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Presidencia
del diputado
Luis Patiño Pozas : |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados,
para conocer si existe el quorum reglamentario.
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El
secretario Martín Contreras Rivera: |
Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 258 diputados. Por lo tanto, hay quorum, señor
Presidente.
| El Presidente (a
las 10:55 horas) : |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL
DIA
|
El
secretario Martín Contreras Rivera: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.—Segundo Año.—LVII Legislatura.
Orden del día
Martes 8 de diciembre de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de
Chiapas.
Comunicación de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política. (Cambios de integrantes de comisiones.)
Iniciativas de diputados
Que adiciona un párrafo segundo al
artículo 84 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a cargo
del diputado Alejandro Jiménez Taboada, del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 15 de la Ley del
Servicio Militar Nacional, a cargo del diputado José Armando Jasso Silva, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
De decreto que reforma diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Teobaldo
López Huertas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno
a comisión.)
Minutas
Proyecto de decreto que concede permiso al
ciudadano Jorge Corvera Gibsone, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de
Sudáfrica, en la ciudad de Guadalajara con circunscripción consular en el Estado de
Jalisco. (Turno a comisión.)
Proyecto de decreto que concede permiso al
ciudadano Enrique Almazán Granados, para prestar servicios como telefonista, en la
Embajada de los Estados Unidos de América en México. (Turno a comisión.)
Proposición
Sobre la revisión de títulos de
concesión y tarifas en autopistas privadas no incluidas en el rescate carretero, a cargo
del diputado Sergio Valdés Arias, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Excitativa
A las comisiones unidas de Trabajo y
Previsión Social y de Vivienda, a cargo del diputado Alberto López Rosas, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Agenda política
Comentarios sobre la aplicación de los
recursos federales, ejercidos por el gobierno del Distrito Federal, en su primer año del
periodo constitucional, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Deliberativo.)
Punto de acuerdo, sobre la Reforma Agraria,
a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Comentarios sobre salarios mínimos, a
cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Deliberativo.)
Comentarios sobre el presupuesto, en
relación a la actividad comercial, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Deliberativo.)»
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del día
es la discusión del acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el lunes siete de diciembre de mil
novecientos noventa y ocho, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del
Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
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Presidencia
del diputado
Felipe Urbiola Ledesma : |
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las once horas con trece minutos del lunes siete de diciembre de mil
novecientos noventa y ocho, con una asistencia de doscientos sesenta y tres diputados, el
Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día
y la Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en sus términos, en votación
económica.
Se da cuenta con diversas comunicaciones de
los congresos de los estados de: Baja California, con el que comunica el punto de acuerdo
en el que se solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, su apoyo e
intervención para que se incremente el gasto público en el sector educativo. Se turna a
las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Educación.
Quintana Roo y Tamaulipas, con las que
informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Otra de la Asamblea de Representantes del
Distrito Federal, con la que informa de actividades propias de su fuero. De enterado.
Se da lectura a comunicaciones de la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con las que informa de cambios en
la estructura de las comisiones legislativas. De enterado.
Se concede el uso de la palabra, para
presentar diversas iniciativas, a los diputados:
Victorio Rubén Montalvo Rojas, del Partido
de la Revolución Democrática, de reformas a los artículos ochenta y dos y noventa y
uno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con la opinión de la Comisión de
Asuntos de la Juventud.
Víctor Manuel López Balbuena, del Partido
Revolucionario Institucional, de reformas al artículo cuarenta de la Ley de Coordinación
Fiscal, se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público con la opinión de la de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Jacaranda Pineda Chávez, del Partido
Revolucionario Institucional, reformas al artículo trece de la Ley Federal de Radio y
Televisión. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Raúl Monjarás Fernández, del Partido
Acción Nacional, con proyecto de decreto que abroga la Ley de Navegación y Comercio
Marítimo y se adiciona un capítulo a la Ley de Navegación. Se turna a la Comisión de
Comunicaciones y Transportes.
Miguel Angel Solares Chávez, del Partido
de la Revolución Democrática, de reformas al artículo cincuenta y siete de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Se turna a
las comisiones de Trabajo y Previsión Social y a la de Seguridad Social.
Enrique Bautista Villegas, a nombre de la
Comisión de Agricultura, de reformas al artículo treinta y tres de la Ley de
Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Olga Medina Serrano, del Partido de la
Revolución Democrática, de reformas al artículo tercero de la Ley Federal del Impuesto
sobre Automóviles Nuevos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Deliberan sobre el Fondo Bancario de
Protección al Ahorro, los diputados: Jorge Silva Morales, del Partido de la Revolución
Democrática; Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Partido del Trabajo; Gerardo Buganza
Salmerón, del Partido Acción Nacional, quien acepta y responde a una interpelación del
diputado Ramírez Cuéllar y otra de la diputada Soto López; María de los Dolores
Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, y Charbel Jorge Estefan
Chidiac, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta interpelaciones de los
diputados Silva Morales, Ramírez Rodríguez, Solano Castro, Oceguera Ramos y Cárdenas
Fonseca.
Durante la intervención del diputado
Estefan Chidiac, los diputados Padierna Luna, Sánchez Martínez, Rojas Arreola y Morales
Aceves, hacen sendas mociones de orden que el Presidente comenta y aclara.
Para contestar alusiones personales, hacen
uso de la palabra los diputados: María de los Dolores Padierna Luna, Jorge Silva Morales
y Alvaro Arceo Corcuera, todos del Partido de la Revolución Democrática.
En el segundo turno de oradores, hacen uso
de la palabra los diputados Alberto González Domene, del Partido Acción Nacional; Raúl
Martínez Almazán, del Partido Revolucionario Institucional; Luis Patiño Pozas, del
Partido del Trabajo; Angel de la Rosa Blancas, del Partido de la Revolución Democrática;
Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del Partido Acción Nacional, y José Antonio Estefan
Garfias, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos, hablan los
diputados Maximiano Barbosa Llamas; Arturo Saiz Calderón García, del Partido Acción
Nacional; Marcelo Luis Ebrard Casaubón, independiente; Jesús Samuel Maldonado Bautista,
del Partido de la Revolución Democrática.
Solicita y le conceden el uso de la palabra
al diputado Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional, quien presenta la
solicitud de ampliación del puente internacional Zaragoza-lsleta y denuncia hechos que
calificó como ilícitos en dicha prórroga. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y
Transportes.
Para comentar la comercialización de los
productos del campo, se concede el uso de la palabra a los diputados: José Gascón
Mercado, del Partido Revolucionario Institucional, y Joaquín Montaño Yamuni, del Partido
Acción Nacional. Se turna a las comisiones de Agricultura y a la de Comercio.
|
Presidencia
de la diputada
Gloria Lavara Mejía : |
Sube a la tribuna la diputada Sara
Esthela Velázquez Sánchez, quien a nombre de la Comisión de Equidad y Género, presenta
la relatoria del foro sobre justicia y equidad de género. Se turna a la Comisión de
Justicia.
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura
la de hoy a las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos, citando para la que tendrá
lugar mañana, martes ocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, a las diez
horas.»
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El
secretario Espiridión Sánchez López: |
Está a discusión el acta... No
habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
ESTADO DE
CHIAPAS
|
El
secretario Martín Contreras Rivera: |
Se va a dar lectura a una
comunicación.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.—Estado y Libre y Soberano de Chiapas.—Honorable Congreso.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.—Presentes.
La LX Legislatura constitucional del
Estado, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado y el
numeral 28 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, quedó legalmente instalada el
día de hoy e inició el primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al primer
año de ejercicio legal, quedando integrada la mesa directiva de la siguiente manera:
Diputados: José Antonio Aguilar Bodegas,
presidente; Jorge Rosendo Santiago Ramírez y Edgar Valente de León Gallegos,
vicepresidente; Mario Carlos Culebro Velazco, María Elena Orantes López, Manuel de
Jesús Pano Becerra y Miguel Arturo Ramírez López, secretarios.
Asimismo en términos del numeral 44 de la
propia ley, el diputado José Antonio Aguilar Bodegas, líder de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, mayoría en esta LX Legislatura
del Estado, será en consecuencia Presidente de la Gran Comisión de la misma.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 16 de
noviembre de 1998.—Por el honorable Congreso del Estado, diputados: Mario Carlos
Culebro Velazco y María Elena Orantes López, secretarios.»
De enterado.
COMISIONES
DE TRABAJO
|
El
secretario Espiridión Sánchez López: |
Tenemos un oficio de la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política.
«Diputada Gloria Lavara Mejía, presidenta
de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.—Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 34, 27 incisos b y d y 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones,
Integración del Orden del Día los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados,
aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente
podrá encontrar el siguiente documento signado por el diputado José de Jesús Martín
del Campo Castañeda, vicecoordinador de proceso legislativo del grupo parlamentario del
PRD, donde solicita cambios en comisiones. Lo anterior, para que se le dé el trámite
correspondiente.
Que la diputada Silvia Oliva Fragoso
sustituye al diputado Jorge Silva Morales, en la Comisión Investigadora del
Funcionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 7 de
diciembre de 1998.—Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.—Cámara de Diputados.—LVII Legislatura.
Diputado Arturo Núñez Jiménez,
presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de
Diputados.—Presente.
Por este conducto le informo a usted que la
diputada Silvia Oliva Fragoso, se incorporará como miembro en la Comisión Investigadora
del IMSS, en sustitución del diputado Jorge Silva Morales. Lo anterior para los avisos
que sean pertinentes.
Agradeciendo de antemano su atención,
aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
México, D.F., a 7 de diciembre de
1998.—Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, vicecoordinador de
proceso legislativo.»
De enterado.
LEY GENERAL DE
EQUILIBRIO
ECOLOGICO Y PROTECCION
AL AMBIENTE
Tiene la palabra el diputado
Alejandro Jiménez Taboada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, para presentar una iniciativa que adiciona un párrafo segundo al artículo 84 de
la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
|
El
diputado Jorge Alejandro Jiménez
Taboada: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
«Cámara de Diputados de la LVII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión.—Presentes.
Jorge Emilio González Martínez, Aurora
Bazán López, Jorge Alejandro Jiménez Taboada, Gloria Lavara Mejía y Verónica Velasco
Rodríguez, diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión,
integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con
fundamento en los artículos 71 fracción ll, 72 y 135 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y 55 fracción ll, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión
de Ecología y Medio Ambiente, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la
honorable Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión,
la siguiente iniciativa de ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Poder Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, tiene la facultad expresa de
formular y conducir la política ambiental nacional, procurando la estricta regulación
del aprovechamiento sustentable, de la protección y preservación de los recursos
forestales, del suelo, las aguas nacionales, la biodiversidad, la flora y la fauna y los
demás recursos naturales.
Para hacer frente a la responsabilidad que
se le ha encomendado, dicha autoridad tiene la facultad de emitir, con la participación
que corresponda a otras dependencias y autoridades, normas oficiales mexicanas en materia
ambiental, que regulan la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente,
los ecosistemas naturales y el aprovechamiento, preservación, conservación y protección
de las diversas especies de flora y fauna silvestres existentes en nuestro país.
Así, el día 16 de mayo de 1994, fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana
NOM-059-ECOL-1994 en la que se señalan las especies y subespecies de flora y fauna
silvestre, terrestre y acuática, en peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a
protección especial, en donde se establecen las especificaciones para su debida
protección. Esta norma, señoras y señores diputados, aún está vigente.
Si consideramos que la biodiversidad del
país representa un patrimonio invaluable de todos los mexicanos y aún más, del mundo
entero y que para la adecuada protección de las especies se requiere que podamos
reconocerlas, resulta poco conveniente que en la publicación de esta Norma Oficial, la
gran mayoría de las especies se identifiquen únicamente por su nombre científico y
sólo en algunas aparezca su nombre común, sobre todo, porque quien puede identificarlas
para evitar su depredación, son, principalmente, los propios mexicanos; además, de que
en la lista no figura ninguna imagen que nos ayude a identificar la especie, para que, por
lo menos, al visualizarla y comparándola con la que se encuentre en la lista que enuncia
a las especies protegidas, pueda acudir con la autoridad ambiental competente para
denunciar su comercialización o uso inapropiado.
Es derecho de todos los mexicanos, el tener
acceso a la información ambiental en idioma castellano, además del latín, sobre todo
porque este último sólo sirve como un criterio técnico de clasificación o
identificación por los biólogos y demás estudiosos de las especies animales y
vegetales, por lo que resulta contradictorio e incongruente, el que aún en la actualidad
las publicaciones de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en el
Diario Oficial de la Federación, sobre la diversidad de especies de flora y fauna
silvestres existentes en nuestro país, solamente puedan ser comprendidas por un pequeño
sector de la población compuesto por los científicos y por aquellos que dominan el
latín; además, de que quienes en última instancia colaboran con la conservación de
dichas especies es la gente común y no la versada en el latín.
Para ser más explícitos, señalaremos las
siguientes 10 especies, elegidas al azar de la Norma Oficial Mexicana-059-ECOL-1994, misma
que regula lo referente a la fauna silvestre, y que se encuentran clasificadas como en
peligro de extinción o sujetas a protección especial en toda la República Mexicana:
Ara macao, ara militaris, amazona oratrix,
antilocapia americana, alovatta pigra, cynomys mexicanus, ovis canadensis, ateles
geoffroyi, ursus americanus y crotalus transversus.
Después de escuchar los nombres de las
anteriores especies, resulta para todos nosotros difícil poder determinarlas e
identificarlas con una imagen cierta o un nombre común. No sé, señores diputados, si
alguno de ustedes haya logrado identificar a alguna de las especies que acabo de
mencionar.
Permítanme ustedes, leerles el nombre
común en el mismo orden de las especies mencionadas, que amablemente dos compañeros
biólogos me proporcionaron:
Guacamaya escarlata, guacamaya militar,
loro cabeza amarilla, berrendo, mono sarahuato o aullador negro, perrito de pradera
mexicano, borrego cimarrón, mono araña, oso negro, vibora de cascabel.
Si tomamos en consideración el siguiente
listado publicado en la norma oficial mencionada, veremos que prácticamente resulta
imposible, que cualquier ciudadano mexicano pueda identificar y comprender sin problemas,
a la especie o subespecie que nos indica.
Por ello, resulta necesario que toda
publicación relacionada con nuestra biodiversidad sea de fácil acceso y comprensión
para los distintos sectores sociales, étnicos y culturales de nuestra sociedad, sobre
todo considerando que el idioma oficial en nuestro país es el castellano; y por tal
razón, solicitamos que se determine la obligación por medio de la cual la Secretaría
del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca deba incluir en todas sus publicaciones
oficiales, la adición del nombre común, además del latín, para que así todos los
mexicanos tengamos acceso al derecho a la información en nuestro propio lenguaje.
Asimismo, para facilitar aún más la
aplicación de la Norma Oficial Mexicana 059-ECOL-1994, se propone la adición de un
dibujo o esquema ilustrado de las especies animales y vegetales que en ella aparecen.
Aunado a lo anterior, consideramos que en
el listado correspondiente, donde se enuncien las especies de flora y fauna a conservar y
proteger, se deberá incluir necesariamente la clasificación de especies y subespecies
como en peligro de extinción, amenazadas, sujetas a protección especial o endémicas, a
efecto de establecer las medidas correspondientes para su protección, debiéndose
realizar los estudios que resulten pertinentes para determinar su clasificación con una
periodicidad mínima de tres años contados a partir de la vigencia de ésta. Por ello,
consideramos que tiene la misma importancia la enunciación de los nombres de las especies
con su nombre común, como la clasificación y subclasificación respectivas.
Por estas razones, solicitamos que a partir
de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigencia,
de este decreto, por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 84 de la Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; en toda publicación oficial
referente a las especies y subespecies de flora y fauna silvestres, se incluya de manera
obligatoria, además del nombre científico de cada especie, su nombre o nombres (en caso
de tener varios que sean homónimos) en idioma castellano, para que de esta manera, la
información publicada sea de fácil acceso a todos los mexicanos y no sólo a los
pequeños sectores de la sociedad, como sucede hasta ahora.
Por ello, sometemos a esta Cámara de
Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente
INICIATIVA DE DECRETO
Mediante el cual se adiciona un párrafo
segundo al artículo 84 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente.
Artículo único. Se adiciona un párrafo
segundo al artículo 84 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 84.. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
La Secretaría, al emitir cualquier
disposición tendiente a la regulación del uso o aprovechamiento sustentable de la flora
y fauna silvestres, incluirá, además del nombre científico de las especies, el nombre o
nombres comunes, para lograr su mejor comprensión. Asimismo, cuando se trate de listados
para la identificación de especies de la flora y la fauna silvestres, se incluirá un
dibujo o esquema ilustrado que facilite su plena identificación. En el listado
correspondiente se deberá incluir necesariamente la clasificación de especies y
subespecies en peligro de extinción, amenazadas, sujetas a protección especial o
endémicas, a efecto de establecer las medidas correspondientes para su protección,
debiéndose realizar los estudios que resulten pertinentes para determinar su
clasificación con una periodicidad mínima de tres años, contados a partir de la
vigencia de ésta.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en
vigor a los 60 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. La Secretaría contará con un
plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para llevar a
cabo la actualización y adecuación de las normas oficiales mexicanas y demás
disposiciones legales administrativas conforme al precepto que se reforma.
Dado en el Palacio Legislativo de San
lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los
Estados Unidos Mexicanos, a los 8 días del mes de diciembre de 1998.—Diputados:
Jorge Emilio González Martínez, Verónica Velasco Rodríguez, Alejandro Jiménez
Taboada, Gloria Lavara Mejía y Aurora Bazán López.»
Túrnese a la Comisión de Ecología
y Medio Ambiente.
LEY DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL
Tiene la palabra el diputado José
Armando Jasso Silva, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar
una iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley del Servicio Militar Nacional.
|
El
diputado José Armando Jasso Silva: |
Buenos días, compañeros diputados;
honorable Asamblea:
«El que suscribe, diputado a la LVII
Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, la presente
iniciativa que adiciona y reforma el artículo 15 de la Ley del Servicio Militar con base
en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Hoy en día, nuestro país requiere de un
servicio militar que se constituya en fuente de capacitación, compromiso y solidaridad de
los jóvenes mexicanos por su patria, que genere en ellos la responsabilidad y el deseo de
servir a sus comunidades, de participar conjuntamente con sus autoridades por el
mejoramiento de su entorno natural de convivencia y desarrollo: el municipio.
Hasta ahora, el servicio militar ha sido
una fuente desaprovechada de recursos poco utilizados para el bien común de toda la
sociedad. Las cualidades y capacidades de nuestra juventud no han sido canalizadas y
aprovechadas adecuadamente.
La Ley del Servicio Militar, en su
artículo 1o. establece que "de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara obligatorio y de orden
público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o
naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados,
clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes". Esto significa que
tanto los hombres como las mujeres tienen la obligación de cumplir con esta disposición,
es decir, todos los mexicanos.
Actualmente, el artículo 14 de dicha ley
menciona que "la Secretaría de la Defensa Nacional fijará anualmente, de acuerdo
con las posibilidades económicas del erario y según lo exijan las necesidades
nacionales, el contingente de individuos que debe incorporarse al activo, así como las
unidades a que deben hacerlo..."
Esto se traduce en la realización de
sorteos de selección para determinar el personal que realizará su servicio militar
encuadrado en las unidades del Ejército, Fuerza Aérea o en la Armada de México o en
situación de disponibilidad bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tal
contingente conforma el personal excedente, el cual sólo tiene la obligación de entregar
su cartilla de identidad militar en los puestos de recepción establecidos en las unidades
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México durante los fines de semana del mes de
enero y recogerla en el mes de diciembre junto con la hoja de liberación. Dicho personal
representa aproximadamente el 95% de los jóvenes mexicanos de sexo masculino en edad
militar.
De acuerdo con la forma en que se viene
prestando el servicio militar, a esta mayoría de jóvenes no les damos la oportunidad de
aportar su entusiasmo y su generosidad y no les hemos abierto un cauce de lucha
desinteresada de honestidad y nobleza para el mejoramiento de su entorno. Por otro lado,
nuestros municipios padecen gran cantidad de carencias, sobre todo en estos tiempos de
crisis económicas y ajustes presupuestales.
Es por ello que en Acción Nacional,
estamos convencidos que sería de gran utilidad que los varones que prestan su servicio
militar en calidad de disponibilidad y las mujeres con 18 años cumplidos, pudieran
participar en labores de apoyo a los gobiernos municipales de acuerdo con sus capacidades;
ello permitiría también hacer valer el artículo 1o. que involucra a las mujeres.
Con base en el conteo de población y
vivienda 1995 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, se espera
para 1999 una población de más de 2 millones de jóvenes de ambos sexos con 18 años
cumplidos.
En este sentido, proponemos modificar la
forma en que el servicio militar nacional se ha venido realizando. El personal masculino
excedente, así como el femenino con 18 años cumplidos deberían presentarse ante las
autoridades municipales o estatales con el propósito de realizar un servicio social
comunitario, el cual tendría una duración de 12 semanas, cubriendo seis horas por semana
y, al término del cual obtendría la liberación de su cartilla.
Previamente debería establecerse un plan
de trabajo entre las autoridades municipales o estatales y las militares que permitiera el
aprovechamiento de los conocimientos y capacidades de los jóvenes.
Los legisladores de Acción Nacional
estamos seguros que la aprobación de esta propuesta implicaría no sólo optimizar y
mejorar la utilización de recursos por parte de las administraciones locales, sino
además, permitiría a la juventud desarrollarse y sentirse partícipe del
engrandecimiento de su comunidad. Es por ello que presentamos la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Por el que se adiciona y reforma el
artículo 15 de la Ley del Servicio Militar, para quedar como sigue:
Artículo 15. Cuando el efectivo de la
clase exceda del llamado al activo, el contingente se designará por sorteos; los varones
a quienes no haya correspondido pasar al activo, así como las mujeres con 18 años
cumplidos, prestarán el servicio social comunitario en el municipio o Estado donde
residan.
El servicio social comunitario consistirá
en desempeñar las labores que el municipio o Estado determine de acuerdo con sus
necesidades específicas y con las capacidades y nivel educativo de los individuos. Estas
se realizarán en un periodo de 12 semanas, cubriendo 6 horas por semana, al término de
las cuales el efectivo obtendrá la liberación de la cartilla de identidad militar.
El municipio o Estado donde se realice el
servicio social comunitario, además de velar por la seguridad de los efectivos deberá
coordinarse con la Secretaría de la Defensa Nacional, para asignar, supervisar y
certificar la realización de los trabajos comunitarios a través de las oficinas de
reclutamiento de zona.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto
entrará en vigor el 1o. de enero de 1999.
México, D.F., a 7 de diciembre de
1998.—Por el grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.—Diputado José Armando Jasso Silva.»
Túrnese a la Comisión de la Defensa
Nacional.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Tiene la palabra el diputado Teobaldo
López Huertas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado.
|
El
diputado Teobaldo López Huertas: |
Con su permiso, señor Presidente;
diputadas y diputados:
Traigo ante ustedes una iniciativa de
decreto que reforma el primer párrafo de la fracción IV del artículo 1o., los
artículos 2o., 2o.-C, 2o.-D y 15 y se adiciona el artículo 1o.-A y fracción III y V del
artículo 32, el inciso i de la fracción I del artículo 2o.-A, el artículo 2o.-D y la
fracción IX del artículo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
«Los suscritos diputados a la LVII
Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55
fracción II del Reglamento para el Gobierno del Congreso General, sometemos a la
consideración de la Asamblea de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa que
reforma el primer párrafo de la fracción IV del artículo 1o., los artículos 2o.,
2o.-C, 2o.-D y 15; y se adiciona el articulo 1o.-A y fracción III y V del artículo 32,
el inciso i de la fracción I del artículo 2o-A, el artículo 2o.-D y la fracción IX del
artículo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El impuesto al valor agregado tiene efectos
directos en los costos de adquisición de los productos de consumo final y por lo tanto
afecta principalmente al gasto de los ciudadanos.
Considerando esta situación, tenemos como
consecuencia que una mayor tasa del impuesto al valor agregado disminuye la demanda
interna de los bienes y servicios disponibles al interior del país, es decir,
desincentiva el consumo del mercado interno.
Como consecuencia del aumento en las tasas
de este impuesto, se ha buscado una contracción en la demanda para propiciar un aumento
en el ahorro interno del sector público, con el objetivo de enfrentar el cumplimiento de
las obligaciones financieras del Gobierno.
El aumento a las tasas de este impuesto, en
el pasado se utilizó como una medida de emergencia tendiente a evitar un mayor deterioro
de las finanzas públicas, en virtud de la baja en la captación de recursos por la vía
de los impuestos directos, como consecuencia de la caída en los ingresos de las personas
físicas y morales.
El efecto de este incremento en el año de
1995 fue regresivo, como consecuencia de una disminución en el monto de captación con
respecto al año inmediato anterior y con una disminución en 1996 y un incremento muy
pequeño en los años posteriores.
Debemos considerar que los montos de
captación tributaria influyen en forma directa con el fortalecimiento del mercado
interno. Esta dinámica nos permite analizar que será prioritario considerar menores
tasas de impuesto y de esa forma apoyar al consumidor final e intermedio, para que se
fortalezca el mercado interno, lo que puede apoyar una mayor captación de recursos, a la
vez que se incremente la tasa para los artículos suntuarios, de tal manera que los
contribuyentes con mayores recursos paguen más.
La mayor parte de las micro, pequeñas y
medianas empresas dependen del mercado interno y son las que mayores empleos generan, por
lo que es indispensable avanzar con incentivos hacia el fortalecimiento de la economía
interna para captar más recursos tributarios y disminuir la tasa de desempleo.
La disminución de las tasas del impuesto
al valor agregado se compensarían porque se generaría una mayor dinámica económica,
que tendría como consecuencia un aumento en el ingreso de las familias, por lo tanto,
consideramos que el efecto será positivo en la captación tributaria, también con el
alza a la tasa de los artículos suntuarios y evitando con una tasa menor la evasión y la
elusión fiscal que asciende a la cantidad del 39% de lo que se debe de captar.
Es necesario que la política económica se
reoriente para que se recupere el crecimiento, defendiendo la planta productiva nacional,
incentivando el consumo interno encaminada a generar una mayor integración de la
estructura productiva del país.
Por las razones anteriormente expuestas
ponemos a su consideración el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Reforma el primer
párrafo de la fracción IV del artículo 1o., los artículos 2o., 2o.-C, 2o.-D y 15.
Artículo 1o. Están obligados al pago del
impuesto al valor agregado establecido en esta ley, las personas físicas y las morales
que, en territorio nacional, realice actos o actividades siguientes:
I a la IV. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
"Primer párrafo. El impuesto se
calculará aplicando a los valores que señala esta ley, la tasa del 10%. El impuesto al
valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.
Artículo 2o. El impuesto se calculará
aplicando la tasa del 6% a los valores que señala esta ley, cuando los actos o
actividades que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región
fronteriza, siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se
lleve a cabo en la citada región fronteriza.
Tratándose de importación, se aplicará
la tasa del 6%, siempre que bienes y servicios sean enajenados o prestados en la
mencionada región fronteriza.
Tratándose de la enajenación de inmuebles
en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor
que señala esta ley la tasa del 10%.
Artículo 2o.-C. Las personas físicas con
actividades empresariales que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público
en general, no estarán obligadas al pago del impuesto por dichas actividades, siempre que
en el año de calendario anterior hayan obtenido ingresos que no excedan de 2 millones 233
mil 824 pesos por dichas actividades. La cantidad a que se refiere este párrafo se
actualizará anualmente, en el mes de enero, en los términos del artículo 17-A del
Código Fiscal de la Federación.
Artículo 15. No se pagará el impuesto por
la prestación de los siguientes servicios:
I a la XVI. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
XVII. Ropa, zapatos, accesorios para la
educación, alimentos, energía eléctrica y agua potable de uso doméstico.
Artículo segundo. Se adiciona el artículo
1o.-A fracción III y V del artículo 32, el inciso i de la fracción I del artículo
2o.-A, el artículo 2o.-D y la fracción IX del artículo de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado.
"Artículo 1o.-A. Están obligados a
efectuar la retención y el entero del impuesto, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 6o. de la ley, los contribuyentes personas morales que adquieran desperdicios
industriales para ser utilizados como insumos de su actividad industrial o comercial,
enajenados por personas físicas y morales.
Artículo 2o.-A. El impuesto se calculará
aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los
actos o actividades siguientes:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
a) al h). . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
i) Gasolina, diesel, artículos de
papelería, medicina de patente y servicio telefónico.
Artículo 2o.-D. El impuesto para los
bienes suntuarios se calculará aplicando la tasa del 25% a los valores que señala esta
ley, para todos los actos o actividades por los que se deba pagar este impuesto. Se
entenderá por bienes suntuarios:
a) Yates de recreo.
b) Botes de recreación.
c) Automóviles de lujo y blindados.
d) Joyas.
e) Caviar.
f) Bebidas importadas.
g) Aviones de lujo.
h) Pieles de importación.
Artículo 32. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
III. Los contribuyentes a los que se
retenga el impuesto, deberán expedir comprobantes con la leyenda impuesto retenido de
conformidad con los artículos 1o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
V. Expedir constancias por las retenciones
del impuesto que se efectúen en los plazos previstos en el artículo 1o.-A al momento de
recibir el comprobante y presentar ante las oficinas autorizadas en el mes de febrero del
ejercicio siguiente, declaración en que proporcionen la información sobre las personas a
las que hubieran retenido el impuesto establecido en esta ley, en los formatos que para
tal efecto autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de
carácter general."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor el día 1o. de enero de 1999, publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Salón de sesiones de la Cámara de
Diputados, a 24 de noviembre de 1998.—Diputados: Teobaldo López Huertas, Gonzalo
Augusto de la Cruz E. Jesús Flores Carrasco, Plutarco García Jiménez, Olga Medina,
Samuel Lara Villa y José Luis Sánchez.»
Comparativo de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado
Texto actual
Artículo 1o. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Están obligados al pago del impuesto al
valor agregado establecido en esta ley, las personas físicas y las morales que, en
territorio nacional, realicen actos o actividades siguientes:
I a IV . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Primer párrafo. El impuesto se calculará
aplicando a los valores que señala esta ley, la tasa del 15%. El impuesto al valor
agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.
Propuesta del PRD
Artículo 1o. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Están al pago del impuesto al valor
agregado establecido en esta ley, las personas físicas y las morales que, en territorio
nacional, realicen actos o actividades siguientes:
I a la IV . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Primer párrafo. El impuesto se calculará
aplicando a los valores que señala esta ley, la tasa del 10%. El impuesto al valor
agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.
Texto actual
Artículo 2o. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
El impuesto se calculará aplicando la tasa
del 10% a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades que se deba
pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, siempre que la
entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada
región fronteriza.
Tratándose de importación, se aplicará
la tasa del 10% siempre que bienes y servicios sean enajenados o prestados en la
mencionada región fronteriza.
Tratándose de la enajenación de inmuebles
en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado que señala esta ley la tasa del
15%.
Propuesta del PRD
Artículo 2o. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
El impuesto se calculará aplicando la tasa
del 6% a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades que se deba
pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, siempre que la
entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada
región fronteriza.
Tratándose de importación, se aplicará
la tasa del 6% siempre que bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada
región fronteriza.
Tratándose de la enajenación de inmuebles
en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado que señala esta ley la tasa del
10%.
Texto actual
Artículo 2o.-A. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
El impuesto se calculará aplicando la tasa
del 0% a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades
siguientes:
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
a) a la h) . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Propuesta del PRD
Artículo 2o.-A. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
El impuesto se calculará aplicando la tasa
del 0% a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades
siguientes:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
a) a la h) . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
i) Gasolina, diesel, artículos de
papelería, medicina de patente y servicio telefónico.
Texto actual
Artículo 2o.-C. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
La personas físicas con actividades
empresariales que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público general, no
estarán obligadas al pago del impuesto por dichas actividades, siempre que en el año de
calendario anterior hayan obtenido ingresos que no excedan de 1 millón de pesos por
dichas actividades. La cantidad que se refiere este párrafo se actualizará anualmente,
en el mes de enero en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la
Federación.
Propuesta del PRD
Artículo 2o.-C. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . La personas físicas con actividades empresariales que únicamente
enajenen bienes o presten servicios al público general, no estarán obligadas al pago del
impuesto por dichas actividades, siempre que en el año de calendario anterior hayan
obtenido ingresos que no excedan de 2 millones 233 mil 824 pesos por dichas actividades.
La cantidad que se refiere este párrafo se actualizará anualmente, en el mes de enero en
los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 2o.-D. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
El impuesto para los bienes suntuarios se
calculará aplicando la tasa del 25% a los valores que señala esta ley, para todos los
actos o actividades por los que se deba pagar este impuesto.
Se entenderá por bienes suntuarios:
a) Yates de recreo.
b) Botes de recreación.
c) Automóviles de lujo y blindados.
d) Joyas.
e) Caviar.
f) Bebidas importadas.
g) Aviones de lujo.
h) Pieles de importación.
Texto actual
Artículo 8o.
Primer párrafo...
Segundo párrafo ...
Tercer párrafo ..
Propuesta del PRD
Artículo 8o. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Primer párrafo...
Segundo párrafo...
Tercer párrafo ....
Cuarto párrafo: en la enajenación de
bienes reciclados este impuesto será retenido por todos los adquirentes de materiales
reciclados, los cuales deberán efectuar una retención del 15% o del 10% en zona
fronteriza sobre el precio total de la operación al enajenante del producto de que se
trate; dicha retención deberá ser enterada por el comprador conjuntamente con su
declaración del impuesto al valor agregado correspondiente al periodo que efectúe la
operación siendo la misma cantidad acreditada.
Además estas operaciones celebradas serán
respaldadas con una constancia expedida por el adquirente.
Entendiéndose como material reciclable
cualquier material generado en los procesos de extracción beneficio, trasnformación,
producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo
nuevamente en el proceso que generó y que sirva de materia prima para la elaboración de
nuevos productos.
Texto actual
Artículo 15. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
No se pagará el impuesto por la
prestación de los siguientes servicios:
I a la XVI. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Propuesta del PRD
Artículo 15. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
No se pagará el impuesto por la
prestación de los siguientes servicios:
I a la XVI. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . XVII. Ropa, zapatos, accesorios, para la educación, alimentos,
energía eléctrica y agua potable de uso doméstico.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
LEY DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL (II)
Esta Presidencia rectifica el turno
que dio a la iniciativa presentada por el diputado José Armando Jasso Silva. El turno
correcto debe ser: túrnese a la Comisión de Defensa Nacional y de Marina.
REPUBLICA
DE SUDAFRICA
|
La
secretaria María Martha Veyna Soriano: |
Se va a dar lectura a varias minutas.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.—Cámara de Senadores.—México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.—Presentes.
Para los efectos legales correspondientes,
nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que
concede permiso al ciudadano Jorge Corvera Gibsone, para desempeñar el cargo de cónsul
honorario de Sudáfrica en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el
Estado de Jalisco.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 7 de diciembre de
1998.—Senadores: Gabriel Covarrubias Ibarra y Luis González Pintor, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Jorge Corvera Gibsone, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de
Sudáfrica en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de
Jalisco.
Salón de sesiones de la Cámara de
Senadores.—México, D.F., a 7 de diciembre de 1998.—Senadores: José Ramírez
Gamero, presidente; Gabriel Covarrubias Ibarra y Luis González Pintor, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para
los efectos constitucionales.—Jorge Mendoza Alvarez, oficial mayor.»
Túrnese a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales.
ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
|
El
secretario Francisco de Souza
Machorro: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.—Cámara de Senadores.—México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.—Presentes.
Para los efectos legales correspondientes,
nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que
concede permiso al ciudadano Enrique Almazán Granados, para prestar sus servicios como
telefonista, dentro del territorio nacional al gobierno de los Estados Unidos de América,
teniendo como lugar de trabajo la Embajada de ese país en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 7 de diciembre de
1998.—Senadores: Gabriel Covarrubias Ibarra y Luis González Pintor, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Enrique Almazán Granados, para prestar sus servicios como telefonista, dentro
del territorio nacional al gobierno de los Estados Unidos de América, teniendo como lugar
de trabajo la Embajada de ese país en México.
Salón de sesiones de la Cámara de
Senadores.—México, D.F., a 7 de diciembre de 1998.—Senadores: José Ramírez
Gamero, presidente; Mario Vargas Aguiar y Gabriel Covarrubias Ibarra, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para
los efectos constitucionales.—Jorge Mendoza Alvarez, oficial mayor.»
Túrnese a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales.
AUTOPISTAS
Tiene la palabra el diputado Sergio
Valdés Arias, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una proposición sobre la revisión de títulos de concesión y tarifas en
autopistas privadas no incluidas en el rescate carretero.
|
El
diputado Sergio Valdés Arias: |
Gracias por su anuencia, señor
Presidente; diputadas y diputados:
El alza de las cuotas en autopistas
privadas concesionadas no incluidas en el Programa de Rescate Carretero, como es el caso
de la autopista México-Toluca, por parte de la empresa concesionaria Tribasa, de nueva
cuenta evidencia los efectos negativos de la política de privatización instaurada desde
el sexenio anterior y continuada en éste, el depauperante, ineficaz y gris, óigase bien,
gris sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León.
En los dos últimos sexenios, el Gobierno
Federal ha renunciado a encabezar el Estado nacional, ha renunciado a su función
sustantiva: gobernar y ser prestador de servicios y, más bien construyó un modelo
económico que sólo beneficia a los grandes consorcios capitalistas: dejar hacer, dejar
pasar con su pleno consentimiento, que justificando cada uno de los actos que para
lograrlo realiza la iniciativa privada, ha dejado de lado el interés por el destino
económico de las grandes mayorías de mexicanos.
Para que lo entendamos mejor, pone al rico
y al pobre en el mismo nivel de gobernados; para el rico las autopistas, para el pobre el
Progresa y Solidaridad. La privatización de las carreteras y como parte de ellas, el alza
indiscriminada de las tarifas de la carretera México-Toluca por parte de la empresa, es
la repercusión del rompimiento del régimen de derecho instaurado por Carlos Salinas de
Gortari, quien conjuntamente con Andrés Caso Lombardo, Pedro Aspe Armella, Jaime Serra
Puche, María Elena Vázquez Nava y Ernesto Zedillo Ponce de León, así como con la
complacencia de una serie de organismos e instituciones del sector privado y social,
firmaron un acuerdo que en la simulación de fines, la segunda base establecía que el
programa comprendía las obras que realizaría el Gobierno Federal con sus propios
recursos, aquellos que llevaría a cabo en cooperación con los estados y las que se
realizarían con la participación de los municipios y de los particulares, en los que se
incluía un programa de cuotas.
Lo que en verdad encubría era la apertura
de licitación de carreteras privadas en contravención a lo dispuesto en la Ley de Vías
Generales de Comunicación. Con apoyo en el acuerdo suscrito y para contravenir la ley, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió un documento que sin fecha ni nombre
de quien lo firma con el rubro "celebración de concursos relativos al otorgamiento
de concesiones para la construcción, explotación y conservación de carreteras y puentes
de cuota, en el punto 5.3.8, adecuación del marco regulador de la actividad
económica", inserta dos párrafos que son representativos de la política salinista
que hoy continúa aplicándose y que a la letra cito: "la mayor parte de la
regulación de la actividad económica fue creada ya hace mucho tiempo, existen
regulaciones que tienen hasta más de 100 años de vigencia y naturalmente no responden a
las condiciones ni a los retos actuales, especialmente en el marco de una economía
abierta a la competencia externa. La regulación excesiva impone costos elevados, limita
la competencia implicando la productividad y propicia una asignación insuficiente de los
recursos.
"Por tanto, tomando en consideración
los límites del esquema normativo de los artículos 114 y 115 de la Ley de Vías
Generales de Comunicación, que únicamente prevén las solicitudes que por propia y
personal iniciativa presentan los interesados en obtener una concesión, no así el
ofrecimiento público de concesiones por parte del Estado. La expresada dependencia, con
fundamento en lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 3o. del mismo ordenamiento
que faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para resolver toda cuestión
de carácter administrativo relacionada con las vías generales de comunicación,
procedió a estructurar el procedimiento concursal respectivo...".
Impunidad legalizada por parte del gobierno
salinista y continuada en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.
Así, de un plumazo, el Ejecutivo Federal
nulificó la validez constitucional de una ley que sólo puede ser modificada por otra de
su misma naturaleza o sea por disposición de este Congreso, para no sólo implementar un
procedimiento de ofrecimiento público de concesiones por parte del Estado, sino para
evadir candados jurídicos que en la Ley de Vías Generales de Comunicación son
disposiciones que aseguran el cumplimiento de los concesionarios por fallas en la
planeación de los servicios, así como asegurar la intervención del Ejecutivo Federal
para mantener el equilibrio económico entre ganancias de los concesionarios y costo de
los servicios atendiendo a la situación económica del país.
El Ejecutivo, al violentar la ley, evadió
la disposición del artículo 8o. en cuanto a que las concesiones se sujetarán a un plan
general que publicado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respondiera a las
necesidades de la economía nacional, pero además pretendió anular el principio de que
la explotación de la vía se haría conforme a horarios, tarifas y reglas previamente
autorizadas por la dependencia.
Respecto a las tarifas, el artículo 55 de
la Ley de Vías Generales de Comunicación enfatiza el carácter controlador de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin embargo esta dependencia ha dejado de
lado tan importante función en aras de la fracasada privatización de las carreteras y de
otros servicios de comunicaciones y transportes; pero lo que es aún más grave, al
permitir que las empresas concesionarias fijen libremente las tarifas, incluyendo en ello
las de cuota de la carretera México-Toluca, el Ejecutivo Federal se aparta del principio
constitucional de la rectoría del Estado, que consagra el artículo 25 de la Carta Magna
y en aras de su preocupación por proteger los intereses de los inversionistas en las
carreteras al dejar las tarifas al libre juego de éstos, deja de lado su obligación
constitucional de garantizar al país una más justa distribución del ingreso y de la
riqueza.
Los últimos pronunciamientos del
Secretario de Comunicaciones y Transportes son en el sentido de negociar con la empresa
concesionaria de la carretera México-Toluca un ajuste de tarifas, pero habrá que estar
atentos si este ajuste no implica una ampliación de la vigencia de la concesión.
PROPUESTA
Los momentos críticos por los que
atraviesa la economía del país, hoy más que nunca deben llevar al Ejecutivo a retomar
las disposiciones reglamentarias a que se sujeta la explotación de las concesiones,
sancionando a la empresa concesionaria por haber alterado su costo sin la previa
autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y propiciando mantener un
valor constante durante toda la vigencia de la concesión, acorde a un criterio de equidad
social y productividad.
Son tantos los agravios a los que ha sido
sujeto el pueblo de México, que se le está intentando imponer la pobreza como destino a
los nacidos en este país. Se prefiere gastar en armamento que invertir en la educación
media y superior; se desecha la investigación como instrumento para el desarrollo y no
vale la palabra soberanía, porque es un concepto no aprendido por los últimos gobiernos,
gobiernos gerenciales.
En su última y desafortunada
comparecencia, Gurría Treviño casi dijo que era una suerte para los pobres serlo, porque
así no tienen que pagar impuestos.
El jueves 26 de noviembre de 1998 en todos
los medios impresos de circulación nacional apareció una nota que decía textualmente:
"la Secretaría de Comunicaciones y Transportes convocará en enero próximo a los
tenedores de bonos de la autopista México-Toluca para adquirir anticipadamente esos
títulos, diluidos en los mercados internacionales y evitar que esa carretera sea la más
cara del mundo.
El director de Caminos y Puentes Federales
de Ingresos, (Capufe), Gustavo Carvajal Moreno, dijo que es el momento de rescatar esa
autopista bursalitizada ahora que los títulos mexicanos se cotizan barato en los mercados
financieros.
Bienvenida esa expresión y démosle por la
ley el cauce correspondiente. La Ley de Vías Generales de Comunicación vigente, en su
Capítulo II artículo 3o. dice: "las vías generales de comunicación y los modos de
transporte que operan en ellas quedan sujetos exclusivamente a los poderes federales. El
Ejecutivo ejercitará sus facultades por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes en los siguientes casos, sin perjuicio de las facultades expresas que otros
ordenamientos legales concedan a otras dependencias del Ejecutivo Federal".
En su fracción V contiene la palabra
"rescisión". Eso es lo que proponemos, que la Comisión de Comunicaciones y
Transportes exhorte al Ejecutivo Federal para que rescinda la concesión a la empresa
Tribasa de la autopista más cara del mundo, 19 kilómetros por 58 pesos, la vía
México-Toluca. Que diga con ello el Gobierno si está con el pueblo o se declara rehén
de los monopolios.
Muchas gracias.
Túrnese a la Comisión de
Comunicaciones y Transportes.
Esta Presidencia da la bienvenida a
jóvenes estudiantes de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, invitados del diputado Ricardo
Ortiz.
De la misma manera, da la bienvenida a 50
estudiantes de la Universidad Mexicana de Veracruz, invitados por la coordinación del
grupo parlamentario del PRI.
También saludamos a estudiantes del
Conalep y estudiantes de la secundaria técnica número 25, secundaria oficial Mora, Cecyt
de Guanajuato, invitados por el diputado Armando Rangel Hernández.
LEY
DEL INTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
Tiene la palabra el diputado Alberto
López Rosas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una excitativa a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social.
|
El
diputado Alberto López Rosas: |
Muchas gracias, señor Presidente;
diputadas y diputados:
La fracción XII del artículo 123
constitucional, establece textualmente:
"Toda empresa agrícola, industrial,
minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las
leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e
higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas
hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus
trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstas
créditos baratos y suficientes para que adquieran en propiedad tales habitaciones."
Por su parte, el artículo 137 de la Ley
Federal del Trabajo, establece:
"El Fondo Nacional de la Vivienda
tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores
obtener créditos baratos y suficientes para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e
higiénicas para la construcción, reparación o mejoras en sus casas-habitación y para
el pago de pasivos adquiridos por este concepto."
Por su parte, el artículo tercero de la
Ley del Infonavit, textualmente contiene lo siguiente:
"El instituto tiene por objeto,
fracción II, establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los
trabajadores obtener crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de
habitaciones cómodas e higiénicas, la construcción, reparación, ampliación o
mejoramiento de sus habitaciones y el pago de pasivos contraídos por los conceptos
anteriores."
De los anteriores preceptos legales
considerados, se concluye que las reformas a la Ley del Infonavit que fueron aprobadas y
publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de febrero de 1992,
contravienen las disposiciones anteriormente invocadas, en especial la contenida en el
artículo 44 de la ley en comento, misma que en su texto actual señala lo siguiente:
"El saldo de los créditos otorgados a
los trabajadores a que se refiere la fracción I del artículo 42, se revisará cada vez
que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que
aumenta el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal. Asimismo los créditos
citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos a la tasa que
determine el consejo de administración. Dicha tasa no será menor del 4% anual sobre
saldos insolutos. Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años."
En consideración a lo anterior, el
suscrito, en carácter de diputado federal de esta LVII Legislatura, con el interés
acreditado y capacidad legal, vengo por medio del presente ocurso y con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 21 fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a promover excitativa, debido a que con
fecha 16 de octubre de 1997, presenté iniciativa de reformas al artículo 44 de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En su momento se
turnó a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Vivienda. Sin embargo, no
obstante el tiempo, la iniciativa no ha sido dictaminada por las comisiones a que fue
turnada, por lo que resulta procedente excitar a ambas comisiones para los efectos de que
proceda a dictaminar la iniciativa referida.
En efecto, con fecha 16 de octubre de 1997,
presenté ante esta soberanía una iniciativa de reformas al artículo 44 del Infonavit.
En esa ocasión expresamos y hoy lo ratificamos, que las reformas que se aprobaron por la
LV Legislatura en 1992 y que modificaron diversas disposiciones de la Ley del Infonavit
entre otros el artículo 44, constituyó uno de los atentados y retrocesos a la mejoría
social y familiar de los trabajadores en materia de vivienda y habitación.
No fue sólo un retroceso a los alcances de
las prestaciones laborales y sociales de la clase trabajadora, sino que para lograrse se
cometió una grave contravención al artículo 123 constitucional, orgullo del
Constituyente de 1917, al haberse incrustado en la Constitución de 1916-1917 a las
garantías sociales contenidas con más preclara precisión en el artículo 123 de la
Constitución, se rompían esquemas tradicionales y doctrinarios, se innovaba con el
propósito de alcanzar justicia social para beneficio de las clases económicas más
desprotegidas.
El legislador permanente, olvidó los
principios rectores de la justicia social y con ese olvido generó que en las leyes
secundarias se introdujeran retractaciones en los objetivos sociales que el Constituyente
ubicó celosamente en nuestra Carta Magna, Esa retractación jurídica, actualmente
vigente en la Ley del Infonavit, ha provocado una desproporcionalidad en el ingreso del
trabajador en perjuicio de su bienestar social y familiar.
Hoy es el Infonavit una institución
hipotecaria, pero no sui generis como debiera serlo, por su carácter social, sino ésta
homologa a una institución de crédito común, es una hipotecaria como la de cualquier
institución mercantil, así aplica los criterios, prácticas y usos de las instituciones
bancarias en cuanto al incremento del capital vía pago de intereses.
El salario del trabajador se ha
pulverizado, siendo éste la mejor garantía de pago para la institución, una garantía
inaceptable en los términos en que lo aplica el organismo, puesto que al hacer el
descuento directamente de su nómina, cobran sus exorbitantes intereses dejando disponible
al trabajador exiguas cantidades que no son suficientes para cubrir ni siquiera sus gastos
elementales dentro de los primeros días de pago.
Curiosamente al trabajador le resulta
contraproducente recibir incrementos a su salario, sea directo o en prestaciones, al
implicar también un incremento sustancial en los descuentos por parte del organismo, sea
esto por jornada extraordinaria u otros estímulos laborables.
Señores diputados, es propio del Ejecutivo
guardar silencio ante reclamos justos de sectores sociales que han resentido por años el
peso de la inestabilidad económica de la nación.
No puede este honorable Congreso, esta
Cámara, evadir u omitir un asunto tan sensible guardando silencio también. Debemos
restituir a la Ley del Infonavit su sentido y objetivo social, esto es un reclamo fundado
y además humano.
Dejo en esta Secretaría constancia a
través de un documento firmado por diversos trabajadores que han sido presuntivamente
beneficiados por el Infonavit y que hoy sienten el agobio por los excesivos pagos que este
organismo reclama. Son cientos de firmas donde expresan su inconformidad por el desvío
social del cual ha sido objeto un organismo que debiera constitucionalmente garantizar la
vivienda para los trabajadores.
Muchas gracias.
De conformidad con lo que establece
el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones de Trabajo y
Previsión Social y de Vivienda, para que emitan el dictamen correspondiente.
DISTRITO
FEDERAL
El siguiente punto del orden del
día, son comentarios sobre la aplicación de los recursos federales, ejercidos por el
gobierno del Distrito Federal en su primer año de periodo constitucional. Tiene la
palabra el diputado Héctor Luna de la Vega, hasta por 10 minutos.
|
El diputado
Héctor Luna de la Vega: |
Con su anuencia, señor Presidente;
señoras y señores diputados:
El hacer la revisión de las cifras de
gasto del Departamento del Distrito Federal, y a correlacionarlas con las cifras
establecidas o presupuestas para 1999, no nos puede sino mover a la reflexión y a la
indignación.
Ciertamente se ha establecido,
aparentemente como expresión semántica, la diferencia existente entre
"eficiencia" y "eficacia".
Se ha determinado que se es eficaz cuando
se cumple con los objetivos del Estado y los objetivos de carácter gubernativo y
precisamente en donde estamos involucrados los servidores públicos para satisfacer las
políticas públicas,
Y se expresa que se es eficiente, cuando se
hace un manejo a veces pulcro y a veces no tanto; pero tratar de obtener un rendimiento
aparente del mejor uso de los recursos a disposición no de los gobernantes, sino a
disposición de la sociedad. Tal es el caso de lo que viene sucediendo en el Departamento
del Distrito Federal: se deja de ser eficaz, desatendiendo los fines del Estado, para los
cuales deben de inducirse los recursos públicos y aparentemente se es eficiente por un
manejo más de carácter seudofinanciero y obtener mejor rendimiento de los recursos y
obtener una mayor rentabilidad de los elementos a disposición de ese gobierno. Esto a su
vez lo vinculo con dos aspectos:
Uno de ellos, el compromiso social que
deben asumir todos los gobernantes, fundamentalmente en el caso de la ciudad capital y si
se falta a este compromiso social, no le queda sino inducirlo a la carencia de moral
pública, la cual al dejarse de satisfacer, se convierte en una violación permanente de
los valores éticos del gobernante.
A guisa de ejemplo, citaré algunas cifras:
es preocupante y como lo expresé, a su vez, indignante, el percatarnos que los productos
financieros fuera de los de carácter tributario, crece 5.4 veces. Pero por otra parte se
están dejando de cumplir en una gran dimensión, los objetivos centrales del gasto
programable.
Se tuvo para poder atraer adeudos de
ejercicios fiscales anteriores, se tiene un rezago del 12.5% en términos reales. Esto es,
no se está haciendo uso de todas las prerrogativas y posibilidades de carácter
financiero que puede atender el gobierno del Distrito Federal.
Se tiene por ejemplo en el último corte al
mes de septiembre, 12 mil 350 millones de pesos de recursos ociosos, dejando sin duda de
atender a los compromisos de gobierno. ¿Qué se está haciendo con el dinero en el
Departamento del Distrito Federal?
¿Cómo no se atrae una posibilidad que se
otorga, de jalar el 12.5% de adeudos de ejercicios anteriores y cómo al mes de septiembre
se tienen 12 mil 350 millones pesos de recursos ociosos? Pero eso si son 5 mil 790
millones de disponibilidades líquidas y 6 mil 560 millones de pesos de disponibilidades
de crédito.
Pero aún así, al hacer la propuesta y la
solicitud de recursos para el ejercicio de 1999, se está solicitando 7 mil 500 millones
de pesos más, ¿para qué van a ser utilizados?
¿Para seguir desatendiendo los programas
centrales y el gasto programable del Departamento del Distrito Federal? ¿Para desatender
en la eficacia de carácter gubernativo? Pero hay algo que no podemos dejar de atender sin
correlacionarlo con los ingresos.
Por otra parte, en lo que se refiere a los
ingresos, se tiene exclusivamente atraído, captado o recaudado, el 65% de la meta.
Por otra parte, también el gasto es
inferior en casi el 16% se está dejando de ser eficaz en el gasto en correlación al
ejercicio de 1997.
Nos preguntamos nosotros, como
recientemente se hacía la pregunta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se
constituye un guardadito, ¿para qué? ¿Para qué fines si no se están quedando
satisfechos los fines del Estado? El gasto programable en relación al ejercicio de 1997,
es menor en su ejercicio en cerca del 21% y al gasto neto es 14% menor.
¿Qué podemos esperar de un gobierno que
se dedica o pretende jugar al banquero y al financiero? ¿Qué podemos esperar de un
gobierno que desatiende los objetivos centrales? ¿Qué podemos esperar de un gobierno que
no asume su responsabilidad y que se le procura una transferencia del ramo 33, para
atender el gasto educativo y el gasto de salud y no gasta un sólo centavo el Departamento
del Distrito Federal ni en educación ni en salud? ¿Qué sucede con las instituciones
básicas centrales como es la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto
Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, que no reciben ninguna
aportación del gobierno de la ciudad?
Pero sin embargo y lo vuelvo a reiterar,
está solicitando 7 mil 500 millones de pesos en líneas de crédito, cuando a la fecha no
ha tenido capacidad de ejercer 6 mil 500 millones, en que se tienen altos rezagos en la
captación de los ingresos. Captar y recaudar ¿Para qué? Posiblemente es la interrogante
que se plantea el gobierno del Distrito Federal.
¿Para qué voy a tener más recursos, si
en un momento dado voy a sumarizar a tantos recursos ociosos que se tienen?
Pero por otra parte y aquí me quiero
referir a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Está carente la zona
metropolitana en lo que se refiere al Estado de México de recursos fundamentalmente en la
materia educativa y en salud.
Y por otra parte, cruzando estrictamente
una avenida, una calle, nos encontramos si no en el dispendio en una mala estrategia de
corte eficientista, en dejar sentir que se tiene mucho dinero para hacerlo altamente
productivo y que, vuelvo a repetir, no está cumpliendo con los objetivos centrales de la
sociedad.
¿Cuál es la intención? ¿El guardadito
para conducirlo, para canalizarlo para fines estrictamente de carácter electoral, para
pagar la ultraconfiguración de una imagen de gobernante eficiente más no eficaz? Lo que
estamos buscando todos los habitantes de la zona metropolitana, es precisamente el
encontrarnos quién tiene el suficiente grado de compromiso social de atender las
necesidades de toda esa zona metropolitana y fundamentalmente estando enclavadas no aporta
un solo centavo, cuando en esta tribuna hemos venido escuchando y cuando fundamentalmente
personas involucradas al gobierno del Distrito Federal se pronuncian, exigen y piden al
Gobierno Federal mayores aportaciones para las principales instituciones educativas de
este país.
La Universidad Nacional Autónoma de
México, pide como mínimo cerca de 400 millones de pesos; el Instituto Politécnico
Nacional 170 millones de pesos, el Conacyt que posiblemente no sea materia de su interés
por desconocerlo, pide otra cantidad; los tecnológicos piden 700 millones de pesos, ¿y
qué pasa? Teniendo un guardadito en el Departamento del Distrito Federal que no se
asigna, que no se induce, que no está cumpliendo con los objetivos, por ello hemos venido
haciendo nosotros análisis concienzudos y estamos encontrando una falta de valores
éticos absolutos en el jefe, en el gobernante del Distrito Federal.
¿En dónde está ese compromiso social, en
dónde está la oferta política que se vino haciendo, cuando teniendo los recursos para
poderlo cumplir no se efectúa? Pero sin embargo, se tiene la posibilidad y se utiliza la
tribuna para exigir mayores recursos y mayor capacidad de gasto al Gobierno Federal, no
obstante las vicisitudes que se están pasando, por ello queremos dejar establecido y
puntualizado que la fracción del Partido Revolucionario Institucional plantea su absoluta
inconformidad de que se gasta...
Diputado orador, por favor concluya.
|
El
diputado Héctor Luna de la Vega: |
Concluyo, señor Presidente.
Que se gasta de una manera que no cumple
con los objetivos del gobierno de la ciudad, que se atesoran auténticamente los recursos
con fines aún no explícitos y por ello es la inconformidad y deseamos que quede
perfectamente planteado, que las instituciones educativas de mayor reciedumbre,
antigüedad y presencia en la nación, no cuentan con los recursos porque los está
guardando el jefe de gobierno del Distrito Federal.
Esta Presidencia saluda a 20
integrantes de la junta local ejecutiva del IFE de Oaxaca, acompañados por el ciudadano
Enrique León Martínez.
Se han inscrito para hablar sobre el tema
los siguientes diputados: José Espina von Roehrich, Jesús Martín del Campo y Lino
Cárdenas Sandoval.
Tiene la palabra el diputado José Espina
von Roehrich.
|
El diputado
José Espina von Roehrich: |
Con su permiso, señor Presidente:
El pasado 3 de diciembre compareció ante
pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el secretario de finanzas del
gobierno capitalino, licenciado Antonio Ortiz Salinas, para tratar de explicar la
política fiscal y financiera que pretende llevar a cabo el ingeniero Cárdenas.
De las pocas metas alcanzadas en forma
razonable por este gobierno del Distrito Federal, está la relativa a la recaudación
fiscal. El propio secretario de finanzas ha reconocido en diversas ocasiones que los
capitalinos han respondido favorablemente en el pago de sus contribuciones. Si esto es
así, ¿por que la intención de intimidar a esos contribuyentes cumplidos incrementando
sustancialmente las multas? ¿Por qué amenazarlos con eliminar la posibilidad de libertad
provisional en caso de una controversia legal respecto al pago de contribuciones?
Habría que recordarle al señor Cárdenas
que tanto los diputados federales del PRD como los del PAN, nos hemos opuesto a medidas
similares propuestas por el presidente Ernesto Zedillo.
Otro ejemplo: el licenciado Ortiz Salinas
ha pregonado que el subejercicio del presupuesto en realidad significan ahorros y
economías o como dice el texto que presentó a la Asamblea "es una reexpresión del
valor de las contribuciones; que en realidad este gobierno ha logrado hacer mucho más con
menos".
Imaginemos por un momento que esto es
cierto; sólo por un momento, por favor. Entonces, ¿para qué solicitar 7 mil 500
millones de pesos más para el ejercicio de 1999? ¿No que se podía hacer más con menos?
Por otra parte, sus iniciativas tienen
coincidencia con las políticas de ingresos instrumentadas en administraciones pasadas. La
propuesta que el gobierno del Distrito Federal presenta, recurre al procedimiento fácil y
cómodo de estirar la mano para recibir el dinero de los contribuyentes, sin que veámos
un esfuerzo serio por parte del mismo, para ser eficiente y productivo. Una vez más se
hace a un lado la promesa de campaña de Cárdenas; de no incrementar los impuestos a
cambio de ampliar la base de contribuyentes.
Sobre esta seria omisión la única excusa
la encontramos en una entrevista, publicada el pasado 16 de noviembre en el periódico
Excelsior, en donde el jefe de gobierno dice que él nunca hizo promesas de campaña, lo
cual confirma que en su diccionario personal no existe la palabra escrúpulo.
El Partido Acción Nacional ha objetado y
se ha opuesto a lo largo de estos años, a la política de ingresos que han llevado a cabo
las administraciones revolucionarias institucionales y ahora también las revolucionarias
democráticas, dado que en lo general lo único que se ha propuesto es afectar una base de
contribuyentes minoritaria y cautiva, sobre la cual se sustenta la mayor parte de la
recaudación. Si bien se menciona como una buena intención, no se presenta un programa
para incorporar a todos aquellos que laboran en la economía informal con lo que
desperdician una buena oportunidad de ponerle la muestra al Gobierno Federal.
Ahí están los vendedores ambulantes,
muchos de ellos denominados "toreros", que andan en las calles del centro
histórico y que realmente hacen honor a su mote, pegándole a los inspectores de vía
pública tremendas faenas, como dicen los aficionados de la fiesta brava que tanto
aprecian al jefe de gobierno.
No se promueven verdaderas acciones
tendientes a ampliar la base de contribuyentes, sino que se pretende, al igual que el
Gobierno Federal priísta, someter y acorralar a quienes ya pagan con grandes sacrificios
sus impuestos y contribuciones.
En una medida de terrorismo fiscal proponen
endurecer las sanciones contra quienes no pueden pagar sus impuestos y ¿qué pasa con las
sanciones para aquellos que roban de las arcas públicas, cuándo se van a endurecer?
El secretario de finanzas capitalino
declaró recientemente en el mes de octubre, que espera una respuesta favorable de los
contribuyentes en cuanto al pago de sus contribuciones, debido a que perciben que sus
recursos se han manejado con honestidad.
Al respecto es pertinente hacer las
siguientes preguntas: ¿qué tan honesto y eficiente es guardar en los bancos el dinero de
los contribuyentes en una ciudad con tantas carencias como la nuestra? ¿Qué tan
eficiente es destinar la mayor parte del presupuesto para el pago de la burocracia en
detrimento de las obras tan urgente que necesitamos? ¿Es honesto pedir más dinero a los
ciudadanos cuando a cambio de nuestro esfuerzo recibimos servicios públicos malos e
insuficientes? ¿Qué tan honesto es incrementar los impuestos cuando nos seguimos
ahogando en medio de una contaminación ambiental de proporciones alarmantes? ¿Puede
hablarse de honestidad al incrementar las sanciones a los contribuyentes, cuando los
capitalinos estamos expuestos a la corrupción, al chantaje y a la extorsión de
servidores públicos? ¿Es honesto un gobierno que comprime aún más la maltrecha
economía familiar, cuando tenemos que vivir con el temor de ser afectados en nuestra
persona, en nuestros familiares y en nuestro patrimonio por parte de delincuentes con o
sin placa?
No puedo dejar de mencionar que el proyecto
de presupuesto de egresos contiene propuestas inaceptables. El año pasado, el ingeniero
Cárdenas pretendió que se le extendiera un cheque en blanco, con el fin de otorgar
estímulos de productividad y eficiencia y en un acto premonitorio, porque sabían que su
propio gobierno no iba a ser productivo ni eficiente, los diputados del PRD en la Asamblea
eliminaron esa posibilidad y no se contempló la facultad de otorgar estos estímulos.
Ahora vuelven a solicitar ese cheque en
blanco y veremos la congruencia de los diputados perredistas; veremos cómo actúan y
deciden ante situaciones similares.
En la página 24 de la exposición de
motivos del presupuesto, se establece que el gobierno cuenta con más de 275 empleados.
Hace poco dijeron que eran 220 mil y Oscar Espinosa dijo que dejó 210 mil al terminar su
gobierno. Tenemos que existe, entonces, un burócrata por cada 29 habitantes, lo que no es
justo para los contribuyentes ni honesto en un Gobierno serio.
Pero no contentos con esto, se advierte la
intención de engordar aún más la burocracia capitalina. En la exposición de motivos de
este documento que he señalado, se establece que el rubro de servicios personales se
incrementará en un 21.8%.
El grupo parlamentario del PAN en la
Asamblea dio a conocer sus propuestas relacionadas con el tema que estamos tratando y que
aquí nuevamente quiero poner a la consideración de esta Asamblea. Proponemos: la
utilización del subejercicio presupuestal de 1998, por parte del gobierno del Distrito
Federal para el próximo año y de esa forma, mantener el presupuesto de 1999 sin
variación alguna. Este subejercicio se estima que llegará a ser de aproximadamente 5 mil
300 millones de pesos al cierre de 1998, por lo que no se justifica ningún aumento
presupuestal.
Ha quedado demostrado que el nivel
autorizado de endeudamiento del gobierno para 1998 fue excesivo, ya que de 7 mil 500
millones sólo se han utilizado poco más de 900; por lo tanto, en la Ley de Ingresos para
1999 no se deberá incluir la partida correspondiente a deuda pública adicional.
Se deben incluir, además, dentro de la
política fiscal para el próximo año estímulos y exenciones para todos aquellos
empresarios que generen nuevos empleos o que mantengan los ya existentes, con objeto de
compensar, en parte, la política recesiva que ha impulsado el Gobierno Federal. Estos
deberán estar contenidos explícitamente en los decretos correspondientes, y no hasta
enero, como se pretende en este momento.
Concluyo. El tamaño de la burocracia del
gobierno del Distrito Federal es excesiva, por lo que proponemos el congelamiento de
plazas y exigir el compromiso firme al Jefe de Gobierno para dar los pasos necesarios y
definitivos para reducir el tamaño de la misma.
Para obtener recursos frescos adicionales
proponemos la venta inmediata de los activos de las empresas paraestatales con que
actualmente cuenta el gobierno capitalino, particularmente Servimex, que tiene al momento
un valor, en estados financieros, de 2 mil millones de pesos, es decir, una tercera parte
del subejercicio de 1998, así como la desincorporación de Autotransportes Urbanos de
Pasajeros, Ruta-100, a más tardar el 31 de julio de 1999, que tiene pérdidas acumuladas
por más de 2 mil millones de pesos y un capital deficitario de 730.
Gracias.
Por acuerdo del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática hay una rectificación, por lo que tiene la
palabra la diputada Dolores Padierna.
|
La
diputada María de los Dolores Padierna
Luna: |
Gracias, señor Presidente:
Nos parece muy correcto, muy bueno, que
este Congreso se preocupe por fiscalizar los presupuestos federales en todos los estados
de la República. ¡Es la primera vez, hasta ahora, que el PRD ganó la Ciudad de México,
que hay tanta preocupación por ver qué ocurre con los presupuestos federales!
¡Festejamos ese interés, aunque desde
luego, como partido les anunciamos que aquí tenemos que revisar todos los presupuestos
federales que se entregaron a Tabasco, a Chiapas, a Guerrero, a Guanajuato, a Nuevo León
y a otros estados donde se cuestiona severamente, por la propia ciudadanía local, el
destino de los recursos federales, el manejo político de muchos recursos federales, a
reserva de que podamos discutir en este pleno todos y cada uno de los estados en materia
federal! ¡Porque también lo que sale a la luz de las intervenciones pasadas es que
están hablando de presupuestos locales, sin acostumbrarse a que la democracia avanza, que
ya hay congresos locales que revisan el presupuesto local y las partidas presupuestales
asignadas en lo concreto!
¡Por eso nos parece también una medida
altamente política, una estrategia política de debilitar al gobierno de la ciudad desde
la Federación, recortando los presupuestos federales para el Distrito Federal, pero
también como una estrategia política! ¡Lo cual habla del enorme miedo que le tienen,
sin duda alguna, al ingeniero Cárdenas!
Ahora bien, aquí se ha tratado de un tema
fundamental que sí toca analizar a este Congreso: que es la deuda pública del Distrito
Federal.
En primer lugar, el gobierno actual
recibió un endeudamiento de 12 mil millones de pesos, cuando lo había recibido Oscar
Espinosa en 1 mil 400 millones de pesos. ¡Tan sólo para 1999 se va a requerir pagar 7
mil 300 millones nada más de servicio y amortización de la deuda! ¡Y en el 2000 se
requerirán otros 5 mil 500 millones para este pago!
¿Les parece correcta a los priístas esta
excesiva contratación de deuda que hizo el regente pasado? y, ¿por qué autorizó y por
qué aquí este Congreso nunca analizó la razón de por qué este sobreendeudamiento? Y
aquí quisiera recordar a este Congreso algunas cosas fundamentales.
Cuando el ingeniero Cárdenas ganó la
Ciudad de México se comenzó una negociación en la Secretaría de Hacienda para que se
condonara la deuda. En primer lugar, porque no había sido contratada por nosotros y sí
por los directamente responsables en la Secretaría de Hacienda. Se dijo que no.
¡Sin embargo, a otros regentes priístas
sí se les condonó en sucesivas ocasiones el pago de la deuda del Distrito Federal! ¡En
1985 y en 1988 se firmaron convenios llamados para la rehabilitación financiera del
Departamento del Distrito Federal!
Y se tiene tengo aquí a la mano—las
consideraciones que hicieron en ese convenio. ¡Pero tan sólo a ese regente se le
condonaron 436 mil 855 millones, que absorbió la Federación! ¡Siendo deuda del Distrito
Federal lo absorbió la Federación!
¡Y ahí también el Gobierno Federal
autorizó un descuento del 96% de la deuda del Distrito Federal en 1988! Tengo aquí todos
los considerandos y consideraciones del convenio.
¿De qué se trata? ¡De que cuando se
trata de regentes priístas sí hay una Secretaría de Hacienda y un Congreso sensibles a
la problemática de la ciudad, porque dentro de los considerandos se dice que es el centro
de la Ciudad de México, que concentra la población, que es donde hay mayor actividad
económica, que recibe a toda la población conurbada etcétera!
¡Todo eso sí valía cuando se trataba de
regentes priístas, pero ahora que hay un perredista gobernando, ya de nada de eso se
acuerdan!
Pero quiero recordar también algunos
casos. Ahora tenemos un gobierno que dista mucho y para dar algunas comparaciones: ¡Oscar
Espinosa se llevó de aguinaldo 700 mil pesos y ahora no habrá aguinaldo ni para el jefe
de gobierno del Distrito Federal ni para los altos mandos del gobierno capitalino! ¡Ni
hay dispendio, ni hay abusos ni hay robos, como lo hicieron todos los gobernadores
anteriores en el Distrito Federal!
Ahora tenemos un gobierno honesto que está
haciendo un esfuerzo gigantesco por acabar con la corrupción que está plagada en el
Distrito Federal.
Quisiera comentar también que del
ejercicio de la deuda para 1998, se hace por entregas y al final del año, está
registrado también en las cuentas públicas del Distrito Federal, habrá un consumo de
deuda de 5 mil 500. Entonces, antes de venir a hablar acá, hay que estudiar, hay que leer
los documentos y hay que adentrarse a profundidad en los temas que quieran tratar aquí.
Finalmente diré que en las cuentas
públicas que se revisan en el Distrito Federal, llama la atención un concepto que el
entonces procurador general de Justicia del Distrito Federal, José Antonio González
Fernández, hoy Secretario de Estado, ya serían dos, Oscar Espinosa y José Antonio
González Fernández, los que hicieron un uso ilícito a propósito de la deuda pública;
la deuda pública, según lo marca la Ley General de Deuda Pública y la propia
Constitución en el artículo 73, se destina sólo para efectos productivos que generen
ingresos adicionales y aquí si uno revisa la evolución de la cuenta 1994, 1995 y 1996,
es un ejercicio totalmente anticonstitucional que viola la Ley General de Deuda Pública.
Por ejemplo, se ocupó el 30% de la deuda
de 1996 para equipar la oficina del entonces procurador José Antonio González
Fernández, que por cierto de ahí salieron los 35 millones de dólares que se entregó a
la IBM, por un acto de corrupción que está totalmente penalizado en la Procuraduría de
Justicia capitalina y de la cual la IBM misma ha aceptado responder ante ese fraude.
¡Para eso usaron la deuda del Distrito Federal el anterior gobierno y también lo usó
para crearse un onceavo piso y para restaurar un edificio para la Procuraduría capitalina
y equiparlo con la más alta tecnología, que por cierto no sirvió para nada, porque
fueron fraude tras fraude y un manejo totalmente discrecional del uso de la deuda
pública!
Hoy día sabemos que tenemos una
responsabilidad y un compromiso con la transición democrática y qué bueno que se
analicen con todo detalle y se fiscalice a todo detalle hasta el mínimo centavo, si es un
centavo público y eso mismo debemos hacer con todos los presupuestos federales...
|
El
diputado Francisco Javier Morales
Aceves (desde su curul): |
¡Señor Presidente!
Permítame diputada. Detengan su
tiempo, por favor. ¿Con qué objeto, diputado? Por favor, activen su micrófono.
|
El
diputado Francisco Javier Morales
Aceves (desde su curul): |
Señor Presidente, para hacerle una
atenta y respetuosa pregunta en relación a todo lo que está diciendo. ¿Qué tiene que
ver sobre el tema que nos ocupa de la aplicación de recursos federales en el Distrito
Federal?
Permítame diputado, aún no ha
aceptado la oradora su pregunta.
|
El
diputado Francisco Javier Morales
Aceves (desde su curul): |
Pero para que la registren.
Señora diputada, ¿acepta la
pregunta que hizo ya el diputado?
|
El
diputado Francisco Javier Morales
Aceves (desde su curul): |
A mi compañera de comisión.
|
La
diputada María de los Dolores Padierna Luna: |
Me están diciendo que no.
|
El
diputado Francisco Javier Morales
Aceves (desde su curul): |
¡Ah, usted obedece lo que le dicen!
Diputado, no ha aceptado la pregunta.
Por favor retírenle el micrófono al diputado.
|
El
diputado Francisco Javier Morales
Aceves (desde su curul): |
Agradezco su falta de criterio.
Gracias.
|
La
diputada María de los Dolores Padierna
Luna: |
Para terminar, señor Presidente y
compañeras y compañeros diputados, quisiéramos subrayar que por fortuna la democracia
avanza y que tenemos un Congreso local en el Distrito Federal que está analizando y que
están representados todos los partidos que aquí también están y que allá es el lugar
idóneo para dar los debates en términos generales. Que también se daña mucho la
democracia cuando todavía este país apenas está con una democracia en ciernes, se daña
mucho cuando no se respetan las propias leyes y acuerdos que tomamos a nivel federal.
Yo conmino al Partido Acción Nacional, a
que sepa respetar las políticas y no agarre a Cuauhtémoc Cárdenas de su rehén desde
que perdieron la ciudad, porque pensaron que ellos la iban a ganar, y conmino al PRI a que
no mezcle estos temas en el Fobaproa, porque pareciera que agarran de escudo al ingeniero
Cárdenas, cuando carecen de argumentos y fundamentos como toda la corrupción que generó
el PRI en materia del Fobaproa
Para rectificación, del grupo
parlamentario del PRI, tiene la palabra el diputado Guillermo Barnés, hasta por 10
minutos.
|
El diputado
Guillermo Barnés García: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
A 100 días de iniciada la gestión del
actual gobierno de la Ciudad de México y lo advertimos en este recinto en su oportunidad,
faltaban proyectos, faltaban instrumentos y faltaban programas. Hoy, a un año tres días
de distancia de iniciado el Gobierno de la Ciudad de México, confirmamos que el común
denominador es el desgobierno.
Hace un año escuchamos aquí muchos
objetivos, objetivos, buenos deseos, muchos programas, muchos planes; hoy, faltan
instrumentos, faltan acciones efectivas en beneficio de la población; hoy, sobran los
desaciertos y las excusas a diestra y siniestra. Hoy, aquí, se dice que le tenemos miedo
al jefe de gobierno, claro que le tenemos miedo, le tenemos terror al ingeniero Cárdenas,
pero terror por su incapacidad... como el resto de los capitalinos le tenemos terror
porque va a acabar con esta Ciudad de México, que tanto trabajo nos costó construir...
Las más distintas corrientes de opinión
confirman la improvisación en las acciones emprendidas, la impreparación de los
funcionarios, la ligereza en la atención a los problemas y la escasa respuesta a la
ciudadanía. Además, hoy percibimos aquí que en la democracia existe también la ley
mordaza en su grupo parlamentario.
A esta Cámara, hoy y en los próximos
días, le corresponderá evaluar el destino de los 7 mil 500 millones de pesos de recursos
que vía deuda se le autorizaron en 1998 al gobierno de la Ciudad, que, por cierto, dentro
de los elementos de la mordaza y la improvisación, fue votada en contra por sus propios
compañeros de partido.
Acuérdense, votaron en contra de su propio
jefe de gobierno, los días corren hoy y las grandes obras que dan sobrevivencia a la
Ciudad de México están paradas; no hay drenaje profundo, no progresan los programas
hidráulicos y los programas de vialidad y algunas cuantas improvisaciones de maquillaje
que vemos de repavimentaciones están parados. Lo único qué se hace, insisto, es
maquillar los problemas con acciones superficiales, efímeras que a nada contribuirán a
la solución de los problemas de fondo.
Si, tenemos terror los capitalinos de ver
tanta improvisación y sobre todo un futuro demasiado ensombrecido que lo esperamos que no
nos llegue a la velocidad que lo estamos percibiendo.
La suspensión de las inversiones para el
desarrollo sustentable podría no reflejarse en el mediano plazo en el bienestar de la
población; sin embargo, nos preocupa el transporte colectivo y el problema hidráulico.
En esta situación y a pesar de los incrementos en los impuestos, en el agua, en las
tarifas, el transporte en casi todos los rubros, vemos que hoy nos vuelve a solicitar el
jefe de gobierno más de 7 mil 500 millones de pesos de endeudamiento cuando se tiene un
subejercicio del 16% en su presupuesto asignado; ello en detrimento de la población sin
que se explique además en qué se van a usar los recursos, qué obras se van a realizar y
qué programas se van a concluir.
Vamos a los detalles: del total de ingresos
obtenidos por el gobierno de la ciudad al tercer trimestre de este año, estos resultaron
menores en 5.5% a los previstos. Así es, nuevamente se cumple desafortunadamente otro
trimestre en lo que no se alcanzan las metas comprometidas de ingreso y, repito, ello a
pesar del incremento en impuestos, incremento en predial, incremento en agua, incremento
en transporte... ¿Continuaremos así otro trimestre?
Se informa que los ingresos ordinarios
aumentaron 1.8%, sin embargo, esto se debe a que se canalizaron a productos financieros, a
la especulación bancaria que tanto critican... esta especulación les produjo ingresos y
por eso nos presumen aquí que han aumentado los ingresos de la Ciudad de México; los
recursos disponibles no son para mantenerse en cuentas bancarias, sino para ser atendidos
en los principales reclamos de la ciudadanía.
Se habla aquí, con gran demagogia, de
aguinaldos, cuando el señor Cárdenas tiene en cuentas bancarias más de 5 mil millones
de pesos depositados en recursos de alta discrecionalidad, ¿dónde están esos 5 mil
millones, señor Cárdenas?..
Además, por lo que se refiere al tan
cacareado incremento en el costo financiero de la deuda federal, hoy me remitiría al
cuadro presentado en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, que en la
página 23 asienta: que se requerirá un incremento de 123% de recursos para pagar los
intereses que ha acumulado el señor Cárdenas en esta administración; por lo tanto, si
consideran ustedes oportuno y justificable que además nos vengan a pedir otros 7 mil 500
millones de pesos de endeudamiento para incrementar en tan sólo dos años todo el costo y
el endeudamiento que tuvo la Ciudad de México en todos los gobiernos priístas ya que se
dejaron 13 mil millones de pesos de deuda y está pidiendo 15 en tan sólo dos años.
Se ofreció, al inicio de la
administración del señor Cárdenas, impulsar el gasto de inversión y reducir el gasto
administrativo; en la práctica que observamos, qué ha sucedido exactamente lo contrario.
Hoy vemos que el 80% del presupuesto se utiliza para el gasto de oficinas y se frena el
gasto de inversión.
Además, el gasto para la imagen personal
del señor Cárdenas se incrementa por arriba del 60%; imagen por cierto muy deteriorada
según las encuestas entre los capitalinos. Al mismo tiempo, el jefe de gobierno registra
en su ejercicio un subejercicio del 16% de su presupuesto, éste se concentra precisamente
en el gasto de inversión cuyo ejercicio llega sólo al 37%.
Consideramos pues compañeros, que el
presupuesto del 37% en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos es demasiado bajo, se
le restringen los recursos a las obras de infraestructura para darle vialidad y viabilidad
a la ciudad mientras que en las delegaciones también se recortan los recursos.
En resumen, la propuesta de gasto de 1999 y
sobre todo de endeudamiento público privilegia el gasto corriente, especialmente para
servicios personales, para gastos de imagen en detrimento del gasto del capital,
particularmente en los proyectos de desarrollo sustentable. Se ven sí, pequeñas
acciones, maquillaje de los problemas netamente pensando en el año 2000, gasto que se
pretende dirigir a fines electorales con claro clientelismo político en detrimento de
resolver los problemas de fondo como se prometió a lo largo de toda su campaña.
Muchas gracias.
Se han inscrito para hablar sobre el
tema, los siguientes diputados: Sandra Segura Rangel, Jesús Martín del Campo y Lino
Cárdenas Sandoval, hasta por cinco minutos.
Tiene la palabra la diputada Sandra Segura
Rangel.
|
La diputada
Sandra Lucía Segura Rangel: |
Con el permiso de la Presidencia:
Se ha afirmado aquí que hay preocupación
por el gasto del gobierno del Distrito Federal. ¿Cómo no puede haber preocupación
habiendo esta cantidad de subejercicio en este gobierno, que no ha gastado en obra?
La verdad es que aquí se ha dicho también
que ahora nos preocupa demasiado porque es Cuauhtémoc Cárdenas el jefe de gobierno. No,
señores del PRD, no se confundan. Mi partido siempre ha tenido una posición de
fiscalización de gastos en estos meses y sobre todo en el caso del Distrito Federal, en
donde, con los anteriores regentes también ha habido una posición de fiscalización que
además es competencia de esta Cámara. Yo les diría que no, no se confundan, no es
porque es Cuauhtémoc Cárdenas, es porque jamás en el Distrito Federal habíamos tenido
esta cantidad de subejercicio.
Aquí se ha hablado de los programas de la
IBM y de la honestidad del gobierno. Yo les diría que, en dos ocasiones que me he reunido
con el oficial mayor le he comentado sobre programas de la IBM para que sean también de
alguna manera verificados programas sobre el SAVO, sobre ventanillas únicas y que la
verdad es que jamás han tenido ningún interés en hacerlo. El sabe que el gobierno es
honesto, pues realmente estaría por verse.
Para el ejercicio fiscal de 1998 el
Congreso de la Unión autorizó al Gobierno...
Permítame diputada oradora.
¿Con qué objeto, diputada Dolores
Padierna?
|
La
diputada María de los Dolores Padierna
Luna (desde su curul): |
Señor Presidente, sólo para, si
usted me permitiera formular una pregunta a la diputada.
Diputada, ¿acepta usted la pregunta?
|
La
diputada Sandra Lucía Segura Rangel: |
No, al final, señor Presidente.
|
La
diputada María de los Dolores Padierna
Luna (desde su curul): |
Al final me registra para hacerle una
pregunta a la diputada.
Adelante, diputada.
|
La
diputada Sandra Lucía Segura Rangel: |
Para el Ejercicio Fiscal de 1998, el
Congreso de la Unión autorizó al gobierno del Distrito Federal disponer de hasta 7 mil
500 millones de pesos de endeudamiento neto. A la fecha se han dispuesto 1 mil 252
millones por concepto de financiamiento, utilizados en programas y proyectos de transporte
y éstos son documentos del gobierno del Distrito Federal, no nos estamos sacando nada de
la manga, son cifras del gobierno del Distrito Federal.
La deuda del gobierno del Distrito Federal
en el año de 1997 era de casi 5 mil 700 millones de pesos, el año pasado más esos 7 mil
500 ascienden a 12 mil 728, de lo que se ejerció 1 mil 252 millones de pesos.
Aquí se nos ha venido a decir que debemos
actuar con responsabilidad. Bueno, si somos responsables no tendríamos por qué autorizar
otros 7 mil 500 millones que se están solicitando, cuando hay un subejercicio tan grande
en el gobierno del Distrito Federal, lo que haría además que el gobierno quedaría
endeudado en 20 mil 228 millones de pesos, cifra más grande en dos años, el
endeudamiento sería más grande en tan solo dos años de la deuda que venía arrastrando
el gobierno del Distrito Federal.
En cuanto a las finanzas del Distrito
Federal diremos también que hay un subejercicio del 16% de lo que se recauda de los
ciudadanos por concepto de pago de servicios.
Yo aquí quisiera recordarle precisamente a
la diputada Dolores Padierna cuando ella era la coordinadora del grupo del PRD en la
Asamblea Legislativa, que está esto contenido en el Diario de los Debates de la Asamblea
de Representantes del Distrito Federal del 17 de septiembre de 1995, cuando fija el
posicionamiento y le dice a Oscar Espinosa, y no se trata de defender a ningún regente
priísta yo quisiera aquí pedir congruencia—y le dice: "señor Oscar Espinosa
Villarreal, tiene usted a la fecha un subejercicio del 8%, y estamos hablando de
septiembre que refleja con mucho la ineficiencia de su gobierno".
¿Cómo llamaríamos ahora a este gobierno
que tiene el 16% de subejercicio en el mes de diciembre? ¿Lo llamaríamos gobierno
eficiente? ¿Este es el gobierno democrático? No señores, no se confundan, no es
Cuauhtémoc Cárdenas, no es miedo a nadie, el miedo lo tiene la ciudadanía y para
muestra ahí están las encuestas y si el jefe de gobierno no cree en esas encuestas, que
se vuelva a parar en la plaza de toros.
Adelante con la pregunta, diputada
Dolores Padierna.
|
La
diputada María de los Dolores Padierna
Luna (desde su curul): |
Señora diputada Sandra Segura. Dice
usted, al principio de su intervención, que le preocupa el gasto y el presupuesto
público, no sólo ahora, sino siempre se ha interesado.
Le quiero hacer dos preguntas. La primera:
¿le interesó el problema de la corrupción cuando Carlos Salinas concertacesionó con el
PAN y convalidó y entregó hasta gubernaturas a cambio de su silencio?
Segundo. Si durante el gobierno de Oscar
Espinosa Villarreal, que un panista era el contralor capitalino, ¿cómo fue que el PAN,
si le preocupa la corrupción, no detectó tanta corrupción que hubo en el trienio de
Oscar Espinosa Villarreal?
La segunda, en referencia al subejercicio
que usted comenta. No ha podido usted analizar seguramente el último informe de gobierno
en el Distrito Federal, porque ahí no se registra el subejercicio. El dato que usted
tiene es del tercer trimestre y falta analizar el último documento. Yo la conmino a que
estudie primero.
|
La
diputada Sandra Lucía Segura Rangel: |
Sí. Respondiendo a la primera
pregunta que si nos preocupó o no nos preocupó. Mire, señora Dolores Padierna, el
discurso político aquí es muy fácil y venir a decir lo que creemos que hay o que
supuestamente hubo y que las concertacesiones, la verdad es que su partido jamás pudo
probar absolutamente nada.
El día que ustedes prueben, entonces
obviamente le entraremos a fiscalizar y a preparar, a ver si realmente existió eso.
Pero ya basta de ese discurso de
concertasesión que, cuando les conviene, también ustedes votan con el PRI y nadie les
dice absolutamente nada.
Por otro lado, yo les diría que en el caso
del tercer trimestre, es cierto, estamos analizando el documento enero-septiembre, y el
último documento que está en la Asamblea de Representantes incluso está incompleto. Y
le voy a decir por qué: porque presenta gastos al mes, no de diciembre, señora Dolores
Padierna, del mes pasado. No puede presentar al mes de diciembre, porque en el mes de
diciembre está apenas presupuestado lo que se gastaría. No hay todavía el total de
gasto y eso se entregará a la Asamblea Legislativa hasta el mes de enero. Y así lo dije.
Estamos analizando los documentos que ustedes entregaron y por eso lo mostré. No hay
aquí ninguna intención de meter documentos que no sean. Le dije en qué Diario de los
Debates de la Asamblea, del 17 de septiembre de 1995, en la página 42 está su
intervención y todos los documentos sobre los que estudiamos están a las órdenes y a la
disposición del PRD.
Gracias.
Tiene la palabra el diputado Jesús
Martín del Campo, hasta por cinco minutos.
|
El
diputado José de Jesús Martín
del Campo Castañeda: |
Gracias, señor Presidente:
Una primera aseveración resulta de las
intervenciones de los diputados de partidos distintos al mío. Todavía no se recuperan de
la derrota brutal que sufrieron el pasado 6 de julio de 1997 y esa derrota todavía les
hace que se estén relamiendo las heridas que la ciudadanía del Distrito Federal les
propinó.
La ciudadanía del Distrito Federal
expresó que no constituía en ese momento ninguna esperanza el muy mal candidato del PAN,
que los propios panistas cuestionan y cuestionaban y mucho menos el decadente régimen
priísta de corrupción, que ha dejado efectivamente en el terror a la ciudad...
Permítame, diputado Martín del
Campo.
Esta Presidencia les recuerda que los
diputados deben dignificar su investidura y el salón de sesiones, por lo que les suplico
guardar el orden y escuchar al orador con respeto, a pesar de no estar de acuerdo con lo
que está planteando.
|
El
diputado José de Jesús Martín
del Campo Castañeda: |
Sorprende además que el primer
orador del PRI, quien fuera delegado en Xochimilco, tenga tanta ignorancia, tanta
ignorancia que pase a hablar todavía del Departamento del Distrito Federal, cuando la
ciudadanía ha decidido que haya gobierno electo del Distrito Federal. Y también
sorprende que el PAN quiera tratar asuntos aquí, cuando ha dicho contradictoriamente...
Permítame, diputado Martín del
Campo. Detengan su tiempo.
|
El
diputado Héctor Luna de la Vega
(desde su curul): |
Señor Presidente.
¿Diputado, con qué objeto, diputado
Héctor Luna?
|
El
diputado Héctor Luna de la Vega
(desde su curul): |
Para alusiones personales.
|
El
diputado José de Jesús Martín
del Campo Castañeda: |
El tiempo, señor Presidente...
Se está deteniendo el tiempo.
|
El
diputado Héctor Luna de la Vega:
(desde su curul): |
Para alusiones y lo haría en la
tribuna, señor Presidente.
|
El
diputado José de Jesús Martín
del Campo Castañeda: |
El tiempo, señor Presidente...
Okey.
|
El
diputado José de Jesús Martín
del Campo Castañeda: |
Hay que recuperar el tiempo señor
Presidente.
Le pido a la Oficialía Mayor
recupere el tiempo del diputado y a está en la lista, diputado. Adelante Jesús Martín
del Campo.
|
El
diputado José de Jesús Martín
del Campo Castañeda: |
Solamente que el Partido Acción
Nacional por un lado sostiene que necesitamos el estado 32 que implica un congreso con
plenas facultades y que entonces hay que reforzar las facultades de la Asamblea
Legislativa que estamos planteando lleguen a las facultades totales de un Congreso local.
La revisión de la Cuenta Pública es en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no aquí. Aquí lo que se puede revisar es el
Presupuesto Federal y cómo se aplica a los estados.
El primer diputado del PRI quiere aquí
justificar una política de recorte y quieren recargarse en el presupuesto que les duele
mucho que presentó el gobierno del Distrito Federal y que ese es la verdadera espina que
tienen; que de una vez digan los del PRI si lo que quieren es recorte presupuestal a las
universidades públicas, que se autorice aquí y que no se vengan a justificar ni a
escudar en el gobierno del Distrito Federal porque de otra manera estaríamos hablando de
un comportamiento esquizofrénico porque diputados del Partido Revolucionario
Institucional, en la Comisión de Educación han dicho que hay que exigir que no se
reduzca el presupuesto para las universidades públicas, que no hay que cortar el gasto de
inversión que deben tener éstas y ahí no han dicho para nada que deba esto justificarse
con el presupuesto del señor Cuauhtémoc Cárdenas.
Quieren tender una cortina de humo, quieren
tender una cortina de humo sobre el problema grave del presupuesto federal, quieren aquí
venir a defender las tonterías que vino a decir el Secretario Gurría, y en ausencia del
señor Cuauhtémoc Cárdenas quieren hacer alusiones un tanto cuanto equivocadas, un tanto
cuanto erróneas, porque no van a justificar las tonterías que vino hacer aquí
directamente el señor Gurría y que no respondió a la famosa preguntita.
Si tienen alguna dificultad de ponerse de
acuerdo PAN y PRI, sobre cómo afectar la economía nacional legitimando la fraudulenta
operación del Fobaproa, no se la endilguen al gobierno del Distrito Federal, resuelvan
cómo quieren quebrantar al país legitimando una deuda fraudulenta del Fobaproa y no
quieran aquí limpiarse la cara con el presupuesto que plantea el Gobierno del Distrito
Federal.
Sobre las líneas de crédito para que no
se crea que no respondemos concreta y directamente, el destino de la líneas de crédito
del gobierno del Distrito Federal para 1999, es para varios programas; el de transporte
ecológico, el de seguridad y procuración de justicia, el de vialidad hidráulica y el de
proyectos ambientales y urbanos.
Si tienen el que decidir o discutir sobre
Cuenta Pública, que sea en la Asamblea Legislativa, sobre Presupuesto Federal, que sean
consecuentes los del PRI y que digan aquí que quieren recortes para todas las
instituciones de educación pública superior.
Muchas gracias.
Para contestar alusiones personales,
tiene la palabra el diputado Héctor Luna de la Vega.
|
El diputado Héctor Luna de la Vega: |
Con su anuencia, señor Presidente;
señoras y señores diputados:
El hacer uso de la tribuna con afanes de
ofensa, de ninguna manera diluye la responsabilidad en que está incurriendo el jefe de
gobierno del Distrito Federal.
En una actitud absolutamente ineficaz,
desde el punto de vista gubernativo, como afirmé, y por las propias vivencias que tuve la
posibilidad de conducir como gobernante en una parte del Distrito Federal.
Se habla de gobiernos inmorales y me alude
tambiény me lastima por la pulcritud que en lo personal he procurado llevar a lo largo de
más de 30 años de servidor público.
Pero adicionalmente me pregunto yo:
¿exclusivamente podemos hablar de corrupción cuando se trata de la extracción de los
recursos del erario público, o también es una forma de corrupción la ineficacia de
carácter gubernativo, el tener los recursos, atesorarlos, no utilizarlos y el plantear
una nueva demanda de mayores recursos para que sean canalizados? Y ¿en dónde está la
posibilidad y prerrogativa de los integrantes de la Cámara de Diputados? Precisamente en
la asignación de recursos que se hace al gobierno de la ciudad y éste sí es nuestro
interés y a su vez es nuestra responsabilidad, en los ramos 33, 25 y 11 que son
transferidos al gobierno de la ciudad y que seguramente habremos de revisar con toda
pulcritud.
Se hace también el enunciado de que
estamos hablando permanentemente de cifras. Yo me recuerdo haber leído que decía que en
la medida que podamos cuantificar el tema de nuestra conversación, sabremos de que
estamos hablando. Y precisamente de cifras y es la demostración que se ha tenido con
cifras, con la contundencia de las cifras, la ineficacia gubernativa a partir del escaso
avance programático, del atesoramiento de los recursos y por ello quiero establecerlo.
Muy probablemente los tiempos han cambiado,
pero no podemos hablar de ninguna manera de una democracia absurda que ciertamente pueda
ser más democrático a ser dispendio de recursos, no utilizarlos, no canalizarlos, no
cumplir con los objetivos sociales ni con las demandas de la sociedad del Distrito
Federal.
¿Que es más inmoral, no tener capacidad
gubernativa, atesorar recursos o decirse sin constatarlo que se tiene evidencia de grandes
fraudes y de desvío de recursos? Por ello queremos dejar muy bien establecido: Estamos
hablando estrictamente de ineficacia gubernativa, en primer lugar, de malos manejos de
carácter financiero no en torno a su desvío, sino en no saber utilizar. Me da la
impresión de que se trata de una hermosa bicicleta que la han recibido y no saben cómo
andar en bicicleta.
Gracias.
Tiene la palabra el diputado Lino
Cárdenas Sandoval.
|
El diputado Lino
Cárdenas Sandoval: |
Con su permiso señor Presidente;
señoras y señores diputados:
La educación para todas las sociedades y
los gobiernos es una prioridad, es también un derecho humano, en tal virtud es un asunto
que nos interesa a los mexicanos y consecuentemente a los miembros de esta Cámara de
Diputados.
Si, señor diputado Martín del Campo,
vemos con preocupación la reducción de los recursos económicos que se propone se
destinen a la educación y el impacto que esta disminución tendrá particularmente sobre
los destinados a la inversión. Esto comparado únicamente con los ejercidos en el
presente año, no se diga con respecto a los que deberían destinarse al rubro educativo,
para atender tanto las necesidades del crecimiento como las que son producto del rezago.
Sería inadmisible que se permitiera el
acumulamiento de este rezago educativo por la falta de recursos económicos o de una
estrategia que favoreciera mayor concurrencia de los tres órdenes de Gobierno para
acrecentar el gasto educativo.
La actual situación económica que vivimos
los mexicanos, nos obliga a imaginar formas y estrategias, que eviten un deterioro en la
prestación de los servicios educativos. La demanda educativa en su conjunto y en todos
los niveles educativos sigue creciendo, aún cuando en ciertos niveles y entidades del
país, se observa un estancamiento o inclusive una disminución, en tanto en otros lugares
el crecimiento de la demanda educativa está por arriba de la media nacional. Es decir, la
demanda y la oferta se presenta de manera distinta en cada entidad federativa.
También se presenta de manera diferente
las contribuciones que cada gobierno local hace al gasto educativo con sus recursos
propios. Mientras unos aportan cantidades significativas a dicho gasto, otros lo hacen con
una contribución francamente simbólica, como ocurre en el Distrito Federal, aún cuando
en el discurso dicen que la educación es su mayor prioridad y veamos ejemplos.
En tanto en Baja California Sur por vía
del ramo 33, recibió 8 mil 200 pesos por alumno de educación básica; el Distrito
Federal para atender una situación similar, recibió 6 mil 260 pesos; Guanajuato, 2 mil
945 y el Estado de México 2 mil 549 pesos. Es la más baja aportación que hace el
Gobierno Federal para atender un alumno de educación básica, comparado con lo que recibe
el Distrito Federal, el Estado de México recibe 2.45 veces menos.
Situaciones como éstas obligan a que las
entidades destinen parte de sus recursos propios para invertir en educación y disminuir
estas diferencias tan grandes.
El Distrito Federal recibe por alumno de
educación básica atendido más de lo que reciben para el mismo propósito otros 29
estados del país.
Si las aportaciones federales se suman a
las estatales, entonces tenemos que la inversión por alumno crece, como es natural y
entonces que en casos como el Distrito Federal, la inversión por alumno cae como
consecuencia de que el Gobierno del Distrito Federal, destina una pequeñísima parte y
contribuye al gasto educativo.
Si a esto le agregamos que su matrícula en
educación básica no crece, se esperaría que la inversión por alumno aumentara, pero
eso no ocurre así.
Si se analiza lo que ocurre en la
educación superior tenemos lo siguiente: las universidades públicas del país reciben
subsidio estatal y federal, cuyos porcentajes de aportación son variables, mientras que
universidades como la de Veracruz reciben subsidio estatal por el equivalente a un 54%,
Quintana Roo, México y Sonora, lo reciben en un 50% y existen otras que reciben un 10%
aproximadamente, como ocurre en Yucatán, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero y Colima.
Entre estos intervalos porcentuales se da
la aportación del subsidio de los gobiernos estatales a las universidades públicas.
En el caso del Distrito Federal, la UNAM,
el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, reciben un
subsidio del 100% por parte de la Federación. Antes de la creación de las universidades
públicas...
Ha terminado su tiempo, señor
orador, por favor concluya.
|
El
diputado Lino Cárdenas Sandoval: |
Termino.
La UNAM y estas instituciones de educación
superior que están aquí en la Ciudad de México, necesitan del apoyo del Gobierno del
Distrito Federal; no requieren de su solidaridad, sino del cumplimiento de su
responsabilidad.
¿Dónde están las promesas? ¿Es ético
gastar para promover una imagen personal y una campaña política en tanto las
universidades que están aquí en el Distrito Federal requieren con urgencia recursos para
sus laboratorios, para la inversión, para la investigación...
Diputado Cárdenas, le recuerdo que
su tiempo ha concluido.
|
El
diputado Lino Cárdenas Sandoval: |
Termino. Ojalá el señor Cuauhtémoc
Cárdenas recapacite y por primera vez muestre al menos voluntad de cumplir con lo que con
tanta intensidad expresó durante su campaña.
Gracias.
Para rectificación de hechos tiene
la palabra el diputado Rubén Mendoza Ayala, por cinco minutos.
|
El diputado Rubén
Mendoza Ayala: |
Señores, yo hago una reflexión:
¿por qué hasta hoy próximo a terminar el periodo, el PRI, mefistofélicamente saca un
tema como si el propósito fuera que este cuerpo legislativo distraiga la atención en
temas que en verdad han de preocuparnos?
¡Qué triste que hoy los que aplauden de
la bancada de allá atrás, por el enfrentamiento que se da entre los partidos que somos
oposición, por supuesto cada quien tenemos una visión sobre la eficacia de nuestros
gobiernos!
Amigos, ¿por qué no analizamos el porqué
del presupuesto?, ¿por qué ha sido detenido? Porque hay ausencias en la Comisión de
Hacienda. El asunto espinoso del Fobaproa, ¿por qué ha sido retrasado? Tantas tareas que
han sido aletargadas maliciosamente y que provocan una parálisis legislativa.
Por supuesto, el asunto del D.F. tiene que
ser tratado en una Cámara local, que se ventile en ella. No caigamos en el juego de
aquellos que ante su inoperancia e inefectividad tratan a río revuelto lograr ganancia de
pescadores.
Hoy como nunca el PRI se interesa de
sobremanera en su vecino, como si el tema de un presupuesto de una entidad sacara a flote
los graves problemas que hoy se nos presentan. Serenidad señores, porque cual gallos, nos
pican la cresta para evitar comunicación, abrir zanjas y luego forjar barrancas que
faciliten el manejo simple de hacernos ver como los irresponsables que dieron al traste
con el país.
Señores, veámonos en un espejo; el
desprestigio del Poder Legislativo es el objetivo; a ello han contribuido quienes han
justificado el fraude patriótico.
Por supuesto que hay posturas distintas y
criterios; enfrentémoslo en el debate pero de la esencia, no de lo superfluo como hoy se
trata de hacer. Una encuesta o una rechifla no soluciona nuestro futuro ni acusarnos
mutuamente de quién vende a quién. Abramos los ojos, el juego está listo y nosotros,
cual ratones, a la orden del maquiavélico amo, respondemos a estímulos perversos.
¿Cuánto tiempo, señores?, ¿cuánto
riesgo estamos llevando?, ellos conocen que la crisis está en puerta y el culpable está
listo y somos nosotros. La maquinaria y la estrategia están en marcha, el miedo y el
desprestigio son sus únicas armas y, señores, hay muchos temas hoy que debemos de tratar
y no simplemente hacer un camuflaje y caer en el perverso juego de quienes detentan hoy el
poder y que precisamente a través de esa estrategia quieren hacernos caer a jugar todos
al son que ellos toquen. ¡Ya basta de ello!
REFORMA
AGRARIA
El siguiente punto del orden del día
es la presentación del punto de acuerdo sobre la reforma agraria.
Tiene la palabra el diputado Constancio
Ríos Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10
minutos.
|
El
diputado Constancio Ríos Sánchez: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
A nombre del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, ante esta tribuna más alta del país, me permito hacer las
siguientes reflexiones en torno al tema de la reforma agraria:
Analizando los problemas reales que en día
atraviesa el agro mexicano y dando a conocer nuestra posición como legisladores al
respecto, para poder contribuir a la adecuada aplicación o establecimiento de medidas de
solución a los mismos, señalamos que el principal problema relacionado con la tenencia
de la tierra y la repartición de la misma, es concientizar a la población, sobre todo la
rural, y a las mismas autoridades de que ya no existe el reparto de tierra; no hay más
cantidad de tierras a repartir y en las tierras ya repartidas en lugar de aprovecharlas al
máximo y darles el apoyo necesario para producir, se aprecian irregularidades que afectan
directamente al agro.
Considerando la notoria controversia
generada en torno a la tenencia, regularización y reparto de la tierra en el ámbito
nacional, aunado a la inminente disminución de ejidos en el mismo, es necesario y
fundamental fijar una postura al respecto, retomando diversos acontecimientos que han
presidido la situación actual, sin omitir que dicho problema es, ha sido y será, tema de
controversia.
A partir de la creación del Partido
Acción Nacional, hace más de medio siglo, el más grave de los problemas nacionales es
el campo y no antes se ha visto resuelto, sino se verá constantemente agravado por los
métodos insinceros y de mero interés político que hasta ahora se han empleado al
respecto.
Es un problema primordial de nuestra
economía, pero sobre todo un problema de elevación humana.
El tema de la reforma agraria ha sido para
el partido un asunto de interés nacional. En la plataforma parlamentaria de 1943,
contemplábamos el impulso para la realización de la Reforma Agraria, sin fines
partidistas ni sectoriales y con el auténtico objetivo de mejoramiento en las condiciones
morales, sociales y económicas del hombre del campo en la época.
Contemplábamos y propusimos líneas de
acción en cuanto a la adopción y cumplimiento de un programa integral de resoluciones de
estos problemas, con exclusión de partidismos y de explotación política, la ampliación
al campo del régimen de la seguridad social, sin omitir que durante todo el largo periodo
de tiempo en 1961, nos pronunciamos por el replanteamiento objetivo, racional y técnico
de los problemas del campo en México, para el bienestar y el progreso de la población
rural.
Asimismo, nos propusimos medidas aportadas
por el Partido Acción Nacional respecto a que la política agraria fuera orientada al
bien común y el reparto de tierras se realizara no con criterios simplistas o
demagógicos, sino con acceso equitativo.
Otra de las medidas manifestadas fue el
sentido de que los campesinos voluntariamente pudieran agruparse en cooperativas y otras
formas libres, personales y colectivas y gestionar el desarrollo de su comunidad.
Se pretendió pugnar, literalmente
hablando, para impedir el acaparamiento de parcelas ejidales, al igual que el
aprovechamiento del ejido, por parte de grupos privilegiados de ejidatarios o personas
extrañas a éstos y el despojo de las parcelas que les corresponden a los ejidatarios.
En lo que respecta a la medida aplicable a
la pequeña propiedad, nos pronunciamos porque se cumpliera ya en ese entonces fielmente
los propósitos de la Reforma Agraria. Nos preguntaríamos cuáles son los propósitos de
la Reforma Agraria.
A propósito de la medida anterior, de
acuerdo a las reformas realizadas al 27 constitucional de fecha 6 de enero de 1992 y a la
nueva Ley Agraria publicada el 26 de febrero del mismo año, se resumen en los siguientes:
Primero: dar por terminado el reparto
agrario; segundo, lograr mayor justicia y equidad en el medio rural; tercero, cambio en el
régimen de tenencia de la tierra y cuarto, hacer posible la titulación de las tierras
ejidales.
Sin embargo, entre las irregularidades más
comunes que existen en la materia de reforma agraria y que se contraponen a los
propósitos reales de la misma, podremos mencionar los siguientes: la existencia de
marginación por parte de los poseedores o propietarios de la tierra hacia los campesinos,
que son los principales productores; son el elemento humano necesario e imprescindible
para trabajarla.
El retraso y corrupción en la
administración de justicia agraria y, por ende, en instituciones relacionadas con el
agro, debido a los injustos mecanismos que se plantean para comercializar los productos,
fruto del campo cultivado. Adicionalmente cabe mencionar como contados logros, que
únicamente cerca de 50 expedientes se encontraban inconclusos en el año de 1997 y la
pretensión del Ejecutivo era que quedaran totalmente concluidos, lo cual implica que en
ese mismo año todos debieron de haber culminado.
Si ya no existe rezago agrario porque ha
sido prácticamente abatido, no se justifica la existencia de la Secretaría de la Reforma
Agraria, aun centralizada, lo que nos permite adoptar la siguiente postura política,
jurídica, económica y social.
Nos manifestamos en el sentido de que lo
más apropiado y democrático en lo referente al asunto agrario, dicha postura nos cabe
mencionar que corresponde a las entidades federativas. He señalado arbitrios extraídos
de la realidad. Esto como nación, nos debemos de considerar que por la gran extensión
territorial, la diversidad del mismo ante los diferentes problemas locales que hoy día
hemos visto más enfatizados y los principios generales jurídicos que deben en todo
momento, resulta de una imperante necesidad que la materia agraria sea de competencia de
los estados y, por ende, que se reglamente dicha propuesta en los diversos ordenamientos
legales existentes relacionados en los diversos ordenamientos legales.
Asimismo, en primer lugar, como una norma
suprema en el artículo 27 constitucional contemplado, como bases jurídicas generales,
aquellas leyes locales que cada Congreso apruebe, sin exclusión de las condiciones
geográficas sociales y económicas de las regiones diversas del país.
Se debe dar al ejidatario la calidad de
ciudadano y, por lo tanto, respetar las garantías individuales inherentes a cada
individuo, como lo es la libertad de decidir basándose en un verdadero marco jurídico
que garantice la confianza y, por ende, la inversión de mayores recursos al campo.
Desafortunadamente la realidad es palpable.
No se permite asumir la determinación esencial consistente en otorgar a los estados todas
las facultades y los recursos en lo conducente a la materia agraria. Desgraciadamente se
ha apreciado que existen instrumentos de procuración de justicia agraria, tribunal
agrario, que prácticamente son instituciones en donde predomina el burocratismo. La
esencia para la cual fueron creadas pasó a segundo término y, en ocasiones, sólo
representa un obstáculo a la pronta solución de los problemas, sin olvidar mencionar que
en cada entidad federativa existen tribunales, delegaciones y procuradurías agrarias, que
lo único que generan son más gastos a la nación y menos soluciones a los conflictos del
campo.
En cada Estado del territorio nacional
existen diferentes conflictos y problemáticas diversas, por lo que lo idóneo sería que
el ordenamiento legal sea establecido por los congresos locales, de acuerdo a los
conflictos suscitados en la región, para definir, adoptando una solución general para
todos los estados y circunstancias.
Si estimamos que existen por lo menos en
más de la mitad de los municipios juzgados civiles, ¿por qué no establecer que la
propiedad agraria se regule por ordenamientos estatales y de competencia de los tribunales
locales?
Dichos tribunales locales fungirían como
instancia idónea y se consentiría que los ejidatarios adoptaran el régimen jurídico
deseado por los mismos, además si de la materia civil en los ámbitos rural y urbano es
de competencia estatal, ¿qué impide que la materia agraria también lo sea?
Se debe dar a los estados tareas
específicas, con lo cual se estaría contribuyendo a un verdadero federalismo, se
cumpliría el objetivo primordial de nuestra Carta Magna y permitiríamos que en las
entidades se generara mayor desarrollo de modernidad y armonía respecto al agro.
Muchas gracias.
«Punto de acuerdo sobre Reforma
Agraria.—Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras diputadas y compañeros diputados:
A nombre del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional ante esta tribuna más alta del país, me permito hacer las
siguientes reflexiones en torno al tema de la reforma agraria.
Analizando los problemas reales que en día
atraviesa el agro mexicano y dando a conocer nuestra posición como legisladores al
respecto para poder contribuir a la adecuada aplicación o establecimiento de medidas de
solución a los mismos, señalamos que el principal problema relacionado con la tenencia
de la tierra y la repartición de la misma es concientizar a la población, sobre todo la
rural, y a las mismas autoridades de que ya no existe el reparto de tierras, no hay más
cantidad de tierras a repartir y en las tierras repartidas en lugar de aprovecharlas al
máximo y darles el apoyo necesario para producir, se aprecian irregularidades que afectan
directamente al agro.
Considerando la notoria controversia
generada en torno a la tenencia, regularización y "reparto" de la tierra en el
ámbito nacional, aunada a la inminente disminución de ejidos en el mismo, es necesario y
fundamental fijar una postura al respecto retomando diversos acontecimientos que han
precedido la actual situación, sin omitir que dicho problema es, ha sido y será, tema de
controversia.
A partir de la creación del Partido
Acción Nacional, hace más de medio siglo, nuestro partido en sus principios de doctrina
señala que: "el más grave de los problemas nacionales es el campo y no será
resuelto, antes se verá constantemente agravado por los métodos insinceros y de mero
interés político que hasta ahora se han empleado al respecto. Es un problema primordial
de nuestra economía, pero sobretodo un problema de elevación humana".
El tema de la reforma agraria ha sido para
el partido un asunto de interés nacional; en la plataforma parlamentaria de 1943
contemplábamos el impulso para la realización de la Reforma Agraria, sin fines
partidistas ni sectoriales y con el auténtico objetivo de mejoramiento en las condiciones
morales, sociales y económicas del hombre del campo de la época.
Contemplamos y propusimos líneas de
acción en cuanto a "la adopción y cumplimiento de un programa integral de
resoluciones de esos problemas con exclusión de partidismos y de explotación política,
la ampliación al campo del régimen de la seguridad social", sin omitir que durante
todo un largo periodo de tiempo, en 1961 nos pronunciamos por "el replantamiento
objetivo, racional y técnico de los problemas del campo en México, para el bienestar y
el progreso de la población rural".
Asimismo propusimos medidas aportadas por
el Partido Acción Nacional respecto a que la política agraria fuera orientada al bien
común y el reparto de tierras se realizara no con criterios simplista y demagógico, sino
con acceso equitativo. Otra de las medidas manifestadas fue en el sentido de que "los
campesinos voluntariamente pudieran agruparse en cooperativas y otras formas libres de
asociación, idóneas para defender sus intereses personales y colectivos y gestionar el
desarrollo de su comunidad". Se pretendió pugnar, literalmente hablando, para
impedir el acaparamiento de parcelas ejidales, al igual que el aprovechamiento del ejido
por parte de grupos privilegiados de ejidatarios o por personas extrañas a éstos y el
despojo de las parcelas que les corresponden a los ejidatarios, en lo que respecta a la
medida aplicable a la pequeña propiedad, nos pronunciamos porque se cumpliera (ya en ese
entonces) fielmente los propósitos de la Reforma Agraria.
Nos preguntaríamos, ¿cuáles son los
propósitos de la Reforma Agraria? A propósito de la medida anterior, de acuerdo a las
reformas realizadas al artículo 27 constitucional de fecha 6 enero 1992 y a la nueva Ley
Agraria publicada el 26 de febrero del mismo año, se resumen en los siguientes:
1. Dar por terminado el reparto agrario.
2. Lograr mayor justicia y equidad en el
medio rural.
3. Cambio en el régimen de tenencia de la
tierra.
4. Hacer posible la titulación de las
tierras ejidales.
Sin embargo, entre las irregularidades más
comunes que existen en materia de reforma agraria y que se contraponen a los propósitos
reales de la misma, podemos mencionar las siguientes:
La existencia de marginación por parte de
los poseedores o propietarios de la tierra hacia los campesinos que son los principales
productores (son el elemento humano necesario e imprescindible para trabajarla.)
El retraso y corrupción en la
administración de justicia agraria y, por ende, en instituciones relacionadas con el
agro, debido a los injustos mecanismos que se emplean para comercializar los productos
(fruto del campo cultivado.)
Adicionalmente, cabe mencionar como
contados logros:
Que únicamente cerca de 50 expedientes se
encontraban inconclusos en el año de 1997 y la pretensión del Ejecutivo era que quedaran
totalmente concluidos, lo cual implica que en ese mismo año, todos debieron haber
culminado.
Si ya no existe rezago agrario, porque ha
sido prácticamente abatido, no se justifica la existencia de la Secretaría de la Reforma
Agraria aun centralizada, lo que nos permite adoptar la siguiente postura política,
jurídica, económica y social:
Nos manifestamos en el sentido de que lo
más apropiado y democrático en lo referente al asunto agrario, es que éste, le
corresponde a las entidades federativas. Dicha postura no es señalada al arbitrio, sino
extraída de la realidad. Como nación debemos considerar que por la gran extensión
territorial, la diversidad del mismo, ante los diferentes problemas locales que hoy día
hemos visto más enfatizados y los principios generales jurídicos que deben gobernar en
momento, resulta una imperante necesidad que la materia agraria sea competencia de los
estados y, por ende, que se reglamente dicha propuesta en los diversos ordenamientos
legales existentes relacionados con la misma; contemplando en primer lugar como norma
suprema en el artículo 27 constitucional y como bases jurídicas generales aquellas leyes
locales que cada Congreso apruebe, sin exclusión de las condiciones geográficas,
sociales y económicas de las regiones diversas del país.
Se debe dar al ejidatario la calidad de
ciudadano y por lo tanto respetar las garantías individuales inherentes a cada individuo,
como lo es la libertad de decidir basándose en un verdadero marco jurídico que garantice
la confianza y, por ende, la inversión de mayores recursos al campo; desafortunadamente
la realidad es palpable: no se le permite asumir la determinación esencial, consistente
en otorgar a los estados todas las facultades y los recursos en lo conducente a la materia
agraria.
Desgraciadamente se ha apreciado que
existen instrumentos de "procuración de justicia agraria" (tribunal agrario),
que prácticamente son instituciones en donde predomina el burocratismo, la esencia para
la cual fueron creadas pasó a segundo término y en ocasiones sólo representan un
obstáculo a la pronta solución de los problemas, sin olvidar mencionar que en cada
entidad federativa existen tribunales, delegaciones y procuradurías agrarias, que lo
único que generan son más gastos a la nación, y menos soluciones a los conflictos del
campo.
No debemos ignorar que en cada región y
aún más en cada Estado del territorio nacional existen diferentes conflictos y
problemáticas diversas, por lo que lo idóneo sería que ordenamiento legal sea
establecido por los congresos locales, de acuerdo a los conflictos suscitados en la
región para definir específicamente las soluciones aplicables en cada caso y no
adoptando una solución general para todos los estados y circunstancias.
Si estimamos que existen por lo menos en
más de la mitad de los municipios juzgados civiles, ¿por qué no establecer que la
propiedad agraria se regule por ordenamientos estatales y de competencia de los tribunales
locales? Dichos tribunales locales fungirían como instancia idónea y se consentiría que
los ejidatarios adoptarán el régimen jurídico deseado por los mismos; además si la
materia civil en los ámbitos rurales y urbanos es de competencia estatal, ¿qué impide
que la materia agraria también lo sea?
Se debe dar a los estados tareas
específicas, con lo cual se estaría contribuyendo a un verdadero federalismo, se
cumpliría el objetivo primordial de nuestra Carta Magna y permitiríamos que en las
entidades se generara mayor desarrollo de modernidad y armonía respecto al agro.
Muchas gracias.
México, D.F., a 8 de diciembre de
1998.—Diputado Constancio Ríos Sánchez.»
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de la Reforma
Agraria.
El siguiente punto del orden del día, son
comentario sobre salarios mínimos.
Tiene la palabra el diputado Javier Paz
Zarza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.
|
El
diputado Joel Guerrero Juárez
(desde su curul): |
Pido la palabra.
¿Con qué objeto, señor diputado?
|
El
diputado Joel Guerrero Juárez
(desde su curul): |
Había inscrito una participación
del Partido Revolucionario Institucional sobre este punto.
¿Sobre el punto de la Reforma
Agraria, diputado?
|
El
diputado Joel Guerrero Juárez
(desde su curul): |
Sí.
No lo tengo inscrito. Sin embargo,
tiene la palabra, diputado.
Aguánteme un poquito usted, diputado Paz
Zarza.
|
El
diputado Sergio Valdés Arias
(desde su curul): |
Señor Presidente: ¡no fue votado
este punto en el orden del día como deliberativo!
Diputado Joel Guerrero: si queremos
recordarle que el acuerdo de este pleno fue que este tema no era deliberativo, que era
turno a comisión. Por eso su grupo parlamentario se abstuvo de tener lista de oradores.
En caso de que usted desee tomar la palabra, seguramente lo podemos agendar para el día
de mañana.
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez
Rodríguez (desde su curul): |
¡Pido la palabra!
¿Con qué objeto, diputado Américo?
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez
Rodríguez (desde su curul): |
Para el mismo propósito de señalar
que no hay tema a discusión y si se insiste en este sentido, para que me anotara para
rectificación de hechos.
No, no hay lugar, diputado Américo.
|
El
diputado Américo Alejandro Ramírez
Rodríguez (desde su curul): |
Gracias.
SALARIOS
MINIMOS
Entonces tiene la palabra el diputado
Javier Paz Zarza, para abordar el tema sobre salarios mínimos.
|
El diputado Javier Paz
Zarza: |
Con su permiso, señor Presidente:
Honorable Asamblea: el pasado martes 1o. de
diciembre conocimos la noticia con estupor que la tristemente célebre Comisión Nacional
de Salarios Mínimos había determinado un incremento miserable del 14% a los salarios
mínimos.
Es evidente que tal resolución es injusta
e insuficiente ante la escalada de precios que inició el Gobierno Federal, en perjuicio
de millones de mexicanos. Es injusto e insuficiente ya que este atropello no satisface la
recuperación del poder de compra de los trabajadores. Es injusta e insuficiente porque
pretende desconocer que la inflación esperada para 1999 es del 19.3%, por lo que el
aumento real, es decir, en términos de poder adquisitivo es de una disminución del 5%
mínimo. Esta disminución se suma a la caída del 5.7% en el poder adquisitivo del
salario mínimo legal de 1998.
Obvio es que los tecnócratas y sus
cómplices instalados en el poder desconocen igualmente el impacto del 15% a las
gasolinas, el 35% a los transportes y lo que se acumule en esta semana.
Conforme a datos del Banco de México, el
17.3% de la población económicamente activa percibe hasta un salario mínimo o menos. El
35.7% más de uno y hasta dos salarios mínimos. De dos y hasta tres salarios mínimos el
17%. El 8.9% percibe más de tres y hasta cuatro salarios mínimos y finalmente más de
cuatro salarios mínimos el 5.6%.
Tal resolución de la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos se presenta sin fundamento alguno, en tanto que se desconocen los
estudios técnicos correspondientes a la canasta básica, los indicadores de los
movimientos de precios y el absurdo de seguir subsistiendo tres zonas económicas a nivel
nacional para determinar los montos correspondientes.
También tal resolución hizo caso omiso a
la exhortación que tuvo a bien aprobar por unanimidad esta Cámara de Diputados, para que
el incremento fuera el suficiente para recuperar el poder adquisitivo salarial del año
que transcurre. Quedando pendiente la recuperación de la pérdida salarial histórica que
a la fecha es superior al 70%.
¿Quién puede afirmar, señoras y señores
diputados, sensatamente, que con 34 pesos 45 centavos diarios, es suficiente para
satisfacer las necesidades del trabajador y su familia?
En Acción Nacional afirmamos, junto con el
Constituyente de Querétaro, que el salario mínimo tiene el carácter de garantía
social, ya que el mismo es la única fuente para satisfacer las necesidades del trabajador
y de su familia y sobre todo atender a su eminente dignidad para su desarrollo integral en
el orden material, social y cultural.
Por eso afirmamos que la resolución de la
multicitada Comisión Nacional de Salarios Mínimos constituye una violación al artículo
123 en su fracción VI.
Entendemos claramente en Acción Nacional
que no es plena responsabilidad de tal comisión tal resolución, sino de quienes designan
a los integrantes de la misma. Tampoco es responsabilidad de la Secretaría de Trabajo y
que ésta es un simple instrumento del Ejecutivo en turno.
Está claro, señoras y señores, que el
responsable de la brutal agresión a los trabajadores es responsabilidad del propio señor
Ernesto Zedillo, que suma otro agravio más en contra de la sociedad.
En consecuencia, señoras y señores
diputados, el grupo parlamentario de Acción Nacional expresamos nuestra censura más
enérgica a la multicitada Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que esperamos que
ésta sea su última resolución, para aprobar en el futuro próximo su desaparición por
inútil y costosa en perjuicio de los mexicanos.
Finalmente, señor Presidente, entrego a la
Secretaría este documento, solicitando respetuosamente se turne a la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.
Firman el presente documento los diputados:
Martín Contreras Rivera, José Angel Frausto Ortiz, Armando Jasso Silva, Raúl Monjarás
Hernández, Abelardo Perales y el de la voz, un servidor, Javier Paz Zarza.
Muy amable.
|
La
diputada María Adelaida de la Cruz
Moreno (desde su curul): |
¡Señor Presidente, pido la palabra!
¿Con qué objeto, diputada? Active
su micrófono, por favor.
|
La
diputada María Adelaida de la Cruz
Moreno (desde su curul): |
Para el mismo tema, para rectificar
hechos, señor Presidente.
Tiene la palabra diputada. No se
habían inscrito sobre el tema ningún orador de parte de los partidos.
Tiene la palabra para rectificar hechos,
hasta por cinco minutos.
|
La diputada María Adelaida de la Cruz
Moreno: |
Con su venia, señor Presidente:
compañeras y compañeros legisladores:
El 23 de noviembre pasado, esta Cámara
tuvo a bien aprobar por unanimidad un punto de acuerdo en relación al incremento a los
salarios mínimos generales y profesionales para 1999. En esta fecha acordamos recomendar
a la comisión referida, que el incremento no fuera menor al 22%, pues sólo así se
recuperaría la pérdida del poder adquisitivo salarial ocurrida en el año que transcurre
y se recuperaría en parte la pérdida salarial histórica de los últimos 20 años, que a
la fecha es superior al 70%.
No obstante que nuestra recomendación era
compartida por todo el movimiento obrero de nuestro país, la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos acordó un incremento del 14%, aumento que se determinó con el voto del
presidente de la comisión en cuestión y los votos del sector empresarial, votando en
contra los representantes del sector obrero. Además este aumento se hizo sin tomar en
cuenta lo establecido en el segundo párrafo de la fracción Vl del artículo 123
constitucional, que a la letra dice: "los salarios mínimos generales deberán ser
suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden
material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos".
En consecuencia, compañeras y compañeros,
la Comisión de Trabajo y Previsión Social pone a su consideración el siguiente:
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que esta Cámara expresa
públicamente su extrañamiento a la conducta asumida por la Comisión de Salarios
Mínimos y particularmente a su presidente, porque violando el artículo 123
constitucional en su fracción VI, fijaron un salario mínimo insuficiente en perjuicio de
los trabajadores".
Diputado Presidente: en nombre de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Diputados y con base en los
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, le solicitamos respetuosamente dar curso a nuestra propuesta y
ponerla a consideración de la plenaria inmediatamente, por ser un asunto de urgente y
obvia resolución.
Señor Presidente: se hace entrega del
presente escrito con la firma de todos y cada uno de los que integramos la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.
Por la mesa directiva: su presidente, Juan
Moisés Calleja Castañón; secretarios, Javier Paz Zarza, Rosalío Hernández, Marco
Antonio Fernández Rodríguez y los demás miembros de dicha Comisión.»
Es cuanto, señor Presidente.
«Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Diputada Gloria Lavara Mejía, presidenta
de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.—Presente.
Compañeras y compañeros legisladores:
El 23 de noviembre pasado esta Cámara tuvo
a bien aprobar por unanimidad un punto de acuerdo, en relación al incremento a los
salarios mínimos generales y profesionales para 1999. En esa fecha acordamos recomendar a
la comisión referida que el incremento no fuera menor al 22%, pues sólo así se
recuperaría la pérdida del poder adquisitivo salarial ocurrida en el año que transcurre
y se recuperaría en parte la pérdida salarial histórica de los últimos 20 años que a
la fecha es superior al 70%.
No obstante que nuestra recomendación era
compartida por todo el movimiento obrero de nuestro país, la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos acordó un incremento del 14%, aumento que se determinó con el voto del
presidente de la comisión en cuestión y los votos del sector empresarial, votando en
contra los representantes del sector obrero. Además este aumento se hizo sin tomar en
cuenta lo establecido en el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 123
constitucional que a la letra dice:
"Los salarios mínimos generales
deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia,
en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los
hijos."
En consecuencia, compañeras y compañeros,
la Comisión de Trabajo y Previsión Social pone a su consideración, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que esta Cámara expresa
públicamente su extrañamiento a la conducta asumida por la Comisión de Salarios
Mínimos, en especial a su presidente, porque violando el artículo 123 constitucional, en
su fracción VI, fijó un salario mínimo insuficiente en perjuicio de los trabajadores.
Señor Presidente: en nombre de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Diputados y con base en los
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, le solicitamos respetuosamente dar curso a nuestra propuesta y
ponerla a consideración de la plenaria inmediatamente por ser un asunto de urgencia y
obvia resolución.
Señor Presidente: se hace entrega del
presente escrito con la firma de todos y cada uno de los integrantes de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.
Muchas gracias.
Por la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, diputados: Juan Moíses Calleja Castañón, presidente; Javier Paz Zarza Beltrán,
Rosalío Hernández, Marco Antonio Fernández Rodríguez, secretarios; María de la
Soledad Baltazar Segura, Martín Contreras Rivera, José Angel Frausto Ortiz, José
Armando Jasso Silva, Raúl Monjarás Hernández, Abelardo Perales Meléndez, Diego Aguilar
Acuña, Víctor M. Carreto y Fernández de Lara, Alfonso Carrillo Zavala, María Adelaida
de la Cruz Moreno, José Luis Enríquez González, Isaías González Cuevas, Héctor
González Machuca, Juana González Ortiz, José Janitzio Soto Elguera, Luis Velázquez
Jaacks, Jesús José Villalobos Sáenz, Jorge Doroteo Zapata García, Joaquín Antonio
Hernández Correa, Benito Mirón Lince, César Agustín Pineda Castillo, Luis Rojas
Chávez, Pablo Sandoval Ramírez, Enrique Santillán Viveros y Marcelo Luis Ebrard
Casaubón.»
¿Había pedido la palabra diputado
Guerrero?
Bueno, entonces la propuesta de la diputada
se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
|
El
diputado Jesús José Villalobos Sáenz
(desde su curul): |
¡Señor Presidente, pido la palabra!
¿Con qué objeto, diputado?
|
El
diputado Jesús José Villalobos Sáenz
(desde su curul): |
Sobre el mismo asunto, con respecto a
la solicitud que le está haciendo la compañera diputada Adelaida de la Cruz, de
someterlo a consideración por considerarse de obvia resolución, solicito a la
Presidencia que rectifique el turno y que lo someta a votación de esta Asamblea.
Esta Presidencia instruye a la
Secretaría para que dé lectura al artículo 27 del acuerdo parlamentario.
|
La
secretaria Clarisa Catalina Torres
Méndez: |
"Artículo 27. La Presidencia de
la mesa directiva no pondrá a votación un asunto calificado al momento de su inclusión
en el orden del día como deliberativo o de información."
Entonces diputado solamente habría
excepción si fuera acuerdo de los grupos parlamentarios. A ver diputado Rosalío
Hernández abra su micrófono, por favor; diputado Rosalío, tiene la palabra.
Un momento, a todos se les va a dar la
palabra.
|
El
diputado Rosalío Hernández Beltrán
(desde su curul): |
Señor Presidente, la propuesta es
por unanimidad de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados;
hay acuerdo de los grupos, le sugiero que la ponga a votación económica.
Tiene la palabra el diputado Javier
Paz.
|
El
diputado Javier Paz Zarza
(desde su curul): |
En el mismo sentido.
Por favor prendan el micrófono del
diputado Marco Antonio Fernández.
|
El
diputado Marco Antonio Fernández
Rodríguez (desde su curul): |
Señor Presidente, en el mismo
sentido que lo hiciera el compañero Rosalío, la presentación del documento lleva ya
consigo el acuerdo de las fracciones parlamentarias, por tanto ruego a usted lo someta a
consideración de la Asamblea, en votación económica.
Es correcto con la salvedad de este
artículo, por acuerdo de los grupos parlamentarios instruyo a la Secretaría para que lo
ponga a consideración en votación económica.
|
La
secretaria Clarisa Catalina Torres
Méndez: |
Por instrucciones de la Presidencia,
se somete a esta Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente y obvia
resolución.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se considera de urgente y obvia resolución, señor Presidente.
En consecuencia está a discusión la
proposición. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la
Asamblea en votación económica si se aprueba.
|
La
secretaria Clarisa Catalina Torres
Méndez: |
En votación económica, se somete a
esta Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
Continúe la Secretaría...
¿Con qué objeto, diputado Oceguera?,
activen el micrófono del diputado Oceguera, por favor.
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Sí, señor Presidente.
Para hacer una moción y al mismo tiempo
una petición muy comedida a la Presidencia de esta mesa directiva.
En el orden del día apareció inscrito
dentro de lo que denominamos "agenda política", en segundo término, un tema
que se denominó "punto de acuerdo sobre la Reforma Agraria"; consecuentemente,
señor Presidente, este tema no se agendó en sus términos porque es un tema
deliberativo, porque no hubo tal propuesta del punto de acuerdo.
En mérito de que nosotros queremos hacer
valer un punto de vista al respecto, le pido a usted su autorización para que pueda
participar como orador de nuestro grupo parlamentario el compañero Joel Guerrero, aquí a
mi derecha, del Estado de Hidalgo.
Diputado Oceguera, quiero recordar
que efectivamente el acuerdo de este pleno fue en términos de que fuera deliberativo y
que su grupo parlamentario retiró los oradores; no ha lugar efectivamente a la
discusión, por lo que ya también con el diputado Guerrero, agendamos para el día de
mañana su intervención...
Diputado Fidel Herrera, ¿con qué
objeto?..
|
El
diputado Fidel Herrera Beltrán
(desde su curul): |
Señor Presidente, para informarle en
adición a lo que usted acaba de informar, pues, de que hay un acuerdo con grupos
parlamentarios que tienen la capacidad para sugerir a la Presidencia la inclusión de
puntos en el orden del día distintos de los agendados, para que este asunto se ventile
ahora; se trata pues de pedirle a usted que pudiera dar cauce a ésta, que es una
determinación que le solicitamos.
REFORMA
AGRARIA (II)
Por acuerdo de los grupos
parlamentarios, sí hay lugar a que pueda tener esta participación el diputado Guerrero.
|
El diputado Joel
Guerrero Juárez: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras diputadas y diputados:
El Partido Revolucionario Institucional
considera importante dejar sentada en esta sesión su posición sobre la situación que
han planteado los compañeros de Acción Nacional sobre la Secretaría de la Reforma
Agraria; consideramos que por mandato constitucional, el Estado mexicano está obligado a
regular la propiedad rural, originalmente de la nación, de acuerdo con el interés
público y el beneficio social, para hacer una distribución equitativa de la riqueza
pública y darle su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar
las condiciones de vida de la población rural.
De ahí la importancia que el Ejecutivo y
el compromiso que tiene el Estado de atender los problemas del campo a través de una
dependencia, en este caso la Secretaría de la Reforma Agraria.
Este mandado constitucional, dado desde
1917 y ratificado en el año de 1992 con la modificación del artículo 27 constitucional
que establecía la propiedad originaria de la nación sobre todas las tierras de la misma,
obliga a hacer una reflexión sobre diferenciar lo que es el carácter de la política
agraria como una característica permanente del Estado y el reparto de tierras como una de
las fases de esa política que ya ha concluido.
Esto quisiera decir que la Reforma Agraria
en sus diferentes fases tiene hoy obligación y la necesidad de planear una serie de
actividades más allá del solo reparto, pero queda pendiente que el reparto todavía
está por concluirse. Hay acciones que no han quedado concluidas.
En este contexto, no hay razones
jurídicas, técnicas ni de orden económico presupuestal para poner en duda el trabajo de
la Reforma Agraria. Quienes reclamen su desaparición indudablemente tienen un reclamo de
carácter más ideológico, de carácter más político, por eso es importante debatir con
diálogo, por eso es importante discutir con claridad, con libertad, para que no nos
enredemos en argumentos que son apenas pretextos, como el ahorro que podría lograrse con
la supuesta desaparición de la Reforma Agraria.
Quisiera decir con esto que las voces que
demandan la desaparición de la reforma no son gratuitas, hacen daño porque implican una
serie de actos que van en contra de la función importante, sobre todo la de certeza para
la tenencia de la tierra.
La otra cuestión que había que señalar
es que hay tareas importantes y definitivas pendientes de la Secretaría: la
capacitación, la organización, la posibilidad de asociación de los productores para
tener posibilidades de mejor desarrollo, creo que es sumamente importante. Por eso
creímos que ante este planteamiento, e invitando a que en un futuro este debate continúe
y podamos ahondarlo para que se discuta desde el punto de vista ideológico, desde el
punto de vista político, la función que el Estado y el compromiso que el Estado tiene
con los campesinos a través de la Reforma Agraria, para continuar atendiendo sus
demandas, no sólo de reparto, sino demandas tan importantes como lo que nos queda como
política agraria para el desarrollo del país en el campo.
Muchas gracias.
Continúe la Secretaría.
ORDEN DEL
DIA
|
La
secretaria María Martha Veyna Soriano: |
Señor Presidente, se han agotado los
asuntos de cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la
próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.—Segundo Año.—LVII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 9 de diciembre de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior
Comunicaciones del Congreso del Estado de
Oaxaca.
Iniciativas de diputados
De reformas a la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México. (Turno a comisión.)
De Ley que crea la Comisión Nacional de la
Carne, a cargo del diputado Joaquín Montaño Yamuni, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)»
CLAUSURA
Y CITATORIO
| El Presidente (a
las 13:51 horas) : |
Se levanta la sesión y se cita para
la próxima, que tendrá lugar mañana, miércoles 9 de diciembre, a las 10:00 horas.
RESUMEN
DE TRABAJOS.
* Tiempo de duración: 2 horas 51 minutos.
* Quorum a la apertura de sesión: 258
diputados.
* Excitativas a comisiones: 1.
* Puntos de acuerdo: 2.
* Temas de agenda política: 3.
* Oradores en tribuna: 18
PRI-6;
PRD-4; PAN-7; PVEM-1.
Se recibieron:
* 1 comunicación del Congreso del Estado de
Chiapas.
* 1 comunicación de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política, sobre cambios en la integración de comisiones de
trabajo;
* 1 iniciativa del PVEM;
* 2 iniciativas del PAN;
* 1 minuta para desempeñar cargo de cónsul
honorario;
* 1 minuta para presetar servicios en
representación diplomática.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en
esta edición:
| Cecyt |
Centro de Educación Científica y
Tecnológica |
| Conacyt |
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |
| Conalep |
Colegio Nacional de Educación Profesional. |
| D.F. |
Distrito Federal. |
| Fobaproa |
Fondo Bancario de Protección al Ahorro. |
| IBM |
International Busines Machine |
| IFE |
Instituto Federal Electoral. |
| IMSS |
Instituto Mexicano del Seguro Social. |
| Infonavit |
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores. |
| PAN |
Partido Acción Nacional. |
| PRD |
Partido de la Revolución Democrática |
| PRI |
Partido Revolucionario Institucional. |
| Progresa |
Programa Nacional de Educación, Salud y
Alimentación. |
| Tribasa |
Triturados Basálticos y Derivados, S.A. de
C.V. |
| UNAM |
Universidad Nacional Autónoma de México. |
|