Presidencia
del diputado
Juan Moisés Calleja Castañón: |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputados,
para conocer si existe el quorum reglamentario.
| El
secretario Ranulfo Tonche Pacheco: |
Se informa a la Presidencia que
existen registrados privamente 297 diputados.
Por lo tanto, hay quorum , señor Presidente.
| El
Presidente (a las 11:08 horas): |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
| El
secretario Ranulfo Tonche Pacheco: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Jueves 15 de abril de 1999.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, invita al acto cívico que con motivo del
CXLV aniversario luctuoso del general Nicolás Bravo, tendrá lugar el 22 de abril en el
Altar a los Defensores de la Patria, a las 10:00 horas.
Comunicaciones de diputados.
Protesta de diputado.
Oficio de la Cámara de Senadores por el que comunica la elección de mesa directiva que
funcionará del 14 al 30 de abril, del segundo periodo de sesiones ordinarias, del segundo
año de ejercicio constitucional.
Comunicación de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal I Legislatura.
Comunicación del Congreso del Estado de Baja California.
Comunicación del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Comunicaciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. (Cambio de
integrantes de comisión.)
Proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para la
creación de una comisión de investigación a la Comisión Federal de Electricidad y a la
Compañía de Luz y Fuerza del Centro. (Votación.)
Iniciativa del Ejecutivo
De decreto por el que se establecen las características de las monedas de plata
conmemorativas del año 2000.
Iniciativas de diputados
Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a cargo de la diputada Sara Esthela Velázquez, a nombre de la Comisión de
Equidad y Género. (Turno a comisión.)
De reformas a la Ley Federal de Turismo, a cargo del diputado Jorge Alejandro Jiménez
Taboada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a
comisión.)
De reformas y adiciones a la Ley Federal de Turismo, a cargo de la diputada Addy Cecilia
Joaquín Codwell, a nombre de diputados integrantes de la Comisión de Atención y Apoyo a
Discapacitados. (Turno a comisión.)
De reformas a la Ley General de Bibliotecas, a cargo de la diputada Julieta Ortencia
Gallardo Mora, a nombre de diputados integrantes de la Comisión de Atención y Apoyo a
Discapacitados. (Turno a comisión.)
Que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley Federal de Reforma Agraria, a cargo de la
diputada María Guadalupe Francisca Martínez Cruz, del grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
De reformas a los artículos 18 y 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a
cargo del diputado José de Jesús Montejo Blanco, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)
De reformas a la Ley Federal de Derechos y a la Ley de Aguas Nacionales, en materia de
Preservación y Restauración de Cuencas Hidrológicas, a cargo del diputado Oscar
González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
De reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley General de Deuda Pública, a cargo
del diputado Marcelo Ebrard Casaubón. (Turno a comisión.)
De adiciones a la fracción V del artículo 4o. de la Ley General de Deuda Pública, a
cargo del diputado Marcelo Ebrard Casaubón. (Turno a comisión.)
Que adiciona un Libro Noveno al Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, a cargo de los diputados Rafael Castilla Peniche y Javier Algara Cossío, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Minutas
Proyecto de decreto que concede permiso
al vicealmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Raúl Santos Galván
Villanueva, para aceptar y usar la condecoración Cruz Naval a los Servicios Distinguidos,
que le confiere el gobierno de la República Argentina. (Turno a comisión.)
Proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Pedro José González-Rubio
Sánchez, licenciado Edgar Ortiz Ocampo, Enrique Aranda Salamanca, Luis Enrique Mateo
Franco Díaz de León, María del Rosario Gloria Green Macías, Roberto Miranda Sánchez y
Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, para aceptar y usar condecoraciones conferidas
por el gobierno de la República de Bolivia. (Turno a comisión.)
Proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 26
al 29 de abril de 1999, a efecto de que realice una visita de Estado a la República
Federativa del Brasil. (Turno a comisión.)
Excitativa
A las comisiones de Hacienda y Crédito
Público y de Comercio, suscrita por un grupo plural de diputados. (Turno a comisión.)
Dictámenes de primera lectura
Siete, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto
que conceden permiso a los ciudadanos: César Jiménez López, María del Rosario Gloria
Green Macías, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Salvador Campos Icardo, Edgar Ortiz Ocampo,
Jesús Mario Chacón Carrillo, Patricia Eugenia Zorrilla Fierro, Pedro Luis Benítez
Esparza, Fernando de Mateo y Venturini, Ricardo Cantú Garza, Luis Enrique Mateo Franco
Díaz de León, Carlos Hurtado López, Mariano Francisco Herrán Salvatti, Federico Salas
Lotfe, Alfredo Phillips Olmedo, José Luis Sánchez León, Salvador Campos Icardo, José
Luis Sánchez Núñez, Adriana Novelo y Quintana, Juan Bautista Morales Doria, Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, Ernesto Navarro González, María de los Angeles Moreno Uriegas,
María Julia Carabias Lillo y María Teresa Franco y González Salas, para aceptar y usar
las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Dispensa de segunda lectura,
discusión y votación.)
Agenda política
Comentarios sobre la batalla de Celaya, a
cargo del diputado José de Jesús Torres León, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Debate pactado.)
Comentarios sobre la situación política en el Estado de Chiapas, a cargo del diputado
Gilberto López y Rivas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre el proyecto de Ley del
Deporte, a cargo del diputado Salomón Elías Jauli y Dávila, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Debate pactado.)»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del
día es la discusión del acta de la sesión anterior.
Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura del acta, tomando
en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los
grupos parlamentarios, para sus observaciones y se proceda a su votación.
| El
secretario Germán Ramírez López: |
Por instrucciones de la
Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión
anterior, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los
coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su
votación.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la
lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el
martes trece de abril de mil novecientos noventa y nueve, correspondiente al Segundo
Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima
Legislatura.
Presidencia
de la diputada
María del Carmen Escobedo Pérez: |
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las once horas con diez minutos del martes trece de abril de mil novecientos
noventa y nueve, con la asistencia de doscientos sesenta y ocho diputados, la Presidenta
declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea aprueba el acta de la sesión
anterior, en sus términos, en votación económica.
Se pone a consideración de la Asamblea una solicitud de licencia temporal del diputado
Miguel Angel Navarro Quintero y se aprueba el punto de acuerdo respectivo, en votación
económica. Llámese al suplente.
Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California Sur y de
Tabasco, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Una comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política,
informando de cambios en la integración de las comisiones legislativas. De enterado.
Una proposición de la misma comisión, respecto a cambios en la mesa directiva en varias
comisiones. Se aprueba en votación económica.
La Secretaría da lectura a dos iniciativas del Poder Ejecutivo Federal, que reforman:
La Ley Federal de Instituciones de Fianzas y
La Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Para presentar diversas iniciativas, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Jorge Alejandro Jiménez Taboada, del Partido Verde Ecologista de México, de reformas a
diversas disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos ciento tres y
ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la
Comisión de Justicia.
Alma Angélica Vucovich Seele, a nombre de la Comisión de Equidad y Género, de reformas
a diversas disposiciones de la Ley Federal de la Reforma Agraria. Se turna a la comisión
correspondiente.
593,594,595
La Presidenta informa que a las puertas
del salón se encuentra el ciudadano Alejandro González Sánchez, electo como suplente en
el tercer distrito electoral federal del Estado de Nayarit y designa una comisión para
introducirlo y acompañarlo en el acto de rendir su protesta de ley como diputado federal.
Terminado el acto protocolario, el diputado González Sánchez entra en funciones de
inmediato.
Continúan en el uso de la palabra, para presentar iniciativas, los diputados:
María Elena Cruz Muñoz, a nombre de la Comisión de Equidad y Género, reforma diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.
José Angel Frausto Ortiz, del Partido Acción Nacional, de reformas a diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.
Marcelo Luis Ebrard Casaubón, de reformas a la fracción cuarta del artículo setenta y
cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo veinte
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Se turna a las comisiones de
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Al terminar, el mismo diputado presenta la que reforma el artículo veinticinco de la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Se turna a la Comisión de Programación,
Presupuesto y Gasto Público.
Se concede el uso de la palabra al diputado Adalberto Antonio Balderrama Fernández, del
Partido Acción Nacional, quien hace una propuesta respecto de los precios de las
gasolinas en la frontera norte. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público,
de Comercio, de Energéticos y de Asuntos Fronterizos.
Se da primera lectura y la Asamblea les dispensa la segunda, a cinco dictámenes de la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto con los que
se conceden los permisos constitucionales necesarios para que diez ciudadanos mexicanos,
puedan para prestar servicios a gobiernos extranjeros. Sin discusión se aprueban por
trescientos ochenta y ocho votos en pro y tres en contra. Se turnan al Senado de la
República para los efectos constitucionales.
Siete dictámenes de la misma comisión, con proyectos de decreto con los que conceden los
permisos constitucionales necesarios para que dieciocho ciudadanos mexicanos, puedan
aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. No habiendo
quien haga uso de la palabra, se recoge la votación electrónica respectiva, misma que
resulta aprobatoria por trescientos ochenta y cuatro votos en pro y cinco en contra. Se
turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Presidencia
del diputado
Sergio Valdés Arias: |
Para comentar la situación del
sistema bancario nacional, suben a la tribuna los diputados: Carlos Antonio Heredia
Zubieta, del Partido de la Revolución Democrática; Gustavo Pedro Cortés, del Partido
del Trabajo; Gerardo Buganza Salmerón, del Partido Acción Nacional; Guillermo Barnés
García, del Partido Revolucionario Institucional; Elba Margarita Capuchino Herrera, del
Partido de la Revolución Democrática José Ricardo Ortiz Gutiérrez, del Partido Acción
Nacional.
El Presidente otorga el uso de la palabra al diputado Fauzi Hamdan Amad, del Partido
Acción Nacional y, ante la inconformidad de los grupos parlamentarios, solicita que se
dé lectura al artículo noventa y dos del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Desde su curul, el diputado Oceguera
Ramos, hace aclaraciones respecto a la forma en la que se debe conducir un debate pactado,
pero el Presidente insiste en el turno y el mismo diputado Hamdan Amad aclara que no tiene
inconveniente en hablar después del diputado Ramírez Cuéllar.
También, desde su curul, el diputado Rodríguez Prats solicita que se respete el orden
del registro de los oradores y el Presidente ordena que se lea el artículo veintisiete de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El diputado
Rodríguez Prats insiste en que se respete el orden del registro; el Presidente insiste en
aclarar que no ha hecho interpretaciones subjetivas respecto de la orientación de las
intervenciones de los oradores, pero que modifica el otorgamiento del uso de la palabra y
pide que suba a la tribuna el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del Partido de la
Revolución Democrática y, posteriormente, a los legisladores: Fauzi Hamdan Amad, del
Partido Acción Nacional y Charbel Jorge Estefan Chidiac, del Partido Revolucionario
Institucional.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Saúl Solano Castro, del Partido de
la Revolución Democrática, quien comenta la situación de quebranto de la caja de ahorro
"El Arbolito", quien no se encuentra en la sala y a petición del diputado
Rodríguez Prats, se pospone el tema.
Conforme al orden del día, se realiza la elección de la mesa directiva que fungirá del
quince al treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve. Son electos por doscientos
noventa y seis votos, los diputados: Juan Moisés Calleja Castañón, como presidente;
Víctor Manuel López Cruz, Gerardo Ramírez Vidal, Alvaro Elías Loredo, María Mercedes
Maciel Ortiz y Aurora Bazán López, como vicepresidentes; Germán Ramírez López,
Ranulfo Tonche Pacheco, Mario Guillermo Haro Rodríguez, José Adán Deniz Macías, como
secretarios y, como prosecretarios: América Soto López, Agapito Hernández Oaxaca,
Leticia Villegas Nava y Juan Jaramillo Fricas.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la
próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con cuarenta y
cinco minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves quince de abril de mil
novecientos noventa y nueve, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación
económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor
Presidente.
NICOLAS
BRAVO
El
secretario Mario Guillermo Haro
Rodríguez: |
Se va a dar lectura a una
invitación.
«Ciudadano diputado Juan Moisés Calleja Castañón, presidente de la mesa directiva de
la Cámara de Diputados.- Presente.
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México ha programado la ceremonia cívica
conmemorativa del CXLV aniversario luctuoso del general Nicolás Bravo, que tendrá lugar
en el altar a los Defensores de la Patria, hemiciclo a los Niños Héroes de Chapultepec,
delegación Miguel Hidalgo, el día jueves 22 de abril a las 10:00 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables
instrucciones, a efecto de que un representante de esa Cámara que usted preside asista a
la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi
reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general, Alejandro Aura.»
En representación de esta Cámara
de Diputados, se designa a los siguientes diputados: Armando López Romero, Fernando
Elías Hernández Mendoza, Sandra Lucía Segura Rangel, Jaime Miguel Moreno Garavilla y
Francisco Martínez Ortega.
DIPUTADO
QUE SOLICITA LICENCIA
| La
secretaria Leticia Villegas Nava: |
Se va a dar lectura a varias
comunicaciones.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII
Legislatura.
Ciudadano Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.- Presente.
El suscrito, diputado federal de la LVII
Legislatura por el IV distrito electoral con cabecera en ciudad Nicolás Romero, Estado de
México, en base al fundamento de lo dispuesto por los artículos 47 y 49 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito
solicitar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se me conceda
licencia para separarme de mi cargo en forma temporal, a partir de esta fecha, en razón
de que mi estado de salud me impide cumplir adecuadamente con la representación que se me
ha conferido.
Agradezco cumplidamente la atención que se sirva prestar a la presente y le reitero la
seguridad de mi más alta consideración.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 6 de abril de 1999.- Diputado Fernando Castro Suárez.»
En consecuencia, se ruega a la
Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
| La
secretaria Leticia Villegas Nava: |
Están a discusión los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Se concede
licencia por tiempo indefinido al diputado Fernando Castro Suárez, para separarse de sus
funciones como diputado federal electo en el IV distrito del Estado de México.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se
aprueban.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados los
puntos de acuerdo.
DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA
Se encuentra a las puertas de este
recinto el ciudadano José Zuppa Núñez, diputado suplente electo en el IV distrito del
Estado de México.
Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley
para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Guillermo Santín Castañeda,
Porfirio Durán Reveles, Germán Ramírez López, América Soto López y Tito González
Isunza.
El
secretario Mario Guillermo Haro
Rodríguez: |
Se pide a la comisión cumplir con
su encargo.
(La comisión cumple su encargo.)
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
Ciudadano José Zuppa Núñez: ¿protesta
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las
leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el
pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
| El
ciudadano José Zuppa Núnez: |
¡Sí, protesto.!
¡Si así no lo hiciere, que la
nación se lo demande!
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
596,597,598
DIPUTADO
QUE SOLICITA LICENCIA (II)
El
secretario Mario Guillermo Haro
Rodríguez: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.
Diputado Sergio Valdés Arias, presidente de la mesa directiva.- Presente.
Con fundamento en el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, le solicito someter a consideración del pleno de esta Cámara
de Diputados, la petición de licencia para separarme temporalmente de mis funciones por
motivos personales; solicito que dicha licencia entre en vigor el próximo 15 de abril,
por un lapso de 15 días.
Para los efectos a que haya lugar, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 8 de abril de 1999.- Juan José García de Alba Bustamante,
diputado federal.»
En consecuencia, se ruega a la
Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El
secretario Mario Guillermo Haro
Rodríguez: |
Están a discusión los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Se concede
licencia al diputado Juan García de Alba Bustamante, para separarse de sus funciones como
diputado federal, electo en el X distrito del Estado de Jalisco, por 15 días a partir de
esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se
aprueban.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados los
puntos de acuerdo.
CAMARA
DE SENADORES
| El
secretario José Adán Deniz Macías: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Senado de la República.- LVII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.
En cumplimiento a lo que disponen los artículos 65 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, 16 y 24 del Reglamento para el Gobierno Interior,
nos permitimos comunicar a usted que en sesión celebrada el día de hoy, la Cámara de
Senadores de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, eligió la mesa
directiva que funcionará durante el lapso comprendido del 15 al 30 de abril en que
culmina el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio
constitucional, quedando integrada como sigue:
Senadores: Héctor Ximénez González, presidente; Jorge Galván Moreno y Layda Sansores
San Román, vicepresidentes; Ignacio Vázquez Torres, María del Carmen Bolado del Real,
Juan José Quirino Salas, Sonia Alcántara Magos, secretarios Lucía Carrasco Xochipa,
Evangelina Pérez Zaragoza, Rodolfo Arteaga Gutiérrez y Eleazar Robledo Sicairos,
prosecretarios.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 13 de abril de 1999.- Senadores: Jesús Padilla Padilla y Tarcisio
Rodríguez Martínez, secretarios.»
De enterado.
ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL
| El
secretario Agapito Hernández Oaxaca: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.- I Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Por este conducto, me permito comunicar a ustedes que el pleno de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal I Legislatura, en la sesión celebrada el día de hoy, llevó a cabo
la elección de la mesa directiva que coordinará los trabajos durante el mes de abril del
presente año, la cual quedó integrada por los siguientes diputados:
José Luis Benítez Gil, presidente; Rafael López de la Cerda, José Manuel Minjares
Jiménez, Jesús Eduardo Toledano Landero, Miguel Angel Peláez Gerardo, vicepresidentes;
Pablo de Anda Márquez, Esteban Daniel Martínez Enríquez, secretarios; María Angélica
Luna y Parra y Trejo Lerdo Alejandro Rojas Díaz Durán, prosecretarios.
Sin otro particular, reitero a ustedes mi consideración atenta y distinguida.
Recinto Legislativo, a 31 de marzo de 1999.- Por la mesa directiva.- Diputado Ricardo
Molina Teodoro, presidente.»
De enterado.
ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR.
| El
secretario Juan Jaramillo Fricas: |
«Escudo.- Poder Legislativo de
Baja California.- XVI Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F.
De conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Baja California, nos permitimos comunicarles la clausura del primer periodo de receso,
así como la instalación y designación de la mesa directiva que fungirá durante el
segundo periodo de sesiones ordinarias al primer año de ejercicio constitucional, que
comprende del 1o. de abril al 30 de junio del año en curso, la cual quedó integrada de
la siguiente forma:
Diputados: Héctor Magaña Mosqueda, presidente; Efrén Macías Lezama, vicepresidente;
David Ruvalcaba Flores, secretario; Sergio Loperena Núñez, prosecretario.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, aprovechamos la oportunidad para reiterarles las
seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, BC, a 1o. de abril de 1999.- Diputados: Héctor Magaña Mosqueda, presidente;
David Ruvalcaba Flores, secretario.»
De enterado.
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
CODIGO PENAL
| El
secretario Juan Jaramillo Fricas: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.
Diputado Juan Moisés Calleja Castañón, presidente de la mesa directiva.- Presente.
Atento a lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos y 85 párrafo segundo del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, solicito lo siguiente:
Que toda vez que en la sesión del pleno celebrada el día 17 de noviembre de 1998, fue
presentada por este grupo parlamentario la iniciativa por la que se reforman diversos
preceptos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y del Código
Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para la República en Materia
de Fuero Federal, en la que se solicita su turno a las comisiones de Bosques y Selvas,
Ecología y Medio Ambiente y Justicia.
En tal sesión, el presidente de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados turnó
dicha iniciativa solamente a la Comisión de Justicia, debiéndolo hacer a las comisiones
solicitadas, con fundamento en la parte final del segundo párrafo del artículo 106 de la
Ley Orgánica que textualmente establece:
"Cuando se trate de iniciativas de ley o de decretos... se turnarán a las comisiones
de la Cámara a que vayan dirigidas."
Solicito se amplíe el turno que se le dio a dicha iniciativa para que la mesa directiva
de la Cámara de Diputados atenta a los fundamentos de derechos anteriormente citados,
turne a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente para su dictamen y Bosques y Selvas
para su opinión, además de la, Justicia la de iniciativa de reformas a diversos
preceptos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y del Código
Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en
Materia de Fuero Federal citada.
Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva dar al presente.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 14 de abril de 1999.- Diputado, Jorge Emilio González Martínez,
coordinador del Partido Verde Ecologista de México.»
Como lo solicita, se turna
a las comisiones de Justicia y Ecología y Medio Ambiente, con la opinión de la Comisión
de Bosques y Selvas.
Asimismo, me permito informar a todos ustedes que se encuentra el siguiente grupo de
visitantes: 88 estudiantes del Colegio de la Ciudad de México, acompañados por la
profesora María Sonia López Piña.
Cuarenta estudiantes de la escuela primaria de Naucalpan, Estado de México, invitados por
el diputado Guillermo González Martínez.
Cincuenta estudiantes de la Escuela Salvador Novo, invitados del diputado Gustavo Vicencio
Acevedo.
Y en el auditorio anexo, se encuentran 50 estudiantes de la ENEP campus Aragón, invitados
del diputado Enrique Bautista Villegas.
A todos ellos les damos un afectuoso saludo y la bienvenida a este honorable Congreso.
COMISIONES DE TRABAJO
| El
secretario Ranulfo Tonche Pacheco: |
«Escudo Nacional de los Estados
Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.
Diputado Juan Moisés Calleja Castañón, presidente de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados.- Presente.
Con fundamento por lo dispuesto en los artículos, 27 incisos b y d; 34, 45 fracciones I y
VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por
el artículo 21fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de
General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo
Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las
Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la sesión efectuada el día 6 de
noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá encontrar el siguiente documento signado
por el licenciado Enrique León Martínez, secretario ejecutivo del grupo parlamentario
del PRI, donde solicita cambios en comisiones.
Que los diputados Héctor Luna de la Vega y Celso Fuentes Ramírez sustituyan a las
diputadas Laura Alicia Garza Galindo y Amira Gómez Tueme, en la Comisión de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Para agendarlo en la sesión plenaria del jueves 15 de abril del presente.
Lo anterior, para el trámite correspondiente.
599,600,601
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 14 de abril de 1999.- Adrián Michel Espino,
secretario técnico de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.»
De enterado.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Y COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA
DEL CENTRO
| El
secretario Germán Ramírez López: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Honorable Asamblea: con base en lo dispuesto por los artículos 93, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 fracción I; 46, y 52 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política somete al pleno de la Cámara de Diputados, con base en los
siguientes
CONSIDERANDOS
I. Que han sido presentadas sendas
solicitudes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, del 9 y 29 de marzo del que
cursa respectivamente, para la integración de una comisión de investigación que se
aboque al estudio e investigue el funcionamiento financiero, tanto de la Comisión Federal
de Electricidad, como de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, a efecto de que esta
Cámara de Diputados tenga elementos suficientes de información que le permitan definir
los requerimientos actuales y futuros del sector eléctrico y estar en condiciones de
prever su desarrollo en el presente y para el inmediato futuro;
II. Que las disposiciones constitucionales invocadas fundan las solicitudes de la
propuesta que nos ocupa, por virtud de que se trata de los organismos que la norma
constitucional enmarca, por lo que se considera procedente resolverlas favorablemente para
que la comisión investigadora se integre, con los siguientes diputados, propuestos por
las coordinaciones de sus respectivos grupos parlamentarios:
Diputados del PRI: Domingo Yorio Saqui; Marco Antonio Fernández Rodríguez, Víctor
Manuel Carreto Fernández, Marlene Catalina Herrera Díaz, Jorge Estefan Chidiac,
Francisco Javier Santillán, Francisco Antonio Ordaz Hernández y Guillermo Barnés
García; del PRD: Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, Laura Itzel Castillo Juárez, Sergio
Benito Osorio Romero y Luis Rojas Chávez; del PAN: Juan García de Alba Bustamante, José
Antonio Herrán Cabrera, María del Pilar Valdés y González Salas y Martín Contreras
Rivera; del PT: Juan Cruz Martínez; PVEM: Alejandro Jiménez Taboada.
La comisión a que se alude en el considerando que antecede, deberá proceder de acuerdo a
las atribuciones que la Constitución otorga en esta materia, con objeto que a la brevedad
posible, la cámara esté en posesión de la información que requiera para proceder
acerca de la delicada materia, en los términos que decida.
En consecuencia y de conformidad con las disposiciones invocadas, se resuelve el siguiente
ACUERDO
Sobre la integración de una comisión de
investigación a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza
del Centro.
Unico. Intégrese la comisión de investigación a la Comisión Federal
de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con objeto de obtener la
información confiable que sirva de base para definir con transparencia los requerimientos
financieros de dichos organismos; con una duración de hasta seis meses, a partir de la
fecha de su constitución y la prórroga que resultare necesaria, con los diputados
listados en el considerando segundo de este acuerdo; la cual deberá informar
oportunamente de los resultados de su gestión al pleno de la Cámara de Diputados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 1999.- Por la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política, diputados: Jorge Emilio González
Martínez, presidente, coordinador del grupo parlamentario del PVEM; Arturo Núñez
Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del PRI; Pablo Gómez Alvarez,
coordinador del grupo parlamentario del PRD; Carlos Medina Plascencia,
coordinador del grupo parlamentario del PAN; Ricardo Cantú Garza, coordinador
del grupo parlamentario del PT.»
En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada.
MONEDAS DE PLATA CONMEMORATIVAS
DEL AÑO 2000
| La
secretaria América Soto López: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes.
Con fundamento en el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y por instrucciones del Presidente de la República, con el presente
envío a ustedes, iniciativa de decreto por el que se establecen las características de
las monedas de plata conmemorativas del año 2000.
Documento que el titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 14 de abril de 1999.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de
gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes.
Las distintas civilizaciones y culturas en el mundo han concedido especial importancia al
inicio y al término de los ciclos del tiempo, según sus distintas maneras de concebirlos
y sus diferentes sistemas de medición, asumiéndolos como factores de cambio en las
circunstancias que las rodean y como estímulo para nuevos procesos históricos. Es por
esta razón que la llegada del año 2000 despierta gran interés a nivel mundial.
Dicha fecha debe ser motivo de reflexión para todos los mexicanos respecto de nuestro
legado histórico y de nuestro futuro como nación, así como causa para promover la
unidad y el fortalecimiento de la soberanía nacional en torno a la identidad, unidad y
esperanza.
Es en este contexto que se propone la celebración de tal acontecimiento con la emisión
de cuatro monedas conmemorativas, llevando en su reverso temas como son "La Historia
de México durante el Segundo Milenio" "El Papel del Hombre en la Conservación
Natural en miras al Cambio del Milenio" y "La Paz en el Mundo hacia el Tercer
Milenio".
Finalmente, debido a la tradicional calidad de acuñación de las monedas mexicanas que se
colocan en los mercados mundiales, así como a las expectativas que brinda el mercado para
la colocación de éstas, es que se propone emitir las monedas que conmemoren el evento
señalado. Además, dichas emisiones permitirían obtener un beneficio económico para el
erario federal.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 71 fracción I de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable
Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, ciudadanos secretarios, la
siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Artículo primero. Se
establecen las características de la moneda de plata con valor nominal de 10 pesos,
conmemorativa de la llegada del año 2000 y el inicio del tercer milenio, de conformidad
con lo dispuesto por el inciso c del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados
Unidos Mexicanos, las cuales serán:
a) Valor nominal: 10 pesos.
b) Diámetro: 48 mm (cuarenta y ocho milímetros).
c) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata.
d) Peso: 62.206 g (sesenta y dos gramos, doscientos seis miligramos), equivalente a 2
(dos) onzas troy de plata pura.
e) Contenido: 2 (dos) onzas troy de plata pura.
f) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
g) Tolerancia en peso: por unidad, 0.350 g (trescientos cincuenta miligramos) por conjunto
de 1 mil piezas 6.1 g (seis gramos 100 miligramos) ambas en más o en menos.
h) Canto: estriado.
i) Cuños:
Anverso: al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado con la leyenda
"Estados Unidos Mexicanos". Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco,
la reproducción de diferentes escudos utilizados a través de la historia de nuestro
país, así como del águila que se encuentra en la parte central de la primera pagina del
Códice Mendocino. El marco liso.
Reverso: la reproducción de la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de
México, el Acueducto de Querétaro y el Observatorio Maya. En el cuadrante superior
derecho los números 1999-2000. En el cuadrante inferior derecho el signo de pesos
"$" seguido del número "10". En el cuadrante superior izquierdo el
símbolo de la Casa de Moneda de México, circundando paralelo al marco en el cuadrante
superior izquierdo la leyenda "Segundo Milenio" seguido de la representación de
la serpiente Quetzalcóatl. El marco liso.
Artículo segundo. Se
establecen las características de tres monedas de plata con valor nominal de cinco pesos,
conmemorativas de la llegada del año 2000 y el inicio del tercer milenio, de conformidad
con lo dispuesto por el inciso c del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados
Unidos Mexicanos, las cuales serán:
a) Valor nominal: cinco pesos.
b) Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros).
c) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata.
d) Peso: 31.103 g (treinta y un gramos ciento tres miligramos,) equivalente a 1 (una) onza
troy de plata pura.
e) Contenido: 1 (una) onza troy de plata pura.
f) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
g) Tolerancia en peso: por unidad, 0.175 g (ciento setenta y cinco miligramos); por
conjunto de 1 mil piezas, 1 g (un gramo), ambas en más o en menos.
h) Canto: estriado.
Los cuños serán:
I. Para la primera moneda:
Anverso: al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado con la leyenda
"Estados Unidos Mexicanos". Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco,
la reproducción de diferentes escudos utilizados a través de la historia de nuestro
país, así como del águila que se encuentra en la parte central de la primera página
del Códice Mendocino. El marco liso.
Reverso: la reproducción de una pieza prehispánica de orfebrería, la cual representa la
cabeza de un águila vista de perfil; en el cuadrante superior izquierdo el signo de pesos
"$" en los cuadrantes superiores o inferiores derecho el número
"cinco"; en el cuadrante superior izquierdo, el símbolo de la Casa de Moneda de
México; en el exergo los números 1999-2000. El marco liso.
602,603,604
II. Para la segunda moneda:
Anverso: al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado con la leyenda
"Estados Unidos Mexicanos". Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco,
la reproducción de diferentes escudos utilizados a través de la historia de nuestro
país, así como del águila que se encuentra en la parte central de la primera página
del Códice Mendocino. El marco liso.
Reverso: Una mariposa formada por diferentes elementos como una guacamaya, una paloma, un
alcatraz, un pez, un colibrí, una palmera, el agua, una caracola y dos delfines; en el
cuadrante inferior izquierdo el signo de pesos "$", seguido del numero
"cinco"; arriba de éste en el cuadrante superior izquierdo, el símbolo de la
Casa de Moneda de México; en el exergo, un par de manos con la representación estilizada
de la tierra, un árbol seco circundando el lado derecho y otro el izquierdo: en el
cuadrante superior derecho, los números 1999-2000. El marco liso.
III. Para la tercera moneda:
Anverso: al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado con la leyenda
"Estados Unidos Mexicanos". Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco,
la reproducción de diferentes escudos utilizados a través de la historia de nuestro
país, así como del águila que se encuentra en la parte central de la primera página
del Códice Mendocino. El marco liso.
Reverso: Una figura que representa la fusión de una mano con una paloma que sostiene una
rama de olivo con nueve hojas; en el cuadrante superior izquierdo, el signo de pesos
"$" seguido del número "cinco"; en el cuadrante inferior derecho el
símbolo de la Casa de Moneda de México; en el exergo, los números 1999 y 2000
fusionados. El marco liso.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Reitero a ustedes, señores secretarios, la seguridad de mi consideración más atenta y
distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 14 de abril de 1999.- Ernesto Zedillo Ponce de León,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
ARTICULO 3o. CONSTITUCIONAL
Tiene la palabra la diputada Sara
Esthela Velázquez Sánchez, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 3o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de la Comisión de
Equidad y Género.
La diputada
Sara Esthela Velázquez
Sánchez: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Hace un año en un ejercicio cívico sin precedentes, las mujeres de México convocadas
por las comisiones de Equidad y Genero de las cámaras de Diputados y Senadores del
honorable Congreso de la Unión, constituimos el Parlamento de Mujeres de México, como un
espacio para el análisis, reflexión, el debate y demás de los asuntos que interesan a
las mujeres mexicanas. En él se presentaron una serie de propuestas, que en su gran
mayoría tenían un común denominador: permear el marco jurídico mexicano con un
auténtico enfoque de equidad y de género.
Pluralidad, tolerancia, respeto a la diferencia de ideas y concepto y sobre todo un enorme
interés por encontrar soluciones a la problemática de falta de equidad e igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres son las pautas sobre las cuales giran las tareas de
quienes integramos la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.
El gran número de propuestas presentadas en las nueve mesas de trabajo en el que se
desarrolló el parlamento, tuvo como consecuencia la necesidad de revisar cuidadosamente
los planteamientos en ellas contenidos, tarea ardua y comprometida para quienes integramos
las comisiones, sabedores de que consensar propuestas implica el análisis serio y
objetivo de las mismas, invariablemente conservando sus puntos medulares.
Dentro de este marco de referencia nos hicimos el propósito de incluir estos temas a la
agenda legislativa nacional, que contempla la revisión de diversos reordenamientos,
reagrupando los que implican reformas a los textos constitucionales legales y
reglamentarios. Por lo que la comisión, previó consenso de sus integrantes, presenta
esta iniciativa de reformas al párrafo segundo y a la fracción V del artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa se plantea desde un eje rector: la educación como reflejo de las
aspiraciones nacionales, que a lo largo de la historia de nuestro país, se ha
caracterizado por normas jurídicas, que buscan atender las necesidades y anhelos de los
mexicanos y la necesidad de la modernización educativa nacional.
De acuerdo con datos contenidos en el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, las mujeres
mexicanas suman 46.5 millones del total de la población del país, lo que representa más
del 50% de los 92 millones de habitantes. Se estima que para el inicio del nuevo milenio
ésta ascienda a 50.1 millones y que para el año 2010 llegue a 56.6 millones.
La escolaridad de la población total de 15 años de edad aumentó significativamente del
año de 1970 al de 1995, pasando de 3.7 a 7.5 años la masculina mientras que la femenina
en este mismo periodo sólo creció de 3.2 a 7 años, de lo que se observa que aún
persiste la diferencia a favor de los varones.
En los próximos años la población femenina menor de 15 años de edad, continuará
disminuyendo lo que se reflejará en una extensión de la cobertura y en una mejoría en
la calidad de la educación primaria y secundaria.
La población femenina entre 15 y 64 años de edad se incrementará y por lo tanto
generará fuertes presiones sobre la educación superior en el mercado del trabajo, en el
sistema de salud, así como en las bases de financiamiento de la seguridad social del
país.
Si bien existe un reconocimiento de los avances en el acceso de la mujer en todos los
niveles y modalidades del sistema educativo nacional, observando durante los últimos 20
años una clara tendencia hacia la equidad de genero, aun subsisten elevados niveles de
analfabetismo, siendo éste un fenómeno que se acentúa con mayor frecuencia en las
mujeres que en los hombres. De cada tres personas adultas que no saben leer ni escribir,
dos son mujeres, de acuerdo con cifras del último censo de población realizado por el
INEGI en el año de 1995.
La incidencia del analfabetismo examinado por grupos de edad y por sexo, disminuye
claramente con la edad, en virtud de la cobertura y eficiencia de la educación básica.
La brecha se amplía de manera marcada a partir de los 45 años de edad, habiendo un
incremento del 8.3% en contra de las mujeres, siendo el 13.9% para hombres y el 22.8% para
mujeres.
En el grupo de 60 años y más, la diferencia alcanza 11.5 puntos, reflejo del padrón
educativo que imperó en el pasado en nuestro país. Las diferencias por sexo son
especialmente importantes en las entidades federativas más pobres, donde el analfabetismo
femenino llega a ser superior al 30% en comparación con la población masculina, que
registra un nivel no mayor del 20%.
La tasa de analfabetismo presenta variaciones muy significativas, de acuerdo con el
tamaño de los centros de población. En el campo, las localidades de menos de 2 mil 500
habitantes, la proporción de mujeres y hombres que no saben leer ni escribir asciende al
27% y al 18.5% respectivamente.
En las áreas urbanas, las poblaciones de 15 mil o más habitantes, la proporción para
hombres y mujeres es de un 3.7% y un 6.4% respectivamente. Esta diferencia entre el
analfabetismo femenino y masculino se amplía en la medida que es más pequeño el centro
de población. En las localidades rurales, conforme a datos del Progresa, si bien las
condiciones de dispersión y aislamiento de las poblaciones dificulta el acceso a los
servicios educativos adecuados para niños de más de 200 mil localidades, de las que 150
mil albergan poblaciones de menos de 100 mil habitantes, mediante diversas estrategias,
como los programas compensatorios, el preescolar y la primaria comunitaria y la
telesecundaria.
Las oportunidades para esos grupos se han ampliado, pues en las localidades con mayor
marginación alrededor del 95% de las niñas y niños de ocho años de edad, asisten a la
primaria. El problema de la deserción escolar es agudo en el caso de las niñas y de las
jóvenes, quienes desde muy temprana edad ven limitadas sus potencialidades, en gran
medida por la existencia de ayudar en el hogar o como resultado de una situación
precaria, lo que evidencia que persistan pautas culturales que arraigan a las mujeres a su
casa desde muy temprana edad.
Se afirma que el Programa Nacional de la Mujer, que las mujeres indígenas tienen menor
acceso que los hombres a los medios de vinculación y comunicación con las comunidades no
indígenas, baste señalar como ejemplo que una de cada cinco mujeres indígenas habla
únicamente su lengua natal, mientras que sólo uno de cada 10 hombres presenta esta
condición.
Las mujeres indígenas concentran tanto las desventajas sociales y económicas de su grupo
de pertenencia social y étnica, como las que derivan de su condición femenina. Los
niños y las niñas en los grados de preescolar e incluso en la primaria, acuden en
proporciones casi iguales a la escuela, por ello las diferencias por sexo en la enseñanza
básica son mínimas.
Durante el ciclo escolar de los años de 1996-1997, la atención a niñas en preescolar
fue del 79.9%, mientras que la de los niños fue de 79.4% en la educación primaria en el
mismo ciclo. El 100% de los niños acude a la escuela y el 99.8% de las niñas. Sin
embargo, es sistemático que a partir de los 10 años y hasta los 14, se incremente la
diferencia entre alumnado femenino y masculino; a la edad de 14 años el 27% de niños
frente al 32.5% de las niñas que ya no asisten a la escuela. Aunado a lo anterior, la
persistencia de contrastes regionales evidencia la necesidad de extender los servicios
educativos concentrando la atención en la población de escasos recursos económicos y
especialmente en la del medio rural que no ha concluido sus estudios y no ha tenido acceso
a ellos. Así los datos nos muestran que en 21 de los 32 estados de la República, la
proporción de niños de seis a 14 años de edad que asisten a la escuela, es mayor al
promedio nacional, mientras que en el caso de las niñas 19 entidades federativas
registran porcentajes por arriba del promedio nacional.
En consecuencia, las niñas se encuentran excluidas del sistema nacional educativo.
La matrícula en la educación secundaria también ha crecido, como reflejo de la
diversificación en la oferta educativa y del egreso de la primaria. En el periodo
1981-1995 el número de mujeres por cada 100 hombres, pasó de 89 a 95, de la misma forma
que en otros niveles las diferencias entre las entidades federativas continúan siendo muy
evidentes.
En la educación media superior, la participación femenina se acrecentó positivamente
hasta el año de 1990, de acuerdo con los resultados del censo de ese año, ya que en ese
nivel el 5.5% de mujeres de 20 años o más, había cursado algún grado. Igual situación
prevaleció en las carreras técnicas y comerciales, también denominadas de cuello rosa,
en las que existió una considerable presencia femenina, muy superior a la de los varones.
Según datos de la subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica de la
Secretaría de Educación Pública, en el ciclo 1997-1998, del total de estudiantes que
cursan algunas de las modalidades del bachillerato o técnicas, el 49.9% son mujeres,
correspondiendo a una matrícula de 1 millón 353 mil mujeres; no obstante, destaca
igualmente en ese periodo, un decremento de la matrícula en la cifra de mujeres que
cursaron el nivel medio superior, de un total de 390 mil 828 a 208 mil 422 estudiantes.
Por lo que se refiere a las carreras de la oferta del sistema tecnológico de selección
las mujeres y los hombres continúan siendo las tradicionales a cada sexo, resaltando la
incursión de las mujeres en las opciones que antaño prevalecieron en los hombres.
605,606,607
En cuanto a la educación superior, la
incorporación de la mujer ha presentado un incremento continuo en los últimos años,
aunque en este nivel continúan existiendo desigualdades por razones de género. El acceso
creciente de las mujeres a las instituciones de educación superior ha disminuido la
brecha profesional, en relación con los hombres. Sin embargo, en las distintas
disciplinas y quehaceres profesionales, sobre todo en la investigación científica y
tecnológica, la participación femenina sigue siendo minoritaria.
Según los datos de la Asociación Nacional de Universidades en 1997 la matrícula de
mujeres alcanzó un 46% en comparación con un 30% que se tenía en 1980. En las áreas de
estudio de nivel licenciatura, durante el periodo comprendido en 1980-1997, la proporción
de estudiantes mujeres era superior al 50% en el ámbito de la salud, ciencias sociales y
en la de humanidades. En el campo de las ingenierías y las ciencias agropecuarias, es
notable la incorporación de la mujer. Ya para 1997 la cifra se había incrementado en
más de 100 veces con relación a la de 1980, en que existían 1 mil 136 mujeres inscritas
en los niveles de posgrado, durante el mismo periodo se transitó del 25.4% del total de
la matrícula al 40%.
A fin de garantizar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, es imperativo
erradicar los obstáculos que aún persisten; por lo que resulta impostergable promover
una educación libre de prejuicios, de discriminaciones, que partiendo del reconocimiento
de la diferencia y de la diversidad, pueda construir nuevos contenidos, métodos y
técnicas pedagógicas que transmitan y refuercen valores, actitudes e imágenes no
sexistas, a fin de lograr un cambio profundo en las todavía relaciones desiguales entre
los géneros.
La educación actual ineludiblemente debe responder a las necesidades de la sociedad
plural, compleja y cambiante. Por lo que el modelo educativo del Siglo XXI debe contribuir
al respeto y observancia de los derechos ciudadanos, tanto como al aprecio de las
potencialidades femeninas y a una integración social más equitativa y armónica en todos
los ámbitos de la vida nacional.
Sólo con la construcción de una ética social que combata las discriminaciones e
iniquidades, se podrá lograr una mejor calidad de vida en la población.
Aún estamos a tiempo de encauzar una nueva etapa en el proceso de modernización
educativa, sobre todo hoy que estamos a punto de iniciar un nuevo siglo y milenio. No hay
duda de que ésta es la que corresponde a la perspectiva de genero, aquélla que nos
permita avanzar en la transformación cultural de la sociedad.
Por ello, se propone incluir al artículo 3o. constitucional en su segundo párrafo que,
la educación que imparta el Estado no sólo fomente en el ser humano el amor a la patria
y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, sino
también una cultura de respeto mutuo en la convivencia entre los géneros. Queremos
arribar al nuevo milenio con acciones afirmativas por lo que también se plantea reformar
el contenido de la fracción V del artículo 3o. constitucional a fin de que el Estado
incluya a la educación no formal, programada especialmente para el medio rural, en el
fomento y atención de todos los tipos y modalidades educativos, orientando la educación,
orientando la educación a las mujeres y a los hombres que por alguna razón no hayan
concluido sus estudios o teniendo acceso a la educación académica o formal.
En virtud de lo anteriormente expuesto, consideramos que constituye un imperativo de
justicia el Estado mexicano, lograr la igualdad de derechos y oportunidades para las
mujeres y los hombres por lo que uno de los mejores caminos es precisamente el de la
educación, institucionalizando la perspectiva de género en la planeación y ejecución
de programas y políticas públicas en materia educativa.
En consecuencia y con fundamento en los artículos 71fracción II de la Constitución
Política, así como los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno
conducto de ustedes señores secretarios de la Cámara de Diputados, nos permitimos
someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente
INICIATIVA DE DECRETO
Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo único. Se reforma el párrafo segundo y la fracción V del
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como siguen:
"Artículo 3o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la
conciencia de la solidaridad internacional en la independencia, en la justicia y una
cultura de respeto mutuo en la convivencia de los géneros.
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el
primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades
educativos, incluyendo la educación no formal, así como la educación superior,
necesarios para el desarrollo de la nación; apoyará la investigación científica y
tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Reiteramos a ustedes la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.
Cámara de Diputados, a 15 de abril de 1999.»
Es cuanto, señor Presidente.
Túrnese a las comisiones
de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación.
Asimismo, se instruye a la Oficialía Mayor a fin de que desactive el control de registro
de asistencia.
LEY FEDERAL DE TURISMO
Tiene la palabra el diputado Jorge
Alejandro Jiménez Taboada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Turismo.
El diputado
Jorge Alejandro Jiménez
Taboada: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
La industria turística es, sin duda, una de las actividades más lucrativas y
prometedoras a nivel internacional. La tasa de crecimiento de este sector, por razones
obvias, es cada vez más alta como consecuencia lógica de que hay más habitantes en
nuestro planeta.
Tal afirmación demuestra que el número de turistas a nivel mundial se ha multiplicado 25
veces y se prevé que los 600 millones de paseantes, a nivel mundial, para el año 2010,
alcanzará los 1 mil millones de turistas en nuestro país. En 50 años, la
multiplicación de las 25 veces.
El turismo en sí representa una de las más importantes derramas económicas, con su
consecuente generación de empleos. Las cuentas que hasta ahora se llevan de esa actividad
indican que aporta alrededor del 5% del producto interno bruto; tan sólo en el año de
1997, visitaron nuestro país 195 millones de turistas, mismos que generaron divisas por 7
mil 593 millones de dólares.
En la actualidad, el turismo representa la tercera fuente nacional de ingresos, tan sólo
por debajo de los generados por la venta de petróleo y de los ingresos fiscales derivados
de los impuestos federales.
Así, bien podríamos inscribir a México, que actualmente ocupa el decimoquinto lugar
mundial por concepto de ingresos turísticos y octavo. de recepción de turistas, en el
plano internacional, dentro de las primeras posiciones del mercado mundial; incluso,de
cumplirse las expectativas programadas para este sector, dicha actividad podría rebasar
los ingresos que por concepto de la venta de petróleo, un recurso no renovable, obtiene
nuestro país.
Por fortuna, contamos con un alto potencial de diversas atracciones, que no sólo se
limitan a las tradicionales bellezas naturales y de acervo cultural, sino también en la
diversificación de la actividad en otros puntos de interés, con intención de abrir la
gama de opciones requerido ahora por la demanda y que va del turismo ecológico y
arqueológico al social y de montaña, para el efecto de desarrollar las posibilidades de
crecimiento del sector.
La ampliación de la actividad turística requiere, además, de una buena inversión,
fomento y publicidad de las partes que participan en su desarrollo, sea de buena voluntad,
con inteligencia e imaginación para lograr loables y generosas metas planteadas. Pero
claro está, dentro del concepto de desarrollo sustentable, que hace posible preservar a
la vez que aprovechar los recursos naturales, de manera que las futuras generaciones
puedan también disfrutar de los importantes beneficios que aportan, así como de poderlos
aumentar y perfeccionar, en la medida de lo posible.
Se habla pues de combinar esfuerzos para diversificar los servicios turísticos, así como
incrementar la inversión en el ramo. En fin, que la actividad turística, dadas sus
características descritas, bien merecen que se le preste una atención especial para
impulsarla de la manera más conveniente para su desarrollo y para esto no debemos perder
de vista lo que la experiencia misma nos ha legado en el sentido de que, en términos
generales, los inversionistas, así como las autoridades en ciertos casos, pierden de
vista el impacto ecológico ambiental que ocasionan los lugares que son objeto de
atención por parte de los turistas que nos visitan, lo que sin duda y con el tiempo
restará competitividad a estos lugares respecto a otros que sí se supieron conservar.
Si esos efectos derivados del impacto ambiental negativo se evitaran y en su lugar los
atractivos naturales se conservaran y fortalecieran permanentemente, la rentabilidad
turística se mantendría a la alta y propiciaríamos la creación no de focos turísticos
de un día, sino de todo el tiempo.
Ahora bien, para estar a tono con el desarrollo sustentable en esta importante actividad,
el sentido común nos demanda fomentar lo que se ha dado en llamar ecoturismo o turismo
ecológico.
Los inversionistas que depositan sus capitales en este tipo de proyectos hasta ahora
carecen de una regulación propicia que impida que los proyectos turísticos afecten o
impacten desde el punto de vista ambiental, porque los desechos, la necesidad de
abastecimiento de agua, la misma prestación de servicios y la instalación de la
infraestructura necesaria para la prestación del servicio turístico, necesariamente
influye negativamente. Aún en los lugares en donde el ecoturismo ha empezado a tener
importancia, de ser excesivo su aprovechamiento, tendría también un demérito en el
equilibrio ecológico de la región respectiva.
Por ello, al fomentarse la actividad ecoturística, también debe cuidarse el impacto que
las inversiones en esa actividad ocasionarían en el medio en donde se desarrollen,
debiéndose mantenerse lo más posible del estado que guardaban las regiones
ecoturísticas antes de que fueran impactadas con la intervención del hombre, pero todo
ello en la actualidad no lo contemplan las disposiciones relativas a la actividad
turística, así como tampoco al denominado ecoturismo, por lo que no existen normas de
regulación ecológica para la prestación de tales servicios.
Hemos aprendido de otros países que han tenido similares experiencias en el trato y
cuidado de los recursos ambientales aprovechables por la vía del turismo, que se debe
adoptar el principio de que quien impacta o contamina la región o zona ecoturística debe
pagar por ello y no sólo por conservar el lugar dentro del equilibrio ecológico en el
que se halla originalmente, sino además por el inexorable impacto que la presencia humana
tiene en la región, que puede alterar ligera o gravemente el equilibrio de los
ecosistemas.
Con ellos también compartimos la necesidad de fomentar el desarrollo del ecoturismo y
aprovechar los beneficios que éste proporciona, pero no sin antes encauzar nuestros
esfuerzos a la concientización de las bondades que eso representa.
La actividad ecoturística debe fomentarse y aprovecharse dentro de los estándares de
sustentabilidad. Poner en riesgo los últimos santuarios que existen sobre el planeta por
tan sólo satisfacer el ánimo egoísta del hombre de disfrutar parte de la riqueza
perdida deteriorándola, no se puede justificar bajo ningún argumento financiero.
608,609,610
La vida y la naturaleza no tienen ni
pueden tener cotización alguna, porque lo que se pone en juego es la estabilidad de la
riqueza ecológica que nos brinda el planeta, que es patrimonio de toda la humanidad y de
las generaciones futuras. Arriesgar innecesariamente esos recursos, descuidarlos por no
existir normas que regulen de forma adecuada al ecoturismo, cuando puede ser remediada tal
laguna normativa y propiciar así la seguridad del medio ambiente y del equilibrio de los
ecosistemas, sería un descuido imperdonable a estas alturas.
Ahora que tenemos todavía la oportunidad de conservar el equilibrio de los lugares que
nos maravillan por su belleza natural y que podemos visitar y disfrutar gracias a la gran
diversidad natural de nuestro país, no perdamos la oportunidad de dotarnos de un marco
legislativo adecuado para ello y así preservar el patrimonio natural del que hemos sido
dotados.
La observación y contacto amistoso con la ballena gris en las lagunas costeras de Baja
California Sur, las travesías por los rápidos de nuestros ríos, el campismo en nuestras
todavía grandes superficies boscosas, la observación de nuestra fauna y flora, el buceo
deportivo en nuestros vastos arrecifes y la gran gama de actividades que pueden ser
realizadas a lo largo y ancho de nuestro país, deben ser realizadas de una manera
sustentable, para que detrás de una supuesta fachada de ecoturismo, no se esté
contribuyendo al deterioro de la ya de por sí lastimada naturaleza mexicana.
La importancia del turismo para México ha quedado de manifiesto con la amplia reforma a
la Ley Federal de Turismo, cuyo dictamen fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el día
29 de marzo pasado. Sin embargo, las eventuales reformas serán incompletas de no contar
con una referencia y regulación específica, por mínima que ésta sea, del ecoturismo.
La actividad turística en nuestro país tiene la particularidad de beneficiar directa y
equitativamente a las comunidades de las regiones que son objeto de este tipo de turismo,
que aprovecha de manera significativa no sólo la belleza natural y la diversidad
biológica de las zonas, sino que también aprecia los valores artísticos, música,
folclor, artesanía y los valores propios de nuestra patria.
Al respecto, las prácticas de los habitantes de las comunidades mexicanas, constituyen
también un factor importante que redunda en beneficio del sector. La producción
artesanal y el aprovechamiento sustentable del entorno en el que viven, procura conservar
la diversidad biológica-cultural de nuestro país, que se combina de manera armónica con
los haberes autóctonos.
Arraigada en la población, la hospitalidad ha de convertirse en forma de vida y atención
de los lugares turísticos, dejando en cualquier sitio de confluencia histórica el deseo
de volver y recomendar nuestro país, superando los conflictos de inseguridad pública o
aislados episodios de descortesía.
Por ello, los diputados del Partido Verde Ecologista de México sometemos a esta Cámara
de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente
iniciativa de decreto mediante el cual se reforma la fracción IX del artículo 2o. y el
artículo 13 y se adiciona un artículo 7-bis, un párrafo segundo al artículo 13, un
capítulo titulado ecoturismo dentro del Título Segundo así como los artículos 16-bis,
16-bis-2, 16-bis-3 y 16-bis-4, todas disposiciones de la Ley Federal de Turismo."
Hago entrega de la iniciativa a la Secretaría .
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, señores.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de
Diputados.
Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.-
Presente.
Jorge Emilio González Martínez, Aurora Bazán López, Jorge Alejandro Jiménez Taboada,
Gloria Lavara Mejía y Verónica Velasco Rodríguez, diputados de la LVII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
solicitamos se turne a las comisiones de Turismo y de Ecología y Medio Ambiente, para su
dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La industria turística, una de las más
prometedoras, y a su vez competidas a nivel internacional, proporciona una importante
derrama económica en nuestro país, así como una relevante generación de empleos.
La tasa de crecimiento del sector es muy alta; el número de turistas a nivel mundial se
ha multiplicado 25 veces en los últimos 50 años y se prevé que los 600 millones de
paseantes que hubo en el año de 1997 aumentarán a 1 mil millones en el año 2010.
Las cuentas que hasta ahora se llevan del sector indican que el turismo aporta alrededor
de 5% del producto interno bruto en México. En 1997, 19.5 millones de visitantes
derramaron en la economía mexicana 7 mil 593 millones de dólares.
Si adoptamos políticas y una legislación moderna en el sector y logramos inscribir a
México en los primeros sitios del mercado turístico, la llamada industria sin chimeneas
podría incluso desplazar los ingresos que por concepto de venta de petróleo obtiene
nuestro país.
La incipiente explotación de la actividad turística produce buenos ingresos, mismos que
se incrementarían notablemente si se combinaran esfuerzos para elevar la competitividad
con mejores productos y servicios cada vez más diversificados, así como con una
promoción adecuada que incremente la atracción de inversiones.
Tan buena y productiva actividad, como toda acción productiva, tiene también varios
costos indirectos que van desde los permisos, hasta la creación, mantenimiento y
restauración de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios básicos y
de transporte.
Entre esos costos, los inversionistas pierden de vista el del impacto ecológico ambiental
que se produce a las regiones, especialmente en los lugares que en la actualidad sirven de
atracción a los turistas por su belleza y escasa o nula intervención del hombre; por lo
que debe impulsarse el sector que se ha hecho llamar ecoturismo o turismo ecológico.
Los inversionistas que depositan sus capitales en ese tipo de proyectos, hasta ahora,
carecen de una regulación propicia que impida que los proyectos turísticos afecten o
impacten desde el punto de vista ambiental, porque los desechos, la necesidad de
abastecimiento de agua, la misma prestación de servicios y la instalación de la
infraestructura necesaria para la prestación del servicio turísticos, necesariamente
influyen negativamente en el medio ambiente. Aun en los lugares en donde el ecoturismo ha
empezado a tener importancia, de ser excesivo su aprovechamiento, tendría también un
demérito en el equilibrio ecológico de la región respectiva.
Por ello, al fomentarse la actividad ecoturística, también debe cuidarse el impacto que
las inversiones en esa actividad ocasionarían en el medio en donde se desarrollen; debe
mantenerse lo más posible el estado que guardaban las regiones ecoturísticas antes de
que fueran impactadas con la intervención del hombre. Pero todo ello, en la actualidad no
lo contemplan las disposiciones relativas a la actividad turística, así como tampoco al
denominado ecoturismo, por lo que no existen normas de regulación ecológica para la
prestación de tales servicios.
Hemos aprendido de otros países que han tenido similares experiencias en el trato y
cuidado de los recursos ambientales aprovechables por la vía del turismo, que se debe
adoptar el principio de que quien impacta o contamina a la región o zona ecoturística
debe pagar por ello y no sólo por conservar el lugar dentro del equilibrio ecológico en
el que se halla originalmente, sino además, por el inexorable impacto que la presencia
humana tiene en la región, que puede alterar ligera o gravemente el equilibrio de los
ecosistemas.
La actividad ecoturística debe fomentarse y aprovecharse dentro de estándares de
sustentabilidad; poner en riesgo los últimos santuarios que existen sobre el planeta por
tan sólo satisfacer el ánimo egoísta del hombre de disfrutar parte de la riqueza
perdida deteriorándola, no se puede justificar bajo ningún argumento financiero.
La vida y la naturaleza no tienen ni
pueden tener cotización alguna, porque lo que se pone en juego es la estabilidad de la
riqueza ecológica que nos brinda el planeta, que es patrimonio de toda la humanidad y de
las generaciones futuras. Arriesgar innecesariamente esos recursos, descuidarlos por no
existir normas que regulen de forma adecuada al ecoturismo, cuando puede ser remediada tal
laguna normativa y propiciar así la seguridad del medio ambiente y del equilibrio de los
ecosistemas, sería un descuido imperdonable.
Ahora que tenemos todavía la oportunidad de conservar el equilibrio de los lugares que
nos maravillan por su belleza natural y que podemos visitar y disfrutar gracias a la gran
diversidad natural de nuestro país, no perdamos la oportunidad de dotarnos de un marco
legislativo adecuado para ello y así preservar el patrimonio natural del que hemos sido
dotados.
Maravillas como la observación y contacto amistoso con la
ballena gris en las lagunas costeras de Baja California Sur; las travesías por los
rápidos de nuestros ríos; el campismo en nuestras, todavía, grandes superficies
boscosas; la observación de nuestra fauna y flora; el buceo deportivo en nuestros vastos
arrecifes y la gran gama de actividades que pueden ser realizadas a lo largo y ancho de
nuestro hermoso país, deben ser realizadas de una manera sustentable para que, detrás de
una supuesta fachada de ecoturismo, no se esté contribuyendo al deterioro de la ya de por
sí lastimada naturaleza mexicana.
La importancia del turismo para México ha quedado de manifiesto con la amplia reforma a
la Ley Federal de Turismo, cuyo dictamen fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el día
29 de marzo pasado; sin embargo, las eventuales reformas serán incompletas de no contar
con una referencia y regulación especifica, por mínima que ésta sea, de ecoturismo.
Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, la presente
INICIATIVA DE DECRETO
Mediante el cual se reforman la fracción
IX del artículo 2o. y el artículo 13 y se adicionan un artículo 7-bis, un párrafo
segundo al artículo 13, un capítulo titulado ecoturismo, dentro del Título Segundo,
así como los artículos 16-bis, 16-bis-2,16-bis-3 y 16- bis-4, todas, disposiciones de la
Ley Federal de Turismo.
Artículo único. Se reforman la fracción IX del artículo 2o. y el
artículo 13 y se adicionan un artículo 7-bis, un párrafo segundo al artículo 13, un
capítulo titulado ecoturismo, dentro del Título Segundo, así como los artículos
16-bis, 16-bis-2,16-bis-3 y 16- bis-4, todas disposiciones de la Ley Federal de Turismo,
para quedar como sigue:
Artículo 2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX. Promover el turismo social y el ecoturismo, así como fortalecer el patrimonio
histórico y cultural de cada región del país.
Artículo 7-bis. Se considera de interés
público y social, que las autoridades turísticas de la Federación y de las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, publiquen, con anterioridad a
su entrada en vigor, todos los proyectos de reglamento, decreto, acuerdo o demás actos
administrativos de carácter general, en el Diario Oficial de la Federación o en el
órgano de difusión oficial de los Estados, según corresponda, con la finalidad de darle
oportunidad a las universidades, instituciones, asociaciones y organizaciones públicas,
privadas o sociales, federales o locales, relacionadas con el turismo y en general, a
cualquier interesado que conozca de la materia o bien pudiera resultar afectado con la
aplicación o entrada en vigor de los mismos, de formular las observaciones que consideren
pertinentes a las medidas propuestas, dentro del término de 30 días siguientes al de su
publicación.
Artículo 13. La secretaría, conjuntamente con
la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Pesca y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los
municipios, formulará las declaratorias de desarrollo turístico prioritario a efecto de
que las autoridades competentes expidan, conforme a los planes locales de desarrollo
urbano, las declaratorias de uso del suelo turístico, y proceder así a la creación o
ampliación de centros de desarrollo turístico prioritario y creación de centros
dedicados al turismo social y de desarrollo ecoturístico, en los términos de las leyes
respectivas.
611,612,613
Para la formulación de la declaratoria
de desarrollo turístico prioritario, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Pesca, presentará los estudios pertinentes a fin de determinar los posibles efectos
ambientales que tendría en la zona la creación o la ampliación de centros de desarrollo
turístico. La Secretaría, para formular la mencionada declaratoria, deberá atender
tanto al estudio formulado por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca, así como, en su caso, a las observaciones formuladas por los interesados y
presuntos afectados.
CAPITULO IV
Ecoturismo
Artículo 16-bis. Se
entiende por ecoturismo la actividad turística que utilice los recursos geográfico
naturales propios de la región como factor principal de atractivo para prestar servicios
turísticos, sin que los recursos tengan un deterioro mayor al natural por la realización
de dicha actividad.
Artículo 16-bis-2. Para la autorización y prestación de servicios
ecoturísticos deberá tomarse en cuenta el ordenamiento ecológico del territorio, a
efecto de que su realización sea acorde con la vocación de la región y las condiciones
naturales de la misma.
Artículo 16-bis-3. La actividad y los servicios ecoturísticos, deberán
prestarse bajo los siguientes lineamientos:
I. La ubicación, modalidades, normas oficiales y demás disposiciones administrativas
relativas a la prestación de servicios ecoturísticos serán expedidas por la Secretaría
con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;
II. Los prestadores de servicios ecoturísticos, antes de iniciar o de proporcionar
cualquier actividad o servicio turístico, deberán presentar a las autoridades
ambientales una manifestación del impacto ambiental en las modalidades y condiciones que
establezcan las disposiciones de la materia;
III. Los prestadores de servicios ecoturísticos estarán obligados a contar con programas
de manejo del desarrollo, mismos que deberán contar, cuando menos, según sea el caso,
con medidas para el rehuso, reciclaje, disposición y tratamiento de desechos y aguas, a
fin de no producir impactos negativos en los ecosistemas propios del lugar en que se
preste el servicio;
IV. Deberá cuidarse que la arquitectura de los inmuebles donde se presten los servicios
ecoturísticos no alteren la armonía de los elementos que conforman el ambiente natural
donde se presten, así como que en su construcción se utilicen, preferentemente,
materiales y tecnologías propias de la zona donde se desarrolle el proyecto o adaptables
al mismo, que hagan posible la autosuficiencia y sustentabilidad de éste;
V. Los prestadores de servicios ecoturísticos estarán obligados a presentar informes
periódicos avalados por el responsable técnico de la ejecución del desarrollo, así
como de los programas de manejo del proyecto respectivo. La periodicidad de la
presentación de dichos informes no podrá ser menor de un año, salvo en casos de
contingencias y se establecerá en la autorización correspondiente para la prestación de
los servicios respectivos.
VI. Se prohibe la introducción de toda clase de especies de fauna y de flora exóticas a
los lugares de prestación de servicios ecoturísticos, ya sea por los propios prestadores
o los usuarios de los mismos;
VII. Los prestadores de servicios ecoturísticos deberán realizar funciones de ecoguardas
en las regiones donde presten el servicio, por lo que estarán obligados a denunciar toda
infracción a las disposiciones de la presente ley, sus reglamentos o demás disposiciones
jurídicas que regulen el adecuado desarrollo de sus actividades, así como todo acto que
afecte o pudiera afectar, el ambiente o los ecosistemas de la región;
VIII. En ningún caso serán consideradas como actividades ecoturísticas los
aprovechamientos de carácter cinegético.
Artículo 16-bis-4. Los prestadores de servicios ecoturísticos en caso
de incumplir lo dispuesto en el artículo anterior, serán sancionados en los términos
del artículo 48 de esta ley.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 1999.- Diputados: Jorge Emilio
González Martínez, Verónica Velasco Rodríguez, Jorge Alejandro Jiménez Taboada,
Gloria Lavara Mejía, y Aurora Bazán López.»
Túrnese a las comisiones
de Turismo y de Ecología y Medio Ambiente.
LEY FEDERAL DETURISMO (II)
Tiene la palabra la diputada Addy
Cecilia Joaquín Coldwell, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley
Federal de Turismo, a nombre de integrantes de la Comisión de Atención y Apoyo a
Discapacitados.
| La diputada
Addy Cecilia Joaquín Coldwell: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros de partido; ¡muy buenos días a todos!:
«Los suscritos diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e
integrante de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados, con fundamento en lo
dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la
consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa que reforma y adiciona
a los artículos de la Ley Federal de Turismo, bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El turismo es, sin duda, uno de los
fenómenos socioeconómicos más importantes de la segunda mitad del Siglo XX, claro, sin
olvidar todos los antecedentes culturales, sociales y económicos que trascendieron en la
historia de la humanidad.
Sin embargo, aun existen personas que por alguna discapacidad física sensorial e
intelectual, no gozan plenamente de los servicios turísticos que ofrece nuestro país.
El turismo ha tenido en los últimos 10 años un impacto en el desarrollo regional, la
generación de empleos y la captación de divisas.
Sin embargo, no ha existido el imperativo social y jurídico para lograr que las personas
con discapacidad participen con plenitud y en condiciones de igualdad en el uso y disfrute
de la actividad turística.
No olvidemos que actualmente en nuestro país existe aproximadamente un 10% de la
población que padece de algún tipo de discapacidad. Esta misma no solamente se genera
por cuestiones hereditarias, sino se puede adquirir por enfermedad, accidente o cualquier
otra circunstancia que derive en alguna limitante física o intelectual.
Es por ello que ninguno de nosotros estamos exentos a sufrir alguna de ellas, esto nos
obliga a revisar nuestro actual marco legal para dar cauce a las inquietudes que han
surgido entre la población discapacitada.
Uno de los aspectos a considerar para lograr el desarrollo integral de la población con
discapacidad en nuestro país, radica en brindarles las posibilidades y apoyos suficientes
para permitir y disponer lo necesario para fomentar y facilitar su recreación y cultura
adecuando los espacios y servicios turísticos.
En nuestro país aun existen limitaciones humanas y materiales para atender y aliviar las
necesidades de las personas con discapacidad en la actividad turística.
Es fundamental entender que este esfuerzo de infraestructura para la creación de
servicios turísticos para las personas con discapacidad, debe ser fortalecido con la
colaboración y adecuada convergencia entre los sectores público, social y privado, para
lograr calidad e integridad de los servicios de salud y bienestar.
El mercado turístico para las personas
con discapacidad, puede representar para México un importante ingreso de divisas que
podrían hacer rentable la inversión en cuanto a la infraestructura y que garantice a la
población discapacitada el uso y disfrute de los servicios turísticos que ofrece nuestro
país.
Las tendencias del mercado turístico internacional, nos indican que a partir del inicio
del próximo milenio, la mayoría de los países basarán su economía en la actividad del
turismo. Esto ha provocado una intensa y feroz competencia por la captación de estos
mercados; México no puede, de ninguna manera, rezagarse ante esta realidad.
El turismo para las personas con discapacidad puede convertirse en un factor de
crecimiento en la captación de divisas para nuestro país ya que impactaría, sin duda, a
otros renglones de la economía nacional a través de la demanda de gente especializada en
transportación, mano de obra para la construcción de infraestructura, entre otros.
Para mantener al turismo como una importante fuente de divisas para los próximos años,
debemos todos los sectores y actores políticos poner todo nuestro esfuerzo y creatividad
si queremos hacer frente a la creciente competencia mundial por los turistas, mejorando y
diversificando los productos que ofrece México en los mercados internacionales.
Uno de los aspectos que se encuentra relacionado con las posibilidades de desarrollo
integral de la población discapacidata en nuestro país, tiene que ver con la recreación
y la cultura. En este sentido, hemos de decir que la persona que sufre alguna discapacidad
se encuentra muchas veces marginada a este derecho ya que carece de los medios y apoyos
arquitectónicos para llevar a cabo tales actividades.
La presente iniciativa intenta que las personas con discapacidad no queden ajenas a los
beneficios que genera el turismo. En su calidad de turistas, los discapacitados deben
contar con todas las facilidades necesarias y adecuadas que hagan posible su
participación con respecto a los diferentes servicios turísticos, por ello proponemos a
través de reformas y adiciones a la Ley Federal de Turismo, lo siguiente:
1. Lograr el desarrollo equilibrado de la actividad turística en el ámbito regional
propiciando la utilización de recursos naturales, históricos y culturales del país por
parte de las personas con discapacidad.
2. Fortalecer y difundir los valores culturales para adecuar los servicios turísticos a
las personas con discapacidad.
3. Fomentar la imagen de México como uno de los principales atractivos turísticos del
mundo y de mayor infraestructura en pro de las personas con discapacidad y
4. Fortalecer los mecanismos de coordinación, inducción y concertación con los sectores
público, privado y social en la inversión de infraestructura turística en beneficio de
los discapacitados.
Lo anterior es indispensable, por cuanto este sector social requiere condiciones que
posibiliten su traslado, accesibilidad y permanencia en los destinos turísticos en forma
adecuada y sin que exista ninguna discriminación en el goce de los citados servicios.
La iniciativa que se pone a consideración para su dictamen, procura atender los servicios
turísticos a las personas con discapacidad.
En primer término, consideramos necesario que debe acondicionarse el artículo 2o. de la
Ley Federal de Turismo a fin de agregar una fracción que garantice mayores y mejores
condiciones de igualdad a las personas con discapacidad.
Para permitir el pleno disfrute a las personas con discapacidad, se propone adicionar el
artículo 11 de la ley para promover la suscripción de acuerdos entre los prestadores de
servicios turísticos por medio de los cuales se determinan precios y condiciones
adecuadas que beneficien a las personas con discapacidad en el ámbito turístico.
Se propone de igual manera reformar el artículo 16, a efecto de que la Secretaría de
Turismo, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, así como con los gobiernos estatales y municipales, impulsen la dotación de
infraestructura que requieren las zonas de desarrollo turístico considerando las
necesidades de las personas con discapacidad.
614,615,616
No podemos dejar de considerar la
difusión de los atractivos nacionales a través de los diferentes medios de comunicación
y promoción que permita a los discapacitados el conocimiento de opciones turísticas para
su elección. Por ello, proponemos adicionar el artículo 19.
Por otra parte, se plantea la necesidad de que en la ley aparezcan preceptuadas, como
funciones y objetivos del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, la promoción para los
diseños arquitectónicos en beneficio del turista discapacitado.
Para tal efecto, se proponen adiciones al artículo 28 de la Ley Federal de Turismo, en
sus fracciones II y IV, para crear centros turísticos más integrales y adecuar en los ya
existentes obras de infraestructura y urbanización que tomen en cuenta las necesidades de
las personas con discapacidad en su calidad de turistas.
Se propone también adicionar el artículo 30, de manera que en los programas de
capacitación turística que emprenda la propia Secretaría de Turismo, se tome en cuenta
a las personas con discapacidad.
Por último, se propone adicionar el párrafo segundo del artículo 32 de la ley, a fin de
establecer con rigor la prohibición de la discriminación en razón de la discapacidad.
Artículo 1o. Se reforman los artículos 2o., 11, 16, 19, 28, 30 y 32,
para quedar como sigue:
Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto:
I a la IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X. Garantizar a las personas que presentan alguna discapacidad física, intelectual o
sensorial el aprovechamiento del sistema turístico nacional, mediante servicios y
condiciones de acceso, tránsito, permanencia y seguridad en los centros turísticos.
Artículo 11. La Secretaría, con el concurso de las dependencias y
entidades mencionadas en el artículo 9o., promoverán la suscripción de acuerdos con
prestadores de servicios turísticos por medio de los cuales se determinen precios y
condiciones adecuados, así como paquetes que hagan posible el cumplimiento de los
objetivos de este capítulo, en beneficio de los grupos obreros, campesinos, infantiles,
juveniles, burocráticos, magisteriales, de personas con discapacidad, de estudiantes, de
trabajadores no asalariados y otros similares.
Artículo 16. La Secretaría, en coordinación con las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal que corresponda, así como con gobiernos
de las entidades federativas y de los municipios y con los sectores social y privado,
impulsará la dotación de la infraestructura que requieran las zonas de desarrollo
turístico prioritario, considerando también las necesidades de las personas con
discapacidad.
Artículo 19. La Secretaría difundirá los atractivos nacionales a
través de los medios de comunicación y promoción y del material idóneo que permita a
los ciudadanos, considerando a las personas con discapacidad el conocimiento de opciones
turísticas para su elección y disfrute.
Artículo 28. El fondo tendrá las siguientes funciones:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Crear y consolidar centros turísticos conforme a los planes maestros de desarrollo en
los que habrá de identificarse los diseños urbanos y arquitectónicos de la zona,
preservando el equilibrio ecológico y garantizando la comercialización de los servicios
turísticos, en congruencia con el desarrollo económico y social de la región, tomando
en cuenta las necesidades de la accesibilidad, permanencia, tránsito y seguridad que
requieren las personas con discapacidad y preservando el equilibrio ecológico.
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Ejecutar obras de infraestructura y urbanización y realizar edificaciones e
instalaciones en centros de desarrollo turísticos que permitan una oferta masiva de
servicios turísticos. Para dicho fin, el fondo deberá vigilar que en la ejecución de
dichas obras se tomen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad.
V a la XVI. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Artículo 30. La Secretaría participará en la elaboración de programas
de capacitación turística y promoverá, en coordinación con las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, gobiernos de las entidades federativas,
municipios y organismos públicos, sociales y privados, nacionales e internacionales, el
establecimiento de escuelas y centros de educación y capacitación para la formación de
profesionales y técnicos en ramas de la actividad turística. En los citados programas se
deberá contemplar la capacitación respecto a la atención de las personas con
discapacidad.
Artículo 32. Las relaciones entre los prestadores de servicios
turísticos y el turista, se regirán por lo que las partes convengan, observándose la
presente ley y la Ley Federal de Protección al Consumidor.
En la prestación de los servicios turísticos, no habrá discriminación por razones de
raza, sexo, discapacidad, credo político o religioso, nacionalidad o condición social.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. La presente
iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Salón de sesiones, Cámara de Diputados, a 15 de abril de 1999.- Firman los diputados
integrantes de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados: Héctor Larios
Córdova, Carlos Iñiguez Cervantes, Elodia Gutiérrez Estrada, Eliher Saúl Flores
Prieto, Felipe Jarero Escobedo, José Jesús Montejo Blanco, Julieta Ortencia Gallardo
Mora, Abraham Bagdadi Estrella, José Octavio Díaz Reyes, José Luis García Córtés,
Bonfilio Peñaloza García, Felipe Rodríguez Aguirre, Addy Cecilia Joaquín Coldwell,
José Luis Acosta Herrera, Lourdes Angelina Muñoz Fernández, Alfonso Carrillo Zavala,
Jaime Castro López y Bertha Hernández Rodríguez.»
Es todo, señor Presidente.
Túrnese a la Comisión de
Turismo.
Hago saber a esta Asamblea que se
encuentran también en el salón de sesiones, en la parte superior, 25 invitados
especiales del diputado José Janitzio Soto Elguera, del Estado de México.
Cien estudiantes del Centro Universitario de Ixtlahuaca, Estado de México, invitados del
diputado Sergio Valdés Arias y 45 estudiantes de la escuela primaria Cuauhtémoc
Montelegre, de Tula Hidalgo, invitados por el diputado Noé Paredes Salazar.
LEY GENERAL DE
BIBLIOTECAS
Tiene la palabra la diputada
Julieta Ortencia Gallardo Mora, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley General
de Bibliotecas, a nombre de integrantes de la Comisión de Atención y Apoyo a
Discapacitados.
| La diputada
Julieta Ortencia Gallardo Mora: |
Con su permiso, señor Presidente:
«Los suscritos diputados de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes
de la Comisión de Apoyo a Discapacitados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
71fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el
artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del honorable Congreso
General, sometemos a las consideración de la Asamblea de esta Cámara, la presente
iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Bibliotecas, con base en la
siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
"Las personas videntes suelen tener millares de deseos, el ciego sólo una",
Luis Braille. La presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de
Bibliotecas, tiene por objeto generar los preceptos jurídicos que garanticen el acceso a
las personas con discapacidad visual en las bibliotecas.
Se propone modificar el párrafo tercero, del artículo 2o., adicionando al acervo
bibliotecario colecciones del sistema Braille, ya que es el código que las personas con
discapacidad visual pueden leer a través del sentido del tacto.
El sistema Braille, inventado en el Siglo XIX por Luis Braille, está basado en un
símbolo formado por seis puntos. Es importante destacar que no es un idioma sino un
código, por lo tanto las particularidades y la sintaxis serán las mismas para los
caracteres visuales. Los seis puntos son la base de la cual se derivan las letras, signos
ortográficos y numerales, su tamaño se debe a que las terminaciones nerviosas de la yema
del dedo están capacitadas para captar este tamaño en particular.
Sin duda nos sirve de aliciente el saber que en México ya existen bibliotecas con un
departamento que ofrece un servicio especializado para que las personas ciegas puedan leer
a través de equipos de cómputo, audiolibros y desafortunadamente pocas colecciones en
Braille.
Nosotros estamos proponiendo la transcripción de documentos en Braille, porque entendemos
la necesidad de lectura que tiene una persona ciega, misma que no puede satisfacer por no
contar por lo menos con una colección bibliográfica que le permita acceder a una
educación normal, sin obstáculos ni diferencias.
Consideramos importante y fundamental para el desarrollo humano de las personalidades
intelectuales y artísticas de las personas con discapacidad visual; incrementar de manera
considerable el número de material auditivo y transcrito en Braille. Este es uno de los
principales objetivos de la presente iniciativa, ya que no hay cifras de ejemplares en
existencia ni datos de los materiales transcritos.
Se propone la adición de la fracción III del artículo 6o. para que la red nacional de
bibliotecas fomente el uso de equipos electrónicos, audiolibros y libros transcritos en
sistema Braille.
Asimismo, la red nacional de bibliotecas contará con libros de texto de primaria
transcritos en sistema Braille, lo que se propone adicionando una fracción IV a dicho
artículo, permitiendo que las personas ciegas cuenten con la información que les dé la
oportunidad de iniciar una educación de forma normal, como lo haría cualquier otra
persona y no ver coartado su derecho a la educación por no contar con el material
adecuado y apropiado para su discapacidad.
Se propone adicionar la fracción X del artículo 7o., que se incluya en el programa de
entrenamiento y capacitación del personal bibliotecario, tema referente a la
discapacidad. Esto para ir conformando una conciencia en el personal encargado de atender
las bibliotecas y para que en ningún caso el discapacitado, al estar dentro de estas
instalaciones se sienta desatendido por el personal que lo asista, por no tener los
conocimientos apropiados para auxiliar a una persona con discapacidad cuando acuda a una
biblioteca pública; cuando se expresan las características de lo que debe de contener la
educación, es innegable que dentro de este contexto se aprecie la necesidad de contar con
una información actual, histórica, estadística, técnica o de cualquier otro género.
La biblioteca nos permite cumplir satisfactoriamente esto. Empero en nuestro país los
modelos de las bibliotecas públicas en general, no contemplan adecuaciones para que estos
lugares de consulta puedan ser utilizados con facilidad por personas con discapacidad de
cualquier naturaleza, lo cual es entendible, ya que en el marco jurídico que regula a las
bibliotecas no contiene en sus artículos ninguna disposición en este sentido y como
antes expliqué, solamente en algunas bibliotecas existen adaptaciones para personas
ciegas. Debemos recordar que ésta no es la única de las discapacidades. Por esto es
urgente que se hagan adaptaciones en la red nacional de bibliotecas públicas, para todas
y cada una de las necesidades de acceso a la información.
Entendemos la necesidad que existe de poner al servicio de todas las personas con
discapacidad estos centros de estudio, atendiendo a una igualdad de derechos, por lo cual
se propone adicionar la fracción II del artículo 14 para dar un pleno uso, disfrute y
acceso libre a las bibliotecas públicas cuando a éstas acudan personas con discapacidad.
Compañeras y compañeros diputados: la iniciativa de ley que ponemos a su consideración
pretende sentar las bases para que la población con discapacidad, en especial la de los
ciegos, gocen de la cultura y el conocimiento que el hombre ha generado a través de su
historia, esto en consecuencia tendrá la oportunidad de acrecentar su nivel cultural, el
esfuerzo parlamentario de los integrantes de esta comisión estamos realizando, espero sea
compartido y completado por los diputados integrantes de la Comisión de Educación, a la
que solicitaré sea turnada.
617,618,619
Por lo antes expuesto, sometemos a la
consideración de esta honorable soberanía la siguiente
INICIATIVA DE REFORMAS Y
ADICIONES A LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS
Unico. Se reforma el artículo 2o. en su párrafo tercero; el artículo
4o.; se adiciona la fracción III al artículo 6o.; se reforman las fracciones IX y X del
artículo 7o. y la fracción II del artículo 14, para quedar como sigue:
"Artículo 2o. Para los efectos de la presente ley, se entenderá
por biblioteca pública todo establecimiento que contenga un acervo de carácter general
superior a 500 títulos catalogados y clasificados y que se encuentre destinado a atender
en forma gratuita a personas que solicitan la consulta o préstamo del acervo en los
términos de las normas administrativas aplicables.
Su acervo podrá comprender colecciones bibliográficas, hemerográficas, auditivas,
visuales, audiovisuales, en sistema Braille y en general cualquier otro medio que contenga
información afín.
Artículo 4o. Los gobiernos federal, estatales y municipales, dentro de
sus respectivas jurisdicciones, promoverán el establecimiento, organización y
sostenimiento de las bibliotecas públicas y los servicios culturales complementarios, que
a través de éstas se otorguen, incluyendo las facilidades y tecnología que garanticen
igualdad de oportunidades de acceso a personas con discapacidad.
Artículo 6o. La red nacional de bibliotecas públicas tiene por objeto:
III. Fomentar el uso de equipos electrónicos, auditivos y libros en sistema Braille.
Fracción IV. Contar con libros de primaria transcritos en sistema Braille.
Artículo 7o. Corresponde a la Secretaría de Educación, fracción IX,
proporcionar el servicio de catalogación de acervos complementarios de las bibliotecas
integrantes de la red.
Fracción X. Proporcionar entrenamiento y capacitación al personal adscrito a las
bibliotecas públicas de la red, incluyendo todas aquellas que garanticen el acceso a las
personas con discapacidad y
Artículo 14. Para el cumplimiento de sus propósitos, el sistema
nacional de bibliotecas, promoverá el desarrollo de las siguientes acciones:
Fracción II. Orientar a las bibliotecas pertenecientes al sistema, respecto de los medios
técnicos en su materia bibliotecaria y su actualización, para su mejor organización y
operación, incluyendo el utilizado por las personas con discapacidad."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Segundo. Se da un plazo de seis meses para que la dirección general de
bibliotecas cumpla con lo dispuesto por el artículo 4o. del presente decreto.
En virtud de lo anterior, solicitamos que la presente iniciativa de reformas y adiciones a
la Ley General de Bibliotecas sea turnada a la Comisión de Educación, con la opinión
del Comité de Bibliotecas de esta Cámara de Diputados.
Al calce las firmas de los diputados integrantes de la comisión; los diputados: Héctor
Larios Córdova, Carlos Iñiguez Cervantes, Elodia Gutiérrez Estrada, Eliher Saúl
Flores, Felipe Jarero, José Jesús Montejo Blanco, Addy Cecilia Joaquín Codwell, José
Luis Acosta Herrera, Alonso Carrillo Zavala, Jaime Castro López, Martha Palafox
Gutiérrez, Abraham Bagdadi Estrella, José Octavio Díaz Reyes, José Luis García
Cortés, Bonfilio Peñaloza García, Felipe Rodríguez Aguirre, María de Lourdes Rojo y
la de la voz, Julieta Ortencia Gallardo Mora.»
Muchas gracias, señor Presidente.
Túrnese a la Comisión de
Educación con la opinión del Comité de Biblioteca e Informática.
LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA
Tiene la palabra la diputada María
Guadalupe Francisca Martínez Cruz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 17 de la
Ley Federal de Reforma Agraria.
La diputada
María Guadalupe Francisca
Martínez Cruz: |
«Ciudadano Presidente de la
Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.-
Presente.
La que suscribe, diputada federal, en ejercicio de la facultad que me confiere el
artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
en apoyo a lo previsto por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General, presento ante el pleno de esta honorable Asamblea
la presente iniciativa de decreto en donde se adiciona y reforma el artículo 17 de la Ley
Agraria, fundando la presentación en las siguientes
CONSIDERACIONES
El segundo párrafo del artículo 4o de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el espíritu de
igualdad para que los individuos que conforman nuestra sociedad mexicana puedan ser
afectos a las disposiciones de nuestra normatividad jurídica, al disponer que: "el
varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia"; siendo por ende el núcleo familiar considerado de
interés público, teniendo el Estado la obligación de procurar por su bienestar y sano
desarrollo.
De acuerdo al reparto de competencias que señala nuestra Ley Fundamental respecto de las
autoridades judiciales que deban conocer y resolver sobre los conflictos suscitados en
materia civil, existen consagrados los derechos de la familia en nuestro Código Civil
para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal,
siendo una de las principales obligaciones, primeramente la correlativa de los cónyuges a
darse alimentos, así como también la de los padres a dar alimentos a los hijos
procreados dentro del matrimonio o fuera de éste, subsistiendo estas mismas en las
diversas legislaciones civiles locales.
Dichas obligaciones subsisten respecto con las personas que viven en concubinato, pero
así también conforme a algunas legislaciones civiles locales existe un desfase al
respecto en virtud de que no existe disposición alguna que obligue a proporcionar los
alimentos a quienes viven en unión libre con otra persona.
Siendo importante destacar, que cuando el legislador plasmó la obligación de dar
alimentos, fue con la intención de no dejar en desamparo a los hijos ya sean los nacidos
dentro de matrimonio o fuera de éste, así como también al cónyuge, la concubina o
concubinario que por alguna circunstancia tenga la necesidad de ellos y por ende
solicitarlos para poder lograr su subsistencia.
Es por ello, que dichas obligaciones no pueden quedar fuera del ámbito rural, sector más
vulnerable de nuestra sociedad, pues la obligación de darse alimentos en muchos de los
casos, no es cumplida cabalmente por los deudores alimentarios, creando un clima de
inseguridad para la mujer campesina y sobre todo para los hijos.
Con la reforma al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en el año de 1992 y con la promulgación de la Ley Agraria se contempla la
posibilidad de que cuando los ejidatarios cuenten con el dominio pleno sobre sus parcelas,
éstos puedan enajenarlas, siendo por tal motivo, que los derechos del ejidatario hoy día
pueden ser embargables y susceptibles de transmitirse, permitiéndose inclusive en algunos
casos que sean gravados; siendo esto contrario al espíritu de la Ley Fundamental que
consagra los intereses de la sociedad, ya que al permitirse que se embarguen o se
transmita el patrimonio familiar, que en muchos de los casos es sólo la parcela, la
familia rural quedaría a la deriva en su subsistencia olvidando que ésta constituye la
célula básica y primordial de la sociedad.
Además en la Ley Agraria se contempla el derecho del tanto, con el que cuenta el cónyuge
para adquirir la parcela, aunque esto resulta ser tan sólo un noble propósito, ya que en
la práctica esta disposición resulta ser letra muerta, ya que si bien es cierto que la
mujer y el hombre pueden tener la calidad de ejidatarios, también es cierto que la mujer
al desarrollar una vida marital se encuentra con la obligación de realizar las tareas no
fáciles que le son propias del hogar, las cuales no le generan ningún tipo de
remuneración económica, con lo que pudiera hacer efectivo su derecho del tanto y poder
como consecuencia comprar la parcela que su cónyuge ha puesto a venta y siendo que en la
mayoría de los casos, la parcela es el principal sostén económico de la familia rural,
que ante el gran fenómeno de ventas de tierras, el ejidatario puede decidir vender el
único patrimonio con el que cuenta para hacer frente al sostenimiento del hogar, dejando
en incertidumbre el futuro de los miembros integrantes de su familia.
El establecer un gravamen en los derechos parcelarios de un ejidatario o del adjudicatario
beneficiado por la asociación, tiene por fin beneficiar a la familia por lo que pueda
disponerse de él, máxime si el aseguramiento comercial es para que se cubran las
pensiones alimenticias de la cónyuge, concubina o de los hijos menores; de manera que si
se les impidiera la percepción de lo indispensable para la subsistencia se les causaría
perjuicios irreparables, contrariando disposiciones de orden público, que radica en que
ninguna persona carezca de lo indispensable para su subsistencia.
Se establece también un fenómeno de inseguridad cuando el ejidatario deja como sucesor
preferente a alguna persona diferente al cónyuge, la concubina o concubinario, en donde
el adjudicatario del derecho agrario no tiene ninguna obligación jurídica para con la
familia del fallecido, teniendo que recurrir éstos a una instancia jurisdiccional a
solicitar este derecho al adjudicatario, sin que se pueda obtener un resultado favorable
para los acreedores alimentarios.
Este derecho no es ajeno a la materia agraria, toda vez que la derogada Ley de Reforma
Agraria, contemplaba el derecho de los hijos menores de 16 años a reclamar este derecho
al sucesor de la parcela, el cual debería de dar alimentos con el fruto producto de la
misma, existiendo criterios jurisprudenciales de nuestros más altos tribunales, en donde
se establece la posibilidad de que los hijos menores de 16 años y la esposa o concubina
concurran a los tribunales agrarios a solicitar este derecho.
Otro punto importante que se pretende, es que los hijos de los ejidatarios pueden
ejercitar este derecho no tan sólo hasta los 16 años, sino que se pueda solicitar hasta
que el menor cumpla la mayoría de edad, ya que no existe motivo jurídico por el cual los
menores del campo no pueden ejercitar su derecho de solicitar alimentos a quien debe
darlos, en los mismos términos de los menores de la ciudad, en donde es explorado
derecho, que en todas las legislaciones civiles del país, los hijos menores pueden
reclamar este derecho hasta la mayoría de edad e inclusive después, siempre y cuando no
se encuentre el acreedor alimentario en alguna de las causas que dan origen a cesar
suministración de éstos.
Existe un estado de inseguridad de la mujer campesina que no ha sido beneficiada como
sucesora preferente, pues en la gran mayoría de los casos, el hombre asume la obligación
de aportar los alimentos para el sostenimiento económico del hogar en el medio rural, por
lo que, si la cónyuge o concubina no fue designada como sucesora preferente, se obliga a
la mujer campesina a emigrar de su lugar de origen a buscar su sustento en otros lugares,
provocando con esto que las familias campesinas engrosen los cinturones de miseria de las
grandes urbes.
En la Ley Agraria subsiste como un derecho universal la sucesión para la transmisión de
la tierra dotada a un ejidatario, así como también de otra manera por medio de las
privaciones de tales derechos y nuevas adjudicaciones de derechos agrarios; sin embargo no
contiene el espíritu de proteger a la familia, contrariamente a la antigua ley de la
Reforma Agraria en la cual indistintamente y sin excepción alguna se tendía a proteger a
la familia del ejidatario, desprendiéndose de ello el carácter familiar del patrimonio
parcelario. La unidad de dotación llamada indistintamente parcela ejidal o unidad mínima
de dotación, debe ser considerada por la legislación agraria como la extensión mínima
para asegurar la subsistencia y el mejoramiento de la clase campesina, porque la fuente
del patrimonio de la familia rural, sólo radica en la parcela ejidal y si por otra parte
la Ley Federal de Reforma Agraria establecía claramente las únicas formas de
transmisión
620,621,622
de los derechos agrarios que regulaba,
las medidas necesarias a efecto de que ante el traslado de dominio de tales derechos por
cualquiera de las formas, la familia siempre quedará protegida en su subsistencia, por
que ésta es la célula básica y primordial de la sociedad. No olvidemos que el interés
general se encuentra por encima del interés particular.
Lo que se pretende retomar con la presente iniciativa, es que en la Ley Agraria se
consagre el derecho de los hijos menores, así como él o la cónyuge o concubina, para
reclamar el derecho de alimentos que deberá ser suministrado con el producto o fruto de
la parcela, cuando otra persona distinta a éstos a quedado como sucesor preferente de la
parcela del ejidatario.
Por las razones expuestas someto a consideración de esta Cámara de Diputados de la LVII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto por el
que se reforma y se adiciona al artículo 17 de la Ley Agraria, solicitándole a la
Presidencia de esta Asamblea quede registrado íntegramente la presente iniciativa en el Diario
de los Debates
INICIATIVA DE DECRETO
Por el que se reforma y adiciona el
artículo 17 de la Ley Agraria para quedar como sigue
Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba
sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de
ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la
que conste los nombres de las personas y del orden de preferencia conforme al cual deba
hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento, persona que deberá responder
desde su adjudicación por la obligación alimentaria, procurando siempre los alimentos
con el producto o fruto de la parcela a los hijos menores del fallecido hasta que éstos
cumplan la mayoría de edad o contraigan nupcias, así también dicho derecho le asistirá
a la cónyuge, concubina o concubinario hasta por un tiempo igual al que hayan vivido
juntos como si fueran cónyuges; en matrimonio o cuando contraigan nuevas nupcias,
excepción hecha cuando los acreedores alimentarios estén totalmente incapacitados,
física o mentalmente para trabajar, cuya obligación subsistirá hasta su muerte.
La lista de sucesión deberá ser
depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante el fedatario público. Con
las mismas formalidades para ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será
válida la de fecha posterior.
El tribunal agrario tomando en cuenta las circunstancias del caso, determinará el monto
de la pensión alimenticia, pudiendo imponer un gravamen a la parcela para que ésta sirva
como garantía para el cumplimiento de la obligación alimenticia a la que se refiere este
artículo.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente
decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Suscribe, María Guadalupe Francisca Martínez Cruz, diputada federal.»
Toda vez que la presente
iniciativa está publicada en la Gaceta Parlamentaria, se instruye a la Secretaría para
que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates y se turne a la Comisión de
Reforma Agraria.
LEY DE LOS SISTEMA DE AHORRO
PARA EL RETIRO
Tiene la palabra el diputado José
Jesús Montejo Blanco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para
presentar una iniciativa de reforma a los artículos 18 y 74 de la Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro.
| El diputado
José Jesús Montejo Blanco: |
Con el permiso, de la Presidencia;
señoras y señores diputados:
«Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y 56 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos
diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la
consideración de esta soberanía, la presente iniciativa de reforma y adición a la Ley
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que dará una gran transparencia al manejo de
los recursos de los trabajadores, a través de los estados de cuenta que reciben de las
administradoras de fondos para el retiro (Afore), con base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Conforme a la reforma a los sistemas de
ahorro para el retiro es decir, a los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y
vejez, establecidos en la Ley del Seguro Social, el Gobierno creó unos organismos
financieros privados llamados administradoras de fondos para el retiro, (Afore).
En el artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro se definieron estas
administradoras, atribuyéndoles algunas responsabilidades ante sus afiliados, entre las
que destacan: la obligación de informarles respecto del estado que guarde su cuenta
individual y el estado de sus inversiones por lo menos una vez al año, además de que
atenderán habitual, profesional y exclusivamente al interés de los trabajadores.
Con las Afore se pretendía también resolver el problema de duplicidad de cuentas que
hasta el día de hoy persiste con los recursos del SAR-92 y que se generó por la falta de
control y de información detallada de ese sistema de ahorro, tanto para los organismos
financieros participantes, como para los propios trabajadores.
Después de 21 meses, el nuevo sistema de pensiones ha mostrado en su operación que no
está cumpliendo totalmente con el derecho a la información que tienen los trabajadores y
que está consagrado en la Constitución General de la República.
1o. No se cumple con el derecho a la información porque en el informe semestral sobre la
situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro julio-diciembre de 1998, se
menciona la fusión de las Afore Atlántico Promex con Principal, Capitaliza con Inbursa y
Previnter con Profuturo GNP, sin dar mayor detalle de estos procesos de fusión en los que
por lo menos 542 mil 964 trabajadores se ven afectados.
De acuerdo a la exposición de motivos, tanto de la iniciativa enviada por el Ejecutivo
para reformar la Ley del IMSS, como de la iniciativa de reforma a los Sistemas de Ahorro
para el Retiro se enfatiza el derecho de los trabajadores por la libre elección tanto en
lo relativo a quién administrará su ahorro para el retiro, como la forma en que se
invertirán esos recursos, firmando un contrato mediante el cual se compromete a pagar lo
que estipule la Afore elegida por concepto de administración de la cuenta individual.
El artículo 74 la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en su tercer párrafo
establece las condiciones que deben presentarse para poder traspasar los recursos de su
cuenta individual a una administradora diferente a la que opera dicha cuenta, a saber:
1) Una vez al año contado a partir de que haya ejercitado este derecho;
2) Cuando se modifique el régimen de inversión o de comisiones o
3) Que la Afore entre en estado de disolución.
En el artículo 54 fracción VI de la ley, se habla únicamente de la disolución, quiebra
o que entre en estado de liquidación la administradora pero no de la fusión entre Afore.
Sin embargo si el trabajador firmó el contrato con cualquiera de las tres Afore que
desaparecen, en el caso de las fusiones se modifica tanto el régimen de inversión como
las comisiones que aceptó y firmó el trabajador.
La Consar debió informar a cada uno de los trabajadores afectados respecto de su derecho
de elegir una nueva Afore y no hacerse cómplice de las administradoras en perjuicio de
quienes hacen posible este nuevo sistema de pensiones y que son los trabajadores.
Es en perjuicio de los trabajadores porque, de acuerdo a los datos que aporta la Consar en
el informe de referencia, no se mencionan los detalles de estas fusiones, no se precisa el
número de trabajadores transferidos, tampoco se habla de alguna acción que garantice su
derecho a la información, ni de algún mecanismo de protección a estos trabajadores y
mucho menos se respeta su derecho a la libre elección establecida en la ley.
Es en perjuicio de los trabajadores el cobro de comisiones superiores a las que pagaban en
la Afore con la que firmaron el contrato; también es en su perjuicio cuando la Afore a la
que son enviados, ofrece rendimientos inferiores a los que le otorgaba la administradora
original y sin mencionar los beneficios adicionales que otorgaban las Afore que
desaparecen.
Nos podrían decir que les siguen ofreciendo los mismos beneficios, comisiones y
rendimientos en la nueva Afore, si ésta fuera la respuesta entraríamos ante una
violación a la ley, ya que los artículos 37 y 74 establecen que en ningún caso podrán
hacer discriminación de trabajadores.
2o. No se cumple con el derecho a la información porque las Afore, en sus mensajes
publicitarios, hacen creer a sus afiliados que por lo menos cada mes les hacen llegar un
estado de cuenta, sin embargo lo que envían las administradoras, son unos documentos
llamados "resumen de movimientos", que contienen solamente algunos de los datos
que integran el estado de cuenta y nadie aclara esta diferencia.
La Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Consar), mediante una
circular publicada en enero de 1997, estableció la información mínima que deberían
contener los estados de cuenta.
Antes de cumplir un año la operación del nuevo sistema de pensiones, en febrero de 1998,
la Consar emitió una segunda circular que modifica sustancialmente la obligatoriedad y la
cantidad de datos que se deben enviar a los trabajadores en los estados de cuenta y le da,
a las Afore, un plazo de 45 días para el envío de los mismos.
La información contenida en el estado de cuenta, entre otras cosas, sirve para que el
trabajador decida si ejerce o no su derecho de traspasar su cuenta individual a otra
Afore. Es necesario que el trabajador analice si tanto las comisiones que le están
cobrando, como los rendimientos que le genera la Afore son los que considera más
adecuados.
Si la intención de los legisladores al aprobar la fracción IV del artículo 18, fue
precisamente garantizar que los trabajadores contaran con la información adecuada y
suficiente para tomar las decisiones más convenientes sobre quien y cómo manejará sus
ahorros para el retiro. Con la regulación actualmente en vigor, no se garantiza que el
trabajador reciba la información adecuada y suficiente para una buena toma de decisiones.
3o. No se garantiza el derecho a la información porque muchos trabajadores recibieron sus
estados de cuenta con ceros en todas las líneas que deberían contener información de su
ahorro, este hecho además de estar en contra del derecho a la información que tienen los
trabajadores, los deja en estado de indefensión para reclamar ante la autoridad
competente.
Esta irregularidad no puede ser reclamada ya que la ley solamente obliga a enviar el
documento, sin establecer alguna previsión para cuando se envíe un estado de cuenta en
"ceros", de esa forma, la Afore cumple con el requisito de enviar el estado de
cuenta por lo menos una vez al año y el trabajador deberá esperar un año más para
saber lo que ha pasado con sus ahorros.
Ni en el reglamento de la ley ni en las disposiciones de carácter general emitidas por la
Consar, se establece alguna previsión al respecto y esta omisión provoca una gran
confusión entre los afiliados a las Afore.
La presente iniciativa pretende subsanar las omisiones antes expuestas al especificar en
la ley, además de la obligatoriedad del envío de los estados de cuenta:
a) La información de los procesos de fusión, liquidación, disolución o quiebra a los
trabajadores que se vean involucrados;
b) Los datos mínimos que debe contener un estado de cuenta;
c) La indicación de que un documento en ceros jurídicamente no tiene ningún valor y por
tanto, no cubre el requisito del envío anual obligatorio, protegiendo ese derecho a la
información que tienen los trabajadores que se han afiliado a las diversas Afore.
Por todo lo anteriormente expuesto, quienes suscribimos la presente iniciativa, diputados
integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de
Diputados, proponemos la reforma de los artículos 18 y 74 de la Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro, así como la adición de los artículos 74-A y 74-B, en los
siguientes términos:
623,624,625
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. de
reforma la fracción IV del artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el
Retiro para quedar como sigue:
"Artículo 18.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Enviar al domicilio que indiquen los trabajadores, sus estados de cuenta y demás
información sobre sus cuentas individuales y el estado de sus inversiones, por lo menos
una vez al año, así como establecer servicios de información y atención al público,
de acuerdo a los procedimientos señalados en el artículo 74-A de la presente ley."
Artículo segundo. Se reforma y adiciona el artículo 74 de la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro para quedar como sigue:
"Artículo 74. Los trabajadores tienen derecho a la apertura de su
cuenta individual de conformidad con las leyes de seguridad social, en la administradora
de su elección. Para abrir las cuentas individuales, se les asignará un número de
seguridad social al ser afiliados a los institutos de seguridad social.
Las administradoras estarán obligadas a abrir la cuenta individual o aceptar el traspaso
de dicha cuenta, de aquellos trabajadores que cumpliendo con las disposiciones aplicables,
soliciten su apertura de cuenta. En ningún caso podrán hacer discriminación de
trabajadores.
El estado de cuenta es el documento que las administradoras deben enviar periódicamente a
cada uno de los trabajadores registrados, en el que se les comunicará el detalle de sus
cuentas individuales, su estructura de comisiones, cambios a la misma, sociedades de
inversión que operan, descuentos por créditos otorgados por el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y alguna otra aclaración e información que
deba comunicarse a los trabajadores por ser de su interés."
Artículo tercero. Se
adiciona un artículo 74-A, en los términos siguientes:
"Artículo 74-A. Las administradoras deberán enviar un estado de
cuenta a cada trabajador registrado ante las mismas, cuando menos una vez cada año
calendario, al domicilio que para tal efecto hayan señalado los trabajadores
I. Los estados de cuenta que elaboren las administradoras comprenderán la información
relativa al periodo que abarca del 1o. de agosto al 31 de julio del siguiente año. Dichos
documentos deberán ser enviados a los trabajadores dentro de los 45 días naturales
siguientes a la fecha de corte.
Las administradoras que se obliguen a entregar más de un estado de cuenta al año,
deberán apegarse a lo dispuesto en este artículo y a las reglas de carácter general que
establezca la comisión.
La información relativa al proceso de emisión, envío y devolución, en su caso, de los
estados de cuenta, deberá estar a disposición de la comisión, a efecto de que ésta
pueda verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo previsto en el primer párrafo
del presente artículo. Las administradoras deberán presentar por escrito ante la
comisión, la descripción del proceso.
Cuando algún estado de cuenta sea enviado y la información de la cuenta individual
aparezca en "ceros", se considerará como no enviado.
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, los trabajadores podrán
realizar, en cualquier tiempo, consultas sobre el saldo de la cuenta individual y
solicitar certificaciones del saldo de la subcuenta de vivienda, así como solicitar,
también en cualquier tiempo a las administradoras, en las oficinas de éstas, estados de
cuenta adicionales a los que conforme a esta ley y a las disposiciones de carácter
general, aquéllas deban enviarles periódicamente.
II. Las administradoras deberán tener a disposición de los trabajadores en cualquiera de
sus sucursales la siguiente información, que además deberá estar contenida como mínimo
en los estados de cuenta:
1. Datos de identificación del
trabajador;
2. Datos de identificación de la administradora;
3. Denominación de la sociedad de inversión en la que se inviertan los recursos de la
cuenta individual, así como los porcentajes de los recursos invertidos en las mismas.
Igualmente deberán contener la última calificación que les haya otorgado una empresa
calificadora autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;
4. El periodo que comprende la información;
5. Un resumen de movimientos (cargos y abonos) indicando los saldos inicial y final de la
cuenta individual, así como por cada subcuenta;
6. Un resumen de las comisiones cobradas por tipo de servicio;
7. La descripción detallada de los movimientos (cargos y abonos) del periodo, de cada
subcuenta de la cuenta individual, indicando cuando menos las fechas, el importe y
concepto de cada uno de los movimientos (cargos y abonos), indicando los saldos inicial y
final de la cuenta. Plusvalía o minusvalía del precio de las acciones de la sociedad de
inversión en el mercado:
a). Tratándose de la subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez,
además se deberá indicar la fecha en que el patrón y el Gobierno Federal efectuaron el
entero de las aportaciones a su cargo;
b). Tratándose de trabajadores que hubieran traspasado la subcuenta del seguro de retiro
y la de vivienda previstas en la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de
la Federación el día 21 de diciembre de 1995 y en la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores respectivamente, además, deberá indicarse
el saldo de dichas subcuentas a la fecha en que fueron transferidas a la administradora;
c). En relación con la inversión de los recursos de la cuenta individual en las
sociedades de inversión, se deberá indicar: fecha, cantidad y precio de adquisición y
venta de acciones de cada sociedad de inversión, así como la posición de acciones al
último día del corte y posición al corte anterior y, el precio de valuación de las
acciones por cada sociedad de inversión;
8. Comisiones que con cargo a cada subcuenta de la cuenta individual cobre la
administradora y
9. Significado y explicación de cada uno de los conceptos del estado de cuenta.
III. Las administradoras deberán ajustarse al formato que establezca la comisión, a
través de reglas de carácter general. Todo documento que se denomine "estado de
cuenta" deberá ajustarse al formato antes señalado."
"Artículo cuarto. Se adiciona un artículo 74-B, en los términos
siguientes:
Artículo 74-B. El traspaso de la cuenta individual de un trabajador a
una administradora diferente a la que opera dicha cuenta, sólo podrá solicitarlo una vez
en un año calendario contado a partir de la última ocasión en que haya ejercitado este
derecho, salvo cuando se modifique el régimen de inversión o de comisiones o la
administradora entre en estado de fusión, disolución, liquidación o quiebra.
Cuando una Afore entre en estado de fusión, disolución, liquidación o quiebra, tanto la
Afore como la Consar, deberán enviar a los trabajadores afiliados a la misma, un
documento mediante el cual les informen de la operación en cuestión además del derecho
que tienen de traspasar sus recursos a otra administradora.
Las administradoras que dejen de administrar una cuenta con motivo del traspaso de la
misma a otra administradora o bien, por que el trabajador dispuso de la totalidad de los
recursos enterados en su cuenta individual, deberán enviar un estado de cuenta que
comprenda el periodo transcurrido desde la fecha de corte del último estado de cuenta
enviado y la fecha en que se realice el traspaso o disposición total de los recursos
dentro de los 45 días naturales siguientes a la fecha en que se llevó a cabo el traspaso
o la disposición de los recursos antes mencionados.
Asimismo, el derecho de los trabajadores para invertir los recursos de su cuenta
individual en otra sociedad de inversión, que sea operada por la misma administradora que
se encuentre operando dicha cuenta, podrá ser ejercitado una vez al año en los términos
de lo dispuesto en el párrafo primero del presente artículo.
Las administradoras elegidas por los trabajadores que quieran traspasar sus cuentas
individuales en los términos del artículo 178 de la Ley del Seguro Social, serán
responsables de efectuar los trámites para el traspaso."
Artículo quinto. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Señor Presidente: a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional,
solicito a usted, turne la presente iniciativa de reforma y adición a la Ley de los
Sistemas para el Retiro a la Comisión de Seguridad Social de esta LVII Legislatura, para
su estudio y dictamen reglamentarios.
Muchas gracias.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 15 de abril de 1999.- Diputados: José
Jesús Montejo Blanco, Gustavo A. Vicencio Alvarez, Marco Antonio Adame Castillo, María
de la Soledad Baltazar Segura, Jorge Gómez Mérida, Carlos Iñiguez Cervantes, Elodia
Gutiérrez Estrada, Eliher Flores Prieto, José Angel Frausto Ortiz, José de Jesús
Torres León, Javier Paz Zarza, Samuel Gustavo Villanueva, Francisco Vera González,
Felipe Jarero Escobedo y Héctor Flavio Valdez García.»
Túrnese a las comisiones
de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social.
Nos permitimos saludar a 15 estudiantes de la Universidad Insurgentes, acompañados por el
licenciado René Alvarado 35 estudiantes de la Universidad Anáhuac, acompañados por la
licenciada Lorena Ferrat; 40 estudiantes del Instituto Tecnológico de Coacalco, invitados
por el diputado Héctor Guevara y 50 estudiantes de la Escuela Salvador Novo, invitados de
la diputada María del Carmen Corral Romero.
CUENCAS HIDROLOGICAS
Tiene la palabra el diputado Oscar
González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos y a la Ley de Aguas
Nacionales en materia de preservación y restauración de cuencas hidrológicas.
| El diputado
Oscar González Rodríguez: |
Muchas gracias, señor Presidente:
En razón de que hemos escuchado ya varias iniciativas, todas ellas muy interesantes, de
que la presente es una iniciativa larga, ruego a usted su aprobación, señor Presidente,
para que me permita presentar de manera coloquial, más informal, el contenido de esta
iniciativa para, ojalá, tener la atención de mis compañeras y mis compañeros, y
rogándole se sirva disponer para que en el Diario de Debates se contenga a plenitud la
iniciativa que estamos presentando.
| El diputado
Oscar González Rodríguez: |
Adelante.
Muchas gracias, compañero Presidente; diputadas; diputados:
No es exagerado decir que México está perdiendo, de manera muy acelerada y lo más grave
aún, de manera casi siempre irreversible, su capital natural.
Es conocido, está documentado, que por ejemplo el país ha perdido la mitad de su
cubierta forestal y lo más grave aún es que en las últimas décadas este deterioro ha
venido avanzando, ha venido acelerándose. Lejos de estar conteniendo el problema, se nos
está agravando.
626,627,628
Tan es así que los especialistas estiman
que 500 mil hectáreas de bosques y selvas se pierden anualmente en el país en las manos
de la deforestación.
Igual de grave, igual de complejo resulta el deterioro del recurso suelo. Se estima que el
80% de la superficie nacional padece algún tipo de degradación biológica, física o
química.
Los erapólogos dicen que una de cada cinco hectáreas productivas de la superficie de la
nación, de la piel de la nación las hemos perdido de manera definitiva a la
desertificación y no tienen ya posibilidades de recuperación.
Anualmente se pierden 500 millones de toneladas de tierra, que se van en los cauces del
agua a asolvar la infraestructura hidráulica, a azolvar las zonas urbanas, a azolvar las
presas o a depositarse en los mares y se pierden para siempre como potencial productivo.
El recurso agua está igualmente afectado. Quienes vivimos en el altiplano sabemos que
año con año los mantos freáticos van descendiendo a niveles de hasta de tres metros por
año. Quienes están en las costas saben hoy que las presas están vacías, están
azolvadas. En Sonora saben que no van a poder acabar de dar los riegos y que se van a
perder dos toneladas, a la mejor, por hectárea, por la incapacidad de dar los riegos
requeridos.
Continuamente estamos atestiguando que el recurso agua, lejos de ser un recurso renovable,
se nos está haciendo el recurso más escaso del país.
El problema, siendo tan grave, siendo tan conocido, estando tan documentado, no ha podido
ser resuelto. Los esfuerzos institucionales han sido francamente insuficientes y entonces
hay que buscar cuál es la razón de fondo. Por qué, a pesar de que hay recursos que
autoriza este Congreso para reforestar o que hay recursos para apoyar el desarrollo de
zonas silvícolas, por ejemplo, no hemos sido capaces siquiera de frenar el ritmo de
deterioro de estos recursos, el ritmo de deforestación.
La razón es, a mi juicio, que el problema es que hemos venido enfocando la solución
desde una perspectiva sectorial, cuando que el problema es de una gran complejidad, que
requiere de una evaluación a nivel de las cuencas hidrográficas del país y no a nivel
del manejo de un recurso determinado.
Hoy por hoy, la razón que mayoritariamente explica la deforestación en México, la
pérdida de los recursos silvícolas, es el cambio de uso del suelo. Saliendo a las
carreteras del país atestiguamos cómo ciclo tras ciclo va perdiendo la frontera
silvícola su espacio y ésta es sustituida por una agricultura muy improductiva o por una
ganadería sumamente extensiva. Año con año vemos como hay nuevos manchones en los
corazones de las selvas de México. Año con año vemos como a mayores pendientes las
comunidades rurales se ven obligadas a modificarle el uso al suelo e introducen algún
cultivo anual.
Y es que el problema, el problema radica a mi juicio y lo someto a la consideración de
ustedes, en que hay aquí una contradicción de fondo de lo más importante. Quienes viven
en las partes altas de las cuencas, quienes viven en donde están los bosques y las
selvas, no tienen, salvo raras excepciones, prácticamente beneficio alguno por conservar
esos recursos naturales y quienes sí nos beneficiamos de que se cuiden somos quienes
vivimos abajo, porque quienes vivimos abajo somos quienes dependemos de que la
conservación de la cuenca nos permita que haya agua. Los agricultores de Sinaloa dependen
de la conservación de los recursos naturales en Durango y los de Sonora dependen de
Chihuahua y entonces el mercado ha demostrado una grave insuficiencia, una gran
ineficiencia, no ha logrado desarrollar un mecanismo por el que se pague a quien está
conservando, para que los que vivimos abajo podamos seguir detentando de los beneficios.
Déjenme ponerles el ejemplo de la Ciudad de México, que me parece de la mayor
importancia. Se estima que dos terceras partes del agua que alimenta los mantos freáticos
de la Ciudad de México provienen de la cuenca del Ajusco. Si la cuenca del Ajusco se
deteriorara, se perdieran los recursos forestales, se deforestara y el agua entonces
llegara, corriera y lejos de facilitar la penetración del agua hacia el subsuelo corriera
con la tierra a azolvarnos la infraestructura, de repente esta ciudad podría ser
absolutamente inviable en términos de disponibilidad de agua.
Y sin embargo, quienes vivimos en la
parte baja de la cuenca, quienes vivimos en la ciudad, responsabilizamos a los que viven
arriba de que conserven, nos lamentamos de ver un árbol tirado, reclamamos cuando vemos
un incendio forestal, nos molesta ver un camión con madera que tenga origen ilícito y
sin embargo nunca asumimos que por ser nosotros los beneficiarios debiéramos
compensarles, debiéramos pagarles, debiéramos retribuirle a quien está conservando y
entonces quien vive arriba podría entonces, tal vez llegar a encontrar que es más
atractivo económicamente para él y su familia, conservar el recurso que deteriorarlo,
que cambiarle el uso al suelo. Este es el enorme reto que tiene México.
La riqueza natural que nos han heredado millones de años de evolución, la estamos
perdiendo a pasos agigantados, la biodiversidad se está perdiendo a pasos verdaderamente
críticos y es momento, es urgente que pongamos un freno definitivo.
La propuesta que hacemos es que justamente, así como quien contamina debe pagar, ahora
quien conserve se le debe de reconocer el esfuerzo de conservación. Debemos garantizar
que quien vive en los bosques y las selvas o quien practica ganadería, encuentren
suficientemente atractivo el conservar los recursos, que encuentren un estímulo
económico de conservar los bosques, de conservar la selva, de reforestar, de proteger de
los incendios forestales, de no cambiarle el uso al suelo.
La propuesta que respetuosamente un grupo de diputados hacemos a todos ustedes, consiste
en modificar la Ley de Derechos y la Ley General de Aguas, cada una en un artículo, con
el propósito de que lo que ya pagamos, lo que ya pagamos todos por derechos de agua y por
las descargas de agua, una parte de ese recurso sea destinado como un fondo para atender
los casos prioritarios de conservación de recursos y de restauración ahí donde ya el
daño sea muy grave.
Esto es, lo que necesitamos es que a nivel de la cuenca, con la participación de todos
los sectores involucrados, de los usuarios, con la participación de los campesinos, de
los de las organizaciones sociales, de las organizaciones de profesionistas etcétera, se
identifique cuáles son los sitios de la cuenca que es más urgente, estratégico e
importante conservar, dónde deba restaurarse y se dediquen estos fondos para apoyar, para
subsidiar, para financiar, para promover el desarrollo de estos proyectos.
Y entonces quienes viven ahí, encuentren en el desarrollo de estos proyectos atractivo
conservar los árboles que son los que luego nos van a garantizar que tengamos agua en el
subsuelo y agua en nuestras presas y nos van a permitir los controles del clima y nos van
a permitir la oxigenación y nos va a permitir disfrutar de todos estos beneficios
ambientales que nos da complementariamente los recursos naturales.
La propuesta que sometemos a su consideración sugiere que se constituya un fondo, en los
que ya exigen consejos de cuenca, por ley ya existen, en él participan todos los actores
y que estos consejos vayan resolviendo, atendiendo, identificando las prioridades, vayan
canalizando recursos para conservar y vayan garantizando recursos para restaurar y
eventualmente que los recursos públicos como los del Programa Nacional de Reforestación
y otros programas vayan sumándose a estas bolsas para no sólo conservar, sino ser
efectivos en la medida para restaurar ahí donde de otra manera podríamos pagar
gravísimas consecuencias y entonces sí, los de abajo, los que vivimos en las partes
bajas y gozamos de los beneficios de la conservación estaremos solidariamente pagando por
lo que aquéllos a quienes responsabilizamos exigimos para que cuiden los recursos
naturales.
Quiero informar a ustedes y es motivo de gran orgullo informarles que esta iniciativa que
me han pedido mis compañeros presente yo a su nombre, ha sido objeto del apoyo de
prácticamente todas las fracciones parlamentarias en esta LVII Legislatura de la Cámara
de Diputados, asunto que para mí constituya un motivo de mucho orgullo y obviamente un
profundo compromiso de agradecimiento por la confianza y por el interés de mis
compañeras y de mis compañeros diputados, porque me parece que en este momento en el que
pareciera que es más difícil encontrar acuerdos, definir agendas y sumarnos a la
voluntad de resolver los problemas de México, me parece que esfuerzos como éste dan
cuenta de la voluntad de los legisladores de este país por enfrentar los problemas de
fondo, por enfrentar los problemas que la sociedad hoy nos demanda atendamos.
Suscribimos esta iniciativa, un servidor y los diputados: Oscar González Rodríguez,
Jorge Canedo Vargas, Héctor Castañeda Jiménez, Jaime Castro López, Vicente Fuentes
Díaz, Manuel García Corpus, María de los Angeles Gaytán Contreras, Jacaranda Pineda
Chávez, Mauricio Rossell Abitia, Lázaro Cárdenas Batel, Luis Meneses Murillo, Carmen
Escobedo Pérez, Julieta Gallardo, María Guadalupe Sánchez, Susana Esquivel Farías,
Carmen Moreno, Juana González, Antonio Esper, Crisógono Sánchez, Wintilo Vega, Marcelo
Ebrard, Verónica Velasco Rodríguez, Gloria Lavara Mejía y Blanca Rosa García.
A todos ustedes muchas gracias por su interés.
Gracias, señor Presidente.
Toda vez que la presente
iniciativa está publicada en la Gaceta Parlamentaria, se instruye a la Secretaría para
que se inserte el texto integro en el Diario de los Debates y se turne a las comisiones de
Hacienda y Crédito Público y de Asuntos Hidráulicos.
«Iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos y a la Ley de Aguas Nacionales en
materia de preservación y restauración de cuencas hidrológicas
EXPOSICION DE MOTIVOS
Durante décadas, los mexicanos basamos
gran parte de nuestro desarrollo económico y bienestar social, en el creciente
aprovechamiento de nuestros recursos naturales sin las previsiones necesarias que
garantizaran su renovación.
Tal situación se refleja, entre otros aspectos, en la cuantiosa pérdida de recursos
forestales y de suelo así como en la creciente disminución de la oferta hídrica del
país.
La paulatina pérdida de estos recursos, en parte fue propiciada por políticas aplicadas
en el pasado, las cuales terminaron proporcionando apoyos que incentivaron a los
productores rurales a eliminar los bosques y selvas naturales para dedicarlos a otras
actividades productivas. Ejemplo de ello, son los programas de desmontes, el otorgamiento
de créditos y fondos subvencionados y diversas regulaciones agrarias.
A las comunidades ejidales y a los pequeños propietarios en cuyos territorios se
encuentran importantes ecosistemas para la provisión de bienes y servicios ambientales
para el país, no se les ha otorgado suficientes compensaciones e incentivos para
conservarlos, en detrimento del interés para su protección y uso sustentable.
Se estima que el país registra una deforestación histórica de 44.2 millones de
hectáreas, con una tasa de deforestación anual de más de 500 mil hectáreas. Se
considera que la mayor afectación se ha presentado en la segunda mitad de este siglo,
debido principalmente al crecimiento demográfico, urbano y rural y a la conversión de
tierras forestales al uso agrícola y ganadero, principalmente como resultado de los
escasos beneficios que los recursos forestales han representado para sus poseedores
ejidales, comunales o pequeños propietarios de las diversas regiones.
Hoy en día, existe una mayor conciencia sobre la importancia de los servicios ambientales
que prestan los bosques por lo que se constata un interés creciente en su conservación y
aprovechamiento sustentable en tanto que recursos que contribuyen igualmente a prevenir la
erosión del suelo, reducir los azolves, favorecer la filtración del agua y conservar la
biodiversidad del país. Ahora hemos aprendido que una de las mejores maneras para
proteger, conservar, aprovechar de manera sustentable e incrementar los bosques, consiste
en lograr que las comunidades y propietarios rurales que los ocupan, obtengan de estos
recursos beneficios económicos concretos, a través de la reorientación de incentivos y
apoyos.
Pese a la importancia que revisten los suelos, a menudo los hemos utilizado
inadecuadamente originando su degradación paulatina hasta llegar a su pérdida total.
México, al igual que sus recursos forestales, también cuenta con una gran cantidad y
variedad de suelos; sin embargo, muchos de ellos presentan grados avanzados de deterioro.
En la actualidad, se estima que una de cada cinco hectáreas se acerca al grado de
desertificación; el 80% del territorio está afectado por degradación física, mas que
la sociedad hoy nos demanda atendamos.
629,630,631
La degradación del suelo es un proceso
que se inicia con la reducción de su productividad y luego con su pérdida total hasta
llegar a la desertificación, la cual puede suceder en toda clase de climas, siendo más
grave en las zonas áridas.
El cambio de uso de suelo de los bosques y selvas hacia actividades agropecuarias, es uno
de los factores más importantes que han provocado la desertificación de las tierras, ya
que la eliminación de la cubierta vegetal acelera la erosión por viento y agua.
Asimismo, el manejo inadecuado del agua de riego, que provoca la acumulación excesiva de
sales en el suelo, la falta de técnicas de conservación de suelos y la utilización de
prácticas agropecuarias inadecuadas, también han sido factores que han incidido en este
proceso de degradación, pérdida y desertificación del suelo.
Estos factores que propician la degradación y pérdida del suelo tienen su origen, a su
vez, en diversas situaciones socioeconómicas prevalecientes entre los productores, como
es el hecho de que todavía no tienen los medios suficientes para el manejo adecuado de
sus tierras, incluyendo información y organización, así como los recursos financieros
que les permitan mejorar sus prácticas agropecuarias.
En relación al recurso agua, la oferta hídrica de México, desde el punto de vista
cuantitativo, se ha visto afectada por un sinnúmero de factores, entre los cuales
sobresalen los usos que se le ha dado a las áreas de recarga de acuíferos, de
nacimientos de agua y a lo largo del recorrido de las corrientes.
La gestión de cuencas ha surgido como una de las mejores opciones para articular el
manejo ambiental de los recursos naturales, siendo una de sus principales virtudes la de
articular la participación de los diversos usuarios y beneficiarios de los servicios
ambientales que ofrecen los recursos de la cuenca.
Una primera aproximación a la gestión de cuencas ha sido la de limitarla a los recursos
hídricos, dadas las características propias de las cuencas hidrográficas.
En este sentido, la cuenca hidrográfica es un territorio delimitado por la propia
naturaleza, esencialmente por los límites de las zonas de escurrimiento de las aguas
superficiales que convergen hacia un mismo cauce. Físicamente, la cuenca hidrológica,
representa una fuente natural de captación y concentración de agua superficial y
subterránea y, por lo tanto, tiene una connotación esencialmente volumétrica e
hidrológica; sin embargo, la cuenca, sus recursos naturales y sus habitantes poseen
condiciones físicas, biológicas, económicas, sociales y culturales que les confieren
características particulares.
La cuenca es fundamental para el mantenimiento de procesos ecológicos como la regulación
climática e hídrica; para la producción agropecuaria e industrial; la satisfacción de
necesidades básicas como abastecimiento de agua, alimentos y energía; el mantenimiento
de la función ecosistémica para la recepción de desechos y la prevención de riesgos y
catástrofes naturales, como el control de inundaciones y deslizamientos.
El territorio de las cuencas establece una necesaria relación entre quienes viven en
ellas debido a su dependencia común de un sistema hídrico compartido. En este sentido,
el uso del recurso y de los servicios ambientales debe darse de manera equilibrada entre
todos los habitantes que viven y trabajan en el territorio de la cuenca.
La ocupación de las zonas altas para el establecimiento de actividades agropecuarias y
mineras, entre otras, ha estado acompañada en la mayoría de los casos por
deforestación, lo que ha incidido de manera negativa sobre la función de retención de
agua que el territorio ejerce gracias a la cobertura natural, cuya pérdida lo deja
expuesto a fenómenos de erosión y sedimentación que alteran los flujos y el balance
general de las cuencas, lo cual repercute en la iniquidad en cuanto a la calidad y
cantidad del recurso y de los servicios ambientales a la que accede la población asentada
en el territorio de la cuenca.
En México, al igual que en otros países, la gestión de cuencas empezó a permear en el
ámbito de la gestión del agua, siendo de la mayor importancia ya que gran parte de la
población vive y desarrolla sus actividades productivas en cuencas compartidas, además
de que está demostrado que si este tipo de gestión es capaz de manejar adecuadamente el
agua se puede dar solución a la mayoría de los problemas ambientales existentes en las
cuencas.
Como un paso importante en el desarrollo de los principios que caracterizan la gestión de
cuencas hidrográficas, se reforma la Ley de Aguas Nacionales en 1992, que consigna
diversas consideraciones para el manejo integral de la problemática del agua, a través
de diversos instrumentos con los cuales no se contaba anteriormente, como es el caso de
los consejos de cuenca. También es de mencionarse, el reglamento de dicha ley y las
reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1996,
que regula el aprovechamiento sustentable del agua y de los ecosistemas acuáticos así
como la prevención y control de su contaminación.
La legislación prevé la integración de los consejos de cuenca como instancias de
coordinación y concertación entre la autoridad encargada de la administración del agua
y los usuarios de la cuenca hidrológica. El consejo tiene como objeto mejorar la
administración de las aguas, desarrollar infraestructura hidráulica y preservar los
recursos de la cuenca. En materia financiera, tienen atribuciones para coadyuvar en la
gestión y operación de mecanismos financieros, promover la operación eficiente de
mercados de agua y en la recaudación de derechos.
La gestión del agua a través de los consejos de cuenca, está concebida como parte de
las acciones de modernización de la estructura organizativa del sector hidráulico,
orientada a atender las necesidades locales y regionales mediante la descentralización y
desconcentración de funciones y recursos y a través de la participación de los usuarios
y de las autoridades locales para garantizar el uso racional y la preservación del
recurso.
Sin embargo, éste es un instrumento que todavía está empezando a consolidarse como un
instrumento de ejecución. La normatividad vigente revela que la orientación de los
consejos de cuenca se limita casi exclusivamente a la promoción de la participación de
los usuarios y de las autoridades locales en la atención de los problemas relacionados
propiamente con la planeación, administración y saneamiento del agua que se maneja en la
cuenca y en la promoción del desarrollo hidráulico regional.
Otra de las mayores limitantes de los
consejos de cuenca es la falta de respaldo financiero directo que responda y aliente
iniciativas y proyectos entre los agentes representados en el consejo. De hecho no son
instancias que administren recursos propios o recursos provenientes de las políticas de
recaudación fiscal vigentes. La visión que se tiene hacia el futuro en materia
financiera, se limita exclusivamente a que los consejos de cuenca evolucionen hasta ser
capaces de contribuir al financiamiento de obras para beneficio común.
Todavía no hemos llegado a una etapa en la que efectivamente la gestión de cuencas
descanse sobre los principios de equidad y de solidaridad, la "internalización de
costos", la valoración de servicios ambientales, así como del reconocimiento de la
diversidad regional, por lo que se hace indispensable la creación de mecanismos que
compensen estas desigualdades.
Asimismo, no se han podido generalizar estímulos e incentivos para la protección de la
oferta natural, mediante el reconocimiento de los costos directos e indirectos que se
generan por la conservación de las áreas boscosas y otros ecosistemas a nivel regional y
territorial. Los propietarios de áreas estratégicas para el mantenimiento de bienes y
servicios ambientales deberían ser objeto de estímulos económicos orientados a su
conservación y/o recuperación, a través de incentivos que hagan atractiva y
compensatoria una actitud de manejo sustentable. Para ello, se debieran promover reformas
en el sistema tributario que propicien el uso de instrumentos para la conservación de
ecosistemas boscosos, no boscosos y acuáticos en predios privados.
En el sector hidráulico han habido otras transformaciones sustantivas: ahora se trata de
ejercer mayores funciones normativas en materia de administración del agua dentro de un
esquema de organización por cuencas y regiones hidrológicas, además de ejercer sus
funciones financieras, operativas y de construcción desde una estructura centralizada; se
promueve la participación privada en el financiamiento, construcción y operación de
sistemas para agua potable y saneamiento y se inició un ambicioso programa de
transferencia de distritos de riego consistente en transferir su operación a los usuarios
organizados. Las acciones de rehabilitación, modernización, operación y conservación
de los distritos de riego se ha sufragado mediante las cuotas que aportan los usuarios por
los servicios de riego y con recursos fiscales.
En materia de recursos forestales, entre las respuestas que se han dado en México para
hacer rentable y atractiva la conservación de los bosques, se encuentran las impulsadas
en el sector de medio ambiente y de recursos naturales con la creación de programas de
apoyo específicos.
Este es el caso del Programa de Desarrollo Forestal que va dirigido, entre otros aspectos,
a apoyar al sector social con recursos destinados a la conservación y restauración de
los recursos forestales, siendo uno de los primeros programas en su tipo que se establece
con el objeto deliberado de beneficiar la conservación de los bosques y elevar los
beneficios que de ello obtengan sus habitantes, además de generar beneficios para el
resto de la población que vive en el territorio de las cuencas hidrográficas al
favorecer la captación de agua y la retención del suelo.
También como parte de la política ambiental, se realizan esfuerzos de conservación y
protección de la diversidad biológica y de sus servicios ambientales, a través de la
creación de áreas naturales protegidas, las cuales están sujetas a regímenes
especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo.
Para que la gestión de cuencas posibilite efectivamente que los usuarios o beneficiarios
del recurso puedan hacer un uso y desarrollo más adecuado y equitativo de los recursos
hídricos de las cuencas, además de los servicios ambientales que ofrecen otros recursos
naturales del territorio de las cuencas, es indispensable que la Ley contemple nuevos
instrumentos jurídicos, económicos y administrativos.
Actualmente las políticas financieras del sector hidráulico están fundamentalmente
basadas en la aplicación de las cuotas, tarifas y cargos previstas en la legislación.
Los principales conceptos que se recaudan son: derechos por uso de las aguas nacionales;
recuperación de costos por operación y mantenimiento de las obras que suministran agua
en bloque para uso urbano, industrial y de riego; derechos por uso de cuerpos receptores
para descargas de aguas residuales y derechos por uso de zonas federales y extracción de
materiales pétreos. La Ley de Aguas Nacionales permite la transmisión de títulos entre
usuarios.
En relación a las cuotas por la extracción del agua, establecidas desde 1982, varían
según el tipo de uso y la escasez de agua en las localidades además de que el uso
destinado a la agricultura y el suministro de agua potable en pequeñas comunidades
rurales no está sujeto a este gravamen.
Hasta 1991, se establecieron cuotas de contaminación por descargas de efluentes en aguas
de dominio público, las cuales se pagan por kilogramo de cada contaminante que se
descargan en exceso de los límites establecidos por la Ley de Derechos en Materia de
Agua. Quedan exentas pequeñas comunidades rurales y quienes hayan sometido propuestas de
tratamiento de aguas residuales.
Lo recaudado mediante las cuotas por extracción y contaminación del agua se convierte en
ingresos generales, de tal suerte que no hay motivaciones financieras reales para que los
Consejos de Cuenca operen eficazmente; además de que los usuarios de la cuenca no tienen
los medios para financiar, no solamente las acciones necesarias para el buen manejo del
agua de la cuenca, sino también para financiar proyectos o acciones que favorezcan la
conservación de otros recursos naturales, como el suelo y la vegetación, los cuales
inciden en la oferta hídrica y en la prestación de otros servicios ambientales de los
cuales puedan disfrutar todos los usuarios de las cuencas, independientemente de su
localización geográfica en el territorio de la cuenca.
La aplicación de instrumentos económicos asociados con el consumo y descarga de agua es
aún limitada; aunque ya existen algunos instrumentos que inciden, aunque sea marginal y
en algunos casos indirectamente, sobre un uso más racional de este recurso,
particularmente sobre el consumo y descarga de agua en procesos industriales.
La regulación debe ser complementada con instrumentos que busquen incentivar a los
agentes a tomar decisiones eficientes para el uso de los recursos, desde el punto de vista
social. Específicamente, es importante complementar el uso de instrumentos tradicionales
de regulación en la política ambiental (normas y sanciones) con el uso de instrumentos
económicos basados en el mercado aún incipientes (impuestos, derechos, mercados de
derechos de propiedad, incentivos financieros, etcétera). De esta manera, muchos de los
instrumentos tradicionales de política fiscal, pueden convertirse paulatinamente en
instrumentos de política ambiental.
632,633,634
De acuerdo con la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las autorizaciones para el
aprovechamiento de recursos forestales implican la obligación de hacer un aprovechamiento
sustentable de ese recurso. Por consiguiente, cuando las actividades forestales deterioren
gravemente el equilibrio ecológico, afecten la biodiversidad de la zona, así como la
regeneración y capacidad productiva de los terrenos, la autoridad competente modificará
o suspenderá la autorización respectiva.
La Ley Federal de Derechos contempla cobros en esta materia, por el aprovechamiento de
bosques nacionales en terrenos pertenecientes al Gobierno Federal, por la explotación de
vegetación arbórea en cauces y zona federal de los ríos y por recolección de leña
muerta dentro de los parques nacionales. En cuanto a servicios de sanidad forestal, la Ley
Federal de Derechos considera cobros por la expedición de formatos y requisitos
técnico-fitosanitarios, así como la expedición de certificados fitosanitarios para la
importación o exportación de productos y subproductos forestales.
Estos cobros tienen como orientación de política, por un lado, regular y racionalizar el
uso y explotación de los recursos forestales con el fin de preservarlos y lograr un
manejo más eficiente desde el punto de vista social; por otro lado, en relación a los
servicios, se busca cubrir el costo de los trámites, cuyo objetivo es llevar un control y
regular aspectos sanitarios en la importación y exportación de productos forestales.
Los derechos mencionados en el párrafo anterior buscan internacionalizar, en cierta
medida (ya que no se sabe si el cobro corresponde al valor económico real del recurso),
el costo social que tiene la explotación de un recurso natural que está al alcance de la
sociedad en general; por lo que, si no se cobrara por su explotación, se haría un uso
ineficiente del mismo, es decir, una sobreexplotación que en el largo plazo lo
destruiría.
Se requiere de mecanismos dinámicos que permitan una gestión de cuencas donde la
prioridad sea el manejo sustentable de los recursos naturales. Efectivamente un mecanismo
eficaz es el consejo de cuenca a través del cual se pueden obtener consensos dirigidos a
una gestión integral de los recursos y de los servicios ambientales, mejorando
considerablemente su cantidad y calidad.
En diversos países, como en México, se aplica el principio de usuario
contaminador-usuario pagador y lo que se recauda son fondos que se destinan para la
realización de obras y adquisición de equipo indispensable para la recuperación de la
calidad del agua; sin embargo, como ya se ha señalado, los Consejos de Cuenca se
enfrentan a la falta de mecanismos de financiamiento a los que puedan recurrir los
usuarios o beneficiarios de los recursos de toda la cuenca.
En este sentido para que todos los usuarios de una cuenca puedan aprovechar los servicios
ambientales que ofrecen los recursos naturales de las cuencas, tanto los que están aguas
arriba, como los ubicados en las zonas medias y bajas, tendrán que tener una serie de
incentivos y, en su caso, restricciones, para actuar o tomar decisiones que no comprometan
la cantidad y calidad de los recursos ubicados en el territorio de las cuencas.
Contenido de las reformas
Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario modificar en primer término la Ley
Federal de Derechos a fin de incluir disposiciones expresas para imprimirle un destino
específico a una porción de los derechos recaudados por la explotación, uso o
aprovechamiento del agua, en el entendido de que en su oportunidad habría que aumentar
las tarifas respectivas en el mismo ordenamiento o bien, designar un porcentaje de los
montos respectivos para contar con recursos que se depositarían en el Fondo Nacional de
Cuencas. Asimismo, la constitución del Fondo encuentra su fundamento en la propia Ley
Federal de Derechos, para lo cual únicamente habría que contar con los recursos
necesarios para su integración.
Ahora bien, para que los consejos de cuenca participen en la formulación y ejecución de
los proyectos financiados por el mencionado fondo, es preciso establecer de manera expresa
en la Ley de Aguas Nacionales la posibilidad de que éstos cuenten con funciones de
consulta, coordinación y concertación para el efecto.
Además, es esencial incorporar en el cuerpo legal de la materia la idea de que la
preservación y restauración de las cuencas hidrológicas dependen no sólo de las
acciones que protejan el recurso agua de manera aislada, sino que la cuenca está
íntimamente vinculada a la conservación del equilibrio del conjunto de elementos
naturales que intervienen en el ciclo hidrológico a lo largo del territorio de la cuenca,
como es el caso del suelo, la cubierta vegetal, las condiciones climatológicas y las
capacidades de recarga de los acuíferos, entre los más importantes.
En este sentido, se propone la adición de una disposición que abarque todos los
elementos que intervienen en la preservación y restauración de las cuencas, como un
avance de los propósitos de imprimirle un tratamiento integral a los recursos naturales
en razón de su interdependencia.
En forma complementaria al planteamiento expuesto, también se propone dar cabida a la
intervención de los consejos de cuenca en la formulación del ordenamiento ecológico del
territorio, de reforestación y de cualquier otro programa que se relacione con la
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales que forman parte del ciclo
hidrológico, para lo cual también se está considerando una reforma a la Ley de Aguas
Nacionales.
A las reformas planteadas, deberán necesariamente seguirle la instrumentación de una
serie de mecanismos de índole administrativo a fin de constituir institucionalmente el
Fondo Nacional de Cuencas, así como llevar a cabo todas las medidas tendientes a
posibilitar la concurrencia de las instancias, federal y locales, para contribuir al
desarrollo de los proyectos de preservación y restauración de las cuencas hidrológicas
con la participación activa y continua de los consejos de cuenca.
Las reformas tienen la finalidad de destacar la importancia del conjunto de los elementos
naturales que posibilitan no sólo el uso racional del agua sino sobretodo preservar los
servicios ambientales que éstos ofrecen, sobre la base de obtener recursos provenientes
fundamentalmente de la descarga en los acuíferos en beneficio de los usuarios de la
cuenca y de los propios ecosistemas.
Artículo primero: propuesta de reformas y adiciones a la Ley Federal de
Derechos.
Artículo 229-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En aquellos casos en que las entidades federativas y municipios hayan celebrado convenios
de colaboración administrativa en materia fiscal con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, los ingresos que se obtengan por el cobro de los derechos por el uso,
explotación o aprovechamiento de aguas en los términos de esta ley, podrán ser
destinados, cuando así lo prevea expresamente el convenio de colaboración, a proyectos
de conservación y restauración de suelos y áreas boscosas y selváticas y de
mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua, así como a la capacidad de
recarga de acuíferos que determinan el ciclo hidrológico y los servicios ambientales en
beneficio de los ecosistemas acuáticos y sus usuarios.
La Federación, las entidades federativas y los municipios que hayan convenido en dar el
destino a los ingresos obtenidos conforme a lo señalado en el párrafo anterior, también
podrán convenir en crear fondos para cumplir con los fines señalados en el mismo
párrafo. La aportación a dichos fondos, se hará por la entidad federativa, por el
municipio o cuando así lo acuerden por ambos, en un equivalente al 10% del monto aportado
por la Federación. En ningún caso la aportación de la Federación excederá del
porcentaje que le corresponda como participación derivada del convenio de colaboración
administrativa en materia fiscal federal y sálo se efectuará respecto de los ingresos
que provengan de derechos efectivamente pagados y que hayan quedado firmes.
Artículo segundo: propuesta de reformas y adiciones a la Ley de Aguas
Nacionales.
Artículo 13. "La comisión", previo acuerdo de su consejo
técnico, establecerá consejos de cuenca que serán instancias de coordinación entre
"la comisión", las dependencias y entidades de las instancias federal, estatal
o municipal y los representantes de los usuarios de la respectiva cuenca hidrológica, con
objeto de formular y ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las
aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y de los servicios respectivos y la
preservación y restauración de los recursos de la cuenca.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la preservación y restauración de
los recursos de la cuenca se llevará a cabo a través de la ejecución de programas y
acciones para la protección de los suelos, las áreas boscosas y las áreas selváticas,
el mantenimiento de los caudales básicos de las corrientes de agua y de la capacidad de
recarga de acuíferos y en general para la integridad y el equilibrio del conjunto de
elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico y los servicios ambientales
que de ello deriva, en beneficio de los ecosistemas acuáticos y de los usuarios de las
cuencas hidrológicas.
Los consejos de cuenca fungirán además como órganos de consulta para que los programas
de ordenamiento ecológico del territorio, los programas de reforestación y cualquier
otro programa que repercuta en la preservación y restauración de los recursos de la
cuenca, se formulen tomando en cuenta las necesidades específicas de cada una de las
cuencas hidrológicas.
"La comisión" concertará con los usuarios, en el ámbito de los consejos de
cuenca, las posibles limitaciones temporales a los derechos existentes para enfrentar
situaciones de emergencia, escasez extrema, sobreexplotación o reserva. En estos casos
tendrá prioridad el uso doméstico.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 1999.- Diputados: Oscar González
Rodríguez, Jorge Canedo Vargas, Héctor Castañeda Jiménez, Jaime Castro López, Vicente
Fuentes Díaz, Manuel García Corpus, María de los Angeles Gaytán Contreras, Jacaranda
Pineda Chávez, Mauricio Rossell Abitia, Lázaro Cárdenas Batel, Luis Meneses Murillo,
Carmen Escobedo Pérez, Julieta Gallardo, María Guadalupe Sánchez, Susana Esquivel
Farías, Carmen Moreno, Juana González Ortiz, Crisógono Sánchez, Wintilo Vega Murillo,
Verónica Velasco Rodríguez, Gloria Lavara Mejía y Blanca Rosa García Galván.»
LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA
Tiene la palabra el diputado
Marcelo Ebrard Casaubón, para presentar dos iniciativas: una de reformas y adiciones a
diversos artículos de la Ley General de Deuda Pública y otra de adiciones a la fracción
V del artículo 4o. de la misma ley.
| El diputado
Marcelo Luis Ebrard Casaubón: |
Con su permiso, señor Presidente:
El texto constitucional actual, otorga al Congreso de la Unión competencia para dar bases
sobre las cuales el Ejecutivo, pueda celebrar empréstitos sobre el crédito a la nación;
para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional,
recoge en ello la más, nuestra más antigua tradición constitucional.
En efecto, en la Constitución de Apatzingán, en la parte final del artículo 113, se
retomó el mismo texto que la Constitución de Cádiz, otorgando la facultad al Supremo
Congreso y así sucesivamente hasta 1917. Inclusive, en 1946, la fracción correspondiente
fue adicionada para incluir el destino específico de los recursos obtenidos vía deuda,
señalando que ningún empréstito podría establecerse sino para la ejecución de obras
que directamente produjesen un incremento en los recursos públicos, salvo los que se
realicen con propósitos de regulación monetaria, operaciones de conversión y los que se
contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los
términos del artículo 29 constitucional.
No obstante todo ello, el Ejecutivo Federal ha utilizado crecientemente el expediente de
los pasivos contingentes y de la deuda avalable para eludir el control del Congreso y
desde luego el debate público. Las decisiones que se aplicaron durante la administración
del doctor Zedillo por esta vía, llegaron al extremo; la deuda garantizada por el
Gobierno Federal, se triplicó sin previa autorización de la Cámara.
Por la vía de los hechos, se suspendió nuestra tradición constitucional cimentada en la
división de poderes.
635,636,637
El actual Gobierno ha llevado las cosas
aún más lejos que la propia Constitución centralista de 1836, en la que aún con todo
su carácter conservador, se preservó la facultad del Congreso General para autorizar al
Ejecutivo para contraer deudas sobre el crédito a la nación y designar garantías para
cubrirlas, de ahí que se propongan reformas a diversos preceptos de la Ley General de
Deuda Pública para que el Legislativo ejerza plenamente las facultades de control que en
materia de deuda la Constitución le encomienda y que ha usurpado el Ejecutivo Federal.
En primer término, se propone suprimir del artículo 9o., la referencia al endeudamiento
directo para evitar que a través de la interpretación administrativa la voluntad del
Constituyente, plasmada en la fracción VIII del 73 constitucional se tergiverse. Al no
hacerse distinción alguna en este artículo, entre lo directo y lo contingente, quedará
señalado en los mismos términos que en la disposición constitucional, que todo
endeudamiento del tipo que sea, requiere de la autorización del Congreso.
Se propone también la inclusión de la autorización previa respecto al monto y destino
de los avales y garantías que podrá otorgar el Ejecutivo Federal en el ejercicio de que
se trate. Dichos avales y garantías, también deberán ser registrados, garantizándose
de este modo que el Congreso tenga un conocimiento concreto de los compromisos adquiridos
por esta vía. Ello requerirá la reforma de la fracción V, del artículo 5o.
La Ley General de Deuda Pública establece, desde su artículo 1o., que la deuda puede
estar constituida por las obligaciones de pasivo directas o contingentes derivadas del
financiamiento de las entidades públicas.
En virtud de las reformas del 21 de diciembre de 1995, se hizo una distinción entre deuda
directa y contingente en el tercer párrafo del artículo 18, respecto de obligaciones
derivadas de financiamientos de productos de infraestructura productiva a largo plazo,
referidos a actividades prioritarias y mediante los cuales las entidades adquieren bienes
o servicios bajo cualquier modalidad cuya fuente de pago sea el suficiente flujo de
recursos que el mismo proyecto genere.
Estos proyectos requieren, según la propia Ley General, que se cuente con la previa
aprobación de la Secretaría de Hacienda en los términos del artículo 30 de la Ley de
Presupuesto y este precepto indica, en su segundo párrafo, que el servicio de las
obligaciones derivadas de los financiamientos correspondientes se considerará preferente
respecto de nuevos financiamientos para ser incluidos en los presupuestos de egresos de
los años posteriores.
Las autoridades hacendarías han pretendido usar este esquema de deuda, que se considera
contingente, tratándose de proyectos extrapresupuestales, de manera extralógica para
casos no comprendidos en el artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, como
sucedió con los pagarés suscritos por el Banco de México, con el aval de la Secretaría
de Hacienda para el llamado "rescate bancario", generándose así el
incumplimiento del mandato constitucional.
Con la reforma que ahora se propone, se busca evitar que a través de interpretaciones
administrativas, se modifique el alcance de la norma.
Por otra parte, se considera conveniente que en el artículo 10 de la ley, no sólo se
señale que el Ejecutivo debe proponer al Congreso los montos del endeudamiento neto
necesario, tanto interno como externo, para el financiamiento del presupuesto federal del
ejercicio fiscal correspondiente, sino que deberá proporcionar datos precisos sobre el
destino de los recursos que habrán de obtenerse vía deuda. De este modo se fortalecería
el control que el Congreso debe de tener de la deuda pública y se ligaría con el que la
Cámara de Diputados ejerza en materia de presupuesto.
Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración de ustedes la siguiente
INICIATIVA
Artículo único. Se
adiciona la fracción II del artículo 2o. de la Ley General de Deuda Pública y se
recorren las fracciones II a la IV para pasar a ser III a la V y se reforman los
artículos 5o, fracción V, 9o. y 10 de la misma ley, para quedar como sigue:
Artículo 2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Los avales o garantías otorgados por el Gobierno Federal.
Artículo 5o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Llevar el registro de la deuda del sector público federal, incluyendo todas las
garantías y avales que otorgue.
Artículo 9o. El Congreso de la Unión autorizará los montos del
endeudamiento interno y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno
Federal y de las entidades del sector público federal, incluidas en la Ley de Ingresos y
en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, así como el monto
y destino de los avales y garantías que podrá otorgar el Ejecutivo en el ejercicio de
que se trate.
El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión el estado de la deuda, al rendir
la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos. Asimismo, informará de los
avales y garantías que hubiere otorgado y trimestralmente, de los movimientos de la misma
dentro de los 45 días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo. No se
computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de
regulación monetaria.
Artículo 10. El Ejecutivo Federal, al someter al Congreso de la Unión
las iniciativas correspondientes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la
Federación, deberá proponer los montos del endeudamiento necesario, tanto interno como
externo, para el financiamiento del presupuesto federal del ejercicio fiscal
correspondiente, proporcionando datos precisos sobre el destino de los recursos que
habrán de obtenerse por esta vía así como los elementos de juicios suficientes para
motivar su propuesta.
El Congreso de la Unión, al aprobar la Ley de Ingresos, fijará montos adicionales de
financiamiento que podrán ser ejercidos por el Ejecutivo cuando se presenten
circunstancias económicas extraordinarias que así lo exijan.
El Ejecutivo Federal informará de inmediato al Congreso sobre las necesidades de
ejercitar de esta facultad para que éste emita la autorización correspondiente.
Por lo que hace a la iniciativa de reforma de la Ley General de Deuda Pública, en el
Capítulo II, se establecen las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y entre ellas se encuentra la de contratar y manejar la deuda pública del
Gobierno Federal y otorgar la garantía del mismo para la realización de operaciones
crediticias que se celebren con organismos internacionales, de los cuales México sea
miembro o con las entidades públicas o privadas, nacionales o de países extranjeros,
siempre que los créditos estén destinados a la realización de proyectos de inversión o
actividades productivas que estén acordes con las políticas de desarrollo económico y
social aprobadas por el Ejecutivo Federal.
En la práctica, el Gobierno mexicano ha utilizado esta norma para eludir cualquier debate
sobre sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional y con las tesorerías de otras
naciones, especialmente con Estados Unidos.
A través de las cartas de intención que el Ejecutivo ha signado o de los compromisos
bilaterales aludidos, se generan obligaciones para la nación que afectan la soberanía al
condicionar la política monetaria, comercial, cambiaría y financiera de México, o aún
se determinan decisiones en relación con los activos nacionales, como la energía
eléctrica y el petróleo.
A tal extremo ha llevado el Gobierno mexicano en su proceder que hoy el Fondo Monetario y
el Banco Mundial tienen mucho más y mejor información sobre la economía y el sistema
financiero nacional que el propio Congreso de la Unión.
Por esa vía se ha establecido una doctrina jurídica en la que se invierten los supuestos
de nuestra Constitución, para dar lugar al actual estado de cosas en el que, para los
diputados mexicanos, es inaccesible la información que sí tienen los aproximadamente 1
mil funcionarios del Fondo Monetario Internacional.
Para evitar este anómalo y riesgoso estado de cosas, con la presente iniciativa se
propone adicionar un segundo párrafo a la fracción V del artículo 4o. de la Ley General
de Deuda Pública, para incluir la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, de someter al Congreso de la Unión, los contratos que se proponga celebrar con
organismos financieros internacionales, incluyendo las condiciones bajo las cuales habrán
de celebrarse y las garantías que se pretendan otorgar. Asimismo, deberán someterse a
aprobación las cartas de intención que en su caso se suscriban o los actos jurídicos
equivalentes.
En la iniciativa se precisa que el Congreso podrá en todo tiempo, formular las
observaciones que estime pertinentes durante el proceso de celebración de los contratos,
así como proponer las modificaciones conducentes.
Se determina también que toda información relacionada o derivada del proceso de
contratación de deuda que se proporcione a organismos internacionales o gobiernos
extranjeros, deberá reportarse al Congreso y se establece que la misma podrá ser
solicitada por cualquier miembro del mismo para su libre consulta y divulgación.
Con esto se busca garantizar el derecho a la información, a que todo mexicano tiene
derecho en los términos del artículo 6o. de la norma fundamental. La intervención que
se prevé para el Congreso en esta trascendental materia, contribuiría a fortalecer el
cumplimiento a la función que le corresponde en la rectoria del desarrollo nacional y de
la actividad económica que compete al Estado en su conjunto, en los términos del 25
constitucional.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración la
siguiente
INICIATIVA
De adiciones a la fracción V, del
artículo 4o. de la Ley General de Deuda Pública.
Artículo único. Se adiciona un segundo y tercer párrafos a la
fracción V, del artículo 4o. de la Ley General de Deuda Pública, para quedar como
sigue:
"Artículo 4o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a la IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, someterá al Congreso de la Unión los
contratos que se proponga celebrar con organismos financieros internacionales, así como
de la propuesta de las condiciones y garantías pactadas.
Asimismo, someterá a su aprobación las cartas de intención o sus equivalentes que se
proponga suscribir, el propio Congreso podrá en todo tiempo rechazar dichos contratos,
formular las observaciones que estime pertinentes durante el proceso de celebración de
los mismos, así como proponer la inclusión de las modificaciones conducentes.
Toda información relacionada o derivada de los contratos a que se refiere el párrafo
anterior, que sea proporcionada a organismos financieros internacionales, deberá ser
reportada al Congreso de la Unión y podrá ser solicitada por cualquier miembro del mismo
para su consulta y divulgación.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente
decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo. La información de los préstamos que estuvieran en trámite
deberán ser entregados al Congreso de la Unión en el mes siguiente al de la entrada en
vigor del presente decreto.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Gracias por su atención.
LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA
(II)
| El diputado
Marcelo Luis Ebrard Casaubón: |
«Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados.- Presentes.
El rumbo del país está determinado por las previsiones relativas al ejercicio del gasto
público y al control de los recursos provenientes de la deuda. Por ello estos dos rubros
han sido pieza fundamental de la división de poderes desde las primeras cartas
fundamentales de México.
El texto constitucional actual otorga al Congreso de la Unión competencia para "dar
bases sobre las cuales el Ejecutivo, pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la
nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda
nacional". Recoge en ello nuestra más antigua tradición constitucional.
La Constitución de Cádiz de 1812 establecía en su base decimacuarta la facultad de las
cortes de "tomar caudales a préstamo en casos de necesidad sobre el crédito de la
nación".
638,639,640
La parte final del artículo 113 de la
Constitución de Apatzingán retomó el mismo texto otorgando la facultad al Supremo
Congreso.
El Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824, estableció, en
el artículo 13 fracciones XI y XII, la facultad del Congreso General, para contraer
deudas sobre el crédito de la República y designar garantías para cubrirlas y para
reconocer la deuda pública de la nación y señalar medios para consolidarla.
La Constitución de 1824 en las fracciones IX y X del artículo 50 estableció como
facultades exclusivas del Congreso General: "contraer deudas sobre el crédito de la
Federación y designar garantías para cubrirlas" y para "reconocer la deuda
nacional y señalar medios para amortizarla y consolidarla".
En la Constitución de 1857, las facultades en materia de deuda quedaron contenidas en la
fracción VIII que daba competencia al Congreso para "dar bases sobre las cuales el
Ejecutivo, pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos
mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional".
En 1917, el texto propuesto por Venustiano Carranza se aprobó como la fracción VIII del
artículo 73, idéntico al de 1857 y no fue objeto de debate.
Esta fracción, sin embargo, fue adicionada, en diciembre de 1946, para incluir el destino
específico de los recursos obtenidos vía deuda señalando que ningún empréstito,
podrá establecerse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un
incremento en los recursos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de
regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante
alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del
artículo 29.
No obstante todo ello, el Ejecutivo Federal ha utilizado crecientemente el expediente de
los pasivos contingentes y la deuda avalable para eludir el control del Congreso y el
debate público. Las decisiones que se aplicaron para la administración del presidente
Zedillo por esta vía llegaron ya al extremo: la deuda garantizada por el Gobierno Federal
se triplicó sin previa autorización de la Cámara. Por la vía de los hechos, se
suspendió nuestra tradición constitucional cimentada en la división de poderes.
El actual Gobierno llevó las cosas aún más lejos que la propia Constitución
centralista de 1836 en la que, aún con todo su carácter conservador, se preservó la
facultad del Congreso General para autorizar al Ejecutivo para contraer deudas sobre el
crédito de la nación y designar garantías para cubrirlas (artículo 44 fracción VI) y
reconocer la deuda nacional y decretar el modo y medio de ahí que se propongan reformas a
diversos preceptos de la Ley General de Deuda Pública para que el Legislativo ejerza
plenamente las facultades de control que en materia de deuda la Constitución le
encomienda y ha usurpado el Ejecutivo.
En primer término, se propone suprimir del artículo 9o., la referencia al endeudamiento
directo, para evitar que a través de la interpretación administrativa, la voluntad del
constituyente plasmada en la fracción VIII del artículo 73 constitucional se tergiverse.
Al no hacerse distinción alguna en este artículo entre lo directo y lo contingente
quedará señalado, en los mismos términos que la disposición constitucional, que todo
endeudamiento, del tipo que sea, requiere de autorización previa del Congreso.
Asimismo, se propone la inclusión de la autorización previa respecto al monto y destino
de los avales y garantías que podrá otorgar el Ejecutivo Federal en el ejercicio de que
se trate. Dichos avales y garantías también deberán ser registrados, garantizándose de
este modo que el Congreso tenga un conocimiento completo de los compromisos adquiridos por
esta vía. Ello requerirá la reforma de la fracción V del artículo 5o.
La Ley General de Deuda Pública establece, desde su artículo primero, que la deuda puede
estar constituida por las obligaciones de pasivo directas o contingentes derivadas del
financiamiento de las entidades públicas. Asimismo, en virtud de las reformas del 21 de
diciembre de 1995, se hizo una distinción entre deuda directa y contingente en el tercer
párrafo del artículo 18 respecto de "obligaciones derivadas de financiamientos de
proyectos de infraestructura productiva a largo plazo, referidos a actividades
prioritarias y mediante los cuales las entidades adquieren bienes o servicios bajo
cualquier modalidad, cuya fuente de pago sea el suficiente flujo de recursos que el mismo
proyecto genere". Estos proyectos requieren, según la propia Ley General de Deuda
Pública, que se cuente con la previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en los términos del artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Federal.
Este precepto indica, en su segundo párrafo, que "el servicio de las obligaciones
derivadas de los financiamientos correspondientes se considerará preferente respecto de
nuevos financiamientos para ser incluidos en los presupuestos de egresos de los años
posteriores". Asimismo, señala que si los proyectos corresponden a programas de
entidades cuyos presupuestos se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación,
se hará mención especial de esos casos al presentar el proyecto de presupuesto a la
Cámara de Diputados.
Las autoridades hacendarias han pretendido usar este esquema de deuda que se considera
contingente tratándose de proyectos extrapresupuestales, de manera extralógica para
casos no comprendidos en el artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, como
sucedió con los pagarés suscritos por el Banco de México con el aval de la Secretaría
de Hacienda para el llamado rescate bancario, generándose un incumplimiento del mandato
constitucional. Con la reforma que ahora se propone se busca evitar que, a través de
interpretaciones administrativas, se modifique el alcance de la norma.
Por otra parte, se considera conveniente que en el artículo 10 de la Ley General de Deuda
Pública no sólo se señale que el Ejecutivo debe proponer al Congreso los montos del
endeudamiento neto necesario, tanto interno como externo, para el financiamiento del
presupuesto federal del ejercicio fiscal correspondiente, sino que deberá proporcionar
datos precisos sobre el destino de los recursos que habrán de obtenerse vía deuda. De
este modo, se fortalecería el control que el Congreso debe tener de la deuda pública y
se ligaría con el que la Cámara de Diputados ejerce en materia de presupuesto,
evitándose la discrecionalidad en cuanto al destino de los recursos.
Por lo anterior y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la consideración de
ustedes, la siguiente
INICIATIVA
De reformas y adiciones a diversos
artículos de la Ley General de Deuda Pública
Artículo único. Se adiciona la fracción II del artículo 2o. de la Ley
General de Deuda Pública y se recorren las fracciones II a IV para pasar a ser III a V y
se reforman los artículos 5o. fracción V, 9o. y 10 de la misma ley para quedar como
sigue:
"Artículo 2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Los avales o garantías otorgados por el Gobierno Federal;
III a la V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 5o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a la IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Llevar el registro de la deuda del sector público federal incluyendo todas las
garantías y avales que otorgue".
"Artículo 9o. El Congreso de la Unión autorizará los montos del
endeudamiento interno y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno
Federal y de las entidades del sector público federal incluidas en la Ley de Ingresos y
en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, así como el monto
y destino de los avales y garantías que podrá otorgar el Ejecutivo en el ejercicio de
que se trate. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión el estado de la
deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo,
informará de los avales y garantías que hubiere otorgado y trimestralmente, de los
movimientos de la misma dentro de los 45 días siguientes al vencimiento del trimestre
respectivo. No se computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a
propósitos de regulación monetaria".
"Artículo 10. El Ejecutivo Federal, al someter al Congreso de la
Unión las iniciativas correspondientes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos
de la Federación, deberá proponer los montos del endeudamiento necesario, tanto interno
como externo, para el financiamiento del presupuesto federal del ejercicio fiscal
correspondiente, proporcionando datos precisos sobre el destino de los recursos que
habrán de obtenerse por esta vía, así como los elementos de juicio suficientes para
motivar su propuesta. El Congreso de la Unión al aprobar la Ley de Ingresos, fijará
montos adicionales de financiamiento que podrán ser ejercidos por el Ejecutivo cuando se
presenten circunstancias económicas extraordinarias que así lo exijan. El Ejecutivo
Federal informará de inmediato al Congreso sobre la necesidad de ejercitar de esta
facultad para que éste emita la autorización correspondiente.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
ARTICULO TRANSITORIO
Primero. El presente
decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Reiteramos a ustedes señores secretarios las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 1999.- Diputado Marcelo Luis
Ebrard Casaubón.»
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
La fracción VIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos faculta al Congreso de la Unión para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo,
puede celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación. En la misma fracción se
encuentra la facultad del Congreso de aprobar dichos empréstitos.
La Ley General de Deuda Pública es el ordenamiento secundario a través del cual el
Congreso da bases generales para la contratación de la deuda. En el Capítulo II se
establecen las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre ellas
se encuentran la de "contratar y manejar la deuda pública del Gobierno Federal y
otorgar la garantía del mismo para la realización de operaciones crediticias que se
celebren con organismos internacionales de los cuales México sea miembro o con las
entidades públicas o privadas nacionales o de países extranjeros siempre que los
créditos están destinados a la realización de proyectos de inversión o actividades
productivas que están acordes con las políticas de desarrollo económico y social
aprobadas por el Ejecutivo y que generen los recursos suficientes para el pago del
crédito y tengan las garantías adecuadas".
En la práctica, el Gobierno mexicano ha utilizado esta norma para eludir cualquier debate
sobre sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional y las tesorerías de otras
naciones, especialmente Estados Unidos.
A través de las cartas de intención que el Ejecutivo ha signado, o de los compromisos
bilaterales aludidos, se generan obligaciones para la nación que afectan la soberanía al
condicionar la política monetaria, comercial, cambiaria y financiera de México o aún se
determinan decisiones en relación con los activos nacionales como la energía eléctrica
y el petróleo.
A tal extremo ha llevado el Gobierno mexicano su proceder, que hoy el Fondo Monetario y el
Banco Mundial tienen mucho más y mejor información sobre la economía y el sistema
financiero nacional que el Congreso de la Unión. Por esa vía se ha establecido una
doctrina jurídica en la que se invierten los supuestos de nuestra Constitución, para dar
lugar al actual estado de cosas en el que para los diputados mexicanos es inaccesible la
información que sí tienen los 1 mil funcionarios del Fondo Monetario Internacional.
Para evitar este anómalo y riesgoso estado de cosas, con la presente iniciativa se
propone adicionar un segundo párrafo a la fracción V del artículo 4o., de la Ley
General de Deuda Pública para incluir la obligación de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público de someter al Congreso de la Unión los contratos que se proponga
celebrar con organismos financieros internacionales, incluyendo las condiciones bajo las
cuales habrán de celebrarse y las garantías que se pretendan otorgar.
Asimismo, deberán someterse a aprobación las cartas de intención que en su caso se
suscriban o los actos jurídicos equivalentes.
641,642,643
En la iniciativa se precisa que el
Congreso podrá en todo tiempo formular las observaciones que estime pertinentes durante
el proceso de celebración de los contratos, así como proponer las modificaciones
conducentes.
También se determina que toda información relacionada o derivada del proceso de
contratación de deuda que se proporcione a organismos internacionales o gobiernos
extranjeros deberá reportarse al Congreso y se establece que la misma podrá ser
solicitada por cualquier miembro del mismo para su libre consulta y divulgación. Con esto
se busca garantizar el derecho a la información a que todo mexicano tiene derecho en los
términos del artículo 6o. de la norma fundamental.
La intervención que se prevé para el Congreso en esta trascendental materia
contribuiría a fortalecer el cumplimiento de la función que le corresponde en la
rectoría del desarrollo nacional y de la actividad económica que compete al Estado en su
conjunto en los términos del artículo 25 constitucional.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la
consideración de ustedes la siguiente
INICIATIVA
De adiciones a la fracción V del
artículo 4o., de la Ley General de Deuda Pública
Artículo único. Se adiciona un segundo y tercer párrafos a la
fracción V del artículo 4o., de la Ley General de Deuda Pública para quedar como sigue:
"Artículo 4o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a la V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público someterá al Congreso de la Unión los
contratos que se proponga celebrar con organismos financieros internacionales así como de
la propuesta de las condiciones y garantías pactadas. Asimismo, someterá a su
aprobación las cartas de intención o sus equivalentes que se proponga suscribir. El
propio Congreso podrá en todo tiempo rechazar dichos contratos, formular las
observaciones que estime pertinentes durante el proceso de celebración de los mismos,
así como proponer la inclusión de las modificaciones conducentes.
Toda información relacionada o derivada de los contratos a que se refiere el párrafo
anterior, que sea proporcionada a organismos financieros internacionales deberá ser
reportada al Congreso de la Unión y podrá ser solicitada por cualquier miembro del mismo
para su consulta y divulgación.
VI a la VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente
decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo. La información de los préstamos que estuvieran en trámite
deberán ser entregados al Congreso de la Unión en el mes siguiente al de la entrada en
vigor del presente decreto.
Reitero a ustedes señores secretarios las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 1999.- Diputado Marcelo Luis
Ebrard Casaubón.»
Gracias, por su atención.
Túrnese las iniciativas a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY DE LOS SISTEMAS DE
AHORRO PA RA EL RETIRO (II)
Con las facultades que me
confiere el artículo 27 inciso e de la Ley Orgánica del Congreso General y el artículo
21 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior, esta Presidencia turna la
iniciativa de reformas a los artículos 18 y 74 de la Ley de Sistemas de Ahorro para el
Retiro presentada por el diputado José Jesús Montejo Blanco, a la comisión de Hacienda
y Crédito Público con opinión de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de
Seguridad Social.
VOTO
DE MEXICANOS
EN EL EXTRANJERO
Tiene la palabra el diputado Rafael
Castilla Peniche, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una
iniciativa que adiciona un Libro Noveno al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
| El diputado
Rafael Alberto Castilla Peniche: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
«Proyecto de decreto que adiciona un Libro Noveno al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Los suscritos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 y 135
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 54, 55 y demás aplicables del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
proponemos el siguiente proyecto de decreto que adiciona un Libro Noveno al Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para regular el voto de los
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, de acuerdo con la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El desarrollo de la democracia política
en nuestro país ha sido sin duda alguna un proceso difícil y complejo. Sin embargo, en
esta larga lucha a momentos heroica por el logro del respeto al sufragio, el pueblo
mexicano siempre ha dado muestras claras de madurez y civismo para abatir los obstáculos
que este proceso ha implicado.
El tema del reconocimiento el derecho de voto a los ciudadanos mexicanos en el extranjero
se incluyó expresamente en la agenda para la reforma política del Estado, en la cual
participaron las fuerzas políticas con representación legislativa y el Gobierno Federal;
éste y otros temas nodales en la reforma del Estado se abordaron en la llamada "Mesa
de Barcelona."
En el mes de abril de 1996, una vez concluida la negociación de temas para la reforma del
Estado, se presentó formalmente el documento con los acuerdos y conclusiones alcanzados
por los partidos políticos nacionales y el Ejecutivo Federal. De ello se desprendió en
materia electoral "el hacer posible el voto de los ciudadanos mexicanos residentes en
el extranjero, modificando el artículo 36 de nuestra Carta Magna y adicionando en el
artículo octavo transitorio del decreto de referencia que este derecho sólo podría
ejercerse para la elección presidencial."
La instrumentación de este derecho sería determinada en la ley de la materia, el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y estaría vinculado a los trabajos
del registro nacional ciudadano y a la emisión de la cédula de identidad ciudadana.
En el decreto de las aludidas reformas y adiciones a la Constitución General de la
República, aprobado por el pleno de esta Cámara de Diputados el 30 de julio de 1996 y al
día siguiente en el pleno del Senado, se modificó la fracción III del artículo 36,
quedando el texto del citado artículo en los siguientes términos: "votar en las
elecciones populares en los términos que señale la ley".
Así pues, en el artículo octavo transitorio, párrafo tercero, del decreto del 19 de
noviembre de 1996, que reformó y adicionó diversas disposiciones del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se dispuso que "con el propósito de
estudiar las modalidades para que los ciudadanos residentes en el extranjero puedan
ejercer el derecho al sufragio en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, el Consejo General del Instituto Federal Electoral designará una Comisión de
Especialistas en diversas disciplinas relacionadas con la materia electoral para que
realice los estudios conducentes procediéndose a proponer, en su caso, a las instancias
competentes las reformas legales correspondientes, una vez que se encuentre integrado y en
operación el Registro Nacional Ciudadano y se hayan expedido las cédulas de identidad
ciudadana".
En consonancia con lo anterior, en la sesión del Consejo General del Instituto Federal
Electoral del 29 de abril de 1998, se acordó la integración de una comisión de
especialistas que se abocó a estudiar las modalidades para hacer posible el voto de los
mexicanos en el extranjero, misma que quedó formalmente instalada el 12 de mayo del mismo
año. Esta comisión trabajó por seis meses en la investigación, análisis y
sistematización de las diferentes modalidades, el cual se presentó el 12 de noviembre
del año próximo pasado.
La citada comisión de especialistas concluyó que es técnicamente viable la
participación de los votantes mexicanos fuera del territorio nacional, para la elección
presidencial del año 2000.
Con las prevenciones señaladas en el aludido artículo octavo transitorio, en cuanto al
registro nacional ciudadano y la cédula de identidad respectiva, la Secretaría de
Gobernación emitió un comunicado al Consejo General del IFE, en el que planteó
enfáticamente que dicho registro y por ende la cédula respectiva no estarían listos
para el año 2000 por una serie de problemas de inconsistencias en los documentos base
para su configuración.
Sin embargo, el informe de la comisión de especialistas en sus conclusiones incluyó los
llamados "criterios de construcción de las modalidades de registro", abriendo
tres posibilidades para elaborar un registro y un padrón de electores en el extranjero.
No podemos dejar de señalar que del informe citado se desprende que se tomó en
consideración la racionalidad jurídica, teniendo como marco legal el propio Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la racionalidad
logística, ya que todos los elementos aportados en dichas modalidades corresponden en su
esencia al marco jurídico electoral vigente en nuestro país y a los criterios de
transparencia y confianza a los que el proceso electoral debe atender.
En este contexto, la información vertida en dicho informe y sus anexos han logrado el
objetivo señalado en la ley para su realización y han aportado a esta representación
nacional los elementos de juicio suficientes para resolver entorno a las modalidades más
viables para integrar el presente proyecto de decreto, como una propuesta viable técnica
y jurídicamente sustentada.
Los aspectos jurídicos y operativos para
decidir la extensión del sufragio han sido suficientemente abordados en el citado
informe; sin embargo, los detractores de este generoso y obligado compromiso de la
sociedad mexicana con su pueblo fuera del territorio nacional, aún ponen como pretexto
para no dar respuesta afirmativa a esta impostergable decisión argumentos de carácter
conceptual, todos ellos superados por aquellas naciones que han dado sin recelo el paso
obligado para la consolidación de sus sistemas democráticos.
El migrante nunca se desliga por completo de su país de origen. La noción de comunidades
transnacionales es el vértice que podría ayudar a resolver la aparente ambivalencia de
dobles lealtades de los migrantes mexicanos, pues cada vez más evidente que aquellos que
emigran de su país no se desligan totalmente del mismo; por el contrario, en su nuevo
lugar de residencia y en el marco de mejores condiciones económicas desarrollan
múltiples lazos sociales, económicos y políticos que van más allá de los estrechos
límites fronterizos.
Con la llegada de la nueva era tecnológica, aquellos que han sufrido una expatriación
por supervivencia saben del acontecer diario en su país de origen y pueden seguir
teniendo contacto afectivo, cultural y familiar con las comunidades de las que partieron;
casos como los de la población mexicana en Chicago que cada 5 de mayo celebran este hecho
histórico de manera sobresaliente, creando un ambiente de acendrado patriotismo en esa
ciudad estadounidense, recalcan los sólidos vínculos que con su entorno nacional de
origen aún conservan aquellos compatriotas exiliados por necesidad.
Destacamos la importancia que reviste el que si bien estos emigrantes desarrollan
actitudes diferentes, la mayoría de las ocasiones no lo hacen con resentimiento hacia el
sistema político mexicano; en cambio, adoptan un nivel de análisis mucho más complejo
que les permite visualizar las carencias de su país de origen desde una perspectiva más
amplia y autónoma. Un elemento que da sustento a la participación política de los
emigrantes en sus sociedades de origen se da a través del voto, ya que es ésta la forma
más directa de expresión política.
Pero el voto para los migrantes representa dos experiencias en el proceso de
socialización en el que están inmersos. Por una parte, resume la marginalidad económica
y política que viven los migrantes en el país expulsor y les recuerda que como
extranjeros no están en condiciones de influir verdaderamente en los procesos políticos
del país receptor. Sin embargo, resulta que el voto es un instrumento cada vez más
aceptado en todos aquellos países que se encuentran en un proceso de consolidación
democrática de los que históricamente proceden los migrantes, como es el caso del
nuestro.
644,645,646
Por esta razón, el voto adquiere un
significado no sólo político electoral, sino que es también una clara expresión de
pertenencia a la comunidad de origen.
En todos los países regidos por instituciones libres, el sufragio se ha reconocido a los
ciudadanos como un derecho inherente a su calidad de miembros de la sociedad política.
Por ello señalamos que del estudio de las diversas doctrinas del pensamiento jurídico y
político de nuestros días, no es indispensable la condición, de nacional para que el
derecho reconozca la ciudadanía de una persona; no puede negarse, no obstante, que la
nacionalidad atribuye a quien la posee una cierta vocación jurídica a la ciudadanía, lo
cual es lógico ya que el nacional comúnmente se encuentra ligado en forma natural a la
comunidad estatal a la que pertenece. El conjunto de estos derechos y obligaciones procura
asegurar a la persona a quien se le enviste de la categoría de ciudadano una
participación activa en el funcionamiento de la sociedad política de la cual es parte.
Los derechos inherentes a la condición de ciudadano, reconocidos en general por la
doctrina y el derecho comparado son el de elegir jus sufragi y el de ser electo jus
honori.
Por todo lo anterior consideramos no es válido señalar que hoy no es tiempo de reformas
electorales, que el ciclo de las mismas ha concluido y mucho menos de que gozamos ya de
una reforma electoral definitiva.
El derecho como la sociedad se transforma, se actualiza y debe responder a los reclamos
más señalados de la comunidad política; y una de las demandas más claras de nuestros
compatriotas allende nuestras fronteras ha sido, sin duda, crear como legisladores el
instrumento jurídico, la regla de derecho positivo que les permita sufragar en las
elecciones del año 2000.
No podemos hablar de un régimen democrático amplio y congruente, mientras sigamos
marginando de la vida política nacional y sus grandes decisiones, como lo es la elección
del Presidente de la República, a un importante sector de nuestra población, que por
apremiante necesidad económica se gana la vida con decoro en el extranjero y se ha
constituido con el devenir del tiempo en el tercer ingreso en divisas para nuestro país.
Los suscritos consideramos ya impostergable dar cauce legal expedito a los justos reclamos
de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero por participar en la toma de
decisiones que tengan que ver con la buena marcha de nuestro país.
La presentación de esta iniciativa no es más que el seguimiento a los trabajos que
iniciamos en esta legislatura en un primer momento el 30 de abril y el 19 de noviembre de
1998, cuando el diputado Lázaro Cárdenas propuso a esta soberanía una reforma al
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y más tarde introdujimos el
proyecto de adición al artículo 35 de nuestra Carta Magna para reconocer en forma clara
y a nivel constitucional el derecho de voto en las elecciones federales para Presidente de
la República a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. Este proyecto de
reforma constitucional, no es suficiente en lo jurídico para dar por sí mismo paso tan
importante en la consolidación de nuestra democracia; por ello, ponemos ahora a su
consideración el instrumento legal que hará posible reglamentar el derecho de voto a los
mexicanos que se encuentran más allá de nuestras fronteras.
Esta participación de nuestros connacionales avecindados en el extranjero, reclama la
modificación y adecuación de diversos textos legales nacionales.
Y continua el diputado Javier Algara
dando lectura a la iniciativa.
| El diputado Javier Algara Cossío: |
El Libro Noveno del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, que sometemos a la consideración de esta
Cámara, intitulado: "del voto de los ciudadanos mexicanos en el
extranjero", consta de cuatro títulos: el primero de "Disposiciones
Preliminares", establece los conceptos fundamentales que contiene el señalado Libro
Noveno. Dada la complejidad que reviste la organización de las elecciones en el
extranjero, no se dejan de aclarar términos como lo que se debe entender por votante
mexicano en el extranjero, autoridades electorales y sus auxiliares en el extranjero.
A este respecto, el Libro Noveno establece la obligación de coadyuvancia a la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE), para con el Instituto Federal Electoral (IFE), pues se le
solicitará gestionar ante los gobiernos de los países destinar, las autorizaciones y
apoyos necesarios para facilitar el proceso electoral en el extranjero, en apego estricto
a los convenios, tratados y acuerdos internacionales de los que nuestro país y el país
destino en cuestión sean signatarios.
El Título Primero, Capitulo I define la naturaleza jurídica del Padrón Electoral de
Votantes en el Extranjero y deja claro el carácter temporal y de interés público de
este padrón. El status de interés público garantizará a la sociedad en su conjunto la
transparencia, confiabilidad y certeza de este registro, por lo que en el mismo precepto
legal se establece la obligación del Registro Federal de Electores de crear un
departamento especial para el mismo, destinando los recursos humanos y materiales
necesarios para instrumentar esta disposición.
Por la novedad que representa la figura del voto en el extranjero en la legislación
electoral nacional, se establece el derecho de los ciudadanos mexicanos residentes más
allá de nuestras fronteras para acudir a las oficinas o delegaciones del IFE en el
exterior para realizar sus trámites de alta en el Padrón Electoral de Votantes en el
Extranjero y obtener su credencial para votar en el extranjero (CPVE); se prevé también
la posibilidad de que quien cuente ya con la credencial para votar con fotografía (CPVF)
expedida en territorio nacional la pueda utilizar, haciéndose las notificaciones
respectivas al Registro Federal de Electores en México para dar de baja en México al
elector que notificó su cambio de domicilio en la oficina o delegación del IFE en el
extranjero, dándolo al mismo tiempo de alta en el Padrón Electoral de Votantes en el
Extranjero.
Los procedimientos para la integración del Padrón Electoral de Votantes en el
Extranjero, así como para la entrega de la CPVE, son tratados con el mayor de los
cuidados legislativos y administrativos posibles para garantizar que los elementos
esenciales del proceso electoral como son el padrón, la CPVE o la CPVF, el listado
nominal, cumplan con los principios de transparencia y confiabilidad necesarios y que
disminuyan a su mínima expresión los eventuales incidentes que podría generar un
proceso electoral de la magnitud del que se verificará en el año 2000.
Las elecciones en el extranjero han despertado una gran inquietud en cuanto a las
lealtades de los mexicanos residentes en el exterior. Por tal motivo, los suscritos han
considerado pertinente establecer una salvaguarda legal para evitar que este debate
inconcluso produzca conflictos innecesarios en el proceso electoral, estableciéndose en
forma expresa que los ciudadanos mexicanos que han votado en las elecciones del país de
residencia distinto del de origen, no puedan votar en las elecciones a las que se refiere
el artículo 36 de la Constitución General de la República.
En este contexto, hemos creído necesario incluir de manera clara y precisa que los hijos
de padres mexicanos nacidos en el extranjero, pero que hayan adquirido o recuperado la
nacionalidad mexicana, deberán demostrar algún nexo con nuestro país, lo que probará
la solidez del vínculo que guardan estos para con la sociedad mexicana de la cual forman
parte por voluntad propia.
El Capítulo II de este proyecto legislativo, aborda los tópicos relativos al de los
listados nominales de electores residentes en el extranjero y su revisión. Sin duda
alguna la piedra angular de nuestro proceso electoral lo constituyen el padrón electoral
y los listados nominales; por ello, se les da el mismo estricto tratamiento en su
elaboración que a los producidos en territorio nacional. La certeza, transparencia y
confiabilidad son principios irrenunciables que los legisladores que suscribimos este
proyecto no hemos soslayado en la elaboración de este conjunto de normas sustantivas. La
revisión del Padrón Electoral de Votantes en el Extranjero por los partidos políticos y
la ciudadanía, garantizado en este cuerpo legal, hace corresponsables a las autoridades
electorales y a los demás actores políticos que intervendrán en el proceso electoral en
el extranjero, confirmando con ello el propósito de ciudadanización de todo el proceso
político electoral.
Estas consideraciones jurídico-políticas no deben de estar desprovistas de la garantía
legal para su defensa ante los tribunales competentes; en este sentido, se consagra el
derecho de los partidos políticos para recurrir las inconsistencias que hayan detectado
en el Padrón Electoral de Votantes en el Extranjero.
Con el propósito de verificar la autenticidad y la correspondencia que existe entre los
listados entregados para la jornada electoral a las mesas directivas de casillas y los
entregados a los partidos políticos en su oportunidad, se establece la posibilidad de
verificar aleatoriamente una muestra de estos elementos en los términos que se acuerden
por el Consejo General del IFE.
Uno de los temas más difíciles de abordar en este conjunto normativo para la regulación
del voto en el extranjero ha sido el de las campañas políticas. Dado que reviste una
complejidad mayor, el tema no escapa a la controversia, pues en el propio territorio
nacional es objeto de constantes conflictos.
Aunado a esto, las restricciones que genera la aplicación extra territorial de nuestra
legislación tema en el que nuestro país ha sido históricamente defensor de la
soberanía de cada Estado para aplicar en su territorio las leyes que estime pertinentes
nos lleva a un tratamiento desusado en nuestro derecho positivo para esta materia.
El Capítulo II del Título Segundo de este Libro Noveno, establece la obligación y
facultad del Consejo General del Instituto Federal Electoral para que a través de la
Secretaría de Relaciones Exteriores se celebren acuerdos internacionales con las
autoridades competentes en cada país destino; estos acuerdos se harán en todo momento
apegándose a los criterios establecidos en los artículos 182 y 182-A, incisos a y b del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En este orden de ideas, hemos considerado importante que los gastos para la adquisición y
arrendamiento de materiales y servicios para las campañas en el extranjero, deberán de
hacerse por medio del Instituto Federal Electoral, facturándose dichos costos al propio
instituto, esto con el fin de salvaguardar los principios de equidad y proporcionalidad y
facilitar la supervisión del destino de los recursos que los partidos asignen a las
campañas fuera de nuestras fronteras.
La reiterada preocupación del origen de los recursos que utilizan los partidos
políticos, tanto en las elecciones en territorio nacional como en el extranjero, se
aborda en este capítulo ya que se establece la prohibición a los partidos políticos de
recibir en traslación de dominio, bajo cualquiera de sus modalidades, recursos materiales
o pecuniarios provenientes de personas físicas o colectivas de nacionalidad distinta a la
mexicana o que posean además una nacionalidad distinta a la mexicana simultáneamente.
Para el mejor tratamiento de los aspectos relativos a las campañas, determinamos en la
ley criterios generales a los que se habrá de ajustar el Consejo General del IFE, para
que al realizar los acuerdos en la materia con las autoridades competentes en el país
destino se ciñan a ellos y así se propicie en la medida de lo posible la uniformidad de
los procesos electorales en su fase de campaña política. Conforme a lo anterior, se
establecen al igual que para los casos similares en nuestro territorio, disposiciones de
temporalidad de las campañas en cuanto a su inicio y conclusión.
Fue muy controvertido en el proceso federal anterior el tema de las encuestas de opinión
que se difundieron en los espacios de comunicación masiva disponibles; los adelantos en
la materia y las experiencias adquiridas nos han demostrado las bondades y los rasgos
negativos de estas prácticas. Sin embargo, la consolidación de los sistemas
democráticos en el orbe demuestran que estas técnicas de sondeo de opinión son
favorables para el desenvolvimiento de la cultura política en las sociedades que se
precien de ser democráticas.
Por ello para este rubro en específico se ha dotado de la facultad de negociación
expedita al IFE, para que apegado a los criterios establecidos en el artículo 190 de este
código, celebre acuerdos de cooperación con los medios en el extranjero que pretendan
proporcionar esta información al público, fuera del territorio nacional y con ello
evitar posibles controversias respecto de la inducción en la emisión del sufragio.
647,648,649
La regulación de las campañas en el
extranjero, hecho inédito en nuestra historia legislativa y política, consideramos los
suscritos debe quedar sujeta, en cuanto a la imposición de sanciones por infracción a
los principios generales establecidos en este capítulo, a las resoluciones que acuerden
previamente las tres cuartas partes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y
los representantes de los partidos políticos.
Por lo que atañe a la integración y ubicación de las mesas directivas de casillas, se
prevee que la Secretaría de Relaciones Exteriores realice los acuerdos que sean
necesarios con los gobiernos de los países, destino para permitir la instalación de
mesas receptoras de votación en los principales núcleos de concentración de mexicanos
en el país respectivo, esto con base en los resultados que arroje el levantamiento del
padrón electoral de votantes en el extranjero.
En este nuevo libro que se añade al Cofipe se introduce la figura del centro de
votación, mismo que se define como la reunión en un mismo sitio de cinco mesas de
votación, lo cual sin duda representará un apoyo legal para instrumentar la logística
que necesiten los centros de concentración de población mexicana en el exterior para
poder emitir de manera rápida y simple el voto.
Los legisladores que introducimos este proyecto, hemos creído conveniente y concordante
con el espíritu que animó esta iniciativa de ley, el de facilitar el voto de los
ciudadanos mexicanos en tránsito fuera del territorio nacional. Para este propósito se
establece el mecanismo que habrá de observarse en las casillas especiales que recibirán
el voto de dichos electores y asimismo en lo relativo a su integración, ubicación y
dotación de material electoral.
En este Capítulo III, del Título Segundo abordamos los procedimientos para la
integración y ubicación de las mesas directivas de casillas; se ha tenido el cuidado de
asegurar se respeten los lineamientos mínimos para este proceso en las mismas
circunstancias que cuando se realiza en territorio nacional. No se ha escatimado medida de
seguridad alguna para la consecución de ello, pues sabemos que en gran medida la jornada
electoral depende de la correcta, oportuna y cuidadosa integración de estos cuerpos
directivos de casillas.
La presencia y actuación de los partidos políticos durante todo el proceso electoral
fuera de nuestro país redundará en mayor grado de transparencia y confiabilidad en el
mismo; por ello, para la acreditación de los representantes en casilla, centro de
votación y generales de los partidos políticos para las elecciones en el exterior, se ha
juzgado conveniente aplicar para su buen funcionamiento las reglas mínimas que así lo
aseguren. Por lo que atañe a sus funciones y derechos se especifican los mismos que
corresponden a los representantes en territorio nacional.
El proceso electoral reviste, además de lo expuesto con anterioridad, una complejidad
adicional: la producción, distribución y manejo del material electoral que ex profeso se
haya elaborado para este fin. Con este antecedente, esta iniciativa ha cuidado con celo lo
relativo a los procesos de producción, distribución y manejo de este material por parte
de las autoridades electorales en el extranjero y la salvaguarda del mismo, ya que se
establece la obligación para las autoridades electorales de nuestro país en el exterior
de solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad locales con el fin de dar el mejor
resguardo posible a la mencionada documentación electoral.
La situación particular en la que se desarrollarán nuestras elecciones en el extranjero
ha hecho reflexionar a los suscritos para evitar, en la medida de lo posible, cualquier
conflicto dentro del proceso electoral. En este aspecto, la instalación, apertura y
emisión del voto en las casillas se apegará a lo establecido por este código con
anterioridad; es decir, a las reglas impuestas para las elecciones en territorio nacional.
Esto se justifica en la medida que al haber casillas ordinarias y eventualmente
especiales, los procedimientos para su instalación, apertura y emisión del voto, pueden
ajustarse con mínimas adecuaciones a los procesos descritos para tal fin en este cuerpo
normativo electoral.
Especial atención reviste la modalidad de emisión del sufragio por vía postal, el voto
por correo, pues según el resultado del estudio de la Comisión de Especialistas del IFE,
esta modalidad es viable y recomendable para aquellas comunidades mexicanas dispersas o de
poca concentración poblacional. Por lo tanto, esta modalidad de emisión del voto ha sido
tratada con cuidado especial, con el fin de no propiciar problemas de índole logístico o
político poselectoral.
Cabe señalar que esta modalidad del voto representará una mínima proporción respecto
de los sufragios que emitan los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que voten
en casillas ordinarias y especiales. Sin embargo, se han previsto una serie de medidas que
aseguren la confiabilidad y confidencialidad de este tipo de sufragio. Asimismo, se
establece la sanción para aquellos funcionarios que no respeten la obligación de guardar
confidencialidad tanto en la identidad como en el sentido del voto de los electores en el
extranjero.
El escrutinio y cómputo de los resultados de cada casilla establecida en el extranjero,
así como la clausura y la comunicación de los mismos, aparecen regulados de igual forma
que los que se celebran en territorio nacional por la similitud de condiciones que existen
entre estos procesos.
Destacan las singularidades previstas para la comunicación y publicación de los
resultados de estas elecciones fuera del territorio nacional mismas que quedan debidamente
contempladas en este proyecto legislativo, garantizándose en todo momento que mediante el
uso de medios tecnológicos disponibles actuales, se mantenga la seguridad, confiabilidad
y certeza en la comunicación de estos resultados.
En la redacción del Capítulo VI de este Título Tercero, referido a la custodia y
remisión de los expedientes electorales, se ha buscado concretar y reafirmar los
principios que han guiado los procesos electorales recientes en nuestro país, dado que al
igual que en otros capítulos, la participación de los representantes de los partidos
políticos se convierte en factor decisivo para la certeza en la exactitud de los
resultados transmitidos por los agentes del IFE en el extranjero y los contenidos en los
paquetes electorales remitidos a territorio nacional.
Por lo antes señalado, se ha establecido la obligación y derecho para el órgano
especializado del IFE y los representantes de los partidos políticos, respectivamente,
para estar presentes en la sesión de escrutinio y cómputo definitivos, misma en la que
habrán de convalidar o rectificar los resultados provenientes de cada una de las
delegaciones del IFE en el exterior.
Por último, este novedoso cuerpo
legislativo establece una serie de disposiciones complementarias que puntualizan algunos
aspectos medulares del proceso electoral en el extranjero, tales como el auxilio de la
fuerza pública, la obligación para el IFE de proporcionar documentación que estuviera
bajo su custodia para alguna diligencia contenciosa electoral y la definición del papel
del cuerpo diplomático acreditado de nuestro país en el exterior para ser parte
coadyuvante en el proceso electoral.
DECRETO
Que reforma el artículo 136 y adiciona
un Libro Noveno al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 136. El Registro Federal de Electores está compuesto por las
secciones siguientes:
a) Del Catálogo General de Electores;
b) Del Padrón Electoral y
c) Del Padrón Electoral de Votantes en el Extranjero.
LIBRO NOVENO
El voto de los ciudadanos mexicanos en el
extranjero
TITULO PRIMERO
Disposiciones preliminares
Artículo 373. El
presente libro regulará la garantía constitucional relativa al ejercicio del sufragio de
los ciudadanos mexicanos en el extranjero para la elección de Presidente de la
República.
Artículo 374. Los ciudadanos mexicanos que residan en forma temporal o
permanente fuera del territorio nacional, que cuenten con credencial para votar en el
extranjero y estén inscritos en el Padrón Electoral de Votantes en el Extranjero del
Registro Federal de Electores, así como los que se encuentran en tránsito en otro país,
podrán votar en la elección nacional para Presidente de la República en los términos
que establece la presente ley.
Artículo 375. Para efectos de este libro, se entenderán como:
Autoridades electorales en el extranjero.
Los funcionarios que el IFE determine a través su consejo general, así como los que se
señalen por ese mismo instituto como auxiliares de las mismas y que formen parte del
servicio exterior mexicano.
Votante mexicano. El ciudadano mexicano que cuente con credencial de elector, haya
trasladado su residencia fuera del territorio nacional y esté inscrito en el Padrón
Electoral de Votantes en el Extranjero y no haya votado en las elecciones del país donde
resida o aquel que se encuentre transitoriamente fuera del territorio nacional el día de
la elección y lleve consigo la credencial para votar con fotografía expedida en nuestro
país.
Artículo 376. En los países donde se encuentren votantes mexicanos, la
Secretaría de Relaciones Exteriores a petición del IFE realizará las gestiones
oficiales pertinentes para obtener la autorización y apoyo respectivos del Gobierno del
país destino, para facilitar el ejercicio del sufragio de los electores mexicanos en el
extranjero.
TITULO SEGUNDO
De los actos preparatorios de
la elección
CAPITULO I
Del padrón electoral de votantes en el
extranjero y zonas de votación
Artículo 377. Con el fin de garantizar el ejercicio del derecho de
sufragio de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, el IFE elaborará un
padrón electoral de ciudadanos mexicanos con residencia fuera del territorio nacional.
Para este efecto el IFE destinará los recursos necesarios para levantar y actualizar
periódicamente el mencionado padrón.
Al Padrón Electoral de Votantes en el Extranjero le serán aplicables en lo conducente
las disposiciones relativas que se contemplan en el Título Primero del Libro Cuarto de
este código.
Artículo 378. Los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero
podrán acudir a las oficinas o módulos que determine el Instituto Federal Electoral en
el país correspondiente, con el fin de notificar el cambio de residencia u obtener la
credencial para votar en el extranjero e inscribirse en el Padrón Electoral de Votantes
en el Extranjero.
En el procedimiento de registro y en la expedición de credenciales para votar en el
extranjero se observarán las formalidades que se requieren para la expedición de
credenciales para votar en territorio nacional, según lo establecido en los artículos
141, 142, 143 y 144 del presente código y los acuerdos aplicables que expida el Consejo
General del IFE.
Las credenciales para votar en el extranjero que se expidan para residentes en el
extranjero deberán incluir las leyendas: "Padrón Electoral de Votantes en el
Extranjero" y "Para votar exclusivamente fuera del territorio mexicano". Su
diseño tendrá colores diferentes a los de las credenciales expedidas para residentes del
territorio nacional y las características y datos que al efecto acuerde el Consejo
General del IFE.
Artículo 379. La solicitud para la inscripción de los ciudadanos en el
Padrón Electoral de Votantes en el Extranjero se hará en forma personal e individual y
se asentarán en ella los datos que señala el artículo 148 inciso 1 de este código y
contendrá además:
a) Los datos del documento autorizado con que se identifique el interesado;
b) El último domicilio en México;
c) La identificación de la oficina o módulo del IFE donde se haga el trámite;
d) La forma autorizada para acreditar que se conserva algún vínculo con México;
e) La firma, huella digital y fotografía del ciudadano.
No podrán registrarse para ser votante mexicano los nacionales que hayan sufragado en la
elección de autoridades del país donde residen en la actualidad.
Artículo 380. Servirán como documentos para acreditar la nacionalidad
mexicana de los residentes en el extranjero alguno de los siguientes:
650,651,652
a) Pasaporte mexicano vigente;
b) Acta de nacimiento;
c) Carta de recuperación de nacionalidad;
d) Carta de naturalización.
Artículo 381. Servirán como documentos para acreditar que se conserva
vínculo con México alguno de los siguientes:
a) Pago de impuestos mexicanos a nombre del elector de por lo menos del ejercicio fiscal
inmediato anterior;
b) Constancias a nombre del elector de envío de dinero a familiares directos y
dependientes económicos residentes en territorio nacional;
c) Constancias a nombre del elector de becas para estudios o actividades culturales no
remuneradas en el extranjero;
d) Constancias de ser dependiente económico de mexicanos con residencia en territorio
nacional;
e) Constancias de ser acompañante o familiar dependiente de ciudadano mexicano residente
en el extranjero que se encuentre en alguno de los supuestos anteriores;
f ) Título de propiedad de bienes inmuebles en territorio nacional;
g) Matrícula consular;
h) Credencial de elector vigente que se hubiere expedido en territorio nacional e,
i) Los demás que al efecto determine el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Artículo 382. Si la solicitud que se señala en el artículo precedente,
cumple con los requisitos que se señalan en el mismo y es acompañada de la
documentación que se hubiere autorizado como comprobatoria de tales requisitos, en la
misma fecha de su presentación se expedirá la credencial para votar en el extranjero
recabando la firma y huella digital del elector, quien quedará obligado a verificar que
su nombre se incluya en las listas nominales de las zonas electorales y el domicilio donde
se instalará la casilla que le corresponda para emitir su voto.
Artículo 383. A los
inscritos en el padrón electoral de votantes en el extranjero del Registro Federal de
Electores se les asignará una clave o número de elector y serán incluidos en una zona
electoral, de acuerdo con el domicilio del votante mexicano para efectos de determinar el
lugar donde le corresponderá votar. El consejo general determinará las zonas electorales
en el extranjero por cada país y tomando en cuenta los criterios siguientes:
a) Habrá por lo menos una zona por cada país donde residan mexicanos,
b) El territorio de cada país podrá subdividirse en zonas que comprendan un radio de 50
kilómetros a partir del centro de mayor concentración, siempre que residan en la misma
por lo menos 500 electores.
c) En los centros de alta concentración de votantes mexicanos se podrán determinar
tantas zonas como sean necesarias, de tal manera que en el territorio que comprenda cada
una residan un mínimo de 500 y un máximo de 750 electores.
Artículo 384. Los mexicanos residentes en el extranjero podrán votar en
la casilla que al efecto se instale en la zona electoral que le corresponda, siempre y
cuando cuenten con credencial para votar en el extranjero y aparezca en la lista nominal
de electores. También podrá votar por vía postal cuando por el número de electores no
se hubiere instalado casilla ordinaria.
En las casillas especiales que al efecto se instalen en los consulados mexicanos votarán
los mexicanos que se encuentren en tránsito.
CAPITULO II
De los listados nominales de votantes
mexicanos y su revisión
Artículo 385. Con los
nombres de los individuos que cuenten con credencial para votar en el extranjero y se
hayan inscrito en el padrón electoral de votantes en el extranjero se integrarán las
listas nominales de electores residentes en el extranjero, agrupados por país y en caso
de ser necesario, por estado, provincia o departamento y ciudad y por zona electoral.
La dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores proveerá lo necesario para que
las listas nominales se pongan en conocimiento de la ciudadanía en cada oficina del IFE,
en el extranjero, haciéndolas publicar a través de los medios de comunicación
disponibles.
Artículo 386. Los partidos políticos tendrán a su disposición, para
su revisión, las listas nominales de votantes mexicanos en las oficinas de la dirección
ejecutiva del Registro Federal de Electores durante 20 días naturales a partir del 31 de
marzo del año de la elección.
Los partidos políticos podrán formular por escrito a la dirección ejecutiva del
Registro Federal de Electores sus observaciones sobre los ciudadanos inscritos o excluidos
indebidamente de las listas nominales durante el plazo señalado en el párrafo anterior.
La dirección ejecutiva examinará las observaciones de los partidos políticos haciendo,
en su caso, las modificaciones que conforme a derecho hubiere lugar.
De lo anterior informará a la comisión nacional de vigilancia y al Consejo General del
Instituto a más tardar el 15 de mayo del año de la elección.
Los partidos políticos podrán impugnar ante el tribunal electoral del Poder Judicial de
la Federación el informe a que se refiere el párrafo anterior. En el medio de
impugnación que se proponga se deberá acreditar que se hicieron valer en tiempo y forma
las observaciones a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, señalándose
hechos y casos concretos e individualizados, mismos que deben estar comprendidos en las
observaciones originalmente formuladas. De no cumplirse con dichos requisitos,
independientemente de los demás que señale la ley de la materia, será desechado por
notoriamente improcedente. El medio de impugnación se interpondrá ante el consejo
general del Instituto dentro de los tres días siguientes a aquél en que se dé a conocer
el informe a los partidos políticos.
La impugnación se sujetará a lo establecido en el párrafo quinto del artículo 158 de
este código y en la ley de la materia.
Artículo 387. El 30 de marzo del año de la elección del Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores
entregará en medios magnéticos, a cada uno de los partidos políticos con registro ante
el IFE, las listas nominales de votantes mexicanos divididas por país de residencia.
Dichas listas nominales contendrán la totalidad de individuos inscritos en el padrón
electoral de votantes en el extranjero, con el corte al último día de febrero del año
de la elección.
Si no se impugna el informe o en su caso una vez que el tribunal haya resuelto las
impugnaciones, el consejo general del Instituto sesionará para declarar que el padrón
electoral de votantes en el extranjero y los listados nominales respectivos, son válidos
y definitivos.
Artículo 388. Para efectos de supervisión y consulta de las bases de
datos, bases de imágenes, documentos fuente y movimientos del padrón de electores
residentes en el extranjero, se estará a lo dispuesto por el artículo 160 de este
Código.
Artículo 389. La dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores,
una vez concluidos los procedimientos a que se refieren los artículos anteriores,
elaborará e imprimirá las listas nominales de electores definitivas con fotografía que
contendrán los nombres de los ciudadanos que regularizaron su situación ciudadana o que
hayan obtenido credencial para votar en el extranjero, hasta el 20 de marzo inclusive,
ordenadas alfabéticamente y divididas por país de residencia del elector para su
entrega, por lo menos 30 días antes de la jornada electoral, a las delegaciones del
Instituto Federal Electoral en el país destino respectivo, mismas que las harán llegar a
las mesas directivas de casilla como se establece en este libro.
A los partidos políticos les será entregado un tanto de los listados nominales con
fotografía de electores residentes en el extranjero, a más tardar un mes antes de la
jornada electoral.
Con el propósito de constatar que las listas nominales de electores utilizadas el día de
la jornada electoral son idénticas a las que fueron entregadas en su oportunidad a los
partidos políticos, se podrá llevar a cabo un análisis muestra en aquellas casillas que
determine el consejo general del IFE, en la forma y términos que al efecto se aprueben.
CAPITULO II
De las campañas electorales
en el extranjero
Artículo 390. Las
campañas electorales en el extranjero se sujetarán a los acuerdos que el Consejo General
del IFE, establezca a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores con las
autoridades competentes del país destino, acuerdos en los que siempre se observarán los
principios que establecen los artículos 182 y 182-A fracción I inciso a de este Código.
Artículo 391. La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante
la campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del
partido político o coalición que ha registrado al candidato. Dicha propaganda
necesariamente deberá de hacerse en idioma español.
La contratación de propaganda que se transmita por medios electrónicos, la contratación
de servicios y compra de materiales para las campañas en el extranjero, será realizada
por el IFE, con cargo a las prerrogativas de cada uno de los partidos y previa solicitud
de los mismos que determine medios, contenido y demás características necesarias para
que obedezca a su particular interés. La contratación que se haga no podrá exceder los
montos que estuvieren autorizados y le correspondan a cada partido político.
Se prohíbe a los partidos políticos con registro nacional recibir, bajo cualquier
modalidad de traslación de dominio, para ejecutar sus campañas fuera del territorio
nacional, recursos materiales y pecuniarios de personas físicas o colectivas de
nacionalidad distinta a la mexicana, o que posean además de la mexicana otra nacionalidad
simultáneamente.
Artículo 392. A efecto de homogeneizar los parámetros de normatividad
aplicables a la propaganda que realicen los partidos políticos en el extranjero, será
directriz del Consejo General del Instituto establecer en los acuerdos respectivos con los
países destino señalar las siguientes restricciones generales:
a) Los topes de gastos de campaña, con base en el artículo 182-A incisos a y b;
b) El respeto a la vida privada de los candidatos, autoridades, instituciones y valores
democráticos, así como a la soberanía, independencia y valores del pueblo y Gobierno de
México;
c) Limitará hasta donde sea posible la participación de entidades oficiales, organismos
no gubernamentales, empresas o personas privadas y agrupaciones religiosas, con el fin de
apoyar los trabajos proselitistas de los candidatos de los partidos políticos nacionales
a la Presidencia de la República y
d) La propaganda que se difunda por los partidos políticos a través de la radio y la
televisión en el extranjero, deberá evitar en ella cualquier ofensa, difamación o
calumnia que denigre a candidatos, partidos políticos, instituciones o terceros.
Artículo 393. Al interior de las oficinas, edificios y locales ocupados
por entidades oficiales del Gobierno mexicano en el extranjero, no podrá fijarse ni
distribuirse propaganda electoral de ningún tipo.
Artículo 394. Las campañas en el extranjero podrán iniciarse a partir
del día siguiente al del registro de candidaturas para la Presidencia de la República,
debiendo concluir tres días antes de la jornada electoral.
Artículo 395. Los partidos políticos procurarán en todo momento que en
la jornada electoral y durante los tres días anteriores a ella, no se realicen ni
difundan reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o proselitismo
electorales, por sus simpatizantes en el extranjero.
En cuanto a las encuestas o sondeos de opinión previos y durante la jornada electoral, el
IFE buscará establecer convenios de cooperación con los medios en el extranjero que
pretendan proporcionar esta información al público. Dichos acuerdos se sujetarán en
todo lo posible a lo establecido en el artículo 190 de este Código y a los acuerdos que
en este rubro tome el Consejo General del IFE.
Artículo 396. Cualquier infracción a las disposiciones contenidas en el
presente capítulo, será sancionada en los términos que acuerden el Consejo General de
IFE y los representantes de los partidos políticos.
653,654,655
CAPITULO III
Del procedimiento para la
integración y
ubicación de las mesas directivas
de casillas
Artículo 398. Con el
fin de facilitar el proceso de votación en el extranjero, el IFE a través de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, establecerá acuerdos con los gobiernos de los
países destino para permitir la instalación de casillas receptoras de votación en los
principales núcleos de concentración de la población mexicana en el país respectivo.
Para determinar el número de casillas necesarias para la recepción de la votación se
tomará como base del cálculo el número de ciudadanos residentes en el extranjero
inscritos en el padrón de electores respectivo; en ningún caso las casillas electorales
podrán contar con más de 750 electores.
Cuando en una zona electoral en territorio extranjero sea necesario instalar más de cinco
casillas receptoras de votación, éstas constituirán un centro de votación y se
ordenarán en grupos de cinco, dividiéndolas alfabéticamente; los centros de votación
contarán con un máximo de 10 casillas.
Estos centros de votación se ubicarán preferentemente en lugares públicos, de fácil
acceso para los integrantes de las comunidades mexicanos en el país-destino; no podrán
instalarse casillas en las oficinas públicas del gobierno destino y los centros de
entretenimiento cerrados.
No existiendo un local que permita la instalación en un mismo sitio de todas las casillas
de un centro de votación, éstas se ubicarán en lugares diversos atendiendo a la
concentración y distribución de los electores en la zona electoral.
Para atender a los ciudadanos mexicanos en tránsito en un país extranjero, se ubicará
una casilla especial por cada Embajada y Consulado de nuestro país en el exterior. Esta
casilla especial contará con un máximo de 750 boletas para la elección del Presidente
de la República.
En cada casilla se procurará la instalación de mamparas donde los votantes puedan
expresar en secreto el sentido de su voto; dichas mamparas deberán garantizar plenamente
la confidencialidad del sufragio.
Artículo 399. El procedimiento para integrar las mesas directivas de
casilla en el extranjero será el siguiente:
a) En el mes de febrero del año de la elección el IFE, a través de su representación
en el extranjero recibirá de los ciudadanos residentes empadronados a esa fecha las
solicitudes para integrar las mesas directivas de casilla;
b) Conforme al resultado obtenido de las solicitudes recibidas, a más tardar el 15 de
marzo del año de la elección se deberá de insacular, conforme establezca el Consejo
General del IFE, el número restante de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero
empadronados para conformar las mesas directivas de casillas;
c) A más tardar el 15 de mayo del año de la elección, las delegaciones del IFE, en el
extranjero integrarán las mesas directivas de casillas con los ciudadanos voluntarios que
lo solicitaron y con los que hayan sido insaculados conforme al inciso anterior y
determinarán, según su escolaridad, las funciones que cada uno desempeñará en la
casilla. Realizada la integración de las mesas directivas de casillas, las delegaciones
del IFE en el extranjero exhibirán estas listas en sus instalaciones, mismas que se
enviarán a la Ciudad de México para ser entregadas al Consejo General y a los partidos
políticos;
d) Las delegaciones en el extranjero del IFE, notificarán personalmente a los integrantes
de las mesas directivas o por la vía que se considere mas idónea, su respectivo
nombramiento y se les tomará la protesta exigida por el artículo 125 de este Código.
Artículo 400. Para la integración de las mesas directivas de casillas
especiales se aplicarán las mismas reglas establecidas para las ordinarias.
Artículo 401. Para la determinación del espacio físico donde se
ubicarán las casillas receptoras de votación o los centros de votación, se estará a lo
dispuesto por los acuerdos que sobre la materia establezca el IFE a través de la
Secretaría de Relaciones Exteriores con las autoridades respectivas de los
países-destino que hayan aceptado cooperar, apegándose en la medida de lo posible a lo
establecido en el articulo 194 de este Código.
CAPITULO IV
Del registro de representantes
Artículo 402. Los
partidos políticos, una vez registrados sus candidatos y hasta 30 días antes de la fecha
de la elección, tendrán derecho a nombrar hasta dos representantes propietarios y un
suplente ante cada mesa directiva de casilla y representantes generales propietarios.
Los partidos políticos podrán acreditar un representante general por cada 10 casillas o
dos centros de votación.
Los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla y
generales deberán portar en lugar visible durante toda la jornada electoral un distintivo
de hasta 2.5 por 2.5 centímetros con el emblema del partido político al que representen
y con la leyenda visible de "representante".
Los representantes de los partidos políticos recibirán una copia legible de las actas a
que se refiere el artículo 200, párrafo primero, inciso b, de este Código. En caso de
no haber representante en las mesas directivas de casilla, las copias serán entregadas al
representante general que así lo solicite.
Artículo 403. La actuación de los representantes generales de los
partidos políticos estará sujeta, en lo aplicable, a lo establecido en el artículo 199
de este Código.
Artículo 404. Los representantes de los partidos políticos debidamente
acreditados ante las mesas directivas de casilla tendrán los derechos establecidos en el
artículo 200 de éste código, haciendo el señalamiento de que se entenderá como sitio
de entrega de la documentación y expediente electoral, la o las oficinas de la
delegación del IFE en el estado, provincia, región o departamento del país destino.
Artículo 405. El registro de los nombramientos de los representantes
ante las mesas directivas de casilla y de los representantes generales se hará ante la
delegación correspondiente del IFE, en el extranjero y se sujetará a las reglas
siguientes:
a) A partir del día siguiente al de la publicación de las listas de casillas y hasta 30
días antes de la fecha de la elección, los partidos políticos deberán registrar con su
propia documentación y ante la delegación correspondiente del IFE a sus representantes
generales y de casilla. La documentación de que se trata deberá reunir los requisitos
que establezca el consejo general;
b) Las delegaciones respectivas del IFE, devolverán a los partidos políticos el original
de dichos nombramientos, sellados y firmados por el responsable que al efecto señale el
Consejo General del IFE para este procedimiento, conservando un ejemplar;
c) Los partidos políticos podrán sustituir a sus representantes hasta 15 días antes a
la fecha de la elección, devolviéndoles a la entrega del nuevo nombramiento, el original
anterior.
Artículo 406. Los nombramientos de los representantes ante las mesas
directivas de casilla deberán contener los siguientes datos:
a) Denominación del partido político;
b) Nombre completo del representante;
c) Indicación de su carácter de propietario o suplente;
d) Identificación completa de la casilla en la que actuará;
e) Domicilio del representante;
f) Clave de la credencial para votar en el extranjero;
g) Firma del representante y
h) Lugar y fecha de expedición.
1) Firma del representante o dirigente del partido político que expida el nombramiento.
Para garantizar a los representantes de los partidos políticos su debida acreditación
ante la mesa directiva de casilla, el delegado del IFE o el funcionario autorizado para el
efecto por el Consejo General, en cada caso, entregará al presidente de cada mesa una
relación de representantes que tengan derecho de actuar en la casilla de que se trate.
CAPITULO V
De la documentación y material
electoral
Artículo 407. Para la
emisión del voto en el extranjero, el Consejo General del Instituto tomando en cuenta las
medidas de certeza que estime pertinentes, aprobará el modelo de boleta electoral que se
utilizará en el extranjero para la elección de Presidente de la República.
Estas boletas contendrán mínimamente los siguientes datos:
a) País, estado, provincia o departamento de residencia;
b) Color o combinación de colores y emblema del partido político nacional o el emblema y
el color o colores de la coalición;
c) Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del cual serán desprendibles.
Dicho talón contendrá información idéntica a la descrita en el inciso a, de este
artículo y el número de folio será progresivo;
d) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo del candidato;
e) Un solo espacio para cada candidato;
f) Las firmas impresas del presidente del Consejo General y del secretario ejecutivo del
Instituto Federal Electoral;
Los colores y emblemas de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden que
les corresponde de acuerdo a la antigüedad de su registro.
En caso de existir coaliciones se estará a lo dispuesto en el artículo 205 párrafo
sexto de este Código.
Artículo 408. No habrá modificación de las boletas en caso de
cancelación del registro o sustitución de uno o más candidatos si éstas ya estuvieran
impresas. En todo caso, los votos contarán para los partidos políticos, las coaliciones
y los candidatos que estuviesen legalmente registrados ante el Consejo General del IFE.
Artículo 409. Las boletas deberán obrar en poder de la delegación
correspondiente del IFE en el extranjero 15 días antes de la fecha de la elección.
Para su control se tomarán las medidas siguientes:
a) El personal autorizado del Instituto Federal Electoral entregará las boletas al
delegado del Instituto en el extranjero, en el día, hora y lugar preestablecidos;
b) El delegado del IFE, en el extranjero levantará acta pormenorizada de la entrega y
recepción de las boletas, asentando en ella los datos relativos al número de las mismas,
las características del embalaje que las contiene, así como los nombres y cargos de los
funcionarios presentes;
c) A continuación, los funcionarios del IFE en el extranjero y los representantes de los
partidos políticos presentes, acompañarán al delegado del IFE en el país respectivo
para depositar la documentación recibida en el lugar previamente designado por el IFE,
para el que éste solicitará protección y vigilancia de servicios de seguridad del país
destino, debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas y firmadas por los
concurrentes. Estos pormenores se asentarán en el acta respectiva;
d) El mismo día o a más tardar el siguiente, la autoridad electoral en el extranjero y
los representantes de los partidos políticos presentes, procederán a contar las boletas
para precisar la cantidad recibida, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del número
de electores que correspondan a cada una de las casillas a instalar, incluyendo las de las
casillas especiales, que contarán hasta con 750 boletas.
Artículo 410. Las autoridades electorales del IFE, en el extranjero
entregarán a los presidentes de las mesas directivas de casillas, dentro de los cinco
días previos al de la elección y contra el recibo detallado correspondiente, lo
siguiente:
656,657,658
a) La lista nominal de electores con
fotografía de cada casilla electoral, según corresponda;
b) La relación de los representantes de
los partidos políticos registrados para la casilla y los nombres de los representantes
generales acreditados ante la delegación correspondiente del IFE;
c) Las boletas para la elección de Presidente de la República en número igual al de los
electores incluidos en el listado nominal respectivo;
d) El líquido indeleble, la documentación y formas aprobadas, los útiles de escritorio
y demás elementos necesarios;
e) Los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de los funcionarios
de casilla.
A los presidentes de las mesas directivas de casillas especiales les será entregada la
documentación y materiales a que se refiere el párrafo anterior, con excepción de la
lista nominal de electores con fotografía, en lugar de la cual recibirán las formas
especiales para anotar los datos de los electores que transitoriamente se encuentren fuera
de su sección electoral y voten en dicha casilla especial; el número de boletas será
igual al de una casilla ordinaria.
Artículo 411. Las características y diseño de las urnas y de los
módulos donde se emitirá el voto quedarán a cargo del Consejo General del IFE. Dichas
urnas llevarán en el exterior y en lugar visible la leyenda "elección para
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos".
Artículo 412. Las delegaciones del IFE en el extranjero darán
publicidad, por todos los medios posibles, a la lista de las casillas con su ubicación
exacta.
TITULO TERCERO
De la jornada electoral
CAPITULO I
De la instalación y apertura
de casillas
Artículo 413. Para
efectos de regular la jornada electoral se estará a lo dispuesto en los artículos 212 a
215 de este Código.
Se establece que para efectos del presente libro, se entenderán como fedatarios públicos
a los miembros del servicio exterior mexicano que actúen en funciones de notario.
En lo referente a lo establecido en el artículo 215 primer párrafo del inciso e, se
entenderá como local del consejo distrital, las instalaciones de la delegación del IFE
respectiva en el país destino.
CAPITULO II
De la votación en casillas
Artículo 414. Al
proceso de votación en el extranjero le serán aplicables las disposiciones contenidas en
los artículos 216 a 225 de este Código, con excepción del artículo 223.
Con el fin de adecuar para esta elección algunos conceptos que se establecen en los
artículos citados en el párrafo anterior, se indica lo siguiente:
a) Se reconocerán como miembros del consejo distrital a los funcionarios de la
delegación respectiva del IFE en el extranjero y a los representantes de los partidos
políticos debidamente acreditados;
b) Los electores en el extranjero podrán ejercer su derecho de voto con la credencial
para votar en el extranjero (CPVE) expedida en el exterior o con la credencial para votar
con fotografía (CPVF) expedida en territorio nacional, como se establece en el artículo
378 de este Código;
c) Para los efectos señalados en el artículo 220 primer párrafo, el procedimiento para
el auxilio de las fuerzas de seguridad pública del país destino respectivo, se sujetará
a IGS acuerdos que sobre esta materia en específico establezca el IFE a través de la
Secretaría de Relaciones Exteriores con las autoridades correspondientes del país
destino que haya accedido a cooperar para este propósito;
d) Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 222 de este Código, respecto de
detenciones de personas, se estará a lo dispuesto por los acuerdos respectivos que sobre
la materia establezca el IFE a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores con las
autoridades competentes respectivas del país destino que haya accedido a cooperar con los
mismos.
e) La votación cerrará en cada país
destino a las 18:00 horas locales, pero los resultados no podrán ser dados a conocer sino
hasta la hora que fije el Consejo General del IFE en la Ciudad de México.
CAPITULO III
De la votación por correo
Artículo 415. Para las
elecciones por vía postal se seguirá el procedimiento siguiente:
a) El IFE enviará por correo certificado a cada elector residente en la zona electoral en
el extranjero en donde no se instale una casilla ordinaria, la boleta electoral respectiva
aprobada por el Consejo General del IFE;
b) El formato de la boleta electoral y el sobre o sobres donde se reciban y envíen
garantizarán la identificación del votante, la inviolabilidad, el secreto y la seguridad
del voto;
c) La boleta electoral deberá estar en posesión de cada elector por lo menos con una
semana de anticipación al día de la elección. Una vez llenada por el elector, éste
deberá enviarla a la Ciudad de México al domicilio del Instituto impreso en el sobre que
se anexe para este propósito, mismo que deberá depositarse en la oficina postal más
cercana, a más tardar el día de la jornada electoral;
d) El elector llenará el formato anexo correspondiente con los datos que se le demanden
para asegurar su identificación y con la marca que señale su preferencia entre los
candidatos contendientes;
e) Los sobres conteniendo las boletas marcadas y los datos del votante deberán ser
abiertos en el centro de acopio en nuestro país por los funcionarios electorales
designados para tal función, acompañados de los representantes de los partidos
políticos. Todos ellos realizarán el cómputo de los votos y levantarán las actas
correspondientes de acuerdo con lo señalado por el artículo 422 de este Código;
f) Los datos del votante se verificarán contra la información contenida en las listas
nominales con las que se cuente para tal efecto.
Artículo 416. Para conservar el secreto de la preferencia en la emisión
del voto por los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, el órgano
especializado del IFE para hacer el escrutinio y cómputo de esta modalidad de elección,
resguardará la confidencialidad de esta información.
El o los funcionarios que infrinjan la disposición prevista en el párrafo anterior,
serán sancionados de acuerdo con las normas establecidas en la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Código Penal para el Distrito Federal en
Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, en cuanto a
los delitos electorales.
CAPITULO IV
Del escrutinio y cómputo de la
casilla
Artículo 417. El
procedimiento de escrutinio y cómputo de la elección para Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos en el extranjero, será regulado por los artículos 226 a 235 de este
Código, con excepción los artículos 228 y 231.
Con el fin de adecuar para esta elección conceptos que establecen algunos de los
artículos citados en el párrafo anterior, se indica lo siguiente:
a) Se levantará sólo un acta de escrutinio y cómputo para la elección del Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos;
b) Se entenderá como presidente del consejo distrital correspondiente al delegado o
funcionario del IFE en el extranjero.
CAPITULO V
De la clausura de la casilla y
la
comunicación del escrutinio
Artículo 418.
Concluidas por los funcionarios de la mesa directiva de casilla las operaciones
establecidas en los artículos anteriores, el secretario levantará constancia de la hora
de clausura de la casilla y el nombre de los funcionarios y representantes que harán la
entrega del paquete que contenga los expedientes. La constancia será firmada por los
funcionarios de la casilla y los representantes de los partidos políticos que desearen
hacerlo.
Artículo 419. Una vez
clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad harán
llegar a la delegación del IFE en el extranjero que corresponda los paquetes y los
expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes, contados a partir de la hora de
clausura:
a) De inmediato, cuando se trate de casillas ubicadas en la misma localidad que la
delegación del IFE correspondiente en el país destino respectivo;
b) Hasta 12 horas cuando se trate de casillas ubicadas fuera de la localidad donde se
encuentre la delegación del IFE respectiva en el país destino correspondiente;
Las delegaciones del IFE en los países destino, harán todas las previsiones necesarias
para recolectar la documentación electoral de manera expedita en sus instalaciones, en
todo momento bajo la vigilancia de los partidos políticos.
La delegación correspondiente del IFE en el extranjero, hará constar en acta
circunstanciada la recepción de los paquetes a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 420. Una vez recibidas y clasificadas en orden ascendente la
documentación de las casillas electorales en el extranjero, la delegación respectiva del
IFE en el país destino procederá de la siguiente forma:
a) Verificará que los paquetes electorales estén integrados en forma correcta, es decir,
con la totalidad de la documentación descrita en el artículo 414 de este Código;
b) Los paquetes verificados en la delegación respectiva del IFE en el país destino,
serán remitidos a la brevedad posible, en un máximo de tres días naturales, al órgano
especializado del IFE en nuestro país, mismo que será determinado en cuanto su
conformación y operación por el Consejo General del Instituto;
c) En todo este proceso, podrán estar presentes para verificar la autenticidad del
procedimiento los representantes de los partidos políticos debidamente acreditados que
así lo deseen.
Artículo 421. Con el fin de contar el Consejo General del IFE en la
Ciudad de México, con los resultados de la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, las delegaciones del IFE en el extranjero transmitirán por vía electrónica
digital, los resultados que fueren obteniendo de los expedientes de las casillas
contabilizadas.
El Consejo General del IFE establecerá los mecanismos, medidas y dispositivos de
seguridad para trasmitir y recibir la información descrita en el párrafo anterior.
El Consejo General del IFE establecerá a más tardar seis meses antes de la fecha de
elección, el número del personal indispensable por delegación en el extranjero y
determinará el tipo de relación laboral, así como la retribución económica que
recibirá dicho personal.
CAPITULO VI
De la custodia y remisión de
los
expedientes
Artículo 422. Una vez
revisados y clasificados por las delegaciones del IFE en el extranjero, los paquetes
electorales serán remitidos al órgano especializado de dicho Instituto en nuestro país,
en contenedores debidamente sellados y firmados. Asimismo, informarán al IFE el número
de vuelo y compañía por la que se embarca la documentación señalada en el artículo
414 de este Código, debiendo indicar el número exacto de paquetes y la identificación
de los mismos.
Artículo 423. La custodia de la documentación electoral, hasta su
despacho a los Estados Unidos Mexicanos, será responsabilidad de los funcionarios de las
delegaciones del IFE en cada país destino.
Los representantes de los partidos políticos ante las delegaciones respectivas del IFE en
el extranjero podrán acompañar al funcionario o funcionarios durante el trayecto desde
la delegación del IFE en el país destino hasta el momento de la recepción por la
compañía área respectiva de los paquetes electorales.
CAPITULO VII
Del escrutinio y cómputo
definitivos.
659,660,661
Artículo 424. El
órgano especializado del IFE para la recepción y verificación de la votación de los
ciudadanos mexicanos en el extranjero fijará el día y hora en que habrá de celebrarse
la apertura de la documentación proveniente de las delegaciones del IFE en el extranjero.
En este acto podrán estar presentes los representantes de los partidos políticos
nombrados para este efecto.
TITULO CUARTO
Disposiciones complementarias
Artículo 425. Para
asegurar el orden y garantizar el desarrollo de la jornada electoral, el instituto hará
las gestiones pertinentes en el país destino que acepte colaborar para que sus cuerpos de
seguridad puedan prestar auxilio para el buen desempeño de la misma.
Artículo 426. El Instituto Federal Electoral, a requerimiento que le formulen los
órganos electorales competentes proporcionará lo siguiente:
a) La información que obre en su poder relacionada con la jornada electoral en el
extranjero;
b) Las certificaciones de los hechos que consten en actas o de los documentos que existan
en los archivos a su cargo, relacionados con el proceso electoral en el extranjero;
c) El apoyo necesario para practicar las diligencias que les sean demandadas para fines
electorales y
d) La información de los hechos que puedan influir o alterar el resultado de las
elecciones.
Artículo 427. Los embajadores y cónsules en ejercicio y en su carácter
de notarios públicos que les confiere la ley mexicana, mantendrán abiertas sus oficinas
el día de la elección y deberán atender las solicitudes que les hagan los funcionarios
de casilla, los ciudadanos y los representantes de los partidos políticos, para dar fe de
hechos o certificar documentos concernientes a la elección.
Las actas que surjan a partir de hechos que alteren la jornada electoral serán enviados
al Consejo General del Instituto, quien tomará las medidas pertinentes para dichos casos.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente
decreto entrará en vigor 30 días después al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo. Se adiciona un Libro Noveno al Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, intitulado "Del voto de los ciudadanos mexicanos en el
extranjero".
Tercero. En razón de la adición del citado Libro al presente código,
se deroga el artículo octavo. transitorio del decreto de reformas al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, de fecha 19 de noviembre de 1996, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre del mismo año.
Cuarto. Se instruye al Consejo General del Instituto Federal Electoral
para que produzca los mecanismos de selección y contratación temporal de los
funcionarios que habrán de ocupar las plazas en el extranjero y en territorio nacional
para llevar a acabo las funciones que establece el Libro Noveno del Cofipe.
Asimismo, se instruye al citado consejo para que genere el o los reglamentos internos
administrativos a los que se habrán de ajustar las funciones y las relaciones laborales
con el personal que se menciona en el párrafo anterior.
Quinto. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal
Electoral para realizar las gestiones necesarias ante las autoridades nacionales
correspondientes, con el fin de establecer las condiciones que faciliten la recepción de
la votación proveniente del extranjero en sus dos modalidades.
Sexto. Se instruye a la Secretaría de Gobernación para que continúe
con los trabajos del programa para el establecimiento del Registro nacional de Ciudadanos
y la expedición de la correspondiente Cédula de Identidad Ciudadana, para ser utilizados
en las elecciones federales del año 2003, realizándose en su oportunidad las
modificaciones legales necesarias para regular las adecuaciones pertinentes al actual
Registro Federal de Electores.
Séptimo. En tanto se den las adecuaciones legales respectivas a la
estructura orgánica del Registro Federal de Electores, el órgano especializado para
realizar los trabajos de empadronamiento y producción de los listados nominales de
votantes en el exterior se denominará departamento del Registro de Votantes Mexicanos en
el Extranjero, dependiente del citado registro.
Octavo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
aprobará para el proceso electoral del año 2000, para la elección de Presidente de la
República, una partida presupuestal extraordinaria, propuesta por el Instituto Federal
Electoral a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de
cubrir los gastos que origine este proceso en el extranjero.
Noveno. Para el proceso electoral del año 2000 se faculta al Instituto Federal
Electoral para que a través de sus oficinas en el exterior cobre por concepto de derechos
a los mexicanos solicitantes de trámite para el Registro en el Padrón de Votantes en el
Extranjero y la emisión de la respectiva credencial, una cantidad monetaria igual al del
costo de la matrícula consular expedida en los Estados Unidos de América.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 1999.- Diputados: Rafael Castilla
Peniche, Javier Algara Cossío, Felipe Urbiola Ledesma, Lázaro Cárdenas Batel, Carlos
Heredia Zubieta Cureño, José Luis Gutiérrez, Ricardo Cantú Garza, Marcelo Ebrard
Casaubón, Alvaro Elías Loredo, José Antonio Muñoz Serrano, Felipe Jarero Escobedo,
José Jesús Montejo Blanco, José Antonio Alvarez Hernández, María Elena Cruz Muñoz,
Fernando Castellanos Pacheco, Margarita Pérez Gavilán, Baldemar Tudón Martínez,
Espiridión Sánchez López, Joaquín Montaño Yamuni, Eliher Flores Prieto, Francisco
Javier Reynoso Nuño, Carlos Iñiguez Cervantes, Arturo Saiz Calderón, Constancio Ríos
Sánchez, Humberto Treviño Landois, Juan José Rodríguez Prats, Abelardo Perales
Meléndez, María de la Soledad Baltazar Segura, Ricardo Fernández Candia, Juan Carlos
Gutiérrez Fragoso, Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, Samuel Gustavo Villanueva García,
Luis Guillermo Villanueva Valdovinos, José de Jesús García León, Raúl Monjarás
Hernández, Felipe Preciado Coronado, Armando Rangel Hernández, Juan Carlos Ruiz García,
Alberto Cifuentes Negrete, Germán Martínez Cázares, Rubén Mendoza Ayala, José Angel
Frausto Ortiz, Patricia Espinosa Torres, Marco Antonio Adame Castillo, María del Carmen
Corral Romero, Juan Bueno Torio, Gerardo Buganza Salmerón, Adalberto Balderrama
Fernández, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Ramón M. Nava González, Javier Castelo
Parada, Felipe Vicencio Alvarez, Jorge Gómez Mérida, Pablo Gutiérrez Jiménez, Martín
Contreras Rivera, Benjamín Gallegos Soto, Jorge López Vergara, Felipe Cantú Rodríguez,
Haydee García Acedo, Carlos Camacho Alcázar, Jorge Esparza Carlo, José Armando Jasso
Silva, Porfirio Durán Reveles, José Espina von Roehrich, Eduardo Mendoza Ayala, Nicolás
Jiménez Carrillo, Elodia Gutiérrez Estrada, Fernado Covarrubias Zavala, Héctor Flavio
Váldes García, Sandra Segura Rangel, Fauzi Hamdan Amad, Jeffrey Max Jones Jones,
Margarita Chávez Murguía, Manuel Peñúñuri Noriega, Mario Guillermo Haro Rodríguez,
Jesús Torres León, Martín Matamoros Castrillon, Trinidad Escobedo Aguilar, Julio
Castillón Valdés, Javier Corral Jurado, Alberto González Domene, Baldemar Dzul Noh,
Martín Mora Aguirre, Alberto López Rosas, Jesús Martín del Campo, Juan José González
Davar, Laura Itzel Castillo, Julieta Gallardo, Alfonso Ramírez Cuéllar, Carmen Esobedo
Pérez, Germán Rufino Contreras, César A. Pineda Castillo, Joaquín A. Hernández,
Correa, Rosalío Hernández, Fernando Elías Hernández Mendoza, Adolfo González Zamora,
Santiago Padilla Arriaga, Gilberto López y Rivas, Antonio Soto, José Luis García
Cortés, Angélica de la Peña, Felipe Rodríguez, Saúl Solano Castro, Roselia Barajas
Olea, Elba Capuchino, Antonio Lagunas, Martha Dalia Gastelum, Alvaro Arceo, Marcelino
Díaz de Jesús, Isael Petronio Cantú Nájera, Plutarco García Jiménez, María de la
Luz Núñez, Enrique Bautista Villegas, Miguel Alonso Raya, María Victoria Peñaloza
Izazaga, Antonio Palomino Rivera, Anastacio Solís Lezo, Lenia Batres Guadarrama, Cristina
Portillo Ayala, Esperanza Villalobos, Jorge León Díaz, Mariano Sánchez Farías, Alma
Vucovich Seele, Juan Antonio Gúajardo Anzaldía, Luis Meneses Murillo, María Gúdalupe
Sánchez Morales, Pedro Magaña Gutiérrez, José Octavio Díaz, Luis Rojas Chávez,
Patria Jiménez Flores, Silvia Olivia Fragoso, Violeta Margarita Vázquez Osorno, Fabiola
Gallegos Aranjo y Luis David Gálvez.»
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA DE ARGENTINA
| La
secretaria Leticia Villegas Nava: |
Se va a dar lectura a varias
minutas.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Senado de la República.- LVII
Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente
que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al vicealmirante del cuerpo
general Diplomado de Estado Mayor Raúl Santos Galván Villanueva, para aceptar y usar la
condecoración Cruz Naval a los Servicios Distinguidos, que le confiere el gobierno de la
República Argentina.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 13 de abril de 1999.- Senadores: Jesús Padilla Padilla y Tarcisio
Rodríguez Martínez, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se
concede permiso al vicealmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Raúl Santos
Galván Villanueva, para aceptar y usar la condecoración Cruz Naval a los Servicios
Distinguidos, que le confiere el gobierno de la República Argentina.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, D.F., a 13 de abril de
1999.- Senadores: Juan Antonio García Villa, presidente; Jesús Padilla
Padilla y Tarcisio Rodríguez Martínez, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Adalberto
Campuzano Rivera, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA
DE BOLIVIA
| El
secretario Juan Jaramillo Fricas: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Senado de la República.- LVII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente
que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Pedro José
González Rubio Sánchez, Edgar Ortiz Ocampo, Enrique Aranda Salamanca, Luis Enrique Mateo
Franco Díaz de León, María del Rosario Gloria Green Macías, Roberto Miranda Sánchez y
Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, para aceptar y usar condecoraciones conferidas
por el gobierno de la República de Bolivia.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 13 de abril de 1999.- Senadores: Jesús Padilla Padilla y Tarcisio
Rodríguez Martínez, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se
concede permiso al embajador Pedro José González Rubio-Sánchez, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden Cóndor de los Andes, en grado de Gran Cruz, que le confiere el
gobierno de la República de Bolivia.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Edgar Ortiz Ocampo,
para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Civil Simón Bolívar, en
grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República de Bolivia.
Artículo tercero. Se concede permiso al coronel de infantería Enrique
Aranda Salamanca, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Civil
Simón Bolívar, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de
Bolivia.
662,663,664
Artículo cuarto. Se
concede permiso al licenciado Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, para aceptar y
usar la condecoración de la Orden Cóndor de los Andes, en grado de Comendador, que le
confiere el gobierno de la República de Bolivia.
Artículo quinto. Se concede permiso a la ciudadana María del Rosario
Gloria Green Macías, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Cóndor de los
Andes, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Bolivia.
Artículo sexto. Se concede permiso al general de brigada Diplomado de
Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
al Mérito Civil Simón Bolívar, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la
República de Bolivia.
Artículo séptimo. Se concede permiso al licenciado Fernando Francisco
Lerdo de Tejada Luna, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Civil
Simón Bolívar, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de
Bolivia.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 13 de abril de 1999.-
Senadores: Juan Antonio García Villa, presidente; Jesús Padilla Padilla y Tarcisio
Rodríguez Martínez, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Adalberto
Campuzano Rivera, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PERMISO AL PRESIDENTE PARA
AUSENTARSE DEL TERRITORIO
NACIONAL
Esta Presidencia informa a la
Asamblea que acaba de recibir una minuta del Senado de la República que concede permiso
al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, para
ausentarse del territorio nacional del 26 al 29 de abril a efecto de que realice una
visita de Estado a la República Federativa del Brasil.
Por acuerdo de los grupos parlamentarios, se instruye a la Secretaría a dar cuenta al
pleno.
| El
secretario Juan Jaramillo Fricas: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente
que contiene minuta proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, para ausentarse del territorio
nacional del 26 al 29 de abril de 1999, a efecto de que realice una visita de Estado a la
República Federativa del Brasil.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 15 de abril de 1999.- Senadores: Eleazar Robledo Sicairos e Ignacio
Vázquez Torres, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede
autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de
León, para ausentarse del territorio nacional del 26 al 29 de abril de 1999, a efecto de
que realice una visita de Estado a la República Federativa del Brasil.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente
decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 15 de abril de 1999.-
Senadores: Héctor Jiménez González, presidente; Eleazar Robledo Sicairos
e Ignacio Vázquez Torres, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Adalberto
Campuzano Rivera, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la
Comisión de Relaciones Exteriores.
VEHICULOS EXTRANJEROS
Tiene el uso de la palabra el
diputado Carlos Camacho Alcázar, para una excitativa a las comisiones de Hacienda y
Crédito Público y de Comercio.
El diputado
Carlos Froylán Guadalupe
Camacho Alcázar |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
«Los suscritos, 292 diputados federales, integrantes de diversas fracciones
parlamentarias de la actual LVII Legislatura de esta Cámara de Diputados, por medio del
presente y con fundamento en lo dispuesto por el inciso m del artículo 27 y párrafo
tercero del artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, así como la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso, venimos a promover esta excitativa en virtud de que el pasado 3 de
diciembre el pleno de la Comisión de Asuntos Fronterizos, y demás diputados de las
distintas fracciones parlamentarias presentaron la iniciativa de Ley para el Otorgamiento
de Permisos para la internación Definitiva de Vehículos Automotores de Procedencia
Extranjera que se hayan Internado temporalmente al país, misma que a la fecha no ha sido
dictaminada por las comisiones correspondientes; lo anterior basado en las siguientes
CONSIDERACIONES
El pasado 3 de diciembre de 1998, los
integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, en la cual se encuentran representados
los cinco partidos políticos representados en la actual legislatura y otros diputados,
presentaron ante el pleno de esta Cámara de Diputados una iniciativa de Ley para el
Otorgamiento de Permisos de Importación para la Internación Definitiva de Vehículos de
Procedencia Extranjera que se hayan internado temporalmente al país, la cual pretende
resolver de fondo el problema que afecta a una gran mayoría de los estados de la
República, por la estancia irregular de vehículos de procedencia extranjera. Fenómeno
que desde hace varios años se ha venido acrecentando.
Las actuales condiciones de la economía nacional y las que le antecedieron han generado
una condición de imposibilidad de adquirir vehículos nuevos de fabricación nacional,
por lo que han tenido que recurrir a la adquisición de vehículos usados de procedencia
extranjera.
Tal y como se reconoció en la iniciativa, la aprobación de la ley en cuestión traerá
la solución a tan urgente problema económico-social, derivado del internamiento,
tenencia y tránsito de vehículos usados de procedencia extranjera que ingresaron al
país de forma legal. A pesar de que el Gobierno Federal ha emprendido una campaña en
contra de la regularización de los vehículos.
Por último cabe destacar que esta iniciativa fue producto de un consenso entre los
diversos grupos parlamentarios, lo cual quedó comprobado con la firma de quienes se
adhirieron a la misma, así como de los más de 100 diputados y varios senadores que
apoyaron el anteproyecto de iniciativa elaborado por la Comisión de Asuntos Fronterizos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted, señor Presidente de la Cámara de
Diputados de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, atentamente pedimos:
Unico. Se excite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y
Comercio, para que presenten el dictamen correspondiente a la Iniciativa de Ley para el
Otorgamiento de Permisos de importación para la Internación Definitiva de Vehículos de
Procedencia Extranjera que se hayan internado temporalmente al país, presentada por la
Comisión de Asuntos Fronterizos y demás diputados, el pasado 3 de diciembre de 1998.
Palacio Legislativo, a 13 de abril de 1999.- Rúbricas de 292 diputados.»
De conformidad con lo que
establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones de Hacienda y
Crédito Público y de Comercio, para que emitan el dictamen correspondiente.
CONDECORACIONES
En virtud de se encuentran
publicados en la Gaceta Parlamentaria de los días 12 y 14 de abril, los dictámenes
proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos: César Jiménez López, María
del Rosario Gloria Green Macías, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Salvador Campos Icardo,
Edgar Ortiz Ocampo, Jesús Mario Chacón Carrillo, Patricia Eugenia Zorrilla Fierro, Pedro
Luis Benítez Esparza, Fernando de Mateo y Venturini, Ricardo Cantú Garza, Luis Enrique
Mateo, Franco Díaz de León, Carlos Hurtado López, Mariano Francisco Herrán Salvatti,
Federico Salas Loffe, Alfredo Phillips Olmedo, José Luis Sánchez León, Salvador Campos
Icardo, José Luis Sánchez Núñez, Adriana Novelo y Quintana, Juan Bautista Morales
Doria, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Ernesto Navarro González, María de los Angeles
Moreno Uriegas, María Julia Carabias Lillo y María Teresa Franco y González Salas, para
aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobierno extranjeros, consulte la
Secretaría a la Asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se someten a discusión
y votación de inmediato.
REPUBLICA DE HONDURAS
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de
Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe,
le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto,
que concede permiso al general brigadier Diplomado de Estado Mayor César Jiménez López,
para aceptar y usar la condecoración de la Orden José Cecilio del Valle, en grado de
Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Honduras.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el
permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del
apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la
Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se
concede permiso al general brigadier Diplomado de Estado Mayor César Jiménez López,
para aceptar y usar la condecoración de la Orden José Cecilio del Valle, en grado de
Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Honduras.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 8 de abril de 1999.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Agustín Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Guadalupe Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio
Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo
Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Fidel
Herrera Beltrán, Tulio Hernández Gómez, Jesús Enrique Jackson Ramírez, José Luis
Benjamín Lamadrid Sauza, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina
Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Arturo Núñez Jiménez, Enrique Tito González Isunza,
Gil Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan
José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE COSTA RICA
| El
secretario Germán Ramírez López: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe,
le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto,
que concede permiso a la ciudadana María del Rosario Gloria Green Macías, para aceptar y
usar la condecoración de la Orden de Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de
Plata, que le confiere el gobierno de la República de Costa Rica.
665,666,667
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se
concede permiso a la ciudadana María del Rosario Gloria Green Macías, para aceptar y
usar la condecoración de la Orden de Juan Mora Fernández en grado de Gran Cruz Placa de
Plata, que le confiere el gobierno de la República de Costa Rica.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 8 de abril de 1999.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Agustín Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Guadalupe Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio
Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo
Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Fidel
Herrera Beltrán, Tulio Hernández Gómez, Jesús Enrique Jackson Ramírez, José Luis
Benjamín Lamadrid Sauza, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina
Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Arturo Núñez Jiménez, Enrique Tito González Isunza,
Gil Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan
José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA FRANCESA
| El
secretario Germán Ramírez López: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe,
le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto,
que concede permiso al senador Enrique Gabriel Jiménez Remus, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el
gobierno de la República Francesa.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el
permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del
apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la
Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se
concede permiso al senador Enrique Gabriel Jiménez Remus, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el
gobierno de la República Francesa.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 8 de abril de 1999.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Agustín Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Guadalupe Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio
Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo
Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Fidel
Herrera Beltrán, Tulio Hernández Gómez, Jesús Enrique Jackson Ramírez, José Luis
Benjamín Lamadrid Sauza, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina
Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Arturo Núñez Jiménez, Enrique Tito González Isunza,
Gil Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan
José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA HELENICA
| El
secretario Germán Ramírez López: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe,
le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto
que concede permiso al embajador Salvador Campos Icardo, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden del Fénix, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno
de la República Helénica.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el
permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del
apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la
Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se
concede permiso al embajador Salvador Campos Icardo, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden del Fénix en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República
Helénica.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 9 de abril de 1999.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Agustín Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Guadalupe Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio
Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo
Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Fidel
Herrera Beltrán, Tulio Hernández Gómez, Jesús Enrique Jackson Ramírez, José Luis
Benjamín Lamadrid Sauza, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina
Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Arturo Núñez Jiménez, Enrique Tito González Isunza,
Gil Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan
José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA FRANCESA (II)
| El
secretario Germán Ramírez López: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe,
le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto,
que concede permiso a los ciudadanos: Edgar Ortiz Ocampo, Jesús Mario Chacón Carrillo,
Patricia Eugenia Zorrilla Fierro, Pedro Luis Benítez Esparza, Fernando de Mateo y
Venturini, Ricardo Cantú Garza y Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, para aceptar y
usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República Francesa.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesario para conceder el permiso
solicitado y en tal virtud, de acuerdo con los que establece la fracción III del apartado
C del artículo 37 constitucional y el artículo 60 segundo párrafo del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite
someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se
concede permiso al licenciado Edgar Ortiz Ocampo, para aceptar y usar la condecoración de
la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la
República Francesa.
Artículo segundo. Se concede permiso al licenciado Jesús Mario Chacón
Carrillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en
grado de Oficial que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Artículo tercero. Se
concede permiso a la doctora Patricia Eugenia Zorrilla Fierro, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el
gobierno de la República Francesa.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ingeniero Pedro Luis Benítez
Esparza, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado
de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Artículo quinto. Se concede permiso al licenciado Fernando de Mateo y
Venturini, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en
grado de Comendador que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Artículo sexto. Se concede permiso al diputado Ricardo Cantú Garza,
para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de
Comendador, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Artículo séptimo. Se concede permiso al licenciado Luis Enrique Mateo
Franco Díaz de León, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de
Honor, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 9 de abril de 1999.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera y Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Agustín Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Guadalupe Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio
Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo
Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Fidel
Herrera Beltrán, Tulio Hernández Gómez, Jesús Enrique Jackson Ramírez, José Luis
Benjamín Lamadrid Sauza, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina
Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Arturo Núñez Jiménez, Enrique Tito González Isunza,
Gil Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan
José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de
Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe,
le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto,
que concede permiso a los ciudadanos: Carlos Hurtado López, Mariano Francisco Herrán
Salvatti, Federico Salas Lotfe, Alfredo Phillips Olmedo, José Luis Sánchez León,
Salvador Campos Icardo y José Luis Sánchez Núñez, para aceptar y usar las
condecoraciones conferidas por el gobierno de la República Francesa.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesario para conceder el permiso
solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado
C del artículo 37 constitucional y el artículo 60 segundo párrafo del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite
someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se
concede permiso al doctor Carlos Hurtado López, para aceptar y usar la condecoración de
la Orden de la Legión de Honor, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la
República Francesa.
Artículo segundo. Se concede permiso al licenciado Mariano Francisco
Herrán Salvatti, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito,
en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Artículo tercero. Se concede permiso al ministro Federico Salas Lotfe,
para aceptar y usa la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de
Oficial, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
668,669,670
Artículo cuarto. Se
concede permiso al diputado Alfredo Phillips Olmedo, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden Nacional del Mérito en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la
República Francesa.
Artículo quinto. Se concede permiso al coronel de caballería Diplomado
de Estado Mayor José Luis Sánchez León, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden de la Legión de Honor en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la
República Francesa.
Artículo sexto. Se concede permiso al embajador Salvador Campos Icardo,
para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor en grado de
Oficial, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Artículo séptimo. Se concede permiso al licenciado José Luis Sánchez
Núñez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado
de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 8 de abril de 1999.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Batiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo
Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez
Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Fidel Herrera Beltrán,
Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José Luis Lamadrid Sauza, J. de Jesús
Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Arturo
Núñez Jiménez, Enrique Tito González Isunza, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José
Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de
la Tijera.»
Es de primera lectura.
Por instrucciones de la Presidencia, con
fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se les dispensa la
segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se les
dispensa la segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano César Jiménez
López, para aceptar y usar la condecoración de la Orden José Cecilio del Valle, en
grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Honduras.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en
conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María del
Rosario Gloria Green Macías, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Juan
Mora Fernández, en grado de Gran Cruz, Placa de Plata, que le confiere el gobierno de la
República de Costa Rica.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en
conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Enrique Gabriel
Jiménez Remus, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en
grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en
conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Salvador Campos
Icardo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Fénix, en grado de Gran
Cruz, que le confiere el gobierno de la República Helénica.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en
conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto
que concede permiso a los ciudadanos: Edgar Ortiz Ocampo, Jesús Mario Chacón Carrillo,
Patricia Eugenia Zorrilla Fierro, Pedro Luis Benítez Esparza, Fernando de Mateo y
Venturini, Ricardo Cantú Garza y Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, para aceptar y
usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República Francesa.
Está a discusión el dictamen en
lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134
del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo
particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se
reserva para su votación nominal en conjunto.
| El
secretario Germán Ramírez López: |
Está a discusión el proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos: Carlos Hurtado López, Mariano Francisco
Herrán Salvatti, Federico Salas Lotfe, Alfredo Phillips Olmedo, José Luis Sánchez
León, Salvador Campos Icardo y José Luis Sánchez Núñez, para aceptar y usar las
condecoraciones conferidas por el gobierno de la República Francesa.
Está a discusión el dictamen en
lo general, no habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo
en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se
reserva para su votación nominal en conjunto.
| El
secretario Germán Ramírez López: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe,
le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con minuta proyecto de decreto,
que concede permiso a los ciudadanos: Adriana Novelo y Quintana, Juan Bautista Morales
Doria, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Ernesto Navarro González, María de los Angeles
Moreno Uriegas, María Julia Carabias Lillo y María Teresa Franco y González Salas, para
que puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confiere el
gobierno de la República Francesa.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el
permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del
apartado C del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60, del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a
la licenciada Adriana Novelo y Quintana, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la
República Francesa.
Artículo segundo. Se concede permiso al ingeniero Juan Bautista Morales
Doria, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de
Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Artículo tercero. Se concede permiso al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en
grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Artículo cuarto. Se concede permiso al senador Ernesto Navarro
González, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en
grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Artículo quinto. Se
concede permiso a la senadora María de los Angeles Moreno Uriegas, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Comendador, que le confiere
el gobierno de la República Francesa.
Artículo sexto. Se concede permiso a la maestra María Julia Carabias
Lillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de
Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Artículo séptimo. Se concede permiso a la ciudadana María Teresa
Franco y González Salas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del
Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 9 de abril de 1999.- Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente;
Felipe Urbiola Ledesma, Miguel Angel Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio
González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra,
Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo
Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez
Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Fidel Herrera Beltrán,
Tulio Hernández Gómez, Enrique Jackson Ramírez, José Luis Lamadrid Sauza, J. de Jesús
Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Arturo
Núñez Jiménez, Enrique Tito González Isunza, Rafael Oceguera Ramos, Francisco José
Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de
la Tijera.»
Es de primera lectura.
Esta a discusión el dictamen en lo
general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo
en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular,
proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este decreto y los anteriormente
reservados, en un solo acto.
Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a
recoger la votación de los proyectos de decreto.
| El
secretario Germán Ramírez López: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga
los avisos que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Actívese el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a tomar la votación de los
proyectos de decreto.
(Votación.)
Se informa a la Presidencia y a la Asamblea que se emitieron 356 votos en pro, ninguno en
contra.
Aprobados los proyectos de
decreto por 356 votos.
| El secretario Germán Ramírez López: |
Pasan al Ejecutivo para sus
efectos constitucionales.
| El diputado
Gil Rafael Oceguera Ramos (desde su curul: |
Pido la palabra.
¿Con que objeto, señor diputado
Oceguera?
| El diputado
Gil Rafael Oceguera Ramos (desde su curul: |
Señor Presidente, solamente para,
a manera de moción, que la Presidencia deje registrado que no compagina la totalidad de
los asistentes con la cantidad de votos a favor o abstenciones. Consecuentemente 352, más
dos abstenciones hacen un total de 354 contra 356 de asistencia. Por favor que quede
registrado para los efectos que procedan posteriormente.
671,672,673
Me permito recordarle al diputado
que hubo votos que se hicieron de viva voz.
| El diputado
Juan José Rodríguez Prats (desde su curul): |
Pido la palabra.
| El diputado
Juan José Rodríguez Prats (desde su curul): |
Habida cuenta y con el debido
comedimiento, señor Presidente.
El licenciado Oceguera, todavía no ha reparado que se puede estar asistiendo, estar en
nombre y no votar. A eso se debe la diferencia del resultado total y las dos diferencias.
Es todo. No tiene caso consignarlo en ningún acta.
BATALLA DE CELAYA
El siguiente punto del orden del
día es comentarios sobre la Batalla de Celaya.
Tiene la palabra el diputado José de Jesús Torres León, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.
| El diputado José de Jesús Torres León: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
En este día, en mi tierra natal Celaya, Guanajuato, se está conmemorando el LXXXIV
aniversario de las batallas ocurridas durante los días 6, 7, 13, 14 y 15 de abril de
1915.
Como se trata de un suceso importante en la vida de la República, porque ahí se
establece un nuevo rumbo que desembocaría el 5 de febrero de 1917, no quise pasar por
alto esta conmemoración.
Creo que existen muchas ventanas para asomarse al desarrollo de la Revolución Mexicana:
la formal, que registra la serie de sucesos ocurridos y los plasma en textos de historia;
la gráfica, que se integra por miles de fotografías y algunas películas de la época;
la sociológica que intenta determinar causas y efectos; la anecdótica, salpicada de
detalles que han dado pie a novelas, cuentos, corridos y la documental que compila los
planes, bandos y proclamas generados durante las diversas etapas del movimiento.
Y a pesar de todo, de desviaciones, yerros, corrupciones, indefiniciones, claudicaciones,
tropiezos, cancelaciones y orfandad ideológica, el movimiento de 1910, produjo grandes
esperanzas para millones de mexicanos. Y hoy, a casi 90 años de iniciado ese movimiento,
ha sido una desesperanza también para millones de mexicanos. Pero no podemos negar que
sirvió para la conformación de la vida social, económica, cultural y política del
actual México.
Por supuesto que no es mi intención, en esta tribuna recordar toda la historia de la
Revolución, pues bien sabemos que se inicia en la etapa maderista, continúa con el
constitucionalismo que enfrenta Victoriano Huerta tras el asesinato de Francisco I. Madero
y da paso al convencionismo, a pesar de que se incuba, tras el fallido intento unificador
de la Convención de Aguascalientes.
Y es en este escenario y en los llanos de Celaya, donde tendrán lugar las últimas
grandes batallas de la Revolución, con el choque de dos ejércitos, el
constitucionalista, al mando de Alvaro Obregón y el convencionista, jefaturado por el
general Francisco Villa.
Aquellas acciones de guerra, a decir de los expertos, fueron de las más cruentas en toda
la historia militar de México, ya que arrojaron más de 7 mil muertos y miles de heridos.
Ya no es tiempo de especular qué hubiera ocurrido con el sendero del país si la victoria
la obtiene Francisco Villa. Es tiempo de recordar y honrar la memoria de aquellos
valientes, sin importar bando, que lucharon y murieron por una causa, al igual que muchos
celayenses sobre todo del medio rural, que quedaron atrapados entre dos fuegos, sobre todo
en la segunda batalla.
Planteo esto, compañeros diputados, porque considero que el país no puede perder de su
memoria la batalla a más importante y significativa de la Revolución Mexicana. Y
también cree y firmemente, que en los muros de este recinto debería de recogerse aquel
recuerdo de 1915 y quizá poner en los muros alguna fecha o alguna leyenda que recordara a
los héroes de Celaya.
Decía al inicio de la intervención que el movimiento de 1910, a pesar de la desilusión
de muchos, ha modelado buena parte de la vida del país a lo largo de este siglo. Incluso
ahí se gesta la Constitución política que nos rige actualmente, una Constitución que
se incuba en la guerra y que surge como necesidad tras los combates de Celaya.
México es el mismo, su territorio no ha cambiado, pero los mexicanos somos diferentes,
mucho muy diferentes a aquel 1915. Ahora es una población urbana en un 75%. Contamos con
otros estilos de vida, enfrentamos otras necesidades. En algunos sectores hemos crecido y
en otros, precisamente en los rurales, hemos decrecido y necesitamos encontrar un nuevo
rumbo.
Mi consideración, compañeros diputados, es que dejando a un lado banderías, invocando
al patriotismo que en cada uno de nosotros seguramente late, avancemos en las reformas de
Estado y que se convierta ésta en la piedra angular del México del Siglo XXI, para tener
un Estado de justicia para todos y de frente al tercer milenio.
Propongo que la reforma de Estado que se ha planteado en diferentes foros e instancias
haga honor a los Constituyentes de 1917, a los Constituyentes de 1857, a los
Constituyentes de 1824, pero sobre todo a las mujeres y hombres que lucharon por este
país. Y aún más, para dejar a los hijos de nuestros hijos un país mejor para el Siglo
XXI.
Para concluir, quiero decirles que yo milito en un partido, en Acción Nacional, que ve
por el bien común, que es respetuoso de la dignidad de la persona, que vela por la
preeminencia del interés de la nación, por encima de los intereses particulares o de
grupo.
Que normalmente no estamos de acuerdo en muchas de las acciones de Gobierno, pero que no
es ni fue ni será nunca un partido que esté en contra de los intereses del pueblo
mexicano.
Creo que ha llegado el momento, compañeros, de construir un proyecto nacional. Que el
talento y la buena voluntad de millones de mexicanos se sumen para impulsar un nuevo
Estado nacional. ¡Que el único triunfador sea México, porque creo que ésa es la mejor
herencia que nos dejaron aquellos combatientes allá en 1915, en los llanos de mi tierra,
Celaya!
Muchas gracias.
Les damos la bienvenida a los
estudiantes de la Universidad del Valle de México, acompañados por el licenciado Víctor
Luis Castillón Cervantes.
Tiene la palabra el diputado Gustavo Pedro Cortés, para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 10 minutos.
El diputado Santiago Gustavo Pedro
Cortés: |
Con su venia, diputado Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo se presenta ante esta tribuna para recordar
un hecho histórico que marcó definitivamente el rumbo de la historia de nuestro país,
nos referimos a la Batalla de Celaya.
Esta batalla representó el fin de uno de los movimientos sociales más justos que se han
suscitado en la historia de nuestro país, como fue la lucha campesina y la demanda por la
tierra. Pero también con la culminación de la Batalla de Celaya comenzó el ocaso de la
lucha campesina a cargo del general Francisco Villa, el cual siempre sostuvo una postura
de compromiso social con los campesinos.
El 6 de abril de 1915 ocurrió la primera de cuatro batallas entre los ejércitos de
operaciones a cargo del general Obregón y la llamada División del Norte, en la cual las
fuerzas de Obregón se impusieron propinándole una derrota al Ejército villista.
La Batalla de Celaya estuvo inmersa en un ambiente de gran turbulencia política, donde
nuestro país se encontraba hecho un polvorín, debido al desconocimiento de los acuerdos
de la Convención de Aguascalientes, a partir de la cual Venustiano Carranza se
autoproclamaba líder del Ejército constitucionalista y líder absoluto de la Revolución
Mexicana.
La Batalla de Celaya ejemplifica la lucha de dos proyectos de nación completamente
encontrados, como lo son el proyecto a cargo de Carranza y el proyecto impulsado
principalmente por Francisco Villa y Emiliano Zapata.
Ante la situación de anarquía en la que se encontraba el país y en particular la zona
centro, el Ejército villista se enfiló hacia la capital del país para tomarla y vencer
al Ejército carrancista; ello respondió a intereses sociales, ya que una parte
importante de la población del centro del país era simpatizante del villismo y en
opinión del Centauro del Norte era imprescindible mantener bajo su control esta área de
influencia.
Los ideales de Zapata y Villa constituyeron aspectos centrales a debatir dentro de la
Convención de Aguascalientes, sin embargo éstos estaban en contra del proyecto de país
de las otras fuerzas revolucionarias que estuvieron presentes en esa convocatoria
política.
Era evidente que los más caros anhelos de las masas populares tendrían que confrontarse
por la vía de la violencia, como efectivamente sucedió, ante ello Villa decide acudir en
su defensa, abandonando la zona centro del país y dejando de paso la posibilidad de
apoderarse de la estratégica zona petrolera enclavada en el Estado de Tamaulipas, tal
como lo recomendaba el general Felipe Angeles.
Villa, atendiendo más a sus impulsos sociales, decidió resguardar la población del
centro del país antes que buscar posiciones en zonas económicas y políticas de mayor
peso estratégico.
Al situar la batalla en un terreno poco propicio a los villistas, esto impidió el
abastecimiento de hombres y de armamento, además de que con la atinada estrategia militar
implementada por parte del general Obregón, el Ejército villista resultó derrotado. Con
la derrota en la Batalla de Celaya se gestó el principio del fin de uno de los
movimientos sociales más representativos de nuestro país, ya que el Ejército villista
tuvo que replegarse hacia el norte del país donde fue perseguido por el general Obregón
hasta lograr el desmantelamiento de la División del Norte.
La derrota del villismo centró las bases del triunfo de lo que sería, a la postre, el
grupo vencedor de la Revolución Mexicana.
En adición del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el desmantelamiento de la
División del Norte significó la anulación de un movimiento social y legítimo que se
preocupaba por las demandas del campesino, el cual de haber vencido habría significado el
triunfo de un proyecto de nación mucho más influyente que velaría por los intereses de
las clases históricamente marginadas.
Por eso el Partido del Trabajo hace un llamado al pueblo de México a rememorar a los
verdaderos héroes de la Revolución Mexicana, a Villa y Zapata que representan el afán
de igualdad y justicia que quedaron truncos con la derrota de Celaya.
Hoy, el espíritu de Villa y de Zapata siguen presentes en la lucha de millones de
mexicanos, Chiapas es un ejemplo.
Muchas gracias.
Tiene la palabra para hablar sobre
el mismo tema, el diputado Pedro Magaña Guerrero, hasta por 10 minutos.
| El diputado Pedro Magaña Guerrero: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
674,675,676
La Revolución Mexicana, se le ha dado
por dividirse en etapas para su mejor comprensión; la primera corresponde al maderismo
que va del 20 de noviembre de 1910 al 22 de febrero de 1913; es decir, desde el inicio de
la Revolución, bajo la convocatoria de don Francisco I. Madero hasta su asesinato
ordenado por Victoriano Huerta, en este periodo, cuando se inicia el movimiento armado
cuyo objetivo central era derrocar a don Porfirio Díaz, lo que se consigue en mayo de
1911, después de la Batalla de Ciudad Juárez; es decir, en seis meses debió haber
terminado la Revolución porque el objetivo se cumplió con el exilio de don Porfirio,
pero no fue así.
Ante el asesinato de Madero, el gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza se levanta
en armas al frente del Ejército constitucionalista, ya que invocaba la legalidad de la
Constitución de 1857 juarista, para volver el país al orden.
Grandes batallas tuvieron lugar en Torreón, Paderón y sobre todo Zacatecas en julio de
1914 para romper con la espina dorsal del Ejército federal es decir, el Ejército
huertista. El principal artífice de estas victorias carrancistas fue el general Francisco
Villa, jefe de la División del Norte, opacando a Alvaro Obregón y a Pablo González, los
otros dos generales del constitucionalismo.
Esto, que ponía fin a la segunda etapa, el constitucionalismo, en lugar de apaciguar las
aguas, las agitó. El distanciamiento entre Villa y Carranza ya era notorio y se pensó en
un arreglo, una convención que se inicia en la Ciudad de México y concluye sus trabajos
en octubre de 1914 en la ciudad de Aguascalientes.
Aguascalientes representaba entonces, la posibilidad de un ejercicio parlamentario, la
posibilidad efectivamente de un poder acotado del Legislativo y de un mayor peso del
Legislativo. Era en esta convención de Aguascalientes que se acrisolaban los intereses de
las grandes masas campesinas, de los obreros y de las aspiraciones por construir un
México moderno.
Este proceso fue interrumpido, este proceso, como dijo ya uno de los compañeros
diputados, se vio desviado ante el triunfo de las armas y el haber perdido ahí en Celaya
el general Francisco Villa, eso fue el derrotero; eso cambió la historia efectivamente.
Por lo tanto, en ése tiempo se dibujan y se ven dos procesos y dos poderosas fuerzas se
enfrentaron, dos poderosos ejércitos: el Ejército constitucionalista, que de hecho
Venustiano Carranza lo integra para combatir a Huerta y lo pone bajo el mando de Alvaro
Obregón y el convencionalista, que es la transformación de la División del Norte
teniendo a Francisco Villa como su jefe. Estas dos grandes fuerzas son las que chocarían
en los llanos del Bajío.
Anécdotas aparte, la división de las filas revolucionarias en dos salas, la escisión
del campo democrático en sus facciones constitucionalista, encabezada por Venustiano
Carranza y Alvaro Obregón y en su facción convencionalista dirigida por Francisco Villa
y Emiliano Zapata, se resolvió no sólo en el campo de batalla sino en la síntesis
legislativa, que resultara finalmente del Congreso Constituyente de Querétaro: la
Constitución de 1916-1917, que recogió en los artículos 3o., 27 y 123 las demandas y
aspiraciones del ala más radical de la Revolución Mexicana, aquellas que sostuvieron con
valor y consecuencia Ricardo Flores Magón, Emiliano Zapata y Francisco Villa.
Los dirigentes revolucionarios que indudablemente tuvieron el más alto ascendente dentro
del pueblo mexicano.
En realidad, la conmemoración cívica de la batalla de Celaya, brinda pocos o ningún
motivo de orgullo patrio celebrar festivamente una contienda fratricida, aplaudir desde
una tribuna parlamentaria el sangriento aplastamiento militar de una fracción
revolucionaria a manos de otra fracción que se considera igualmente revolucionaria, no
debiera distraer nuestro trabajo legislativo; sin embargo, el Partido de la Revolución
Democrática, ha decidido hacer uso de la tribuna en esta oportunidad, para reconocer sin
regateos el talento militar de Alvaro Obregón.
Rememorar esta gesta, recordar a quienes con su vida, con su esfuerzo sentaron bases, de
alguna manera, en la construcción de este país que hoy vivimos.
En un libro, Vicente Blasco Ibáñez, titulado "El Militarismo Mexicano, el escritor
español nos legó el más completo retrato literario de ese complejo ser humano que fue
el general Alvaro Obregón. Con pluma maestra, Blasco Ibáñez retrata con todas sus luces
y sombras, en la figura de Alvaro Obregón, el arquetipo del caudillo militar
revolucionario.
Con la serenidad y la objetividad que nos concede el transcurrir de la historia, hoy, con
desapasionamiento y rigor en la conmemoración de la batalla de Celaya, recordamos a los
caudillos que contribuyeron decididamente a la construcción de un país moderno en donde
las instituciones y la ley son el marco supremo de la convivencia política.
Podríamos citar, entre esos miles de combatientes a la oficialidad villista a los
generales: Herón González, Dionisio Triana, Pedro Bracamontes, José María Jurado,
Agustín Estrada, Canuto Reyes, Joaquín de la Peña, Calixto Contreras, Cruz Domínguez,
Tito Ferrer, Jesús Zintora, Bonifacio Soto, Pánfilo Natera; y a los coroneles: Gustavo
Durón, y Lucio Farire.
Y también a la oficialidad obregonista a los generales: Fortunato Maicot, Porfirio
González, Cesáreo Castro, Alejo González, Alfredo Elizondo, Jesús Novoa, Martín
Triana, Benjamín Gil, Francisco R. Manzo, Joaquín Amaro, Miguel Laveguea, Gonzalo Novoa
y al coronel Maximiano Clos.
Gracias, compañeros.
Sobre el mismo tema, tiene el uso
de la palabra el diputado José Ignacio Martínez Tadeo, hasta por 10 minutos.
| El diputado José Ignacio Martínez Tadeo: |
Con su venia, señor Presidente;
honorable Asamblea:
Hoy recordamos el LXXXIV aniversario de la Batalla de Celaya, pero no por el triunfo del
Ejército constitucionalista, frente a la gloriosa División del Norte, porque en esta
lucha entre mexicanos, miles de ellos quedaron en los campos como testimonio y ejemplo
para las nuevas generaciones, que ya no debemos repetir.
Celebramos la Batalla de Celaya porque fue el parteaguas de la Revolución, de donde el
talento para la organización militar evolucionó para transformarse en la estrategia
hacia la producción, en un mundo en el que los albores de la Primera Guerra Mundial ya
reclamaban de naciones como la nuestra el abastecimiento de materias primas y de insumos
para la carrera armamentista.
Obregón y Villa, como Zapata, Madero o
Venustiano Carranza, aportaron su mejor talento, convicciones e ideales a favor de la
justicia social que en el régimen del porfiriato había sido conculcado. Ellos le dieron
sentido, rumbo y dirección al movimiento revolucionario; por ellos surge México como una
nación moderna que encauza sus esfuerzos por la vida institucional a través del respeto
a las leyes y con un claro programa de reivindicación social, a partir de lo cual México
encauza sus grandes esfuerzos por el reparto de la tierra, por la organización de los
trabajadores, por el desarrollo de la infraestructura por la creación de las
instituciones de asistencia social, por la protección de todos los mexicanos y por el
afán de sembrar, siempre unidos la semilla del progreso.
En Celaya se abrió la página profunda de la pléyade de personalidades que enarbolaron
los ideales del desarrollo material con libertad y con la estructura y soporte firme a los
cuales debió la nación su despegue y la firmeza de su andar.
Se perfilan los grandes caudillos y estos se acogen con rapidez a sus respectivos
programas, ideales donde se gesta la efervescencia de la lucha por la formación del nuevo
Estado mexicano.
Cierto, el poder se ha acomodado en la fuerza de los ejércitos y en la violencia de las
armas, más no en el derecho, la justicia institucional y el respeto a la democracia como
forma de selección y conducción del gobierno. Es entonces cuando la suerte de la
revolución encuentra, como siempre lo ha hecho en las grandes crisis de la República, a
los líderes para resolver las situaciones más apremiantes.
Obregón, el hombre nacido en Siquisiva, Río Mayo, Sonora, aquel coronel que temprano se
adhirió al maderismo y que combatió a las fuerzas orozquistas en el Estado en 1912, es
el creador prácticamente de la gran tradición militar contemporáneo y brazo fuerte de
los contingentes que reclaman un proyecto, firme por amplio razonado y acorde a las
necesidades modernas del país.
Marcha a Celaya, León, Trinidad y Silao y sella el destino del régimen victorioso de la
epopeya que se inició en 1910. En el vértigo de la victoria, Alvaro Obregón se abalanza
junto con su Estado Mayor integrado por Benjamín Hill, Fortunato Maycot, Diéguez, Vaca
Calderón, Salvador Alvarado, Fructoso Méndez y muchos más y sobre ese adversario que
amenazaba a los postulados del liberalismo, del reparto agrario, amplio y productivo.
En el respeto al estado de derecho y no en la voluntad temperamental de los hombres,
inteligencia cual relámpago, agudeza en la comprensión de los grandes problemas
nacionales, carácter y disciplina, cualidades del individuo hecho para los grandes
momentos de la historia, eso significa Alvaro Obregón.
En Villa concurren a su vez la bravura hecha empuje, el arrebato y la pasión que en
Torreón y Zacatecas le habían otorgado fama a su nombre y al de sus dorados; sin
regateos su esfuerzo consolidó de 1910 a 1915 la expulsión del pasado que amenazaba
regresar a México a su viejo status porfirista.
Las armas se cruzaron a principios de abril de 1915 y los campos del centro de México
ahogaron en sangre a hermanos mexicanos que lucharon por los ideales que se fueron
conformando en el transcurso de la revolución armada.
Como siempre, la lista de presentes encontró en sus filas a batallones indígenas yaquis
y mayos a los que pertenezco orgullosamente, embajadores de los más necesitados en un
país lleno de carencias, honor a su sacrificio, respuesta a su dolor y entrega, le sean
reconocidos permanentemente.
A partir de Celaya se fundamenta el México nuevo que se basa en la legitimidad, no sólo
de la historia, sino en los argumentos sólidos de democracia representativa, progreso
nacional, justicia con vocación social y respeto a los valores que recrean el espacio
fraterno que hoy podemos disfrutar los mexicanos.
Reitero con vehemencia la aparición de personalidades de trascendencia que no es producto
de la mera casualidad, es el resultado de la mezcla ideológica y moral de un pueblo que
como el nuestro sabe responder a las tempestades que forjan la identidad de una patria.
Los triunfos que en los innumerables campos de batalla en todo México permitieron la
victoria del plan y programa constitucionalista, hecho que nos permite contar ahora con
los rieles que le dan al país la protección jurídica de una constitución con sentido
social y en donde se recuestan las más caras garantías de que en México aquel país de
esclavos y de peones sin esperanzas se fue para no volver jamás.
La Batalla de Celaya es también resumen las batallas sociales que encauzaron la lucha
armada por definir una acción libre de sus pobrezas interiores.
Celaya es ejemplo y lección de nuestra historia patria para todas nuestras nuevas
generaciones que nos enseña que cuando el pueblo y gobierno luchan juntos, México puede
identificar mejor el rumbo y avanzar de manera más firme hacia el progreso.
Hoy rememoramos a quienes forjaron la primera revolución social del siglo al final de
este milenio y al inicio de otro.
Pasan lista de presentes aquí en esta hora: Madero, Carranza, Zapata y a quienes con
lealtad a sus principios protagonizaron la gesta de Celaya, Francisco Villa y sus dorados
inolvidables y Alvaro Obregón, cuyos nombres se encuentran inscritos con letras de oro en
este recinto, como un tributo que la patria les rinde.
Muchas gracias.
Damos la bienvenida a 60
estudiantes del Conalep, acompañados por el licenciado Mario Gómez Vázquez.
ESTADO DE CHIAPAS
El siguiente punto del orden del
día es: comentarios sobre la situación política en el Estado de Chiapas.
Tiene la palabra el diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez.
| El diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
677,678,679
En los últimos días en Chiapas se ha
enrarecido el ambiente político y un clima de intolerancia prevalece en su deteriorada
vida diaria y hacen falta un trabajo político que nos lleve a la reconciliación.
Se advierte a diario represión e intolerancia; se vive en la incertidumbre de que
acciones de Gobierno se ejecutarán mañana para agravar más nuestra precaria
estabilidad.
Todavía no acabamos de reconstruir lo que dejó la catástrofe ocasionada por las lluvias
en el mes de septiembre del año pasado y la región enlutada de esta desgracia, se ha
convertido en una pasarela de la sucesión presidencial.
Llegan los secretarios a inaugurar obras pero la reconstrucción social de esa importante
región de Chiapas sigue esperando. Aspirantes van y vienen, el nombre de Chiapas es
mágico para lograr presencia nacional, proponen, disponen y anuncian inversiones que muy
pocas veces se cumplen, los chiapanecos somos convidados de piedra porque no se nos
escucha.
El conflicto de la selva lo vivimos todos los días con actos que más que de
conciliación parecen de provocación, citaré algunos ejemplos:
1. Se montó una escenografía con Albores a la cabeza para promover un proyecto de ley
para el desarme de grupos civiles armados que sólo ha servido para promover al que quiere
dejar como gobernador de Chiapas y con esto tender un manto de protección y apoyo a los
grupos paramilitares;
2. Posteriormente montaron una pantomima, en la que supuestamente zapatistas deponían las
armas, hecho que insulta la inteligencia de las personas que pretendieron sorprender. No
creemos que la entrega de unos cuantos rifles ante los tres poderes del Estado y al margen
de la Ley de Concordia y Pacificación, puedan servir para la reconciliación en el
Estado, eso fue una provocación que tensó la frágil tregua en la región y
3. El desmantelamiento del municipio autónomo de San Andrés Larráinzar, lugar que por
si fuera poco fue sede de los diálogos de paz, esta torpe maniobra política que según
el Gobierno fue sin las fuerzas de seguridad pública, no obstante constan las imágenes
de los medios de comunicación, la presencia de la Policía de Seguridad Pública del
Estado y que fueron enfrentados por miles de simpatizantes zapatistas, en la sede del
palacio municipal, hecho altamente riesgoso del que pudieron haber resultado
acontecimientos lamentables.
Consideramos los chiapanecos que una política errática no nos va a llevar a la
reconciliación, si a esto sumamos los siguientes acontecimientos:
1. El linchamiento de políticos locales, como es el caso del senador Salazar
Mendiguchía.
2. Detienen a 126 ciudadanos en el municipio de Cintalapa, porque protestaban por la
construcción de una cárcel y reclamaban obras de interés social.
3. La detención en días pasados de 254 miembros de la Organización Proletaria Emiliano
Zapata, donde se detuvieron a mujeres y niños porque venían a protestar a la Ciudad de
México la desatención en el Estado.
4. Se fomenta en Nicolás Ruiz municipio en su mayoría simpatizante del EZLN un ambiente
de hostigamiento para reprimirlos. En ese municipio esas represiones han dejado saldos de
muchos campesinos muertos.
5. Se cateó en días pasados sin orden oficial, viviendas de la comunidad de Jonitic
municipio de Tila, el restablecimiento de la vida política y económica de Chiapas no se
va a lograr con acciones como ésta o con pirotecnias en los medios de comunicación y
pegando cárteles espectaculares con la fotografía del gobernador interino Roberto
Albores, con su famoso lema: "Los albores del nuevo Chiapas", en el que se
derrochan recursos del erario público para satisfacer egocentrismos.
La iniciativa de ley de desarme es un manto protector de impunidad, que se pretende lograr
hacia los grupos paramilitares, no va a tener aplicabilidad, sólo se va a estimular con
recursos del Estado a estos grupos armados.
Lo importante es impulsar el diálogo que también es propuesta de la consulta zapatista
del 21 de marzo.
La denuncia del diputado López y Rivas, de que en Chiapas existe un campamento para el
adiestramiento de grupos paramilitares, generó tal revuelo que en Chiapas, con toda la
parafernalia al viejo estilo, pagando desplegados, promoviendo pronunciamientos de
personas vinculadas al sector oficial de esa prehistoria, que debía quedar atrás,
intentaron descalificar al diputado López y Rivas por hacer una denuncia y amenazaron con
citarlo incluso a la PGR, como si ante estos problemas de tal riesgo ésta fuera la mejor
solución.
Ante las denuncias de un legislador, lo primero que se tiene que hacer es investigar y no
descalificar. En esta misma tribuna, el 10 de diciembre de 1997, denuncié el
enrarecimiento y peligrosidad de la zona de conflicto y en esa ocasión el gobernador
interino, Julio César Ruiz Ferro, usó los mismo periódicos, los mismos desplegados
locales y a la misma gente, para desmentirme, pero desafortunadamente pocos días después
sucedió la masacre de Acteal y por esas decisiones tan equivocadas, ya se le ha dado un
premio: es representante del Gobierno mexicano en Washington, en materia de agricultura.
Por esos antecedentes habremos de seguir insistiendo para que se investigue y sancione a
los grupos paramilitares, en especial el campamento paramilitar denominado Punta Flor,
ubicado en el ejido Benito Juárez, municipio de Ococingo y a la persona que se hace
llamar teniente Carlos Gómez y que circula en un vehículo Chevrolet, con placas DH5072A
y que tiene como operador lugareño a José Patistán, ya que son reiteradas las denuncias
de movimientos sospechosos, porque se reúnen aproximadamente 150 jóvenes a practicar
ejercicios de entrenamiento militar.
La conclusión a que hemos llegado, es que en Chiapas nuevamente está montado el
escenario de la sucesión presidencial; deciden los aspirantes y Albores, de quien se dice
es el primer gobernador de Labastida en su ajedrez sucesorio, que instaló desde
Gobernación. Puede pasarle lo mismo que a Chauyffet cuando andaba protegiendo a Ruiz
Ferro. El protagonismo del gobernador en su afán de colocarse en el gabinete y dejar
sucesor, más ha complicado la pacificación, que con sólo un poco de prudencia, respeto
a la ley para el diálogo y atender las demandas sociales, estuviera dando pasos
definitivos a la conciliación, porque los chiapanecos merecemos otra situación
política: construir las bases para la concordia y en ella la democracia.
Muchas gracias.
Tiene la palabra, para hablar sobre
el mismo tema, el diputado Ricardo Cantú Garza, hasta por 10 minutos.
| El diputado Ricardo Cantú Garza: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Desde el 10 de enero de 1994, al designarse un comisionado para la Paz y la
Reconciliación en Chiapas, el Ejecutivo Federal ha desarrollado 20 acciones legales,
formales y tres estrategias diversas de combate a la pobreza. Lamentablemente todas han
sido con la finalidad política y económica de vencer al Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, no de resolver el problema de fondo.
El Ejecutivo Federal se afana en el cumplimiento formal, más que sustancial del estado de
derecho, en arrinconar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en lo político y en
lo social; tanto en el ámbito nacional como internacional, para que así pueda demostrar
que el extremismo y el fundamentalismo practicado por el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, según el Gobierno, es producto de un fatalismo sicológico y una
frustración personal por no poder mediante la lucha armada tomar el poder político y no
de una desesperada y añeja demanda de justicia y oportunidades de desarrollo para la
población indígena de Chiapas.
Se empecina en querer probarle al mundo que el conflicto chiapaneco es sumamente pequeño,
tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos, en comparación con el despliegue
de mercadotecnia guerrillera que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha
desplegado en México y el mundo. Por este empecinamiento de aniquilar el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional, llevamos cinco años sumergidos en una historia sin
fin, donde los ejecutivos federal y local chiapaneco, sólo esperan evidenciar el error de
su adversario.
En este marco toda acción legal se
convierte en legaloide subterfugio jurídico, puesto que nacen de posiciones populares y
acciones unilaterales. El problema chiapaneco no es tan pequeño como se quiere reducir,
pero tampoco es tan grande para que la capacidad de todos los mexicanos pueda resolverlo.
El problema para resolverlo radica en la voluntad política de las partes; mientras éstas
sigan empecinadas en destruirse una a la otra, no hay solución. Ambos actores, Ejército
Zapatista, Gobierno Federal y local priístas, evaden sus compromisos con la sociedad
mexicana: construir una verdadera paz social en todo México.
Sin embargo, la mayor inconsistencia, la menor voluntad política, el mayor
fundamentalismo, el peor revanchismo, lo han mostrado los ejecutivos Federal y local. No
es con mensajes subjetivos que se demuestra la obra social gubernamental, simplemente lo
que se ve no se juzga y la obra social en Chiapas sigue siendo manipulada con fines
electoreros y políticos.
A veces al gobernador Albores Guillén se le olvida que es gobernador de todo Chiapas, no
es de la zona costera nada más. Mientras que el huracán "Mitch" destrozó a
Chiapas materialmente, la explosión zapatista evidenció hasta dónde un gobierno puede
olvidarse de su razón de ser: el bienestar y la seguridad nacional.
El Gobierno Federal y local, deben entender que existen problemas que se resuelven con
obra pública nada más. Una barda que cae siempre puede volverse a levantar, pero una
dignidad pisoteada y humillada por siglos, requiere mucho más que de infraestructura de
obra civil, requiere de verdadera voluntad de unidad nacional en el marco de la
democracia, el federalismo, la diversidad y el respeto a la historia y la cultura
particular de las comunidades y congregaciones humanas.
Si las leyes no sirven para la pacífica y armoniosa relación entre los humanos, entonces
no sirve, ya que se vuelven cárceles invisibles pero sí sensibles al espíritu
libertario del ser humano.
El que no exista diálogo entre las partes en conflicto no es un problema jurídico,
filosófico o cultural, es político; porque no existe voluntad política para resolver en
lo sustancial, mas no en lo formal la revuelta indígena chiapaneca.
Si el presidente Zedillo, el secretario Labastida y el gobernador Albores no abandonan su
equivocado fundamentalismo jurídico y político, simplemente se retirarán de sus cargos
heredándole un problema más y no un problema menos a nuestros hijos.
Si el Ejército Zapatista sigue sin querer diferenciar entre la Cocopa y Gobernación,
entonces le niega a la LVII Legislatura Federal, su esencia republicana.
El Ejecutivo Federal no puede seguir manejando su doble nacionalismo: uno comercial y
económico y otro político y democrático. Dentro de los años siguientes no deseamos
volver a escuchar a un ex presidente decir que asumió toda la responsabilidad jurídica,
ética, histórica, política y moral de resolver y problema político utilizando la
fuerza.
De nueva cuenta, los gobiernos priístas le heredan a nuestros hijos y nietos más
problemas: rescates bancarios y carreteros, por lo menos dos movimientos guerrilleros
públicos y la gran impunidad del narcotráfico.
Por último, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo manifiesta su única y
verdadera posición ante los conflictos chiapanecos: continuar coadyuvando para que el
diálogo y la negociación vuelvan a imponerse sobre la intolerancia, la unilateralidad y
la falta de voluntad política gubernamental.
Muchas gracias.
Tiene la palabra, para hablar sobre
el mismo tema, el diputado Juan Oscar Trinidad Palacios.
| El diputado Juan Oscar Trinidad Palacios: |
Con su venia, Señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
La Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, publicada el 11 de
marzo de 1995, tiene por objeto expreso y cito tal cual: "establecer las bases
jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un
Acuerdo de Concordia y Pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto
armado iniciado el 1o. de enero de 1994 en la región de Los Altos de Chiapas".
680,681,682
En esta virtud, la normatividad expedida
considera la creación de importantes instrumentos para alcanzar el alto objetivo que a
todos los mexicanos y particularmente a los chiapanecos nos convoca y nos preocupa.
Instancias como son la Comisión de Concordia y Pacificación y la Comisión de
Seguimiento y Verificación para la Coadyuvancia y Promoción del Diálogo.
De estos instrumentos que la ley prevé para atender a la compleja situación que priva en
nuestro Estado desde principios de 1994, por lo que se refiere a la Comisión de Concordia
y Pacificación, ésta no puede estar, compañeros, no lo podemos permitir, al servicio de
los intereses personales y partidistas para constituirla en una instancia más de presión
y así agudizar la situación del conflicto que vive nuestra entidad.
No corresponde, no corresponde en modo alguno con las expectativas que de buena fe se
podrían fincar.
Yo aplaudo, qué bueno que el diputado Morales se sume a la investigación de los
supuestos grupos paramilitares allá en el Estado de Chiapas. Nada más le recuerdo a esta
soberanía que esa propuesta y esa petición la hizo en días pasados el Congreso estatal
de nuestro Estado de Chiapas y el martes próximo pasado, ante los medios de
comunicación, la diputación federal priísta por el Estado de Chiapas, también hizo
referencia a esa investigación ante la Procuraduría General de la República, a la cual
pedimos convoque a los que aquí acusan y dicen de esos supuestos grupos paramilitares,
que acudan a externar su punto de vista.
En cuanto a la presidencia municipal de San Andrés Larráinzar, bien cabe señalar que
dicho inmueble pertenece al gobierno municipal de San Andrés. Dicho inmueble estaba
prácticamente abandonado, no se encontraban más que un par de individuos que abandonaron
la sede por su propio pie y sin mediar fuerza alguna.
Esa misma tarde, los integrantes del ayuntamiento constitucional solicitaron apoyo al
gobierno del Estado a fin de resguardar y proteger el inmueble de la presidencia
municipal.
Al día siguiente, no obstante que no se había actuado al margen de la ley, el gobierno
del Estado de Chiapas decidió retirar las fuerzas de seguridad pública que resguardaban
dicha sede municipal, ante la presencia de un grupo que pretendía nuevamente ocupar el
edificio.
Ante la amenaza de actos violentos, la respuesta fue de paciencia y prudencia política,
pues con la ley y la razón de su lado, pudieron haber optado por defender con la fuerza
pública la seguridad de ese recinto.
No obstante, repetimos, fue la prudencia política del gobernador del Estado la que
permitió que no se registraran hechos violentos. No olvidemos, no olvidemos compañeros,
que la imaginación y la distorsión de los hechos construyen, es siempre lo que la
realidad se encarga de acomodar y de rebatir. Demos la oportunidad de la civilidad del
pueblo chiapaneco y a la ley que lo gobierna, para que sea en el espacio de la vida
democrática y el estado de derecho, donde se resuelvan todo género de diferencias y se
dé cauce pacífico y ordenado al proceso por la paz en nuestro Estado.
A pesar de los reiterados señalamientos de todo tipo, que tratan de bloquear los intentos
de nuestras autoridades por avanzar en el camino de la paz y el desarrollo, ahí está la
multiplicidad de acciones emprendidas por el gobierno de nuestro Estado de cara a la
sociedad y afrontando el reto que implica la verdadera representación popular.
Entre las muchas acciones de todo orden que se han llevado a cabo en Chiapas para lograr
nuestro propósito común, quisiera enumerar algunas de ellas: Acuerdo para la Paz y la
Reconciliación en Chiapas, el cual surgió de las propuestas del pueblo chiapaneco;
proceso de remunicipalización como instrumento de desarrollo y conciliación; juntas de
gobierno municipal de transición, ésta es una nueva figura para la distensión;
creación de nuevas delegaciones municipales en los municipios de la zona norte, altos y
selva, como medida de centralización; reforma constitucional, esto conlleva la nueva Ley
Indígena Chiapaneca; fomento a los Juzgados de Paz y Conciliación Indígena; autonomía
plena a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; reconciliación comunitaria y
retorno a los desplazados; Sistema Estatal para el Desarrollo y la Reconciliación en
Chiapas; reactivación económica del Estado; atención prioritaria a las zonas de alta
marginación; consejos comunitarios para el Desarrollo y la Reconciliación; combate a la
delincuencia; nueva normatividad para la readaptación social; revisión de expedientes
penales relacionados con los hechos suscitados en Taniperlas y Agua Pinta; acuerdo
político entre partidos y gobierno e impulso y respeto a los medios de comunicación.
Lo cierto, compañeros, es que el esfuerzo de las autoridades locales, sumado a la
persistente y tenaz convocatoria y las consecuentes acciones del Gobierno Federal por
resolver el conflicto en un marco de consenso y equidad y al innegable compromiso de la
instancia legislativa integrada para los mismos efectos, da fe de una incuestionable
vocación de servicio y de una indudable apuesta por la paz y por el progreso de Chiapas
en el marco irrestricto del estado de derecho.
Es verdad también que la vida de la sociedad chiapaneca no puede detenerse ante los
amagos del silencio, como tampoco puede ser secuestrada por la intolerancia y las
pretendidas ganancias que a río revuelto se pretenden lograr por parte de algunos actores
políticos en futuras contiendas electorales.
Es claro y hasta cierto punto entendible, que ante el trabajo intenso que el gobierno de
nuestra entidad realiza en favor de la paz y la distensión, la oposición busque por
todas las vías obstaculizar los caminos de la solución pacífica.
Compartimos plenamente la convicción de todos los mexicanos, que sólo con la paz se
provocan las condiciones necesarias para el desarrollo político y social de Chiapas, en
lo particular y en lo general para satisfacer la vieja deuda de justicia para las etnias
que nos dan razón histórica y conciencia de nación.
En este convencimiento es que nos hemos solidarizado con los reiterados llamados al
diálogo y a la paz que el Ejecutivo Federal ha realizado al EZLN, así como a la
respetuosa exhortación para que las instancias mediadoras y coadyuvantes contribuyan
eficazmente al objetivo al que todos nos convoca: la generación de normas justas y
equitativas, que sin quebrantar las bases de nuestra identidad nacional, permitan lograr
en definitiva la paz en Chiapas.
Compañeros legisladores: hace apenas algunos días esta Cámara recibió del honorable
Congreso de nuestro Estado una iniciativa de Ley de Amnistía para el Desarme de los
Grupos Civiles del Estado de Chiapas, una iniciativa suscrita y avalada, con excepción de
uno, por todos los grupos parlamentarios del Congreso local en nuestro Estado. Este hecho
por sí solo da cuenta puntual del interés de la representación popular que fue
depositada en la inmensa mayoría de los legisladores locales, por encontrar y explorar
los mecanismos que la ley dispone para alcanzar por diversas vías la paz en nuestro
Estado.
De inmediato las fuerzas y personalidades que niegan que haya otra verdad que la suya, han
tratado de descalificar este esfuerzo de consenso; sin embargo los diputados chiapanecos
en esta Cámara, con la solidaridad y compromiso de nuestros compañeros, confiamos en que
habremos de cumplir con nuestra responsabilidad y, en los hechos, dar muestra clara de que
sabremos combatir decididamente una de las diversas causas que empañan el camino de la
paz y la reconciliación de nuestro Estado.
Todos sabemos que el Estado de Chiapas requiere hoy con urgencia la paz, la concordia y la
comprensión de todos los sectores de la República para que le lleguen recursos
económicos en apoyo al campesino, al empresario, a la sociedad chiapaneca en general y
particularmente de la zona de la costa y montaña del Estado que fue cruelmente azotada
por fenómenos metereológicos en septiembre del año pasado.
Sugiero, sugiero compañeros, que hagamos propuestas y acciones positivas para nuestro
Estado, dejemos ya a un lado los protagonismos, los argumentos alevosos, los discursos
amañados porque esto en nada benefician al pueblo de Chiapas. Ojalá que en este camino
pudiéramos dar fe de que lo que se manifiesta en los discursos de los que sólo tienen
como moneda de cambio la intolerancia, que evolucionen civilidad para que podamos cumplir
con el compromiso histórico que tenemos con Chiapas.
Gracias.
LEY
DEL DEPORTE
El siguiente punto del orden del
día, es comentarios sobre el proyecto de Ley del Deporte.
Tiene la palabra el diputado Salomón Elías Jauli y Dávila, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.
| El diputado Salomón Elías Jauli y Dávila: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
El día de hoy paso a esta tribuna, en nombre del Partido Revolucionario Institucional,
para hacer de su conocimiento el gran paso que se ha dado en beneficio del deporte
nacional.
Hace más de un año presentamos ante la soberanía el proyecto de decreto que
incorporaría a la Constitución, las actividades de cuyo hombre practica y proporciona
una mejor calidad de vida, sabemos que es la parte fundamental del crecimiento del hombre:
el deporte.
La mencionada propuesta fue aprobada por unanimidad al seno de esta Cámara de Diputados,
asimismo la colegisladora la aprobó por mayoría y ahora ha sido aprobada de igual forma
por el Congreso de los estados y como lo establece el artículo 135 de nuestra Carta
Magna, se habrá de convertir un rubro por demás importante de la misma.
Hace unos días nos preguntaban que importancia tiene que esté el deporte en la
Constitución; señores diputados, lo que más nos interesa, claro que nos interesa que
esté en la Constitución, pero más nos interesa también, es que haya una ley federal;
por primera vez en la historia este país tendrá una Ley Federal del Deporte que vendrá
a normar, que vendrá a dirigir al deportista y a la misma autoridad deportiva, eso es
algo que todos los partidos queríamos, eso es algo que la Comisión del Deporte
conjuntamente con todos los partidos hemos creído y estamos de la mano para llevar a cabo
este gran proyecto.
A partir de este momento iniciamos el trabajo de la creación de una ley general, una Ley
del Deporte que contemplará los siguientes aspectos: esta ley la avalaremos todos
conjuntamente en todo el país por medio de foros, de pláticas y reuniones con las áreas
más importantes del deporte nacional. esto significa que al inducir a los involucrados
para que en conjuntamente los tres niveles de gobierno participen en acciones tendientes a
los siguientes puntos:
Un punto que todos queremos, introactitura deportiva, que haya una verdadera introactitura
deportiva dirigida a cada Estado y según sus necesidades; esta ley llevará a cabo una
normatividad conjuntamente con cada municipio.
Dotar de instancia jurídica deportiva del país, de autonomía, que resuelva con tal
apego a las normas deportivas vigentes las controversias relacionadas al dopaje. El
problema de dopaje en nuestro país empieza a ser un problema, los muchachos empiezan a
tomar productos nocivos para la salud y tenemos que actualizarnos para llevar a cabo este
gran proyecto, esta normatividad, conjuntamente con otros países y con el mismo
"coy" pero con nuestra propia ley, que no regirá y vigilará a cada uno de los
deportistas.
La captación y distribución de recursos económicos. Señores, amigos diputados y
diputadas: el gobierno nunca podrá, ningún gobierno de ninguna parte del mundo podrá
mantener o apoyar, o manejar el deporte, solamente él.
El deporte debe ser apoyado por la iniciativa privada, por diferentes modos de apoyo, para
que el deporte tenga diferentes entradas. Estamos proponiendo en esta ley, que vamos a
llevar a ustedes también, que pronósticos deportivos, una área tan importante, nos
sirva para coadyuvar en la aportación de dinero para las diferentes áreas deportivas y
juveniles.
Esto se hace en otros países y les ha dado un gran resultado; el deporte debe estar fuera
de la crisis también.
Estamos convencidos en esta Comisión del Deporte, que el deporte va de la mano de la
educación; tan importante es una como la otra. No podemos dejar esto como algo
complementario, la captación de recursos es apoyar más a la iniciativa privada dándole
otros servicios tanto fiscales y buscar un estudio y un proyecto que vamos a hacer
conjuntamente, para que pronósticos deportivos sea el mayor captador de recursos para dar
a nuestros entrenadores, a nuestras selecciones olímpicas y principalmente al deporte
amateur.
683,684,685
En esta ley, la redefinición del alto
rendimiento partiendo de la importancia que tiene para todos los mexicanos la cosecha de
los primeros lugares en eventos internacionales, como son los juegos olímpicos, los
juegos panamericanos, los centroaméricanos, próximos por cierto a realizarse, los
deportistas que nos representarán tendrán que ser apoyados con todos los recursos al
alcance para poder tener un acceso a los resultados, de los cuales todos quedemos
satisfechos porque todos habremos colaborado.
Señores diputados: lo más grande y más importante para un deportista es estar en la
selección olímpica, tenemos que buscar métodos para que el equipo olímpico pueda tener
el tiempo necesario, la capacidad económica para que pueda actuar debida y más
fácilmente, con esto nuestros deportistas se concentrarán exclusivamente por lo menos un
año antes, es una de las ideas que tenemos en esta ley, ante la competencia en dar
mejores esfuerzos, dejando a un lado las preocupaciones y la crítica que a veces le
hacemos cuando no se cumple con las expectativas planteadas.
Debemos también considerar que una parte importante de nuestros atletas se encuentran
cursando en la educación. Ahí tenemos otro gran problema: el deportista no se puede
adaptar al horario de la Universidad y muchísimos deportistas de alto rendimiento que
pueden ir a la selección nacional, dejan de estar en ese nivel porque la Universidad no
les da el tiempo, no les da la oportunidad de adaptar su programa deportivo a los
estudios; tenemos que cambiar históricamente, tenemos que buscar un apoyo para que la
Universidad cambie al estudiante de alto rendimiento, como está pasando en otros países
del mundo, darles mayores canongías a los deportistas que entrenan entre siete a ocho
horas diarias y darles una oportunidad, sí, para que no puedan perder sus universidades o
sus estudios.
Eso es parte vital en esta reforma, en esta ley que queremos llevar a cabo.
Compañeras y compañeros diputados: es
muy fácil juzgar de bueno un esfuerzo o malo de un mexicano en un lugar preponderante en
alguna de las disciplinas deportivas, pero no es más fácil juzgar a nuestros deportistas
por no dar resultados satisfactorios cuando estamos ajenos a sus carencias y necesidades.
Tenemos que entender que tenemos que modernizarnos. Con esta ley, que vamos a llevar a
cabo ya, el deportista podrá tener esa tranquilidad, porque podrá saber que cada
compromiso que nosotros hagamos ante ellos, ellos tendrán la confianza que está en la
Constitución.
Desde aquí hago una invitación a los medios de comunicación para que nos apoyen. Los
medios de comunicación van a ser vitales, importantísimos en la motivación de nuestras
selecciones.
Darle más campo al deporte amateur; darle más importancia en los mismos medios de
comunicación al deporte juvenil y deporte infantil.
Los medios trabajan mucho con la promoción del deporte profesional, y el deporte
profesional no es todo. Allá en la provincia hay muchos grandes deportistas que no
conocemos, mucha gente que necesita motivación por parte de los medios de comunicación.
Es importante ese cambio.
Es evidente que para enfrentar estos retos se habrá de encontrar alternativas que
fomenten la inversión de la iniciativa privada a favor del deporte, sosteniendo al sector
porque cada día se consolida como un sostén de la actividad en el mundo.
La propuesta que se plantea establece la creación de un fondo que reciba aportaciones del
Gobierno Federal, aprovechando de manera óptima los recursos generados a través, tanto
de pronósticos deportivos o también por vía fiscal.
El otro punto que queremos y estaremos y le damos en esta Comisión del Deporte la
importancia, es los entrenadores. El entrenador tiene el don de poder llevar a un
deportista a una medalla o poder llevarlo hasta lo más profundo de la derrota. El
entrenador debe de ser apoyado; tenemos que buscar mecanismos para que los entrenadores
tengan mejores aportaciones, buscando por esta vía que acabamos de comentar.
Sin duda, la medicina y las ciencias aplicadas al deporte deberán ser una pieza clave en
la preparación de los deportistas, para evitar que nuestros atletas caigan en el terrible
mal que es el dopage.
En este aspecto profesional, la actividad que ha sido excluida del marco jurídico actual,
tendrá un lugar muy importante.
También estaremos en el deporte profesional. Jamás habíamos, en la ley anterior, en la
Ley de Estímulo y Fomento al Deporte, no estaba en la Constitución y no abarcaba esta
área. Por primera vez en la historia podremos entrar al deporte profesional, donde
enmarcaremos con delicadeza, pero con mucha exigencia los apoyos y las obligaciones de
ellos mismos.
Es así que los deportistas e inversionistas y el público y espectadores, deberán contar
con un marco jurídico que regule y determine reglas claras para los deportistas y las
actividades profesionales.
La participación de los sectores sociales y privados, reiteramos, serán muy importantes
y preponderantes en esta reforma.
A su vez, habrá que apoyar a diferentes opciones y diferentes medios, tanto del deporte
nacional como del deporte que estamos hablando, el deporte amateur y también el deporte
de discapacitados. Es un área muy importante que no podemos olvidar y que tenemos que
tener en cuenta con mucho cuidado.
Hoy es un día muy importante. Esta Comisión del Deporte ha trabajado con mucho
entusiasmo y estamos conscientes de la responsabilidad que representa esa ley, que va a
darle a todos los deportistas y a esta nación el crecimiento que siempre tanto ha
buscado: que haya una normatividad y que haya eso que todos queremos, que haya un plan de
trabajo establecido.
Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra, sobre
el mismo tema, el diputado Trinidad Escobedo Aguilar, hasta por 10 minutos.
| El diputado Trinidad Escobedo Aguilar: |
Con su venia, señor Presidente:
Los miembros de los diversos grupos parlamentarios, integrantes de la Comisión del
Deporte de esta LVII Legislatura, hemos coincidido en la impostergable necesidad de
enfatizar la importancia que reviste la actividad física y el deporte en la sociedad.
Ciertamente, como lo diría un destacado constitucionalista español, José María
Cagigal: "el deporte no será la faceta más importante de la vida, pero sin ella no
existiría un desarrollo plenamente armónico de las potencialidades del ser humano".
Siendo así, se comprende que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, mejor conocido como UNESCO, en 1979, consciente de la importancia
que se deriva de las bondades del deporte y la actividad física, no sólo recomienda su
práctica, sino que va más allá, se pronuncia por reconocer al deporte como un derecho
inalienable del ser humano cuya práctica debe ser garantizada por el Estado.
Apoyado en esta declaración, se generaron ideas como las que expresa Codwell, "el
futuro de paz para los hombres puede depender de nuestra capacidad para organizar el
deporte internacional de un modo permanente y significativo".
La historia le da la razón, pues basta citar como ejemplo, el esfuerzo del Barón Piere
de Cubertain, al reiniciar los juegos olímpicos que tienen ya más de 100 años de unir a
las naciones en la paz en torno al deporte.
A 20 años de que la UNESCO recomendara a la naciones su fomento y a 10 años de que se
creara la Comisión del Deporte, los compañeros diputados miembros de esta comisión, nos
hemos sensibilizado de esta sana tendencia internacional, conscientes de que por el
deporte las diferencias ideológicas entre los partidos políticos pueden ser superadas y
hoy estamos a punto de concluir una reforma constitucional al artículo 73 fracción XXIX,
inciso j, que actualmente ha sido ya ratificada por la mayoría de los congresos locales.
Con esta reforma se busca facultar al Congreso de la Unión para que sin reducir, sin
invadir, sin menoscabar las facultades y atribuciones de los congresos locales, legisle en
materia del deporte, considerando la parte de la cultura, pues tiene, para Acción
Nacional, la cualidad de promover la convivencia entre los seres humanos propiciando su
salud y su realización, y es un factor que une a las personas sin considerar pertenencia
racial u origen étnico, religioso o político. De ahí que su práctica cohibe la
drogadicción, la vagancia y la mal vivencia, sobre todo entre los jóvenes.
Con estas consideraciones exhortamos al Senado de la República para que turne el dictamen
al Ejecutivo para su publicación y efectos constitucionales a la mayor brevedad posible.
De esta manera estaremos en la posibilidad como Congreso de la Unión, de redefinir la
responsabilidad que tiene el Estado frente a este fenómeno deportivo y daremos respuesta
a la exhortación que se nos planteó en el II Congreso Internacional del Deporte llevado
a cabo del 21 al 23 de octubre de 1998 en las instalaciones de este recinto Legislativo,
de que el Congreso legisle sobre esta materia, con el propósito de que el deporte se
reglamente adecuadamente y se replantee la organización de las instituciones públicas
que lo estimulan y lo promueven en la sociedad a nivel nacional. Sólo así estaremos
cumpliendo las expectativas que nuestros representados nos han confiado, sobre todo de
quienes ven al deporte y a la actividad física, con la importancia que hasta hoy se le ha
negado.
Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el
diputado Bernardo Segura Rivera, hasta por 10 minutos.
| El diputado Bernardo Segura Rivera: |
Con su permiso, señor Presidente:
Ruego instruya usted a la Secretaría en términos del artículo 109 y 112 del Reglamento
Interno, la verificación del quorum, ya que yo considero que este tema es muy importante
para la sociedad mexicana y pido se me pueda enlistar en la próxima sesión.
Yo le pediría muy atentamente al
diputado orador tratara su tema, dado que es el último ponente el día de hoy, para poder
concluir los trabajos de esta sesión.
El diputado
Sergio Valdés Arias
(desde su curul):l |
Señor Presidente.
¿Con qué objeto, señor diputado
Sergio Valdés?
El diputado
Sergio Valdés Arias
(desde su curul):l |
Con objeto de insistir en la
petición que el diputado orador ha externado a la Presidencia, de que en términos del
artículo 109 y 112 del Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, sea verificado el quorum correspondiente.
El diputado
Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Señor Presidente.
¿Con qué objeto, señor diputado
Oceguera?
El diputado
Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul): |
Con objeto de hacer una moción,
señor Presidente.
686,687,688
Creo que de la lectura de los artículos
109 y 112, usted como Presidente puede, como ya hemos visto lo ha hecho, llamar al orador
para que se desahogue la razón por la cual pasó a hacer uso de la tribuna. Con
muchísimo gusto creo yo que nosotros estaríamos dispuestos a participar en la petición
de verificación del quorum, toda vez desahogada la intervención del compañero Bernardo
Segura.
El diputado Rodríguez Prats por
favor, ¿con qué objeto?
| El diputado
Juan José Rodríguez Prats (desde su curul): |
Me parece señor Presidente que
está en su derecho el señor diputado al solicitar la verificación del quorum antes de
hacer uso de la palabra y me parece también que está en su derecho de solicitar que se
le inscriba en la próxima sesión. Creo que sería una práctica que podíamos iniciar,
para efecto de llamar la atención a nuestros compañeros diputados ausentes de que
tenemos la obligación de estar aquí en las sesiones plenarias.
Creo que procede y en lo personal siento que debe así acordarlo la Presidencia de la
directiva.
En uso de las facultades que le
concede el artículo 112 a esta Presidencia y ante la falta notoria de quorum, se levanta
la sesión y proceda la Secretaría a dar cuenta de la sesión del día martes.
ORDEN DEL DIA
| El
secretario Agapito Hernández Oaxaca: |
Señor Presidente, se han agotado
los puntos en cartera y se va a dar lectura a la orden del día de la próxima sesión...
Señores diputados, la dignidad de los hombres se mide en su investidura más no
precisamente en la corbata y creo, señor Presidente, sería correcto aplicar...
Señor Secretario, yo le pediría
diera a conocer el orden del día de la próxima sesión.
| El
secretario Agapito Hernández Oaxaca: |
«Segundo Periodo de Sesiones
Ordinarias.- Segundo Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Martes 20 de abril de 1999.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de San Luis Potosí.
Comunicaciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. (Cambio de
integrantes de comisión.)
Iniciativa de diputados
De reformas a la Ley Forestal, a cargo de la diputada Verónica Velasco Rodríguez, del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se
crea una moneda de oro que represente a la tradición mexicana de fundición de oro y se
modifican las características de las monedas de oro y de plata de la "Serie
Libertad". (Dispensa de segunda lectura discusión y votación.)
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se
crea una moneda conmemorativa del centenario de la Heroica Escuela Naval Militar, así
como una de oro y otra de plata para conmemorar el L aniversario de la UNICEF. (Dispensa
de segunda lectura discusión y votación.)
De la Comisión de Justicia, con proyecto de Ley Federal para la Administración de Bienes
Asegurados, Decomisados y Abandonados. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria del día 15
de abril. Dispensa de segunda lectura discusión y votación.)
Y los demás asuntos con los que la mesa
directiva dé cuenta.»
Señores diputados, lean el artículo 104 de la Ley Orgánica.
Señor Presidente, aplicar el artículo 104 para concluir esto, de la Ley Orgánica.
CLAUSURA Y CITATORIO
| El
Presidente (a las 16:25 horas): |
Se levanta la sesión y se cita
para la que próxima que tendrá lugar el martes 20 de abril a las 10:00 horas.
RESUMEN DE TRABAJOS.
* Tiempo de duración: 5 horas 16
minutos.
* Quorum a la apertura de
sesión: 297 diputados.
* Diputado que solicita licencia: 2.
* Diputado suplente que se incorpora: 1.
*Comisiones reglamentarias y
protocolarias: 1.
*Excitativas a comisiones: 1.
*Temas de agenda Política: 3.
Oradores en tribuna: 23.
PRI-7; PRD-4; PAN-7; PT-2; PVEM-1; diputados independientes-2.
Se recibió:
*1 invitación para asistir a acto
cívico por parte del Instituto de Cultura del Distrito Federal;
* 1 comunicación del Congreso del Estado
de Baja California;
* 1 comunicación de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal;
* 1 comunicación de la Cámara de
Senadores;
* 1 iniciativa del Ejecutivo;
* 1 iniciativa de la Comisión de Equidad
y Género;
* 1 iniciativa del PVEM;
* 2 iniciativas de la Comisión de
Atención y Apoyo a Discapacitados;
* 2 iniciativas del PRI;
* 2 iniciativas del PAN;
* 1 iniciativa del PAN, PRD, PVEM y PT;
* 2 iniciativas de diputados
independientes;
* 2 minutas con proyectos de decreto que
conceden permisos para que 8 ciudadanos, puedan aceptar y usar condecoraciones que
confieren los gobiernos de Argentina y Bolivia;
* 1 minuta que concede permiso para que
el Presidente de la República, pueda ausentarse del territorio nacional.
Se aprobó:
* 7 dictámenes de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto con los que se conceden
los permisos constitucionales necesarios para que 25 ciudadanos mexicanos, puedan aceptar
condecoraciones que otorgan los gobiernos de Honduras, Costa Rica, Francia y Grecia.
|
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esa edición. |
| Afore |
Administradora de fondos para el retiro. |
| BC |
Baja California |
| Cifipe |
Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales. |
| Consar |
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro. |
| CPVE |
Credencial para votar en el extranjero. |
| CPVF |
Credencial para votar con fotografía. |
| D.F |
Distrito Federal. |
| ENEP |
Escuela Nacional de Estudios
Profesionales. |
| EZLN |
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional. |
| IFE |
Instituto Federal Electoral. |
| IMSS |
Instituto Mexicanos del Seguro Social. |
| INEGI |
Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática. |
| PAN |
Partido Acción Nacional. |
| PGR |
Procuraduría General de la República. |
| PRD |
Partido de la Revolución Democrática. |
| PRI |
Partido Revolucionario Institucional. |
| Progresa |
Programa Nacional de Educación, Salud y
Alimentación. |
| Promex |
Banca de la Provincia Mexicana. |
| PT |
Partido del Trabajo. |
| PVEM |
Partido Verde Ecologista de México. |
| SAR |
Sistema de Ahorro para el Retiro. |
| UNESCO |
Organización Educacional, Científica y
Cultural de las Naciones Unidas. |
| UNICEF |
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia. |
689,690,691,692
|