|
Presidencia
del diputado
Isael Petronio Catú Nájera : |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados,
para conocer si existe el quorum reglamentario.
| El secretario
Espiridión Sánchez López: |
Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 283 diputados.
Por lo tanto, hay quorum señor Presidente.
| El Presidente (a
las 11:36 horas): |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL
DIA
| El secretario
Espiridión Sánchez López: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.—Segundo Año.—LVII Legislatura.
Orden del día
Jueves 3 de diciembre de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de Chihuahua, Puebla y Yucatán.
Comunicaciones de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política. (Cambios de integrantes de comisiones.)
Protesta del ciudadano Gregorio Guerrero
Pozas, contador mayor de Hacienda.
Iniciativas de diputados
Que reforman, los artículos 10; la
fracción I del artículo 12; la fracción III del artículo 12-A; la fracción II del
artículo 51; los artículos 67 primer párrafo, 80, 119-A primer párrafo y 141, se
adicionan las fracciones XXIV y XXV del artículo 24 y se derogan la fracción III del
artículo 25 y los artículos 90-A, 80-B, 141-A y 141-B, de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, a cargo del diputado José Luis Sánchez Campos, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De reformas y adiciones a diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; al Código
Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en
Materia de Fuero Federal; a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al
Código Federal de Procedimientos Penales, presentada por el diputado Luis Patiño Pozas,
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Que crea la comisión de la verdad del
sistema bancario nacional, a cargo del diputado Alvaro Arceo Corcuera, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De ley para el otorgamiento de permisos de
importación para la internación definitiva de vehículos automotores de procedencia
extranjera, que se hayan internado temporalmente al país, a cargo del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Proposiciones
Sobre un programa de deudores de la banca,
a cargo del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Agenda Política
Comentarios sobre el Fobaproa, a cargo del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Solicitud de ampliación del plazo de la
concesión del puente internacional Zaragoza-Isleta, a cargo del diputado Javier Corral
Jurado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Comentarios sobre un programa de apoyo a
los deudores de la banca, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Deliberativo.)
Proposición con punto de acuerdo, relativo
al gasto educativo, a cargo de la Comisión de Educación.
Propuesta para que las comisiones de
Educación, Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de reconsideren dentro del
presupuesto para el ejercicio de 1999, relativo a los subsidios asignados a la Universidad
Nacional Autónoma de México, a cargo de la diputada Carolina O'Farrill Tapia. (Turno a
comisión.)
Presentación de la relatoria del
"Foro sobre Justicia y Equidad de Género", a cargo de la junta directiva de la
Comisión de Equidad y Género. (Turno a comisión.)»
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del día
es la discusión del acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles dos de diciembre de mil
novecientos noventa y ocho, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del
Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
|
Presidencia
del diputado
Salvador Sánchez Vázquez : |
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las once horas con diez minutos y una asistencia de trescientos tres
diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día
y la Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en sus términos, en votación
económica.
Se da cuenta con diversas comunicaciones de
los congresos de los estados de Morelos y Nuevo León. De este último Estado, su segunda
comunicación transcribe un punto de acuerdo con el que solicita que al discutirse la Ley
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el año fiscal de mil
novecientos noventa y nueve, se manifieste su inconformidad con las medidas económicas
que se contemplan en el paquete de reformas fiscales y se turna a la Comisión de Hacienda
y Crédito Público. El resto con los que informan de actividades propias de sus
legislaturas. De ente-rado.
El diputado Juan Carlos Gómez Aranda da
lectura a una comunicación de la Comisión de la Frontera Sur, de la que es presidente,
con la que informa de su visita al Estado de Chiapas. Se turna a las comisiones de
Hacienda y Crédito Público y a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaría da lectura a una
comunicación del diputado Gabriel Alfonso Andrade Rosas, con la que solicita licencia
para separarse de su cargo como diputado federal por motivos de salud.
El Presidente informa que a las puertas del
salón de sesiones se encuentra la ciudadana Martha Elena Ortiz Guerrero, quien fue electa
como suplente en el vigesimoprimer distrito electoral del Estado de Veracruz y designa una
comisión para que la introduzca y la acompañe en el acto de rendir su protesta de ley.
Terminado el acto protocolario, la diputada
Ortiz Guerrero entra en funciones de inmediato.
Tres comunicaciones de la Primera
Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal:
En la que transcriben un punto de acuerdo
para que en la revisión de los Criterios Generales de Política Económica y la
aprobación de las reformas a diversas leyes fiscales y la Ley de Ingresos para el
Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y nueve, rechacen la creación del impuesto
especial al servicio telefónico. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Otra con un punto de acuerdo referente a la
Secretaría de Turismo. Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta
Pú-blica.
Exhortando a que, cuando se emita el
dictamen sobre la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto y la llamada
Miscelánea Fiscal para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y nueve, lo hagan
después de un estudio minucioso de las diversas alternativas económicas, financieras y
fiscales que existen, a fin de mejorar la distribución de los ingresos. Se turna a las
comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Programación, Presupuesto y Cuenta
Pública.
La ciudadana Eva María Suk Lichota
solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración que le
confiere el gobierno de la República de Polonia. Se turna a la Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales.
Se somete a discusión un dictamen de la
Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para
toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos
Penales y de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para la discusión en lo general hacen uso
de la palabra los diputados: Abelardo Perales Meléndez, del Partido Acción Nacional, en
pro; Silvia Oliva Fragoso, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; María
Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo, en pro, y Orlando Paredes Lara, del
Partido Revolucionario Institucional, en pro.
Desde su curul, la diputada Lenia Batres
Guadarrama solicita a la Presidencia que precise los trámites para el dictamen que se
discute y el Presidente hace las aclaraciones correspondientes.
La Asamblea considera que el dictamen se
encuentra suficientemente discutido y se reservan, para la discusión en lo particular,
los siguientes artículos:
Del Código Penal, ciento setenta y ocho y
doscientos cuarenta-bis;
Del Código de Procedimientos Penales:
ciento treinta y tres-bis, ciento noventa y tres y ciento noventa y cuatro y
De la Ley de Amparo: setenta y tres, ciento
veinticuatro-bis, ciento treinta y ocho y ciento cincuenta y cinco.
Se recoge la votación en lo general y en
lo particular de los artículos no impugnados, misma que resulta aprobatoria por
cuatrocientos dos votos en pro y veintitrés en contra.
Se inicia la discusión en lo particular y
hacen uso de la palabra los diputados: Guadalupe Sánchez Martínez, del Partido de la
Revolución Democrática, en contra del artículo ciento setenta y ocho del Código Penal,
en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos, y Américo Ramírez Rodríguez, del
Partido Acción Nacional, en pro, el primero en tres ocasiones y los demás en ocasiones,
para rectificar hechos; Lenia Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución
Democrática, en contra del artículo doscientos cuarenta-bis del Código Penal, en tres
ocasiones, la segunda para rectificar hechos, y las otras dos para contestar alusiones
personales y en la segunda, contesta una interpelación de la diputada Ana Lila Ceballos
Trujeque; Jesús Gutiérrez Vargas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro,
también en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos.
Para rectificar hechos hacen uso de la
palabra los diputados Benito Mirón Lince, del Partido de la Revolución Democrática, en
dos ocasiones, la segunda para contestar alusiones personales; Miguel Sadot Sánchez
Carreño, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones y en la primera
contesta a una interpelación del diputado Samuel Maldonado Bautista.
Durante la segunda intervención del
diputado Mirón Lince, el diputado Jaime Castro López presenta moción de orden y
solicita que se lea el artículo veintinueve del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Continúa el debate y hace uso de la
palabra, para rectificar hechos, el diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas, del Partido
de la Revolución Democrática; Francisco Javier Loyo Ramos, del Partido Revolucionario
Institucional, en dos ocasiones, la segunda para contes-tar alusiones personales.
La Presidencia informa que han hecho uso de
la palabra diecinueve oradores y la Asamblea considera que el tema ha sido suficientemente
discutido (artículos ciento setenta y ocho y doscientos cuarenta-bis, del Código Penal).
Se recoge la votación nominal respecto del
artículo ciento setenta y ocho, mismo que se aprueba por trescientos veinticinco votos en
pro y ciento diez en contra.
Por lo que se refiere al artículo
doscientos cuarenta-bis, se emitieron: trescientos nueve votos en pro y noventa y nueve en
contra.
Para la discusión del artículo ciento
treinta y tres-bis, del Código de Procedimientos Penales, los diputados: Silvia Oliva
Fragoso, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y es interrumpida por la
diputada Aubry Orozco, quien presenta moción de orden, a fin de que todos los diputados
pongan atención en el debate. El Presidente hace suya la moción; Carolina O'Farrill
Tapia, motu proprio, en pro; Isael Petronio Cantú Nájera, del Partido de la Revolución
Democrática, para rectificar hechos.
Para la discusión del artículo ciento
noventa y tres, hacen uso de la palabra los diputados: Silvia Oliva Fragoso, del Partido
de la Revolución Democrática, en contra y en dos ocasiones, la segunda para rectificar
hechos; Felipe Urbiola Ledesma, del Partido Acción Nacional, en pro, también en dos
ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Isael Petronio Cantú Nájera, del Partido
de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y solicitar que la Secretaría lea
la jurisprudencia que presenta; Miguel Sadot Sánchez Carreño, del Partido Revolucionario
Institucional, para rectificar hechos; Victorio Montalvo Rojas, del Partido de la
Revolución Democrática, para rectificar hechos.
Debaten sobre el artículo ciento noventa y
cuatro, los diputados: Lenia Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución
Democrática, en contra, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Francisco
Javier Reynoso Nuño, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
La Asamblea considera que los artículos
del Código de Procedimientos Penales reservados, han sido suficientemente discutidos y se
recoge la votación nominal respectiva, misma que arroja los siguientes resultados:
Para el artículo ciento treinta y
tres-bis, trescientos trece votos en pro y noventa y tres en contra.
Para el artículo ciento noventa y tres,
doscientos noventa y cuatro votos en pro y noventa en contra.
Para el artículo ciento noventa y cuatro,
trescientos dos votos en pro y noventa y siete en contra.
|
Presidencia
de la diputada
Gloria Lavara Mejía : |
A discusión el artículo setenta y
tres y ciento veinticuatro-bis, de la Ley de Amparo, los diputados: Victorio Rubén
Montalvo Rojas, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Abelardo Perales
Meléndez, del Partido Acción Nacional, en pro.
Se refieren al artículo setenta y tres,
los diputados: Alvaro Arceo Corcuera, del Partido de la Revolución Democrática, en
contra; Jesús Gutiérrez Vargas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
|
Presidencia
del diputado
Salvador Sánchez Vázquez : |
Debaten lo referente al artículo
ciento cincuenta y cinco, los diputados: Benito Mirón Lince, del Partido de la
Revolución Democrática, en contra, en dos ocasiones, la segunda, para rectificar hechos;
Orlando Alberto Paredes Lara, del Partido Revolucionario Institucional, en pro, en dos
ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola, del
Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Miguel Sadot Sánchez
Carreño, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Alberto López
Rosas, del Partido de la Revolución Democrática, en el mismo sentido; Lenia Batres
Guadarrama, del mismo partido, también para rectificar hechos.
La Asamblea considera suficientemente
discutidos los artículos a discusión y se recoge la votación nominal que arroja las
siguientes cifras:
Para el artículo setenta y tres,
trescientos trece votos en pro y noventa y ocho en contra.
Para el artículo ciento veinticuatro-bis,
trescientos catorce votos en pro y noventa y nueve en contra.
Para el artículo ciento cincuenta y cinco,
por trescientos catorce votos en pro y ciento dos en contra.
Para el artículo ciento treinta y ocho,
que aunque fue reservado no fue debatido: trescientos dieciocho votos en pro y noventa y
cinco en contra.
El Presidente hace la declaratoria
correspondiente.
De inmediato informa que ha recibido la
solicitud de un receso y con base de las facultades que le da el inciso a del artículo 27
reglamentario, decide continuar con la sesión.
Desde su curul, el diputado Pablo Gómez se
inconforme y solicita que sea la Asamblea la que decida al respecto y el diputado Fidel
Herrera Beltrán, también desde su curul, explica que los asuntos que continúan en el
orden del día, no se refieren a cosas diferentes de las de la elección del Contador
Mayor de Hacienda, por lo que el diputado Gómez Alvarez insiste en su solicitud.
Por su parte, el diputado Herrera Beltrán,
fundamenta su solicitud en el artículo ciento nueve reglamentario, por lo que el
Presidente informa que someterá a la decisión de la Asamblea la decisión acerca de la
solicitud de receso. Se recoge la votación nominal respectiva que arroja un resultado de:
doscientos veintitrés votos a favor y doscientos dieciocho en contra.
El Presidente declara un receso de quince
minutos a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos.
RECESO
A las diecinueve horas con tres minutos, se
reanuda la sesión.
Tres dictámenes de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que concede los permisos
constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren
los gobiernos de las repúblicas de Bolivia y Colombia, respectivamente. Se aprueban por
trescientos diecisiete votos en pro y veintitrés en contra. Turno al Poder Ejecutivo
Federal, para los efectos constitucionales.
José Luis Soberanes Fernández, para
aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno del Reino de España. Se
aprueba por trescientos sesenta votos en pro y veinticuatro en contra. Se turna al Poder
Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Se somete a la consideración de la
Asamblea, una propuesta de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda,
de la terna para el nombramiento del Contador Mayor de Hacienda.
El Presidente ordena que se repartan las
cédulas donde se asientan los nombres que integran la terna que menciona la proposición
y realizado el escrutinio y cómputos correspondientes, resulta electo para el periodo mil
novecientos noventa y ocho-dos mil seis, el contador público Gregorio Guerrero Pozas, por
trescientos cuarenta votos.
El Presidente hace la declaratoria
correspondiente.
Hace uso de la palabra el diputado Joaquín
Montaño Yamuni, del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo respecto
a los porcicultores nacionales. Se turna a la Comisión de Comercio.
El Presidente concede el uso de la palabra
a la diputada María del Carmen Díaz Amador, quien a nombre de la Comisión de Ciencia y
Tecnología, propone un punto de acuerdo sobre el Presupuesto de Egresos de la
Federación, para el año fiscal de mil novecientos noventa y nueve, a nombre de la
Comisión de Ciencia y Tecnología. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito
Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura
la de hoy a las veinte horas con cuarenta y siete minutos, citando para la que tendrá
lugar mañana, jueves tres de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, a las diez
horas.»
|
La
secretaria María Martha Veyna Soriano: |
Está a discusión el acta... No
habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
DEUDORES
DE LA BANCA
|
El
secretario Teobaldo López Huertas: |
«Diputado Juan José Cruz Martínez,
presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.—Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 27 incisos b y d y 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; 21 fracciones III y IV del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los
artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración
del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en
la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente en original
oficios suscritos por el diputado Sergio Martínez Garza, presidente del honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, a los que anexa también en original los acuerdos
número 1/98 IPO y 4/98 IPO, aprobados por la LIX Legislatura del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua y suscritos por los diputados que integran la mesa directiva de la misma.
Lo anterior, para lo conducente.
Sin más por el momento, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 30 de
noviembre de 1998.—Enrique León Martínez, secretario técnico.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.—Congreso del Estado de Chihuahua.—Secretaría.
Diputado Arturo Núñez Jiménez,
presidente del honorable Congreso de la Unión.—Presente.
Adjunto al presente para su conocimiento y
efectos consiguientes, acuerdo número 1/98 IPO, el cual fue aprobado por la LIX
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en su primer periodo de sesiones
ordinarias, dentro del primer año de ejercicio legal, así como copia del dictamen que le
diera origen.
Sin otro particular, le reitero la
seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 29 de octubre de
1998.—Diputado Sergio Martínez Garza, presidente del honorable Congreso del
Estado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.—Congreso del Estado de Chihuahua.—Secretaría.
Acuerdo número 1/98 IPO
La LIX Legislatura constitucional del
Estado Libre y Soberano de Chihuahua, reunida en su primer periodo de sesiones ordinarias,
dentro del primer año de ejercicio legal.
ACUERDA
Artículo único. El honorable Congreso del
Estado de Chihuahua solicita respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, que previo el proceso legislativo correspondiente, se someta a la
consideración del pleno la iniciativa formulada por el diputado Joaquín Montaño Yamuri,
mediante la cual pretende se decrete la creación del fideicomiso para la compra de la
deuda agropecuaria y reactivación del sector.
Chihuahua, Chihuahua, a 29 de octubre de
1998.—Diputados: Sergio A. Martínez Garza, presidente; Raúl Bulmaro Márquez
González y José Bernardo Ruiz Ceballos, secretarios.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.—Congreso del Estado de Chihuahua.—Secretaría.
Diputado Arturo Núñez Jiménez,
presidente del honorable Congreso de la Unión.—Presente.
Adjunto al presente para su conocimiento y
efectos consiguientes, acuerdo número 4/98 IPO, el cual fue aprobado por la LIX
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en su primer periodo de sesiones
ordinarias, dentro del primer año de ejercicio legal; asimismo copia simple del dictamen
que le diera origen.
Sin otro particular de momento, quedo de
usted.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 12 de noviembre de
1998.—El presidente del Congreso del Estado, Sergio A. Martínez Garza.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.—Congreso del Estado de Chihuahua.—Secretaría.
Acuerdo número 4/98 IPO.
La LIX Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Chihuahua, reunida en su primer periodo de sesiones ordinarias,
dentro del primer año de ejercicio legal.
ACUERDA
Artículo primero. En atención a los
antecedentes descritos, en el dictamen correspondiente, nos constituimos en portavoz de
los planteamientos y propuestas de las organizaciones de deudores de la banca, para
solicitar al Congreso de la Unión y especialmente a la Cámara de Diputados implemente
los esquemas de solución más adecuados al grave problema de cartera vencida; asimismo,
se apruebe la aplicación de una partida presupuestal que incluya un programa de rescate a
deudores, dentro del Presupuesto de Egresos para el año de 1999.
Artículo segundo. Esta LIX Legislatura del
honorable Congreso del Estado, se pronuncia a favor de que se celebren los "convenios
judiciales de espera", en los términos propuestos por el Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado y hace votos para que los mismos sean aceptados por los
representantes de las instituciones bancarias en nuestra entidad.
Artículo tercero. Del presente acuerdo y
del dictamen que le dio origen se remitirá copia para su conocimiento y efectos
conducentes a las autoridades mencionadas en los artículos que anteceden.
Chihuahua, Chih., a 12 de noviembre de
1998.—Diputados: Sergio A. Martínez Garza, presidente; Raúl Bulmaro Márquez y
José Bernardo Ruiz Ceballos, secretarios.»
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
ESTADO DE
PUEBLA
|
El
secretario Martín Contreras Rivera: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.—Honorable Congreso del Estado de Puebla.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.—México, D.F.
De conformidad con lo dispuesto por los
artículos 25 de la Ley Orgánica y 26 del Reglamento Interior, ambos del Poder
Legislativo, nos permitimos comunicar a usted, que el LIII Congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla, en sesión pública ordinaria celebrada con esta fecha,
realizó elección de presidente y vicepresidente de la mesa directiva, para el periodo
comprendido del 15 de noviembre al 15 de diciembre, pudiéndose prorrogar hasta el día 22
de diciembre del año en curso, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del
artículo 57 de la Constitución Política del Estado, quedando de la siguiente manera:
Diputados: Carlos Barrientos de la Rosa,
presidente y Enrique Alejandro Cerro Barrios, vicepresidente.
Lo que hacemos de su conocimiento por
disposición de esta legislatura para los efectos correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Heroica Puebla de Zaragoza, 12 de noviembre
de 1998.—Diputados: Juan Manuel Huerta Arochey y Bernabé Félix Marmolejo Orea,
secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE
YUCATAN
|
El
secretario Francisco de Souza Machorro: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.—LV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.—México, D.F.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, en junta
preparatoria celebrada en esta fecha por la LV Legislatura del Estado, se eligió a la
mesa directiva que fungirá durante el primer mes del segundo periodo de sesiones
ordinarias, correspondiente al primer año de su ejercicio constitucional, quedando
integrada de la forma siguiente:
Diputados: Rosa Elena Baduy Issac,
presidente; Myrna Esther Hoyos Schlamme, vicepresidente; Gaspar Antonio Xiu Cachón y
Vicente Flores Contreras, secretarios; William Renan Sosa Altamira y Mercedes Eleanor
Estrada Mérida, suplentes.
Protesto a VH mi atenta y distinguida
consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida, Yucatán, a 10 de noviembre de
1998.—Diputado Edwin Andrés Chuc Can, secretario de la Diputación Permanente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.—LV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.—México, D.F.
En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, nos
permitimos comunicar a ustedes que con esta fecha, se declaró formalmente la apertura del
segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al primer año de ejercicio
constitucional de la LV Legislatura del Estado de Yucatán.
Lo anterior para su conocimiento y efectos
legales que correspondan.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida, Yucatán, a 16 de noviembre de
1998.—Los diputados secretarios de la mesa directiva: Gaspar Antonio Xiu Cachón y
Vicente Flores Contreras.»
De enterado.
COMISIONES
DE TRABAJO
|
La
secretaria Clarisa Catalina Torres
Méndez: |
«Diputada Gloria Lavara Mejía,
presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.—Presente.
Con fundamento por lo dispuesto en los
artículos 34, 27 incisos b y d y 45 fracciones IV y VI de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones,
Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados,
aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente
podrá encontrar el siguiente documento signado por el diputado Arturo Núñez Jiménez,
coordinador del grupo parlamentario del PRI, donde solicita cambios en comisiones. Lo
anterior, para que se le dé el trámite correspondiente.
Que el diputado Fidel Herrera Beltrán,
sustituye al diputado Francisco Javier Loyo Ramos, en la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 2 de
diciembre de 1998.—Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.—Poder Legislativo Federal.—Cámara de Diputados.
Al Presidente de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.—Presente.
Por este conducto me permito hacer de su
conocimiento que en sustitución del diputado Francisco Javier Loyo Ramos en la Comisión
de Hacienda y Crédito Público, se integrará el diputado Fidel Herrera Beltrán, por
parte del grupo parlamentario del PRI.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 1o. de diciembre de
1998.—Diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.»
De enterado.
|
El
secretario Espiridión Sánchez López: |
«Diputada Gloria Lavara Mejía,
presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.—Presente.
Con fundamento por lo dispuesto en los
artículos 34, 27 incisos b y d y 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones,
Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados,
aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente
podrá encontrar el siguiente documento signado por el diputado Arturo Núñez Jiménez,
coordinador del grupo parlamentario del PRI, donde solicita cambios en comisiones. Lo
anterior, para que se le dé el trámite correspondiente.
Que el diputado Francisco Javier Loyo
Ramos, sustituye al diputado Fidel Herrera Beltrán, en la Comisión de Programación y
Presupuesto y Cuenta Pública.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 2 de
diciembre de 1998.—Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.—Poder Legislativo Federal.—Cámara de Diputados.
Al Presidente de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.—Presente.
Por este conducto me permito hacer de su
conocimiento que en sustitución del diputado Fidel Herrera Beltrán en la Comisión de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, se integrará el diputado Francisco Javier
Loyo Ramos, por parte del grupo parlamentario del PRI.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 1o. de diciembre de
1998.—Diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.»
De enterado.
|
El
secretario Martín Contreras Rivera: |
«Diputada Gloria Lavara Mejía,
presidenta de la mesa directiva Cámara de Diputados.—Presente.
Con fundamento por lo dispuesto en los
artículos 34, 27 incisos b y d y 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones,
Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados,
aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente
podrá encontrar el siguiente documento signado por el diputado Arturo Núñez Jiménez
coordinador del grupo parlamentario del PRI, donde solicita cambios en comisiones. Lo
anterior, para que se le dé el trámite correspondiente.
Que el diputado Efrén Enríquez Ordóñez
sustituye al diputado Armando Neyra Chávez, en la Comisión de Seguridad Social.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 2 de
diciembre de 1998.—Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.—Poder Legislativo Federal.—Cámara de Diputados.
Al Presidente de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.—Presente.
Por este conducto me permito hacer de su
conocimiento que en sustitución del diputado Armando Neyra Chávez, en la Comisión de
Seguridad Social, se integrará el diputado Efrén Enríquez Ordóñez, por parte del
grupo parlamentario del PRI.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 1o. de diciembre de
1998.—Diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.»
De enterado.
|
La
secretaria María Martha Veyna Soriano: |
«Diputada Gloria Lavara Mejía,
presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.—Presente.
Con fundamento por lo dispuesto en los
artículos 34, 27 incisos b y d y 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones,
Integración del orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados,
aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente
podrá encontrar el siguiente documento signado por el diputado Francisco Paoli y Bolio,
subcoordinador del grupo parlamentario del PAN, donde solicita cambios en comisiones. Lo
anterior, para que se le dé el trámite correspondiente.
Que el diputado José Antonio del Sagrado
Corazón Haghenbeck, sustituye a la diputada Elodia Gutiérrez Estrada, en la Comisión de
Participación Ciudadana.
Que el diputado José Antonio del Sagrado
Corazón Haghenbeck, sustituye al diputado Francisco J. Berganza Escorza, en la Comisión
de Artesanías.
Que el diputado José Antonio del Sagrado
Corazón Haghenbeck, sustituye al diputado Francisco J. Berganza Escorza, en la Comisión
de Cultura.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 2 de
diciembre de 1998.—Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.—Cámara de Diputados.—LVII Legislatura.
Diputado Arturo Núñez Jiménez,
presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.—Presente.
Me permito solicitarle sean considerados
los siguientes cambios en las comisiones de Cultura, Artesanías y Partipación Ciudadana:
diputados que salen: Elodia Gutiérrez Estrada, Participación Ciudadana; Francisco J.
Berganza Escorza, Artesanías y Cultura; diputado que entra: José Antonio del Sagrado
Corazón Haghenbeck Cámara, Participación Ciudadana, Artesanías y Cultura.
Le envío un cordial saludo.
México, D.F., a 2 de diciembre de
1998.—Francisco José Paoli y Bolio, subcoordinador del PAN.»
De enterado.
|
El secretario Martín Contreras Rivera: |
«Diputada Gloria Lavara Mejía,
presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.—Presente.
Con fundamento por lo dispuesto en los
artículos 34, 27 incisos b y d y 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones,
Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados,
aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente
podrá encontrar el siguiente documento signado por el diputado Arturo Núñez Jiménez,
coordinador del grupo parlamentario del PRI, donde solicita cambios en comisiones. Lo
anterior, para que se le dé el trámite correspondiente.
Que el diputado Francisco Javier Martínez
Zorrilla Rabelo sustituye al diputado Isidro Ismael Cigarroa Villarreal, en la Comisión
de Asuntos de la Frontera Sur.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 2 de
diciembre de 1998.—Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.—Poder Legislativo Federal.—Cámara de Diputados.—LVII
Legislatura.
Al Presidente de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.—Presente.
Por este conducto me permito hacer de su
conocimiento que en sustitución del diputado Isidro Ismael Cigarróa Villarreal, en la
Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, se integrará el diputado Francisco Javier
Martínez Zorrilla Rabelo, por parte del grupo parlamentario del PRI.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 1o. de diciembre de
1998.—Diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.»
De enterado.
|
El secretario José Luis López López: |
«Diputada Gloría Lavara Mejía,
presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.—Presente.
Con fundamento por lo dispuesto en los
artículos 34, 27 incisos b y d y 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones,
Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados,
aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente
podrá encontrar el siguiente documento signado por el diputado Arturo Núñez Jiménez,
coordinador del grupo parlamentario del PRI, donde solicita cambios en comisiones. Lo
anterior, para que se le dé el tramite correspondiente.
Que el diputado Carlos Jiménez Macías
sustituye al diputado Orlando Arvizu Lara, en la Comisión de Radio, Televisión y
Cinematografía.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 2 de
diciembre de 1998.—Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.—Poder Legislativo Federal.—Cámara de Diputados.
Al Presidente de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.—Presente.
Por este conducto me permito hacer de su
conocimiento que en sustitución del diputado Orlando Arvizu Lara, en la Comisión de
Radio, Televisión y Cinematografía, se integrará el diputado Carlos Jiménez Macías,
por parte del grupo parlamentario del PRI.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 1o. de diciembre de
1998.—Diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.»
De enterado.
CONTADOR
MAYOR DE HACIENDA
Se encuentra a las puertas de este
recinto el contador Gregorio Guerrero Pozas y se designa en comisión para que lo
acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones como Contador
Mayor de Hacienda, a los siguientes diputados: Gil Rafael Oceguera Ramos, Laura Alicia
Garza Galindo, Agustín Santiago Albores, Jesús Martín del Campo Castañeda, Jorge Silva
Morales, Alberto González Domene y Fortunato Alvarez Enríquez.
|
La
secretaria María Martha Veyna Soriano: |
Se pide a la comisión cumplir con
este encargo.
(La comisión cumple su cometido.)
Se invita a los presentes ponerse de pie,
"Ciudadano contador público
Gregorio Guerrero Pozas, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de Contador Mayor de Hacienda de la Contaduría Mayor de
Hacienda de la Cámara de Diputados, que os ha sido conferido?"
|
El ciudadano Gregorio Guerrero Pozas: |
¡Sí, protesto!
Si así no lo hiciereis, que la
nación os lo demande.
Tenemos en este recinto a 50 estudiantes de
la Universidad del Valle de México, AC, acompañados de la profesora Elizabeth Fierro
Montero.
Igualmente, nos están visitando 46
estudiantes del Centro Universitario y Pedagógico, Instituto Americano, invitados por el
Diputado Wintilo Vega Murillo.
A 35 estudiantes de la IESCA, Morelos,
invitados por el diputado Juan Jaramillo Fricas.
De igual forma, 40 estudiantes de la
escuela Preparatoria Versalles, invitados por el diputado Enrique González Isunza.
A 45 dirigentes de la Organización de la
Central Campesina Independiente, invitados por el diputado Félix García Hernández.
Finalmente, también tenemos de invitados a
50 estudiantes de la escuela Secundaria número 151, del Estado de Quintana Roo, invitados
por el diputado David Cervantes Peredo.
LEY
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Tiene la palabra el diputado José
Luis Sánchez Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
|
El diputado José Luis Sánchez Campos: |
«Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados de la LVII Legislatura.
Los suscritos, diputados a la LVII
Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la
consideración de la Asamblea de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa que
modifica diversas disposiciones fiscales de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Es de considerarse que el Estado es el
rector de la economía nacional y que necesita contar con el apoyo de los sectores
productivos, para alcanzar los objetivos de desarrollo económico.
Es necesario, por lo tanto, que las metas
gubernamentales de recaudación de impuestos involucren al universo de contribuyentes y
los hagan participar para que cooperen a solventar los gastos públicos, tal como está
estipulado en el artículo 31 fracción IV de nuestra Constitución; es decir, de una
manera proporcional y equitativa.
El Estado debe garantizar que el sistema
tributario tenga cargas impositivas que no se conviertan en un obstáculo para el
desarrollo sostenido de las cadenas productivas y que por tanto no se conviertan en trabas
que detengan o inhiban el desarrollo económico nacional.
Antes de pensar en alcanzar las metas
recaudatorias, debemos analizar el impacto que genera establecer impuestos que no estén
acordes con la capacidad de contribución de los causantes.
No debemos lesionar la fuente de riqueza,
sino incentivarla. Las altas tasas impositivas y la desproporcionalidad de las mismas
afectan tanto a la planta productiva como al erario.
La facultad que tiene el Estado de imponer
un gravamen para solventar sus gastos no implica que éste deba ser arbitrario. El Estado
debe ejercer esta facultad con criterio constitucional y determinar la cuantía,
dependiendo de la capacidad económica del contribuyente, de tal suerte que los entes
económicos con mayores ingresos deben ser los que más contribuyan. Este principio en la
actualidad se da parcialmente, porque independientemente de la capacidad económica de las
personas, no todas tienen actividades empresariales, la tasa que se aplica a su base
gravable es única, lo que hace que relativamente paguen más los que menos tienen.
El país transita por una etapa muy
difícil desde el punto de vista económico, por lo que se hace necesario implementar un
sistema de exenciones fiscales para estimular la investigación y el desarrollo de la
ciencia y tecnología, sustituir la tasa única del impuesto sobre la renta, estableciendo
tasas progresivas tanto para personas físicas como morales, darle mayor progresividad a
las tarifas que se aplica a los asalariados y sobre todo incorporar a los que tienen su
actividad en la economía informal.
Por las razones anteriormente expuestas,
ponemos a su consideración el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se reforman los
artículos 10, fracción I del artículo 12, la fracción III del artículo 12-A, la
fracción II del artículo 51, los artículos 67 primer párrafo, 80, 119-A primer
párrafo y 141.
Artículo 10. Las personas morales deberán
calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio
la siguiente tarifa:
VER CUADRO EN EL DOC.1
Artículo 12. Los contribuyentes
efectuarán pagos provisionales mensuales a cargo del impuesto del ejercicio, a más
tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponde el pago,
conforme a las bases que a continuación se señalan:
Fracción I párrafo cuarto.
Cuando en el último ejercicio de 12 meses
no resulte coeficiente de utilidad, conforme a lo dispuesto en esta fracción, no tendrán
obligación de realizar pagos provisionales.
Artículo 12-A. Los contribuyentes para
determinar los pagos provisionales a que se refiere el artículo 12 de esta ley, estarán
en lo siguiente:
I a la II. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
III. En el primer mes de la segunda mitad
del ejercicio se podrá optar por ajustar el impuesto correspondiente a los pagos
provisionales conforme a lo siguiente:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Artículo 51. Los contribuyentes de este
título podrán optar por efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes
nuevos de activo fijo, en lugar de las previstas en los artículos 41 y 47 de la ley,
deduciendo en el ejercicio en que se efectúe la inversión de los mismos, en el que se
inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, la cantidad que resulte de aplicar, al
monto original de la inversión, únicamente los por cientos que se establecen en este
artículo. La parte de dicho monto que exceda de la cantidad que resulte de aplicar al
mismo, el por ciento que se autoriza en este artículo, no será deducible en ningún
caso.
Los por cientos que se podrán aplicar para
deducir las inversiones a que se refiere este artículo, son los que a continuación se
señalan:
I a la II. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Tercer párrafo. La opción a que se
refiere este artículo podrá ejercer cuando se trate de mobiliario y equipo de oficina y
automóviles utilitarios.
Quinto párrafo. La opción a que se
refiere este artículo sólo podrá ejercerse tratándose de inversiones en bienes que se
utilicen permanentemente en territorio nacional.
Artículo 67. Las personas morales que se
dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, así
como al autotransporte de carga o pasajeros, siempre y cuando en el ejercicio anterior no
hayan obtenido ingresos superiores a $2.233,824.00, en lugar de aplicar lo dispuesto en el
título II de esta ley, deberán pagar el impuesto sobre la renta en los términos
establecidos en este título, a excepción de aquellas que tengan el carácter de
controladoras o controladas en los términos del Capítulo IV del Título Segundo de esta
ley, mismas que pagarán el impuesto conforme con lo previsto en dicho capítulo.
Artículo 80. Quienes hagan pagos por los
conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y
enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto
anual. Cuando quienes hagan los pagos correspondientes realicen pagos provisionales
trimestrales en los términos de esta ley, efectuarán las retenciones respectivas
mensualmente, debiendo realizar los enteros correspondientes en forma trimestral
conjuntamente con sus declaraciones de pagos provisionales. No se efectuará retención a
las personas que únicamente perciban salario mínimo general correspondiente al área
geográfica del contribuyente.
La retención se calculará aplicando a la
totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, disminuidos con las
cantidades que los trabajadores aporten voluntariamente en el mes que se trate por
conducto de su patrón, a la subcuenta de aportaciones voluntarias de la cuenta individual
en los términos de lo señalado en la Ley del Seguro Social o a la cuenta individual del
Sistema de Ahorro para el Retiro en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mismas que no excederán del 2% de su
salario base de cotización, sin que este último pueda ser superior a 25 veces el salario
mínimo general que rija en el Distrito Federal, la siguiente tarifa integrada:
VER CUADRO EN EL DOC.2
Artículo 119-A. Las personas físicas que
se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, así como al
autotransporte de carga de pasajeros, pagarán el impuesto sobre la renta en los términos
establecidos en esta sección, sobre los ingresos propios e intereses que se deriven de
estas actividades, siempre y cuando dichos ingresos no hayan excedido en el año
calendario anterior un monto de $2.233,824.00.
Artículo 141. Tarifa anual de cálculo de
retenciones a ingresos por salario integral. Esta tarifa corresponde a la misma que se
establece en el artículo 80 anualizada para efectos de este artículo.
VER CUADRO EN EL DOC.3
Artículo segundo. Se adicionan las
fracciones XXIV y XXV al artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Artículo 24. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
XXIV. Los gastos que se originen en la
realización de investigaciones relacionadas a la ciencia y tecnología.
XXV. Las operaciones realizadas con
autofactura en virtud de que no se cuente con documentación comprobatoria, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.
Artículo tercero. Se deroga la fracción
III del artículo 25, los artículos 80-A, 80-B, 141-A y 141-B de la Ley del Impuesto
sobre la Renta.
Artículo 25. No serán deducibles:
III. Derogada.
Artículo 80-A. Derogado.
Artículo 80-B. Derogado.
Artículo 141-A. Derogado.
Artículo 141-B. Derogado.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto sobre la Ley del
Impuesto sobre la Renta, tendrá vigencia a partir del 1o. de enero de l999. Publíquese
en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Salón de sesiones de la Cámara de
Diputados.—México, D.F., a 3 de diciembre de 1998.—Diputado José Luis Sánchez
Campos.»
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
Tenemos la visita y les damos un saludo de
bienvenida a esta Cámara de Diputados, al director y maestros de la preparatoria Ocoyu,
de Huehuetla, Puebla.
De igual forma a 60 invitados del diputado
José Janitzio Soto Helguera, de Tlalnepantla, Estado de México.
A 90 alumnos de la escuela secundaria de
Tulancingo, Hidalgo, invitados por el diputado Noé Paredes Salazar.
Asimismo a 60 alumnos de la Universidad
Autónoma del Estado de México, invitados por el diputado Sergio Osorio Romero.
Finalmente, saludamos y le damos la
bienvenida a 30 alumnos de la ENEP-Acatlán, invitados por el diputado Javier Paz Zarza.
DELITOS
FINANCIEROS
Tiene la palabra el diputado Luis
Patiño Pozas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una
iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República; al Código Penal para el Distrito Federal en
Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; a la Ley de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al Código Federal de
Procedimientos Penales.
|
El
diputado Luis Patiño Pozas: |
Con su venia, señor Presidente:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.—Presentes.
Los suscritos, diputados federales de la
LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario
del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los
artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la
Cámara de Diputados, por el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman diversas leyes: reformas a la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República; reformas al Código Penal para el Distrito
Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal;
adiciones a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y adiciones al Código
Federal de Procedimientos Penales, bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La actividad de banca y crédito posee
grandes estructuras, todas ellas importantes para su desarrollo. Por supuesto, habrá que
considerar dentro de las mismas, en primer lugar, la estructura jurídica, que para el
grupo parlamentario del Partido del Trabajo, es de primer orden para comprender el
desarrollo de la banca, ya que dentro de ésta, nacen las bases conforme a las cuales se
organizan y regulan su actividad, se conciertan sus operaciones y se establecen sus
derechos.
Además de esta estructura, no hay que
perder de vista otros factores fundamentales para su desarrollo, como es el de la
contabilidad, a través de la cual, las instituciones registran diariamente las
innumerables operaciones que realizan, que arrojan fielmente tanto los resultados, como su
equilibrio económico y de operación.
La expansión tanto financiera, como
económica y de servicios de las instituciones, así como su sano crecimiento y los medios
e instrumentos que habrán de utilizarse para ello, influyen de manera directa en las
mismas.
Otro factor importantísimo es la
selección, formación y desarrollo del personal, tanto en los niveles inferiores como
medios y superiores, para contar con recursos humanos, conscientes y capacitados que
actúen con probidad y honradez.
Por último, otro factor que no puede
pasarse por alto son los usos y prácticas bancarias, que marcan la pauta a todas estas
instituciones, ya que desde su privatización fueron debidamente señalados los requisitos
tanto de fondo como de forma, que debían cubrir quienes fueran a adquirir y dirigir estas
instituciones; esto para cumplir con la importante función social de ser intermediarios
en el crédito y hacer llegar éste a los sectores demandantes, al mismo tiempo de cuidar
de que los beneficiarios de este crédito respondan a la confianza que en ellos se
deposita para que cumplan oportunamente con sus obligaciones, pues no se debe perder de
vista que los recursos del sistema bancario provienen principal y preponderantemente del
ahorro del público y por lo tanto su administración en sus operaciones tanto en sentido
pasivo, activo y de servicios, demanda un hondo sentido profesional, técnico y de
honradez en la operación de los mismos.
En nuestro país las instituciones
bancarias fueron definidas como instituciones de derecho público por la Ley Reglamentaria
del Servicio Público de Banca y Crédito, de 1982; así como por la de igual nombre del
15 de enero de 1985. ambas leyes señalaron en su tiempo, en sus respectivos artículos
1o., que eran disposiciones de orden público.
La nueva Ley de Instituciones de Crédito
de 1990, con motivo de la privatización de los bancos ya no tiene declaraciones tan
contundentes como las anteriores, sin embargo, en opinión del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo, sigue siendo una disposición de orden público, atento a lo que
establecen los artículos 1o. y 4o.
Actualmente, en nuestro país, se vigila y
controla la actividad bancaria y de las instituciones de crédito, a través de órganos
estatales, que son: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el Banco de México y,
las comisiones nacionales bancarias y de valores, seguros y finanzas. En otros países,
son los bancos centrales, los ministerios de Hacienda u organismos especializados, los que
realizan dichas funciones de vigilancia.
Al actuar a través de los órganos antes
mencionados, el Gobierno mexicano lo hace en su calidad de autoridad y las normas que
prevén todo ese aparato administrativo y sus funciones son, consecuentemente, de derecho
público.
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo considera que muy a pesar de lo que disponen las leyes y reglamentos vigentes, que
obligan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores y nos referimos fundamentalmente al artículo 31 fracción
VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al artículo 65 de la Ley
de Instituciones de Crédito, a vigilar adecuadamente las actividades de las instituciones
de banca y crédito, en lo que se refiere a sus operaciones activas, como por ejemplo: en
el otorgamiento de los créditos, la banca comercial ha incumplido con los estrictos
lineamientos que se utilizan para el correcto estudio de factibilidad económica de los
proyectos que se les presentan y como consecuencia de éstas graves fallas en la
vigilancia por parte de las autoridades a que nos referimos, se produjo la insolvencia de
todos los bancos, que tuvieron que recurrir a los apoyos preventivos y correctivos del
Fondo Bancario de Protección al Ahorro, paralizando de manera general el crecimiento de
la economía de nuestro país.
Si bien es cierto que nuestra legislación
bancaria en su Capítulo III artículos 111 al 114 y el respectivo artículo 400-bis del
Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la
República en Materia de Fuero Federal detalla las penas por la comisión de delitos
bancarios, también lo es, que el artículo 115 de la ya referida ley limita la facultad
de proceder penalmente y previa querella si así lo considera prudente, a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Publico y en algunos casos a las propias instituciones de crédito.
Ahora bien, ante los innumerables delitos
cometidos por funcionarios del sector financiero, los mismos tienen que ser incluidos
dentro del propio catálogo de delitos "graves" que prevé el Código Federal de
Procedimientos Penales, ya que las consecuencias que produce dicha comisión de delitos,
afectan y trascienden en perjuicio de toda la sociedad, ya que el Gobierno pretende que
sean los contribuyentes quienes terminemos pagando dichas irregularidades.
Compañeras y compañeros diputados: la
iniciativa que hoy somete el grupo parlamentario del Partido del Trabajo a su
consideración, tiene el propósito de que en el artículo 2o. de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, se adicione una fracción VI corriéndose en su
orden la VI pasando a ser VII y así sucesivamente, en donde se establezca la existencia
de una fiscalía especial en delitos bancarios. Para que la misma, y de oficio, en caso de
que el fiscal especial encuentre elementos que permitan presumir la comisión del o los
delitos que se detallan tanto en los artículos 111 al 114 de la legislación bancaria y a
los que se refiere el artículo 400-bis del Código Penal para el Distrito Federal en
Materia de Fuero Común y para la República en Materia de Fuero Federal, integre la
averiguación previa correspondiente y en su caso ejercite acción penal en contra de
quien o quienes resulten responsables, por la comisión de estos delitos.
De igual forma y con objeto de complementar
lo antes referido, se propone que en la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, dentro de su artículo 4o. se adicione una fracción XI, corriéndose en su orden
la actual fracción XI pasando a ser XII y así sucesivamente, donde se establezca la
obligación por parte de esta comisión de remitir al fiscal especial de delitos cometidos
por funcionarios que representan las entidades del sector financiero, el resultado final
de las auditorías que en su momento haya practicado, en un plazo no mayor de 30 días
hábiles, a partir de su conclusión.
Asimismo, se debe reformar el artículo
400-bis párrafos cuarto y quinto del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de
Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, en el sentido de que
no se requiera la denuncia previa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para que el Ministerio Público pueda integrar averiguaciones previas en materia
de delitos bancarios y ejercitar acción penal, sino que de oficio y si así se estima
conveniente por parte del fiscal especial para la investigación de este tipo de delitos
cometidos por funcionarios de instituciones de crédito y por denuncia de cualquier
particular que sienta violentados sus derechos y se encuentre legitimado para ello.
De igual forma proponemos a esta soberanía
la adición al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, con el
propósito de que los delitos bancarios previstos en los artículos 111 al 114 de la Ley
de Instituciones de Crédito, cometidos por las personas que forman parte de las
instituciones nacionales de crédito, sean catalogados como graves, esto en virtud de lo
expresado con antelación.
Por lo antes expuesto y con fundamento en
lo que disponen los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Diputados, a efecto de que se
turne de inmediato para dictamen a la comisión correspondiente, la siguiente iniciativa
de decreto de reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;
reformas al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda
la República en Materia de Fuero Federal; adiciones a la Ley de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y adiciones al Código Federal de Procedimientos Penales, para
quedar como sigue:
Artículo primero. Se reforma el artículo
2o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con una fracción
VI, corriéndose la actual fracción VI para pasar a ser VII y así sucesivamente, para
quedar como sigue:
Artículo 2o. Corresponde al Ministerio
Público de la Federación:
I a la V. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
"VI. El fiscal especial nombrado por
el Procurador General de la República para la persecución de delitos cometidos por el
personal de instituciones financieras en caso de que encuentre, a su juicio, los elementos
suficientes que permitan presumir la comisión del o los delitos que se establecen en los
artículos 111 al 114 de la Ley de Instituciones de Crédito, de oficio integrará la
averiguación previa correspondiente y en su caso, ejercitará acción penal en contra de
quien o quienes resulten responsables."
VII a la XII. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Artículo segundo. Se reforma el párrafo
cuarto y se deroga el actual párrafo quinto, pasando los actuales párrafos sexto y
séptimo a ser quinto y sexto, respectivamente, del artículo 400-bis del Código Penal
para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia
de Fuero Federal, para quedar como sigue:
Artículo 400-bis. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
En caso de conductas previstas en este
artículo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema
financiero, para proceder penalmente no se requiere la denuncia previa por parte de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que el fiscal especial puede actuar de
oficio o previa denuncia formulada por particulares.
. . . Derogado.
. . . pasa a ser párrafo quinto.
. . . pasa a ser párrafo sexto."
Artículo tercero. Se adiciona una
fracción XI al artículo 4o. de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
corriéndose en su orden la actual fracción XI pasando a ser XII y así sucesivamente,
para quedar como sigue:
Artículo 4o. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
I a la X. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
XI. Turnar al fiscal especial para delitos
cometidos por funcionarios de instituciones financieras, el resultado final de las
auditorías que se hayan practicado en un plazo no mayor de 30 días hábiles, a partir de
su conclusión.
XII a la XXXVIII. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Artículo cuarto. Se adiciona el último
párrafo, último renglón del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos
Penales, para quedar como sigue.
Artículo 194. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
a) a b). . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Se califican como delitos graves, para
todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la
sociedad...; los previstos en los artículos 111 al 114 de la Ley de Instituciones de
Crédito.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3
diciembre de 1998.—Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo: Diputados:
Ricardo Cantú Garza, coordinador; Juan José Cruz Martínez, Luis Patiño Pozas, María
Mercedes Maciel Ortiz, José Luis López López, Santiago Gustavo Pedro Cortés y Gerardo
Acosta Zavala.»
Túrnese a la Comisión de Justicia.
Tenemos invitados y le damos un cordial
saludo a 90 alumnos de la escuela secundaria de Tulancingo, Hidalgo, invitados por el
diputado Noé Paredes Salazar.
De igual forma tenemos invitados a 52
reporteros, invitados por el diputado Guillermo González Martínez.
COMISION DE LA VERDAD
DEL
SISTEMA BANCARIO NACIONAL
Tiene la palabra el diputado Alvaro
Arceo Corcuera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una iniciativa que crea la Comisión de la Verdad del Sistema Bancario Nacional.
|
El
diputado Alvaro Arceo Corcuera: |
Muchas gracias, señor Presidente:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.—Presentes.
Los suscritos, diputados a la LVII
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esa soberanía la
iniciativa que crea la Comisión de la Verdad para el análisis y propuesta sobre el
Sistema Bancario Nacional. Con base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El 31 de marzo de 1998, el Ejecutivo
Federal envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión diversas iniciativas de
leyes, una de las cuales, la relativa a la Ley de la Comisión para la Recuperación de
Bienes, contenía el siguiente artículo transitorio cuarto: las obligaciones contraídas
por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores,
que cuenten con el aval o la responsabilidad solidaria del Gobierno Federal, así como los
compromisos adquiridos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro y las obligaciones
de las instituciones de banca múltiple intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores y apoyadas por el propio fondo, pasarán a formar parte de la deuda pública
directa del Gobierno Federal. La consolidación de esos pasivos será por un monto de
552,300,000,000.00 de pesos (quinientos cincuenta y dos mil trescientos millones de
pesos), fecha valor 28 de febrero de 1998 y deberá formalizarse, junto con sus
accesorios, a más tardar el 31 de diciembre de 1998.
Lo anterior significó la confesión del
Presidente de la República de haber otorgado avales y extendido obligaciones solidarias
en respaldo de compromisos contraídos por dos fideicomisos que por disposición legal
expresa no formaban ni forman parte del Gobierno Federal. De igual modo, reconocía el
Ejecutivo que las obligaciones de las instituciones de banca múltiple intervenidas por la
CNBV habían sido apoyadas por el Fobaproa, en contravención a los límites que imponía
el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y que esos apoyos debían pasar a
ser deuda pública directa del Gobierno Federal.
En resumen, el Ejecutivo había asumido
endeudamiento público sin la previa autorización del Congreso de la Unión, en desacato
a lo mandado en la fracción VII del artículo 73 constitucional, y había permitido, en
su carácter de fideicomitente a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico
en los fideicomisos anotados, que estos organismos hicieran operaciones y adquirieran
compromisos más allá de lo que la ley les permitía.
A las flagrantes violaciones a la
Constitución y a las leyes federales de la materia se unió el sigilo con que el asunto
fue turnado al Congreso de la Unión y la posterior negativa del Ejecutivo a proporcionar
los datos que permitieran saber qué ocurrió, por qué sucedió y quiénes fueron los
protagonistas principales, aparte de las autoridades de la Secretaría de Hacienda, del
Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de los fideicomisos
conocidos como el Fobaproa y el Fameval.
Como consecuencia, a más de ocho meses de
presentada la iniciativa citada, el Congreso de la Unión continúa sin conocer cabalmente
la composición de esos 552 mil 300 millones de pesos, más accesorios, al 28 de febrero
pasado; como tampoco ha tenido acceso a los nombres de los titulares de los créditos no
pagados y sí transferidos al Fobaproa ni a las prácticas mediante las cuales los
respectivos comités técnicos resolvieron los casos de que tuvieron conocimiento. Sin
embargo, el Ejecutivo Federal ha presionado por todos los medios para que la Cámara de
Diputados apruebe el pago de intereses que han generado los títulos de crédito expedidos
por el Fobaproa y avalados por aquél y para que el Congreso de la Unión reconozca como
deuda pública el monto que el propio Ejecutivo ha argüido, que no comprobado, como
indispensable para el salvamento del sistema de pagos nacional.
Todo lo anterior ha derivado,
comprensiblemente, en una creciente falta de confianza entre los diversos círculos
ciudadanos del país en un Ejecutivo que pretende asestarle una deuda impagable y un
Congreso llevado a resolver lo que no conoce ni le dejan conocer. Un Congreso reducido a
la mera función de idear un mecanismo técnico-financiero para solucionar un problema que
no sabe bien a bien cómo surgió y por qué creció; ni quiénes lo provocaron y se
aprovecharon de su papel de resolutores para esquilmar todavía más el patrimonio
público. Un Congreso suplicante de los datos necesarios para poder alimentar las
auditorías que él mismo ordenó para encontrar aciertos o desaciertos operativos, pero
en nada necesarios para resolver en qué casos se violó la Constitución y las leyes y
quiénes son los responsables políticos de tales desobediencias y actuar en consecuencia.
Un Congreso, en una palabra, rebasado.
En esta situación, urge a la República
que se recobre la confianza de los gobernados en sus gobernantes y debe anotarse como un
instrumento idóneo para ello una Comisión de la Verdad, integrada con ciudadanos
desvinculados del Gobierno, de partidos políticos y de grupos de interés, que se aboque
a la averiguación de lo acontecido en el sistema bancario nacional y proponga las medidas
correctivas y precautorias que el asunto merezca
Este tipo de comisiones se ha justificado
en cuanto a su existencia y operación, cuando es necesario dar a cualquier proceso de
investigación de intereses públicos, la credibilidad y la objetividad que los actores
políticos no pueden ya asegurar, como aconteció en Sudáfrica, España, Argentina, Chile
y El Salvador.
Paralelamente, sabedores de que existe
ciertamente un quebranto grave en el sector financiero nacional, los suscritos
propondremos en documento aparte un Programa de Apoyo a Medianos y Pequeños Deudores del
sistema bancario que suministre recursos frescos a los bancos acreedores, libere las
posibilidades productivas de pequeños comerciantes, industriales, agricultores y
ganaderos que alivie la angustiosa situación de suscriptores de créditos al consumo; en
tanto surja la verdad de lo acontecido en los bancos del país y pueda, con base en ese
conocimiento, realizar los planteamientos legislativos necesarios para evitar que vuelva
hacerse de México campo de excesos y trinchera de impunidades.
En virtud de lo anterior, nos permitimos
someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente
INICIATIVA DE LEY QUE CREA LA
COMISION DE LA VERDAD DEL
SISTEMA BANCARIO NACIONAL
TITULO PRIMERO
De la naturaleza y objeto
CAPITULO I
Artículo 1o. La Comisión de la Verdad del
Sistema Bancario Nacional es un órgano dependiente de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, que tiene por objeto la averiguación de las causas del colapso
bancario manifestado en el mes de diciembre de 1994; la evaluación de las medidas tomadas
por las autoridades hacendarias y bancarias para enfrentar el quebranto; la comprobación
de la real aplicación de aquéllas y la valoración de sus consecuencias, así como la
definición de una propuesta para solucionar el problema, consolidar el sistema financiero
y determinar las medidas para que no vuelva a presentarse un quebranto similar.
Artículo 2o. Para los efectos de esta ley,
se entenderá por:
I. Comisión, la Comisión de la Verdad del
Sistema Bancario Nacional.
II. Instituciones, las instituciones de
banca múltiple a que se refiere la Ley de Instituciones de Crédito y las instituciones
de valores a que se refiere la Ley del Mercado de Valores.
TITULO SEGUNDO
De las atribuciones y obligaciones
CAPITULO I
De las atribuciones y obligaciones en
general
Artículo 3o. La comisión, para la
consecución de su objeto y la recuperación de la confianza ciudadana en sus autoridades,
tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
I. Revisar las transacciones crediticias
que derivaron en el quebranto económico consolidado que al 28 de febrero de 1998
alcanzaba la cifra de 552 mil 300 millones de pesos, en los términos de la iniciativa
suscrita por el Ejecutivo a los 31 días del mes de marzo de 1998.
II. Determinar las operaciones afectadas
por causas exógenas provenientes de la situación económica del país surgida en
diciembre de 1994 y no resultantes de actos ilícitos o de inexcusable negligencia
administrativa por parte de las instituciones.
III. Identificar las instituciones
acreedoras y a las personas físicas o morales protagonistas en términos de la primera
parte del inciso anterior, así como los montos de las operaciones de que se trate.
IV. Recibir la información procedente de
las auditorías al Fondo Bancario de Protección al Ahorro ordenadas por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.
V. Recabar del Ejecutivo Federal y de las
autoridades hacendarias y bancarias toda la información necesaria para el logro de su
objeto; por lo que no serán aplicables a la comisión las reglas relativas a los secretos
bancario y fiduciario.
VI. Contratar servicios complementarios o
auxiliares necesarios para el alcanzamiento de su objeto; con cargo a la partida
presupuestal que la Cámara de Diputados establezca al respecto; así como obtener de la
propia Cámara el suministro, el personal de apoyo y los recursos materiales de que
precise adicionalmente.
VII. Proponer a la Cámara de Diputados las
medidas que a su juicio deben aplicarse para resolver el problema bancario del país e
informar a la citada Cámara los resultados de sus averiguaciones.
TITULO TERCERO
De la organización y gobierno
CAPITULO I
De las bases de organización
Artículo 4o. A la comisión corresponderá
el gobierno y la administración de sí misma en el ámbito de las atribuciones que la
presente ley le confiere.
CAPITULO II
Del gobierno
Artículo 5o. La comisión se integrará
por siete miembros de reconocida honorabilidad; sin vínculos con el Gobierno, partidos
políticos o grupos de interés; de desempeño destacado en las labores propias de su
profesión ya sea en las finanzas, la ciencia, el derecho u otras disciplinas.
Artículo 6o. Los integrantes de la
comisión serán nombrados por la mayoría de los diputados presentes en la sesión de que
se trate, a propuesta de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados,
cada uno de los cuales podrá hacer, por medio de su coordinador, hasta tres propuestas.
Artículo 7o. Los miembros de la comisión
designados escogerán de entre ellos a un presidente, un secretario y un prosecretario.
Artículo 8o. Las sesiones de la comisión
se llevarán a cabo con la asistencia de por lo menos cinco de sus miembros, con la
periodi-cidad y oportunidad necesarias para el cumplimiento de su objeto, previa
convocatoria que haga el secretario, a petición de cualquiera de sus miembros.
CAPITULO III
De la presidencia
Artículo 9o. Corresponderá al presidente
de la comisión:
I. Tener a su cargo la administración de
la comisión y la representación de ésta.
II. Ejecutar las resoluciones de la
comisión.
III. Enviar las propuestas e informes a que
se refiere la fracción VII del artículo 3o. de esta ley.
IV. Informar a la comisión sobre el
ejercicio de sus atribuciones y el resultado de las encomiendas que haya recibido de
aquélla.
V. Nombrar y remover al personal de la
comisión, así como contratar los servicios a que se refiere la fracción VI del
artículo 3o. de esta ley.
VI. Presentar a la comisión los asuntos e
informes que corresponda aprobar o conocer a dicho órgano, así como los demás que
estime conveniente.
VII. Proponer a la comisión la estructura
básica de trabajo de la misma.
TITULO CUARTO
Disposiciones generales
CAPITULO UNICO
Artículo 10. La comisión se disolverá
por disposición de la Cámara de Diputados una vez concluida la averiguación y entregado
su informe final y formulado sus recomendaciones y propuestas a la citada Cámara.
Artículo 11. Las autoridades hacendarias y
bancarias, así como las correspondientes a los fideicomisos Fobaproa y Fameval, están
obligadas a proporcionar a la comisión los informes que precise para la consecución de
su objeto. La violación a este mandato dará origen al fincamiento de responsabilidades.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El presupuesto de gastos de la
Federación contendrá la partida correspondiente a la operación de la Comisión de la
Verdad del Sistema Bancario Nacional hasta la extinción de ésta por haber cumplido con
su objeto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de
diciembre de 1998.—Diputados: Alvaro Arceo, José de Jesús Martín del Campo,
Demetrio Javier Sodi de la Tijera, Enrique Bautista Villegas, Julieta Gallardo, María
Guadalupe Sánchez Martínez, Angélica de la Peña Gómez, Alberto López Rosas, Plutarco
García Jiménez, Ana Lila Ceballos Trujeque, Susana Esquivel Farías, María de la Luz
Núñez Ramos, Roselia Barajas, Bonfilio Peñaloza García, David Ricardo Cervantes
Peredo, Lenia Batres Guadarrama, María de Lourdes Rojo e Incháustegui y Esperanza Pérez
Villalobos.»
Es todo, señor Presidente. Sólo quisiera
agregar que en esta oportunidad en que todavía no se conocen los montos ni lo que
ocurrió en el seno del Fobaproa y del Fameval, es extremadamente importante que sepamos
la verdad para que podamos actuar en consecuencia y no meramente con datos que nos son
proporcionados, pero no comparados hasta ahora.
Gracias.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
Tenemos la presencia de un grupo de mujeres
integrantes del Colegio de Abogados, invitadas por la diputada Martha Veyna Soriano, a las
cuales les damos una cordial bienvenida.
VEHICULOS
EXTRANJEROS
Ruego a la Secretaría dé lectura a
la iniciativa de ley para el otorgamiento de permisos de importación para la internación
definitiva de vehículos automotores de procedencia extranjera que se hayan internado
temporalmente en el país y que fue elaborada por la Comisión de Asuntos Fronterizos.
|
El secretario Martín Contreras Rivera: |
«Los suscritos, 30 diputados
integrantes de todos los grupos parlamentarios de la Comisión de Asuntos Fronterizos de
la Cámara de Diputados, de manera plural y en ejercicio de la facultad constitucional que
nos confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía una
iniciativa de ley que propone solucionar el fenómeno de la estancia de vehículos usados
de procedencia extranjera que circulan en el país, a través de la regularización.
Cabe hacer notar que el anteproyecto de
dicha iniciativa fue suscrito y expresaron su conformidad con la esencia de la misma más
de 106 señoras y señores diputados de las cinco fracciones parlamentarias que integran
esta Cámara, así como de señores senadores integrantes de las fracciones parlamentarias
de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, cuyo
documento con las firmas autógrafas se anexa a la presente iniciativa.
Lo anterior, en razón de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Antecedentes
Desde hace varios lustros algunos sectores
agropecuarios, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, al carecer de los apoyos y
recursos necesarios como maquinaria para transportar sus productos, optaron por introducir
al país automotores de procedencia extranjera por su bajo costo, permitiéndoles cubrir
sus necesidades de transporte. Tales vehículos eran de ciertas características, pues
básicamente se trataba de tractores, camionetas y de las conocidas como
"estacas".
Posteriormente esta misma actitud fue
adoptada por grupos urbanos ubicados principalmente en la zona fronteriza, ampliándose
con ello la demanda de vehículos que fueran de utilidad para las necesidades económicas,
tales como: la transportación a los centros de trabajo, escuela etcétera.
Este fenómeno, como todos saben, se ha ido
extendiendo hacia otros estados del interior de la República, debido en parte a que
muchos de los que ingresan un vehículo de procedencia extranjera han emigrado en algún
momento por cuestiones de trabajo a los Estados Unidos y los emplean para trasladarse
hasta su lugar de origen.
Sin embargo, la introducción y permanencia
de los vehículos durante un tiempo mayor del concedido por las autoridades aduaneras,
generó la violación de las disposiciones legales correspondientes sobre la adquisición
de bienes extranjeros y de su importación temporal o permanente.
Durante el tiempo que ha ocurrido esto, el
Estado, a través del titular del Poder Ejecutivo y sus dependencias, han expedido
diversos decretos administrativos que temporalmente resolvieron las demandas de los
propietarios de dichos vehículos, evitando con esto la suspensión de las sanciones
respectivas a las que se habían hecho acreedores.
Ejemplo de lo anterior lo son los decretos
publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas: 25 de septiembre de 1985; 8
de enero; 8 de abril y 19 de mayo de 1988; 1o. de marzo de 1990 y 21 de febrero de 1994.
A pesar de lo señalado anteriormente, en
estos momentos se tiene conocimiento de la exis-tencia de 1 millón de vehículos de
procedencia extranjera, según informes proporcionados por organizaciones y agrupaciones
de defensa de lo que denominan como patrimonio familiar.
Es importante señalar que tales
organizaciones, tienen presencia en diferentes regiones del país, las cuales en
múltiples y reiteradas ocasiones han solicitado a las diferentes dependencias competentes
del Ejecutivo, la legal estancia de los vehículos internados en el país.
De permanecer la actual situación, al
igual que en años anteriores, tendería a provocar efectos perjudiciales en diferentes
regiones del país, puesto que produciría inestabilidad e incertidumbre para sus
propietarios.
Por todo lo anterior es necesario mencionar
las siguientes:
Consideraciones generales
Marco social
1. La gran mayoría de los vehículos de
estancia ilegal, que circulan actualmente en nuestro país, cumplen una función social de
carácter económico. Su internación no ha sido masiva, ésta se ha producido de forma
gradual.
Dicha práctica ha significado para los
propietarios de los vehículos de procedencia extranjera la solución de su
transportación y el apoyo inmediato para sus actividades económicas, ya que actualmente
adquirir vehículos nuevos nacionales está limitado a sectores económicos muy reducidos;
ello, por las condiciones que privan en el mercado automotriz mexicano.
2. La internación de vehículos se ha
desenvuelto en un círculo: de demanda social y solución temporal del problema:
a) Demanda social: ante la imposibilidad de
adquirir por parte de la mayoría de la población vehículos nuevos de fabricación
nacional, se ha convertido en práctica común en algunas regiones del país, la compra de
vehículos usados de procedencia extranjera para su uso. Este fenómeno no es particular
de la zona fronteriza, por el contrario, se ha reproducido en diferentes regiones del
interior del país. En este sentido, los propietarios y poseedores de dichos vehículos,
en los últimos años han actuado por caminos que violentan las disposiciones legales
vigentes en la búsqueda de soluciones que garanticen una mínima satisfacción de sus
necesidades.
b) Solución temporal del problema: ante la
demanda social las instituciones y el marco jurídico vigente han sido rebasados por el
fenómeno de internación de vehículos de proce-dencia extranjera, generando con esto que
los propietarios se auxilien de organizaciones y asociaciones civiles, siendo uno de sus
objetivos la gestión legal de la estancia de los vehículos de procedencia extranjera en
el país; sin embargo, en algunos casos la gestión de tal actividad no ha sido lo
suficientemente transparente a los ojos de la opinión pública. Sin duda esta actividad
debe ser modificada.
Marco jurídico
De acuerdo al marco jurídico actual las
autoridades competentes para solucionar el problema han ejercido la aplicación
irrestricta de la ley, lo que se traduce en la imposición de sanciones, multas e incluso
el decomiso de dichos vehículos esto último; si es tomado como la única vía de
solución será prácticamente imposible, porque no existen las condiciones objetivas para
privar de lo que hoy forma parte de los bienes de miles de personas.
Marco económico
Actualmente la industria automotriz
nacional opera con un mercado restringido a ciertos sectores.
La presente propuesta de ley pretende que
la industria automotriz nacional abra otros nichos de mercado, como lo es la producción
de refacciones para los autos usados de procedencia extranjera.
El estado ilegal de los vehículos en su
mayor parte va aparejada de prácticas de corrupción en la que participan desde
autoridades municipales, estatales y federales. Dichas prácticas y sus modalidades
podrían ser erradicadas, siempre y cuando se produzca un marco normativo que garantice la
estancia regular de estos vehículos que se encuentran ilegalmente en el país, ello
traería consigo la seguridad y estabilidad del patrimonio de las familias.
Una ley de este tipo resolverá el urgente
problema económico-social, derivado del internamiento, tenencia y tránsito de vehículos
usados de procedencia extranjera, que ingresaron al país de forma legal. Considerando las
siguientes ventajas como producto de su regularización o legalización:
a) Existirá un catálogo de propietarios
perfectamente identificables de la titularidad de los vehículos.
b) Se obtendrán ingresos adicionales
federales como estatales; por lo que respecta al primero, en los derechos de
regularización y tenencia; en cuanto al segundo, en lo que corresponde al pago de placas
y engomado. Lo anterior dentro del principio establecido por el artículo 31 fracción IV
de nuestra Carta Magna.
c) Se contribuiría a las garantías
mínimas de seguridad pública, pues al conocer quién es el propietario del vehículo,
éste se localizaría con mayor facilidad en caso de que fuese utilizado para la
realización de alguna actividad ilícita.
d) Por otro lado, se incrementarán los
ingresos con motivo del consumo de gasolina en virtud de que un porcentaje considerable de
los vehículos cuyo ingreso al país y posterior estancia se considera irregular, puesto
que sus propietarios los mantienen inmovilizados por temor a las sanciones que pueden
aplicar las autoridades hacendarias a quienes los detentan y con la regularización de
dichos vehículos se incrementarían los índices de consumo de gasolinas, puesto que al
llevarse a cabo los efectos de la presente iniciativa los vehículos incluidos en ésta,
podrán circular libre y legalmente por el territorio nacional consumiendo las gasolinas
que expende Pemex en los establecimientos destinados a este fin.
e) Por otra parte, de las opiniones
vertidas por los sectores involucrados en este asunto, así como las que formularon
algunos diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, se consideró la
conveniencia de disminuir el modelo susceptible de regularización del año de 1993 al
año 1992.
Consideraciones finales
La presente iniciativa de ley, parte de la
idea de que primero está el interés general y luego el de las ideologías partidarias.
De igual forma se consideró la inconveniencia de intentar formular un decreto, puesto que
de ser así, la jerarquía de éste no es suficiente para igualar las normas jurídicas
generales relacionadas con la presente iniciativa, como pudieren ser: el Código Fiscal de
la Federación, Ley del Servicio de Administración Tributaria, Ley Aduanera, Ley de
Comercio Exterior, entre otras.
Por otro lado, en cuanto a la
clasificación de las normas jurídicas, desde el punto de vista de su ámbito temporal de
validez, el presente caso requiere que la ley en cuestión sea de una vigencia
determinada, por lo que se establece en ella su ámbito temporal de validez.
LEY PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE
IMPORTACION PARA
LA INTERNACION DEFINITIVA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE HAYAN INTERNADO
TEMPORALMENTE AL PAIS
Artículo 1o. Los propietarios de
vehículos usados de procedencia extranjera podrán regularizar la situación y estadía
en el país de dichos vehículos bajo los siguientes términos:
a) Serán considerados propietarios de
vehículos usados de procedencia extranjera, las personas que acrediten con el título de
propiedad ese derecho o con los documentos idóneos que demuestren la titularidad de un
vehículo de procedencia extranjera.
b) Los modelos de los vehículos de que se
trata, no podrán ser superiores al año de fabricación 1992 ni inferiores a modelos
fabricados en 1978.
Artículo 2o. Serán objeto de regulación
y en su caso otorgamiento de permiso de importación definitiva los vehículos automotores
cuyos modelos sean anteriores a 1993 y superiores a 1977, conforme con las disposiciones
vigentes en materia aduanera y dentro de las siguientes características:
a) Los vehículos automotores, camionetas
pick up y vagonetas con capacidad de hasta 12 pasajeros.
b) Los vehículos internados al país hasta
antes del 31 de diciembre de 1998, cuyos propietarios acrediten que dicho ingreso se
realizó antes de dicha fecha.
c) Los destinados al servicio público de
transporte y carga y cuya capacidad no exceda de 3,100 kg.
Artículo 3o. No podrán ser objeto de
regularización los vehículos siguientes:
I. Los vehículos modelos 1993 en adelante
y vehículos 1977 y anteriores.
II. Los considerados de lujo y deportivos.
Artículo 4o. Los interesados en
regularizar los vehículos deberán pagar el impuesto por importación definitiva en las
cantidades que señala la tabla de tarifas siguiente:
a) Vehículos modelo 1992, 2 mil 500 pesos,
moneda nacional.
b) Vehículos modelo 1991, 2 mil 250 pesos,
moneda nacional.
c) Vehículos modelo 1990, 2 mil pesos,
moneda nacional.
d) Vehículos modelo 1989, 1 mil 500 pesos,
moneda nacional.
e) Vehículos modelos anteriores a 1988, 1
mil pesos, moneda nacional.
Los pagos a que se refiere la tabla
anterior deberán realizarse dentro del término de seis meses a partir del siguiente día
hábil de la fecha de iniciación de la vigencia de la presente ley, en las oficinas
bancarias que designe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previo permiso de
importación definitiva que expida la Secretaría de Comercio.
Artículo 5o. Reunidos los trámites
mencionados en el artículo anterior se procederá a la inscripción del vehículo en el
Registro Nacional de Vehículos, debiéndose extender al interesado la constancia de
inscripción definitiva que en su caso servirá de título de propiedad del vehículo
inscrito.
Artículo 6o. Los documentos necesarios
para llevar a cabo el procedimiento anterior serán los siguientes:
1. Solicitud por escrito de importación
definitiva del vehículo usado de procedencia extranjera, la que deberá constar por
escrito con los siguientes datos:
a) Nombre completo del propietario,
b) Clave del Registro Federal de
Contribuyentes del interesado,
c) Domicilio fiscal del propietario,
d) Datos de identificación del vehículo,
tales como: marca, tipo, modelo, número de serie, capacidad de pasajeros, capacidad de
carga de kilogramos.
e) Manifestación bajo protesta de decir
verdad de que los datos son ciertos y de que el propietario tiene el dominio desde antes
del 30 de noviembre de 1998.
f) Copia de la constancia de pago, al que
se refiere el artículo 4o. de la presente iniciativa.
g) Constancia expedida por la oficina de
registro de vehículos del estado de la Federación, del domicilio del solicitante en la
que se certifique la inexistencia de vehículos automotores registrados a nombre del
solicitante.
h) Firma del interesado
2. Original del título de propiedad o
documento idóneo que ampare el vehículo,
3. Copia de la credencial de elector a
favor del propietario
4. Una calca, en cinta adhesiva
transparente de una medida de una pulgada de ancho en la que se marcará el número de
identificación del vehículo o número de serie.
5. Presentación ante la Secretaría de
Comercio del vehículo exclusivamente para verificar datos del mismo y que sean
coincidentes con los proporcionados en la solicitud y por la documentación que lo ampare.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor
a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y por tratarse de
normas jurídicas de vigencia determinada, desde el punto de vista de su ámbito temporal
de validez, estará en vigor hasta por 180 días hábiles siguientes a la publicación en
el Diario Oficial.
Segundo. Durante la vigencia de la presente
ley se ordena la suspensión de toda orden de verificación, embargo precautorio y
secuestro de vehículos de procedencia extranjera a cargo de la Secretaría de Hacienda,
de los vehículos modelo y año previstos en ésta ley, excepto en los cruces fronterizos.
Tercero. El Ejecutivo Federal, en la esfera
de su competencia, deberá expedir y publicar el Reglamento de la presente ley a más
tardar a los 30 días de la iniciación de vigencia a que se refiere el artículo primero
transitorio.
Cuarto. Los propietarios de los vehículos
que cumplan con las disposiciones de la presente ley, deberán además observar las
disposiciones estatales relativas a ecología, vialidad, seguridad y relacionadas con el
tránsito de vehículos automotores.
Por todo lo antes expuesto solicitamos a
esta Presidencia lo siguiente:
Unico. Tenernos por presentada la anterior
iniciativa y túrnese a la comisión de Hacienda y Crédito Público.
Integrantes de la comisión, diputados:
Genaro Alanís de la Fuente, Omar Bazán Flores, Carlos Froylán Camacho Alcázar,
Leobardo Casanova Magallanes, Rogelio Chabolla García, Trinidad Escobedo Aguilar, Jorge
Tomás Esparza Carlo, José Ricardo Fernández Candia, Eliher Saúl Flores Prieto, Julieta
Ortencia Gallardo Mora, Francisco García Castells, Antonia Mónica García, Velázquez,
Rigoberto Armando Garza Cantú, Martha Dalia Gastelum Valenzuela, Isaías González
Cuevas, José de Jesús González Reyes, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Juan Marcos
Gutiérrez González, Carlos Antonio Heredia Zubieta; Martha Irene Luna Calvo, María
Mercedes Maciel Ortiz, Héctor Mayer Soto, Gilberto Parra Rodríguez, Roberto Pérez de
Alva Blanco, Miguel Antonio Rubiano Reyna, Guillermo Santín Castañeda, Saúl Solano
Castro, Odorico Vázquez Bernal, Horacio Veloz Muñoz, Martha Veyna Soriano, los abajo
diputados firmantes nos adherimos a la presente iniciativa: Juan Felix León, Ricardo
Cantú Garza, Jorge Emilio González, Verónica Velasco Rodríguez, Calderón González,
Laura Higuera Jesús, Martha Sofía Tamayo, Jeffrey Jones, Miguel Garza, Julián Nazar,
Agustín Santiago, Norberto Santiz López, José Gascón y Lenia Batres.
Loa abajo firmantes, diputados integrantes
de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, apoyan el
anteproyecto de iniciativa de ley para el Otorgamiento de Permiso de Importación para la
Internación Definitiva de Vehículos Automotores de Procedencia Extranjera que se hayan
Internado Temporalmente al País, elaborado por la Comisión de Asuntos Fronterizos: Joel
Ayala Almeida, María Abelarda, Jesús José Villalobos, Julián Nazar, José Gascón,
Jesús Higuera, Xóchitl Reyes Castro, Adoración Martínez Torres, Luz del Carmen López,
Calderón González, Juan M. Félix León y Claudia Guerra; Jorge López Tijerina, Samuel
Aguilar Solís, Marco Bernal, Victor Hugo Islas, José Valdivia y Ascención Orihuela.
Los abajo firmantes, diputados integrantes
de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, apoyan el anteproyecto de
iniciativa de ley para el Otorgamiento de Permiso de Importación para la Internación
Definitiva de Vehículos Automotores de Procedencia Extranjera que se hayan Internado
Temporalmente al País, elaborado por la Comisión de Asuntos Fronterizos: Francisco
Javier Reynoso, Manuel Peñúñuri, Espiridión Sánchez, Abelardo Perales, Felipe Urbiola
y Margarita Pérez.
Los abajo firmantes, diputados integrantes
de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, apoyan el
anteproyecto de iniciativa de ley para el Otorgamiento de Permisos de Importación para la
Internación Definitiva de Vehículos Automotores de Procedencia Extranjera que se hayan
Internado Temporalmente al País, elaborado por la Comisión de Asuntos Fronterizos:
Enrique Bautista, Maximiano Barbosa, Agapito Hernández, Alma Vucovich, Juan González,
Carlos Morales, Joaquín Hernández, Jorge Silva, Santiago Padilla, Adolfo González,
Rosalío Hernández, Sergio Osorio, Violeta Margarita Vázquez Osorio, Gerardo Ramírez,
Samuel Lara Villa, Rodrigo Maldonado, María Guadalupe Sánchez, Marcelino Díaz de
Jesús, Miguel Alonso Raya, Francisco de Souza, Manuel Pérez García, César Lonche, Luis
Rojas, Bonfilio Peñaloza, Plutarco García Jiménez, Aarón Quiroz, Luis Méndez Murillo,
García Sainz, Angel de la Rosa, Cristina Portillo, Jesús Flores C., Pablo Sandoval,
Gonzalo A. de la Cruz, Benito Mirón, Norma G. Argaiz, Antonio Palomino, Dolores Padierna,
Antonio Soto, Teobaldo López, Susana Esquivel Farías y Armando Aguirre.
Los abajo firmantes, diputados integrantes
de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, apoyan el anteproyecto de
iniciativa de ley para el Otorgamiento de Permiso de Importación para la Internación
Definitiva de Vehículos Automotores de Procedencia Extranjera que se hayan Internado
Temporalmente al País, elaborado por la Comisión de Asuntos Fronterizos: Ricardo Cantú
Garza, M. Mercedes Maciel, Gustavo Pedro Cortés, José Luis López López, Gerardo Acosta
Zavala y Juan Cruz.
Los abajo firmantes, diputados integrantes
de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, apoyan el
anteproyecto de iniciativa de ley para el Otorgamiento de Permiso de Importación para la
Internación Definitiva de Vehículos Automotores de Procedencia Extranjera que se hayan
Internado Temporalmente al País, elaborado por la Comisión de Asuntos Fronterizos:
Mónica Velasco y Jorge González.
Túrnese a las comisiones de
Comercio, de Hacienda y Crédito Público y a la de Programación, Presupuesto y Cuenta
Pública.
DEUDORES
DE LA BANCA (II)
Seguimos en la agenda con las
proposiciones. Por acuerdo de los grupos parlamentarios se va a dar lectura a las
siguientes.
Tiene la palabra el diputado Alfonso
Ramírez Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
para presentar una proposición sobre un programa de deudores de la banca.
|
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar: |
Señoras y señores diputados:
El punto de acuerdo que hoy proponemos a
esta soberanía sintetiza una nueva estrategia para el fortalecimiento del sistema
bancario de nuestro país. Se trata de fortalecer las finanzas de los bancos y garantizar
la protección de los depósitos mediante un verdadero programa de apoyo a deudores
medianos y pequeños, que al mismo tiempo nos permitirá abrir un escenario virtuoso para
el restablecimiento de los circuitos de crédito, la reactivación de la economía y la
solución de un grave problema social.
La crisis de la cartera vencida como
problema bancario y de la economía real y como fenómeno de carácter social, es producto
de la irracionalidad del modelo económico y el desorden con que actuó el sistema
bancario del país.
Desde 1993, pero sobre todo a raíz de la
crisis de 1994, un gran número de mexicanos y de empresas se encontró imposibilitado
para cumplir las excesivas obligaciones bancarias y cayó inevitablemente en una
situación de mora y de suspensión de pagos.
Los mexicanos, las familias, los
profesionistas, los empleados, los técnicos, los medianos y pequeños productores y
empresarios, somos las víctimas de la crisis, no los promotores. La llamada cultura del
"no pago" se promueve y encuentra su máxima expresión en un reducido grupo de
grandes financieros y dueños de empresas que al amparo de vacíos legales, de la
complicidad con el poder y de las estrechas relaciones con los consejos de administración
de los bancos, dejaron de pagar y quebrantaron a las instituciones bancarias.
La crisis de las carteras vencidas no es
producto de la casualidad, tal situación se generó por la liberalización financiera a
ultranza y fue determinada por el premio excesivo a los capitales de corto plazo mediante
las elevadas tasas de interés, la caída del poder adquisitivo del salario y la
desventajosa competencia comercial, la perdida de la rentabilidad de las empresas en el
campo y la ciudad, el alto costo de los insumos, el desempleo y también el excesivo
margen de intermediación financiera con la que operan los bancos mexicanos.
A partir de 1995, y de manera tardía y
suficiente, el Gobierno Federal puso en marcha un sinnúmero de programas de aparente
apoyo a los deudores, fueron programas que se establecieron como cobertura para transferir
grandes cantidades de recursos públicos a los bancos o como sistema de maquillaje
contable. Con ello se impuso el sacrificio al contribuyente para mejorar parcialmente los
balances bancarios, sin resolver las penurias de millones de deudores.
Luego de tres años, hoy constatamos el
fracaso sistémico de los programas gubernamentales, por ello la crisis de la cartera
vencida persiste y cada día se torna más aguda. La magnitud y gravedad que hoy encierra
este problema provoca un severo freno a la actividad productiva y constituye la base de
las dificultades, la descapitalización o la quiebra del sistema bancario del país.
La Cámara de Diputados tiene frente a sí
la gran responsabilidad de resolver este enorme problema nacional y social. El papel de
los legisladores no puede reducirse a la simple aprobación de una partida presupuestal y
dejar que los banqueros y la Secretaría de Hacienda definan unilateralmente los criterios
y alcances del programa.
Las bases fundamentales de un verdadero
programa de apoyo a medianos y pequeños deudores, tendrán que ser resueltos por esta
soberanía, para garantizar que la inversión de los recursos públicos cumplan con los
objetivos buscados.
El objetivo del presente acuerdo es
auxiliar a las víctimas de la crisis económica y financiera. Por tal motivo, la Cámara
de Diputados aprobará una partida presupuestal de 12 mil millones de pesos, para
ejercerla en el año de 1999 y definirá las líneas fundamentales para su inversión y
cumplimiento del nuevo programa.
Los recursos públicos deben ser utilizados
para ayudar a los más necesitados, a los medianos y pequeños deudores. Se trata de
establecer un verdadero auxilio social y reconstruir el eslabón más débil de la cadena
bancaria del país.
Los usuarios de crédito que quedarán bajo
la protección del programa serán aquellos que recibieron los recursos crediticios ante
el primer trimestre de 1995 y cuyos montos originales fueron hasta 1 millón de pesos.
El programa incluye créditos vigentes y
créditos vencidos tanto de la banca privada como la de desarrollo, independientemente del
estado que guarda el proceso judicial en caso de que existiera. El programa exige como
primer paso la depuración y condonación automática de las multas de intereses
moratorios de los gastos de cobranza y costas judiciales.
De lo que resulte de ello, se iniciará un
proceso de quitas que oscile entre el 60% y el 70%, según el tipo de crédito y
opcionalmente si esto resulta menor, el saldo final se fijará en función del valor de la
garantía.
Este programa permite una solución real a
la crisis de pago de los pequeños y medianos deudores, pues tiene como base y referente
principal la tasa de interés y el monto de las amortizaciones que el usuario realizará.
Por tal motivo, los créditos protegidos
entrarán en un esquema que se regirá por una tasa de interés máximo del 12% anual y
los pagos serán hasta un 30% de los ingresos comprobables del titular del crédito.
De igual manera el programa incluye un
proceso de liberación de garantías para los sectores agropecuarios, industriales y
comerciales. Los objetivos de esta liberalización serán los de realizar estas garantías
para inyectar recursos frescos a la actividad posproductiva y reforzar los grupos de pago
a las instituciones bancarias.
Los saldos finales del crédito en estos
sectores quedarán garantizados bajo el esquema de dos a uno; al mismo tiempo se pondrá
en marcha un programa especial para jubilados, pensionados y sectores económicos
siniestrados que se encuentre en una situación de insolvencia o en franca quiebra
económica y financiera.
El programa y los recursos que se deriven
del presupuesto de egresos serán administrados por los fideicomisos u organismos
existentes o de nueva creación para garantizar que los distintos tipos de crédito y
sectores productivos serán tratados de acuerdo a sus características específicas.
Por tal motivo y con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se presenta el
siguiente
PUNTO DE ACUERDO
«Primero. Se pone en vigor el programa de
apoyo a medianos y pequeños deudores del sistema bancario. Para tal propósito, la
Cámara de Diputados aprobará una partida presupuestal de 12 mil millones de pesos para
ejercerse en el año de 1999 y así permitir el desarrollo íntegro de dicho programa.
Segundo. Quedan comprendidos dentro de este
programa los usuarios del crédito de la banca privada y de la banca de desarrollo.
Tercero. Estarán comprendidos en este
programa los créditos vigentes y los créditos vencidos entregados hasta el primer
trimestre de 1995. En el caso de los créditos al consumo sólo se comprenderán los
créditos vencidos existentes hasta el primer semestre de 1995.
Asimismo quedan incluidos todos los
créditos, independientemente de la situación judicial que guarden al momento de la
aprobación del presente punto de acuerdo.
Cuarto. Los montos de los créditos
originales bajo la protección del Programa de Apoyo a Medianos y Pequeños Deudores
serán hasta las siguientes cantidades:
Hipotecarios, 550 mil pesos; agropecuarios,
750 mil pesos; comerciantes e industriales, hasta 1 millón de pesos, créditos al
consumo, hasta 10 mil pesos; ganado, hasta 50 mil pesos; transportes de carga y de
pasajeros, en taxis hasta 80 mil pesos; en microbús hasta 180 mil pesos; en autobús
hasta 380 mil pesos; en trailer hasta 350 mil pesos; y en camiones de carga hasta 180 mil
pesos.
Los montos señalados en el presente
artículo, se entienden como créditos originales individuales; en caso de existir
créditos otorgados a sociedades, el monto del crédito original a incluir en el presente
programa será de hasta 5 millones de pesos y se procederá a la individualización de los
adeudos por cada uno de los socios participantes.
Quinto. Se descontarán de manera
automática los intereses moratorios, los gastos y costas judiciales y los gastos de
cobranza en caso de que éstos existan y a partir de lo que resulte de la aplicación de
este procedimiento se desarrolló esquema de quitas del 70% para todos los créditos
otorgados al sector agropecuario, hipotecario, para el comercio, los servicios y la
industria y del 60% para todos los créditos al consumo de entre los montos establecidos
en el artículo anterior.
De igual manera, sólo si ello resulta
menor, el saldo final se fijará en función de la garantía; los montos de las
amortizaciones que el usuario realizará para finiquitar su adeudo será de hasta un 30%
del ingreso comprobable del titular del crédito.
Sexto. Los créditos, bajo la protección
del programa, tendrán, después de la depuración de los intereses moratorios, gastos y
costas judiciales y del proceso de quitas a que se alude en el punto anterior, una tasa de
interés máxima del 12%.
Séptimo. El programa de apoyo a pequeños
y medianos deudores incluirá un esquema de liberación de garantías en los sectores
agropecuarios e industriales y en el comercio, que tendrá como objetivo permitir la
inyección de recursos frescos a las empresas y unidades de producción, así como
reforzar y garantizar los flujos de pago a las instituciones bancarias hasta el finiquito
de la deuda; los saldos finales quedarán garantizados bajo el esquema de dos a uno.
Octavo. Mediante un estudio casuístico de
la situación socioeconómica que guardan jubilados y pensionados, agroproductores,
prestadores de servicios así como comerciantes e industriales que a partir de su
situación económica y por problemas de siniestros naturales o financieros, se encuentren
en insolvencia, se les aplicará un programa especial que los declare como insolventes;
créditos en quebranto o se establecerán periodos de gracia para el pago de sus adeudos.
Noveno. Para la operación y
administración de los recursos con los que funcionará este programa, se crearán
fideicomisos, fondos u organismos públicos o de carácter mixto para que en base a las
particularidades de cada tipo de crédito y sector productivo se dé una mejor
utilización a los recursos presupuestales.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de
diciembre de 1998.—Diputados: Elba Capuchino, Joaquín Hernández, Carlos Heredia,
Alfonso Ramírez Cuéllar y solicitamos de la manera más atenta se turne a las comisiones
de Hacienda y Programación y Presupuesto.
Túrnese a la comisiones de Hacienda
y Crédito Público, así como a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
|
Presidencia
del diputado
Luis Patiño Pozas : |
GASTO
EDUCATIVO
El siguiente punto del orden del día
es la presentación de la proposición con punto de acuerdo relativo al gasto público.
Tiene la palabra el diputado Armando
Chavarría, de la Comisión de Educación.
|
El
diputado Armando Chavarría Barrera: |
Con su permiso, diputado Presidente;
compañeras y señores diputados:
Me voy a permitir dar lectura al punto de
acuerdo de la Comisión de Educación de esta Cámara de Diputados:
"La educación es el mejor instrumento
para impulsar el desarrollo, la igualdad y la justicia; para impulsar a los cambios que el
país requiere; para consolidar la democracia y para insertarse de manera exitosa en el
proceso de globalización en todos los órdenes que caracteriza el mundo actual.
La educación es la inversión más
productiva que la sociedad puede efectuar, es un derecho humano fundamental y una
estrategia central del desarrollo. Por ello impulsamos el fortalecimiento de la educación
pública, laica, gratuita, democrática, obligatoria y de calidad, definida en el
artículo 3o. constitucional.
Los retos para el país que plantean en los
nuevos escenarios nacional e internacional hacen que la educación y los educadores
jueguen un papel crucial para la construcción del desarrollo al que aspiramos todos.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999, presentado por el Ejecutivo Federal a esta
soberanía en materia educativa es apenas del 2% mayor en términos nominales y por tanto
re-presenta una importante reducción en términos reales frente al presupuesto de 1998.
Esta situación afecta negativamente de manera señalada al gasto en construcción,
mantenimiento y equipamiento de infraestructura; nulifica las posibilidades de desarrollo
de la educación media superior, superior y la investigación científica y tecnológica;
afecta el desarrollo de programas para apoyar la elevación de la calidad educativa, los
programas alternativos para hacer llegar los servicios a regiones apartadas y los recursos
para que los maestros puedan tener un incremento satisfactorio en sus percepciones.
En tal virtud, los señores legisladores
integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de esta LVII
Legislatura del Congreso de la Unión, acordamos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Manifestamos nuestro completo
rechazo a cualquier medida fiscal o presupuestaria que restrinja las posibilidades de
expansión del sistema para ampliar su cobertura, que genere o profundice la iniquidad o
afecte la calidad de los servicios educativos en todos sus tipos, niveles y modalidades.
Segundo. Nos pronunciamos porque la Cámara
de Diputados defina un incremento en los ramos presupuestarios 11, 25 y 33, que permita:
a) El desarrollo de la infraestructura
física para responder a la demanda de todos los tipos, niveles y modalidades de la
educación; ampliar la producción de libros de texto para secundaria, la expansión,
producción y difusión de la infraestructura y programas de Edusat, ampliando la oferta
de espacios educativos en educación media superior y superior, en las instituciones
federales y estatales que ofrecen estos servicios; ampliar y dar continuidad a los
proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico.
b) Contar con previsiones salariales que
permitan otorgar a los trabajadores de la educación incrementos que rebasen
sustancialmente los índices inflacionarios.
Tercero. Establecer criterios claros y
objetivos para la distribución de las participaciones, aportaciones y subsidios federales
para el financiamiento de los servicios educativos en los estados y las instituciones
autónomas, federales y estatales, así como mecanismos legales que hagan realidad una
concurrencia estatal suficiente para sostener una educación equitativa y de calidad.
Cuarto. Es necesario establecer mecanismos
que permitan transparentar ante la sociedad la aplicación y la eficiencia de los recursos
destinados a la educación, mediante la aplicación de criterios objetivos de carácter
académico para evaluar los resultados de los esfuerzos. Para ello requerimos definir
medidas para la vigilancia y control de los recursos que se transfieren a las entidades,
municipios e instituciones autónomas, a través de las diversas partidas presupuestales
en sus diferentes figuras jurídicas, cuidando de no vulnerar la soberanía o la
autonomía de unos y otros.
Atentamente.
Comisión de Educación de la Cámara de
Diputados y signan el presente punto de acuerdo los siguientes diputados: Armando
Chavarría Barrera, presidente; José Ricardo Fernández Candia; Cupertino Alejo
Domínguez, María del Carmen Escobedo Pérez, secretarios; Javier Algara Cossío,
Leonardo García Camarena, Julio Castrillón Valdés, Pablo Gutiérrez Jiménez, Luis
Guillermo Villanueva Valdovinos, Agustín Miguel Alonso Raya, Primitivo Ortega Olays,
Ranulfo Tonche Pacheco, Héctor Guevara Ramírez, Esaú Hernández Herrera, Enrique Ku
Herrera, Everardo Paiz Morales, Leticia Villegas Nava, José de Jesús Martín del Campo
Castañeda, Miguel Angel Solares Chávez, Lino Cárdenas Sandoval, Alfonso José Gómez
Sandoval Hernández, Jaime Hugo Talancón Escobedo, Francisco Antonio Ordaz Hernández,
Carlos Jaime Rodríguez Velasco, Martha Palafox Gutiérrez, Crisógono Sánchez Lara, Juan
José Cruz Martínez, Roberto Pérez de Alva, Horacio Veloz Muñoz y José Deniz
García.»
Entrego, señor Presidente, el documento a
la Secretaría de esta Cámara de Diputados, para sus efectos legales.
Gracias.
Túrnese a la Comisión de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO
El siguiente punto del orden del día
es la presentación de la propuesta para que las comisiones de Educación, Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública, reconsideren dentro del presupuesto para el ejercicio de
1999, relativo a los subsidios asignados a la Universidad Nacional Autónoma de México.
Tiene la palabra la diputada Carolina
O'Farrill Tapia.
|
La
diputada Carolina O'Farrill Tapia: |
Con su venia, señor Presidente,
muchas gracias.
La suscrita, en mi calidad de diputada
federal independiente a la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, por medio
de este ocurso y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promuevo esta proposición
en virtud de los siguientes
ANTECEDENTES
El Consejo Universitario de la UNAM ha
hecho manifiesto público de sus reflexiones respecto del subsidio programado para nuestra
casa de estudios y ha emitido una exhortación a los diputados federales, integrantes de
esta LVII Legislatura, a revisar dicho subsidio y a solidarizarse con la universidad y con
el pueblo de México, en congruencia con las responsabilidades inherentes a la
representación ciudadana que ostentamos.
De acuerdo al desglose que sobre la materia
ha realizado el mencionado Consejo Universitario, el subsidio propuesto para el próximo
año ha de sufrir la reducción en gasto de inversión en 468 millones de pesos respecto
del de este año de 1998. Esto equivale a la extinción absoluta de recursos para la
adquisición de libros, revistas especializadas, equipo de cómputo, de laboratorio para
la enseñanza experimental, de investigación y para la construcción de obra civil.
El monto asignado para gasto corriente, es
de 970 millones de pesos, lo cual implica un incremento del 11% respecto del presente
año, contrastando con una inflación cercana al 18%.
En el capítulo correspondiente a salarios
y percepciones, sólo se podrá cubrir el costo de la planilla actual de personal de la
universidad, con excepción de 100 millones de pesos pendientes de ser reconocidos.
No se podrán aprovechar los recursos
disponibles del programa UNAM-BID, tanto para obras-proceso, como para las autorizadas
para 1999.
En consecuencia, me permito ante esta
soberanía expresar las siguientes
CONSIDERACIONES
El pronunciamiento que manifiesto como
respuesta a la solidaridad requerida por el Consejo Técnico de Investigación Científica
y el Consejo Técnico de Humanidades, lo realizo simultáneamente en mi calidad de
legisladora, pero más aún en mi calidad que como universitaria me confiere tal
responsabilidad.
Ciertamente, la coyuntura del país, en
término de las conflictoalidades económicas que experimentamos, requiere de decisiones,
determinaciones y soluciones que implican más que criterios arbitrarios para la
asignación de recursos presupuestarios.
Por lo anterior, solicito se reconsidere lo
que la reducción del mismo implica, no ya para la UNAM, sino los costos que a largo plazo
se suscitarían en términos macroestructurales para la nación.
El proyecto universitario implica más que
un subsidio gubernamental en el tópico educativo, es uno solo con el proyecto nacional,
con el proyecto político y con el proyecto cultural de México; pero asimismo también
debe serlo con el proyecto económico, ya que indefectiblemente la reditualidad que hoy en
día se genere entre las filas universitarias, a futuro se concretará en rentabilidades
económicas en beneficio del país.
Como miembro de la planta docente de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el compromiso moral y académico me obliga a
considerar que evidentemente la preocupación fundamental no está ni en la disminución
de la planta docente ni en las eventualidades administrativas, ya que estos últimos no
representan problema alguno y los académicos han sido siempre coadyuvantes para el pleno
desarrollo universitario.
Es precisamente que por virtud vendrá el
compromiso, que es la preocupación de las medidas presupuestarias que se pretenden
implementar, cobran especial relevancia cuando consideramos que de hecho el problema
fundamental no es que se limiten las expectativas de investigación y desarrollo que
prospectivamente la universidad ha desarrollado, sino que aunque se atiende a la
educación como una preocupación gubernalmental a contrario censu, en términos reales se
hace nugatorio el compromiso que como política del gobierno se había realizado con
antelación.
La desnaturalización de la universidad
como institución educativa, resulta de hecho disonante con el sentido de modernización
que se pretende inyectar. El marginar un elemento nodular y con tal actitud demeritar el
esfuerzo que históricamente ha realizado nuestra máxima casa de estudios,
definitivamente no hará de México un país del primer mundo.
La función de la universidad, como máximo
escenario de la producción cognoscitiva en nuestro país va mucho más allá de la
academia. Nuestra magna institución educativa es también cuna de manifestaciones
culturales, las origina y fomenta en concordancia con una educación integral amén de que
ofrece importantes actividades deportivas que inculcan a nuestros jóvenes disciplina,
trabajo de equipo, principios morales sólidos y espíritu de lucha. En este momento los
equipos de la universidad, deportivos, están disminuyendo mucho peor que los
investigadores.
Todo ello se verá afectado con la
reducción presupuestal que se está proponiendo. En este sentido la labor de
investigación que se realiza en la universidad impele a considerar que la cuestión del
recorte presupuestario de ninguna manera trátase de un tópico independiente, sino que
muy por el contrario es un requisito indispensable concatenado con el Estado y la
iniciativa privada, para que de manera conjunta no sólo en términos discursivos sino
reales, constantes y permanentes, se continúe contribuyendo, como es ya tradición de la
universidad, con el desarrollo no sólo económico, político o social, sino en el de todo
el país, porque efectivamente el proyecto universitario es hoy por hoy mismo el proyecto
nacional de México.
Los presupuestos dedicados a...
|
El
diputado Domingo Yorio Saqui
(desde su curul): |
Señor Presidente.
Un momentito, diputada oradora. ¿Con
qué objeto, diputado?
|
El
diputado Domingo Yorio Saqui
(desde su curul): |
Que se cheque el quorum.
Continúe, diputada oradora.
|
La
diputada Carolina O'Farrill Tapia: |
Los presupuestos dedicados a la
educación superior, a la investigación, a la creatividad artística y cultural, a las
actividades deportivas en los últimos años han sido muy reducidos frente a las
necesidades de la sociedad y a las exigencias de competitividad del entorno, por lo que
aquéllos deberán responder a las demandas de la sociedad vinculándose a la misma y
nunca limitando su funcionamiento ni obstaculizando sus potencialidades.
Ciertamente sin educación superior
adecuada a los retos actuales, el futuro de México está cancelado; sin investigación
científica, humanística y tecnológica, no puede haber educación; sin el fomento de la
recreación, la cultura y el deporte en las etapas más importantes del ser humano, no nos
asombremos de la gran cantidad de adolescentes y jóvenes que proyectan su futuro en el
ocio, en la comisión de delictiva, en el alcoholismo y la drogadicción.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que
como diputada federal independiente, promuevo la presente proposición como signo de
solidaridad con la comunidad universitaria para que esta Cámara realice una
reconsideración a los rubros presupuestarios en lo que concierne al ámbito educativo, en
especial a los subsidios asignados a la Universidad Nacional Autónoma de México.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de
noviembre de 1998.
Muchas gracias, señor Presidente.
|
Presidencia del diputado
Isael Petronio Cantú Nájera : |
Túrnese a las comisiones de
Educación, de Programación, Presupuesto y Cuenta Pú-blica.
RECTIFICACION
DE ASISTENCIA
El siguiente punto del orden del día es:
comentarios sobre el Fobaproa...
|
El
diputado Domingo Yorio Saqui
(desde su curul): |
Señor Presidente.
¿Con qué objeto, diputado?
|
El
diputado Domingo Yorio Saqui
(desde su curul): |
Con el ruego respetuoso de que
pudiera verificar si existe quorum, con base en el 109 del Reglamento.
Según la Presidencia, señor
diputado, existe el quorum y vamos a hacer los avisos pertinentes para que se incorporen
los diputados a este pleno de la Cámara de Diputados.
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Señor Presidente.
Sí, diputado Oceguera. ¿Con qué
objeto?
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Señor Presidente: Ruego a usted
ordenar a la Secretaría dar lectura al artículo 109 del Reglamento y del mismo modo
solicitar a la Secretaría proceda a dar lectura al artículo 112, si es tan amable.
Proceda la Secretaría a dar lectura
al 109, por favor.
|
La
secretaria Clarisa Catalina Torres Méndez: |
Artículo 109: "ninguna
discusión se podrá suspender sino por estas causas: primera, por ser la hora en que el
Reglamento fija para hacerlo, a no ser que se prorrogue por acuerdo de la Cámara;
segunda, porque la Cámara acuerde dar preferencia a otro negocio de mayor urgencia o
gravedad; tercera, por graves desórdenes en la misma Cámara; cuarta, por falta de
quorum, la cual si es dudosa, se comprobará pasando lista y si es verdaderamente notoria,
bastará la simple declaración del Presidente; quinta, por proposición suspensiva que
presente alguno o algunos de los miembros de la Cámara y que ésta apruebe".
Satisfecho, señor diputado.
Proceda la Secretaría a dar lectura al
112, por favor.
|
La
secretaria Clarisa Catalina Torres Méndez: |
Artículo 112. "La falta de
quorum se establece, cuando es verdaderamente notoria, por una simple declaración del
Presidente de la Cámara y, cuando es dudosa por la lista que pasará la Secretaría por
acuerdo de la Presidencia o a petición de un miembro de la Asamblea".
¿Con qué motivo, diputado Oceguera?
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Si me permite presentarle a usted una
respetuosa y comedida moción.
¿En base a qué artículo, diputado
Oceguera?
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
En base al Reglamento y a la Ley
Orgánica me permito hacerle una moción a la mesa directiva.
Le hemos dado lectura al artículo
112, la cual me faculta como Presidente en este momento establecer el quorum.
Para mí existe quorum, de tal forma que si
usted solicita en base a otro artículo, si hay duda del quorum, procederíamos a pasar
lista de asistentes...
Sonido para el diputado Oceguera, por
favor.
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Precisamente en ese sentido es mi
moción, para que en los términos del artículo 112 se pase lista por parte de la
Secretaría, a efecto de que se verifique la existencia o la inexistencia de quorum.
Muchas gracias, señor Presidente.
Se llama a la Secretaría para que
disponga todo lo necesario con el Oficial Mayor, abra el sistema electrónico y se proceda
a verificar el quorum, hasta por 10 minutos.
|
La
secretaria Clarisa Catalina Torres Méndez: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga
los avisos correspondientes de acuerdo al artículo 161 del Reglamento. Abrase el sistema
electrónico por 10 minutos.
(Pase de lista por medio del sistema
electrónico.)
Se recomienda a la Secretaría
continúe haciendo los exhortos necesarios para que los diputados bajen de sus comisiones
a pasar lista.
|
La
secretaria Clarisa Catalina Torres Méndez: |
Se pide a los diputados que se
encuentran en sus oficinas, que pasen al recinto, por favor, a registrar su asistencia.
(Continúa el pase de lista.)
Abran el sonido al diputado Oceguera.
Se le pide a la Oficialía Mayor que le
permita un micrófono al diputado Oceguera, con lo cual debe de quedar en actas que está
físicamente presente...
Suplicamos a los diputados que tomen
asiento y en base al Reglamento se les irá concediendo la palabra. Permítame, por favor,
tiene la palabra el diputado Domingo Yorio Saqui, ¿Con qué motivo, diputado?..
Ruego a la Oficialía Mayor que disponga de
un micrófono inalámbrico para los diputados.
Permítame, diputado.
|
El
diputado Domingo Yorio Saqui
(desde su curul): |
Señor Presidente, recordará usted
que se le solicitó la verificación del quorum fuí yo. Tengo la impresión que usted se
está excediendo en sus funciones por lo siguiente: en primer lugar, yo le solicité la
verificación del quorum, porque era evidente la ausencia de los compañeros diputados de
las diferentes bancadas. Yo se lo solicité para que diéramos satisfacción a la
presencia de nuestros compañeros.
Hemos faltado el respeto a la nación, no
tan sólo con actitudes sino también con la ausencia... yo le rogaría a usted,
permítame...
Permítame diputado...
|
El
diputado Domingo Yorio Saqui
(desde su curul): |
Permítame, permítame. Yo le
rogaría a usted que se ajustara a las disposiciones del Reglamento y que procediera en
consecuencia y dejara usted de hacer alusiones y alocuciones personales.
Le pido a esta Secretaría que dá
lectura, de nueva cuenta al artículo 112 para ilustrar a esta Asamblea. En seguida,
señor diputado, permítame que la Secretaría ilustre a esta Asamblea.
|
La
secretaria Clarisa Catalina Torres Méndez: |
Artículo 112. La falta de quorum se
establece cuando es verdaderamente notoria por una simple declaración del Presidente de
la Cámara y cuando es dudosa, por la lista que pasará la Secretaría por acuerdo de la
Presidencia o a petición de un miembro de la Asamblea.
Le agradezco a la Secretaría, de tal
suerte que esta Presidencia estima que existe quorum para continuar con la sesión.
Diputado Oceguera, ¿con qué objeto?
|
El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Señor Presidente, para hacer una
moción. Anteriormente le había hecho yo la petición de la palabra para contestar las
alusiones que usted hizo en relación a mi persona, en ese ejercicio de Presidente tan
heterodoxo que está llevando a cabo, pero en fin, dejando pasar las alusiones, señor
Presidente, lo que procede es hacerle la moción de que se sujete por entero a las
disposiciones del 112 del Reglamento y usted en dos ocasiones, primero a solicitud de un
servidor y después motu proprio, ha ordenado a la Secretaría leer.
Si usted se fija con detenimiento en las
disposiciones del artículo 112, apoyada en esa disposición usted ordenó pasar lista de
asistencia y ya se pasó lista de asistencia, ya transcurrieron los 10 minutos, ya el
sistema electrónico fue desactivado; consecuentemente, señor Presidente, no hay quorum.
Sujétese a la ley y declare la inexistencia de quorum o de otro modo será responsable en
los términos también de ley, señor Presidente.
Señor diputado Oceguera, quiero
dejarle manifiesto que usted se encuentra físicamente presente en esta sala, de tal
suerte que su desacato a no registrarse en la lista de presentes, lesiona el quorum de
esta sala de manera aviesa, por tal motivo y con base en el artículo 112, por la cual el
Presidente tiene facultad para declarar si existe quorum o no, el Presidente declara que
existe quorum para seguir con la sesión.
De modo siguiente pido a esta Asamblea que
de nueva cuenta, se pase lista, nombrando a los diputados, se haga la verificación
física de los presentes y ratifiquemos el quorum.
Diputado, su nombre desde su curul y con
qué motivo.
Permítanme, diputados, acabo de conceder
la palabra al diputado que está... usted tiene la palabra, su nombre desde su curul.
Que se abra el sonido o que le hagan llegar
un micrófono al diputado.
El diputado Carlos Fernando Rosas Cortés
(desde su curul):
Señor Presidente, a machetazos
legislativos no se va a lograr nada en este Congreso. Usted dijo que se abriera la
votación y dio 10 minutos. Ya se cerró y no hay quorum en esta sala. Yo le pido que
usted respete lo que usted ordenó.
Diputado acá a mi derecha, Domingo
Yorio Saqui, ¿con qué objeto, diputado?
Permítanle un micrófono al diputado Yorio
Saqui.
|
El
diputado Domingo Yorio Saqui: |
Señor Presidente, quiero insistir
ante usted que la solicitud del quorum fue para verificarlo; no lleva ninguna otra
intención y fue claro para todos que había ausencia generalizada. El hecho de que ahora
hayan llegado algunos compañeros diputados, esto es una respuesta a la conminación que
usted hizo de verificar el quorum, pero aún con eso no hay quorum. Absténgase de llevar
a cabo prácticas irregulares parlamentarias. Ajústese, por favor, al Reglamento.
Diputado José Luis Cureño.
Sonido, por favor.
¿Con qué objeto?
Oficialía Mayor, por favor acerquen un
micrófono al diputado Gutiérrez Cureño.
|
El diputado José Luis Gutiérrez Cureño: |
Gracias, señor Presidente:
El objeto es solicitar a la mesa directiva
y a usted, como Presidente, que una vez que ha quedado evidente que han estado presentes y
se encuentran en esta sala más de 250 diputados y que usted lo ha declarado como tal el
quorum de la sesión, continúe con los puntos del orden del día de manera inmediata,
toda vez que el quorum y la asistencia de un diputado en esta sesión se establece con su
presencia física en el salón de sesiones y aquí hay más de 50 diputados del PRI
presentes en este momento y no podemos soslayarlo. Por favor señor Presidente, proceda a
continuar la sesión.
Diputado Jesús Martín del Campo,
¿con qué objeto?
|
El
diputado José de Jesús Martín
del Campo Castañeda (desde su curul): |
Señor Presidente, también para que
usted culmine el procedimiento. Aquí lo que observamos es que diputados de la bancada del
PRI no quieren continuar el debate sobre un tema importante, que es el Fobaproa. Lo que
queda en duda es por qué el temor a que se trate el tema si están presentes, sólo que
con argucia no registran su asistencia. Entonces deben definir si es el problema el debate
o realmente estaban interesados en verificar el quorum. Estando ellos presentes hay quorum
como es evidente y entonces más bien que se aclare si es un problema con el debate.
Diputado Oceguera, ¿con qué objeto?
Permítanle un micrófono al diputado.
Está activado, diputado, el sonido.
Adelante.
Suplico a los diputados y a las señoras
diputadas tratemos de resolver de la mejor manera esta controversia del quorum, para que
podamos seguir con el orden del día.
Adelante, diputado Oceguera.
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
En primer lugar vuelvo a hacer valer
que en los términos del 112 que usted ordenó aplicar en el momento en que dispuso que se
activase el sistema electrónico para pasar lista de asistencia, dio como consecuencia que
en el salón están presentes 205 diputados, entre otros su servidor. Por lo tanto es
falso lo que usted hace un momento ha dicho en relación a un servidor de que no he estado
presente y he incurrido en desacato.
Señor Presidente: ya he pedido la
certificación ante la Oficialía Mayor, de que un servidor está presente, en
contraposición a lo que usted ha afirmado; pasé lista de asistencia electrónicamente.
Señor Presidente: lo que procede es que
usted declare, ordene a la Secretaría que dé cuenta del número de diputados que
estuvieron presentes después de que fue activado el sistema electrónico. La misma
Secretaría le dará cuenta de que estuvimos presentes 205 diputados.
Y para terminar, señor Presidente, me voy
a permitir dar lectura al artículo 22 del Reglamento, dice: "cuando el Presidente no
observase las prescripciones de este reglamento, podrá ser reemplazado por el
vicepresidente o por el que hiciere sus veces. Pero para esto se requiere que alguno de
los miembros de la Cámara presente moción, que se adhieran a ella por lo menos dos de
los miembros presentes y que ésta...
Suplico a las diputadas y a los
señores diputados, que terminemos de escuchar al orador.
Adelante, diputado Oceguera.
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Señor Presidente, su servidor está
presentando un alegato legal. Si legalmente hay algo que a usted lo faculte para declarar
la existencia de quorum con 205 diputados, a eso nos atenemos. Lo cierto es que yo le
estoy dando a conocer las consecuencias tan graves que tiene el que usted erráticamente
esté tratando de sostener algo que es insostenible.
Por último, señor Presidente, mi moción
es en el sentido de que ordene usted a la Secretaría dar cuenta del resultado del
cómputo electrónico. Téngalo a bien, señor Presidente.
Diputado Medina Plascencia ¿con qué
objeto?
|
El
diputado Carlos Medina Plascencia
(desde su curul): |
Señor Presidente, me parece que la
solicitud que se le está haciendo es conducente en cuanto a que verifiquemos el quorum.
Pero al mismo tiempo señalar la intencionalidad del abandono de la bancada del PRI,
claramente en rehuir el debate del Fobaproa.
Pedirle a la Presidencia, por supuesto que
se les descuente el día; segundo, que claramente quede ante los medios de comunicación y
ante el pueblo de México, que hoy o el lunes para que quede agendado en el orden del
día, aquí vamos a venir a discutir el tema del Fobaproa. Pueden hacerlo hoy o el lunes,
no rehuyan el debate, podemos esperar también para el lunes.
Entonces le solicito por favor que
nuevamente se verifique el quorum y si no hubiere el quorum, que entonces quede asentado
en actas el abandono del PRI y la razón de rehuir el debate.
Muchas gracias.
|
El
diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas
Arreola (desde su curul): |
Pido la palabra.
Diputado Rojas ¿con qué objeto?
|
El
diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas
Arreola (desde su curul): |
En el mismo sentido que el diputado
Medina Plascencia.
Solamente para hacer una observación
respecto a la petición del diputado Medina Plascencia, me uno y solicito que se haga el
pase de lista nominal. Además de ello señalar que parece ser que cuando al diputado
Oceguera no le parece, las prácticas de la Presidencia son heterodoxas; que cuando
compareció el Secretario Gurría, era evidente que solamente estaba la mitad de la
bancada del PRI y nadie más y el diputado Oceguera insistió en que sí había quorum y
se plantó en esa decisión para evitar que se suspendiera la sesión con el secretario
Gurría.
Parece ser que hay una medida para unos
actos y otra medida para otros actos. Solicito, señor Presidente, que se pase lista
nominal y, de no haber quorum de acuerdo a lista nominal, que se reagende la discusión
del Fobaproa.
|
El
diputado Fidel Herrera Beltrán
(desde su curul): |
Pido la palabra.
Adelante, señor diputado
|
El
diputado Fidel Herrera Beltrán
(desde su curul): |
Señor Presidente, con el propósito
de formular una rectificación de hechos y agregar una declaración política de mi grupo
parlamentario.
En primer lugar, no es procedente, no
procede la propuesta...
Señoras y señores diputados:
suplico que nos escuchemos con atención para poder resolver la presente controversia.
Adelante, diputado.
|
El
diputado Fidel Herrera Beltrán
(desde su curul): |
No procede la solicitud de volver a
pasar lista de asistencia, cuando ha quedado certificado el hecho de que existen sólo 205
diputados.
En segundo lugar, la desmemoria no puede
ser la práctica política de esta Cámara. Me solicitan los diputados que pase a la
tribuna y luego quieren pasar todos ellos. Es un recurso parlamentario.
Aquí hay una sola cosa. No puede ser la
desmemoria el procedimiento. Los grupos parlamentarios del PRD y del PAN, la semana
anterior rompieron el quorum cuando se trataba de la discusión del IFE.
Esta Presidencia los exhorta a que
nos escuchemos con atención y con respeto.
¿Ha terminado el diputado?
|
El
diputado Fidel Herrera Beltrán
(desde su curul): |
No, señor. Simple y sencillamente
quiero declarar que no fue como una práctica parlamentaria legítima el de reclamar la
falta de quorum para no sostener un debate, como por cierto las oposiciones, como por
cierto lo hicieron la semana anterior, cuando se trataba de discutir sobre la conducta de
los consejeros ciudadanos en el IFE. Ese es el derecho de los grupos parlamentarios.
Ahora le pedimos la verificación, conforme
a Reglamento, del quorum; sobre el Fobaproa, sobre la política económica vamos a debatir
ahora y cuando lo agende la mesa directiva. Pero lo haremos en el marco de la ley, con
quorum y con valentía frente a la nación.
Esta Presidencia, en uso de sus
atribuciones, decreta un receso de 10 minutos y llama a los coordinadores parlamentarios
para que nos reunamos y podamos sacar adelante la declaración del quorum legal.
Suplico al diputado Oceguera que pida la
palabra desde su curul.
Se la hemos estado concediendo; le hemos
estado concediendo la palabra a todos los diputados.
Pido, por favor, a los diputados que
cooperen con esta Presidencia para resolver la controversia de fijar de la mejor manera el
quorum que, desde la Presidencia, es visible.
De tal suerte, compañeros diputados y
diputadas, para dejar subsanada la controversia, pedimos a la Secretaría que disponga de
nueva cuenta a la Oficialía Mayor para verificar el quorum en estos momentos. Que se
abra, por 10 minutos, el sistema electrónico.
Diputado Yorio Saqui, estamos verificando
el quorum y el pase de lista. Terminando esto concederemos la palabra a todos los
diputados que lo deseen.
|
La
secretaria Clarisa Catalina Torres
Méndez: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga
los avisos correspondientes, de acuerdo al artículo 161, para que se proceda a hacer la
votación.
Abrase el sistema electrónico por 10
minutos.
(Pase de lista.)
Pido a la Secretaría me informe del
pase de lista.
|
La
secretaria Clarisa Catalina Torres
Méndez: |
Señor Presidente:
Se informa que hay registrados 217
diputados.
Gracias, señora Secretaria.
Esta Presidencia...
|
El
diputado Domingo Yorio Saqui
(desde su curul): |
¡Señor Presidente!
Sonido para el diputado Yorio Saqui,
por favor.
|
El
diputado Domingo Yorio Saqui
(desde su curul): |
Señor Presidente:
En estos momentos creo que lo que tiene
usted que hacer es, a través de la Secretaría decretar el resultado del pase de lista.
Sin embargo, ya quiere usted otorgar la palabra a otro diputado sin haber decretado si
sigue o no sigue la reunión.
Pero déjeme decirle otra cosa, señor
Presidente. Ha habido varias intervenciones argumentando que la solicitud de la
verificación de quorum fue por efectos de una estrategia...
Diputado Yorio Saqui...
|
El
diputado Domingo Yorio Saqui
(desde su curul): |
Espéreme, déjeme terminar, déjeme
terminar, déjeme terminar, señor Presidente.
Se solicitó la verificación del quorum
para el efecto de que hubiera diputados en el salón. Muchos de los compañeros diputados
de otras bancadas son testigos de que no tan solo no había priístas sino no había
perredistas, panistas ni de los demás grupos. Lo único que se hizo fue el llamado de
rigor y ni aún así están completas las bancadas y que de esto haya derivado en otra
situación es otra cuestión. ¡Pero que quede aquí claro, ante la opinión pública,
ante la opinión del pueblo de México que estábamos ausentes de las diferentes bancadas!
¡Diputado Yorio Saqui!: esta
Presidencia le ha pedido a la Secretaría que haga la declaratoria pertinente de quorum,
como usted escuchó...
|
El
diputado Domingo Yorio Saqui
(desde su curul): |
Pues entonces proceda...
Por lo consiguiente la Presidencia va
a proceder.
Con base al artículo 64 constitucional, al
artículo 27 inciso e de la Ley Orgánica y con base al artículo 45 del Reglamento, se
pide a la Oficialía Mayor que disponga el descuento de un día de salario a los diputados
que no hicieron el pase de lista de presentes y no hubo quorum.
Instruyo a la Secretaría para que lea el
orden del día de la próxima sesión, suspendiéndose ésta por falta de quorum y que se
verificará el día lunes a las 10:00 horas de la mañana.
Secretaría, proceda por favor.
ORDEN DEL
DIA
|
El
secretario Teobaldo López Huertas: |
Se va a dar lectura al orden del día
de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.—Segundo Año.—LVII Legislatura.
Orden del día
Lunes 7 de diciembre de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de Baja California, Quintana Roo y Tamaulipas.
Comunicación de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal...
Permítame la Secretaría. Permítame
la Secretaría.
Les recordamos a los asistentes a las
galerías guardar el debido respeto a este recinto y les pedimos que de manera voluntaria
contribuyan con nosotros a seguir adelante con nuestro trabajo. Dejamos el camino abierto
para que cualquier opinión pública se canalice a través de los diputados y pueda llegar
a la tribuna de este honorable Congreso de la Unión.
Les agradecemos infinitamente su
cooperación.
Proceda la Secretaría.
|
El secretario Teobaldo López Huerta: |
Comunicación de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura.
Comunicación de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política, cambios de integrantes de comisiones».
CLAUSURA
Y CITATORIO
| El Presidente (
alas 14:56 horas) : |
Se levanta la sesión y se cita para
el lunes a las 10:00 horas de la mañana.
RESUMEN
DE TRABAJOS.
* Tiempo de duración: 3 horas 14 minutos.
* Quorum a la apertura de sesión: 283
diputados.
* Puntos de acuerdo: 2.
* Comisiones reglamentarias y
protocolarias: 1.
* Toma de protesta del Contador Mayor de
Hacienda.
* Temas de agenda política: 3.
* Oradores en tribuna: 6
PRD-4; PT-1; Independiente-1.
Se recibieron:
* 1 comunicación del Congreso del Estado
de Chihuahua;
* 1 comunicación del Congreso del Estado
de Puebla;
* 2 comunicaciones del Congreso del Estado
de Yucatán;
* 1 comunicación de la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política, para el ajuste en la integración de
comisiones de trabajo;
* 2 iniciativas del PRD;
* 1 iniciativa de la Comisión de Asuntos
Fronterizos.
* 1 iniciativa del PT.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en
esta edición:
| AC |
Asociación Civil. |
| BID |
Banco Interamericano de Desarrollo. |
| CNBV |
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. |
| D.F. |
Distrito Federal. |
| Edusat |
Red Satelital de Distribución de Televisón
Educativa. |
| ENEP |
Escuela Nacional de Estudios Profesionales. |
| Fameval |
Fondo de Apoyo al Mercado de Valores. |
| Fobaproa |
Fondo Bancario de Protección al Ahorro. |
| IFE |
Insitituto Federal Electoral. |
| PAN |
Partido Acción Nacional. |
| Pemex |
Petróleos Mexicanos. |
| PRD |
Partido de la Revolución Democrática. |
| PRI |
Partido Revolucionario Institucional. |
| UNAM |
Universidad Nacional Autónoma de México. |
|