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Presidencia
del diputado
Felipe Uribiola Ledesma : |
ASISTENCIA
¡Buenos días! Se solicita a los
compañeros de los medios y a los diputados que ocupen sus lugares, para dar inicio a la
sesión.
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados,
para conocer si existe el quorum reglamentario.
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El
secretario Espiridión Sánchez López: |
Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 263 diputados. Por lo tanto hay quorum, señor Presidente.
| El Presidente (a
las 11:13 horas) : |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL
DIA
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El
secretario Espiridión Sánchez López: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.—Segundo Año.—LVII Legislatura.
Orden del día
Lunes 7 de diciembre de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de Baja California, Quintana Roo y Tamaulipas.
Comunicación de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, I Legislatura.
Comunicaciones de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política. (Cambios de integrantes de comisiones.)
Iniciativas de diputados
De reformas a los artículos 82 y 91 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor
Rubén Montalvo Rojas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
De reformas al artículo 40 de la Ley de
Coordinación Fiscal, a cargo de diputados integrantes de la Comisión de Asuntos de la
Juventud. (Turno a comisión.)
De reformas al artículo 13 de la Ley
Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada Jacaranda Pineda Chávez, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Decreto por el que se abroga la Ley de
Navegación y Comercio Marítimo y se incluye un capítulo a la Ley de Navegación, a
cargo del diputado Raúl Monjarás Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
De reformas al artículo 57 de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, a cargo del
diputado Miguel Angel Solares Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que adiciona un párrafo tercero al
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Enrique Bautista
Villegas, a nombre de los Integrantes de la Comisión de Agricultura. (Turno a comisión.)
Que reforma el segundo párrafo de la
fracción I del artículo 3o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a
cargo de la diputada Olga Medina Serrano, a nombre del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática (Turno a comisión.)
Proposición
Sobre la revisión de títulos de
concesión y tarifas en autopistas privadas no incluidas en el rescate carretero, a cargo
del diputado Sergio Valdés Arias, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Excitativas
A las comisiones de Salud y del Distrito
Federal, a cargo de la diputada Aurora Bazán López, del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
A las comisiones unidas de Trabajo y
Previsión Social y de Vivienda, a cargo del diputado Alberto López Rosas, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Agenda política
Comentarios sobre el Fobaproa, a cargo del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Solicitud de ampliación del plazo de la
concesión del Puente Internacional ZaragozaIsleta, a cargo del diputado Javier Corral
Jurado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Comentarios sobre un programa de apoyo a
los deudores de la banca, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Deliberativo.)
Presentación de la relatoria del foro
sobre Justicia y Equidad de Género, a cargo de la junta directiva de la Comisión de
Equidad y Género. (Turno a comisión.)
Comentarios en materia de comercialización
en el campo, a cargo del diputado José Gascón Mercado, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Deliberativo.)
Sesión secreta.»
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del día
es la discusión del acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves tres de diciembre de mil
novecientos noventa y ocho, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del
Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
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Presidencia
del diputado
Isael Petronio Cantú Nájera : |
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las once horas con treinta y seis minutos del jueves tres de diciembre de mil
novecientos noventa y ocho, con una asistencia de doscientos ochenta y tres diputados, el
Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día
y la Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en sus términos, en votación
económica.
Diversas comunicaciones de los congresos de
los estados de: Chihuahua, en el que se transcribe punto de acuerdo que se turna a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público; de Puebla y Yucatán, con los que informan de
actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Se da cuenta con diversas comunicaciones de
la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con que informa de cambios en
la estructura de las comisiones legislativas. De enterado.
El Presidente informa que a las puertas del
salón se encuentra el contador público Gregorio Guerrero Pozas, quien fue electo para
ocupar el puesto de contador mayor de Hacienda y nombra una comisión para introducirlo y
acompañarlo en el acto de rendir su protesta y así se hace.
Para presentar diversas iniciativas, se
concede el uso de la palabra a los diputados:
José Luis Sánchez Campos, del Partido de
la Revolución Democrática, de reformas a diversos ordenamientos de la Ley del Impuesto
sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Luis Patiño Pozas, del Partido del
Trabajo, de reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; al
Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la
República en Materia de Fuero Federal; a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, y al Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de
Justicia.
Alvaro Arceo Corcuera, del Partido de la
Revolución Democrática, para crear la Comisión de la Verdad del Sistema Nacional
Bancario. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaría da lectura a la iniciativa
de Ley para el Otorgamiento de Permisos de Importación para la Internación Definitiva de
Vehículos Automotores de Procedencia Extranjera que se hayan Internados Provisionalmente
al País, firmada por miembros de la Comisión de Asuntos Fronterizos. Se turna a las
comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Programación, Presupuesto y Cuenta
Pública y a la de Comercio.
Solicita y se concede el uso de la palabra
al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del Partido de la Revolución Democrática, quien
presenta una propuesta sobre un programa de deudores de la banca. Se turna a las
comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta
Pública.
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Presidencia
del diputado
Luis Patiño Pozas : |
Hace uso de la palabra el diputado
Armando Chavarría Barrera, quien a nombre de la Comisión de Educación, presenta un
punto de acuerdo respecto al presupuesto del ramo para el ejercicio fiscal de mil
novecientos noventa y nueve. Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y
Cuenta Pública.
Hace uso de la palabra la diputada Carolina
O'Farrill Tapia, quien motu proprio propone que las comisiones de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública y la de Educación, reconsideren el presupuesto para el
ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, el ramo relativo a los subsidios
asignados a la Universidad Nacional Autónoma de México. Se turna a las comisiones
correspondientes.
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Presidencia
del diputado
Isael Petronio Cantú Nájera : |
Desde su curul, el diputado Domingo
Yorio Saqui solicita que se compruebe el quorum; el Presidente considera que existe el
número suficiente de diputados, pero el diputado Gil Rafael Oceguera Ramos solicita que
se lean los artículos ciento nueve y ciento doce del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e insiste en que se pase lista de
asistencia, lo que así ordena el Presidente.
Terminado el tiempo concedido para el
registro de asistencia, el Presidente ordena que se vuelva a leer el Reglamento, el
diputado Yorio insiste en que el Presidente se ajuste a las disposiciones reglamentarias.
También lo hace el diputado Oceguera Ramos
y el Presidente insiste en que la sesión debe continuar de acuerdo con los términos
reglamentarios.
Por su parte el diputado Gutiérrez Cureño
opina que el número de diputados se establece con su presencia en la sala de sesiones,
pero el diputado Oceguera Ramos hace aclaraciones e informa que ha solicitado la
certificación de su presencia y da lectura al artículo 22 reglamentario y solicita que
la Secretaría dé cuenta con el número de diputados de acuerdo con el cómputo
electrónico.
El diputado Medina Plascencia también hace
uso de la palabra y comenta que se trata de una argucia para no discutir el tema del Fondo
Bancario de Protección al Ahorro.
Interviene el diputado Rojas Arreola, para
apoyar los comentarios del diputado Medina Plascencia.
El diputado Fidel Herrera Beltrán solicita
el uso de la palabra para rectificar hechos y dar cuenta con una declaratoria política
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente ordena que se abra de nueva
cuenta el registro electrónico. Al término del tiempo concedido, se informa que hay
doscientos diecisiete diputados en la sala.
Desde su curul, el diputado Yorio Saqui
hace aclaraciones y pide que se declare si hay o no hay quorum.
El Presidente ordena a la Oficialía Mayor
que se haga el descuento legal a los diputados que no registraron su asistencia; que se
dé lectura al orden del día de la próxima sesión que se llevará a cabo el lunes siete
de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, a las diez horas y clausura la de hoy a
las catorce horas con cincuenta minutos.»
Continúe la Secretaría.
|
El
secretario Martín Contreras Rivera: |
Está a discusión el acta... No
habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
SECTOR
EDUCATIVO
|
La
secretaria Clarisa Catalina Torres
Méndez: |
Se va a dar lectura a varias
comunicaciones.
«Escudo.—Poder Legislativo de Baja
California.—XVI Legislatura.
Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión.—México, D.F.
Por medio del presente nos permitimos hacer
de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre del año en
curso por la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, se tomó el
acuerdo de remitir a esa Cámara, punto de acuerdo presentado por la Comisión de
Educación y Cultura de esta legislatura, mismo que se anexa al presente.
Agradeciendo de antemano la atención que
se sirvan prestar a la presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarles nuestra
atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, Baja California, a 25 de
noviembre de 1998.—Diputados: Edgar Arturo Fernández Bustamante, presidente y Efrén
Macías Lezama, secretario.»
«Escudo.—Poder Legislativo de Baja
California.—XVI Legislatura.
Diputado Edgar Arturo Fernández
Bustamante, presidente de la mesa directiva de la XVI Legislatura constitucional del
Estado de Baja California.—Presente.
Honorable Asamblea: los suscritos
diputados: David Gutiérrez Piceno, Alejandro Bahena Flores y Jaime Jiménez Mercado,
integrantes de la Comisión de Educación y Cultura de la XVI Legislatura constitucional
del Estado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como en lo establecido por
los artículos 26, 44, 114 fracción III y 121 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Baja California, sometemos a la consideración de este pleno, el presente
punto de acuerdo económico bajo los siguientes
ANTECEDENTES
I. Que el Congreso del Estado de Durango, a
través de su oficial mayor Marco Antonio Guereca Díaz, remitió a esta XVI Legislatura
Constitucional, punto de acuerdo aprobado con fecha 14 de octubre de 1998 y mediante el
cual en su pronunciamiento tercero solicita de esta soberanía su apoyo e intervención a
efecto de pugnar por la autorización de un incremento al Presupuesto de Egresos de la
Federación para el año 1999 dentro del sector educativo.
II. Recibido que fue el punto de acuerdo en
comento, el presidente de la mesa directiva; conforme a la facultad conferida por el
inciso e de la fracción II del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Baja California, acordó turnarla a la Comisión de Educación y Cultura, para
su análisis y resolución.
III. Esta Comisión de Educación y Cultura
en sesión de trabajo celebrada con fecha 5 de noviembre del presente año, discutió y
votó el punto de acuerdo de referencia, estimando viable que este honorable Congreso del
Estado se solidarice para efecto de solicitar al Congreso de la Unión se incremente el
gasto público en el sector educativo, en virtud de la trascendencia que conlleva la
materia educativa, lo que se traduciría en un beneficio que representa la aplicación de
mayores fondos a dicho rubro, redundando en una mejor y mayor impartición de la
educación.
En base a los antecedentes anteriormente
expuestos, se elaboran los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero. Que es facultad de los diputados
presentar ante el pleno de esta soberanía, puntos de acuerdo económico, de conformidad a
lo establecido en el artículo 36 de la Constitución Política local y 26, 44, 114
fracción III y 121 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja
California.
Segundo. Que conforme a lo dispuesto en el
artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados dictaminar, discutir y aprobar anualmente
el Presupuesto de Egresos de la Federación; mismo que deberá empezar a analizarse a más
tardar el día 15 de noviembre del año en curso, el relativo al ejercicio fiscal de 1999.
Tercero. Que el presupuesto federal
asignado al ramo educativo para el ejercicio fiscal de 1998, no ha satisfecho muchas de
las necesidades que este importante sector demanda, como son, entre otras, un salario
digno y decoroso que permita a los trabajadores de la educación dedicarse exclusivamente
a las tareas propias de la enseñanza y, por ende, hacerlo con un mayor grado de
eficiencia y calidad y asimismo; el mejoramiento y dotación de la infraestructura
necesaria que permita el desarrollo y ampliación de los servicios educativos a las zonas
que lo demanden y, en particular, a las más marginadas.
Cuarto. Que la Organización de las
Naciones Unidas a través de la UNESCO, propone que los recursos públicos que los
gobiernos en sus presupuestos deben destinar al ramo educativo sea hasta un mínimo del 8%
del producto interno bruto, para efecto de que la población de un país sea debidamente
atendida en el rubro de los servicios educativos; no obstante en nuestro país los
recursos públicos que se asignan a este sector representan tan sólo el 4% de nuestro
producto interno bruto.
Por lo que bajo los anteriores antecedentes
y considerandos, esta comisión somete a la consideración de esta Asamblea para su
aprobación, los siguientes
PUNTOS RESOLUTIVOS
Primero. Que este Congreso del Estado de
Baja California, se pronuncia a favor de que la Cámara de Diputados de la LVII
Legislatura Federal, autorice en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 1999, para el rubro en materia de educación pública, un incremento
equivalente hasta el 8% de nuestro producto interno bruto.
Segundo. Que se autorice a la mesa
directiva de este Congreso local, promover un convenio de colaboración e información
entre esta XVI Legislatura constitucional y la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión, relacionado con las participaciones federales que se asignan a nuestro
Estado, para su aplicación al ramo de la educación, fundamentalmente en lo que
corresponde al fondo de aportaciones para la educación básica y normal.
Tercero. Aprobado que sea de conformidad el
presente punto de acuerdo económico, se remita a la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, minuta que deberá integrarse con copia certificada de esta propuesta de
acuerdo económico, del acta de las sesiones que contenga en su caso el debate que
produzca el mismo y la votación correspondiente, para su análisis, estudio y
dictaminación a que haya lugar.
Dado en la sala de sesiones de este Poder
Legislativo, en la ciudad de Mexicali, capital del Estado de Baja California, a 5 de
noviembre de 1998.—Comisión de Educación y Cultura.—Diputados: David
Gutiérrez Piceno, presidente; Alejandro Bahena Flores, secretario y Jaime Jiménez
Mercado, vocal.
En uso de las facultades que le confiere el
artículo 41 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja
California, el suscrito Efrén Macías Lezama, diputado secretario de la XVI Legislatura
constitucional del Estado.
CERTIFICA
Que la presente copia fotostática que va
en seis fojas útiles, corresponden en forma fiel y exacta en todas y en cada una de sus
partes, con los originales que obran en el archivo de este Congreso, consistentes en punto
de acuerdo presentado por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a la solicitud de
autorización del Presupuesto de Egresos para 1999 en el rubro de educación.
Se expide la presente a los 25 días del
mes de noviembre de 1998; haciendo constar lo anterior para todos los efectos legales a
que haya lugar.—Doy fe, diputado Efrén Macías Lezama, secretario.»
Túrnese a las comisiones de Hacienda y
Crédito Público y de Educación.
ESTADO
DE QUINTANA ROO
|
El secretario Francisco de Souza Machorro: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.—Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo.—Ciudad Chetumal, Quintana Roo, México.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.—México, D.F.
La VIII Legislatura constitucional del
Estado, en cumplimiento al artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se
permite comunicar que en sesión ordinaria celebrada el día 5 de noviembre del año en
curso, se procedió a la elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva
del segundo mes, del segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al tercer
año de ejercicio constitucional, misma que fungirá del 8 de noviembre y hasta el 15 de
diciembre de 1998, resultando electos por mayoría de votos los diputados: Jorge Mario
López Sosa, presidente y Alvaro Ricardo Lozano Ocampo, vicepresidente.
Sin otro particular, me es grato aprovechar
la ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Chetumal, Quintana Roo, a 5 de
noviembre de 1998.—Diputado Israel Barbosa Heredia, secretario.
De enterado.
ESTADO
DE TAMAULIPAS
|
El
secretario Espiridión Sánchez López: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.—Gobierno de Tamaulipas.—Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.—México, D.F.
Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 23, 25 y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado,
nos permitimos comunicarles que en sesión de junta previa celebrada en esta fecha, fueron
electos los diputados Enrique Garza Tamez y Enrique Duque Villanueva, como presidente y
suplente respectivamente, para integrar la mesa directiva que presidirá los trabajos del
pleno legislativo durante el mes de noviembre del actual, dentro del segundo periodo de
sesiones ordinarias correspondiente al tercer año de ejercicio legal de la LVI
Legislatura del Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
Sin otro particular, reiteramos a ustedes
nuestra consideración atenta y distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 4 de
noviembre de 1998.—Diputados: Enrique Javier Navarro Flores y Reynaldo García
Martínez, secretarios.»
De enterado.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL
|
El
secretario Martín Contreras Rivera: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.—Asamblea Legislativa del Distrito Federal.—I Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.—Presentes.
Por este conducto, nos es grato comunicar a
ustedes que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, en la
sesión celebrada el día de hoy, llevó a cabo la elección de la mesa directiva que
coordinará los trabajos durante el mes de diciembre correspondiente a su primer periodo
de sesiones ordinarias de su segundo año de ejercicio, la cual quedó integrada en la
siguiente forma:
Diputados: José Narro Céspedes,
presidente; Roberto Rico Ramírez, Arne Sidney Aus Den Ruthen Haag, Alejandro Vázquez
Enríquez y Francisco Ortiz Ayala, vicepresidentes; José Luis Benítez Gil, Elvira
Albarrán Rodríguez, María del Pilar Hiroishi Suzuki y María Angélica Luna y Parra y
Lerdo Trejo, secretarios.
Lo que nos permitimos hacer de su
conocimiento para los efectos a que haya lugar. Reiteramos a ustedes nuestra
consideración atenta y distinguida.
Recinto parlamentario, a 30 de noviembre de
1998.—Por la mesa directiva.—Diputados: Fernando de Garay y Arenas y Manuel
Minjares Jiménez, secretarios.»
De enterado.
COMISIONES
DE TRABAJO
|
La
secretaria Clarisa Catalina Torres
Méndez: |
«Diputada Gloria Lavara Mejía,
presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.—Presente.
Con fundamento por lo dispuesto en los
artículos 34, 27 incisos b y d y 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones,
Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados,
aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente
podrá encontrar el siguiente documento signado por el diputado José de Jesús Martín
del Campo Castañeda, vicecoordinador de proceso legislativo del grupo parlamentario del
PRD, donde solicita cambios en comisiones. Lo anterior, para que se le dé el trámite
correspondiente.
Que el diputado Pablo Sandoval Ramírez
sustituye al diputado Pioquinto Damián Huato, en la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 3 de
diciembre de 1998.—Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.—Cámara de Diputados.—LVII Legislatura.
Diputado Juan Cruz Martínez, presidente de
la mesa directiva de la Cámara de Diputados.—Presente.
Por este conducto le informo a usted que el
diputado Pablo Sandoval Ramírez, se incorporará como miembro en la Comisión de Hacienda
y Crédito Público, en sustitución del diputado Pioquinto Damián Huato. Lo anterior
para los avisos que sean pertinentes.
Agradeciendo de antemano sus atención,
aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de diciembre de
1998.—Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, vicecoordinador de
proceso legislativo.»
De enterado.
|
El
secretario Francisco de Souza Machorro: |
«Diputada Gloria Lavara Mejía,
presidenta en turno de la mesa directiva Cámara de Diputados.—Presente.
Con fundamento por lo dispuesto en los
artículos 27 incisos b y d y 45, fracciones I y VI y 47 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 21 fracción III del Reglamento por
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los
artículos segundo, quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones,
Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados,
aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997; adjunto a la presente
sírvase encontrar el oficio suscrito por el diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el que solicita se
someta a la consideración del pleno que en sustitución de la diputada Clarisa Catalina
Torres Méndez como miembro de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta
Pública, se integrará el diputado Dionisio Meade y García de León quien causará baja
en la Comisión de Relaciones Exteriores. Lo anterior, para el trámite que corresponda.
Sin más por el momento, quedo a sus
órdenes.
Atentamente.
México, D.F., a 5 de diciembre de
1998.—Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.—Poder Legislativo Federal.—Cámara de Diputados.
Al Presidente de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.—Presente.
Por este conducto me permito hacer de su
conocimiento que en sustitución de la diputada Clarisa Catalina Torres Méndez, como
miembro de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, se integrará el
diputado Dionisio Meade y García de León, quien causará baja en la Comisión de
Relaciones Exteriores.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 7 de diciembre de
1998.—Diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.»
De enterado.
Antes de dar paso a la presentación
de las iniciativas de los diputados, esta Presidencia da la bienvenida a 50 personas,
invitados especiales del diputado Rubén Mendoza Ayala.
PODER
EJECUTIVO
Tiene la palabra el diputado Victorio
Rubén Montalvo Rojas del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa de
reformas a los artículos 82 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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El
diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas: |
Con su venia señor Presidente:
«Iniciativa de reformas constitucionales
para reducir la edad para tener acceso a los cargos de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos y secretario del despacho.
El objeto de la presente iniciativa, es la
reforma de los artículos 82 y 91 de la Constitución General de los Estados Unidos
Mexicanos a fin de reducir las edades mínimas para ser elegible al cargo de Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, así como para ser designado secretario del despacho, a 30 y
25 años cumplidos el día de la elección o designación, respectivamente.
EXPOSICION DE MOTIVOS
México vive uno de los momentos más
trascendentes de su historia, inmerso en cambios acelerados en los órdenes social,
económico y político. Es por ello que resulta indispensable una revisión general de sus
instituciones constitucionales y políticas que responda plenamente a los nuevos desafíos
de la democracia, de la modernidad y de la globalización, así como a los retos
históricos que representan las enormes deudas sociales que arrastra el Estado mexicano
desde su fundación.
Parte de los cambios a los que nos
referimos la constituye la aparición casi súbita, diríamos explosiva, de un conjunto de
nuevos actores sociales y políticos: mujeres, indígenas, jóvenes, que existían,
naturalmente, en nuestra sociedad, pero que vivían en una marginación social, política
e incluso legal o bien eran sujetos de una cooptación por parte del Estado que reducía
al mínimo sus posibilidades de acción autónoma.
Entre estos nuevos actores, remarcamos, se
cuenta la juventud, que si bien tuvo un papel primordial en anteriores parteaguas de la
historia mexicana, como la Revolución, fue en general marginada de la vida pública una
vez consolidado el estado posrevolucionario.
Una parte fundamental de las
transformaciones que debe experimentar el Estado mexicano, para hacer frente a esta
expansión de la sociedad civil es precisamente corresponder con una expansión de todos
los derechos, cuya limitación en principio, sólo es legítima por causa de un claro
interés público.
Al respecto, la limitación de edad vigente
para ocupar el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que es de 35 años, se
origina en el contexto de una profunda desconfianza de las élites políticas del siglo
pasado hacia la libre participación del pueblo en general y de los jóvenes en
particular, en la cosa pública, desconfianza que conformaba un cuadro de miedo a la
democracia. No está de más recordar que la época en la que se origina esta limitación
en México, a principios del Siglo XIX, es también la del sufragio indirecto y el voto
censatario, así como de los requisitos económicos y religiosos para ser elegible a
cargos públicos; es la época, finalmente, de la exclusión sistemática de las mujeres
de casi todos los derechos civiles y políticos. Por ello afirmarnos que en México, las
limitaciones a los derechos políticos de los jóvenes todavía tienen mucho de remanente
de aquellos tiempos.
Es indudable que, sobre la condición de
ciudadano y de acuerdo con la naturaleza del cargo, es imprescindible una base mínima de
madurez personal y experiencia política para desempeñar los cargos públicos que
concentran mayor responsabilidad individual, como los que son objeto de la presente
iniciativa; nada garantiza que la edad conlleve las condiciones mencionadas, por lo que
casi cualquier requisito en esta materia tiene un contenido de arbitrariedad; empero,
ésta es una limitación inherente a la pretensión de establecer calidades con base en
criterios cuantitativos, limitación que debemos aceptar.
No obstante lo anterior, es claro también
que las expectativas de la época en la que fue determinado el umbral de edad vigente para
el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, eran las de una sociedad netamente
conservadora, que no son compartidas por el México actual. Conservar los actuales
umbrales de edad sería mantener artificialmente esta inercia conservadora, a
contracorriente de los valores y la estructura de la nueva sociedad mexicana.
En congruencia con lo anterior y de acuerdo
con las corrientes más democráticas del constitucionalismo moderno, consideramos, que
para un cargo como el de jefe del Ejecutivo Federal la condición de adulto es suficiente,
misma que de acuerdo a normas de la Organización de las Naciones Unidas, se puede
establecer cronológicamente a partir de los 30 años de edad, por lo que en estricta
ética democrática, no cabría restringir ningún derecho a ningún adulto, así sea un
joven adulto.
Partimos de la noción más contemporánea
de democracia, la cual, a partir del reconocimiento de las limitaciones de la democracia
representativa clásica, aspira a expresar de una manera mucho más real lo que está
ocurriendo en nuestra sociedad y que concibe al poder público como un espacio exclusivo
de nadie y potencialmente de todos, que sólo la sociedad civil puede ocupar desde sus
propios intereses y con sus propias características.
Aquí es pertinente la aclaración de que
un poder público potencialmente de todos no significa automáticamente de cualquiera: no
cualquier joven adulto, con independencia de sus capacidades y méritos podría, en los
hechos, convertirse en Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tendría que
pasar por el filtro de un sistema de partidos que, pese a todo, sigue desarrollándose,
además, no tenemos porqué desconfiar del filtro supremo del sistema democrático que
aspiramos a construir: el electorado.
Y es precisamente el electorado mexicano en
su autonomía el que también se beneficiaría con la reforma propuesta, ya que contaría
con un más amplio abanico potencial de opciones, más acorde con la pluralidad y la
fuerte diferenciación que lo caracterizan.
El caso del umbral establecido por el
artículo 91 de la Constitución General para el cargo de secretario del despacho, que es
de 30 años, resulta aún más inaceptable, toda vez que, el requisito de edad, que era de
25 años en la anterior Constitución, fue incrementado en el Constituyente de Querétaro
por temor a que se formasen castas cerradas de gobernantes, cuando es a todas luces
evidente que la raíz de estas oligarquías es la falta de controles institucionales sobre
el Poder Ejecutivo, así como las limitaciones de nuestro sistema electoral.
La participación generalizada de la
juventud es indispensable en toda coyuntura de cambio social y político. Recordemos que
los jóvenes han hecho históricamente las revoluciones, señaladamente la última, por lo
que la siguiente gran etapa de transformación acelerada de las instituciones políticas
mexicanas debe contar con este importante elemento.
Para ilustrar el anterior punto, nada mejor
que las palabras del constituyente Francisco J. Mújica, en Querétaro:
"Quiero hablar en contra del requisito
de que para ser diputado se requiere ser mayor de 25 años de edad. El proyecto de
Constitución, que es el mismo que ha presentado la comisión, con un dictamen
aprobatorio, señala 25 años cumplidos el día de la elección.
Como ustedes comprenderán, desde luego, no
vengo a defender intereses personales, porque afortunadamente voy ya en los 33 de la vida,
pero sí, señores, vengo a defender en esta tribuna los fueros de la juventud. ¿Cuál es
la razón fundamental que existe para exigir los 25 años cumplidos para ser diputado?
¿Qué es lo que se busca con eso de la edad? ¿Se exige la seriedad, la sabiduría, la
sensatez, el reposo y todas esas cualidades que indudablemente debe tener un representante
de un pueblo? Pues yo os digo, señores y os lo puedo demostrar, que hay jóvenes de menos
de 21 años que son más serenos, más tranquilos y muchas veces de mayor capacidad y
mejor entendimiento que los que han llegado a la mayor edad. ¿Por qué, pues, esta
limitación a la juventud para que tome parte activa en el funcionamiento de nuestro
Gobierno? Porqué razón se le quiere excluir de la representación nacional, no sólo de
la representación nacional, sino del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial?.."
"...Por otra parte, nuestra
Revolución actual nos ha enseñado que quien ha seguido primero al primer jefe en la
Revolución, en esta lucha libertaria, ha sido la juventud, nos ha enseñado también la
historia que los hombres más audaces, los hombres más grandes, los que han llevado a
cabo las más soberbias conquistas, lo han hecho en su primer periodo de la juventud.
Alejandro, Napoleón, Pompeyo..."
"... Señores, estamos en tiempos de
la verdad, hemos visto que en la juventud mejor se puede encontrar las cualidades que
demandan los modernos sistemas de gobierno...". Hasta aquí el constituyente Mújica,
quien es citado en esta exposición de motivos porque difícilmente puede encontrarse
mejor ejemplo de apuesta por el futuro en un momento decisivo de la historia mexicana. Si
bien su intervención se dio en el contexto de la discusión sobre los requisitos para ser
diputado contenidos en el artículo 55, ésta implica por su contenido a prácticamente la
totalidad de los cargos públicos, incluyendo a los altos cargos del Ejecutivo Federal, a
los que alude explícitamente.
La apuesta por el futuro es todavía más
necesaria en un país como el nuestro, en el que sólo el 40% de la población rebasa los
30 años de edad.
Por lo anterior, son necesarias reformas
institucionales que no sólo reflejen, sino que también retroalimenten los cambios
estructurales: considérese, al respecto, el positivo efecto que sobre la educación
cívica y el estímulo a la participación política de las nuevas generaciones tendría
la perspectiva abierta por la reforma, desde su discusión en este Congreso, hasta su
eventual aplicación.
La reforma que se propone es parte del
indispensable proceso de puesta al día del Poder Ejecutivo de la Federación en general y
de la institución presidencial en particular, es una medida que tiende a cerrar el abismo
actualmente existente entre el poder público y el ciudadano; es, por lo tanto, parte
integral del proceso de reforma democrática que experimenta el Estado mexicano, a pesar
de periodos de estancamiento y aun de retroceso.
Finalmente, el derecho comparado muestra
claramente que la reforma que se propone forma parte de la realidad constitucional de
muchos países como el nuestro y que, por contraste, la Constitución mexicana establece
requisitos de acceso a lo cargos mencionados claramente por encima del promedio en
América latina, como lo demuestran los siguientes ejemplos: en Argentina, 30 años, para
presidente; en Bolivia, 35 años para presidente y 30 para secretario; en Brasil, 21 años
para secretario; en Colombia y Costa Rica, 30 años para presidente y 25 para secretario;
en Chile, 40 años para presidente y 21 para secretario; en República Dominicana, 25
años para secretario; en Ecuador, 35 años para presidente y 30 para secretario; en El
Salvador, 30 años para presidente y 25 para secretario; en Guatemala, 30 años para
presidente; en Honduras, 30 años para presidente; en Nicaragua, 25 años para ambos
cargos; en Panamá, 35 años para presidente y 25 para secretario; en Perú, 30 años para
presidente y 25 para secretario; en Venezuela, 30 años para ambos cargos; en Uruguay, 35
años para presidente y 30 para secretario.
Es claro que Latinoamérica, una región
joven, tiene mayoritariamente normas constitucionales menos excluyentes que las mexicanas.
Señoras y señores diputados: los tiempos
que se avecinan son los de la juventud, es ella la que soportará el peso fundamental de
las profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que deben insertar a
nuestra nación en el siglo venidero. Quienes suscribimos esta iniciativa los convocamos a
reconocer legislativamente este hecho y a romper con la inercia conservadora que, sin
ninguna justificación desde el mirador del constitucionalismo moderno y sin ninguna base
de necesidad nacional, limita derechos sin más argumento, en el fondo, que el miedo al
futuro.
Hagamos valer el tantas veces declarado
aprecio por la juventud en los hechos y no sólo en las campañas propagandísticas.
Por las anteriores consideraciones, y con
fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución General de los Estados
Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, sometemos a la consideración de
esta soberanía la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO
Que reforma los artículos 82 y 91 de la
Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo primero. Se reforma la fracción
II del artículo 82 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
Artículo 82. Para ser Presidente se
requiere:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
II. Tener 30 años cumplidos el día de la
elección;
Segundo. Se reforma el artículo 91 de la
Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Articulo 91. Para ser secretario del
despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus
derechos y tener 25 años cumplidos.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto
entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 7 de diciembre de
1998.—Diputados: Victorio Rubén Montalvo Rojas, Alberto López Rosas, Isael Petronio
Cantú Nájera, Antonio Palomino Rivera, Francisco de Souza Moya, Dolores Padierna, Luis
Patiño Pozas, Octavio Hernández Calzada, David R. Cervantes Peredo, Gloria Lavara M.,
Francisco Luna Kan, Lázaro Cárdenas Batel, Gonzalo Rojas Arreola, Gilberto López y
Rivas, María Rojo, Antonio Soto Sánchez, Demetrio Sodi, Alvaro Arceo y Alejandro
Ordorica.»
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, con la opinión de la Comisión de Asuntos de la
Juventud.
LEY
DE COORDINACION FISCAL
Tiene la palabra el diputado Víctor
Manuel López Balbuena, integrante de la Comisión de Asuntos de la Juventud, para
presentar una iniciativa de reformas al artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal.
|
El
diputado Víctor Manuel López Balbuena: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Se presenta una iniciativa de reformas al
artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, para realizar modificaciones al proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1999.
Los suscritos diputados a la LVII
Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Asuntos de la
Juventud, de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos
a la consideración de esta Cámara, la presente iniciativa de adiciones a la Ley de
Coordinación Fiscal para realizar modificaciones al Proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para 1999 de conformidad con la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo
1995-2000, el Gobierno de México afirmó que daría atención especial a aquellos
mexicanos que se encuentran en condiciones desfavorables, a fin de garantizar su ingreso
al proceso de desarrollo. Al identificar a la juventud como uno de estos grupos el mismo
PND prevé su atención, pues considera que se encuentra con desventajas económicas y
sociales, que requieren de apoyos especiales para su incorporación a la dinámica social.
Cabe destacar que desde la desaparición
del Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA), en México no
existe un órgano especializado con patrimonio y personalidad jurídica propios que opere
y diseñe políticas especiales de atención a la juventud. De la misma manera, los
programas especiales de atención a la juventud se encuentran hoy día subordinados a las
políticas de fomento deportivo a través de la Comisión Nacional del Deporte, sin contar
con un presupuesto suficiente para su correcto funcionamiento.
La realidad de la atención a la juventud
por parte del Estado mexicano está marcada por una clara insuficiencia de recursos para
la operación de los programas existentes y para la creación de nuevos espacios de
atención a los jóvenes. A su vez, persiste la carencia de mecanismos para llegar a la
población juvenil en las regiones y localidades más desprotegidas.
En el seno de la Comisión de Asuntos de la
Juventud se constituyó una subcomisión de análisis del presupuesto para programas de
atención a la juventud por acuerdo de la junta directiva, con objeto de formular
propuestas de modificaciones a las leyes vigentes y al proyecto de Presupuesto de Egresos
que el Ejecutivo envía anualmente a la Cámara para su aprobación.
Desde su formación, la subcomisión se
abocó a estudiar las diferentes opciones por las cuales el Gobierno Federal, las
entidades federativas y los municipios puedan fortalecer de manera sustancial los recursos
que se destinan a los programas especializados en favor de la juventud.
El presupuesto que se ha destinado a la
dirección general Causa Joven ha sido claramente insuficiente. En 1996 la cantidad
destinada a este organismo fue de tan sólo 26 millones de pesos, mientras que para 1997
el monto ascendió a un poco más de 30 millones de pesos.
Uno de los aspectos relevantes desde el
punto de vista programático y presupuestal, ha sido el destinar, a partir de 1996, una
parte importante del presupuesto operativo de la dirección general, para apoyar la
gestión de las áreas de trabajo con juventud, insertadas en los institutos del deporte y
la juventud de las entidades federativas, lo que ha representado un ejercicio práctico de
descentralización. En 1996, se transfirieron a los estados mediante convenios de
colaboración, 4.46 millones de pesos, incrementándose dicha cifra en un 87.9% para 1997,
al destinarse 8.38 millones de pesos para atender programas de juventud locales.
Es importante destacar que para 1997, los
recursos de apoyo a los estados se dividieron en tres partes:
a) Programas generales juveniles locales,
b) Centros Causa Joven y
c) Programas de radio "Volar
Distinto". Es así que los 8.38 millones de pesos mencionados anteriormente, el 14%
se destinó para apoyar la operación permanente de los referidos centros de información
e interacción juvenil y el 17% para la producción y mantenimiento de los programas de
radio citados.
Adicionalmente, se ha desarrollado desde
1997 un programa prioritario para causa joven, consistente en el financiamiento de
proyectos juveniles de desarrollo comunitario, que permitió el financiamiento de 78
proyectos de diversa naturaleza, destinando para tal fin un monto de 2.85 millones de
pesos, con impacto en comunidades de 16 entidades federativas.
Las cifras anteriores demuestran un mínimo
incremento en el presupuesto operativo para los programas de juventud en el periodo
citado. Sin embargo, al interior de la Conade los recursos destinados a las áreas
relacionadas con el deporte son sustancialmente superiores, con una tendencia importante
de crecimiento, mientras que el presupuesto global de la dirección general causa joven,
ha disminuido respecto del presupuesto total de la Conade, representando el 16% de este
último en 1995, el 13% en 1996 y el 10% en 1997.
El incremento del presupuesto total de la
Conade de 1995 a 1996 fue de un 51.4% alcanzando un 39.5% de 1996 a 1997, lo que
representa incrementos absolutos de 120.1 y 139.8 millones de pesos, respectivamente.
Debido a lo anterior, uno de los objetivos
que se persiguen al fortalecer los recursos en el área de juventud es el de
descentralizar el gasto que se destina a los programas dirigidos a esta población
comprendida entre los 15 y los 29 años, por lo que las reformas a la Ley de Coordinación
Fiscal aprobadas por el Congreso de la Unión en diciembre del año pasado, por las cuales
se crearon nuevos mecanismos para transferir recursos y responsabilidades a los estados y
municipios, institucionalizando la figura de aportaciones federales a entidades
federativas y municipios, como una forma complementaria a las participaciones para la
descentralización del gasto federal, ha sido la vía más adecuada que la subcomisión
encontró después de estudiar las diferentes maneras de distribución del presupuesto.
Así, las adiciones a la Ley de
Coordinación Fiscal y al Presupuesto de Egresos para 1998 plantearon la creación de
cinco fondos de aportaciones federales.
El Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y normal, FAEB, para contribuir a garantizar el acceso a la educación básica en
todo el país;
El Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud, FASSA, para apoyar el fortalecimiento y consolidación de estos servicios en los
estados;
El Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, FAIS, constituido por un componente estatal y uno municipal y
orientado a incrementar la infraestructura social básica en las regiones más marginadas;
El Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, FAFMyDF, para contribuir
preferentemente al saneamiento financiero de las haciendas municipales y fortalecer las
acciones en materia de seguridad pública y
El Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM,
para canalizar recursos a las entidades federativas, con el fin de que lleven a cabo la
construcción, equipamiento y conservación de espacios educativos en educación básica y
superior y brinden programas alimentarios y de asistencia social a la comunicad.
En este año, el Ejecutivo Federal ha
enviado al Congreso una nueva iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para
incluir en el Presupuesto de Egresos para 1999 dos nuevos fondos de aportaciones. El
primero, para impulsar la educación tecnológica y de los adultos y el segundo, destinado
a la seguridad pública, lo que denota una clara señal de que esta vía ha funcionado
correctamente y es una manera eficiente de distribución de los recursos en las tres
órdenes de gobierno.
Los distintos niveles de gobierno han
convenido fortalecer la descentralización de las funciones públicas, a fin de que esta
asignación de responsabilidades sea la más adecuada para la prestación de los servicios
y asegure una atención más eficiente a las demandas de la población.
La resignación de responsabilidades y de
los recursos ligados a ellas para su cumplimiento, han sido formalizados a través de
instrumentos que jurídica y socialmente identifican y avalan las correspondientes
atribuciones de cada nivel de gobierno. A su vez, en dichos instrumentos se establecen el
espacio y los medios para que la población participe en la definición y supervisión de
las acciones, lo que además permite estrechar la relación entre los jóvenes y sus
gobernantes. Así, con la creación de los fondos del ramo 33 se establece un proceso que
fortalece la participación social y la democracia. Se trata de una descentralización que
redistribuye el equilibrio de las órdenes de gobierno a favor de los estados federados,
los municipios.
De esta manera, se propone transferir
recursos a los estados para la operación de programas específicos de apoyo a la juventud
a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del ramo 33.
Para el Presupuesto de Egresos de la
Federación de 1998, el Fondo de Aportaciones Múltiples destinó recursos para:
I. Otorgamiento de desayunos escolares y
apoyos alimentarios y de asistencia social a grupos desprotegidos por un monto de 1 mil
667millones 200 mil pesos (46% del total del fondo);
II. Construcción, equipamiento y
rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y superior
en su modalidad universitaria, por un monto de 1 mil 988 millones 100 mil pesos (54% del
total del fondo);
En la propuesta del Ejecutivo para el
próximo año, el FAM conserva el mismo porcentaje de distribución (46% para asistencia
social y 54% para infraestructura educativa) y presenta un aumento considerable en su
monto, ya que el mismo asciende a 4 mil 587 millones 374 mil 330 pesos, es decir, un
aumento del 25% con respecto al ejercido en 1998.
La propuesta de esta comisión es en el
sentido de integrar un tercer rubro dentro del FAM denominado "Fortalecimiento al
Desarrollo de la Juventud" el cual se destine exclusivamente para diseñar y operar
programas de fomento y apoyo a la población comprendida entre los 15 y 29 años cuyas
líneas programáticas sean el empleo, capacitación laboral, fomento a la producción,
recreación y apoyo a iniciativas juveniles.
Así, la propuesta busca fortalecer la
cultura de la participación juvenil rural o urbana para mejorar las condiciones de vida
de este sector poblacional particularmente vulnerable destinando tan sólo el 4% del monto
asignado al FAM, lo que incrementaría hasta en 400% el monto de los recursos federales
que se destinan exclusivamente a la juventud, sin considerar los recursos que se canalizan
a través del sector educación y del sector salud y de los fondos de aportaciones
exclusivos para estas áreas (cuadro 1). Así, la propuesta comprende la reforma a la Ley
de Coordinación Fiscal que implicaría modificaciones al proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para 1999.
El esquema sugerido presenta varias
ventajas respecto de los mecanismos con los que hasta la fecha se ha transferido el gasto
federal. Entre ellas destaca el que estas transferencias son un referente presupuestario
claro y, por así señalarlo la ley y por ser del pleno conocimiento mutuo, no permite
usos diferentes a los que están dirigidos.
Otra ventaja se refiere a que con base en
los fondos establecidos, las entidades federativas pueden mejorar sus propios procesos de
presupuesto. Por una parte, tienen la certeza en el monto de los recursos que se
transfieren mediante los fondos; por la otra, para efectos de presupuestar sus previsiones
para servicios personales para el personal de origen local, tendrán como referente el
monto de las previsiones para servicios personales contenidos en el presupuesto de egresos
que apruebe la Cámara de Diputados.
Los fondos del ramo 33 se transfieren por
disposición de ley y no por convenio como se hacía hasta 1997, lo que otorga diferentes
ventajas, como el hecho de brindar seguridad jurídica sobre la disponibilidad de los
recursos públicos, establecer reglas claras para asignar con transparencia los recursos
que corresponden a cada orden de gobierno, permitir a las entidades federativas conocer
anticipadamente la disponibilidad de recursos y confiere autonomía a las entidades
federativas y municipios en la aplicación de los recursos federales en el marco de los
fines señalados en la ley.
El seguimiento y la fiscalización de los
recursos que se asignan a las entidades federativas bajo un esquema descentralizado han
sido una preocupación permanente de la Cámara de Diputados. Por ello, cobran especial
relevancia los mecanismos que para estos efectos establece la propia Ley de Coordinación
Fiscal.
En primera instancia es importante
establecer que no hay mejor mecanismo de contraloría que la opinión de la ciudadanía
respecto de los servicios que recibe. Con ello, el acercamiento de las instancias de
decisión a la población beneficiaria se complementa y consolida y, por ende, se
incrementa la capacidad de ésta para influir en el rumbo de cada entidad. La
participación ciudadana y el fortalecimiento de las funciones de cada nivel de gobierno
deben ser, sin duda, propósitos fundamentales de cualquier proceso federalizador, por lo
que es conveniente determinar mecanismos de fiscalización ciudadana, además de los que
se contemplan en la Ley de Coordinación Fiscal.
Con lo que respecta al proyecto de
Presupuesto de Egresos para 1999 enviado por el Ejecutivo, el Fondo de Aportaciones
Múltiples del ramo 33 comprende:
VER TABLA EN EL DOC.1
Si bien la integración de un tercer rubro
dentro del FAM denominado "Fortalecimiento al Desarrollo de la Juventud"
proporcionaría certidumbre a todas las partes y permitirían una mejor atención de los
rezagos de la juventud, también debe señalarse que la distribución actual de recursos
puede mejorar, a fin de propiciar una mayor equidad y eficiencia en el ejercicio del
gasto. Ello debe ser motivo de un amplio análisis posterior.
En suma, la vía propuesta fortalece la
capacidad de respuesta de las autoridades locales y municipales, les brindan autonomía de
gestión y de ejercicio de los recursos y elevan la corresponsabilidad en la atención de
las demandas básicas de la juventud.
Por lo anteriormente expuesto se propone el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
De reformas al artículo 40 de la Ley de
Coordinación Fiscal para realizar modificaciones al proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para 1999.
Artículo único. Se reforma el artículo
40 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 40. Las aportaciones federales
que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban los estados de la Federación y
el Distrito Federal se destinarán exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares,
apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza
extrema, apoyos a la población en desamparo, actividades para el fortalecimiento del
desarrollo de la juventud, así como a la construcción, equipamiento y rehabilitación de
infraestructura física de los niveles de educación básica y superior en su modalidad
universitaria.
Palacio Legislativo, diciembre de
1998.—Los abajo firmantes, diputados federales al Congreso de la Unión de la LVII
Legislatura, integrantes de la Comisión de Asuntos de la Juventud, suscribimos esta
iniciativa de reformas al artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, para realizar
modificaciones al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
1999.—Diputados: Gloria Lavara Mejía, Juan Carlos Espina von Roehrich, Mariano
Sánchez Farías, Enrique Padilla Sánchez, José Antonio Alvarez Hernández, Francisco
Berganza Escorza, Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, Israel Hurtado Acosta, Manuel
Peñúñuri Noriega, Francisco Javier Salazar Díez de S., Lenia Batres Guadarrama,
Victorio Rubén Montalvo Rojas, Primitivo Ortega Olays, Cristina Portillo Ayala, Leticia
Robles Colín, Bernardo Segura Rivera, Omar Bazán Flores, Jaime Castro López, Juan
Manuel Félix León, Luis Alejandro Guevara Cobos, Salomón Elías Jauli y Dávila,
Víctor Manuel López Balbuena, Héctor Mayer Soto, Jacaranda Pineda Chávez, Juan
Jaramillo Fricas, Norberto Sántiz López, Librado Silva García, Gilberto Velasco
Rodríguez, Héctor Vicario Castrejón y Juan Carlos Ruiz García.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público con opinión de la Comisión de Programación y Presupuesto.
LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION
Tiene la palabra la diputada
Jacaranda Pineda Chávez, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional,
para presentar una iniciativa de reformas al artículo 13 de la Ley Federal de Radio y
Televisión.
|
La
diputada Jacaranda Pineda Chávez: |
Con su venia, señor Presidente:
«Iniciativa de reforma al artículo 13 de
la Ley Federal de Radio y Televisión.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En México, como en todos los países
modernos del orbe, la influencia de los medios masivos de comunicación sobre el
comportamiento social es incuestionable. Reconociéndolo así es que el Estado mexicano,
en la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, aún vigente, estipuló un régimen
legal de "permisos" por el uso del espacio aéreo nacional para transmitir ondas
radioeléctricas por parte de las estaciones que difunden la educación y la cultura. Este
esquema, a través del cual el Estado se responsabilizó de asegurar el uso de por lo
menos algunos medios electrónicos para cumplir con su tarea educativa, canceló las
posibilidades de que las estaciones de radio y televisión permisionadas pudieran recibir
otro ingreso que no provenga del subsidio presupuestal estatal.
Hoy, a la luz de los acontecimientos
económicos y financieros mundiales y nacionales, es menester poner nuestra atención en
una petición que a lo largo de dos décadas los productores y trabajadores e incluso
directivos, de estos medios culturales, han hecho a los legisladores para modificar esta
situación, de tal forma que sin disculpar al Estado de sus obligaciones, se permita la
intervención de otros actores sociales para contribuir a la generación de recursos
económicos de los que viven las estaciones permisionadas, de forma tal que éstas puedan
enfrentar las difíciles condiciones económicas bajo las cuales subsisten, al depender
exclusivamente del presupuesto asignado por el Gobierno.
Por otra parte, debe considerarse que
innumerables resoluciones y declaraciones de organismos, conferencias y asambleas
internacionales han servido para establecer el reconocimiento formal de los derechos
culturales. Sin embargo, las prácticas diarias en materia de comunicación social nos
refieren exclusivamente al marco tecnológico como un asunto determinado por la
mundialización y la ruptura de fronteras; las bases jurídicas que sustentan ese modelo
están siendo determinadas también por necesidades de esa globalización y la cultura
nacional ha pasado a ocupar un segundo lugar en las prioridades gubernamentales. Por lo
mismo, los dineros recibidos por las estaciones permisionadas en cada ejercicio
presupuestario se ven considerablemente disminuidos en su monto, afectando directamente la
calidad de la producción y la difusión de contenidos culturales y educativos.
Es necesario entonces, generar mecanismos
que permitan que los medios para que la sociedad acceda a la cultura sean cada vez más
amplios y en ese sentido, la circunstancia de las radiodifusoras permisionadas, cuyo
objetivo principal es permitir ese acceso de la sociedad a la cultura, sea actualizada de
acuerdo a los nuevos tiempos que vive México.
El régimen legal de los medios
electrónicos dedicados a la difusión de la cultura y la educación en nuestro país es
un asunto a cuya revisión es necesario abocarse, ello con el fin de modificar su esquema
de percepciones para el eficiente cumplimiento de sus objetivos y otorgarles la
posibilidad jurídica de su integración a los sistemas de autofinanciamiento que les
permitan permanecer bajo el régimen permisionado pero no dependiendo exclusivamente del
subsidio gubernamental, sino con la capacidad de recibir patrocinios y así, asegurar la
continuidad de su cometido social.
Por lo anterior, los suscritos diputados
integrantes de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y de los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; sometemos a la
consideración de esta Asamblea la siguiente
INICIATIVA
De reforma al artículo 13 de la Ley
Federal de Radio y Televisión.
Artículo único. Se reforma el artículo
13 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:
Artículo 13. Al otorgar las concesiones o
permisos a que se refiere esta ley, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes determinará la naturaleza y propósito de las estaciones
de radio y televisión, las cuales podrán ser: comerciales y no lucrativas.
Las estaciones comerciales requerirán
concesión, las no lucrativas requerirán permiso.
Se consideran estaciones no lucrativas a
las culturales, educativas, de servicio social y las que establezcan las entidades y
organismos públicos para el cumplimiento de sus fines y servicios.
Las estaciones no lucrativas podrán
financiar sus operaciones a través de la promoción y difusión de servicios y
producción, con la finalidad de atender el objeto para el que fueron creadas; siempre y
cuando no generen ingresos lucrativos.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las entidades involucradas en la
aplicación de la ley que se reforma por medio del presente decreto tendrán un plazo
perentorio de 90 días naturales contados a partir de la publicación del mismo para
adecuar los reglamentos y ordenamientos derivados de las mismas.
Tercero. Se derogan todas aquellas
disposiciones que se opongan al presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 1o. de
diciembre de 1998.—Diputados: Jacaranda Pineda Chávez, Jaime Castro López, María
de los Angeles Gaytán Contreras, Mauricio Rossell Abitia, Jorge Canedo Vargas, Oscar
González Rodríguez, Mónica García Velázquez, Héctor Castañeda Jiménez, Sabino
Padilla, Wintilo Vega, Blanca Rosa García, Carlos Jiménez Macías, Jorge Durán Chávez,
Marta Laura Carranza, Aracely Escalante, Julián Nazar, María del Carmen Moreno, Antonio
Ordaz Hernández, Gerardo Sánchez García, Francisco Arroyo Vieyra, Miguel Villarreal
Díaz, Efrén Enríquez Ordóñez, Ernesto Millán Escalante, Sara Esthela Velázquez y
Orlando Arvizu Lara.»
Túrnese a la Comisión de Radio,
Televisión y Cinematografía.
LEY DE
NAVEGACION
Tiene la palabra el diputado Raúl
Monjarás Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar
una iniciativa de decreto por el que se abroga la Ley de Navegación y Comercio Marítimo
y se incluye un capítulo a la Ley de Navegación.
|
El
diputado Raúl Monjarás Hernández: |
Con su permiso, señor Presidente:
«Iniciativa de decreto por el que se
abroga la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y se incluye un capítulo a la Ley de
Navegación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Los suscritos diputados de la LVII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los
artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara de
Diputados, la presente iniciativa que abroga la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y
se incluye un capítulo a la Ley de Navegación, a fin de que quede contemplado dentro de
una sola legislación, todas las normas relativas a la misma, en especial las que se
refieren al seguro marítimo, bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley de Navegación y Comercio Marítimo,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1963, que entró en
vigor 30 días después de su publicación, derogaba diversos artículos del Libro Tercero
del Código de Comercio. Esta ley de manera amplia regulaba todo lo referente a la
navegación marítima, portuaria y sus maniobras conexas, las empresas navieras, los
buques, los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo. Asimismo
reglamentaba lo relativo a las autoridades marítimas, la operación de los puertos, la
navegación marítima y del auxilio, salvamento y naufragios. También regulaba lo
concerniente a la matricula y abanderamiento de los buques, el registro público marítimo
nacional, el comercio marítimo, de la construcción de navíos, la propiedad y
copropiedad de los buques. Contenía normas relacionadas con las empresas marítimas, con
la fortuna de mar, lo relativo al abandono de los buques, de la tripulación y autoridades
de los buques.
En la misma ley, se establecían normas que
reglamentaban los contratos del arrendamiento de las naves, del fletamento de los buques,
de las modalidades marítimas de la compraventa y del seguro marítimo. En su parte final
estaban las normas de los agentes del naviero y de los riesgos de la operación marítima
y concluye con un título único titulado "de las maniobras en los puertos".
Con motivo, de la entrada en vigor de la
Ley de Navegación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 4 de enero
de 1994 y vigente a partir del día siguiente al de su publicación, se derogaron
múltiples disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, quedando
exclusivamente vigentes los artículos 222 al 232 y 234 al 250, contemplados en el
Capítulo IV titulado: del seguro marítimo.
Considerando que estas disposiciones que no
fueron derogadas, deberían integrarse en la Ley de Navegación, toda vez que no tiene
razón de ser que continúen en una ley anterior que únicamente regula lo relativo al
seguro marítimo, ya que lo conveniente y conforme a una correcta técnica legislativa,
estas mismas disposiciones deberían quedar en la parte final de la susodicha Ley de
Navegación y para ello se propone que se agregue al Titulo Quinto un capítulo que se
denominaría: "del contrato del seguro marítimo", modificándose como
consecuencia la numeración del articulado del Título Sexto.
Por las consideraciones expuestas y en
ejercicio de sus facultades, los suscritos diputados de la nación a la LVII Legislatura
del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, sometemos a esta Cámara, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Por el que se abroga la Ley de Navegación
y Comercio Marítimo y se incluye un capítulo a la Ley de Navegación vigente.
Artículo primero. Se abroga la Ley de
Navegación y Comercio Marítimo, de fecha 21 de noviembre de 1963 y que entró en vigor
30 días después de su publicación.
Artículo segundo. Se agrega al Título
Quinto de la Ley de Navegación vigente, un capítulo que se titula "del contrato del
seguro marítimo", quedando de la siguiente manera:
Artículo 111. El seguro marítimo podrá
contratarse por cuenta propia o de un tercero y se perfeccionará en el momento en que el
solicitante tenga conocimiento de su aceptación por el asegurador. Su vigencia no podrá
supeditarse al pago de la prima, a la entrega de la póliza o de cualquier otro documento
equivalente.
La póliza podrá expedirse a nombre del
solicitante, de un tercero o al portador. A falta de póliza, el contrato se probará por
cualquier otro medio de prueba legal.
Artículo 112. Las cláusulas manuscritas o
mecanográficas prevalecerán sobre las impresas, cuando consten en todos los ejemplares
de la póliza.
Artículo 113. A falta de disposición
legal aplicable, las cláusulas oscuras o confusas se interpretarán por la autoridad
competente en el sentido menos favorable para quien las propuso.
Articulo 114. El pago del importe del
seguro será cubierto a más tardar 30 días después de que el asegurador haya recibido
los documentos e informaciones que funden la reclamación.
Artículo 115. La suma asegurada por daños
y perjuicios pactados será el límite de las obligaciones del asegurador, pero sólo
obligado a cubrir los efectivamente causados.
Artículo 116. Si se celebrase un seguro,
sin dolo o mala fe, por una suma superior al valor real de la cosa asegurada, el contrato
será válido hasta por este mismo valor. La suma asegurada se deducirá por acuerdo de
las partes o en su defecto, por dictamen de peritos. El asegurador debería bonificar al
gestor del seguro o en su caso al asegurado el excedente de la prima pagada, por el
periodo que no haya transcurrido desde la fecha en que recibió la solicitud
correspondiente. En caso de probarse el dolo o la mala fe, el contrato será nulo y las
primas pagadas quedarán a favor del asegurador.
Artículo 117. Si se contratare con varios
aseguradores un seguro contra el mismo riesgo y por el mismo interés económico, el
gestor del seguro deberá poner en conocimiento de cada uno de los aseguradores la
existencia de los otros contratos. El aviso se dará por escrito, con indicación de
aseguradores y sumas aseguradas.
Artículo 118. Los seguros de que trata el
artículo anterior serán válidos aunque sumen una cantidad superior al valor real
asegurado y obligarán a los aseguradores dentro de este límite, hasta la suma que cada
uno hubiere asegurado, a menos que se demuestre que hubo mala fe.
Artículo 119. En el caso del artículo
anterior, el asegurador que pague podrá repetir lo pagado contra los demás, en
proporción a la suma asegurada por cada uno.
Artículo 120. Si ocurriere el siniestro,
el gestor o el beneficiario de la póliza podrán realizar todos los actos que tiendan a
evitar o a disminuir el riesgo, salvo pacto en contrario. Si no hubiere peligro en la
demora, los interesados pedirán instrucciones al asegurador y se atendrán a ellas.
Artículo 121. Si la cosa se hubiere
designado sólo por su género, se considerarán aseguradas todas las que de tal género
existiesen en el buque.
Artículo 122. Salvo pacto en contrario, la
vigencia del seguro sobre las mercancías se iniciará en el momento en que éstas sean
entregadas al porteador, cesará en el momento en que sean desembarcadas en el lugar de su
destino y se pongan a disposición del consignatario.
Artículo 123. Salvo pacto en contrario, el
asegurador no responderá de los daños mecánicos que se ocasionen a los motores o a los
instrumentos de navegación si dichos daños no fueren consecuencia directa de un
accidente de mar.
Artículo 124. Si el siniestro se debió al
cambio de ruta o de viaje, los aseguradores del buque y del cargamento sólo responderán
si el cambio fue forzado o se realizó para auxiliar a buques o a personas en peligro.
Artículo 125. Si en el contrato se expresa
el nombre del buque en que las mercancías habrán de cargarse, el asegurador no
responderá de la agravación del riesgo producido por el cambio del buque. El error en la
designación del buque no invalida el seguro.
Artículo 126. El asegurador responderá,
salvo pacto en contrario, de los daños y pérdidas ocasionadas por vicios ocultos de la
cosa, a menos que pruebe que el asegurado o el gestor del seguro conocían tales vicios o
pudieron conocerlos si hubiesen obrado con la diligencia normal.
Artículo 127. El asegurador responderá,
salvo pacto en contrario, por las sumas que correspondan a las mercancías por
contribuciones de averías gruesas o comunes.
Artículo 128. El asegurador será
responsable, si no se pacta lo contrario, de las cantidades que el asegurado deba a
terceros, por daños ocasionados por abordaje. Si el asegurado fuere demandado deberá
denunciar el juicio al asegurado que podrá hacer valer las excepciones que competan al
asegurado.
Artículo 129. Si el seguro sobre el buque
vence estando en viaje se prorrogará de pleno derecho hasta la hora 24 del día en que la
nave llegue a su destino final. El asegurado o su representante deberá pagar la prima
suplementaria.
Artículo 130. Si el seguro del buque
hubiere sido contratado por viaje, su vigencia comenzará en el momento en que se inicie
el embarque; si no hubiere sido así, desde el momento en que zarpe o desamarre y
terminará en el momento en que el buque sea anclado o amarrado en el puerto de destino o
al terminarse la descarga, siempre que la duración de tales maniobras no exceda de 15
días. Si el seguro se toma estando ya iniciado el viaje del buque y no se estipula la
hora en que entrará en vigor, se entenderá que surte sus efectos desde la primera hora
del día en que se contrató el seguro.
Artículo 131. El daño al buque puede ser
reparado o indemnizado a cargo del asegurador. Si el naviero o el capitán debidamente
optan por la reparación, el asegurador tendrá derecho de vigilar la ejecución de la
misma. Si optaren por la indemnización, ésta se pagará en la cantidad promedio que
resulte del cálculo de valores entre nuevo y viejo. El cálculo de los valores, a falta
de acuerdo entre las partes, se computará según estimación de peritos.
Artículo 132. Se considerará valor del
buque el que tenga al iniciarse el riesgo.
Artículo 133. El asegurador que indemnice
por los daños, que cubra el seguro, se subrogará en los derechos y acciones que
correspondan al beneficiario contra terceros, por responsabilidad de éstos en los daños
sufridos, hasta el valor de lo pagado.
Artículo 134. Cualquiera de las partes
podrá pedir que el daño causado se valúe sin demora. Si alguna se niega a nombrar
perito, el juez lo designará a petición de la otra.
Artículo 135. La intervención del
asegurador en la valorización del daño no implicará su aceptación de pagar el valor
del siniestro ni su renuncia a oponer excepciones.
Artículo 136. Cuando el buque se presuma
perdido o quede imposibilitado para navegar, las mercancías aseguradas podrán
abandonarse y exigirse el monto total del seguro, si no son reembarcadas en el término de
tres meses.
Artículo 137. El buque se considerará
perdido si transcurren 30 días después del plazo normal para su arribo sin que llegue a
destino y no se tenga noticias de él.
Artículo 138. El asegurador perderá el
derecho de objetar el abandono, si no lo hace dentro de los 15 días siguientes a aquél
en que reciba la declaración.
Artículo tercero. En virtud de la
inclusión de los artículos anteriores, se modifica la numeración relativa al Título
Sexto de la Ley de Navegación.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones
contrarias al presente decreto.
San Lázaro, D.F., a 16 de noviembre de
1998.—Diputados: Raúl Monjarás Hernández, Martín Contreras Rivera, José Espina
von Roehrich, Gustavo Espinosa Plata, Carlos Iñiguez Cervantes, Espiridión Sánchez
López, Constancio Ríos Sánchez, Nicolás Jiménez Carrillo, Jorge López Vergara,
Felipe Urbiola Ledesma, José Angel Frausto Ortiz y José Ricardo Fernández Candia.»
Túrnese a la Comisión de
Comunicaciones y Transportes.
Esta Presidencia da la bienvenida a un
grupo de estudiantes del Conalep, plantel Texcoco, invitados por el diputado Alberto
Martínez Miranda.
Asimismo damos la bienvenida a un grupo de
estudiantes de la Facultad de Derecho de Tlaxcala, invitados por el diputado Salvador
Ordaz Montes de Oca.
LEY DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO
Tiene la palabra el diputado Miguel
Angel Solares Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
para presentar una iniciativa de reformas al artículo 57 de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
|
El
diputado Miguel Angel Solares Chávez: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
«Iniciativa de decreto que reforma el
artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado.
Los suscritos, diputados integrantes del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática del Congreso de la Unión,
con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y demás relativos del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la
consideración de esta honorable soberanía, la iniciativa que reforma el artículo 57 de
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con
base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El acceso a la salud, la asistencia
médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios
para el bienestar es un derecho irrenunciable de los trabajadores del campo y la ciudad,
así como de los servidores públicos. Ello se ha hecho realidad a través un conjunto de
instituciones de seguridad social cuya misión principal es mejorar la calidad de vida de
la población amparada y propiciar una vejez digna para quienes han llegado al fin de su
vida laboral. Además de lograr amplias y generosas expresiones de solidaridad humana, la
seguridad social se ha convertido en un poderoso instrumento redistribuidor de la riqueza
nacional y en el soporte del bienestar de millones de mexicanos.
En el umbral del Siglo XXI, México es
impensable sin sus instituciones públicas de salud y seguridad social. La tarea del
legislador es, entonces, robustecer los servicios y beneficios que ofrecen y prepararlas
para los desafíos del futuro. También, la de recoger las inquietudes de sus beneficios y
proponer la mejoría de los seguros, prestaciones y servicios que aquéllas proporcionan,
sin poner en riesgo su viabilidad financiera. Todo ello con el propósito de reafirmar los
principios de solidaridad, redistribución, obligatoriedad e integralidad que le dieron
aliento desde su fundación.
Una de estas nobles instituciones, que
junto con el IMSS y el ISSFAM constituyen el sistema público de seguridad social mexicano
erigido al amparo de nuestra Constitución Política, es el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, organismo creado por decreto de ley en
1959.
La Ley del ISSSTE, cuyos antecedentes más
importantes fueron la Ley de Pensiones Civiles de 1925 y el Estatuto Jurídico de los
Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión de 1938, pretendía "otorgar una
protección integral a los servidores públicos y sus familias, no sólo durante el tiempo
en que prestaran sus servicios, sino, sobre todo, cuando por edad, tiempo de trabajo,
separación del cargo, invalidez, vejez o muerte requirieran más de un sistema
tutelar".1
La ley contenía, desde aquella época, un
conjunto de beneficios a favor del trabajador, mediante los cuales se materializaban las
garantías sociales que la Constitución consagra. En el cuerpo de su articulado,
consideraba casi la totalidad de seguros, prestaciones y servicios que ofrece la ley en
vigor. Sin embargo, en el curso de los años sufrió modificaciones que plasmaron nuevos
conceptos o bien reforzaron los principios que el primer texto recogía, ampliando, de
manera simultánea, su cobertura.
Sin embargo, el ISSSTE no escapó al
deterioro que sufrieron las instituciones públicas de seguridad social durante la etapa
del ajuste estructural de los años ochenta. La restricción del presupuesto, la caída
del salario real y del empleo público, así como los efectos de la inflación en los
precios de insumos y medicamentos, llevaron a esta institución a ver minada su capacidad
de respuesta y declinar la calidad y oportunidad de sus servicios. Asimismo, condujeron a
poner en riesgo la viabilidad financiera de los distintos ramos de aseguramiento, no
obstante que por ley el Estado garantiza el cumplimiento de las obligaciones del
instituto.
Lo anterior desembocó en una
contrarreforma en la Ley del ISSSTE, aprobada en diciembre de 1992 a iniciativa del Poder
Ejecutivo, con la que, entre otras cosas, se sancionó la incorporación del Sistema de
Ahorro para el Retiro y se produjo un retroceso en la forma de incrementar el monto de las
pensiones, al modificarse el artículo 57. Cambio, este último, lesivo para el bienestar
de cientos de jubilados y pensionados que, con la presente iniciativa, proponemos
enmendar.
Al crearse la Ley del ISSSTE se instituyó,
en su artículo 136, el concepto de pensión dinámica, cuyo monto sería revisarlo cada
seis años en función del aumento del costo de la vida, en consideración de los
cálculos actuariales y las reservas del instituto. En 1980, el mencionado artículo fue
objeto de una modificación importante, en atención a la demanda de los propios jubilados
y pensionados de "alcanzar los mismos beneficios que reciben los trabajadores en
activo".2 Así, la redacción aprobada en esa fecha dispuso que las jubilaciones y
pensiones aumentarían al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumentaran los
sueldos de los trabajadores en activo. Con una nueva reforma integral en 1983, el citado
artículo 136 se plasmó en los párrafos tercero y cuarto del artículo 57 en vigor,
determinación con la que el legislador mantuvo el mismo espíritu de justicia social y de
igualdad de los pensionados y jubilados con respecto a los trabajadores en activo.
La reforma de 1992, contraviniendo ese
espíritu de justicia social introdujo una nueva redacción al párrafo tercero del
artículo 57 de la Ley del ISSSTE, constituyéndose en un evidente retroceso legislativo y
en un golpe a jubilados y pensionados. En aquel año se dispuso que "la cuantía de
las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general para el
Distrito Federal, de modo tal que todo incremento porcentual a dicho salario se refleje
simultáneamente en las pensiones que paga el instituto". De esta suerte, en adelante
los beneficios obtenidos por los servidores públicos, entre los que se encuentran los de
la educación y la salud, en sus revisiones salariales y contractuales o de condiciones
generales de trabajo no se harían extensivos a jubilados y pensionados.
El argumento que con mayor fuerza se
esgrimió durante la reforma de 1992 fue en el sentido de homologar, a la baja, el sistema
de pensiones del ISSSTE con relación al del Seguro Social.
Los efectos de la reforma al artículo 57
fueron devastadores y el alud de protestas de jubilados y pensionados no se ha detenido
desde entonces.
Para ilustrar lo anterior conviene hacer
notar que el salario mínimo ha tenido una caída persistente desde hace más de dos
décadas, colocándose en desventaja frente a los salarios contractuales y del sector
público que se revisen anualmente. Así, de conformidad con los datos oficiales,
comparado con la inflación, el salario mínimo se ha visto reducido los últimos cuatro
años en un 42%, decremento que han resentido también las pensiones del ISSSTE.
Por otra parte, mientras que de 1995 a 1998
el Indice Nacional de Precios al Consumidor, indicador que sirve de referencia para
proyectar el incremento a los salarios mínimos, ha tenido un crecimiento acumulado de
186.5%, el índice de sueldo promedio mensual de plaza inicial del magisterio ha crecido
en el mismo lapso 214.8%, es decir, que ha tenido un crecimiento real de 28.3%. Esto
significa que, en tanto que en los últimos cuatro años el salario mínimo y, por
consiguiente, las pensiones del ISSSTE, han disminuido su poder de compra, el salario
magisterial de los trabajadores en activo que cotizan al instituto, se ha colocado por
encima de la inflación e iniciado un proceso, lento e insuficiente aún, de
recuperación. La desventaja de este sector de jubilados, uno de los más numerosos con
que cuenta el ISSSTE, frente a los trabajadores en activo es más que ostensible.
Jubilados y pensionados de otras dependencias se encuentran en las mismas circunstancias
de desventaja e iniquidad.
Dos hechos más justifican una urgente
reforma al artículo 57 para devolverle el espíritu original a la pensión dinámica que
el legislador le confirió con la reforma de 1980. La pensión promedio de los cerca de
335 mil jubilados y pensionados con que contaba el instituto al mes de noviembre pasado,
se ubicaba en 2 mil 386 pesos con 21 centavos: 2.6 veces el salario mínimo general para
el Distrito Federal, cantidad insuficiente para adquirir una canasta de productos
básicos.
El Consejo Nacional Mixto de Protección al
Salario (Conampros), organismo de apoyo técnico al Congreso del Trabajo ha calculado que
el precio de la canasta básica alimenticia (mínimos nutricionales para una familiar
nuclear), a precios de abril de 1998, era de 2 mil 968 pesos con 50 centavos. En este
sentido, un jubilado del ISSSTE que goza de la pensión promedio, sólo recibe recursos
para comprar el 80% de los productos de dicha canasta básica, que por lo demás no
incluye vivienda, salud, transporte, ropa y calzado. Si a ese monto le aplicamos el
incremento del 14% que recientemente ha aprobado la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos, todavía le harían falta al jubilado 250 pesos o poco más de siete salarios
mínimos diarios, para comprar la canasta básica. Esto suponiendo que los productos no
hayan aumentado desde abril, asunto difícil de sostener.
Asimismo, 23 mil 400 jubilados y
pensionados apenas reciben la cuantía mínima: 1052 pesos mensuales, con lo que,
adicionando el 14% de aumento, únicamente les permitirá comprar el 40% de la canasta
básica calculada por el Conampros.
Finalmente, es preciso reconocer que la
actual forma de cálculo del incremento de las pensiones, atadas al aumento de los
salarios mínimos, no le permite a los beneficiarios del ISSSTE hacer frente a la
inflación: en 1998, las pensiones se elevaron en 14.2%, mientras que el índice
inflacionario cerrará en una cifra aproximada del 18%. Sólo en el año que termina las
pensiones de los servidores públicos perderán cerca de cuatro puntos porcentuales.
Señoras y señores legisladores: la
situación descrita, que han documentado cientos de jubilados y pensionados del ISSSTE a
través de cartas dirigidas a nuestro grupo parlamentario y las manifestaciones masivas de
rechazo a la medida aprobada en 1992, han motivado la presentación de esta iniciativa. Su
sentido es conseguir que la cuantía de las pensiones aumente al mismo tiempo y en la
misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo.
Nuestro grupo parlamentario tiene
consciencia de las enormes dificultades por las que atraviesa el ISSSTE, particularmente
su fondo de pensiones. La iniciativa que presentamos es, por tanto que presentamos, el
inicio de un conjunto de propuestas que haremos para garantizar la permanencia del
instituto como un instrumento de justicia social y afianzar su carácter público, en la
senda de construir el modelo de seguridad social solidario que requieren los trabajadores
mexicanos en el nuevo milenio. Es un paso necesario que reclaman los servidores públicos,
quienes entregaron su trabajo con dedicación a la sociedad y al Estado mexicano. Es el
cumplimiento de un compromiso que busca brindarles tranquilidad y bienestar en los
últimos años de su vida. Es un esfuerzo por reconocer plenamente sus derechos sociales.
Por lo anteriormente expuesto, se propone
el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforma el tercer
párrafo del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:
Artículo 57. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . "Las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y
en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en
activo."
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Solicito a la Presidencia, turne la
presente iniciativa a la Comisión de Seguridad Social.
Diputados: Miguel Angel Solares Chávez,
Gonzalo Rojas Arreola, José Luis Sánchez Campos, Rodrigo Maldonado y Samuel Lara
Villa.»
Túrnese a las comisiones de Trabajo
y Previsión Social y a la de Seguridad Social.
LEY DE COORDINACION FISCAL (II)
Tiene la palabra el diputado Enrique
Bautista Villegas, a nombre de los integrantes de la Comisión de Agricultura, para
presentar una iniciativa que adiciona un párrafo tercero al artículo 33 de la Ley de
Coordinación Fiscal.
|
El
diputado Leopoldo Enrique Bautista
Villegas: |
«Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en los artículos 71
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción
II y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales integrantes de la Comisión de
Agricultura sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, la iniciativa de
decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 33 de la Ley de Coordinación
Fiscal, bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
En diciembre de 1997 fue adicionado a la
Ley de Coordinación Fiscal el Capítulo V, denominado "de los fondos de aportación
federales", con el que se crearon cinco nuevos fondos en beneficio de las entidades
federativas y los municipios, con cargos a recursos de la Federación. La reforma, de
acuerdo con la expocisión de motivos, tuvo como sustento el impulso a un federalismo
renovado, en donde el Poder Ejecutivo Federal asumía la tarea de promover una amplia
redistribución de funciones de decisión y operación de las políticas públicas para
acercarlas a la población de los estados y municipios.
De esta forma, la creación de los nuevos
fondos de aportaciones federales, tenía por objeto coadyuvar al fortalecimiento de las
haciendas locales y municipales en dos ámbitos: el presupuestario a través de la
institucionalización de la provisión de recursos federales en apoyo a actividades
específicas y el tributario.
No obstante la importancia de dicha
iniciativa, los tiempos establecidos para la discusión de la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998, paquete
legislativo al que se vincularon las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, impidieron
examinar con detalle las características de los cinco nuevos fondos creados, los
criterios de su aplicación, así como las disposiciones que garantizaran un uso adecuado
y transparente de los recursos aprobados.
A un año de su ejercicio, conviene hacer
algunas correcciones que permitan beneficiar a los municipios con mayores carencias. En
particular, la presente iniciativa busca mejorar la asignación de recursos del fondo de
aportaciones para la infraestructura social municipal en favor de los municipios rurales.
De acuerdo al decreto de creación, el
fondo de aportaciones para la infraestructura social, está constituido a su vez por el
fondo para la infraestructura social estatal y el fondo para la infraestructura social
municipal. Las aportaciones federales que se hacen con cargo a dichos fondos se destinan a
acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la
población, estatal y municipal, que se encuentren en condiciones de rezago social y de
pobreza extrema. El propio decreto detalla en el artículo 33 de la Ley de Coordinación
Fiscal una serie de rubros en los que se habrá de invertir para garantizar el apoyo a la
población en extrema pobreza, entre los que se encuentra la infraestructura productiva
rural que nos interesa comentar.
El sector agropecuario es pieza fundamental
de la economía nacional, no solamente por ser un proveedor indiscutible de insumos y
productos básicos para el funcionamiento de los otros sectores sino, además, porque es
muestra fiel de la desigualdad social. Sobra recordar que dos de cada tres pobres viven en
el medio rural.
En este contexto, es indispensable
redimensionar la función que desempeñan algunos programas de la política social. Por
una parte, es indiscutible su función de apoyo a los sectores más vulnerables de la
población y, por otro lado, resulta conveniente mejorar los vínculos entre los programas
de corte asistencialista y las actividades productivas que realizan estas comunidades,
buscando se garantice la viabilidad de los esfuerzos llevados a cabo. Todo ello sin perder
de vista la importancia que revisten las políticas amplias que permitan erradicar las
causas estructurales de la pobreza y el ejercicio pleno de los derechos sociales.
Frente a esta necesidad de avanzar en la
justicia social que demanda el sector rural, con medidas que fortalezcan su capacidad
productiva y generen más recursos y una mejor integración entre sus miembros, los
integrantes de esta Comisión de Agricultura planteamos la conveniencia de crear
mecanismos de apoyo entre los diferentes programas que se llevan a cabo para mejorar la
situación del campo.
Por ello, nos parece básico ampliar las
facultades de los municipios para que a través de éstos se garantice la accesibilidad de
las comunidades rurales a aquellos programas diseñados para mejorar sus condiciones
productivas, concretamente a aquellos vinculados a la Alianza para el Campo. El fin que se
persigue con esta propuesta es que los mencionados programas puedan apoyar o respaldar a
los integrantes de las comunidades beneficiadas, para acceder a esquemas de
capitalización rural.
En virtud de que el proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 1999, considera un rubro de
inversión productiva en el sector rural que se ejercerá mediante el fondo de
aportaciones para la infraestructura social, pero que, como complemento, no se propone
reformar ni precisar el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal en el mismo
sentido, se hace necesario establecer los criterios y la norma que garanticen la
aplicación de estos recursos bajo el enfoque que hemos señalado. Una modificación de
esta naturaleza es inaplazable si se quiere favorecer un nuevo federalismo fiscal que
considere beneficios sustantivos para las comunidades rurales.
Por lo antes expuesto, se propone el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Unico. Se adiciona un tercer párrafo al
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 33. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . Así mismo, los municipios podrán disponer de un 10%, cuando
menos, del total de recursos del fondo para la infraestructura social municipal que les
correspondan, para promover la realización de programas orientados a fortalecer la
capacidad productiva de sus comunidades rurales. Estos programas serán convenidos entre
el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, el gobierno estatal de que se trate y el municipio correspondiente. Los recursos
asignados para este fin serán destinados a fortalecer las acciones de los programas de
Alianza para el Campo.
I a la IV. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor el 1o. de enero de 1999.
Este proyecto de decreto fue acordado por
unanimidad de los diputados presentes en la sesión de la Comisión de Agricultura,
celebrada el 3 de diciembre del año en curso.
Atentamente.
Cámara de Diputados, a 3 de noviembre de
1998.—Comisión de Agricultura.—Diputados: Enrique Bautista Villegas,
presidente; Armando Rangel Hernández, Plutarco García Jiménez y Jorge Galo Medina
Torres, secretarios; Javier Castelo Parada, Rogelio Chabolla García, Juan J. García de
Alba Bustamante, J. Jesús García León, Jeffrey Max Jones Jones, Joaquín Montaño
Yamuni, J. Alberto Espinoza Gaxiola, Pedro Magaña Guerrero, Agapito Hernández Oaxaca,
Alvaro López Ríos, Luis Meneses Murillo, Genaro Alanis de la Fuente, José Bonilla
Robles, Manuel Cárdenas Fonseca, Ricardo Castillo Peralta, Juan José Castro Justo,
Marcelo Cervantes Huerta, Abenamar de la Fuente Lazo, Manuel García Corpus, José Gascón
Mercado, Julián Nazar Morales, Teresa Núñez Casas, Guillermo Santin Castañeda, Odorico
Vázquez Bernal, José Luis López López y Jorge Jiménez Taboada.»
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
LEY FEDERAL DEL IMPUESTO
SOBRE
AUTOMOVILES NUEVOS
Tiene la palabra la diputada Olga
Medina Serrano, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una iniciativa que reforma el segundo párrafo de la
fracción I, del artículo 3o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
|
La
diputada Feliciana Olga Medina Serrano: |
Con su venia, señor Presidente:
«Iniciativa de decreto que reforma el
segundo parrafo de la fracción I del artículo 3o. de la Ley Federal del Impuesto sobre
Automóviles Nuevos.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados de la LVII Legislatura.
Los suscritos diputados a la LVII
Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55
fracción II del Reglamento para el Gobierno del Congreso General, sometemos a la
consideración de la Asamblea de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa que
reforma el segundo párrafo del artículo 3o. fracción I de la Ley Federal del Impuesto
sobre Automóviles Nuevos, con base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Con la finalidad de que se aplique lo
dispuesto en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en el que se señala la obligación de cumplir de manera proporcional y
equitativa para solventar los gastos públicos, es necesario observar que la fracción I
del artículo 3o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos no cumple con
estos preceptos, en virtud de que señala un estímulo del 7% de ahorro sobre el precio de
la unidad que rebase un precio de 207 mil 373 pesos 49 centavos, con lo cual fomentan la
adquisición de vehículos de lujo y subsidian a los sectores con mayores ingresos
violando así la disposición antes mencionada dando un trato desigual a los adquirentes
de automóviles nuevos.
Por otro lado se hace necesario que se
apoyen las actividades productivas de las empresas del ramo automotriz establecidas en
territorio nacional y que son residentes en México como lo señala el artículo 2o. de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que son éstos los que contribuyen regularmente con
sus impuestos.
La presente reforma tiene como finalidad
fortalecer el mercado interno automotriz, además de que las personas físicas o morales
que adquieran una unidad paguen este impuesto de acuerdo a su capacidad contributiva.
Por las razones anteriormente expuestas se
presenta el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforma la fracción I
del artículo 3o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
Artículo 3o. Para efecto del artículo 2o.
de esta ley, se estará a lo siguiente:
I. Tratándose de automóviles y camiones
con capacidad hasta de 10 pasajeros, al precio de enajenación del automóvil de que se
trate, se le aplicará la siguiente:
VER TABLA EN EL DOC.2
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor a partir del 1o. de enero de 1999. Publíquese en el Diario Oficial de la
Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de
Diputados.—Partido de la Revolución Democrática.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
México, D.F., a 7 de diciembre de 1998.—Diputada Feliciana Olga Medina Serrano.»
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
Tiene el uso de la palabra el diputado
Sergio Valdés Arias, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
para presentar una proposición sobre la revisión de títulos de concesión y tarifas en
autopistas privadas no incluidas en el rescate carretero.
No se encuentra presente en el salón de
sesiones. Pasamos al siguiente punto.
Esta Presidencia informa que el siguiente
punto fue registrado por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y
lo retira.
Tiene la palabra el diputado Alberto López
Rosas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar
una excitativa a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda.
FOBAPROA
No encontrándose presente,
continuamos con el siguiente punto del orden del día, que son comentarios sobre el
Fobaproa.
Tiene la palabra el diputado Jorge Silva
Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10
minutos.
|
El diputado Jorge
Silva Morales: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros:
El tema que el día de hoy abordaremos y
como principio de los debates que próximamente tendremos con relación a las iniciativas
que el Ejecutivo Federal turnó a este Poder Legislativo, a través del famoso paquete
financiero y del cual hoy nos ocuparemos del título más importante, que tiene una
expectativa a nivel nacional e internacional con relación al Fondo Bancario de
Protección al Ahorro, el Fobaproa.
Quisiera comentar a ustedes que estos 552
mil 300 millones de pesos, que ha afectado enormemente al bienestar del pueblo mexicano,
también tendrá repercusiones financieras en el bolsillo de todos los mexicanos, lo mismo
que ya lo tiene este Poder Legislativo, que también ha sido afectado presupuestalmente.
Yo quisiera comentar con ustedes que dentro
de todo este proceso en que el Poder Legislativo ha estado inmiscuido, obviamente es de
vital importancia que nos ubiquemos en el contexto real que el Fobaproa tiene con el
poder, que hoy representamos.
Quiero comentar con ustedes que
precisamente para llevar a cabo todo este gran proceso de investigación al Fobaproa, fue
necesario que este Poder Legislativo fuera asesorado a través de una auditoría y que
descansa precisamente la adjudicación que se hizo al señor Michael Mackey, como
coordinador de las auditorías al Fobaproa.
Precisamente el día de hoy se cumplen 90
días en que este asesor canadiense fue contratado, pero es muy importante marcar a
ustedes que no hay un solo elemento de auditoría que haya iniciado al Fobaproa. Las
auditorías no han empezado ni tienen fecha tampoco de inicio. Sin embargo, sí es
importante que sepan ustedes que del presupuesto precisamente para este Poder Legislativo
de este año se separaron 25 millones de pesos, con los cuales el señor Mackey nos ha
presentado facturas por 1 millón y medio de dólares, prácticamente y que serán
afectadas de los recursos de esta Cámara.
Desde ese momento en que el 7 de septiembre
el señor Mackey fue electo para ser el coordinador de las auditorías, han transcurrido
20 sesiones, y de todo ello se ha tenido un nulo avance, porque es precisamente el
Ejecutivo Federal quien no nos ha permitido el acceso a las bases de datos y en concreto a
los bancos, que son precisamente quienes han causado este quebranto terrible a la nación.
Aun cuando se dirigieron ya diversas
preguntas a los participantes de este consejo técnico del Fobaproa, transcurrieron
precisamente 70 días para que fueran contestadas la preguntas que en los términos
internacionales de auditoría lleva un proceso de entre 10 a dos semanas como máximo y
fue precisamente la semana pasada cuando llegaron tales respuestas a este poder.
Tal vez muchos de ustedes se preguntarán:
¿por qué no han iniciado las auditorías? El motivo principal que es importante que lo
conozcamos y lo difundamos, es que el propio Ejecutivo ha iniciado su propia auditoría.
El consultor Barrens es quien actualmente
está llevando esta auditoría en forma paralela con la sustitución de cartera y de
créditos, que de alguna manera cuando venga precisamente la creación del instituto que
pudiera sustituir al Fobaproa, veremos que queda disgregada o desaparecida una serie de
carteras que se perseguirían en forma ilícita.
Y miren, yo quiero reflexionar este punto
con ustedes porque si hubiera existido un elemento de buena fe antes de llegar un paquete
tan importante como el Fobaproa, que por cierto a números cerrados el día de hoy
Fobaproa debe de andar sobre los 674 mil millones de pesos esto obviamente a través de
los pagarés Gurría, donde el señor Martín Werner fue quien avaló esta operación,
pues obviamente marca tasa de Cetes más dos, con una revisión que se haría a partir del
próximo año.
Sin embargo, esta reflexión del ¿por qué
no se han iniciado las auditorías?, es precisamente por un compás importante para que
permita al Ejecutivo el tener la oportunidad de sustitución de toda esta cartera que
está avalada por chatarra. Por ello, es importante que nosotros pongamos más atención
en todo este proceso. El propio Michael Mackey ha comentado que no se le ha entregado la
información por parte del Ejecutivo Federal y la información que llegó precisamente la
semana pasada es incompleta y no reúne las características necesarias para iniciar un
proceso final de auditoría.
Y quiero dejar sobre esta mesa y en este
pleno, que el punto más importante para que se pueda dar una auditoría del nivel que
requerimos los mexicanos, con el dinero y el presupuesto de este Poder Legislativo, es que
se pueda dar la mejor regla de asepsia, para que inicien las auditorías y se dé el nivel
que esperamos, es la salida inmediata de Guillermo Ortiz, de Eduardo Fernández, de Javier
Arrigunaga y de esta manera podamos entonces tener la probabilidad de que empiece una
auditoría o podamos tener la probabilidad de que ni siquiera inicie porque el señor
Mackey ha dado aquí una respuesta clara del porqué no se ha iniciado, y que ni siquiera
tiene él la seguridad de que se inicien éstas.
Por ello, compañeras y compañeros
diputados, es importante que meditemos nuestro voto antes de dar inicio a cualquier
instituto, a cualquier otra organización que sustituya al Fobaproa; primero la salida de
estos funcionarios y después el inicio de auditorías y todas las soluciones que tengan
que venir en materia legal.
Muchas gracias.
Se han inscrito para hablar sobre el
tema los siguientes diputados: por el Partido del Trabajo, Gustavo Pedro Cortés; por el
Partido Acción Nacional, Gerardo Buganza Salmerón; por el Partido de la Revolución
Democrática, María de los Dolores Padierna Luna; por el Partido Revolucionario
Institucional, Charbel Jorge Estefan Chidiac.
Tiene la palabra el diputado Gustavo Pedro
Cortés, hasta por 10 minutos.
|
El diputado
Santiago Gustavo Pedro Cortés: |
Con su venia, diputado Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Una vez más se reitera la falta de
interés, responsabilidad y disposición del Ejecutivo por resolver el caso Fobaproa por
los conductos pertinentes.
En días pasados en esta tribuna el titular
de Hacienda, en un acto verdaderamente insólito y haciendo gala de un cinismo digno de
mejor causa, evadió de manera olímpica el requerimiento que la oposición le hacía con
relación al monto de los pasivos actuales del Fobaproa. De nada valió que uno tras otro,
diputados de la oposición en el uso de la palabra, le cuestionaran al respecto. El
silencio y la evasión a responder; la interrogante fue la única respuesta que encontró
esta soberanía.
Pero algo que me parece aún más grave, en
un momento de su intervención y para referirse precisamente al Fobaproa, el Secretario
señaló textualmente lo siguiente:
"Por otro lado quisiera reiterar
respecto de la transparencia y disposición a trabajar con el Congreso, que se inició ya
el contacto con las autoridades y los auditores. Se han tenido reuniones entre el titular
del equipo de auditoría, que designó esta soberanía y las autoridades de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público."
Esta nos parece una afirmación que falta a
la verdad. Sólo por la tarde de ese día y seguramente habiendo recibido línea del
Presidente, el señor José Angel Gurría respondió ante los medios de difusión la
pregunta que le habíamos formulado y fue hasta entonces cuando dijo a cuánto ascendía
el Fobaproa, proporcionando una cifra que obviamente ya no tuvo credibilidad, al señalar
que ésta ascendía a más de 609 mil millones de pesos, en tanto que nosotros como
legisladores hemos hecho cálculos que rebasan los 774 mil millones de pesos.
En términos generales, lo cierto es que
ante las dudas que Gurría generó en el ánimo de los legisladores, el verdadero monto
del Fobaproa sigue en el aire.
Esta es la muestra más evidente de la
prepotencia y el autoritarismo, acompañados de una total y absoluta falta de respeto, con
el que el Ejecutivo trata a su par: el Legislativo. Si en estos términos se conduce ante
esta soberanía que es su igual, ¿qué podemos esperar de su conducta y trato al pueblo
de México?
El Ejecutivo definitivamente pasa por alto
ante esta Cámara, que es la manifestación mas fiel de la voluntad popular, expresada en
los sufragios del 6 de julio del año pasado.
Por eso no nos extraña que ahora tengamos
que venir a esta tribuna a denunciar por enésima ocasión una rapacidad más de la
Secretaría de Hacienda con relación al Fobaproa.
Negarse a dar la información a la Cámara
de Diputados a través del Comité Contrataciones y de Seguimiento de las Auditorías del
Fobaproa por mister Mackey, para efectos de llevar a cabo las auditorías a los fondos del
Fobaproa, es una secuela más de la conducta irresponsable y antipatriótica del
Ejecutivo.
Por eso, lo que hemos visto en todos los
medios de comunicación es una campaña agresiva de parte del Gobierno Federal, con el
propósito de desprestigiar a esta soberanía, presentándola como el mayor obstáculo,
para lograr una solución satisfactoria al Fobaproa, cuando en la práctica quien ha
tenido el monopolio de la actuación ha sido el Ejecutivo federal y en particular el
responsable de la Secretaría de Hacienda, quien se ha negado de forma sistemática a
entregar la información que los legisladores les hemos solicitado, tal y como hoy lo
estamos constatando.
La conducta que han asumido los
funcionarios públicos vinculada con el trato al Fobaproa, es una clara y flagrante
violación de los acuerdos tenidos entre ambas cámaras. El Ejecutivo se niega desde
siempre a proporcionar la información que se le solicita, mostrando claramente su
intención de mantener oculta a toda costa las irregularidades e ilícitos que están
atrás del Fobaproa.
Por esta razón el grupo parlamentario del
Partido del Trabajo exige la inmediata destitución del señor Guillermo Ortiz, principal
artífice de este gran fraude a la nación. Asimismo, también deben dejar sus puestos
públicos los funcionarios involucrados en este ilícito y a todos ellos deberá
aplicárseles todo el peso de la ley.
Para los diputados del Partido del Trabajo
la conducta de estos funcionarios no es un acto aislado. Queremos denunciar desde esta
tribuna que en opinión de los diputados petistas se prepara un nuevo albazo en este
Congreso para aprobar el Fobaproa.
La mejor prueba de este hecho es que hasta
el día de hoy, la Comisión de Hacienda no se ha reunido para discutir la iniciativa o
las iniciativas que se han presentado a esta Cámara.
Llamamos desde aquí a los compañeros de
Acción Nacional a que no se presten a este albazo.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Gerardo
Buganza Salmerón.
|
El diputado
Gerardo Buganza Salmerón: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
No se ha de aprobar el Fobaproa.
Distinguido compañero, el PAN le dice no al Fobaproa, no a la deuda pública, no a la
impunidad; sí el apoyo a los deudores, sí el rescate a los bancos para tener un sistema
financiero firme y sólido que permita desarrollar a este país.
El debate sobre el Fobaproa se halla
vinculado al sistema político mexicano que mantiene el poder durante varios sexenios y
fraguó el mayor de los fraudes de toda nuestra historia.
Yo a veces, cuando explico acerca del
Fobaproa a mucha gente, que no entendemos lo que significa la cifra que se nos ha dado a
conocer, les digo que 552 mil millones divididos entre 150 mil pesos promedio de una casa
del Infonavit de tres recámaras actualmente, prácticamente es el número de 3 millones
860 mil casas habitación y que si a éstas les ponemos un matrimonio y tres hijos,
estamos hablando de casi 18 y medio millones de habitantes; casi una población como la de
este valle de México, así de grande, así de grande vemos fue el fraude del Fobaproa.
Tal ilícito es imputable a los más
importantes funcionarios públicos del Gobierno Federal, que con el único propósito de
enriquecerse y mantenerse en el poder lo hicieron, además de beneficiarse a un reducido
grupo de pillos y bribones escudados bajo el manto empresarial.
Pues bien, desde el fracaso de la política
económica de López Portillo en 1982, el fraude del Fobaproa se engendró durante la
administración de Miguel de la Madrid, dado que al tener la banca estatizada impulsó la
llamada banca paralela, operada por las casas de bolsa, empero, a la postre también
defraudaron a miles de ingenuos inversionistas mexicanos en el famoso carril de la bolsa,
cuya impunidad con la que se actuó nuevamente se demostró que esta práctica constituye
una tradición en el ejercicio del poder público.
El fraude fue tramado e impulsado durante
el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien privatiza a la banca con procedimientos
amañados en favor de personas que en su mayoría no poseían experiencia ni calidad
moral. Además, todo se hizo con la ayuda del famosísimo Guillermo Ortiz Martínez, quien
también dejó claro que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pues era sólo de
utilería, ya que no vigilaba absolutamente nada, ni el desempeño de la banca estatizada
y que prácticamente no cumplía con las funciones de vigilancia y supervisión, con la
cual se propiciaron irregularidades y operaciones ilegales.
Sin embargo, este fraude se perpetra ya en
la primera mitad del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, que se intentó ocultar
mediante un rescate bancario realizado ilegalmente, como ya me he referido en las
anteriores intervenciones en esta tribuna sobre el tema.
El ilícito pudo realizarse con absoluta
impunidad, gracias a que nos han gobernado durante estos 70 años, pues crearon un marco
jurídico que propicia que un delincuente de cuello blanco ejecute sus fechorías sin
pagar por ellas.
Señor diputado, permítame un
segundo. ¿Con qué objeto, desearía el uso de la palabra, diputado.
|
El
diputado Alfonso Ramírez Cuéllar
(desde su curul): |
Quisiera pedirle al orador si me
permite una pregunta.
¿Señor orador?
|
El
diputado Gerardo Buganza Salmerón: |
Sí, cómo no.
Adelante, diputado.
|
El
diputado Alfonso Ramírez Cuéllar
(desde su curul): |
Señor diputado, hay dos caminos para
lograr la salida de Guillermo Ortiz: una es la de un acuerdo político y la otra es la de
una votación mayoritaria en el Congreso.
Sin meterme a discusión sobre su
iniciativa, yo le quisiera preguntar a usted, ¿en caso de que no dé el acuerdo político
o en caso de no tener la mayoría del Congreso, dado que ustedes han establecido el punto
en un artículo transitorio: el PAN no presentaría la propuesta del instituto que ha
leído hace algunas semanas frente al pleno de esta Cámara, el diputado Fauzi Hamdan?
|
El
diputado Gerardo Buganza Salmerón: |
Bueno, yo quisiera comentarle que
efectivamente en el artículo 73 constitucional, en varias de las fracciones se
ejemplifica qué es y qué procedimiento se sigue con respecto al que en una iniciativa
pueda ser aprobada por el Senado en parte o en alguna de sus partes eliminado quizá
algún artículo.
Estamos conscientes de que podría en un
momento dado el Senado realmente rebotarla, volverla a mandar por parte nuestra, volverla
a reportar y por tanto quedar aprobado como hasta hoy ha sido la intención del Partido
Acción Nacional, que el instituto quede con los artículos incluyendo este transitorio
que se refiere a que ni el gobernador del Banco de México ni el presidente de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, formen parte del gobierno de este nuevo
instituto.
Estamos conscientes de esto y
definitivamente serán nuestros compañeros, será el Partido Acción Nacional conjunto,
quien habrá que evaluar en estos días o en este tiempo en la misma Comisión de
Hacienda, si llevamos el dictamen de la iniciativa o nosotros mismos nos opondremos a la
misma iniciativa del PAN, si no hay un acuerdo político donde a Guillermo Ortiz se le
quite de ese puesto donde ha venido a destruir a este país, porque él fue cómplice
desde que estuvo como Secretario de Hacienda, por haber vigilado todo el desempeño de los
bancos desde su venta, desde su operación y por tanto hasta donde hoy tenemos las cifras
de los 600 mil millones de pesos.
Es por eso que Acción Nacional tomará
esta posición hasta su último momento y decidirá qué va hacer si su propia iniciativa
la votará o no la llevará ni siquiera al pleno de la Comisión de Hacienda. Esto va a
ser una decisión del grupo de Acción Nacional.
De una participación.
|
La
diputada América Soto López
(desde su curul): |
Pido la palabra.
¿Con qué objeto, diputada Soto?
|
La
diputada América Soto López
(desde su curul): |
Quisiera pedirle a usted, señor
Presidente, si quiere preguntarle al señor diputado si me acepta una pregunta.
|
El
diputado Gerardo Buganza Salmerón: |
Sí, cómo no.
Adelante diputada.
|
La
diputada América Soto López
(desde su curul): |
Gracias.
La petición de ustedes respecto del
licenciado Ortiz, me recuerda la petición que hicieron hace algunos años. Cuando se
efectuaba la discusión a nivel nacional sobre el Código Federal Electoral y que había
una mesa de discusiones y entonces Acción Nacional decía: o nos entregan Huejotzingo o
no regresamos a la mesa de discusión sobre el Código Federal Electoral.
Huejotzingo se les entregó; siguen
gobernando Huejotzingo, aunque ya lo recuperamos en esta última elección. Pero nunca
regresaron a la mesa de negociaciones. ¿Qué seguridad podría tener esta nación, qué
calidad moral tendrían ahora para decir: o se va Ortiz o no lo aprobamos? Si ya se
manifestaron en aquella ocasión como los secuestradores cuando dicen: o me das 100
millones o mato a tu hijo. La familia entrega 100 millones y los secuestradores de todos
modos matan al hijo.
Gracias, diputado.
|
El
diputado Gerardo Buganza Salmerón: |
Yo le voy a contestar de la manera
elegante, decente, en la que en el propio discurso se ve a quien llamamos que tenga la
calidad moral. Desde luego, su partido no la tiene. Si hubiere sido realmente un partido
serio durante estos 70 años, la calidad moral la hubiera realmente expuesto en todas sus
actuaciones y el Fobaproa es el resultado del mal desempeño de su calidad moral.
En cambio, la iniciativa fiscal que nos
envían, lejos de ayudar, pretende inculpar a los contadores que dictaminen por las
omisiones de sus clientes hasta por las cantidades de 500 mil nuevos pesos, sin derecho a
libertad condicional.
Pero lo más ridículo que en esta
iniciativa nos envían es pretender multar y sancionar a los compradores que no tengan los
comprobantes de sus compras, como si fueran cómplices de una ilegalidad. Sobre esto me
pregunto: ¿no pensaron qué pasará con los menores de edad y con los ancianos? ¿Por
qué no emplean todo su interés y fuerza para obligar a pagar a los verdaderos
defraudadores del Fobaproa?
Por otro lado, qué pasa cuando se trata de
aclarar e investigar irregularidades como la que ratificó Gerardo de Prevoisan en Texas.
En este ilícito, dicho señor desvió 8 millones de dólares a la campaña presidencial
del PRI en 1994, además de mencionar que fueron instrucciones del consejo de
administración de cuyos miembros, casualmente, la semana pasada tomó posesión como
gobernador constitucional del Estado de Veracruz, en una fiesta, por cierto, digna del
canal de las estrellas.
Pero, ¿qué sucede cuando se trata de
revisar los asuntos relacionados con los fideicomisos del PRI en las campañas
presidencial o del gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo? El PRI busca inmediatamente
socavar la autoridad de los consejeros del IFE, para regresar a las viejas prácticas
electorales antidemocráticas.
No, señores, el PRI dejó de ser el dueño
de los órganos electorales. Como represalia, ahora censuran el gran presupuesto que el
IFE solicitó.
Por otro lado, coincidimos con el
Secretario de Hacienda, que dice: "se requiere llegar a consensos y acuerdos bajo un
marco de respeto para sacar adelante el paquete económico". Sin embargo, hizo lo
contrario cuando vino la semana pasada, ya que no convenció ni contestó, pero sí
intento reconvenir a los legisladores. Desafortunadamente para el secretario Gurría, de
acuerdo al artículo 61 constitucional, los diputados jamás podrán ser reconvenidos por
sus opiniones.
Además, su atrevimiento irrespetuoso fue
máximo cuando comparó al pleno de la Cámara de Diputados con un circo. Cito tres de sus
expresiones: "no se trata aquí de hacer un circo". "El tema es demasiado
importante para generar un circo". "Les he dado toda la información que
necesitan para resolver el Fobaproa".
Al Secretario habrá que instruirlo, en el
sentido de que circo quiere decir arena donde luchaban los gladiadores. Pero este pleno no
es un circo romano, es un poder donde siempre van a enfrentarse a los representantes de
todos los rincones de la República, con la espada de la razón alzada para defender los
derechos e intereses de todos los mexicanos.
Es lamentable y penoso que el secretario
Gurría desconozca las facultades que tiene el Poder Legislativo y pase por alto su
obligación de informar a los diputados de los asuntos de la República, como lo señala
el artículo 93. Es preciso refrescarle que de los tres poderes de la Unión, nosotros,
compañeros diputados, somos los representantes de la nación, mientras él es un simple
ujier del Ejecutivo de la política hacendaria.
Es el colmo de su desfachatez, que llegó
al máximo cuando afirmaba que ya había dado la información del Fobaproa que le
pedíamos, pero al mismo tiempo se negó a responderle a los diputados en ocho ocasiones
que le solicitaron en monto del rescate bancario.
En realidad, compañeros diputados, Gurría
no se atrevió a confesar que aún no se ha consumado el rescate, toda vez que le falta
finiquitar a Bancrecer, a Banca Promex y al Banco del Atlántico. Lo increíble es que
después del sainete que organizó aquí en el recinto de San Lázaro, en rueda de prensa
quiso enmendar su deteriorada imagen, pues les proporcionó la cifra que, por ley, estaba
obligado a proporcionarnos a nosotros los legisladores.
El monto del rescate bancario, según su
declaración extemporánea, hasta noviembre asciende a los 610 mil millones de pesos.
La reflexión que debemos de hacer es:
¿qué hay detrás de tanta soberbia, arrogancia y obstinación? ¿Es acaso ignorancia o
mala fe?..
Sabemos de las limitaciones, para terminar,
las que tiene el propio titular del Ejecutivo, del cual nos da y nos ha dado múltiples
muestras, incluyendo sus recientes expresiones al abdicar de las funciones propias de su
encargo y anunciar las responsabilidades que heredará a su sucesor...
Sin embargo, aún puede enmendar la plana
si evidencia una verdadera voluntad política y visión de estadista al responder a las
exigencias de la Constitución, que también son las de esta representación nacional...
Concluyo, compañeros, la responsabilidad
hoy del Fobaproa en eliminarla es de Ernesto Zedillo Ponce de León.
Señores diputados:
Esta Presidencia considera que la
tolerancia en el manejo del tiempo, que se otorgará a todos en las mismas condiciones,
servirá para que se lleve con la debida cortesía, cuidado y respeto que nos debemos.
Agradecería que permitieran que la Presidencia lleve el tiempo.
Tiene la palabra la diputada María de los
Dolores Padierna Luna, hasta por 10 minutos.
|
La
diputada María de los Dolores Padierna
Luna: |
Gracias, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Hemos solicitado abordar desde esta tribuna
y de nueva cuenta el tema del Fobaproa, dado que en la coyuntura actual del país está
por tomarse una decisión de enorme trascendencia para todas las mexicanas y los
mexicanos. Esta decisión, queremos subrayarlo, es producto de una propuesta elaborada sin
contar con la información necesaria que garantice una solución exacta, precisa y
dimensionada en sus efectos.
Muchos de nosotros deseamos solucionar la
profunda crisis bancaria por la que atraviesa el país, pero no solamente heredarla a
otras generaciones; solucionar de fondo el Fobaproa implica, entre otras muchas cosas,
modificar el esquema de rescate bancario que consistió en comprar cartera vencida que se
deprecia en valor, comprarla a crédito, un crédito excesivamente caro, con intereses muy
altos, con sobretasas, intereses que además se capitalizan, cartera sustituible. Todo lo
cual eleva enormemente el costo del rescate y lo convierte en una deuda eterna.
Solucionar de fondo el Fobaproa implica
también garantizar de antemano que ningún crédito derivado de los ilícitos, bajo
ninguna circunstancia, sea costeado con recursos de los contribuyentes.
En este punto, la información entregada
por las autoridades a esta Cámara, si bien nos parece insuficiente, parcial,
contradictoria, permite darnos cuenta de que el rescate bancario estuvo plagado de
irregularidades, que se actuó sin reglas ni criterios, que hubo abusos y
discrecionalidad.
Los requerimientos de información, por lo
tanto, siguen y seguirán siendo la pieza angular de todo este debate.
En estas informaciones que vierte el
Gobierno, en la página 33 a la 35 del resumen ejecutivo del Fobaproa, se explica:
"que el Fobaproa se comprometió a garantizar las utilidades del banco Serfín desde
1995 al 2000, que si para entonces Serfín no tiene una ganancia de 10 mil millones de
pesos el Fobaproa paga". Es decir, los contribuyentes pagan.
En ese documento se afirma "que se
otorgaron 174 millones de dólares a Hong Kong Shangai Bank a cambio de que comprara el
20% de las acciones de Serfín y si para el sexto año y ya van cuatro, ese banco
extranjero no recupera su inversión a valor de mercado actualizado, entonces el Fobaproa
les paga".
Lo mismo señala que se le dieron, en la
página 31 y 32 de este resumen ejecutivo, que se le dieron a YT Morgan 29 millones de
dólares con recursos al Fobaproa.
Yo les pregunto: ¿si esto que ya está
informado por las propias autoridades es válido, es legal y es moral que lo paguen los
contribuyentes?
En el informe anual del Banco de México de
1996, en la página 131, se señala, "que hubo grandes reestructuras de grandes
créditos empresariales mediante la puesta en operación de la Ucave, por un monto de 2
mil 577 millones de dólares para 31 adeudos indicados". ¡Para 31 empresas
declaradas en suspensión de pagos! ¡2 mil 577 millones de dólares para 31 empresarios!
¿Quiénes son esos empresarios? ¿Son
realmente insolventes? ¿Ya hicieron las cuentas los que están firmando esa iniciativa?
¿Les parece legal? Tal vez. ¡Lo que nos parece a nosotros que es indebido, es inmoral,
que con recursos del pueblo de México se le pague a 31 empresarios 2 mil 577 millones de
dólares!
Ahí, les puedo señalar, 100 datos que
tenemos muy bien ubicados en cuatro documentos entregados por el Gobierno a esta Cámara.
De lo que se trata compañeros, es de decir
que ¡no se vale que se esté en contra de la deuda pública solamente en el discurso,
pero avalarla en el documento y en toda la operación que se desprende de la propia
iniciativa de ley!
Ahora bien, quisiera comentarles que un
grupo de diputados, de todos los partidos políticos, hemos venido con la preocupación,
viendo un acuerdo cupular, que quisiéramos encontrar una salida diferente, una manera
responsable para legislar, cuando tengamos toda la información correspondiente, cuanto se
tenga conocimiento de causa y efecto.
Este grupo de diputados consideramos que
sería un costo altísimo para Acción Nacional, que implicaría su destrucción política
en el corto plazo y eso nos preocupa, porque significa también pasos atrás en relación
a la democracia y por eso también muchos diputados o por lo menos algunos también del
Partido Revolucionario Institucional con los que hemos venido comentando, coincidimos por
lo menos en tres grandes ejes que se desarrollan a lo largo de algún documento, entre
otros es, primero, que se sea justo en el costo, en cómo distribuir el costo de este
rescate bancario. Rechazamos la propuesta entregada por el Gobierno y la que se desprende
de esa iniciativa, porque significa cargar todo sobre la población. Nos parece una
propuesta sumamente injusta.
También estamos proponiendo modificar
drásticamente la distribución de los costos del quebranto bancario y es preciso proteger
al contribuyente y a las finanzas públicas y transferir el costo mayor del quebranto a
las utilidades futuras de las instituciones bancarias y al patrimonio de los titulares de
los créditos que incurrieron en cartera vencida.
Esta comisión de diputados planteamos
también la creación de una comisión ratificada por el Congreso, por la Cámara de
Diputados, responsable de excluir de cualquier género de protección a los créditos
relacionados de carácter irregular, a los créditos cruzados e interbancarios que fueron
utilizados para la compra de bancos, los créditos otorgados para el financiamiento de
campañas electorales con las obligaciones subordinadas y todos los créditos otorgados
sin garantías, especialmente esos 204, superiores a 20 millones de pesos que fueron
cubiertos por el saneamiento bancario; realizar una cobranza contra la capacidad real de
pago de las personas físicas y morales, para que no nos salgan que estos 31 empresarios
son insolventes y los contribuyentes tengan que pagar esa cantidad.
Nos parece que el propósito de dar castigo
ejemplar no solamente implica pedir la cabeza de algunos funcionarios para que todo
permanezca igual. Aún en el supuesto caso de que se entregará la cabeza de Ortiz al PAN,
yo les preguntaría: ¿vale 650 mil millones de pesos del erario federal la cabeza de
Guillermo Ortiz? ¡Vale mucho menos, casi nada! y están cambiando el futuro de la nación
a cambio de una cabeza.
Pero también les quisiera preguntar si eso
le quita la inconstitucionalidad al Fobaproa. ¿Quitando a Guillermo Ortiz se resuelve la
inconstitucionalidad del Fobaproa, la ilegalidad? Aquí lo que se está viendo es de que
Guillermo Ortiz está siendo utilizado como moneda de cambio para avalar, para legalizar
todas las operaciones del rescate bancario que él mismo hizo. Nosotros queremos justicia
real que implica efectivamente que los responsables paguen su culpa.
El propio resumen ejecutivo del Fobaproa,
los informes de tres años del Banco de México, los otros documentos como las auditorías
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las auditorías practicadas por la
Contaduría Mayor de Hacienda, dan cuenta de una serie de irregularidades que se están
asumiendo todas como válidas y que serían más que motivo suficiente para quitar a todos
los responsables de este quebranto bancario, quitarlos de sus puestos actuales.
Para finalizar quisiera decirles: el
Fobaproa es la pieza de toque que puede articular una verdadera transformación de toda la
estructura política, económica y social del país. Para que ello así sea, significa que
tomemos decisiones responsables y que de ninguna manera se pueda aquí legalizar lo que
hoy es ilegal, para que de ninguna manera pueda entenderse como moneda de cambio algo
infinitamente inferior a su valor. Vale más la estabilidad del país, vale más el futuro
de la nación, vale más el respeto a nuestro marco jurídico que aceptar lo que algunos
están negociando a nivel cupular.
Es cuanto, señor Presidente.
Tiene la palabra el diputado Jorge
Estefan Chidiac, hasta por 10 minutos.
|
El diputado
Charbel Jorge Estefan Chidiac : |
Con su permiso, señor Presidente:
Cuando oí terminar a la diputada Dolores
Padierna su ponencia y su presentación, donde decía que vale más el respeto al marco
jurídico en México, vale más preservar la estabilidad del país, vale más cuidar el
futuro de los mexicanos y pensé que el PRD había venido a presentar una propuesta, el
día de hoy, aquí de solución del Fobaproa y lo único que me encuentro son las mismas
lamentaciones que durante ocho meses ese partido ha dedicado a la nación, ¡qué
lástima!, ¡qué lástima!, porque estaba yo leyendo las versiones estenográficas de
estas semanas y meses y tuve la tentación, probablemente de no venir a contestar porque
con la simple copia de la versión estenográfica podríamos responder a todas las
lamentaciones que se han encontrado el día de hoy aquí.
Pero es obvio que tenemos que respetar a
nuestros compañeros y tenemos que venir a posicionarnos y por eso es que he decidido,
sí, a hacer algunos comentarios en esta materia.
Diría yo que hace algunos días que estuvo
aquí el secretario Gurría, algunos compañeros diputados que hoy si saben sumar y hoy si
saben usar la calculadora, nos vienen a traer unos datos y cifras que con tanta vehemencia
pedían, cuando ellos suponen que las pueden calcular, ¿cuál fue la intención entonces,
precisamente de pedir esas cifras y pedir esos datos?
La impresión y la intención era desviar
el tema del presupuesto, era una trampa, ¿o ya aprendieron a sumar y restar en estos
días?, ¿qué bueno que así sea y que ellos ya lo hayan podido hacer así?
Y les diría que la pregunta que habría
que hacerse no es a cuánto asciende el Fobaproa, sino cuánto han contribuido quienes
escudados en reducir el costo fiscal y quienes escudados en decir que defienden al pueblo,
lo único que han hecho es que la cuenta del Fobaproa crezca y crezca inexorablemente y
que no se pueda reducir. Gracias, gracias a que no se ha resuelto el Fobaproa no se ha
podido hacer que los bancos pongan más como se ha ido acordando, gracias a esto, las
tasas de interés en el país no han podido bajar por la gran incertidumbre que hay, es
mayor la presión sobre el presupuesto de egresos para el próximo año por el alza en las
tasas de interés, que la propia presión que puede generar lo que se va a aprovisionar
para el Fobaproa, que son 18 mil millones para el año que viene.
¡Hombres necios que acusais a la mujer sin
razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que culpais!, es exactamente lo que se
puede aducir de la actitud de algunos grupos políticos. A gritos no se soluciona el
Fobaproa compañeros, propuestas. Déjenme decirles también que si perdieron una
oportunidad algunos grupos políticos, hoy cerca de la solución del Fobaproa era la
oportunidad que presentaran alguna propuesta de solución, no la presentan y están
desesperados porque al final del camino los votos que por carretadas pensaban tener, el
Fobaproa no se los dio; hoy, quien mayor certidumbre y quien mayor calidad moral le va a
dar a mi partido y se la ha dado, son los votos en este año, el PRI, se reposicionó en
todas las elecciones del país, el PRI se confirmó como la primera fuerza política en
México.
¿Quién da calidad moral?, algunos
señores aquí hablando de partidos o el pueblo con los votos allá en las urnas, esa es
la calidad moral de mi partido y del Gobierno de la República, no lo que ustedes puedan
decir aquí.
Nos oponemos a que en México vivamos un
país sin leyes, quienes con tanta vehemencia pretenden defender el estado de derecho y
que aquí en esta tribuna así lo dicen, ¿por qué pretenden romper el estado de derecho
y pedir renuncias y remociones sin estar dentro del marco de la ley?, ¿por qué no
esperar auditorías que con toda seguridad dirán si hubo o no responsables?, ¿por qué a
Lankenau y al "Divino", se toma el café con ellos aquí en las sesiones y los
invitan?... porque ellos no son culpables hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y por
qué el gobernador de Nuevo León, Conales Clariond, quien supuestamente Lankenau es su
prestanombres, no lo llaman a que pida licencia hasta que no se aclare si Lankenau es su
prestanombres? ¿Por qué no?... ¿Por qué no el mismo trato a todos los mexicanos?...
Ese es el estado de derecho en este país.
Nosotros los priístas, a pesar de que
pedimos que se citara a Canales Clariond, los panistas después de haber votado porque
viniera, junto con los demás partidos, decidieron que no tendría que venir Canales
Clariond; y no insistimos, no insistimos porque queremos que se esperen, que se les hagan
las auditorías... y cuando estén terminadas, en el mismo trato que pedimos para los
funcionarios del Gobierno Federal, le daremos a todos los demás funcionarios del partido
que sea. Todos como mexicanos tenemos derecho a que nuestras garantías sean respetadas.
¿Qué acaso el PAN no sabe que en su
doctrina existe una frase que pide el respeto a la dignidad de la persona humana? ¿Se
está respetando la dignidad de quienes no se les ha comprobado ninguna irregularidad?...
Esa es una pregunta que les dejaría aquí para que así ustedes la analicen.
Dicen también que la mejor regla de
asepsia es que se vaya Guillermo Ortiz y se vayan los funcionarios del Gobierno. ¿Cuál
debe ser la mejor regla en un país? La certidumbre jurídica, la legalidad, el respeto al
derecho; ¿por qué no presentar una controversia constitucional si ustedes creen que hubo
ilegalidad e inconstitucionalidad en el Fobaproa? ¿Por qué no realizar y terminar el
juicio político que tanto han pregonado y que ya han presentado? ¿Qué acaso creen que
al final de la película la realidad no es la que ustedes quieren y pretenden imponer a la
nación? Hay que pensar y hay que utilizar los mismos esquemas para todos; para que la ley
sea buena, debe ser pareja y no solamente para los que a los partidos de oposición no les
cumplen sus caprichos y sus satisfacciones.
Por eso mi grupo parlamentario lo ha
señalado y se mantiene firme en que no vamos a aceptar ninguno de los chantajes de
ningún partido político que se hagan en esta Cámara o en el país. ¡Estamos en contra
del chantaje político! ¡Estamos en contra de la misma ilegalidad!
Y se hablaba también aquí de las
auditorías. Voy a dejar aquí en la Secretaría una lista de toda la información que se
ha presentado sobre las auditorías y las reuniones que ha habido entre los funcionarios
del Gobierno y el señor Mackey. Pero por qué no dicen los compañeros diputados que en
este comité técnico donde estamos realizando las auditorías está la desconfianza que
hay, tal es la imagen de perversión que hay sobre todos los procesos, que no hemos podido
terminar de contratar a quienes van a auditar. Mackey no está contratado para auditar,
Mackey no va a ir a hacer las auditorías; van a ser despachos de auditores que apenas la
semana pasada se dio el fallo sobre los auditores que van a ir a los bancos a auditar;
¿cómo van a poder empezar las auditorías de los bancos si aquí en la Cámara de
Diputados no habíamos elegido a los auditores que van a ir a los bancos?.. Yo creo que se
necesita sentido común nada más para entender por qué no han empezado esas
auditorías...
Permítame el orador.
¿Con qué objeto, diputado Jorge Silva
Morales?.. Por favor.
|
El
diputado Jorge Silva Morales
(desde su curul): |
Muchas gracias. Para pedirle al
orador fuera tan amable de aceptarme una pregunta, señor Presidente.
El orador, ¿acepta la pregunta?
|
El
diputado Jorge Charbel Estefan Chidiac: |
Claro.
Adelante, diputado Silva.
|
El
diputado Jorge Silva Morales
(desde su curul): |
Muchas gracias, señor diputado.
Yo quisiera que informara usted a este
pleno por qué el Ejecutivo, a través de sus representantes, no ha entregado la
información que es tan necesaria para dar comienzo el proceso de planeación de las
auditorías, ya que como... bueno, usted desconoce porque no estuvo presente en la
reunión donde el señor Mackey informó al comité, siendo usted miembro, que en resumen
el señor Mackey no ha iniciado este proceso porque de acuerdo a este documento que firma
el señor Mackey, dice que el avance con el Fobaproa y la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, que se experimenta en noviembre, debió de haber ocurrido en virtud de que no se
le ha entregado ninguna información que sea sustentable para el inicio de las
auditorías; entonces yo quisiera que contestara usted a este pleno mi pregunta de que
después de 90 días así como usted dijo, que no se le ha permitido de alguna manera una
conclusión en lo de las auditorías, pues nos informe si es correcto que después de 90
días no tengamos ninguna información.
|
El
diputado Jorge Charbel Estefan Chidiac: |
Le agradezco al diputado Silva su
pregunta, porque me va a dar tiempo para poder tratar temas que seguramente no los hubiera
tenido.
Creo que hay una gran confusión en este
comité técnico, porque cada vez que discutimos al interior del comité técnico, yo creo
que vivimos en un régimen parlamentario, pues hay que imponerle al Ejecutivo esto, hay
que hacer lo otro, nosotros tenemos que estar por encima de los demás y tenemos que
imponer nuestras reglas y nuestras condiciones, sin importar el marco de derecho que tanto
pretenden que se cumpla en este país.
No vivimos en un régimen parlamentario y
no podemos imponer cuestiones para las cuales probablemente no estemos facultados.
Mi partido, en un principio señaló que en
materia del Fobaproa no existían las facultades constitucionales para que esta Cámara
pudiera realizar las auditorías y dijimos que con el ánimo de que en este país hubiera
transparencia y que hubiera claridad en el tema, dejaríamos a un lado la discusión de si
había o no las facultades legales para hacer tal revisión.
Pero sí se acordó en la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política, en la que estuvo el diputado Silva, ahí se
llegó a un convenio para establecer las reglas, los métodos y los procedimientos para el
acceso a la información de las auditorías.
Y creo, si no mal me recuerda la mente,
diputado Silva, que uno de los puntos que se establecieron dentro de las reglas del
comité de auditorías, era convenir con el Ejecutivo Federal los métodos y los
procedimientos para poder llegar al acceso a la información; discusiones estériles de
días y días en el comité y hace algunos pocos días se logró, dentro del comité
técnico, ponernos de acuerdo sobre los métodos que le íbamos a proponer al Ejecutivo
para el acceso a la información y si no existía eso, no podía haber acceso a esa
información, lo habíamos acordado nosotros mismos.
Entonces decir que los 90 días son
responsabilidad del Ejecutivo, sería tanto como decir que nosotros cumplimos nuestra
labor desde el día número uno y yo creo que aquí sí discrepo de usted y están los
documentos, así como usted lo señala, para poderlo avalar.
También decirle que a menos que usted
tenga una computadora disponible con todos los elementos que presentó el Gobierno hace
algunos días, podría usted afirmar que no se presentó toda la información que se
pidió.
Exactamente no estuve en esa reunión del
comité técnico porque, afortunadamente para ustedes, me citaron con menos de 24 horas de
anticipación y teníamos una reunión del grupo parlamentario del PRI y ustedes no
quisieron posponer la reunión para que pudiera asistir un servidor, situación que
obviamente fue yo creo que con alguna intención.
Pero decirle que hay que leer la
información que presentó el Ejecutivo. Ahí está la información. Ni el mismo Michael
Mackey hoy puede saber si está toda la información que le presentaron o no, porque la
debe de estar estudiando.
Por eso yo propongo que en cuanto Michael
Mackey termine de revisar lo que se le presentó, pues ahí sabremos si efectivamente
está toda la información o no.
Y en la relación que estoy dejando aquí,
se encuentran todas las reuniones que se han tenido con el señor Mackey, toda la
información que ha entregado y yo encuentro que hay toda la disponibilidad del Gobierno
para entregarla en términos de los acuerdos que tuvimos y de los métodos que
establecimos. Yo no le veo ningún problema.
Y yo estoy seguro, porque así lo pide mi
partido, quiero recordarle al diputado Silva que quien propuso las auditorías fue el
grupo parlamentario del PRI y está en actas que el PRI propuso las auditorías; está en
actas que el programa de auditorías que van a elaborar, coordinados por Mackey, no sólo
se le encargó la redacción al PRI, sino que todos los partidos votaron a favor de ese
programa de auditorías, es tan profundo, tan a fondo, que no va a haber ningún problema
para que estas auditorías den la seguridad y la certeza de que se va a llegar a buenos
resultados.
Decirle también al diputado Silva que
independientemente de que Mackey audite, usted ya sabe que el contador mayor de Hacienda
de la Contaduría Mayor de Hacienda, realizó unas auditorías de legalidad al Fobaproa.
¿Y qué raro que cuando una autoridad se
pronuncia de una forma y no le conviene al PRD, entonces esa auditoría está mal hecha,
no funciona y no sirve? No salió como quería el PRD. ¿Si también Mackey no sale como
quiere el PRD, vamos a desconocer a Michael Mackey?
Que nos vengan a decir aquí los señores
del PRD si al final de las auditorías, si no salen como ellos quieren, ¿van a avalarlas,
le van a dar la certidumbre y la claridad a Michael Mackey, lo van a respaldar?, porque
eso es algo de lo más importante que tienen que decirnos hoy de cara a la nación.
Yo quisiera, pues yo creo que no sé si el
diputado Silva crea que ya estuvo bien de la contestación o me da más tiempo para
seguirle.
Terminaría diciendo: necesitamos sacar
adelante a este país. De lamentaciones y de problemas ya está cansada la gente.
En septiembre dije que el pueblo nos trajo
aquí para brindarles soluciones, no para brindarles problemas. Se acabó el tiempo y si
nosotros no tomamos decisiones, nos vamos a arrepentir mucho de las consecuencias que
pueda haber sobre el país en esta materia.
Los llamo a que reflexionen, a que piensen
que primero está México y después es tan los intereses de cada partido político.
Para llegar al año 2000 hay que llegar a
1999. No hay ruta rápida para el año 2000 y por eso tenemos todos que contribuir aquí
en nuestro país a esto.
Les diría también que en vez de pedir la
renuncia de Guillermo Ortiz...
Permítame el orador.
Permítame un segundo, diputado Américo.
El sonido para el diputado Américo...
adelante.
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez
Rodríguez (desde su curul): |
Muchas gracias, diputado Presidente.
Por su conducto, si usted lo autoriza y el orador lo acepta, deseo formular una
interpelación.
¿Diputado orador?
|
El
diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac : |
¿Dónde está el diputado éste que
no lo veo?
Está frente a usted a la derecha.
|
El
diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac : |
¡Ah! Perdón. Gracias.
¿Acepta la pregunta, diputado?
|
El
diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac : |
Sí, adelante.
Adelante, diputado Américo.
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez
Rodríguez (desde su curul): |
El orador señala que pretendemos la
renuncia del doctor Guillermo Ortiz sin pruebas.
La interpelación es en el siguiente
sentido. ¿Desconoce el orador que el Poder Ejecutivo de la Federación presentó una
iniciativa para que se reconozca como deuda pública un pasivo por 552 mil millones de
pesos, que este documento es un documento público por haber sido expedido por una
autoridad en el ejercicio de sus funciones y que tiene valor probatorio pleno para
demostrar que el doctor Guillermo Ortiz Martínez y otras personas, llevaron a cabo la
constitución de estos pasivos sin autoridad constitucional ni legal?
Permítame, diputado Oceguera. ¿Con
qué objeto, diputado?
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Con objeto, señor Presidente, de
hacer por su conducto interpelación al orador en turno.
Terminando la contestación del
orador, con gusto.
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Gracias
Adelante.
|
El
diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac : |
Bien, yo le contestaría con la mejor
respuesta que usted puede encontrar en este país. Respetemos el estado de derecho,
apliquemos las leyes y si ustedes creen que ésas son las pruebas suficientes para que
Guillermo Ortiz se haga responsable de algún acto como autoridad, preséntenlas en las
autoridades competentes y sigan los procedimientos legales y no chantajeen y pidan una
renuncia; tan buenas pruebas deben merecer un juicio político positivo o una denuncia
penal obsequiada; es fácil, presenten las pruebas, resolvamos el Fobaproa y sigan sus
procedimientos. Esas pruebas son tan contundentes como usted dice, usted cree que son,
preséntenlas, adelante, lo ha pedido mi grupo parlamentario tantas veces. Si hubiera
algún responsable en el asunto del Fobaproa, no solamente un funcionario sino un banquero
o un deudor, queremos que se le aplique todo el peso de la ley.
No queremos renuncias, no queremos
destituciones, queremos todo el peso de la ley pues esas pruebas preséntenlas a las
autoridades competentes y que se sigan y se substancien los procedimientos que
correspondan, aunque mi punto de vista, y se lo digo con toda honestidad, yo creo que no
deberíamos estar enjuiciando a quienes actuaron a tiempo, con responsabilidad, con
oportunidad y que entendieron la gravedad del problema. Yo enjuiciaría más bien a
quienes abdican de gobernar, como el caso del señor Cuauhtémoc Cárdenas, quien no ha
gobernado.
Lo único que ha cumplido ahora es un año
de estar ahí al frente del gobierno del Distrito Federal. Enjuicien a los que han estado
abdicando del gobierno y no han hecho nada. A esos hay que enjuiciar; pero no enjuiciar a
quienes hoy han permitido que el país ante toda la incertidumbre internacional, cuando
Japón no va a tener crecimiento, cuando Rusia se encuentra en un caos económico, cuando
Brasil mismo hoy está en un caos económico, hoy en México, por lo menos, estamos
campeando el temporal con estabilidad y con cierta tranquilidad...
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Señor Presidente.
Permítame el orador. Sonido para el
diputado Oceguera.
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Diputado Estefan:
Usted hace un rato, a propósito de la
pregunta que le acaba de hacer el compañero diputado Américo, había mencionado que la
Contaduría Mayor de Hacienda había practicado una auditoría de legalidad en relación
al Fobaproa.
Al respecto usted no profundizó. Desde mi
parecer usted no hizo énfasis en relación a lo que es una deuda contingente, respecto de
lo que es una deuda de carácter soberano o una deuda consolidada.
Señor diputado: ¿cree usted que la
legalidad que el dictamen que la Contaduría Mayor de Hacienda produjo en relación a la
legalidad o la ilegalidad del Fobaproa, es un dictamen que responde a las inquietudes de
algunos grupos de oposición, en el sentido de declarar inconstitucional un esfuerzo que
el Gobierno realizó para sacar al país de la crisis financiera y para garantizar que no
se diese un problema que los técnicos llaman "problema sistémico y de quiebra de la
banca comercial"?
Permítame el orador, antes de
contestar. Esta Presidencia exhorta a todos los participantes en este punto del orden del
día, a que nos ajustemos al sistema parlamentario. Todavía existen dos rondas de
oradores y nos han solicitado para contestar alusiones personales dos diputados.
Puede dar contestación y nos avisa para
que pueda correr su tiempo, una vez que termine.
Gracias.
|
El
diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac : |
Gracias, señor Presidente. Creo que
es importante responder a lo que decía nuestro compañero diputado Rafael Oceguera.
Efectivamente se le ordenó a la Contaduría Mayor de Hacienda por parte de la Comisión
de Vigilancia, realizar cinco auditorias al asunto del Fobaproa, no solamente de
legalidad, sino sobre las propias operaciones que fueron realizadas con cargo al
Presupuesto de Egresos de la Federación. Efectivamente se le pidió a la Contaduría
Mayor de Hacienda elaborara un dictamen o análisis sobre la legalidad o no de la
actuación de los servidores públicos, al aplicar la Ley de Deuda Pública y lo
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El día que presenta el informe a la
Contaduría Mayor de Hacienda, se recoge por parte de la misma Contaduría que no se puede
señalar ni ilegalidad ni inconstitucionalidad del ejercicio de los servidores públicos.
Pero, ¿qué les merece a los demás diputados de los otros partidos? Pues les merece
decir que entonces no aceptan lo que diga la Contaduría Mayor de Hacienda, porque no se
ajusta a lo que ellos originalmente habían pensado. Eso me recuerda cuando por ahí
algún célebre fiscal como Chapa Bezanilla quiso ajustar la realidad a lo que él había
planeado antes y al final, ¡no le salió! Por eso es que seguramente hoy pretenden la
renuncia de Ortiz, porque no se va a ajustar a la realidad cuando se terminen los procesos
a lo que ya habían planeado. Está claro y es obvio que así es.
Continúe el tiempo.
|
El
diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac : |
Para terminar yo sólo diría:
Mi partido está dispuesto a contribuir en
todo lo que pueda porque este país salga adelante. Mi partido ha trabajado ampliamente en
las negociaciones para resolver...
Permítame el orador.
|
El
diputado Saúl Solano Castro
(desde su curul): |
Señor Presidente: para ver si el
orador me acepta una pregunta.
|
El
diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac : |
Encantado.
Adelante con la pregunta, ha
aceptado.
|
El
diputado Saúl Solano Castro
(desde su curul): |
El orador dijo que el ingeniero
Cárdenas, en este primer año de su administración en el Distrito Federal, no ha hecho
nada y además de ser una aseveración interesada y temeraria, evidentemente quiero
preguntarle, ¿si es hacer nada el hecho de ir a fondo en contra de la corrupción, el
hecho de tener un 17% de ahorro en el presupuesto, el hecho de haber tenido la
recaudación en cinco meses en la delegación Cuauhtémoc, que antes las administraciones
priístas la tenían en 12 meses?
¿No es estar haciendo un gobierno
diferente y mucho mejor que los priístas el hecho de ir a fondo en contra de las mafias,
el ambulantaje y en el transporte, incluso dentro de las mafias que el propio PRI había
propiciado dentro de las administraciones anteriores? Le pregunto, si esto no es una
diferencia.
Permítanme, señores diputados, sin
desconocer el derecho que se tiene a la formulación de preguntas, es evidente que la
pregunta que se formula no está directamente vinculada con el tema. Agradecería al
orador a que concretice su respuesta, la haga concreta, a efecto de no abusar con el
tiempo de esta Cámara. Adelante.
|
El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac : |
Yo le contestaría a mi compañero
diputado, de quien más le puedo decir a usted cómo ha gobernado el señor Cuauhtémoc
Cárdenas, es la gente de la Ciudad de México.
Por todos lados se oyen quejas en contra de
la esperanza que se vio frustrada y en contra de un gobierno que no ha hecho nada.
El periódico Reforma hace algunos días,
hoy mismo día publica una encuesta o ayer, donde descalifica a la gente de la Ciudad de
México y reprueba al gobierno del ingeniero Cuauhtémoc, lo reprueba la gente, no
nosotros... las encuestas en la Ciudad de México dicen claramente como la intención del
voto del PRD cuando el ingeniero Cárdenas fue electo ha disminuido drásticamente el día
de hoy y, bueno, pues es el pueblo el que está diciendo esto...
Decirle también que lo que usted llama
como un ahorro, es un brutal subejercicio, es la falta de capacidad de un Gobierno, para
ejercer el recurso que fue presupuestado y fue planteado. Es un subejercicio presupuestal
y los 7 mil 500 millones de pesos que se le autorizaron aquí el año pasado, en el
último informe de finanzas públicas, no había ejercido ni 1 mil millones el señor
Cuauhtémoc Cárdenas. No puede trabajar, no puede gobernar, que renuncie Cuauhtémoc
Cárdenas lo más pronto posible...
Hay dos personas, permítame el
orador...
|
El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac : |
Y solamente diría esto, señor
Presidente, ¿por qué el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas solicitó un incremento de más
del 50% de los gastos de comunicación social para 1999?
Permítame el orador.
Señor orador, hay dos personas solicitando
el uso de la palabra, yo quisiera que empezáramos permitiendo las contestaciones para
después proceder a la siguiente. La diputada Dolores Padierna...
|
El
diputado Charbel Jorge Esteban Chidiac: |
Pero no terminé.
¿Con qué objeto, diputada?
|
La
diputada María de los Dolores Padierna
Luna (desde su curul): |
Señor Presidente, para hacer una
moción a la Presidencia de esta mesa, de que si se quiere abordar el tema que está
abordando el diputado Estefan, se agende y entonces lo discutimos, porque el señor está
diciendo muchas inexactitudes y mentiras. Que se agende el tema y lo discutimos, pero
ahorita estamos en con el Fobaproa y me parece que quieren distraer la discusión de donde
realmente se agendó.
Señora diputada, precisamente
después de formulada la pregunta fue el mismo comentario, continuemos con el criterio,
por eso solicité al orador, que tratáramos de concretizar la respuesta a efecto de
continuar en el tema. Diputado Oceguera, ¿con qué objeto? Adelante.
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Para preguntar por su conducto, al
diputado Estefan, si acepta una interpelación.
|
El
diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac: |
Si.
Adelante, diputado Oceguera...
Permítame diputado Oceguera,
solicitándole que nos ajustáramos al tema en discusión. Adelante.
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Señor Presidente, a propósito de
las respuestas que el diputado Estefan ha dado a las interpretaciones que los compañeros
diputados le han hecho, yo quiero preguntarle al diputado Estefan, si la deuda por 7 mil
500 millones de pesos, que pretende sea ordenada pagar afecta al Fondo Bancario de
Protección al Ahorro, habida cuenta de que varios cónyuges, hermanos y parientes de
diputados del PRD aquí sentados, pertenecen al gobierno del Distrito Federal que hizo esa
contratación de deuda.
Y segundo, preguntarle si está usted
enterado, diputado Estefan, que el mismo periódico al que usted se refirió, el Reforma,
hoy publica una declaración en donde Cárdenas desconoce el criterio de la gente y los
resultados de la encuesta en cuestión.
Gracias.
Permítame el orador. Antes está
solicitando el uso de la palabra la diputada Guadalupe Sánchez. ¿Con qué objeto,
diputada?
|
La
diputada María Guadalupe Sánchez
Martínez (desde su curul): |
Sí señor Presidente, para hacer una
moción: que nos centremos en el tema. ¿Por qué cuando el PRI no tiene argumentos para
debatir un tema tan importante como es el del Fobaproa, tiene que recurrir al gobierno de
la Ciudad de México? Si de eso se trata, vamos a hablar de los gobernantes, vamos a
hablar de Zedillo y le entramos también, pero que se centren.
El diputado Maximiano Barbosa, ¿con
qué objeto, diputado?
|
El
diputado Maximiano Barbosa Llamas
(desde su curul): |
Quisiera solicitar la palabra para
rectificar hechos.
Diputado orador, exhortándolo a que
nos ajustemos en la medida de lo posible al tema, quisiera su respuesta por favor.
|
El
diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac: |
Voy a terminar mi respuesta. En
primer lugar les diría que el que trajo el tema del señor Cuauhtémoc Cárdenas fue el
compañero diputado aquí. Nosotros no lo trajimos y él estaba ansioso por exaltarlo y
obviamente que aceptamos la oportunidad que dio de que se hable del señor Cuauhtémoc
Cárdenas y le contestaría también sobre ese gran gobierno que está haciendo.
¿Por qué el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Distrito Federal plantea un incremento de más del 50% en los gastos de
comunicación social para el año que viene? ¿Eso es ayudar al pueblo? ¿Eso fue para
ayudar al pueblo del Distrito Federal o eso es para exaltar la imagen?
Permítame compañero; compañeros
diputados: la única manera como es posible que en un cuerpo deliberativo como el nuestro
se lleven a cabo los debates y se lleguen a conclusiones racionalmente meditadas, es que
todos guardemos la compostura y el respeto que nos merecemos. Exhorto a los diputados que
están escuchando a que la guardemos y exhorto al orador a que nos mantengamos dentro del
tema. Continúe en la respuesta y después para darle el uso de la palabra al diputado.
Adelante.
|
El
diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac: |
No me dejan terminar los compañeros,
pero podemos estarnos aquí el tiempo que ustedes quieran.
Diría entonces que si existiera genuina
voluntad política en el Distrito Federal, este dinero sería gasto social y no a exaltar
la persona de un precandidato y decirles también que el PRI va a analizar con mucho
cuidado la partida destinada al fortalecimiento de los municipios; ahí hay unos recursos
muy importantes que pueden ser destinados a los municipios del país y no al centro de la
República, que no es un municipio. Vamos a revisarlo, se lo estamos diciendo desde
ahorita a los compañeros del Partido de la Revolución Democrática.
Y decirles también que si consideran buen
gobierno a alguien que cambia de personal constantemente y que no sabe a quién nombra, a
alguien que nombra a gente que ha sido señalada como gente corrupta, a alguien que le
miente a los jueces. ¿Ese es el gobierno que ustedes quieren?
Señor orador, se está usted
excediendo en el tratamiento de un tema que no corresponde al que está registrado.
|
El
diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac: |
¿Por qué, si el señor me
preguntó?
Señor orador, usted mencionó que
iba a terminar de contestar la pregunta y una vez que la termine indíquenos, que existen
diputados solicitando el uso de la palabra. Adelante.
|
El
diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac: |
Bien, terminaría diciendo: el asunto
de la deuda pública, cuando inició el gobierno del Distrito Federal se quejaba
amargamente el señor Cárdenas de que no iba a gobernar porque tenía una deuda de 12 mil
millones. El año pasado pidió que se le aprobaran 7 mil 500 millones de deuda. Hoy nos
pide otros 7 mil 500, en menos de dos años el doble de deuda pública con la que entró
el gobierno del Distrito Federal. ¿Ese es un buen gobierno? y ¿dónde están las obras
para gastar esos recursos que le fueron aprobados?
Es la respuesta también.
Adelante con el tiempo. Continúe el
orador en el uso de la palabra.
|
El
diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac: |
Agendaremos el tema, en alguna
ocasión, para que ustedes puedan con toda vehemencia seguir defendiendo a su jefe de
gobierno.
Yo terminaría diciendo: esto se tiene que
resolver ¡ya!, ya no podemos venir más veces aquí a discutir y a lamentarnos, tenemos
que dar soluciones.
Hoy los deudores están esperando el
programa, el Programa de Apoyo a Deudores...
Permítame el orador.
|
El
diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas
Arreola (desde su curul): |
Pido la palabra.
¿Con qué objeto, diputado Gonzalo
Rojas?
|
El
diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas
Arreola (desde su curul): |
Para rectificar hechos.
Tiene usted la palabra. Adelante
diputado Rojas.
|
El
diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas
Arreola (desde su curul): |
Muchas gracias:
Para hacer una respetuosa observación a
usted señor Presidente, porque de usted depende cómo se conduzca el debate en esta
Cámara. Es fundamental que tenga usted apego al Reglamento, para que tanto a los que
hacemos preguntas desde acá, como al orador, lo centre usted con energía en el tema. Esa
es la petición que yo le hago respetuosamente, señor Presidente.
Gracias diputado.
Ese es el propósito, intentando dar la
libertad y el respeto al criterio que cada uno de los diputados tenga. Y los excesos
podrán darse.
El diputado Cárdenas, adelante.
|
El
diputado Lázaro Cárdenas Batel
(desde su curul): |
Señor Presidente para preguntarle
por su conducto al orador, si acepta una interpelación.
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El
diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac: |
Claro que sí.
El diputado Morales, ¿es para alguna
interpelación o alguna moción?
|
El
diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez
(desde su curul): |
Señor Presidente, tiene dos
objetivos mi respetuosa solicitud. La primera es una moción señor Presidente porque
maneja usted dos varas para medir este debate: una para sus amigos con toda la tolerancia
y otra muy distinta, donde usted pretende acabar lo poco que nos queda a los diputados: la
libertad de expresión. ¿Qué va a quedar entonces con los diputados? Yo le ruego que
respete a los oradores dejándolos que explayen su respuesta para que no haya dudas.
La segunda, que le pida usted por favor al
orador en turno, si me acepta una pregunta.
Se concede el uso de la palabra al
diputado Cárdenas, para efecto de que haga la interpelación.
|
El
diputado Lázaro Cárdenas Batel
(desde su curul) : |
Gracias señor Presidente:
Entiendo que todos los partidos políticos,
por mucho o poco que parezca lo que reciben de recursos del Gobierno Federal, con motivo
de la representación que les dé el voto, pudieran tener el suficiente dinero para haber
podido contratar si acaso sus prestigiados abogados, no se sintieron competentes, a otro
despacho y entonces sí, servía el orden legal y se estableciera la litis en la que estos
partidos, fundamentalmente PRD y PAN, suponen la ilegalidad y la inconstitucionalidad del
Fobaproa.
A nosotros, como ha quedado claro y lo
hemos reiterado en múltiples ocasiones y hemos fundado la actuación del Ejecutivo
conforme a derecho, también ahora nos preocupa que el Partido Acción Nacional se olvide
de los conceptos que vertió respecto de lo que entiende de autonomía, ahora entonces
cuando se refieren al Banco de México.
Pero visto así, diputado, ¿usted cree que
con estas actitudes de buscar la ilegalidad y la actitud poco racional de estos partidos
pudiera tener, primero, certidumbre la planta productiva; segundo, certidumbre la
generación y creación de empleos; tercero, tendría viabilidad económica lo que
presentan los partidos de oposición al exigir gasto sin tener en cuenta cuál será el
ingreso, inclusive para la propuesta que ellos pudieran dar en términos del dictamen que
saliera en su momento para la alternativa de solución del Fobaproa?
Y, por último, ¿qué acaso habría
posibilidad de apoyo a deudores si no se aprueba el Fobaproa? Por sus respuestas, muchas
gracias.
|
El
diputado Chabel Jorge Estefan Chidiac: |
Agradezco la pregunta del diputado
Cárdenas. Yo diría que hemos insistido mucho nosotros, por lo menos mi grupo
parlamentario, en que lo que consideramos autonomía y fue expresado en la Ley del Banco
de México, deba ser aplicado en la realidad.
Si queríamos un Banco de México
autónomo, que no estuviera plegado al Ejecutivo, que dicho banco pudiera establecer la
política monetaria en el país para combatir la inflación y cumplir con su mandato
constitucional, debíamos tener un Banco de México autónomo.
Y hoy pretendemos nosotros forzar al
Ejecutivo a negociar con el Banco de México la remoción de un gobernador, cuando ni
siquiera es la facultad del Poder Ejecutivo. Hay tres formas para remover al gobernador
del Banco de México. Inténtenlas. Pónganlas por la vía legal. Una de ellas es el
juicio político y si el juicio político, con las tan contundentes, entre comillas,
pruebas que dicen que tienen, seguramente se desahogaría como ustedes creen que va a ser.
En segundo lugar, puede ser la misma junta
de gobierno la que destituya al gobernador, con base en un procedimiento instruido por uno
de los subgobernadores. Acérquense a la junta de gobierno, con las pruebas tan
contundentes que tienen y seguramente, si así fuera, encontrarían oído en esa junta.
O incluso iniciarse por uno de sus
gobernadores un juicio político. Vayámonos a la legalidad. Pedimos autonomía:
cumplámosla, estemos respetando el estado de derecho.
Y lo vamos a volver a decir: no vengan
aquí a la Cámara a pedir que se respete el marco de derecho y pretendan decir que hay
ilegalidad en algunas operaciones y pretendan ustedes subsanar la posible ilegalidad con
otra ilegalidad. Entonces en qué quedamos: ¿hay o no hay respeto y exigencia a un marco
de derecho que se aplique en este país?
Creo que ésa sería la respuesta a esa
pregunta.
Y terminaría diciendo que nosotros estamos
conscientes que el rescate financiero y el rescate bancario se hizo con oportunidad, con
valentía y patriotismo por parte del presidente Zedillo y que todo el Gobierno de la
República lo hizo con el afán de que a México le fuera mejor. Ojalá en estos días
ustedes también piensen en que a México le vaya mejor.
Gracias.
Existen cuatro personas que han
solicitado el uso de la palabra: el diputado Morales, ya no procede en virtud de que se
retiró el orador. Diputada María Guadalupe Sánchez, estaba en el registro electrónico.
Diputado Saiz Calderón. Concédase el
micrófono al diputado.
¿Con qué objeto, diputado?
|
El
diputado Arturo Saiz Calderón
(desde su curul): |
Que me conceda el uso de la palabra
para rectificar hechos.
Habiéndolo solicitado con
anterioridad, se concede el uso de la palabra a la diputada María Dolores Padierna Luna,
para alusiones personales, hasta por cinco minutos.
|
La
diputada María de los Dolores Padierna
Luna: |
Debiera prohibirse a los bufones ser
diputados.
El diputado que me antecedió en la palabra
decía que el PRD no ha presentado propuestas, entre otras cosas. Yo sólo quisiera
precisar, a nombre del partido, de que nosotros tenemos principios y que toda negociación
tiene como límite el respeto, justamente, a esos principios. Nosotros nos salimos de la
negociación cuando la mesa de negociación se convirtió en una simulación, porque en
paralelo se negociaba fuera de la mesa la verdadera "solución".
Otra cosa que quisiera precisar es de que
el costo económico del Fobaproa se expresa en el esquema de rescate bancario que fue
ocupado en 1994 y que quien lo hizo, quien lo planeó y quien lo llevó a cabo es sólo el
Poder Ejecutivo. El Legislativo no está facultado para tomar ese tipo de decisiones.
Fueron actos de autoridad, tomados por la autoridad en turno, pero la autoridad, hay que
decirlo, está normada por la ley y el Legislativo tiene que ver que se respete la ley y
justamente eso es lo que no respetaron. ¡El Congreso no tiene ninguna responsabilidad en
el costo económico del Fobaproa! ¡El costo va a seguir creciendo ahora y después porque
el rescate bancario fue creado y fue inventado de una manera altamente onerosa para las
finanzas públicas, en beneficio de 19 firmas que son a nombre de quienes están todos los
pagarés!
También quisiera señalar que las
auditorías para llevarlas a cabo se requiere una información exhaustiva, que nos permita
un juicio exacto y no sólo la información que tenemos en nuestro poder. ¿Acaso el
diputado que me antecedió y los que están elaborando esa Ley de Rescate Bancario, acaso
no saben que han tenido seis meses en que han estado depurando los expedientes, los
archivos más comprometedores? ¿Que Pedro Zamora y Eduardo Fernández no salen de las
instituciones y que tienen comisiones de 24 horas arreglando los números? ¡Si
verdaderamente hubiera voluntad de transparentar el Fobaproa, en este momento las
auditorías ya estuvieran terminadas!
Desde que propusieron las subcomisiones del
Fobaproa el inicio de las auditorías habíamos calculado tenerlas listas en octubre y es
la fecha que todavía no comienzan y, al final, estamos seguros que no conseguirán
"más que pescar sardinas", como nos lo advirtió alguna vez el propio Guillermo
Ortiz. ¡No existe, además, un solo caso en el cual se haya hecho justicia, más bien la
impunidad sigue siendo un asunto pendiente que tenemos que resolver en la agenda de la
transición democrática!
Con las auditorías se encontrará ahora
mucho menos de lo que se esperaba y se frustrarán, efectivamente, las expectativas de
acabar con la impunidad. Aceptar de golpe todos los créditos con la tenue promesa de que
después se verá, esto es realmente una irresponsabilidad. ¡Primero pagan, primero
aceptan y luego auditan! ¡Luego primero legalizan y luego averiguan! ¡Esto es lo que nos
parece absolutamente inaceptable!
¡El Fobaproa exige un manejo de máxima
inteligencia política que permita instrumentar una salida justa y viable que haga avanzar
la reforma del Estado y preste certeras reformas financieras que verdaderamente
trasciendan y no se convierta en lo que está haciendo ahora: en meras reformas
superficiales, para que la misma élite beneficiaria con el propio rescate siga al frente
de los bancos y siga al frente en las dependencias públicas!
¡A nosotros nos parece la oportunidad de
oro esta coyuntura para hacer cambios profundos, para que verdaderamente se transforme el
sistema financiero y económico del país y no sirva como mero llamado para que todo siga
igual!
¡Nosotros estamos presentando en paralelo
y en las comisiones, cuando la Comisión de Hacienda se quiera reunir, que tal pareciera
que hasta que las cúpulas mientras no se ponen de acuerdo en su iniciativa de ley que
pretenden, han estado eludiendo la discusión en la propia Comisión de Hacienda! ¡Pero
nosotros ahí vamos a presentar todas nuestras propuestas, que se refieren a instrumentar
profundas reformas económicas, a hacer cambios estructurales a la economía y poner duros
candados a la actuación de las élites financieras, así como poner las bases para
inducir a la construcción de un nuevo sistema financiero que verdaderamente favorezca el
desarrollo nacional!
¡Es para nosotros de vital importancia
señalar que lo que se prepara, compañeras y compañeros, lo que se prepara por fuera de
esta Cámara, es realmente muy lesivo para el interés nacional!
Es cuanto, señor Presidente.
Señores diputados: en aplicación de
las disposiciones del artículo 102 del Reglamento y el artículo vigésimo del acuerdo de
las sesiones, la mecánica que daremos a continuación es que desahogamos las alusiones
personales y los que nos soliciten para hechos los registraremos para que entren al final
de los oradores registrados, en el entendido de que existen dos turnos de tres por cinco
minutos todavía pendientes.
Para contestar alusiones, el diputado Jorge
Silva Morales.
|
El diputado Jorge
Silva Morales: |
Muchas gracias, señor Presidente:
En verdad que con mucha extrañeza
observamos que para un tema tan delicado como el Fobaproa, lejos de aportar argumentos
sólidos con los cuales podamos elevar el nivel de debate, ponemos por encima la
ignorancia y lo más extraño es de que lo alabemos, cuando éste es un tema financiero de
profundidad tan grande que han abarcado dentro del Fobaproa la ingeniería financiera más
profunda para llevar al Fobaproa a niveles inimaginables, que no dudo estaremos llegando
muy pronto a cerca de 1 billón de pesos, prácticamente el importe del Presupuesto de
Egresos que se ha sometido a la consideración de este poder.
Y yo quisiera decirles a los diputados
priístas que dudo que puedan leer ese documento que casualmente lo tenía en mi poder, se
llama: "Revisión del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Separata del Informe
de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1996",
lo edita la Contaduría Mayor de Hacienda, porque aquí se viene a engañar que la
Contaduría Mayor de Hacienda tiene calidad de dictamen cuando eso no es cierto y si yo
mintiera, por favor les pediría que le pidan a su diputado que los representa en la
Comisión de Vigilancia, que en la página 25 de este informe, pueda leer que la
Contaduría no dictamina y menos en la legalidad y que se han equivocado, que la
Contaduría, siendo un órgano técnico, pueda emitir un dictamen cuando no lo tiene
legalmente ni constitucionalmente.
Y dice aquí, en el último párrafo,
respecto al Fobaproa, que como se observa, se presenta una situación de vacío jurídico
y de ambigüedad normativa, además de la ley aplicable respecto al secreto bancario,
donde no puede tener acceso la Contaduría; no hay dictamen.
A mi pregunta, que tampoco se contestó,
quiero decirles, y ya lo hice aquí a través de mi exposición, que el motivo de no haber
empezado las auditorías al Fobaproa es porque se está terminando con un maquillaje
financiero que desgraciadamente con la creación del instituto van a quedar muchas cosas
en la ilegalidad.
Finalmente, decirles que hoy es más
importante ser representante de la nación y ver por los intereses del pueblo y no venir a
contemplarse aquí como empleado bancario, como lo fue el diputado Estefan y que de esa
manera se ganó la vida, vendiendo servicios bancarios y que hoy aquí más que defender
al pueblo viene a defender a los banqueros.
Tiene la palabra el diputado Alvaro
Arceo Corcuera, hasta por cinco minutos.
|
El diputado Alvaro
Arceo Corcuera: |
Gracias, señor Presidente:
Quiero comenzar con un pensamiento de sor
Estefanía de la Cruz. "No hay nada como alcanzar el gesto aprobatorio del poder
aunque se haya dejado la dignidad en el camino y se haya hecho de la mentira consciente,
el mejor argumento".
Entre otras cosas ha mencionado aquí la
posible contundencia de las pruebas que señalaría la violación a la Constitución
Federal de la República, en cuanto hace a la función de deuda hecha por el Ejecutivo sin
autorización del Congreso. Me parece que no habría que llegar a ninguna controversia
constitucional para dilucidar este asunto, basta con parar mientes, en que todo lo que
tiene que hacer la Cámara, todo lo que tiene que hacer el Congreso es no aprobar la deuda
que ha sido sometida a su consideración.
Si fuera legal esa deuda, no tendría el
problema el Ejecutivo ni sus voceros que están teniendo en este momento, es precisamente
porque no se ajustaron a la Constitución que tiene que pedir la autorización para que a
posteriori se convalide, se legalice la deuda que adquirieron. Basta, repito, con que el
Congreso no autorice la deuda para que quienes en todo caso tendrían que llegar a la
controversia constitucional sería el Ejecutivo o serían a los voceros del Ejecutivo, no
necesitamos mayor contundencia respecto de este razonamiento.
Por lo que hace en efecto a lo establecido
por la Contaduría Mayor de Hacienda, en este caso estamos ante un fideicomiso privado que
no pudo nunca haber recibido fondos federales y que no puede ser sometido a la revisión
de la Contaduría Mayor de Hacienda, es una falacia, es una mentira referirse a la
Contaduría Mayor de Hacienda como productora de un dictamen, ni lo hizo ni tiene por qué
hacerlo; lo que si hizo la Contaduría Mayor de Hacienda fue señalar lagunas legales que
pudieran ser el sustento imagínense eso el sustento—una laguna legal de las
irregularidades que en efecto encontró.
Así las cosas, tendríamos que reflexionar
en que el Ejecutivo, el Gobierno no puede hacer más que lo que la ley le señala, si
encuentra alguna laguna, tendrá que ahogarse en ella, tendrá que ocurrir al Poder
Legislativo para que la llene, pero de ninguna manera cruzar sobre esa laguna simplemente
por voluntarismo, simplemente siguiendo la inercia en que todos esos años lo han llevado
al Ejecutivo a hacer lo que le viene en gana, precisamente el pasmo de ahora es que por
primera vez, por primera vez ha encontrado gente de todos los partidos, con excepción de
uno, que sabe decir no.
Gracias.
Tiene la palabra el diputado Alberto
González Domene, hasta por cinco minutos.
|
El diputado
Alberto González Domene: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras legisladoras, compañeros legisladores:
Me dirijo a ustedes con la responsabilidad
de un diputado federal electo por mayoría en uno de los 300 distritos del país, el VI de
Coahuila, con sede en Torreón, les hablo en nombre de sus electores y de millones de
mexicanos, así como también en nombre de mi bancada, en relación a cuatro puntos
fundamentales sobre el tan nombrado Fobaproa, puntos en los que de ninguna manera y por
ningún motivo, que quede claro, podremos ceder a pesar de las presiones que seguimos
sufriendo de parte de algunos funcionarios de Hacienda y del Partido Revolucionario
Institucional.
Una cosa ha sido que tratemos de
encontrarle, cuando rehenes políticos del Gobierno, una salida a la prisión en la que
nos metió el mismo Gobierno con ese monstruoso fraude del Fobaproa y otra cosa es que
estemos de acuerdo en aprobar una ley que no tome en cuenta cuando menos estos cuatro
postulados que son principios básicos y fundamentales nuestros y que compartimos la
bancada completa de Acción Nacional.
Primer postulado. Seguimos y seguiremos
responsabilizando en primer lugar al presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, por la
conducción errática de la política económica del país que engendró el engendro,
valga la redundancia, de una defraudación descomunal en contra de los ciudadanos causando
un enorme quebranto económico al país y pretendiendo de manera perversa diría
yo—cargar el costo de esa defraudación a los contribuyentes convirtiendo dicho
quebranto en deuda pública. Seguiremos pidiendo a esta Cámara un acuerdo de censura para
el Presidente de la República, por ser el principal responsable de esta lamentable
situación.
Segundo postulado. No aceptaremos ni
toleraremos que los funcionarios de Hacienda ni los banqueros nieguen a la Comisión de
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Cámara ni omitan darnos toda la
información requerida y necesaria para que se hagan efectivas y reales las auditorías al
quebranto del Fobaproa y del Fameval.
Si en el transcurso de estos últimos
meses, como ya lo dijeron aquí, han tenido suficiente tiempo para maquillar, cambiar o
esconder la información, más les vale, más les vale que la vayan volviendo a sacar a la
luz para que el pueblo de México conozca todas las maniobras de quienes resulten
responsables del delito de fraude en este quebranto.
Tercero postulado. Desde luego que apoyamos
y votaremos a favor de que el costo de todas las auditorías sea absorbido por el Poder
Ejecutivo, causante de este quebranto.
Cuarto postulado. Reitero de mi parte, no
desistiremos del juicio político en contra de Guillermo Ortiz Martínez, responsable
directo del quebranto y exigimos al presidente Zedillo, que aunque sabemos que
orgánicamente el Banco de México es autónomo, en la práctica sabemos que no lo es y
por ello le exigimos proceda a solicitarle su renuncia junto con las de Eduardo
Fernández, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Pedro Zamora,
director jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y las de los funcionarios que vayan
resultando responsables como consecuencia de los resultados de las auditorías que se
proceden.
Estas tres primeras renuncias, la de Ortiz,
la de Fernández y de Zamora, deberán hacerse efectivas antes de cualesquiera
aprobaciones sobre la Ley del Ahorro Bancario...
Concluya el orador, ha terminado su
tiempo.
|
El
diputado Alberto González Domene: |
Concluyo, señor Presidente. Lo
anterior es cuestión fundamental de principios, que profesamos en Acción Nacional yendo
en pos de una economía humana y no de una economía neoliberal. Esto para que el pueblo
de México, antes que beneficiar a los intereses lo beneficiemos al él... antes que
beneficiar los intereses de los grupos del poder político y del poder económico de este
país.
Muchas gracias. Son cinco minutos nada
más, me hubiera gustado decir más cosas.
Tiene la palabra el diputado Raúl
Martínez Almazán, hasta por cinco minutos...
¿Con qué objeto, diputado?
|
El
diputado Edgar Martín Ramírez Pech
(desde su curul): |
Para solicitarle me inscriba en la
lista para rectificación de hechos, por favor.
Adelante.
|
El diputado
Raúl Martínez Almazán: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras diputadas, compañeros diputados:
En marzo, el Congreso recibió del
Ejecutivo Federal diversas iniciativas de reformas financieras, dentro de las cuales el
Fobaproa generó un amplio debate nacional. Hoy la mayoría en el Congreso de la Unión
coincide en no aplazar más las reformas financieras para fortalecer al país.
Las tesis fundamentales del Partido
Revolucionario Institucional son: que las medidas implantadas evitaron la quiebra del
sistema financiero y la recesión de la economía.
Hemos argumentado las razones
constitucionales, legales y técnicas de las operaciones del fondo bancario y reiteramos
que dichas operaciones se apegaron a la Constitución y a las leyes vigentes y los actos
del Ejecutivo Federal siempre han sido con apego a la Constitución.
El PRD ha calificado de fraudulentas muchas
de las operaciones del rescate bancario y ha pedido establecer las condenas y luego hacer
las averiguaciones.
Frente a dichas posturas que violentan el
estado de derecho, debemos recordar que las operaciones del Fobaproa prácticamente fueron
inexistentes en 1995 y las más importantes se ubican en 1996 y 1997, representando
alrededor de 300 mil millones de pesos, aproximadamente el 50% del total que asciende a
610 mil millones de pesos.
En cumplimiento de las atribuciones que le
confiere la ley, la Contaduría Mayor de Hacienda auditó la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal del Ejercicio Fiscal de 1996 y la aplicación de los recursos orientados
a los programas de saneamiento financiero para precisar el destino que se le dio al
subsidio otorgado por el Gobierno Federal al Fobaproa.
Al Poder Legislativo correspondió también
contratar las auditorías. Este es el camino que le señala la ley al Poder Legislativo:
primero fiscalizar y luego fincar responsabilidades. Lo que la ley no autoriza al Poder
Legislativo ni a ningún partido político, es calificar a priori como fraudulentas las
operaciones del fondo, como tampoco castigar a nadie por supuestos fraudes, sin antes
cumplir con nuestra responsabilidad soberana de fiscalización.
No aceptamos se ponga en duda la solvencia
moral y la capacidad del Poder Legislativo para cumplir con sus atribuciones de
fiscalización.
Ahora entiende el país la ausencia del PRD
en las diversas mesas de trabajo: consulta nacional, voto de censura, juicios políticos,
comisión de la verdad, manos limpias, constituyen para la historia política y
parlamentaria de México la pobreza del Partido de la Revolución Democrática.
El 29 de agosto de 1998, el PRD pide al PAN
liberar recursos presupuestales de 1999 para apoyar a los deudores, darle liquidez al
sistema financiero y establecer el instituto y después se echa para atrás, rechaza el
diálogo, la construcción de acuerdos y se ubica en la intolerancia. Ello explica sólo
una cosa: el propósito del PRD, de doblegar a este país como camino fácil al poder de
este partido.
Que venga el PRD a responder este
planteamiento que el PRI les hace. ¿Por qué renunciaron al diálogo? ¿Por qué
renunciaron a construir los acuerdos el 29 de agosto de 1998, que el PAN planteó a todos
y cada uno de ustedes?
¿Cuál es el límite de la insensibilidad
social de este partido? ¿Hasta dónde pretende llegar con su terrorismo legislativo?
¿Cuántos capitales necesitan salirse del país? ¿Cuál es el nivel de desempleo que el
PRD desea que el país tenga?
El PRI, en el seno del Poder Legislativo,
le vamos a dar la batalla al PRD.
Vamos a debatir los problemas nacionales y,
muy a pesar del PRD, vamos a legislar en favor de las reformas financieras.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Luis
Patiño Pozas, hasta por cinco minutos. Terminada la lista, quedan cuatro oradores e
iniciaremos la ronda de hechos. Adelante, diputado.
|
El diputado Luis
Patiño Pozas: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Este periodo final del milenio, evidencia
que las sucesivas modalidades de un sistema económico, adoptado durante ya 70 años por
el partido en el Gobierno e impuesto a la sociedad, arroja un saldo del 50% de la
población empobrecida y un 30% en extrema pobreza.
Lo que en años denunciamos, hoy se ha
puesto en evidencia y con claridad con el famoso Fobaproa.
Los modelos, las políticas económicas,
los presupuestos de ingresos y egresos que formalmente aprobaron 56 legislaturas
anteriores, tenían como fin favorecer la acumulación de riquezas en pocas manos y en
detrimento de la mayoría de la población.
La quiebra del libre mercado financiero en
el marco de la globalización económica, a la cual el Gobierno mexicano y su Poder
Legislativo en legislaturas pasadas, se prestaron sumisas, pasivos y entreguistos, hoy
muestran la fragilidad de nuestro país en materia alimentaria, en materia económica y en
materia financiera.
El papel que corresponde a esta Cámara de
Diputados en este tránsito al próximo milenio, es el de crear las condiciones para que
el modelo político centralista, autoritario, despótico y antipopular que ha conformado
el Gobierno y su partido en décadas, no sea un factor de freno, para el desarrollo del
país.
La sociedad, a través de esta legislatura,
ha tomado en sus manos el asunto del Fobaproa.
Nos interesa resolver esta situación; nos
interesa resolverla, pero en donde los pobres no carguen deudas ajenas, pero, sobre todo,
nos interesa que en un marco de una redefinición de la política económica, no tengamos
en puertas hijos y nietos del Fobaproa, es una herencia injusta para los mexicanos que
aún no nacen.
Un elemento de este aspecto es el aceptar o
rechazar como deuda pública los pasivos del Fobaproa.
La posición del Partido del Trabajo es:
no. Desconocemos la arbitraria, unilateral e injusta decisión que el Ejecutivo Federal
pretende. ¡Ya basta de justificar el interés de la nación la protección de los
poderosos!
En cambio, antes de cualquier decisión, se
tiene que identificar a los responsables, entre ellos al depositario del Poder Ejecutivo.
Ciertamente, diputado Estefan, hace falta
un juicio político ante decisiones que hipotecan la vida de millones de mexicanos, de los
de ahora y de los que aún no nacen.
Los secretarios de Estado son subordinados
del Presidente y éste es el que toma las decisiones en el Poder Ejecutivo.
Realmente la renuncia del ex Secretario de
Hacienda, del responsable de la Comisión Nacional Bancaria, si bien son necesarios para
que, conforme a derecho no sean partícipes en las indagatorias, lo más importante es que
busquemos entre todos los partidos que nos oponemos al régimen una solución de fondo,
una solución estructural. Desde nuestro punto de vista para aquellos partidos que
realmente pensamos que este país se puede gobernar con mayor justicia, con mayor
democracia, es el abocarnos a construir este escenario político; ya no nos desgastemos en
debates y enfrentamientos estériles, construyamos una nueva correlación de fuerza,
busquemos los puntos de convergencia para que efectivamente esta soberanía pueda, en
términos constitucionales, darle buenas cuentas al pueblo de México, pero también si el
gobernador del Banco de México tiene dignidad, que renuncie inmediatamente para destrabar
el asunto del Fobaproa.
Tiene la palabra el diputado Angel de
la Rosa Blancas, hasta por cinco minutos.
|
El diputado
Angel de la Rosa Blancas: |
Con su permiso, señor Presidente:
Me voy a referir a la propuesta que hace
Acción Nacional, a través de la creación del instituto para la protección del ahorro
bancario y que desde nuestra perspectiva es sólo una copia que hace el Ejecutivo Federal
y que también el Partido Revolucionario Institucional ha hecho en otros términos.
Para ello, es importante revisar cada uno
de los apartados de esta propuesta, que si bien inicia señalando de que será hasta el
año 2006 cuando empiece este instituto, en uno de los apartados transitorios oculta algo
fundamental y que también lo ha señalado el Fobaproa, que los aspectos sustantivos de
asunción de los pasivos de pago a acumulación de los intereses que se generan y de la
disposición de los activos dados en garantía y que aparecen como los bienes del
Fobaproa, es similar a lo que propone el Ejecutivo a través de la propuesta de la
creación del Fogade y del Corebi. Esto es muy peligroso y es necesario aclararlo.
Esto, por lo tanto, es, además de
analizarlo, lleva consigo los mismos vicios del Ejecutivo, que es el de encubrir bajo
términos aparentemente sin importancia, la impunidad y la corrupción.
Las operaciones que a este respecto se
plantean, para devolver la cartera a los bancos a partir de los resultados de las
auditorías o irresponsabilidades por las operaciones irregulares o ilegales, en realidad
sólo pueden referirse a las operaciones de adquisición de cartera de los bancos que
siguen en funcionamiento. Al parecer ello representa menos de un tercio de las operaciones
del Fobaproa, por tanto, su punto de vista es sólo a este pequeño grupo.
Las otras operaciones de los bancos que
fueron intervenidos y finalmente liquidados y desaparecidos, al parecer serían absorbidas
como obligaciones por el instituto, el cual se encargaría también de la enajenación de
los bienes. Estos representan dos tercios del total, por tanto a Acción Nacional no le
interesa el que al mayor número de bancos, le interesa a un pequeño grupo nada más y
hay que analizar quienes representan ese pequeño grupo. Es decir, la iniciativa sólo
explica las operaciones con los bancos vivos, no así las operaciones correspondientes a
los bancos intervenidos y liquidados, es decir, quebrados y muertos.
En todo caso tanto la garantía de la
cartera devuelta a los bancos que otorgaría el instituto, como desde luego las
obligaciones que asuma por las operaciones de los bancos quebrados, representaría los
costos correspondientes a los altos montos que no recuperen todas las operaciones. Esto es
igual que el Fobaproa.
En la iniciativa de Acción Nacional, como
en otros casos, no queda completamente claro quién asumiría el pago de los intereses que
están devengando los pagarés emitidos por el Fobaproa, aunque desde luego, se infiere
que ello representa parte de las obligaciones a cargo del instituto.
En el caso de las operaciones con bancos
vivos, se plantea que ésos pueden emitir valores para adquirir liquidez, pero el problema
financiero no es sólo de liquidez, sino de operación. Es decir, recuperar el carácter
de la intermediación financiera, para que los activos devenguen intereses una vez pagados
los correspondientes a los pasivos de los propios bancos, arrojen un excedente de
operación y en última instancia, utilidades, aspectos que no se resuelven en la
iniciativa.
En todo caso, constituido el patrimonio del
instituto con las cuotas ordinarias de cuatro al millar sobre sus operaciones pasivas y
tres de millar en caso extraordinario, evidentemente que los costos en última instancia
se pretende que sean pagados por el erario Federal y los usuarios de los servicios
financieros.
Por tanto es necesario que la Cámara emita
un dictamen para que el Banco de México asuma su responsabilidad constitucional signada
en el artículo 28 constitucional, para que éste regule el sistema monetario y financiero
y proteja al sistema de pagos, para lo cual fue creado, según se estipula en su ley
reglamentaria.
Aquí es muy importante, además, dejar
señalado que la autonomía del banco es eso y otra cosa es soberanía. Por tanto, el
Banco de México también debe de estar supeditado a una supervisión por la Cámara de
Diputados.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Felipe
de Jesús Cantú Rodríguez, hasta por cinco minutos.
|
El
diputado Felipe de Jesús Cantú
Rodríguez: |
Muchas gracias, señor Presidente:
Honorable Asamblea: aquí se han dicho
muchas cosas igual que en la calle sobre el Fobaproa, lo cierto es que hay beneficiarios,
hay delitos y delincuentes de cuello blanco, ya algunos se han mencionado pero yo quiero
referirme a algunos documentos, en primer lugar, al análisis elaborado por el licenciado
Antonio Reyes Olvera, director divisional de auditorías y control financiero de Banca
Unión, quien en su análisis a las empresas Alfil y Asociados y Servicios Texin, dice que
recibieron préstamos del Banco Unión BCH, dentro de los cuales parte de ellos terminaron
siendo abonados a fideicomisos de comités estatales del PRI a través de terceros,
¿quién paga? Evidentemente no ese partido.
Y la actuación del Poder Ejecutivo, que es
parte de lo que hemos venido cuestionando, sigue vigente el cuestionamiento de por qué se
actúa en unos casos y por qué en otros no.
En un oficio dirigido a Ismael Gómez
Gordillo del señor Cuauhtémoc Cuervas, agente del Ministerio Público Federal titular de
la mesa tercera, aquí en el Distrito Federal, le dice: "le solicito que en caso de
considerarlo procedente se formule la querella o declaratoria correspondiente, de resultar
agravio a esa dependencia por la probable comisión de un ilícito fiscal, para lo cual se
pone a su disposición el expediente". Esto el 10 de enero de 1996 le piden a Ismael
Gómez Gordillo que presente la denuncia, cosa que no hace respecto a estos recursos
llevados al PRI en Tabasco.
Y luego el cinco de junio otra vez se le
dirige a Ismael Gómez Gordillo un oficio donde se solicita a esa dependencia se sirva
informar a esta representación social federal se refiere a la PGR, sí procederá a
presentar querella, previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para
proceder en consecuencia. Este otro documento lo firma Fernando Córdova Lobo, compañero
priísta y que colaboró en la Procuraduría General de la República, no se hace esto.
Por ello quiero referirme a las expresiones
del diputado Jorge Estefan Chiriac, quien nos pide que actuemos en consecuencia. Yo creo
que esto lo estamos haciendo y vamos a seguir el camino de la legalidad, como lo hemos
pronunciado en diferentes oportunidades y esto ojalá sirva de ejemplo para que otros
también sigan la vía de la legalidad.
El diputado Estefan hacía referencia que
el PRI se confirmó y se reposicionó, evidentemente este reposicionamiento se debe en muy
alto factor a lo económico y los recursos ya vimos quién los está poniendo: el pueblo.
El diputado Estefan, para dolor personal,
porque lo considero mi amigo, hace referencias que faltan a la verdad, él habló de que
Lankenau vino aquí y creo que muchos sabemos que el señor está recluido en el penal de
Topo Chico.
También mencionó que Lankenau es
prestanombres de Canales y que la oposición dijo que no viniera el señor Canales, actual
gobernador del Estado de Nuevo León.
En ningún momento ni el PRI ni el Verde ni
el del Trabajo ni el de Acción Nacional, se negó a que compareciera Fernando Canales,
por el contrario, se dijo: ¡hombre!, nomás digan la razón y le ponemos fecha, pero las
fechas se han venido abajo, gracias a que cada vez que el PRI ocupa la Presidencia de las
subcomisiones que han citado a los funcionarios, no hay sesiones, la única sesión a la
que convocó el diputado Estefan para que hubiera sesión fue para cambiar de Presidencia
y no para actuar en consecuencia.
Evidentemente el trabajo de fondo y los
argumentos que hemos presentado en Acción Nacional respecto de la autonomía del Banco de
México, se refieren a la autonomía real no a la autonomía ficticia que Guillermo Ortiz
Martínez, definitivamente no puede garantizar una auténtica autonomía.
Seguiremos insistiendo por la vía legal y
yo espero en breve que la verdad salga a relucir, aunque la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores y la Secretaría de Hacienda se nieguen a entregar toda la información.
Tiene la palabra el diputado José
Antonio Estefan Garfias, hasta por cinco minutos.
|
El diputado
José Antonio Estefan Garfias: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Antes que nada quiero decir que estoy en
total coincidencia con lo que aquí dijo la diputada Dolores Padierna: los bufones no
deben ser diputados y se los digo porque recuerdo la cara de marrano de Rascón, que
inició esa prosapia de bufones, que hoy que más que una máscara, lo toman como un
escudo de armas.
Hoy nuevamente nos encontramos en esta
tribuna para atender una demanda del PRD: comentarios, más comentarios, críticas, más
críticas, escándalo tras escándalo y todo en torno al Fobaproa, pero queremos ver
propuestas concretas. Ahora que ven cerca la solución, ven también una veta electoral
que explotar e inician una ola de propaganda, de infundios tendientes a tergiversar su
causa. Ello es obvio en ese partido, ya que sus seudoeconomistas, por ignorancia, quizá,
parecen desconocer el manejo técnico para enfrentarlo, pero sigo con el tema.
En las instancias legislativas constituidas
para la investigación y seguimiento, siempre buscaron con oportunistas independientes y
algún otro despistado, promover toda clase de tropelías y marrullerías, buscaron
afanosamente apartar, apartarnos a los legisladores del mandato que este pleno nos dio
para atender los fines por los que fuimos constituidos. Así, mayoritearon acuerdos para
convocar audiencias y asistir a penales para escuchar a personajes igualmente truculentos
y perseguidos por la justicia como Lankenau y "El Divino", en la cual nuestro
grupo nunca estuvo de acuerdo en prestar este recinto para que fuera caja de resonancia de
maleantes. Sólo quienes creen en ellos los escucharon.
Los resultados de éstas tan cacareadas
audiencias fueron cero; nada elementos, nada de argumentos sólidos y sin mucho teatro que
sólo sirvió para que estos maleantes de cuello blanco tuvieran un foro público que
debieron respetar y honrar. A tal grado llegaron los diputados amarillos a utilizar este
recinto para sus fines aviesos, que hicieron honor a su color, el vil amarillismo.
¿A dónde nos quiere conducir el PRD?
Quiere irrumpir el estado de derecho, quiere dividir a los mexicanos para vencer y no
convencer, quiere la desestabilización económica, quiere sobre el enfrentamiento
construir utópicos triunfos que garanticen sólo inestabilidad basada en el odio y en el
rencor?
Desafortunadamente ésa es y ha sido la
constante posición de este partido y digo desafortunadamente porque tienen empeñado el
voto que sus electores les dieron y que hoy defraudan.
Con desesperación ven pasar el tiempo sin
observar alguna señal que clarifique una participación positiva para resolver este
asunto.
Pero antes de estas circunstancias cabe
preguntar: ¿cuál ha sido la postura asumida por los diputados de la Revolución
Democrática?
¿Cuáles han sido sus actitudes en los
trabajos desarrollados durante ese tiempo en las subcomisiones establecidas?
Señores del PRD, todavía tienen la
oportunidad de no pasar de pájaros puñalines a buitres, esos animales que se la pasan
planeando y nada más bajan a comer carroña y luego levantan el vuelo para seguir
planeando. Pónganse a trabajar, ya basta de gritos y basta de infundios.
Tiene la palabra el diputado
Maximiano Barbosa Llamas, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos.
|
El diputado
Maximiano Barbosa Llamas: |
Con su permiso, señor Presidente;
buenas tardes compañeras y compañeros diputados:
Se ha hablado el día de hoy y en otros
días, con mucha insistencia sobre la legalidad del Fobaproa. Algunos compañeros dicen
que es legal y lo afirman y lo gritan; otros dicen lo contrario.
Yo quiero decirles, compañeros, que éste
es un asunto muy delicado. Creo que es el más importante que estamos llevando a cabo en
esta Cámara de Diputados, para los mexicanos.
Yo quiero darles datos de un caso que está
en el Fobaproa y esto puede clarificar un poco más sobre esa famosa legalidad que tanto
han peleado algunos compañeros que me han antecedido, como el caso del compañero que no
recuerdo su nombre, pero mejor conocido como el diputado sor Juana Inés de la Cruz,
aquella insistencia porque se apruebe que porque México va a ganar.
Yo quiero decirle a ese compañero, que en
el Estado de Chihuahua, a un deudor barzonista, Banamex, son datos reales y que los
investigue la Cámara para que pueda determinar si existe legalidad o no en las
operaciones del Fobaproa, Banamex le prestó 3 millones y medio de pesos a un barzonista
que se llama Mario Aguirre, no pudo pagar este barzonista los 3 millones y medio de pesos
y Banamex lo demandó. Lo demandó con el expediente 1327/92 y es muy importante que
pongan atención y tomen nota de este asunto.
El juez en primera instancia declara y
dicta sentencia: Mario Aguirre debe 3 millones y medio de pesos y no lo que Banamex está
demandando, Banamex lo demandó por 18 millones de pesos; Banamex apeló, se fue a segunda
instancia y vuelven a declarar que el deudor Mario Aguirre solamente debe 3 millones y no
18 millones de pesos que está demandando Banamex. El banco se va por la vía del amparo y
vuelve nuevamente a dictar sentencia donde Mario Aguirre debe solamente 3 millones de
pesos y se condena a que Banamex pague los gastos y costas del juicio.
Compañeros: es bien importante que tomen
nota todos ustedes, resulta que Banamex después de que perdió el juicio donde no pudo
cobrar 18 millones de pesos, porque nada más había prestado 3 millones y medio, le vende
la cartera de Mario Aguirre al Fobaproa. ¿Y saben en cuánto se la vendió? en 60
millones de pesos. Y los invito a todos para que hagamos una investigación sobre este
caso.
Si vamos a auditar al Fobaproa, ¿qué
vamos a auditar? ¿qué renglones vamos a auditar? ¿que dos y dos son cuatro?, no
compañeros, tenemos que auditar la legalidad de las operaciones y yo los invito a que
empecemos por este caso que estoy presentando el día de hoy. Es un caso contundente y
real. Le prestan 3 y medio millones de pesos a un deudor, pierde el juicio el banco
queriendo cobrar 18 millones y, ya como perdidos, lo vende en 60 millones al Fobaproa.
De esas operaciones existen miles. Yo tengo
todo el expediente completito para poderlo mostrar a quien sea necesario para demostrar si
es legal o es ilegal esta operación y miles de operaciones más.
Compañeros: yo estoy convencido de que
muchos diputados tienen realmente la intención de hacer algo bueno para México. Yo
quiero decirles que no le demos esta amarga navidad...
Permítame el orador. Adelante,
diputado.
|
El
diputado Guillermo Barnés García
(desde su curul): |
Señor Presidente, ¿podría hacerle
una moción al señor orador? Una interpelación, perdón.
Señor orador, acepta usted una
interpelación.
|
El
diputado Maximiano Barbosa Llamas: |
Acepto.
|
El
diputado Guillermo Barnés García
(desde su curul): |
Simplemente pedirle al señor orador
que nos haga llegar a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Vigilancia el
expediente completo, porque eso es precisamente lo que en el PRI estamos tratando de
corregir.
Muchas gracias.
|
El
diputado Maximiano Barbosa Llamas: |
Con mucho gusto, compañeras,
compañeros:
No es el único expediente que tengo en mi
poder; les puedo hacer llegar muchos expedientes completitos con casos como el que
presenté.
Compañeras diputadas y compañeros
diputados, yo quiero decirles algo muy importante: nosotros no podemos violentar el Estado
de derecho, no debemos, no debemos violentar la Constitución. Si nosotros le damos
seguimiento a lo que propone el PAN, de que renuncie Guillermo Ortiz para que se pueda
aprobar el Fobaproa, no nos resuelve nada a los mexicanos y a los deudores ni al pueblo en
general. A lo mejor Guillermo Ortiz se va de embajador o de candidato a la Presidencia de
la República, Eso no nos resuelve nada. Tendríamos que pagar esa suma.
Si pretendemos cambiarle el nombre al
Fobaproa, como propone el PAN, que un instituto, le podemos poner la Cruz Roja. Eso no va
a quitar la responsabilidad de que los mexicanos paguemos lo que no debemos pagar.
Que se resuelvan todos los casos del
Fobaproa, como aparecen en el expediente, de este juicio que se llevó a cabo. Todos los
créditos que se encuentren en el Fobaproa deben ser enjuiciados para ver la legalidad.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Arturo
Saiz Calderón García, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos.
|
El diputado
Arturo Saiz Calderón García: |
Gracias, señor Presidente:
Parece que al diputado Estefan, y tengo que
nombrarlo, a Jorge, él ve, con su muy particular óptica, el problema del Fobaproa, ya lo
tiene resuelto supuestamente y todavía no vemos que ha sucedido con él.
Quiero recordarle que la Contaduría Mayor
de Hacienda, de acuerdo con la Ley Orgánica de la misma, es el órgano técnico de la
Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Por lo tanto, dicha
Contaduría no emite ningún dictamen; los dictámenes se dan por cada una de las
comisiones y tienen que ser aprobados por el pleno.
No se confunda, diputado. La opinión del
departamento jurídico de la Contaduría y el hecho de que diga que hay lagunas en las
leyes, bueno, es porque efectivamente hay lagunas. Pero no se nos deben olvidar dos
principios universales de derecho, que serían los que debíamos de tomar aquí en cuenta.
El primero de ellos es que donde la ley no distingue, no debemos distinguir y el segundo,
que es el principio de legalidad, aquel que restringe la facultad de la autoridad a lo que
la ley menciona y en ambos principios no fueron aplicados en el caso del Fobaproa. Ambos
principios fueron violentados conjuntamente con la Constitución y de ahí el porqué el
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional diga que es anticonstitucional el
convertir en deuda pública el monto de 553 mil millones de pesos, porque para contratar
los pasivos que se quieren escudar en el artículo 9o. de la Ley de Deuda Pública, como
una deuda contingente, fue una deuda que se contrató a sabiendas de que no sería sólo
contingente, que era una deuda real.
¡Precisamente por esto es por lo que
Acción Nacional ha calificado de anticonstitucional la contratación de esos pagarés!
Ustedes, algunos de ustedes, sobre todo en
la comparecencia última del Secretario de Hacienda, afirmaron "que la culpa de que
el Fobaproa siguiera creciendo, que la deuda ésta siguiera creciendo, se debía a la
Cámara de Diputados".
Señores diputados, si ustedes nos hubieran
ofrecido que a partir de la aprobación en marzo ¡de ese plagio al pueblo de México se
hubieran suspendido los intereses, ya se las hubiéramos autorizado, pueden tener ustedes
seguridad!
También aquí parece que no les queda
claro la autonomía del Banco de México, la autonomía del Banco de México que es una
propuesta que adopta el Partido Acción Nacional. Nace de Gómez Morín. ¡El precisamente
propone esa autonomía y nosotros la entendemos a plenitud, no como la que se está dando
entre el titular del Ejecutivo y el gobernador del Banco de México! ¡La autonomía sí
la entendemos y sabemos de qué estamos hablando, señores! ¡Pero hasta el momento no
hemos visto voluntad política para esta resolución!
¡Así es que, diputado Estefan, yo creo
que usted se debe ir con mucho cuidado con sus declaraciones, porque lo único que está
engendrando es desánimo en la bancada de Acción Nacional, que mientras no salga Ortiz no
habrá solución!
Gracias.
Tiene la palabra el diputado Marcelo
Ebrard Casaubón, para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos.
|
El diputado
Marcelo Luis Ebrard Casaubón: |
Gracias, señor Presidente:
Hacer una precisión me parece muy
relevante, dado que está en el fundamento de lo que estamos discutiendo.
El órgano que la Cámara, el pleno de la
Cámara se dio para hacer una evaluación jurídica del Fobaproa y su aprobación, fue una
subcomisión de investigación, que se formó el día 16 de octubre de 1997 por el pleno.
Esa subcomisión de investigación sí emitió una evaluación jurídica del Fobaproa, que
me voy a permitir recordar el día de hoy porque probablemente muchos de las compañeras y
compañeros no han tenido acceso a ese material. El día 1o. de octubre se aprobó esa
valoración jurídica, como mandato del pleno. ¿Y a qué se llegó? Fue aprobado por
unanimidad de los presentes, por cierto, el PRI no estuvo en la reunión.
Primero. Se llegó a que es evidente que
hubo un desacato de la obligación constitucional de solicitar al Congreso de la Unión
autorización para contratar deuda pública.
Segundo. Se llegó a la conclusión de que
se contrató deuda, se emitieron obligaciones para efectos distintos señalados en la
Constitución General de la República y en la Ley General de Deuda Pública.
Tercero. Se llegó a la conclusión de que
hay ausencia de fundamento jurídico para que el Banco de México, en su carácter de
fiduciario, pusiera títulos de crédito.
Cuarto. Se llegó al análisis de la
naturaleza del aval de la Secretaría de Hacienda en esos pagarés, detectándose que va
más allá y en contra de la propia ley la firma de la Secretaría de Hacienda, cuando
menos es cuestionable esa firma.
Quinto. Un quinto punto que se revisó es
el que tiene qué ver con las modificaciones que se hicieron al convenio que creó el
Fobaproa y que modificó su naturaleza jurídica en una sesión, célebre ya, de fecha 3
de mayo de 1996, yendo más allá de la ley: sustituyendo al legislador.
¿A qué más se llegó? A la conclusión
de que hay un incumplimiento por parte del Banco de México por cuanto a las obligaciones
que tenía de publicar anualmente el monto máximo de los depósitos a cubrirse.
También llegamos a la conclusión de que
no se llevó adecuadamente el registro de la deuda, en donde hay disposición expresa para
la Secretaría de Hacienda en relación a la Cámara de Diputados.
De hecho, compañeras y compañeros, el
total del registro de las obligaciones que asumió el Gobierno Federal, esta Cámara fue
enterada en marzo de 1998, contraviniendo claramente lo dispuesto en la ley.
Adicionalmente hay incumplimiento en las
obligaciones, responsabilidades que tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en
lo que hace a la supervisión y a la prevención de situaciones como las que llevaron al
problema del Fobaproa.
Inclusive en aquella sesión a la que
hacía yo referencia del 1o. de octubre, de esta subcomisión que fue formada por el pleno
de la Cámara para hacer una evaluación jurídica, se llegó a la propuesta de varios
puntos de acuerdo, ¿como cuáles?, como remitir este dictamen, esta evaluación
jurídica, a las comisiones que van a elaborar el dictamen sobre las iniciativas relativas
al Fobaproa; como que se presentara al pleno de la Cámara esta evaluación jurídica para
la deliberación, discusión y en su caso votación de los puntos de acuerdo. De modo que
esto fue aprobado por los diputados de Acción Nacional, del PRD, del Partido Verde, del
PT y su servidor, independiente.
De modo que el punto principal sería:
estamos ante evidentes y manifiestas violaciones a la Constitución General de la
República y a las leyes que de ella emanan, de ahí que la consecuencia sea, por un lado,
el que se hayan iniciado los juicios políticos respectivos y, por el otro lado, que haya
la exigencia de esta Cámara y del Poder Legislativo, de que se apliquen las sanciones
correspondientes y de que sean separados los funcionarios responsables de sus cargos.
No se trata de un chantaje, no; es la
consecuencia política. En cualquier sistema político en donde haya división de poderes
es la consecuencia política la destitución de estos funcionarios por estas violaciones a
la Constitución y a las leyes.
Así que para concluir diría: ésta es la
valoración jurídica de la Cámara de Diputados, éste es el órgano que creó la Cámara
de Diputados para hacer la evaluación jurídica. Yo solicito aquí ante el pleno, que se
agende el debate de esta evaluación jurídica, habida cuenta de la importancia
estratégica que tiene.
Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Tiene la palabra el diputado Samuel
Maldonado Bautista, para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos.
| El diputado
Samuel Maldonado Bautista : |
Con su venia, señor Presidente:
Todos los mexicanos, compañeros diputadas
y diputados, estamos en espera de una solución al caso del Fobaproa, una solución que
sea la menos perjudicial precisamente para la mayoría que está en condiciones
deplorables en este país; estamos en espera de esa solución. Pero también los mexicanos
estamos en espera de que antes de que ésta se dé, cuando menos haya indicios de que se
tiene que castigar a los culpables de este gran fraude nacional.
En consecuencia a esto, muchos de los que
estamos aquí presentes nos preguntamos: ¿a qué intereses responden, a qué intereses
obedecen los compañeros del Partido Revolucionario Institucional? ¿Por qué,
compañeros, por qué defender lo indefendible, con una posición siempre en obsecuencia
hacia el Presidente de la República en turno? ¿Qué no habrá posibilidades de que este
Presidente en turno se equivoque y con frecuencia ustedes mismos tengan que enderezar el
rumbo de la nación con sus observaciones? ¿Por qué siempre tratan o se obstinan por
encubrir las tropelías cometidas y los crímenes y no por castigar a quienes han sido
responsables del desastre nacional?
Bien sabemos, y lo digo con todo respeto,
que hay compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional que valen realmente
lo que pesan, que son compañeros muy valiosos, pero ha sido una demostración permanente
en la historia de la legislatura que en forma conjunta se pierden en la ignominia, siempre
aceptando las consignas del Presidente de la República.
En el caso del Fobaproa nosotros tenemos la
esperanza de que nos pongamos de acuerdo y demos esta solución, sí, pero también todos
necesitamos que se castigue antes a los responsables de esta situación.
Muchas gracias.
Tiene la palabra para rectificación
de hechos la diputada Laura Alicia Garza Galindo.
|
La
diputada Laura Alicia Garza Galindo
(desde su curul): |
Gracias, señor Presidente:
Le quiero decir que por sensatez y por la
aprobación de la ya existente deuda por las obligaciones del Fobaproa voy a declinar.
Pero sí quiero decirles a cada partido
representado en la Cámara, que en el momento que así lo determinen, porque se ha estado
obviando entrar al quid del asunto, estamos dispuestos a dar el debate sobre la legalidad
y la constitucionalidad de las operaciones del Fobaproa. Le agradezco mucho el uso de la
voz, señor.
El siguiente punto del orden del día
es la solicitud de ampliación del plazo de la construcción del puente internacional
Zaragoza-Isleta.
Tiene la palabra el diputado Javier Corral
Jurado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Permítame el orador un momento.
¿Diputado Ebrard?
|
El
diputado Marcelo Luis Ebrard
Casaubón (desde su curul): |
Nada más para hacer una precisión,
señor Presidente, en relación a lo que propone la compañera diputada, que se proceda a
la discusión de inmediato, sería de aceptarse y yo creo que nadie se va a oponer a lo
que se está proponiendo, es tan importante el tema que podríamos discutirlo, señor
Presidente.
PUENTE INTERNACIONAL
ZARAGOZA-ISLETA
Señor diputado, no hubo propuesta de
que en este momento se agotara y se tiene por agotado el punto.
Adelante el orador.
|
El
diputado Javier Corral Jurado: |
Señoras diputadas, señores
diputados:
Ojalá que en medio de tantos y tan
trascendentales temas, pero que a veces nos polarizan tanto, pueda haber espacio para la
solidaridad y la reflexión sobre el planteamiento que ahora vengo a hacer
fundamentalmente para que esta Cámara, este pleno se entere y además para pedir a la
mesa directiva que pueda turnar a la comisión correspondiente la denuncia que ahora
presentaré.
El asunto que vengo a exponer está en el
interés del ayuntamiento, del municipio de Ciudad Juárez, el municipio donde tienen
origen mis raíces pero además donde he desarrollado mi trayectoria y mi carrera
política.
Se trata de un asunto que debe
particularmente interesar a los legisladores a propósito, incluso, de los temas que
anteriormente discutíamos.
El 27 de julio, y con esto empiezo a
relatar el tema de 1989, el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes encabezada entonces por Andrés Caso Lombardo, otorgó a la
empresa constructora Woodsa, la concesión para la construcción, explotación y
conservación de la parte mexicana del puente internacional de Zaragoza-Isleta, ubicado en
la fronteriza Ciudad Juárez.
La adjudicación de ese título de
concesión se derivó de un concurso al que convocó la dependencia para construir la
parte correspondiente a México, 156.4 metros de longitud, en dos estructuras para cuatro
carriles cada una, así como los terrenos y las instalaciones de aduanas e inmigración y
demás necesarias para el buen funcionamiento de este puerto fronterizo.
Cuatro empresas concurrieron entonces a la
convocatoria, a saber: ICA, triturados basálticos, Grupo Mexicano de Desarrollo y CUTSA.
La primera propuso 14 años para la concesión, con un monto de 19 millones 373 mil pesos;
la segunda a 14 años, ocho meses, con un monto de 48 millones 280 mil pesos; la tercera a
siete años con 10 meses, con un monto de 41 millones 809 mil pesos, y la cuarta, cinco
años con cuatro meses, con una inversión de 44 millones 3 mil pesos. CUTSA resultó
beneficiada con la concesión y se firmó el título, para lo cual creó una empresa local
denominada Promofron, Sociedad Anónima de Capital Variable.
En el título de concesión se estipularon
algunas cosas que es conveniente advertir en esta intervención para el cabal conocimiento
del tema que ahora voy a abordar. Por ejemplo, quedó asentado en el título de concesión
que si por alguna causa imputable al Gobierno Federal, por causa de fuerza mayor o hecho
fortuito la concesionaria se viera impedida para ejecutar puntualmente el programa de
obras contenidas en el anexo, la Secretaría le compensaría a la concesionaria por el
tiempo perdido mediante la ampliación del plazo por el cual se otorgó esta concesión
previo análisis que realizará la propia Secretaría y determinará precisa y
fundadamente el perjuicio que se le hubiese causado a la concesionaria de acuerdo al
procedimiento que se ventilaría ante las propias autoridades.
También en el mismo documento se anexó
una condición que en caso de que la proyección de tránsito prevista resultare inferior
al llevarse a cabo la operación de la parte mexicana del puente internacional, la
concesionaria tendría derecho a solicitar una prórroga, que a juicio de la Secretaría
procediera para obtener la total recuperación de la inversión efectuada.
Para tal efecto, se dijo, tendría que
presentar los estudios correspondientes con un año de anticipación a la fecha de
vencimiento de la concesión; en caso contrario la Secretaría podría convenir a la
concesionaria la terminación anticipada de la concesión.
La concesión décima también estableció
el plazo de vigencia: cinco años y cuatro meses contados a partir de la fecha de su
otorgamiento recuerdo, el 27 de julio de 1989.
En la condición novena del título de
concesión se estableció claramente que la concesionaria por conducto del organismo
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, aplicarían en la parte
mexicana del puente internacional las tarifas iniciales que se establecen en el título de
concesión y que sólo podrían ser modificadas éstas en los términos del Indice
Nacional de Precios al Consumidor y de acuerdo al mecanismo que se estableció
precisamente en el mismo título de concesión.
Hasta aquí la primera parte que
prácticamente muchos juarenses conocieron a través de los medios de comunicación y de
las propias autoridades, aunque habría que señalar como un dato fundamental del asunto
que ahora planteo que la proyección del aforo vehicular que entonces se realizaba en el
título de concesión siempre fue cuestionado por los propios fronterizos, pues en
realidad duplicaba prácticamente el aforo de los dos otros puentes internacionales que
existen en Ciudad Juárez, a saber: el puente Santa Fe y el puente libre o llamado
también puente de La Libertad.
De lo que poco o casi nada se sabe, de lo
que muy poco se conoce, es de la ampliación que ya en el final del sexenio del licenciado
Carlos Salinas de Gortari se realizó al tiempo concesionado para la explotación privada,
pues ni siquiera se publicó en el Diario Oficial de la Federación como lo exige la Ley
de Vías Generales de Comunicación, al establecer que las solicitudes de concesión y sus
modificaciones deben publicarse.
Con fecha 17 de diciembre de 1993, en la
Ciudad de México, el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, licenciado
Emilio Gamboa Patrón y CUTSA construcciones, firmaron a espaldas de los juarenses, una
modificación al título de la concesión. El documento expresa, entre otras cosas, que la
vialidad que comunica al puente en materia de concesión es un obstáculo para la fluidez
del tránsito a que es susceptible la vía concesionada y que el presidente municipal de
Ciudad Juárez le requirió a la concesionaria para que promoviera ante la Secretaría de
Comunicaciones, a efecto de que le autorizará la construcción del tramo denominado
"boulevard Juárez-Porvenir", en los términos de lo dispuesto en la condición
quinta del título de concesión.
Se añade que con motivo de que se han
producido varios hechos que se encuentran previstos en el título de concesión, nunca se
fundamentan en la exposición como causales de ampliación del plazo correspondiente, como
lo es así lo dice textualmente la ampliación, la composición del tránsito que no se ha
dado de acuerdo a lo previsto en el título de concesión y atendiendo a que la empresa
Promof Ron solicitó la extensión de la concesión.
Señores legisladores, lo grotesco de este
caso: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes modifica el título de concesión y
prorroga por 25 años, tres meses más, contados a partir del 1o. de enero de 1993, lo que
evidentemente habla de un negocio redondo.
Los mismos términos del pliego del
concurso y el título de la concesión original así lo demuestran. Se estipuló como
principio fundamental para solicitar la ampliación del término de la concesión al
requerimiento establecido en la condición sexta, que establece que la Secretaría debe
hacer un análisis y determinación precisa y fundada del perjuicio que se le haya causado
a la concesionaria.
Se estipuló que en caso de que la
proyección de tránsito no fuera la originalmente prevista, se podría prorrogar la
concesión hasta el tiempo razonable para que el concesionario recuperara su inversión. Y
yo quisiera destacar aquí la atención de ustedes: tiempo razonable sería por lo menos
otros cinco años, no su multiplicación por cinco. Tan es válido este criterio que la
nueva ley, por ejemplo la nueva Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal,
publicada en el Diario Oficial de la Federación, sólo cinco días después a la
prórroga de la concesión, al otorgamiento de la prórroga de la concesión, establece en
su artículo 6o. que las prórrogas de las concesiones sólo podrán ser hasta un plazo
equivalente al señalado originalmente, pues es lógico, que una prórroga no puede ser
mayor al plazo del que deriva.
Además de lo anterior, resulta evidente la
improcedencia de los fundamentos y argumentos que la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes refiere para llevar a cabo la ampliación de la concesión, pues alude a los
artículos 167 y 168 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y en el que el primero
señala que la construcción y explotación de puentes sobre corriente que sirvan de
límite al territorio nacional se hará preferentemente por cuenta del Gobierno Federal y
el otro señala que sólo en caso de que el Gobierno Federal no esté capacitado para
realizar las obras de que trata la referida reglamentación o de que no se llegue a un
arreglo respecto a la parte extranjera, entonces se podrían otorgar concesiones a
particulares para la construcción y explotación de los puentes.
Resulta claro que en el caso de la
prórroga que otorgó el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes a la empresa
constructora CUTSA, en 1993, haya además de una ampliación desmedida, que ni siquiera
atiende al espíritu de las disposiciones concebidas en el propio título de concesión,
una verdadera historia de venalidad, de desaprensión y de engaño a la ley.
Los términos del convenio modificatorio
apuntan con precisión un concurso con dolo, en el que fue beneficiado el que propuso el
plazo menor con el simple objeto de ganarlo y posteriormente solicitar la ampliación del
plazo.
Hay que destacar que efectivamente CUTSA
fue quien ofreció el plazo menor y mantuvo con respecto a su más cercano competidor una
diferencia de dos años con seis meses para la conclusión de la obra, no se diga con las
otras empresas constructoras, con quienes guardó distancia de nueve años en ambos casos.
Por ello resulta, señores legisladores...
Señor orador, se le suplica que
termine, su tiempo ha concluido.
|
El
diputado Javier Corral Jurado: |
Voy a concluir. Por ello resulta
absurdo que por un acto posterior se le otorgue una prórroga que, sumado al plazo
original, prácticamente duplica el plazo más alto propuesto en el concurso y que
correspondió a la empresa triturados basálticos.
Debido a lo anterior, señores
legisladores, y permítame plantear el punto, señor Presidente, porque además en este
tema podría tener un poco más de tiempo del previsto, de acuerdo al Reglamento. Debido a
lo anterior, el alcalde de Cuidad Juárez, el ingeniero Gustavo Elizondo Aguilar,
solicitó, hace tres semanas al secretario de Comunicaciones y Transportes, a don Carlos
Ruiz Sacristán, el rescate sobre la titularidad de esta concesión, ejerciendo para ello
la revocación a que la ley lo faculta.
La petición que ha hecho el presidente
municipal de Ciudad Juárez, se basa en el artículo 26 de la Ley General de Bienes
Nacionales y concretamente solicita que se revoque y recupere la concesión otorgada.
La denuncia ha sido ampliamente respaldada
por los distintos sectores de la sociedad juarense, avalada por el ayuntamiento en pleno y
de manera destacada el pasado jueves la legislatura local suscribió por unanimidad de sus
integrantes un punto de acuerdo a través del cual apoya la solicitud del alcalde
juarense, para que sea revocada la concesión del puente internacional Zaragoza-Isleta.
Por todo lo anterior, solicito a esta
Presidencia que; conforme lo expuesto, turne la presente denuncia a la comisión
correspondiente, a efecto de que los legisladores conozcan de ella, revisen y analicen su
contenido y emitan una opinión como propuesta de punto de acuerdo sobre la conveniencia
de la solicitud del alcalde de Ciudad Juárez.
Por su atención, muchas gracias y gracias
por la paciencia, señor Presidente. Entrego a la Secretaría la denuncia del alcalde de
Ciudad Juárez.
Túrnese a la Comisión de
Comunicaciones y Transportes.
El siguiente punto del orden del día es el
relativo al comentario sobre un Programa de Apoyo a los Deudores de la Banca, ha sido
retirado.
Continuamos con el siguiente punto del
orden del día, que es la presentación de la relatoría del Foro sobre Justicia, Equidad
y Género.
Tiene la palabra la diputada Estela
Velázquez Sánchez, por la Comisión de Equidad y Género... ¿No se encuentra?..
PRODUCTOS
AGRICOLAS
El siguiente punto del orden del día
son comentarios en materia de comercialización en el campo.
Tiene la palabra el diputado José Gascón
Mercado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
|
El diputado José
Gascón Mercado: |
Señor Presidente; señoras y
señores diputados:
Como miembro del PRI vengo a esta tribuna a
hacer algunas consideraciones respecto a la situación del sector campesino. El simple
anuncio de que la Conasupo desaparecía, fue aprovechado por los compradores para bajar
los precios.
Sé que los precios no se determinan por
decreto, pero si establecemos preciosoporte que cubran los costos y como somos un país
deficitario en la producción de granos y si se importa sólo el faltante para abastecer
la demanda interna y no se autorizan las importaciones de granos hasta que se termine el
desplazamiento de nuestras cosechas, todos nuestros productos pueden ser absorbidos por el
mercado.
En ellos juegan un papel determinante los
renglones del Presupuesto de Egresos para apoyar al campo, así como las políticas para
aplicarlo.
El país tiene un mosaico de condiciones y
culturas productivas, pero si determinamos promedios de rendimientos a partir de los
mismos, que se establezcan políticas diferenciadas para los que comercializan su
producción y para los productores de autoconsumo.
En las condiciones actuales, después de la
firma del Tratado de Libre Comercio, se cambió la política de precios para vincularlos a
los mercados internacionales y se crearon los instrumentos de apoyo, tales como la Alianza
para el Campo y el Procampo, así como de los de Aserca, los cuales son más aprovechados
por los grandes productores, por lo cual debe revisarse su normatividad.
Hay una insuficiencia en la propuesta del
presupuesto, pero se propone un incremento en la vertiente social.
Si reconocemos la descapitalización y la
extrema pobreza en el medio rural, su combate no puede someterse en una sola estrategia,
ya sea la productiva o la asistencial.
El proyecto de Presupuesto para 1999,
sacrifica la parte productiva y privilegia los programas asistenciales que, pese a su
valor e impactos de corto plazo, yo considero que no son mecanismos eficientes para la
capitalización de las unidades productivas y lo que es más grave, ponen en riesgo la
capacidad autogestiva de la población.
Es necesario entonces que revisemos el
presupuesto con objetividad y propongamos algunas soluciones.
Por otra parte, la principal fuente de
ingresos de los productores es la venta de sus cosechas a precios que les reditúen
utilidad y en los últimos años ellos han soportado condiciones desfavorables ya que la
venta de sus productos, en la mayoría de los casos, no cubre los costos de producción,
aumentando la cartera vencida y generando el estancamiento productivo del sector.
Si a lo anterior se suma el hecho de que
habrá una reducción en las operaciones de la Conasupo, que es un regulador en la
fijación de los precios de los granos, nos queda una incertidumbre para la venta de las
cosechas del sector productivo, ya que a través de esa institución, los productores
tienen la garantía de la comercialización de sus granos, aunque sea como comprador de
última instancia.
No vengo aquí a defender a la Conasupo,
defiendo la función que cumple esa institución, defiendo la función que es la que no
debe desaparecer. Nos preocupa que a esta fecha no se tenga un precio de referencia cuando
ya se están comercializando las cosechas de maíz del periodo P-V 98, desde 800 pesos a 1
mil 350 por tonelada, éste es el rango de amplitud en que están operando.
Ante ello se hace necesario formular una
propuesta de precio-soporte que refleje con la inclusión de los subsidios el precio
mínimo para cubrir los costos de producción y que impida las iniquidades del mercado en
la fijación de los precios, porque los productores sin el apoyo del Gobierno no tiene la
fuerza para equilibrar el mercado.
Derivado de estos planteamientos, no es
posible que se tomen como referencia solamente los precios derivados del mercado
internacional, ya que para su cálculo se requiere de un análisis por entidad de los
costos de producción si se toma el precio de indiferencia en la zona de producción, se
deben mencionar los apoyos del Procampo y los apoyos a la comercialización, de no ser
así, los que importan granos serán los únicos beneficiados con estos precios, ya que
son precios subsidiados por el gobierno de Estados Unidos y Canadá.
Por lo que si nuestro país no tiene
suficientes recursos, se requiere de que se reduzcan estos apoyos para que nos alcance
para todo. Por ello propongo que se apoye con el Procampo a un máximo de 10 hectáreas y
con los recursos del Aserca, a un máximo de 60 toneladas por productor.
Por lo anterior, permítanme hacer una
propuesta de política de precios para el siguiente ciclo, para un material de la cadena
productiva y evitar las distorsiones, así como también para evitar que se eleven los
precios de la canasta básica, propongo que vendamos al mismo precio que los productores
de Estados Unidos y Canadá, es decir, que vendamos a los precios de indiferencia en la
zona de producción aumentadas con el porcentaje por la diferencia de calidad cuando la
haya, como es el caso del maíz blanco contra el maíz amarillo; a ese precio final se le
deben agregar los apoyos a la comercialización. Pero esos apoyos nos da lo mismo que nos
los proporcionen como adición al precio de indiferencia en las zonas de producción o que
nos los abonen a los costos de producción, lo que buscamos es una utilidad en la
actividad.
De esta manera evitamos también el no ser
amenazados por las empresas compradoras que importan el producto más barato. Nuestro
país es quizá el principal comprador de maíz blanco y el desarrollo del mercado de ese
producto, tiene altas implicaciones sobre la reducción de los precios de otros granos
importantes que también se importan, tales como el sorgo, el trigo y la cebada, que los
sustituyen para los usos pecuarios.
Así podemos garantizar la soberanía
alimentaria del país, por lo cual la actividad agropecuaria, para ser rentable, tiene que
ser subsidiada, como lo hacen todos los países.
Por ello puede plantearse de inicio las
siguientes medidas; se debe instrumentar una política de largo plazo encaminada a elevar
la producción de alimentos como el elemento sustancial en la seguridad alimentaria y como
extrategia de crecimiento económico del país. Esto debe de quedar considerado en el
proyecto de Ley de Desarrollo Rural.
Debe resolverse el problema de la cartera
vencida en el campo y disponer de créditos para reactivar su actividad.
El Estado como responsable del desarrollo
económico del país, debe conducir las funciones estratégicas de almacenamiento y
comercialización, en tanto los productores se organicen y capaciten para asumir las
funciones que desempeñaba Boruconsa y las que desempeñan la Conasupo y el Aserca.
Que se propicie el acceso al financiamiento
para el acopio con tasas de interés internacionales, lo cual les permitirá operar
esquemas de acopio competitivos en poder de los productores, garantizar los créditos,
otorgados con certificados de depósitos.
En el caso del maíz blanco, sumar el
precio del maíz amarillo en la zona de producción, un mínimo del 15% por concepto de
bonificación por calidad; que se restablezca el subsidio de riego a través de la tarifa
09, hasta el límite de 10 hectáreas condicionándola al uso eficiente del agua.
Instrumentar un programa de subsidio a los
combustibles para las operaciones agrícolas, en preparación de terrenos y en el traslado
de las cosechas. Los subsidios a la comercialización pueden instrumentarse como el
Procampo; pero también propongo que ambos subsidios deben ser operados en los estados y
que los supervise la Sagar. Ya se tiene el listado de la casi totalidad de los productores
y sus superficies en producción.
Que los subsidios se entreguen directamente
a los productores, en lugar de entregarlos a los compradores, pues con esta asignación
ellos pueden pagar a un precio menor que el que paga el mercado o a comprar solamente a
los productores que ellos elijan. Por las operaciones de esta política de acopio y
comercialización, propongo que se constituya en un plazo de un año un nuevo organismo
que absorba las funciones realizadas por el Aserca y la Conasupo y Diconsa, quedando
sectorizados en la Sagar y que tenga la responsabilidad de garantizar la reserva técnica
de granos, el abasto a las zonas pobres que no son autosuficientes en granos, por lo que
ese organismo debe autorizar los cupos de las importaciones necesarias, con un enfoque
nacionalista y una preferencia hacia los productores de nuestro país; proporcionar los
subsidios directamente a los productores, apoyar a sus organizaciones y también debe
informar de los precios y los apoyos con oportunidad.
Que los subsidios se manejen con
transparencia y que se establezcan compromisos, como parte de una política para transitar
a niveles de mayor eficiencia y rendimientos en los cultivos; para que se operen los
subsidios con transparencia y para evitar el exceso de burocracia en la aplicación de los
mismos, propongo que participen las organizaciones de productores en cada Estado, tal como
lo hacemos en la aplicación del susbsidio de los fondos de aseguramiento, en donde las
reglas obligan a que todos supervisemos la intervención y la participación de todos.
Compañeros diputados: yo creo que ésta es
una etapa histórica, necesaria para revisar la política agropecuaria, en donde solicito
a todos los partidos que revisemos con cuidado los apoyos y las políticas que debe
resolver el problema a los campesinos del país.
Yo, señor Presidente, le solicito que esta
propuesta pueda pasar a la Comisión de Agricultura, a la Comisión de Comercio y a la
Comisión de Prgramación y Presupuesto, si es posible señor Presidente.
Muchas gracias.
Para el mismo tema y antes de hacer
algún turno, se concede el uso de la palabra al diputado Joaquín Montaño Yamuni, hasta
por 10 minutos.
|
El diputado
Joaquín Montaño Yamuni: |
Gracias, señor Presidente;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
Bueno, hablar del campo es hablar de muchos
aspectos, pero en este momento el talón de Aquiles del campo mexicano estriba en la
comercialización de sus productos agropecuarios y hay dos grandes ejes que han
obstaculizado, han obstruido la función de rentabilidad en el campo, estos dos más o
menos se configuran en la pérdida gradual de la rentabilidad y el otro en el grave rezago
financiero, que es el ancla del crédito, que no la hay en el campo y que constituye uno
de los factores más lacerantes para obtener financiamiento.
Si nosotros empezamos a tratar de resolver
el problema del campo, nos vamos a meter posiblemente en cuestiones coyunturales, como es
el bajo renglón de subsidios en el presupuesto fiscal, como es también el desplazamiento
de nuestro mercado por las importaciones.
Pero yo les diría a ustedes que la
comercialización del campo, es un problema de orden estructural. El campo tiene graves
rezagos de orden estructural, empezando porque al campo se le está utilizando en una
forma política, no se está utilizando al campo en una forma productiva, en donde
podríamos nosotros competir, en donde podremos nosotros salir adelante con la producción
de alimentos, en una forma organizada, en una forma nacionalista, en una forma en donde
todos los agricultores y campesinos de este país, puedan libremente ejercer qué hacer
con su dinero pero basados en la rentabilidad.
La rentabilidad del campo es una función
de dos factores exclusivamente: precios sobre costos y cuando los precios son más bajos
que los costos, está pasando lo que aquí pasa, que hay una constante descapitalización
y una constante pérdida de esa rentabilidad.
Y precisamente en Acción Nacional hemos
venido analizando esto en una forma de mucha coincidencia, en una forma acuciosa y hemos
llegado a la conclusión de que si no rompemos ese círculo vicioso de la política con la
cuestión productiva en el campo, poco podemos hacer.
Tenemos en primer lugar que tomar medidas
drásticas, acciones verdaderas para poder retomar el rumbo en el campo. Tenemos que
empezar a hacer política objetiva de largo plazo que le dé certidumbre y rentabilidad al
productor.
Necesitamos quitarnos de encima las
etiquetas políticas electoreras que tanto han flagelado al campo mexicano y para esto es
necesario revisar todos los conceptos, desde el Presupuesto de Egresos, desde el programa
de apoyos, desde la apertura comercial. Porque si nosotros vamos con la apertura
comercial, tenemos que irnos a la negociación de la Ronda de Uruguay, en el marco del
Tratado de Libre Comercio y vemos que cuando hablamos de las países o naciones más
favorecidas en la apertura comercial, ahí está México inscrito y a México se le
otorgaron dos tipos de subsidios, que son los subsidios directos los que conocemos como
subsidios verdes, donde está el Procampo y Alianza para el Campo y los subsidios de
categoría Ambar, donde están incluidos y están implícitos los precios de los
productos.
Y aquí hay una gran diferencia, cuando en
un país los subsidios van directamente al precio, ese subsidio no es corruptible y no se
desvía electoralmente. Cuando en el país van los subsidios vía el Procampo y Alianza
para el Campo, esos subsidios son los que utilizan electoralmente y distorsionan la
función del campo.
Por eso hay que empezar a tomar acciones
drásticas, de nada le sirve a esta soberanía autorizar un presupuesto cuantioso cuando
el presupuesto debe ser de calidad y el presupuesto del Procampo, que es de 9 mil millones
de pesos y que se rasuran 1 millón de hectáreas por razones desconocidas y que nada más
se supervisa el 10% de esos 9 mil millones que van destinados a 14 millones de hectáreas,
pues no sabemos si se aplican o si se aplican precisamente al ingreso de los productores.
Pero cuando los subsidios van dirigidos a
la rentabilidad del campo vía precios, ahí no hay problema y aquí coincidentemente
resulta que ahora en el presupuesto diseñado por el Ejecutivo, los subsidios
transparentes vía precios bajaron en un 45% y subieron los de apoyo asistencialista en
aras, quién sabe qué irá a venir electoralmente, precisamente para apoyar la política
en el campo y estoy yo creo que ya debe desaparecer.
Cuando a México se le sometió a una fase
depredadora de la apertura comercial y el campo está actualmente siendo devastado por las
importaciones, nunca dijimos nosotros que los costos de producción podrían tener un
valor bastante funesto para el campo mexicano y resulta que Estados Unidos, Canadá y en
la misma Unión Europea, los subsidios al campo sobrepasan hasta el 60% de lo que aquí en
México se otorgan y esto trae como consecuencia que no podamos competir, pero no
conformes todavía nuestros negociadores del Tratado de Libre Comercio, todavía ponen
precios a los productos de más alta calidad que producimos aquí en México, a competir
con los productos de más baja calidad del extranjero y así están los productos de
consumo residual que se producen en Estados Unidos: la banca de desechos, las vísceras,
el algodón de segunda o tercera clase que otrora, tiempo del Tratado de Libre Comercio,
iban con destino al mar, los tiraban al mar para que no se distorsionaran los precios
dentro de su mercado interno y ahora sirven para competir con los productores nacionales,
desplazándolos del mercado y con subsidio a la exportación.
El problema es estructural. Si nosotros no
empezamos a aplicar los tres instrumentos que tenemos para salvaguardar nuestra
producción nacional, que son las salvaguardas, las cuotas compensatorias y la política
de subsidios, poco podemos hacer ante el gran pulpo que tenemos enfrente, que es Estados
Unidos.
Por eso, cuando nosotros hablamos de
denunciar políticamente al Secretario de Comercio, no hablamos nada más por una medida
de tipo político o exhibicionista; hablamos precisamente porque están violentando todos
los instrumentos jurídicos que tiene el productor nacional para poder competir en una
forma razonada, justa y equitativa y nos dejan a la deriva y aquí es donde estamos
nosotros tratando de corregir estas distorsiones, a través de una política de largo
plazo, objetiva y que le dé certidumbre al productor.
La Conasupo, es cierto, ha sido instrumento
de corrupción, pero es el único instrumento comercializador con que actualmente cuentan
los productores nacionales y la función primordial de la comercialización de grados debe
de estar garantizada en este país, cuando menos cuando no haya otra entidad que sustituya
a la Conasupo y aquí nosotros sí podremos decir que sería fatal en este momento
desaparecer la función principal de la Conasupo, de comercializar granos.
Por último quiero decirles que la otra
ancla que tiene el productor comercializador de granos, productor de granos, es lo que se
refiere a la deuda agropecuaria y si no partimos de la base de que el productor tiene la
necesidad de un esquema de apoyo, tiene que venir de la base misma del ingreso y de la
rentabilidad del productor, no de lo que crean los funcionarios de Hacienda, porque allá
puede haber un esquema, un proyecto de apoyo a deudores y resulta que no lo vamos a poder
pagar porque no parte de la base de la rentabilidad.
Entonces, primero, antes de hablar de apoyo
a deudores agropecuarios, tenemos que hablar de rentabilidad en el campo, porque la
rentabilidad en el campo es la que va a motivar que haya recuperación de carteras, que
haya una producción que podemos tener las bodegas para competir y más que todo detener
esa constante amenaza de perder la soberanía. No echemos en saco roto lo que es la
soberanía alimenticia, porque si ahorita podemos comprar alimentos relativamente a
precios internacionales, el día que no tengamos alimentos en nuestras bodegas ni los
vamos a poder comprar ni vamos a poder otorgar a los mexicanos la certidumbre de la
alimentación, como han caído otros países del orbe.
Por la alimentación caen los mejores
gobiernos; por la alimentación se trastoca toda una norma jurídica; por la alimentación
se puede defender el país, por la alimentación; por eso debemos tener con alta
rentabilidad a nuestros productores nacionales, para proteger al país del imperialismo
que nos está acosando y está en la puerta de nuestra casa.
Muchas gracias.
|
Presidencia
de la diputada
Gloria Lavara Mejía |
Habiéndose recibido el escrito de
propuesta que leyera el orador que antecedió al que actualmente se retira del uso de la
palabra, por la Secretaría, se turna a las comisiones de Agricultura y Comercio.
FORO SOBRE JUSTICIA Y EQUIDAD
DE GENERO
Tiene la palabra la diputada Esthela
Velázquez Sánchez, para la presentación de la relatoria del foro sobre justicia y
equidad de género, hasta por 10 minutos.
|
La
diputada Sara Esthela Velázquez
Sánchez: |
Con su venia, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados y curules que nos acompañan:
Solicité el uso de la palabra en esta alta
tribuna para en nombre de mis compañeras y compañeros de la Comisión de Equidad y
Género de esta LVII Legislatura, presentar a esta soberanía la relatoria del foro sobre
justicia y equidad de género, convocado y realizado por esta comisión, el día 23 de
noviembre próximo pasado y que a la letra dice:
"Realizado en el Salón Verde de esta
Cámara de Diputados, el día 23 de noviembre de 1998, el Foro sobre Justicia y Equidad de
Género, contó con la asistencia de un significativo número de diputadas y diputados
integrantes de esta comisión, de distintos grupos parlamentarios representados en esta
Cámara, así como de especialistas en la materia, servidores públicos, representantes de
instituciones y organismos públicos, privados, sociales y académicos, interesados y
relacionados en los temas de justicia y equidad de género, así como con la aportación
de mujeres que dieron sus testimonios de lo que es la impartición de justicia en México.
"De este foro fueron tres mesas
principalmente, que hablaron sobre enfoque de género en la impartición de justicia,
violencia y delitos sexuales en México, marco legal, delitos de y en contra de las
mujeres, impartición de justicia y tipificación del procedimiento penal desde una
perspectiva de género,
El objetivo del foro fue y es, de contar
con elementos necesarios para detectar los obstáculos que enfrentan las mujeres en los
procesos de procuración y de administración de justicia en nuestro país, a fin de poder
instrumentar propuestas específicas y aquellos mecanismos como la promoción de las
reformas al marco legal vigente en la materia o bien la aplicación de los programas y
políticas públicas que permitan eliminar la situación de discriminación, injusticia e
iniquidad hacia las mujeres y las niñas.
Las y los participantes realizamos un
balance sobre el estado que guarda el sistema de impartición de justicia en México y su
notorio impacto negativo cuando se trata de casos de delitos en contra de las mujeres.
De ahí que se hayan detectado mediante la
presentación en tribuna de algunos testimonios ejemplos de discriminación hacia las
mujeres a la hora de impartir justicia.
En el foro quedó manifiesta la idea de que
es una tarea difícil la que se tiene que emprender a fin de que las mujeres en México
avancen hacia la erradicación de la discriminación de la cual son objeto en diversas
áreas de la vida.
"Hay datos censales que así lo
demuestran: por citar un ejemplo, es la diferencia entre los ingresos femeninos y
masculinos en el Distrito Federal.
"Por otra parte se coincidió que en
diferentes partes del país no son pocos los casos de violencia en los que las mujeres se
ven involucradas, ya sea en el espacio de lo público o en lo privado y en los que se
detecta una clara negligencia e impericia, sin descontar por supuesto la falta de
sensibilidad por parte de algunos funcionarios y representantes de los órganos encargados
de la procuración de justicia.
No obstante lo anterior, se puede observar
que la violencia hacia las mujeres y la impunidad, la justicia y la ausencia de equidad en
el trato hacia ellas, no es exclusiva de ninguna entidad federativa en México, ello
aunado a la agudización de las condiciones de pobreza que afectan especialmente a las
mujeres, como el desempleo, la inflación, el encarecimiento de la vida, que agobian sobre
todo a las mujeres, ya que las más pobres de las pobres, son las mujeres.
La corrupción que aún se presenta por
algunos servidores públicos, encargados de la impartición de justicia, también son
factores de discriminación, iniquidad, injusticia, violencia e impunidad en contra de
quienes representamos el 52% de la población en este país.
Es evidente que los índices de
delincuencia han ido aumentando debido a factores endógenos y exógenos que igualmente
han involucrado a las mujeres, que aun cuando no son de las mismas características de los
cometidos hace cinco años, éstos han crecido en porcentajes altamente preocupantes.
La situación de las mujeres internas en
prisiones de México, por ser en su mayoría madres de familia, es de urgente atención,
puesto que debido al incremento de las incidencias de género, se encuentran educando a
sus hijos e hijas menores dentro de las mismas cárceles y muchas veces nacen dentro de la
misma prisión, lo que genera un medio hostil para los futuros ciudadanos de este
país."
Es cuanto, señor Presidente. Pedimos que
sea turnada a la Comisión de Justicia de esta Cámara las conclusiones de este foro.
Muchas gracias.
«Comisión de Equidad y Género.
Buenos días; con su venia, señor
Presidente:
Solicité el uso de la palabra en esta alta
tribuna para, en nombre de mis compañeras y compañeros diputados que integramos la
Comisión de Equidad y Género de la LVII Legislatura, de la Cámara de Diputados,
presentar a esta soberanía, la relatoria del Foro sobre Justicia y Equidad de Género,
convocado y realizado por la Comisión de Equidad y Género de esta Cámara el 23 de
noviembre próximo pasado y que a la letra dice:
RELATORIA
Realizado en el salón legisladores de la
Cámara de Diputados, el día 23 de noviembre de 1998, el Foro sobre Justicia y Equidad de
Género, contó con la asistencia de un significativo número de diputadas y diputados,
integrantes de los distintos grupos parlamentarios representados en esta soberanía, así
como de especialistas en la materia y servidores públicos, representantes de
instituciones y organismos públicos, privados, sociales y académicos relacionados e
interesados en los temas de Justicia y Equidad de Género, así como con la aportación de
14.
Enfoque de género en la impartición de
justicia en México; violencia y delitos sexuales en México: marco legal y delitos de y
en contra de las mujeres; impartición de justicia y tipificación del procedimiento penal
desde una perspectiva de género.
El objetivo del foro fue y es el de contar
con los elementos necesarios para detectar los obstáculos que enfrentan las mujeres en
los procesos de procuración de administración de justicia en nuestro país, a fin de
poder instrumentar propuestas específicas y aquellos mecanismos como la promoción de las
reformas al marco legal vigente en la materia o bien la aplicación de los programas y
políticas públicas que permitan eliminar la situación de discriminación, injusticia e
iniquidad hacia las mujeres y las niñas.
Las y los participantes realizamos un
balance sobre el estado que guarda el sistema de impartición de justicia en México y su
notorio impacto negativo, cuando se trata de casos de delitos de y en contra de las
mujeres. De ahí que se hayan detectado mediante la presentación en tribuna de algunos
testimonios ejemplos de discriminación hacia las mujeres, a la hora de impartir justicia.
En el foro quedó manifiesta la idea de que
es una tarea difícil la que se tiene que emprender, a fin de que las mujeres en México
avancen hacia la erradicación de la discriminación de la cual son objeto en diversas
áreas de la vida. Hay datos censales que así lo demuestran, por citar un ejemplo, es la
diferencia entre los ingresos femeninos y masculinos en el D.F.
Por otra parte se coincidió que en
diferentes partes del país, no son pocos los casos de violencia en los que las mujeres se
ven involucradas, ya sea en el espacio de lo público o de lo privado y en los que se
detecta una clara negligencia e impericia, sin descontar, por supuesto, la falta de
sensibilidad por parte de algunos funcionarios y representantes de los órganos encargados
de la procuración de justicia.
No obstante lo anterior, se puede observar
que la violencia hacia las mujeres y la impunidad, la injusticia y la ausencia de equidad
en el trato hacia ellas, no es exclusiva de ninguna entidad federativa en México, ello
aunado a la agudización de las condiciones de pobreza que afectan especialmente a las
mujeres, como: el desempleo, la inflación y el encarecimiento de la vida, que agobian,
sobre todo, a las mujeres.
La corrupción que aún se presenta por
servidores públicos encargados de la impartición de justicia, también son factores de
discriminación, iniquidad, injusticia, violencia e impunidad en contra de quienes
representamos el 52% de la población en el país.
Es evidente que los índices de
delincuencia han ido aumentando, debido a factores endógenos y exógenos, que igualmente
han ido involucrando a las mujeres, que aun cuando no son de las mismas características
de los cometidos hace cinco años, éstos han crecido en porcentajes altamente
preocupantes.
La situación de las mujeres internas en
las prisiones de México, por ser en su mayoría madres de familia es de urgente
atención, puesto que debido al incremento de las incidencias de género, se encuentran
educando a sus hijas e hijos menores dentro de las mismas cárceles y en muchas de las
veces, que nacen dentro de la propia prisión, lo que genera un medio hostil para los
futuros ciudadanos de este país.
En cuanto, señor Presidente.
El contenido íntegro de la relatoria ha
sido publicado ya en la Gaceta Parlamentaria el 26 de noviembre de este año.
Muchas gracias.
Foro sobre Justicia y Equidad de Genero.
Relatoria.
Realizado en el salón verde de la Cámara
de Diputados, el día 23 de noviembre de 1998, el Foro sobre Justicia y Equidad de
Género, contó con la asistencia de un significativo número de diputadas y diputados,
integrantes de los distintos grupos parlamentarios representados en esta soberanía, así
como de especialistas en la materia y servidores públicos, representantes de
instituciones y organismos públicos, privados, sociales y académicos relacionados e
interesados en los temas de Justicia y Equidad y de Género, así como con la aportación
de 14 ponentes cuyas temáticas giraron en torno a tres temas, a saber: enfoque de género
en la impartición de justicia en méxico; violencia y delitos sexuales en México: marco
legal y delitos de y en contra de las mujeres; impartición de justicia y tipificación
del procedimiento penal desde una perspectiva de género.
De conformidad con el objetivo del foro, en
el sentido de contar con los elementos necesarios para detectar los obstáculos que
enfrentan las mujeres en los procesos de procuración y de administración de justicia en
nuestro país, a fin de poder instrumentar propuestas específicas, aquellos mecanismos
tales como la promoción de las reformas al marco legal vigente en la materia o bien la
aplicación de los programas y políticas públicas que permitan eliminar la situación de
discriminación, injusticia e iniquidad hacia las mujeres y las niñas, las y los
participantes realizaron un balance sobre el estado que guarda el sistema de impartición
de justicia en México y su notorio impacto negativo cuando se trata de casos de delitos
de y en contra de las mujeres. De ahí que se hayan detectado, mediante la presentación
en tribuna de algunos testimonios, ejemplos de discriminación hacia las mujeres a la hora
de impartir justicia.
En el foro quedó manifiesta la idea de que
es una tarea difícil la que se tiene que emprender, a fin de que las mujeres en México
avancen hacia la erradicación de la discriminación de la cual son objeto en diversas
áreas de la vida. Hay datos censales que así lo demuestran, uno de ellos, por citar un
ejemplo, es la diferencia entre los ingresos femeninos y masculinos en el Distrito
Federal.
Por otra parte se coincidió en que en
diferentes partes del país, no son pocos los casos de violencia en los que las mujeres se
ven involucradas, ya sea en el espacio de lo público o de lo privado y en los que se
detecta una clara negligencia e impericia, sin descontar, por su puesto, la falta de
sensibilidad por parte de los funcionarios y representantes de los órganos encargados de
la procuración de justicia.
No obstante lo anterior, se puede observar
que la violencia hacia las mujeres y la impunidad, la injusticia y la ausencia de equidad
en el trato hacia ellas, no es exclusiva de ninguna entidad federativa de México. Ello
aunado a la agudización de las condiciones de pobreza que como está comprobado, afecta
más a las mujeres, el desempleo de las mujeres, la inflación y el encarecimiento de la
vida, que agobian sobre todo, a las mujeres, así como la corrupción; representan
también factores de discriminación, iniquidad, injusticia, violencia e impunidad en
contra de quienes representamos el 52% de la población en el país.
Los índices de delincuencia femenil han
ido aumentando, debido a factores endógenos y exógenos, que igualmente han ido
evolucionando, los delitos cometidos por mujeres no son de las mismas características que
los cometidos hace cinco años.
La situación de las mujeres en las
prisiones en México, por ser en su mayoría madres de familia, es de urgente atención,
puesto que debido al incremento de la incidencia de género, se encuentran educando a sus
hijas menores, dentro de las mismas cárceles y en muchas de las veces éstas nacen dentro
de la propia prisión, lo que genera un medio hostil para las futuras ciudadanas de este
país.
Para el primer tema se registraron seis
ponencias, mientras que para el segundo tema se anotaron cuatro intervenciones y,
finalmente el tercer tema contó con tres intervenciones.
Relativo al tema de enfoque de género en
la impartición de justicia en México, se recogieron las siguientes recomendaciones:
Buscar realmente una igualdad en la
impartición de justicia, preparándose cada vez mejor para buscar una participación
equitativa en el ejercicio del Poder Judicial.
No buscar confrontación en lo ya
establecido como son instituciones, sino que se debe realmente activar lo que tiene un fin
específico y justo y no buscar mecanismos de acción que solamente nos han dejado en el
mismo punto de conflicto.
Impartir además una cultura de equidad
entre los seres humanos, así como difundir la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en donde se establecen los principios de igualdad entre mujeres y hombres,
agregándole además una perspectiva de género.
Crear más órganos encargados de la
defensa y promoción de los Derechos Humanos de las mujeres y los hombres.
Modificaciones al artículo 170 de la Ley
Federal del Trabajo.
"I. Durante el periodo del embarazo no
se realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para
su salud en relación con la gestación, tales como: levantar, tirar o empujar grandes
pesos, que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo, que actúen o puedan
alterar su estado síquico o nervioso.
Asimismo se procurará el cuidado en el
periodo de embarazo y gestación, permitiendo a la mujer asistir a las consultas que el
médico, con título y cédula profesional que le atiende, considere estrictamente
necesario para el correcto desarrollo del producto.
II. Disfrutarán de un descanso de seis
semanas anteriores y seis posteriores al parto.
III. Los periodos de descanso a que se
refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario, en el caso de que
se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto.
IV. En periodo de lactancia tendrán dos
reposos extraordinarios por día de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos en el
lugar adecuado e higiénico que designe la empresa.
V. Durante los periodos de descanso a que
se refiere la fracción II, percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga
mencionados en la fracción III, tendrán derecho al 50% de su salario, por un periodo
mayor de 60 días.
Cuando la mujer perciba un salario inferior
a dos salarios mínimos, gozará de la plenitud de su salario regular, durante el periodo
señalado en la fracción II de este artículo.
VI. Al regresar al puesto que
desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto y
VII. Que se tomen en cuenta en su
antigüedad los periodos pre y posnatal."
En todos los niveles del orden jurídico y
en las estructuras orgánicas del sistema de justicia, debe incluirse la perspectiva de
género como condición básica de la vida democrática.
Que se genere un cambio sustancial en los
programas de educación pública, para que desde el sistema de educación preescolar se
dé un cambio profundo tendiente a la restitución de los valores correspondientes a las
mujeres como parte importante en el desarrollo de la humanidad.
Que se generen programas culturales que
promuevan el cambio de mentalidad.
Que la educación sea integracionista e
incluyente para ambos géneros.
Que se definan los derechos y prerrogativas
de género, si las hubiere.
Que se diseñen programas culturales y
sociales encaminados a que la mujer se reconozca en su justo valor, así como reconocer
que su participación social integral es inexcusable.
Se considera necesario acudir a los
estratos sociales más carentes para promover su superación cultural con vistas a la
superación del género femenino y su reconocimiento por parte de ambos.
Se propone el establecimiento de escuelas
para padres, de forma obligatoria, como un medio más de actualización sociocultural
familiar.
Propiciar espacios de investigación
sociológica y antropológica relacionados con el problema que nos ocupa.
Crear espacios donde las mujeres
experimenten diferentes alternativas que enriquezcan su vida personal, para que a través
de una superación constante sirvan de motivación para otras mujeres de su comunidad.
Crear una comisión político-legislativa,
que vigile constantemente para mantener vigente este ideario.
Se requiere de la capacitación de los
funcionarios y litigantes, a fin de garantizar el respeto a los derechos de las mujeres
involucradas directa o indirectamente en algún delito.
Es menester que se canalicen mayores
recursos al sistema, encargado de la impartición de justicia en México, toda vez que el
número de juzgados existentes es sumamente insuficiente para atender el cada vez mayor
número de delitos que se cometen a diario en todo el país.
Debe, además, incluirse la perspectiva de
género en todos los niveles del orden jurídico y en las estructuras orgánicas del
sistema de justicia, como una condición esencial para que exista la justicia para las
mujeres por parte de los agentes del Ministerio Público, los juzgadores y defensores.
Es necesario crear instancias de
"quejas", con el fin de prevenir algunos casos de abuso que pudieran darse en
clínicas y hospitales del sector salud, por parte del personal médico, doctores,
doctoras, enfermeras, enfermeros en los que las pacientes acuden a solicitar un servicio
médico, mismo que no amerita una revisión ginecológica y que muchas veces las mujeres
por pena o temor de que les sea negada la atención, terminan aceptando.
Tocante al segundo tema, denominado:
violencia y delitos sexuales en México: marco legal, las propuestas externadas fueron las
siguientes:
La violencia sexual dentro y fuera del
hogar es un factor criminógeno que merece el diseño de políticas públicas
específicas, por lo que el Estado y la sociedad civil deben coadyuvar a crear un orden
jurídico que sancione eficazmente la violencia en el hogar e involucre a todos los
sectores en la construcción de una conciencia social que la prevenga y elimine, como una
condición básica de la democracia como sistema de vida.
Existe la necesidad de reiterar el
carácter irreductible y siempre vigente de los derechos de las mujeres, la obligación de
protegerlos y garantizarlos en toda circunstancia sin subordinarlos ni mediatizarlos para
así no vaciarlos de contenido.
La gravedad de las distintas
manifestaciones de violencia sexual, exige acciones urgentes para apoyar y proteger a las
víctimas y lograr que las mujeres puedan hacer valer y ejercer sus derechos como personas
y que la sociedad cuente con los instrumentos para sancionar a los agresores. De igual
modo, es necesario diseñar e implementar estrategias preventivas en las instancias
políticas, legislativas, judiciales y educacionales, cuyos efectos positivos se podrán
visualizar a mediano y largo plazos.
En la actualidad es necesario reformar las
sanciones de nuestro Código Penal para el D.F., a fin de castigar con mayor rigor los
delitos sexuales que son cometidos en contra de las personas, principalmente mujeres, las
sanciones en cuanto a estos delitos deberían contemplar la posibilidad de juzgar a
menores de edad, no por su edad, sino por la gravedad del delito que cometieron, ya que
muchos menores de edad se escudan en esta situación para cometer los ilícitos.
También es necesario que los servidores
públicos, como lo son la Policía y las personas encargadas de ministerios públicos
tengan una mejor preparación tanto física como moral, para evitar el abuso en el uso de
sus funciones y agilizar el cumplimiento de la protección de los derechos de la mujer, ya
que si se agiliza el papeleo dentro de los ministerios públicos, se podrá consignar con
mayor rapidez a los delincuentes.
Se requiere de la unión y de la sociedad,
conjunta de los hombres y de las mujeres para erradicar la violencia, así como de la
reflexión y sensibilización comunitaria con el fin de realizar un marco jurídico,
protector de las estructuras sociales y por tanto del núcleo de las mismas, como es la
familia, en donde todas y todos seamos vistos como lo que somos, seres humanos con
dignidad.
Una de las primeras acciones, puede ser una
campaña en la que se promuevan formas de convivencia armoniosa y de prevención en la que
se respete la dignidad de la mujer, así como la divulgación, a través de los medios de
comunicación, el tema de la violencia intrafamiliar y el dar a conocer a la población,
cuáles son las autoridades competentes en este tema, para garantizar la concientización
y por ende la atención oportuna y eficiente de las personas directamente involucradas.
Resulta importante la sensibilización y
capacitación de los jueces, secretarios de acuerdo, ministerios públicos y en general de
todas las autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia.
Finalmente, las propuestas derivadas del
tercer tópico, relacionado con delitos de y en contra de las mujeres; impartición de
justicia y tipificación del procedimiento penal desde una perspectiva de género fueron:
En cuanto a la procuración de justicia,
consideramos que debe realizarse un estudio exhaustivo para conocer e implantar medidas
adecuadas a la sociedad y las procesadas, pues en un alto índice, desde que son
detenidas, sufren de malos tratos, torturas e incluso violaciones, esto en virtud del
hecho de ser mujeres.
Es necesario implantar medidas de política
criminal especializada a atender este sector tan importante para el país.
Como medida inmediata, urge llevar a cabo
políticas carcelarias que coadyuven a evitar una sobrepoblación en área de mujeres en
las prisiones de la República Mexicana.
Se proponen reformas al Código Penal con
aumento de las penas a los delitos sexuales. Aun cuando es sabido que elevar la penalidad
de los delitos sexuales no es suficiente; por lo que se propone además la creación de
programas multidisciplinarios que tiendan a una educación que prevenga este tipo de
delitos.
Se propone reformar los siguientes
artículos del Código Civil del Distrito Federal y para toda la República en Materia de
Fuero Federal:
Artículo vigente
Artículo 148. Para contraer matrimonio, el
hombre necesita haber cumplido 16 años y la mujer 14. El jefe del Departamento del
Distrito Federal o los delegados, según el caso, pueden conceder dispensas de edad por
causas graves y justificadas.
Artículo propuesto
Artículo 148. Para contraer matrimonio,
tanto la mujer como el hombre, necesitan tener 16 años cumplidos.
Justificación:
En México la tendencia demográfica en
relación a la edad de contraer matrimonio va en aumento, en 1970, el 9.24% de los
jóvenes, entre los 15 y los 29 años de edad se casaban de los 15 a los 19 años,
mientras que en 1990 el porcentaje disminuyó al 6.40%. No obstante, la unión libre
aumentó marginalmente en ese mismo periodo, pasando de un 3.37% del total de los jóvenes
de 15 a 29 años, que se unían de los 15 a los 19 años, a un 3.82% en 1990.
Lo ideal sería fijar la edad para contraer
matrimonio, equipándola a la mayoría de edad (18 años) y aunque la tendencia es que las
mujeres y los hombres se casen más grandes, en este momento al establecer la edad a los
18 años, probablemente provocaría el aumento en las uniones libres.
Artículo vigente
Artículo 149. La hija o el hijo que no
hayan cumplido 18 años, no pueden contraer matrimonio sin consentimiento de su padre o su
madre, si vivieran ambos o el que sobreviva. Este derecho lo tiene la madre, aunque haya
contraído segundas nupcias, si la hija o el hijo vive con ella. A falta o por
imposibilidad de los padres, se necesita el consentimiento de los abuelos paternos, si
vivieran ambos o del que sobreviva; a falta o por imposibilidad de los abuelos paternos,
si los dos existieren o del que sobreviva, se requiere el consentimiento de los abuelos
maternos.
Artículo propuesto
Artículo 149. La hija o el hijo que no
hayan cumplido 18 años, no pueden contraer matrimonio sin consentimiento de su padre o de
su madre, si vivieren ambos o el que sobreviva. Este derecho lo tiene la madre, aunque
haya contraído segundas nupcias, si la hija o el hijo vive con ella. A falta o
imposibilidad de los padres, otorgarán su consentimiento los ascendientes en segundo
grado, en el orden que determine el juez de lo familiar.
Justificación:
No existen fundamentos para determinar que
faltando los padres, los abuelos paternos, tengan preminencia para otorgar su
consentimiento en el caso señalado, lo cual constituye una discriminación a la línea
ascendiente de la mujer. Por otro lado, el artículo 414 del mismo Código Civil, nos da
la pauta para una solución equitativa, al establecer que en ausencia de los padres.
"(...)" Ejercerán la patria potestad sobre los menores, los ascendientes en
segundo grado en el orden en que determine el juez de lo familiar... "(...) "
Artículo vigente
Artículo 156. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
VII. Son impedimentos para celebrar el
contrato de matrimonio:
I a la VI. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
VII. En caso de rapto, subsiste el
impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a un lugar
seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad;
Artículo propuesto
Artículo 156. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
VII. La fuerza o miedo graves. . . . . . .
. . . . . . .
Justificación:
Este tipo penal, casi novelesco fue
derogado hace muchos años del Código Penal, por lo que el recuerdo de este tipo de
violencia hacia la mujer, debe ser eliminada del texto.
Artículo vigente
Artículo 325. Contra esta presunción (la
de hijos de los cónyuges artículo 324) no se admite otra prueba que la de haber sido
físicamente imposible al marido, haber tenido acceso carnal con su mujer en los...
Artículo propuesto
Artículo 325. Contra esta presunción no
se admite otra prueba que la de haber sido físicamente imposible al marido establecer
relaciones sexuales con su cónyuge en los...
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de
noviembre de 1998.—Diputados: Carmen Moreno Contreras, Clarisa Catalina Torres
Méndez, Elsa Patria Jiménez Flores, Laura Itzel Castillo Juárez y Patricia Espinosa
Torres.»
Túrnese a la Comisión de Justicia.
Acerca de la proposición sobre la
revisión de títulos de concesión y tarifas en autopistas privadas, no incluidas en el
rescate carretero, así como la excitativa a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión
Social y de Vivienda, pasan a la sesión de mañana.
Continúe la Secretaría con los asuntos en
cartera.
ORDEN DEL
DIA
|
La
secretaria María Martha Veyna Soriano: |
Con su venia, señorita Presidenta:
Señorita Presidenta: se han agotado los
asuntos en cartera de la sesión pública.
Se va a dar lectura al orden del día de la
próxima sesión,
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.—Segundo Año.—LVII Legislatura.
Orden del día
Martes 8 de diciembre de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de
Chiapas.
Iniciativas de diputados
Que reforma el artículo 84 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 15 de la Ley del
Servicio Militar Nacional, a cargo del diputado José Armando Jasso Silva, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Agenda política
Comentarios sobre salarios mínimos, a
cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre la aplicación de los
recursos federales, ejercidos por el gobierno del Distrito Federal, en su primer año del
periodo constitucional, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Deliberativo.)
Comentarios y evaluación del primer año
de gobierno del Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Deliberativo.)
Punto de acuerdo, sobre la Reforma Agraria,
a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión.)
Comentarios sobre el presupuesto, en
relación a la actividad comercial, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
| El Presidente (a
la 16:34 horas): |
Se levanta la sesión y se cita para
la que tendrá lugar mañana, 8 de diciembre, a las 11:00 horas.
(Sesión secreta.)
RESUMEN
DE TRABAJOS.
* Tiempo de duración: 5 horas 21 minutos.
* Quorum a la apertura de sesión: 263
diputados.
* Temas de agenda política: 3.
* Oradores en Tribuna: 29
PRI-7; PRD-11; PAN-7; PT-2; Ind.-2.
Se recibieron.
* 1 iniciativa del Congreso del Estado de
Baja California.
* 1 comunicación del Congreo del Estado de
Quintana Roo;
* 1 comunicación del Congreso del Estado
de Tamaulipas;
* 3 iniciativas del PRD;
* 1 iniciativa del PRI;
* 1 iniciativa de la Comisión de
Agricultura;
* 1 iniciativa de la Comisión de Asuntos de
la Juventud.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en
esta edición:
| Aserca |
Apoyos y Servicios a la Comercialización
Agropecuaria. |
| Banamex |
Banco Nacional de México, Sociedad Anónima. |
| Bancrecer |
Banco de Crédito y Crecimiento, Sociedad
Anónima. |
| BCH |
Banco de Cédulas Hipotecarias. |
| Boruconsa |
Bodegas Rurales de la Compañía Nacional de
Subsistencias Populares, Sociedad Anónima de Capital Variable. |
| Cetes |
Certificados de la Tesoreria de la
Federación. |
| Conade |
Comisión Nacional del Deporte. |
| Conalep |
Colegio Nacional de Educación Profesional. |
| Conampros |
Comité Nacional Mixto de Protección al
Salario. |
| Conasupo |
Compañía Nacional de Subsistencias
Populares. |
| D.F. |
Distrito Federal. |
| FAM |
Fondo de Aportaciones Múltiples. |
| Fameval |
Fondo de Apoyo al Mercado de Valores. |
| Fobaproa |
Fondo Bancario de Protección al Ahorro. |
| Fogade |
Fondo de Garantía de Depósito. |
| ICA |
Ingenieros Civiles Asociados. |
| IFE |
Instituto Federal Electoral. |
| IMSS |
Instituto Mexicano del Seguro Social. |
| Infonavit |
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores. |
| ISSFAM |
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas. |
| ISSSTE |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabjadores del Estado. |
| PAN |
Partido Acción Nacional. |
| PND |
Plan Nacional de Desarrollo. |
| PRD |
Partido de la Revolución Democrática |
| PRI |
Partido Revolucionario Institucional. |
| Procampo |
Programa de Apoyos Directos al Campo. |
| Promex |
Banca de la Provincia Mexicana |
| PT |
Partido del Trabajo. |
| Sagar |
Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural. |
| Serfin |
Servicios Financieros Integrados. |
| UNESCO |
Organización Educacional, Científica y
Cultural, de las Naciones Unidas. |
|