DIARIO de los DEBATES

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio

DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora

PRESIDENTE

Diputado Sergio Valdés Arias

DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES

Norberto Reyes Ayala
AÑO II                 México, D.F.,martes 23 de marzo de 1999              No.4

S U M A R I O

ASISTENCIA

Pag.

101

ORDEN DEL DIA

101
ACTA DE LA SESION ANTERIOR 101
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 104
Dos comunicaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con las que informa de actividades propias de su I legislatura. De enterado. 104
ESTADO DE CHIHUAHUA 105

Dos comunicaciones del Congreso estatal, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.


105

ESTADO DE JALISCO

105
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
105
ESTADO DE SONORA 106
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
106
ESTADO DE TABASCO 106
Dos comunicaciones del Congreso estatal, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
106
ESTADO DE QUINTANA ROO 107
Dos comunicaciones del Congreso estatal, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado
107
VIOLENCIA EN CONTRA DE MENORES,
DISCAPACITADOS, ANCIANOS
Y MUJERES

108
La diputada Aurora Bazán López, presenta iniciativa de reformas a la fracción II del artículo 73 constitucional, respecto a la violencia en contra de menores, discapacitados, ancianos y mujeres. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

108
LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 110
El diputado José Angel Frausto Ortiz presenta iniciativa de reformas a los artículos 12 y 180 de dicho ordenamiento, respecto a la incorporación de nuevos asegurados y el derecho que tienen los trabajadores a ser informados sobre las aportaciones a sus cuentas individuales. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y a la de Seguridad Social.


110
LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS
SOBRE READAPTACION SOCIAL
DE SENTENCIADOS

112
El diputado Jorge López Vergara presenta iniciativa de reformas a diversas disposiciones de dicha ley, respecto a disminuir sufrimientos de los internos en las presiones. Se turna a la Comisión de Justicia.
112
JAIME SABINES 123
Rinden homenaje al poeta chiapaneco, los diputados: 123
Gloria Lavara Mejía 123
Francisco José Paoli y Bolio 124
Arely Madrid Tovilla, quien solicita se guarde un minuto de silencio. 126
Elba Margarita Capuchino Herrera 128
ESTADO DE GUERRERO 129
Comentan respecto a la situación poselectoral en dicha entidad, los diputados: 126
Pablo Sandoval Ramírez, quien presenta solicitud de investigación. 129
Ricardo Cantú Garza 131
María Gloria Bernardita Ocampo Aranda 132
María Verónica Muñoz Parra 133
En segundo turno de oradores, sobre el mismo tema, hacen uso de la palabra los diputados:
135
Alberto López Rosas 135
Salvio Herrera Lozano 136
Martín Mora Aguirre 137
Juan José Castro Justo 138
Rectifican hechos o contestan alusiones personales los diputados: 140
María Victoria Peñaloza Izazaga 140
Cuauhtémoc Salgado Romero 143
Alberto López Rosas 144
Efraín Zúñiga Galeana 145
La proposición presentada por el diputado Pablo Sandoval Ramírez, se turna a la Comisión de Desarrollo Social.
146
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 146
Para comentar el aumento de cuotas en la máxima casa de estudios, se concede el uso de la palabra a los diputados:
146
Victorio Rubén Montalvo Rojas 146
María Mercedes Maciel Ortiz 148
María del Carmen Díaz Amador 150
Esaú Hernández Herrera 152
Armando López Romero 155
José Ricardo Fernández Candia 156
Jaime Hugo Talancón Escobedo 157
Lenia Batres Guadarrama, quien presenta propuesta para que se cite al rector de la Universidad para explicar las reformas propuestas.
158
Francisco José Paoli y Bolio 159
Daniel Díaz Díaz 160
La propuesta de la diputada Lenia Batres Guadarrama, se turna a la Comisión de Educación.
161
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 161
sobre las investigaciones del asesinato del político sonorense, se concede el uso de la palabra a los diputados:
161
Manuel González Espinoza 161
María de la Luz Núñez Ramos 163
Baldemar Tudón Martínez 165
Jorge Alejandro Jiménez Taboada 168
COMPROBACION DE ASISTENCIA 168
La Presidenta anuncia que en posteriores sesiones, se podrá comprobar el quorum en cualquier momento y quienes no estén presentes serán sancionados económicamente.

168
ESTADO DE YUCATAN 168
Hacen uso de la palabra para debatir sobre la defensa de la libertad de expresión en el Estado de Yucatán y el Diario de Yucatán, los diputados:
168
María Beatriz Zavala Peniche 168
Orlando Alberto Paredes Lara 170
Para rectificar hechos, los diputados: 170
Edgar Martín Ramírez Pech 171
Wilberto Hebert Chi Góngora 173
Javier Corral Jurado 174
Orlando Alberto Paredes Lara 175
ORDEN DEL DIA 175
De la próxima sesión. 175
CLAUSURA Y CITATORIO 176
RESUMEN DE TRABAJOS 176

DIARIO de los DEBATES

                               Año ll  No.4     SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS        MARZO 23, 1999

 

 
    Presidencia de la Diputada
Maria del Carmen Escobedo Pérez

ASISTENCIA

La Presidenta:


Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.

La secretaria Luz del Carmen López Rivera:


Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 343 diputados. Por lo tanto, hay quorum, señora Presidenta,

La Presidenta (a las 11:17 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

La secretaria Luz del Carmen López Rivera:


Se va a dar lectura al orden del día.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias-. Segundo Año. -LVII Legislatura.-

Orden del día

Martes 23 de marzo de 1999.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Chihuahua, Jalisco, Sonora, Tabasco y Quintana Roo.

Iniciativas de diputados

Que reforma la fracción II del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aurora Bazán López, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

De reformas a los artículos 12 y 180 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo del diputado Angel Frausto Ortiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Jorge López Vergara, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Homenaje al escritor Jaime Sabines.

Agenda política

Comentarios sobre la situación poselectoral en el Estado de Guerrero, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)

Comentarios sobre el aumento a las cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo del diputado Victorio Montalvo Rojas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)

Comentarios sobre los trabajos de Investigación del Caso Colosio, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios sobre la defensa de la libertad de expresión en el Estado de Yucatán, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Deliberativo.)»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.

Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido entregada copia
de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios, para sus observaciones y se proceda a su votación.

El secretario Abraham González Negrete:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios, para sus observaciones y se proceda a su votación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quicuagésima Septima Legislatura.

Presidencia del diputado Orlando Alberto Paredes Lara

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con cuatro minutos del jueves dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, con una asistencia de doscientos setenta y nueve diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y al acta de la sesión de instalación, que se aprueba en sus términos en votación económica.

La misma Secretaría da cuenta con los siguientes documentos:

Una invitación del Instituto de Cultura de la Ciudad de México, al acto cívico conmemorativo del centésimo nonagésimo tercer aniversario del nacimiento del licenciado Benito Juárez García. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.

Un oficio de la Cámara de Senadores, con el que informa de la elección de mesa directiva para el periodo comprendido entre el quince de marzo al catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve. De enterado.

Dieciocho oficios de la Comisión Permanente, respecto a las actividades de ese cuerpo colegiado, que corresponden a diversos asuntos que debe tratar la Cámara de Diputados.

El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentran los ciudadanos Juan Ramón Flores Gutiérrez, Juan Báez Rodríguez, Alejandro Oaxaca Carreón, José Antonio Muñoz Serrano, Francisca Haydée García Acedo y José Laurentino Sánchez Luna, quienes fueron electos como suplentes en la segunda circunscripción plurinominal; quinto distrito del Estado de Tamaulipas; décimo distrito del Estado de Puebla; distrito tercero del Estado de Jalisco; sexto del Estado de Baja California y cuarta circunscripción plurinominal, respectivamente y designa una comisión para que los introduzca y los acompañe en el acto de rendir su protesta de ley como diputados federales. Terminado el acto protocolario, los nuevos diputados entran en funciones de inmediato.

Diversos documentos con los que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política pone a consideración de la Asamblea cambios en las mesas directivas de las comisiones legislativas. Se aprueban en votación económica.

Diversas comunicaciones de la misma comisión, con las que informa de cambios en la integración de las comisiones legislativas. De enterado.

Sube a la tribuna el diputado Héctor Francisco Castañeda Jiménez, a nombre de la diputación del Estado de Jalisco, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta iniciativa de ley reglamentaria de la fracción cuarta del artículo setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se refiere a la Ley de Ingresos de la Federación, y de reformas a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Hace uso de la palabra el diputado Luis Fernando González Corona, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas
a diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Quiroz Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de reformas a diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Hace uso de la palabra el diputado José Angel Frausto Ortiz, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas a los artículos doscientos cincuenta y nueve y doscientos sesenta y siete de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, misma a la que se propone adicionar un artículo doscientos sesenta y siete-bis. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y a la de Seguridad Social.

Para presentar iniciativa de reformas al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de las comunidades de sordos, hace uso de la palabra el diputado Gilberto López y Rivas, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Derechos Humanos.

Presenta iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el diputado Juan José García de Alba Bustamante, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Hace uso de la palabra la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa de reformas a diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

La Secretaría da lectura a una comunicación del Partido de la Revolución Democrática, con la que informa de la elección de coordinador del grupo parlamentario, nombramiento que recayó en el diputado Pablo Gómez Alvarez. De enterado.

El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Buganza Salmerón, del Partido Acción Nacional, quien presenta una proposición con punto de acuerdo en materia de exención del impuesto al activo para las pequeñas empresas.

Para rectificar hechos solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Dionisio Alfredo Meade y García de León, del Partido Revolucionario Institucional.

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Expresan sus opiniones respecto al sexagésimo primer aniversario de la Expropiación Petrolera, los diputados: Verónica Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México; Juan José Cruz Martínez, del Partido del Trabajo; María del Pilar Guadalupe Valdés y González Salas, del Partido Acción Nacional; Francisco de Souza Machorro, del Partido de la Revolución Democrática, y Rosalinda Banda Gómez, del Partido Revolucionario Institucional.

A nombre de la Comisión de Artesanías, hace uso de la palabra la diputada Cristina Portillo Ayala, para referirse al Día del Artesano.

Se refieren a la situación socioeconómica de los indígenas mazahuas, los diputados: César Lonche Castellanos, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; en la primera propone un punto de acuerdo que se turna a las comisiones de Asuntos Indígenas, Asuntos Hidráulicos y Desarrollo Social y en la segunda, contesta alusiones personales, y José Vicente Moreno Peralta, del Partido Revolucionario Institucional.

Para hablar respecto a la seguridad pública en la zona conurbada del Estado de México, se concede el uso de la palabra a los diputados: David Miguel Noyola Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta una denuncia que se turna a las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia; Héctor Flavio Valdés García, del Partido Acción Nacional y Héctor Guevara Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional.

Continúan en el debate los diputados: José Luis Gutiérrez Cureño, del Partido de la Revolución Democrática; Eduardo Guadalupe Bernal Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del
diputado Gutiérrez Cureño; Rufino Contreras Velázquez, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y durante su intervención el diputado Bernal Martínez, hace una moción de orden que el Presidente hace suya y Héctor Guevara Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales y aceptar una interpelación del diputado Contreras Velázquez, quien posteriormente interrumpe al orador para hacer comentarios y otra de la diputada Fragoso López.

101,102 y 103


Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con cuarenta minutos, citando para la que tendrá lugar el martes veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y nueve a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL

El secretario Julio Castrillón Valdés:

Se va a dar lectura a varias comunicaciones.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.- I Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Por este conducto, nos es grato comunicar a ustedes que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, en la sesión celebrada el día de hoy, llevó a cabo la declaratoria de apertura de su segundo periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente a su segundo año de ejercicio, así como la elección de la mesa directiva que coordinará los trabajos durante este periodo, por lo cual quedó integrada por los siguientes diputados:

Ignacio Ruiz López, presidente; Juan González Romero, Irma Islas León, Jesús Eduardo Toledano Landero, José Luis Benítez Gil, vicepresidentes; Miguel Angel Peláez Gerardo, Arne Sidney Aus Den Ruthen Haag, secretarios; Fernando de Garay Arenas y Alejandro Rojas Díaz Durán, prosecretarios.

Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los efectos a que haya lugar, reiteramos a ustedes nuestra consideración atenta y distinguida.

Por la mesa directiva saliente.

Recinto legislativo, a 22 de febrero de 1999.- Diputados: Ricardo Molina Teodoro y Margarita Saldaña Hernández, secretarios

De enterado.

El secretario Baldemar Dzul Noh:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.- I Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Por este conducto, nos es grato comunicar a ustedes que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, de conformidad con lo establecido por los artículos 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 28 y 35 de su Ley Orgánica, llevó a cabo el día de hoy, la sesión previa al segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondiente a su segundo año de ejercicio, eligiendo la mesa directiva que coordinará los trabajos del pleno durante el primer mes de sesiones, la cual quedó integrada de la siguiente manera:

Diputados: Ricardo Molina Teodoro, presidente; René Arce Islas, Armando Salinas Torre, Alejandro Vázquez Enríquez, René Rodríguez Ruiz, vicepresidentes; Rigoberto Fidencio Nieto López, Margarita Saldaña Hernández, secretarios; Jesús Eduardo Toledano Landero y José Luis Benítez Gil, prosecretarios.


Reiteramos a ustedes nuestra consideración atenta y distinguida.

Recinto legislativo, México, D.F., a 13 de marzo de 1999.- Por la mesa directiva saliente, diputados: Ignacio Ruiz López, presidente y Miguel Angel Peláez Gerardo, secretario»

De enterado.


ESTADO DE CHIHUAHUA

La secretaria Lilia Reyes Morales:

«Escudo.- Congreso del Estado.- LIX Legislatura.- Chihuahua.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados.- México, D.F.

Por este conducto, nos permitimos hacer de su conocimiento, que con esta fecha, la LIX Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, inició y clausuró los trabajos correspondientes a su primer periodo de sesiones extraordinarias dentro del primer año de ejercicio constitucional, quedando integrada su mesa directiva de la siguiente forma:

Diputados: José Bernardo Ruiz Ceballos, presidente; Israel Beltrán Montes, Pedro Alvarado Silva, vicepresidentes; Luis Pavel Aguilar Raynal, primer secretario; Patricia Borunda Lara, segundo secretario; Manuel Monárrez Huerta, María Luisa Ugalde González, prosecretarios.

Sin más por el momento, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 18 de febrero de 1999.- Diputado José Bernardo Ruiz Ceballos, presidente del primer periodo de sesiones extraordinarias del honorable Congreso del Estado.»

De enterado.

La secretaria Alma Angelina Vucovich
Seele:

«Escudo.- Congreso del Estado.- LIX Legislatura.- Chihuahua.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados.- México, D.F.

Por este conducto, nos permitimos hacer de su conocimiento, que con esta fecha, la LIX Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, eligió la mesa directiva que presidirá los trabajos del segundo periodo de sesiones ordinarias, dentro del primer año de ejercicio constitucional, que dará inicio el próximo 1o. de marzo del presente año, quedando integrada de la siguiente forma:

Diputados: Manuel Chávez Rodríguez, presidente; Isela Torres Hernández, Luis Pavel Aguilar Raynal, vicepresidente; Pedro Alvarado Silva, primer secretario; Carlos U. Domínguez Arana, segundo secretario; Carlos Comadurán Amaya y María Luisa Ugalde González, prosecretarios.

Sin más por el momento, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 18 de febrero de 1999.- Diputado Tomás Herrera Alvarez, presidente de la diputación Permanente del honorable Congreso del Estado.»

De enterado.

ESTADO DE JALISCO

La secretaria Luz del Carmen López Rivera:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Jalisco.- Poder Legislativo.- Secretaría del Congreso.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.


De conformidad a lo dispuesto por los artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, me permito comunicar a usted, que en sesión de fecha 25 de febrero del presente año, la LV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Jalisco, aprobó la forma de como quedó integrada la mesa directiva que fungirá durante el mes de marzo del presente año, quedando de la siguiente manera:

Diputados: Víctor Badillo Martínez, presidente; Carlos Gallegos García, Juan Alberto Márquez de Anda, vicepresidentes; Martha Ruth del Toro Gaytán, Jaime Hernández González, secretarios; Luis Fabricio Huerta Vidales, Humberto Rodríguez Martínez, prosecretarios.

Lo que hago de su conocimiento, para los efectos legales procedentes.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Atentamente.

Guadalajara, Jalisco, 1o. de marzo de 1999.- María Carmela Chávez Galindo, oficial mayor.»

De enterado.

ESTADO DE SONORA

El secretario Abraham González Negrete:


«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, Hermosillo. Secretaría.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

La LV Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, inauguró, previas las formalidades de estilo, el periodo de sesiones extraordinarias a que fue convocado por su diputación Permanente, mediante decreto número 79 de fecha 22 de febrero del año en curso, quedando integrada la mesa directiva que funcionará durante el citado periodo, en la forma siguiente:

Diputados: Mario González Valenzuela, presidente; Mario Robinson Bours Félix, viceprecidente; Francisco Hernández Espinoza primer secretario, Sergio Lugo Mendivil segundo secretario, Juan de Dios Castro Pacheco, secretario suplente.

Lo que nos permitimos comunicar para conocimiento y efectos legales correspondientes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Hermosillo, Sonora, a 2 de marzo de 1999.- Diputados: Francisco Hernández Espinoza y Sergio Lugo Mendivil, secretarios.»

De enterado.

ESTADO DE TABASCO

El secretario Julio Castrillón Valdés:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 párrafo quinto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos hacer de su conocimiento que con esta fecha, la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, inició su primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional.

Aprovechamos la oportunidad para enviarle un respetuoso saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Villahermosa, Tabasco, 5 de enero de 1999.- Honorable Congreso del Estado.- Diputados: Evaristo Hernández Cruz, presidente; Angel Pérez Ramos, secretario.»

De enterado.

El secretario Baldemar Dzul Noh:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

104,105 y 106


En cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 19 párrafo 5o. de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito hacer de su conocimiento que con esta fecha, la LVI Legislatura al honorable Congreso de Estado Libre y Soberano de Tabasco, llevó a cabo la elección de presidente y vicepresidente de la mesa directiva que dirigirá los trabajos legislativos durante el mes de marzo, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional, resultando electos los diputados:

César de la Cruz Osorio, presidente y, Raymundo Rosado Mendoza, vicepresidente.

Aprovechamos la oportunidad para saludarle cordialmente.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Villahermosa, Tabasco, a 25 febrero de 1999.- Honorable Congreso del Estado.- Diputados: Milton Lastra Valencia, presidente y Angel Pérez Ramos, secretario.»

De enterado.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El secretario Baldemar Dzul Noh:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.- Ciudad Chetumal, Quintana Roo, México.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

La VIII Legislatura Constitucional del Estado, en cumplimiento al artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se permite comunicar que en sesión celebrada el 22 de febrero de 1999, se declaró abierto el cuarto periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, previa elección de mesa directiva que presidirá los trabajos legislativos, la cual quedó de la siguiente manera:


Diputados: María Esther Montúfar Bailón, presidenta y Antonio Rico Lomelí, vicepresidente.

Sin otro particular, me es grato reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Chetumal, Quintana Roo, a 23 de febrero de 1999. Diputado Israel Barbosa Heredia, secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.- Ciudad Chetumal, Quintana Roo, México.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

La LVIII Legislatura Constitucional del Estado, en cumplimiento al artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se permite comunicar que en sesión celebrada el 24 de febrero de 1999, se clausuró el cuarto periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional.

Sin otro particular, me es grato reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Chetumal, Quintana Roo, a 25 de febrero de 1999.- El diputado Israel Barbosa Heredia, secretario.»

De enterado.

La Presidenta:

Iniciativas de diputados. Esta Presidencia informa al pleno que a petición de la diputada María Guadalupe Martínez, esta iniciativa ha sido retirada y será pasada a la próxima sesión de pleno.

VIOLENCIA EN CONTRA DE MENORES,
DISCAPACITADOS ANCIANOS Y MUJERES

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Aurora Bazán López, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que reforma la fracción II del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Aurora Bazán López:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

«Jorge Emilio González Martínez, Aurora Bazán López, Jorge Alejandro Jiménez Taboada, Gloria Lavara Mejía y Verónica Velasco Rodríguez, diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El porcentaje de la población mexicana que representa a las mujeres, a los discapacitados, a los menores de edad y adultos mayores, rebasa, sin lugar a duda, el 50%; esto es, que más de la mitad de la población nacional se encuentra actualmente constituyendo parte de este rubro.

Los problemas que enfrenta cada sector, si bien son singularmente peculiares y con problemas propios de su estado y condición, se enfrentan a un enemigo común que las condiciones sociales prevalecientes hasta ahora no han podido erradicar: su maltrato y abuso.


Ya parece más cotidiano y normal encontrar en los noticieros reportajes que aluden a niños, discapacitados, mujeres o adultos mayores, expuestos o lesionados incluso hasta la muerte, pero lo que es más preocupante es que esto sucede generalmente dentro de sus propias familias.

Si partimos de la premisa de que la célula núcleo de la estabilidad social radica en el orden familiar, éste, precisamente porque no está cumpliendo con sus funciones, pone en riesgo al orden en general, como de hecho ya está empezando a suceder, por lo que deberá considerarse el tema de protección de estos grupos vulnerables como de primer orden nacional.

El abuso también ahora se presenta en aquellos que desprotegidos de una familia que les guarde cobijo, recorren las calles que les sirven de hogar, ya sea porque fueron expulsados de la casa a la que pertenecían como miembros de la familia o porque escaparon de los maltratos que les proporcionaban sus familiares y decidieron entonces emprender un camino lleno de obstáculos, refugiándose generalmente en el camino de la drogadicción, haciéndose cada vez más vulnerables y dependientes.

Si bien el núcleo familiar representa la unidad mínima de desarrollo y organización mínima social, ante la deficiencia de ésta, debemos también proteger a aquellos que al salir de ella, por su voluntad o sin ella, se encuentran sin defensa o protección alguna que los guíe para formar una nueva familia, para sostener, guiar y convivir con la que ya tienen o bien pasar sus últimos días con el calor familiar que algún día ellos también brindaron.

La problemática actual ha rebasado los cánones de la familia prevaleciente, para ubicarse y afectar a muchos desvalidos que carecen de ella y que sin embargo merecen protección.

La exposición y la prostitución de menores; la comercialización de los videos filmados con menores en los que se muestra cómo se abusa sexualmente de ellos, sean o no que formen parte de una familia, son tan sólo parte del problema por solucionar y que hasta ahora no ha podido combatirse de manera abierta y decidida por falta de una regulación específica que lo permita.


Las transmisiones vía Internet de violaciones, lesiones a menores y mujeres, así como su comercialización en nuestro país, deberá prohibirse estrictamente para el bienestar de nuestro seno familiar, de nuestra sociedad y de la esperanza que a la sociedad presente y futura podamos brindar.

En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara, nos interesa y preocupa sobremanera el futuro que los niños, mujeres y adultos mayores tengan en la sociedad, sobre todo cuando se les obliga a realizar actos que sólo bajo el efecto de las drogas o ante la extrema miseria, estarían dispuestos a soportar.

Permitir que esta problemática social que a todos nos incumbe, siga sucediendo sin sancionar a los que abusando de la condición indefensa de estos sectores tratan de obtener u obtienen beneficios a costa del dolor, sufrimiento o menosprecio de los más débiles, nos deshumaniza y pone en riesgo nuestra condición social.

Cuando el ser humano se denigra en su persona, poca esperanza de una convivencia sana en beneficio de su crecimiento y desarrollo podremos encontrar.

No podemos permitir que sigan presentándose cerca de 17 mil denuncias de maltrato en todo el país donde el 85.6% de las víctimas sigan siendo mujeres y de este porcentaje, el 41.4% son amas de casa de baja escolaridad; donde en el 53% de las denuncias presentadas hay personas que reportan maltrato físico y sicológico o donde a los niños se les torture de manera inhumana castigándoseles incluso hasta la muerte.

Simplemente, no podemos tolerar que esto siga sucediendo.

El problema actual es tan grave que resulta necesaria una coordinación de esfuerzos de las diversas autoridades de prevención y combate a ese tipo de delincuencia a nivel nacional, con la finalidad de que, al ser centralizados, la atención y solución sean más eficaces.

Dispersar esfuerzos, como hasta ahora se ha hecho, en programas que en ocasiones son reiterativos, poco propositivos y con escasos resultados, no es la solución.


Así, no bastan ni son suficientes los intentos por diversas autoridades de erradicar la problemática planteada, pues a pesar de que fue expedida la Ley de Asistencia y Prevención a la Violencia Familiar en fechas no muy lejanas, hoy día ésta, como otras disposiciones, han sido insuficientes.

El respeto que la persona humana merece en el trato para con otra, no puede reducirse a la explotación y maltrato, pues si ni a los animales se les otorga ese trato, con mayor razón, cualquier persona que goce de las libertades mínimas que su condición de persona y su racionalidad le proporcionan, no puede ni debe tolerar.

Los diputados que integramos el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, congruentes con los principios que le dan sustento a nuestra causa, luchamos por la defensa de la vida y por la calidad de vida que los habitantes de nuestro país merecen tener dentro de estándares sustentables y por ello evitaremos a toda costa, que estas conductas aberrantes sigan sucediendo, sancionando a los culpables con todo el rigor que las leyes en la materia establezcan.

Por otra parte, las lesiones infligidas a los que no se pueden defender, repercuten también en daños en la autoestima y salud sicológica de las víctimas, daños que en la mayoría de veces resulta irreversible. Si este tipo de daños repercute en la conformación de las familias del futuro y las conductas lesivas contra los grupos vulnerables prevalecen como hasta ahora, podremos augurar con tristeza la progresiva e irrefrenable decadencia de nuestra sociedad, donde ningún Estado legítimo podrá hacer frente a la inseguridad, abuso y anarquía que nuestro país padecerá entonces.

Estamos a tiempo de evitarlo, las condiciones actuales son tan sólo un signo de que estamos a tiempo de frenar más violencia y abuso de un ser humano contra otro, especialmente, si de quienes se abusa no comparten las mismas condiciones de defensa de aquellos que los explotan y agreden.

Sentar las bases para que el Congreso de la Unión sea la autoridad competente para legislar en la materia, a pesar de que por una adecuada interpretación constitucional se desprenda que tiene facultades para hacerlo y
con el fin de evitar posibles conflictos competenciales innecesarios así como de hacer más eficaz el combate a la problemática actual, consideramos conveniente hacer expresa esa facultad al Congreso para que sea plenamente competente para legislar en todo lo relativo a este problema de trascendencia nacional.

107,108 y 109

Proponer e impulsar la reforma conducente para que sea precisamente en la Norma Suprema donde se contemple esa atribución al Congreso, será nuestra aportación.

Así, la legislación federal que con posterioridad se emita para erradicar ese mal social, responderá a la necesidad que ha manifestado toda la sociedad mexicana para dejar de sufrir el flagelo que esa problemática representa.

La importancia que para la República tiene la estabilidad de los diferentes sectores sociales, especialmente los que están más desprotegidos, amerita la reforma planteada.

Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se reforma la fracción II del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se reforma la fracción II del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Para establecer bases generales, aplicables en todo el territorio nacional, a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia física, sicológica, emocional o sexual; así como el abuso, explotación, discriminación, corrupción y prostitución ejercida contra grupos vulnerables, especialmente de menores, discapacitados, ancianos y mujeres;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ARTICULO TRANSITORIO

Unico. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 1999.- Diputados: Jorge Emilio González Martínez, Verónica Velasco Rodríguez, Jorge Alejandro Jiménez Taboada, Gloria Lavara Mejía y Aurora Bazán López.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Angel Frausto Ortiz, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a los artículos 12 y 180 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El diputado José Angel Frausto Ortiz:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

«Iniciativa de reforma a los artículos 12 y 180 de la Ley del Seguro Social.

Honorable Asamblea: los suscritos diputados a la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional por el Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II, 56, 57 y 58 del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa que reforma los artículos 12 y 180 de la Ley del Seguro Social.

La iniciativa tiene como fin contribuir en la flexibilización de la Ley del Seguro Social en la incorporación de nuevos asegurados y establecer en forma explícita el derecho que tienen los trabajadores a la información sobre las aportaciones a sus cuentas individuales.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los años recientes nuestro país ha experimentado importantes cambios, hoy tenemos una sociedad que ha madurado y exige estar presente en las decisiones que afectan en la vida de todos.

La seguridad social no es la excepción y así oímos voces que marcan el camino y exigen considerar a ésta, como una clara labor comunitaria y un deber inexcusable del Estado.

Por esto consideramos que la seguridad social en México debe estar guiada por dos principios rectores:

Primero, antes que el interés del Gobierno de captar ahorro para fines de posible financiamiento; antes del interés de las autoridades del IMSS; antes de intereses sindicales; antes, incluso, que cualquier interferencia de los partidos políticos, antes de todo ello, debe estar el bienestar del trabajador o el derechohabiente.

Segundo, la función rectora responsable, en este sentido siempre deberá ser del Estado.

El verdadero concepto de la seguridad social requiere de un conjunto de instituciones, entre las cuales la del Seguro Social es destacada. Sin embargo, hoy en día esta institución atiende a poco más del 40% de mexicanos con relación a la población total, porcentaje que sigue siendo reducido con relación a la importancia del IMSS en la seguridad social de los mexicanos.

Solamente aquellas personas capacitadas física e intelectualmente y que se encuentren en un trabajo subordinado o aquéllos con posibilidades económicas a través del seguro voluntario pueden disfrutar de los servicios del Instituto, lo cual no tendría nada de que preocuparnos, si no fuera por que el modelo económico que ha seguido nuestro país presenta un altísimo sector de la población en el empleo informal.

El Seguro Social debe tender a la universalidad donde incluya a trabajadores subordinados a un empleador, pero también a los trabajadores del campo, a los artesanos y a todos aquellos trabajadores de empresas de corte familiar, los profesionistas independientes y todas aquellas personas que por su dignidad innegable se encuentran en la etapa de requerir un empleo para garantizarse la subsistencia.

Un sistema de seguridad social, es el resultado de la concepción de la sociedad como unidad de agrupación de personas iguales en dignidad. Pero este sistema indudablemente debe ser resumen y coronamiento de un proceso de ordenación económica de la cual se obtenga empleo productivo para la población y un ingreso estable para su subsistencia.

Es por esto urgente, que la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social establezca un proceso flexible y descentralizado para la designación de sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, dando facultades para ello a la asamblea general a propuesta del consejo técnico, lo que permitiría la incorporación de nuevos derechohabientes sobre la base del conocimiento del soporte financiero y capacidad de prestación de servicios y no como lo marca actualmente el artículo 12, que faculta al Ejecutivo para que mediante un decreto determine la incorporación de personas al Instituto.

Por otra parte, en ese proceso de modificaciones a la seguridad social, la nueva Ley del Seguro Social estableció como un cambio de fondo, la individualización de los fondos de ahorro, creando para esto todo un nuevo sistema, sin embargo, los mecanismos de información hacia los trabajadores sobre el monto y manejo de sus ahorros son deficientes.

La ley marca en el artículo 180 como responsabilidad del patrón el dar la información sobre las aportaciones a las cuentas por medio del sindicato; consideramos que es importante preservar la posibilidad de que el trabajador se apoye en su sindicato para gestionar asuntos y allegarse información, sin embargo, es necesario establecer el derecho del trabajador en su carácter individual a la información sobre las aportaciones hechas en su cuenta por parte del empleador, para que él pueda comprobar estos ingresos contra los estados de cuenta que recibe por parte de su Afore, lo que le dará mayor certeza de su propia situación.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se reforman los artículos 12 y 180 de la Ley del Seguro Social.

TITULO SEGUNDO

Del régimen obligatorio

CAPITULO I

Generalidades

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

I. Las personas que se encuentran vinculadas a otras, de manera permanente o eventual, por una relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica y la naturaleza económica del patrón y aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento de pago de impuestos o derechos;

II. Los miembros de sociedades cooperativas de producción y

III. Las personas que determine la asamblea general a propuesta del consejo técnico.

CAPITULO VI

Del seguro de retiro, cesantía en edad
avanzada y vejez

SECCION SEPTIMA

De la cuenta individual y de las sociedades de inversión especializadas de fondos
para el retiro

Artículo 180. El patrón deberá entregar bimestralmente a los trabajadores asegurados una relación de las aportaciones hechas a favor de cada uno de ellos. Esta información deberá ser entregada individualmente a los interesados.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Se derogan todas las disposiciones contrarias a la presente ley.


Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

San Lázaro, D.F., a 23 de marzo de 1999.- Diputados: José Frausto Ortiz, Felipe Jarero Escobedo y Carlos Iñiguez Cervantes.»

La Presidenta:

Túrnese a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Desde esta Presidencia saludamos a 60 estudiantes del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, acompañados por el profesor Eduardo Reyes Galicia. ¡Bienvenidos!

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS
MINIMAS SOBRE READAPTACION
SOCIAL DE SENTENCIADOS

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Jorge López Vergara del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que presenta una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

El diputado Jorge López Vergara:

Con el permiso de la Presidencia:

«Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Los suscritos diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a fin de adecuar el sistema penitenciario nacional a la realidad social, en el marco del respeto a las garantías individuales y los derechos fundamentales del hombre, bajo la siguiente

110,111 y 112


EXPOSICION DE MOTIVOS

La intención de la presente iniciativa es transformar al sistema penitenciario mexicano, haciéndolo más humano, respetuoso de las prerrogativas esenciales de los internos recluidos en los centros penitenciarios y otorgándoles a estos últimos la garantía de seguridad jurídica, consistente en que conocerán con toda precisión la fecha de su libertad, cuando hayan cumplido con la sentencia impuesta por el juez de la causa y que de la misma forma sirva de modelo inspirador de las legislaciones locales en la materia, con el espíritu de justicia, igualdad, equidad y respeto a los derechos inherentes al hombre.

Las instituciones encargadas de hacer cumplir la pena se encuentran de manera notoria y en la mayoría de los casos justificadamente desprestigiadas ante la sociedad, por eso se hace urgente transformarlas y darles contenido axiológico desde la legislación; debemos aspirar a que el tratamiento a que se sujeta a los internos de los centros penitenciarios se inspire por la corriente humanista de respeto a los derechos humanos, buscando en todo momento el equilibrio entre las garantías esenciales de los internos y la seguridad de las instituciones penitenciarias.

El segundo elemento fundamental de la iniciativa en comento lo constituye la inserción en nuestra legislación, de la figura del juez federal de vigilancia penitenciaria, también llamado juez de ejecución de sentencias en algunos países.

Se pretende quitarle funciones que son materialmente jurisdiccionales al Poder Ejecutivo y entregarlas desde la legislación a su correcto detentador, dejándole, exclusivamente, las de tipo administrativo. De manera similar, como en el caso de la creación del ya probadamente eficaz Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, donde ciertamente las facultades materialmente administrativas son apartadas del Poder Judicial; con el elemento aún más favorable de que en el caso penitenciario la estructura administrativa ya está creada; hemos igualmente concluido que no sería conveniente simplemente ampliar las facultades del juez de la causa penal debido a la enorme carga de trabajo que actualmente tiene, quien ya con sus actuales facultades en ocasiones no puede dictar sentencia en tiempo, por eso es necesaria la creación del nuevo juez federal de vigilancia penitenciaria, además porque es clara la ineficacia de quienes en la práctica aplican la pena, es decir, el Poder Ejecutivo.

El derecho penitenciario se considera como una continuación del derecho adjetivo penal, es decir, algo así como una especie de derecho procesal penal II, pues en la ejecución de las penas, la relación jurídica existente entre el Estado y el detenido no desaparece por completo, sino que subsiste y en virtud de ello, se originan entre ambos una serie de derechos y obligaciones, que sólo pueden ser regulados a través de un procedimiento jurisdiccional y no en uno de tipo administrativo como acontece hoy; pues "... se ha visto a través de la historia que el único poder que garantiza mejor los derechos humanos, es el Judicial y no el Ejecutivo, quien generalmente está sujeto a los sentimientos de un hombre y no a la ley, como acontece en el primero de los poderes nombrados...".

No estamos mutilando facultades del Poder Ejecutivo, simplemente estamos entregando al Poder Judicial lo que por vocación y destino le corresponde.

Dentro del campo del derecho internacional comparado, encontramos diversos ejemplos de la figura del juez de vigilancia penitenciaria, como es el caso de países europeos como España, que desde hace varios años la ha creado y ahora cuenta con un sólido grado de desarrollo doctrinario y legislativo, toda vez que la evaluación de sus funciones es sumamente favorable.

El juez federal de vigilancia penitenciaria es el responsable de velar por el respeto de las garantías individuales de los reclusos, por la adecuada aplicación de la pena impuesta, que ésta sea digna, justa y otorgue seguridad jurídica al interno.

En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas, en su declaración de principios básicos para el tratamiento de los reclusos, indica que "con excepción de aquellas limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás documentos estipulados por las Naciones Unidas.

Es claro que además, la figura del juez federal de vigilancia penitenciaria es respetuosa de la Constitución, ordenamiento que en su artículo 21 señala. "la imposición de penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial" y en la actualidad, desafortunadamente, este principio es violentado, ya que la autoridad administrativa no se limita a aplicar la pena, sino que la modifica con criterios subjetivos.

Otro tópico de la presente iniciativa, está conformado por las medidas alternativas a la prisión, elemento con el cual consideramos se cierra el círculo para la realización de una adecuada reforma a nuestro sistema penitenciario, en el marco del ya citado derecho penal mínimo y el respeto a los derechos humanos.

Consideramos que el aumento de la penalidad a los diversos ilícitos no resuelve en absoluto el problema de la seguridad pública.

Lo que eficazmente ayuda a combatirlo es en todo caso la aplicación real de las sanciones, es decir el problema no está en la penalidad sino en la impunidad.

El castigar la mayoría de los delitos con pena privativa de libertad nos lleva a la sobrepoblación de los centros penitenciarios, situación que prevalece hoy día, repercutiendo en más inseguridad pública, pues los internos se contaminan y sufren un proceso de deshumanización, que al obtener su libertad, continúan delinquiendo, pero con mucho mayor conocimiento criminal y utilizando más violencia en la comisión de sus conductas reprochables, resultando con ello contraproducente la imposición de la sanción fijada por la autoridad judicial.

El objetivo al que aspira la presente iniciativa tiende a disminuir sufrimientos de los internos de las prisiones y presenta medidas alternativas que restrinjan el catálogo de descripciones punitivas que ameriten pena privativa de la libertad para casos estrictamente indispensables y delitos especialmente graves, haciendo énfasis en que la moderna política criminal posee un carácter preventivo especial que se dirige a evitar que el que ha cometido conductas antisociales no graves vaya a la prisión y, en la medida de lo posible, que el sujeto que ya ha sido encarcelado, al salir no reincida en la conducta criminal.

Reiteramos, la historia de las sanciones corporales nos demuestra que la prevención general, consistente en la amenaza de un castigo al infractor de la norma penal, ha sido ineficaz, ya que probado está de sobra que elevar las penas no lo inhibe de la comisión de delitos. Lo que realmente hace que disminuyan las conductas antijurídicas es el correcto funcionamiento del aparato de justicia, sancionando correctamente al autor del ilícito, incluidos por supuesto la correcta actuación de los cuerpos de seguridad pública.

La prisión hoy día es el centro de los sistemas penitenciarios, constituye el criterio sancionador del hombre corriente, ocupa un lugar preeminente en todos los sistemas actuales de derecho penal; sin embargo, su funcionamiento es insatisfactorio y su futuro poco prometedor.

El criminólogo Luis Rodríguez Manzanera, afirma: "el notorio abuso de la pena de prisión ha causado un franco deterioro en todo el sistema penal, las esperanzas que alguna vez se depositaron en ella se han desvanecido y estamos de acuerdo con Carrancá y Rivas, en que la prisión no es, desde luego, expiativa y redentora en el grado extremo en que lo han imaginado sus apasionados defensores. Incluso de las mejores cárceles puede decirse que son criminógenas, que corrompen en un índice alarmante y preparan a la reincidencia".

Además la pena de prisión es cara y antieconómica; onerosa en cuanto a la inversión en instalaciones, mantenimiento y personal; antieconómica porque el sujeto no es productivo y deja en el abandono material a la familia.

En otros países encontramos una amplia gama de sustitutivos de prisión; por citar sólo un caso, el de los Estados Unidos, señalaremos ejemplificativamente:

a) Periodos o supervisión de prueba, en donde el sentenciado reporta periódicamente a un
oficial de pruebas, dependiendo del tipo de infracción en frecuencias que pueden ir desde semanal hasta anualmente.

b) Periodo de pruebas con supervisión intensiva. Aquí la persona sujeta a esta medida ve al oficial de pruebas de tres a cinco veces por semana y el oficial de pruebas también hace visitas imprevistas a la casa o trabajo del infractor.

c) Restitución de los objetos sustraídos ilegalmente y multas, pueden ser aplicadas solas o en conjunción con la supervisión de prueba.

d) La supervisión intensiva consiste en efectuar pagos periódicos a las víctimas del delito o al tribunal.

e) Prestación de servicios a favor de la comunidad, usado solo o con la supervisión intensiva, consiste en la prestación de un cierto numero de horas de trabajo en y para la comunidad;

f) Tratamiento por abuso de sustancias tóxicas, consiste en educación y servicios de terapia proporcionados tanto por el gobierno como por organismos no gubernamentales y usados solos o en conjunción con periodos de prueba simple o supervisión intensiva;

g) Reporte diario. Los infractores reportan a una oficina central diariamente un calendario de las actividades que van a realizar durante ese día mostrando cómo emplearán el tiempo hora a hora;

h) Arresto domiciliario.

i) Monitores electrónicos usados en unión con la supervisión intensiva. Aquí se le permite ir al trabajo o la escuela.

j) Hogares de transición.

k) Régimen militar riguroso, que se utiliza para infractores jóvenes y tiene como finalidad acelerar el cumplimiento de la pena y va aparejado del componente educacional o de trabajo a favor de la comunidad.

Hemos presentado sólo algunos ejemplos de medidas alternativas a la prisión, evidentemente aplicables de manera progresiva y atendiendo al tipo de delito.


Importante es el señalar que para los delitos graves en nuestro país no se alcanzan dichas alternativas. De esta manera sólo por delitos no graves, cuya penalidad máxima no exceda de cinco años de prisión (sean dolosos o culposos) y por delitos culposos cuya penalidad no exceda de ocho años de prisión, el juez podrá aplicar dichas medidas sustitutivas de la pena de prisión.

Estamos convencidos de la utilidad, economía y eficiencia del dispositivo electrónico de localización, consistente en la obligación de portar un aparato en sus ropas el cual puede ser utilizado no sólo como sustitutivo de prisión, sino también como medida cautelar.

Pensamos que las medidas alternativas a la prisión deben encuadrarse dentro de una política criminal que tienda a reducir el numero de personas privadas de su libertad, pero bajo supervisión permanente de su conducta y demás actividades laborales.

Estamos conscientes de que "después de todo, la prisión fue la alternativa a las penas corporales y a la de muerte. Cuando se estableció la prisión y se generalizó, se redujo el ámbito de la pena de muerte y en ningún país se siguió construyendo y aumentando el número de cadalsos. Si queremos remplazar la prisión por alternativas a la misma, detengamos el aumento en el numero de celdas y de cárceles".

Por los argumentos anteriormente expuestos, y en ejercicio de sus facultades, los suscritos, diputados de la nación de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a esta Cámara la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados.

Artículo único. Se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Establece Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Ley que Establece Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

113,114 y 115


CAPITULO I

Finalidades

Artículo 1o. El sistema penitenciario en la República, se regirá por lo establecido en la presente ley.

Artículo 2o. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo obligatorio y retributivo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la reintegración social del delincuente y el cumplimiento de la pena que deberá ser cierto, proporcional, digno, justo y respetuoso de los derechos humanos de los individuos privados de la libertad.

Artículo 3o. Será considerado como principio rector la normalidad del sujeto y que éste se encuentra en una relación de derecho público respecto al Estado, por tanto, fuera de los derechos perdidos o limitados constitucional y legalmente por su calidad de detenido, su condición jurídica es idéntica a la de los ciudadanos libres.

Artículo 4o. Las normas establecidas en el presente ordenamiento deben ser aplicadas imparcialmente, no pudiendo existir diferencias de trato fundadas en raza, sexo, opinión política, creencia religiosa, condición social, estudios de personalidad o cualesquiera otras circunstancias.

Artículo 5o. El principio de presunción de inocencia prevalecerá en el régimen penitenciario de todos los internos sujetos a proceso.

Artículo 6o. Se garantiza la libertad ideológica y religiosa de los internos, su derecho al honor, a ser designados por su propio nombre, a la intimidad personal, a la información, a la educación y el acceso a la cultura, al desarrollo integral de su personalidad y a elevar peticiones a la autoridad. Asimismo, los internos tendrán derecho de acudir ante el juez federal de vigilancia penitenciaria, para promover impugnaciones a las resoluciones de las autoridades de los centros de reclusión, que consideren violenten sus derechos humanos, regulados en el presente ordenamiento legal.

Artículo 7o. Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables a las personas sentenciadas. Las personas sujetas al régimen de prisión preventiva podrán acudir al juez federal de vigilancia penitenciaria a efecto de que les sean respetados sus derechos humanos durante dicha etapa procesal.

Artículo 8o. La dirección que designe la Secretaría de Gobernación, tendrá a su cargo aplicar en lo administrativo estas normas en los reclusorios dependientes de la Federación, velando por la vida y salud física y mental de los internos y permitirá el ejercicio de los derechos compatibles con su situación procesal. Asimismo, las normas se aplicarán, en lo pertinente, a los internos federales sentenciados en toda la República y se promoverá su adopción por parte de los estados. Para este último efecto, así como para la orientación de las tareas de prevención social de la delincuencia, el Ejecutivo Federal podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de los estados.

En dichos convenios se determinará lo relativo a la creación y manejo de instituciones penales de toda índole, entre las que figurarán las destinadas a la reintegración social de adultos que hayan incurrido en conductas antisociales y de menores infractores, especificándose la participación que en cada caso corresponde al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas.

Los convenios podrán ser concertados entre el Ejecutivo Federal y un solo Estado o entre aquél y varias entidades federativas, simultáneamente, con el propósito de establecer, cuando así lo aconsejen las circunstancias, sistemas regionales.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 18 constitucional acerca de convenios para que los internos sentenciados por delitos del orden común extingan su condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal.

CAPITULO II

De la ejecución de sanciones no privativas de la libertad

Artículo 9o. La Secretaría de Gobernación, a través de la dirección correspondiente, tendrá a su cargo, la ejecución para efectos administrativos de las sanciones que, por sentencia judicial, sustituyan a la pena de prisión o a la multa, estableciendo los programas para la
aplicación y supervisión de las penas de prisión intermitente, consistentes en la permanencia en la institución penitenciaria sólo por periodos específicos, régimen especial en libertad, trabajo a favor de la comunidad y supervisión y control por dispositivo electrónico de localización, así como las decisiones que respecto de tratamiento el juzgador determine y la ejecución de las medidas impuestas a inimputables, sin perjuicio de la intervención que a este respecto deba tener, en su caso y oportunidad, la autoridad sanitaria.

Para el cumplimiento de los programas establecidos en el párrafo anterior, la dirección celebrará los convenios que fueren necesarios con instituciones publicas y del sector social, con comunidades indígenas y grupos u organizaciones privadas o de desarrollo social.

Para el desarrollo de estos programas, la autoridad ejecutará, promoverá la participación de voluntarios debidamente seleccionados, a quienes se les proporcionará la capacitación necesaria.

Artículo 10. Para el caso de pena de prisión intermitente, la Secretaría de Gobernación será la responsable de establecer los programas a los que quedará sujeto el sentenciado durante los periodos de internamiento en el lugar que tenga establecido, a partir de los horarios decretados por la autoridad judicial.

Cuando el sentenciado a prisión intermitente hubiere cumplido con esta pena durante un año, al término del mismo, la autoridad administrativa aplicará en su lugar la de trabajo en favor de la comunidad.

Artículo 11. Las mujeres sentenciadas a pena de prisión intermitente tendrán derecho a que sus hijos menores de 12 años permanezcan con ellas en el lugar de reclusión durante los periodos de internamiento.

Artículo 12. Las modalidades para la ejecución del trabajo a favor de la comunidad, entre ellas las de duración de las jornadas y el lugar donde habrá de prestarse, serán determinadas por la dirección que determine la Secretaría de Gobernación, la que procurará armonizar la formación, habilidades e intereses del sentenciado con las opciones disponibles para el cumplimiento de esta pena.


El mismo órgano del Poder Ejecutivo supervisará el cumplimiento de las medidas restrictivas de la libertad decretadas por la autoridad judicial, a las que deba sujetarse el sentenciado al régimen especial en libertad.

Artículo 13. La autoridad ejecutará, podrá modificar las modalidades por ella impuestas, lo que deberá notificar de inmediato y por escrito a la autoridad judicial.

La suspensión temporal de cualquiera de las penas alternativas a la prisión o la modificación de las modalidades que hubiese impuesto para el cumplimiento de las penas de prisión intermitente o régimen especial en libertad, sólo podrán ser autorizadas por el juez federal de vigilancia penitenciaria.

CAPITULO III

Del juez federal de vigilancia penitenciaria

Artículo 14. El juez federal de vigilancia penitenciaria tendrá las siguientes atribuciones:

I. Hacer cumplir la pena impuesta por el juez de la causa;

II. Salvaguardar los derechos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse;

III. La ejecución de las medidas alternativas a la prisión determinadas por el juez de la causa;

IV. Adoptar todas las decisiones necesarias para que los pronunciamientos de las resoluciones en orden a las penas privativas de libertad se lleven a cabo, asumiendo las funciones que corresponderían a los jueces y tribunales sentenciadores;

V. Vigilar que en la aplicación de las penas, la autoridad administrativa, se limite a aplicar la sanción decretada por el juez de la causa, en condiciones de vida digna, con justicia y en el marco del reconocimiento y respeto irrestricto del respeto a los derechos humanos de los internos, especialmente por lo que se refiere a la seguridad jurídica de la duración de la pena;

VI. Procurar la mínima afectación de los derechos de los internos; la libertad deambulatorio de éstos sólo podrá ser limitada por razones de
seguridad de las instalaciones penitenciarias o de la mejor convivencia de los internos.

VII. Otorgar los beneficios liberacionales y preliberacionales, con base exclusivamente en el criterio de la conducta del interno dentro del penal y los máximos y mínimos impuestos por el juez sentenciador, así como la remisión por días de trabajo;

VIII. Resolver los conflictos que se presenten entre internos y personal penitenciario, acordando lo procedente sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario, en cuanto afecte a los derechos fundamentales y beneficios de aquéllos;

IX. Supervisar que al interno se le entreguen anualmente por parte de la autoridad administrativa constancias que acrediten, su situación jurídica respecto del cumplimiento de la pena, agregando a dichas constancias el o los hechos de la conducta del interno por los que se sugiera se otorguen o nieguen beneficios así como los días trabajados;

X. Garantizar al interno, desde su ingreso al penal, mediante documento oficial, el tiempo máximo de estancia, señalando año, mes y día de ingreso y liberación;

XI. Practicar visitas al interior de los centros penitenciarios, para verificar el cumplimiento correcto de las penas y las condiciones imperantes en el centro;

XII. Resolver sobre conflictos entre internos y autoridades administrativas penitenciarias, las cuestiones relativas al trabajo, capacitación y demás actividades, productivas o recreativas que se realicen en el centro penitenciario;

XIII. Vigilar la aplicación de las medidas de tratamiento para inimputables en internamiento o en libertad.

Artículo 15. Los jueces federales de vigilancia penitenciaria tendrán obligatoriamente su residencia en el territorio en que radiquen los establecimientos penitenciarios sometidos a su jurisdicción.

Artículo 16. Los jueces federales de vigilancia penitenciaria tendrán la misma jerarquía que los jueces de distrito.


CAPITULO IV

Del procedimiento ante el juez federal
de vigilancia penitenciaria

Artículo 17. Los directores de los centros penitenciarios remitirán al juez federal de vigilancia penitenciaria las constancias a que se refiere la fracción IX del artículo 14 de esta ley, quien con fundamento en dicha constancia dictará un auto de acreditación parcial de beneficios.

Artículo 18. El procedimiento de impugnación se sustanciará en al vía incidental ante el juez federal de vigilancia penitenciaria contra las determinaciones de las autoridades penitenciarias que afecten los derechos humanos del interno o de sus visitantes.

Artículo 19. El director del centro penitenciario podrá ser suspendido de sus funciones por el desacato a las resoluciones tomadas en virtud de las facultades que le confiere esta ley. La duración de la suspensión variará entre los 15 días y los tres meses en atención a la gravedad y reiteración en el desacato. En caso de comprobarse faltas graves que pudieran constituir delitos, solicitará la intervención del Ministerio Público Federal y además informará a la dirección correspondiente de la Secretaría de Gobernación, a efecto de que se resuelva su situación laboral.

Artículo 20. Los incidentes se tramitarán a instancia de parte interesada. El juez federal de vigilancia penitenciaria notificará a las partes para que contesten en un termino que no podrá exceder de seis días hábiles. Si el juez lo creyere necesario o alguna de las partes lo solicitare, se abrirá un plazo para ofrecimiento de pruebas que no excederá de seis días hábiles. Concluidos estos plazos se citará durante los siguientes tres días hábiles a las partes para que en audiencia escuchen sentencia.

Artículo 21. El recurso de apelación se tramitará en la forma y términos previstos para este recurso en el Código Federal de Procedimientos Penales y procederá contra las resoluciones tomadas en virtud de los artículos anteriores; tienen derecho a apelar quienes consideren han sido afectados en sus derechos con la resolución sean internos o autoridades.

116,117 y 118


CAPITULO V

De las comisiones Nacional de Derechos
Humanos y del Instituto Federal de la
Defensoría Pública

Artículo 22. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el Instituto Federal de la Defensoría Pública, supervisarán el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley, velando por el respeto a los derechos humanos. Para tal efecto podrán ingresar en los centros en cualquier momento, sin previo aviso, identificándose debidamente, sin que la autoridad pueda solicitar ningún otro requisito adicional para su ingreso.

Artículo 23. El director del centro penitenciario proporcionará espacios físicos adecuados en el área de gobierno, para que el personal permanente asignado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, puedan dar cumplimiento a sus atribuciones.

CAPITULO VI

Personal

Artículo 24. Para el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario en la designación del personal directivo, administrativo, técnico y de custodia de las instituciones de internamiento se considerará la vocación, aptitudes, preparación académica y antecedentes personales de los candidatos.

Artículo 25. Los miembros del personal penitenciario quedan sujetos a la obligación de seguir, antes de la asunción de su cargo y durante el desempeño de éste, los cursos de formación y de actualización que se establezcan, así como de aprobar los exámenes de selección que se implanten. Para ello, en los convenios se determinará la participación que en este punto habrá de tener el servicio de selección y formación de personal, dependiente de la dirección que designe la Secretaría de Gobernación.

CAPITULO VII

Sistema

Artículo 26. En todo caso se buscará, la seguridad jurídica en el cumplimiento de la pena, así como la igualdad y respeto a la dignidad humana en el trato hacia los internos, para una adecuada reintegración social.

Tomando en cuenta las condiciones de cada medio y las posibilidades presupuestales, se clasificarán a los internos en instituciones especializadas, atendiendo exclusivamente al tipo de delito que cometieron los ya sentenciados y al principio de presunción de inocencia para los sujetos a proceso y en la medida de lo posible escuchando la opinión del interno.

Estas instituciones podrán ser: los establecimientos de seguridad máxima, media y mínima, colonias y campamentos penales, hospitales siquiátricos y para infecciosos e instituciones abiertas y semiabiertas.

El sitio en el que se desarrolle la prisión preventiva será distinto del que se destine para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

Las mujeres quedarán recluidas en los lugares separados e independientes de los destinados a los hombres. Los menores infractores serán internados, en su caso, en instituciones diversas de las destinadas a los adultos.

En la construcción de nuevos establecimientos de custodia y ejecución de sanciones y el remozamiento o la adaptación de los existentes, la dirección tendrá las funciones de orientación técnica y las facultades de aprobación de proyectos a los que se refieren los convenios; procurará asimismo para el mejor Gobierno que los nuevos establecimientos no tengan una capacidad mayor a 150 internos.

Artículo 27. El beneficio preliberacional podrá comprender:

I. Información y orientación especiales y discusión con el interno y sus familiares de los aspectos personales y prácticos de su vida en libertad;

II. Métodos terapéuticos de grupo;

III. Concesión de mayor libertad dentro del establecimiento;

IV. Traslado a la institución abierta o semiabierta y


V. Permiso de salida de fin de semana o diaria con reclusión nocturna o bien de salida en días hábiles con reclusión de fin de semana.

Artículo 28. Se creará en cada reclusorio un consejo técnico interdisciplinario, con funciones consultivas necesarias para el adecuado cumplimiento de la pena, la correcta aplicación de las actividades favorables a la reintegración social, la ejecución de medidas preliberacionales, la concesión de la remisión parcial de la pena y de la libertad preparatoria y la aplicación de la retención decretadas por el juez federal de vigilancia penitenciaria. El consejo podrá sugerir también a la autoridad ejecutiva del reclusorio, medidas de alcance general para la buena marcha del mismo.

El consejo, presidido por el director del establecimiento o por el funcionario que le sustituya en sus faltas, se integrará con los miembros de superior jerarquía del personal directivo, administrativo, técnico y de custodia y en todo caso formarán parte de él, un médico y un maestro normalista. Cuando no haya médico ni maestros adscritos al reclusorio, el consejo se compondrá con el director del Centro de Salud y el director de la escuela federal o estatal de la localidad y a falta de estos funcionarios, con quienes designe el Ejecutivo del Estado.

Artículo 29. En el curso de la vida en reclusión se fomentará el establecimiento, la conservación y el fortalecimiento, en su caso, de las relaciones del interno con personas convenientes del exterior. Para este efecto, se procurará el desarrollo del Servicio Social Penitenciario en cada centro de reclusión, con objeto de auxiliar a los internos en sus contactos autorizados con el exterior. Asimismo, todo centro penitenciario deberá contar con servicio de telefonía pública, al cual podrán acceder todos los internos.

La visita íntima, que tiene por finalidad principal el mantenimiento de las relaciones maritales del interno en forma sana y moral, no se concederá discrecionalmente, sino previos estudios social y médico, a través de los cuales se descarte la existencia de situaciones que hagan desaconsejable el contacto íntimo.

Artículo 30. En el reglamento interior del reclusorio se harán constar, clara y terminantemente, las infracciones y las correcciones disciplinarias, así como los hechos meritorios y las medidas de estímulos. Sólo el director del reclusorio podrá imponer las correcciones previstas por el reglamento, tras un procedimiento sumario en que se comprueben la falta y la responsabilidad del interno y se escuche a éste en su defensa. El interno podrá inconformarse con la corrección aplicada, recurriendo para ello al juez federal de vigilancia penitenciaria.

Artículo 31. Para la determinación de las infracciones, el reglamento deberá apegarse a los principios de culpabilidad y las sanciones serán proporcionales al daño causado, por lo que no podrá sancionar:

I) Las conductas que no ocasionen molestias a terceros;

II) Las conductas cuya realización implica el ejercicio legítimo de un derecho y

III) Las que no afecten el régimen interior del centro penitenciario.

Artículo 32. Sólo se consideran faltas disciplinarias graves:

a) La participación material o intelectual en motínes y disturbios;

b) La evasión, el intento de evasión y favorecer la evasión de presos;

c) Cualquier acto que implique un agravio en contra de cualquier miembro del personal y autoridades penitenciarias;

d) Ejercer o intentar ejercer alguna función exclusiva de la autoridad, del personal penitenciario, así como subordinar o intentar subordinar a otros internos;

e) La posesión y tráfico de armas de fuego, punzocortantes y de cualquier otro tipo;

f) El tráfico de alcohol, estupefacientes y sicotrópicos y

g) El daño de las instalaciones penitenciarias.

Se entregará al ingresar, a cada interno un instructivo, en el que aparezcan detallados sus derechos, deberes y el régimen general de vida en la institución. Los internos tienen derecho a ser recibidos en audiencia por los funcionarios
del reclusorio y por el juez federal de vigilancia penitenciaria, a transmitir quejas y peticiones, pacíficas y respetuosas a autoridades del exterior y a exponerlas personalmente a los funcionarios que lleven a cabo, en comisión oficial, la visita de cárceles.

Se prohibe todo castigo consistente en torturas o en tratamientos crueles, con uso innecesario de violencia en perjuicio del recluso, así como la existencia de los llamados pabellones o sectores de distinción, a los que se destine a los internos en función de su capacidad económica, mediante pago de cierta cuota o pensión.

Artículo 33. Se favorecerá el desarrollo de todas las demás medidas que tiendan a la correcta reintegración social compatibles con el régimen establecido en estas normas, con las previsiones de la ley y de los convenios y con las circunstancias de la localidad y de los internos.

CAPITULO VIII

Del trabajo

Artículo 34. El trabajo, dentro de los establecimientos penitenciarios será un derecho y una obligación de los internos, por tanto, éste no tendrá carácter aflictivo, deberá contribuir a aumentar la capacidad del recluso para ganarse honradamente la vida después de su liberación, así como a la adquisición del hábito de llevar a cabo el mismo. Es obligación de las autoridades penitenciarias proporcionar los medios necesarios para la realización del mismo.

El trabajo será retributivo y equitativo y se observarán los principios del artículo 123 constitucional, para su asignación se atenderá a las capacidades físicas y mentales del trabajador, a su vocación y aptitudes. En la medida de lo posible, las condiciones del mismo deberán asemejarse a las imperantes al trabajo en libertad.

El trabajo en los reclusorios se organizará previo estudio de las características de la economía local, especialmente del mercado oficial, a fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria, con vista a la autosuficiencia económica del establecimiento. Para este último efecto, se trazará un plan de trabajo y producción que será sometido a aprobación del gobierno del Estado y en los términos del convenio respectivo, que al efecto se hubiere signado con la Secretaría de Gobernación.

Los internos pagarán su sostenimiento en el reclusorio con cargo a la percepción que en éste tengan como resultado del trabajo que desempeñen. Dicho pago se establecerá con base en descuentos correspondientes a una proporción adecuada de la remuneración, proporción que deberá ser uniforme para todos los internos de un mismo establecimiento. El resto del producto del trabajo se distribuirá del modo siguiente: 30% para el sostenimiento de los dependientes económicos del reo; 30% para la constitución del fondo de ahorros de éste y 10% para los gastos menores del interno.

Queda prohibida la circulación de dinero en efectivo en el interior de los centros de reclusión; para tal efecto se dispondrá de los medios electrónicos necesarios para que el dinero pueda ser administrado en forma transparente.

Si no hubiese condena a reparación del daño o éste ya hubiera sido cubierto, o si los dependientes del reo no están necesitados, las cuotas respectivas se aplicarán por partes iguales a los fines señalados, con excepción del indicado en último término.

Ningún interno podrá desempeñar funciones de autoridad o ejercer dentro del establecimiento empleo o cargo alguno, del cual se derive autoridad sobre los demás internos.

Artículo 35. Se privilegiará el trabajo industrial sobre la actividad artesanal, será obligación de las autoridades penitenciarias impartir formación técnica-profesional relativa a los oficios industriales que se practiquen en el establecimiento.

La educación que se imparta a los internos no tendrá sólo carácter académico sino también cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético. Será, en todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía y quedará a cargo, preferentemente, de maestros especializados.

Artículo 36. Cuando a la institución penitenciaria no le sea posible cumplir con la obligación de ofrecer trabajo a todos los internos, se deberán celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, quienes
deberán pagar al menos el salario mínimo a los internos que trabajen para ellos y dichas instituciones quedarán obligadas a impartir capacitación para dicho trabajo.

119,120 y 121


Artículo 37. Quedan excluidos de la obligación de trabajar:

a) Los impedidos física y/o mentalmente;

b) Los mayores de 60 años y

c) Las mujeres durante los cuatro meses anteriores al parto y los dos meses siguientes al mismo.

En los casos de los incisos a y c, los internos que voluntariamente deseen trabajar, podrán hacerlo, siempre que esto no fuere manifiestamente perjudicial a su salud.

Artículo 38. Por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, sin que puedan argumentarse en contra del reo, por lo que corresponde a este rubro de beneficios, la conducta o cualquier otro dato. La autoridad penitenciaria entregará trimestralmente al interno constancia escrita de los días trabajados.

La educación y capacitación para el trabajo serán elementos que el juez federal de vigilancia penitenciaria, tomará en cuenta para la remisión de la pena, de manera independiente y acumulativa con la actividad laboral.

La remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al interno. El Ejecutivo regulará el sistema de cómputos para la aplicación de este precepto, que en ningún caso quedará sujeto a normas reglamentarias de los establecimientos de reclusión o a disposiciones de las autoridades encargadas de la custodia y de la reintegración social.

El otorgamiento de la remisión se condicionará a que el sentenciado repare los daños y perjuicios causados o garantice su reparación, sujetándose a la forma, medidas y términos que le fije para dicho objeto, el juez federal de vigilancia penitenciaria.

Al disponer la remisión, el juez federal de vigilancia penitenciaria que la conceda establecerá las condiciones que deba observar el reo, conforme a lo estipulado en los incisos a al d de la segunda parte del artículo 84 del Código Penal.

La remisión es revocable por la autoridad que la otorga, en los casos y conforme al procedimiento dispuesto para la revocación de la libertad preparatoria.

CAPITULO IX

Asistencia a liberados

Artículo 39. Se promoverá en cada entidad federativa la creación de un patronato para la asistencia a liberados, cuando ésta no estuviera establecida con anterioridad, que tendrá a su cargo prestar asistencia moral y material a los encarcelados, tanto por cumplimiento de condena como por libertad procesal, absolución, condena condicional o libertad preparatoria.

Será obligatoria la asistencia del patronato a favor de liberados preparatoriamente y personas sujetas a condena condicional.

El consejo de patronos del organismo de asistencia a liberados se compondrá con representantes gubernamentales y de los sectores educativo, de empleadores, de trabajadores de la localidad, tanto industriales y comerciantes como campesinos, según el caso. Además, se contará con representación de los colegios de abogados, de la prensa local, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de los organismos no gubernamentales encargados de la defensa de los derechos humanos.

Para el cumplimiento de sus fines, el patronato tendrá oficinas representativas en los municipios de la entidad.

Los patronatos podrán brindar asistencia a los liberados de otras entidades federativas que se establezcan en aquélla donde tiene su sede el patronato. Se establecerán vínculos de coordinación entre los patronatos para el mejor cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 40. En los convenios que suscriban el Ejecutivo Federal y los gobiernos de los estados se fijarán las bases reglamentarias de estas normas, que deberán regir en la entidad

federativa. El Ejecutivo local expedirá, en su caso, los reglamentos respectivos.

La Secretaría de Gobernación promoverá ante los ejecutivos locales, las reformas legales conducentes a la aplicación de estas normas, especialmente en cuanto a la remisión parcial de la pena privativa de libertad y la asistencia forzosa a liberados condicionalmente o a personas sujetas a condena de ejecución condicional. Asimismo, propugnará la uniformidad legislativa en las instituciones de prevención y ejecución penal.

Artículo 41. Las presentes normas se aplicarán a los procesados en lo conducente.

La autoridad administrativa encargada de los reclusorios no podrá disponer, en ningún caso, medidas de liberación provisional de procesados. En este punto se estará exclusivamente a lo que resuelva la autoridad judicial a la que se encuentra sujeto el procesado, en los términos de los preceptos legales aplicables a la prisión preventiva y a la libertad provisional.

Si la autoridad administrativa otorgara cualquier medida de liberación, sin la autorización del juez federal de vigilancia penitenciaria, incurrirá en responsabilidad, además del ilícito correspondiente.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto.

San Lázaro, D.F., a 23 marzo de 1999.- Diputados: Jorge López Vergara, Ramón Corral Avila, Sandra Segura Rangel, José Antonio Herrán Cabrera, Alvaro Elías L., Francisco Vera González, Francisco Javier Reynoso Nuñez, María Elena Cruz Muñoz, Juan García de Adalberto, Javier Paz Zarza, Fernando González Corona, Javier Algara Cossío, Elodia Gutiérrez E., A. Balderrama Fernández, Constancio Ríos Sánchez, José Espinosa von Roehrich, Jeffrey M. Jones J., Felipe de Jesús Cantú, Julio Faesler, Ma. Carmen Corral Felipe Janero Escobedo, José Angel Frausto, Antonio Galaviz O., Emilio González Márquez, Nicolás Jiménez C., Mario Haro R., Felipe de J. Preciado, Benjamín Gallegos Soto, Luis G. Villanueva, Beatriz Zavala Peniche, Rocío Morgan Franco, Felipe Vicencio Alvarez, Felipe Urbiola Ledesma, Edgar Ramírez Pech, Leticia Villegas Nava, Samuel Gustavo Villanueva y Martín Matamoros Castillo.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Justicia.

JAIME SABINES

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es el homenaje al escritor Jaime Sabines.

Tiene la palabra la diputada Gloria Lavara Mejía, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.

La diputada Gloria Lavara Mejía:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Cuando muere un poeta, con él muere una parte de nosotros. Al emisario de un mensaje de amor, de pasión, de vida y de humanidad sencilla no se le debe perturbar, su presencia es necesaria, su censura impensable y su participación, imperiosa. Privarlo, arrancarlo de esos deberes que sus dones le otorgan, sería tanto como arrebatarle al cielo su claridad meridiana del amanecer; es simplemente atentar contra la naturaleza humana.

Sabines, sabía de sus deberes y como poeta y político, los cumplió. La partida de Jaime Sabines nos ha dejado abandonados, con un espacio imposible de remplazar, nos ha dejado huérfanos de su poesía, despojados de su arte.

Aquel personaje que viera la tierra de Chiapas nacer y que sirviera como musa de inspiración a su poesía, trató con dócil ternura, pero también con enérgica rigidez, a aquél que con su peculiar visión del mundo era conocido en Tuxtla Gutiérrez como "el poeta Sabines".

Su estancia en la Ciudad de México, su vigencia y permanencia que trascendieron en la vida de sus habitantes, produjo una obra que enriqueció a la vida de todos, a conocidos y extraños con los que compartió su amor a la vida y a la mujer.


Al ver a la ciudad con los ojos de Sabines, recordamos a otra ciudad, una ciudad mágica, unida, diversa y congruente a la que todos aspiramos, pero que parece imposible materializar.

Pensar en Sabines, meditar su obra, recitar sus versos, es convivir con el autor, llenarse el alma de sus pensamientos, sus inquietudes y emociones; su partida no nos priva de su obra, pero sí de su presencia creativa como la de pocos.

Dicen que los poetas son niños caídos del cielo que con su misión inocente, pero también realista, describen el mundo en el que viven. Jaime fue uno de ellos, pero ahora él ha retornado al lugar del que vino, extrañaremos su presencia, su confortable compañía, pero no nos ha dejado solos del todo, pues al leer sus obras estaremos conversando con él, compartiendo su visión del mundo para amarlo y respetarlo apasionada y desinteresadamente como lo hiciera él.

Sabines fue el poeta por excelencia, el hombre que buceó en las palabras para extraer su sentido profundo el que, aparentemente ajeno, habita en la vibración profunda de nuestro ser.

Era, simplemente, un poeta que se daba a la vida y escribía sobre ella. Como dijera Margarita Villarreal: "ha muerto el viejo lobo, el medroso cordero, el que ablanda los corazones del odio con el oro de su blandura, el dos veces diputado, usado y despojado y alzado por el pueblo; el poeta controvertido por su filiación política pero que nunca fue ajeno a las necesidades de los grupos oprimidos, indigentes y menesterosos".

Como diputados, extrañaremos el realce que dio a este Congreso, donde presidió la Comisión de Cultura imprimiendo con su sello particular todo su trabajo. Pocas veces nuestra Cámara de Diputados se ha visto galardonada con tan alta presencia artística y esperamos que así siga sucediendo, que sea el lugar donde todos los habitantes encuentren un espacio de expresión y jóvenes, mujeres, grupos vulnerables e incluso poetas, puedan enriquecer a la patria con su participación mesurada, oportuna y equilibrada.


Hay quienes afirman que lo que distingue a los hombres de las instituciones es su permanencia, pero con Sabines esta afirmación pierde su dimensión y su obra se ha encargado de desmentirla.

Maestro, México requiere, exige gente como usted, que sepa convertir la realidad del mundo en poesía, en arte, en obra impostergable que pueda convertir el ideal enarbolado no en algo pasajero sino perenne y encuentre en la realidad su auténtica materialización postrera.

Maestro: "la vida no es para siempre, la gloria sí y usted nos ha convencido de que así sucede."

Gracias, por su obra. Muchas gracias.

La Presidenta:

Damos la bienvenida a 42 invitados especiales del diputado Javier Algara Cossío, así como también a 70 estudiantes del colegio Félix Palavicini, acompañados de la profesora Rosa Margarita León y otro grupo más de 60 estudiantes del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.

Para continuar con el tema de homenaje a Jaime Sabines, tiene la palabra el diputado Francisco José Paoli y Bolio, del Partido Acción Nacional.

El diputado Francisco José Paoli y Bolio:

Con su venia, señora Presidenta, señoras y señores diputados:

El viernes pasado, como dijera el poeta fundamental de México, Jaime Sabines, amaneció el presagio al pie de la cama. Largos vestidos negros en el aire andan, un gusano le casca el corazón al día y el miedo aulló en el alma, porque el poeta mayor de México se iba irremediablemente después de trágicos años y meses de lucha contra el cáncer que lo carcomía y lo derrumbaba pocos días antes de que cumpliera los 73 años.

Jaime Sabines consideraba a Tagore como su gran maestro y como su abuelo poético a Omar Callam. Entre los grandes bardos latinoamericanos que lo influyeron estaban Pablo Neruda,
César Vallejo y Ramón López Velarde, y pensaba nuestro poeta que Dostoivski y Juan Rulfo eran también poetas, aunque hubieran escrito solamente prosa, cuentos y novelas.

      122,123 y 124

 

                       
Federico García Lorca lo deslumbró con sus metáforas y su plástica desbordante.

Para Octavio Paz, también portador magnífico de la lira y de la crítica, que nos abandonara recientemente, Sabines fue un poeta expresionista que tenía saltos constantes y caídas, lo consideraba uno de los mejores poetas contemporáneos, no sólo del país sino de nuestra lengua.

Dice Paz: "muy pronto, desde su primer libro, encontró su voz una voz inconfundible, un poco ronca y áspera, piedra rodada y verdinegra, veteada por esas líneas sinuosas y profundas que trazan en los peñascos el rayo y el temporal.

Mapas pasionales, signos de los cuatro elementos, jeroglíficos de la sangre, la bilis, el semen, el sudor, las lágrimas y los otros líquidos y sustancias con que el hombre dibuja su muerte o con el que la muerte dibuja nuestra imagen de hombres".

Paz lo describe con admiración cruda en sus violentas y apasionadas relaciones con el lenguaje: "verdugo enamorado de su víctima golpea las palabras y ellas le desgarran el pecho".

En su realismo de hospital y burdel, en su fantasía genésica, en sus momentos pedestres, en sus momentos de iluminación, su humor es una lluvia de bofetadas, su risa termina en un aullido, su cólera es amorosa y su ternura colérica. En su poesía pasa del jardín de la infancia a la sala de la cirugía. "Para Sabines, -dice Paz-, todos los días son el primero y el último día del mundo".

Desde su poemario "Mal Tiempo", en 1972, como lo confirmó recientemente su familia en días pasados, Sabines nos dice cómo le gustaría morir y ser enterrado. Nos dice: "me gustaría cuidar mis funerales. Nadie llorando; los encargados del oficio, gente decente; de una vez solo, hasta un lugar lejano, sin malas compañías o incinerado, ¡estupendo!; cualquier río, laguna, charco, alcantarilla, todo lugar sagrado. No me acostumbro a vivir".


Muchos poemas de Sabines sobre la muerte se vienen en cascada a la memoria y no sólo la de los dilectos, enterados, sino al recuerdo de muchos mexicanos de todos los medios sociales en los que la poesía privilegiada del poeta chiapaneco ha tenido notable impacto.

Puede afirmarse que es difícil encontrar personas interesadas en nuestra poesía, aunque sea en pequeña medida, que no conozcan poemas de Sabines, porque los han hecho suyos, porque los han identificado con lo que somos y sentimos y nos duele a los mexicanos. Están en nuestra memoria colectiva "Tarumba", largo poema que se publicó por primera vez en 1956; brota del recuerdo "Los Amorosos" y, desde luego, algo sobre la muerte del mayor Sabines, su amado padre y en materia de agonías y muerte de honda caladura, están los recuerdos sobre su solterona tía Chofi, virgen definitiva y, desde luego, sobre el final de su madre, con el aleteo de pájaros quemados en sus entrañas.

A través de los trances de muerte nos hablaba de la vida, a la que amaba intensamente. Describía con regocijo y maldecía como lo hace un oyente cuando profiere blasfemias.

La muerte, que es un poema fundamental en la cultura mexicana, herencia mestiza que llega por ambas vertientes, la mesoamericana y la española, la de los poetas como Netzahualcóyotl y como Jorge Manrique, para mencionar a dos emblemáticos.

La del primero, que entre muchas cosas dijo sobre la muerte, preparándonos para ella: "como una pintura nos iremos borrando; como una flor hemos de secarnos sobre la tierra, cual ropaje de plumas de quetzal, de sacuan, del azulejo, iremos pereciendo".

O la de Manrique, en las coplas a la muerte de su padre: "nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir. Allá van los señoríos, derechos a acabar y consumir. Ahí los ríos caudales; ahí los otros medianos y más chicos, allegados; somos iguales los que viven por sus manos y los ricos".

Y desde luego, nuestro poeta, en ese soneto vivo que incluye en su formidable poema algo sobre la muerte del mayor Sabines: "morir es retirarse, hacerse a un lado, ocultarse un momento, estarse quieto, pasar el aire de una
orilla a nado y estar en todas partes en secreto. Morir es olvidar, ser olvidado, refugiarse desnudo en el discreto calor de Dios y en su cerrado puño crecer igual que un feto. Morir es encenderse boca bajo, hacia el humo, el juego y la caliza y hacerse tierra y tierra con trabajo. Apagarse es morir, lento y aprisa, tomar la eternidad como a destajo y repartir el alma en la ceniza".

Los dos términos fundamentales de la poesía de Sabines, fueron amor y muerte y el amor para el poeta es el aprendizaje de la muerte, como la muerte es la posibilidad mayor de valoración de la vida y de los amores que de ella brotan y hacen exclamar al poeta frente al cuerpo inerte de quien le diera la vida: "tu eres racimo, madre, un ramo, una fronda, un bosque, un río. Todo igual a tu nombre doña Luz, lucero, lucha, manos llenas de arroz, viejecitas sin años, envejecidas sólo para parecerte a los vinos".

"Tarumba", es su formidable poema, probablemente el más vital personal, comunal y sensual de cuantos escribiera Sabines.

"¡Hay Tarumba, tú ya conoces el deseo, te jala, te arrastra, te deshace, zumbas como un panal, te quiebras mil y mil veces, dejas de ver mujer cuatro días porque te gusta desear, te gusta quemarte y revivirte, te gusta pasarles la lengua de tus ojos a todas! Tú Tarumba naciste en la saliva, quién sabe en que goma caliente naciste; te castigaron con darte sólo dos manos salado Tarumba, tienes la piel como una boca y no te cansas."

El poeta contradictorio de los altos constantes no se acostumbra a vivir, pero no quiere morir, tampoco se resigna. Nos resume esta actitud a todos en esa duda vital y dice en sus versos de Tarumba:

"La primera lluvia del año moja las calles, abre el aire, humedece mi sangre, me siento tan a gusto y tan triste Tarumba, viendo caer el agua desde quien sabe, sobre cuántos y tanto. Ayúdame a mirar sin llorar, ayúdame a llover yo mismo sobre mi corazón, para que crezca sobre la planta del chayote o como la hierbabuena.

Amo tanto la luz adolescente de esta mañana y su tierna humedad. Ayúdame Tarumba a no morirme, a que el viento no desate mis hojas ni me arranque de esta tierra alegre."

Nuestro homenaje al poeta Sabines no puede ser otro que el de traer los mejores recuerdos de su poesía, con algunos recuentos poemarios y una Intima tristeza expresionista.

Recuerdo ahora que Sabines fue también como nosotros legislador y en esta sala que fue su casa en distintas actividades, guardamos silencio y respeto, y deseamos que descanse en gozo y que su Dios tan presente en sus renglones vibrantes y angustiados, lo tenga en la gloria con su padre el mayor, su madre doña Luz, su tía Chofi, sus amigos de la espiga amotinada y tantos otros que lo precedieron en el camino de la eternidad.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Arely Madrid Tovilla, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema.

La diputada Arely Madrid Tovilla:

Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

"El mar se mide por olas, el cielo por alas, nosotros por lágrimas. El aire descansa en las hojas, el agua en los ojos, nosotros en nada". México se duele de la muerte de Sabines, se duele con su partida a la inmortalidad, Sabines sigue y seguirá presente en nuestras vidas, en nuestras ideas, como reflejo poético de lo que rige y debe regir en ellas, como grito enérgico ante la injusticia, la deshonestidad y la hipocresía.

La agudeza de Sabines, la profundidad de sus reflexiones y, en general, lo asombroso de su poesía, constituyen un portentoso testimonio, que sin duda llevará a recordarlo por siempre y a través de sus obras, como si se encontrara entre nosotros.

Esa es la otra vida de Sabines, la que lo hace perenne, la que lo mantendrá presente, hoy y en el futuro, entre los chiapanecos, entre los
mexicanos, tal es la imperecedera vida que tiene y tendrá siempre por sus obras.

Si bien, todo mundo reconoce que Sabines fue un ser humano extraordinario, generoso, comprensivo, pero sobre todo amigo, también lo es que su esencia trasciende indudablemente por conducto de sus letras. En esta tarea de manera realista se condujo siempre de forma claridosa, abierta, franca y por lo tanto congruente con la verdad, con la realidad y sin compromisos, como lo demuestra desde la etapa de su niñez en sus obras y de su juventud y su madurez.

Recordemos oral, sus adorados amorosos, en búsqueda de la mujer. Tarumba, un canto a la vida. Algo sobre la muerte del mayor Sabines, el desgarramiento del dolor de perder a un ser querido, y me encanta, adiós. La madurez, la búsqueda espiritual.

Decía Sabines: cuando escribo lo único que sé es que sufro de dolor, de esperanza, de alegría, sé que estoy sufriendo y necesito decirlo. Mi necesidad de escribir es todo pero nunca miedo. La poesía es un destino, algo que se hace fundamentalmente con palabras, con emociones, con sentimientos.

Si el homenaje se le hizo en vida merecidamente a nuestro poeta, hoy después de muerto, en este recinto que representa a México, también le hacemos homenaje, porque su presencia, su poesía no ha muerto, pues como lo señalaba él mismo: lo único que existe es la vida, la muerte es algo cotidiano.

Así fue Sabines, hombre sincero que supo vivir ley libre y sin ataduras, hombre que se entregó a la literatura y a la escritura con toda la belleza y espontaneidad que su alma representa. Hombre que por medio de su pluma siempre estuvo en pos de la justicia como parte de su impronta política.

Sabines destinó gran parte de su entendimiento y preocupación a su tierra natal Chiapas, pero también dedicó a México, a la vida, a la alegría, a la muerte, al dolor. Sabines, el escritor, el político, pero sobre todo el humanista, su amor a la vida e indiferencia a la muerte, su rechazo a la violencia, su inmenso deseo de que se lograra la paz en Chiapas, ese Chiapas que es México y que busca la paz y la superación. Siempre estuvo atento al acontecer político de su tierra.

La provincia, Tuxtla Gutiérrez, su entrañable tierra que lo vio nacer un 25 de marzo de 1926, dejó en Sabines una huella imborrable que se reflejó en sus poemas, en su poesía directa y muchas veces crítica.

Jaime Sabines es Chiapas, es México, a los que con su poesía dio renombre y prestigio más allá de nuestras fronteras. Los chiapanecos y los mexicanos y, en este caso, todo el mundo de la cultura, lamenta profundamente su pérdida, la muerte de un gran poeta, de un excepcional chiapaneco y mexicano. Su deceso pone de luto al país. Muchos lo recuerdan.

El obispo de Tuxtla Gutiérrez, inclusive la Iglesia que conoció y trató a Sabines lo describe de la manera siguiente: para mi su obra tiene un sentido filosófico y también teológico. Jaime Sabines tiene la virtud de nunca utilizar palabras de más para hablar; es un hombre directo y va al grano; siempre fue accesible a cualquier persona; no es un dique que separa, sino una puerta que se abre.

Eso sí, cuando Jaime Sabines se topaba con la mentira, la hipocresía o la deshonestidad, era como un látigo que azotaba la conciencia.

Por nuestro lado, los mexicanos además supimos reconocer en Sabines su gran trascendencia política y literaria, tanto es así que fue objeto de innumerables y legítimos reconocimientos, por ejemplo: recibió los premios Javier Villa urrutia, el premio Elías Orasti y el Premio Nacional de Lingüística y Literatura.

Como político, fue diputado federal en dos legislaturas, la L y la LIV; dio muestra de ello, de participación intelectual en la diligencia social y política de este país.

Me satisface expresar que conviví con él por muchas horas los asuntos relativos a la cosa pública como diputado federal, pero también puedo referir, porque me consta, su incansable labor por la cultura, obviamente por la poesía, pues nos transmitía sus luces, nos daba parte de su sentir, porque su forma de pensar filosófica y política la tenía a flor de piel, tanto es así, que fue objeto de reconocimiento por parte del Senado de la República, que le otorgó la Medalla Belisario Domínguez, en reconocimiento y exaltación de sus valores, el 7 de octubre de 1994. Presenciamos el justo homenaje a Jaime Sabines, el poeta de la vida, el amor, la muerte y la cotidianeidad.

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Hoy, estamos frente a la paradoja de hablar de un lado sobre la presencia de nuestro amigo muerto; en contraparte también, estamos enfrente a la inmortalidad de un hombre que por su vida y por sus ideas permanecerá de manera perenne entre nosotros. Su magnífica poesía que lo inmortaliza, que nos nutre hoy y a las generaciones futuras, sus discursos que lo distinguieron como un mexicano valiente y claro, describió la alegría, la esperanza, la angustia de grandes sectores de nuestro pueblo.

A manera de ejemplo baste recordar su idea de democracia, pero sobre todo su gran amor a México. Dijo el poeta, siendo diputado, en la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a Rufino Tamayo: "si queremos realmente construir una democracia más cierta y verdadera, no aprovechemos nuestra libertad en la palabra para la injuria, no la credibilidad para el engaño, no los ánimos para el escándalo, no los esfuerzos para la demolición". Eso era Sabines. Sabines es México, es Chiapas.

Compañeros diputados, pediría respetuosamente un minuto de silencio en su memoria.

(Minuto de silencio.)

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Elba Capuchino Herrera, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el mismo tema.

La diputada Elba Margarita Capuchino
Herrera:

El pasado 19 de marzo, después de una prolongada y dolorosa enfermedad, falleció en la Ciudad de México un gran poeta: Jaime Sabines.

Como mexicana y como legisladora me siento en la doble obligación moral de abordar esta tribuna para rendir homenaje a su memoria; para hacer públicas mis condolencias y las del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a los familiares y deudos de Jaime Sabines, por su sensible pérdida y para evocar al Sabines que como legislador ocupara en dos ocasiones una curul en esta Cámara de Diputados, como representante del Partido Revolucionario Institucional.

Dijo en alguna ocasión el escritor polaco Joseph Conrad: "...que la grandeza de un pueblo bien podría determinarse midiendo el tamaño de los monumentos y del recuerdo que levantan y guardan de sus poetas y artistas" y como para concederle la razón en este punto, cuando Conrad murió, en homenaje, Polonia bautizó a un sub-buquetanque, el más grande del mundo, precisamente con el nombre de Joseph Conrad. Así el escritor, clásico de los temas del mar recorrió todos los mares del mundo y se adentró en el corazón de las tinieblas en un buque amparado amorosamente por la bandera de Polonia, su patria.

En seguimiento del ejemplo de Polonia, tal vez deberíamos los mexicanos pensar en un homenaje igualmente generoso y perdurable, en honor de Jaime Sabines, ¿por qué no bautizar un río chiapaneco igualmente con su nombre?, ¿no resultaría igualmente hermoso que un río arrastrara perpetuamente el rumor de la poesía de Jaime Sabines?, ¿por qué no, en vez de encerrar el nombre y el recuerdo de Jaime Sabines, inscribiendo su nombre en letras de oro en el recinto de esta Cámara, decretamos público, libre y gratuito el goce y disfrute de la poesía de Jaime Sabines y declaramos a la poesía en general como un bien de interés público y de utilidad social?

"Muere el poeta y la creación entera se siente estremecida", escribió Miguel Hernández en recuerdo de Federico García Lorca, después de su fusilamiento por los bárbaros franquistas; muere Sabines y México y Chiapas están estremecidos. El poeta que miró largo tiempo y sin miedo el rostro de la muerte; el que escribió dos de los más grandes poemas fúnebres de la lengua castellana: uno dedicado a la muerte de su padre, del mayor Sabines y el otro consagrado a su tía Chofi, sólo comparables en las coplas de Jorge Manrique. Se enfrentó finalmente a su propia muerte con sencillez y valentía. La muerte de Jaime Sabines, entristece y empobrece a todos los mexicanos.


Como político y como hombre de firmes lealtades partidarias, tuvimos con Jaime Sabines, discrepancias y desacuerdos que sería mezquino y necio enumerar en esta ocasión; como sería también deshonesto negarlas. Al final nos reconcilió siempre con Jaime Sabines, su calidad humana y su genio poético. Porque como se mencionó en esta tribuna, en este recinto en 1988, los amorosos somos cardenistas.

En un hermoso poema dedicado a la gran escritora que fue nuestra Rosario Castellanos y a propósito de la parafernalia funeraria decía Jaime Sabines: "cómo duele te digo, que te traigan, te pongan, te coloquen, te manejen, te lleven de honra en honra funeraria. No me vayan a hacer a mi esa cosa de los hombres ilustres, con una chingada", respetemos pues la voluntad del poeta, nada de solemnidades y de homenajes rimbombantes. Para la despedida final de Jaime Sabines, que nos baste una sonrisa y un aplauso. Jaime Sabines vive y la vida sigue.

La Presidenta:

Damos la bienvenida a 20 estudiantes de la Universidad Americana de Acapulco, acompañados por la licenciada María Elena de la Llave López; también a 50 estudiantes de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, invitados del diputado Enrique Tito González; así como 31 estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo, invitados por el diputado Antonio Prats García.

ESTADO DE GUERRERO

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre la situación poselectoral en el Estado de Guerrero, tiene la palabra el diputado Pablo Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

El diputado Pablo Sandoval Ramírez:

Con su venia, Señora Presidenta; estimadas compañeras y compañeros diputados:
Con base en el artículo 58 y 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, en el artículo veinticuatro del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, así como en el artículo segundo del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, solicito atentamente a esta Presidencia se turne a la Comisión de Desarrollo Social, una proposición para la formación de una subcomisión plural para la investigación de la utilización fraudulenta de recursos públicos de origen federal para la campaña de René Juárez Cisneros, candidato del PRI a la gubernatura de Guerrero.

Hago llegar a la Secretaría el documento de denuncia de hechos, interpuesto ante el Ministerio Público Federal por el diputado Alberto López Rosas y un servidor en relación con la utilización de recursos públicos de origen federal destinados a la reconstrucción de Acapulco y que presuntamente han sido utilizados en la campaña de René Juárez Cisneros.

Asimismo, hago llegar a la Secretaría documentos del Progresa, en el área de la salud, del municipio de Acapulco de Juárez, en el IX distrito, que tienen como visto bueno el sello y la firma de dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, lo que implica la utilización de recursos públicos de origen federal para la campaña de René Juárez Cisneros en la elección de gobernador del Estado.

Esta presunción nos obliga a tomar medidas con urgencia para la investigación de la utilización de recursos públicos de origen federal en esta campaña del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Guerrero.

Hemos llegado a extremos límites. Conocemos el estribillo: el PRD habla de democracia cuando triunfa y habla de fraude electoral cuando pierde, se nos dice. No, en lo absoluto, hemos obtenido, de manera permanente "que en México no se vive toda vía un régimen electoral democrático, libre, equitativo y confiable" y sin embargo, nuestra profunda vocación democrática nos ha encauzado en un itinerario permanente de participación en los procesos electorales para abrir paso a la transición democrática, a través de la vía pacífica y constitucional.


Apostamos al voto libre y consciente de los ciudadanos, pero frente a ello hay una escalada creciente de la utilización de mecanismos, recursos y formas de defraudación de la voluntad popular que ha llegado a un límite, porque ninguna elección en el futuro garantiza mínima credibilidad: ¡ni la de octubre de este propio año en el Estado de Guerrero, desde luego ni la elección decisiva para la transición democrática que debe ser la del año 2000!

Por ello, nos interesa mucho enfrentar el fraude electoral. Por ello, debemos tomar todas las medidas tendientes a impedir que se siga desenvolviendo esta escalada defraudatoria de la voluntad ciudadana en México, que ha tenido un punto culminante en el Estado de Guerrero.

Esta defraudación tiene en el centro la utilización de vastos recursos públicos para la compra del voto. Sin embargo, nos responde el subsecretario de Gobernación, Jorge Alcocer, diciendo: "que no puede demostrarse la compra del voto con despensas", por ejemplo y es desde luego una muy lamentable afirmación: o no conoce la ley el subsecretario de Gobernación o hace planteamientos de mala fe o las dos cosas.

El dice con desparpajo: "nuestra ciudadanía en toda la República desarrolla una conducta más inteligente: toma la despensa, pero vota por quien quiere". Sin embargo, el delito no se tipifica cuando alguien vota por el candidato que le entrega una despensa, ya el simple otorgamiento de la despensa para tratar de obtener el voto implica una conducta delictiva, independientemente de por quién vote el ciudadano.

El Código Penal del Estado de Guerrero señala, inequívocamente, "que debe castigarse con penas de prisión, multa e inhabilitación a quien solicite votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa". La despensa es una dádiva a través de la cual se solicitan votos, más allá de que el ciudadano sufrague por el candidato que le otorgue el obsequio. El delito se configura con la conducta del candidato, no la del ciudadano.

Este delito no se evidencia al conocer por quien votó el ciudadano, se concreta a cabalidad sólo con la conducta del candidato que, dice la ley, "solicita votos por dádiva" y este delito, como es obvio, es plenamente demostrable, señor subsecretario de Gobernación.

Ha sido difícil, desde luego, en el pasado evidenciar que las despensas provienen del candidato del partido oficial. Se ha argumentado que éstas se distribuyen como producto de un programa gubernamental determinado de asistencia social. Pero ahora en esta campaña en Guerrero, en el colmo del cinismo, las despensas han llevado impresa la propaganda del PRI y de su candidato, su fotografía, los logotipos conocidos y el llamamiento a votar por René Juárez Cisneros y para que no quede duda, en los paquetes de despensa se señala: "estos productos son totalmente gratuitos. Prohibida su venta".

Se trata, pues, de dádivas mediante las cuales se solicitan votos. Está plenamente tipificado el delito. La estipulación legal de Guerrero corresponde por lo demás a una similar establecida en el Código Penal Federal.

¿El subsecretario de Gobernación desconoce la ley en sus términos más elementales? Es, desde luego, el subsecretario de desarrollo político de la Secretaría de Gobernación ni más ni menos.

Alcocer va más allá, señala en esta misma ocasión sobre la distribución de las despensas: "los partidos lo pueden hacer con sus propios recursos, sin que se usen recursos indebidos". Ah. Sin embargo, de ningún modo ni con recursos indebidos ni con recursos propios puede incurrirse en el delito de solicitar votos mediante dádivas, violentando la legislación electoral...

La Presidenta:

Señor diputado: le solicito concluya. Su tiempo se ha agotado.

El diputado Pablo Sandoval Ramírez:

Bien. Termino.

Hago entrega con esta propuesta también, de la denuncia que interpusimos respecto de la comisión de delitos electorales, para la utilización por la respectiva comisión y la Comisión de Desarrollo Social pueda conformar.

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La Presidenta:

Concluya, diputado. Esta petición ha sido ya anotada.

El diputado Pablo Sandoval Ramírez:

La solicitud es en el sentido de que se conforme de inmediato esta comisión.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta:

Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo.

El diputado Ricardo Cantú Garza:

Con su venia, diputada Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para manifestar su total apoyo a la lucha pacífica que realiza el pueblo de Guerrero, comprometido con la democracia y la justicia social.

Ante el fraude electoral cometido por el PRI-Gobierno, miles de guerrerenses realizaron en días pasados un éxodo desde su entidad hasta la capital de la República. Exigen a los tribunales electorales que el proceso electoral sea limpiado de anomalías e irregularidades.

El compromiso de los exodistas guerrerenses con la democracia y la limpieza electoral, confirma la voluntad pacífica del pueblo guerrerense. Nada más alejado de la realidad que las acusaciones que lanza el actual gobernador de Guerrero contra las corrientes democráticas en el Estado, señalando que éstas alientan la violencia y el desorden.

El éxodo de los guerrerenses que luchan por una democracia transparente ha demostrado que la coalición opositora ha tomado el camino de la lucha legal, pacífica y civil. En ningún momento se ha dudado de seguir ese rumbo político, siempre ha habido un deslinde claro del movimiento democrático con respecto a los grupos armados que operan en la zona, así que en eso no cabe ninguna duda o aclaración.

Quienes incitan y atizan la violencia son las fuerzas reacias a perder sus privilegios y que le temen a la movilización del pueblo guerrerense. Esas fuerzas provocan el enconamiento regional, ya que recurren al fraude, la coacción y la intimidación a los votantes, para mantener las cosas como están.

Ahora pretenden invertir las cosas. Ellos, que siempre han instigado y reprimido a la ciudadanía democrática, ahora pretenden ponerse la careta de pacificadores y echarle la culpa de la inestabilidad y la tensión a las fuerzas democráticas. Esa es una maniobra ya algo trillada por el PRI-Gobierno.

Todos sabemos que la violencia estructural viene de los grupos que mantienen un dominio caciquil y brutal sobre el pueblo guerrerense. También sabemos que los atropellos electorales sólo pueden venir de quienes tienen todo el poder económico y coercitivo para imponer sus candidaturas.

La provocación y la violencia vienen de quienes adulteran la voluntad popular y ciudadana y luego pretenden ponerse como víctimas de la situación.

Los exodistas han dado una muestra de cordura y resistencia civil pacífica, hacen valer sus derechos ciudadanos para expresar sus opiniones, manifestarse públicamente e inconformarse cuando se presume que ha sido violentado el orden legal y electoral.

Todos los pueblos tienen derecho a la inconformidad y a la rebeldía cuando se está usurpando el poder y los gobernantes abusan de su situación. Es grave que se le quiera quitar ese derecho de inconformarse a los ciudadanos, más aún cuando existe todo un procedimiento para protestar por las decisiones de los órganos electorales.

Los exodistas y los militantes y simpatizantes de la coalición opositora hacen valer derechos constitucionales y su denuncia debe ser escuchada y valorada por las instancias correspondientes.

La elección de Guerrero es crucial para la conquista de la democracia en México. Es un
conflicto electoral reñido y disputado; sin embargo se vuelve primordial, porque puede prefigurar el escenario político de las elecciones del año 2000. Sería muy grave para la nación que en las elecciones presidenciales del próximo año tuviéramos un conflicto poselectoral de gran magnitud; eso sería muy delicado para todos. De ahí que tenemos que resolver la contienda de Guerrero y preparar un acuerdo político nacional que permita una sucesión presidencial más tersa, debe ser un propósito común de todos aquellos ciudadanos que esperamos una transición democrática y pacífica el lograr que en el año 2000 tengamos un cambio de poderes en condiciones óptimas.

Es de suma importancia aislar la violencia desde ahora, ya que puede volverse peligroso el escenario en la sucesión presidencial, si permitimos que las irregularidades electorales en Guerrero o Quintana Roo vayan escalando la tensión y la violencia política. Es de presumirse que la lucha del año 2000 se verá cargada de malos augurios. Limpiar y depurar el proceso electoral de Guerrero y Quintana Roo permite abrir el cambio para la transición política, urge por tanto un acuerdo político nacional que establezca las condiciones mínimas para las contiendas políticas y electorales desde ahora y hasta el relevo del poder en el año 2000.

El PT por lo tanto apoya la propuesta para la formación de la comisión plural, para la investigación del uso de recursos públicos en las campañas electorales del Estado de Guerrero.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Gloria Ocampo Aranda del Partido Acción Nacional.

La diputada María Gloria Bernardita
Ocampo Aranda:

¡Buenas tardes compañeros diputados!

Nuevamente estamos aquí los diputados Guerrerenses tratando el asunto de lo que es el proceso poselectoral de Guerrero.

¡Cómo quisiéramos en el alma que esto ya concluyera! ¡Cómo quisiéramos que ya Guerrero se levantara y pasáramos aquí al frente para tratar otros asuntos que ya no fuera esto que es el problema, conflictos poselectorales! Quisiéramos tener unas leyes equitativas donde todos los partidos estuviéramos en igualdad de circunstancias y de esta forma, al concluir el proceso, estuviéramos satisfechos, contentos, complacidos de saber que las elecciones fueron llevadas en un clima de equidad.

Pero, desafortunadamente, esto todavía no se ve en ninguno de los estados y mucho menos en Guerrero; en Guerrero nos damos cuenta que por ser un Estado con alto margen de marginación, de pobreza, con poco nivel cultural, me duele decirlo, porque son mi gente, son mis paisanos y quisiera que estuviéramos en otro nivel, en otra situación, un Estado en desarrollo, en progreso.

Pero no es así y debido a que es de esta forma sabemos y para todos es conocido, que hasta la misma senadora Guadalupe Gómez Maganda en conocido periódico hizo denuncias de cómo esta contienda interna se había llevado en un margen de triquiñuelas. Definitivamente esto duele porque estas triquiñuelas son con dinero y ese dinero es de los guerrerenses y ese dinero debe de ir a donde debe mejorar un pueblo, que es en la educación, que es en la economía, que es en el trabajo.

Esto es lamentable y si eso se dio en la interna, ¿qué no se dio en la contienda formal? Para todos los guerrerenses fue conocida la compra de conciencia, porque eso es, la compra de conciencia a través de una despensa, una triste despensa, comprar el voto y no critico a los que se hicieron de esa despensa, porque fue más fuerte el hambre que el nivel de conciencia en este proceso que era tan importante: elegir al gobernador, quien pudiera dar, hacer una administración correcta de los recursos.

Pero hay tanta pobreza..., y traigo unos datos aquí, que me voy a permitir leer, donde se demuestra en qué nivel estamos los guerrerenses:

En el aspecto de vivienda con agua entubada, la media nacional es el 85.6%; para Guerrero es el 66.6%; en viviendas con drenaje, la media nacional es el 74%, para Guerrero el 50%; para viviendas con piso de tierra, solamente tierra, la media nacional es el 15% para Guerrero el 39%. En el aspecto educación, también estamos bastante atrasados, la media nacional en alfabetismo es el 10.6%; para los guerrerenses el 23.9%. El grado promedio de escolaridad, el 7.2% a nivel nacional y para Guerrero, el 5%.

En el aspecto de marginación, los guerrerenses ocupamos el tercer lugar a nivel nacional.

Con todo esto pues, Guerrero es una tierra fértil, fértil para la compra de conciencias.

El Partido Acción Nacional exige que esto que se dio en Guerrero ya no se vuelva a repetir, estamos como bien decía mi compañero diputado perredista, decía que el proceso electoral va a ser el 3 de octubre, concluye este proceso electoral, este desfasamiento que se da de hace poco para acá, debido a Ruiz Massieu que quiso cambiar este proceso, más nos afecta; más nos afecta porque estamos seguros que en esto que son elecciones municipales, elecciones a diputados locales, igual habrá un gran despilfarro, un gran manipuleo de gente, una gran movilización que también representa pago a esa gente, y ese dinero es un dinero que les compete a los guerrerenses.

Queremos pues que esto cambie. Deseamos y exigimos que haya una reforma electoral a conciencia, donde pueda ser castigada la gente que comete estos abusos, que son muchos; donde pueda meterse a la cárcel y sancionarse fuertemente a quienes teniendo un puesto público hagan mal uso de los dineros públicos. Eso queremos y eso exigimos y vamos a luchar para que esto se dé.

Deseamos, pues, que en Guerrero, al igual que en otros estados donde hay un gran desarrollo, Guanajuato, Aguascalientes, los del norte, esto queremos para Guerrero y queremos que esa tierra, esa tierra fértil que es ahorita para conciencias, para compra de votos, sea una tierra llena de oportunidades para todos, donde ya no tenga que irse nuestra gente al norte, ser "mojados" para poder tener algo que enviar a sus esposas, a sus hijos; donde tengan donde trabajar, donde desarrollar su capacidad, porque es gente con capacidad, con inteligencia, pero que falta eso que es la educación, la cultura, el tratar de llevar esos recursos hacia proyectos de trabajo, hacia situaciones donde pueda tener nuestra gente, la de Guerrero, capacidad, sus manos libres para detener, solventar y tener una familia que viva de manera decorosa, donde tenga una habitación decorosa y que tenga todos los servicios médicos.

Eso queremos para Guerrero y para eso estamos dispuestos a luchar los del Partido Acción Nacional; queremos que Guerrero sea eso, como es en otras partes: una tierra de oportunidades para todos.

Muchas gracias, y enhorabuena por el éxito que se tenga en la próxima contienda electoral, un éxito a todos los guerrerenses, porque lo merecemos.

Gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Verónica Muñoz Parra, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María Verónica Muñoz Parra:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Mi partido hace unos días presentó un documento a la opinión pública, donde fijó su posición frente al proceso electoral en el que se eligió gobernador el pasado 7 de febrero, por lo que a continuación voy a exponerles a ustedes una síntesis de este documento, que titulamos "cómo fue el proceso electoral en Guerrero".

En el Estado de Guerrero en los últimos dos años se llevaron a cabo dos reformas a la Ley Electoral, en un marco de anticipación y entendimiento de todos los partidos políticos, permitiendo la ciudadanización de los órganos electorales, lo que trajo como consecuencia un vigoroso proceso de normalización de la vida democrática del Estado.

En las reformas de 1988 se llevaron a cabo adecuaciones a la legislación electoral del Estado, conforme a las reformas realizadas a nivel federal, estableciéndose un sistema más equitativo de distribución de financiamiento público a todos los partidos políticos y para el acceso a los medios de comunicación propiedad del Estado, con mecanismos claros
también para la fiscalización de los gastos de campaña.

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En la etapa de preparación del proceso electoral 1999, de 49 acuerdos emitidos por el consejo estatal electoral para organizar la jornada del día 7 de febrero, 44 fueron aprobados por unanimidad y cinco por mayoría. Sobre estos acuerdos, la coalición PRD-PT y PRT no presentó ningún medio de impugnación ante el tribunal estatal electoral y durante la integración de los 28 presidentes de los consejos distritales y los secretarios técnicos de los mismos, el representante del PRD ante el consejo estatal electoral tuvo una amplia participación y no impugnó ante el tribunal estatal electoral ninguna designación.

En todos los actos emitidos por el consejo estatal electoral y los consejos distritales, los representantes de los partidos y de las coaliciones tuvieron una libre participación y todas y cada una de sus propuestas fueron consideradas de manera respetuosa, como quedó asentado en las actas del consejo estatal y distrital.

Para la integración de las 3 mil 867 mesas directivas de casillas, los organismos electorales llevaron a cabo un proceso de doble insaculación. Inicialmente se sorteó el mes de nacimiento y posteriormente el sorteo contempló también a los ciudadanos insaculados con base en su fecha también de nacimiento.

Durante la integración de los organismos electorales, la coalición PRD-PT-PRT no presentó impugnaciones ante el consejo estatal electoral ni en el tribunal electoral ni ante la comisión local de vigilancia del registro federal electoral.

Los partidos políticos y las coaliciones acreditaron a un total de 19 mil 387 representantes ante la mesa directiva de casillas, incluyendo a la coalición PRD-PT-PRT, que los acreditó en la totalidad de las 3 mil 867 casillas.

En la jornada electoral el día 7 de febrero, se instalaron la totalidad de las 3 mil 867 casillas y durante la sesión permanente del consejo estatal electoral se atendió y aclaró las presuntas irregularidades presentadas por el representante de la coalición PRD-PT-PRT.

Los resultados: durante la sesión del cómputo estatal, que inició el día 11 de febrero y concluyó en la madrugada del día 14, se obtuvieron los siguientes resultados:

El PAN, 14 mil 332 votos; el PRI-PRS, 423 mil 777 votos y el PRD-PT-PRT, 406 mil 64 votos. Los votos nulos fueron 13 mil 320. La votación total 864 mil 536 votos.

En reuniones previas con los integrantes del consejo estatal electoral, los representantes de la coalición PRD-PT-PRT, propusierón el recuento de todas las boletas que contenían los paquetes electorales de las 3 mil 867 casillas instaladas en el Estado o también, en su caso, el recuento de los votos nulos.

Y con el fin de no violar el procedimiento establecido por la legislación electoral, el consejo estatal electoral optó por realizar el recuento de los votos nulos en las casillas en que se rebasaba el número de 9 y del recuento de los votos nulos, 710 favorecieron a la coalición del PRI-PRS y 597 a la coalición PRD-PT-PRT.

La información electoral fue ágil y oportuna, además de la pantalla gigante instalada en el consejo estatal electoral, donde los medios informativos tuvieron las facilidades suficientes para conocer de manera inmediata la variación de los resultados; también éstos pudieron ser conocidos por la opinión pública a través de una página de Internet.

Durante el día de la jornada electoral, la coalición PRD-PT-PRT, de las 3 mil 867 casillas instaladas, únicamente presentó 186 escritos de protesta en igual número de casillas y en el escrito de juicio de inconformidad, presentado por la coalición PRD-PT-PRT, se impugnaban alrededor de 2 mil casillas y sólo 84 estaban sustentadas en escritos de protesta.

Del análisis del escrito de juicio de inconformidad, presentado ante el tribunal estatal electoral, se desprende: que no existe correlación entre los hechos y los agravios argumentados y no se ofrecen los medios de pruebas necesarios para sustentar sus aseveraciones.

Las declaraciones del PRD, antes, durante y después de las elecciones fueron contradictorias. En el inicio fueron a favor del proceso electoral. Así, por ejemplo, el día 3 de febrero, en Acapulco, Félix Salgado, durante la reunión con el Grupo Aca, se comprometió a reconocer su derrota si ganaba el PRI y "espero que los priístas hagan lo mismo, sigan a el PRD".


El día 7 de febrero, durante la mañana, Félix Salgado declaró en el programa de Lilian Rivas: "...que la jornada había sido tranquila, con incidentes menores y sin posibilidades de incidentes poselectorales".

El mismo día de la votación, cuando se empezó a conocer los resultados que favorecían al PRI, el dirigente nacional del PRD y el candidato de la coalición, encabezada por el PRD, señalaron: "Hay desconfianza en el consejo estatal electoral por el manejo de los resultados electorales".

Conclusiones: desde 1996, los órganos electorales que organizan la celebración de los comicios, han estado conformados por ciudadanos y el perfeccionamiento de los instrumentos técnicos utilizados, como listado nominal, credencial con fotografía, así como boletas foliadas infalsificables, cómputos a la vista de todos, entre otros, eliminan la posibilidad de fraude.

El PRD, por primera vez, tuvo representantes en la totalidad de las casillas y sus representantes firmaron todas y cada una de las actas.

Durante la jornada comicial, el domingo 7 de febrero, no se registraron incidentes mayores. Esta transcurrió en paz y no hubo impugnaciones por parte de los partidos involucrados.

Del total de las 84 casillas protestadas e impugnadas por el PRD, no es factor legal para revertir el triunfo del licenciado René Juárez Cisneros y existen dos razones importantes: las 84 casillas representan el 2.1% de un total de 3 mil 867 instaladas, por lo que no alcanza el 20% necesario de las secciones para anular la elección y presuponiendo, incluso, la anulación de las 84 casillas, el PRD no podría alcanzar la votación del PRI, debido a la diferencia del PRI sobre el PRD, que es de 17 mil 713 votos.

El PRI reconoce que los tiempos actuales han cambiado, que la realidad es otra y que hoy se caracteriza por una gran competencia electoral.

Los comicios en México serán de resultados cada vez más cerrados. Ese es el espíritu de la democracia, pero también es el respeto al sufragio ciudadano.


Las elecciones en Guerrero fueron una muestra de civilidad, de madurez y de convicción democrática y los que pretenden desconocer un proceso electoral que se ha llevado a cabo con transparencia e imparcialidad, desestiman la actitud asumida por el electorado, que demostró su alta responsabilidad cívica y su madurez política.

Todo ocurrió en paz y tranquilidad, los guerrerenses votaron por la oferta política que más los convenció, por la paz, por la estabilidad social, por la justicia y el progreso.

Votaron por la esperanza de vencer el atraso, la marginación, la pobreza y, ¿por qué no?, por mayores oportunidades para los guerrerenses. El pueblo votó y el pueblo ganó.

Muchas gracias, compañeros.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Alberto López Rosas, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el mismo tema, hasta por cinco minutos.

El diputado Alberto López Rosas:

Gracias, señora Presidenta; señoras y señores:

Glamoroso discurso el de la diputada que me antecedió; sin embargo, tan color de rosa que nos pretende de alguna manera confundir a la nación y confundir a esta Asamblea.

¿Cómo puede considerar la señora diputada que el pueblo de Guerrero votó por la estabilidad social, cuando dentro de unos días habrá de concluir uno de los más oprobiosos sexenios de los cuales haya tenido memoria el Estado de Guerrero?

Dentro de unos días terminará un sexenio con dos gobernadores. Uno que quiso siempre ejercer su mandato como gobernador interino y otro que nunca pudo irse de Guerrero, nunca quiso irse de Guerrero. Eso nos trajo una profunda desestabilización en el Estado, de la cual aún no nos hemos podido reponer ni nos habremos de reponer pronto.


¿Cómo la posibilidad guerrerense pudo haber votado por el PRI? Quiero darles algunos datos, señores diputados:

El PRI en su selección interna de septiembre del año pasado, obtuvo 365 mil votos y los precandidatos, todos, con algunas excepciones, argumentaron fraude en el desarrollo de ese proceso interno priísta; independientemente de eso mostraron su verdadero rostro. En Atoyac hubo tal desaguisado que terminaron varios en hospitales por la gravedad de las lesiones que se dieron entre ellos mismos. Este es el rostro verdadero del PRI en Guerrero, el rostro de la violencia, ése es el rostro que han querido ocultar, pero que ya no lo pueden hacer. Ante la competencia de la oposición ellos mismos se destrozan, así quedó bien patentizado.

En la elección interna de septiembre 365 mil votos, hoy obtienen según ellos 423 mil votos, es decir, más de 50 mil votos. Esto, ¿qué significa? Significa que recurrieron a la compra de votos, significa que recurrieron al chantaje, significa que recurrieron a todos los medios habidos y por haber y hay una razón que se las voy a exponer.

El senador Porfirio Camarena Castro declaró antes de la elección, que el Estado de Guerrero no podía ser perdido por el PRI, porque representa una posición estratégica para la seguridad nacional. A la vez el diputado Efraín Zúñiga Galeana dijo: "en Guerrero el PRI va a ganar, cueste lo que cueste" y vaya que ha costado a los guerrerenses este pretendido triunfo al cual se refiere el PRI y el cual la mayoría de los guerrerenses no podemos admitir.

La sociedad guerrerense no optó por un partido que ha desestabilizado durante tantos años al Estado de Guerrero. No optó por mantener la presencia de un figueroísmo que se niega a retirarse y dejar el Estado de Guerrero a que se desarrolle en paz y en progreso como lo necesitamos la mayoría de los guerrerenses. No es cierto, señores diputados, que el pueblo guerrerense haya optado por el PRI.

A mayor abundamiento, señores, a mayor abundamiento, los órganos de control electoral están bajo el dominio priísta y eso quedó patentizado. Ninguno de nuestros recursos que presentamos durante el proceso electoral, se declaró procedente, todos fueron desechados sin entrar a la profundidad de su estudio.

Cuando presentamos nuestros recursos en contra de la elección, el tribunal estatal electoral se negó a entrar a profundidad y a analizar los alegatos y el planteamiento de la litis. Por ello no confiamos en el tribunal estatal electoral y hemos confiado en el resolutivo que puede emitir el Tribunal Federal Electoral.

Creemos que la elección debe limpiarse. Creemos que debe devolverse al pueblo guerrerense su capacidad de elección y esa elección sin duda no fue para el Partido Revolucionario Institucional.

Gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Salvio Herrera Lozano, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Salvio Herrera Lozano:

Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Respeto el punto de vista de nuestro compañero diputado Alberto López Rosas, pero quiero decir que muchos de los conceptos...

La Presidenta:

Les pido por favor marquen el tiempo de cinco minutos.

El diputado Salvio Herrera Lozano:

Quiero decir que muchos de los conceptos aquí expresados, son conceptos que responden más bien a un aspecto anímico y a una serie de discursos trillados que siempre hemos escuchado de los partidos de oposición.

Se habló aquí de compra del voto, esto lo hemos escuchado siempre que hay elecciones en cualquier Estado de la República y aunque se diga lo contrario cuando nuestro partido gana, siempre se habla de fraude electoral.

134,135 y 136


Pero la compra del voto, ¿quién compra el voto?

En la actualidad hay partidos también de oposición que utilizan bastos recursos económicos para condicionar el voto y lo debemos de reconocer. Vimos como en los ayuntamientos gobernados por el PRD hubo un sinnúmero de reparto de despensas, hubo la coerción, como en Cruz Grande, Cuajiniculapa, San Luis Zacatlán y otros más, donde tenemos los elementos, tenemos las actas levantadas ante la instancia correspondiente, pero esto nosotros sabemos que no es algo que haya contribuido en una gran proporción al resultado electoral.

Se habla de utilización de recursos en campaña. Ofenden a nuestro pueblo quienes hablan con ligereza que el pueblo votó por una despensa.

Hubo una campaña incesante de los partidos de la coalición PRD-PT-PRT en los medios de comunicación, en la radio, en los periódicos, en la televisión, donde hablaban de que el pueblo no se dejara comprar por una despensa. Esa campaña tendenciosa fue orientada para reprimir la voluntad popular. El voto es secreto y la ciudadanía actuó con convicción y apego a su voluntad, pero para la oposición esto es fraude, esto es compra de voto.

Compañeras y compañeros diputados, debemos de decir con toda honestidad que hoy día las prácticas fraudulentas se han ido erradicando a través de la participación ciudadana, a través de la participación de los partidos políticos y de la sociedad en la defensa del voto. Hoy es momento de la reconciliación, es momento de unidad. Aquí todos salimos ganando, porque nuestro estado merece vivir en paz. Nuestro Estado, y estoy de acuerdo, sigue todavía teniendo problemas de atraso, problemas de marginación en algunas comunidades, pero eso lo tenemos que ir venciendo entre todos, participando, opinando y siendo corresponsables en los problemas y sus posibles soluciones. Vamos juntos a integrar un gobierno que atienda las necesidades de la población; vamos a trabajar juntos con respeto a cada partido político, a cada ideología, pero no con acciones desesperadas, no incitando a la violencia.

Llamamos a la concordia, al respeto a las leyes, a no exponer a nuestro pueblo a odios y rencores, sino que demostremos que hay la serenidad suficiente para reconocer el veredicto del pueblo expresado en las urnas.

Gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Martín Mora Aguirre, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos, para hablar sobre el mismo tema.

El diputado Martín Mora Aguirre:

Gracias, señora Presidenta:

Quienes incitan a la violencia son los que compran los votos, los que prostituyen los procesos electorales.

Se habla de que definitivamente no se compraron votos. Lamentablemente han tenido que usar algunos legisladores el puesto no solamente para comprar los votos, sino para robar el dinero del pueblo.

Traigo aquí una lista que dice: Gobierno del Estado de Guerrero, Secretaría de Planeación y Presupuesto, ramo 33, donde el diputado Cuauhtémoc Salgado habilitó como regidores a individuos como Octavio Rodríguez Barrera, que no son regidores, para hacer disque obras en el municipio de Cutzamala, donde esas obras no existen jamás y se gastaron, según este documento del gobierno del Estado, alrededor de 700 mil pesos. Todo este dinero fue, sin duda alguna, para comprar los votos en este municipio.

Y así como este ejemplo tenemos también la factura de cómo querían robar al ayuntamiento de Pungarabato, con 13 trailers de cemento para comprar los votos. Aquí están los documentos que les fueron quitados a los operadores, que vamos a entregar a la Secretaría y a esta Presidencia para que se den cuenta de la forma en que se estuvieron comprando los votos.

En efecto, no fueron solamente los votos comprados con despensas, también se hizo con cemento; también se hizo con pacas de lámina de cartón; también se hizo con una serie de
regalías y hasta comprar el voto en 1 mil pesos por voto, en el Estado de Guerrero, y hay ejemplos de esto; hay ejemplos en todo el Estado de Guerrero, de que se les pasó la mano, señores, en el Estado de Guerrero.

Los órganos electorales lamentablemente se pusieron al mejor postor porque tenían promesas y esto fue público en Guerrero, tenían promesas de notarías públicas para el presidente del consejo estatal electoral y para la presidenta del tribunal estatal electoral. Esto fue un escándalo que el propio gobernador de Guerrero tuvo que decir que no habrá notarías para nadie. Pero al final todas estas notarías iban a ser a cambio de darle favores al partido en el poder.

Y quiero recordar que el diputado Vicario Castrejón, aquí, nos llegó a decir en alguna ocasión que iban por todo, porque no se estaba jugando una caja de jitomates; se estaba jugando el poder y él quería el poder para su patrón Rubén Figueroa.

De esa manera se dieron las cosas en el Estado de Guerrero. Nosotros exigimos desde estas tribuna que se limpie la elección para que los guerrerenses podamos estar en paz y tranquilos. Quienes violentan la ley son los que prostituyen el voto y hay algunos que han tenido que prostituirse para poder estar en este salón de sesiones y eso creo que no es ética moral ni política para seguir sacando al país del atraso en que estamos. No se puede hablar de reconciliación cuando se ha prostituido el voto en el Estado de Guerrero.

Exigimos con dignidad y con decoro, que estas elecciones sean limpiadas y se quede un precedente para que no se vuelva a violar la ley ni la Constitución Política de los mexicanos.

Gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Juan José Castro Justo, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema, hasta por cinco minutos.

El diputado Juan José Castro Justo:

Compañeras y compañeros diputados:

El PRD, el PRI, los demás partidos políticos de Guerrero, la inmensa mayoría de la ciudadanía, a mi juicio, fueron capaces de desarrollar un proceso político electoral singular, ejemplar, histórico, sin precedentes para el Estado de Guerrero. No es ajeno a ustedes que cada vez que en Guerrero se lleva a cabo una jornada electoral hay expectativas en el seno, incluso de esta Cámara, de sus miembros, en la opinión pública nacional para valorar si los guerrerenses somos capaces de llevar adelante un proceso político con apego a la ley, en armonía, en paz social y sin confrontaciones.

Y hoy, en esta jornada electoral en la que se eligió gobernador, fue capaz el pueblo de Guerrero y fueron capaces los partidos de llevar adelante una jornada con esas características.

Yo creo que hay un gran mérito de todos los partidos, de todos los actores, de todas las fuerzas políticas y de toda la ciudadanía. Por eso yo vengo a esta tribuna a expresar mi preocupación desde esta perspectiva.

Es significativo tanto el esquema legal en que se realizó la jornada, con las reformas que le antecedieron en la ley; es significativa la fase previa a la elección, los consensos y los acuerdos que se generaron entre los partidos hacia el interior del consejo estatal electoral; fue significativo el escrupuloso trabajo que se realizó para la selección e integración de las mesas directivas de casilla; hubo una comisión hacia el interior del consejo estatal electoral que fue presidida por consejero militante del PRD. Hubo un trabajo muy escrupuloso.

Fue significativo el número de votos que obtuvo el PRD con los partidos coligados y el número de votos del PRI y el conjunto de votos que se generaron en el Estado de Guerrero.

Yo creo que efectivamente hay mucho que hablar del proceso electoral en Guerrero y como hay preocupaciones, inquietudes y reclamos como los que aquí vienen a hacer los compañeros del PRD, también hay cuestiones positivas, trascendentes para la vida del Estado.

Yo creo que los partidos efectivamente tienen el derecho de inconformarse, de acudir a las instancias legales, de hacer sus reclamos, de apegarnos a la ley y de esclarecer todo lo que haya que esclarecer.


Lo único que no quiere el pueblo de Guerrero, lo único que sabemos no quieren los propios dirigentes de los partidos ni los militantes es que un proceso político electoral desemboque en inestabilidad política y desemboque en violencia.

El pueblo de Guerrero espera mucho de todos los partidos; espera mucho del PRI y espera mucho del PRD. Son muchos los ciudadanos que confiaron en el PRD, como son muchos los ciudadanos que confiaron en el PRI.

Yo creo que necesariamente, por esa conformación política que se da de las fuerzas políticas en Guerrero, se tienen que seguir agotando y explorando posibilidades de diálogo y de entendimiento. Tienen que esclarecerse las cosas y tenemos que garantizarle, el PRI y el PRD, a Guerrero, estabilidad política y entendimiento entre sus fuerzas.

El pueblo de Guerrero tiene como reto fundamental preservar su paz social, evitar la violencia y luchar efectivamente por salir del atraso, de la marginación y la pobreza.

Esta es una causa común, es causa común de los guerrerenses, es causa colectiva, es causa del PRD, es causa de los priístas. Solamente quienes no tengan la más elemental conciencia social no pueden estar pensando en cómo construir Guerrero con el potencial que le dan estas fuerzas políticas y con el antecedente de este proceso electoral.

Muchas gracias, compañeros.

La Presidenta:

Han solicitado la palabra para rectificar hechos los diputados Victoria Peñaloza y Alberto López Rosas.

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos:
(desde su curul):

Solicito la palabra. Moción de orden.

La Presidenta:

¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos:
(desde su curul):

¡Para una moción de orden!

La Presidenta:

Por favor, activen el micrófono al diputado.

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos:
(desde su curul):

Señora Presidenta: este debate lo hemos pactado con los grupos parlamentarios para que tenga una duración de 20 minutos, en los términos previstos por los artículos del Acuerdo Parlamentario que regula el desarrollo de las sesiones.

Consecuentemente pido a usted proceda a darle aplicación a este acuerdo y evitemos organizar una ronda por la vía de rectificación de hechos, cuando no ha lugar en virtud de que estamos desarrollando el debate en los términos del acuerdo.

La Presidenta:

Señor diputado: le informamos que este punto fue agendado como deliberativo, por lo cual los diputados tienen el derecho a hacer uso de la palabra y rectificación de hechos.

Si algún diputado de su fracción desea hacer uso de la palabra para rectificación de hechos, lo anotamos y lo registramos, señor diputado.

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos:
(desde su curul):

¡Moción a la Presidencia!

La Presidenta:

¿Con que objeto diputado Oceguera?

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos:
(desde su curul):

¡Para una moción a la Presidencia!

La Presidenta:

Adelante.

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos:
(desde su curul):

Con objeto de presentarle una moción, señora Presidenta. No ha lugar a que usted ordene la realización de turnos de oradores para rectificación de hechos. Si es tan amable usted, sírvase ordenar a la Secretaría dar lectura al artículo 23 que es el que regula el desarrollo de este tipo de debates.

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La Presidenta:

Señor diputado, le recuerdo que fue registrado como deliberativo. Por lo tanto, no da lugar su moción y tiene uso de la palabra la diputada Victoria Peñaloza, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos...

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos:
(desde su curul):

¡Moción!

La Presidenta:

¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos:
(desde su curul):

¡Para hacer una moción!

Señora Presidenta, usted me ha concedido la palabra para hacer una moción. Le he pedido ordene a la Secretaría dar lectura al artículo veintitres del acuerdo parlamentario que regula el desarrollo de las sesiones, habida cuenta que no basta con que usted por voluntad propia ordene que se desarrolle una serie de intervenciones por la vía de hechos.

Le pido a usted que para que quede claro cual es el mandato del acuerdo parlamentario, ordene a la Secretaría dar lectura al artículo veintitres del acuerdo parlamentario.

La Presidenta:

Señor diputado, por segunda ocasión o tercera esta Presidencia le recuerda que no fue pactado, está agendado por deliberativo, por lo que no procede su moción y le damos el uso de la palabra a la diputada Victoria Peñaloza.

La diputada María Victoria Peñaloza
Izazaga:

Compañeras y compañeros:

¡A qué le temen los compañeros del PRI! ¿Es cobardía? Quiero decirles, compañeros legisladores...

La Presidenta:

Le pedimos a la Asamblea respeten a la oradora...

Está en uso de la palabra la diputada, terminando le damos la palabra al diputado Eduardo Bernal.

Permítame, diputada.

Le pedimos a la Secretaria o Secretario dé lectura al artículo veintitres, para que se compruebe que no procede la situación que solicita el diputado Oceguera.

La secretaria Lilia Reyes Morales:

"Artículo 23. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política podrá acordar la celebración de debates sobre asuntos de interés general, abarcando un máximo de 20 minutos por grupo parlamentario, divididos de conformidad con la propia decisión del grupo y en el orden previamente convenido.

En estos debates la asignación integral de tiempos a cada grupo parlamentario se distribuirá como mejor lo estime el propio grupo, mediante el señalamiento de su respectivo coordinador.

La Presidenta:

Ese artículo es para los debates pactados, por lo tanto es deliberativo y se le concede el uso de la palabra, para rectificación de hechos, a la diputada Victoria Peñaloza.

La diputada María Victoria Peñaloza
Izazaga:

Compañeras y compañeros:

¡Es una vergüenza para los guerrerenses ver de qué manera quieren obstaculizar, cómo se ha actuado en el Estado de Guerrero! ¡Es una vergüenza ver cómo los diputados que están aquí para defender, defienden a un gremio nada más!

¡Yo quisiera decirles, compañeras y compañeros, aquí los que me antecedieron dicen que...

La Presidenta:

Permítame diputada.

Diputado Demetrio Sodi, ¿con que objeto?

El diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez
(desde su curul):

¡Pedí primero la palabra yo señora Presidenta, sea respetuosa!

La Presidenta:

Diputado Bernal, tiene la palabra.

Por favor activen el micrófono del diputado Bernal.

El diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez
(desde su curul):

Gracias, señora Presidenta:

Yo nada más le quiero aclarar, señora Presidenta, que en la agenda política se maneja "deliberativo" y nunca se dice que es un debate pactado. O es deliberativo o es en votación; nada más para su ilustración.

Por otro lado éste fue pactado con su vicecoordinador Jesús Martín del Campo, de que era un orador por 10 minutos y dos por cinco, de acuerdo al acuerdo.

Usted debe de conducir los debates y atender a los diputados con el respeto. Lo que le pedimos y dije era, para respuesta del señor diputado, es porque acabábamos de tener un acuerdo con otro de sus vicecoordinadores, con Jesús, con Demetrio, de que se permitan dos oradores más, ¡por respeto! Lo que si le pedimos, señora Presidenta, es que conduzca con orden y con respeto a los diputados, para que no nos permita...

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos:
(desde su curul):

¡O si no bájese! ¡Inútil! ¡Incapaz!..

El diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez
(desde su curul):

Nada más pedirle que por favor respete a los diputados y conduzca imparcialmente este debate. Es todo señora Presidenta y gracias por su atención de otorgarnos la palabra...

La Presidenta:

El diputado Demetrio Sodi.

El diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera
(desde su curul):

Señora Presidenta, si ha habido un acuerdo de prolongar el debate para dos miembros más de cada partido, dos intervenciones más de cada partido político y si, yo creo que llamarle al diputado Oceguera a que tenga más respeto, porque pactar es tratar de sacar adelante un problema que se presenta en un debate que estaba señalado como deliberativo y estamos cediendo, como PRD, por el orden de esta Asamblea, a dos intervenciones más, pero pida al diputado Oceguera que ante todo tenga respeto.

Gracias.

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos:
(desde su curul):

¡Señora Presidenta, pido la palabra!

La Presidenta:

¿Con qué objeto, diputado Oceguera?

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos:
(desde su curul):

Con el objeto de hacer una moción.

Señora Presidenta, realmente resulta desesperante para los miembros de esta Asamblea, la ineficacia y el desorden con que la mesa directiva ha conducido el desarrollo de esta sesión.

Efectivamente, éste es un asunto de orden deliberativo y este asunto de orden deliberativo expresamente dice el acuerdo parlamentario: "no debiera admitir proposiciones" y en la intervención del diputado Sandoval, consentido por usted, se desarrollo esta intervención presentando una propuesta en primerísimo lugar.

Este debate no es para la presentación de proposiciones, es un debate deliberativo. Y nosotros de manera directa con Pablo Gómez y con Jesús Martín del Campo, convenimos una distribución de 20 minutos por grupo parlamentario, para desahogar el tema de Guerrero.

En este orden, señorita Presidenta, nuestra petición y nuestra molestia tiene que ver con la falta de apego a lo que se ha legislado aquí en materia de acuerdo parlamentario y por la falta de apego a los acuerdos que directamente entre las coordinaciones de los grupos hemos tenido. De modo que no ha lugar a que el diputado Sodi, a partir de una moción le llame la atención a un servidor.

Que se reconozca que se han violentando las disposiciones del acuerdo parlamentario y también que se ha faltado al acuerdo directo que ha habido entre los coordinadores y que se tome como un gesto de buena voluntad extender el debate con dos intervenciones por la vía de hechos. ¡Y cuando sean incapaces, reconozcanlo!...

La Presidenta:

Agradezco sus comentarios señor diputado Oceguera, pero también le pido se conduzca con respeto para con esta Presidencia.

Tiene la palabra la diputada Victoria Peñaloza.

La diputada María Victoria Peñaloza
Izazaga:

Ya decíamos, compañeras y compañeros, aquí se ha venido a decir que no se compró el voto. Preguntamos: si no se compró el voto, ¿cómo le hizo René Juárez para ganar en Guerrero?, si en Acapulco que gobernó, que ya conocen sus triquiñuelas obtuvo más de 50 mil votos en contra, ¡ah! pero donde si pudo comprar los votos fue en provincia, fue en las comunidades, donde primero empobrecen y después les van a dar el pan de hoy y hambre de mañana.

Aquí está una de tantas, porque no cabrían aquí en este recinto las pruebas de cómo compraron el voto, aquí está, con pasta, con pasta quieren llenar la panza de nuestros campesinos, que digan que no es propaganda del PRI, así es como compraron votos en Guerrero, sí señor, en Acapulco no pudieron porque afortunadamente ahí no hay tanta hambre como en nuestras comunidades, también se llevó alambre de púas, también se llevaron los programas de gobierno a nivel federal; ahora sí, los secretarios de Gobierno Federal muy preocupados por Guerrero, ahí estuvieron, ahí concentraron a los mapaches más grandes del país para perpetuar el acto más vergonzoso en la nación de México, ahí actuaron con toda la repulsión que se puede, no hay palabras para decir de qué manera actuaron los priístas, nuestros diputados del PRI allá en Guerrero tuvieron sus almacenes en sus casas y en bodegas de despensas, de cemento y alambres de púas y muchas cosas más, además de cargar dinero en efectivo comprando votos.

Y así vienen a decir aquí a la tribuna, a defender ¿A quién? ¿Al pueblo de Guerrero empobreciéndolo, masacrándolo? Compañeros ¿qué le espera a Guerrero después de que si acaso puede tomar protesta René Juárez? Porque él, el PRD y la coalición PT-PRT no está solo, ciudadanos civiles que no tienen partido y del mismo PRI están en contra de las actuaciones del PRI, por eso ya no quieren nada con ese partido sucio, corrupto y asesino.

Vergüenza debería de darle a los diputados de venir a defender lo indefendible, aquí no es como se apoya al pueblo; allá, donde está el hambre, en la montaña y en Costa Chica y en
las costas de Costa Grande, ahí es donde está el hambre y ahí es donde deben de verse.

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Yo les preguntaría a los diputados que han venido a la tribuna, si no les da vergüenza ver a sus votantes, aquéllos que creyeron una vez en ellos, pero que hoy afortunadamente el pueblo de Guerrero está decidido por la vía pacífica, por la lucha democrática, a defender el voto que depositaron el 7 de febrero en las urnas que les correspondieron.

Pero no es posible compañeros, que aquí todavía se nos quiera venir a poner los ojos de color; ya todo el mundo se dio cuenta de lo que existe en México y en Guerrero, no hay democracia, solamente se llega al poder por medio de la compra, ahí es donde utilizan el recurso que debería de irse para educación, para salud, para seguridad pública, ahí es donde lo concentran para las campañas electorales.

Y no nos cabe la menor duda que van a tener la desvergüenza, para este próximo 3 de octubre, de volver a utilizar los programas de gobierno; pero el pueblo está pendiente, compañeros diputados del PRI, ya los conoce, ya saben quienes son y ahí es donde el pueblo va a cobrar esta afrenta que le hicieron.

El PRD, el PT y el PRT en conjunto con la ciudadanía de Guerrero, estamos dispuestos a llegar hasta lo último por la vía pacífica, para defender el voto del pueblo. El pueblo votó pero en este momento y en otros más, no se le hizo caso...

Allá del Gobierno Federal, allá de los que están todavía en el gobierno estatal, que en ellos caiga y en su conciencia les quede lo que pase en Guerrero. ¡Compravotos! ¡Mapaches del Estado de Guerrero y de México entero!

La Presidenta:

Señora diputada, su tiempo ha concluido...

¿Con qué objeto, diputado Cuauhtémoc?

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero
(desde su curul):

Para rectificación de hechos, señora Presidenta.

La Presidenta:

Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Salgado.

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero

Con el permiso de esta Asamblea:

Como legislador guerrerense tengo esta responsabilidad de informar a esta Cámara de Diputados y a los diferentes medios de comunicación y al pueblo de México, sobre el proceso electoral de nuestro Estado de Guerrero.

Ha habido una serie de comentarios después del día 7 de febrero, sobre este proceso electoral, donde por voluntad mayoritaria fue electo René Juárez Cisneros como gobernador de los guerrerenses.

Antes de continuar y para simplificar mi intervención, me sumo en todas y cada una de las partes del documento que fue leído por mi compañera diputada guerrerense Verónica Muñoz Parra, lectura con conceptos claros, comentarios en todos los aspectos fundamentales de este proceso electoral pasado y sobre todo apegados a la realidad.

De antemano sabíamos que este debate en esta respetable tribuna se daría. Se ha descalificado la elección argumentando lo de siempre, se ha descalificado al órgano electoral, a los tribunales electorales por el hecho de que la resolución no les fue favorable; bueno, entendemos que es difícil que a ustedes, principalmente a los compañeros diputados del PRD, esto no les convenza ni sus propias elecciones internas al interior (sic) de su partido les satisfacen, menos las que se dan con otros partidos políticos.

Nos han tachado como siempre: de lo peor, de utilizar recursos públicos, de jugar con la pobreza de la gente, pero nunca nos lo han probado.

Señoras y señores diputados del PRD: ustedes no se fijan en sus acciones y digo lo siguiente porque es conocido por la opinión pública, sobre el éxodo del PRD hacia la Ciudad de México. Entrego en estos momentos a la Secretaría un expediente fotográfico de dicho éxodo, donde se ve con toda claridad vehículos oficiales de diferentes ayuntamientos del Estado de Guerrero y que son gobernados por el PRD; en estos vehículos se transportan víveres y a personas que participaron en esta marcha. Son muy claras las fotografías y las entrego en estos momentos para que vean quién utiliza los recursos públicos.

Entendemos su enojo, señores perredistas, perder no ha de ser nada agradable, pero ustedes sabían de antemano que en todo este tiempo nos habíamos preparado para ganar y el resultado se dio, fue un triunfo claro con los votos suficientes para gobernar Guerrero, señores.

Entiendo el enojo de un diputado perredista que hace un momento señaló, dio a conocer mi nombre, entiendo ese enojo, entiendo sus señalamientos infundados. Los municipios que mencionó son municipios que pertenecen a la región de Tierra Caliente, a la región de donde es él y también de donde es el ex candidato Félix Salgado Macedonio, ahí le apostaron a todo, festejaron antes de tiempo, pero ahí ganó el PRI, ganamos nosotros y por una sencilla razón: porque hemos trabajado todo el tiempo y no únicamente venimos a estar sentados y a decir cosas que no son.

Gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificación de hechos, el diputado Alberto López Rosas, hasta por cinco minutos.

El diputado Alberto López Rosas:

Compañeras y compañeros diputados:

La actitud que asumió hace un momento el diputado Castro Justo, esa actitud conciliadora y reconciliadora, ojalá la pudieran aplicar en el Estado de Guerrero todos los priístas, esa actitud de diálogo ojalá pudiera ser el signo distintivo del priísmo en Guerrero y no esa soberbia que asumen cotidianamente en sus actos como partido y como gobierno.

Le preocupa al diputado Cuauhtémoc Salgado las elecciones internas del PRD. Nunca harán tanto daño como el partido de Estado, que por 70 años ha sojuzgado a todo el territorio nacional. No confundan ni comparen.

Señores, pero quiero decirles que la postura del PRD es una postura lógica y congruente en el Estado de Guerrero, mas no así la postura de los propios priístas. René Juárez no puede gobernar el Estado de Guerrero porque está afectado moralmente para hacerlo y miren lo que dice un compañero diputado priísta:

"Yo en lo personal te diré que estoy en contra de René Juárez porque representa la corriente política más retardataria de Guerrero. En lo personal es una figura corrupta, enriquecida en corto plazo, saqueó el ayuntamiento de Acapulco y se ha dedicado a aprovechar el cargo de secretario de planeación para adjudicarle contratos a las empresas y cobrarles un porcentaje. Ya está siendo investigado por la Secretaría de Hacienda y la Contraloría; ojalá que para el 20 de septiembre ya esté encarcelado él con toda su familia, sería algo que los guerrerenses verían con simpatía."

¿Por qué representa la corriente más retrógrada René Juárez? Porque representa al figueroísmo, ahí se ve que los coordinadores de la campaña son Rubén Robles, Héctor Vicario, Gustavo Olea, Antonio Pizzá, Maricela Ruiz Massieu, Armando Federico, Manuel García Cabañas, el propio Raúl González Villalba y Fermín Alvarado.

Rubén Figueroa está atrás de René Juárez. A Rubén Figueroa necesitamos darle una lección los guerrerenses, a Figueroa le tenemos que poner un hasta aquí los guerrerenses. Ya fue gobernador su abuelo, sus tíos Ambrosio y Andrés ya fueron gobernadores, su padre ya fue gobernador y él fue un mal gobernador, ¿no? Ha convertido el palacio de gobierno en una sucursal de Figuermex.

Los principales negocios de Guerrero están en manos de ellos: el negocio del cemento en manos de un compadre de apellido Ceballos, el negocio del fertilizante en manos de Armando Sotelo, compadre de Figueroa, las obras públicas en manos de Carrillo Arena y el transporte en manos de él, Rubén Figueroa Alcocer. La principal actividad productiva y económica está en manos del figueroísmo.


Yo por eso no soy candidato, porque no tengo fuerza para enfrentarlo ni dinero, no tengo fuerza política para enfrentarme a Rubén Figueroa.

Entonces yo quiero decirte que los principales coordinadores de la campaña de René son figueroístas, los representantes de Figueroa que no quieren soltar el poder, no quieren soltar el poder.

¿Para qué quiere Figueroa el poder? Preguntaría. Para seguir saqueando al Estado, para seguir robándose el presupuesto del gobierno del Estado, para detener el avance de la democracia.

Yo creo que los guerrerenses le tenemos que decir al figueroísmo: ¡Ya basta! Es un compromiso histórico, es un compromiso histórico.

René Juárez no puede negar su origen figueroísta. Si todos los coordinadores de su campaña son figueroístas, ¿quiénes lo registraron? Lo registro Vicario, Robles Catalán, Antonio Alcocer, Gustavo Olea y Antonio Pizzá.

A mí me parece que no debemos permitir que esa corriente siga gobernando Guerrero. A mí me daría mucha tristeza que este grupo volviera al palacio de gobierno, ofendería la dignidad de los guerrerenses.

¿Verdad, diputado Efraín Zúñiga, que usted por primera vez asumió en congruencia el sentir de los guerrerenses?

Por ello decimos que no es posible que el pueblo de Guerrero haya votado por René Juárez; no es posible creer en la limpieza de las elecciones en el Estado de Guerrero.

Guerrero necesita paz, pero con este priísmo, con estos figueroístas mangoneando y manejando el poder del Estado, no va a ser posible esa limpieza que necesitamos los guerrerenses.

Dejo en manos de esta Secretaría este ejemplar que fue publicado el domingo 6 de septiembre de 1998.

Felicito al diputado Efraín Zúñiga porque tuvo un acto de congruencia, un momento de lucidez política y eso merece un reconocimiento.

Muchas gracias.

El diputado Efraín Zúñiga Galeana
(desde su curul):

Señora Presidenta, pido la palabra.

La Presidenta:

¿Con qué objeto?

El diputado Efraín Zúñiga Galeana
(desde su curul):

Para contestar alusiones personales.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Efraín Zúñiga, hasta por cinco minutos.

El diputado Efraín Zúñiga Galeana

Con su permiso, señora Presidenta:

Desde luego que me preocupa que en esta tribuna del honorable Congreso de la Unión se utilice a mi Estado, a mi tierra, a la tierra que tanto quiero y tanto admiro, para utilizarla en el camino de la ambición política, en el camino de la deshonestidad política, porque realmente los guerrerenses han sido a lo largo de la historia hombres admirables, ciudadanos distinguidos, hombres que han dado su valor y su vida por defender a la nación y por defender a los ideales.

Aquí mismo en esta Cámara presentes nuestros héroes, con letras de oro, en su mayoría. Cuauhtémoc, aquí está nuestro gran patriarca, la cuna de nuestra nacionalidad; Vicente Guerrero; Nicolás Bravo, Hermenegildo Galeana, Altamirano. Son hombres que a lo largo de la historia no se vendieron por despensas; son hombres limpios que vivieron y murieron por la patria y los guerrerenses no se venden, no se venden, quizá se vendan otros, que se vendan por leche mal concebida, mal elaborada; quizá se vendan y busquen urnas que a lo largo de varios días no las han encontrado y por eso el PRD no tiene presidente del Comité Ejecutivo Nacional, porque, bueno, actuaron...

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La Presidenta:

Permítame, señor diputado. Les pedimos a las diputadas y diputados respeto al orador en turno.

El diputado Efraín Zúñiga Galeana

Actuaron con deshonestidad en su proceso interno, compraron votos, dieron leche mal elaborada, se comprometieron con departamentos y con casas en los multifamiliares; han actuado con una gran corrupción y con una gran falta de respeto a su democracia interna y además de lo que dijo mi compañero Cuauhtémoc Salgado, de que vino el personal de los ayuntamientos perredistas, utilizaron los recursos de los ayuntamientos, vinieron las camionetas de los ayuntamientos perredista, podríamos agregar a eso que los exodistas de Guerrero se refugiaron en los edificios del Departamento del Distrito Federal, ¿eso lo olvidan?, ¿se olvidan que los exodistas de Guerrero se regresaron a Guerrero en camiones que les proporcionaron aquí en el Distrito Federal? ¿en el Sistema de Transporte Colectivo si fueron los guerrerenses a nuestra tierra?

En camionetas del DIF de aquí del Distrito Federal, ¿de qué están hablando los compañeros del PRD? A mí me parece que lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es mantener nuestro diálogo, nuestra comunicación, reconocer un proceso electoral que fue limpio, que no tuvo impugnaciones, que todos los partidos suscribieron el proceso electoral, que mi partido ganó porque tenía una mejor oferta política, que mi partido ganó porque tuvo el apoyo de los guerrerenses, que mi partido ganó en un proceso limpio, sin recursos de impugnación.

Yo convoco a la responsabilidad, al diálogo responsable, convoco a todos los partidos políticos a la unidad, a que entendamos que lo más importante es de que hagamos avanzar a la democracia en la legalidad.

Y por otro lado, me da mucho gusto que Alberto López Rosas utilice ideas mías, me da la impresión que en el PRD no hay noticias, ideas buenas que darle a esta Asamblea. ¡Ojalá que ellos tuvieran recursos propios, ideas propias, argumentos propios! ¡No es posible que estén utilizando las ideas y los argumentos de los demás!

Brindo por Guerrero, hablo por Guerrero y deseo para mi Estado, estabilidad y progreso, combatir los rezagos y hacer en mi tierra avanzar la democracia.

La Presidenta:

En términos de lo dispuesto por el inciso b del artículo 27 de la Ley Orgánica y la fracción III del artículo 21, del Reglamento Interior, esta Presidencia turna la proposición presentada por el diputado Pablo Sandoval, a la Comisión de Desarrollo Social.

¡Damos la bienvenida a 90 trabajadores del Sindicato de la Universidad de Chapingo, invitados del diputado Alberto Martínez Miranda! ¡Bienvenidos!

El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre los trabajos de la investigación del Caso Colosio.

Perdón, diputados.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es el debate pactado sobre el aumento de las cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Tiene el uso de la palabra el diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas:

Con su venia, señora Presidenta; compañeros legisladores:

El pasado lunes 15 de marzo fue aprobada la modificación al reglamento general de pagos de la UNAM, elevando las cuotas que pagarán los estudiantes de nuevo ingreso a la máxima casa de estudios.


La reaparición de las cuotas en la UNAM, después de que la educación en esa institución ha sido prácticamente gratuita durante las últimas décadas, viola la letra y el espíritu del artículo 3o. de la Constitución, que a la letra señala en su fracción IV, toda la educación que el Estado imparta será gratuita.

La aplicación de este precepto a la educación impartida en la UNAM es clara, la Universidad Nacional evidentemente es una institución del Estado, que imparte educación superior, si atendemos a la sencilla definición del verbo impartir que nos ofrece el diccionario de la Real Academia de la Lengua: repartir; comunicar; dar.

Nadie puede discutir que nuestra máxima casa de estudios, reparte, comunica y da educación superior y media superior al pueblo de México, por lo que a su vez queda demostrado que el Estado mexicano a través de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, como lo es la Universidad Nacional, imparte educación superior y media superior.

El pretexto de algunos para buscar que el Estado incumpla con esta obligación constitucional, es el texto de la siguiente fracción, la V, que a la letra reza: "además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas, incluyendo la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación".

No hay contradicción alguna, nuevamente, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, el verbo atender significa: acoger favorablemente o satisfacer un deseo, ruego o mandato; aplicar voluntariamente el entendimiento a un objeto espiritual o sensible; tener en cuenta a consideración una cosa; mirar por alguna persona o cosa o cuidar de ella.

Por otra parte, el verbo promover significa: iniciar o adelantar una cosa procurando su logro; tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo.

Queda claro así que entre las muchas posibilidades abiertas por los verbos vagos y generales de atender y promover, se encuentra, sin duda, la mucho más concreta de impartir. Se puede lógicamente acoger favorablemente y satisfacer un deseo de educación y se puede cuidar de ella impartiéndola, es decir, sencillamente dándola, como también al impartirle naturalmente se procura el logro de la educación superior.

De otro modo el Estado no está obligado constitucionalmente a impartir la educación superior. Puede o no impartirla, pero ahí donde la imparta, ésta tiene que ser gratuita por mandato de la Ley Fundamental.

Nada en la exposición de motivos original de la iniciativa ni en el dictamen votado en el pleno de esta Cámara contradice lo anterior, mas aún durante los debates en esta Cámara, el representante de la entonces mayoría, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz afirmó en esta misma tribuna lo siguiente: ¿a qué no tiene obligación el Estado? ¿No dice en ningún momento en el texto del artículo 3o., como se propone reformar, que el Estado se releva de impartir el resto de los tipos y modalidades educativas, por capacidad, por racionalidad y por responsabilidad? No podemos ahora atrevernos a inscribir que el Estado está obligado a impartir todos los demás tipos de educación más allá del ciclo de la secundaria. Pero no decimos que no lo va a hacer; se dice en la fracción V que lo va a hacer, que además de impartir esos otros tipos promoverá y atenderá.

¿Y qué es atender los demás tipos y modalidades de educación? Recibir una demanda, una reclamación, una petición y satisfacerla, obsequiarla, estimularla, reglamentarla, regularla y se continúa preguntando el entonces diputado Robledo Ruiz: ¿qué en lugar de atender debería decir podrá impartir o de plano impartir? Es un matiz del lenguaje, pero ahí está inscrita la función, la tarea del Estado, de continuar impartiendo educación y no sólo eso, promoviendo y difundiendo cultura y la investigación y todas las demás áreas relativas y conexas a toda función educativa en los ciclos, tipos y modalidades, más allá de la secundaria.

Pero también en este debate participó el entonces senador y hoy diputado José Luis Lamadrid Sauza, quien decía lo siguiente: "sin embargo, no puede interpretarse que la no inclusión de la educación superior como derecho social, signifique el abandono del Estado de esta obligación, de esta acción, porque respecto a la educación superior, a la tecnológica, fiel a la doctrina de la Revolución Mexicana, a lo largo de décadas el Estado mexicano ha atendido y ha promovido el desarrollo de esta modalidad de la educación y el texto constitucional que discutimos lo incluye como fracción V". Hasta aquí la cita de este debate.

Por todo lo anterior, la modificación al reglamento general de pagos, realizada por el Consejo Universitario, es inconstitucional.

Ahora bien, ¿qué busca el rector y el Gobierno Federal al restaurar inconstitucionalmente las cuotas de la UNAM? Más allá del nuevo monto de las cuotas, es completamente claro que se pretende establecer un precedente político que permita en el futuro realizar nuevos incrementos sin resistencia de la comunidad universitaria, para terminar así con la educación superior pública y gratuita.

Quizá, considerando los argumentos hasta ahora esgrimidos por el rector, el propósito real de este Gobierno sea amenazar a mediano plazo la gratuidad de la educación pública a todos los niveles, básica y superior. Este evento se ve en el marco del regateo presupuestario que estuvo a punto de estrangular financieramente a la Universidad, ya que los recursos destinados a la UNAM han caído de un 0.26% del presupuesto de la Federación en 1981, al 0.18% en este año.

Lo anterior permite apreciar un objetivo suplementario del Gobierno: comenzar a la destrucción de la universidad gratuita, al alcance de todos, fuente inapreciable de oportunidades de crecimiento personal y social para los hijos de los trabajadores, de los empleados de pocos recursos, de los autoempleados y aún de los campesinos, los hijos del México mayoritario.

Puede entreverse por lo tanto, el objetivo de cambiar carácter popular e igualador de la UNAM, una institución pública que estorba claramente al grupo en el poder, porque es, a pesar de su cúpula, una institución pública, crítica, independiente y comprometida con el pueblo de México. Zedillo y Barnés pretenden golpear a una institución formadora de ciudadanos libres y pensantes.

No se tome nuestra palabra como un atentado contra la autonomía universitaria, pues ésta es un estatuto jurídico que no exime a la rectoría de la crítica que merezca de parte de esta representación nacional. Como institución pública, la Universidad Nacional puede y debe estar bajo el escrutinio permanente de la sociedad y de sus legítimos representantes.

Lejos de acabar con la gratuidad de la UNAM, lo que debe impulsar el Estado es el mejoramiento sustantivo del presupuesto a ella destinado. Debe preferir el futuro de México, su juventud estudiosa y no a los ladrones del Fobaproa.

Por todo lo anterior nos solidarizamos con los estudiantes mexicanos que están siendo despojados de una educación superior pública y gratuita y hacemos un respetuoso pero firme llamado a las autoridades universitarias para que corrijan lo que muy mal han hecho: desacatar una obligación constitucional, moral, ética y política, de las instituciones del Estado.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo, sobre el mismo tema, por 10 minutos.

La diputada María Mercedes Maciel Ortiz:

Con el permiso, señora Presidenta:

La reciente aprobación por parte del Consejo Universitario, del nuevo reglamento de pagos, eleva de manera sustancial los montos a pagar y atenta de manera directa contra la gratuidad de la educación superior en nuestro país. El Partido del Trabajo expresa su rechazo profundo a esta situación.

Como todos sabemos, el artículo 3o. constitucional establece de manera muy clara que la educación en México debe ser gratuita; basta con leer la fracción IV de este artículo, para darnos cuenta que la obligación suprema del Estado es impartir la educación pública de manera gratuita.

Asimismo, en dicho ordenamiento no se especifica qué educación será gratuita; lo que quiere decir que toda la educación que imparta el Estado, no importando su nivel, debe tener como base la gratuidad.

146,147 y 148


Es cierto que la Universidad es autónoma, pero es cierto también que el Estado es su promotor y responsable directo de su mantenimiento. Por ello, el Gobierno debe financiar a la Universidad, por ser parte de sus responsabilidades constitucionales.

La aprobación del incremento a las cuotas en la Universidad Nacional es un intento claro para terminar con su carácter de institución pública y es el primer paso para privatizar la educación superior que aún tiene un carácter público. Esta tendencia es resultado de la aplicación ciega e indiscriminada de las políticas neoliberales impuestas por los organismos financieros internacionales en el sentido de traspasar las responsabilidades del Estado en materia educativa, al sector privado, particularmente en el caso de la educación superior, argumento sustentado en el plan de acción del Banco Mundial en México, en el cual señala la conveniencia de privatizar no sólo la educación superior, sino toda la educación.

Los primeros pasos de esta política ya se han dado en diversas universidades de provincia, donde además de cobrar cuotas muy elevadas se cobran cuotas extras por parte de las escuelas y facultades que integran dichas instituciones.

El incremento a las cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México, pretende constituirse como una norma nacional, de lo que debe ser la educación superior en nuestro país en cuanto a la forma de finaciarse, es decir, que debe ser pagada por el pueblo, no importando su condición social. Con este criterio elitista y excluyente, se dejará sin oportunidad de superación académica, económica y social a millones de mexicanos que provienen de estratos sociales humildes, entre ellos, hijos de obreros y campesinos que no tienen capacidad económica para solventar las cuotas que aprobó el Consejo Universitario de forma unilateral.

Este incremento de las cuotas no está desligado de la política de reducción de la matrícula escolar en las universidades, particularmente en la UNAM en donde las propias autoridades reconocen que del 100% de aspirantes, más del 89% son rechazados.


Si de por sí es grave esta situación, con el incremento de cuotas, estudiantes que hayan acreditado un lugar en esta casa de estudios, se verán imposibilitados de gozar de ese derecho por no contar con los recursos suficientes para pagar las cuotas aprobadas.

Sabemos que las universidades tienen la exigencia de reformarse periódicamente en todos su niveles, entre ellos sus planes de estudio, la forma de financiar la docencia, la investigación y la difusión. Pero también es importante una reforma profunda de su estructura administrativa y política para adecuarla a los nuevos tiempos que vive el país.

Por eso nos causa extrañeza que el grupo de poder, que tiene casi 30 años al frente de la UNAM, que se inicia con el mandato del rector Soberón, no proponga un cambio radical a la Ley Orgánica de la Universidad, que es una ley obsoleta en muchos sentidos y que sólo ha servido para perpetuar en el poder a ese grupo que actualmente maneja los destinos de la máxima casa de estudios.

Por cierto, cada vez que se propone un cambio a esta ley por parte de los universitarios, inmediatamente aparecen los voceros de este grupo rechazando cualquier iniciativa que tienda a afectar sus intereses.

Una pregunta que han formulado insistentemente los estudiantes a las autoridades de la UNAM, es en el sentido de que se conozca cuál es el manejo del presupuesto de la Universidad, a qué se destina. Además de lo anterior, es una incógnita el sueldo de los funcionarios de primer nivel de la UNAM y también el enorme crecimiento de las plazas de confianza.

Esta falta de transparencia en el manejo de los recursos sólo es posible al amparo de una ley obsoleta que no representa ya el sentir del grueso de los universitarios, excepto el de la autocracia gobernante de esa institución.

Al grupo parlamentario del Partido del Trabajo, le preocupa la política fundada en la mentira y en el chantaje que están proponiendo las autoridades de la UNAM, al sustentar que habrá exenciones de pago para aquellos estudiantes que demuestren que los ingresos de sus familias son inferiores a cuatro salarios mínimos. Creemos que esta situación se aplicará de
manera discrecional y será desconocida con el paso del tiempo.

Asimismo, existe una cláusula en el reglamento de pagos que establece que si la información que se proporciona es falsa será sancionada de manera severa.

Otro elemento que nos hace pensar que la propuesta de incremento de cuotas no resolverá los problemas financieros de la universidad, tiene que ver con el hecho de que el incremento de cuotas sólo aportará menos del 5% del total del presupuesto de esta institución. Esto demuestra que el interés fundamental del Estado no es fortalecer los ingresos de la Universidad, sino el verdadero fondo del asunto radica en crear las condiciones para traspasar los activos de la UNAM a los inversionistas privados y desligarse de su responsabilidad de fomentar la educación superior y el aspecto más importante, que es el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.

Esto servirá para que el Gobierno Federal justifique la reducción de recursos presupuestales a esta institución, aseverando que cuenta con fuentes de financiamiento propias y que se fortalecen con el incremento de cuotas.

Nos parece contradictorio que el Gobierno Federal tenga tantos pretextos para no destinar recursos suficientes a la educación superior, pero sí, en cambio, tiene suficiente capacidad financiera para destinar, de un solo golpe, más de 60 mil millones de dólares al rescate bancario, que representa más de 60 veces el presupuesto que se destina anualmente a la UNAM.

Nosotros nos preguntamos, compañeras y compañeros diputados, ¿qué es más importante para el desarrollo nacional?, ¿Salvar a un pequeño número de banqueros ineficientes o brindar educación gratuita a millones de mexicanos que exigen conocimientos para enfrentarse de una mejor manera a los retos que plantea la calificación laboral que demanda la modernización de nuestro país?

Como alternativa de la política privatizadora de la educación, proponemos los siguientes puntos:

Primero. Como un hecho prioritario, canalizar mayor cantidad de recursos públicos a la educación, en todos sus niveles, siguiendo las recomendaciones internacionales que promueven que el gasto en educación sea superior al 8% del producto interno bruto;

Segundo. Ampliar de manera sustancial el número de becas en las universidades para aquellos estudiantes que no cuentan con suficientes recursos para sostener sus estudios;

Tercero. Crear mecanismos legales que permitan conocer de forma más detallada el destino y la aplicación de los recursos que se canalizan a las universidades públicas;

Cuarto. Promover una reforma a la Ley Orgánica de la UNAM y al estatuto del personal académico para adecuarla a las nuevas exigencias políticas y democráticas del país;

Quinto. Establecer mecanismos tributarios que permitan canalizar más recursos a las universidades; por ejemplo, el establecimiento de un impuesto especial a todas las transacciones que se realizan en el mercado de valores de México y a las grandes operaciones financieras de los bancos, terminando con el paraíso fiscal para los sectores de altos ingresos;

Sexto. De los recursos que se obtengan por los impuestos señalados en el punto anterior, que se destine un porcentaje considerable a la educación superior y

Séptimo. Vincular al sector privado con la Universidad mediante mecanismos de financiamiento a proyectos productivos, que le permitan a esta institución allegarse recursos y crear fuentes de empleo para sus egresados.

Esta es la opinión del Partido del Trabajo.

Muchas gracias, por su atención.

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada María del Carmen Díaz Amador, del Partido Acción Nacional.

La diputada María del Carmen Díaz Amador:

Con su permiso, señora Presidenta:

En 1929 la Universidad Nacional de México alcanzó su autonomía. Desde aquél entonces el Estado, a nombre de la sociedad, reconoce en esta institución la capacidad de gobernarse así misma, de decidir qué planes de estudio impartir, cómo y cuándo crearlos, modificarlos o desaparecerlos. Autonomía significa también capacidad de los universitarios para decidir sus propios mecanismos de ingreso, la promoción y permanencia de sus alumnos y del personal académico.

Autonomía significa que las universidades constituyen la contraparte que establece un compromiso especial entre la ciencia, la sociedad y el Gobierno.

Autonomía significa también la defensa del pensamiento y de la capacidad crítica de los mexicanos y al final del milenio la autonomía universitaria es el resumen de una lucha social contra los embates del poder gubernamental.

En 1933 se llega a la autonomía plena de la UNAM. Se consolida su capacidad de autogobierno. Sin embargo, paralelamente a la autonomía de gobierno se da el recorte del presupuesto de la Universidad. El subsidio en aquél año, del Estado se redujo a la disposición de solamente 750 mil pesos anuales. Este fue el costo que cobró el gobierno por la libertad de cátedra.

Ante el recorte presupuestal la comunidad universitaria, encabezada por el rector Gómez Morín, sostuvo la autonomía. La Universidad se consolidó como autónoma financieramente, mediante recortes voluntarios de sueldos de profesores y funcionarios. También voluntariamente se aumentaron las cuotas de universitarios. Era el costo que pagaba la comunidad académica por la libertad.

En 1968 la defensa de la autonomía del poder del gobierno arrancó una de las movilizaciones más fuertes y más sangrientas.

La autonomía de las universidades no es ni ha sido nunca, un gracioso regalo de la clase política. Ha sido y es producto de una historia escrita por mexicanos, sostenida con luchas, con sangre y con muertos, siempre en peligro de que el poder se cuele aunque sea por la puerta trasera.


Las universidades autónomas constituyen un bastión que en 1999 los universitarios y los legisladores actuales recibimos y que en el presente seguimos defendiendo. Por ejemplo, ante el recorte del presupuesto propuesto por el Ejecutivo y que tenemos la obligación de apuntalar para el futuro.

Autonomía significa libertad de cátedra, formación de nuevas generaciones. En este sentido las universidades autónomas se encuentran muy lejos de pertenecer a la categoría de educación estatal, de educación impartida por el Gobierno; se encuentran muy lejos de las fracciones IV y V del artículo 3o. constitucional, que establece la gratuidad de la educación estatal y como tal la primaria y la secundaria.

El deber del Estado con las universidades autónomas, elevado a rango constitucional, es el de atender y promover la educación superior en estas instituciones en el marco de la autonomía universitaria.

Los mexicanos desde hace casi seis décadas hemos depositado y hemos refrendado para la UNAM y para el resto de las universidades del país este compromiso.

Esta Cámara y en particular el Partido Acción Nacional han luchado siempre y en especial los últimos años, contra los recortes presupuestales y los intentos fallidos, hasta ahora, de matar la autonomía por hambre.

Las universidades son instituciones de interés público, no son instituciones públicas donde lo público se confunde erróneamente con lo gubernamental. No son instituciones de gobierno, sino instituciones producto de un compromiso gobierno-sociedad. Lo público lo constituimos nosotros, el conjunto de mexicanos como comunidad nacional.

No se puede hablar de desarrollo sin tomar en cuenta el papel de nuestras universidades, menos aún de ciencia o de cultura ni de reforma del Estado ni de transición democrática ni de la imagen que tenemos de nosotros mismos. No se puede hablar de cultura nacional sin volver la mirada a las universidades autónomas. Precisamente en esto radica su carácter público, en que de una u otra manera, directa o indirectamente, han desempeñado un papel en la formación de la nación, Por ello, todos formamos parte de su carácter público.

 149,150 y 151

 

                      
En fecha reciente el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, ejerciendo la autonomía, decidió establecer un sistema diferenciado de cuotas para los alumnos de nuevo ingreso y así igualar su estatuto con el resto de las universidades de México, que desde principios de esta década han establecido cuotas para las licenciaturas y el bachillerato.

Desde Chihuahua hasta Quintana Roo y desde hace varios años, las universidades públicas de los estados han cobrado cuotas. Hasta ahora nadie ha cuestionado el carácter público de estas universidades. Hasta ahora la UNAM mantenía un estatuto diferenciado con respecto al sistema de universidades autónomas del país.

El actual sistema de cuotas aprobado por el Consejo Universitario de la UNAM, como en la mayoría de las universidades públicas, sigue garantizando para aquéllos que no tienen la educación superior y establece para aquéllos que sí tienen, una contribución al financiamiento de las universidades. Las cuotas universitarias siempre han estado ahí, desde 1929.

El actual proyecto del Estado tiene muchos mecanismos de exclusión social, ello se refleja en los alumnos de la UNAM. Sólo el 15% de ellos pertenecen a los más pobres, el resto de los pobres posibles que podrán llegar a la universidad, el 85% no han llegado, se han quedado en el camino en los mecanismos de exclusión social.

Por ello las cuotas, ante la realidad social de la universidad de hoy, son un mecanismo de equidad. No se puede tratar igual a los desiguales, de otra forma estaríamos reproduciendo la exclusión y la injusticia.

Se dice que las cuotas en la UNAM son anticonstitucionales ¿Se está también cuestionando la constitucionalidad de todas las universidades públicas? ¿Por qué se definen las cuotas como punto de partida de la privatización de la universidad? Porque si somos congruentes con esta lógica, ¿por qué no se cuestiona la vinculación de la universidad con la industria, a través de sus laboratorios, de sus investigaciones, de sus proyectos productivos, de su formación de profesionistas y especialistas en este sector?


Con el fantasma de la privatización o de la inconstitucionalidad de la educación superior, se elude y se simplifica la discusión real. Lo que se está cuestionando en realidad es la vigencia de la relación universidad-sociedad. Traerla a discusión aquí, a esta Cámara de Diputados, de facto, pone en tela de juicio la autonomía universitaria, pone en entredicho la separación entre política y universidad, la separación entre universidad y Gobierno.

Si no se está de acuerdo en el modo como se ejerce la responsabilidad de gobierno de las universidades autónomas, cabe recordar que no todo México es partido ni ningún partido es todo México, como tampoco la autonomía es propiedad de ningún instituto político.

Apoyemos una discusión seria, nacional, acerca del modelo de universidad vigente y el que queremos. Demos las condiciones políticas para construir un nuevo consenso social y no una nueva ruptura. Apoyemos a las universidades como territorios de construcción de una justicia social.

Gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Esaú Hernández Herrera, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Esaú Hernández Herrera:

Con su venia, señora Presidenta; señoras y señores diputados:

Se han hecho diversos cuestionamientos a la decisión tomada por el Consejo Universitario de la UNAM, así como a la propuesta que le dio origen, en el sentido de incrementar el monto de las cuotas de los alumnos en esa institución.

Vengo a fijar la postura de mi partido, el Revolucionario Institucional al respecto. El primer cuestionamiento es que la existencia de cuotas es anticonstitucional, esta afirmación carece de fundamento.

El artículo 3o. de la Carta Magna establece que el Estado mexicano impartirá educación preescolar, primaria y secundaria y precisa
también en su fracción IV que toda la educación que imparta el Estado será gratuita.

Acatando el mandato, el Estado imparte gratuitamente educación preescolar, primaria y secundaria.

Por otra parte, en su fracción V nos señala el artículo 3o. que, además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas incluyendo la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

Cumpliendo con la norma el Estado atiende y promueve la educación superior a través de múltiples instituciones, entre ellas la UNAM, en donde nunca se ha considerado que es incompatible la existencia de cuotas con el mandato constitucional de promover y atender la educación superior.

Por otra parte, las leyes orgánicas de las universidades autónomas establecen que una parte de su patrimonio estará constituido por las cuotas que recauden por sus servicios; las leyes orgánicas de las universidades de los estados han sido aprobadas por los congresos locales y la de la UNAM por el Congreso de la Unión.

Con base en esta normatividad, todas las universidades públicas del país cobran y han cobrado cuotas de diferentes montos. Para el caso que nos ocupa, en el año de 1936 encontrándose ya en vigor la reforma al artículo 3o. constitucional que impulsó el presidente Lázaro Cárdenas, se aprobó el Reglamento de Pagos de la UNAM, que estableció las siguientes cuotas: 10 pesos por cuota de inscripción, 50 pesos por colegiatura anual de bachillerato, 140 pesos por colegiatura anual de licenciatura, 200 pesos por examen profesional y trámites de titulación.

El salario mínimo en ese año era de dos pesos. Saquen ustedes sus conclusiones, las mías son que en 1936 el bachillerato, la cuota era igual que la actual, en licenciatura era más alta en 35 salarios mínimos y en examen profesional y trámites de titulación era mayor en esa época en 60 salarios mínimos.


Por otra parte, actualmente en promedio los ingresos propios de las universidades autónomas de los estados representan el 7% de sus presupuestos y de ese 7% la mayor parte proviene de las cuotas que aportan los alumnos.

En la UNAM los ingresos propios representan sólo el 2% de su presupuesto y aunque existen las cuotas de los alumnos, éstas carecen de significación.

En cambio en el año de 1948 las cuotas representaron el 24% del presupuesto.

Por lo anterior, es claro que una cosa es que haya el respetable punto de vista de que en la educación superior pública deba declararse incompatible la gratuidad con la existencia de cuotas y otra muy distinta es que esto sea lo que establece la Constitución.

Otro cuestionamiento que se hace, es que la existencia de cuotas en la UNAM representa un impedimento para que quienes carecen de recursos puedan estudiar en esa institución. Esta es otra afirmación sin fundamento. Ciertamente, una parte de los alumnos deberá pagar una cuota, lo harán aquéllos cuyos ingresos de la familia de quien dependen sean superiores a cuatro salarios mínimos; quedarán exentos de pago aquellos alumnos que bajo protesta de decir verdad declaren que sus ingresos se encuentran igual o por debajo de ese nivel.

Además, se establecieron otras consideraciones: cuando exista causa justificada, los alumnos cuyo nivel de ingreso familiar sea mayor a cuatro salarios mínimos, podrán diferir el pago de las cuotas semestrales hasta el término de sus estudios; los alumnos cuyas familias tengan dos o más hijos inscritos en cualquiera de los ciclos de estudio de bachillerato, técnico o de licenciatura de la UNAM, si lo requieren, podrán solicitar diferir el pago de las cuotas semestrales hasta el término de sus estudios o podrán solicitar una exención total o parcial del pago de sus cuotas semestrales en los términos siguientes:

Si el nivel de ingreso familiar mensual es mayor que cuatro pero menor o igual a ocho salarios mínimos, el segundo hijo inscrito tendrá derecho a una exención de la cuota semestral del 50%. Los hijos adicionales inscritos tendrán derecho a una exención del 100%.


Para obtener la exención, bastará que los alumnos que la requieran formulen, bajo protesta de decir verdad, la solicitud correspondiente.

Por otra parte, es prudente señalar que el costo real de la educación que ofrece la UNAM, es de 15 veces el monto establecido en las cuotas aprobadas; esto significa que las cuotas que aportarán quienes puedan pagarlas, no sustituyen al subsidio público, sino que lo complementan en beneficio de quienes menos tienen, quienes no pueden pagar y no pagarán cuotas en la UNAM.

Es plenamente válido que en una institución de estudios superiores, donde conviven alumnos de altos y bajos ingresos en sus familias, aquellos que tienen posibilidades mayores apoyen a quienes tienen posibilidades menores.

Tenemos la convicción de que en la medida en que quienes puedan aportar recursos a la UNAM no lo hagan, se estará en el camino de dificultar el alcance de la equidad, el más serio problema que enfrentan los que menos tienen.

Para mi partido, está claro que la UNAM debe recibir más recursos gubernamentales, como también está claro que no debe ser el Gobierno la única fuente de financiamiento. Es un hecho que el Gobierno Federal y la mayoría de los gobiernos de los estados, dedican porciones significativas de sus presupuestos a financiar el gasto educativo.

Debemos reconocer que es una gran verdad que el Estado mexicano tiene una serie de obligaciones que no guardan proporción con su nivel de ingresos; otra gran verdad es que la estabilidad financiera de una institución no proviene sólo del tamaño de sus ingresos, parte relevante se origina en que se eviten con firmeza y tino los desperdicios; toda organización, por eficiente que sea, tiene desperdicios; a partir de este principio de aplicación general la UNAM seguramente tiene gastos prescindibles.

Es postura de mi partido considerar que es deber y facultad de la UNAM, y sólo de la UNAM, en el marco de la normatividad que la rige, hacer los análisis necesarios y tomar las medidas pertinentes para hacer más eficiente su gasto. Si el requerimiento de ser muy eficiente en el gasto es una prioridad permanente en cualquier organización, en tiempos de limitaciones económicas lo es aún más; en cualquier caso, la UNAM necesita el apoyo de todos.

De una parte de sus alumnos, los que pueden dar su aportación económica; lo mismo se aplica a sus egresados. Del Gobierno, reconocerle mayor relevancia a su papel en el destino de nuestra nación en un momento en que la diferencia entre un país desarrollado y uno subdesarrollado, es el tamaño del conocimiento que posee cada uno. Por cierto, generar y acrecentar ese conocimiento, cuesta.

De sus estructuras interiores de mando, la UNAM necesita eficiencia y visión de futuro.

De quienes están convencidos de que la fuerza es una forma de hacer prevalecer su opinión cuando ésta no logre imponerse por la razón o por el derecho, la UNAM necesita tolerancia y respeto.

De quienes desean las ventajas de la libertad y de la democracia, pero se resisten a asumir las responsabilidades correspondientes, la UNAM necesita que se acepte en la práctica que el derecho y deber son indivisibles.

No es válida la posición de algunos grupos que exigen disciplina, de quienes disienten de ellos cuando por la razón y la ley prevalece su punto de vista y al mismo tiempo acuden a la descalificación y a la violencia cuando por razón y por la ley no consiguen el fallo a su favor.

En síntesis, la UNAM necesita apoyo, comprensión y respeto.

A mi partido le queda muy claro el tamaño de la importancia de esta noble institución en el destino nacional y hará lo que esté a su alcance para caminar a su lado en la construcción del México que soñamos.

Es cuanto.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Armando López Romero, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

152,153 y 154


El diputado Armando López Romero:

Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros.

Pocos que estamos en un asunto tan importante.

Se ha hablado aquí de la autonomía universitaria, se ha hablado del apoyo presupuestal y desde luego que nosotros respetamos la autonomía universitaria, pero al hablar del debate que se debe de dar sobre la gratuidad de la educación superior, éste es el punto importante para esta Cámara de Diputados.

Decía Pedro Enrique Sureña que si en la pirámide, en la punta de la pirámide de la educación que brinda el Estado no está la educación superior, condenamos al país a la miseria. La gratuidad de la educación superior es un logro de nuestra Revolución, es un deber del Estado brindar la educación en todas y cada una de sus partes. Es la obligación del Estado también darle el presupuesto necesario para la existencia de nuestro sistema educativo.

Y aquí es donde tenemos que hacer una reflexión, porque esta Cámara de Diputados tiene toda la facultad para ampliar el presupuesto para los sistemas de las universidades públicas.

Quien ha recorrido el país, quien ha visto sus universidades, estará de acuerdo conmigo en el abandono y desgraciadamente en el acoso que tienen nuestras propias universidades. No es posible que el Estado hoy se levante y diga que apoya ampliamente la educación, cuando la educación superior se encuentra en estado deplorable y amenazada. No es posible que el Estado venga a decirnos que ha apoyado la educación como parte sustantiva, su programa, cuando se ha aprobado un presupuesto a nuestras universidades y que desgraciadamente después se encontró por ahí un presupuesto no ejercido del Progresa.

La gratuidad de las familias que envían a sus hijos a la Universidad no existe. El costo para una familia que envía a su hijo a la universidad es más allá de 300 pesos mensuales. Existe el costo de laboratorios, existen libros, como es en la Facultad de Medicina, de cerca de 10 mil pesos; existen partidas ocultas que van a dar a los salarios de los funcionarios.

Hoy leíamos que en la revisión de la cuenta de 1998, se establecieron salarios para el staff del rector, de arriba de los 80 mil pesos. Esta incongruencia no hace posible la limpieza del debate y el diálogo que tenemos que dar los mexicanos con un interés sobre nuestro sistema de Universidad pública.

Esta iniquidad obviamente obra en contra de este proceso, respetando a la autonomía universitaria es increíble que el rector Barnés, utilizando su poder, haya hecho un Consejo Universitario fuera del campus, donde no haya notificado al total de los consejeros. No es posible que hoy, que debatimos sobre el programa social en nuestro país, olvidemos nuestras universidades.

Es el momento de encontrar un gran acuerdo de diálogo y fortalecimiento de nuestras universidades.

El debate que dimos en diciembre fue muy claro. Nosotros mandamos a las universidades un mensaje de olvido; nosotros dejamos a las universidades en el olvido. Hoy nos reclaman.

Hoy convoco a cada uno de ustedes a que hagamos un esfuerzo y ejerzamos nuestras facultades para ampliar el presupuesto, ese presupuesto que demandan cada una de nuestras universidades.

Hoy, más que nunca, la universidad se debate, y hoy, más que nunca, los mexicanos debemos debatirla.

Es falso el debate si estamos o no violando la autonomía de la Universidad, al contrario, es facultad de esta Cámara revisar el presupuesto, revisar las condiciones de la universidad.

Hoy, más que nunca, recuerdo a don Javier Barrios Sierra, que decía: "viva la discrepancia porque es el espíritu de nuestra Universidad".

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado José Ricardo Fernández Candia, del PAN, por cinco minutos.

El diputado José Ricardo Fernández
Candia:

Con su venia, señora Presidenta; diputadas y diputados:

Las intervenciones que han antecedido, han dejado muy claro y muy preciso el concepto de autonomía. La diputada María del Carmen Díaz, extraordinariamente ha sentado el concepto que en Acción Nacional y que yo creo que todos los universitarios comparten respecto de autonomía.

Ha quedado claro que no hay inconstitucionalidad. Son muy claros los conceptos que hoy nuestra Constitución, en su 3o. constitucional tiene. No hay iniquidad en el establecimiento de cuotas, dada la diferenciación de las mismas.

Y hoy lo que se discute aquí evidentemente violenta la autonomía que, durante mucho tiempo en un proceso arduo y prolongado en su promoción y defensa, muchos mexicanos distinguidos han sido actores, entre ellos don Manuel Gómez Morín, un consolidador de instituciones, pero también otros han sido permanentemente sus detractores.

Hoy el debate, estaría de acuerdo al orador que me antecedió, si se violenta o no se violenta la autonomía; si una vez más el sistema político, el gobierno, legisladores, Gobierno Federal, pretenden entrometerse en el ámbito de la autonomía universitaria.

Quisiera referirme a una etapa en la que en el año de 1933, cuando definía mi compañera diputada María del Carmen Díaz, que el costo de la autonomía precisamente fue en la eliminación del subsidio, cómo la defensa de universitarios, de docentes, de catedráticos, de maestros, se centró precisamente en ese tema.

Gómez Morín, la motivación que tenía de organizar la Universidad, decía:

"Primero. Hacer énfasis en que el Estado, con la actitud tomada ante la promulgación de la Ley Orgánica que elimina el subsidio otorgado a la Universidad, se deslinda de una obligación que tiene no sólo para con la Universidad, sino para la comunidad entera; que la situación de crisis económica permitirá a la Universidad mostrar su capacidad de vida; representará una oportunidad para enfrentarse a la reflexión sobres sus capacidades y destino como institución disciplina, limpia y capaz de una clara labor."

Este era el sentido cuando en la discusión de la autonomía, cuando en aquella discusión de querer entrometerse el Estado en la vida de la Universidad, los funcionarios, los maestros y los estudiantes tenían.

Hay una carta que el general Lázaro Cárdenas, presidente constitucional, el 12 de septiembre de 1934 enviaba en aquél entonces al rector Oscar Anza, previo a ello en el entorno se había modificado el artículo constitucional en el ámbito de la educación socialista y dice la carta en referencia:

"Pero reformado el artículo 3o. de la Constitución en un sentido de una educación socialista, es lógico suponer que la Universidad debe orientar sus actividades y doctrinas a un rumbo complementario y no antagónico a la escuela de los primeros años, pues de otro modo sería estéril y un mal perjudicial a la niñez, una enseñanza y un esfuerzo que al llegar a la juventud y con ella la Universidad tendría que ser rectificado.

Dentro de estas normas de cooperación lógica y necesaria, juzgo conveniente que se organice la Universidad, dejándole la autonomía indispensable para llenar sus fines y no como entidad soberana autorizada para interpretar las leyes dictadas por el Estado."

Si bien es cierto, había otro tipo de motivaciones más sectarias, hoy quisiéramos pedirles a todos nuestros compañeros diputados, que independientemente de la motivaciones que tengamos, construyamos una universidad que sea verdaderamente el motor de nuestro país, que hoy más que nunca los necesita.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Jaime Hugo Talancón Escobedo, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Jaime Hugo Talancón
Escobedo:

Compañeras y compañeros diputados:

El apartado quinto, del artículo 3o. constitucional que a la letra dice:

"Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la educación superior."

El Estado los promueve y atiende, pero no los imparte. Por tanto, no existe la supuesta obligación constitucional de atender la gratuidad a la educación universitaria.

Porque si se quiere ser congruente con ella, se requeriría de ajustar en muchos más aspectos la enseñanza media superior y superior. Nadie está impedido de continuar sus estudios si no cuenta con recursos para ello, la gratuidad de la educación pública se establece para la enseñanza básica incluyendo en ésta a la primaria y a la secundaria.

Lo que debe garantizar el Estado es la igualdad de posibilidades de la enseñanza superior, en otras palabras, que todo joven que llene los requisitos académicos mínimos para cursar una carrera universitaria, tenga posibilidades de hacerlo, independientemente de los recursos económicos y eso en la propuesta y en la aprobación que hizo el consejo técnico de la UNAM está garantizado, como está garantizado con el compromiso del Estado mexicano ante la educación de todos los mexicanos.

Pero el asunto puede tener otras vertientes, el propio texto constitucional es muy claro al respecto del servicio educativo, el Estado no se limita a impartirlo en cuyo caso reza plenamente la gratuidad, sino también realiza otras funciones de promoción y atención de apoyo y aliento, las cuales no están regidas por el principio de gratuidad.

Dice al efecto la siguiente fracción: que además de impartir la educación primaria y secundaria, el Estado las promoverá incluyendo la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, necesarios para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica y la difusión de nuestra cultura.

No se encuentra entre las garantías individuales el derecho a la educación superior gratuita, desde que es autónoma la Universidad Nacional, ha contado con las cuotas como parte de su patrimonio. Las tres leyes orgánicas vigentes desde 1929 lo establecieron así, como sus obvias consecuencias prácticas.

En el año de 1929 la autonomía legitimó las cuotas en su artículo 43, al establecer que los derechos que recaude por concepto de colegiaturas, exámenes, expedición de títulos, serán derechos y patrimonio de la propia Universidad.

La Universidad Nacional Autónoma de México dejó de ser Universidad de Estado desde ese año de 1929. Hace cerca de 70 años cuando el Estado le otorgó la autonomía que consiste sustancialmente en su capacidad para determinar sus propias normas, dentro del marco de la Constitución y de su Ley Orgánica para autogobernarse, aprobar sus planes y programas de estudio e investigación, así como administrar su patrimonio.

La educación que imparte la UNAM no es una educación que imparta el Estado, los planes y programas de estudio son aprobados por los órganos internos de la Universidad, sin necesidad de que sean autorizados por la Secretaría de Educación Pública ni ningún otro órgano del Estado, como sí sucede con las universidades estatales que carecen de autonomía.

Los títulos profesionales finalmente que expide la universidad, no son títulos de Estado, la propia fracción VII del artículo 3o. faculta a las universidades y demás instituciones de educación superior, a las que la ley les otorga autonomía a administrar su patrimonio. En el caso específico de la UNAM, en su artículo 15...

La Presidenta:

Señor diputado, concluya, su tiempo ha terminado.

El diputado Jaime Hugo Talancón
Escobedo:

Concluyo, señora Presidenta.

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Sería injusto que quienes carecieran de recursos no pudieran ingresar a la universidad, pero es absurdo que quienes pueden pagar no lo hagan. La sociedad debe cubrir el costo de la educación de quienes así lo requieran, pero no tiene que sufragar también el de quienes la necesitan.

Concluyendo: el modesto aumento a las cuotas de la UNAM, no elimina el ofrecimiento de una educación gratuita a quienes la necesitan, no obstante lo dicho por Carlos Marx hace más de 100 años, al criticar el Programa de Gotha, cuando afirmaba que la educación gratuita es inadmisible.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Lenia Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el mismo tema, hasta por cinco minutos.

La diputada Lenia Batres Guadarrama:

Compañeras y compañeros:

La fracción IV del artículo 3o. constitucional dice, clarísimamente: "toda la educación que el Estado imparta será gratuita".

Hay un diputado que cree que la Universidad, la UNAM, no es parte del Estado, pero el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la UNAM dice que la Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública, organismo descentralizado del Estado, dice textualmente eso, por lo tanto la UNAM, como todas las universidades autónomas, son del Estado, por lo tanto la educación que brindan a los estudiantes, es una educación del Estado, por lo tanto la educación que deben brindar debe ser gratuita.

Compañeras y compañeros, la autonomía universitaria no se refiere a un régimen de excepción del Estado mexicano; la autonomía es una autonomía del Gobierno mexicano, no del Estado y tan es así, que las universidades públicas autónomas tienen que rendir cuentas de el uso que hacen de los recursos públicos que le da el Estado al Estado mismo, a través de este Congreso, a través de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

La autonomía universitaria es clarísima, no es cualquier cosa que se nos pueda ocurrir; la autonomía universitaria está sustentada en la fracción VII del artículo 3o., que dice a la letra: "las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernar así mismas, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de ideas; determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrativo y administrarán su patrimonio", administrarán su patrimonio, no decidirán de dónde deben provenir los recursos con los que funcione su patrimonio.

Por lo tanto compañeras y compañeros, la autonomía está acotada a la fracción VII del artículo 3o. constitucional. Es por estas razones que nosotros diputados federales del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, hacemos a este pleno la siguiente proposición, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento y el artículo vigesimocuarto del Acuerdo Parlamentario:

PROPOSICION-CONSIDERANDO

Primero. Que de acuerdo con el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM es una corporación pública, organismo descentralizado del Estado.

Segundo. Que de acuerdo con el artículo 93, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, cualquiera de las Cámaras podrá citar a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades y del artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso que dice:

"Los directores y administradores de los organismos descentralizados federales asistirán a
las sesiones siempre que fueren llamados por acuerdo de la Cámara."

Tercero. Que las medidas determinadas por el Consejo Universitario de la UNAM el 15 de marzo de 1999, con relación al pago de colegiatura y servicios en la máxima casa de estudios y los conflictos desprendidos por la ausencia de consenso en la comunidad universitaria para su implementación, son asuntos de interés público que la Cámara de Diputados debe conocer, solicitamos:

1o. Que está Cámara cite al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que informe a los representantes populares en pleno, del fundamento, motivación y destino del incremento de pagos en la UNAM, así como de las denuncias levantadas en contra de estudiantes que se han manifestado adversos a las medidas.

2o. Se turne esta proposición a la Comisión de Educación, para que acuerde lo conducente en el menor plazo posible.

Suscribimos Lenia Batres, Armando López, Victorio Montalvo, César Lonche, Teobaldo López, Plutarco García, Ricardo Cantú Garza, José Luis López López, Gustavo Pedro Cortés, Alfonso Ramírez Cuéllar, Benito Mirón, Saúl Solano, Pedro Magaña, Rosalío Hernández, David Cervantes, Luis Meneses, Angélica de la Peña, Miguel Angel Solares, Carmen Escobedo, Octavio Hernández, Sergio George, Joaquín Hernández Correa, Gonzálo Rojas y Fernando Elías Hernández.

La Presidenta:

Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco José Paoli y Bolio, del Partido Acción Nacional.

El diputado Francisco José Paoli y Bolio:

Con su venia, señora Presidenta; señoras y señores legisladores:

Acudo a esta tribuna a plantear una tesis de defensa de la Universidad, su autonomía y su forma propia de operación decidida por los universitarios.

En primer término debo decir que la imputación de que se viola la Constitución al establecer cuotas para los estudiantes de los diversos niveles es falsa. La Constitución lo que establece en su artículo 3o., es que la educación que imparte el Estado deberá ser gratuita. Y la que imparte el Estado es la educación que está a cargo de la Secretaría de Educación Pública, de las escuelas públicas fundamentalmente que imparten educación básica, es decir, primaria y secundaria, en la definición que tiene la Ley Federal de Educación.

Pero la educación que se define autónomamente en sus contenidos, porque la autonomía como ya se ha dicho sobradamente, es en primer lugar capacidad de decisión académica propia, capacidad de decisión de los planes de estudio, de los proyectos y programas de investigación, de la difusión de la cultura. Y esto no es algo que está a cargo del Estado, es algo que está a cargo de una institución que si bien el Estado tiene obligación de contribuir a través de los recursos que le vienen de los contribuyentes, esto no implica ni define que la Universidad Autónoma de México ni ninguna de las universidades autónomas o no autónomas, pero a las cuales subsidia el Estado, sean universidades o instancias o instituciones de educación superior que forman parte del estado o de su responsabilidad para impartir la educación.

Por tanto, cobrar cuotas, como se ha hecho desde el origen mismo de la Universidad y está así en su estatuto institucional y en su reglamento de cuotas, es una facultad que siempre ha tenido en función de su autonomía la Universidad Nacional. Si cobra 20 centavos al año, como ahora ocurre, a nivel de licenciatura, sería igualmente violatorio de la Constitución que si cobrara 20 mil pesos, porque el cobro de las cuotas no está en función de su cuantía.

Pero lo que ha ocurrido es que hemos caído, desde hace muchos años, en una situación verdaderamente ridícula, en la que cobrar 20 centavos puede costar, en este momento, alrededor de 50 pesos. Es decir, la Universidad gasta en cobrar mucho más de lo que ingresa por el cobro, lo cual es la irracionalidad en su extremo más caricaturesco. No es posible sostener una situación de irracionalidad de este tipo.


Pero además todas las universidades públicas, autónomas o no autónomas, cobran cuotas de cientos o miles de pesos al año y éstas nunca han sido acusadas de estar violentando la Constitución.

Entonces creemos que hay un despropósito, una desmesura en este tipo de acusaciones que se han planteado.

Por otra parte, debía decir que el argumento de justicia, de dar un trato igual a los que son desiguales y que, además, son sobradamente desiguales porque la pirámide social ha ido ejerciendo, a través de diversos filtros, una discriminación que sólo permite llegar a la universidad a personas que tienen, ellos o sus familias, recursos más que suficientes, no sólo para sobrevivir, sino para tener gustos y satisfactores que van mucho más allá de lo básico.

Entonces, plantear una cuota es un principio de justicia, sobre todo cuando ésta es diferenciada y cuando no se niega que cualquiera que tenga la capacidad para estudiar pueda ser eximido de esa cuota, exceptuado y entonces cursar sus estudios, eso sí mostrando que tiene interés, que tiene un promedio básico ni siquiera un promedio muy alto.

Porque lo que ha pasado es que las no cuotas o las cuotas irrisorias que se han estado cobrando, producto de una presión indebida, de movimientos sociales y de grupos políticos, lo que ha llevado es a encubrir una enorme irresponsabilidad, un fraude que se hace a las familias, a las personas, a los empleadores, que ven a muchos inscritos en la Universidad Nacional o en otras universidades en las que hay una baja cuota y comprueban que están inscritos y que están asistiendo a un proceso educativo y obtienen, en sus familias, un reconocimiento, familias engañadas y obtienen en sus empleos...

La Presidenta:

Señor diputado, le solicito concluya. Su tiempo se ha terminado. Por favor.

El diputado Francisco José Paoli y Bolio:

Concluyo. Y entonces, lo que ha ocurrido es que estamos frente a una gran mascarada, en la cual no cobrar cuotas se ha convertido en una posibilidad de engañar a las familias, de gente que se inscriben por 20 centavos pero que nunca se paran en la institución.

Y por último debo decir: introducir el sistema de cuotas es introducir un principio de orden en las universidades públicas, porque las universidades se conducen a partir de un dato fundamental para su ordenamiento, para su planeación, que es la matrícula. Cuando hay una matrícula fantasma, que a veces llega a ser el doble de personas las que están inscritas de las que asisten, la planeación, los profesores, los laboratorios, los talleres, los campos deportivos, hasta los gises se miden en función de una matrícula que es falsa y que está siendo una mascarada para engañar en función de los presupuestos de la universidad.

Necesitamos, como principio de orden, la inclusión de una cuota que ordene y que establezca una matrícula cierta en las universidades públicas.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Esta Presidencia solicita a la Oficialía Mayor y a la dirección de Apoyo Parlamentario que realicen los avisos correspondientes para que las diputadas y diputados se incorporen al salón de sesiones.

Tiene el uso de la palabra el diputado Daniel Díaz Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema, hasta por cinco minutos.

El diputado Daniel Díaz Díaz:

Con su permiso, señora Presidenta; señoras diputadas y diputados:

Educar, investigar y promover la cultura son las superiores funciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta responsabilidad que se refleja en todo el devenir del país lo ha venido cubriendo la universidad dentro de serias carencias y serias limitaciones, no sólo de carácter financiero, sino de muy diverso tipo. Sin embargo, ha sido la universidad la formadora de legiones de mujeres y hombres mexicanos que han tenido una destacada influencia en los pasos de progreso que nuestro país ha dado permanentemente.

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Esa responsabilidad se basa en la autonomía, que se apoya en la libertad de cátedra, en la libertad de investigación y en la discusión abierta de todas las ideas. Pero esa responsabilidad es siempre frenada, entre otros obstáculos por la carencia de recursos financieros suficientes. La parte que cubre el subsidio de la Federación es siempre inferior a lo que requieren los programas básicos de educación, de investigación y de difusión de la cultura que se llevan a cabo en la Universidad.

El buscar fuentes de recursos adicionales ha sido una tarea permanente, que se ha basado en gestiones cada vez más difíciles ante la autoridad gubernamental para que el subsidio crezca lo más posible. Que ha sido complementada con la captación de recursos, a través de la vinculación que los programas universitarios educativos y sobre todo de investigación, tienen con el sector productivo y con aquellas áreas en las que el apoyo académico sustituye con ventaja al apoyo comercial que empresas de diferente tipo pudieran hacer en relación con los trabajos que requieren las empresas en el aparato productivo.

Y siempre ha sido constante, como aquí se ha mencionado por varios de los oradores, la aportación de los alumnos; aportación que en el pasado tenía un peso significativo en relación con el salario mínimo diario o con el salario mínimo mensual y que por la falta de actualización quedó reducida a los términos ridículos, que también aquí han sido comentados.

De suerte que la búsqueda de un incremento en los ingresos de la Universidad debiera merecer el apoyo no sólo de todos los universitarios, sino de todos aquellos que creemos que la educación es fundamental para el progreso de nuestro país. Esa búsqueda, en el caso que nos ocupa, es sólo un pequeño porcentaje, ya se mencionó aquí y menos del 5%, de los recursos que debe y puede manejar la Universidad. Pero es una forma, como también se ha mencionado aquí, de comprometer a los alumnos y a las familias de los alumnos en el rendimiento que cada estudiante debe tener en su desempeño como tal y es una fórmula que debe merecer todo nuestro apoyo, en tanto que complementa aunque sea en forma prácticamente marginal, los recursos que la Universidad requiere para ser cada vez más eficiente y cada vez más comprometida con los problemas, con la solución de esos problemas, con los muchos problemas que agobian a nuestro país.

Termino diciendo que el apoyo que estos nuevos recursos representan para la universidad debe corresponderse con una transparente, honesta y eficaz aplicación de todos los recursos que maneja la Universidad y con un compromiso de todos los universitarios y de esta alta representación, para estar vigilantes en cuanto a esa aplicación y tomar las medidas que nos conduzcan a un ejercicio ejemplar de ese presupuesto y a resultados realmente positivos para toda la comunidad mexicana.

Muchas gracias.

La Presidenta:

En términos de lo dispuesto por el inciso b del artículo 27 de la Ley Orgánica y la fracción III del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, esta Presidencia turna la proposición presentada por la diputada Lenia Batres Guadarrama, a la Comisión de Educación.

Tomando en consideración que han transcurrido las cinco horas reglamentarias de esta sesión que establece el artículo 3o. del acuerdo parlamentario aprobado el 6 de noviembre, la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.

LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es: comentarios sobre los trabajos de investigación del caso Colosio.

Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel González Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Manuel González Espinoza:

Señora Presidenta; señoras diputadas; señores diputados:

Es imposible comprender la historia de los tiempos presentes de México, si se olvida que los días de 1994 significan decepciones crueles que dejaron en el corazón de los mexicanos una profunda amargura que nos invade a todos por igual.

Los acontecimientos de Lomas Taurinas y la falta de resultados de la investigación, representan una ofensa para el pueblo de México, la negación del estado de derecho y un agravio para las instituciones y de ninguna forma plataforma política de partido alguno, sino por el contrario, precisa la unidad de todas las instituciones para garantizar que no se repitan hechos tan reprochables en retroceso de la vida democrática que hemos asumido como forma de convivencia para nuestra República.

Un pueblo aquejado del olvido es un pueblo que no comprende el momento que enfrenta, no halla en el ayer impulso para el porvenir, Si la unidad del Estado es el primer bien, la discordia es el mal, es el inicio de la descomposición de la unidad, de ella nacen los males del desmantelamiento del cuerpo social, la división en partes antagónicas, el choque de las fracciones; en suma, el peor de los males.

Es un hecho que existen hombres decididos a no contentarse con la realidad, que aspiran a que las cosas lleven un curso distinto. La vida del lider es una perpetua resistencia a lo habitual y permanente.

Para los de mi generación, Luis Donaldo Colosio significa compromiso, ideal, futuro, respuesta y es, por la riqueza moral de su ejemplo, aun antes que su brillante inteligencia, un arma extraordinaria a esgrimir en épocas de crisis, un arma poderosa que prueba por sí sola que la política, la verdadera política, la buena política, es oficio reservado a los hombres dignos.

Congruencia y claridad. Con la firme tendencia de elevar la calidad del debate, Luis Donaldo decía que: "ideas y realidades viven modificándose, transformándose, adaptándose, pero si se plantea la destrucción misma de las instituciones, su deterioro y desprestigio, se abona el retroceso, la regresión".

Con el crimen nada se resuelve. La muerte alevosa o el asesinato vil no producen más que oprobio a los autores y gloria a las víctimas. Los que luchan por el bien sin restricciones y laboran por la felicidad del pueblo sin ambiciones de lucro, sin recompensa material, son fuertes y valerosos, porque son eternos.

Hoy debemos reflexionar y reconocer a nuestra nación, por el esfuerzo para establecer nuestras instituciones y afirmar nuestra independencia. Esto permite que podamos consagrarnos en la paz y la tranquilidad, a la organización y mejoramiento de nuestra sociedad. Sin embargo, no podemos confiar ciegamente en que esas instituciones y la paz están del todo aseguradas; existen aún latentes los elementos que las pueden destruir; los partidarios del retroceso y de los abusos acechan la oportunidad para restablecer su antiguo predominio y es preciso redoblar nuestros trabajos y nuestra vigilancia para contrariar y destruir sus tendencias antipatrióticas.

Por todo esto, es fundamental llegar al esclarecimiento de la verdad, para que la nación tenga confianza en sus instituciones y se afiance a la gobernabilidad ahora amenazada por la descomposición social que se aceleró con los crímenes políticos.

Renunciar a la justicia es renunciar a la condición de hombre, es una renuncia incompatible con la naturaleza humana, pues despojarse de la justicia es despojarse de la moralidad. Las instituciones de investigación y procuración de justicia tienen una deuda todavía no saldada con la familia Colosio y con el pueblo mexicano.

El pueblo de México, preocupado por conservar el estado de derecho como institución suprema de convivencia nacional mantiene vigente su indignación y repudio a los reprobables hechos que segaron la vida del licenciado Luis Donaldo Colosio, el pueblo se manifiesta en contra de que la vida nacional y en particular la política, se resuelva a tomar el camino de la violencia y menos al margen de las vías democráticas y legales que para tal efecto los ciudadanos mexicanos nos hemos propuesto.

El pueblo mexicano mantiene su reclamo de justicia y la exigencia de ir a fondo en las investigaciones de tan indignantes delitos para evitar que el concurso y la participación, si los hubiera, se beneficien con la impunidad y la justicia; el no esclarecimiento al homicidio agrava y perjudica a las instituciones republicanas que nos rigen, altera su funcionamiento y establece un estado de incertidumbre y desconfianza que las familias mexicanas no están dispuestas a tolerar por ser contrario a la honorabilidad y decencia de la sociedad mexicana en su conjunto.

La comisión especial representa la exigencia ciudadana de justicia y de combate a la impunidad, el esclarecimiento del crimen y el castigo a él o a los culpables si las investigaciones así lo determinan, sin importar posiciones de ubicación social, política o económica. El olvido de la investigación o la conclusión adelantada no están en nuestro programa de trabajo, la representación y confianza ciudadanas nos permiten señalar que nadie, partido político o grupo, tienen derecho al usufructo de los acontecimientos y su dolorosa secuela en provecho de afanes protagónicos, encaminados a concretar objetivos personales o de grupos de políticos que reclaman como capital heredado, la exclusividad de la razón y la certeza en relación con estos tristes acontecimientos para lograr, a partir de ellos, presencia en la vida política nacional.

Luis Donaldo Colosio no vio el triunfo de su perseverancia, de su obra, de su fe; en la búsqueda se quedó, en esa luz perdurará su memoria. Su actitud fue digna de su época, de luchador, hombre de gobierno, quiso fundar una administración y vencer para siempre la arrogancia de las oficinas gubernamentales. No acertó a vivir para presenciar la aspiración definitiva de la patria que busca la prosperidad y la paz. Está ahora unido al sentimiento y al corazón de cada mexicano que ama a su país y nadie lo amó como él. Todos estamos con él, sería inútil injuriarlo o rebajarlo, la diatriba será un elemento que hará espuma en torno al arrecife inconmovible y pasará y morirá.

Todos estamos en el reconocimiento de su lucha, llevamos reverentes a su mausoleo la corona del recuerdo nacional, todo lo pasado quedó en la sombra y surgió definitivamente al sol su ideal y su gloria. Sea ella el símbolo de unión y de concordia, sea un arca en la que fraternicemos los mexicanos; todavía podrá ser perturbada la paz del reposo augusto que ganó bien, perenne, batallador, pero no podrá nadie arrancar su nombre del alma del pueblo que lo envuelve y lo guarda.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada María de la Luz Núñez Ramos, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María de la Luz Núñez Ramos:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio es una afrenta al país. Las investigaciones son una vergüenza para el sistema mexicano de justicia. Rindo homenaje a la presencia y a la permanencia del legado político de Luis Donaldo Colosio, él es un ideario vigente, vive en las luchas de todos los empeñados en la transformación democrática de México; México, querido Luis Donaldo, tiene hambre y sed de justicia, mucha más hambre y sed de justicia ahora que en aquel memorable seis de marzo de 1994 cuando pronunciaste tan vibrante como actual discurso.

Luis Donaldo, alegría de las estrellas, quizá ve ahora con sus ojos tan encantadores como nostálgicos, un agravio adicional a todos aquellos que lo conmovieron a ocupar un lugar al lado de lo mejor de México. Luis Donaldo es héroe y mártir de la democracia. El ya está en la historia, ocupa un sitio limpio en el corazón de la patria, en la conciencia de todos nosotros.

El 23 de marzo de 1994, México retrocedió a país de crimen político. La noche negra que creíamos superada nos volvió a envolver, la impunidad de los crímenes políticos de Villa, de Zapata, de Carranza, de Obregón, de Huitzilat (?) de la Alameda, la impunidad como uso y abuso del poder es uno de los peores signos del sistema político mexicano:

Impunidad en Tlatelolco, impunidad en Aguas Blancas, impunidad en Acteal, impunidad del magnicidio de Colosio, impunidad como fuerza motriz de la inseguridad, de la desconfianza, de la criminalidad.¡Basta ya! Cerremos todos y entre todos con dignidad y valor el paso a nuevas impunidades. Ni las balas asesinas ni el silencio tan incongruente como cómplice, han podido enfermar de amnesia a nuestro pueblo.

161,162 y 163


Encontrar la verdad y divulgar el pensamiento de Colosio son asuntos de interés nacional.

En México, existe una muy extendida incertidumbre, la inmensa mayoría de los mexicanos compartimos la inquietud y la insatisfacción por el crimen y por las investigaciones; el Poder Ejecutivo, la República, el presidencialismo, son víctimas y fuente de descrédito.

En cuanto al asesinato de Colosio, al Poder Ejecutivo, casi nadie le cree ya nada y eso nos afecta a todos, pues debilita el tejido social y vulnera la soberanía.

Les ruego apoyar el reclamo de los legisladores y diputados y senadores para las comisiones de seguimiento y las investigadoras sean embestidas de facultades plenas que les permitan cumplir con los anhelos y las esperanzas de la sociedad. Nosotros estamos comprometidos a iniciar las reformas pertinentes.

Hoy en nuestro país el seguimiento es una función que se intenta realizar con muchos escollos y dificultades, éste es uno de los tendones de Aquíles del sistema autoritario; las autoridades ejecutivas se resisten a devolver soberanía a la sociedad y a compartirla con el Legislativo, por ello simulan para hacer difícil tareas tan elementales como el seguimiento mismo.

Esta comisión está decidida a no ser caja de resonancia de nadie, tampoco fiscalía especial, son de tal dimensión las resistencias que de las 1 mil, más de 1 mil 122 declaraciones del conjunto de las investigaciones nunca recibimos informes escritos, sólo versiones orales ¿Cómo podemos entonces cumplir con la función de seguimiento si carecemos de medios y facultades?

Reconozco la seriedad del licenciado Raúl González Pérez, fiscal especial, él se ha desligado de la espectacularidad y del uso perverso del poder de la fiscalía para dañar y deformar, como lo hizo el licenciado Chapa Bezanilla, pero México reclama complementar la seriedad con la información y la verdad. Si Colosio ya está en la historia, las investigaciones ocupan un lugar en la enciclopedia de las peores vergüenzas mexicanas.


Desde el poder, con el pretexto de las investigaciones, se han triturado vidas, honras y famas en un espectáculo deplorable de ajustes de cuentas. La canalla no se detiene nada para enturbiar y engrandecer cortinas de humo, juegos fatuos, circo y distracción.

En las pugnas por el poder, quienes lo detentan y los desplazados relegan a segundo término la búsqueda de la verdad para alcanzar sus objetivos. México no reclama la versión favorable a ningún grupo de interés, exigimos la verdad verdadera, no parto de sentencias a priori ni demando inventar autores materiales o intelectuales, es tiempo ya de que se nos proporcionen los resultados reales de una investigación real y verificable.

Sea cual sea, México, nuestro pueblo, tiene derecho a la verdad. Sin prejuicio y ajeno a las pugnas por el poder popular, es que nosotros reclamamos que hablen todos los involucrados, los más cercanos colaboradores de Colosio. Por supuesto que tenemos derecho a conocer una amplia, ministerial y pública versión que no ha querido dar el doctor Ernesto Zedillo y de Fernando Ortiz Arana y de los subcoordinadores de campaña.

También exigimos conocer las versiones del presidente Carlos Salinas de Gortari, de Jorge Carpizo, de Diego Valadez, de todos los miembros del gabinete ¿Qué ocurrió también en la lucha por la sucesión de Colosio?, ¿por qué los amigos de Colosio que han comparecido no publican ellos mismos sus versiones? Las preguntas mexicanas sobre el entorno político y las circunstancias del crimen son razón nacional, no secreto de Estado.

El pueblo de México tiene derecho a conocer las versiones de los casi 1 mil 200 declarantes. La investigación no es secreto de Estado.

La comisión de seguimiento está comprometida a presentar ante la LVII Legislatura resultados y dificultades de su trabajo. Estoy convencida de que todos nosotros asumimos un compromiso público con todo el país y con nuestros electores, por la verdad. No tenemos derecho al olvido.

La sociedad mexicana está agraviada por la impunidad y por la simulación. Los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones en torno a los atentados en
contra de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu no podemos fallar, no tenemos derecho a formar parte de una puesta en escena de un guión de teatro. Nosotros tratamos de cumplir con nuestra responsabilidad semiparalizados por las precarias facultades y los casi nulos recursos humanos y materiales de los cuales disponemos.

Hoy hace cinco años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, renuevo la propuesta de construir un acuerdo legislativo para promover la inscripción de Luis Donaldo Colosio con letras de oro en la Cámara, ese sueño de Diana Laura lo debemos adoptar todos en la comisión. Ojalá que los legisladores del PRI ahora si la hagan suya.

Yo realizaré mis mejores esfuerzos para que el grupo parlamentario del PRD lo adopte.

Compañeras y compañeros: Luis Donaldo convocó al pueblo al poder, el poder de los ciudadanos; por él cayó acribillado; lo debemos ejercer para impedir su segunda muerte. Lo asesinaron una vez aquel infausto 23 de marzo; no permitamos que lo vuelvan a acribillar, que lo rematen con el silencio. ¡Aún estamos a tiempo de que el caso Colosio no engrose el penoso expediente de la enciclopedia de la impunidad, de la mentira y de las vergüenzas nacionales!

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Baldemar Tudón Martínez, del Partido Acción Nacional, para hablar sobre el mismo tema.

El diputado Baldemar Tudón Martínez:

Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

México reclama actos, constancias fehacientes de que sus autoridades son merecedoras de la confianza que noblemente se les confiere, confianza de que nuestros gobernantes traduzcan sus acciones en baluartes de los principios que deben regir a nuestro Estado: justicia, verdad, libertad, igualdad, los reflejos de una real democracia. Pero el gobernante que incumple con su promesa de justicia cuando no hace respetar y peor aún no respeta los más elementales derechos, que como seres humanos nos debemos los unos a los otros, es decir, el reconocimiento que implícita y correlativamente la naturaleza humana existen valores que deben ante todo resguardarse: la vida y la seguridad.

La autoridad históricamente en nuestro país ha demostrado que no sólo no respeta estos valores, peor aún, los trasgrede impunemente. Basa su impunidad en la distorsión de la verdad, oscurece los caminos que nos llevan a ésta. En esta actitud hiere la voluntad individual y social, le falta al respeto al proceso racional, el cual es afectado intrínsecamente cuando es desviado de su fin.

Es inducido al error mediante el uso doloso, con mala fe, artificios que únicamente engendran engaño y confusión.

En la comisión Colosio tenemos el compromiso de asegurar que las indagatorias a las cuales damos seguimiento, sean tendientes al cabal conocimiento de la realidad y cuando éstas se desvíen de este objetivo lo tendremos que denunciar, como ahora lo hacemos.

La necesidad de que este crimen sea resuelto, encuentra su máxima urgencia en la salvaguarda al derecho a la libertad, principalmente de las violaciones que a éste puede generar el exceso del poder público.

Nuestro actuar como individuos debe ser libre, pues mientras éste se mantenga respetuoso de nuestro entorno social, la autoridad no tiene por qué menguar o intentar menguarlo con el uso indebido de la fuerza pública, menos aún utilizando su posición privilegiada para crear organizaciones paralegales y ordenar acciones represivas, ambas de naturaleza delictiva, no importa si uno es candidato a la Presidencia de la República o un mexicano común, nuestra calidad de ciudadanos nos responsabiliza, nos obliga a todos a realizar lo que en conciencia es mejor para México.

Difícil es, de antemano, anteponer el interés nacional, interés individual o grupal, pero aún mayor complejidad reviste cuando éste generoso actuar implica un riesgo eminente a nuestro patrimonio, a nuestra integridad o hasta nuestra propia vida.


De la acertada solución de este crimen, derivaría la confianza que los mexicanos nos estaríamos acercando no a un régimen, sino mejor aún a una vida democrática donde el diálogo constituye la forma idónea de dirimir controversias, donde las opiniones son respetadas, aunque no sean compartidas y en el cual, quien acuda a la violencia, a la intimidación, coartando la libre y responsable actuación ciudadana, necesariamente se debe atener a las consecuencias sin importar quién sea.

Hoy, a cinco años de la muerte de Luis Donaldo Colosio y más allá de la valoración que se puede hacer sobre el extinto candidato, debemos reconocer que su muerte demuestra claramente las bajezas con las que opera el obsoleto y decadente sistema político priísta que nos gobierna; refleja cómo este sistema que, por obsoleto y decadente, no pierde su carácter autoritario; renuncia, como siempre ha renunciado, a ser suyos en los hechos los principios de convivencia antes plasmados; no le importa la nación, reverencia al grupo político oscuro y cerrado, el cual valida cualquier medio, a fin de preservarse en el poder, demostrando que su actuar no tiene límites éticos ni legales, dentro del cual sus integrantes rehuyen responder de sus actos; se resguardan, se esconden en el manto protector en que se ha constituido el uso indebido pero disciplinado del poder.

La Comisión de Seguimiento a los casos Colosio y Ruiz Massieu, los integrantes de la misma no agotamos nuestra función en atestiguar y salvaguardar el buen desarrollo de dos procesos penales.

Nuestra responsabilidad ante el pueblo de México va más allá, se extiende en convertir en barricada garante de que el órgano procurador de justicia, la administración pública en general y el Poder Judicial no fomenten la impunidad, sino que, al contrario, dentro del marco jurídico constitucional la combatan incansablemente.

Debemos ser enlace, sustentados en nuestra representación popular, entre la actividad de los órganos de investigación y la ciudadanía, logrando que ésta, en base al buen desempeño que aquélla debe tener, le otorgue su confianza a las instituciones gubernamentales, dándole la legitimidad que la actividad oficial requiere, pero esto sí y sólo si se actúa con estricto apego a derecho y no sometida a intereses políticos.

En estos momentos nuestra misión está inconclusa; las exigencias a la investigación no han tenido el eco esperado, pero en la buena fe que caracteriza nuestra actuación, hemos esperado pacientemente, pero sin quitar el dedo de la llaga, lo que seguiremos haciendo hasta el momento en que se ponga fin al caso Colosio, suceso el cual nos dará luz sobre si hemos cumplido con nuestra misión, si hemos logrado que éste artero crimen, irreversible, deje en su legado, en su solución, el precedente de que nadie, sin excepción, sin importar jerarquía ni nivel de autoridad formal, se encuentra fuera del alcance de la ley.

Esto se logrará si la Procuraduría General de la República agota en forma sería, legal e independiente lo que ha sido la única gran línea de investigación no explorada y que satisface la necesidad de justicia del pueblo, que es la del entorno político de la cual concluimos, el fiscal y el Procurador han tenido una nula voluntad de actuación.

Desafortunadamente pasa el tiempo y no avanzamos como quisiéramos hacia nuestro objetivo. Hemos pasado ya por cuatro subprocuradurías especiales de una primera que declaró sin más, plenamente probado la teoría del asesino solitario, ofendiendo el intelecto de todos los mexicanos, a una actual que no se expresa en forma clara sobre alguna, que no asume una responsabilidad, que en dos años y medio ha investigado 27 diferentes líneas, de las cuales subsisten cuatro, pero que con su actuación de los informes que de la misma nos ha dado, nos hace deducir que sólo busca fortalecer la tesis del asesino solitario; sistemáticamente, refutando cualquiera que implique complot.

Se advierte que se pretende concluir, por lo menos hasta la fecha en la tesis del homicida único, autor material e intelectual, ofendiendo, otra vez, la inteligencia de los mexicanos.

Como mencionamos, la fiscalía especial mantiene vigentes cuatro líneas de investigación que todos conocemos y ha dado a conocer a la prensa: el narcotráfico, la narcopolítica, el entorno político y la famosa y tan llevada y traída teoría del asesino solitario.

164,165 y 166


Pero de las primeras tres, poco nos informa y cuando lo hace, sólo es para establecernos situaciones que las hacen viables, es decir, sólo para desvirtuarlas.

En la línea del narcotráfico, según lo que nos ha informado, se han encontrado más datos tendientes a desvincular la más de una decena de asesinatos que pueden ser conexos por el sufrido por el candidato Colosio, que para ligar este entorno con el magnicidio, se ha dejado a un lado.

El actual fiscal especial y el actual Procurador General de la República, llevan ya dos años y medio en sus cargos, es decir, a ellos les ha correspondido temporalmente la mitad de esta investigación y es fecha que todavía no recurren al argumento de defender en el mejor de los casos su ineficiencia, culpando el legado indagatorio que recibieron de sus antecesores.

Es momento de que abandonen esta posición, que reconozcan sus propias fallas y omisiones, principalmente las que se han cometido en el entorno político, desde la nula información que hasta la fecha sobre esta línea de investigación se nos ha proporcionado, hasta la inquietante y reiterada posposición en que ha caído la fiscalía especial para recabar el valioso testimonio de quien fungiera como coordinador de la campaña del citado sonorense, como si la PGR ignorara la existencia de las cartas que éste en su momento envió al presidente Salinas, donde se critica la campaña e insta a Colosio a reconciliarse con el entonces presidente.

A la vez, que se describe el ambiente político complejo que se sentía en ese momento. Insistimos en que esta vertiente de investigación debe ser llevada hasta sus últimas consecuencias, pues de lo contrario la inquietud nacional de justicia nunca se va a agotar.

Pedimos, exigimos a las autoridades competentes dejen de centrar la mayor parte de su atención en los tecnicismos de los que están llenos las investigaciones correspondientes a la autoridad material del crimen, con lo cual únicamente han logrado confundir y se espera de ellos fijen su atención en descubrir al cerebro o cerebros a la autoría intelectual del asesinato de Colosio.

Necesitamos respuestas, respuestas claras y aunque reconocemos que la actividad investigadora no tiene límite temporal, los años pasan y en su transcurso las pruebas se hacen oscuras, personas posiblemente relacionadas al caso mueren violentamente. Los diversos testimonios de una misma persona se empiezan a contradecir, pareciere que se usara en el inexorable paso del tiempo las fallas en la memoria que el fenómeno temporal necesariamente produce, como un aliado más para dejar inconcluso el caso.

Las preguntas en la forma en que se lleva la investigación son...

La Presidenta:

Señor diputado le pido por favor concluya, su tiempo ha terminado.

El diputado Baldemar Tudón Martínez:

Gracias, señora Presidenta:

Concluyo. Decimos, ¿por qué la lentitud?, ¿por qué la ineficiencia?, ¿por qué la confusión?, ¿qué intereses?, ¿a qué persona o personas perjudicaría su solución?

El fiscal especial y el procurador que lo sostiene, no demuestran en sus acciones la voluntad para retribuir la buena fe y la esperanza con que se resumió hace dos años y medio su designación.

Por principio sabemos que una investigación, y a eso le pueden poner plazos para entregar resultados, pero si se puede exigir que en ellas se demuestre la determinación de alcanzarla.

Como desde la primera reunión que tuvimos con ellos, les reiteramos que este reclamo solamente se va a satisfacer con la verdad, al día de hoy podemos concluir en un análisis lógico de captación, que fungen más como sepultureros de este caso que como investigadores. Bien, harían en renunciar por dignidad.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Alejandro Jiménez Taboada del Partido Verde Ecologista, para hablar sobre el mismo tema, hasta por 10 minutos.

El diputado Jorge Alejandro Jiménez
Taboada:

Con su venia, señora Presidenta:

El crimen perpetrado contra el señor Luis Donaldo Colosio nos habla de obvias deficiencias en cuanto a su investigación que surgen desde sus inicios hasta el presente, lo que evidencia claros signos de descomposición del sistema, resultado de la falta de democracia en nuestro país, lo que ha generado que el poder se concentre en unos pocos y como sabemos el poder invita a la corrupción y con mayor razón si se toma matices de absoluto.

Por fortuna esto empieza a cambiar en nuestro país, prueba de ello, sin menoscabo de partido alguno, es la presente legislatura, que todos la integramos, por su dinámica y alcance es que hemos experimentado hasta el momento, nos compromete a luchar para que la democracia se fortalezca y perfeccione en nuestra nación, para que entre otras bondades logremos que crímenes, como el que ahora nos ocupa, no queden impunes o mejor aún no tengan cabida. Cierto es que por la vileza de unos no podemos juzgar con el mismo rasero a todos, así que los integrantes de la fracción Verde nos sumamos al malestar e indignación que muchos que apreciaron y apoyaron al señor Luis Donaldo Colosio, sienten en la actualidad por el hecho de que a cinco años de distancia del crimen, del suceso lamentable, no haya sido resuelto satisfactoriamente, es decir, que no se haya llegado al fondo de la verdad.

Muchas gracias.



COMPROBACION DE ASISTENCIA

La Presidenta:

Esta Presidencia hace un enérgico exhorto a las diputadas y diputados, para que no solamente registren en el tablero electrónico su asistencia, sino que permanezcan en el salón de sesiones como es su obligación y responsabilidad ante sus electores.

Para tal efecto, en posteriores sesiones, podrá decretarse en cualquier momento la verificación del quorum en el sistema electrónico, aquellos diputados y diputadas que no se encontrasen, le será decretada falta y descuento económico. La Presidencia notificará a los coordinadores parlamentarios con apoyo de la Oficialía Mayor los nombres y número de diputados inasistentes, para que, si así lo acuerdan, se haga público y como la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso lo establecen, si el caso fuera, se le llame a los diputados suplentes.

ESTADO DE YUCATAN

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es: comentarios sobre la defensa de la libertad de expresión en el Estado de Yucatán.

Tiene la palabra la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche:

Con su permiso diputada Presidenta; con su permiso diputadas y diputados que nos acompañan en el pleno:

Yucatán vive uno de sus momentos más críticos bajo un gobierno que no respeta ni la Constitución ni la ley. El autoritarismo y la violación constante al estado de derecho que privan en el Estado de Yucatán, quedan una vez más de manifiesto, esta vez incluyendo el ataque a un medio de comunicación independiente, con larga e histórica trayectoria en defensa de la democracia en México: Diario de Yucatán.

En la máxima tribuna de la nación, denunciamos los ataques a la libertad de expresión y el derecho a la información, que sin fundamentos jurídicos ejerce, al extremo de amenazar con el uso de la fuerza pública, al director del diario, don Carlos Menéndez Navarrete.

A través de una denuncia infundada, de un ex candidato del Partido del Trabajo, que ya habrá sido desechada en su momento como improcedente, pero el consejo electoral del estado y que sospechosamente dicho candidato interpuso como demanda penal, ahora el gobierno de Cervera pretende presionar e intimidar al Diario de Yucatán y a su director. Todo esto para que se desista de informar con oportunidad y responsabilidad, precisamente de las graves irregularidades en la administración de justicia, que dejan al pueblo de Yucatán en estado de indefensión.


La situación es tan delicada en Yucatán, que si el mismo gobernador o quienes insisten en continuar con arbitrariedad y el uso ilegal de las instituciones de justicia no deponen su actitud de hostigamiento y de represión a las libertades más fundamentales, se propiciará una crisis política, en la que ellos mismos tendrán mucho que perder.

La ilegitimidad del gobierno de Cervera Pacheco, que quedó manifestada desde que se instauró el juicio político en su contra en esta Cámara de Diputados, se confirma con la utilización de los recursos del Poder Judicial para tratar de coartar la libertad de expresión y el derecho a la información y ocultar así la difusión pública de uno de los casos más escandalosos en México de violación a los derechos humanos, en cuanto al derecho a un juicio justo e imparcial se refiere. Se trata del caso conocido como el de Medina-Abraham, en el que la Procuraduría de Justicia y el Poder Judicial han cometido un sinnúmero de irregularidades en el desempeño de sus responsabilidades y en los que se deja ver la alianza o complicidad de intereses ajenos al buen gobierno y a una impartición de justicia clara y objetiva.

El poder económico hace su aparición en este caso, para, en complicidad con el poder político, desnudar a la impartición de justicia y dejar al descubierto la manipulación de los procedimientos y las instituciones que caracterizan a los gobiernos espurios y autoritarios.

Podemos decir en síntesis, que se creó, que se inventó el expediente para solventar jurídicamente una acusación distinta al dictamen inicial de la Procuraduría.

Trascendente el caso porque se tienen las pruebas a la vista. Lo que falta en la mayoría de las violaciones a la ley en México. El gobierno de Yucatán pretende callar a quien informa, a quien hace saber a la sociedad de los riesgos que todos los ciudadanos corremos ante la impunidad de quienes utilizan las instituciones públicas para intereses particulares.

Por las demostradas irregularidades en este caso Medina-Abraham, de carácter penal y jurídico, se ha trascendido al ámbito de lo político y coloca al gobierno de Cervera Pacheco ante la mirada nacional e internacional, ¡sobre todo por sus intentos de ocultar la verdad reprimiendo al medio independiente que la difunde.

Con estos hechos Cervera Pacheco, corona su larga trayectoria como uno de los políticos más corruptos de México y añade un elemento más para justificar la demanda de juicio político en su contra.

Este Poder Legislativo dará seguimiento a las violaciones de las libertade de expresión y a las que se dan en la aplicación de la justicia en el Estado de Yucatán, de otra manera los yucatecos en especial y los mexicanos en general, se verían afectados ante un estado de indefensión muy peligroso.

Por elemental sentido de justicia y equidad, los funcionarios directamente responsables de las irregularidades, deben ser removidos de sus cargos y deben limpiarse los procesos legales iniciados en Yucatán. Y ante el conflicto de intereses entre dos poderes del Estado, toda vez que la esposa del gobernador es al mismo tiempo magistrada del Tribunal Superior de Justicia, ésta debe excusarse de su cargo mientras la gestión inconstitucional de su esposo dure al frente del Ejecutivo del Estado de Yucatán.

El gobierno de Yucatán no puede hacer caso omiso a las exigencias públicas de elemental justicia. La Constitución mexicana tiene que ser letra viva en nuestro Estado y deben garantizarse las libertades individuales.

En cumplimiento de las obligaciones y facultades de este Poder Legislativo Federal, nos pronunciamos enérgicamente en contra de que se lesionen la garantías constitucionales, entre ellas la libre expresión de las ideas y el derecho a la información.

La corrupción y la represión gubernamental en Yucatán, deberán ser frenadas por los poderes de la Unión.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Orlando Alberto Paredes Lara, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema, hasta por 10 minutos.

167,168 y 169

 

El diputado Orlando Alberto Paredes Lara:

Con su anuencia señora Presidenta:

Hemos escuchado en esta tribuna a alguien que viene aquí, pues prácticamente a tejer toda una telenovela y que lamentablemente es diputada por Yucatán. Pero creo que no vive en Yucatán.

Si ustedes van a Yucatán puede tener la tranquilidad y la paz social que existe en ese estado y el clima de trabajo que se da allá.

Por ello debemos limpiar lo manifestado por la diputada que me antecedió en el uso de la palabra. Hay que precisar para no caer en confusiones. Se trata de un asunto entre particulares. Por una parte hay un demandante que es el Partido del Trabajo, a través del señor Hermilo Novelo, que fue su candidato a presidente municipal en Mérida, en las pasadas elecciones de mayo de 1998 y de la otra parte se trata de El Diario de Yucatán, representado por el señor Carlos Menéndez Navarrete. Son dos partes, ahí el gobernador de Yucatán no es denunciante ni tampoco es denunciado.

Como consecuencia de la demanda, la autoridad legítimamente constituida y competente en el asunto, inicia el procedimiento "y entre sus actos notifica al demandado se presente a conocer de la demanda y exponga lo que a sus derechos convenga". Esto es normal en todo procedimiento de averiguación.

Pero el demandado se niega a acatar la ley manifestando, como justificante, su salud, motivo por el cual se le cita posteriormente hasta en tres ocasiones e insiste en no acatar la ley.

Ese es el caso que seguramente quien hizo uso de la palabra quiso decir. ¿Qué ha sucedido? La soberbia, combinada con un terror personal a la exhibición pública de sus maquinaciones, han hecho que el director de El Diario de Yucatán, Carlos R. Menéndez Navarrete, pretenda convertir un simple caso de citatorio para declarar judicialmente por una denuncia en su contra interpuesta por el Partido del Trabajo, no por el PRI, lo ha querido convertir en un caso pavoroso de persecución, de hostigamiento y de ataque a la libertad de expresión.


El acatamiento de la ley, así como otros temas, como la justicia, la democracia y la conducta irreprochable, son cosas que a diario exige El Diario de Yucatán, siempre y cuando no se trate de aplicársele a ese periódico ni a su director.

Acudir a rendir una simple declaración no es ofensivo ni constituye hostigamiento ni, a menos que se tenga la conciencia intranquila, debe ser motivo de pánico ni de invocaciones a las naciones extranjeras.

¿No acaso declaró, cuando tuvo que hacerlo, el presidente William Clinton, siendo el jefe de la nación más poderosa del mundo? Y en nuestro país, ¿no tenemos ejemplos de personalidades que, sin mayores aspavientos, acuden a declarar cuando se trata de aclarar algo? ¿No es de esperarse que cualquier persona se presente sin dilaciones cuando le asiste la razón y el derecho?

La desmesurada reacción de Menéndez Navarrete indica que hay algo más que molestia por la denuncia en su contra interpuesta por el Partido del Trabajo y sus consecuencias legales.

Parece una perturbación de la razón, una enajenación de la realidad que le hace involucrar a medio mundo a sus caprichos, que quiere, y así conviene a los intereses de alguna gente, politizar cualquier cosa, mezclar un caso criminal en proceso, como lo es el de la muerte de Iliana Abraham Mafud, de la que se acusa a su esposo, Armando Medina Millet y presentarse como mártir de la libertad de expresión para enredarlo todo en un ataque al gobierno de Víctor Cervera Pacheco.

He aquí el punto clave. Desde hace 74 años El Diario de Yucatán se ha pretendido erigir en el máximo juez de los yucatecos, el que decide quién es culpable e inocente en una controversia, pretendiendo imponer su voluntad o su capricho sin el respeto a las autoridades. Esto es, pretendiendo ejercer un cacicazgo periodístico.

¿Cuál es su temor ahora, en este caso penal de la familia Medina Abraham?

Sí, que ya se acercan los tiempos de la sentencia y ésta puede ser contraria a sus intereses y su tradición histórica, su verticalidad, su independencia se verían deterioradas por la administración cabal de la justicia, a través de sus órganos legítimamente constituidos y establecidos y competentes en este asunto.

Así como no puede considerarse hostigamiento un simple citatorio, que es procedimiento normal en cualquier parte del mundo, menos podría pensarse en una limitación o ataque a la libertad de expresión en la prensa de Yucatán, porque en el caso específico de El Diario de Yucatán, este periódico ha ejercido ese derecho a plenitud, sin ninguna limitación y en opinión de mucha gente del Estado y de fuera del Estado, hasta con saña enfermiza para atacar, empequeñecer, tratar de deslegitimar, difamar y atribuirle todos los males posibles hasta lo absurdo a un gobierno empeñado en crear empleos, impulsar el desarrollo social y económico del Estado y en convocar, sin descanso, a la unidad y al trabajo.

Tres años de ese tratamiento hostil desde el inicio del actual gobierno de Yucatán, sin la más mínima actitud en contra, así como la absoluta libertad con la que trabajan todos los medios de comunicación en el Estado, atestiguan el respeto a los artículos 6o. y 7o. constitucionales.

En el caso de Armando Medina Millet, que El Diario de Yucatán ha tratado de convertir en causa célebre, con implicaciones políticas, aduciendo que este joven, acusado de asesinar a su esposa Iliana Abraham Mafud, acusación formulada por los familiares de esta joven mujer, se encuentra en estado de indefensión por una incomprensible maquinación en la que interviene la Procuraduría General del Estado, el juez del caso, los familiares de la víctima y, en suma, el gobierno del Estado, visión que únicamente se sostiene por una increíble estrategia defensiva. Cabe señalar que los hechos demuestran lo contrario y así lo reconoce la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En efecto, Medina Millet ha tenido a su disposición el mejor equipo de abogados que el dinero puede comprar: despacho de abogados de Fernando Gómez Mont, ex coordinador de la diputación panista en este Congreso y abogados miembros del cuerpo editorial de El Diario de Yucatán, asistidos por peritos contratados por la defensa que durante tres años han aportado todos los estudios que consideran necesarios.

Si este proceso ha durado tanto tiempo es precisamente por esta serie interminable de recursos que los defensores interponen sin limitaciones para fortalecer su causa.

Para todas las personas de sano entendimiento y buena voluntad es claro como el cristal que estamos frente a un caso de indebida politización para alimentar el clientelismo partidista de un proceso evidentemente judicial en cuanto al caso Medina-Abraham y de una farsa que sería risible si no tuviera una intención perversa en cuanto a un supuesto hostigamiento y un ridículo pero inexistente ataque a la libertad de expresión.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Para rectificación de hechos han pedido la palabra los diputados Edgar Martín Ramírez Pech, del Partido Acción Nacional; Wilbert Hebert Chi Góngora, del Partido Revolucionario Institucional, Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional y Carlos Sobrino Sierra, del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene el uso de la palabra el diputado Edgar Martín Ramírez Pech, hasta por cinco minutos.

El diputado Edgar Martín Ramírez Pech:

Con el permiso de la Presidencia:

Aquí sentenciaba, en el Congreso Constituyente de 1957, Francisco Zarco, la siguiente expresión: "deseo defender la libertad de prensa como la más preciosa de las garantías del ciudadano y sin ella son mentira cualquier otra libertad o cualquier otro derecho".

No se trata, señores, de una telenovela ciertamente, no; se trata de una película de terror, de una película de terror que sucede en el Estado de Yucatán, pero que no se circunscribe sólo al Estado de Yucatán, porque aunque el tema pudiera parecer local, tiene implicaciones nacionales e incluso diríamos que internacionales: el ataque artero, cobarde, sinvergüenza y a todas luces fuera del marco jurídico, contra un medio de comunicación, contra un medio de comunicación que es El Diario de Yucatán, decano de la prensa independiente en Yucatán y en todo México.

Se dice, que es un simple pleito entre particulares. ¡Mentira! Y es mentira porque la denuncia presentada por el ex candidato del Partido del Trabajo se presentó ante el consejo electoral del estado y este consejo la desechó y en vez de irse a un tribunal electoral, se fue a la instancia penal, en la cual no hay una sola tipificación. Quisiera que alguno, que el diputado que me antecedió, me dijera qué artículo del Código Penal tipifica y da pie para que esa denuncia pueda tener procedencia, ¡ninguna!

De lo que se trata es de que el poder cerverista de Yucatán no admite discrepancia, no admite manifestación de idea contraria, no admite libertad de prensa y quiere acabar con el derecho a la información. Se trata de amedrentar en la figura de El Diario de Yucatán y de su director, a la prensa independiente que pudiera haber en el Estado y que pudiera haber en la nación.

Si por el señor Cervera fuera, ya todos los directores de prensa nacionales y extranjeros estarían citados para comparecer ante el Ministerio Público o estarían ya amenazados con utilizar la fuerza pública para hacerlos comparecer.

Pero ésta no es una historia nueva, no es algo novedoso. Aquí se recordaba la historia de hace muchos años. El Diario de Yucatán, como sabe toda la prensa nacional, desde hace 87 años ha estado hostigado, le han quemado sus instalaciones, se le ha perseguido y encarcelado a sus directores, pero afortunadamente para bien del pueblo de Yucatán no ha claudicado y ésta tampoco será ocasión para que lo haga. La defensa de los derechos ciudadanos seguirá siendo seguramente bandera de esa prensa independiente.

¿Cuál es el motivo principal que motiva al señor Cervera a este ataque a la libertad de expresión? Posiblemente dos. El primero, tender una capa de humo a la no procuración de justicia que existe en el Estado de Yucatán y esto demostraría que el viejo cacique todavía tiene algo de ingenio. Pero otra razón que podría esgrimirse es que ciertamente ya quiere acabar, con una soberbia que le caracteriza a él, con toda opinión que no sea la de él. En ambos casos estamos ante un gobernador enfermizo, ante un gobernador que no respeta los derechos humanos fundamentales de la sociedad yucateca.

El ataque es con el pretexto de una denuncia sin fundamento y esto no puede quedarse impune y no puede dejar de tocarse en esta tribuna.

Yo digo que con el paso de la edad, las virtudes y los defectos se acentúan y en el caso de Cervera, a falta de virtudes, su intolerancia, su persecución, su mesianismo, su soberbia, se han acrecentado.

Estamos aquí denunciando hechos que han sido denunciados ya por la prensa nacional y por la sociedad interamericana de prensa. No estamos por cuestiones partidistas; estamos sobre...

La Presidenta:

Señor diputado, le solicito concluya, su tiempo se ha terminado.

El diputado Edgar Martín Ramírez Pech:

Concluyo señora Presidenta.

Concluyo que es un caso que importa a todos a nivel nacional y a nivel internacional y digo que ante la amenaza de Cervera de utilizar la fuerza pública para acosar al director de un diario independiente, va la advertencia de esta Cámara y del pueblo democrático yucateco de que toda su autoridad moral y toda su autoridad jurídica la utilizará para defensa de sus derechos fundamentales.

La Presidenta:

Concluya, señor diputado.

El diputado Edgar Martín Ramírez Pech:

¡No puede más que un pueblo democrático, un cacique atrabiliario!

Gracias.

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La Presidenta:

Tiene el uso de la palabra, para rectificación de hechos, el diputado Wilbert Chi Góngora, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Wilbert Hebert Chi Góngora:

Con su venia señora Presidenta; compañeras legisladoras, compañeros legisladores:

En la edición del día de hoy de un periódico de circulación diaria en la ciudad de Mérida, el periódico Por Esto en una columna firmada por Rafael Arenas Rosas, dice lo siguiente: los tortuosos caminos del amo ha filtrado información en los medios periodísticos del país que no corresponde a la verdad; su negativa a cumplir con la ley nada tiene que ver con la libertad de expresión, los tontos útiles de la Ciudad de México. Como usted sabe el director editor del ex Diario de Yucatán ya es socio de la agencia de noticias SUM y ello le permite difundir a nivel nacional muchas de las mentiras que aquí ya nadie le cree, pero que en otros lados cae en el terreno fértil por la falta de información que existe sobre el trasfondo de los hechos.

Por ello periodistas de la Ciudad de México nos pidieron información veraz sobre la supuesta campaña de intimidación en contra del director del Diario de Yucatán, a quien, según las informaciones filtradas en aquella urbe, se le trata de acallar amenazándolo con detenerlo. Para que tuvieran un más o menos completo panorama de la situación, esta prensa envió información amplia al respecto.

Les explicamos que el asunto de su comparecencia ante las autoridades judiciales nada tiene qué ver con la libertad de expresión como el director editor del ex Diario de Yucatán alega, pues lo relacionado con el caso Medina Abraham y a todo mundo consta, que sobre el trágico asunto ha dicho que lo que se le ha dado la gana e incluso ha caído en excesos en cualquier otro país ya habría sido motivo para intimidar de demandas judiciales por difamación y calumnias.


Les dijimos que no solamente ha ejercido la libertad de expresión, sino que ha caído en el libertinaje y encima de ellos se ha convertido en patrocinador de una de las partes la familia Medina Miguel y en el diseñador de la mayor parte de las estrategias de la defensa del presunto asesino.

Como aquí se ha comentado, el director del medio informativo en comento, al no acatar un ordenamiento legal girado en su contra desde el año pasado por la fiscalía especializada de delitos electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán, pretende politizar y personalizar el asunto de la descalificación al Partido del Trabajo que hizo su periódico en las pasadas elecciones municipales.

El mencionado ciudadano no acepta ser citado por la autoridad judicial en cumplimiento de una obligación, no acepta que un partido político que se sintió afectado por su labor tenga el derecho de recurrir a la instancia competente para dirimir esta controversia. Si tanto se habla en esta prensa de justicia e imparcialidad, que lo demuestre y que cumpla con su deber, pues no se encuentra en ninguno de los casos de excepción que la ley contempla, asumiendo el papel de víctima que la autoridad judicial pretende un trato excepcional presentándose como una víctima de hostigamiento por parte del gobierno del Estado, lo que en realidad pretende es violentar la ley y evadir su aplicación, busca justificarse al amparo de la libertad de prensa, es verdaderamente penoso que en esta época quieran conservarse los anacrónicos privilegios del ayer, resulta aberrante en una sociedad que lucha día a día por el imperio de la ley, y que pugna por desterrar las desigualdades de todo orden social.

Nuestra exigencia es una sola, que nada ni nadie esté por encima de la ley.

Muchas gracias.

La Presidenta:

A los diputados que harán uso de la palabra, les solicitamos por favor se sujeten al tiempo establecido. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Corral Jurado, del PAN, hasta por cinco minutos.

El diputado Javier Corral Jurado:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Vengo a esta tribuna precisamente para secundar el interés que el país debe tener en el caso del Estado de Yucatán. Lo hago con el conocimiento de varios documentos hoy en mi poder y que me permiten señalar lo grave, lo peligroso, lo riesgoso para la vida del país que significa el asunto que diputados de Yucatán han denunciado en esta tribuna.

Conozco por supuesto el dictamen del consejo electoral del Estado de Yucatán, conozco la cédula de notificación sobre la denuncia presentada en su contra, en contra del director del periódico de El Diario de Yucatán, por la presunta comisión de un delito electoral. Conozco también los oficios y escritos que diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han hecho en este Estado en torno al asunto.

Me asumo al asunto, no con la pasión regional, sino con una advertencia de que en Yucatán se está dando el lamentable caso que demuestra, que comprueba, que pone de relieve la necesidad de este país para actualizar el marco jurídico que protege las libertades de expresión, de información y del derecho a la información.

Cada día en mayor proporción los ministerios públicos de los estados, del Ministerio Público Federal, cita por diversas causas a profesionales de la comunicación, a profesionales del periodismo, no sólo haciéndolos víctima de supuestos delitos electorales e incluso de prensa, sino también para que coadyuven con el Ministerio Público Federal, a revelar y delatar sus fuentes de información.

Uno de los anhelos registrados en los últimos meses en el país por parte de comunicadores del gremio de los periodistas, es precisamente la necesidad de legislar la prohibición para que éstos deban de concurrir a delatar sus fuentes de información y sobre todo a comparecer ante el Ministerio Público por supuestos delitos electorales.

Lo que se advierte en el Estado de Yucatán es el pretexto de la autoridad para convocar y amedrentar, hostigar mediante un procedimiento panel iniciado en marzo del año pasado y todavía desarrollado en el momento actual en contra de una actitud de un diario, uno de los decanos del periodismo nacional, porque ha sabido denunciar una serie de flagrantes violaciones a los derechos humanos en el caso que se ha comentado aquí por legisladores tanto del PAN como del PRI en el Estado de Yucatán: el caso de Armando Medina Millet, por la muerte de su esposa, Flora lliana Abraham Mafut.

Al acusado se le ha negado su derecho a defenderse, como consta en una carta que con fecha 22 de febrero de 1998, enviaron representantes de cuatro organismos defensores de los derechos humanos.

El Diario de Yucatán ha dado cabal cuenta de estos hechos, ha dado cabal conocimiento a la sociedad de estos hechos, y se ha revivido una denuncia del Partido del Trabajo presentada el año pasado.

El consejo electoral desestimó la denuncia, por lo tanto, entraba la desestimación de la denuncia en la hipótesis del artículo 3o. del Código Civil yucateco, que dice que es competencia del Ministerio Público Federal recibir las denuncias, acusaciones o querellas que le presenten en forma oral o por escrito sobre hechos que puedan constituir delito, y en su caso desecharlas, siempre y cuando los mismos hechos que las integran se desprenda que no son delictuosos.

Evidentemente la hipótesis presentada por el Partido del Trabajo no sólo no constituyó un delito penal sino ni siquiera un delito de carácter electoral. El pretexto mediante el cual hoy se le hace o se le trata de hacer comparecer por la vía de la fuerza pública al director de El Diario de Yucatán debe llamar la atención de todos nosotros, es un caso que preocupa no sólo a Yucatán, al país, a todos los estados del país y por ello nos asomamos y denunciamos, junto con los compañeros, este caso lamentable.

Muchas gracias.

La Presidenta:

En sustitución del diputado Carlos Sobrino Sierra, hará uso de la palabra el diputado Orlando Alberto Paredes Lara, para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.

El diputado Orlando Alberto Paredes Lara:

Con su anuencia, diputada Presidenta. Las cosas van cayendo por su propio peso. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 24 de junio de 1996, al resolver denuncias que se presentaron en el caso Medina-Abraham, dijo muy claro en sus conclusiones: "... la representación social, al ejecutar acción penal en contra de Armando Medina Millet, actuó conforme a derecho, en base a las facultades que le confieren los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 72 y 73 de la Constitución del Estado de Yucatán, 255 y 287 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Yucatán, 1o., 2o., 3o. y 4o. demás relativos a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa y 1o., 2o., 3o. y demás aplicables a su reglamento..." página 176, que la anoten por favor. Recomendación 6396, del 24 de junio de 1996.

Y además, en la página 199, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo muy claro: "...existieron los elementos suficientes para que el agente del Ministerio Público Federal tuviera por acreditado los elementos del tipo penal del homicidio y la probable responsabilidad de Armando Medina Millet en la comisión de dicho ilícito...".

De tal manera que los procedimientos que se están llevando en Yucatán, están apegados estrictamente al marco legal, al estado de derecho.

Aquí lo que hemos visto es muy sencillo. Aquí no se vino a defender la libertad de expresión, aquí se vino a defender al director de El Diario de Yucatán, que quiere que ustedes lo compadezcan para que no vaya ante la autoridad a rendir la declaración que, conforme a derecho, a él le corresponde porque está en su defensa hacerlo, de tal manera que es un derecho que le corresponde al que es denunciado.

Por esa razón, no me extraña que vengan los diputados de Yucatán aquí a hablar, primero que nada, porque el rotativo de El Diario de Yucatán es muy conocido en nuestro medio y se le llama "El Diario de Yucapan", ¿porqué?, porque es precisamente el que está con el PAN, y segundo que nada, no me extraña que vengan los diputados de Yucatán a esta tribuna, porque sí reconozco la investidura que son diputados, pero son empleados del director del Diario de Yucatán.

Muchas gracias.

La secretaria Lilia Reyes Morales:

Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera.

La Presidenta:

Permítame, señora Secretaria. En este punto, les informamos, señoras diputadas y diputados, que fue acordado por 20 minutos. Señora Secretaria continúe.

ORDEN DEL DIA

La secretaria Lilia Reyes Morales:

Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVII Legislatura.

Orden del día

Jueves 25 de marzo 1999.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicación del ciudadano Antonio B. Manríquez Guluarte.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Chiapas y San Luis Potosí.

Comunicaciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. (Cambio de integrantes de comisión.)

Iniciativas de diputados

Que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo de la diputada María Guadalupe Sánchez Martínez, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)


De Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Verónica Velasco Rodríguez, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

De reformas a la Ley de Nacionalidad y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jorge Algara Cossío, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)


Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.


CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta (a las 17:18 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 25 de marzo a las 10:00 horas.

RESUMEN DE TRABAJOS


* Tiempo de duración: 5 horas 54 minutos.

* Quorum a la apertura de sesión: 343 diputados.

* Minuto de silencio: 1.

* Temas de agenda política: 5.

* Oradores en tribuna: 39

PRI-13; PRD-9; PAN-11; PT-2; PVEM-2.

Se recibió:

* 2 comunicaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

* 8 comunicaciones de los congresos de los estados de Chihuahua, Jalisco, Sonora, Tabasco y Quintana Roo;

* 2 iniciativas del PAN;

* 1 iniciativa del PVEM.

NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición

Afore  Administradora de fondos para el retiro
D.F.   Distrito Federal
DIF   Desarrollo Integral de la Familia
Fobaproa   Fondo Bancario de Protección al Ahorro
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
PAN Partido Acción Nacional
PGR   Procuraduria General de la República
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
Progresa Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación
PRT  Partido Revolucionario de los Trabajadores
PT Partido del Trabajo
UNAM     Universidad Nacional Autónoma de México 

 173,174,175 y 176