DIARIO de los DEBATES

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio

DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora

PRESIDENTE

Diputado Sergio Valdés Arias

DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES

Norberto Reyes Ayala
AÑO II                  México, D.F.,jueves 18 de marzo de 1999              No.3

S U M A R I O

ASISTENCIA

Pag.

15

ORDEN DEL DIA

15
ACTA DE LA SESION ANTERIOR 16
BENITO JUAREZ GARCIA 17
Invitación del Instituto de Cultura de la Ciudad de México, al acto cívico conmemorativo del CXCIII aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas. Se designa comisión que represente a la Cámara de Diputados.
17
CAMARA DE SENADORES 17

Oficio de la colegisladora con el que comunica la mesa directiva que fungirá durante el primer mes de sesiones. De enterado.

17

DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA

17
Ocho oficios de la Comisión Permanente, con los que comunica que los diputados: Fabián Pérez Flores, Leonardo García Camarena, Amira Gricelda Gómez Tueme, Laura Alicia Garza Galindo, José de Jesús González Reyes, Enrique Martínez y Martínez, Braulio Manuel Fernández Aguirre y Angel Aceves Saucedo, solicitaron licencia para separarse de sus cargos. Llámese a los suplentes.


17
DIPUTADOS QUE SE REINCORPORAN 20
Cuatro oficios de la Comisión Permanente, con los que comunica que los diputados: Salvador Sánchez Vázquez, Miguel Angel Navarro Quintero, Fernando Castellanos Pacheco y Francisco Xavier Berganza Escorza, se reincorporan a sus labores legislativas. De enterado.

20
DIPUTADO QUE OPTA POR OTRO CARGO 22
Oficio de la Comisión permanente, con el que comunica que el diputado con licencia Gustavo Guerrero Ramos, opta por el cargo del presidente municipal. De enterado.
22
DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA 22
Oficio de la Comisión Permanente, con el que comunica que se otorgó licencia al diputado Rafael Sánchez Pérez, para separarse de su cargo por tiempo indefinido. De enterado. 22
COMISION PERMANENTE 22
Oficio de la Comisión Permanente, con el que remite informe de actividades realizadas,. De enterado.
22
DIPUTADOS QUE CAMBIAN DE PARTIDO POLITICO 24
Tres oficios de la Comisión Permanente, con los que comunica que los diputados: Maximiano Barbosa Llamas, José Adán Deniz Macías, Miguel Angel Garza Vázquez y Baldemar Dzul Noh, pasan a formar parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. De enterado.

24
DIPUTADOS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN 24
El Presidente designa comisión que introduzca y acompañe en la protesta de ley, a los ciudadanos: Juan Ramón Flores Gutiérrez, Juan Báez Rodríguez, Alejandro Oaxaca Carreón, José Antonio Muñoz Serrano, Francisca Haydée García Acedo y José Laurentino Sánchez Luna, diputados suplentes electos en: segunda circunscripción, V distrito de Estado de Tamaulipas, X distrito del Estado de Puebla, III del Estado de Jalisco, VI distrito del Estado de Baja California y cuarta circunscripción, respectivamente.



24
COMISIONES DE TRABAJO 25
Oficio de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con proposición de cambios en la integración de la mesa directiva de las comisiones de: Hacienda y Crédito Público; Asuntos de la Juventud; Bosques y Selvas y de Comercio, con miembros de los partidos, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo. Aprobado.


25
Comunicaciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, respecto a cambios en la integración de las comisiones de: Ecología y Medio Ambiente; Seguridad Pública; Comunicaciones y Transportes: Gobernación y Puntos Constitucionales; Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y en la Reforma Agraria, con miembros de los partidos Revolucionario Institucional y de Acción Nacional. De enterado.



27
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 30
El diputado Luis Fernando González Corona presenta iniciativa de reformas a dicho ordenamiento, con respecto a las obligaciones tributarias de los contribuyentes y la evasión fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

30
LEY REGLAMENTARIA ARTICULO 74 CONSTITUCIONAL
LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD
Y GASTO PUBLICO FEDERA.
35
El diputado Héctor Francisco Castañeda Jiménez presenta iniciativa de ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo se refiere a la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y de decreto que reforma la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, sobre las facultades del Poder Legislativo para el análisis y discusión de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Se turna a alas comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.




35
CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
40
El diputado Miguel A. Quiroz Pérez presenta iniciativa de reformas a los artículos 27 y 49-C de dicho ordenamiento, sobre los procesos electorales internos de los partidos políticos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

40
LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 44
El diputado José Angel Frausto Ortiz presenta la iniciativa de reformas a dicha ley, con respecto a la elección de director general del Seguro Social y la participación en la asamblea general del instituto a representantes de sectores nacionales. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y a la de Seguridad Social.

44
SORDOS 46
El diputado Gilberto López y Rivas presenta iniciativa de reformas al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de las comunidades de sordos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ay a la de Derechos Humanos.

46
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 50
El diputado Juan José García de Alba Bustamante presenta iniciativa de reformas a diversas disposiciones de dicho ordenamiento, con respecto al gravamen atribuible a las exportaciones indirectas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

50
CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (II)
54
La diputada María Mercedes Maciel Ortiz presenta iniciativa de reformas a diversas disposiciones del Código Federal de institiciones y Procedimientos Electorales, referentes a la coalición de partidos políticos en las elecciones. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

54
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 61
La Secretaría da lectura a una comunicación del Partido de la Revolución Democrática, con la que informa que fue electo el diputado Pablo Gómez Alvarez, como coordinador de dicho grupo parlamentario. De enterado.
61
IMPUESTO AL ACTIVO PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 61
El diputado Gerardo Buganza Salmerón presenta punto de acuerdo en materia de exención del impuesto al activo para alas pequeñas empresas. 61
Dionisio Alfredo Meade y García de León, para rectificar hechos. 62
El punto de acuerdo presentado se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 63
EXPROPIACION PETROLERA 63
Expresan sus opiniones respecto al LXI aniversario de la Expropiación Petrolera, los diputados: 63
Verónica Velasco Rodríguez 63
Juan José Cruz Martínez 65
María del Pilar Guadalupe Valdés y González Salas 66
Francisco de Souza Machorro 68
Rosalinda Banda Gómez 70
DIA DEL ARTESANO 73
A nombre de la Comisión de Artesanías hace uso de la palabra la diputada Cristina Portillo Ayala, para referirse a dicha celebración.
73
INDIGENAS MAZAHUAS 74
Se refieren a la situación socieconómica de dichos indígenas, los diputados: 74
César Lonche Castellanos, quien presenta punto de acuerdo. 75
José Vicente Moreno Peralta 76
César Lonche Castellanos, para contestar alusiones personales. 77
El punto de acuerdo presentado se turna a las comisiones de Asuntos Indígenas, Asuntos Hidráulicos y Desarrollo Social.
77
ESTADO DE MEXICO 77
Sobre la seguridad pública en la zona conurbada del Estado de México, se concede el uso de la palabra a los diputados:
77
David Miguel Noyola Martínez, quien presenta denuncia. 77
Héctor Flavio Valdez García 80
Héctor Guevara Ramírez 80
José Luis Gutiérrez Cureño 83
Eduardo Guadalupe Bernal Martínez 84
Rufino Contreras Velázquez, para rectificar hechos. 88
Héctor Guevara Ramírez, para contestar alusiones personales. 89
Se turna a las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia. 92
ORDEN DEL DIA 93
De la próxima sesión. 93
CLAUSURA Y CITATORIO 93
RESUMEN DE TRABAJOS 94

DIARIO de los DEBATES

Año ll  No.3           SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS       MARZO 18,1999

 

Presidencia del diputado
Orlando Alberto Paredes Lara

ASISTENCIA

El Presidente (a las 11:00 horas):

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.

La secretaria Alma Angelina Vucovich
Seele:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 279 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quorum, señor Presidente.

El Presidente

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

La secretaria Alma Angelina Vucovich
Seele:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVII Legislatura.

Orden del día

Jueves 18 de marzo de 1999.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El Instituto de Cultura de la Ciudad de México invita al acto cívico que con motivo del CXCIII aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, tendrá lugar el 21 de marzo, en el hemiciclo erigido a su memoria en la Alameda Central a las 10:00 horas.

Oficio de la Cámara de Senadores por el que se comunica la mesa directiva para el primer mes del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional.

Oficios de la Comisión Permanente.


Protesta de diputados.

Proposiciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. (Cambio de integrantes de mesas directivas de comisiones.) (Votación.)

Comunicaciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. (Cambios de integrantes de comisiones.)

Comunicaciones del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Iniciativas de diputados

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Fernando González Corona, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se refiere a la Ley de Ingresos de la Federación y de reformas a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, a cargo del diputado Héctor Francisco Castañeda Jiménez, a nombre de la diputación de Jalisco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Miguel Quiroz Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

De reformas a los artículos 259, 267 y se adiciona el 267-bis, de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo del diputado Angel Frausto Ortiz, a nombre de integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De reformas al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de las comunidades de sordos, a cargo del diputado Gilberto López y Rivas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.(Turno a comisión.)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor

Agregado, a cargo del diputado Juan García de Alba, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Proposición

Con punto de acuerdo en materia de exención del impuesto al activo para las pequeñas empresas, a cargo del diputado Gerardo Buganza Salmerón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Agenda política

Comentarios sobre el LXI Aniversario de la Expropiación Petrolera. (Debate pactado.)

Comentarios sobre el Día del Artesano, a cargo de la Comisión de Artesanías.

Comentarios sobre la situación socioeconómica de los indígenas mazahuas, a cargo del diputado César Lonche Castellanos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)

Comentarios sobre seguridad pública en la zona conurbada del Estado de México, a cargo del diputado José Luis Gutiérrez Cureño, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La secretaria Luz del Carmen López Rivera:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión previa de la Cámara de Diputados, celebrada el domingo catorce de marzo de mil novecientos noventa y nueve, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.

Presidencia de la diputada
Gloria Lavara Mejía

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las diecisiete horas con treinta minutos del domingo catorce de marzo de mil novecientos noventa y nueve, con una asistencia de doscientos noventa y cuatro diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y de inmediato se procede a la elección de mesa directiva para el periodo comprendido entre el quince de marzo y el catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve, con el siguiente resultado:

Presidente, Sergio Valdés Arias; vicepresidentes: Orlando Alberto Paredes Lara, María del Carmen Escobedo Pérez, Carlos Francisco Arce Macías, Santiago Gustavo Pedro Cortés y Jorge Alejandro Jiménez Taboada; secretarios: Abraham González Negrete, Alvaro Arceo Corcuera, Julio Castrillón Valdés y Baldemar Dzul Noh; prosecretarios: Lilia Reyes Morales, Alma Angelina Vucovich Seele, José Jesús Montejo Blanco y Luz del Carmen López Rivera, quienes recibieron doscientos cincuenta y seis votos en pro.

La mesa directiva toma posesión de inmediato.

Presidencia del diputado
Sergio Valdés Arias

Puestos todos de pie, el Presidente declara:

La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se declara formalmente instalada, para el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.

El mismo Presidente designa las comisiones protocolarias para participar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Primera Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la apertura formal de los trabajos.


A las dieciocho horas con veintidós minutos, se levanta la sesión previa y se cita para la de Congreso General a las doce horas del lunes quince de marzo de mil novecientos noventa y nueve y a la sesión de Cámara de Diputados, el jueves dieciocho del mismo mes y año, a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

BENITO JUAREZ GARGIA

El secretario Julio Castrillón Valdés:

«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados.- Presente.

El Instituto de Cultura de la Ciudad de México ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CXCIII aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas: licenciado Benito Juárez García (1806-1872), que tendrá lugar en el hemiciclo erigido a su memoria en la Alameda Central, delegación Cuauhtémoc, el día domingo 21 de marzo a las 10:00 horas.

Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa Cámara que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El director general, Alejandro Aura.»

El Presidente

En representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Clarisa Catalina Torres Méndez, Agustín Miguel Alonso Raya, Pedro Salcedo y Porfirio Durán.

CAMARA DE SENADORES

El secretario José Jesús Montejo
Blanco:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento a lo que disponen los artículos 65 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 16 y 24 del Reglamento para el Gobierno Interior, nos permitimos comunicar a ustedes que en sesión previa celebrada el día de hoy, la Cámara de Senadores de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, eligió la mesa directiva que funcionará durante el primer mes correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional, quedando integrada como sigue:

Senadores: Juan Antonio García Villa, presidente; Víctor H. Isla Hernández y Auldárico Hernández Gerónimo, vicepresidentes; Jesús Padilla Padilla, Tarcisio Rodríguez Martínez, Layda Sansores San Román, Graciela Larios Rivas, secretarios; Pedro de León Sánchez, Ana Rosa Payán Cervera, Magno Garcimarrero Ochoa y Acela Servín Murrieta, prosecretarios.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 5 de marzo de 1999.- Senadores: Jesús Padilla Padilla y Graciela Larios Rivas, secretarios.»

De enterado.

DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA

El secretario Baldemar Dzul Noh:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados .- Presentes.

15,16 y 17

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia del diputado Fabián Pérez Flores y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

"Unico. Se concede licencia al diputado Fabián Pérez Flores, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la cuarta circunscripción, para estar en posibilidades de desempeñar un cargo dentro de la administración pública del Estado de Tlaxcala, a partir de esta fecha y durante al tiempo que dure el encargo."

La Secretaría dictó el siguiente trámite: "aprobado comuníquese a la Cámara de Diputados".

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

México, D.F., a 13 de enero de 1999.- Senadores: Guadalupe Gómez Maganda y Francisco Molina Ruiz, secretarios.»

El Presidente

Llámese al suplente.

La secretaria María del Carmen Escobedo
Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia del diputado Leonardo García Camarena y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

"Unico. Se concede licencia al diputado Leonardo García Camarena, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el III distrito electoral del Estado de Jalisco, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la administración pública del Estado de Jalisco, a partir del 31 de enero de 1999 y durante el tiempo que dure el encargo."

La Secretaría dictó el siguiente trámite: "aprobado, comuníquese a la Cámara de Diputados".

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

México, D.F., a 27 de enero de 1999.- Diputado Felipe Vicencio Alvarez y senador Francisco Molina Ruiz, secretarios.»

El Presidente

Llámese al suplente.

El secretario Julio Castrillón Valdés:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de la diputada federal Amira Gricelda Gómez   Tueme, y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

"Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Amira Gricelda Gómez Tueme para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la Segunda Circunscripción, a partir de esta fecha."

La Secretaría dictó el siguiente trámite: "aprobado, comuníquese a la Cámara de Diputados".

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

México, D.F., a 3 de febrero de 1999.- Diputado Carlos Jiménez Macías y senadora Guadalupe Gómez Maganda, secretarios.»

El Presidente

Llámese al suplente.

La secretaria Alma Angelina Vucovich
Seele:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia de la diputada Laura Alicia Garza Galindo y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

"Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Laura Alicia Garza Galindo, para separarse de sus funciones como diputado federal, electa en el V distrito electoral del Estado de Tamaulipas, a partir de esta fecha".

La Secretaría dictó el siguiente trámite: "aprobado, comuníquese a la Cámara de Diputados".

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

México, D.F., a 3 de febrero de 1999.- Diputado Carlos Jiménez Macías y senadora Guadalupe Gómez Maganda, secretarios.»

El Presidente

Llámese al suplente.

La secretaria Lilia Reyes Morales:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia del diputado José de Jesús González Reyes y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
"Unico. Se concede licencia al diputado José de Jesús González Reyes, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el VI distrito del Estado de Baja California, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la administración pública del Estado de Baja California, a partir de esta fecha y durante el tiempo que dure el encargo."

La Secretaría dictó el siguiente trámite: "aprobado, comuníquese a la Cámara de Diputados".

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 3 de febrero de 1999.- Diputado Carlos Jiménez Macías y la senadora Guadalupe Gómez Maganda, secretarios.»

El Presidente

Llámese al suplente.

El secretario diputado Abraham González
Negrete:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia del diputado Enrique Martínez y Martínez y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

"Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Enrique Martínez y Martínez, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el VII distrito del Estado de Coahuila, a partir de esta fecha."

La Secretaría dictó el siguiente trámite: "aprobado, comuníquese a la Cámara de Diputados".


Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.

México, D.F., a 20 de enero de 1999.- Senadora Guadalupe Gómez Maganda y el diputado Carlos Jiménez Macías, secretarios.»

El Presidente

Llámese al suplente.

El secretario José Jesús Montejo
Blanco:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanentes.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia del diputado Braulio Manuel Fernández Aguirre y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

"Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Braulio Manuel Fernández Aguirre para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el V distrito del Estado de Coahuila, a partir de esta fecha."

La Secretaría dictó el siguiente trámite: "aprobado, comuníquese a la Cámara de Diputados".

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 20 de enero de 1999.- Senadora Guadalupe Gómez Maganda y diputado Carlos Jiménez Macías, secretarios.»

El Presidente

Llámese al suplente.

El secretario Baldemar Dzul Noh:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia del diputado Angel Aceves Saucedo y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

"Unico. se concede licencia al diputado Angel Aceves Saucedo, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la IV circunscripción plurinominal, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la Administración Pública Federal, a partir de esta fecha y durante el tiempo que dure su encargo."

La Secretaría dictó el siguiente trámite: "aprobado, comuníquese a la Cámara de Diputados".

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.

México, D.F., a 3 de marzo de 1999- Diputado Felipe Vicencio Alvarez y senador Francisco Molina Ruiz, secretarios.»

El Presidente

Llámese al suplente.

DIPUTADOS QUE REINCORPORAN

La secretaria Lilia Reyes Morales:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de fecha 8 de febrero del año en curso, del diputado Salvador Sánchez Vázquez, por el que comunica
que da por terminada la licencia que se le concedió y se reincorpora a sus actividades legislativas como diputado federal.

18,19 y 20

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "de enterado y se le tiene por reincorporado a sus actividades legislativas, comuníquese a la Cámara de Diputados".

Lo que hacemos de su conocimiento para los fines legales a que haya lugar.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

México, D.F., a 10 de febrero de 1999.- Diputado Carlos Jiménez Macías; senadora Guadalupe Gómez Maganda, secretarios.»

De enterado.

El secretario Julio Castrillón Valdés:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de fecha 8 de febrero del año en curso, del diputado Miguel Angel Navarro Quintero, por el que comunica que da por terminada la licencia que se le concedió y se reincorpora a sus actividades legislativas como diputado federal.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "se le tiene por reincorporado a sus actividades legislativas. Comuníquese a la Cámara de Diputados".

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 10 de febrero de 1999.- Diputado Carlos Jiménez Macías; senadora Guadalupe Gómez Maganda, secretarios.»

De enterado.

La secretaria Alma Angelina Vucovich
Seele:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de fecha 10 de febrero del año en curso, del diputado Fernando Castellanos Pacheco, por el que comunica que da por terminada la licencia que se le concedió y se reincorpora a sus actividades legislativas como diputado federal.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "de enterado y se le tiene por reincorporado a sus actividades legislativas. Comuníquese a la Cámara de Diputados".

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 17 de febrero de 1999.- Diputado Carlos Jiménez Macías; senadora Guadalupe Gómez Maganda, secretarios.»

De enterado.

La secretaria Luz del Carmen López Rivera:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de fecha 26 de febrero del año en curso, del diputado Francisco Xavier Berganza Escorza, por el que comunica que da por terminada la licencia que se le concedió y se reincorpora a sus actividades legislativas como diputado federal.


La Presidencia dictó el siguiente trámite: "de enterado y se le tiene por reincorporado a sus actividades legislativas. Comuníquese a la Cámara de Diputados".

Lo que hacemos de su conocimiento para los fines legales a que haya lugar.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

México, D.F., a 10 de marzo de 1999.- Diputado Carlos Jiménez Macías; senadora Guadalupe Gómez Maganda, secretarios.»

De enterado.


DIPUTADO QUE OPTA POR OTRO CARGO

El secretario Abraham González Negrete:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio del diputado Gustavo A. Guerrero Ramos, de fecha 14 de diciembre del año próximo pasado, en el que comunica que de acuerdo con el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, opta por el cargo de presidente municipal, que ejercerá a partir del 1o. de enero de 1999.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "de enterado y comuníquese a la honorable Cámara de Diputados".

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

México, D.F., a 7 de enero de 1999.- Diputado Carlos Jiménez Macías, senador Francisco Molina Ruiz, secretarios.

De enterado.


DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El secretario José Jesús Montejo
Blanco:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencias del diputado Rafael Sánchez y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

"Unico.Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Rafael Sánchez Pérez, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el XI distrito electoral del Estado de Jalisco, a partir del 1o. de enero de 1999."

La Secretaría dicto el siguiente trámite: "aprobado comuniquese a la Cámara de Diputados".

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 23 de diciembre de 1998.- Senador Francisco Molina Ruiz, diputado Felipe Vicencio Alvarez, secretarios.»

De enterado.

COMISION PERMANENTE

El secretario Baldemar Dzul Noh:

Se va a dar lectura a una comunicación.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.

Tenemos el honor de remitir a ustedes el informe de las actividades realizadas por la honorable Comisión Permanente, durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LVII
Legislatura, con el que se dio cuenta en al sesión celebrada en esta fecha.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "de enterado, insértese en el Diario de los Debates y remítase a las cámaras de Diputados y Senadores".

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

México, D.F., a 15 de marzo de 1999.- Senadora Guadalupe Gómez Maganda, diputado Felipe Vicencio Alvarez, secretarios.»

«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LVII Legislatura.

Informe de labores
(Del 15 de diciembre de 1998 al 15 de marzo de 1999.)

Sesiones realizadas (1 reunión con el presidente de la República de Finlandia): 1

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 18

Comunicaciones de congresos (de las cuales 18 se turnan a comisiones): 67

Comunicaciones del gobierno del Distrito Federal: 1

Condecoraciones, permiso para aceptar y usar: 59

Cónsules generales de México, nombramiento de: 4

Cónsul honorario, permiso para aceptar y desempeñar el cargo: 5

Fallecimiento de diputado, anuncio: 1

Diputados que cambian de partido político: 4

Diputado que opta por otro cargo: 1

Diputados que solicitan licencia: 12

Diputados que se reincorporan: 4

Embajador extraordinario y plenipotenciario, nombramiento de: 3

Prestar servicios en representaciones diplomáticas, permiso para: 103
Dejar de prestar servicios en representaciones diplomáticas, anuncio: 12

Excitativas a comisiones: 1

Grados militares, ratificación de (156 hojas de servicios se turnaron al Senado de la República): 47

Junta de gobierno del Banco de México, nombramiento de miembro: 1

Magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación, nombramiento: 5

Minutos de silencio: 2

Permiso a Presidente para ausentarse del territorio nacional: 1

Puntos de acuerdo: 15

Reformas constitucionales, declaratorias de: 2

Fallecimiento de senador, anuncio: 1

Senador que opta por otro cargo: 1

Senadores que solicitan licencia: 2

Senadores que se reincorporan: 3

Visitantes distinguidos (presidente de la República de Finlandia): 1

Iniciativas presentadas: 9

Temas de agenda política.

Los tratados con mayor frecuencia y participantes, fueron:

Procesos electorales locales: en cuatro ocasiones con 17 oradores;

Sector eléctrico: en tres ocasiones con 14 oradores;

Distrito Federal, problemas de endeudamiento y acciones de legisladores locales: en tres ocasiones con 10 oradores;

Poder Ejecutivo Federal, declaraciones realizadas: en tres ocasiones con 10 oradores.

Oradores en tribuna: 172
(PRI-51; PAN-44; PRD-59; PT-17; PVEM-2)

Horas transcurridas: 41 horas 54 minutos.»

De enterado.

21,22 y 23

DIPUTADO QUE CAMBIA DE PARTIDO
POLITICO

La secretaria Lilia Reyes Morales:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha, la Comisión Permanente dio cuenta con el oficio de fecha 16 de diciembre del año próximo pasado, del diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, mediante el cual informa la decisión de su grupo de admitir como integrantes del mismo, a los diputados Maximiano Barbosa Llamas y José Adán Deniz Macías.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "de enterado y comuníquese a la honorable Cámara de diputados."

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 13 de enero de 1999. Diputado Carlos Jiménez Macías y senadora Guadalupe Gómez Maganda, secretarios.»


«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha, la Comisión Permanente dio cuenta con el oficio de fecha 2 de marzo de año próximo pasado, del diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, mediante el cual informa la decisión de su grupo de admitir como integrante del mismo, al diputado Miguel Angel Garza Vázquez.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "de enterado y comuníquese a la Cámara de Diputados".
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México D.F., a 3 de marzo de 1999.- Senadora Guadalupe Gómez Maganda y diputado Carlos Jiménez Macías, secretarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha, la Comisión Permanente dio cuenta con el oficio de fecha 18 de febrero del año próximo pasado, del diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, mediante el cual informa la decisión de su grupo, de admitir como integrante del mismo al diputado Baldemar Dzul Noh.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "de enterado y comuníquese a la Cámara de Diputados".

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 23 de febrero de 1999.- Senadora Guadalupe Gómez Maganda y diputado Carlos Jiménez Macías, secretarios.»

De enterado.

DIPUTADOS SUPLENTES QUE SE
INCORPORAN

El Presidente:

Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos: Juan Ramón Flores Gutiérrez, Juan Báez Rodríguez, Alejandro Oaxaca Carreón, José Antonio Muñoz Serrano, Francisca Haydee García Acedo y José Laurentino Sánchez Luna, diputados suplentes electos en los distritos: segunda circunscripción plurinominal, V del Estado de Tamaulipas, X del Estado de Puebla, III del Estado de Jalisco, VI de Baja California y cuarta circunscripción plurinominal.

Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir su protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados:Rosalinda Banda Gómez, América Soto López, Roselía Margarita Barajas Olea, Constancio Ríos Sánchez y Baldemar Dzul Noh.

El secretario Julio Castrillón Valdés:

Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente:

Ciudadanos: Juan Ramón Flores Gutiérrez, Juan Báez Rodríguez, Alejandro Oaxaca Carreón, José Antonio Muñoz Serrano, Francisca Haydée García Acedo y José Laurentino Sánchez Luna:

¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputados que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación?

Los diputados suplentes:

¡Sí, protestamos!

El Presidente:

¡Si así no lo hicieran, que la nación se los demande!

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.


COMISIONES DE TRABAJO

La secretaria Alma Angelina Vucovich
Seele:

Se va a dar lectura a varias comunicaciones.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.


Diputado Sergio Valdés Arias, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 27 incisos b y d; 34, 45 fracciones I y VI y 47 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá encontrar el siguiente documento signado por el diputado Arturo Núñez Jiménez coordinador del grupo parlamentario del PRI, donde solicita cambios en comisiones.

Que el diputado Dionisio Alfredo Meade y García de León sustituye al diputado Angel Aceves Saucedo en la presidencia de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Que el diputado Raúl Martínez Almazán sustituye al diputado Dionisio Alfredo Meade y García de León en la secretaría de la Comisión de Hacienda y Crédito Publico.

Lo anterior, para que se le dé el trámite correspondiente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 17 de marzo de 1999.- Adrián Michel Espino, secretario técnico de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Emilio González Martínez, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.- Presente.


Por este conducto solicito a usted de la manera más atenta, tenga a bien realizar el trámite correspondiente ante el presidente de la mesa directiva de esta Cámara, para que a su vez someta a la consideración del pleno, las siguientes propuestas del grupo parlamentario del PRI en la integración de la Comisión de Hacienda y Crédito Público:

1. El diputado Dionisio Alfredo Meade y García de León sustituye en la presidencia de la citada comisión al diputado Angel Aceves Saucedo.

2. El diputado Raúl Martínez Almazán sustituye en la secretaría de la misma, al diputado Dionisio Alfredo Meade y García de León.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 17 de marzo de 1999.- Diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.- Presente.

Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 27 incisos b y d; 34, 45 fracciones I y VI y 47 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá encontrar el siguiente documento signado por el diputado J. Jesús Martín del Campo Castañeda, vicecoordinador de proceso legislativo del grupo parlamentario del PRD, donde solicita cambios en comisiones. Lo anterior, para que se le dé el trámite correspondiente.

Que el diputado Primitivo Ortega Olays sustituye al diputado Mariano Sánchez Farías, en la Secretaría de la Comisión de Asuntos de la Juventud.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., 21 de diciembre de 1998.- Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.»

«Diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por este conducto le informo a usted que el diputado Primitivo Ortega Olays se incorporará como secretario de la Comisión de Asuntos de la Juventud, en sustitución del diputado Mariano Sánchez Farías. Lo anterior para los avisos que sean pertinentes.

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, D.F., a 21 de diciembre de 1998.- Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.

Diputado Sergio Valdés Arias, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 27 incisos b y d; 34, 45 fracciones I y VI y 47 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la
sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá encontrar los siguientes documentos signados por el diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del PT, donde solicita cambios en comisiones.

24,25 y 26

Que el diputado Miguel Angel Garza Vázquez, se integre como secretario en la Comisión de Bosques y Selvas.

Que el diputado Maximiano Barbosa Llamas, se integre como secretario de la Comisión de Comercio.

Lo anterior, para que se le dé el trámite correspondiente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 17 de marzo de 1999.- Adrián Michel Espino, secretario técnico de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.

Diputado Jorge Emilio González Martínez, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a sus finas atenciones con el propósito de hacer de su conocimiento que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha determinado integrar como secretario de la Comisión de Bosques y Selvas, al diputado Miguel Angel Garza Vázquez.

Sin más, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

México, D.F., a 16 de marzo de 1999.- Diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»


«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.

Diputado Jorge Emilio González Martínez, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a sus finas atenciones con el propósito de hacer de su conocimiento que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha determinado integrar como secretario de la Comisión de Comercio, al diputado Maximiano Barbosa Llamas.

Sin más, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

México, D.F., a 16 de marzo de 1999.- Diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»

En votación económica se pregunta si se aprueban las proposiciones.

Los diputados que esten por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobadas.

«Diputado Porfirio Muñoz Ledo presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.- Presente.

Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 34, 27 incisos b y d, y 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones; Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá encontrar el siguiente documento signado por el diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, donde solicita cambios en comisiones. Lo anterior para que se le dé el trámite correspondiente.

Que la diputada Arely Madrid Tovilla, sustituye al diputado Francisco Javier Martínez Zorrilla Rabelo, en la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.

Que la diputada Arely Madrid Tovilla, sustituye al diputado Isidro Ismael Cigarroa Villarreal, en la Comisión de Seguridad Pública.

Que el diputado Agustín Santiago Albores, sustituye al diputado Wintilo Vega Murillo, en la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo , México, D.F., a 21 de diciembre de 1998.- Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Al Presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento las sustituciones de diputados priístas en las siguientes comisiones ordinarias:

La diputada Arely Madrid Tovilla, sustituye al diputado Francisco Javier Martínez Zorrilla Rabelo, en la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.

La diputada Arely Madrid Tovilla, sustituye a Isidro Ismael Cigarroa Villarreal, en la Comisión de Seguridad Pública.

El diputado Agustín Santiago Albores, sustituye al diputado Wintilo Vega Murillo, en la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 16 de diciembre de 1998.- Diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»


«Diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.- Presente.

Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 34, 27 incisos b y d y 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá encontrar el siguiente documento signado por el diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, donde solicita cambios en comisiones.

Que el diputado Fidel Herrera Beltrán dejará de ser miembro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y se integrará a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, en sustitución del diputado Dionisio Alfredo Meade y García de León.

Lo anterior, para el trámite correspondiente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 30 de diciembre de 1998.- Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Al Presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que en sustitución del diputado Dionisio Alfredo Meade y García de León en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, se integrará el diputado Fidel Herrera Beltrán, quien dejará de ser miembro de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales por parte del grupo parlamentario del PRI.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 30 de diciembre de 1998.- Diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

«Diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.- Presente.

Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 34, 27 incisos b y d, 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá encontrar el siguiente documento signado por el diputado Arturo Nuñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, donde solicita cambios en comisiones.

Que la diputada Clarisa Catalina Torres Méndez sustituirá en la Comisión de Programación Presupuesto y Cuenta Pública al diputado Fidel Herrera Beltrán, quien a su vez se integrará a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Lo anterior, para el trámite correspondiente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., 7 de enero de 1999.- Enrique León Martínez, secretario técnico de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Al Presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que la diputada Clarisa Catalina Torres Méndez sustituirá en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública al diputado Fidel Herrera Beltrán, quien a su vez se integrará a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales por parte del grupo parlamentario del PRI.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 4 de enero de 1999.- Diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Emilio González Martínez, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que en sustitución de la diputada Laura Alicia Garza Galindo, en la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda se integrará el diputado Jaime Hugo Talancón Escobedo, por parte del grupo parlamentario del PRI.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 2 de marzo de 1999.- Diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.

Diputado Sergio Valdés Arias, presidente de la mesa directiva de Cámara de Diputados.- Presente.

Con fundamento por lo dispuesto en los artículos, 27 incisos b y d; 34 y 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la sesión

27,28 y 29

efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá encontrar los siguientes documentos signados por el diputado Francisco José Paoli y Bolio subcoordinador del grupo parlamentario del PAN, donde solicita cambios en comisiones.

Que el diputado Antonio Galaviz Oláis, sustituye al diputado Jeffrey Jones Jones, en la Comisión de Reforma Agraria.

Lo anterior, para que se le dé el tramite correspondientes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., 17 de marzo de 1999.- Adrián Michel Espino, secretario técnico de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.»

De enterado.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Fernando González Corona, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

El diputado Luis Fernando González
Corona:

Con su permiso, señor Presidente:

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Los suscritos, diputados a la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 73 fracciones XXIX y XXX, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión, a través de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, conforme a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestro grupo parlamentario se mantiene en diálogo permanente con contribuyentes, asociaciones de profesionistas, cámaras y organismos empresariales, así como con  instituciones académicas con el propósito de conocer sus opiniones, inquietudes y reclamos en materia hacendaria. Este diálogo nos ha sido útil para confirmar que el paquete de reformas aprobadas, requiere de adecuaciones inmediatas de algunos aspectos cuyo impacto fiscal es mínimo o incluso nulo.

Por lo que se refiere al contenido de las propuestas:

Artículo 22.

Para Acción Nacional la evasión fiscal atenta directamente contra el principio más elemental de justicia que debe observar un sistema fiscal, toda vez que obliga al Estado a concentrar la carga fiscal en los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales en beneficio de México.

En diciembre pasado, el Ejecutivo Federal sugirió a esta honorable Asamblea una adición al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, a fin de facultar a las autoridades fiscales para requerir al contribuyente que garantice, por un periodo de seis meses, el monto equivalente al que este último haya solicitado con motivo de una devolución fiscal, ya sea por saldos a favor o por pagos indebidos.

La propuesta del Ejecutivo fue rechazada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por considerar que implica un costo financiero innecesario para el contribuyente que, en todo su derecho, solicita la devolución de sus impuestos. La intervención de nuestros legisladores logró acotar la propuesta del Ejecutivo, de manera que el requisito de garantía del interés fiscal aplicara únicamente cuando el contribuyente solicitara devoluciones en montos superiores al 20% del promedio actualizado
de devoluciones obtenidas en los últimos 12 meses. La resolución Miscelánea Fiscal emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 1999 liberó al contribuyente del requisito de garantía bajo ciertas condiciones, sin embargo, estas reglas son insuficientes.

Por lo que proponemos la derogación de los párrafos cuarto, quinto y sexto de este artículo.

Artículo 26.

Con el objeto de combatir la evasión fiscal el Ejecutivo Federal propuso incluir como obligados solidarios a la sociedad que administre o los propietarios de los inmuebles afectos al servicio turístico de tiempo compartido prestado por residentes en el extranjero; a los fabricantes, productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas y a los asociados, respecto de las contribuciones que se hubiera causado en relación con las actividades realizadas por el asociante mediante la asociación en participación.

Esto quebranta el principio de justicia, ya que el contribuyente es el encargado de enterar sus contribuciones y los solidarios quedarían en un segundo plano, pero la realidad es otra, la SHCP es quien decide a quien cobrarle y afecta a las empresas o sociedades que se enumeran en las fracciones mencionadas, toda vez que a la SHCP le conviene cobrar primero al de mayor ingreso, en este caso las empresas o sociedades mencionadas; éste es el punto donde quedan afectadas ya que enterarían obligaciones que no tienen contempladas y quedarían en insolvencia, recaerían en quiebra y por último se extinguirá dicha empresa.

Los contribuyentes recientemente contemplados en las fracciones XV, XVI y XVII del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación no deben ser obligados solidarios, salvo cuando esta obligación derive de la voluntad de las partes, debido a que no tienen una relación directa con el contribuyente en cuestión. Razón por la que proponemos se deroguen las fracciones XV, XVI y XVII de este artículo.

Artículo 27.

Las disposiciones recientemente instrumentadas en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, consisten primordialmente en establecer la obligación de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes para los socios y accionistas de las personas morales, así como para las personas que hubiesen adquirido sus acciones a través de mercados de amplia bursatilidad, también para el asociante y el asociado (tratándose de contratos de asociación en participación), únicamente exceptuando a aquellos socios o accionistas de personas morales no contribuyentes; asimismo, establecen la obligación por parte de los fedatarios públicos de asentar, en las actas constitutivas y demás actas de asamblea, la clave del RFC correspondiente a cada uno de los socios.

La medidas anteriormente citadas, lejos de fomentar la simplificación administrativa para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, crea un ambiente complejo, obstaculizado y burocrático. Adicionalmente, no considera la variada naturaleza de las personas morales, como son contribuyentes residentes en el extranjero, menores de edad representados por un tutor o representante legal, las sociedades en comunidades rurales.

Por lo anterior proponemos la derogación de los párrafos cuarto, quinto, sexto y octavo de este artículo.

Artículo 49.

La fracción II del artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, señala en su fracción II, que las visitas domiciliarias para la expedición de comprobantes fiscales o la presentación de solicitudes o avisos del Registro Federal de Contribuyentes, podrán realizarse por el visitador a través de quien se encuentre al frente del establecimiento, en caso de no encontrar al visitado o su representante legal.

Es importante señalar que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo deduce que la notificación que se ordene realizar en forma personal en un procedimiento, debe entenderse directamente con la persona a quien se dirige o en su defecto con su representante legal y para el caso que no se localice en la primera búsqueda, debe dejarse citatorio con la persona con quien se encuentre en el domicilio perteneciente al notificado, con el propósito de que al día siguiente se practique la citada notificación; por tanto, si consta en el procedimiento administrativo que la notificación se entendió con persona distinta al interesado y a su representante legal, sin que exista
previo citatorio, es evidente que la notificación infringe la legalidad.

La fracción II del artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, de manera incongruente y creando un estado de inseguridad jurídica, no establece la necesidad del procedimiento antes mencionado, dejando en estado de indefensión al visitado si la diligencia se realiza con quien se encuentre en el establecimiento donde deba practicarse, sin que previamente se le deje citatorio por no encontrarse en el momento de presentarse los visitadores, en virtud de que, es imposible establecer con certeza a qué persona se le hizo la notificación e incluso si ésta tiene alguna cercanía comprobada con el visitado.

La seguridad jurídica que establece la notificación, como fin principal del derecho, es la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques, de la autoridad o de cualquier individuo o que, si éstos llegan a producirse, le será asegurada por la sociedad la protección y reparación.

De lo anteriormente expuesto, se deduce que la notificación que se ordene realizar en forma personal en dicho procedimiento, debe entenderse directamente con la persona a quien se dirige o en su defecto con su representante legal, pero nunca con la persona que se encuentre al frente del establecimiento, a menos de que no se localice al visitado en la primera búsqueda, deberá dejarse citatorio con la persona que se encuentre en el domicilio señalado, con el propósito de que al día siguiente se practique la citada notificación; por tanto cuando conste en el procedimiento que la notificación se entendió con persona distinta al interesado y a su representante legal, sin que exista previo citatorio, será evidente que tal notificación infringirá lo dispuesto en el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación.

Dicho lo anterior proponemos la modificación del párrafo segundo de este artículo.

Artículos 91-A y 91-B.

El 13 de noviembre del año pasado fue presentada ante esta soberanía una iniciativa de decreto tendente a modificar disposiciones fiscales. En el texto mencionado se proponía establecer la responsabilidad solidaria de los contadores públicos que dictaminen estados financieros para efectos fiscales, respecto de las omisiones de contribuciones que no se hubiesen formulado en el dictamen, cuando se compruebe que las pruebas selectivas se llevaron a cabo sin cumplir las normas y procedimientos de auditoría. Dicha propuesta formaba parte de una serie de medidas que el propio Ejecutivo enviaba al Congreso con la intención de combatir la evasión y la elusión fiscal. La propuesta original del Ejecutivo, en virtud de la cual se reformaba el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, para el efecto descrito no prosperó, sin embargo fue aprobada por el Congreso de la Unión la adición de dos artículos que tienden a generar un exceso de cargas sobre los contadores públicos que emitan dictámenes de estados financieros con fines fiscales, con la intención aparente de imprimir una presión en el profesionista contable a efecto de sancionar ciertas conductas omisivas de parte de éstos.

El legislador incurrió en un error al pretender imponer en los contadores públicos mexicanos una carga de coadyuvancia con la autoridad fiscal. Lo anterior implica un despropósito tanto legal como constitucional, ya que limita seriamente una serie de garantías individuales como lo es la libertad de profesión, al generar una obligación de fiscalización indebida para el profesionista o el principio de legalidad, al imponerse una carga sin la existencia de un procedimiento claro y expedito que dé una oportunidad de defensa a los profesionistas.

Esta medida legislativa ha sido objeto de diversas críticas, desde aquellas que la consideran como una disposición inocua por su escasa efectividad, así como una forma equivocada de generar un sistema fiscal sano, transparente y respetuoso de la dignidad de la profesión.

A este propósito se han pronunciado los contadores públicos desde el Colegio de Contadores Públicos de México, cuando su presidente ha dicho lo siguiente:

"...Tanto el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, como el Colegio de Contadores Públicos y todos los demás colegios de la República, en total 60, con 17 mil afiliados, estamos en absoluto desacuerdo en que sí se nos haya impuesto la aplicación de sanciones o multas sobre impuestos supuestamente omitidos, cuando a juicio y criterio de la autoridad seconsidere que el contador público dictaminador no aplicó las normas y procedimientos de auditoría, lo que lleva a una aplicación discrecional y conflictiva de las autoridades, pues mientras se enjuicien con carácter subjetivo y no con base en el marco de normas que basen las reglas del juego de ambos, habrá obligatorias diferencias de criterios."

30,31 y 32

Los legisladores, como representantes del pueblo, tenemos la obligación de ser sensibles a todas las expresiones de quienes forman parte del todo nacional. En esta ocasión, el gremio de contadores públicos ha expresado un reclamo que nos parece prudente atender, en virtud de que se pone en juego uno de los vínculos más delicados entre gobernados y gobernantes: la confianza recíproca.

Artículo 92.

El Código Fiscal de la Federación vigente dispone en la fracciones II y III del artículo 92, que "para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este capítulo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

I. Formule querella tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado.

II. Declare que el fisco federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en lo establecido en los artículos 102 y 115".

Como puede observarse de la lectura de las fracciones de dicha disposición, se abre una enorme puerta a favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que pueda por la vía administrativa, y paralelamente por la vía penal, presionar al contribuyente a realizar una serie de obligaciones, que no exactamente puedan constituir delito, ocasionando una gran carga para éste, que ante la presión ejercida opte por darle una solución más pronta a su situación jurídica mediante el pago de contribuciones alegadas por la Secretaría, que muchas de las veces es más preferible, que la incertidumbre jurídica por la que atraviesa, sin que ello signifique de ningún modo el reconocimiento de haber cometido un ilícito.
Efectivamente es de todos conocido, que el contribuyente ante la amenaza de una averiguación penal en su contra y ante el temor probable de ser sujeto a proceso penal o bien ya estando sujeto a él, en su calidad de "probable responsable de defraudación fiscal", opte por llegar a un arreglo con la Secretaría de Hacienda, mediante el pago de contribuciones exigidas, que no acreditadas, a cambio de que ésta solicite el sobreseimiento del proceso, facultad que se otorga en términos del propio artículo 92 al disponer en su párrafo tercero: "los procesos por los delitos fiscales a que se refieren las tres fracciones anteriores de este artículo se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos..."

Consideramos que este esquema normativo es pernicioso para la seguridad jurídica del contribuyente, más aún si se establece que para proceder penalmente por los delitos fiscales, se necesite "previamente" que la Secretaría "declare que el fisco ha sufrido o pudo sufrir perjuicio", resulta un sinsentido que esto pueda quedar efectivamente acreditado, si "previamente" no se ha agotado el procedimiento administrativo, además de que la autoridad objetivamente debe determinar que existió la intencionalidad del contribuyente para cometerlo, ya que si bien se puede omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución, no puede hacerse tabla rasa de que existió la intención o dolo para ello, por lo que consideramos injusto cargar al contribuyente en primera instancia un proceso penal, sin haberse agotado el procedimiento administrativo, ya que esto permitirá a su vez como lo han sostenido otros, diferenciar al deudor culposo del evasor fiscal.

Insistimos, no puede verse el sistema penal como primer y fundamental instrumento en la solución de los conflictos fiscales, sino como una instancia posterior al procedimiento administrativo, luego que la autoridad tenga elementos de juicio suficientes para estar en aptitud de decidir que se está, en efecto, ante un evasor fiscal; es decir, ante un sujeto al que se le puede imputar un ilícito penal y no una simple sanción administrativa.

En este sentido se propone reformar la fracción II del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación a fin de establecer que para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en el propio Código, será necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público previamente haya agotado el procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado contra el contribuyente.

Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Fiscal de la Federación

Artículo primero. Se derogan los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 22, para quedar como sigue:

Artículo 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(párrafos cuarto a sexto derogados).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo segundo. Se derogan las fracciones XV, XVI y XVII, del artículo 26 para quedar como sigue:

Artículo 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la XIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XV a XVII. (Derogadas.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo tercero. Se derogan los párrafos segundo, tercero, cuarto y octavo del artículo 27 para quedar como sigue:

Artículo 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Párrafos segundo al cuarto derogados.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Derogado.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo cuarto. Se reforman la fracción II del artículo 49, para quedar en los siguientes términos.


Artículo 49. Para los efectos de lo dispuesto.

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. AI presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, entregarán la orden de verificación al visitado o a su representante legal y para el caso que no se encuentre uno u otro en la primer búsqueda, se le dejará citatorio en el domicilio con una persona mayor de edad, procediéndose, en lo conducente, de acuerdo a las formalidades previstas para notificaciones personales en el artículo 137 de este código.

III a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo quinto. Se derogan los artículos 91-A y 91-B para quedar como siguen.

Artículo 91-A (Derogado.)

Artículo 91-B (Derogado.)

Artículo sexto. Se reforma la fracción I del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114, una vez agotado el procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado.

II a la III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para aquellos casos en que se haya garantizado el interés fiscal, con antelación a la publicación del presente decreto y exclusivamente en los términos de lo dispuesto en los párrafos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación que deroga el presente decreto, bajo cualquiera de las modalidades de garantía que prevé el artículo 141 del citado código y conforme a las reglas generales emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la
resolución Miscelánea Fiscal para 1999, el contribuyente podrá proceder a retirar la garantía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de marzo de 1999.- Diputado Fortunato Alvarez Enríquez.»

El Presidente:

Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público.


LEY REGLAMENTARIA
ARTICULO 74 CONSTITUCIONAL
LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD
Y GASTO PUBLUICO

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Héctor Francisco Castañeda Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Héctor Francisco Castañeda
Jiménez:

«Ciudadano Presidente y ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

Los que suscribimos, diputados del Estado de Jalisco integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en lo previsto por los artículos 55 facción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presentamos ante el pleno de esta Cámara una iniciativa de ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En lo que se refiere a la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y de decreto de reformas a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en tal virtud

CONSIDERANDO

Que dentro del sistema de división de poderes consignado en nuestra Constitución Política, encontramos una variedad de atribuciones y facultades para los diversos órganos de autoridad, entre las que destacan las referentes a las finanzas públicas de la Federación. Existe una serie de ellas que se relacionan con el denominado Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación.

En vinculación a ambos, nuestra Ley Fundamental señala una serie de situaciones que, de alguna manera, distinguen los actos que en relación a ellos se llevan a cabo dentro del Congreso General, sea en una de sus cámaras o en ambas.

En efecto, el artículo 74 constitucional en su fracción IV, determina que es la Cámara de Diputados la que mediante un decreto debe aprobar el Presupuesto de Egresos y que con prioridad temporal en relación a la colegisladora, debe analizar la iniciativa de Ley de Ingresos que presenta el Ejecutivo Federal y que el único facultado para presentar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, es el Ejecutivo Federal. El mencionado precepto señala, además, que la Ley de Ingresos de la Federación deberá ser presentada a más tardar en una fecha prefijada (15 de noviembre ó 15 de diciembre, según corresponda) y, como la citada Ley de Ingresos presupone un Presupuesto de Egresos el cual estará destinada a realizar, se entiende que dicho presupuesto ha de ser presentado de manera simultánea o con anterioridad a la ley.

Destacamos que la Constitución Política del país pone énfasis en lo que a egresos e ingresos de la Federación se refiere, señalando órganos con atribuciones específicas y momentos de actuación determinados, porque el tema de las finanzas públicas es por demás importante para una nación. La importancia deviene de la finalidad última de los ingresos que, indiscutiblemente, debe ser el bienestar público o social.

Nadie es ajeno a la importancia que tiene el tema. No obstante, la misma doctrina es variada en su tratamiento y en el planteamiento armónico del caso. En nuestra particular concepción ocurre lo siguiente. La Ley Fundamental otorga de manera exclusiva al Ejecutivo la prerrogativa (derecho-obligación) de presentar año con año, respecto de la Federación, el proyecto de Presupuesto de Ingresos y la iniciativa de Ley de Ingresos que son los instrumentos jurídicos que soportan las finanzas públicas de la Federación en un año determinado.

33,34 y 35

La Constitución dispone que tanto el proyecto de Presupuesto de Egresos como la iniciativa de la Ley de Ingresos, sean presentados ante la Cámara de Diputados del Congreso General y aunque doctrinalmente se ha criticado, la prioridad de conocimiento que tiene la Cámara de Diputados tiene su razón y sentido. En efecto, la ley suprema determina que el Presupuesto de Egresos ha de ser aprobado sólo por la Cámara de Diputados quien, también, tiene que conocer de la iniciativa de Ley de Ingresos en primer término, es decir, antes que la Cámara de Senadores. La prioridad que se ha establecido no es algo caprichoso del constituyente, sino una secuencia lógico-jurídica porque el Presupuesto de Egresos que aprueba la Cámara de Diputados será la medida y término de los ingresos que la Federación requiera, por tanto el estudio, discusión y aprobación de la iniciativa de Ley de Ingresos estará subordinada a lo que se haya resuelto con relación al Presupuesto de Egresos; es por eso que, en esta materia, la Cámara de Senadores no tiene la misma situación en lo que atañe a la iniciativa de Ley de Ingresos.

La secuencia lógica que nos da la Constitución en el artículo 74 con relación a este tema, podría ser representado de la manera siguiente: presentación ante la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egresos y de la iniciativa de Ley de Ingresos, examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos, examen, discusión de la iniciativa de Ley de Ingresos, aprobación del Presupuesto de Egresos y aprobación camaral de la iniciativa de Ley de Ingresos, envío de la iniciativa de Ley de Ingresos a la Cámara de Senadores, examen discusión y aprobación del Senado acerca de la iniciativa de Ley de Ingresos con apoyo en el Presupuesto de Egresos previamente aprobado por la Cámara de Diputados.

Como puede apreciarse de lo anterior, la Cámara de Diputados juega el papel protagónico en lo que a aprobación del Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos se refiere. Por eso mismo, le corresponde a ella tomar la posición central en estos temas.

A nadie es extraño que en los últimos años, tanto el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación como la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, se han visto retardados en su análisis y aprobación, debido a una serie de circunstancias que, en última instancia, calificó como el juego democrático de las diferentes fuerzas políticas del país. No obstante, es menester considerar que en el espíritu y en el pensamiento del Constituyente estuvo la idea de que el citado presupuesto y la citada ley, deberían estar aprobados oportunamente y, en su caso, a más tardar el último día del año inmediato anterior al que se refieren. He aquí, entonces, dos cuestiones básicas: la actividad democrática y la necesidad impostergable de contar con los elementos directrices de las finanzas públicas de la Federación, ambas en el primer nivel de importancia en la vida política de cualquier Estado.

Hemos vivido las circunstancias en las cuales un proyecto de Presupuesto de Egresos y una iniciativa de Ley de Ingresos, no son aprobados con la prontitud con que hubiera querido el Constituyente de 1917. No pretendemos enjuiciar la conducta de ninguno de los poderes involucrados en los procedimientos sino, simplemente, señalar el hecho mismo como una realidad que ninguna persona puede negar. Por lo tanto, es un acto ineludible de responsabilidad pública que los integrantes de los órganos de autoridad que participan en esa aprobación, hagamos conciencia de lo que significa aprobar de manera inoportuna ambos instrumentos. Es evidente que las consecuencias de ello no son algo fácilmente concretizable y sujeto a medición, pero no por esta situación se han de soslayar; creemos que es algo claro que ante la tardanza en la aprobación, se presentan en el país una serie de diversos fenómenos económicos que van desde el pequeño "nerviosismo en los mercados" hasta verdaderos desajustes en la vida económica y en la política financiera del país.

Como se ha mencionado, no se busca encontrar o señalar culpables de tal o cual evento, sino de proponer medidas para hacer frente a diversas situaciones que seguramente se presentarán con mayor frecuencia en el futuro inmediato. Esas situaciones son las siguientes:


a) La no aprobación del Presupuesto de Egresos y/o de la iniciativa de Ley de Ingresos y


b) La aprobación fuera de año, del Presupuesto de Egresos y/o de la Ley de Ingresos.

El análisis de estas situaciones nos obligó a llevar a cabo un análisis del marco normativo constitucional, principalmente el artículo 74 fracción IV y en el entendido de que en lo esencial dicho esquema no tiene por qué ser modificado pues, como se dice, hace referencia a lo principal, se estimó que la vía adecuada para presentar planteamientos debería ser a nivel de ley secundaria. En efecto, no es posible que con tanta frecuencia se estén planteando reformas, modificaciones, adiciones o derogaciones a la Constitución Política y creo que la solución la debemos encontrar a partir de las leyes secundarias que ya existen y en el ejercicio de la facultad de reglamentar las disposiciones constitucionales con que cuenta el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Entrar a un proceso de modificación de la norma fundamental es retardar la solución del problema porque, ese procedimiento es complejo, tardado y sujeto a pasiones y tendencias políticas y partidistas y, lo más importante, es innecesario, dado que la solución está a nivel de ley secundaria.

La reforma a la ley fundamental estaría justificada y sería la vía correcta, si se pretendiera modificar el esquema sustancial que actualmente está previsto en ella, a manera de ejemplo, que no fuera el Ejecutivo el único que pudiera presentar el Presupuesto de Egresos y la iniciativa de Ley de Ingresos; que el Presupuesto de Egresos también fuera examinado, discutido y aprobado por la Cámara de Senadores; que el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos tuviera un periodo de vida superior al que tiene, es decir, que esos instrumentos jurídico-económicos tuvieran un plazo de vigencia de entre dos a seis años. Pero no es el caso.

De ahí que la vía obligada sea necesariamente la que se ubica en el nivel de la ley secundaria y, por ende, hablaremos de la actual Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y de una eventual ley que reglamente el párrafo cuarto del artículo 74 en lo que atañe a la iniciativa de Ley de Ingresos, proponiendo lo que a nuestro juicio resulta indispensable para brindar la certeza financiera que los tiempos reclaman.

En la actualidad la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal prevé algunas situaciones en referencia a la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación, pero justo es reconocer y recordar las enseñanzas de los juristas, que un ordenamiento jurídico es reflejo de las circunstancias imperantes en el momento de su elaboración y, tratándose del que se comenta (1976), no estaba la referente a la eventual no aprobación del Presupuesto de Egresos o su aprobación fuera del año en curso.

Si se considera que es razonable y necesario contar con disposiciones legales que sirven de instrumento para hacer frente a las situaciones de referencia, existen dos acciones para ello; la primera de ellas, reformar la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; la segunda, crear una ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 74 constitucional en lo que se refiere a la iniciativa de Ley de Ingresos. La experiencia en el trabajo legislativo nos ha demostrado que la reforma de un ordenamiento vigente es algo más dúctil que la creación de todo un nuevo ordenamiento. Siendo así y, dado que lo que nos motiva a llevar a cabo estos planteamientos es la agilización de todo un proceso, hemos optado por seguir el camino más práctico y sugerir en el mismo momento la creación de un nuevo ordenamiento para la iniciativa de la Ley de Ingresos y para el Presupuesto de Egresos, adiciones a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, para que, mediante diversos artículos con numeral 24, para que exista certeza jurídica ante las situaciones que hemos venido mencionando.

No es posible y no se puede permitir que el país enfrente falta de certeza y seguridad económicas, ante eventos que pudieran llegar, inclusive, a provocar que el Presupuesto de Egresos o la Ley de Ingresos no fueran emitidos. Una legislatura federal como es la actual, deberá impedir que se llegue a una situación de esa naturaleza y, por ello, debe anticiparse a los acontecimientos con la creación de disposiciones jurídicas al respecto. No se trata de suprimir ni la facultad de la Cámara de Diputados, para examinar, discutir y aprobar cada año el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ni de suprimir la facultad del Congreso General para aprobar la Ley de Ingresos
de la Federación, sino sólo de otorgar un efecto extratemporal a estos instrumentos legales ante situaciones de suyo extraordinarias.

Conviene precisar, además, que es prudente incorporar en la ley reglamentaria que se propone y en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, preceptos a través de los cuales se reconozca de manera expresa que la Cámara de Diputados, en el examen, discusión y aprobación de la iniciativa de la Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, tiene, no una facultad cerrada de aprobarlo o desaprobarlo, sino de llevar a cabo las modificaciones que considere convenientes en cualquiera de sus rubros sin necesidad de que el Ejecutivo Federal modifique su inicial propuesta. Se trata de evitar que las observaciones de la Cámara de Diputados deban ser de alguna manera aprobadas por otro poder y se reconozca que se trata de un alto órgano decisorio en la materia.

Por las consideraciones antes mencionadas, sometemos ante esta soberanía, la presente

INICIATIVA

De ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo tocante a la iniciativa de Ley de Ingresos.

Artículo 1o. Esta ley es de orden público y sus disposiciones reglamentan lo relativo a la conformación, presentación, examen, discusión y aprobación de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación.

Artículo 2o. En la conformación de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, el Ejecutivo Federal hará la previsión pertinente para que, ante eventuales circunstancias, la Ley de Ingresos pueda tener aplicación durante dos o tres años.

Artículo 3o. El Ejecutivo Federal a partir del mes de septiembre de cada año, periódicamente y hasta la fecha constitucional de su presentación, hará del conocimiento de la Cámara de Diputados los avances que tuviere acerca de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación.


Artículo 4o. Para los efectos del artículo que antecede, la comunicación entre el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados se llevará a cabo por medio del Secretario de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Hacienda.

Artículo 5o. La iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación deberá presentarse en el plazo constitucionalmente previsto, salvo el caso en que fuere ampliado por la Cámara de Diputados o por la Comisión Permanente.

La autorización de ampliación del plazo que la Cámara de Diputados o la Comisión Permanente concedan para la presentación de la Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos, señalará la fecha límite que el Ejecutivo Federal tendrá para hacerlo.

Artículo 6o. La aprobación de la Ley de Ingresos se hará, sustancialmente, en concordancia al Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados.

Artículo 7o. La Ley de Ingresos anterior a la iniciativa que se presente, seguirá teniendo vigencia cuando se presente alguna de las circunstancias que se enlistan:

a) Cuando por cualquier motivo, llegado el 31 de diciembre no hubiere sido aprobada por el Congreso.

b) Cuando la Cámara de Diputados o la Comisión Permanente hubieren autorizado para su presentación, un plazo que exceda al 31 de diciembre si, llegada esta fecha, no se hubiere presentado ante aquella.

c) Cuando no se presente en los plazos constitucionalmente dispuestos para ello.

En el supuesto previsto en el inciso a, la Ley de Ingresos anterior seguirá teniendo efectos provisionales, hasta el momento en que llegare a aprobarse la iniciativa que se encuentre en examen y discusión.

En el supuesto previsto en el inciso b, la Ley de Ingresos anterior seguirá teniendo efectos provisionales, hasta el momento en que llegare a aprobarse la iniciativa que dentro de la ampliación del plazo se hubiere presentado.

En los supuestos previstos en el inciso c, la Ley de Ingresos anterior tendrá efectos durante todo el nuevo ejercicio.

36,37 y 38


Artículo 8o.
En los casos contemplados en el artículo que antecede, tendrá aplicación provisional o definitiva, el Presupuesto de Egresos
que corresponda al mismo ejercicio de la Ley de Ingresos cuya vigencia se prorrogue, salvo el caso de que esa Ley de Ingresos sea compatible con el nuevo Presupuesto de Egresos a juicio de la Cámara de Diputados mediante decreto que al efecto emita.

El Ejecutivo Federal podrá compensar partidas del Presupuesto de Egresos anterior, para hacer frente a gastos que representen intereses prioritarios para la nación mexicana.

Artículo 9o. En el examen y discusión de la iniciativa de Ley de Ingresos, la Cámara de Diputados podrá llevar a cabo las modificaciones que estime convenientes, sin necesidad de que el Ejecutivo las incorpore a su proyecto.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Iniciativa de decreto que adiciona y reforma la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Artículo primero. Se adiciona la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, con los artículos 24-bis-1 a 24-bis-4, que integrarán el Capítulo III denominado "del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ante el órgano legislativo",  recorriéndose los subsecuentes capítulos en su número.

Artículo segundo. Los artículos 24-bis-1 a 24-bis-4 que se incorporan en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, quedan con el siguiente texto:

Artículo 24-bis-1. En los casos en que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación deba ser presentado a más tardar el día 15 del mes de noviembre, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anticipará a la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, los aspectos fundamentales de dicho presupuesto y los que se estimen de mayor trascendencia o dificultad, con la finalidad de que la Cámara cuente oportunamente con los elementos necesarios para discutirlo y aprobarlo. Esto deberá cumplirse a partir del mes de septiembre.

Artículo 24-bis-2. En el caso en que la Cámara de Diputados no apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación o el Congreso General no apruebe la Ley de Ingresos de la Federación, a más tardar el último día del año inmediato anterior al ejercicio que correspondan o no se presentare alguno de ellos, se entenderá aprobado provisionalmente un Presupuesto de Egresos de la Federación, en los mismos términos del último Presupuesto de Egresos aprobado, salvo disposición en contrario.

Artículo 24-bis-3. El Presupuesto de Egresos de la Federación no podrá exceder de las provisiones contempladas en la Ley de Ingresos que deba regir en el mismo ejercicio.

Artículo 24-bis-4. A partir del mes de septiembre en que el Ejecutivo anticipe los aspectos primordiales del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de Diputados hará las recomendaciones que considere convenientes.

En el examen, discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de Diputados podrá llevar a cabo las modificaciones que estime convenientes sin necesidad de que el Ejecutivo Federal modifique el proyecto original.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

México, D.F., a 16 de marzo de 1999.- Diputados: Francisco Javier Santillán Oceguera, Héctor F. Castañeda Jiménez, Francisco Javier Morales Aceves, Teresa Núñez Casas, Juan García de Quevedo Baeza, Héctor R. González Machuca y Salvador Rizo Ayala.»

El Presidente:

Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Se encuentran de visita en esta sesión de Cámara, 34 estudiantes de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, invitados del diputado Javier Corral Jurado; así también,

representantes de las tribus indias del Río Colorado de los Estados Unidos de América, señor David Harper, señor Wally Anton y señora Susan Smith, invitados de la Comisión de Asuntos Fronterizos.

¡Bienvenidos!

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Miguel Quiroz Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Miguel Angel Quiroz Pérez:

Con su venia, señor Presidente; señores secretarios de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión; compañeras y compañeros diputados:

"El suscrito diputado Miguel Quiroz Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad de iniciativa que me otorga el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de la Comisión Permanente que usted preside durante el actual receso legislativo, presento a los secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de reforma legal a los artículos 27 y 49-C del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con base en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La democracia es un producto social e histórico que involucra diversos aspectos de nuestra convivencia y en todos ellos contribuye a asegurar la armonía, mediante la salvaguarda de valores esenciales como la libertad, la igualdad, la equidad, la justicia y la tolerancia.

Históricamente, la democracia está vinculada al Gobierno de algunas comunidades conocidas como ciudades-estado en la Grecia antigua, como una forma de participación ciudadana directa en la decisión de los asuntos de la colectividad. El crecimiento poblacional y la complejidad de los asuntos públicos, aunado al surgimiento y evolución del Estado moderno, hizo necesario un entramado de relaciones sociales expresado al interior del Estado como sistema de representación política compuesto, principalmente, de un sistema de partidos y de un sistema electoral.

La democracia no se circunscribe a los asuntos de gobierno y menos aún, se limita a las cuestiones electorales en el caso de las llamadas democracias representativas, consecuencia de la referida evolución del Estado moderno.

El origen histórico de los partidos políticos, por su parte, como ahora los concebimos, se encuentra necesariamente asociado a la representación política, como elemento fundamental que permite el ejercicio de la soberanía popular y la formación del Estado democrático de derecho, a grado tal que las democracias contemporáneas son consideradas como tales, sólo a partir de un sistema de partidos, caracterizado por la competencia leal entre éstos para la obtención y el ejercicio del poder público.

Desde luego que la competencia de los partidos políticos por el poder público, sólo puede ser socialmente útil si se cubren dos requisitos esenciales, uno de los cuales ya ha sido mencionado: la actitud de lealtad de cada uno de ellos hacia el conjunto. Lealtad que se materializa en el cumplimiento exacto y puntual de la constitucionalidad y la legalidad aplicables a la materia electoral. Por eso sostenemos que la cultura política democrática pasa necesariamente por una cultura de la legalidad electoral.

Pero también existe otro requisito que se expresa frente a la ciudadanía que forma parte de los propios partidos políticos, que le dan sustento y fuerza política, que constituye sus bases militantes que le permiten llevar sus ideas, principios y programas al conjunto del electorado.

En nuestra experiencia histórica, la figura jurídica de los partidos políticos aparece por primera vez con la Ley Electoral promulgada por el presidente Francisco I. Madero en 1911. En la reforma de 1912 a dicho ordenamiento jurídico electoral, se estableció igualmente, por primera vez, el voto directo para la elección de diputados y senadores. Sería hasta el texto original de la Constitución de 1917, donde se plasmó la elección directa del titular del Poder Ejecutivo Federal.

La regulación constitucional de los partidos políticos en nuestro país, ocurrió a partir de la reforma de 1977. A la fecha, los partidos políticos son considerados por el artículo 41 fracción I de nuestra Ley Fundamental, como entidades de interés público cuyo fin es el de "promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo". Al efecto, señala el mismo ordenamiento constitucional, que "la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral".

La íntima vinculación entre sistema electoral y sistema de partidos queda de manifiesto en nuestra historia legislativa, a través de la presencia activa que los partidos políticos han tenido en todos los momentos del proceso electoral, a partir de la Ley Electoral de 1911, pero particularmente con la Ley Electoral Federal de 1946, misma que definió la existencia de una autoridad electoral federal, en cuya integración participaron los partidos políticos en tanto que tales y a través de los legisladores federales surgidos de sus filas.

La doctrina en materia de derecho electoral señala que la integración de la autoridad electoral federal ha pasado por tres etapas: una primera de descentralización y dispersión sin una autoridad central, una segunda de centralización a partir de 1946 y la etapa actual caracterizada por una autoridad electoral que se ha pretendido que sea autónoma e independiente, etapa iniciada en 1989-1990 con la creación del Instituto Federal Electoral.

Esta etapa ha conocido su propia evolución con motivo de la integración del órgano superior de dirección de la autoridad electoral, notablemente con la salida del representante del Poder Ejecutivo Federal como integrante de dicho órgano superior de dirección, con la supresión del derecho de voto a los representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo, así como con la creación de las figuras de consejeros magistrados, consejeros ciudadanos y actualmente, de consejeros electorales, con el propósito hasta ahora infructuoso de que estos consejeros electorales pudiesen garantizar de manera efectiva la autonomía e independencia de la autoridad responsable de organizar las elecciones federales.

Por ello, los legisladores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fecha 13 de diciembre de 1998, presentamos ante el pleno de la Cámara de Diputados la correspondiente iniciativa de reforma constitucional para asegurar de manera más efectiva y cierta la autonomía e independencia del Instituto Federal Electoral, mediante la creación de la figura de los consejeros jurisdiccionales que sustituyan a los actuales consejeros electorales, así como la introducción del voto ponderado a los representantes de los partidos políticos, en el seno del consejo general del instituto.

La vocación democrática y democratizadora del Partido Revolucionario Institucional es un hecho político e histórico, materializado en las reformas electorales, constitucionales y legales, a las que brevemente he aludido.

Al respecto, siempre es conveniente reiterar ante la nación que si dichas reformas constitucionales y legales fueron aprobadas, reformas que de manera indiscutible e inobjetable han perfeccionado y fortalecido nuestra democracia representativa, sus instituciones y procedimientos electorales, ha sido gracias a la mayoría calificada que ha tenido nuestro partido en ambas cámaras del Congreso de la Unión y en las legislaturas de los estados de la República, en el momento de haber sido aprobadas.

Más aún, esa vocación del Partido Revolucionario Institucional se ha manifestado también mediante el perfeccionamiento de sus procedimientos internos. En efecto, no sería congruente que los partidos políticos, nacionales o locales, formulen propuestas de fortalecimiento democrático en su competencia frente a otros partidos y dejen de hacerlo para efectos de la competencia al interior de los propios partidos.

39,40 y 41

 

Es por ello que al suscribir la presente iniciativa de reforma legal, propongo impulsar, fortalecer y perfeccionar los procesos de democracia interna en todos los partidos políticos. Al efecto, propongo una fórmula específica para que todos los partidos transparenten el origen de los recursos aplicados a las campañas electorales internas para la postulación de candidatos a cargos de elección popular. Más aún, que sea el Instituto Federal Electoral el que supervise la procedencia legal de dichos recursos.

Asimismo, que se apliquen al ámbito partidista y en los casos procedentes, los principios constitucionales que regulan la competencia entre los partidos políticos, en los términos que los propios partidos determinen en sus estatutos y demás ordenamientos internos.

Se trata de establecer en la legislación electoral vigente mediante una fórmula adecuada, que las normas estatutarias deberán sentar de manera inequívoca las reglas que permitan una competencia en las votaciones internas en condiciones de mayor transparencia, sin menoscabo de la unidad partidista.

Las modificaciones que ahora propongo no implican una previa reforma constitucional, puesto que como anteriormente lo he señalado, al invocar lo dispuesto en el artículo 41 constitucional fracción I, respecto de los partidos políticos concebidos como entidades de interés público, es la ley la que determina las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.

Lo anterior implica, por una parte, que el Instituto Federal Electoral ponga a disposición de los partidos políticos el padrón electoral de los ciudadanos mexicanos y las correspondientes listas nominales de electores. El padrón electoral es un instrumento de la democracia mexicana, tanto en lo que corresponde a los procesos electorales federales y locales, como a los procesos electorales al interior de los partidos. En consecuencia, dicho instrumento debe estar a disposición de los partidos políticos para efectuar sus respectivas consultas directas a sus bases, cuando éstos así lo determinen.

Por otra parte, es indispensable que en los procesos electorales internos se mantengan y apliquen al ámbito específico de los partidos políticos, los principios rectores de la función estatal electoral, a saber: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; asimismo, los principios de igualdad y de equidad, reconocidos también a nivel de la Constitución Federal de la República, por cuanto se refiere al acceso al financiamiento partidista de las campañas electorales internas. Algunas regulaciones aplicables a la competencia entre partidos deben ser trasladadas y aplicadas a la competencia al interior de los partidos políticos, cuando las condiciones de la competencia entre sus militantes así lo requiera.

Puesto que no tiene caso normar puntualmente la aplicación de los principios mencionados cuando los partidos políticos compiten entre sí en el proceso electoral federal, si no se regula su aplicación cuando los militantes de dichos partidos compiten al interior de los mismos mediante procesos electorales, cuyas actividades de movilización ciudadana tienen un impacto evidente en el subsecuente proceso electoral federal.

Los procesos de selección interna de candidatos a los cargos de elección popular mencionados, por ningún motivo deben ser expresiones de caudillismos, cacicazgos, autoritarismos ni estar al servicio de la falsificación vía la mercadotecnia electoral ni avasallados por contribuciones anónimas, vergonzantes e incluso, en ocasiones, francamente ilegales.

En consecuencia, corresponde a los partidos políticos nacionales regular esos procesos electorales internos a partir de un pronunciamiento claro y preciso de la ley. Se trata de principios que la ley exprese, materializados en procedimientos que los estatutos de los partidos definan y que los militantes y simpatizantes supervisen con su participación y con su voto a favor o en contra del precandidato y de los partidos políticos que dejen de observar dichos principios rectores de la función electoral al interior de los partidos. Mayor confianza ciudadana merecerán los partidos políticos cuyos procedimientos democráticos internos sean más transparentes.

La regulación jurídica de los partidos ha establecido principios generales por cuanto a su estructura y funcionamiento, cuidando en todo momento que dichas organizaciones de ciudadanos realicen sus actividades con la mayor libertad, autonomía e independencia de los poderes públicos, cuya intervención en el funcionamiento de los mismos significaría un grave riesgo para la vida democrática.


Los diferentes partidos políticos cuyos militantes ocupan cargos de gobierno, enfrentan cotidianamente el desafío de mantener dicha autonomía e independencia ciudadana frente a los poderes públicos a cuya integración contribuyeron en el proceso electoral  correspondiente. Distinguir claramente entre la función de partido y la función de gobierno, es un reto que enfrenta cualquier partido con la responsabilidad de gobernar. La distinción auténtica y transparente, sujeta siempre al escrutinio público, es un elemento fundamental para mantener y fortalecer la democracia nacional.

Señalar principios rectores de la función electoral al interior de los partidos políticos, por su parte, refuerza la posibilidad de ejercer dichas libertades y derechos políticos con autonomía, independencia y transparencia.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de la Cámara de Diputados, en su calidad de cámara de origen, la presente iniciativa con

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorles.

Artículo único. Se reforma el inciso d del párrafo primero del artículo 27; se adiciona un nuevo inciso e, al párrafo primero del artículo 27, con el consecuente corrimiento de los actuales párrafos e, f y g, que pasan a ser f, g y h; se adiciona un nuevo texto al artículo 49-C actualmente derogado, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 27.

1. Los estatutos establecerán:

a) a c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Las normas para la postulación democrática de sus candidatos. En los procesos electorales internos, los partidos políticos podrán utilizar el padrón electoral y las listas nominales con la fotografía del elector.

e) Las normas para regular el registro de precandidaturas, financiamiento y transparencia del mismo, periodos y topes de campaña, acceso a los medios de comunicación, solución de controversias y demás relativas a los procesos electorales internos;

f) La obligación de presentar una plataforma electoral...;

g) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir... y

h) Las sanciones aplicables...

Artículo 49-C.

1.
Cuando los métodos de selección interna de candidatos que los partidos políticos lleven a cabo impliquen procesos electorales con campañas de promoción del voto, así como la obtención y aplicación de recursos económicos, los estatutos y demás ordenamientos que definen la normatividad interior de los partidos políticos, deberán establecer los procedimientos para garantizar el cumplimiento de los principios rectores de la función estatal electoral aplicables al ámbito de los partidos políticos, en los términos previstos en el artículo 27.1.e, de este código.

2. En los procesos electorales internos se aplicarán los principios constitucionales de igualdad y de equidad cuando exista financiamiento partidista a las campañas correspondientes.

3. En el caso del financiamiento de los procesos electorales internos para postular candidatos a cargos de elección popular, el Instituto Federal Electoral, a través de sus órganos competentes, vigilará la legal procedencia de dicho financiamiento. La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas elaborará los formularios y revisará los informes correspondientes, conforme a los lineamientos que al efecto establezca el consejo general del instituto.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las disposiciones del presente decreto.

Recinto Legislativo de San Lázaro, 18 de marzo de 1999.- Diputado Miguel Angel Quiroz Pérez.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Angel Frausto Ortiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El diputado José Angel Frausto Ortiz:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

«Iniciativa de reforma a los artículos 259, 267 y adición al artículo 267-bis de la Ley del Seguro Social.

Honorable Asamblea: los suscritos, diputados a la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II, 56, 57 y 58 del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la Asamblea de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa que reforma los artículos 259, 267 y adiciona el 267-bis de la Ley del Seguro Social:

La iniciativa tiene como fin contribuir en la flexibilización y democratización de la Ley del Seguro Social al cambiar el procedimiento de elección de director general del Instituto y al incorporar en la asamblea general del Instituto a los representantes de los sectores de todas las organizaciones nacionales.

EXPOSICION DE MOTIVOS

México ha experimentado grandes cambios en las últimas décadas, su estructura política, económica y social se ha caracterizado por una apertura, pluralidad y cada vez mayor participación de los diferentes actores de la sociedad que han marcado el camino hacia la democracia.

En el ámbito de la seguridad social y especialmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social se marcó un profundo cambio a partir de la nueva Ley del Seguro Social, que fue aprobada en diciembre de 1995, con la que se propuso darle proyección al futuro del Instituto y ampliar la protección a más mexicanos, atacando el grave problema de la inviabilidad financiera, especialmente en el ámbito de las pensiones y ofrecer un servicio satisfactorio a las necesidades de los mexicanos, mediante una modificación sustancial en las formas de financiar los cinco seguros que contenía el régimen de seguridad social y con ello actualizarlo a la realidad del país.

Es por esto que en este marco de cambios, la sociedad mexicana exige hoy un Seguro Social fortalecido, organizado y prestando un servicio eficiente y de calidad.

Sin embargo las modificaciones que se han hecho al marco legal, en la ley del Instituto, no han logrado alcanzar plenamente los objetivos planteados y aún encontramos gran deficiencia en la prestación de sus servicios y en sus mecanismos internos para la toma de decisiones, así como incertidumbre en el nuevo sis-tema de pensiones. Por esto, con la presente iniciativa, apoyamos el fortalecimiento y modernización del Instituto, lo que finalmente se verá reflejado en una mejoría de su administración y ésta a su vez en el servicio que se dé al derechohabiente.

Esta modernización exige que la toma de decisiones sea flexible y descentralizada y dado el carácter tripartita de la Institución, se hace necesario que la ley establezca con toda claridad la forma de designar los miembros de las organizaciones patronales y de los trabajadores dentro de la asamblea general.

42,43 y 44

Actualmente consigna en el artículo 259 como facultad del Ejecutivo establecer las bases para determinar las organizaciones tanto patronales como de trabajadores que deban intervenir en la designación de miembros de la asamblea y así en el decreto del 10 de junio de 1974 el Ejecutivo estableció que los trabajadores estarían representados solamente por la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y la Confederación Regional Obrera Mexicana estableciendo respectivamente siete, dos y un representante ante la asamblea. Por parte de los empleadores facultó para tener representatividad a la Confederación de Cámaras Industriales y a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio con seis y cuatro miembros respectivamente.

Consideramos que dentro de un proceso democratizador todas las organizaciones de trabajadores y empleadores debidamente constituídas y registradas ante la autoridad correspondiente deben estar en posibilidad de representar a su sector siendo precisamente ellas quienes nombren a los integrantes en la asamblea, con lo que se fortalecerá al instituto y asegurará su vida en el futuro.

Asimismo, es de vital importancia para la vida del Seguro Social que la persona que ocupe la dirección general, sea nombrado por la asamblea general en votación directa a propuesta de los sectores que lo conforman y no como lo marca actualmente el artículo 267 en el que se faculta al Presidente de la República para su nombramiento.

Asimismo, dada la importancia y trascendencia que representa ese puesto, debe ser ocupado por personas con un perfil profesional muy específico, por lo que proponemos adicionar el artículo 267-bis, en donde se establecen los requisitos mínimos con los que debe contar el candidato que habrá de desempeñarlo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se reforman los artículos 259, 267 y adición del 267-bis de la Ley del Seguro Social.

TITULO CUARTO

Del Instituto Mexicano
del Seguro Social

CAPITULO II

De la asamblea general

Artículo 259. Para determinar las designaciones de las organizaciones patronales y de los trabajadores como miembros de la asamblea general, cada sector tomará en cuenta todas las organizaciones de carácter nacional que estén debidamente constituidas y registradas ante las autoridades correspondientes y procurará llegar a un consenso en sus propuestas, de no ser posible, se remitirán todas las propuestas al Ejecutivo Federal, para que de éstas, proponga una lista que deberá ser ratificada por la mayoría de los organismos de cada sector, se dará preferencia en cada caso a las personas con más solvencia moral, reconocimiento y trayectoria, así como conocimiento y dominio del campo.

CAPITULO V

De la dirección general

Artículo 267. El director general deberá ser nombrado por la asamblea general en votación directa a propuesta de los tres sectores que integran el instituto.

Artículo 267-bis. Son requisitos para ser director general del instituto los siguientes:

I. Ser mexicano por nacimiento.

II. Gozar de reconocida probidad, en pleno ejercicio de sus derechos.

III. Ser mayor de 35 años de edad.

IV. Tener título profesional, reconocidos méritos, así como probada experiencia en la administración y prestación de servicios, objeto de la institución.


V. No tener o haber tenido cargo o representación popular o de dirigente de partido
político, cuando menos durante los 12 meses anteriores al de su elección. De igual manera, no ser ni haber sido representante sindical de los trabajadores de la institución.

El director durará en su cargo cinco años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. La revocación de su nombramiento sólo procederá por causa grave, de acuerdo con lo previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo primero. Se deroga el decreto que establece las bases para la designación de los miembros de la asamblea general del Instituto Mexicano del Seguro Social emitido por el Ejecutivo Federal el 10 de junio de 1974.

Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones contrarias a la presente de ley.

Artículo tercero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo cuarto. Los miembros que estén actualmente en la asamblea permanecerán en ella hasta el término de su cargo.

San Lázaro, D.F., a 18 de marzo de 1999.- Diputados: Angel Frausto Ortiz, Javier Paz Zarza, Gustavo Espinosa Plata, Sergio Antonio Salazar Salazar, Emilio González Márquez, José Antonio Alvarez Hernández, José Jesús Montejo Blanco, Marco Antonio Adame Castillo, Francisco Vera González, José de Jesús Torres León, Héctor Flavio Valdez García.»

El Presidente:

Túrnese a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

SORDOS

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Gilberto López y Rivas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de las comunidades de sordos.

Damos la bienvenida a 10 invitados especiales del diputado Gilberto López y Rivas.

El diputado Gilberto López y Rivas:

Las grandes esperanzas de cambio en el Congreso, la posibilidad de modificar una práctica legislativa viciada de origen y la promesa de dignificar la tarea de legislar, marcaron el inicio de nuestros trabajos. Una Cámara de Diputados más plural, en donde ninguno de los partidos cuenta con la mayoría absoluta, en donde por primera vez el Gobierno de la misma es compartido y la fuerte presencia en comisiones de los grupos parlamentarios con mayor representantividad asegura un equilibrio político, como los principales distintivos del nuevo Congreso mexicano, configuran una situación política inédita en uno de los poderes federales.

La nueva composición de la Cámara de Diputados, en la que el PRD es la segunda fuerza y el avance de la oposición en los comisiones locales fueron el aliento democrático que albergó la posibilidad de grandes transformaciones políticas, se pensó en algún momento que el Congreso de la Unión, poniéndose a la altura de las exigencias nacionales, sería protagonista de esos cambios profundos.

En estas circunstancias, algunos diputados consideramos que se podía legislar verdaderamente, que el gran legislador de Los Pinos podría ser acotado y de que, respondiendo al reclamo social, se producirían modificaciones legales que garantizaran la paz con democracia, una reforma electoral de fondo o medidas que se orientaran a erradicar las enormes desigualdades sociales en materia de salud, alimentación, vivienda, educación e ingreso familiar. Nada de ello ha ocurrido.

A 18 meses de haber iniciado sus trabajos, la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados ha consumido su tiempo en salvar a los grandes banqueros nacionales y en discutir reformas de diverso orden que no responden a las expectativas de los ciudadanos y a las urgencias de la mayoría de la población.

A pesar de las iniciativas importantes, como aquella que combate la violencia intrafamiliar o la modificación constitucional en materia de desarrollo sustentable, siguen pendientes la reforma electoral, el fortalecimiento del Poder Legislativo, el diseño de un nuevo federalismo, la ampliación de las formas de democracia y participación social, la reforma política integral en el Distrito Federal y el voto de los mexicanos en el extranjero.

Continúa sin resolverse la reforma al sistema económico y financiero que evite las crisis recurrentes, una reforma fiscal integral y la modificación de los términos y condiciones en que se aprueba el presupuesto anual.

Está sin respuesta una gran reforma social que tienda a erradicar las causas estructurales de la pobreza y haga posible el acceso a los derechos sociales ciudadanos consagrados en la Constitución Política.

Siguen sin encontrar solución legislativa las demandas de sectores importantes de la sociedad: mujeres, niños, indígenas, trabajadores del campo y la ciudad, jubilados y pensionados, discapacitados, pequeños contribuyentes, solicitantes de vivienda, consumidores, trabajadores de la cultura y desplazados.

En suma, el Congreso mexicano sigue sin dar respuesta a la gran esperanza que la sociedad cifró en él y si por ello no fuera suficiente, las comisiones de dictamen o las comisiones en general, se encuentran virtualmente paralizadas, su reactivación demanda un ejercicio de voluntad política que en la actualidad no existe. Ello se refleja en la imposibilidad de tomar acuerdos políticos que nos permitan adoptar agendas legislativas de consenso, descongelar decenas, centenares de proyectos que se encuentran en las comisiones, más de 85 del Partido de la Revolución Democrática o presentar, con ciertas posibilidades de éxito, nuevas iniciativas de ley.

La situación prevaleciente sin duda beneficia a un partido empeñado en demostrar que el avance democrático no garantiza eficiencia legislativa y premia a otro que ha definido como estrategía sacar el máximo provecho de esa parálisis.

Tarde o temprano, compañeros legisladores, los electores y los sectores afectados harán su evaluación del desempeño de una legislatura que inició con grandes promesas de cambio y a la mitad del camino se ha instalado en la inercia y la apatía que caracterizó a la Cámara de Diputados durante férreo dominio del partido de Estado.

La informalidad con la que funcionan las comisiones de la Cámara y la imposibilidad para tomar acuerdos, son factores que nos obligan el día de hoy a presentarnos ante este pleno con las facultades que nos otorga el artículo 71 de nuestra Carta Magna, a presentar una iniciativa de ley que no viene a título personal, sino como una exigencia social, una demanda de un sector de la población del país que se acercó a esta Cámara de Diputados, para que a través de su silencio fuera escuchado.

Desde hace más de un año, un grupo de compañeros pertenecientes a la comunidad de personas con sordera, han demandado reiteradamente el reconocimiento de sus comunidades como parte de la composición pluricultural de nuestro México. Esto es: quieren dejar de ser considerados como sujetos víctimas, para asumirse como sujetos protagonistas de su propio desarrollo.

La comunidad de sordos, al igual que otros sectores, desde siempre, han sufrido las deficiencias políticas y jurídicas de nuestro sistema.

Ya es tiempo de que sean escuchados con la atención que merecen y se respeten sus derechos con la dignidad que como mexicanos les corresponden.

También que nosotros actuemos como verdaderos parlamentarios que somos; que discutamos y dictaminemos la propuesta de iniciativa de ley que por este conducto ponen en nuestras manos.

Iniciativa de ley que adiciona un segundo párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

45,46 y 47

EXPOSICION DE MOTIVOS

En nuestro país, muchas personas con sordera o hipoacucia, están cansadas de que se les considere como discapacitados del lenguaje y la vida social. Lo cierto es que poseen un patrimonio lingüístico y cultural que tiene mucho que aportar al resto de la sociedad mexicana, por lo que exigen que se respeten sus derechos colectivos e individuales como personas capaces e íntegras que son.

Para ello es preciso reconocer, plena y jurídicamente, su identidad colectiva, de conformidad con las siguientes

CONSIDERACIONES

Las comunidades de personas con sordera poseen lenguas de señas mexicanas y patrimonios culturales, que han sido parte integral de la sociedad mexicana y dan sustento a la composición pluricultural de la nación mexicana.

Estas comunidades buscan una integración digna a la vida social mayoritaria y con las lenguas mayoritarias que las circundan, pero sin menoscabo de su lengua de señas y de su propia identidad colectiva.

Gran parte de las personas con sordera definen su identidad en y con respecto a una de estas comunidades de sordos, sus lenguas de señas y sus patrimonios culturales.

El reconocimiento pleno de las lenguas de señas, redundará en beneficio de las personas con sordera que no forman parte de las comunidades de sordos, pues ellas continuarán gozando de plena libertad para emplear la lengua mayoritaria de su ámbito social, pero también tendrán la opción de integrarse a las comunidades de sordos y enriquecer su vida social con ellas, cuando lo deseen o lo requieran.

Los hablantes de lenguas de señas mexicanas se pueden estimar de manera conservadora, entre el .05% y el .2% de la población total. Esto es entre 45 mil y 180 mil personas. Además, muchos oyentes están en contacto regular con estas lenguas.

En la familia, más del 95% de las personas con sordera tienen familiares oyentes, en el trabajo, en la escuela etcétera.
Dado que en el último censo se estima que el tamaño promedio de la familia mexicana es de 4.8 miembros, en 362 mil 450 y 649 mil 800 oyentes, tienen hermanos o padres que se comunican en una lengua de señas.

La investigación científica demuestra que las lenguas de señas de las comunidades de sordos, tienen el mismo potencial que cualquier otra lengua humana, tanto para la comunicación, como para compartir una identidad social y heredar un patrimonio cultural.

Para los infantes que nacen o quedan sordos en sus primeros años de vida, la investigación científica demuestra que los niños que aprenden una lengua de señas, desde una edad temprana, tendrán un desarrollo lingüístico que sigue los mismos tiempos y etapas que un niño oyente con una lengua oral.

Las investigaciones científicas comprueban que los niños que tienen mejores desarrollo lingüístico global y mejor rendimiento escolar, son aquellos que crecen dentro de la cultura sorda y que adquieren una lengua de señas.

Para quienes quedan sordos durante la adolescencia o después, las comunidades de sordos, su lengua de señas y su patrimonio cultural, constituyen un recurso invaluable para la reconstrucción de sus vidas; para la integración de las familias mayoritariamente oyentes, pero con miembros que tienen sordera, padres, hijos o hermanos, la aceptación y el conocimiento de la lengua de señas es insustituible; para que los padres que pertenecen a la comunidad de sordos no sean vistos con ambivalencia y desden por sus propios hijos oyentes; para que padres oyentes o hijos con sordera se puedan comunicar mejor, permitiendo a los hijos que se expresen con menos limitaciones; para que los hijos sordos no sean reprendidos por sus padres oyentes ni cuando se expresen en una lengua de señas ni cuando manifiesten interés por aprenderla.

Si la sociedad y el Estado mexicano no reconocen a la comunidad de sordos como comunidad lingüística con una identidad colectiva propia, entonces propician la marginación de las personas con sordera respecto a la mayoría oyente, así como la desintegración de sus respectivas familias.

Las personas con sordera tienen una discapacidad, no oyen lo suficiente como para dialogar de manera fluida y natural en ninguna lengua oral.

Sin embargo, en su historia colectiva han enfrentado esta discapacidad con lenguas y culturas que se basan en los sentidos que si poseen, en particular la vista.

Con la fundación de la Escuela Nacional de Sordomudos, como escuela normal para personas con sordera, por un decreto presidencial de Benito Juárez del 28 de noviembre de 1867, el cual no ha sido derogado, el Estado mexicano reconoció de facto el papel de la lengua y la cultura de la comunidad de sordos en el sistema educativo federal y en la cultura nacional.

Es necesario detener la persecución y denigración de las comunidades mexicanas de sordos, pues frecuentemente se prohiben sus lenguas tanto en espacios públicos, escuelas, clínicas, consultorios, como en espacios privados, por ejemplo la familia y sus instituciones han sido indebidamente clausuradas, ejemplo de ello, la Escuela Nacional de Sordos.

De entre las lenguas de señas y comunidades de sordos que hay en el territorio nacional, la Comunidad Mexicana de Sordos con la lengua de señas mexicana es mayoritaria, sin duda más de 35 mil y se encuentran en todas las zonas urbanas del país.

Hasta ahora, la educación pública y privada de las personas con sordera se ha centrado en el español oral. En consecuencia, a las personas con sordera cuyo dominio del español oral ha sido poco o nulo, se les ha negado el acceso a la educación.

Por su parte, el reconocimiento de la comunidad de sordos mexicana, habrá de servir de apoyo para un sistema de educativo bilingüe estructurado fundamentalmente en torno de la lengua de señas mexicana y del español. En este sistema los niños con sordera serán introducidos a ambas lenguas lo más pronto posible y se les ofrecerá una educación regular de calidad equiparable en contenidos a la educación de los oyentes.

El reconocimiento de la lengua de señas mexicana también habrá de servir de fundamento entre otras cosas, para un sistema de formación y certificación de intérpretes y profesionistas bilingües, los cuales son indispensables para que la comunidad de sordos pueda tener acceso a distintos servicios y fuentes de información, juicios, hospitales, medios de comunicación, actividades culturales, educación superior.

Aquí entre paréntesis, quisiera decirles que la presencia de un compañero intérprete en esta Cámara de Diputados debiera de ser siempre instituida como un elemento que gratificara a las personas sordas, de las comunidades de sordos mexicanas, para entender las discusiones que se dan en nuestro Congreso. Es decir, estamos privando de la posibilidad de conocer todo el sentido de nuestros debates y de nuestra legislación, al no contar con un interprete tanto en la vida de este Congreso, como en los medios de comunicación masiva.

Al elevar a rango constitucional el reconocimiento de las comunidades de sordos, como parte de la composición pluricultural del país y al reconocer a todas las personas con sordera al derecho de hablar una lengua de señas, se dará inicio a un proceso en que se les restituya a todas ellas su dignidad plena y se ponga un coto a la opresión y abusos que por tanto tiempo se han cometido en su contra.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores suscritos sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.

Artículo 4o. Actualmente en vigencia:

La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley." Y viene la adición que proponemos:


Las comunidades de sordos integran también la pluriculturalidad de la nación con sus lenguas de señas y culturas propias. La ley garantizará a todos los sordos, el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado tanto a los hablantes de una lengua de señas, como a los de una lengua oral.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Apoyan y firmamos esta iniciativa, los diputados: Pablo Gómez, David Cervantes, Benito Mirón, Demetrio Sodi, María Mercedes Maciel, Juan Cruz, Gustavo Pedro y Ricardo Cantú.

Esperamos, compañeros legisladores, que esta iniciativa no sea enviada al frigorifero de las iniciativas, a otra más, a las 200 y pico de la iniciativas que diariamente circulan por esta Cámara y que nadie discute ni nadie dictamina, porque no hay interés en esa dictaminación ni en ese debate. Hubiéramos querido que esta iniciativa entrara por consensos de todos los partidos políticos, pero realmente nos cansamos de ese trámite en donde nadie escucha a nadie, en donde evidentemente nadie tiene interés en debatir a fondo y por ello nosotros pedimos que se dé curso a esta iniciativa de ley, además de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la Comisión de Derechos Humanos, dado que creo que esta iniciativa ocupa un aspecto fundamental de la defensa de una comunidad de sordos que merece ser escuchada.

Ojalá que realmente esta Cámara de Diputados despierte de su letargo legislativo y podamos por encima de los intereses de los partidos políticos y por encima de las sordideces que diariamente vemos en ella, podamos dictaminar en beneficio de quienes están esperando una respuesta digna de este Poder Legislativo.

Muchas gracias.

El Presidente:

Túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Juan García de Alba, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado Juan José García de Alba
Bustamante:

«Honorable Asamblea; compañeras y compañeros diputados:

Los suscritos diputados a la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 73 fracciones XXIX y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión, a través de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, conforme a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Dentro de las reformas a diversas disposiciones fiscales aprobadas el pasado mes de diciembre, se contempló la adición de un artículo 1o.-A a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, dentro de la cual se establecen como obligados a efectuar retención del IVA tres grupos de personas.

a) Instituciones de crédito cuando adquieran bienes de personas físicas y morales mediante dación en pago o bien, adjudicación judicial o fiduciaria.

b) Las personas morales reciban de personas físicas servicios personales independientes, que usen o gocen temporalmente de bienes prestados u otorgados por éstas o que adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad (industrial o de comercialización).


c) Personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles o los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente o base fija en el país.

48,49 y 50

En virtud de que la retención de la totalidad del IVA abre la posibilidad de que la persona física se vea afectada negativamente por la dilación en los mecanismos de acreditamiento y en su caso, de devolución del impuesto a favor, representando una merma financiera en sus saldos y flujos de efectivo, hemos considerado conveniente reducir la retención al 10% a personas físicas que prestan servicios personales independientes o que otorguen bienes para su uso o goce temporal. Cabe destacar que el propio Ejecutivo Federal está facultado para establecer una retención menor al total del impuesto causado.

Con esta medida se persigue que los contribuyentes cuenten con un margen suficiente para realizar de forma más justa el pago neto del impuesto.

Por otro lado, las últimas reformas al impuesto al valor agregado incluyeron la derogación del artículo 31, el cual gravaba con tasa cero las ventas que empresas nacionales hacían a empresas dentro del programa de importación temporal para exportación y a las maquiladoras.

Esta tasa cero permitía que la empresa nacional estuviera, bajo el punto de vista de este impuesto al consumo, en igualdad de circunstancias que sus competidores extranjeros cuyos productos no son sujetos a este impuesto al importarse, habiendo sido esto un coadyuvante importante en el incremento de los insumos nacionales a estas empresas exportadoras, como ocurrió en la industria maquiladora de exportación al pasar del 0.9% en 1985 al 2.3% en 1997 o sea 250% de incremento (se anexa datos estadísticos mencionados).

En la exposición de motivos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo para la aprobación de esta soberanía sobre la derogación del mencionado artículo 31 de esta ley, se argumentó que la derogación de este artículo "evitará la competencia desleal en contra de empresas nacionales que destinan la totalidad de su producción al mercado nacional".


Precisamente el derogar este artículo provocará que desaparezcan la igualdad de circunstancias de las empresas mexicanas en relación con sus competidoras extranjeras, para colocar a todas las empresas mexicanas en una competencia desleal en lo referente a este impuesto, además del desaliento que lleva implícito este acto para que las empresas mexicanas formen parte de la cadena productiva de exportación, coartando de esta manera el mejoramiento de la tecnología, la calidad, productividad, en fin, la eficiencia del ramo empresarial mexicano.

En la misma exposición de motivos referida se argumenta que: "el artículo 31 ha incidido negativamente en la recaudación fiscal, ya que se pierde la instancia de control por excelencia que es la aduana, al generarse la solicitud de devoluciones con antelación a la salida de mercancías del país sin poderse realizar la verificación física de la exportación".

Al respecto, tanto las empresas registradas en el programa Pitex como las maquiladoras, están obligadas a presentar información detallada de una manera periódica a las autoridades fiscales, sobre sus importaciones, compras nacionales, así como sus exportaciones. De tal manera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe estar plenamente informada de las exportaciones y las compras nacionales y extranjeras, tanto en importe y producto, como en fechas de adquisición; aún más, el fisco no debe verse afectado en la recaudación, pues la exportación no conlleva este impuesto.

Finalmente, recordemos que en la economía globalizada, en la cual se encuentra inserto nuestro país, las condiciones de equidad deben observarse tomando en cuenta las condiciones, entre otras, financieras de cada país. En el caso concreto de México el costo financiero de la empresa mexicana tasado en dólares americanos, es en el mejor de los casos 300% más alto que los que tienen las empresas de los países con los que tenemos más comercio; si esto lo consideramos en pesos mexicanos, este costo financiero tiene una diferencia absolutamente abismal.

México está urgido de un estado promotor, no debemos seguir con una visión eminente y exclusivamente recaudatoria sin considerar la posición de los contribuyentes, olvidando de esta manera que entre más recaudación se exija, se está contribuyendo a que los diferentes entes económicos nacionales no puedan progresar.

Por los motivos expuestos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la búsqueda de un trato más equitativo en el ámbito fiscal, propone una retención parcial del IVA que sea del 10%, en lugar del 15%, para aquellas personas físicas que presten un servicio personal independiente o bien otorguen bienes para su uso o goce temporal.

Asimismo, se propone adicionar un artículo 31 a Ley del Impuesto al Valor Agregado, para que persista el gravamen de tasa cero a las exportaciones indirectas.

Por lo que con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente

INICIATIVA DE DECRETO

Que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo primero. Se adiciona un párrafo último al artículo 1o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 1o.-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Para efectos del presente artículo, la retención que se efectuará a las personas físicas que presten un servicio personal independiente o bien otorguen bienes para uso o goce temporal, será sólo del 10%.

Artículo segundo. Se adiciona un artículo 31 al Capítulo VI de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 31. En los casos en que la Ley Aduanera establece como importación temporal a la enajenación de bienes realizada por personas residentes en el país a empresas que cuenten con programa de importación temporal para producir artículos de exportación aprobado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial o a aquellas catalogadas como maquiladoras de exportación, se considera que el enajenante exporta dichos bienes para los efectos de esta ley, hasta por el monto que resulte de aplicar el valor de los mencionados bienes enajenados por dichos residentes, la proporción que resulte de dividir el valor de las exportaciones definitivas, realizadas en el trimestre inmediato anterior por las empresas adquirentes de los bienes, entre el valor total de las ventas de estas empresas en el mismo periodo. Dichas empresas deberán informar por escrito al enajenante, la proporción a que se refiere este párrafo, en el momento en que se efectúe la enajenación.

Cuando las citadas empresas pueden identificar la proporción que destinarán a la exportación definitiva de los bienes que adquieran de los residentes en el país, se considerará que el enajenante exporta dichos bienes en los términos de este artículo, hasta por dicha proporción. Cuando la proporción a que se refiere este párrafo, exceda a la del párrafo anterior, se considerará que el enajenante exporta dichos bienes en la proporción a que se refiere el párrafo anterior.

Cuando la enajenación de bienes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se efectúe por personas residentes en el país a empresas de comercio exterior, se considerará que el enajenante exporta la totalidad de los citados bienes para los efectos de esta ley. Se consideran empresas de comercio exterior, únicamente a aquéllas cuyos bienes terminados que enajenen en México sean en su totalidad importados y los que adquieran en el país se destinen en su totalidad a la exportación.

Las empresas de comercio exterior, las que cuenten con programa de importación temporal para producir artículos de exportación aprobado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y aquellas catalogadas como maquiladoras de exportación a que se refiere este artículo, deberán informar trimestralmente a las autoridades fiscales los días 15 de los meses de abril, julio y octubre del mismo año y enero del siguiente, sobre las adquisiciones que hayan efectuado a personas residentes en el país durante el trimestre anterior y, en su caso, la proporción que hubieran aplicado a dichos bienes en el mismo periodo, de conformidad con los párrafos precedentes. Igualmente, informarán el valor de sus exportaciones definitivas realizadas en el trimestre inmediato anterior al que se reporta y el valor total de sus ventas en el mismo periodo, a través de la forma oficial que para tal efecto publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


Las personas residentes en territorio nacional que enajenen bienes a las empresas a que se refiere el párrafo anterior, deberán informar trimestralmente a las autoridades fiscales los días 15 de los meses de abril, julio y octubre del mismo año y enero del siguiente, sobre las enajenaciones de bienes que hayan efectuado a dichas empresas durante el trimestre que corresponda y, en su caso, la proporción que se le hubiera aplicado en la enajenación de dichos bienes en términos de este artículo, mediante la forma oficial que para tal efecto publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Las presentes disposiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 1999.- Diputados: Juan José García de Alba Bustamante, Felipe Urbiola Ledezma y Fortunato Alvarez Enríquez.»



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El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público

51,52 y 53

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (II)

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La diputada María Mercedes Maciel Ortiz:

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Los suscritos, diputados a la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara por el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Transitamos por una etapa de la historia marcada por el signo de una socioestructura que nace y la resistencia de otra que llega a su fin. Es una etapa permeada por la revaloración de ideales y principios, necesarios para superar la incertidumbre, la desesperanza y la frustración que hoy prevalecen.

A la par de la crisis económica también vivimos una profunda crisis política. Un país en conflicto radical entre empobrecidos y ricos cada vez más ricos no puede sustraerse a una ley de la historia: la lucha social continúa en la contienda política.

Vivimos un tiempo de definiciones donde se tiene que regenerar la vida política, para lo cual deben prevalecer dos aptitudes: patriotismo e inteligencia por sobre los intereses personales y de grupos.

Un tiempo de la civilización se ha cumplido en México. Las bases ideológicas impuestas y sobre las cuales se desarrolló el país por décadas se han erosionado. Con el siglo que termina también se extingue, afortunadamente, un poderoso y desigual sistema autoritario. La democratización del país es una asignatura pendiente. No se trata de abolir las instituciones de la democracia existente, los partidos y los procedimientos electorales, sino de perfeccionarlos. La reforma institucional deberá dirigirse a garantizar a todos los ciudadanos aquellos derechos que hasta ahora sólo han sido declarativos.

El papel del Estado mexicano ha cambiado de manera sustancial en los últimos años y sus transformaciones resultan determinantes en la valoración de las posibilidades de la democracia. Tres aspectos merecen especial consideración: los negativos efectos sociales de la adopción de un modelo neoliberal en que se privilegia la casi eliminación de las competencias estatales; los obstáculos de consolidación de la democracia en un contexto permeado por la ruptura de los códigos de integración en algunos grupos o sectores de la comunidad política, y las dificultades presentes para el despliegue de una normatividad que fomente la representación y la participación democráticas.

Las incertidumbres derivadas de un modelo económico sustentado en el mercado han tenido fuertes repercusiones en las expectativas de los mexicanos con respecto al cambio democrático. En México ha sido y de prevalecer el actual proyecto económico, será imposible conjuntar democracia y bienestar, derivando en la agudización de la desconfianza.

Hasta los años setenta, el Estado mexicano se sostenía por la capacidad de las instituciones corporativas para dar atención a las demandas de amplios sectores de la ciudadanía, la recirculación de las élites, la disciplina en el interior del grupo gobernante y la implementación de un falso discurso nacionalista revolucionario.

Hoy esos códigos de integración del grupo en el poder, se han ido fragmentando de manera

paulatina hasta presentar signos irreversibles de desgaste.

Esta situación nos remite a dos problemas básicos para el establecimiento de la democracia: la constitución de un nuevo orden político y su necesaria legitimación.

Un elemento imperativo para mejorar nuestra incipiente democracia es la legalidad electoral.

La frontera entre las condiciones de estabilidad política requeridas para el cambio democrático y la inestabilidad vigente está dada, en gran parte, por el compromiso histórico que asumamos los representantes del pueblo mexicano. La democracia sólo podrá ejercerse cuando el sistema normativo se rija por un criterio general y homogéneo, cuando el ejercicio de la ley sea efectivo, cuando los poderes públicos estén en capacidad y disposición de proteger los derechos de la ciudadanía y cuando todos los individuos tengan acceso a los beneficios económicos mínimos.

En los momentos actuales es difícil hablar de democracia plena en México. El catálogo de derechos otorgados a los mexicanos de forma constitucional, como lo es el de asociarse libremente con fines lícitos, es acotado y violentado por leyes y reglamentos secundarios, como lo es el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que de mantenerse en los términos presentes, sería un caso sumamente grave de cinismo político. Los partidos que avalen la continuación de estas irregularidades entrarán abiertamente en una etapa de ejercicio arbitrario del poder.

Para que esta aberración no suceda, es necesario un replanteamiento del Estado, de las leyes, de la política, para dar lugar a una nueva relación entre política, economía y sociedad.

Estamos en uno de los momentos más críticos del país, desde el periodo 1929-1934, el Estado y la sociedad no se habían visto sujetos a enfrentamientos tan graves y contradictorios.

Nos encontramos en un punto de inflexión en la historia del pensamiento y la política en México. Se pretende implantar una democracia indefinida, sin poder, sin clases, sin posición nacional, sin política económica, es decir, una democracia de pocos para pocos. Lo que la sociedad mexicana demanda es una democracia nacional, antiimperialista, antioligárquica y respaldada por el pueblo y para el pueblo.

Algunos piensan que con hablar de la democracia en abstracto, o con llamados igualmente abstractos a la unidad nacional pero manteniendo la misma política financiera, económica, social, la misma política de desaliento a la pequeña y mediana empresas, de abandono de la producción campesina y de bienes de consumo popular, piensan que bastan esas declaraciones para mantener el régimen constitucional y acabar con las prácticas autoritarias.

Este engaño es insostenible, ilusorio el razonamiento y equivocada cualquier argumentación que pida unidad y responsabilidad nacional, y democracia, en medio de políticas monetaristas, derechos ciudadanos acotados, corrupción institucionalizada y crisis económicas recurrentes.

Para la fuerzas nacionalistas y progresistas, perfeccionar y consolidar nuestro sistema electoral es uno de los objetivos fundamentales. Las limitaciones autoritarias a la libre opción de los partidos a coligarse electoralmente, obedece a que el viejo régimen se resiste a cambiar, con un enorme costo para la sociedad mexicana. Las limitaciones impuestas, bloquean el tránsito del partido del Estado a un verdadero sistema de partidos, donde la posibilidad de las alianzas y las coaliciones desempeñarán un papel histórico, que traerá condiciones de estabilidad social y política.

La limitación de los sistemas electorales y de partidos es una característica de los gobiernos represivos y autoritarios. En la coyuntura actual no debemos descartar este riesgo.

Por remoto que parezca, cualquier precaución es poca. La mejor forma de hacerlo, es fortaleciendo la disciplina republicana y el uso del derecho como norma amparada y respetada en sus lineamientos fundamentales de representación y coalición electoral.

En el plano internacional, después del desmoronamiento del bloque socialista y de la enorme publicidad en favor del libre mercado, se pretendió vender la idea que había llegado a su término una fase del mundo en que prevalecieron los antagonismos y las diferencias. Como
toda mentira, duro muy poco. En la mayoría de los países los estados no se habían consolidado y nuevas o anteriores, reivindicaciones sociales estallaron con gran fuerza.

Los grupos hegemónicos del mundo occidental piden democracia y se adjudican el momento de promoverla y calificarla. Por supuesto debe tratarse de una democracia a su gusto y, sobre todo, a la medida de sus intereses. Certifican quiénes son sus amigos y sus enemigos. Impulsan democracias que facilitan las ganancias de las grandes corporaciones y de los capitales especulativos. No es ésa la democracia que reclaman las sociedades; exigen la oxigenación de la vida democrática, sin cortapisas, libre, plural y constructiva.

Durante los últimos años, hemos conocido de una serie de cambios de regímenes políticos y de gobierno. Verdaderos cambios políticos y culturales que han modificado la organización anterior y dan luz a nuevos y mejores sistemas políticos, a una nueva y mejor organización del poder y del Gobierno y a una nueva y mejor forma de participación ciudadana en los asuntos públicos. Estos cambios han permitido la creación de mecanismos de vigilancia y control que los ciudadanos ejercen sobre quienes ejercen el poder.

De manera irreversible, las sociedades han ido empujando el desplazamiento de regímenes autoritarios y represores de las garantías individuales. El restablecimiento de gobiernos democráticos, es, hoy, una tendencia que recorre, felizmente, las latitudes del planeta.

Ante el empuje ciudadano, los gobiernos antipopulares que aun detentan el poder, sólo tienen dos opciones: o permiten la libre y transparente competencia política y de esta forma tienen una salida decorosa; o se sostienen durante algún tiempo, mediante el uso de recursos ilegales con altos costos sociales.

Respecto de la opción para establecer coaliciones flexibles, existen legislaciones en diferentes países que posibilitan, el que dos o más partidos políticos puedan coligarse para postular candidatos a diferentes cargos de elección popular, a saber:

En la legislación española la posibilidad de contender electoralmente mediante coaliciones es un derecho establecido en la Ley de Régimen Electoral General, que en su artículo 44 enuncia:

... 2. Los partidos y federaciones que establezcan un pacto de coalición para concurrir conjuntamente a una elección deben comunicarlo a la junta competente, en los 10 días siguientes a la convocatoria. En la referida comunicación se debe hacer constar la denominación de la coalición, las normas por las que se rige y las personas titulares de sus órganos de dirección o coordinación.

Por su parte la legislación chilena establece en la Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, en su artículo 3o. que:

Las declaraciones de candidaturas deberán efectuarse por escrito. para cada acto eleccionario, ante el director del servicio electoral o el respectivo director regional del mismo servicio, si lo hubiere, quién les pondrá cargo y otorgará recibo. Las declaraciones deberán efectuarse por el presidente y el secretario de la directiva central de cada partido político o de los partidos que hubieren acordado un pacto electoral.

Es significativo el caso chileno porque las coaliciones flexibles se hallaban legisladas ya durante el régimen espurio del dictador Augusto Pinochet. Recordemos que fue precisamente una coalición la que lo derrotó.

Además de las dos legislaciones anteriormente citadas, en países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Israel y Venezuela, entre muchos otros, cuentan con especificaciones legales que permiten la formación de coaliciones flexibles para las contiendas electorales.

Asimismo, incluyen el mandato para que los gobiernos garanticen el otorgamiento de recursos públicos suficientes para la realización de las campañas proselitistas.

De igual manera está garantizado el acceso a los mass media. En todos estos países por el acto de coligarse, los partidos políticos concurrentes no pierden su identidad o registro propio ni las prerrogativas que como partido les otorga la ley.

Con respecto de nuestro país, se ha impuesto a través del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) una serie de disposiciones que violentan derechos consagrados en nuestra Constitución Política, como es el de libre asociación con fines lícitos, preceptuado en su artículo 9o.

54,55 y 56

En efecto el Cofipe coarta la posibilidad de los partidos políticos para coligarse electoralmente, estableciendo una serie de normas que en la práctica se traducen en obstáculos que impiden un ejercicio democrático pleno.

Todos debemos recordar que las fuerzas progresistas de este país obtuvieron un rotundo triunfo en la elección presidencial de 1988, al permitir la anterior Ley Electoral las candidaturas comunes, las fuerzas democráticas se aglutinaron a favor de una persona a la que la mayoría de los mexicanos le otorgó su confianza. Sin embargo, la "caída del sistema" impidió el reconocimiento de ese triunfo legítimo y permitió que accediera a la Presidencia de la República el candidato del partido que en las urnas fue estrepitosamente derrotado y que sólo por la vía del fraude pudo acceder a dicho cargo.

Como resultado de la experiencia electoral de 1988, las fuerzas reaccionarias de este país impulsaron reformas antidemocráticas a la legislación electoral para impedir, entre otras cosas, las candidaturas comunes y permitir las coaliciones con el excesivo cumplimiento de requisitos para que éstas puedan llevarse a la práctica.

Todos sabemos que en la elección federal de 1997, los partidos de oposición en su conjunto obtuvieron un porcentaje de votación superior al 50% más uno, respecto del partido del Gobierno y que esa tendencia se ha seguido manteniendo en la gran mayoría de los estados que realizaron procesos electorales en 1998 y lo que va de 1999, con lo cual se acrecientan las posibilidades de triunfo de la oposición para la renovación del Poder Ejecutivo, como de las cámaras del Congreso.

Por el contrario, para escarnio de la Ley Federal, algunas legislaciones estatales electorales, contemplan mecanismos que permiten establecer coaliciones entre los partidos que así lo decidan.

Tal es el caso de la legislación del Estado de Nuevo León, que en el artículo 59 de la ley respectiva lo sanciona. En el mismo sentido la legislación del Estado de México, en su artículo 67. El Estado de Durango, en el artículo 38 de la norma respectiva.

Al igual que en las tres legislaciones antes mencionadas, en los estados de Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Veracruz, Zacatecas y en prácticamente la totalidad de los estados de la Federación, existen disposiciones legales que impulsan la formación de coaliciones, asignando para ello, las partidas presupuestarias que cubran las prerrogativas que por ley correspondan a cada uno de los partidos políticos que integran la coalición.

Es imperativo que el Cofipe sea reformado para subsanar las aberraciones que hoy contiene, de no hacerlo estaríamos validando una ley que acota los derechos de quienes nos eligieron como sus representantes, precisamente para elaborar las leyes que garanticen un cabal ejercicio democrático.

Compañeras y compañeros diputados: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo está cierto de la importancia que para la consolidación de nuestra democracia reviste el contar con una legislación electoral actualizada y en sintonía con la sociedad mexicana de fin de siglo.

En este contexto, el espíritu de las reformas que se proponen van en el sentido de abrir más el juego político electoral en nuestra sociedad y entre los partidos, flexibilizando el proceso de conformación de coaliciones electorales. En esta iniciativa, las coaliciones deben poder formarse voluntariamente para elecciones federales, sin que la coalición para elección de presidente de la República obligue a que los partidos tengan que coligarse en la elección tanto de senadores como de diputados al Congreso de la Unión, las coaliciones deben formarse para elecciones del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, sin que la coalición para uno obligue a la coalición para el otro.

Pues si bien es cierto que la jornada electoral para la elección de los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo se llevará a cabo en la misma fecha, es igualmente cierto que los actos electivos de los ciudadanos son diferentes para cada elección.

Si el acto electivo para cada poder público es discernible, deben serlo, en congruencia, los

procesos políticos relativos a cada uno de esos actos, para la postulación de los respectivos candidatos.

La coalición no debe ser motivo de menoscabo de ninguna prerrogativa de los partidos en lo individual.

Compañeras y compañeros diputados: el contenido fundamental de las reformas propuestas es el de permitir que los partidos políticos que decidan contender en coalición en las elecciones federales del año 2000, puedan hacerlo estableciendo coalición para elegir presidente de la República, senadores o diputados. Ya que debemos tener presente que en julio del próximo año se eligen a integrantes de poderes públicos distintos, no resultando válido, como lo establece la actual legislación electoral, el que en la práctica se haga una "planilla" en la cual se establecen las candidaturas de presidente, senadores y diputados, por tanto proponemos la reforma al artículo 59 a efecto de que los partidos políticos estén en aptitud de integrar coaliciones conforme a sus intereses.

Además se propone el que en la integración de los órganos electorales, los partidos políticos coligados puedan acreditar ante los diferentes órganos electorales tanto representantes como partidos integren la coalición y un representante común de la misma. Esto por la razón de que al contar los partidos políticos con derecho a voz ante las distintas instancias electorales, en nada perjudica a la confianza que se tiene en el órgano encargado de preparar la elección, sino que al contrario, permite una supervisión continua del avance de las distintas etapas del proceso electoral.

De igual forma se plantea que ante la mesa directiva de casilla puedan estar representados todos los partidos políticos integrantes de una coalición, como el representante común de la misma. Debemos reconocer que es ante la mesa directiva de casilla donde se da la limpieza del proceso electoral o desafortunadamente como en muchas ocasiones existe actitud parcial de la mesa directiva de casilla lo que permite que la elección no sea limpia ni transparente, por ello al posibilitar que haya mayor número de representantes de los partidos coligados y el común de la coalición se puede garantizar que la jornada electoral sea apegada a derecho.


Se reconoce, sin perjuicio de la existencia de los representantes de los partidos coligados, el que únicamente el representante de la coalición ante los diferentes órganos electorales es el legitimado para la interposición de los recursos legales que correspondan.

En lo que se refiere al acceso a medios de comunicación el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, propone el que cada uno de los partidos políticos integrantes de una coalición reciban el tiempo que por ley les corresponde, en términos del Título Tercero, Capítulo I del Código de la materia y ellos determinen el tiempo que otorgan a la coalición.

En lo relativo al plazo de sustitución de candidatos previsto en el artículo 181, se propone reformar el numeral dos de dicho artículo para permitir el que la coalición pueda sustituir candidatos aun por causas de inhabilitación o renuncia.

En lo que se refiere a las derogaciones propuestas al Código de la materia, fundamentalmente se propone derogar los numerales dos, tres, cuatro, cinco y seis del artículo 62.

Compañeras y compañeros legisladores: Montesquieu al disertar sobre el amor a la República y a la democracia nos dice: "... el amor a la igualdad limita la ambición al solo deseo de prestar a la patria más y mayores servicios que los demás ciudadanos. Todos no pueden hacerle iguales servicios, pero todos deben igualmente hacérselos, cada uno hasta donde pueda...". Hagámoslo.

Por las razones antes expuestas sometemos a su consideración la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO

Por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo primero. Se reforman los artículos 58 párrafos primero y décimo, incisos a y b; 59 párrafo primero e incisos a, b y c; 61 párrafo primero incisos c y d y segundo párrafo; 62 párrafo primero, incisos c y d; 63 párrafo primero, incisos h y l; y 181 segundo párrafo; para quedar como sigue:


Artículo 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos o de senadores electos por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, así como de diputados electos por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional.

2 al 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Para senadores los partidos políticos coligados podrán registrar entre una y 31 fórmulas de candidatos, a su elección.

b) Para diputados los partidos políticos coligados podrán registrar entre una y 299 fórmulas de candidatos, a su elección.

Artículo 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. La coalición por la que se postule candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tendrá efectos en todo el territorio nacional.

a) Deberá acreditar ante todos los consejos del instituto, en los términos de este Código, tantos representantes como corresponda a los partidos políticos coligados y el representante de la misma.

b) Deberá acreditar tantos representantes como corresponda a cada uno de los partidos integrantes de la coalición y al representante de la misma.

c) Disfrutará de las prerrogativas en materia de radio y televisión y podrá contratar en estos medios por cada uno de los partidos coligados. En los casos en que por disposición de este Código se tome en cuenta la fuerza electoral, se considerará la del total de los partidos coligados en la última elección federal y

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) al e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 a 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) a b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Deberá acreditar, en los términos de este Código, ante los órganos electorales del Instituto Federal Electoral en las entidades de que se trate, tantos representantes como corresponda a los partidos políticos coligados y al representante de la coalición.

d) Asimismo, podrán acreditar tantos representantes como corresponda a los partidos políticos coligados y al representante de la coalición ante las mesas directivas de casilla en las entidades de que se trate. Lo dispuesto en este inciso se aplicará para todos los efectos en las entidades respectivas, aun cuando los partidos políticos no se hubieren coligado para otras elecciones en el mismo proceso electoral;

e) al h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Para el registro de las coaliciones para postular candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa en una o más entidades federativas, los partidos políticos que deseen coligarse deberán:

a) al e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 al 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) a b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Podrá acreditar, en los términos de este Código, ante los órganos electorales del Instituto Federal Electoral en el distrito de que se trate, tantos representantes como corresponda a los partidos políticos coligados y al representante de la coalición. El representante de la coalición será el único legitimado para interponer los medios de impugnación en nombre de la coalición.

d) Asimismo, podrá acreditar tantos representantes como corresponda a los partidos políticos coligados y al representante de la coalición ante las mesas directivas de casilla en los distritos de que se trate.

e) al h). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57,58,59

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) al g). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 al 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) al g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

h) En su caso, la forma y términos de acceso y contratación de tiempos en radio y televisión y la forma de otorgamiento a la coalición del financiamiento público que le corresponda a cada uno de los partidos políticos coligados;

i) al k) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en este Código y en la ley de la materia, ostentará la representación de la coalición quien quede acreditado ante los órganos electorales correspondientes.

2 y 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 181. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) al c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Sólo se podrán sustituir el o los candidatos registrados por la coalición por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia.

Artículo segundo. Se derogan los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 58; se derogan el inciso g del primer párrafo y el inciso e del segundo párrafo del artículo 61; se deroga el párrafo segundo incisos a, b, c fracción I y II, d, e, f y g y los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 62; se derogan los incisos c y d del párrafo primero del artículo 63, para quedar como sigue:

Artículo 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 a 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 al 5. Se derogan.

6 al 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) y b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Artículo 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) al f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g) Se deroga.

h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) al d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) Se deroga.

3 al 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) al h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Se deroga.

a) al c) Se derogan.

I y II. Se derogan.

d) al g) Se derogan.

3 al 6. Se derogan.

Artículo 63
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) a b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) a d) Se derogan.

e) al l)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 a 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 1999.- Grupo parlamentario del

Partido del Trabajo, diputados: Ricardo Cantú Garza, coordinador, José Luis López López, Luis Patiño Pozas, María Mercedes Maciel Ortiz, Juan José Cruz Martínez, Santiago Gustavo Pedro Cortés, Gerardo Acosta Zavala, Maximiano Barbosa Llamas, Baldemar Dzul Noh, José Adán Deniz Macías y Miguel Angel Garza Vázquez.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMOCRATICA

El Presidente:

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hizo llegar a esta Presidencia una comunicación suscrita por la diputada Lenia Batres Guadarrama. Ruego a la Secretaría darle lectura.

La secretaria Luz del Carmen López Rivera:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.

Diputado Sergio Valdés Arias, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, constituido con base en los artículos 70 de la Constitución política de los Estado Unidos Mexicanos y 31 y 32 de la Ley Orgánica del Congreso General, procedió los días 15 y 16 de marzo de 1999 a elegir, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley Orgánica, mediante voto universal, directo y secreto de sus integrantes, a su nuevo coordinador general.

Como resultado de esa elección, el pleno del grupo parlamentario del PRD realizado el 17 de marzo de 1999 declaró coordinador general del grupo al diputado Pablo Gómez Alvarez.

Le solicito atentamente notifique usted al pleno de esta Cámara, así como a los distintos órganos que la integran, de nuestra decisión democrática.

Atentamente.

Palacio legislativo de San Lázaro, 18 de marzo de 1999.Å Diputada Lenia Batres Guadarrama, presidenta de debates del pleno, grupo parlamentario del Partido de la Revolución democrática.»

El Presidente:

De enterado y comuníquese.

Damos la bienvenida a 52 reporteros invitados del diputado Guillermo González Martínez, así como también damos la bienvenida a 50 estudiantes de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, invitados del diputado Enrique Tito González Isunza.

IMPUESTO AL ACTIVO PARA
LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Gerardo Buganza Salmerón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo en materia de exención del impuesto al activo para las pequeñas empresas.

El diputado Gerardo Buganza Salmerón:

«Compañeras y compañeros:

El impuesto al activo de las empresas ha sido motivo de crítica por amplios sectores de la sociedad mexicana desde que fue establecido en 1998. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que este impuesto quebranta el principio de proporcionalidad que consagra nuestra Constitución.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se ha declarado en contra del impuesto en múltiples ocasiones y foros e incluso, en 1994, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa para su abrogación.

El Plan Nacional de Desarrollo consigna como objetivo lograr una reforma fiscal para el ahorro
y la inversión. Específicamente, señala "que el sistema tributario debe (también) evitar que los impuestos se conviertan en obstáculo para la actividad económica y para la generación de empleos productivos y bien remunerados".

Sin embargo, el impuesto al activo, con el supuesto propósito de servir de mecanismo de control a la evasión fiscal, desalienta la inversión en activos fijos y la adquisición de nuevas tecnologías y, por ende, inhibe el crecimiento económico y la generación de empleos que nuestro país tanto necesita. Este impuesto, que proporciona al Gobierno únicamente el 1.3% de sus ingresos tributarios y menos de 0.80% de sus ingresos presupuestarios totales, representa uno de los principales obstáculos para el crecimiento de nuestra economía.

Consciente de estos efectos dañinos para nuestra planta productiva, el Ejecutivo Federal, mediante decreto, exentó del pago del impuesto al activo a las pequeñas y medianas empresas, fuertemente perjudicadas por el gravamen, durante los años de 1996, 1997 y 1998. En efecto, las empresas cuyos ingresos para efectos de la Ley del ISR fueron menores de 7, 8.9 y 10 millones en los ejercicios fiscales anteriores, quedaron exentas del impuesto al activo.

Para 1999, el Ejecutivo no ha otorgado esta exención. Por las razones antes expuestas y con fundamento en las facultades que la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos nos confieren, presento a la consideración de esta Asamblea representativa de la nación el siguiente

PUNTO DE ACUERDO
EN MATERIA DE EXENCION
DEL IMPUESTO AL ACTIVO

Unico. La Presidencia de esta Cámara enviará una nota de exhorto el jefe del Ejecutivo, a fin de que éste promulgue un nuevo decreto que exente del pago del impuesto al activo a las empresas cuyos ingresos para efectos del impuesto sobre la renta durante el ejercicio fiscal de 1998 no hayan superado los 12 millones de pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de marzo de 1999.- Diputado Fortunato Alvarez Enríquez.»

Se entrega a la Secretaría el documento.

El Presidente:

Ha solicitado el uso de la palabra para rectificación de hechos, el diputado Dionisio Meade y García de León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el mismo tema. Tiene cinco minutos.

El diputado Dionisio Alfredo Meade y
García de León:

Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados:

En relación al punto de acuerdo que ha sido presentado por el compañero diputado que me precedió en el uso de la palabra, deseo formular los siguientes comentarios:

Desde luego compartimos el sentido de la propuesta. En rigor el sentido de este impuesto, principalmente de control, es evitar la evasión y elusión fiscales de las grandes empresas y de las empresas transnacionales. Su verdadera dimensión no se mide por los recursos que genera el propio impasse, sino por la contribución que genera a través del impuesto sobre la renta.

Por ello, al aprobar la Ley de Ingresos del 30 de diciembre pasado, esta soberanía recogió el acuerdo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y lo hizo suyo en el sentido de, cito: "proponer al Ejecutivo Federal que emita nuevamente un decreto que contenga la exención del impuesto al activo para las pequeñas y medianas empresas, considerando un nivel de ingresos equivalente a 10 millones de pesos en su ejercicio anterior".

Esta misma pasividad se ha venido adoptando durante los últimos tres años. Recientemente se publicó la resolución Miscelánea Fiscal para este ejercicio y como no apareciera publicado el decreto correspondiente a la exención del impasse para la pequeña y mediana empresa, nuestro grupo parlamentario ha realizado diferentes gestiones ante la Secretaría de Hacienda, la cual nos ha informado que será publicada, muy probablemente el día de mañana en el Diario Oficial de la Federación, el decreto correspondiente, por la misma cantidad que se ha señalado, esto es 12 millones de pesos.

60,61 y 62

Esta presencia, compañeros diputados, me da la oportunidad de reiterar la conveniencia que todos compartimos de reanudar cuanto antes el debate sobre la reforma fiscal, sobre cuyos resultados está pendiente la sociedad entera.

Muchas gracias.

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

EXPROPIACION PETROLERA

El Presidente:

Continuamos con los puntos del orden del día. El siguiente punto es: comentarios sobre el LXI aniversario de la Expropiación Petrolera.

Se han registrado ante esta Presidencia, la diputada Verónica Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Juan José Cruz Martínez, del Partido del Trabajo; la diputada Pilar Valdés y González Salas, del Partido de Acción Nacional; el diputado Francisco de Souza Machorro, del Partido de la Revolución Democrática y la diputada Rosalinda Banda Gómez, del Partido Revolucionario Institucional. Es un debate pactado y tendrán un tiempo de 10 minutos.

Tiene la palabra la diputada Verónica Velasco Rodríguez.

La diputada Verónica Velasco Rodríguez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Desde el momento en que se estableció dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de que corresponde al estado el dominio directo de los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio nacional, no existió entonces manifestación alguna que consolidara dicho precepto. Fue con la expropiación de los recursos petroleros en manos de extranjeros, que dicho principio cobró vigencia en beneficio del pueblo de México. El sacrificio al que entonces se vio sumido éste para lograrlo, no parecían ser en vano.

El Estado mexicano al expropiar los yacimientos y las industrias que explotaban un recurso tan necesario y estratégico para el porvenir de México, aseguró a las futuras generaciones el suministro, explotación y riqueza que corresponde a todos nosotros. La expropiación en tales términos, más que un acto para cumplir disposiciones establecidas en la constitución, era un acto de mera justicia.

El resguardo de la soberanía, entonces como ahora, estaban en juego. Pero las adecuadas medidas permitieron afianzar el futuro industrial de nuestra patria, logrando así su adecuada defensa. Con ello, se creía que el futuro industrial de nuestro país, su desarrollo y su crecimiento, estaban asegurados. Todo indicaba que el porvenir nacional estaría en el corto, mediano y largo plazos, a la par de las grandes potencias mundiales. Desgraciadamente nunca sucedió así pues la incipiente e inadecuada explotación y comercialización de los productos petroleros, administrada por los gobiernos posteriores, no fue del todo eficaz ni mucho menos competitiva.

El principio constitucional que atribuía al Estado el dominio de los recursos nacionales, se vio desdibujado con esas administraciones, quedando simplemente reducido al campo de las buenas intenciones.

La corrupción de los gobiernos que han regido el manejo y destino de los recursos han propiciado que el desarrollo nacional se vea entorpecido. La explotación de los recursos petrolíferos debería de haber servido como detonador del desarrollo nacional, rural e industrial. Pero por el contrario se sirvió de esas industrias para mantener un monopolio poco eficaz, poco efectivo y con poco beneficio para los millones de mexicanos. Si no ¿quién se ha atrevido a mencionar o a proponer la realización de auditorías a Petróleos Mexicanos? ¿Qué ha pasado con los créditos otorgados al Gobierno de México en el pasado para procurar el desarrollo de la industria petrolera? Si ahora es fácil ver cómo se derrumban las instalaciones y refinerías, poniéndose éstos a la venta
por el Gobierno, al verlas como un lastre de crecimiento.

¿Qué no el petróleo forma parte del patrimonio de todos nosotros y fue causal para el momento histórico de aquel 18 de Marzo? Ante tales interrogantes la única respuesta posible mira responsabilizar a los culpables de un nulo desarrollo industrial que indica más bien, ser un auténtico retroceso.

A la industria petrolera se le ha contemplado como un instrumento del que se han servido los gobernantes para procurar la realización de políticas sexenales sin mirar el futuro de este sector a largo plazo ni su mantenimiento para que siga siendo efectiva.

Las políticas actuales atentan contra el principio de rectoría económica del Estado y de la adecuada administración de sus recursos. El servilismo con el que han trabajado los directores de la paraestatal para con el Ejecutivo al ocultar los malos manejos de la industria, evidencian el descuido de una pequeña parte de la deficiente administración en que se ha desarrollado esta eficiente actividad productiva en la última parte del presente siglo.

La importancia de que el Estado conserve el dominio de esa industria radica no sólo en la importancia derivada de sus productos en el desarrollo industrial, si no fundamentalmente de que la economía nacional depende en gran medida de ella.

Desde la década de los años ochenta quedó demostrado que la venta del petróleo en el mercado internacional constituía un alto porcentaje de los ingresos del Estado. Ahora la dependencia no es igual, en esencia trasladándose ahora al rubro fiscal, puesto que de los impuestos que se le cobran al organismo público, depende la consistencia del presupuesto federal.

Sólo basta recordar los recortes a los que se vio forzado el Ejecutivo Federal en el ejercicio fiscal inmediato anterior, cuando por la falta de previsión de los titulares de algunas dependencias dependientes de él, éstos, al adoptar medidas erróneas en la aplicación de los recursos provenientes de la paraestatal, pusieron en riesgo la estabilidad financiera del país, a su vez que miles de empleos de mexicanos. Al respecto, aquí cabe formular una pregunta certera, ¿dónde quedó el fondo de contingencia para prevenir una posible y futura caída en los precios del petróleo establecido en años anteriores?

En la industria petrolera nos hemos apoyado para basar todo el desarrollo de la nación y aún así la hemos descuidado. Si dicha industria procuró el crecimiento y consolidación de otras emergentes, con una profunda y lastimosa pena tendremos entonces que sostener que no logró su objetivo.

A la industria petrolera se le priva de los beneficios que a industrias similares en la iniciativa privada se les otorgan. Así, Petróleos Mexicanos se ve impedido de destinar parte de sus recursos para reinvertirlos en el mantenimiento de sus instalaciones y en la inversión en nuevas tecnologías que posibiliten un desarrollo sostenible y eficiente, para beneficio de todos nosotros.

Por otra parte, la mayoría de los accidentes que en las plantas industriales y refinerías se sufren continuamente, son derivados, sin duda, de la falta de mantenimiento y seguridad que debe tenerse en las mismas. Eso, sin contar la calidad de los productos que elaboran.

Las gasolinas que se producen, si bien han mejorado en todo este tiempo, no contribuyen aun a disminuir los efectos de la contaminación que se genera en las grandes urbes. Basta sólo sentir los efectos que la contaminación, derivada de la combustión de gasolinas, se reciente en la Ciudad de México.

Además de que tenemos que pagar por ella un precio mucho mayor que el que las condiciones del mercado internacional establecen.

El desastres económico de la paraestatal y de las industrias económicas derivadas no han sido la única consecuencia por lamentar. En el campo ecológico, la operatividad del monopolio de Estado ha sido deficiente y en detrimento de los ecosistemas. En los lugares donde se ubican sus instalaciones y en donde se lleva a cabo la actividad productiva se han producido, por negligencia, graves e irreversibles daños al entorno ecológico.

Quién no recuerda los derrames de petróleo en el Golfo de México en instalaciones de Pemex, o más recientemente, los derrames del mismo
organismo en el Estado de Tabasco, donde el medio ambiente en la población se vieron gravemente afectados.

El desarrollo alcanzado por la industria petrolera en todo este tiempo ha olvidado que su labor productiva produce un impacto dañino al medio ambiente, por lo que debió adoptar programas que previeran esos efectos y los aminoran.

En el Partido Verde Ecologista de México consideramos que el Estado no debe perder el dominio directo que hasta hoy tiene sobre los recursos naturales, tal y como la Constitución lo establece en todos sus niveles. Por ello, ceder la petroquímica básica, la secundaria y sus similares, constituiría uno de los más grandes errores que el Gobierno pudiera cometer en detrimento de nuestro patrimonio nacional.

Antes de deshacerse de una industria con grandes posibilidades de crecimiento y de producción, hay que lograr que ésta sea competitiva, que sus productos sean perfeccionados día con día y que adquiera nuevas tecnologías en beneficio del crecimiento de ella.

Deshacerse de este sector productivo que, con grandes esfuerzos fue adquirido y desarrollado por nuestro pueblo, equivaldría a tirar a la basura gran parte de las esperanzas y del trabajo de millones de mexicanos.

Nosotros, como tales, urgimos a aquellos que nos gobiernan y que detentan el control y administración de Petróleos Mexicanos, cumplan cabalmente con la Constitución y con los objetivos planteados en aquel 18 de marzo de 1938.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Juan José Cruz Martínez, del Partido del Trabajo, sobre el mismo tema, hasta por 10 minutos.

El diputado Juan José Cruz Martínez:

Con su venia, señor diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El 18 de marzo de 1938 es una fecha memorable para todos los mexicanos, ese día el presidente Lázaro Cárdenas procedió a expropiar el petróleo que se encontraba en manos de consorcios extranjeros. Fue también el momento en que llegó a su máxima expresión la gesta nacionalista que libró el pueblo de México en la década de los años treinta. Miles y miles de mexicanos hicieron suya la gesta expropiadora y aún en los lugares más humildes las familias estaban dispuestas a desprenderse de sus escasos bienes con tal de saldar la indemnización a las compañías extranjeras.

Sin duda alguna, aquel día quedó grabado en la conciencia nacional, como el momento en que los mexicanos recuperábamos el dominio de nuestra nación.

Mucho sacrificio, esfuerzo y lucha le ha costado al país haber logrado enfrentar con decisión a los poderes internacionales. Así, logramos hacernos de pilares estratégicos para construir una nación soberana e independiente. Aquello que iniciaron los insurgentes del Siglo XIX y que luego prosiguieron los reformadores liberales a fines del mismo siglo, para llegar hasta los revolucionarios de principio de este siglo, se consumó a cabalidad con la expropiación del petróleo.

Una nación puede ser independiente en lo formal y puede considerarse a sí misma como una nación soberana, pero si no cuenta con un manejo autónomo de los recursos estratégicos, la independencia será limitada. Hay que tener claro que si México ha contado con un margen de maniobra importante ante los poderes internacionales, ha sido por el manejo soberano que tenemos de una industria estratégica como el petróleo.

El 18 de marzo tiene un valor primordial para la edificación de la nación. Más de 20 años después el Estado adquirió la mayoría de las empresas generadoras de energía eléctrica. La estatización de la industria eléctrica de 1960 era una continuación de la política expropiadora marcada aquel 18 de marzo; permitía afirmar la conducción nacional con un manejo propio de actividades estratégicas para la economía nacional.

El petróleo y la industria eléctrica se convirtieron en dos garantes importantes de la independencia de México. Perder esas áreasestratégicas es acentuar la dependencia con el exterior y condenarnos a un sometimiento mayor y eterno.

63,64 y 65

La globalización actual se vuelve agresiva. La lógica del capital y el dinero trata de devorar y envolver todo. Ahora hasta los estados nacionales les estorban. Por encima de las soberanías nacional y las fronteras territoriales se mueve una fuerza implacable que trata de desmantelar los espacios colectivos desde los organismos de resistencia social hasta los mismos estados nacionales.

El ataque sobre nuestra soberanía se viene dando de manera implacable. Ahora quieren privatizar la industria eléctrica y avanzar a la elitización de la Universidad Nacional, para después llegar al mismo petróleo.

La avaricia y la ambición más crudas están dentro de estos fenómenos globalizadores, que están creando una concentración de la riqueza nunca antes vista en la historia del mismo capitalismo.

Por eso, nos oponemos con decisión a los intentos por privatizar la industria eléctrica e introducir en la Universidad Nacional criterios de rentabilidad económica. Eso, traicionar a la nación y permitir que las mismas minorías saqueadoras desmantelen las áreas neurálgicas de la vida nacional.

Es deber del Estado mexicano salvaguardar los recursos energéticos. En ellos tenemos asegurado el futuro de una nación soberana e independiente. Es cierto que el manejo estatal no ha sido del todo lo eficiente que hubiéramos querido. Tenemos que combatir la corrupción, el burocratismo y el patrimonialismo con que se manejan los organismos estatales. Sin embargo, desde hace años se ha diseñado una estrategia empresarial para castigar toda actividad pública y crear el mito de la eficiencia de los privados. Esto es un engaño que ahora está quedando claro: ni todo lo público es anacrónico u obsoleto ni todo lo privado es eficiente.

Y si no, ahí tenemos de ejemplo el caso de las carreteras y de la banca privatizada. En ambos casos se puede notar la ineficiencia del interés privado y ha sido el público el que ha tenido que ir a salvar de la quiebra a áreas privatizadas.


Ahora vivimos en un mundo al revés de aquel 18 de marzo. Aquel día la industria petrolera fue expropiada por causa de utilidad pública, poniendo por encima los intereses nacionales a los intereses de la ambición y la mezquindad económicas.

Ahora el PRI acude en alianza con el PAN al salvamento bancario, se vuelven cómplices del quebranto nacional, poniendo los grandes intereses económicos y privados por encima de la nación. Este mismo espíritu mueve la política de privatización de la industria eléctrica. No nos dejemos engañar, la quieren vender para proseguir con el saqueo. Es falso que de su venta se destinen recursos para la política social. Esa misma mentira se inventó para que se privatizaran la mayoría de las empresas estatales y nacionales y no tenemos una nación más justa y equitativa, sino un país cada vez más desigual, inequitativo y dependiente.

Aceptar que siga avanzando esta política inhumana, es permitir que se hipoteque el futuro de la nación. Por eso, este 18 de marzo lo conmemoramos con la defensa de la industria eléctrica, la Universidad Nacional y el petróleo.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Pilar Valdés y González Salas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el mismo tema, hasta por 10 minutos.

La diputada María del Pilar Guadalupe
Valdés y González Salas:

Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso:

La Constitución de 1917 estableció los artículos 27 y 28, que modificaban radicalmente el régimen de propiedad en este país. La crónica que hace de este periodo y de estas sesiones del Constituyente el historiador Charles Cumberland, especialista en el periodo constitucionalista, son dignos de releerse en estos momentos en que estamos conmemorando el LXI aniversario de la Expropiación Petrolera.


El Constituyente, a una semana de que se cumpliera el plazo para terminar con la Constitución, entraba en el debate de los dos artículos que iban a cambiar radicalmente la vida nacional, el artículo 27 y el artículo 28.

En dos días se hizo un predictamen, se hizo una discusión de cinco horas, se dio un receso de media hora, se volvió a otra discusión de tres horas más, en donde el secretario de la mesa hacía continuos llamados a los diputados para que se despertaran y en ese ambiente se votaron estos dos artículos que, como indico y como reafirmo, modificaban de raíz el régimen de propiedad en México.

Desde entonces hasta 1938 estos artículos suscitaron una serie de reclamos, amparos, controversias y finalmente el desacato de las empresas extranjeras a las leyes nacionales por parte de las compañías petroleras.

Los gobiernos durante todo este tiempo, desde 1917 hasta 1938, no fueron soberanos en cuanto tuvieron que ceder a los intereses extranjeros, violando incluso la propia Constitución, como en el caso de los Tratados de Bucareli, en donde se modificó el párrafo IV del artículo 28 constitucional, en donde se reconocía la no retroactividad del artículo en relación con aquellos que hubieran sido propietarios antes de la promulgación de la Constitución. La ley vivía sólo en el papel.

El desacato de las compañías petroleras al fallo de la Suprema Corte fue la gota que derramó el vaso de la paciencia del Gobierno mexicano, que reaccionó inmediatamente decretando la expropiación de la industria petrolera. México tuvo que esperar 21 años para poder afirmar su soberanía ante los intereses extranjeros.

Este acto, memorable para el pueblo de México, sirvió de simiente para el proceso de afirmación de nuestra identidad nacional y contribuyo a animar el espíritu de una población harta de violencia y ávida de paz y progreso. Con este acto del presidente Lázaro Cárdenas, nuestro patrimonio nacional se vio enriquecido con el invaluable petróleo.

A 61 años de la expropiación petrolera, tenemos que reconocer que México ha recibido mucho del petróleo. Sin duda gran parte del desarrollo nacional se lo debemos a esta industria. No obstante, tenemos que reconocer que esta riqueza que nos donó la naturaleza, ha traído consigo muchos males que ahora, convertidos en enormes problemas, tenemos que enfrentar el monopolio, el monopolio con los vicios de cualquier monopolio; corrupción, abuso, irresponsabilidad, pero sobre todo el daño que causa la ausencia de competencia en cualquier ámbito de la vida y que han dado como resultados administraciones ineficientes, precios discrecionales, falta de inversión en la modernización tecnológica, el contratismo y todas las desviaciones que todos los mexicanos conocemos.

Durante décadas la inversión en Pemex, en todas sus áreas, ha estado por abajo de las necesidades de la empresa.

La posibilidad de obtener enormes recursos de Pemex, llevó a depender peligrosamente a las finanzas del país de los ingresos petroleros y a dejar a un lado la recaudación fiscal, fuente legítima de ingresos para el Gobierno Federal.

Hoy, enfrentamos la difícil coyuntura de la caída de los precios internacionales del petróleo y la ineficiencia recaudatoria del Gobierno que se resiste a elaborar una reforma fiscal integral definitiva que dé certeza y estabilidad a nuestra economía.

La condición de monopolio y la sobreexplotación de Pemex por parte del Ejecutivo en turno, ha conducido a una descapitalización del sector, particularmente el petroquímico que se ha traducido en un rezago tecnológico que le impide competir en el mercado internacional y abastecer incluso el mercado interno.

Como mexicanos, que queremos y buscamos lo mejor para nuestro México, esta fecha debe llevarnos a hacernos varias reflexiones; ¿no es tiempo ya de definir los términos nación, Estado, patrimonio, pueblo y Gobierno que han servido para confundir atribuciones y abusar de ellas?, ¿de quién es el patrimonio nacional?, ¿quién puede ejercer el dominio y por consiguente decidir el destino de nuestro patrimonio? ¿Es el Ejecutivo el representante de la nación?, ¿es el Congreso el representante de la nación?, ¿a quién ha beneficiado individualmente Pemex durante décadas?, ¿qué es la soberanía?, ¿qué es lo verdaderamente estratégico para el país?

La petrolización de las finanzas del Ejecutivo han deformado, por otro lado, gravemente la

economía mexicana, los mexicanos no podemos obtener los beneficios de ser un país petrolero, no podemos tener precios que nos den ventajas competitivas en los hidrocarburos principalmente en los combustibles.

¿Por qué la Secretaría de Hacienda dicta los precios y tarifas arbitrariamente contraviniendo las normas y procedimientos establecidos, incluso en la última ocasión ni siquiera había consultado al Secretario de Energía. Nuestra industria pierde competitividad al exterior por los precios de los combustibles, se causa un grave daño en las fronteras y en las economías de todas las poblaciones de la frontera norte.

Quiero aprovechar esta tribuna para hacer extensivo el exhorto que hicimos en días pasados algunos diputados del norte de la República, a nuestros compañeros de los estados fronterizos y a los gobernadores para que se solidaricen y se pronuncien el día de hoy, que se conmemora una vez más la expropiación petrolera, en apoyo al esfuerzo legislativo que se busca lograr que los precios de las gasolinas de las franjas y regiones fronterizas de nuestro país no sean mayores a los precios de las gasolinas expedidas en los países colindantes.

Los complejos petroquímicos son ineficientes por el rezago tecnológico. El tiempo pasa y siempre deja huella.

Hoy, aquella fresca y prometedora empresa expropiada en 1938, es una cansada, explotada y acabada industria envejecida que, como viejos, que todos lo seremos algún día, quiere volver al pasado o al menos hacer como si estuviera viviendo aquellos años de lucha y reto que los llenaron de orgullo; como todos los viejos, no quiere ver su decrepitud, sus arrugas, no puede ni mencionar la artritis que la paraliza día a día, como todos los viejos; le teme a los cambios en los que ve una amenaza más que una oportunidad para retoñar con un nuevo vigor; como a todos los viejos, les sigue gustando ser la sombrilla protectora de sus trabajadores, de políticos, funcionarios, contratistas y caciques.

Y a nosotras, compañeras diputadas y compañeros diputados, nos corresponde ponerla frente al espejo para que pueda ver lo que es en realidad y que acepte que su vida, rica en éxitos y logros como toda vida, lleva puesta también fracasos y errores.
Nos corresponde recordarle que es nuestra, de todos los mexicanos que queremos volver a verla hermosa y vital, que queremos acicalarla para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir recibiendo sus beneficios.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Francisco de Souza Machorro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el mismo tema hasta por 10 minutos.

El diputado Francisco de Souza Machorro:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hoy, 18 de marzo, nuestro país conmemora el LXI aniversario de la gesta patriótica que encabezada por el general y presidente de la República Lázaro Cárdenas del Río, culminó con la expropiación de la industria petrolera nacional, que de manos de compañías petroleras voraces, pasó a ser propiedad pública.

Gracias a esta decisión adoptada por este genio visionario, los mexicanos podemos aún orgullosamente decir lo que hiciera el propio general Cárdenas: "el petróleo es nuestro". Quisiéramos que este día fuera de celebración y para nosotros es de reflexión, porque hoy debiéramos de celebrar la continuidad de un acto de dignidad y patriotismo, pero nuestra soberanía se encuentra fragmentada.

Vivimos uno de los momentos más aciagos de nuestra historia, porque tenazmente los últimos gobiernos han venido desmantelando nuestras capacidades de impulsar nuestro desarrollo en las industrias petrolera, eléctrica, ferrocarriles, aeropuertos y las telecomunicaciones; comenzamos a recuperar la dignidad y el manejo soberano de las decisiones fundamentales con una gran lucha equiparable a la que ha dado el pueblo mexicano en las grandes decisiones de su historia para reivindicar su capacidad de decisión soberana.

Propongo que condicionemos, como Congreso, la imaginación de la industria eléctrica y de la petroquímica básica, las comunicaciones por satélite y todos los elementos fundamentales estratégicos para la seguridad de la soberanía de México.

66,67 y 68

 

Hoy convoco a que se sumen a emprender una política exterior de dignidad en la que se haga prevalecer el respeto a la autodeterminación y no a la intervención.

El Partido de la Revolución Democrática excita al presidente Ernesto Zedillo, rectificar sus decisiones y poner en práctica una política de rescate y de defensa de nuestra soberanía, porque México requiere salir adelante como una nación soberana e independiente, con una convicción política definida, firme y patriótica como la desplegada por Lázaro Cárdenas.

Podemos tenerla si fortalecemos la unidad interna de nuestras agrupaciones, si concertamos para actuar desde los partidos, desde las organizaciones sociales, las empresas, las escuelas, las fábricas, la cultura, el arte y los medios de comunicación; no es posible disociar a Lázaro Cárdenas de los recursos del subsuelo, por eso para los mexicanos el 18 de marzo es un binomio.

Ahora bien, mi partido no le da la espalda a la realidad, a las nuevas tecnologías, a los cambios que traen consigo los nuevos instrumentos financieros y sistemas de comercialización, pero que quede muy claro: primero, queremos ahorrar la soberanía así como el poder de decisión de los mexicanos, no se trata de cambiar solo de nombres y apellidos o de membretes de compañías; se trata de rectificar el rumbo y el destino de la riqueza nacional; aceptamos la apertura de la industria eléctrica, pero ésta debe de estar condicionada:

Primero, a que se abra una profunda y amplia consulta nacional que sea tangible, que no sea sólo de maquillaje y escenografía, sino que ahonde en todos los ámbitos de nuestra sociedad, con los obreros, los campesinos, los empresarios, la academia, los partidos y sobre todo, los usuarios del servicio eléctrico.

Segundo, que una vez que el pueblo de México haya expuesto las condiciones y modalidades de la apertura del capital privado a la industria eléctrica, se abran a nuevos desarrollos, pero que quede muy claro, adicionado a lo que México ya posee; no se trata de rematar o malbaratar lo que el pueblo de México ha hecho con el sacrificio no sólo de sus trabajadores, sino de los usuarios que hemos pagado hasta el último peso de cada instalación y de cada tornillo que genera y trasmite la industria eléctrica.

Nuevos desarrollos sí, más inversiones también, pero adicionales y no supletorias, enriquecedoras y no sustitutivas y mucho menos especulativas. Nueva estructura y desarrollo de la industria eléctrica sí, pero muy aparte de lo que ya tenemos, con reglas claras para sus sectores y productos reservados exclusivamente al Estado, a la inversión privada nacional y a la extranjera.

La reinversión que demandamos de nuestra soberanía, pasa por nuevos criterios, que no pueden ser erráticos ni extraviados.

Demostremos que México tiene rumbo y que éste, necesariamente pasa por el respeto de todos los mexicanos y de nuestra soberanía; es un asunto de sobrevivencia preservar para la nación sus sectores estratégicos y prioritarios, como es la energía eléctrica y la industria petrolera. Esa, es condición para garantizar el crecimiento autónomo que no esté sujeto a los vaivenes y a las presiones de la especulación internacional.

En función del interés de la nación debe de plantearse el crecimiento de las industrias petroquímica y eléctrica. Retengamos con celo patriota las industrias eléctrica y petroquímica, recordemos que para ellas el papel conductor de un desarrollo independiente en los años setenta fueron descubiertos nuevos yacimientos petrolíferos y esto sólo nos llevó a poner en práctica una política petrolera depredadora e irresponsable del recurso frente a las futuras generaciones de mexicanos.

Los resultados de esta política están a la vista, dependemos casi por completo de la exportación de crudos y con esto aceleramos el agotamiento de las reservas que se encuentran en fase declinante.

No estamos dando paso alguno para preparar la sustitución de la base energética de la economía ni se fomenta el aprovechamiento de energías no convencionales.

La inversión oficial bajó tan drásticamente que ha ocasionado la absolescencia prematura de refinerías y plantas petroquímicas, ha elevado
 riesgos y el número de accidentes, ha reducido las eficiencias y las capacidades de producción.

Hoy las partes más rentables de nuestra industria se encuentran amenazadas por un sistema que todo lo quiere enajenar, sin importarle el interés nacional y la suerte que corren las futuras generaciones.

Por eso, hoy es preciso recordar a Lázaro Cárdenas como constructor de las más trascendentales inscripciones educativas, como aglutinador de las más importantes agrupaciones obreras y campesinas, como líder partidista, como servidor público, como militar, como ideólogo y como estadista.

En todos los campos sembró, en todos los terrenos hubo frutos y hoy, desde cualquier extremismo político, ninguno de sus detractores logra quebrantar en el pueblo la fe que mantenía viva en los objetivos por los que luchó, enfoques que se contrastan porque las luchas cardenistas nunca fueron efímeras.

Cárdenas dio contenido y continente al artículo 27 constitucional, este precepto que hoy la tecnocracia pretende desconocer para poner a la venta nuestra soberanía. Hoy, por tanto, es preciso abrevar de las páginas de nuestra historia, repasar la lección vigorosa e imperecedera de quien confió en su base social y el espíritu transformador de nuestro pueblo.

Lázaro Cárdenas no teorizó este precepto, lo vivió de cerca, lo conjugó cuando fue comandante militar en Tampico, lo que le permitió conocer las maniobras, abusos y actos en contra de nuestra soberanía realizados por las compañías petroleras británicas y norteamericanas.

El presidente Plutarco Elías Calles ordenó al general Cárdenas cumplir, de ser necesario, las siguientes instrucciones: "si sólo un marinero norteamericano desembarca y pisa tierra mexicana, queme usted todos los pozos petroleros y que su estallido se oiga hasta Wall Street".

Estoy seguro de que el general Cárdenas hubiera cumplido su misión con fidelidad y gallardía, pero gracias a las negociaciones diplomáticas nunca fue necesario cumplir esta orden.

Pablo Neruda expresó: "la mirada de Cárdenas brilló en la noche del hombre, general-presidente de América, te dejo en este canto la gratitud del errante, del herido, del desterrado, del héroe".

Invoco hoy aquí a Lázaro Cárdenas en el momento en que su legado se ve amenazado por la globalización. La historia mide a los hombres de dos formas: por el reconocimiento colectivo o por la carencia de lo que sin él nunca se hubiera alcanzado. A nosotros lo que nos sobra es historia, hoy sabemos que sin el petróleo nuestro desarrollo habría sido imposible o se habría deformado de tal manera que no tendríamos la infraestructura y la fuerza que como nación libre y soberana poseemos.

Mi partido, el de la Revolución Democrática, postula que Cárdenas no fue un aislacionista, porque trazó nexos con lo mejor de las aspiraciones del ciudadano universal y por eso nuestra expropiación fue un ejemplo para el mundo y no una vergüenza para México.

En esa transición, abramos un gran debate, realicemos una consulta nacional, elevemos nuestras voces, lancemos y defendamos nuestros escritos, discutamos nuestras ideas, marchemos por las calles y llenemos una y mil veces las plazas para que vuelvan a repicar las campanas de la independencia.

¡Vivamos el rescate de la dignidad de la nación con el arrojo y pundonor que tuvo Lázaro Cárdenas aquel 18 de marzo de 1938!

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Rosalinda Banda Gómez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema, hasta por 10 minutos.

La diputada Rosalinda Banda Gómez:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:       

El calendario cívico mexicano señala esta fecha, 18 de marzo, como aniversario de la Expropiación Petrolera. Esta conmemoración nos brinda la oportunidad para reafirmar la posición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Uno de los grandes renglones que en nuestro desarrollo económico y justicia social se escriben en nuestro país, para tomar la medida cabal del impulso que esta industria ha dado a la economía nacional, ha de tener presente la historia del movimiento nacionalizador, porque fue la lucha legítima de la clase obrera mexicana organizada en sindicatos combativos frente a la soberanía de las empresas transnacionales, esa soberanía transnacional que nunca creyó que expropiarían la industria, porque consideraban a los mexicanos incapaces de controlar y dirigir la empresa.

Ante la intransigencia patronal, el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, procedió a la expropiación de la industria petrolera. Fueron afectadas 17 compañías extranjeras. Algunos funcionarios dudaron, pero la decisión del presidente Cárdenas fue apoyada por los obreros, por los campesinos y por todo el pueblo de México.

Lo recordamos hoy en la conmemoración del LXI aniversario de la Expropiación Petrolera, porque no debemos perder de vista nuestra historia si queremos afianzar nuestro presente.

La visión patriótica y nacionalista del presidente Cárdenas reafirmó la soberanía sobre nuestros recursos naturales y dio pie a la compañía que más tarde se convertiría en Petróleos Mexicanos. Hoy, Pemex es la empresa más grande de México, una de las 10 más importantes del mundo, tanto en términos de activo como de ingresos en cuanto a su nivel de reservas y su capacidad de extracción-refinación. Se encuentra entre las cinco compañías petroleras más importantes a nivel mundial.

El desarrollo de Pemex ha permitido el desarrollo general del país en carreteras, puertos, escuelas, electrificación, drenaje, agua potable, aeropuertos, agricultura, industria, ganadería, comercio, turismo, además de que sus actividades propias abarcan la exploración y explotación de los hidrocarburos, así como la producción, almacenamiento, distribución y comercialización de productos petrolíferos y petroquímicos.

A 61 años de distancia de la expropiación petrolera, esta industria ha sido uno de los motores que impulsan nuestro desarrollo, aun cuando las experiencias que en los últimos años han sufrido los países exportadores de petróleo que, en mayor o menor medida, sustentan sus programas económicos en la producción de hidrocarburos, han provocado una profunda revisión de las políticas que en materia de producción y comercialización de energéticos impulsa la administración pública, de suerte que el sector energético y las industrias en que se basa se constituyen realmente en instrumentos al servicio de los grandes proyectos nacionales con una clara visión a futuro.

Estos 61 años de desarrollo nacional, a partir de menos cero, de la industria petrolera, nos convencen del valor estratégico, presente y futuro de Pemex, de tal suerte que el actual Ejecutivo Federal ha implementado un programa destinado a concentrar mayores inversiones en la exploración y producción primaria.

Este programa de expansión de Pemex es el más importante en más de dos décadas y busca la expansión en la producción de petróleo y gas, mejorar la capacidad de refinación y procesamientos de gas, reforzando la industria petroquímica básica.

El presidente Ernesto Zedillo ha sido muy claro al compartir el sentimiento de los mexicanos. El petróleo es y seguirá siendo nuestro, porque es una industria que ha probado la capacidad técnica, laboral y profesional de los mexicanos. El petróleo es y seguirá siendo nuestro, porque esta industria ha crecido con el país y ha apoyado el crecimiento de México.

Hace 61 años mostró al mundo que los países llamados "pobres", tienen la grandeza en sus mujeres y en sus hombres; saben hacer frente común, frente de raza y de casta, para enfrentar al poderoso y vencer la adversidad.

Si ya hemos demostrado que la unión es nuestra fuerza, sigamos el ejemplo para abandonar posiciones mezquinas y diferencias artificiales para sembrar afinidades, buscando el camino más fructífero que nos lleve a mayores beneficios nacionales.

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Son más las cosas que nos unen que las que nos pueden dividir. La unidad patriótica de los mexicanos debe seguir presente para salvar los escollos al interior que se dan y que de allende nuestras fronteras llegan, sobre todo por los impactos y las repercusiones económicas de las que no podemos sustraernos como parte que somos de un conglomerado internacional.

En honor de la objetividad a que nos obliga la representación popular que tenemos, se hace necesaria la atención de esta compleja problemática que enfrenta el país, merced a los duros embates que nuestra economía y particularmente, las finanzas públicas han sufrido como consecuencia de la inestabilidad de los mercados internacionales.

No escapan a nuestra memoria los severos ajustes que en materia presupuestal hubimos de acordar en esta Cámara en fechas recientes, con motivo de la drástica caída de los precios internacionales del crudo.

De esa experiencia es que nace precisamente la exigencia de adoptar políticas financieras, públicas, coherentes y objetivas que prevengan en la medida de lo posible tales eventualidades y propicien con la adopción de los programas necesarios una cada vez menor dependencia de nuestras finanzas respecto de dichos factores de riesgo, ante el realismo económico que exige las circunstancias y por ventura, hemos dado pasos firmes en esa dirección, de tal suerte que nos permitimos ser más optimistas a mediano plazo.

La mejor prueba es que luego de los ajustes presupuestales que aquí determinamos ante la baja de los ingresos públicos derivados del petróleo y en contra de los agoreros del fracaso, hemos seguido adelante y nuestra economía se fortalece y avanza.

Claro, que no obsta para tener presentes los indicadores que siguen reflejando una fuerte polarización de los ingresos públicos, al grado de que casi el 36% de nuestros fiscales   provienen de las exportaciones del crudo, de los cuales un importante porcentaje es aplicado al financiamiento del gasto corriente y al pago de la deuda externa.

En la lucha por reconvertir y reorientar nuestro sistema recaudatorio, para hacerlo menos dependiente de los ingresos petroleros, no debemos olvidar tampoco la urgente necesidad de abocarnos a uno de los mayores retos de la agenda de esta LVII Legislatura, que es precisamente de construir una reforma fiscal integral que permita racionalizar haciendo más moderno y eficiente nuestro sistema tributario.

De modo, que bajo los principios constitucionales que lo rigen, sean capaces de cumplir con sus objetivos y disminuir al máximo esa perniciosa dependencia de causa y efecto entre ingresos petroleros y finanzas públicas.

Nuestro objetivo será lograr medidas que nos permitan, a pesar de las crisis reales o artificiales que producen los mecanismos mundiales de producción y comercialización de hidrocarburos, que no sigamos siendo rehenes de la globalización económica en esta materia. Como país no podemos, no podemos estar encendiendo veladoras ni musitando plegarias para que suban los precios del petróleo y salgamos de la coyuntura.

Los esfuerzos que en esta dirección se den, no deben ser cargados sólo en la espalda de la administración pública, como legisladores, como representantes del pueblo, estamos obligados a participar en el amplio debate, consecuentemente, para restaurar nuestros esquemas recaudatorios.

De alguna manera tendrán que liberarse también los recursos de manera urgente, que demanda nuestra industria petrolera, porque es necesario, pero ya, financiar sus obras de mantenimiento y de expansión.

Muy oportuna es la fecha para convocar a la reflexión conjunta y objetiva, serena y patriótica de todos los mexicanos para preservar en los planteamientos, que de manera recurrente hemos postulado y de hacer pilar de nuestro apoyo a la industria nacional y complemento para el desarrollo social, sin olvidar que casi estamos en los umbrales de un nuevo milenio, en el que inexorablemente las nuevas generaciones habrán de encontrar otras alternativas energéticas.

Muchas gracias.


DIA DEL ARTESANO

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día es: comentarios sobre el Día del Artesano.

Tiene la palabra la diputada Cristina Portillo Ayala, por la Comisión de Artesanías, hasta por 10 minutos.

La diputada Cristina Portillo Ayala:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hoy hace ya cuatro años que a iniciativa de los propios artesanos asistentes al Foro Nacional de Consulta Popular sobre la Actividad Artesanal, llevado a cabo en este recinto el 23 de agosto de 1995, se firmó el punto de acuerdo para conmemorar el Día Nacional del Artesano, el 19 de marzo de cada año.

Sin embargo, lejos están los artesanos de poder celebrar cosa alguna, cuando en la mayoría de los casos no cuentan ni con las satisfacciones sociales ni satisfactores sociales mínimos para ellos y sus familias.

No podemos pasar por alto que en un pueblo como en el nuestro, con profunda historia y raíces culturales, con costumbres y tradiciones ancestrales que han prevalecido a lo largo de los siglos, gracias en buena parte a la creatividad e ingenio de nuestros artesanos, no hayamos dado a éstos el lugar que les corresponde en nuestra sociedad.

Debemos de asumir todos nosotros, como legisladores, el compromiso y la deuda que tenemos con este sector por medio del cual nos identifican en todo el mundo distinguiéndonos y poniendo en alto, además, a nuestra cultura y variado folclor.

No es posible que nuestros artesanos, muchos de ellos indígenas, sigan aún viviendo en el más triste de los abandonos y con un rezago imperdonable para nuestro tiempo, en el que vemos a nuestra mujeres y niños en condiciones verdaderamente difíciles y en ocasiones infrahumanas, trabajando en el taller largas jornadas que les permitan obtener el sustento familiar.

Por eso, hoy, más que realizar un acto protocolario, deseamos dejar en ánimo de todos ustedes la profunda e imperiosa necesidad de contribuir a establecer las bases jurídicas para sacar adelante y revalorar esta noble actividad, característica de todos los mexicanos.

Estamos convencidos de su belleza y potencial comercial, cuyo desarrollo se encuentra todavía muy lejano de lo deseado, para competir en el mercado mundial con el éxito que puede representar para todos sus productores. Aunque a pesar de lo anterior las exportaciones artesanales siguen creciendo año con año.

Las artesanías representan una verdadera alternativa de desarrollo para miles de comunidades de nuestro territorio, pero por sus condiciones no pueden ser expuestas a las fuerzas del mercado de manera tan desleal, sobre todo cuando no se tiene la infraestructura adecuada mínima, para apoyar la integración de sus cadenas productivas.

Requerimos de una auténtica política de fomento, que les permita estar en posibilidades de hacer frente a los retos de la globalización, en un marco más justo que se desarrolle y aumente la producción, pero sin olvidar lo más importante de la artesanía: al individuo, al productor, quien está detrás de esas obras maestras y de quien nos hemos olvidado por mucho tiempo en un sistema que privilegia el capital y demuestra el factor humano.

Es conveniente establecer como una referencia de lo que nos corresponde como legisladores, que el sector artesanal se rige por la Ley Federal para el Fomento a la Microindustria y la Actividad Artesanal, cuya aplicación corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que data del 21 de junio de 1991, fecha anterior a la firma del Tratado Comercial de América del Norte, donde se acentuó la liberación comercial.

Sin embargo, lo más significativo es poder apreciar en el Capítulo V artículo 36 del marco legal vigente para el sector artesanal, figuras como la Comisión Intersecretarial, integrada por secretarías de Estado extintas, como la Sedue o la Semip, lo que habla de lo obsoleto de la ley en mención encargada de fomentar la actividad artesanal.

Pero en materia legal tenemos más inconsistencia, debido a que organismos como el Fondo Nacional de las Artesanías (Fonar) y el Fondo Nacional de Empresas Sociales (Fonaes), de quienes no negamos la labor que
realizan en favor de los artesanos, en materia de comercialización y financiamiento, respectivamente entre otras actividades, se encuentran sectorizados en la Secretaría de Desarrollo Social, a quien la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no faculta expresamente para promover el fomento artesanal.

Contrariamente este mismo ordenamiento establece en su artículo 35 fracción XIII la facultad de la Sagar para fomentar y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares del sector rural, sin que hasta el momento se tengan apoyos concretos en esta Secretaría para los artesanos.

Adicionalmente, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, integrado orgánicamente a la Secretaría de Educación Pública, desarrolla el Programa Nacional de Arte Popular, en apoyo al sector artesanal y la propia Secretaría tiene centros de enseñanza y capacitación artesanal.

Por otra parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de programas para la capacitación en el trabajo Provecap, otorga becas para artesanos en distintos estados del país.

Se realizan también algunos otros esfuerzos, como el programa de diseño artesanal y la exposición y concurso nacional "las manos de México" por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a quien sí se le otorga la facultad por parte de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Como podemos apreciar existen algunos esfuerzos por atender la producción artesanal, desgraciadamente la poca congruencia legal que existe para el fondo del sector, segrega cualquier esfuerzo por desarrollar una política integral para los artesanos.

Todo lo mencionado nos da cuenta de la urgente necesidad de legislar, para crear un organismo nacional de fomento artesanal, que se encargue de coordinar todas las acciones institucionales que se realizan y establecer los lineamientos generales para instituir una real política integral para este sector, que aliente la producción y bienestar del individuo.

Este organismo deberá incluir la participación de las instituciones que intervienen de alguna u otra forma en el proceso productivo y social de la actividad artesanal, así como la participación de los artesanos en su seno. Igualmente deberá sugerir, con absoluto respeto a la soberanía de los estados, la reacción de organismos semejantes, en donde se cuente con una alta producción artesanal, permitiendo promover el desarrollo regional y atender la problemática del sector en su propio lugar de origen.

La enorme dispersión de los escasos recursos destinados al sector, la falta de un ordenamiento legal acorde a los tiempos que vivimos, que propicie el fomento y la escasa o nula coordinación institucional para realizar tales tareas tan integrales, hacen de nuestra labor una actividad prioritaria que permita el avance y desarrollo de la actividad artesanal.

Es por ello que invitamos a todos para lograr conjuntar esfuerzos en este sentido, en este ambiente plural y saldar la deuda y el compromiso ancestral con los artesanos de nuestra patria, lograr la aprobación de la Ley Federal para el Fomento Artesanal en esta LVII Legislatura, para establecer una nueva cultura política e institucional y sacar adelante el artesanado nacional.

Muchas gracias.

Atentamente.

Comisión de Artesanías.

INDIGENAS MAZAHUAS

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día es: comentarios sobre la situación socioeconómica de los indígenas mazahuas.

Se han registrado ante esta Presidencia para hablar sobre el tema, los diputados César Lonche Castellanos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y J. Vicente Moreno Peralta, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

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Tiene la palabra el diputado César Lonche Castellanos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

El diputado César Lonche Castellanos:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Vengo hoy ante esta máxima tribuna de la nación, para exponer la situación de abandono en que se encuentran las comunidades y el pueblo mazahua en general, de la indolencia y de la falta de atención que sufren permanentemente por parte del Gobierno Federal, estatal y municipal.

En esta ocasión me referiré concretamente al municipio de Donato Guerra, donde después de casi un año de infructuosas reuniones de trabajo con las diferentes instancias ya citadas, no ha habido respuesta favorable a una sola demanda, por cierto muy sentida, como es la dotación del agua potable.

Durante años las comunidades mazahuas han solicitado permanentemente se les dote de este vital líquido y únicamente han recibido promesas, engaños y desprecio de quienes están obligados a atenderles y resolverles su situación.

No es permitible que nuestros hermanos indígenas, que habitan a unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México, vivan en tan lamentable situación y que ellos, herederos de una cultura y nativos del lugar y los verdaderos dueños de los veneros de agua, de las represas, manantiales y ríos, no tengan derecho a un solo vaso con agua.

Debo señalar que ahí nace el sistema Cutzamala, en la cuenca del Valle de Bravo y que los mazahuas nada más ven pasar el vital líquido, extraído de sus tierras, rumbo al valle de México y a la ciudad, y que ellos no tengan nada ni para sus más elementales necesidades que es para beber o asearse o para sus usos domésticos.


Estimados diputados, los mazahuas no son gente sucia, los sucios son otros; los mazahuas no son gente floja, los flojos son otros; los mazahuas son un pueblo con dignidad y que merecen ser tratados con dignidad. Por eso hoy estimados diputadas y diputados, vengo a denunciar este hecho ante ustedes, para que los niños mazahuas y las mujeres mazahuas dejen de estar padeciendo esta injusticia que han venido arrastrando durante muchos años, porque no es posible que estos niños en lugar de ir a la escuela, a diario salgan a buscar el agua y consigan un garrafón o media cubeta, después de haberse formado por varias horas y después de haber caminado durante varios kilómetros y que las mujeres mazahuas merecen un desarrollo más pleno y más permanente y no estar esclavizadas en los quehaceres domésticos y en la búsqueda a diario, del vital líquido.

Y por último, debo decirles que no solamente en el Estado de México, sino también en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, en Veracruz y en la gran mayoría de los estados donde habitan indígenas y no indígenas, se padece de este vital líquido.

Es indispensable y urgente implementar un programa nacional de dotación de agua potable a estas poblaciones. Hagamos un llamado al Gobierno Federal para que asuma su responsabilidad con los que hasta la fecha no lo han hecho. Porque los medios de comunicación dicen una cosa y la realidad es otra.

Lo anterior está sustentado en el artículo 27 constitucional y en la Ley de Aguas Nacionales, como un derecho pleno de todo ciudadano mexicano a tener lo elemental, como es el agua potable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores abajo suscritos solicitamos a la Presidencia ponga a consideración del pleno la siguiente

«PROPOSICION

Unica. Que las comisiones de Asuntos Indígenas, Asuntos Hidráulicos y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, soliciten a la Comisión Nacional del Agua y a las diferentes instancias del Gobierno Federal, estatal y municipal,atiendan de inmediato la urgente solicitud de dotar a la comunidad mazahua y a las demás comunidades del país, con el objeto de que satisfagan sus necesidades vitales toda vez que estamos frente a una inminente sequía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de marzo de 1999.- Diputados: Lenia Batres Guadarrama, Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, Francisco de Souza Machorro, Joaquín Antonio Hernández Correa, Cristina Portillo Ayala, Adolfo González Zamora, Primitivo Ortega Olays y su servidor César Lonche Castellanos.»

Pido a la Presidencia que dada la situación se turne a las comisiones correspondientes.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado J. Vicente Moreno Peralta, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema, hasta por 10 minutos.

El diputado J. Vicente Moreno Peralta:

Compañeras y compañeros diputados:

Sin tener la intención de provocar una polémica y en apego estricto a la realidad socioeconómica y política que prevalece en los pueblos indígenas del Estado de México, quiero refutar el comentario que hace el compañero diputado, porque en el Estado de México se practica una política social de alto sentido humano.

La política social del gobierno del Estado de México, concede prioridad a la atención de los pueblos indígenas. Prueba de ello es que desde el año de 1994 se creó en el gobierno del Estado, un organismo público descentralizado denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (Cedipien), organismo dedicado exclusivamente a la atención de programas para el desarrollo integral de estas comunidades.

Este organismo desarrolla programas de bienestar social que atienden, de manera particular, el mejoramiento educativo, la promoción cultural, el fomento del deporte y en el aspecto material, coordina con diferentes instancias programas para introducir o mejorar los servicios públicos. Puedo decir que se trata de un organismo piloto en el país.

Además de este organismo, hay otros programas coadyuvantes para las mismas causas.

Para el conocimiento de esta Asamblea, afortunadamente el Estado de México es asiento de 10 de los 11 municipios que en la República se cuenta con población mazahua. El otro municipio es Zitácuaro, en Michoacán, siendo los municipios mazahuas del Estado de México: Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Donato Guerra, El Oro, Ixtlahuaca, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, Temaxcalzingo, Villa de Allende y Villa Victoria.

El organismo descentralizado al que hago referencia no sólo atiende a los mazahuas, porque en el Estado de México existen otros indígenas, como son otomíes, tlahuicas, maxtlanzincas, nahuatlacas y mazahuas.

Nadie ignora que el principal problema de las étnias en México y en el mundo es la pobreza extrema, con todas sus manifestaciones. Por tal razón, el gobierno del Estado de México ha considerado, en su plan de desarrollo, un programa específico para preservar la cultura de los grupos indígenas y propiciar su bienestar integral, libre y autosostenido.

Sus resultados son evidentes, se han mejorado considerablemente los servicios de educación, salud, vivienda, agua potable, electrificación, vías de comunicación y otros más de infraestructura agropecuaria.

Las comunidades indígenas del Estado de México registran un proceso reconocido por sus propios líderes auténticos y por todos sus habitantes. Que no vengan a sorprender con argumentos falsos ante una realidad expuesta a todas luces. Lo que se hace en el Estado de México, en bien de las comunidades indígenas, no tiene precedente histórico, por eso se vive un clima de tranquilidad, trabajo y progreso.

Permítanme que hable con cierta autoridad moral y base de conocimiento porque, como presidente municipal que fui de San Felipe del Progreso, un municipio mazahua, tuve oportunidad de participar en el ejercicio de los programas de desarrollo de los pueblos indígenas.

No podemos permitir que una persona ajena a la realidad socioeconómica de nuestros pueblos venga a difamar y mostrar oportunismos, porque tal parece que ésa es la consigna de su partido. Inclusive invito al compañero diputado para que juntos recorramos los pueblos mazahuas y constatemos directamente el sentir y el decir de sus habitantes.

El diputado César Lonche Castellanos
(desde su curul):

Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente:

¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado César Lonche Castellanos
(desde su curul):

Para contestar alusiones personales.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado César Lonche Castellanos, para contestar alusiones personales, hasta por cinco minutos.

El diputado César Lonche Castellanos:

Con todo respeto, diputado Moreno Peralta, yo creo que lo que usted dice carece de fundamento.

Le voy a dar un solo ejemplo: San Simón de la Laguna, está sin servicio de drenaje, sin servicio hidráulico y son más de 5 mil habitantes. Hay un abandono total de los servicios médicos y de los programas del Instituto Nacional Indigenista, hay un abandono total a esas poblaciones.

Y lo que usted está proponiendo se lo retomamos y en lo particular también. Visitemos las comunidades mazahuas y desengañémonos personalmente y más bien desengáñense ustedes, ¿porqué quieren ocultar las cosas, cuando la realidad es otra?, ¡la pobreza en el Estado de México es tan latente como en Chiapas, como Oaxaca y como en el valle de   México!

Muchas gracias.

El Presidente:

Como solicitara el diputado César Lonche Castellanos, se turna a las comisiones de Asuntos Indígenas, Asuntos Hidráulicos y Desarrollo Social.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre seguridad pública en la zona conurbada del Estado de México.

Han solicitado hacer uso de la palabra, ante esta Presidencia, los diputados: David Miguel Noyola Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Flavio Valdez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y Héctor Guevara Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el tema, tiene la palabra el diputado David Miguel Noyola Martínez, hasta por 10 minutos.

El diputado David Miguel Noyola Martínez:

Gracias, señor Presidente; honorable Asamblea; compañeras y compañeros diputados:

«Venir a esta tribuna a hablar de los elevados índices de delincuencia y de la inseguridad que prevalece en la zona conurbada del valle de México y en particular en el municipio de Ecatepec de Morelos, habitado por cerca de 2 millones de mexicanos, justificaria de por sí nuestro trabajo de representación nacional. Sin embargo, venir aquí en este momento a hablar de este tema no sólo se justifica, sino que se exige, por que es necesario que todas las instancias de gobierno actuemos para atender el grave problema de la implicación de la propia policía municipal de Ecatepec en el acelerado crecimiento del propio índice de delincuencia y por su participación en la más aberrante ola de asesinatos de que se tiene memoria en la zona conurbada del valle de México.

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Efectivamente, los mexicanos tenemos ahora un nuevo caso para la vergüenza nacional: los principales asesinos de ciudadanos ecatepenses indefensos, asaltados para robarles sus pertenencias, desnudados, atacados con tiro de gracia y tirados finalmente sus cuerpos en diferentes rumbos del nororiente de la entidad, lo son los integrantes de la misma policía municipal, que en diciembre atacó a machetazos a nuestro compañero diputado Rufino Contreras, por órdenes del presidente municipal de Ecatepec.

A finales de 1998, cinco policías confesaron haber cometido 17 asesinatos, propiciándoles a sus víctimas el denominado "tiro de gracia". El subprocurador Daniel Reyes Valencia reconoció que hasta el 10 de marzo de este año ya se había identificado a 15 de las víctimas y dicho por el propio subprocurador, en este mes se podrían encontrar al menos otros cuatro cuerpos más que los homicidas confesaron haber arrojado al gran canal, en los límites de Ecatepec y Tecámac y diversas instancias han reportado la probable vinculación de otros cuerpos aparecidos en otros municipios como Tlalnepantla.

Como esos mismos asesinos según declaraciones periodísticas que citan fuentes oficiales, refieren que podrían llegar al menos a 40.

Los policías asesinos fueron descubiertos dado que se aprehendió a uno de ellos, Francisco Jerónimo Sánchez, por portación de arma prohibida, quien casualmente se encontraba en las minas de San Pablo Tecalco, del municipio de Tecámac, donde aparecieron la mayoría de los cadáveres.

Los policías asesinos, quienes no rebasan los 30 años de edad, supuestamente declararon ser adictos a las drogas y bebidas embriagantes y también supuestamente ellos mismos afirmaron "estar mal de la cabeza".

Ante la gravedad de la situación, el principal responsable de la policía municipal, el presidente municipal, según declaraciones periodísticas, que es la única forma pacífica de expresar públicamente sus opiniones, dijo solamente "que está dispuesto a realizarles un examen sicológico y físico a los 800 policías que integran los diferentes cuerpos de seguridad pública en Ecatepec".

Esta expresión evidencia que hasta antes nos había mentido a los ecatepenses y a la sociedad, ya que en sus informes de gobierno había manifestado que estos exámenes eran ordinarios en la corporación.

Por su lado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México reconoce la existencia de 25 averiguaciones previas vinculadas con los homicidios y apenas hoy han sido formalmente consignados sólo estos cinco policías, sin que la Procuraduría presente resultados de las investigaciones que supuestamente realiza.

Mientras tanto, el gobernador del Estado, César Camacho Quiroz, se pasea tranquilamente por las calles de Madrid, en España.

Ante la falta de agilidad y eficacia del gobierno del Estado de México, en virtud del uso de armas de fuego reglamentarias, se está haciendo tarde para que la Procuraduría General de la República ejerza sus facultades para atraer las averiguaciones y se encargue de las investigaciones de los asesinatos.

Asimismo ante la posibilidad, en mi opinión, de que estemos ante un caso de delincuencia organizada, no sólo justifica sino que requiere de la intervención de la Procuraduría General de la República.

La deficiencia es grave y la acción de gobierno está totalmente infiltrada y rebasada. No sólo debemos observar que hay malos policías, sino que además son insuficientes para dar seguridad a los casi 2 millones de habitantes en este municipio, sin contar a la población flotante y a los miles que transitan o trabajan en este municipio.

Ni la autoridad municipal ni la autoridad estatal actúan. El extremo es el hecho de que en el Presupuesto de Egresos para 1999, el ayuntamiento de Ecatepec tiene previsto cero pesos en el mejoramiento de seguridad pública.


Esta Cámara, el Congreso, no puede quedar callado ante las causas que permitieron que ahora tengamos una policía así y una población indefensa ante quienes debieron protegerla y mucho menos puede estar callada ante la pasividad gubernamental.

Desgraciadamente la ausencia de garantías a los ciudadanos es ya grave y sistemática y de responsabilidad de la autoridad municipal del presidente Jorge Torres Rodríguez. Debemos recordar la represión violenta de la policía montada municipal en contra de dos grupos de manifestantes ocurridos el día 15 de diciembre del año pasado. La policía atacó de manera brutal a ciudadanos, incluso a compañeros diputados, con el fin de frenar esta manifestación.

En este caso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió un conjunto de recomendaciones al presidente municipal del municipio de Ecatepec. En primer término hizo un llamado a que se inicien procedimientos administrativos en contra del director de seguridad pública municipal, del comandante del agrupamiento de la policía montada adscrito al octavo sector y a los elementos que en la fecha señalada se encontraban en servicio, a fin de sentar responsabilidades y analizar la pertinencia de su destitución. Asimismo, insistió en que se instruya al titular del órgano de control interno del ayuntamiento, para que se sigan procedimientos administrativos en contra de otros nuevos servidores públicos del municipio referido.

Cabe señalar que el presidente municipal de Ecatepec de Morelos, Jorge Torres Rodríguez, se negó a sujetarse a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con lo cual ratifica su vocación por promover un clima de impunidad que agravia a la sociedad entera. Por cierto, tampoco esta Cámara ha informado de las gestiones realizadas por su presidente ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, frente a la agresión sufrida por dos diputados federales, como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La seguridad pública es un derecho fundamental de las personas, garantizado en el artículo 21 constitucional, por lo que solicito se turne esta denuncia a la Comisión de Seguridad Pública de esta Cámara, para que en el ámbito de sus atribuciones tome las acciones necesarias frente a las autoridades municipales y estatales, así como frente al Sistema Nacional de Seguridad, cuya coordinación está a cargo de la Secretaría de Gobernación.

La agresión a los diputados federales y manifestantes el 15 de diciembre pasado, los asesinatos sin castigo pleno de los policías municipales y el clima de inseguridad pública vivido en Ecatepec, generan una situación que pone en riesgo el ejercicio de las garantías individuales de los ciudadanos. Frente a ello demandamos que sea la instancia federal la que se haga cargo de la seguridad pública de los ecatepenses en los términos que las leyes correspondientes establecen.

Reiteramos la exigencia de que la PGR atraiga las investigaciones referidas y que la Comisión de Seguridad Pública intervenga y asegure el compromiso y la actuación de la Secretaría de Gobernación, para integrar una coordinación con la PGR, el gobierno del Estado de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que asegure el derecho a la seguridad y a la legalidad de que deben gozar los 2 millones de ciudadanos ecatepenses.

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito, señor Presidente, que se turne a la Comisión de Seguridad Pública, a fin de que se tomen las acciones necesarias para identificar las irregularidades en materia de seguridad pública cometidas por el cuerpo policiaco del municipio de Ecatepec.

Firman los diputados de Ecatepec, su servidor, diputado Miguel Noyola Martínez, José Luis Gutiérrez Cureño, Claudia Fragoso López, Germán Rufino Contreras, Teobaldo López Huertas y Justiniano Guzmán Reyna.»

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Héctor Flavio Valdez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el mismo tema, hasta por 10 minutos.

El diputado Héctor Flavio Valdez García:

Con la venia, señor Presidente; amigos todos, amigos diputados:

Este tema de la seguridad pública es delicado, es por ello que dentro del marco de este tema les informo que dadas las precarias condiciones de inseguridad pública que estamos viviendo todos, los diputados federales tuvimos a bien destinar para el presupuesto de 1998 para el Estado de México, en el apartado de seguridad pública, la cantidad de 200 millones de pesos.

Esta cifra se incrementó en 70 millones de pesos debido a gestiones directas del gobernador Camacho con el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.

Lo malo de este asunto es que el espíritu bajo el cual esta Cámara otorgó este gran monto, era con la idea de que se proporcionaran directamente a los municipios para cubrir parte de sus grandes necesidades en dicho renglón. El ejecutivo estatal decidió crear un fideicomiso, encabezado por él mismo, para así decidir la mejor forma de ir dando este dinero.

La fracción parlamentaria de mi partido, Acción Nacional, expresamos: que no estamos de acuerdo ante la manera en que se ha procedido en este caso; lamentamos profundamente que el federalismo que tanto estamos promoviendo aún no llegue a la realidad. Exhortamos por lo tanto al gobernador Camacho Quiroz a que colabore e impulse el desarrollo y madurez de las autonomías municipales.

Para este año nuevamente los diputados federales nos pusimos firmes ante el Gobierno del presidente Ernesto Zedillo y obligamos a que se destinaran al rededor de 4 mil 400 millones de pesos para efectos de invertirlos en seguridad pública.

De ese gran total nacional, casi 450 millones de pesos le corresponden al Estado de México, por lo cual le hemos encargado a nuestros legisladores locales y a los presidentes municipales, a que estén atentos para recibir los recursos económicos que les corresponden.

Más por si fuera poco y en gran medida es la intención de esta intervención, por datos proporcionados por el Ejecutivo estatal, se nos ha informado que dichos recursos no se han liberado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por ende, desde esta tribuna exigimos a la Secretaría de Hacienda a abocarse a no retener por más tiempo dichos recursos, ya que el Estado de México enfrenta en este renglón muchos problemas. Esperamos que la Secretaría de Hacienda atienda este llamado.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Héctor Guevara Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema, hasta 10 minutos.

El diputado Héctor Guevara Ramírez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:

Ciertamente, todos los ciudadanos de la República, no sólo del Estado de México, estamos preocupados por la inseguridad pública; esta inseguridad pública que padecemos porque todos deseamos vivir con seguridad, sin la latente amenaza de ser robados, secuestrados o asesinados. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que las autoridades en los tres órdenes de gobierno han realizado, la delincuencia y el crimen organizado, lejos de retroceder, siguen ganando terreno a costa del sufrimiento de los habitantes del país, principalmente, debemos reconocerlo, de los habitantes de la ciudad de México y de su zona  metropolitana.

Efectivamente, son seis los policías que están sujetos a proceso, acusados de dar muerte cuando menos a 15 personas. Estos elementos fueron capturados por la policía estatal y reitero, están sujetos a proceso en virtud de las averiguaciones realizadas por la Procuraduría de Justicia del Estado de México.

Este caso, que fue resuelto con celeridad, con apego a derecho y sin encubrir a los delincuentes por el hecho de ser policías, muestra que la justicia debe aplicarse sin distingos para la seguridad de la ciudadanía mexiquense.

78,79 y 80

La detención, consignación...

El Presidente:

Permítame orador, ¿con qué objeto diputado?

El diputado José Luis Gutiérrez Cureño
(desde su curul):

Gracias. Para preguntar, por su conducto, señor Presidente, al orador si acepta una pregunta de mi parte.

El Presidente:

Señor orador, ¿acepta usted una pregunta de parte del diputado?

El diputado Héctor Guevara Ramírez:

Yo aceptaría con mucho gusto, pero es tarde, mire, mis compañeros diputados no quieren oír nuevamente la misma perorata de siempre. No, señor Presidente.

El Presidente:

No acepta, señor diputado.

El diputado José Luis Gutiérrez Cureño
(desde su curul):

Solicito la palabra para rectificar hechos, señor Presidente.

El diputado Héctor Guevara Ramírez:

Decía...

El Presidente:

Permítame, señor orador... ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Rufino Contreras Velázquez
(desde su curul):

Bueno, quisiera hacer una pregunta al excelentísimo ex presidente municipal de Coacalco, si quisiera que la pudiera formular, en el ámbito de la policía municipal porque él como presidente sabe muchos mecanismos para depurar a la policía. No creo que se niegue.

El Presidente:

¿Acepta usted la pregunta, señor orador?

El diputado Héctor Guevara Ramírez:

Yo creo que no es prudente escucharlo en este momento, tendrá oportunidad para hechos y luego yo le haré algunas preguntas a usted.

El Presidente:

No acepta la pregunta, señor diputado. Continúe el señor orador.

El diputado Héctor Guevara Ramírez:

Decía que la detención, consignación y sujeción a proceso de estos policías criminales, forma parte de una estrategia de la policía estatal para sanear los cuerpos policiacos de la entidad, disminuir la delincuencia y acrecentar la seguridad a la población mexiquense.

¡Qué bueno que hayan sido detenidos! En Ecatepec y en el Estado de México, la ciudadanía es testigo del esfuerzo que se ha hecho en materia de seguridad y de justicia; el incremento en el armamento, en el número y en la calidad; en el número de patrullas, en la participación ciudadana en la prevención del delito, como el programa "Vecino Vigilante" en el que participan delegados, consejos de participación ciudadana y organizaciones de colonos.

El que existan elementos negativos en las policías no sólo de Ecatepec sino de todo el país, no quiere decir que no existan policías responsables y honorables quienes con su trabajo han logrado disminuir los índices de la delincuencia en el Estado de México.

La problemática de la seguridad pública se acentúa en la zona conurbada con el Distrito Federal, como es el caso del municipio de Ecatepec y debo declarar que seis de cada 10 delincuentes que realizan sus fechorías en el Estado de México, son radicados en el Distrito Federal.

Es muy sana la preocupación que el diputado que expuso el tema y presentó esta denuncia, en torno al problema de Ecatepec, pero espero que comparta también este sentimiento ante el clima de permanente inseguridad que priva en el Distrito Federal. Muestra de ello, la violación realizada por policías en Tláhuac a tres jovencitas o de los múltiples atentados y lesiones sufridas a legisladores, tanto de la Asamblea como de esta Cámara.

Quiero decir que en el Estado de México, en el periodo 1996-1998 ocupó la entidad el lugar número 30 entre todas las entidades del país en índice de delitos, con un promedio de cuatro delitos por cada 100 mil habitantes mayores de 15 años y que es la única entidad que cuenta con tres academias de policía, dos de ellas creadas recientemente.

El Estado de México cuenta con 4 millones, 324 mil 737 habitantes más que el Distrito Federal, su territorio es 18 veces mayor que el Distrito Federal. El Estado de México destina un policía por cada 2 mil 18 habitantes, en el Distrito Federal uno por cada 603. El Estado de México cuenta sólo con 28 mil 917 policías y el Distrito Federal con 70 mil 870.

El equipo de seguridad pública con el que cuenta el Distrito Federal es infinitamente superior con el que cuenta la seguridad pública del Estado de México; sin embargo, en el Distrito Federal la incidencia delictiva asciende a 690 delitos diarios, en contraste con los 435 que se realizan en el Estado de México. Es decir, el incremento en el Distrito es de un 12% y en el Estado sólo del 5.2%.

Por último, respecto a los asaltos bancarios, el año pasado ya ni se diga, pero enero y febrero de este año en el Distrito se han cometido 37 y en el Estado de México sólo cinco.
Después de reconocer estos indicativos no podemos hablar de incumplimiento en la prevención de delitos en el Estado, dado que con menores recursos humanos y materiales, el aparato de justicia del Estado ha logrado realizar una labor eficiente que le ha permitido mantener el índice de criminalidad muy por debajo de lo que se observa en otras entidades, incluyendo el Distrito Federal.

Los diputados priístas nos pronunciamos por el respeto irrestricto al estado de derecho. En el caso específico del tema que nos ha traído a esta tribuna, debo señalar que los delincuentes fueron capturados por la propia policía preventiva de la localidad, fue la Procuraduría del Estado de México quien integró la averiguación, ya será el Tribunal de Justicia del Estado quien aplique las sanciones correspondientes a quienes se han apartado de la ley.

Lo anterior nos hace concluir que en el Estado de México se vive, en los hechos, en un estado de derecho.

Nunca antes los municipios conurbados habrán tenido el respaldo económico para poder enfrentar a la delincuencia como ahora.

Quien me antecedió en el uso de la palabra señaló este tema, por eso hice una referencia, pero quien primero planteó el tema solicitó que su denuncia se turne a la Comisión de Seguridad Pública. Expreso que en estricto sentido no tiene por qué turnarse a ninguna comisión de esta soberanía, pues se trata de la constitución de delitos del fuero común, cuya resolución compete únicamente a los tribunales del Estado de México.

Más aun. Si existieran elementos para que esta Cámara conociera de este asunto, ¿no sería la Comisión de Justicia quien debiera conocer de ello?

Mirar la paja en el ojo ajeno sin mirar antes la viga en el propio es una práctica demagógica. La zona conurbada merece que las autoridades del Estado de México, pero también las del Distrito Federal, realicen un mayor esfuerzo para evitar que la criminalidad siga agobiando a la sociedad.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente:

Se han registrado ante esta Presidencia para rectificación de hechos, los diputados José Luis Gutiérrez Cureño, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Eduardo Guadalupe Bernal Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra el diputado José Luis Gutiérrez Cureño, hasta por cinco minutos.

El diputado José Luis Gutiérrez Cureño:

Gracias, señor Presidente; con su permiso, compañeras y compañeros diputados:

Sería prudente que en el ánimo de su juicio no prevaleciera la intención a toda costa defender lo indefendible. No es posible escuchar aquí argumentos que pretenden sostener que el problema que hoy se vive en el Estado de México y en particular en Ecatepec, es un problema común o un problema comparable con otros estados de la República.

En el Estado de México quien está asesinando ciudadanos, es la propia policía municipal de Ecatepec, es la propia policía la que está asesinando a vecinos nuestros de ésta gran ciudad, que hoy se ha convertido, particularmente en el caso de Ecatepec, de una ciudad con miedo, de una ciudad sin ley, de una ciudad en donde tenemos que cuidarnos y defendernos más de los policías y del presidente municipal que de los delincuentes.

Decía yo que no debiera enfrascarse la fracción del PRI en defender a toda costa al presidente municipal de Ecatepec, porque no es nuestra intención embestir contra él por su filiación política, sino por su incapacidad y por el nivel de involucramiento que pudiera tener en estas prácticas de su policía municipal.

No sólo son los asesinatos que hoy se manifiestan, sino la misma comisión estatal de derechos humanos, en diciembre pasado, ha emitido recomendaciones contra la policía municipal y contra el ayuntamiento de Ecatepec, que el señor presidente, por consejo de sus asesores, no ha aceptado tales recomendaciones.

Eso es grave, porque quiere decir que están generando un ambiente de impunidad, promovido por sus intereses políticos y que ahora nos enfrentan una situación muy grave.

No es cierto que en el Estado de México la policía estatal esté contribuyendo a cuidar la tranquilidad.

Debe recordar usted, señor diputado, que las principales quejas de los ayuntamientos de Naucalpan, Tlalneplantla y Netzahualcóyotl, son contra el abuso y el autoritarismo que los ciudadanos reportan de la policía estatal.

Las comisiones municipales de Derechos Humanos y la comisión estatal, son testigos y tienen constancia de que la principal policía que viola los derechos de los ciudadanos, es la policía que controla el gobierno del Estado y lo subrayo, hay una displicencia tal que el gobernador del Estado de México en este momento se encuentra paseando en Madrid, España, cuando los ciudadanos están siendo atacados por la propia policía.

Lo que tenemos y lo que venimos aquí a plantear, señoras y señores legisladores, es la necesidad de que la Comisión de Seguridad Pública, tal y como ayer lo ofreció la Secretaría de Gobernación a la comisión de legisladoras, en el caso de Chihuahua, intervenga para que la Secretaría de Gobernación coordine las acciones necesarias con la PGR, con el gobierno del Estado de México y la misma subsecretaría de seguridad pública, para que se genere tranquilidad en Ecatepec, la tranquilidad que nos ha quitado saber que quienes deberían cuidarnos están asesinando a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares.

No es cierto, insistimos, no es cierto que haya un avance en la procuración de justicia ni mucho menos en la seguridad pública. Las cifras lo indican. El procurador, el director de seguridad pública, el mismo señor Arturo Montiel, hoy candidato del Partido Revolucionario Institucional, reconocen que el fenómeno más grave en este momento es la seguridad pública.

Por eso lo que hoy estamos pidiendo es que la Federación intervenga, porque se han utilizado armas reglamentarias, porque puede tratarse de delincuencia organizada y éstos, señores legisladores, son delitos federales que justifican que la PGR atraiga estas investigaciones y aclare quién está detrás de estas agresiones, sean políticos o sean cualesquiera de las mafias criminales que principalmente en Ecatepec prevalecen y gobiernan.

81,82 y 83

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Eduardo Guadalupe Bernal Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por cinco minutos

El diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Qué lamentable que se venga a tratar en esta tribuna un asunto tan importante y delicado, como bien lo decía Flavio, como es la seguridad pública, con tanta ligereza, buscando como es usual en el Partido de la Revolución Democrática, confundir a la ciudadanía, haciendo de un hecho que lamentamos todos los mexiquenses, una intervención demagógica y confusa como la que han tenido nuestros compañeros del PRD.

Demagógica porque no es válido que se venga aquí a acusar a los cuerpos policiacos generalizando a todos, señalando sus errores sin señalar sus aciertos, y yo si le acepto pregunta diputado, si quiere usted hablar, señalando sus aciertos...

El diputado José Luis Gutiérrez Cureño
(desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente:

Me permite señor orador.

El diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez:

Con mucho gusto señor Presidente y que se detenga el reloj en el tiempo reglamentario.

El Presidente:

¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado José Luis Gutiérrez Cureño
(desde su curul):

Para preguntar por su conducto al orador en turno, si acepta una pregunta.

El diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez:

Con mucho gusto señor diputado.

El Presidente:

Ya le han respondido señor diputado.

El diputado José Luis Gutiérrez Cureño
(desde su curul):

Gracias. Señor legislador, usted señala y hace referencia a que el tema que hemos traído a tribuna es un tema en donde no existe correspondencia con la realidad; así se ha interpretado de lo que hasta el momento ha podido usted expresar.

Agradeciendo y reconociendo que usted ha aceptado esta pregunta, quisiera yo que pudiera usted informarnos si está en su conocimiento, ¿cuales son las medidas a las que aludía su compañero de bancada, el diputado Guevara a quien no le dieron permiso de contestar la pregunta, cuáles son las medidas que ha tomado particularmente el gobierno del Estado de México y también particularmente el gobierno de Ecatepec, municipio en el cual varios de sus ex colaboradores participan para atenuar el elevado índice de delincuencia y criminalidad que tenemos en esa región del Estado de México y en consecuencia, para evitar que los cuerpos de policía estén inmiscuidos en estos delitos, como ahora ha quedado demostrado en el caso de la Policía de Seguridad Pública Municipal de Ecatepec, involucrada, según versiones periodísticas, en casi 40 asesinatos.

Y por otro lado, también quisiera que usted me expusiera, de saberlo, cuáles son las medidas que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ha tomado, ha avanzado, para esclarecer las averiguaciones previas en las cuales están involucradas las policías Municipal de Ecatepec y la policía estatal, en el ámbito del municipio.

Y por supuesto, en consecuencia, yo le pediría que nos explicara, luego entonces, cómo es posible que usted hable de ligereza cuando lo ligero lo superficial es el estilo de gobierno de sus compañeros en el Estado de México.

El diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez:

Gracias, señor diputado.

Señor diputado, yo le comento brevemente, porque su pregunta es para un tema muy amplio como es la seguridad pública, al no dejarme terminar mi exposición y le pido, así como yo fui atento en su pregunta, sea atento en lo que le contesto. No interprete, si hubiera interpretado, hubiera permitido que yo terminara. Las medidas que ha tomado no sólo el gobierno del Estado, sino el gobierno municipal, es el incremento en elementos, el incremento en equipamientos, no sólo en el municipio, sino en el Estado.

Pero yo decía que este problema tan complejo como es la seguridad pública, es un problema no de un municipio, no sólo del Estado, no sólo de este país, sino a nivel mundial. Es un problema que todos los esfuerzos que se estén haciendo, no nos pueden dar la perfección y yo le podría comentar, señor legislador, que no se trata de dar estadísticas de lo que sucede. Yo te podría decir que en Nezahualcóyotl, en el gobierno perredista, hay 11,773 robos contra 7 mil 900 de Ecatepec; daños en bienes, lesiones y homicidios, hay 947 en Nezahualcóyotl y 810 en Ecatepec.
Pero no se trata de estadísticas, porque nos podemos ir al Distrito Federal, que el índice de la delincuencia a pesar de que somos mas de 4 millones de habitantes mas que en el Distrito Federal, es de 690 delitos diarios contra 460 en el Estado de México.

Pero el darte estas cifras, señor diputado, no resuelve el problema. El venir a denunciar y confundir y al hablar de confundir es que tu compañero diputado que me antecedió en el uso de la palabra, maneja el asunto de Ecatepec, maneja el asunto de derechos humanos, maneja el ataque al Presidente. Si se viene a tocar un asunto serio, hay que tratarlo serio, como es la seguridad pública.

Yo por eso reconozco al compañero de Acción Nacional que vino no sólo a exponer su preocupación de la seguridad, sino a hacer una propuesta concisa.

Es cierto que la Federación le ha dado a nuestro Estado los recursos suficientes, en el Estado más poblado de este país, para poder resolver la situación de seguridad.

También es un hecho que no con la cantidad de policías que tengamos lo vamos a solucionar. Requerimos capacitarlos, requerimos equiparlos, pero vámonos a los porcentuales. No se puede generalizar a 1 mil policías que trabajan en Ecatepec, por la actitud de cinco. Es menos del 1%. Pero esto no justifica el accionar de los elementos que tienen como responsabilidad cuidar la seguridad de todos los ciudadanos, por eso tenemos que hacer propuestas claras y yo quisiera terminar mi intervención, si así me lo permite, porque no quiero dar datos, no quiero que esto caiga en un debate sin sentido, sino en qué vamos a hacer los mexiquenses sin ideología, sin importar la ideología, sin importar el partido, para solucionar el problema que tanto afecta no sólo a nosotros, sino a nuestras propias familias. Eso es lo que tenemos y yo contestaría: ¿cómo nos dimos cuenta de que había policías que estaban haciendo estos hechos delictivos a través de la autoridad competente, la autoridad del Ministerio Público que así lo hizo?

Termino, señor Presidente, para continuar mi intervención.

El Presidente:

Adelante, señor orador.

El diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez:

Decía que no era demagógico porque se acusan, generalizan y culpan a la mayoría de los policías del Estado de México, ignorando los esfuerzos que están haciendo los gobiernos por mejorarlo. Hay que señalar errores pero también hay que señalar los aciertos, tampoco es ético venir a culpar autoridades cuando efectivamente le decía yo, ellos y nos enteramos de este hecho con la actuación responsable y efectiva de la actividad judicial.

En Ecatepec decía hay más de 1 mil elementos, y esto ha permitido una mayor seguridad, no con la perfección que todos los ciudadanos quisiéramos. Yo diría, ojalá y logremos esa perfección, no hay servidores ni todos malos ni todos buenos, ojalá y algún día podamos contar con todos buenos.

Yo decía que en la exposición de su compañero diputado fue confusa, porque habla de un hecho delictivo que está en curso de investigación y viene aquí en un acto populista a ver a acusar no sólo en el acto de los policías, sino a hablar de la supuesta agresión que se sufrió aquí el 15 de diciembre.

Ahí está Derechos Humanos y Derechos Humanos es la instancia a la que ustedes  recurrieron, ésa es la instancia que dará la recomendación, ésa es la instancia que le dará esa recomendación al señor Presidente.

El Presidente:

Recuerdo a los compañeros diputados que no se permite establecer diálogos.

El diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez:

Señor Presidente, si me permite...

El diputado José Luis Gutiérrez Cureño:
(desde su curul):

Está mintiendo y no tiene información.

El Presidente:

Adelante, señor orador.

El diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez:

Hablando de ignorancia hay que señalarle. La propuesta que se ha presentado, diputado, para que este asunto se turne al Consejo de Sistema de Seguridad Nacional y a la Comisión de Seguridad Pública, lea el documento revela un profundo y sorprendente desconocimiento de las disposiciones legales y parlamentarias más elementales. En efecto, el diputado que me antecedió en el uso de la palabra...

El Presidente:

Permítame, señor orador...

El diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez:

Citó como fundamento...

El Presidente:

Permítame señor orador. Diputado José Luis Gutiérrez Cureño ¿Con que objeto?

El diputado José Luis Gutiérrez Cureño
(desde su curul):

Para solicitar a usted, porque yo fui el orador que lo antecedió en el uso de la palabra, parece que no sabe usar los términos y los tiempos, no sólo es ignorante en la recomendación de derechos humanos sino en este tema...

El diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez:

Señor Presidente.

84,85 y 86

El diputado José Luis Gutiérrez Cureño
(desde su curul):

Pedirle a usted que en su calidad de Presidente de la mesa, conduzca esta sesión como debe de ser y le solicite al diputado que si he sido respetuoso sea respetuoso y sea recíproco, la decencia será y será bien recibida.

El Presidente:

Señor diputado José Luis Gutiérrez Cureño, sírva conducirse con orden.

El diputado José Luis Gutiérrez Cureño
(desde su curul):

Sí, señor Presidente.

El Presidente:

Y con respeto a sus compañeros.

El diputado José Luis Gutiérrez Cureño
(desde su curul):

Sí, señor Presidente, agradezco su exposición, pero mucha gente es ignorante y esto no es una falta de respeto, es falta de información y ésa es la parte a la que yo quiero aludir. El señor ha referido que de mi parte he hecho una expresión o una propuesta para un sistema...

El Presidente:

Señor diputado José Luis Gutiérrez Cureño, ¿con qué objeto está usted haciendo uso de la palabra?

El diputado José Luis Gutiérrez Cureño
(desde su curul):

Para que por su conducto solicite al orador, si así lo acepta, que conteste una pregunta, que se refiere concretamente a que nos explique en qué parte de la intervención se hizo la referencia.

El Presidente:

Señor orador, ¿acepta usted otra pregunta?

El diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez:

Al término de mi intervención, para hacer este señalamiento y que está en la versión estenográfica, señor Presidente.

El Presidente:

Ya le han dado respuesta, diputado Cureño.

El diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez:

En efecto, el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, citó como fundamento de su propuesta el artículo 21 constitucional y digo el que me antecedió, porque usted le hizo el discurso. Sin embargo, parece no haber dado lectura al primer párrafo de este precepto y ahí viene la ignorancia, que señala expresamente que todos los hechos que puedan constituir ilícitos, como es el caso que nos ocupa, deben ser investigados por el Ministerio Público, la única autoridad a quien nuestra Constitución, como lo señaló en su documento, le otorga tales atribuciones legales para investigar los delitos.

Por lo tanto, por lo tanto, señores diputados, es a esa institución y no a otra, a la que corresponde el conocimiento y la investigación de los hechos que comentamos y precisamente en cumplimiento de nuestros preceptos constitucionales, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ha iniciado las correspondientes indagatorias, como se prueba con las averiguaciones realizadas que están radicadas en las agencias del Ministerio Público.

Hoy, señores diputados, queremos que prevalezca la justicia y que se aplique el derecho. No es con la confusión ni la desviación del tema y de los procedimientos como contribuimos a tal fin. Basta de lucrar políticamente con la zozobra y el temor de nuestra sociedad. Queremos justicia todos; hagámosla sin torcer el camino de la ley y si alguna comisión debe de ir el documento presentado, debe ser a la Comisión de Justicia.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Rufino Contreras Velázquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para rectificación de hechos, por cinco minutos.

El diputado Rufino Contreras Velázquez:

Con su venia, señor Presidente.

Yo quiero intervenir porque indudablemente todos los mexicanos estamos pendientes de que la procuración de justicia se dé y no podemos permitir que con discursos se pueda justificar el actuar de los propios policías en Ecatepec.

Yo, señor Presidente, le entrego la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, para que le dé una copia al diputado Bernal y pueda ilustrarse.

El Presidente:

Si es tan amable, al Secretario, por favor.

El diputado Rufino Contreras Velázquez:

...Y en ese sentido, con esa ilustración, pueda él entender cómo está Ecatepec. Ecatepec ha sido la agencia de colocaciones del Partido Revolucionario Institucional, donde ha perdido municipios que hoy gobiernan de muy buena manera el PAN y el PRD e incluso estos propios funcionarios no informan ni siquiera cuánto obtienen mensualmente en su pago y en el caso del presidente se ha comentado y hemos escuchado que tiene un sueldo de alrededor de 300 mil pesos al mes. Quisiéramos que el presidente municipal de Ecatepec no solamente nos informara, sino que este Congreso pudiera coadyuvar para que él se presente al Congreso local y pueda informar no solamente...

El Presidente:

Permítame, señor orador.

Señor diputado Bernal, ¿con qué objeto?

El diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez (desde su curul):

Simplemente señor Presidente, para pedirle por su conducto, como señalan nuestras prácticas parlamentarias, que se dedique al tema el diputado. El tema agendado es sobre seguridad pública.

Con todo respeto yo le solicitaría a usted y que respetuosamente le diga al diputado Rufino Contreras, que se constriña al asunto que estamos tratando.

El Presidente:

Señor orador, le ruego se ciña al tema para el cual solicitó usted la palabra.

El diputado Rufino Contreras Velázquez:

Sí, señor Presidente.

El problema de la policía municipal, no solamente es en función de cuántos elementos se tiene ni cómo se arman, como el caso del comentario del diputado Guevara, que parece que entre más estén armados los policías son más eficaces; más bien a veces más miedo se les tiene. Es un problema difícil, pero que indudablemente es de acuerdo como se gobierna en Ecatepec.

Hace alrededor de un año y medio, la propia Academia de Policía de Ecatepec, los propios policías que ahí se les imparten a los cursos, tuvieron que protestar en movilizaciones permanentes por la violación a sus derechos constitucionales, falta de prestaciones, no les pagaban, los tenían como cuerpo de seguridad para los funcionarios y así sucesivamente los policías se han inconformado permanentemente.

Se dice que se depuró la policía municipal de Ecatepec. Yo quisiera que nos pudieran informar o no solamente informar, sino se pudiera retomar la propuesta de que una comisión de justicia y el diputado de Ecatepec, visitáramos Ecatepec para traer la información y nos pudiera informar el presidente municipal a cuántos policías, de acuerdo al examen  antidoping, dio de baja. Porque hoy tenemos también conocimiento que muchos de estos policías tienen prácticas incorrectas: utilizan droga, utilizan muchas cosas. Entonces yo quisiera que el presidente municipal diera esa oportunidad para saber cómo están los cuerpos policiacos en Ecatepec. Porque se dice que se dieron de baja pero se siguen dando esas prácticas.

Además, con el visitador de la Comisión de Derechos Humanos donde yo acudí, no hay un archivo completo donde podamos retomar y ver cuántos policías se tienen y en qué condiciones se encuentran...

El Presidente:

Señor orador, permítame usted.

El diputado Héctor Guevara Ramírez
(desde su curul):

Pido la palabra.

El Presidente:

Señor diputado Guevara, ¿con que objeto?

El diputado Héctor Guevara Ramírez
(desde su curul):

Para contestar alusiones personales que ha hecho el diputado a su servidor.

El Presidente:

Queda registrado.

El diputado Rufino Contreras Velázquez:

Incluso fuimos con el visitador de la Comisión de Derechos Humanos y el propio presidente les dio línea a los policías municipales después de la agresión del 15 de diciembre, donde se quitaron el bigote, los cambiaron de sector, les dieron incapacidad por problemas de salud. De ahí este archivo desapareció, no tenemos esa información que nos permitiera incluso identificar a los agresores, a pesar de que se llevaron fotografías ubicando directamente a los responsables de la agresión. Pero de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, la responsabilidad es del presidente municipal.

Yo insistiría que se formara esta comisión para que se visite el municipio de Ecatepec y se traiga la información respectiva. En conclusión digo, es un problema de delincuencia organizada, de impunidad, de complicidad, de espaldarazo, de respaldo, del ciudadano Jorge Torres Rodríguez.

Y el día 25 de este mes, cuando va a estar el Presidente de la República en Ecatepec, ojalá que este Congreso se pronuncie porque se nos den las facilidades adecuadas para acercarnos al Presidente de la República y podamos entregar un documento donde el Presidente de la República, que yo creo que está con nosotros, también repudie estos hechos. Pero tampoco podemos pensar que sea la elegida por el número de asesinatos que hay en este municipio.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Héctor Guevara Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales, hasta por cinco minutos.

El diputado Héctor Guevara Ramírez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Quise hacer nuevamente uso de la tribuna en razón de lo referido por quien me antecedió en la palabra, de mi persona.

Yo jamás dije que mientras más armados estén los policías, mejor servicio se puede dar. El servicio que tienen ayuntamientos y autoridades de seguridad pública que brindarle a la ciudadanía, se da de manera integral. Es lógico que si se tiene mayor capacitación y si se tiene mejor armamento...

87,88 89

El diputado Rufino Contreras Velázquez
(desde su curul):

Pido la palabra.

El Presidente:

Sí, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Rufino Contreras Velázquez
(desde su curul):

Para hacerle una pregunta al señor orador.

El diputado Héctor Guevara Ramírez:

Con mucho gusto, le acepto la pregunta al diputado.

El diputado Rufino Contreras Velázquez
(desde su curul):

A mí me parece que aquí el actuar del diputado Guevara, es parte de las prácticas demagógicas.

Decía hace un momento que tendríamos que ser serios en este rubro de la seguridad pública.

El Presidente:

Concrete usted su pregunta, por favor, señor diputado.

El diputado Rufino Contreras Velázquez
(desde su curul):

Que me dijera si tiene antecedentes, porque cuando pasa a la tribuna a defender es que no solamente se va a defender a ciegas. Si me pudiera informar cuántos policías municipales han dado de baja en Ecatepec.

El Presidente:

Proceda, señor orador.

El diputado Héctor Guevara Ramírez:

Así como usted, antes de hacer su pregunta dijo qué es lo que le parece, si me permitiera, para darle respuesta, yo también le diría qué es lo que me parece.

A mí lo que me parece es que la práctica demagógica es de su parte, diputado, y es de parte del otro diputado mexiquense que utilizó la tribuna; primero, luego ya le doy respuesta, mi querido diputado.

Mire usted, desde luego...

El Presidente:

Recuerdo a los señores diputados, que no se deberá establecer diálogo.

El diputado Héctor Guevara Ramírez:

A la pregunta específica de cuántos, usted mismo no la sabría. ¡Ah!, pero sí le quiero decir precisamente que el número de policías que existen en Ecatepec, es con la finalidad de abatir la delincuencia y la criminalidad en ese municipio en el que usted radica.

Continúo, señor Presidente. Quise -decía-, hacer nuevamente uso de la tribuna para señalarles que no vine a defender lo indefendible, que las cifras que yo señalé pueden consultarlas y tengan la certeza que son cifras que se apegan absolutamente a la realidad y si no...

El Presidente:

Me permite, el señor diputado. Diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Claudia Carmen Fragoso López
(desde su curul):

Pedirle, por su conducto al orador, si me permite hacerle una pregunta.

El diputado Héctor Guevara Ramírez:

Con mucho gusto, diputada.

La diputada Claudia Carmen Fragoso López
(desde su curul):

Gracias, diputado.

Ambas exposiciones por parte de los partidos reconocen el problema de que en la seguridad pública hay serias anomalías. Despartidizando el asunto, porque es un tema que nos puede preocupar como diputados, ¿cuáles serían sus propuestas, diputado, para corregir ese problema en los elementos, precisamente, de seguridad?, porque en Ecatepec concretamente, en tres meses, tanto a ciudadanos que ya reconocen en las mismas declaraciones en los medios los elementos de seguridad, a qué grado han llegado los asesinatos e incluso a los diputados, que de mi parte yo fui agredida el día 15 de diciembre con un grado realmente grave de atentado.

¿Cuál sería su propuesta, diputado, para corregir o sugerencias?, porque decimos que no debemos de partidizar este tema; nos debe de preocupar. ¿Cuáles serían sus sugerencias que usted haría para que los elementos de seguridad pública puedan precisamente ser anulados?, porque están haciendo un gran daño a la ciudadanía, no sólo de Ecatepec, sino en todo el país.

El diputado Héctor Guevara Ramírez:

Cómo no diputada. Le agradezco profundamente su pregunta.

El Presidente:

Permítame, diputado orador. Sí, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Rufino Contreras Velázquez
(desde su curul):

Yo pediría al diputado Guevara que realmente no le dé vuelta al asunto, que no le juegue a la gallina ciega.

El Presidente:

Permítame usted, ¿con qué objeto? Concrete usted.

El diputado Rufino Contreras Velázquez
(desde su curul):

Yo le pediría que fuera muy concreto, que no le jugara a la gallina ciega.

El Presidente:

Pero, ¿con qué objeto hace uso de la palabra, diputado?

El diputado Rufino Contreras Velázquez
(desde su curul):

Que el señor diputado, si acepta que desde ahorita ya formemos la comisión, no solamente para ir a Ecatepec, sino una reunión específica...

El Presidente:

Diputado, ¿con qué figura parlamentaria hace usted uso de la palabra? ¿Con qué objeto?

El diputado Rufino Contreras Velázquez
(desde su curul):

En el entendido de que éste es un problema de todos; entonces, hay que sumarnos a eso. Yo quisiera ayudarle en las propuestas.

El Presidente:

¿Qué es lo que desea hacer, señor diputado Rufino?

El diputado Rufino Contreras Velázquez
(desde su curul):

Proponerle, si él está de acuerdo, en que vayamos una comisión, tanto al municipio de Ecatepec como a la Procuraduría del Estado y a la Procuraduría General de la República, entrevistarnos con los dos procuradores, con los elementos que llevemos de Ecatepec.

Por eso decía, no hay que jugarle a la gallina ciega.

El Presidente:

Señor diputado, ése sería un acuerdo del pleno.

El diputado Rufino Contreras Velázquez
(desde su curul):

Por eso. Le estoy ayudando a las propuestas al diputado Guevara, le pido de favor que lo proponga en su intervención.

El Presidente:

Gracias por su comentario, señor diputado. Continúe, señor diputado orador.

El diputado Héctor Guevara Ramírez:

Primero, contestaré la amable pregunta de la diputada Fragoso. ¿Qué propongo? Mire usted, el supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el problema de la seguridad pública cada una de estas entidades tiene que hacer lo que le corresponde, de acuerdo a la ley.

Y usted habló de qué sugerencias podría yo hacer. Yo le voy a decir que lo que se debe hacer, desde mi punto de vista, sin que tenga yo la razón absoluta, es, desde luego, en principio, abatir el alto índice de criminalidad.

Segundo, restablecer la confianza y la credibilidad sociales en razón de las funciones que tiene el Ministerio Público y, desde luego, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Tercero, se debe integrar de manera adecuada un sistema de seguridad pública y procuración de justicia con capacidad para prevenir, perseguir y sancionar la delincuencia con una verdadera eficacia; porque ése es el reclamo que la ciudadanía nos hizo a todos los legisladores y es el compromiso que nosotros debemos cumplir con la propia ciudadanía.

Podría dar más, pero prefiero hacer solamente un comentario en razón de lo que dijo el diputado Rufino. Qué lástima que utilice usted el término de "gallina ciega", yo creo que no tenemos cara de gallina y yo no uso lentes, señor diputado y usted sí. He contestado, señor.

Y quisiera decir que en el Estado de México se ha procurado fortalecer la presencia de la policía, dando una vigilancia adicional a las colonias con alto índice delictivo, vigilando de manera especial los centros de población, buscando una figura muy interesante que se llama el policía de barrio, para poder servirle a la comunidad, a la comunidad de abajo.

Y también, reitero, la petición que han hecho los compañeros del Partido de la Revolución Democrática en que este asunto debe pasar a la Comisión de Seguridad Pública, debo decir que no tienen razón desde el punto de vista estrictamente jurídico. Porque el caso que nos ocupa es un asunto que está ya ventilado en los tribunales del propio Estado de México. Fue, insisto, la propia policía preventiva quien detuvo a esos policías criminales. Fue la agencia del Ministerio Público quien integró absolutamente la averiguación y ya se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia la posibilidad de que se den las penas o las sanciones correspondientes a un delito del orden común, en el que no tiene por qué conocer de fondo la Cámara de Diputados Federal.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente:

Conforme a lo solicitado por el diputado David Miguel Noyola Martínez y el diputado Eduardo Guadalupe Bernal Martínez, túrnese este asunto a las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia.

El tema sobre situación poselectoral en el Estado de Guerrero, a petición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se pasará a la siguiente sesión como primer punto de la agenda política.

El diputado Efraín Zúñiga Galeana
(desde su curul):

¡Señor Presidente!

90,91 y 92

El Presidente:

Sí, diputado. ¿Con qué objeto solicita la palabra?

El diputado Efraín Zúñiga Galeana
(desde su curul):

Para una moción, señor Presidente.

¿Quisiera preguntar a la Presidencia si el Partido de la Revolución Democrática expuso razones fundadas para pedir el retiro de este punto del orden del día, señor Presidente? ¿Que digan si fue por oportunismo político o por cobardía?

El Presidente:

Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La secretaria Lilia Reyes Morales:

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVII Legislatura.

Orden del día

Martes 23 de marzo de 1999.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Chihuahua, Jalisco, Sonora, Tabasco y Quintana Roo.

Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.»


CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 16:37 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 23 de marzo, a las 10:00 horas.

RESUMEN DE TRABAJOS

* Tiempo de duración: 5 horas 36 minutos.

* Quorum a la apertura de sesión: 279 diputados.

* Comisiones reglamentarias y protocolarias: 2.

* Diputados suplentes que se incorporan: 6.

* Puntos de acuerdo: 1.

* Temas de agenda política: 5.

* Oradores en tribuna: 25
PRI-8; PRD-8, PAN-6; PT-2; PVEM1.

Se recibieron:

* 1 invitación del Instituto de Cultura de la Ciudad de México, para asistir al acto cívico conmemorativo;

* 1 oficio de la Cámara de Senadores;

* 18 oficios de la Comisión Permanente;

* 2 comunicaciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, respecto a cambios en la integración de las comisiones de trabajo;

* 3 iniciativas del PAN;

* 2 iniciativas del PRI;

* 1 iniciativa del PRD;

* 1 iniciativa del PT;

* 1 comunicación del PRD.

NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición

D.F. Distrito Federal
ISR Impuesto sobre la renta
IVA Impuesto al valor agregado
PAN Partido Acción Nacional
Pemex Petróleos Mexicanos
PGR Procuraduría General de la República
Pitex Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
PT Partido del Trabajo
PVEM Partido Verde Ecologista de México
RFC Registro Federal de Contribuyentes
SAGAR Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural
Sedue Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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