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«Escudo del Estado de México. Poder Legislativo. LIII Legislatura.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Comunicamos a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la LIII Legislatura del
Estado de México, en términos de lo dispuesto pro la Ley Orgánica y el Reglamento del
poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, tuvo a bien elegir a la
directiva que fungirá durante el segundo mes del sexto periodo de sesiones ordinarias,
conforme a la siguiente integración:
Diputados: Ignacio Dotor Vilano, presidente; Manuel Vázquez Cabrera, José Eustacio
Guadarrama Trejo, vicepresidentes; Zeferino Reséndiz Segura, Angel Zuppa Núñez,
secretarios, Ricardo Pérez García y Aurelio Rojo Ramírez, prosecretarios.
Sin otro particular, les expresamos nuestra distinguida consideración.
Atentamente.
Toluca de Lerdo, México, a 12 de agosto de 1999. Diputados secretarios; Armando Enríquez
Flores y Humberto Peña Galicia.»
De enterado.
ESTADO DE NAYARIT
| El secretaria
Arely Madrid Tovilla: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos. Poder Legislativo. Nayarit. XXVI Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. México, D.F.
Con fundamento a lo establecido en el artículo 35 de la Constitución Política del
Estado de Nayarit, el pasado 18 de agosto del presente año se renovó el Congreso del
Estado, conformándose la XXVI Legislatura de acuerdo a la relación que se anexa.
Se eligió para el periodo que comprende del 18 de agosto al 17 de septiembre, la
siguiente mesa directiva; diputados: Rodrigo González Barios, presidente; Donaciano
Robles Ceniceros, vicepresidente; Margarita Basto Paredes, Carlos E. García Cambero,
secretarios; Esiderio Carrillo Chávez y Roberto Pérez Gómez, secretarios suplentes.
En nuestro propósito cumplir cabalmente con el mandato que nos fue conferido por el
pueblo, para lo cual pretendemos establecer constante comunicación con todas aquellas
instancias que nos permitan llevar a cabo nuestro objetivo primordial de legislar en bien
de los nayaritas.
Si otro particular, nos es grato reiterarnos a su apreciable y distinguidas órdenes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tepic, Nayarit, a 20 de agosto de 1999. Diputado Rodrigo González Barrios, presidente.
XXVI Legislatura. Honorable Congreso del Estado de Nayarit.
Nazario Alonso Villaseñor Anguiano, PAN, I Distrito; Feliciano Verdín Hernández, PRD,
II Distrito; Roberto Pérez Gómez, PRD, III Distrito; Alfredo Castañeda Vázquez, PRD,
IV Distrito; Jorge Rubio Reynoso, PAN, V Distrito; Esiderio Carrillo Chávez, PRI, VI
Distrito; Benigno Navarro Arambul, PRI, VII Distrito; José Manuel Bautista Arias, PAN,
VIII Distrito; Rodrigo González Barrios, PRD, IX Distrito; Abelino Ramos Parra, PRD, X
Distrito; Margarita Basto Paredes, Sociedad Civil, PT, XI Distrito; José García López,
PT, XII Distrito; Salvador Muñoz Hernández, PAN, XIII Distrito; José Guadalupe Flores
García, PRI, XIV Distrito; David Estrada Cervantes, PRD, XV Distrito; Carlos Enrique
García Cambero, PRI, XVI Distrito; Ramón Arias Deras, PRD, XVII Distrito; Francisco
Piña Herrera, PRI, XVIII Distrito; Raúl Mejía González, PRI, RP, Hilaria Domínguez
Arvizu, PRI, RP, Cora Cecilia Pinedo Alonso, PRI, RP, Patricia Castillo Romero, PRI, RP,
Miguel Castro Sánchez, PRI, RP, Antonio Saizar Guerrero, PRI, RP, Mario Fitzgerald
Munguía Macías, PAN, RP, Javier Tovar Rodarte, PAN, RP, Benito Madera de la Paz, PRD,
RP, J. Isabel Campos Ochoa, PRD, RP, Gilberto Padilla Peña, PT, RP, Donaciano Robles
Ceniceros, PRS, RP.»
De enterado.
ESTADO DE OAXACA
| El secretario
Francisco Vera González: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos. Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca. Poder Legislativo.
Diputados secretarios de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. México, D.F.
La LVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión
ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente:
ACUERDO
Primero. Se integra una comisión especial, para analizar el presumible
conflicto por límites entre el Estado de Oaxaca y el Estado de Chiapas.
Segundo. La comisión especial estará integrada por los siguientes
diputados:
Alfredo Eligió Ramos Villalobos, José Luis Vázquez Jiménez, Raynel Ramírez Mijangos,
Alvaro Díaz Azamar, Alvaro Jiménez Soriano, Adolfo Toledo Infanzón y Prudenciano
Sánchez Ortiz.
Tercero. Se hace una atenta exhortación, a los legisladores federales,
que representan al pueblo y al Estado de Oaxaca ante el Congreso de la Unión, para que se
sumen a este esfuerzo por el bienestar de la entidad y su soberanía territorial.
Al término de su comisión, deberán rendir un informe detallado a esta Asamblea de todo
lo recabado y así se cuente con el conocimiento cierto del estado que guarda esta
problemática.
Lo que nos permitimos transcribir para su conocimiento y efectos legales consiguientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz"
Oaxaca de Juárez, a 29 de julio de 1999. Diputados: Noel Florentino García Aguilar y
Alvaro Díaz Azamar, secretarios.»
De enterado y remítase a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,
para su conocimiento.
ESTADO DE TABASCO
| El secretario
Baldemar Dzul Noh: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos. Honorable Congreso del Estado de Tabasco. LVI Legislatura.
Diputados secretarios de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. México, D.F.
En cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 19 párrafo quinto de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, me permito hacer de su conocimiento que con esta fecha, la LVI
Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, llevó a cabo la
elección de presidente y vicepresidente de la mesa directiva que dirigirá los trabajos
legislativos durante el mes de septiembre, correspondiente al segundo periodo de sesiones
ordinarias, del segundo año de ejercicio constitucional, resultando electos los
diputados:
Angel Pérez Ramos, presidente y Ismael Fernández Cruz, vicepresidente.
Aprovechamos la oportunidad para saludarle cordialmente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Villahermosa Tabasco, honorable Congreso del Estado, a 27 de agosto de 1999. Diputados:
Raymundo Rosado Mendoza, presidente y Carlos Alberto Valenzuela Cabrales, secretario.»
De enterado.
COMISIONES DE TRABAJO
El secretario
Carlos Jaime Rodríguez
Velasco: |
«Junta de Coordinación Política.
Diputado Carlos Medina Plascencia, presidente de la mesa directiva, en turno. Presente.
Con fundamento en el artículo 34 párrafo primero inciso c de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remito a usted copia del oficio suscrito
por el diputado Francisco José Paoli y Bolio, donde solicita el cambio en la presidencia
de la Comisión de Fomento Cooperativo; se designa al diputado Roberto Ramírez Villarreal
en sustitución del diputado Emilio González Márquez.
Lo anterior para lo conducente.
Sin más por el momento, quedo de usted.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 10 de septiembre de 1999. Enrique León Martínez,
secretario técnico.»
En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada,
señor Presidente.
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEDERAL DE 1997
La secretaria
Francisca Haydee García
Acedo: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos. Cámara de Diputados. LVII Legislatura.
Diputado Carlos Medina Plascencia, presidente de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados. Presente.
Adjunto al presente, documento signado por la junta directiva de la Comisión de
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, donde dan cuenta al pleno de esta Cámara
el informe de resultados sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal
de 1997, que fue remitido por la Contaduría Mayor de Hacienda.
Lo anterior, para su inclusión en el orden del día correspondiente.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 7 de septiembre de 1999. Licenciado Adrián Michel
Espino, secretario técnico de la Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LVII Legislatura.
Diputado Jorge Emilio González Martínez, presidente de la Comisión de Régimen Interno
y Concertación Política de la Cámara de Diputados. LVII Legislatura. Presente.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos segundo, tercer párrafo y quinto del
Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día los Debates
y las Votaciones de la Cámara de Diputados y en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 10 fracción V, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda,
atentamente solicitamos se incluya en el orden del día de la sesión que corresponda, el
oficio número CVCMH//99, de esta Cámara de Diputados del informe de resultados sobre la
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1997, que fue remitido por la
Contaduría Mayor de Hacienda.
Sin más por el momento, le reiteramos la seguridad de nuestra más distinguida
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 7 de septiembre de 1999. La junta directiva. Diputados: Fauzi Hamdan
Amad, presidente; Charbel Jorge Estefan Chidiac, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez y
Jorge Silva Morales, secretarios.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LVII Legislatura.
Diputado Carlos Medina Plascencia, presidente de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados. LVII Legislatura. Presente.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 fracción V de la Ley Orgánica de la
Contaduría Mayor de Hacienda, esta comisión da cuenta al pleno de este órgano
legislativo, por su conducto, del informe de resultados sobre la revisión de la Cuenta de
la Hacienda Pública Federal de 1997, que fue remitido por la Contaduría Mayor de
Hacienda el día de hoy.
192, 193 y 194
Al efecto, remitimos a esa mesa directiva un
ejemplar del informe de mérito, así como sus anexos que constan en 10 tomos.
Sin otro particular, le reiteramos las seguridades de nuestra distinguida consideración y
respeto.
Atentamente.
México, D.F., a 7 de septiembre de 1999. La junta directiva. Diputados: Fauzi Hamdan
Amad, presidente; Charbel Jorge Estefan Chidiac, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez y
Jorge Silva Morales, secretarios.»
De enterado y remítase al archivo para consulta de los señores diputados.
ESTADO DE NAYARIT (II)
| El secretario
Luis Meneses Murillo: |
Con su permiso, señor Presidente de la
mesa directiva.
«Revolucionario debería llamarse al que no se conforma con la lentitud del progreso y lo
apresura, el que construye mejor y más de prisa, el que trabaja más bien y con más
empeño, el que inventa y crea y se adelanta al destino, el que levanta una torre más
alta que todas las que había en su pueblo, el que formula una teoría social más
generosa que todas las tesis anteriores y dedica su vida a lograrla, el que con sus obras
aumenta el bienestar de la gente.
José Vasconcelos.»
«Honorable Cámara de Diputados; integrantes de la mesa directiva, diputadas y diputados:
En cumplimiento con el mandato del pleno de la Cámara de Diputados, a continuación se
dará lectura al informe final de la comisión especial encargada de vigilar que no se
desvíen los recursos en el proceso electoral del Estado de Nayarit.
Esta comisión especial fue creada con fundamento en los artículos 74 fracción V, 108 y
110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 45 fracciones I y
II, 46 y 47 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así
como 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, después de
que el 8 de abril de 1999, fuera presentado ante el pleno de esta Cámara de Diputados, el
punto de acuerdo firmado por los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PT y PVEM, para que
una vez turnado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política se aceptara
el 23 de abril y por mayoría de votos fuera aprobado en el pleno de esta soberanía el
día 27 de abril de 1999.
Como es bien sabido, con fundamento en el artículo 74 fracción V constitucional, la
Cámara de Diputados es competente para conocer de las imputaciones que se hagan a los
servidores públicos señalados en el artículo 110 de la Constitución por el manejo
indebido de fondos y recursos federales, para efectos de responsabilidad política tal y
como fue expuesto en esta tribuna con motivo de la creación de esta comisión especial y
como en ocasión de la controversia constitucional de Tabasco lo sostuvo la Suprema Corte
de Justicia de la Nación al declarar:
"...Como ya se demostró, la Cámara de Diputados es la competente para investigar el
uso indebido de recursos federales para efectos de responsabilidad política en términos
del artículo 74 fracción V, en relación con el artículo 110, ambos de la Constitución
General de la República."
Siendo competente la Cámara de Diputados para conocer sobre el uso de recursos federales,
fue como estableció por mandato de la mayoría la creación e integración de la
comisión especial y en esa virtud fue indispensable iniciar con los actos preparatorios
de la comisión.
Así, se decidió integrar una junta directiva con sustento jurídico en los artículos
42, 46 y 47 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 65,
71 y 78; y artículo segundo del Acuerdo Pamentario por el que se propone la integración
y funciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de
Diputados, el cual fue aprobado en la sesión plenaria del 4 de septiembre de 1997, así
como el acuerdo para la integración de las comisiones ordinarias y especiales y comités,
aprobado el día 30 del mismo mes y año por el pleno.
Una vez conformada la junta directiva de la Comisión Especial se definió su programa de
trabajo, basado en los siguientes ejes de acción:
1. Invitar a los funcionarios federales con representación en el Estado de Nayarit para
que sus actividades las realizarán con estricto apego a la ley.
2. Conminar a la ciudadanía nayarita para que participara denunciando cualquier posible
desvío de recursos federales a favor de partidos o candidatos.
3. Solicitar respetuosamente la colaboración de los poderes Legislativo y Ejecutivo
estatales y de los partidos políticos y las organizaciones sociales para el buen éxito
de los trabajos de la Comisión Especial.
4. Llamar a los medios de comunicación, que se consideraron estratégicos para el
desarrollo de los trabajos y cumplimiento de los objetivos de esta Comisión Especial.
Una vez que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se
crea e integra la Comisión Especial, 13 de mayo de 1999 la Comisión Especial entró en
funciones en el Estado de Nayarit.
Con el propósito de estar cerca del lugar en donde se estaba vigilando, por mayoría, la
junta directiva de la Comisión Especial decidió establecer una oficina operativa, que se
instaló en la capital del Estado, con objeto de que cumpla cabalmente con sus funciones.
En ella se recibieron denuncias sobre presuntos desvíos de recursos federales a cargo de
diversos funcionarios públicos, se celebraron ruedas de prensa y se acondicionó como
oficina "regional" de trabajo.
A través de reuniones periódicas de trabajo y de la ejecución de las decisiones tomadas
por parte de la junta directiva, la Comisión Especial pudo cumplir con su labor mediante
las siguientes actividades:
La comisión especial se entrevistó en 25 ocasiones con funcionarios federales, titulares
de las delegaciones de las dependencias de la Administración Pública Federal en el
Estado de Nayarit, integrantes del Congreso local y con el gobernador del Estado, les
giró 220 oficios y, en su caso, presentó solicitudes de información. En las entrevistas
se contó con los servicios del notario público número 8 de Tepic, licenciado Héctor
Eduardo Velázquez.
Giramos oficios a la Secretaría de Desarrollo Social y a su delegación estatal para
solicitar a sus titulares información relacionada con el ejercicio de los programas que
operan con recursos federales y que aplican en la entidad, particularmente del Programa de
Educación, Salud y Alimentación (Progresa), documentos que no fueron atendidos ni en
tiempo ni en forma adecuados.
Se instaló una oficina operativa en la ciudad de Tepic, Nayarit, donde se recibieron 203
denuncias, de las cuales se conformaron más de 70 expedientes y poco menos de 50 fueron
competencia de ésta. Los diputados integrantes de la Comisión Especial celebraron
entrevistas informativas y de trabajo con los dirigentes de los partidos políticos
registrados para el proceso electoral en el Estado de Nayarit acerca de presuntos desvíos
de recursos federales y recabaron denuncias ciudadanas. Los asesores y empleados de la
oficina operativa realizaron visitas por 10 municipios del Estado de Nayarit, atendiendo
solicitudes de ciudadanos y recabando denuncias sobre presuntos desvíos.
La comisión especial difundió a la ciudadanía los objetivos que la impulsaban a través
de los medios de comunicación y de cuatro giras de trabajo.
La imagen de la Comisión Especial dada por los medios de la comunicación fue la de
representantes de una institución interesada en el desarrollo transparente de los
comicios electorales, encargados de garantizar a los ciudadanos que los recursos federales
no fueran utilizados con fines electorales por algunas dependencias. Esto se logró
mediante una atención constante a los medios de comunicación en Nayarit, llevándose a
cabo dos ruedas de prensa, nueve entrevistas exclusivas en radio, televisión y prensa
escrita, emitiéndose cinco boletines de prensas y elaborando las síntesis para Internet.
Se ejerció una efectiva presencia disuasiva ante funcionarios federales que pudieran
haber desviado recursos, de acuerdo con el espíritu y objetivos de la Comisión Especial.
Se elaboró un folleto informativo en el que se explicó a la ciudadanía sobre los
programas federales a que tiene derecho, así como el porqué de la estancia de la
comisión en el Estado. Este folleto fue entregado a las delegaciones de las dependencias
de la Administración Pública Federal y a las organizaciones no gubernamentales.
En cuanto al ejercicio del presupuesto destinado para el trabajo de la Comisión Especial,
éste fue sensiblemente menor al autorizado por la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política de la Cámara de Diputados.
Si bien logramos dar cumplimiento a las actividades asignadas, es necesario mencionar que
desde antes de nuestra llegada a territorio nayarita, la Comisión Especial causó una
serie de reacciones adversas.
Los primeros intentos por detener a la Comisión Especial se dan al interior de esta
Cámara de Diputados, con la férrea oposición por parte de los legisladores federales
del Partido Revolucionario Institucional. Mientras que en Nayarit, se presentan las
siguientes situaciones:
a) Amparo improcedente.
El presidente del Consejo Estatal Electoral del Estado de Nayarit, promovió una demanda
de amparo contra la creación de la Comisión Especial, la cuál fue desechada por el juez
1o. de distrito en Resolución del 7 de mayo de 1999. En la página 3 del acuerdo, el
juzgador, sostiene que la demanda de amparo promovida por Héctor Manuel Béjar Fonseca:
"...Es notoriamente improcedente lo que obliga a desecharla de plano, con fundamento
en lo establecido por el artículo 145 de la Ley de Amparo y 73 fracción XVIII..."
El amparo promovido por el presidente del Consejo Estatal Electoral en el Estado de
Nayarit, fue desechado en virtud de que lo presentó como representante legal de una
persona moral oficial y no puede acudir ante los tribunales federales en demanda de
amparo, salvo que el acto que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, según lo
establece el artículo 9o. de la Ley de Amparo.
b) Comisión Especial de Seguimiento e Imparcialidad.
Por su parte, la fracción parlamentaria del PRI en la XXV Legislatura del Congreso del
Estado de Nayarit, en las sesiones públicas ordinarias correspondientes a los días 30 de
abril y 14 de mayo, propuso y aprobó la integración de una Comisión Especial de
Seguimiento e Imparcialidad.
Mediante oficio del 31 de mayo de 1999, se notificó a esta Presidencia de la Comisión
Especial, la creación e integración de una Comisión Especial de Seguimiento e
Imparcialidad, que debería dedicarse a vigilar a la Comisión Especial de legisladores
federales, por que previamente en oficio del 30 de mayo de 1999, dirigido a la presidenta
de esta Comisión Especial, se le solicitó que hiciera entrega del informe de actividades
realizadas y del programa de trabajo para los 30 días siguientes.
Asimismo, la Comisión Especial de Seguimiento e Imparcialidad, dirigió a los secretarios
de los partidos integrantes de esta Comisión Especial, oficios fechados el 7 de junio de
1999, en los que se invitaba a los legisladores federales a un debate con respecto a las
denuncias que obraban en su poder.
c) Debate en la Comisión Permanente.
Poco antes, en la sesión de la Comisión Permanente del 19 de mayo del presente años, se
debatió sobre la actuación de la Comisión Especial, participando senadores y diputados.
d) Controversia constitucional.
La última acción para impedir el trabajo de la Comisión Especial fue la interposición
de demanda de juicio de controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados,
la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión y esta Comisión Especial, promovida por el Estado Libre y Soberano
de Nayarit, bajo el número de expediente 13/99.
Hasta el momento no se ha conocido la resolución por parte de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, sin embargo la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política, realizó las acciones conducentes en su
momento.
195, 196 y 197
Sin embargo, esta Comisión Especial considera
que es improcedente pues, como lo señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación con
motivo de la controversia constitucional 33/97, ésta no puede analizar el procedimiento
que siga la Cámara de Diputados para investigar el uso indebido de recursos federales,
porque la integración de la Comisión Especial no constituye un acto que afecte la
soberanía del Estado de Nayarit.
El gobierno del Estado de Nayarit demandó en la controversia constitucional a la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados por la
integración de la Comisión Especial y a la propia Comisión Especial, sin embargo, en el
artículo 105 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
éstas no se encuentran señaladas dentro de los órganos que pueden ser parte dentro de
las controversias constitucionales, sino que se establece que es alguna de las cámaras
del Congreso de la Unión, no sus comisiones.
Así también, en este momento se actualiza el supuesto de los artículos 19 y 20 de la
ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen:
Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
Fracción V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la
controversia.
Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
Fracción II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de
improcedencia a que se refiere el artículo anterior.
Por lo tanto, se debiera demandar el sobre seimiento de la controversia constitucional, en
virtud de que la Comisión Especial se extinguió y han cesado sus efectos, pues con este
informe, se termina la labor que fue indebidamente reclamada a esta Cámara del Congreso
de la Unión por el gobierno del Estado de Nayarit.
En esta tribuna puede afirmarse que la Comisión Especial no provocó ningún trastorno
pre o poselectoral, respetó siempre la soberanía del Estado de Nayarit, se condujo con
institucionalidad ante el proceso electoral que se desarrollaba y evitó la confrontación
con funcionarios de cualquier ámbito de gobierno o miembros de partidos políticos;
actuó en todo momento con apego a criterios de legalidad, imparcialidad, certidumbre,
responsabilidad, publicidad y buena fe, constituyéndose en una instancia en la cual
creyeron y a la cual se acercaron los ciudadanos nayaritas.
Con base en los acuerdos tomados por la junta directiva de la Comisión Especial, se
procedió a recabar datos principales referentes al ejercicio del voto ciudadano. En
primera instancia, se buscó la ubicación general de casillas para el proceso electoral
del 4 de julio de 1999, posteriormente se obtuvieron los resultados de la elección
proporcionados oficialmente por las autoridades electorales y los datos estadísticos del
INEGI.
Como resultado de las gestiones realizadas ante los titulares de las delegaciones de las
distintas dependencias federales en el Estado de Nayarit, así como del envío de oficios
solicitando información respecto a sus recursos disponibles, la Comisión Especial obtuvo
una serie de datos sobre la aplicación y destino de los diferentes recursos que se
autorizaron y ejercieron en el Estado de Nayarit.
Después de varias peticiones y visitas, se obtuvo de la Sedesol en el Estado de Nayarit
un informe sobre el inventario de vehículos a cargo de la dependencia, bienes inmuebles,
áreas de responsabilidad y nombres de los responsables en que se divide su trabajo, así
como las rutas de distribución por municipio de los recursos que esta oficina canaliza
hacia los 20 municipios del Estado de Nayarit, en el caso del ISSSTE y de las presidencias
municipales se recibió una información similar, aunque en este caso no se recibió la de
todos los ayuntamientos y aquéllos donde la proporcionaron fue de forma incompleta.
La información desglosada por municipios y poblados beneficiados con programas federales
de asistencia canalizados por la Sedesol en el Estado de Nayarit, se obtuvo del Diario
Oficial de la Federación, debido a que el secretario de la Sedesol y el delegado en el
Estado de Nayarit se opusieron en todo momento a proporcionar la información solicitada
por escrito y en las entrevistas, limitándose a entregar sólo la que a su juicio
consideraron prudente para no comprometer su actitud parcial a favor de un partido
político.
Con lo que transgredieron los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, y 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que desde esta tribuna
manifestamos nuestra inconformidad y enérgica protesta por el trato y desatención de que
fuimos objeto por estos dos funcionarios de la Sedesol.
Denunciamos, además, que en una de las tres visitas que realizamos con el delegado de la
Sedesol en Nayarit, el ciudadano José Luis Canovas Moreno, se encontró dentro de sus
instalaciones propaganda a favor del candidato del PRI, Lucas Vallarta y que mintió al
señalar que había proporcionado información a esta comisión, cuando en los hechos,
hasta ese momento, no la había entregado.
Después de múltiples gestiones y peticiones, con la información que se obtuvo y de
acuerdo a las denuncias presentadas e incluso de acuerdo con el conocimiento de una carta
emitida por el candidato del PRI, Lucas Vallarta, en la que solicitaba su voto a los
beneficiarios del Programa de Educación Salud y Alimentación (Progresa), que era el
programa más denunciado, se contrastó la información del programa con los resultados
electorales, bajo la premisa de conocer la relación entre los programas federales para
apoyar a las familias que viven en extrema pobreza, con los resultados electorales, según
la denuncia recabada.
Como resultado del estudio se pudo determinar que efectivamente existe una relación
directamente proporcional entre los municipios en los que gana el PRI y en los que el
porcentaje de familias beneficiadas por el Progresa es mayor.
Al comparar los resultados de las elecciones para gobernador y el porcentaje de familias
beneficiadas con el Progresa, obtenemos tres datos fundamentales para determinar la
validez de nuestra afirmación:
1. En los 10 municipios donde hay un porcentaje mayor de familias beneficiadas con el
Progresa (entre el 26.5% y el 85.5%) el PRI ganó la mayoría de ellos, excepto en uno.
2. Como contraste, en los seis municipios que tienen un porcentaje bajo de familias
beneficiadas con este programa (menos del 15.1%), ganó la coalición opositora, con
excepción de uno de ellos.
3. Existe una franja media, de cuatro municipios, que comprende entre el 17.1% y el 26.4%
de familias beneficiadas con el Progresa, en la que hay equilibrio entre ambas fuerzas
electorales, dos municipios para el PRI y dos para la coalición opositora.
Con lo anterior, se puede afirmar que la excepción hace la regla y que el Progresa y los
otros programas federales son utilizados para orientar el voto ciudadano a favor del PRI,
en las comunidades en que se aplica, a pesar de que en los considerandos del acuerdo que
establece los lineamientos generales para la operación del Programa de Educación, Salud
y Alimentación (Progresa), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de
febrero de 1999, se establezca:
"Que los recursos federales asignados a dicho programa son considerados como un
subsidio federal y por tanto sujetos a criterios se selectividad, objetividad,
transparencia, temporalidad y publicidad, debiéndose identificar claramente a la
población beneficiaria, tanto por grupo específico como por región del país..."
Las secretarías de Desarrollo Social, de Educación Pública y de Salud, así como el
Instituto Mexicano del Seguro Social, que son las dependencias del Ejecutivo Federal
encargadas de la operación del programa, no han justificado de manera fehaciente la
aplicación de los recursos federales en determinados grupos o regiones, por lo que las
denuncias presentadas a esta Comisión Especial, confirman el hecho de que los programas
federales 1X para la superación de la pobreza que utilizan recursos de los ramos 26 y 33
del presupuesto federal son utilizados con el fin de beneficiar no a los estratos pobres
de la sociedad mexicana, sino al partido oficial.
Por lo anterior, esta comisión especial concluye su informe con la convicción de haber
inhibido mayores desvíos de recursos federales en el proceso electoral del Estado de
Nayarit y haber demostrado el carácter electorero del Progresa y, presumiblemente, de los
demás programas financiados con recursos federales. No con objeto de que se eliminen,
sino para que se hagan eficientes las medidas de control, que garanticen la ayuda efectiva
y no selectiva a los pobres de este país, con los recursos asignados a estos programas
federales.
Por último, probada como cierta la tesis de que los programas federales, como el
Progresa, han sido y siguen siendo utilizados para coaccionar el voto de los ciudadanos,
se hace necesario apurar los trabajos para la creación de comisiones como ésta que
cuiden y vigilen los recursos federales en los procesos electorales de los estados de
Coahuila, Guerrero e Hidalgo y todos los procesos electorales en lo futuro. Comisiones a
las que debe otorgárseles todo tipo de facilidades administrativas para el cumplimiento
exitoso de sus trabajos.
A continuación someto a este pleno de la Cámara de Diputados las siguientes
CONCLUSIONES
La comisión especial cumplió con el objetivo de evitar que en la práctica se desviaran
los recursos federales en las elecciones del 4 de julio de 1999 en el Estado de Nayarit.
Sin embargo, la presencia de la Comisión Especial no inhibió por completo esta
práctica, debido a que algunos funcionarios, plenamente identificados, consideraron que
gozaban de inmunidad y que con su ayuda era posible el triunfo del partido oficial en el
proceso electoral.
Con la intervención de la Comisión Especial se evitó la utilización de vehículos
oficiales en las campañas proselitistas y la entrega de recursos federales, se logró
convencer a la ciudadanía mediante trabajo en los medios de comunicación y visitas
comunitarias acerca de la necesidad de que interviniera la comisión especial para
prevenir el uso inadecuado de recursos, participó en la recepción de denuncias
ciudadanas, se constituyó en el más eficaz vigilante para impedir la entrega con fines
proselitistas de los recursos federales y despertó en los ciudadanos del país un gran
interés en este nuevo organismo.
En cuanto a la información recabada por la Comisión Especial, merece atención el
estudio correspondiente a la incidencia del apoyo de los programas federales en las
elecciones. Es notable que nueve de los 12 municipios en los que obtuvo el triunfo el PRI,
las familias recibieron mayor apoyo del Progresa, que fue el programa tomado como
indicador para la investigación. Considerando a este programa como una variable en el
estudio realizado, se desprende que hay una relación directa entre el número de familias
beneficiadas por el programa que utiliza recursos federales y los triunfos electorales del
PRI en esos municipios.
Las denuncias ciudadanas recabadas por la Comisión Especial por el uso de recursos
públicos con fines electorales, demostraron la confianza hacia el trabajo que podía
realizar la Comisión Especial.
Desde la propuesta, aprobación y entrada en funciones de la Comisión Especial, pudo
apreciarse la oposición del grupo parlamentario del PRI, para su conformación y
actividades; en todo momento los funcionarios federales visitados manifestaron ser
militantes del PRI y estimaron que su actuación estaba dentro de la ley, pues podían
hacer proselitismo fuera de las horas de trabajo.
No obstante lo anterior, en reiteradas ocasiones se negaron sistemáticamente a
proporcionar la información que la Comisión Especial les requirió y según consta en
actas notariales, continuaron haciendo proselitismo a favor del candidato del PRI, aun
dentro de edificios destinados al servicio público.
Por su parte, los cuatro legisladores del Partido Revolucionario Institucional que
integraron la Comisión Especial, declinaron, sin realizar la respectiva notificación por
escrito, siempre ser elementos de conciliación y participación en las decisiones de esta
comisión especial, además, no dieron a conocer a la junta directiva el nombre de su
secretario, motivo por el cual se dificultó la comunicación con este grupo parlamentario
respecto de los trabajos de la comisión especial. Esta situación se agravó con la
anulación, por parte de los legisladores del PRI, de los mecanismos de comunicación
directa entre ellos y la junta directiva.
198, 199 y 200
La defensa en contra de la Comisión Especial
también fue llevada al ámbito local, la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso
local de Nayarit propuso la integración de una comisión, con el objeto de revisar las
actividades realizadas por esta Comisión Especial; además aprobó un punto de acuerdo en
el que solicita a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la inmediata
suspensión de la Comisión Especial.
Lo anterior con la clara intención de obstruir sus actividades dentro del territorio
nayarita. Así también, el presidente del consejo estatal electoral intentó ampararse en
contra de la Comisión Especial pero fue desechada su demanda. Así también, el gobierno
del Estado de Nayarit promovió una demanda de controversia constitucional, la cual está
en manos del ministro instructor y la Cámara dio contestación oportunamente.
Lo anterior permite concluir que las diversas manifestaciones de resistencia a la
vigilancia y prevención del uso de recursos públicos con fines electorales, fueron
resultado de la costumbre de utilizar los programas de desarrollo social para beneficio
del PRI, siendo éstos los mejores medios para hacer proselitismo a favor de sus
candidatos. No obstante, la comisión fue útil para prevenir que los recursos públicos
fueran destinados al apoyo de algún partido político o candidato, pero destaca el hecho
de que en aquellos lugares donde se entregaron proporcionalmente mayores recursos del
Progresa, fueron los municipios en los que ganó el PRI, lo cual si duda tendrá que ser
prevenido tanto por el Poder Legislativo, como por el Poder Ejecutivo Federal, en el caso
de éste y de otros programas destinados en beneficio social, porque así lo exige el
ciudadano y lo reclama la democracia mexicana.
Muchas gracias.
Hago entrega al presidente de la mesa directiva del informe de la Comisión Especial y sus
anexos, incluyendo los expedientes de las denuncias ciudadanas y los elementos de prueba
aportados para que determine lo conducente.
México, D.F., a 13 de septiembre de 1999. Diputados: Esperanza Villalobos, Elodia
Gutiérrez, Fernando González y Ricardo Cantú Garza.»
De enterado.
Muchas gracias, señor Secretario.
¿Con qué objeto, señor diputado?
El
diputado Marco Antonio Fernández
Rodríguez (desde su curul): |
Pido la palabra para rectificación de
hechos, señor Presidente.
Muy bien. Para rectificar hechos, en
relación con el contenido del informe, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el
diputado Fernández.
El diputado
Marco Antonio Fernández
Rodríguez : |
Con su permiso, señor Presidente.
He querido hacer uso de la tribuna porque hemos notado una serie de anomalías respecto al
informe del que aquí se ha dado cuenta y por supuesto hemos pedido usar esta tribuna,
porque en definitiva no estamos de acuerdo en lo que se ha informado al pleno.
Primero, señor Presidente, debo señalar que en la Gaceta Parlamentaria en ninguna de sus
partes se encuentra publicado dicho informe. En segundo término, señalar también ante
el pleno y ante la directiva, que para la elaboración de este informe ni siquiera por
asomo o por casualidad fuimos invitados los legisladores priístas que integramos esta
comisión.
Venir a señalar también nuestro desacuerdo con un informe parcial, un informe unilateral
y que a todas luces el contenido del mismo carece de la verdad, carece de ética y carece
de muchas condiciones que en él se están señalando y otras que no fueron señaladas.
Por tanto, señor Presidente, solicitamos, en primer término, se instruya a la
Secretaría para que nos dé copia de ese informe y en segundo lugar, que agende la mesa
directiva en fecha posterior y de acuerdo con las posibilidades, por el trabajo
parlamentario, una nueva participación en donde pudiéramos debatir este informe.
Solicitamos, pues, señor Presidente, que dé cuenta de nuestra solicitud.
Muchas gracias.
¿Con qué objeto, señor diputado
Paoli?
El diputado
Francisco José Paoli y Bolio
(desde su curul): |
Para complementar la proposición hecha
por el diputado Fernández.
Tiene el uso de la palabra en igual
sentido el diputado Paoli y Bolio.
El diputado
Francisco José Paoli y Bolio
(desde su curul): |
Solamente para secundar la propuesta del
diputado, pedir que se agende en una próxima reunión el debate de este tema, que
pactaremos y segundo, para pedir que se supla la no publicación, publicándose el
informe. Esto sería todo.
Gracias. Esta Presidencia no tiene
ningún inconveniente en acatar las dos peticiones que realizó el diputado Fernández y a
las cuales se ha sumado el diputado Francisco José Paoli y Bolio, por lo que, en
consecuencia, se agendará en una próxima reunión el asunto para ser discutido
formalmente y desde luego, se hará la publicación correspondiente en la Gaceta
Parlamentaria.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
PRESTAR SERVICIOS
EN REPRESENTACIONES
DIPLOMATICAS. CONSUL HONORARIO
| La secretaria
Arely Madrid Tovilla: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando
se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el
artículo 37 inciso c párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus
servicios al Gobierno extranjero que se menciona:
Fernando Rafael Pérez Espinosa, auxiliar en contabilidad; Joel Vicente Juárez Pardo,
empleado de mantenimiento, Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de
México.
Mónica Anel Montaño Mendoza, secretaria, Consulado de los Estados Unidos de América en
Hermosillo, Sonora.
Sergio Ambriz Hernández, operador de sistemas; Rosa María Arvizu Gutiérrez, auxiliar de
personal, Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
María Esther Patricia Guzmán, técnico en contabilidad, Embajada de los Estados Unidos
de América en la Ciudad de México.
María Esperanza Carlos Rodríguez, personal de limpieza; María Eugenia Luengo Alvarez,
asistente de servicios consulares especiales; Hilda Torres Mendoza, auxiliar de visas;
Irma Gabriela Campos Dávila, auxiliar de visas; Julián Alberto Alvarez Hernández,
auxiliar de visas; Patricia Delgado Vega, auxiliar de visas; Carmen Becerra Ronquillo,
subcajera consular, Lorenzo Aureliano Chaparro Rubio, personal de limpieza, Silvia Mayela
Alvidrez Silva, asistente de visas, Consulado General de los Estados Unidos de América en
Ciudad Juárez, Chihuahua.
Heberto Reyes Gómez, auxiliar de correo, Amparo Jordán Pérez, agente de embarques y
compras, Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
María Teresa Vanessa de la Cruz Alcalá, operadora de teléfono; Yolanda Aragón Naranjo,
empleada de visas, Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Ramón Martín Morales Orta, chofer mensajero, Embajada de Belice en México.
Eduardo Wenzel González, cónsul honorario de Dinamarca; Ramón Gómez Barquín, cónsul
honorario de los Países Bajos, Estado de Veracruz, Veracruz.
Gustavo González García, cónsul honorario de Finlandia, Estado de Tampico, Tamaulipas.
Por lo anterior, me permito, anexar copias certificadas de las actas de nacimiento que
acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que solicitan se
realicen los trámites correspondientes; nota diplomática número ADM/10/99-174 del
ciudadano Morales Orta y para el caso de los cónsules honorarios se acompaña, además,
carta de vecindad, curriculum vitae y copia de la notificación de nombramiento del
interesado.
Asimismo comunico a ustedes que la persona que se menciona a continuación solicita la
cancelación del permiso que le fuera concedido por el honorable Congreso de la Unión,
para prestar sus servicios en la misión diplomática que se cita:
Efraín Alberto Orta García, asesor de seguridad, Embajada de los Estados Unidos de
América en la Ciudad de México.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles las seguridades de mi
consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 2 de septiembre de 1999. Por acuerdo del secretario, el director general
de Gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ESTADO DE COAHUILA
| El secretario
Francisco Vera González: |
«Honorable Asamblea: a la Junta de
Coordinación Política que suscribe, le fue turnado para su desahogo una proposición de
punto de acuerdo para la integración de una Comisión Especial encargada de vigilar que
no se desvíen recursos federales en el proceso electoral del Estado de Coahuila,
presentada al pleno de esta Cámara de Diputados en la sesión del pasado 7 de septiembre
del año en curso, por el diputado Alberto González Domene, a nombre de los grupos
parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional.
La Junta de Coordinación Política, en reunión celebrada el pasado 10 de septiembre, con
el voto en contra del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
aprobó por voto ponderado, el acuerdo para la integración de una comisión especial
encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales en el proceso electoral del
Estado de Coahuila, considerando que las disposiciones constitucionales y legales
invocadas, así como las consideraciones expresadas por los proponentes, son motivaciones
y fundamentos pertinentes, toda vez que se trata de vigilar que los recursos federales no
se destinen a fines electorales, para que con base a las atribuciones constitucionales y
legales otorgadas a esta soberanía en materia de responsabilidades de los servidores
públicos, se garantice el funcionamiento imparcial y apartidista de las instituciones
políticas.
Estas facultades han sido revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con
motivo de la controversia constitucional presentada por el Estado de Tabasco, en cuya
resolución se establece explícitamente que la Cámara de Diputados es competente para
investigar el uso indebido de recursos federales para efectos de responsabilidad
política, en términos del artículo 74 fracción V, en relación con el artículo 110 de
la Constitución General de la República, bajo la consideración de que la legalidad del
procedimiento que para ello haya seguido no puede ser analizado en una controversia
constitucional por no significar una invasión de competencias.
201, 202 y 203
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en lo dispuesto en la fracción V del artículo 74 con relación al artículo 110 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 y 34 apartado 1, incisos
a, b y c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en
los artículos 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de la honorable Asamblea el
siguiente
ACUERDO
Para la integración de una Comisión Especial encargada de vigilar que no se desvíen
recursos federales en el proceso electoral del Estado de Coahuila.
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados acuerda constituir una
Comisión Especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales en
el proceso electoral del Estado de Coahuila.
En su organización y funcionamiento la Comisión Especial se sujetará, en lo conducente,
a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los acuerdos parlamentarios que resulten aplicables.
Segundo. La Comisión Especial a la que se refiere el artículo anterior,
se integrará por 10 diputados, de los cuales cuatro serán designados por el grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; dos por el grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática; dos por el grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional; uno por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y uno por el grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Tercero. La Comisión Especial objeto del presente acuerdo, estará
integrada por los siguientes diputados:
Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputados: Marta
Laura Carranza Aguayo, Horacio Veloz Muñoz, Pilar Cabrera Hernández y Jorge Galo Medina.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputados:
Esperanza Villalobos Pérez y Rodrigo Maldonado Ochoa.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputados: Alberto González
Domene y Elodia Gutiérrez Estrada.
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo: diputado Juan Cruz Martínez.
Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: diputada Aurora Bazán
López.
Cuarto. La junta directiva de ésta comisión se integrará de la
siguiente manera:
Presidenta: diputada, Elodia Gutiérrez Estrada.
Secretarios diputados de los grupos parlamentarios: Partido Revolucionario Institucional;
Partido de la Revolución Democrática: Rodrigo Maldonado Ochoa; Partido Acción Nacional:
Alberto González Domene; Partido del Trabajo: Juan Cruz Martínez; Partido Verde
Ecologista de México: Aurora Bazán López.
Quinto. La Comisión Especial deberá definir su plan de trabajo,
considerando todas las actividades que habrá de llevar a cabo a fin de cumplir con su
objeto.
Sexto. La Comisión Especial contará con los recursos materiales
necesarios para cumplir con su objeto, los que bajo ninguna circunstancia podrán exceder
del monto máximo asignado a otras comisiones especiales.
La asignación de recursos se realizará a través del oficial mayor de la Cámara de
Diputados, previo escrito firmado por la junta directiva de la Comisión Especial objeto
del presente acuerdo, en donde se habrá de detallar el monto y destino de los recursos
solicitados.
Séptimo. La Comisión Especial deberá presentar, a la brevedad posible,
un informe detallado sobre el resultado de los trabajos desarrollados en el proceso
electoral del Estado de Coahuila, a fin de que la Cámara de Diputados proceda de
conformidad con sus atribuciones constitucionales y legales.
Una vez rendido el informe a que se refiere el párrafo anterior, se declarará la formal
extinción de la Comisión Especial objeto del presente acuerdo.
Octavo. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados
ejecutará las disposiciones contenidas en el presente acuerdo.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día natural siguiente
a aquél en que resulte aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados.
Segundo. La Cámara de Diputados, a través de su Presidente, notificará
a los poderes del Estado Libre y Soberano de Coahuila de la constitución de la Comisión
Especial objeto del presente acuerdo, para los efectos a los que haya lugar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 1999. Por la Junta de
Coordinación Política. Diputados: Arturo Núñez Jiménez, en contra; Pablo Gómez
Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del PRD; Carlos Medina Plascencia,
coordinador del grupo parlamentario del PAN; Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo
parlamentario del PT y Jorge Emilio González Martínez, coordinador del grupo
parlamentario del PVEM.»
Tenemos entendido que existe una
rectificación en el caso de quienes ocuparán los cargos de presidencia y secretaría de
la comisión.
Proceda la Secretaría a dar lectura a los nombres correctamente respecto a la presidencia
y secretaría de comisión.
| El secretario
Francisco Vera González: |
Del grupo parlamentario del PRD la
diputada Esperanza Villalobos, secretaria.
Muchas gracias.
Está a discusión la proposición...
Se han inscrito previamente para la misma los siguientes diputados: para hablar en contra,
el diputado Jorge Galo Medina Torres, del Partido Revolucionario Institucional y para
hablar en pro, el diputado Alberto González Domene, por el grupo parlamentario de Acción
Nacional. En consecuencia tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos, el diputado
Jorge Galo Medina Torres.
| El
diputado Jorge Galo Medina Torres: |
¡Buenas tardes a todos! Señor
Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Sin duda constituye una falta de ética política, el pretender, como intentan hacerlo,
los diputados signantes de la propuesta de punto de acuerdo, el tratar de legitimar un
proceso como el que estamos llevando a cabo los coahuilenses y que no tiene otro fin que
el de ganarse la confianza de la ciudadanía, la cual hasta el momento no han podido
ganarse por su ineficaz operación política.
Es claro que una propuesta de esas características no puede buscar más que la
generación de temor entre la población y también, por qué no decirlo, de desconfianza
hacia las instituciones de la República.
Yo creo señores diputados, que esto en nada ayuda al fortalecimiento de la democracia a
la cual muchos de nosotros apelamos y sobre todo los partidos de oposición.
En Coahuila, vivimos hoy un clima de estabilidad y de gobernabilidad insoslayable; sin
embargo, en el marco de una competencia políticoelectoral, éstas no pueden ser expuestas
a deseos oscuros de intereses aún más oscuros. Tratar de romperlas argumentando
presuntos ilícitos, es atentar contra las instituciones y la vigencia de estado de
derecho que con mucho esfuerzo hemos logrado construir.
Los argumentos expuestos en la exposición de motivos, no sólo no son argumentos
válidos, sino que éstos ponen de manifiesto la falta de conocimiento de nuestro orden
constitucional y la intención de convertir la ilegalidad en una característica de la
nueva competencia electoral. Y esto no refleja más que el interés de los cuatro partidos
que signan por construir nuevos esquemas que en lugar de lograr acuerdos en el marco de un
régimen más democrático, reflejan intenciones de privilegiar intereses partidistas
sobre los intereses de la ciudadanía del Estado.
Compañeros diputados: la ley es muy clara y merece respeto y más aún, merece el respeto
de nosotros quienes tenemos la responsabilidad constitucional de aprobarla; no caigamos en
el juego perverso de tratar de encontrar supuestos errores para subsanar las deficiencias
de sus candidatos quienes durante el desarrollo de la contienda electoral se han dedicado
a hacer turismo político, pretendiendo como ya se mencionó en esta tribuna, de legitimar
el proceso electoral estatal.
No es posible apoyar una propuesta de quienes al haber fracasado en su intento de formar
una alianza, cuyas características principales son la fragilidad e inviabilidad, hoy, al
verse sin posibilidad alguna de ganar en los comicios que se llevarán a cabo el próximo
26 de septiembre, intentan a toda costa de legitimar el proceso sin importarles que con
ello se vulnere la soberanía de su propio Estado y se rompa con el orden constitucional.
Señores legisladores: Coahuila ni es Nayarit ni es el Estado de México. En Coahuila, mi
partido a diferencia de otros, se ha dedicado a realizar una campaña política de altura,
de contacto con la ciudadanía, lo cual sin duda se reflejará en la votación que
recibirán nuestros candidatos, llegando el momento en que los coahuilenses deberemos
elegir a nuestro gobernador, a los 38 presidentes municipales, a los 20 diputados al
Congreso local.
En Coahuila, nuestros candidatos no necesitan de apoyos o recursos fuera de la ley; en
Coahuila, el trabajo y la responsabilidad le darán nuevamente el triunfo a nuestro
partido, quien han trabajado intensamente para ganarse la confianza de toda la
ciudadanía.
No nos equivoquemos señores diputados, las suposiciones, las presunciones y las argucias
no les darán los votos que sus candidatos no han podido lograr a lo largo de tres meses
de campaña en que solamente se han dedicado a descalificar al órgano electoral y a
tratar de resarcir sus deficiencias jurídicas ante el propio consejo estatal y ante el
Tribunal Electoral, llegando al absurdo de poner en tela de duda la honorabilidad e
investidura de los ciudadanos consejeros y magistrados de la sala auxiliar de dicho
tribunal, los cuales en anteriores contiendas han probado su imparcialidad y estatura
moral.
Hoy, la propuesta de Acción Nacional, escúchese bien, de Acción Nacional que ahora
pretende que sea de todos los partidos de oposición, de crear una comisión especial, no
solamente rompe con la legalidad, sino que propicia que asuntos que deberían de
ventilarse en las entidades federativas, tengan que ser trasladas al centro, propiciando
con ello que los avances en el fortalecimiento del federalismo, al cual tanto aluden en
sus discursos populistas, sufra un verdadero retroceso.
Compañeros legisladores, yo los convoco, los invito a que no convirtamos que esta Cámara
sea una comparsa de intereses personales. Reivindiquemos el papel del Poder Legislativo y
al mismo tiempo, dejemos que sean los coahuilenses quienes decidamos quién va a ganar las
elecciones.
En Coahuila, cuna de la democracia, del federalismo y de la legalidad constitucional, no
permitiremos que se violen nuestros derechos de libertad y justicia.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Domene.
| El
diputado Alberto González Domene: |
Señor Presidente; compañeras
diputadas; compañeros diputados; honorable Asamblea:
El compañero diputado coahuilense, Galo Medina, que acaba de pasar a esta tribuna, está
totalmente equivocado. Nos acusa, a quienes estamos proponiendo el establecimiento, la
formación de esta comisión especial de vigilancia, de falta de ética.
Dice que la formación de esta comisión no ayuda al fortalecimiento de la democracia.
También asegura que estamos persiguiendo intereses oscuros. Y que el interés de los
cuatro partidos que forman parte de esta legislatura, es la de formar nuevos esquemas,
originando un juego perverso, así lo manifestó, que vulnera esta soberanía.
204, 205 y 206
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