Que está demostrado la
incidencia de márgenes muy superiores al 50% de dumping, es decir el valor mínimo que
deberá tener la cuota compensatoria para permitir la reactivación de la ganadería, para
que, dado su proceso biológico productivo, en un periodo de dos a cuatro años vuelva por
el cauce del crecimiento dentro de una competencia equitativa. Ante esto se exige y
justifica una medida emergente que prevenga la pérdida total de este importante
patrimonio nacional en el mediano plazo.
Que la ganadería nacional siempre ha convivido con retrasos temporales de lluvias y bajo
un entorno económico de limitación financiera; factores éstos que probablemente se
seguirán presentando y a los cuales los ganaderos se han visto obligados a adaptarse y si
a esto se agrega, la práctica de dumping; comprobada por siete años y cada día más
grave, es el factor que ha venido a desplazar del mercado a los productores nacionales.
Por lo que conforme a la Ley de Comercio Exterior, se debe sancionar con todo rigor, sin
supeditar, únicamente, a que ésta sea causa del daño que se denuncia.
Que no se justifica, que un país como México, incorporado a la apertura comercial bajo
el paradigma de un comercio internacional transparente en busca de oportunidades para su
industria; los importadores de manera constante prefieran adquirir productos cárnicos de
bovino a precios de dumping dañando gravemente la planta productiva nacional.
Que contrario a cualquier posible incremento del precio al consumidor, esta cuota, bajo la
estrecha supervisión oficial, permitirá reasignar los márgenes extraordinarios de
utilidad con que se han beneficiado los importadores; quienes no han derivado
equitativamente el bajo precio al consumidor y si han condicionado los precios a las
compras al productor nacional de carne, lo que ha impactando negativa y directamente hasta
el ganadero y el engordador.
Que los 25 millones de mexicanos que viven en el campo, dedicados a las actividades
agrícolas y pecuarias en más de 1.4 millones de unidades de producción o ranchos,
estrechamente vinculados a la productividad económica de la ganadería bovina que genera
autoempleo y complementa de manera importante sus ingresos. De no tomar las medidas
conducentes para enfrentar esta situación, la incidencia del dumping, deteriorará
considerablemente la calidad de vida de los campesinos, al abandonar éstos sus unidades
de producción.
Que con el objeto de defender la ganadería y la industria cárnica mexicana de esta
injusticia y buscando alcanzar la redituabilidad que incentive la reinversión en estos
rubros. Resulta trascendental que esta LVII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión se solidarice y apoye a los ganaderos e industriales mexicanos de la carne, para la
recuperación de nuestro propio mercado nacional; hoy en día, ampliamente saturado de
productos cárnicos de importación.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos,
diputados federales de la LVII Legislatura sometemos a la consideración de esta honorable
Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
En apoyo a los productores de carne del país, ante le problema de las importaciones con
dumping provenientes de Estados Unidos de América a México.
Unico. Que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial, en términos de lo dispuesto por la norma aplicable en la
materia, expida la resolusión correspondiente para la determinación y aplicación de los
aranceles a que se deba sujetar la importación desleal de carne de bovino procedente de
los Estados Unidos de América.
Atentamente.
Palacio Legislativo, 15 de marzo de 1999.- Comisión de Ganadería: diputado Joaquín
Montaño Yamuni presidente.»
Túrnese a la Comisión de Comercio.
Tiene la palabra
el diputado Francisco Manuel García Castells y Pérez, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición sobre la
importación desleal de carne de bovino, procedente de los Estados Unidos de América.
El diputado
Francisco Manuel Garcia
Castells y Pérez: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Como diputado federal, integrante de esta LVII Legislatura y a petición de los
productores pecuarios del país, comparezco, a nombre de la fracción parlamentaria de mi
partido, el Revolucionario Institucional, para exponer ante ustedes la muy grave
situación que está prevaleciendo en el sector pecuario con las prácticas de comercio
desleal implementadas por los Estados Unidos y Canadá.
Como dice el dicho popular: "para muestra basta un botón". Hoy, ante esta
soberanía presentaremos un breve análisis, así como alternativas de acción inmediata
que requieren los ganaderos mexicanos para contrarrestar el daño significativo que han
ocasionado las exportaciones de Estados Unidos, bajo condiciones desleales de comercio
internacional, desplazando con esto la producción nacional de ganado, carne y productos
derivados de bovino a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del
Norte.
En el caso del ganado bovino de carne, de 1988 a 1992, se mostró de una manera
determinante como las distorsiones generadas por la apertura comercial impactan a la
producción nacional, siendo necesaria la aplicación de aranceles compensatorios y
habiéndose logrado la aplicación de los mismos el 11 de noviembre de 1992.
El impacto de esta medida fue una reducción significativa de las importaciones durante
1993. Cabe aclarar que este arancel no se tradujo en una recuperación de los precios
domésticos, pagados al productor y tampoco en un incremento de los precios al consumidor.
Los mismos elementos que dieron lugar a la aplicación de los aranceles de la carne de
bovino en 1992, están vigentes en el mercado desde el arranque del Tratado de Libre
Comercio, el 1o. de enero de 1994.
Hoy podemos constatar lo que sucede cuando un producto pecuario, que no requiere permiso
previo de importación y que tiene un arancel cero debido a las asimetrías existentes con
los países que exportan a México.
También podemos evaluar las distorsiones que las prácticas de comercio desleal
introducen al sector pecuario nacional.
A cinco años, poco más de cinco años de la firma del tratado, la gran preocupación de
los ganaderos mexicanos es precisamente qué hacer ante esta situación.
Fundamentalmente ha sido demostrado que la llamada incompetitividad de los productores
nacionales frente a los mercados externos, se basa en prácticas desleales de comercio de
los países exportadores, quienes, a los precios a que ofertan sus productos en el mercado
mexicano, plantean fuertes distorsiones que el mercado doméstico no ha podido resolver.
El reflejo más claro de todo esto, ha sido el nivel alcanzado por las importaciones de
productos y subproductos pecuarios en todas las especies y líneas de transformación
industrial alimenticia, principalmente de los Estados Unidos, quienes han encontrado en
nuestro país un mercado sumamente atractivo por las bondades que ofrece una apertura
comercial prácticamente indiscriminada.
Frente a las prácticas desleales de comercio, es evidente que una alternativa para los
productores pecuarios mexicanos es la de obtener una protección de la autoridad
competente. En este sentido, la legislación mexicana en la materia deja tres opciones: la
salvaguarda, el dumping y los subsidios; desgraciadamente éstas funcionan, dos de ellas
en el área industrial dejando únicamente la salvaguarda en el caso del sector
agropecuario.
En 1993, se inició un proceso de investigación por prácticas desleales de comercio en
las exportaciones de bovino de los Estados Unidos a México, y se demostró la presencia
de dumping y daño ocasionado a la ganadería nacional.
En 1997, la Confederación Nacional Ganadera, la Asociación Mexicana de Engordadores de
Ganado y las plantas tipos inspección federal, iniciaron un nuevo proceso que arrancó
formal mente con la resolución de inicio de la investigación, publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 21 de octubre de 1998.
Los tiempos estimados para la resolución conforme a la Ley de Comercio Exterior son: para
la resolución preliminar, los meses de marzo y abril de 1999 y para la resolución
definitiva, los meses de septiembre y octubre de este mismo año.
Compañeros diputados: pedimos que la solicitud hecha por los productores pecuarios del
país, para conseguir de la autoridad correspondiente la aplicación de cuotas
compensatorias a las importaciones de ganado, carne y productos de bovino, cuente con la
solidaridad de todos nosotros y estar pendientes, por supuesto, de las publicaciones
correspondientes. Está en riesgo la supervivencia de la ganadería de carne de bovino en
nuestro país.
Por otro lado, existe una alternativa excepcional que se ha constituido con los avances de
las negociaciones dentro de la ronda de Uruguay, del GATT. Nos referimos al arancel
consolidado que se les tiene permitido a los países en desarrollo, del 33%, cuando
México tiene uno solo del 11.2%. Esto le deja a nuestro país un margen de maniobra de 22
puntos porcentuales para realizar los ajustes sectoriales que considere pertinentes, sin
afectar sus relaciones políticas y económicas con el exterior.
Otra forma de amortiguar el efecto negativo que traería la eliminación de los aranceles,
pudiera ser un conjunto de medidas de política interna en apoyo al sector pecuario, entre
otras, el financiamiento a la producción y a la comercialización pecuaria, la
alimentación e insumos para el ganado, la clasificación, normatividad e inspección
sanitaria de la carne y la legislación sobre movilizaciones de ganado.
Sin embargo algunas de estas condiciones no podrían llevarse a cabo, ya que en nuestro
país no contamos con la afluencia de recursos económicos que se requieren.
En síntesis, podemos afirmar, al analizar lo sucedido con la ganadería productora de
carne de bovino en México, que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ha
resultado más perjudicial que benéfico para el sector pecuario.
La producción nacional de ganado, carne y productos derivados de bovino, se ha visto
desplazada por las exportaciones de Estados Unidos bajo condiciones desleales de comercio
internacional, al competir la vaca importada de desecho, con nuestro novillo gordo de
primera.
Actualmente las importaciones representan el 49% de la oferta efectiva de carne en
México, mientras que hace apenas cuatro años, eran solamente equivalentes al 6%.
Este desplazamiento se manifiesta a lo largo de toda la cadena productiva y de
comercialización, a través del cierre de ranchos, quiebra masiva de empresas, pérdida
de fuentes de empleo y subutilización de la capacidad instalada, ante la entrada de
ganado y cárnicos a precios desleales.
Existe una tendencia clara para profundizar el daño generado ante el crecimiento de las
exportaciones de carne de los Estados Unidos a México, impulsadas por subsidios y apoyos
tanto financieros como promocionales, así como por las caídas del mercado asiático y su
propio consumo interno.
Es urgente, compañeros diputados, que se tome una resolución que defienda a los más de
1 millón 421 mil unidades de producción que existen en México y a la población rural
de más de 25 millones de compatriotas que fincan su sustento en la producción del campo.
Es urgente la aplicación de una cuota compensatoria a la importación de ganado, de carne
y de productos derivados de bovino, de tal manera que nivele las condiciones de
competencia con nuestros socios comerciales.
Nuestra ganadería y nuestra industria de la carne de bovino, tiene todavía la
disposición y aún están en condiciones de competir en un ambiente que evite los efectos
de la competencia desleal que provocan las exportaciones de otros países con dumping.
Compañeros diputados: el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, a más de
cinco años de haberse firmado, ha demostrado que causa daño al sector agropecuario, por
lo que los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional, proponemos las siguientes acciones:
273,274 y 275
1o. Con base en lo anteriormente expuesto, demandamos
una revisión estricta y a fondo del Tratado de Libre Comercio, por lo que concierne al
sector agropecuario, bajo el argumento fundamental de que nos encontramos ante una serie
de asimetrías que provocan una competencia desleal en el comercio internacional con
nuestros vecinos del norte.
2o. De este punto se desprenderá la imposición de cuotas compensatorias por prácticas
desleales de comercio, hasta que no se tengan las condiciones para que el sector madure,
tanto en el terreno productivo y logre su capitalización.
3o. Apoyamos la aplicación del Capítulo XV del propio Tratado de Libre Comercio con
América del Norte, para contrarrestar las prácticas monopólicas que se vienen dando
dentro del sector.
4o. Proponemos que se tomen más en cuenta las opiniones con voz y con voto, de los
representantes de todos los productores organizados en los comités de asignación de
cupos.
5o. Proponemos que las negociaciones que afecten directamente al sector agropecuario, sean
independientes de otras. Con esto queremos decir que sea la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, como cabeza de sector junto con los productores
organizados, los que lleguen a los acuerdos comerciales correspondientes.
6o. Buscar estrategias y mecanismos, como la aplicación del arancel consolidado dentro de
las negociaciones de la ronda de Uruguay, que permitan realizar los ajustes sectoriales
que se consideren pertinentes.
7o. Instrumentar mediante la participación y el consenso del FIRA, del Focir y Bancomext,
un verdadero esquema para el financiamiento rural integral del sector agropecuario, tanto
en las áreas de fomento a la producción como de apoyos a la comercialización.
Como punto único solicitamos al Ejecutivo Federal, que por conducto de la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial, y en términos de lo dispuesto por la normatividad
aplicable en la materia y atendiendo a las gestiones realizadas por los productores e
industriales ganaderos nacionales y sus organizaciones, se expida de manera urgente la
resolución correspondiente para la determinación y aplicación de los aranceles a los
que se deberá sujetar la importación de carne de bovino proveniente de los Estados
Unidos de América del Norte y se evite la importación a precios de dumping.
Así también se establezca, al igual que como se hizo con las importaciones de Asia,
conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un programa especial de
monitoreo, para evitar el contrabando y las importaciones lesivas a precios de dumping de
la referida carne.
Muchas gracias, señor Presidente.
Dejo en la Secretaría un par de documentos que apoyan lo correspondiente.
Túrnese a las comisiones unidas de
Comercio y de Ganadería.
SECTOR ELECTRICO
Tiene la
palabra la diputada Lilia Reyes Morales, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, para presentar una solicitud para la formación de una
comisión especial de investigación a la Comisión Federal de Electricidad y a la
Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
| La diputada
Lilia Reyes Morales: |
«Ciudadano diputado Sergio Valdés Arias,
presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.
Los suscritos, diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional de esta LVII Legislatura, ante usted y con fundamento en los artículos 93
párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45
fracción II, 46, 47, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General y con base en el
Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités
de la Cámara de Diputados, de fecha 2 de diciembre de 1997, solicitamos la integración
de una comisión que se aboque a investigar el funcionamiento, tanto de la Comisión
Federal de Electricidad, como de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para lograr
obtener a la brevedad posible, elementos suficientes de información que nos lleven a
definir los requerimientos actuales y futuros del sector eléctrico y estar en
condiciones, al resultado de las mismas, de informar al Ejecutivo en torno de lo que
plasma en el artículo constitucional primeramente citado.
Ahora bien, cuando esta Cámara conozca de la minuta que en su caso se apruebe por el
honorable Senado de la República, en relación a las modificaciones de los artículos 27
y 28 constitucionales, propuesta por el señor Presidente de la República en términos de
las disposiciones legales respectivas, solicitaremos la presencia de los funcionarios del
Ejecutivo que se requieran para conocer la información que al respecto solicite esta
Cámara.
Por lo expuesto y fundado, solicitamos a usted atentamente, turnar la presente solicitud a
la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para que ésta, en ejercicio
de sus atribuciones, proceda a integrar la propuesta de interacción y dirección de la
comisión que se solicita, a efecto de que sea sometida al conocimiento del pleno y sea
aprobada.
Esta solicitud está signada por 198 compañeros de mi partido, el Revolucionario
Institucional.»
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
Túrnese a la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política.
SECTOR ELECTRICO
Esta Presidencia instruye a los diputados
secretarios, para que puedan dar lectura a la comunicación del diputado Cuauhtémoc
Velasco Oliva, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, donde
pide presentar una solicitud para la formación de una comisión investigadora, con
fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
| La
secretaria Luz del Carmen López Rivera: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.
Diputado Sergio Valdés Arias, presidente de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados.- Presente.
El pasado 2 de febrero el presidente Zedillo anunció, en cadena nacional, la puesta en
marcha de la privatización del sector eléctrico.
Los argumentos del
Gobierno zedillista son: que es inminente una crisis del sector si en los próximos seis
años no se inyectan inversiones por alrededor de los 250 mil millones de pesos. La
pregunta inmediata y obligada a tal afirmación es, ¿será real la situación energética
del país que transmite el Gobierno Federal, de una bancarrota de la paraestatal CFE y de
una crisis estructural severa en el sector eléctrico? ¿Será cierto que, como lo afirma
el presidente Zedillo, el único camino viable es la desincorporación de la industria
eléctrica? ¿Se requieren efectivamente 250 mil millones de pesos para atender la
expansión de la demanda del sector eléctrico en los próximos años?
La revisión de las cantidades contenidas en la propuesta de cambio estructural de la
industria eléctrica en México revela manipulación de cifras, tanto en lo que se refiere
a las necesidades adicionales de generación de energía eléctrica como en la situación
financiera del sector eléctrico (Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y
Fuerza del Centro), por lo que juzgamos indispensable la creación de una comisión de
investigación que tenga por objeto obtener información confiable que sirva de base para
definir con transparencia los requerimientos del sector eléctrico.
La comisión que se propone sobre el sector eléctrico, se fundamenta en el artículo 93
constitucional, último párrafo, que faculta a la Cámara de Diputados para la
integración de comisiones investigadoras a organismos descentralizados y a empresas de
participación estatal mayoritaria, como es el presente caso.
Atentamente.
México, D.F., a 9 de marzo de 1999.- Porfirio Muñoz Ledo, Jesús Martín del Campo,
Octavio Hernández C., Plutarco García Jiménez, Dolores Padierna L., Fabiola Gallego
Araujo, Olga Medina Serrano, José Luis Martínez Cureño, Angel de la Rosa Blancas,
Enrique Santillán Viveros, Alfonso Ramírez Cuéllar, Cesár Lonche Castellanos, Aarón
Quiroz Jiménez, Esperanza Villalobos, Estrella Vázquez O., Luis Rojas Ch., Cristina
Portillo, Julieta Gallardo, Pablo Gómez, Antonio Palomino Rivera, Ricardo García Sainz,
Carlos Heredia Zubieta, Bonfilio Peñaloza García, Pedro Magaña Guerrero, Isael Petronio
Cantú Nájera, Jorge León Díaz, Rodrigo Maldonado O., Patria Jiménez Flores, Alejandro
Ordorica S., Felipe Rodríguez, Luis David Gálvez, Adolfo González Zamora, Lenia Batres
G., Demetrio Sodi, Antonio Cabello S., Samuel Lara Villa, Francisco Guevara A., Gilberto
López y Rivas, Roselia Barajas Olea, Ricardo Armenta B., Alma Vucovich, Antonio Prats G.,
Leticia Robles Colín, David Cervantes P., Angélica de la Peña, Victorio Montalvo,
Silvia Oliva, Samuel Maldonado, Gonzalo A. de la Cruz E., Luis Meneses Murillo, Sergio
Valdés Arias, Alvaro López Ríos, Jorge Silva Morales, Pedro Salcedo García, María de
la Luz Núñez R., Laura Garza Galindo, Joaquín Hernández C., José Luis Sánchez,
Sergio B. Osorio, Armando López, Violeta Margarita Vázquez Osorno, Miguel Angel Solares,
, Rosalío Hernández B., Mariano Sánchez Farías, Gerardo Ramírez Vidal, Francisco Luna
Kan, Norma G. Argaiz Zurita, Gilberto Parra Rodríguez, Teobaldo López, Cuauhtémoc
Velasco, Benito Mirón Lince, Santiago Padilla, Gonzalo Rojas, Armando Galván Gascón,
Socorro Aubry, Juan González Davar, Carmen Escobedo Pérez, Lazáro Cárdenas Batel,
Clara M. Brugada M., Bernardo Bátiz V., Armando Aguirre Hervis, Saúl Solano Castro,
Marcelino Díaz de Jesús, Ana Llilia Ceballos Trujeque, Sergio George Cruz, Damián Huato
Pioquinto, María Victoria Peñaloza, Bernardo Segura R., José Octavio Díaz, Justiniano
Guzmán Reyna, Germán Rufino C., Elba Capuchino Herrera, Laurentino Sánchez, Juan
Antonio Guajardo Anzaldúa, César Pineda Castillo, Susana Esquivel Frías, María
Guadalupe Sánchez, Antonio Solís Lazo, Pablo Sandoval Ramírez, Martín Mora Aguirre,
Miguel Alonso Raya, Martha Dalia Gastelum, Enrique Bautista Villegas, Claudia C. Fragoso
López, Ranulfo Tonche Pacheco, Primitivo Ortega Olays, Miguel Noyola Martínez, Carmelo
Enríquez Rosado, Ricardo Cantú Garza, Gustavo Pedro C., Miguel A. Garza, Flavio Valdés,
Alberto López Rosas, Felipe Rangel Vargas, Marcelo Ebrad C., Fernando Hernández M.,
Carlos Morales, Manuel Pérez G., María Mercedes Maciel, Agapito Hernández Oaxaca, Juan
Cruz Martínez, Gloria Lavara, Verónica Velasco, Martha Irene Luna, Alberto Martínez y
José Luis García Cortés.»
Túrnese a la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política.
PARTIDO DE LA
REVOLUCION
DEMOCRATICA
El siguiente
punto del orden del día es: comentarios sobre las agresiones a varios diputados,
integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Tiene la palabra el diputado Teobaldo López Huertas, del Partido de la Revolución
Democrática, hasta por 10 minutos.
| El diputado Teobaldo López Huertas: |
Con su venia, señor Presidente:
En el marco de las agresiones que hemos venido padeciendo un indeterminado número de
diputados federales de diferentes partidos políticos, en este caso específico del grupo
del Partido de la Revolución Democrática y para ser concreto, del Estado de México,
vengo ante ustedes a hacer la siguiente denuncia:
El 24 de marzo fue agredido, por segunda ocasión en los últimos tres meses, el diputado
federal Germán Rufino Contreras, a manos de la policía municipal de Ecatepec, Estado de
México. La agresión se produjo al ser instalada, en forma pacífica y legal, una huelga
de hambre por ciudadanos ecatepenses, en protesta por la detención política de Inés
Navarrete Martínez y las órdenes de aprehensión giradas en contra de dirigentes
sociales de este municipio y del propio legislador del PRD.
276,277 y 278
La agresión se suma a una larga cadena de
intimidaciones, amenazas e incluso detenciones de que han sido víctimas diputados de
éstas y otras legislaturas, derivadas de las actividades propias de su investidura.
¿Quién no recuerda la detención ilegal por algunas horas, del entonces legislador del
PRD, Enrique Rico Arzate, a causa de intentar cerciorarse por su propia cuenta del daño
ecológico que causaba en aguas mexiquenses, mexicanas, el barco petrolero de Tula en la
LV Legislatura o bien el efecto contrario que tuvo el conflicto laboral entablado por
Raúl Alvarez Garín, diputado de esta misma legislatura contra la Compañía Federal de
Electricidad, a causa de sus denuncias por la venta irregular de Teléfonos de México?
Este legislador fue despedido antes de tomar posesión de su cargo, reinstalado cuando fue
legislador y como resultado de su actividad legislativa despedido nuevamente.
También debe mencionarse el clima de hostilidad generado contra el senador Félix Salgado
Macedonio en la LVI Legislatura, por externar y brindar su apoyo directo a la decidida
lucha de los barrenderos tabasqueños por hacer valer sus derechos laborales y ciudadanos.
Ya en esta legislatura se han presentado incidentes de lesiones graves contra nuestros
diputados, que han quedado impunes. Por ejemplo es el caso de las heridas con armas de
fuego de que fue objeto el diputado Antonio Prats García, en octubre pasado. El móvil
del atentado continúa sin esclarecerse y los probables responsables prófugos.
Otra situación delicada se presentó contra los diputados Sergio Benito Osorio y Antonio
Lagunas Angel, quienes fueron detenidos por la policía del Estado de México, al apoyar
una movilización en contra del cobro de tarifas en la carretera Toluca-Atlacomulco,
asunto que fue tratado en tribuna y que motivó un punto de acuerdo que respaldaba la
petición de estos diputados.
Así, la más reciente agresión contra el diputado Germán Rufino Contreras, cuya
responsabilidad exclusiva recae en Jorge Torres Rodríguez, presidente municipal en
funciones. Se suma al ambiente de amenazas e intimidación que en otros momentos han
sufrido los diputados, como es el caso del diputado Teobaldo López Huertas y César
Lonche Castellanos, ambos amenazados de muerte y lesionado este último por provocadores
perfectamente identificados, en Coatepec, Barrio Alto, Distrito Federal.
El clima de provocación e intimidación contra nuestros legisladores preocupa hondamente
al grupo parlamentario del PRD, en virtud de que se ha producido en el marco de su
actividad legislativa de las tareas distritales que cotidianamente realizan en beneficio
de los electores y del ejercicio de sus derechos políticos.
En su oportunidad, los legisladores agredidos han recurrido a las instancias de
procuración de justicia y de derechos humanos correspondientes, sin conseguir a la fecha
el castigo de los responsables de estos hechos que han puesto en riesgo su integridad
física y la de sus familias.
Algunos funcionarios públicos, como Jorge Torres Rodríguez, han desacatado incluso, las
recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y han vuelto a
lanzar a la policía montada de Ecatepec, contra una manifestación pacífica.
El grado de impunidad y cinismo en el municipio mexiquense ha llegado a extremo tal que
siguen sin castigo los responsables de la agresión a diputados y ciudadanos indefensos
ocurrida el 15 de diciembre del año pasado.
A pesar de las gestiones de la Cámara de Diputados, cuya obligación es velar porque se
respete el fuero constitucional de los legisladores, para esclarecer los hechos y castigar
a los responsables, no ha habido una respuesta satisfactoria de las autoridades
correspondientes.
En estas circunstancias el grupo parlamentario del PRD hace un llamado a las autoridades
respectivas, particularmente a las procuradurías de justicia estatales y General de la
República, para que agilicen las investigaciones que conduzcan al castigo de quienes
encubriéndose en el anonimato, amenazan a nuestros legisladores y exigen castigo a
quienes han sido identificados como los agresores de los diputados.
En el caso del municipio de Ecatepec nuestro grupo parlamentario hará uso de los recursos
legales y políticos a su alcance, para que Jorge Torres Rodríguez y los jefes policiacos
del municipio que gobierna, sean sancionados con todo el rigor de la ley.
En este punto por su importancia, nuestro partido estudia la posibilidad de solicitar a la
legislatura del Estado, en ejercicio de la responsabilidad de los servidores públicos a
que se refieren los artículos 130 y siguientes de la Constitución Política del Estado
de México, instruya el procedimiento correspondiente para destituir al ciudadano Jorge
Torres Rodríguez, como presidente municipal del municipio de Ecatepec.
Es convicción del PRD, que ninguna agresión contra sus legisladores quede impune.
Es cuanto, señor Presidente.
Tiene la palabra el diputado Jeffrey Max Jones
Jones, del Partido Acción Nacional, para hablar sobre el mismo tema, hasta por 10
minutos.
| El diputado Jeffrey Max Jones Jones: |
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y
compañeros diputados:
Conforme al artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el
desempeño de su cargo y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.
La doctrina ha considerado necesario este precepto constitucional, para que los
legisladores puedan ejercer sus funciones sin ninguna cortapisa o limitación, a fin de
que con toda libertad manifiesten sus ideas, sus opiniones, sin el temor de ser acusados o
denunciados y, de este modo, desempeñar con plena independencia y eficiencia el cargo que
se les ha encomendado.
Sin embargo, no existe en nuestra Constitución o en las leyes secundarias alguna norma
que dé seguridad y protección en su integridad física a los diputados y senadores en
cuanto tales, por lo que es necesario que en el ejercicio de sus funciones de legisladores
y representantes de los estados exista un régimen legal para darles esa seguridad dentro
y fuera de los recintos oficiales.
A partir del 6 de julio de 1997, surgió una nueva composición de la Cámara de
Diputados, porque así lo decidió en las urnas el pueblo de México y ello ha traído
como consecuencia que los representantes populares puedan tomar decisiones al interior que
afecten intereses de grupos que tradicionalmente han obstaculizado permanentemente el
avance democrático del país.
Asimismo, las denuncias que los diputados valientemente llevan a cabo en esta tribuna
señalando la corrupción de diversos funcionarios públicos, la desviación de fondos
públicos para fines diversos que la ley señala, el contínuo atropello de la dignidad de
los ciudadanos, quienes son presionados para que voten en un determinado sentido,
prostituyendo el voto y otras denuncias, hacen que sean proclives de agresiones.
Dichos diputados, al regresar a sus distritos o bien tanto dentro o al salir de este
recinto, corren alto riesgo de ser agredidos físicamente, como ya ha estado sucediendo y
por ello se hace necesario que cuenten con la protección debida durante todo el tiempo
que requiera el ejercicio de sus funciones.
Por primera vez hemos visto que continuamente compañeros nuestros diputados han sido
víctimas de diferentes ilícitos, que si bien algunos son consecuencia de la grave
inseguridad que se vive en esta ciudad, en otros casos podría tratarse de agresiones
previamente concebidas y consecuencia de la manifestación de sus ideas.
Por ello, es importante que en esta Cámara se contrate a un grupo de personas que brinden
servicios jurídicos de alta calidad en apoyo al diputado que ha sido agredido y asimismo
también que se incremente, previa selección y capacitación, el personal de seguridad de
esta Cámara de Diputados para que pueda brindar un mejor servicio de protección a los
representantes populares y que, cuando por alguna circunstancia, uno o varios compañeros
requieran de seguridad al salir de estas instalaciones, el personal especializado en
seguridad personal puedan acompañarlos a sus distritos y permanecer con ellos mientras se
considere que exista peligro de su vida.
Toda petición de servicios especiales de seguridad
personal, naturalmente deberá ser autorizada por la Comisión de Régimen Interno y de
Concertación Política y sólo deberá ser concedida cuando se pruebe que existe un
riesgo real para la integridad física del representante popular solicitante.
Ya en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que
todo candidato que requiera de servicios de seguridad especiales, con sólo solicitarlo,
la autoridad electoral tiene la obligación de requerir a quien corresponda el que de
manera inmediata se le otorguen las medidas de protección requeridas que hagan inviable
que el contendiente pueda sufrir una agresión durante el desarrollo y ejecución de su
campaña política.
Por ello, se hace cada vez más necesario que esta Cámara tome medidas, para que además
de brindársele servicios jurídicos de alta calidad a los diputados que han sido
víctimas de presuntos delitos del orden común, se integre un grupo altamente profesional
y capacitado en materia de seguridad personal para que otorgue estas acciones a quienes
pueden ser objeto de agresiones graves.
Por su atención, muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Eduardo Bernal
Martínez, para hablar sobre el tema, hasta por 10 minutos, del Partido Revolucionario
Institucional.
El diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez: |
Con su venia, señor Presidente; señoras
diputadas; señores diputados:
Hablar del fuero constitucional es hablar de un tema que requiere abordarlo con extrema
responsabilidad. Principalmente porque es un privilegio que nos otorga la Constitución a
los miembros del Congreso en el ejercicio de nuestras funciones. Si bien este privilegio
no es nuevo, ya que data del Siglo XVI, donde se protegía y se les daba inviolabilidad en
la expresión de sus opiniones a los parlamentarios, jurídicamente este derecho o este
privilegio se consagra jurídicamente hasta el Siglo XVII en Inglaterra, con el llamado
"freedom of the speech or bill of right".
La inviolabilidad de los miembros del Congreso, por sus opiniones es uno de los
privilegios que nos otorga la Constitución. En su segundo párrafo la propia
Constitución en el artículo 61 nos da la protección procesal que tenemos para no ser
demandados o procesados, no sólo por nuestras opiniones, sino en cualquier delito del
fuero común. Estos derechos y privilegios tenemos que asumirlos con suma responsabilidad.
¿Hasta dónde empieza y termina el privilegio de este fuero?
De acuerdo a lo expuesto anteriormente por mí compañero de Acción Nacional, tenemos
qué ver hasta donde estos privilegios nos van a dar el derecho de hacer acciones que van
en contra, inclusive de las propias autoridades.
Estamos de acuerdo, en el grupo parlamentario, en que tengamos ese derecho para expresar
nuestras opiniones en el ejercicio de nuestras funciones. Por ello, los diputados de mi
grupo parlamentario estamos de acuerdo en que pudiera crearse esta comisión o este grupo,
para que se precisen los alcances constitucionales del fuero y la inviolabilidad que
tenemos en el ejercicio de nuestras opiniones; pero también que preservemos y vigilemos
su ejercicio. Que este derecho se haga con suma responsabilidad y que no sea motivo de
excesos hacia las autoridades.
Tenemos que admitir y no podemos soslayarlo, que algunos diputados en el ejercicio de este
derecho han abusado ante las autoridades competentes: Y no hablamos no sólo de Estado de
México, hablamos también del Distrito Federal. No hablamos de que este fuero sea usado
en diferentes estados de la República con suma facilidad y malinterpretando este derecho
que se tiene. Inclusive la secretaría de gobierno del Distrito Federal decía que no se
va a permitir que nadie violente la ley, sea quien sea.
279,280 y 281
Reitero, estamos de acuerdo en que se pueda crear una
comisión que no sólo proteja a los diputados en el ejercicio de sus funciones, sino en
los traslados, como le pasó a nuestro diputado de Acción Nacional. Pero tampoco podemos
admitir que bajo falsas interpretaciones los representantes populares violemos la ley.
Tendremos que recordar que ésta es la casa de la ley. Sobre la Constitución, nadie
contra la Constitución, nada.
Es cuanto, señores diputados.
Continúe la Secretaría con el orden del día.
El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas
Arreola(desde su curul): |
¡Señor Presidente, pido la palabra!
¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas
Arreola(desde su curul): |
Para rectificación de hechos, señor
Presidente.
Fue un debate pactado, señor diputado.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
| La
secretaria Luz del Carmen López Rivera: |
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en
cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Martes 30 de marzo de 1999.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Guanajuato, Tlaxcala y Yucatán.
Comunicaciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. (Cambio de
integrantes de comisión.)
Iniciativas de diputados
De reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado José
Jesús Montejo Blanco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
De Ley para la Protección y Aprovechamiento Sostenible de la Fauna Silvestre y reformas a
la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado Jorge Alejandro Jiménez
Taboada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a
comisión.)
Excitativas
A las comisiones de Educación y de Ecología y Medio Ambiente, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo del diputado Angel de la Rosa, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Federal de Turismo. (Dispensa de la segunda lectura. Discusión y
votación.)
Sesión secreta.
Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
| El
Presidente(a las 12:43 horas): |
Se levanta la sesión y se cita para la próxima
que tendrá lugar mañana, martes 30 de marzo a las 10:30 horas.
RESUMEN DE
TRABAJOS
.* Tiempo de duración: 1 hora con 41 minutos.
* Quorum a la apertura de sesión: 318 diputados.
* Puntos de acuerdo: 2.
* Temas de agenda política: 1.
* Oradores en tribuna: 8
PRI-3; PRD-1; PAN-4.
Se recibió:
* 2 iniciativas del Ejecutivo;
* 2 iniciativas del PAN;
* 1 iniciativa que remite el Senado de la República;
* 3 comunicaciones de los congresos de los Estados de Colima, Puebla y Sonora;
* 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita los permisos
constitucionales necesarios para que 10 ciudadanos puedan aceptar y usar las
condecoraciones que les confieren los gobiernos de: Nicaragua, Francia, Chile, Portugal,
Bolivia y Paraguay, respectivamente;
* 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita los permisos
constitucionales necesarios para que 10 ciudadanos puedan prestar sus servicios en
representaciones diplomáticas;
* 1 minuta con proyecto de decreto que concede los permisos para que 8 ciudadanos puedan
aceptar y usar las condecoraciones que les conflere el gobiemo de la República del
Portugal.
|
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición |
| Bancomext |
Banco Nacional de Comercio
Exterior, Sociedad Nacional de Crédito |
| CFE |
Comisión Federal de
Electricidad |
| DEM |
Diplomado de Estado Mayor |
| DF |
Distrito Federal |
| EUA |
Estados Unidos de América |
| FIRA |
Fideicomisos Instituidos en
Relación a la Agricultura |
| Focir
|
Fondo de Capitalización para
la Inversión Rural |
| GATT |
Acuerdo General de Aranceles
y Comercio |
| IVA |
Impuesto al valor agregado |
| PRD |
Partido de la Revolución
Democrática |
| PT |
Partido del Trabajo |
| UNICEF |
Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia |
282,283 Y 284
|