|
Artículo
tercero. Se concede permiso al ciudadano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, para
aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Gran
Oficial, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Ernesto Navarro González, para
aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Comendador,
que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Artículo quinto. Se concede permiso a la ciudadana María de los Angeles Moreno
Uriegas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en
grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Artículo sexto. Se concede permiso a la ciudadana María Julia Carabias Lillo,
para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Gran
Oficial, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Artículo séptimo. Se concede permiso a la ciudadana María Teresa Franco y
González Salas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito,
en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 6 de abril de 1999.-
Senadores: Juan Antonio García Villa, presidente; Graciela Larios Rivas y Tarcisio
Rodríguez Martínez, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Adalberto
Campuzano Rivera, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA HELENICA
| La secretaria Lilia Reyes Morales: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente
que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Salvador Campos
Icardo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Fénix, en grado de Gran
Cruz, que le confiere el gobierno de la República Helénica.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 6 de abril de 1999.- Senadores: Graciela Larios Rivas y Tarcisio
Rodríguez Martínez, secretarios.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se
concede permiso al ciudadano Salvador Campos Icardo, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden del Fénix, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la
República Helénica.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 6 de abril de 1999.-
Senadores: Juan Antonio García Villa, presidente; Graciela Larios Rivas y Tarcisio
Rodríguez Martínez, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Adalberto
Campuzano Rivera, oficial mayor»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
LEY ADUANERA
Tiene la palabra el diputado Juan
José García de Alba Bustamante, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
para presentar una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
| El
diputado Juan José García de Alba Bustamante: |
Con el permiso de la Presidencia:
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Con fecha 1o. de diciembre de 1998, fue presentada ante el pleno de esta honorable Cámara
de Diputados, la iniciativa de decreto de reformas y adiciones a la Ley del Impuesto sobre
la Renta y a la Ley Aduanera, la cual una vez leída, fue turnada a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.
Toda vez que ha transcurrido el periodo a que se refiere el artículo 87 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin que se
proceda a elaborar el dictamen respectivo, quienes suscribimos la presente, con fundamento
en lo que disponen las fracciones III y XVI del artículo 21 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso, solicitamos a esta Presidencia, se sirva excitar a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin que emita el dictamen respecto de la
iniciativa mencionada.
Sin otro particular y en espera de que se dé curso a nuestra petición, quedamos de
ustedes.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 8 de abril de 1999.- Diputados: Juan José García de Alba
Bustamante y Rogelio Sada Zambrano.»
De conformidad con lo que
establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público para que emita el dictamen correspondiente.
ESTADO DE NAYARIT
Tiene la palabra el diputado
Antonio Muñoz Serrano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para
presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la integración de una comisión
especial encargada de vigilar el presunto desvío de recursos federales en el proceso
electoral del Estado de Nayarit.
| El diputado Antonio Muñoz Serrano: |
Con su permiso, señor Presidente:
«Punto de acuerdo sobre la integración de una comisión especial encargada de vigilar el
presunto desvío de recursos federales en el proceso electoral del Estado de Nayarit
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los logros alcanzados con el consenso de
los partidos políticos en materia de legislación e institucionalidad electoral, reflejan
los mayores avances del proceso de democratización de la vida política del país. En
particular, la reglamentación relativa al financiamiento público y privado de la vida
política puede considerarse como uno de los capítulos más relevantes, en virtud de
contribuir decisivamente al establecimiento de condiciones equitativas para la competencia
política.
Sin embargo, son frecuentes las acusaciones provenientes de distintos sectores políticos
y sociales en el sentido de que autoridades estatales violentan nuestro sistema jurídico,
pues distraen indebidamente recursos públicos federales a favor de partidos políticos.
En tal virtud, es responsabilidad de esta Cámara pugnar por contiendas electorales
equitativas, en el ámbito de sus facultades constitucionales.
Nayarit constituye un caso que merece nuestra particular atención. Nayarit es la primera
entidad de la República en la que el proceso electoral adopta una fisonomía inédita,
pero además, por el hecho de que son muy frecuentes las quejas públicas sobre la
utilización de recursos para fines electorales, recursos que presuntamente provienen del
erario federal.
La Cámara de Diputados, a través de esta comisión, no pretende intervenir en el proceso
electoral propiamente dicho. No se propone crear una comisión de observación electoral
en los términos establecidos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales. La competencia de esta soberanía es de otro orden y deriva de sus facultades
constitucionales y legales en materia de responsabilidades de los servidores públicos por
el uso indebido de recursos federales. Esta facultad ha sido revisada por nuestro máximo
tribunal, con motivo de la controversia constitucional presentada por el Estado de Tabasco
contra actos de la Cámara de Diputados, en cuya resolución se establece expresamente lo
siguiente:
"(...) si, como ya se demostró, la Cámara de Diputados es la competente para
investigar el uso indebido de recursos federales para efectos de responsabilidad
política, en términos del artículo 74 fracción V, en relación con el artículo 110,
ambos de la Constitución General de la República, la legalidad del procedimiento que
para ello haya seguido no puede ser analizado en una controversia constitucional por no
significar una invasión de competencias." (1).
Compañeros: esta propuesta no es resultado de una simple presunción. Tenemos a la vista
varios antecedentes que nos indican sobre riesgos derivados de no hacer nuestra parte en
favor de garantizar condiciones de equidad en la competencia política. Recuérdese los
problemas poselectorales en los estados de Campeche y Tabasco, que han generado un fuerte
descrédito de las instituciones públicas. Las recientes elecciones del Estado de
Guerrero, son un nuevo llamado de alerta sobre los riesgos que corre la vida política del
país si no se despliegan todos los recursos al alcance para garantizar el respeto pleno a
las leyes.
A nosotros, como una de las cámaras del Poder Legislativo Federal, no nos interesa quién
gane las elecciones, pero debemos contribuir a evitar que el ganador sea aquel que reciba
aportaciones o donativos procedentes de los recursos federales, porque eso afecta
enormemente la convivencia entre los mexicanos.
Nuestra participación debe ser vista como una contribución para dar certeza sobre el
funcionamiento imparcial y a partidista de las instituciones, pero sobre todo, garantizar
a los ciudadanos que los recursos federales que corresponden a los estados no sean
utilizados para fines electorales.
Honorable Asamblea: por tratarse de un asunto delicado, que dado el carácter federal de
los recursos compete directamente a la Cámara de Diputados y con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, quienes
suscribimos, diputados federales de la LVII Legislatura, sometemos a consideración de
esta soberanía, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Sobre la integración de una comisión
especial encargada de vigilar el presunto desvío de recursos federales en el proceso
electoral del Estado de Nayarit.
Unico: Con fundamento en la fracción V del artículo 74 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 42, 45
fracción II, 46 y 47 de la Ley Orgánica del Congreso General, así como en los
artículos 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el
pleno de la Cámara de Diputados acuerda constituir una comisión especial integrada por
dos diputados del Partido Revolucionario Institucional, dos del Partido Acción Nacional,
dos del Partido de la Revolución Democrática, uno del Partido del Trabajo y uno del
Partido Verde Ecologista de México, encargada de vigilar que no se desvíen recursos
públicos federales en el proceso electoral del Estado de Nayarit.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 1999.»
Túrnese a la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política.
PERMISO AL PRESIDENTE
PARA AUSENTARSE
DEL TERRITORIO NACIONAL
En virtud de que se encuentra
publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, el dictamen con proyecto de decreto
que concede autorización al señor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 14 al 18 de abril de
1999, a efecto de que realice una visita de Estado a la República Dominicana y asista a
la II Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del
Caribe, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se
somete a discusión y votación de inmediato.
447,448 y 449
| El secretario Abraham González Negrete: |
Por instrucciones de la
Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea
si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la
segunda lectura, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de
Diputados.
Honorable Asamblea: como es de su conocimiento, a la Comisión de Relaciones Exteriores le
fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente del año segundo, sección segunda,
número 976, que contiene la minuta proyecto de decreto del Senado de la República, que
concede permiso al señor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 14 al 18 de abril de 1999, a
efecto de que realice una visita de Estado a la República Dominicana y asista a la II
Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 88 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 42, 43, 47, 48, 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General
y 53, 85, 87, 89, 90 y 93 de su Reglamento Interior, se abocó al análisis y estudio de
dicha solicitud, bajo los siguientes
ANTECEDENTES
En sesión ordinaria celebrada el 30 de
marzo de 1999, esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, recibió
para sus efectos constitucionales en esta soberanía, mediante oficio número 923 dirigido
a los ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados y suscrito por los secretarios de
la mesa directiva de la Cámara de Senadores, senador Tarcisio Rodríguez Martínez y
senadora Acela Servín Murrieta, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto
que concede autorización al señor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 14 al 18 de
abril de 1999, a efecto de que realice una visita de Estado a la República Dominicana y
asista a la II Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de
Estados del Caribe; al que se anexa el dictamen correspondiente, que emitieron las
comisiones unidas de Relaciones Exteriores, tercera y de Gobernación, primera, del
honorable Senado de la República.
Una vez recibido en el pleno, se procedió a turnarse a la Comisión de Relaciones Exte-
riores, quien remitió copia del expediente respectivo a los integrantes de la misma, para
que realizaran el estudio y análisis del mismo. Previo acuerdo de la mesa directiva, se
procedió a convocar a una reunión del pleno de la comisión, para emitir el dictamen
correspon- diente, que se efectuó el día miércoles 7 de abril, a las 11:30 horas.
En virtud del acuerdo vigente que establece los criterios mediante los cuales se
realizará el análisis, discusión y aprobación en su caso, de las visitas al extranjero
del señor Presidente de la República, se procedió con fecha 30 de marzo a solicitar la
información complementaria que nos fue proporcionada el mismo día y que oportunamente se
les envió a los integrantes de esta comisión.
Con fecha 31 de marzo se formuló la invitación correspondiente a los titulares de las
secretarías de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial, para que
designaran y comisionaran a funcionarios de dichas dependencias, a efecto de que ampliaran
la información proporcionada en la solicitud presentada por el Poder Ejecutivo Federal al
honorable Congreso de la Unión y los diputados contaran con un mayor número de elementos
para dictaminar la solicitud motivo del presente dictamen.
La reunión de trabajo con los funcionarios de las dependencias citadas, para cumplimentar
dicho acuerdo, se realizó previamente al presente dictamen, en la que participaron por la
Secretaría de Relaciones Exteriores: el embajador Francisco del Río, director general
para América Latina y el Caribe; el licenciado Rafael Cervantes Villarreal, director
general de Relaciones Económicas con América Latina y Asia Pacífico; el licenciado
Marco Antonio Alcázar, secretario técnico de la Comisión Mexicana para la Cooperación
con Centroamérica y el Caribe; la licenciada Lourdes Saavedra Alvarez, directora de
enlace con el Congreso y la licenciada Ana Luz Margáin Garciadiego, subdirectora de
Enlace con la Cámara de Diputados.
Por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial participarón: el licenciado José
Barrera Flores, director general de Organismos Americanos y del Caribe y el licenciado
Alberto Fonserrada Berumen, director de enlace con el Congreso, quienes ampliaron y dieron
a conocer la información complementaria, proporcionando datos ilustrativos sobre la
visita de Estado que pretende realizar el ejecutivo Federal a la República Dominicana y
asistir a la II Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de
Estados del Caribe, respondiendo a las preguntas formuladas por los diputados, ampliando y
sustentando la multicitada solicitud del señor Presidente de la República, habiéndoles
reiterado la voluntad de esta Cámara de Diputados, para que al término del viaje y a la
brevedad posible, se presente un informe con los comentarios, acuerdos y alcances
logrados, en virtud de que dicho proceso forma parte de los criterios que en la práctica
se han venido paulatinamente instrumentando en esta Cámara de Diputados.
Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores que suscribimos el presente
dictamen, ratificamos las consideraciones expuestas por las comisiones de Relaciones
Exteriores tercera y de Gobernación primera, del Senado de la República, entre las que
destacan que "pudieron disponer de mayores elementos de opinión para analizar la
procedencia de la autorización solicitada, gracias a la información que nos
proporcionaron funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores que, a invitación
de las directivas de ambas comisiones dictaminadoras, asistieron a una reunión de trabajo
de las comisiones unidas", con lo que se establece una nueva relación entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo, conociendo oportunamente las solicitudes de permiso y la
documentación de referencia, para estar en posibilidad de analizar la pertinencia e
importancia de los contactos que en forma directa establece el titular del Poder Ejecutivo
Federal, a través de sus viajes al exterior, garantizando de esta forma el ejercicio de
las atribuciones que se le han conferido al Poder Legislativo, desarrollándose dentro de
un marco de corresponsabilidad.
Cumplimentando con lo anterior, el punto de acuerdo suscrito por los diversos grupos
parlamentarios con representatividad en esta Cá. mara de Diputados, aprobado por mayoría
en la sesión plenaria ordinaria del día 14 de octubre de 1997 y en el cual se mandató a
la Comisión de Relaciones Exteriores, para que diera a conocer al pleno de esta
soberanía, así como a la colegisladora y al Ejecutivo Federal, los criterios con los que
se realizará el análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las visitas al
extranjero del señor Presidente de la República en lo futuro y los elementos mínimos
necesarios que se requieren cumplimentar previa o conjuntamente, para dictaminar las
solicitudes para autorizar las ausencias del territorio nacional, que presente el
Ejecutivo Federal en lo sucesivo, en acatamiento del artículo 88 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "el Presidente de la
República no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la
Unión o de la Comisión permanente, en su caso".
Con base en estos antecedentes, nos permitimos someter al pleno de esta Asamblea las
siguientes
CONSIDERACIONES
Reconocemos y priorizamos el
fortalecimiento de los vínculos políticos, económicos y culturales que nos unen con la
República Dominicana, como parte de la estrategia de acercamiento con la región de
Centroamérica y el Caribe, de la cual formamos parte; porque representa este país y los
que lo integran, una oportunidad para enfatizar nuestra tradicional vocación
latinoamericana y diversificar relaciones exteriores.
En virtud de que la República Dominicana forma parte importante de los esquemas de
integración de la Comunidad del Caribe, de la Asociación de Estados del Caribe, del
Mercado Común Centroamericano y del Grupo de Río y que ha estimulado el proceso
integrador que actualmente se está llevando a cabo en esta zona, que se ha caracterizado
por el excelente nivel de comunicación política y por una amplia gama de proyectos de
cooperación económica, científica, técnica, cultural y educativa, que nos permite
alcanzar estadios de respeto, admiración y de gran espíritu de colaboración y
reciprocidad entre las naciones que la integramos, cuya identificación principal se da
por nuestra historia y nuestra ubicación geográfica, teniendo por esta razón, una
agenda política y económica con temas que nos son comunes y afines, que requieren de
estrategias conjuntas para enfrentar los retos y las oportunidades que se presentan en
este fin de siglo y en el advenimiento del próximo milenio.
En consecuencia, hemos considerado que el Ejecutivo debe de incrementar y fortalecer los
nexos comerciales con la República Dominicana y el Caribe y atender la invitación que le
formuló el señor Leonel Fernández Reyna, para realizar una visita de Estado a esa
nación, los días 14 y 15 de abril de 1999, así como participar en la Reunión Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, que se celebrará
en la Ciudad de Santo Domingo del 16 al 18 del mismo mes y año.
Los vínculos directos con el presidente de la República Dominicana, permitirán ampliar
el diálogo en temas de interés para ambas naciones e incrementar el nivel de los
mecanismos bilaterales vigentes, como lo son la Comisión Mixta Intergubernamental,
establecida en junio de 1997, que es un instrumento de diálogo y cooperación, en
aspectos técnicos y científicos, así como en temas relacionados con la educación y la
cultura, los energéticos, el combate al narcotráfico y el desarrollo social y reforzar
las posiciones comunes que México y la República Dominicana mantienen en diversos foros
multilaterales.
Durante su visita se fomentarán las relaciones de amistad entre México y la República
Dominicana y podría ser aprovechada para explorar con empresarios dominicanos, áreas
potenciales de mutuo beneficio y tener una reunión de trabajo con los miembros del
Congreso dominicano, además de sostener encuentros con otros actores políticos,
personalidades del mundo cultural y líderes de opinión de ese país.
Nuestra participación en la II Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la
Asociación de Estados del Caribe, a celebrarse los días 16 y 17 de abril del presente,
tiene como objetivo mantener nuestra participación activa en este mecanismo, en el que
México ha ocupado la presidencia de su consejo de ministros de 1995 a 1996 y la
presidencia del comité especial de turismo de 1996 a 1998, tiempo durante el cual
impulsó un proyecto para establecer una zona de turismo sustentable del Caribe, ya que
este sector constituye el de mayor dinamismo en los países de la región y en
consecuencia contribuye de manera importante a su desarrollo.
Acudir a este importante foro de consulta y concertación regional, para contribuir entre
otras cosas, a mantener el crecimiento y el desarrollo económico de la región, nos
permitirá impulsar y evaluar el desempeño y los avances que ha tenido la Asociación de
Estados del Caribe desde su creación en 1994 y establecer conjuntamente los lineamientos
a futuro de este importante mecanismo multilateral, pero sobre todo, coordinar los
objetivos de la próxima reunión cumbre de los países de América Latina y el Caribe,
con la Unión Europea, que se celebrará el 28 y 29 de junio de este año en Río de
Janeiro, Brasil y que será copresidida por nuestro país.
En virtud de que en la agenda a desarrollar destaca el intercambio de puntos de vista,
entre los líderes de los países que concurren a esta reunión y que se tiene previsto
suscribir una declaración política y se pronuncien sobre temas tan importantes como
globalización, fortalecimiento del multilateralismo, democracia y gobernabilidad,
desarrollo socioeconómico y justicia social, vulnerabilidad de pequeñas economías,
narcotráfico y crímenes relacionados, promoción de la identidad cultural y los efectos
de la actual crisis financiera mundial y sus implicaciones globales y regionales, hemos
considerado que de esta reunión deberán de salir propuestas para reformar el sistema
financiero internacional y el restablecimiento de la estabilidad financiera mundial.
Por lo anteriormente expuesto reafirmamos nuestra convicción de que es mediante el
diálogo, la concertación y el intercambio directo, continuo y sistemático al más alto
nivel, como habremos de encontrar las fórmulas que nos permitan avanzar, incrementar y
reforzar los contactos bilaterales y multilaterales, en los que deberán de observarse los
principios normativos constitucionales de autodeterminación de los pueblos; la no
intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o
el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los
estados; la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la
seguridad internacionales.
450,451 y 452
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 56 de la Ley Orgánica del Congreso General y los correlativos al Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, ha considerado manifestar
al pleno de esta Asamblea, que la visita de Estado que realizará el señor Ernesto
Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la República
Dominicana, así como su participación en la II Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, reafirma el interés del Poder
Ejecutivo, el de esta Cámara de Diputados y del propio pueblo de México, para mantener
nuestras relaciones diplomáticas al más alto nivel con el gobierno de la República
Dominicana y con los líderes de los países que participarán en la II Reunión Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, motivo por el cual,
nos permitimos poner a la consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se
concede autorización al señor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 14 al 18 de abril de 1999, a
efecto de que realice una visita de Estado a la República Dominicana y asista a la II
Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe.
ARTICULO ATRANSITORIO
Unico. El presente
decreto entrará en vigor el día de su publicación, en el Diario Oficial de la
Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Palacio
Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 7 de abril de 1999.- Diputados:
Alfredo Phillips Olmedo presidente; Javier Algara Cossío, Jesús Samuel Maldonado
Bautista e Ignacio García de la Cadena; secretarios Carlos Froylán Guadalupe Camacho
Alcázar, Juan Carlos Espina Von Roehrich, Francisca Haydee García Acedo, Juan Carlos
Ruiz García, Jeffrey Max Jones Jones, Julio Faesler Carlisle, María del Socorro Aubry
Orozco, Lázaro Cárdenas Batel, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Carlos Antonio Heredia
Zubieta, Porfirio Muñoz Ledo, Violeta Margarita Vázquez Osorno, Orlando Arvizu Lara,
Francisco Manuel García Castells y Pérez, José Gascón Mercado, Lombardo Victoriano
Guajardo Guajardo, Carlos Martín Jiménez Macías, Francisco Javier Morales Aceves,
Ramón Mota Sánchez, Juan Manuel Parás González, Clarisa Catalina Torres Méndez, Sara
Esthela Velázquez Sánchez, Alfredo Villegas Arreola y José Luis López López.»
En consecuencia, está a discusión
en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto que concede
autorización al señor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 14 al 18 de abril de 1999, a efecto
de que realice una visita de Estado a la República Dominicana y asista a la II Reunión
Cumbre de Jefes de Estado y de gobierno de la Asociación de Estados del Caribe.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a la Secretaría se abra el sistema
electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.
| El secretario Abraham González Negrete: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga
los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para tomar la votación en lo general y en
lo particular del artículo único del proyecto de decreto.
Ciérrese el sistema de votación electrónico.
(Votación.)
Se emitieron 302 votos en pro y 85 en contra.
15 abstenciones.
Aprobado el proyecto de
decreto por 302 votos en pro.
| El secretario Abraham González Negrete: |
Pasa al Ejecutivo para los
efectos constitucionales.
MARIO VILLANUEVA MADRID
Tiene la palabra la diputada Elba
Capuchino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del
Procurador General de la República, a fin de que informe sobre el caso de Mario
Villanueva.
Me permito invitar a las señoras diputadas y señores diputados a ocupar sus asientos y
seguir con atención y respeto la petición de la oradora diputada en turno.
| La diputada Elba Margarita Capuchino Herrera: |
Con su permiso, señor Presidente:
«Proposición de punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados cite al procurador de
la República a fin de que se informe sobre la investigación de Mario Villanueva Madrid.
Señoras y señores diputados: el pasado día martes 6 de abril, por la noche, la
Procuraduría General de la República informó que cuenta con una orden de aprehensión
en contra de Mario Villanueva Madrid, ex gobernador del Estado de Quintana Roo y presunto
narcotraficante, por delitos contra la salud en diversas modalidades y delincuencia
organi- zada.
Los indicios que señalan a Mario Villanueva como probable narcotraficante son desde hace
años del dominio público, por lo que era obligación de la PGR investigar a Mario
Villanueva también desde hacía años.
Sí, como es absolutamente lógico suponer, la Procuraduría contaba por lo menos desde
hacía meses con indicios claros de que Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo,
había incurrido en los graves delitos que se le atribuyen, la autoridad tenía ante sí
al menos dos cursos claros y lógicos de acción: por una parte, podía solicitar a esta
misma Cámara un juicio de procedencia, a fin de separar a Villanueva de su encargo y
permitir el proceso penal en su contra, en los términos del artículo 111 de la
Constitución General. En tal caso la marcha institucional del Estado de Quintana Roo no
se habría visto en ningún momento alterada, ya que la propia Constitución de la entidad
prevé la eventualidad de una falta absoluta del gobernador y su reemplazo por elección,
que en tal circunstancia realizaría el Congreso del Estado.
En segundo término, si la PGR hubiese llegado a la conclusión de que la vía pública y
transparente brindaba al probable narcotraficante una ventaja de anticipación
difícilmente recuperable por la justicia, lo único adecuado habría sido mantener las
sospechas que pesaban sobre Villanueva en el más estricto sigilo.
En cualquier caso, lo menos explicable es precisamente lo que la PGR hizo: por una parte
se abstuvo de cualquier acción judicial directa. Esta línea de conducta al menos habría
tenido la ventaja de iniciar efectivamente las operaciones encaminadas a detener a un
presunto delincuente, además de impedir que siguiera delinquiendo desde el poder.
Pero la PGR tampoco guardó sigilo respecto de sus investigaciones, con el fin de aguardar
el momento de perseguir al delincuente ya separado de su encargo de gobernador y en
consecuencia, privado de inmunidad procedimental, no, lo que hizo la autoridad más
calificada para combatir al delito fue citar a comparecer al aún gobernador, advirtiendo
a éste, de modo indirecto pero completamente claro, que era objeto de investigación.
Como un elemento que contribuiría a explicar un contenido político en las motivaciones
de la PGR está el momento político en el que los indicios que señalan a Villanueva como
posible narcotraficante se hicieron más públicos: las elecciones en Quintana Roo.
Este sospechoso conjunto de coincidencias permite, por lo tanto, suponer que existió un
pacto entre la PGR y el hoy prófugo, con los fines de permitir su fuga, no perjudicar al
partido del señor Villanueva en la campaña electoral para la renovación de los poderes
del estado y quizá, salvar a algún poderoso cómplice o red de cómplices del
exgobernador de Quintana Roo.
Ante la opinión pública las preguntas son inocultables: ¿por qué eligió la PGR la
única vía de acción que, cancelaba sus posibilidades inmediatas de aprehender a un
probable delincuente y al mismo tiempo concedía a éste una oportunidad de evadir a la
justicia?
¿Es acaso creíble que la evolución y el desarrollo de la investigación llevó a la PGR
a la convicción de que Villanueva debía ser detenido, justo después de las elecciones?
En pocos casos como éste ha sido públicamente puesta en tela de juicio la eficacia, la
objetividad, la imparcialidad y aún la probidad y la honorabilidad de una institución,
como la Procuraduría General de la República, atravesada por la sospecha pública y que,
paradójicamente, debería ser una piedra fundamental de nuestro estado de derecho.
Por todo lo anterior, hoy más que nunca es urgente e imperativo que el principal
responsable directo del funcionamiento de la Procuraduría General de la República
comparezca ante la nación, aquí representada, a fin de que explique satisfactoriamente
las dudas ya expuestas, que son realmente las dudas de la opinión pública.
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en el artículo 93 de la Constitución
General de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II, en el artículo 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como
en los artículos quinto y vigésimocuarto del Acuerdo Parlamentario Relativo a las
Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de
Diputados, los abajo suscritos, diputados federales, sometemos a la consideración de esta
Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda citar al señor procurador General
de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, para que, a la mayor brevedad, informe a esta
representación nacional sobre la celeridad, oportunidad y eficacia desplegadas por el
Ministerio Público a su cargo en la integración de las averiguaciones previas que se
siguen al ex gobernador del Estado de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, hoy prófugo
de la justicia federal.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Palacio
Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a 8 de abril de 1999.- Diputados: Baldemar Dzul
Noh, Edgar Ramírez Pech, Ranulfo Tonche Pacheco, José Octavio Díaz Reyes, Manuel Pérez
García y Fernando Castellanos Pacheco.»
Túrnese a la Comisión de
Justicia.
Saludamos a 50 estudiantes del Centro Universitario de Iztlahuaca, Estado de México,
invitados del diputado Sergio Valdés Arias.
Saludamos también a 40 invitados especiales del diputado Gustavo Vicencio Acevedo.
Saludamos a estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
acompañados por la ciudadana Mónica Orozco Guerrero.
PROVINCIA DE KOSOVO
| La secretaria Luz del Carmen López Rivera: |
Se va a dar lectura a un punto de
acuerdo.
Punto de acuerdo en relación con los ataques aéreos, que la Organización del Tratado
del Atlántico Norte inició el 24 de marzo de 1999, en contra de objetivos militares
serbios, dentro de la República de Yugoslavia; que suscriben los grupos parlamentarios
con representación en la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en
el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos, que se refiere a casos de urgencia u obvia resolución y
453,454 y 455
CONSIDERANDO
Que la atención del mundo se concentra
en la enorme tragedia humana del conflicto en la provincia de Kosovo, en donde en lugar de
la negociación ha surgido el uso de la fuerza; en vez de las voces de la razón, la
sinrazón de la violencia y la huida masiva de los desplazados.
Que los ataques aéreos que la Organización del Tratado del Atlántico Norte inició el
24 de marzo de 1999 en contra de objetivos militares serbios, dentro de la República de
Yugoslavia y que continúan hasta la fecha, constituye una confrontación bélica que
involucra a diversas naciones y que, eventualmente, podría extenderse geográficamente a
otros países, poniendo en serio peligro la paz y la seguridad mundiales.
Que el proceso que han seguido las decisiones en el seno de la OTAN para autorizar y
proceder a los ataques aéreos a la República de Yugoslavia, constituye una grave
alteración al orden jurídico internacional, ya que violó el propio estatuto de la OTAN
que plantea que el uso de la fuerza se hará sólo de acuerdo con la Carta de la ONU y
contribuye a la conformación de un orden unipolar inaceptable y peligroso para la
seguridad mundial y la convivencia pacífica entre naciones soberanas.
Que la comunidad de naciones debe expresar con firmeza la imperiosa necesidad de proteger
los derechos de las minorías, atender a los refugiados y detener el uso de la fuerza, ya
que sólo genera más violencia y no una solución real de las controversias.
Que es un hecho que el fenómeno de desplazamientos de personas de origen albano-kosovar
se ha disparado notoriamente desde el inicio de los bombardeos tanto dentro de Yugoslavia,
como hacia los países vecinos, dando lugar a que enormes contingentes humanos sean ahora
víctimas de condiciones infrahumanas de subsistencia y cuya presencia masiva en otros
estados puede precipitar el desarrollo de nuevos y potenciales conflictos interétnicos,
religiosos y entre estados.
Que las reivindicaciones históricas del pueblo de Kosovo deben ser canalizadas por
mecanismos pacíficos y métodos democráticos y que las decisiones que sean tomadas por
esas vías deben ser respetadas por todas las partes; la solución a esta problemática
debe considerar que no se puede justificar la intolerancia ni el atropello a los derechos
elementales de personas, familias y comunidades y que esto es más aborrecible cuando esas
violaciones presuponen motivos religiosos o étnicos.
Que la diplomacia parlamentaria debe servir a los intereses generales de la humanidad y no
para la protección de intereses particulares, dado el origen democrático que la
sustenta.
Que México a través de su historia ha proclamado el respeto a la autodeterminación de
los pueblos; la no intervención en los asuntos internos de un país por parte de uno a
más estados extranjeros; la renuncia al uso o la amenaza de la fuerza en las relaciones
internacionales; la obligación de solucionar todos los conflictos por la vía pacífica,
así como la obligación irrenunciable de conducir las relaciones internacionales con base
en el derecho internacional y en el principio de la buena fe.
Que la política exterior de nuestro país se basa en la observancia de los principios
constitucionales establecidos en el artículo 89 fracción X, de nuestra Carta Magna.
Que sobre la base de lo anteriormente expuesto, la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, manifiesta el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Manifestamos
nuestra preocupación y condena a los ataques aéreos de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte contra la República de Yugoslavia, en tanto acción unilateral que ha
violentado el marco jurídico internacional, poniendo en grave riesgo la paz y seguridad
mundiales.
Segundo. Hacemos un llamado a los jefes de Estado y gobierno de los países
involucrados para retomar la vía de las negociaciones políticas y el diálogo para
detener la confrontación armada y encontrar una salida pactada y satisfactoria para todas
las partes, con base en los principios del derecho internacional. Por cuanto toca a las
reivindicaciones de los diferentes pueblos y naciones en la República Federal de
Yugoslavia, reafirmamos que no se puede justificar la intolerancia ni el atropello a los
derechos elementales de personas, familias y comunidades y que esto es más aborrecible
cuando esas violaciones presuponen motivos religiosos o étnicos.
Tercero. Recomendar a la delegación mexicana a instar a todos los legisladores
que asistirán a la CI Reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial, que se celebrará
en Bruselas, Bélgica, del 10 al 16 de abril de 1999, para que emitan un pronunciamiento a
favor de la paz y soliciten a las Naciones Unidas su intervención para detener la guerra
en la región de los Balcanes, impidiendo así la expansión del conflicto a otros
países.
Cuarto. Hacemos un llamado al gobierno de la República Federal de Yugoslavia y a
los países receptores de desplazados a causa del conflicto, para que garanticen el
respeto de los derechos humanos y la atención de sus necesidades de vivienda,
alimentación y salud.
Quinto. Instamos al Gobierno de México a desplegar el mayor de sus esfuerzos
para lograr la supremacía del derecho internacional en la búsqueda de salidas a esta
confrontación bélica, haciendo uso de todos sus recursos diplomáticos para que
prevalezca el orden jurídico establecido por la Carta de la ONU y sus instancias de
discusión y decisión como las más indicadas para hallar una solución al conflicto.
Sexto. Que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, a través
de su Presidente, transmita el presente acuerdo a los embajadores acreditados en México
de las naciones involucradas en el conflicto, a los presidentes de los parlamentos de esos
mismos países, a la Unión Interparlamentaria Mundial y al Parlamento Europeo.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Palacio
Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 8 de abril de 1999.- Por la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, diputados: Jorge Emilio González
Martínez, presidente, coordinador del grupo parlamentario del PVEM; Ricardo Cantú Garza,
coordinador del grupo parlamentario del PT; Carlos Medina Plascencia, coordinador del
grupo parlamentario del PAN; Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del
PRD; Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del PRI .
Por la Comisión de Relaciones Exteriores, diputados: Alfredo Phillips Olmedo,
presidente; Javier Algara Cossío, J. Samuel Maldonado Bautista, Ignacio García de la
Cadena, secretarios; Carlos Froylán Camacho Alcázar, Juan Carlos Espina von Roehrich,
Francisca Haydeé García Acedo, Juan Carlos Ruiz García, Jeffrey Max Jones Jones, Julio
Faesler Carlisle, Alma Vucovich, Socorro Aubry Orozco, Lázaro Cárdenas Batel, Juan
Antonio Guajardo AnZaldúa Carlos Antonio Heredia Zubieta, Porfirio Muñoz Ledo, Violeta
Margarita Vázquez Osorno, Orlando Arvizu Lara, Francisco García Castells, José Gascón
Mercado, Lombardo Victoriano Guajardo Guajardo, Carlos Jiménez Macías, Luis Meneses
Murillo, Francisco Javier Morales Aceves, Ramón Mota Sánchez, Juan Manuel Parás
González, Clarisa Catalina Torres Méndez, Sara Esthela Velázquez Sánchez, Alfredo
Villegas Arreola, José Luis López López, Manuel Cárdenas Fonseca, Luz del Carmen
López y José María de los Reyes.
Se han registrado para la fijación
de posiciones de su fracción parlamentaria, hasta por cinco minutos, los diputados Julio
Faesler Carlisle, del PAN y el diputado Jesús Samuel Maldonado Bautista, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Recibimos a 40 representantes del VI distrito de Coacalco, invitados por el diputado
Héctor Guevara Ramírez; así como también a 40 integrantes del Consejo de Integración
de la Mujer, de la misma localidad del Estado de México, invitados por el propio diputado
Héctor Guevara Ramírez.
Saludamos a 40 estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente, invitados del diputado Mauricio Rossell Avitia.
Tiene la palabra el diputado Julio Faesler Carlisle, del PAN, por cinco minutos.
| El diputado Julio Faesler Carlisle: |
Muchas gracias, señor Presidente y
con su permiso y venia; colegas; amigos todos:
Las noticias de hoy son trágicas. La agresión de la OTAN contra el pueblo de Kosovo
continúa. No ha sido posible encontrar las bases para suspender estos ataques, a razón
de 50 diarios, contra el pueblo albanés de esa provincia de la República yugoslava.
La presentación del presidente Milosevic, en el sentido de que se termine el ataque
aéreo, no es aceptable, en virtud de que no existe compromiso de su parte para respetar
la autonomía de esa provincia, que ya con anterioridad había sido reconocida por el
propio gobierno yugoslavo.
Los ataques aéreos de la OTAN, 80% de los cuales corren a cargo de la fuerza militar de
Estados Unidos, han estado ya provocando muertes de civiles inocentes.
No es posible permitir tranquilidad en la opinión internacional mientras estos ataques
continúan.
Ya se discute en la OTAN si será necesario o no reforzar estos ataques con tropas
terrestres y se estima que serían necesarios hasta 200 mil soldados para lograr el
objetivo de esta decisión, que no está conforme a los cánones ni a la Carta de Naciones
Unidas que han tomado los países aliados de la OTAN.
En caso de escalarse esta agresión, estaríamos, compañeros legisladores en presencia de
una nueva guerra no declarada, una nueva prueba de que cuando la negociación falla,
cuando no imperan los principios de la civilización de que tanto nos jactamos, entonces
no resulta otra cosa más que los efectos trágicos en términos de vidas humanas,
mujeres, niños, civiles inocentes que hoy en día están en un inmenso flujo transitando,
buscando refugio en las provincias análogas a lado de Kosovo y que son Macedonia y
Albania.
El Partido de Acción Nacional, está completamente de acuerdo con los puntos de este
documento, pero nuestro empeño particular es el interés en materia de derechos humanos.
No podemos, por otra parte, aceptar la política de la República de Yugoslavia, que está
insistiendo en erradicar la población albana de la provincia de Kosovo, actualmente, en
estos mismos minutos, los ejércitos yuguslavos están echando fuera del territorio
Kosovo, a los albaneses empujándolos a su trágico refugio en las dos provincias
mencionadas de Macedonia y de Albania.
México no puede estar de acuerdo con una situación, que número uno, rompe por completo
con el respeto de los derechos históricos de una provincia que desde hace muchos, muchos
siglos, tiene derecho a su existencia. No puede tampoco estar de acuerdo con que los
derechos humanos no sean respetados, pero más que nada cuando vemos la tragedia humana
que se fluye, que se resulta de este fracaso de negociaciones, menos podemos estar
tranquilos.
El Partido Acción Nacional exhorta al igual que los demás partidos signatarios de ese
documento, a que no sólo en la reunión de la Unión Internacional Parlamentaria se
exhorte a nuestros cólegas de otros países a insistir en una negociación respetuosa a
los derechos, sino también que se continúen los esfuerzos dentro del esquema de la
Organización de Naciones Unidas a la que todos nosotros, los países civilizados,
pertenecemos.
Gracias, señor Presidente.
Tiene la palabra, el diputado
Jesús Samuel Maldonado Bautista, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, hasta por cinco minutos.
| El diputado Jesús Samuel Maldonado Bautista: |
Con su permiso, señor Presidente:
Con nuestro posicionamiento no queremos ni podemos dar la razón ni a unos ni a otros.
Pero si condenamos tanto la intervención armada de la OTAN como la limpieza étnica de
Milosevic, condenamos, sí, la intromisión una vez más del coloso del norte, del
policía mundial en los asuntos internos en los Balcanes. Estas acciones pueden impulsar
una tercera guerra universal y seguramente la población de todo el planeta lamentaría
profundamente los desacuerdos de los Balcanes.
456,457 y 458
Hacemos votos porque las naciones del
mundo muestren su inconformidad por esta situación y desde esta tribuna hacemos un
exhorto a la Organización de las Naciones Unidas para que con sus oficios se encuentre la
solidaridad internacional, a efecto de proteger los derechos de cientos de miles que se
ven obligados a dejar sus terruños.
Asimismo mostramos una inconformidad por la hipocresía de los Estados Unidos, que en su
pretensión de auxilio pretende trasladar a los kosovares a un territorio que no es de
ellos y que ocupan desde hace algunos años por su prepotencia y por su carácter de
primera fuerza mundial.
No es ni medianamente aceptable que pretendan localizarlos en territorio cubano, no es
prudente que los lleven a Guantánamo, no es aceptable que se pretenda calentar otras
partes del mundo. No queremos más guerras, no a las limpiezas étnicas; sí a la
reconstrucción de los pueblos, tanto de la región de los Balcanes como del continente
negro.
Pudiéramos, para entender mejor esta situación, irnos a los orígenes del pueblo
kosovar. La región de Kosovo y Metonia la vemos enclavada en Servia, que al mismo tiempo
formó parte de una gran federación Yugoslavia-Montegrina.
El pueblo kosovar ha sido y es, si permitimos su genocidio o dejará de ser, si permitimos
su genocidio, albanés de lengua y de raza.
Desde la época medieval este pueblo ha sufrido incursiones guerreras de diverso origen y
lo mismo llegó a pertenecer al imperio bizantino.
En el Siglo XIV los servios lo invadieron y ahí crearon su centro espiritual más
importante. En forma permanente en Kosovo hubo movimientos por su reunificación con
Albania, pero no sería hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando a través de la
intervención del mariscal Tito pudieron vivir servios y kosovanes en perfecta armonía.
Tras la finalización de esta guerra mundial, las diversas facciones de milicianos que
habían luchado contra la ocupación de las fuerzas germanas e italianas, se disputaron la
preponderancia y sabido es que por esfuerzos del mariscal Tito alcanzaron el control
político y militar de Yugoslavia.
Kosovo queda entonces como un territorio de mayoría albanesa situada en una Yugoslavia
aislada del bloque comunista y occidental y hoy día esta región quieren hacerla
independiente impulsada, como ya indicaba, por el interés particular de los Estados
Unidos de América.
Ojalá que estas expresiones lleguen a los oídos del mundo en forma internacional, para
que todos juntos luchemos porque se eviten este tipo de guerras y pueda la Organización
de las Naciones Unidas impulsar una paz perenne en esa región de Europa.
Muchísimas gracias.
Se instruye a la Secretaría
recepcionar la votación sobre si se aprueba o no la proposición leída en esta sesión.
| La secretaria Luz del Carmen López Rivera: |
En votación económica se pregunta
si se aprueba la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Aprobada la proposición, señor Presidente.
EMILIANO ZAPATA SALAZAR
El siguiente punto del orden del
día se refiere a comentarios sobre el LXXX aniversario luctuoso del General Emiliano
Zapata.
Se han registrado ante esta Presidencia, para hacer uso de la palabra sobre este tema y
hasta por 10 minutos, los diputados: Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Marco
Antonio Adame Castillo, del Partido Acción Nacional; Plutarco García Jiménez, del
Partido de la Revolución Democrática y José Gascón Mercado, del Partido Revolucionario
Institucional. Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo.
| El diputado Ricardo Cantú Garza: |
Con su venia, diputado Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Este 10 de abril se conmemora el LXXX aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata.
Nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Villa de Ayala, Morelos, estado del
centro-sur de México.
En 1909 fue elegido presidente del nuevo Consejo de Hombres Jóvenes de la localidad, en
virtud de que el Consejo de Ancianos ya no podía proseguir la lucha por sus tierras y
derechos en contra de la rapacidad de las haciendas y la complacencia del Gobierno.
Como en nuestros días las fuerzas oligárquicas emplearon todos los medios legales e
ilegales para explotar al país en su propio beneficio y de sus socios extranjeros, bajo
el intenso desarrollo capitalista que tuvo lugar durante el porfiriato, la población
campesina se vio sometida al despojo de sus tierras y al aniquilamiento de sus vidas y
tradiciones comunales. El Estado y su ejército alentaron y favorecieron este proceso
inhumano de destrucción social.
Por esas razones, Zapata y su gente, como muchos otros pueblos a lo largo y ancho de
México, hicieron suya la causa revolucionaria de 1910.
El 28 de septiembre de 1911 el general Zapata y sus jefes revolucionarios trazaron su
propio camino al proclamar el Plan de Ayala, el cual resumía radicalmente su voluntad
revolucionaria: la restitución de las tierras usurpadas a los pueblos y campesinos por
las haciendas; la expropiación de los latifundios para repartir tierras a pueblos y
ciudadanos de todo México; constitución de un gobierno justo; cumplimiento estricto de
la ley. En virtud de este programa su lema fue "Libertad, Justicia y Ley".
Dijo un estudioso de la Revolución Mexicana: "las ambiciones de los hacendados
capitalistas quisieron destruir a los pueblos y éstos en defensa propia destruyeron a las
haciendas". Otro más subrayó: "como la base de masas de la Revolución
Mexicana la daba la lucha por la tierra, fue natural que al radicalizarse la lucha
revolucionaria la fracción más extrema: el zapatismo, influyera sobre la base de masas
de las otras fracciones revolucionarias".
La lucha contra el mal gobierno acabó así en una insurrección contra la clase
dominante: los terratenientes y toda su estructura estatal. Emiliano Zapata proclamó:
"la tierra es de quien la trabaja".
Hoy sus ideales revolucionarios centrados en la lucha por la tierra siguen vigentes, pero
bajo los nuevos ejes programáticos que los propios movimientos y organizaciones
campesinas de nuestros días han trazado.
La lucha contra el latifundio sigue vigente, porque el monopolio de la tierra persiste
como problema real, en forma abierta disimulada por las leyes.
La lucha por el reparto de tierras sigue siendo central, pero en función de nuevos
criterios sociales, ecológicos y productivos. La lucha por la reconstrucción del medio
rural a partir de la apropiación del proceso productivo (y sus circuitos adyacentes de
distribución e intercambio) y de la vida social en los niveles local, regional y
nacional.
En estos años de embestida neoliberal, de políticas económicas y sociales, que han
desolado el campo y vuelto más pobres a los pobres y más ricos a los ricos, en México y
en toda Latinoamérica, la figura y el programa de Zapata cobran nueva fuerza y
legitimidad.
La artera traición de Chinameca hace 80 años perpetrada por el gobierno federal segó su
vida, pero no logró en cambio doblegar la voluntad de lucha de los campesinos y de todos
los desposeídos. ¡Zapata vive, la lucha sigue!
Tiene la palabra el diputado Marco
Antonio Adame Castillo, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por
10 minutos para hablar sobre el mismo tema.
| El diputado Marco Antonio Adame Castillo: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Mal haríamos al acudir a este recordatorio, a esta efemérides, en concretarnos a
recordar lecciones de historia. Los invito a que en este momento nos decidamos a aprender
las lecciones que nos da la historia.
"Tierra y Libertad", ideal acuñado en el pensamiento zapatista, que hoy, al
acercarse el 10 de abril, recordamos no sólo al Caudillo del Sur, sino la expresión de
una revolución campesina que hoy sigue esperando el día de su concreción.
"Tierra y Libertad", como binomio que sintetiza los afanes e ideales de un
pueblo que en Zapata y sus liebres blancas o en los modernos luchadores sociales de
nuestro tiempo, siempre que sean auténticos, se pueden y se deben encarnar para dar paso
a los anhelos y exigencias de una población que aún espera el día de su liberación de
la miseria y la injusticia.
Como el de todas las revoluciones campesinas del Siglo XX, el desenlace del movimiento y
el de su caudillo, se preveía trágico. Zapata murió sin ignorar que la situación de
injusticia y desigualdad social que le dio ánimo y lo llevó a rebelarse una y otra vez
seguía vigente, aún en nuestros días y así lo manifiesta en las líneas de la carta
que le dirigió a Carranza en marzo de 1919, cuando decidió buscar alianzas, romper el
cerco, el silencio y el aislamiento que vivió en algunos de los momentos de su lucha y
trasmite, por medio de Magaña, que los antiguos latifundios de la alta burguesía,
reemplazados en pocos casos por modernos terratenientes que gastan charreteras, kepí y
pistola en mano, mientras los pueblos son burlados en sus esperanzas.
Mal recuerdo de un luchador social haríamos si concretamos esta efemérides a una
alegoría retórica. No, para el Partido Acción Nacional las aristas del zapatismo como
movimiento social van mas allá del ritualismo cultural que deforma y anula al hombre y a
su lucha. Campo, municipio, federalismo y fortaleza del Poder Legislativo, son sólo
algunas de las aristas más notables que hizo el zapatismo.
Ochenta años después, tal y como lo señalaron los principios de doctrina aprobados por
la Asamblea Constituyente del PAN en sus sesiones del 15 y 16 de septiembre de 1939, el
más grave quizá de los problemas nacionales, es el campo y no será resuelto, sostuvo el
PAN, antes se verá constantemente agravado por los métodos insinceros y de mero interés
político que hasta ahora se han empleado al respecto.
El campo es ciertamente problema primordial de nuestra economía, pero ante todo es un
problema de elevación humana, que reclama el establecimiento y la afirmación de
relaciones de justicia y armonía entre todos los que cultivan la tierra.
Hoy tenemos derechos conculcados de ejidatarios y comuneros, marginación, despojos,
invasiones, atraso tecnológico, descapitalización y corporativismo clientelar con fines
electorales.
En un decreto fechado el 15 de septiembre de 1916, Zapata deja también muy claros sus
puntos de vista sobre el municipio. Establece en cinco considerandos, que la libertad
municipal es la primera y más importante de las instituciones democráticas, que los
dictadores ahogaron la independencia de los municipios para enriquecer el erario del
Estado y de esta manera privar a los pueblos de sus recursos y su libertad.
Afirma que la libertad municipal es irrisoria si no se da a los vecinos la libertad para
participar en la discusión y solución de los problemas, ya que de negarse al pueblo su
participación, se llegaría al despotismo del municipio y de los regidores identificados
o manejados por los caciques.
Finalmente deja claro que la única forma de prever los malos manejos de los funcionarios
municipales, es el derecho que tienen los vecinos para exigir a sus autoridades que les
rindan cuentas y de que sean destituidos libremente quienes falten a sus deberes.
¿No es esto acaso una muy buena expresión de las más ricas de las venas del federalismo
que hoy estamos impulsando desde esta legislatura? ¿Por qué hoy, quienes se dicen
legítimos herederos de la Revolución Mexicana se oponen a las reformas de ley, al 115
constitucional, que busca dar al municipio la autonomía y fortaleza por la que Zapata
luchó y hoy son, quienes como sus más acérrimos contestatarios, bloquean y promueven la
parálisis legislativa en esta Cámara?
Ochenta años después no faltan motivos para seguir en la lucha por crear condiciones
necesarias para lograr la reivindicación de la persona y de sus más elementales
derechos, así como el progreso y el desarrollo que el campo y la nación mexicana
merecen.
459,460 y 461
La tierra rige representando todo aquello
que nos es propio; realidad material y espiritual que nos contiene y expresa en la
diversidad de nuestro ser nacional. Tierra que se rebate y se niega a sus legítimos
dueños, sean éstos comuneros o ejidatarios y que hoy es motivo de nuevas luchas. Tierra
que se reparte una y otra vez como parte de las prebendas y mitos geniales de una
revolución secuestrada por un reducido núcleo de nuevos latifundistas y terratenientes
que integran la moderna familia revolucionaria. Aquellos que hacen de la Reforma Agraria
una mascarada, una nueva farsa que hoy es evidenciada por la miseria y conflictividad del
campo mexicano, negándole la productividad y la bonanza que su vocación original
reclama, Tierra y libertad que es algo más que oriundez y derechos de sangre, que es ante
todo realidad viva, cultura y civilización, ideas y valores que nos hacen ser lo que
somos y nos preservan de la asimilación que despersonaliza y aliena, a formas de vida que
a fuerza de ser modernas o comunes, son ajenas y atentatorias, según sea el caso, contra
la identidad nacional.
Hoy nos toca dibujar el sueño de un futuro mejor. Concretar la transición democrática y
hacer vida los ideales de justicia que se expresan de manera multiforme en los diversos
esfuerzos de quienes hoy luchan lealmente por construir esta nueva realidad.
Ayer con caudillos y balas, hoy con participación y propuestas nos toca buscar los puntos
que nos identifiquen y ayuden a romper el cerco, a vencer aislamiento y a repudiar el si-
lencio vergonzante en el que en ocasiones ha caído este Congreso ante el avasallamiento
de las campañas de desprestigio y la falta de voluntad al diálogo de parte del Ejecutivo
Federal.
Sólo así, como reza el texto en náhuatl de Emiliano Zapata en 1918: "propiedad
nuestra será la tierra. Propiedad de gente la que fue de nuestros abuelos, la de dedos de
patas que machucan nos han arrebatado".
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado
Plutarco García Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, hasta por 10 minutos, para hablar sobre el mismo tema.
| El diputado Plutarco García Jiménez: |
Muchas gracias, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
En nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, vengo
a esta alta tribuna de la nación para rememorar y rendir homenaje al general, Emiliano
Zapata Salazar, quien fuera traicionado y asesinado en San Juan Chinameca, la tarde del 10
de abril de 1919, por órdenes de los generales Venustiano Carranza y Pablo González.
A 80 años de la muerte física del general Zapata, la evidencia empírica muestra que el
zapatismo y el agrarismo, no murieron en la masacre de Chinameca ni en los intentos de
sepultarlos para siempre, de Alvaro Obregón, Calles, Miguel Alemán, José López
Portillo y Carlos Salinas de Gortari.
En efecto, en la medida en que los detractores del Plan de Ayala y de la Reforma Agraria
fueron mutilando el espíritu zapatista y los mandatos agraristas plasmados en el
artículo 27 constitucional, el zapatismo fue echando raíces más profundas entre el
campesinado, los indígenas y el pueblo de México.
Por eso vengo a hablar compañeras y compañeros diputados, del Zapata que hoy está más
vivo que nunca, del Zapata que no es sólo un símbolo, sino también la materialización
de sus ideales y la fuerza de sus valores éticos que inspiran e impulsan las luchas
campesinas actuales, la lucha de los indígenas de Chiapas y de otras regiones del país.
Vengo a hablar, pues, del Zapata que encarna la dignidad del poder popular.
Aquella tarde del 10 de abril de 1919, para los jefes carrancistas y la prensa de la
capital del país Zapata muerto no sólo era el fin venturoso del Atila del sur; pensaron
que era la extinción de su ideario y de su noble lucha. Así, mientras Pablo González
cobraba 50 mil pesos y premiaba con un ascenso la flaca gloria de la traición de
Guajardo, en las montañas de Morelos se fraguaba la resurrección histórica y política
del zapatismo, que los gobiernos posrevolucionarios no pudieron desterrar y optaron por
apropiarse del símbolo.
Los falsos herederos de Zapata, desde el Estado y el partido oficial, pretendieron
mitificar su imagen y le construyeron centenares de estatuas, al tiempo que incumplieron y
desvirtuaron el espíritu del Plan de Ayala, utilizaron para sus fines el discurso
agrarista y decretaron la extinción de los campesinos en aras de la modernidad y del
capitalismo salvaje.
Cuando la Revolución se hizo gobierno el sujeto del agrarismo es el Estado, mientras que
el movimiento campesino pasó a ser de sujeto histórico a simple objeto de un largo y
penoso proceso burocrático que acabó diluyendo y anulando los objetivos de la reforma
agraria.
Las modalidades que cada sexenio le imprimió al llamado modelo del desarrollo
estabilizador dilapidó las potenciales productivas del agro mexicano, lo descapitalizó y
lo sumió en la ruina.
En los años 70 resurge en forma generalizada el descontento en el campo mexicano; su
bandera seguía siendo la tierra. Por más que el gobierno y muchos teóricos del
desarrollo previeron la extinción de los campesinos a más tardar para los años 90, en
nuestros días "los muertos que vois matais gozan de cabal salud", a la vez que
han demostrado que son una clase que se transforma y permanece.
En los albores del nuevo milenio, los campesinos mexicanos y los indígenas han resistido
las más brutales calamidades del mundo globalizado: rezago agrario, represiones, retiro
de apoyos para la producción, asimetrías sociales y extrema pobreza, antidemocracia y
competencia comercial desigual. Ante ello, los campesinos han demostrado que su
agricultura doméstica y sus comunidades no son reliquias del pasado, sino paradigmas de
un nuevo orden social con rostro humano. Como bien lo afirma Armando Bartra, los
campesinos y los indios no se rebelan contra el atraso premoderno sino contra la
modernidad salvaje. Ellos no son nuestro pasado, son nuestro futuro. La suerte de los
campesinos es la suerte de todos.
Por ellos, los continuadores de la lucha de Zapata, como Rubén Jaramillo, los
neozapatistas de la selva Lacandona y muchos otros luchadores agrarios y sociales que
recorrerán las calles el día de mañana, han sido y serán los portadores de muchos
valores y de la fuerza necesaria para derrotar al neoliberalismo, impulsar una reforma
agraria democrática e integral que considere las dimensiones sociales, económicas,
ambientales y culturales, una constitucionalidad que acoja los derechos y la cultura de
los pueblos indios y una paz con justicia y dignidad.
Compañeras y compañeros diputados: la propuesta del PRD es en gran medida la propuesta
de las organizaciones campesinas y sociales de la sociedad civil: respeto a la protección
de la propiedad social de la tierra.
Revisión profunda y responsable de las medidas autoritarias y las reformas salinistas.
Democratización en todos los niveles e instancias de la vida social y política.
Elaboración y aprobación de leyes que resulten de un consenso real de la sociedad y de
las fuerzas políticas, como lo venimos intentando en la iniciativa de Ley de Desarrollo
Rural.
Por último, es bueno que en esta Cámara y en ese día recordemos que el zapatismo no es
sólo agrarismo, sino también es lucha por la democracia, el federalismo y la autonomía
municipal, y contra la dictadura, el autoritarismo y el centralismo. Es la lucha por la
República y el régimen parlamentario que defendieron los zapatistas en la soberana
convención de Aguascalientes; es la lucha por la justicia social y por la soberanía, la
libertad y la legalidad; por la fusión de la ética con la política; por la congruencia
en los principios revolucionarios; por la entrega de la vida en la lucha por un nuevo
proyecto de nación.
"Yo me he levantado escribió Zapata en 1911 al coronel zapatista Fausto Beltrán no
por enriquecerme, sino para defender y cumplir ese sacrosanto deber que tiene el pueblo
mexicano honrado y estoy dispuesto a morir a la hora que sea porque llevo la pureza y el
sentimiento en el corazón y la tranquilidad en la conciencia."
En una carta del general Zapata a Francisco Villa le decía: "tengo el gusto de
manifestarle que me satisface sobremanera su modo de pensar y pensando y obrando según
sus ideas algún día salvaremos a la nación".
En efecto, compañeras y compañeros diputados, Zapata y Villa y quienes los mantienen
vivos a través de la lucha popular son quienes hoy pueden salvar a nuestra nación.
¡Viva el general Emiliano Zapata!
Tiene la palabra el diputado José
Gascón Mercado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta
por 10 minutos, para hablar sobre el mismo tema.
| El diputado José Gascón Mercado: |
Señor Presidente; señoras y
señores diputados:
Hoy conmemoramos dos acontecimientos históricos que le han dado perfil e identidad a la
nación mexicana. Recordamos a dos símbolos humanos que encarnan generaciones de
luchadores sociales que ofrendaron su vida por los valores más elevados del pueblo
mexicano: el nacimiento de Leona Vicario en 1789 y con ello la irrupción de la
generación insurgente con la presencia de la mujer en el marco histórico de la lucha por
la independencia colonial, pero también por una lucha por la soberanía de la nación
frente al dominio de la potencia colonial de entonces.
Y la muerte del caudillo del sur Emiliano Zapata, quien ha sido el símbolo de las luchas
de los oprimidos frente a los poderosos, en demanda de libertad y justicia social agraria.
Antes de salir Zapata de Anenecuilco, ya dispuesto a lanzarse a la Revolución y jugarse
el todo por el todo, en una carta arriesgada ocultó la documentación del pueblo,
encerrados en su caja de hoja de lata, al pie de la escalera y en el coro de la Iglesia.
Ahí quedaban enterradas la historia y la razón que impulsaba su íntima verdad: la
historia del pueblo y la prehistoria de su vida. Así lo dice Sotelo Inclán en una
reseña de su historia.
Hoy se cumplen 80 años del asesinato del caudillo del sur Emiliano Zapata. Su lucha fue
el alma del movimiento de la sociedad agraria, pelear la reivindicación de la tierra, la
justicia. Le dio principios e ideología, sentido y veleta al movimiento agrario nacional.
Postulados aún vigentes.
Recordemos que Zapata definió en el Plan de Ayala los reclamos de justicia social para
los campesinos, los cuales se manifestaron básicamente en el propósito de lograr la
distribución de la tierra, la justicia y la libertad; propósito que Zapata dio cauce con
las armas en la mano y con un preciso ideario social, desplegando su visión espontánea
de gran estratega militar, movimiento que constituyó los principios, los cuales se
definen en la norma constitucional y que establecen la estructura de la propiedad agraria.
Es indiscutible que se ha dado un gran paso desde la promulgación del Plan de Ayala, para
completar el ideal de Zapata del proceso distributivo de la tierra. Lucha que significó
grandes sacrificios por la resistencia de los terratenientes y caciques, que a través de
las guardias blancas asesinaron a líderes y campesinos, tratando de frenar el impetuoso
proceso de reforma agraria como hoy han tratado de frenarlo los intereses económicos
nacionales y del extranjero.
No obstante, el proceso agrario propició la creación de más de 28 mil núcleos de
población agraria. Hoy el reparto agrario prácticamente ha concluido. Sin embargo, no
podemos afirmar que en nuestro campo se hayan cumplido plenamente los postulados
superiores de justicia y libertad, enmarcados en los ideales que enarboló el Plan de
Ayala del Caudillo del Sur.
En el campo prevalecen grandes contrastes, un sector productor moderno y otro con niveles
medios, pero también un gran número que solamente alcanzan a producir para la
subsistencia alimentaria, contrastando éstos con un amplio sector, los peones, que sin
tierra y sin empleo sus expectativas son inciertas; es decir, tenemos en este último
sector grandes rezagos en materia social.
Independientemente de que la política de Estado debe de orientarse a fomentar el
desarrollo de todo el sector, debe dirigir sus esfuerzos, especialmente a los grupos
marginados, para mejorar su capacidad de producción, dotarles de la infraestructura
social y darles los apoyos para que alcancen la suficiencia alimentaria y tengan mejores
oportunidades de formación y empleo, que les permitan disfrutar de una vida digna.
462,463 y 464
Hoy encontramos un sector agropecuario y
forestal con serias dificultades, no sólo para cumplir con la enorme demanda de alimentos
que requiere la población nacional, sino también con problemas de competencia desigual,
traídos por el Tratado de Libre Comercio, con nuestros socios comerciales, dificultades
para producir con mejores sistemas tecnológicos y de carácter financiero y comercial,
entre otros.
Nuestra organización campesina, la CNC, con otras organizaciones, lucha porque la
política hacia el sector agropecuario impulse un desarrollo rural que sea integral y no
se quede solamente en lo productivo, para aprovechar las ventajas de la modernización
tecnológica, sino además reducir las desigualdades sociales que aún existen en el
campo.
Queremos que la política de precios y sistemas de comercialización tengan una mayor
integración para que los esfuerzos de los campesinos no se pierdan en el laberinto y en
la iniquidad del mercado, que tengan el pago a su trabajo y puedan seguir mejorando su
capacidad productiva. El Estado no puede marginarse de la regulación de ese mercado,
porque si no lo hace los esfuerzos productivos se convierten en una quimera, situación
que nos ha conducido hasta hoy en una descapitalización y el empobrecimiento del sector
en lo general.
En los sectores de subsistencia en el campo, no basta con el desarrollo de programas
coyunturales de subsidios temporales, para atenuar las carencias en lo alimentario, en la
salud y en la educación. Sin duda se requiere fortalecer la política social y productiva
de los grupos marginados para abatir los amplios rezagos de pobreza, compromiso de ética
de toda la sociedad y por definición del Estado, que debe de enfrentarse de manera
prioritaria y decidida por todos los actores de esa sociedad.
Las condiciones actuales del campo no permiten postergar decisiones y así el ideario de
Zapata sigue vigente, la deuda con los campesinos y particularmente con nuestros
indígenas, no está saldada. Sólo una reforma agraria integral nos podría llevar por el
camino hacia la plena justicia social no solamente de discurso, sino de programas y de
compromiso de acciones concretas.
Una reforma para el desarrollo rural integral debe contemplar, entre otros aspectos, los
siguientes. Una ley que permita el desarrollo de programas institucionales donde se
contemplen compromisos presupuestales para atender al sector moderno de nuestra
agricultura y a la dotación de servicios y apoyos básicos para la agricultura de
subsistencia y de esta manera alcanzar el bienestar de la población del campo.
Estructurar un sistema financiero que responda a las necesidades de los sujetos y poner el
desarrollo de proyectos productivos y apoyos a la exportación con organismos financieros
de los otros campesinos, establecer cobertura de riesgos que protejan la producción y la
comercialización a través de los fondos de aseguramiento de los propios campesinos.
Garantizar la seguridad de la propiedad y la tenencia de la tierra. Promover la
regularización de la propiedad campesina para darle viabilidad productiva al minifundio.
Estructurar el sistema de investigación y de transferencia de tecnologías considerando
los esfuerzos públicos y privados con la participación de los sectores organizados.
Ampliar las acciones de la organización campesina y la capacitación de ellos para
fortalecer la gestoría del sector.
En síntesis, consideramos que para alcanzar los ideales zapatistas y transitadas al nuevo
milenio, es necesario que en el nuevo marco legislativo exísta una ley de desarrollo
rural integral que comprometa la acción del Estado y la unidad de lucha de todos los
campesinos con sus organizaciones para alcanzar la justicia y el bienestar que dé
libertad a los hombres y mujeres del campo de nuestro país.
Este es el compromiso de los diputados del sector campesino de nuestro partido, el
Revolucionario Institucional.
Muchas gracias.
El siguiente punto del orden del
día... ¿con qué objeto, señor diputado?
El
diputado Juan Jaramillo Fricas
(desde su curul): |
Deseo utilizar la tribuna para
hacer unos comentarios en relación al tema, muy breve. Solicito respetuosamente a la
Asamblea, como diputado morelense, tener la oportunidad de hacer unos comentarios muy
breves fuera de partido. Yo creo que Zapata está más allá de pactos. Le suplico
respetuosamente...
Señor diputado, se trató ese tema
relacionado con la efemérides luctuosa del general Emiliano Zapata, por parte del Partido
de la Revolución Democrática y lo que se dio fue el posicionamiento de cada partido...
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
El siguiente punto del orden del
día se refiere a comentarios sobre el próximo nombramiento del titular de la Secretaría
de la Reforma Agraria.
Se han registrado para hablar sobre el tema hasta por 10 minutos, los diputados Juan José
Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Joel Guerrero
Juárez, del Partido Revolucionario Institucional y Alvaro López Rios, del Partido de la
Revolución Democrática.
Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.
| El diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Con su permiso, señor Presidente:
Yo creo que todos coincidiríamos en que hay un notable empantanamiento en el trabajo del
Poder Legislativo. Diría yo que estamos viviendo unos de los marasmos más dramáticos y
que inclusive el desánimo está en las bancadas mismas, tal parecería que concebimos
grandes esperanzas al inicio de esta legislatura y nos hemos enfrentado con una falta de
capacidad para llegar a acuerdos.
Diría yo que no estamos cumpliendo... Sí, señor Presidente...
No, adelante señor orador y que le
repongan el tiempo al señor orador. Adelante. Se va a reponer su tiempo, señor orador.
| El diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Señores, estoy haciendo
consideraciones parlamentarias para caer después y abordar precisamente el tema
registrado, hay el derecho del orador de hacer comentario, de hacer historia, tengan la
paciencia parlamentaria para superar precisamente esas enfermedades de las que venimos
hablando que padece nuestra Asamblea parlamentaria.
Señalaba yo entonces que hay un notable marasmo, un notable empantanamiento y no está
cumpliendo el Poder Legislativo con la función que los teóricos de la democracia
parlamentaria, señalan como la más importante que es la función de integración. Esto
significa que de los parlamentos del Poder Legislativo deben articularse los intereses
encontrados para que manen acuerdos, para que se dé la voluntad general, para que surjan
las leyes.
Y me pongo a pensar que si en los distintos temas no hemos logrado encontrar
convergencias, ¿cuál sería la idea, en estos momentos, que pudiera suscitar algún
acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias? Y yo creo que esa idea, sin lugar a dudas es
la del federalismo; yo creo que todas las corrientes políticas, yo creo que todos los
estudiosos del régimen presidencial mexicano coinciden en la necesidad de impulsar el
auténtico federalismo.
Recordemos los discursos de Ernesto Zedillo Ponce de León en plena campaña, en donde
habla de extinguir la Secretaría de la Reforma Agraria; en donde habla de transferir la
materia agraria a las entidades federativas; recordemos recientemente para solamente
mencionar algunos casos paradigmáticos, lo que ha escrito Porfirio Muñoz Ledo en lo que
concibe como la nueva república, hay un párrafo que dice: "el federalismo es un
orden consensual de obligaciones asumidas y derechos salvaguardados, el nuevo pacto
constitucional cancelaría la subordinación de las entidades y los poderes federativos no
tendrían más competencia que las que aquéllas efectivamente les conceda".
¿Porqué hago estas reflexiones? Yo creo que hoy en día que la Secretaría de Reforma
Agraria está sin titular y que aquí el doctor Arturo Warman, excelente funcionario
público de gran calidad humana, reconocía que ya estaba en sus últimas etapas el
trabajo de organización de la Secretaría, si no es conveniente hoy señores, por fin
empezar a descentralizar la vida nacional y mandar la materia agraria, precisamente hoy
que estamos rindiendo homenaje a Zapata, que fue una de sus grandes banderas para regresar
a las entidades federativas lo que por su naturaleza le corresponde a lo que debe manejar
la política agraria los estados de la República.
¿Qué ha sucedido con el centralismo? Efectivamente, todas nuestras constituciones, con
excepción de las siete leyes en 1836 y las bases orgánicas de 1843, hablaron
teóricamente de un federalismo, pero hemos vivido sujetos a una enorme fuerza
centrípeta, a una enorme concentración del poder. Primero fue Benito Juárez, había que
crear las instituciones nacionales, el periodo de la República restaurada, hay inclusive
quien sostiene que Benito Juárez es el primer presidente de un Estado ya conformado con
presupuesto, con estabilidad, con programa y entonces se empiezan a crear instituciones
como la misma presidencia de la República, una política educativa, la segunda fuerza
centrípeta, la de Porfirio Díaz, que concentró el poder, que hizo una serie de pactos y
que logró estabilidad durante varios años, aunque sacrificando la democracia...
Estoy hablando del federalismo, señor, ¿qué es usted tan ignorante que no sabe de esto?
Pero, ¡por Dios, hombre!, ¡qué forma más terca y más necia de insistir en su
ignorancia y en su falta de visión de lo que es...
Se recuerda al diputado orador que
no se permite diálogo entre los diputados.
| El diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Si usted no pone orden, me obliga
usted a poner orden.
Continúe usted con el uso de la
palabra.
| El diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Vea usted la insolencia del
diputado Oceguera, vea usted la insolencia de sus compañeros de Cámara, hombre. Ejerza
usted sus funciones.
Entonces, señores diputados, ¿qué ha sucedido?, ha habido una gran concentración.
Después vino en 1929 la creación del sistema político nacional y empezó de nuevo una
tendencia aún más radical y vean ustedes que el artículo más reformado de la
Constitución es el artículo 73, que le da funciones, facultades al Congreso en donde
toda vez se le quitó a los estados lo que les corresponde y en todos los auténticos
sistemas federales la política ecológica, el comercio interior, lo que es la pesca, lo
que es el turismo y la materia agraria, todas estas materias en sistemas auténticamente
federales corresponden a las entidades federativas.
Y efectivamente, ha habido una política de desconcentración, pero esto no es
federalismo, federalismo es descentralización y hay una diferencia fundamental:
descentralizar quiere decir transferir mediante la ley, en forma definitiva, recursos y
atribuciones a las otras entidades de gobierno.
Lo que se ha hecho en los sexenios recientes a través de convenios o a través de enviar
recursos por los delegados, es desconcentrar, pero hoy se da y mañana se quita, eso no es
federalismo, eso, repito, es desconcentración y administrativamente están perfectamente
definidas estas dos figuras.
Repito. Federalismo quiere decir descentralización.
La materia agraria en 1917 era una materia de competencia estatal, en 1934, con el código
agrario y en virtud de que los gobernadores no habían hecho el reparto de la tierra,
pasó a ser una materia federal, se creó el ejido dotatorio, que venía a ampliar lo que
era el ejido restitutivo y que se había generado en 1917 precisamente para devolverle a
las comunidades indígenas las tierras de las que habían sido despojadas por las
compañías deslindadoras, por las compañías de colonización del siglo pasado.
465,466 y 467
Entonces, en 1934 comenzó el reparto en
forma más intensa, que concluye en 1992. ¿Por qué hoy día no podemos dar el paso para
que esta materia regrese a los estados? ¿Por qué no por primera vez logramos revertir
esta tendencia de concentrar poder?
Yo platiqué aquí con Luna Kan, del Partido de la Revolución Democrática, con Tulio
Hernández, de Tlaxcala, con Carlos Medina, que tienen experiencia de ser gobernadores y
todos ellos concebían la posibilidad de que los estados tienen la estructura, tienen la
capacidad para elevar hasta sus últimos fines la política agraria en cada una de esas
entidades federativas totalmente diferentes: Tlaxcala, Yucatán, Guanajuato. Entonces
tenemos que hacer un esfuerzo.
Don Luis Cabrera, uno de los grandes teóricos, decía que había un absurdo de hablar del
problema agrario, un problema agrario, cuando hay muchos problemas agrarios y que
requieren muchas leyes agrarias.
Veamos hoy día cómo existen en muchas entidades, donde ya no hay rezago, donde ya se
concluyó, cómo es la misma entidad delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria,
del magistrado del Tribunal Agrario, de la Procuraduría Agraria, una burocracia que está
generando expectativas que ya no corresponden a nuestro momento actual.
Todos los teóricos políticos señalan que los sistemas entre más concentran poder más
vulnerables son y esto es evidente en el sistema político mexicano. Las crisis sexenales
que hemos tenido derivan del inmenso poder que ha concentrado el Presidente de la
República.
Entonces tenemos que dejar una huella y qué mejor que esta legislatura deje esa huella
creativa de recoger lo que es un clamor nacional de descentralizar la vida nacional. Si no
descentralizamos la materia agraria, ¿qué vamos a descentralizar entonces, señores
legisladores? Esa sería una huella definitiva para quitarle lo vulnerable, para que las
crisis, cuando entren en la institución presidencial, no sean crisis nacionales. Tenemos
que regresarles a los estados lo que les corresponde.
No funciona el esquema del 124. Lo explícito en México son las facultades
concentradoras. Tenemos que quitar ese esquema de lo implícito y lo explícito.
Tiene usted 30 segundos más de
reposición de su tiempo.
| El diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Magnífica generosidad, señor
Presidente. Entonces, requerimos devolverle a los estados lo que les corresponde. Tenemos
que hacerlo porque ése es el clamor del electorado; tenemos que llegar a entender que
cada entidad tiene un problema agrario diferente, que inclusive, dentro de una misma
entidad, hay situaciones diferentes.
Señores, desgraciadamente ustedes no han venido a asumir un deber, sino solamente a dejar
huella del grito y de lo soez.
Esa es mi idea y por eso creo que hoy podemos hacer una gran reforma, si están dispuestos
ustedes a asumir su deber de representantes populares.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Joel
Guerrero Juárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
hablar sobre el mismo tema, hasta por 10 minutos.
| El diputado Joel Guerrero Juárez: |
Con su permiso, señor Presidente;
Señores diputados:
Por mandato constitucional, el Estado mexicano está obligado a regular la propiedad
rural, originalmente de la nación, de acuerdo con el interés público y en beneficio
social, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar las condiciones de
vida de la población rural.
Esta acción reguladora define la relación básica entre el Estado y la sociedad rural;
establece la necesidad de que la Secretaría de la Reforma Agraria se encargue de realizar
las acciones que conduzcan a una regulación eficaz y transparente de la propiedad rural
para dar certeza jurídica a las distintas formas de tenencia de la tierra.
Desde 1917, y ratificada en 1992 por el Constituyente Permanente en la reforma del
artículo 27 constitucional, se establece la propiedad originaria de la nación sobre toda
la tierra de la misma, con el propósito de brindar con justicia y oportunidades de
desarrollo y posibilidades de acceder en el conjunto de toda la nación a los beneficios
de su territorio.
El día de hoy consideramos que la acción de la Reforma Agraria, su presencia, su
planeación, deriva de este fundamento constitucional.
Es útil para todos nosotros separar conceptualmente la política agraria, como una
característica permanente del Estado mexicano, del reparto de la tierra como una de las
fases de esa política agraria que ya ha concluido.
El cumplimiento del ordenamiento constitucional sobre la propiedad originaria, se
concretó en tres objetivos estratégicos ligados de manera secuencial. Podría expresarse
el primero como el culminar, en términos de justicia, con todas las acciones derivadas
del reparto agrario.
Un segundo objetivo estratégico, el de regularizar, ordenar, dar transparencia documental
a la propiedad, que representa más de la mitad del territorio nacional.
Y un tercer objetivo se refiere a reestructurar la propiedad social para cumplir
efectivamente, a fines de este siglo, con los objetivos constitucionales.
Atendiendo a este compromiso, se han firmado como ejemplo, convenios agrarios con
prácticamente todas las organizaciones campesinas nacionales y la Reforma Agraria tiene
plena responsabilidad todavía, por cumplir bien a dichas organizaciones.
Por otro lado, independientemente de los acuerdos y del rezago, un conjunto de actividades
jurídicas...
| El
diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul): |
Señor Presidente.
Permítame, diputado orador,
permítame.
¿Con qué objeto, diputado Rodríguez Prats?
| El
diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul): |
Señor Presidente, si me permite el
señor orador una interpelación.
Señor orador, ¿que si le permite
usted una interpelación al diputado Rodríguez Prats?
| El diputado Joel Guerrero Juárez: |
Después que termine, señor
diputado.
| El
diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul): |
Ojalá se lo pueda recordar, señor
Presidente, al finalizar su intervención.
Continúe, señor diputado orador,
| El diputado Joel Guerrero Juárez: |
Decía que dichos convenios, por
otro lado, independientemente de los acuerdos del rezago, un conjunto de actividades
jurídicas y administrativas vinculadas a las acciones del reparto, generalmente
determinadas por el Poder Judicial, requieren todavía de una acción importante de parte
de la Reforma Agraria; destacan los juicios de amparo, por ejemplo, de los cuales se
están atendiendo un poco más de 1mil en proceso de litigio activo y destacan las
acciones puramente administrativas que se tienen que cumplir para dar absoluta realidad a
propiedad social en sus límites y sus evidencias documentales.
Pero era necesario avanzar en que esa redistribución se tradujera en certeza, en
claridad, en el hecho de que con la reforma al 27, las tierras de ejidos y comunidades, ya
no pertenecían a la nación, sino pertenecen a los núcleos agrarios; era necesario dar
una gran claridad, certeza jurídica y documental a la propiedad social, por eso el
programa de reordenamiento y regularización está en marcha.
Tenemos pendiente y se está haciendo la regularización de terrenos nacionales, esto como
una tarea permanente para poder lograr una plena normalización y actualización en la
expedición de títulos de terrenos nacionales.
Otra tarea de enorme magnitud y complejidad se refiere a la regularización de los predios
adquiridos para atender el reparto agrario o los convenios agrarios; quedan pendientes la
regularización de las tierras confiscadas a los narcotraficantes y las posesiones
precarias que seguramente darán origen a otros núcleos agrarios o nuevos ejidos.
Cabe señalar también que es necesario un gran programa de capacitación con miras al
futuro, pues es requisito esencial que con la capacitación los ejidatarios, comuneros,
pequeños propietarios, conozcan a profundidad sus derechos, sus oportunidades, sus
restricciones en el nuevo marco legal. Por eso la reforma agraria tiene una gran deuda y
una responsabilidad de instrumentar este tipo de programas. Esta acción es sólo un
instrumento para que los ejidos, comunidades, pequeños propietarios, inversionistas,
puedan ir estableciendo en el marco de nuestra gran pluralidad geográfica, de nuestra
gran pluralidad política, aquellas formas que permitan superar los problemas más severos
de la propiedad en nuestro tiempo.
Otro problema de gran magnitud es el del envejecimiento de los titulares agrarios, pues
más de la mitad de los ejidatarios y comuneros del país, tienen 50 años o más y de
ellos la mitad, esto es, el 25 de la mitad nacional, tienen más de 65 años. Dicho
problema tiene repercusiones en la estructura productiva, en la transformación técnica
de nuestra agricultura; está vinculado a un problema que tenemos que enfrentar como
nación y que es de gran trascendencia y contenido de justicia.
Los hombres de nuestro campo no están inscritos en ningún programa que les permita un
retiro digno en su edad avanzada, de tal forma que se apoyen en la tenencia de la tierra
para lograr lo que otros sectores de la población reciben incluso con una gran inversión
de carácter público. En este problema estamos avanzando a nivel de análisis, pero que a
nivel programático todavía no tiene una expresión concreta.
Otro problema de nuestros días es la creciente participación de la mujer. Como sujeto
agrario, básicamente el 18% de los ejidatarios y comuneros de nuestro país, hoy, son
mujeres; ejidatarias o comuneras. Estos problemas representan los grandes retos de
justicia que no pueden ya resolverse sólo por la vía de la tenencia de la tierra, sino
que tendrán que resolverse con la política agraria que estamos construyendo y que es
responsabilidad de esta soberanía para el Siglo XXI.
Desde 1995 en que la administración inició el procedimiento de reorganización la
Reforma Agraria redujo su personal en un 67%. con lo cual se dio cumplimiento a un mandato
expreso de esta Cámara.
Quienes argumentan que el cierre de las secretarías produce un ahorro, lo hacen de manera
equivocada. Es importante enfatizar esto porque conviene ubicar con mucha claridad en el
debate, cómo han surgido voces que reclaman una vez más la desaparición de la
Secretaría de la Reforma Agraria cuando todavía nos debe mucho.
Esto es un falso debate porque la Reforma Agraria tiene una razón jurídica evidente
expresada en el 27 constitucional; tiene una razón técnica-operativa de magnitud
pública. La Secretaría presupuestalmente representa una proporción mínima del
presupuesto programable federal.
El sector agrario, constituido por la Secretaría de la Reforma Agraria, por la
Procuraduría Agraria, por el Registro Agrario Nacional y el fifonafe, representan en
total dos décimas del 1% del presupuesto programable de la Federación. Este es el total
de la erogación fiscal dedicada al sector agrario. Esto también nos hace reflexionar de
la necesidad que hay no sólo de quitarla, sino de darle más para que cumpla su función.
468,469
y 470
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