciales, las instancias intergubernamentales encargadas de promover, vigilar y, en su caso, sancionar al Estado que incurra en la violación a los mismos, las cuales se denominan: Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

10. Al haber ratificado la Convención Americana, automáticamente sólo se reconoce la competencia de la Comisión Interamericana para efecto de que ésta promueva los derechos humanos en nuestro país y conozca de denuncias o peticiones individuales por la violación a cualesquiera de los derechos establecidos por la citada convención y otros instrumentos internacionales en la materia. Sin embargo, los informes o recomendaciones, emitidos por la Comisión Interamericana han sido considerados por algunos estados, como el nuestro, de cumplimiento no obligatorio, apelando a su carácter no vinculatorio para incumplir con las resoluciones de esta instancia, resultando de ello una limitación seria para abatir la impunidad y hacer efectivos los compromisos internacionales contraído.

11. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, prevista en la Convención Americana, es una instancia netamente judicial que además de emitir opiniones consultivas sobre la interpretación de los Tratados Internacionales sobre derechos humanos, funciona como una segunda instancia cuando los gobiernos no aceptan o incumplen las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana. Sin embargo, para que dicha Corte tenga competencia en los países que son parte de la convención, es necesario que los gobiernos de éstos acepten expresamente su jurisdicción obligatoria en el momento de su ratificación o con posterioridad a ella.

12. La propuesta del Ejecutivo Federal de aceptar dicha competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana, constituye un acto soberano y potestativo del Gobierno mexicano y alienta, sin duda alguna, la posibilidad para la sociedad mexicana de progresar en el reconocimiento y respeto efectivo de los derechos humanos.

13. De ser aprobada por el Senado la aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana, no implicaría de ningún modo un ataque a la soberanía nacional, partiendo del principio fundamental de que las normas de derecho internacional que protegen los derechos humanos no atentan contra la misma ni contra el principio de no intervención; tampoco se estaría afectando la estructura del pacto federal mexicano ni las disposiciones contenidas en nuestra Constitución Política, de conformidad con el artículo 133 de la Carta Magna.

14. La protección de los derechos humanos no es un asunto exclusivo de la jurisdicción doméstica de los estados, porque aquéllos son anteriores y superiores a los de cualquier estado, de modo que el principio de no intervención debe interpretarse en plena armonía con el respeto a los Derechos Humanos. La propia Corte Interamericana ha establecido y sostenido jurisprudencia al respecto, en el sentido de que los tratados o convenciones que protegen los Derechos Humanos no son de tipo tradicional circunscrito para un beneficio mutuo entre los Estados contratantes, sino que, al ser su objeto y fin la protección de los Derechos Humanos, asumen obligaciones, no en relación con otros Estados, sino de manera unilateral y hacia los individuos que se encuentran bajo su jurisdicción, con lo cual se busca el bien común de la humanidad.

15. Por otra parte, México y Brasil son los únicos países latinoamericanos que faltan por aceptar la competencia de la Corte y, por lo que respecta a México, es el único país de habla hispana en el continente americano que resta por hacerlo.

Reconocer dicha competencia significaría un paso fundamental en la protección y defensa de los derechos humanos, en congruencia con la tendencia ratificatoria de los demás países latinoamericanos.

16. Es derecho de los diputados de esta Cámara presentar proposiciones ante el pleno, siendo atribución de ésta, dictar los acuerdos necesarios y en ese ejercicio, puede establecer comunicación con la cámara colegislativa, para hacerle saber respetuosamente sus opiniones y sugerencias sobre las materias que son de su competencia.

17. En virtud de que en los próximos días el Senado de la República resolverá en definitiva el dictamen que contiene la propuesta hecha por el Ejecutivo Federal, debe considerarse de obvia y urgente resolución hacer del conocimiento del Senado nuestro beneplácito para la aceptación obligatoria de pleno derecho, sin convención especial, con carácter general y por un plazo indeterminado, de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62 de la referida Convención.

Por lo anterior, me permito proponer a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la adopción del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Esta Cámara de Diputados acuerda dirigirse respetuosamente al Senado de la República, a fin de hacer de su conocimiento su beneplácito por la propuesta del Ejecutivo Federal para aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo votos para que ese cuerpo colegiado apruebe dicha propuesta, reconociendo como obligatoria de pleno derecho, sin convención especial, con carácter general y por un plazo indeterminado, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62 de la propia convención.

Atentamente.

Palacio Legislativo, noviembre de 1998.—Benito Mirón Lince, diputado federal.»

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente. Comuníquese.

Saludamos y damos la bienvenida a 50 alumnos de la escuela primaria Naucalpan, México, invitados por el diputado Guillermo González Martínez.

Saludamos y damos la bienvenida a 30 estudiantes del Centro Universitario Hispanoamericano, acompañados por el profesor Fausto González Arzate.

Saludamos y damos la bienvenida a 40 estudiantes del Colegio Cali, Sociedad Civil, acompañados por el profesor José Lagunas Martínez.

Les rogamos el aplauso de ustedes a nuestros invitados.

También saludamos y damos la bienvenida a 18 trabajadores del Sindicato del Sanatorio Español.

Proceda la Secretaría.

SALARIOS MINIMOS

—«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Cámara de Diputados.—LVII Legislatura.

Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Diputado Juan Cruz Martínez, presidente de la mesa directiva.—Presente.

Hace un año por estas fechas, aprobamos por unanimidad exhortar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para que bajo su más estricta responsabilidad determinará los incrementos a los salarios mínimos generales y profesionales que habrían de regir para el año en curso, con base en las siguientes consideraciones:

1o. Que dicho incremento se hiciera de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 123 constitucional, que determina que serán suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

2o. Que el incremento debería hacerse tomado en cuenta, el histórico deterioro salarial que a aquella fecha sumaba ya más del 60%, para el efecto se propuso que se aumentaran cinco puntos porcentuales sobre la inflación programada, la cuál nos dijeron que no sería mayor al 12% en 1998.

3o. Que el incremento se aplicará para toda la República Mexicana, existiendo una sola zona geográfica.

En esta ocasión, la Comisión de Trabajo y Previsión Social nuevamente haciéndose eco de los reclamos de los sindicatos y además, preocupada por el rezago histórico del salario en nuestro país, ha considerado:

Que el rezago de los salarios mínimos en lugar de disminuir ha aumentado. Pues hay un retroceso del 3% en este año, en virtud de que la inflación en el año que termina no será menor al 18% y no del 12% como se nos prometió. Este hecho ha sido aceptado por los propios funcionarios públicos y, recordemos que el incremento a los salarios mínimos sólo fue del 14.5% en promedio, es decir, para ganar un salario con la misma capacidad de compra que se tenía a principios de este año se impone un aumento de por lo menos del 22%, lo cual permitiría resarcir el deterioro salarial histórico, con lo que consideramos del todo razonable la petición de los sindicatos que están solicitando un incremento no menor al 22%.

Congruente con lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara, ha estimado oportuno y necesario poner a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Que esta Cámara de Diputados recomiende a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, fije los salarios mínimos generales y profesionales para el año de 1999, apegado a sus atribuciones y mandatos constitucionales.

Segundo. Que la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales se incrementen en un porcentaje no menor al 22% y reconociéndose la sola zona geográfica.

Diputado Presidente: a nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Diputados y con base a los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicitamos respetuosamente dar curso a nuestra propuesta y ponerla en consideración de la plenaria inmediatamente por ser un asunto de urgente y obvia resolución.

Señor Presidente, se hace entrega del presente escrito con la firma de todos y cada uno de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Muchas gracias.

México, D.F., a 23 de noviembre de 1998.—Diputados: Juan Moisés Calleja Castañón, presidente; Javier Paz Zarza, Rosalío Hernández Beltrán y Marco Antonio Fernández Rodríguez, secretarios.»

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente. Comuníquese.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Carreto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Señor Presidente; señoras y señores legisladores:

«Es preocupación del Estado mexicano atender y resolver la problemática que enfrenta la sociedad sobre el cambio poblacional y la situación económica que en un futuro cercano tendrán que solventar los adultos mayores y las personas en edad avanzada.

En la elaboración de la presente iniciativa, uno de los aspectos prioritarios que se ha tenido en cuenta es el relativo a las necesidades de índole socioeconómica y de seguridad social que implican la estructura demográfica, la actual distribución de la población por edades, las expectativas ponderadas en cuanto al aumento en el promedio de vida y la disminución del crecimiento demográfico.

La presente iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión, dispone los mecanismos para alcanzar una mayor equidad en la aplicación del gravamen al ahorro voluntario que realicen los trabajadores en el Sistema de Ahorro para el Retiro.

La propuesta tiende a fortalecer la participación de la clase trabajadora como agente y promotor de la expansión del desarrollo económico, bajo criterios de equidad social y productividad, en apoyo de la reforma de las instituciones financieras del Estado, dentro de la vertiente de coparticipación entre la sociedad y el Gobierno, para asegurar, mediante el diseño de estrategias alternas de desarrollo económico con sentido social, la plena vigencia del estado de derecho.

De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, se estima que la longevidad de los habitantes se verá incrementada en el promedio de vida, que es de 71.4 años para el hombre y de 77.5 para la mujer, hasta llegar a ser de 76 años para el hombre y de 80 para la mujer.

La población de 60 o más años de edad en nuestro país, corresponde actualmente a 4 millones 400 mil habitantes, pero se estima que para el año 2010 será del orden de los 7 millones de individuos y para el año 2020 alcanzará cerca de 10 millones y medio de personas. Es decir que la población de 60 años de edad y mayores, casi se duplicará dentro de los próximos 15 años.

Los incrementos esperados en números reales se verán reflejados en un crecimiento porcentual intensivo, de modo que en los próximos 15 años el número de personas de la tercera edad se incrementará en un 73%, en tanto que la población total del país se incrementará sólo en un 22%.

Esta tendencia se agudizará en el largo plazo, por lo que no debe perderse de vista que para dentro de tres décadas se pondera una cantidad cercana a los 17 y medio millones de mayores de 60 años, lo que representará al 16.2% del total de la población nacional.

Aunada a está situación de distribución y concentración demográfica, se observa que la situación socioeconómica del país y el incremento de personas con ingresos mínimos para poder sostener el nivel de vida de sus familias, así como el deterioro del poder adquisitivo de los salarios en México, han ocasionado la aparición cada vez más frecuente y más numerosa de hogares sostenidos por personas mayores de 60 años de edad.

De tal manera, es importante enfrentar esta situación y encontrar soluciones de carácter preventivo, ya que actualmente más del 30% de los hogares son sostenidos por una cabeza de familia cuya edad es superior a los 65 años de edad. Una de las acciones preventivas para atender esta problemática poblacional se encuentra en el fortalecimiento del ahorro interno y en la promoción del ahorro voluntario.

En este sentido, la presente iniciativa propone desgravar el ahorro voluntario de los trabajadores, fortalecer el Sistema de Ahorro para el Retiro y simplificar el régimen fiscal en favor de los asalariados y en general de quienes prestan un servicio personal subordinado.

El proyecto de desgravación fiscal, considera que la promoción del ahorro interno es parte fundamental de la política económica y que las acciones tendientes a lograr el mejoramiento del régimen legal, para incentivar el ahorro de los trabajadores, son eje de un sistema de mejoramiento de la calidad de vida.

El actual régimen presenta una doble tributación por una parte y por la otra un inconveniente de carácter administrativo, ya que cuando el trabajador tuviera saldos de impuesto a favor por este concepto, necesita presentar una declaración fiscal para solicitar la devolución del impuesto que le fue cobrado en exceso. En tal virtud, la iniciativa propone modificar la mencionada Ley del Impuesto sobre la Renta, para evitar que se vuelva a gravar un ingreso al que en principio ya le fue retenido un impuesto definitivo.

Por lo mismo, se propone modificar el actual esquema impositivo para los rendimientos que generen las aportaciones voluntarias, de manera que los retiros correspondientes ya no se consideraran ingresos acumulables.

Con objeto de preservar los derechos de los trabajadores, se propone conservar la mecánica de disminución en la base gravable del impuesto sobre la renta para efectos del cálculo de los pagos provisionales y del impuesto anual, que deberán efectuar quienes hagan pagos por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado; e incorporar, en régimen transitorio y con los ajustes conducentes, lo dispuesto por el actual artículo 77-B, a fin de mantener la exención a favor de los trabajadores que mantengan sus aportaciones durante los plazos ya establecidos.

Lo anterior, permitirá que se alcance una mayor precisión en el nuevo esquema de beneficio al ahorro para el retiro que se propone y a la vez que se obtengan tanto la simplificación administrativa como la equidad en el gravamen.

Por otra parte, la propuesta tiende a fortalecer las medidas de estímulo al ahorro con la incorporación en ley del tope máximo de la deducción para las aportaciones que efectúen los patrones a los fondos de ahorro, incrementando el límite que actualmente es del 13% en dos puntos porcentuales más, para que el monto de las aportaciones pueda ser equivalente hasta por el 15% de los salarios de cada trabajador incluyendo los trabajadores de confianza, considerando exclusivamente la parte que no exceda de 10 veces el salario mínimo general del área geográfica en que el trabajador preste sus servicios.

La presente propuesta, también redundará en una mayor transparencia en la aplicación del gravamen, ya que evita la presentación de declaraciones y de solicitudes de devolución de impuestos que en ocasiones inhiben, de manera indirecta, el ahorro de estos contribuyentes, quienes por carecer de recursos económicos suficientes para pagar los servicios de un contador público o de un especialista en impuestos se verían imposibilitados en la práctica para reclamar al fisco sus saldos a favor.

Se estima que el mecanismo propuesto simplifica trámites legales y administrativos, logra dar mayor equidad al régimen fiscal y estimula efectivamente las aportaciones voluntarias de los patrones y de los trabajadores al Sistema de Ahorro para el Retiro, La propuesta encuadra dentro del esquema de promoción y fomento del ahorro interno y la inversión y mantiene un espíritu de dar soluciones financieras con sentido social a la problemática económica que atraviesa el país.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en la fracción II del artículo 7l de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 57, 58 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LVII Legislatura, nos permitimos someter a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la presente

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo único. Se reforman el tercer párrafo de la fracción XII del artículo 24 y las fracciones III y VII del artículo 83; se adiciona un párrafo final a la fracción XII del artículo 24 y la fracción XXXIII al artículo 77; y se derogan el segundo párrafo de la fracción XII del artículo 22, el artículo 77-B, el tercer párrafo del artículo 80 pasando los actuales párrafos cuarto a decimotercero párrafos a ser tercero a decimosegundo párrafos, el párrafo posterior a la tabla del artículo 81, el segundo párrafo de la fracción X del artículo 108, la fracción IV del artículo 125, la fracción XV del artículo 133 y la fracción V del artículo 140, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

"Artículo 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Segundo párrafo derogado."

"Artículo 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I a la XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .En todos los casos deberán establecerse planes conforme a los plazos y requisitos que se fijen en el reglamento de esta ley. El monto de las aportaciones a los fondos de ahorro, para su deducibilidad no deberá exceder del 13% de los salarios de cada trabajador incluyendo los empleados de confianza, considerando exclusivamente la parte que no exceda de 10 veces el salario mínimo general del área geográfica en que se encuentre el establecimiento en que el trabajador preste sus servicios.

El monto de las aportaciones a que se refiere el párrafo anterior, podrá incrementarse hasta en un 2% más, siempre y cuando la totalidad de este porcentaje adicional se destine al ahorro para el retiro de los trabajadores, en términos de las disposiciones legales aplicables.

XIII a la XXIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Artículo 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la XXXII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXXIII. Las aportaciones voluntarias efectuadas por los patrones, en los términos de la fracción XII del artículo 22 de esta ley, depositadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias de la cuenta individual abierta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Seguro Social o a la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado."

"Artículo 77-B. Derogado."

"Artículo 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tarifa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tercer párrafo derogado.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

"Artículo 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derogado.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II a la VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

"Artículo 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Proporcionar a las personas que les hubiera prestado servicios personales subordinados, constancias de remuneraciones cubiertas y de retenciones efectuadas en el año de calendario de que se trate.

IV a la VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. Presentar en el mes de febrero de cada año, ante las oficinas autorizadas, declaración en la que proporcionen información del importe de las aportaciones voluntarias que hayan efectuado y las aportaciones voluntarias efectuadas por el empleado por su conducto, así como entregar, dentro del mismo plazo, copia de dicha información al propio empleado."

"Artículo 108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Segundo párrafo derogado."

"Artículo 125. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Derogada."

"Artículo 133. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la XIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XV. Derogada.

XVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Artículo 140. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Derogada.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 1999.

Segundo. Cuando se realice el retiro de las aportaciones voluntarias depositadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias de la cuenta individual abierta en términos de la Ley del Seguro Social o la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro en términos de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, antes de que sea otorgada la pensión en los términos de las leyes respectivas, se pagará el impuesto por dichos retiros en el ejercicio en que se efectúen, de conformidad con lo dispuesto en este artículo.

Se consideran retiros, para los efectos del párrafo anterior, las transferencias de la subcuenta de aportaciones voluntarias, a la subcuenta de vivienda.

No se pagará el impuesto en los términos de este artículo, por los retiros de las aportaciones voluntarias, que se efectúen de la subcuenta de aportaciones voluntarias, hasta por un monto que no exceda del equivalente al número de veces del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, conforme a lo siguiente:

I. Para gozar de la exención a que se refiere el párrafo anterior, el retiro deberá ser por el monto total que se haya aportado en el año de que se trate. Sólo podrán retirarse cantidades iguales a la suma de las aportaciones respectivas, del año que se haya elegido. El trabajador en cada ocasión podrá retirar cantidades correspondientes a depósitos de uno o más años completos de calendario de aportaciones.

II. La exención a que se refiere este artículo se determinará conforme a la siguiente tabla, considerando la edad que tuvo el trabajador en el año en que efectuó la aportación respectiva y los años de calendario que se mantengan las aportaciones voluntarias de que se trate, en la subcuenta de aportaciones voluntarias, contados a partir de la fecha en que se efectuaron. Toda fracción de más de seis meses se considerará un año completo.

Para los efectos del párrafo anterior, se considerará la edad que tenía el trabajador a la fecha de la primera aportación del año de que se trate.

VER TABLA EN EL DOC.1

III. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos del Título Cuarto de la ley citada.

IV. Cuando el trabajador se encuentre sujeto a una relación laboral, la solicitud de retiro deberá hacerse por conducto del empleador, debiendo éste acumular a los ingresos anuales del trabajador el excedente a que se refiere el inciso anterior.

V. Cuando el trabajador no se encuentre sujeto a una relación laboral, podrá solicitar directamente a la administradora de fondos para el retiro que corresponda, el retiro de fondos de su subcuenta individual. En este caso, la propia administradora de fondos para el retiro y las instituciones de crédito autorizadas para operar la cuenta individual a que se refiere este artículo, efectuarán en su caso, una retención del 20% sobre el monto del retiro gravable, misma que se enterará a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en que se efectúe el retiro, debiendo proporcionar al trabajador constancia de la retención.

El trabajador podrá acreditar el impuesto retenido en los términos de este artículo contra el que resulte en su declaración anual.

VI. Cuando el trabajador retire cantidades correspondientes a depósitos de dos o más años de calendario completos, calculará el impuesto anual como sigue:

a) Dividirá el monto del retiro gravable entre el número de años en que se hayan efectuado las aportaciones que se retiran.

b) El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior se sumará a los demás ingresos acumulables del año de calendario de que se trate y se calculará, en los términos del Título Cuarto de la ley, el impuesto correspondiente a los ingresos acumulables.

c) La parte no acumulada del monto gravable retirado, se multiplicará por la tasa del impuesto que se obtenga conforme al siguiente párrafo. El impuesto que resulte se sumará al calculado conforme al inciso que antecede.

El contribuyente calculará la tasa a que se refiere el párrafo que antecede, determinando el impuesto conforme al artículo 141 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, considerando la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el año en que se realizó el retiro, incluyendo el resultado a que se refiere el inciso a de esta fracción, sin considerar las deducciones establecidas en el artículo 140 de la misma ley. El resultado así obtenido se dividirá entre la cantidad a la que se le aplicó lo dispuesto en el artículo 141 y el cociente será la tasa.

VII. Cuando se realice el retiro de las aportaciones voluntarias, depositadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias de la cuenta individual a que se refiere este artículo, después de que sea otorgada la pensión definitiva en los términos de las leyes respectivas, no se pagará el impuesto por dichos retiros en el ejercicio en que se efectúen, hasta por un monto que no exceda del equivalente de nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, por la aportación de cada uno de los años de aportación respecto de los cuales se realice el retiro. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos del Título Cuarto de la ley. Toda fracción de más de seis meses se considera un año completo.

México, D.F., a 25 de noviembre de 1998.—Diputados: Armando Neyra Chávez, Dionisio A. Meade y García de L., Marcos A. Bucio Mújica, Charbel J. Estefan Chidiac, Víctor M. Carreto y Fernández, Isaías González Cuevas, Marcos A. Fernández Rodríguez, Jorge Durán Chávez, Juan Moíses Calleja Castañón, José L. Acosta Herrera, Víctor M. López Balbuena, Héctor Valdés Romo y Víctor F. Flores Morales.»

Esperamos, señoras diputadas, compañeros diputados, que esta iniciativa merezca el respaldo de ustedes por ser muy favorable a los intereses de los trabajadores, de los patrones y en general de la sociedad de este país.

Por su atención, muchas gracias.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Saludamos y damos la bienvenida a 50 estudiantes del plantel Azcapotzalco, acompañados por el licenciado Andrés Hernández López.

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

Saludamos y damos la bienvenida a diversas asociaciones de personas con discapacidad auditiva, que son invitadas a la presentación de la iniciativa de reformas a la Ley de Radio, Televisión y Cinematografía, para agregar cintillos y lenguaje de señas en los espacios informativos de las distintas televisoras. Dichas asociaciones son invitadas de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados y de la diputada Elodia Gutiérrez Estrada.

Tiene la palabra la diputada Elodia Gutiérrez Estrada, para presentar una iniciativa de reformas a la ley que ha sido aludida en este momento.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

«Los suscritos, diputados a la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General sometemos a la consideración de la honorable Asamblea de esta Cámara, la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Radio y Televisión con base en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Toda persona tiene derecho y obligación de ejercitar responsablemente su libertad para crear, gestionar y aprovechar las condiciones sociales y económicas para una mejor convivencia humana.

La justicia social se realiza mediante el ejercicio y la defensa de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones recíprocas, especialmente en la relaciones de la persona y los grupos sociales entre sí.

La persona humana tiene una eminente dignidad, un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y medios necesarios para cumplir dignamente ese destino.

Es preciso que en la organización nacional, las comunidades sean reconocidas y en cuanto se encuentren en la jurisdicción del Estado, ordenadas y jerarquizadas, dándoles el lugar y la participación debidos en la estructura y en el funcionamiento del mismo, a fin de que éste coincida verdaderamente con la realidad nacional y el Gobierno sea siempre una expresión genuina de la nación.

En nuestro país se estima que existen alrededor de 10 millones de personas con discapacidad que requieren un trato digno y respetuoso y la radio y la televisión son importantes medios para empezar a conformar una cultura de respeto a las personas con discapacidad.

En México necesitamos crear una cultura de atención y respeto a las personas con discapacidad, ya que cotidianamente no se les respeta, empezando por los lugares que están destinados exclusivamente a ellos, en la calle, en el transporte público o en los centros comerciales.

Hoy día pocas son las televisoras que dedican espacios permanentes para personas con sordera, con traductores al lenguaje de señas y menos con cintillos que presenten la información, lo que limita el derecho que tienen de estar bien informadas las personas que sufren este tipo de discapacidad.

La televisión es el medio factible para la integración de las personas sordas a la vida cotidiana, ya que este medio da la posibilidad a las personas con sordera de tener acceso a la información.

Por todo lo anterior proponemos modificar la fracción VIII del artículo 11, a fin de que sea atribución de la Secretaría de Educación Pública promover el respeto y la atención a las personas con discapacidad, así como sensibilizar en los valores humanos a la población.

Esto para que con la influencia que tienen los medios de comunicación masiva en la sociedad, se empiece a fomentar una cultura de atención y respeto a las personas con discapacidad, ya que han sido pocos los esfuerzos de estos medios para lograrlo.

Se propone modificar el artículo 12 en su fracción V, para que la Secretaría de Salud tenga competencia para informar y orientar a la población, en la radio y en la televisión, sobre medidas de prevención de las distintas discapacidades y de la atención a las personas con discapacidad.

En lo que se refiere al artículo 59, se propone adicionar a los temas que tienen obligación las estaciones de radio y televisión de transmitir al día, el que promuevan la conciencia solidaria sobre los valores humanos de toda persona, esto para evitar que dentro de la programación de radio y televisión existan formas de discriminación o de burla para alguien con discapacidad.

En el artículo 59-bis se propone adicionar en la fracción III que la programación dirigida a la población infantil que se transmita en radio y televisión también procure la comprensión de los valores humanos, aunado a los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional. Asimismo, se propone que como fracción IV se adicione el procurar y promover el respeto y la atención a las personas con discapacidad.

Esta adición tiene la finalidad de que a la población infantil se le procure la comprensión de todos los valores humanos, así como se promueva en los niños el respeto y la atención a las personas con discapacidad, fortaleciendo así una cultura de respeto.

Finalmente, y como punto muy importante dentro de esta iniciativa, se propone que en el artículo 77 se estipule como una obligación de todas las estaciones de televisión el contar con espacios informativos para las personas con discapacidad auditiva, ya sea con cintillos que contengan el texto de la noticias y/o transmisión simultánea en lenguaje de señas.

Esta modificación tiene por objeto obligar a las televisoras a que cuenten, por lo menos con un espacio informativo con lenguaje para sordos, ya sea con lenguaje de señas o que estén subtitulados con cintillos que contengan la información para poder ser leída por los televidentes con discapacidad auditiva.

Por lo antes expuesto, presentamos la siguiente

INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

Artículo primero. Se reforman los artículos 11, 12, 59, 59-bis, 63 y 77 para quedar como sigue:

Artículo 11. La Secretaría de Educación Publica tendrá las siguientes atribuciones:

I a la VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. Promover y sensibilizar los valores humanos de toda persona, así como el respeto y la atención a las personas con discapacidad;

IX. Las demás que le confiera la ley.

Artículo 12. A la Secretaría de Salud compete:

I a la IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Informar y orientar a la población sobre medidas de seguridad y atención a las personas con discapacidad y

VI. Las demás facultades que le confiera la ley.

Artículo 59. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración de hasta 30 minutos continuos o discontinuos dedicados a difundir temas educativos, culturales, de orientación social y que promuevan la solidaridad respetuosa sobre los valores humanos de toda persona. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia que debe proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.

Artículo 59-bis. La programación general dirigida a la población infantil que transmitan las estaciones de radio y televisión deberá:

I a II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Procurar la comprensión de los valores humanos, los nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional;

IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Procurar y promover el respeto y la atención a las personas con discapacidad;

VI. Proporcionar diversión y coadyuvar al proceso formativo de la infancia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 63. Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o del crimen; se prohibe, también, todo aquello que sea denigrante u ofensivo a todo ser humano y al culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas o discriminatorio de las razas; queda asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos.

Artículo 77. Las transmisiones de radio y televisión como medio de orientación para la población del país, incluirán en su programación diaria información sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural, deportivo y otros asuntos de interés general, nacionales o internacionales. Cada televisora tendrá la obligación de tener un espacio que tenga lenguaje para sordos al menos en una transmisión informativa al día.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las televisoras tendrán un plazo de un año a partir de la vigencia de esta reforma para establecer dentro de su programación al menos un espacio informativo con lenguaje para sordos.

Palacio Legislativo, noviembre de 1998.—Diputados: Elodia Gutiérrez Estrada, Héctor Larios Córdova, Lourdes Angelina Muñoz Fernández, Julieta Ortencia Gallardo Mora, Gustavo Espinosa Plata, Felipe Jarero Escobedo, Eliher Saúl Flores Prieto, José Jesús Montejo Blanco, Carlos Iñiguez Cervantes, Abraham Bagdadi Estrella, José Octavio Díaz Reyes, José Luis García Cortés, Bonfilio Peñaloza García, Felipe Rodríguez Aguirre, María de Lourdes Rojo e Incháustegui, José Luis Acosta Herrera, Alfonso Carrillo Zavala, Jaime Castro López, Luisa Cortés Carrillo, Emilia García Guzmán, Bertha Hernández Rodríguez, Salomón Elías Jauli y Dávila, Addy Cecilia Joaquín Coldwell, María de las Mercedes Martha Juan López, María Guadalupe Francisca Martínez Cruz, María Verónica Muñoz Parra, Martha Palafox Gutiérrez y José Jesús Villalobos Sáenz.»

Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

CODIGO CIVIL. CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES

Tiene la palabra el diputado Ramón María Nava González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Con su venia, señora Presidenta:

Señor Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Presente.

«Ramón María Nava González, diputado a la LVII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los diputados de la misma legislatura que al calce de nuestros nombres firmamos la presente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71-II y 122-A-I, ambos de la Constitución Política de la República, así como en las demás normas que con dichos preceptos se relacionan, venimos a promover la iniciativa de decreto de reforma al Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a partir de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La historia del derecho muestra como las normas jurídicas han evolucionado en el tiempo buscando expresar el sentido humanitario de sus destinatarios, esto es, el ser humano. De ahí que la norma penal evolucionara de la mera vindicta a la rehabilitación del delincuente, que las obligaciones tributarias quedarán sujetas a los principios de equidad y proporcionalidad, que la seguridad jurídica se tradujera en normas de procedimiento, que apareciera la figura del ombusdman, que se borrarán distinciones entre hijos por haber nacido dentro o fuera del matrimonio, que se legislara en materia de concubinato etcétera sin embargo, algunas modificaciones a la ley no se produjeron sin ciertas resistencias, hijas del prejuicio, de la desinformación o de muchos otros factores que el tiempo se encargó de cernir en beneficio de las generaciones que iban apareciendo. Algunos ejemplos ilustrarán lo que se afirma:

Primero. Cuando se restringió constitucionalmente la aplicación de la pena de muerte, sobró quien dijera que el orden y seguridad retrocedían en beneficio de la delincuencia;

Segundo. Cuando se borró la infamante distinción entre hijos de matrimonio, naturales y adulterinos, hubo quienes vieron en ello una agresión al matrimonio y a la familia y

Tercero. Cuando en materia canónica la Iglesia abandonó el Latín como expresión universal de su liturgia, se hicieron críticas y reacciones tan agresivas que incluso produjeron el separatismo de grupos que se significaron mundialmente.

La iniciativa que ahora proponemos, toca un punto neurálgico de la vida social, el relativo al divorcio como medio legal para la disolución del matrimonio. La motiva y orienta el espíritu humanizante del derecho, pues se pretende evitar que la actual normativa siga produciendo o potenciando los deterioros de pareja y de familia. En la actualidad el divorcio se puede obtener, bien mediante el mutuo acuerdo o bien mediante la prueba de una causal que lo justifique y es precisamente este último medio el que termina por arruinar una relación que por deteriorada busca el alivio en la disolución de la interacción humana que la genera.

Las causales de divorcio son enunciadas por el artículo 267 del Código Civil cuyos supuestos son: el adulterio, dar a luz un hijo "ilegítimo" , la propuesta del marido para prostituir a su mujer, la incitación pacífica o violenta a la comisión de un delito, los actos tendientes a la corrupción de los hijos, el padecimiento de enfermedades venéreas de manera crónica o incurable o hereditaria y la impotencia incurable sobrevenida, la enajenación mental incurable, el abandono del hogar conyugal, la declaración de ausencia, la sevicia, las amenazas o injurias graves, la negativa a proporcionarse alimentos, la acusación calumniosa etcétera.

Así, ocurre que quienes deciden promover el divorcio aduciendo estas causales, deben pagar un precio muy elevado, no solamente en dinero, sino en consecuencias, pues se ven obligados a desnudarse de las vivencias más íntimas del ser humano, porque, no es fácil para una esposa darle noticia primero al abogado y después al juez en un documento en el que los pormenores son indispensables, que su esposo le propuso la prostitución o que la golpeó con saña o que la injurió y cuando señalamos el aspecto injuria, nos referimos a una gama de palabras, de conceptos y de juicios que constituyen el acervo de bajezas y humillaciones configurados para agredir el honor, la dignidad y las condiciones de vida, todo lo cual debe narrar el cónyuge ofendido con la precisión del pormenor y de las palabras pronunciadas, lo que entraña una segunda agresión para quien ya soporta una pesada carga.

Además, los testigos de los hechos que ocurren en el seno del hogar, son precisamente los miembros de la familia, razón por la cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto con sobrada razón que por esas circunstancias y de manera excepcional, los testigos más idóneos son precisamente los familiares de los cónyuges. De esta suerte, al deterioro de la relación conyugal, no solamente se le suma la exigencia de hacer pública una desgracia, sino de contagiar de la misma a los demás miembros de la familia cuya comparecencia judicial es requerida para comprobar las afirmaciones del cónyuge ofendido. Tampoco es fácil en la cultura de occidente y especialmente de los pueblos latinos, darle cuenta a un tercero de que la esposa fue "infiel" y menos aún, si con dicha afirmación se hiere a los hijos por hacer pública una falta materna.

Se pueden multiplicar hasta el infinito los ejemplos y hacer de cada causal de divorcio un análisis que se estima ocioso, pues finalmente el resultado siempre será el mismo: arruinar lo que ya está deteriorado, contagiar con amplitud, ese deterioro de relaciones humanas, promover odios y en algunos casos abonar el terreno para desenlaces de nota roja.

Esta iniciativa pretende pues, humanizar el desenlace de una relación previamente deteriorada, para lo cual, deroga las causales del artículo 267 del Código Civil reduciendo las mismas, al mutuo consentimiento y a la simple solicitud hecha por uno de los cónyuges al juez competente, sin que se requiera diligencia alguna de explicación y menos de pruebas ni en su ofrecimiento ni en su desahogo.

El juez, al recibir la solicitud, deberá mandar notificar al cónyuge para que éste sea oído en los términos de su voluntad, además, condicionará la prosecución del trámite al hecho de que quien haya formulando la solicitud de divorcio asista por lo menos a dos sesiones de orientación ante el consejero matrimonial que cuente con autorización del consejo de la judicatura y que sea de su elección personal.

El cónyuge solicitante, una vez satisfechas las consultas y en caso de persistir en su intención de divorcio, lo hará saber al juez, anexándole certificado expedido por el consultor matrimonial en el sentido de haber efectuado las consultas ordenadas y le anexará, en caso de que hubiere hijos menores de edad, bienes o requerimientos de alimentos, un anteproyecto de normativa que los regule, hecho lo cual, el juez citará al cónyuge de quien se pretende el divorcio, a una audiencia en la que se les exhortará a la reconciliación y en caso de que se persista en la intención del divorcio, pronunciará la resolución que disuelva el vínculo matrimonial, sin perjuicio de dictar las medidas circunstanciales a que se refiere el artículo 282 del Código Civil.

Esta segunda fase procesal no se dará sino pasados 45 días naturales de presentada la solicitud de divorcio, con el propósito de evitar toma de decisiones sin el debido tiempo para la reflexión y la asimilación de los criterios que hayan expuesto los orientadores matrimoniales, así como la ponderación con serenidad de ánimo de las consecuencias que entrañará la persistencia en la solicitud.

Quienes presentamos y suscribimos la presente iniciativa, estimamos necesario instrumentar las presentes reformas a partir de un concepto del matrimonio, pues si bien actualmente el Código Civil no lo establece, supone la naturaleza contractual del mismo según antecedente recogido de la antigua Ley de Relaciones Familiares. Pretendemos con este concepto evitar que el régimen del matrimonio quede sujeto a la ambigüedad de conceptos anteriores que no quedaron plenamente abrogados. Para este efecto se propone el concepto de carácter funcional que se incorpora a la reforma del artículo 178 de la manera siguiente:

"El matrimonio es el estado civil que adquieren un hombre y una mujer, bajo condiciones de solemnidad, al otorgar ante el juez del Registro Civil competente la declaración individual, libre y recíproca, de ser su voluntad asumir por tiempo indeterminado los derechos y obligaciones que rigen para el mismo, ya bajo el régimen de sociedad conyugal, ya bajo el de separación de bienes."

La materia de estas modificaciones hace necesaria la adecuación de la normativa que se refiere al matrimonio, la que se realiza con los cambios de mera adecuación que propone esta iniciativa que naturalmente produce un nuevo capítulo de procedimiento en el Código de Procedimientos Civiles.

Bajo los motivos que han sido expuestos y que se han sometido a la consulta de sicólogos y juristas, así como obtenido un criterio de derecho comparado resultante del análisis de legislaciones de otros países, los suscritos, diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que nos confiere el artículo 71-II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta Cámara la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se reforma el Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, según el tenor de los siguientes preceptos:

Artículo primero. Se derogan los artículos 268, 269, 270, 278, 279 y 283 y se reforman los artículos 178, 267, 277, 281, 282, 288, 289 y 291, del Código Civil, así como la cabeza del Capítulo IV del Título Quinto para quedar como sigue:

TITULO QUINTO

Del matrimonio

Capítulo I (...)

Capítulo II (...)

Capítulo III (...)

Capítulo IV. Del estado civil matrimonial y sus regímenes.

Artículo 178. El matrimonio es el estado civil que adquieren un hombre y una mujer, bajo condiciones de solemnidad, al otorgar ante el juez del Registro Civil competente la declaración individual, libre y recíproca, de ser su voluntad asumir por tiempo indeterminado los derechos y obligaciones que rigen para el mismo, ya bajo el régimen de sociedad conyugal, ya bajo el de separación de bienes.

Artículo 267. El divorcio se puede obtener:

I. Por convenio otorgado y ratificado ante el juez de lo familiar competente en términos de lo dispuesto por el Capítulo I del Título Decimoprimero del Código de Procedimientos Civiles.

II. Por convenio otorgado y ratificado ante el juez del Registro Civil del lugar de su domicilio en términos de lo dispuesto por los artículos 272, 273 y 274 del Código Civil.

III. Por simple solicitud formulada ante el juez de lo familiar competente en los términos dispuestos por el Capítulo II del Título Decimoprimero del Código de Procedimientos Civiles.

Artículo 277. Cualquiera de los cónyuges podrá solicitar se suspenda su obligación de cohabitar con el otro cónyuge cuando éste padeciere sífilis, tuberculosis, SIDA, alcoholismo o cualquier otra enfermedad crónica, incurable o hereditaria o padeciere enajenación mental incurable.

Artículo 281. El cónyuge que habiendo solicitado el divorcio, cancele su petición por reconciliación, sólo podrá volver a solicitarlo, transcurrido un año de la fecha en que hubiere iniciado el procedimiento original.

Artículo 282. Al admitirse la solicitud de divorcio o antes si hubiere urgencia se dictarán las medidas siguientes:

I. Proceder a la separación de los cónyuges de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles.

II. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos.

Artículo 288. En el caso de divorcio por mutuo consentimiento, la mujer tendrá derecho a recibir alimentos durante el mismo lapso de duración del matrimonio, si no tuviere ingresos suficientes mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato.

El mismo derecho señalado en el párrafo anterior, tendrá el varón que se encuentre imposibilitado para trabajar y carezca de ingresos suficientes, mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato.

Cuando por el divorcio se originen daños o perjuicios a los intereses de alguno de los cónyuges, el que resienta el perjuicio podrá exigir su reparación del responsable, reputándose aquél, un hecho ilícito.

Artículo 289. En virtud del divorcio . . . . . . . . .

El cónyuge que haya solicitado el divorcio, una vez obtenido éste no podrá volver a contraer matrimonio, sino hasta después de un año a partir de la fecha en que causó ejecutoria la sentencia que lo decretó.

La misma limitación se impondrá a los cónyuges en caso de divorcio por mutuo consentimiento.

Artículo 290. La muerte de uno de los cónyuges pone fin al proceso de divorcio y sus herederos tienen los mismos derechos y obligaciones que tendrían de no haberse iniciado el proceso.

Artículo 291. Ejecutoriada la sentencia de divorcio, el juez que la haya dictado remitirá copia de ella al juez del Registro Civil ante quién se celebró el matrimonio, para que levante el acta correspondiente, haga las anotaciones marginales en el acta de matrimonio y publique los puntos resolutivos durante 15 días, en las tablas destinadas para tal efecto.

Artículo segundo: Se reforma el Título Decimoprimero del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal a efecto de cambiar su denominación, adicionarle un capítulo y siete artículos para quedar como sigue

TITULO DECIMOPRIMERO

Del divorcio

CAPITULO I

Del divorcio por convenio

Artículo 674. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 675. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 676. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 677. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 678. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 679. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 680. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 681. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 682. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITULO II

Del divorcio por solicitud

Artículo 673-bis. Cuando alguno de los cónyuges desee la disolución del vínculo matrimonial en términos de la fracción III del artículo 267 del Código Civil, presentará su solicitud al juez de lo familiar competente a la que anexará una copia certificada de su acta de matrimonio y una de nacimiento de cada una de los hijos procreados con el cónyuge de quien solicita el divorcio.

Artículo 673-tris. Hecha la solicitud, el juez ordenará notificar al cónyuge de quién se solicita el divorcio y en caso de que hubiere hijos menores de edad, al agente del Ministerio Público y la resolución condicionará la prosecución del trámite a la comprobación que haga el solicitante de haber asistido en dos ocasiones dentro del término de 20 días a sesión de consulta con alguno de los orientadores matrimoniales de su preferencia, elegidos entre aquellos que tienen autorización del Consejo de la Judicatura. No será admitida la intervención de consejeros alternos.

Artículo 673-quatris. Cumplido el requisito de consulta a que alude el precepto anterior y hasta que hayan transcurrido 45 días naturales de la fecha de presentación de la solicitud a que se refiere el artículo 673-bis, el solicitante podrá reanudar el trámite iniciado, exhibiendo un certificado de consultas que deberá expedirle el orientador matrimonial que las haya realizado y, una propuesta de normativa con relación a los hijos menores de edad, a los alimentos y a la disolución de la sociedad conyugal si la hubiere.

En cuanto a los hijos menores de edad si los hubiere, la propuesta de normativa se deberá ocupar del domicilio, el cónyuge con que vivan en forma directa, el horario en que podrán ser visitados diariamente los menores y los días y horario que puedan permanecer en convivencia directa con el cónyuge que no viva con ellos, así como el monto para sufragar sus necesidades. En caso de que hubiere causa para solicitar la pérdida de la patria potestad, así se hará saber precisando la misma.

Artículo 673-quintis. Recibido el impulso procesal a que se refiere el artículo anterior, el juez de los autos citará a los cónyuges y al agente del Ministerio Público a una audiencia dentro de los 15 días siguientes que tendrá por objeto:

I. Exhortar a los cónyuges a proseguir la vida matrimonial.

II. En caso de persistir el solicitante en su intención, procurar que entre los dos cónyuges definan todo lo relativo a los alimentos de quien tuviere derecho a ellos y todo lo que concierne a los menores de edad.

III. Dictar resolución disolviendo el matrimonio y resolviendo provisional o definitivamente lo relativo a los alimentos, domicilio de los menores y ejercicio de la patria potestad.

En ningún caso excepción hecha de petición formulada por el solicitante, la audiencia se celebrará fuera del plazo señalado ni se podrá diferir ni segmentar la resolución de las tres cuestiones que quedan mencionadas en cada uno de los incisos de este artículo. Si dentro del mismo, la agenda no lo permitiere, el juez de los autos habilitará horas y días entre las 14:00 y las 20:00 horas de cualquier día de la semana, incluyendo días inhábiles.

La falta de cumplimiento de este precepto causará responsabilidad del juzgador o del agente del Ministerio Público o del servidor público que la causare, misma que se comunicará de inmediato al superior del responsable.

Artículo 673-sextus. En caso que los cónyuges no hubieren llegado a algún acuerdo sobre el ejercicio de la patria potestad, alimentos y bienes, el juez de los autos declarará disuelto el vínculo matrimonial, resolverá provisionalmente las demás cuestiones y para dictar resolución definitiva, abrirá expedientillo por cuerda separada, el que se tramitará con un escrito de cada parte en el que ofrecerán pruebas las que se desahogarán como lo dispone el Capítulo IV del Título Sexto del Código de Procedimientos Civiles, pronunciándose la resolución definitiva dentro de los plazos establecidos para el juicio ordinario.

Artículo 673-septimus. Contra las resoluciones que disuelvan el matrimonio no procederá recurso alguno, contra las que nieguen el trámite y resuelvan las demás cuestiones, procederá el recurso de apelación en ambos efectos.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D. F., a 20 de noviembre de 1998.—Ramón María Nava González, Jorge López Vergara, Francisco Javier Reynoso Nuño, Samuel Gustavo Villanueva García, Julio Castrillón Valdés, Rafael Castilla Peniche, Margarita Pérez Gavilán, Fernando Castellanos Pacheco, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, Javier Algara Cossío, Elodia Gutiérrez E., Pilar Valdés y Beatriz Zavala Peniche.»

Esta iniciativa, de ser aprobada, constituirá uno de los avances mundiales que se pueden dar en beneficio de la integración de la pareja, de la revaluación del matrimonio como una institución que se viva en libertad y con el deseo de preservarlo a través de la pareja.

Que no se perviertan ni sus causas finales ni las causas eficientes de esa iniciativa.

Muchas gracias.

Entrego a usted, señor Secretario, la presente iniciativa.

Túrnese a la Comisión de Justicia.

LEY DE COORDINACION FISCAL

Tiene la palabra el diputado Jorge Alejandro Jiménez Taboada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal.

Compañeras y compañeros diputados:

«Jorge Emilio González Martínez, Verónica Velasco Rodríguez, Jorge Alejandro Jiménez Taboada, Gloria Lavara Mejía y Aurora Bazán López y, diputados a la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestro país está organizado como una República representativa, democrática y federal, según se desprende de la misma lectura del artículo 40 de la Constitución.

El federalismo, como forma de organización del Estado, constituye una aspiración que surge con la Independencia, en correspondencia con el mosaico regional de nuestro país, que luego de un continuo proceso de evolución y consolidación, esta aspiración histórica hoy se expresa en la voluntad de los mexicanos de que la unidad nacional se integre y nutra con la diversidad de sus regiones.

Hablar de federalismo, implica no solo una mutua cooperación existente entre la Federación como tal y las entidades federativas, para que cada una, dentro de los límites que su competencia le fije, pueda desarrollar sus actividades según la organización adoptada, sino que también se erige como la forma de organización política más adecuada para un México más democrático, justo y equilibrado.

En el marco, para fortalecer la forma política asumida, hemos aprobado en el Congreso una serie de preceptos legales que constituyen pasos definitivos tendientes a verificar la actualidad de un federalismo renovado.

Así, hemos avanzado con pasos firmes para asegurar que no sólo en lo político, sino incluso también en lo económico, las entidades que integran la Federación puedan desarrollarse y aportar al desarrollo de ésta.

Para ello, las entidades federativas requieren que los recursos que se les asignen sean suficientes y que su distribución sea la más adecuada, acudiendo con tal motivo a una redistribución de funciones de decisión y operación de las políticas públicas para acercarlas a la población que se beneficia de ellas.

La Federación, como corresponsable de la situación, ha previsto la creación de un sistema de Coordinación Fiscal entre ella y los estados que la integran para coadyuvar en el fortalecimiento de las haciendas públicas locales, redistribuyendo la recaudación Federal en la forma más justa y equilibrada posible, evitando la proliferación de regímenes fiscales que por su diversidad, se constituyan en un obstáculo para el buen desarrollo de la vida nacional.

Con anterioridad, se puso énfasis en el gasto, al descentralizar conceptos importantes que hoy son responsabilidad de las órdenes de gobierno más cercanas a la población. Ahora, corresponde al Gobierno no sólo dotar de los recursos a los estados, debe también procurar la satisfacción de las necesidades más sentidas de la población, principalmente en los rubros de salud, educación básica y el desarrollo de la infraestructura básica municipal.

En fechas recientes, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante esta Cámara confirmó que la atención de los asuntos relativos a la conservación, preservación y mejoramiento del medio ambiente, deberían de ser igualmente atendidos por el Ejecutivo Federal, como los rubros de atención a la salud y la educación básica.

El tema de conservación, preservación y mejoramiento del medio ambiente, está sumamente relacionado con el de desarrollo de la infraestructura básica municipal.

Al igual que el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, nos hemos percatado que la degradación ambiental de las comunidades, se debe en gran medida a que sus pobladores, al no poder disponer de recursos para poder garantizar por lo menos su subsistencia, se ven orillados a depredar el medio ambiente.

Para evitarlo, se debe procurar a esas comunidades, los medios necesarios, en primer término, para subsistir y evitar que sigan depredando y, en segundo, para que aquellos lugares que sufrieron algún deterioro ambiental, puedan regenerarse para conservarlos, pues los elementos que posee llegan a ser incluso de interés nacional.

La presente iniciativa que el grupo parlamentario de Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de esta Asamblea, tiende a procurar que se haga efectiva la propuesta hecha valer ante el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: la de que de los fondos integrados por la Federación al desarrollo de la infraestructura básica municipal, sirvan también para procurar el mejoramiento ambiental de los lugares que padecen en la actualidad algún deterioro.

Los beneficios que traiga el mejoramiento ambiental, no excluyen ni aminoran los efectos que el fondo de aportaciones para la infraestructura social tienen en los municipios, por lo contrario, la adecuada aplicación y distribución de los mismos aportarían para que, además de ayudar al mejoramiento del medio ambiente, las comunidades, aprovechando los recursos ambientales restaurados y suficientes se desarrollen de manera óptima.

Finalmente, cabe señalar la aplicación de esos recursos, será igual a la de aquéllos del fondo en el que se incluye, que es el de aportaciones para la infraestructura social; es decir, de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente

INICIATIVA DE DECRETO

Mediante el cual se reforman la fracción III del artículo 25, el párrafo primero del artículo 32, los párrafos primero y segundo, así como la fracción IV del artículo 33, los párrafos primero y segundo del artículo 34 y los párrafos primero y tercero del artículo 35, todos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo único. Se reforman la fracción III del artículo 25, el párrafo primero del artículo 32, los párrafos primero y segundo, así como la fracción IV del artículo 33, los párrafos primero y segundo del artículo 34 y los párrafos primero y tercero del artículo 35, todos de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 25.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Fondo de aportaciones para la infraestructura social y mejoramiento ambiental;

IV y V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 32.. El fondo de aportaciones para la infraestructura social y mejoramiento ambiental se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, con un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 0.303% corresponderá al fondo para la infraestructura social y mejoramiento ambiental estatal y el 2.197% al fondo para la infraestructura social y mejoramiento ambiental municipal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al fondo de aportaciones para la infraestructura social y mejoramiento ambiental reciban los estados y los municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de las obras, acciones sociales y ecológica ambientales básicas y a inversiones, que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social, de pobreza extrema y con deterioro en las condiciones de su entorno ambiental en los siguientes rubros: agua potable; alcantarillado; drenaje y letrinas; urbanización municipal; electrificación rural y de colonias pobres; infraestructura básica de salud; infraestructura básica educativa; mejoramiento de vivienda; caminos rurales; infraestructura productiva rural; conservación de los recursos naturales de flora y fauna silvestres, así como el mejoramiento del entorno ambiental en cualquier situación que fuera en detrimento para el desarrollo mínimo indispensable necesario para la calidad de vida y del ecosistema en la región.

En el caso de los municipios, éstos podrán disponer de hasta un 2% del total de recursos del fondo para la infraestructura social y mejoramiento ambiental municipal que les correspondan, para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno estatal correspondiente y el municipio de que se trate.

Respecto de dichas aportaciones, los estados y los municipios deberán:

I a la III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del fondo de aportaciones para la infraestructura social y mejoramiento ambiental les sea requerida. En el caso de los municipios lo harán por conducto de los estados.

Artículo 34. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el fondo de aportaciones para la infraestructura social y mejoramiento ambiental entre los estados, considerando criterios de pobreza extrema y de deterioro ambiental, conforme a la siguiente fórmula y procedimientos:

I a la V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Así, la distribución del fondo de aportaciones para la infraestructura social y mejoramiento ambiental se realiza en función que corresponda a cada estado de la pobreza extrema a nivel nacional, según lo establecido.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Artículo 35. Los estados distribuirán entre los municipios los recursos del fondo para la infraestructura social y mejoramiento ambiental municipal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ellos utilizarán la información estadística más reciente de las variables de rezago social a que se refiere el artículo anterior, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la aplicación de la fórmula antes señalada, se utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas:

a) a d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los estados, con base en los lineamientos anteriores y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del fondo para la infraestructura social y mejoramiento ambiental municipal correspondientes a sus municipios, debiendo publicarlas —en sus respectivos órganos fiscales de difusión, a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 24 días del mes de noviembre de 1998.—Diputados: Jorge Emilio González Martínez, Verónica Velasco Rodríguez, Alejandro Jiménez Taboada, Gloria Lavara Mejía y Aurora Bazán López.»

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

Tiene la palabra el diputado Efrén Enríquez Ordóñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley de Instituciones de Crédito.

Con su venia, señor Presidente; ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.—Presentes.

Efrén Enríquez Ordóñez, diputado federal de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRI. Con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución General de la República y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a presentar a este pleno, la siguiente iniciativa de decreto por la que se reforman los artículos 65, 66, 68, 72, 106, 112 y se modifica la denominación del Capítulo III del Libro Tercero de la Ley de Instituciones de Crédito

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, presentado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León; en su apartado número dos, que lleva como título por un estado de derecho y un país de leyes, se hace un resumen de las diversas carencias en las normas que integran y consagran la seguridad jurídica, en la propiedad de los bienes y en los derechos de los particulares, pero también hace un compromiso al efecto, de revisar los distintos ordenamientos, con objeto de promover las reformas que ajusten las leyes a las circunstancias actuales.

El citado documento señala las líneas de acción a seguir, las cuales establecen la necesidad de propiciar normas e instituciones jurídicas que ofrezcan mayor agilidad y reducción de costos en la formalización de las relaciones contractuales, garantizando la seguridad jurídica. No obstante, también se acepta el hecho de que existan normas viciadas que, por ser contrarias al espíritu de la ley, no deben surtir efectos.

De una clara interpretación de lo anteriormente expuesto, surge la necesidad de legislar para crear normas que busquen el equilibrio de estas interpretaciones de la ley, que no deben ser en perjuicio de quienes más lo necesiten. Nos dice que quienes menos tienen, se encuentran desprotegidos, ya sea por la lejanía de los juzgados o tribunales y la dificultad para llegar a ellos; por ello, es importante y de gran trascendencia la tarea del legislador de dotar con normas jurídicas justas al Poder Judicial para la aplicación de la justicia pronta y expedita para resolver las controversias entre los particulares y las instituciones bancarias y financieras.

Los alcances del término contrato se encuadran en un acuerdo de voluntades que produce consecuencias jurídicas. Los legisladores federales y locales han plasmado en los artículos de los respectivos códigos civiles el alto espíritu de la norma reguladora de los contratos; que es el acuerdo de voluntades y las normas de conducta que han de seguir con sus alcances jurídicos. La cual podemos sintetizar como la voluntad de las partes para crear, transferir, modificar derechos y extinguir obligaciones recíprocamente.

Un claro ejemplo de las desigualdades e iniquidades que provoca el rezago en la modernización de las normas jurídicas del sistema bancario nacional, es el de las relaciones que surgen en ocasión de las relaciones contractuales entre los usuarios de los servicios de banca y crédito y las instituciones bancarias, en cuyo contexto se dan claros diferenciales de capacidad jurídica, de preparación y profesionalismo que frecuentemente arrojan consecuencias negativas e indeseadas para quienes normalmente no cuentan con los elementos de preparación suficiente para comprender las implicaciones y consecuencias que a su patrimonio pueden acarrear los actos que realizan en este ámbito económico, sobre todo por lo que se refiere a los contenidos y alcances de los contratos de acreditamiento bancario.

Esta problemática se ha venido a manifestar en forma dramática en el problema de la cartera vencida que hoy afrontan deudores y acreedores bancarios y que ha suscitado la necesidad de resolver los desequilibrios manifestados en la operación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), a la vez que prevenir la recurrencia de los mismos.

Cabe señalar que los clientes de los bancos hoy llamados deudores de la banca, en su gran mayoría no engañaron en ningún momento a las instituciones de crédito sobre su capacidad de pago presente y futura. Con base en el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito que reza en sus preceptos la obligación de estimar la viabilidad económica de los proyectos de inversión respectivos, los plazos de recuperación de éstos, las relaciones que guarden entre sí los distintos conceptos de los estados financieros con la situación económica de los acreditados y la calificación administrativa y moral de estos últimos, sin perjuicio de considerar las garantías que en su caso fueron necesarias. Los montos, plazos, régimenes de amortización y en su caso periodos de gracia de los financiamientos, deberán tener una naturaleza adecuada con los proyectos de inversión y con la situación presente y previsible de los acreditados.

Además nos dice que la Comisión Nacional Bancaria vigilará que las instituciones de crédito observen debidamente lo dispuesto en dicho dispositivo.

Es importante y de evidente trascendencia, analizados los supuestos anteriores, que una de las causas de mayor peso en la crisis del sistema bancario fue la falta de normas más claras y estrictas para la operación de las instituciones de crédito y de la Comisión Nacional Bancaria como autoridad fiscalizadora de las instituciones de crédito, a fin de vigilar conforme al artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, si los contratos de crédito se realizaban conforme a lo dispuesto por la ley.

Una de las principales causas de la generación de cartera vencida lo fue, sin duda, la falta de cuidado de las instituciones bancarias al momento de evaluar la capacidad de pago de los acreditados, situación que se vio favorecida por una exacerbada competencia entre las instituciones bancarias por el otorgamiento de créditos, llegándose a fijar a los funcionarios bancarios metas para dichas acreditaciones en demérito de la necesaria evaluación del historial crediticio y capacidad de pago de los acreditados. En contraparte, esta práctica se complicó también por la escasa preparación y poca cultura financiera del grueso de la población usuaria de los servicios bancarios.

De esta manera, la falta de cuidado y reservas para el otorgamiento de créditos, la falta de estados de posición financieros, estudios socioeconómicos, comprobantes de salarios y honorarios y declaraciones anuales, evitaron a las instituciones bancarias conocer con toda certeza y oportunidad la falta de capacidad de pago de innumerables deudores. Esta circunstancia se ejemplifica de manera clara con las prácticas de elevar en forma automática los límites de créditos personales en los contratos de apertura de crédito por uso de tarjetas, lo cual se realiza sin el consentimiento expreso de los acreditados y sólo con base en criterios, prácticas y usos bancarios que no previenen la realización de la evaluaciones y estudios socioeconómicos que prevengan la insolvencia de los acreditados.

Es importante y de evidente trascendencia, analizados los supuestos anteriores, señalar que una de las causas de mayor peso fue el incumplimiento por parte de las instituciones bancarias, de los extremos señalados en el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, respecto del otorgamiento de los créditos conforme a la ley. En los estados de posición financieros, estudios socioeconómicos, comprobantes de salarios y honorarios y declaraciones anuales, estaba la radiografía de la capacidad de pago de los deudores. Cuando se da la crisis de 1995 nadie sabía mejor que las instituciones de crédito la eventual incapacidad de pago de los deudores frente a tasas muy elevadas, que llegaron a sobrepasar más del 100%, ahogando la economía de millones de personas en nuestro país, fenómeno que todavía se ve en el uso de las tarjetas de crédito, instrumentos en que los bancos aumentan libremente el crédito del tarjetahabiente sin atender estrictamente lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito.

A cuatro años de la crisis del sistema bancario, es indispensable coadyuvar, mediante las reformas legales que presten certidumbre a las relaciones entre los usuarios de los servicios de banca y crédito y las instituciones financieras, a reconstruir el cimiento más importante: la confianza de ahorradores e inversionistas. En su IV Informe de Gobierno, el señor Presidente de la República nos dice que "el progreso del país requiere de bancos dinámicos y eficientes que capten más ahorros, financien adecuadamente la expansión de la planta productiva y atiendan las demandas de crédito de la población para cuestiones tan importantes como la vivienda".

La Ley de Instituciones de Crédito es una ley enunciativa mas no integral, menciona operaciones permitidas a los bancos mas no las organiza; caso concreto el contrato bancario. Los contratos elaborados por las instituciones de crédito son altamente discrecionales en favor de las mismas instituciones, con lo que al firmar el cliente se convierte automáticamente en un cheque en blanco en favor de los bancos.

Nos referimos en estos términos porque en los contratos bancarios hay cláusulas donde se pactan pérdidas de derechos civiles o se reducen al arbitrio del banco en perjuicio de sus clientes, como por ejemplo: renuncia del derecho de ejercer alguna acción procesal dentro de la jurisdicción que les corresponde; se les obliga a dejar bienes en garantía por hasta tres veces o más sobre el valor del crédito contratado; el avalúo es realizado por peritos de las instituciones de crédito que conforme a los intereses del banco fijan el valor del inmueble dado en garantía; renuncia del derecho de pedir la liberación de las propiedades que conforme a la evolución del pago del crédito deberían de estar libres de gravamen, sólo por mencionar algunas.

Es trascendente mencionar que los usuarios de la banca recurren a las instituciones crediticias por la necesidad de adquirir un crédito para la ampliación de su industria, comercio, sembrar —sus tierras o para comprar una casa-habitación.

El artículo 1831 de Código Civil manifiesta que; "el fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres".

El Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, también nos ha mencionado en su IV Informe de Gobierno que "es muy lamentable e injusto que el marco jurídico vigente, al cual deba sujetarse la autoridad, sea absurdamente generoso con quienes presuntamente han causado un grave daño patrimonial a muchas personas y a la nación" y añade que "la debilidad de este marco jurídico es el origen del enojo y la frustración del pueblo mexicano y sus autoridades", pero confía en que las deficiencias de este marco jurídico sea enmendado por esta honorable LVII legislatura. Reclamo social que también nosotros hacemos nuestro.

Entendemos la urgencia de este reclamo social, para adecuar las normas jurídicas existentes de modo que se logren mejorar las condiciones, con una libertad contractual real, con condiciones transparentes y más justas; para que se ataque de fondo el problema de la iniquidad en la relación contractual, en un marco legal más justo, para encauzar a la nación a favor de un desarrollo democrático, político, social y económico del país, con visión al futuro, gran reto que enfrentamos los integrantes de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura. Sentir manifestado por los diferentes grupos parlamentarios en las sesiones del 8 y 13 de octubre de 1998.

Porque es de interés público, las reformas que se plantean a la Ley de Instituciones de Crédito, buscan regular de mejor manera la celebración de los contratos bancarios para dar certidumbre y seguridad jurídica al patrimonio de los usuarios de la banca y aún más, prevén un trato más equitativo con los clientes de las instituciones de crédito. Si el público obtiene de las instituciones de crédito una sana y equilibrada práctica contractual, tendremos como resultado un sistema bancario confiable, armónico para los diferentes sectores de la sociedad y capaz de cumplir los requerimientos de la nación.

Por lo expuesto nos permitimos poner a consideración de esta Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, la siguiente propuesta de reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, las que se resumen en ocho puntos básicos:

1o. Es de interés público y de seguridad jurídica, que en el transcurso de la solicitud del trámite de crédito, se establezca la obligación por parte de las instituciones de crédito de sellar de recibido todo trámite o promoción que hagan los clientes de la banca, asimismo la obligación de las instituciones de crédito de contestar por escrito en un término no mayor de 30 días. (Artículo 66.)

2o. La competencia jurisdiccional para la solución de controversias para la interpretación y ejecución de los contratos de crédito y los juicios que correspondan, se someterán por consecuencia a la competencia de los tribunales de las entidades federales o del Distrito Federal donde se hayan firmado. (Artículo 66 fracción II.)

3o. Para dar un mayor equilibrio y seguridad jurídica en los procesos judiciales, se propone que el contador público que certifique el estado de cuenta, esté facultado por el consejo de administración de la institución bancaria de que se trate y ostente cédula profesional que lo acredite como apto para desarrollar y certificar dichos cálculos. (Artículo 68 párrafo segundo fracción I.)

4o. Se establece en la ley el derecho de los clientes a pedir la liberación de las hipotecas o de las garantías dadas, con previo estudio si se establece que así es procedente. (Artículos 65 y 66 fracción IV.)

5o. Se prohibe pactar renuncias de derechos que establezcan las leyes supletorias. (Artículo 106 fracción XX).

6o. Se prohibe a las instituciones de crédito aumentar la línea de crédito en los contratos de cuenta corriente sin previa autorización o estudio. (Artículo 106 fracción XXI).

7o. Se prevén sanciones en cuanto a que los funcionarios de las instituciones de crédito, presionen a los clientes a endeudarse más sobre el monto del crédito solicitado o que condicionen el mencionado aumento para el otorgamiento del crédito. (Artículo 106 fracción XXII).

8o. Se propone tipificar como delito el que los valuadores de las instituciones de crédito no se apeguen al valor objetivo en la elaboración de los avalúos bancarios. (Artículo 112 párrafo segundo fracción VIII.)

Con base en las anteriores consideraciones, y en ejercicio del derecho contenido en los artículos 71 fracción II, de la Constitución General de la República y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito

Artículo único. Se modifica la denominación del Capítulo III del Título Tercero; se adiciona un párrafo segundo al artículo 65, pasando el actual párrafo segundo a ser el tercero; se adicionan tres párrafos al artículo 66, pasando el actual párrafo primero a ser el cuarto y se modifican sus fracciones II y IV; se reforma el párrafo primero del artículo 68 y se le adiciona un último párrafo; se reforma el artículo 72; se adicionan las fracciones XX, XXI y XXII al artículo 106 y se adiciona una fracción VIII al artículo 112, todos de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue

CAPITULO III

De los contratos y de las operaciones activas

Artículo 65. Para el otorgamiento de sus financiamientos, las instituciones de crédito deberán asumir la vialidad económica de los proyectos de inversión respectivos, los plazos de recuperación de estos las relaciones que guarden entre sí los distintos conceptos de los estados financieros o la situación económica de los acreditados y la calificación administrativa y moral de éstos, últimos, sin perjuicio de considerar las garantías que, en su caso, fueran necesarias. Los montos, plazos, regímenes de amortización y en su caso, periodos de gracia de los financiamientos deberán de tener una relación adecuada con la naturaleza de los proyectos de inversión y con la situación presente y previsible de los acreditados.

Los acreditados podrán pedir, la liberación de las garantías que procedan, durante la evolución del crédito, previo estudio que confirme que se está pagando dentro del plazo establecido; atendiendo lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo.

La Comisión Nacional Bancaria vigilará que las instituciones de crédito observarán debidamente lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 66. La tramitación de los créditos bancarios, en sus diferentes tipos, el banco requerirá al cliente, los documentos que crea pertinentes para el mejor cumplimiento del artículo anterior, se presentarán en original y tres copias para lo cual satisfecho lo anterior, la institución de crédito tendrá la obligación de sellar de recibido, así como, las promociones que el cliente aporte para la obtención del crédito, después de otorgado y hasta su finiquito. El banco tendrá la obligación de contestarle por escrito, en un plazo que no exceda de 30 días.

La elaboración e interpretación de los contratos se regirá supletoriamente, siguiendo lo dispuesto por el Código Civil del Distrito Federal y los códigos civiles de las entidades federales.

La competencia e interpretación de los contratos y los juicios mercantiles que se promuevan entre ambas partes, se someterán a la competencia de los tribunales de la entidad federativa o del Distrito Federal, donde se haya firmado el contrato.

Los contratos de crédito refaccionario y de habilitación o avío que celebren las Instituciones de Crédito, se ajustaran a lo dispuesto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y a las bases siguientes:

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Sin satisfacer más formalidades que las señaladas en este artículo y fracción anterior, se podrán establecer garantías reales sobre bienes muebles o inmuebles o sobre la unidad industrial, agrícola, ganadera o de servicios con las características que se mencionan en el artículo siguiente.

III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. El deudor podrá usar y disponer de la prenda que quede en su poder, conforme a lo que se pacte en el contrato, sin menoscabo de la posibilidad de pedir su liberación o reducción parcial de la garantía correspondiente, conforme al desarrollo del crédito y su estudio de conformidad con lo que dispone el artículo 65 de esta ley.

V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 68. Los contratos o pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos.

El estado de cuenta certificado por el contador público a que se refiere el artículo para que haga fe en los juicios respectivos, para la fijación de saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuarios, en todos los casos por establecerse así el contrato.

I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El contador público deberá presentar, la autorización de la institución bancaria, así como su cédula profesional, atendiendo para el caso lo que señala el artículo 90.

Artículo 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 72. El crédito que tenga garantía real, permite al acreedor promover los juicios que prevén las leyes supletorias de esta ley, asimismo preservará la garantía real y su preferencia aun cuando los bienes grabados se señalen para la ejecución.

TITULO QUINTO

De las prohibiciones, sanciones

administrativas y delitos

Artículo 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 106. A las instituciones de crédito les estará prohibido:

I a la XIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XX. Pactar cláusulas de renuncia de derechos en contratos y convenios que contravengan las leyes civiles en perjuicio de los clientes y sólo serán válidas en aquellos casos que estén presentes en disposiciones legales.

XXI. Aumentar a su libre criterio y sin autorización previa de los acreditados, la línea de crédito en contratos de cuenta corriente.

XXII. Presionar al cliente para que aumente el monto del crédito solicitado; condicionando dicho aumento para otorgarle el crédito, no atendiendo las disposiciones que marca el artículo 65 de esta ley, esta disposición se hace extensiva a empleados o funcionarios de las instituciones de crédito.

CAPITULO III

De los delitos

Artículo 112. Serán sancionados con prisión de tres meses a tres años. . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. Los valuadores contratados por la institución de crédito, que disminuyan el valor de los bienes ofrecidos en garantía en favor de la institución y en perjuicio del cliente o de terceras personas.

ARTICULO TRANSITORIO

Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 25 de noviembre de 1998.—Diputados: Efrén Enrrique Ordóñez, Armando Neyra Chávez, Ricardo Canavati, Juan Manuel Felix León, Marco Antonio Fernández, Víctor Manuel López Balbuena, José Janitzio Soto, Jesús Gutiérrez, Jorge Galo Medina, Genaro Alanis, Wintilo Vega, Héctor González, María Adelaida de la Cruz Moreno, Jorge Doroteo Zapata, Juan Arizmendi Hernández, Juana González, Leobardo Casanova, Ramírez López, Eduardo Martínez, Rafael Oceguera Ramos, José Antonio Oláis, Calderón González, Marcos Bucio, Julián Nazar y José Luis Acosta.»

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado José Luis Acosta Herrera, a nombre de los integrantes de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados, para presentar una excitativa a la Comisión de Justicia.

Señor Presidente; señoras diputadas y señores diputados:

Los suscritos, diputados a la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados, con fundamento en lo dispuesto en el inciso m del artículo 27 y párrafo tercero del artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, promovemos esta excitativa, en virtud de que los integrantes de esta comisión, durante la LVI Legislatura, presentaron una iniciativa de reformas y adiciones al Código Federal de Procedimientos Penales, que a la fecha no ha sido dictaminada por la comisión correspondiente, por lo que nos permitimos acudir a usted para los efectos pertinentes y que en este sentido exponemos

ANTECEDENTES

Con fecha 7 de diciembre de 1995, el diputado Jesús Eduardo Noyola Bernal, presentó ante el pleno de esta Cámara, una iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales.

Con esta iniciativa se propone adecuar nuestra legislación procesal penal, para crear un procedimiento penal especial para enfermos mentales, que incluya también a discapacitados intelectuales, que sea el instrumento legal que posibilite que nuestros tribunales se conduzcan con justicia en esta materia.

Actualmente, la medida de tratamiento aplicable en internamiento o en libertad, debe sujetarse a un procedimiento legal previo. Tal procedimiento se encuentra establecido, para el caso de enfermos mentales inimputables, en el Código Federal de Procedimientos Penales, en sus artículos 495 a 499.

En el caso de discapacitados intelectuales, no existe remisión ni disposición legal alguna al respecto.

En este punto hemos de dejar aclarado que el discapacitado intelectual no es un enfermo mental, en efecto, la persona con discapacidad intelectual es aquella que presenta limitaciones en su funcionamiento intelectual presente.

El estado subnormal del discapacitado intelectual, es una limitación en la inteligencia, acompañada también por limitaciones en dos o más de las destrezas adaptivas siguientes: comunicación, autocuidado, vida diaria, destrezas sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud seguridad, académicas funcionales, uso del tiempo libre y trabajo.

De acuerdo con la diferencia entre discapacidad intelectual y la enfermedad mental, resulta incongruente que en nuestra Ley Penal no exista dispositivo que se refiera al procedimiento que se debe seguir cuando una persona con discapacidad intelectual se ve involucrada en un hecho delictivo como presunto responsable.

Dentro de la iniciativa en comento, se plantea modificar la denominación del Título Decimosegundo del Código Federal de Procedimientos Penales, para incluir dentro de su readecuación a las personas con discapacidad intelectual.

Se considera que en el caso de la inimputabilidad, desde la averiguación previa debe valorarse dicha circunstancia y en este sentido se propuso la obligatoriedad para el Ministerio Público de ordenar la intervención de peritos en la materia, tan pronto se aprecie que el inculpado no está en pleno uso de sus facultades mentales.

Ello es de vital importancia para evitar que se llegue a un proceso penal en el que el juzgador se encuentre ante una persona con racionalidad alterada. En este sentido, el artículo 495 del Código de Procedimientos Penales que se propuso, exige la representación social y posteriormente al tribunal de primera instancia, examinar el estado mental del inculpado.

Para el artículo 496 del ordenamiento citado, la iniciativa propone el objeto del procedimiento especial, así como el deber del juzgador de recluir al inculpado en una institución especializada si la prisión preventiva implica peligro para su persona o la de sus internos o se requiera de tratamiento médico especializado urgente.

Asimismo, se pretende abrir el procedimiento especial cuando el juzgador declare, tomando en cuenta los dictámenes periciales que obren en autos, que el procesado se encuentre en el caso de la fracción VII del artículo 15, del Código Penal Federal, es decir, que sea inimputable.

En el artículo 497 de la propuesta, se establece quiénes pueden intervenir en el procedimiento penal especial. Es importante resaltar que para efecto de una impartición de justicia apegada al principio de la igualdad de las partes, se crean dos nuevas figuras procesales: el tutor procesal y el perito especialista auxiliar.

El artículo 498 propuesto, sienta las bases para que se lleven a cabo las etapas acordes con un procedimiento de esta naturaleza, no pudiendo iniciarse tal procedimiento hasta entonces el tutor procesal, el defensor y el perito especialista en la materia, hayan aceptado y protestado su cargo.

Lo anterior no significa que el juzgador postergue la impartición de la justicia, toda vez que en tanto no se inicie el procedimiento especial, se estarán llevando a cabo puntualmente las diligencias correspondientes a un procedimiento ordinario.

Además para dar celeridad a la apertura del procedimiento especial, se establece, por otra parte, un término expedito para que los peritos emitan el dictamen acerca del estado mental de la persona con discapacidad o del enfermo mental, el cual es de cinco días hábiles.

Por último, el artículo 499 propuesto, puntualiza la naturaleza de la medida de seguridad aplicable a las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental inimputables, y prohibe expresamente el uso de cárceles o anexos siquiátricos para su aplicación.

Consideramos que la reforma planteada humaniza de manera sobresaliente la justicia penal con relación a las personas con discapacidad intelectual, así como con respecto a los enfermos mentales.

Así pues, es de la mayor importancia que a la brevedad se reforme el Código Federal de Procedimientos Penales, para poner las bases que eviten que estas personas sigan siendo motivo de olvido por nuestra legislación adjetiva penal.

Una vez presentada la iniciativa señalada, el Presidente de la Cámara turnó para su análisis, estudio y dictamen, a la Comisión de Justicia.

CONSIDERACIONES

Primera. Desde la fecha en que se presentó la iniciativa en cuestión, han transcurrido más de los cinco días que como plazo concede el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que las comisiones de la Cámara presenten su dictamen en los negocios de su competencia dentro de dicho plazo al de la fecha en que los hayan recibido.

Segunda. Es procedente que el Presidente de esta Cámara de Diputados, en cumplimiento de su obligación, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Justicia, a fin de emitir el dictamen correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted, señor Presidente de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, muy atenta y respetuosamente pedimos se sirva.

Unico. En los términos de los artículos 27 inciso m de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, realice la excitativa a la Comisión de Justicia, para que se presente el dictamen correspondiente a la iniciativa de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales de fecha 7 de diciembre de 1995.

Palacio Legislativo, noviembre de 1998.—La suscriben los diputados integrantes de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados.»

Es cuanto, señor Presidente.

De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Justicia para que emita el dictamen correspondiente.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (II)

Tiene la palabra la diputada Aurora Bazán López, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 21 fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a la Presidencia en turno de esta Cámara de Diputados, se sirva excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, proceda al análisis, discusión y dictamen de la iniciativa que adiciona los incisos f y c, a la fracción VI y reforma de la fracción XVIII del artículo 70 y adiciona la última parte del segundo párrafo de la fracción II del artículo 70-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo anterior con base en las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. La situación ambiental que prevalece en el mundo y particularmente la de nuestro país, requiere de acciones concretas inmediatas de aquellas autoridades, que dentro de sus respectivas competencias, coordinan sus esfuerzos para evitar que los recursos naturales nacionales, sean rápidamente depredados o consumidos por el hombre o por fenómenos naturales y logren paulatinamente erradicar el peligro que se vislumbra sobre ellos, procurando para tal fin la instrumentación de medidas legales y administrativas necesarias para conseguirlo.

La implementación de ese tipo de medidas resulta completamente necesarias e impostergables, en tanto de no aplicarse lo antes posible el índice de desaparición de especies vegetales y animales, será cada vez más acelerado, sin que a la postre pueda enmendarse tal fenómeno por su imposible recuperación o reemplazamiento.

Por otra parte, la destrucción de extensas zonas de bosques y selvas, ocasionada por los incendios forestales, unos provocados por el hombre y otros por fenómenos naturales, participan en la desaparición de las diversas especies de flora y fauna silvestres, que contribuyen al equilibrio ecológico del entorno ambiental de cada región o zona del país y que con su desaparición alteraría las cadenas alimenticias y sus ciclos biológicos.

Reemplazarlas por otras resulta imposible, en tanto que cada una tiene funciones determinadas en el mismo y se ven íntimamente relacionadas unas con otras, por lo que pensar sustituirlas por otras, lejos de ser una solución afortunada, más bien traería en su lugar mayores complicaciones.

Por eso, la implementación de las medidas legales y administrativas, resulta un elemento incondicional, sin el cual no puede avanzarse en esta guerra contra las inclemencias que concurre en la desestabilización, el equilibrio ecológico y el medio ambiente.

Es por ello que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, como organización política, defensora y salvaguarda del medio ambiente, ya al preocuparse por la opción e instrumentación de medidas que pretenden conservarlo, ha participado activamente, presentando diversas iniciativas, procurando evitar con ello todo lo que pudiera afectarlo.

La necesidad de las asociaciones protectoras de animales y los grupos ecologistas y ambientalistas de ser consideradas, como institucio—nes autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos y así puedan obtener mayores recursos, para continuar realizando su labor altruista con eficacia e independencia.

Segunda. El día 7 de abril del presente año, la diputada Verónica Velasco Rodríguez presentó una iniciativa de ley a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que tiene por objeto adicionar a los incisos f y c, a la fracción VI y reformas a la fracción XVIII del artículo 70 y adiciona la última parte del segundo párrafo de la fracción II del artículo 70-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, habiendo transcurrido desde entonces con exceso al término de cinco días, que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y sin que al día de hoy la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados a la que fue turnada, haya dictaminado respecto de la misma.

Tercera. Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento esta excitativa para que el Presidente de la Cámara de Diputados requiera al presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Publico, a efecto que dictamine respecto a la iniciativa en mención y excitativa que ahora se presenta y cumpla, así con las obligaciones que el citado ordenamiento normativo le impone.

Por lo antes expuesto, a usted, señor Presidente de la Cámara de Diputados en turno, atentamente pido:

Unico. Tenga por presentada la excitativa. Se sirva excitar y exhortar al presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que presente su dictamen respecto a la iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por la diputada Verónica Velasco Rodríguez el día 7 de abril del presente año, por la fracción del Partido Verde Ecologista de México, apercibiéndole que para el caso de nuevo incumplimiento se fijará una fecha fija improrrogable para que rinda su dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que emita el dictamen correspondiente.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Tiene la palabra el diputado Javier Paz Zarza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Ante la problemática actual de nuestro país, es necesario tomar serias medidas que conlleven a una valoración responsable y sobre todo objetiva de la situación de los trabajadores que perciben ingresos ínfimos, que distan mucho de la realidad de sus necesidades.

También debemos reflexionar y actuar en consecuencia con relación a los millones de mexicanos desempleados o subempleados que se ven obligados a dirigir su actividad en la denominada economía informal, que día a día va incrementando sus filas con las consecuencias sociales, económicas y políticas que todos conocemos.

Creemos que ante el proceso de globalización y avance del neoliberalismo, es necesario implementar políticas humanas, democráticas, solidarias, que se traduzcan en el mejoramiento constante y permanente de los trabajadores y no en su perjuicio.

Creemos que la tecnología debe estar al servicio del hombre y no hacer que se menoscaben sus derechos fundamentales, su derecho a ser productivo mediante una actividad que sea útil a la sociedad, su derecho a percibir un salario, que si no cubra del todo con sus requerimientos para vivir, no atente contra su dignidad y su derecho a tener condiciones mínimas de seguridad para el cabal desempeño de sus actividades.

En este sentido hemos elaborado un análisis de las condiciones actuales del salario mínimo, de sus alcances en lo que respecta a la compra de productos de la canasta básica, su incidencia en las familias mexicanas y nos hemos encontrado ante graves injusticias que constituyen un severo rezago en las condiciones de justicia social y del bien común.

Nos hemos permitido, señor Presidente, acompañar este documento al texto de la presente iniciativa, solicitando a usted respetuosamente instruya a la Secretaría sea publicada en el Diario de los Debates de esta legislatura y se turne copia para el expediente de la propia Comisión de Trabajo y Previsión Social.

En este estudio, como muchos otros más que pueden surgir en los próximos días, debe ser motivo de atención, en virtud de que la Secretaría de Trabajo y su titular y su todavía tristemente célebre Comisión Nacional de Salarios Mínimos, está por anunciar los montos de los nuevos salarios mínimos que regirán presuntamente a partir del 1o. de diciembre y anuncian, los que aplauden hasta destrozarse los dedos por las políticas gubernamentales, que va a ser un incremento miserable.

Es evidente que se ha desatado una escalada de precios en perjuicio de los mexicanos gracias a la falta de sensibilidad de los tecnócratas en el poder. Es evidente que esta Cámara de Diputados, en el ámbito de su competencia, no puede ni debe dejar ajeno a los requerimientos de la sociedad.

Por lo anterior, hoy acudo a esta tribuna, con fundamento en lo dispuesto en el inciso m del artículo 27, párrafo tercero del artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y fracción XVI del artículo 31 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y promuevo esta excitativa en virtud de que los diputados integrantes del Partido Acción Nacional presentamos una iniciativa que, a la fecha, no ha sido dictaminada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por lo que nos permitimos acudir a usted para los efectos pertinentes y en este sentido exponemos los siguientes

ANTECEDENTES

En la presente legislatura, el de la voz, secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presentamos, ante el pleno de esta Cámara, el 3 de diciembre de 1997, una iniciativa de decreto que adiciona y modifica diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Tal iniciativa, tal y como lo establece el artículo 123 constitucional, subraya que el salario mínimo es aquel que se considera suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos.

En la fecha que se presentó la iniciativa acreditamos cómo los pactos denominados de concertación constituyeron una afrenta a los trabajadores, ya que provocaron una deprecia—ción acelerada de los salarios. Acreditamos que el salario mínimo de 1997 sólo podría comprar el 28.5% de lo que se compraba en 1970.

El actual modelo, decadente, no solamente ha dado más de 29 millones de mexicanos en extrema pobreza, sino que ha lanzado al desempleo o al subempleo a más de 20 millones. Que a esto habrá que sumar a los 53 millones de mexicanos en niveles de pobreza, los 6 millones de niños que trabajan, los 6 millones de jubilados y pensionados que viven en condiciones infrahumanas, incluso explotados por muchos vividores y, como corolario, la actitud de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que no cumple a cabalidad con su responsabilidad.

En la iniciativa que nos permitimos poner a consideración de esta Asamblea propusimos fijar las atribuciones del presidente de la comisión, la integración del consejo de representantes y la formulación de la dirección técnica sobre los salarios mínimos. Igualmente, planteamos una nueva integración democrática y participativa de los representantes de los trabajadores y de los empleadores en la propia Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que, de los resultados de la misma, previos consensos, busquen realmente lograr recuperar el poder adquisitivo del salario.

Hoy mismo, señor Presidente, aquí se aprobó un punto de acuerdo que tal vez, como en el pasado, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos la menosprecie y actúe con prepotencia, como acostumbra.

Señor Presidente: habiendo transcurrido con exceso el plazo previsto por la ley para que la Comisión de Trabajo y Previsión Social emitiera su dictamen, pero sobre todo porque hoy más que nunca estamos obligados a cumplir nuestra responsabilidad de legislar en la materia, es por ello que, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a usted respetuosamente excite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para que emita su dictamen y lo presente a este pleno para su discusión.

Firman el presente documento los diputados: Armando Jasso Silva, Soledad Baltazar Segura, José Angel Frausto Ortiz, Abelardo Perales Meléndez, Martín Contreras Rivera, Juan Bueno Torio y el de la voz, Javier Paz Zarza.»

VER LOS SIGUIENTES CUADROS EN EL DOC. 2

De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, obséquiense las peticiones del diputado y, en consecuencia, se excita a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que emita el dictamen que corresponde.

ESTUDIOS MARITIMOS

Tiene la palabra el diputado Jesús Samuel Maldonado Bautista, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición para crear una comisión especial plural a efecto de buscar los medios para fortalecer la Marina Mercante mexicana, la investigación oceanográfica, el estado del sector pesquero y la educación náutica.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

De todos ustedes es del conocimiento la superficie territorial que tiene nuestro país y desde luego el aspecto correspondiente al mar, que significa poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados de la tierra firme. Dentro de esta superficie marítima existen grandes riquezas, hay una potencialidad en alimentos, hay minerales y son tan vastos los recursos de nuestra plataforma marina que muchos países, sobre todo nuestros buenos vecinos, ambicionarían tenerla.

Con estas consideraciones México bien pudiera transformarse en una verdadera potencia marítima y como fuente de alimento para la presente generación y desde luego también para las futuras generaciones.

La gira de trabajo que he realizado dentro de la Comisión de Marina de esta LVII Legislatura, me han permitido conocer con más o menos profundidad de las condiciones no solamente que guardan las instalaciones de la Secretaría de Marina-Armada de México, sino las condiciones y los problemas que está padeciendo el mar y que va en perjuicio del buen desarrollo de nuestro país.

Aun cuando estrictamente la Comisión de Marina no tiene una ingerencia absoluta en lo relacionado con la flota mercante, con el ambiente pesquero etcétera, considero que debiera estar estrechamente vinculada con estos sectores y no solamente la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes que tiene mucho que ver en el aspecto de la Marina Mercante y que desde luego los sectores mencionados están atravesando por un proceso de desmantelamiento.

El abandono, pues, de este sector hace necesaria una reorganización de la Ley Orgánica del Gobierno de la República para ver la posibilidad de que la Secretaría de Marina tenga una injerencia precisamente en este sector y no solamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como lo acabo de mencionar.

La Marina Mercante nacional es indispensable para el desarrollo nacional como infraestructura económica, como medio de integración territorial, como factor de enlace social, como vínculo cultural y desde luego también como una fuente importante de divisas para el país.

Y hablando de divisas, es necesario señalar que durante 1997 México movió un mercado de importación y de exportación de productos varios de alrededor de 240 millones de dólares. Para 1998 se supone que esta cantidad es ligeramente superior y solamente en el ámbito de la exportación se considera que para 1998, para finales de diciembre, nosotros vamos a tener una cantidad de exportación de alrededor de 130 millones de dólares.

Esta cantidad, por lo enorme que es, tiene un costo para el flete marítimo o para el flete total que va alrededor de unos 10 mil millones de dólares y sin embargo, esta cantidad no ha sido captada por el Gobierno de la República, no ha sido captada por armadores nacionales; es una cantidad que está siendo captada precisamente por barcos extranjeros, por nuestra carencia y nuestro limitado desarrollo en el aspecto de la Marina Mercante.

Esta situación de la Marina Mercante, de la falta de esta flota, se ve complicada actualmente y estos gastos enormes que se han realizado en la República Mexicana por concepto de peaje o de carga, se ve beneficiada todavía más a la marina extranjera por las recientes modificaciones a la ley vigente en la materia, que ahora autoriza lo que tradicionalmente era un aspecto absoluto para la Marina nacional a que lo haga la marina extranjera. Es decir, el aspecto de la transportación de carga entre puertos mexicanos está abierto en estos momentos ya, para que cualquier barco con cualquier bandera lo realice y en consecuencia esto va en detrimento nuevamente de la Marina Mercante.

Aquí habría que señalar también que como no hay una Marina Mercante nacional el cabotaje se hace en barcos extranjeros, pero además hay ya compañías extranjeras que indican que como no hay Marina nacional pues lo tienen que hacer precisamente en los barcos extranjeros.

Por otra parte, cabe también hacer un análisis en el aspecto fiscal relacionado con este sector. Hay una normatividad que casi obliga a las pocas navieras mexicanas a que naveguen con bandera extranjera y todo junto ha permitido que de esos 10 mil millones de dólares que se gastan en el transporte marítimo de carga, pues solamente un valor entre el 5% y el 7% se ha captado por la Marina nacional. Es decir, de esos 10 mil millones de dólares solamente entre 500 y 700 millones de dólares son captados por barcos nacionales.

Habrá que saber también las razones que tuvo Hacienda para regular fiscalmente en esa forma y las aducidas por las compañías mexicanas para navegar con la bandera extranjera.

Independientemente de lo anterior, lo cierto es que esta caótica situación está provocando que al país dejen de ingresar enormes recursos económicos que nos hacen falta para impulsar el desarrollo nacional.

Yo quisiera aquí hablarles un poquito de las consideraciones históricas que ha vivido la Marina Mercante.

Desde principios de este siglo las compañías de petróleos extranjeras se fueron apoderando del subsuelo de México y con él del aprovechamiento de mayores mantos petrolíferos, las perforaciones de pozos, las instalaciones industriales en consecuencia, relacionadas con el petróleo, empezaron a crecer a pasos agigantados por lo que el transporte de crudos desde los campos de Tampico y Minatitlán, las empresas tenían necesidad de ir creciendo y permitir el movimiento de esos crudos.

La compañía de El Aguila en 1912, inicia el tráfico de altura y cabotaje con sus buques y en un momento dado llega a tener una flotilla navegando bajo el pabellón nacional, integrada por dos vapores, cuatro remolcadores, una multitud de lanchas pequeñas, pangas, chalanes, que empezaron a hacer realmente conflictivo el tránsito por el río Coatzacoalcos y el río Pánuco.

Al triunfo de la Revolución constitucionalista la compañía ya indicada cuenta con un mayor potencial en esta rama y la transportación la hacen hacia los Estados Unidos fundamentalmente y a Europa, para llevar el petróleo mexicano. Estos barcos de la compañía El Aguila navegan con bandera inglesa y solamente dejan un barco con bandera mexicana para cubrir la alimentación al puerto de Veracruz del energético petrolífero. Las demás compañías que operaban en México continúan con esta conducta y ya para 1915-1917 realmente el tráfico es muy intenso e incluye alrededor de 15 petroleros diarios.

La época previa a la Revolución Mexicana y durante la época ligeramente posterior a la misma, a Venustiano Carranza le realizan un informe de la importancia o sobre la importancia del petróleo en México y en este informe, que es muy importante, se habla de las embarcaciones que se están construyendo ya en el país o que arriendan las compañías petroleras productoras de petróleo.

Hay un informe de una escritora, Bertha Ulloa, "La lucha armada de 1911 a 1920" y cito textualmente parte del informe rendido a Venustiano Carranza, cito: "al obtener el informe Carranza asume una de las actitudes más importantes de su política nacionalista. Su actuación le atrae la enemistad de las compañías y de los gobiernos extranjeros encabezados por los Estados Unidos. Con impuestos grava la producción petrolera. En alguna ocasión envía tropas para cerrar las válvulas de los pozos e insiste siempre en la ilegitimidad de los intereses creados.

En resumen, trata de que los hidrocarburos queden bajo el dominio del Estado y con los decretos de 1918 justifica el artículo 27 constitucional. A pesar de la presión norteamericana jamás abandona los principios, sólo retrocede lo indispensable para evitar la guerra". Hasta aquí la cita.

Durante varios años la Marina Mercante permanece estática, no tiene mayor desarrollo y es hasta el momento de la expropiación petrolera, el 18 de marzo de 1938, cuando se da la medida nacionalista y revolucionaria por el general Lázaro Cárdenas. Esta medida crea a Petróleos Mexicanos y es cuando el Gobierno comienza realmente a administrar todo el aspecto de los transportes expropiados a las compañías El Aguila y a otras y es cuando empieza a crecer realmente la Marina Mercante nacional.

Los buques de la compañía El Aguila son requisitados. Entregan al patrimonio nacional 20 mil 581 toneladas brutas a flote en equipo, en varios chalanes, en varios barcos, dando un total de 47 unidades marítimas. Posteriormente la propia administración adquiere un buque-tanque cubano, dos buques noruegos, tres embarcaciones que habían sido encargadas a los astilleros de Italia son suspendidas precisamente por la aparición de la Segunda Guerra Mundial y esta conflagración obliga a varios buques italianos y alemanes a que lleguen a refugiarse en puertos mexicanos, lo que hace que el propio Gobierno los incaute y vayan a engrosar la flota de Petróleos Mexicanos.

Estas naves fueron imprescindibles para exportar nuestra producción petrolera, que durante esos años desciende por el conflicto armado mundial. No vacilamos en señalar que durante ese lapso la Marina Mercante es determinante para la nación, contribuye a la estabilidad económica y equilibra la balanza de pagos.

Para 1939-1941, a tres años de la expropiación petrolera, debido a la incesante demanda de exportación de productos, la flota petrolera ya esta constituida por 17 buques-tanque. En esa fecha hay un decreto del Gobierno de la República en donde no considera beligerantes a los países de América Latina que están en guerra y que le permiten en consecuencia que sus buques atraquen en puertos mexicanos para refugiarse.

Esto hace que las potencias del eje agredan a nuestro país y nos hundan entre ellos siete barcos: el Faja de Oro, el Potrero del Llano, el Tuxpan, Las Choapas, Amatlán y Juan Casiano, estos hundimientos de estos buques provocan la muerte de 63 tripulantes.

Al término de la segunda guerra en la que México participa en condiciones muy especiales, nuestra Marina Mercante pierde en total siete unidades, seis barcos-tanque y un carguero.

Con la expropiación y con la exportación, con el auge del petróleo la Marina Mercante se incrementa viviendo sus mejores días; sin embargo pasados los años con las consideraciones económicas seguidas por los últimos gobernantes, la Marina Mercante se ha visto disminuida al abrirse indiscriminadamente el mercado nacional sin haber reciprocidad en el mercado internacional. Habrá que analizar la reducción considerable en cuanto al número de las unidades de la flota mercante con bandera americana y aun de buques con bandera propiedad de navieras mexicanas que en los últimos años ha ocurrido en nuestro país.

Nosotros tenemos algunas compañías navieras, entre ellas está desde luego Pemex, Transportación Marítima Mexicana, Navivi, Armamex, Servicios Marítimos Turísticos, Naviera Integral Mexicana, Calizas del Caribe y la última que es Regiomar.

Cabe señalar en este sentido que en 1997 con la exportación e importación de productos ya señalados se movieron alrededor de 217 millones de toneladas, para el año 2005 con la proyección tenida van amoverse cerca de 375 millones de toneladas. Con este volumen de carga habrá la necesidad de que el país cuente cuando menos con 200 barcos de 15 mil toneladas cada uno y solamente para mover entre el 40 y 50% de la carga señalada.

Del total de buques que están navegando actualmente, 67 lo hacen con bandera nacional, 17 lo hacen con bandera extranjera, son de poco tonelaje y de acuerdo a unas estadísticas que existen en el sector comunicaciones y transportes, dentro del propio programa de 1995 al año 2000 se habla de que solamente el 2% al 4% de la carga manejada, solamente, es decir del 100% de la carga manejada solamente del 2% al 4% lo está realizando la Marina Nacional.

Estos datos son de 1996, para 1998 esta cantidad ha disminuido considerablemente.

Aquí cabría también mencionar que la Marina, la Secretaría de Marina-Armada de México no está en mejores condiciones que la Marina Mercante; del total de sus buques, el 45% de éstos tienen una edad en promedio de más de 45 años y yo aquí, si me permite, señor Presidente, quisiera hacer una digresión para indicar que uno de estos barcos de la marina náutica, de la Marina Naval de la Armada de México es el cañonero Guanajuato, este barco fue construido en 1934-1935, es un barco de guerra, es el cañonero Guanajuato, es un barco que está operando, que está en condiciones óptimas de operación, todo el equipo original está en perfectas condiciones y esto no es más que resultado de la acuciosidad, de la pericia de los ingenieros mexicanos al servicio de la Marina Armada de México.

Yo creo que con esta intervención deberíamos de rendirles un caluroso homenaje a estos marinos que han podido conservar un buque de estas características que es uno, yo creo que es el único barco de esta época de antes de la Segunda Guerra Mundial que todavía se encuentra en condiciones de navegación.

Alrededor del mar desde luego hay otros muchos problemas, uno de ellos se relaciona con las escuelas náuticas existentes en el país. Esta contracción (sic) marina es tan brusca que está realmente poniendo en riesgo la continuidad de las escuelas de Mazatlán, de Veracruz y la de Tampico; hay que mencionar que la escuela de Mazatlán, la Escuela Náutica Gómez Maqueos (sic) fue fundada en 1887; que la escuela Fernando Siliceo Torres, de Veracruz, fue fundada en 1800... alrededor de... de finales del siglo pasado, también 1897; la Escuela de Tampico, la Escuela Náutica de Tampico fue fundada en 1943, y la Escuela Náutica Militar "Antón Lizardo", tiene 100 años de haber sido fundada y estas escuelas, excepto la escuela militar, la de Antón Lizardo, están en vías de desaparecer precisamente por problemas de falta de espacio para sus egresados.

Los mismos alumnos de estas escuelas están trabajando en muchas ocasiones como marinos en barcos con bandera extranjera y es incongruente que nuestro país con problemas económicos fuertes, con problemas educativos esté preparando personal para que vaya a engrosar las filas de los armadores extranjeros o de los buques extranjeros.

Con relación a todo lo que les he comentado, cabría también mencionar que en consecuencia pues nuestra plataforma continental sigue siendo más explotada por barcos piratas que por nacionales y esta situación de ninguna manera le conviene al país. No podemos mencionar que de continuar con esta actitud se estaría provocando un colapso y la extinción de la Marina Mercante, ya que como toda actividad industrial el negocio marítimo tiene como uno de sus principales soportes la educación profesional especializada que reciben los marinos que como caso específico y por mandato del artículo 32 de nuestra Constitución, deben ser mexicanos por nacimiento.

Las desventajas pues de no contar con una Marina Mercante nacional son enormes, voy a referirme a exclusivamente algunas de ellas, que son las siguientes: las erogaciones por fletes en dólares, como ya lo he mencionado, por concepto del comercio nacional e internacional son una exportación de divisas; las divisas fugadas engrosan los sistemas tributarios de las naciones bajo cuya bandera navegan los buques nacionales, disminuyendo así el ingreso que el erario público podría recabar por concepto de pago de impuestos.

El no contar con siquiera un mínimo de transporte marítimo nacional en actividades estratégicas como la compraventa de derivados del petróleo, como la compraventa de productos agrícolas a granel, deja a nuestro país a expensas del mercado internacional de fletamento de buques, el cual es sumamente volátil e imprevisible y sorpresivamente pudiera encarecer el transporte de estos bienes con la consecuencia negativa para nuestro país.

Hay un aspecto también sumamente importante que va inherente a este problema y que es que con la disminución de la Marina Mercante, con el atoramiento que tiene, la construcción de buques en nuestro país ha llegado casi al límite cero y solamente la Armada de México es la que está construyendo algunos buques de guerra o para vigilancia de nuestros mares, sin embargo, estos años que hemos retrocedido en esta materia, también es un retroceso tecnológico y esto va a causarle al país nuevamente mayores problemas, más de los que tenemos.

Por el contrario, si el Gobierno mediante el establecimiento de una política especialmente diseñada dentro del marco de la mundialización modifica las consideraciones actuales del transporte marítimo nacional, tendríamos algunas de las ventajas, voy a mencionarlas: aprovechar la nueva Ley de Puertos, en la que se promovió la descentralización administrativa permitiendo incorporar a la iniciativa privada y al sector social tanto en aspectos de operación como de desarrollo de la infraestructura marítima.

En el caso de las exportaciones de petróleo, el contar con embarcaciones propiedad de armadoras nacionales o una flota de Estado o una flota mixta para la exportación estratégica de este producto, sería importante. Este balance o esta forma de actuar, la están realizando exportadores de crudo como son los países de Venezuela, de Arabia Saudita, los Emiratos Arabes, Kuwait.

Otra de las ventajas que nosotros tendríamos con el incremento o el fortalecimiento de la Marina Mercante y desde luego con la mayor acuciosidad para desarrollar y para aprovechar nuestro mar, sería lograr la exportación de servicios de transporte a otros países como tercera bandera o bien fletados a tiempo determinado a navieras extranjeras de prestigio, situación que ya en otras ocasiones se ha realizado.

Contar con una flota estratégica nacional con la cual se establezcan contratos de fletamiento a largo plazo como los que se denominan en el término internacional de... para cubrir parte importante de la demanda de transporte de estas mercaderías.

Pero sobre todo hay algo aquí que es esencialmente importante: mientras no tengamos un desarrollo de nuestro mar nosotros vamos a estar dejando de crear miles y miles de empleos que las nuevas generaciones están exigiendo. Ya lo hemos dejado de hacer con el cierre de los astilleros, hemos dejado de hacer con el poco crecimiento o la disminución que ha tenido la Marina Mercante, lo hemos hecho con la poca facilidad en barcos efectivos que puedan dedicarse a la pesca para alimentar a nuestro país.

Es por lo tanto primordial buscar la recuperación de la Marina Mercante nacional y obligar en cierta manera al Estado mexicano a proporcionarle mayor atención.

Cabe reiterar que en la actualidad buques de carga y aquí la reiteración de esta situación es porque es grave, poco más del 96% de la carga la están manejando buques extranjeros. Las compañías que exportan e importan aducen que no hay barcos marinos y entonces consecuentemente lo tienen que hacer en barcos extranjeros. Es decir, no hay barcos nacionales y consecuentemente lo tienen que hacer en barcos extranjeros.

Compañeras diputadas y diputados: por todo lo expuesto, con fundamento en los artículos 42, 45, 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 65 y 70 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y 24 del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates, las Votaciones de la Cámara de Diputados, los legisladores que suscribimos este documento presentamos la siguiente

PROPOSICION

Unica. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resuelve crear una comisión especial plural formada por integrantes de las comisiones de Marina y de Comunicaciones y Transportes, que se dé a la tarea de determinar el estado que guardan la Marina Mercante Mexicana, la investigación oceanográfica, el sector pesquero y la educación náutica en el país.

En apoyo de su encomienda, la comisión especial deberá realizar un proyecto de actividades en el que se incluya la realización de foros en los principales puertos marítimos del país y en el que reuna a estudiosos de la materia con el objeto de recibir propuestas viables y alternativas de solución a la problemática que se presenta. Las propuestas deberán sistematizarse con el propósito de brindar elementos que puedan dictar un plan rector del desarrollo de las actividades marítimas a corto, mediano y largo plazos, en el que se incluya la participación directa de los sectores involucrados.

Asimismo, deberán formularse las modificaciones necesarias a las disposiciones vigentes, que nos lleven a contar con un marco regulatorio apropiado, en donde las actividades concernientes al mar sean consideradas como es el caso de todos los países desarrollados del mundo, como política de Estado y cuenten con todo el apoyo oficial requerido, involucrando a diferentes secretarías del Gobierno Federal y estatal relacionadas con el mar, toda vez que es de importancia vital para nuestro desarrollo e independencia económica.

En consecuencia, solicito a la Presidencia turne a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política esta proposición, para que de conformidad con los artículos citados le dé el curso adecuado en el tiempo reglamentario.

Cabría por último mencionar que esta propuesta está acompañada de 170 firmas, 170 firmas de los cinco partidos que componen esta honorable legislatura.

Así que, pues, una vez más es sumamente importante que nosotros demos un paso adelante en esta materia para el bien y el desarrollo de nuestro país.

Por su atención, les agradezco a todos ustedes.

Muchas gracias.

«Investigación oceanográfica, proyecto presentado por el diputado Samuel Maldonado a efecto de buscar los medios para fortalecer la Marina Mercante Mexicana, el estado del sector pesquero y la educación náutica.

La superficie territorial marítima de nuestro país es de poco más de 4 millones de kilómetros cuadrados, su litoral mide 11 mil 500 kilómetros y los recursos mineralógicos y alimenticios que hay en éstos, son codiciados por nuestros "buenos vecinos". Las características señaladas pudieran participar para que México se transformara en una verdadera potencia marítima y en una de las fuentes alimenticias más importantes, tanto para la presente generación, como para las futuras.

Las giras de trabajo que dentro de la Comisión de Marina he realizado, me han permitido conocer con profundidad las condiciones, no sólo que guardan las instalaciones de la Secretaría de Marina, Armada de México, sino que he podido observar un problema de grandes dimensiones y que está perjudicando el buen desarrollo del país.

Aun cuando estrictamente la Comisión de Marina no tiene ninguna injerencia en lo relacionado a la flota mercante y en lo de pesca en general, consideró que debiera estar estrechamente vinculada con estos dos sectores, que atraviesan por una crisis terrible que hacen que se encuentren prácticamente en proceso de desmantelamiento.

El estado de abandono indicado, hacen necesaria su inclusión en el ámbito de competencia de la Secretaría de Marina y no exclusivamente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como lo está en la actualidad.

La Marina Mercante nacional es indispensable para el desarrollo nacional como infraestructura económica, como medio de integración territorial, como factor de enlace social como vínculo cultural y fuente de divisas.

Y precisamente, hablando de divisas, es necesario señalar que en el año de 1997, México movió 110 mil millones de dólares de productos varios de exportación, (para 1998 se esperan 130 mil millones) y otra cantidad semejante de importaciones diversas, las que se transportaron fundamentalmente a través de naves marítimas; sin embargo, el costo de esa transportación, que fue de aproximadamente 10 mil millones de dólares, no fue captado por México, pues las actuales políticas del Gobierno, la apertura con el Tratado de Libre Comercio y el descuido de este sector, tanto por la iniciativa privada como por el Gobierno, han acabado prácticamente con la Marina Mercante nacional.

Esta situación se ve complicada con el cambio a la Ley de Navegación, que en materia de cabotaje, que es el transporte de carga realizado exclusivamente entre puertos nacionales, privilegiaba a las embarcaciones mexicanas, al dejar establecido que: "para que las embarcaciones extranjeras den servicio de cabotaje, se requiere que en sus países existan condiciones de reciprocidad y equivalencia en este tipo de transporte" y que ahora puede hacerlo cualquier nave bajo cualquier bandera.

Cabe mencionar que hoy en día se argumenta que como no hay Marina Mercante nacional, el cabotaje se tiene que realizar en buques extranjeros.

Por otra parte, en el aspecto fiscal relacionados con este sector, hay una normatividad que casi obliga a las pocas navieras mexicanas a que naveguen la mayoría de sus buques con bandera extranjera y, todo junto, ha permitido que de los 10 mil millones de dólares mencionados, solamente un porcentaje muy pequeño, (entre el 5% y el 7%, que representa de 500 a 700 millones de dólares anuales) sea captado por buques mexicanos.

Habría que saber de las razones que tuvo Hacienda para en esa forma y las aducidas por las compañías mexicanas para no navegar con bandera nacional. Independientemente de lo anterior, lo cierto es que esta caótica situación está provocando que al país dejen de ingresar recursos económicos que nos hacen falta para poder impulsar el propio desarrollo nacional.

Ya la suma indicada, por si sola es importante, es superior a los tres recortes realizados en 1998, por efecto de la disminución de los precios del petróleo.

Consideraciones históricas de la

Marina Mercante

Desde principios del Siglo XX las compañías de petróleos extranjeras van apoderándose del subsuelo de México y con el aprovechamiento de mayores mantos petrolíferos, las perforaciones de pozos y las instalaciones industriales, crecen a pasos agigantados, por lo que para el transporte de crudos desde los campos de Tampico y Minatitlán, las empresas tienen la necesidad de constituir una flota especializada que los mueva. La compañía El Aguila, desde 1912, inicia el tráfico de altura y cabotaje con sus buques y en un momento dado llega a tener una flotilla navegando bajo el pabellón nacional integrada por dos vapores, cuatro remolcadores de alta mar, un buque motor de carga general, además de multitud de lanchas, pangas y chalanes para el tráfico fluvial, el cuál alcanza gran intensidad, tanto en el río Pánuco, como en el río Coatzacoalcos.

Al triunfo de la Revolución constitucionalista, la companía señalada cuenta ya con tres barcos y realiza la transportación del crudo a Estados Unidos y a Europa en buques comandados por marinos españoles, nacionalizados mexicanos. A éstos les cambia de bandera, para poner la inglesa, dejando solamente uno, en tráfico de cabotaje, dedicado al abastecimiento de crudos, para el puerto de Veracruz.

Las demás compañías extranjeras, siguen la conducta de esta empresa y ya el tráfico marino para 1915-1917 es muy intenso, pues alcanza entre 12 y 15 petroleros diarios.

Del informe rendido a Venustiano Carranza denominado "importancia de la industria del petróleo" escrito en 1916, colegimos la importancia que para entonces ha adquirido el conjunto de barcos-tanque manejados por diversas compañías petroleras, exclusivamente destinadas al transporte de los crudos. Ese informe revela la existencia de 40 buques-tanque de gran tonelaje y alto calado, sin que incluyan las embarcaciones que se están construyendo o que arriendan las numerosas compañías menores o particulares productoras de petróleo.

Como resultado de ese informe,(Berta Ulloa. La lucha armada de 1911-1920, en Historia General de México. Tomo 4,pp. 103-104.), cito:

"Al obtener el informe, Carranza asume una de las actitudes más importantes de su política nacionalista. Su actuación le atrae la enemistad de las compañías y de los gobiernos extranjeros encabezados por los Estados Unidos. Con impuestos grava la producción petrolera; en alguna ocasión envía tropas para cerrar las válvulas de los pozos e insiste siempre en la ilegitimidad de los intereses creados. En resumen, trata de que los hidrocarburos queden bajo el dominio del Estado y, con los decretos de 1918, justifica el artículo 27 constitucional. ¡A pesar de la presión norteamericana, jamás abandona los principios; sólo retrocede lo indispensable para evitar la guerra!"

Durante varios años la Marina Mercante permanece estática y no tuvo mayor desarrollo hasta que el gobierno revolucionario y nacionalista del general Lázaro Cárdenas, expropia la industria petrolera e impulsa así fuertemente a este sector.

El 18 de marzo de 1938, se da la medida nacionalista y con ésta, el surgimiento de Petróleos Mexicanos y es entonces cuando el Gobierno comienza a administrar todo lo relacionado con los buques expropiados. La companía San Cristóbal, S.A., que maneja los asuntos marineros de El Aguila, es requisada en sus bienes, entregando al patrimonio nacional 20 mil 581 toneladas brutas a flote en equipo, a saber: un buque tanque, cinco remolcadores, una draga fija, 20 chalanes casco de fierro y 20 lanchas de motor, haciendo un total de 47 unidades marinas; posteriormente, la administración adquiere, además, un buque tanque cubano, así como dos buques motor noruegos, toda vez que tres embarcaciones encargadas a los astilleros de Italia, nunca llegan como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Esta conflagración obliga a varios buques italianos y alemanes a refugiarse en puertos mexicanos tratando de ampararse en nuestra neutralidad pero la exacerbación de la guerra obliga al Ejecutivo Federal a decretar la incautación de los buques pertenecientes a países beligerantes inmovilizados en puertos nacionales.

Estas naves resultan imprescindibles para exportar nuestra producción petrolera que durante esos años desciende por el conflicto armado mundial, mismo que afecta la economía nacional.

No vacilamos en señalar que durante el lapso bélico, la Marina Mercante es determinante para la nación, pues contribuye a la estabilidad económica y equilibra la balanza de pagos. Para los años 1939-1941, a tres años de la expropiación, debido a la fuerte e incesante demanda de exportación de productos crudos, la flota petrolera ya está constituida por 17 buques-tanque.

Quizá la expedición del decreto del 12 de enero de 1942 mediante el cual no ha de considerarse como beligerantes a los Estados Unidos y a las demás naciones americanas en guerra, permitiéndoseles que sus barcos e hidroaviones permanezcan en aguas nacionales, fue motivo para que el eje agrediera a México y hundiera seis buques tanques mexicanos: Faja de Oro, Potrero del Llano, Tuxpan, Las Choapas, Amatlán y Juan Casiano, provocando la muerte de 63 tripulantes de los barcos.

Al término de la guerra, en la que México participa en circunstancias muy especiales, nuestra Marina Mercante pierde en total siete unidades, seis barcos-tanque y un carguero.

Con la expropiación y con la exportación del petróleo, la Marina Mercante se incrementa viviendo sus mejores días; sin embargo, pasados los años, con las consideraciones económicas seguidas por los últimos gobernantes, la Marina Mercante, se ha visto disminuida al abrirse indiscriminadamente el mercado nacional, sin haber reciprocidad en el mercado internacional.

Hay que analizar la considerable reducción en cuanto al número de unidades de la flota mercante con bandera mexicana y aun de buques con bandera extranjera propiedad de navieras mexicanas, que en los últimos tres años ha ocurrido en nuestro país.

Actualmente, la conformación de la flota mercante de buques de más de 1 mil toneladas de registro bruto, se integra básicamente por nueve empresas navieras, a saber: Petróleos Mexicanos, Transportación Marítima Mexicana, Navimin, Armamex, Servicios Marítimos Turísticos, Naviera Integral Mexicana, Calizas del Caribe y Regiomar.

VER TABLA EN EL DOC.3

En 1997 se movieron 217 millones de toneladas, al 2005 serán 375 millones de toneladas.

Para mover adecuadamente un 40% al 50% de esta carga, se requieren 3 millones y medio de toneladas de registro bruto; es decir, más o menos 200 barcos de 15 mil toneladas promedio.

Del total de buques mercantes navegando, 67 lo hacen bajo la bandera nacional mientras que 17 traen bandera extranjera; su edad promedio es de 15 años. Excluyendo las navieras que se dedican exclusivamente al cabotaje como son: Petróleos Mexicanos, Armadora Mexicana, Servicios Marítimos Turísticos, Cementos de México y Regiomar, tenemos que el registro bruto es de 1millón172 mil 744 toneladas y el peso muerto se reduce a sólo 777 mil 905 toneladas. Conforme a estas cifras y a la estadística oficial disponible, el porcentaje de participación con bandera mexicana no llega ni siquiera al 2% en exportaciones e importaciones (Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1995-2000, DOF 25 de marzo de 1996, p.31.), para 1998 el tonelaje total se ha visto reducido a la mitad de la cantidad ya señalada.

La Armada de México no está mejor que la mercante, pues del total de sus unidades el 45%, es decir, 45 buques, fueron construidos hace más de 45 años. (referencia El Ferrol, Astilleros.)

Cabe hacer mención que el excedente actual de marinos egresados de las escuelas náuticas existentes en México, se encuentran navegando en barcos extranjeros o mexicanos bajo bandera extranjera y es incongruente, desde nuestro punto de vista, que con los limitados recursos económicos destinados a la educación y requiriendo cada día mayor personal capacitado, nuestro país genere profesionistas para comandar y laborar en barcos no nacionales.

La contracción de la marina mercante es tan brusca, que tomando como base el argumento lo anterior, existe el grave riesgo de cerrar las tres escuelas, existentes en: Mazatlán, Veracruz y Tampico.

Hemos señalado que la capacidad tanto de la Marina Nacional, como la del transporte propiedad de armadores mexicanos, es ínfima y no corresponden ni al tamaño ni a la economía de país ni tampoco a los volúmenes de carga manejados en nuestros puertos ni mucho menos a la potencialidad territorial del mar.

No podemos dejar de mencionar que, en consecuencia a lo anterior, nuestra plataforma continental es frecuentemente más explotada por barcos piratas, que por nacionales y esta situación de ninguna manera conviene al país. Por otra parte, no podemos dejar de mencionar que junto a la Marina Mercante, la flota pesquera, la investigación oceanográfica y la educación náutica, van de mal en peor y, que en consecuencia, la mayoría de los recursos alimenticios de la plataforma marina, frecuentemente son más explotados por barcos piratas que por nacionales y toda esta situación en nada favorece ni le es conveniente a nuestro país.

De continuarse con esta actitud, se estaría provocando un colapso y la extinción de la Marina Mercante, ya que como toda actividad industrial, el negocio marítimo tiene como uno de sus principales soportes la educación profesional especializada que reciben los marinos, quienes adicionalmente, por mandato del artículo 32 constitucional, deben ser mexicanos por nacimiento.

La marginación de los buques mexicanos o propiedad de armadores nacionales, provocará que el elemento nacional, llámese armador o marino mercante, abandonen esta actividad en México por improductiva, ya sea a mediano o a largo plazos.

Las desventajas pues, de no contar con una Marina Mercante Nacional son enormes:

a) Las erogaciones por fletes pagados en dólares a navieras internacionales por concepto de comercio nacional e internacional son exportación de divisas, irrecuperables, afectando negativamente a la cuenta corriente nacional.

b) Las divisas fugadas, engrosan los sistemas tributarios de las naciones bajo cuya bandera navegan los buques nacionales, disminuyendo así el ingreso que el erario público podría recabar por concepto de pago de impuestos.

c) El no contar con siquiera un mínimo de transporte marítimo-nacional en actividades estratégicas como la compra-venta de derivados del petróleo, así como en la compra-venta de productos agrícolas a granel, deja a nuestro país a expensas del mercado internacional de fletamento de buques, el cuál es sumamente volátil e imprevisible y sorpresivamente puede encarecer el transporte de estos bienes e influir de manera directa y negativa nuestro índice inflacionario.

d) La construcción de barcos en nuestro país, prácticamente está paralizada y sólo la Armada de México continúa esta actividad. En consecuencia se ha perdido tiempo y hemos sufrido un retroceso en la tecnología correspondiente.

Por el contrario, de corregirse esta desviación del Gobierno, mediante el establecimiento de una política especialmente diseñada para que dentro del marco de una actividad globalizada, el Transporte Marítimo Nacional participe con un porcentaje adecuado en base a su competitividad y eficacia, se obtendrían las siguientes ventajas:

a) Aprovechar la nueva Ley de Puertos en la que se promovió la descentralización administrativa permitiendo incorporar a la iniciativa privada y al sector social tanto en aspectos de operación como en el desarrollo de la infraestructura.

b) En el caso de las exportaciones de petróleo crudo, al contar con embarcaciones propiedad de armadoras nacionales o una flota de Estado o mixta, contratada a largo plazo, se evitaría la dependencia absoluta para la exportación estratégica de este producto; este balance previsor en el uso del recurso marítimo lo llevan a cabo países tradicionalmente exportadores de crudo, como son: Venezuela, Arabia Saudita, Emiratos Arabes y Kuwait.

c) Lograr la exportación de servicios de transporte a otros países, como tercera bandera o bien fletados a tiempo determinado a navieras extranjeras de reconocido prestigio, situación ya realizada con éxito años atrás en nuestro país.

d) Contar con una flota estratégica nacional, con la cuál se establezcan contratos de fletamento a largo plazo denominados en comercio internacional contract of afreighment para cubrir una parte importante de la demanda de transporte de estas mercaderías.

e) La creación de varios miles de empleos tanto en la construcción de barcos como en las labores inherentes a la materia que nos ocupa, independientemente de los avances en materia oceanográfica y de investigaciones marinas, impulsaría la óptima explotación de nuestros recursos.

Es por lo tanto primordial buscar la recuperación de la Marina Mercante Nacional, obligando al Estado mexicano a proporcionarles mayor atención. Cabe reiterar que en la actualidad, buques de carga extranjera manejan poco más del 96% de la carga de exportación e importación, aduciendo que las compañías mercantiles que importan y exportan, presionan para que sean barcos extranjeros los que realicen el transporte de sus mercancías.

Diputadas y diputados: por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 42, 45 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 65 y 70 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y 24 del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, los legisladores suscritos presentamos, la siguiente

PROPOSICION

Unica. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resuelve crear una Comisión Especial Plural, formada por integrantes de las comisiones de Marina y de Comunicaciones y Transportes, que se dé a la tarea de determinar; el estado que guardan: la Marina Mercante Mexicana, la investigación oceanográfica, el sector pesquero y la educación náutica, en el país.

En apoyo de su encomienda, la comisión especial deberá realizar un proyecto de actividades en el que se incluya la realización de foros en los principales puertos marítimos del país y en el que reúna a estudiosos de la materia, con objeto de recibir propuestas viables y alternativas de solución a la problemática que se presenta. Las propuestas deberán sistematizarse, con el propósito de brindar elementos que puedan dictar un plan rector del desarrollo de las actividades marítimas a corto, mediano y largo plazos, en el que se incluya la participación directa de los sectores involucrados. Asimismo, deberán formularse las modificaciones necesarias a las disposiciones vigentes que nos lleven a contar con un marco regulatorio apropiado, en donde las actividades concernientes al mar sean consideradas, como es el caso de todos los países desarrollados del mundo, como política de Estado y cuenten con todo el apoyo oficial requerido, involucrando a diferentes secretarías del Gobierno Federal y estatal relacionadas con el mar, toda vez que es de —vital importancia para nuestro desarrollo e independencia económica.

En consecuencia, solicito a la Presidencia turne a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política esta proposición para que, de conformidad con los artículos citados, le dé el curso adecuado en el tiempo reglamentario.

Palacio Legislativo de San lázaro, a 18 de noviembre de 1998.—Diputados: Fabiola Gallegos Araujo, Antonio Cabello S., Justiniano Guzmán Reyna, Sergio Valdés Arias, Miguel Moya G., Teobaldo López Huertas, Martín Castillo R., Adolfo González, Martha Irene Luna, Fernando E. Hernández, Violeta Margarita Vázquez Osorno, Aarón Quiroz Jiménez, Marcelo Ebrard C., Patria Jiménez Flores, Leticia Robles C., Esperanza Villalobos, Alvaro López Ríos, Fabián Pérez Flores, Agapito Hernández O., Jesús Flores C., Santiago Padilla Arriaga, Jorge González, Carmelo Enríquez R., Susana Esquivel Farías, María Guadalupe Sánchez Martínez, Cristina Portillo Ayala, Julieta Gallardo M., José Luis Gutiérrez Cureño, César Lonche Castellanos, Sergio B. Osorio, Roselia Barajas Olea, Jesús Martín del Campo, Carmen Escobedo Pérez, J. J. González, Miguel Alonso Raya, Ricardo García Sáenz, Luis Patiño Pozas, Rosalío Hernández B., Jorge Silva Morales, Enrique Santillán V., Maximino B., Gilberto Parra R., Nazario T., Martha Dalia Gastelum, Amando Galván, María Mercedes Maciel O., Antonio Soto S., Lázaro Cardenas Batel, Laura Itzel Castillo Juárez, Ana Lilia Cabello, Ricardo Cantú Garza, Silvia Solano C., Luis Meneses Murillo, Mariano Sánchez Farías, María Rojo, Lenia Batres Guadarrama, Sergio Marcelino George Cruz, Pedro Magaña Guerrero, Juan Cruz Martínez, Felipe Rodríguez A., Gonzalo Rojas, José Luis Sánchez, Carlos Iñiguez C., Constancio Ríos S., José Espina von Roehrich, Omar Alvarez A., Daniel Díaz Díaz, José M. Antonio Olvera, José Carlos Cota Osuna, Raúl Monjarrés Hernández, Espiridión Sánchez L., Victorio Montalvo Rojas, Porfirio Muñoz Ledo, Demetrio Javier Sodi de la Tijera, María Victoria Peñaloza Izazaga, Armando López R., Miguel Angel Solares, Socorro Aubry Orozco, Norma Argáiz, Clara M. Brugada, Carlos Heredia Zubieta, Claudia C. Fragoso López, Angel de la Rosa B., Dolores Padierna Luna, Plutarco García Jiménez, Luis Rojas Ch., Alfredo Villegas, Marcos Bucio, Javier Santillán, Joel Ayala Almeida, Genaro Alaniz de la F., Héctor F. Castañeda, Fernando Gómez R., Carlos Sobrino, Enrique Martínez, Salvio Herrera, Armando Neyra Ch., Juan Carlos B. G., Adalberto Balderrama F., Jorge H. Zamarripa Díaz, Pablo Gómez, Juan Carlos Espina, Samuel Gustavo V., Rubén Mendoza, Carlos Iñiguez, Bernardo Bátiz V., Fernando González, Juan García de Alba, Antonio Lagunas A., Primitivo Ortega O., Bernardo Segura Rivera, Luis David Gálvez, Justiniano Guzmán Reyna, Jorge León Díaz, Pedro Salgado García, Pioquinto Damian H., Abraham Bagádadi Estrella, Francisco Luna Kan, Martín Mora A., María de la Luz Núñez., Alberto López Reza, José Octavio Díaz, Manuel P. García, Ranulfo Tonche Pacheco, Carlos Morales V, Elba Capuchino, Isael Petronio Cortés Nájera, Angélica de la Peña Gómez, José Luis López López, Alejandro Ordorica S., Estrella Vázquez O., Antonio Palomino R., Silvia Oliva F., Francisco de Souza, Octavio Hernández Calzada, Samuel Lara Villa, Enrique Bautista Villegas, Pablo Sandoval Ramírez, Germán Rufino Contreras V., Joaquín A. Hernández Correa, Clarisa Torres Méndez, Gloria Lavara Mejía, Jacaranda Pineda Chávez, Jaime Castro López, María de los Angeles Gaytán, Javier Algara C., Gonzalo A. de la Cruz E., Domingo Yoro Saqui, Rubén Mendoza O., Héctor Rodolfo González M., Ramón Hernández Toledo, José Luis Pa—vón V., Héctor Valdés Romo, Gonzalo Morgado, Salvador Moctezuma A., Marcelo Cervantes H., Tulio Hernández Gómez, Carolina O'Farrill Tapia, Luz del Carmen López, Jesús Higuera, Ernesto Millán E. y Eduardo Bernal Martínez.»

Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

IMPORTACION DE CARNICOS

Tiene la palabra el diputado Abraham González Negrete, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de acuerdo en relación con las importaciones de cárnicos.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El problema financiero mundial y el agravamiento de las crisis económicas en los países asiáticos, han promovido una mayor complicación en el mercado mundial agropecuario.

La reducción en las compras por parte de esas naciones, Japón y Rusia, principalmente, en paralelo a la sobreproducción registrada en diferentes ramas de la ganadería norteamericana, han conllevado a que ese mercado se encuentre sobreofertado, con la consecuente caída de los precios de todos los cárnicos y ganado para abasto.

Los precios del ganado porcino, a la fecha, son los más bajos en las últimas décadas y las malas expectativas se ven reflejadas en los futuros de la Bolsa de Chicago, la cual prevé que todo el primer semestre de 1999 se mantendrá el precio bajo.

Dentro del Tratado de Libre Comercio, se concedió cierta protección al sector porcícola, mediante el mecanismo de salvaguarda, el cual consiste en el establecimiento de un monto de producto que ingresa al país con un arancel preferencial, este año del 10%. Una vez que esta cantidad es rebasada, automáticamente se aplica el arancel de la nación más favorecida.

El mecanismo de salvaguarda protege dos áreas específicas, una de carnes, en la que se considera los jamones, la carne en canal y otra; al ganado para abasto.

Para los dos primeros casos, la salvaguarda se aplicó publicándose en el Diario Oficial de la Federación, del 7 de septiembre y el 10 de noviembre para carne en canal, con lo cual el arancel que pagan a partir de esa fecha es del 20%.

México se mantiene como un mercado alterno muy atractivo para la colocación de los excedentes de ganado para abasto, en virtud de disponerse de una salvaguarda de más de 380 mil cabezas, con un arancel del 10%.

Una vez rebasada esta cantidad, el arancel que se aplicará sería del 20%, mismo que no proporcionaría protección suficiente para el sector porcícola, por el ínfimo precio de cotización en los Estados Unidos de América.

Cabe señalar que a la fecha el precio del cerdo para abasto en los Estados Unidos y por tanto del que se importa a México, se encuentra por debajo de los costos de producción, situación que, de acuerdo a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio, es una práctica desleal, calificada de dumping.

En virtud de lo anterior, el Consejo Mexicano de Porcicultura, con respaldo de la Comisión Nacional de Porcicultores, presentó en junio pasado una solicitud ante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secofi para que se iniciara la investigación antidumping en ganado para abasto, habiéndose publicado el pasado día 13 de octubre en el Diario Oficial de la Federación la resolución que acepta esta solicitud y declara el inicio de la investigación.

Para el caso del ganado bovino, lo pactado en el Tratado de Libre Comercio fue la liberación total, de ahí que el arancel, aplicable tanto para ganado, para abasto como para las carnes y los subproductos, sea cero.

La Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino, también presentó una solicitud de investigación antidumping, la cual fue aceptada y declarada, al inicio de la investigación con la misma fecha que para los porcinos para abasto.

Para ambas investigaciones se otorgó de acuerdo a lo establecido en la Ley de Comercio Exterior un periodo de 30 días hábiles para que se presenten los alegatos por parte de los interesados, periodo que una vez concluido permitirá definir con base en dicha documentación la aplicación o no de un arancel compensatorio que para el caso específico del ganado porcino para abasto es del 87%.

Por parte de los importadores el sentir es que sí se aplicará el arancel, pero por parte de los productores se tiene el temor de que las autoridades comerciales desechen esta solicitud, argumentando de que el monto de ganado importado a la fecha es poco significativo con respecto a la producción nacional, debiéndose establecer que el monto de las importaciones es uno de los factores a considerar, pero no es decisivo dentro de la investigación ya que ésta debe de considerar el daño o el posible daño que causaría sobre la planta productiva nacional.

El precio del ganado porcino para abasto en 1998, muestra una tendencia a la baja o una caída del 20%, siendo muy similar la evolución de precios en México y Estados Unidos.

Esto se ha traducido en una pérdida de la rentabilidad de la porcicultura, en donde los productores altamente integrados tienen utilidades aceptables, en tanto que los tecnificados tienen ganancias marginales, pronosticándose que en el presente mes éstas se convertirán en negativas, en tanto que la porcicultura semitecnificada ha tenido prácticamente en el presente año pérdidas constantes, las que se agravarán en el muy corto plazo.

El resultado de lo anterior, es la desaceleración de la planta productiva nacional, pronosticándose que al cierre de 1998, la producción será menor en 2% a lo del año pasado,

Cabe señalar que independientemente de la caída de los precios del ganado para abasto y la carne en canal, la Profeco reporta una mínima disminución del precio de cárnicos al consumidor. Si bien los bajos precios de las importaciones y su reflejo sobre el precio nacional ha permitido mantener un bajo impacto de las carnes sobre el índice nacional de precios al consumidor, también lo es que este último es el que menos se ha favorecido, ampliándose sobre todo el margen de utilidad de los agentes comerciales.

Tanto para la gandería bovina como porcina, los bajos precios de las importaciones y la baja en el mercado mexicano, se traducirán en una desactivación de la planta productiva nacional, implicando lo anterior una pérdida en fuentes de trabajo y en la propia generación económica, además de motivar una mayor cartera vencida en el sector.

Por lo anterior, la Comisión de Ganadería de esta Cámara de Diputados, propone los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Que el Ejecutivo Federal aplique las salvaguardas solicitadas bajo el acuerdo de que los productores deberán mantener utilidades razonables y que los precios no se disparen.

Segundo. Que se continúe trabajando con las organizaciones de productores en la revisión de diversas normas comerciales y de calidad, a fin de adecuarlas.

Tercero. Que la Secretaría de Hacienda, en específico el servicio de administración tributaria y la administración general de aduanas, intensifiquen los trabajos de fiscalización de las importaciones, a fin de contrarrestar la comisión de delitos como la subfacturación, la mala clasificación arancelaria y el contrabando técnico.

Cuarto. Que se integre a la mesa de negociación en el otorgamiento de los cupos de importación de productos cárnicos, a las organizaciones de productores.

Solicito, señor Presidente, se turne a comisiones de Comercio y Hacienda, para sus efectos correspondientes.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Túrnese a la Comisión de Comercio y de Hacienda.

DEUDORES HIPOTECARIOS

Tiene la palabra el diputado Jose Ricardo Ortiz Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo sobre recursos presupuestales para programas de apoyo a deudores hipotecarios.

Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:

Hace exactamente un año el Partido Acción Nacional presentó por mi conducto ante esta soberanía una iniciativa de ley para el rescate de los deudores hipotecarios.

Hoy presentamos a su consideración un punto de acuerdo que recoge planteamientos sustanciales de dicha iniciativa; lo hacemos con el exhorto a todos los grupos parlamentarios para sumarse a esta propuesta que pretende resolver el problema inmediato de un amplio sector de la población mexicana.

Queda a su consideración y disposición para hacer las aportaciones pertinentes y factibles que pueda enriquecerla.

Punto de acuerdo sobre recursos presupuestales para el programa de apoyo a deudores hipotecarios:

Las reformas económicas de cambio estructural que se han puesto en práctica en México a partir de 1982 y con más fuerza desde 1988 a la fecha, han tenido el objetivo de reformar las bases sobre las que había estado organizada la economía nacional. Muchas de estas medidas como la desregulación de la actividad económica, la desincorporación de empresas con participación estatal, así como la liberalización de precios en ciertas industrias, han permitido a este país fortalecer algunos de sus fundamentos económicos; pero también han generado que algunos grupos sociales sufran pérdidas en su bienestar.

El Partido Acción Nacional a lo largo de su historia, ha insistido en que la actividad del Estado en materia económica, debe ser limitada. Su obligación es ser rector de las relaciones entre los diversos actores, más que ser un actor mismo.

Sin embargo la intervención estatal en la economía no sólo es deseable, sino necesaria cuando se presentan fallas dentro del mercado. Una de estas fallas es la información asimétrica que reciben los distintos actores que establecen una relación contractual.

Para el caso que hoy nos ocupa, esta información asimétrica se presentó al menos por dos vías:

La primera, consistente en la dificultad técnica que para la gran mayoría de este tipo de clientes de la banca, representó comprender con todas las consecuencias posibles que se pudieran provocar, los alcances de las cláusulas pactadas en los contratos de apertura de crédito.

Estas lagunas se apreciaron con claridad, conforme el incremento en las tasas de interés, impedían a los deudores cubrir el monto originalmente pactado en su mensualidad y debido a la capitalización de intereses devengados y no pagados, así como el cobro de intereses moratorios, los montos de los créditos crecieron de forma desproporcionada incluso en relación al valor real del bien inmueble adquirido.

La segunda vía en que incluyó la asimetría a la información, tuvo que ver con un entorno macroeconómico del país. Después de cinco años de una tasa de inflación en descenso, de un margen conocido de depreciación del peso en relación al dólar y de reducciones en el nivel general de tasas de interés, la devaluación de diciembre de 1994 provocó un repunte en la inflación y en el precio del dinero.

Para el común de la población no existía suficiente información en el entorno que le permitiera prever la existencia y profundidad con que se presentó esta crisis y en este punto la responsabilidad de los diversos funcionarios de las áreas económicas de la Administración Pública Federal, en el diseño y puesta en práctica de políticas equivocadas está fuera de toda discusión.

Por lo tanto, los dos tipos de asimetría de información que se presentaron, ya sea por acción o por omisión, no son de ninguna manera responsabilidad de los deudores hipotecarios de la banca.

De esta forma la intervención estatal para recomponer las relaciones entre banca y deudores es indispensable, máximo cuando ambas partes han sufrido las consecuencias de una errática conducción económica.

La estrategia que Acción Nacional presenta dentro de un nuevo plan de apoyo a deudores hipotecarios, tiene tres elementos que no pueden separarse entre sí, éstos son: reducciones del saldo actual de la deuda, tasa de interés previsible y como consecuencia de estas dos medidas, el establecimiento de mensualidades acordes con el nivel del ingreso del acreditado.

La reducción del saldo actual del crédito, tanto de clientes al corriente como de los que han caído en mora es indispensable, ya que el valor de las garantías no ha crecido a la misma velocidad que éstos, por lo que hoy día existe una brecha importante, entre el valor nominal de la deuda y el valor de mercado del bien inmueble que respalda a la misma. Una reducción del saldo permitirá reducir o eliminar este diferencial.

La necesidad de esta reducción, si lo que se desea es reiniciar el flujo de pagos de las obligaciones contratadas, se basa en el hecho de que ningún individuo que actúa racionalmente, estaría dispuesto a cubrir un monto que el valor presente, descontando los intereses que genera el servicio de la deuda, es mucho mayor que el bien que adquiere con esa deuda.

Por otra parte, si las instituciones financieras ejercieran su derecho sobre las garantías, el monto del crédito nominal que podría recuperar, es de aproximadamente el 30%, de acuerdo a estimaciones oficiales y eso sin tomar en cuenta que un exceso de oferta en el mercado inmobiliario, producto de la venta generalizada de bienes, podría deprimir el precio de éstos.

El segundo elemento de nuestra propuesta, se refiere al establecimiento de una tasa de interés fija, para aquellos deudores que durante la vigencia de alguno de los programas de apoyo anteriores reestructuraron sus créditos en unidades de inversión, se pactó la tasa de interés fija del 8.75% anual para las primeras 165 mil Udis y del 10% para el saldo que excediera esta cantidad. Esta tasa de interés es real, ya que el efecto inflacionario está incorporado.

Los dos elementos anteriores, quita al saldo y reestructuración en Udis con tasa fija de interés, permitirá a los deudores tener una mensualidad inicial de su crédito en un rango que puedan cubrir.

No obstante en este rubro no puede establecerse una opción única, dependerá de las necesidades del deudor, al establecer una tasa fija de interés, puede diseñarse una tabla de amortización con pagos iguales, lo que permite que el acreditado tenga una mayor certidumbre sobre los flujos mensuales que está obligado a cubrir.

Asimismo debe buscarse la simplificación, homogeneidad y comprensión de los formatos que contienen el acuerdo de voluntades en una reestructuración.

Estas propuestas elevarán el costo actualmente presupuestado para esta clase de programas, pero consideramos que dada la importancia que la vivienda tiene dentro de la creación del patrimonio familiar y el número de familias beneficiadas, es un costo que el Estado debe asumir.

Honorable Asamblea: por las consideraciones anteriores y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los suscritos diputados, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al Poder Ejecutivo Federal poner en práctica un nuevo programa de apoyo a deudores hipotecarios de la banca comercial, denominado "Salvemos nuestra Casa", de acuerdo a las siguientes bases:

Primera. Son susceptibles de incorporarse al programa los deudores hipotecarios que hubieran contratado un crédito con la banca comercial hasta el 30 de junio de 1996, sin importar la situación actual de su adeudo.

Segunda. Para incorporarse al programa, aquellos deudores que no estén cumpliendo actualmente con sus pagos, deberán reestructurar su adeudo convirtiendo su saldo en unidades de inversión en un plazo no mayor de 180 días hábiles, a partir de la puesta en práctica del programa.

Tercera. A todos los créditos susceptibles de incorporarse al programa y que reestructuren en caso de no encontrarse en situación regular de pagos, que les hubieren cargado intereses moratorios por la falta puntual de pago, les serán retirados éstos en su totalidad.

Cuarta. Al saldo obtenido de acuerdo a la base tercera y a todos los créditos que se encuentran en una situación regular de acuerdo con su calendario de pagos, se les aplicará una quita condicionada al pago puntual de sus obligaciones, equivalente al 50% del saldo nominal actual por las primeras 165 mil unidades de inversión y del 45% para el saldo restante hasta las 500 mil Udis.

Quinta. Todos los créditos incluidos en este nuevo programa de apoyo a deudores hipotecarios, estarán contratados a una tasa de interés del 8.75% anual por las primeras 165 mil Udis y del 10% anual por el salto excedente a esta cantidad.

Sexta. Cuando los acreditados sean personas con discapacidad severa o sean pensionados o jubilados, la quita que define el artículo 4o. será del 70% del saldo nominal actual por las primeras 165 mil Udis y del 45% para el saldo restante hasta 500 mil Udis.

Palacio Legislativo, 25 de noviembre de 1998.—Diputados Alberto Cifuentes Negrete, José Ricardo Ortiz y una serie de firmas más de diputados del Partido Acción Nacional.

Es cuanto.

«Punto de acuerdo sobre recursos presupuestales para el programa de apoyo a deudores hipotecarios

Las reformas económicas de cambio estructural que se han puesto en práctica en México a partir de 1982 y con más fuerza desde 1988 a la fecha, han tenido el objetivo de reformar las bases sobre las que había estado organizada la economía nacional. Muchas de estas medidas, como la desregulación de la actividad económica, la desincorporación de empresas con participación estatal, así como la liberalización de precios en ciertas industrias, han permitido a este país fortalecer algunos de sus fundamentos económicos, pero también han generado, que algunos grupos sociales sufran pérdidas en su bienestar.

El Partido Acción Nacional, a lo largo de su historia, ha insistido en que la actividad del Estado en materia económica debe ser limitada, su obligación es ser rector de las relaciones entre los diversos actores, más que un actor mismo. Sin embargo, la intervención estatal en la economía no sólo es deseable, sino necesaria, cuando se presentan fallas dentro del mercado. Una de estas fallas, es la información asimétrica que reciben los distintos actores que establecen una relación contractual.

Para el caso que hoy nos ocupa, la problemática de los deudores con créditos hipotecarios, esta información asimétrica se presentó, al menos por dos vías. La primera, consistente en la dificultad técnica que para la gran mayoría de este tipo de clientes de la banca, representó comprender con todas las consecuencias posibles que se pudieran provocar, los alcances de las cláusulas pactadas en los contratos de apertura de créditos hipotecarios. Estas lagunas se apreciaron con claridad conforme el incremento en las tasas de interés impedía a los deudores cubrir el monto originalmente pactado de su mensualidad y debido a la capitalización de intereses devengados y no pagados, así como al cobro de intereses moratorios, los montos de los créditos crecieron de forma desproporcionada, incluso en relación al valor real del bien inmueble adquirido.

La segunda vía en que influyó la asimetría de información, tuvo que ver con el entorno macroeconómico del país. Después de cinco años de una tasa de inflación en descenso, de un margen conocido de depreciación del peso en relación al dólar y de reducciones en el nivel general de tasas de interés, la devaluación de diciembre de 1994 provocó un repunte en la inflación y en el precio del dinero. Para el común de la población, no existía suficiente información en el entorno que le permitiera prever la existencia y profundidad con que se presentó la crisis y en este punto, la responsabilidad de los diversos funcionarios de las áreas económicas de la Administración Pública Federal, en el diseño y puesta en práctica de políticas equivocadas está fuera de toda discusión. Por lo tanto, los dos tipos de asimetría de información que se presentaron, ya sea por acción u omisión, no son de ninguna manera responsabilidad de los deudores hipotecarios de la banca.

De esta forma, la intervención estatal para recomponer las relaciones entre banca y deudores es indispensable, máxime cuando ambas partes han sufrido las consecuencias de una errática conducción económica.

La estrategia que Acción Nacional presenta dentro de un nuevo plan de apoyo a deudores hipotecarios, tiene tres elementos que no pueden separarse entre sí, éstos son: reducción en el saldo actual de la deuda; tasa de interés previsible y como consecuencia de estas dos medidas, el establecimiento de mensualidades acordes con el nivel de ingreso del acreditado.

Como es de todos conocido, el crecimiento de los créditos mantiene una dinámica que no está determinada por el valor de la garantía, sino por tres elementos componentes del propio crédito: en primer lugar, el comportamiento de la tasas de interés aplicables a la deuda; en segundo, la estructura de la tabla de amortización adoptada, y finalmente, el flujo de pagos del deudor. De estos elementos, las instituciones financieras sólo pueden responsabilizarse, junto con el deudor, de la estructura de amortiza—ción convenida; por su parte, el deudor, además de pactar ésta, es responsable del flujo de pagos para cumplir con su obligación, pero ninguno de estos actores tiene control sobre la tasa de interés aplicable al crédito.

El crecimiento acelerado del nivel general de tasas de interés, observado principalmente durante el año de 1995 y la primera mitad de 1996, como consecuencia de la crisis iniciada con la devaluación del peso en diciembre de 1994, generó una espiral fuera de control de los contratantes, pero que produjo el efecto indeseable de que una gran cantidad de deudores hipotecarios no pudieran continuar cumpliendo con la obligación contratada. Además del aumento en el nivel general de tasa de interés, en algunos casos la situación del deudor se vio agravada por la reducción de sus ingresos en términos reales, producto del crecimiento inflacionario o incluso por la pérdida de su fuente de trabajo.

La propuesta que hoy presenta el Partido Acción Nacional busca cubrir los tres elementos señalados con anterioridad.

La reducción del saldo actual del crédito, tanto de clientes al corriente como de los que han caído en mora, es indispensable, ya que el valor de las garantías no ha crecido a la misma velocidad que éstos, por lo que hoy día existe una brecha importante entre el valor nominal de la deuda y el valor de mercado del bien inmueble que respalda a la misma. Una reducción del saldo permitiría reducir o en algunos casos eliminar este diferencial.

La necesidad de esta reducción, si lo que se desea es reiniciar el flujo de pagos de las obligaciones contratadas, se basa en el hecho de que ningún individuo que actúa racionalmente estaría dispuesto a cubrir un monto, que en valor presente, descontados los intereses que genera el servicio de la deuda, es mucho mayor que el bien que adquiere con esa deuda. Por otra parte, si las instituciones financieras ejercieran su derecho sobre las garantías, el monto del crédito nominal que podrían recuperar es de aproximadamente el 30%, de acuerdo a estimaciones oficiales y eso sin tomar en cuenta que un exceso de oferta en el mercado inmobiliario producto de la venta generalizada de garantías, podría deprimir el precio de estos bienes.

La reducción se haría a partir de un saldo ya depurado, al que le fueran retirados los cargos de intereses moratorios. La reducción que se propone es del 50% por las primeras 165 mil Udis y de 45% para los subsecuentes, hasta 500 mil Udis. Esta quita al saldo representa en términos reales, dejar el valor del crédito en su nivel de noviembre de 1994.

El segundo elemento de nuestra propuesta se refiere al establecimiento de una tasa de interés fija. Para aquellos deudores que durante la vigencia de alguno de los programas de apoyo anteriores, reestructuraron sus créditos en unidades de inversión (Udis), se pactó una tasa de interés fija del 8.75% anual, para las primeras 165 mil Udis y del 10% para el saldo que excediera esta cantidad. Esta tasa de interés es real, ya que el efecto inflacionario está incorporado en las propias Udis, por lo tanto, dentro de esta estrategia es esencial que aquellos deudores que a la fecha no han reestructurado en Udis, lo lleven a cabo, ya que esto les permitiría garantizar una tasa fija durante la vida del crédito.

Los dos elementos anteriores, quita al saldo y reestructuración en Udis con tasa fija de interés, permitirán a los deudores tener una mensualidad inicial de su crédito en un rango que puedan cubrir. No obstante, en este rubro no puede establecerse una opción única, dependerá de las necesidades del deudor. Al establecer una tasa fija de interés, puede diseñarse una tabla de amortización con pagos iguales, lo que permite que el acreditado tenga una mayor certidumbre sobre los flujos mensuales que está obligado a cubrir, asimismo, debe buscarse la simplificación, homogeneidad y comprensión de los formatos que contienen el acuerdo de voluntades de la reestructuración.

Estas propuestas elevarán el costo actualmente presupuestado para esta clase de programas, pero consideramos que dada la importancia que la vivienda tiene dentro de la creación del patrimonio familiar y del número de familias beneficiadas, es un costo que el Estado debe asumir.

Honorable Asamblea: por las consideraciones anteriores y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentarnos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al Poder Ejecutivo Federal, poner en práctica un nuevo programa de apoyo a deudores hipotecarios de la banca comercial; denominado "salvemos nuestra casa" de acuerdo a las siguientes bases:

Primera. Son susceptibles de incorporarse al programa los deudores hipotecarios que hubieran contratado un crédito con la banca comercial hasta el 30 de junio de 1996, sin importar la situación actual del adeudo.

Segunda. Para incorporarse al programa, aquellos deudores que no estén cumpliendo actualmente con sus pagos deberán reestructurar su adeudo, convirtiendo su saldo en unidades de inversión en un plazo no mayor de 180 días hábiles a partir de la puesta en práctica del programa.

Tercera. A todos los créditos susceptibles de incorporarse al programa y que reestructuren en caso de no encontrarse en situación regular de pagos, que se les hubieran cargado intereses moratorios por la falta puntual de pago, les serán retirados éstos en su totalidad.

Cuarta. Al saldo obtenido de acuerdo a la base tercera y a todos los créditos que se encuentren en una situación regular de acuerdo a su calendario de pagos, se les aplicará una quita condicionada al pago puntual de sus obligaciones, equivalente al 50% del saldo nominal actual por las primeras 165 mil Udis y del 45% para el saldo restante hasta 500 mil Udis.

Quinta. Todos los créditos incluidos en este nuevo programa de apoyo a deudores hipotecarios estarán contratados a una tasa de interés del 8.75% anual por las primeras 165 mil Udis y del 10% anual por el saldo excedente a esta cantidad.

Sexta. Cuando los acreditados sean personas con discapacidad severa o sean pensionados o jubilados, la quita que define el artículo 4o. será del 70% del saldo nominal actual por las primeras 165 mil Udis y del 45% para el saldo restante hasta 500 mil Udis.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, a 25 de noviembre de 1998.—Diputados: José Ricardo Ortiz Gutiérrez, Alberto Cifuentes Negrete, Edgar Ramírez Pech, Felipe Vicencio A., Baldemar Dzul N., Marco Adame Castillo, Gustavo A. Vicencio A., Fortunato Alvarez Enríquez, José Armando Jasso Silva, Juan García de Alba, José Antonio Herrán C., Rocío Morgan Franco, Jorge Esparza C., Héctor Larios Córdova, María del Carmen Corral, José Antonio Alvarez Hernández, Martín Matamoros C., María de la Soledad Baltazar Segura, Pilar Valdés, Gerardo Buganza, Leonardo García Camarena, Felipe Jarero Escobedo, Constancio Ríos Sánchez y J. Jesús García León.»

Túrnese a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que los proyectos de decreto de los embajadores Manuel Martínez del Sobral y Penichet, Francisco Eduardo del Río y López y al general brigadier Diplomado de Estado Mayor Eduardo Bahena Pineda, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros, se haga en una sola votación.

Camacho Alcázar:

Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si se autoriza que la votación de los proyectos de decreto para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros, se haga en una sola votación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza, señor Presidente.

REPUBLICA DE PANAMA

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Poder Legislativo Federal.—Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al embajador Manuel Martínez del Sobral y Penichet, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Vasco Núñez de Balboa, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Panamá.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al embajador Manuel Martínez del Sobral y Penichet, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Vasco Núñez de Balboa, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Panamá.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—México, D.F., a 13 de noviembre de 1998.—Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Fidel Herrera Beltrán, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José Luis Lamadrid Sauza, J. de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.» 

REPUBLICA DE HONDURAS

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Poder Legislativo.—Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al embajador Francisco Eduardo del Río y López, para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden Bernardo O'Higgins, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Chile y de la Orden de Morazán, en grado de Comendador que le confiere el gobierno de la República de Honduras.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al embajador Francisco Eduardo del Río y López, para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden Bernardo O'Higgins, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Chile y de la Orden de Morazán, en grado de Comendador que le confiere el gobierno de la República de Honduras.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—México, D.F., a 13 de noviembre de 1998.—Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, Enrique Jackson Ramírez, José Luis Lamadrid Sauza, J. de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»

REPUBLICA DE CHILE

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Poder Legislativo Federal.—Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al general brigadier Diplomado de Estado Mayor Eduardo Bahena Pineda, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Bernardo O,Higgins, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Chile.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al general brigadier Diplomado de Estado Mayor Eduardo Bahena Pineda, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Bernardo O'Higgins, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Chile.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—México, D.F., a 13 de noviembre de 1998.—Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Arturo Núñez Jiménez, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José Luis Lamadrid Sauza, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del 23 de noviembre, están a discusión los proyectos de decreto.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación de los proyectos de decreto.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

(Votación.)

Se emitieron 315 votos a favor y cero en contra.

Aprobados los proyectos de decreto por 315 votos.

Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que los proyectos de decreto de los ciudadanos: Patricia Frías Moreno, Luz María Espinosa Serrano, Sergio Yoshio Aisawa Flores, Angelina Dessens Cordero, Isaura Guadalupe Cambero González, Carlos Delgado Bolaños y Julia Martínez Rivera, para prestar servicios a gobiernos extranjeros en México, se hagan en una sola votación.

Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si se autoriza que la votación de los proyectos de decreto para prestar servicios a gobiernos extranjeros en México, se haga en una sola votación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza.

REPUBLICA DE IRAK

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Poder Legislativo Federal.—Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 10 de noviembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Patricia Frías Moreno, para prestar servicios como asistente administrativa y secretaria del encargado de negocios, AI, en la Embajada de la República de Irak en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 13 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo

CONSIDERANDO

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;

b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de la República de Irak, serán como asistente administrativa y secretaria del encargado de negocios, AI y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Frías Moreno, para prestar sus servicios como asistente administrativa y secretaria del encargado de negocios, AI, dentro del territorio nacional, al gobierno de la República de Irak, teniendo como lugar de trabajo la Embajada de ese país en la Ciudad de México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—México, D.F., a 16 de noviembre de 1998.—Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, Enrique Jackson Ramírez, José Luis Lamadrid Sauza, J. de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»

REINO DE ESPAÑA

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Poder Legislativo Federal.—Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 10 de noviembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Luz María Espinosa Serrano, para que pueda prestar servicios como empleada de servicio, dentro del territorio nacional, al gobier—no de España, teniendo cono lugar de trabajo la Embajada de ese país en la Ciudad de México.

En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 13 de noviembre, se turno a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo

CONSIDERANDO

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de España en México, serán como empleada de servicios y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a a la consideración de la Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Luz María Espinosa Serrano, para prestar sus servicios como empleada de servicio dentro del territorio nacional, al gobierno de España, teniendo como lugar de trabajo la Embajada de ese país en la Ciudad de México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—México, D.F., a 16 de noviembre de 1998.—Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Arturo Núñez Jiménez, Pablo Gómez Alvarez, Fidel Herrera Beltrán, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José Luis Lamadrid Sauza, J. de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Poder Legislativo Federal.—Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 10 de noviembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la Minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Sergio Yoshio Aisawa Flores, para prestar sus servicios como auxiliar contable, dentro del territorio nacional al gobierno de los Estados Unidos de América, teniendo como lugar de trabajo la Embajada de ese país en la Ciudad de México.

En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 13 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará al gobierno de los Estados Unidos de América en México, serán como auxiliar contable y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Sergio Yoshio Aisawa Flores, para prestar servicios como auxiliar contable, dentro del territorio nacional al gobierno de los Estados Unidos de América, teniendo como lugar de trabajo la Embajada de ese país en la Ciudad de México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—México, D.F., a 16 de noviembre de 1998.—Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Arturo Núñez Jiménez, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José Luis Lamadrid Sauza, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Poder Legislativo Federal.—Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 3 de noviembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, por el que se concede permiso a los ciudadanos Angelina Dessens Cordero, Isaura Guadalupe Cambero González, Carlos Delgado Bolaños y Julia Martínez Rivera, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en la ciudad de Tijuana, Baja California y en la Agencia Consular de los Estados Unidos de América en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, respectivamente.

En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 12 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de sus actas de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en el Consulado General de los Estados Unidos de América en la ciudad de Tijuana, Baja California y en la Agencia Consular de los Estados Unidos de América en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, serán de carácter administrativo y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Angelina Dessens Cordero, para prestar sus servicios como auxiliar de la sección de visas dentro del territorio nacional al gobierno de los Estados Unidos de América, teniendo como lugar de trabajo el Consulado General en la ciudad de Tijuana, BC.

Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Isaura Guadalupe Cambero González, para prestar sus servicios como operadora de conmutador, dentro del territorio nacional al gobierno de los Estados Unidos de América, teniendo como lugar de trabajo el Consulado General en la ciudad de Tijuana, BC.

Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Carlos Delgado Bolaños, para prestar sus servicios como empleado en la sección de correo, dentro del territorio nacional al Gobierno de los Estados Unidos de América, teniendo como lugar de trabajo el Consulado General en la ciudad de Tijuana, BC.

Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Julia Martínez Rivera, para prestar sus servicios como asistente consular dentro del territorio nacional al gobierno de los Estados Unidos de América, teniendo como lugar de trabajo la Agencia Consular en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—México, D. F., a 13 de noviembre de 1998.—Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Arturo Núñez Jiménez, Pablo Gómez Alvarez, Fidel Herrera Beltrán, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José Luis Lamadrid Sauza, J. de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del 23 de noviembre, están a discusión los proyectos de decreto.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación de los proyectos de decreto.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a los que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto

(Votación.)

Se emitieron 311 votos en pro, cero votos en contra.

Aprobados los proyectos de decreto por 311 votos.

Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

PROCESOS ELECTORALES DE 1998

El siguiente punto del orden del día es el relativo a comentarios sobre procesos electorales de 1998 y la imparcialidad de los órganos electorales.

Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Loyo Ramos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.

Con su venia, señor Presidente; señoras diputadas, señores diputados:

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha solicitado incorporar el tema que ahora nos ocupa en el orden del día, atendiendo a una profunda preocupación nacida de diversas circunstancias relacionadas con al actuación de algunos actores involucrados en las cuestiones de orden electoral y en las decisiones que corresponde asumir al órgano superior de dirección en la materia y que tienen que ver con el adecuado desarrollo de los procesos electorales en todo el país.

Entendemos claramente que la intencionalidad política que subyace en las intervenciones que aquí hemos escuchado en días pasados sobre esta materia no tienen otro objetivo que abrir espacios nacionales de discusión para sostener las inveteradas posiciones asumidas en campañas político-electorales, cuya finalidad última es lograr posicionarse de mejor manera ante los electores, acudiendo al simplista recurso de descalificar al contrario.

En esta tesitura hemos presenciado aquí el abandono de las ideas en favor del escándalo y los vituperios. Hemos sido testigos, por otro lado, de esa ya recurrente práctica antidemocrática de restar toda credibilidad a los votos ciudadanos cuando éstos se depositan a favor de nuestros candidatos, y suponer que sólo han sido libres y racionales cuando favorecen a los otros.

Vale la pena recordar que nada afrenta más a los individuos que la negación de la voluntad soberana de decidir su destino y a sus representantes y que nada resulta más contradictorio para un partido político o a los candidatos que han protestado cumplir con la ley y los principios que la rigen, que descalificar los procesos electorales y sus resultados a la primera manifestación contraria a sus intereses.

Esa actitud, como lo hemos visto, tiene siempre una respuesta en las urnas

PROCESOS ELECTORALES DE 1998

El siguiente punto del orden del día es el relativo a comentarios sobre procesos electorales de 1998 y la imparcialidad de los órganos electorales.

Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Loyo Ramos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.

Con su venia, señor Presidente; señoras diputadas; señores diputados:

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha solicitado incorporar el tema que ahora nos ocupa en el orden del día, atendiendo a una profunda preocupación nacida de diversas circunstancias relacionadas con la actuación de algunos actores involucrados en las cuestiones de orden electoral y en las decisiones que corresponde asumir al órgano superior de dirección en la materia y que tienen que ver con el adecuado desarrollo de los procesos electorales en todo el país.

Entendemos claramente que la intencionalidad política que subyace en las intervenciones que aquí hemos escuchado, en días pasados, sobre esta materia no tienen otro objetivo que abrir espacios nacionales de discusión para sostener las inveteradas posiciones asumidas en campañas político-electorales, cuya finalidad última es lograr posicionarse de mejor manera ante los electores, acudiendo al simplista recurso de descalificar al contrario.

En esta tesitura hemos presenciado aquí el abandono de las ideas en favor del escándalo y los vituperios. Hemos sido testigos, por otro lado, de esa ya recurrente práctica antidemocrática de restar toda credibilidad a los votos ciudadanos cuando éstos se depositan a favor de nuestros candidatos y suponer que sólo han sido libres y racionales cuando favorecen a los otros.

Vale la pena recordar que nada afrenta más a los individuos que la negación de la voluntad soberana de decidir su destino y a sus representantes y que nada resulta más contradictorio para un partido político o a los candidatos que han protestado cumplir con la ley y los principios que la rigen, que descalificar los procesos electorales y sus resultados a la primera manifestación contraria a sus intereses.

Esa actitud, como lo hemos visto, tiene siempre una respuesta en las urnas. Nadie de nuestro partido ha sido el promotor, como lo hemos demostrado, de profundas diferencias; al contrario, nosotros hemos logrado a través del tiempo un proceso claro de perfeccionamiento en la democracia.

Como grupo parlamentario estamos obligados a comentar la reciente actuación de algunos consejeros electorales que como garantes de los principios de certeza, legalidad, independencia, objetividad e imparcialidad, deben ser depositarios de la confianza del cuerpo electoral e integrantes de instituciones que como el Instituto Federal Electoral han sido construidos merced a un enorme esfuerzo de conciliación y profesionalización.

Nuestra preocupación sobre el desempeño de las mencionadas autoridades electorales, consiste en que algunos consejeros electorales han desplegado conductas que con frecuencia parecen rebasar el ámbito de sus facultades legales, pues manifiestan un protagonismo que bien podríamos calificar de excesivo en asuntos de la vida política del país, sin ocultar sus simpatías o antipatías por determinadas fuerzas políticas, contrariando con esto el espíritu de equilibrio que en un principio animó la reforma legal, incorporando primeramente la figura del consejero ciudadano, hoy electoral, cuyo propósito central era ser "el fiel de la balanza", para mediar entre los intereses y posiciones que necesariamente surgen en el desarrollo de la lucha electoral, a fin de garantizar a la ciudadanía el estricto cumplimiento de la ley.

Las opiniones vertidas en varias ocasiones en diversos medios, por esos consejeros electorales, han tratado de orientar sus opiniones con criterios claramente parciales, privilegiando a determinados actores o quizá dejándose llevar por las pretensiones desmedidas de algunos dirigentes partidistas.

Estas actitudes, que se apartan por entero del camino de la imparcialidad y objetividad y que incluso pueden llegar a configurar legalmente el desapego a la función que se les ha encomendado conforme a lo previsto por el Cofipe, nos han llevado inclusive a cuestionar su papel, el que realmente deben desempeñar en los órganos electorales, precisamente por su actitud que contrasta con el ánimo que han inspirado las reformas a nuestro sistema electoral, las que buscan sustraer al órgano electoral de todo género de pasiones políticas o influencias y presiones de índole partidista que puedan poner en entredicho su actuación.

Cabe señalar también, que así como puede asumirse una postura crítica y claramente sustentada en los hechos respecto de quienes pueden haberse apartado del adecuado ejercicio de su cargo, es de justicia reconocer también la actuación de funcionarios electorales que han tratado de apegar su conducta a las facultades que le confiere la ley, asumiendo una postura que trata de corresponder con el interés nacional y con las obligaciones y principios que la ley impone como ejes rectores de la función electoral.

En sentido contrario en diversas ocasiones, pero especialmente en las últimas sesiones del Consejo General del IFE, algunos de los consejeros ciudadanos han pretendido que el órgano colegiado adopte acuerdos o resoluciones fuera del marco competencial del propio consejo general. Aún más evidente cuando tales decisiones se orientan a satisfacer pretensiones de carácter político de dirigencias partidistas y que como todos sabemos son materia de procedimientos diversos.

Como ejemplo de lo anterior, puede mencionarse el caso suscitado en la sesión ordinaria del pasado lunes 16 de noviembre, en que fuera de toda proporción, imparcialidad y objetividad, en obsequio exclusivo de una representación partidista, se forzó la interpretación de las normas que rigen el funcionamiento interno del órgano superior de dirección del IFE, para atender un planteamiento específico, cuyo desahogo por su naturaleza y complejidad exigía la mayor pulcritud y un análisis serio y responsable.

Hoy el reto que afrontamos como país, es evitar que los espacios que ha abierto la modernización democrática nos lleve a enfrentar irresolubles problemas de credibilidad en nuestros procesos electorales, razón que hace cuanto más urgente la consolidación de las instituciones y autoridades electorales como única vía para procesar las controversias que arrojen los procesos electorales.

El Partido Revolucionario Institucional, jamás ha dudado en impulsar y respetar las reformas electorales a través de las cuales los mexicanos aseguramos la protección constitucional de nuestros derechos políticos, la garantía constitucional y legal de que la legislación federal y local se apeguen a lo inscrito en el propio texto constitucional como principios democráticos y que los actos y resoluciones de autoridades federales y locales puedan ser siempre sometidos a la revisión de la luz de dichos principios.

Por eso siempre hemos sostenido que las diferencias electorales deben ser dirimidas en términos estrictamente jurisdiccionales no políticos, como se ha intentado recurrentemente para hacer de la tribuna legislativa una caja de resonancia nacional e internacional, en la que se expresan toda suerte de argumentaciones dolosas o infundadas para confundir a la opinión pública.

El Partido Revolucionario Institucional, sabemos que en él la competencia democrática se gana buscando el voto razonado y convencido de los mexicanos, con programas y ofertas serias, responsables y viables. En el PRI no asumimos el papel de ofrecer soluciones fáciles e irreales a problemas complejos ni caeremos en la provocación de los ataques personales realizados con el único fin de ganar el voto de los ciudadanos.

El Partido Revolucionario Institucional ratifica una vez más su voluntad de estar al lado de la sociedad mexicana en sus esfuerzos por consolidar la democracia y exhorta a cumplir con imparcialidad las funciones de partidos y autoridades electorales, para lograr la credibilidad de los mexicanos en sus instituciones.

Muchas gracias.

Se han inscrito para hablar sobre el tema, los siguientes diputados: Juan José Rodríguez Prats, por el Partido Acción Nacional y José Luis Gutiérrez Cureño, por el Partido de la Revolución Democrática.

Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, hasta por 10 minutos.

Con su permiso, señor Presidente:

Yo quisiera de entrada decirle a mi buen amigo Francisco Loyo Ramos, que la queja ha sido inveterada, porque el proceso electoral ha sido inveteradamente viciado, si no se dieran esas quejas y no es la oposición la que ahora se queja, ahora hay una novedad y lo hemos dicho aquí en la tribuna en diversas ocasiones, han sido los priístas los que han denunciado los procesos electorales sucios, amañados, en donde hubo el uso de recursos gubernamentales.

Ernesto Zedillo Ponce de León dijo, y ojalá me pudiera usted explicar esa frase si retorna usted a la tribuna, que su elección había sido legal pero inequitativa; a confesión de parte relevo de prueba. ¡Estamos respondiendo a lo que afirmó el licenciado Loyo Ramos y lo han descalificado muchísimos priístas! Ahí Joaquín aquí nos podría decir, pues las suciedades y las puerquezas que se hicieron en Quintana Roo en contra de su candidatura por el gobernador Mario Villanueva y por Joaquín Hendricks; ¡estamos tratando de refutarle, estamos tratando de refutarle a lo afirmado, señor Loyo!

¡Señor Presidente, si pone orden, por favor!

Suspenda el tiempo y se exhorta a la Asamblea al orden y a escuchar al orador.

Muchas gracias, señor Presidente:

Yo presiento, fíjense, que este personaje, Ernesto Zedillo Ponce de León, al que ustedes han abandonado en su defensa, se me hace que es hasta cómplice de Roberto Madrazo, ¡fíjense!, pero bueno, ése es otro tema, ¡ése es otro tema!

Y hemos llegado inclusive hasta el mismo Enrique Ibarra, que es representante del PRI en el IFE, declaró en el periódico Reforma, que se tiene que poner orden en los recursos económicos que utilizan los partidos políticos y si esto se tiene que ver en la contienda interna del PRI, pues mucho más cuando contienden todos los partidos políticos. Si Enrique Ibarra...

Perdone el orador, deténgase el orador.

Sí, como no.

Se ordena poner el cronómetro. Adelante, prosiga.

Gracias, señor Presidente:

Entonces, definitivamente sí tenemos procesos electorales viciados, esto está fuera de discusión, está comprobado en todas las entidades por cualquier analista que se hubiera someramente asomado a cualquiera de estos procesos.

Yo creo, señor Loyo, y coincidirá usted conmigo, que el Estado falló en este siglo en el uso del poder y que hemos tratado de avanzar y en esto se han recogido propuestas formuladas por el Partido Acción Nacional, desde antes de su fundación ya Manuel Gómez Morín sostenía la creación de organismos ciudadanizados autónomos y esto asusta a los que han ostentado el poder arbitrariamente. Se ha roto ya con esa teoría de que son tres las entidades la división de poderes, por ejemplo, en el caso de Costa Rica que hay una contraloría muy fuerte, que hay un instituto electoral independiente y en México, por fin, después de una lucha terrible donde siempre hubo una obstinada voluntad por aferrarse a las viejas prácticas del poder, se llega a integrar el IFE que está ciudadanizado, que es independiente y esto es parte de la democracia, la democracia lo han dicho algunos teóricos, es fundamentalmente control, la democracia es transparencia de lo público, entonces este IFE que está asumiendo tareas, que está asumiendo deberes, decide hacer una investigación y aquí es en donde yo me quiero detener un poco, porque creo que ha ido cuajándose en estas décadas, una idiosincrasia priísta; la idiosincrasia es la peculiaridad con la que un individuo actúa, son sus características propias y yo creo que el PRI, intenta detener a como dé lugar el cambio, intenta detener a como dé lugar que la vida pública mexicana se transparenta y se aferra a una consigna y a una disciplina ignominiosa.

¿Por qué ustedes no dijeron nada ni se quejaron nada de todos los demás órganos electorales que no asumieron su deber a nivel estatal?, ¡ah!, pero ahora que en el IFE se da por fin una decisión de investigar algo que venimos denunciando y que fue suficientemente probado, del uso de recursos gubernamentales y de lo que se había dado en llamar rebasar los topes de gastos de campaña desde 1994.

Esta idiosincrasia priísta que tampoco quiere que este Congreso cumpla sus funciones, hay un porrismo parlamentario priísta de cómo ha venido deteniendo todo intento de que este Congreso sea productivo, de que lleguemos a los juicios políticos, de que solamente se trate de cumplir la ley.

Este es el problema, éste es el punto del debate y hoy que en el IFE hay siete magníficos ciudadanos que están tomando una decisión prácticamente por unanimidad, porque solamente uno de ellos se abstuvo y están diciendo: vamos adelante en una investigación porque hay elementos para presumir que hubo recursos deshonestos, ilícitos en las campañas de 1994, de 1995, de 1996, de 1997 y de 1998 y ustedes aquí obedeciendo la consigna que no se aclare nada, que se siga ocultando la verdad, la complicidad infame, la impunidad que anduvo en la corrupción de este país y se esconde, se esconde ese discurso priísta en ese barroquismo moral, la estridencia en el discurso, el desgarramiento de vestiduras, esos obscenos vengativos, revanchistas como si nuestro ánimo no fuera de mesura y de serenidad para que simplemente se diga que es lo que sucedió en esos recursos.

¿Por qué quieren ocultar la verdad, señores priístas? ¿Por qué se oponen a que se investigue?, ¿por qué cada ocasión que un órgano quiere cumplir su deber ustedes aferrados a ese dogma del presidencialismo y del autoritarismo quieren impedir que México se democratice, cuando sabemos el gran daño que nos ha hecho la impunidad? Nada más contesten esa pregunta, ¿por qué?

No quieren un México democrático y entonces viene este discurso priísta, esta idiosincrasia priísta en donde tal parece que de lo que se trata es de manchar honra de desprestigiar, nadie puede lanzar la primera piedra, nadie puede lanzar la primera piedra, todos somos sucios, todos somos inmorales, todos somos mexicanos, no tenemos remedio, tiene que prevalecer el viejo partido de Estado, no puede funcionar una Cámara independiente, no puede haber división de poderes, regresemos al presidencialismo de antes, regresemos a la consigna y regresemos a la sumisión.

Señores, yo creo que en los próximos días aquí se habrán de ventilar temas de gran trascendencia para México, creo que toda la opinión pública tiene los ojos puestos en esta Cámara de Diputados y yo creo que se ha alentado una gran esperanza, no sigan siendo el muro invencible que frena el cambio democrático, no sigan siendo el abismo en donde se ahoga la esperanza de que haya ciudadanos, no sigan buscando ustedes que haya súbditos a los cuales se les someta en la compra del voto o se les comprometa en la dádiva para que deposite su voto por el partido oficial.

Aprovechemos esta magnífica oportunidad, aprovechemos todas estas iniciativas para dar un empujón por el cambio que México exige y dejen ya de poner pretextos, de venir a cobijarse en un discurso legaloide simplemente para evitar que órganos que están contemplados en nuestra Constitución que no son consecuencia de propuestas priístas ni de reformas priístas, el cambio en México ha sido impulsado desde la sociedad, desde el exterior, desde las crisis económicas no porque haya proyecto en el Presidente priísta que está en el poder y por eso, cuando logremos que esos órganos empiecen a funcionar, impulsémoslo, démosle confianza, no le quitemos credibilidad, porque ése es el intento de sacar este debate, quitarle credibilidad a quienes simplemente quieren cumplir su deber.

Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Gutiérrez Cureño.

Gracias. ¡Buenas tardes!

En la sesión del 17 de septiembre de 1998, del Consejo General del Instituto Federal Electoral, decía el senador Eduardo Andrade que si hubo delitos cometidos por quien sea, por funcionarios del partido, por banqueros, por gente que hubiera hecho empresas violando la ley, que se les castigue. Decía que eso no le preocupaba al PRI.

Después, en la sesión del 16 de noviembre próximo pasado, de manera profundamente irregular el Partido Revolucionario Institucional a través de sus representantes hace berrinche; deciden que en función de una decisión del consejo general de introducir en el orden del día la discusión de fondo de un tema que la misma junta general ejecutiva ya tenía un informe y es una decisión que a ellos no les gusta, que no les agrada, deciden en consecuencia retirarse porque no quieren y no están de acuerdo en escuchar la discusión que se dé sobre ese tema.

Ese es el conflicto que origina este berrinche político que pretende, y esto debemos advertirlo a la opinión pública, que pretende un retroceso democrático en la vida del país.

Es evidente que no por el hecho de que no quieran escuchar los señores del PRI las deliberaciones que se dan en un consejo general que ha tenido deliberaciones que en otros momentos no han satisfecho las expectativas de los partidos y de la sociedad, es evidente que ahora el PRI no tiene por qué condicionar su participación y mucho menos criticar por supuestas actuaciones irregulares a un órgano que ha venido reconociéndolo toda la sociedad y todos los partidos.

Un órgano que por cierto es uno de los únicos resultados que hemos logrado la sociedad mexicana imponer por consenso al viejo sistema que se rehusa a democratizar a la nación, pero entonces si a pesar de no estar el PRI en el Consejo General del IFE la deliberación se sigue dando porque además recién han interpuesto un recurso ante el tribunal electoral que tendrá que ser resuelto en tiempo y forma, la pregunta de fondo es por qué se retira el PRI del consejo general.

La respuesta es muy clara, son... la preocupación del PRI es la forma en la que se ejercieron los gastos de la campaña del Presidente de la República actual. La preocupación del PRI en el fondo, es tratar de mantener oculta la información de cuánto gastó, en qué se gastó, con qué complicidades contó el Partido Revolucionario Institucional durante el ejercicio de la campaña electoral de 1994.

En esa lógica, la maniobra que el PRI ha realizado al retirarse del instituto... de la sesión del instituto electoral, no es, señoras y señores diputados, una actuación política ética es esencialmente el intento desesperado de ocultar la discusión de un tema de fondo y de ocultarlo porque evidentemente ventilar este problema que fue origen de la elección de Ernesto Zedillo como Presidente de la República, nos daría a todos los mexicanos, a todos los partidos y a este Congreso, los instrumentos para evitar que tuviéramos en el año 2000 elecciones inequitativas como el mismo beneficiario de la elección de 1994 lo ha aceptado ya.

Ese es el problema de fondo: discutir el financiamiento de la campaña de Zedillo le permitiría a México evitar que en el futuro inmediato un nuevo Presidente fuera electo por el poder del dinero y no por el poder de sus propuestas y de sus ideas.

Quiero entonces señalar que éste es el problema de fondo: la discusión de los recursos con que el PRI solamente es capaz de ganar elecciones con un dispendio absoluto y descarado de recursos económicos durante las elecciones y que el tema de fondo es que el PRI en este país en este momento pretende una regresión democrática que podría traer el grave riesgo de un sistema más intolerante, autoritario, del que hemos padecido hasta el momento.

La sociedad debe estar alerta y nosotros reiteramos el llamado, no podemos en las condiciones legales que hoy existen, de iniquidad, de antidemocracia, seguir los mexicanos siendo chantajeados por el Partido Revolucionario Institucional. Hoy debemos los mexicanos y la sociedad civil que le hemos impuesto los mecanismos democráticos de los que ahora ellos se quejan, debemos avanzar más en el acuerdo de medidas electorales de condiciones para que el proceso de la elección del año 2000 y las elecciones que se avecinan sean elecciones que se definan por la calidad de las propuestas y de los candidatos y no por la cantidad de dólares que banqueros y empresarios con fortunas de dudosa procedencia con las que han financiado las campañas electorales del PRI, particularmente en este año.

Hoy el PRI debe reconocer y comprender que no es la forma de ganar elecciones que ha decidido utilizar la que mejor provecho le otorga a la nación. Hoy, si el PRI pretende subsistir deberá reconocer que el Presidente de la República no ha podido contar con sus legisladores aquí presentes para cumplir con su palabra. Ernesto Zedillo prometió y ofreció que habría un avance democrático que daría elecciones en el año 2000 perfectamente aceptadas y reconocidas por todos, y todos ustedes, señores legisladores priístas, han sido un obstáculo para que se cumpla con ese compromiso democrático que Ernesto Zedillo fue a ofrecer a Europa y al resto del mundo, compañeros.

Es por eso, señoras y señores, que por más gritos que digan desde esas oscuras curules donde acostumbran gritar ustedes, no van a poder detener el avance democrático, pero sí están poniendo en un grave riesgo a la nación, que será por supuesto de su exclusiva responsabilidad cualquier alargamiento de este proceso de transición que estamos viviendo.

En conclusión, si el problema del PRI es que una decisión del IFE no le gustó, que venga y que lo diga así. Si el problema del PRI es que no quieren discutir de dónde salieron los dineros que Zedillo utilizó para ser Presidente de la República, también tengan el valor de venir a discutirlo y no se salgan de las sesiones de los órganos, cobardemente como lo han hecho ahora en el IFE, tratando de esa manera de atacar a una institución democrática por el simple hecho de que no refleja su conveniencia y sus intereses.

Para convivir juntos, señores del Partido Revolucionario Institucional, necesitamos tolerancia, democracia y mucha prudencia. Necesitamos que ustedes aprendan a coexistir en la pluralidad, porque, recuerdan, no ha sido una concesión graciosa. Con votos, con avance democrático, la sociedad les ha impuesto los candados democráticos con los que hasta ahora tendrán ustedes que aprender a convivir y por supuesto a aprender a hacer un partido más y nunca más el partido del Estado.

Muchas gracias, señor Presidente.

Para contestar alusiones personales, pidió ser inscrito el señor diputado Enrique Ibarra Pedroza.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos.

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

Lamento el tener sólo cinco minutos para dar respuesta a la serie interminable de inexactitudes y de falacias que se han externado por mis dos compañeros diputados que me han antecedido en el uso de la palabra.

El primero de ellos, Rodríguez Prats, con una ya característica ligereza e irresponsabilidad ha dicho en esta tribuna que la posición de mi partido de traer al tema, a discusión, el día de hoy este debate, se debe a una negativa de un acuerdo que tomó el Consejo General del IFE para investigar los gastos de campaña, ingresos y egresos de 1994.

Señor Presidente, deseo hacerle una interpelación al orador.

¿Señor diputado Ibarra, autoriza usted una interpelación?

Las que guste el señor diputado Rodríguez Prats, señor Presidente.

Adelante, señor diputado Rodríguez Prats.

Si usted señala que su partido no pretende obstaculizar ninguna investigación en relación a los fondos de 1994, ¿estaríamos tomando sus palabras como una aceptación para que no tan sólo se haga esa investigación, sino que aquí se deje de obstaculizar los juicios políticos que se han interpuesto?

Por su respuesta, muchas gracias, señor licenciado.

Adelante, señor diputado.

Señor Presidente, creo que acabamos de corroborar la ligereza del señor diputado Rodríguez Prats, de que antes de que construya mi respuesta trate de derivar tangencialmente a otros puntos que cuando quiera, con todo gusto, los podemos ver, señor diputado Rodríguez Prats.

El señor diputado Rodríguez Prats afirmó que el PRI se niega a una investigación por un acuerdo tomado...

¿Señor diputado, ha terminado usted su respuesta a la interpelación?

Estoy procesándola, señor Presidente. Estoy dándosela al señor Rodríguez Prats.

Adelante.

Gracias, señor Presidente, Ramón María Nava. Con mucho gusto:

El señor Rodríguez Prats dice que el PRI abandona el Consejo General del IFE por negarse a que se realicen las investigaciones que fueron acordadas en la sesión del lunes antepasado.

Eso, señor Rodríguez Prats, es una absoluta inexactitud. Usted puede consultar las versiones estenográficas, su aplauso se le va a difuminar rápidamente, señor diputado, y ahí constatará de que simple y sencillamente el Consejo General del IFE autorizó introducir, como punto adicional en esa sesión extraordinaria, un informe del tramo procedimental en que se encuentra una controversia PRD-PRI, pero usted miente con las facilidad acostumbrada cuando afirma que ahí se dispuso una investigación.

He concluido señor Presidente.

Prosiga con su tiempo.

Con mucho gusto, con mucho gusto, señor Presidente:

Tenemos pues un uso irresponsable de diversos espacios de discusión para tratar de distraer a la opinión pública sobre puntos que han sido perfecta, válida y jurídicamente resueltos,

El día de hoy, nosotros al traer a esta tribuna el tema en cuestión, es el llamar a la responsabilidad y la atención de los partidos políticos, de la reproducción que se está haciendo general, en el consejo general, de que varios de sus miembros se exceden en sus atribuciones e incurren recurrentemente en violaciones flagrantes a la ley. El PRI no quiere un consejo general que le favorezca. El PRI no quiere un consejo general que le sea parcial, el PRI, simple, sencilla y llanamente exige una autoridad apegada a la ley, apegada a derecho y que garantice la legalidad en la ruta a las elecciones presidenciales del año 2000.

Por su parte, el representante del Partido de la Revolución Democrática en forma por demás también extremadamente impropia, lleno de descalificativos definió...

Señor Presidente...

Permítame el señor diputado; señor diputado Paz Zarza.

Servidor. Sí, pregunto al señor orador, ¿si me permite una interpelación?

Las que guste, señor diputado.

Adelante.

Muy amable, señor Presidente; señor orador, usted acaba de afirmar que los señores consejeros ciudadanos han incurrido en violaciones a la ley, dijo textualmente.

Sí.

Pregunto: ¿ha iniciado usted el procedimiento legal para que se proceda en consecuencia? Porque de no ser así incurre usted en encubrimiento en quien viole la ley.

Con mucho gusto, señor diputado. ¿Puedo contestar?

Adelante, señor diputado.

Mire, señor diputado, qué bueno que hace usted esa pregunta, eso nos da pie para disipar que aquí vengamos a asumir posiciones parciales o ajenas a lo que es una convivencia plural, democrática como es nuestra pretensión. El PRI, en los espacios formales como son el Consejo General del IFE y como son diversos consejos locales y distritales, ha externado en forma franca, en forma abierta, pero enérgica y responsable, la denuncia en varios de los actos de los consejeros electorales.

Como botones de muestra, le cito a usted que el PRI impugnó el comportamiento de los consejeros electorales Jaime Cárdenas y Emilio Zebadúa, quienes después de la elección federal de 1997, en forma indebida, excediéndose a sus atribuciones, cabildearon con el consejo distrital de la demarcación 03 del Estado de Chiapas, con cabecera en Ocosingo, para que ese órgano colegiado no le diera la constancia de mayoría al candidato priísta que había ganado en esa elección y que después el propio tribunal electoral confirmó el triunfo al Partido Revolucionario Institucional.

Otros casos, solamente, señor diputado Paz Zarza y le cito otros dos: recientemente el PRI formalmente impugnó la parcialidad, la ligereza del consejero Jaime Cárdenas por juicios emitidos que no corresponden al ceñimiento que él debe tener de los principios de legalidad y de imparcialidad, cuando en Quintana Roo y en Oaxaca declaró públicamente que el PRI, para ser vencido en el 2000 tendría que ser sólo por la colación del PRD y del PAN y que la derrota del PRI era indispensable para la transición democrática. Dígame si eso corresponde a un funcionario, a una autoridad que juramentó observar los principios de legalidad y de imparcialidad y ésos son sólo unos botones de muestra, señor diputado.

Ahora bien, el señor diputado Gutiérrez Cureño centró su intervención plagada de calificativos y de adjetivos en cuanto a los gastos de campaña del PRI, de 1994. Quiero decirle, diputado Gutiérrez Cureño y está en actas y usted como yo es miembro del Consejo General del IFE, que el partido que tuvo un comportamiento ilegal, que el partido que violentó las normas y violentó la reglamentación de la Constitución y el IFE, fue el Partido de la Revolución Democrática y fue el partido con mayor sanción por parte del tribunal electoral en 1994.

Como ejemplo, para ilustración de esta Asamblea, fíjense ustedes, el PRD en su informe que presentó ante la comisión de consejeros, informó de ingresos de 28 millones 74 mil 309 pesos y en los egresos, presentó egresos por 28 millones 74 mil 304 pesos. Cualquier contador con esa exactitud merecería una distinción porque sólo tuvo una diferencia de cinco pesos. Pero los consejeros ciudadanos detectaron que el PRD en lugar de 28 millones que tuvo de ingresos gastó 50 millones 147 mil 532 pesos y nunca han justificado ni justificaron de dónde salió la diferencia de los 22 millones de pesos más que gastaron. La ilegalidad fue del Partido de la Revolución Democrática, el partido que violentó esas normas, fue el que hoy en forma estridente y electorera impugna sin base alguna al Partido Revolucionario Institucional.

Se han inscrito para una segunda ronda, los siguientes diputados:

Por el Partido Acción Nacional, el diputado Felipe Urbiola Ledesma; por el Partido de la Revolución Democrática, el señor diputado Pablo Gómez y por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Juan García de Quevedo.

Tiene la palabra el diputado Felipe Urbiola, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

Con el permiso de la Presidencia:

A nadie duda, a nadie pone en tela de duda, en tela de juicio, el hecho de que la autoridad electoral, la autoridad federal electoral ha evolucionado gracias a la presión que ha hecho la sociedad misma y los partidos, principalmente los partidos de oposición, en una autoridad verdaderamente autónoma e imparcial.

Las últimas elecciones han dado prueba de ello. Las discusiones, las inconformidades se han basado en las actitudes o del Gobierno o de algunos partidos políticos, pero no en las actitudes o en violaciones que haya hecho la autoridad electoral y que haya desviado el resultado de los procesos.

Hoy, muy extrañamente, viene por primera ocasión el PRI a manifestar y a acusar a la autoridad federal de imparcialidad y lo viene a hacer en un momento en el cual se da un acontecimiento al interior del propio instituto electoral, el IFE, en el cual se da la posibilidad de la investigación de los gastos en 1994.

Hace unos momentos el diputado nos manifestaba que existe la mera posibilidad de que se abra la investigación y a petición que hizo el Partido de la Revolución Democrática y que en consecuencia el haber permitido que esto se hubiera visto en una de las sesiones, es suficiente para acusar de imparcialidad a la autoridad electoral.

¿Se imaginan esto? Esto traspolado a las elecciones de 1988, hubiera dado como resultado que el presidente de la autoridad electoral en aquella época, hubiera sido condenado a cadena perpetua, porque se le cayó el sistema.

Hoy, ante la simple posibilidad de que se vayan a investigar los gastos de 1994 por la autoridad en general del IFE, se habla de imparcialidad.

La imparcialidad es cuando se comete un acto de injusticia, no solamente cuando se hable de la ilegalidad, sino un acto de injusticia, cuando se afecta el derecho que un individuo tiene, el derecho lo están abandonando, porque están abandonando su participación en el consejo general. Ahí defiéndalo y háganlo valer.

Pero esta investigación puede llevarnos a un resultado de justicia, a verdaderamente acreditar lo impoluto del manejo de los recursos por parte del PRI o la desviación de recursos en favor de este partido en contra de las disposiciones legales y en esto es cuando la ley también se convierte en justicia.

Confunde el PRI investigar con sancionar, parece ser que el simple hecho de pretender investigar se convierta en una sanción tan grave, que pone en duda la legitimidad de la acción que se está investigando.

Y esto lo vimos también aquí en los juicios políticos. El simple hecho de investigar, se toma como una sanción y una gravísima violación a los derechos.

Yo creo que tenemos que evolucionar, yo creo que tenemos que cambiar de actitud y ése es el propósito de mi participación. Pedir la evolución de los compañeros del PRI, el cambio de actitud, para permitir las investigaciones con el propósito de que se clarifiquen los hechos. Esto, en el fondo, es lo que verdaderamente importa, la verdad de los acontecimientos, si se gastaron los recursos, ¿en qué y cómo se hicieron?

Ahora, el retiro del PRI tiene un efecto importante: debilita al Instituto Federal Electoral, porque el Instituto Federal Electoral se basa en la confianza y en la participación de todos.

Nosotros hicimos una autoridad, que debe de tener la confianza de todos y que hasta el momento cada vez va en crecimiento tanto de los partidos políticos como de la sociedad, con excepción del Partido Revolucionario Institucional, con esta acción que viene a realizar recientemente.

Pero yo creo, y ésta es una opinión personal, que lo que sucede es que estamos viendo demasiado cerca el 2000 y el 2000 asusta al PRI. Pero además asusta al PRI cuando la autoridad electoral, es una autoridad que va a actuar de manera imparcial, con justicia y va a luchar con todo lo que sea necesario, en contra de los partidos incluso para que los resultados reflejen realmente lo que la ciudadanía quiere para los próximos seis años en la Presidencia de la República.

Así está el PRI, en contra de una autoridad que es verdaderamente autónoma, en contra de una autoridad que realmente viene aquí a permitir que sea el pueblo que se manifieste. Se ataca a los consejeros en lo particular, a Jaime Cárdenas se atacó aquí en dos o tres ocasiones; fue mi compañero de generación, lo conozco y puedo avalar la honorabilidad de Jaime Cárdenas. Esto es perfectamente claro. Jaime Cárdenas tiene una gran amistad con gran cantidad de priístas y es muy estimado por ellos, porque se le reconoce capacidad y rectitud en su actitud y en su comportamiento. Hoy es muy raro que se venga y se diga exactamente lo contrario.

El IFE tiene que apegarse a la legalidad, pero también y con esto termino, con esto termino, creo que si todos los que estamos aquí tomamos conciencia y hacemos un voto público de compromiso a tener autoridades realmente autónomas e imparciales, yo le exigiría al PRI, no le pediría, no le aconsejaría, le exigiría que regrese al IFE y ahí, en el interior del instituto dé su lucha en la protección de sus derechos y acredite que los gastos en 1994 fueron libres de toda sospecha y de toda duda; si no, la sociedad se los reclamará.

Tiene la palabra, el diputado Pablo Gómez Alvarez.

Señoras diputadas, señores diputados:

¿Los consejeros del Instituto Federal Electoral son acaso o pueden ser acaso sujetos de la crítica? Creo que la respuesta es sí, no sólo de la crítica, sino también de la responsabilidad política. Son responsables políticamente y el lugar donde debe airearse la responsabilidad política de los miembros del IFE, de los consejeros del IFE, es justamente la Cámara en primera instancia, que se constituye para eso en jurado de acusación y eso está dentro de nuestro orden jurídico.

No se discute entonces si pueden ser criticados e incluso acusados por violaciones a la ley y a la Constitución; lo que se discute es otro asunto. Creo que lo que se discute es esa actitud asumida por el PRI en el IFE, de abandonar el consejo general cuando los consejeros votaron por incluir un punto en asuntos generales del orden del día, un punto que por cierto pudo no haber sido incluido en el orden del día de esa sesión y no hubiera pasado nada; hubiera simplemente seguido el curso del acuerdo tomado por la junta general ejecutiva de turnarlo a la comisión de fiscalización, el asunto, es decir el planteamiento que presentó el PRD sobre los gastos de campaña de 1994 del PRI.

Ahora, ¿cuál es el asunto que está en el fondo? Tengo aquí en mi poder las declaraciones de un personaje que se llama Gerardo de Prevoisan, hechas en una corte en el estado de Texas, a propósito de una acción civil o demanda civil presentada por Aerovías de México, es decir Aeroméxico, contra el señor Gerardo de Prevoisan. Es una declaración magnífica la que hace el señor De Prevoisan, que por cierto estas declaraciones de Prevoisan no las ha requerido el Ministerio Público Federal en la averiguación y en el proceso que se le debe abrir a De Prevoisan que está preso en Suiza, detenido por la Interpol.

El señor De Prevoisan dice que efectivamente le entregó 8 millones de dólares para la campaña del PRI en 1994. Lo dice claramente.

Entonces se le pregunta al señor De Prevoisan. Cuando cambiaron las cosas, porque asesinaron al candidato, hubo un nuevo acuerdo, dice De Prevoisan, con funcionarios y se continuó pagando y dice De Prevoisan, se le pregunta por parte de un abogado que cuáles otros miembros del consejo de administración que autorizaron el pago, además de Alemán y de Bremer y él dice, Alemán no era miembro del consejo de administración, pero Alemán lo había mencionado el señor De Prevoisan antes, cuando le preguntan, ¿qué miembros del consejo de administración discutieron con usted?, la respuesta es: Bremer, Miguel Alemán y varios otros. ¿Quiénes son esos otros, además de Alemán y Bremer? Y dice: no deseo continuar dando nombres.

Y el abogado le dice: señor, los nombres del resto de la gente, además de Alemán y Bremer. Nada contesta De Prevoisan. No.

Alemán no era, ciertamente, miembro del consejo de administración, era miembro de otro consejo de administración, del consejo de administración del PRI.

El PRI dijo que había gastado 6 millones menos de lo que había obtenido en la campaña de 1994. Pero señores, 8 millones de dólares eran, en ese entonces, más de 6 millones de pesos, que fue la diferencia. Entre lo que gastaron y lo que dijeron haber recibido y lo que les dio De Prevoisan, no lo registraron, ni lo de Cabal Peniche ni lo del "Divino" Rodríguez y lo que se debe investigar es quién les dio el dinero y en qué lo gastaron.

Tiene la palabra el diputado Juan García de Quevedo, por el Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

Con su permiso, señores diputados:

Para todos nosotros y fundamentalmente para nuestro partido, es evidente que cuidar, vigilar y manejar toda la conciencia posible respecto a una institución como el IFE, es de vital importancia. Da permanencia, estabilidad a la democracia mexicana, la hace posible.

Por ello, la interlocución de los partidos en este centro es de vital importancia que sea respetuosa y que sea inteligente. Lo que discute mi partido es fundamentalmente la legalidad propia del mismo IFE. Es decir, se tiene que hacer de cualquier manera todo lo necesario para que el IFE cumpla con su propia legalidad, porque la única forma de que pueda dar estabilidad, estabilidad política a la nación en sus procesos electorales es que el IFE, antes que nadie, cumpla la propia legalidad que se ha dado a sí misma.

Por eso verdaderamente uno no entiende cuando el señor Rodríguez Prats, por ejemplo, habla de que el PRI maneja cuestiones legaloides, leguleyas, todas atadas al derecho. Parece que la consigna del señor Rodríguez Prats, es que "hay que luchar contra la democracia incluso contra la ley".

Esto no es posible. La democracia y la legalidad son dos bastiones fundamentales para constituir certeza social y el IFE tiene la obligación, la obligación política, la obligación ante la sociedad de sustentar su propia legalidad.

Por eso el representante de mí partido abandonó y lo hizo simplemente para que se recuperara la legalidad perdida en el IFE.

Por otro lado, sí es verdad que los consejeros son criticables, son responsables políticamente, son enjuiciables y cómo, cómo no dejar de mencionar que el señor Cárdenas y está publicado en un diario en Oaxaca, propuso, "que para que hubiese democracia en México es necesario que todas las oposiciones se unan y derroten al PRI". Es decir, este tono partidista, esta concepción de que solamente es posible la democracia en México sin el PRI, francamente aturde, francamente es insostenible. No es lógicamente, no es racionalmente posible.

El señor Muñoz Ledo declaró, en una conferencia de televisión, "que la salida del PRI del IFE dignificaba al IFE porque le daba mayor credibilidad. Es decir, esta serie de barbaridades, esta locuacidad absurda donde no se respeta la menor lógica, la menor gramática, la menor aritmética política es justamente lo que enturbia todo el ambiente político de este país.

Así como cuando declara el señor Rodríguez Prats, "que el porrismo parlamentario del PRI paraliza el Congreso".

Bueno, no hay lógica y la única, la única posibilidad sensata es esta, señores: que el IFE recupere su credibilidad social respetando, fíjense ustedes nomás, simple y sencillamente su propia legalidad. Queremos consejeros ciudadanos que estén a la altura, a la altura de las circunstancias nacionales y que no sean protagonistas de ninguna transición.

Muchas gracias.

Saludamos y damos la bienvenida a 80 alumnos de la escuela primaria de la Zona Escolar número 24, acompañados por la profesora Carlota Márquez Díaz.

Se concede el uso de la palabra al señor diputado Enrique Ibarra Pedroza, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.

Con su permiso, señor Presidente:

Solamente para hacer algunas consideraciones sobre lo aquí expuesto por los representantes, en el segundo turno, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática.

Por supuesto que comparto lo que aquí expuso el señor diputado por Querétaro, el diputado Urbiola, en cuanto a que el IFE requiere el aval de todos los partidos políticos. Por supuesto que comparto lo que él expresó aquí: de que todos los partidos debemos convalidar y participar activamente y expresar nuestra confianza al IFE. Este argumento desde luego es impecable.

Nosotros, en la reforma de 1996, apostamos a tener un órgano electoral que irradiara plena confianza, certidumbre, a los actores políticos de este país, a los partidos, a los candidatos y por supuesto en forma primordial a la sociedad. Pero desde luego que no es ningún cheque en blanco, impostergable o renovable permanentemente esa confianza que el PRI extiende a los consejeros electorales.

Y el PRI por eso ha presentado, en forma enérgica y respetuosa, sus diferendos con quienes han incurrido en ilegalidades, como han sido aquí ya mencionados. Estamos, por supuesto diputado, en esa sintonía, en esa frecuencia, pero no podemos nosotros a cambio de ello y ante una absoluta falta de reciprocidad, avalar a un consejo general que se ha convertido en un órgano colegiado veleidoso, inconsistente e ilegal en su toma de decisiones.

Por otra parte, aquí con mucho énfasis se ha externado el argumento recurrente del Partido de la Revolución Democrática. Señoras y señores diputados: de ninguna manera y en forma categórica lo afirmo, el PRI se ha negado a informar, a enterar y a presentar todos los informes que le fueron requeridos de acuerdo a la legislación de esa época, sobre los ingresos y los egresos del partido. Es una falacia la que el PRD pretende construir para cargarnos el San Benito, de que nos negamos a la revisión de nuestras cuentas públicas.

El PRI siempre ha sido un partido de legalidad y un partido de transparencia y todas las aportaciones, todas las aportaciones, sin excepción, que el PRI recibió en 1994, con puntualidad las informó y las enteró al Instituto Federal Electoral y todas las aportaciones recibidas fueron en el marco de las cantidades que el IFE señalaba y que el Código Electoral convalidaba.

¡Señor Presidente!

Permítame el orador.

¿En qué sentido, señor diputado?

Señor Presidente, para ver si me acepta una pregunta el orador.

Señor diputado Ibarra, ¿acepta usted una pregunta?

Las que guste el señor diputado.

Adelante.

Señor diputado, usted habla de legalidad y el que le antecedió también, de democracia y legalidad. ¿Es legal haber recibido 1 mil 500 boletos que por voz de Gerardo de Prevoisan le entregó al PRI nacional para la campaña de 1994?. Aquí está, volumen 1, mayo 20 de 1998, en la declaración que hizo en una Corte de Texas el señor De Prevoisan. Usted dígame si eso es legalidad y eso es estar a favor de la democracia.

¡Señor Presidente!

Permítame el orador.

Señor diputado. ¿En qué sentido?

Para preguntarle al orador si me acepta una interpelación, señor Presidente...

Primero conteste la primera interpelación y después podrá preguntarle.

Adelante, diputado Ibarra.

Con todo gusto, señor Presidente.

Mire diputado Solano, yo reitero y además le voy a comentar el por qué o en qué sustento mi aseveración de que el PRI informó con puntualidad, en forma pormenorizada, lo que la ley en 1993, que ha sufrido siete reformas ulteriores después de esa fecha, en ese entonces obligaba al partido a enterar para la realización de campañas y el partido declaró e informó todo lo que recibió en aportaciones que en ese entonces la ley señalaba.

Yo quiero decirle que el PRI junto con otro de los partidos políticos y está plenamente documentado, fue el partido que más plenamente se apegó a las disposiciones legales de esa época y en ese entonces las aportaciones en especie no eran motivo de regulación.

Continúe con su tiempo, señor diputado.

Señor Presidente.

¿En que sentido, señor diputado?

Para hacerle otra pregunta al compañero orador.

Adelante, señor diputado.

¡Señor Presidente!

Permítame, señor diputado, estaba antes de usted el diputado Oceguera. Diga.

A virtud de que no se ha seguido el procedimiento y el orden debido, le pido a usted me tenga anotado para participar por la vía de los hechos, de acuerdo al Reglamento.

Adelante, diputado Solano.

Señor diputado orador, una cosa es informar lo que conviene y obviamente es el caso del PRI en los gastos de campaña de 1994 y otra cosa es informar exactamente lo que recibieron y aquí están los testimonios muy claros de que usted está defendiendo lo indefendible. Usted está defendiendo la ilegalidad y la antidemocracia y exactamente eso no sucede en su partido y hay demasiadas constancias y aquí le estamos dando un dato testimonial de lo que hizo uno de sus socios, uno de sus cómplices en la campaña 1994.

Señor diputado, usted pidió para hacer una interpelación, no la ha hecho.

Esa es, de que una cosa es...

Señor diputado Ibarra, continúe con su tiempo, por favor.

Gracias, señor Presidente, pero no merme mi espacio de tiempo que me resta. El señor diputado Solano más que una pregunta hizo una aseveración en el sentido de posicionamientos, señor Presidente.

No hubo interpelación, señor, por eso dije continúe con su tiempo.

Bien, señor Presidente, acato su determinación, aunque no la comparto. En fin, yo concluyo ratificando lo que aquí se ha dicho, si el señor diputado Solano le da esa fuerza legal a una declaración de alguien que está en el extranjero, de alguien que está en una situación de saldos pendientes con la ley, equivaldría a que el PRI acudiera a quien fue uno de los donadores en la campaña de ustedes y que está en los informes que el PRD presentó para 1994, un personaje que con ustedes transitó de ángel a demonio, que deambuló por todos los espacios de la República y que aportó dinero para el PRD en 1994, como es Mario Ruiz Massieu, quien dio dinero y está consignado en los informes del IFE.

Se han inscrito para el siguiente turno los diputados: César Jáuregui, por el PAN; Rufino Contreras, por el PRD y Enrique Jackson Ramírez, por el PRI.

Hasta por cinco minutos, adelante diputado César Jáuregui.

Muchas gracias, señor Presidente; compañeros diputados:

Nada más atractivo para este parlamento que venir a escuchar al PRI en su papel de víctima, hoy éste es un síntoma inequívoco de que estamos verdaderamente transitando hacia la democracia.

Hoy por primera vez, por primera vez no hay un plegamiento a las directrices del PRI de una autoridad, hoy contamos con autoridades independientes que verdaderamente tienen credibilidad y que actúan dentro del marco de los principios rectores de todo proceso electoral: legalidad, objetividad, imparcialidad y certeza, eso es innegable, aunque se quiera demostrar lo contrario. Se nos habla de legalidad y se pretende ocultar la verdad, con ese argumento falaz siempre por esa obsesión y que yo en mucho reconozco la capacidad jurídica de los abogados del PRI como el diputado Ibarra, pero que sin embargo por su afán de obsesión de la legalidad olvidan dónde está la justicia y es precisamente la justicia a la que estamos comprometidos en el marco político, nosotros no podemos desestimar o estar atados o con los ojos vendados ante un problema que es a todas luces evidente, que los recursos con el PRI que se financian exceden por mucho los topes a los gastos de campaña y que desde luego esos recursos provienen de muy oscuros y fondos de ilícitos en muchas ocasiones, como los que se han hablado aquí, incluyendo los del caso de Cabal Peniche.

Yo creo que aquí no podemos hablar de barbaridad por las declaraciones como aquí se mencionó, por las actitudes, creo yo, que han asumido los señores consejeros electorales, ellos han actuado dentro el marco de la ley definitivamente y tienen toda la responsabilidad y capacidad para pronunciarse sobre la vida política de nuestro país y es en ese sentido que han externado sus comentarios, solamente un pueblo distorsionado no alcanzaría a entender esta realidad, esta claridad de pensamiento que ellos han externado y yo lo que sí verdaderamente encuentro como barbarie es que se pretenda dar fondo de justificación a esta situación de retiro del PRI y de los organismos electorales por unos motivos procedimentales, realmente esto me parece a mí una falacia y me parece una desproporción en el propósito, yo creo que aquí tenemos que ser serios y si con seriedad hemos hablado de actuación y de apego a la legalidad, hoy debería el PRI estar cumpliendo el cauce legal que anunció con determinación y que tiene qué ver con el juicio político a los señores consejeros; si ése fuera el rumbo que ellos marcaran, ahí estaríamos en condición de analizar verdaderamente las conductas que los señores consejeros han determinado para sus propios actos.

Pero no, ha sido más lo que ellos han criticado: la estridencia, el escándalo, la denotación o el venir a censurar las conductas de los señores consejeros lo que aquí me resulta totalmente inadmisible no solamente porque no están presentes, sino porque se les ha reconocido el carácter de imparcialidad no sólo por todas las bancadas aquí expresadas, sino por el pueblo mismo que encuentra en el IFE la confianza necesaria en los procesos electorales y que nunca se había tenido en la historia de nuestro país, al menos hasta que no ingresó por primera vez el Distrito Federal con los actuales y los anteriores consejeros ciudadanos.

Yo creo, compañeros, que esta actitud de la bancada priísta nos merece todo nuestro respeto y desde luego la actitud del diputado Enrique Ibarra también nos lo merece, pero tenemos que ser serios en el planteamiento, tenemos que encontrar aquí una actitud propositiva de esta situación del PRI, yo creo que es necesaria su presencia en los organismos electorales, es indudable, nadie puede restar; tenemos que actuar con una política incluyente, no con la que hemos resentido durante muchos años los partidos de oposición que hemos estado transitando en la vida democrática en un ambiente verdaderamente hostil para la práctica política pero sí tenemos que exhortar a los compañeros a que se conduzcan ellos sí dentro de los cauces legales; que ahí está el camino marcado por la ley; que dejen de obstaculizar los actuales juicios políticos; que pretendan fortalecer al Poder Legislativo verdaderamente en los hechos; que no se basen en el procedimiento para venir a explicarnos por qué no avanzan las determinaciones o las cosas que aquí se plantean.

Ese es el camino y si se quiere actuar con seriedad por el bien de México, debemos de aportar mayor fortalecimiento en la autonomía al Poder Legislativo, porque la venida del PRI hoy a esta tribuna, es una muestra de que avanza y avanza bien.

Muchas gracias.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Rufino Contreras.

Con su permiso, señor Presidente:

Indudablemente que ante los ojos de la nación tenemos que ser cuidadosos que las elecciones en los distintos estados puedan dar la confiabilidad a todos los ciudadanos, por eso hoy más que nunca el PRI está llamado a que no abandone este consejo, que regrese si es que quiere ser partícipe de la democracia en nuestro país; si no, en todos los casos seguirá demostrando que está en una profunda crisis y que cuando avanza la democracia le da miedo y temor.

Por eso convocamos al PRI a que podamos acordar, que es lo importante, pactar incluso una reforma política donde los delitos electorales se le dé paso adelante y no quede impunidad, que haya condiciones de competencia equitativas, recursos, medios de comunicación, asimismo control de recursos públicos, que ya no haya desvíos de estos recursos de las instituciones que en muchos de los casos son las cajas chicas de los gobiernos, por eso tenemos esa gran responsabilidad los diputados y este Poder Legislativo de vigilar el actuar de los funcionarios públicos que hoy tienen un cargo y cuidar que estos recursos no se desvíen.

Debemos velar porque este órgano, el IFE, pueda seguir avanzando y pueda tener esas certezas y seguridad de que su actuar no se tiende hacia ninguna parte de los partidos políticos y yo creo que hoy la democracia sorprendió al PRI, porque hoy huye de este debate, huye de las acusaciones argumentadas que ha dado nuestro partido y que en ese sentido estaban siempre acostumbrados a que no pasaba nada en este país, nadie les reclamaba, nadie les decía nada, pero, señores priístas, yo creo que ustedes tienen esa responsabilidad de poder, junto con nosotros incluso, seguir avanzando en la construcción de esta democracia.

Queremos elecciones tranquilas, transparentes, que realmente haya topes de campaña y que no permitan acciones discrecionales donde se esté comprando a la gente, incluso recibiendo migajas.

Y para un ejemplo podemos decir que en Baja California Sur no cantan mal las rancheras. En el acto de toma de protesta de Antonio Manríquez se utilizó más de 1 millón de pesos. Incluso ha habido ya las informaciones de utilizar "carros chocolates" donde agarraron al coordinador de campaña de Antonio Manríquez en Baja California Sur, de vehículos robados en San Diego, California y yo creo que eso no debe quedar en el olvido.

Hay muchos ejemplos donde podemos asegurarle ante los ojos de la población que cada día llegan recursos a las campañas del PRI de dudosa procedencia. Convoco pues a que regresen a este órgano tan importante y que realmente no tengan miedo a la democracia.

Muchas gracias.

Tiene el uso de la palabra, el señor diputado Jackson Ramírez.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Cuando inscribimos este tema fue por el interés que tenemos en tocar un asunto de fondo que aquí quedó evidente que a todos nos interesa, a todos nos importa y es dejar fuera de sospecha a la máxima autoridad electoral del país.

El tema no es las obligaciones de los partidos ni los compromisos que tienen que cumplir los partidos que les marca la ley ni el origen de los recursos de los que tienen que informar ni que se investigue ni se aclare. Ahí no hay resistencia nuestra, nunca la hubo, hemos cumplido siempre.

Tampoco el tema son las elecciones locales, ésas ya están fuera de discusión. Los priístas estamos muy honrados y muy comprometidos, además por el apoyo que nos dieron los electores en las elecciones de este año, 10 elecciones hubo para gobernador este año, de las 10 ganamos siete y perdimos tres. Si sumamos los votos para gobernador en los 10 estados donde hubo elección este año, mi partido, el PRI, tuvo el 48% del total de los votos en los 10 estados; el segundo partido, la segunda fuerza, que es el Partido Acción Nacional, tuvo el 28% y el Partido de la Revolución Democrática tuvo el 18%.

Ni juntos ni sumados el PAN y el PRD tienen los votos que tuvo el PRI en las 10 elecciones de este año. No están sujetas a discusión, esa no es la discusión, ahí estamos muy comprometidos por los resultados.

Tampoco es la discusión venir aquí a dilucidar notas periodísticas de declaraciones de algunos delincuentes, hay un camino para que eso se aclare: que se allane y que se cumpla con la ley. Ni se trata tampoco de contestar a las descalificaciones ni a las calumnias; de lo que se trata y es la intención nuestra y a la que los convocamos, lo que está en el centro de la discusión es, desde nuestro punto de vista, el desempeño de algunos consejeros ciudadanos.

La ley dice, la ley lo establece, que los consejeros ciudadanos están obligados a garantizar la certidumbre, la imparcialidad, la transparencia y la legalidad de sus decisiones. Sólo así merecen la confianza de todos, la confianza de la sociedad y la confianza de los partidos y para nosotros es preocupante, aquí lo dijimos, y lo sostenemos, que tomen decisiones algunos consejeros electorales que violan la legalidad a la que están obligados a respetar y a sujetarse.

Es preocupante para nosotros y es inaceptable para nosotros, que algún consejero ciudadano, en una actitud de soberbia, rete y confronte a un partido político, al que sea. Esa no es la relación de los consejeros ciudadanos con los partidos que tenemos presencia nacional.

Coincidimos, porque tiene mucha razón el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, cuando dice que para el año 2000, para la elección venidera del año 2000, el IFE debe ser un árbitro, un árbitro eficaz y discreto. Eso hoy aparece casualmente en la prensa nacional y entendemos nosotros que por discreto y que no se equivoquen los consejeros ciudadanos, implica que ellos no son los actores de los avances democráticos; implica que hagan su tarea, las que les encomendamos en este Congreso nacional, hagan su tarea con apego a derecho, con respecto irrestricto a la legalidad, con imparcialidad.

Ser discretos, como lo dijo el consejero presidente, con toda razón, implica que tengan conciencia de que están ahí para representarnos a todos, para que tengan la confianza de todos y hoy, desde el punto de vista nuestro, está en entredicho esa imparcialidad y esa conciencia de que a todos nos representan y no a facciones y menos a intereses partidistas o personales.

Muchas gracias.

Tomando en consideración que han transcurrido las cinco horas reglamentarias de esta sesión, que establece el artículo 3o. del acuerdo parlamentario, aprobado el 6 de noviembre, la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.

Se han inscrito para rectificación de hechos, los señores diputados Rubén Mendoza Ayala, del Partido Acción Nacional; Rafael Oceguera Ramos, del Partido Revolucionario Institucional y Marco Adame Castillo, del Partido Acción Nacional.

Tiene la palabra el diputado Rubén Mendoza Ayala, hasta por cinco minutos.

Con su permiso:

Credibilidad requiere apego a la ley. Señores, ¿quiénes han perdido ésta? No se confunda. Se solicita aclarar y aclarar públicamente porque vivimos en un régimen de derecho.

Los partidos, señores, aquí se les ha olvidado que son entidades de interés público y como tales responden a las leyes y responden a la sociedad. No son sinónimos de impunidad.

Señores: la ley, los priístas la confunden con impunidad, con sumisión. Es suya cuando les conviene; cuando no es así se apartan.

La ley es general y obligatoria para todos y disculpen, el PRI no lo son todos.

Se quejan de que hay parcialidad en el IFE. Me recuerdo si ustedes han leído, y me consta, que fue el entonces secretario de Gobernación, Chuayffet, quien invitó a Emilio Zebadúa y me lo presentó en alguna ocasión y él fue quien lo invitó como consejero electoral.

Y hoy, como "los enanos del circo que les crecieron", se quejan. ¿Qué imparciales? ¿Qué parcialidad? ¿Qué terrible nos cuestionan, cuando ustedes fueron quienes aceptaron las reglas del juego?

Pero entonces hoy, cual fariseos, se desgarran las vestiduras y dicen; "¡Oh, Dios mío, qué barbaridad, estos órganos no funcionan!"

No, señores, no es cuestión de presentar cuentas, no es simplemente, es una cuestión de ética política.

Si el PRD, el PAN o el PRI actuamos mal en nuestras cuentas, somos responsables ante la sociedad y es la forma de construir la democracia, de la otra manera la estamos denostando y la estamos destruyendo.

Hay autoridad y por ello debemos obedecerla.

Señores priístas, los tiempos cambian. Ustedes han intentado detener el tiempo; los cambios han ocurrido por la sociedad, por el empuje desde aquel gran luchador J. Manuel Clouthier, cuando hizo su huelga de hambre ahí en el Monumento a la Independencia. Cuando ocurren éstos por la sociedad, entonces sí se suben al auto y dicen gracias a nosotros se hizo.

Señores, si en verdad les creemos que han hecho esos cambios democráticos, impulsen la democracia, demuestren un principio que está en ella; es la legalidad, el respeto a la autoridad. Construir instituciones es seguir la máxima de Sócrates, la ley es la ley, la aplique quien la aplique, pese a que fue en algún momento una sentencia tremenda.

Señores, la democracia, -difiero de Enrique el magnífico que me antecedió-, no puede ser tan costosa cuando dice que nos supera; sí, si nos han superado, porque cada voto al PRI y a la oposición juntos, no podemos llegarle a lo que cuesta y desgraciadamente ese dinero ha sido hecho con el pueblo de México y hoy se niegan a transparentarlo. Si hay legalidad debe de haber verdadera democracia y si hay democracia debe de haber ética política, que es lo que mi partido, el Partido Acción Nacional, reclama y que esto debemos de tenerlo muy en cuenta.

Muchas gracias.

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el señor diputado Rafael Oceguera Ramos.

Muchas gracias, señor Presidente:

Sinceramente nosotros, los diputados del PRI, esperábamos mucho más de los oradores del PAN y del PRD en esta discusión que consideramos fundamental para la República.

Con ese juego sofista con que se manejan las oposiciones se hizo parecer que la discusión central era una totalmente distinta a la que agendamos para, de cara a la nación que nos está calificando nuestro comportamiento, demandar de parte de las autoridades electorales sujeción plena al estado de leyes, al estado de derecho.

Tengo en mis manos el reglamento de sesiones del consejo general, deliberadamente los oradores panistas y los perredistas han obviado el asunto que ha motivado esta discusión. Aquí en una disposición expresa, está prohibido agendar en el orden del día de una sesión previamente convocada, un asunto como el que se agendó por la presión del líder perredista y el tema es ese, señores. Los consejeros electorales de quién demandamos sujeción y apego al estado de leyes, sucumbieron ante la presencia de un líder que identificado con la práctica violenta, con la amenaza, con el chantaje, llegó, los sometió y los hizo agendar, por encima del reglamento, un tema que no estaba agendado de acuerdo a la convocatoria y ése es el punto.

Pero ya en el debate, qué tristeza da, deveras, qué papel tan triste el de los oradores del PRD, que con sus precarios 18 puntos de votación que han obtenido, porque van como el cangrejo, para atrás, porque cada vez obtienen menos posiciones y pierden terreno que antes habían ganado, qué triste es que vengan a hacer el papel que aquí están haciendo, de justificación de su incompetencia. Pero más triste...

Señor Presidente...

Permítame un momento, señor diputado. Señor diputado Gutiérrez Cureño, ¿con qué, objeto?

Gracias, señor Presidente. Para hacer una pregunta al orador, si lo permite.

Señor diputado Oceguera, ¿acepta?

¡Sí!, señor, con mucho gusto.

Señor orador, muchas gracias:

Usted se ha referido al reglamento de sesiones del Consejo General del IFE. Pero a mi juicio lo ha hecho de manera poco precisa. Quisiera saber si usted ha leído el artículo 7o. en su fracción IV que se refiere a los asuntos generales y que establece la posibilidad de que los consejeros y representantes pueden solicitar la discusión en asuntos generales de puntos que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia y urgente resolución. En esa lógica, considerando esta fracción que usted al parecer a propósito dejó de lado, le preguntaría si el problema es de procedimiento o de fondo, si su bancada y su partido tienen objeción a que en el IFE y en este mismo Congreso y en las instancias pertinentes como la Procuraduría General de la República, se llegue al fondo de la discusión sobre el financiamiento de la campaña del presidente Ernesto Zedillo. Su bancada y usted, señor diputado ¿Se opondrían a que esto se realice en los órganos e instancias competentes?

Muchas gracias, por su respuesta.

Conteste, señor, diputado.

Señor Presidente, requiero de cierto tiempo para responder, ¿me lo concede?

En los términos del Reglamento, está concedido, señor.

Señor Presidente.

Permítame, señor diputado Oceguera. Dígame en qué sentido, diputado Leonardo García.

Sí, para que en base al artículo 113, si me permite su lectura:

"Cuando algún individuo de la Cámara quisiera que se lea algún documento en relación con el debate para ilustrar la discusión, pedirá la palabra para el solo efecto de hacer la moción correspondiente y aceptada que sea por la Cámara, la lectura del documento deberá hacerse por uno de los secretarios, continuando después en el uso de la palabra el orador", 7o. fracción IV.

El compañero diputado del PRD ha hecho alusión a un artículo de un reglamento; pediría, en base al artículo 113, que dé usted instrucciones a cualquiera de los secretarios para que lea el artículo en referencia, hecho en esa pregunta.

Gracias.

No procede, señor Presidente; tengo que contestar primero la interpelación. El orador que me interpela, señor Presidente, no ha hecho la moción que está haciendo el diputado Leonardo García.

Vamos a darle lectura como lo solicita el señor...

Señor Presidente, me había concedido la palabra para contestar la interpelación del diputado que antecedió al diputado Leonardo García.

No se le ha negado, pero están pidiendo que se lea un documento y vamos a proceder como lo dice el artículo 113.

Proceda por favor la Secretaría a dar lectura.

Señor Presidente.

Tiene la palabra el diputado Fidel Herrera.

Respetuosamente, señor Presidente, si esa es su determinación, deberíamos ajustarnos al contenido del artículo que invocó el señor diputado del Partido Acción Nacional y consecuentemente la Presidencia sujetarse a la determinación de la Cámara, para encontrar si ha lugar o no a la lectura del documento que ha sido requerido.

Proceda la Secretaría.

Señor Presidente, ¿puedo proceder a contestar la interpelación?

No, no, señor, el orden lo llevo yo. Proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea si procede o no procede la lectura.

En votación económica se pregunta a los señores diputados, si procede la lectura.

Los diputados que estén de acuerdo en la lectura, manifiéstenlo en la forma acostumbrada...

Los diputados que estén en contra de la lectura, por favor manifiéstenlo... Señor Presidente, por mayoría, no se da lectura al documento.

Proceda el diputado a responder la interpelación; señor diputado Rufino Contreras, ¿en qué sentido?

Sí, señor Presidente.

A mí me parece que el compañero Secretario ha hecho esta contabilidad muy rápida, yo quisiera que se pusiera de nuevo, a repetir, esta votación, porque no se puede proceder de esa manera. El compañero Secretario que tiene el cargo que se le ha dado, debe de actuar con una actitud neutral y no de esa manera, si no estaremos viciando esta Cámara con la actitud del señor diputado.

Gracias.

Con todo respeto, señor diputado, no procede.

Señor Presidente, si me permite, yo procedo a contestar la interpelación del diputado Gutiérrez del Partido de la Revolución Democrática.

Nos pregunta el diputado Gutiérrez, ¿hay voluntad del PRI, para que se transparente el financiamiento de las campañas políticas del PRI? Nos pregunta el diputado Gutiérrez, ¿se ha hecho la lectura del artículo 7o. del reglamento de las sesiones del Consejo del Instituto Federal Electoral? De ella voy a proceder, señor Presidente, a contestar esas preguntas que, repito, inevitablemente me llevarán a hacer una reflexión histórica.

Yo quiero compartir con ustedes una reflexión, compañeras, compañeros. ¿Dónde está la voluntad por el cambio democrático, por la vía constitucional, misma que prevé que todo planteamiento de reforma, pase indispensablemente por esta Asamblea?

La vocación democrática está de lado de un partido como el PRD o de un partido como el PAN, que juntos los dos, a coro, vienen aquí a sostener que los cambios se han realizado por generación espontánea y que los cambios democráticos los ha hecho la sociedad; pues eso es obvio, nadie lo discute, pero la sociedad representada históricamente por un PRI mayoritario que a lo largo de 56 legislaturas predominó y dominó en esta Cámara, sujetándose a las reglas de la democracia.

Continúo con mi reflexión, señor Presidente. ¿Dónde esta la voluntad democrática del PAN y del PRD, porque el PAN aquí viene a engordar el caldo siempre a los oradores del PRD? Como se dejan chantajear por el verbo falaz, pugnaz y violento de López Obrador, a las primeras de cambio el PAN viene aquí a hacerle el caldo gordo a la diputación perredista, que fincado en la mentira, en el engaño y en la farsa, pretende aquí con un discurso traicionero y desleal confundir a la opinión pública en relación a lo que ocurre política y económicamente en este país.

¿Dónde está, digo yo en mi reflexión señor Presidente, la comparto con usted, la comparto con la mesa directiva, dónde está la voluntad....

Permítame señor diputado. Dígame, señor diputado.

El orador manifestó haber dado ya respuesta; hay que poner el reloj ya que continúa su exposición.

Se le pregunta al señor diputado Oceguera si ha terminado su respuesta a la interpelación.

No, señor Presidente. Después de mi reflexión procederé a responderle al diputado Gutiérrez. ¿Puedo continuar, señor Presidente?

No señor diputado. Está usted contestando, no está haciendo reflexiones. Conteste a la interpelación y después continúe con su tiempo.

Voy a acatar sus instrucciones señor Presidente, pero el hecho es que todavía no he respondido yo le voy a avisar cuándo acabo de responder.

Señor Presidente, decía yo en la preparación de mi respuesta, le decía al diputado Gutiérrez y le pregunto yo a la Asamblea. ¿Dónde está la voluntad de cambio democrático cuando PAN y PRD en las reformas al artículo 41 de la Constitución y la Ley General que de ella emanó, hicieron mutis y evitaron aprobar aquí la ley que regulaba el financiamiento público? ¿Por que razón el PAN votó en contra del financiamiento público o de la ley constitucional que emanaba de las reformas del 41, cuando el PRI; propuso los contenidos de ese párrafo en el 41 y propuso los contenidos en la ley electoral? ¿Dónde estaba el PAN y dónde estaban los diputados del PRD que se negaron a votar este cambio democrático, cambio que salió a fuerza de votos priístas, votos mayoritarios, con una Asamblea que dominaba y que estaba empeñada en transparentar el financiamiento de los partidos políticos, como vía para alcanzar el desarrollo democrático del país?

Y para concluir con mi respuesta señor Presidente, para concluir con mi respuesta, la mejor diputado Gutiérrez, la mejor prueba de nuestra voluntad por el cambio se dio en las reformas del año de 1996; usted lo sabe, usted lo sabe como militante de la política, como abogado de la política, lo sabe Jáuregui, lo sabe también Juan José Rodríguez, pero deliberadamente lo soslayan. Saben perfectamente bien que con esas reformas se le acaba al PRD y al PAN el disco rayado, la canción aquella de que había partido de Estado. Luego entonces todos sus fracasos electorales, que no son pocos, todas sus derrotas electorales que no son mínimas, se justificaban porque el financiamiento provenía del Gobierno y cuando se decide que el financiamiento sea público, ustedes votaron en contra y después de votar en contra el financiamiento público, utilizaron el financiamiento para montar la farsa de los libros de texto gratuito que decían: los vamos a hacer con cargo al financiamiento del PRD y la farsa panista que decía, "no recojo los cheques del financiamiento". Quién no recuerda al PAN devolviendo los cheques al Secretario de Hacienda, participando en una farsa en cuanto a imágenes, tratando de justificar su posición antidemocrática.

Yo creo, diputado Gutiérrez que es muy clara la voluntad de cambio democrático de mi partido; creo que es muy claro el compromiso de nosotros con las leyes. Por eso leyendo, en sus extremos, el artículo 7o. del reglamento en cuestión, yo le quiero referir el párrafo tercero, en donde dice: "en el caso de las sesiones extraordinarias y especiales solamente podrán ventilarse aquellos asuntos para las que fueron convocadas.

Yo pregunto, ¿esta sesión de la que el PRI se levantó, había sido convocada para discutir el financiamiento de 1994 que, por lo demás, en términos de ley ya había sido calificado y ya había sido publicado en el Diario Oficial de la Federación?

Pero tanto ustedes como los panistas aquí vienen, frente al pueblo, a sostener una farsa y una mentira. Está respondida su pregunta, diputado.

Continúe con su tiempo, señor diputado.

Retomando mi discurso, señor Presidente, que espero no veamos interrumpido de nueva cuenta. Debo decir que el país requiere necesaria, indispensable, urgentemente de poner los ojos en un futuro desigual, de democracia y de justicia. Para ello es muy importante asumir un compromiso con la verdad. Cuánta razón tenía aquel pensador gigante, que fue el sociólogo, politólogo, jurista, don Jesús Reyes Heroles, cuando decía que es indispensable a la democracia contar con partidos de oposición maduros, responsables, organizados, debidamente vertebrados.

¡Qué pena, qué tristeza contar con una oposición que no ha tenido el rol histórico que le toca cumplir frente a los años del porvenir y de cara al Siglo XXI!

Basta ya de lloriqueos, basta ya de lamentos, hay que hacer el trabajo. Los votos no se compran. Basta ya, compañeros diputados, los votos no se compran, los votos no se compran.

Permítame el orador. Se exhorta a la Asamblea a guardar el orden.

Es absurda y es infantil, es hipócrita la actitud de la oposición que pretende engañar al pueblo diciendo que millones y millones de votantes vendieron su voto al PRI, como que si el voto fuera una mercancía, como que si el pueblo fuera menor de edad.

Usted me debe garantizar mi derecho a expresarme con libertad, señor Presidente, es parte de su obligación.

Basta ya, basta ya. Asuman sus incompetencias, cúrense de su falta de capacidad para responder los retos de la democracia que, con las reglas actuales y de cara a los retos de la política, el PRI les ha ganado y les seguirá ganando, tanto al PAN como al PRD.

Tiene el uso de la palabra, el diputado Marco Antonio Adame Castillo.

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

¡Hemos sido testigos de una de las más grandes farsas y mentiras que se han pronunciado en esta tribuna! ¡Esto es, precisamente, lo que debemos desterrar de la vida de México!

¡Atrás de los lamentos, de las estridencias y de los esmerados pronunciamientos por la legalidad que han externado los diputados del PRI, se esconde una andanada contra una de las instituciones que han sido concebidas para impulsar la transición a la democracia!

¡Miente el diputado Oceguera! ¡Miente desde el momento en que viene a esta tribuna a señalar aquí, parcialmente, con verdades a medias, un artículo que cita en el contenido que le conviene, pero que omite la fracción IV del mismo artículo 7o., que me voy a permitir leer!

"No obstante lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, los consejeros y representantes pueden solicitar al consejo la discusión en asuntos generales de puntos que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia y urgente resolución."

¡Este es el artículo que se negaron a leer para evidenciar su falta de probidad y ética política!

¡Venimos, venimos de muy lejos! ¡Venimos de muy lejos en la construcción de las instituciones democráticas! ¡Como consejero Electoral los vi, los escuché, negando la posibilidad de que los ciudadanos pudieran intervenir o supieran cómo darle a este país la respuesta que el autoritarismo del Partido Revolucionario Institucional le negó durante más de 70 años!

¡Así pasamos de la negación, del escepticismo, a la ironía, a la relativización, al desconocimiento de esta nueva expresión de la vida democrática de México que hoy tenemos que defender!

¡Aquí estamos en esta Cámara para dar cuenta de una afirmación política y de una denuncia que hoy tenemos que hacer, de aquellos que se esconden en la ley, para enmascarar una acción de regresión en el tránsito a la democracia!

¡Esto es lo que está en juego en el debate! ¡No la absurda pretensión legaloide de los miembros del Partido Revolucionario Institucional! ¡Lo que está en juego es saber si esta Cámara será capaz de hacer hoy una afirmación por el derecho, por la justicia y por la transición pacífica a la democracia!

¡Por ello hoy tenemos que afirmar que el Instituto Federal Electoral es una institución garante de las libertades democráticas de México!

¡Hoy tenemos que afirmar todos y en ello va mi invitación a los miembros del Partido Revolucionario Institucional, para que se dejen ya de lamentos, para que dejen atrás la actitud retrógrada, oscurantista y reaccionaria que les impide aceptar el cambio democrático de México!

¡Sí, señores, duele y duele mucho, pero no hay reversa; hoy tenemos que dar el paso decisivo y en ese camino estamos comprometidos todos! ¡Que sea, pues, por el bien de México!

Señores: ¡no hace falta más tiempo para evidenciar su trampa! ¡Hoy tenemos que dar ese paso afirmativo y están ustedes de cara a una ciudadanía que "ya no se chupa el dedo", que está dispuesta a reclamarles ahora y con los votos su opción por la democracia!

¡Que sea por el bien de México! ¡Altura, señores, es lo que quiere el país!

Señor diputado Rafael Oceguera, tiene el uso de la palabra para contestar alusiones personales, hasta por cinco minutos.

Gracias, señor Presidente:

El artículo 7o. del reglamento en cuestión es perfectamente claro, establece que solamente en casos de considerarse que un asunto es de urgente y obvia resolución se puede modificar el orden en que se tratarán los asuntos previamente agendados en el capítulo de asuntos generales. ¡Y para acabar pronto, nunca en la historia de las sesiones del IFE se había modificado el capítulo de asuntos generales para meter a deshoras un asunto ni mucho menos para hacerlo por la presión y la presencia, que implica violencia ciertamente, del líder del perredismo!

Y el diputado Adame, deliberadamente lo menciono, ojalá que para alusiones personales me venga a contestar, el diputado Adame recurre a lo que yo hace un rato denuncié: "viene a engordarle el caldo al PRD".

¿Cómo? Cuando sabe perfectamente bien cual es el carácter de López Obrador. Cuando sabe perfectamente bien de las polémicas de López Obrador con su líder nacional.

Cuando sabe perfectamente bien que hay discursos en esta tribuna y en los periódicos y en todas partes por parte del panismo y la dirigencia panista que reprueba las acciones violentas del perredismo. Ahora viene aquí a decir que nosotros estamos descalificando la autoridad electoral; nada más falso. Nosotros queremos que la autoridad electoral; cumpla con su función. Nos hemos levantado... y no se ría diputado Creel, porque usted tiene mucha historia.

Y entonces nosotros estamos dispuestos a seguir acatando el desempeño de las autoridades electorales. Lo que hemos hecho al levantarnos de esa sesión, es una acción de protesta y de rechazo a ese tipo de actitudes. Nosotros, diputado Adame, no descalificamos a la autoridad electoral y si hablamos de descalificaciones, diputado Adame, vamos a hablar...

Dígame como quiera, diputado, pero pruébeme que es falso lo que le estoy diciendo, que ése es el tema. ¿Quién es el que recurre al llorido y a la toma de instalaciones cuando pierde una elección?

¡Quién ha sido si no el PRD y el PAN los que encabezan las tomas de los consejos, los plantones frente a instituciones públicas, los secuestros de personas y las amenazas en contra de los ¡líderes políticos del PRI y en contra de las autoridades, sino esa parte del panismo que también simpatiza con la violencia callejera que postula la mayor parte del PRD!

¿Dónde está el respeto hacia las instituciones señores? ¡Nosotros no venimos de perder una elección! Nos hemos levantado de la mesa. No hemos perdido una elección. Les ganamos en Sinaloa, les ganamos en Tamaulipas, les ganamos en su momento en Oaxaca, les hemos ganado, les vamos a ganar en Guerrero y les vamos a seguir ganando las elecciones, porque las elecciones, señores diputados, no se ganan con ese discurso irresponsable y perverso con que ustedes suelen actuar.

Nosotros nunca hemos descalificado a la autoridad electoral. Nosotros nos sometemos al fallo de la autoridad electoral. Pero no vamos a permitir que la autoridad electoral siga en el juego perverso en el que la ha arrastrado el perredismo y que, insisto, tristemente el PAN lo esta secundando en este esfuerzo antirrepublicano.

Nosotros elegimos a los consejero ciudadanos, les damos un voto de confianza para que se desempeñen conforme a derecho. Acatamos sus resoluciones. No hemos apelado las resoluciones de la autoridad electoral y no hemos recurrido a la violencia callejera como suelen hacerlo ustedes cuando pierden.

¡Diputados, pónganse a trabajar! Es factible en una democracia que ganen sin estar quejándose. ¡Abandonen el discurso conspiratorio que explica todas sus deficiencias, sus insuficiencias y su falta de capacidad para competir democráticamente!

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Marco Adame Castillo.

Con su permiso, señor Presidente:

Qué fácil le ha resultado al diputado Oceguera aplicar una táctica dilatoria muy común en sus ya frecuentes discursos, para desviar el debate central respecto a las implicaciones de quien viene aquí a señalar un artículo y omite leer la excepción del mismo. Qué fácil es desviar la atención hacia personajes de otros partidos políticos, como queriendo esconderse en las naguas de López Obrador. Jamás pensé que un diputado del PRI tuviera que recurrir a esas baratijas para poder sostener sus dichos.

Señores: éste no es un asunto que tenga que ver con la defensa a ultranza de una u otra persona, éste es un asunto de legalidad, es un asunto de leyes.

Diputado Oceguera: ¡no ha respondido al cuestionamiento! Aquí le cuestionamos los diputados del PAN sobre su actitud dolosa al omitir la excepción del Reglamento al que usted hizo alusión y eso se llama, mentiras, verdades a medias, ésas son mentiras que la ciudadanía ya no acepta, diputado Oceguera, diputado del PRI; altura, altura de miras y altura en las leyes.

Para contestar alusiones personales tiene la palabra hasta por cinco minutos el señor diputado Oceguera.

Muchas gracias, señor Presidente:

Creo que el debate ha llegado a un punto en donde las inconsistencias con que un diputado que yo suponía mucho más sólido, mucho más contundente como el diputado Adame, envuelto en las contradicciones en que vive cierta parte del panismo, insisto, porque respeto a la mayor parte de los panistas, como respeto a alguna parte del perredismo.

¿Puedo continuar, señor Presidente? Mire, señor Presidente, dentro de mi tiempo, de acuerdo con la ley y con el Reglamento, usted está obligado a garantizar la libertad en la expresión de nosotros los diputados, cada vez que yo sea interrumpido por el grito desesperado de mis oponentes me voy a dirigir a usted señor Presidente para preguntarle si es de garantizárseme mi derecho, he hecho dentro de mi tiempo esta observación, señor Presidente, le pido que me garantice suficientemente mi libertad para concluir.

Compañeros, hablaba de la inconsistencia, porque yo he dicho que López Obrador es un líder que le apuesta a la violencia, pero no me he atrevido a hablar de las naguas de López Obrador ni tampoco de llamarlo baratija como ha hecho el diputado Adame, respeto el juicio del diputado Adame, cada quien responde por sus juicios aquí, yo discrepo más que con las personas, discrepo con las estrategias, discrepo con las actitudes porque este país, señoras y señores, requiere de una actitud claramente comprometida con la democracia, no he eludido la lectura en sus extremos del Reglamento que determina el desarrollo de las reuniones o de las sesiones de trabajo del IFE, lo he leído con toda puntualidad.

Si hay algún problema por cuanto a la interpretación de la ley, pues entonces, diputado Adame, vayamos al campo de la política, contésteme usted si es usual, si forma parte de la normalidad en el trabajo de una Asamblea tan alta como es ese consejo, que un líder de un partido político que es parte, que por lo demás ellos tienen representantes, vaya y haga presencia, las columnas políticas hablan de una cena anterior en donde se hizo un arreglo entre ciertos consejeros y el dirigente del PRD, está publicado en los periódicos.

Si tenemos una diferencia, diputado Adame, en relación a la interpretación de lo que dispone en su artículo 7o., el reglamento, contésteme usted si políticamente es bueno hacer cosas buenas que parezcan malas o cosas malas que parezcan buenas.

¿Qué hacía si no amagar con su presencia, si no acosar con su presencia, si no amenazar con su presencia? ¿Qué hacía López Obrador en las sesión extraordinaria del consejo? ¿Qué buscaba? Buscaba calificar un asunto que ya fue calificado y usted lo sabe como abogado, porque fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y en consecuencia ése es un asunto concluido.

Ah, pero se trata de que el PRD recupere terreno, se trata de que el PRD se recomponga en la situación de desastre electoral en que se encuentra, no le resultaron los plebiscitos y las consultas para los del Fobaproa, no le resultó la consulta del Distrito Federal para nombrar candidato, todo lo que el PRD emprende por estar marcado por la violencia y por la amenaza, lamentablemente se malogra, y digo yo lamentablemente, porque me gustaría que este país contara con un sistema tripartita, mínimamente, lo digo con respeto de los verdes y de los del trabajo, me gustaría que este país, y creo que interpreto el sentir de la población que nos está viendo en la televisión, me gustaría que este país contara con un sistema de partidos políticos fuerte, que fuese auténticamente plural y que estuviese comprometido con el estado de leyes, con el estado de derecho y que no recurriese a la práctica del escándalo, al expediente de la violencia, al chantaje vil y a la calumnia para pretender avanzar en las elecciones obteniendo mal los resultados como está comprobado el pasado 8 de noviembre.

Por cinco minutos, tiene uso de la palabra el señor diputado Demetrio Sodi de la Tijera...

¿En qué sentido, señor diputado Gutiérrez Cureño?

Para solicitar a usted me inscriba para rectificar hechos en el debate, por favor.

Compañeras y compañeros diputados:

Yo creo que valdría la pena ir al fondo del debate y yo diría que éste es un debate no con el PRI, la verdad no tiene caso debatir con ellos; éste es un debate fundamentalmente que deberíamos de llevar a cabo con seriedad entre el PAN, el PRD, el Partido Verde Ecologista y el PT, porque lo que está en juego son las elecciones, con ellos no tiene caso ni hablar.... sí,...

Finalmente, finalmente... si el innombrable, para que no vuelva a pasar, representa y seguro que representa lo que es el PRI, a dónde vamos a ir a una discusión seria sobre condiciones electorales, sobre órganos electorales, sobre la competencia, sobre los recursos públicos, sobre los programas públicos con el PRI.

Miren, yo siento que el temor que tiene el PRI... aquí podrán venir a decir ellos de que ganaron con tal porcentaje las últimas elecciones, pero lo que es un hecho y lo saben, que han perdido seis gubernaturas, seis gubernaturas en los últimos dos años y lo que es un hecho y ellos lo saben, es que si hay órganos electorales realmente autónomos y si hay una verdadera competencia electoral y si se castigan los delitos y si vamos al fondo en el uso de recursos públicos de la campaña de Zedillo y de Madrazo, no tienen posibilidades de ganar, su única posibilidad de ganar es lo que han hecho en todas las elecciones de los estados de la República, en donde usando cualquier medio, sin ninguna ética política porque no la tienen, ninguna ética política por parte del gobierno y ninguna ética política por parte del Presidente de la República porque no la tiene, están dispuestos a preservar el poder en el año 2000 como sea, y éste es el debate y el acuerdo serio que debe tener el PAN y el PRD.

Hoy, la única posibilidad de negociar con ellos no es aquí solicitándoles que hoy actúen éticamente, ¿para qué acusan a los consejeros electorales?, ¿por qué? ... porque metieron un punto en el orden del día,... No hombre, porque les da pavor, pavor que hubiera órganos electorales independientes, porque les da pavor que se prohiba el uso de recursos públicos, porque les da pavor que se vaya al fondo... ¿de dónde ha salido todo este?.. esta mugre que se ha permitido mantenerse en el poder...

Ese es el problema, ése es el problema por eso el debate no es con ellos, yo sí creo que debatir en este momento sobre el tema electoral o sobre el tema de ética o sobre el tema de honradez o sobre el tema de perseguir a los culpables del Fobaproa o sobre cualquier tema que tenga que ver con acabar con la impunidad, con el PRI y con el Gobierno no se puede discutir y eso es perder el tiempo...

Si queremos realmente discutir y ahí sí, yo creo que muchas veces exageramos nuestras diferencias como oposición en temas que podemos tener diferencia, busquemos un tema en el que haya una total coincidencia y obligamos al PRI y al gobierno a una reforma electoral en serio ahora o en el año 2000 la vuelven a agandallar. La única alternativa de garantizar que el país salga adelante en la democracia es que el PRI se vaya del gobierno.

Sí, compañeros del PRI, la única alternativa para que haya democracia en este país es que ustedes se vayan del gobierno.

En términos del artículo 20 del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones y Debates en la Cámara de Diputados, se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si el tema se encuentra suficientemente discutido.

Proceda la Secretaría a consultar.

Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el tema.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... No se encuentra suficientemente discutido, señor Presidente.

Se inscribieron para rectificar hechos, los señores diputados: Adolfo González Zamora y José Luis Gutiérrez Cureño.

El diputado Juan García de Quevedo.

Hasta por cinco minutos, tiene el uso de la palabra el diputado Adolfo González.

Con la venia, señor Presidente; compañeros diputados del partido en el poder:

Necesitamos una actitud de respeto a este Congreso, de respeto a la nación. Con estas actitudes, diputados del partido de Estado, este país puede transitar por la violencia, la violencia generada por parte del Gobierno, la violencia generada en 1968, la violencia generada en 1971.

Decía un diputado que me antecedió en la palabra, que su partido había sido el artífice de la democracia. Ese partido que se llama PRI es el partido que ha perseguido constantemente a los luchadores sociales en este país, es el que ha encarcelado constantemente a obreros, a campesinos, a maestros.

Es un partido que está en extinción; es un partido que se niega a morir; es un partido que trata de obtener victorias a través del engaño; es un partido que ya no hace política, hace política sucia, hace política irreverente; es un partido que ha engañado a la población, que la ha llevado a la crisis económica; es un partido que se ha puesto al lado de los poderosos, que ha protegido a los banqueros; es un partido que violenta constantemente la Constitución mexicana; es un partido camaleón; un partido que apoyó a Echeverría y ahora apoya a Zedillo; es un partido incapaz de conducir a este país; es un partido incapaz de generar soberanía nacional en México; es un partido antipatriótico; es un partido que es incapaz de resolver la pobreza de México; es un partido que jamás ha generado un aspecto democrático en nuestro hermoso país llamado México.

Señores diputados, tenemos dos caminos: el camino de la dignidad y de la política de altura o el camino de los calificativos.

Señalo claramente, señores diputados: ¿podemos nosotros escuchar a los violentos acusar al PRD de violencia? Mentira. El PRD no es un partido violento; el PRD es un partido que ha luchado por la democracia; el PRD es un partido que ha puesto las vidas en este país. Los asesinatos de nuestros compañeros en este país es sangre fértil a la democracia. Y, ¿quiénes son sus ejecutores? Los caciques; los criminales que están en el Gobierno. ¿Quién mató a Colosio?, me pregunto; ¿quién mató a Ruiz Massieu?, me pregunto; ¿quién mató a miles de mexicanos que han creado en este país democracia? El partido de Estado.

Hoy, por fortuna, llegó una noticia de Londres: el dictador chileno Pinochet, va a ser juzgado por sus crímenes y este partido, el PRI, va a ser juzgado por la historia; este partido, el PRI, en el año 2000 va a perder las elecciones, porque no tiene la moral ni la calidad política ni la voluntad para hacer un avance democrático en México. Eso ténganlo por seguro. Ustedes no tienen dignidad; ustedes tienen jefes; ustedes tienen patrones; son un partido corporativista; son partido fascista; son un partido de derecha; son los que han pregonado el neoliberalismo en este país y no tienen ninguna actitud de moral y han traicionado su propia Revolución y la Constitución de 1910; son inmorales políticamente; son totalmente injustos en esta lucha que nosotros los del PRD hemos llevado para que este país sea democrático.

Por lo tanto, señores diputados del PRI, están ante la historia y van a salir derrotados.

La señorita ésa, que de seguro tiene un patrón y que no tiene voluntad propia me diga lo contrario.

Señores del PRI: históricamente ustedes van a perder en el año 2000. Señores del PRI: históricamente ustedes están en la ignominia de la historia.

Son un partido de dictadores; son un partido de fracasados. Con ustedes ni a la esquina.

¡Viva el PRD! ¡Viva la Revolución Democrática! La historia nos dará la razón.

Hasta por cinco minutos, tiene el uso de la palabra el diputado Juan García de Quevedo, del Partido Revolucionario Institucional.

Señor Presidente.

¿En qué sentido, diputado Demetrio?

Señor Presidente, quisiera por favor que se verificara si existe quorum. Hay cinco diputados que lo estamos pidiendo.

Se instruye a la Secretaría proceda a verificar si existe el quorum de ley.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para la toma de asistencia de los diputados presentes.

(Verificación de asistencia)

Señor Presidente, tenemos 215 diputados registrados.

En términos del artículo 109 del Reglamento para el Gobierno Interior y en vista de que no existe quorum reglamentario, se suspende la presente sesión.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVII Legislatura.

Orden del día

Jueves 26 de noviembre de 1998.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El Congreso del Estado de Oaxaca, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano José Murat Casab, rendirá la protesta de ley como gobernador constitucional del Estado, que tendrá lugar el 1o. de diciembre a las 9:00 horas, en el teatro Alvaro Carrillo, del centro cultural de esa ciudad, declarado recinto oficial.

Minuta

Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Cóndor de los Andes, en grado de Gran Collar, que le confiere el gobierno de la República de Bolivia.

Comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Angel Gurría Treviño, en relación al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999.

Elección de la mesa directiva.»

CLAUSURA Y CITATORIO

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana jueves 26 de noviembre a las 10:00 horas, en la que comparecerá el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Angel Gurría Treviño.

RESUMEN DE TRABAJOS

* Tiempo de duracion: 5 horas 21 minutos.

* Quroum a la apertura de sesión: 270 diputados.

* Puntos de acuerdo: 5.

* Excitativas a comisiones: 3.

* Agenda política: 1.

* Oradores en tribuna: 31.
     PRI-13; PRD-6; PAN-10; PVEM-2.

Se recibieron:

* 2 oficios de los congresos de los estados de Jalisco y San Luis Potosí;

* 1 comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, sobre ajuste en la integración de comisiones de trabajo.

* 2 iniciativas del PRI.

* 1 iniciativa de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados;

* 1 iniciativa del PAN.

* 1 iniciativa del PVEM.

Se aprobó:

* 3 dictámenes para aceptar y usar condecoraciones que confieren los gobiernos de Panamá, Honduras y Chile.

* 4 dictámenes para que siete ciudadanos puedan prestar sus servicios en representaciones diplomáticas.

NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición: