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Miércoles 19 de mayo de 1999, expediente 312, punto de acuerdo presentado por el diputado
Gustavo A. Vicencio Acevedo, PAN, por el que se manifiesta la preocupación porque los
congresos locales de los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, Guerrero, San Luis
Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, México, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Nayarit
y Sinaloa, aún no han adecuado su legislación en concordancia con lo determinado por el
artículo tercero transitorio de la Ley General de Asentamientos Humanos. Turno a la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Miércoles 19 de mayo de 1999, expediente 314, excitativa presentada por la diputada
Violeta Vázquez Osorno, PRD, a fin de que a la brevedad posible, la Comisión de Asuntos
Hidráulicos de la Cámara de Diputados, emita o rinda su informe sobre los trabajos que
ha realizado la subcomisión creada para conocer y atender lo relativo al cumplimiento del
acuerdo suscrito entre el Ejecutivo Federal y diversas entidades federativas, así como de
los resultados. Turno a la Comisión de Asuntos Hidráulicos.
Miércoles 19 de mayo de 1999, expediente 315, proposición presentada por la diputada
Violeta Vázquez Osorno, PRD, por la que solicita que se cite al titular de la Comisión
Nacional del Agua, Guillermo Guerrero Villalobos, con objeto de que, en el ámbito de sus
atribuciones, informe sobre los apoyos federales brindados a la Comisión Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas, así como de las medidas adoptadas
por el organismo para garantizar el uso eficiente y responsable de esos recursos. Turno a
la Comisión de Asuntos Hidráulicos.
Miércoles 19 de mayo de 1999, expediente 316, punto de acuerdo presentado por el diputado
Marco A. Fernández Rodríguez, PRI, por el que solicita a la Comisión de Régimen
Interno de la Cámara de Diputados, revise con rigor constitucional y jurídico el acuerdo
dictado por la mayoría del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
para la creación de una comisión especial en su seno encargada de vigilar el presunto
desvío de recursos federales en el proceso electoral del Estado de Nayarit. Turno a la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Miércoles 26 de mayo de 1999, expediente 323, punto de acuerdo del Congreso del Estado de
San Luis Potosí, en relación con la regularización de vehículos de procedencia
extranjera. Turno a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comercio de ambas
cámaras.
Miércoles 26 de mayo de 1999, expediente 324, oficio de la Secretaría de Gobernación,
con el que remite comunicación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
relación con el acuerdo de la Comisión Permanente de fecha 10 de febrero de 1999, por el
que se propuso otorgar una pensión digna a los trabajadores ferrocarrileros jubilados
antes de 1982. Turno a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad
Social.
Miércoles 26 de mayo de 1999, expediente 326, iniciativa de decreto que reforma el
título segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Rafael Oceguera Ramos, PRI. Turno a la Comisión de Reglamentos
y Prácticas Parlamentarias.
Miércoles 26 de mayo de 1999, expediente 327, punto de acuerdo sobre tarifas eléctricas
en zonas con elevadas temperaturas en verano. Presentado por el diputado José Ricardo
Fernández Candia, PAN. Turno a las comisiones de Energéticos y de Hacienda y Crédito
Público de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes
de Consumo y Servicios Básicos, de la Cámara de Senadores.
Miércoles 26 de mayo de 1999, expediente 329, iniciativa de decreto por el que se
adiciona la fracción IX del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Presentada por el diputado Fernando Gómez Esparza, PRI. Turno a las
comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Fortalecimiento del Federalismo.
Miércoles 26 de mayo de 1999, expediente 331, punto de acuerdo por el que se solicita se
cite al Secretario de Energía, a fin de que se aclaren las inconsistencias respecto a la
plantación e instrumentación de las metas en el sector eléctrico. Presentado por el
diputado Sergio Benito Osorio, PRD. Turno a la Comisión de Energéticos.
Miércoles 2 de junio de 1999, expediente 336, Congreso del Estado de Baja California,
punto de acuerdo en relación con las políticas de precios de los productos petrolíferos
de la Federación, en la zona fronteriza. Turno a las comisiones de Energía y Recursos no
Renovables del Senado y de Energéticos de la Cámara de Diputados.
Miércoles 2 de junio de 1999, expediente 339, iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona el artículo 51-b de la Ley General de Organizaciones y Actividades
Auxiliares de Crédito. Presentada por el diputado Ricardo Fernández Candia. PAN. Turno a
la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Miércoles 2 de junio de 1999, expediente 340, iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma y adiciona el artículo 10 del decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal de 1999. Presentada por el diputado Ricardo
Fernández Candia, PAN. Turno a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados.
Miércoles 9 de junio de 1999, expediente 347, informe relativo a la visita del Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, a la República
Federativa de Brasil, del 27 al 28 de abril de 1999. Turno a las comisiones de Relaciones
Exteriores; Relaciones Exteriores Tercera, del Senado de la República y de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Diputados.
Miércoles 9 de junio de 1999, expediente 348, del Congreso del Estado de San Luis
Potosí, punto de acuerdo en relación con el horario de verano y proponen a la Comisión
de Energéticos de la Cámara de Diputados que se considere a la ciudad de San Luis
Potosí como sede del foro nacional del horario de verano. Turno a la Comisión de
Energéticos.
Miércoles 9 de junio de 1999, expediente 349, del Congreso del Estado de San Luis
Potosí, punto de acuerdo por el que solicitan a la Cámara de Diputados se promuevan
reformas en materia del trabajo y de seguridad social, en relación con las percepciones
de los trabajadores en retiro, pensionados y jubilados. Turno a las comisiones de Trabajo
y Previsión Social y de Seguridad Social.
Miércoles 9 de junio de 1999, expediente 352, punto de acuerdo presentado por el diputado
Rafael Oceguera Ramos, PRI, suscrito por diversos legisladores, por el que se proponen
lineamientos para el apoyo y fortalecimiento del sector agropecuario nacional. Turno a las
comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; de Agricultura; de Ganadería
y de Asuntos Hidráulicos.
Miércoles 9 de junio de 1999, expediente 355, el diputado José Luis Gutiérrez Cureño,
PRD, presentó denuncia por la que responsabiliza al gobierno de Chiapas y al Gobierno
Federal de la seguridad e integridad física y sicológica del diputado Gilberto López y
Rivas. Turno a la Presidencia de la Cámara de Diputados.
Miércoles 16 de junio de 1999, expediente 357, Cuenta de la Hacienda Pública Federal,
correspondiente al ejercicio fiscal de 1998. Turno a las comisiones de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública, y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Miércoles 16 de junio de 1999, expediente 359, Congreso del Estado de Nayarit. Punto de
acuerdo solicitando a la Comisión Permanente la suspensión de la comisión creada por la
Cámara de Diputados, encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales en el
proceso electoral de ese Estado. Turno a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.
Miércoles 16 de junio de 1999, expediente 360, iniciativa con proyecto de decreto que
reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Jorge López Vergara, PAN. Turno a las comisiones de
Gobernación y Puntos Constitucionales, y del Distrito Federal.
Miércoles 16 de junio de 1999, expediente 361, proposición suscrita por diversos
legisladores, en la que solicitan se invite al Secretario de Hacienda y Crédito Público
a una reunión de trabajo con objeto de que precise el alcance de endeudamiento, los
montos y su destino y los juicios legales que le permitieron al Gobierno Federal acordar
con los organismos internacionales un empréstito. Presentada por el senador Jorge
Calderón Salazar, PRD. Turno a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Senadores.
Miércoles 23 de junio de 1999, expediente 365, Congreso del Estado de Coahuila. Punto de
acuerdo por el que comunican a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión su
respaldo a la iniciativa de Ley para la Regularización de Vehículos de Procedencia
Extranjera. Turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Comercio.
Miércoles 23 de junio de 1999, expediente 366, Congreso del Estado de Colima. Punto de
acuerdo por el que solicitan a la Cámara de Diputados se revisen las percepciones que
reciben los trabajadores jubilados y pensionados por el Instituto Mexicano del Seguro
Social, a fin de que se mejoren de manera significativa. Turno a la Comisión de Trabajo y
Previsión Social; y de Seguridad Social.
Miércoles 23 de junio de 1999, expediente 367, ciudadano Felipe Martínez Cruz. Oficio
por el que solicita a la Cámara de Diputados que se decrete el 13 de agosto de 1914,
fecha en que se firmaron los tratados de Teoloyucan, sea día nacional y se inscriba en el
calendario cívico. Turno a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Miércoles 30 de junio de 1999, expediente 372, iniciativa con proyecto de Ley Federal de
Fomento Artesanal. (Integrantes de la Comisión de Artesanía de la Cámara de Diputados.)
Turno a la Comisión de Artesanías.
Miércoles 30 de junio de 1999, expediente 373, iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma la fracción X y se adiciona una fracción XXIX-J al artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Turno a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
Miércoles 30 de junio de 1999, expediente 374, punto de acuerdo del Congreso del Estado
de Chihuahua, solicitando a la Cámara de Diputados analice la propuesta de que el 5% del
costo de la gasolina consumida en ese Estado se destine a la construcción y mantenimiento
de carreteras en su territorio. Turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Miércoles 30 de junio de 1999, expediente 377, iniciativa con proyecto de Ley de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Presentada por el diputado José Luis Gutiérrez
Cureño, PRD. Turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Miércoles 30 de junio de 1999, expediente 378, iniciativa de reforma de la ley
reglamentaria de la fracción XVIII del artículo 73 constitucional, en lo que se refiere
a la facultad del Congreso para dictar reglas para determinar el valor relativo de la
moneda. Presentada por la diputada Clara Brugada Molina, PRD. Turno a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
Miércoles 30 de junio de 1999, expediente 379, iniciativa de reformas y adiciones a la
Ley del Banco de México. Presentada por el diputado Ricardo García Sainz, PRD. Turno la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Miércoles 30 de junio de 1999, expediente 380, iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona la Ley Federal de Sanidad Animal. Presentada por la diputada Gloria
Lavara Mejía, PVEM. Turno a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Miércoles 7 de julio de 1999, expediente 382, Congreso del Estado de Durango. Punto de
acuerdo por el que solicitan a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara
de Diputados agilice la atención al problema del consejo de protección al ciudadano, en
relación con las altas tarifas del servicio medido de la empresa Teléfonos de México.
Turno a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Miércoles 7 de julio de 1999, expediente 383, Congreso del Estado de Veracruz. Punto de
acuerdo por el que solicitan a la Cámara de Diputados su atención en relación con la
iniciativa de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y de reformas a
la Ley de Protección al Consumidor, presentada por diputados del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México. Turno a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente;
de Salud y de Agricultura.
Miércoles 7 de julio de 1999, expediente 386, iniciativa de Ley de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Presentada por el diputado Pablo Gómez Alvarez, del PRD.
Turno a la Comisión de Educación.
75, 76 y 77
Miércoles 7 de julio de 1999, expediente 390,
proposición por la que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia
porque la información solicitada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre
las auditorias que se realizan al Fobaproa, sobre el Banco Unión, se entregue de
inmediato en los términos en que fue demandada. Presentada por el diputado Gustavo Pedro
Cortés, del PT. Turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Miércoles 21 de julio de 1999, expediente 396, punto de acuerdo del Congreso del Estado
de Coahuila, por el que solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Se
promueva una iniciativa de reformas a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, a
fin de que se actualicen las percepciones de los pensionados y jubilados, pertenecientes a
dicha institución. Turno a las comisiones de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión
Social.
Miércoles 21 de julio de 1999, expediente 397, oficio del comité del ejido libres del
Estado de Puebla, por el que solicitan que las bodegas de la Conasupo ubicadas en esa
localidad, pasen a control de los campesinos del municipio, para ser utilizadas en tareas
de almacenamiento, comercialización y siembra de productos agrícolas.Turno a la
Comisión de Desarrollo Social.
Miércoles 21 de julio de 1999, expediente 398, punto de acuerdo presentado por el
diputado Rafael Oceguera Ramos, PRI, por el que se proponen acciones concretas para
coadyuvar en la solución de la problemática que afronta el Sector Agropecuario Nacional.
Turno a la Comisión de Agricultura.
Miércoles 21 de julio de 1999, expediente 399, denuncia presentada por el senador
Francisco Xavier Salazar Saénz, PAN, en relación con el fondo mutualista del Sindicato
Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Turno a las comisiones de
Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados y Trabajo y Previsión Social de la
Cámara de Senadores.
Miércoles 28 de julio de 1999, expediente 402, comunicación del ciudadano Alfredo Díaz
Zavala, por la que solicita la intervención del Congreso de la Unión, a favor de la
seguridad pública en el municipio de Tultitlán, Estado de México. Turno a la Comisión
de Seguridad Pública.
Miércoles 28 de julio de 1999, expediente 407, punto de acuerdo por el que se solicita la
comparecencia del Director General de Petróleos Mexicanos, con los integrantes de la
Comisión de Energía y Recursos no Renovables de la Cámara de Senadores; y de la
Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, a fin de que informe y dialogue
sobre las estrategias que en materia del petróleo se están llevando a cabo. Presentado
por el senador Francisco Xavier Salazar Saénz, PAN. Turno a las comisiones de Energía y
Recursos no Renovables de la Cámara de Senadores y de Energéticos de la Cámara de
Diputados.
Miércoles 4 de agosto de 1999, expediente 413, el senador Ricardo García Cervantes, del
PAN, presentó excitativa a efecto de que se dictamine con relación a la inconformidad
del movimiento ciudadano "no al horario de verano". Turno a comisiones de
Energía y Recursos no Renovables de la Cámara de Senadores y de Energéticos de la
Cámara de Diputados.
Miércoles 4 de agosto de 1999, expediente 414, la diputada Violeta Vázquez Osorno, del
PRD, presentó punto de acuerdo por el que se propone que las comisiones de Justicia y de
Seguridad Pública de la Cámara de Diputados; y de Gobernación, Primera, y de Justicia
de la Cámara de Senadores, soliciten al titular de la Secretaría de Gobernación,
información relativa a las condiciones en que un número determinado de miembros de la
policía militar pasan a formar parte de la Policía Federal Preventiva. Turno a las
comisiones de Gobernación, Primera y de Justicia de la Cámara de Senadores y de
Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
Miércoles 4 de agosto de 1999, expediente 415, punto de acuerdo suscrito por legisladores
de todos los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión, por el que propone revisar el incremento en el precio de la leche en polvo
industrializada que dota la institución Linconsa. Turno a las comisiones de Distribución
y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios Básicos del Senado de la República y de
Desarrollo de la Cámara de Diputados.
Miércoles 11 de agosto de 1999, expediente 420, punto de acuerdo del Congreso del Estado
de Oaxaca, por el que manifiesta su apoyo al Congreso del Estado de Campeche. Para que se
inscriba el nombre del jurista y legislador mexicano Manuel Crescencio García Rejon y
Alcalá en los muros del salón de sesiones de la Cámara de Diputados. Turno a las
comisiones de Régimen Interno y Concertación Política.
Miércoles 11 de agosto de 1999, expediente 421, iniciativa con proyecto de decreto que
reforma el Código Penal para el Distrito Federal, presentada por el Congreso del Estado
de Baja California. Turno a las comisiones de: Justicia y de Pesca.
Miércoles 11 de agosto de 1999, expediente 422, iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman los artículos 9o. y 10 del decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación 1999, presentada por el diputado Gustavo Vicencio Acevedo, del PAN. Turno a
las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; de Hacienda y Crédito
Público y de Agricultura.
Miércoles 11 de agosto de 1999, expediente 424, punto de acuerdo por el que los
integrantes de la Comisión Permanente, se pronuncian porque se respete íntegramente el
fuero constitucional de los miembros de la Cámara de Diputados. Presidente de la Cámara
de Diputados y Presidente de la Cámara de Senadores.
Miércoles 18 de agosto de 1999, expediente 425, informes sobre la situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondientes al segundo trimestre de 1999.
Presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Turno a las comisiones de
Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
Miércoles 18 de agosto de 1999, expediente 428, del Congreso del Estado de San Luis
Potosí, punto de acuerdo por el que solicita la intervención del Congreso de la Unión,
en relación con la situación de los inversionistas y ahorradores de la Unión de
Crédito Regional con sede en ese Estado. Turno a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Senadores.
Miércoles 18 de agosto de 1999, expediente 431, punto de acuerdo presentado por el
diputado Javier Paz Zarza, del PAN, en relación a la problemática que presentan los
agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio de Administración
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Turno a las comisiones de
Agricultura, Ganadería y de Comercio de la Cámara de Diputados y de Agricultura y
Ganadería y Desarrollo Rural y de Comercio de la Cámara de Senadores.
Miércoles 18 de agosto de 1999, expediente 432, punto de acuerdo para citar a los
secretarios de Desarrollo Rural y de Comercio y Fomento Industrial, para que informen en
torno a la falta de apoyo a los agricultores mexicanos para comercializar el frijol
nacional y la probable autorización para introducir 60 mil toneladas de frijol de origen
argentino. Turno a las comisiones de Agricultura, Ganadería y de Comercio de la Cámara
de Diputados, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y de Comercio de la Cámara
de Senadores.
Miércoles 25 de agosto de 1999, expediente 433, iniciativa con proyecto de decreto que
adiciona el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Presentada por los integrantes del grupo parlamentario del PVEM. Turno a
las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Ecología y Medio Ambiente
de la Cámara de Diputados.
Miércoles 25 de agosto de 1999, expediente 434, iniciativa con proyecto de decreto que
reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal
en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y del
Código Federal de Procedimientos Penales. Suscrita por la diputada Roselia Margarita
Barajas Olea, PRD. Turno a las comisiones de Justicia y de Ecología y Medio Ambiente de
la Cámara de Diputados.
Miércoles 25 de agosto de 1999, expediente 437, propuesta de solicitud para que
comparezca el licenciado Arsenio Farell Cubillas, titular de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo, para explicitar la situación que guarda la investigación sobre las
irregularidades cometidas en contra de los ahorradores de crédito y ahorro. Turno a las
comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo de la Cámara de
Diputados.
ANALISIS DEL V INFORME
DE GOBIERNO (III)
Ruego a la Secretaría realizar una
corrección del inciso c del apartado II, del acuerdo aprobado por esta soberanía,
relativo a las sesiones que se llevarán a cabo para el análisis del V Informe de
Gobierno del Ejecutivo Federal.
El inciso c, al final, dice: "...las intervenciones no excederán de cinco
minutos...". Debe decir: "...no excederán de 10 minutos...".
DIPUTADA SUPLENTE QUE
SE INCORPORA
Se encuentra a las puertas de este
recinto la ciudadana Martha Elena Ortiz Guerrero, diputada suplente, electa en el XXI
Distrito del Estado de Veracruz.
Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley
para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Noemí Guzmán Lagunes, María de
las Mercedes Juan López, Cristina Portillo Ayala y María Elena Cruz Muñoz.
| El secretario
Jesús José Villalobos Sáenz: |
Se pide a la comisión cumpla con este
encargo.
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
Ciudadana Martha Elena Ortiz Guerrero,
¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de
diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la
Unión.
| La ciudadana
Martha Elena Ortiz Guerrero: |
¡Sí, protesto!
Si así no lo hiciera, que la nación se
lo demande.
Están presentes en está sesión 50 estudiantes de la Escuela Libre de Derecho, invitados
por el diputado Fauzi Hamdan Amad; 40 estudiantes de la Universidad Popular de Chontalpa,
Puebla, acompañados por el licenciado Fernando Calzada Falcón y 50 estudiantes de la
Escuela Telesecundaria Manuel Bernal, del municipio de Naucalpan, Estado de México,
invitados por el diputado Guillermo González Martínez. ¡Sean todas y todos ustedes
bienvenidos!
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
Por acuerdo de los grupos
parlamentarios, se va a proceder a desahogar la moción previa presentada en la sesión
pasada por la diputada Xóchitl Reyes y para ello se han inscrito los siguientes oradores:
a favor de la moción, los diputados Miguel Quiroz y Jaime Moreno Garavilla, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; en contra de la moción, el
diputado Pablo Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
y el diputado Juan Marcos Gutiérrez, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
Para normar el criterio de este debate, se ruega a la Secretaría dar lectura al artículo
22 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.
| La secretaria
Leticia Robles Colín: |
Artículo 22. Cuando el
Presidente no observase las prescripciones de este Reglamento, podrá ser remplazado por
el vicepresidente o por el que hiciere sus veces, pero para esto se requiere que alguno de
los miembros de la Cámara presente moción, que se adhieran a ella por lo menos dos de
los miembros presentes y que ésta después de sometida a discusión en que podrán hacer
uso de la palabra hasta dos individuos en pro y dos en contra, sea aprobada en votación
nominal.
Esta a discusión la moción...
Tiene el uso de la palabra en pro de la moción, el diputado Miguel Quirós, hasta por 15
minutos.
78, 79 y 80
| El
diputado Miguel A. Quirós Pérez: |
Rogaría a la Presidencia que suplicara
a mis compañeros diputados fueran tan bondadosos de prestar atención a los argumentos
que voy a exponer.
Se ruega a las compañeras y compañeros
legisladores su atención para el desahogo de este punto.
Tiene el uso de la palabra diputado Miguel Quirós.
| El diputado
Miguel A. Quirós Pérez: |
Con su venia, señor Presidente;
honorable Asamblea:
He solicitado el uso de la palabra para apoyar la moción de sustitución de Presidente de
la mesa directiva, formulada y fundamentada por la diputada Xóchitl Reyes Castro.
Me referiré por tanto en primer lugar al fundamento jurídico expresamente señalado por
la diputada en su moción, para posteriormente manifestar mis propias consideraciones.
La Ley Orgánica del Congreso General en vigor hasta el viernes pasado y bajo cuya
normatividad debe ser analizada jurídicamente en principio la conducta del diputado
Carlos Medina Plascencia, durante la reciente sesión de Congreso General, establece en su
artículo 8o. las siguientes precisiones respecto de la sesión del 1o. de septiembre:
"Antes del arribo del Presidente de la República, hará uso de la palabra un
legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran representados en
el Congreso."
La disposición de este párrafo segundo del artículo 8o. preserva la esencia de nuestro
régimen constitucional de tipo presidencial, a diferencia del régimen parlamentario, en
un momento de la mayor importancia para la relación entre los poderes Legislativo y
Ejecutivo de la Unión.
La sesión de Congreso General en la que se produce el informe presidencial es uno de los
dos únicos momentos en los que existe una relación personal y directa, prevista formal y
expresamente por la Constitución, entre los militantes de ambos poderes: el Presidente
del Congreso y el Presidente de la República. El otro es el de la toma de protesta.
Entre las cámaras existen las reuniones en conferencia previstas en el Reglamento y a
partir de la vigencia de la Nueva Ley Orgánica del Congreso, habrá igualmente reuniones
conjuntas para el intercambio personal y directo de puntos de vista entre los legisladores
de ambas cámaras.
Pero la Constitución no tiene previsto un intercambio de puntos de vista en forma
personal y directa entre el Presidente del Congreso y el Presidente de la República y
menos aún entre los diputados y senadores individualmente con el titular del Ejecutivo,
así se encuentre éste presente en el salón de sesiones y estando reunido el Congreso
General.
La razón de ser de estas disposiciones constitucionales y de la anterior Ley Orgánica
del Congreso, al igual que las de la ahora vigente, es obvia.
La relación entre los poderes de la Unión se realiza a través de numerosos
procedimientos constitucionales de colaboración, supervisión, información y control
recíprocos.
El Congreso examina y en su caso aprueba las iniciativas legales del Ejecutivo y éste,
cuando así lo considera conveniente, puede formular observaciones a las minutas aprobadas
por el Congreso antes de convertirse en leyes.
La Cámara de Diputados, asimismo, examina y en su caso aprueba el Proyecto de Presupuesto
de Egresos que le envía el Presidente de la República y también examina y en su caso
aprueba, la Cuenta Pública.
La entidad superior de fiscalización, recientemente aprobada por esta Cámara, después
de enriquecer las iniciativas que aquí existían, amplía nuestras facultades respecto de
la vigilancia y supervisión del ejercicio que del gasto público realicen los demás
poderes federales y los organismos constitucionales autónomos.
En fin, son numerosos los mecanismos que definen la relación institucional entre los
poderes de la Unión, específicamente, entre el Legislativo y el Ejecutivo y no habré de
precisarlos más porque con lo que ahora aquí he expresado, es suficiente para dejar
claramente establecido que la relación entre estos dos poderes no es una relación
personal y directa de tipo parlamentario.
El debate respecto del estado que guarda la Administración Pública Federal, se inicia a
través de las intervenciones de los legisladores de los grupos parlamentarios a las que
alude el párrafo que acabo de citar y se continúa con el análisis posterior del informe
que realizan ambas cámaras en sus sesiones siguientes, como lo prescribe el párrafo
cuarto del mismo numeral invocado.
No me referiré ahora a los distintos intentos de intervención por parte de algunos
legisladores en esa sesión de Congreso General del 1o. de septiembre. Me refiero a la
protesta de numerosos miembros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional ante una respuesta al informe presidencial, que no correspondió de manera
alguna porque no podrá representar a la posición del Congreso de la Unión.
No dice este precepto que el Presidente del Congreso emitirá juicios de valor sobre el
informe presidencial, ni siquiera dice que procederá a su análisis en forma breve o que
podrá dar sus primeras impresiones acerca del documento. Hasta aquí mis comentarios a la
fundamentación jurídica sustentada por la diputada Reyes Castro, misma que a todas luces
hace procedente la moción de sustitución hecha valer en tiempo y forma. Concluyo esta
intervención con mis consideraciones personales.
Hace pocos días, compañeros diputados, de diferentes grupos parlamentarios de ambas
cámaras del Congreso General, aprobamos una nueva Ley Orgánica para el Congreso de
nuestra Unión Federal. El artículo 22 de dicho ordenamiento y en vigor a partir del
sábado pasado señala textualmente: "el Presidente de la mesa directiva es el
Presidente de la Cámara de Diputados y expresa su unidad".
Compañeras y compañeros diputados: después de lo sucedido el 1o. de septiembre, seria,
honestamente, ¿se puede afirmar que el señor Presidente de la mesa directiva tiene la
autoridad moral para expresar la unidad de esta Cámara? Yo no tengo duda que el diputado
Medina Plascencia tiene la autoridad moral y política para representar los intereses de
ese grupo parlamentario.
Sin embargo, declaraciones de dominicales recientes nos muestran de manera inequívoca que
no representa los intereses de los demás grupos parlamentarios, desde luego que no los
del Partido de la Revolución Democrática por ejemplo. Más aún las diferentes versiones
que he conocido de su discurso del 1o. de septiembre, están redactadas en papel
membretado de su grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Ni siquiera se tuvo el
cuidado de redactar un discurso en papel oficial del Congreso, así fue publicado en los
medios nacionales.
Durante muchos meses en los últimos años, hemos discutido, analizado y finalmente
convenido, la composición y finalidades de la mesa directiva de está Cámara. Hemos
coincidido en la importancia, en la necesidad, incluso en la urgencia de hacer del
Presidente de la mesa directiva una especie de árbitro por encima de legítimos intereses
y posiciones de partido, a fin de contribuir con ello a asegurar la gobernabilidad de esta
Asamblea.
En los medios de comunicación, al igual que las expresiones de los integrantes del
Congreso, se manifiesta el acuerdo y el desacuerdo con la posición adoptada por el
diputado Medina.
Como ciudadano y como miembro de un partido que se opone al presidente Zedillo, el
ciudadano Carlos Medina Plascencia está en todo su derecho de expresar sus opiniones
personales y partidistas, sus emociones y sus disgustos, sus adjetivos para calificar o
descalificar al Presidente de la República.
Es ésta una prerrogativa democrática de la que estamos conscientes y disfrutamos todos
los mexicanos y no sólo los miembros de está Asamblea; pero como Presidente del Congreso
General, el diputado Medina Plascencia no puede dar rienda suelta a sus reivindicaciones
partidistas, a sus necesidades personales de justificación, a sus aspiraciones de
promoción política, por entendibles y explicables que éstas puedan ser, porque está
sujeto al mandato expreso y al espíritu de la ley.
Es por todo ello, señor Presidente, honorable Asamblea, que solicito el voto aprobatorio
de ustedes para la moción de sustitución que de manera tan oportuna y justificada ha
sido presentada a su consideración y a la consideración de todo el país.
Por su atención, muchas gracias.
Para intervenir en contra de la moción,
tiene la palabra el diputado Pablo Gómez, hasta por 15 minutos.
| El
diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Compañeras legisladoras; compañeros
legisladores:
El primer punto que quiero abordar es el relacionado con la tesis de que el Presidente del
Congreso y el Presidente de cada una de las cámaras representa a estos órganos
legislativos. Esta tesis es completamente contraria a la Constitución. En ningún momento
la Constitución señala que un legislador pueda arrogarse por vía cualquiera la
representación de sus pares. Nadie representa al Congreso. La representación que se hace
la Cámara, para efectos estrictamente legales y de los trámites legales ni siquiera esa
está por encima de la decisión del pleno en cada una de sus cámaras.
En otras palabras, de acuerdo con la ley, el Presidente, en la nueva Ley Orgánica, tiene
la función de representación legal pero no puede, por ejemplo presentar un recurso para
juicio de controversia con el Ejecutivo, si no es la Cámara quien aprueba el recurso.
Esta idea de que el diputado Medina nos estaba representando, no solamente es
completamente equivocada; creo que tiene un contenido político muy contradictorio.
Primero, porque durante décadas los presidentes del Congreso se dedicaron a hacer
discursos ditirámbicos del Presidente de la República, en elogios desmesurados al
régimen y a la persona del Presidente de la República. Pero ya estaba la oposición en
el Congreso.
En la lógica del PRI de que el Presidente representa a todo el Congreso, ¿a quién
representaban esos señores presidentes o presidentas del Congreso que se dedicaban
solamente a elogiar al Presidente de la República? ¿A todos los congresistas?
Evidentemente que la oposición no estaba de acuerdo con eso y si hubiera sido un solo
diputado o senador entonces, ya no se estaba acatando el principio que vienen aquí a
reclamar en este momento y que nunca reclamaron antes, cuando tenían el monopolio de la
Presidencia del Congreso.
Ahora bien, la Ley Orgánica en efecto dice que el discurso, la respuesta del Presidente
del Congreso debe ser concisa y en términos generales, pero eso está a la
interpretación del Presidente del Congreso. Nadie puede interpretar eso más que él,
puesto que nadie conoce el discurso que va a pronunciar el Presidente del Congreso.
No existe aquí un comité de censura previa y yo creo que nunca existirá; antes
existía, ya sabemos dónde estaba el comité de censura previa, en las oficinas del
Presidente de la Gran Comisión. Ya no hay Presidente de la Gran Comisión.
Pero hay otros elementos también de orden constitucional: los diputados y senadores son
inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos. Jamás
podrán ser reconvenidos por ella. La petición del PRI, de remover al Presidente de la
Cámara por haber expresado opiniones en su carácter de Presidente del Congreso, es, en
sí mismo, algo completamente contrario al artículo 61 de la Constitución Política.
Debería incluso votarse antes si procede o no, semejante ataque a la Constitución.
¿Qué es lo que el Presidente del Congreso dijo? Un discurso con el cual mi partido y yo
en lo personal no estamos en su totalidad de acuerdo; tenemos discrepancias sobre varios
párrafos, pero estamos de acuerdo con el derecho de ese Presidente del Congreso, a decir
lo que él mismo considerara conveniente.
Esta es una cuestión de principios, no es una cuestión cualquiera. Haya dicho lo que
hubiera sido; creo que el Congreso debió haberlo escuchado en la misma forma y aún con
las expresiones que se acostumbran en una Asamblea parlamentaria, pero no para tratar de
impedir que hablara. Aquí quiero hacer una distinción:
Desde 1980, se producen intentos de interpelación del Presidente en los informes que
rinde al Congreso. Creo que el primer diputado que lo hizo fue de apellido Gurza de
Coahuila y sí era de Acción Nacional, que por cierto su partido no lo apoyó. Lo
recuerdo muy bien, para ser lo que es, es.
81, 82 y 83
Pero otros sí lo apoyamos aunque no éramos
del mismo partido. ¿Y por qué, por qué lo apoyamos? Bueno, porque habrá que quitar ese
ritual presidencialista y tratar de hacer de aquél un acto republicano, aunque fuera con
expresiones que no iban a tener cabida en el acto mismo del informe presidencial; pero
porque en esa época también el Reglamento Interior del Congreso, no distinguía, no
decía que no podía ser interpelado el Presidente al momento de estar hablando y
cualquier individuo, al momento de hablar en el Congreso, estaba sometido al Reglamento
Interior del mismo.
Ahora bien, la cuestión es que esas interpelaciones no pretendían callar al Presidente,
sino hacer un diálogo con él, hacerle una pregunta o darle una respuesta para que el
Presidente a su vez dijera algo relacionado con lo que el legislador le estaba planteando.
No tenía ninguna de esas interpelaciones el propósito de callar al Presidente, de
impedir que rindiera su informe.
Lo que vimos este 1o. de septiembre pasado, fue un intento de impedir que el Presidente
del Congreso terminara de leer su mensaje, su respuesta al informe del Presidente y es un
asunto de naturaleza diferente; por lo tanto, no se puede defender la idea de que el
Presidente del Congreso no debió haber dicho lo que dijo, de la misma manera que no
están permitidas las interpelaciones al Presidente de la República. No se puede tampoco
decir ridículamente, que el PRI no hizo ni más ni menos que lo que hace la oposición en
otros momentos; eso no es cierto, porque la oposición nunca ha tratado de impedir que el
Presidente diga lo que trae escrito, nunca. Todas las interpelaciones tenían como
propósito hacer un diálogo con el Presidente, esperar una respuesta del Presidente.
Aquí no pedía el PRI una respuesta del Presidente del Congreso, lo que pedía era que no
dijera lo que traía escrito el Presidente del Congreso.
En tal virtud, tendríamos que considerar también que la situación de la Cámara es una
situación bastante complicada. Creo que en efecto la Cámara ha trabajado, quizá menos
de lo que pudo haberlo hecho, pero ha trabajado. Que se han expedido muchos decretos
legislativos, yo no creo que haya parálisis legislativa; lo que hay es una fuerte lucha
legislativa que no es lo mismo.
El Presidente de la República habló del Congreso en su informe, habló de esto que estoy
diciendo; solamente que con un serio problema: no le corresponde de acuerdo con la
Constitución al Presidente, informar de la actividad del Congreso de la Unión. No debió
haberlo hecho como sus antecesores lo han hecho siempre. El Presidente creo que debió
haber tomado esa distancia constitucional.
Ahora bien, creo que los debates en sentido histórico, aunque México es un país de
régimen presidencial, pues los viejos reglamentos y las viejas leyes tienen también
otros elementos. Por ejemplo, el artículo 53 del viejo Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso, le da a los secretarios de Estado, la libertad de asistir cuando
quisieren, a las sesiones, esta hablando de las cámaras y si se discute un asunto de su
dependencia, tomar parte en el debate.
Desde el punto de vista de las discusiones en el Congreso mexicano y de acuerdo con esta
disposición que es muy vieja, había un cierto aire parlamentario en los debates sobre
las leyes. Hay varios artículos que regulan en ese viejo reglamento, la participación de
los secretarios de Estado en los debates del Congreso, no sólo cuando son llamados por
las cámaras, sino cuando hacen uso de esa libertad, que por cierto todavía la tienen
porque esto todavía está vigente.
No existe un muro completamente divisorio entre el Congreso y el Presidente de la
República o del Ejecutivo, en relación con procedimientos y maneras de discutir. No hay
ese muro infranqueable como se quiere suponer aquí por parte de la bancada priísta. Tan
es así, que el Presidente debe acudir al Congreso y no simplemente informarle por
escrito. Lo que el Presidente no puede hacer es hacer propuestas al Congreso, como
tampoco, y lo dice el Reglamento, ningún secretario de Estado más que por escrito; ahí
establece una barrera digamos, pero en todo lo demás, en el diálogo, en el planteamiento
de las ideas no es tan tajante esta distinción.
Yo sé que cuando se trata de acomodar determinada tesis, siempre se va a la idea de que
en México hay un sistema presidencial. Pero yo les quiero recordar colegas, que el
sistema presidencial es un sistema que México copió de los Estados Unidos; es un sistema
con un Congreso muy fuerte; con un diálogo muy duro entre diputados y senadores y el
Presidente de la República; con mecanismos de control muy duros sobre el Ejecutivo, que
no tienen los parlamentos; porque en los regímenes parlamentarios el gobierno surge del
parlamento y de hecho hay una convivencia cotidiana; en los regímenes presidenciales son
mayores los controles del Congreso sobre el Presidente. Y uno de ésos tiene que ser la
discusión.
Si en la ley se ha mantenido el que el Presidente del Congreso responda el informe del
Presidente de la República, eso es un diálogo, porque el Presidente del Congreso quizá
con una sola excepción en la historia no es el director de la Oficialía de Partes del
Congreso; es un legislador, es un diputado, es un representante de la nación. Tiene, por
lo tanto, que exponer ideas y nosotros defenderemos las ideas de ese diputado y de
cualquier otro diputado, dichas en cualquier tribuna de la nación.
Muchas gracias.
Para hablar a favor de la moción, tiene
el uso de la palabra el diputado Jaime Moreno Garavilla, hasta por 15 minutos.
| El
diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: |
Con la venia de las damas aquí
presentes; compañeros diputados todos:
Efectivamente, la intervención última de nuestro compañero diputado me hizo recordar
aquella expresión que hizo época en el seno del parlamento francés: "yo no estoy
de acuerdo con lo que vos manifestáis, pero hasta con mi vida habré de defender el
derecho que vos tenéis a manifestaros".
Sí, reconozco que las ideas que someto a continuación a su mejor reflexión llevan un
solo propósito: el propósito de salir en defensa de nuestro marco institucional, como
mexicano.
Reconozco, pues, nuestra libertad de expresión, debidamente custodiada por nuestra
Constitución, la que a nuestro compañero diputado don Carlos Medina obsequia también,
como a todos nosotros, inviolabilidad en la manifestación de ideas y fuero.
En ejercicio de esa bendita libertad, protegido por tales prerrogativas de nuestra Ley
Suprema y seguramente animado por la tentadora emoción de saberse visto y escuchado por
millones de seres dentro y fuera del país, el señor diputado Medina Plascencia hizo
mutatis mutandis las siguientes declaraciones el pasado 1o. de septiembre:
"El honorable Congreso de la Unión recibe de usted el documento que dice contener el
estado que guarda la Administración Pública Federal".
¿Quiso decirle al Presidente mentiroso?, o en el mejor de los casos ¿De palabra poco
confiable? ¿Tuvo el diputado, que reconocía actuar en nombre del Congreso, elementos de
convicción derivados del conocimiento del documento que acababa de recibir como para
poner en tela de duda, frente al mundo entero, a nuestro jefe de Estado y de Gobierno?
Después de advertir que es menester lograr y mantener entre ambos una relación de
respeto republicano, el Presidente del Congreso de la Unión en funciones consideró a ese
acto de solemnidad republicana como momento propicio para denunciar al Ejecutivo Federal
de cara al mundo, como un individuo incumplido, invocando una supuesta falta de
comunicación fluida permanente con esta legislatura.
¿Tendrá pruebas el señor Medina Plascencia, para demostrar que quienes integramos esta
legislatura no hemos mantenido comunicación permanente con el Ejecutivo Federal?
Porque, distinguidos colegas, cuyas voces se elevan por la vehemente pasión política,
quien denuncia sin pruebas en lo jurídico es responsable y en lo político irresponsable.
¿Sería ésta la opinión de todos los diputados y senadores que integramos a la
legislatura?
Porque quien asume y desempeña atribuciones no conferidas se vuelve usurpador o sea,
dícese de quien valiéndose de procedimientos ilícitos se apodera de la voluntad
soberana. ¿O bien se trató, dirán, de un simple exceso en el cumplimiento de su deber
como Presidente de la Cámara? Porque este tipo de faltas equivale a prevaricar.
Pero en cualquier caso, pregunto, ¿es éste el tipo de respeto republicano al que se
refirió el señor Presidente de la Cámara?
No preguntamos ya si es respetuoso hacer propicio el momento para sugerir la pérdida del
crédito y la buena fama al principal visitante a nuestra casa frente a nuestros
invitados.
Eso en derecho se llama difamación, en lo ético es carecer de decencia.
¿Cómo calificar el trato para quien después de haberse manifestado respetuoso frente a
los dueños de la casa, escucha una falsa acusación contra su reputación, sin tener ya
derecho de réplica? ¿Debería aplaudir la concurrencia toda a tan delicado anfitrión?
¿Debería ovacionarle cuando al continuar con su epónima presentación aludía a la
falta de políticas públicas con sustento ético y contenido social?
Porque la ética, compañeros, sólo se reconoce cuando se conoce y el contenido social de
cualquier acción se percibe sólo cuando se tiene sensibilidad. Ante cámaras y
micrófonos del país y del extranjero tan notable y respetable compañero diputado
señaló, "que la población ha sido sacrificada. ¿Toda? ¿Siempre?
Que siguen prevaleciendo entre los mexicanos la corrupción...
¿Verdad que sí lo dijeron?
¡Claro que lo dijo! Que esto prevalece en todo el aparato administrativo. ¿Verdad que lo
dijeron?
¡Claro que lo dijo! Que hay incompetencia del poder público. Es decir, que todos los
servidores públicos somos incompetentes.
¡Claro que lo dijo también! Que los mexicanos no hemos venido siendo capaces de
conformar gobiernos legítimos, competentes, serviciales y que por ende no hay en nuestro
país un estado de derecho.
Acusó también, distinguidas compañeras y compañeros, frente al mundo entero a nuestro
país de que en los más altos niveles de gobierno se gesta y opera la más peligrosa
delincuencia organizada. Que hay saqueo al erario y crimen organizado. ¿Saben qué dijo
el Presidente de la Cámara?
¡Que todos los mexicanos somos ineficientes, corruptos, sin educación, sin salud, sin
viviendas, sin abasto, sin servicio! Pero además: ¡incompetentes, anárquicos, tiranos,
delincuentes, rateros, en lo político criminales y que vivimos en la barbarie a la que
aludió Hobbes.
Ah, pero eso si también intolerantes para todos aquellos que rechazamos, desde el primer
momento, que se nos exhibiese ante el mundo con este trato tan singular, que amablemente a
todos los mexicanos nos adjudicó el señor Presidente de la Cámara.
Vertidos así, en el momento propicio, en un ambiente republicano, de respeto republicano,
estos conceptos proponía como remate a su intervención el diputado Medina Plascencia, en
tan célebre intervención, "que se preserve el ser y el modo de ser de la
patria".
Yo quisiera decir: no, señoras y señores, los mexicanos conformamos un pueblo digno,
noble y esforzado, que ha sufrido y sufre aún los embates de la pobreza, sí, gestada al
amparo de factores domésticos y de desventajas externas. Las cicatrices de ese
sufrimiento, compañeras y compañeros, se advierten en la madurez de nuestro pueblo y en
su fortaleza.
Conformamos un pueblo con valor que por respetuoso ha sido y debe seguir siendo respetable
ante el concierto de las naciones, un pueblo que sin pretender autoadjudicarse ningún
genero de supremacía frente a sus hermanos pueblos, puede llevar al consejo de ellos el
fruto de sus dolorosas experiencias, la enseñanza de sus inmensos sacrificios y la gloria
también de sus victorias.
No, señoras y señores de México y del mundo ni el sufrimiento ni el heroísmo ni
tampoco la virtud son palabras desconocidas para los mexicanos, en ellas, precisamente en
ellas apoya México el desarrollo de sus enormes potencialidades y su fe inquebrantable de
un mejor destino.
84, 85 y 86
Con todo respeto, no señor diputado Medina,
no todos los mexicanos somos ni pensamos como usted. Sus consideraciones personales o de
grupo han de ser respetables, sí, en el marco del debate respetuoso, en el marco y en el
momento y en el espacio y con las formalidades que nosotros mismos nos hemos dado y que no
se diga que no hay posibilidad de este debate, porque a partir de 1994, y quien lo dude
con una simple lectura del artículo 8o. de la ley lo podría constatar, se cambió el
formato del informe presidencial, para tener la posibilidad de escuchar las posturas de
todas las fracciones parlamentarias.
El razonamiento, diputado Medina, el buen juicio y la prudencia, son, entre otros, muy
valiosos instrumentos que deben ser inseparables para todo buen dirigente y si algo como
mucho hay que arreglar en casa, conjuguemos espacios, tiempos y formas para debatir y
arreglarlo en realidad, en vez de dar pauta para que los vecinos, denigrando al jefe,
lleguen a despreciar también a la familia entera.
Y sí, señoras y señores diputados, en efecto, la libertad, como bien lo proclamó aquel
insigne personaje de Cervantes, es después de la vida el valor supremo. Juntos, decía,
los tesoros que aduna el cielo y el mar jamás podrían equipararse a ella. Por la
libertad, Sancho, le decía, se puede y se debe entregar la vida misma. Pero la libertad,
todos en conciencia aquí presentes y los millones de ausentes, sabemos que se ejerce con
responsabilidad y que el límite de la libertad es precisamente el comienzo de la libertad
de los otros y advertimos también que ante la contundencia de los hechos se estrella la
intención de cualquier palabra.
La libertad es respeto. La libertad es precisamente no transgredir las normas que
establecimos nosotros. La libertad implica decencia, implica cortesías elementales.
Sí, señor diputado Medina, cualquier desatino vale lo que cuesta, pero por lo pronto no
puede usted en este caso dejar de recordar que no se puede incumplir un deber público por
asumir una postura personal y, por lo tanto, permítanme terminar esta intervención
recordando a Madame Roland, invocando a la libertad.
"¡Oh libertad -decía Madame Roland-, cuántos crímenes e injusticias se siguen
cometiendo en tu nombre!"
Para intervenir en contra de la moción,
tiene el uso de la palabra el diputado Juan Marcos Gutiérrez.
El
diputado Juan Marcos Gutiérrez
González: |
Con el permiso de la Presidencia.
Dice María Zambrano que la nuestra es una historia sacrificial donde se reprime y
sacrifica la memoria y con ello se sacrifica la democracia.
Señor diputado Moreno Garavilla, la vehemente cita histórica de don Francisco Arouet,
mejor conocido como Voltaire, se hizo años antes de que el parlamento francés se
instalara; sin embargo viene a cuento porque lo que hemos presenciado aquí es
precisamente un juicio inquisidor propio de ese dato de intolerancia que los ha vestido
por tantos años.
Se dice que el diputado Medina violó el artículo 8o. de la ley. Yo creo que el debate
jurídico no va más allá del poner simplemente en orden los ordenamientos que regulan la
vida parlamentaria y por encima de la libertad de expresión y de la prohibida
reconveniencia a las opiniones expresadas por los diputados en el ejercicio de sus cargos
previsto en el artículo 61 de nuestra Carta Magna, no hay dispositivo que valga y que se
pueda alegar aquí para tratar de reprimir una conciencia libre, una conciencia plena y un
discurso positivo como el pronunciado por Carlos Medina el 1o. de septiembre pasado, el
histórico 1o. de septiembre de 1999.
El día de hoy, el pueblo de México se encuentra frente a la penosa situación de
observar cómo una ex omnipotencia política de este país intenta una vez más linchar a
un mexicano valiente, a un demócrata implacable; es decir, a un representante popular a
cabalidad, como Carlos Medina Plascencia.
El pueblo de México también presenciará la contundente defensa que en este acto
realizamos a favor de Medina, porque es defender uno de los más caros anhelos de la
democracia, que lo es, sin duda, la libertad de expresión, del ejercicio pleno de la
representación política sin cortapisas, sin reprimendas y con auténtica tolerancia,
sí, tolerancia, no como gesto de graciosa paciencia para permitir la existencia del otro,
es decir, del contrario; tolerancia como la aceptación sincera de la existencia del
pensamiento distinto con la plena convicción de que el contrario puede tener razón.
Estas ideas, hipócritamente mencionadas en el informe presidencial, hacen gala de su
misma hipocresía mediante el acto, por demás intolerante, que se expresa en la simple
solicitud de destituir de su cargo al Presidente de nuestra Asamblea tan sólo por haber
ejercido a plenitud la prerrogativa excelsa de la representación política: pensar y
decir lo que se piensa.
Claro que quienes solicitan la destitución, para ellos pensar distinto es violar la ley,
ya se dijo aquí, es un crimen, pero les tengo noticias, señoras y señores, el artículo
8o. de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión es el mismo artículo que permitió que
se pronunciaran textos aberrantes, mucho más largos que los de Carlos Medina y me voy a
permitir tan sólo citar algunos de ellos.
"Sexto informe de don Luis Echeverría, Presidencia del diputado Heladio Ramírez.
-cito-: al demandar usted la verdad el país recobró el verbo de la insurgencia, pidió
valor civil al pueblo y hoy hemos adoptado nuevamente el lenguaje de la inconformidad
creadora."
El Presidente, deja una enseñanza: no debemos admitir ni manipulación
retórica ni simulación en los quehaceres públicos.
Pero más allá, don Manuel Gurría, al contestar aquel último informe de don Adolfo
López Mateos, hablaba precisamente de estas prerrogativas de representar al Congreso:
"el sentir mayoritario -cito-: de la representación nacional, por mi conducto le
expresa su apasionada simpatía por la entrega que usted ha hecho al servicio de México
para perfeccionar las instituciones y elevar a mayores niveles el ejercicio de la
política."
No estamos de acuerdo con aquella alabanza, no estamos de acuerdo con aquel credo
zalamero, pero era el ejercicio de una prerrogativa, manipulada, era el resultado de
aquella omnipresencia política que hoy parece que en los aires de democracia no alcanza a
ventilar el pensamiento de quienes todavía siguen pensado que son los únicos dueños de
este país.
Más allá del aspecto legal, mismo que desde luego no tiene discusión, Carlos Medina al
contestar patrióticamente el informe de gobierno, lo hizo en estricto apego a la citada
ley...
Aquí se encuentra en discusión, en todo caso, un asunto esencial para la vida de los
mexicanos: o nos acostumbramos a una democracia donde la discusión y la diferencia de
ideas enriquezca la capacidad social para darnos respuesta a nuestras propias demandas o
nos sometemos al yugo del autoritarismo y la into-lerancia con que el PRI hoy propone
liquidar la conciencia y el pensamiento libre.
Los diputados de Acción Nacional reiteramos ad infinitum nuestro respaldo moral y
político a Carlos Medina Plascencia. Carlos: seguirás siendo Presidente porque para eso
te elegimos, porque tienes la autoridad moral y porque te acompañamos hoy aquí...
diputadas y diputados que seguimos creyendo en el bien común y en la dignidad.
Muchas gracias.
Se instruye a la Secretaría para que
proceda a abrir el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos.
| La secretaria
Leticia Robles Colín: |
Se va a proceder a recoger la votación
nominal de la moción.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del
Reglamento Interior. Actívese el sistema electrónico por cinco minutos para tomar la
votación nominal de la moción.
(Votación.)
Se emitieron 241 votos en contra y 295 votos a favor... Se desecha la moción.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
Continúe la Secretaría con los asuntos
en cartera.
| La secretaria
Arely Madrid Tovilla: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Punto de acuerdo para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por
conducto del Presidente de la mesa directiva y de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, una demanda de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo de la
Unión.
Honorable Asamblea: la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política acordó,
con el voto en contra del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, un punto de acuerdo para
presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto del Presidente de
la mesa directiva y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, una demanda de
controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo de la Unión, por las reiteradas
negativas a proporcionar información relacionada con operaciones de Banca Unión, S.A.,
con base en las consideraciones siguientes:
I. El pasado día 19 de enero de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que establece en sus artículos quinto y
séptimo transitorios, la facultad de la Cámara de Diputados para ordenar las auditorías
al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), respecto de los programas de
capitalización y compra de cartera y de saneamiento financiero.
II. La Cámara de Diputados, por conducto del Oficial Mayor, celebró con el señor
Michael W. Mackey, un contrato de prestación de servicios profesionales, cuyo objeto
consistió en la obligación, por parte de "el consultor", de coordinar la
práctica de las auditorías en la ejecución del programa para la evaluación integral de
las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro en el saneamiento de las
instituciones financieras de México 1995-1998.
Dentro de este contexto, se determinó revisar las operaciones del programa conocido como
de capitalización y compra de cartera y de saneamiento financiero, mediante la
adquisición de cartera vencida y acciones del sistema financiero efectuadas por el
Fobaproa en el periodo comprendido de 1995 a junio de 1998.
III. A la fecha, las auditorías han terminado y el pasado 23 de julio el consultor
presentó al comité técnico de seguimiento a las auditorías al Fobaproa, un informe de
resultados. Sin embargo, ha quedado pendiente la revisión de diversa información
solicitada por los despachos Galaz, Gómez Morfín, Chavero, Yamazaki, S.C. a Banca
Unión, S.A.
IV. Con relación a lo anterior, en primera instancia, el equipo del señor Mackey
solicitó por escrito a Banca Unión, S.A. se proporcionara al despacho diversa
información relacionada con algunos fideicomisos, petición que fue contestada en sentido
negativo, pues la institución bancaria de mérito argumentó que de solventar tal
requerimiento, estaría violando el secreto fiduciario.
V. Ante tal situación, el comité técnico de seguimiento a las auditorías al Fobaproa y
la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados, con
fechas 9 y 24 de junio de 1999, respectivamente, solicitaron al titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, instruyera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
y a Banca Unión, S.A., para que se proporcionara al despacho auditor la información que
le fue requerida anteriormente.
VI. El día 6 de julio de 1999, se recibió oficio suscrito por el subsecretario de
Hacienda y Crédito Público, en el que da respuesta a los comunicados mencionados en el
párrafo que antecede, reiterando la negativa de proporcionar la información, aduciendo
una incorrecta interpretación legal para motivar su ocurso.
VII. El miércoles 7 de julio, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política
de la Cámara de Diputados, resolvió por mayoría de votos de sus integrantes, dirigirse
oficialmente en queja al señor Presidente de la República, en contra del Secretario de
Hacienda y Crédito Público y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores,
por las constantes negativas a proporcionar la información antes referida y se le
solicitó girara sus instrucciones a efecto de que se proporcionara al despacho auditor la
información requerida y se pudieran concluir las auditorías ordenadas por la honorable
Cámara de Diputados.
Asimismo, el comité técnico de seguimiento a las auditorías al Fobaproa, resolvió, por
su parte, emitir una contestación al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, misma que fue notificada el día 14 de julio del presente año.
87, 88 y 89
VIII. El día 23 de julio, se recibieron en la
Cámara de Diputados los oficios números 100-342 y 529-I-248, suscritos por el Secretario
de Gobernación y por el Procurador Fiscal de la Federación, respectivamente, mediante
los cuales, a nombre del Ejecutivo Federal, confirman la negativa de proporcionar al
auditor la información requerida a Banca Unión, S.A.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción I del artículo 77 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el inciso I del artículo
tercero transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General, así como en el artículo
tercero y cuarto fracción I del acuerdo parlamentario por el que se propone la
integración y funciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de
la Cámara de Diputados, los que suscriben, diputados coordinadores de los grupos
parlamentarios integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política,
consideran que existen elementos suficientes para iniciar un juicio de controversia
constitucional en contra del Poder Ejecutivo de la Unión y someten a consideración del
pleno de esta Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
acuerda presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto del
Presidente de la mesa directiva y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de
conformidad con el inciso I, párrafo primero del artículo 23 de la Ley Orgánica del
Congreso General, una demanda de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo
de la Unión, en términos de lo previsto por el artículo 105 fracción I inciso c de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de su ley reglamentaria, por las
reiteradas negativas a proporcionar información relacionada con los fideicomisos
constituidos en Banca Unión S.A., misma que fue solicitada para llevar a cabo las
auditorías ordenadas por esta soberanía, a fin de que el máximo tribunal resuelva
ordenar la entrega de la información correspondiente, para así dar debido cumplimiento a
lo dispuesto en los artículos quinto y séptimo transitorios de la Ley de Protección al
Ahorro Bancario.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 1999.- Diputados coordinadores:
Arturo Núñez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
Carlos Medina Plascencia, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Ricardo
Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Jorge Emilio González
Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»
Está a discusión la proposición. Para
ello se han inscrito para esta discusión los siguientes diputados: Verónica Velasco
Rodríguez, por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista; Ricardo Cantú Garza,
por el Partido del Trabajo; Fauzi Hamdan Amad, por el Partido Acción Nacional; Dolores
Padierna, por el Partido de la Revolución Democrática y Francisco Loyo Ramos, por el
Partido Revolucionario Institucional.
Para fijar posición, tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, la diputada
Verónica Velasco Rodríguez.
| La
diputada Verónica Velasco Rodríguez: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
El día de hoy se somete a esta Asamblea la proposición que remite la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política, con un punto de acuerdo para presentar ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en
contra del Poder Ejecutivo de la Unión. La demanda que se pretende presentar y que
contaría con el apoyo de esta Asamblea, tiene la intención de poner en operación uno de
los mecanismos que en pocas ocasiones han utilizado los estados cuando existe una
contradicción normativa en contra de otro Estado, en contra de un municipio de su propio
Estado o en un municipio de otro, así también como sucede en el presente caso, cuando
existe controversia respecto de la aplicación de una norma en los diferentes ámbitos de
la unión.
En el presente caso, el Ejecutivo Federal se ha negado rotunda y reiteradamente a
proporcionar una información que, conforme lo establecen las disposiciones relativas de
la Ley de Protección al Ahorro Bancario, esta obligado a proporcionar a esta soberanía.
De acuerdo con esas mismas disposiciones, cuando se estaban llevando a cabo las
auditorías a las instituciones de crédito para poder sanear la situación financiera de
las mismas, se estableció que todos los créditos serían previamente calificados
respecto a su legalidad y respecto al monto que los mismos cubren. Para ello, las
instituciones de crédito relacionadas deberían proporcionar a está soberanía dicha
información.
Por ello, el órgano de gobierno de esta Cámara, así como el comité técnico de
seguimiento a las auditorías al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, solicitaron a la
Comisión Bancaria, organismo derivado o mejor aún, dependiente de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, proporcionara la información que es depositaria respecto de
los créditos que como pasivos tiene Banca Unión y que forman parte importante de los
pasivos del entonces Fondo Bancario de Protección al Ahorro, hoy Instituto de Protección
al Ahorro Bancario.
Sabemos que la naturaleza que hace peculiar a los créditos en litigio afectarían a una
de las esferas hasta ahora intocables de la Administración Pública Federal. No nos
sorprende entonces que la Presidencia trate a toda costa de evitar que seamos los
representantes de la nación y el pueblo de México los que estemos enterados de esa
anomalía crediticia y financiera que encierra en el fondo un presunto fraude a la
nación.
Si bien, desde el principio existía cierta resistencia de parte de algunos partidos de
oposición por aprobar la transformación del Fobaproa al IPAB, en tanto que en ningún
momento se salvó la constitucionalidad del proceder del Ejecutivo Federal, con mucho
menos razón permitiremos que a través de argucias legaloides se evada la responsabilidad
que recae sobre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y del propio titular del Ejecutivo Federal. Este tendrá entonces
que responder ante el máximo tribunal de la Unión, la negativa a proporcionar una
información tan importante.
Especialmente ahora que ha arribado la oposición, estamos convencidos de encontrar a los
responsables. Para ello, exhorto a todas las diputadas y diputados que integran esta
Cámara, a que se sumen a una vida republicana en la que se haga realmente efectiva la
vigilancia de un poder hacia otro y en donde se trata de dilucidar la verdad que merece el
pueblo de México.
Asumamos, todos entonces, la responsabilidad que el electorado nos dio para votar en pro
del punto de acuerdo que hoy se somete a la aprobación de esta digna y alta Asamblea.
Por su atención, muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el diputado
Ricardo Cantú Garza, a nombre del Partido del Trabajo.
| El
diputado Ricardo Cantú Garza: |
Gracias, señor Presidente; compañeras
y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude para fijar su posición acerca de la
propuesta de la Comisión de Régimen Interno como punto de acuerdo para presentar, ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, demanda de controversia constitucional en
contra del titular del Ejecutivo Federal.
Como resultado de la propuesta del Ejecutivo Federal, presentada a la Cámara de Diputados
a finales de abril de 1998, por medio de la cual se pretendía el reconocimiento de los
pasivos del Fobaproa como deuda pública, misma que de ser reconocida en esos términos
por el Congreso, esta representación nacional tendría que autorizar los recursos
presupuestales para tal efecto.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo manifestó siempre, en todos los foros, que
consideraba inconstitucional y violatoria de la normatividad en materia de deuda pública
la contratación de esa deuda, vía la expedición de los pagarés del Fobaproa.
Sin embargo, la mayoría en esta Cámara, constituida por el PRI y el PAN, determinaron
aprobar la iniciativa por medio del cual se creó la Ley de Protección al Ahorro
Bancario.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo votó en contra de ese dictamen, sin
embargo, una vez que la misma fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo,
todos estamos obligados al cumplimiento de ella misma y nosotros mismos como diputados
también lo estamos, en términos de la protesta constitucional que, conforme al artículo
128, rendimos el 30 de agosto y 1o. de septiembre de 1997, respectivamente.
Dentro de las disposiciones de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se establecieron
una serie de disposiciones que pretenden transparentar el monto del rescate bancario y, en
tal virtud, se estableció la realización de una serie de auditorías al Fobaproa,
requiriéndose a las dependencias del Poder Ejecutivo la información necesaria para
llevar a buen término dicho programa.
Este es un aspecto muy interesante en el que no puede alegarse ignorancia o
desconocimiento del Ejecutivo Federal, toda vez que éste, como partícipe del proceso
legislativo, al no hacer observaciones al proyecto de decreto de Ley del IPAB, que le
turnó al Senado, en términos del inciso B del artículo 72 constitucional y al
promulgar, en términos de la fracción I del artículo 89 constitucional, el propio
Ejecutivo se obligó a acatar el contenido normativo de dicha ley.
Más aún, siendo promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el
Procurador General de la República, con base en lo dispuesto por el inciso c de la
fracción II del artículo 105 constitucional, no promovió acción de
inconstitucionalidad, con lo que tácitamente aceptaban la legalidad de dicha norma.
En esta Ley de Protección al Ahorro Bancario, se establece, en el segundo párrafo del
artículo quinto transitorio, que: "...el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados
tomarán las medidas pertinentes para que las auditorías concluyan en un plazo máximo de
seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta ley".
Sin embargo, al requerir la Cámara información, primero a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el subsecretario Martín Werner negó dicha información y con
posterioridad, al acudir en queja ante el Ejecutivo Federal, como lo establece la
legislación interna del Congreso, la respuesta también fue negativa.
El Ejecutivo negó mucha información para que las auditorías, ordenadas por esta
soberanía pudiera efectuarse en forma eficiente. No obstante ello, la representación de
diputados en el comité técnico de auditorías al Fobaproa, aprobó el informe parcial
del auditor Michael Mackey, que no era el 100% de la auditoría ordenada por esta Cámara
y por lo cual los diputados del Partido Acción Nacional tienen responsabilidad.
El Ejecutivo Federal al dar respuesta a la Cámara de Diputados en la queja presentada,
pretende soslayar su responsabilidad jurídica cuando el 1o. de diciembre de 1994, al
tomar posesión de su cargo protestó: "guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan".
De lo anterior se desprende que el Ejecutivo incumple con la obligación que la
Constitución le señala. Los integrantes de la Administración Pública Federal, al negar
la información solicitada alegaban que no podrán proporcionar esa información porque al
hacerlo violarían el secreto bancario.
Sin embargo, pretenden ignorar el que la propia ley en su artículo transitorio
vigésimoprimero, claramente ordena que se derogan todas las disposiciones que se opongan
a la presente ley, por lo que el argumento de preservar el secreto bancario para no
entregar dicha información, sencillamente no existe, más aún como hecho superveniente
ha aparecido nueva información que demuestra el ilegal financiamiento de Banca Unión a
la campaña electoral de Ernesto Zedillo, Roberto Madrazo y del PRI en general en 1994.
Por las razones antes expuestas y ante la sistemática negativa del Presidente de la
República a cumplir con la obligación legal que su protesta constitucional le impone, el
grupo parlamentario del Partido del Trabajo, se pronuncia a favor de que se apruebe el
punto de acuerdo que se propone para que se presente ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, controversia constitucional en contra del titular del Poder Ejecutivo, para
que la sentencia de nuestro más alto tribunal obligue al Presidente de la República a
proporcionar a esta soberanía la información que se requiera.
90, 91 y 92
Es cuanto diputado Presidente.
Presidencia del
diputado
Miguel Angel Solares Chávez |
Tiene el uso de la palabra a nombre del
Partido Acción Nacional, el diputado Fauzi Hamdan Amad.
| El
diputado Fauzi Hamdan Amad: |
Con la venia de la Presidencia;
honorable Asamblea:
El punto de acuerdo solicitado al pleno de esta Cámara, para llevar a controversia
constitucional, por primera vez en la historia constitucional mexicana, la oposición del
Ejecutivo Federal de entregar la información oportuna relativa a diversos fideicomisos en
donde aparecen presuntamente recursos asignados a las campañas políticas de 1994 del PRI
a nivel federal y local, se inserta en el contexto de lo que constituye uno de los
elementos de la esencia de la democracia.
Aquí, puntualmente la Cámara de Diputados también por primera vez ha ordenado una
auditoría de contenido y alcances, tampoco vistos en la historia de este país y resulta
enojoso y penoso que el Ejecutivo se niegue a proporcionar esta información
transcendente, por lo que implica su costo fiscal integral en el famoso rescate bancario.
Y las razones que aduce el Ejecutivo, reiteradas por las secretarías de Hacienda y
Crédito Público y Gobernación para negar la información, son argumentos falaces,
improcedentes y sin ningún contenido.
Primero. Señala que no puede ordenar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y
ésta a su vez al interventor a proporcionar la información, argumento falaz. Depende
jerárquicamente y subordinadamente el interventor de la CNBV y de la Secretaría de
Hacienda.
Segundo. Que los ampara la secrecía bancaria y fiduciaria en los términos de los
artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito. ¡Falso! Hay la excepción
clara, directa y contundente de la propia Ley de Protección al Ahorro Bancario, en sus
artículos 43 y el quinto y séptimo transitorios donde claramente dentro del Programa
Integral de Compra de Cartera y Saneamiento Financiero, dentro del cual queda incluido,
desde luego, Banca Unión, tiene la obligación de proporcionar toda la información y no
opera como excepción la secrecía bancaria y fiduciaria.
Tercero. Argumentan que mientras no se dé el resultado de la auditoría en donde se
acredita el quebranto de Banca Unión con motivo de los apoyos a esos fideicomisos, no es
dable entregar la información. Están confundiendo la causa por su efecto.
¿Cómo vamos a enterarnos de que si hay o no quebranto en las operaciones de préstamo de
Banca Unión si no se audita? Además, el principio rector en cualquier auditoría de
investigación, sea cual fuere su naturaleza, es el principio de buena fe, que en este
caso se carece por parte del Ejecutivo.
No es entregar lo que se solicita, sino entregar todo lo que se tiene para mejor proveer y
conocer su contenido y alcance relativos a una investigación de esta trascendencia y de
esta importancia.
Consecuentemente ante la negativa pertinaz del Ejecutivo de entregar esta información, no
queda otra alternativa a esta Cámara de Diputados que acudir a la instancia institucional
y constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en controversia
constitucional en los términos que previene puntualmente la fracción I de su artículo
105 constitucional y su ley reglamentaria.
Confiemos que en este devenir nos deba asistir la razón plena para tener esa
información.
Que por lo que concierne a la auditoría del Fobaproa, no ha concluido mientras esta
información siga pendiente de entregarse a la Cámara de Diputados...
El diputado
Alfonso Ramírez Cuéllar
(desde su curul): |
Señor Presidente.
¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado
Alfonso Ramírez Cuéllar
(desde su curul): |
Para hacerle una pregunta al orador.
Es un debate pactado, tendríamos que
respetar el acuerdo que se dio entre las diferentes fracciones parlamentarias.
Continúe el orador.
| El diputado
Fauzi Hamdan Amad: |
Yo no tengo ningún inconveniente,
señor Presidente en aceptar una pregunta del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar o de
cualquier otro diputado.
Estamos en la etapa de fijación de
posiciones. Adelante, si el orador no tiene objeción alguna.
El diputado
Alfonso Ramírez Cuéllar
(desde su curul): |
Señor diputado Fauzi Hamdan. En la
última parte de su intervención, como puede constar en la versión estenográfica, usted
señala que la auditoría no ha concluido mientras no se entregue el informe de Banca
Unión.
De acuerdo al artículo quinto. transitorio, la condición para canjear los pagares del
Fobaproa, es la realización y la conclusión de la auditoría.
Eso que usted ha afirmado traería como resultado que se está violando la Ley del IPAB,
particularmente el artículo quinto transitorio, porque el requisito para canjear los
pagarés del Fobaproa, es precisamente el desarrollo, la conclusión de la auditoría. Y
además, lo que entregó el señor auditor, no fue una auditoría, fue simple y
sencillamente un informe en relación a una serie de comentarios que se le hicieron, pero
no precisamente una auditoría como lo señala la ley y como hoy usted también lo afirma
en su intervención.
| El diputado
Fauzi Hamdan Amad: |
Muchas gracias, diputado Ramírez
Cuéllar por sus dos preguntas.
Probablemente no escuchó lo que yo dije al final de mi intervención, antes de
suspenderla por su interpelación, pero fui muy claro al decir, que en efecto no ha
concluido la auditoría, pero que lo que concierne a esa parte relativa a la información
de Banca Unión, por lo demás está claro que ha concluido la auditoría, que ha sido
presentado en tiempo y forma el informe de resultados al destinatario natural de esa
auditoría que es el IPAB.
Y por otro lado, con todo respeto diputado Ramírez Cuéllar, ésa si fue una auditoría
integral no informativa, simplemente querer el informe que contiene el resultado de
auditoría, es una auditoría integral que comprende los seis bloques del programa más
amplio que nunca se había dado en una auditoría de esta naturaleza.
Yo no entiendo esto como un informe, como supuestamente diputado Ramírez Cuéllar pudiera
parecer informal, pero además no es materia del debate éste, que en su oportunidad con
muchísimo gusto podríamos abocarnos a él, pero que no cabe la menor duda de que fue el
resultado de una auditoría.
Y todavía hay quien, quizá por desconocimiento del documento, por no leerlo, acuciosa y
detalladamente, califique que ni siquiera tiene el carácter de auditoría, porque el
propio auditor, Michael Mackey, señala una reserva de que no estaba auditando, como
tampoco lo pedimos en el programa de auditoría, los estados financieros del Fobaproa,
¡pues claro que no! ¿Pues a quién se le iba a ocurrir, sólo faltaba que no hiciera
esas reservas? Estábamos auditando origen y aplicación de recursos, costo fiscal, el
programa íntegro de compra de cartera y el programa íntegro de saneamiento financiero e
incluso el programa de apoyo a los deudores, ambos integralmente los estamos auditando y
ahí está el informe de resultados, integralmente hablando.
De manera que sí es una auditoría, tiene ese carácter y ha quedado plena, total y
cabalmente, sin ningún Cabal, el resultado de auditoría en los términos que previenen
los artículos quinto y séptimo transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
¿Concluyo, señor diputado?
| El diputado
Fauzi Hamdan Amad: |
Continúo, señor Presidente.
Actívese el reloj.
| El diputado
Fauzi Hamdan Amad: |
Decía...
Permítame el orador. ¿Con qué objeto,
señor diputado Jiménez Macías?
El diputado
Carlos Martín Jiménez Macías
(desde su curul): |
Señor Presidente, una respetuosa
moción y esto ya sucedió y a pesar de la buena voluntad del diputado Fauzi Hamdan para
dar respuesta a una interrogante de un colega legislador, sin embargo se ha salido de las
normas del debate pactado y por supuesto del formato, simplemente rogar a la Presidencia
que esa dinámica no se tenga que repetir.
Está en el tiempo de los posicionamientos por fracciones, debe respetarse y después
entrará en el debate tal como lo está estableciendo el debate pactado.
Gracias señor diputado. Continúe el
orador por favor.
| El diputado
Fauzi Hamdan Amad: |
Muchas gracias diputado Presidente.
Decía que esta parte de la auditoría desde luego no ha concluido, que simplemente está
reflejando y mostrando cara muy obscura de quién o quiénes nunca institucionalmente
habían sido objeto de auditoría sería y profunda, que esto, esto es de algún modo,
algo de lo que el propio diputado Medina Plascencia en su respuesta como Congreso
mencionó, cuando dijo claramente que había incumplido el Ejecutivo en sus relaciones con
el Congreso, entre otras cosas.
Aquí está una prueba fehaciente, diputado Moreno, de que no sin caer en absolutismos y
maniqueísmos, cómo se muestra y expresa ese grado de incumplimiento. Si hubiera un
principio de buena fe, el propio Ejecutivo libremente entregaría toda esa información y
documentación.
Y quiero nada más aclarar y concluir con esto; todo el proceso de auditoría estuvo
empañado de obstáculos y valladares que tuvimos que salvar para poder llegar al final
del camino. Siempre hubo resistencia en entregar la información y hubo que doblarlos
prácticamente, doblegarlos para la entrega de esa información y documentación. A los
miembros del comité técnico de seguimiento del Fobaproa les debe constar esto que estoy
mencionando, sin lugar a dudas y probablemente dentro del principio que mencionaba de que
un auditado debe entregar libremente todo lo que tiene y no esperar a entregar lo que le
soliciten, probablemente y aquí no puedo afirmar, que definitivamente pudiera haber
cierta información que simplemente ha sido ocultada y que no la tenemos en nuestro poder.
El propio señor Mackey, al inicio, en el preámbulo, en el prefacio de su documento da
cuenta de esto que estoy indicando; no estoy inventando nada, sino el propio auditor
contratado por esta Cámara de Diputados. Consecuentemente ninguna otra alternativa
institucional tenemos, que no sea que acudir a la Suprema Corte para que nos entreguen esa
información.
93, 94 y 95
Hubo voces que pedían que simplemente no
entregáramos la información del resultado de auditoría y con esto que sea culpa o
responsabilidad del Ejecutivo lo que esto traería como consecuencias. Yo creo que hubiera
sido un gravísimo error institucional hacer eso, porque hubiera causado mayor daño al
país de lo que ya ha causado este escenario.
Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra hasta por 10
minutos, la diputada Dolores Padierna Luna.
La
diputada María de los Dolores Padierna
Luna: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Quien exige dar cumplimiento a la ley, pero al mismo tiempo facilita que se viole, sólo
es hipócrita, sólo se escuda en palabrería para ocultar su responsabilidad, como es el
caso del diputado Hamdan.
Si es bien cierto que el esfuerzo que hizo esta Cámara de Diputados para llevar a cabo
una auditoría a las operaciones del rescate bancario, es un esfuerzo de gran
significancia que rompió con el esquema tradicional de sumisión de este Congreso a las
decisiones del Ejecutivo. Sin embargo tenemos que subrayar que la mencionada auditoría no
pudo llegar a fondo, se diluyeron conceptos fundamentales, investigaciones necesarias, que
forman parte del enorme costo de este rescate y que insistentemente el auditor tuvo
presiones de parte de las autoridades y de los banqueros, quienes en todo momento
obstaculizaron los trabajos del auditor. No entregaron la documentación en particular de
Banca Unión, que contenía los desvíos de los recursos bancarios para la campaña del
PRI en 1994, que vincula al Presidente de la República, a Roberto Madrazo y a toda la
campaña priísta de ese año.
Cabe mencionar también, que los diputados Fauzi Hamdan y Jorge Estefan Chidiac, así como
usurpando el sitio que correspondía al diputado Marcelo Ebrard, la diputada Gloria Lavara
Mejía, contribuyeron a cerrar la investigación, a dársele carpetazo y con ello
facilitar que se violentara la propia Ley del IPAB en su artículo 43 y en los
transitorios quinto y séptimo.
Con no haber recibido el documento, hubiera bastado para no permitir esta flagrante
violación a la ley. Es y se trata de un documento incompleto que carece de un dato
fundamental como lo es el Banco Unión; pero estos diputados aceptaron recibir un
documento incompleto que además no es una auditoría, tal y como lo menciona Michael
Mackey en el informe entregado que en la página cinco a la letra dice: "este informe
y las evaluaciones que se han llevado a cabo, no constituyen una auditoría, sino una
revisión de análisis basado en preguntas específicas previamente convenidas con el
comité de contrataciones; por lo tanto, no deberá considerarse una auditoría; no
expresamos opinión alguna sobre ninguno de los estados financieros ni los registros de la
Comisión Bancaria, Fobaproa Secretaría de Hacienda, Banco de México y bancos
individuales o de los controles internos de estos organismos e instituciones".
Como se señala en otra parte de este informe, los términos de referencia de esta
revisión fueron diferentes a los de una auditoría financiera y no deben considerarse que
proporcionan la misma información y nivel de seguridad que una auditoría financiera.
Esto es lo que recibieron los diputados y esta Cámara, cabe señalarlo, contrató una
auditoría, pagó 30 millones de dolares por una auditoría y la ley no habla de otra cosa
que no sea una auditoría, pero lo que se recibió no lo es, tal y como lo señala el
propio Mackey y es un informe incompleto y que por lo tanto, se debe de proceder a que se
concluyan los trabajos de esta auditoría, se reinicien cuanto antes estos trabajos y se
cumpla con el compromiso ya pagado al auditor.
Debe fincársele por lo tanto, responsabilidad no sólo a quien obstaculizó la auditoría
o a quien no entregó la información de Banca Unión y actuó en franco desacato a la
ley, sino también a quienes recibieron un informe y no la auditoría cual era su
obligación, una investigación incompleta habiendo pagado esta Cámara una investigación
completa a quienes vetaron a la Cámara en su derecho de ser informada sobre el detalle de
las irregularidades detectadas por Michael Mackey. Michael Mackey debió ser objetivo e
imparcial e investigar toda la documentación que le hiciera llegar y facilitar, toda la
documentación no sólo el Poder Ejecutivo, sino también los propios legisladores.
Cabe señalar, compañeras y compañeros, que Michael Mackey sí investigo, el caso de
Banca Unión y sí llegó a las conclusiones y llegó a plasmar en el documento sus
observaciones y se basó para ello en documentos que entregamos distintos diputados,
documentos que también obran en poder de la PGR y del IFE; pero de espaldas a esta
Cámara y a los diputados comisionados, el señor Eduardo Fernández convenció a Michael
Mackey de eliminar del texto todo lo correspondiente al tema de Banca Unión. ¿Por qué
se permitió que el auditado, a escondidas de los diputados, se reuniera con el auditor y
acordaran mutilar el informe? En ninguna auditoría, el auditado decide qué información
proporcionar al auditor. El auditado se separa para que con libertad se realice la
investigación que corresponda.
Lamentablemente las omisiones, las limitaciones de información, las presiones sobre
Michael Mackey, lograron que se quitaran las hojas que contenían los datos que
comprometían los recursos de Banca Unión, en las campañas de Roberto Madrazo y de
Ernesto Zedillo, en 1994. El listado también de las operaciones reportables con el
desglose banco por banco, tampoco fueron entregadas a los diputados.
¿Sobre qué bases legales el auditor decidió recortar la información que debió haber
entregado completa a esta Cámara? La Cámara, compañeras y compañeros, está hoy en
posibilidades y tiene la facultad de citar de nueva cuenta a Michael Mackey, para que
explique las razones que tuvo para violar las bases del contrato en el cual se
comprometió a elaborar y a entregar una auditoría detallada, una auditoría profunda en
relación al rescate bancario y que permitiera llegar a conclusiones contundentes para
reducir el costo fiscal y no sangrar la economía de esta manera. Sin embargo, la
información completa, compañeras y compañeros, sí la tuvieron las autoridades de la
Comisión Nacional Bancaria; lo que se le negó a los diputados sí pudo ser leído con
mucho tiempo de antelación por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ellos
dispusieron de mucho tiempo para revisar ese documento. Hoy, esta Cámara va a decidir si
se lleva una controversia constitucional bajo el endeble argumento de que se viola la ley,
pero que al mismo se avaló en el momento. Tiene, se dice, una distinta interpretación
del asunto sobre la redacción que ex professo se escribió y se autorizó en este pleno
por el PRI y el PAN. Se redactó un artículo ex professo para evitar que la autoridad
pusiera el pretexto del secreto bancario o del secreto fiduciario. Pero el propio PRI y
PAN y ayudados por el Partido Verde, al recibir la auditoría omitieron sus propios
discursos cuando aprobaron el 12 de diciembre dicha ley.
El PRD por supuesto, va a votar a favor de iniciar esta controversia. Pero de ninguna
manera y sin dejar de subrayar con toda contundencia que tal controversia constitucional
es sólo una cortina de humo que se tiende para evitar que se investigue uno de los
asuntos más importantes de la historia: el uso de los recursos de la banca para la
campaña del PRI, recursos que significaron quebranto; quebranto que se le está cargando
al pueblo de México en forma por demás injusta, injustificada y abusiva y desde luego
donde está implicado el propio Presidente de la República y el señor Roberto Madrazo,
candidato de su partido.
Nosotros exigimos que se entregue toda la información que se requiera para hacer la
investigación necesaria y que se concluyan cuanto antes los trabajos de auditoría y de
ninguna manera se permita que este documento sea considerado como tal, para los efectos
del funcionamiento del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
Es cuanto, señor presidente.
Presidencia del
diputado
Jesús Enrique Jackson Ramírez |
Gracias, diputada.
Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos, el diputado Francisco Javier Loyo Ramos.
| El
diputado Francisco Javier Loyo Ramos: |
Con su venia, señor Presidente:
En realidad no es tema de esta discusión si se realizó o no íntegramente la auditoría
y la vuelta al tema del Fobaproa, sino discutir la procedencia o no, de la controversia
constitucional, en razón del acuerdo que aquí se propone.
Desgraciadamente en la lectura de este punto de acuerdo, yo hubiera querido que se hubiera
expuesto jurídicamente en dónde está, primero esa actualización de la hipótesis
prevista en la fracción I del 105 constitucional y después la fundamentación de la
violación legal con los hechos concretos. No que hay una relación de hechos y de repente
en el último punto dicen: "por lo anterior creemos que es procedente presentar una
controversia constitucional".
Digo, yo hubiera querido, porque me hubiera gustado más, sobre la fundamentación
jurídica. Desgraciadamente no se hizo en este documento. Gracias a la intervención del
compañero Fauzi Hamdan, aclara un poco más las razones que lo llevaron a proponer el
acuerdo.
Sin embargo, mi bancada considera que la solicitud de acuerdo para presentar una
controversia constitucional como se pretende, es improcedente atendiendo precisamente a lo
dispuesto por la ley reglamentaria de las fracciones I y III del artículo 105
constitucional, lo que quiere decir que estamos en presencia de una interpretación de
cada grupo parlamentario en forma distinta.
En ese sentido, el artículo 119 fracción VI de la ley reglamentaria establece, entre las
causales de improcedencia, el que no se haya agotado la vía legalmente prevista para la
solución del propio conflicto. Lo anterior ocurre dado que nunca se solicitó, por parte
de los compañeros diputados, la información por la vía correcta; es decir, debieron
solicitarla al propio IPAB, a quien de conformidad con el artículo 43 de su ley, tiene la
obligación de proporcionarla a las instituciones de crédito, por lo que se debe concluir
que no se han agotado ni se agotaron las vías que la ley establece para el presente
asunto.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público al que dijo no tener la documentación o no
tener la facultad para instruir a las instituciones de crédito respecto a lo solicitado
por la Cámara, lo hace sentir en el texto al que en parte se refirió el diputado Fauzi
Hamdan.
Debe resaltarse que, suponiendo que el citado funcionario tuviera la información, a
nuestro juicio estaría impedido legalmente para proporcionarla a los diputados porque, de
hacerlo, violaría los llamados secretos bancario y fiduciario consagrados en los
artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Adicionalmente, la ley reglamentaria del precepto constitucional que consagra la facultad
de iniciar una controversia constitucional, señala como causal de improcedencia el que
hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia (Fracción
V del artículo 19).
En efecto, la norma general está contenida en el último párrafo del artículo séptimo
transitorio de la Ley del IPAB que señala: "si de las auditorías realizadas
aparecen operaciones de mutuo o préstamo otorgados por las instituciones auditadas, cuyos
recursos se hayan donado o aportado por los acreditados, directamente o por interpósita
persona, a entidades de interés público que reciban financiamiento público y que por
tal motivo hayan generado quebrantos financieros a las instituciones acreditantes, dichas
entidades devolverán el monto de las operaciones de crédito involucradas con cargo a los
financiamientos públicos que conforme a las leyes que la rigen reciban
ordinariamente".
En las solicitudes que dirigieron tanto el auditor como los diputados, nunca se acreditó
que lo solicitado derivaba de la detección como resultado de la auditoría de operaciones
de mutuo o préstamo, cuyos recursos se hayan donado o aportado por los acreditados
directamente o por interpósita persona a las entidades de interés público que reciban
financiamiento público y que por tal motivo se haya generado quebranto financiero a la
institución acreditante.
Por lo que, al haberse agotado la auditoría, se está en el supuesto de improcedencia que
marca la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del
artículo 105 constitucional, dado que cesaron los efectos de dicha norma general al no
existir la posibilidad de poder acreditar los extremos antes mencionados, al haberse
cerrado la auditoría.
96, 97 y 98
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