DIARIO de los DEBATES

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio

DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora

PRESIDENTE

Diputado Sergio Valdés Arias

DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES

Norberto Reyes Ayala
AÑO II                          México, D.F., jueves 25 de marzo de 1999                               No.5

S U M A R I O



ASISTENCIA

Pág.

181

ORDEN DEL DIA

181
ACTA DE LA SESION ANTERIOR 182
DIPUTADO QUE SE REINCORPORA 184
Oficio del diputado Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, con el que comunica que concluye la licencia otorgada y se reincorpora a sus labores legislativas. De enterado, se le tiene reincorporado. 184
ESTADO DE CHIAPAS 184
Dos comunicaciones del Congreso estatal, con las que informa de actividades propias de su legislatura. Den enterado.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 185
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

COMISIONES DE TRABAJO

185

Oficios de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con los que informa de cambios en la integración de las comisiones de: Educación; Relaciones Exteriores; Fortalecimiento del Federalismo; Ciencia y Tecnología; Equidad y Género; Población y Desarrollo; Participación Ciudadana y en el Comité de Comunicación Social, con miembros del Partido Acción Nacional. De enterado.

JULIO CESAR RUIZ FERRO

188

El diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez realiza comentarios en contra de la designación del licenciado Ruiz Ferro, como representante de México para asuntos agrícolas en Washington, Estados Unidos de América.

Para rectificar hachos, el diputado Mario Elías Moreno Navarro. 189
Se turna a la Comisión de Examen Previo 191
LEY DE AMNISTIA PARA EL DESARME
DE LOS GRUPOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIAPAS
192
La Secretaría da lectura a oficio del Congreso del Estado de Chiapas, con el que remite iniciativa de dicha ley. Se turna a la Comisión de Justicia.
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 196
La diputada María Guadalupe Sánchez Martínez presenta iniciativa de reformas a los artículos 74, 76, 89 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, sobre el nombramiento de Procurador General de la República. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la Justicia.
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 201
La diputada Verónica Velasco Rodríguez presenta iniciativa de Ley Federal para Prevenir, Erradicar y Combatir la Violencia Contra la Mujer. Se turna a la Comisión de Justicia, con opinión de la Equidad y Género.
LEY DE NACIONALIDAD 207
El diputado Javier Algara Cossio, presenta iniciativa de reformas al artículo 20 fracción I inciso d de dicha ley, con respecto a otorgar la nacionalidad a extranjeros. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
VEDA PESQUERA 209
El diputado José Carlos Cota Osuna presenta iniciativa de reformas al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y a la fracción II del artículo 420 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, respecto a la pesca en tiempo de veda de las especies denominadas: abulón, langosta o camarón. Se turna a la Comisión de Justicia.
HORARIO DE VERANO 212
Propone un punto de acuerdo sobre el horario de verano en el Estado de Durango, el diputado Santiago Gustavo Pedro Córtes. Se turna a la Comisión de Energéticos. 212
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 214
El diputado José Jesús Montejo Blanco presenta un punto de acuerdo sobre el cobro de comisión a los trabajadores que tienen su cuanta en el Sistema de Ahorro para el Retiro, en la cuenta concentradora del Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Banco de México. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, a la de Trabajo y Prevención Social y a la de Seguridad Social. 214
ESTADO DE QUINTANA ROO 218
Hacen comentarios sobre la situación poselectoral en el Estado de Quintana Roo, los diputados: 218
Elba Margarita Capuchino Herrera, quien presenta punto de acuerdo. 218
Víctor Alejandro Vázquez Cuevas. 220
Baldemar Dzul Noh 222
Artemio Caamal Hernández 223
En segundo turno de oradores, se concede el uso de la palabra a los diputados: 225
José Luis Gutiérrez Cureño 225
Juan José Rodríguez Prats 226
Julián Nazar Morales 227
Ricardo Armenta Beltrán 228
Artemio Caamal Hernández 230
El punto de acuerdo presentado por la diputada Capuchino Herrera se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 231
ESTADO DE CHIHUAHUA 231
Expresan sus opiniones sobre la libertad de expresión, refiriéndose a problemas con el periódico El Norte de Ciudad Juárez, Chihuahua, los diputados: 231
Sergio César Alejandro Jáuregui Robles 231
Juan Ramón Flores Gutiérrez 233
Javier Corral Jurado 235
Jesús Francisco Martínez Ortega 240
Jorge Doroteo Zapata García 241
DIPUTADOS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN 243
El Presidente designa comisión que introduzca y los acompañe en el acto de rendir su protesta de ley como diputados federales, a los ciudadanos Pilar Concepción Cabrera Hernández y José María de los Reyes Torres, electos como diputados suplentes en el VII distrito electoral federal del Estado de Chihuahua y en la cuenta circunscripción plurinominal, respectivamente. 243
ORDEN DEL DIA 243
De la próxima sesión. 243
CLAUSURA Y CITATORIO 243

RESUMEN DE TRABAJOS

244

DIARIO de los DEBATES

Año ll  No.5         SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS        MARZO 25,1999

 

Presidencia del diputado
Francisco José Paoli y Bolio

ASISTENCIA

El Presidente

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados, para conocer si existe el quorum, reglamentario.

La secretaria Lilia Reyes Morales:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 272 diputados. Por lo tanto, hay quorum señor Presidente.

El Presidente (a las 11:02 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

La secretaria Lilia Reyes Morales:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.-Segundo Año.-LVII Legislatura.

Orden del día

Jueves 25 de marzo de 1999.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Protesta de diputados.

Comunicación del diputado Antonio B. Manríquez Guluarte.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Chiapas y San Luis Potosí.

Comunicaciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. (Cambio de integrantes de comisión.)

Comunicación del diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Iniciativa del Congreso del Estado
de Chiapas

De Ley de Amnistía para el Desarme de los Grupos Civiles del Estado de Chiapas. (Turno a comisión.)

Iniciativas de diputados

Que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo de la diputada María Guadalupe Sánchez Martínez, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

De Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Verónica Velasco Rodríguez, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

De reformas al artículo 20 fracción I inciso d, de la Ley de Nacionalidad, a cargo del diputado Jorge Algara Cossío, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que adiciona los artículos 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y 420 fracción II del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, a cargo del diputado José Cota Osuna, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Proposiciones

Sobre el horario de verano, a cargo del diputado Gustavo Pedro Cortés, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Sobre la ilegalidad en el cobro de comisión a los trabajadores que tienen su cuenta del SAR, en la cuenta concentradora del IMSS y en el Banco de México, a cargo del diputado José Jesús Montejo Blanco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Agenda política

Comentarios sobre la situación poselectoral en el Estado de Quintana Roo, a cargo del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)

Comentarios sobre la libertad de expresión en el Estado de Chihuahua, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Deliberativo.)»


ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente

El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.

Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios, para sus observaciones y se proceda a su votación.

El secretario Julio Castrillón Valdés:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma, a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y nueve, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.

Presidencia de la diputada
María del Carmen Escobedo Pérez

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con diecisiete minutos del martes veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y nueve, con asistencia de trescientos cuarenta y tres diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la del acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.

Se da cuenta con los siguientes documentos:

Comunicación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con la que informa de actividades propias de su primera legislatura. De enterado.

Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Chihuahua, Jalisco, Sonora, Tabasco y Quintana Roo, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.

Para presentar diversas iniciativas, la Presidenta concede el uso de la palabra a los diputados:

Aurora Bazán López, del Partido Verde Ecologista de México, de reformas al artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Angel Frausto Ortiz, del Partido Acción Nacional, de reformas a los artículos doce y ciento ochenta de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y a la de Seguridad Social.

Jorge López Vergara, del Partido Acción Nacional, de reformas a diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Se turna a la Comisión de Justicia.

Externan sus opiniones sobre la vida y obra del poeta Jaime Sabines, los diputados: Gloria Lavara Mejía, del Partido Verde Ecologista de México; Francisco José Paoli y Bolio, del Partido Acción Nacional; Arely Madrid Tovilla, del Partido Revolucionario Institucional, a cuya solicitud se guarda un respetuoso minuto de silencio, y Elba Margarita Capuchino Herrera, del Partido de la Revolución Democrática.

Para comentar la situación poselectoral en el Estado de Guerrero, hacen uso de la palabra
los diputados: Pablo Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita a la Presidencia que se turne a la Comisión de Desarrollo Social, solicitud de investigación por el posible desvío de recursos públicos de origen federal para la campaña política del ciudadano René Juárez Cisneros, en el Estado de Guerrero y hace entrega de diversos documentos para probar su dicho; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Gloria Ocampo Aranda, del Partido Acción Nacional y Verónica Muñoz Parra, del Partido Revolucionario Institucional.

En el segundo turno de oradores, sobre el mismo tema, hacen uso de la palabra los diputados: Alberto López Rosas, del Partido de la Revolución Democrática; Salvio Herrera Lozano, del Partido Revolucionario Institucional; Martín Mora Aguirre, del Partido de la Revolución Democrática, y Juan José Castro Justo, del Partido Revolucionario Institucional.

La Presidenta anuncia una lista de oradores para rectificar hechos y desde su curul el diputado Oceguera Ramos expresa que la rectificación de hechos no procede, para lo cual solicita que se dé lectura al artículo vigesimotercero que es el que regula este tipo de debates.

La Presidenta informa que el debate fue anunciado como deliberativo y otorga el uso de la palabra a la diputada Victoria Peñaloza Izazaga, a lo que, de nueva cuenta, el diputado Oceguera Ramos insiste en que se lea el artículo vigesimotercero. No se hace así y la oradora inicia su alocución y se produce desorden en la sala y la Presidenta ordena a la Secretaría que dé lectura al artículo invocado.

Continúa la oradora y el diputado Bernal Martínez, desde su curul, solicita la palabra para precisar que está de acuerdo en que dos diputados más de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, traten el tema para rectificar hechos; también desde su curul el diputado Sodi de la Tijera solicita a la Presidenta que exista mayor respeto; inmediatamente después el diputado Oceguera Ramos propone otra moción de orden y dice que se ha violentado el acuerdo parlamentario y la Presidenta le pide que se conduzca con respeto a la misma.

Continúan en el uso de la palabra, para rectificar hechos, la diputada Peñaloza Izazaga, del Partido de la Revolución Democrática; Cuauhtémoc Salgado Romero, del Partido Revolucionario Institucional, quien entrega una colección de fotografías en las que, según su dicho, se pueden ver vehículos oficiales acompañando al llamado exodo de guerrerenses a la Ciudad de México, para protestar por el proceso electoral; Alberto López Rosas, del Partido de la Revolución Democrática, y Efraín Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales.

La proposición presentada por el diputado Pablo Sandoval, se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

Suben a la tribuna para comentar el aumento a las cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México, los diputados: Victorio Rubén Montalvo Rojas, del Partido de la Revolución Democrática; María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo; María del Carmen Díaz Amador, del Partido Acción Nacional, y Esaú Hernández Herrera, del Partido Revolucionario Institucional.

En el segundo turno de oradores, suben a la tribuna los diputados: Armando López Romero, del Partido de la Revolución Democrática; José Ricardo Fernández Candia, del Partido Acción Nacional; Jaime Hugo Talancón Escobedo, del Partido Revolucionario Institucional y Lenia Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone que se cite al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, a fin de que explique las reformas a su sistema de pagos; Francisco José Paoli y Bolio, del Partido Acción Nacional; y Daniel Díaz Díaz, del Partido Revolucionario Institucional.

La propuesta de la diputada Batres Guadarrama, se turna a la Comisión de Educación.

Para referirse a los trabajos de investigación en el caso Colosio, se concede el uso de la palabra a los diputados: Manuel González Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional; Baldemar Tudón Martínez, del Partido Acción Nacional, y Jorge Alejandro Jiménez Taboada, del Partido Verde Ecologista de México.

La Presidenta hace un atento llamado a fin de que los diputados no solamente registren sus asistencias en el tablero electrónico, sino que permanezcan en el salón y anuncia que, en
posteriores sesiones, se podrá comprobar el quorum en cualquier momento y a quienes no estén presentes se les sancionará económicamente.

181,182 y 183

Hacen uso de la palabra para debatir sobre la defensa de la libertad de expresión en el Estado de Yucatán, los diputados: Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional y Orlando Alberto Paredes Lara, del Partido Revolucionario Institucional.

Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a los diputados: Edgar Martín Ramírez Pech, del Partido Acción Nacional; Wilbert Hebert Chi Góngora, del Partido Revolucionario Institucional; Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional, y Orlando Alberto Paredes Lara, del Partido Revolucionario Institucional.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las diecisiete horas con veintiún minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.


DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

La secretaria Luz del Carmen López Rivera:

Se va a dar lectura a varias comunicaciones.

«Diputado, Sergio Valdés Arias, presidente de la mesa directiva.-Presente.

Por medio de la presente, le solicito de la manera más atenta se tenga por concluida la licencia que me fue otorgada por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el pasado día 26 de agosto de 1998.
En consecuencia, reasumiré mis funciones, a partir del día 25 de marzo del año en curso, como diputado federal propietario electo por el II distrito electoral del Estado de Baja California Sur.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

México, D.F., a 19 de marzo de 1999.-Diputado Antonio B. Manríquez Guluarte.»

El Presidente:

De enterado y se le tiene por reincorporado a sus actividades legislativas.


ESTADO DE CHIAPAS

El secretario Baldemar Dzul Noh:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Estado Libre y Soberano de Chiapas.-Honorable Congreso.

Ciudadanos diputados secretarios de la Cámara de Diputados.-México, D.F.

La LX Legislatura Constitucional del Estado, con fundamento en el artículo 34 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 29, fracción XXI de la Constitución Política local y numeral 8o. del propio reglamento interior, declara prorrogado el primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al primer año de su ejercicio constitucional, mismo que inició el 16 de noviembre de 1998 y deberá continuarse hasta el día 24 de febrero de 1999, así también comunicamos la elección de la mesa directiva que coordinará los trabajos legislativos durante dicha prórroga, misma que quedó integrada de la siguiente manera:

Diputados: Edgar Valente de León Gallegos, presidente; Jorge Guzmán López y Pedro Jiménez Hernández, vicepresidentes.

Lo que nos permitimos comunicar a ustedes para su conocimiento reiterándoles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 18 de febrero de 1999.-Por el honorable Congreso del Estado.-Diputado Mario Carlos Culebro Velasco, secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Estado Libre y Soberano de Chiapas.-Honorable Congreso.

Ciudadanos diputados secretarios de la Cámara de Diputados.-México, D.F.

La honorable LX Legislatura Constitucional del Estado, con fundamento en los artículos 59 y 60, de la Ley Orgánica de este propio Congreso; artículo 31 de la Constitución Política    local, comunica la clausura de su primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al primer año de su ejercicio constitucional; asimismo con esta fecha se integró e instaló la mesa directiva de la Comisión Permanente, que fungirá durante su receso, que comprende del 24 de febrero al 18 de mayo del año en curso, la cual quedó integrada de la siguiente manera:

Diputados: Vicente Tovilla Molina, presidente; Carlos David Alfonso Utrilla, vicepresidente; Carlos Enrique Bertoni Unda, Jorge Guzmán López, Miguel Arturo Ramírez López y Darvelio Macosay Luna, secretarios.

Lo que nos permitimos comunicar a ustedes, para su conocimiento reiterando la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 24 de febrero de 1999.-Por el honorable Congreso del Estado.-Diputados: Carlos Enrique Bertoni Unda y Jorge Guzmán López, secretarios.»

De enterado.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

La secretaria Lilia Reyes Morales:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Congreso del Estado Libre y Soberano.-San Luis Potosí.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.-México, D.F.

En atención a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, nos permitimos comunicar a ustedes que con esta fecha, la LV Legislatura del honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, abrió y clausuró su periodo de sesiones extraordinarias convocado por su diputación permanente, asimismo eligió a la mesa directiva que fungió durante el mismo, la cual quedó conformada de la siguiente manera:

Diputados: Gerardo Linares Mahbub, presidente; Leticia Díaz de León Torres, Fabián Espinosa Díaz de León, vicepresidentes; Antonio Rivera Barrón, Pablo López Vargas, secretarios; José Carmen García Vázquez y José Luis Palacios Espinosa, prosecretarios.

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos procedentes, propiciando la ocasión para reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

"1999, Año del Poder Legislativo del Estado"

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 10 de marzo de 1999.-Diputados: Antonio Rivera Barrón y Pablo López Vargas, secretarios.»

De enterado.

COMISIONES DE TRABAJO

El secretario Julio Castrillón Valdés:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Cámara de Diputados.-LVII Legislatura.

Diputado Sergio Valdés Arias, presidente de la mesa directiva.-Presente.


Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 27 incisos b y d; 34; 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá encontrar el siguiente documento signado por el diputado Francisco José Paoli y Bolio, subcoordinador del grupo parlamentario del PAN, donde solicita cambios en comisiones.

Que la diputada Francisca Haydee García Acedo sustituya al diputado Leonardo García Camarena, en la Comisión de Educación.

Que la diputada Francisca Haydee García Acedo sustituya al diputado José de Jesús González Reyes, con licencia en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Que la diputada Francisca Haydee García Acedo sustituya al diputado José de Jesús González Reyes, con licencia en la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.

Lo anterior, para que se le dé el trámite correspondiente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México D.F., a 23 de marzo de 1999.-Licenciado Adrián Michel Espino, secretario técnico de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Cámara de Diputados.-LVII Legislatura.

Diputado Jorge Emilio González Martínez, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.-Presente.

El pasado jueves 18 de marzo, rindió su protesta de ley la diputada Francisca Haydee García Acedo, en calidad de suplente del diputado con licencia José de Jesús González Reyes. Con objeto de incorporar a la diputada García Acedo al trabajo legislativo, le solicito gire sus apreciables instrucciones a fin de dar de alta a la suscrita en las comisiones siguientes:

En la Comisión de Educación, en sustitución del diputado Leonardo García Camarena;

En la Comisión de Relaciones Exteriores, en sustitución del diputado con licencia José de Jesús González Reyes;

En la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, en sustitución del diputado con licencia José de Jesús González Reyes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

México, D.F., a 23 de marzo de 1999.-Diputado Francisco José Paoli y Bolio, subcoordinador del PAN.»

De enterado.

El secretario diputado Abraham González Negrete:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Cámara de Diputados.-LVII Legislatura.

Diputado Sergio Valdés Arias.-Presidente de la mesa directiva.-Presente.

Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 27 inciso b y d; 34; 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá encontrar el siguiente documento signado por el diputado Francisco José Paoli y Bolio sub coordinador del grupo parlamentario del PAN, donde solicita cambios en comisiones.

Que el diputado Rafael Castilla Peniche sustituya a la diputada María del Pilar Valdés y
González Salas, en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

184,185 y 186

Que cause baja el diputado Rubén Alonso Fernández del Instituto de Investigaciones Legislativas y su incorporación a la Comisión de Equidad y Género en sustitución del diputado Marco Antonio Adame Castillo.

Que cause baja el diputado Marco Antonio Adame Castillo de las comisiones de Población y Desarrollo y de Participación Ciudadana.

Que cause baja el diputado suplente José Antonio Haghenbeck Cámara, de la Comisión de Participación Ciudadana, en virtud de que el diputado propietario se ha reincorporado a sus tareas legislativas.

Lo anterior, para que se le dé el tramite correspondiente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 24 de marzo de 1999.-Adrián Michel Espino, secretario técnico de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Cámara de Diputados.-LVII Legislatura.

Diputado Jorge Emilio González Martínez, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.-Presente.

Por este conducto, le solicito gire sus apreciables instrucciones a fin de formalizar los cambios en la integración de comisiones y comités que a continuación se señalan:

Alta al diputado Rafael Castilla Peniche, en sustitución de la diputada María del Pilar Valdés y González Salas, en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Baja del diputado Rubén Alonso Fernández del Instituto de Investigaciones Legislativas y su incorporación a la Comisión de Equidad y Género en sustitución del diputado Marco Antonio Adame Castillo.

Baja del diputado Marco Antonio Adame Castillo de las comisiones de Población y Desarrollo y de Participación Ciudadana.

Baja del diputado suplente José Antonio Haghenbeck Cámara, de la Comisión de Participación Ciudadana, en virtud de que el diputado propietario se ha reincorporado a sus tareas legislativas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

México, D.F., a 24 de marzo de 1999.-Diputado, Francisco José Paoli y Bolio, subcoordinador del PAN.»

De enterado.

La secretaria Luz del Carmen López Rivera:

«Diputado Sergio Valdés Arias, presidente de la mesa directiva.-Presente.

Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 27, incisos b y d, 34, 45 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá encontrar el siguiente documento signado por el diputado Francisco José Paoli y Bolio subcoordinador del grupo parlamentario del PAN, donde solicita cambios en comisiones.

Que el diputado José Antonio Muñoz Serrano, sustituya al diputado Marco Antonio Adame Castillo en la Comisión de Participación Ciudadana.

Que el diputado José Antonio Muñoz Serrano, sustituya al diputado Marco Antonio Adame Castillo en la Comisión de Población y Desarrollo.

Que el diputado José Antonio Muñoz Serrano sustituya al diputado Leonardo García Camarena en el Comité de Comunicación Social.

Lo anterior, para que se le dé el trámite correspondiente.


Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 24 de marzo de 1999.-Adrián Michel Espino, secretario técnico de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Cámara de Diputados.-LVII Legislatura.

Diputado Jorge Emilio González Martínez, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.-Presente.

El pasado jueves 18 de marzo, rindió su protesta de ley el diputado José Antonio Muñoz Serrano, en calidad de suplente del diputado Leonardo García Camarena. Con el objeto de incorporar al diputado José Antonio Muñoz Serrano al trabajo legislativo, le solicito gire sus apreciables instrucciones a fin de dar de alta al suscrito en las comisiones siguientes:

En la Comisión de Participación Ciudadana, en sustitución del diputado Marco Antonio Adame Castillo.

En la Comisión de Población y Desarrollo, en sustitución del diputado Marco Antonio Adame Castillo.

En el Comité de Comunicación Social, en sustitución del diputado Leonardo García Camarena.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

México, D.F., a 23 de marzo de 1999.-Diputado Francisco José Paoli y Bolio, subcoordinador del PAN.»

De enterado.

JULIO CESAR RUIZ FERRO

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para dar lectura a una comunicación.

El diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez:

Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:

Como en otras ocasiones vengo a esta tribuna a comunicar a ustedes, señores diputados, asuntos de mis representados.

A los ciudadanos chiapanecos esta vez una noticia ha causado sorpresa e indignación: la designación del señor Julio César Ruiz Ferro, como nuevo miembro de la representación diplomática de México en los Estados Unidos, con el nombramiento de representante para asuntos agrícolas en Washington. Para nosotros los chiapanecos es ofensivo este nombramiento y existen motivos sobrados.

El año pasado presentamos demanda de juicio político en contra de Julio César Ruiz Ferro por violaciones graves a la Constitución General de la República, la del Estado y la Ley Federal de Servidores Públicos.

El procedimiento se encuentra en análisis en la subcomisión de examen previo de las comisiones unidas de Justicia y Gobernación.

El motivo de mi intervención es solicitar a esta subcomisión para que se agilice el procedimiento que solicitamos los diputados Ranulfo Tonche Pacheco, Octavio Díaz Reyes, Manuel Pérez Díaz y el de la voz.

En las motivaciones de nuestra demanda de juicio político, demostramos que en el interinato de Ruiz Ferro, fue violatorio de los principios de legalidad constitucional, por lo tanto fue un gobierno de facto, cuyo ejercicio dejó una estela sangrienta de represión y asesinatos que han sido documentados en la demanda de juicio político.

Por citar algunos ejemplos, ahí están los campesinos e indígenas asesinados por los cuerpos policiacos en Pichucalco, en El Bosque, en Nicolas Ruiz y en Laja Tendida, municipio de Venustiano Carranza.

Cualquier país que se precie de vivir en un estado de derecho, como el nuestro, el señor
Julio César Ruiz Ferro debería ya de haber respondido ante los tribunales por el horrible genocidio de Acteal, ya que organizaciones de derechos humanos independientes y la propia Comisión Nacional, habían advertido sobre el riesgo de esta masacre, pero todo hace suponer que se dejó hacer intencionalmente para que el grupo atacante tuviera tiempo para asesinar a 45 mexicanos que perdieron la vida en una sola incursión, por negligencia o tolerancia en la operación de grupos paramilitares en el gobierno de Ruiz Ferro.

Por estos hechos que avergüenzan a la nación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó en ese entonces la suspensión de sus cargos del secretario general de gobierno, del procurador general de justicia, del subsecretario general de gobierno, dos subprocuradores, del director general de seguridad pública y de otros funcionarios del gobierno de Ruiz Ferro.

Al ejercicio del gobierno de Julio César Ruiz Ferro, no se le ha juzgado. A él no se le han fincado responsabilidades, por el contrario, ahora se le premia con un cargo diplomático en el extranjero, pagado por el pueblo de México y que es un certificado de impunidad.

Los chiapanecos somos productores de diplomáticos; de nuestros tantos gobernadores interinos, tenemos uno en España, otro acaba de regresar de Argentina y ahora mandan a otro a Estados Unidos, que de agricultura ha de saber muy poco y de su pasado burocrático, sabemos que Ruiz Ferro fue director de finanzas en la Conasupo.

Nuestra política diplomática fue una orgullosa tradición nacional y muchas de nuestros diplomáticos, garantes de los principios de nuestra doctrina exterior. Hoy vemos que el servicio exterior en muchos casos es refugio de políticos en desgracia y más parece agencia de colocaciones para desempleados donde predomina la improvisación y el chantajismo, como es el caso de Ruiz Ferro, ex servidor público de oscura trayectoria.

Los chiapanecos consideramos que ya deben concluir tantos interinatos. Para poder desterrar la impunidad, los primeros que deben responder ante la ley, son los que por una u otra razón tienen la responsabilidad de aplicarla y en lugar de hacerlo la tuercen para su beneficio como es el caso de Julio César Ruiz Ferro.

Para que no exista impunidad en México, este ex gobernador interino que pasó a ser sustituto por decisión de un Congreso sumiso y abyecto, debe ser enjuiciado en nombre de los huérfanos y las viudas de los indígenas asesinados durante su gobierno, debe concluir el juicio político que se le formuló, así como también debe retirársele el nombramiento diplomático que ofende y denigra a los mexicanos y al servicio exterior.

Muchas gracias.

El diputado Mario Elías Moreno Navarro
(desde su curul):

Señor Presidente...

El Presidente:

¿Con qué objeto, diputado Mario Elías Moreno?

El diputado Mario Elías Moreno Navarro
(desde su curul):

Para rectificación de hechos.

El Presidente:

Con base en el artículo vigesimocuarto del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, de Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, tiene la palabra para rectificación de hechos, el diputado Mario Elías Moreno, por cinco minutos.

El diputado Mario Elías Moreno Navarro:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En la agenda política de esta sesión ha sido incorporado casi de manera forzada el tema que nos ocupa, ante la evidente improcedencia de plantearlo como se intentaba por la vía de una excitativa a las comisiones correspondientes, para conminarlas a ocuparse en lo inmediato de una denuncia de juicio político.

187,188 y 189

Este evidente desconocimiento de la ley que rige el funcionamiento interno de las cámaras del Congreso de la Unión, se corresponde ahora con una total y dolosa ignorancia de la naturaleza y características de la institución del juicio político en detrimento del ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos.

Triste ejemplo de como se olvida y desprecia el estado de derecho, cuando la única motivación que tiene la presentación de este tema el día de hoy, es la de ahondar en esa patológica obsesión por la revancha y el desahogo de frustraciones personales.

Los diputados del Partido Revolucionario Institucional no aceptamos ni convalidamos la propuesta inicial, juicio político a Julio César Ruiz Ferro, por su gestión al frente del gobierno del Estado, de Chiapas, porque es inaceptable que aun conociendo la ley, se intenten actos como éstos, que no contribuyen a la convivencia política de esta representación nacional, como sujeto de manipulaciones por motivos personales para dirimir un caso que ha correspondido a la justicia federal, que es la instancia legalmente facultada para investigar y proceder contra los responsables.

Es inaceptable también, porque las motivaciones que el diputado Carlos Morales Vázquez tiene para interponer esta demanda, son estrictamente de carácter personal y animadas por una parte en la frustración, en el resentimiento, la venganza política y el futurismo electoral.

No es procedente la demanda de juicio político que se pretende interponer, porque no se cumple el mandato legal que señala que sólo podrá iniciarse juicio político durante el desempeño del cargo público y dentro de un año después de la conclusión de las funciones y éste no es el caso.

Buscar argumentos infamantes en su contra tiene más de linchamiento político que de conciencia y razón. No es un acto cívico el que proponen porque no es destruyendo personalidades públicas como se puede dar vigencia a la Constitución de la República.

Se pretende ignorar la ley conociéndola, alevosamente se busca construir alegatos basados en la infamia para crear artificiosamente una implantación social que no tiene el Estado de Chiapas y que rotundamente el pueblo chiapaneco les negó con su voto.

De nueva cuenta el pueblo chiapaneco verá qué poco favor le hacen a la construcción de condiciones de paz y estabilidad social, que tanto ansían los chiapanecos, aquellos que siendo diputados federales abusan de su condición de representantes populares, y desde esta tribuna nacional, para construir alegatos que no están fundados ni en la verdad ni en la ley y que corresponden a otros objetivos ajenos a los de buscar la justicia.

Los diputados priístas chiapanecos estamos a favor de que se castigue a los responsables de los hechos violentos que lastimaron a nuestros hermanos y a la sociedad chiapaneca en general.

No nos oponemos a la acción de la justicia, por el contrario, estamos a favor de ella, porque sabemos que es a través de los medios legales y penales existentes en nuestro país, que la sociedad mexicana podrá tener la satisfacción de que sus instituciones de justicia, actuaron con imparcialidad y legalidad. Así lo ha resuelto y está resolviendo la Procuraduría General de la República y así lo han resuelto también las instancias locales en Chiapas.

No es politizando los asuntos jurídicos como éstos se resuelven, por el contrario, estorba la tarea de justicia que se partidice un problema, que tiene qué ver con la aplicación de la ley y causan daño a las instituciones mexicanas, quienes están justamente para velar porque se fortalezcan éstas por la vía legislativa.

La solicitud de juicio político en contra de Ruiz Ferro carece de argumentos jurídicos y es evidente que se trata de una simple solicitud, que no prosperará porque la razón estará de lado de la congruencia y la justicia. Pero que quede claro, Julio César Ruiz Ferro no está sujeto a ningún proceso o sentencia que le impida ejercer libremente sus derechos como cualquier otro ciudadano del país. La solicitud de juicio político en su contra no es sino el muy personal deseo del diputado Morales Vázquez por tomar revancha política de quien gobernó al Estado de Chiapas y esto se llama intransigencia, intolerancia y revanchismo.

Chiapas, compañeros diputados...

El Presidente:

Permítame el orador. Se le informa al orador que su tiempo ha terminado haga favor de concluir.

El diputado Mario Elías Moreno Navarro:

Chiapas exige hoy de México, señores diputados, la voluntad política que hace falta para que esta tierra entrañable tenga el lugar que merece en el mundo. Basta de flagelar la    entraña chiapaneca; es hora de construir con política el Chiapas que todos queremos.

Muchas gracias.

El diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez
(desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para contestar alusiones personales.

El Presidente:

Señor diputado, se hace de su conocimiento que en este tema no hay alusiones personales.

El diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez (desde su curul):

¿Por qué no las va a haber?

El Presidente:

No, no está incluido, según el artículo vigesimocuarto del acuerdo, señor diputado.

El diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez
(desde su curul):

Que le den lectura, señor Presidente.

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Examen Previo.

Se encuentran en este recinto 120 estudiantes del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, acompañados por el profesor Eduardo Reyes Galicia.

Asimismo se encuentran 15 invitados del diputado José de Jesús Torres León, provenientes del Estado de Guanajuato, así como 35 estudiantes de la Universidad de Celaya, acompañados del señor José Fernando Sánchez Méndez.

¡Esta Presidencia les da la bienvenida!

El diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez
(desde su curul):

Señor Presidente, por favor.

El Presidente:

Sí, diputado Orsoe.

El diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez
(desde su curul):

Señor Presidente, nada más quiero expresarle mi inconformidad y dígame: ¿fundado en qué le dio usted la palabra al diputado que me antecedió? Por eso de igual manera yo le estoy exigiendo que me permita intervenir para contestar alusiones personales.

El Presidente:

Le pido a la Secretaría que dé lectura al artículo vigesimocuarto del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesión, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados.

La secretaria Lilia Reyes Morales:

Artículo vigesimocuarto. Quienes intervengan para presentar proposiciones, lo harán en un lapso no mayor de 10 minutos. Toda propuesta presentada a la Cámara que no requiera ser votada de inmediato, será turnada por la Presidencia de la mesa directiva a la comisión correspondiente, sin que proceda deliberación alguna. Sin embargo, la Presidencia podrá conceder la palabra a un máximo de dos diputadas o diputados, por el lapso de cinco minutos cada uno, cuando se solicite la palabra para replicar; en este caso el proponente tendrá derecho a una intervención de hasta cinco minutos para las aclaraciones pertinentes.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente:

Señor diputado, usted pidió la palabra para contestar alusiones personales. No ha lugar su propuesta, toda vez que no fueron para alusiones personales y ya terminó el turno del asunto.

Gracias.

LEY DE AMNISTIA PARA EL DESARME
DE LOS GRUPOS CIVILES DEL
ESTADO DE CHIAPAS

La secretaria Lilia Reyes Morales:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Estado Libre y Soberano de Chiapas.-Honorable Congreso.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F. Presentes.

Para los efectos previstos en los artículos 72 y 73 fracción XXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de lo dispuesto por la fracción III del artículo 71 del citado cuerpo normativo, nos permitimos enviar por el digno conducto de ustedes, iniciativa de ley para el desarme de los grupos civiles del Estado de Chiapas.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 24 de febrero de 1999.-Diputados: Edgardo Valente de León Gallegos, presidente y María Elena Orantes López, secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Estado Libre y Soberano de Chiapas.-Honorable Congreso.

Honorable Congreso de la Unión.-Presente.

La LX Legislatura Constitucional del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en ejercicio del derecho que consagra la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de su mesa directiva y

CONSIDERANDO

Que a raíz del conflicto que se suscitó en el Estado de Chiapas el día 1o. de enero de 1994, el Congreso de la Unión, a iniciativa del Ejecutivo Federal, expidió el 22 de enero de ese mismo año una Ley de Amnistía en favor de las personas en contra de quienes se hubiera ejercido o pudiera ejercerse acción penal ante los tribunales del orden federal por los delitos cometidos con motivo de los hechos de violencia o que tuvieran relación con ellos, suscitados en varios municipios del Estado de Chiapas el día 1o. de enero de 1994 al día 20 del mismo mes y año.

Que con el mismo propósito, la LVIII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas expidió, a su vez, el 26 de enero de 1994, en el ámbito de su competencia, Ley de Amnistía para los delitos del orden común, cometidos y relacionados con los hechos que ocurrieron en varios municipios del Estado durante el lapso comprendido del día 1o. al 26 de enero de 1994.

Que en otro aspecto, el honorable Congreso de la Unión, a iniciativa del Ejecutivo Federal, expidió la Ley para el Dialogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 1995, con objeto de establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación, para alcanzar, a través de un Acuerdo de Concordia y Pacificación, la solución justa, digna y duradera del conflicto armado, iniciado el 1o. de enero de 1994 en el Estado de Chiapas.

Que la Ley Federal para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, suspendió los procedimientos iniciados en contra de los integrantes del EZLN que se encontraren sustraídos de la acción de la justicia y ordenó el aplazamiento del cumplimiento de las ordenes de aprehensión dictadas dentro de los procedimientos federales respectivos, mientras continúen las negociaciones para la suscripción del Acuerdo de Concordia y Pacificación.

190,191 y 192

Que en dicha Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, se estableció que el Gobierno Federal promovería la coordinación de acciones con el gobierno del Estado de Chiapas y de sus ayuntamientos, a fin de que las acciones e inversiones federales, estatales y municipales previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas estatal y municipales, apoyen prioritariamente el desarrollo social y económico de las comunidades indígenas y de los campesinos de esta entidad federativa.

Que además, en la propia Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas se dispuso que, en igual forma, se promovería la concertación de acciones con los sectores social y privado, a fin de que contribuyan a establecer y fortalecer el diálogo y cooperación permanentes entre los diversos grupos de la sociedad chiapaneca y se fomentaría la creación de fondos mixtos con recursos federales, estatales, municipales y privados para financiar programas específicos destinados a rescatar de la marginación a las comunidades indígenas y campesinos en la entidad.

Que con la misma finalidad, el honorable Congreso del Estado de Chiapas expidió la Ley Estatal para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, publicada en el periódico oficial del Estado, del 11 de marzo de 1995, mediante la cual se suspendieron los procedimientos iniciados en contra de los integrantes del EZLN que se encontraren sustraídos de la acción de la justicia y se ordenó que se aplazara el cumplimiento de las órdenes de aprehensión dictadas en los procedimientos respectivos del orden común.

Que las acciones legislativas antes relacionadas, ponen de manifiesto la voluntad política de los gobiernos Federal y del Estado de Chiapas de privilegiar, por sobre el uso de la fuerza, el diálogo, la conciliación y el entendimiento para la solución del conflicto armado iniciado el 1o. de enero de 1994.

Que a partir de enero de 1994, se incrementó en Chiapas el surgimiento de conflictos intercomunitarios de origen religioso o ideológico, promovidos por civiles que individual o colectivamente se armaron al margen de la ley y de las autoridades, pretextando la defensa de la integridad física, la familia y el patrimonio, por agresiones de otros grupos, implicando la posible utilización de armas de fuego, objetos y materiales explosivos cuya posesión y portación prohibe y sanciona la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Que ante tales circunstancias y como respuesta al insistente reclamo de los chiapanecos por la preservación del estado de derecho y la reconciliación, el gobierno del Estado de Chiapas emitió el Acuerdo Estatal para la Reconciliación en Chiapas, con fecha 27 de marzo de 1998, en el que se destaca el respeto a la legalidad, la seguridad y la justicia, así como el retorno digno y seguro de los desplazados a sus comunidades de origen, para lo que implementó un programa de distensión para reimpulsar la reanudación del diálogo y las negociaciones de paz, así como para hacer propicio el retorno de la armonía entre los chiapanecos.

Que se considera adecuado implementar un programa de desarme de civiles que individual o colectivamente se encuentran armados en esta entidad federativa, sin distingo de filiación política, ideológica o religiosa, con exclusión de quienes conforman a la organización denominada EZLN, en razón de que la situación de dicha organización está regida por la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que expidió el honorable Congreso de la Unión.

Que el desarme de civiles que individual o colectivamente existieren armados al margen de la ley y de las autoridades en el Estado de Chiapas, ha sido, además, un constante reclamo de los partidos políticos, organizaciones defensoras de los derechos humanos y otros importantes sectores de la población.

Que ante tal situación, como una expresión más de voluntad política, conciliatoria e incluyente, que contribuya a reimpulsar el retorno de la paz y la armonía en el Estado de Chiapas, se propone dar una oportunidad a civiles que individual o colectivamente se encuentren armados para que abandonen el estado ilegal en que se encontraren, mediante la entrega voluntaria de las armas, objetos y materiales explosivos cuya posesión, portación y acopio sanciona la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sin que se les encause o sancione penalmente por esas exclusivas conductas.

Que como consecuencia del desarme voluntario a que se convoca, se propone una amnistía a su favor, extinguiendo toda acción penal, exclusivamente por los delitos de
posesión, portación y acopio de armas de fuego y sustancias explosivas, previstos y sancionados por la ley de la materia.

Que la amnistía extinguirá las acciones penales y las sanciones impuestas exclusivamente respecto a los delitos que comprende, dejando subsistentes las responsabilidades imputables a los individuos a quienes aquélla se aplique, que deriven de otros actos tipificados como ilícitos por las leyes federales o constituyan delitos contra la vida y la integridad física de las personas o contra sus propiedades y derechos, en los términos de las leyes penales del orden común del Estado de Chiapas.

Que esta iniciativa de ley, tiene como propósito que a quienes va dirigida depongan su actitud, para que se reintegren a la vida pacífica y productiva. Los gobiernos Federal y del Estado de Chiapas instrumentarán programas de apoyo, dándoles la oportunidad de cambiar armas por herramientas de trabajo; balas por semillas; violencia por paz, progreso y proyectos productivos.

Que al respecto, se integrará una comisión interinstitucional con inclusión de una representación de la sociedad civil, que tendrá a su cargo la recepción de las armas, objetos y materiales previstos y sancionados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como la definición de los programas de apoyo y la verificación de su puntual aplicación.

Que con el afán de consensar la opinión del pueblo chiapaneco, en relación a la presente iniciativa, este honorable Congreso del Estado de Chiapas realizó 219 foros de consulta y 92 reuniones de información y análisis en los 111 municipios que conforman el Estado, con una asistencia total de 287 mil 023 representantes de la sociedad chiapaneca, asimismo, se encuestó a 23 mil 830 ciudadanos, y se recibió 143 ponencias; manifestándose una tendencia generalizada de apoyo a la iniciativa de Ley de Amnistía para el Desarme de los grupos civiles del Estado de Chiapas.

Que por las consideraciones anteriores y siendo facultad del Congreso de la Unión conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento compete a los tribunales de la Federación, en los términos de la fracción XXII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta LX Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chiapas, en sesión plenaria celebrada el día 24 de febrero del año en curso acordó elevar al Congreso de la Unión en ejercicio de lo dispuesto por el numeral 71 fracción III de la Constitución Política Federal, la siguiente

INICIATIVA DE LEY DE AMNISTIA PARA
EL DESARME DE LOS GRUPOS CIVILES
DEL ESTADO DE CHIAPAS

Artículo 1o. Se decreta amnistía en el Estado de Chiapas en los términos y con las condiciones que en esta ley se establecen a favor de civiles que individual o colectivamente, por razones de defensa de su integridad física, personal o familiar o su patrimonio o el de su comunidad, y sin otro propósito o fines delictivos se hayan armado y por lo cual procediere ejercer acción penal ante los tribunales competentes por los delitos que por este supuesto pudieran tipificarse, además de los de posesión, portación y acopio, sancionados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y cuya comisión se haya iniciado entre el 21 de enero de 1994 y la fecha de entrada en vigor de la presente amnistía.

Artículo 2o. Se excluye de la aplicación de esta ley a toda persona integrante de una organización civil con estructura, adiestramiento o disciplina similares a las del Ejército, además de las personas a que se refiere el párrafo segundo del artículo 1o. de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, en virtud de que dicho ordenamiento establece en la fracción VI de su artículo segundo previsiones específicas que el Congreso de la Unión deberá tomar en cuenta, en su oportunidad, para decretar la correspondiente amnistía.

Artículo 3o.
La amnistía extingue las acciones penales exclusivamente por los delitos que comprende. Los individuos a los que se refiere el artículo 1o. de esta ley alcanzarán sus beneficios siempre que hagan entrega voluntaria de todo tipo de armas, municiones, pólvora, explosivos, artificios y otras sustancias químicas relacionadas con explosivos que se encuentren en su poder y que estén sancionados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, dentro del plazo de 120 días, a partir que se declare formalmente instalada la comisión a que se refiere el artículo 9o.


Artículo 4o.
Las personas que se beneficien con la aplicación de esta ley no podrán ser, en lo sucesivo, aprehendidas, detenidas, procesadas o molestadas de manera alguna, por los ilícitos que comprende esta amnistía ni serán susceptibles o sujetos de investigación respecto del origen o procedencia de las armas, instrumentos o sustancias entregadas. Asimismo, se guardará la confidencialidad de la identidad de los amnistiados quienes quedarán sin antecedentes penales respecto de los delitos motivo de esta ley.

Artículo 5o.
El Ministerio Público Federal declarará extinguida la acción persecutoria en las averiguaciones previas en integración y en su caso las autoridades judiciales federales cancelarán las órdenes de aprehensión que estuvieren pendientes de ejecución, respecto de las personas que se encuentren en los supuestos a que se refiere esta ley, siempre que éstas cumplan en tiempo y forma con la entrega voluntaria de la totalidad de las armas, municiones, pólvora, explosivos, artificios y otras sustancias químicas relacionadas con explosivos que se encuentren en su poder y que estén sancionadas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En caso de simulación por parte de quienes se acojan a la amnistía, esta quedará sin efecto alguno en el momento de que se tenga conocimiento de dicho acto.

Artículo 6o.
La autoridad administrativa federal decretará el sobreseimiento de las indagatorias que se instruyan en contra de quienes hayan cometido los delitos de posesión, portación y acopio de armas de fuego y explosivos previstos y sancionados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos al entrar en vigor esta ley. Las personas que presentaren armas que no sean del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no serán sujetos de sanciones administrativas y podrán ser beneficiados por los programas de apoyo previstos por el artículo 7o. de esta ley.

Artículo 7o.
Los gobiernos Federal y del Estado de Chiapas implementarán programas de apoyo, así como proyectos productivos viables y de asistencia técnica, para quienes se acojan a esta ley, dotándolos de instrumentos de labranza, semillas, maquinaria y equipo, a fin de impulsar su desarrollo económico y social.

Artículo 8o.
Las autoridades gubernativas que tienen a su cargo la función de seguridad pública tomarán las prevenciones necesarias para garantizar y proteger la integridad física, la familia y el patrimonio de las personas que se hayan acogido a los beneficios de la presente Ley de Amnistía, conduciéndose en todo momento con apego a la legalidad y con estricto respeto a los derechos humanos. Esta disposición será válida durante y después del plazo de los 120 días referidos en el artículo 3o.

Artículo 9o.
Para la implementación de las acciones conducentes a la recepción de las armas, objetos y materiales sancionados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para su posterior entrega a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la definición de los programas de apoyo y la verificación de su puntual aplicación, se integrará una comisión de recepción y verificación formada por un representante del Ejecutivo Federal, un representante del Ejecutivo del Estado de Chiapas, un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dos representantes del Congreso del Estado de Chiapas y cinco representantes de la sociedad civil aprobados por el Congreso del Estado de Chiapas, con el voto de las tres cuartas partes de los diputados presentes.

Dicha comisión informará inmediatamente a la Secretaría de la Defensa Nacional de cada caso de recepción para los efectos a que haya lugar.

Artículo 10.
La comisión de recepción y verificación a la que se refiere el artículo anterior, estará facultada para solicitar información a los órganos de procuración y administración de justicia, federales y vocales, acerca de la situación jurídica de las personas que se acojan a la amnistía. Esta comisión deberá elaborar su reglamento de funcionamiento dentro del plazo de cinco días de haber quedado integrada. El Gobierno Federal dispondrá de los recursos materiales y humanos necesarios para su debido funcionamiento y desempeño.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.
La comisión a la que se refiere el artículo 9o. de esta ley deberá quedar formal
mente instalada en un plazo no mayor de 10 días a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

193,194 y 195

Tercero. La presente ley será difundida a través de los medios de comunicación en el Estado de Chiapas y deberá fijarse durante el plazo de 120 días contados a partir de la aprobación del reglamento de funcionamiento de la comisión a que se refiere el artículo 9o. de esta ley, en bandos en las diversas poblaciones de dicha entidad federativa, tanto en idioma español, como en las lenguas indígenas que corresponda a cada región.

Cuarto. Durante el plazo previsto en el artículo anterior el gobierno del Estado llevará a cabo una amplia campaña de difusión y concientización referente a los beneficios que concede esta ley, así como las sanciones a las que se hacen merecedores quienes se encuentren en los supuestos previstos por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Sin otro particular, reiteramos a ese honorable Congreso de la Unión las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Dado en el salón de sesiones de la LX Legislatura Constitucional del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, a 24 de febrero de 1999.-Por el honorable Congreso del Estado de Chiapas.-Diputados: Edgar Valente León Gallegos, presidente; Mario Carlos Culebro Velasco y María Elena Orantes López, secretarios.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Justicia.


PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada María Guadalupe Sánchez Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

La diputada María Guadalupe Sánchez Martínez:

Señor Presidente; ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:

Con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II; 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados miembros del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, la presente Iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 74 fracción VI, 76 fracción II, 89 fracción IX y 102 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de conformidad con la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

El sentimiento de la inseguridad pública que actualmente prevalece en el país lesiona cotidianamente a los ciudadanos, no sólo porque los índices delictivos siguen en aumento, sino porque está presente en los mexicanos una enorme desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar la justicia.

La añeja corrupción de los cuerpos de procuración de justicia y de seguridad pública, aunada a su ineficacia, ha creado un clima de frustración y temor en la población, que incluso pone en duda el ejercicio del estado de derecho mismo.

El Ministerio Público es la institución encomendada para procurar justicia e investigar y perseguir los delitos. Como tal, debe garantizar el cumplimiento del artículo 17 de nuestra Constitución, vigilando que los procesos se sigan con apego a derecho, para que la impartición de justicia sea pronta, completa e imparcial.


La institución del Ministerio Público ha cambiado a lo largo de nuestra historia. En la Constitución de 1824, el procurador general, como cabeza del Ministerio Público, de acuerdo con la tradición española, formó parte de la Suprema Corte de Justicia y era electo de la misma forma que los magistrados de la Corte, con base en lo establecido por los artículos 124, 127 y 140 de la Constitución Federal del 4 de octubre de 1824, los que le daban la denominación tradicional de "fiscal".

La Constitución Federal del 5 de febrero de 1857 estableció en su artículo 91, que a la letra dice: "la Suprema Corte de Justicia se compondrá de 11 ministros propietarios, cuatro supernumerarios, un fiscal y un procurador general", los que eran electos de manera indirecta en primer grado por un periodo de seis años".

Las atribuciones de estos dos funcionarios adscritos a la Suprema Corte de Justicia fueron precisadas en el reglamento del citado alto tribunal, expedido por el presidente Juárez en 1862, en el cual se dispuso que el fiscal debería ser oído en todas las causas criminales o de responsabilidad, en los negocios relativos a la jurisdicción y competencia de los tribunales y en las consultas sobre dudas de ley, siempre que él lo pidiera y la Corte lo estimara oportuno. El reglamento señalaba también que el procurador general debía intervenir ante la Corte en todos los negocios en que estaba interesada la Hacienda Pública, ya fuera porque se discutieran sus derechos o se tratara del castigo de sus empleados o agentes de manera que se afectaran los fondos de los establecimientos públicos.

Como puede observarse, el fiscal y el procurador general no tenían facultades de Ministerio Público en sentido estricto, sino de representación de los intereses nacionales y en la procuración e impartición de justicia, por lo que formaban parte de la Suprema Corte de Justicia, es decir, del Poder Judicial.

Fue el 22 de mayo de 1900, cuando se reformó la Constitución General de la República para excluirlos de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que fuesen nombrados por el Ejecutivo Federal. Eran los años de la dictadura de Porfirio Díaz, cuando, buscando imitar al Ministerio Público francés, se fortaleció al Poder Ejecutivo y se debilitó el equilibrio de poderes.

Los constituyentes de 1917 decidieron mantener la designación y remoción libre del procurador general de la República por el Ejecutivo Federal. Apenas en diciembre de 1994, se otorgó a la Cámara de Senadores la facultad de ratificar el nombramiento de procurador que realice el Presidente de la República.

En 1932 Luis Cabrera dio un importante debate en el Congreso mexicano, con el entonces procurador general de la República, Emilio Portes Gil. Cabrera enfatizaba la incompatibilidad de las funciones de representación social y de asesoría otorgadas al Ministerio Público. Por eso, proponía que la representación social recayera sobre un fiscal general de carácter autónomo, es decir, independiente del Ejecutivo Federal y las de asesoría, en un procurador. Portes Gil, en cambio, insistía en la unidad de la competencia del procurador establecida por la Constitución. Este debate ha sido superado en el sentido de que el procurador ya no es el consejero jurídico del Presidente, pero debe recuperarse la idea de un fiscal general independiente del Poder Ejecutivo que represente a los intereses de la sociedad.

La vigencia de los argumentos de Luis Cabrera se robustece con la simple observación de las constituciones actuales de distintas partes del orbe. La constitución Italiana de 1948 coloca al Ministerio Público como parte del Poder Judicial, como lo hacen las constituciones de las provincias argentinas de 1986 y 1990; las cartas constitucionales de Colombia de 1991; la Constitución de El Salvador reformada en 1991; la paraguaya de 1992 y la del Perú de 1993.

En la Constitución de 1917, se mantuvo la designación y remoción libre del procurador general de la República hasta diciembre de 1994. En este año se modificó la Constitución para otorgar al Senado la facultad de ratificar el nombramiento que haga de dicho funcionario el Presidente de la República.

En los ordenamientos latinoamericanos se tiende a separar las funciones del Ministerio Público de asesoría y de representación jurídica del gobierno ante los tribunales. Así se encuentra la Constitución venezolana de 1961, que, en sus artículos 200 a 218, dispone que el
titular de la Procuraduría General de la República, es nombrado por el Presidente de la República con aprobación del Senado Federal, con las funciones de representar y defender judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República y asesorar jurídicamente a la Administración Pública Federal.

Por el contrario, el Ministerio Público está a cargo y bajo la dirección del fiscal General de la República y designado por las cámaras reunidas del Congreso Federal. El ejemplo de        Venezuela se ha seguido en las constituciones de Colombia, El Salvador y Paraguay.

En la exposición de motivos de la reforma de 1994, al artículo 102 de la Constitución, se argumentó: "que en el ámbito de la procuración de justicia, la Procuraduría General de la República debe consolidarse como protectora de los intereses de la Federación y fortalecer su carácter de representante de la sociedad y su capacidad para perseguir los delitos. En este sentido, un paso decisivo es dotar a este órgano de una mayor legitimidad republicana, al someter su designación de su titular a la aprobación del Senado". La misma exposición afirma que: "debido a que la Constitución le otorga al procurador general de la República el carácter de representante de los intereses de la nación en las materias de juicio de amparo y las controversias y las acciones de inconstitucionalidad, se hace necesario someter al nombramiento que haga el Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado de la República".

El procurador en su calidad de titular del Ministerio Público tiene la encomienda de la defensa de los intereses nacionales ante los tribunales. Estos principios que deben regir la función del Ministerio Público han perdido vigencia ante la práctica diaria, por lo que su función pierde sentido. La procuración e impartición de justicia ni es pronta ni expedita ni imparcial. El procurador cuando interviene ante los tribunales las menos veces defiende el interés nacional y, las más, actúa como abogado de los intereses del Ejecutivo Federal o del grupo político al que pertenece, pese a que en la reforma de justicia de 1994 se crea la consejería jurídica de la Presidencia para estos últimos fines.

La función de procurar justicia se encuentra desprestigiada en México, de tal manera que pocas veces se acude a denunciar los delitos. El contubernio entre autoridades y delincuentes, es cada día más patente, por lo que la sociedad teme tanto a la policía como a los delincuentes.

En diferentes foros se ha expresado la necesidad de reformar el marco jurídico de la seguridad pública, pero nunca se habla de una reforma profunda de la institución del Ministerio Público.

El Ministerio Público es una institución de buena fe, que representa los intereses de la sociedad; por lo que necesitamos un procurador de justicia que sea designado entre los mejores abogados del país y elegido por el Congreso de la Unión.

En este mismo sentido, para legitimar el nombramiento del titular del Ministerio Público se necesita la participación de la Cámara de Diputados, ya que ella representa los intereses de los mexicanos, sumada a la ratificación del Senado quien representa a las entidades federativas.

La presente iniciativa en materia de justicia proyecta prioridad en la transformación de la institución y del servicio de la Procuraduría. Es un vigoroso esfuerzo de cambio en la aplicación de la justicia en nuestro país, este cambio que procuramos alienta la reforma jurídica para un cambio de fondo y forma en la institución.

Un procurador electo por la Cámara de Diputados y ratificado por el Senado, tendrá la suficiente independencia para defender los intereses de la sociedad y hacer cumplir la ley, sobre cualquier interés particular.

Quien ocupe el cargo de procurador deberá tener la experiencia, la calidad moral y las cualidades necesarias para hacer cumplir los principios de constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia. De tal suerte, que con esta decisión se habrá reducido en buen número el índice de averiguaciones previas, en las cuales no se ejercitaba acción penal por tratarse de asuntos ajenos al interés que perseguía la justicia, lo que propiciaba la impunidad de los presuntos responsables, al no ser procesados por los jueces que los reclaman.

En efecto, quienes de alguna forma estamos interesados en que la procuración e impartición de justicia sea cada vez más pronta y expedita,
no podemos dejar de sentir nuestra preocupación al advertir que el Procurador General de la República, al ser nombrado directamente por el Ejecutivo Federal, responde más a los intereses del grupo en el poder que al espíritu de la justicia.

196,197 y 198

Resulta claro que deja de practicar las diligencias apropiadas en tratándose de las conductas ilícitas señaladas en nuestra legislación penal; además desde el punto de vista práctico rompe con la tramitación y conclusión de una indagatoria, toda vez que en los delitos cometidos por bandas o asociaciones delictuosas en las que está involucrado algún servidor público o alguna persona relacionada con las instituciones policiacas, no se le ejercita acción penal.

México necesita de un procurador con la independencia suficiente para combatir la delincuencia e impunidad que tanto daño ha hecho a nuestro país. Por ello, en esta iniciativa se propone que para el nombramiento del procurador, se conozca las opiniones jurídicas y los antecedentes de los candidatos, para que la Cámara de Diputados, con ratificación del Senado, decida quién será el que ocupe la Procuraduría General de la República.

Al otorgarle al Presidente la facultad de someter una terna al Congreso de la Unión, las posibilidades de elegir al mejor candidato aumentan. La elección de procurador que haga la Cámara de Diputados, deberá ser aprobada por la mayoría de sus miembros. Una vez hecha la elección por dicha Cámara, turnará su decisión al Senado para su ratificación.

En vista de la importancia de las funciones que realiza la Procuraduría General de la República y que la nación no puede quedarse sin su titular, durante el proceso de elección del procurador general de la República, será encargado de despacho la persona que venga ejerciendo dicha función y a falta definitiva de éste, el Presidente de la República lo designará entre los subprocuradores.

El plazo en que debe pronunciarse la Cámara de Diputados para elegir al procurador, será dentro de los ocho días naturales, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la terna propuesta por el Ejecutivo Federal, espacio de tiempo en que dicha Cámara escuchará en audiencia a las personas propuestas y emitirá su decisión. La Cámara de Senadores deberá ratificar o rechazar a la persona electa por su colegisladora dentro del término de ocho días naturales. Asimismo, cuando se presente el caso en que la terna sea rechazada por la Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal podrá presentar una segunda que será definitiva.

Si alguna de las cámaras no resolviere dentro de dichos plazos, el Presidente de la República designará a uno de los candidatos de la terna propuesta para ocupar el cargo de Procurador General de la República.

Cuando por cualquier causa se diere una falta definitiva del titular de la Procuraduría General de la República, será sustituido interinamente por el subprocurador que designe el Presidente, entre tanto se elige al nuevo procurador, bajo el mismo procedimiento.

Se le otorga al procurador la facultad de nombrar y remover libremente a sus auxiliares,      tales como: los subprocuradores, visitador general, oficial mayor y coordinadores de dicha institución, cuyos funcionarios serán personas de reconocido prestigio profesional y honorabilidad a la ética de la procuración e impartición de justicia. De esta manera, se le da al procurador la oportunidad de elegir a los abogados de su confianza, más aptos y capaces para el compromiso social y legal, en la labor de procurar la justicia que demandan los mexicanos. Igualmente adquirirá el procurador toda la responsabilidad política frente a la nación.

El procurador electo debe tener la capacidad, probidad, honorabilidad, experiencia, profesionalismo, imparcialidad y eficiencia en la procuración e impartición de justicia, para dirigir con eficacia la investigación de los delitos. Con ello, se estima que habrá una leal y sana persecución de los ilícitos penales, lográndose que se cumplan cabalmente sus instrucciones en la procuración de justicia, independientemente de quien haya cometido las conductas delictivas. Asimismo, se estima que producirá óptimos resultados, que justamente con el resto de las disposiciones penales permitirá su intervención favorable a los intereses de la dependencia.

Por otro lado, el procurador ejercerá el cargo por un periodo de seis años y podrá ser removido a solicitud del Presidente, con la aprobación de la Cámara de Diputados, lo que fortalecerá la independencia del Ministerio
Público Federal y el equilibrio de poderes. El Presidente podrá solicitar la remoción del procurador, toda vez que la procuración de justicia es una función ejecutiva.

Es claro que a la luz de esta iniciativa, a la Constitución General de la República y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, le imponemos un cambio histórico y un cambio de conformación en el ámbito relacionado con la procuración e impartición de justicia en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto se propone la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Que reforma y adiciona los artículos 74 fracción VI, 76 fracción II, 89 fracción IX y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:

Artículo primero. Se adiciona la fracción VI al artículo 74; se reforma la fracción II del artículo 76; se reforma la fracción IX del artículo 89 y apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, para quedar como sigue:

Artículo 74.
Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I a la V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. Nombrar al procurador general de la República, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a la solicitud de licencia, renuncia o remoción del mismo, que le someta el Ejecutivo Federal;

Artículo 76.
Son facultades exclusivas del Senado:

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Ratificar el nombramiento del procurador general de la República que le someta a su consideración la Cámara de Diputados y los nombramientos que el Presidente de la República haga de los ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, en los términos que la ley disponga;

Artículo 89.
Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

I a la VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX. Presentar a consideración de la Cámara de Diputados, una terna para la elección del procurador general de la República y someter su licencia, renuncia o remoción, a la aprobación de la Cámara de Diputados;

Artículo 102.


A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el procurador general de la República, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un procurador general de la República.

Para elegir a dicho funcionario, el Presidente de la República someterá una terna a consideración de la Cámara de Diputados, la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, elegirá a una persona que deberá ser ratificada por el Senado.

La terna será presentada a la Cámara de Diputados por el Presidente de la República al entrar a ejercer su encargo. La Cámara de Diputados tendrá hasta ocho días naturales para emitir su resolución, la que turnará al Senado para que dentro de los ocho días naturales, contados a partir del día siguiente de su recepción, lo ratifique. En el caso de que alguna de las cámaras no resolviere dentro de dichos plazos, ocupará el cargo de procurador general de la República la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

Cuando la terna sea rechazada por la Cámara de Diputados o la persona electa no sea ratificada por el Senado, el Presidente de la República someterá una nueva terna que será definitiva. Si la segunda fuese rechazada ocupará el cargo la persona que dentro de la misma designe el Presidente de la República. Durante el proceso de elección del procurador general de la República, será encargado del despacho la persona que venga ejerciendo dicha función. Para ser procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos
35 años cumplidos el día de la designación; contar; con antigüedad mínima de 10 años con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación y prestigio profesional y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador ejercerá el cargo por un periodo de seis años y podrá ser removido a solicitud del Presidente, con la aprobación de la Cámara de Diputados o en los términos señalados por el Título Cuarto de esta Constitución.

En el caso de que el procurador solicite licencia o presente su renuncia para separarse del cargo o fallezca, el Presidente de la República designará entre los subprocuradores, a quien será encargado de despacho, en tanto se elija al procurador en su caso.

Incumbe al Ministerio Público de la Federación.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo segundo.
Se reforman los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 20.
El procurador general de la República será designado de acuerdo a los términos del apartado A del artículo 102 de la Constitución General de la República. Para ser procurador se requiere:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

b) Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación;

c) Contar con antigüedad mínima de 10 años de haber obtenido el título profesional de licenciado en derecho;

d) Gozar de buena reputación y prestigio profesional y

e) No haber sido condenado por delito doloso.

El Presidente de la República sólo podrá remover al procurador de conformidad a lo que establece el apartado A del artículo 102 de la Constitución General de la República.

En el caso de que el procurador solicite licencia o presente su renuncia para separarse del cargo o fallezca, se observará lo dispuesto por el apartado A del artículo 102 de la Constitución General de la República.

Artículo 21.
El nombramiento y remoción de los subprocuradores, visitador general, oficial mayor y coordinadores corresponden al procurador general de la República. Los demás funcionarios y agentes del Ministerio Público de la Federación serán designados y removidos en los términos previstos por esta ley y su reglamento. Los subprocuradores que suplan al procurador general de la República, en sus excusas, ausencias o faltas temporales, de conformidad con el reglamento de esta ley, deberán reunir los mismos requisitos que para éste se establecen en el artículo anterior. El visitador general, el oficial mayor, los coordinadores y los demás funcionarios a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, deberán reunir los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.
Quedan derogadas las disposiciones opuestas al presente decreto.

México, D.F., a 25 de marzo de 1999.-Diputados: María Guadalupe Sánchez Martínez, Lenia Batres Guadarrama, Alberto Martínez Miranda, Alberto López Rosas y Silvia Oliva Fragoso.»

El Presidente:

Túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.


VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

La diputada Verónica Velasco Rodríguez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

199,200 y 201

 

«Jorge Emilio González Martínez, Aurora Bazán López, Jorge Alejandro Jiménez Taboada, Gloria Lavara Mejía y Verónica Velasco Rodríguez, diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a las comisiones de Justicia para su dictamen y a la Especial de Equidad y Género para que emita opinión y con posterioridad, se discuta en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde que la Constitución General de la República estableciera en sus artículos 1o. y 4o. como categórico el derecho que tienen las mujeres a ser consideradas en igualdad de circunstancias respecto a los hombres para gozar de los mismos derechos, de las mismas prerrogativas y de los mismos beneficios que el Estado proporciona a los ciudadanos, este género ha luchado con ánimo desmedido por ocupar un espacio dentro de las esferas de actuación del país, donde se le reconozcan sus derechos, respetando, claro está, las características que a su naturaleza corresponden.

La lucha hasta ahora sostenida no corresponde a un afán competitivo de igualar condiciones y circunstancias por parte de las mujeres, sino a proporcionarse, por justicia, los elementos indispensables que ellas les corresponden y que les son necesarios para su desarrollo.

Incurrir en la falsa idea de una equiparación total de la mujer con el hombre, lleva a la des- naturalización de las diferencias que nutren la presencia de unas y otros en el desempeño de diversas actividades que redunden en la construcción de nuestro país.

La conmemoración de una de las grandes conquistas que llega casi a los 50 años, la del voto ciudadano que con resistencia fue arrebatado a la tendencia en aquél entonces dominante, muestra sólo una de las metas cumplidas, pero falta todavía por hacer.
La instrumentación de programas por parte del Ejecutivo Federal, de los Ejecutivos locales, así como de otras instancias gubernamentales, han procurado no sólo la incorporación de las mujeres en los diversos espacios sociales, sino, incluso, afianzar la igualdad que gozan y mantienen las mujeres para con los hombres.

Pese a esos grandes esfuerzos, todavía las mujeres son el blanco constante de abusos, explotación, violencia y maltrato por parte de sus familias, de los lugares en donde trabajan, de instancias gubernamentales o de salud e incluso de algunos grupos dentro de la sociedad que recriminan muchas de sus conductas, actitudes y estilos de vida.

Frenar y mejor aún, hacer retroceder la tendencia que por tanto tiempo ha sido dominante en la sociedad mexicana en la que la presencia de los hombres prevalece en la mayoría de los espacios de actuación, será difícil, pero no imposible.

Muchas mujeres hoy día siguen siendo marginadas; muchas empresas al contratar personal prefieren a hombres que a mujeres, por la posibilidad del embarazo, e incluso, muchas condicionan la permanencia en el trabajo a que la mujer no esté casada o no tenga hijos que la puedan distraer de sus actividades en el trabajo, esto en el mejor de los casos. En otros, las mujeres deben consentir someterse a favores de tipo sexual para ingresar o permanecer en el trabajo.

En uno y otro casos, las mujeres sufren la degradación de su condición por la tendencia todavía prevaleciente donde algunos varones abusan de la posición que ocupan en detrimento de las mujeres de nuestro país.

Para ellos no cabe consideración alguna y sí, por el contrario, la recriminación de toda la sociedad. Con ellos, se pone en juego el progreso del país y se excluye de participar en su construcción a uno de los sectores más productivos y eficientes.

Por otra parte, a muchas mujeres se les da trabajo, pero se les retribuye de manera insuficiente, comparado con la actividad que realizan donde trabajan. En muchas ocasiones las mujeres laboran en lugares con condiciones insalubres que atentan a su integridad física, arriesgando incluso a su producto como ha
sucedido en las plantas maquiladoras del norte de nuestro país.

Las mujeres del campo no por ello sufren menos que las anteriores. Dentro de sus comunidades se les excluye del derecho de participar y de involucrarse en la toma de decisiones de la comunidad y que influye de sobremanera en su progreso individual y en el de sus familias.

Ante ese panorama, resulta necesaria la intervención de los órganos del Estado, en especial del Poder Legislativo de la Unión, para erradicar los efectos negativos que la tendencia dominante en la sociedad ha impuesto. Nuestra tarea hoy, consistirá en lograrlo.

Por ello, los diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentamos esta iniciativa con la que tratamos de proporcionar una solución a esa problemática todavía pendiente de resolver: la de aquellas mujeres que todavía en nuestros días sufren de violencia, explotación y marginación en nuestra sociedad.

La preocupación por la atención de la mujer ha alcanzado el ámbito internacional; de ahí, que diversos organismos internacionales hayan participado en la organización de diversos eventos tendientes a mejorar la condición de las mujeres en el mundo.

Como resultado de esa lucha infatigable en pro de la defensa de los derechos de la mujer, se han celebrado diversas asambleas, congresos, convenciones y acuerdos internacionales a las que muchos países se han adherido. Basta mencionar la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, para damos cuenta de la importancia de esos acuerdos internacionales en la protección de la mujer.

En fechas recientes, nuestro país ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también denominada Convención de Belém do Pará adoptada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil.

En ese instrumento internacional, para ser más específicos, en el artículo 7o. inciso c, se establece que nuestro país, como Estado parte, se compromete sin dilaciones a incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas, según sea el caso.

La facultad que tiene el Congreso de la Unión para legislar en esta materia, en el ámbito de competencia federal, radica no sólo en que las autoridades y supuestos a que se refiere son de carácter federal, sino además, porque en su contenido se hace alusión a situaciones de carácter laboral, cuya competencia originaria radica precisamente en este Congreso y también, porque esta ley que proponemos, trata de solucionar un problema que padece uno de los más amplios e importantes sectores de nuestra población nacional y que por su trascendencia merece y debe ser materia de ocupación de este órgano Legislativo; por ello, al legislar respecto a la situación de la problemática por la que atraviesan hoy día las mujeres, no vulneremos de manera alguna las facultades que la propia Constitución nos impone.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, basado en esos antecedentes y consciente de que como parte del Estado tiene la necesidad de proporcionar soluciones y procurar un auténtico bienestar a todos los ciudadanos; que desde la constitución del Partido Verde, éste ha determinado entre sus objetivos la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, como lo demuestra la integración del grupo parlamentario que lo representa, por todo eso, cumpliendo con ese compromiso, presenta esta iniciativa.

Por ello, respetuosamente, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nos permitimos someter a esta Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, el presente

DECRETO

Por el que se expide la Ley Federal para Prevenir, Erradicar y Combatir la Violencia contra la Mujer.

Artículo único. Se expide la Ley Federal para Prevenir, Erradicar y Combatir la Violencia contra la Mujer, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL PARA PREVENIR,
ERRADICAR Y COMBATIR LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

CAPITULO I
Disposiciones generales

Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto prevenir, combatir y erradicar la violencia contra la mujer, en el ámbito de competencia de la Federación y será aplicable a toda entidad pública de la unión, así como en los supuestos actos y materias de su competencia.

Artículo 2o.
Para los efectos de la presente ley, se entiende por violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta basada en su género que le ocasione daño o sufrimiento de tipo físico, sexual y sicológico, que se verifique tanto en el ámbito público como en el privado y que, además:

I. Tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal o en donde el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer;

II. Sea perpetrada por cualquier persona en los ámbitos laborales, educativos, de salud o cualquier otro en el que desarrolle actividades como profesionista, empleada o ama de casa y

III. Sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus autoridades, dondequiera que ésta ocurra.

No se considerará violencia contra la mujer las molestias ocasionadas a las mujeres como consecuencia de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas o derivadas de un acto legítimo de autoridad, sin que se vulneren sus derechos humanos.

CAPITULO II

De los derechos de las mujeres

Artículo 3o. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia; al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y de las libertades consagradas por las leyes mexicanas e incluye, entre otros:
I. El derecho a que se respete su vida y su integridad física, síquica y moral;

II. El derecho a gozar de bienestar físico, mental, social y espiritual que le permita gozar de buena salud. Para ello, podrá ser sujeto de asistencia social y contar con atención especial en asuntos que afecten directamente a ella o a su familia en su persona, bienes y derechos;

III. El derecho a las oportunidades de trabajo de su especialidad que le permita tener una situación económica justa para ella y su familia, sin que se ponga en riesgo su salud, así como a los incentivos para su capacitación;

IV. El derecho a la libertad y seguridad personales;

V. El derecho a no ser sometida a torturas;

VI. El derecho a tener igualdad de protección ante la ley y de acceso a las funciones públicas de su país, y a participar en los asuntos públicos, incluyendo en la toma de decisiones;

VII. El derecho a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, debiéndosele respetar su identidad cultural y sus costumbres, siempre que éstas no atenten contra su dignidad;

VIII. El derecho a externar y defender sus opiniones de manera respetuosa y ordenada en cualquier ámbito, respetando el derecho que tienen los demás de hacerlo;

IX. El derecho a acudir ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales para que se le imparta de manera pronta e inmediata justicia para ella y su familia, evitando les sean violadas sus garantías procesales;

X. El derecho de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley;

XI. El derecho a ser libre de toda forma de discriminación;

XII. El derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de superioridad, marginación e insubordinación y

202,203 y 204

XIII. Todo derecho orientado al respeto de la dignidad inherente a su persona y a la protección de su familia.

Artículo 4o. El derecho de la mujer a la salud consistirá en:

I. El acceso a la atención médica, preventiva y terapéutica, en las instituciones del sistema nacional de salud, aún y cuando no sea derechohabiente de las instituciones de seguridad social;

II. Ser examinada, con la periodicidad pertinente, para la determinación oportuna de males que puedan afectar su salud integral;

III. Contar con una cartilla de control médico que especifique su estado de salud general;

IV. Recibir educación para promover la atención a su salud y

V. Recibir atención primaria de salud en el núcleo familiar y dentro de su comunidad.

Las autoridades de salud deberán de manejar la información sobre el estado de salud de las mujeres con estricta confidencialidad.

Artículo 5o. Las personas físicas o morales que sostengan una relación laboral con mujeres, no podrán ejercer sobre ellas ningún tipo de presión para su retiro provisional o definitivo del trabajo por causas derivadas de su pertenencia de su género.

Igualmente, las personas físicas o morales tampoco podrán condicionarle a ninguna mujer la realización de acciones o conductas que atenten contra su dignidad y la de su familia para que pueda ingresar a trabajar o continuar en el mismo ni obligarla a la realización de aquellos trabajos que impliquen un esfuerzo físico tal que vaya en perjuicio de su salud e integridad.

Artículo 6o. Para la efectiva realización de sus derechos, la mujer contará con todas aquellas instancias y procedimientos necesarios ante las autoridades administrativas y judiciales en el ámbito federal para materializarlos.

Para tal efecto, los órganos dependientes del Ejecutivo Federal, en especial los de procuración de justicia y de prevención del delito, llevarán a cabo programas permanentes y procedimientos relativos a:

I. Asesoría, orientación y asistencia a mujeres en todos los problemas de violencia ejercida contra ellas derivados de su condición;

II. Fomento del conocimiento y la observancia del derecho a la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho a la mujer a que se le respeten y protejan sus derechos humanos;

III. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales e informales apropiados a todo nivel de proceso educativo, para contrarrestar prejuicios, costumbres y sobre todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los roles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer;

IV. Fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;

V. Suministrar los servicios especializados y apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia por medio de entidades de los sectores público y privado, incluyendo refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando así lo amerite el caso y el cuidado y la custodia de los menores afectados;

VI. Fomentar y apoyar los programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y de reparación que corresponda;

VII. Ofrecer a la mujer objeto de violencia el acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social;

VIII. Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la
mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;

IX. Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios y

X. Promover y ejecutar programas encaminados a proteger a la mujer objeto de la violencia.

Artículo 7o. Las dependencias del Ejecutivo Federal encargadas de realizar y cumplir con los objetivos señalados en el artículo anterior, deberán presentar y mandar publicar un informe público anual, en el que deberán señalar y especificar detalladamente la forma en que han cumplimentado tales objetivos, los logros y avances que se han alcanzado así como las tareas pendientes de realizar a largo plazo.

CAPITULO III
De los institutos de atención a la mujer

Artículo 8o. Los centros, institutos o instituciones públicas o privadas que se encarguen de brindar cuidado, atención y protección a las mujeres, cumplirán con las normas establecidas en materia de seguridad, sanidad y capacitación de su personal.

Artículo 9o.
Las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la asistencia de mujeres, en coordinación con el sector público, deberán implementar programas que resulten adecuados para satisfacer las necesidades prioritarias de los diversos grupos de mujeres que requieren de asistencia, asesoría y protección.

Artículo 10.
Los organismos de carácter privado, así como las organizaciones civiles especializadas que proporcionen apoyo financiero y asistencia técnica a proyectos de investigación y de acción dirigidas a la población femenil, se harán acreedores a incentivos fiscales, en los términos establecidos por las leyes de la materia.

Igualmente, dichos organismos gozarán del derecho a tener acceso preferente a la información que las diversas dependencias gubernamentales generen respecto de la condición de la mujer en el país, para coordinar las acciones con el sector público en la implementación de programas.

Artículo 11.
Las instituciones de apoyo, asistencia y protección de la mujer de carácter privado, para empezar a realizar sus funciones, deberán contar con un registro obtenido de las autoridades del Programa Nacional de la Mujer, dependiente de la Secretaría de Gobernación, la cual deberá contar con un censo de este tipo de instituciones.

Dichas organizaciones deberán presentar un informe semestral a tal dependencia para describir las funciones realizadas, así como los logros obtenidos.

CAPITULO IV
Disposiciones complementarias

Artículo 12. Toda entidad pública de carácter federal deberá contar con una unidad especializada para que, en su ámbito de competencia, vele por el estricto cumplimiento de esta ley y sus objetivos, así como para que sancione, de conformidad con la legislación y disposiciones reglamentarias aplicables en el ámbito administrativo, de responsabilidad de servidores públicos y laboral las conductas contrarias a la misma, en cuyo caso la sanción correspondiente, sea cual fuere su naturaleza, podrá ser duplicada en virtud de tal agravante.

La víctima de actos contrarios a las disposiciones de la presente ley, cuando el agresor sea servidor público, podrá solicitar su remoción.

Artículo 13.
No podrán ser invocadas como causas excluyentes de responsabilidad de los actos u omisiones cometidos al agredir o violentar a las mujeres, la urgencia de las investigaciones ni el cumplimiento de las órdenes dictadas por el superior jerárquico o por cualquier otra autoridad.

Artículo 14.
El responsable de la violencia infringida contra cualquier mujer estará obligado a cubrir los gastos de asesoría legal médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole, de la mujer a la que haya infringido acciones o conductas violentas o de su familia si ésta resultáse perjudicada. Asimismo, estará
obligado a reparar el daño y a indemnizar por los perjuicios causados a la mujer o a sus dependientes económicos, en los siguientes casos:

I. Pérdida de la vida;

II. Alteración de la salud;

III. Pérdida de la libertad;

IV. Pérdida de ingresos económicos;

V. Incapacidad laboral;

VI. Daño o pérdida de la propiedad;

VII. Menoscabo de la reputación.

Para fijar el monto correspondiente de la indemnización, la autoridad jurisdiccional competente, deberá tomar en cuenta la magnitud del daño causado.

El Estado será responsable solidario respecto de la obligación que por este concepto resulte a cargo de los servidores públicos.

Artículo 15.
El servidor público que tenga conocimiento de un acto de violencia contra la mujer, deberá notificarlo inmediatamente ante las autoridades competentes. En caso de no hacerlo, será considerado corresponsable de los delitos o faltas que se cometan y por lo tanto será también acreedor a las sanciones correspondientes.

Artículo 16.
En todo lo no previsto por esta ley, serán aplicables las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; el Código Federal de Procedimientos Penales; el Código Federal de Procedimientos Civiles y los códigos de Procedimientos Civiles y Penales para el Distrito Federal.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Segundo. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones legales que se opongan a la presente ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 25 de marzo de 1999.-Diputados: Jorge Emilio González Martínez, Verónica Velasco Rodríguez, Aurora Bazán López, Gloria Lavara Mejía, Jorge Alejandro Jiménez Taboada y diputada independiente Carolina O'Farrill Tapia.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Justicia con opinión de la Comisión de Equidad y Género.

Esta Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran en este recinto 15 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, acompañados por la ciudadana María del Pilar Barrio.

Así como 20 estudiantes de la Benemérita Universidad de Puebla, invitados del ciudadano Miguel Angel Garita Alonso, a los cuales esta Presidencia da la bienvenida.


LEY DE NACIONALIDAD

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Javier Algara Cossío, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 20 fracción I, inciso d de la Ley de Nacionalidad.

El diputado Javier Algara Cossío:

Con su venia, señor Presidente:

«Honorable Asamblea: los suscritos diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de reforma bajo la siguiente

205,206 y 207

EXPOSICION DE MOTIVOS

La nueva Ley de Nacionalidad que entró en vigor el mes de marzo de 1998, presenta en su artículo 20, fracción I, inciso d, una redacción que choca contra el sentir actual de la ciudadanía en lo referente a las atribuciones del Ejecutivo Federal y, que por lo tanto, se debe analizar detalladamente para que queden muy claros los criterios y alcances del Presidente de la República en cuanto a otorgar la nacionalidad a extranjeros.

La actual redacción del citado artículo es la siguiente:

Artículo 20. El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá acreditar que ha residido en territorio nacional cuando menos durante los últimos cinco años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud, salvo lo dispuesto en las fracciones siguientes:

I. Bastará una residencia de dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud cuando el interesado:

a) al c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) A juicio de la Secretaría, haya prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial que beneficien a la nación. En casos excepcionales, a juicio del titular del Ejecutivo Federal, no será necesario que el extranjero acredite la residencia en el territorio nacional a que se refiere esta fracción.

II a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El inciso d establece que a juicio de la Secretaría o del Ejecutivo Federal se dispensará del cumplimiento del requisito de residencia a algunos extranjeros, autorizando automáticamente su adopción de la nacionalidad mexicana.

Es claro el inciso d en cuanto al juicio de la Secretaría, ya que establece que debe haber un motivo especial para que ésta reduzca los requisitos. O sea, especifica que haya realizado, el extranjero, obras destacadas en beneficio de la nación. El contenido del inciso sin embargo, deja totalmente a la discrecionalidad del Presidente el eximir de los requisitos a los extranjeros que él desee.

No hay duda que habrá hombres y mujeres que, por el valor patente de la obra realizada por ellos a favor del bien común de los mexicanos o de la humanidad, merezcan por circunstancias especiales ser acogidos en el seno de la nación mexicana como miembros naturalizados de la misma, sin tener que someterse a las condiciones de residencia previa. Pero la decisión de otorgar la nacionalidad mexicana a dichas personas, aunque parece conveniente que recaiga en el Presidente de la República, en su carácter de jefe de Estado, no puede ser fruto del capricho o de apreciaciones subjetivas que, incluso podrán dañar la imagen o la estabilidad interna del país.

La exención incondicional de requisitos también puede interpretarse como un acto de discriminación innecesaria hacia otros extranjeros que pretendan naturalizarse o de preferencia personal o partidista hacia el o la extranjera beneficiada de tal perdón.

Si México busca la igualdad de las personas como lo establece en diversos foros internacionales y en la firma de tratados sobre derechos humanos, debe evitar en lo posible otorgar privilegios a unos cuantos.

El asunto se vuelve tanto más delicado, si no media una investigación sobre la persona que ha de beneficiarse y el Ejecutivo no expresa los motivos para la autorización, cuando el extranjero no está desligado de todo vínculo, jurídico, moral o de subordinación con su nación o cualquier otro gobierno extranjero y no existen en la solicitud de naturalización otros motivos que los políticos.

No hay que olvidar que entre los requisitos para la obtención de la naturalización están tener un vínculo efectivo con el país y una voluntad real de ser mexicanos. Se puede utilizar la nacionalidad mexicana sólo como una condición de conveniencia para obtener beneficios indebidos, tendientes a evadir las leyes nacionales en perjuicio de la nación.

No basta la fama personal de la obra de un extranjero para garantizar que merece el otorgamiento incondicionado de la nacionalidad mexicana.

Consideramos por todo ello que es un exceso dejar a la discreción absoluta del titular del Ejecutivo Federal el derecho de otorgar la nacionalidad sin observar los requisitos que establece la ley.

Por ello, se propone que sólo se le permita al Ejecutivo otorgar discrecionalmente la nacionalidad a extranjeros apegado a los requisitos que establece al principio el artículo 20 fracción I inciso d de la ley, exceptuando sólo el de residencia previa.

Por lo demás, lo que se propone en esta iniciativa de reforma se acerca más a la iniciativa original enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, en la que sí señala acotamientos a su decisión.

Igualmente, proponemos que se añada, para mayor clasificación del mandato de la ley, el que además de los criterios de elegibilidad para la reducción de requisitos, se señalen en cada caso los requisitos que sí deban cumplirse para que las acciones realizadas por los extranjeros califiquen como de beneficio a la nación mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente

INICIATIVA DE REFORMA

Artículo único. Se deroga un fragmento del último párrafo del artículo 20 fracción I inciso d de la Ley de Nacionalidad, para quedar como sigue:

"Artículo 20.
El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá acreditar que ha residido en territorio nacional cuando menos durante los últimos cinco años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud, salvo lo dispuesto en las fracciones siguientes:

I. Bastará una residencia de dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud cuando el interesado:
a) al c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) A juicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, haya prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial que beneficien a la nación. En casos excepcionales, a juicio del titular del Ejecutivo Federal, pero apegado a los criterios de servicios a favor de la nación o de la humanidad y señalándose en cada caso los requisitos que deban cumplirse, no será necesario que el extranjero acredite la residencia en el territorio nacional a que se refiere esta fracción.

II a la III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 1999.-Diputados: Javier Algara Cossío, Francisco Javier Reynoso, José Ricardo Fernández, Luis Guillermo Villanueva, Francisca Haydee García Acedo, Alberto González Domene y Héctor Larios Córdova.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.


VEDA PESQUERA

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado José Cota Osuna, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que adiciona los artículos 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y 420 fracción II del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

El diputado José Carlos Cota Osuna:

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura.-Presentes.

El suscrito, diputado federal, José Carlos Cota Osuna, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la presente iniciativa de decreto que adiciona los artículos 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y 420 fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, conforme a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos años, uno de los aspectos torales que afectan más gravemente a la actividad pesquera a nivel nacional, es la pesca ilegal de especies marinas en tiempo de veda, que constituye un severo perjuicio a los ecosistemas y a la preservación de estas especies.

En la actualidad, la pesca ilegal continúa siendo uno de los obstáculos fundamentales para el desarrollo pesquero de nuestro país. En ella se reconoce una de las principales causas por las cuales se han reducido sustancialmente las poblaciones de las especies sujetas a este régimen de captura.

El régimen de veda, establecido en la legislación pesquera vigente, implica el establecimiento por parte de la autoridad, de un lapso en el cual se encuentra absolutamente prohibida la captura, bajo cualquier forma, de las especies declaradas en veda.

La causa fundamental del periodo de veda implica señalar para esas especies un tiempo razonablemente suficiente para asegurar su reproducción y crecimiento, basado en criterios técnico-científicos que fija la propia autoridad pesquera.

Con la expedición de la Ley de Pesca de 1992, se establece un régimen jurídico para la explotación de las especies pesqueras en general y sobre todo, para las sujetas al régimen de veda, que introduce esquemas novedosos que alientan el cuidado, la preservación y el repoblamiento de dichas especies.
Los casos más significativos de las especies declaradas en veda en el entorno nacional los encontramos en lo relativo a las especies denominadas abulón, langosta y camarón, todas ellas caracterizadas por su alto valor comercial, por lo cual constituyen un rubro fundamental de la economía del país y de los cuales dependen vastos sectores de la población pesquera nacional.

A pesar de los esfuerzos que la autoridad pesquera ha impreso en las acciones de inspección y vigilancia sobre tales recursos y a las aportaciones con que el sector pesquero nacional social y privado coadyuvan en esta tarea, la pesca ilegal sigue siendo el factor más importante de la disminución de estas pesquerías.

La pesca que sobre ellas se realiza al margen de la ley, hace en muchos casos nugatorias todas las acciones que tanto el sector público, como social y privado realizan en apoyo de la preservación y el aprovechamiento de estos recursos, tales como programas conjuntos de inspección y vigilancia, de investigación científica, para sostenimiento de centros acuícolas dedicados a la producción de semillas, de búsqueda de nuevas artes de captura que eficienten estas pesquerías etcétera.

No obstante la adición del artículo 254-bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y a partir de 1996, con su nueva ubicación en el artículo 429 del mismo ordenamiento, integrado al capítulo de delitos ambientales, hemos observado que las conductas tipificadas en la fracción II del citado artículo, sobre todo las relativas a la captura ilegal de abulón, langosta o camarón en época de veda, continúan realizándose.

Si bien estas conductas se determinan como delito en tal precepto, hasta hoy día no son consideradas como delitos "graves".

Actualmente, de acuerdo a tal disposición y a lo señalado por el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, los inculpados por esas acciones delictivas sobre las especies denominadas camarón, langosta o abulón, se ven beneficiados con la libertad provisional bajo caución, que en la mayoría de los casos no compensa el daño causado o la garantía que otorgan para su libertad, no
equivale a los beneficios económicos que obtienen.

208,209 y 210

De aprobarse la presente iniciativa de reformas, el inculpado que cometa cualquiera de las referidas acciones del artículo 420 del Código Penal Federal en su fracción II, no se verá beneficiado con la libertad bajo caución cuando las realice sobre las especies denominadas abulón, camarón o langosta.

En relación a lo anterior, tenemos que mediante la protección que les proporciona el artículo 20 de la Constitución mexicana, en su fracción I, a los inculpados por cualquier delito, sucede que, por cuestiones de interpretación el acusado por un delito considerado como grave, puede obtener la libertad bajo caución, si el precepto en cuestión no prohibe expresamente conceder dicho beneficio.

El citado artículo constitucional determina:

"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, tendrá el inculpado las siguientes garantías:

I. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otortgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohiba conceder este beneficio..."

Es por ello, que se llega a interpretar que si un precepto en cuestión no contiene tal prohibición expresa, es posible obtener la libertad provisional bajo caución por contravenirse directamente una garantía constitucional.

En la reforma del 10 de enero de 1994, el legislador mexicano determinó como delitos graves, para todos los efectos legales, aquellos que afectaran de manera importante los valores fundamentales de la sociedad.

Sin duda, el perjuicio a los recursos naturales y en especial a la riqueza de nuestras especies marinas sujetas al régimen de veda, afectan directamente a la sociedad mexicana.

El alto valor comercial de abulón, langosta y camarón, sobre las que se realiza una intensa actividad de pesca ilegal, aunado a la seguridad del sujeto activo del delito de que la acción penal no implicará más allá de la necesidad de gestionar la libertad caucional, son elementos que han impedido la erradicación de estas conductas antisociales.

De acuerdo a esa legislación penal federal vigente, los probables responsables de estos delitos tienen acceso, con relativa facilidad, a adquirir la libertad a través de la caución, que en la mayoría de los casos les resulta, en comparación con los beneficios obtenidos por su conducta delictiva, significativamente menor, por no decir que sumamente cómoda; situación que debe ser corregida a través del orden jurídico, calificando como delito grave a dichas conductas.

Este marco penal vigente, constituye uno de los factores fundamentales que facilita la formación de verdaderos grupos organizados dedicados a la pesca ilegal de esas especies, incluso dirigidos desde más allá de nuestras fronteras, provistos de los medios con la más avanzada tecnología; contra los cuales no puede competir una autoridad con escasos recursos destinados a la inspección y vigilancia y ante una geografía que hace materialmente imposible cubrir el litoral mexicano.

Tomando en cuenta la gravedad de estas conductas, considero necesario que quienes las realicen sobre las especies denominadas camarón, langosta o abulón, en época de veda, no cuenten con un trato indulgente de la ley al concederles el beneficio de libertad provisional bajo caución y por tanto, que permanezcan en prisión preventiva en tanto se dicta la sentencia que corresponde, toda vez que su actuar atenta contra la salvaguarda de nuestra riqueza nacional y nuestro entorno.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la presente

INICIATIVA DE DECRETO

Por lo que se adiciona el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 420, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

Artículo primero. Se adiciona el artículo 194 ultimo párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:


Artículo 194.
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

a) al c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se califican como delitos graves. . . . . . . . . . . .

En materia de delitos ambientales, la fracción II, segundo párrafo, del artículo 420. . . . . . . . .

Artículo segundo.
Se adiciona con un segundo párrafo la fracción II del artículo 420 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

Artículo 420.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El inculpado que realizare las conductas descritas en esta fracción sobre las especies denominadas abulón, camarón o langosta, no se vera beneficiado con la libertad provisional bajo caución para los correspondientes efectos legales.

III al V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.
Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las contenidas en el presente decreto.

México, D.F., a 25 de marzo de 1999.-Diputado federal José Carlos Cota Osuna.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Justicia.

HORARIO DE VERANO

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Gustavo Pedro Cortés, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición sobre el horario de verano.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El horario de verano ha sido desde la legislatura pasada un aspecto de reiterado debate en esta sala de sesiones, ahora es ocasión de tratarlo en la tribuna de esta Cámara de Diputados.

Particularmente, los diputados provenientes de entidades del norte de nuestro territorio, hemos insistido con mayor fuerza en la necesidad que desaparezca, porque es en esta región del país en donde la población resulta más afectada.

Lo que hay que considerar es que el ahorro en la economía de las familias con este horario es nulo, los recibos de consumo de energía eléctrica llegan más altos. Al adelantar el reloj una hora, la gente debe levantarse más temprano, lo que en consecuencia trae que las luces se enciendan, por la mañana, una hora más temprano, asimismo, la gente se duerme una hora más tarde lo que también provoca que las luces se apaguen una hora más tarde. Así, no hay el ahorro en el consumo de energía que señala el Gobierno.

El supuesto ahorro de energía que se produce con el cambio de horario, se ve contrarrestado con condiciones más inseguras para las personas que salen a realizar sus labores cotidianas, salir una hora más temprano implica salir en plena oscuridad, lo que origina que estas personas sean más susceptibles de ser asaltadas y lesionadas en su integridad física y su patrimonio.

La medida del horario de verano produce severas alteraciones en las actividades diarias y cotidianas de los ciudadanos. De entrada, el proceso de adaptación al nuevo horario es en muchas ocasiones complicado y perjudicial para las personas. La gente resiente de manera importante este periodo de adaptación.

Uno de los sectores más afectados por el cambio de horario son los niños. Al tener un organismo que aún está en desarrollo, es más sensible a las alteraciones biológicas que son provocadas por levantarse una hora más temprano. En muchas ocasiones, ello genera bajos
rendimientos en las actividades que realizan. Han sido diversas las voces de alerta, en este sentido, profesores y padres de familia son testigos de que los pequeños se ven afectados enormemente por este horario.

Es preciso reconocer, que los niños asisten a la escuela en condiciones poco óptimas, las más de las veces, van sin desayunar, ahora con la implementación de este horario, los niños van sin dormir de manera adecuada.

Desde nuestro punto de vista han preponderado las consideraciones de orden economicista para haber instaurado el horario de verano en nuestro país. Se anuncia con pompa que al adoptarlo tendremos el mismo huso-horario de nuestros socios comerciales, lo que facilitará las transacciones comerciales por los medios más modernos de comunicación. Nuevamente, como es característica de los régimenes neoliberales se ponen por encima los beneficios a nivel global en lugar de preocuparse por las condiciones de las familias y los individuos.

Lamentablemente en este momento nuestro país, no sólo demanda mejores satisfactores y mejores condiciones de vida, sino también demanda de manera principal, seguridad y tranquilidad para preservar lo que nos es más inmediato y entrañable: nuestra familia, nuestras amistades, nuestros barrios, nuestras comunidades, nuestra ciudad.

Es tan clara la gravedad de los trastornos que provoca esta medida, que en diversos estados de la República, los congresos locales y la sociedad en su conjunto, tales como en los estados de Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, se han pronunciado para derogar la implementación del horario de verano. La ciudadanía de Durango se ha manifestado en contra de esta medida. Prueba de ello, son las 50 mil firmas de ciudadanos que piden la derogación del horario de verano, que el día de ayer fueron entregadas al Congreso local.

Esta movilización, provocó que el honorable Congreso de Durango, también se sumara a este reclamo, en donde todos los grupos parlamentarios presentaron el pasado 24 de marzo, un punto de acuerdo en donde se solicita al Poder Ejecutivo Federal, que el Estado de Durango sea excluido del huso-horario de verano.
Reproduzco aquí el acuerdo tomado por este honorable Congreso:

Primero. Que a nombre del pueblo de Durango, esta honorable LXI Legislatura del Estado, por conducto de su representación legal, solicite al Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León la exclusión del Estado de Durango del programa denominado "huso-horario de verano".

Ante esta situación, compañeras y compañeros diputados, nuestro grupo parlamentario, demanda que el honorable Congreso de la Unión se sume a esta petición del pueblo de Durango y apoye la petición del Congreso estatal, de abrogar en el Estado de Durango el horario de verano. Esta soberanía debe hacer un llamado al Poder Ejecutivo Federal, para que escuche la voz del pueblo duranguense y de marcha atrás en la medida impopular y autoritaria que ha perjudicado enormemente al pueblo de Durango. El Poder Ejecutivo debe eliminar del Estado de Durango el huso-horario de verano. Es nuestra responsabilidad como representantes populares velar por los intereses de la comunidad.

En suma, el horario de verano no cumple con los objetivos para los que fue creado, por lo contrario, genera un mayor gasto de energía eléctrica, provoca mayor inseguridad en la población y genera fuertes alteraciones en el organismo humano.

Por todas, estas consideraciones, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone, que debemos pronunciarnos en la derogación de la medida del cambio de horario de verano y realizar las acciones que procedan para tal fin.

Compañeras y compañeros diputados: considerando que la población de nuestro país se ha manifestado en contra del horario de verano desde que se implantó esta medida por el Ejecutivo Federal y que las consecuencias de esta disposición han afectado las actividades cotidianas y laborales de los ciudadanos, poniendo en riesgo inclusive su seguridad personal; considerando también que la medida no ha servido para disminuir el costo del servicio residencial de energía eléctrica, sino por lo contrario, lo ha encarecido aún más, proponemos, lo dispuesto por las artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando que sea considerado asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente

211,212 y 213

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se solicite al titular del Poder Ejecutivo Federal, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, excluya al Estado de Durango de la aplicación del horario de verano.

Diputados: Gustavo Pedro Cortés, María Mercedes Maciel Ortiz, Luis Patiño Pozas, Rodrigo Maldonado Ochoa y Alfonso Ramírez Cuéllar.»

El Presidente:

Esta Presidencia, con fundamento en el artículo noveno, fracción C del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, no considera procedente la petición que el compañero diputado nos ha hecho para considerar este asunto como de obvia y urgente resolución, ya que no fue pedido así cuando fue agendado en el orden del día.

Por lo tanto, esta Presidencia ordena se turne a la Comisión de Energéticos.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado José Jesús Montejo Blanco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición sobre la ilegalidad en el cobro de comisión a los trabajadores que tienen su cuenta del SAR en la cuenta concentradora del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Banco de México.

El diputado José Jesús Montejo Blanco:

Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:

«El cobro de una comisión del 1.15% a los asegurados que dejaron sus ahorros en la cuenta concentradora del Banco de México, parece una represalia de la Consar contra los que optaron por no aceptar el nuevo sistema de seguro privado obligatorio.

En diversos foros el doctor Fernando Solís Soberón, presidente de la Consar ha comentado que ese organismo, para garantizar plenamente los derechos de los trabajadores que permanecen en la cuenta concentradora del IMSS en el Banco de México, requiere del apoyo de alguna institución que pueda prestar sus servicios de una manera adecuada y así tener una buena administración de las cuentas de esos trabajadores.

Sin embargo, la Consar ha tomado el camino más sencillo para resolver la problemática que surge en el momento de decidir quién les enviará sus estados de cuenta a los trabajadores que tienen sus ahorros para el retiro en la cuenta concentradora, autorizando a algunas Afore para que "maquilen" dichas cuentas.

Con esta disposición la Consar está creando un contrato de servicio en que una de las partes no ha dado su consentimiento y ni siquiera ha sido informada, lo cual destruirá todos los principios de elección individual en que tanto se insiste.

Debemos recordar al doctor Solís que, según el artículo séptimo transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la administración de los fondos de quienes permanezcan en la cuenta concentradora la hará el Banco de México y hasta después de cuatro años, la Consar podrá enviarlas a las Afore que considere.

No hay fundamento para que la Consar entregue a una Afore la administración de los ahorros de quienes no han elegido a ninguna administradora.

Si la decisión del asegurado fue en el sentido que no se manejaran sus ahorros por una Afore, por qué se obliga al asegurado a aceptar que se entreguen sus recursos a una administradora sin firmar contrato, violando así su derecho de elección y si se le obliga, ¿por qué se le castiga cobrándole una comisión del 1.15%?

Cierto es que el artículo tercero transitorio del reglamento de la Ley del SAR autoriza a la Consar a entregar las cuentas de la cuenta concentradora del Banco de México a la administración de una Afore; sin embargo, al hacerlo están cometiendo varios actos ilegales:

Está estableciendo un contrato de adhesión sin que lo haya aceptado ni conocido ninguno de los asegurados en la cuenta concentradora.

Está estableciendo un cobro superior a quienes no eligieron una Afore, que a los que aceptaron estos organismos.

Está estableciendo una comisión del 1.15% sobre el salario base por la prestación de servicios, cuando la ley exige que sea sobre cuota fija.

Respecto a cada punto señalamos lo siguiente:

1o. Decimos que se establece un contrato ficticio puesto que los seis servicios que conforman el artículo tercero transitorio del reglamento de la Ley del SAR, reformado a propósito recientemente, son:

1. Emitir estados de cuenta.

2. Llevar registro de cuotas y aportaciones del seguro de retiro, del Infonavit y de las aportaciones voluntarias.

3. Llevar el registro del saldo y rendimientos de los recursos mencionados.

4. Llevar el registro del saldo y rendimientos del Infonavit.

5. Llevar el registro de retiros hechos con motivo de matrimonio o desempleo de trabajadores.

6. Entregar los recursos del trabajador a la institución de seguros que haya elegido.

7. Los demás análogos o conexos que determine la comisión.

Estos servicios corresponden a las obligaciones específicas de las Afore en la cláusula tercera de los contratos de adhesión para los trabajadores que firmen con ellas, obligaciones que, a su vez, corresponden a las señaladas para las Afore en el artículo 18 de la Ley del SAR.

Es decir, sin existir un contrato firmado ni haber seleccionado el propio trabajador la Afore, se permite que estas instituciones financieras lucren con los ahorros de retiro de los trabajadores. Se viola el principio de la libertad de elección.

2o. Decimos que cobran cuotas muy superiores a las que cobran las Afore porque, el incluir en un paquete los estados de cuenta y la entrega de recursos de los trabajadores a la aseguradora, es cobrar por algo que es gratuito.

El inciso primero del artículo tercero transitorio del reglamento es contrario a la propia Ley del SAR; en efecto, el artículo 18 de la ley señala que los trabajadores tienen derecho a recibir un estado de cuenta gratuito al año y que por los adicionales le cobrarán una cuota fija equivalente a un día de salario mínimo.

El inciso sexto del mismo artículo tercero transitorio es también contrario a la ley; conforme al artículo 37 de la Ley del SAR la entrega de los recursos del trabajador a la aseguradora debe hacerse gratuitamente, ya que señala en su último párrafo que "en ningún caso las administradoras podrán cobrar comisión por entregar los recursos a la institución de seguros que el trabajador o sus beneficiarios elijan..."

Incluir en un paquete de cobros dos servicios que son gratuitos es indicio de mala fe, que pretende abultar la cantidad de servicios para abultar también las ganancias inmorales de las Afore.

Por otra parte, los registros de cuotas, aportaciones, saldos, retiros y rendimientos, se llevan en la base de datos nacional SAR, que es propiedad del Gobierno Federal; se puede consultar esta base de datos por intermediación de una empresa operadora de la base de datos, estas empresas, por cierto actualmente sólo existe una Procesar, S.A. de C.V., y es propiedad de las Afore, decía que estas empresas operadoras cobran sus servicios basándose en unas reglas emitidas por la propia Consar.

Haciendo la suma de lo que cobran por los seis conceptos mencionados en el artículo tercero transitorio del reglamento, resulta que el costo por cada cuenta individual es de 14 pesos con 58 centavos anuales, ésta será la cantidad que pagarán las Afore a la Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR por cada trabajador, pero se obliga a que cada trabajador que está en la cuenta concentradora le pague a las Afore el 1.15% mensual, que en pesos equivale a 112 pesos anuales por cada salario
mínimo que gane cada uno de los trabajadores que estén en la cuenta concentradora por los mismos servicios.

Si en el referido artículo tercero transitorio del reglamento, en su último párrafo se dice que "las administradoras autorizadas a prestar los servicios de administración podrán cobrar la comisión que determine la comisión. Para tal efecto, considerarán las condiciones de mercado por servicios similares que se cobren a los trabajadores registrados en las administradoras".

¿Por qué se establecen cobros elevadísimos a los trabajadores que decidieron permanecer en la cuenta concentradora?

¿Por qué se están enviando las cuentas de los trabajadores que, conforme al artículo séptimo transitorio de la Ley del SAR, permanecen en la cuenta concentradora, a una Afore para que les presten servicios de administración?

El artículo séptimo transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro señala que los ahorros de los trabajadores que no hayan elegido administradora se abonarán en la cuenta concentradora en el Banco de México, sin que se señale en esta ley ninguna facultad para cobrar por el manejo de esta cuenta.

3o. Finalmente, decimos que si pretenden cobrar por estos servicios, esto tiene que hacerse conforme al artículo 37 párrafo segundo de la Ley del SAR, que a la letra dice:

Las comisiones podrán cobrarse sobre el valor de los activos administrados, o sobre el flujo de las cuotas y aportaciones recibidas, pudiendo ser un porcentaje sobre dichos conceptos, una cuota fija o una combinación de ambos.

A través de una circular, la Consar está permitiendo se cobre el 1.15% sobre el salario base de cálculo del trabajador, no sobre el flujo de las cuotas y aportaciones como lo manda la ley; en consecuencia todo esto resulta ilegal.

Además, conforme a la segunda parte del mismo artículo 37:
"Las administradoras (Afore) sólo podrán cobrar comisión de cuota fija por los servicios que se señalen en el reglamento de esta ley y en ningún caso por la administración de la cuenta" (del asegurado).

Esto resulta lógico en la ley y absurdo en el reglamento, porque si se aplica el criterio de cobrar una comisión, están autorizando que le cobren a un asegurado por servicios que no le han prestado o que no le van a prestar y, además, le van a cobrar por la administración de la cuenta, cuando su decisión es que le administre sus ahorros el Banco de México.

Esto se opone al principio de la equidad y de la seguridad que debiera prevalecer en estas actividades y en cambio se hacen sólo para satisfacer las ganancias de la banca extranjera que pretende lucrar con los ahorros cautivos de los obreros mexicanos.

La Consar quiere que las Afore, no el Banco de México, cobren a quienes permanecen en la cuenta concentradora por servicios que realizará la base de datos nacional SAR, o en su defecto la Procesar S.A. de C.V. que es la empresa operadora de la base de datos.

En diversos foros, funcionarios de la Consar, han mencionado que al IMSS también le costaba administrar las cuotas de los trabajadores. Dicen que el costo equivalía al 1% del salario del trabajador, lo que no dijo es que con ese 1% el IMSS administraba las cuotas de enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, guarderías y prestaciones sociales, invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, es decir, todos los ramos de aseguramiento. Ahora quieren cobrar el 1.15% por prestar algunos servicios del ramo de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Adicional a esto, en el seminario "Afore" que se efectuó en el Colegio de Economistas de México, el anterior presidente de la Amafore, el señor Ralph Peters, al hablar de los rendimientos que ofrecerán las Afore, dijo que podían garantizar en los primeros años de operación del sistema un rendimiento real de por lo menos el 5%, ya que analizando el comportamiento que han tenido en los últimos 15 años los instrumentos financieros que ofrece el Gobierno Federal como pudieran ser los Cetes, Udibonos etcétera en promedio han dado poco más del 5% de rendimiento real. Proyectando esa tendencia se espera que el mismo promedio se mantenga por lo menos otros cinco
años, así que, si las Afore invirtieran en este tipo de instrumentos solamente, no es descabellado garantizar un rendimiento de esa magnitud.

214,215 y 216

Volviendo a la cuenta concentradora, si de acuerdo a la ley, el Banco de México invertirá los recursos de los trabajadores en esos mismos instrumentos, obtendrá un rendimiento real del 5%, el mismo artículo séptimo transitorio de la Ley del SAR dice que en el primer año a quienes permanezcan en la cuenta concentradora se les garantiza un rendimiento real del 2%, quiere decir que el Banco de México tendrá un beneficio adicional del 3% de rendimiento real.

Si es Banxico quien administrará la cuenta concentradora, es lógico que obtenga un beneficio a cambio de la operación de dicha cuenta; lo que no entendemos es por qué motivo quieren incluir a las Afore en la utilidad que generará el manejo de la cuenta concentradora y, lo peor, en perjuicio de los trabajadores.

¿Por qué se quiere beneficiar con el cobro de esta comisión a las Afore, por servicios que prestarán: el IMSS, el Banco de México y las empresas operadoras de la base de datos?

Habrá que preguntar a la Comisión Federal de Competencia, si se considera o no monopolio el que actualmente exista sólo una empresa operadora de la base de datos nacional del SAR y que el 50% de las acciones de esta empresa pertenezca a los 12 bancos que recaudan las cuotas del IMSS y el otro 50% a las 17 Afore con los conflictos de fuga y mal uso de la información que han surgido y seguirán de no existir un cambio.

Si por ser las dueñas de Procesar S.A. de C.V., las Afore han obligado a la Consar para que autorice el que sean ellas las que presten estos seis servicios, la solución a este conflicto de intereses es la creación de otra empresa operadora de la base de datos que sea independiente de las Afore y que indistintamente pueda ofrecer sus servicios a las Afore o a la cuenta concentradora.

En la Ley del SAR se prevé como participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, a empresas que presten servicios complementarios o auxiliares directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro. Basándose en esto la solución al problema que se presenta respecto de quién prestará los seis servicios a los trabajadores que están en la cuenta concentradora cuando lo requieran, es la creación de una empresa auxiliar que dependa directamente del IMSS.

Por otra parte, el artículo 18: de la ley a la letra dice:

"Las Afore son entidades financieras que se dedican de manera exclusiva, habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de las leyes de seguridad social, así como a administrar sociedades de inversión."

Por lo tanto, si la Ley del SAR no faculta a las Afore para "maquilar" o "prestar servicios a los trabajadores que no estén inscritos en alguna administradora", si tampoco la Ley del Seguro Social dice que estas empresas podrán prestar servicios diferentes a los ya señalados y además, si la Consar no tiene facultades para emitir reglamentos, circulares o algún otro tipo de disposición contraria al texto expreso de la ley, el cobrar sobre operaciones no permitidas resulta improcedente, ilegal, injustificado y hasta leonino.

Abundando en el tema, la comisión tampoco tiene permitido remitir ni cuentas ni datos de los asegurados de la cuenta concentradora para que les presten servicios de administración a ninguna Afore antes del plazo que indica el artículo séptimo transitorio de la ley, esto es, antes de cuatro años contados a partir de que entró en vigor la Ley del Seguro Social.

Todo trabajador al firmar contrato con alguna Afore acepta, mediante su firma, la estructura de comisiones que cobra esa empresa. Pero en el caso de quienes permanecen en la cuenta concentradora y que no han firmado aceptando el pretendido cargo y, por no ser tampoco una disposición fiscal la que imponga obligación alguna a las cuentas individuales de estos ahorradores, simplemente estamos ante un robo institucionalizado en perjuicio de miles de trabajadores mexicanos.

En consecuencia, para evitar la ilegalidad que hemos demostrado, en nombre de los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia dar trámite al siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que les sean devueltos los cobros ilegales del 1.15% de comisión por concepto de administración que le han cobrado a los trabajadores que permanecen en la cuenta concentradora.

Segundo.
Que el honorable Congreso de la Unión emita una disposición que prohiba a las Afore que en violación al texto de la ley sigan cobrando por un servicio privado de administración que no les han solicitado los propios trabajadores.

Tercero.
Que la Consar reforme el artículo tercero transitorio del Reglamento de la Ley apegándose al texto de la misma.

Salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión.-Firman: los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

El Presidente:

Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social.

El diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul):

¡Señor Presidente!, si me permite.

El Presidente:

¿Con qué objeto, señor diputado Rojas?

El diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul):

Para solicitarle respetuosamente que sea incluido en el turno de esta iniciativa del diputado Montejo y de los diputados de Acción Nacional, a la Comisión de Seguridad Social, que es el tema central, es la comisión encargada del análisis de la Ley del Seguro Social y compete fundamentalmente a la Comisión de Seguridad Social, por lo que solicito que también se le dé turno a la Comisión de Seguridad Social.

El Presidente:

Gracias diputado.

Ordeno se dé turno también a la Comisión de Seguridad Social.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día es: comentarios sobre la situación poselectoral en el Estado de Quintana Roo. Se trata de un debate pactado y por lo tanto sujeto a lo establecido en el artículo vigesimotercero del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra la diputada Elba Margarita Capuchino Herrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Elba Margarita Capuchino
Herrera:

Con su venia, señor Presidente:

PUNTO DE ACUERDO

«Punto de acuerdo por el cual se exhorta al tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, a garantizar a la sociedad los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad y profesionalismo en los procesos electorales en el Estado de Quintana Roo.

En la elección del ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, hubo todas las irregularidades que caracterizan la participación del Partido Revolucionario Institucional: compra de votos, compra de credenciales de elector, uso de programas gubernamentales, acarreo de votantes etcétera.

Ante esto, como se sabe, estamos indefensos. Todas las propuestas hechas por los partidos y la sociedad para establecer un eficiente control legal del gasto de campaña de los partidos y la fiscalización ciudadana de los programas sociales del Gobierno, han sido sistemáticamente bloqueadas por el mismo y por el PRI.

El día de hoy no venimos a hablar de estos temas. Hablemos tan sólo de los documentos que hoy obran en poder de las autoridades electorales y con los que se pretende dar el triunfo al Partido Revolucionario Institucional, documentos electorales en manos del propio Partido Revolucionario ni más ni menos.

Lo que estos documentos oficiales demuestran, es que con una diferencia oficial de 559 votos, medio punto porcentual entre el PRI y el PRD, las actas de casillas en manos del partido oficial muestran que, por una parte, boletas inutilizadas faltan en algunos paquetes, mientras que por la otra sobran en otros ¡que en el más riguroso de los análisis e incluso eliminando errores evidentes en el llenado de las actas, existe una diferencia de más de 2 mil 500 sufragios, es decir, en las propias actas del PRI se encuentran mal computados cuatro veces más del número de votos con el que a ese partido se le otorga el triunfo o sea, más de los necesarios para cambiar el sentido de la elección.

Pero esto no es todo, están hoy en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las actas que demuestran que en algunas de las casillas donde el PRI encuentra las mayores diferencias a su favor, las urnas fueron cerradas horas antes del cierre legal de la jornada, impidiendo así el ejercicio del sufragio a un número de ciudadanos mucho más que suficiente para cambiar el resultado de la elección.

Y continuamos hablando de los documentos oficiales que obran en poder del PRI.

En tan sólo tres urnas abiertas en el X consejo distrital que calificó la elección, hay más de 800 boletas desaparecidas. En la mayoría de las casillas existe también la anulación sistemática de votos emitidos a favor del Partido de la Revolución Democrática, paquetes electorales que contra lo ordenado por el código electoral nunca fueron revisados por el consejo electoral a cargo del cómputo.
Pero no es necesario ir tan lejos, baste con preguntar: ¿puede el PRI reclamar para sí un triunfo del que no encuentra certeza en sus propias actas? ¿Puede ignorarse la existencia de 2 mil 500 votos mal computados y sostener una ventaja de 559 votos en un municipio de medio millón de habitantes? ¿Puede pasarse por alto el cobro de honorarios en la Secretaría de Gobernación por parte de la presidenta del Consejo Estatal Electoral? ¿Puede el Tribunal Estatal Electoral hacer la vista de lado y negar a la sociedad los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y profesionalismo sin los cuales la constitución de cualquier gobierno sería letra muerta?

Tal vez algún partido aquí podrá objetarlo, pero esto, compañeros, queremos decirlo como ciudadanos de este país, sin colores, se está haciendo que se pierda la credibilidad en los partidos políticos y no debemos permitir que siga sucediendo; hoy lo viví yo, con todas las pruebas en la mano, mañana lo puede vivir cualquiera de ustedes y esto no puede seguir siendo la forma de trabajar de los partidos políticos.

Y lo afirmo con conocimiento de causa, por el bien de nuestros partidos y por el bien de la nación en su conjunto; la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes, diputados federales integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México de la LVII Legislatura, solicitamos a esta soberanía apruebe el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acuerda exhortar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que: en apego a los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad y profesionalismo, resuelva conforme a derecho las impugnaciones presentadas por el Partido de la Revolución Democrática durante el proceso electoral del 21 de febrero de 1999 del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, relativo a la elección de presidente municipal en el ayuntamiento de Benito Juárez.

217,218 y 219

Diputados: Ricardo Cantú Garza, María Mercedes Maciel, Luis Patiño Pozas, del PT; Alfonso Ramírez Cuéllar, Saúl Solano Castro, Pablo Gómez, Gilberto López y Rivas, del PRD; César Jáuregui, Alejandro Vázquez, Juan José Rodríguez Prats, Baldemar Dzul Noh , del PAN y Verónica Velasco, del Partido Verde Ecologista.»

Quiero entregar a esta Secretaría copia de los recibos de honorarios de la presidenta del Consejo Estatal Electoral que ha venido cobrando en la Secretaría de Gobernación, así como 4 mil 754 firmas de ciudadanos benito-juarenses que exigen la limpieza de la elección en aquel Estado.

Muchas gracias.

El Presidente:

Esta Presidencia ordena el turno de esta propuesta, perdón, tiene la palabra el diputado Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, del Partido Acción Nacional.

El diputado Víctor Alejandro Vázquez Cuevas:

Con su venia, señor Presidente:

¿Por qué vale la pena tratar el tema de Quintana Roo en su último proceso electoral del 21 de febrero en este honorable Congreso de la Unión? Vale la pena tratar este proceso electoral, porque más allá de ser un proceso electoral y más que un proceso electoral también fue un censo, un consenso y una auditoría al gobernador que hoy internacionalmente se encuentra en la sospecha de narcotraficante.

De tal manera que ese proceso electoral, el del 21 de febrero, es difícil desmenuzarlo, es difícil apreciarlo, es difícil escudriñarlo y por lo tanto observarlo a fondo si no vamos precisamente a profundidad en la materia.

Era el mes de septiembre; si la memoria no me falla, domingo 20; el PRI, intentaba sacar democráticamente a su candidato a gobernador; ya algunos habían caído en la batalla interna de selección, por ejemplo: el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Joaquín González Castro, había sido descalificado de antemano en la batalla interna del PRI. Un ejemplo más: el senador Polanco Zapata, tampoco había sido beneficiado con el beneplácito de aceptarlo como candidato del PRI.

Los que jugaban, eran algunos notables, por ejemplo: Sara Muza, desde luego Joaquín Hendricks y, quien hoy desafortunadamente no veo en este recinto, nuestra compañera Addy Joaquín Coldwell. Estos tres elementos del PRI se enfrentaban en una contienda interna el 20 de septiembre, y ya sabemos lo que pasó: Joaquín Hendricks perdía en cinco de los ocho municipios que integran esa entidad federativa, solamente ganaban en los municipios donde el sarcasmo, lo añejo, lo recalcitrante del priísmo y lo recalcitrante de las fuerzas corporativas del PRI, eran y siguen siendo profundas; entonces ganaba en Chetumal, en Morelos y en Felipe Carrillo Puerto. En los demás municipios ga

naba Addy Joaquín Coldwell además por gruesa ventaja.

Sin embargo, el virtual y triunfante ganador de la contienda interna sería finalmente Joaquín Hendricks, con un escandaloso fraude, sobre todo en la capital, en Chetumal, donde con más de 20 mil votos tenía incluso más votos que el presidente municipal en funciones y por lo tanto se acreditaba ahí la fuerza corporativa, el beneficio, el agravio y sin duda la intención absoluta de que Joaquín Hendricks, según Mario Villanueva, debía ser el candidato priísta.

Por esa razón, el 20 de septiembre Addy Joaquín se inconformó y creemos muchos que lo hizo con razón. Amenazó incluso con irse a algún otro partido y por lo menos estuvo en pláticas con dos de los partidos más fuertes de la oposición.

Sin embargo, finalmente, los partidos fuimos a una contienda abierta: el PRD presentó excelentes candidatos en los ocho municipios y en las 15 diputaciones locales, subimos a esa contienda electoral de su nivel porque habrá que decir que en Quintana Roo, por primera vez en la historia, se tenía un proceso electoral, por primera vez había candidato a gobernador de oposición; en los cuatro procesos anteriores, sólo cuatro procesos anteriores, el candidato del PRI había ido en un recorrido triunfal a lo largo del Estado sin que hubiera un candidato de la oposición.


De tal manera que los vestigios electorales de Quintana Roo eran escasos, pero profundos. La ciudadanía quintanarroense, muy en especial la de Benito Juárez, organizada en ONG, en organizaciones no gubernamentales, que por cierto es el Estado que más ONG tiene, se organizaba e impulsaba a los partidos políticos para que fuéramos con ellos a un cambio democrático de tal manera que, sobre todo en el PAN, los candidatos de tipo ciudadano, sin filiación partidista, fueron lo general del Estado y así postulamos también los ocho candidatos a presidentes municipales y los 15 candidatos a diputados.

Empezaba la contienda un 8 de diciembre, según marca la ley, y prácticamente todos los partidos abríamos campaña el domingo 13 de diciembre. A partir de ahí la contienda se inició y Acción Nacional tuvo el primer tropiezo precisamente cuando nuestro candidato a gobernador, Francisco López Mena, miren ustedes, acusaba solamente al gobernador de corrupto,... y digo solamente porque públicamente se le conoce por agravios, sin duda peores y López Mena lo acusaba solamente por corrupción y el gobernador atacaba durante y sin duda sancionaba y sentenciaba al entonces candidato del PAN con retirarle la notaría que estaba en su ejercicio, la notaría número siete del municipio de Benito Juárez, que López Mena la tiene por lo menos desde hace 15 años.

Así, en esa secuela, en esa secuencia, fuimos a una contienda electoral que sin duda dejó muchos beneficios. Fuimos entonces a los ocho municipios, a los 15 distritos locales, a todos los lugares y a todas las regiones de ese bello Estado, porque hay que recordar que en Quintana Roo, en la península de Yucatán, se encuentran las raíces mayas de este país milenario, por esa razón tuvimos que hablar en esas diversas lenguas, comunicarnos directamente, tener propuestas en cada uno de los idiomas y entonces Acción Nacional llegó a fondo con esas propuestas.

De verdad que tenemos antecedentes para demostrar que así lo hizo también el PRD y que así lo hicieron todos y cada uno de sus candidatos.
Finalmente empezamos a ver a lo largo del proceso que las anomalías estaban a flor de piel. Por ejemplo, algunas de las más sonadas en el Estado: por primera vez, desde luego, había una comisión estatal electoral, disque integrada por ciudadanos. Tal vez sí ciudadanos de corte independiente, pero que por su escasa experiencia en el proceso electoral el gobernador, y sin duda su secretario de gobierno, hacían de ellos cualquier cosa, instruían y dirigían desde las oficinas del gobernador las elecciones de Quintana Roo.

De tal manera que, por ejemplo, empezamos a ver en ese proceso cosas que ya no se ven prácticamente en ninguna parte del país. Quisiera citar algunas.

En el proceso de insaculación, que fue el proceso desde luego para insacular a los funcionarios electorales, se encontró que era altamente decadente la forma de selección de la comisión estatal electoral y después de ese proceso por lo menos el 75% de los insaculados no acudieron, por no haber sido notificados, a los cursos de capacitación para entonces formarse y capacitarse al respecto de los temas de la jornada electoral.

Pero ése no fue el único tema, fue sólo con el que empezamos el largo peregrinar de las anomalías electorales.

Después de no haber sido notificados ni siquiera fueron capacitados, y por lo tanto se tuvieron que inventar la gran mayoría de funcionarios electorales. Lo más grave es que el día de la elección existían en las más de 700 casillas del Estado de Quintana Roo, existían funcionarios electorales con acreditamientos falsos, es decir, había dobles acreditamientos por lo menos en todas las casillas del Estado de Quintana Roo y lo que es ridículo y esto de verdad que yo no conozco antecedente en ninguna de las últimas elecciones de este país. ¿Qué creen que ocurrió?, la tinta indeleble no era indeleble. El día de la elección se borraba en todas, absolutamente todas las casillas del Estado de Quintana Roo.

Desde luego que empezamos a hacer movilizaciones y a ponernos de acuerdo los partidos políticos de oposición.

Finalmente, en Cozumel encontramos que por lo menos había 1 mil 200 credenciales de elector duplicadas, de tal manera que los censos regionales para auditar el padrón que con meses de anticipación se habían hecho, ninguno de ellos había funcionado. De tal manera que desde nuestro punto de vista hoy Quintana Roo está entre varias sospechas, y por lo tanto la sospecha de narcotráfico, la sospecha de elecciones limpias sin duda son de las más grandes.

Joaquín Hendricks como gobernador tendrá que darse a una tarea profunda, a una tarea seria, a una tarea vertical, de hombre serio en política, que lo tendrá que llevar por lo menos a una reforma electoral amplia en Quintana Roo para que las elecciones sean en el futuro, veraces, profundas, contundentes y no dejen lugar a duda.

Un dato más que quisiera aportar. El Partido Acción Nacional obtuvo el 16% de los sufragios en el Estado y solamente será representando en el Congreso local por el 8% de la representación camaral, de tal manera que esa cláusula de sobrerepresentación de gobernabilidad sin duda será uno más de los actos que habrá que revisar.

Por esa razón, Acción Nacional apunta y se apunta en este punto de acuerdo para estar de acuerdo en que en Quintana Roo todavía se encuentran en el pasado las reformas electorales y que habrá que ir a fondo en el beneficio de ese Estado y de nuestro país.

Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Baldemar Dzul Noh, del Partido del Trabajo, para hablar sobre el mismo tema, hasta por 10 minutos.

El diputado Baldemar Dzul Noh:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El 21 de febrero del año en curso se celebraron elecciones constitucionales en el Estado de Quintana Roo, para renovar el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y los ocho ayuntamientos.

Este proceso electoral ha sido considerado como uno de los más participativos en la historia del Estado, que respondió exactamente al ánimo de buscar un cambio a la situación política, social y económica de Quintana Roo.

Sin embargo, fue un proceso electoral en el que predominó las mismas prácticas de un sistema de gobierno empeñado en conservar el poder, sin respetar las reglas mínimas que debieran prevalecer en un régimen democrático.

En primer término, se confeccionó una ley electoral a la medida del sistema, hecho con manga ancha para cubrir legalmente una serie de actitudes poco éticas e inmorales.

Es importante recordar que desde la integración del consejo general del consejo estatal electoral, existió inconformidad por parte de varios sectores de la sociedad, en especial de grupos empresariales y asociaciones civiles, debido a la designación de la ciudadana Rosa Covarrubias Melo, como presidenta de dicho consejo, persona vinculada fuertemente al Gobierno Federal por ser empleada de la Secretaría de Gobernación y bajo el disfraz de periodista.

Se observó también una marcada parcialidad por parte del consejo general en la integración de los 15 consejos distritales electorales, ya que en su mayoría lo conformaron reconocidos miembros del partido oficial.

El trabajo desarrollado por los consejos electorales durante el proceso, no cumplió con las espectativas de imparcialidad y legalidad. Los consejeros no cumplieron con la más alta responsabilidad de engrandecer la democracia en Quintana Roo, limitándose únicamente a tomar acuerdos que en muchas ocasiones contravenían la ley en materia electoral.

La capacitación electoral para los funcionarios de casilla dejó mucho que desear. Desde un principio se notó obstaculización en la notificación de los ciudadanos insaculados, dando como resultados poca participación a los cursos para funcionarios de casilla.

Por otra parte, la compra de votos en el medio rural mediante despensas y otros programas sociales de los tres niveles de gobierno, vino a representar uno de los puntos de apoyo de los candidatos priístas por parte del Estado.

220,221 y 222

 

Pues todos estarán de acuerdo que el PRI únicamente gana en el medio rural, lucrando con el hambre de los campesinos.

En Quintana Roo, el candidato a gobernador del partido oficial perdió en las ciudades de Cancún, playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto, y ganó mayoritariamente en municipios netamente rurales, como es Lázaro Cárdenas y José María Morelos.

Fue notable el excesivo apoyo del aparato de estado hacia los candidatos del partido oficial, con un solo propósito: conservar el poder al precio que sea.

Fue obvio que los candidatos del partido oficial rebasaron en mucho los topes de campaña.

Durante la jornada electoral fue inexplicable la súbita paralización durante más de 12 horas del Programa de Resultados Preliminares del Consejo Estatal Electoral, en el momento en que el PRD llevaba una marcada diferencia en el municipio de Benito Juárez. Esto hizo temer otra clásica maniobra de caída del sistema para manipular los resultados. Rondaba ahí el fantasma de Bartlett.

No se observó en este proceso electoral ningún ápice de voluntad del Poder Ejecutivo Federal, ni mucho menos del gobierno estatal de tener elecciones limpias, transparentes, justas y equitativas. No se permitió al pueblo de Quintana Roo elegir a sus autoridades de manera libre y responsable.

Las presiones y las coacciones hacia el electorado son ya una costumbre insana en nuestros procesos electorales.

Ernesto Zedillo Ponce de León ha sido devorado por la fuerza de los dinosaurios, que no permiten democratizar plenamente nuestras instituciones de gobierno.

El titular del Poder Ejecutivo Federal ha desaprovechado la oportunidad que el pueblo de México le confirió para guiar los destinos de nuestra patria hacia un nuevo milenio, hacia un verdadero estado de derecho y hacia un país próspero, justo y democrático.

Nuestra preocupación no es menor; por el contrario, nos hace vislumbrar un panorama sombrío para el año 2000, en donde la ingobernabilidad y la crisis política pueden estar presentes, orillando al país a una situación sin precedentes en nuestra historia reciente.

La transición democrática que con tanto empeño hemos construido las fuerzas opositoras y los segmentos más lúcidos de nuestra sociedad, están en grave riesgo de frustrarse ante la embestida dinosáurica y corporativista del partido oficial.

En efecto, la transición a la democracia no se puede realizar mientras el partido oficial siga jugando sucio y eche a andar toda una maquinaria de estado para imponer sus candidaturas.

En Quintana Roo se han impuesto los intereses más turbios y oscuros por encima de la voluntad ciudadana y la decisión popular. El pueblo de Quintana Roo contará con autoridades emanadas de una contienda electoral impugnada, quizá sean autoridades legítimas, pero carecerán de la autoridad moral que un pueblo otorga y reconoce en sus gobernantes.

Finalmente, confío en que el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación limpie el proceso electoral en Quintana Roo; ésta es una exigencia de los quintanarroenses. Les concedo el beneficio de la duda.

Quinta Roo y todo México requieren de signos de buena voluntad y no más discursos demagógicos.

Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Artemio Caamal Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema.

El diputado Artemio Caamal Hernández:

Todos los pueblos son protagonistas de su propia historia, Quintana Roo reafirmó su rumbo el pasado 21 de febrero.

Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:


El proceso electoral que acabamos de vivir en el Estado de Quintana Roo, propició sin lugar a dudas intercambio de ideas, de tesis, doctrinas, ideologías y principios políticos que llevaron o motivaron a los ciudadanos a reflexionar en torno a la práctica democrática que se vivió en las urnas el pasado 21 de febrero.

En los ocho municipios del Estado se dieron discusiones, análisis, presiones acaloradas, surgieron las pasiones, resaltaron las emociones de grupos, de organizaciones, como de los partidos y sus sectores, quienes midieron fuerzas, unos más, otros menos. El fin fue el mismo: la lucha electoral.

Esta contienda, como otras que se dan en la geografía, rompió la tranquilidad y la armonía a que están acostumbrados nuestros ejidos, nuestros pueblos y nuestros municipios. Lo que no nos sorprende porque es la señal del despertar cívico de un Estado que también tiene el derecho de redefinir su rumbo y su destino.

Sin embargo, dentro de este remolino político donde los líderes o los dirigentes de cada organización pusieron en juego sus mejores estrategias para convencer a la ciudadanía poco a poco, dentro de la pluralidad política y de la discrepancia, conocieron y valoraron las propuestas en su esencia y espíritu, todos estuvieron enfocados o pretendieron servir al pueblo. Por eso el mismo pueblo buscó redefinir dentro de la coincidencia, lo que quería para cada municipio, para cada distrito, así como para cada Estado; mismo que los diferentes medios de información locales y nacionales dieron a conocer a la opinión pública, que al final de cuentas con las plataformas de cada partido resolvió y dictaminó en cada urna da acuerdo con su voluntad, voluntad que los órganos electorales deben de hacer respetar porque estoy convencido que el proceso fue legal y transparente; quien diga lo contrario, simplemente estaría faltando a la verdad y negando la decisión que el pueblo dictaminó.

No se puede negar la validez de una elección cuando a ojos vistos fue totalmente equitativa, transparente y libre. Es decir, fue democrático, o ¿acaso no es esto por lo que luchan todos los partidos políticos? Al menos ésta es la posición de mi partido, el Revolucionario Institucional.

De esta manera, de un padrón de 419 mil 961 ciudadanos, 234 mil 368 electores expresaron su voluntad en las urnas, que es donde realmente se gana o se pierde todo proceso electoral. Con esta base mi partido, con 100 mil 325 votantes, llevó al triunfo, como se ha reconocido en esta tribuna, para renovar al Poder Ejecutivo, al ciudadano Joaquín Hendricks Díaz, con un 42.81% del total de votantes. El PRD obtuvo 81 mil 571 votos que representa el 34.80% del total de votantes. Por su parte Acción Nacional, con 39 mil 250 votos que significa el 16.75% de electores que acudieron a las urnas, ocupó el tercer lugar.

Yo no sé si valió la pena o fue alegre, lo único que no se puede ocultar es que fue cuestión de días.

De esta manera el resultado final lo podemos resumir en el siguiente cuadro que me permito entregar a esta Secretaría.

En relación a los distritos electorales, de 15, el PRD obtuvo cuatro, todos del municipio de Benito Juárez.

En fin, honorable Asamblea, al parecer la manzana de la discordia electoral está en el resultado que las urnas reflejaron en el municipio de Benito Juárez, lo que ha propiciado que en esta tribuna se pretenda tergiversar o desnaturalizar con argumentos que competen a los órganos electorales conocer a fondo para dar su veredicto. Así, a esta Asamblea, debe quedarle claro que un Quintana Roo de hoy es producto de su propia evolución social y que con convicción a la democracia, fija su rumbo y su destino en la acción lúcida de todas sus mujeres y hombres.

La transformación política de Quintana Roo tiene como actor principal a la sociedad, al pueblo que con esta visión histórica y mirando al futuro, ha dejado clara su posición para trascender en el nuevo milenio con una nueva práctica en la cultura democrática; se enriquece con el poder, si es cierto, con la fuerza de la ley, con el gobierno convertido en autoridad, se manifiesta en la libertad que tiene el pueblo para hablar su rumbo y su destino y no con simples proclamaciones, que al calor de las pasiones muchas veces creemos tener la razón y pretendemos influir en el ánimo de algunas personas para conducirlas por brechas o veredas llenas de esperanzas, quimeras.

Rechacemos las quejas, las propagandas, manifestaciones y proclamaciones simplistas
que sólo revelan la abulia mental. Sé que es un poco difícil mas no imposible, encontrar el equilibrio de una verdadera cultura política, sobre todo si una parte se caracteriza por el uso de la violencia o no es consecuente con sus ideas.

Creo que entre los quintanarroenses se da, existe voluntad, la capacidad y la madurez para encontrar la solución a todas las controversias, como es la inquietud política que dicen que dejó el pasado proceso electoral.

Aboguemos con lealtad por los principios democráticos y no pretendamos buscar reflectores que frenen el verdadero desarrollo del pueblo de Quintana Roo, creo que el pueblo es el verdadero protagonista de su historia, así de sencillo.

Respetemos y pugnemos por el que los órganos electorales, con base en nuestras normas constitucionales den el veredicto que el pueblo espera.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para hablar sobre el mismo tema el diputado José Luis Gutiérrez Cureño, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado José Luis Gutiérrez Cureño:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Cuando se trajo el tema de Quintana Roo a esta tribuna, bien claro se manifestó que la búsqueda, que el objetivo es fundamentalmente encontrar legalidad en las resoluciones de los órganos electorales.

Al parecer quien se sintió aludido, cuando hablamos de ilegalidad, es precisamente quien me ha antecedido en el uso de la palabra. Dijimos que queremos legalidad y alguien vino aquí a defenderse, con lo cual se demuestra por supuesto quién estuvo detrás del operativo de estado, del operativo de gobierno para alterar la voluntad de Quintana Roo.
Ciertamente, compañeros diputados, Quintana Roo definió su rumbo. El cambio, el resultado, el avance que se dio en Quintana Roo pretende ahora ser tergiversado por la actuación de órganos electorales, de gente del Gobierno y de gente de un partido que aquí ha venido a defenderse, en donde ha quedado claro que no pretenden respetar la voluntad popular.

Las evidencias son muchas, se pueden llenar libros completos con las evidencias sobre cómo se maquinó este atentado a la voluntad popular. No se afecta el interés de un partido en este caso; se afecta el interés general de los ciudadanos de una entidad y en consecuencia se afecta el interés general de la nación.

De las cinco características básicas que la Constitución de la República define para los procesos electorales, encontramos que prácticamente fueron los propios órganos electorales de Quintana Roo quienes se encargaron de suprimirlas. No hubo imparcialidad, no hubo profesionalismo, no hay objetividad, por supuesto que no hubo equidad y ahora a pesar de todo eso, se pretende escamotear el resultado legítimo de la decisión de Quintana Roo, particularmente del municipio de Benito Juárez, rompiendo la legalidad.

Los órganos competentes en Quintana Roo no han sido capaces de resolver conforme a derecho las quejas; no han sido capaces de resolver conforme a derecho las evidencias que se han presentado.

Necesitamos todos los mexicanos que los resultados electorales en cualquier lugar del país se den con legalidad, para que los gobernantes que emanen de esos procesos, no sólo sean legítimamente electos, sino legalmente constituyan los órganos de gobierno.

Venimos, en consecuencia, con este tema a esta máxima tribuna, porque es nuestro interés refrendar nuestra vocación de que en el país debe existir un estado de derecho al que todos se sujeten. Se trata de garantizar que la decisión de los ciudadanos de Benito Juárez no sea tergiversada con artimañas legales y mucho menos con acciones que deterioran el estado de derecho y los procesos electorales.

Venimos a reclamar legalidad; esperamos que el Tribunal Electoral de la Federación tenga la capacidad que no tuvo el Tribunal Electoral en
Quintana Roo, de revisar en tiempo y forma todas las pruebas, todas las evidencias y reconocer que en Benito Juárez hubo un ganador por decisión popular y ese ganador pretende ser escamoteado en su triunfo con artimañas legales. Eso no se vale porque no puede ser posible que en este país pueda más la corrupción, pueda más la artimaña legaloide que la voluntad popular.

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Somos salvaguarda de esa voluntad y este Congreso debe, todo en su conjunto, verificar que se respete el estado de derecho y se reconozca el triunfo a quien haya ganado.

Muchas gracias.

El Presidente:

Esta Presidencia concede el turno en tribuna al diputado Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar sobre el mismo tema, hasta por cinco minutos.

El diputado Juan José Rodríguez Prats:

Con su permiso, señor Presidente:

Sin duda alguna si nos ponemos a revisar el Diario de los Debates, se llegaría a la conclusión de que esta Cámara ha dedicado el mayor tiempo al tema de los procesos electorales en las distintas entidades de la República. Y como bien dijo mi compañero Víctor Alejandro Vázquez, se trata de algo más que simples procesos para elegir autoridades estatales y municipales o bien representantes al Congreso local, porque ahí están surgiendo prácticas deshonestas, inmorales de un México que ya queremos que sea modificado y reformado sustancialmente.

Carlos Castillo Peraza, recientemente relataba como cuando hay una transición, los países pasan, los sistemas autoritarios pasan de una primera fase de cinismo, en donde simple y llanamente se reconoce que hay un poder concentrado, autocrático, como podríamos decir que el sistema político mexicano lo fue, digamos, hasta el periodo de Gustavo Díaz Ordaz y posteriormente se pasa a un esquema de hipocresía, en donde se niegan las evidencias, se niegan los hechos y yo creo que el sistema político mexicano está viviendo una mezcla de cinismo y de hipocresía.

Francisco Labastida Ochoa, con todo cinismo, dice simple y llanamente que se presenten pruebas y señores, en todo el debate de la Comisión Permanente, en las escasas intervenciones en que tuve oportunidad de tener, me referí a los testimonios de los priístas.

No voy a hacer aquí mención de lo que ya han reiterado todos los oradores:

Humberto Lira Mora, en el Estado de México dijo: triunfó el PRI de la nomina, de los intereses creados y de la manipulación. Marco Antonio Bernal lo dijo y se hicieron estimaciones de cuánto costó cada voto del PRI en Tamaulipas, cantidades verdaderamente brutales, descomunales que son una cachetada a las grandes miserias de este pueblo.

Lo declaró en un manifiesto la senadora Gómez Maganda, de que hubo iniquidad en el proceso interno en Guerrero. Y como aquí todos fuimos testigos de que lo dijo la diputada Addy Joaquín y también lo dijo mi compañera Gloria Ocampo, cuando nos estábamos refiriendo al proceso en Guerrero. Si eso le hacen a sus compañeros de partido los priístas, qué no le harán a sus adversarios.

Rodolfo Echeverría, extraordinario hombre de bien, estamos hablando de los procesos, estamos hablando de la descomposición, habla del PRI que se niega a morir. Dice inclusive: "anuncio con mi compañero de fórmula y ante ustedes, que hoy retiramos nuestra participación en esta contienda inequitativa" contiendad inequitativa; ése es el tema, el tema en Quintana Roo, el tema en Tamaulipas; consecuencia de una tremenda, de una tremenda descomposición moral.

Lo dice José Luis Soberanis: "...esta organización siempre ha vivido en la cultura de la línea, de la inhibición, de la cargada y de la vergüenza". Y todavía el reportero agrega: "... después de oírlo nos queda la duda por qué se pelean para capitanear ese muladar." Son voces de priístas; es lo que ellos están diciendo.

Eliseo Mendoza Berrueto, recientemente los estaba, precisamente señalando el riesgo de caer en una plutocracia.


Arturo Núñez, en el colmo de esta descomposición dicen que dijo: "el PRD después de 20 días de su elección no precisa su dirigente y los priístas 20 días antes de su elección ya saben quién es su dirigente".

Ante esas declaraciones, señores, todo lo que me resta decir es que hay una tremenda descomposición ética de liderazgo, de inmoralidad y deshonestidad, en el partido oficial que está en el poder. ¡Eso es aquí lo que se concluye de todos estos debates!

El Presidente:

Toca el turno para abordar el mismo tema al diputado Julián Nazar Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Julián Nazar Morales:

Con su permiso, señor Presidente de esta mesa:

Hemos escuchado aquí la inconformidad de varios partidos que contendieron en el Estado de Quintana Roo. Pero hemos escuchado también el razonamiento de algunos sátrapas que han emigrado de mi partido para buscar nuevos refugios. Siento que si eso le hace a su partido, ¿qué no le harán en el que están ahorita? Mujer que traiciona una vez, traiciona dos veces. En mi pueblo dicen que gallina que come huevo, aunque le quemen el pico. Eso va para aquellos que...

Estamos en el mismo tema de Juan José Rodríguez.

En una contienda política, cuando se busca elegir candidatos para sacar gobernadores o Presidente de la República, se eligen los mejores hombres y se trata sacar a través de una contienda del sufragio buscar la alternativa a través de todos los partidos y es hoy lo que nos tocó sacar adelante en Quintana Roo.

Pero, ¿cómo puede ganar el PRD, con un candidato de esa calidad?

Cuando se quiere escucharle y conocer los antecedentes del señor, lean simple y sencillamente: Lo Negro del Negro Durazo y se darán ustedes una respuesta de la calidad de candidato que ustedes escogieron. Hoy no se llamen a engaño que la sociedad haya decidido por el mejor hombre que presentó el Partido Revolucionario Institucional, que es el compañero Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, gobernador electo por el Estado de Quintana Roo.

También lo otro. ¿Cómo es posible que hablen de un candidato del blanquiazul cuando el señor, en un evento de convivencia con una mujer, logra embarazarla y cuando se entera que la señora está en estado de gravidez la abandona? Hoy el abandono lo alcanzó en el periodo de elecciones y si quieren datos concretos, hay una demanda formal, ahí están los antecedentes precisos ante un Ministerio Público.

Entonces, no llamen ustedes a un fraude cuando ustedes no supieron elegir sus candidatos.

Ya no quiero hablar del pobre sátrapa del PT, que dejó de ser regidor de nuestro partido y en una consulta interna no lo favorece, no lo favorece la consulta de las bases y lógico es, amargado...

El Presidente:

Permítame, señor diputado. Sí, diputada.

La diputada Elba Margarita Capuchino
Herrera
(desde su curul):

Señor Presidente, únicamente para que se aborde el tema. Se está hablando de la elección de Benito Juárez en Quintana Roo, de Cancún en específico. No de la de gobernador.

El Presidente:

Gracias, señora diputada.

Esta mesa considera que se están abordando temas de tipo electoral. Adelante, diputado.

El diputado Julián Nazar Morales:

Yo le quiero preguntar a la compañera si es una pregunta o es una llamada de moción.

El Presidente:

Permítame, señor diputado. Están prohibidos los diálogos desde la tribuna. Por favor continúe.

El diputado Julián Nazar Morales:

Ok. Si quiere la compañera hablar de Benito Juárez lo vamos a hacer con mucho gusto.

Ahí ganó la candidata, ahí ganó la fórmula que eligió el Partido Revolucionario Institucional porque tenía trabajo de base. Y yo les quiero preguntar: cuando pierden no hay democracia y cuando ganan si la hay. ¿Por qué no me dicen lo de Tlaxcala?, cuando uno sale electo como gobernador y ganamos toda la demás estructura. Ahí si hubo democracia para ustedes y hubo imposición para los demás. Tienen que ser coherentes y tienen que ser razonados cuando suban a una tribuna a pelear un espacio que no les corresponde.

En Benito Juárez ganó la compañera porque así lo demandó la sociedad de Cancún, como también perdimos los cuatro espacios de las diputaciones locales, porque así lo quiso la sociedad allá. Pero ustedes no llamen a un fraude donde están claras las cosas y se abrieron las urnas porque no pueden llamarse que no se abrieron las urnas.

Y otra cosa muy sencilla. Yo nunca había visto que un partido tuviera una estación de radio, que violó todos los conceptos y los preceptos más elementales, como lo hizo Gastón Alegre.

Pero yo les quiero decir y quedar claro aquí. Presentaron un candidato que en el nombre llevaba el fraude: Gastón Alegre, que ni era Gastón ni era Alegre. Entonces no llamen ustedes a un fraude cuando ustedes mismos lo propician.

También el compañero López Mena, que presentó la foto de hace 20 años, cuando era un galán de cine y hoy presenta su imagen cuando no tiene nada que hacer el electorado, que era el que decidía, vio el fraude. Definitivamente, compañeros, no llamen a engaño cuando no tienen la capacidad de discernir.
Y vean, revísense en su consulta que hicieron para elegir su líder nacional. Están batidos, están corruptos, son los alquimistas más espantosos. Y lo otro no podemos llamar a engaño cuando impone un cacique con don Diego Fernández de Ceballos a un liderazgo nacional.

Gracias, compañeros.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Ricardo Armenta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre este mismo tema, hasta por cinco minutos.

El diputado Ricardo Armenta Beltrán:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Quiero referirme al mismo tema de la elección en Quintana Roo. Un servidor se pasó cerca de 20 días allá en Quintana Roo...

El primer problema que vimos fue...

El Presidente:

Permítame el orador.

Suplicamos a los señores diputados guarden el orden correspondiente, para poder seguir desahogando esta sesión con toda tranquilidad.

Adelante, señor diputado.

El diputado Ricardo Armenta Beltrán:

El asunto del proceso electoral de Quintana Roo no se puede resumir en nada en lo particular. Es fácil revisar el proceso en general y se van a dar cuenta de los vicios de origen ¿A cuántos días antes de llegar al proceso electoral las autoridades todavía no tenían definidos quiénes iban a ser los funcionarios en las casillas? Cuando los definieron no tuvieron absolutamente nada de capacitación para que pudieran estar en las urnas y defender la legalidad de un proceso.

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Pero de repente nos aparecieron por ahí enlaces electorales que por medio de un enviado del gobernador del Estado platicaron con nosotros, proponiéndonos que nos prestáramos a dar nombres para que fungieran como enlaces electorales en las casillas de Quintana Roo. Lógicamente el Partido de la Revolución Democrática rechazó esa propuesta. Sin embargo, estuvimos atentos a lo que hicieron esos famosos enlaces electorales, que se convirtieron en los dueños de las casillas por encima de la autoridad de los presidentes, violando todas las reglas que sigue un proceso electoral.

Pero no quedó nada más en el dicho, se detectaron, se detuvieron, se presentaron ante las autoridades correspondientes y la presidenta del consejo estatal electoral presentó una denuncia ante el Ministerio Público en Quintana Roo, donde estaban denunciando a esas personas que los puso el PRI con credenciales falsas y que no estaban autorizados por el consejo estatal electoral y que están denunciados ahorita en un proceso penal en Quintana Roo.

Y siguen adelante las anomalías. Yo personalmente fui a una casilla, escuchando lo que estaba sucediendo, donde la famosa tinta indeleble no tenía nada de indeleble y todo Quintana Roo lo supo, que esa tinta no sirvió para ese proceso electoral.

Y siguen las anomalías. Resulta que los camiones de la Conmar acarrearon a los refugiados guatemaltecos que de repente se hicieron mexicanos y de repente ya tenían credenciales de elector y de repente ya los llevaban a todos juntitos a votar; está documentado también.

Y llegamos también a ver problemas en Carrillo Puerto, documentados, donde un comisariado ejidal con nombre y apellido llevó 100 credenciales de elector a la casilla y el presidente de la casilla le dio 100 votos para que los cruzara a favor del PRI y los metiera a la urna.

Pero no terminan las cosas ahí. Llega el proceso a su cierre y ese famoso enlace electoral deja por fuera a los representantes de los partidos opositores y se encierran en un cuarto a sacar la contabilidad y cuando salen resulta que ganó el PRI.

Y siguen sin terminar las cosas ¿Qué sucedió con las urnas en Chetumal, que no llegaron nunca en su tiempo, donde estaban cerquita, totalmente cerca de los comités distritales? Llegaban en la madrugada ¿Y qué sucedió en el Comité Distrital Electoral del segundo distrito local de Chetumal?. Que las autoridades del consejo estatal electoral fueron a reclamarles por qué habían violado las urnas que estaban en resguardo de ese distrito y los representantes del distrital pidieron ayuda a la policía para sacar a las autoridades del consejo estatal electoral y en dos horas quedaron destituidos ese consejo distrital electoral. Pero resulta que los resultados están bien, con todas las anomalías que surgieron.

Yo quiero decirles a mis compañeros del PRI que no es un debate de la altura que merece este país, venir a decir que el candidato del PT no ganó porque sacó una foto vieja y tampoco venir a decir que no ganó el del PRD, porque no es ni gastón ni es "alegre". Yo creo que se pueden decir aquí cosas como lo que sucedió, que las órdenes de aprehensión a varios funcionarios de Quintana Roo, acusados de narcotráfico, las detuvieron en el proceso electoral y una vez que pasó el proceso empezaron a detener gente y la última que tienen detenida fue al que estaba encargado de la logística, Joaquín Hendricks, que está detenido también porque encontraron cocaína en sus propiedades.

Y este asunto de la radio. Yo quiero decirles que nos ha costado mucho trabajo poder estar utilizando los medios que el PRI no permite que utilicemos...

El Presidente:

Permítame, señor diputado.

El diputado Ricardo Armenta Beltrán:

¡El Tribunal Electoral tiene la respuesta de darle legalidad al triunfo de la gente de Quintana Roo!

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Artemio Caamal Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema, hasta por cinco minutos.

El diputado Artemio Caamal Hernández:

Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea Legislativa:

Creo, por lo que he estado escuchando, que tenemos puntos de coincidencia. Que los órganos electorales, que las autoridades definan, decidan, si el proceso electoral de Quintana Roo fue legítimo, legal y justo.

Quintana Roo, a pesar de tener una vida democrática relativamente corta, poco a poco va construyendo su proyecto en la vida republicana. En este corto periodo hemos comprendido que la acción política debe ser una actividad que oriente la ruta del pueblo en el ejercicio de sus valores, pero sobre todo en el respeto a su voluntad popular.

Sus condiciones culturales, el mosaico social enriquecido por mujeres y hombres venidos de otros lugares encontraron en Quintana Roo tierras de promisión, un mejor destino, pero también que han sabido sumarse a la gran cultura Maya para ir construyendo el proyecto de Estado, el proyecto de nación que queremos para nuestros hijos y para las nuevas generaciones.

Creo que todos los partidos políticos que contendieron en la lucha por el poder en Quintana Roo en sus diferentes niveles, incluyendo al que pertenezco, impulsaron y fortalecieron nuestra vida democrática; los números hablan de este proceso, los votos que obtuvo cada partido, por ello reconozco que sin la participación...

El Presidente:

Permítame, señor diputado.

Diputado Gutiérrez Cureño, por favor oprima el botón de su micrófono. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado José Luis Gutiérrez Cureño
(desde su curul):

Señor, para preguntar a usted, por su conducto, al orador, si estaría dispuesto en aceptar una pregunta de mi parte.

El Presidente:

Señor diputado, hay una moción pidiendo una interpelación; ¿acepta usted, señor diputado?

El diputado Artemio Caamal Hernández

Si fuese quintanarroense con mucho gusto; no señor.

El Presidente:

El diputado no acepta su interpelación. Adelante, señor diputado.

El diputado Artemio Caamal Hernández

No creo en las preguntas, creo y lo he dicho y lo reafirmo, creo que los quintanarroenses tenemos derecho a decidir, a dialogar y a buscarle la solución que aquí mismo se ha....

El Presidente:

Permítame el orador; la diputada Capuchino, por favor, oprima el botón de su micrófono. ¿Con qué objeto, señora diputada?

La diputada Elba Margarita Capuchino
Herrera
(desde su curul):

Para hacerle una pregunta al diputado como quintanarroense.

El Presidente:

Señor diputado ¿acepta la interpelación?

El diputado Artemio Caamal Hernández

Adelante, paisana.

La diputada Elba Margarita Capuchino
Herrera
(desde su curul):

Por lo que estoy escuchando de su intervención, parece ser que usted está de acuerdo en el punto de acuerdo que se ha presentado y que estamos pidiendo únicamente la legitimidad de los procesos. ¿Estaría usted de acuerdo en firmarlo?

El diputado Artemio Caamal Hernández

¿Ya terminó?

La diputada Elba Margarita Capuchino
Herrera
(desde su curul):

Sí, señor diputado.

El diputado Artemio Caamal Hernández

Creo que a todos los partidos políticos nos interesa que todo proceso electoral se dé con transparencia, se dé dentro de la legitimidad y de respeto; más que afirmarlo, habría que analizar los argumentos, mi partido tiene sus propios argumentos y para mi partido el proceso electoral fue limpio, fue transparente y si no es así, que los órganos electorales lo decidan.

Muchas gracias.

El Presidente:

Esta Presidencia ordena el turno de la propuesta presentada por la diputada Elba Margarita Capuchino Herrera, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día es: comentarios sobre la libertad de expresión en el Estado de Chihuahua. Se trata de un debate pactado y por lo tanto sujeto a lo establecido en el artículo vigesimotercero del acuerdo parlamentario que rige esta sesión.
Tiene la palabra el diputado Sergio César Jáuregui Robles, del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.

El diputado Sergio César Alejandro
Jáuregui Robles:

Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En Acción Nacional nos hemos pronunciado de manera reiterada por la ampliación constante del marco de libertades que en todo escenario democrático se debe dar y cuando no, conquistar. Por ello, habiendo vivido los chihuahuenses una alternancia inédita en otras latitudes del país, consideramos que al inaugurarse el actual gobierno existían las condiciones para que todos los actores sociales se involucraran en la cosa pública, con la garantía de respeto a sus elementales derechos, tal y como sucedía con la administración anterior.

Hoy nos enteramos que la pluralidad como valor de la sociedad se ve amenazada por acciones y represalias dirigidas desde el gobierno estatal contra quienes discienten de su postura.

El titular del Ejecutivo ha retirado a un periódico del Estado la publicación de avisos oficiales desde el pasado 5 de febrero con la explicación, que no justificación, de que la publicidad ordenada por la Coordinación de Comunicación Social está sujeta a la penetración social de los medios, literalmente.

Con esta peregrina idea que no dice en qué consiste la penetración social y menos cómo se mide ésta, lo que se busca es minar y denostar a un medio que no se pliega a los límites e intereses que el neogobierno ha querido fijar.

Es tan burda la acción del Ejecutivo, que la sociedad juarense, principal receptora de la información del periódico El Norte, de Ciudad Juárez, se pregunta, ¿cómo pequeñas publicaciones con irregular aparición, inclusive, son consideradas en las pautas de penetración social del gobierno y el diario en mención es marginado? Entonces, el criterio que define donde se ordena o no la publicidad del gobierno del Estado es obtuso y las respuestas deben
buscarse no en las explicaciones oficiales, sino en lo que El Norte publica y quizá otros medios de comunicación no.

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Para este fin hay que apuntar que el periódico dio a conocer un punto de acuerdo presentado en el Congreso del Estado, donde con amplitud se detalló el intento de control que pretende ejercer el gobierno estatal hacia los medios de comunicación.

Es curioso que este tema que no ha sido reseñado por otros medios, haya sido objeto de comentarios y críticas múltiples, pues la pretensión de ignorarlo por parte del gobierno a través del silencio, es muestra palpable del control que se ejerce de manera indebida.

En el pasado reciente, una situación semejante hubiera sido motivo suficiente para detonar una campaña de información que involucraría de manera solidaria a todos los medios de comunicación y quienes hoy, en dudosa complacencia, no han publicado una sola palabra sobre el tema. Esta falta de difusión de hechos notorios es prueba evidente del control oficial que se quiere imponer.

A mayor abundamiento, habremos de señalar que ésta no es la única ocasión que informaciones relacionadas con el gobernador Martínez han sido acalladas. Cuando Patricio Martínez fue objeto de una escandalosa rechifla durante una pelea de box en la ciudad de Chihuahua, donde el orgullo pugilístico natal: José Luis "El Piluyo Juárez" se fajaba a 12 rounds, El Norte y algunos medios electrónicos abordaron el tema al siguiente día; pero por escrito, nadie más.

Lo mismo sucedió con una boda local en la que los invitados, incluyendo al gobernador Martínez, gozaron de tiempo extra para alargar la fiesta hasta la madrugada, no obstante estar en su punto más álgido la limitación que el propio gobernador impuso a los horarios de eventos donde se consumen bebidas alcohólicas y que notoriamente se violó en su presencia.

Pese a que muchos medios han ignorado tales sucesos, la difusión lograda por un sólo periódico ha sido tan amplia que prácticamente todos los chihuahuenses están enterados de éste y otros acontecimientos. Igualmente lamentable es la salida del aire del programa radiofónico conducido por el experimentado locutor Edmundo Fernández, quien en cumplimiento de la labor social que tienen asignados los medios, convirtió su espacio noticioso en un verdadero foro de expresión pública, donde los habitantes de la ciudad de Chihuahua e incluso fuera de ella por vía telefónica, se pronunciaban periódicamente sobre diversos asuntos públicos, haciendo valer su posición ante funcionarios y ante un basto auditorio.

Se podría argumentar, como de hecho se hizo, que nada tiene que ver el gobierno en la clausura de esta borra de alto, pero los radioescuchas conocen con claridad al culpable.

La posición oficial parece estar enfocada a que determinados hechos no se difundan, antes que mostrar preocupación porque las realidades se vean o no y esta miopía gubernamental debe ser censurada en cuanto muestra un gobernante no preocupado porque algo suceda o no, sino cuanto llegue a ser conocido por la ciudadanía.

Si estos hechos, como por ejemplo la violación de horarios en la boda, no se hubieran difundido, quizá el área de gobernación estatal estaría satisfecha, pero ello no cambiaría nada el hecho de que en presencia del gobernador se violó un horario impuesto por el mismo gobernador y ahí está la gravedad de las situación, no en su difusión y es que si analizamos la historia reciente y antigua de nuestro país, encontraremos que el orden público ejercido por los gobiernos de muy diversas maneras, es una de las más importantes controversias en torno al derecho a la información.

Son luces, en este caso, las palabras vertidas por Francisco Zarco en su discurso ante el Congreso Constituyente, el 25 de julio de 1856. Dijo: "el orden público, señores, es a menudo justificación de la muerte y la degradación de los pueblos, es el reinado tranquilo de las tiranías. El orden público es el principio conservador en que se funda la perniciosa teoría de la autoridad ilimitada".

"Y, ¿cómo se ataca el orden público por medio de la imprenta? Un gobierno que teme la discusión ve comprometida la paz y atacado el orden. Si se censuran los actos de los funcionarios o si el reclamo de reformas sociales es
amenaza, entonces se socaba el orden público". Hasta aquí la cita.

Este orden público a nosotros nos parece deleznable y quebradizo y desde luego consideramos, al igual que Zarco, que llega a destruir en muchas ocasiones o a debilitar la libertad de la prensa y desde luego con ella a todas las libertades.

Compañeras y compañeros diputados: el gobierno de Patricio Martínez está en su derecho de anunciarse o no en cualquier medio, lo verdaderamente lamentable es que el gobierno utilice los recursos financieros, a través de la publicidad oficial, para intentar controlar a los medios, favoreciendo a los que se abstienen de publicar lo que les parece incómodo y marginando a los que cumplen su tarea informativa aparte de negociaciones comerciales.

Esto en el siglo pasado, como en el actual, se llama intolerancia y a su promotor autócrata.

Reprobamos que en un estado de vanguardia, como es Chihuahua, precursor en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, se pretenda tamaña regresión. Ojalá y no la permitamos.

Muchas gracias.

El Presidente:

Toca el turno en la tribuna al diputado Juan Ramón Flores Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema, hasta por 10 minutos.

El diputado Juan Ramón Flores Gutiérrez:

Con su venia, señor Presidente:

¡Qué bueno que no existe en este país una ley que amordace e inhiba a los medios de comunicación y que éstos puedan registrar este debate!

Señoras y señores diputados: una de las críticas más reiteradas de algunos sectores de la sociedad mexicana en contra de esta representación nacional es la que señala que la mayoría de los temas que se discuten en ésta, la máxima tribuna de la nación, tienen que ver más con asuntos imaginarios y veleidosos y sólo algunos, los menos, que guarden relación directa con los problemas reales que enfrentan día a día los mexicanos.

Esto por supuesto no guarda relación con los trabajos y la productividad legislativa que en términos cualitativos la LVII Legislatura ha aportado, sin embargo, cuando de manera protagónica se inscriben temas como el que nos trae a la tribuna, se entiende el porqué la sociedad se siente defraudada por algunos que se dicen representarla.

Bienvenida la defensa de las garantías individuales, bienvenida la defensa a las libertades fundamentales, pero no podemos aceptar que se intente confundir la defensa de estos principios con una competencia estéril en la búsqueda del título de Paladín Nacional de la Defensa de la Libertad de Expresión.

Como moderno Quijote, el PAN y sus voceros buscan gigantescos dragones enemigos de las libertades a lo largo y ancho de la República, enemigos, por cierto, siempre imaginarios, son molinos de viento convertidos por la imaginación y por ese ánimo protagónico, en objeto de su estrategia: desacreditar.

Hoy reclama el PAN inexistentes violaciones a la libertad de expresión en Chihuahua, cuando fue uno de sus diputados, Javier Corral, aquí presente, quien diseñó aquel proyecto de ley que pretendía restringir y reprimir la libertad de expresión del proyecto de ley que intentaba amordazar a la opinión pública, del proyecto de ley que ha sido rechazado por la sociedad mexicana y que, afortunadamente ni siquiera fue tratado en esta tribuna.

El autor de la Ley Mordaza, que incluso fue desdeñada y rechazada por el entonces presidente de su propio partido, es quien ahora, junto con sus compañeros, viene a defender la libertad de expresión, imaginariamente reprimida en Chihuahua.

Sin embargo, si los compañeros del PAN quieren hablar de la coacción a la libertad de expresión desde el poder, muy bien, hagámoslo.

Enero de 1992, gobierno panista en Chihuahua: cerca de 400 policías judicialesdel Estado entran de manera violenta a las instalaciones del Diario Observador. Un total de 11 trabajadores, entre ellos reconocidos periodistas del Estado, fueron consignados.

El diputado Corral debe acordarse, toda vez que Francisco Barrio era gobernador y él era líder del Congreso del Estado.

En 1994, por una decisión del entonces gobernador Francisco Barrio, se ordenó el aseguramiento de las propiedades de Reynalda Salmón Paredes viuda de Bone, propietaria del grupo Radio Divertida.

La brutalidad en aquella ocasión, con la que se propició esta decisión judicial, generó que la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua expidiera la recomendación 0996, de fecha 8 de febrero de 1996, en la que se recomendaba dejar sin efecto legal el albazo.

Podemos seguir hablando, compañeros, de cómo se violentó la libertad de expresión en Chihuahua cuando Francisco Barrio; podemos seguir hablando de represión en contra de quienes intentaron en ese tiempo ejercer la libertad de expresión.

La crítica fue para Barrio un delito, una afrenta incalificable. Luego entonces, contra los medios toda la fuerza del Estado.

La libertad de expresión en Chihuahua, sin embargo, y para nuestra fortuna, como en todo México, está salvaguardada por la ley.

La libertad de expresión en Chihuahua, como en todo México, está segura porque la madurez cívica y la convicción de los ciudadanos la mantiene incólume.

En realidad, lo que aquí se ha dicho por el anterior orador, es sólo reflejo de intereses sectarios que utilizan la supuesta defensa de la libertad de expresión e incluso la mentira, como en el caso de la supuesta violación de horarios, en la boda ésa a la que hacían mención hace un momento, para crear un clima de desconfianza en el país y en el Estado de Chihuahua, particularmente.

Veamos aquí, pocas, poquisimas ocasiones, la prensa chihuahuense ha registrado denuncias de supuestas arbitrariedades en contra de los medios de comunicación.

Además de ser muy escasas, estas denuncias provienen de connotados militantes del PAN y además son declaraciones requeridas por, curiosamente, reporteros que guardan estrechos nexos igualmente con ese partido.

¿Cuál represión a los medios, señoras y señores diputados, de la totalidad de estos medios de comunicación, electrónicos e impresos, que existen en Chihuahua? Solamente uno, El Norte de Ciudad Juárez pareciera resentir esa supuesta campaña en su contra.

También es de destacarse que de los cientos de locutores que diariamente ejercen su profesión en el Estado, sólo uno se vea perseguido por la supuesta intolerancia a que hace referencia.

Edmundo Fernández, en entrevista concedida justamente a Leoncio Acuña, quien fue director de Prensa durante el gobierno de Francisco Barrio, y publicada precisamente también por El Norte de Ciudad Juárez, es decir, los mismos que se hacen coro unos a los otros, sostiene que se le retiró el programa de radio, después de haberlo hecho pasar del último al primer lugar de audiencia.

¿Dónde están las voces de tan nutrido auditorio, que no se hacen escuchar por ningún lado para quejarse o siquiera extrañar a tan indispensable comentarista, que no locutor? La verdad, compañeros, está a la vista.

El periódico El Norte de Ciudad Juárez está en una difícil situación, ante el retiro de los cuantiosísimos e inmorales ingresos que percibía por aplaudir siempre ante el menor gesto de su patrón Barrio.

Que pobre concepto de la libertad de expresión si ésta se puede cuantificar en monedas. La verdad está a la vista; el improvisado y mediocre comentarista Edmundo Fernández se monta en un lío mayor para buscar notoriedad y justificar su salida al aire ante los magros resultados de tan prescindible trasmisión radiofónica. La verdad está a la vista.

En esta tribuna, se nos quieren presentar casos de periodistas o supuestos periodistas que trabajan para el Partido Acción Nacional, como si fueran mártires y ejemplos de imparcialidad.

El gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, está comprometido a eficientar y transparentar el ejercicio de una administración
pública que encontró en el más completo desorden. Encontró el gobernador Patricio Martínez al asumir su encargo una administración ineficiente y sin rumbo, que lo único que dejó a Chihuahua fue una deuda pública que no corresponde a las escasas e insuficientes obras realizadas por el gobierno panista.

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Chihuahua entero tendrá por ello que hacer un gran esfuerzo para pagar esta monstruosa deuda que nos dejo la administración anterior, sin contar por lo menos con obras o mejorías que siquiera justificasen tan enorme endeudamiento.

En este sentido, es comprensible que por disciplina presupuestaria y con visión responsable de conjunto y de futuro, los gastos del gobierno del Estado en todos los renglones se estén revisando acuciosamente.

En materia de comunicación social sucede justamente eso, se están revisando los gastos que vale la pena mantener y la publicidad que se compraba al periódico El Norte de Ciudad Juárez, como es obvio suponer, pues no vale la pena, por la escasa penetración. ¿A qué se refiere la penetración? Se refiere a la cantidad de gente y la manera en la que influye con la opinión pública. Vuelvo, por la escasa penetración que dicho medio tiene en la opinión pública chihuahuense.

Así de fácil, así de sencillo. No hay persecución ni hay represión; empieza a haber una eficiencia en el manejo de los recursos públicos que para algunos es desconocida y la confunden.

Compañeros diputados: la libertad de expresión se defiende con la propia expresión responsable y objetiva de las ideas, la libertad de expresión se defiende con la tolerancia cotidiana a lo que los demás dicen y sostienen, aunque no coincidamos con ellos.

La libertad de expresión se fortalece día con día en el debate responsable de las ideas, en la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas que a todos los mexicanos nos aquejan. Hagamos, compañeros, de la libertad de expresión, una libertad más robusta, elevando el nivel del debate en esta tribuna, preocupándonos más por los grandes asuntos de la agenda nacional.

Es cuanto.

El Presidente:

Tiene el turno en la tribuna, para hablar sobre el mismo tema, el diputado Javier Corral Jurado, que conforme a la petición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tendrá hasta 10 minutos de tiempo.

El diputado Javier Corral Jurado:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

El diputado Flores me ha dado la oportunidad este día de aclarar varias y muy importantes cuestiones en materia del debate de medios. Debo empezar por darle la bienvenida a este diputado que acaba de llegar a la legislatura y ya es hijo de la consigna, ya es hijo de la línea, ya es hijo del pretexto y de la farsa.

El diputado Flores, vamos a aclararle varias cosas, trae una confusión histórica, estadística, una confusión de valores, una confusión de conceptos.

En primer lugar tendré que decirle que en enero de 1992 no gobernaba el PAN el Estado de Chihuahua, gobernaba Fernando Baeza, que ojalá nunca se meta al PAN porque era gobernador priísta de Chihuahua.

En segundo lugar las iniciativas a las que alude, bajo la línea y la consigna que el régimen le ha puesto para descalificar el contenido libertario de la famosa ley mordaza, quiero decirle que primero tiene que leerla, primero tiene que estudiarla, primero tiene que conocerla, para venir aquí a discutirla en el debate de la Cámara de Diputados.

Las iniciativas fueron presentadas en la legislatura pasada, señor diputado; no soy el iniciador de ellas. Debe usted saber que fueron suscritas por varios partidos políticos en la anterior legislatura y las estamos revisando, sí, a pesar de la consigna del régimen, a pesar de la consigna de su grupo parlamentario y del incumplimiento en la palabra del coordinador parlamentario del PRI en esta Cámara de Diputados. Quiero que lo sepa, diputado Flores, para que se entere antes de venir a hablar a la tribuna sobre un tema que no conoce.


Por supuesto, debo hacerle otra aclaración al diputado Flores. No era tampoco el líder del Congreso del Estado de Chihuahua en enero de 1992. Lo fui a partir de septiembre de 1992.

También quiero decirle a este diputado que viene a hablar de conceptos, que parece que le han dictado y no ha estudiado, que el tema que nosotros venimos a tratar, más allá de la defensa de intereses comerciales o publicitarios, se trata de un tema fundamental del derecho a la información en este país.

Dentro de un régimen democrático, dentro de un régimen de auténticas libertades, la publicidad oficial constituye una forma de ayuda del Estado a los medios de comunicación y a la prensa, que escapa frecuentemente de los estudios no sólo doctrinales, sino también del debate parlamentario, porque es muy fácil a veces enredarse en la bandera de la libertad de expresión para tratar de ocultar las relaciones corporativas y discrecionales del régimen perverso que padecemos, sobre todo en materia de gasto público.

Hablar de presupuesto de publicidad, hablar de criterios específicos en la asignación de publicidad...

El diputado Jesús José Villalobos Sáenz
(desde su curul):

Señor Presidente...

El Presidente:

Permítame, el orador.

Si, señor diputado.

El diputado Jesús José Villalobos Sáenz
(desde su curul):

Señor Presidente, pedirle de favor que le solicite al diputado que si me permite hacerle una pregunta.

El Presidente:

Señor diputado ¿acepta usted la pregunta del diputado Villalobos?

El diputado Javier Corral Jurado:

Por supuesto y siempre y cuando el tiempo que tengo se me reserve para que quizá tener oportunidad de ampliar algunas cosas.

El Presidente:

Adelante con su interpelación, diputado Villalobos.

El diputado Jesús José Villalobos Sáenz
(desde su curul):

Gracias, señor diputado, es usted muy amable.

Usted mencionaba hace un momento que ha estudiado bastante y debe de saber esta pregunta: aproximadamente en el año de 1996, en el mes de marzo, el día dos, en El Heraldo de Chihuahua, es publicada una declaración del entonces procurador de justicia y dice lo siguiente, la pregunta es ¿qué tan cierto considera esto? "Tras de calificar a los medios de comunicación como gatos con espuma, buscando la cabeza de Alarcón, que en aquel entonces era subprocurador en una charola de plata, Francisco Molina Ruiz, procurador de justicia en el Estado dijo: que la prensa tiene la culpa de que la ciudadanía considere la seguridad pública como el principal problema del Estado de Chihuahua".

Cuando yo digo "gatos con espuma" que menciona el procurador de esa manera a la prensa, pues, bueno me llama la atención si el calificativo así se dio.

El diputado Javier Corral Jurado:

No puedo negar la declaración que usted alude en el periódico que menciona, puesto que efectivamente yo la leí, aun cuando lo que usted debiera también traer aquí, es la carta de réplica que un día después de las declaraciones aparecidas del entonces procurador Francisco Molina Ruiz, se dieron sobre los adjetivos que la nota le imputaba.

¿Por qué lee usted la nota ahora y no lee la carta rectificatoria que el procurador envió al periódico El Heraldo de Chihuahua? ¿Sabe usted qué trata de hacer, diputado Villalobos?

Usted trata aquí de confundir a partir de una nota que adjudicó calificativos inexistentes y quiere reservarse, si es que no los conoce, la carta rectificatoria que fue publicada en el mismo medio de comunicación.

Independientemente de eso no quiera usted traer hechos pasados, lo que hoy es una preocupación en el Estado y que usted como representante popular de su Estado, debiera tener aquí el interés y la preocupación por debatir con más seriedad que la simple rentabilidad política, para tratar de golpear electoralmente o denostar electoralmente o descalificar a sus propios compañeros.

Un auténtico representante de Chihuahua no busca sembrar la confusión sobre uno de los medios con más prestigio en nuestro Estado, que es El Norte de Ciudad Juárez, un eslabón de la cadena y de la fusión de los periódicos Reforma y Norte de Monterrey en nuestra ciudad; debemos de tener mucho cuidado para abordar un tema de este tamaño.

Aquí no se trata de venir a descalificar inmediatamente la denuncia de El Norte, vamos a analizarla. Por eso le planteo aquí al recién llegado que se ponga a estudiar la iniciativa de Ley Federal de Comunicación Social, que es muy importante que la conozca antes de simple y sencillamente ser objeto... no señor, estoy respondiéndole todavía...

El Presidente:

Permítame...

El diputado Javier Corral Jurado:

Señor Presidente, el diputado Oceguera quiere hacerme una interpelación, por favor se la concedo de antemano, señor Presidente. Diputado Oceguera adelante.

El Presidente:

Permítame, señor diputado, pero son funciones de esta Presidencia entregar la palabra a los diputados que desean hacer alguna...

El diputado Javier Corral Jurado:

Deme la oportunidad, señor Oceguera.

El Presidente:

Señor diputado Oceguera, por favor active su micrófono. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul):

En primer lugar no busco hacer una interpelación, que no se arrogue las facultades que son de usted nada más...

El Presidente:

¿Es una moción, señor diputado?

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul):

Quiero hacer una moción a la mesa si me permite.

El Presidente:

Señor diputado, ¿es una moción o para qué es su intervención? ¿Con qué objeto su intervención?

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul):

He dicho que solicito a la Presidencia me permita hacer una moción de orden, yo no pedí interpelar a nadie, consecuentemente no ha lugar que el diputado Corral me otorgue mercedes que no le corresponde otorgar, señor Presidente.

El Presidente:

Yo pensé que estaba usted buscando interpelar.

Por favor continúe con su respuesta el orador.

235,236 Y 237

El diputado Javier Corral Jurado:

Todavía no termina con la respuesta...

El Presidente:

Concluya con su respuesta el señor orador.

El diputado Javier Corral Jurado:

Entonces una materia como ésta diputado Villalobos requiere de varios planos...

El Presidente:

Señor diputado Oceguera, esta Presidencia le pide atempere sus ánimos y en aras de la madurez parlamentaria que es necesaria para seguir desahogando esta sesión, haga usted la moción que desea y para lo cual me imagino está pidiendo la palabra. Por favor, ponga su micrófono apretando el botón correspondiente.

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul):

Señor Presidente, mi moción es en el sentido siguiente, aclarando que no he perdido la templanza, simple y sencillamente, señor Presidente, la interferencia del orador en turno ha evitado que usted tenga la claridad para conducir...

El diputado Javier Corral Jurado:

No es cierto, señor Presidente.

El Presidente:

Por favor, están prohibidos los diálogos desde tribuna. Continúe, señor diputado.

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul):

Señor Presidente, es claro que la intemperancia y la intolerancia proviene de otra parte. Voy a hacer mi moción, si no se me interrumpe, señor Presidente.

El Presidente:

Haga usted, por favor, su moción, señor diputado Oceguera.

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul):

Correcto, señor Presidente.

Mi moción es en el sentido de que la pregunta hecha por el diputado Villalobos ya fue respondida suficientemente por el orador.

El diputado Javier Corral Jurado:

¡Ah, usted la respondió!

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul):

Señor Presidente, ¿puedo continuar?

El Presidente:

Acabe y concluya por favor su moción, señor diputado Oceguera.

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul):

Modere al orador que me está interrumpiendo, señor Presidente; sea usted imparcial.

El Presidente:

Señor diputado Oceguera, por favor atempere sus ánimos. Esta Presidencia sabrá qué hacer para conducir a buen término esta participación del orador.

Muchas gracias, señor diputado Oceguera.

Señor diputado en turno de la tribuna, por favor concluya su respuesta.

El diputado Javier Corral Jurado:

Con mucho gusto, señor Presidente:

He querido ser generoso en la respuesta con un diputado priísta que me ha formulado un cuestionamiento, pero otro diputado priísta no quiere que yo amplíe la información sobre lo que su compañero tiene dudas. Con mucho gusto le haré llegar por escrito el complemento de mi respuesta.

Entro ahora en la continuación de mi intervención.

Hablar de publicidad y de gasto público en materia de publicidad, es uno de los temas fundamentales del derecho a la información en este país. Tiene que ver fundamentalmente con la búsqueda de criterios objetivos para la asignación de estas formas de ayuda sui generis que todos los estados tienen con respecto a los medios.

De hecho, por ejemplo y es evidente que el diputado Flores no lo sabe, uno de los argumentos y de los artículos de las iniciativas de ley, es transparentar la relación entre el Estado y los medios de comunicación en materia de asignación de publicidad, porque no sólo debe ser la penetración social.

Un comunicólogo estaría espantado de lo que aquí acaba de decir el diputado Flores; los criterios objetivos que una legislación reclama para transparentar publicidad y relación con el Estado, tiene qué ver también con tiraje y tiraje no solamente es circulación y circulación no solamente es penetración social y penetración social no sólo es influencia, es un conjunto de criterios los que hay que buscar objetivamente para que la asignación de publicidad no se convierta como un instrumento de presión o de premio, de castigo sobre la manifestación de las ideas, donde el gobernante premia a quien le levanta loas o hace apologías a su actuar o a partir del manejo discrecional de los recursos, ¿cómo puede castigar a un medio?

Miren ustedes qué tan grave es: si la publicidad, con criterios discrecionales es un elemento por sí mismo cuestionable, quiero decirles que un presupuesto de publicidad con criterios discrecionables en manos de un desquiciado, es todavía más peligroso. El desquiciado del gobernador, Patricio Martínez García de Chihuahua y no hablo, señores legisladores, del desquiciamiento que le proviene de una antigua sicopatía médica diagnosticada; hablo del desquiciamiento del que habló Reyes Heroles, de cuando el poder ofusca a los inteligentes y enloquece a los incapaces.

Miren ustedes por qué la represión contra El Norte de Ciudad Juárez, miren ustedes por qué se fue contra un solo medio: el gobernador de Chihuahua; se fue porque fue El Norte el que oso publicar el abucheo que en una pelea de box, a la que en baño de pueblo había concurrido el gobernador, se le dio prácticamente por toda la multitud. ¡Fuera!, le gritaban los aficionados al box al gobernador Patricio Martínez, ¡fuera!, le gritaban a Patricio y además le aventaron cerveza, hasta que lograron que saliera del gimnasio "Rodrigo M. Quevedo".

Pero, ¿cómo se atreve El Norte de Ciudad Juárez a publicar no sólo el abucheo, sino la graciosa huida que entre vasos de cerveza realizaba el gobernador?, y por eso le tiene a El Norte cancelada la publicidad desde el pasado mes de febrero, bajo el subjetivo criterio de que el periódico no tiene penetración social y vaya que sí tiene penetración social que aun siendo el único periódico del Estado que relató el hecho, hoy es del conocimiento público de los chihuahuenses que a Patricio Martínez, lo abucharon a dos meses de haber tomado posesión en el Estado de Chihuahua.

No es, señores legisladores, no es compañero Flores, usted que acaba de llegar no puede ser sujeto ya de la línea. Aprenda de Rodolfo Echeverría que ha renunciado a la farsa; aprenda usted de otros compañeros suyos que han sido capaces de levantar la voz frente a la consigna, frente a la ataraxia, frente al inmovilismo, frente a todo lo que se ha generado para mantener un estado de cosas igual.

Nosotros hemos tocado un tema que muy pocos de sus compañeros se han atrevido a tocar en el debate nacional de este país: que es la legislación necesaria que transparente, que democratice y que defienda las libertades jurídicas en materia de libertad de expresión, de información y del derecho a la información. Con esa autoridad y con el conocimiento y la experiencia de quienes hemos dado la cara en un tema, sí, si usted quiere no es rentable, a veces
es muy discutible, a veces incluso es instrumento para explotarlo políticamente en los plenos. Pero es uno de los temas necesarios en la transición del país, porque quiere sentar las bases para transparentar la relación del Estado con los medios de comunicación; para que gobernantes desquiciados como su gobernador Patricio Martínez García, no hagan del presupuesto público un instrumento para controlar, para acallar, para castigar a las voces disidentes, porque lo que hoy se da en Chihuahua, señores legisladores, es una regresión autoritaria, fruto de una larga intolerancia formada por supuesto en un gobernador que a pocos meses, a muy pocos meses de haber iniciado su mandato no sólo genera polémicas, no sólo genera discusiones en la Cámara de Diputados, genera también abucheos y rechiflas en las peleas de box.

Muchas gracias, señores legisladores.

El Presidente:

Tiene la palabra para hablar sobre el mismo tema, el diputado Francisco Martínez Ortega, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Jesús Francisco Martínez Ortega:

Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados:

La verdad es que me sorprende mucho la intervención del diputado Javier Corral. Pero sobre todo cuando con ése gran fervor se manifiesta con sus ideas.

Y retomaría lo último que dijo cuando dice y expresa aquí ante ustedes, que a dos meses o tres meses de tomar posesión Patricio Martínez, ya genera en una función de box el abucheo; tal parece que el diputado Corral, no ha asistido nunca a una función de box, que no sabe cómo se conducen los aficionados que asisten a desfogar todos sus ímpetus ahí en una función de box.

Yo quisiera decirle al diputado Corral, que así como él menciona que a Patricio le abucharon, también a Ramón Galindo en su campaña lo abucharon antes de tomar siquiera posesión porque no ganó. Pero fue abucheado de la misma manera y eso es lógico y es entendible para quien asiste a una función de box.

Pero yo le diría, si usted llama desquiciado a Patricio Martínez, cómo le llamaríamos al ex gobernador Francisco Barrio Terrazas, cuando el 22 de mayo de 1997, en la ciudad de Chihuahua, un grupo de campesinos indígenas, procedentes del ejido Monterde, quienes manifestaban en la vía pública pidiendo su solución a sus problemas, fueron reprimidos por una salvaje golpiza, propinada por la judicial del Estado y al reseñar estos hechos, la periodista Miroslava Brich, quien cumpliendo con su trabajo de una manera ética y profesional, publica la nota veraz y oportunamente, ilustrándola con unas fotografías muy elocuentes de los acontecimientos, situación que no fue del completo agrado del entonces gobernador Francisco Barrio y en una actitud autoritaria y represiva, presionó para que fuera cesada en sus labores, como premio a su eficacia, como es del conocimiento de toda la sociedad chihuahuense. Eso es lo que debía de venir a mencionar también en su intervención.

Estos acontecimientos que relato no son más que una sola muestra de los actos represores y autoritarios que sucedieron constantemente durante la gestión de Francisco Barrio, a lo largo de sus seis años de gobierno.

Y me pregunto, ¿por qué entonces el diputado Corral, que era en aquel tiempo integrante del Congreso local, no alzó su voz para censurarlos? La respuesta es obvia, pues se trataba de acciones ejecutadas por un gobernante de su partido.

Discúlpeme, no quiero enojarlo, diputado Corral, pero quiero hablar de las cosas que en Chihuahua suceden y que aquí, con el doble discurso exclusivamente, los panistas ponen el dedo en la llaga por lo que hacen los priístas, pero no denuncian lo que sus compañeros hacen en el ejercicio de su gobierno.

Vean, compañeros diputados, lo infantil de los argumentos del diputado César Jáuregui, cuando dice que fue una orden o una sugerencia del gobernador Patricio Martínez, para que despidieran a un locutor de una estación radiofónica. Como si no supiera que cualquier empresa es la que tiene el privilegio de poder decidir los destinos de su empresa y poder hacer los cambios que considere convenientes para poder seguir adelante.

Pero qué bien guardado. No menciona y se lo deja por ahí, el decir que este citado cronista, comentarista, porque no es locutor, renunció a su trabajo. Nadie lo corrió, él solito se fue. Por algo ha de haber sido en Chihuahua...

El Presidente:

Señor diputado, su tiempo ha terminado. Le pedimos concluya de inmediato.

El diputado Jesús Francisco Martínez Ortega:

Les diría a los diputados César Jáuregui y Javier Corral: cuánto desean que el gobierno del Estado le pague a este periódico para que ustedes dejen de gritar, que no se les ordene publicidad. El gobierno no debe pagar chantajes. Que quede claro, en Chihuahua no hay censura para ningún medio de información; todo lo contrario, hay la mayor apertura para la libre expresión.

En Chihuahua no promovemos la ley mordaza y tampoco promovemos el corral de la ignominia.

Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, para hablar sobre el mismo tema, el diputado Jorge Doroteo Zapata García, del Partido Revolucionario Institucional.

Les recordamos que éste es un debate pactado, sujeto al artículo vigesimotercero del acuerdo que rige esta sesión.

El diputado Javier Corral Jurado
(desde su curul):

¡Señor Presidente!

El Presidente:

Señor diputado Corral. Por favor, activen el micrófono del diputado Corral.

El diputado Javier Corral Jurado
(desde su curul):

Muchas gracias. Señor Presidente:

El debate pactado no quiere decir que se supriman las alusiones personales. El diputado Martínez ha hecho varias alusiones personales a su servidor y al diputado Jáuregui. Me parece que lo pactado debe en todo caso ser muy claro en no incluir intervenciones que aludan a otras personas, porque esto deja a la oratoria parlamentaria en imposibilidades de rectificar o de replicar, señor Presidente.

El Presidente:

Instruyo a la Secretaría para que lea el artículo vigesimotercero del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados.

El secretario Julio Castrillón Valdés:

Artículo vigesimotercero. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política podrá acordar la celebración de debates sobre asuntos de interés general, abarcando un máximo de 20 minutos por grupo parlamentario, divididos de conformidad con la propia decisión del grupo y en el orden previamente convenido.

En estos debates la asignación integral de tiempos a cada grupo parlamentario se distribuirá como mejor lo estime el propio grupo, mediante el señalamiento de su respectivo coordinador."

El Presidente:

Señor diputado, el tiempo del Partido Acción Nacional, sus 20 minutos, han concluido.

Tiene la palabra el diputado Zapata García. Adelante.

El diputado Jorge Doroteo Zapata García:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

La sociedad de Chihuahua se ha significado por ser de vanguardia en materia política. Se ha considerado una sociedad madura y plural.

En el año de 1992 la sociedad decidió otorgar la administración pública por primera vez en su historia a otro partido que le ofreció un cambio casi total en su administración. Después de seis años de decepción, por el nulo resultado de ese ofrecimiento, volvió la sociedad los ojos al Partido Revolucionario Institucional, que abanderado por un magnífico chihuahuense, con características de triunfador, una excelente carrera política de resultados altamente positivos, como Patricio Martínez, que convence a los chihuahuenses que la mejor opción a la búsqueda de las respuestas a sus necesidades que no habían tenido solución en los seis años anteriores, era llevar a la gobernatura como candidato del Partido Revolucionario Institucional a un magnífico chihuahuense como Patricio Martínez García, con lo cual se obtuvo un triunfo indiscutible, claro e inobjetable.

Quiero decirles a ustedes que al llegar Patricio Martínez a la gobernatura del Estado de Chihuahua ha tenido en su proyecto y lo está cumpliendo, muchas acciones. Les señalo algunas, para conocimiento de esta honorable Asamblea: hay restricciones al horario de venta de vinos y licores en todo tipo de negocios, como lo mencionaba el compañero diputado Corral, lo que ha tenido como consecuencia que en estos cinco meses se haya disminuido el índice delictivo. Además, se comprometió a no endeudar al Estado, que viene arrastrando una deuda pública de administración panista sumamente costosa y lo está cumpliendo hasta este momento; ni siquiera hay planteada alguna solicitud de crédito ni el interés de endeudar más al Estado de Chihuahua.

Cada uno de los medios de tal forma con que se contrata actualmente, es únicamente de acuerdo a la capacidad del oferente. Hago mención al caso que nos ocupa de un diario de muy poca circulación en Ciudad Juárez, donde se percibe, por su circulación y contenido, el poco interés de la comunidad por el mismo, ya que carece de anuncios de publicidad y hasta lo que conocemos como avisos clasificados u ofertas del y para el lector, Por lo que consideramos que este tema, más que plantearse como un tema donde se manifiesta que se coarta la libertad de expresión, es un tema de carácter económico-administrativo que no corresponde a la Cámara ni al gobierno del Estado de Chihuahua resolverlo.
Consideramos que el asunto es de interés exclusivo y oscuro de los diputados compañeros del PAN, de quien nos sorprende totalmente la actitud contradictoria del diputado Corral, que hoy defiende a ultranza y por intereses oscuros la libertad de expresión en el Estado de Chihuahua y por otro lado, hace pocos meses que era el principal promotor de lo que conocemos como la ley mordaza y principal promotor de lo que se ha llamado el corral de la ignominia.

La sociedad de Chihuahua es una sociedad madura, que no cae en falsas provocaciones, que respalda a su Gobierno porque le cumple sus necesidades que recogió en campaña y que ante el avance notorio del progreso de este Gobierno indudablemente que los del PAN están dolidos no sólo por su derrota electoral, sino también por su derrota como administradores y la cancelación de privilegios que gozaban.

La sociedad tiene todo el derecho a recibir toda la información política que desee y la sociedad busca y encuentra el medio que se le proporciona, más una sociedad como la chihuahuense, que a través de seis años de una administración diferente aprendió a ser una sociedad plural y adquirió una cultura política que le ayuda a distinguir al periodista honesto de aquel que busca seguir un esquema ya superado de satisfacer únicamente su interés económicos y políticos y que afortunadamente viene desapareciendo ante una sociedad analítica y madura como es la sociedad chihuahuense.

Reconocemos ampliamente a los comunicadores, a los medios que suministran calidad, veracidad y oportunidad en su información y que cumplen con una sociedad que cada vez exige se le mantenga mejor informada.

Rechazamos el calificativo que se le brinda a nuestro señor gobernador porque es el gobernador de todos los chihuahuenses, así como respetamos al que se fue, que le podríamos endilgar peores adjetivos.

DIPUTADOS SUPLENTES
QUE SE INCORPORAN

El Presidente:

Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Pilar Concepción Cabrera Hernández y José María de los Reyes Torres, diputados suplentes electos en el VII distrito del Estado de Coahuila y IV circunscripción plurinominal.

Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir protesta de ley y para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Martha Laura Carranza Aguayo, Omar Alvarez Arronte, Susana Esquivel Farías y María Gloria Ocampo Aranda.

El secretario Baldemar Dzul Noh:

Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

Se invita a los presentes, a ponerse de pie.

El Presidente:

Ciudadanos Pilar Concepción Cabrera Hernández y José María de los Reyes Torres:

¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputados que el pueblo les ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los ciudadanos:

¡Sí protestamos!

El Presidente:

Sí así no lo hicieran, que la nación se los demande.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.


ORDEN DEL DIA

La secretaria Alma Angelina Vucovich Seele:

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.-Segundo Año.-LVII Legislatura.

Orden del día

Lunes 29 de marzo de 1999.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Colima, Puebla y Sonora.

Comunicaciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. (Cambio de integrantes de comisión.)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario, para que los ciudadanos Luis Smith Jiménez, Eloy Cantú Segovia, Sergio Saavedra Meléndez, José Luis Barros Horcasitas, Ignacio Luquín Pérez, Julio Faesler Carlisle, José Ramón Lorenzo Franco, Ricardo Francisco Galán Méndez, Margarita Diégues y Armas y Francisco del Río y López, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de las repúblicas de: Nicaragua, Francesa, Chile, Portugal, Bolivia y Paraguay, respectivamente. (Turno a comisión.)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario, para que los ciudadanos Cesarina Guglielmina Galanti, Elías Torres Montalvo, Blanca Adelina Harrinson Echeverría, María de los Dolores Montes Moreno, Alexandra Rossabch Leff, Gloria Josefina Yáñez Cruz, Ricardo Camacho Rosales, Guillermo Ugalde Cruz, Abdel Said García Maldonado y Xavier Olmos Verduzco, puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros. (Turno a comisión.)

Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 15:00 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el próximo lunes 29 de marzo a las 10:00 horas.

RESUMEN DE TRABAJOS

* Tiempo de duración: 4 horas 2 minutos.

* Quorum a la apertura de sesión: 272 diputados.

* Diputado que se reincorpora: 1.

* Diputados suplentes que se incorporan: 2.

* Puntos de acuerdo: 3.

* Temas de agendas politicas: 2.

* Oradores en tribuna: 22.
              PRI-8, PRD-5; PAN-6; PT-2; PVEM-1.

Se recibio:

* 1 iniciativa del PVEM;

* 1 iniciativa del PRI;

* 1 iniciativa del PAN;

* 1 iniciativa del PRD;

* 1 iniciativa del Congreso del Estado de Chiapas;

2 comunicaciones de los congresos de los Estados de Chiapas y San Luis Potosi;

Comunicaciones de la CRICP, solo ajuste en comisiones de trabajo.

NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición

Afore                Administradora de fondos para el retiro
Banxico           Banco de México
Cetes                Certificados de la Tesorería de la Federación
Consar              Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
DF                   Distrito Federal
EZLN                Ejército Zapatista de Liberación Nacional
IMSS                Instituto Mexicano del Seguro Social
Infonavit           Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores
PAN                 Partido Acción Nacional
PRD                 Partido de la Revolucionario Democratico
PRI                   Partido Revolucionario Institucional
Procesar,S.A de C.V.    Procesadora Nacional de Datos, Sociedad Anónima de Capital Variable
PT                    Partido del Trabajo
SAR                 Sistema de Ahorro para el Retiro
UDIBONOS      Bonos de Desarrollo del gobierno Federal Denominados en Unidades de Inversión

238,239 Y 240