PRESIDENTE

Diputado Francisco José Paoli y Bolio

AÑO III                   México, D.F., miércoles 1o de septiembre de 1999                     No.2

ASISTENCIA

7

Año lll  No.2      PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES     SEPTIEMBRE 1, 1999

ASISTENCIA

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 296 diputados.

Se ruega al secretario de la Cámara de Senadores, haga del conocimiento de esta Presidencia la asistencia de senadores.

Señor Presidente, con base en el registro previo de asistencia de la Oficialía Mayor, esta Secretaría informa que están presentes 119 senadores. Hay quorum.

Señor Presidente, hay una asistencia de 296 diputados y 119 senadores. Hay quorum de Congreso General.

Se abre la sesión de Congreso General.

DECLARATORIA DE APERTURA

Se suplica a todos los presentes ponerse de pie.

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 1o. de septiembre de 1999, el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de la LVII Legislatura.

Se va a proceder a entonar el Himno Nacional.

(Himno Nacional)

COMISIONES REGLAMENTARIAS

En virtud de que cada una de las cámaras, al instalarse designó las comisiones de cortesía a que se refiere la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso, esta Presidencia ruega a los legisladores integrantes de las mismas, procedan en su oportunidad a cumplir con el cometido asignado por sus cámaras.

Sírvase la Secretaría dar lectura al artículo 8o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 8o. DE LA LEY ORGANICA DEL
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS

Artículo 8o. El 1o. de septiembre de cada año, a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución.

Antes del arribo del Presidente de la República hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados de cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de 15 minutos.

El Presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y generales, con las formalidades que correspondan al acto. Esta sesión no tendrá más objeto que celebrar la apertura del periodo de sesiones y que el Presidente de la República presente su informe; en tal virtud, durante ella no procederán intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores.

Las cámaras analizarán el informe presentado por el Presidente de la República. El análisis sedesarrollará clasificándose por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior.

Las versiones estenográficas de las sesiones serán remitidas al Presidente de la República para su conocimiento.

INTERVENCIONES PARTIDISTAS

Harán uso de la palabra los siguientes diputados: Jorge Emilio González Martínez, del Partido Verde Ecologista de México; Juan Cruz Martínez, del Partido del Trabajo; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática; senadores: Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional y Sami David, del Partido Revolucionario Institucional.

En tal virtud, se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Emilio González Martínez, hasta por 15 minutos.

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores; señoras y señores, miembros del gabinete; señoras y señores:

El día de hoy se nos dirá a los representantes de la nación y a la nación entera, que los esfuerzos por la conservación...

Señor Presidente...

Suplico a los señores legisladores ocupar sus lugares y guardar silencio y a las personas que sean legisladores y miembros del gabinete, también pasar a ocupar sus lugares...

Les suplico a los señores legisladores guardar silencio, ocupar sus lugares y a las personas que no son legisladores, les suplico salir del recinto para poder continuar con el orden del día...

Le suplico al señor Vicente Fox, que pase a ocupar su lugar como invitado y nos permita continuar la sesión.

Suplico a los señores legisladores ocupar sus lugares y guardar silencio para escuchar al diputado Jorge Emilio González Martínez.

Continúe, señor diputado.

Muchas gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores.

El día de hoy se nos dirá a los representantes de la nación y a la nación entera, que los esfuerzos por la conservación de nuestros recursos naturales han sido suficientes; que la actuación del Gobierno Federal ha sido eficaz para que el país tenga unas finanzas sanas y que todo se vea reflejado en el bolsillo de los mexicanos; que el combate a la criminalidad y a la delincuencia ha sido el adecuado.

Estos son sólo algunos de los tantos temas que seguramente serán abordados por el Ejecutivo Federal y donde se nos tratará de convencer que vamos por buen camino.

Sin embargo, la triste verdad la saben los mexicanos que la padecen y que permanecen como rehenes de la falta de acción eficaz de las autoridades.

Como oposición responsable que somos, no será nuestro papel criticar todo lo hecho por el Poder Ejecutivo, por simple estrategia política, pero hay que reconocer que no se han podido resolver los graves problemas que sufre nuestro país y esto es debido principalmente a la falta de recursos, que seguramente sería menor si no se destinara tal cantidad del presupuesto federal para salvar al sistema bancario, donde el pueblo de México prácticamente no tiene culpa alguna.

Si bien todos sabemos que la responsabilidad en la administración del país no está depositada exclusivamente en una sola autoridad, también es cierto y todos lo sabemos, que las más grandes responsabilidades y facultades para la conducción de la nación recaen principalmente en el Presidente de la República.

Hoy, en el marco de nuestra Constitución, celebramos el informe que guarda el estado de la administración federal por parte del Poder Ejecutivo, en el cual esperamos ser informados de manera puntual sobre los principales problemas nacionales y las razones del porqué no se ha llegado a soluciones definitivas. Pero también y hay que reconocerlo, como representantes populares y miembros de este Congreso de la Unión, es nuestra responsabilidad informar a la nación del trabajo legislativo que hemos llevado en este último año.

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sabemos que tenemos la enorme responsabilidad de atender los principales problemas desde el ámbito de la elaboración y aprobación de leyes, no sólo por los que votaron por nuestro partido, sino sobre todo por el pueblo de México, del cual somos sus representantes.

En ese ámbito de pluralismos que hoy vivimos en esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el grupo parlamentario del Partido Verde ha logrado conseguir algunos objetivos muy importantes para el desarrollo del país.

En el clima y respeto y cooperación que últimamente ha caracterizado como regla general al primer órgano de representación nacional con participación plural mayoritaria, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde, hemos impulsado diversas iniciativas de ley, muchas de las cuales han prosperado para tener plena aplicación; así tenemos reformas constitucionales y de diversas leyes que van desde aquéllas a los artículos 4o. y 25 constitucionales, para procurar no sólo la protección del derecho de los mexicanos a gozar de un medio ambiente limpio, sino además que el desarrollo que adopte el Estado mexicano se encuentre dentro de lineamientos de sustentabilidad, para así cuidar que las futuras generaciones puedan gozar de los mismos recursos naturales que nosotros gozamos, hasta aquéllas que benefician la salud de los fumadores pasivos, incluyendo en la Ley General de Salud Vigente una reforma que impida que en los edificios del orden federal se fume.

Asimismo hemos logrado que con las reformas impulsadas se disminuya el número de incendios forestales y que se impidiera la construcción de un basurero nuclear en la frontera norte del país, que no sólo violaría los acuerdos internacionales, sino lo más importante: dañaría gravemente la salud de los mexicanos.
En materia de desarrollo presentamos una iniciativa para fomentar la ampliación de la zonas ecoturísticas, sin que se afecte el medio ambiente y en beneficio de la economía nacional. Desde esta tribuna exhorto a las comisiones de Turismo y de Ecología y Medio Ambiente, para que no descuiden esta importante propuesta y dictaminen la iniciativa en el periodo ordinario de sesiones que hoy comienza.

También en esta Cámara se logró la creación de una Comisión Investigadora de la Empresa Exportadora de Sal, ubicada en la reserva de la biosfera del Vizcaíno, en Baja California Sur. Esperamos que esta comisión influya en su informe para que así se conserve un santuario de ballenas de reconocimiento internacional, al igual que en la conservación de la fuente de ingresos de los pobladores que también se verían afectados, evitando la ampliación de un proyecto industrial que con su instalación y operación ocasionaría graves daños para el medio ambiente y sin mayor beneficio para la economía nacional o regional.

Es así como el Partido Verde cumple con hechos, con los más de 1 millón de votantes que se inclinaron por la opción verde. Hemos trabajado por México y el medio ambiente y lo seguiremos haciendo con el mismo entusiasmo que cuando se instaló esta histórica legislatura.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ratificando el compromiso que tiene con los mexicanos y el cuidado de su medio ambiente, trabajará de manera ardua y afanosa en el periodo que inicia el día de hoy, fundamentalmente en aspectos relativos a la protección de menores, regulación de envases, desechos sanitarios, salud mental y fomento a la micro y pequeña empresas.

Además, no podemos dejar de presentar una propuesta alterna, aquella que pretende reformar la industria eléctrica, para que así se considere el futuro del sector, las repercusiones ambientales que éste ocasione y así también las fuentes alternas de posible generación de energía.

El avance democrático en estos dos años ha sido importante, pero permanece aún sujeto a condicionamientos y cerrazones de los que todavía se niegan a aceptar el cambio del país, hacia una democracia plena. La búsqueda de consensos para hacer del sistema político un régimen plural, en el que cada fuerza política participe en la toma de decisiones, empieza a perfilarse como el sistema que tendremos para el próximo siglo.

7, 8 y 9

Por ello, es deber y responsabilidad de cada grupo parlamentario, sacar adelante ese compromiso de pluralidad que se dio en la instalación de esta LVII Legislatura. Ese solo hecho hace a esta legislatura histórica y así en el futuro se le recordará como aquélla en la que dejó de existir la mayoría absoluta de un solo partido, para abrir paso a la presencia de otras fuerzas políticas que la sociedad reclamaba.

No obstante, existen todavía obstáculos que impiden el pleno desarrollo político del país. Las recientes reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobadas por esta Cámara, fueron rechazadas en el Senado argumentando supuestas inconstitucionalidades, donde no las había.

Quienes tratan de obstaculizar una reforma sana para la apertura y la pluralidad, tarde o temprano se darán cuenta que simplemente ya no hay marcha atrás en el proceso democrático en donde todos estamos comprometidos con nuestro país.

El ejemplo de esta legislatura será histórico por sus logros y por su composición plural y dará pauta para que en el futuro los que representamos las auténticas aspiraciones de México, impulsemos un proceso similar en el Senado y en los demás puestos de representación nacional. Eso es ya una realidad a corto plazo.

La tarea de los legisladores no ha terminado aún, como tampoco la del Poder Ejecutivo. La participación de unos y otros en la construcción de un México dinámico, plural y participativo, será lo que logre la transición democrática, para eso se tendrán que abandonar las viejas prácticas excluyentes que todavía aparecen en diversas ocasiones.

Nos queda un importantísimo año de trabajo; construyamos hoy las bases para el futuro de éste gran país que es México.

Señoras y señores diputados; señoras y señores senadores; señoras y señores: estamos a unos días de que entre en vigor la nueva junta de coordinadores que estará a cargo de la gobernabilidad de esta Cámara de Diputados y con ello terminará mi periodo como Presidente del órgano de gobierno de esta Cámara de Diputados.

Hace seis meses, cuando comenzaba como Presidente, muchos dudaban de mi capacidad para conducir los trabajos de este órgano de gobierno, argumentando que era yo demasiado joven para ésta gran e importante responsabilidad...

Solicito respeto a los señores legisladores para escuchar al orador.

Como les decía, señores diputados, hace seis meses cuando comenzaba como presidente del órgano de gobierno de esta Cámara, muchos dudaban de mi capacidad para conducir los trabajos de este órgano, argumentando que era demasiado joven para ésta gran e importante responsabilidad. Hoy, seis meses después, se ha demostrado que los jóvenes sí podemos y no nada más podemos, sino que tenemos el derecho de participar en posiciones relevantes y así poder contribuir a superar el largo periodo de crisis acumuladas, heredadas por otras generaciones donde la juventud mexicana no tuvo responsabilidad alguna y sin embargo ha sido duramente castigada por la falta de oportunidad que otras generaciones como la suya, han heredado a los jóvenes de éste gran país.

Y quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado, desde la máxima tribuna del país, el día del informe del Presidente de la República, a todos los jóvenes mexicanos para que participen en el cambio que necesita nuestro país, pero también a los sectores, abrir las puertas a las nuevas generaciones en todos los niveles, porque el futuro de México lo tenemos que construir con la juventud mexicana.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el diputado Juan Cruz Martínez.

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Estamos a unos cuantos meses de que concluya el presente sexenio encabezado por el presidente Zedillo, es tradición en México que el V Informe Presidencial represente el balance del régimen en vigor, toda vez que el V Informe significa políticamente el despido del Presidente de la República ante la ciudadanía, conforme a la costumbre prevaleciente en este país.

Sin embargo, las cuentas que entrega a la nación son totalmente contrarias a los intereses ávidos de justicia y bienestar social, paradójicamente el presidente Zedillo prometió bienestar a las familias mexicanas y lo que hoy les ha entregado son simplemente más deudas, más inseguridad, más miseria, más corrupción y más desesperanza.

Por ello, para las fuerzas democráticas de este país, el balance del régimen zedillista no puede pasar desapercibido y debe de ser objeto de un análisis crítico.

Observamos la ausencia de un proyecto de nación, en donde estuviera contemplada la recuperación de los valores que le dieron origen a nuestro régimen republicano, que estuviera en concordancia con las condiciones prevalecientes en el contexto mundial y sus repercusiones en el entorno nacional, condiciones que claman cada vez más por la democratización de la sociedad, el respeto a los derechos humanos, el combate frontal a la corrupción y sobre todo que se abatieran los altos índices de pobreza y marginación, que han condenado a millones de mexicanos a un futuro de incertidumbre.

Nos preocupan en particular que de los 98 millones de habitantes con los que cuenta nuestro país, al menos el 40% sobrevive con un ingreso menor a dos dólares diarios, es decir, menos de 20 pesos, mientras otro 15% de esa población sólo puede percibir como ingreso diario la cantidad de un dólar.

Pero sobre todo nos preocupa que el Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas, nos recuerde que el índice de pobreza en este país sea casi dos veces más alto que en el resto del planeta. Dicho en otros términos, mientras en México una de cada cuatro personas no tiene recursos suficientes para comer, a nivel mundial esta proporción es de uno por cada siete habitantes.

Esta claro que el régimen de Zedillo es insensible a esta dramática situación de la pobreza mexicana, a la que limita drásticamente los programas de subsidio al consumo de la tortilla y de la leche y en general a los programas de apoyo a la pobreza. También se encargó de anular a millones de jóvenes mexicanos para que pudieran realizar estudios en el sistema educativo nacional.

En cambio ha favorecido enormemente a los banqueros y a los grandes empresarios de este país a través de costosos rescates como son el Fobaproa y el rescate carretero, sin olvidar también que destina una gran cantidad de los recursos públicos, para pagar el costo financiero de la deuda.

El cinismo de Zedillo llegó al grado de ocultar información relativa a las auditorías, que esta soberanía mandató llevar a cabo al Fobaproa, para que se pusieran en evidencia las corruptelas con las que se financiaron las campañas electorales del PRI en 1994, entre las que se encuentra las del propio Zedillo.

La decisión de avalar el gigantesco fraude bancario, costará a cada mexicano arriba de 8 mil pesos actuales, pero ese monto se irá incrementando paulatinamente y al término de su conclusión cada mexicano habrá pagado una cifra superior a 30 mil pesos.

No conforme con los grandes sacrificios que se le han impuesto al pueblo, el régimen zedillista pretende ahora privatizar el sector eléctrico de nuestro país y con ello encarecer el servicio de energía eléctrica, pues como se ha demostrado con la privatización de Teléfonos de México y la concesión de carreteras a los particulares, los usuarios estamos pagando tarifas muy por arriba de los estándares internacionales y los supuestos beneficios de las privatizaciones no los hemos visto llegar ni los veremos nunca, por eso seguimos preguntando: ¿dónde está el beneficio para las familias mexicanas?

En el terreno económico, este penúltimo informe de gobierno ha estado precedido por una mala campaña, para convencer a la opinión pública de las bondades del modelo económico y de lo acertado de la gestión gubernamental, pero los hechos no podrían ser más elocuentes: a poco más de un año de que concluya la actual administración, es evidente que estamos encaminados a un prematuro cierre del ciclo económico sexenal.

Después de alcanzar la cúspide en 1997, el crecimiento ha disminuido hasta lo que será seguramente un modesto 3% para 1999 y posiblemente una tasa no mayor del 1% para el próximo año. La tecnocracia no ha podido explicar por qué existiendo condiciones económicas externas tan favorables, especialmente el auge de la economía norteamericana, el ciclo de crecimiento ha sido de tan corta duración y de niveles tan mediocres.

En este escenario de crisis el desempleo se ha agudizado, la pobreza extrema ha seguido aumentando y ha persistido el deterioro de los salarios. Todo esto ha polarizado aún más la distribución de la riqueza. En esas condiciones, de producirse una fractura en la transición sexenal, el país podría quedar al borde de un levantamiento social.

Cualquier aspiración que haya tenido Zedillo de efectuar una contribución a la transformación de la economía mexicana, ha quedado destruida por los graves desatinos en la administración de la crisis bancaria, que se ha rebelado como el peor desastre que gobierno alguno haya cometido en la historia de México.

Habiendo recibido un sistema bancario al borde de la bancarrota, el actual Gobierno dilapidó los recursos públicos sin lograr rehabilitar a la banca, de suerte que los modestos niveles de crecimiento económico que se ha logrado, ha sido por medio del endeudamiento externo o del autofinanciamiento. El actual Gobierno toleró y por omisión maquinó el desastre de la banca a través de la Secretaría de Hacienda. No obstante que esta soberanía acordó, impulsó y llevó a cabo una auditoría al Fobaproa, poco se pudo esclarecer cómo operó el rescate bancario. El Poder Ejecutivo obstaculizó de manera permanente los trabajos del auditor Mackey, no entregó toda la información requerida y el resultado es que no se logró establecer con claridad los ilícitos cometidos y quiénes fueron responsables de ello.

La opinión pública se sigue preguntando: ¿por qué rescató a los banqueros y por qué se permitió que los mexicanos más incapaces tomaran el control del sistema bancario? La respuesta es contundente: porque el presidente Zedillo eligió convalidar la corrupción en lugar de hacer prevalecer la ley y con ello condenó a millones de mexicanos y a las futuras generaciones a vivir en la miseria y en la ausencia total de expectativas de progreso y bienestar.

Por eso, para acabar con la política autoritaria del presidencialismo y su partido, el PRI, el Partido del Trabajo propone un cambio determinante del modelo económico, basado en un nuevo pacto político social entre los mexicanos. El nuevo modelo económico debe de estar basado en una recuperación responsable de las funciones estatales que privilegie la promoción del desarrollo, el combate a la pobreza y el fortalecimiento institucional.

Por lo que respecta a la situación política, los resultados distan mucho de ser positivos. Este ha sido un sexenio donde se ha acentuado el desgobierno y las incongruencias, inconsistencias acompañan los últimos meses de este régimen.

Los mexicanos estamos padeciendo por un Gobierno inepto e incapaz a las dificultades económicas tenemos que añadir el estancamiento político en que nos encontramos.

Una de las mayores deudas que está dejando el actual sexenio, es la culminación de la reforma del Estado. Resuelto el asunto del Fobaproa a favor de los saqueadores, el Gobierno Federal se ha hecho de la vista gorda en lo tocante a la reforma política definitiva del Estado mexicano; además tenemos indicios de un franco retroceso autoritario y de una escalada de provocaciones que sólo puede caber en la mentalidad golpista que se ha impuesto en los círculos gubernamentales.

En el afán de perpetuarse en el poder, no se han andado con contemplaciones para recurrir a todas las argucias que permiten el uso y el abuso del poder arbitrario en México. Sólo hay que ver como se mantienen los conflictos de Chiapas y la UNAM sin visos de solución favorable, siendo una amenaza permanente para la convivencia de los mexicanos. Sólo el diálogo y la apertura política pueden ahuyentar el fantasma de la violencia.

10, 11 y 12

La normalidad democrática que tanto pregonó el presidente Zedillo, ha quedado en una mascarada democrática. Los avances que se han tenido en materia de democracia electoral, corren peligro ante el endurecimiento del régimen y del PRI. La tentación autoritaria ya está ahí para evitar que la democratización del país siga avanzando y llegue a buen término la transición democrática de nuestro país.

Desde las elecciones del año pasado, ya se empezaron a presentar irregularidades y desaseo por parte de los gobiernos estatales y el aparato de Estado con la complicidad del Poder Ejecutivo Federal. La compra del voto, el reparto de materiales de construcción, máquinas de coser, despensas y otros enseres domésticos, fueron los instrumentos a través de los cuales el PRI tuvo sus cuestionables triunfos en diversas entidades del país como Durango, Guerrero, Quintana Roo y el Estado de México; y no debemos dejar pasar por alto que en el proceso electoral de Coahuila, el PRI ha manipulado a la Comisión Estatal Electoral para vulnerar la alianza de la oposición. De ahí que fuera necesario otra reforma electoral para dar credibilidad y confianza al proceso electoral del año 2000. La reforma al Cofipe, fue aprobada por la oposición en esta Cámara de Diputados, pero rechazada por la mayoría priísta en la Cámara de Senadores. Dicha reforma pretendía darle una mayor equidad, transparencia y representatividad a los procesos electorales. La voluntad democrática está del lado de las fuerzas opositoras.

Ahora, no hay que olvidar, recientemente el PRI, desencadenó una ofensiva en contra del IFE con el único propósito de desprestigiar a dicho instituto y de poner en duda su legitimidad como árbitro del proceso electoral del año 2000.

En el PRI, sus precandidatos y en el mismo Poder Ejecutivo, ya no existe disposición para el cambio político y democrático. Con el rechazo a la reforma electoral, ha quedado claro que hasta ahí llegó la voluntad democratizadora del régimen. Ya no da para más, esta vieja carcacha priísta ya no permite remodelación.

El cáncer del narcotráfico por ejemplo, se ha enquistado en los más altos mandos del poder político y no pocos gobernadores y ex gobernadores priístas están bajo sospecha. La corrupción en las esferas del poder ha dado lugar a que la ciudadanía siga siendo presa de la violencia y la inseguridad. El régimen "zedillista" ha sido incapaz de combatir este cáncer social.

La transición democrática sólo podrá ser completada con la unión de las fuerzas democráticas y progresistas. Sólo sacando al PRI del Palacio Nacional el año que viene, podremos hacer realidad una nación justa, democrática y soberana que todos anhelamos.

El caso Chiapas, se está agudizando como resultado de la provocación del Gobierno Federal y estatal, que pretenden resolver el conflicto por la vía de las armas en lugar del diálogo y la concertación. Han quedado en el olvido los acuerdos de San Andrés Larráinzar y el compromiso firmado que el Ejecutivo Federal se negó a cumplir.

El caso de la UNAM, constituye otro ejemplo de la intransigencia y la soberbia de quienes pretenden desde el corazón mismo del Gobierno Federal, mantener paralizado a nuestro país en aras de conservar cotos de poder y privilegios, aún en contra de los verdaderos universitarios.

En este sentido el discurso del presidente Zedillo, en el que califica a los universitarios de pasivos, representa una agresión a los sectores de la intelectualidad mexicana.

El Partido del Trabajo tiene claro que el señor Presidente no quiere asumir con responsabilidad la investidura que porta y enfrentar el resto de su mandato con dignidad. El pueblo de México esta cansado de demagogia y promesas vanas que se renuevan cada año; el pueblo de México quiere un futuro cierto y promisorio, no quiere despertar más en la cruda realidad de la miseria y el desamparo.

Es cuanto, señor Presidente.

Tiene la palabra el senador Ricardo García Cervantes, hasta por 15 minutos.

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados; señoras y señores senadores; señoras y señores:

Manuel Gómez Morín, el fundador del Partido Acción Nacional, el destacado rector de la Universidad de México, el constructor de instituciones, soñó un México en donde imperaran y funcionaran las instituciones necesarias para garantizar los derechos y libertades de todos los mexicanos.

Como Gómez Morín, los panistas de hoy y millones de mexicanos, seguimos anhelando ese México con libertad, en el que se respeten las garantías individuales y los derechos humanos. Ese México en el que el sufragio universal sea el legítimo origen de todos los poderes. Esa República representativa, democrática y federal, con división de poderes, como la proclamara el Constituyente de 1917.

Como Gómez Morín y González Luna, los panistas y con nosotros millones de mexicanos, creemos en un Estado cuya función es la de ser gestor del bien común y la de lograr la justicia de la que está ávido el pueblo de México. Un Estado que debe dentro de la legalidad procurar la paz, asegurar la libertad y el orden, en donde se valore y aprecie igual la integridad y la vida de un campesino, de un indígena o de un soldado, igual de una ama de casa, que de la de un sacerdote, un artista o un político, lo mismo la de un estudiante, que la de un periodista o la de un policía o la de un trabajador mexicano migratorio.

Un Estado que difunda educación por toda clase de medios y que sea capaz de organizar una administración sabia y prudente que acabe con las grandes desigualdades sociales, donde unos pocos detentan la riqueza y la mayoría se desespera en la pobreza y en la injusticia.

Un Estado que promueva y salvaguarde instituciones como la familia forjada en los valores morales más caros del hombre en comunidad y gérmen de lo que será la patria del futuro.

Todo tipo de organismos intermedios respetados en sus fines y no sirviendo de instrumento ni al Gobierno ni a los partidos.

La Universidad dedicada no al caos, sino a la investigación y a la difusión de la cultura.

Un Ejército y Fuerza Armada como reserva moral, testimonio permanente de patriotismo y vocación de servicio a la nación, salvaguarda de su integridad y de su vida institucional.

Un México en suma, donde vivan y sean vigentes todas las instituciones.

Estoy seguro que todos tenemos un ideal de progreso para México. Pero, ¿qué implica el ideal de progreso? ¿Se reduce a lo económico, a la generación de recursos sin mayor preocupación por su distribución; incluye dimensiones culturales y de elevación humana; es la asimilación a estándares de modernización y globalización, sin implicaciones de justicia, de identidad histórica y cultural?

Hoy, desde un punto de vista ético e histórico, resulta imprescindible volver a las preguntas fundamentales: ¿qué tipo de sociedad se está generando? ¿Cuáles son los ideales actuales? ¿Es México un país solidario donde todos tienen cabida?

El concepto de progreso debe estar definido en un proyecto nacional. ¿El actual Gobierno que encabeza el presidente Zedillo, realmente se finca en un proyecto de nación? ¿Rebela una visión de la persona humana, de la sociedad y de la comunidad nacional? Por ejemplo, sus presupuestos, es decir la asignación de recursos como indicador de las prioridades ¿Denota un concepto de progreso que podamos compartir la mayoría de los mexicanos y entusiasmarnos con su realización? ¿O denota el simple deseo de continuismo que sólo procura administrar de la mejor manera posible el actual modelo de sociedad en el marco de un neoliberalismo que sólo pretende asegurar un grado de gobernabilidad razonable para una oligarquía?

El régimen sigue considerando los recursos destinados a la educación y a la salud como un gasto con una visión tecnocrática que, con forme al manual de operaciones y catálogo de prioridades, son susceptibles de reducirse y no con la visión de futuro, de considerarlos como una auténtica inversión de la que debemos esperar excelentes dividendos de vida digna, de autodesarrollo; en pocas palabras, de calidad de vida para las futuras generaciones de mexicanos.

No es la opción del estadista la de un blindaje económico basado en el crédito internacional de coyuntura y con visión de corto plazo. Como sí lo hubiera sido, concretar la convocatoria para elevar a rango de política de Estado la política económica, profundizando en una reforma fiscal integral, en una política hacendaria no sólo recaudatoria sino comprometida con la micro, pequeña y mediana empresas para solventar el déficit creciente de empleos permanentes y productivos que demandan los mexicanos.

Por eso los legisladores del PAN sostenemos hoy como ayer, como desde hace 60 años, que no puede deslindarse lo social de lo económico ni lo económico y lo social de lo político, que haga de la democracia un sistema auténtico de vida y de gobierno.

Porque los hechos demuestran que toda política que pretenda abatir la marginación o generar el desarrollo fracasará si no parte de un estricto respeto a la dignidad humana. Este es el principio inmutable de la doctrina humanista de Acción Nacional.

Paradójicamente y a pesar de lo que expresa el refrán popular, en el sentido de que las palabras se las lleva el viento, podemos afirmar que a fin de cuentas lo único que perdura son las palabras. Con ellas transmitimos esperanzas y frustraciones, verdades y mentiras; generamos solidaridad y resentimientos. En política la palabra es el instrumento de trabajo. En el parlamento es el sentido de nuestra existencia. Con las palabras se hace el derecho, que no es más que un proyecto de conducta.

Hoy asistimos a una feria de palabras; palabras que informan, palabras que denuncian, palabras que engañan, palabras que prometen, palabras que agreden y palabras que reconcilian.

Un maestro del lenguaje, Octavio Paz, calificaba las palabras como susceptibles de prostituirse porque quienes las usan las pueden corromper si se ponen al servicio de intereses mezquinos, pero también las pueden enaltecer cuando el fin es noble.

Vayamos a las palabras presidenciales. En su toma de posesión Ernesto Zedillo Ponce de León expresó: "mi mayor deber y mi más firme compromiso es la lucha contra la pobreza en que viven millones de mexicanos". ¡Palabras hoy desmentidas por nuestra triste realidad cotidiana!

Ofreció el Presidente un clima de seguridad. Denunció expresamente el creciente clima de zozobra que vivía el país y hablaba de fortalecer el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos.

A cinco años de distancia los mexicanos han visto como se ha incrementado la inseguridad en todos los órdenes. Las palabras todavía carecen de contenidos prácticos.

En materia de reforma electoral dijo: "ha llegado el momento de sumar nuestras voluntades sin sacrificar nuestras diferencias, ha llegado el momento de unirnos en la construcción de una nueva democracia, un nuevo código ético entre contendientes políticos y una reforma electoral definitiva". ¡Palabras confrontadas con las conductas y decisiones asumidas frente a las propuestas de la oposición en la reforma electoral frustrada recientemente por el oficialismo!

En materia de ética política el presidente Zedillo citaba las palabras del presidente Juárez, aquellas que hablan de la honradez de los funcionarios públicos, "que no podrán disponer de las rentas sin responsabilidad y de la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala".

¡Acción Nacional ha servido a México con su permanente exigencia de que se finquen responsabilidades y se apliquen sanciones a quienes defraudan a la nación en detrimento del patrimonio de los mexicanos!

Hoy se cumplen exactamente dos años de que el presidente Zedillo pronunció, aquí mismo, las siguientes palabras: "con todo respeto hoy convoco a los miembros del honorable Congreso de la Unión para que trabajemos con el fin de fortalecer la lucha contra la corrupción,  asegurar el ejercicio honesto y eficiente de los recursos y castigar con todo rigor su desvío y cualquier forma de abuso".

13, 14 y 15

Por ello, ¡insistimos en la entrega de la información completa de Banca Unión y demás expedientes requeridos por la Cámara de Diputados... conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.... así como el fincamiento de las responsabilidades correspondientes! ¡Sólo así estas palabras dejarán de ser lo que hasta ahora son: mentiras!

En 1940 expresó Manuel Gómez Morín: "la causa primera de los males del país es la confusión moral y mental. No consiste en que México quiere el mal ni estriba en que falta la decisión necesaria para procurar el bien, sino que esta confusión hace difícil saber dónde está el mal y quiénes lo gestionan. Por ello ninguna tarea es más urgente ni más útil que la de precisar, sin odio para nadie pero en lucha constante contra el mal, la situación en que se encuentra la nación".

He ahí el reto hacia el próximo milenio, combatir los males, identificando sus causas, buscando sumar voluntades, concitando consensos. La mayoría de los mexicanos queremos la cohesión de la sociedad mediante un consenso, el cual reposa en la construcción de un espacio de diálogo que asegura la regulación de cualquier discrepancia, no la desaparición de las diferentes maneras de ser y de pensar.

Sólo con un consenso amplio, de cara a un pueblo que ama la libertad, que ha luchado por la libertad, que espera aún la libertad, sería posible un proyecto con visión de Estado, un compromiso de futuro, un proyecto de liberación nacional. Conducir al pueblo a que sea realmente libre implica eliminar los obstáculos de la libertad, a saber: la ignorancia, el miedo, la extrema necesidad y el dogmatismo.

¡Un Estado incapaz de romper estas cadenas de esclavitud moderna es un Estado agotado, es un Estado en crisis! La realidad cotidiana de la inmensa mayoría de los mexicanos víctimas, unos del miedo, otros de la ignorancia, otros de la insatisfacción permanente de las más elementales necesidades de subsistencia y mucho de todo ello está expresando la urgente necesidad de formular un proyecto libertario para la nación.

Por ello, es urgente que concurran y coincidan las palabras con los hechos. No se puede ofrecer democracia que se funda en la libertad de elegir, al tiempo que se abusa del temor, la ignorancia o la extrema necesidad para comprar votos y corromper conciencias.

¡Más urgente, más importante que el blindaje y protección de un modelo económico, se hace necesario insistirle al titular del Ejecutivo Federal que despojado de soberbia sea parte dinámica y comprometida con un nuevo pacto nacional, con un proyecto liberador basado en los consensos necesarios como un verdadero blindaje político y patriótico que revitalice al Estado mediante la autoimposición por parte de todas las fuerzas políticas y actores sociales, de nuevas actitudes, de nuevos métodos, de nuevos compromisos que favorezcan el diseño y la implementación de políticas públicas consensadas, orientadas hacia el reconocimiento de la dignidad humana mediante la instauración de un sistema político auténticamente democrático para la justicia en la libertad.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez, hasta por 15 minutos.

Legisladoras y legisladores; señoras y señores miembros del Gobierno; ciudadanas y ciudadanos:

Al abrirse las sesiones ordinarias del Congreso el país se encuentra en vísperas de acontecimientos políticos de gran importancia, tanto por mandato del calendario constitucional, cuanto por la necesidad de emprender grandes transformaciones en todos los órdenes de la vida de México.

Durante los últimos cinco años los salarios y ganancias de los campesinos han seguido perdiendo significación en el ingreso nacional, mientras que el Gobierno carece de políticas industrial, agropecuaria y de desarrollo social.

La aplicación de los postulados neoliberales ha generado la pérdida de rumbos para la solución de los grandes problemas nacionales. Hoy nadie podría decir con certeza hacia dónde se dirige el país y ni siquiera podría hablar de grandes metas gubernamentales de carácter social.

Nuestro país sigue navegando en un mundo económicamente hostil, pero sin instrumentos suficientes para encarar las dificultades. La conducción política ha fallado y el Gobierno se niega a reconocer las consecuencias de sus propios actos y omisiones, tratando de presentar como certero lo erróneo y como patriótico, la claudicación.

La economía sigue teniendo los dos grandes defectos que le han caracterizado durante muchos años: crece poco y promueve la desigualdad social.

México no podrá vencer sus dificultades ni saber con certeza hacia dónde se dirige con un crecimiento accidentado y una concentración cada vez mayor del ingreso.

La recesión económica fue la carta de presentación de la administración del presidente Zedillo. La torpeza en el manejo de la crisis financiera de finales de 1994 abrió una herida en el tejido social del país que no ha podido sanar. Después el ilegal rescate gubernamental de los bancos a través del Fobaproa se convirtió en una de las cargas más pesadas sobre las finanzas públicas en la historia económica contemporánea.

El Estado mexicano se ha convertido en abierto protector de intereses minoritarios muy concretos, mientras sigue dando la espalda a las aspiraciones de progreso de la inmensa mayoría de los mexicanos.

La crisis de las finanzas públicas ha llegado a tal punto, que mientras el fisco asume las cuantiosas pérdidas privadas, vinculadas siempre con la corrupción, se transfieren grandes cantidades de recursos de la sociedad a los circuitos financieros protegidos por el Gobierno y mientras ello ocurre se está cometiendo algo que habremos de lamentar: el fisco se come materialmente casi toda la renta petrolera en lugar de destinarla a promover y sostener la inversión productiva.

En el ocaso de su vida, el viejo régimen ha convertido la política social en instrumento exclusivamente electoral; en el campo, no existen metas, porque lo menos importante es la productividad y el mejoramiento de los ingresos rurales.

En lugar de crear medios de trabajo, se impulsa la asistencia, que cuenta más en las estadísticas electorales que en la elevación permanente de los niveles de vida. La torpe idea de que los salarios bajos promueven el crecimiento de la economía fue rechazada por los economistas desde el Siglo XIX, está más que demostrado que el salario de los trabajadores mexicanos está por debajo de su capacidad productiva en términos internacionales y que la depreciación sistemática de la fuerza de trabajo impone límites al crecimiento y genera fenómenos de descomposición social los cuales se hallan entre las causas del aumento de la delincuencia.

Desde el poder se está haciendo de la sociedad un juguete con el propósito de generar una masa de ahorro privado en manos de unos cuantos, incapaces, por cierto, de garantizar la expansión productiva de la economía. El fisco ha perdido más de la cuarta parte de su capacidad económica medida en términos del producto nacional.

Esta política corresponde a la idea de un estado pobre, incapaz de garantizar el mejoramiento de los servicios que presta e imposibilitado para promover directamente la expansión económica.

Así es como se promueve un estado irresponsable e incapaz pero promotor de la mercantilización de los servicios fundamentales a su cargo. Si a lo anterior agregamos que la ausencia de propósitos nacionales y de metas de carácter social se produce cuando el Estado mexicano es todavía un estado corrupto, la política del presidente Zedillo aparece más claramente como una inmensa expropiación de bienes y recursos en favor de minúsculos grupos favorecidos carentes de la más mínima responsabilidad nacional y social.

Esta forma de gobernar es lo que explica la negativa del Gobierno Federal y su partido a admitir la transición de México a la democracia. La administración del presidente Zedillo no ha emprendido el menor paso de carácter político desde que su partido perdió por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados.

Las reformas al Código Electoral aprobadas por la Cámara de Diputados fueron rechazadas por el Presidente y su partido, el Poder Ejecutivo de la Unión utilizó al Senado para detener la reforma de la legislación electoral.

Pero aún más: que el rechazo, ese rechazo en sí mismo, lo que se puso de manifiesto en esta ocasión es la carencia de propuesta política de parte de Ernesto Zedillo; nada tiene, por lo que se ve, el Presidente qué proponer al país y a las fuerzas políticas nacionales.

La compra del voto sigue siendo una característica de los candidatos del Gobierno; en Guerrero, Estado de México y Nayarit, para poner ejemplos recientes, los recursos públicos se usaron nuevamente para comprar el voto en los más pobres, las mayores víctimas de la misma política que se trataba de reproducir mediante la conservación de los poderes locales.

Las formas del fraude no se terminan sólo con reformas a las leyes, es indispensable impedir el uso de los recursos públicos con propósitos electorales.

La relación entre el titular del Poder Ejecutivo Federal y el Congreso, particularmente la Cámara de Diputados, es prácticamente inexistente. La falta de diálogo es la expresión de la falta de ideas de quien impide la comunicación.

Cualquier jefe de gobierno que aceptara la realidad política de su país, tendría un diálogo frecuente y abierto con los grupos parlamentarios, con las dirigencias de los partidos políticos; pero el Presidente de México pretende dar la impresión de que no hay más poder que el suyo, como antes; que no hay más factor político decisivo que su voluntad, como antes; que no pueden aplicarse más ideas políticas que las admitidas por él y presentadas en su nombre, como antes; sin embargo, ya no vivimos lo de antes, las cosas han empezado a cambiar y cambiarán más aún en el futuro inmediato.

En Chiapas se expresa esa misma idea autoritaria. No puede haber búsqueda de conciliaciones y acuerdos cuando se lanza a las tropas contra poblados, lo cual sigue estando prohibido en la Constitución; tampoco puede haberla cuando se financian bandas paramilitares y planes de contrainsurgencia que buscan la división de las comunidades y el enfrentamiento entre sus componentes.

La matanza de Acteal es una expresión dramática y genocida de esa política que quedará por siempre en la cuenta del actual Gobierno Federal.

No habrá camino de solución del conflicto de Chiapas sin una verdadera política de conciliación, pero esta no será tal sin que el Gobierno reconozca su firma en los acuerdos de San Andrés y sin admitir que estos mismos acuerdos tendrán que ser la base para empezar a resolver el tema de los derechos de los pueblos indígenas.

No es admisible tampoco que el Presidente de la República llama a unos a que le pidan abrir el camino de la represión, en lugar de convocar a esa minoría que en la Universidad Nacional pretende imponer reglas impopulares a que admita el camino de las decisiones democráticas de los universitarios para encarar un conflicto que nunca debió producirse y no se hubiera producido si la autoridad universitaria hubiera actuado oportunamente en interés de la institución y de su comunidad.

En México existen aún presos políticos, pero el Gobierno Federal y muchos de los estatales no lo reconocen, se trata de seguir castigando disidencias con métodos judiciales, especialmente cuando los caciques así lo exigen.

No es aceptable tampoco el doble lenguaje que consiste en lamentar los fraudes que fueron a dar al Fobaproa sin perseguirlos y ni siquiera regresar el dinero procedente de operaciones ilegales de crédito o de otras actividades fraudulentas que fue a dar a los gastos de campaña del ahora Presidente de la República.

El titular del Poder Ejecutivo tiene hoy un solo propósito legislativo: la privatización de la industria eléctrica. El debate sobre este tema apenas está empezando, pero el Gobierno presiona con prisa para lograr una reforma constitucional precipitada.

Cualquiera que sea la conclusión a la que se llegue cuando esto ocurra, tiene que admitirse el principio de que lo que se ha constituido con el esfuerzo y el trabajo del pueblo, no puede venderse total o parcialmente sin la decisión de ese mismo pueblo.

16, 17 y 18

Si el Presidente fuera un demócrata, él mismo hubiera propuesto la consulta popular, en lugar de presentar el paradigma de la privatización como un objetivo nacional, que en realidad nunca lo ha sido.

Legisladores integrantes del Congreso de la Unión; ciudadanas y ciudadanos...

Tengo todavía un minuto, según la cuenta del Presidente.

Convocamos a que en las sesiones ordinarias que hoy se inician, se apruebe la mayor cantidad posible de los muchos proyectos que han sido presentados por los legisladores federales. Si el Senado sigue siendo usado como Cámara de rechazos, el pueblo sabrá quiénes son los culpables.

Convocamos por tanto a la convergencia legislativa más amplia posible, incluso en materia del Presupuesto de Egresos para el año 2000. Sigue siendo un propósito político republicano y democrático, que el Congreso se eleve como Poder de Estado, que se ejerza a plenitud la representación popular...

Termine, señor diputado, ha terminado su tiempo.

Estoy terminando, señor Presidente.

Que se expidan las leyes que el país necesita y que la rama ejecutiva del poder sea sometida al control de los legisladores.

Hagamos de la lucha parlamentaria un instrumento a la democracia, no nos dejemos vencer por el viejo régimen político con su conservadurismo y su corrupción. Levantemos la mira y anticipemos, con nuestra acción, el Congreso que México siempre ha querido tener.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el senador Sami David David.

Gracias. Con su venia, señor Presidente del Congreso; señoras y señores miembros del Poder Legislativo Federal; señoras y señores servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial; señoras y señores:

Al iniciarse el tercer periodo de sesiones ordinarias, último de esta legislatura, nos disponemos a transitar el nuevo milenio con una democracia más fortalecida. La pluralidad de que gozamos hoy es una muestra fehaciente del decidido avance logrado por todos los mexicanos.

México requiere fortalecer sus instituciones con la iniciativa y el voto de la sociedad y la actitud positiva de sus fuerzas políticas. El pueblo ha sustentado la diversidad que disfrutamos, y con el sufragio nos entregó la responsabilidad de representarlo.

El país requiere mirar hacia adelante, con visión estratégica, no agotarse en la contingencia, en la presión de corto plazo. La intensa actividad política nos exige definir prioridades, marcar las coordenadas, para que ni los intereses de grupo ni las inercias del acontecer cotidiano suplanten lo que tiene que ser un ejercicio de amplio debate y de altura de miras.

Cada vez son mayores los acontecimientos que configuran un escenario diferente, más esperanzador, sobre las posibilidades de afirmar nuestra convivencia civilizada; de orientar el ánimo y las energías humanas hacia la paz, la libertad y la justicia.

En nuestro país la sociedad se encuentra comprometida a fondo con su tiempo, que es también el tiempo del mundo, en un proyecto de renovación y de cambio. Conservando lo esencial de nuestras raíces, buscamos estar a la altura de los muy variados desafíos en curso.

La voluntad de la transformación que tiene la sociedad mexicana, ha sido invariablemente una constante integrada por nuestras instituciones políticas.

Ni el Ejecutivo de hoy corresponde al paternalismo de ayer ni tampoco nuestro partido es el mismo que surgió en 1929.

Vivimos un proceso de transición política, con apego al estado de derecho y con la voluntad manifiesta del Gobierno de la República de contribuir, por la vía del diálogo y la negociación, de continuar edificando una nueva etapa del desarrollo político mexicano.

Los nuevos tiempos exigen y demandan madurez, responsabilidad, conciencia y enorme sensibilidad para fortalecer los valores de la sociedad.

Nuestro compromiso es dignificar la política, como un espacio idóneo para dirimir controversias, resolver diferencias, equilibrar tensiones.

La mayor expresión de pluralidad y de convivencia social, es el respeto y la tolerancia.

Hay entre nosotros suficiente espacio para la autocrítica y la negociación interna. Negarlo supone no sólo inmadurez o ignorancia.

La democracia forma parte esencial de la agenda para la afirmación de nuestra soberanía, en la medida que nuestra lucha política se traduzca en discrepancia civilizada y no en querella aniquilante.

No se trata sólo de un imperativo legal, sino de un elevado mandato de ética política. A ello están comprometidas todas las fuerzas democráticas y no hay excepción que valga.

La democracia no se construye por el solo hecho de invocarla. El avance democrático impone a todos los partidos, a todas las fuerzas políticas, responsabilidades que no es válido eludir.

El pueblo de México quiere consolidación democrática sin fractura social. La democracia no se perfecciona invalidando los mecanismos de que ésta dispone para enraizarse. No se puede fortalecer aquello que se contribuye a destruir y se renueva lo que se desprestigia sin fundamento. La democracia no puede tomarse como pretexto para dividir a los mexicanos.

No faltan quienes anuncian el inminente fin de nuestro ascenso político. Invierten más tiempo en augurar nuestro fracaso que en construir su propio principio sobre bases sólidas.

Nuestro partido no es proyecto nacido al calor de las coyunturas electorales ni quiere ser amalgama de siglas que con estrategias de corto plazo aparente una fuerza de la que en realidad carece.

Las legisladoras y los legisladores del PRI estamos empeñados en fortalecer el régimen de partidos políticos en la nación.

La sociedad reclama partidos políticos fuertes, con apego a principios, transparentes, leales a la nación. No admite la simulación o el engaño.

Nosotros propugnamos por una modernización política que signifique cambiar para responder mejor a las demandas ciudadanas.

Lo que haya que renovar hagámoslo a través de la concertación de voluntades.

La política debe de ser, por encima de todo, voluntad para pactar las transformaciones.

Actuaremos con responsabilidad, pero exigiremos que los demás asuman la que les corresponde.

La concordia entre los mexicanos se logra porque creemos en la fuerza de las ideas y en el diálogo y en el respeto mutuo.

Buscamos soluciones viables en todos los niveles, fundadas en el derecho.

Por ello, frente a la problemática universitaria, que tanto nos duele, postulamos el cumplimiento y el compromiso de la relación respetuosa que se necesita entre educandos y autoridades, y reiteramos nuestro absoluto respeto a la autonomía.

Asimismo, en Chiapas y sobre Chiapas, reafirmamos el compromiso de que Gobierno, sociedad y partidos políticos, sigamos privile giando el anhelo de atender la justicia social, a fin de generar confianza y las nuevas condiciones para retomar el diálogo.

Nuestra unidad nacional se basa en el orgullo patriótico y también en la inconformidad, en la vocación de paz y también en el combate democratizador. En el reconocimiento de lo que hemos alcanzado y también en la conciencia de nuestras insuficiencias, en el apego a la nación como un todo y también en el respeto a la diversidad y autonomía de los estados como partes entrañables de la República.

Señoras y señores: en este intenso proceso democrático contamos con el liderazgo del presidente Zedillo y con su empeño por recuperar para la institución presidencial, dignidad, decoro, firmeza y alto sentido de responsabilidad.

El amplio periodo de reformas, de claro contenido democrático y de enorme aliento histórico, es el empeño en marcha de la moder nidad y en este empeño solidario es la contribución más importante de un gobierno que trabaja para que el país llegue viable y vencedor a la batalla del Siglo XXI.

Llegar viables sí, para resguardarla y merecer la soberanía; llegar vencedor para alcanzar y extender la justicia; llegar sin que la travesía nos desfigure o nos disminuya, sin que el viento del cambio nos borre o nos aplaste. Ese es nuestro reto y de su tamaño es la magnitud de nuestra imaginación y nuestra fortaleza.

Toda tarea de gobierno, toda tarea política está dirigida en primer lugar a mejorar el nivel de vida de las mujeres y los hombres y la de los pueblos; si no se cumple con esta finalidad, todo lo demás es accesorio. Tenemos que reconocer que hay problemas ancestrales que no se pueden resolver en un día, pero no pode mos quedarnos paralizados cuando éstos hacen crisis. No hay tiempo para la inmovilidad, no podemos dejar de ver la pobreza en el campo, el rezago en la atención a las demandas de nuestros indígenas o el gran problema ecológico.

Propugnamos por un desarrollo económico con equidad y justicia, las perspectivas de la economía mexicana son alentadoras, han sido atendidos los factores que provocaron inestabilidad en el pasado y la economía cuenta hoy con bases sólidas para crecer de manera sostenida y estable en los próximos años. Con base en esa orientación, hemos logrado acuerdos importantes para la buena marcha de las finanzas públicas, la prevención y castigo del delito, el fortalecimiento del sistema de control de la gestión pública y en forma relevante la modernización de las normas de organización del Poder Legislativo de la Unión.

Asimismo, la descentralización del poder sin menoscabo del Estado Nacional, el auténtico federalismo y el nuevo municipio más allá de lo estrictamente fiscal.

Señoras y señores: los desafíos que México enfrenta exigen un Poder Legislativo eficaz y propositivo, para ello es imprescindible que los partidos que lo integren actúen con voluntad decidida y con ética política; ética y práctica política no significa que debamos anular las diferencias en aras de una falsa uniformidad; negociar no significa traicionar; ceder no significa aplicar. Acuerdo por acuerdo, pongamos sobre la mesa las aportaciones de cada quien y cumplamos los compromisos. Tenemos por delante un año de trabajo que deberá ser fructífero para bien de la nación.

Son muchos los temas que requieren atención inmediata y acuerdos políticos que la nación exige, prontitud y calma.

Que este periodo de sesiones que hoy inauguramos sea fuente de reformas útiles y necesarias, es la exigencia de la sociedad. ¡Cumplamos!

Muchas gracias.

RECESO

Se declara un receso en espera del señor Presidente de la República.

(Receso.)

(A las 19:05 horas) Se reanuda la sesión.

Se ruega a todos los presentes pasen a ocupar sus lugares.

Se invita a los presentes a escuchar el Himno Nacional.

(Himno Nacional.)

19, 20 y 21

V INFORME DE GOBIERNO

Tiene la palabra el señor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Señoras y señores diputados y senadores del honorable Congreso de la Unión; señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; mexicanas y mexicanos:

Me permito entregar a la Presidencia de este Congreso, un informe escrito sobre el estado general que guarda la administración pública del país.

He cumplido así con lo que ordena el artículo 69 de la Constitución de la República.

No pretenderé exponer en esta tribuna, el contenido del informe presentado por escrito. Sé que durante los próximos días las señoras y los señores legisladores habrán de analizar ese informe exhaustivamente.

Al igual que en años anteriores, los funcionarios de la Administración Pública Federal estarán a disposición de ambas cámaras para abundar o precisar sobre el documento que he entregado.

En vez de leer o resumir aquí el informe escrito, aprovecharé el alto honor que significa asistir a la apertura de sesiones del Congreso de la Unión para expresar algunas consideraciones sobre el avance social, económico y político de la nación.

Cada día los mexicanos trabajamos muy duro para que nuestros hijos tengan mejores condiciones de vida que nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos. Los mexicanos sabemos que nada puede sustituir al esfuerzo de cada persona, de cada familia, de cada comunidad; pero también sabemos que ese esfuerzo debe ser apoyado por el Gobierno en aquellos aspectos que corresponden a la acción del Estado. Con toda razón la gente espera que el Estado promueva oportunidades equitativas para la superación y el bienestar de todos; que el Estado provea buenos servicios básicos; que el Estado brinde seguridad. Trabajar para esto, que es el sentido social más profundo del Estado, ha sido el objetivo más importante de este Gobierno. Hemos trabajado con plena conciencia de que debemos enfrentar carencias y rezagos acumulados durante muchas décadas y a veces siglos; hemos trabajado conscientes también de que el crecimiento de la población ha impuesto retos enormes. Nada más en los últimos 30 años, nuestra población se ha duplicado. En 1970 eramos 48 millones, en el año 2000 seremos 100 millones.

Además hay más de 10 millones de mexicanos que viven dispersos en localidades de menos de 500 habitantes cada una. Esto significa que ha sido particularmente difícil llevar servicios básicos a estos mexicanos, atenderlos como es debido e incorporarlos a los avances del resto del país.

La distancia que separa a esos mexicanos de los niveles de vida de los demás, es mayor en la medida en que cada generación naturalmente tiene demandas más y más altas.

En la educación, por ejemplo hace 70 años, la gran cruzada era por la alfabetización. En 1970 en que la escolaridad promedio en el país era ya de tres años cuatro meses, la meta era la primaria completa, hoy que la escolaridad promedio es de siete años, siete meses, la meta de nueve años ya es insuficiente.

El tamaño y la complejidad de los retos ha sido el mayor estímulo del Gobierno para hacer el mayor esfuerzo, sobre todo porque la atención de muchas demandas requiere gran perseverancia, el camino es largo y se recorre paso a paso.

La gente sabe que falta a la verdad quien ofrezca resolver los problemas de un día para otro, lo que sí podemos hacer es seguir sumando el esfuerzo de cada uno, para que todos estemos un poco mejor cada día. Por eso este Gobierno dedica la mayor parte de sus recursos humanos y económicos a los servicios básicos y a los apoyos que la gente más necesita.

La inmensa mayoría de quienes trabajan para el Estado, son maestros, médicos y enfermeras. De igual modo y no obstante las dificultades económicas, cada año de este Gobierno hemos aumentado los recursos públicos destinados a la gente.

Hoy estamos dedicando al gasto social el 60% del presupuesto programable, ésta es la proporción más alta en la historia de México, hace 10 años esa proporción era 36% y hace 15 años era 28%.

Porque la gente demanda más y mejor educación, para tener más y mejores oportunidades de superación y bienestar, a ella dedicamos la mayor parte del gasto social, 25 centavos de cada peso que programa gastar el Gobierno son para educación, la educación ha sido y seguirá siendo una prioridad indiscutible para este Gobierno.

Esto hace posible que hoy casi uno de cada tres mexicanos estén en la escuela. Los mexicanos queremos que haya escuela para todos los niños y jóvenes y que ingresen a ellas mejor preparados, para aprender y para convivir.

Hoy nueve de cada 10 niñas y niños que entran a la primaria, ya cursaron antes al menos un año de preescolar. Hoy también nueve de cada 10 años, entre seis y 14 años de edad están estudiando la primaria, un total de 14.7 millones.

Más del 90% de los mexicanos de 15 años de edad ya completaron su primaria, lo que es un avance significativo con respecto a 1995, en que esa proporción era menor a 84%.

Pero no basta con la primaria, por eso este Gobierno ha hecho un esfuerzo especial, para que más mexicanos estudien la secundaria, como es su derecho. Hoy más de 5 millones 260 mil jóvenes están en la secundaria, 770 mil más que en 1994.

El impulso no se detiene ahí, a medida que más jóvenes ingresan a la secundaria, son más los que siguen hasta la educación superior, por lo pronto más de 2 millones 860 mil mexicanos están cursando educación media superior, medio millón más que en 1994.

Los jóvenes demandan más y mejores opciones de estudios superiores y tecnológicos. Hace cinco años había en el país 120 institutos tecnológicos superiores, hoy contamos con 171. Hace cinco años había siete universidades tecnológicas, hoy contamos con 38.

Gracias a este esfuerzo ahora 2 millones de alumnos están estudiando educación superior, 520 mil más que en 1994.

Con muchísima razón la gente ya no se conforma sólo con que haya escuelas para sus hijos, la gente quiere calidad. Tiene toda la razón; vivimos en un mundo más y más exigente y el sentido de ir a la escuela es aprender para poder vivir mejor. Por eso en este Gobierno se ha hecho un gran esfuerzo para elevar la calidad en todos los niveles educativos. En primaria se ha completado la renovación de los planes de estudio; también se ha completado la renovación de los libros de texto gratuitos. Para este año escolar se distribuyeron 173 millones de ejemplares; 62 millones más que en 1994.

Además, se ha restituido la enseñanza sistemática de materias, para que los niños y los jóvenes conozcan y aprecien nuestra historia y sus deberes cívicos y se han establecido materias para inculcarles responsabilidad hacia la naturaleza y hacia su propia vida.

En la secundaria también hemos realizado una renovación completa de los planes de estudio. Por primera vez con la concurrencia de las entidades federativas se están distribuyendo gratuitamente libros de texto para secundaria. Comenzamos este esfuerzo hace apenas dos años y 90% de los alumnos de las secundarias públicas ya los reciben en este ciclo escolar.

La clave para una educación de calidad está en tener buenos maestros; los maestros necesitan buenos apoyos para prepararse y actualizarse. El Gobierno está impulsando una reforma integral a la educación normal y está haciendo una inversión sin precedente en la infraestructura para la preparación y la capacitación permanente del magisterio nacional.

Más maestros que nunca antes están tomando cursos de actualización y están participando en análisis y discusiones sobre planes de estudio y métodos de enseñanza. Más maestros que nunca antes están recibiendo más apoyos que nunca antes de libros, materiales didácticos, acceso a bibliotecas especializadas, televisión educativa y equipos de cómputo.

Lograr la calidad que queremos toma tiempo, pero ese esfuerzo empieza a dar sus primeros resultados. Después de muchos años de deterioro, contamos con las primeras evidencias empíricas de que los alumnos ya están adquiriendo y utilizando mejores conocimientos señaladamente en materias como español y matemáticas.

El esfuerzo por la calidad debe llegar a todos los niveles educativos, por eso para apoyar a las universidades públicas, este Gobierno ha puesto en marcha programas especiales que alientan la formación y especialización del profesorado, que otorgan estímulos económicos a las labores docentes y que promueven la modernización de las instalaciones, los sistemas de información y el equipo para la investigación.

Ampliar la cobertura e impulsar la calidad de la educación no es suficiente para hacer efectivo el derecho a la educación de todos los niños mexicanos. Debemos reconocer que en México muchos niños se han quedado sin las oportunidades que brinda la educación, no por falta de escuela sino por falta de nutrición, de salud y por la pobreza de sus padres. Pocas cosas son más tristes que ver a un niño o a una niña que abandonan la escuela por una enfermedad o que dejan de estudiar porque sus padres los necesitan para que ayuden con el gasto.

Para que esto deje de ocurrir, este Gobierno ha venido aplicando programas especiales que evitan que las niñas queden marginadas de la escuela, que impiden que la mala nutrición y el hambre condenen a niños sin recursos a quedar en desventaja para toda su vida y que hacen más difícil que abandonen la escuela antes de terminarla.

Hoy, con la concurrencia de estados y municipios, cada día 4.5 millones de niños reciben desayunos escolares, tres veces más que en 1994.

Hoy, 4.2 millones de niños de primarias rurales, incluidas todas las indígenas, reciben gratuitamente útiles escolares y materiales didácticos elaborados especialmente para ellos. Hoy, más de 3 millones de alumnos de educación básica reciben becas, cinco veces más que en 1994.

Sin embargo, cada uno de estos apoyos por sí mismos, no asegura que los niños más necesitados puedan permanecer en la escuela y aprovecharla. En muchos casos se requiere atender integralmente todos los aspectos que pueden truncar la educación de estos niños. Para eso, se está aplicando el Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación, el Progresa.

El Progresa proporciona a las familias más pobres una beca para que cada hija o hijo cursen la primaria y la secundaria y la condiciona a que asistan a la escuela y a que reciban atención médica. Además se otorga un apoyo en efectivo a cada familia. Las becas y los apoyos son para evitar que los niños en vez de estudiar, indebidamente trabajen. Adicionalmente, el Progresa entrega complementos nutritivos para los niños más pequeños y las madres en lactancia.

Con el Progresa, muchos niños que nunca habían recibido atención médica, ya la reciben; muchos niños que habían abandonado la escuela han regresado a ella; muchos niños de familias donde nadie había terminado la primaria o la secundaria, ahora las completarán. Esos niños tendrán las oportunidades que sus padres y sus hermanos mayores no han tenido.

Adicionalmente, gracias al contacto con las instituciones y a la atención médica, muchas madres de familia ahora cuidan mejor de su salud; muchas madres de familia están encontrando con el apoyo económico que reciben, aun siendo modesto, encuentran que les sirve como base para mejorar sus actividades productivas o iniciar otras.

El Progresa comenzó a aplicarse apenas hace dos años; este mes llegaremos a la meta que nos fijamos para fines de este año, de atender a 2.3 millones de familias. Ahora nuestra meta, para el inicio del año 2000, es atender a 2.6 millones de familias.

La salud, es condición básica para el progreso y para la tranquilidad de las personas y familias. Por eso este Gobierno ha hecho un gran esfuerzo por atender mejor la salud de la gente. En esta administración, el ramo de presupuesto que ha tenido mayor crecimiento, 70% en términos reales, es el de los servicios de salud. Gracias a esta inversión, el próximo año lograremos que todos los mexicanos tengan acceso al paquete básico de salud en hospitales, clínicas, centros de salud o unidades móviles.

22, 23 y 24

El paquete básico previene y atiende los males más extendidos y frecuentes en México. En los pasados cinco años se ha logrado incorporar a los servicios básicos de salud, a 16 millones de personas; la mitad de ellos nacieron en ese lapso. Los otros ocho millones que habitan en las zonas más pobres del país, habían estado marginados por completo de las instituciones de salud. Se trata no sólo de combatir la enfermedad y la zozobra que provoca en las familias, sino también de prevenirlas; el 98% de los niños menores de cinco años, ya reciben vacunas para prevenir 12 enfermedades. Hasta hace pocos años, las vacunas que se aplicaban protegían sólo contra seis. Esta acción, evita cada año la muerte o discapacidad de miles de niños por polio, meningitis u otras enfermedades.

Durante los pasados cinco años, el Gobierno ha construido 156 nuevos hospitales, uno cada 12 días y 2 mil 800 centros de salud y consultorios, uno y medio por día. Además, ha incorporado a las labores a 45 mil nuevos médicos y enfermeras para mejorar la calidad de la atención.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, contiene el patrimonio colectivo que protege la salud y las pensiones de retiro de la mitad de los mexicanos. Hace cinco años ese patrimonio se encontraba en grave riesgo; los servicios médicos eran insuficientes por falta de inversión y mantenimiento; escaseaban las medicinas y los materiales de curación; las pensiones ya no podrián cubrirse con el presupuesto y sin acciones oportunas, habrían dejado de pagarse.

La angustia y la irritación se extendían entre los derechohabientes, la quiebra del instituto ya no era sólo una amenaza, sino una realidad inminente. El Gobierno de la República no podía permitir el colapso de la institución más importante del patrimonio social de los trabajadores mexicanos.

Pudimos optar por tomar sólo medidas superficiales y trasladar el problema a la siguiente administración federal, lo que habría hecho más profundo el deterioro. Pero actuar así habría sido un acto irresponsable con los trabajadores del país. En cambio, este Gobierno propuso una profunda reforma a la seguridad social, que fue aprobada por el Congreso de la Unión.

Como resultado de la reforma el Gobierno Federal absorbió el enorme pasivo para el pago de pensiones e incrementó su aportación regular para que disminuyeran las aportaciones de los trabajadores. Comprometimos recursos públicos de éste y de los próximos gobiernos para rescatar a la seguridad social.

Hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social, está creciendo; está llevando a cabo el programa de inversiones más grande de su historia. Los ramos que protegen la salud están logrando excedentes para una sana y estable operación futura. Las pensiones de quienes habían adquirido ese derecho, están garantizadas y se pagan puntualmente. Un nuevo sistema de ahorro y retiro más justo y productivo protege ahora a 14.8 millones de trabajadores. Los hechos acreditan la justicia y la oportunidad del rescate de la seguridad social por el Estado mexicano. Los mexicanos que viven y trabajan en las ciudades, tres cuartas partes de la población del país, reclaman mejores servicios y oportunidades para una vida digna, el Gobierno trabaja para atenderlos, en los últimos cinco años 8.3 millones más de mexicanos han comenzado por primera vez, a recibir el servicio de agua potable y 10.5 millones más el de drenaje y alcantarillado. La energía eléctrica llega hoy al 95% de los hogares.

Por otra parte, medio millón de familias han recibido las escrituras de sus lotes en colonias populares regularizadas y 2.1 millones han obtenido financiamiento para adquirir o mejorar su casa o departamento. En noviembre pasado el Infonavit asumió el compromiso de financiar la construcción de 200 mil viviendas en 18 meses; el objetivo más ambicioso que se haya fijado esa institución.

Para atender eficazmente a las colonias populares y procurar un mejor desarrollo urbano, promovimos un profundo cambio congruente con el nuevo federalismo que impulsamos. Muchas de las responsabilidades y los recursos que antes eran ejercidos por el Gobierno Federal, han sido transferidos a los gobiernos de los estados y los municipios. No sólo eso, se han incrementado los recursos: en 1997 se transfirieron a los municipios 8 mil millones de pesos, en este año serán más de 25 mil.

Hoy, tres cuartas partes del presupuesto que manejaba la Secretaría de Desarrollo Social, se operan en esta nueva modalidad, el nuevo federalismo en la provisión de servicios básicos es un ejercicio democrático que atiende las demandas de la gente con seriedad, sin personalismos y sin afanes de lucro político.

Por muchos años hemos hablado de la crisis que afecta al campo mexicano y que impide a las mujeres y los hombres del campo, que su esfuerzo reciba la retribución justa. Por eso, este Gobierno ha venido aplicando una estrategia integral para corregir las restricciones estructurales del sector rural.

Estamos saliendo de la prolongada crisis del campo mexicano, lo estamos logrando al abatir la incertidumbre y la indefinición agrarias...

Permítame, señor Presidente.

Esta Presidencia ruega a los señores legisladores guardar silencio para escuchar el informe del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Continúe, señor Presidente.

Lo estamos logrando al abatir la incertidumbre y la indefinición agrarias, al promover el crecimiento y la diversificación de la producción agropecuaria y al impulsar el desarrollo social a partir del combate a la pobreza extrema.

En lo fundamental, la disputa por la tierra, 20 mil ejidos y comunidades, cerca del 70% de los que existen en el país, ya cuentan con los títulos y certificados que reconocen y precisan su propiedad y sus derechos.

La titulación previene conflictos y enfrentamientos estériles que frenan el desarrollo productivo, arriesgan el ingreso y retardan el bienestar. La certeza y la claridad en los derechos de propiedad sustentan una nueva convivencia pacífica, plural y democrática en el campo.
Los campesinos están resueltos a aumentar la producción agropecuaria y elevar el rendimiento de sus tierras.

El Gobierno respalda su esfuerzo facilitando la adquisición de maquinaria y equipo de trabajo, el uso de semillas y pies de cría y llevándoles asistencia técnica de calidad.

Con la Alianza para el Campo se apoyan hasta con 45% las inversiones directas de los productores para elevar la productividad. Cada año Procampo, está entregando un pago en efectivo que garantiza un ingreso mínimo a 2.9 millones de productores que siembran 14 millones de hectáreas de cultivos básicos.

Con este apoyo los campesinos adquieren insumos y se protegen de variaciones en los precios.

A través del Programa de Apoyo a la Comercialización se están compensando las desventajas que afectan a los productores agrícolas, para que puedan recibir ingresos superiores a los referentes internacionales sin afectar a los consumidores.

Poco a poco en esta administración se ha venido recuperando la dinámica del crecimiento agropecuario que, pese a condiciones climáticas adversas, ya supera en promedio al incremento de la población.

Por otra parte, el avance en las exportaciones agropecuarias refleja la transformación productiva que está generando la inversión.

La pobreza rural conforma un círculo vicioso complejo y resistente.

Quienes la sufren demandan que superemos la injusticia histórica que los separa de los demás mexicanos y los margina del progreso y del bienestar.

El Gobierno está respondiendo a esta demanda con una visión de largo plazo, que no sólo atiende los síntomas sino que ataca las causas de la pobreza con constancia y decisión. Los pobres del campo exijen oportunidades de progreso para alcanzarlo con su propio esfuerzo.

De ahí que en las zonas rurales marginadas estemos concentrando los esfuerzos para ampliar la cobertura educativa y de salud. De ahí también que el Progresa, llegue ya a cuatro de cada cinco familias rurales afectadas por pobreza extrema y que el crédito a la palabra llegue a casi 550 mil productores de autoconsumo.

Adicionalmente, se ha incrementado el apoyo a las empresas sociales y los fondos indígenas, se ha ampliado el sistema de abasto rural y se ha reorganizado la atención a las regiones prioritarias con altos índices de marginación.

Además, se están ofreciendo empleos estacionales para abrir y mantener caminos, así como para construir obras de beneficio colectivo que eleven los rendimientos de la producción.

Cada año los programas de empleo temporal ofrecen 1 millón de puestos de trabajo, 370 mil más que hace cuatro años. Estos programas tienen un doble efecto en las familias y comunidades que significan salarios y también más y mejor infraestructura.

Con toda razón las mujeres demandan que se les atienda con la eficacia y la calidad con que ellas contribuyen a la vida social, política y cultural del país.

El Gobierno, en el caso de las mujeres que viven y trabajan en el campo, les está respondiendo con acciones específicas para su salud y su educación, con programas de combate a la pobreza y de apoyo productivo. La incorporación de las familias al Progresa se hace a través de las mujeres, para asegurar que los apoyos realmente agreguen recursos al hogar.

Para prevenir la deserción escolar de las niñas, que tiende a ser lamentablemente más alta que entre los niños, las becas que ellas reciben son mayores. En los cinco años de esta administración se ha otorgado financiamiento a más de 20 mil proyectos de empresas de mujeres. Más de 700 mil familias campesinas han recibido apoyo para la producción de traspatio que realizan las mujeres.

Cuando el medio ambiente se deteriora, la calidad de vida de todos también se deteriora. Más y más mexicanos, sobre todo entre los jóvenes, exigen vigorosamente que trabajemos para restaurar la armonía en nuestra relación con la naturaleza. Esa tarea rebasa el compromiso de las personas o de los grupos voluntarios.

Por eso, este Gobierno ha hecho del cuidado de los recursos naturales una parte esencial y novedosa de la política social. En esta administración se han realizado acciones de protección en 37 millones de hectáreas de bosques, selvas y áreas de diversidad biológica, casi la quinta parte de nuestro territorio. Hemos sembrado 1 mil millones de árboles y se ha comenzado a elevar la eficacia en el combate a los incendios forestales.

En la medida en que la gente, muchas veces en pobreza, comparte el espacio y los recursos que debemos cuidar, debemos conjugar justicia, conservación y desarrollo sustentable. Los mexicanos estamos avanzando como nunca frente a uno de los retos más grandes y complejos de nuestro tiempo.

Dos desastres de gran magnitud: el huracán "Paulina", que azotó las costas de Guerrero y Oaxaca en octubre de 1997; y las lluvias torrenciales en la costa de Chiapas en septiembre de 1998, que provocaron desbordamientos catastróficos, pusieron dramáticamente de relieve las consecuencias de abusar de los recursos naturales. Las acciones y los programas de emergencia para enfrentar esos desastres requirieron de grandes esfuerzos y elevados costos para rescatar personas, evitar epidemias, superar la escasez de agua y alimentos, así como para reponer la vivienda y la infraestructura destruidas.

Con el esfuerzo y la solidaridad de los mexicanos conseguimos esos objetivos. La disposición de un fondo presupuestal para contingencias, aprobado por la Cámara de Diputados...

Permítame, señor Presidente.

Con toda la atención y respeto que merece nuestra investidura, esta Presidencia hace un llamado y una invitación a todos los compañeros legisladores para que no rompamos con el protocolo republicano, característico de la tradición parlamentaria que hemos observado durante años.

Continúe usted, señor Presidente.

25, 26 y 27

La disposición de un fondo presupuestal para contingencias, aprobado por la Cámara de Diputados ha permitido afrontar las emergencias sin mermar los recursos de inversión social...

Permítame, señor Presidente; señor diputado:

Se le informa a usted que esta sesión se conduce en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 69 constitucional, 5o., 7o. y 8o. de la Ley Orgánica del Congreso General y el 189 de su Reglamento.

No procede el uso de la voz y yo lo invito a reservar sus observaciones para las sesiones en que habrá de analizarse el informe que hoy día es de nuestro conocimiento.

Señor senador: la disposición extrema y expresa del artículo 8o. señala claramente para qué está reunido el Congreso General el día de hoy.

Puede usted continuar, señor Presidente.

Gracias, señor diputado.

Frente a los desastres y de manera muy especial en el caso de la costa de Chiapas se evitaron pérdidas humanas incalculables, gracias a la participación leal, oportuna y eficaz de nuestras fuerzas armadas.

La gran capacidad del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México en las tareas de protección civil se demostró, una vez más, cuando el huracán "Mitch" golpeó a nuestros hermanos de Centroamérica, apenas unos cuantos días después de las inundaciones en Chiapas.

El Gobierno de la República captó el sentimiento solidario de los mexicanos y envió personal de nuestras fuerzas armadas y de otras dependencias federales con auxilio y apoyo. Merecidamente todos recibieron en esos países hermanos un gran reconocimiento a su labor, disciplina y sacrificio.

En nuestra extendida y quebrada geografía las comunicaciones son una demanda fundamental para el progreso y las oportunidades.

La producción y el abasto, el acceso a los servicios básicos y hasta la atención de emergencias mejoran si se cuenta con caminos.

En los cinco años de esta administración las carreteras construidas o ampliadas suman 6 mil kilómetros. Además de la construcción de 1 mil 600 kilómetros de nuevos caminos rurales, cada año se conservan y mantienen 62 mil kilómetros con el trabajo de los campesinos que los transitan y aprovechan.

Contar con un empleo digno es indispensable para salir adelante en la vida a partir del esfuerzo propio. Por eso este Gobierno ha trabajado para que existan condiciones generales y particulares que estimulen la creación de nuevas y mejores fuentes de empleo.

Debimos partir de una situación muy difícil, pues el impacto social más doloroso de la emergencia económica que se desató a fines de 1994 se dio precisamente en el empleo, entonces muchos puestos de trabajo fueron cancelados, llegando en agosto de 1995 a una tasa de desempleo abierto de 7.6% de la población económicamente activa, la más alta desde que fue creada esta estadística en 1987.

Por las mismas razones el número de asegurados permanentes en el Seguro Social disminuyó en casi medio millón durante los primeros siete meses de aquel año. Afortunadamente esta triste situación comenzó a aliviarse más pronto de lo que muchos previeron. En este mes se cumplen cuatro años de una expansión prácticamente sostenida en el nivel de empleo. Gracias a ello, el pasado mes de julio se registró una tasa de desempleo abierto de 2.26%; ésta es la tasa más baja desde diciembre de 1992 y es la menor que se haya registrado para cualquier mes de julio.

De igual modo, el número de asegurados permanentes en el Seguro Social alcanzó su máximo histórico el pasado julio, al registrar poco más de 10 millones 411 mil trabajadores.

Esto significa que a partir del inicio de la recuperación del empleo, hace cuatro años, se ha logrado aumentar en más de 2 millones el número de asegurados permanentes en el IMSS.

La positiva evolución del empleo se ha apoyado en las condiciones generales de la economía, así como en un esfuerzo sin precedente en materia de capacitación para trabajadores, tanto empleados como en busca de empleo.

Además de procurar las condiciones para que haya buenas oportunidades de superación y bienestar, la gente espera que el Estado le brinde seguridad pública y justicia. Con gran pesar reconozco que el Estado aún no ha cumplido esta demanda de los mexicanos y hablo del Estado en su acepción más amplia, pues en materia de seguridad pública somos claramente corresponsables los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno. De hecho, más del 90% de los delitos que se cometen son del fuero común y perseguirlos es responsabilidad de los gobiernos estatales.

Por todas partes he escuchado los testimonios de dolor e indignación de muchísimos mexicanos que han sufrido por causa de la criminalidad y la inseguridad pública. La ciudadanía tiene razón en dolerse, tiene razón en indignarse, tiene razón en estar molesta con las autoridades. Estamos viviendo todavía las consecuencias de problemas muy graves que dejamos que se acumularan por muchos años. Hemos tenido que enfrentar tenazmente problemas como leyes insuficientes, instituciones obsoletas y además penetradas por la delincuencia y la corrupción, carencia de recursos y de buenos programas.

Ante la gravedad de estos problemas, el Gobierno de la República de ningún modo se ha quedado con los brazos cruzados. Lo primero que tenía que hacerse para poder responderle a la gente era emprender profundas reformas a la Constitución y a las leyes del país. Sólo con nuevas leyes podíamos empezar a combatir a los delincuentes de hoy con eficacia. Por eso, he enviado progresivamente a consideración de este Congreso diversas iniciativas, debido a la complejidad jurídica y social que implican dichas reformas su examen y aprobación naturalmente han tomado tiempo, las más recientes fueron promulgadas en junio pasado.

Gracias a esta labor legislativa ahora estamos, apenas ahora, estamos empezando a trabajar con leyes más adecuadas para enfrentar a la delincuencia, esta labor legislativa se refleja en que en los pasados cinco años se han realizado cinco reformas constitucionales, 64 reformas a códigos y ordenamientos y se han emitido 11 nuevas leyes que tienen que ver con seguridad pública y justicia.

Con las nuevas leyes ahora podemos esperar de nuestras instituciones resultados que antes no podían cumplir; antes, el Poder Judicial de la Federación no tenía total independencia, no contaba con todos los medios indispensables para procurar la estricta imparcialidad, la honradez y el creciente profesionalismo de sus jueces y magistrados, ahora la ley se los proporciona con claridad.

Antes no contábamos con leyes adecuadas para perseguir y castigar la delincuencia organizada ni en lavado de dinero, ahora tenemos esas leyes; antes, las leyes eran muy permisivas con quienes poseían, usaban y traficaban con armas prohibidas, ahora la ley trata con más rigor a quienes lo hacen y sobre todo a quienes las utilizan para delinquir.

Antes de las reformas, era muy difícil detener, consignar y castigar a quien cometía un delito, ahora podemos hacerlo; antes, los criminales podían abusar de la facilidad que les daba la ley para obtener su libertad provisional y seguir delinquiendo en las calles, ahora es mucho más difícil que lo logren.

Antes, la ley no castigaba suficientemente delitos violentos como el asalto a mano armada, la violación, el secuestro y el homicidio, ahora las sentencias aplicables responden más justamente a la gravedad de estos crímenes.

Antes, la ley era absurdamente suave con delitos que dañaban el ahorro y el patrimonio de los mexicanos, de eso se aprovechan para evadir la justicia quienes defraudaron a instituciones financieras, ahora quienes abusen de los demás así recibirán penas severas como lo merecen.

Antes, incluso la propia Constitución en sus disposiciones laborales, hacía casi imposible depurar los cuerpos de policía y separar a los agentes corruptos o incapaces, ahora podemos hacerlo. Por eso hemos empezado la más profunda depuración que se haya hecho en nuestros cuerpos de policía y procuración de justicia; a la vez, hemos comenzado a evaluar sistemáticamente a los policías judiciales, los agentes del Ministerio Público y los peritos.

Antes, no existían bases legales que obligaran a los gobiernos Federal, estatales y municipales a trabajar coordinadamente contra la delincuencia, ahora tenemos esas bases.

Comenzamos a utilizarla para intercambiar información sobre bandas organizadas, delincuentes y sus formas de actuar, para realizar mejores investigaciones, para poder perseguir a los criminales en todo el país, para evitar que policías que son perseguidos por aprovechar su cargo para cometer fechorías en un Estado, aparezcan en otro Estado haciendo lo mismo, para integrar mejores acusaciones y que los delincuentes no queden en libertad por falta de pruebas.

Antes, los recursos presupuestales para seguridad pública y justicia eran mucho muy escasos y se gastaban sin una estrategia integral. Ahora, estamos destinando a la seguridad pública y a la justicia más recursos que nunca en nuestra historia. Este año los gobiernos Federal y estatales, están invirtiendo 9 mil millones de pesos en seguridad pública; esta cifra es más del doble en términos reales de la invertida el año pasado y cerca del triple de la de 1997, además, casi el 70% de esos recursos están siendo ejercidos por los estados y municipios a cambio de que apliquen programas precisos de depuración de sus procuradurías y policías, de capacitación y adiestramiento de sus agentes, de modernización del equipo con que cuentan.

A su vez, el Gobierno Federal también está fortaleciendo sus cuerpos de seguridad. Se ha creado la Policía Federal Preventiva, con nuevos mecanismos de selección, entrenamiento y control para detectar y evitar que le infiltren malos elementos.

Sé bien que en seguridad pública estamos muy lejos de donde hemos ofrecido estar y mucho más lejos de donde quisiéramos estar, pero muy pronto empezaremos a ganar la batalla a la delincuencia; muy pronto empezaremos a revertir la tendencia de criminalidad e inseguridad que hemos padecido estos años...

Permítame, señor Presidente; señor senador:

Tenga la bondad de sentarse y le ruego que no violemos el espíritu de esta sesión y que mantengamos el orden necesario para escuchar al ciudadano Presidente de la República en este mensaje.

El llamado es a la Asamblea al orden y a la compostura para continuar con el informe de Gobierno...

Tenga la bondad de sentarse, señor senador...

Se les ruega guardar silencio y tener respeto.

Tenga la bondad de sentarse, señor senador y le hago un llamado con toda atención y respeto que merece nuestra investidura y esta Presidencia le llama y le invita para que guarde compostura y no rompamos con el protocolo republicano característico de la tradición parlamentaria que hemos observado.

Tengo confianza en que lograremos buenos resultados, en especial si los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno perseveramos con firmeza y ahínco en las tareas que hemos emprendido.

Como Presidente de la República, mi mayor dedicación es trabajar por las oportunidades de los mexicanos de hoy y de mañana.

Sé muy bien, y la gente me lo dice todos los días, que hacen falta más empleos y mejores salarios; todos sabemos que es necesario invertir más en educación y en salud, en todos los servicios básicos, en carreteras y caminos.

Todos sabemos que hace falta ir más de prisa, ir más a fondo contra la pobreza que azota a millones de mexicanos en el campo y en las ciudades; todos sabemos que debemos combatir mejor la inseguridad y la delincuencia.

Por todo esto, por el bienestar, la seguridad y la prosperidad de los mexicanos, es por lo que necesitamos una economía nacional fuerte, sana en crecimiento; una economía capaz de darnos los recursos que para todo esto nos hacen falta.

28, 29 y 30

Como Presidente de la República, me interesa que la economía arroje buenos indicadores, pero no porque basten los buenos indicadores para que la gente se sienta satisfecha, sino porque necesitamos los recursos que esos indicadores expresan para seguir avanzando en la solución de los problemas y en la atención de las demandas que más interesan a la mayoría de los mexicanos.

Una economía nacional bien manejada es un medio, solamente un medio para alcanzar lo que más cuenta para este Gobierno y eso es, vuelvo a decirlo, el bienestar de los mexicanos de hoy y de mañana; para atender...

Para atender mejor nuestros recursos y acabar con nuestros rezagos, se requieren los recursos que sólo puede darnos una economía que crezca año tras año a tasas muy por encima del aumento de la población. Para tener una economía nacional que realmente le sirva a la gente, es que son indispensables las políticas responsables, realistas, disciplinadas, que muchas veces exigen decisiones duras que pueden ser impopulares en el momento en que se toman pero que prueban su eficacia a mediano y a largo plazo.

Lo justo es que la política económica sirva a la gente y no que la gente sirva a la política a costa de su economía. Esto es lo que pasa irremediablemente y así lo hemos sufrido muchas veces los mexicanos, cuando la irresponsa bilidad, la demagogia, el populismo, el afán enfermizo por lograr el aplauso fácil o incluso el temor a hacer lo que debe hacerse, se imponen en el manejo de la economía.

Para que realmente sirva a la gente, la política económica debe ser responsable, es decir, debe admitir los problemas y hacerles frente, nunca posponer ni mucho menos simular sus soluciones. Para poder vencerlos, debe reconocer limitaciones, obstáculos y resistencias.

Por lo mismo, la política económica no debe ofrecer la solución inmediata y sin esfuerzo de todos los problemas; esto es imposible; debe procurar la solución más rápida posible, pero buscando resultados que sean permanentes y no sólo pasajeros; debe pensar en el interés de la gente, no en popularidades ni en prestigios personales de los gobernantes.

Con esa convicción he conducido la política económica durante mi mandato y así continuaré haciéndolo hasta el último día de mi administración.

Justo al inicio de este sexenio se desató una grave crisis que causó mucho daño a la población y que habría sido mucho peor y habría durado más tiempo si el Gobierno hubiera actuado irresponsablemente. Gracias a que se tomaron decisiones responsables, aunque irremediablemente difíciles y naturalmente polémicas, el esfuerzo de todos los mexicanos logró que la crisis comenzara a superarse en un plazo que para muchos resultó sorprendentemente corto.

Después del colapso de 1995, la economía creció a tasas muy apreciables: de 5.1 y 6.8% en 1996 y 1997, respectivamente. En 1998 la economía nacional vivió otra dura prueba, ahora causada por severos choques del exterior. Se derrumbó el precio internacional del petróleo, con lo que se perdió una parte muy importante de los recursos disponibles para el gasto del Gobierno y además los mercados financieros internacionales se desquiciaron, causando serios problemas a nuestra economía.

En los años ochenta, choques externos parecidos a los del año pasado, causaron muy profundos y prolongados estragos en la economía del país. Esta vez, afortunadamente, logramos evitarlos, aunque no nos libramos de algunos daños: la inflación fue más alta y el crecimiento económico algo menor a lo previsto originalmente. Dadas las duras circunstancias que debimos enfrentar, el balance fue positivo para 1998, en particular, por tercer año consecutivo el producto interno bruto tuvo un crecimiento favorable, de 4.8%.

Hace un año, al presentar el IV Informe de Gobierno, anticipé que las condiciones en que se desenvolvería la economía del país en el futuro inmediato, no serían del todo convenientes; previne que la situación internacional seguiría planteando grandes retos e incluso fuertes restricciones a la política económica. Señalé, sin embargo, que si manteníamos invariablemente las pautas de responsabilidad y realismo podríamos hacer lo necesario, no sólo para alcanzar el mayor crecimiento económico posible en el bienio 1999 año 2000, sino para que el próximo Presidente de la República tenga las condiciones más propicias posibles para el inicio y el desarrollo de su mandato.

Propuse en consecuencia que todos trabajemos para que en el año 2000 la economía nacional esté resguardada por una evidente fortaleza financiera, fiscal y estructural; así podremos desterrar las crisis sexenales que han azotado al país desde hace un cuarto de siglo.

En congruencia con estos señalamientos, sometí a consideración de este honorable Congreso los criterios generales de política económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto, correspondientes a 1999, que precisaron objetivos, no sólo para el presente año, sino también para el año 2000.

En lo que se refiere a 1999, propuse una estrategia para seguir aumentando los empleos, alcanzar un crecimiento del PIB del 3% y reducir la inflación anual a 13%.

Hoy puedo afirmar, con base en los datos disponibles para lo que va del año, que conseguiremos las metas propuestas para 1999. Ahora debemos redoblar el paso, a fin de cumplir las del año próximo.

Para el año 2000 es posible y muy necesario, que sigan abriéndose nuevas fuentes de empleo. Para lograrlo, el crecimiento del PIB deberá situarse alrededor del 5% y para proteger al máximo posible el valor real de los salarios, la inflación no deberá exceder el 10%.

Estas son metas ambiciosas, pero alcanzables. No se trata únicamente de que la economía marche razonablemente bien. Tan importante o aún más importante es que así sea al inicio del próximo sexenio.

De esa manera, el nuevo Gobierno no tendrá que dedicar su inicio a remediar una crisis económica, como ha ocurrido ya con cuatro presidencias consecutivas, sino que podrá, con base en su propia estrategia y su legitimidad democrática, dar desde el arranque renovado ímpetu al desarrollo de nuestra nación.

Para cumplir con este propósito, que es el interés de todos los ciudadanos, independientemente de su preferencia política, el Gobierno de la República seguirá aplicando los instrumentos de la política económica con un inalterable sentido de responsabilidad y disciplina.

En consecuencia, habré de proponer a este honorable Congreso un programa de finanzas públicas para el próximo año, congruente con los objetivos de crecimiento económico y estabilidad financiera y de precios que buscamos.

Sobra decir que no habrá manejo electoral de las finanzas públicas en el año 2000, como no lo ha habido en ningún año de este Gobierno.

Hace casi un año que comuniqué al Congreso que la meta para el año 2000 debiera ser un déficit fiscal equivalente a 1% del producto, criterio que sigo sosteniendo.

Asimismo se mantendrá la política cambiaría de libre flotación, que ha probado ser de enorme utilidad para proteger al máximo posible a la economía nacional de las incidencias adversas de la economía internacional y de los movimientos especulativos de capital.

La libre flotación también permitirá dejar reservas internacionales por un monto muy importante.

Completaremos la ya muy avanzada estrategia de aprovechar los mercados internacionales de capital para que los vencimientos de deuda pública externa no se acumulen justo al comienzo de la próxima administración federal, como lamentablemente sucedió en 1995.

Cuidaremos la evolución de la cuenta corriente de la balanza de pagos para que su saldo siga guardando una proporción adecuada, tanto con el tamaño de la economía del país como con la disponibilidad prevista de recursos externos de largo plazo para su sano financiamiento.

De cumplirse estas condiciones y de no presentarse un hecho extraordinariamente adverso en el exterior, los mexicanos debemos tener confianza en que la economía nacional marchará bien el próximo año y además dejaremos atrás los traumas económicos de cambio de sexenio.

Alcanzar estos propósitos es muy importante, pero es más lo que puede hacerse para el futuro del país. En particular, considero que un deber de quienes hoy tenemos responsabilidad pública, es hacer lo necesario para darle mayor fuerza y flexibilidad a la estructura de nuestra economía. Esto implica anticipar la atención de algunos aspectos que en los próximos años significarán condicionantes importantes para el desarrollo nacional. La realización de las reformas necesarias no depende exclusivamente del Ejecutivo Federal; se precisa, como ha venido ocurriendo, el ejercicio de facultades conferidas por la Constitución a este honorable Congreso, el cual tiene ya a su consideración varias iniciativas remitidas por un servidor.

Cada una de dichas iniciativas está animada por el propósito de mejorar las perspectivas de mediano y largo plazo de la economía para que ofrezca mejores oportunidades de bienestar a todos los mexicanos. Confío en que pensando en el interés de largo plazo del país, lograremos los acuerdos y los consensos que sirvan mejor a México.

Este Gobierno, como cualquier gobierno, debe tener y tiene como su deber principal servir en todo momento a la gente; además este Gobierno se ha propuesto sentar bases firmes o contribuir a sentar bases firmes para que los próximos gobiernos también sirvan a la gente.

Los mexicanos sabemos que nadie puede garantizar desde ahora que así ocurrirá siempre, pero sí está en nuestra manos crear las condiciones para que esto sea más probable y sabemos que la manera de lograrlo es afianzar la democracia en México. La democracia por sí sola no asegura que haya buenos gobiernos, pero los mexicanos sabemos que serán más probables y más frecuentes en una democracia plena.

Al trabajar duro por una democracia más fuerte, trabajamos para que haya buenos gobiernos; la democracia que estamos construyendo en México responde a una convicción profunda de la inmensa mayoría de los mexicanos; comparto plenamente esta convicción, por eso tengo un firme compromiso con la democracia.

Lo primero que implica la democracia es que todos, empezando por el Gobierno, nos apeguemos a la ley. Con la democracia he exigido siempre que todas las acciones del Gobierno se atengan a la ley y que cuando algún servidor público se aparte de este principio, sea sancionado conforme a las propias leyes.

Reconozco que falta mucho por hacer hasta lograr la vigencia plena del estado de derecho necesaria para el desarrollo del país y la convivencia armónica de los ciudadanos; la impunidad de individuos que quebrantan la ley sigue siendo un doloroso hecho de nuestra realidad.

Sin embargo, puedo afirmar que en este Gobierno cada vez que se ha contado con fundamento legal, se ha procedido contra quien presumiblemente ha delinquido. La ciudadanía sabe que se ha procedido incluso contra quienes por su poder económico o su trayectoria política, en otras épocas habrían sido considerados intocables.

Pero también es cierto... pero también es cierto que en ocasiones, personas de las que el sentido común dicta que han cometido faltas graves, quedan sin recibir un castigo justo. Esto indigna a todos como también me indigna a mí; se trata de casos lamentables que a veces se deben a fallas en las instituciones de justicia o a insuficiencias o vacíos en las leyes que sólo muy recientemente se han subsanado.

Ante estos casos no ha faltado quienes demanden de la autoridad un acto arbitrario para supuestamente reparar esas fallas o esas insuficiencias. En la democracia esto es inaceptable, en la democracia un castigo fuera de la ley no corrige un acto fuera de la ley, la arbitrariedad no puede suplir la justicia; en la democracia, incluso las leyes imperfectas en la democracia, incluso las leyes imperfectas o insuficientes deben ser obedecidas por todos, empezando por el Estado mismo.

Precisamente, una de las virtudes de la democracia es que permite que las leyes inadecuadas sean reformadas por el Poder Legislativo, como afortunadamente ha venido ocurriendo en México en los últimos años.

En la democracia, la observancia de la ley empieza con que el Gobierno respete las garantías de cada individuo. He exigido que este Gobierno respete invariablemente y fomente las libertades de todos.

31, 32 y 33

Hoy en México a nadie se persigue ni se le molesta por sus ideas, por sus creencias ni por organizarse políticamente para luchar por ellas...

Permítame, señor presidente Zedillo. Con toda la atención y respeto que merece nuestra investidura, esta Presidencia hace un llamado nuevamente al orden.

Hoy en México nadie es censurado por lo que dice, escribe o publica. Vivimos felizmente un auge de libertad de expresión que se ha extendido a todos los medios de comunicación, a todos los ámbitos de nuestro país. Este Gobierno escucha, respeta y considera a la crítica.

Para este Gobierno es muy importante la opinión de la ciudadanía, por eso procuro conocer y atender esa opinión. No obstante las decisiones de un Gobierno que sirve al interés general, no pueden coincidir exactamente con el parecer o la opinión de cada uno.

Por la democracia he practicado y he alentado la tolerancia. La tolerancia es un elemento esencial de la democracia. Tolerancia es respetar las prácticas y las opiniones de los demás, aunque sean diferentes a las nuestras. Tolerancia es aceptar que los demás no piensen como nosotros, es aceptar que no actúen como nosotros, es aceptar que no decidan como nosotros. Por fortuna los mexicanos somos un pueblo tolerante; los mexicanos queremos que empezando por el Gobierno todos ejerzamos la tolerancia con el solo límite de la ley y sin rehuir nuestro deber. Por eso este Gobierno practica y promueve la tolerancia para que la diversidad no sea causa de conflictos y exclusión, para que convivan libre y pacíficamente las personas, los grupos y las comunidades y por eso también hoy reitero, enfáticamente, que los medios con que este Gobierno seguirá atendiendo los conflictos que tanto han preocupado a la opinión pública, serán la legalidad, nunca el autoritarismo; la tolerancia, nunca el enfrentamiento violento y la responsabilidad social, nunca la insensibilidad o la indiferencia.

Por la democracia este Gobierno ha combatido el centralismo, este Gobierno ha llevado a cabo una real descentralización de funciones en los más diversos campos. La descentralización ahora es una práctica en la que debemos perseverar y profundizar. Hemos dado pasos firmes a fin de que las localidades, que es donde se ubican los problemas, cuenten con mayor capacidad de decisión para resolverlos. Hoy también cuentan con más recursos, aún son insuficientes, pero antes no los tenían; poderes, atribuciones, autoridad y recursos que antes ejercía el Gobierno Federal, han sido transferidos a los gobiernos estatales y municipales.

Al inicio de este sexenio por cada peso que gastaba la administración pública centralizada, los gobiernos estatales y municipales gastaban 78 centavos. Hoy gracias a esa transferencia de recursos por cada peso que gasta la administración pública centralizada, los gobiernos locales gastan cerca de uno y medio.

Por la democracia este Gobierno ha respetado y alentado, siempre respetará la división de poderes, los ciudadanos quieren un poder absoluto y autoritario, tampoco quieren que uno de los tres poderes de la Unión avasalle a los otros dos...

Quieren... quieren que haya equilibrio entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial...

Permítame, señor Presidente.

Este es un llamado sereno a la prudencia, a la cordialidad y al respeto que debe privar en el recinto legislativo para escuchar el mensaje que se rinde no sólo a los presentes en este salón de sesiones, sino a la nación.

Continúe, por favor, señor Presidente.

Los ciudadanos quieren que haya equilibrio entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Quieren contrapesos y controles que eviten excesos y arbitrariedades; por eso promoví una reforma constitucional, que por fin confirió realindependencia al Poder Judicial de la Federación, en la democracia el Poder Legislativo debe ser respetado.

Por eso en todo momento, el Ejecutivo a mi cargo ha respetado al Congreso de la Unión.

Por el respeto que guardo al Poder Legislativo, he procurado que cada iniciativa que envío a su consideración, logre el mayor consenso posible de los señores legisladores. Así se ha procedido en esta legislatura, en que el partido político al que pertenezco no cuenta con la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, pero así se procedió también en la legislatura pasada cuando mi partido tenía mayoría absoluta en ambas cámaras.

Aun cuando se contaba con mayoría absoluta, cerca del 70% de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo en aquella legislatura, fueron modificadas por los legisladores. El 40% de las iniciativas fueron aprobadas por todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados y un 33% más fue aprobado por al menos dos grupos parlamentarios.

En la actual legislatura, de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo, 85% han sido modificadas por los señores legisladores, 60% fueron aprobadas por todos los partidos representados en la Cámara de Diputados y el 30% restante por al menos dos grupos parlamentarios.

Como parte de ese respeto, también he exigido de los funcionarios del Gobierno Federal su colaboración con el Legislativo, teniendo como único límite las leyes a que está sujeto el Ejecutivo de la Unión. En los pasados 12 meses los secretarios de Estado y el Procurador General de la República, han realizado 85 comparecencias ante el pleno, con las comisiones y subcomisiones del Congreso, además funcionarios del Gobierno Federal han celebrado más de 5 mil reuniones de trabajo con diputados y senadores.

Hoy quiero hacer un amplio y sincero reconocimiento al Congreso de la Unión, las dos Cámaras que lo integran representan la pluralidad política de México y han trabajado con convicción a fin de abordar y resolver materias de enorme importancia para la nación, lo que en ningún momento debe ser empañado por la pasión del debate y las diferencias de puntos de vista, que son consubstanciales a todo Congreso democrático.

Muy por encima de cualquier incidente propio de la vehemencia de la contienda legislativa, lo que cuenta es que el Congreso ha resuelto asuntos de gran complejidad y trascendencia para el presente y el futuro del país. Estoy convencido de que un Poder Legislativo fuerte, independiente y constructivo es bueno para la democracia y es bueno para México, de ahí que celebro que en días recientes se haya aprobado una nueva Ley Orgánica del Congreso de la Unión con el más amplio consenso.

Los mexicanos han demandado una democracia plena, una democracia fundada en elecciones legales, auténticas, transparentes y justas. Por esa democracia este Gobierno convocó a una reforma electoral que se logró por un consenso sin precedente en tan delicada materia. Gracias a esa reforma los mexicanos hemos comenzado a vivir una genuina normalidad democrática.

Hoy los mexicanos contamos con instituciones independientes y con reglas justas para la competencia electoral; hoy los órganos de autoridad electoral son cabalmente autónomos. El Poder Ejecutivo no tiene ya ninguna injerencia en el Instituto Nacional Electoral ni en el Tribunal Federal Electoral; hoy la ley establece con claridad reglas para el financiamiento y el gasto de partidos, así como para su acceso a los medios de comunicación electrónica.

El año próximo los mexicanos celebraremos elecciones federales; los ciudadanos pueden tener confianza en que gracias a nuestras nuevas leyes e instituciones electorales su voto será libre y será respetado. Todos podemos tener confianza en que de esas elecciones surgirá un Gobierno con legitimidad democrática; todos tenemos una tarea que cumplir, para que esas elecciones consoliden nuestra normalidad democrática. Este Gobierno contribuirá cumpliendo estrictamente la ley y respetando escrupulosamente a todos los partidos y a todos los candidatos; este Gobierno también cuidará que prevalezca un clima de libertad, seguridad y tolerancia; este Gobierno fomentará la cultura de la democracia entre los ciudadanos; este Gobierno practicará y alentará la civilidad.

Estoy seguro de que los partidos y los candidatos también harán su parte, obedeciendo la ley y procurando una contienda responsable, respetuosa y constructiva.

Los ciudadanos confiamos en que todos los candidatos expresarán con honestidad, claridad y precisión el qué, pero también el cómo de su proyecto para el futuro de México. El aporte fundamental de los ciudadanos a una contienda democrática ejemplar será su participación, es decir, su interés por informarse acerca de los partidos, de los candidatos y sus propuestas y desde luego votando con absoluta libertad. Así la voluntad popular será la única que decida el resultado de las elecciones del año 2000.

Así, en el paso del Siglo XX al tercer milenio, los mexicanos por fin veremos a la nuestra como una nación indiscutiblemente democrática, una nación que ha tenido el valor de emprender profundas reformas para preparar un mejor futuro para todos, una nación apoyada en su identidad, fortalecida por su unidad, alentada por su esperanza.

Con estos valores que nos hermanan, los mexicanos siempre saldremos adelante, por eso los convoco a que sumando el esfuerzo de cada uno, fortalezcamos nuestra identidad, hagamos más firme nuestra unidad y demos nuevo vigor a nuestra esperanza. Con la voluntad y la decisión de todos, sigamos trabajando por la grandeza de México.

CONTESTACION

Señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos:

El honorable Congreso de la Unión, por mi conducto recibe de usted el documento que dice contener el estado que guarda la Administración Pública Federal y el informe de su gestión durante el quinto año de Gobierno.

Esta representación nacional, procederá en términos constitucionales y legales al estudio, evaluación y glosa de la información recibida, así como del documento leído por usted en este recinto.

Sin embargo, para cumplir eficazmente con los deberes de informar y evaluar a cargo de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, es menester lograr y mantener entre ambos, una relación de respeto republicano, un compromiso de diálogo sincero, una disposición inequivoca por parte del Presidente de la República y de sus secretarios de despacho para proporcionar a esta soberanía información oportuna, completa y veraz.

Al respecto, es momento propicio para recordar a usted, señor Presidente, su compromiso formal públicamente expresado y hasta hoy incumplido, de mantener con esta legislatura, una comunicación fluida y permanente para hacer posible la generación de políticas de Estado, que den confianza y estabilidad al país.

Los agravios que viene acumulando la sociedad y la desesperación de millones de seres humanos hundidos en la pobreza evitable que es la peor de las pobrezas, no permite el aplazamiento de soluciones alcanzables ni mucho menos la persistencia de una retórica totalmente vacía y desgastada por el uso y abuso que de ella se hace cada año en este mismo ritual. De nada sirve escuchar una vez más que vamos bien, si la pobreza sigue aumentando peligrosamente en el país.

¿Qué significa repetir que hemos retomado el rumbo, cuando todos constatamos que precisamente lo que falta es hallar un camino de justicia y de equidad para todos...

Cómo podemos aceptar la reiteración de que se han sentado las bases para insertarnos en el desarrollo, si el Sistema Educativo Nacional no ha sido capaz de modernizarse como lo exige la justicia y un mundo globalizado y peor aún, si en nuestra máxima casa de estudios no se puede expresar el pensamiento libre, la idea luminosa ni los propósitos superiores a la nación...

Cómo podemos aceptar la reiteración de que se han sentado las bases para insertarnos en el desarrollo, si el Sistema Educativo Nacional no ha sido capaz de modernizarse como lo exige la justicia y un modelo globalizado y peor aún, si en nuestra máxima casa de estudios no se pueden expresar el pensamiento libre, la idea luminosa ni los propósitos superiores de la nación.

¿Alguien puede afirmar con apego a la verdad que ya pasamos lo peor, mientras las comunidades indígenas del país siguen acumulando miseria y desesperanza?

34, 35 y 36

¿Es válido proclamar que el mundo nos admira por haber logrado lo que jamás se ha visto en país alguno en la tierra? Cuando la población en su conjunto sufre el flagelo de una violencia incontenida que despoja y asesina a despecho de la autoridad.

Es verdad, ciudadano Presidente de la República, que los datos macroeconómicos difundidos por usted y por funcionarios de su Gobierno. Es verdad, señor Presidente de la República...

Esta Presidencia hace un llamado a los legisladores para continuar con la sesión.

...Es verdad, ciudadano Presidente de la República, que los datos macroeconómicos difundidos por usted y sus funcionarios de gobierno reflejan que las finanzas públicas en este ejercicio han mantenido un grado de equilibrio no desdeñable. En ello debemos persistir.

Empero, ese resultado no ha sido resultado de políticas públicas con sustento ético y contenido social. El bienestar de la familia fue solamente un lema de campaña. La población ha sido sacrificada. La desigualdad ha ido en aumento. El ingreso nacional continúa concentrándose en grupos vinculados estrechamente con el Gobierno y siguen prevaleciendo márgenes muy altos de ineficiencia y corrupción en el aparato administrativo.

Por lo anterior, cabe señalar que no lograremos blindaje alguno para la economía nacional mientras exista la incapacidad gubernamental para generar condiciones de bienestar social, mientras la incompetencia del poder público impida conciliar... el respeto a las libertades con la aplicación de la ley, el pluralismo con la unidad nacional, la globalidad del mundo moderno con los sentimientos, tradiciones y capacidades de la nación mexicana, la gobernabilidad con la división de poderes y el auténtico federalismo, la competencia electoral con la equidad y la justicia.

Afirmado en pocas palabras: no habrá fortaleza económica ni progreso social mientras no seamos capaces de conformar gobiernos legítimos, competentes y serviciales que hagan vigente en la realidad nacional el estado de derecho.

Es inadmisible que quien ha protestado cumplir y hacer cumplir la Constitución, al hallarse en su quinto año de Gobierno pregunte al pueblo, ¿cómo y cuándo debe aplicarse la ley?

Resulta una grave perversión del poder público pretender que la sociedad se organice para defender a las instituciones, cuando son éstas las que deben defender a la sociedad.

Muchas son, sin duda, las grandes rectificaciones que debemos lograr en la vida de la nación, de manera especialísima resulta impostergable abatir los márgenes de funcionamiento e impunidad de la delincuencia organizada, siendo la más peligrosa de todas la que se gesta y opera desde los altos niveles del gobierno.

El hecho de que a los cinco años de las elecciones federales de 1994 sigan apareciendo documentos que demuestran el enorme saqueo al erario nacional acreditan la iniquidad del proceso comicial y explican la negativa de su Gobierno para proporcionar la información que de manera legal y precisa le ha solicitado la Cámara de Diputados...

¡La sociedad exige cuentas claras y merece rectificaciones sinceras! ¡No basta reconocer en foros internacionales que el proceso electoral de 1994 fue inequitativo ni resulta suficiente hablar en este recinto del combate a la corrupción!..

¡México debe evitar a toda costa que el crimen organizado vuelva a manchar de sangre la competencia política y que ésta se decida por el derroche del patrimonio de los mexicanos!..

Ciudadano Presidente de la República; ciudadano Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ciudadano Presidente de la Cámara de Senadores y ciudadanos legisladores: los nuevos tiempos plantean a los tres poderes de la Unión el enorme desafío de lograr el fortalecimiento de las instituciones de la República, para garantizar la vigencia de los derechos humanos para hacer posible la unidad en la diversidad y la concordia en la competencia para elevar el nivel de vida del pueblo.

Para que la convivencia armoniosa entre personas, familias e instituciones sea protegida por las leyes justas y por gobiernos honestos y eficaces.

Para que la riqueza nacional sea racionalmente aprovechada en beneficio de las generaciones presentes y venideras.

Para que la soberanía de México sea una realidad que preserve y engrandezca el ser y el modo de ser de la patria.

¡Solamente así los mexicanos podremos mirarnos de frente y sin reservas!

Se ruega a los asistentes ponerse de pie, para entonar nuestro Himno Nacional.

(Himno Nacional.)

Se ruega a la comisión designada para acompañar al señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al retirarse de este recinto, cumpla su cometido.

(La comisión cumple su cometido.)

CLAUSURA Y CITATORIO

Se levanta la sesión de Congreso General y se cita a los señores diputados para el día de mañana, jueves 2 de septiembre, a las 10:00 horas, a sesión de Cámara de Diputados.

RESUMEN DE TRABAJOS

Sesión de Congreso General presentación de V Informe de Gobierno.

* Tiempo de duración: 3 horas 40 minutos..

* Quorum a la apertura de sesión: 296 diputados y 119 senadores.

* Declaratoria de apertura.

* Oradores en tribuna: 7
  PRI 1; PRD-1; PAN-2; PT-1; PVEM-1.

Presidente de la República: 1.

37 y 38