|
Presidencia
de la diputada
Elba Margarita Capuchino Herrera |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados,
para conocer si existe el quorum reglamentario.
| La secretaria
Clarisa Catalina Torres Méndez: |
Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 350 diputados.
Por lo tanto, hay quorum, señorita
Presidenta.
| La Presidenta (a
las 12:44 horas): |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
| La secretaria
Clarisa Catalina Torres Méndez: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.— Segundo Año.— LVII Legislatura.
Orden del día
Martes 15 de diciembre de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de
México.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y memorial de particulares, que remite la
Cámara de Senadores.
Proposición de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política. (Integrantes de mesa directiva.)
Informe que remite la Cámara de Senadores,
sobre la interparlamentaria Roma-Italia relacionado con la alimentación, presentada por
la senadora Beatriz Elena Paredes Rangel.
Iniciativas de diputados
Que reforma y adiciona los artículos 55,
57, 58, 59-A 60, 61, 62, 63, 64, 64-A, 64-B y 46-C, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
De reformas a los artículos 9o., primer
párrafo de la fracción II; 23; fracción IV del artículo 77 y se adicionan los
artículos 82, 83-bis, fracción V al artículo 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 170 fracción II y
IV de la Ley Federal del Trabajo, así como la adición de una fracción IX al artículo
22 y una fracción X al artículo 108 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la
diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
(Turno a comisión.)
Que adiciona la fracción XXXI del
artículo 73 y la fracción X del artículo 79 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y reforma al artículo 31 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, a cargo del diputado Abraham Bagdadi Estrella, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma y adiciona el párrafo primero
del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el
artículo 1o., de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria
del apartado B del artículo 123 constitucional, a cargo del dipu-tado Gonzalo Rojas
Arreola, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Proposición
Con punto de acuerdo relativo a los apoyos
que han de recibir los diputados sin partido, presentada por la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política. (Votación.)
Dictamen a discusión
De las comisiones unidas de Gobernación y
Puntos Constitucionales y de Ecología y Medio Ambiente, con proyecto de decreto por el
que se adiciona un párrafo quinto al artículo 4o. constitucional y se reforma el
párrafo primero del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. (Dispensa de todos los trámites, discusión y votación.)
Y los demás dictámenes que la Comisión
de Régimen Interno y Concertación Política, proponga al pleno.
Intervención de los coordinadores de los
grupos parlamentarios que integran la LVII Legislatura.
Comisiones protocolarias
Declaratoria de clausura de labores de la
Cámara de Diputados del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de la LVII
Legislatura.»
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del día
es la discusión del acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el lunes catorce de diciembre de mil
novecientos noventa y ocho, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del
Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
|
Presidencia del diputado Salvador Sánchez Vázquez |
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las diecisiete horas con veintiocho minutos del lunes catorce de diciembre de
mil novecientos noventa y ocho, con la asistencia de trescientos cincuenta y seis
diputados, el Presi- dente declara abierta la sesión.
Se da lectura al orden del día y la
Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en sus términos, en votación económica.
La Secretaría da lectura a una
comunicación del Congreso del Estado de Nayarit, con la que remite un punto de acuerdo en
relación al proyecto de Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación,
para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y nueve. Se turna a las comisiones de
Hacienda y Crédito Público y a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Una comunicación de la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política, con la que informa de cambios en la estructura
de las comisiones legislativas. De enterado.
Para presentar diversas iniciativas, se
concede el uso de la palabra a los diputados:
Francisco Javier Reynoso Nuño, del Partido
Acción Nacional, de Ley de Armas de Fuego y Explosivos y de reformas a la denominación
del Capítulo Tercero del Título Cuarto y reformas a diversas disposiciones del Código
Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en
Materia de Fuero Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y a la de Gobernación y
Puntos Constitucionales.
Juan José Cruz Martínez, del Partido del
Trabajo, de reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se produce desorden en la sala por la
irrupción de individuos que rompen las puertas de madera y el Presidente, a las dieciocho
horas con doce minutos, decreta un
RECESO
Se reanuda la sesión a las diecinueve
horas con cuatro minutos.
Enrique Tito González Izunza, del Partido
Revolucionario Institucional, de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, a nombre de la Comisión Especial de Protección Civil, para
crear una Comisión Ordinaria de Protección Civil. Se turna a la Comisión de Reglamentos
y Prácticas Parlamentarias.
Luis Meneses Murillo, del Partido de la
Revolución Democrática, de reformas a los artículos setenta y tres, setenta y seis,
ochenta y nueve y ciento treinta y tres de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Desde su curul, el diputado Enríquez
Ordóñez, expresa su rechazo a la agresión a la diputada Martha Ortiz Guerrero y a una
de las jóvenes que laboran como asistentes parlamentarias. También desde sus curules,
hacen diversas denuncias y comentarios, los diputados Vázquez Osorno, Martínez Sánchez,
Ramírez Pech, Núñez Ramos y Ortiz Guerrero.
El Presidente aclara que no es el momento
de hacer este debate entre grupos parlamentarios y concede el uso de la palabra al
diputado Francisco Javier Díez de Sollano, quien presenta un punto de acuerdo para
integrar una comisión para la reforma fiscal ecológica. Se turna a la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política.
Para presentar una excitativa en relación
con una iniciativa de reformas al artículo veintiséis de la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica, se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Fernández
Candia, del Partido Acción Nacional. El Presidente obra en consecuencia.
Hace uso de la palabra el diputado Pedro
Magaña Guerrero, del Partido de la Revolución Democrática, quien a nombre de la
Comisión de Agricultura, presenta un punto de acuerdo para que se modifique el proyecto
de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de mil
novecientos noventa y nueve. Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y
Cuenta Pública.
Solicita y se concede el uso de la palabra
al diputado José Gascón Mercado, quien a nombre de la Comisión de Agricultura, presenta
un punto de acuerdo a fin de que se modifique la Ley de Ingresos de la Federación y el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, ambos para el ejercicio fiscal de
mil novecientos noventa y nueve. Se turna a las comisiones correspondientes.
La Asamblea, en votación económica,
dispensa los trámites al dictamen de las comisiones unidas de Pesca y de Turismo, con
proyecto de decreto que reforma el artículo trece de la Ley de Pesca.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
se recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos
cuarenta y siete votos en pro y uno en contra. Se turna al Senado de la República para
los efectos constitucionales.
También se dispensan todos los trámites
al dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de
decreto que reforma los artículos cincuenta y cinco y cincuenta y ocho de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A discusión en lo general y en lo
particular del artículo único del decreto hacen uso de la palabra los diputados: Gloria
Lavara Mejía, del Partido Verde Ecologista de México; Juan Carlos Espina von Roehrich,
del Partido Acción Nacional; Victorio Rubén Montalvo Rojas, del Partido de la
Revolución Democrática y Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional.
Solicita y se concede el uso de la palabra
al diputado Ramón María Nava González, del Partido Acción Nacional, quien expresa su
opinión y según su propio dicho, una reflexión, y la diputada Lenia Batres Guadarrama,
del Partido de la Revolución Democrática, en pro; Miguel Angel Garza Vázquez, motu
proprio, para expresar su opinión; Mariano Sánchez Farías, del Partido de la
Revolución Democrática, en pro; Felipe Urbiola Ledesma, del Partido Acción Nacional, en
pro.
La Asamblea considera suficientemente
discutido el dictamen y se recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta
aprobatoria por trescientos noventa y un votos en pro y cincuenta y uno en contra. Se
turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
De la misma manera que los anteriores, se
dispensan todos los trámites a un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos setenta y tres,
setenta y cuatro, setenta y ocho y setenta y nueve, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexi- canos.
Para fijar posiciones de sus respectivos
grupos parlamentarios, hacen uso de la palabra los diputados: María Mercedes Maciel
Ortiz, del Partido del Trabajo; Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional; Pablo
Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática; e Ignacio García de la Cadena
Romero, del Partido Revolucionario Institucional.
En el primer turno de oradores, hacen uso
de la palabra los diputados: Jorge Silva Morales, del Partido de la Revolución
Democrática, en contra; Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del Partido Acción Nacional,
en pro; Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Partido del Trabajo, en contra; Héctor Luna
de la Vega, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Demetrio Javier Sodi de la
Tijera, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y acepta interpelación del
diputado Martínez Almazán; Edgar Martín Ramírez Pech, del Partido Acción Nacional, en
pro, quien acepta interpelación del diputado López Rosas; Pablo Sandoval Ramírez, del
Partido de la Revolución Democrática, en contra y acepta interpelaciones de los
diputados Cantú Rodríguez y Saiz Calderón García y Charbel Jorge Estefan Chidiac, del
Partido Revolucionario Institucional, en pro.
Durante las intervenciones de los diputados
Ramírez Pech y Sandoval Ramírez, los dipu-tados Preciado Coronado y Sobrino Sierra
solicitan sendas mociones de orden que el Presi- dente hace suyas.
Agotado el primer turno de oradores, el
Presidente concede el uso de la palabra para rectificar hechos o contestar alusiones
personales a los diputados: Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución
Democrática, quien acepta una interpelación, del diputado Cantú Rodríguez; Carlos
Francisco Arce Macías, del Partido Acción Nacional y acepta interpelación del diputado
López Rosas; Jorge Silva Morales, del Partido de la Revolución Democrática, quien
acepta una interpelación del diputado Sobrino Sierra; Demetrio Javier Sodi de la Tijera y
Lenia Batres Guadarrama, también del Partido de la Revolución Democrática.
La Asamblea considera suficientemente
discutido el dictamen en lo general y no reservándose artículos para su discusión en lo
particular, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta
aprobatoria por trescientos treinta y ocho votos en pro y ciento veintiuno en contra. Pase
al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Para continuar con el orden del día, se
lleva a cabo la elección de miembros de la Comisión Permanente, propietarios y
sustitutos y después de realizado el escrutinio y cómputo respectivos, se declara la
elección de los diputados: Arturo Núñez Jiménez, José Luis Lamadrid Sauza, Fidel
Herrera Beltrán, Enrique Jackson Ramírez, Carlos Jiménez Macías, Francisco Loyo Ramos,
José Antonio Estefan Garfias, Víctor Manuel Carreto Fernández, Arely Madrid Tovilla,
César Jáuregui Robles, Juan José Rodríguez Prats, Felipe de Jesús Vivencio Alvarez,
Luis Fernández González Corona, Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Jorge Silva
Morales, Norma Gabriela Argaiz Zurita, Alvaro Arceo Corcuera, Luis Patiño Pozas y
Verónica Velasco Rodríguez.
Y como sustitutos los diputados: Eduardo
Bernal Martínez, Manuel Cárdenas Fonseca, Jesús Gutiérrez Vargas, Laura Carranza
Aguayo, Jorge Estefan Chidiac, Francisco Rabelo Cupido, Odorico Vázquez Bernal, Dionisio
Meade García de León, Fortunato Guzmán Rivera, Américo Ramírez Rodríguez, Héctor
Larios Córdova, Beatriz Zavala Peniche, Carlos Medina Plascencia, Jesús Samuel Maldonado
Bautista, Alejandro Ordorica Saavedra, Victorio Montalvo Rojas, Elsa Patria Jiménez
Flores, Santiago Gustavo Pedro Cortés y Alejandro Jiménez Taboada.
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura
la que se inició ayer, a las dos horas con trece minutos, citando para la que tendrá
lugar hoy mismo a las once horas.»
| La secretaria
María Martha Veyna Soriano: |
El siguiente punto del orden del día
es la discusión del acta de la sesión anterior.
Está a discusión el acta... No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobada, señorita Presidenta.
ESTADO DE
MEXICO
| El secretario
Horacio Veloz Muñoz: |
Se va a dar lectura a varias
comunicaciones.
«Escudo.— Estado de México.—
Poder Legislativo.— LIII Legislatura.— Secretaría.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento de la resolución de la
LIII Legislatura del Estado de México, emitida en sesión celebrada el 10 de diciembre
del año en curso, nos permitimos someter a la consideración de esa Cámara de Diputados,
por su conducto, acuerdo por el que se solicita de esa representación, sea considerada
una partida específica del Presupuesto Federal de 1999 para cubrir con ella la deuda
pública del Estado de México, así como que sea con recursos del Gobierno Federal con
los que se cubra el gasto educativo de nuestro Estado.
Sin otro particular, les expresamos nuestra
elevada consideración.
Atentamente.
Toluca de Lerdo, México, a 11 de diciembre
de 1998.— Diputados: Armando Enriquez Flores, presidente, Humberto Peña Galicia,
secretario.»
«El pleno de la LIII Legislatura del
Estado Libre y Soberano de México, en su sesión ordinaria del 10 de diciembre de 1998,
como resultado de la revisión en comisiones de los presupuestos de ingresos y egresos del
Estado y de las leyes de ingresos del Estado y municipios correspondientes al ejercicio
fiscal de 1999 y de conformidad con las siguientes:
CONSIDERACIONES
1. El Estado de México es la entidad
federativa que concentra la mayor población del país, al terminar 1998, se estima que
contará con cerca de 13 millones de habitantes, producto de su crecimiento natural y de
la inmigración de más de 350 mil personas anualmente provenientes de otras entidades
federativas, por tanto, las necesidades de obra pública e infraestructura; de vivienda,
salud, alimentación y servicios públicos se han incrementado a un ritmo superior al de
la capacidad de respuesta del Estado y de los municipios, lo que ha tenido como
consecuencias importantes rezagos sociales e incremento de los indices de marginalidad.
2. Las aportaciones que nuestro Estado
realiza, tanto a la producción como a la tributación del país representan cerca del 11%
del total nacional. En contraparte, en gasto social por persona, ocupamos el lugar 25
entre las entidades federativas.
3. Al finalizar el año de 1998, la deuda
pública consolidada del gobierno del Estado, ascenderá a 19 mil 224. 6 millones de
pesos. Para 1999, se calcula que por efecto revaluatorio de las Unidades de Inversión, la
deuda se incrementará en 2 mil 408.7 millones de pesos, cifra que supera la inversión
pública estatal que se calcula en 1 mil 731.8 millones de pesos.
4. Del proyecto de Presupuesto de Egresos
del Estado de México para 1999, se desprende que cerca del 53% se destinará a cubrir el
gasto educativo, lo cual es considerado en el Estado como primera prioridad. Dejando con
ello de satisfacer muchas otras necesidades igualmente apremiantes.
Por consenso de las diferentes fracciones
parlamentarias de la LIII Legislatura y en términos de lo dispuesto por el artículo 57
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se emite el
siguiente
ACUERDO
1o. Solicitar a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión que ustedes representan, sea considerada una partida específica del
Presupuesto Federal de 1999 para cubrir con ella la deuda pública del Estado de México.
2o. Solicitar que sea con recursos del
Gobierno Federal con los que se cubra el gasto educativo de nuestro Estado.
Atentamente.
Diputados: Armando Enriquez Flores,
presidente, Humberto Peña Galicia, secretario.»
Túrnese a la Comisión de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública.
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
| La secretaria
Clarisa Catalina Torres Méndez: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.— Presentes.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que
en sesión celebrada en esta fecha, se recibieron los siguientes documentos:
Del Congreso del Estado de Nuevo León,
punto de acuerdo aprobado por esa soberanía, en relación al Presupuesto de Ingresos
Federal para el Ejercicio Fiscal de 1999;
Del Congreso del Estado de Querétaro,
pronunciamiento en contra del incremento de los precios en los servicios que presta el
Gobierno Federal, así como de los impuestos.
La Presidencia dispuso que de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 71 inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General y
21 fracción III de su Reglamento y por ser ésta documentación relativa a impuestos, se
remitirá a esa colegisladora.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 10 de diciembre de
1998.— Senadores: Gabriel Covarrubias Ibarra y Luis González Pintor, secretarios.»
«Escudo.— Honorable Congreso del
Estado de Nuevo León.— LXVIII Legislatura.— Secretaría.
Senador Oscar López Velarde, presidente de
la directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.—
Presente.
La LXVIII Legislatura del honorable
Congreso del Estado de Nuevo León, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre
del año en curso, tuvo a bien emitir el siguiente
ACUERDO
Primero. Remítase oficio a la Cámara de
Diputados y a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión con la siguiente
redacción:
"Primero. La LXVIII Legislatura al
Congreso del Estado de Nuevo León, acordó en sesión ordinaria de fecha 25 de noviembre
de 1998, solicitar se consideren dentro de las discusiones del presupuesto de Ingresos
Federal para el Ejercicio Fiscal de 1999, nuestra inconformidad y desacuerdo a las medidas
económicas que se contemplan en el paquete de reforma fiscal que fue planteado por el
Secretario de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión y que entre otros aspectos presenta las siguientes propuestas:
1. Sobre la creación de una tasa de
carácter tributario especial del 15% para el uso de los teléfonos.
2. La propuesta de que las legislaturas de
los estados establezcan un impuesto especial que graven los mismos conceptos del impuesto
al valor agregado con una tasa del 2%.
3. Reformas en materia de impuesto sobre la
renta mediante las cuales se pretende incrementar la tasa de este impuesto para los
contribuyentes y la suspensión del esquema de consolidación fiscal.
Segundo. Rechazo a la creación y/o
modificación de las disposiciones fiscales presentadas ante el honorable Congreso de la
Unión que afectan directamente a la ciudadanía mexicana.
Tercero. Se le remita a la Cámara de
Diputados y a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, copia del
Diario de Debates de la sesión ordinaria de fecha 16 de noviembre del presente año, a
efecto de que se conozcan de manera íntegra las posturas manifestadas en el seno de este
Congreso del Estado de Nuevo León, en torno al proyecto de las reformas anteriormente
citadas.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Monterrey, Nuevo León, a 25 de noviembre
de 1998.— Diputadas Fanny Arellanes Cervantes y Lucilda Pérez Salazar,
secretarias.»
«Escudo.—Honorable Congreso de Nuevo
León.—LXVIII Legislatura.— Diario de Debates.
Diario de Debates.— Número
119-LXVIII-98
En la ciudad de Monterrey, capital del
Estado de Nuevo León, siendo las once horas con veintiocho minutos del día dieciséis de
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, reunidos en el recinto oficial del Palacio
Legislativo, los integrantes de la honorable Sexagésima Octava Legislatura del Estado de
Nuevo León, llevaron a cabo sesión ordinaria dentro del primer periodo de sesiones
ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional, presidida por la diputada Blanca
Judith Díaz Delgado y con la asistencia de los diputados: Oscar Adame Garza, Fanny
Arellanes Cervantes, Eduardo Arias Aparicio, Francisco Javier Cantú Torres, José Luis
Castillo Domínguez, Cesáreo Cavazos Cavazos, Arturo Cavazos Leal, Inocencio Cerda
Cortés, María Elena Chapa Hernández, Arturo B. de la Garza Tijerina, Rolando de Regil
Martínez, Juan Alberto Dueñas Castillo, Hermenegildo Estrada Rodríguez, Francisco
Fuentes Espinoza, Gilberto Garza Garza, Gerardo Garza Sada, Leopoldo González González,
Miguel Angel González Quiroga, Julián Hernández Santillán, José Herrera Maldonado,
José Alberto López Cruz, Adalberto Madero Quiroga, Guillermo Martínez Garza, Manuel
Braulio Martínez Ramírez, Jesús Morales García, Enrique Núñez Vela, Luis David Ortiz
Salinas, Jorge Humberto Padilla Olvera, Manuel José Peña Doria, Mario Jesús Peña
Garza, Lucilda Pérez Salazar, Tomasa Rivera Juárez, Jaime Rodríguez Calderón, María
Guadalupe Rodríguez Martínez, Ovidio Angel Rodríguez Suárez, Ricardo Salinas Cantú,
Martín Santos Torres, Eliud Tamez Gómez y Luis Carlos Treviño Berchelmann. Diputados
ausentes con aviso: Cristián Castaño Contreras y César Lucio Coronado Hinojosa.
Existiendo el quorum reglamentario, la
Presidenta solicitó a la Secretaría diera lectura al orden del día a que se sujetará
esta sesión, de conformidad con el acuerdo tomado en la sesión anterior.
La Presidenta expresó: "compañeros
diputados, en vista de que este orden del día no fue aprobado en la sesión anterior, me
permito someter a su consideración el proyecto de orden del día a que se sujetará esta
sesión".
Hecha que fue la votación correspondiente
fue aprobado el orden del día por unanimidad del pleno.
La Presidenta dio la bienvenida a un grupo
de alumnos de la Escuela Secundaria número 40 del municipio de Santa Catarina, Nuevo
León, y al personal docente que los acompaña, igualmente a los alumnos de la Escuela
Secundaria número 6, Centenario de la Constitución del municipio de Monterrey, Nuevo
León y a su personal docente que les acompaña, también a todas las personas que nos
visitan y les doy la bienvenida a los pensionados y jubilados que también nos acompañan
el día de hoy, sean bienvenidos todos.
Habiéndose cumplido con los primeros
puntos del orden del día, la Presidenta solicitó a la Secretaría diera lectura al acta
de la sesión ordinaria celebrada el 11 de noviembre de 1998.
Terminada que fue la lectura del acta, la
Presidenta la sometió a consideración de la Asamblea, solicitando a los diputados si
tenían alguna observación qué hacer a la misma, lo manifestarán en la forma
acostumbrada.
No habiendo ninguna observación al acta,
fue aprobada por unanimidad.
Enseguida la Presidenta solicitó a la
Secretaria diera lectura a la sesión solemne celebrada el 12 de noviembre de 1998.
Terminada que fue la lectura del acta, la
Presidenta la sometió a consideración de la Asamblea, solicitando a los diputados si
tenían alguna observación qué hacer a la misma, lo manifestarán en la forma
acostumbrada.
No habiendo ninguna observación al acta,
fue aprobada por unanimidad del pleno.
Enseguida, la Presidenta pasó al siguiente
punto del orden del día, que es asuntos en cartera, solicitando a la Secretaría diera a
conocer el contenido de la cartera, sobre los cuales se tomaron los siguientes
ACUERDOS
Escrito presentado por el ciudadano
Bernardino Fernández Contreras, secretario del ayuntamiento de García, Nuevo León,
mediante el cual envía acta de cabildo relativa al nombramiento de tercer regidor en
ejercicio a favor del ciudadano Isidoro Arredondo Tovar, en sustitución de la ciudadana
María de los Angeles Iracheta Loera. De enterado y se turna a la Comisión de
Gobernación.
Oficio número 362-A/98 suscrito por los
ciudadanos: Fernando de Jesús Canales Clariond y José Luis Coindreau García, gobernador
constitucional y secretario general del Estado de Nuevo León, respectivamente, mediante
el cual solicita la autorización de este Poder Legislativo para salir del país, con el
fin de asistir a Pennsylvania, EUA, a promover la apertura de mercados para la
exportación de bienes producidos en el Estado, la inversión de recursos en esta entidad
y el fortalecimiento de vínculos entre ambos gobiernos y Estado, los días del 4 al 10
inclusive de diciembre de 1998, quedando encargado del despacho para los asuntos de
trámite el secretario general de gobierno, licenciado José Luis Coindreau García.
La Presidenta puso a la consideración de
la Asamblea, la solicitud del Ejecutivo del Estado para salir de la República, los días
del 4 al 10 de diciembre inclusive a Pennsylvania, EUA, quedando encargado del despacho
para asuntos de trámite, el secretario general de gobierno, habiendo sido aprobada por
unanimidad, por lo que solicitó a la Secretaria elaborar el acuerdo correspondiente y
girar los avisos de rigor.
La Secretaria continuó dando a conocer los
asuntos en cartera, expresando: "para dar cumplimiento a lo dispuesto en los
artículos 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública municipal, se
presentaron los presupuestos de ingreso de los siguientes municipios: Abasolo, Agualeguas,
Allende, Apodaca, Bustamante, Cadereyta Jiménez, Ciénega de Flores, China, Doctor Coss,
El Carmen, García, General Bravo, General Escobedo, General Terán, Ciudad Guadalupe,
Hidalgo, Hualahuises, Juárez, Los Ramones, Mina, Monterrey, Paras, Pesquería, Sabinas
Hidalgo, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa
Catarina, Santiago, García, Villaldama y Melchor Ocampo, Nuevo León. De enterado y se
turnan a las comisiones de Hacienda Municipal que correspondan a cada municipio para su
estudio y dictamen".
Señora Presidenta: "esta Presidencia
exhorta a los municipios que no han enviado sus presupuestos de ingresos para que los
envíen a la brevedad".
Oficio número 695 de la Cámara de
Senadores, mediante el cual comunican la elección de la directiva para el tercer mes del
primer periodo de sesiones ordinarias de su segundo año de ejercicio, con expresión de
nombres. De enterado y se archiva.
Escrito presentado por el titular del Poder
Ejecutivo, licenciado Fernando de Jesús Canales Clariond, asistido por el secretario
general de gobierno y el secretario de finanzas y tesorero general del Estado, mediante el
cual presentan informe sobre las cuentas de cobro e inversión de los caudales públicos
del Estado, por el periodo comprendido del 1o. de julio al 30 de septiembre de 1998. De
enterado y se turna a la Comisión de Vigilancia para que proceda lo conducente.
Oficio número 366-A/98, mediante el cual
el titular del Poder Ejecutivo, licenciado Fernando de Jesús Canales Clariond, asistido
por el secretario general de gobierno y el secretario de finanzas y tesorero general del
Estado, mediante el cual presenta información sobre las cuentas de origen y aplicación
de los recursos financieros del informe trimestral del 1o. de julio al 30 de septiembre de
1998 de las entidades paraestatales, asimismo del fideicomiso para la realización de
obras viales en la zona Valle Oriente y áreas adyacentes (Fidevalle). De enterado y se
turna a la Comisión de Vigilancia para que proceda lo conducente.
Agotados que fueron los asuntos en cartera,
la Presidenta pasó al siguiente punto de orden del día, que es informe de comisiones,
solicitando a los diputados integrantes de las diversas comisiones permanentes si tenían
algún informe que presentar, lo manifestarán en la forma acostumbrada".
Al no haber ningún diputado que presente
algún informe o dictamen, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el uso de
la palabra a los diputados para tratar asuntos en general, solicitando a la Secretaria
diera a conocer el orden de oradores.
La Secretaria dio a conocer el orden del
oradores, habiéndose anotado los siguientes diputados: Hermenegildo Estrada Rodríguez,
Gerardo Garza Sada, Luis Carlos Treviño Berchelmann, Lucilda Pérez Salazar, Manuel
Braulio Martínez Ramírez, Jaime Rodríguez Calderón y Manuel José Peña Doria.
Se le concedió el uso de la palabra al
diputado Hermenegildo Estrada Rodríguez, quien expresó: "con el permiso de la
Presidenta, diputadas, diputados, en sesiones anteriores hice uso de esta tribuna porque
creí conveniente hacer precisiones, primero en el sentido del gravamen a los alimentos y
a las medicinas, no pasó nada, una revocación en la idea de aplicar este impuesto,
posteriormente la semana anterior volví a esta tribuna para hablar en contra de los
subsidios, es decir, hablar para que los subsidios no fueran retirados tanto a la tortilla
como a las tarifas eléctricas. El sábado pasado nos encontramos con una noticia, pues
muy desagradable, considero que coincidirán conmigo, en el sentido de cargarle más a los
mexicanos una situación ya muy difícil económicamente, en el sentido de aumentar el 30%
a la gasolina y a las tarifas telefónicas. Ahora bien, ciertamente el Gobierno Federal
con su política económica ha establecido una vía muy fácil, lejos de buscar soluciones
a los problemas económicos, agarra la vía más fácil, la de amolar al pueblo y digo
amolar al pueblo en el sentido estricto de las consecuencias que se van a venir, aumento
en cascada a los precios de consumo, desempleo, porque muchas empresas, sobre todo las
pequeñas y las medianas obviamente que van a tener que cerrar ante una situación de una
carga financiera que de por sí ya es pesada, pues difícilmente van a poder todavía más
con esta situación que el Gobierno Federal nos ha endilgado".
Vengo a condenar y vengo a condenar a esta
tribuna, tal medida, porque el Gobierno Federal lejos de ajustar su gasto corriente en el
sentido de fusionar algunas secretarías, reducir la burocracia, al pueblo lo castiga.
Ciertamente hay pronóstico como cada año de la inflación, se pronosticaba el 13% y ya
estamos casi en el 20% de la inflación. Hay una situación sobre todo y quiero pronunciar
y condenar esta medida, pero sobre todo también, hablar sobre una situación de nuestro
Pesidente de la República en su campaña y todos recordemos el slogan del bienestar, el
bienestar para la familia.
Yo quiero preguntarles a las familias,
¿han visto reflejado ese bienestar?, creo que no. Es una situación de una política
económica errada y que el pueblo, el pueblo ya no aguanta más. Hoy día los trabajadores
y digo los trabajadores, porque de ahí dependen los núcleos familiares, cada día, cada
día ven que se empobre- cen más sus bolsillos. Ciertamente es una situación que no le
corresponde a este Congreso dirimir y sacar como resultado cuales vayan a ser las
políticas económicas, pero ciertamente esta tribuna y por eso vine a condenar tal
medida.
En seguida se le concedió el uso de la
palabra al diputado Braulio Martínez Ramírez, quien expresó: "muchas gracias,
señora Presidenta, estimados amigos, diputadas y diputados. En efecto, vengo a sumarme a
la condena que hace nuestro compañero Hermenegildo, el "Mere" Estrada, en
virtud de que en este caso los compañeros pensionados que diariamente nos visitan a esta
tribuna son directamente afectados, pero no solamente un grupo o un sector de la sociedad
es afectado, he visto la valentía con que algunos compañeros diputados se han
pronunciado en otras ocasiones en esta tribuna, pero esta situación va más allá de
grupos, va más allá de sectores, en virtud de que la repercusión de las medidas
económicas que ha adoptado el Gobierno Federal aplastan a toda la sociedad, perjudican a
cada uno de los sectores que conforman la sociedad, por eso no debemos desgastarnos en
algunas cuestiones de grupo, solamente que ahora esta tribuna se solidarice con todos los
sectores de la sociedad, que se repruebe esa medida, esa medida represiva, porque afecta
los bolsillos, por ejemplo hoy en la mañana una persona muy humilde del sur del Estado,
de doctor Arroyo viene a atenderse al hospital Universitario, pagando anteriormente ciento
cincuenta pesos para trasladarse, hoy amanece pagando ciento ochenta y cuatro para venir a
atenderse, al hospital Universitario, esa gente necesitada, esa gente que diariamente
tiene que abordar camiones, esa gente sufre las consecuencias, no solamente los que tienen
vehículos, también los que no tienen les encarece el mismo y que abordan autobuses para
trasladarse a atenderse, esa gente también sufre, por eso me solidarizo con el compañero
"Mere" condenando la política económica del Gobierno Federal. Es todo señor
Presidente".
Sobre el mismo se le concedió el uso de la
palabra al diputado Oscar Adame Garza, quien expresó: "muchas gracias, señora
Presidenta, compañeras y compañeros diputados, al igual que los compañeros que me
antecedieron en el uso de la palabra, quiero manifestar nuestro rechazo como fracción
legislativa y en lo personal como diputado respecto de las medidas económicas que se
contemplan en el paquete de reforma fiscal que fue planteado por el Secretario de Hacienda
y Crédito Público, a la Cámara de Diputados, a finales de la semana pasada, quiero
destacar los puntos más importantes de esa modificación legislativa y referirme a cada
uno de ellos por las perniciosas consecuencias que los mismos van a tener para la
economía de las personas de menores recursos, particularmente me voy a referir a los
siguientes rubros: se contempla en la iniciativa la creación de una tasa tarifaria de
carácter tributario especial del quince por ciento para el uso de los teléfonos, los
consumos telefónicos, por servicios telefónicos. Este quince por ciento se añadirá al
quince por ciento que ya grava el impuesto al valor agregado.
La consecuencia que aprenda esta medida de
gravar a las personas que cuentan con teléfono en sus residencias, en sus casas, pretende
incidir sobre las economías de las personas de mayores recursos en México, pero esto
compañeras y compañeros legisladores es absurdo el poner una tarifa del quince por
ciento a los teléfonos, lo único que se va a lograr es que las personas que actualmente
cuentan con teléfono lo cancelen y que los que tienen teléfono en su casa y que tienen
altos recursos paguen la medida, la recaudación no va a ser la esperada por la
Secretaría de Hacienda y automáticamente un país no comunicado, no debidamente
comunicado, es un país que no se precia de tener esquemas libertarios en cuanto a su
manera de transmitir sus ideas.
Debemos de rechazar la medida del
incremento de la tasa tarifaria del quince por ciento porque no generará la recaudación
esperada y porque lesionará las economías de las familias que requieren tener un
teléfono en su casa, me refiero a pensionados, me refiero a jubilados, me refiero a
viudas, me refiero a personas que tienen algún enfermo y deben de tener un teléfono en
la casa, el consumo mínimo será impactado con un quince por ciento, la persona que
propone esta iniciativa no tiene corazón ni conoce las necesidades de nuestro
pueblo".
Pretender que las legislaturas de los
estados establezcan un impuesto especial que graven los mismos conceptos del impuesto al
valor agregado con tasa del dos por ciento, es tratar de compartir la rebanada amarga del
incremento tarifario de las contribuciones en este país. El dos por ciento sobre los
mismos conceptos del IVA, trae como consecuencia que las legislaturas de los estados
seamos cómplices en el ataque a los bolsillos de los mexicanos, ese dos por ciento que
aparenta ser una cantidad mínima debe de ser sumada al quince por ciento que refleja el
impuesto al valor agregado y la tasa total será de un diecisiete por ciento, pero nos
preguntamos, no hemos visto todavía la iniciativa, ese dos por ciento pretenderá gravar
alimentos, pretenderá gravar medicinas, pretenderá gravar los conceptos que actualmente
se encuentran exceptuados del impuesto al valor agregado.
Si así es la consecuencia directa para los
bolsillos del pueblo consumidor, es nefasta constituirá un impuesto desproporcionado e
inequi- tativo porque no tomará en consideración la capacidad económica de las personas
que consumen este tipo de bienes, todos los impuestos al consumo como el del quince por
ciento del teléfono al que me referí hace poco y este dos por ciento a los mismos rubros
que el IVA trae como consecuencia ser desproporcionado e inequitativo, porque los mismos
consumos que realiza una familia rica, que una familia pobre resultarán impactados con el
quince por ciento y con el dos por ciento. Por tal virtud si se somete a la consideración
de este Congreso tal iniciativa desde ahorita les digo compañeros voy a votar en contra,
no estoy de acuerdo con que la legislatura de Nuevo León apruebe este dos por ciento,
pero adicionalmente hay una razón de índole técnico-jurídica y que se refleja en lo
siguiente:
Nuevo León renunció a la facultad de
autodeterminación tributaria para gravar con el denominado impuesto sobre ingresos
mercantiles las mismas bases gravables del impuesto al valor agregado y celebramos con la
Federación un convenio de coordinación fiscal. La Ley de Coordinación Fiscal establece
que a los estados les corresponderá el veinte por ciento del total del fondo repartible,
el cual se integra en parte con la recaudación del impuesto al valor agregado. ¿Cómo es
posible si por un lado se le pide a Nuevo León que deje de gravar las mismas fuentes del
IVA y va a recibir una parte de la recaudación federal que ahora nos digan, ahora
establecerle el dos por ciento? También recuerden ustedes, que tal tasa de impuesto sobre
ingresos mercantiles de Nuevo León era del uno punto dos por ciento y que la tasa del
impuesto sobre ingresos mercantiles federal era del uno punto ocho por ciento, que juntos
hacían el tres por ciento. Uno punto ocho por ciento hacían el tres por ciento se vieron
sustituidos estos impuestos por el impuesto al valor agregado con tasa del seis y del diez
por ciento y una tasa para artículos de lujo del veinticinco por ciento. Con el paso de
los años desaparece la tasa del diez por ciento y se sustituye por una del quince por
ciento y desaparece la tasa del veinticinco por ciento, la consecuencia es, que los
mexicanos pagamos más por lo que consumimos porque pagamos el quince por ciento en lugar
del tres por ciento y ahora que paguemos además el dos por ciento no debemos de
aceptarlo, como legislatura debemos de rechazar esa medida en materia de impuesto sobre la
renta, se pretende incrementar la tasa de este impuesto para los contribuyentes, personas
físicas que obtienen ingresos superiores a un millón de pesos en el año y a los que
obtienen de un millón y medio de pesos hacia arriba, quienes pagarán el cuarenta por
ciento del total de sus ingresos, se dice fácil, es subirle ocho puntos porcentuales al
total del ingreso del treinta y dos por ciento que actualmente pagan, brindarle al
cuarenta por ciento.
¿Cuál es la consecuencia directa?, que a
través de esquemas de planeación tributaria esas personas que laboran como pequeños
empresarios, que laboran como profesionistas independientes, que laboran como arrendadores
de bienes, que laboran en fin en cualquiera de los rubros establecidos en la Ley del
Impuesto sobre la Renta cambien su esquema y ahora presten los servicios a través de
sociedades mercantiles para efecto de pagar el treinta por ciento, si es que reinvierten
los ingresos. ¿Quiénes van a ganar con esto?, únicamente aquellos contribuyentes que
tengan una asesoría fiscal adecuada, los cuales van a poder darle la vuelta al esquema de
recaudación y únicamente quedarán afectadas las personas físicas que no cambien su
esquema recaudatorio o aquellos que trabajan como empleados o sea los que tienen un
patrón y que ganan más de esas cantidades van a resultar afectados con la medida.
La medida si la vemos sola se ve muy
grosera, se ve muy fuerte el impacto tributario, pero si la vemos aparejada con la otra
que me voy a referir, es totalmente desorbitante, se pretende por parte de la Secretaría
de Hacienda disminuir el impuesto sobre la renta a las empresas, ¿qué significa?, se le
disminuye del treinta y cuatro por ciento que actualmente pagan al treinta por ciento,
siempre y cuando reinviertan en los fines de la actividad empresarial las utilidades que
se obtengan del mismo giro.
La consecuencia es, el fomento a la
reinversión y la generación de nuevos empleos, la medida no es mala, pero la medida se
ve grosera por pretender desgravar a la empresa que lo que busca son actos mercantiles, lo
que busca la empresa es hacer dinero, es hacer utilidades y gravar tremendamente a las
personas físicas, entonces yo me pregunto, ¿dónde está la simplificación tributaria
que busca o pretende buscar el Gobierno Federal? ¿Dónde están los esquemas de
facilidades para que los contribuyentes paguen adecuadamente sus tributos? Un país que no
estimula la generación del trabajo de las personas está condenado al fracaso, porque lo
que esta generando es nuevas generaciones de mexicanos que no busquen su superación
personal, ¿por qué? porque tienen un límite a través, en su actividad, a través del
impacto fiscal que está dirigido a sus personas, a las personas físicas a través de
medidas tan absurdas como las que nos acaban de pasar. En otro orden de ideas y también
dentro de la misma iniciativa se contempla la supresión del esquema de consolidación
fiscal, el esquema de consolidación fiscal fue creado allá por los años setenta,
setenta y cuatro aproximadamente, se genera el esquema de consolidación para que los
grupos empresariales mexicanos puedan competir debidamente con los grupos empresariales
del extranjero. Cuando México firma el Tratado de Libre Comercio de América con Canadá
y los Estados Unidos se busca que las empresas que laboran en México tengan semejantes o
parecidos esquemas o mecanismos de tributación para que se haga atractivo el venir a
invertir en México, los grupos empresariales que parten de dos o más empresas generan a
través del esquema de consolidación la posibilidad de amortizar las utilidades de unas
empresas contra las pérdidas que tengan otras y disminuir su carga tributaria, porque
estima el Gobierno que de esta manera se va a fomentar que haya reinversión en otro tipo
de actividades productivas y así los grupos empresariales que fabrican vidrio,
corcholatas, etiquetas, cerveza etcétera, puedan ir creciendo y compitiendo contra grupos
iguales a los que están enfrentando comercialmente en el extranjero. Si la medida
pretende acabar con la consolidación fiscal van a tener muchas dificultades los
empresarios mexicanos para poder competir con sus homólogos de Canadá y de Estados
Unidos de América, si a esto le añadimos que el costo del dinero en los créditos en
México es más alto que en el extranjero por mucho, la consecuencia es que se va a ve-
nir una tasa mayor de desempleo, que se va a venir una tasa mayor de desinversión y la
consecuencia va a ser que vamos a entregar muchas de las actividades productivas a
empresas del extranjero, lo cual no está bien calculado desde el punto de vista de una
política hacendaria sana y de largo plazo, no podemos nosotros quedarnos con los brazos
cruzados, no podemos nosotros pensar nada más en simples declaraciones en esta tribuna
por tal virtud y visto lo que acabamos de mencionar como parte central, la columna
vertebral del esquema de la Miscelánea Fiscal de la iniciativa que acaba de ser remitida
por el Secretario de Hacienda al Con- greso de la Unión, yo quisiera tomar un punto de
acuerdo con ustedes compañeros y que se someta a la consideración de la legislatura.
Primero. Que se prepare un documento que se
remita a los diputados federales y a los senadores federales de Nuevo León, en donde se
manifieste nuestro rechazo como legislatura del Congreso de Nuevo León a la iniciativa
denominada Miscelánea Fiscal, por las razones que acabamos de mencionar, para efecto de
que los legisladores de Nuevo León mediten muy bien su voto y de ser factible se opongan
a esta medida.
Segundo. Que el gobierno del Estado de
Nuevo León rechace, rechace el gobierno del Estado de Nuevo León, el impuesto del dos
por ciento que se pretende a los mismos giros y actividades que el impuesto al valor
agregado, no lo podemos aceptar.
Tercero. Mandar una comunicación al
Ejecutivo, en la que se diga que no estamos de acuerdo con el incremento que se pretende
dar a las tarifas del transporte público, no se puede aceptar el incremento ahorita, se
tiene que meditar y ver los números porque si aceptamos este incremento los afectados son
las personas más humildes que hacen uso del transporte, los jubilados y los pensionados
no podemos dejar que los transportistas recarguen todo el peso de los incrementos a
través de los usuarios, debe ser, pero no de inmediato, se tiene que ver de qué forma se
puede hacer paulatinamente ese incremento y por último.
Cuarto. Yo le pediría al Ejecutivo y creo
que el Congreso sea la vía adecuada para hacerlo, que se medite el monto de las tarifas
de agua y drenaje, tenemos suficientes quejas, a todos los informes donde he asistido en
mi distrito me he encontrado con la queja de pensionados, de jubilados, de madres
solteras, de amas de casa que no tienen para pagar las tarifas del agua y drenaje, son muy
altas. Vamos a pedirle a la paraestatal que haga una reconsideración de dichas tarifas,
para el efecto de ver de qué manera puede apoyar al menos a las personas a que me
referí, pensionados, jubilados, madres solteras y personas huérfanas de padre y madre
que están viviendo de milagro, no sé cómo le están haciendo. Compañeros, basta de
palabras y vamos a solidarizarnos con los que menos tienen.
Para el mismo tema se le concede el uso de
la palabra a la diputada Lucilda Pérez Salazar, expresando: "con el permiso de la
Presidencia, venimos a manifestar como lo hicieran anteriormente nuestros compañeros,
nuestro profundo rechazo a las medidas que el Gobierno Federal impuso desde el sábado
pasado, en cuando al incremento de tarifas y precios de los bienes y servicios de primera
necesidad en nuestro país y también nuestro repudio a el presupuesto y a la Ley de
Ingresos que presentó en el Congreso de la Unión. Son realmente los aumentos alevosos en
contra de los noventa y cinco millones de mexicanos. El haber incrementado sin consultar a
nadie, la gasolina, el precio de la gasolina y ahora nos anuncian que también vendrán
incrementos aunque paulatinos, pero no menos onerosos a la electricidad, a las tortillas
cuyo precio se libera y con ello dejaremos muy atrás los pronósticos de inflación que
estaban programados para este año de mil novecientos noventa y ocho".
Estas medidas tienen un claro corte
electorero por parte del Gobierno Federal. Administrar la medicina amarga en estos
momentos del año de 1998 para que el año entrante solamente estaremos recibiendo los
incrementos paulatinos, como a finales del año entrante tendremos una situación
política nacional muy álgida debido a los nombramientos que se estarán haciendo y las
postulaciones de los candidatos a la Presidencia de la República, el Gobierno se preparó
con estos incrementos con mucho tiempo, por lo tanto es una medida de carácter
electorero.
Se presentó un presupuesto federal
verdaderamente aterrador, verdaderamente recesivo, aterrador por la serie de incrementos a
los impuestos que están programados, entre otros aumentos disfrazados como ése que nos
traen por la puerta de atrás al IVA, pretendió el Secretario de Hacienda incrementar las
tasas del IVA y someter a las medicinas y algunos alimentos también a la tasa del IVA,
pero al ver el rechazo generalizado de las fracciones legislativas del Congreso de la
Unión optó por una medida medio disfrazada que es la de pasar este incremento del dos
por ciento al impuesto al valor agregado a través de los gobiernos de los estados y las
legislaturas locales.
Me uno a la propuesta que hace un momento
hiciera el diputado Oscar Adame, de rechazar terminantemente cualquier intento que venga
del gobierno del Estado para incrementar el IVA o causar ese impuesto nuevo aquí en Nuevo
León.
El nuevo impuesto al teléfono tiene las
mismas características, aparte del quince porciento del IVA pretenden ahora adjudicar un
quince por ciento más al impuesto telefónico, con ello no solamente sufrirán las clases
más pobres de nuestro país que cancelarán sus servicios telefónicos, sino también las
mismas empresas, habrá quiebra de empresas, queramos o no, porque no podrán soportar el
corte de los teléfonos que muchos habitantes de nuestro país seguramente tendrán que
hacer, ante la falta de recursos por parte del Gobierno Federal, sabemos que la situación
económica es grave, que tienen un déficit de recursos del alrededor de cinto veinticinco
mil millones de pesos.
No se le ha ocurrido otra cosa más que la
de seguir gravando a los mexicanos con nuevos impuestos, como éstos que están anunciados
por parte del Gobierno Federal.
Queremos proponer, tendría una variante en
la propuesta que hiciéramos en relación a lo que debiéramos hacer en este Congreso,
además de las participaciones que se hicieron en tribuna, creo que hay consenso
suficiente entre las diferentes fracciones legislativas para que emitamos un
pronunciamiento por escrito, no dirigido yo no diría a los diputados y senadores por
Nuevo León, sino a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión, fijando la postura de esta legislatura en relación a la Ley de Ingresos y al
Presupuesto de Ingresos que también es un presupuesto muy recesivo, un presupuesto que no
disminuye en términos reales en cuanto al gasto público respecto al que se ejerció en
1998, a fin de que la Cámara de Diputados conozca cuál es la opinión que tiene este
Congreso del Estado de Nuevo León y por otro lado separaríamos la otra declaración, el
otro pronunciamiento que estaría dirigido al gobierno del Estado, a fin de que conozca de
antemano la opinión de los diputados de este Congreso, en relación a la eventualidad de
que en los próximos días nos trajeran un nuevo gravamen del 2% aplicado sobre la tasa
del IVA y por añadidura que conozca también el señor gobernador nuestro planteamiento,
nuestra postura en relación a la ofensiva que ya existe por parte de los transportistas
para incrementar las tarifas camioneras, también debemos expresar nuestro rotundo rechazo
para parar esta ola inflacionaria que el Gobierno Federal ha desatado con el aumento de la
gasolina y de otros precios que vendrán enseguida de las tarifas de bienes públicos que
proporciona el mismo Gobierno.
Creo que incluso debiéramos pensar y esto
habría qué sugerirselo a los compañeros de la Cámara de Diputados que pugnarán por
reformar la ley para que el Gobierno de la República, el Presidente en este caso, no
tuviera la facultad discrecional de incrementar los precios de los bienes y servicios, o
las tarifas sin tomar en cuenta a el Congreso de la Unión.
Creo que esto es algo que amerita ya una
discusión en la Cámara de Diputados, a fin de lograr ser copartícipes en el
otorgamiento de los precios y tarifas de los bienes públicos que el Estado proporciona.
Estas serían las propuestas que yo haría,
por un lado el pronunciamiento hacia las dos cámaras, la de diputados y senadores para
fijar la posición del Congreso y segundo el pronunciamiento hacia el gobierno del Estado,
en los términos que hemos señalado.
Sobre el mismo tema, enseguida se le
concedió el uso de la palabra al diputado Jaime Rodríguez Calderón, quien expresó:
gracias señora Presidenta, compañeros diputados:
Todo tiene un propósito y también todo
tiene un alto y yo creo que con esto nosotros como Congreso pudiéramos tener una
determinación que tenga que ver con responderle a nuestra gente, un proyecto económico
que no funciona en este país, un proyecto económico que ha dado más pobres en este
país y que ha hecho más ricos a los ricos, curioso, banqueros ricos, bancos quebrados,
pobres más pobres.
Esa es una realidad de este país, un
proyecto económico que nace de la presión de un sexenio quizá bonante, Carlos Salinas
de Gortari, bajo la presión en ese tiempo del Partido Acción Nacional, cambia el
proyecto económico de este país y nos vamos por el proyecto neoliberal. Quizá en la
televisión, en la radio esta palabra suena rara, pero es una realidad en este país.
Una presión política hace cambiar un
proyecto económico. Hoy de nuevo una presión política hace que el Gobierno tome
decisiones que van en contra de la población y no se consulta a nadie, es muy malo y creo
que a esto tenemos que ponerle un alto nosotros quienes somos representantes populares,
porque eso de mandarle exhorto, aquí decían cuando yo cuando yo solicitaba varias veces
eso y decían para qué mandamos exhortos, decía la mayoría panista.
Para qué mandamos oficios si al cabo ni
caso nos hacen y hoy volvemos aquí a plantear un exhorto, un planteamiento y hablamos al
aire y las palabras se van y se las lleva el viento.
Lo que tenemos que hacer es una acción
determinante, que obligue a que el Gobierno cambie su postura y nos convertiremos ahora
sí en verdaderos representantes populares, no mandando cartitas a Santaclaus a haber si
las leen y a haber si nuestro diputados federales toman conciencia de su representación y
votan en contra de una propuesta del Gobierno, para qué dejar que el Gobierno haga esa
propuesta, diría yo, porque en el sentido práctico es cuando le manda a avisar al
enemigo que vas a estar en tal parte para que se prepare, decían aquí cuando
revisábamos la cuenta pública de Guadalupe y Monterrey, que no hay que decirlo por- que
se prepara el enemigo y se va a defender.
Pero aquí creo que estamos equivocando la
ruta y equivocando el rumbo en nuestra propuesta.
Tenemos que decirle a quien manda en este
país y gobierna este país, que se llama Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de la
República, a él tenemos que convencerlo de que no puede agredir más a la población
mexicana porque este escenario de recaudación pareciera ser que ya se contagió de los
panistas, este gobierno priísta recaudador, pareciera ser y no te rías que es cierto,
porque no podemos reírnos de la desgracia de mucha gente ni tampoco podemos burlarnos de
la desgracia de mucha gente y quizá si les da risa, bueno hagan algo para que no se
agreda a la población.
Un proyecto originario de un gobierno
priísta es cierto y me avergüenzo de que se dé así, porque se agrede a mucha
población... no me voy a salir del PRI, voy a exigirle al PRI que no hagan esto, quizá
me escuchen, quizá no, pero mi conciencia está y debe de estar con quienes represento en
este Congreso.
No podemos permitir nosotros compañeros
diputados, que se siga agrediendo a la población, no debemos de hacerlo por el solo
estricto derecho de buscar votos para la elección del año dos mil, no es honesto y no es
responsable porque se agrede a miles de familias y porque se agrede a quienes en cierta
medida estaban guardando un poco de recursos y que pudieran capitalizar su pequeña o
grande empresas y de repente se le va otra vez de las manos y esto puede ocasionar muchas
cosas que quizá nosotros no veamos en este Congreso, porque el salario nuestro a lo mejor
es mucho mejor que el de miles de familias y quizá no tengamos esa conciencia.
Por eso yo he dicho siempre que desde que
llegaron al Gobierno los políticos con cerebro de computadora, que se enchufan en la
pared para energetizar su cerebro.
Este país va de mal en peor, necesitamos
que este Gobierno lo gobiernen políticos que tengan conectado el cerebro al corazón para
poder sentir y para poder pensar en el bien de la población.
Quizá se requiera de impuestos y de
recaudación para poder avanzar en la necesidad de las zonas más marginadas, pero no a
cada rato, no a cada rato, hablábamos la semana antepasada de cómo se gasta en
teléfonos celulares en este gobierno, de cómo se gasta en publicidad en este gobierno,
de cómo se gasta en muchas cosas que no son necesarias y cómo no se invierte en lo más
necesario, no sólo el Gobierno de la República sino también el gobierno del Estado y es
a donde voy a querer hacer mi propuesta.
En un sentido estrictamente personal y
quizá no vaya a encontrar el eco de ningún compañero diputado, no pretendo hacerlo ni
tenerlo, quise pasar a esta tribuna para externar mi enojo y mi molestia por estos
razonamientos del Gobierno que me parecen injustos y que no basta solamente con que este
Congreso diga, vamos a mandar un exhorto, porque nunca sucede nada, porque este Congreso
no ha sido tomado en cuenta en ningún exhorto que hemos enviado a ninguna parte y no
hemos asumido nuestra responsabilidad como Congreso representante de este pueblo.
Mi comentario va más allá a la conciencia
de los propios diputados de este Congreso, más para que aprueben una propuesta o no, una
propuesta más a su conciencia, más a su alma, más a su corazón para que puedan hacer
algo que no permita ni que el Gobierno de la República ni que el Gobierno del Estado
sigan con su proyecto recaudador, más impuestos para el pueblo más amolado y menos
aplicación de la ley de la justicia de aquellos que se llevaron los dineros de este
pueblo.
Más impuestos de nuevo a la gente que
menos tiene, porque finalmente es la que paga, el trabajador, la familia, aquel que no
tiene una empresa, es el que tiene que pagar más, que aquel que tiene la propia empresa y
los recursos económicos porque es a la que finalmente se le tiene que cobrar el impuesto.
Mi propuesta va al corazón y a la
conciencia de estos compañeros diputados nuestros, para que hagamos no solamente el
pronunciamiento a las instancias que aquí se propusieron, sino al propio Presidente de la
República, al propio gobernador del Estado, para que el gobernador del Estado vaya y
reclame y defienda a los nuevoleoneses de esta agresión y no esté sentado en el palacio
de gobierno solamente haciendo comentarios de amargura de que no tiene recursos. Tiene que
defender al pueblo de Nuevo León y este Congreso tiene que estar con él de manera
unánime, sin discusión, sin polémica, eso es lo que tenemos que hacer como Congreso y
si no lo aceptan, compañeros diputados, la conciencia nuestra no va a estar tranquila
porque cada día que salgamos a la calle va a haber reclamos del pueblo y de la gente que
representamos porque no estamos haciendo las cosas que debemos de hacer no importa el
partido político al que representemos o por el que estemos aquí.
No importa la decisión que este Congreso
tenga que tomar para evitar se vaya agredir de nuevo a la población mexicana y más a la
población de Nuevo León.
Yo dejo en la conciencia de ustedes esta
propuesta, propuesta en el sentido práctico de que no basta con el exhorto, de que no
basta con que les digamos a nuestros compañeros diputados de que finalmente van a votar,
quizá, por quienes les indiquen las direcciones de los partidos políticos.
No es una razón política ésta, no es una
razón de conveniencia política partidista, es una razón de conciencia y que la
conciencia creo que cada uno de nosotros la deba de tener con la población que
representamos y no por el partido político por el que estamos aquí.
Hay otras razones quizá por las que
tengamos que discutir en esta tribuna y posteriores, pero ésta es una razón que yo he
escuchado todos los días a partir de que se dijo que se iban a incrementar estos
impuestos y sobre todo el precio de la gasolina, enojo, inconformidad y angustia de mucha
gente, quien pagaba rayas el sábado las tuvo que pagar el domingo porque se desfasó y lo
que tuvo que sacar después es —quizá al compañero Martín no le agrade porque él
gana una buena lana y esto no le afectó pero aquel que tiene que comprar 20 litros de
gasolina diarios le afectó, claro que le afectó—, y son miles de ciudadanos de este
Estado y quizá tú no porque ni supiste cuanto vale el litro de gasolina, porque no te
fijaste quizá porque el Congreso te paga la gasolina, pero el que tiene todos los días
que buscar el ingreso para comprar la gasolina, sí batalla y si le afecta, no podemos
decir que no, si le afecta y sí va a batallar.
No quiero hacer más comentarios más que
uno, de generar en la conciencia y quizá no voy a encontrar eco como en muchas ocasiones
que he pasado a la tribuna, pero lo quise dejar asentado, de que no es posible y coincido
con los compañeros diputados que pasaron a esta tribuna, que no es posible que nosotros
permitamos se siga agrediendo a la población, si somos verdaderos representantes
populares hagamos algo, para que esto no suceda y si no lo intentamos y no lo logramos, no
podemos quedarnos cruzados de brazos simplemente haciendo comentarios y exhortos a quien
no deba de hacer las cosas.
Gracias".
Sobre el mismo tema se le concedió el uso
de la palabra al diputado José Herrera Maldonado: "con el permiso de la directiva,
compañeras y compañeros diputados: vengo a esta tribuna porque como representante de los
ciudadanos de Nuevo León, considero que es criminal, lo que en este momento está pasando
en nuestro país, no es posible que el señor Presidente de la República, Ernesto Zedillo
Ponce de León, nos anticipe a todos los ciudadanos de este país la navidad,
aumentándonos la gasolina, aumentando las tarifas en los teléfonos y por si fuera poco
estamos esperando el día de reyes en un aumento sin control de la tortilla, en un aumento
casi seguro de las tarifas camioneras aquí en el Estado y en el país, pero por si fuera
poco, un trece por ciento al incremento de la energía eléctrica. Hoy, compañeros
diputados, los cuarenta y dos debemos de hacer eco para que a nivel del país, se escuche
nuestra voz porque somos los representantes de los ciudadanos de Nuevo León, el Gobierno
Federal y el gobierno estatal deben de estar conscientes que para que nosotros podamos
sobrevivir a la crisis tan fuerte que padecemos en este país, es necesario no aumentar
más las tarifas. Yo me uno a los compañeros que han hecho uso de la palabra, pero
además invito al resto de mis compañeros para que nuestra voz llegue con el señor
Presidente, llegue a la Cámara de Diputados y Senadores y aquí llegue también con el
señor gobernador, porque no es posible que se sigan dando aumentos de las tarifas tanto
de agua, de luz, tortillas, electrificación y por último ese aumento que va a repercutir
en el bolsillo de todos los ciudadanos del nivel económico, político y social que hay en
este país, porque el aumento de la gasolina va a repercutir con aumentos en otros
productos de primera necesidad. Por esa razón, hago una exhortativa a mis compañeros
diputados para que juntos hagamos una voz en representación de los ciudadanos de Nuevo
León, para que cese el aumento a las tarifas, a los artículos de primera necesidad y que
de esa manera podamos tener un poco de estabilidad en este país y por lo menos lograr
salir adelante en este 1998 y buscar la forma para que en 1999 podamos con ganas
contribuir de manera importante, tanto el gobierno del Estado como el Poder Legislativo,
la Cámara de Diputados, Senadores y el mismo Presidente de la República, para que
México sea mejor, más efectivo y que no haya intranquilidad en este país".
Para el mismo tema se le concedió el uso
de la palabra al diputado Julián Hernández Santillán: "con el permiso de la
directiva hago uso de esta tribuna, no para entrar en debate con lo que ya han comentado
mis compañeros, con algunos comparto totalmente lo que señalan, con otros no, voy a
entrar en el tema, se hizo alusión hace un momento a que nos unamos al rechazo total del
incremento de impuestos, yo quiero agregar algo a esto, no solamente debemos unirnos a
este rechazo, yo creo que también hay que urgir a las autoridades federales, en
específico a la Secretaría de Hacienda, la solución a los ingresos de la Federación no
está del todo en el incremento de la carga tributaria a los particulares, al ciudadano.
También esa balanza ellos la pueden obtener ampliando su base gravable a todos esos
evasores fiscales que los detecten, que se pongan a trabajar, el aparato burocrático para
eso está, no es estático debe ser dinámico. Por otra parte, ya hablando del aparato
burocrático, yo creo que una buena medida de la Federación sería reducir ese mismo
aparato burocrático, no sólo estar pensando en más cargas y más cargas, mayores
impuestos hacia la ciudadanía. Ahora bien, por otro lado, a la hora de aplicar el gasto,
creo que también el Ejecutivo Federal debería de hacer más eficiente este gasto, de las
formas que crea convenientes, de aquí no le vamos a decir cuáles, yo creo que los
señores lo saben y lo saben de sobra. Ahora bien, respecto del dos por ciento al consumo,
señalaba hace un momento en los Criterios Generales de política Económica para mil
novecientos noventa y nueve que presentó el señor José Angel Gurría, actualmente
secretario de Hacienda y Crédito Público, el señor señalaba que era para fortalecer el
federalismo fiscal y aquí nos señala una nota en la prensa, que el señor Gurría puso a
consideración de los diputados la ampliación de las potestades de gobiernos estatales
para que puedan incrementar un dos por ciento del IVA, pues qué bueno que está pensando
en ampliar la potestad tributaria de los estados, pero yo le diría al señor Gurría que
no solamente en este rubro, que la amplíen en otros conceptos, ya que actualmente la
forma en que está diseñada la fórmula de la Ley de Coordinación Fiscal es bastante
centralista, ya que en la forma en que está ahorita es muy difícil darle marcha atrás y
buscar un cambio en la misma, para obtener mayores recursos hacia el Estado, viniendo de
la Federación, ya que si como luego dicen, perdóneme la palabra, "si jalas de un
lado la cobija, a algunos vas a descobijar". Entonces, yo creo que el ir cediendo
mayores facultades, ceder la potestad tributaria a los estados de una manera más amplia
sería una forma de ese pastel grande que tiene la Federación para distribuir en la Ley
de Coordinación Fiscal, se haga más pequeño y los estados tengan esas potestades para
obtener mayores recursos pero estos recursos no deben de ser adicionales a los ya
existentes en la carga tributaria a nivel Federal, si ahorita el señor comenta que para
fortalecer el federalismo fiscal, se le da un dos por ciento a los estados, pues que
bueno, pero si se mantiene el quince por ciento eso es lo grave del asunto, va a ser
automáticamente un diecisiete por ciento de carga hacia la ciudadanía, por qué no
señalan claramente y dicen, bajaremos el impuesto al valor agregado a un doce por ciento
o un trece por ciento y el dos por ciento se los cedo a los estados para que tengan
mayores recursos y la ciudadanía no salga perjudicada, no lo señalan, solamente dicen te
cedo el dos por ciento como potestad tributaria y para entrar de lleno al federalismo
fiscal, creo que ése no es el camino, los señores deben ser más claros. No estamos de
acuerdo si los señores lo manejan con el quince por ciento más el dos porciento hacia
nosotros. Yo creo que es ceder la responsabilidad a los estados. Yo le voy a señalar un
punto que a mí me parece grave, la mayoría de las legislaturas de los estados son de
origen del partido en el poder, del partido en el sistema, yo no quisiera pensar que en
determinado momento vaya a haber alguna línea por ahí. Tengo el quince por ciento y el
resto de las legislaturas que tiene predominancia el PRI, vayan a querer entrar con el dos
por ciento, automáticamente la carga fiscal va a ser del diecisiete por ciento para el
ciudadano en este concepto. Ahora bien, hace un momento en esta tribuna se vino a
señalar, que pues el gobernador tantas vueltas que hace hacia la Federación que por qué
no participa en este asunto, por qué no hace eco de este incremento, pues yo quiero
decirles que el señor gobernador no tiene nada que ver en esto, a quienes vinieron a
señalar esto en la tribuna y no voy a decir nombres todos los sabemos para evitar
alusiones personales, yo lo que le quiero decir es, que en el Congreso de la Unión hay
predominancia del PRI en la Cámara de Senadores, en la composición que tiene la Cámara
de Diputados también tiene una influencia bastante grande, pues que vaya con ellos y a
ellos les diga que no está de acuerdo y que los señores también se pronuncien y voten
en contra de estos incrementos que se están señalando por una parte y, por la otra, de
una vez, que no vaya tan lejos, que hable con el presidente Zedillo, creo que dentro de
las facultades que tiene el Secretario de Hacienda es verificar y plantearle al Presidente
de la República el paquete fiscal que va a presentar cada año, pues que vaya con el
Presidente y que se lo diga y el Presidente que haga un manifiesto donde señale también
el señor que no está de acuerdo creo que realmente sí queremos exigir, vamos a exigirlo
allá, no vamos a exigirlo aquí.
Finalmente y en otra nota de prensa se
señalaba sobre este punto y por ahí se señalaba y con bastante crudeza, yo creo que el
bienestar que nos han estado señalando, pues va a que- dar pendiente. Tenemos cuatro
años de estarlo esperando, no sabemos cuanto tiempo más vamos a seguir así. Ya para
concluir quiero presentar una propuesta, un punto de acuerdo, pero como se han estado
tocando temas diversos al punto original de acuerdo, yo quiero solicitar que todo esto se
turne a la comisión para que ahí se estudie y nos presenten un proyecto al respecto.
Muchas gracias".
Sobre el mismo tema se le concedió el uso
de la palabra al diputado Hermenegildo Estrada Rodríguez: "con el permiso de la
Presidencia, diputadas y diputados. Yo creo que venir aquí sobre el tema bastante amplio
que hemos comentado y venir aquí a decir y confundir a la opinión pública en el sentido
de que el Partido Acción Nacional, pues es el culpable ahora de la situación económica
que vive el país. Yo creo que aquí tenemos que ser y conocer la realidad de las cosas,
conocemos la historia sexenal, sexenio tras sexenio, crisis tras crisis, pero déjenme
decirles en contraparte y quiero decirles a todas estas personas jubiladas y pensionadas y
a todos ustedes que el Partido de Acción Nacional del doce de julio de mil novecientos
noventa y cuatro a través de los senadores Gabriel Jiménez Remus y Juan de Dios Castro,
presentaron un proyecto de iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo y ahí está
esa iniciativa, ese proyecto, el que guste puede pedírmela, también a los jubilados y
pensionados con mucho gusto le daré ese proyecto de iniciativa y en ese contenido de ese
proyecto de iniciativa iban propuestas de mejora salarial a los trabajadores y de ahí se
desprendía un beneficio económico para todas las familias, entonces por qué echarle la
culpa, no se vale confundir a la opinión pública".
Sobre el mismo tema se le concedió el uso
de la palabra al diputado Luis David Ortiz Salinas: "con el permiso de la
Presidencia, yo lo que venía a proponer es para evitar prolongar más el debate sobre
esto, yo creo que hay una coincidencia y más que hacerlo de partidos, hay una
coincidencia de todos como representantes populares, de la dificultad que representa para
la población estos aumentos, yo lo que propongo es que se turne a algunas de las
comisiones, tal vez la Comisión de Hacienda del Estado sea la indicada para unir todo
esto en un texto adecuado, con la redacción que deba llevar y que presente mañana o
pasado mañana lo más rápido que tenga listo el borrador, debe de ser esta misma semana,
si no mañana o pasado mañana porque este caso sí implica urgencia y hay una decisión
pendiente en el Congreso que tendrá que tomar el Congreso Federal y podamos hacer llegar
nuestras peticiones a tiempo. Entonces, propongo que se turne a la Comisión de Hacienda
del Estado, para que integre todas estas peticiones en donde haya coincidencia, en una
redacción adecuada que es la que debe llevar y se proponga a este pleno ese texto para su
votación, porque luego votamos y está muy confundido lo que dijo uno y lo que dijo el
otro y luego no va a haber claridad en qué es lo que vayamos a estar aprobando. Entonces
yo propongo que se turne a esa Comisión de Hacienda, para que nos proponga los escritos
que debemos de aprobar."
Sobre el mismo tema se le concedió el uso
de la palabra a la diputada María Guadalupe Rodríguez Martínez: "con el permiso de
la directiva; he escuchado con mucha atención las propuestas de todos mis compañeros
sobre este tema tan difícil para todos los mexicanos y también he seguido con mucha
atención lo que se dice acerca de las responsabilidades, yo creo que los responsables de
la política económica del país sin lugar a duda, está en manos del Gobierno que
ahorita tiene el poder en nuestra República, pero también ha tenido mucha
responsabilidad quien ha avalado esta política económica durante varios sexenios y
quienes han pagado el pato, quienes están sufriendo las consecuencias desde hace muchos
años estas crisis recurrentes que se suman una a otra y aparte sumadas a las crisis
recurrentes. El problema de la corrupción que nunca se ha resuelto y que agrava todavía
más la difícil situación de todos los mexicanos. ¿Qué quiere decir este incremento a
la gasolina?, no solamente quiere decir un aumento más a los muchos que se suman, que
hemos visto que año tras año se está dando, el aumento a la gasolina significa una
violenta escalada más en contra del pueblo mexicano.
Nuevamente veremos el incremento de los
precios en muchos productos básicos y fundamentales, nuevos impuestos y aparte bajos
salarios ¿Qué le espera al país en cuanto a educación?, pues sabemos todos que la
educación va a tener una caída más en cuanto a presupuestos. El problema de la salud se
seguirá deteriorando, veremos más y más generaciones de niños mexicanos desnutridos,
con bajo rendimiento escolar, veremos más mujeres hundidas en la desesperación y en la
pobreza, veremos cada vez más mexicanos mendigando en las calles y veremos cada vez más
ancianos pidiendo clemencia a este Gobierno para poder sobrevivir. Nosotros creemos que
este proyecto neoliberal criminal que polariza a nuestra sociedad cada vez más, debe de
frenarse, pero no solamente con una misiva diplomática al Gobierno, ni al Senado, ni al
Congreso de la Unión, es hora de...* parte de nosotros, ojalá que mi propuesta tenga eco
en todos ustedes. Gracias."
Sobre el mismo tema se le concedió el uso
de la palabra al diputado Luis David Ortiz Salinas: "con el permiso de la
Presidencia. Nada más para aclarar, aquí había muchas propuestas de texto de que quede
incluido, que eran diferentes, pero aquí hay una propuesta nueva con la que yo no
comparto, porque la diputada Lupita propone ir a protestar al Palacio de Gobierno, pues si
no son ni siquiera medidas del gobernador del Estado, son federales. Yo propongo que
hagamos la carta o las cartas que vayan a salir del Congreso y luego ya las enviemos por
los conductos indicados a las respectivas partes, casi todos los asuntos son o en la
Cámara de Diputados o al Presidente de la República o al Secretario de Hacienda, lo que
resulte del trabajo de la comisión, pero a mí se me hace que no es procedente ir a
protestarle algo al gobernador que no es ni siquiera su esfera de competencia. Entonces yo
propongo que se turnen estos trabajos a la Comisión de Hacienda para hacer la redacción
y ya teniendo eso, vayamos a notificar a donde correspondan esos acuerdos del
Congreso."
En seguida se le concedió el uso de la
palabra al diputado Mario Jesús Peña Garza: "con su permiso, señora Presidenta,
bienvenidos pueblo de Nuevo León. Yo veo bastante interesante lo que se propone aquí,
pero creo que pudiéra- mos empezar por algo que en lo personal creo muy importante y eso
es que empecemos a pronunciarnos porque se cumpla con las tarifas preferenciales para la
gente de Nuevo León, que le propongamos al señor gobernador que se trate con más
benevolencia a esta gente jubilada y a gente que no puede pagar impuestos, los servicios y
tarifas preferenciales en los servicios. Creo que deberíamos de empezar por esto, sí es
muy preocupante lo que nos quiere hacer el Gobierno y nosotros también no estamos de
acuerdo con eso y si tenemos que hacer algo los diputados en pronunciarnos lo vamos a
hacer, pero creo que debemos de empezar como siempre se dice, por la casa, y agradezco a
esta gente que la vemos muy seguido por aquí, y que se tiene que transportar
constantemente hasta acá, le agradecemos eso y creo que le debemos de proponer al señor
gobernador que nos ayude para cumplir con esa gente con esas tarifas preferenciales.
Gracias."
Señora Presidenta: "señor diputado,
ésta sería su propuesta entonces".
Diputado Mario Jesús Peña Garza: "mi
propuesta es que atendamos a la gente, que hagamos eso que nos proponen nuestros
compañeros diputados está correcto, pero también agregar, yo quise aprovechar la
tribuna para agregar, que debemos atender, que a lo mejor no se nos hace importante, pero
a ellos es la dificultad que tienen ahorita: los gastos inmediatos".
Señora Presidenta: "compañeros
diputados, quisiera comentarles que tenemos vertidas en esta tribuna algunas propuestas y
me voy a permitir mencionarlas para el efecto de la votación de ellas. Está la propuesta
del diputado Oscar Adame, en la que solicita que llevemos un punto de acuerdo y en este
punto de acuerdo incluyó cuatro situaciones principalmente, la primera es, que se prepare
un documento para remitirlo a los diputados federales y a los senadores de Nuevo León,
donde se manifiesta el rechazo de esta legislatura al proyecto fiscal y que estos
diputados y senadores rechacen la iniciativa. El segundo inciso consiste en que se le
invite al gobernador del Estado a rechazar también el impuesto al dos por ciento, ya que
es similar al impuesto al valor agregado y va a tener un efecto negativo para nuestra
entidad. El tercero es mandar una comunicación al Ejecutivo para rechazar y manifestarle
nuestro rechazo a un aumento al transporte público y el inciso cuatro sería, solicitar
al Ejecutivo que medite el monto de las cuotas de agua y drenaje y que se le dé un
revisada. ¿Es así su respuesta, señor diputado?"
Diputado Oscar Adame Garza: "nada más
precisar que lo que pretendo para las familias de pensionados, de jubilados, viudas,
madres solteras, huérfanos y discapacitados, se puede añadir también".
Señora Presidenta: "para los grupos
más vulnerables en la sociedad, ¿le parece bien, señor diputado?"
Diputado Oscar Adame Garza: "que se
otorguen subsidios, ya que esta gente no puede".
Señora Presidenta: "ésa es la
propuesta del diputado Oscar Adame. Tenemos también la propuesta de la diputada Lucilda
Pérez, en donde nos manifestó de la misma manera que se haga un pronunciamiento por
escrito a las cámaras, fijando la postura de esta legislatura en relación a la Ley de
Ingresos y al Presupuesto de Egresos a fin de que el Congreso Federal conozca nuestra
postura y que es de rechazo total a lo que se ha manifestado. Asimismo que al Ejecutivo se
le envíe también nuestra postura acerca del impuesto del dos por ciento y la situación
de las tarifas del transporte en donde se manifieste un rechazo por esta legislatura a los
aumentos. ¿Es así, señora diputada?
Diputada Lucilda Pérez Salazar: "Sí,
así es".
Señora Presidenta: "tenemos también
la propuesta del diputado Jaime Rodríguez Calderón, que según entendí y si no me
equivoco, es que se le comunique al señor gobernador que defienda a los nuevoleoneses
ante el presidente Zedillo, ¿es así, señor diputado?"
Diputado Jaime Rodríguez Calderón:
"Así es".
Señora Presidenta: "y tenemos dos
propuestas más, una de ellas es la del diputado Julián Hernández Santillán, en la que
solicita que todas estas propuestas o comentarios vertidos por nuestros compañeros se
turnen a una comisión para que se estudie y después se plantee al pleno para su
aprobación y podamos llegar a un punto de acuerdo ya estudiadas estas propuestas en una
comisión. Esta misma propuesta la hace el diputado Luis David Ortiz Salinas, nada más
que él puntualiza que, quien sea la comisión que va a estudiar esto sería la Comisión
de Hacienda del Estado, que se le fije un plazo a la Comisión de Hacienda del Estado de
dos o tres días máximo para que ya estudiada esta situación la traiga al pleno y en el
pleno se vote al acuerdo o el texto".
Diputado Luis David Ortiz Salinas: "no
porque se le fije un plazo, pero que se le haga evidenente la urgencia que tiene este
tema, ya que esta situación es para resolverse en un término inmediato para enviar
nuestra petición a las cámaras de Senadores y Diputados".
Diputado Julián Hernández Santillán:
"diputada Presidenta, yo retiro mi propuesta y me adhiero a la propuesta del diputado
Luis David Ortiz".
Señora Presidenta: "tenemos entonces
una sola propuesta que es la propuesta del diputado Luis David Ortiz Salinas, en virtud de
que el diputado Julián Hernández retira su propuesta y se adhiere a ella".
La Presidenta continuó diciendo:
"tenemos también la propuesta de la diputada María Guadalupe Rodríguez Martínez,
que es, que se convoque al pueblo de Nuevo León para que juntos llevemos la propuesta al
Palacio de Gobierno, en una manifestación pacífica. ¿Es así, señora diputada?..*
pleno el acuerdo a que llegó y podamos llevar a cabo la votación de lo que ahí se
acordó por los diputados".
Desde su lugar el diputado Oscar Adame
Garza, señaló que quedaron pendientes con la propuesta del diputado Mario Jesús Peña
Garza.
Señora Presidenta: "discúlpeme usted
señor diputado, tiene toda la razón. El diputado Mario Jesús Peña propuso que se le
solicite al señor gobernador que se hagan efectivas las tarifas preferenciales. Entonces
esta situación también se va turnar junto con las demás que se mencionaron aquí a la
Comisión de Hacienda. Las manejamos juntas, ¿les parece bien señores diputados? En
virtud de todo lo que puede desencadenar esta situación".
Diputado Oscar Adame Garza: "yo diría
que lo único que hay que hacer es enviar un oficio al Ejecutivo y decirle que esto ya se
aprobó en el Congreso".
El diputado Mario Jesús Peña Garza
señaló que ya existe un acuerdo por parte de este Congreso y que es muy necesario
hacerla efectiva.
El diputado Luis David Ortiz Salinas,
expresó: "éste es un asunto diferente a esto, es una cosa de transporte y creo que
se debe turnar a esta comisión, al menos que haya una propuesta concreta o es
simplemente..."
Señora Presidenta: "no señor, hay
una propuesta concreta y se la voy a leer, es que se proponga al señor gobernador que se
hagan efectivas las tarifas preferenciales. Por lo tanto, esta Presidencia envía este
asunto a la Comisión de Transporte para que la Comisión de Transporte se ponga de
acuerdo y decida de qué manera puede hacer las exhortaciones a quien considere esta
comisión".
Desde su lugar el diputado Jaime Rodríguez
Calderón, expresó: "señora Presidenta, los tiempos establecidos para ambos casos,
aun cuando usted diga la urgencia, creo que es importante que establezcamos un máximo
para que podamos tener definiciones tanto en el asunto de los exhortos u oficios que vamos
a mandar y la propuesta del diputado Jesús Ma- rio, creo que también se debe fijar un
tiempo".
Señora Presidenta: "sí señor
diputado, si usted recuerda que en esta tribuna se comentó que necesitamos hacer las
cosas, de manera que no vayan a llevarse ya a cabo las votaciones por ejemplo en el
Congreso Federal y que cuando nosotros llevemos las cosas no tengan nada qué hacer, a los
diputados se les pidió a la hora que se les comentó que se turnaba esta situación a la
Comisión de Hacienda, se les pidió que tomaran en cuenta la urgencia que teníamos y lo
mismo le vamos a encargar a la Comisión de Transporte, la urgencia que hay debido a la
escalada de altos costos o como quieran ustedes llamarle, que pueda suceder debido al
incremento a la gasolina, que por favor atiendan esta situación de manera ur-gente".
Para otro tema, se le concedió el uso de
la palabra al diputado Gerardo Garza Sada, quien expresó: "con el permiso de la
Presidencia vengo a esta tribuna con objeto de comentarles, de una comunicación que me
envían para hacerla extensiva a todos los miembros de este Congreso del Congreso de Baja
California Norte, en donde los congresos de Sonora, Coahuila, Tamaulipas y Baja California
Norte han acordado reunirse y para eso nos están invitando también a nosotros. Para
tener alguna reunión sobre temáticas de cuestiones que nos competen con las fronteras
sur de Estados Unidos y la norte de nosotros y están proponiendo una agenda temática en
donde el objetivo sería analizar desde la perspectiva de las legislaturas de los estados
fronterizos, la diversa temática inherente a las entidades federativas dada su situación
geográfica de vecindad con Estados Unidos de América, así como causas, efectos y
alternativas y propuestas de solución, para luego, en todo caso tener alguna propuesta
hacia los estados fronterizos americanos.
Habla de temas de seguridad pública, de
migración y derechos humanos de los migrantes, del medio ambiente y ecología; de
desarrollo económico; de desarrollo humano y demás y para todos esos temas están
proponiendo tener una reunión probablemente en enero veintidós, veintitrés o
veinticuatro, en Tijuana, BC y llevar una ponencia de un máximo de cinco cuartillas sobre
alguno de estos temas para tratar allá y que fuese un diputado ponente de la legislatura
a ese evento. Yo considero que quizá el tema por ejemplo de la migración, pues es más
bien un tema federal, más que las legislaturas de los estados, si bien seguridad
pública, en medio ambiente, si tenemos alguna ingerencia, desarrollo urbano, creo que
donde más pudiéramos aportar en el caso de Nuevo León pudiera ser en este momento, algo
de desarrollo económico, por ser un Estado eminentemente productivo y dejarles a los
otros estados algunos de los temarios. Entonces yo quería proponerles si están ustedes
de acuerdo, primero, que se atienda esta reunión donde van a tener representantes de los
otros estados fronterizos, que así lo hiciéramos en este Congreso y proponer que llevara
esa ponencia el Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de aquí del Congreso,
que es el diputado Francisco Javier Cantú Torres".
Sobre el mismo tema, se le concedió el uso
de la palabra al diputado Luis David Ortiz Salinas, quién expresó: "yo creo que lo
importante aquí es decidir la participación, que yo creo que todos estamos de acuerdo y
ya la temática que se vaya abordar o la persona que vaya a ir, que me maneje en la Gran
Comisión. Porque de acuerdo al Reglamento la Gran Comisión es la que tiene las
facultades de relación con otros órganos de carácter legislativo y para cuestión
operativa es muy complejo estar tratando todo aquí en el pleno. Yo propongo que se
apruebe en este pleno la participación y que se le comisione a la Gran Comisión, para
que se determine la postura o los criterios que se vayan a ir a exponer allá a la
reunión, que sea la Gran Comisión la que determine eso".
Dicha propuesta fue secundada por el
diputado Martín Santos Torres.
Para el mismo tema, se le concedió el uso
de la palabra a la diputada María Elena Chapa Hernández, quién expresó: "con su
permiso, señora Presidenta, colegas legisladoras y legisladores: yo rogaría señor
Presidente de la Gran Comisión, Gerardo Garza Sada, rogaría que la presente que
seguramente se aprobará en enero, se contemple la agenda bilateral que ambos países han
venido sosteniendo fundamentalmente, cuatro temas: Medio Ambiente, Narcotráfico, Derechos
Humanos y Comercio y que se contemple también la posición del Estado de Nuevo León, que
siendo como es, un Estado expulsor y receptor de migración se profundice sobre la parte
norte de nuestro Estado, que es expulsor de mano de obra hacia los Estados Unidos y se
aclare el ingreso o la llegada de cientos de mexicanos de los estados vecinos Coahuila,
San Luis, Zacatecas etcétera. Que lo hace también un Estado receptor sobre todo en las
zonas marginadas y lo hace también un Estado de tránsito, tránsito hacia los Estados
Unidos. Entonces yo si creo que quien represente a este Congreso, debe tener bastante
claros los convenios que ha signado México con Estados Unidos, concretamente la entidad,
como el convenio de río Bravo, vinculado al medio ambiente donde ambas naciones a través
de sus estados vecinos Texas y Nuevo León, firmaron un acuerdo mutuo de cooperación
vinculado al resguardo del patrimonio cultural de la frontera y al resguardo de la zona
del río Bravo.
Entonces si vale la pena que se ratifique
toda esta serie de convenios bilaterales que se han firmado no sólo como naciones, sino
como entidades y el seguimiento sin duda de las reuniones bilaterales que se tienen entre
los gobernantes de ambos países. A mí me parece trascendental puesto que la
problemática que los congresos guardan en toda esta región de los siete estados que
formamos la frontera, de los tres mil doscientos kilómetros México-Estados Unidos,
perfilan a Nuevo León, sin duda alguna, como uno de los estados de mayor pujanza que no
sólo comercial, que es casi siempre el enfoque que se le da, sino en los temas de
seguridad vinculado fundamentalmente al narcotráfico y las acciones comunes y los
acuerdos comunes que se han firmado entre México y Texas. A mí me parece esencial la
presencia de un diputado de Nuevo León dentro de esta reunión de puntos de acuerdo con
problemas comunes sí sólo si, se revisan los convenios bilaterales entre ambos países,
la agenda presidencial y los convenios que hemos signado como Nuevo León con los Estados
Unidos.
La vicepresidenta diputada Tomasa Rivera
Juárez: sometió a consideración la propuesta del diputado Gerardo Garza Sada, en el
sentido de que asista a esa reunión de congresos fronterizos, como representante del
Poder Legislativo. El diputado Francisco Javier Cantú Torres: fue aprobada por unanimidad
dicha propuesta.
Enseguida la vicepresidenta Tomasa Rivera
Juárez: turnó este asunto a la Gran Comisión para que determine los criterios que se
vayan a exponer a esa reunión.
Para otro tema, se le concedió el uso de
la palabra al diputado Luis Carlos Treviño Berchelmann, quién expresó. "con el
permiso de la directiva quiero hacer uso de la palabra, compañeras y compañeros
diputados, para hacer una precisión en cuanto a una serie de comentarios que se vertieron
el fin de semana en virtud de una nota periodística que sale publicada en un diario de la
localidad, en donde se afirma que en una denuncia que planteo el grupo legislativo de mi
partido, representado en este Congreso, ante el Ministerio Público del Estado, respecto
de hechos que considero delictuosos imputables al actual alcalde de la ciudad de
Monterrey, se veía en esa nota de que el titular de la misma, decía que se había
decretado un inejercicio de la acción penal en la averiguación que se estaba siguiendo
con motivo de esa denuncia. De ahí han sobrevenido una serie de declaraciones de algunas
partes de carácter oficial, sin embargo, es importante dejar precisado para todos, que
sin darlo por hecho, porque no se da fuente en la nota de redacción del diario matutino,
sino que dice nada más que es un vocero, pero suponiendo sin conceder que así hubiese
sido, el agente del Ministerio Público que pronuncie un acuerdo de esta naturaleza, no
tiene las facultades plenas para desestimar que en definitiva decrete el inejercicio de
una acción penal. Esto tiene que ser revisado por el superior jerárquico que según la
nueva reglamentación que aprobó el Ejecutivo, debe ser alguno de los subprocuradores o
según el caso hasta el mismo procurador y una vez que este superior jerárquico estime
que ratifica el contenido de esa opinión de inejercicio, entonces surtirá efectos. Sin
embargo, es menester leer a ustedes el párrafo IV del artículo 21 de la Constitución de
la República, en el que establece: las resoluciones del Ministerio Público sobre el no
ejercicio de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los
términos de ley, que este asunto si sigue el camino que advirtió el reportero en su nota
y si es ratificado por el Procurador, pues una vez que sea notificado a los denunciantes
se tendrá la oportunidad de impugnarlo a través del juicio constitucional de amparo
significa esto que no está concluido el asunto lo comento porque se han devenido una
serie de comentarios donde ya se exonera automáticamente a la persona involucrada como
denunciado, en este caso el alcalde de la ciudad de Monterrey y anticipadamente se da por
hecho que esa resolución es definitiva, creo que hay que esperar los tiempos y los plazos
para poder hacer esas declaraciones y en su momento pues nosotros estableceremos si
procederemos a invocar el juicio constitucional o no. Gracias".
Para el mismo tema y otro, se le concedió
el uso de la palabra al diputado Manuel José Peña Doria, quién expresó: "yo si
quiero incidir un poco sobre el mismo tema, que profusamente difundió la prensa en este
fin de semana en lo referente a la exoneración que hicieron de la acción penal en contra
de Jesús María Elizondo, por un pequeño detallito ahí que realizó, en lo que se
refiere a esa venta de boletos. Sin embargo, existe un marco legal de que ya ha hecho
referencia quien me antecedió en la palabra, que en su momento se impugnará y dije
pequeño detalle, porque no vaya a suceder que como en otras ocasiones en que a una
persona se le llega en un momento dado a dar imputación, por situaciones menores y no por
situaciones mayores que son las que este Congreso también debe de discutir en cuanto a la
probidad, en cuanto a la forma como se han venido manejado los recursos por parte de la
administración local anterior de Guadalupe y ahora de Monterrey y por otra parte en este
fin de semana también salió una nota de prensa, que yo creo que nos da un augurio muy
pesimista de lo que pueda pasar hacia el interior de Acción Nacional. Porque ahora es el
senador Mauricio Fernández, quien dijo lo siguiente: voy a sacar un texto: "esto se
debe por ejemplo a situaciones —hablando de que es un relajo el PAN— como las
que vive Nuevo León, donde si bien el gobernador, el panista, hay el problema enorme de
que existen alcaldes como el de Monterrey, que tiene una presencia pésima en todos los
medios y está apoyada institucionalmente por el PAN, algo falta...", critico la
confusión que causan, por ejemplo, versiones encontradas que dan legisladores albiazules,
sale Rogelio Sada diciendo una cosa y luego dice otra, después sale Paoli y luego Creel y
luego contradice Medina, es un relajo, por eso digo falta liderazgo o coordinación o no
sé, pero algo falta. Muchos legisladores, insistió Fernández Garza, andan preocupados
por puras estupideces, con todo respeto y abundo deben de estar preocupados por la esencia
de los problemas y ver como los resolvemos y no hablar de tanta politiquería..."
Con estas declaraciones que acaba él de
hacer, pues ya más o menos imaginamos cuál va a ser su destino en Acción Nacional. De
antemano expreso mi solidaridad como en un momento dado se la di al diputado Jorge
Padilla, no te vayas diputado y ya sabe el senador Fernández que acá en la bancada
opositora tiene un lugar, esperamos lo mejor.
La Presidenta leyó la lista de oradores
actualizada, diputados: Manuel Braulio Martínez Ramírez, Jaime Rodríguez Calderón y
Manuel José Peña Doria.
El diputado Manuel Braulio Martínez en ese
momento no se encontraba en el salón de sesiones.
Para otro tema, se le concedió el uso de
la palabra al diputado Jaime Rodríguez Calderón, quien expresó: "gracias,
compañera Presidenta. Nada más para recordar a los compañeros miembros de la Comisión
de Vigilancia. Estamos esperando con ansias, obviamente, la respuesta del dictamen famoso
del abogado penalista que iban a contratar, creo que ya cumplieron los diez días y no
escuché a ningún miembro de la comisión hacer uso de la palabra en informe de
comisiones, por eso me atrevo a pasar, para recordar que tenemos plazos y que
evidentemente estos plazos pudieran cumplirse en el dicho, para que podamos tener el re-
sultado y ya no demos tanta polémica en este asunto de Chema, si a cada ratito tenemos
una situación de imprecisiones, como resulta hace rato que hablábamos de esta arbitraria
medida del Gobierno Federal, tenemos que dar una respuesta a la sociedad de la arbitraria
medida que estamos tomando en este Congreso, por no dar resultados, resultados que ya
deben de conocerse para pasar esta página de la historia de corrupción en el Estado de
Nuevo León de los gobiernos panistas y pasar a otra historia y a otros tiempos que
podamos tener de una resolución de las cosas de la sociedad. Yo les quiero urgir a los
miembros de la Comisión de Vigilancia, tengamos ya esta respuesta y que evidentemente
hice unas declaraciones este fin de semana, por el sentido que a mí me pareció
inapropiado de no permitir que tengamos la cuenta pública de Guadalupe en nuestras manos,
que tenga que estar en la oficina del diputado Ricardo Salinas o del oficial mayor.
Afortunadamente, ya me la otorgó el diputado Ricardo Salinas, la tengo no estoy obligado
a la secrecia, la voy a ver, la voy a leer y si es necesario, haré comentarios
correspondientes en ese sentido, porque creo que la sociedad debe de saberlo. No tenemos
por qué esconder ninguna información del pueblo de Nuevo León".
El diputado Manuel José Peña Doria,
manifiesto que ya pasó a abordar su tema.
No habiendo ningún otro diputado que
deseara continuar en el uso de la palabra, la Presidenta solicitó a la Secretaria diera
lectura al proyecto del orden del día para la próxima sesión a celebrarse el día 17 de
noviembre de 1998.
Terminada que fue la lectura del orden del
día, la Presidenta procedió a clausurar la sesión ordinaria, siendo las trece horas con
treinta y tres minutos, citando para la próxima a la hora y día que marca la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interno, formu- lándose para constancia
la presente acta, damos fe.
Monterrey, Nuevo León, a 16 de noviembre
de 1998.— Diputadas: Blanca Judith Díaz Delgado, presidenta; Fanny Arellanes
Cervantes y Lucilda Pérez Salazar, secretarias.»
Túrnese a la Comisión de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública.
«Escudo del Estado de
Querétaro.— Poder Legislativo.— LII Legislatura.
Senador Juan Ramiro Robledo Ruiz,
presidente de la Cámara de Senadores de la LVII Legislatura del Congreso de la
Unión.— México, Distrito Federal.
En sesión ordinaria de la LII Legislatura,
del pasado 19 de noviembre de este año, en mi calidad de diputado presidente de la mesa
directiva, expresé mi total desacuerdo ante la crisis económica por la que atraviesa el
pueblo mexicano, haciendo una convocatoria a las autoridades del Ejecutivo Federal, para
que modifiquen su política de aumento de precios y tarifas en los bienes y servicios
públicos que presta y que afectan a todas y cada una de las familias mexicanas,
expresión que fue puesta a consideración del pleno con el propósito de que emitiera su
opinión plural al respecto, no habiendo objeción manifiesta de ninguna de las fracciones
parlamentarias del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT.
Habida cuenta, esta Presidencia determinó
enviar este pronunciamiento al Congreso de la Unión representado por la LVII Legislatura
Federal y Cámara de Senadores; así como a todas las legislaturas de los estados, mismo
que se anexa a éste.
El documento de mérito, tiene el
propósito de ser portavoz del clamor popular no sólo de los queretanos, sino de los
mexicanos en conjunto; en tal virtud se solicita a esa honorable representación popular,
el análisis y discusión razonada respecto de la aplicación de la carga tributaria que
se aplica a los mexicanos por concepto de impuestos y servicios que presta el Poder
Ejecutivo Federal, con el propósito de obtener un pronunciamiento al respecto.
Sirve de fundamento jurídico a lo
anterior, lo dispuesto por los artículos 31 fracción I y 37 fracción XII de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, a fin de que se le dé el trámite legislativo que
corresponda en el órgano popular que dignamente preside usted.
Sin más por el momento, quedo de usted
como su atento y seguro servidor.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 27 de
noviembre de 1998.— Diputado Francisco Borbolla Alegría, presidente de la LII
Legislatura.»
«Escudo del Estado de Querétaro.—
Poder Legislativo.— LII Legislatura.
Al pueblo de Querétaro:
En sesión ordinaria celebrada el día 19
de noviembre del presente año, ante el pleno de la Cámara de Diputados en tribuna,
expresé como miembro de la legislatura mi personal desacuerdo, ante la situación de
crisis económica en que vive el pueblo, convocando a las autoridades federales a que
modifiquen o revisen el aumento a los precios y tarifas de algunos bienes y servicios
públicos, que afectan a todos y a cada uno de los mexicanos, manifestando lo siguiente:
Hace unos días se informó al pueblo de
México una vez más, alzas de precios a las gasolinas, a los impuestos y esto sin duda ya
generó una alza extraordinaria en alimentos y servicios.
Apenas vislumbrámos el año pasado la
salida a las reiteradas crisis económicas que tenemos desde hace más de 18 años, para
que en este mismo año viéramos frustrados los esfuerzos que en conjunto ha venido
haciendo el pueblo mexicano. Nuevamente hemos visto cómo se devaluó nuestra moneda
frente al dólar, situación que trajo un alza inmoderada en todos los productos, lo que
ha ocasionado una gran molestia y sobre todo un deterioro en el patrimonio de las familias
mexicanas, haciendo más grande la distancia entre los pobres y los ricos, haciendo más
miserables a los pobres y más ricos a los ricos.
Estas últimas alzas a los servicios que
presta el Gobierno Federal, sin duda alguna lastiman profundamente a nuestro pueblo, toda
vez que traen aparejados una serie de aumentos en productos y servicios. Hemos empezado a
escuchar que en algunos estados de la República han incrementado el precio al transporte
público, que los productos de la canasta básica son inalcanzables a los bolsillos de las
familias mexicanas, así hemos visto cómo se han liberado los precios de la lecha y la
tortilla, alimentos básicos que han quedado fuera del alcance de muchos mexicanos y por
si fuera poco se anuncia un aumento en las tarifas del agua.
No debemos permitir que se continúe con
esta política económica, debemos alzar nuestras voces y defender al pueblo de donde
hemos emanado, de lo contrario seremos víctimas del infame liberalismo en que vivimos.
Debemos exigir al Gobierno Federal que
aplique una política económica justa que beneficie a los mexicanos y que deje de
beneficiar al gran capital.
Por ello, exhorto a todos ustedes
compañeros diputados, para que nos expresemos ante la Cámara de Diputados y Senadores en
contra de estas medidas por demás injustas y abusivas que lesionan gravemente a la
mayoría del pueblo de México. Y también para que evitemos mayores aumentos a los
servicios que presta el Gobierno Federal y se impida la escala da en el incremento de
impuestos y liberación de precios de los productos básicos.
Compañeras y compañeros diputados,
propongo que esta LII Legislatura se manifiesta en contra y repudie la escalada en el
incremento de los precios en los servicios que presta el Gobierno Federal y evite el
incremento en los impuestos que cobra y paga el pueblo de México.
Atentamente.
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 27 de
noviembre de 1998.— DiputadoFrancisco Borbolla Alegría, diputado de la LII
Legislatura.»
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
ESTADO DE
SINALOA
| La secretaria
Clarisa Catalina Torres Méndez: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.— Presentes.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que
en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del Congreso del Estado de Sinaloa, punto
de acuerdo aprobado por esa soberanía, relativo a las iniciativas de Ley de Ingresos y de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999.
La Presidencia dispuso que de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 71 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General; y
21 fracción III de su Reglamento y por ser ésta documentación relativa a impuestos, se
remitirá a esa colegisladora.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 11 de diciembre de
1998.— Senadores: Mario Vargas Aguiar y Luis González Pintor, secretarios.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.
Ciudadano senador José Ramírez Gamero,
presidente de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Respetable presidente de la Cámara de
Senadores: la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, en sesión celebrada el
día de ayer, aprobó punto de acuerdo cuyo contenido me permito trascribir:
"Unico. Solicitar a las cámaras de
Diputados y Senadores del Congreso de la Unión que en el análisis y discusión que se
realice para la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999, se valoren alternativas de solución a los
planteamientos expresados por los diversos organismos sociales en relación a la deuda
bancaria y se tomen las medidas que estos demandan para la solución de sus problemas,
tales como programas de apoyo a deudores y una tregua judicial."
En el marco del espíritu de gestión que
impulsa la actividad del legislador, en su calidad de representante social, se orienta el
punto de acuerdo aprobado, mismo que seguro estoy será hecho suyo por los integrantes de
esa alta soberanía popular.
Para ilustrar lo anterior, anexo al
presente oficio, envío a usted copia del acuerdo citado.
Atentamente.
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 9 de
diciembre de 1998.— El presidente del honorable Congreso del Estado de Sinaloa,
diputado Jesús Enrique Hernández Chávez.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.
Honorable Congreso de la Unión.—
Presente.
La LVI Legislatura, a propuesta de los
coordinadores de los grupos parlamentarios del Congreso del Estado, nos dirigimos a esa
sobe- ranía popular, en atención a coadyuvar en la búsqueda de alternativas de
solución a los problemas que afectan a nuestros representados y
CONSIDERANDO
Que el Poder Legislativo es un espacio
donde se discuten y analizan los problemas económicos, políticos y sociales que impactan
a la comunidad.
Que es un foro en el que convergen la
diversidad de corrientes del pensamiento político propiciando que sus integrantes tengan
una perspectiva amplia en relación a lo que acontece en los ámbitos regional y nacional.
Que un tema de trascendental importancia en
los tiempos que vivimos lo constituye las condiciones económicas de los mexicanos, entre
ellos desde luego los sinaloenses.
La crisis económica ha provocado que miles
de deudores se encuentren en un estado que les impide cumplir cabalmente con los
compromisos contraídos con instituciones bancarias y financieras y los ha imposibilitado
para pagar en los plazos pactados, al incrementarse su capital adeudado y sus intereses,
mismos que se elevaron desproporcionalmente con respecto a su capacidad de pago.
Que la cartera vencida ocasiona la
necesidad de que el Gobierno Federal, planee y realice las acciones necesarias que
posibiliten la solución de la problemática que aqueja a muchos mexicanos.
Que entre las acciones a corto plazo se
encuentra la discusión y aprobación en su caso de la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999.
Esta ley constituye el medio legal y
económico en la que se establecen los recursos a recaudar por el Estado, así como la
forma de ejercerlos.
Que en estos momentos, la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión discute la citada ley, por lo que
consideramos que los diputados integrantes de la LVI Legislatura del Congreso del Estado
de Sinaloa, nos dirijamos a esa instancia legislativa federal, para solicitarle que en el
análisis de la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 1999, se valoren alternativas de solución a los
planteamientos expresados por los diversos organismos sociales en relación a la deuda
ban- caria.
Que de acuerdo a lo expuesto con
anterioridad, a propuesta de los coordinadores de los grupos parlamentarios de la LVI
Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, se aprueba el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Solicitar a las cámaras de
Diputados y Senadores del Congreso de la Unión que en el análisis y discusión que se
realice para la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999, se valoren alternativas de solución a los
planteamientos expresados por los diversos organismos sociales en relación a la deuda
bancaria y se tomen las medidas que éstos demandan para la solución de sus problemas,
tales como programas de apoyo a deudores y una tregua judicial.
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo
del Estado, en Culiacán Rosales, Sinaloa, a 8 de diciembre de 1998.— Diputados:
Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente; Policarpo Infante Fierro y Alma E. Alcaraz
Hernández, secretarios.»
Túrnese a las comisiones de Hacienda y
Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
EDUCACION
PUBLICA
| El secretario
Horacio Veloz Muñoz: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.— Presentes.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que
en sesión celebrada en esta fecha, se recibió memorial de particulares de la sección
VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por el que demandan
intervención a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de 1999, le sea asignada a la
educación pública un presupuesto equivalente al 8% del producto interno bruto, así como
que todo el Estado de Chiapas sea declarado zona de vida cara y sea considerada dentro de
la zona económica III.
La Presidencia dispuso que se remitiera a
esa colegisladora y a la Comisión de Educación Pública de la Cámara de Senadores.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 10 de diciembre de
1998.— Senadores: Gabriel Covarrubias Ibarra y Luis González Pintor, secretarios.»
«Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación.— Sección 7.
Senadora María de los Angeles Moreno,
presidenta de la Gran Comisión del Senado de la República.— México, Distrito
Federal.
El que suscribe, Víctor Manuel Ancheyta
Bringas, en mi carácter de secretario general de la Sección Séptima del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en nombre de los 42 mil maestros
miembros de esta organización y, con todo respeto, se dirige a usted, para manifestar lo
siguiente:
CONSIDERANDO
1. Que el sistema educativo nacional es uno
de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y el engrandecimiento cultural
de nuestra patria y, como tal, merecen la atención prioritaria del pueblo y del Gobierno.
2. Que la crisis económica que enfrenta
nuestro país no debe sacrificar el más valioso patrimonio que los mexicanos poseemos en
la educación pública. Hacerlo es, simple y sencillamente, sacrificar el futuro de
nuestra patria.
3. Que los conflictos políticos y sociales
que hoy enfrenta Chiapas, particularmente a partir de la rebelión zapatista del 1o. de
enero de 1994, son consecuencia de los históricos rezagos económicos, culturales y
educativos, mismos que exigen del Gobierno un tratamiento de excepción.
4. Que la aportación de riquezas naturales
que Chiapas hace a la economía nacional (energía eléctrica, petróleo, agricultura,
ganadería etcétera) es una de las más importantes y merece ser retribuida por parte de
la Federación con mejores prestaciones, mejores servicios y un mayor gasto social.
5. Que el alto grado de marginación que
padece el pueblo de Chiapas, se traduce en deserción escolar, deterioro de la
infraestructura educativa, falta de herramientas didácticas, entre otros problemas que
inciden directamente en el índice de analfabetismo que ubican a la entidad en los
primeros lugares de la media nacional.
6. Que la ubicación geográfica de Chiapas
la define como una entidad fronteriza, hecho que permite la sustitución de mano de obra
local por la de inmigrantes, el paso obligado de ilegales, entre otros fenómenos que
reducen la percepción salarial mientras encarecen el costo de la vida.
7. Que la lucha que los maestros de Chiapas
sostenemos desde 1979 por más becas, albergues, desayunos escolares, construcción y
equipamiento de aulas, libros de texto gratuitos, recursos didácticos, actualización
profesional etcétera, no es sino parte del compro- miso que los maestros tenemos con el
pueblo al que servimos.
8. Que los principios educativos de
gratuidad y obligatoriedad, establecidos en el artículo 3o. de nuestra Carta Magna, en
los hechos serán sólo buenos deseos si no se le otorga al sistema educativo nacional el
apoyo económico suficiente que garantice su fortalecimiento y extensión.
Por todo lo anterior, demandamos de la
Cámara de Senadores su valiosa intervención para:
a) Que en el Proyecto de Egresos de 1999,
le sea asignada a la Educación Pública, en general, un presupuesto no menor al
recomendado por la Organización de las Naciones Unidas equivalente al 8% del producto
interno bruto, y para Chiapas en particular, un tratamiento de excepción que combata de
raíz los históricos rezagos educativos.
b) Que todo el Estado de Chiapas sea
declarado zona de vida cara y sea considerado dentro de la zona económica III.
Ante las difíciles circunstancias
económicas, estamos seguros que esa instancia legislativa sabrá, de cara a la nación,
priorizar las necesidades y cumplir con su responsabilidad frente a un pueblo que
permanece atento de sus decisiones.
"Por la Educación al Servicio del
Pueblo."
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 7 de diciembre
de 1998.— Por el Comité Ejecutivo Seccional, profesor Víctor Manuel Ancheyta
Bringas.»
Túrnese a la Comisión de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública.
COMISIONES
DE TRABAJO
| El secretario
Francisco de Souza Machorro: |
Diputada Gloria Lavara Mejía,
presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 27 incisos b y d; 34, 45 fracciones I y VI y 47 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción
III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las
Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de
Diputados, aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la
presente podrá encontrar el siguiente documento signado por el diputado Arturo Nuñez
Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, donde solicita cambios en
comisiones.
Lo anterior, para que se le dé el trámite
correspondiente.
Que la diputada Lourdes Angelina Muñoz
Fernández sustituye en la presidencia de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras
Públicas, al diputado Oscar González Rodríguez, quien seguirá siendo integrante de
dicha comisión.
El diputado José Luis Acosta Herrera
sustituye en la secretaría de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados, a la
diputada Lourdes Angelina Muñoz Fernández, quién seguirá siendo integrante de la
misma.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., 15 de
diciembre de 1998.— Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política.
En votación económica se pregunta si se
aprueba la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobada, señorita Presidenta.
REUNION
INTERPARLAMENTARIA RELACIONADA CON LA ALIMENTACION
| El secretario
Martín Contreras Rivera: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.— Presentes.
Me permito hacer de su conocimiento que en
sesión celebrada en esta fecha, se recibió el informe presentado por la senadora Beatriz
Elena Paredes Rangel, sobre la interparlamentaria Roma-Italia relacionado con la
alimentación.
La Presidencia dispuso que dicha
documentación se turnara a las instituciones del Poder Ejecutivo relacionadas con la
materia, a la Cámara de Diputados y a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, de
Asuntos Alimentarios, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Distribución y
Manejo de Bienes de Consumo y Servicios Básicos, de la Cámara de Senadores.
Reitero a usted las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 11 de diciembre de
1998.— Senadores: Mario Vargas Aguiar y Luis González Pintor, secretarios.»
INFORME
De la delegación del Senado mexicano que
participó en la reunión interparlamen- taria.
"Alcanzando los objetivos de la cumbre
Mundial de Alimentación a través de una estrategia de desarrollo sustentable."
Convocada por la Unión Interparlamentaria
Mundial en coordinación con la FAO.
Fecha de evento: del 29 de noviembre al 2
de diciembre de 1998.
Lugar del evento Roma, Italia.
Integración de la delegación mexicana;
los senadores: Beatriz Paredes Rangel y Guadalupe Gómez Maganda, del PRI; Layda Sansores,
del PRD.
Coordinó la delegación la senadora
Paredes.
INFORME
A la reunión asistieron alrededor de 200
parlamentarios, de aproximadamente 80 países. La mecánica de trabajo de la misma fue
desarrollada a través de reuniones plenarias, a las que concurrían la totalidad de los
parlamentarios asistentes e iniciaban sus tareas con la presentación de dos ponencias
magistrales en cada sesión, las que daban la pauta para orientar el posterior debate en
el que participaban los parlamentarios que así deseaban hacerlo, previo registro. Las
intervenciones de los parlamentarios en términos generales, relataban la situación
alimentaria de su país y algunas de las experiencias realizadas en sus naciones,
vinculadas con la gran temática presentada en las ponencias magistrales.
Deseo destacar el profesionalismo y
responsabilidad con que actuaron las integrantes de la delegación mexicana, asistiendo a
todas las sesiones de trabajo y participando activamente en las mismas. Subrayo, también,
que por encima de filiaciones partidarias, la delegación del Senado actuó con cohesión
y compañerismo, con la honrosa representación de México.
La delegación mexicana tuvo cuatro
intervenciones:
Una a cargo de la senadora Gómez Maganda,
una de parte de la senadora Layda Sansores, y dos a cargo de la Senadora Paredes.
Asimismo, México formó parte de la
Comisión de Redacción del Documento Final, a través de la senadora Paredes, distinción
que sólo tuvieron ocho países.
Anexo A: intervención durante la ceremonia
inaugural, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de Italia, el 29 de noviembre.
Anexo B: exposiciones de los ponentes
magistrales que participaron en la reunión.
Anexo C: síntesis de las intervenciones de
las integrantes de la delegación de México.
Anexo D: documento final, con conclusiones
y recomendaciones a los parlamentos y parlamentarois integrantes de la Unión
Parlamentaria Mundial.
Con objeto de someter a consideración del
pleno del Senado mexicano los acuerdos de la reunión, se proponen las siguientes
resoluciones de la mesa directiva del Senado respecto del presente informe.
Primera. Que se turne a cada uno de los
senadores integrantes de la LVII Legislatura las conclusiones de la reunión
interparlamentaria "alcanzando los objetivos de la Cumbre Mundial de Alimentación a
través de una estrategia de desarrollo sustentable" para su conocimiento y, en su
caso, posterior coadyuvancia en su instrumentación.
Segunda. Que se apruebe el turno a la
Comisión de Relaciones Exteriores, a la Comisión de Alimentación, a la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a la Comisión de Consumo y Abasto de Bienes
Básicos, el texto total del presente informe, para su valoración y análisis en alguna
reunión formal que realicen con ese propósito.
Tercera. Que se turne a la Comisión de
Alimentación, a efecto de que en una reunión formal de la misma, valore las conclusiones
de la reunión interparlamentaria "alcanzando los objetivos de la Cumbre Mundial de
Alimentación a través de una estrategia de desarrollo sustentable" y dictamine,
para presentación en el pleno, aquellas cuestiones que implican actividades legislativas
o relativas a la función parlamentaria.
Cuarta. Que se instruya a la Comisión de
Alimentación, a efecto de que en una reunión formal de la misma y con la participación
de otras comisiones que así lo deseen, convoque a las áreas del Poder Ejecutivo
responsables de cumplimentar los acuerdos de la Cumbre Mundial de Alimentación celebrada
en Roma, Italia, en el año de 1996, a efecto de que informe de sus avances.
Quinta. Que se turne a las instituciones
del Poder Ejecutivo relacionadas con la materia y a las comisiones de la reunión
interparlamentaria "alcanzando los objetivos de la Cumbre Mundial de Alimentación a
través de una estrategia de desarrollo sustentable", para su conocimiento.
Con reconocimiento por su atención.
Salón de sesiones, a 11 de diciembre de
1998.— Senadoras: Beatriz Paredes Rangel, Guadalupe Gómez Maganda y Layda
Sansores.»
Túrnese a la Comisión de Relaciones
Exteriores.
ESTADO
DE SINALOA (II)
| La secretaria
María Martha Veyna Soriano: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.
Diputada Gloria Lavara Mejía, presidenta
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Respetable Presidenta de la Cámara de
Diputados: la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, en sesión celebrada el
día de ayer, aprobó punto de acuerdo cuyo contenido me permito transcribir:
"Unico. Solicitar a las cámaras de
Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, que en el análisis y discusión que se
realice para la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999, se valoren alternativas de solución a los
planteamientos expresados por los diversos organismos sociales en relación a la deuda
bancaria y se tomen las medidas que éstos demandan para la solución de sus problemas,
tales como programas de apoyo a deudores y una tregua judicial."
En el marco del espíritu de gestión que
impulsa la actividad del legislador, en su calidad de representante social, se orienta el
punto de acuerdo aprobado, mismo que seguro estoy será hecho suyo por los integrantes de
esa alta soberanía popular.
Para ilustrar lo anterior, anexo al
presente oficio, envío a usted copia del acuerdo citado.
Atentamente.
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 9 de
diciembre de 1998.— El presidente del honorable Congreso del Estado de Sinaloa,
Jesús Enrique Hernández Chávez.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.
Honorable Congreso de la Unión.—
Presente.
La LVI Legislatura, a propuesta de los
coordinadores de los grupos parlamentarios del Congreso del Estado, nos dirigimos a esa
soberanía popular, en atención a coadyuvar en la búsqueda de alternativas de solución
a los problemas que afectan a nuestros representados y
CONSIDERANDO
Que el Poder Legislativo es un espacio
donde se discuten y analizan los problemas económicos, políticos y sociales que impactan
a la comunidad.
Que es un foro en el que convergen la
diversidad de corrientes del pensamiento político propiciando que sus integrantes tengan
una perspectiva amplia en relación a lo que acontece en los ámbitos regional y nacional.
Que un tema de trascendental importancia en
los tiempos que vivimos lo constituye las condiciones económicas de los mexicanos, entre
ellos desde luego los sinaloenses.
La crisis económica ha provocado que miles
de deudores se encuentren en un estado que les impide cumplir cabalmente con los
compromisos contraídos con instituciones bancarias y financieras y los ha imposibilitado
para pagar en los plazos pactados, al incrementarse su capital adeudado y sus intereses,
mismos que se elevaron desproporcionalmente con respecto a su capacidad de pago.
Que la cartera vencida ocasiona la
necesidad de que el Gobierno Federal planee y realice las acciones necesarias que
posibiliten la solución de la problemática que aqueja a muchos mexicanos.
Que entre las acciones a corto plazo se
encuentra la discusión y aprobación, en su caso, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999.
Esta ley constituye el medio legal y
económico en la que se establecen los recursos a recaudar por el Estado, así como la
forma de ejercerlos.
Que en estos momentos, la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión discute la citada ley, por lo que
consideramos que los diputados integrantes de la LVI Legislatura del Congreso del Estado
de Sinaloa, nos dirijamos a esa instancia legislativa federal, para solicitarle que en el
análisis de la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 1999, se valoren alternativas de solución a los
planteamientos expresados por los diversos organismos sociales en relación a la deuda
ban- caria.
Que de acuerdo a lo expuesto con
anterioridad, a propuesta de los coordinadores de los grupos parlamentarios de la LVI
Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, se aprueba el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Solicitar a las cámaras de
Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, que en el análisis y discusión que se
realice para la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999, se valoren alternativas de solución a los
planteamientos expresados por los diversos organismos sociales en relación a la deuda
bancaria y se tomen las medidas que éstos demandan para la solución de sus problemas,
tales como programas de apoyo a deudores y una tregua judicial.
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo
del Estado, en Culiacán Rosales, Sinaloa, a 8 de diciembre de 1998.— Diputados:
Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente; Policarpo Infante Fierro y Alma E. Alcaraz
Hernández, secretarios.»
Túrnese a las comisiones de Hacienda
y Crédito Público y de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública.
CODIGO FEDERAL
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
Tiene la palabra el diputado Gilberto
Parra, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar
una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 55, 57, 58, 59-A, 60, 61, 62, 63, 64,
64-A, 64-B y 74-C del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
| El diputado
Gilberto Parra Rodríguez: |
Debido a que voy a dejar de leer la
parte relacionada con la exposición de motivos de esta iniciativa, solicito a la
Presidencia que incorpore íntegro el texto de la misma, para que aparezca en el Diario de
los Debates.
«Cámara de Diputados.— Presente.
Los que suscribimos, diputados federales de
la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad constitucional
que nos concede el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y su correlativo 55 fracción ll del Regla- mento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía
la siguiente iniciativa que reforma y adiciona el Título Cuarto, artículos 56, 57, 58,
59, 59-A, 60, 61, 62, 63 y 64 y que adiciona los artículos 64-A, 64-B y 64-C, al Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para lo cual nos permitimos hacer
la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Frente a las grandes preguntas que nos
plantea la política moderna, como serían: ¿Cómo debe organizarse políticamente una
sociedad moderna?; ¿cuál es la fórmula capaz de ofrecer cauces productivos a la
pluralidad de intereses, concepciones, ideologías que se expresan en una sociedad
compleja y diferenciada?; ¿cómo vivir en sociedad respetando la diversidad política?;
¿cómo pueden coexistir y competir fuerzas políticas que tienen idearios y plataformas
no sólo diferentes, sino en ocasiones contrarias?, en los discursos, que emanan de las
más distintas formaciones políticas, se podrá encontrar, sin demasiada dificultad, una
constante: todos y cada uno de ellos hacen una profesión de fe democrática y dicen estar
comprometidos con esa fórmula de organización política. El ideal democrático se ha
traducido en los últimos años en largas e importantes discusiones en torno a los
aspectos procedimentales de la democracia, ya que, para existir la democracia, requiere de
normas, procedimientos e instituciones que la hagan posible. Junto a ese debate, en
ocasiones en forma paralela y en otras de manera conjugada, se ha discutido en torno a los
haberes y fallas de nuestra institucionalidad republicana, porque la democracia supone,
además, un entramado institucional que acaba por modelarla o desfigurarla.
Giovanni Sartori señala: "por un
lado, se hace cada vez más difícil refutar la democracia, por otro lado, puede hacerse
más difícil administrarla". De este modo, el avance democrático no es una
tendencia irreversible ni invulnerable frente a nuevos fanatismos, producto de crisis
económicas y de valores. La definición del futuro próximo plantea desafíos prácticos
y retos intelectuales inéditos, cuya resolución precisa nuevos instrumentos de análisis
y formas abiertas de reflexión. Tal vez, contra las diversas formas de irracionalidad el
telón de fondo de las discusiones política-económicas, sociales-culturales y
científicas deberían perseguir, como diría Jacques Bouveresse, valores y verdades más
modestas y, acaso, inciertas, pero también más realistas y humanas.
Podríamos citar algunos elementos
indispensables de la vida política de un país para que pueda considerársele
democrático: elegir gobernantes a través de elecciones transparentes, regulares y
competitivas; la existencia de normas jurídicas que protejan a los ciudadanos contra
actos arbitrarios del poder; la existencia de instituciones privadas y de comportamientos
individuales; la existencia de políticas de fomento al desarrollo material, cívico y
cultural de la población; la existencia del pluralismo y del pluripartidismo; la
democracia "arbitral", tesis sostenida por Alain Touraine. En conclusión, lejos
de reducirse a un conjunto de instituciones y de valores, la democracia es, además, una
filosofía y una escuela de la responsabilidad para cada ser humano al igual que para la
colectividad. La democracia es una tarea inacabada, en la que todos debemos participar en
su edificación, ya que no puede haber una democracia durable sin la existencia de
demócratas, es decir, de ciudadanos deseosos y capaces de desempeñar un papel activo y
responsable.
La instalación y consolidación de un
sistema democrático parece exigir un aprendizaje colectivo de los valores de la
estabilidad, de la paz, de la legalidad, de la autolimitación, de la cooperación y de la
tolerancia. Un aprendizaje que lleva a reconocer derechos y obligaciones recíprocos, a
asumir el valor de la pluralidad y la diversidad y a renunciar a dogmas y maniqueísmos
políticos. Un aprendizaje, además, que conduce a la formación de partidos y tendencias
políticas conscientes de los alcances y las limitaciones de la competencia propiamente
democrática, en la que nadie puede pretender tener privilegios contra la mayoría, en la
que, incluso la mayoría eventual ha de asumirse siempre como parte y no como todo y en la
que, por consiguiente, deben respetarse plenamente los derechos de las minorías, incluido
su derecho a volverse mayoría.
Desde la perspectiva de Panebianco, un
partido debe de mantener un equilibrio entre la repartición de intereses selectivos
(materiales, prestigio, status, poder político y de intereses colectivos (solidaridad,
lealtad a metas compartidas). A partir de un proceso de ingeniería política, es que el
partido deberá equilibrar la repartición de estos dos tipos de intereses. De que lo haga
satisfactoriamente dependerá tanto su legitimidad como organización pública, al igual
que su coherencia y fortaleza interior.
En México, el principio de la soberanía
popular que en 1808 había proclamado el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos,
establecía y estimulaba los deberes con el Estado y el recto proceder individual de sí
mismos: era la abolición de la voluntad del rey de España transmitida durante tres
siglos a los virreyes, con la amonestación de que: "nacieron para callar y obedecer
y no para opinar sobre las cosas del gobierno"
Los Sentimientos de la Nación, de don
José María Morelos y Pavón, del 14 de septiembre de 1813, el número cinco señala que
" la soberanía dimana inmediatamente del pueblo que sólo quiere depositarla en sus
representantes..."
El artículo 39 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que "la soberanía nacional
reside esencial y originariamente en el pueblo".
Asimismo el artículo 35 fracción III de
nuestra Carta Magna, prescribe que son prerrogativas del ciudadano: "poder ser votado
para todos los cargos de elección popular nombrado para cualquier otro empleo o
comisión, teniendo las calidades que establezca la ley".
Los partidos políticos han sido elevados a
entidades de interés público en el rango constitucional y tienen como fin promover la
participa- ción del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de
éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, prin- cipios e ideas
que postulan y mediante el sufragio.
El artículo 41 constitucional establece en
su párrafo segundo que: "los partidos políticos son entidades de interés público;
la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso
electoral". En efecto, los partidos políticos son personas jurídicas o colectivas
reconocidas por el artículo 22 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (Cofipe), como organizaciones o agrupaciones políticas que pretenden
participar en las elecciones federales, su característica principal es la de gozar de
personalidad jurídica y, desde luego, disfrutar de los derechos y prerrogativas, así
como afrontar las obligaciones que la Constitución y la ley les imponen.
Los partidos políticos son, entonces,
agrupamientos de ciudadanos organizados sobre la base de programas, principios e ideas
cuyo propósito es la participación en la vida democrática, política y electoral del
país, que como entidades de interés público tienen el derecho a recibir del Estado los
elementos indispensables para cumplir sus fines.
Los partidos políticos tienen los
siguientes fines, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 41 constitucional:
a) "... Promover la participación del
pueblo en la vida democrática...". El Estado mexicano entiende la democracia no
solamente como el conjunto de leyes y principios de derecho que estructuran jurídicamente
a la nación y su régimen político, que es de carácter representativo y popular, sino
que también la entiende como un sistema de vida fundado en un constante mejoramiento
económico, social y cultural del pueblo. Por lo tanto, la acción partidista deberá
siempre dirigirse a la consecución de dichos principios.
b) "... Contribuir a la integración
de la representación nacional y ...hacer posible el acceso al ejercicio del poder
público... mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. "Los poderes
públicos federales y estatales están constituidos regularmente por órganos que realizan
funciones expresas en razón del interés público. El Poder Ejecutivo Federal se deposita
en el Presidente de la República y, en los esta- dos a los gobernadores de los mismos y
la representación nacional del pueblo se deposita en los senadores y los diputados. Todos
estos representantes del pueblo de México, en nuestro sistema electoral, son elegidos por
los ciudadanos a través del voto directo, cuya emisión es libre y secreta.
Los partidos políticos para el
cumplimiento de sus fines tienen, según el Cofipe (artículos 36 y 92.2), los siguientes
derechos:
a) Participar en la preparación,
desarrollo y vigilancia del proceso electoral y para tal efecto según lo disponen los
párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 41 constitucional, "... tendrán
derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social...";
asimismo, en sus campañas los partidos políticos "deberán contar, en forma
equitativa, con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención
del sufragio popular", así como con el financiamiento de las actividades inherentes
a dichas campañas.
b) Postular candidatos en las elecciones
federales, estatales y municipales.
c) Contar con su representación ante los
órganos del Instituto Federal Electoral y coadyuvar en los trabajos relativos al padrón
electoral.
d) Ser propietarios, poseedores o
administradores exclusivamente de los bienes inmuebles indispensables para el cumplimiento
directo de sus fines.
e) Establecer relaciones con organizaciones
y partidos políticos extranjeros, manteniendo siempre su independencia política y
económica,y respetando la integridad y soberanía del Estado mexicano y su Gobierno.
Los partidos de mayor presencia en una
sociedad, son los que tienen en sus bases de militantes y simpatizantes, un amplio conglo-
merado de ciudadanos y se encuentran implantados en la comunidad, integrando un régimen
estructurado de partidos, cada partido supone contingente, dirigentes, dirección y
acción y en un sistema de partido requerido para la vida democrática, cada partido
representa una parte de la sociedad y el todo social se integra con todos los partidos,
antiguos y nuevos, mayoritarios y minoritarios, ningún partido y ningún equipo de
gobierno se puede considerar representante del todo social, que una parte excluya a las
otras y se considere el todo de la sociedad, es el vicio del particularismo, que genera
desentendimiento.
Esa política requiere de consensos
políticos y pactos sociales pero éstos deben ser recíprocos, equivalentes, conmutativos
y de acuerdos paritarios, informados y debatidos, pero no para posiciones de
subordinación.
Los representantes populares deben de ser
fieles a los principios e ideales históricos de los partidos en que militan, pero
primordialmente deben pronunciarse por los intereses globales generales o públicos de la
comunidad de que son voceros.
El orden democrático no elimina sino que
integra todas las fuerzas sociales, se vitaliza de la concurrencia y la competencia de las
corrientes ideológicas, con una iniciativa plural asociada y responsable, que propicia la
renovación pacífica o alternancia de funcionarios y programas políticos, se legítima
con la flexibilidad política actualizando los cambios que requiere el curso de la vida
social, cambios que dan un empleo constructivo y propositivo a las oposiciones, en un
régimen de tolerancia y respeto a la disidencia, cuando se gobierna mediante la
discusión y las decisiones son integradas en la voluntad de las mayorías que obran con
racionalidad parlamentaria.
La apertura democrática o transparencia
hace a la convivencia dinámica, porque al dar a conocer los problemas y convocar la
iniciativa de los ciudadanos permite la concurrencia de todas las fuerzas sociales para
superar los riesgos, los conflictos y las fragmentaciones que dañan la salud social.
La democracia es la pluralidad de centros
de poder; la democracia es policéntrica. El autoritarismo y el paternalismo son el
monopolio del poder, son el gobierno centralista, monocéntrico o gobierno
monoburocrático.
Si convenimos que los partidos políticos
son los institutos que estructuran la participación política de los ciudadanos y que
ésta se haya en la base de la construcción de la tan anhelada normalidad democrática,
la nueva reforma electoral deberá combinar dos principios: primero, que el sistema
electoral se mantenga abierto a la formación de nuevas corrientes político-ideológicas,
es decir, que no caiga en exclusivismo y, dos, que se eliminen las visiones paternalista
del Estado hacia partidos políticos que han probado reiteradamente su incapacidad para
atraerse el respaldo de los electores. Los partidos tienen que mostrar que son ya mayores
de edad.
Atrás ha quedado la época en que las
reformas electorales se elaboraban para fortalecer el régimen de partido hegemónico. La
reforma actualmente en proceso debe impulsar de manera decidida la construcción de un
sistema de partidos efectivamente plural y competitivo, lo cual exige partidos políticos
fuertes, con el potencial organizativo e ideológico necesario para disputarse
legítimamente en las urnas, la conducción del gobierno y la representación de la
sociedad, posibilitándose las alianzas de partidos.
El espectro partidista de los años pasados
ha sido más que plural, disperso y aunque en la pasada elección federal el tablero
partidario se acotó y las tres principales fuerzas políticas absorbieron el 93% de los
votos, la posibilidad de recurrir a coaliciones electorales para fortalecer la oferta
electoral y dar lugar a una representación más sólida, debe ser un derecho de los
partidos.
Es necesario, entonces, eliminar las trabas
que actualmente establece la ley en este renglón, particularmente a lo relativo a la
cantidad de candidaturas que cada partido puede impulsar por esta vía.
Los partidos políticos podrán plantear
coaliciones totales o parciales, con la condición de que los partidos que las acuerden,
elaboren una plataforma electoral que sea aprobada por los órganos de autoridad de los
partidos involucrados en la coalición y que quede establecida en un convenio
correspondiente.
Los partidos que se coliguen, fijarán las
formas en que se distribuirán las prerrogativas a las que tienen derecho y a los escaños
a que se haga acreedora la coalición.
Habría que exigir y garantizar la eficacia
y respuesta de los partidos políticos, la igualdad en las condiciones de competencia; la
posibilidad de coligarse, aliarse y proponer candidaturas comunes.
Las candidaturas comunes e independientes
son el reconocimiento a una sociedad pluralista y dinámica, cuyas orientaciones cívicas
deben estar sólidamente sustentadas en valores comprometidos y generalmente aceptados.
Esas orientaciones tienden a generar la "virtud cí-vica".
Postular el candidato esperado es
consolidar la gobernabilidad de la sociedad y sus consensos superando los riesgos, los
conflictos y las fragmentaciones que pongan en peligro la armonía social.
Todos los partidos nacionales podrán
coaligarse entre sí, siempre que cumplan con los requisitos señalados. Su confirmación
como partidos nacionales dependerá de que cada uno de los partidos en la coalición
alcance el 2% de la votación emitida.
Por lo antes expuesto, se propone el hacer
posible la formación de coaliciones entre partidos políticos para las elecciones de
carácter Federal, de los cuales se integra al texto del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, en los siguientes términos: se modifica el Título Cuarto
para establecer además de los frentes, las coaliciones y fusiones, las candidaturas
comunes.
En los artículos 56 y 57 se propone
adecuar el marco legal de los frentes, explicitando el derecho que tienen las agrupaciones
políticas de conformar frentes junto con la participación de partidos políticos, tal
como se prescribe ya en el Título Segundo, Capítulo Segundo del Código que se pretende
reformar.
En la propuesta del texto del artículo 58,
se delimita bien las situaciones para las cuales se pueden formar coaliciones, declarando
el derecho de los partidos políticos a formarlas y estableciendo en qué elecciones es
válida dicha figura.
Se señala bajo que circunstancias se
registrarán los candidatos de las coaliciones para que en ningún momento surja la duda
de cual será la forma o en que condiciones quedarán registrados él o los candidatos
además de presentarse con un registro y emblema acordado, una plataforma electoral común
y un convenio de coalición, los cuales deberán ser respetados por los partidos
coligados.
Se suprimen todos los demás párrafos que
forman parte del texto actual de dicho precepto, toda vez que se consideran excesivos los
re-quisitos que estipula la ley actual, haciendo inviable el cumplimiento de la hipótesis
de la coalición.
El texto actual del artículo 59, se
modifica en su totalidad, para señalar las diferentes posibilidades de hacer coalición
para los casos de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados por
ambos principios. Propone además, el efecto que tendrá la coalición para el cargo de
Presidente de la República, los aspectos que se deberán acatar en el caso de coaliciones
que postulen a senadores y diputados por los principios de representación proporcional y
de mayoría relativa.
En el artículo 59-A, propone los aspectos
a que se debe sujetar la coalición al postular y registrar las fórmulas de sus
candidatos, considerando también que se acredita la aprobación de la coalición por las
asambleas nacionales u órganos equivalentes de los partidos que pretendan coligarse.
En el texto propuesto del artículo 60, se
establecen de manera precisa y clara todos los requisitos que deberá cubrir el convenio
de coalición. Se establece también que los partidos coligados se sujetan a los topes de
campaña que se fijen tomando en cuenta la fuerza electoral de los mismos, así como el
monto de las aportaciones de cada partido coligado y su reporte a través de los
correspondientes informes.
En la propuesta de texto del artículo 61,
se marca la fecha en que se deberá presentar el convenio de coalición ante el titular
del Instituto Federal Electoral, previendo también el tiempo en el caso de elecciones
extraordinarias por mayoría relativa. Se señala además, el término en que el Consejo
General del Instituto Federal Electoral resolverá la procedencia de la coalición para
ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En el artículo 62, propone establecer la
finalización de la coalición y la observancia que los partidos políticos que se
coliguen deberán cumplir para no perder su registro, sea la de obtener cada uno de ellos
en la elección, un 2% de la votación. A la coalición le serán asignados el número de
diputados y/o senadores por el partido que les corresponda según sea la coalición como
si se tratara de un solo partido.
Se crea un Capítulo III, que habla de las
candidaturas comunes.
En el artículo 63, propone la posibilidad
de la adhesión electoral de cualquier partido político o coalición de partidos, en
torno a un candidato común, para lo cual deberán celebrar y registrar un convenio de
adhesión entre el candidato y los partidos o coaliciones de partidos que convengan en
dicho acuerdo.
El artículo 64, señala los elementos a
que se deben sujetar los partidos o coaliciones de partidos que se adhieran a una
candidatura común. Establece, considerando también que se acredita la aprobación de la
adhesión por las asambleas nacionales u órganos equivalentes de los partidos que
pretendan adherirse, contendiendo bajo una plataforma electoral común, un convenio de
adhesión de conformidad a la declaración de principios, programa de acción y estatutos
de los partidos o coaliciones de partidos que pretendan adherirse. El artículo 64-A,
señala el contenido que deberá tener en todo caso el convenio de adhesión.
En el artículo 64-B, se establece que la
presentación del convenio de adhesión se hará ante la autoridad electoral de manera
conjunta al registro del candidato común. Esta misma autoridad resolvería en 10 días
hábiles en torno a la procedencia de la candidatura común y su posterior publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
El artículo 64-C, define que para efectos
del cómputo de los votos, le corresponderán al candidato común, aquellos que obtengan
los partidos o coaliciones de partidos que se adhirieron a él, así como también el
porcentaje necesario para que los partidos o coaliciones de partidos adheridos a una
candidatura común conserven su registro al finalizar la elección.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
fundado y motivado, se presenta la siguiente propuesta de reforma a los artículos 56, 57,
58, 59, 59-A, 60, 61, 62, 63 y 64 y adición de los artículos 64-A, 64-B y 64-C del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;
TITULO CUARTO
De los frentes, coaliciones, candidaturas
comunes y fusiones
Artículo 56. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
1. Los partidos políticos nacionales y las
agrupaciones políticas nacionales podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos
políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias
específicas y comunes.
2 y 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
CAPITULO I
De los frentes
Artículo 57. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
1 y 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
3. Los partidos políticos nacionales y las
agrupaciones políticas nacionales que integren un frente, conservarán su personalidad
jurídica, su registro y su identidad.
CAPITULO II
De las coaliciones
Artículo 58. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
1. Los partidos políticos nacionales
podrán formar coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, de senadores por los principios de mayoría relativa y representación
proporcional y de diputados por los principios de mayoría relativa y representación
proporcional.
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
3 al 5. Se derogan.
6 y 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
8 al 10. Se derogan.
11. En todos los casos, los candidatos de
las coaliciones se presentarán bajo el registro y emblema acordado por la coalición,
acompañado del respectivo convenio de coalición y una plataforma electoral común.
Artículo 59. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
1. La coalición postulará a sus propios
candidatos en las elecciones federales, para uno o varios de los siguientes cargos:
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de senadores por los principios de mayoría
relativa y de re-presentación proporcional, así como de dipu-tados por los principios de
mayoría relativa y representación proporcional.
2. La coalición por la que se postule
candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá efectos sobre las 32
entidades federativas, en que se divide el territorio nacional.
3. La coalición por la que se postulen
candidatos a senadores por los principios de mayoría relativa y representación
proporcional, deberá contener la lista con las dos fórmulas por entidad federativa, así
como la lista de los 32 candidatos nacionales por el principio de re-presentación
proporcional y tendrá efectos en las 32 entidades federativas en que se divide el
territorio nacional.
4. La coalición por la que se postulen
candidatos a diputados por los principios de mayoría relativa y representación
proporcional deberá contener las fórmulas de candidatos por distrito electoral, así
como listas plurinominales por cada circunscripción electoral y tendrá efectos en las 32
entidades federativas, las cinco circunscripciones plurinominales y los 300 distritos
electorales en que se divide el territorio nacional.
Artículo 59-A. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
1. La coalición postulará y registrará
sus fórmulas de candidatos sujetándose a lo siguiente:
a) Deberá acreditar ante todos los
consejos del Instituto, así como ante las mesas directivas de casilla y generales de
distrito, en los términos de este código, tantos representantes como correspondiera a un
solo partido político y
b) Disfrutará de todas las prerrogativas
en materia de radio y televisión y podrá contratar en estos medios como si se tratara de
un solo partido. En los casos en que por disposición de este código se tome en cuenta la
fuerza electoral, se considerará la suma de los partidos coligados.
2. Para el registro de la coalición los
partidos que pretendan coligarse deberán acreditar que la coalición fue aprobada por la
asamblea nacional u órgano equivalente de cada uno de los partidos políticos coligados y
que dichos órganos expresamente aprobaron postular a los candidatos de la coalición y
contender bajo la plataforma electoral común, así como el convenio de coalición
correspondiente, de conformidad con la declaración de principios, programa de acción y
estatutos de cada uno de ellos.
Artículo 60. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
1. El convenio de coalición contendrá en
todos los casos:
a) Los partidos políticos que la
conforman;
b) La elección que la motiva;
c) El nombre, apellidos, edad, lugar de
nacimiento y domicilio del o de los candidatos;
d) El cargo para el que se le o les
postula;
e) La forma en que debe aparecer en las
boletas electorales el emblema de la coalición;
f) El compromiso de sostener una plataforma
electoral común, de acuerdo a la declaración de principios, programa de acción y
estatutos de cada uno de los partidos políticos coligados;
g) El monto de las aportaciones económicas
y en tiempos de radio y televisión de cada partido político coligado para el desarrollo
de las campañas respectivas;
h) El grupo o los grupos parlamentarios al
que pertenecerán los legisladores que resulten electos mediante candidaturas de
coalición;
i) El porcentaje de votación obtenida por
la coalición, que corresponderá a cada uno de los partidos coligados. Lo anterior para
efectos de la conservación del registro, así como del cálculo de las prerrogativas de
cada partido coliga- do y
j) Para el caso de la interposición de los
medios de impugnación previstos en la ley de la materia, quién ostentaría la
representación de la coalición.
2. En el convenio de coalición se deberá
manifestar que los partidos coligados se sujetarán a los topes de gastos de campaña que
se hayan fijado, tomando en cuenta para ello a la suma de la fuerza electoral de los
partidos políticos coligados para la elección que se trate, como si se tratara de un
solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada
partido político coligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la
forma de reportarlo en los informes correspondientes.
3. Al convenio de coalición se deberá
acompañar la plataforma electoral, así como los documentos en que conste la aprobación
de la coalición por los órganos partidistas correspondientes.
Artículo 61. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1. El convenio de coalición deberá
presentarse para su registro ante el presidente del Consejo General del Instituto Federal
Electoral a más tardar la semana anterior al día en que se inicie el registro de
candidatos. En el caso de elecciones extraordinarias por mayoría relativa, se estará al
término que para el registro de candidaturas señale la convocatoria.
2. Una vez presentado un convenio de
coalición, el Consejo General del Instituto Federal Electoral dentro del término de 10
días hábiles resolverá sobre la procedencia de la coalición, ordenando su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 62. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
1. Concluida la elección, automáticamente
termina la coalición. Los partidos políticos que convengan en coligarse podrán
conservar su registro al termino de la elección, si la votación de la coalición es
equivalente a la suma de los porcentajes del 2% de la votación emitida que requiere cada
uno de los partidos coligados.
2. A la coalición le serán asignados el
número de diputados y/o senadores por el PRD que le corresponda según sea la coalición,
como si se tratara de un solo partido.
CAPITULO III
De las candidaturas comunes
Artículo 63. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
1. Cualquier partido político nacional o
coalición de partidos podrá adherirse electoralmente a los candidatos propuestos por
otros partidos o por coaliciones de partidos.
2. Los partidos políticos o coaliciones
que se adhieran a candidatos comunes para participar en las elecciones, deberán celebrar
y registrar el convenio de adhesión correspondiente en los términos del presente
capítulo.
3. El convenio de adhesión deberá
celebrase entre el candidato común y dos o más partidos políticos o coaliciones de
partidos.
Artículo 64. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1. Los partidos o coaliciones de partidos
que se adhieran a una candidatura común deberán registrar a sus fórmulas de candidatos,
sujetándose a lo siguiente:
a) Deberán acreditar ante todos los
consejos del Instituto, así como ante las mesas directivas de casilla y generales de
distrito, en los términos de este código, tantos representantes suyos como corresponde a
cada partido político o coalición que se adhiera a la candidatura común;
b) Disfrutarán de todas sus prerrogativas
en materia de radio y televisión y podrán contratar en estos medios como cualquier otro
partido político;
c) Participarán en las elecciones con sus
propios emblemas y utilizando el nombre de los candidatos a quienes se adhirieron, así
como bajo una plataforma electoral común y un convenio de adhesión.
2. Para el registro de la candidatura
común los partidos o coaliciones de partidos que pretendan adherirse a candidaturas
comunes deberán acreditar que la adhesión fue aprobada por la asamblea nacional u
órgano equivalente de sus partidos y que dichos órganos expresamente aprobaron postular
a los candidatos de otros partidos políticos o coaliciones de partidos y contender bajo
una plataforma electoral común, así como el convenio de adhesión correspondiente, de
conformidad con la declaración de principios, programa de acción y estatutos de los
partidos o coaliciones de partidos que deseen adherirse.
Artículo 64-A. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
1. El convenio de adhesión contendrá en
todos los casos:
a) El nombre de los partidos o de las
coaliciones de partidos que se adhieren a la candidatura común;
b) La elección que la motiva;
c) El nombre, apellidos, edad, lugar de
nacimiento y domicilio de los candidatos a quienes se adhieren, así como el cargo para el
que se les postula;
d) El compromiso de sostener una plataforma
electoral común, de acuerdo a la declaración de principios, programa de acción y
estatutos del o los partidos o la o las coaliciones a cuyos candidatos se adhieren.
Artículo 64-B. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
1. El convenio de adhesión deberá
presentarse para su registro ante la autoridad electoral conjuntamente con el registro del
candidato común.
2. La autoridad electoral respectiva
resolverá, dentro del término de 10 días hábiles, sobre la procedencia de la
candidatura común, ordenando su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 64-C. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
1. Para efectos del cómputo de los votos,
al candidato común le corresponderán aquellos emitidos en favor de los partidos o
coaliciones adheridas a él.
2. Cada partido político o coalición que
convenga adherirse a una candidatura común podrán conservar su registro al término de
la elección, si obtiene al menos el 2% de la votación en el caso de los partidos y de al
menos la suma de los porcentajes del 2% de cada partido político coligado, en el caso de
la coalición.
Por lo anteriormente expuesto:
PEDIMOS
Primero. Se nos tenga presentado iniciativa
de reforma legal en los términos propuestos con fundamento en el artículo 71 fracción
II constitucional y 55 fracción II, 56 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Se turne desde luego a las
comisiones para su dictamen siguiendo con él trámite correspondiente.
Atentamente.
México, D.F., diciembre de 1998.—
Diputados: Gilberto Parra Rodríguez, Felipe de Jesús Preciado, Juan Ignacio Fuentes
Larios, Luis David Gálvez Gasca, Jorge Emilio González Martínez, Maximiano Barbosa
Llamas, Gustavo Pedro Cortés, Ricardo Cantú Garza, Gustavo Espinosa Plata e Isael
Petronio Cantú Nájera.»
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y
EXPLOSIVOS
Tiene la palabra la diputada Blanca
Rosa García Galván, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La diputada Blanca Rosa García Galván:
Iniciativa de decreto por el que se
reforman los artículos 9o., primer párrafo de la fracción II; 23; fracción IV del
artículo 77 y se adicionan los artículos 82, 83-bis, fracción V al artículo 85 de la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Presidente de la mesa directiva de la
Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
«Los que suscribimos, diputados de esta
honorable LVII Legislatura Federal, integrantes de diversos grupos parlamentarios,
conforme a las facultades que nos otorgan los artículos 71 fracción II y 73 fracción
XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en los
artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, la presente
iniciativa de decreto por la que se reforman los artículos 9o. primer párrafo de la
fracción II; 23; fracción IV del artículo 77 y se adicionan los artículos 82, 83-bis;
fracción V al artículo 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Aun cuando la Constitución General de la
República consagra en su artículo 10, como una de las garantías individuales el derecho
que "tienen los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos a poseer armas en su
domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la
ley y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, y Fuerza
Aérea". Y que la Ley Federal determinará los casos, condiciones, requisitos y
lugares en que se podrán autorizar a los habitantes la posesión de armas y que con
anterioridad al 22 de octubre de 1971, las limitaciones legales se restringían a simples
reglamentos de policía locales y municipales, por ello a partir de la fecha indicada, el
Estado exige mayor responsabilidad de quienes portan armas, mediante la expedición de una
licencia, para evitar prácticas irreflexivas de pistolerismo y actitudes criminales
perniciosas que pudiesen ser una amenaza para la sociedad; consideramos que ese enfoque
debe ser bilateral, es decir, que la posesión de armas (las permitidas por la ley) no sea
considerada únicamente desde el ángulo de que habrán de ser utilizadas para atacar,
sino para defenderse, sin embargo, el artículo 17 de la Constitución General de la
República prohibe terminantemente que las personas se hagan justicia por sí mismas o
ejerzan violencia para reclamar su derecho.
Si invocamos un prevaleciente estado de
derecho, no debemos perder de vista que el Estado en una creación de la sociedad como un
orden jurídico y social y lo reviste de fuerza material y legal suficiente para que se
constituya no sólo en una construcción literaria o intelectual, sino como la esperanza
de un orden jurídico total, sin menoscabo de su sistema coactivo que se concibe ante las
imperfecciones humanas.
Es necesario pues, que consideremos que las
condiciones de inseguridad que por diversas circunstancias será, en un momento dado, no
pueden estar bajo control alguno, aun sin perder de vista la función protectora del
Estado, cuyos márgenes de seguridad pública se manifiestan más en una protección
social que individual, no se puede soslayar que muy aparte de la sensación de poder del
individuo armado, es de tomarse en cuenta preferentemente la seguridad de la gente de
bien, principalmente la que vive en el campo, que jamás patrocinaría actitudes
anarquistas...
Permítame la diputada oradora.
Solicitamos a todos los diputados que
ocupen sus lugares y presten atención y el debido respeto a la oradora que está en el
uso de la palabra.
Continúe...
Permítame la oradora. Solicitamos al
diputado Rufino Contreras pase a ocupar la curul que le corresponde, por favor. Estamos
desahogando el orden del día de la sesión del día de hoy. Diputado, le pido de la
manera más atenta. Lo vamos a atender en otro lugar. Estamos desahogando un punto del
orden del día.
Guarden el orden, señores diputados.
Los atenderemos en el salón de las
Banderas.
Permitamos que la oradora desahogue el
punto que estamos atendiendo en este momento.
En este momento estamos presentando una
iniciativa; si usted gusta intervenir en el momento del orden del día en el que podamos
agendar su punto, lo haremos así. Continúe la oradora.
| La diputada
Blanca Rosa García Galván: |
Estamos conscientes de que en los
últimos tiempos se han suscitado acontecimientos que generan altos índices delictivos
que han agraviado a los mexicanos, por lo que se considera de vital importancia lograr
mecanismos y legislaciones que recobren los niveles de seguridad pública que demanda la
ciudadanía, a través de una adecuada normatividad relacionada con el manejo, uso y
posesión de armas de fuego, pero sin que ello vulneren el modo de vida y la actividad que
llevan a cabo los mexicanos con un modo honesto de vivir, que de manera habitual se
dedican a la práctica de tiro y la cacería como deporte.
Uno de los principales problemas del Estado
mexicano es la creación de empleos, en este sentido, la caza deportiva en los países del
mundo en donde se realiza ha demostrado principalmente que es la mejor manera de conservar
las especies animales de interés genético. Al darle un valor económico a los animales
silvestres, automáticamente se les provee de alimento, agua y protección, lo que se
traduce en una multiplicación sorprendente, el aprovechamiento trae consigo una derrama
económica que genera riqueza para el dueño del predio, para los trabajadores de los
ranchos o ejidos y en forma general para el país en donde esto ocurre.
En el norte del país, principalmente la
cacería organizada es ya una realidad y aunque queda mucho por hacer, ya se puede
apreciar la proliferación de los animales silvestres y la riqueza que genera su
aprovechamiento racional. Riqueza que se derrama en donde más se necesita, en su campo y
su gente. Muchos rancheros en este ingreso adicional han dejado de operar en números
rojos.
La actividad cinegética, en la última
década, ha permitido que algunos productores del noroeste de México obtengan ingresos
extras en sus explotaciones; si consideramos que en España en 20 años que se
actualizaron sus leyes implementando un esquema similar a las UMAS (Unidades para la
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre), que la Semarnap
recientemente formuló: ha logrado que por coto de caza, genere un promedio de 10 empleos
y cuente con 35 mil cotos de caza, haciendo que España reciba ingresos por 4 mil 500
millones de dólares anuales generados por la actividad cinegética.
En México, en la actualidad sólo existen
800 criaderos o UMAS registrados, por lo que si actualizamos nuestras leyes a la realidad
que vive nuestro país para dar paso a esta actividad tan importante; los productores del
campo se arraigarían a sus tierras y el turismo cinegético representaría una importante
fuente de ingresos y empleos al país.
Las modificaciones a la Ley de Armas de
Fuego y Explosivos que proponemos, en este sentido deberán ser congruentes con la Ley
General de Protección al Ambiente, lo cual permite, en su artículo 87, el
aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestres en actividades económicas, a los
particulares (ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios), que garanticen su
reproducción.
Por lo expuesto, se somete a la
consideración de esta Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforman los
artículos 9o. primer párrafo de la fracción II; 23; fracción IV del artículo 77 y se
adicionan los artículos 82, 83-bis; fracción V al artículo 85 de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:
Artículo 9o. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . .. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Los ejidatarios, comuneros y jornaleros del
campo, así como pequeños propietarios rurales fuera de las zonas urbanas, podrán poseer
y portar con la sola manifestación, un arma de las ya mencionadas o un rifle calibre
"22", o una escopeta de cualquier calibre, excepto las de cañón de longitud
inferior a 635 mm. (25") y las de calibre superior al 12.729" ó 18.5milimetros.
III y IV. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Artículo 23. Las armas que formen parte de
una colección podrán enajenarse y heredarse como tal o por unidades, en los términos de
las disposiciones de esta ley y previo al permiso escrito de la Secretaría de la Defensa
Nacional y demás autoridades competentes.
Artículo 77. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
I a la III. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
IV. Quienes posean cartuchos en cantidades
superiores a que se refiere el artículo 50 de esta ley por cada arma manifestada en el
Registro Federal de Armas.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 82. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
En el caso de los deportistas de tiro y
cacería tratándose exclusivamente de las armas comprendidas en el artículo 10 de esta
ley, se considerará como permiso para la transmisión de la propiedad la manifestación
de cambio que se haga ante la Secretaría de la Defensa Nacional.
Artículo 83-bis. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
I a II. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
No se considerará acopio la reunión o
posesión de cinco o más armas de las comprendidas en el artículo 10 de esta ley por
aquellos que tengan la actividad deportiva de tiro y caza registrados, como miembros de
los clubes o asociaciones respectivas ante la Secretaría de la Defensa Nacional y a los
titulares de las Unidades de Manejo y Aprovechamiento registrados ante la Semarnap y la
Sedena.
Artículo 85. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
I a la IV. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Los deportistas de tiro o caza para el
desarrollo de estas actividades, podrán recargar cartuchos para las armas que posean
debidamente registradas y que se encuentren dentro de las señaladas en el artículo 10 de
esta ley.
ARTICULO TRANSITORIO
Artículo único. Esta reforma entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 14 de diciembre de 1998.»
Túrnese a las comisiones de Justicia
y de Gobernación y Puntos Constitucionales.
LEY FEDERAL DEL
TRABAJO LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Tiene la palabra la diputada María
Mercedes Maciel Ortiz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una
iniciativa que reforma el artículo 170 fracción II y IV de la Ley Federal del Trabajo,
así como la adición de una fracción IX al artículo 22 y una fracción X al artículo
108 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
| La diputada
María Mercedes Maciel Ortiz: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros legisladores:
«Ciudadanos secretarios de la honorable
Cámara de Diputados.— Presentes.
Los suscritos, diputados federales
integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LVII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del
artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de
Diputados la presente iniciativa de reforma al artículo 170 fracciones II y IV de la Ley
Federal del Trabajo, así como la adición de una fracción IX al artículo 22 y una
fracción X al artículo 108 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La importancia de la participación de la
mujer en los cambios económicos, políticos, culturales y sociales de México es
innegable, desde los movimientos de Independencia, de Reforma, revolucionario y
postrevolucionario, hasta la época actual, en donde han participado activamente
luchadoras sociales, amas de casa, maestras, profesionistas, campesinas, artistas, obreras
etcétera.
Las mujeres mexicanas han tenido que
ganarse sus derechos a base de esfuerzo y tenacidad, no se les ha obsequiado nada en este
renglón, al contrario, el tradicionalismo arraigado y el atraso cultural del mexicano en
general en relación al papel que deben jugar las mujeres en la sociedad, ha hecho que
este camino sea más difícil de andar.
En los últimos años se ha incrementado de
manera importante la participación femenina dentro de la población económicamente
activa, un reflejo de ello es el aumento en la tasa específica de participación de la
mujer, la cual indicaba un 33.3% en el mes de enero de 1991 y se incrementó hasta llegar
en noviembre del presente año a un 39.2%. Cabe señalar que el número de hogares con
jefatura femenina alcanza el 18% del cual el 70% se encuentra en una situación muy
vulnerable, pues en el mejor de los casos, se alcanzan ingresos de cerca de dos salarios
mínimos.
No obstante el crecimiento antes señalado,
se ha comprobando que las mujeres y, en particular las mujeres casadas, quedan limitadas a
una gama restringida de empleos de baja calificación y pocas perspectivas de promoción,
además de que un importante número de empresas contratan únicamente mujeres solteras o
cuando menos mujeres sin hijos, por lo que al contraer matrimonio o estar en estado de
gravidez son despedidas injustificadamente. Por lo anteriormente expuesto es necesario
tener como principal objetivo eliminar todas las discriminaciones, tanto directas como
indirectas, con relación, por ejemplo, con el estado matrimonial o familiar.
La maternidad representa uno de los eventos
más trascendentes en la sociedad, por ser éste parte del ciclo de vida del ser humano y,
por lo tanto es de vital importancia el cuidado, la atención y la protección social que
la mujer debe recibir durante este ciclo de gestación y lactancia, aún más, cuando
dicha persona desempeña alguna labor económicamente remunerada.
Debemos considerar que el estado de
gravidez es un periodo durante el cual pueden producirse trastornos y complicaciones que
pueden obligar a la mujer a seguir un control médico riguroso y, en su caso, a guardar
reposo absoluto durante todo el embarazo o una parte de éste.
Asimismo es en el periodo de lactancia
cuando el recién nacido necesita una atención más personalizada de la madre, tanto para
su cuidado y protección, como para otorgarle una mejor alimentación.
Se propone, a fin de otorgar a las mujeres
trabajadoras mejores condiciones laborales, modificar los instrumentos jurídicos
necesarios para ampliar el periodo de descanso obligatorio otorgado por la Ley Federal del
Trabajo, tanto antes como después del parto. Lo anterior toda vez que es común que
surjan trastornos y complicaciones, que pueden implicar una incapacidad laboral, lo que
constituye riesgos inherentes al embarazo y por lo tanto, comparten la especificidad de
este estado. Pero por otra parte, en el mejor de los casos, la mujer puede encontrarse en
condiciones físicas favorables y podrá laborar hasta pocos días antes del parto,
pudiendo utilizar los días de descanso otorgados en ambos periodos después del parto. A
su vez es necesario otorgar a las madres trabajadoras un periodo de descanso diario mayor
a fin de alimentar en mejores condiciones a sus hijos recién nacidos.
Los legisladores del Partido del Trabajo,
conscientes de esta problemática y coherentes con las necesidades sociales del país,
consideramos que siendo el embarazo y maternidad periodos durante los cuales la salud de
las mujeres es especialmente vulnerable y teniendo como propósito fundamental la
protección de dichos periodos, creemos necesario modificar la Ley Federal del Trabajo en
su Título V relativo al trabajo de las mujeres, específicamente el artículo 170
fracciones II y IV, a fin de otorgar un periodo de descanso adicional al ya establecido de
cuatro semanas anteriores y cuatro semanas posteriores al parto, el cual será opcional
para las trabajadoras determinar si dicho descanso lo utilizarán anterior y/o
posteriormente al parto; a su vez se deberá ampliar los periodos de lactancia señalados
por esa ley, a fin de otorgar a los menores aludidos una alimentación de mejor calidad.
Por otra parte, considerando la carga económica adicional que deberán de cubrir los
patrones al pagar el salario íntegro de este periodo a las trabajadoras que se encuentran
en estas condiciones, es necesario reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta en sus
artículos 22 fracción IX y 108 fracción X, a fin de otorgar los estímulos fiscales
necesarios para compensar dichos pagos y no crear otro cargo a sus pasivos.
Compañeras y compañeros diputados: por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los
artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de la
Cámara de Diputados, a efecto de que se turne de inmediato para dictamen a la comisión
correspondiente, la siguiente
INICIATIVA
De reforma al artículo 170 fracciones II y
IV de la Ley Federal del Trabajo, así como la adición de una fracción IX al artículo
22 y una fracción X al artículo 108 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar
como sigue:
Artículo primero. Se reforma el artículo
170 fracciones II y IV de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 170.. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
II. Disfrutar de un descanso de 10 semanas
anteriores y 10 semanas posteriores al parto, teniendo la opción de seleccionar a su
conveniencia o por prescripción médica, si desea disfrutar total o parcialmente del
primer periodo de descanso dentro del segundo o viceversa.
Los patrones, ya sean personas morales o
físicas, podrán en los términos de los artículos 22 fracción IX y 108 fracción X de
la Ley del Impuesto sobre la Renta, deducir de su declaración anual el equivalente a ocho
semanas de salario otorgado a las madres trabajadoras que se encuentren en este supuesto.
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
IV. En el periodo de lactancia tendrán dos
reposos extraordinarios por día, de una hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en
lugar adecuado e higiénico que designe la empresa;
V a la VII. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Artículo segundo. Se adiciona la fracción
IX del artículo 22 y la fracción X del artículo 108 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, para quedar como sigue:
Artículo 22. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I a la VIII. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
IX. Las personas morales podrán deducir de
su declaración anual el equivalente de ocho semanas de salario pagado a las mujeres que
se encuentren en el supuesto del artículo 170 fracción II de la Ley Federal del Trabajo.
X y XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Artículo 108.. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
I a la IX. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
X. Las personas físicas podrán deducir de
su declaración anual el equivalente de ocho semanas de salario pagado a las mujeres que
se encuentren en el supuesto del artículo 170 fracción II de la Ley Federal del Trabajo.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de
diciembre de 1998.— Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, los
diputados: Ricardo Cantú Garza, coordinador; Luis Patiño Pozas, María Mercedes Maciel
Ortíz, José Luis López López, Juan José Cruz Martínez, Santiago Gustavo Pedro
Cortés y Gerardo Acosta Zavala.»
RECESO
| La Presidenta (a
las 13:44 horas): |
Señores diputados: esta Presidencia
decreta un receso indefinido y les solicita se coloquen en lugares adecuados, a efecto de
evitar cualquier agresión que pudiera darse.
Si desean, podemos pasar tras banderas, o
puertas de basamento para desalojar el salón, hasta en tanto se da un nuevo aviso.
Estamos en receso indefinido.
Existe un enfrentamiento en la parte de
afuera, para evitar ir a esos lugares permanezcan en el recinto, a efecto de que en el
momento de que seguridad nos informe que ha sido controlado, en ese momento les
permitiremos la salida. Si alguien desea hacerlo, por tras banderas hay posibilidades de
pasar directamente a las oficinas de los grupos parlamentarios.
Se les solicita el desalojo absoluto de
este salón, a efecto de que el diálogo se pueda llevar a cabo con las coordinaciones y
la comisión de diputados que se encuentra atendiéndolos. Existe salida por acá por tras
banderas y por la puerta lateral de basamento. Entonces se los agradeceríamos, a efectos
de desestimular y causar más daños al edificio, que desalojemos por completo el salón.
(Receso)
| La Presidenta (a
las 17:22 horas): |
Se reanuda la sesión.
Invitamos a todos los diputados vengan al
recinto para desahogar los asuntos del orden del día.
LEY FEDERAL DEL
TRABAJO LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (II)
En cuanto a la iniciativa presentada
por la diputada Mercedes Maciel Ortiz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo,
para presentar una iniciativa que reforma el artículo 170 fracciones ll y IV de la Ley
Federal del Trabajo, así como la adición de una fracción IX al artículo 22 y una
fracción X al artículo 108 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, túrnese a las
comisiones de Trabajo y Previsión Social y Hacienda y Crédito Público.
PRECIOS
Y TARIFAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
Tiene la palabra el diputado Abraham
Bagdadi Estrella, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una iniciativa que adiciona la fracción XXXI del artículo 73 y la fracción X
del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma
al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
| El diputado
Abraham Bagdadi Estrella: |
Con su permiso, señorita Presidenta;
señores secretarios:
«Iniciativa de decreto que adiciona la
fracción XXXI del artículo 73, la fracción X del artículo 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados de la LVII Legislatura.
El suscrito diputado a la LVII Legislatura
del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción
II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento a la
consideración de la Asamblea de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa que
adiciona la fracción XXXI del artículo 73 y la fracción X del artículo 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga la fracción X del
artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con base en la
siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS.
La política de definición de precios de
bienes y servicios de la Administración Pública Federal recae sobre un comité
conformado por diversos despachos del Poder Ejecutivo Federal. Este comité, ha definido
su política en forma unilateral y arbitraria y en todo momento contra los intereses del
grueso de la población, dado que los incrementos en los precios de las gasolinas, gas LP,
energía eléctrica, el diesel, peaje de las carreteras federales, energía eléctrica,
telégrafos y correos entre otros, han sido mayores a los incrementos de la inflación y
mucho mayores al incremento de los salarios mínimos.
Es decir, el interés del Gobierno en todo
momento es no permitir el deterioro de las finanzas públicas aún en contra del interés
público, puesto que la merma que sufren los ingresos familiares, no sólo son producto de
los indiscriminados incrementos en el precio de los bienes y servicios, sino que además,
estos incrementos generan que los demás precios también crezcan, se genere inflación y
consecuentemente se deteriore el consumo.
Por eso, es importante que en la
definición del precio de los bienes y servicios participe en forma directa el Congreso de
la Unión, para defender los intereses económicos de la población, defensa que se
justifica en función de que es esta soberanía la encargada, por designio popular, de
velar por los intereses de la nación.
El artículo 39 de la Constitución nos
manifiesta: que "la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo.
Todo poder político dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo
tiene, en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su
gobierno". Considerando como lo señala el texto constitucional que todo poder
público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, es necesario que
cualquier forma de establecer una instancia que genere estos beneficios y mantenga vigente
el espíritu constitucional, debemos verlo como un avance hacia la consolidación de
nuestro estado de derecho.
Por lo tanto y en virtud de que el
ejercicio constitucional debe recaer también en los re-presentantes populares, es
necesario que el Poder Legislativo intervenga para la definición de los precios de los
combustibles, la energía eléctrica y demás bienes y servicios de la Administración
Pública Federal.
En virtud de que no existe incoherencia
para modificar la política que incentive y fortalezca el consumo familiar, para generar
beneficios tangibles en el nivel de vida de la población, es importante considerar que
debemos debatir y analizar más profundamente los cambios en la política de los precios y
tarifas del sector público.
Esto quiere decir que se hace necesario que
el Poder Legislativo sea la instancia que determine los precios y tarifas de los bienes
públicos en virtud del debate y del análisis profundo que se desarrolla al interior de
este honorable Poder de la Unión, donde participan todas las ideologías que representan
la pluralidad del pensamiento de nuestra nación.
Y debemos acotar que la lógica debe ser
que exista una mayor preocupación por favorecer el bienestar de la población a través
del fortalecimiento del consumo.
Por lo anteriormente expuesto se presenta
la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Que adiciona la fracción XXXI del
artículo 73 y la fracción X del artículo 79 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
Artículo primero. Se adiciona la fracción
XXXI artículo 73 y la fracción X del artículo 79 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
"Artículo 73. El Congreso tiene
facultad:
XXXI. Para fijar los precios y tarifas de
los bienes y servicios de la Administración Pública Federal con base en la propuesta que
el Poder Ejecutivo le remita a través de la Secretaría del ramo correspondiente."
"Artículo 79. La Comisión
Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución
tendrá las siguientes:
X. Fijar durante el receso del Congreso de
la Unión los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública
Federal, con base en la propuesta que el Poder Ejecutivo le remita a través de la
Secretaría del ramo correspondiente."
Artículo segundo. Se reforma la fracción
X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar
como sigue:
"Artículo 31. A la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
X. Proponer al Congreso de la Unión o en
su caso, a la Comisión Permanente los precios y tarifas de los bienes y servicios de la
Administración Pública Federal, tomando en consideración la opinión de la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, Distrito Federal, a los 14 días
de diciembre de 1998.— Diputados: Abraham Bagdadi Estrella y José Octavio Díaz
Reyes.»
|
Presidencia del diputado Isael Petronio Catú Nájera |
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
SERVIDORES
PUBLICOS
Tiene la palabra el diputado Gonzalo
Rojas Arreola, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una iniciativa que reforma y adiciona el párrafo primero del artículo 108 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1o. de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del
artículo 123 constitucional.
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola: |
Muchas gracias, señor Presidente,
con su permiso:
Tiene la palabra diputado.
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola: |
A continuación me permito someter a
esta soberanía una propuesta de iniciativa de decreto que reforma y adiciona el párrafo
primero del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional y de reforma y adiciones al
artículo 212 del Título Décimo, Capítulo I, del Código Penal para el Distrito Federal
en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y el
artículo 2o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Quisiera aclarar a ustedes que la
iniciativa presentada y sometida el día de ayer para publicación en la Gaceta
Parlamentaria, ha sufrido algunos cambios, por lo que voy ahora en esta ocasión a darle
lectura íntegra a estas cuatro cuartillas de propuesta, por lo que les ruego a ustedes su
comprensión.
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Los que suscribimos, diputados federales,
integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LVII Legislatura, en ejercicio
de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento y apoyo en los diversos
fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante el pleno de esta Cá- mara de
Diputados, una iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 108 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al artículo 1o. de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123
constitucional y artículo 212 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de
Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y el artículo 2o., de
la Ley Federal, de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Fundamos la presente
iniciativa en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. Considerando que el marco jurídico de
los servidores públicos, previsto y sancionado por los artículos 108 constitucional, su
ley reglamentaria, esto es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos; el Código Penal Federal, en su Título Décimo, relativo a los delitos que
cometen los servidores públicos y la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, propicia la comisión de una evidente injusticia al considerar como servidor
público: "a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal..." y que
por lo tanto en la tipificación de delitos imputados a servidores públicos tendrían
idéntica responsabilidad para los efectos del régimen de responsabilidades de los
servidores públicos, tanto el conserje de una escuela federal, como el Secretario de
Educación Pública; o el más humilde de los carteros, al igual que el Secretario de
Comunicaciones y Transportes o tanto el médico familiar del Instituto Mexicano del Seguro
Social como el director del propio Instituto, por citar algunos ejemplos, es preciso
acotar el concepto jurídico de servidor público establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y su marco reglamentario, para restringirlo
única y exclusivamente a los funcionarios y empleados y a toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión cuyas funciones sean de confianza, excluyendo de dicho concepto
a los trabajadores de base, en los términos de lo establecido por el artículo 6o. de la
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del
artículo 123 constitucional, a efecto de que quien realmente tiene responsabilidades
administrativas como trabajador cuyas funciones sean de confianza, respondan de las mismas
ante las instancias competentes y en cuanto a los trabajadores de base, se les aplique el
principio de que ante el incumplimiento de sus normas de trabajo serán sujetos de
responsabilidad civil, sin que, en ningún caso, pueda ejercerse coacción sobre su
persona, tal y como dispone para los trabajadores ordinarios el artículo 32 de la Ley
Federal del Trabajo.
2. Considerando igualmente que el artículo
123 apartado "A" en su fracción XXXI numeral 22 inciso b punto 1
constitucional, establece imperativamente que son competencia de las autoridades federales
los asuntos relativos a las empresas que sean administradas en forma directa o
descentralizada por el Gobierno Federal y, en consecuencia de esta competencia, es
indebido e ilegal ubicar a los organismos descentralizados como sujetos de observancia de
la Ley Federal de la Materia Burocrática de Trabajo como dispone anticonstitucionalmente
el artículo 1o. de dicho ordenamiento.
Por otro lado, la jurisprudencia número
1/1996 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha declarado inconstitucional el
artículo primero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que
se hace necesaria la adecuación legislativa que hoy se propone;
3. Considerando igualmente que al reformar
el dispositivo constitucional en comento, resultaría imprescindible adecuar el artículo
212 del Código Penal Federal relativo a los delitos cometidos por servidores públicos,
haciendo el acotamiento antes mencionado para el artículo 108 constitucional respecto a
los trabajadores cuyas funciones sean de confianza y a los trabajadores de base;
4. Considerando finalmente que una reforma
legislativa como la que se propone es una demanda sentida de los trabajadores de base al
servicio del Estado, de sus organizaciones sindicales y de los trabajadores de organismos
públicos descentralizados, entre los que se encuentran los profesionales de la salud
(médicos, enfermeras, laboratoristas clínicos, técnicos de farmacia etcétera) al
servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, ingenieros y técnicos de la Compañía
de Luz y Fuerza, entre otros, que los legisladores debemos ser sensibles a las justas
demandas ciudadanas, es el motivo por el cual se propone la iniciativa que a continuación
se expone.
En consideración a lo anterior y con
fundamento en la facultad conferida por el artículo 71 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se presenta la siguiente iniciativa de decreto que reforma
los artículos 108 constitucional párrafo primero, artículo 2o. de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, artículo primero de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado y el artículo 212 del Título Décimo de los delitos
cometidos por servidores públicos en su Capítulo I párrafo primero del Código Penal
para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia
de Fuero Federal, solicitando que esta iniciativa sea turnada a las comisiones de
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, para su estudio y
dictamen correspondiente en términos de ley.
INICIATIVA DE DECRETO
Que reforma y adiciona al artículo 108 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al artículo primero de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del
artículo 123 constitucional, el artículo 212 del Título Décimo de los delitos
cometidos por servidores públicos en su Capítulo I párrafo primero del Código Penal
para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia
de Fuero Federal y el artículo 2o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.
Artículo primero. Se reforma el párrafo
primero del artículo 108, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:
Artículo 108. Para los efectos de las
responsabilidades a que alude este título se reputará como servidores públicos a los
representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder
Judicial del Distrito Federal, a los funcionarios y empleados y, en general, a toda
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión cuyas funciones sean de confianza en
la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores
del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en
que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Artículo segundo. Se reforma y adiciona el
artículo primero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, para quedar como sigue:
Artículo primero. La presente ley es de
observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los poderes
de la Unión, del gobierno del Distrito Federal, de las instituciones que a continuación
se enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
juntas federales de mejoras materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería
Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista,
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas,
Centro Materno-lnfantil "Maximino Avila Camacho" y Hospital Infantil; quedan
exceptuados de la observancia de la presente ley, los organismos públicos
descentralizados a que se refiere el artículo 123 fracción XXXI numeral 22 inciso b
punto 1 del apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
cuyo caso serán regidos por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Artículo tercero. Se reforma y adiciona el
artículo 212 del Título Décimo de los delitos cometidos por servidores públicos, en el
Capítulo I del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para
toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:
Artículo 212. Para los efectos de este
título y el subsecuente, es servidor público toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión cuyas funciones sean de confianza en la Administración Pública
Federal, centralizada o en la del Distrito Federal, en el Congreso de la Unión o en los
poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, manejen o no recursos
económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente título son aplicables
a los gobernadores de los estados, a los diputados de las legislaturas locales y a los
magistrados de tribunales de justicia locales, por la comisión de delitos previstos en
este título, en materia federal.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Artículo cuarto. Se reforma el artículo
segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para quedar
como sigue:
Artículo segundo. Son sujetos de esta ley
los servidores públicos, mencionados en los párrafos primero y tercero del artículo 108
constitucional.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Sala de sesiones, México, D.F., a 15 de
diciembre de 1998.— Diputado: Gilberto López y Rivas.»
Entrego a la Secretaría esta iniciativa,
para solicitarle a ustedes su voto aprobatorio y una vez dictaminado podamos de una vez
por todas terminar con esa persecución que se ejerce con ciertos trabajadores a través
de la Secretaría de Contraloría, que en muchos términos actúa como policía política
y no como órgano de fiscalización y control.
Muchas gracias.
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
Continúe la Secretaría con los asuntos en
cartera.
DIPUTADOS
INDEPENDIENTES
| El secretario
Martín Contreras Rivera: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVII Legislatura.
Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política.
Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 70 y 77 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos; el
artículo 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; los
artículos 27 incisos b, d y m, 31 párrafo segundo, quinto, noveno, y 45 fracciones I,
IV, VI y VII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el
artículo 21 fracciones III, IV y VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos segundo, quinto y noveno del
Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los
Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, y los artículos cuarto incisos I y
II y séptimo inciso d, del acuerdo parlamentario para la integración y funciones de la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, esta comisión somete a la
aprobación del pleno el siguiente punto de acuerdo, relativo a los apoyos que han de
recibir los diputados sin partido, de conformidad con el artículo 31 segundo párrafo, de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
CONSIDERANDO
Unico. Que la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos dispone que a los diputados sin partido se les
deberán guardar las mismas consideraciones que a todos los legisladores y apoyarlos en lo
individual conforme a las posibilidades de la Cámara, para que puedan desempeñar sus
funciones de representación popular; la Comisión de Régimen Interno somete a la
consideración del pleno el presente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Los apoyos que recibirán los
diputados sin partido consistirán en el otorgamiento de recursos humanos y materiales,
espacios adecuados y, en general, todo aquel servicio que coadyuve al óptimo desempeño
de sus labores legislativas, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 31 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Los apoyos a que se ha hecho
re-ferencia en el punto anterior los proveerá la Cámara de Diputados en especie y
servicios y nunca podrán consistir en la entrega individual de cantidades de dinero en
efectivo.
Tercero. Los apoyos que han de recibir los
diputados sin partido nunca serán superiores a los que reciban los diputados que formen
parte de los grupos parlamentarios.
Cuarto. Los órganos administrativos
competentes para ejecutar el presente acuerdo serán la Oficialía Mayor y la Tesorería
General de la Cámara, previa instrucción que reciban de la Comisión de Régimen Interno
y Concertación Política.
Quinto. El presente acuerdo entrará en
vigor a partir del 1o. de enero de 1999.
Palacio legislativo, México, D.F., a 4 de
diciembre de 1998.— Diputados coordinadores de los grupos parlamentarios respectivos:
Arturo Núñez Jiménez, por el Partido Revolucionario Institucional; Porfirio Muñoz
Ledo, por el Partido de la Revolución Democrática; Carlos Medina Plascencia, por el
Partido Acción Nacional; Ricardo Cantú Garza, por el Partido del Trabajo y Jorge Emilio
González Martínez, por el Partido Verde Ecologista de México.»
En votación económica se pregunta si se
aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobado el punto de acuerdo, señor Presidente.
CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
| Presidencia
de la diputada Gloria Lavara Mejía |
El siguiente punto del orden del día
es el relativo al dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo
quinto al artículo 4o. constitucional y se reforma el párrafo primero del artículo 25
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales y comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Medio
Ambiente y Ecología.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, fueron turnadas para su estudio y dictamen las
iniciativas siguientes:
1. Iniciativa de reformas a los incisos a y
c y adición de un inciso d al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, suscrita con fecha 6 de abril de 1998 y presentada por diputados del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
2. Iniciativa de reformas y adiciones a los
artículos 3o., 4o., 6o., 25, 26, 27, 72, 73, 104 y 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, presentada con fecha 23 de abril de 1998 por diputados del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A las comisiones unidas de Gobernación y
Puntos Constitucionales y de Ecología y Medio Ambiente, fueron turnadas para su estudio y
elaboración del dictamen respectivo, las siguientes iniciativas:
1. Iniciativa de reformas y adiciones a los
artículos 4o. y 73 constitucionales, presentada el día 16 de octubre de 1997 por
diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
2. Iniciativa de reformas y adiciones a los
artículos 27, 105, 108, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, presentada el 29 de octubre de 1998 por diputados integrantes de los grupos
parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la
Revolución Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista de México.
Los miembros de estas comisiones, con
fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 42, 43 fracción II, 48, 56
y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la
consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen de
conformidad con los siguientes
ANTECEDENTES
A. Con fundamento en los artículos
primero, segundo inciso b y decimotercero incisos a, b, c, d y e del Acuerdo Parlamentario
Relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara de
Diputados, se constituyó por la mesa directiva de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, una subcomisión específica para la presentación del correspondiente
anteproyecto de dictamen.
De igual forma se integró una mesa de
trabajo para el análisis de las presentes iniciativas, conformada por diversos
representantes de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de
México, misma que concluyó sus trabajos el día 3 de diciembre de 1998.
B. El propósito fundamental que se destaca
en las iniciativas de reformas y adiciones al texto supremo, es integrar a nivel
constitucional el derecho a un medio ambiente adecuado.
C. Para alcanzar dicho propósito, la
iniciativa presentada por los diputados del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México propuso:
1. Establecer constitucionalmente el
derecho a un medio ambiente adecuado que permita el desarrollo y bienestar de la
población.
2. Fortalecer el sistema educativo otorgado
por el Estado a efecto de que éste se desarrolle en forma sostenible tomando en
consideración el constante mejoramiento espiritual del ser humano.
3. Fomentar mediante la educación, la
convivencia armónica y respetuosa entre la sociedad y la naturaleza.
4. Fomentar las bases morales, culturales,
materiales, espirituales, técnicas y científicas para el establecimiento de un modelo
nacional de desarrollo sostenible, que vincule el proceso educativo con las oportunidades
y necesidades de las actividades sociales y productivas nacionales.
5. Otorgar competencia al Congreso de la
Unión para establecer leyes que establezcan la participación del Gobierno Federal,
entidades federativas y municipios en materia de protección al ambiente y de
preservación y restauración del equilibrio ecológico.
D. Para lograr el propósito señalado
anteriormente, en la iniciativa de reforma constitucional presentada por los diputados
integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se propuso
lo siguiente:
1. Fortalecer el sistema educativo nacional
a efecto de tomar en consideración el progreso científico, así como los usos y
costumbres tradicionales, generando el desarrollo de una cultura basada en el
conocimiento, uso y manejo adecuado de los recursos y ecosistemas, así como de la
diversidad biológica.
2. Incluir a nivel constitucional el
derecho a un medio ambiente adecuado que genere el bienestar y desarrollo de la
población.
3. Prever constitucionalmente el derecho a
la información, incluyendo la obligación, por parte del Estado de garantizar ésta.
4. Modificar el artículo 25 constitucional
a efecto de que el desarrollo nacional sea sustentable y se impulse a las empresas del
sector público, sujetándolas a las modalidades establecidas en dicho precepto.
5. Modificar el sistema de planeación
democrática a efecto de que sea sustentable.
6. Garantizar la satisfacción de las
necesidades de las generaciones actual y futuras mediante la preservación y protección
del aprovechamiento racional de los recursos naturales.
7. Establecer la obligación estatal de
mantener el medio ambiente, aplicando además, medidas de restauración ecológica.
8. Establecer que en caso de proyectos de
leyes o decretos emitidas por el Congreso de la Unión, que establezcan la concurrencia o
coordinación entre la Federación y las entidades federativas, se requiera la aprobación
de la mayoría de las legislaturas de dichas entidades, estando éstas en posibilidad de
hacer observaciones a los dictámenes formulados por las cámaras de origen y revisora.
9. Modificar la facultad otorgada por la
Constitución General de la República al Congreso de la Unión para expedir leyes que
establezcan la concurrencia entre la Federación, los estados y municipios, cuando éstas
versen en materia de preservación de los ecosistemas y utilización sustentable de la
biodiversidad.
10. Otorgar facultad a los tribunales del
Poder Judicial de la Federación, para conocer de las controversias que se susciten en
materia de derecho ambiental.
11. Otorgar a los municipios la facultad de
ela- borar programas locales de ordenamiento ecológico, en términos de las leyes
federales y estatales relativas, así como de emitir los reglamentos relativos para evitar
la destrucción de los elementos naturales.
E. Para lograr el propósito señalado
anteriormente, en la iniciativa presentada por diputados de los grupos parlamentarios de
los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista de México, se propuso lo siguiente:
1. Establecer instituciones, tanto
federales como locales, de procuración de justicia ambiental, dotadas con plena
autonomía orgánica, financiera y de ejercicio.
2. Facultar a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, para conocer de las controversias constitucionales que, con excepción a la
materia electoral se susciten entre los órganos autónomos previstos en el texto
constitucional entre sí o entre éstos y los órganos de Gobierno Federal, estatal,
municipal o del Distrito Federal.
3. Reputar como servidor público, en
términos del artículo 108 constitucional, a los servidores de la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente.
4. Hacer susceptible de juicio político al
Procurador Federal de Protección al Ambiente, así como sujeto de procedimiento de
declaración de procedencia.
F. A partir de estos antecedentes, los
miembros de las comisiones que dictaminamos, exponemos las siguientes
CONSIDERACIONES
1. Coincidimos plenamente con el propósito
común de las iniciativas de reforma constitucional, en el sentido de lograr el
mantenimiento del medio ambiente.
Estas comisiones consideran oportuna la
inclusión en el texto constitucional, del derecho a un medio ambiente adecuado a fin de
que éste sea preservado para la presente y futuras generaciones.
Estas comisiones han tomado en
consideración que el medio ambiente es un elemento indispensable para el desarrollo y
bienestar de la población, por lo que no puede permitirse su degradación en virtud de la
repercusión que en forma directa y negativa tendría para los habitantes del territorio
nacional.
Atento a lo anterior, es impostergable una
reforma constitucional que permita prever el derecho al medio ambiente adecuado con el que
contamos todos los hombres por el simple hecho de serlo.
Así, el establecimiento de este derecho en
el cuerpo constitucional dará un sustento claro e incuestionable para su propia
reglamentación.
Tal posición resulta adecuada para hacer
frente a la grave problemática que en nuestros días representa el deterioro ambiental al
territorio de la República Mexicana.
2. Los legisladores que suscribimos el
presente dictamen, coincidimos plenamente con la propuesta de reforma constitucional a
efecto de garantizar que la rectoría del desarrollo nacional sea, además de integral,
sustentable, logrando el mantenimiento de la misma y el soporte con que debe contar en
aras de un mejor nivel de vida, a través del crecimiento económico y la protección
ambiental.
Así, la rectoría económica del Estado
buscará el equilibrio para la superación constante de los retos que entraña la
existencia de la pobreza y al mismo tiempo, el pleno ejercicio de la libertad y dignidad
de los individuos en un medio ambiente equilibrado.
En este sentido, consideramos conveniente
la necesidad de dicha reforma constitucional a fin de fortalecer los lineamientos rectores
del desarrollo nacional.
Con base en las anteriores consideraciones
y razonamientos, estas comisiones formulan las siguientes
CONCLUSIONES
1. Se propone adicionar un párrafo quinto
al artículo 4o. constitucional, pasando el párrafo quinto actual al sexto vigente y así
sucesivamente, a fin de establecer el derecho a un medio ambiente adecuado para el
bienestar y desarrollo de la población.
2. Se propone igualmente la reforma al
párrafo primero del artículo 25 de la Constitución General de la República, a efecto
de incluir el término sustentable en relación con la rectoría del desarrollo nacional.
Como resultado de los razonamientos
expuestos en el presente dictamen, estas comisiones se permiten someter a la
consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se adiciona un párrafo quinto
al artículo 4o. constitucional y se reforma el párrafo primero del artículo 25 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se adiciona un párrafo
quinto al artículo 4o., pasando los párrafos quinto y sexto a ser el sexto y séptimo
respectivamente y se reforma el párrafo primero del artículo 25 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 4o. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Toda persona tiene derecho a un medio
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 25. Corresponde al Estado la
rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable,
que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el
fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los indi- viduos,
grupos y clases socia]es, cuya seguridad protege esta Constitución.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones del Palacio Legislativo
de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 14 de diciembre de 1998.— Comisión de
Ecología y Medio Ambiente, diputados: Jorge Alejandro Jiménez Taboada, presidente; Juan
Jaramillo Fricas, Francisco Javier Salazar, María Elena Cruz Muñoz, Roselia Barajas
Olea, Porfirio Durán Reveles, Lino Cárdenas Sandoval, secretarios; Baldemar Dzul Noh,
Fernando Castro Suárez, Pablo Gutiérrez Jiménez, Irma Chedraui Obeso, Ricardo Ontiveros
y Romo, Vicente de la Cruz Santiago, Francisco Vera González, José Domínguez Lacroix,
Elba Capuchino Herrera, Ignacio García de la Cadena, Laura Itzel Castillo Juárez,
Francisco Javier Gil Castañeda, Martín Mora Aguirre, Enoe González Cabrera, David
Noyola Martínez, Francisco Martínez Zorrilla, Victoria Peñaloza Izazaga, Orlando
Paredes Lara, Miguel Angel Solares Chávez, Noé Paredes Salazar y Luis Patiño Pozas.
Por la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Fernando Castellanos,
Miguel Quiróz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge González Martínez, secretarios;
Demetrio Javier Sodi de la Tijera, Eduardo Bernal Martínez, Francisco Arroyo
Vieyra,Ricardo Castillo Peralta, Juan García de Quevedo, Juan Miguel Alcántara Soria,
Tulio Hernández Gómez, Carlos Medina Plascencia, Enrique Jackson Ramírez, Francisco
Paoli y Bolio, José Luis Lamadrid Sauza, Abelardo Perales Meléndez, Fidel Herrera
Beltrán, Juan José Rodríguez Prats, Arturo Núñez Jiménez, Bernardo Bátiz Vázquez,
Enrique González Isunza, Pablo Gómez Alvarez, Rafael Oceguera Ramos, José Luis
Gutiérrez Cureño, Juan González Ortiz, Jesús Martín del Campo, Marcos Augusto Bucio
Mújica, Porfirio Muñoz Ledo, Ricardo Cantú Garza y Rosa María González Gámiz.»
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se
le dispensan los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
| El secretario
Horacio Veloz Muñoz: |
Por instrucciones de la Presidencia,
con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le
dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se dispensan todos los trámites, señor Presidente.
Está a discusión en lo general y en
lo particular el artículo 1o. del proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo
quinto al artículo 4o. constitucional y se reforma el párrafo primero del artículo 25
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta Presidencia informa que se han
registrado para la discusión en lo general y en lo particular, del artículo único del
proyecto de decreto, los siguientes oradores:
Por el Partido Verde Ecologista de México,
Alejandro Jiménez Taboada; por el Partido Acción Nacional, Francisco Javier Salazar; por
el Partido de la Revolución Democrática, Laura Itzel Castillo, y por el Partido
Revolucionario Institucional, Lino Cárdenas.
Existe un acuerdo de los grupos
parlamentarios para que las intervenciones sean de hasta 10 minutos.
Tiene la palabra el diputado Alejandro
Jiménez Taboada, del Partido Verde Ecologista de México.
| El
diputado Jorge Alejandro Jiménez Taboada: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros legisladores, voy a ser breve por razones obvias.
La defensa por la conservación de los
recursos naturales es impostergable, la tala o quema inmoderada de bosques y selvas, la
casi comercio de especies raras amenazadas y en peligro de extinción, la
sobreexplotación de los recursos, así como la contaminación atmosférica derivada del
consumo de combustibles fósiles generadores de energía amenazan gravemente la
estabilidad del orden ecológico que todavía conservamos.
De no aplicar las medidas y acciones
oportunas, ahora que todavía tenemos tiempo, arriesgaremos innecesariamente la
supervivencia de nuestro especie en el futuro. De nosotros como seres humanos y como
legisladores depende en gran medida que esto no suceda, para evitarlo, debemos aplicar
acciones concretas en el futuro inmediato, algunas encaminadas a obtener resultados a
corto, mediano y largo plazos.
Nuestro entorno requiere de una protección
contra los agentes externos que lo destruye, su defensa es también la de nuestra
permanencia en el planeta, a nosotros nos afecta en tanto, que de alterarse el equilibrio
ecológico de los ecosistemas, traería el brusco rompimiento de las cadenas alimenticias
que a su vez provocaría la desaparición acelerada de varias especies animales y
vegetales, esto ya está su- cediendo y también por consecuencia necesaria, de la
nuestra.
Los seres humanos nos encontramos inmersos
en un mundo de relación con nuestro entorno natural del cual depende el adecuado
desarrollo y bienestar de nosotros y de las especies con las que vivimos.
De romperse esa relación la degradación
ambiental afectaría a todos por igual tarde que temprano, por ello debemos proporcionar a
aquel que esté interesado en preservar ese orden ambiental, los mecanismos para la
defensa de sus derechos a desarrollarse en un ambiente equilibrado, para lo cual se
requiere de la instrumentación de mecanismos jurídicos que lo permitan, así como del
pleno reconocimiento en el texto constitucional del derecho que tiene toda persona a vivir
en un medio ambiente sano y equilibrado; en última instancia redundará en un ambiente
adecuado para su desarrollo y bienestar físico, mental y espiritual.
Existen países similares a México que son
depositarios de una importante cantidad de recursos naturales y que han impulsado y
aprobado con anterioridad en sus constituciones el derecho a vivir en un ambiente sano,
así en las constituciones de los estados de Argentina, Brasil, Colombia, Noruega,
Paraguay, Portugal y Rusia se establece el derecho a un medio ambiente sano, equilibrado y
apto para el desarrollo humano fijando como deber del Estado y de los particulares,
preservarlo y defenderlo, así como garantizar el derecho a la información ambiental y a
la reparación del daño.
Nuestro país en especial tiene una
importante responsabilidad con el mundo por ser depositario de una parte considerable de
la riqueza biológica mundial. Así en nuestros bosques, llanuras y selvas se encuentra
una gran porción de la biodiversidad mundial, dejar de protegerla o bien protegerla
inadecuadamente es un crimen contra la humanidad, porque se dejan sin posibilidad alguna
al mundo entero de defender una riqueza que es ya, por su importancia, patrimonio de la
humanidad.
Aquellos que lucran con el desgaste y la
depredación de las especies podemos decirle ahora que tienen la oportunidad de invertir
precisamente, aunque parezca paradójico en la conservación del medio ambiente; tales
inversio- nes se centrarían en el fomento a regiones ecoturísticas y de conservación
racional de los recursos.
La nueva industria de conservación se
cierne a fin de siglo como una necesidad y como una alternativa a los inversionistas, que
hasta el día de hoy están convencidos que los desastres de los elementos naturales a
futuro les traerán ganancias.
La biodiversidad en estos términos se
avisora como el agente principal de promoción social y económica del próximo siglo.
Para ello, debemos dejar claro que el modelo de desarrollo nacional debe enmarcarse dentro
de parámetros de sustentabilidad; sólo en la medida en que el desarrollo industrial y
agropecuario se ubique en ese contexto, se augura el correcto aprovechamiento de los
recursos.
Precisamente por todo lo dicho con
anterioridad, el dictamen que hoy se aprueba, al establecer en el texto constitucional el
derecho que tiene todo individuo a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo y
bienestar, se asegura tanto en la participación de los interesados en la defensa y
conservación del medio ambiente, de resultar esta última procedente, como en la
reparación del daño ambiental a la que tienen derecho los afectados. No sólo es
necesario que nuestra Constitución se fije y se lleve a la práctica de manera efectiva
ese derecho, sino además que exista la voluntad por parte de las autoridades ambientales
para respetar y hacer cumplir las disposiciones que la Constitución y las leyes que de
ella emanan, establecen.
Sólo entonces podremos decir que hemos
dado un gran paso en beneficio de todos aquellos que luchan por la defensa de la vida y de
un medio ambiente sano. Esto garantizará el reconocimiento de interés jurídico a
cualquier persona para la defensa del medio ambiente y que pueda promover cualquier
acción que considere conducente conforme a la legislación secundaria.
La finalidad y razón última de la
reforma, después de todo lo expuesto, radicará en su efectividad, pues de no resultar
así, nosotros como legisladores impulsaremos las iniciativas y los acuerdos necesarios
para llevar a la práctica la satisfacción de una necesidad de primera índole: la lucha
por la defensa de la vida y de sus manifestaciones para un equilibrio armónico de los
elementos naturales.
El Partido Verde Ecologista de México,
así ha logrado consolidar uno de sus más grandes y viejos anhelos que le dan fundamento
a nuestro movimiento: la lucha por la defensa de la vida.
Por la aprobación del dictamen que el día
de hoy se somete ante el pleno, se confirma que cuando la razón se impone sobre los
intereses de unos pocos y en beneficio de la colectividad, no importa las diferencias que
entre partidos puedan existir; la pluralidad que existe en esta Cámara ha servido como un
factor importante para lograr la reforma planteada y la toma de consenso para hacer
posible el dictamen, lo que demuestra el margen evolutivo por el que nuestro régimen
democrático atraviesa.
A los grupos parlamentarios que
intervinieron en la reforma, agradecemos la disposición que tuvieron para lograrlo en la
que sumamos nuestros esfuerzos para concretizarlas.
Este grupo parlamentario con la iniciativa
de reforma planteada y aprobada, cumple además con las expectativas de un pueblo cuyas
raíces tienen plena identificación con la naturaleza. La transculturación sufrida por
la invasión de los pueblos de occidente, no fue suficiente para borrar de la memoria de
sus habitantes tan importante vínculo.
Con la reforma colaboramos a revalorizar
ese vínculo que el hombre moderno parece haber olvidado, pero del cual depende su
subsistencia; simplemente hacemos que el ser humano aprenda como antes, a vivir en
armonía con la naturaleza.
Así, hago votos para que esta reforma que
hoy se aprueba, de ser su voluntad, para el beneficio de la conservación del medio
ambiente que tanto apremia en estos tiempos de depredación irracional de los recursos
naturales.
Muchas gracias por su tiempo.
Tiene la palabra el diputado
Francisco Javier Salazar, por el Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.
| El
diputado Francisco Javier Salazar Díez de Sollano: |
Con la venia de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, expresa su posición respecto al dictamen que se presenta ante esta soberanía y
que pretende la adición de un párrafo quinto al artículo 4o. constitucional, para
garantizar el derecho a un medio ambiente adecuado y la reforma del párrafo primero del
artículo 25 constitucional para introducir el concepto de desarrollo sustentado.
El artículo 135 constitucional que integra
el Título Octavo de nuestra norma básica, regula el procedimiento por virtud del cual se
pueden llevar a cabo las reformas constitucionales, estableciendo que la revisión del
Pacto Federal se perfecciona por el voto de las dos terceras partes de los individuos
presentes en el Congreso de la Unión que acuerden las reformas o adiciones y la
aprobación de la mayoría de las legislatura de los estados.
Es en el Constituyente Permanente que se
realiza el debate sobre la esencia de la nación y hoy cumplimos una parte de este proceso
en esta Cámara de Diputados.
En este debate se sobreentiende que una
reforma de esta envergadura merece no sólo un trámite especial, sino un análisis muy
intenso, pues no se trata de modificar de manera simple la esfera jurídica de los
particulares, sino de revisar profundamente las bases jurídicas, políticas y sociales
que rigen a todos los mexi- canos.
Conscientes de nuestra responsabilidad y de
la importancia que implica en estos momentos la inobjetable necesidad de establecer una
reforma en materia ambiental, expresamos: hasta hace relativamente poco tiempo no existía
un riesgo considerable de daño al medio ambiente por parte del ser humano, incluso la
percepción social consideraba que los recursos naturales eran ilimitados y que en la
naturaleza se encontraban obstáculos para el desarrollo económico, la salud o la
seguridad.
Con estos criterios erróneos muchas
especies de flora y fauna desaparecieron y nuestros recursos naturales se pusieron en
grave peligro, tan grave que hoy la conciencia de los legisladores de esta LVII
Legislatura nos llama a salvaguardar en la parte dogmática de nuestra Constitución el
derecho de toda persona a gozar de un medio ambiente adecuado, así como introducir en la
misma el concepto de desarrollo sustentable.
Los derechos se deben positivizar cuando el
disfrute de algo necesita totales especiales. Durante miles de años se podría decir que
el medio ambiente había sido adecuado y por tanto su goce no necesitaba de una
explicitación jurídica; sin embargo, es evidente que desde hace ya un tiempo el problema
del medio ambiente necesita de una respuesta jurídica.
A lo largo de este siglo, la sociedad ha
tomado conciencia sobre las implicaciones del descuido de nuestros recursos naturales y ha
madurado la concepción del derecho a un ambiente adecuado como un derecho humano.
Es cierto que las definiciones de derechos
humanos y medio ambiente son difícilmente precisas, pero su existencia se ha asumido sin
pretender su previa conceptualización y esto se refleja en la evolución de las
declaraciones de las Naciones Unidas y numerosas constituciones.
En 1948 la Declaración Universal de los
Derechos Humanos señalaba que toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado,
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y no siendo un documento
con refe-rencia explícita a un medio ambiente adecuado, sienta las primeras bases sobre
las que se podría fundamentar el mismo. Es en un sentido similar como actualmente está
redactado el artículo 4o. constitucional, al garantizar el derecho a la salud.
En Estocolmo en 1972, la declaración de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano estableció el derecho del hombre a
condiciones de vida satisfactorias, de un ambiente cuya calidad le permita vivir con
dignidad y bienestar.
El Partido Acción Nacional no ha sido
ajeno a estas declaraciones y a los conceptos anteriormente expuestos; por esto, los
senadores del grupo parlamentario de nuestro partido en la LVI Legislatura presentaron la
iniciativa de decreto que proponía reformar el artículo 4o. constitucional.
Adicionalmente en la Cámara de Diputados también hemos presentado iniciativas de
modificación a la legislación secundaria en materia ambiental y se tiene un pro- yecto
legislativo de agenda ambiental integral.
Con el dictamen que se somete a su
consideración, nosotros sostenemos que el resultado práctico de la consagración de este
principio, que garantiza y reconoce en calidad de derecho del hombre un medio ambiente
adecuado para su desarrollo y bienestar, lo hace inalienable e inalterable, por lo que
verificada alguna contradicción entre el mismo y la prescripción de alguna ley, deberá
ésta ser reformada por el legislador en consecuencia práctica del principio establecido
en el artículo 1o. constitucional.
Y como lo señala el jurista Isidro
Montiel, después de constituida esta obligación relativa al legislador, imponerse otras
más generales, que son:
Primero. Que el legislador y todas las
autoridades del país tienen la obligación de respetar las garantías que otorga la
Constitución. Es decir, que no deben contrariarla con sus actos.
Segundo. Que no sólo deben respetar, sino
sostener además tales garantías, en cuyos términos se impone a todas las autoridades el
deber de procurar en su línea el remedio adecuado al mal en que considera el ataque
dirigido a aquella garantía.
Con el derecho a un medio ambiente adecuado
para su desarrollo y bienestar, quedan obligadas todas las autoridades a respetar la
garantía consagrada y el legislador a atender este derecho, eliminado todo aquello que
por omisión no esté atendido en las leyes y reformando todos los preceptos legales que
contraríen o hagan ineficaz este derecho o los que tengan qué ver con su género.
Esta adición al artículo 4o.
constitucional, significa el reconocimiento de una garantía individual, más aún si,
conforme al artículo 73 fracción XXIX-G constitucional, el Congreso de la Unión tiene
facultades para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los
gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del
equilibrio ecológico y por ser una materia de importancia nacional.
Para llegar a encontrar la filiación de
nuestras instituciones con las garantías dictaminadas, es necesario analizar el cuadro de
nuestro derecho secundario, que servirá para hacer contundente su salvaguarda.
Adicionalmente habrá que revisar las
prácticas que se introduzcan en materia ambiental, como consecuencia de las reformas
planteadas y que impidan hacer efectivo el derecho a gozar un ambiente adecuado para su
desarrollo y bienestar.
Finalmente, se deberá, en legislación
secundaria, regular los casos particulares que surjan después de aprobadas las reformas
constitucionales dictaminadas.
En estos procesos se necesitará poner
atención en la aplicación del derecho comparado, en virtud de que éste requerirá
forzosamente la adaptación de nuestros precedentes y el respeto irrestricto a nuestro
marco jurídico vigente, proclamando el saludable principio de la utilidad pública para
poder apartarse de las tradiciones de nuestro marco jurídico actual y de nuestra Ley
Suprema.
Con relación a la modificación propuesta
al párrafo primero del artículo 25, contenida ya en la fracción XI del artículo 3o. de
la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en varias declaraciones
internacionales signadas por México, y en especial en el informe Bruttlan de las Naciones
Unidas, cabe mencionar que nuestra fracción está de acuerdo, pues el principio de
desarrollo sustentable o sostenible, más allá de la discusión sobre el adjetivo
adecuado, es uno de los pilares para garantizar el uso correcto de nuestros recursos.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que
el Partido Acción Nacional se pronuncia en favor del dictamen que modifica los artículos
4o. y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que construimos
en conjunto, sin distinción política, los diputados de esta LVII Legislatura, pensando
en el bienestar de la sociedad y en el futuro de la nación.
Muchas gracias.
|
Presidencia del diputado Isael Petronio Cantú Nájera |
Tiene la palabra, para fijar
posición sobre este dictamen, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido de la
Revolución Democrática.
| La
diputada Laura Itzel Castillo Juárez: |
Con su permiso, señor Presidente:
El derecho constitucional a un ambiente
sano, conquista democrática.
Compañeras y compañeros legisladores: hoy
culmina una lucha que diversos actores políticos y sociales hemos venido impulsando
durante más de una década.
Desde la primera discusión que se llevara
a cabo con el surgimiento de la Ley General de Equilibrio Ecológico en 1987, así como en
el marco de la discusión internacional en torno a la Cumbre de Río de Janeiro en 1992 y
más recientemente en la pasada legislatura, durante las reformas a las leyes tanto
forestal como ambiental, en las que mi partido se ha involucrado con solidez, en
consecuencia con su convicción humanista y democrática.
Para el PRD en general, y para mí en
particular, también representa en gran medida la consolidación del esfuerzo realizado
por el ingeniero Heberto Castillo Martínez, quien durante su gestión como senador de la
República introdujo una iniciativa de reforma que coincide en lo esencial con la que
ahora analizamos para su aprobación.
A lo largo del proceso, si bien las
opiniones del PRD tuvieron presente el contexto internacional en la materia, se guiaron
siempre por la tradición histórica y la realidad vigente de nuestro país, así como por
los más altos valores humanos, de tal manera que se razonó más allá de relaciones
mercantiles dentro del proceso de globalización en la nueva relación que debe establecer
entre los seres humanos y la naturaleza desde una concepción de la sustentabilidad del
desarrollo, tanto para las presentes como para las futuras generaciones.
La reforma constitucional que ahora
analizamos, pretende fortalecer las condiciones para frenar y revertir un proceso
civilizatorio perverso que el ingeniero Heberto Castillo definió alguna vez con estas
breves pero sustantivas frases:
"La civilización ha provocado
destrucción del medio ambiente, los mares, ríos, lagos, costas, montañas, valles,
atmósfera y las capas superiores de ella están envenenados y semidestruidos. Llevamos
dos siglos quemando recursos no renovables, de tal manera que no hay posibilidades reales
de que éstos duren un siglo más. Lamentablemente nos hemos dado cuenta de esta
destrucción hace apenas unos cuantos lustros y hasta ahora poco hemos podido hacer para
evitar daños mayores."
Cuando el ingeniero Heberto Castillo
pronunció estas palabras, reconoció la enorme importancia que tienen para las presentes
generaciones el pensamiento cosmogónico de algunos de nuestros antecesores indígenas,
particularmente las plasmadas por el jefe Seattle de la tribu Suwamish en una muy conocida
carta enviada al presidente Franklin Pierce como respuesta a una tentativa alevosa de
despojo disfrazada de transacción comercial, de venta de tierras. De esta carta, plena
toda ella de sabiduría sobresalen frases que siempre vale la pena tener presentes, muchas
de ellas visionarias y premonitorias, tales como aquélla donde el jefe indio interroga:
"¿Cómo podéis comprar o vender el
cielo, el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña, no somos dueños de la
frescura del aire ni del centelleo del agua. ¿Cómo podríais comprarlos a nosotros? Lo
decimos oportunamente, habéis de saber que cada partícula de esta tierra es sagrada para
mi pueblo, cada hoja resplandeciente, cada playa arenosa, cada neblina en el oscuro
bosque, cada claro y cada insecto con su zumbido son sagrados en la memoria y la
experiencia de mi pueblo."
Y como si estuviera observando con
clarividencia meridiana lo que sería el futuro tan sólo un siglo después, el jefe indio
sabiamente aconsejó: "Debéis enseñar a vuestros hijos lo que nosotros hemos
enseñado a los nuestros, que la tierra es nuestra madre, todo lo que afecta a la tierra
afecta a los hijos de la tierra; cuando los hombres escupen a la tierra, se escupen a sí
mismos. Esto lo sabemos, la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a
la tierra, el hombre no ha tejido la red de la vida, es solamente una hebra de ella, todo
lo que se le haga a la red se lo hará a sí mismo, lo que ocurra a la tierra, ocurrirá a
los hijos de la tierra.
Lo sabemos, todas las cosas están
relacionadas, como la sangre que une a una familia."
Para algunos estas frases pueden resultar
una evocación de un pasado inexistente y por lo tanto obsoleto, pero ante la
incuestionable rea-lidad, no tienen modo alguno de demostrar que estaba equivocado.
Conscientes de nuestra alta responsabilidad
y de que abonamos en la construcción de condiciones estratégicas para el fortalecimiento
de los derechos en materia ambiental y en la perspectiva de continuar la lucha para
consolidarlo en el marco normativo secundario, el Partido de la Revolución Democrática
votará afirmativamente las reformas a los artículos 4o. y 25 de nuestra Carta Magna.
Considero importante que dentro de lo que
es la versión estenográfica que se pueda incorporar para el Diario de los Debates el
posicionamiento en general que ha planteado nuestro partido en relación a las distintas
propuestas que se hicieron en torno a las modificaciones de cada uno de los artículos.
Nuestro partido está plenamente consciente
del gran paso que se dará en beneficio de las presentes y futuras generaciones del país
y también está satisfecho de haber aportado su capacidad y voluntad políticas,
sacrificando incluso intereses legítimos, pero no se engaña acerca de las limitaciones,
mismas que no pudieron ser superadas, por lo cual reitera aquí y ahora, su compromiso de
trabajar de inmediato para que en los ordenamientos legales secundarios que deben de ser
modificados, se puedan concretar las propuestas manejadas en esta reforma, para que
efectivamente tengan un contenido y una orientación que posibilite la reconciliación de
la sociedad con la naturaleza.
Paradójicamente, el día de hoy podemos
decir, cuando jugando con la desmesura, que las leyes, pero sobre todo que las leyes
escritas, han salvado al ser humano del miedo al caos, porque representan un ordenamiento
del mundo emergente.
En este fin de milenio el miedo, la
amenaza, la destrucción del mundo propio, el de nuestro país, puede ser conjurada en
parte mediante también el estatuto de la justicia ambiental, asegurando con ello no sólo
la sobrevivencia, sino la vida plena.
Muchas gracias.
|
Presidencia de la diputada Gloria Lavara Mejía |
Esta Presidencia informa a la
Asamblea que la reunión de comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y
de Derechos Humanos prevista para hoy a las seis de la tarde, se cancela hasta nuevo
aviso. Se les notificará mediante la convocatoria respectiva.
Tiene la palabra el diputado Lino
Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional...
| El diputado Lino
Cárdenas Sandoval (desde su curul): |
Sí, en atención y en respuesta a la
Asamblea y toda vez que este dictamen fue aprobado por unanimidad en las comisiones,
declino.
Consulte la Secretaría si se
encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único
del proyecto de decreto.
| El secretario
Horacio Veloz Muñoz: |
Por instrucciones de la Presidencia,
en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente
discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señora Presidenta.
Se pide a la Secretaría se abra el
sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo
particular del artículo único del proyecto de decreto.
| El secretario
Horacio Veloz Muñoz: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga
los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco
minutos para tomar la votación en lo general y en lo particular del artículo único del
proyecto de decreto.
(Votación.)
Se emitieron 417 votos en pro y cero en
contra.
Aprobado en lo general y en lo
particular por 417 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular
el proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 4o.
constitucional y se reforma el párrafo primero del artículo 25 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
| El secretario
Horacio Veloz Muñoz: |
Pasa al Senado para los efectos
constitucionales.
LEY
FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA
Se acaba de recibir para los efectos
del artículo 71 inciso d de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la minuta proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Cinematografía.
A la Secretaría se le ruega dé cuenta con
ella.
| El secretario
Francisco de Souza Machorro: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Tenemos el honor remitir a ustedes, para
los efectos del artículo 72 inciso d de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el expediente con la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de Ley Federal de Cinematografía.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 15 de diciembre de
1998.— Senadores: Mario Vargas Aguiar y Luis González Pintor, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía.
Artículo único: Se reforman los
artículos 3o., 4o., 5o., 6o., 9o., 10, 11, 12, 13, 14 y 15, así como la denominación y
ubicación de los capítulos I, II, III y IV, se adicionan los artículos 16 al 47, así
como los capítulos V, VI, VII, VIII y IX, para quedar como sigue:
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Artículo 2o. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Artículo 3o. Se entiende por industria
cinematográfica nacional al conjunto de personas físicas o morales cuya actividad
habitual o tran- sitoria sea la creación, realización, producción, distribución,
exhibición, comercialización, fomento, rescate y preservación de las películas
cinematográficas.
Artículo 4o. La industria cinematográfica
nacional por su sentido social, es un vehículo de expresión artística y educativa y
constituye una actividad cultural primordial, sin menoscabo del aspecto comercial que le
es característico, corresponde al Poder Ejecutivo Federal la aplicación y vigilancia del
cumplimiento de esta ley y su reglamento.
Las entidades federativas y los municipios
podrán coadyuvar en el desarrollo y promoción de la industria cinematográfica, por sí
o mediante convenios con la autoridad federal competente.
Artículo 5o. Para los efectos de esta ley,
se entiende por película a la obra cinematográfica que contenga una serie de imágenes
asociadas, plasmadas en un material sensible idóneo, con o sin sonorización incorporada,
con sensación de movimiento, producto de un guión y de un esfuerzo coordinado de
dirección, cuyos fines primarios son de proyección en salas cinematográficas o lugares
que hagan sus veces y/o su reproducción para venta o renta.
Comprenderá a las nacionales y
extranjeras, de largo, medio y cortometraje, en cualquier formato o modalidad.
Su transmisión o emisión a través de un
medio electrónico digital o cualquier otro conocido o por conocer, serán reguladas por
las leyes de la materia.
Artículo 6o. La película cinematográfica
y su negativo son una obra cultural y artística, única e irremplazable y, por lo tanto
debe ser preservada y rescatada en su forma y concepción originales, independientemente
de su nacionalidad y del soporte o formato que se emplee para su exhibición o
comercialización.
Artículo 7o. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Artículo 8o. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Artículo 9o. Para efectos de esta ley se
entiende como titular de los derechos de explotación de la obra cinematográfica, al
productor, licenciatario debidamente acreditando, sin que ello afecte los derechos de
autor irrenunciables que corresponden a los escritores, compositores y directores; así
como a los artistas, intérpretes o ejecutantes que hayan participado en ella. En tal
virtud, unos u otros, conjunta o separadamente, podrán ejercer acciones ante las
autoridades competentes, para la defensa de sus respectivos derechos en los términos de
la Ley Federal del Derecho de Autor.
Artículo 10. Quienes produzcan películas
cinematográficas, en cualquier forma, medio conocido o por conocer, deberán comprobar
que dichas producciones cumplen fehacientemente con las leyes vigentes en materia laboral,
de derechos de autor y derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, en caso
contrario serán sujetos a las sanciones correspondientes.
Artículo 11. Toda persona podrá
participar en una o varias de las actividades de la industria cinematográfica, en sus
ramas de producción, distribución, exhibición y comercialización de películas, así
como en las áreas de servicios, talleres, laboratorios o estudios cinematográficos.
Los integrantes de la industria
cinematográfica se abstendrán de realizar todo acto que impida el libre proceso de
competencia y de concurrencia en la producción, procesamiento, distribución, exhibición
y comercialización de pelícu- las cinematográficas.
La Comisión Federal de Competencia
investigará, resolverá y sancionará, de oficio o a peti- ción de parte, toda práctica
monopólica o concentración que ocurra dentro de la industria cinematográfica nacional,
sin perjuicio de lo que establece esta ley.
Artículo 12. Los productores,
distribuidores y exhibidores, deberán rendir los informes que les requiera la Secretaría
de Gobernación, en términos del cumplimiento de la presente ley y su reglamento.
CAPITULO II
De la producción cinematográfica
Artículo 13. Para los efectos de esta ley,
se entiende por productor a la persona física o moral que tiene la iniciativa, la
coordinación y responsabilidad de la realización de una película cinematográfica y que
asume el patrocinio de la misma. En caso de duda se estará a lo dispuesto por la Ley
Federal del Derecho de Autor.
Artículo 14. La producción
cinematográfica nacional constituye una actividad de interés social, sin menoscabo de su
carácter industrial y comercial, por expresar la cultura mexicana y contribuir a
fortalecer los vínculos de identidad nacional entre los diferentes grupos que la
conforman. Por tanto, el Estado fomentará su desarrollo para cumplir su función de
fortalecer la composición pluricultural de la nación mexicana, mediante los apoyos e
incentivos que la ley señale.
Artículo 15. Se entenderá por película
cinematográfica realizada en coproducción, aquélla en cuya producción intervengan dos
o más personas físicas o morales.
Se considerará como coproducción
internacional, la producción que se realice entre una o más personas extranjeras con la
intervención de una o varias personas mexicanas, bajo los acuerdos o convenios
internacionales que en esta materia estén suscritos por México.
Cuando no se tenga convenio o acuerdo, el
contrato de coproducción deberá contener los requisitos que determine el reglamento de
esta ley.
CAPITULO III
De la distribución
Artículo 16. Se entiende por distribución
cinematográfica a la actividad de intermediación cuyo fin es poner a disposición de los
exhibidores o comercializadores, las películas cinematográficas producidas en México o
en el extranjero, para su proyección, reproducción, exhibición o comercialización, en
cualquier forma o medio conocido o por conocer.
Artículo 17. Los distribuidores no podrán
condicionar o restringir el suministro de películas a los exhibidores y
comercializadores, sin causa justificada ni tampoco condicionarlos a la adquisición,
venta, arrendamiento o cualquier otra forma de explotación, de una u otras películas de
la misma distribuidora o licenciataria. En caso contrario se estará a lo dispuesto por la
Ley Federal de Competencia Económica.
CAPITULO IV
De la exhibición y comercialización
Artículo 18. Para los efectos de esta ley
se entiende por explotación mercantil de películas, la acción que reditúa un beneficio
económico derivado de:
I. La exhibición en salas
cinematográficas, videosalas, transportes públicos o cualquier otro lugar abierto o
cerrado en que pueda efectuarse la misma, sin importar el soporte, formato o sistema
conocido o por conocer y que la haga accesible al público.
II. La trasmisión o emisión en sistema
abierto, cerrado, directo, por hilo o sin hilo, electrónico o digital, efectuada a
través de cualquier sistema o medio de comunicación conocido o por conocer, cuya
regulación se regirá por las leyes y reglamentos de la materia.
III. La comercialización mediante
reproducción de ejemplares incorporados en videograma, disco compacto o láser, así como
cualquier otro sistema de duplicación para su venta o alquiler.
IV. La que se efectúe a través de medios
o mecanismos que permitan capturar la película mediante un dispositivo de vinculación
para navegación por el ciberespacio o cualquier red similar para hacerla accesible en una
pantalla de computación, dentro del sistema de interacción, realidad virtual o cualquier
otro medio conocido o por conocer, en los términos que establezcan las leyes de la
materia.
Artículo 19. Los exhibidores reservarán
el 10% del tiempo total de exhibición, para la proyección de películas nacionales en
sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los tratados
internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla.
Toda película nacional se estrenará en
salas por un periodo no inferior a una semana, dentro de los seis meses siguientes a la
fecha en que sea inscrita en el registro público correspondiente, siempre que esté
disponible en los términos que establezca el reglamente.
Artículo 20. Los precios por la
exhibición pública serán fijados libremente. Su regulación es de carácter federal.
Artículo 21. La exhibición pública de
una película cinematográfica en salas cinematográficas o lugares que hagan sus veces y
su comercialización, incluida la renta o venta no deberá ser objeto de mutilación,
censura o cortes por parte del distribuidor o exhibidor, salvo que medie la previa
autorización del titular de los derechos de autor.
Las que se transmitan por televisión se
sujetarán a las leyes de la materia.
Artículo 22. Los servicios técnicos de
copiado o reproducción de matrices de obras cinematográficas que se destinen para
explotación comercial en el mercado mexicano, deberán procesarse en laboratorios
instalados en la República Mexicana con excepción de las películas extranjeras que no
excedan de seis copias para su comercialización, salvo las disposiciones contenidas en
convenios o tratados internacionales.
Artículo 23. Con el fin de conservar la
identidad lingüística nacional, el doblaje de películas extranjeras se realizará en la
República Mexicana, con personal y actores mexicanos o extranjeros residentes en el
país, salvo las disposiciones contenidas en convenios o tratados internacionales y en los
precisos términos del artículo 8o. de esta ley.
CAPITULO V
De la clasificación
Artículo 24. Previamente a la exhibición,
distribución y comercialización de las películas, éstas deberán someterse a la
autorización y clasificación correspondiente, ante la autoridad competente, de
conformidad a lo que establezca el reglamento.
Las que se transmitan por televisión o
cualquier otro medio conocido o por conocer, se sujetarán a las disposiciones aplicables
en la materia.
Artículo 25. Las películas se
clasificarán de la siguiente manera:
I. "AA" Películas para todo
público que tengan además atractivo infantil y sean comprensibles para niños menores de
siete años de edad.
II. "A" Películas para todo
público.
III. "B" Películas para
adolescentes de 12 años en adelante.
IV. "C" Películas para adultos
de 18 años en adelante.
V. "D" Películas para adultos,
con sexo explícito, lenguaje procaz o alto grado de violencia.
Las clasificaciones "AA",
"A" y "B" son de carácter informativo y sólo las clasificaciones
"C" y "D", debido a sus características, son de índole restrictiva,
siendo obligación de los exhibidores negar la entrada a quienes no cubran la edad
prevista en las fracciones anteriores.
Artículo 26. La autorización y
clasificación que se expida para las películas es de orden federal y su observancia es
obligatoria en todo el territorio nacional.
Artículo 27. La obra cinematográfica
deberá exhibirse, comercializarse, comunicarse y distribuirse al público en territorio
nacional con el mismo título, salvo que el titular de los derechos autorice su
modificación.
CAPITULO VI
De la importación de películas
Artículo 28. Se facilitará la
importación temporal o definitiva de bienes y servicios necesarios para la producción de
películas mexicanas o extranjeras en territorio nacional.
Artículo 29. El título en español de
películas cinematográficas extranjeras o en su caso la traducción correspondiente, no
deberá duplicar al de otra película que haya sido comercializada con anterioridad. En
tal caso se estará a lo dispuesto en la ley de la materia.
Artículo 30. La películas importadas que
pretendan ser distribuidas, exhibidas y comercializadas en territorio nacional, deberán
sujetarse invariablemente a las disposiciones de esta ley y su reglamento.
CAPITULO VII
Del fomento a la industria
cinematográfica.
Artículo 31. Las empresas que promuevan la
producción, distribución, exhibición y/o comercialización de películas nacionales o
cortometrajes realizados por estudiantes de cinematografía, contarán con estímulos e
incentivos fiscales que, en su caso, establezca el Ejecutivo Federal.
Asimismo, las que promuevan la exhibición
en cine clubes y circuitos no comerciales de películas extranjeras con valor educativo,
artístico o cultural o las que realicen el copiado, subtitulaje o doblaje en territorio
nacional, contarán con los estímulos e incentivos referidos en el párrafo precedente.
Artículo 32. Los productores que
participen, por sí o a través de terceros en festivales cinematográficos
internacionales, con una o varias películas y obtengan premios o reconocimientos,
contarán con estímulos que, dentro del marco legal, dicte el Ejecutivo Federal.
También podrán obtener estímulos o
incentivos fiscales aquellos exhibidores que inviertan en la construcción de nuevas salas
cinematográficas o en la rehabilitación de locales que hubiesen dejado de operar como
tales y sean destinadas a la exhibición de cine nacional y que coadyuven a la
diversificación de la oferta de material cinematográfico extranjero.
Artículo 33. Se crea un Fondo de
Inversión y Estímulos al Cine, cuyo objeto será el fomento y promoción permanentes de
la industria cinematográfica nacional, que permita brindar un sistema de apoyos
financieros, de garantía e inversiones en beneficio de los productores, distribuidores,
comercializadores y exhibidores de películas nacionales.
Para administrar los recursos de este fondo
se constituirá un fideicomiso denominado: "Fondo de Inversión y Estímulos al
Cine" (Fidecine).
Artículo 34. El fondo se integrará con:
I. La aportación inicial que el Gobierno
Federal determine.
II. Los recursos que anualmente señale el
Presupuesto de Egresos de la Federación.
III. Las aportaciones que efectúen los
sectores público, privado y social.
IV. Las donaciones de personas físicas o
morales, mismas que serán deducibles de impuestos, en términos de ley.
V. Los productos y rendimientos que generen
las inversiones que realice el fiduciario del patrimonio fideicomitido.
VI. El producto de los derechos que se
generen por cinematografía conforme a la Ley Federal de Derechos, en su artículo 19-C,
fracciones III y IV.
VII. Las sanciones pecuniarias
administrativas que se apliquen con motivo de esta ley.
Artículo 35. Los recursos del fondo se
destinarán preferentemente al otorgamiento de capital de riesgo, capital de trabajo,
crédito o estímulos económicos a las actividades de realización, producción,
distribución, comercialización y exhibición de cine nacional, bajo los criterios que
establezca el reglamento.
Artículo 36. Será fideicomitente única
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Será fiduciaria Nacional Financiera, SNC
o la institución que al efecto determine la fideicomitente.
Serán fideicomisarios los productores,
distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas nacionales, que reúnan los
requisitos que al efecto establezcan las reglas de operación y el Comité Técnico.
Artículo 37. El fideicomiso contará con
un comité técnico que se encargará de evaluar los proyectos y asignar los recursos.
Dicho comité se integrará por un
representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; uno del Instituto
Mexicano de Cinematografía; uno por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes
Cinematográficas; uno del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de
la República Mexicana, uno de los productores, uno de los exhibidores y uno de los
distribuidores, a través de sus organismos representativos.
Artículo 38. Serán facultades exclusivas
del comité técnico, la aprobación de todas las operaciones que se realicen con cargo al
fondo, la aprobación del presupuesto anual de gastos, así como la selección y
aprobación de los proyectos de películas cinematográficas nacionales que habrán de
apoyarse.
CAPITULO VIII
De la Cineteca Nacional
Artículo 39. Para el otorgamiento de las
clasificaciones y autorizaciones previstas en el artículo 42 fracción I, los productores
o distribuidores nacionales y extranjeros de obras cinematográficas deberán aportar para
el acervo de la Cineteca Nacional, una copia nueva de las películas que se requieran, en
cualquier formato o modalidad conocido o por conocer, en los términos que señale el
reglamento.
En caso de películas cuya explotación sea
con un máximo de seis copias, la Cineteca Nacional podrá optar entre recibir una copia
usada o pagar el costo de una copia de calidad.
Las aportaciones que se realicen en
términos de este artículo tendrán el tratamiento, para efectos fiscales, que
establezcan las disposiciones en la materia.
Artículo 40. En caso de venta de negativos
de películas cinematográficas nacionales al extranjero, el titular de los derechos
patrimoniales correspondientes deberá entregar en calidad de depósito un internegativo
de ella o ellas a la Cineteca Nacional, con objeto de evitar la pérdida del patrimonio
cultural cinematográfico nacional.
CAPITULO IX
De las autoridades competentes
Artículo 41. La Secretaría de Educación
Pública tendrá las atribuciones siguientes:
I. A través del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes:
a) Fomentar y promover la producción,
distribución, exhibición y comercialización de películas y la producción fílmica
experimental tanto en el país como en el extranjero, así como la realización de eventos
promocionales, concursos y la entrega de reconocimientos en numerario y diplomas.
b) Fortalecer, estimular y promover por
medio de las actividades de cinematografía, la identidad y la cultura nacionales,
considerando el carácter plural de la sociedad mexicana y el respeto irrestricto a la
libre expresión y creatividad artística del quehacer cinematográfico.
c) Coordinar la producción
cinematográfica del sector público.
d) Coordinar las actividades del Instituto
Mexicano de Cinematografía.
e) Dirigir y administrar la Cineteca
Nacional, cuyos objetivos son el rescate, conservación, protección y restauración de
las películas y sus negativos, así como la difusión, promoción y salvaguarda del
patrimonio cultural cinematográfico de la nación. Organizar eventos educativos y
culturales que propicien el desarrollo de la cultura cinematográfica en todo el
territorio nacional.
f) Fomentar la investigación y estudios en
materia cinematográfica y decidir o, en su caso, opinar sobre el otorgamiento de becas
para realizar investigaciones o estudios en dicha materia.
g) Procurar la difusión de la producción
del cine nacional en los diversos niveles del sistema educativo.
h) Promover el uso del cine como medio de
instrucción escolar y difusión cultural extraescolar y
II. A través del Instituto Nacional del
Derecho de Autor:
a) Promover la creación de la obra
cinematográfica.
b) Llevar el registro de obras
cinematográficas en el Registro Público del Derecho de Autor, a su cargo.
c) Promover la cooperación internacional y
el intercambio con otras instituciones encargadas del registro de obras cinematográficas.
d) Realizar investigaciones respecto de
presuntas infracciones administrativas que violen las disposiciones de esta ley y que sean
de su competencia.
e) Ordenar y ejecutar los actos para
prevenir o terminar con la violación al derecho de autor y/o derechos conexos contenidos
en las obras cinematográficas.
f) Imponer las sanciones administrativas
que resulten procedentes.
g) Aplicar las tarifas vigentes para el
pago de regalías por la explotación de obra cinematográfica.
III. Las demás que le atribuyan otras
leyes.
Artículo 42. La Secretaría de
Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía,
tendrá las atribuciones siguientes:
I. Autorizar la distribución, exhibición
y comercialización de películas en el territorio de la República Mexicana, a través de
cualquier forma o medio, incluyendo la renta o venta de las mismas.
II. Otorgar la clasificación de las
películas en los términos de la presente ley y su reglamento, así como vigilar su
observancia en todo el territorio nacional.
III. Expedir los certificados de origen de
las películas cinematográficas para su uso comercial, experimental o artístico,
comercializadas en cualquier formato o modalidad, así como el material fílmico generado
en coproducción con otros países, en territorio nacional o en el extranjero.
IV. Vigilar que se observen las
disposiciones de la presente ley, con respecto al tiempo total de exhibición y garantía
de estreno que deben dedicar los exhibidores y comercializadores en las salas
cinematográficas o lugares que hagan sus veces.
V. Autorizar el doblaje en los términos y
casos previstos por esta ley y su reglamento.
VI. Aplicar las sanciones que correspondan
por infracciones a la presente ley, así como poner en conocimiento del Ministerio
Público Federal todos aquellos actos constitutivos de delito en los términos de las
disposiciones legales aplicables en la materia.
VII. Las demás que le concedan otras
disposiciones legales.
CAPITULO X
De las sanciones
Artículo 43. La facultad de imponer las
sanciones establecidas en esta ley compete a la Secretaría de Educación Pública y a la
Secretaría de Gobernación, sin perjuicio de aquellas que corresponda imponer a las
demás depen-dencias de la Administración Pública Federal.
Artículo 44. Los infractores a los
artículos 27, 39 y 40 de la presente ley, serán sancionados por la Secretaría de
Educación Pública, según la gravedad de la falta, la intención o dolo existente, con
las sanciones siguientes:
I. Amonestación con apercibimiento;
II. Multa de 500 a 5 mil veces el salario
mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a la fecha en que se cometa la
infracción.
En caso de reincidencia, se podrá imponer
multa hasta por el doble del monto superior marcado en la fracción II.
Artículo 45. Los infractores a los
artículos 8o., 17, 19 segundo párrafo, 20, 21, 23 y 25 de la presente ley, serán
sancionados por la Secretaría de Gobernación, según la gravedad de la falta, la
intención o dolo existente, con las sanciones siguientes:
I. Amonestación con apercibimiento;
II. Clausura temporal o definitiva de los
espacios o locales;
III. Multa de 500 a 5 mil veces el salario
mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a la fecha en que se cometa la
infracción.
IV. Multa de 5 mil a 15 mil veces el
salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a la fecha en que se cometa
la infracción, a quienes infrinjan los artículos 8o., 17, 19 segundo párrafo, 22 y 23
de esta ley.
V. Retiro de las películas que se exhiban
o pretendan exhibirse públicamente o se comercialicen en cualquier forma o medio, sin la
autorización a que se refiere la fracción I del artículo 42 de esta ley.
En caso de reincidencia, se podrá imponer
multa hasta por el doble del monto superior correspondiente.
Artículo 46. Las sanciones a que se
refiere la presente ley se aplicarán conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.
Artículo 47. Los afectados por las
resoluciones dictadas en esta materia, podrán interponer el recurso de revisión dentro
de un plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, el que se
resolverá en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Estas reformas y modificaciones
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones
que se opongan a lo establecido en esta ley.
Tercero. El Ejecutivo Federal emitirá en
el término de 90 días a partir de la publicación de la presente ley, el reglamento
correspondiente, así como el contrato de fideicomiso mediante el cual se administrarán
los recursos del fondo a que se refiere este ordenamiento.
Cuarto. En el mismo término establecido en
el transitorio anterior, el Ejecutivo Federal deberá aportar los recursos que esta ley
establece en su artículo 34, conforme al Presupuesto de Egresos para 1999.
Quinto. La Ley de Presupuesto de Egresos de
la Federación de 1999, establecerá en la partida presupuestal correspondiente el monto
de los recursos a los que se refiere la fracción I del artículo 34 de esta ley.
Salón de sesiones de la Cámara de
Senadores. México, D.F., a 15 de diciembre de 1998.— Senadores: José Ramírez
Gamero, presidente; Mario Vargas Aguiar y Luis González Pinto, secretarios.
Se devuelve a la Cámara de Diputados, para
los efectos del artículo 72 inciso d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.— Jorge Mendoza Alvarez, oficial mayor.»
Consulte la Secretaría a la Asamblea
en votación económica si se le dispensan los trámites y se somete a discusión y
votación de inmediato.
| El secretario
Francisco de Souza Machorro: |
Por instrucciones de la Presidencia,
en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensan todos los trámites y
se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se le dispensan todos los trámites, señorita Presidenta.
Está a discusión en lo general y en
lo particular el proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Cinematografía... No
habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a la Secretaría se abra el sistema
electrónico por cinco minutos para proceder a la votación.
| El secretario
Francisco de Souza Machorro: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga
los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema
electrónico por cinco minutos para tomar la votación nominal.
(Votación.)
Se emitieron 372 votos en favor y ninguno
en contra.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Yo voté pero ya no aparezco en el
tablero.
Le pediremos a la Oficialía Mayor
que registre su voto en el acta.
Aprobado en lo general y en lo particular
por 372 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular
el proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Cinematografía.
| El secretario
Francisco de Souza Machorro: |
Pasa al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
TRABAJO
LEGISLATIVO
El siguiente punto del orden del día
es la intervención de los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran esta
legislatura. Tiene la palabra el diputado Jorge Emilio González Martínez, del Partido
Verde Ecologista de México.
Solicitamos a todos los diputados ocupen
sus lugares para poner atención a los coordina- dores.
| El
diputado Jorge Emilio González Martínez: |
Muchas gracias, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
El día de hoy concluimos el primer periodo
de sesiones ordinarias del segundo año de esta LVII Legislatura. Sin duda éste ha sido
un periodo de sesiones intenso e histórico en muchos aspectos, pero tenemos que reconocer
que todavía debemos trabajar mucho para dar a México al que no sólo aspira su
población, sino el que sin duda merece por el gran trabajo que han venido desempeñando
todos los mexicanos por muchas y muchas generaciones.
El grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México ha participado en los trabajos de esta Cámara en este periodo de
sesiones con lo mejor y más animado de nuestros esfuerzos. Cuando se inició este periodo
de sesiones, los verdes anunciamos la realización de una intensa labor legislativa de
nuestra parte. Hemos cumplido con el compromiso que asumimos con la sociedad, así como
con todos y cada uno de los diputados representados en esta Cámara.
Con la sociedad cumplimos porque ésa es
nuestra labor más importante como diputados y cumplimos con ella porque representamos una
alternativa al modelo imperante, que lucha por frenar y revertir el deterioro ambiental
que existe en general en nuestro planeta y así poder ayudar a mejorar las condiciones de
vida de la población humana, en un entorno de respeto y armonía con la naturaleza.
Al fortalecimiento de esa lucha se han
encaminado la mayor parte de las iniciativas y propuestas que hemos presentado en esta
Cámara.
Con ustedes, compañeros diputados,
pensamos que cumplimos, porque en la medida que los esfuerzos de todos los grupos
parlamentarios se enfoquen a la realización de un mejor y más serio trabajo legislativo,
estaremos reforzando nuestro compromiso con la democracia y la pluralidad y daremos
muestra de que el empeño de las fuerzas políticas por buscar y consolidar un régimen de
partido, es la mejor opción para la vida política de México y así tendremos los
argumentos y razones de nuestra parte, para salir del paso de aquellos que, al buscar
confundir a la sociedad, pretenden mostrar la diversidad ideológica en esta Cámara como
un factor de inestabilidad, con la intención clara de dar marcha atrás a las conquistas
democráticas que han tenido los mexicanos.
Compañeros diputados, nunca debemos de
repetir ni permitir una experiencia como la que hemos vivido en estos últimos días. Para
ello se requiere la prudencia y voluntad de todos los presentes, de todos los grupos
parlamentarios. Debemos entender que el México de hoy, 15 de diciembre de 1998, es un
país diferente, que no puede seguir sujeto a la lógica de la sin razón política
durante muchas décadas; es un México diferente, es un México más moderno.
En el grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México hemos trabajado con la convicción de que más que privilegiar los
intereses y posiciones de algunos grupos, debemos de buscar los acuerdos necesarios para
cumplir con el compromiso asumido con la sociedad. Por ello, durante este periodo de
sesiones presentamos ante este pleno varias iniciativas que en su conjunto plantean 13
modificaciones a diversos ordenamientos jurídicos incluyendo la Constitución General de
la República.
Asimismo llevamos a cabo intensas
negociaciones con los diversos grupos parlamentarios representados en esta Cámara, con el
ánimo de impulsar las iniciativas de reformas constitucionales en materia ambiental, que
por cierto se acaban de aprobar hace 10 minutos.
Hoy, el camino para que en México se
reconozca a toda persona el derecho a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar,
parece casi una realidad. Depende ahora solamente de la voluntad política del Senado de
la República, las legislaturas de los estados y el Ejecutivo Federal, dar el último y
definitivo paso para que esto sea un hecho.
No obstante, nosotros continuaremos dando
seguimiento a este asunto que consideramos de la mayor importancia nacional hasta que se
resuelva definitiva y favorablemente a los intereses de México. No dejaremos de insistir
hasta que esto sea así.
Con convicción y decisión, seguiremos
haciendo nuestro trabajo en esta Cámara, ningún obstáculo será suficiente para
orillarnos a dejar nuestros esfuerzos en pro de la defensa de la vida, del bienestar de
todos los mexicanos: niños, jóvenes, adultos y ancianos.
También es importante mencionar hoy aquí
en esta tribuna, que durante este periodo de sesiones el grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, organizó el Primer Encuentro Mundial de Legisladores Verdes,
donde se contó con la presencia de legisladores y representantes de diversos países de
afiliación ecologista, con los que hubo un intercambio de posiciones y de experiencias
que, sin duda, enriquecieron los puntos de vista y las perspectivas que el movimiento
ecologista puede desarrollar en nuestro país.
El grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México reitera el compromiso y palabra empeñados y con el espíritu que
nos anima expresamos nuestro profundo reconocimiento a todas las compañeras y compañeros
diputados de todos los grupos parlamentarios y a aquellos compañeros fuera de aquí que
también trabajaron en esto, que han contribuido a hacer posible que esté cerca, muy
cerca, el momento que México pase a formar parte de las naciones que han reconocido a
nivel constitucional, el derecho al ambiente y la necesidad de orientar el modelo del
país hacia un modelo de desarrollo sustentable, para así poder garantizar el bienestar
de los millones de mujeres y hombres presentes y futuros que tienen derecho a que se les
asegure una calidad de vida y un medio ambiente ecológicamente equilibrado, propicios
para nuestro desarrollo integral.
Quiero hacer referencia aquí a otros
asuntos trascendentes que tuvimos que tratar en este periodo de sesiones, entre otros el
asunto de la reducción de edades del día de ayer. Es para nosotros, como grupo
parlamentario, y para la Cámara, yo considero que para el país en general, fue un día
histórico el día de ayer. Hace alrededor de 30 años que se había hecho la pasada
reducción de edades para poder acceder a puestos de legislador. Y el día de ayer gracias
a la participación de diputados de todos los grupos parlamentarios, se dio un paso en la
participación de la juventud en nuestro sistema político que tanta falta creemos que nos
hace.
También se trató el día de ayer lo
referente al órgano superior de fiscalización. Mi grupo parlamentario consideró que
aunque no es el 100% de lo que se hubiese querido, sí existe un avance notable. Es por
eso que votamos a favor, pero seguiremos tratando de ir mejorando como en muchos otros
aspectos, este aspecto de la fiscalización.
Sobre justicia esperamos que las diversas
reformas que hicimos en este periodo de sesiones contribuyan a mejorar la grave crisis que
tenemos en la impartición de la justicia y sobre el difícil y espinoso caso para todos
los mexicanos, del Fobaproa, aunque no se le quiera llamar así. Votamos en contra porque
estuvimos en contra de que la factura, mayoritariamente se la pasara al pueblo de México
por medio de los impuestos. Y no se castigó a los responsables aunque se dice que va a
ser a futuro. Pero la propuesta del verde es que hubieran sido las auditorías primero y
no la aprobación del instituto, como fue. Es por eso que mi grupo parlamentario estuvo en
contra de esa decisión.
Y en lo que respecta al futuro periodo
extraordinario de sesiones que vamos a tener para aprobar el paquete económico, el
presupuesto y muy probablemente la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos, queremos
dejar muy claro aquí que queremos un paquete económico y un presupuesto justo. No vamos
a jugar a la inestabilidad, no es nuestro estilo y nunca lo va a ser, pero no estaremos a
favor de un paquete económico injusto para el pueblo de México.
En lo que toca a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, consideramos que en el proyecto de dictamen hay avances conside- rables,
aunque nos hubiera gustado la participación de la Cámara de Diputados. Pero hemos tomado
la decisión de votar a favor por contribuir en el avance de la defensa de los derechos
humanos.
Señoras y señores diputados: para
nosotros, los verdes, nuestro compromiso es con México y nada más. Por ello seguiremos
trabajando para que los principios a los que me he referido no sean sólo una declaración
de buenas intenciones y letra muerta en nuestra Constitución. Para ello, lo sabemos,
necesitaremos de todos ustedes, como todos necesitamos de todos. Los invitamos, desde
ahora, a que juntos trabajemos para enriquecer las propuestas que nos den la oportunidad
de vivir en un ambiente más adecuado, con igualdad de oportunidades para todos los
mexicanos.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Ricardo
Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 15 minutos.
| El diputado
Ricardo Cantú Garza: |
Con su venia, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Ha llegado a su término el primer periodo
ordinario del segundo año de esta LXII Legislatura. Es importante que hagamos una
valoración sobre los trabajos desarrollados para seguir avanzando en la labor
legislativa, afianzando y consolidando aquello que sea en beneficio de la sociedad y la
nación.
El trabajo legislativo de este periodo ha
sido particularmente intenso. Hemos abordado temas espinosos y difíciles que han definido
posturas y posiciones contrarias entre los grupos parlamentarios integrantes de esta
soberanía.
Aunque se afirme que todo es en beneficio
de México, el pueblo sabe quien está de su lado y quien consume traiciones a sus
espaldas.
Queremos dejar claro que la Cámara de
Diputados ha mostrado seriedad y disposición por alcanzar consensos en el paquete fiscal
para 1999, Si no se logró dictaminar en este periodo es porque los tiempos establecidos
por la normatividad vigente son claramente insuficientes para revisar con cuidado el
cúmulo de aspectos que entraña dicho paquete.
Es indispensable que Ejecutivo y
Legislativo acuerden acelerar los tiempos de entrega para realizar una labor más
eficiente en este sentido.
Además, no podemos olvidar que se proponen
medidas que atentan contra la economía de las clases populares, en lugar de afectar a los
sectores de altos ingresos de este país, que siguen privilegiados por el Gobierno.
El asunto del Fobaproa ha sido un tema
polémico e inquietante. La conclusión que se le ha dado al caso ha recibido nuestro
total rechazo e inconformidad. Es la parte más negativa en el trabajo de esta
legislatura. Un albazo legislativo acabó con la esperanza de los mexicanos, que han visto
hipotecado su futuro por la solución pésima y antipopular que se le ha dado al asunto.
En aras de proteger y cuidar la impunidad de una minoría irresponsable, se dañan los
intereses del pueblo mexicano. Una nueva mayoría legislativa, en los hechos, afín al
Poder Ejecutivo, ha impuesto su decisión en detrimento del interés nacional.
Ante esta traición el Partido del Trabajo
se propone construir una nueva mayoría nacional y popular que detenga los afanes de esta
minoría privilegiada que ha pisoteado los derechos sociales de los mexicanos. El asunto
del Fobaproa ha concluido en la disputa legislativa, pero vendrá la disputa por la
nación y el futuro de México. El tiempo y la historia nos dará la razón.
En los días por venir se discutirá el
conjunto del paquete económico para el próximo año. Desde la comparecencia del
secretario de Hacienda, José Angel Gurría, vimos como se cierne un horizonte negro sobre
el país. La deuda que ha generado el Fobaproa y la caída de los precios del petróleo
han creado una situación fiscal difícil, donde se quiere que sean los trabajadores y los
más débiles quienes paguen las consecuencias de las contingencias internacionales y de
los errores en la administración bancaria y financiera.
El asunto del Fobaproa y la definición del
paquete económico están muy vinculados entre sí, ya que la salida a la insolvencia
bancaria va a traducirse en más impuestos y aumentos a los precios de los servicios
públicos que tendrán que pagar los ciudadanos y en una consecuente disminución del
gasto social.
Asimismo, vemos una ausencia de
autocrítica de parte del Gobierno Federal para reconocer los errores en la conducción
económica y las consecuencias de la política neoliberal hacia la mayoría del pueblo
mexicano.
En principio el grupo parlamentario del
Partido del Trabajo reafirma su rechazo a la política neoliberal que se instrumenta desde
la Presidencia de la República y que cuenta con la complicidad de fuerzas políticas en
esta legislatura.
Seguiremos insistiendo en un cambio de
rumbo en la política económica del país. En algunos temas de amplia y diversa agenda
legislativa hemos presentado iniciativas de ley que han tenido como objeto mejorar
aspectos relativos a la impartición de justicia, mejorar las condiciones de los
trabajadores y agilizar trámites de orden administrativo.
En ese sentido, el Partido del Trabajo
promovió que los delitos de cuello blanco fueran considerados como delitos graves y que
no quedaran en impunidad los infractores de la ley. Esta es una respuesta a los quebrantos
y a la impunidad que hemos padecido los mexicanos por parte de una delincuencia que actúa
muchas veces al amparo del poder y la confianza que les ha dado la sociedad.
La delincuencia de cuello blanco debe ser
considerada como delito grave, porque es una manera de enfrentar la irresponsabilidad, el
abuso y la defraudación en todas sus manifestaciones. Legislar en este sentido significa
empezar a revertir la impunidad con la que se ha conducido la vida económica, política y
social en México.
También presentamos modificaciones a la
Ley de Amparo, para incorporar la facultad de interponer el juicio de amparo indirecto
contra la acción penal o no del ministerio público.
Asimismo presentamos modificaciones para
que el Tribunal Federal Electoral diera celeridad a la notificación de sus resoluciones.
Promovimos reformas a la Ley Federal de
Radio y Televisión y a la Ley General de Salud para prohibir el uso de mensajes
subliminales, la trasmisión de mensajes que aludan al consumo de tabaco y bebidas
alcohólicas, así como regular la trasmisión de programas televisivos que induzcan a la
violencia en un horario óptimo.
En materia de salud se presentó una
iniciativa de decreto de reformas a la Ley General de Salud, a la Ley del Instituto
Mexicano del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, para incorporar a la medicina alternativa como una opción
para los derechohabientes de las instituciones de salud pública.
Estamos convencidos que los usuarios de los
servicios públicos médicos, deben tener una amplia gama de posibilidades para atender
sus problemas de salud.
Ante el grave deterioro de las percepciones
de los pensionados y jubilados del ISSSTE, planteamos reformas a la ley de dicho Instituto
con el objeto de incrementar sus pensiones y mejorar también algunas prestaciones que
tiendan a mejorar su bienestar.
En relación con las mujeres trabajadoras,
nuestro partido presentó ante esta honorable Cámara una iniciativa de decreto que
reforma la Ley Federal del Trabajo y la del Impuesto sobre la Renta, con el objeto de que
se amplíe a las trabajadoras la licencia por estado de gravidez y puedan atender mejor a
su recién nacido. En esta ampliación de la prestación se consideró pertinente que los
patrones obtuvieran un estímulo fiscal.
Nos pronunciamos en contra de la
constitución de la Policía Federal Preventiva. Creemos que la formación de nuevos
organismos policiacos no resuelve por sí misma la corrupción que permea en los órganos
encargados de proteger y cuidar el orden público y de la ciudadanía. Crear una y otra
institución policiaca sólo pospone la solución de los problemas relativos a la
seguridad pública y los traslada a las nuevas corporaciones, sin lograr desterrar el mal
que ha hecho que la ciudadanía le pierda la confianza a la policía.
Nuestra concepción de la inseguridad
pública parte de reconocer que el incremento de la delincuencia se explica a partir de
varios factores. El principal está vinculado al crecimiento de la pobreza extrema que
azota por todos lados, a lo largo y ancho de nuestro país, pero también y esto es
preciso enfatizarlo, está estrechamente asociada a la corrupción policiaca y a los
funcionarios públicos que tienen como actividad formal la defensa de la seguridad del
ciudadano, pero que en el fondo desarrollan como actividad prioritaria el proteger a
delincuentes a cambio de enormes ganancias que obtienen al amparo de la impunidad y de
vacíos legales que no se han querido llenar para no atentar contra estos intereses
poderosos.
Para nosotros ha sido un logro muy
importante en este primer periodo de sesiones ordinarias haber aprobado la Ley contra la
Prostitución Infantil. Es uno de los males más nefastos que se extienden en el mundo.
Existen a la fecha países en los que opera el turismo sexual sobre niños y niñas,
éstas son manifestaciones de una descomposición acelerada de las sociedades
contemporáneas. En ese tema tenemos que actuar con firmeza, no es posible tolerar
prácticas perversas que terminan con la idea misma de civilización. En el Partido del
Trabajo, pensamos que ésta es una decisión que todos hemos compartido por igual, ya que
tenemos que labrar un porvenir más esperanzador para las generaciones venideras.
El órgano superior de fiscalización es
sin duda uno de los aspectos más relevantes que en este periodo se han tratado, su
importancia es muy trascendente, pues en él se sintetiza el principio del equilibrio de
poderes. Sin embargo, la iniciativa de decreto aprobada dista mucho de expresar dicho
principio y por eso votamos en contra. Lamentamos que eso ocurriera, porque ese órgano
representa la posibilidad de un combate más eficiente a la corrupción que tanto daño ha
hecho a nuestro país.
En este periodo ordinario hemos logrado
avances sustanciales en muchos casos, imparciales en otros, para dotar a este país de un
conjunto legal inspirado por la justicia y la equidad. En algunos temas, como en el caso
del Fobaproa, se ha traicionado la justicia, al pueblo y, por el contrario, ha prevalecido
el interés de la oligarquía financiera por encima del interés de las grandes mayorías.
No obstante esto, tenemos que seguir avanzando en la labor legislativa y el
fortalecimiento de este cuerpo soberano.
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo ratifica su compromiso de seguir legislando a favor del pueblo de México, su
compromiso por rechazar cualquier propuesta que vaya en contra del bienestar popular.
Estamos comprometidos en construir un México justo y equitativo para todos los mexicanos.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Carlos
Medina Plascencia, por el Partido Acción Nacional, hasta por 15 minutos.
| El
diputado Carlos Medina Plascencia: |
Honorable Cámara de Diputados;
señoras y señores:
Aún no podríamos hacer un balance
definitivo de este periodo, puesto que tenemos tareas pendientes que habremos de desahogar
en uno extraordinario y que constituyen una de las funciones más importantes de la tarea
legislativa en México: orientar con criterios de racionalidad, de justicia y de sentido
social los instrumentos de la política económica de nuestro país, vía la discusión de
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Pero sí quisiera hoy adelantar algunas
reflexiones en torno a lo realizado frente a las decisiones difíciles que hemos tomado,
para dar respuesta a problemas ineludibles de indiscutibles políticas erráticas de la
actual Administración Pública Federal que han sumido a México en una de las más graves
crisis financieras de su historia.
En este tiempo para construir la patria que
nos demandan nuestros hijos, nos hemos dedicado a solucionar problemas que otros que
presumieron saber cómo hacerlo, han generado.
Son muchas las circunstancias que
intervienen en este proceso político en el que nos encontramos. De ellas por ahora
quisiera destacar como necesaria reflexión para el país nuestra propuesta de Ley para la
Protección del Ahorro Bancario y la actitud sobre ella de nuestros principales
interlocutores en esta Cámara, que de esta manera se pueda comprender a plenitud la
transición democrática que México puede esperar.
Por la oposición, rebautizada por ellos
mismos como de izquierda, hemos tenido un camino difícil para converger en posiciones,
atrapados por un verticalismo sorprendente que los instruyó públicamente a suspender
cualquier diálogo o negociación con los legisladores panistas, abandonadas las mesas de
negociación por ellos, se arraigaron en la cómoda y sistemática posición de
descalificar todo esquema de solución, incapaces de imaginar, generar o desarrollar
propuestas técnicas de solución a problemas reales, hasta como signo demostrativo de
propuestas programáticas de gobierno, los adversarios con quienes convertimos en la
autonomía, gobernabilidad e independencia de esta Cámara, nos han descalificado con el
más absurdo radicalismo verbal y nos juran enemistad en nuestras propuestas financieras.
No dudamos que nuestros adversarios busquen
el cambio y la transformación del país, de lo que estamos ciertos es, que la estrategia
que han tomado está equivocada y fortalece al propio sistema político porque postula la
destrucción del sistema financiero del país como pivote para el desmantelamiento de las
estructuras políticas y por consiguiente la eliminación de nuestros enemigos reales, los
conservadoras del poder desde hace más de medio siglo disfrazados de revolucionarios
institucionales.
En la disyuntiva de la ruptura y la reforma
hemos optado por construir soluciones a problemas específicos y no por agrandar los
existentes ni mucho menos generar nuevos. Quienes apuestan a la destrucción del país
para ver a sus adversarios destruidos se equivocan porque sobre esa base nada se puede
construir, la nación no renace sobre resentimientos y es muy difícil edificar sobre
ruinas.
Nosotros hemos apostado, más que por una
ruptura, por una reforma integral que posibilite el consenso y el acuerdo para un
tránsito pacífico a la democracia que asegura condiciones de estabilidad y
gobernabilidad de la alternancia en el poder.
Por supuesto que el camino del reformador
es más difícil, entablamos una guerra en dos frentes; contra los conservadores del poder
autoritario y los rupturistas de la transición. Los rupturistas tienen por objetivo
polarizar la política, por lo cual intentan simplificar, dramatizar y amalgamar los
problemas políticos en una sola dicotomía decidida entre las fuerzas del progreso y las
de la reacción.
Tratan de acumular divisiones en tanto que
el reformador tiene que diversificarlas y disociarlas. El rupturista, estimula la rigidez
en políticas, el reformador la fluidez y adaptabilidad. El reformador busca el cambio
social pero no un cambio convulsivo que en el supuesto triunfo sólo reagrupa las fuerzas
autoritarias y vuelve a depositar el Gobierno en manos despóticas. Al rupturista, le
interesa todo tipo de desórdenes, cualquier cosa que quebrante el estatuo quo tiene
supuestamente algún valor para él; por eso suplanta con frecuencia el debate de las
ideas por las descalificaciones verbales y las agresiones físicas, por eso lanza
convertida en piedra, en harina o en monedas la impotencia de todas sus incapacidades de
elevación humana y de construcción democtrática.
Por otra parte y lo más grave de nuestra
transición es que con quienes a veces hacemos mayoría de votos para sacar adelante
nuestras propuestas, tienen también una idea de destrucción del proceso político y por
supuesto de la política. El PRI busca descalificar la alternancia y se prestan
complacidos a secundar las campañas de desprestigio contra esta Cámara; es inobjetable
que desde los espacios burocráticos del poder que tradicionalmente han defendido la
obscuridad y la discrecionalidad en las relaciones entre el Estado y algunos medios, se
alienta y se estimula esta embestida destructora contra nuestra Cámara de Diputados.
Por supuesto que es un asunto de
escrúpulos y de vergüenza buscar no confundirnos con el PRI en cualquiera de las
decisiones que tomemos, todo, todo a su paso el PRI lo mancha; envenena todo esfuerzo de
buena voluntad, confunde el partido con país, descompuestos en su seno por la voracidad
del poder que se les va de las manos, los priístas no cambian, sus persistentes trampas,
sus chapucerías, como característica que les pareciera innata para mentir, para
traicionar, para engañar y para colmo, son los primeros en reprocharnos las convergencias
anteriores.
Pero en medio del país, atrapado y
vulnerado en nuestro sistema financiero, no hay resquemor que valga ni amenaza que
amedrente. El PAN, votó por lo que cree y por lo que propuso, por lo que exige conforme a
un estilo y tradición de congruencia y responsabilidad con la nación sobre cualquier
interés particular o de grupo, no importando si los compañeros de viaje no creen en el
país o si sólo apuestan a los votos en una cuestionable rentabilidad electoral.
El esquema que planteamos desde principio,
fue el consenso general, pero no por la miope visión del miedo a los costos políticos,
sino porque las condiciones que vivimos requieren de un acuerdo que le brinde al país no
sólo una solución de operación de rescate bancario, sino de confianza y certidumbre a
nuestro futuro económico; una señal de la alternancia democrática con estabilidad en
donde demostremos ser capaces de ponernos de acuerdo en asuntos torales para el país.
Junto con otros, podríamos recorrer y
recordar la lista de agravios que sufrimos a manos del régimen priísta, pero poco
contribuiríamos a construir las bases de un mejor mañana. Lo que hoy se nos exige son
respuestas viables y acuerdos transparentes, a partir de soluciones posibles y justas; los
ciudadanos nos reclaman resultados legislativos.
Acción Nacional ha sido el único partido
representado en esta Cámara que presentó una propuesta de solución distinta a la del
Presidente de la República sobre el quebranto financiero. En esta vertiente trabajamos,
en la nuestra, tomando en consideración los puntos de vista de quienes los han formulado
con seriedad y respeto; luchamos por votar nuestra propuesta y en ello buscamos el
consenso de los demás partidos políticos, nunca buscamos votar con el PRI; en todo caso,
éste tuvo que ceñirse a lo que nosotros propusimos.
Esta es la realidad política que vivimos y
ésa es la tragedia de nuestra transición: la pobreza moral de la palabra de quienes
conducen a la bancada priísta en esta Cámara y por otro lado, la palabra clausurada en
dialogo prohibido de nuestros adversarios del PRD. Nosotros, inspirados en el pensamiento
de Efraín González Luna, seguiremos distinguiendo entre la mecánica de la opción y la
opción moral.
Mecánicamente el hombre opta o decide
simplemente dando libertad de movimiento a sus inclinaciones y empleando el término en un
sentido no deprimente a sus instintos, a sus pasiones.
Hay una moral de la opción que consiste en
escoger el camino obligatorio aun cuando sea cuesta arriba, aun cuando contradiga las
inclinaciones personales, aun cuando para escogerlo haya que sacrificar tendencias
naturales y haya que ahogar gritos irrefrenables del propio deseo. Nosotros estamos
obligados a actuar, no por entusiasmo ni por deseo ni por anhelo instintivo, ni por ansia
de pasiones legítimas ni por deseo de victorias sin interés generosas. Nosotros estamos
obligados, estamos obligados a optar conforme a la ley moral de la opción como seres
racionales libres y por lo mismo como seres capaces de colocar el bien objetivo que
persiguen por encima de sus aspiraciones y de su sensibilidad.
Renunciando al movimiento fácil por el
declive de la propia inclinación, nosotros seguiremos buscando la reforma frente a la
ruptura, para transformar el poder del conservadurismo priísta que lo detenta; nuestro
propósito es poner el ejercicio del poder al servicio de México para cumplir un mandato
que viene desde muy lejos y desde hace muchos años: que la patria sea ordenada y generosa
y que cada uno de nosotros tenga una vida mejor y más digna, a través de una acción
frente a la nación, que como lo expresó Gómez Morín, "no fue una aventura la
fundación de Acción Nacional, fue un destino; no fue un arrebato de pasión ni interés
transitorio; fue precisión de deber y certidumbre de un estilo de vida".
¡En ello nos seguiremos empeñando!
Tiene la palabra el diputado Porfirio
Muñoz Ledo.
| El diputado
Porfirio Muñoz Ledo: |
Compañeras y compañeros
legisladores:
Clausuramos hoy el tercer periodo de
sesiones de esta legislatura, periodo agitado y amargo, caótico al decir de algunos.
Francamente decepcionante para quienes hemos creído en la tarea de erigir un poder
autónomo del Estado, digno y creativo como condición indispensable de la transición
democrática del país.
Comenzamos nuestros trabajos hace unos
meses bajo los mejores augurios, habíamos logrado concretar reformas en la organización
interna de la Cámara; reglamentos y acuerdos parlamentarios, entonces combatidos y ahora
reconocidos; nuevas instituciones para la profesionalización e independencia de este
organismo, ahora descabezadas. Habíamos conve- nido entre los representantes del Poder
Legislativo y el Ejecutivo crear una instancia de coordinación, responsable de elaborar
una agenda legislativa, con los temas fundamentales de la nación, que reflejara el
interés de los poderes públicos y que se comprometiera a la más profunda de las
reformas del Estado de este decenio.
Habíamos adquirido, cito: "el
compromiso de responder a retos del nuevo siglo, mediante acuerdos que garantizaran la
gobernabilidad del país y su desarrollo económico y social".
El cambio democrático, por tantos años
diferido, parecía estar a nuestro alcance. Los poderes del Estado necesitaban, sin
escapatoria, su concurso recíproco. El Ejecutivo reconocía que no podía tomar
decisiones indispensables sin la aprobación del Poder Legislativo. Este asumía, por su
parte, el compromiso de los consensos para evitar la parálisis legislativa y cumplir en
plenitud su mandato constitucional.
La cercanía de una crisis del sistema
financiero, las urgencias del Gobierno, creaban las mejo- res condiciones posibles para un
acuerdo nacional de gobernabilidad y cambio democrático.
Nada de ello fue posible. Casi la mitad de
la oposición no estuvo a la altura de las exigencias de la historia, le faltó visión o
le sobró concupiscencia, a cambio de no sabemos qué concesiones o de la protección de
intereses que sospechamos frustró la más extraordinaria de las oportunidades de nuestra
generación para completar la transición democrática.
Una nueva mayoría, contraria al mandato
popular del 6 de julio, rindió al Poder Legislativo, frente al capital especulativo y el
interés extranjero. Se trata, lo aclaro, de una mayoría numérica, remedo de aquellas
que durante largos años prevalecieron y que nos habíamos comprometido a sepultar. Se
trata de una mayoría política coyuntural que nada tiene qué ver con los intereses
profundos de la nación.
A todos cuantos se opusieron a la
abdicación del Poder Legislativo, nuestro reconocimiento, en particular a los 18
diputados que asumieron, sobre la disciplina partidaria, su responsabilidad como
representantes de la nación. A ellos les decimos que el valor supremo de la política no
es la obediencia, sino una conducta compatible con la convicción.
Hay compañeros en esta Cámara, una
mayoría de conciencias distintas a la que se expresó en el voto y que un día próximo
habrá de derrotar a la mayoría de la obediencia, de la incondicionalidad y del
servilismo.
Se ha instalado, en la cúpula del poder
económico y político del país, una alianza para preservar y reforzar el agonizante
modelo neoli- beral; cúpula antihistórica y antidemocrática que en nada se relaciona
con las necesidades apremiantes de la población o con el genuino proyecto histórico del
país, menos aún con los vientos de cambio político que soplan en todos los continentes.
Se trata de una suerte de supremo poder
conservador, diseñado a la medida del piafante asta bandera de la nueva derecha; por lo
tanto, es también el traspaso de la osamenta que sostiene aún el endeble aparato
político y burocrático heredado de un antiguo y extinto proceso revolucionario.
Ha quedado así conformada en el país una
nueva estructura bipolar del poder diferente de la pluralidad real de la sociedad y de sus
órganos legislativos. De un lado, los beneficiarios de un prolongado proceso de
concentración del ingreso, de integración subordinada a los intereses de fuera, de
debilitamiento deliberado de los poderes públicos y de abandono de las responsabilidades
sociales del Estado,
Del otro, todos aquellos partidos
políticos, re-presentantes populares, organizaciones sociales y ciudadanos, libres que
estamos dispues- tos a construir por la política una nueva esperanza, que frene la
degradación corrupta en que pretenden sumergirnos.
Desde que se implantó la hegemonía
neoliberal, una de sus estrategias privilegiadas ha sido el descrédito de los disidentes
y el desprestigio de toda instancia autónoma o poder independiente del Estado.
Las propuestas de acuerdo entre las fuerzas
opositoras naufragaron con la memoria de Soto; desde entonces se desató la difamación y
la violencia, el ocultamiento de la verdad y la conversión de las víctimas en culpables.
Queda y quedaba la posibilidad de un
diálogo nacional para el cambio, pero era claro que el Gobierno sólo tenía una
prioridad: la aprobación del Fobaproa. A despecho del equilibrio y de la reciprocidad de
las agendas políticas convenidas de los 17 temas que adoptamos inicialmente, sólo tres
han sido desahogados por esta Asamblea y uno sólo por consenso.
Se ha establecido una nueva alianza que
privilegia el uso de la fuerza pública sobre la satisfacción de las necesidades
sociales. Ya han cumplido el compromiso de la reforma fiscal, de una política económica
de Estado propuesta por el Ejecutivo, de una relación racional del país para satisfacer
y mejorar nuestra situación en la deuda pública. Se abandonó un nuevo diseño
financiero para el país. Este periodo extraordinario ha producido el rechazo de algunas
propuestas fundamentales como la Ley Orgánica del Congreso y se han reducido hasta el
ridículo algunas reformas promovidas al fin por la nueva santa alianza.
Estamos cayendo en un pobrismo legislativo.
Se exhiben pequeños, precarios y dudosos avances para disimular enormes e imperdonables
transacciones.
El integrismo es incapaz de diálogo y
pasa, sin transición, del gradualismo al entreguismo; apenas oculta una enorme pobreza
intelectual, obviamente no practican la opción moral, sino que asumen una coacción
inmoral.
Como símbolo de este tiempo quedará el
traslado real del Poder Legislativo en reuniones clandestinas en el Club de Banqueros, que
amenaza con disecar al Poder Legislativo, vaciándolo de sus entrañas, de reflexión y de
decisión democrática.
¿En qué quedaron nuestras demandas?
¿Qué fue del desahogo de las agendas públicas después abandonadas? ¿Qué fue de la
información exigida a las autoridades financieras que nunca fue entregada? ¿Qué fue de
las sanciones demandadas a los culpables? No sólo inocuas y convencionales renuncias.
¿Qué fue de los programas de apoyo a los más necesitados, en particular a los pequeños
deudores?
Cuando se aceptan las posiciones contrarias
sin que se satisfagan nuestras más elementales demandas, esto tiene un solo nombre en el
diccionario: ¡claudicación!
Compañeros: ¿qué fue de tantas promesas
y de tantas exigencias? ¿Qué fue de tantos gritos de "no pasarán; los guillermos
que vos matáis, gozan todos de cabal salud"?
Veamos hacia adelante. Cada quien asumirá
su propia responsabilidad ante la ciudadanía. De la sociedad habrán de salir las fuerzas
que transformarán el escenario político del país. Estaremos como siempre en la primera
línea de la propuesta política. El 80% de las reformas constitucionales que han avanzado
la democracia mexicana, son propuestas del Partido de la Revolución Democrática.
Ojalá y estemos sentados pronto en la mesa
de la negociación y en el corazón del debate político. No vaya...
Permítame el orador.
Esta Presidencia conmina a todos los
diputados a guardar el orden con el fin de desahogar las intervenciones restantes.
Puede continuar el orador y repónganle los
últimos segundos que le quedaban al diputado.
| El diputado
Porfirio Muñoz Ledo: |
Las propuestas de mi partido rebasan
con mucho la capacidad de lectura de algunos, ahí estaremos nuevamente, antes de que la
violencia y la sinrazón le ganen la carrera a la política. Ese es y éste ha sido y
éste será nuestro compromiso.
Tiene la palabra el diputado Sadot
Sánchez Carreño, del Partido Revolucionario Institucional.
| El
diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
Con su permiso señora Presidenta;
diputadas y diputados de la LVII Legislatura, señoras y señores senadores que hoy nos
acompañan; señoras y señores:
Hoy concluye el primer periodo de sesiones
ordinarias del segundo año de trabajo de esta legislatura. Llegamos a este momento luego
de varios meses de intenso debate y apasionadas deliberaciones, en las que finalmente
prevaleció la voluntad republicana por construir acuerdos y arribar a los consensos más
favorables en beneficio de México.
La variedad de actores sociales y
políticos, que tienen nuevas inquietudes y expectativas, han estado presentes en este
seno camaral. El hecho demuestra que estamos viviendo en una sociedad más plural,
crítica, exigente y participativa.
Ante la realidad de las cosas existe una
nueva correlación de fuerzas que el grupo parlamentario de mi partido, el Revolucionario
Institucional, reconoce como fruto del esfuerzo democrático de la sociedad, apoyada en la
conciencia y la voluntad de los partidos políticos representados en esta Cámara.
La convivencia cotidiana y los diversos
intereses partidistas, con sus propias formas de analizar la problemática, para sacar
adelante al país, en vez de verse como un impedimento, deben constituir un estímulo para
modelar un México mejor.
No se trata de negar las diferencias, sino
por el contrario aprovecharlas, para que a través del diálogo y la conciliación
impulsemos el bienestar y el engrandecimiento de la República.
Hoy, nadie puede negar que en México, la
función del Poder Legislativo es trascendente para la vida política del país. Recae en
él no sólo la responsabilidad del control y el equilibrio del poder, sino que constituye
principalmente el foro privilegiado para hacer posible el debate necesario para la
formulación de las leyes.
Aprender a convivir en términos
democráticos, requiere aceptar la pluralidad de pensamiento, la diversidad ideológica,
la diferencia de enfoques, la contraposición de intereses y entender que el debate no es
combate y que el adversario no es un enemigo a suprimir.
La convivencia democrática implica dejar
de pensar a la política como un juego de suma cero con ganadores o perdedores absolutos.
La negociación demanda defender pero también conceder, exigir pero también transigir.
El quehacer político requiere comprometer
la voluntad, avivar la intención y usar la imaginación para que la diversidad no devenga
en conflicto irreductible y en nuestro caso en parálisis del quehacer legislativo.
Debemos reconocer, con honesta
autocrítica, las enormes dificultades a las que se ha enfrentado la Cámara de Diputados
para estar a la altura de las necesidades nacionales. Sin embargo, es nuestro propósito
demostrar que la diversidad no está reñida ni con la eficacia ni con la gobernabilidad.
Los priístas sostuvimos durante este
periodo una actitud responsable con el país y con la democracia, convencidos de que la
Cámara de Diputados constituye el escenario principal en el que se manifiesta con
intensidad la pluralidad ideológica de la nación; foro en donde se transforman los
reclamos sociales en normas jurídicas. Es aquí donde las aspiraciones e intereses
nacionales se convierten en leyes. Esta es la casa de la ley, el domicilio del derecho.
El periodo de trabajo que hoy termina,
puede considerarse como el más intenso que hayamos tenido a lo largo de la presente
legislatura, caracterizado por discusiones fuertes, una gran tensión que nos acompañó
hasta el último momento. Sin embargo, reconocemos voluntad de diálogo, edificación de
consensos básicos para la toma de decisiones parlamentarias y búsqueda de soluciones
realistas y responsables.
Como resultado del trabajo parlamentario y
la voluntad para la construcción de acuerdos, se cuenta hoy con nuevos ordenamientos y
con modificaciones a los ya existentes para actualizarlos a nuestra dinámica social.
En el ámbito de desarrollo agropecuario,
testimonia el ordenamiento de la Ley de Asociaciones Ganaderas; la seguridad y
procuración de justicia nos exigieron después de largos debates, aprobar reformas
constitucionales que hoy dotan a las instituciones de seguridad y procuración de justicia
de mejores instrumentos para combatir la delincuencia; se aprobaron reformas al Código
Penal para tipificar conductas que se mostraban ausentes en nuestra historia y en nuestras
conductas y en los ordenamientos jurídicos. Hoy podemos señalar que en el derecho
mexicano existe un firme valladar ante la explotación sexual de los menores, la
fotografía y la prostitución infantil fueron aprobadas aquí como figuras que son
tipificadas como delitos.
El Código Federal de Procedimientos
Penales también sufrió modificaciones por nuestra voluntad, por la voluntad de los
legisladores que atendiendo los reclamos sociales calificamos como conductas de este tipo
aquellas que lesionan más y, agravian más los intereses de nuestra sociedad.
Se modificó también la Ley de Amparo, a
fin de evitar que sus bondades beneficien a los responsables de delitos que pretenden
sustraerse a la acción de la justicia.
Para combatir la delincuencia llevamos
también revisión de varios ordenamientos como la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos y creamos a través de un ordenamiento la institución que permite combatir de
manera unificada a la delincuencia, la Policía Federal Preventiva. No es una policía
nacional ni es política ni menos represiva; viene a configurar la competencia de
instituciones ya existentes y además a contener atribuciones acotadas en un marco preciso
y puntual de derecho.
Aprobamos como una muestra de la lucha a la
impunidad y a la corrupción, reformas a nuestro ordenamiento constitucional, derivadas de
la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional; modificamos el marco
financiero y bancario, a fin de que fraudes financieros tengan hoy no solamente una pena
más severa, sino que no gocen de impunidad quienes hoy cometen estas infracciones.
Creamos en ese sentido el órgano superior de fiscalización.
Punto de inflexión nacional fue el tema
financiero y con el fin de evitar futuras crisis al sistema que padeció en nuestro país
todo el sistema de pagos, esta Asamblea aprobó la Ley de Protección al Ahorro Bancario,
la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, entre otras.
Son avances que para algunas expresiones
políticas, son insuficientes. Pero ello no descalifica la evidencia del progreso que
tuvimos en estas materias.
Compañeras y compañeros diputados: el
mandato que recibimos en las urnas fue claro: la nación quiso que estuvieran
representadas en la casa de la ley, todas las visiones ideológicas para construir en la
pluralidad el porvenir que deseamos todos los mexicanos.
Hace 15 meses nos instalamos para trabajar,
para trabajar por México, la nación tenía fe y esperanza, con una confianza en nuestra
responsabilidad, responsabilidad que constituye el más alto privilegio que tiene un
ciudadano: ser diputado de la nación. Pero recordemos que como diputados representamos a
la nación, representamos su voluntad no la sustituimos. Es un mandato que ordena trabajo;
ser y hacer; jamás omisión.
Hay quienes olvidan estas responsabilidades
y la nación se los recuerda con el poder del sufragio, que es ella quien nos otorga esta
investidura y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio.
Su decisión es invariable y su juicio inamovible. Esto lo pudimos constatar en los
procesos electorales que vivimos recientemente, donde el pueblo ratificó mayoritariamente
su confianza hacia mi partido, ¡el Partido Revolucionario Institucional!
Hoy más que nunca nuestro principal
compromiso con las generaciones futuras es ensanchar y fortalecer el difícil camino de la
democracia, enfrentar los embates del exterior y las consecuencias no deseables de la
globalización.
El enrarecimiento de la atmósfera,
particularmente la financiera, ata el desarrollo de nuestras potencialidades. A nadie nos
gusta y todos la rechazamos. Pero su existencia no depende de nuestra voluntad, a la
realidad no se le deroga por decreto. Las decisiones que ha tomado el Gobierno de la
República en esta difícil crisis, han sido dirigidas a impedir el menoscabo de nuestras
instituciones y evitar las mayores lesiones a nuestras formas de vida. No haberlo hecho
así hubiera sido irresponsable al poner en peligro el trabajo nacional colectivo.
El rostro del nuevo milenio se nos presenta
grave y austero y sólo la unidad nos permitirá evitar que se disuelva el esfuerzo
nacional.
En el marco de este propósito, hoy los
priístas exhortamos a todas las fuerzas políticas y concitamos las voluntades del país
para evitar que la diferencia de criterios se convierta en una oposición estéril y
permanente. Sobre todo en esta Asamblea requerimos que la voluntad de acuerdo, la visión
de estado, el diálogo incluyente y la responsabilidad republicana, deben prevalecer sobre
el maniqueísmo político intereses de corto plazo y sólo el criterio de rentabilidad
electoral.
La lógica de la intransigencia y la
radicalización de diferencias no deben empujarnos a posiciones de redenciones mesiánicas
o a la exclusión de los procesos de diálogo y negociación. Quienes así lo conciben,
deben valorar en su justa dimensión la premisa de que sólo a través del diálogo
constructivo y la negociación corresponsable es posible conjuntar, de manera ordenada,
las legítimas y muchas veces encontradas aspiraciones de una sociedad de fin de siglo.
Hoy los priístas creemos que en la ley
hallamos el cauce que permite conducir sin rencores la expresión de nuestras fuerzas
sociales.
Aún tenemos en esta Asamblea tareas
pendientes. La ciudadanía está atenta a nuestro esfuerzo. Hoy, los diputados priístas
que creemos en México, empeñamos el nuestro.
Muchas gracias.
COMISIONES REGLAMENTARIAS Y
PROTOCOLARIAS
La mesa directiva, con fundamento en
el artículo 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, designa las siguientes comisiones protocolarias:
Para participar que la Cámara de Diputados
cerró su primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVII
Legislatura, al Presidente de la República, se designa a los siguientes diputados:
Salvador Sán- chez Vázquez, Isael Petronio Cantú Nájera, Felipe Urbiola Ledesma, Luis
Patiño Pozas, Clarisa Torres Méndez, Francisco de Souza Machorro, Martín Contreras
Rivera, José Luis López, López, Horacio Veloz Muñoz, Teobaldo López Huertas,
Espiridión Sánchez López, María Martha Veyna Soriano y Gloria Lavara Mejía, todos
ellos miembros de la mesa directiva.
A la Cámara de Senadores se designa a los
diputados: Orlando Paredes Lara, Vicente Fuentes Díaz, Héctor Valdez Romo, Francisco
José Paoli y Bolio y Socorro Aubry Orozco.
A la Suprema Corte de Justicia de la
Nación se designa a los siguientes diputados: Sandra Segura Rangel, Augusto Rafael
Carreón Alvarez, Manuel González Hinojosa y Victorio Montalvo Rojas.
A la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, I Legislatura, se designa a los siguientes diputados: David Cervantes Peredo,
Jorge Tomás Esparza Carlos, María Guadalupe Martínez Cruz y José Luis Bárcena Trejo.
Esta Presidencia informa a las comisiones
de cortesía designadas que oportunamente se dará a conocer la fecha y hora para el
cumplimiento de su cometido. Prosiga la Secretaría.
PALABRAS
DE LA PRESIDENCIA
Honorable Asamblea:
Hoy, 15 de diciembre de 1998, concluye el
primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVII Legislatura
de la Cámara de Diputados, en el que ha vivido con intensidad y dedicación el trabajo
parlamentario.
Se han conocido diversos puntos de vista,
opiniones y posiciones y se ha debatido arduamente sobre asuntos que interesan a la
nación entera.
En este periodo, la LVII Legislatura
aprobó 21 leyes y decretos y 61 permisos constitucionales, durante 47 sesiones y más de
200 horas de trabajo. Asimismo, en el pleno se presentaron y dio trámite a cerca de 900
asuntos generales.
Por cuanto a las iniciativas que conoció
esta legislatura, se registraron 141, de las cuales 123 correspondieron a los diputados
federales. Esto es aproximadamente el 90% del total turnado a comisiones para su trámite
correspondiente.
Durante las sesiones del periodo se
registraron más de 700 intervenciones en tribuna de diputados de todas las fracciones
partidistas, lo cual significa en promedio 15 intervenciones por sesión.
Por todo ello, la mesa directiva que me
honro en presidir quiere agradecer ampliamente el apoyo de las comisiones legislativas, de
la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y de todos los diputados que
incansablemente hacen parte del quehacer histórico parlamentario.
De igual forma quiero hacer un
reconocimiento a la cobertura informativa que realizaron los representantes de los medios
de comunicación y a todo el personal administrativo, asesores, colaboradores, secretarios
técnicos y auxiliares por su valiosa contribución en el apoyo parlamentario.
Finalmente quiero agradecer la valiosa
intervención y auxilio que en todo momento los diputados vicepresidentes y las diputadas
y diputados secretarios brindaron a esta Presidencia.
DECLARATORIA
DE CLAUSURA
| La secretaria
Clarisa Catalina Torres Mendéz: |
Se ruega a los presentes ponerse de
pie.
Hoy, 15 de diciembre de 1998 la
Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, declara
formalmente terminados sus trabajos correspondientes al primer periodo de sesiones
ordinarias del segundo año de ejercicio.
Prosiga la Secretaría.
ACTA
DE LA PRESENTE SESION
| La secretaria
Clarisa Catalina Torres Méndez: |
Por instrucciones de la Presidencia
se solicita la dispensa de la lectura del acta de la sesión del día de hoy, misma que
será distribuida entre todos los diputados.
En votación económica se consulta a la
Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura del acta, señorita Presidenta.
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes quince de diciembre de mil
novecientos noventa y ocho, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del
Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
|
Presidencia de la diputada Gloria Lavara Mejía |
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del martes quince de diciembre
de mil novecientos noventa y ocho, con la asistencia de trescientos cincuenta diputados,
la Presidenta declara abierta la sesión.
Se da lectura al orden del día y la
Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en sus términos, en votación económica.
Se da cuenta con diversas comunicaciones de
los congresos de los estados de:
México, por la que remite punto de acuerdo
solicitando a la Cámara de Diputados, sea considerada una partida específica del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos
noventa y nueve, para cubrir la deuda pública de dicho Estado. Se turna a la Comisión de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública;
Nuevo León, por la que remite punto de
acuerdo aprobado en relación con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y nueve. Se turna a la Comisión de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública;
Querétaro, por la que remite
pronunciamiento aprobado en contra del incremento de los precios en los servicios que
presta el Gobierno Federal, así como de los impuestos. Se turna a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público y
Sinaloa, por la que se remite punto de
acuerdo aprobado en relación a las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y nueve, que
remite la Cámara de Senadores. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público
y a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Memorial de particulares, que envía la
colegisladora
Se da lectura a una comunicación de la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, por la que se proponen cambios en
las mesas directivas de algunas comisiones. Se aprueba en votación económica.
La Secretaría da lectura al informe que
remite el Senado de la República, sobre la Reunión Interparlamentaria México-Italia
sobre alimentación. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Para presentar iniciativas, se concede el
uso de la palabra a los diputados:
Gilberto Parra Rodríguez, del Partido de
la Revolución Democrática, de reformas a los artículos cincuenta y cinco, cincuenta y
siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve-A, sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos,
sesenta y tres, sesenta y cuatro, sesenta y cuatro-A, sesenta y cuatro-B y sesenta y
cuatro-C, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Blanca Rosa García Galván, del Partido
Revolucionario Institucional, de reformas a los artículos nono, veintitrés, setenta y
siete, ochenta y dos, ochenta y tres y ochenta y cinco de la Ley Federal de Armas de Fuego
y Explosivos. Se turna a las comisiones de Justicia y de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido
del Trabajo, de reformas a los artículos ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo y
veintidós y ciento ocho de la Ley del Impuesto sobre la Renta Se turna a las comisiones
de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público.
Durante la intervención de la diputada
Maciel Ortiz, se produce desorden en las afueras del Palacio Legislativo y la Presidenta a
las trece horas con cuarenta y cuatro minutos, ordena un
RECESO
A las diecisiete horas con veintidós
minutos, se reanuda la sesión.
Abraham Bagdadi Estrella, del Partido de la
Revolución Democrática, de reformas a los artículos setenta y tres y setenta y nueve de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y treinta y uno de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales.
|
Presidencia
del diputado Isael Petronio Cantú Nájera |
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola,
del Partido de la Revolución Democrática, de reformas a los artículos ciento ocho de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y primero de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123
constitucional. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
La Secretaría da lectura a una
proposición con punto de acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política, relativo a los apoyos que han de recibir los diputados sin partido. Se aprueba
en votación económica.
|
Presidencia de la diputada Gloria Lavara Mejía |
La Asamblea, en votación económica,
dispensa todos los trámites al dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Ecología y Medio Ambiente, con proyecto de decreto por el que se
adiciona un párrafo quinto al artículo cuarto constitucional y se reforma el párrafo
primero del artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Para fijar posiciones de sus respectivos
grupos parlamentarios, hacen uso de la palabra los diputados: Jorge Alejandro Jiménez
Taboada, del Partido Verde Ecologista de México; Francisco Xavier Salazar Díez de
Sollano, del Partido Acción Nacional
|
Presidencia del diputado Isael Petronio Cantú Nájera |
Y Laura Itzel Castillo Juárez, del
Partido de la Revolución Democrática.
|
Presidencia de la diputada Gloria Lavara Mejía |
El diputado Lino Cárdenas Sandoval,
del Partido Revolucionario Institucional, decide declinar en virtud de que el dictamen de
las comisiones fue aprobado por unanimidad.
La Asamblea, considera suficientemente
discutido el dictamen en lo general y en lo particular y la Secretaría recoge la
votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos diecisiete
votos en pro. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
Continúa con el orden del día y la
Secretaría da cuenta con una minuta del Senado de la República, con la que remite la Ley
Federal de Cinematografía. Se le dispensan todos los trámites y se recoge la votación
nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos setenta y dos votos en
pro y uno en contra. Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos
constitucionales.
Para expresar su opinión respecto a los
trabajos del periodo de sesiones, se concede el uso de la palabra a los diputados: Jorge
Emilio González Martínez, del Partido Verde Ecologista de México; Ricardo Cantú Garza,
del Partido del Trabajo; Carlos Medina Plascencia, del Partido Acción Nacional; Porfirio
Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, del Partido de la Revolución Democrática;
Miguel Sadot Sánchez Carreño, del Partido Revolucionario Institucional.
La mesa directiva designa las comisiones
protocolarias para participar que la Cámara de Diputados cerró su primer periodo de
sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Séptima
Legislatura, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la Cámara de Senadores, a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
Agotados los asuntos en cartera y puestos
todos de pie, la Presidenta declara:
La Cámara de Diputados del Congreso de los
Estados Unidos Mexicanos, cierra hoy, quince de diciembre de mil novecientos noventa y
ocho, sus trabajos correspondientes al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo
año de ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
La Presidenta hace un resumen de los
trabajos y agradece a los diputados miembros de la mesa directiva, a los integrantes de la
legislatura, a los medios de comunicación y a la organización administrativa de la
Cámara, su colaboración para el mejor desempeño de los trabajos de este periodo de
sesiones ordinarias.
En votación económica, la Asamblea
dispensa la lectura del acta de esta sesión y a las veinte horas con quince minutos, se
levanta la sesión y se cita para la de clausura del Congreso General que tendrá lugar de
inmediato.»
Señora Presidenta, se han agotado los
asuntos en cartera.
CLAUSURA
Y CITATORIO
| La Presidenta (a
las 20:15 horas): |
Se levanta la sesión y se ruega a
los legisladores permanecer en sus lugares para iniciar la sesión de Congreso General.
RESUMEN DE TRABAJOS
Tiempo de duración: 7 horas 31 minutos.
Quorum a la apertura de sesión: 350 diputados.
Puntos de acuerdo: 1
Oradores en tribuna: 13
PRI-2; PRD-5; PAN-2; PT-2; PVEM-2.
Serecibio:
1 comunicación del Congreso del Estado de México;
4 oficios de la Cámara de Senadores;
1 comunicación de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política, sobre ajuste a comisiones de trabajo;
1 comunicación del Congreso del Estado de Sinaloa;
3 iniciativas del PRD;
1 iniciativa del PRI;
1 iniciativa del PT;
Minuta reforma la Ley Federal de Cinematografía.
Se aprobó:
Dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Ecología y Medio ambiente, con proyecto de decreto por el que se
adiciona un párrafo quinto al artículo 4o. constitucional y se reforma el párrafo
primero del artículo 25 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos;
Minuta proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de
Cinematografía.
|