|
Presidencia del diputado Salvador Sánchez Vázquez |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta
Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados, para conocer si existe
el quorum reglamentario, a la vez que le solicitamos a los representantes de los medios de
comunicación pasen a ocupar su lugar. Igualmente que a los señores legisladores ubicarse
en sus curules y escuchar a la Secretaría.
| La secretaria
Clarisa Catalina Torres Méndez: |
Se informa a la Presidencia que existen registrados
previamente 356 diputados, por lo tanto hay quorum, señor Presidente.
| El Presidente (a
las 17:28 horas): |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
| La secretaria
Clarisa Catalina Torres Méndez: |
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.—
Segundo Año.— LVII Legislatura.
Orden del día
Lunes 14 de diciembre de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Nayarit, con la
que remite punto de acuerdo en relación al proyecto de Ley de Ingresos y al Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999. (Turno a comisión.)
Comunicaciones de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política. (Cambios de integrantes de comisión.)Iniciativas de
diputados
De Ley de Armas de Fuego y Explosivos y de reformas a la
denominación del Capítulo III del Título Cuarto y los artículos 160, 161, 162 y 163 y
adición de los artículos 163.1 al 163.6 del Código Penal para el Distrito Federal en
Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, a cargo del
diputado Felipe Urbiola Ledesma, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a comisión.)
Que reforma el inciso d y adiciona un inciso h al artículo
9o. numeral 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, reglamentaria de los artículos 41, 60 y 99 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Patiño Pozas, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, para la creación de una comisión ordinaria de
protección civil, a cargo de la diputada Noemí Guzmán Lagunes, a nombre de la Comisión
de Protección Civil. (Turno a comisión.)
Que reforma y adiciona los artículos 55, 57, 58, 59-A, 60,
61, 62, 63, 64, 64-A, 64-B y 64-C, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Que reforma los artículos 73 fracción XXVIII, 76
fracción I, 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a cargo del diputado Luis Meneses Murillo, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Excitativa
A la Comisión de Energéticos, a cargo del diputado
Ricardo Fernández Candia, a nombre del grupo parlamentario de Partido Acción Nacional.
(Turno a comisión.)
Proposiciones
Con punto de acuerdo para integrar una comisión para la
reforma fiscal ecológica, a cargo del diputado Alejandro Jiménez Taboada, a nombre de
los integrantes de los grupos parlamentarios que integran la LVII Legislatura. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para que se modifique el proyecto de
decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999, a
nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para que se modifique la Ley de
Ingresos de la Federación y el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999, a nombre del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Elección de los integrantes de la Comisión
Permanente.
Dictámenes a discusión
De las comisiones unidas de Pesca y de Turismo, con
proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley de Pesca. (Dispensa de todos los
trámites. Discusión y votación.)
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,
con proyecto de decreto que reforma los artículos 55 y 59 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. (Dispensa de todos los trámites. Discusión y
votación).
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,
con proyecto de decreto que adiciona una segundo párrafo y ocho fracciones al artículo
78 con una Sección Quinta en el Capítulo II del Título Tercero, así como el artículo
74 fracción IV párrafo V; que reforman los artículos 73 fracción XXIV, 74 fracción ll
y 79, y que deroga la fracción III del artículo 74 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. (Dispensa de todos los trámites. Discusión y votación.)
Y los demás dictámenes que la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política, proponga al pleno.»
ACTA DE LA
SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del día es la
discusión del acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, celebrada el domingo trece de diciembre de mil novecientos noventa
y ocho, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de
Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
| Presidencia
del diputado Luis Patiño Pozas |
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las dieciséis horas con cincuenta minutos del domingo trece de diciembre de
mil novecientos noventa y ocho, con la asistencia de doscientos setenta y siete diputados,
el Presidente declara abierta la sesión.
Se da cuenta con el orden del día y la
Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior, en sus términos, en votación
económica.
La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política,
informa de cambios en la estructura de las comisiones legislativas. De enterado.
Para presentar iniciativas, se concede el uso de la palabra
a los diputados:
Ignacio Mier Velasco, del Partido Revolucionario
Institucional, de reformas a los artículos cuarenta y uno, ciento diez y ciento once, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
Abraham Bagdadi Estrella, del Partido de la Revolución
Democrática, de reformas al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Se turna a la misma comisión que la anterior, con opinión de la de
Atención y Apoyo a Discapacitados.
José Luis Gutiérrez Cureño, del Partido de la
Revolución Democrática, de reformas al artículo cuarenta y uno de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales.
Luis David Gálvez Gasca, del Partido de la Revolución
Democrática, de reformas a diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales. Se turna igual que las anteriores.
Alberto Martínez Miranda, del Partido de la Revolución
Democrática, de reformas a los artículos ciento noventa y dos y ciento noventa y cuatro
de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de formación de
jurisprudencia. Se turna a la Comisión de Justicia.
Para hacer proposiciones, suben a la tribuna los
diputados:
Carolina O'Farrill Tapia, motu proprio, con punto de
acuerdo, a fin de que las comisiones del Distrito Federal, de Participación Ciudadana y
la de Justicia, informen al pleno de la Cámara, de la iniciativa de Ley de Instituciones
de Asistencia Privada, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y
convoquen a un foro de especialistas para saber si dicho cuerpo colegiado está facultado
para legislar en la materia. Se turna a las comisiones del Distrito Federal,
Participación Ciudadana y a la de Justicia.
Alberto Curi Naime, del Partido Revolucionario
Institucional, a fin de que se modifique el Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y nueve, para que contemple prestaciones
económicas a favor de jubilados y pensionados, del Instituto Mexicano del Seguro Social y
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a
la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Plutarco García Jiménez, a nombre de la Comisión de
Agricultura, con punto de acuerdo sobre los recursos destinados al sector agropecuario. Se
turna en la misma forma que el anterior.
José Eulogio Bonilla Robles, del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo para modificar la iniciativa del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y nueve,
presentada por el Poder Ejecutivo Federal. Se turna a la Comisión de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública.
Armando Rangel Hernández, del Partido Acción Nacional, en
representación de la Comisión de Agricultura, con punto de acuerdo que modifica el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos
noventa y nueve, presentada por el Poder Ejecutivo Federal, en materia de agricultura. Se
turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y
Cuenta Pública.
Por cuatrocientos cuarenta y seis votos, se dispensan todos
los trámites al dictamen de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con
proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Cinematografía.
Expresan sus opiniones al respecto, los diputados: Beatriz
Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional; María de Lourdes Rojo e Incháustegui, del
Partido de la Revolución Democrática; y Francisco Agustín Arroyo Vieyra, del Partido
Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen
y se recoge la votación en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria
por: cuatrocientos setenta y ocho votos en pro y ninguno en contra. Se turna al Senado de
la República, para los efectos constitucionales.
En votación económica, la Asamblea dispensa todos los
trámites a un dictamen de la Comisión de Justicia, con la opinión de la de Seguridad
Pública, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Policía Federal
Preventiva y se reforman diversas disposiciones de otros ordenamientos legales.
Hace uso de la palabra la diputada María Guadalupe
Sánchez Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta moción
suspensiva.
Se da lectura al artículo ciento diez del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al efecto se
concede el uso de la palabra al diputado Francisco Javier Loyo Ramos, del Partido
Revolucionario Institucional, en contra y es interrumpido por el diputado Victorio Rubén
Montalvo Rojas, quien presenta moción de orden que no hace suya el Presidente.
La Asamblea desecha la moción suspensiva en votación
económica y hacen uso de la palabra, para fijar las posiciones de sus respectivos grupos
parlamentarios, los diputados: Juan José Cruz Martínez, del Partido del Trabajo; Alvaro
Elías Loredo, del Partido Acción Nacional; Alberto Martínez Miranda, del Partido de la
Revolución Democrática; y Francisco Javier Morales Aceves, del Partido Revolucionario
Institucional.
Para responder alusiones personales, habla el diputado
Victorio Rubén Montalvo Rojas, del Partido de la Revolución Democrática, a quien el
Presidente le pide que evite alusiones personales y contesta una interpelación del
diputado Morales Aceves.
Desde sus respectivas curules, hacen aclaraciones los
diputados Oceguera Ramos, Gutiérrez González y Rojas Arreola.
El Presidente concede el uso de la palabra, para contestar
alusiones personales, al diputado Benito Mirón Lince, pero desde su curul el diputado
Oceguera Ramos presenta una moción de orden; también desde su curul, el diputado Rojas
Arreola hace aclaraciones, respecto a la forma en la que se debe llevar el debate.
Debaten en un primer turno de oradores, los diputados:
Alberto López Rosas, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Carolina
O'Farrill Tapia, motu proprio,en pro y contesta a una interpelación del diputado López
Rosas; Bernardo Batiz Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra;
Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, del Partido Acción Nacional, en pro.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado
Bernardo Bátiz Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar
alusiones personales. Desde su curul, el diputado Oceguera Ramos, solicita la lectura del
artículo vigésimo del Acuerdo Parlamentario y el Presidente reafirma su decisión de
otorgar el uso de la palabra, por lo que el diputado Bernal Martínez solicita que se
consulte a la Asamblea, respecto a la decisión que acaba de tomar.
Intervienen desde sus respectivas curules, los diputados
Batres Guadarrama, José Luis Villalobos y Gutiérrez Cureño. Se da lectura al artículo
dieciocho reglamentario y se solicita a la Asamblea que exprese su opinión, en votación
económica, si es darse o no la palabra al diputado Bátiz Vázquez. Se produce desorden
en la sala y el diputado Bernal Martínez, desde su curul, acepta que se otorgue el uso de
la palabra en la forma decidida por el Presidente.
Continúa el debate y hacen uso de la palabra los
legisladores: Lenia Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, en
contra;
| Presidencia
del diputado Salvador Sánchez Vázquez |
José Espina von Roehrich, del Partido Acción
Nacional, en pro, quien contesta a una interpelación del diputado López Rosas;
| Presidencia
del diputado Luis Patiño Pozas |
Alvaro Arceo Corcuera, del Partido de la Revolución
Democrática, en contra y Arturo Charles Charles, del Partido Revolucionario
Institucional, en pro.
El Presidente informa que no hay registro para un segundo o
un tercer turno de oradores y a solicitud del diputado Gutiérrez Cureño, se da lectura a
ordenanzas del Reglamento y del Acuerdo Parlamentario y posteriormente la Asamblea decide
que el dictamen está suficientemente discutido. La diputada Estrella Vázquez Osorno, se
inconforma con la votación y el procedimiento y el Presidente hace aclaraciones antes de
otorgar el uso de la palabra al diputado López Romero, quien desde su curul también
protesta por el procedimiento.
El Presidente informa que, para la discusión en lo
particular, se reservaron los artículos: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto,
sexto, nono, décimo y doce.
La Secretaría recoge la votación nominal en lo general y
de los artículos no impugnados, misma que resulta aprobatoria por trescientos cuarenta y
un votos en pro y ciento veintiocho en contra.
Para la discusión en lo particular, el Presidente concede
el uso de la palabra a los diputados: Samuel Maldonado Bautista, del Partido de la
Revolución Democrática, en contra; Manuel González Espinoza, del Partido Revolucionario
Institucional, en pro; Samuel Lara Villa, del Partido de la Revolución Democrática, en
contra; Américo Ramírez Rodríguez, del Partido Acción Nacional, quien acepta
interpelaciones de los diputados Lara Villa, en relación con sus expresiones respecto al
Ejército mexicano y Batres Guadarrama en el mismo sentido.
Desde su curul, el diputado Sergio Valdés Arias solicita
que la versión estenográfica de lo dicho por el diputado Lara Villa, se ponga en manos
de la Presidencia para que, en el caso de que fuera menester, se retiren sus palabras y se
haga un público desagravio al Ejército Nacional Mexicano. A solicitud de la diputada
Vázquez Osorno se da lectura al artículo ciento siete reglamentario y continúa el
debate
| Presidencia
del diputado Isael Petronio Cantú Nájera |
Y se concede el uso de la palabra al diputado Benito
Mirón Lince, del Partido de la Revolución Democrática, en contra.
Se produce desorden en el salón cuando el Presidente
informa que le otorga quince minutos para su intervención y, desde su curul, el diputado
Espinosa Plata, reclama el hecho y lo mismo hace el diputado Jáuregui Robles. Hace
aclaraciones el diputado Ramírez Rodríguez y continúa el diputado Mirón Lince con el
uso de la palabra, pero es interrumpido por el diputado Villanueva Valdovinos.
Por su parte, el diputado Nava González, hace
consideraciones desde su curul, por la hora en la que se lleva a cabo la sesión. El
Presidente hace aclaraciones y pide a la Oficialía Mayor que ponga atención para que el
tiempo de los oradores se compute correctamente.
| Presidencia
del diputado Luis Patiño Pozas |
Continúa el debate y se concede el uso de la palabra
al diputado Arturo Charles Charles, del Partido Revolucionario Institucional, en pro de
los artículos reservados, quien declina y continúa el diputado Alberto López Rosas, del
Partido de la Revolución Democrática, en contra.
El Presidente instruye a la Secretaría para que en acta
especial se incluyan las palabras del diputado Samuel Lara Villa, "y el
reconocimiento tácito del diputado Villarreal, de que se atiene a lo que en ella
existe".
El Presidente concede la palabra, desde sus respectivas
curules a los diputados Arias Valdés, Sobrino Sierra, Gutiérrez Cureño, quienes
presentan diversas mociones y aclara que "de la versión estenográfica del diputado
Samuel Lara Villa, no se encuentra ningún argumento que agravie al honorable Ejército
Nacional" y da instrucciones a la Secretaría para que ese documento y la versión
del diputado Ramírez Rodríguez, se inserten en acta especial.
Por acuerdo de los grupos parlamentarios, los artículos
reservados se votan en una sola vez y, realizado el cómputo electrónico correspondiente,
se aprueban por trescientos cuarenta y dos votos en pro y ciento veintiuno en
contra.
Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos
constitucionales.
En votación económica, se dispensan los trámites al
dictamen de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, con proyecto de
decreto que reforma diversas disposiciones de las leyes General de Instituciones y
Sociedades Mutualistas de Seguros, del Mercado de Valores, de los Sistemas de Ahorro para
el Retiro, del Código Federal de Procedimientos Penales y Federal de Instituciones de
Fianzas.
No habiendo quien haga uso de la palabra ni reservado
artículos para discutirlos en lo general, se recoge la votación nominal respectiva,
misma que resulta aprobatoria por: trescientos ochenta y ocho en pro y dieciséis en
contra.
Se turna al Senado de la República, para los efectos
constitucionales.
De la misma manera que los anteriores, se pone a discusión
el dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que reforma la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Hace uso de la palabra el diputado Juan José Cruz
Martínez, del Partido del Trabajo, quien propone una moción suspensiva.
En contra de la moción, hace uso de la palabra el diputado
Sergio César Alejandro Jáuregui Robles, del Partido Acción Nacional.
La Asamblea desecha la moción.
Para la discusión en lo particular, hace uso de la palabra
el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo, quien contesta interpelaciones
de los diputados Paoli y Bolio y Fuentes Larios, en contra y Carolina O'Farrill Tapia,
motu proprio, en contra.
La Asamblea considera que el dictamen se encuentra
suficientemente discutido en lo general.
Desde su curul, el diputado Oceguera Ramos aclara que
habiendo presentado el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un
voto particular, no reservará ningún artículo y el Presidente informa que para la
discusión en la particular se reservaron los artículos dieciocho, cuarenta y uno,
cuarenta y siete y tercero transitorio.
Se recoge la votación nominal en lo general de los
artículos no impugnados y la Secretaría informa que se emitieron doscientos veintiséis
votos en pro y doscientos cuarenta y dos en contra, por lo que se desecha el
dictamen.
Se da cuenta con un oficio de la Cámara de Senadores, con
el que envía la minuta con proyecto de Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se
turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la
de Asuntos de la Juventud.
Desde su curul, el diputado Pablo Gómez Alvarez, quien se
refiere al voto particular sobre las reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos y también desde su curul, el diputado Fidel Herrera Beltrán
retira dicho documento a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura
al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la que se inició ayer,
a la primera hora con cuarenta y siete minutos, citando para la que tendrá lugar hoy
mismo a las dieciséis horas.»
| El secretario
Martín Contreras Rivera: |
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga
uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
ESTADO DE NAYARIT
| La secretaria
María Martha Veyna Soriano: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo.— Nayarit.— XXV Legislatura.
Acuerdo suscrito por los integrantes de la Comisión de
Concertación Parlamentaria, en relación a los asuntos económicos y presupuestales del
país.
Honorable Asamblea legislativa: con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 97 y 144 del Reglamento de Gobierno Interior y del Proceso
Legislativo, los miembros de la Comisión de Concertación Parlamentaria, formulamos el
presente punto de acuerdo, mismo que sometemos a la consideración y aprobación en su
caso del pleno de esta honorable Asamblea legislativa.
Las diversas fracciones parlamentarias que integran la XXV
Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, hemos
reconocido y analizado las complejas condiciones económicas y financieras por las que
atraviesa actualmente nuestro país y por ende las que encaran las diversas entidades
federativas.
En la conciencia de que nuestra economía interna está
lejos de conducirse en términos de aislamiento, descontextualizada de lo que sucede en el
ámbito internacional, es claro que en ella se revelan los efectos y consecuencias de
cuanto acontece en los sistemas económicos y financieros externos, en tanto es un hecho
objetivo, cada vez más palpable la interdependencia, caracterizada como un fenómeno de
inéditas peculiaridades que explican el concepto de economía global, propia de la
modernidad, auspiciada por los adelantos tecnológicos y la mayor eficiencia de los medios
de comunicación.
De forma paralela los propios fenómenos internos, las
condiciones locales y regionales, la caída en los precios de nuestros productos
primarios, los severos efectos provenientes de la reducción en los precios de nuestros
hidrocarburos y las presiones presupuestales adicionales e imprevistas provocadas por los
fenómenos naturales que azotaron diversos estados del país y que obligaron al Gobierno
de la República a ir en auxilio de sus víctimas, demandó hacia ellos apoyos económicos
de enorme cuantía, todo lo cual se agrega a la ya de por sí compleja economía de la
República.
Como resultado de los fenómenos descritos anteriormente,
es claro que los recursos del Estado mexicano, han tenido que sufrir por una parte
importantes ajustes y por la otra, han dado motivo junto con el diferimiento de proyectos
cuya ejecución se tenía contemplada, una mayor disciplina y rigor en la administración
y manejo de los recursos públicos.
Con todo, es claro igualmente que las adecuaciones y
ajustes que deban realizarse a la política económica de la República y particularmente
al sentido y dirección del Presupuesto de Egresos de la Federación y su correspondiente
Ley de Ingresos, no deben menoscabar la atención que merecen y reclaman amplios sectores
de la población que aún no han podido acceder a los satisfactores de una vida digna, y,
por ende, demandan legítimamente los apoyos necesarios para superar sus niveles de
pobreza extrema.
Por todo lo anterior las diversas fracciones parlamentarias
que integran esta legislatura, resolvieron el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Esta Asamblea y con ella las diversas fracciones
parlamentarias que la integran, se dirigen al honorable Congreso de la Unión, con vistas
a la discusión y aprobación en su caso, de los proyectos de Ley de Ingresos y
Presupuestos de Egresos de la Federación para el Ejercicio 1999, para expresar nuestra
convicción de que es preciso impulsar el desarrollo del país y de sus regiones y
entidades, a partir de políticas de ingreso y gasto público, racionales y congruentes
con nuestra realidad y prospectiva nacionales, propugnando por una mejor distribución del
ingreso y, por otra parte, que ante circunstancias coyunturales, no se desestime la
necesidad de allegar los recursos que requieren amplios sectores en el renglón de
bienestar social del que no deben ser marginados, dando prioridad igualmente a la
consolidación de la infraestructura productiva y de servicios que demanda el crecimiento
de la economía y la generación de empleos.
En tal contexto, esta ocasión igual que el año pasado,
los 30 diputados que integramos esta XXV Legislatura, nos pronunciamos por plantear y
solicitar al honorable Congreso del Unión su apoyo, para que la Federación oriente
recursos a nuestra entidad, destinados a la conclusión de su infraestructura, de entre la
cual señalamos:
La construcción de canales de riego y nivelación de
tierras en los márgenes derecha e izquierda del río Santiago, segunda etapa;
construcción de la autopista de cuatro carriles crucero de San Blas límites con Sinaloa;
continuación de los trabajos de construcción, conservación y pavimentación de las
carreteras transversales Ruiz-Zacatecas y Tepic-Aguascalientes; construcción de la
autopista Tepic-Nuevo Vallarta, así como la construcción de las presas hidroeléctricas
cajones del Río Santiago, El Refilión en el río del mismo nombre en el municipio de
Compostela, Cucharas en el río Acaponeta e Ixcatán en el río San Pedro.
Sala de comisiones "general Esteban Baca
Calderón".— Nayarit, Tepic, a 26 de noviembre de 1998.— Comisión de
Concertación Parlamentaria.— Diputados: José Manuel Rivas Allende, presidente; Ney
M. González Sánchez, secretario; María Guadalupe Zamora E., Manuel Ovalle Ortiz,
Guadalupe Acosta Naranjo, vocales; fracción parlamentaria del PRI: Juan Aguirre Chávez,
Ignacia Arámbula Nuño, Eduardo Bernal Regalado, Octavio Campa Bonilla, José Guadalupe
Canaré Baz, Javier Cosío Mayorquín, Enrique Jiménez López, Fausto López Barrón,
Héctor Medina Rodríguez, Jorge A. Mondragón González, Belém Montes Balderas, Simón
Mora Haro, Rafael Ojeda Díaz, Fernando Ornelas Salas, Benjamín Padilla Valera, Luis
Carlos Tapia Pérez, José Lucas Vallarta Chan, Efrén Velázquez Ibarra; fracción
parlamentaria del PAN; Ceferino Ramos Nuño, Rita María Esquivel Reyes, Isaac Gamaliel
del Real Ch., Rigoberto Robles Bobadilla; fracción parlamentaria del PRD: Justino Avila
Arce, Ignacio Ponce Sánchez y diputado independiente, Evaristo Gómez Herrera.»
Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito
Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
COMISIONES DE TRABAJO
| El secretario
Espiridión Sánchez López: |
«Diputada Gloria Lavara Mejía, presidenta de la
mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, 27
incisos b y d, y 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los
artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración
del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en
la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá
encontrar el siguiente documento signado por el diputado Arturo Núñez Jiménez,
coordinador del grupo parlamentario del PRI, donde solicita cambios en comisiones. Lo
anterior, para que se le dé el trámite correspondiente.
Que el diputado Enrique Tito González Isunza sustituye al
diputado Arturo Núñez Jiménez, en la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 13 de diciembre de
1998.— Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Presidente de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que
en sustitución del que suscribe como miembro de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, se integrará el diputado Enrique Tito González Isunza, por parte del
grupo parlamentario del PRI.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 13 de diciembre de
1998.— Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.»
De enterado.
| El secretario
Horacio Veloz Muñoz: |
«Diputada Gloria Lavara Mejía, presidenta de la
mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, 27
incisos b y d, y 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los
artículos Quinto y Noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración
del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en
la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá
encontrar el siguiente documento signado por el diputado Arturo Núñez Jiménez,
coordinador del grupo parlamentario del PRI, donde solicita cambios en comisiones. Lo
anterior, para que se le dé el trámite correspondiente.
Que el diputado Jaime Castro López sustituye al diputado
Ricardo Castillo Peralta, en la Comisión de Justicia.
Que el diputado Manuel González Espinoza sustituye al
diputado Jesús Enrique Jackson Ramírez, en la Comisión de Justicia.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 13 de diciembre de
1998.— Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Presidente de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento las
siguientes sustituciones de diputados priístas en la Comisión de Justicia: Jaime Castro
López sustituye a Ricardo Castillo Peralta; Manuel González Espinoza sustituye a Jesús
Enrique Jackson Ramírez.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 14 de diciembre de 1998.—
Diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.»
De enterado.
| El secretario
Teobaldo López Huertas: |
«Diputada Gloria Lavara Mejía, presidenta de la
mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, 27
incisos b y d, y 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los
artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración
del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en
la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá
encontrar el siguiente documento signado por el diputado Arturo Núñez Jiménez,
coordinador del grupo parlamentario del PRI, donde solicita cambios en comisiones. Lo
anterior, para que se le dé el trámite correspondiente.
Que la diputada Arely Madrid Tovilla sustituye al diputado
Jaime Castro López, en la Comisión de Justicia.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 13 de diciembre de
1998.— Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política.» «Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Presidente de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que
en sustitución del diputado Jaime Castro López como miembro de la Comisión de Justicia,
se integrará la diputada Arely Madrid Tovilla, por parte del grupo parlamentario del
PRI.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 13 de diciembre de
1998.— Diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.»
De enterado.
| La secretaria
Clarisa Catalina Torres Méndez: |
«Diputada Gloria Lavara Mejía, presidenta de la
mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, 27
incisos b y d, y 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los
artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración
del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en
la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá
encontrar el siguiente documento signado por el diputado Arturo Núñez Jiménez
coordinador del grupo parlamentario del PRI, donde solicita cambios en comisiones. Lo
anterior, para que se le dé el trámite correspondiente.
Que el diputado Arturo Núñez Jiménez sustituye al
diputado Armando Neyra Chávez, en la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 13 de diciembre de
1998.— Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Presidente de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que
en sustitución del diputado Armando Neyra Chávez, en la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, se integrará el suscrito por parte del grupo parlamentario del
PRI.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 14 de diciembre de
1998.— Diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.»
De enterado.
| El secretario
Martín Contreras Rivera: |
«Diputada Gloria Lavara Mejía, presidenta de la
mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, 27
incisos b y d, y 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los
artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración
del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en
la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá
encontrar el siguiente documento signado por el diputado Arturo Núñez Jiménez,
coordinador del grupo parlamentario del PRI, donde solicita cambios en comisiones. Lo
anterior, para que se le dé el trámite correspondiente.
Que la diputada Martha Sofía Tamayo Morales sustituye al
diputado Enrique Ibarra Pedroza, en la Comisión de Justicia.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 13 de diciembre de
1998.— Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Presidente de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que
en sustitución del diputado Enrique Ibarra Pedroza, en la Comisión de Justicia, se
integrará la diputada Martha Sofía Tamayo Morales, por parte del grupo parlamentario del
PRI.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 14 de diciembre de 1998.—
Diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.»
De enterado.
| La secretaria
María Martha Veyna Soriano: |
«Diputada Gloria Lavara Mejía, presidenta de la
mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45
fracciones II y VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; así como por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo
a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la
Cámara de Diputados, aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997,
adjunto a la presente documento suscrito por el diputado Francisco José Paoli y Bolio,
mediante el cual solicita sea sustituido el diputado Felipe Urbiola Ledesma, por la
diputada María Elena Cruz Muñoz, en la Comisión de Derechos Humanos para la sesión de
comisiones unidas de Justicia, Gobernación y Puntos Constitucionales y Derechos Humanos
del día de hoy, lunes 14 de diciembre de 1998.
Lo anterior, para lo conducente.
Sin más por el momento, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 14 de diciembre de
1998— Enrique León Martínez, secretario técnico.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Diputados.— LVII Legislatura.
Diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.— Presente.
Muy de mi consideración:
Me es grato saludarle y dirigirme a usted para solicitarle
sea sustituido el diputado Felipe Urbiola Ledesma, por la diputada María Elena Cruz
Muñoz, en la Comisión de Derechos Humanos para la sesión de comisiones unidas de
Justicia, Gobernación y Puntos Constitucionales y Derechos Humanos del día de hoy lunes
14 de diciembre de 1998.
Sin otro particular, le agradezco de antemano las
atenciones que se sirva prestar a mi solicitud.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 30 de noviembre de
1998.— Diputado Francisco José Paoli y Bolio, subcoordinador del PAN.»
De enterado.
Esta Presidencia comunica a la Asamblea, que
invitados por la diputada Violeta Vázquez Osorno, se encuentran con nosotros el doctor
Micke Elmonts y su señora esposa, Cattie Elmonts, de la Universidad de Kingston, Reino
Unido.
PORTACION DE
ARMAS DE FUEGO
Tiene la palabra el diputado Francisco Reynoso Nuño,
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de Ley
de Armas de Fuego y Explosivos y de reformas a la denominación del Capítulo III del
Título Cuarto y los artículos 160, 161, 162 y 163 y adición de los artículos 163.1 al
163.6 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la
República en Materia de Fuero Federal.
| El diputado
Francisco Javier Reynoso Nuño: |
Gracias, señor Presidente: ¡muy buenas tardes
tengan todos ustedes!
Miren, traigo una iniciativa de 23 páginas, pero quiero
decir lo siguiente: quiero proponer el día de hoy a esta Presidencia y si todos están de
acuerdo, en que los subsecuentes diputados que vayan a leer una iniciativa de este
tamaño, o quizá menos, podamos hacerlo de la manera más cortita que se pueda, de manera
que así aprovechemos nuestro mejor tiempo en nuestros dictámenes que vendrán de las
próximas comisiones. ¿No sé si estemos de acuerdo?
Por otra parte, quisiera decirles que para mí me causa
mucho orgullo que en esta iniciativa que hoy se presenta, tuve el trabajo de varios
compañeros. Quiero decirles que está uno de ellos aquí arriba, es el diputado Felipe
Urbiola, mi coautor y que quede en el Diario de los Debates.
Miren, quisiera mencionarles que esta iniciativa de Armas
de Fuego y Explosivos, la reforma, la denominación del Capítulo III del Título Cuarto y
los artículos 160, 161, 162, 163, en adición a los artículos 163.1 al 163.6 del Código
Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en
Materia de Fuero Federal.
Esta iniciativa nace a raíz de la pasada minuta que
tuvimos en la Comisión de Justicia, cuando tuvimos que analizar los delitos nuevos que
mandaba el Ejecutivo Federal.
Con toda honestidad, encontramos que la minuta no resolvía
el problema que nosotros pretendíamos de fondo.
La Ley Federal de Armas es una ley obsoleta actualmente,
viene desde 1971; marca cuestiones que están fuera de toda modernidad, cuando estamos
rebasados en muchos otros temas.
Yo quisiera leer sólo la exposición de motivos para irnos
rápido, como mencionamos y que ojalá que mis compañeros que vayan a leer las próximas
iniciativas, puedan hacer lo mismo para irnos rápido.
«Presidente de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.
Los suscritos, diputados integrantes de la LVII Legislatura
Federal, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55
fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Cámara de Diputados la
presente iniciativa de Ley de Armas de Fuego y Explosivos y de reforma a la denominación
del Capítulo III del Título Cuarto y los artículos 160, 161, 162 y 163 y adición de
los artículos 163.1 al 163.6 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de
Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Lo anterior, en razón de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La garantía individual contemplada en el artículo 10 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene dos derechos
fundamentales de los habitantes de la República Mexicana, primero: el de poseer en su
domicilio las armas que le convengan a su defensa, con la excepción de aquellas que
señale la ley como de uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia
Nacional y, como segundo derecho constitucional, la portación de dichas armas en los
lugares en que necesite defender su vida, posesiones o familia.
La excepción señalada al derecho de poseer armas de fuego
en el domicilio de los particulares debe ser reglamentada de manera en extremo cuidadosa,
para evitar que la garantía individual quede anulada por la ley secundaria, evitando que
se haga nugatorio su ejercicio, al establecer requisitos imposibles de cumplir o ampliar
el concepto de armas de uso exclusivo del Ejército, de tal manera que comprenda todas las
existentes.
La actual ley que reglamenta la materia enunciada es la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, promulgada en 1972 y publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 11 de enero de ese año y la cual consideramos ha
perdido actualidad cayendo en obsolescencia, por lo que procede derogarla y proponer un
nuevo ordenamiento que tenga una redacción clara y una estructura ordenada, sencilla y de
fácil consulta, que permita mejorar su entendimiento y aplicación. De esta forma, la
autoridad estará en condiciones de ejercer sus responsabilidades de mejor manera y la
población contará con mayor seguridad jurídica al estar sujeta a un régimen
transparente y ordenado.
En el articulado de la misma aparece que la competencia de
su aplicación y cumplimiento se deja a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría
de la Defensa Nacional (artículo 21 fracciones II y III), sin embargo, en todo su
articulado deja a esta última dependencia la absoluta administración de la materia.
Quienes proponemos la presente consideramos oportuno que se integren, para el desempeño
de las funciones de autoridad en esta materia, a las autoridades civiles más cercanas con
la ciudadanía: las autoridades municipales, de tal manera que provoquemos mayor
participación de la ciudadanía en el control de armas de fuego y explosivos de uso
industrial, de tal manera que terminemos con el estado de ficción respecto al respeto a
la ley vigente y logremos un registro y control acorde con la realidad.
La actual ley de la materia atenta contra la garantía
consagrada en el artículo 10 constitucional, pues se atribuye la determinación de los
casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la
posesión y portación de armas de fuego tanto dentro como fuera de su domicilio, por lo
que esta iniciativa pretende reglamentar la posesión de armas de manera que se logre su
control y no su limitación por encima del espíritu del Constituyente.
En cuanto a los explosivos, recordamos que desde que se
inventa la pólvora en China y su uso en Europa, los explosivos han sido utilizados
industrialmente para uso civil en cualquier tipo de construcción, empleo que se
generaliza desde 1873 en que Alfredo Nobel elabora la dinamita, después ha seguido el
desarrollo múltiple de explosivos de uso civil para muchas otras industrias e
investigaciones, además de la de construcción.
Es evidente que la reglamentación de las materias de armas
de fuego para usos civiles y deportivos y del empleo de explosivos industriales no son
materia alguna de disciplina militar. Por lo tanto es indispensable poner en manos de
autoridades, con competencia científica y administrativa, el respeto al derecho
constitucional del uso de armas de luego de naturaleza civil, así como el de explosivos
industriales.
La iniciativa que se acompaña ubica desde el principio la
competencia de la materia en la Secretaría de la Defensa Nacional, en cuanto es
dependencia del Ejecutivo Federal, y de autoridades municipales que son evidentemente
autoridades civiles, de modo que no se pierda la capacidad y experiencia en la materia por
la autoridad que ha venido ejerciendo la función y se integra a la autoridad civil que
tiene mayor cercanía con la ciudadanía en el diario cumplimiento de las obligaciones
ciudadanas. Sin olvidar que la colaboración entre ambas instancias ya es una realidad con
el funcionamiento de las juntas municipales de reclutamiento del Servicio Militar
Nacional.
Se propone establecer un Registro Nacional de Armas, a
cargo de la dependencia mencionada, con la colaboración de los municipios, que serían la
autoridad encargada directamente del registro, control, autorización y supervisión en
materia de armas de fuego y explosivos; registro estructurado de tal manera que sea
accesible a todos los ciudadanos y de tal manera efectivo que logre un adecuado control
sobre las armas en posesión de los particulares en cada una de las circunscripciones
municipales, puesto que los registros y permisos estarán vinculados con el domicilio de
los titulares, facilitando el cumplimiento de las obligaciones de los poseedores de armas,
tales como mantener actualizado su domicilio y avisar en las jurisdicciones municipales
que corresponda de los cambios que lleven a cabo, tanto de domicilio como de propietario o
las circunstancias de las autorizaciones o permisos que se les hayan otorgado en esta
materia.
Por otra parte, los proponentes consideramos que el
propósito del Constituyente al prohibir para los particulares la posesión de armas de
fuego de "uso exclusivo" de las fuerzas armadas, pretendió evitar que los
ciudadanos tengan acceso a armas que tienen como destino actividades de guerra y no la
legítima defensa a que todos tenemos derecho.
La actual clasificación de las armas no permite que las
corporaciones policiacas cuenten con armamento adecuado al desempeño de sus
responsabilidades y las coloca en desventaja respecto de la delincuencia, por la gran
diferencia en el tipo armamento que ésta maneja, generando por otra parte una permanente
violación a la Ley Federal de Armas de Fuego vigente o por lo menos la posesión de
armamento por tales corporaciones al margen de la ley y con la complicidad de la autoridad
encargada del Registro de Armas, que solapa esta situación por lo inadecuado de la ley de
la materia vigente y la evidente necesidad de la autoridad del empleo de ese tipo de
armamento.
Consideramos entonces necesario adoptar como criterio de
clasificación el que utilizó el Constituyente, es decir, la clasificación de las armas
atendiendo a su uso o destino para el que originalmente fueron diseñadas.
Para claridad de las disposiciones de la presente ley se
propone una nueva clasificación de las armas de fuego de acuerdo con su uso y no sobre
características como calibres, capacidad de carga etcétera, criterios que debido al
continuo desarrollo tecnológico en la fabricación de armas y la cada vez más versátil
utilización de las mismas por los ejércitos modernos, los convierte de utilización
obsoleta. Proponiendo que sean cuatro los tipos de armas: las de uso civil, oficial,
militar y prohibido.
Este nuevo esquema en la clasificación de armas, permite
que éstas cumplan con los objetivos para las que fueron creadas y el señalado por la
Constitución Federal, de tal manera que las de uso civil se destinen a la seguridad,
legítima defensa y la prestación del servicio privado de vigilancia; las de uso oficial
para ser usadas por las fuerzas de seguridad pública y de procuración de justicia, con
el fin de prestar los servicios de seguridad pública y procuración de justicia y las
funciones de seguridad y vigilancia, que corresponden a las autoridades civiles; las de
uso militar serían las que la Constitución Federal señala como de uso exclusivo del
Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, cuyos fines son la defensa de nuestra
soberanía y las labores propias de vigilancia que corresponden a las fuerzas armadas; por
último las de uso prohibido serían aquellas que la sociedad considera nocivas, al grado
de que no cumplen funciones de legítima defensa individual o colectiva y por tanto es
necesario proscribir su existencia, por lo que la posesión de las mismas se considera de
carácter delictivo.
La obtención del registro de un arma no concede, bajo las
disposiciones actuales, el derecho a portar la misma; es decir, se concede que los
particulares posean armas pero que no las porten. Disposición de tal incongruencia hace
que el simple traslado de las armas del domicilio del particular a la oficina donde
registra el arma es ilegal, de igual manera, su posterior traslado de regreso al domicilio
particular sigue siendo ilegal, aun cuando el arma ya esté registrada.
Esto requiere ser modificado, por lo cual, se propone que
el registro sea al mismo tiempo permiso para portar el arma, bajo reglas específicas y
exclusivamente por su titular, reglamentando por separado la expedición de licencias de
portación de armas para aquellos que no sean propietarios de las mismas, pero que
pretendan utilizarlas con fines deportivos, cinegéticos o por su actividad laboral.
En la aplicación de la ley se tendrá en cuenta y no se
impedirá la actividad cinegética tanto de los habitantes de la República Mexicana como
de los turistas que ingresan al país para dicha práctica que, como es conocido por la
experiencia en otros lugares, tiene un impacto económico muy importante cuya derrama es
principalmente en las zonas rurales.
Toda ley debe aspirar a responder en primer término a las
necesidades sociales de reglamentación, a su eficiencia en su aplicación y a la
aceptación de los particulares para que por propia convicción sea respetada. Las
actuales disposiciones en la materia de armas de fuego no cumplen con estos requisitos,
por lo que los proponentes consideramos oportuna la presente iniciativa que tendrá como
efecto adecuar la norma a la realidad que vivimos y su respeto irrestricto por los
ciudadanos, rescatando para ellos una garantía constitucional que actualmente no es
respetada.
Por lo anterior, los suscritos ponemos a consideración del
honorable Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Armas de Fuego y Explosivos y de
reforma a la denominación del Capítulo III del Título Cuarto y los artículos 160, 161,
162 y 163 y adición de los artículos 163.1 al 163.6 del Código Penal para el Distrito
Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal
en los términos siguientes:
Artículo primero. Se crea la Ley de Armas de Fuego y
Explosivos para quedar en los términos siguientes:
LEY DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
CAPITULO UNICO
Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden
público y de observancia general en la República Mexicana. Reglamenta lo dispuesto por
el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
fabricación, comercio, transportación, almacenaje y portación de armas de fuego, sus
municiones y de explosivos de uso industrial.
Artículo 2o. La ley y su reglamento garantizarán la libre
posesión de armas en el domicilio de las personas para su seguridad y legítima defensa.
Se entiende por domicilio el lugar donde una persona reside habitualmente, se presume como
habitual cuando permanece en el mismo por un plazo mayor a seis meses.
Artículo 3o. Se exceptúan de la aplicación de esta ley
la posesión sobre las armas de avancarga, de cualquier mecanismo sea mecha, pedernal o
chispa, fulminante o pistón, siempre que se abastezcan por la recámara o puente y que
los elementos de ignición, carga impelente y proyectil no estén integrados en un
cartucho o vaina, tampoco se aplicará esta ley sobre la posesión de armas que por sus
características o antigüedad se consideren obsoletas.
Artículo 4o. Las actividades y reglamentación de las
fuerzas armadas sobre armas de fuego y explosivos no serán materia de la presente
ley.
Artículo 5o. Excepcionalmente se podrá autorizar la
posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o
prohibida por la ley para incluirse en una colección o museo siempre que se demuestre que
tengan algún significado o valor cultural, científico, artístico o histórico.
Artículo 6o. Son obligaciones de los poseedores de armas
de fuego:
I. Manifestar la posesión de armas de su propiedad ante el
Registro Nacional de Armas de Fuego para su Registro;
II. Dar aviso de cambio de su domicilio a los ayuntamientos
correspondientes;
III. Dar aviso al Registro Nacional de Armas de la venta de
las armas de su propiedad;
IV. Llevar consigo los documentos que acrediten el registro
o licencia de portación cuando se porten armas de fuego y
V. Presentar los informes, documentos y las armas cuando la
autoridad se lo requiera para verificación.
TITULO SEGUNDO
De las autoridades
CAPITULO UNICO
De las competencias y facultades
Artículo 7o. La aplicación de esta ley corresponde a las
autoridades siguientes:
I. Dirección General del Registro Nacional de Armas de
Fuego a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
II. Oficinas municipales del registro a cargo de los
ayuntamientos.
Artículo 8o. La Dirección General del Registro Nacional
de Armas de Fuego, tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
I. Aprobar los formatos a que se ajustará toda
documentación oficial que utilizará el Registro Nacional de Armas de Fuego;
II. Coordinar y supervisar las actividades de las oficinas
municipales del Registro Nacional de Armas de Fuego;
III. Operar un archivo nacional de armas de fuego que
concentre constancias de las armas registradas en el país;
IV. Proporcionar a las corporaciones policiacas nacionales
la información que requieran del Archivo Nacional de Armas de Fuego;
V. Autorizar los permisos o licencias para que los
particulares posean armas de tipo militar o prohibidas por ley para propósitos
culturales, autorizar los permisos o licencias colectivas para portar armas, registro de
arsenales y de transportación de armas de fuego y explosivos de uso industrial, así como
para dedicarse a la comercialización o fabricación de armas de fuego, sus municiones o
explosivos de uso industrial;
VI. Proponer al titular del Ejecutivo el reglamento de la
presente ley y sus modificaciones y
VII. Las demás que le señale el reglamento de esta ley.
Artículo 9o. Las oficinas municipales del Registro
Nacional de Armas de Fuego tendrán las siguientes atribuciones y obligaciones:
I. Expedir las constancias de registro de armas y llevar
control de los mismos;
II. Autorizar las licencias individuales para portación y
permisos de transportación dentro del Estado, de armas de fuego y explosivos de uso
industrial;
III. Recibir las demás solicitudes que se deban hacer ante
el registro y darles el trámite que el reglamento de esta ley y la dirección general
determinen;
IV. Recibir las notificaciones de cambio de domicilio y
transmisión de la propiedad;
V. Verificar sobre el contenido de los trámites
mencionados en el presente artículo y el cumplimiento de las obligaciones de los
poseedores de armas de fuego;
VI. Realizar las verificaciones que le solicite el Registro
Nacional de Armas de Fuego y las que considere necesarias para el cumplimiento de sus
obligaciones;
VII. Imponer las sanciones en los términos que le faculte
el reglamento de la presente ley y
VIII. Rendir informes, exclusivamente a las autoridades
jurisdiccionales y de policía, cuando le sean requeridos.
Artículo 10. Los titulares y el personal de las oficinas
municipales serán nombrados por los ayuntamientos correspondientes.
TITULO TERCERO
De las armas de fuego
CAPITULO I
De la clasificación de las armas de fuego
Artículo 11. Las armas de fuego se clasifican para efectos
de la presente ley de la manera siguiente:
a) Armas de fuego de uso civil;
b) Armas de fuego de uso oficial;
c) Armas de fuego de uso militar y
d) Armas de fuego de uso prohibido.
Artículo 12. Son armas de fuego de uso civil las que
pueden poseer los particulares, considerando como tales las conocidas como armas cortas y
que tienen la denominación de pistola, revólver o cualquier otra equivalente
independientemente del calibre y características que tengan, así como las consideradas
armas largas que tengan como propósito fines cinegéticos y deportivos, en ningún caso
se considerarán dentro de ellas las armas de fuego continuo y las escopetas con cañón
de longitud menor a 508 milímetros o 20 pulgadas.
Artículo 13. Son armas de fuego de uso oficial las que
pueden poseer las corporaciones de seguridad pública y de procuración de justicia,
considerando como tales las autorizadas para uso civil y las armas portátiles de fuego
continuo y aquellas que por sus características sean consideradas, por el reglamento de
la presente ley, como necesarias para el desempeño de las funciones que competen a las
corporaciones mencionadas.
Se podrá autorizar el uso de armas de fuego de uso oficial
a las corporaciones de los particulares dedicadas a proporcionar al público el servicio
de seguridad privada y que se encuentren registradas y cuenten con las autorizaciones
necesarias para su legal funcionamiento.
Artículo 14. Son armas de fuego de uso militar las de uso
exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, considerando como tales
todas las necesarias para el cumplimiento de los fines de las fuerzas armadas, con
excepción de aquellas que tengan prohibida su utilización por tratados internacionales
que celebre el Presidente de la República, con aprobación del Senado. No podrán
considerarse de uso militar las que la presente ley y su reglamento consideran de uso
civil, de uso oficial y de uso prohibido por ley.
Artículo 15. Son armas prohibidas para efectos de esta ley
las armas de fuego señaladas con ese carácter en la legislación penal federal.
CAPITULO II
Del Registro Nacional de Armas de Fuego
Artículo 16. El Registro Nacional de Armas de Fuego es la
institución de carácter público, por medio de la cual el Estado lleva el control de las
armas de fuego y concede las licencias y permisos que se requieren para su portación,
venta, transportación, almacenaje y uso general. Se implementará a través de las
autoridades federales y municipales en los términos que señale la presente ley y su
reglamento.
Artículo 17. El Registro Nacional de Armas de Fuego está
constituido por una dirección general a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y
una oficina municipal en cada municipio de la República y Delegación del Distrito
Federal.
Artículo 18. La dirección general estará a cargo de la
Secretaría de la Defensa Nacional del Poder Ejecutivo Federal y las oficinas municipales,
a cargo de los ayuntamientos y delegados en el Distrito Federal correspondientes.
Artículo 19. El Registro Nacional de Armas de Fuego tiene
por objeto:
I. Llevar el control de las armas de fuego y explosivos que
posean los particulares y las corporaciones de seguridad pública y de procuración de
justicia;
II. Expedir y llevar el control de los registros de armas
de fuego;
III. Expedir las licencias individuales y colectivas de
portación de armas de fuego;
IV. Registrar los cambios de domicilio de los propietarios
de armas de fuego;
V. Registrar la transmisión de propiedad entre
particulares de las armas de fuego;
VI. Otorgar los permisos necesarios para la
transportación, fabricación, almacenaje, comercio y demás que se requieran en relación
con las armas de fuego y explosivos de uso industrial;
VII. Ordenar que las autoridades locales verifiquen el
contenido de las solicitudes de registro, portación o permisos relacionados con armas de
fuego y explosivos de uso industrial;
VIII. Ordenar que las autoridades locales verifiquen el
cumplimiento de las obligaciones de los propietarios y poseedores de armas de fuego y
explosivos de uso industrial y
IX. Imponer las sanciones que establece la presente
ley.
Artículo 20. Los trámites, registros, licencias y
permisos que otorguen las oficinas del Registro Nacional de Armas de Fuego, sólo podrán
tramitarse por mayores de edad y se harán utilizando los formatos que determine la
dirección general y siguiendo los procedimientos que señale el reglamento de la presente
ley.
Artículo 21. Ningún documento o medio de prueba podrán
sustituir el original de los registros, licencias y permisos a que se refiere la presente
ley siendo indispensable que se presenten físicamente para ejercer los derechos que
otorga su expedición, la destrucción o extravío de los mismos suspende la autorización
otorgada hasta en tanto se obtiene la reposición de los originales.
Artículo 22. Siempre se registrará cada arma de fuego por
separado. Como comprobante de su registro se expedirá un documento que señale el nombre
y domicilio del propietario, contendrá una fotografía del mismo y los elementos que
identifiquen el arma que ampara, así como el número de registro que le corresponda.
También se podrá otorgar un registro de arsenal cuando el propietario de las armas
pretenda obtener una licencia colectiva de portación de armas de fuego. El registro de
arsenal no libera de la obligación señalada en el párrafo que antecede.
Artículo 23. El registro de armas identificará las mismas
haciendo mención de marca, tipo, calibre, números de serie, modelo y sus
características especiales, así como el domicilio de su propietario. En cada caso se
asignará un número de registro.
El registro tendrá carácter de permanente, pero el
documento que acredita tal registro deberá renovarse cada dos años.
Artículo 24. El registro de un arma de fuego concede al
propietario el derecho de portarla fuera de su domicilio, siempre y cuando al momento de
su portación lleve consigo el documento que acredita el registro correspondiente.
Igualmente concede el derecho a poseer municiones del calibre correspondiente al arma
registrada.
Artículo 25. Las corporaciones de los particulares
dedicadas a proporcionar al público el servicio de seguridad privada y los clubes o
asociaciones de deportistas de tiro, cacería y charrería, deberán registrarse ante las
oficinas del Registro Nacional de Armas de Fuego. También deberán hacerlo los
coleccionistas y los propietarios de museos de armas de fuego.
CAPITULO III
De las licencias de portación de armas de fuego
Artículo 26. Se requerirá la licencia para portar armas
de fuego en espacios públicos, cuando una persona en razón de sus necesidades
personales, actividades deportivas, cinegéticas o laborales requiera portar un arma que
no sea de su propiedad.
Artículo 27. La licencia ordinaria para portar armas
permite llevar consigo el arma señalada específicamente en la licencia para su
transporte, debiéndose llevar descargada y en estuche o funda adecuada. La portación de
armas cargadas y para uso de resguardo de personas o bienes sólo podrá hacerse cuando se
cuente con licencia especial para portación de armas o al amparo de una licencia
colectiva.
Artículo 28. Las licencias ordinarias o especiales para
portar armas, sólo se otorgarán cuando se cumplan los requisitos que siguen:
I. Comprobar un modo honesto de vivir;
II. Tener un domicilio establecido en la entidad en que se
solicite el permiso;
III. Presentar el registro de un arma de fuego o de un
arsenal;
IV. No tener antecedentes penales por delitos dolosos y
V. Presentar la documentación que el reglamento
señale.
Artículo 29. El Registro Nacional, otorgará licencias
para portación de armas con las modalidades siguientes:
I. Ordinarias Individuales:
a) A los propietarios de las armas de fuego en el mismo
acto de registro de armas de fuego;
b) A los familiares, empleados y en general a las personas
que lo soliciten, siempre y cuando el propietario del arma lo autorice.
II. Provisionales: otorgadas a las personas que importen
temporalmente armas de fuego con fines deportivos o cinegéticos y durante un plazo
determinado.
III. Especiales: a los particulares que por sus condiciones
particulares o el desempeño de su actividad laboral requieran portar armas cargadas para
defensa o protección de sus personas o bienes o los de su empleador y
IV. Colectivas:
a) A las corporaciones dedicadas a la seguridad pública y
procuración de justicia;
b) A las corporaciones particulares dedicadas a prestar
servicios de protección y seguridad;
c) A las personas físicas que para resguardo de sus
propiedades contraten personal de vigilancia armada.
Artículo 30. La licencia para portar armas de fuego se
hará constar en un documento que señale el nombre y domicilio del autorizado, con
fotografía del mismo y los elementos que identifiquen el arma que utilizará, el número
de registro o en su caso, del arsenal a que correspondan. Siempre será indispensable que
al momento de la portación de un arma los particulares lleven consigo el documento que
acredita la licencia de portación correspondiente.
Artículo 31. La factura del comerciante autorizado para la
venta de armas o el pago del impuesto de importación en su caso tendrán una vigencia de
30 días para que, al amparo de ese documento, el poseedor pueda transportar las armas
descargadas y para el sólo efecto de cumplir con la obligación de manifestarlas ante el
Registro Nacional de Armas dentro del plazo mencionado. El comerciante de armas de fuego,
deberá dar aviso a la oficina municipal del Registro Nacional de Armas de Fuego, de la
venta de armas en un plazo de 30 días a partir de efectuada la misma, señalando en todo
caso las armas vendidas y nombre y domicilio de los adquirentes.
Artículo 32. Los turistas que ingresen al país y
manifiesten la posesión de armas para fines deportivos, obtendrán un permiso para esos
efectos que expedirán las autoridades en el puesto de entrada, en el que se anotarán las
características del arma o armas cuya internación temporal soliciten.
Artículo 33. No podrán portarse fuera de los recintos
destinados a su exhibición, salvo permiso especial para su transportación, las armas de
fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o prohibida por la ley que se
hubieren autorizado a poseer para incluirse en una colección o museo.
Artículo 34. Para otorgar una licencia colectiva de
portación de armas de fuego es requisito indispensable que se haya obtenido con
anterioridad un registro de arsenal, para efectos de identificar el total de armas que
podrán portar indistintamente las personas que se amparen bajo la licencia
colectiva.
Es obligación de las corporaciones que tengan concedida
licencia colectiva de portación de armas de fuego, dotar a sus elementos con armas y
equipo adecuado al desempeño de sus funciones y acreditadas en el arsenal que les
corresponda y troquelar todas las armas incluidas en su arsenal identificando el número
de arsenal que les corresponda y la corporación a que pertenecen.
Artículo 35. Las licencias colectivas de portación de
armas, requerirá que el responsable de la misma registre y mantenga actualizada la
relación de personas que se ampararán bajo tal licencia, dando de baja a aquellas que
deban separarse de tal autorización.
Se emitirán documentos individuales a los que se registren
en una licencia colectiva de portación de armas en los términos que el reglamento de la
presente ley señale, mismos que deberán portarse físicamente al momento de portar las
armas respectivas.
Artículo 36. Las licencias colectivas que se expidan a las
corporaciones de seguridad pública y de procuración de justicia ampararán a los
policías que figuren en las nóminas de pago respectivas. En este caso, sólo será
requisito que se anote una leyenda señalando el número de licencia colectiva y arsenal
correspondiente en las credenciales que les sean expedidas por las autoridades de quienes
dependan.
Las corporaciones que tengan autorizada licencia colectiva
de portación de armas de fuego, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrán
permitir que el personal que tenga derecho a portar armas bajo tal autorización, use
armas que no estén acreditadas en el arsenal correspondiente.
Artículo 37. Las licencias de portación a que se refiere
esta ley podrán ser canceladas por la autoridad en los siguientes casos:
I. Cuando sus poseedores hagan mal uso de las armas o de
las licencias;
II. Cuando sus poseedores alteren las licencias;
III. Cuando se porte un arma distinta de las que ampara la
licencia;
IV. Cuando su poseedor reciba sentencia por la comisión de
un delito;
V. Por resolución de la autoridad competente y
VI. Por haberse declarado al titular en estado de
interdicción.
Artículo 38. Cuando una persona porte armas sin el
registro o la licencia para portar o transportar armas correspondiente, independientemente
de las sanciones administrativas o penales que correspondan, la autoridad que conozca del
hecho retendrá el arma, expedirá al poseedor un recibo que la ampare y la remitirá de
inmediato a la oficina del Registro Nacional de Armas del lugar, para su custodia.
El poseedor tendrá un plazo de 60 días para acreditar su
legal procedencia y la tramitación de los registros o licencias necesarias para
regularizar la posesión del arma.
En caso de que no se regularice en el plazo mencionado o no
se cumpla con las sanciones que se le hayan aplicado, el arma será incautada en beneficio
de la corporación de seguridad pública del lugar.
Artículo 39. Sólo se notificará a la oficina del
registro cuando el arma retenida tenga carácter de prueba dentro de una averiguación de
carácter penal, conservándose por la autoridad competente en tanto la averiguación o,
en su caso, el procedimiento penal que resulte de la misma, se den por concluidos,
remitiéndose entonces a la oficina correspondiente.
Artículo 40. Queda prohibido a los particulares asistir
armados a manifestaciones y celebraciones públicas, a asambleas deliberativas de índole
política o a juntas en que se confronten intereses, a cualquier reunión que, por sus
fines, haga previsible la aparición de tendencias opuestas y en general a cualquier acto
cuyos resultados pueden ser obtenidos por amenaza o el uso de las armas; exceptuado
desfiles y las reuniones con fines deportivos de charrería, tiro o cacería.
También estará prohibida la portación de armas, aun
cuando tengan licencia para ello, a los particulares que se encuentren en los casos
siguientes:
a) Se encuentren sujetos a proceso penal y gocen de
libertad bajo caución;
b) Se encuentren sustraídos de la acción de la
justicia;
c) Estén sujetos a programas de rehabilitación por
adicción a drogas o por alcoholismo.
CAPITULO IV
De la fabricación, comercialización y transporte de las
armas de fuego y explosivos
Artículo 41. Se requiere permiso otorgado por el Registro
Nacional de Armas de Fuego para dedicarse a la fabricación, comercialización o
transporte de armas de fuego y explosivos.
Artículo 42. El Registro Nacional de Armas de Fuego,
expedirá los permisos con las modalidades siguientes:
I. Para fabricación de armas de fuego o explosivos;
II. Para comercialización de armas de fuego o
explosivos;
III. Para almacenaje de armas de fuego o explosivos y
IV. Para transporte de armas de fuego o explosivos.
Artículo 43. Los permisos mencionados en las fracciones I
y II del artículo anterior, tendrán las modalidades siguientes:
I. Ordinarios. Para las personas físicas o morales que se
dediquen de manera permanente y preponderante a la producción o comercialización de
armas de fuego de uso civil u oficial y explosivos de uso industrial.
II. Especiales. Para las personas físicas y morales que
pretendan la fabricación o comercialización de armas de fuego y explosivos para uso
militar siempre y cuando acrediten la existencia de promesa de su contratación por
fuerzas armadas nacionales o extranjeras.
III. Extraordinarios. Para las personas físicas o morales
que se dediquen eventualmente a la fabricación o comercialización de armas de fuego de
uso civil u oficial o explosivos de uso industrial.
Artículo 44. Los permisos que se mencionan en el presente
capítulo serán cancelados, cuando se modifiquen por sus titulares las condiciones bajo
las cuales fueron concedidos o cuando se ponga en peligro la seguridad de personas o
propiedades o puedan alterar el orden público.
Artículo 45. Los permisos para fabricación de armas de
fuego o de explosivos a que se refiere este capítulo, serán intransferibles, se
otorgarán por una duración máxima de cinco años, pudiendo ser prorrogables por igual
plazo.
Artículo 46. Los permisos o licencias que señala esta ley
siempre deberán establecer las condiciones y obligaciones que le resultan al titular
respecto de las características de acondicionamiento y seguridad que deban mantener las
instalaciones, armas de fuego, vehículos o maquinaria que se destinen a la fabricación,
comercialización o transporte de armas de fuego o explosivos.
Artículo 47. El procedimiento y requisitos para la
expedición de los permisos y licencias que señala la presente ley serán los que
establezca el reglamento de esta ley. En todo caso las autoridades se ajustarán para la
expedición de permisos, licencias o autorizaciones a los plazos siguientes:
a) Para el registro de armas, la expedición de licencias
para portación de armas y la expedición de permisos de importación o exportación de
armas o sus elementos y transportación de armas de fuego o explosivos, 15 días
hábiles.
b) Para permisos para la fabricación o comercialización
de armas de fuego y explosivos, 60 días hábiles.
c) Para todas las demás autorizaciones, licencias o
permisos, 30 días hábiles.
d) En caso de que la autoridad no dé respuesta a las
solicitudes que se señalan en los incisos a y c del presente artículo en los plazos
igualmente señalados, se entenderá que otorgan lo solicitado.
CAPITULO V
Del control y vigilancia
Artículo 48. Las autoridades del Registro Nacional de
Armas de Fuego podrán llevar a cabo las inspecciones necesarias para el sólo hecho de
corroborar la veracidad de los datos señalados en las solicitudes que les sean
presentadas y la existencia y permanencia de las condiciones señaladas por el reglamento
de esta ley o en el permiso o licencia correspondiente de armas, instalaciones, vehículos
o maquinaria que se destinen a la fabricación, comercialización o transporte de armas de
fuego o explosivos.
Artículo 49. Quienes tengan permisos para fabricación,
comercialización o transportación de armas de fuego o explosivos, deberán rendir al
Registro Nacional de Armas de Fuego, en un plazo máximo de 30 días, un informe mensual
detallado de sus actividades, en el que se especifique el movimiento ocurrido en el mes
anterior.
Artículo 50. Las autoridades del Registro Nacional de
Armas de Fuego podrán inspeccionar el armamento y municiones para su aprovisionamiento de
los arsenales, colecciones y museos registrados, sólo para efectos de control y
verificación de las condiciones de funcionamiento, seguridad y uso de las armas y ordenar
las medidas tendientes a su adecuada utilización.
Artículo 51. En caso de guerra o alteración del orden
público, las fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes y establecimientos
comerciales que fabriquen, produzcan, organicen, reparen, almacenen o vendan cualesquiera
de las armas, objetos y materiales aludidos en esta ley, previo acuerdo del Presidente de
la República, quedarán bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, de
conformidad con los ordenamientos legales que se expidan.
TITULO CUARTO
De las sanciones
CAPITULO UNICO
Artículo 52. Serán sancionados con pena de uno a 50 días
de multa o por falta de pago de esta sanción con el arresto correspondiente que en
ningún caso excederá de 36 horas, a los que:
I. Porten armas no registradas o sin la licencia
correspondiente;
II. Teniendo registrada un arma en su favor permita que una
persona sin la licencia correspondiente la porte;
III. Transporten armas sin el permiso correspondiente o con
violación de lo dispuesto por el artículo 27 y 40 de esta ley;
IV. Siendo titulares de un registro de arma de fuego, no
den aviso de cambio de domicilio y alta en el municipio correspondiente;
V. Lleven a cabo el registro de un arma fuera del plazo
señalado en el altículo 31 de la presente ley;
VI. Incumplan con los avisos o plazos que se señalan en
los artículos 31 y 49 de la presente ley;
VII. No atender las medidas que le haga el Registro
Nacional de Armas de Fuego, relativas a las condiciones de funcionamiento, seguridad y uso
de las armas. En este caso se podrá ordenar la suspensión o cancelación de las
licencias respectivas.
Artículo 53. El incumplimiento de la obligación que se
menciona en los artículos 38 y 39 de la presente ley, será sancionado con multa
equivalente a tres días de salario minimo.
Artículo 54. Para la aplicación de la sanción pecuniaria
en días multa se cumplirá lo dispuesto en el artículo 290 del Código Penal para el
Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero
Federal.
Artículo segundo. Se reforma la denominación del
Capítulo III del Título Cuarto y los artículos 160, 161, 162 y 163 del Código Penal
para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia
de Fuero Federal, para quedar en los términos siguientes:
TITULO CUARTO
Delitos contra la seguridad pública
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
CAPITULO III
Armas y explosivos
Artículo 160. A quien porte, fabrique, importe o acopie
sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no
tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se le impondrá prisión de
tres meses a tres años o de 180 a 360 días multa y decomiso.
Artículo 161. Se impondrá pena de uno a ocho años de
prisión a aquella persona que posea una o más armas de fuego prohibidas, considerando
como tales las siguientes:
I. Armas que contengan elementos nucleares o empleen la
fusión atómica como medio de destrucción;
II. Armas que empleen como medio de destrucción agentes
químicos;
III. Armas que empleen como medio de destrucción agentes
biológicos;
IV. Armas que tengan integrado, de manera permanente o
provisional, mecanismos silenciadores;
V. Armas de fuego modificadas para incrementar su poder
destructivo o daño y
VI. Escopetas con cañón de longitud inferior a 20
pulgadas.
Artículo 162. Se impondrá pena de cinco a 15 años de
prisión y de 20 a 2 mil días de multa:
I. Al que introduzca o participe como cómplice en la
introducción a la República en forma clandestina armas, municiones, explosivos y
material de uso militar o exclusivo de las fuerzas armadas;
II. Al servidor público que estando obligado por sus
funciones a impedir esa introducción no lo haga.
Artículo 163. Se impondrá de uno a ocho años de prisión
y de 20 a 500 días multa:
I. A los comerciantes en armas, municiones, explosivos y
demás artículos restringidos por esta ley, que los adquieran sin la autorización
correspondiente o sin comprobar la procedencia legal de los mismos;
II. A quienes fabriquen o transporten dichos objetos sin el
permiso correspondiente;
III. A los comerciantes en armas que sin permiso vendan,
donen o permuten los objetos a que se refiere la fracción I del presente artículo
y
IV. A quienes dispongan indebidamente de las armas con que
se haya dotado los cuerpos de policía federales, estatales o municipales.
Artículo tercero. Se adicionan los artículos 163.1,
163.2, 163.3, 163.4, 163.5, 163.6 y 163.7 del Código Penal para el Distrito Federal en
Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar
en los términos siguientes:
Artículo 163.1. Se impondrá de un mes a dos años de
prisión y de dos a 100 días de multa, a quienes:
I. Manejen fábricas, plantas industriales, talleres,
almacenes y demás establecimientos que se dediquen a las actividades reguladas por esta
ley sin contar con las autorizaciones o no ajustarse a las condiciones de seguridad a que
están obligados.
II. Remitan los objetos materia de esta ley, por conducto
de empresas no autorizadas;
III. Efectúen el transporte de armas o explosivos sin la
autorización correspondiente;
IV. Enajenen explosivos, artificios y sustancias químicas
relacionadas con explosivos a negociaciones o personas que no tengan el permiso
correspondiente.
Artículo 163.2. Se impondrá de seis meses a seis años de
prisión y de 10 a 300 días de multa a quienes sin el permiso correspondiente compren,
transporten, reparen, transformen o almacenen armas de fuego o explosivos.
Artículo 163.3. Se equipara el delito de robo previsto en
el artículo 367 de este Código, al servidor público que asegure o recoja un arma y no
la entregue a su superior jerárquico o en su caso, a la autoridad competente.
Artículo 163.4. Se castigará con pena de dos meses a dos
años de prisión o de cuatro a 100 días de multa a quienes transmitan la propiedad de un
arma de fuego sin hacer los avisos de traslación de la propiedad ante el Registro
Nacional de Armas de Fuego. Asimismo se hará acreedor a la misma pena quien no haga la
declaración de introducción al país de armas y cartuchos permitidos por la ley.
Artículo 163.5. Al que se encuentre en posesión de una o
más armas de fuego de las comprendidas en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos sin la autorización correspondiente, se le sancionará con
prisión de cinco a 30 años y de 100 a 2 mil días de multa.
Artículo 163.6. Se castigará con pena de dos meses a dos
años de prisión o de cuatro a 100 días de multa a quienes para la comisión de un
delito usen armas de fuego. Esta conducta delictiva se sancionará independientemente de
las sanción que corresponda por el delito o delitos con que coincida.
Artículo 163.7. Cuando el responsable o cómplice de los
delitos comprendidos en los artículos 163.2, 163.3, 163.4 y 163.6, sea servidor público
o miembro de alguna corporación policiaca, las penas que le correspondan se aumentarán
hasta en una tercera parte, será destituido del cargo que desempeñe y quedará
inhabilitado de dos a seis años para ejercer cargo público.Artículo cuarto. Se deroga
la fracción XXIV del artículo 27 y se reforma la fracción XVI del artículo 29 de la
Ley Orgánica de la Administración Público Federal, para quedar en los términos
siguientes:
Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde
el despacho de los siguientes asuntos:
I a la XXIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
XXIV. Derogada.
XXV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Artículo 29. A la Secretaría de la Defensa Nacional
corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I a la XV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
XVI. Organizar el Registro Nacional de Armas de Fuego,
teniendo a su cargo la dirección general e intervenir en la expedición de permisos para
la portación de armas de fuego, así como vigilar y expedir permisos para el comercio,
transporte y almacenamiento de armas de fuego, municiones, explosivos, agresivos
químicos, artificios y material estratégico, de conformidad con la Ley de Armas de Fuego
y Explosivos y su reglamento;
XVII. a XX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Esta ley entrará en vigor a los 90 días de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las licencias de portación de armas expedidas con
anterioridad por la autoridad competente tendrán vigencia hasta las fechas que señale el
reglamento de la presente ley para su renovación anual, sustituyéndose por el registro
que expida el Registro Nacional de Armas de Fuego.
Tercero. Dentro de los 90 días siguientes a la vigencia de
esta ley los comerciantes e industriales que operen con autorización deberán ajustarse a
lo dispuesto por la presente.
Cuarto. En un plazo de 180 días después de la fecha de
vigencia de esta ley, todos aquellos que posean armas estarán obligados a presentarlas
para su registro ante el Registro Nacional de Armas de Fuego. Durante este plazo se
reducirán al mínimo los requisitos para el mismo y bastará la presentación física del
arma para acreditar su legal adquisición.
Quinto. Se abrogan la Ley Federal de Armas de Fuego y de
Explosivos y su reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 11
de enero y 6 de mayo de 1972 respectivamente y todas aquellas otras leyes, reglamentos y
disposiciones de cualquier clase que se opongan a la presente ley.
Sexto. Las reformas a los artículos 160, 161, 162 y 163 y
adición de los artículos 163.1 al 163.6 al Código Penal Federal, entrarán en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, a 12 de diciembre de 1998.—
Diputados que suscriben la presente iniciativa: Francisco Javier Reynoso Nuño, Abelardo
Perales Meléndez, Felipe Urbiola Ledesma, Juan Miguel Alcántara Soria, Flancisco José
Paoli y Bolio, Baldemar Tudón Martínez, Américo A. Ramírez Rodríguez, Juan Marcos
Gutiérrez González, Rubén Fernández Aceves, Jesús González Reyes, Jorge López
Vergara, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Héctor Larios Córdova, Francisco Xavier Salazar
Díez de Sollano, María de la Soledad Baltazar Segura, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso y
Fortunato Alvarez Enríquez.»
Túrnese a las comisiones de Justicia y Gobernación
y Puntos Constitucionales.
Lo que nos ha expresado el diputado Francisco Reynoso está
en su caso a consideración de cada uno de las diputadas y diputados que en su caso van a
intervenir en esta sesión. Por lo demás, esta Presidencia se sujetará en todo momento a
lo que establece el Reglamento Interior y se sujetará también a lo que establece el
acuerdo parlamentario relativo, en lo que específicamente se refiere a las discusiones.
LEY
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL
Tiene la palabra el diputado Juan Cruz Martínez, del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa que reforma el
inciso d, y adiciona un inciso h al artículo 9o. numeral 1, de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, reglamentaria de los artículos 41, 60 y
99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
| El diputado Juan
José Cruz Martínez: |
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Los suscritos, diputados federales de la LVII Legislatura
del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55
fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de
Diputados, por el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el inciso d y adiciona un inciso h al artículo 9o. numeral 1, de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, reglamentaria de
los artículos 41, 60 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Para reglamentar la existencia de un sistema de medios de
impugnación en materia electoral federal, se crea la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, la cual es publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 22 de noviembre de 1996.
Al amparo del principio de legalidad en estricto sensu se
ajustan todos los actos y resoluciones de la autoridad electoral, la procedibilidad de los
medios de impugnación en materia electoral como requisito de las impugnaciones en contra
de los actos o resoluciones emanados de las autoridades electorales, que tienen por
objeto, fundamentalmente, la necesidad de dar certeza y seguridad jurídica a los
procesoselectorales, así como a quienes en ellos intervienen.
Y en virtud de que todos los actos y resoluciones de las
autoridades electorales se sujetan a los principios de constitucionalidad, legalidad y
definitividad, se hace necesario que se establezca como requisito la presentación del
documento que manifieste la resolución o acto de la autoridad que se pretenda impugnar,
así como la mención específica del medio de impugnación que se interpone.
Debemos de considerar que ante la gran variedad de
posibilidades para privar de sus efectos jurídicos a los actos y resoluciones de las
autoridades electorales, no se debe permitir que las autoridades jurisdiccionales subsanen
dichas omisiones, por el contrario, el acompañar este documento con el resolutivo permite
la interpretación textual del acto o la resolución, así se evitaría la violación de
los derechos electorales reconocidos en nuestra Carta Magna y esta ley, evitando la
interpretación de los actos y resoluciones de manera errónea por quien tiene que
resolver.
Compañeras y compañeros diputados: la iniciativa que hoy
sometemos a su consideración, tiene el propósito de que en la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, particularmente en el artículo 9o., que
establece los requisitos de los medios de impugnación, se señale formalmente la vía
impugnativa que se haga valer en el caso particular, ya que el demandante debe precisar el
acto que lesiona su derecho, lo cual permitirá determinar si el actor está legitimado o
no en la causa y si tiene interés jurídico en el asunto, lo cual conlleva a agilizar el
trámite y la sustanciación correspondiente.
Así como con la reforma que se propone se imponga la carga
procesal de adjuntar el documento que contenga el acto o resolución, objeto de la
controversia, con el fin de acreditar fehacientemente su existencia y su contenido
literal.
Resulta de especial importancia que la autoridad electoral
responsable conozca el resolutivo textualmente, ya que agilizaría el trámite,
considerando que los plazos durante el proceso electoral son fatales y se entraría de
inmediato al estudio y análisis de la controversia para salvaguardar el interés
jurídico del recurrente.
De la misma manera es trascendente que la autoridad
electoral conozca el medio impugnativo que se interpone con la prontitud que se
requiere.
De esta forma eliminarían las facultades discrecionales de
las autoridades para resolver la controversia y evitar casos arbitrarios y que bajo el
principio de exahustividad se cometan violaciones a los derechos electorales y en
consecuencia la argumentación de preceptos violados por las mismas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos
permitimos someter a la consideración de la Cámara de Diputados, a efecto de que se
turne de inmediato para dictamen a la comisión correspondiente, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Por el que se reforma el inciso d y adiciona un inciso h al
artículo 9o., numeral 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, para quedar como sigue:
Artículo primero. Se reforma el inciso d del numeral 1,
del artículo 9o. y se adiciona un inciso h, para quedar como sigue:
Artículo 9o.
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
a al c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
d) Identificar el acto y resolución impugnado y la
autoridad responsable del mismo, así como acompañar copia de la resolución de la
autoridad y, en su caso, acuse del oficio en el cual se solicita a la autoridad copia de
la notificación de la resolución.
e al g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
h) Señalar claramente el medio de impugnación que se
interpone.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de
1998.— Diputados, por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo: Ricardo Cantú
Garza, coordinador; Luis Patiño Pozas, María Mercedes Maciel Ortiz, José Luis López
López, Juan José Cruz Martínez, Santiago Gustavo Pedro y Gerardo Acosta Zavala.»
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
COMISION DE
PROTECCION CIVIL
Tiene la palabra el diputado Enrique Tito González
Isunza, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la creación de una Comisión
Ordinaria de Protección Civil.
| El diputado
Enrique Tito González Isunza: |
Señoras y señores legisladores:
1. Es indiscutible que, especialmente en las décadas
recientes, los desastres tanto de origen natural como tecnológico, han ido incrementando
su potencial destructivo, cobrando cada vez más, cantidades crecientes de víctimas
humanas, así como cuantiosos daños materiales a la infraestructura, ocasionando no sólo
un impacto en las economías, sino incluso, en muchos de los casos, retrocesos muy
desfavorables, cuya total recuperación lleva años e incluso décadas...
Un momento orador.
RECESO
| El Presidente (a
las 18:12 horas): |
Se decreta un receso hasta que se presenten las
condiciones que se establecen en nuestro ordenamientos legales para que se pueda
desarrollar esta Asamblea. Pedimos a la Oficialía Mayor, proceda también en
consecuencia.
(Receso.)
COMISION
DE PROTECCION CIVIL (II)
| El Presidente (a
las 19:04 horas): |
Señoras y señores diputados: damos por concluido el
receso y reiniciamos la sesión y regresamos para solicitarle que haga uso de la palabra
al diputado Enrique Tito González Isunza, quien estaba en tribuna, para continuar con la
lectura de su iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, para la creación de una Comisión Ordinaria de
Protección Civil.
Tiene la palabra el diputado Enrique Tito González Isunza.
| El diputado
Enrique Tito González Isunza: |
2. Lo anterior se vio reflejado en hechos tales como
que, a fines de los años ochenta, un grupo de científicos, entre los que figuraba el ya
fallecido mexicano de prestigio mundial, doctor Emilio Rosenblueth, se acercó a la
Asamblea de las Naciones Unidas, para promover la adopción de una estrategia global, que
se encaminara a la mitigación de los efectos de los, cada vez más devastadores,
desastres naturales. El resultado de dicha gestión, fue que por acuerdo del pleno de la
Asamblea, se pusiera en marcha la denominación de la década de los noventa, como el
"Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales", como una
estrategia integral, en cuyo marco se propiciara y fomentara:
La incorporación de la protección civil para la
prevención de los desastres, en los procesos nacionales de planeación del
desarrollo;
El intercambio de información útil en la materia, entre
los países;
La cooperación, internacional, bilateral y multilateral,
científica y tecnológica para la mitigación de los desastres;
La investigación científica y el desarrollo tecnológico,
especialmente el enfocado a sistemas de alertamiento temprano ante catástrofes y
La instauración del segundo miércoles de octubre de cada
año del decenio, bajo la denominación de Día Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales, a fin de realizar acciones, especialmente de carácter educativo e
informativo, encaminadas hacia la población en general.
Por acuerdo del Consejo Nacional de Protección Civil,
adoptado el 11 de agosto de 1990, México se adhirió a dicha estrategia mundial,
procurando, desde entonces, cumplir a cabalidad con el compromiso asumido en el seno de
las Naciones Unidas.
3. Esta realidad indiscutible, ha propiciado que los
países del mundo, en mayor o menor medida, han avanzado en sus propios sistemas de
prevención y atención a desastres, entre cuyos preparativos se ha dado, con especial
intensidad, un involucramiento de los congresos, parlamentos o asambleas nacionales, para
establecer los marcos jurídicos que sustenten las acciones necesarias para responder a la
necesidad de protección ante los fenómenos, de su población.
4. A mayor abundamiento, México ha suscrito ocho convenios
internacionales, con otros tantos países, a efecto de intercambiar y compartir los
conocimientos y experiencias necesarios para prepararse adecuadamente en especial en lo
que refiere a la creación de los marcos jurídicos inherentes, en cuya construcción ha
destacado la creación de las estructuras legislativas responsables de dicha labor.
5. En 1994, en el marco de la Conferencia Mundial de las
Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres Naturales (Yokohama, Japón) se
reconocieron los avances registrados y los logros alcanzados, pero se recomendó, como
conclusión, imprimir mayor celeridad a las acciones nacionales en la materia, a modo de
arribar al tercer milenio con la certeza de la capacidad de responder todos, individuos y
naciones, a los impactos destructivos de las calamidades.
6. A nivel nacional 24 entidades federativas, incluyendo el
Distrito Federal, han legislado en la materia, destacando el hecho de que seis de ellas
han creado, en el marco de sus congresos, comisiones permanentes de protección civil que
vigilan el adecuado desarrollo y gestión de esta importante política pública.
7. Por su importancia, el Gobierno mexicano, en el marco
del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, incorporó un programa sectorial denominado
Programa de Protección Civil 1995-2000, en cuyo desarrollo se han generado acciones como
la creación del Fondo Nacional para Desastres-Atención a Damnificados, cuyo monto, cada
vez de mayor envergadura, se ha ido aplicando en la solución de las recurrentes
calamidades que ocurren en el país.
8. En consonancia con lo anterior, por acuerdo del pleno de
esta Cámara de Diputados, LVII Legislatura, el 30 de septiembre de 1997 se constituyó la
Comisión Especial de Protección Civil, dando cumplimiento a lo establecido en los
artículos 42 de la Ley Orgánica y 65 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo fundamental de
desarrollar un proceso de investigación y consulta para proponer y elaborar el marco
legislativo de la protección civil mexicana, así como analizar los problemas reales y
potenciales tendientes al diseño de políticas públicas en la materia, entre los cuales,
de manera primordial se encuentran los aspectos financieros y presupuestales.
9. Aún cuando su carácter es transitorio, la Comisión
Especial de Protección Civil ha dado puntual cumplimiento a las funciones que establece
el artículo decimosegundo del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y
Reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, así como los
ordenamientos relativos contenidos en la Ley Orgánica y en el Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
10. Así, la comisión ha desarrollado un intenso programa
de trabajo, del que se ha dado puntual cuenta a esta soberanía, respecto al que cabe
destacar la presentación, por parte de uno de sus integrantes, de una iniciativa de
reforma constitucional, para facultar al Congreso de la Unión, a fin de que pueda
legislar en la materia, misma que fue aprobado unánimemente tanto por la Cámara de
Diputados, en su sesión del 30 de abril de 1998, como por la de Senadores, el 11 de
diciembre del propio año.
11. Los desastres son eventos singulares, con
características y procesos de gestación, evolución y resolución muy particulares, que,
conjuntados con expresiones actuales de la dinámica de los grupos sociales, imprimen a
esta política pública una vertiginosa evolución, que exige de propuestas y soluciones
cada vez más imaginativas, a fin de que las respuestas sean cada vez más ágiles y
eficaces, a efecto de proteger a fondo y con firmeza, a la población ante eventos que la
lesionen o afecten.
12. Esto exige políticas, programas y acciones de largo
aliento, que, con un carácter pragmático e integral, pero al propio tiempo flexible,
vayan adecuándose a las necesidades y realidades cambiantes que esta problemática
reviste, incluyendo en los mismos, el marco jurídico que los sustente, les otorgue
fortaleza y les garantice permanencia en el tiempo. Lo anterior no debe soslayar que a la
protección civil concurren políticas públicas como la protección ambiental, la salud
pública, la seguridad pública, la educación y en general, todas aquellas que integran
el capítulo del bienestar y el desarrollo social.
Por lo anteriormente expuesto, de cara a la necesidad de
dar continuidad al proceso de legislación en la materia, observando que los marcos
jurídicos, los planes y programas y las acciones en la materia, adquieran una perspectiva
de largo plazo y respondan a la necesidad de protección de la población, con fundamento
en el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputadas y
diputados integrantes de todos los grupos parlamentarios representantes de la LVII
Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a la
consideración de esta soberanía la siguiente
INICIATIVA
De reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear una Comisión Ordinaria de Protección
Civil en la Cámara de Diputados.
Artículo primero. Se adiciona la fracción II del
artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:
CAPITULO V
De las comisiones y comités
Artículo 43. Las comisiones ordinarias serán las
siguientes:
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .;
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; Protección
Civil; Radio, Televisión y Cinematografía; .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de
1998.— Por la Comisión de Protección Civil, la mesa directiva.— Diputados:
Noemí Guzmán Lagunes, presidenta; Estrella Vázquez Osorno, Martín Matamoros Castillo y
Oscar Aguilar González, secretarios; Héctor Larios Córdova, Juan Marcos Gutiérrez
González, Sandra Lucía Segura Rangel, Alberto López Rosas, Luis Meneses Murillo, David
Miguel Noyola Martínez, Anastacio Solís Lezo, Carlos Fernando Rosas Cortés, Wilbert
Hebert Chi Góngora, Miguel Angel Godínez Bravo, Enrique Tito González Isunza, Salvio
Herrera Lozano, Juan Jaramillo Fricas, María del Socorro May López, Noé Paredes
Salazar, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, Humberto Serrano Pérez, Miguel Angel Navarro
Quintero, Jorge Galo Medina Torres, Rubén A Fernández Aceves, Enrique Jackson R, Marta
Laura Carranza, Maximiano Barbosa, Mercedes Juan López, Carlos Jiménez Macías, Antonio
Esper, Crisógono Sánchez Lara, Adoración Martínez Torres, Joel Guerrero Juárez,
Héctor Vicario, Gonzalo Morgado, Carlos Rodríguez, Everardo Paiz, Rafael Spinoso Foglia,
Salvador Moctezuma, Marcelo Cervantes, Heberto Sánchez, Fortunato Guzmán, Ramón
Fernández Toledo y Martha Palafox Gutiérrez.»
Túrnese a la Comisión de Régimen y Prácticas
Parlamentarias.
TRATADOS
Y CONVENIOS INTERNACIONALES
Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Meneses
Murillo, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 73 fracción XXVIII; 76
fracción I; 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
| El diputado Luis
Meneses Murillo: |
Con su permiso, diputado Presidente:
En atención a buscar un mayor espacio y tiempo para que
demos un debate de altura en relación a las leyes económicas.
«Iniciativa de decreto de reformas a los artículos 73,
fracción XXVIII, 76 fracción I, 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para restituir al Congreso de la Unión la facultad de
aprobar tratados y convenios internacionales y otorgarle la facultad para revisar y
evaluar la política exterior que desarrolle el Ejecutivo Federal, a cargo del diputado
Luis Meneses Murillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Cámara de Diputados del honorable Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos.
Los suscritos diputados, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 71 fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 55 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone las siguientes reformas a los
artículos 73 fracción XVIII, 76 fracción I, 89, fracción X y 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para restituir al Congreso de la Unión la
facultad de aprobar tratados y convenios internacionales y otorgarle la facultad de
revisar y evaluar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Antecedentes
La Constitución de 1824 no establecía facultades
especiales para las cámaras de Diputados y Senadores, por lo que la facultad de aprobar
los tratados que celebrara el Presidente de la República correspondía al Congreso de la
Unión.
El Congreso Constituyente que se inauguró en febrero de
1856, se propuso elegir al presidente interino que convocó al Congreso Extraordinario,
para que se ocupara "exclusivamente de construir a la nación bajo la forma de
República Representativa y Popular", otorgándole el plazo de un año para realizar
sus trabajos que culminaron con la Constitución Federal del 5 de febrero de 1857.
En el Congreso Constituyente de 1856, eliminados ya los
monarquistas, concurrieron sólo los liberales divididos en una mayoría de moderados y el
grupo de los progresistas. El enfrentamiento fue inmediato, la batalla parlamentaria
tipificó dos posiciones emergentes: volver a la Constitución de 1824 con algunas
modificaciones o arribar a una reforma profunda, con un nuevo marco constitucional.
Francisco Zarco, tanto en su "crónica" como en
su "Historia del Congreso Constituyente de 1856-1857", nos presenta un
testimonio cabal de estas luchas en las que triunfó el grupo progresista, siendo así, la
Constitución de 1857 cambió la estructura del Poder Legislativo al suprimir al Senado y
establecer un sistema unicamaral.
No habían transcurrido 30 días de la reinstalación del
gobierno en la capital, cuando el 14 de agosto de 1867 el presidente de la República,
licenciado Benito Juárez García expidió una convocatoria para la elección de los
supremos poderes y en ella introdujo una apelación al pueblo para que autorizara al
Congreso para reformar la Constitución con el fin de que el Poder Legislativo se
depositara en dos cámaras y se fijaran y distribuyeran entre ellas, las facultades del
Poder Legislativo. Se inició así el difícil camino que culminaría el año de 1875 para
restaurar el Senado.
De esta manera se inició un largo y complicado proceso
para reformar la Constitución y restablecer el sistema bicamaral. Capítulo especial
significó la discusión de las facultades exclusivas de ambas cámaras, pues no había
antecedentes y la Constitución de 1824, al constituir el Poder Legislativo en dos
cámaras, una de Diputados representantes de la nación y otra de Senadores representantes
de los estados, no estableció diferencia alguna en cuanto a sus facultades.
El régimen vigente de facultades exclusivas de las
cámaras tuvo su origen en la publicación del 13 de noviembre de 1874, cuando se
establecieron las reformas y adiciones a los artículos que tenían qué ver con las
facultades de ambas cámaras.
Al artículo 72, que se refiere a las facultades del
Congreso, se adicionaron los apartados: A, con las facultades exclusivas de la Cámara de
Diputados; B, referente a las facultades exclusivas del Senado y, C, con las facultades
que cada Cámara puede ejercitar sin intervención de la otra.
Discutidas primero las facultades exclusivas de la Cámara
de Diputados en la sesión del día 20 de octubre de 1873, se inició la discusión del
apartado B con las facultades exclusivas del Senado, que señalaba al principio:
I. Aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que
celebre el Ejecutivo con potencias extranjeras.
Al respecto el diputado Julio Zárate dijo: "me tomo
la libertad de interpelar a la comisión para que se sirva decirme las razones que ha
tenido para consultar como facultad exclusiva del Senado la aprobación de los tratados y
convenciones diplomáticas que se celebren con las naciones extranjeras y no consultarlas
como facultad común de los cuerpos colegisladores".
La modificación así aprobada introdujo una antinomia en
el texto de la Constitución, pues quedaron vigentes sin modificación los siguientes
preceptos:
Del artículo 72 que dice: el Congreso tiene facultad;
Fracción XIII. Para aprobar los tratados, convenios o
convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo.
Artículo 85. Las facultades y obligaciones del Presidente
son las siguientes:
Fracción X. Dirigir las negociaciones diplomáticas y
celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del
Congreso Federal.
Artículo 126. Esta Constitución, las leyes del Congreso
de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren por el
Presidente de la República, con aprobación del Congreso, serán la Ley Suprema en toda
la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las
constituciones o leyes de los estados.
En esta forma nuestra Constitución de 1857 reformada en
1874 quedó con una contradicción en el propio artículo 72 fracción XIII, junto con los
artículos 85 fracción X y 126, que atribuían al Congreso la facultad de aprobar los
tratados, frente a la fracción I del apartado B del propio artículo 72, que confería
dicha facultad al Senado.
El Constituyente de 1916 arrastró esta antinomia, ya que
los artículos 76 fracción I, 89 fracción X y 133 conservaron los textos de 1873,
contradiciéndose entre sí y permaneciendo de esa manera hasta que con fecha 28 de
octubre de 1933, las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y segunda de Puntos
Constitucionales presentaron a la Asamblea del Senado dictamen relativo a la iniciativa de
Ley de Nacionalidad y Naturalización enviada por el Ejecutivo, en el cual consideraron
que para aprobar la Ley de Nacionalidad y Naturalización era necesario reformar los
artículos 30, 37, 73 y 133 de la Constitución Federal.
Sin embargo, el artículo 133 constitucional no tiene
relación con la materia de nacionalidad y naturalización ni el Ejecutivo solicitó
reforma alguna al respecto, pues el artículo 133 se refiere a la supremacía de la
Constitución.
En consecuencia, el Senado, sin previa iniciativa y sin
relación con la Ley de Nacionalidad y Naturalización, entonces a debate, introdujo en el
artículo 133 tres modificaciones que alteraron profundamente el fondo del precepto
constitucional:
1o. Sustituyó los términos "hechos y que se
hicieren" por los vocablos "celebrados y que se celebren", con relación a
los tratados internacionales.
2o. Adicionó la expresión "que estén de acuerdo con
la misma", refiriéndose a los tratados celebrados por el Presidente, introduciendo
una limitación al Ejecutivo que antes de esta modificación sólo tenía la establecida
en el artículo 15.
3o. Sustituye la palabra "Congreso" por
"Senado".
Las comisiones no expresaron las razones que tuvieron para
proponer la modificación del artículo 133 constitucional, como se supone debieron haber
hecho, máxime que dicha reforma no fue solicitada por el Presidente de la República ni
tenía relación alguna con la Ley de Nacionalidad y Naturalización.
Suponemos que la comisión quiso enmendar el error del
Constituyente de 1916 al arrastrar la antinomia introducida en 1873, la cual otorgó al
Senado la facultad exclusiva de aprobar los tratados celebrados por el Ejecutivo,
manteniendo en los artículos 73 fracción XIII, 85 fracción X y 126 la facultad del
Congreso, de aprobar los tratados hechos por el Presidente.
Sólo que el Senado resolvió la antinomia por el extremo
equivocado, pues el error no está en atribuir al Congreso esta facultad que le
corresponde por su propia naturaleza, sino en haberla atribuido exclusivamente al
Senado.
CONSIDERACIONES
Entre los argumentos a favor de restituir la facultad
conferida al Congreso de la Unión para aprobar los tratados internacionales y
convenciones diplomáticas celebrados por el Presidente, así como para otorgarle la
facultad de revisar y evaluar la política exterior del país, se encuentran los
siguientes:
1. La Constitución Federal de 1824 tuvo como modelo la
Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, la constitución gaditana de 1812
y una importante influencia de la constitución francesa de 1793, así como de nuestra
Constitución de Apatzingan.
Desde el principio, las ideas federativas de Madison,
Hamilton, Jay y otros ideólogos del sistema, inspirados a su vez en las tesis de
Montesquieu, dieron cauce al pensamiento político de los congresistas de 1824 y
posteriormente a los de 1857 y 1917; dada la ausencia en México de tradición histórica
y de práctica parlamentaria en ese sentido, se retomó el modelo norteamericano.
Sin embargo, la experiencia histórica de los Estados
Unidos de América ha demostrado los beneficios del sistema de frenos y contrapesos, como
uno de los principios rectores de la Federación, que estriba en la división de poderes
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para evitar la excesiva concentración de facultades
en un solo poder.
Por ello, la Constitución de América no atribuye la
política exterior al Presidente sino que asigna facultades de la política exterior al
Presidente y otorga otras al Congreso, para que ambos poderes cooperen en el desarrollo de
la política exterior con el apoyo soberano del pueblo.
2. Aunque el modelo constitucional es semejante, la
realidad mexicana es distinta, pues la intervención del Senado en materia de relaciones
exteriores o política internacional no ha sido contrapeso a la actuación
presidencial.
El predominio del partido oficial en las elecciones y la
monolítica composición de los poderes Legislativo y Ejecutivo determinó por décadas la
estructura del poder político real.
La mayoría parlamentaria aseguró al Ejecutivo Federal la
sanción formal de los tratados que negociaba, de los embajadores que nombraba y en
general la dirección de su política exterior.
Aun cuando recientemente la situación ha cambiado por la
integración pluripartidista del Congreso, no se ha llegado a establecer un verdadero
control de la discrecionalidad que en materia de política internacional ejerce el
Ejecutivo Federal.
3. La celebración de tratados y convenciones
internacionales no sólo obliga al Ejecutivo, sino que recae sobre la nación entera y es
la Cámara de Diputados la que representa a la nación, fundamentalmente en su aspecto
popular, en tanto el Senado representa el elemento federativo, por lo que es el Congreso
de la Unión en su integridad el que debe participar en la evaluación de la política
cuya dirección y ejecución corresponde al Ejecutivo y cuya aprobación de origen
corresponde al Senado.
Ahora bien, todos nuestros constitucionalistas, incluyendo
a los más renombrados: Mario de la Cueva, Felipe Tena Ramírez, Jorge Carpizo y otros
más, están de acuerdo en que toda ley debe ser obra del Congreso; es decir, se debe
discutir en ambas cámaras, una de origen y otra revisora.
4. En el contexto de la globalización, la dinámica de la
economía ha pasado del ámbito nacional al internacional y la unidad de las políticas
económicas se ha desplazado de los factores endógenos a los exógenos. Es decir, para
cualquier país del mundo, toda consideración de política interna, con respecto a la
economía, depende fundamentalmente de la política internacional.
No sólo el Estado y el mercado, también los ciudadanos, a
través de sus representantes federales, tienen derecho a influir en la política
internacional del país, debido a que en el sistema internacional emergente el Estado se
reconfigura tanto en su pacto social interno, como en sus relaciones internacionales, las
cuales impactan directamente a la población nacional.
Por lo tanto, a fin de evitar desequilibrios que vulneren
la política nacional, es indispensable que consideremos necesario garantizar que los
compromisos que se adquieran en el ámbito internacional sean coherentes con los intereses
de la nación representada en el Congreso de la Unión.
5. Los efectos sociales, políticos, económicos y
culturales que la vigencia de dichos instrumentos internacionales, como son los tratados y
las convenciones diplomáticas, tienen en el país, afectan directamente a los ciudadanos,
representados por los diputados federales, quienes derivado de ello, tienen la
responsabilidad de garantizar una representación auténtica de la sociedad y el consenso
político y social necesario en el ámbito de la política internacional.
Tal es el caso del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, ya que los ciudadanos de México se han visto afectados en sus intereses por el
incumplimiento de las partes firmantes del tratado en cuanto a los aranceles cuota, las
salvaguardas, las medidas antidumping, la eliminación gradual de los subsidios, las
garantías a la producción nacional y la competencia justa, sin que el Congreso de la
Unión tenga la facultad de representarlos en la revisión y evaluación del mismo.
6. El 31 de diciembre se cumplen cinco años de la firma
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en el artículo 908 del mismo se
establece que reconociendo las diferencias sustanciales en la estructura, organización y
operación de los procedimientos de evaluación de conformidad en sus respectivos
territorios, las partes harán compatibles dichos procedimientos en el mayor grado
posible.
Asimismo, el anexo del citado artículo indica que México
no tenía impuesta obligación ni otorgado derecho alguno al respecto de la evaluación de
conformidad, hasta antes de cuatro años, a partir de la entrada en vigor de dicho
tratado; además dicho anexo señala que el 31 de diciembre de 1998 será la fecha límite
para que las partes exijan el pago de los cargos por el servicio de evaluación de
conformidad en su territorio.
La facultad de revisar y evaluar los tratados
internacionales en Estados Unidos corresponde al Congreso. El mencionado TLCAN fue
revisado por el Congreso antes de su aprobación y el mismo tiene la facultad para
revisarlo y exigir al Ejecutivo, a través de sus diferentes despachos, un informe bianual
de los impactos de su implementación.
Por ello nuestra Carta Magna debe dar franco reconocimiento
al Congreso de la Unión para llevar a cabo dichas funciones de revisión y evaluación de
conformidad.
7. Reconociendo que el Senado representa a las entidades
federativas y siendo los tratados y convenciones cosa que obliga a la Federación,
consideramos que debe atribuirse al Senado la primacía en el examen de los tratados
internacionales como Cámara de origen.
Por todas las consideraciones antes expuestas, el suscrito
legislador, en uso de las facultades que le conceden los artículos 71 fracción II, 72 y
de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, propone el siguiente
DECRETO
Unico. Se reforman los artículos 73 fracción XXVIII; 76
fracción I, 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I a la XXVII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
XXVIII. Para analizar, revisar y evaluar la política
exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el
Presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al
Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que
celebre el Ejecutivo de la Unión.
XXIX a XXX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
I. Conocer en primer término los tratados internacionales
y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo y que envíe al Congreso de la
Unión para su aprobación; pudiendo emitir juicios y recomendar la realización de
acciones específicas en la conducción de dicha política.
II a la X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente
son las siguientes:
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados
internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Congreso de la Unión. En la
conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes
principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la
solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza
en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación
internacional para el desarrollo, y la lucha por la paz y la seguridad
internacionales.
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso
de la Unión que emanen de ella y todos los tratados y convenciones que estén de acuerdo
con la misma, celebrados y que se celebren por el Ejecutivo Federal con aprobación de las
dos terceras partes de cada una de las cámaras que conforman el Congreso de la Unión,
serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber
en las constituciones o leyes de los estados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de
1998.— Diputados: Luis Meneses Murillo, Miguel Alonso Raya, Pedro Magaña Guerrero y
Enrique Bautista Villegas.»
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Recibimos la solicitud del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, para que el tema que habían registrado, para presentar
una iniciativa de reformas y adiciones al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, puede ser considerado en el orden del día de mañana.
LEY
DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA
Tiene la palabra el diputado Ricardo Fernández
Candia, para presentar una excitativa.
| El diputado
Ricardo Fernández Candia: |
Gracias, señor Presidente:
Los suscritos, en nuestra calidad de diputados federales de
la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, por medio de este ocurso, con
fundamento en lo dispuesto en el inciso m del artículo 27 y párrafo tercero del
artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en
fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso,
promovemos esta excitativa, en virtud de que el grupo parlamentario de Acción Nacional
presentó una iniciativa que a la fecha no ha sido dictaminada por la comisión
correspondiente, por lo que nos permitimos acudir a usted para los efectos pertinentes y
en este sentido exponemos:
ANTECEDENTES
En la LVI Legislatura el diputado Javier Alberto Gutiérrez
Vidal, a nombre del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, propuso ante el
pleno de esta Cámara de Diputados la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 26 de
la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Con la iniciativa en comento, se pretende dar un nivel de
vida más accesible a aquellos mexicanos que radican en regiones con clima extremoso,
garantizándoles que durante los periodos del año en que su vida y salud se ven
amenazadas por las condiciones climatológicas, disfruten del servicio de energía
eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad.
En efecto, no hay duda que la vida es el bien más preciado
del ser humano y la salud es la necesidad básica primaria que debe garantizarse a todos
los mexicanos. El contar con una buena salud, depende de múltiples factores, entre ellos,
una alimentación balanceada, condiciones higiénicas, acceso a los servicios públicos de
agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.
En el caso de los servicios públicos la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos los ubica como prestaciones que tienden a
satisfacer las necesidades de la colectividad y por ello se busca garantizar que todos los
mexicanos cuenten con ellos.
En lugares con clima extremo, como lo son el municipio de
Mexicali, Baja California, San Luis Río Colorado y Hermosillo, Sonora; Monterrey, Nuevo
León y Villahermosa, Tabasco, entre otros, debido a las altas temperaturas que se
alcanzan durante el verano, es indispensable la utilización de aparatos enfriadores del
ambiente, para poder mantener en los lugares cerrados una temperatura adecuada y
soportable para el ser humano, dándose el caso que en otras regiones de nuestro país
sean las bajas temperaturas las que obliguen a la utilización de aparatos eléctricos,
que ayuden a conservar una temperatura adecuada.
La Comisión Federal de Electricidad, en el ejercicio de
sus facultades y con apego a lo dispuesto por el artículo 26 fracción I de la ley,
suspende el suministro de la energía eléctrica a aquellas personas que incurren en la
supuesta falta de pago oportuno de la energía durante un periodo normal de
facturación.Muchas veces por falta de recursos económicos y debido al alto consumo de
servicio de energía eléctrica, en consecuencia se les deja de satisfacer esa necesidad,
que se vuelve de primer orden, en razón de que al carecer de ese servicio de energía
eléctrica, se pone en peligro su salud y la de sus familiares, debido a las temperaturas
que se registran y que imposibilitan el correcto funcionamiento del organismo
humano.
Debe tomarse en consideración lo que las autoridades de
salud dicen al respecto, ya que afirman que en algunas regiones los riesgos de salud que
originan las altas temperaturas van desde la deshidratación hasta el fallecimiento,
además que agudizan varias enfermedades persistentes, entre otras, la diabetes, la
cardiopatía, las afectaciones renales y la parálisis.
Cuando el frío es intenso se favorece la presencia de
infecciones respiratorias agudas, como neumonía y bronconeumonía e incluso muertes por
congelamiento en las familias, cuyos recursos escasos no les permiten contar con una
vivienda que disponga de los servicios básicos, como es el caso de la energía
eléctrica.
En el caso concreto del municipio de Mexicali, en el verano
de 1992 fallecieron 17 personas debido a altas temperaturas, habiéndose atendido en las
instituciones públicas de salud a más de 2 mil mexicalenses que se vieron afectados
físicamente, mientras que en diciembre de este año, la entrada de un frente frío
provocó el descenso de la temperatura hasta en 13 grados centígrados bajo cero en siete
estados del país: Sinaloa, Durango, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y
Sonora, llevando a las familias de escasos recursos a asistir a los albergues y refugios
instalados por las autoridades estatales de salud, para protegerse de dichas condiciones
climáticas. En Sinaloa y Baja California fallecierón 11 niños.
Como consecuencia de lo anterior, a las personas que se les
suspende el servicio de energía eléctrica no se les está respetando la garantía que
consagra el artículo 4o. constitucional en su párrafo cuarto, el cual establece que toda
persona tiene derecho a la protección a la salud. Esta garantía no sólo se refiere a
ser atendido médicamente en caso de enfermedad, sino que comprende también la medicina
preventiva, es decir, recibir ayuda para evitar las enfermedades.
El suministro de energía eléctrica es un servicio
público, económico, que por su condición misma de autorrecuperación tiene carácter
lucrativo; sin embargo, el Gobierno tiene la obligación de ajustar la utilidad para que
el lucro no sea excesivo ni cause perjuicio grave a la economía del consumidor del
servicio.
Es por ello que los bienes y servicios producidos por el
sector eléctrico cuentan con una política de precios y tarifas para su capitalización.
La tarifa número 1 es la que se aplica a todos los servicios para uso exclusivamente
doméstico. Su subdivide en cinco tarifas en función de la temperatura media mínima de
verano, se ha determinado calidad de la siguiente manera: tarifa 1-a, 1-b, 1-c, 1-d y
1-e.
Una vez terminada la temporada de verano se aplican las
cuotas establecidas para la tarifa número 1.
En virtud de todo lo expuesto, la iniciativa en comento
pretende modificar el artículo 26 del Servicio Público de Energía Eléctrica, con
objeto de hacer más accesible esta disposición en los casos como el que se ha expuesto,
lográndose así proteger la salud de todos aquellos mexicanos que vivan en zonas con
temperaturas extremas que afectan al organismo humano.
Se propone que la reforma establezca como excepción que en
aquellas regiones de la República Mexicana donde las condiciones del clima pongan en
peligro la salud de los mexicanos, no se realice la suspensión del servicio de energía
eléctrica por motivo de falta de pago, hasta en tanto desaparezca tal condición.
De ninguna manera se intenta implantar una cultura de no
pago, pues el propio artículo 26 a reformar contiene sus fracciones II, V y VI, causales
de corte inmediato del flujo de energía sin necesidad de más trámite, los cuales no
serán tocados por la reforma propuesta.
CONSIDERACIONES
Desde la fecha en que se presentó la iniciativa han
transcurrido más de los cinco días que como plazo concede el artículo 87 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para que las
comisiones de la Cámara presenten su dictamen en los negocios de su competencia dentro de
dicho plazo al de la fecha en que los hayan recibido.
Segundo. El constitucionalista don Manuel Herrera y Lazo,
señalaba que el Congreso es y debe ser la asamblea de libre discusión, en la que se
tratan los asuntos públicos en voz alta y a la luz pública, para generar bienes
públicos; por ello son parlamentos, porque parte de su misión es parlar, dialogar,
debatir, acordar, ratificar, orientar; sin embargo el rezago, la omision, el silencio, la
falta de eco y la respuesta a las propuestas de los legisladores, en nada favorecen al
ejercicio de nuestra tarea, que como dijera don Efraín González Luna al hacer referencia
a la política, es una ardua misión y ésta sólo puede lograrse si el propio Poder
Legislativo asume cabalmente su responsabilidad.
Tercero. En tal virtud, es procedente que el Presidente de
la Cámara de Diputados, en cumplimiento de su obligación expresada en el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Energéticos a fin de que emita el dictamen
correspondiente.
«Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted,
Presidente de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión,
muy atentamente pedimos se sirva:
Unico. En los términos de los artículos 27 inciso m de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21 fracción XVI del
Reglamento Interior del Congreso, realice la excitativa a la comisión para que se
presente el dictamen correspondiente al proyecto de decreto que reforma y adiciona el
contenido del artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Suscriben esta excitativa por el grupo parlamentario de
Acción Nacional los diputados: Fortunato Alvarez, Rubén Fernández, Francisco Vera
González, Esparza Carlos, Jesús González Reyes y Francisco Javier Reynoso Nuño y un
servidor.»
Entrego a la Secretaría la excitativa correspondiente.
Muchas gracias.
Atendiendo su solicitud, diputado Ricardo Fernández
Candia, y en los términos de los artículos por usted mismo citados, tanto de la ley como
del Reglamento, se excita a la Comisión de Energéticos.
REFORMA FISCAL
ECOLOGICA
Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Salazar
Díez, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para integrar una Comisión
para la Reforma Fiscal Ecológica.
| El diputado
Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano: |
Con el permiso de la Presidencia...
Un momento, diputado.
Señores legisladores:
Vamos a solicitarles que tomen sus correspondientes
lugares, a efecto de que se escuche con toda atención a quien en este momento hará uso
de la palabra para hacernos una proposición.
| El diputado
Efrén Enríquez Ordóñez (desde su curul): |
Solicito la palabra.
Sí, diputado Enríquez, ¿con qué objeto?
| El diputado
Efrén Enríquez Ordóñez (desde su curul): |
Para una aclaración.
Adelante, diputado Enríquez.
| El diputado
Efrén Enríquez Ordóñez (desde su curul): |
Señor Presidente, para expresarle a nombre de la
fracción obrera del grupo parlamentario del PRI, nuestra más enérgica protesta por la
agresión de que fue objeto la compañera Martha Ortiz el día de hoy, en los hechos que
acaban de acontecer. Responsabilizamos al señor asesor y al diputado del mismo, Benito
Mirón Lince, de haber traído a este recinto, nuevamente, a un grupo de personas a
allanar este recinto legislativo, agraviar al Congreso, pero específicamente a golpear a
nuestra compañera, asimismo a una señorita trabajadora edecán de esta Legislatura.
Muchas gracias, diputado Enríquez.
Adelante el orador, por favor.
| El diputado
Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano: |
Señor Presidente...
Señores diputados, les pedimos guardemos la calma,
la tolerancia.
Compañeros diputados de los diferentes grupos
parlamentarios, particularmente nuestros compañeros del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, los invitamos a
que conservemos las condiciones para que este debate se siga realizando en los términos
de nuestros ordenamientos internos.
Continúe el orador.
Un momento, sí diputada, dígame usted.
| La diputada
María Guadalupe Sánchez Martínez (desde su curul): |
Para aclarar que en primer lugar también lamentamos
lo sucedido a la compañera diputada y que el hecho...
Un momento, diputada, yo le he concedido el uso de la
palabra a su compañera primero. Diputada Estrella Vázquez.
| La diputada
María Estrella Vázquez Osorno (desde su curul): |
Señor Presidente, en el mismo sentido que iniciaba
su intervención la compañera diputada Guadalupe Sánchez. Igualmente repudiamos y
rechazamos las agresiones de que fue sujeta la diputada Martha y rechazamos que sea
responsabilidad de ningún diputado del Partido de la Revolución Democrática. Exigimos
que se investigue lo que ocurrió y que se castigue a los responsables. La verdad es que
nosotros no aceptamos que se acuse a ninguno de nuestros compañeros, de esas agresiones.
Esta Presidencia quiere comunicarles a ustedes que no
siendo un punto, no siendo un tema que está considerado dentro de este debate, vamos a
darle continuidad al debate mismo para efecto de que contestemos a lo que hemos
establecido en el orden del día.
Finalmente nosotros... las expresiones que aquí se han
dado las registramos, pero le pedimos al orador que continúe y los invitamos a que
mantengamos la tranquilidad, la calma y la tolerancia suficiente.
A ver compañera diputada, ¿con que objeto?
| La diputada
María Guadalupe Sánchez Martínez (desde su curul): |
Lamentamos los hechos y sobre todo lo que le sucedió
a la compañera diputada y que el hecho de que compañeros de nuestro partido atiendan a
la gente que viene a esta Cámara a manifestar su inconformidad, de ninguna manera
representan hechos que el Partido de la Revolución Democrática esté generando.
Queremos también, en el mismo sentido, que se investigue
esta situación y que rechazamos los actos que se han generado en esta Cámara y que de
ninguna manera son atribuibles al PRD.
| El diputado
Edgar Martín Ramírez Pech (desde su curul): |
Señor Presidente, nada más para una moción de
orden. Por supuesto que la fracción parlamentaria del PAN también lamenta los hechos,
pero no es el momento de entablar debates entre las fracciones parlamentarias,
Creo que tiene que seguirse con el orden del día, que es
la presentación de las proposiciones,
Es aceptada la moción que nos presenta nuestro
compañero. Nuevamente esta Presidencia quiere invitarlos a que tomemos nuestros lugares,
a que permitamos que se desarrolle en condiciones normales nuestro debate, de acuerdo con
lo que tenemos establecido en nuestro orden del día.
Sí diputada, ¿con qué objeto?
| La diputada
María de la Luz Núñez Ramos (desde su curul): |
Aclarar este hecho. A todos nos conviene.
¿Qué hecho, diputada?
| La diputada
María de la Luz Núñez Ramos (desde su curul): |
Este hecho de que hirieron a la compañera y que
reprobamos nosotros.
No es el tema, diputada.
La diputada María de la Luz Núñez Ramos
(desde su curul):
Sí, cómo no. ¿Por qué le permitió la palabra a los
compañeros del PRI?
Nosotras, cuatro diputadas del PRD, estábamos
saliendo por la puerta cuando la compañera Martha iba saliendo y nosotros la auxiliamos.
Iba sangrando, efectivamente y le preguntamos qué le había pasado y ella dijo que le
había golpeado un guardia de seguridad. Que había sido accidente, que había sido un
accidente. Ella nos lo dijo.
Yo pediría que le preguntaran a la compañera Martha, si
es cierto o no que nos dio esa versión.
Compañeras y compañeros diputados:
El tema que nos tiene en este momento ocupados es la
intervención del diputado Francisco Xavier Salazar Díez, quien está presentándonos una
propuesta de punto de acuerdo. Ese es el tema. Sobre ese tema.
Dígame usted, diputado Rojas.
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
Para pedirle que continúe el debate y que tenga la
amabilidad de enlistarme para rectificación de hechos, una vez que termine el compañero.
No es procedente su solicitud, le comunica esta
Presidencia.
Sí, diputada. ¿Con qué objeto, diputada Martha Palafox?
| La diputada
Martha Palafox Gutierrez (desde su curul): |
Buenas tardes a todos. Yo no quisiera que ningún
diputado de ningún partido le pasara lo que a mí me paso, porque con violencia no se va
a arreglar nada.ue todos entraban con palos y fue cuando recibí la herida que tengo aquí
en la ceja. Son 10 puntadas que me dieron.
Yo iba sangrando y el diputado Marcelo de nuestro partido
me llevó al departamento médico para que me curaran. Es falso que yo haya dicho que un
guardia me había pegado.
Compañeros diputados, vamos a continuar con el
desarrollo del orden del día.
Adelante diputado.
| El diputado
Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano: |
«Señor Presidente de la Cámara de Diputados de la
LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Los suscritos, integrantes de las comisiones de Hacienda,
de Patrimonio y Fomento Industrial y de Ecología y de Medio Ambiente de la Cámara de
Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se tenga a bien someter a la
consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo, fundamentado en las siguiente
consideraciones:
El pasado 25 de noviembre, miércoles, la Comisión de
Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en coordinación con el Centro de
Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, organizó el Seminario
Nacional sobre Reforma Fiscal Ecológica, Retos y Oportunidades. A dicho seminario se
invitó al director de Ecología y Medio Ambiente de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico Jean Philippe Pardeu, a fin de que, con base en la experiencia
de varios países de la OCDE, expusiera las oportunidades y retos que implica una reforma
fiscal ambiental.
Durante el mismo evento, funcionarios de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca, expusieron el trabajo incipiente que en este rubro se ha realizado en México,
adicionalmente de consideraciones legales, económicas y de implementación en estados y
municipios, que fueron abordadas por otros funcionarios, legisladores, ambientalistas y
académicos.
De acuerdo con las ponencias presentadas, en un contexto
internacional tendiente a regular y en el que los instrumentos económicos adquieren cada
día más relevancia, los impuestos ambientales se han comenzado a implementar en varios
países con el fin de reforzar las regulaciones ambientales y como parte de políticas
ecológicas integrales.
Son básicamente cinco las razones por las que se
justifican los impuestos ambientales. A saber:
1o. Y conforme a las externalidades ambientales al precio
de los bienes y servicios.
2o. Incentivan a reducir los costos los daños ambientales
tasados.
3o. Controlan la contaminación más efectivamente en costo
que las regulaciones.
4o. Alientan la innovación y
5o. Incrementan la recaudación fiscal.
Más allá de las cuatro primeras razones, muy importantes
desde el punto de vista ambiental, la posibilidad de que los impuestos ambientales
incrementen la recaudación fiscal, abre la oportunidad para reducir impuestos con un
efecto negativo sobre la economía, como aquellos que gravan ahorro, capital o trabajo al
ofrecer una alternativa de recaudación tributaria. A este proceso se le conoce como
reforma fiscal ecológica y en el contexto nacional de revisión profunda del sistema
tributario de necesidad de refuerzos en política ambiental, presenta potencialmente
grandes beneficios.
Implementar y usar más ampliamente los instrumentos
económicos de gestión ambiental toma tiempo y es un proceso no libre de complicaciones,
especialmente en el caso de los impuestos ambientales.
Es evidente que el temor por el impacto en la
competitividad y en el empleo, la percepción de una distribución injusta de las cargas,
una pobre cultura ambiental y la oposición ante cualquier nueva carga fiscal se pueden
convertir en barreras políticas. Para evitar o disminuir estos problemas, se hace
necesario tomar estas medidas gradualmente y con la intervención de todas las autoridades
competentes, consultar extensivamente a todos los involucrados, incluyendo a aquellos que
puedan sentirse afectados.
Proporcionar información suficiente. Diseñar con cuidado
los impuestos y las medidas de mitigación para los efectos no deseados y, finalmente,
eliminar regulaciones y subsidios que afectan más de lo que benefician.
Implementar cualquier instrumento económico ambiental
también requiere de indicadores de desempeño para medir su efecto, conjuntando datos
sobre el problema de contaminación que se pretende resolver.
En este sentido es que es importante utilizar información,
como las estadísticas del medio ambiente compiladas por el INEGI y la Semarnap. Además
del Sistema Nacional de Información Ambiental y sus componentes como el Registro de
Emisiones y Transferencias de Contaminantes.
En México el campo de aplicación de los instrumentos
económicos de gestión ambiental es inmenso. Su aplicación puede ser a nivel federal,
estatal o municipal.
Problemas ambientales como la basura, empaques y envases no
reciclados, pesticidas, fertilizantes, ruido y en general la contaminación de aire,
tierra y suelo, son candidatos para atacarse con impuestos ambientales.
Hacerlo implica un proceso en el que se conformen grupos de
trabajo para tal efecto, tal y como ha sucedido en o los países que han implementado
exitosamente los instrumentos económicos en general, los impuestos ambientales y la
reforma fiscal ambiental.
Los ejemplos siguientes documentan lo anteriormente dicho:
en Canadá, se formó una comisión, en Ontario que sugirió el uso de impuestos
ambientales a nivel provincial en materia de carbón como combustible, uso de carreteras y
consumo de agua.
Posteriormente se constituyó un grupo de trabajo a nivel
federal y que incluyó industriales y organizaciones ambientalistas. El mandato era
identificar barreras y desincentivos para las prácticas ambientales, buscando la manera
de usar instrumentos económicos para proteger el ambiente. Este grupo sometió su reporte
en 1994.
En Suecia una comisión parlamentaria se estableció con el
propósito de estructurar un sistema fiscal con mayores consideraciones ambientales. Esta
comisión analiza actualmente los impuestos ambientales ya existentes y se propone buscar
cambios en la base tributaria para disminuir las cargas sociales.
En Holanda la comisión verde se estableció en 1995, con
el objetivo de preparar una reforma fiscal en dos años. La comisión quedó integrada por
políticos, servidores públicos de alto nivel, académicos, representantes del comercio e
industria y organizaciones no gubernamentales. Esta comisión ha preparado tres reportes
que han revisado los impuestos en el área de transporte, energía, gases con efecto
invernadero, entre otros, además recomendó deducciones en inversiones ambientalmente
amistosas.
En Noruega una comisión para los impuestos verdes ha
estado trabajando desde 1994 para revisar la relación entre distintos sistemas fiscales,
buscando darle un perfil más ecológico a su sistema fiscal. Esta comisión está
compuesta por funcionarios de alto nivel, miembros de la comunidad académica,
organizaciones no gubernamentales y sociales.
En Bélgica la comisión belga de impuestos ambientales,
consiste en tres expertos de varios campos. Se constituyó para darle seguimiento a la ley
en la materia, buscando implementar nuevos impuestos ambientales y la abolición de otros
ya existentes.
En México la subsecretaría de Planeación de la
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y el Instituto Nacional de
Ecología, han constituido un grupo de economía ambiental que ha trabajado en el tema de
instrumentos económicos de gestión ambiental.
Por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, también ha habido cierto trabajo, pero debido a la discusión de otros temas el
mismo no ha tomado la relevancia que merece. Además, ha quedado pendiente una revisión
de ciertos impuestos, como aquéllos sobre combustible, que podrían usarse más
apropiadamente como instrumentos de política ambiental, adicionalmente de algunos
derechos y aprovechamientos.
Es importante señalar que una revisión fiscal de esta
naturaleza debería involucrar al Poder Legislativo, pues cualquier introducción de
nuevos gravámenes y disminución de otros ya existentes, debe contar con la aprobación
del Congreso.
Adicionalmente a esta consideración de orden jurídico, es
importante señalar que este tipo de decisiones necesita un amplio consenso político y
una vasta discusión.
En consecuencia y considerando que este tema merece una
atención mayor por parte del Poder Legislativo, los diputados firmantes proponemos se
tome el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. En el marco de la discusión de la reforma fiscal
integral se conformará un grupo de trabajo que discuta la reforma fiscal ambiental.
Segundo. Se invitará respetuosamente al Poder Ejecutivo y
al Senado de la República, para que en coordinación con diputados de las comisiones de
Hacienda y Crédito Público, de Patrimonio y Fomento Industrial y de Ecología y Medio
Ambiente, se integren a este grupo de trabajo por medio de los funcionarios y senadores
que consideren pertinentes y se formalice una agenda de trabajo.
Tercero. A este grupo de trabajo se convocará
adicionalmente a académicos, ambientalistas y grupos de contribuyentes interesados.
Cuarto. Con base en el trabajo realizado y a través de los
diputados que lo integran, se presentarán al pleno las iniciativas de ley
procedentes.
Suscriben diputados integrantes de todos los grupos
parlamentarios representados en la Cámara de Diputados: Fortunado Alvarez, Alejandro
Jiménez, Taboada, Roselia Barajas, Lino Cárdenas, Francisco Xavier Salazar Díez de
Sollano, Fidel Herrera, Gloria Lavara, Felipe Urbiola y 35 diputados más.»
Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política.
SECTOR AGROPECUARIO
Tiene la palabra el diputado Pedro Magaña, quien en
representación de la Comisión de Agricultura presenta una proposición con punto de
acuerdo para que se modifique el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 1999.
| El diputado
Pedro Magaña Guerrero: |
Con su permiso, diputado Presidente:
Para presentar una proposición de punto de acuerdo para
que se modifique el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de 1999, que presentó el Ejecutivo Federal estableciendo las normas
de equidad con que se deberán ejercer los recursos destinados a los apoyos de
comercialización agropecuaria.
Considerando que el Plan Nacional de Desarrollo en su
programa sectorial denominado Programa Nacional de Desarrollo Agropecuario 1995-2000,
establece que para compensar las diferencias estructurales y comerciales con nuestros
países socios, se ejercerá como uno de los principales ejes de la política, el programa
de apoyos a la comercialización agropecuaria que este programa sea aplicado durante los
tres primeros años de esta administración con un alto grado de variabilidad sujeto a las
condiciones de la bolsa de granos sin reglas claras que den certidumbre a los productores,
de cuáles serán los estímulos y apoyos que recibirán por su cosecha y por ende
también sin saber cuál será el ingreso final por su trabajo.
Que los recursos de este programa se han concentrado
sólo en seis regiones del país atendiendo a un reducido grupo de productores y el
Programa de Apoyos a la Comercialización Agropecuaria se constituye en uno de los
principales pilares para establecer un mínimo de rentabilidad en la actividad de la
producción de granos.
En este sentido la acción compensatoria en precio y
estímulos será el mecanismo más directo para enfrentar las caídas de los precios
internacionales de productos básicos.
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 58 y el
párrafo tercero del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Adicionar un artículo al proyecto de decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal de 1999, que señale se
instruya a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y a su organismo
Aserca para que los recursos del Programa de Apoyos a la Comercialización Agropecuarios
sean ejercidos en forma equitativa para toda la producción de granos comercializable del
país considerando todas las regiones y tipos de productores.
Para ello la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, deberá presentar a esta soberanía en un plazo de 30 días posteriores
a la entrada en vigor del decreto de presupuesto para 1999, la propuesta de normatividad
para ejercer los recursos del Programa de Apoyo a la Comercialización Agropecuaria.
Este punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de los
diputados presentes en la sesión de la Comisión de Agricultura, celebrada el día 12 de
diciembre de 1998.
Atentamente.
Por la Comisión de Agricultura.— Diputados: Enrique
Bautista Villegas, Armando Rangel Hernández, Plutarco García Jiménez, Jorge Galo Medina
Torres, Javier Castelo Parada, Rogelio Chabolla García, Juan García de Alba Bustamente,
Jesús García León, Jeffrey Max Jones, Joaquín Montaño Yamuni, Ricardo Armenta
Beltrán, Pedro Magaña Guerrero, Agapito Hernández Oaxaca, Alvaro López Ríos, Luis
Meneses Murillo, Genaro Alanís de la Fuente, José Bonilla Robles, Ricardo Castillo
Peralta, Juan José Castro Justo, Marcelo Cervantes Huerta, Manuel García Corpus, José
Gascón Mercado, Julián Nazar Morales, Teresa Núñez Casas, Guillermo Santín
Castañeda, Odorico Vázquez Bernal y Jorge Jiménez Taboada.»
Ruego a la Presidencia dé turno a la Comisión de
Programación.
Túrnese a la Comisión de Programación, Presupuesto
y Cuenta Pública.
VEHICULOS
EXTRANJEROS
Tiene la palabra el diputado José Gascón Mercado,
por la Comisión de Agricultura, para presentar una proposición con punto de acuerdo para
que se modifique la Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto de decreto de
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 1999.
| El diputado
José Gascón Mercado: |
Señor Presidente; señoras diputadas; señores
diputados:
Voy a dar lectura a un acuerdo de la Comisión de
Agricultura, que está en el término siguientePara la modificación de la iniciativa de
Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para 1999 presentado por el Ejecutivo Federal, con la adición de un artículo
relativo a la disposición de recursos generados en la regularización de vehículos
automotores de procedencia extranjera.
CONSIDERANDO
Que se hace necesario encontrar nuevas fuentes de ingresos
para compensar los decrementos presupuestales productos de la caída del petróleo, por lo
que la Comisión de Agricultura en su sesión plenaria número 17, de fecha 12 de
diciembre de 1998, aprobó que se establecieran los mecanismos para que los ingresos por
regularización de vehículos de procedencia extranjera se destinaran a apoyar al sector
agropecuario.
Que un grupo numeroso de diputados ha apoyado la iniciativa
presentada por la Comisión de Asuntos Fronterizos, de una ley para el otorgamiento de
permisos de importación para la internación definitiva de vehículos automotores de
procedencia extranjera que se hayan internado temporalmente al país.
Que la estimación que hacen las autoridades y asociaciones
dedicadas a este ramo llegan a señalar más de 1 millón de vehículos internados en el
país y que bajo el criterio de la tabla de impuestos por regularización, estos
vehículos podrían significar un ingreso al fisco de más de 1 mil 750 millones de pesos,
además de los ingresos que generen a los estados y municipios por concepto de placas,
verificaciones y tenencias.
Aunado a ello, la regularización significaría un
incremento importante del mercado nacional de combustibles.
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 58 y el
párrafo tercero del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que se modifique la iniciativa de Ley de Ingresos
de la Federación para el ejercicio fiscal de 1999, presentada por el Ejecutivo Federal,
para que se adicione un artículo que señale que los ingresos obtenidos por el concepto
de impuestos cobrados por el Gobierno Federal en la regularización de vehículos
automotores de procedencia extranjera que se hayan internado temporalmente del país, se
destinen en su totalidad al desarrollo del sector agropecuario, particularmente para los
apoyos a la comercialización.
Segundo. Que se modifique el proyecto de decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para 1999, presentado por el Poder Ejecutivo
Federal, para que se adicione un artículo transitorio que señale: "recursos
presupuestales para el sector agropecuario en 1999, deberán incrementarse mediante la
asignación de los recursos provenientes de los ingresos que por concepto de impuestos
sean cobrados por el Gobierno Federal en la regularización de los vehículos automotores
de procedencia extranjera que se hayan internado temporalmente al país".
Este punto de acuerdo fue aprobado unánimemente por los
diputados presentes en la sesión de la Comisión de Agricultura celebrada el 12 de
diciembre de 1998 y por lo tanto solicito que sea turnada a la Comisión de Hacienda, a la
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Agricultura
y firman por la misma sus integrantes, diputados: Enrique Bautista Villegas, presidente;
Armando Rangel Hernández, Plutarco García Jiménez, Jorge Galo Medina Torres,
secretarios; Javier Castelo Parada, Rogelio Chabolla García, Juan J. García de Alba
Bustamante, Jesús García León, Jeffrey Max Jones Jones, diputado Joaquín Montaño
Yamuni, Ricardo Armenta Beltrán, Pedro Magaña Guerrero, Agapito Hernández Oaxaca,
Alvaro López Ríos, Luis Meneses Murillo, Genaro Alanís de la Fuente, José E. Bonilla
Robles, Manuel Cárdenas Fonseca, Ricardo Castillo Peralta, Juan José Castro Justo,
Marcelo Cervantes Huerta, Abenamar de la Fuente Lazo, Manuel García Corpus, José Gascón
Mercado, Julián Nazar Morales, Teresa Núñez Casas, Guillermo Santín Castañeda,
Odorico Vázquez Bernal, José Luis López López, Jorge Jiménez Taboada y se agrega
Artemio Caamal Hernández.»
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias.
Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito
Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
LEY DE PESCA
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta
Parlamentaria del día de hoy, el dictamen con proyecto de decreto que reforma el
artículo 13 de la Ley de Pesca, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensan
los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
«Comisiones unidas de Pesca y de Turismo.
Honorable Asamblea: a las comisiones unidas de Pesca y de
Turismo de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue remitida
para su estudio y dictamen, la iniciativa que contiene: proyecto de decreto que reforma y
adiciona la Ley de Pesca, presentada por el diputado José Carlos Cota Osuna y suscrita
por otros diputados, integrantes de las comisiones de Turismo, de Pesca y de Ecología
principalmente, de todos los grupos parlamentarios que integran la LVII Legislatura y
diputados independientes de la Cámara de Diputados del honorable Congres de los Estados
Unidos Mexicanos.
Estas comisiones, con las facultades que les confieren los
artículos 48, 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; 56 60, 65 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General, 6o. y 13 del acuerdo parlamentario relativo a la organización y reuniones de las
comisiones y comités de esta soberanía, se abocaron al estudio de la iniciativa, bajo
los siguientes
ANTECEDENTES
I. En sesión celebrada por esta Cámara de Diputados el
día 2 de abril de 1998, el diputado José Carlos Cota Osuna, a nombre de varios diputados
que integran las comisiones de Turismo, Pesca, y Ecología, de todos los grupos
parlamentarios de la LVII Legislatura, y de diputados independientes, presentó la
iniciativa que reforma y adiciona la Ley de Pesca que ahora se estudia y dictamina.
II. Por acuerdo del Presidente de la mesa directiva, se
ordenó remitir la iniciativa de referencia a las comisiones unidas de Pesca y de Turismo,
para la elaboración del presente dictamen, el cual se hace conjuntamente por las
comisiones que suscriben, bajo los siguientes
CONSIDERANDOS
1. En la exposición de motivos de la iniciativa en estudio
se señala que en fechas recientes se ha manifestado la inquietud e inconformidad de los
integrantes del Sector Turístico Nacional del Litoral Pacífico Mexicano, por la
existencia de una propuesta para reformar el reglamento de la Ley de Pesca, con fines de
permitir la pesca comercial de especies destinadas hasta hoy de manera exclusiva a la
pesca deportivo-recreativa.
2. Esta inquietud, señala la iniciativa, se ha manifestado
también, porque se han otorgado permisos de pesca de fomento para la captura de atún con
palangre, que han sido utilizados para capturar especies destinadas a la pesca
deportivo-recreativa y a su comercialización posterior.
3. Señala concretamente la exposición de motivos de la
iniciativa en estudio, que de acuerdo a la redacción que actualmente tiene el segundo
párrafo del artículo 13 de la Ley de Pesca vigente, se permite a la autoridad
administrativa mediante la remisión que hace la propia ley a su reglamento, determinar
las especies destinadas de manera exclusiva a la pesca deportivo-recreativa, ya que dicho
párrafo textualmente prescribe que:
"Se destinan exclusivamente a la pesca
deportivo-recreativa, las especies que determine el reglamento, dentro de una franja de 50
millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar
territorial."
4. Por su parte, el reglamento de la Ley de Pesca, en
artículo 60, textualmente dispone que:
Las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada,
sábalo o chiro, pez gallo y dorado, quedan destinadas de manera exclusiva para este tipo
de pesca, dentro de una franja de 50 millas náuticas, contadas a partir de la línea de
base de desde la cual se mide el mar territorial.
5. Lo que le preocupa a los legisladores que suscriben la
iniciativa, es que como el artículo 60 del reglamento de la Ley de Pesca es el que
establece la lista de las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa y no la ley,
la posibilidad de que administrativamente se pueda reformar el reglamento plantea la
posibilidad de que estas especies puedan ser objeto de captura comercial y que la
inquietud e inconformidad mencionadas radica en la importancia que estos recursos tienen
para la actividad turística nacional y en particular para los centros turísticos del
pacífico mexicano y lo que proponen es que mediante la reforma al artículo 13 de la Ley
de Pesca, se disponga expresamente en el mismo, la lista de las especies destinadas de
manera exclusiva a la pesca deportivo-recreativa, de tal manera que ya no quede a
discreción del Ejecutivo Federal la determinación de estas especies.
6. En la iniciativa se destaca la importancia que tiene el
que la Ley de Pesca sea ahora el instrumento legal que defina la zona y las especies
destinadas a la actividad pesquera deportivo-recreativa, señalando enfáticamente que en
México existen centros turísticos, sobre todo en el pacífico, en donde la pesca
deportivo-recreativa ha sido la base tanto del establecimiento como del crecimiento de
dichos centros, tales son los casos de Mazatlán, Manzanillo, Acapulco, Puerto San Carlos,
Puerto Escondido, La Paz, Los Cabos y Loreto. Señala también que la magnitud de esta
actividad productiva es tan relevante, que por la estimación derivada de estudios
técnicos en la región de Los Cabos, Baja California Sur, se generan ingresos anuales del
orden de los 54 millones de dólares como producto de esta actividad y de los servicios
relacionados con esta.
7. Otro aspecto que se destaca en la exposición de
motivos, es que adicionalmente a otros elementos, en los últimos años se han mantenido
estables las tasas de captura de estas especies, que oscilan entre el 0.5 y 0.6 márlines
por viaje de pesca, lo que se considera un porcentaje alto y constituye el atractivo más
importante para el arribo de turistas a la región y que además ha propiciado la
ampliación de la infraestructura turística y, con ello, se ha propiciado una mayor
apertura de empresas de servicios turísticos y conexos que permiten la captación de
importantes volúmenes de divisas para nuestro país.
8. En la iniciativa se señala que en los años ochenta
fueron ortogados permisos para la pesca de atún con palangre, en cuyo ejercicio se dieron
actos bochornosos de captura y comercialización de especies destinadas a la pesca
deportivo-recreativa por parte de los permisionarios; actividades que fueron denunciadas y
trajeron como consecuencia la cancelación de dichos permisos.
9. Posteriormente, señala la exposición de motivos, la
ubicación normativa de la determinación de la zona y de las especies pesqueras
deportivo-recreativas ha terminado en un vaivén entre la Ley de Pesca y su reglamento, ya
que en el año de 1983 al reformarse los artículos 5o. y 10 de la entonces Ley Federal
para el Fomento de la Pesca, se estableció el área de 50 millas náuticas como la zona
donde se podría practicar la pesca deportivo-recreativa de manera exclusiva en relación
a los peces de pico y en la Ley de Pesca de 1987, en su artículo 59, se estableció que
se reservaba exclusivamente a la pesca deportiva, dentro de una franja de 50 millas a lo
largo de la línea de base desde donde se mide el mar territorial, la captura de las
especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado; y
que al expedirse la vigente Ley de Pesca de 1992 se transfirió al reglamento de dicha
ley, por disposición expresa de la misma, la lista específica de las especies destinadas
a este tipo de pesca y que apartir de entonces al quedar en manos del Ejecutivo Federal la
determinación de dicha lista, a través de su facultad de reglamentar la ley secundaria,
ha dado pie a que la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca estudie la
posibilidad de acceder a la captura comercial de dichas especies y ha permitido que
resurja nuevamente un debate que ya se había superado en beneficio de la actividad
turística nacional.
10. Señala la iniciativa que una reforma al reglamento de
pesca en tal sentido, propiciaría un complejo problema de graves repercusiones sociales y
hasta enfrentamientos entre permisionarios y habitantes de las zonas en que se desarrolla
la pesca deportivo-recreativa, independientemente de la afectación del recurso.
11. Finalmente, en la exposición de motivos se señala la
conveniencia de que el Congreso de la Unión sea el que mediante la reforma al artículo
13 de la Ley de Pesca establezca la zona y especies destinadas exclusivamente a la pesca
deportivo-recreativa, con lo que se estará asegurando la participación directa de la
representación nacional en una decisión fundamental para la sociedad mexicana.
12. Estas comisiones unidas después de analizar y estudiar
cuidadosamente la exposición de motivos de la iniciativa y su articulado, se ha dado a al
tarea de revisar concienzudamente la legislación pesquera anterior a la vigente, llegando
a la consideración de que:
a) Efectivamente, en la abrogada Ley para el Fomento de la
Pesca de 1972, en el segundo párrafo de su artículo 10, se establecía que:
"Se reservan en forma exclusiva para la pesca
deportiva las especies marlin, pez vela, sábalo, pez gallo, dorado y cualquier otra que
se determine, previa opinión del Instituto Nacional de Pesca."
b) En la reforma de diciembre de 1983 a esta misma ley
abrogada, se dispuso en el párrafo segundo de su artículo 10, lo siguiente:
"Queda reservada la pesca deportiva dentro de una
franja de 50 millas náuticas a lo largo de la línea de base desde la cual se mide el mar
territorial, la captura de las especies marlin, pez vela, sábalo o chiro, pez gallo, pez
espada y dorado. La captura incidental de estas especies dentro de esta franja, realizada
con motivo de la pesca comercial, será regulada por la Secretaría de Pesca, en tanto se
expide el reglamento respectivo."
c) La Ley de Pesca vigente, en el segundo párrafo de su
artículo 13, establece expresamente que:
"Se destinan exclusivamente a la pesca
deportivo-recreativa, las especies que determine el reglamento, dentro de una franja de 50
millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar
territorial."
d) Por su parte, el reglamento vigente de la Ley de Pesca,
dispone en su artículo 60 que:
"Las especies denominadas marlin, pez vela, pez
espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, quedan destinadas exclusivamente para este
tipo de pesca, dentro de una franja de 50 millas náuticas, contadas a partir de la línea
de base la cual se mide el mar territorial."
e) Por otro lado, se reconoció que las disposiciones en
materia pesquera contenidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar; la Declaración de Cancún; la Declaración de Río y el programa 21 de la
Conferencia de las Naciones sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Acuerdo de las
Naciones Unidas sobre las Poblaciones Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente
Migratorias y el Código de Conducta de la FAO para la pesca responsable, representan los
instrumentos para el aprovechamiento y regulación de los recursos comprendidos dentro de
las aguas jurísdiccionales nacionales, bajo los principios del desarrollo sustentable;
ante los cuales México ha venido desempeñando un papel de relevancia en su
instrumentación.
13. En razón de lo anterior, estas comisiones unidas
sabedoras de la responsabilidad que tiene esta soberanía frente a la sociedad, que cada
día demanda mayor cuidado en el desempeño de las actividades públicas, y toda vez que,
efectivamente, la determinación de la zona y de las especies destinadas exclusivamente
para la pesca deportivo-recreativa ha sido establecida por leyes y reglamentos con
naturalezas distintas que implican tanto concepciones como intereses y conflictos, incluso
entre los poderes de la Unión y dada la nueva relación entre estos últimos, a partir de
la nueva integración y estructura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, que la hace más representativa del interés nacional, consideran procedente la
iniciativa en estudio, especialmente porque su procedencia acabaría en definitiva con un
verdadero conflicto que se ha establecido a lo largo de varios años.
14. Asimismo, se considera que bajo la regulación
jurídica actual, prevista en el texto vigente del artículo 13 de la Ley de Pesca, no se
justifica que por una falta de técnica legislativa, contenida en el segundo párrafo del
artículo 13 de la Ley de Pesca vigente, se hagan remisiones innecesarias de la ley al
reglamento, para que éste, supliendo a la ley equivocadamente, determine lo que la ley
debe determinar, pues la facultad reglamentaria que tiene el Ejecutivo Federal no parte o
no debe partir de una actitud declinatoria o inhibitoria del legislador frente a ese otro
poder; por el contrario, el legislador debe asumir con plenitud su facultad legislativa y
jamás hacer remisiones expresadas, pues la facultad reglamentaria que tiene el Ejecutivo
Federal sólo debe operar para el caso de que la ley sea oscura, imprecisa o incongruente
consigo misma, caso que en la especie no ocurre.
15. Esta conclusión se refuerza a la luz de la naturaleza
misma de la Ley de Pesca vigente, la cual establece en su artículo 1o., que es
reglamentaria del artículo 27 constitucional en lo relativo a los recursos naturales que
constituyen la flora y fauna cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua y
tiene por objeto garantizar la conservación, la preservación y el aprovechamiento
racional de los recursos pesqueros y establecer las bases para su adecuado fomento y
administración. Por ello, la reforma en análisis contribuye a convertir en derecho
positivo lo preceptuado en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, en lo que se refiere a
las especies que actualmente se aprovechan en la pesca deportivo-recreativa. Si la Ley de
Pesca es la que reglamenta este artículo constitucional; debe ser en la Ley de Pesca
donde se exprese la disposición que la iniciativa propone.16. Del análisis de la propia
iniciativa; las comisiones unidas consideran que el texto propuesto en el tercer párrafo
del multicitado artículo 13 de la Ley de Pesca, a la luz de la reforma que se propone
como segundo párrafo, resulta innecesario, toda vez que al establecerse en la propia ley
la exclusividad de tales especies, conlleva a la limitación expresa de expedir permisos
para todo tipo de captura de las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa. A
mayor abundamiento, la expresión de este tercer párrafo está reflejado en el párrafo
inmediato anterior, por lo que se aprecia la conveniencia de suprimir este párrafo. Con
ello, además, se contribuye a mejorar la técnica legislativa del precepto en
comento.
17. Por último, estas comisiones unidas consideran que
adicionalmente a los anteriores planteamientos de carácter técnico-legislativo, esta
reforma contribuirá a dar mayor certidumbre jurídica a esta actividad que ha sido
detonante del desarrollo integral de importantes regiones turísticas de México y que en
la actualidad es base del crecimiento sostenido de las mismas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas comisiones
que suscriben someten a la consideración de esta Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 13 DE LA LEY DE
PESCA
Artículo único. Se reforma el segundo párrafo al
artículo 13 de la Ley de Pesca, para quedar como sigue:
Artículo 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
"Las especies denominadas marlin, pez vela, pez
espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, quedan destinadas de manera exclusiva para la
pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de 50 millas náuticas, contadas a partir
de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas que se opongan al presente decreto.
Tercero. En tanto concluye su vigencia cualquier permiso
expedido en sentido contrario a esta reforma, la autoridad administrativa vigilará el
exacto cumplimiento de las obligaciones contraídas por los permisionarios.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de diciembre de 1998.—
Por la Comisión de Turismo, los diputados: Luis F. González Corona, presidente; Gloria
Ocampo Aranda, Elba Capuchino Herrera, Salvio Herrera Lozano, secretarios; Juan Bueno
Torio; Rafael Castillo Peniche, Mario Haro Rodríguez, Espiridión Sánchez López,
Víctor Vázquez Cuevas, Susana Esquivel Farías, Víctor Galván Gascón, Martha Irene
Luna Calvo, María de la Luz Núñez Ramos, Silvia Oliva Fragoso, Esperanza Villalobos
Pérez, Blanca Rosa García Galván, Augusto Carrión Alvarez, Luisa Cortés Carrillo,
José Carlos Cota Osuna, Addy Joaquín Coldwell, Luz del Carmen López Rivera, Héctor
Mayer Soto, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Juan Manuel Paras González, Orlando
Alberto Paredes Lara, Salvador Rizo Ayala, Juan Oscar Trinidad Palacios, Alfredo Villegas
Arreola y Aurora Bazán López.
Por la Comisión de Pesca: José Antonio Estefan Garfias,
presidente; Espiridión Sánchez López, Víctor Armando Galván Gascón, Eraclio
Soberanis Sosa, secretarios; Jorge Tomás Esparza Carlo, Carlos Hernando Sobrino Sierra,
Jorge Alejandro Jiménez Taboada, Manuel Cárdenas Fonseca, Armando López Romero, Violeta
Margarita Vázquez Osorno, Fernando Castellanos Pacheco, José Carlos Cota Osuna, José
Ignacio Martínez Tadeo, José Ricardo Fernández Candia, Abraham Bagdadi Estrella, Juan
Oscar Trinidad Palacios, Luisa Cortés Carrillo, Gerardo Buganza Salmerón, Antonio Soto
Sánchez, Omar Díaz González Roca, Rosalinda Banda Gómez, Rafael Alberto Castilla
Peniche, Francisco Vera González, Wilbert Hebert Chi Góngora, Angel de la Rosa Blancas,
Salvador Sánchez Vázquez, María Victoria Peñaloza Izazaga, Salvador Moctezuma Andrade
y Alfredo Villegas Arreola.»
| El secretario
Francisco de Souza Machorro: |
Por instrucciones de la Presidencia, con
fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensan
todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Se le dispensan todos los trámites, señor Presidente.
En consecuencia, está a discusión en lo general y
en lo particular el artículo único del proyecto de decreto que reforma el artículo 13
de la Ley de Pesca.
No habiéndose registrado ningún orador para la discusión
en lo general y en lo particular, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico
por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del
artículo único del proyecto de decreto.
| El secretario
Francisco de Souza Machorro: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que
se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para tomar
la votación en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de
decreto.
Queremos informar a la Asamblea, esta Presidencia
quiere informarles que en todas las votaciones se abrirá el sistema electrónico y en su
caso antes de que concluya el tiempo por el que se abrió, se les preguntará si todos han
emitido su voto y si han verificado el sentido de su voto y daremos un tiempo razonable
después de que se haya cerrado el sistema electrónico y en su caso, luego procederemos
con aquellas compañeras y compañeros diputados que no registran su huella y que les
tomaremos la votación en forma directa.
(Votación.)
| El secretario
Francisco de Souza Machorro: |
Se emitieron 447 votos en pro y uno en contra, señor
Presidente.
Aprobado en lo general y en lo particular por 447
votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de
decreto que reforma el artículo 13 de la Ley de Pesca, por 447 votos en pro.
| El secretario
Francisco de Souza Machorro: |
Pasa al Senado para los efectos
constitucionales.
ARTICULOS
55 Y 58 CONSTITUCIONALES
El siguiente punto del orden del día es el relativo
al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 55 fracción II
y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales que suscribe, fueron turnadas las iniciativas de reforma a los artículos
55 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que formulase
el dictamen correspondiente una vez conocida la opinión de la Comisión de Asuntos de la
Juventud.
Esta comisión que dictamina, de conformidad con las
facultades otorgadas por los artículos 42, 43 fracción II, 48, 56 y demás relativos de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los
artículos 60, 65, 66, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los
integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con los
siguientes
ANTECEDENTES
1. El 27 de abril de 1998, los diputados: Gloria Lavara
Mejía, Israel Hurtado Acosta y Jacaranda Pineda Chávez, presentaron iniciativa de
decreto mediante el cual se reforma el artículo 58 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para efecto de que la edad exigida para ser senador de la
República, sea la de 25 años cumplidos el día de la elección. La mesa directiva de la
Cámara de Diputados turnó la iniciativa presentada a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, para formular su dictamen con opinión de la Comisión de Asuntos
de la Juventud.
2. En la correspondiente exposición de motivos, los
diputados autores de la iniciativa mencionada afirman que "mediante el afianzamiento
de los métodos democráticos, se está alcanzando una estabilidad política que nos está
permitiendo consolidar la democracia y abre amplias posibilidades a la expresión
legítima de la disidencia ideológica", por lo que proponen "reformas a la
Carta Fundamental para acelerar el desarrollo político que hasta ahora se ha venido
dando".
3. En la misma fecha, los diputados Gloria Lavara Mejía,
Lenia Batres Guadarrama, Israel Hurtado Acosta y Jacaranda Pineda Chávez, presentaron
iniciativa de decreto mediante el cual se reforma la fracción II del artículo 55 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efecto de que la edad
requerida para ser diputado federal sea la de 18 años cumplidos el día de la elección.
La mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa presentada a esta
comisión que suscribe, para formular su dictamen con opinión de la Comisión de Asuntos
de la Juventud.
4. Al respecto, los autores de la iniciativa afirmaron en
la correspondiente exposición de motivos, que su propuesta no sólo tiene aspectos
cuantitativos relacionados "con las oportunidades que se brindan a la juventud de ser
electa para cargos de elección popular", "sino —que—,
fundamentalmente se trata de una modificación cualitativa que propiciará la
incorporación al cuerpo Legislativo de sus ideas, sus inquietudes y su ánimo honesto de
renovación, crítica y superación".
5. En los términos del mandato de la mesa directiva,
expresado al turnar las iniciativas de referencia a la comisión que dictamina, en forma
oportuna se solicitó la opinión de la Comisión de Asuntos de la Juventud respecto de
ambas iniciativas.
En virtud de los antecedentes mencionados, los miembros de
la comisión que dictamina formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES
I. En el Constituyente de 1857, se afirmó que "para
que el sistema representativo sea la verdadera expresión de la democracia, el sistema
electoral debe fundarse en este principio: todo ciudadano es elector y elegible. Cualquier
restricción a este principio —se dijo—, es antidemocrática y
absurda".
II. En el Constituyente de 1917 se planteó nuevamente este
argumento al señalarse la falta de consecuencia que había entre dar al joven de 21
años, el derecho para votar y quitarle el derecho de ser votado. Al efecto, en la sesión
celebrada el lunes 8 de enero de 1917, el diputado Mújica habló en contra del requisito
de que para ser diputado se requiriese ser mayor de 25 años de edad. Sus palabras fueron
las siguientes: "la juventud, señores, va siempre en pos de un ideal; las cámaras
populares no pueden representar más que los ideales del pueblo; ésa es su esencia
misma".
III. Como se señala en la primera de las iniciativas
motivo de este dictamen, efectivamente "es el nuestro un país de población joven,
más de un 40% es menor del18 años y cerca de un 50% es menor de 25 años, que en
resumidas cuentas se reduce a que poco más del 60% de la población nacional no excede
los 30 años". Por eso es que la reforma constitucional que se dictamina, en caso de
ser aprobada por el Constituyente Permanente de la República, además de permitir que la
aportación constructiva y los ideales de los jóvenes contribuyan a labrar el presente y
el futuro de México, es igualmente una forma de estimular mediante procedimientos
democráticos el relevo de las generaciones en los puestos de mando de la sociedad.
IV. Cabe reflexionar que el sector poblacional que
conforman los individuos plenamente integrados a todos los ámbitos de la vida nacional,
situados en la escala demográfica de las edades entre 18 y 30 años, no encuentran aún
plena representación en ambas cámaras del Congreso General de la República, cuya
importancia para la vida nacional cobra cada vez mayor relieve, por virtud de las
sucesivas reformas que han permitido ampliar y fortalecer la pluralidad de fuerzas
políticas representadas en ambos cuerpos colegiados, a través de sus respectivos
sistemas electorales mixtos.
V. Por otro lado, las reformas planteadas fomentarían la
participación de los jóvenes en la vida política nacional. Los partidos políticos
verían traducidas estas reformas en importantes estímulos para multiplicar su
militancia, contribuyendo con ello al fortalecimiento del sistema de partidos y a la
ampliación de sus respectivas plataformas electorales.
VI. Es por ello que se estima conveniente reflejar también
en la integración de ambas cámaras del Congreso de la Unión, en mayor medida, la
presencia de un amplio sector poblacional como es el de la juventud, sin dejar de señalar
que su presencia en la vida social y económica del país reclama y requiere mayores
espacios y reconocimientos.
VII. Se trata, asimismo, de una reforma constitucional
congruente con la reforma política del Estado mexicano que, durante la LVII Legislatura
del Congreso de la Unión en funciones y su inmediata precedente, ha sido impulsada de
manera decisiva mediante la innovación y perfeccionamiento de las reglas para el acceso y
el ejercicio del poder político.
VIII. No obstante que se reconoce que las calidades de
diputado o senador están cada día más cercanas, merced a las sucesivas transformaciones
y evolución que ha tenido la representación popular en ambas cámaras, hemos estimado
conveniente proponer a esta soberanía conservar una razonable diferencia entre las edades
requeridas para ser diputado o senador, respectivamente, en razón de que aún subsisten
diversas razones para considerar que los procesos de formación y actuación política de
los ciudadanos les deban llevar a acceder, en distintas etapas de su formación personal y
ciudadana, a uno u otro cargo.
Una vez expuestos los antecedentes y consideraciones
expresados, estimamos oportuno señalar, a manera de síntesis, las siguientes
CONCLUSIONES
Se propone modificar la fracción II del artículo 55 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de reducir en tres años
el mínimo de la edad actualmente requerida para ser diputado federal, a fin de
establecerla en la de 18 años cumplidos al día de la elección.
Asimismo, se propone modificar el artículo 58 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de reducir en dos años
el mínimo de la edad actualmente requerida para ser senador de la República, a fin de
establecerla en la de 28 años cumplidos al día de la elección.
Como resultado de lo anterior, esta Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales se permite someter a la consideración del pleno de
la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se reforman los artículos 55 fracción II y 58
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se reforman la fracción II del artículo
55 y el artículo 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
"Artículo 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
II. Tener 18 años cumplidos el día de la elección;
III a la VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . ."
"Artículo 58. Para ser senador se requieren los
mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 28 años
cumplidos el día de la elección."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de
1998.— Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Fernando Castellanos Pacheco,
Alvaro Arceo Corcuera, Miguel Quiroz Pérez, Jorge Emilio González Martínez,
secretarios; Demetrio Sodi de la Tijera; Eduardo Bernal Martínez, Francisco Agustín
Arroyo Vieyra; Ricardo Castillo Peralta, Juan José García Quevedo, Juan Miguel
Alcántara Soria, Tulio Hernández Gómez, Carlos Medina Plascencia, Enrique Jackson
Ramírez, Francisco José Paoli y Bolio, José Luis Lamadrid Sauza, Abelardo Perales
Meléndez, Fidel Herrera Beltrán, Juan José Rodríguez Prats, Enrique González Izunza,
Bernardo Bátiz Vázquez, Arturo Núñez Jiménez, Pablo Gómez Alvarez, Marcos Augusto
Bucio Mújica, José Luis Gutiérrez Cureño, Rafael Oceguera Ramos, José de Jesús
Martín del Campo Castañeda, Juana González Ortiz, Porfirio Muñoz Ledo y Ricardo Cantú
Garza.»
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensan los
trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
| El secretario
Espiridión Sánchez López: |
Como lo instruye la Presidencia, con fundamento en
los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensan los trámites y
se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Aprobado, señor Presidente, se le dispensan todos los trámites.
En consecuencia, está a discusión en lo general y
en lo particular el artículo único del proyecto de decreto que reforma los artículos 55
fracción II y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta Presidencia informa que se han registrado para la
discusión en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto,
los siguientes oradores: Gloria Lavara Mejía, por el grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista; Juan Carlos Espina von Roehrich, del grupo parlamentario del Partido de
Acción Nacional; Victorio Rubén Montalvo Rojas, del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática; Alejandro Guevara Cobos, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra la diputada Gloria Lavara Mejía, por 20
minutos.
Vamos a solicitarle a los diputados que nos dispongamos a
escuchar a nuestra compañera diputada, nuestra joven diputada, Gloria Lavara. Con toda
atención escuchemos su exposición.
| La diputada
Gloria Lavara Mejía: |
Gracias, señor Presidente; con su permiso,
compañeras y compañeros diputados:
México es un país de jóvenes. Lo constata el hecho de
que cerca del 50% de su población no rebasa los 30 años de edad. Sin embargo, frente a
esta realidad, los jóvenes mexicanos carecen del reconocimiento pleno de sus derechos
sociales, económicos y políticos.
A lo largo del tiempo la población juvenil de nuestro
país ha permanecido al margen de las decisiones que afectan la vida nacional.
Los jóvenes somos los primeros que contribuimos con
nuestra fuerza de trabajo al engrandecimiento de la nación, pero somos los últimos en
ser considerados para la toma de decisiones.
En un ambiente democrático en el que los mexicanos
pretendemos convivir, no deben existir restricciones que marginen a un sector tan
importante para el desarrollo nacional.
Los jóvenes, así como son parte de los problemas de
nuestra realidad nacional, también pueden y deben ser parte integral de las
soluciones.Hasta ahora no vemos que existan argumentos válidos para discriminar a los
jóvenes de la acción política.
Por tal razón, el pasado 26 de abril del presente año, un
grupo de diputados de los diversos grupos parlamentarios que integramos la Comisión de
Asuntos de la Juventud, suscribimos sendas iniciativas para fortalecer el reconocimiento
de los más elementales derechos políticos a los que tiene un ciudadano mexicano, el de
poder votar y ser votado.
Desde la promulgación de nuestra Carta Magna en 1917,
algunos ilustres constituyentes, como el diputado Mújica, se manifestaron en contra de
las restricciones que tenían por objeto limitar la participación de los jóvenes a
través del establecimiento de límites de edad para accesar a los cargos de
representación popular.
En sus propias palabras el diputado Mújica decía:
"la juventud, señores, va siempre en pos de un ideal, las cámaras populares no
pueden representar más que los ideales del pueblo. Esa es su esencia misma".
Algunos de los países en donde la población es
predominantemente joven, han establecido en sus textos constitucionales la posibilidad de
que sean los mismos jóvenes quienes se representen y no otro sector que si bien no ignora
la problemática que padecen los jóvenes, no alcanzaría a comprender los términos y
problemas a los que la juventud se enfrenta en su propio tiempo.
Por ello, nuestro texto constitucional, consideramos, debe
adecuarse a esa necesidad, debe posibilitar a los jóvenes el acceso a los cargos donde
puedan ser escuchadas sus peticiones y ofrecidas soluciones.
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México apoya decididamente esa tendencia y la necesidad de reformar la Constitución,
sobre todo porque empeñó su palabra a aquellos miles de electores que confiaron en
nuestra propuesta señalada en la plataforma electoral de 1997, de incluir a los jóvenes
de México en la toma de decisiones, que nos legitima como sus representantes y que como
tales estamos obligados a actuar en consecuencia.
Compañeros diputados, acudo al criterio de ustedes para
que como forjadores de una patria, como jóvenes que también fueron, apoyen el dictamen
que hoy discutimos y propiciemos así la participación de la juventud en la vida
democrática de la nación.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Espina, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
| El
diputado Juan Carlos Espina von Roehrich: |
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y
compañeros diputados:
La Comisión de Asuntos de la Juventud de esta Cámara de
Diputados ha realizado una serie de trabajos y de consultas para intentar acercar a este
Poder Legislativo al sector poblacional más amplio de nuestra nación.
Ha intentado realizar un esfuerzo para buscar consensos en
una de las materias que, sin duda, es en donde los posicionamientos ideológicos, las
diferencias programáticas pueden ser más fácilmente salvadas.
En esta labor de contacto con sectores juveniles, emanó
una serie de propuestas de diferentes instancias de jóvenes de México, para que este
Poder Legislativo buscara diferentes alternativas para ampliar la participación social y
la participación política de las jóvenes y los jóvenes de México.
| El diputado
Rubén Alfonso Fernández Aceves (desde su curul): |
Señor Presidente: Para suplicarle una moción de
orden a la Asamblea, que ponga atención al orador, si es tan amable.
Es aceptada la moción. Invitamos a los legisladores
a escuchar con atención al orador.
| El diputado Juan
Carlos Espina von Roehrich: |
Decía yo que a principios de año se recibieron una
serie de propuestas para que el Poder Legislativo buscara espacios más amplios de
participación social y espacios más amplios de participación política, a nuestra
juventud. De ahí es donde emana esta propuesta para reducir la edad que se requiere para
acceder a los cargos de diputado y senador de la República y éste es el primer punto que
hay que resaltar. No es una propuesta que emane de ningún partido político en lo
particular, sino al contrario, los diputados jóvenes de todos los partidos, hemos visto
con agrado y con simpatía la posibilidad de que el Constituyente modifique estos
requisitos.
La Constitución estipula que para ser diputado federal se
requieren 21 años; la propuesta es que el requisito sea de 18 y para ser senador de la
República, en lugar de los 30 años, quedara en 28.
No hay ningún criterio objetivo para determinar el
criterio, el buen juicio, la madurez de una persona y aquí queremos entonces sujetarnos
al criterio que la Constitución establece para ser ciudadano. Si la ley considera que un
hombre o una mujer es suficientemente capaz, maduro, juicioso, para emitir su voto, para
asistir a la urna y depositar su decisión; si una persona a los 18 años se le reconoce
esa capacidad para ser ciudadano, sentimos entonces que será suficientemente capaz de
buscar y en su caso conseguir el voto de los demás ciudadanos.
El hecho de votar es de suma trascendencia, el hecho de
votar implica un compromiso con la comunidad política y estamos y hemos reconocido desde
hace muchos años, que una mujer o un hombre a los 18 años, ya tiene ese interés, ya
tiene esa capacidad y ya tiene ese compromiso con la comunidad.
De tal manera que pretendemos que no haya esa
discriminación entre la capacidad de votar y entre la capacidad de ser votado.
Finalmente, amigas y amigos, la decisión será siempre y
en todo momento del electorado. Si una persona se somete al escrutinio público en la
búsqueda de un cargo de representación popular, que sea su capacidad, que sea su
compromiso, que sean sus propuestas las que finalmente definan la decisión del
electorado, que no sea cuestión simplemente de un poquito más de años o un poquito
menos de años.
Si necesitamos tener una democracia cada vez más perfecta,
tenemos que estar conscientes de que lo que necesitamos es que cada vez el electorado
tenga más alternativas.
En el caso del Senado de la República, hemos querido
mantener la diferenciación actual, aunque siendo tajantes y radicales en el planteamiento
mío, tendríamos que llegar hasta los 18 años, para que sea, repito, el electorado el
que decidiera.
Pero hemos querido mantener esa diferenciación entre la
Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para finalmente continuar con la
tradición constitucional.
Quiero, antes de concluir, señor Presidente, decir que
esta iniciativa vino respaldada por diputados de los grupos parlamentarios que
participamos en la Comisión de Asuntos de la Juventud. Sin duda alguna hubiera sido
pertinente y prudente, haber recabado un mayor consenso, sobre todo considerando la
opinión de nuestra colegisladora.
Sin embargo, y ante el hecho de que está a consideración
de esta soberanía, me permito invitar a todos ustedes, para que junto con los diputados
de la Comisión de la Juventud de la Cámara de Diputados respaldemos estas modificaciones
constitucionales.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Victorio Rubén Montalvo
Rojas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
| El
diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas: |
Con su permiso, señor Presidente; señoras
diputadas, señores diputados:
Esta Asamblea se encuentra a punto de dar un paso
histórico en la extensión de los derechos políticos de los mexicanos, pues esta Cámara
está en la posibilidad de aprobar una reforma constitucional que reduciría las edades
mínimas, para ser elegible a los cargos de diputado de 21 a 18 años cumplidos el día de
la elección y de senador de 30 a 28 años, reforma a la que mi grupo parlamentario, el
del Partido de la Revolución Democrática, dará su voto a favor.
La iniciativa original buscaba reducir la edad para formar
parte del Senado de la República a 25 años. El dictamen de la Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales propone 28 años, aunque no es aún lo que los jóvenes
ciudadanos mexicanos merecen, lo aceptamos como un avance importante, si bien provisional.
El origen de las barreras de edad, es el miedo a la democracia, la limitación de edad
vigente para ocupar los cargos de diputado hasta los 21 años o para senador de la
República hasta los 30 años.
Las limitaciones a la democracia son varias y de diversa
índole, limitaciones que buscan lo mismo, acotar los derechos que restringen al cuerpo
electoral. La polix griega donde se ejerció de manera directa y acabada, consideraba que
los ciudadanos tenían la capacidad de ejercerla, en Roma la capitis diminitiu era
solamente una forma de controlar y restringir la democracia.
A principios del Siglo XIX son el sufragio indirecto y el
voto censatario, es así como los requisitos económicos y religiosos, para ser elegibles
a cargo de elección popular en este siglo como sujetos de exclusión son las mujeres, en
todos los derechos civiles y políticos. Es la misma época de la que provienen las
militantes vigentes al derecho a ser elegidos, es ése el origen de una inercia
conservadora, que México arrastra hasta hoy y que proviene del miedo de las élites
políticas de los albores de nuestra vida independiente a la libre participación del
pueblo en la cosa pública.
Por todo lo anterior, las edades mínimas tienen mucho de
miedo a la democracia, quienes suscribimos la presente iniciativa, estamos seguros del
enorme valor ejemplar de la reducción de edad que proponemos. En efecto, para las
generaciones más jóvenes, el solo hecho de que el Congreso reduzca de manera apreciable
los límites de edad para ser electo legislador federal, supondrá un enorme aliciente
para la participación política. Piénsese por ejemplo en quienes están a unos años de
cumplir la mayoría de edad y conocen sus nuevos derechos.
En todo criterio cuantitativo, para establecer calidades,
existe un inevitable contenido de arbitrariedad, ya que ninguna edad le garantiza a nadie
ninguna habilidad, pero ésta es una limitación que debemos asumir.
No está de más recordar que el establecimiento de un
derecho no implica su ejercicio automático o indiscriminado. Pensar que esta Cámara se
llenaría de jóvenes de 18 años, es tan razonable como pensarla de pronto invadida por
respetables centenarios.
El sistema de partidos y el electorado, son sistemas de
mediación que en un régimen legal propicio pueden perfectamente integrar una
representación que corresponda a la sociedad.
Uno de los argumentos esgrimidos en contra de nuestra
propuesta, es la supuesta falta de madurez de los jóvenes para asumir las
responsabilidades políticas que implica la pertenencia a las Cámaras del Congreso de la
Unión. Es indudable que el ejercicio de los derechos políticos implica una madurez
personal mínima. Nosotros consideramos que esa edad es, en términos generales,
precisamente la que se pide a cualquier mexicano para ser sujeto de obligaciones: la
mayoría de edad.
Recordemos una vez más los conceptos de aquel
constituyente con talla de estadista, don Francisco J. Mújica, quien habiendo palpado en
la Revolución la capacidad de los jóvenes para velar con el mayor desinterés por el
bien público, defendió sus fueros en una emocionante intervención que ya hemos citado
textualmente en esta alta tribuna.
Si el Estado establece obligaciones y responsabilidades
completas en todos los campos: civil, penal etcétera, el disfrute de todos los derechos
debe acompañar a esas obligaciones. Tan sólo deben existir los requisitos que resulten
verdaderamente indispensable en función de la naturaleza del cargo.
El de legislador federal es un cargo que por la naturaleza
colegiada del órgano del estado al que se pertenece, da a la responsabilidad individual
un sentido muy distinto al cargo de Presidente de la República, por ejemplo, en el que su
naturaleza unipersonal, así como su gran cantidad de facultades, dan a su ejercicio una
trascendencia muy diferente. Caso distinto es también el de las judicaturas, cuya
actividad, juzgar y decir el derecho, exige una especialización, una prudencia y una
experiencia vital no superada por cargo público alguno.
La representación popular, a diferencia del ejemplo
anterior, exige otro equilibrio entre la prudencia y la fidelidad a la voluntad popular,
equilibrio que surge de su naturaleza colegiada.
Por otra parte, es precisamente la naturaleza colectiva del
Poder Legislativo, la que hace a éste susceptible de encarnar una de las condiciones
sustantivas del fenómeno de la representación política: la identidad, es decir la
correspondencia de características, necesidades y valores entre legisladores y electores;
valga decir, la relación de identificación entre representantes y representados.
Lo anterior sólo es posible cuando el órgano
parlamentario al menos se asemeja lo suficiente a la sociedad que representa, inclusive
por lo que respecta a su rango de edades.
El anterior alegato no debe ser interpretado como un
reconocimiento de que validamos los actuales umbrales de edad de cargos públicos, como el
de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de secretario
de despacho.
Por el contrario, el de la voz y otros miembros de esta
Cámara, han presentado ya en el actual periodo ordinario de sesiones, una iniciativa para
reducir la edad mínima para tener acceso a dichos cargos. Se trata de continuar el trato
legislativo de la reforma democrática del Estado mexicano.
Por todo lo anterior, nuestro grupo parlamentario, el de la
Revolución Democrática, pide y solicita respetuosamente a esta Asamblea, su voto
aprobatorio para esta extensión de los derechos ciudadanos.
Ninguna causa más noble que ésta.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Omar Bazán Flores, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
| El diputado
Omar Bazán Flores: |
Con el permiso de la presidencia; con el permiso de
mis compañeras diputadas y compañeros diputados:
Vengo a nombre del grupo parlamentario de mi partido, el
Revolucionario Institucional, a platicar con ustedes un asunto de mayor importancia para
el pueblo de México y para la juventud mexicana, lo que es la participación de los
jóvenes en la vida política y en la actividad pura de las semejanzas y de las tareas
sociales.
México es un país de jóvenes, un país donde los
jóvenes queremos tener oportunidades de empleo, oportunidades de desarrollo,
oportunidades políticas en todos los partidos que se componen en esta Cámara.
Hace un año siete meses, al inicio de esta legislatura, el
6 de julio de 1997, cuando fuimos electos todos nosotros diputadas y diputados federales,
me tocó el privilegio y la suerte de haber sido electo diputado federal con 21 años,
tres meses. Para mí fue un privilegio haber gozado de esta situación en los marcos
constitucionales de nuestras leyes que nos emanan, pero sin duda en los marcos de
consensos y en las tareas que hemos desarrollado en nuestras comisiones como es la
Comisión de Asuntos de la Juventud, donde hemos visto la importancia que es de convocar a
la juventud de todos los partidos a tener una mayor responsabilidad dentro de las tareas
que hoy tenemos como representantes populares.
Debemos de abrirle espacio a la juventud; debemos convocar
a la juventud apara que se anime y se parte de las tareas importantes de la vida
política. Por eso hoy vengo a proponerles a ustedes como una evaluación de esté, más
de un año que tenemos en el trabajo parlamentario, que es importante que a partir de la
próxima legislatura nos sumemos más jóvenes en estas tareas parlamentarias.
Debemos abrirle espacios a la juventud no meramente como un
discurso de todos los partidos; debemos abrir espacios conscientes de que la juventud en
México es la mayoría y se legisla para la juventud, para que tengamos un verdadero
bienestar y un verdadero ingreso para que nosotros podamos ser en un día, padres como
ustedes.
Por eso hoy humildemente y consciente de lo que vengo a
decirles, vengo a pedirles su voto de confianza a nombre del grupo parlamentario del PRI,
ya que en un amplio consenso verdadero de la Comisión de la Juventud, donde todas las
fuerzas parlamentarias hemos dado nuestro voto a favor para que esta iniciativa se fuerce,
se forme y lo llevemos a un amplio consenso.
Ojalá en las conciencias de ustedes llevemos esta
situación y votemos a favor por México y por los jóvenes.
Muchas gracias.
Habiendo concluido la participación de los diputados
que vinieron a fijar posición de cada uno de los grupos parlamentarios, informo a esta
Asamblea que ha solicitado el uso de la palabra, para hablar en contra del artículo
único del proyecto de decreto, el diputado Ramón María Nava, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional.
| El
diputado Ramón María Nava González: |
Con su venia, señor Presidente:
Si los asuntos que se debaten en esta Cámara no fueran
difíciles, para nada necesitábamos el fuero constitucional, para nada necesitábamos que
la Constitución dijera que un diputado no puede ser reconvenido por sus opiniones.
Finalmente, hemos venido a decidir los asuntos
importantes de la patria y más que externar un voto en contra, quiero externar una
opinión y una reflexión porque en el momento en que se estaba leyendo el dictamen vino a
mi memoria los últimos días del doctor Salvador Allende, en una visita que hizo a
nuestra patria y tuvo un diálogo con los jóvenes y en ese diálogo con los jóvenes él
dijo —y hay un video; afortunadamente creo que ya existía la técnica y está ahí
registrado—, y les dijo a los jóvenes: "jóvenes, ustedes tienen el privilegio
de estudiar. El mayor privilegio del ser humano es el de prepararse. El mayor privilegio
del ser humano es el de darle valor a su edad, precisamente para que en su momento
oportuno pueda ese árbol rendir los mejores frutos para la patria".
Eso lo dijo el doctor Salvador Allende.
Y finalmente, lo que yo veo es que la juventud es un
proyecto de vida y a ese proyecto de vida hay que darle las mayores posibilidades, las
mayores posibilidades de beneficio para la juventud, las mayores posibilidades de
beneficio para la patria.
Si en este momento se abriera una beca y algún joven de 50
años quisiera hacer uso de esa beca, yo sería el primero en oponerme.
Hay etapas para cada cosa en la vida y repito, hay un
proyecto de vida y hay que sacarle el mejor provecho.
Que vengan los jóvenes, que enriquezcan las
participaciones de todos los grupos de trabajo. Bienvenidos. Que en el momento en que
puedan venir a traerle a la patria los conocimientos que hayan cultivado, no van a venir a
traerle únicamente esfuerzos, sino van a venirle a traer realidades.
La juventud no principia en los 18 años, la juventud
principia desde antes. ¿Y por qué entonces, yo pregunto, no adelantar el voto?
Hace unos días, con todo el panorama de discusión y
enfrentamiento, tuvimos la posibilidad de opinar, porque había un problema muy grave,
económico, de la patria y había un problema también muy grave de seguridad jurídica.
Estos problemas de la realidad nos han hecho asumir compromisos, externar opiniones,
realizar estudios y finalmente votar asumiendo las consecuencias de votar, porque
finalmente se asumen las consecuencias de ser persona humana; de ser persona humana con
propia opinión; de ser persona humana no masificada.
Y aquí tenemos, yo me pregunto ¿cuál es el problema que
está detrás de todo eso? Queremos las mejores universidades para nuestros jóvenes.
Queremos las mejores posibilidades para su crecimiento. Queremos las mejores posibilidades
para su horizonte. Yo me pregunto si estaríamos haciendo lo correcto.
Yo no podía quedarme callado con esta serie de
reflexiones, que, repito, son reflexiones y si decir que me apuntaba en contra pues
simplemente porque había pensamientos que yo quería que quedaran bien claros. Estamos
asumiendo proyectos de vida y tenemos también el antecedente de uno de los politólogos
que ha dado México.
Es una excitativa nada más a la reflexión. Vivo entre los
jóvenes. Tengo 30 años de convivir con ellos en las universidades. No podría, de
ninguna manera, traicionarlos. Vivo con ellos. Aprendo de ellos y espero que ellos en su
momento sirvan a México con sus mejores potencialidades, no por número de años, sino
por calidad de frutos.
Muchas gracias.
Tiene la palabra la diputada Lenia Batres Guadarrama,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro.
| La
diputada Lenia Batres Guadarrama: |
Compañeras y compañeros diputados:
Las dos iniciativas que acaba de dictaminar la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales surgieron del seno de la Comisión de Asuntos de la
Juventud. En el primer caso, para la disminución de la edad para ser diputado hubo un
consenso total. En el segundo caso, justamente para la disminución de la edad de senador,
de 30 a 25 años que planteaba la iniciativa, no hubo ese consenso total por una razón:
el PRD piensa y lo ha manifestado así en su programa de la juventud perredista, que todos
los mexicanos debemos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones; que a cada
obligación corresponde un derecho y en ese sentido hemos insistido que en cuanto a los
derechos políticos de la población, cuando una persona tiene derecho a votar, quiere
decir que tiene madurez, quiere decir que tiene criterio, quiere decir que tiene
responsabilidad y, por lo tanto, también quiere decir que tiene capacidad para ser
votado.
Por esa razón y justamente porque en el derecho comparado
existen países como España en donde la edad, el único requisito para ocupar cargos de
elección popular, como Presidente, senadores y diputados, el único requisito que se
exige es la edad ciudadana y en España la edad ciudadana, como en México, es de 18
años.
Existen otros casos, otros países en donde se pide ese
mismo y único requisito, porque han llegado a la madurez que sí es madurez política de
nuestras sociedades, de entender que no se puede seguir discriminando a ningún sector de
la población.
Si en los años cuarenta este Congreso debatía que las
mujeres no tenían capacidad para votar, ya ni siquiera para ser votadas, afortunadamente
unos cuantos años bastaron de madurez para que la discriminación hacia las mujeres fuera
erradicada y ahora nadie duda que cualquier mujer tiene capacidad para votar y para ser
votada.
Eso mismo queremos nosotros, ir introduciendo nuestro
derecho mexicano; un derecho igualitario, un derecho democrático, un derecho que
erradique la discriminación, ahora la que queda es por edad a cualquier sector de la
población para impedirle el ejercicio de sus derechos.
Compañeras y compañeros: nada nos indica, nada nos ha
indicado nunca que la edad sea un sinónimo de sabiduría, que la edad sea un sinónimo de
madurez política, que la edad sea un sinónimo de responsabilidad. Tenemos casos, y
muchos en nuestro país, que nos indicarían lo contrario, empezando por don Porfirio
Díaz y por el contrario tenemos muchos casos también en nuestra historia que nos indican
que la juventud mexicana ha sido valiente, ha sido capaz, ha sido responsable y además ha
sido la promotora de grandes cambios que se han dado en nuestras instituciones.
Yo les cito, por ejemplo, la Revolución Mexicana, donde
dos ilustres combatientes revolucionarios: don Francisco Villa y Emiliano Zapata, apenas
tenían 30 años cuando empezaron a combatir. Yo les cito el Movimiento Estudiantil de
1968, gracias al cual en 1971 se disminuyó la edad de 25 años a 21 años para poder ser
diputados de la nación y nada nos ha indicado que haya sido un retroceso, por el
contrario, cada legislatura ha aumentado el número de diputados jóvenes y los diputados
jóvenes hemos tratado de aportar a nuestra nación lo que de nosotros ha sido posible
aportar. Hemos puesto nuestro mejor esfuerzo y ahí está como gran ejemplo el
funcionamiento de la Comisión de Asuntos de la Juventud, que tiene ya dos resoluciones
para someterlas a esta Cámara y dar a la juventud mexicana, retribuirla en todos los
años de discriminación de que ha sido vejada.
Compañeras y compañeros: hicimos cinco foros regionales,
hicimos un taller nacional en esa comisión, participaron cerca de 700 jóvenes de
diferentes posiciones políticas, de diferentes expresiones y hubo una sola expresión de
todos ellos: ¡queremos vivir el presente! ¡No queremos seguir siendo pospuestos para el
futuro! ¡Queremos que los derechos de los jóvenes sean dados en el ahora, porque en el
ahora hemos podido aportar al país, porque en el ahora hemos padecido desempleo, hemos
padecido la exclusión de las escuelas, porque en el ahora las nuevas generaciones están
siendo excluidas del desarrollo nacional, porque en el ahora las nuevas generaciones no
tienen las mismas condiciones que tuvieron ni siquiera nuestros padres para poder tener un
empleo digno y para poder concluir una carrera profesional! Esa fue la unanimidad de 700
jóvenes y es la unanimidad actual de los jóvenes que nos encontramos en la Comisión de
Asuntos de la Juventud y es la unanimidad de todos los jóvenes de todos los partidos y
agrupaciones de este país.
Compañeras y compañeros: no podemos nosotros esperar que
haya otra masacre como la del 2 de octubre de 1968, para volver a ver que existen jóvenes
en este país, para volver a notar que tienen cosas que aportar y para poder hacer que
este Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y el Poder Ejecutivo, se den
cuenta de que existe una deuda histórica que tenemos nosotros que retribuir.
La juventud, compañeros diputados, no es un proyecto de
vida, la juventud es la vida misma.Los jóvenes de este país quieren vivir, no quieren
seguir siendo proyecto de nación.
Gracias.
Tiene la palabra el diputado Miguel Angel Garza,
diputado sin partido, que hablará en contra.
| El
diputado Miguel Angel Garza Vázquez: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros:
Paso a esta tribuna para hacer mención de algo que
considero mucho muy importante y mucho muy irresponsable por parte de algunos
partidos.
Se mencionó que yo venía a hablar en contra de esta
propuesta de la Comisión de Asuntos de la Juventud, no es en contra, yo considero que la
juventud no puede ser un impedimento para que una persona pueda ser diputado o senador,
sino todo lo contrario, pero si considero que un diputado o un senador de cualquier edad
en que fuese electo, debe ser una persona madura, responsable principalmente, una persona
con madurez espiritual.
Pero lo que más me interesaba evidenciar aquí en la
tribuna, era que esta propuesta que ahorita está siendo avalada por compañeros de varios
partidos y que hace un momento el compañero Fidel Herrera fue a mi curul a comentarme que
no pasara a la tribuna en el sentido en que estoy pasando, no es por darle oportunidad
realmente a los jóvenes.
Esta propuesta que acaban de presentar, esta comisión, es
por darle un seguimiento a la carrera política de un jovencito que todos conocemos aquí
en la Cámara por darle trascendencia a su carrera política, una carrera política que se
ha manifestado en mi presencia como irresponsable, como falta de madurez, como cobarde,
porque ha traicionado los principios ideológicos no solamente de un partido, sino de toda
una nación y si ése es el sentido del voto que están uniéndose en esa comisión, ese
voto es irresponsable y es inmaduro porque si realmente quisieran darle oportunidad a los
jóvenes en esta tribuna, en este Congreso, se lo dieran no tomando decisiones que tomaron
antier apoyando la posibilidad de que todos los jóvenes mexicanos podamos estudiar en la
Universidad, lo cual no pude hacer yo porque no hay las suficientes oportunidades y no
dándole oportunidades a gente irresponsable e inmadura de poder llegar al Senado y poder
seguir apoyando al Poder Ejecutivo como lo ha estado haciendo el coordinador de la
fracción del Partido Verde, que es a quien va dirigida esta propuesta, al señorito.
Permítame usted. Tiene la palabra el diputado
Mariano Sánchez Farías, para hablar en pro, del grupo parlamentario del PRD.
| El
diputado Mariano Sánchez Farías: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeros y
amigos diputados:
El día de hoy quiero pasar para hablar en favor de la
reforma a los artículos 55 y 59 de nuestra Constitución Política.
Pienso que es importante y escuchando con todo respeto al
compañero diputado del PAN, que merece todo mi respeto, donde él hablaba que los
jóvenes debemos y estamos en la edad de prepararnos, de estudiar, de abrir camino y que
él decía que si a él ahorita le ofrecieran una beca con gusto no la aceptaría porque
la dejaría a un joven.
Yo quisiera decirles que hace apenas dos días aquí en
esta Cámara de Diputados hemos cerrado el paso a muchos jóvenes para que se desarrollen
en las escuelas públicas de este país, con un presupuesto por una aprobación del
llamado Fobaproa que todos hemos vivido.
Hemos cerrado el paso al desarrollo de muchos jóvenes y no
creo justo que el día de hoy sigamos pensando retrogradamente y pensemos que por el hecho
de en esta Cámara abrir el espacio para que los compañeros jóvenes de 18 años que
puedan votar puedan ser elegidos, que por el simple hecho de que en esta Cámara se
aprueben estas reformas constitucionales los jóvenes van a llegar; los jóvenes tendremos
y tendrán las generaciones que abrirse los espacios dentro de la sociedad, dentro de sus
partidos políticos, dentro de la vida política nacional para ganarse ese espacio.
Yo quiero invitar a la reflexión a los compañeros
diputados y a que nos apoyen y a que voten en favor de esta propuesta que viene a
revolucionar la vida democrática de este país y viene a abrir los espacios para que
muchos jóvenes que ahorita están viendo y están palpando la vida nacional puedan sentir
el interés de participar por fortalecer la democracia en México.
Yo vengo a invitarlos a que votemos en favor, en favor de
esta reforma constitucional más allá también de problemas de tipo personal o de tipo
partidario que se vinieron a dar antes que yo en esta tribuna y con todo respeto, no creo
que sean el sentir de millones de jóvenes que aspiran también a representarnos, también
a estar presentes en la próxima legislatura.
Muchas gracias y espero su apoyo, su comprensión para los
jóvenes de México.
Tiene la palabra el diputado Felipe Urbiola, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro.
| El
diputado Felipe Urbiola Ledesma: |
Compañeros diputados:
Hace unos días, en reunión con ciudadanos de mi distrito,
platicaba sobre las actividades que llevamos a cabo en esta Cámara y después de analizar
todo lo que un diputado tiene que hacer, estas personas reflexionaban y me decían que
consideraban oportuno pedir que uno de los requisitos para ser diputado es que fuera o que
se tuviera la carrera de licenciado en derecho, de abogado.
Y yo les decía que no estaba de acuerdo con ello por una
razón muy sencilla: si elegimos a 500 abogados para que conformen el Poder Legislativo,
estamos conformando exclusivamente un cuerpo de técnicos que pueden tal vez elaborar
leyes perfectas en su estructura y en su conformación, pero le faltaría un elemento
sumamente importante, el elemento de la pluralidad; la pluralidad de las profesiones de
quienes están aquí sentados, la pluralidad de las actividades, de las edades, de las
visiones que cada uno de nosotros tiene como consecuencia de lo más valioso que nos une a
los mexicanos: la experiencia de vida y la experiencia ciudadana.
Todos somos ciudadanos y hemos ejercido esa facultad, ese
derecho y esa condición durante varios años. Esta es la razón fundamental por la cual
el legislador consideró que a pesar de que la edad se disminuía a los 18 años, era
conveniente que hasta los 21 años, hasta los 25 años, hasta los 30 ó a mayor edad, se
asumieran las responsabilidades que se pueden ejercer de mejor manera cuando se ha
cumplido con la experiencia de ser ciudadano, cuando se ha sufrido o se ha vivido o se ha
visto uno beneficiado con las leyes actuales y en consecuencia estamos en mejores
condiciones de meditar y proponer las reformas o las adecuaciones que las leyes
requieran.
Ahora bien, he escuchado argumentos en pro y en contra,
algunos populistas, otros vacíos y otros equivocados; se ha argumentado que en alguno
otros lugares basta la ciudadanía para que se permita el acceso a los puestos de
elección, omitiendo que la ciudadanía se adquiere a los 21 años en estos países; se ha
argumentado razones de carácter estadístico y en estas condiciones creo que tendríamos
que ir evolucionando de acuerdo a como vaya disminuyendo, que es la tendencia que tiene
actualmente nuestra población, tendríamos que ir evolucionando hacia la baja por el
simple acontecer estadístico del promedio de edad.
Se ha dicho que se debe permitir a los jóvenes para que
vivan el presente, pero el maestro Ramón María dejó muestra clara que el presente llega
a su tiempo, el presente no es el día de hoy, el presente es la edad y la responsabilidad
que se deben de asumir en el momento oportuno para hacerlo.
Ahora bien. Creo que hablar de 18, 19, 21 ó 25 años
resulta intranscendente; aquí lo trascendente de lo que estamos realizando y por eso
vengo a hablar en pro del dictamen, es el mensaje que estamos dando a los legisladores, al
futuro y al presente, el compromiso que estamos asumiendo, un compromiso de
responsabilidad. En el momento en que decimos que la edad no sea obstáculo para que venga
aquí la gente responsable que ha recibido el apoyo de los votantes. La responsabilidad,
que se acaben de hoy en adelante esos votos de abstención cómoda que no permiten o que
no hacen que se comprometa uno con los actos que se están realizando.
Este compromiso de responsabilidad quiero que lo asumamos,
es una gran oportunidad de unidad, es una gran oportunidad de demostrar que todos en
conjunto estamos conscientes y queremos apoyar el futuro de México, pero con
responsabilidad, asumiendo los costos y los beneficios de aquello en lo que creemos,
porque es aquello de cómo pensamos y aquello que ofrecimos en nuestras campañas.
Compañeros: les pido la unidad en el voto, porque les pido
el compromiso de la responsabilidad. Que no nos encuentren divididos, que no nos
encuentren sin una justificación para lo que estamos haciendo, pero que todos juntos
logremos algo para el bien de México y para una patria más ordenada y generosa.
Muchas gracias.
Esta Presidencia informa que han hecho uso de la
palabra sobre el tema 10 legisladores: cinco para fijar posición de sus grupos
parlamentarios, tres para pronunciarse en pro y dos para pronunciarse en contra.
No habiendo oradores registrados para la discusión en lo
particular por no haberse hecho ninguna reserva, esta Presidencia instruye a la
Secretaría para que consulte si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en
lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
| El secretario
Espiridión Sánchez López: |
Por instrucciones de la Presidencia, en votación
económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo
general y en lo particular el proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
Solicito a la Secretaría que se abra el sistema
electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo
particular del artículo único del proyecto de decreto, sustentado en el artículo 134 de
nuestro Reglamento Interno.
| El secretario
Espiridión Sánchez López: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que
se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para tomar
la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación.)
| El secretario
Espiridión Sánchez López: |
Señor Presidente, le comunico que se han emitido 391
votos en pro y 51 en contra.
Aprobado en lo general y en lo particular por 391
votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los
artículos 55 fracción II y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
| El secretario
Espiridión Sánchez López: |
En tal sentido, remítase al Senado para los efectos
constitucionales.
Esta Presidencia comunica a los integrantes de la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que al terminar esta sesión habrán
de reunirse en el salón "Los Cristales".
FISCALIZACION
SUPERIOR DE LA FEDERACION
El siguiente punto del orden del día es el relativo
al dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan con un segundo párrafo y ocho
fracciones el artículo 78, con una Sección Quinta el Capítulo II del Título Tercero,
así como el artículo 74 fracción IV párrafo quinto; se reforman los artículos 73
fracción XXIV, 74 fracción II y 79; y se deroga la fracción III del artículo 74, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales fueron turnadas, para su estudio y dictamen, tres iniciativas con
proyectos de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
constitucionales, entre otras, en materia de auditoría, control y evaluación del sector
público federal a través de un órgano superior de fiscalización, mismas que fueron
presentadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, por diputados integrantes del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y por diputados integrantes del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fechas 28 de noviembre de
1995, 2 de abril de 1996 y 24 de abril de 1997, respectivamente, en ejercicio de la
facultad que les confiere el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Esta comisión, de conformidad con las facultades que le
otorgan los artículos 42, 43 fracción II, 48, 56 y demás relativos de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 60, 65, 87, 88 y
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable
Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes
ANTECEDENTES
a) Para su estudio y dictamen, la mesa directiva de la
Cámara de Diputados turnó a esta comisión la iniciativa de reformas a los artículos
73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada
por el titular del Ejecutivo Federal con fecha 28 de noviembre de 1995.
b) Asimismo, la mesa directiva de este cuerpo colegiado
turnó a la comisión que dictamina, la iniciativa para reformar, derogar y adicionar los
artículos 26, 59, 61, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 89, 93 y 97 de la Carta Magna,
presentada por diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fecha 2
de abril de 1996.
c) De igual forma, fue turnada a esta comisión la
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 fracción IV, de la Ley
Fundamental de la República, al igual que diversos preceptos de la Ley de Planeación, de
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal, de la Ley Orgánica de la
Contaduría Mayor de Hacienda y de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal. Esta iniciativa fue presentada con fecha 24 de abril de 1997, por diputados
integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Al efecto,
las propuestas de modificación a los ordenamientos legales secundarios fueron turnadas
para su discusión y dictamen a las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y
Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, en tanto que, como ha quedado
señalado, la iniciativa de reforma constitucional fue turnada a esta comisión que
suscribe.
d) A solicitud de diversos diputados, con fecha 26 de marzo
de 1998, el Presidente de la mesa directiva, con fundamento en el artículo 21 fracción
XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, excitó a esta comisión a presentar el dictamen correspondiente a las
iniciativas de reforma constitucional mencionadas, únicamente por lo que se refiere a la
materia señalada en el proemio del presente dictamen.
En consecuencia, el dictamen que ahora sometemos a su
consideración se constriñe exclusivamente al estudio y resolución sobre aquellos
preceptos constitucionales directamente relacionados con la auditoría, control y
evaluación del sector público federal a través de una fiscalización superior de la
Federación, contenidos en las iniciativas a que nos hemos referido.
Esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a
través de otra subcomisión de trabajo de las integradas en su seno, se ha abocado al
estudio y dictamen de las iniciativas señaladas en el proemio y de otras, sobre
diferentes propuestas de reforma constitucional, relativas a la iniciativa de Ley de
Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos y la revisión de la Cuenta Pública. Sin
embargo, reiteramos que en el presente dictamen nos limitamos a estudiar y proponer lo
correspondiente única y exclusivamente al caso de la fiscalización superior de la
Federación.
e) Con fundamento en los artículos 1o., 2o. inciso b y 13
incisos a, b, c, d y e del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones
de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, se constituyó por la junta
directiva de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, una subcomisión
específica para la presentación del anteproyecto de dictamen, integrada por los
diputados Ricardo Cantú Garza, Charbel Jorge Estefan Chidiac, Santiago Creel Miranda,
Jorge Emilio González Martínez, Fauzi Hamdan Amad, Héctor Luna de la Vega, Jorge Silva
Morales, Bernardo Bátiz Vázquez, Alvaro Arceo Corcuera, Héctor Francisco Castañeda
Jiménez, Edgar Martín Ramírez Pech, Francisco Guevara Alvarado y Baldemar Tudón
Martínez.
f) Según se desprende de la exposición de motivos de la
iniciativa de reforma constitucional formulada por el titular del Ejecutivo Federal,
"se debe recoger y asumir la iniciativa de un amplio sector de la población para
emprender una reforma profunda al esquema de control y supervisión de la gestión
pública federal, que prevea instrumentos más efectivos de fiscalización del uso honesto
y eficiente de los recursos que la sociedad aporta al Gobierno y un oportuno y claro
rendimiento de cuentas por parte de los servidores públicos".
Al efecto, el Ejecutivo Federal propone revisar y
reorganizar el sistema de control y evaluación de la gestión administrativa del Gobierno
Federal, mediante la creación de una auditoría superior de la Federación, como órgano
de la Cámara de Diputados de carácter técnico, imparcial y con plena autonomía de
gestión para decidir sobre su organización, recursos, funcionamiento y resoluciones, que
sustituya a la actual Contaduría Mayor de Hacienda.
La administración y dirección de este nuevo órgano
estaría confiada, en los términos de la iniciativa presidencial, a un cuerpo colegiado
de auditores generales, quienes actuarían con plena independencia e imparcialidad. Se
propone, al efecto, que sean designados por la Cámara de Diputados a propuesta del
Presidente de la República, por periodos escalonados y que sólo puedan ser removidos
mediante juicio político, declaración de procedencia o sanción por causas graves de
responsabilidad administrativa. Los auditores generales designarían de entre ellos a su
presidente.
g) Por su parte, la exposición de motivos de la iniciativa
de reforma constitucional promovida por los diputados del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fecha 2 de abril de 1996, sostiene que: "la reforma del Estado
tiene que ser integral, entendida ésta como la transformación de actitudes y de
prácticas gubernamentales, de instituciones y de normas, encaminadas al fortalecimiento
de los poderes".
Para contribuir al fortalecimiento del Poder Legislativo
Federal, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional propone otorgarle mayores
atribuciones en materia presupuestaria y de control sobre la gestión gubernamental, así
como reafirmar la existencia de la Contaduría Mayor de Hacienda, misma que, además de
sus funciones actuales, debería, según propone también la iniciativa correspondiente,
verificar la regularidad, la eficacia, la economía y la eficiencia de la gestión
gubernamental.
La actuación de la Contaduría Mayor de Hacienda bajo este
nuevo esquema, sería evaluada por una comisión legislativa integrada en forma
mayoritaria por diputados de partido político diverso a aquél por el que hubiese sido
electo el Presidente de la República, "a fin de garantizar un mínimo de
independencia e imparcialidad entre el fiscalizado y el fiscalizador".
En el desarrollo de sus funciones, la Contaduría Mayor
gozaría de autonomía técnica y su titular sería designado por mayoría de las dos
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las
prpuestas que presente la comisión de diputados encargada de mantener la relación
orgánica entre la Cámara y la propia Contaduría.
h) La iniciativa de reforma constitucional promovida por
los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, afirma
que con la misma "se intentan fortalecer las facultades de la Cámara de Diputados en
materia de revisión, vigilancia y fiscalización de la eficacia y transparencia en el uso
de los recursos públicos".
Al efecto, propone el examen, discusión y aprobación de
un programa trianual de gasto, ingreso y deuda pública federal, así como de los
criterios trianuales de política económica que lo sustenten, además del examen y
discusión anual de los Criterios Generales de Política Económica que deba presentar el
Ejecutivo mediante una nueva obligación expresa. Asimismo esta iniciativa propone que la
Cuenta Pública del año anterior sea presentada a la Cámara de Diputados, dentro de los
10 primeros días del mes de abril.
En la iniciativa en análisis, el tema relativo a la
fiscalización superior de la Federación, es abordado en la propuesta de reforma a la Ley
Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, motivo por el cual esta comisión
dictaminadora ha estudiado dicha propuesta, a efecto de tenerla en cuenta en el examen
global sobre la reforma constitucional en la materia que ahora nos ocupa.
En la misma, se formulan propuestas con respecto a la
denominación y control legislativo del órgano técnico cuyo estudio abordamos, la forma
de designación, remoción y atribuciones de su autoridad ejecutiva, las funciones de
control y evaluación del órgano, así como sobre la integración y funcionamiento de la
comisión legislativa, bajo cuyo control se encuentra dicho órgano técnico.
De conformidad con los antecedentes expuestos, esta
comisión dictaminadora pasa a exponer sus
CONSlDERACIONES
Las tres iniciativas de reforma constitucional y legal
coinciden en el propósito de fortalecer al Poder Legislativo Federal y al órgano
encargado de fiscalizar la aplicación de los recursos públicos, si bien es cierto que
los medios propuestos para lograrlo son distintos en cada una de ellas.
En el caso de las iniciativas de reforma constitucional
presentadas por el Ejecutivo Federal y los diputados del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional son coincidentes en la materia que nos ocupa por cuanto ambas proponen
derogar las fracciones II y III del artículo 74 constitucional. A la luz de las
modificaciones que dichas iniciativas proponen introducir en la fracción IV de este mismo
precepto constitucional, así como de otros más, la derogación de la mencionada
fracción III es procedente a juicio de los miembros de la comisión que suscribe por las
razones que se señalan en el presente dictamen. Sin embargo, esta dictaminadora estima
que debe mantenerse la fracción II del artículo 74, aunque con un nuevo texto que
refleje fielmente la relación orgánica que debe darse entre la entidad de fiscalización
superior de la Federación y la Cámara de Diputados, pero que al mismo tiempo indique y
haga énfasis en la autonomía técnica, de gestión y organizativa de que debe gozar la
nueva instancia fiscalizadora.
Igualmente, las dos iniciativas mencionadas en el párrafo
anterior, aunque con diferente fraseología, coinciden en señalar como funciones
sustantivas de la entidad de fiscalización superior de la Federación, las de fiscalizar
en forma posterior el ingreso, gasto, manejo y aplicación de recursos de los poderes de
la Unión y de las entidades públicas federales, así como investigar los actos u
omisiones que impliquen alguna irregulandad o conducta ilícita en estas actividades. La
iniciativa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática aborda estos
mismos aspectos en su propuesta de reforma a la legislación secundaria.
Las diferencias entre las iniciativas del Ejecutivo Federal
y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se refieren a los siguientes temas
relativos a la fiscalización superior de la Federación: denominación de la entidad
encargada de la fiscalización superior; ámbito de la reforma a la fracción XXIV del
artículo 73 constitucional; el concepto de "informes parciales" previos que
introduce la iniciativa del Ejecutivo y que la de Acción Nacional no retoma; naturaleza
del órgano de dirección, colegiado o unitario; forma de designación del titular o
titulares, en su caso; duración en el cargo y causas de remoción; requisitos para su
designación, si bien es cierto que ambas iniciativas coinciden por cuanto a los
impedimentos e inhabilitación; también difieren respecto de la característica esencial
del órgano: autonomía de gestión o autonomía técnica; difieren igualmente por cuanto
a las visitas domiciliarias propuestas por el Ejecutivo y el establecimiento de sistemas,
métodos y normatividad de la contabilidad gubemamental por parte del órgano de
auditoría, aspecto éste que propone Acción Nacional. Estos temas también son abordados
en la iniciativa de refomna legal del Partido de la Revolución Democrática.
Al efecto, esta comisión dictaminadora estima conveniente
manifestar lo siguiente:
I. En nuestro esquema constitucional de división de
poderes, tradicionalmente se ha atribuido al Poder Legislativo Federal, la facultad de
autorizar, mediante disposiciones de carácter general, los gastos y los ingresos de la
Federación, así como la función de revisar el ejercicio de tal atribución.
Corresponde, por lo tanto, al Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados,
examinar si los gastos hechos y las percepciones obtenidas por el Estado se ajustan a los
preceptos legales que fundamentan su ejercicio, comprobando la exactitud y justificación
en lo que genéricamente se denomina Cuenta Pública.
La función revisora de la Cuenta Púlblica tiene una
significación jurídica y política, ya que el orden constitucional otorga dicha facultad
al pueblo, quien la ejerce a través de sus representantes, para vigilar y examinar la
legalidad y exactitud en el manejo de la Hacienda Pública. En tal virtud, es necesario
precisar que el término "presupuesto", propuesto para la fracción IV del
artículo 74, en la parte relativa a la revisión de la Cuenta Pública, efectivamente se
comprende a los ingresos con relación a los conceptos y a las partidas respectivas del
presupuesto, para conocer el resultado de la gestión financiera.
II. En el texto original de la Constitución de 1917,
quedó establecida como facultad del Congreso de la Unión, la de expedir la Ley Orgánica
de la Contaduría Mayor, disposición aún vigente contenida en la fracción XXIV del
artículo 73, así como la de "examinar la cuenta que anualmente debe presentarle el
Poder Ejecutivo, debiendo comprender dicho examen, no sólo la conformidad de las partidas
gastadas por el presupuesto de egresos, sino también la exactitud y justificación de
tales partidas".
Por su parte, en el texto original del artículo 74, se
dispuso en la fracción II que era facultad exclusiva de la Cámara de Diputados
"vigilar por medio de una comisión de su seno el exacto desempeño de las funciones
de la Contaduría Mayor". En este sentido, según quedó señalado en párrafos
anteriores y dada la autonomía que las iniciativas en dictamen pretenden otorgar a la
entidad de fiscalización superior de la Federación, es que sería conveniente modificar
la redacción de la fracción II del artículo 74, a efecto de clarificar que la Cámara
de Diputados deberá coordinarse, a través de una comisión de su seno y en los términos
que disponga la ley, con la nueva entidad de fiscalización superior.
En el año de 1977 se presentó una iniciativa de reformas
a los artículos 73 y 74 constitucionales y en la correspondiente exposición de motivos
se señaló que otorgar al Congreso de la Unión, es decir a ambas cámaras, la
atribución de revisar la Cuenta Pública y únicamente encomendar a la Cámara de
Diputados la aprobación del presupuesto, resultaba poco comprensible, ya que escindía el
conocimiento de dos cuestiones que por su naturaleza se hallan plenamente vinculadas,
siendo para el Senado una tarea difícil la revisión de la Cuenta Pública, ya que
aparece sustraído de la facultad de conocer y votar previamente el presupuesto ejercido
y, además, carece de un órgano técnico como la Contaduría Mayor de Hacienda.
En tal virtud, la revisión de la Cuenta Pública se dejó
como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, al igual que ya lo era la votación
del presupuesto, por lo que se modificó la fracción I del artículo 65, así como el
contenido de la fracción XXX del artículo 73 y se estableció en la fracción lV de este
mismo numeral las finalidades de la revisión de la Cuenta Pública.
Posteriormente, estas disposiciones no han sido modificadas
en lo sustancial y únicamente se han hecho cambios para mantener la congruencia con otras
reformas constitucionales.
A la luz de lo hasta ahora dicho, esta dictaminadora estima
conveniente que la entidad de carácter técnico encargada de llevar a cabo la revisión y
la fiscalización pertenezca a la Cámara de Diputados. Sin embargo, debe quedar claro que
dicha pertenencia no debe implicar, en modo alguno, dependencia o subordinación de la
entidad de fiscalización superior de la Federación respecto de la propia Cámara; por el
contrario, lo que se persigue es la existencia de un cuerpo fiscalizador, vinculado
orgánicamente con esta Asamblea, pero dotado de plena autonomía de gestión respecto de
su organización interior, recursos, funcionamiento y resoluciones. Con lo anterior, se
busca que la función revisora y fiscalizadora quede depositada originariamente en la
Cámara de Diputados, y que ésta la realice a través de su entidad técnica y autónoma
de auditoría.
Es precisamente por ello que esta comisión considera que
la expresión "la Cámara de Diputados contará con un órgano....", a que hacen
referencia las iniciativas del Ejecutivo Federal y del Partido Acción Nacional, no
refleja con precisión la naturaleza que se pretende tenga la entidad de fiscalización
superior de la Federación. En efecto, el término "contar con" significa
disponer de alguien o de algo, pero no indica una relación de pertenencia, como la que se
persigue exista entre la Cámara de Diputados y su entidad técnica de fiscalización.
Consecuentemente, este cuerpo dictaminador se permite proponer una nueva redacción, con
el propósito de hacer explícita, en el texto constitucional, la relación de
vinculación orgánica entre la Cámara de Diputados y la entidad de fiscalización
superior de la Federación, al tiempo que se deje clara la autonomía funcional y de
gestión de ésta frente a aquélla.
III. A la luz de las iniciativas examinadas y considerando
los antecedentes históricos que en nuestro sistema constitucional han regulado al órgano
de fiscalización, esta comisión dictaminadora considera conveniente que el titular de
dicha entidad siga siendo unipersonal y que sea designado exclusivamente por la Cámara de
Diputados, por las razones que enseguida se precisan.
La definición de un órgano colegiado o unipersonal
depende del contenido de las funciones que al mismo sean atribuidas. En el caso
particular, las funciones que se asignarían a la entidad de fiscalización superior de la
Federación conllevan una serie de decisiones de carácter ejecutivo que, por lo tanto,
requieren una decisión pronta, expedita y oportuna, objetivos que no se lograrían con un
órgano colegiado, aunado al hecho de que en la persona del titular de ese ente se
centraliza y concentra, en su caso, la responsabilidad de su alto desempeño, en tanto que
en un cuerpo colegiado se diluye y atomiza dicha responsabilidad.
Cabe igualmente la reflexión, dentro de las circunstancias
y condiciones políticas de nuestro país, que de aceptarse la integración colegiada de
la entidad, es muy probable que la designación de sus miembros se hiciera en proporciones
de representatividad partidista en la Cámara de Diputados y se perdería con ello la
esencia de su función y la posibilidad de designar al funcionario con mayor idoneidad
para desempeñar el cargo.
Además, aunque no es un motivo que por sí solo determine
una decisión de este tipo, sí constituye una referencia objetiva el hecho de que
históricamente la titularidad de la llamada Contaduría Mayor de Hacienda ha sido
unipersonal y no colegiada. Asimismo, es pertinente considerar que en el estudio comparado
llevado a cabo por los miembros de esta comisión, en el mayor número de los países cuyo
sistema de fiscalización fue analizado predomina el titular unipersonal sobre el
colegiado.
IV. Por lo que concierne a la designación del titular de
la entidad, no obstante la autonomía de gestión y no solamente técnica que estimamos
pertinente atribuirle y que dicho ente no sólo revisaría la gestión del Ejecutivo
Federal, sino también la de los demás poderes, organismos y entidades públicas y
privadas que manejen o utilicen fondos o recursos federales, consideramos conveniente que
deba continuar vinculado predominantemente al órgano legislativo, concretamente a la
Cámara de Diputados, por constituir ésta la representación popular soberana por
antonomasia y por detentar históricamente la preeminencia de conocimientos, en primer
término, de las cuestiones relativas a los recursos públicos. De ahí que no estimemos
procedente la intervención del Ejecutivo Federal en el nombramiento del titular de esta
nueva entidad de fiscalización superior de la Federación.
V. Por cuanto a su denominación, el Ejecutivo Federal en
su iniciativa solamente lo denomina "órgano de auditoría superior de la
Federación", en tanto que la iniciativa del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional propone que continúe con la actual denominación que tiene. Al respecto, esta
comisión dictaminadora estima que debe dejarse que sea la ley secundaria la que
establezca la denominación concreta y privativa de la nueva instancia de fiscalización,
por lo que se propone que, a nivel constitucional, se identifique a la función
simplemente como "fiscalización superior de la Federación" y como
"entidad de fiscalización superior de la Federación" a la autoridad encargada
de llevarla a cabo.
VI. Hemos considerado también atendible y positiva la
propuesta en el sentido de que la presidencia de la comisión encargada de la
coordinación entre la Cámara de Diputados y la entidad político diferente a aquél por
el cual haya sido electo el titular del Ejecutivo Federal. En primer lugar, se trata de
una práctica parlamentaria que ya ha sido observada durante la anterior y la actual
legislaturas de la Cámara de Diputados, además de contribuir a materializar en la Ley
Fundamental la independencia y autonomía que deben caracterizar esta función de
Estado.
Se trata, en efecto, de un conjunto de funciones
depositadas en una autoridad con autonomía de gestión que permitan acreditar el recto y
correcto ejercicio de todos los recursos públicos federales, sea que hayan sido asignados
a los Poderes de la Unión o a las entidades públicas del Gobierno Federal, incluso las
no sectorizadas y con autonomía e independencia para el desempeño de sus propias
funciones sustantivas, como es el caso, a modo de ejemplo, del Instituto Federal
Electoral, de la Universidad Nacional Autónoma de México o de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos o sea que se trate de aquellos manejados o utilizados por las entidades
federativas, por los municipios o aun los particulares (debe destacarse que en este
último caso, la facultad revisora y fiscalizadora de la entidad de fiscalización
superior no se extiende a cuestiones fiscales o tributarias, sino solamente a la
verificación del manejo adecuado que sobre fondos o recursos federales lleven a cabo los
particulares).
En conclusión, el ente técnico de fiscalización,
perteneciente a la Cámara de Diputados, estará encargado de revisar y fiscalizar a todas
las personas, físicas o morales, privadas o de carácter público, que manejen recursos
de la Federación; esto incluye, desde luego, la fiscalización de los recursos federales
manejados por los partidos y agrupaciones políticas nacionales.
Sin embargo, no hemos considerado aceptable la propuesta en
el sentido de que la mayoría de los integrantes de la comisión encargada de la
coordinación entre la entidad de fiscalización superior y la Cámara de Diputados,
pertenezca también a un partido político diferente al del titular del Ejecutivo Federal.
De esta manera hemos querido dejar muy claro que dicha función de Estado, como nosotros
entendemos la de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos, no debe ser confundida
con una función en la que puedan prevalecer intereses de partido. De ahí la importancia
de la autonomía de gestión otorgada a la entidad de fiscalización superior de la
Federación.
VII. La naturaleza de las funciones de fiscalización
superior de la Federación hace indispensable dar una esfera de protección jurídica
especial al titular de la entidad correspondiente, lo cual se logra no sólo con el
procedimiento previsto para su designación, sino también para su remoción, en caso de
que ésta fuese necesaria a juicio de la sociedad o de sus representantes.
Es por ello que el presente dictamen recoge la propuesta en
el sentido de que su remoción sólo proceda en los términos previstos en el Título
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VIII. Es importante destacar como una innovación contenida
en las iniciativas que se dictaminan, el hecho de que la función de fiscalización
prevista a nivel constitucional comprenda, a partir de ahora, la verificación de
programas que se darán dentro del marco normativo correspondiente, auditoría de
desempeño, eficiencia, eficacia y economía, incluyendo legalidad y cumplimiento.
La inclusión de estas nuevas actividades dentro del
ámbito de la función de fiscalización superior traerá consigo una variedad de
beneficios, tales como la facultad de verificar y revisar no sólo los ingresos y egresos
al compararlos con lo presupuestado, sino también el desarrollo y el cumplimiento de los
programas, para cuya ejecución se justifican tales erogaciones; asimismo, la posibilidad
de medir la eficiencia y la eficacia en el uso de recursos federales garantizará que
éstos se apliquen de manera óptima y de modo que efectiva y puntualmente contribuyan a
satisfacer las necesidades de la población.
Asimismo, destaca la propuesta de esta dictaminadora en el
sentido de otorgar facultades a la entidad de fiscalización superior de la Federación,
no sólo para fiscalizar en forma posterior los ingresos, los egresos, el manejo y la
aplicación de todos los fondos y recursos federales, sino también para requerir, de
manera excepcional, revisiones durante el ejercicio en curso, siempre que se trate de
situaciones extraordinarias en aquellos casos señalados por la ley.
El ejercicio de esta facultad de verificación, tal y como
lo propone la dictamimadora, se realizaría a partir del informe semestral que se rinda
por parte del ente fiscalizado o bien por circunstancias extraordinarias como las aludidas
en el párrafo anterior. En estos casos, la entidad de fiscalización superior podrá
requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión de aquel o aquellos
conceptos o situaciones que la entidad fiscalizadora considere pertinentes. Si esos
requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, podrá
darse lugar al fincamiento de las responsabilidades que correspondan.
Igualmente, es importante señalar que, de conformidad con
las propuestas contenidas en las iniciativas del Ejecutivo Federal y del grupo
parlamentario de Acción Nacional, se eleva a rango constitucional la facultad de la
entidad de fiscalización superior de la Federación para investigar los actos u omisiones
que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el manejo, gasto, manejo y
aplicación de fondos y recursos federales, así como la de efectuar visitas
domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de los libros y papeles
indispensables para la realización de sus investigaciones, además de la facultad de
determinar daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio
de las entidades públicas federales.
Sobre este último punto, la entidad tendrá la facultad de
promover responsabilidades administrativas ante las autoridades competentes y en los
términos que señale la ley.
IX. La reubicación del numeral del precepto constitucional
correspondiente a la Comisión Permanente, propuesta por el Ejecutivo Federal en su
correspondiente iniciativa, es atendible en sus términos a fin de permitir que en un solo
precepto constitucional se fijen las bases de la organización y funcionamiento de la
fiscalización superior de la Federación.
X. En los artículos transitorios del proyecto de decreto
sometido a la consideración de esta honorable Asamblea en el dictamen que suscribimos, se
proponen una serie de disposiciones que permitirán la aplicación de las modificaciones
constitucionales que sean aprobadas, sin menoscabo de la seguridad y de la certeza
jurídicas en el desempeño de las funciones y responsabilidades cuya normatividad se
propone actualizar.
CONCLUSIONES
1. Se propone modificar la fracción XXIV del artículo 73
constitucional, a fin de ampliar el ámbito de la facultad legislativa del Congreso de la
Unión a todas las leyes que normen la gestión, control y evaluación del sector público
federal y no sólo para expedir la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de
Hacienda.
2. Se propone mantener la fracción II del artículo 74
constitucional, pero con distinta redacción, acorde con la función que tendría el
órgano de la Cámara de Diputados que fungirá como enlace con la nueva entidad encargada
de la fiscalización superior de la Federación.
3. Se propone derogar la fracción III del artículo 74
constitucional, toda vez que en caso de ser aprobada la presente reforma, sus
disposiciones regularían y con mayor amplitud, los aspectos que actualmente están
previstos en el contenido normativo de dicha fracción, como es el caso de la adición que
se propone al párrafo quinto de la fracción IV del mismo numeral, relativo a la
fiscalización superior de la Federación y a la entidad encargada de llevarla a
cabo.
4. En términos del texto propuesto para el párrafo quinto
de la fracción IV del artículo 74, la entidad de fiscalización superior de la
Federación estará en condiciones de revisar la Cuenta Pública de manera tal, que pueda
detectar las discrepancias entre los ingresos y gastos, con los conceptos y partidas de
los presupuestos de ingresos y de egresos.
5. Se propone reunir en el artículo 78 constitucional las
disposiciones relativas a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
6. Se propone adicionar una Sección V al Capítulo II del
Título Tercero de la Ley Fundamental, en cuyo artículo 79 se regularían las nuevas
estructura y funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación. Al
respecto, los artículos transitorios del proyecto de decreto que se pone a su
consideración, regulan las modalidades necesarias para la entrada en vigor de las nuevas
disposiciones.
Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos
mencionados en el previo de este dictamen, la comisión que suscribe somete a la
consideración de este honorable cuerpo colegiado el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se reforman los artículos 73, 74, 78 y 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo único. Se adicionan con un segundo párrafo y
ocho fracciones el artículo 78, con una Sección V el Capítulo II del Título Tercero,
así como el artículo 74 fracción IV párrafo quinto; se reforman los artículos 73
fracción XXIV, 74, fracción II y 79, y se deroga la fracción III del artículo 74 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I a la XXIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
XXIV. Para expedir la ley que regule la organización de la
entidad de fiscalización superior de la Federación y las demás leyes que normen la
gestión, control y evaluación del sector público federal;
XXV a la XXX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de
Diputados:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
II. Coordinarse por conducto de una comisión de su seno
con la entidad de fiscalización superior de la Federación en los términos que disponga
la ley;
III. Se deroga.
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Para la revisión de la Cuenta Pública la Cámara de
Diputados se apoyará en una entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del
examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a
los ingresos o a los egresos con relación a los conceptos y las partidas respectivas del
Presupuesto o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los
gastos hechos se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
V a la VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Artículo 78.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
La Comisión Permanente, además de las atribuciones que
expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:
I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia
Nacional en los casos de que habla el artículo 76 fracción IV;
II. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la
República;
III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir
durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley y proposiciones
dirigidas a las cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que
vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones;
IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la
convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo
necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes.
La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias;
V. Otorgar o negar su ratificación a la designación del
Procurador General de la República, que le someta el titular del Ejecutivo Federal;
VI. Conceder licencia hasta por 30 días al Presidente de
la República y nombrar el interino que supla esa falta;
VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de
ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda,
coroneles y de más jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, en
los términos que la ley disponga y
VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia
que le sean presentadas por los legisladores.
SECCION QUINTA
De la fiscalización superior de la Federación
Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la
Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá carácter técnico, imparcial y con plena
autonomía de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y
resoluciones.
La entidad de fiscalización superior de la Federación
tendrá a su cargo:
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, los egresos,
el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión y
de las entidades públicas federales, incluyendo los recursos de origen federal que
ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares, así como el
cumplimiento de los programas federales, a través del informe semestral que dichos
poderes y entidades públicas rindan en el ejercicio fiscal que corresponda.
De manera excepcional, en los casos en que se presenten
situaciones extraordinarias así consideradas por la ley, podrá requerir a la entidad que
proceda a la revisión de aquel o aquellos conceptos o situaciones que la entidad
fiscalizadora considere pertinentes. Si esos requerimientos no fueren entendidos en los
plazos y formas señalados por la ley, podrá dar lugar al fincamiento de las
responsabilidades que correspondan conforme a los términos de la fracción IV de este
artículo.
La entidad de fiscalización superior de la Federación y
los órganos de control propios de los poderes de la Unión, establecerán los
procedimientos necesarios que les permitan el mejor cumplimiento de sus respectivas
atribuciones.
II. Entregar el resultado de la revisión de la Cuenta
Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 31 de marzo del siguiente año a
aquél en que se haya presentado ésta dentro del informe de resultados de la Cuenta
Pública se incluirá el dictamen de su revisión y el apartado correspondiente a la
fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas que comprenderá los
comentarios y observaciones de los auditados, mismo que tendrá carácter público.
III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna
irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de
fondos y recursos federales y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la
exhibición de los libros y papeles indispensables para la realización de sus
investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para
los cateos y
IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de las entidades públicas federales y fincar
directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias
correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de
otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad, la que se refiere el
Título Cuarto de esta Constitución y presentar las querellas o denuncias penales
procedentes, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.
El titular de la entidad de fiscalización superior de la
Federación será designado por el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que le presente la comisión
encargada de la coordinación entre la propia Cámara y dicha entidad de carácter
técnico; durará en el encargo ocho años y podrá ser reelecto por una sola vez; sólo
podrá ser removido por las causas graves que señale la ley, con la misma votación
requerida para su nombramiento, así como por las causas y conforme a los procedimientos
previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.
Para ser titular de la entidad de fiscalización superior
de la Federación se requiere, además de cumplir los requisitos señalados en las
fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, tener prestigio
profesional, capacidad y experiencia técnica. Durante el ejercicio de su cargo no podrá
formar parte activa de partido político alguno ni desempeñar otro empleo, cargo o
comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones científicas, docentes,
artísticas o de beneficencia.
El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento
administrativo de ejecución y facilitará a la entidad de fiscalización superior de la
Federación los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.Segundo. La entidad de
fiscalización superior de la Federación iniciará sus funciones el 1o. de enero del año
2001. Para tal efecto, el Congreso de la Unión deberá expedir las leyes a que se refiere
la fracción XXIV del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar el 14 de diciembre
del año 2000.
Tercero. En tanto la entidad de fiscalización superior de
la Federación no empiece a ejercer las atribuciones a que se refiere este decreto, la
Contaduría Mayor de Hacienda continuará ejerciendo las atribuciones que actualmente
tiene conforme al artículo 74 fracción IV, de la Constitución, su Ley Orgánica y
demás disposiciones jurídicas aplicables vigentes hasta antes de la entrada en vigor del
presente decreto.
Los servidores públicos de la Contaduría Mayor de
Hacienda no serán afectados en forma alguna en sus derechos laborales con motivo de la
entrada en vigor de este decreto y de las leyes que en consecuencia se emitan.
Una vez creada la entidad de fiscalización superior de la
Federación, todos los recursos humanos, materiales y patrimoniales en general de la
Contaduría Mayor de Hacienda, pasarán a formar parte de dicha entidad.
Cuarto. El encargo del actual contador mayor de Hacienda no
podrá extenderse más allá del 31 de diciembre del año 2000. En caso de que, en
términos de lo que disponga la Ley Orgánica de la entidad de fiscalización superior de
la Federación, fuese ratificado como titular de la entidad de fiscalización superior de
la Federación, desempeñará el cargo únicamente hasta completar el término a que se
refiere el artículo 79 de esta Constitución.
Quinto. La revisión de la Cuenta Pública conforme al
régimen previsto en los artículos que se reforman por este decreto, se hará a partir de
la Cuenta Pública del primer ejercicio fiscal posterior a Ia fecha de entrada en vigor de
la ley que regule la organización de la fiscalización superior de la Federación. La
revisión de las cuentas públicas de ejercicios anteriores a la entrada en vigor de la
ley citada, se efectuará conforme a las disposiciones vigentes en dichos
ejercicios.
Sexto. Conforme vayan entrando en vigor las disposiciones a
que se refiere el presente decreto, se derogan todas aquellas que se opongan.
Sala de comisiones del Palacio Legislativo de San Lázaro,
México, D.F., a 14 de diciembre de 1998.— Diputados: Santiago Creel Miranda,
presidente; Fernando Castellanos Pacheco, Alvaro Arceo Corcuera, Miguel Quirós Pérez,
Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Carlos Medina
Plascencia, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José
Rodríguez Prats, Bernardo Bátiz Vázquez, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez
Cureño, José de J. Martín del Campo, Porfirio Muñoz Ledo, Demetrio J. Sodi de la
Tijera, Eduardo G. Bernal Martínez, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Ricardo Castillo
Peralta, Juan J. García de Quevedo Baeza, Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson
Ramírez, José Luis Lamadrid Sauza, Fidel Herrera Beltrán, Arturo Núñez Jiménez,
Enrique Tito González Isunza, Marcos Augusto Bucio Mújica, Gil Rafael Oceguera Ramos,
Juana González Ortiz y Ricardo Cantú Garza.»
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensan los
trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
| La secretaria
María Martha Veyna Soriano: |
Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento
en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensan todos los
trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Se le dispensan todos los trámites, señor Presidente.
En consecuencia, está a discusión en lo general el
proyecto de decreto por el que se adicionan con un segundo párrafo y ocho fracciones al
artículo 78, con una Sección Quinta el Capítulo II del Título Tercero, así como el
artículo 74 fracción IV, párrafo quinto; se reforman los artículos 73 fracción XXIV,
74 fracción II y 79; y se deroga la fracción III del artículo 74 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta Presidencia informa que se han registrado para la
discusión en lo general los siguientes oradores diputados: María Mercedes Maciel Ortiz,
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Fauzi Hamdan Amad, del grupo
parlamentario de Acción Nacional; Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática; Ignacio García de la Cadena Romero, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra la diputada María Mercedes Maciel Ortiz,
por 20 minutos.
| La
diputada María Mercedes Maciel Ortiz: |
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y
compañeros diputados:
Acudimos en este momento para fijar la posición del
Partido del Trabajo acerca del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para el Partido del Trabajo, en esta Cámara de Diputados
resulta importante establecer formas de control interorgánico, particularmente en los
controles del Poder Legislativo y en especial de la Cámara de Diputados hacia el Poder
Ejecutivo.
Uno de estos controles, tal y como se establece actualmente
en el texto constitucional, es el que se refiere a la existencia de la Contaduría Mayor
de Hacienda como órgano técnico dependiente de la Cámara de Diputados.
Para nuestro grupo parlamentario, es importante fortalecer
las atribuciones de la Cámara de Diputados, en materia de aprobación del gasto público
y en lo que se refiere al control, evaluación y fiscalización del correcto ejercicio de
los recursos aprobados por esta soberanía.
Consideramos que es importante actualizar las normas
constitucionales y legales para lograr los objetivos antes descritos. Sin embargo, para
nadie resulta novedoso el conocer que los recursos públicos no se ejercen conforme a las
autorizaciones presupuestales de esta Cámara de Diputados, y que en muchas ocasiones los
servidores públicos disponen ilegalmente de los mismos.
Aunado a lo anterior, la instancia de fiscalización es
notoriamente insuficiente para establecer las medidas preventivas y correctivas a efecto
de sancionar a quienes abusan de sus funciones.
Además consideramos un gran retraso en los tiempos para la
aprobación de la Cuenta Pública de los ejercicios fiscales que correspondan, ya que esto
se da con posterioridad a la utilización de los recursos aprobados y en caso de que se
pueda fincar responsabilidades a quienes cometieron el ilícito, fácilmente pueden
sustraerse a la acción de la justicia.
Por ello, nosotros, el grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, nos pronunciamos porque el control interorgánico del gasto público se de en el
mismo ejercicio fiscal.
En el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales, se propone reformar la norma fundamental para establecer la
creación de la denominada entidad de fiscalización superior de la Federación, lo cual
obliga necesariamente a modificar otras disposiciones, constitucionales y nos referimos
particularmente al artículo 74 en su fracción II.
Nosotros creemos que el órgano de fiscalización debe
depender directamente de esta soberanía, ya que siendo la Cámara de Diputados integrada
por representantes de la nación, una de sus facultades más importantes consiste en la
aprobación del decreto de presupuesto dé egresos y a la par de ello, debe verificar a
través del análisis y revisión de la Cuenta Pública, la correcta aplicación de estas
partidas presupuestales.
En el dictamen a discusión, se dispone que la Cámara de
Diputados, por conducto de una comisión de su seno, se coordinará con dicha entidad de
fiscalización. Nosotros opinamos que debe de existir una dependencia funcional y técnica
hacia el pleno de esta soberanía y que esta comisión es tan sólo un medio para hacer
llegar al órgano de fiscalización, las opiniones o determinaciones del pleno, como por
ejemplo, instruir la realización de auditorías a determinados programas.
Además nuestro grupo parlamentario no está conforme con
lo que se dispone en el párrafo primero de la fracción I del artículo 79, en lo que se
refiere a fiscalizar en forma posterior los ingresos, los egresos, ya que consideramos que
una efectiva forma de control interorgánica es cuando existe la posibilidad de que dicho
control se dé precisamente en el momento en que el gasto se ejerce.
También estamos inconformes con que la fiscalización que
se propone se dé a través de informes semestrales, pues esto retrasa la detección de
irregularidades a efecto de corregirlas con oportunidad.
Asimismo estamos inconformes con lo dispuesto en el cuarto
párrafo de la fracción IV del propio artículo 79, en donde se establece que el Poder
Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución y facilitará a
la entidad de fiscalización superior de la Federación los auxilios que necesite para el
ejercicio expedito de sus funciones.
Compañeras y compañeros diputados: con el contenido de
este párrafo, se está en franca contradicción con lo que dispone el párrafo primero
del mismo artículo 79, donde se establece que la entidad de fiscalización superior
tendrá plena autonomía de gestión para decidir sobre su organización interna,
funcionamiento y resoluciones.
¿Cómo va a ser autónoma para la ejecución de sus
resoluciones si a fin de cuentas el titular del Ejecutivo aplica el procedimiento
administrativo de ejecución? En todo caso ésta debe de ser una facultad de la propia
entidad de fiscalización para que cuando detecte alguna irregularidad, en ese mismo
momento pueda fincar las responsabilidades correspondientes.
Y en lo que se refiere a los artículos transitorios, no
estamos de acuerdo con lo que se establece en el segundo transitorio, en cuanto a que la
entidad de fiscalización inicie sus funciones el 1o. de enero del año 2001, puesto que
si el motivo que origina su creación es tener mayores controles sobre el ejercicio del
gasto público, entonces no se justifica retrasar por dos años su inicio de funciones.
Por las consideraciones antes expuestas, el grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, votará en contra en lo general del dictamen que se
discute, agregando que sí estamos a favor de la existencia de mayores mecanismos de
control y vigilancia del ejercicio de los recursos públicos, pero no como lo plantea el
dictamen suscrito por la comisión.
En términos de cómo está formulado el dictamen,
constituye una regresión en más de un sentido, ya que como lo hemos demostrado a lo
largo de la exposición, el eliminar la relación de dependencia del órgano de
fiscalización respecto a la Cámara de Diputados, vulnera la facultad de ésta para poder
fiscalizar con efectividad el gasto público. Además el presupuesto con el que cuenta la
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, es superior al presupuesto de la
Contaduría Mayor de Hacienda. Con tan bajos recursos ¿cómo puede desarrollar
adecuadamente su función? Lo que se requiere es no sólo cambiar la denominación al
órgano de fiscalización, sino renovar a la totalidad de sus integrantes para erradicar
vicios ancestrales.
Por su atención, muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Fauzi Hamdan Amad, para
posicionamiento y hasta por 20 minutos.
| El diputado
Fauzi Hamdan Amad: |
Con el permiso de la Presidencia; honorable asamblea:
Me complace sobremanera someter a su consideración el
dictamen por el que se reforman diversos preceptos de nuestra Ley Suprema, para instaurar
la entidad de fiscalización superior de la Federación. Constituye sin lugar a dudas un
hito, un parteaguas en el devenir histórico de la idea fiscalizadora en este país.
Durante más de 175 años hemos venido fiscalizando al
sistema de la gestión pública de manera muy pobre, sumamente limitada. Hoy día se nos
presenta la oportunidad de dar un paso realmente trascendental en esta materia, que
finalmente constituye la esencia de la actividad democrática en el ámbito de la gestión
pública.
Esta entidad que se propone va a tener muchísimas más
facultades que la actual Contaduría Mayor de Hacienda. No sólo se va a limitar a lo que
se llama la glosa del ingreso y el egreso, sino adicionalmente sus facultades sustantivas
van a aumentar, para también verificar, fiscalizar el desempeño, la eficiencia y la
eficacia de toda la actividad pública. Es decir, finalmente la actividad que va a
desempeñar esta entidad es una evaluación integral de la gestión pública del Estado.
Adicionalmente esta entidad va a tener una autonomía
orgánica y funcional propia, una entidad es autónoma pero no necesariamente soberana,
porque nada más lo es el Estado, cuando orgánicamente su estructura de funcionamiento es
propia, no de la manera absoluta como se pretende por algunos pensar, el propio titular
que se propone, que será unipersonal, será nombrado por esta soberanía por dos terceras
partes de los presentes en la sesión correspondiente.
Pero si eso, lo del nombramiento implica carecer de
autonomía, pues entonces tendríamos que decir lo mismo del Instituto Federal Electoral,
del Banco de México, de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos
nombramientos son actos temperamentales del Ejecutivo y Legislativo, en algunos casos por
el Senado y en otros de manera exclusiva por esta Cámara, como en el caso de los
consejeros electorales.
Esa autonomía orgánica, es orgánica porque hecho el
nombramiento, mantiene su inamovilidad ese funcionario por un tiempo que es el plazo de su
cargo, si quisiéramos un ente autárquico, orgánica y funcionalmente, entonces
tendríamos que pensar en un ente soberano y entonces se convertiría en un estado dentro
de otro estado, lo cual creo que no es concebible.
Por lo tanto, el esquema planteado por nosotros en el
dictamen, es que el titular sea nombrado por esta Cámara, pero automáticamente esta
Cámara no va a tener el poder de mando, que es uno de los poderes jerárquicos
fundamentales en la redacción de supraordenación y subordinación. Va a carecer
absolutamente del poder de mando, va a tener en efecto cierto grado de supervisión en el
quehacer formal de su actuación, pero no en el ámbito interno; va a tener una auténtica
autonomía funcional, organizativa, presupuestaria y de acuerdo con la ley que desarrolle
y reglamente estos preceptos constitucionales, su quehacer va a ser autónomo, sin
vinculación con la Cámara.
Por ejemplo, hoy día nosotros le indicamos, la Comisión
de Vigilancia, a la Contaduría Mayor de Hacienda qué entidades ha de auditar. Para la
entidad que proponemos, nuestra propuesta puede ser o no aceptada, pero no es vinculante,
no lo obliga a acatar una propuesta o alguna sugerencia, de ninguna manera; goza de esa
autonomía.
Adicionalmente esta entidad pretende auditar a todos los
entes públicos federales, todos, desde el órgano primario constitucional, Poder
Judicial, esta legislatura, el Poder Legislativo y desde luego el Ejecutivo, pero
primordialmente nos preocupa el Ejecutivo, porque en razón de sus funciones es el que
lleva a cabo la función de aplicación y ejecución de la ley y por ello la actividad de
la conducción de la gestión pública nos merece mayor atención y preocupación, pero no
es excluyente el control a esta legislatura y al propio Poder Judicial. Incluso cualquier
ente público, sea descentralizado o de cualquier otra naturaleza, los propios órganos
autónomos estatales como Banco de México, Instituto Federal Electoral etcétera e
incluso los partidos políticos, por razón de los financiamientos públicos que reciban,
podrá ser fiscalizada por esta entidad de fiscalización superior de la Federación.
En tercer término, a diferencia de como está ahora la
estructura de la Contaduría Mayor de Hacienda, que sólo tiene facultades de pliego de
observaciones, pero no de decisión, la propuesta es que esta entidad se arrogue
facultades de decisión en cuanto a la posibilidad de imposición de sanciones o en cuanto
a la posibilidad de presentación de denuncias y querellas de carácter penal y
constituirse en coadyuvante del Ministerio Público en las materias atinentes a su ámbito
fiscalizador o incluso la de promover el inicio de juicios políticos y concretamente en
la aplicación de sanciones, de imposición de sanciones en todo lo relativo a la
afectación al patrimonio del Estado, subrayo.
Es cierto, lo decía la diputada que me precedió en el uso
de la palabra, que aquí se está señalando que solamente podrá promover otro tipo de
responsabilidades: las administrativas. Sí, pero promover el tipo de responsabilidades
administrativas que prevé por ejemplo el 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, como es la amonestación privada o pública, el apercibimiento, la
destitución o suspensión del cargo, empleo o comisión del servidor público. Esto lo
puede promover directamente la entidad ante la autoridad fiscalizadora, fiscalizada
interna y si no actúa en consecuencia, la propia entidad fiscalizada será objeto de
sanción.
De manera que gozará la entidad de facultades de sanción
plena, de que actualmente carece nuestra Contaduría Mayor de Hacienda. Solamente hace
recomendaciones o en el mejor de los escenarios un mero pliego de observaciones que puede
o no acatar, desafortunadamente, la autoridad fiscalizada.
Igualmente proponemos que el titular sea unipersonal y no
colegiado. ¿Por qué? Porque como lo expone el dictamen, se centraliza en una sola
persona la responsabilidad integral de la conducción de esta entidad.
De ser colegiado tiene dos grandes peligros y vamos a
admitirlo: uno, que puede atomizarse el nombramiento de sus integrantes con actitudes
partidistas proclives; dos, diluirse entre los integrantes del cuerpo colegiado la
responsabilidad.
Pretendemos que siga siendo unipersonal, para que
directamente a ese titular, pueda en todo caso fincársele responsabilidades si actuase
mal.
Esta Cámara no se desvincula de la entidad y sí es cierto
que queda colocada, colocada pero no dependiente, no subordinada ante esta Cámara y ¿por
qué? No por tradición institucional histórica, sino finalmente es la topografía
jurídico-constitucional más adecuada, porque este Congreso, el Poder Legislativo, ejerce
el poder de bolsa integral. Consecuentemente es lo lógico que quede relacionada esta
entidad con el Congreso y particularmente con la Cámara de Diputados; se excluye a la
Cámara de Senadores ciertamente, pero esto como ustedes saben sucedió hace exactamente
21 años, con una reforma constitucional para darle a esta Cámara la facultad de
revisión de la Cuenta Pública.
Adicionalmente, a diferencia de lo que sucede actualmente,
la Cuenta Pública se pretende que se presente en un año a más tardar, de la fecha en
que rinda el Ejecutivo la Cuenta Pública del estado, de la administración pública.
Actualmente el resultado de la gestión pública se conoce
22 meses después de su presentación, esto es, se presenta a más tardar el 10 de junio
del siguiente ejercicio. La contaduría hace lo que acabamos de aprobar o de revisar
porque no se aprueba la Cuenta Pública ayer, un informe previo, pero, ¿con base en qué?
En la mera Cuenta Pública, no hace un análisis, un desglose, una verificación, una
auditoría. Por lo tanto es una quimera la revisión o el informe preliminar que hace.
Estamos eliminando esa fase para que directamente a la
presentación de la Cuenta Pública, se aboque esta nueva entidad a la gestión, a la
auditoría, a la verificación en toda la actividad integral —subrayo—, del
Estado y tendrá un año para rendirlo.
Y también en otra reforma propuesta por separado, no en
ésta, se está, se va a presentar a la consideración de esta Asamblea, que la Cuenta
Pública se presente anticipadamente a más tardar el 31 de marzo del siguiente año
correspondiente al ejercicio fiscal y no como ahora, casi cinco meses 10 días.
También es muy importante que la entidad fiscalizadora no
es una entidad inquisitorial, no se pretende que tenga esa función ¡Qué pobre sería si
nada más tuviese esa función!, es también una entidad de previsión, de dar un alcance
de lo que se llama la evaluación integral de la actividad pública como una medida
preventiva y por ello se está proponiendo por primera vez en el esquema constitucional
mexicano que la revisión de la actividad de la gestión pública no sólo sea ex post,
sino también ex ante, durante el ejercicio que está corriendo la actividad; claro, con
ciertas limitantes y condicionamientos que la misma Constitución en su precepto, en el 79
que se propone señala, ¿cuáles son? Informes semestrales integrales que tendrán que
rendir todas las entidades fiscalizadas, todas, incluyéndonos nosotros.
Dos, a partir de esos informes semestrales, se podrán
llevar a cabo verificaciones. Igual y excepcionalmente podrá haber verificaciones fuera
de los informes en situaciones extraordinarias, excepcionales, por ejemplo una denuncia de
dimensiones especiales que por su trascendencia e importancia merezca el que intervenga la
entidad para verificar y constatar en la dinámica de la actividad de la gestión
pública, esos hechos o esas circunstancias o esos elementos que puedan dar lugar, en todo
caso, a un desvío no sólo de los fondos, sino de la efectividad de la gestión, por
ejemplo, programática, subrayo lo programático, de modo que la entidad fiscalizadora que
se propone para ustedes está realmente y sin el ánimo de hacer comparaciones con otros
países, al nivel más alto de las entidades de fiscalización de cualquier país. Así de
simple.
Ahora falta instrumentar, el transitorio está proponiendo
que entre a más tardar el 1o. de enero del año 2001. También la diputada que me
antecedió en el uso de la palabra decía que era demasiado largo el plazo. Sí, pero la
labor de generar las leyes reglamentarias atinentes a esta materia no se pueden generar al
vapor y de la noche a la mañana, sino son instituciones que hay que crear adecuada y
eficazmente.
Si esto tuviera un tinte político, como subrepticiamente
se pretendiera pensar, esto es una falacia, porque actualmente la entidad fiscalizadora
nuestra vigente en la Contaduría Mayor de Hacienda, goza de facultades si no integrales,
por lo menos sustantivas para poder verificar.
Adicionalmente, si anticipamos un año para que entre en
vigor el 1o. de enero del año 2000, de todas maneras, como está la iniciativa, la
verificación, la fiscalización de la Cuenta Pública iría hasta el siguiente ejercicio
fiscal. Es decir, la Cuenta Pública del año 2001.
Consecuentemente insistimos la conveniencia de dejar en el
tránsito, en la vacacio leyes de dos años para que entre en vigor la nueva entidad, en
razón de estos argumentos que estoy exponiendo.
Por todas estas razones, compañeras y compañeros
diputados, realmente me siento muy orgulloso y complacido de someter a su consideración
este dictamen y solicitar encarecidamente su voto aprobatorio.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Señoras diputadas, señores diputados:
El Presidente de la República envió a la Cámara de
Diputados, en la anterior legislatura, un proyecto para crear una entidad superior de
fiscalización de la Federación.
Propuso entonces que el Presidente nombrara a los
integrantes del consejo de este organismo y la Cámara de Diputados los confirmara.
De entrada, esta propuesta era inaceptable, y lo eran
también otras consideraciones hechas y otras propuestas que contenía la iniciativa del
Ejecutivo.
Como el partido oficial no tenía ya entonces la capacidad
de votar en esta Cámara reformas constitucionales con su voto, con su solo voto, eso
quedó en suspenso.
Ya en esta legislatura se empezaron a revisar todas las
propuestas para la creación de esa entidad superior de fiscalización.
La primera discusión es si se trata de una entidad que
pertenece a la Cámara de Diputados, que tiene la facultad exclusiva de aprobar el gasto y
de revisar la cuenta pública o si debe ser un organismo por encima de los poderes
públicos.
Se ha decidido un híbrido, por desgracia bastante
mediocre, por desgracia. Este híbrido declara que la entidad de fiscalización superior
de la Federación es de la Cámara de Diputados, pero no le asigna a la Cámara ninguna
función para dirigir dicha entidad.
La propuesta nuestra ha sido que se cree un organismo
completamente independiente de los poderes públicos con amplias facultades, que no reciba
órdenes de nadie pero al cual la Cámara pueda vigilar en su desempeño, sin que forme
parte de la Cámara y del Poder Legislativo. Sacarla del Poder Legislativo para darle
facultades mayores, incluso la mismísima acción penal, porque no vemos justificado que
se mantenga como un dogma inamovible el monopolio de la acción penal en el Ministerio
Público.
Investigar los delitos y perseguirlos ante los tribunales
podría ser una función de este órgano en la materia de los ingresos y de los egresos de
la administración pública y de los poderes federales y de todos los fondos federales.
El lívido que se nos plantea dice "que la Cámara
debe coordinarse a través de una comisión con la entidad de fiscalización superior de
la Federación". ¿Y qué cosa es, en términos constitucionales, eso de coordinarse?
¿Qué significa eso?
Van a responder algunos: "lo que diga la ley". La
ley puede decir entonces cualquier cosa, cualquiera.
Miren, es de la Cámara pero la Cámara de entrada ya
constitucionalmente según este proyecto tiene limitaciones enormes. De acuerdo. Pero no
deja de ser de la Cámara.
Pero entonces no se da, no se hace un organismo
independiente, que sería la clave para darle más facultades. La cuestión entonces está
en las facultades. Mientras pertenezca a la Cámara tiene menos facultades. Siendo
independiente tendría más facultades.
Luego entonces el Gobierno que no le quiere dar más
facultades, lo sigue manteniendo dentro de la Cámara. Esta es la cuestión.
¿Cuáles son las nuevas facultades que se le dan? Hay
algunas ciertamente nada despreciables, que admitimos que son avances, pero no suficientes
avances para el estado que guarda la corrupción en este país.
A nosotros nos parece que tienen muy poco sentido esas
auditorías que se realicen porque, no lo son, no son auditorías. Esas revisiones que se
realicen durante el ejercicio. Porque no es la entidad fiscalizadora la que va a hacer la
revisión. Vean el segundo párrafo de la fracción I del artículo 79 en la Gaceta
Parlamentaria, dice "que excepcionalmente en los casos en que se presenten
situaciones extraordinarias, así consideradas por la ley, podrá, el órgano de
fiscalización, requerir a la entidad fiscalizada que proceda a la revisión de aquel o
aquellos conceptos o situaciones que la entidad fiscalizadora considere pertinentes.
O sea que la entidad fiscalizada será la que tenga que
hacer esa revisión exante, como dice el diputado Fauzi, pero no por el órgano
fiscalizador. Nosotros queremos un órgano de fiscalización que no esté en el cuarto
oscuro de la revisión de la cuenta únicamente, sino que tenga la capacidad para revisar
y hacer actuaciones fiscalizadoras durante el año del ejercicio, en la banca de
desarrollo etcétera.
¿Pero qué se dice aquí en la fracción II de ese mismo
precepto que ya mencioné? "Que la entidad fiscalizadora entregará el resultado de
la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara". Solamente el resultado de la
revisión de la cuenta.
¿Y la banca de desarrollo? ¿Y el Banco de México? ¿Y
todo lo que no está en la Cuenta Pública? Eso nos va a seguir pasando completamente de
noche a la Cámara de Diputados. Porque el Poder Ejecutivo se ha opuesto sistemáticamente
a ser fiscalizado durante el ejercicio presupuestal. Porque el Poder Ejecutivo solamente
acepta, históricamente, la revisión de la cuenta y la acción de auditoría del órgano
de fiscalización que se empieza a hacer prácticamente dos años después de terminado el
ejercicio. Este es uno de los grandes problemas que ha tenido la función fiscalizadora en
este país.
Y este híbrido no satisface las expectativas que se
habían abierto, de un órgano auténticamente fiscalizador, independiente, con amplias
facultades. ¿Por qué se requiere un órgano así en este país? Porque el mexicano es un
Estado corrupto. Hay una diferencia entre la corrupción que hay en el Estado, que en
cualquier Estado la hay, se combate más o menos, si o no y cuando estamos frente a un
Estado corrupto, donde el sistema político se articula alrededor del factor de la
corrupción, que es un elemento importantísimo de la política; son entonces dos cosas
diferentes.
Un país como el nuestro, donde el Estado ha sido y sigue
siendo corrupto, requiere de un órgano de fiscalización con inmensas facultades y,
reitero, llegando incluso a la capacidad de la acción penal. Aquí cualquier gobernante
tiene todas las facilidades para poder evadir la justicia, todas, todo está en su favor;
esto es lo que hay que romper.
Se dice que el Ministerio Público debe perseguir la
corrupción, debe hacer las investigaciones y perseguir en los tribunales a los
gobernantes corruptos. Quiero que me digan, ¿cuándo ocurre eso en este país? En México
que es un país donde hay tanta corrupción y el Estado es corrupto, es donde menos
políticos están acusados de actos de corrupción en el mundo entero; ésa es la
realidad, es por desgracia una realidad que golpea la conciencia nacional duramente,
porque no se hace nada, es el caso de ese dinero gastado en Tabasco, como fue en todos los
estados del país...
¡Es el tema de Tabasco, es el tema del órgano de
fiscalización y el tema de Querétaro y el tema del Estado de México y el tema de
Durango y el tema de Chihuahua, todos los demás son los temas del órgano de
fiscalización!
¿Qué hace el Ministerio Público? Recibe una denuncia, la
pasa al Ministerio Público local, el Ministerio Público local es puesto por el
gobernador, que es la persona que está señalada como quien cometió los ilícitos.
¿Qué justicia?, ¿de qué justicia estamos hablando?, ¿de qué fiscalización?, ¿de
qué manera pudimos nosotros ver en el Gasto Público Federal esas cantidades inmensas de
dinero; si en un Estado como Tabasco se gastan 70 millones de dólares, imaginémonos lo
que pasó en el país completo? Y son los organismos descentralizados y es la banca de
desarrollo, es el Banco de Comercio Interior que le costó al país una cantidad
impresionante de dinero y es Nacional Financiera y son todos los bancos que han surgido y
han desaparecido y que han estado en medio de una cantidad de fraudes impresionantes y no
hay justicia, porque el Ministerio Público está politizado, porque el Ministerio
Público ha sido castrado por el poder y ha sido puesto al servicio de los gobernantes!..
Se nos dice entonces que éste es un avance y yo creo que
hay diputados que honradamente creen que es el avance que hoy se puede hacer, pero yo creo
que en cierta forma ésta es una manera de embargar el programa político nacional de
lucha contra la corrupción. Porque si se considera que es el momento de apoyar este
proyecto, de impulsarlo, de llevarlo a la Constitución, que es un pequeño avance, un
pequeñito avance, entonces yo reitero, creo que es una manera de embargar el proyecto
nacional de lucha contra la corrupción y de mandar una mala señal, estamos de acuerdo en
los pequeñitos avances de la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la
corrupción no se puede estar de acuerdo ni se puede uno contentar con pequeñitos
avances, hay que plantear las soluciones más radicales, más a fondo porque ése es uno
de los mayores problemas históricos de México, no es cualquier problema, no es igual que
otros asuntos en los cuales hemos negociado aquí y hemos sacado pequeñas modificaciones
en las leyes.
Ayer hubo decretos que son pequeñísimos avances de
iniciativas que se presentaron, que eran ambiciosas y que nos hemos conformado con el 10%
del proyecto y hemos votado a favor y hemos construido, incluso varios de estos
dictámenes, pero en materia de la corrupción, en materia de la corrupción no podemos
hacer eso, perdón, pero no podemos, ¿por que aceptar el embargo del proyecto nacional
contra la corrupción? Es dar el mensaje a la ciudadanía de que eso al fin ya se
resolvió cuando es mentira; ese organismo no tiene la capacidad para enfrentar a un
estado corrupto, ese órgano que aquí se plantea para que quede en la Constitución, este
híbrido, mediocre, no es el órgano que el país requiere, este país llamado México,
para enfrentar a una inmensa, monstruosa corrupción que forma parte del estado de cosas,
que forma parte del sistema político, que forma parte de la vida cotidiana de la
administración pública, de una gran parte de la empresa privada, de la banca privada, de
la banca nacional etc. etc.; no es entonces asunto de segunda importancia, no se puede
tratar como si lo fuera.
Bien, hay en este proyecto todas las cosas apretadamente
negociadas, ¿la posición de Fauzi cuál era?, que el órgano fiscalizador pudiera
fiscalizar durante el ejercicio, ¿qué le dieron? Que ordenara que la entidad fiscalizada
se fiscalice a sí misma durante el ejercicio.
Bueno, digo yo, no; no se puede luchar así, compañero, no
se puede, aquí no es una cuestión de que tienen que salir cambios porque salgan, si con
la Contaduría Mayor de Hacienda que hoy tenemos, que tiene poco menos de facultad que ese
órgano que se está aquí pretendiendo que se apruebe, el problema mayor yo creo que ni
siquiera ha sido esa Contaduría, sino que la Contaduría Mayor de Hacienda ha sido
históricamente en México la lavandería mayor de Hacienda, eso ha sido.
Porque el Presidente ha puesto al contador y porque todo se
hizo siempre de conformidad con el Ejecutivo. Ahora el Presidente no podrá poner al
contador de este nuevo órgano pero es que ya tampoco puede poner al contador mayor de
Hacienda en la situación en la que tenemos, el problema no está ahí el problema está
en que una vez superada esa desgraciada situación en la que el Ejecutivo ponía al
contador que quería, hagamos un órgano con las más amplias facultades para poder llevar
a cabo una lucha a fondo contra el Estado corrupto.
Yo sé que contra el Estado corrupto hay que dar toda la
lucha política, que es ahí en donde tiene que tronar ese estado, pero los organismos
especializados de la lucha contra la corrupción, seguirán actuando aun después de que
caiga el Estado corrupto porque ha contaminado ese Estado a la sociedad, ha contaminado a
la empresa, ha contaminado a otras instituciones y después de que caiga el Estado
corrupto, tendremos que seguir luchando aún con mayor fuerza contra esa enfermedad que
caló muy hondo, que es la corrupción pública en nuestro país.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Ignacio García de la
Cadena, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
| El
diputado Ignacio García de la Cadena Romero: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras
diputadas; compañeros diputados:
La igualdad, la libertad, la dignidad y la justicia son
valores permanentes y supremos de la vida política y del derecho. La manera de
garantizarlos consiste en separar las funciones del poder público y encomendar su
ejercicio a personas y órganos distintos a fin de evitar la tendencia innata en el hombre
de dominar a los demás.
Nuestro derecho constitucional organizó al poder público
con el doble propósito de impedir el despotismo y absolutismo y asegurar la libertad, la
justicia y la igualdad de los hombres.
Los sistemas de gobierno que surgieron de las luchas de
independencia en América se inspiraron en el modelo estadounidense y tuvieron como
propósito original, como señaló Thomas Jefferson en las notas sobre el Estado de
Virginia, "la lucha por un gobierno que no estuviese fundado sólo en los principios
de la libertad, sino por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal
manera divididos y equilibrados entre las diversas autoridades que ningún poder pudiese
traspasar sus límites legales sin ser eficazmente controlado y restringido por los
otros".
El control en un estado de derecho es un medio y no un fin
en sí mismo. Uno de estos controles lo constituye el que se ejerce por la Cámara de
Diputados para fiscalizar a través de un órgano técnico, especializado, profesional, la
gestión financiera del sector público federal, si el pueblo a través de sus
representantes aprueba los ingresos y los egresos de la Federación que provienen
fundamentalmente de las contribuciones de todos, derecho que se tiene en todo régimen
democrático.
La Cámara tiene igualmente la facultad de controlar
política y técnicamente el ingreso, el gasto, el manejo y la aplicación de los fondos y
recursos federales. La Cámara de Diputados ejerce, a través del análisis de la cuenta
pública, la importante función de valoración de la política general de carácter
financiero en materia de ingresos y egresos y sobre el resultado de la gestión
financiera; al órgano técnico de la Cámara le incumbe una función de carácter
eminentemente técnica, como lo son las actividades de fiscalización, investigación
sobre el manejo y aplicación de los fondos o dineros y de los recursos o bienes
federales, determinación de daños y perjuicios y promoción de las responsabilidades
administrativas y penales. Debe aportar elementos de juicio sustancialmente técnicos a
esta Cámara, a la que corresponde el control político.
La Constitución además prevé mecanismos para ejercer
este control político, como citar a servidores públicos del Poder Ejecutivo y de
paraestatales para que informen sobre asuntos de su responsabilidad; crear, en su caso,
comisiones de investigación del funcionamiento de paraestatales y aplicar, si procede,
juicio político.
En este contexto histórico e ideológico y a partir de la
existencia social de un México a la altura de las estructuras contemporáneas, hace tres
años Ernesto Zedillo envió, en cumplimiento al ofrecimiento público hecho en esta
Cámara a toda la nación en su II Informe de Gobierno, la iniciativa de reformas a los
artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
cuya trascendencia implica el fortalecimiento de la instancia de control externo sobre la
gestión pública de los poderes de la Unión y de las entidades autónomas.
La transformación de la Contaduría Mayor de Hacienda en
una entidad de fiscalización superior ha merecido un amplio debate entre las diferentes
fuerzas políticas de nuestra nación, que involucró las expresiones de académicos,
organizaciones civiles, colegiadas y eruditos en la materia.
El control técnico a través de una entidad de
fiscalización superior ubicada en el Poder Legislativo ha tenido un desarrollo
excepcional en la mayor parte de los países del mundo, independientemente de su grado de
desarrollo y de su forma de gobierno, desarrollo que no ha tenido nuestra actual
Contaduría Mayor de Hacienda, que por diversas limitaciones, entre otras en el marco
constitucional y legal, no ha podido alcanzar los resultados que en otras partes se han
logrado en beneficio del propio Gobierno, de su administración pública y sobre todo de
la sociedad.
Las entidades de fiscalización superior en la actualidad
en casi todos los países tienen a su cargo el control de la actividad financiera
pública, no sólo por lo que se refiere a la glosa de cuentas, sino lo que es más
importante, por la legalidad, regularidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad de las
operaciones financieras y para conocer si la gestión pública se realizó con eficiencia,
eficacia y economía.
En 1997, las entidades superiores de fiscalización de 170
países que forman parte de la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización
Superior, suscribieron la Declaración de Lima, en la cual se señalaba que la finalidad
de los controles externos a cargo de dichas entidades tiene como finalidad señalar
oportunamente las transgresiones normativas y las infracciones de los principios de
legalidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad de las operaciones financieras, de tal
modo que se puedan adoptar las medidas correctivas, determinar las responsabilidades,
exigir las indemnizaciones y hacer las recomendaciones necesarias.
Asimismo, se señala que toda la actividad estatal estará
sometida al control de la entidad fiscalizadora superior, independientemente de que se
refleje o no en el Presupuesto Federal del Estado. Una exclusión del presupuesto no debe
convertirse en una exclusión del control.
Hoy su función principal es la auditoría o fiscalización
de la gestión financiera pública en su integridad y la evaluación de sus resultados,
que comprende el ingreso o recaudación, la administración del patrimonio de los bienes
públicos, el gasto público y en general cualquier manejo de recursos públicos
federales, independientemente de la persona que lo realice.
Como se destaca en la iniciativa del caso, la creación de
la nueva entidad de fiscalización superior de la Federación atiende a un reclamo sentido
de la propia sociedad. Esto es, el origen de la iniciativa se encuentra en la exigencia de
un amplio sector de la población para emprender una reforma profunda al esquema de
control, supervisión de la gestión pública federal; provee de instrumentos más
efectivos de fiscalización del uso honesto y eficiente de los recursos que la sociedad
aporta al gobierno y un oportuno y claro rendimiento de cuentas por parte de los
servidores públicos.
La creación de la entidad de fiscalización superior de la
Federación no sólo resulta indispensable, sino urgente, en virtud de los requerimientos
de nuevas formas jurídicas que permitan institucionalizar un órgano de fiscalización de
toda la gestión pública federal, con las facultades y recursos suficientes para atender
su encomienda y que por su autonomía e imparcialidad por supuestos para su debida
gestión, obtenga la credibilidad y el apoyo de la sociedad al considerarlo un órgano a
su servicio y protección de sus intereses.
En el fortalecimiento de la actual Contaduría Mayor para
convertirse en la nueva entidad, resaltan los siguientes puntos:
Una mayor oportunidad en el proceso de revisión de la
Cuenta Pública, el otorgamiento de plenas facultades de autoridad administrativa para
fiscalizar y sancionar, la más amplia cobertura de auditorías sobre el Gobierno o
empresas y entidades públicas por auditar, fiscalización y verificación del
cumplimiento de los programas, garantías constitucionales y legales para preservar su
autonomía técnica e imparcialidad con las reformas de los artículos 74 y 79
constitucionales, se subsanará la notoria falta de oportunidad con que se revisa la
Cuenta Pública.
Actualmente el inicio del examen de la Cuenta Pública se
realiza seis meses después de concluido el ejercicio; los resultados finales se conocen
todavía 14 meses más tarde. Ahora, serán presentados a más tardar el 31 de marzo del
siguiente año a aquél en que se haya presentado la Cuenta Pública, resultados que
tendrán carácter público y que se comprenderán los comentarios y observaciones del
caso.
La Contaduría Mayor ha sido una autoridad administrativa
formalmente colocada en el Poder Legislativo, en la reforma de 1978 al artículo 74
constitucional, se reafirmó el carácter de autoridad administrativa dándole a la
Contaduría facultades para determinar responsabilidades conforme a la ley, aunque
formalmente fuera parte del Poder Legislativo.
A pesar de ello, actualmente si encuentra irregularidades
por las que se debe fincar responsabilidad por el daño y perjuicio causado a la Hacienda
Pública, tiene que enviarlo en este caso al Ejecutivo Federal para que éste sea el que
sancione. La Contaduría no puede sancionar directamente más que a sus propios servidores
públicos.
De conformidad con la reforma propuesta en la fracción IV
del artículo 79 constitucional, la entidad de fiscalización superior podrá fincar
directamente las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a quienes afecten a la Hacienda
Pública Federal o al patrimonio de las entidades públicas federales y podrá promover
ante las autoridades correspondientes el fincamiento de otras responsabilidades e incluso
presentar las querellas o denuncias penales correspondientes.
Al revisarse sólo la Cuenta Pública, si bien se fiscaliza
a todo el Gobierno o sea, a los recursos presupuestales y el ingreso y gasto público de
los tres poderes, no sucede lo mismo respecto a las entidades paraestatales u órganos
autónomos como el mismo Banco de México, pues sólo se puede revisar aquellas
contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y por tanto reportadas en la
Cuenta Pública, lo que ha significado límites a su cobertura de control externo.
La nueva entidad de fiscalización estará facultada para
fiscalizar en forma superior los ingresos, egresos, el manejo, la custodia y la
aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión y de las entidades públicas
federales, sin ningún límite. Este gozará de plena autonomía de gestión para decidir
sobre su organización interna y funciones.
La entidad sólo estará subordinada a la Constitución y a
la ley, para garantizar objetividades de sus resultados y resoluciones, de otra forma no
funcionaría como una verdadera entidad superior de fiscalización ni llegaría a tener
confianza y credibilidad.
Por eso los priístas nos adherimos a la firme
determinación del presidente Ernesto Zedillo, de que en México prevalezca el estado de
derecho. Por eso nos pronunciamos por una clara y transparente remisión de cuentas, por
un sólido equilibrio y separación de poderes.
Por eso propugnamos porque los resultados de la revisión
de la Cuenta Pública, tengan carácter público, democratizando así el acceso a la
información y procurando herramientas que eliminen nuestros rezagos estructurales en
materia fiscalizadora.
Por todo ello reiteramos nuestro reconocimiento como grupo
parlamentario al esfuerzo vigorizante contenido en las propuestas de los diputados de
Acción Nacional y Revolución Democrática, incluso de un grupo de priístas que hicieron
lo propio; todos ellos en el ánimo republicano del debate que hoy atestiguamos, cuyo
desarrollo, sin duda, concluirá para bien de México.
No podremos acercarnos a la consecución del bien sin que
caminemos con firmeza y energía, sin titubeos en contra de la corrupción. No basta decir
que estamos en contra de ella, es necesario, como ahora, construir los sistemas de control
cada vez más eficaces para detenerla y combatirla en la práctica y cotidianamente.
Combatirla caiga quien caiga, sin detenernos en siglas, partidos o intereses de grupo.
Ningún Gobierno sea cual fuera su origen, puede sobrevivir con este cáncer que
desprestigia, carcome avances aparentemente invencibles, las estructuras sociales y
económicas del país y sistemas cualesquiera que sea su ubicación geográfica y
doctrinaria.
Queremos que se discuta y se debata; pero queremos más que
se combata. Por esta razón votaremos en favor de este dictamen. Contra la corrupción en
la acción y la práctica, todos los días, compromiso de priístas.
Muchas gracias.
Esta Presidencia informa que se han registrado los
siguientes diputados para el primer turno: en contra, Jorge Silva Morales, del grupo
parlamentario del PRD; Gustavo Pedro Cortés, del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo; Bernardo Bátiz y Pablo Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
En pro, el diputado Felipe Cantú Rodríguez, del grupo
parlamentario de Acción Nacional, el diputado Héctor Luna de la Vega, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Edgar Martín Ramírez
Pech, del Partido Acción Nacional y el diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac.
Tiene la palabra el diputado Jorge Silva Morales, por 15
minutos.
| El diputado
Jorge Silva Morales: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras,
compañeros diputados:
Este órgano que el día de hoy se presenta a nuestra
consideración, es un ente muy diferente de lo que el propio Ejecutivo Federal en su
iniciativa hizo llegar a este Poder Legislativo.
El hablaba de un órgano que hiciera fuerte al Poder
Legislativo, que le diera una capacidad de fiscalización, diferente a lo que actualmente
la Contaduría Mayor de Hacienda realiza.
Sin embargo, que este ente que inclusive los propios grupos
parlamentarios no han podido del todo definir exactamente la característica del nombre
apropiado, se ha manejado aquí un órgano superior de fiscalización, una entidad de
fiscalización superior de la Federación, finalmente ha terminado por ser un híbrido, un
ente que ni siquiera puede reforzar más allá las propias funciones que la Contaduría
Mayor de Hacienda realiza en la actualidad.
Y sobre este particular, como secretario de la Comisión de
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda por la fracción legislativa de mi partido,
el PRD, no me siento orgulloso, a diferencia de lo que aquí vino a exponernos el diputado
Hamdan, de una serie de errores que se van a incorporar y que ustedes van a aprobar en la
Constitución Política de los Mexicanos.
Eso yo no creo que pueda hacer a ninguno de ustedes como
legisladores, orgullosos de asumir errores en la Constitución.
Permítanme entonces comentar con ustedes, que las reformas
que el Ejecutivo mismo pretendía de hacer este nuevo órgano una reforma profunda al
esquema de control y supervisión, quedará para otra fecha muy posterior.
Aquí lo que hoy se nos presenta, es un organismo que tiene
muchos errores, ya desde su propio nacimiento. Miren ustedes, se habla aquí que este
órgano pueda realizar auditorías, supervisiones en forma colegiada, inclusive en la
exposición de motivos como pueden ustedes observar, se habla de que esta auditoría
nueva, este órgano realice diferentes revisiones colegiadas que actuarían con plena
independencia e imparcialidad, lo que supone que en la actualidad entonces el órgano de
la Contaduría Mayor de Hacienda, efectivamente si algo no ha llevado es una revisión
profesional, una auditoría profesional y que hasta la propia Comisión de Vigilancia de
la Contaduría Mayor de Hacienda ni siquiera ha respetado la propia ley.
En la Comisión de Vigilancia se acostumbra aprobar los
presupuestos que se presentan para su revisión y el ejercicio trimestral, semestral y
anual de los mismos, sin siquiera hacer de ello precisamente una revisión. Se hacen
revisiones en las rodillas, se hacen autorizaciones para ejercer el presupuesto federal
que tiene asignado la Contaduría, de una manera bastante sui generis, bastante
discrecional y que de ninguna manera entonces se puede decir que este órgano, el actual,
la Contaduría, pudiera tener una supervisión profesional por este Poder Legislativo. De
ello entonces se desprende que este nuevo híbrido no va tampoco a resolver lo que aquí
se nos ha planteado; por el contrario, tendremos diferencias profundas en su
conceptualización.
Ya aquí se marcaba una frase tan simple que metida dentro
de la propia Constitución dará margen a interpretación. La coordinación misma, al ser
parte del proceso administrativo desde sus elementos más simples, deja entreabierta la
posibilidad de que ese nuevo ente se coordine o no se coordine con el Poder Legislativo,
que asuma o no las funciones o las instrucciones que se deberían de derivar de una
vigilancia que actualmente la Constitución si avala que esta Contaduría pueda ser
vigilada y supervisada.
De ello entonces yo quiero exponer a ustedes, si solamente
una parte de un proceso desde la propia planeación, organización, integración,
dirección y control, puedan resumirse a una palabra tan débil en la Constitución, para
solamente "coordinarse".
Y no matizamos exactamente la idea que todos quisiéramos
de un órgano de fiscalización que pudiera dar tranquilidad a este Poder Legislativo, que
es precisamente el encargado de dar aquí la autorización para la iniciativa de Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos y que posteriormente corresponde a este poder su
vigilancia y su fiscalización; por el contrario, tendremos entonces un ente que deja
muchas ambigüedades, deja vacíos en que inclusive dentro de la propia propuesta que
aquí se nos hace, más adelante se pretenda que a través de una comisión que no se
señala, pudiera coordinarse nuevamente la palabra vuelve, para dejar un vacío en su
estructura y en su funcionamiento.
Sin embargo, quisiera yo ser más claro con los artículos
constitucionales, que aquí seguramente aprobarán los diputados del PRIAN.
Miren ustedes: la actual ley en el artículo 73, marca que
esta ley pueda ser expedida por el Congreso referente a la Ley Orgánica de la Contaduría
Mayor de Hacienda. Es clara, es contundente. Sin embargo, la propuesta que aquí se nos
realiza, es que se pueda expedir la ley que regule la organización de la entidad de
fiscalización. Ni siquiera matiza correctamente cuál es la propuesta, aun cuando se
propone en lo genérico qué ente vamos a autorizar aquí.
Y deberíamos de ser más claros si realmente queremos
hacer una propuesta fuerte y firme de un fiscalizador, entonces deberíamos de haberle
agregado la fuerza que ésta necesita y hablo en concreto de que se le debería de dar la
fuerza de la auditoría del desempeño, de la eficiencia, de la eficacia en el manejo de
los recursos federales que se autorizan a todas las entidades del Gobierno.
Sin embargo, solamente una entidad puede hacer esta
función de la auditoría del desempeño y ya la realiza porque lleva cinco auditorías de
esta naturaleza y me refiero a la Secodadm. Aquí se va a dejar entonces que el
fiscalizador del Poder Legislativo tenga muchos grados menor de la misma propuesta que
hacen aquí los diputados panistas para efectos del Presupuesto de Egresos en que
desaparezca esta Secodadm, cuando su propio órgano de fiscalización no tiene ni siquiera
esa función primordial de auditar bajo las nuevas normas de auditoría, de desempeño, de
eficacia y que obviamente nos queda entonces un ente pequeño, un ente enano, con el cual
este Poder Legislativo ni siquiera podrá instruir, porque en otro apartado más dice: se
apoyará.
Ni siquiera se ve entonces la relación de fuerza en la que
ese Poder Legislativo deberá instruir, porque ésa es la función precisamente de que lo
que aquí autorizamos en el gasto, instruyamos entonces cómo vamos a fiscalizarlo y si lo
vamos a fiscalizar, tiene que ser obviamente con la fuerza del Poder Legislativo
instruyendo al órgano, no diciendo que se apoyará. Así de delicado y suave, se apoyará
en un órgano que ustedes van a autorizar hoy.
Pero un error más grave es el hecho de que en el artículo
74 se comenta que de las revisiones que hará este órgano, aparecerán tal vez
discrepancias entre el ingreso y el egreso y que en tal suerte se fincarán las
responsabilidades que en materia de ley corresponda, y me refiero obviamente a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ustedes aprobarán de aquellos funcionarios públicos que
no se sometan a lo que dispone aquí lo que ustedes van a autorizar las diferencias entre
el ingreso y el egreso, se les aplique inmediatamente las responsabilidades que por ley
correspondan. Tendrán entonces que ampararse inmediatamente todos aquellos funcionarios
públicos que vayan a ejercer el Presupuesto de Egresos de 1999. Esos son los errores
señores legisladores que ustedes van a avalar en breve.
También es importante comentar que aun cuando su servidor
hizo la propuesta de que este órgano de fiscalización al convertirse en el hombre:
fiscal, en el hombre auditor, pudiera tener la capacidad de dictaminar y, sin embargo,
queda fuera del principal texto constitucional, la función de dictamen, el dictamen
siendo una de las fuerzas que precisamente resuelve todo ese pliego de observaciones a
final de cuentas, el dictamen que es la única forma de concluir un trabajo de auditoría.
Pero esto queda también fuera de cualquier orden.
Finalmente decirles que no hay una reforma profunda; que es
un órgano de dimensiones menores, de un órgano que no va a representar lo que este Poder
Legislativo requiere.
Si al final de cuentas el PRI tiene lista la cena de fin de
año, que con su pan se lo trague.
Tiene la palabra el diputado Felipe Cantú
Rodríguez, para hablar en pro.
| El
diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez: |
Muchas gracias, señor Presidente:
El trabajo que se viene realizando aquí es precisamente
para darle mayor fluidez al trabajo de la contaduría, cambiándola a un nuevo órgano.
Yo quisiera hacer referencia a lo que tres oradores han
venido a decir a esta tribuna. Primero que nada, en lo que se refiere a la coordinación
que, mediante una comisión, se tiene que hacer, ésta permitirá que no estemos
precisamente para la especialización de funciones, que no estemos los 500 en lo mismo. Lo
que se pretende es precisamente que haya la posibilidad de especializar; eso mismo que
ayer se cuestionaba de la legislación orgánica, eso mismo precisamente es lo que se
busca con esto: que haya alguien especializadamente atendiendo los puntos específicos de
la auditoría y la revisión de las cuentas y de los destinos de los recursos. Para eso se
requiere la comisión.
Si se quiere que haya revisiones ex ante y se dice que no
lo están expresamente determinadas, solamente hay que leer, a contrario sensu, lo que
viene en la fracción I párrafo primero y segundo. El primero habla de fiscalizar en
forma posterior los ingresos etcétera y en la segunda habla de manera excepcional, en los
casos en que se presenten situaciones extraordinarias así consideradas por la ley.
A contrario sensu, está incluida ésta. Pero además, esta
excepción se pone así porque no es posible que con sus más de 500 auditorías que se
realizan sobre el ejercicio, una vez que éste se hizo, es decir, posterior a su
ejercicio, no tendría capacidad un órgano, no acabaría jamás estableciendo auditorías
para todas y cada una, duplicando los esfuerzos antes y después, durante y después del
ejercicio. No tendría ningún sentido.
Respecto a que ésta se haga o entre en vigor dos años
después, la legislación y ya lo hemos visto, vaya que si lo hemos visto en esta
legislatura, no se arma en un día. Se arma con trabajo diario, se arma con las
aportaciones que puedan hacer los propios legisladores y tanto los organismos intermedios
como los ciudadanos y por eso se necesita un tiempo para hacerse.
La Contaduría Mayor, por su parte, deberá de adecuar sus
condiciones, sus capacidades para alcanzar ese estado de transición frente al nuevo
órgano, especialmente a sabiendas de que aquí se acaba de nombrar al flamante titular de
la Contaduría Mayor de Hacienda.
Aquí se dijo que se trata de un híbrido y un híbrido
bastante mediocre. A mí me parece un juicio anticipado. Pero a la vez no me queda claro
qué significaría un órgano autónomo que mantenga una vigilancia por parte de la
Cámara. Finalmente, esto podría catalogarse como híbrido, por esta composición o como
dijo el diputado Jorge Silva, que dice que sería mejor un órgano dependiente de la
Cámara. Evidentemente, esto es una contradicción entre ambos oradores del Partido de la
Revolución Democrática, que sería interesante, si logran ponerse de acuerdo, traer una
sola postura de partido a esta tribuna para poder entenderla claramente.
El efecto del informe de resultados de la cuenta que se
entregue a la Cámara, el diputado Gómez establece aquí, categóricamente que no podrá
de esa manera saberse qué pasa con el Banco de México, con la banca de desarrollo, en
ese informe de resultados.
Yo quiero decir dos cosas a este respecto. Primero que
nada, ésta es la representación popular por excelencia; es el pueblo el que fiscaliza a
su Gobierno, de manera que no debe quedar enteramente desvinculado, pero tampoco
enteramente dependiente, como dijeron los oradores del PRD respectivamente.
El diputado Pablo Gómez omite leer, omite leer la parte
del artículo 79 que mejor le conviene.
En el artículo 79 "que habla de esta entidad de
fiscalización superior de la Federación de la Cámara de Diputados, que tendrá
carácter imparcial y con plena autonomía de gestión para decidir sobre su organización
interna, funcionamiento y resoluciones". Ahí está la autonomía que quería Pablo
Gómez.
En la parte de la fracción I dice: "la entidad de
fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:
Primera. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, los
egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes de la
Unión y de las entidades públicas federales". La banca de desarrollo no sabía, por
lo menos hasta ahora, que hubiera sido una entidad privada. El Banco de México, yo
pensaba que era público, ahora el diputado Gómez nos viene a enseñar que es un ente
privado; yo pensaba que era público.
Incluyendo los recursos de origen federal que ejerzan
entidades federativas, este trabajo que tiene que realizarse presentará y permitirá
revisar hasta el último de los detalles de los recursos. Solamente habrá que tener una
orientación apropiada.
Y luego dice: "incluso hasta de los
particulares".
Y en la fracción III que también el diputado Gómez omite
deliberadamente, dice: "investigar los actos u omisiones que impliquen alguna
irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de
fondos y recursos federales". Evidentemente el trabajo está completo. No se trata de
omitir nada, está ahí. Si un particular ejerce recursos ahí estará la fiscalización.
Si el Banco de México maneja recursos públicos, ahí está la fiscalización. Si lo hace
una dependencia, ahí está la fiscalización. No hay tal omisión.
Si se trata de debatir yo esperaría que se presentaran por
lo menos argumentos sólidos. Basta leer el documento para darse cuenta de que aquí
están contenidas las exigencias del PRD. ¡Si no lo quieren votar, eso es otra cosa!
¡Pero aquí están las propuestas del PRD incluidas! ¡Yo esperaría un poco de
congruencia en ese sentido!
A mí me preocupa el hecho de hacer afirmaciones
categóricas que abarquen el todo y me quiero referir a lo que el diputado Gómez hizo
referencia, afirmando categóricamente respecto al Estado mexicano como corrupto. Esto
naturalmente obliga a que este órgano, que los legisladores aquí presentes integramos,
es un órgano corrupto ¡y yo no estoy de acuerdo con esa afirmación! Lo que se está
buscando, precisamente, es que haya un ejercicio, un equilibrio de los poderes que alcance
a darle la satisfacción a la población. ¡Se está buscando este objetivo!
Para encontrarlo necesitamos el esfuerzo, un esfuerzo que
vamos a necesitar incluir, por supuesto, en la legislación que se está planteando y que
el diputado Silva señala como que debería estar aquí expresamente determinada.
Bueno ¿y entonces la legislación secundaria, la que no
sea la propia Constitución, que no debe tener un poco siquiera de esas facultades?
¡Ahí es donde se tiene que establecer cuales son las
atribuciones, cuales son las consideraciones, cuales son sus facultades y cuales son las
relaciones de esa coordinación que ya establece en la Constitución!
Reiteradamente se ha cuestionado en esta tribuna en
diferentes ocasiones y legislaturas que la Constitución es un parchadero y es un
parchadero en ese sentido cuando se le pone de todo.
A mí me da la impresión de que aquí las cosas que se
dicen no necesariamente atienden a la razón. Un amigo mío, hace muchos años me decía
"que hay quienes traen un discurso embotellado, porque como cualquier vino o refresco
está cerrado. Se transporta a donde uno quiere llevarlo para posteriormente abrirlo y
disfrutarlo". Así, añejo, el discurso de Pablo Gómez vino a destaparse aquí y a
presentarse sin atender siquiera lo que quien le antecedió en el uso de la palabra
explicó y lo que en la propia exposición de motivos de la ley se establecía.
El trabajo entonces es de hacer juicios sobre lo que se
está presentando, no juicios anticipados sobre cosas sobre las que ni siquiera hay razón
y tampoco congruencia ni coincidencia entre los oradores del partido, que ahora quiere
echar abajo este buen trabajo de los legisladores.
Tiene la palabra el diputado Gustavo Pedro Cortés,
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra.
| El
diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: |
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y
compañeros diputados:
En sesiones pasadas vimos nacer aquí al hijo de el
Fobaproa. Hoy vamos a dar cuenta del nacimiento de un órgano nuevo, el órgano inferior
de fiscalización y decimos lo anterior porque para los diputados del Partido del Trabajo
la iniciativa que hoy se discute representa una represión en función de lo que establece
el artículo 74 de la Constitución General de la República. Es facultad de este Congreso
autorizar el Presupuesto de Egresos de la Federación y es facultad de este Congreso
revisar el ejercicio del recurso a través de la revisión de la Cuenta Pública.
Con la propuesta que hoy se hace de reforma al artículo 74
decimos que hay una regresión, porque en la fracción segunda se establece con claridad
lo siguiente, dice: "son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
Fracción II. Coordinarse por conducto de una Comisión de
su seno, con la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los términos que
disponga la ley". En la Ley Orgánica anterior, compañeros, se establece con mucha
precisión cual es la relación que existe entre el Congreso de la Unión y su órgano
técnico. El órgano técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda, es un órgano
subordinado, es el brazo técnico del Congreso a través del cual se realiza la
fiscalización de los recursos públicos y hoy esta fiscalización que se hace, que se
pretende, esta función, esta atribución que tiene el Congreso, que nadie más tiene, se
delega para sólo establecer una relación de coordinación con este nuevo órgano.
Compañeros diputados: la composición de esta Cámara
generó la posibilidad de construir un organismo realmente que garantice la vigilancia de
los recursos. El pueblo de México exige de los diputados una vigilancia al manejo de los
recursos públicos.
En esta tribuna y en otras tribunas se ha denunciado una y
otra vez los malos manejos que se han hecho de los recursos públicos. Hoy entonces, con
este decreto, estamos ante la posibilidad o estuvimos ante la posibilidad de construir un
órgano que realmente vigile el manejo de los recursos públicos. Pero compañeros de
Acción Nacional, fueron ustedes quienes aceptaron la nueva redacción. En la comisión
donde se discutió la redacción si era "coordinación" o "vigilancia"
como estaba en la Constitución originalmente, ustedes aceptaron esta reforma para que hoy
se establezca una relación diferente. El Congreso nombra al contador mayor, pero en su
relación cotidiana sólo se va a coordinar con él.
Compañeros diputados, y me refiero a los compañeros
diputados de Acción Nacional, porque en ellos está la posibilidad de que al aprobarse
este decreto no se pierda esta facultad que tiene el Congreso y con ello no se pierda, no
se reduzca la posibilidad que tenemos de vigilar el manejo de los recursos públicos, es
importante decir que hasta hoy el Congreso no ha asumido su función plena de vigilante de
los recursos públicos. La mejor prueba de que esto es así, es que tiene más recursos,
cuenta con más recursos la Secodadm que la propia Contaduría Mayor de Hacienda.
Entonces, si queremos fortalecer los órganos de
fiscalización, necesitamos que este Congreso no pierda sus facultades y que la
Contaduría Mayor de Hacienda o el nuevo órgano sea un órgano subordinado a este
Congreso, como está originalmente en la Ley Orgánica vigente.
Compañeros diputados de Acción Nacional: en sus manos
está la posibilidad de que al aprobarse este decreto no haya una regresión.
La autonomía del Congreso, el equilibrio de poderes no se
alcanza renunciando o reduciendo sus facultades.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Héctor Luna de la Vega,
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
| El
diputado Héctor Luna de la Vega: |
Señor Presidente; honorable Asamblea:
Después de haber escuchado las intervenciones y
reiteraciones de algunos compañeros de esta Cámara, no puede sino causarme una profunda
preocupación, pero no una profunda preocupación en lo relativo al esquema propuesto a
esta soberanía y en cuanto al dictamen que se ha desarrollado a lo largo de muchos meses
y que ha contado con la participación de todas las expresiones de esta Cámara y que sin
embargo el énfasis ahora expresado de ninguna manera fue sustancia en las reuniones de
trabajo.
Y me causa preocupación porque se establece una serie de
criterios, propuestas y se juzga de manera anticipada y se hace en este momento en que se
presenta el dictamen y no se hizo de ninguna manera con ese mismo vigor, con esa misma
reciedumbre que ahora se pretende expresar y de ninguna manera contamos con esas opiniones
en el momento.
Y digo que me llama la atención porque hay un sinnúmero
de confusiones, confusiones que le da no la impresión sino la certidumbre de que se hace
un análisis muy superficial para tener elementos aparentes de venir a la tribuna y
combatir y debatir e impugnar.
Las argumentaciones dadas han sido absolutamente carentes
de sustancia que de ninguna manera han sido prepositivas; se confunde de manera reiterada
el qué con el cómo y se pretende que nuestra Constitución sea casi el manual de
procedimientos y aplicación de cómo habrá de actuar y cómo habrá de desempeñarse la
entidad superior de fiscalización.
Y digo que me causa preocupación porque también lo digo
con absoluta transparencia, conozco de la calidad de algunos compañeros que han
intervenido en este grupo de trabajo, pero que sin embargo sus aportaciones no fueran con
toda la solidez que pudiéramos haber expresado. Proviene precisamente esta entidad de
fiscalización como producto de las inquietudes de la sociedad mexicana que ha demandado
de manera reiterada fundamentalmente la Constitución y la necesidad de valores, valores
de entre los que nos encontramos de manera radical y de una reiteración ética, ataque a
la corrupción y combate a la impunidad.
Eso es lo que se está ofreciendo, eso es lo que está
establecido que se vincula y se formula en la Constitución, el cómo, lo que no se
entiende de la necesidad del tiempo que requiere y la satisfacción y la solidez de una
ley reglamentaria a este respecto, ese cómo en el que habrá de ser formulado.
Espero entonces sí contar con todas las expresiones de
carácter partidaria, con sus ideas, con sus recomendaciones y con la solidez de los
puntos de vista que esperábamos en este desarrollo.
Se dice, de manera reiterada, que es un híbrido. Que es un
híbrido porque no se alcanza a comprender y que se pretende la secuencia permanente y se
configuren muchos e inumerables órganos de Estado en una pretendida autonomía cuya
autonomía sin embargo habrá de debilitar el equilibrio de poderes y por ello
precisamente se vincula esta entidad de fiscalización al Poder Legislativo.
De esta manera, estamos nosotros permitiendo y dando la
posibilidad de que en la toma de decisiones de la entidad de fiscalización, se tenga la
oportunidad de contar con el respaldo de carácter político para la toma de decisiones
que tomará quien estará al frente de este órgano, de esta entidad de fiscalización.
Se establece también que habrá de tener y evaluar el
desempeño. Muy probablemente no se ha comprendido que al evaluarse los programas, que al
verificarse el cumplimiento de los programas, en ese instante precisamente se está
verificando y se está auditando el desempeño.
Y haré una acotación a este respecto. Los programas no es
sino la cuantificación y la determinación de la temporalidad de las políticas públicas
y de los efectos y los beneficios esperados; los presupuestos son el costo que representa
el cumplimiento de estos programas y en consecuencia la satisfacción de las políticas
públicas. Ese es el instante en donde se está precisamente evaluando el desempeño, ése
es el instante en donde se está calificando y adicionalmente, por la forma de estructura
de los presupuestos públicos, se tiene la oportunidad de vincular la responsabilidad al
contar con presupuestos por áreas de responsabilidad.
Se ubica de inmediato la responsabilidad en el individuo
que incumple o corrompe; se determina también la temporalidad y el avance financiero que
habrá de ser congruente con el avance físico de los programas. Esos dos elementos
evaluatorios quedan en gran parte para ser verificados y ser calificados por esta entidad
de fiscalización.
Adicionalmente quisiera hacer un comentario. Se trata sin
duda de un problema correlacionado con la responsabilidad y con la moral pública y la
moral pública no se satisface ni se cumple de manera mágica nada más porque se tenga un
determinado órgano de Estado y que se califique como un híbrido porque no atiende a las
necesidades o a las demandas específicas o a los criterios de quien propone una
autonomía absoluta.
En 1997 se transforma la Contaduría... 1977 se transforma
la Contaduría Mayor de Hacienda y en 1983 se le dota de los recursos; sin embargo,
continúa acotada. Continúa acotada porque habrá de circunscribirse a la revisión de la
Cuenta Pública y a los elementos en ella contenida; lo que no está expresado en la
Cuenta Pública, no es materia y ha sido motivo de discusión permanente en la Comisión
de Vigilancia, si tiene facultades la Contaduría Mayor de Hacienda o no las tiene para
ejercer una revisión.
Da una posibilidad más amplia; da la oportunidad para que
se efectúe la revisión en todos los entes públicos, trátese de órganos de Estado,
estén contenidas las entidades o las dependencias en cualquiera de los tres poderes y
además se le faculta para hacer revisión en tratándose de recursos de carácter federal
a los municipios y a los gobiernos estatales, sin atentar contra su autonomía ni
transgredir a su soberanía.
Por ello, se han seguido los criterios y recientemente un
grupo de compañeros de esta Cámara han asistido, en el pasado mes de noviembre, a la
reunión de la Intosal, la Intosal, que por sus siglas en inglés, significa Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores.
La propuesta que se hace a esta soberanía es congruente de
manera absoluta y atiende en gran medida el esquema comparado con todas las entidades de
fiscalización de los países más avanzados.
La autonomía de gestión valorada sin excesos facilita su
investidura de amplias atribuciones y recursos, yendo más allá de la limitación de la
revisión de la Cuenta Pública, al facultarle el fincamiento de responsabilidad y la
presentación de querellas y denuncias.
La relación funcional entre la Cámara de Diputados y la
entidad de fiscalización propicia, como ya lo expresé, el equilibrio de poderes, por ser
además esta Cámara quien autoriza el presupuesto de egresos y de manera colegiada la Ley
de Ingresos, ambos elementos sustantivos para el proceso de fiscalización propuesto. Por
ello, la entidad fiscalizadora concibe a los presupuestos fundamentados en programas,
siendo en realidad los presupuestos en el caso del gasto, la determinación del costo de
las actividades, como ya lo expresé.
Por lo anterior, los integrantes del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, propugnamos por las
reformas constitucionales como están previstas y de éstas concluir el marco legal
suficiente para satisfacer la demanda de la sociedad mexicana, de propiciar credibilidad,
certidumbre y confiabilidad y se vea satisfecha la aspiración de instituciones lo
suficientemente sólidas para desarrollar la confianza requerida por nuestra nación.
Es cuanto.
Tiene la palabra el diputado Demetrio Sodi de la
Tijera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en
contra.
| El
diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Yo quisiera que viéramos las modificaciones que están
proponiendo para la Contaduría Mayor de Hacienda, el dictamen que estamos discutiendo, no
en función de una postura política de un partido o de otro, no, es un tema de tal
importancia que no es un debate de sobre si votamos a favor o votamos en contra
simplemente por una cuestión política. Aquí de lo que estamos hablando de hecho no es
de la Contaduría Mayor de Hacienda, de lo que deberíamos estar hablando es de cómo
combatimos la corrupción, de cómo creamos los instrumentos de Estado para combatir la
corrupción, para aumentar la eficiencia del gobierno, de los programas de gobierno, para
garantizar la honorabilidad, la honestidad de los funcionarios públicos y ese es el
debate y ése era el debate en el cual el PRD, en la reunión que sostuvieron donde se
discutió estos cambios, era el debate en que estábamos nosotros, nosotros no hablábamos
nada más de la contaduría, hablábamos ¿y qué pasa con la contraloría?
Y por eso cuando el diputado Pablo Gómez viene aquí y
señala que tenemos, nosotros propusimos la idea de un órgano totalmente independiente,
inclusive de la Cámara, no era para debilitar a la Cámara, era porque era una discusión
que en esto el PAN tiene una demanda de hace muchos años, de cómo eliminamos la
contraloría y cómo la fusionamos con la contaduría, y aquí el gran cambio que
propondríamos nosotros era crear un órgano independiente, realmente independiente, que
vigilara a los tres poderes y por eso decimos que esto es un híbrido, no es mala, es un
retroceso, hay puntos en lo que es un retroceso: lo de vigilar. Nosotros creemos que ahora
este órgano es el único órgano del Estado que nadie lo va a vigilar, hasta al IFE lo
vigila alguien; al Poder Judicial; a las universidades, a todos. A este órgano nadie lo
va a vigilar y creemos que la Cámara tiene y debería de conservar la facultad de
vigilarlo, la facultad de exigirle que hiciera revisiones de ciertos programas, de ciertas
áreas donde creemos que hay malos manejos, donde creemos que hay ineficiencia por parte
del Gobierno.
Entonces, se dan algunos pasos para adelante y se da un
paso también para atrás, en la parte de la vigilancia y por eso nosotros consideramos
que hay que votar en contra, porque se daría la imagen a la población, a la opinión
pública, de que este tema de la fiscalización y de la vigilancia ya terminó y el tema
va mucho más allá de eso. De hecho, si lo vemos en el contexto político en que nos
estamos moviendo, esto es parte de un acuerdo que habíamos hecho fundamentalmente PRD y
PAN para obligar al Gobierno a una agenda legislativa equilibrada y que esa agenda
legislativa tuviera las prioridades del gobierno que era el Fobaproa fundamentalmente y
las prioridades de la oposición que era entrarle en serio, en serio a una reforma
política de Estado.
Y comentando, y no lo digo en plan de crítica, es decir,
bueno, a cambio del Fobaproa, ya se había discutido, vamos a sacar en serio una reforma
política del Estado, una reforma económica, una reforma de los programas sociales porque
es de tal magnitud la necesidad del gobierno de salir del Fobaproa, que aprovechemos la
oposición para el gran cambio político que creemos que necesitamos y un tema central que
es el cambio político es la corrupción, es la autoridad, es la honestidad, es acabar con
la impunidad.
Y entonces la pregunta que uno se hace es ¿con esto
resolvemos el tema o para cuándo lo dejamos? Es decir, ¿cuándo le vamos a entrar a la
Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos? ¿Cuándo vamos a entrar en serio a que
la Contraloría deje de ser ese monstruo dependiente del Estado, dependiente del
Ejecutivo, que tapa todo? ¿Cuándo le vamos a entrar para tener ese órgano con el poder,
con la fuerza, con la facultad de ejercer la acción penal para realmente que no quede en
manos del Ejecutivo todo?
Y esto quedó pendiente, por eso decimos, bueno, ¿es malo
el cambio? No, pero no es el cambio que esperaría el país de la oposición. No es el
cambio que espera el país de una oposición que tiene mayoría en la Cámara, de una
oposición que por primera vez tiene mayoría en la Cámara y que tiene que jugársela por
grandes cambios y aquí entra lo que el otro día discutía y señalaba el diputado
Rodríguez Prats, el gradualismo. Dice: es que el PAN es un partido de cambios graduales;
pero con todo respeto, en un país que esta cambiando con tal velocidad, el gradualismo es
retroceso.
Y en este momento, si creemos que el cambio de esta nueva
Contaduría Mayor de Hacienda con otro nombre es realmente un cambio, yo creo que estamos
dejando de lado el ataque al principal o a uno de los principales problemas que tenemos en
el país, que es la corrupción, que es la impunidad y que es la ineficiencia del
Gobierno.
Por eso en el PRD vamos a votar en contra, porque no es
justo que ahora que tenemos la fuerza política, ahora que el PRI y el Gobierno tendrían
que estar dispuestos a aceptar los cambios, ahora simplemente lo dejemos para ver para
cuándo.
Se ha hablado aquí, y de algunas cosas que se señala que
hay contradicciones en el PRD, ¡no! en el PRD hablamos de un órgano totalmente
independiente de la Cámara de Diputados, totalmente independiente del Poder Ejecutivo;
cancelar la Contraloría, incorporarla en ese órgano independiente, que ese órgano
independiente vigilara a los funcionarios, vigilara los programas y diera informe a todo
mundo con una autonomía total y aquí quedó un órgano dentro de la Cámara, pero la
Cámara no puede ordenarle muchas cosas. Este órgano tiene la obligación de entregarle
el resultado de la Cuenta Pública a la Cámara, nada más.
La Cámara no puede decirle: "yo quiero que mañana
investigues esto". La Cámara no puede decirle: "mira, quiero que digas si este
programa está actuando eficientemente". Más allá del problema de si se pagó bien,
si no hubo corrupción, si se gastó lo que dice el Presupuesto de Egresos que fue
aprobado por la Cámara de Diputados.
Entonces la Cámara tiene un órgano en el cual no tiene
ninguna influencia; e insisto, es el único órgano con autonomía total de todos.
El señor que sea el nuevo auditor, el nuevo contador, ese
hombre a nadie le tiene que dar cuenta y eso no puede ser, siempre cualquier órgano que
existe en el Estado, le da cuentas a alguien.
Entonces cuando se dice aquí que faltamos a la verdad al
decir que este órgano tiene capacidad, función para investigar todo, no puede investigar
todo, pero no tiene que rendirle a la Cámara y a quién le va a rendir. Nosotros queremos
que tuviera la obligación de rendirle a la Cámara de Diputados.
Se dice que hay contradicción, porque por un lado Pablo
Gómez dice que sea un órgano totalmente autónomo y por el otro lado Jorge Silva dice
que no, que sea un órgano de la Cámara. Nuestra propuesta era, en las reuniones que
tuvimos, y aquí sí hubo una propuesta muy clara del PRD, muy clara sobre este tema, una
propuesta que inclusive había, yo diría, por parte del Ejecutivo y en discusiones que
tuvimos con legisladores también del PAN, la posibilidad de avanzar, porque era,
entrémosle a la Contraloría y éste es un tema del PAN de hace muchos años y del PRD.
Es decir, no se trata nada más de cambiar la contaduría, vamos a entrarle a la
Contraloría, a la ley de responsabilidades, al control de los organismos públicos del
Estado, a la integración de los consejos.
Hay todo un programa de austeridad, que era el debate; si
aquí la oportunidad que teníamos, que ya perdimos y la perdemos porque al aprobar esto,
el Gobierno ya después de que le den el Fobaproa, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos, ya, los temas de reforma política, y es otro tema importante que hay que
comentar; cuando hablamos de una agenda equilibrada en las reuniones que tuvimos de
coordinación con el Poder Ejecutivo, se hablaba de muchos temas y ésa es una de las
razones, aunque no venga al caso ahorita relacionarlo con el Fobaproa, fue una de las
razones por las que el PRD no le entró a lo del Fobaproa, porque finalmente si vamos a
entrarle a una reforma del Estado, le entramos a todo, no nada más a lavar las cuentas
malas del Gobierno, que es el Fobaproa. Le entramos a toda la reforma integral del Estado.
Y hoy nos preguntamos: ¿dónde quedaron los otros 15
puntos de la agenda legislativa? La cuestión electoral, que era un tema central, ¿dónde
quedaron?..
¿Dónde quedaron los temas de equilibrio de poderes. La
misma discusión sobre derechos humanos, que se va a hacer probablemente, se estaba
haciendo hace unas horas en la Comisión de Gobernación, pues igual. Nos dan tantito pero
nos dan como si nos concedieran el Gobierno y el PRI los cambios políticos nacionales y
somos mayoría...
Yo sé que muchos no entienden el tema, eso yo lo sé.
| El diputado
Raúl Martínez Almazán (desde su curul): |
Señor Presidente.
Diputado Raúl, ¿con qué objeto?
| El diputado
Raúl Martínez Almazán (desde su curul): |
Señor Presidente: para pedir por su conducto me
permita formularle una pregunta al señor orador.
Señor diputado Demetrio Sodi, ¿acepta usted una
consulta que le quieren hacer?
| El diputado
Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
¡Sí, la acepto!
Sí la acepta, señor diputado. Adelante.
| El diputado
Raúl Martínez Almazán (desde su curul): |
Señor diputado: nosotros venimos observando que el
Partido de la Revolución Democrática está muy inclinado, muy prolijo a crear organismos
autónomos. Quiero recordarle a la Comisión de la Verdad, que intenta suplantar las
facultades que en este momento la ley le confiere a la Contaduría Mayor de Hacienda. Y
hoy nos viene a hablar usted también de un organismo independiente y nos dice usted que
estaría por encima del Poder Legislativo.
Yo les quiero recordar que nuestro sistema constitucional
de división de poderes, corresponde al Poder Legislativo vigilar los dineros del pueblo,
corresponde a nosotros cuidar los dineros del pueblo.
Entonces yo le pediría al señor diputado nos explicara
mejor en qué consiste este organismo independiente, que también pretende crear por
encima de las leyes y de las atribuciones de nuestro sistema republicano que le confiere
al Poder Legislativo.
| El diputado
Demetrio Javier Sodi de laTijera: |
Con todo gusto. El crear organismos independientes no
es una demanda nada más del PRD, ha sido del PAN, también como el caso del IFE, el
Instituto Federal Electoral, donde consideramos que había que excitarlo de alguna
mayoría en la Cámara con el control de los partidos políticos.
Y la situación política que está viviendo el país y que
vamos a vivir en el 2000, donde puede o no darse una alternancia, cosa que no vamos a
decidir, que va a decidir la población, lo que debemos de hacer es desvincular de las
mayorías, la vigilancia, la evaluación de los programas, la persecución de funcionarios
que han operado deshonestamente, quitarlos de cuestiones políticas partidistas y por eso
mismo ante un eventual cambio, una alternancia en el año 2000, independientemente de
quien tenga mayoría en la Cámara de Diputados o en el Senado, la propuesta del PRD, era
de veras una propuesta de Estado.
Nosotros no queremos llegar a la Cámara de Diputados y
llegar en el año 2000 y tener mayoría o quien la tenga y pueda utilizar el órgano de
fiscalización como un órgano de control político y por eso queríamos desvincularnos
totalmente del Congreso y del Ejecutivo, para que tuviese autonomía total, para que
pudiera juzgar al Ejecutivo, pudiera juzgar al Legislativo, sin tener una vinculación
directa.
Queríamos que fuera aparte al margen de los partidos
políticos. Queríamos que la propia Contraloría de la Federación, se limitara a ser un
órgano de control directo del Ejecutivo, pero que todo lo que es la vigilancia de
programas, que no se duplicara con la Contaduría que ahora ya tiene facultades, según
este documento, para vigilar la eficacia de los programas, toda la vigilancia de los
funcionarios públicos, todo el poder hacer demandas y ejercer la acción penal, hacerlo
un órgano totalmente independiente, de otra manera no vamos a combatir la corrupción.
Pues el tema no es el órgano de fiscalización, el tema es
el combate a la corrupción, el terminar con la impunidad, el terminar con la falta de
acción realmente del Estado, para convertirnos en un Estado que garantice ante la
opinión pública, ante los mexicanos, una acción en serio, para acabar con uno de los
más grandes males que tiene el país.
Pues, si había una propuesta concreta del PRD que hicimos
en las mesas, que discutimos. Insisto, no es que veamos en este órgano un retroceso, pero
no vemos el avance que requiere el país. Y por eso vamos a votar en contra, vamos a votar
en contra porque no consideramos que damos respuesta real a una de los principales males
nacionales.
Que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad y
vigilancia del gasto y los programas, los sigue teniendo, los seguiría teniendo, pero el
órgano que lo va a llevar a cabo tendría una autonomía total, totalmente del Poder
Legislativo, pero también del Poder Ejecutivo y no duplicaríamos funciones en varios
órganos, ¿no?
Ya terminó su respuesta. Continúe, el tiempo por
favor.
| El diputado
Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Entonces yo creo que lo que estamos perdiendo y por
eso es, yo creo, el reclamo nuestro, fundamental, la gran oportunidad aprovechando la
necesidad que tenía el gobierno de aprobar el Fobaproa, para cambios de fondo en la
reforma política nacional, para cambios de fondo que garantizaran un combate eficaz a la
corrupción y al fin de la impunidad y este cambio es un cambio gradual, es un cambio que
no responde a él y que desgraciadamente cierra, cuando menos por este sexenio, el
expediente sobre el tema de la corrupción, sobre el tema de la impunidad, sobre el tema
de cuentas de los funcionarios públicos, sobre el tema de la Contraloría, sobre todo el
tema que el mismo Presidente de la República en su informe presidencial habría, cuando
hablaba de una discusión en serio y un acuerdo político en serio para el combate a la
corrupción y el fin de la impunidad.
Yo terminaría simplemente señalando esto: creo que ya
perdimos la oportunidad de los cambios políticos en temas centrales de la oposición en
este sexenio. Creo que lo vamos a lamentar y por eso creo que el haber desperdiciado la
oportunidad teniendo al Gobierno obligado a conceder cambios políticos, por el Gobierno
de motu proprio, por iniciativa propia no va a hacer ningún cambio democrático nacional
ni va a hacer ningún cambio que implique realmente el combate a la corrupción y la
persecución de funcionarios que han actuado en forma deshonesta.
Tuvimos la oportunidad a través de obligarlos por lo que
representaba el Fobaproa para ellos y desgraciadamente nos conformamos con migajas y no
vale. Como posición teníamos la obligación de exigir el máximo y no conformarnos con
un mínimo que no responde a las expectativas que puso el pueblo de México en nosotros
cuando votó por un Congreso y por una Cámara de Diputados independiente.
Tiene la palabra el diputado Edgar Martín Ramírez
Pech, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen.
| El
diputado Edgar Martín Ramírez Pech: |
Con el permiso del Presidente:
Lamento discrepar de quien me antecedió. El tema dice, el
tema no es hablar de la entidad de fiscalización superior de la Federación; el tema es
hablar de la corrupción y ése es el problema de nuestros compañeros legisladores del
Partido de la Revolución Democrática. Siempre quieren hablar de las generalidades, no
hablemos de las soluciones, no hablemos de las propuestas específicas, concretas;
hablemos de los temas generales que nos dan suficiente material para hacer discursos
muchas veces populistas, pero no hablemos de los instrumentos prácticos, concretos,
específicos que pueden ayudar a combatir el problema que es la generalidad.
Y discúlpenme, pero hablar esta noche de la creación de
la entidad de fiscalización superior de la Federación, es hablar de una propuesta
concreta para empezar a solucionar el problema de la corrupción. Así es que hay que
presentar propuestas concretas, no quedarse bordando en el vacío y aquí de eso vamos a
hablar.
Esta noche se presenta a nuestra consideración la reforma
de artículos constitucionales que retoman un viejo anhelo del Partido Acción Nacional:
dar credibilidad a los ciudadanos de que hay en México mejor fiscalización, mejor
supervisión de los recursos que son de todos...
Un momento, señor orador. Dígame usted, ¿con qué
objeto?
| El diputado
Felipe de Jesús Preciado Corona (desde su curul): |
Con objeto de hacer una moción.
Adelante.
| El diputado
Felipe de Jesús Preciado Corona (desde su curul): |
Respetuosamente pido a esta Presidencia que llame al
orden a los diputados que están demostrando un comportamiento muy poco digno de esta
Cámara, señor Presidente.
Se acepta la moción que se presenta y esta
Presidencia invita a los diputados a que guardemos el orden y escuchemos con atención al
orador en turno.
| El diputado
Edgar Martín Ramírez Pech: |
Un viejo anhelo de Acción Nacional es ir
construyendo un instrumento que fiscalice los recursos públicos y que dé certeza al
pueblo de México de que no hay robos, de que nos hay transas, de que no hay despilfarros,
pero que tampoco hay ineficiencia en el uso de estos recursos.
El pueblo ha pedido durante muchos años esto y es que
lamentablemente algo de lo que adolece nuestro sistema político es de la credibilidad de
los ciudadanos y se tiene que dar credibilidad a los mexicanos en sus instituciones,
especialmente de aquellas que se ocupan de garantizarle que los recursos públicos están
siendo bien empleados.
En este dictamen, en este dictamen que recoge iniciativas
presentadas por el Ejecutivo Federal en 1995, iniciativa presentada por Acción Nacional
en 1996 e iniciativa presentada por el PRD en 1997, se empiezan a dar estos grandes pasos;
se empieza a construir un esquema de control y supervisión verdadero de la gestión
pública federal. Un instrumento de fiscalización de uso eficiente y honesto que dé
certeza y que dé cuenta con oportunidad y con claridad, que dé rendimiento de la Cuenta
Pública al pueblo.
Y entonces a este instrumento en este dictamen hoy, hoy se
le da plena autonomía de gestión para decidir y así lo dice el artículo 79, plena
autonomía de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y
resoluciones. Para que este órgano tenga la confianza del pueblo, tiene este tipo de
autonomía, para que ningún partido político representado en la Cámara influya, le
ordene, tenga don de mando sobre este instrumento de fiscalización que se quiere
construir y se tenga certeza de que las cosas se están haciendo con cuestiones técnicas
y no con cuestiones partidistas o por presiones partidistas y que en consecuencia dé esta
certeza a los ciudadanos mexicanos.
Por supuesto que esta entidad es y tendrá que ser, de la
Cámara de Diputados, aun con la autonomía de gestión y la autonomía en su
funcionamiento, sus resoluciones, porque tenemos que recordar que dos de las funciones
primordiales de la legislatura, del Poder Legislativo, una, la creación de leyes, de
legislación y dos, revisar, controlar el ejercicio presupuestal del Gobierno y que esto
además ayuda al equilibrio de poderes.
No puede abdicar esta Cámara de esta facultad y de esta
exigencia que le hace el pueblo, porque aquí representamos todos a los ciudadanos para
hacer leyes y para controlar el ejercicio presupuestal y por eso tenemos un órgano
técnico, que será de la Cámara de Diputados. Pero que tendrá autonomía, autonomía de
gestión y esto cumple perfectamente con que siga perteneciendo en cuanto orgánicamente
esté ligado a la Cámara y al mismo tiempo tenga autonomía para que no haya presiones
partidistas en la investigación de los hechos.
Y esto es así, aunque se le trate de desvirtuar con todos
los argumentos posibles, aunque los argumentos no sean válidos, aunque los argumentos
sean contradictorios. Por una parte se quiere pedir por un diputado, que sea totalmente
separada de la Cámara y otro diputado de la misma fracción parlamentaria viene a
decirnos que tiene que ser dependiente y que la Cámara le tiene que ordenar qué
auditorías hacer. Pónganse de acuerdo, tengan congruencia, no es decir argumentos nada
más por decir, porque aunque sean contradictorios es dar certeza, es dar argumentos
válidos y es dar sobre todo, propuestas.
Vinculación orgánica tiene este órgano que crea este
decreto.
Un momento le solicito al orador.
Sí diputado, dígame usted, ¿con qué objeto?
| El diputado
Alberto López Rosas(desde su curul): |
Sí, señor Presidente, quisiera que le preguntara al
orador si me permite hacerle una pregunta.
Señor diputado Martín Ramírez Pech, ¿acepta usted
la solicitud de una consulta?
| El diputado
Edgar Martín Ramírez Pech: |
Con mucho gusto.
La acepta, diputado, adelante.
| El diputado
Alberto López Rosas (desde su curul): |
Señor diputado, debo reconocer su vehemencia y su
pasión desbordada, que es precisamente lo que usted critica y es de lo que usted hace
gala.
Mi pregunta es la siguiente, señor diputado, de manera
respetuosa. Cuando usted acusa al Partido de la Revolución Democrática de que argumenta
generalidades, yo quisiera preguntarle si está usted consciente que el principio de una
ley es precisamente su generalidad y más si se trata de la Constitución General de la
República.
Y quisiera preguntarle también ¿qué no es labor de los
legisladores precisamente contemplar todos esos aspectos generales para crear las
hipótesis e incluirlas en nuestra Carta Magna, cuando se trata precisamente de una
reforma constitucional?
Muchas gracias por su respuesta.
| El diputado
Edgar Martín Ramírez Pech: |
Con mucho gusto.
Empiezo por contestar. No señor, yo no critico la
vehemencia con que a veces hablan algunos de ustedes, ustedes, legisladores y legisladoras
que a veces es admirable la vehemencia con que hablan. Yo creo que incluso la política es
pasión, la política puede ser vehemencia. Eso no es lo que se les critica. No se les
critica la pasión y la vehemencia que le ponen. La política es eso, pasión vehemencia.
Lo que no es la política es violencia y eso es lo que se les critica, no su vehemencia,
no su pasión, sino la violencia de que son capaces ustedes.
No señores, yo no estoy diciendo o contradiciendo que la
Constitución no tiene que conceder generalidades, no, no es eso lo que dije. Estoy
diciendo que quien me antecedió en el uso de la palabra dijo que lo que habrá que hablar
es de la generalidad, de la corrupción, que es, era el tema y no es cierto. El tema es
una propuesta específica para combatir un problema general. Así que no cambie y por
supuesto que tiene que ser así, porque las especificidades van en las leyes secundarias,
en los reglamentos. Eso se sabe muy bien, señor diputado.
¿Terminó? Adelante, señor diputado.
| El diputado
Edgar Martín Ramírez Pech: |
Por supuesto que este órgano, además, para
fiscalizar debe tener y así lo establece el dictamen, algunas medidas para que sea
independiente del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo proponía en su iniciativa, eso hay
que dejarlo claro, que él propusiera a quienes ocuparan, hablaba de un cuerpo colegiado,
la dirección de este órgano de fiscalización y la propuesta de Acción Nacional es que
fuera electa la persona por las dos terceras partes de esta Asamblea y así queda en el
dictamen. Que tuviera duración de ocho años y que pudiera ser reelecto y que sólo
pudiera ser removido por la misma votación de las dos terceras partes.
Incluye también este instituto fiscalizar los ingresos,
los egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes
de la Unión y de las entidades públicas federales, incluyendo los recursos de origen
federal que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares y aquí
me acuerdo mucho de rescates carreteros etcétera, así como el cumplimiento de los
programas federales.
Y es entonces que esta entidad fiscalizará no solamente la
aplicación, si se llevaron o no el dinero, sino que éste sea utilizado con eficiencia,
que es uno de los reclamos del pueblo de México.
El reclamo nacional no es solamente que no le roben dinero
al pueblo, sino que los dineros se manejen de manera eficiente, se cumplan sus objetivos,
que cumplan sus programas y eso lo establece, por primera ocasión, esta nueva entidad de
fiscalización superior que se pretende crear con este dictamen.
Se eleva también a rango constitucional la facultad de
investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en
el manejo, gasto y aplicación de fondos y recursos federales.
Y también determinar los daños y perjuicios que afecten a
la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de las entidades públicas federales y fincar
directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecunarias
correspondientes para recuperar lo que mal hayan tenido en sus bolsas.
¡En fin, representa este nuevo organismo y tiene este
nuevo organismo varias cualidades, que son las que durante años han exigido los
ciudadanos para tener la certeza de que se cuidan sus dineros y de que se aplican
correctamente! ¡Y de esto es de lo que se trata: de dar soluciones técnicas viables y no
sueños guajiros! ¡Se trata de poner cosas que puedan tener aplicación práctica, reales
y de beneficio para el pueblo, no sueños guajiros, repito, no un catálogo de
proposiciones ideales que nunca tienen concretización!
Y esto es lo que proponemos y esto es lo que seguramente
esta Asamblea en forma responsable habrá de aprobar.
No quiero culminar sin mencionar aquí un argumento que
quien me antecedió en el uso de la palabra esgrimió. Dijo y así lo dijo y se puede ver
en la versión estenográfica, "que no se debería de haber aprobado el Fobaproa si
no habrá a cambio algo" y es que éste es el reconocimiento explícito de que la
propuesta del instituto, presentada por Acción Nacional como dictamen, ¡no fue aprobada
por el PRD no porque no fuera buena, no porque no diera solución, sino porque el tema se
quería utilizar para chantajear, para obtener sin trabajar! ¡Ese es el reconocimiento
que esta noche se ha hecho!
¡Nosotros no queremos tener de rehén a México! ¡No
importa que haya problemas financieros, si esto nos sirve para obtener propósitos
partidistas, no vamos, no presentamos propuesta! ¡Y éste es el reconocimiento! ¡Para
nosotros no, para nosotros está por principio el interés nacional, presentamos
propuestas y ésta fue una y afortunadamente fue aprobada por esta Cámara y también por
nuestra colegisladora!
¡Y que lo demás lo obtendremos, pero no a través del
chantaje, sino a través del trabajo, de la propuesta concreta, como siempre ha sido
Acción Nacional en estos años!
Y por último, se dice muy fácilmente: "es que hay
que exigir una agenda nacional. Hay que aprobar una agenda nacional. Hay que meter los
temas de la agenda nacional". ¡Pero para trabajar en una agenda nacional hay que
trabajar en una agenda nacional, hay que entrar a trabajar, no rehuirle, no rehuir a los
consensos, hay que trabajar! ¡No basta con decir que se quiere, hay que construirlo! ¡No
rehuir como lamentablemente ustedes lo hicieron desde hace muchos meses!
¡Quizá el pueblo pronto los conozca como el partido de la
ruptura diaria!
Gracias.
Tiene la palabra el diputado Pablo Sandoval, que
hablará en contra del dictamen.
| El
diputado Pablo Sandoval Ramírez: |
Compañeras y compañeros diputados:
Quiero decirle al diputado del PRI que me antecedió en el
uso de la palabra..., que sí hemos presentado... ¿O no era del "PRI"? ¿No era
del "PRI"?.. Quiero saberlo. ¡Quiero que me aclaren los diputados del PAN si no
era del "PRI" quien me antecedió en el uso de la palabra!
Nuevamente esta Presidencia solicita a las diputadas
y diputados, que escuchemos la argumentación de quien está haciendo uso de la palabra lo
hagamos con atención y nos ajustemos a un desarrollo de nuestro debate.
| El diputado
Carlos Hernando Sobrino Sierra (desde su curul): |
¡Pido la palabra!
¿Con qué objeto?
| El diputado
Carlos Hernando Sobrino Sierra (desde su curul): |
Pedirle, señor Presidente una moción de orden.
Tenemos varias horas como el día de ayer, trabajando con varios temas que son de urgente
necesidad.
Yo creo que quienes estamos en la audiencia merecemos el
respeto del señor orador, para que entre al tema y se dedique al tema que es el que nos
trae.
Muchas gracias, señor Presidente.
Solicitamos, en base a la exposición del diputado
Sobrino, nuevamente a todos los señores diputados que tomen sus curules y nos dediquemos
a escuchar el desarrollo de este debate, lo hagamos con tolerancia, lo hagamos con
interés, lo hagamos en el marco de nuestro ordenamiento jurídico. La misma invitación
para quien está haciendo uso de la palabra a abordar el tema específico.
Adelante, señor diputado.
| El diputado
Pablo Sandoval Ramírez: |
Sí. Mencionaba que la propia... el proyecto de ley,
menciona con mucha precisión que ha habido la presentación de una propuesta en positivo
del Partido de la Revolución Democrática, es decir, no hay sólo una crítica, no hay
sólo un planteamiento abstracto y general en contra, sino de que hemos tenido propuestas
de iniciativas de ley en positivo en relación con el organismo superior de
fiscalización, por lo tanto a ello me refería en relación con el orador que me
antecedió en el uso de la palabra, de que no hay sustento para su afirmación de que las
posiciones del PRD se reducen a una posición en contra. Hay propuestas en positivo para
establecer un auténtico órgano fiscalizador; éste es el sentido básico de nuestra
propuesta.
Y me referia al planteamiento que ha formulado el diputado
Felipe de Jesús Cantú, a quien me permito por cierto felicitar por su voto en contra del
Fobaproa, que señala que... en el artículo 79 se señala no sólo la posibilidad de
fiscalizar en forma posterior, señala él: "a contrario censu debíamos leer el
párrafo segundo, en donde se señala: de manera excepcional, oígase bien, de manera
excepcional en los casos en que se presenten situaciones extraordinarias, sería el examen
de la gestión en curso, así consideradas por la ley, podrá requerir a la entidad
fiscalizada ..." y ahí interrumpe la lectura, porque se plantea que esta lectura nos
daría la posibilidad de advertir a contrario censu que también en texto de esta
iniciativa se plantea la posibilidad de la revisión del ejercicio en curso.
Pero diputado Felipe de Jesús Cantú, debíamos completar
la lectura con mucha precisión. Se señala: "de manera excepcional en los casos en
que se presenten situaciones extraordinarias, así consideradas por la ley, podrá
requerir a la entidad fiscalizada, debemos advertirlo con mucha claridad, que proceda a la
revisión de aquel o aquellos conceptos o situaciones que la entidad fiscalizadora
considere pertinentes", es decir, no será la entidad fiscalizadora la que ejercite
la función fiscalizadora, este es el texto preciso de la ley. Lo que se señala es que le
pedirá a la entidad fiscalizada que se revise a sí misma. ¿Y entonces la función
fiscalizadora en dónde queda? ¡En el curso de un ejercicio presupuestal fiscal que está
desarrollándose, no hay de ningún modo esa función fiscalizadora!
Diputado, un momento.
Si diputado, dígame usted, ¿con qué objeto?.
| El diputado
Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (desde su curul): |
Gracias señor Presidente. Para pedirle a su
Presidencia si es tan amable en preguntarle al orador si me acepta una pregunta.
Señor diputado Pablo Sandoval ¿acepta usted una
consulta?
| El diputado
Pablo Sandoval Ramírez: |
Sí, desde luego.
Sí la acepta. Adelante.
| El diputado
Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (desde su curul): |
Quisiera saber si usted tiene conocimiento de qué es
lo que tiene que hacer un auditor cuando ya existe una auditoria realizada por parte del
propio organismo. Generalmente existe una regla entre contadores para poder hacer la
revisión y se revisa primero por parte de la entidad que generalmente hace la auditoría;
en este caso si hay un auditor externo o si hay un órgano de control. ¿Esto usted
considera que sería dañino para un proceso de revisión?, es decir, ¿tendría que
entrar de manera directa necesariamente, omitiendo esta regla universal en materia
contable?
| El diputado
Pablo Sandoval Ramírez: |
¡Bueno, puede actuar la contraloría interna, desde
luego!, pero aquí lo que discutimos es la posibilidad de la auditoría externa de
efectuar una revisión en cualquier momento, esto es lo que estamos exigiendo, que no se
contrapone de ningún modo a que haya una iniciativa en actividad de la contraloría
interna, este es el problema básico de que los órganos del poder público puedan ser
sujetos de revisión en todo momento, esto es lo que le daría plena capacidad al órgano
de fiscalización de las finanzas públicas nacionales.
¿Terminó su respuesta?
| El diputado
Pablo Sandoval Ramírez: |
Sí, señor.
Continúe el orador.
| El diputado
Pablo Sandoval Ramírez: |
Desde luego otro de los elementos que le darían
plenos poderes al órgano de fiscalización es el de la posibilidad de la acción penal.
Pido, señor Presidente llame al orden al diputado Machuca,
para que me permita seguir interviniendo.
Le solicito al orador que solamente se dirija usted a
la Presidencia solicitando una moción, permítame que sea esta Presidencia quien invite a
todos los legisladores a que escuchemos el alegato de quien esta haciendo uso de la
palabra, lo hagamos con atención y respeto. Adelante.
| El diputado
Pablo Sandoval Ramírez: |
Precisemos también, presentar las querellas o
denuncias penales procedentes en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale
la ley, como señalaba Fauzi Hamdan, de coadyuvante del Ministerio Público pero no tiene
la posibilidad de la acción penal que es lo que estamos requiriendo también para
asignarles plenos poderes a un órgano de fiscalización y, desde luego, Felipe de Jesús
Cantú necesitamos leer con precisión el texto de la iniciativa.
En el artículo 74 se señala: "para la revisión de
la Cuenta Pública la Cámara de Diputados se apoyará en una entidad de fiscalización
superior de la Federación", es decir, sólo para la revisión de la Cuenta Pública,
es decir, que la Cámara de Diputados no tendrá más posibilidad de plantear a la entidad
de fiscalización superior que es la de la revisión de la Cuenta Pública y no como hoy
tener abierta la posibilidad de auditar a los órganos de la Administración Pública
Federal en su conjunto, de tal manera que hay una reducción de las posibilidades de la
Cámara de Diputados en relación con el órgano de fiscalización y desde luego lo que
aquí se ha señalado, se le excluye las posibilidades de la vigilancia a la Cámara de
Diputados de este órgano de fiscalización.
Es decir, vamos hacia atrás, hoy tenemos una Comisión de
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, esto se va a eliminar ahora. Hay desde
luego avances, aquí han sido señalados, lo reconocemos el fincar directamente a los
responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, es uno de estos
avances pero en general son mayores, más graves, no retrocesos que se establecen en esta
iniciativa y en particular la imposibilidad de la vigilancia de este órgano de
fiscalización.
Por ello hemos dicho que no hay contradicción entre lo que
ha planteado el diputado Gómez del PRD y el diputado Silva también de nuestra fracción,
porque de lo que se trata es de establecer un órgano con plenos poderes para la
fiscalización; no se trata de que la contradicción esté en términos de que advirtamos
a este órgano relacionado con la Cámara de Diputados, supeditado a la Cámara de
Diputados; desde luego si tiene plenos poderes para la fiscalización podemos concretarlo
con mucha precisión en la legislación.
Desde luego, lo mejor sería un órgano nuevo, de carácter
independiente como lo exige la modernidad democrática aquí y en todo el mundo y ahí
está un órgano autónomo como el Instituto Federal Electoral, que lo ha exigido, la
transición democrática; así también podemos erigir un órgano independiente de
fiscalización de los recursos públicos de la nación.
Y no hay contradicción en estas dos posturas, lo esencial
es que efectivamente sea un órgano de fiscalización, dotado de plenos poderes en esta
función y...
Señor diputado, permítame el orador un momento.
¿Si, diputado? Activen el micrófono... está activado. Dígame usted, ¿con qué objeto?
| El diputado
Arturo Saiz Calderón García (desde su curul): |
Señor Presidente, para solicitar por su conducto al
orador si me permite hacerle una pregunta.
Señor diputado, ¿acepta usted una pregunta?
| El diputado
Pablo Sandoval Ramírez: |
Sí, desde luego.
Sí la acepta. Puede usted formularla.
| El diputado
Arturo Saiz Calderón García (desde su curul): |
Señor Presidente.
Perdóneme el orador, pero no he podido entender lo que
usted lleva diciendo o tratando de explicar durante toda su intervención.
Creo que el segundo párrafo del artículo 79 de la
Constitución es clarísimo y en pocas palabras y sin leer el texto, trataré yo de
explicárselo al pleno y aquí se refiere a que una vez que se ha revisado la cuenta, la
cuenta que se tiene que rendir hoy por obligación y que marca la Constitución, cuando la
remite la entidad al órgano de fiscalización, se revisa simplemente, hoy le llamamos
"informe previo", así está visto, y de una simple revisión pueden surgirle
dudas al órgano de fiscalización.
Ahí es donde se refiere a que ella misma haga las
aclaraciones, no que se revise, no que se autofiscalice; se trata de hacer las
aclaraciones en el ejercicio en curso so pena de ordenar la revisión.
Gracias.
Adelante, diputado...
| El diputado
Pablo Sandoval Ramírez: |
Yo no he dicho, de ninguna manera, diputado Machuca,
que el diputado que no haya...
Señor diputado, están prohibidos en el debate los
diálogos, le voy a pedir que se corresponda a la pregunta que le hicieron.
| El diputado
Pablo Sandoval Ramírez: |
No, yo no quiero diálogar con el diputado Machuca,
me refiero a la afirmación que él produjo, en el sentido de que el diputado priísta que
formula la pregunta, al no entender, dice Machuca que es un retrasado. Yo no lo he
planteado en lo absoluto así, me parece que debe merecer todo mi respeto el diputado que
formuló su pregunta... de que considera que no ha entendido la discusión.
Señor diputado, permítame.
Una vez más esta Presidencia, tomando en consideración
las horas que hemos estado ocupados de todos estos importantes asuntos, el interés que
tenemos todos porque sea el debate de la manera más fluida, que sean éstos los asuntos
que realmente nos ocupan y que vayamos tomando las conclusiones que correspondan,
nuevamente esta Presidencia invita a todos, diputadas y diputados, para que le demos
continuidad a este debate.
Adelante, diputado.
| El diputado
Pablo Sandoval Ramírez: |
Muy bien, yo reitero frente a este planteamiento, que
nuestra propuesta es la de un órgano de fiscalización con capacidad no sólo de
fiscalizar en forma posterior los ingresos, los egresos, el manejo, la custodia y la
aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión, sino en el curso del
ejercicio fiscal en marcha. Esta es nuestra propuesta de principio, a lo que se ha negado
el Poder Ejecutivo de manera permanente y un órgano dotado de plenos poderes.
Un momento, señor diputado.
Dígame usted, diputado.
| El diputado
Martín Mora Aguirre (desde su curul): |
Usted ordenó que se detuviera el tiempo cuando
terminó de contestar la pregunta.
No, le quiero yo aclarar a usted, informo, que él
terminó de contestar.
| El diputado
Pablo Sandoval Ramírez: |
No, de ninguna manera, señor Presidente.
¿Está usted contestando todavía la pregunta?
| El diputado
Pablo Sandoval Ramírez: |
Así es.
Si esta aclaración no la hace el orador yo le pido
que el tiempo se detenga hasta que él termine de contestar la pregunta. Yo mismo le
consultaré al orador cuando él termine de contestar la pregunta para efecto de
nuevamente tomar en cuenta el tiempo.
Ajústenlo, si es tan amable.
Adelante, señor orador, siga usted contestando.
| El diputado
Pablo Sandoval Ramírez: |
Bien. Dado que esta posibilidad dotaría al órgano
de fiscalización de plenos poderes, es el planteamiento que ha formulado el PRD para un
cambio sustancial en relación con el problema de la fiscalización de los recursos
públicos y desde luego de un órgano capaz de enfrentar al Estado corrupto en este país.
Por eso cuando aquí se ha mencionado que no es el tema la corrupción en Tabasco, que no
es el tema la corrupción en los procesos electorales, cuando no es el tema de la
corrupción en todos los estados, en mi Estado natal, en Guerrero, yo quiero decirles que
es precisamente el tema, que de lo que se trata es de la instancia institucional del
Estado de México, el órgano superior de fiscalización capaz de combatir la corrupción.
Esto es exactamente el tema y desde luego se trata de dotar a esta instancia de plenos
poderes, ya sea como órgano independiente o como órgano supeditado a la Cámara, pero
dotado de la capacidad para auditar no sólo ex post, sino ex ante en el curso del
ejercicio fiscal en marcha.
Esta es mi opinión, señor diputado.
¿Terminó usted, señor diputado, de responder a la
pregunta?
| El diputado
Pablo Sandoval Ramírez: |
Sí, señor Presidente.
Continúe, señor diputado, con su exposición.
| El diputado
Pablo Sandoval Ramírez: |
Este es el planteamiento del Partido de la
Revolución Democrática para efectuar realmente un cambio en esta instancia y no
configurar un órgano efectivamente híbrido, puesto que no es ni independiente de los
poderes de la Unión, de la Cámara de Diputados, pero dotado de plena capacidad para la
fiscalización ni es tampoco un órgano supeditado a la Cámara con una función
claramente delimitada de fiscalización.
Aquí hay, incluso, insisto, una involución, la Cámara ya
no podrá sino, como lo hemos señalado, acudir ante este órgano de fiscalización para
la revisión de la Cuenta Pública, como se señala en el artículo 74, en forma posterior
solamente y en el curso del ejercicio fiscal correspondiente sólo podrá pedir a la
entidad fiscalizada que proceda la revisión de aquel o aquellos conceptos o situaciones,
se dice, que la entidad fiscalizadora le solicite para los aspectos que considere
pertinentes, pero será la entidad fiscalizada la que se revisará asimismo. No hay pues,
ninguna capacidad de esta entidad fiscalizadora para jugar su función que
constitucionalmente debía tener encomendada.
No hay avance; hay una involución, de ello hemos hablado
como un engendro híbrido y por lo tanto nuestro planteamiento es votar...
Señor diputado, un momento, sí, diputado.
Permítame diputado, me permite usted. Sí, diputado...
Bueno, estamos respetando el tiempo del que dispone para su
intervención el orador. Le agradezco al diputado su aclaración, yo le pido al orador que
continúe.
| El diputado
Pablo Sandoval Ramírez: |
Desde luego la intervención se ha prolongado gracias
a sus solicitudes atentas para precisar aspectos de esta intervención y desde luego estoy
anuente a que si hay alguna otra interrogación podemos ampliar desde luego la propia
intervención.
Lo principal, no se está configurando un órgano
auténtico de fiscalización en el Estado mexicano, es un engendro híbrido que ni es un
órgano independiente de los poderes públicos, tampoco una instancia supeditada a la
Cámara para que ésta cumpla su papel de vigilancia y se le restan facultades a esta
Cámara de Diputados en esta dirección; se restringe la posibilidad de la Cámara de
Diputados para vigilar la actuación de este órgano de fiscalización supuesto que
implica una involución respecto de lo que hoy es la Contaduría Mayor de Hacienda.
Y en lo absoluto configura un elemento de la reforma del
Estado, como lo está planteando hoy...
Señor diputado, permítame; señores diputados:
Tiene todavía cuatro segundos nuestro compañero;
escuchémoslo con atención.
| El diputado
Pablo Sandoval Ramírez: |
Sé que los diputados priístas desean solicitar...
Señor diputado: se le terminó su tiempo. Concluya.
| El diputado
Pablo Sandoval Ramírez: |
Termino, señor Presidente.
Constituye una involución este engendro híbrido y los
llamamos a votar en conciencia en contra con la posición... señor Presidente.
Tiene la palabra el diputado Charbel Jorge Estefan,
para hablar en pro del dictamen.
| El
diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac: |
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros
diputados:
El día de hoy reviste de la mayor importancia para la LVII
Legislatura. Estoy seguro que la iniciativa que seguramente aprobaremos, de dictamen, el
día de hoy, será una de las más importantes de las decisiones que tomaremos en esta
Cámara.
Durante muchos años se ha discutido sobre la
fiscalización de los recursos públicos y sobre la evaluación de la gestión del
Gobierno.
Después de meses de trabajo arduo en la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales...
Permítame, señor diputado.
Esta Presidencia quiere pedirles a los señores diputados
que están conversando, que están en los pasillos de acceso, que por favor tomen su lugar
en las curules. A todos los invita esta Presidencia a que atiendan al orador, que atiendan
el debate. Una vez más esta Presidencia se los solicita.
Adelante, diputado.
| El diputado
Charbel Jorge Estefan Chidiac: |
Decía, compañeros, que hoy quedará marcado en la
historia, como un día de gran trascendencia. Para poder lograr la transformación del
órgano de fiscalización superior —decía—, que durante meses estuvimos
trabajando la Comisión de Vigilancia y la Comisión de Gobernación, consultando con
académicos, con expertos, platicando con ex contadores mayores de Hacienda, revisando las
experiencias internacionales en materia de fiscalización superior y no descubrimos hoy el
hilo negro ni traemos un engendro ni un invento de nuestras propias mentes.
Hoy estamos proponiendo algo que ha funcionado en muchos
países del mundo y que ha sido ejemplo de las transformaciones internacionales en materia
de fiscalización.
El diagnóstico que he oído de todos los compañeros
diputados, es similar. Quienes están en contra del dictamen y quienes estamos a favor del
dictamen, hemos señalado una serie de objetivos a cumplir por el órgano que se pretende
crear con la iniciativa que hoy estamos discutiendo.
Se pretende abatir la corrupción y se pretenden disminuir
las ineficiencias en el Gobierno de la República y en los poderes y entidades; se
pretende dar un fortalecimiento en la facultad de fiscalización de esta Cámara; se
supone y pretende decirse que se busca mayor independencia y autonomía de este órgano y
al mismo tiempo dotarlo de mayor oportunidad en su trabajo. Eso es precisamente lo que
contiene la iniciativa que estamos presentando el día de hoy aquí, ése es el reflejo de
este documento que hoy presentamos.
Quienes siempre ven todo como medio vacío cuando está
medio lleno o probablemente completamente lleno, descalifican esta iniciativa sin ni
siquiera haberse puesto de acuerdo internamente en lo que van a proponer.
¿Cómo podrían estar de acuerdo en votar por un dictamen,
si ni siquiera ellos mismos han podido comprender íntegramente lo que aquí se ha
presentado?
Algunos, a los que no les avisaron los otros que hablaron
aquí, que representaban en el comité que se formó para tomar esta decisión en el seno
de las subcomisiones unidas de Gobernación y de Vigilancia, no les avisaron que otros
compañeros querían que fuera total y plenamente autónomo este organismo y por eso junto
con diputados de otros partidos, vienen a decir que esto es una regresión, cuando
compañeros de su mismo partido nos vienen a decir que regresión es que no sea totalmente
autónomo.
Es claro que existen graves contradicciones en los
planteamientos. Creo que sufrieron de no haber leído la iniciativa que el 24 de abril
presentó aquí el PRD, en esta Cámara de Diputados. Si hubieran leído la iniciativa que
presentó su partido y que sirvió también de fundamento para este dictamen, se hubieran
dado cuenta que mucho de lo que aquí afirman, no lo sostiene su partido en la iniciativa
que aquí presentó.
Déjenme decirles textualmente algo que dice en la
exposición de motivos de la iniciativa que presentó el Partido de la Revolución
Democrática, dice así: "por esta última se reforma sus funciones de órganos de
carácter técnico imparcial y con plena autonomía de gestión sobre su organización,
recursos, funcionamiento y resoluciones, pero dependiente íntegramente de esta Cámara de
Diputados". No es lo que dijo aquí el diputado Pablo Gómez ni el diputado Demetrio
Sodi.
Pero ¡oh! gran contradicción, tiene que ser más
independiente, tiene que ser imparcial y tiene que tener plena autonomía. Pero más
adelante en su propia iniciativa dicen: "en la propuesta que se realiza se busca
fortalecer las funciones de vigilancia y fiscalización del órgano técnico, a la vez que
se refuerza su supeditación al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados a través de
la comisión correspondiente". Esto es proponen una mayor autonomía, una mayor
independencia a la vez que una mayor supeditación a la Cámara de Diputados. Es claro que
esta iniciativa no tenía un diseño, muy claro en este respecto.
Más adelante nos dicen que el desempeño de sus funciones
estará bajo el control de la Comisión de Fiscalización y Vigilancia, lo que quiere
decir que de nuevo se señala la falta de independencia.
Y más adelante señalan que la destitución de este
contador mayor o contralor le llaman, se puede hacer por mayoría simple de la Cámara de
Diputados y no por las dos terceras partes, como lo es su nombramiento, lo que pone en
riesgo también de conceptos de chantajes políticos a quien pueda ser el contador mayor.
Vamos a ver también la autonomía que proponen en su
iniciativa los compañeros del PRD, no puede el contador mayor o contralor aprobar su
presupuesto porque esta facultad se le da a la comisión correspondiente. Tiene que
informar sobre el avance de su presupuesto, tiene que formular y ejecutar programas de
trabajo, para que éstos le sean aprobados por la comisión correspondiente. Puede recibir
órdenes de ese órgano de vigilancia para llevar a cabo sus funciones.
Y peor aún, peor aún, la comisión correspondiente de la
Cámara, establecerá la organización, expedirá el reglamento de esta fiscalía que le
llaman y al mismo tiempo aprobará los nombramientos de todo el personal.
¿Ese es el órgano autónomo, independiente, imparcial,
que al principio de su exposición de motivos señalan? Prácticamente es todo lo
contrario, por eso no me extraña hoy que dos diputados del PRD señalen cosas diferentes
que otros mismos diputados del PRD.
Primero, hay que ponerse de acuerdo y después hay que
exponer las posiciones de las bancadas.
Decirles también que ustedes descalifican a este órgano,
porque dicen que quedó reducido a lo mínimo y textualmente por ahí se decía que era
"un enano". Vamos a ver las funciones que proponía el PRD el año pasado para
este órgano y vamos a ver las funciones que hoy se propone para que tenga el nuevo
órgano de fiscalización superior.
Para que veamos si el "enano" que unos ven con
ojos miopes, es un gigante de la fiscalización que vamos a crear hoy en este país.
De la exposición de motivos: "se busca reducir
considerablemente los plazos entre el fin del ejercicio presupuestal que debe ser
fiscalizado y la fiscalización misma". Hemos señalado aquí que se adelantará al
día 31 de marzo a más tardar del ejercicio siguiente al que se revisa, la entrega de los
resultados de la Contaduría Mayor de Hacienda. Concordamos con la propuesta que presentó
el PRD.
De esta manera se acortan los plazos en los cuales se
inicia y se realiza la revisión. Es verdad, así viene en la iniciativa que estamos
presentando.
Se dice también: "en virtud de las facultades con las
que cuenta esta entidad de promover el fincamiento de responsabilidades ante las
autoridades competentes, en caso de detectar irregularidades en el uso de recursos
públicos". Precisamente es lo que trae la iniciativa que hoy se niegan a votar y que
rechazan ahora, aduciendo que debería tener el ejercicio de la acción penal. Así está
en la iniciativa del PRD. Segundo punto de coincidencia de ese órgano "enano"
que estamos presentando hoy a la consideración del pleno.
Se dice aquí también: "se propone que este servidor
público dé seguimiento tanto a los procesos que inicia como consecuencia de su propia
actividad fiscalizadora, así como aquellos que le sean ordenados a la fiscalía y
Contaduría Mayor por la iniciativa del 25% de los diputados". ¿Dónde está la
autonomía de gestión? No existe esa autonomía de gestión.
Pero dice también: "proponemos modificaciones para
que la presidencia de esta comisión sea ocupada por un diputado surgido del grupo
parlamentario que haya obtenido el segundo mayor número de curules en la
legislatura". En el texto del dictamen que hoy se presenta queda claro que la
presidencia de la comisión correspondiente estará a cargo de un partido de oposición
diferente al partido que ostenta el Poder Ejecutivo de la nación. Tercer punto en que
este órgano "enano" corresponde con la propuesta de la iniciativa del PRD.
Dice también: "esta instancia tendrá la facultad
autónoma del Ejecutivo para proceder a la promoción de la acción penal correspondiente
en los casos que lo ameriten". Efectivamente este nuevo órgano podrá promover la
acción penal ante las autoridades correspondientes. Cuarto punto en que estamos en el
mismo sentido de la propuesta del PRD.
Y luego dice: "la información y documentos
relacionados con el ejercicio del gasto público, sin que pueda existir causa para negar
dicha información a cualquiera de los miembros de esta comisión". Coincidimos en
nuestra propuesta con el PRD.
Y luego se dice aquí: "se propone también que para
el nombramiento del fiscal contralor mayor de Hacienda, la terna propuesta por la
comisión de fiscalización se pondrá a consideración del pleno de la Cámara de
Diputados y se votará requiriéndose dos terceras partes de la votación para su
designación". Así viene en la iniciativa que hoy ustedes pretenden votar en contra.
Y luego dice aquí también que habrá inamovilidad en el
cargo de contralor mayor y que habrá un buen número de años para su funcionamiento.
Pues así viene la iniciativa que el día de hoy estamos presentando.
Por eso es que decimos que no es posible que ustedes
prácticamente rechacen lo mismo que ustedes habían presentado. Sí hay una diferencia de
fondo entre ustedes y nosotros y la diferencia de fondo es que ustedes consideran que el
control político debe ser el control técnico-financiero y de la gestión gubernamental y
no hay que confundir el control político que ejerce esta Cámara de Diputados sobre el
Poder Ejecutivo, con el control técnico-financiero que este órgano dotará a esta
Cámara para evaluar la gestión financiera de la Administración Pública Federal y de
los poderes. De esta manera el órgano coadyuvará para que la Cámara ejerza un verdadero
y eficaz control político, pero no deberá hacerse el control político a través del
órgano de fiscalización.
Ayer ustedes rechazaban una policía federal en donde
decían que tenía un exceso de funciones y atribuciones y que se convertiría en un
monstruo de la policía. Es precisamente lo que ustedes están proponiendo con un órgano
totalmente autónomo y que puede ejercer la acción penal. No se pensó así de esta
iniciativa.
Les diría también que con mucha pena ayer vimos que en
materia de los delitos de cuello blanco, muchos compañeros del PRD se abstuvieron. Han
señalado muchas veces que pretenden castigar a "los divinos" y a "los
lanquenaus" y ayer la mitad de la fracción se abstuvo y cuando se creó la comisión
para los usuarios de los servicios financieros, lo que podría ser un "barzón"
oficial que tanto han promovido, se abstuvo casi toda la fracción parlamentaria del PRD.
Por eso, hoy también están en contra de esta iniciativa,
están en contra del órgano superior de fiscalización en las condiciones que se
presentó. Pero si lo hubiéramos presentado como ustedes hoy proponen, hoy estarían
ustedes proponiendo lo que nosotros estamos proponiendo aquí en esta Cámara. Son el
partido de los antónimos. Cuando el Sol sale para ustedes está oscuro; para nosotros
nunca sale el Sol y siempre está oscuro.
Decirles, decirles para finalizar, que si tanta convicción
tienen en lo que aquí están señalando, sugiéranle al gobierno del Distrito Federal y a
la Asamblea de Representantes, con esa amplia mayoría que tienen, que convierta a la
Contaduría Mayor de Hacienda del Distrito Federal en el no híbrido, sino especializado
órgano que ustedes proponen. Enséñennos a nosotros el camino para la fiscalización y
con esa absoluta mayoría que tienen en la Asamblea, den la muestra a la nación de que
efectivamente saben resolver los problemas. Así háganlo porque creo que eso dará muchos
resultados.
Y decir finalmente que el diputado Sodi, cometió hoy una
confesión muy grave; hoy dijo el diputado Sodi, que el Fobaproa era la gran oportunidad
para obtener concesiones del Gobierno para las propuestas del PRD; hoy vino a decir que
esa oportunidad se perdió en vez de venir a decir que esa gran oportunidad se perdió.
¿Quiere decir entonces que la diputación del PRD vota no
por el interés del pueblo, por sacar adelante la nación, por responsabilidad, sino por
cuánto le va a sacar al Gobierno Federal en concesiones? Esa es la confesión que nos
viene a hacer hoy aquí. Es un acto verdadero de confesión.
Y finalmente decirles a ustedes: tenemos toda la confianza
de que este órgano va a funcionar; tenemos la más plena seguridad de que queremos
combatir la corrupción, Pero nosotros sí estamos haciendo algo y ustedes no están
haciendo nada.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Pido la palabra.
Dígame, diputado Pablo Gómez.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Señor Presidente, de conformidad con la norma
capítulo cuarto del instrumento reglamentario que estamos usando, le solicito la palabra
para responder a las múltiples alusiones personales que han hecho diversos oradores sobre
mi persona.
Compañeras y compañeros diputados: en los términos
del artículo vigésimo de nuestro acuerdo reglamentario para las discusiones, cedemos el
uso de la palabra al diputado Pablo Gómez, para contestar alusiones personales.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Señoras diputadas y diputados:
En relación con la aclaración que ya le hice en lo
personal al diputado Felipe de Jesús Cantú, nunca he dicho que el órgano que se está
planteando en esta iniciativa de este proyecto, no vaya a tener capacidad para fiscalizar
a los organismos descentralizados, al Banco de México o a la banca de desarrollo, lo que
he dicho es que la Cámara no tiene esa facultad en este proyecto. Y creo que cualquier
persona que lo lea se puede dar cuenta de que a la Cámara se le mantiene solamente la
facultad de revisar la Cuenta Pública y no los ingresos y egresos de todos los organismos
que no están dentro de la Cuenta Pública y los que no están sujetos a control
presupuestal no están en la Cuenta Pública.
Segundo: se ha dicho aquí que nosotros no hemos presentado
propuesta, lo dijo el diputado, otro diputado de Acción Nacional. Pero él mismo
mencionó una propuesta y ha venido aquí un diputado del PRI a hablar de una propuesta
que no es la última propuesta que hemos hecho, en efecto hemos hecho varias. No solamente
ésta que ha leído aquí Estefan, en momentos distintos del debate nacional sobre la
fiscalización. La última propuesta me parece a mí que fue bien recibida en Acción
Nacional y también en algunos círculos no precisamente tan abyectos, de carácter
oficial, para examinar la posibilidad de un órgano de carácter independiente.
Lo que nosotros decimos, señor diputado, aunque le cueste
trabajo entender, es lo siguiente: si es de Cámara, que esté subordinada a la Cámara;
si es independiente, por encima de los poderes públicos, que la Cámara mantenga como
respecto del Ejecutivo una relación de carácter normativo y esto lo entiende cualquiera,
esa ha sido nuestra posición.
Ahora, nos inclinamos en las conversaciones más recientes
porque fuera un órgano independiente...
Permítame, diputado Pablo Gómez.
Dígame, diputado.
| El diputado
Jeffrey Max Jones Jones (desde su curul): |
Gracias, señor Presidente:
Quisiera, por su conducto, si fuera tan amable de
preguntarle al orador si me acepta una pregunta.
Diputado Pablo Gómez, ¿acepta usted una pregunta?
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
¡Sí, la acepto!
Adelante, diputado.
| El diputado
Jeffrey Max Jones Jones (desde su curul): |
Muchas gracias.
Yo quisiera decirle si conoce y nos puede informar cuál es
la definición de esa Cuenta Pública que dice usted que no tiene por qué incluir estos
puntos específicos que dice que se quedarían fuera. Cuál es la definición de Cuenta
Pública.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Sí, como no, con mucho gusto. Mire usted, la Cuenta
Pública es el informe que rinde el Ejecutivo anualmente a la Cámara de Diputados,
respecto del ingreso-gasto referido al presupuesto.
Desgraciadamente se han dejado fuera de los controles de
Cámara a una serie de organismos que son muy importantes, especialmente la banca de
desarrollo.
En estas negociaciones, quiero aclararle, diputado, en
relación con el órgano de fiscalización, habíamos llegado inicialmente, con el señor
Gurría, a un acuerdo. Me refiero a la bancada del PRD que tuvo una conversación muy
larga, una conversación digamos de seis horas continuas sobre estos temas con el señor
Gurría, en la cual él ya había aceptado, había una cantidad de funcionarios y de
diputados, de señores y de señoras diputadas en una conversación.
En esta conversación, el secretario Gurría había
admitido que no la Cámara, porque la propuesta no era respecto específicamente la
Cámara, sino el Congreso, el Congreso recibiría un informe del Banco de México y haría
un dictamen respecto de ese informe del Banco de México.
Cuando vinieron las rupturas en relación con el Fobaproa,
ésa y otras propuestas relacionadas con la fiscalización, diputado, fueron olvidadas
completamente por el Gobierno. Propuestas originalmente del PRD, aceptadas, en principio,
por el Gobierno y aceptación que fue, repito, retirada cuando vino la ruptura del asunto
tan importante y fundamental para nosotros y para el país, llamado el Fobaproa.
Entonces, cuál es la situación actual de hecho. Dentro de
la Cuenta Pública, diputado, no se encuentra la banca de desarrollo y no se encuentra el
Banco de México. No se ha encontrado nunca el sector financiero del Estado. Esto ha
estado fuera de la revisión que hace la Cámara de Diputados.
Segunda cuestión. Si el proyecto de decreto que ustedes
nos presentan está diciendo, diputado, que, dos cosas. Primero, en el artículo 74, que
restringe a la Cámara de Diputados para la revisión de la Cuenta Pública nada más y no
en general la gestión financiera del Estado y los ingresos y los gastos, sino solamente
la cuenta, primero.
Segundo: que el órgano de fiscalización que sí podrá
fiscalizar a la banca de desarrollo, él sí, sólo tiene la obligación, y esto es
limitativo en el proyecto que se está consultando en este momento a la Cámara, es
limitativo, de presentar a la Cámara el informe sobre la Cuenta Pública.
Por lo tanto, primera cuestión, diputado, este proyecto
vuelve a dejar otra vez fuera del control de la Cámara a estos organismos tan importantes
y que tienen mucha relación, por cierto, con los fobaproas y otras dulzuras, tracalerías
y fraudes por el estilo.
Entonces no podemos estar de acuerdo con eso, pero tampoco
estaban ustedes de acuerdo, señores del PAN. Y quiero aclararle, diputado, en relación
con la pregunta que usted me hace, que estábamos completamente de acuerdo y aquí está
el diputado Fauzi, de que el órgano fiscalizador tenía que tener derecho a hacer
actuaciones fiscalizadoras en casos necesarios durante el ejercicio, durante el ejercicio
presupuestal.
¿De qué tamaño es el ejercicio presupuestal? Pues eso lo
dice la Constitución, diputado. Dice que el presupuesto es anual, no puede ser
trimestral, no puede ser semestral. Es forzosamente anual, la Constitución misma lo
define.
Entonces ahí nos habíamos atrincherado en la negociación
con el Gobierno. Luego el Gobierno hizo una pirueta y nos propone que el organismo
fiscalizador le ordene al fiscalizado que revise sus propias cuentas.
Entonces, diputado, ya no estamos hablando de la acción
del fiscalizador. El fiscalizado de todas maneras tiene que llevar sus instrumentos de
auditoría, de control interno o de auditoría externa, pero eso es independiente de la
función del órgano fiscalizador y con eso doy por terminada la respuesta, creo yo, a la
pregunta que usted me ha hecho.
Ha terminado su respuesta. Continúe diputado.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Gracias, señor Presidente:
Esto es en relación con las cuestiones quizá un poco
técnicas pero me parece que en el fondo políticas. En síntesis diría: si el órgano
depende de la Cámara y está dentro del Poder Legislativo debe ser un órgano que le
sirva a la Cámara plenamente y que reciba por lo tanto de la Cámara las observaciones e
instrucciones que sean necesarias.
Si es autónomo, como lo propusimos finalmente nosotros,
nos fuimos más por esa opción y a algunos panistas por cierto les gustaba más esa idea.
Entonces pues debe ser absolutamente independiente y nosotros a través de la ley y del
decreto podemos influir en las decisiones procedimentales y determinadas acciones, aunque
no en la interpretación y en el fondo y en el ejercicio de facultades básicas de ese
órganos fiscalizador.
Este fue el planteamiento y fue rechazado finalmente. Muy
bien. Nada más que aquí tenemos un problema, si hemos dicho que este dictamen no, vamos,
no es lo que se está proponiendo algo peor que el sistema que tenemos de contaduría. Lo
que estamos diciendo es que esto no resuelve el problema, que el problema en sí es
subsistente, se mantiene. Va a seguir el problema de la fiscalización. Ese es el
"mensaje" que queremos dar con nuestro voto en contra.
Con esto no se resuelve el problema. Tenemos que dar más
pasos hacia adelante. Esto no nos satisface, no para un país como México, puede
funcionar para otro país que no tenga la característica a la que yo me referí en mi
exposición general respecto de la corrupción en México.
Entonces en eso estamos. No estamos condenando el dictamen,
estamos criticando varias partes del dictamen y estamos diciendo: "esto no es lo que
el país en este momento reclama, necesita, por todos conceptos, porque seguimos teniendo,
ojalá poco tiempo, un Estado corrupto en este país".
Tiene la palabra el diputado Carlos Arce, que nos la
solicitó para rectificación de hechos, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
| El
diputado Carlos Francisco Arce Macías: |
Gracias, señor Presidente:
Realmente me da cosa estar aquí y venir a llamar la
atención sobre las cuestiones técnicas que se han abordado en contra del Partido de la
Revolución Democrática. Creo que no se merecen estas críticas tan agrias que han
recibido en esta ocasión.
Por eso vengo a rectificar hechos de mi bancada, de
Ramírez Pech que se equivocó. Se equivocó en el sentido de decir que no hubo propuestas
del PRD. En 1997, como lo dijo Pablo Gómez, ciertamente hubo propuestas del PRD. Sí, es
cierto que hubo propuestas del PRD.
El problema es que ya se las deshicieron. Caramba, da pena
venir a reforzar lo que dijo Estefan Chidiac y volver a reforzar una cuestión
verdaderamente pasmosa en como dejó las propuestas del PRD.
Yo si te digo Ramírez Pech que hubo propuestas y que a
Estefan le faltó, por ejemplo, una muy importante, una propuesta en donde el PRD propone
el examen, discusión y aprobación de un Programa Trianual de Gasto, Ingreso y Deuda
Pública Federal, así como los Criterios Trianuales de Política Económica que lo
sustenten, además del examen y discusión anual de los Criterios Generales de Política
Económica que debe presentar el Ejecutivo mediante una nueva obligación expresa.
Programas trianuales hoy que en esta Cámara vivimos
problemas presupuestales tan graves como los precios del petróleo que cambian día a
día, como las tasas que cambian constantemente, con una economía globalizada y dinámica
y el PRD, Ramírez Pech, proponía precisamente una propuesta trianual, casi como la
quinquenal de la política leniniana o staliniana; así han de ver visto la cuestión
económica los amigos del PRD.
Por eso te equivocaste Ramírez Pech, te equivocaste y ve
que sí hay propuestas, lastima que las propuestas verdaderamente no tengan ni ton ni son
en este momento.
No, el problema, Ramírez Pech, es que falta talento, es
que falta talento de nuestros compañeros del PRD para ajustar verdaderamente propuestas
que puedan llevarse adelante y que puedan servir en estos momentos al país. No hay
arquitectura jurídica, ¡falta arquitectura jurídica!
Permítame el orador.
¿Sí diputado? Permítame.
Activen el sonido. ¿Dígame diputado?
| El diputado
Alberto López Rosas (desde su curul): |
Señor Presidente. Solicito por su conducto se
pregunte al orador si me permite una pregunta.
Señor diputado Arce, ¿acepta usted una pregunta?
| El diputado
Carlos Francisco Arce Macías: |
Sí señor.
Sí la acepta, puede usted formularla.
| El diputado
Alberto López Rosas (desde su curul): |
Muchas gracias.
Al atribuirle a su compañero de bancada que se equivocó,
¿reconoce que al PAN le falta información respecto al PRD?
Gracias por su respuesta.
| El diputado
Carlos Francisco Arce Macías: |
Probablemente sí le falta información sobre el PRD,
pero qué bueno que le falte un poco de información como esto a mi compañero Ramírez
Pech, porque no les pudo decir todo esto y realmente hubieran quedado peor de como están
quedando en este debate.
El eje de este debate ha sido el no rotundo contra la
construcción de un nuevo estado de derecho. Lo que les da coraje, Ramírez, a los
compañeros del PRD, es precisamente...
Perdone, ¿terminó su respuesta?
| El diputado
Carlos Francisco Arce Macías: |
Sí señor.
Adelante, continúe.
| El diputado
Carlos Francisco Arce Macías: |
Ramírez Pech, lo que les ha dado coraje en este caso
es precisamente que no han podido expresar en esta tribuna...
Permítame, diputado.
De nuevo una compañera diputada nos solicita la palabra.
La diputada Estrella Vázquez. Activen el sonido de
su curul.
| La diputada
María Estrella Vázquez Osorno (desde su curul): |
Sí, señor Presidente, le solicito la palabra para
solicitarle una moción.
Dígame.
| La diputada
María Estrella Vázquez Osorno (desde su curul): |
Si el orador quiere hablar con su compañero Ramírez
Pech, puede hacerlo allá abajo, ahora se debe dirigir al conjunto de los diputados si es
tan amable, que no se hagan diálogos.
Continúe el orador.
| El diputado
Carlos Francisco Arce Macías: |
Muchas gracias.
Como les venía diciendo a mis compañeros de las demás
bancadas... o a Ramírez Pech,... ¡qué tal!, yo veo que todos están ya muy cansados y
estamos muy cansados en este sí contra no y creo que realmente aquí el problema, el
problema vital que estamos viviendo en estos momentos es la falta de talento para
construir propuestas viables precisamente para este país.
Permítame, diputado.
¿Sí diputada Margaiz?
| La diputada
Norma Gabriela Argaiz Zurita (desde su curul): |
Argaiz.
Argaiz Zurita.
| La diputada
Norma Gabriela Argaiz Zurita (desde su curul): |
Después de un año ya debería usted de saberse el
apellido.
¡Dígame, dígame! Permítame diputada.
¡Permítame, permítame!
| La diputada
Norma Gabriela Argaiz Zurita (desde su curul): |
No he abierto la boca ¡eh!
¡Dígame usted!, dígame, diputada.
| La diputada
Norma Gabriela Argaiz Zurita (desde su curul): |
No, no me regañe. Para hacerle una moción al señor
orador, si me lo permite.
¿A quién le va a hacer la moción?
| La diputada
Norma Gabriela Argaiz Zurita (desde su curul): |
Al orador.
¿Cuál es la moción, diputada? ¡Dígame usted
cuál es la moción!
| La diputada
Norma Gabriela Argaiz Zurita (desde su curul): |
Referente al tema y a su forma de expresarse, si me
la acepta el orador.
Muy bien, muy bien.
Adelante, continúe el orador.
| El diputado
Carlos Francisco Arce Macías: |
Muchas gracias.
Yo creo que esto ya ha estado suficientemente discutido. No
es necesario más ridículos en este caso y creo que es una moción pertinente que ya
pongamos a...
Concluyó su tiempo. ¿Ha terminado?
| El diputado
Carlos Francisco Arce Macías: |
Concluyo, señor.
Termine, por favor.
| El diputado
Carlos Francisco Arce Macías: |
Este es un problema esencialmente de corrupción y
como corrupción estamos construyendo en esta Cámara de Diputados una solución para
México, eso es lo importante y eso es lo que debemos de ver.
Gracias.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Silva,
quien la ha solicitado para rectificación de hechos.
Dígame, diputado Demetrio Sodi.
| El diputado
Demetrio Javier Sodi de la Tijera (desde su curul): |
Para contestar alusiones personales la había
solicitado yo.
Lo registramos, diputado Demetrio Sodi, para
contestar alusiones personales.
Adelante, diputado Silva.
| El diputado
Jorge Silva Morales: |
Con su permiso señor Presidente; compañeras,
compañeros:
En virtud de las alusiones constantes a la diferencia entre
el diputado Pablo Gómez y su servidor, al respecto no hay tal cosa, en el último de los
casos el PRD de aceptar un híbrido como éste, dije muy claro, preferíamos la
Contaduría Mayor de Hacienda porque no estamos viendo ningún cambio sustancial; lo
ideal, era realmente entrar a la modernidad de los organismos superiores de fiscalización
en el mundo y que hoy desgraciadamente el PAN con ese gradualismo lento con el que ha ido
aceptando los cambios de este país, nuevamente desea que se vayan dando éstos de una
manera pausada, de una manera gradual; sin embargo lo más importante que aquí observamos
es que tienen miedo al cambio...
Permítame, diputado.
Sí diputado Sobrino, dígame.
| El diputado
Carlos Hernando Sobrino Sierra (desde su curul): |
Quisiera pedirle señor Presidente si le pregunta al
orador si me puede permitir una pregunta.
Diputado Silva, ¿aceptaría usted una pregunta al
diputado Sobrino?
| El diputado
Jorge Silva Morales: |
Todas las que quiera.
La acepta diputado Sobrino, formúlela por favor.
| El diputado
Carlos Hernando Sobrino Sierra (desde su curul): |
Yo quisiera preguntar al orador, ¿es una práctica
legislativa a lo largo de los años, del Poder Legislativo, ir transformando las leyes y
los instrumentos con el tiempo y a paso, para que éstos vayan adecuándose a la vida
nacional? ¿Le parece a usted que es una práctica parlamentaria moderna romper con esa
tradición e ir hacia instrumentos que no han probado su eficiencia en ninguna parte del
mundo, sólo porque a juicio de ustedes, un paso, paso a paso es insuficiente al proceso
legislativo?, yo le pregunto a usted, señor diputado, ¿considera inconveniente que el
Legislativo vaya superando cada paso que cada ley le reclama para irla adecuando o todas
deberán dar brincos tan altos y saltos tan fuertes que podrían provocar en nuestro país
conflictos y contradicciones en su operación?
| El diputado
Jorge Silva Morales: |
Mire, diputado del PAN, el hecho más claro es que el
país ha rebasado con mucho la labor del Legislativo y mire usted que si yo mintiera no
nos tendríamos que ir a un periodo extraordinario, así es como usted quiere que este
país salga adelante cuando no hemos cumplido con eficiencia la labor que el pueblo nos
mandó?, no señor, no estoy de acuerdo con usted.
¿Terminó su respuesta?
| El diputado
Jorge Silva Morales: |
Sí, señor Presidente.
Continúe con su intervención.
| El diputado
Jorge Silva Morales: |
De esta manera, al romperse el diálogo y el consenso
en el que estábamos metidos todos los partidos, el PRD no simplemente dio una propuesta,
como aquí mal se leyó por un legislador, en que hizo alusión a una persona, a un
legislador del PRD y en concreto a la maestra Ifigenia Martínez a quien... ante quien
usted, señor diputado, debería de inclinarse para una persona con la capacidad de la
maestra... pero no me quedo ahí y yo le voy a contestar con hechos de que el PRD en el
ánimo del consenso respetó todo el proceso, que inclusive los legisladores del PRI
aceptaron las propuestas de los funcionarios de la Secodadm.
El Partido de la Revolución Democrática, siendo
consciente y tolerante, no permitió la desviación del tema de la Secodadm y si yo
mintiera, dejo aquí para consulta de todos los legisladores, de que el Partido de la
Revolución Democrática tuvo una iniciativa sobre el órgano superior de fiscalización,
de 25 hojas, las cuales dejo aquí en la Secretaría para su consulta, pero rompieron el
diálogo, rompieron el consenso, nos marginaron y hoy lo que tienen es únicamente una
propuesta pobre, una propuesta "enana" con la cual no vamos a resolver ningún
proceso nuevo como lo requiere este país.
Por esa razón, nuevamente insisto que las propuestas que
aquí se han vertido en materia de este supuesto órgano de fiscalización moderno, no son
más que propuestas anticuadas y obsoletas, como lo serán muy en breve muchos de los
partidos que aquí han querido dominar esta Cámara y me refiero en concreto al PRIAN.
Tiene el uso de la palabra el diputado Demetrio Sodi,
para contestar alusiones personales, hasta por cinco minutos.
| El
diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Desgraciadamente y para que no sea la excepción, siempre
el debate no se centra en lo que debe centrarse y se acaba aquí en una serie de
descalificaciones de partido a partido, personales etcétera, que no era el fondo.
Aquí ya se ha oído hablar de corrupción etcétera, y la
verdad no es muy franco decir... cuando viene el diputado Estefan Chidiac y dice que
enseñamos claramente cuál era nuestra estrategia en el caso del Fobaproa, no demuestra
nada más, era una estrategia que platicamos la bancada del PAN y del PRD en términos de
armar una agenda legislativa equilibrada y bueno, sabíamos el problema que representaba
el Fobaproa y sabíamos que era nuestra gran oportunidad, nuestra gran oportunidad como
posición, porque aun siendo mayoría en la Cámara de Diputados, no tenemos la mayoría
en el Senado y aun siendo mayoría, no tenemos la mayoría calificada para poder cambiar
la Constitución.
Sabíamos, sabemos, que con el PRI negociar una reforma
política, una reforma democrática, una política económica de Estado, reforma a los
programas sociales, digo, es imposible. Yo lo dije desde el debate anterior, debatir con
el PRI de democracia pues simplemente es debatir contra un muro que no va a cambiar nada;
debatir realmente de cualquier tema... estoy en el tema, porque son alusiones personales
del diputado Estefan Chidiac, que no venía al caso del tema, entonces yo contesto, seguro
que no tiene caso porque él habló ya lo que no venía al caso; entonces el tema que
mencionó el diputado Estefan Chidiac era concretamente mi afirmación, en el sentido de
que para nosotros la gran oportunidad del cambio político nacional de obligar al PRI a
una reforma política, democrática, social, a una política económica de Estado, a un
órgano, una reforma que realmente combatiera a la corrupción, la oportunidad era que
estaba de rodillas el Gobierno por la gran cantidad de fraudes que había cometido en el
caso del Fobaproa en el salvamento bancario.
Y ésa era la gran oportunidad y la pregunta que nos
hacíamos nosotros, de veras con todo respeto y reconociendo, yo lo reconozco, la
honestidad sin tacha de los diputados del PAN, ¿es a cambio de qué?.. digo, ¿a cambio
de qué avalarle al Gobierno el problema del Fobaproa, o a cambio de qué darle al
presidente Zedillo hasta el año 2001, hasta el año 2001 el que no entre en vigor este
nuevo órgano? Yo creo que hay algunos avances, ¿pero estos avances hasta el próximo
sexenio? ¿No para este Presidente? A éste lo dejamos dos años que siga con un órgano
que tiene y ustedes tienen que reconocerlo, menos facultades que el que se está creando,
que no tiene todos los instrumentos para poder realmente fiscalizar.
Y ése es el tema fundamentalmente. Si a cambio de qué o
cómo vamos a aprovechar la fuerza que tenemos para obligar al Gobierno a una reforma
política profunda. De verás, ésa es la gran duda que siempre nos quedará a todos, en
la oposición, a todos los diputados del PRD, que tiene la gran duda que tienen muchos
diputados porque lo hemos platicado, del PAN, y que tendrá siempre el pueblo de México:
¿a cambio de qué le damos al Gobierno una carta blanca total en el caso del Fobaproa y
no impulsamos con la fuerza que debería impulsar una oposición el cambio democrático
que requiere el país?
En el caso de los diputados del PRI, ¿por qué votaron a
favor del Fobaproa?, lo sabemos, seguramente a cambio de un bono.
Gracias.
Tiene la palabra la diputada Lenia Batres, quien nos
la solicitó para rectificación de hechos y con esta intervención se estarían
cumpliendo los términos del artículo vigésimo de nuestro acuerdo parlamentario.
Después solicitaría a la Secretaría que consulte si está suficientemente discutido en
lo general.
| La
diputada Lenia Batres Guadarrama: |
Compañeras y compañeros:
Yo no quería dejar de pasar...
Permítame la oradora.
Señoras y señores diputados, esta Presidencia los invita,
les pide nuevamente, diputados, diputadas...
| La diputada
Lenia Batres Guadarrama: |
Parece que quiere hablar el diputado Machuca.
Permítame diputada, permítame un momento.
A todos, esta Presidencia les solicita, no obstante el
número de horas que hemos tenido que estar debatiendo estos asuntos, los invitamos a que
atiendan el debate, estamos por concluir el mismo de este importante tema, a todos a que
escuchen a quien está haciendo uso de la palabra.
Adelante la oradora.
| La diputada
Lenia Batres Guadarrama: |
Señor Presidente, un diputado de esta Asamblea dijo
en esta tribuna que el PRD se había abstenido en los delitos de "cuello blanco"
y había votado en contra de la policía nacional y él ve incongruente esos puntos en
relación a estar en contra de este órgano mediocre de fiscalización.
En realidad no ha comprendido el diputado, como muchos
otros, la posición del PRD y es simplemente... Por eso se las voy a explicar, a ver si la
entienden. Es simplemente, compañeras y compañeros, que hemos venido a decir aquí ya en
varias ocasiones que se está cargando, pero muchísimo, la persecución en contra de los
ciudadanos, se les está imponiendo penas altísimas, se está convirtiendo todo en delito
grave y se crea un superórgano de represión nacional contra los ciudadanos, pero no se
trata y ahí sí son gradualistas y ahí sí son moderados y ahí sí crean órganos
mediocres que apenas tienen tantitas facultades cuando se trata de atacar la corrupción,
cuando se trata de responsabilizar a servidores públicos.
Son incapaces ahí de ser radicales, ahí sí no hay penas
graves, ahí sí no hay órganos eficientísimos y superpoderosos que puedan combatir la
corrupción en este país.
Yo quiero dejar asentado eso, compañeras y compañeros,
porque me parece que es evidente que los compañeros del PRIAN están muy preocupados por
no tocar lo único que ha venido aquí a causar la delincuencia gravísima que tenemos
actualmente y es, son los servidores públicos de su partido, del PRIAN, que la han
propiciado y que quieren seguir manteniendo la corrupción en este país.
Quede constancia nada más de eso, señor Presidente.
Esta Presidencia solicita a la Secretaría que
consulte si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
| La secretaria
María Martha Veyna Soriano: |
Por instrucciones de la Presidencia, en votación
económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo
general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.. Suficientemente discutido, señor Presidente.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento
Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún
artículo para discutirlo en lo particular...
Como no hay ningún artículo que se reserve en lo
particular, doy instrucciones a la Secretaría para que se consulte a la Asamblea si se
encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular este decreto.
| La secretaria
María Martha Veyna Soriano: |
Por instrucciones de la Presidencia, en votación
económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo
general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Gracias.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
Se pide a la Secretaría se abra el sistema
electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo
particular en un solo acto.
| La secretaria
María Martha Veyna Soriano: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que
se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para tomar
la votación en lo general y en lo particular.
(Votación.)
| La secretaria
María Martha Veyna Soriano: |
Señor Presidente, se emitieron 338 votos en pro y 21
en contra.
Aprobado en lo general y en lo particular por 338
votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de
decreto por el que se adicionan con un segundo párrafo y ocho fracciones al artículo 78,
con una Sección Quinta el Capítulo II, del Título Tercero, así como el artículo 74
fracción IV, párrafo quinto; se reforman los artículos 73 fracción XXIV, 74 fracción
II y 79; y se deroga la fracción III del artículo 74 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
| La secretaria
María Martha Veyna Soriano: |
Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
COMISION PERMANENTE
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78
de la Constitución General de la República, se va a proceder a la elección de los
diputados que formarán parte en su calidad de titulares y sustitutos de la Comisión
Permanente.
Se súplica a los diputados, en su momento, pasen a
depositar su cédula conforme se vaya pasando lista.
(Votación.)
| La secretaria
María Martha Veyna Soriano: |
Señor Presidente:
El resultado del escrutinio es el siguiente: 382 votos a
favor y 11 nulos, a favor de la planilla que encabeza el diputado Arturo Núñez Jiménez
y los diputados: José Luis Lamadrid Sauza, Fidel Herrera Beltrán, Enrique Jackson
Ramírez, Carlos Jiménez Macías, Francisco Loyo Ramos, José Antonio Estefan Garfias,
Víctor Manuel Carreto Fernández, Arely Madrid Tovilla, Sergio César Jaúregui Robles,
Juan José Rodríguez Prats, Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, Luis Fernando González
Corona, Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Jorge Silva Morales, Norma Gabriela Argaiz
Zurita, Alvaro Arceo Corcuera, Luis Patiño Pozas, Verónica Velasco Rodríguez.
Los sustitutos: Eduardo Bernal Martínez, Manuel Cárdenas
Fonseca, Jesús Gutiérrez Vargas, Martha Laura Carranza Aguayo, Jorge Estefan Chidiac,
Francisco Robles Cupido, Odorico Vázquez Bernal, Dionisio Meade García de León,
Fortunato Guzmán Rivera, Américo Ramírez Rodríguez, Héctor Larios Córdova, Beatriz
Zavala Peniche, Carlos Medina Plascencia, Jesús Manuel Maldonado Bautista, Alejandro
Ordorica Saavedra, Victorio Montalvo Rojas, Elsa Patria Jiménez Flores, Santiago Gustavo
Pedro Cortés y Alejandro Jiménez Taboada.
Han sido electos para formar parte de la Comisión
Permanente durante el primer receso de ejercicio de la LVII Legislatura los siguientes
diputados:
Arturo Núñez Jiménez, José Luis Lamadrid Sauza, Fidel
Herrera Beltrán, Enrique Jackson Ramírez, Carlos Jiménez Macías, Francisco Loyo Ramos,
José Antonio Estefan Garfias, Víctor Manuel Carreto Fernández, Arely Madrid Tovilla,
Sergio César Jáuregui Robles, Juan José Rodríguez Prats, Felipe de Jesús Vicencio
Alvarez, Luis Fernando González Corona, Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Jorge
Silva Morales, Norma Gabriela Argaiz Zurita, Alvaro Arceo Corcuera, Luis Patiño Pozas y
Verónica Velasco Rodríguez.
Los sustitutos: Eduardo Bernal Martínez, Manuel Cárdenas
Fonseca, Jesús Gutiérrez Vargas, Martha Laura Carranza Aguayo, Charbel Jorge Estefan
Chidiac, Francisco Rabelo Cupido, Odorico Vázquez Bernal, Dionisio Meade García de
León, Fortunato Guzmán Rivera, América Ramírez Rodríguez, Héctor Larios Córdoba,
Beatriz Zavala Peniche, Carlos Medina Plascencia, Jesús Samuel Maldonado Bautista,
Alejandro Ordorica Saavedra, Victorio Montalvo Rojas, Elsa Patria Jiménez Flores,
Santiago Gustavo Pedro Cortés y Alejandro Jiménez Taboada.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
| El secretario
Martín Contreras Rivera: |
Señor Presidente se han agotado los asuntos en
cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo
Año.— LVII Legislatura.
Orden del día
Martes 15 de diciembre de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de México y
Sinaloa.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Nuevo
León, Querétaro, Sinaloa y memorial de particulares, que remite la Cámara de Senadores.
Comunicación de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política.
Informe que remite la Cámara de Senadores, sobre la
Interparlamentaria Roma-Italia relacionado con la alimentación, presentada por la
senadora Beatriz Elena Paredes Rangel.
Iniciativas de diputados
Que reforma y adiciona los artículos 55, 57, 58, 59-A, 60,
61, 62, 63, 64, 64-A, 64-B y 64-C, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
De reformas a los artículos 9o., primer párrafo de la
fracción II; 23; fracción IV del artículo 77 y se adicionan los artículos 82, 83-bis,
fracción V al artículo 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a nombre del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 170 fracción II y IV de la Ley
Federal del Trabajo, así como la adición de una fracción IX al artículo 22 y una
fracción X al artículo 108 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada
María Mercedes Maciel Ortiz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a
comisión.)
Que adiciona la fracción XXXI del artículo 73 y la
fracción X del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y reforma al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a
cargo del diputado Abraham Bagdadi Estrella, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.(Turno a comisión.)
Que reforma y adiciona el párrafo primero del artículo
108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1o., de
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B
del artículo 123 constitucional, a cargo del diputado Gonzalo Rojas Arreola, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Proposición
Con punto de acuerdo relativo a los apoyos que han de
recibir los diputados sin partido, presentada por la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política. (Votación.)
Dictamen a discusión
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Ecología y Medio Ambiente, con proyecto de decreto por el que se
adiciona un párrafo quinto al artículo 40, constitucional y se reforma el párrafo
primero del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(Dispensa de todos los trámites discusión y votación.)
Y los demás dictámenes que la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política, proponga al pleno.
Intervención de los coordinadores de los grupos
parlamentarios que integran la LVII Legislatura.
Comisiones protocolarias
Declaratoria de clausura de labores de la Cámara de
Diputados del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de la LVII
Legislatura.
CLAUSURA Y CITATORIO
| El Presidente:
(a las 2:13 horas del martes 15 de diciembre.) |
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá
lugar hoy, 15 de diciembre, a las 11:00 horas.
RESUMEN
DE TRABAJOS
Tiempo de duración: 8 horas 45 minutos.
Quorum a la apertura de sesión: 356
diputados.
Excitativas a comisiones: 1.
Puntos de acuerdo: 3.
Oradores en tribuna: 35
PRI-6; PRD-14; PAN-10; PT-3; PVEM-1; diputado
independiente-1
Se recibieron:
1 comunicación de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política, sobre ajuste a comisiones de trabajo;
1 iniciativa del PRI;
1 iniciativa del PRD;
1 iniciativa del PAN;
1 iniciativa del PT;
Se aprobó:
Dictamen de las comisiones unidas de Pesca y
de Turismo, con reformas a la Ley de Pesca;
Dictamen de la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 55 y 58 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Dictamen de la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 74, 78 y
79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
|