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En segundo
término, el tema relacionado con la iniciativa de la carta reciente al EZLN de la
Secretaría de Gobernación y del Gobierno de la República.
Y las respuestas en relación a la situación de la Universidad, tanto en cómo se
involucra el Gobierno como cuál es el mecanismo, dice el señor diputado, por el cual
espera el Gobierno de la República tengan una respuesta política de legitimidad de los
universitarios en torno a este asunto.
En relación al primer tema, señor diputado, yo quisiera comentarle que justamente lo que
usted califica o considera como una actitud pusilánime, es exactamente lo contrario. El
señor Presidente de la República, con absoluto valor, entereza, autoridad moral, ha
reconocido efectivamente en este informe de gobierno, como ha reconocido en otros temas
donde tenemos retos pendientes muy importantes por atender y resolver, que efectivamente
en las leyes, sobre todo en las que castigan delitos que no estaban legislados, había
insuficiencias o vacíos que poco a poco se han venido enmendando, integrando,
componiendo, a partir de distintas iniciativas como a las que ya hemos hecho referencia,
precisamente para contar con dispositivos legales que hagan frente a nuevas formas de
crimen organizado, sobre lo cual no había antes ni referentes ni facultades concretas o
específicas en las leyes.
Y el reconocimiento que hace el Presidente de la República sobre esta situación es
justamente un reconocimiento que parte de un principio fundamental de honestidad moral, de
honestidad política, un reconocimiento a hechos, decía usted, parafraseando al
Presidente, que todos lamentamos, efectivamente y que están en la mente y la opinión
pública y en la opinión de la ciudadanía, que tienen qué ver, por ejemplo, con los
delitos de cuello blanco.
Creo que a todos indigna el hecho de que asuntos públicos que incluso conmovieron a la
ciudadanía, que tuvieron qué ver con fraudes escandalosos de bancos, no hayan podido ser
atendidos y castigados oportunamente por falta de una legislación específica o por los
términos en que ésta de manera concreta estaba redactada. Eso es justamente a lo que ha
hecho referencia el Presidente de la República, señor diputado.
Dice el señor diputado Rodríguez Prats que por qué no se han aclarado todavía las
cuentas del PRI en las elecciones de 1994 en Tabasco y por qué no se aclaran los juicios
políticos o por qué no se destraban los juicios políticos pendientes sobre este mismo
asunto. Yo le contestaría, señor diputado, simplemente que, con todo respeto, le
sugeriríamos que lleven a las autoridades electorales competentes las preocupaciones
sobre este caso particular de los gastos de las elecciones de 1994.
Que el tema de juicios políticos es competencia de esta soberanía y me parece que la
decisión esta aquí, en el Congreso de la Unión; no en el Ejecutivo.
La respuesta al comentario que hacía en relación a la solicitud de información que se
ha hecho sobre Banca Unión, hemos ya hecho un comentario al respecto. Yo simplemente
quisiera apuntar que en la respuesta que nos tocó suscribir, una vez que se inconformó
esta Cámara con el Ejecutivo por la respuesta que dio el Secretario de Hacienda, ratifica
y confirma los argumentos de la carta del señor Secretario de Hacienda que fue tratada
aquí hace unos días y que el Gobierno Federal no está ocultando nada, pero tampoco va a
transgredir la ley.
La información que ha sido requerida a Banca Unión por los auditores asignados a la
Cámara de Diputados, usted mismo lo comentó, está sujeta a secreto fiduciario en los
términos del artículo 118 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que
proporcionar, y así se dijo en la carta, de manera específica esta información, implica
violar uno de los preceptos que rigen nuestro sistema jurídico. Sin embargo, hace rato
comentábamos que se ha iniciado una controversia constitucional y estaremos atentos y
respetuosos, reitero, a la determinación que tome la Corte en esta materia.
Comentaba el señor diputado Juan José Rodríguez Prats también que por qué no
investiga la Procuraduría Fiscal, por qué no hace nada la Procuraduría General de la
República.
Si hay aquí un mecanismo de extorsión, no es impunidad, que cuál es la explicación
sobre la actuación de la Procuraduría.
Yo le contestaría, señor diputado, que seguramente tiene usted información de los
avances en las averiguaciones que viene haciendo la Procuraduría y la presencia en unos
días más del señor Procurador General de la República en estas comisiones, seguramente
permitirá atender y contestar con precisión, con toda la información que compete a su
responsabilidad, a sus atribuciones y a su cargo, este planteamiento,
De lo que yo podría decirle sería que estoy absolutamente convencido, señor diputado,
de que la Procuraduría General de la República está haciendo lo necesario en el marco
de sus atribuciones legales para dar cumplimiento a éstas y otro tipo de denuncias y
demandas sobre el particular y seguramente el Procurador General de la República podrá
ampliar la información al respecto.
El segundo tema, que tiene qué ver con la carta, decía el señor diputado que la carta
del 7 de septiembre puede tener solamente un valor enunciativo si no se avanza o si no se
dan pasos unilaterales desde el propio Gobierno.
Yo quiero decirle que justamente la carta se inscribe en ese ánimo, estamos buscando,
como hace rato explicaba, estamos buscando contribuir a resarcir problemas que se han
generado de incertidumbre y de desconfianza para poder generar espacios y condiciones que
nos permitan avanzar en este diálogo.
Pero no solamente en el diálogo como buena intención, no solamente con un propósito de
carácter enunciativo, sino con fórmulas concretas y específicas que entre otras cosas
implican, señor diputado Rodríguez Prats, en la parte que tiene qué ver con el primer
punto de esta carta, revisar, discutir, consensar, construir métodos y procedimientos que
permitan incorporar las distintas visiones de los distintos partidos políticos que tienen
sobre esto ideas propuestas, iniciativas concretas, como es el caso de su partido y
enriquecerlas con otro tipo de ideas, enriquecerlas en el marco de los Acuerdos de San
Andrés, con iniciativas de carácter local, con preocupaciones que posibiliten
compatibilizar los ordenamientos constitucionales con los acuerdos políticos que se
tomaron en San Andrés.
Y justamente la carta pretende avanzar en esta iniciativa, que usted denomina Iniciativa
de paz, tomando distintas medidas; por eso de manera unilateral se está proponiendo que
se construya una agenda, que nos digan cuál es la agenda para poder atender rezagos de
carácter social que agravian a muchos indígenas del Estado de Chiapas y que son un
reclamó y una exigencia del EZLN y de sus propias comunidades.
Por eso estamos planteando el reconocimiento de la necesidad de reconstituir, si es
necesario con algunas acotaciones específicas, una comisión civil de intermediación.
Por eso estamos tomando disposiciones en el sentido de liberar presos indígenas que hayan
formado parte de los grupos de apoyo del EZLN y solicitamos su acopio al EZLN, que nos
diga, que nos dé elementos para poder ampliar ese tipo de relaciones idealistas. Por eso
estamos planteando en la propia carta la instalación de una oficina de la Procuraduría
General de la República en el Estado de Chiapas, que dé atención y cuenta a los
distintos reclamos que tienen qué ver con violaciones a derechos humanos o garantías
individuales.
Esas son las medidas que se están proponiendo e impulsando, insisto, seguramente en
muchos ámbitos y aspectos susceptibles de ampliar, de enriquecer, de construir medidas
adicionales que posibilitan avanzar en este esfuerzo de distensión y de búsqueda de la
paz con dignidad en el Estado de Chiapas.
El tema finalmente de la UNAM, decía el señor diputado, que por qué no se involucra el
Gobierno y bajo qué mecanismos se espera que la comunidad universitaria responda a un
reclamo, a una demanda o una iniciativa del Presidente de la República.
Yo le diría en primer término que el Gobierno ha sido muy cuidadoso y muy respetuoso,
pero no ha estado ausente del proceso; me parece que es fundamental que quede muy claro
que la participación que ha tenido el Gobierno de la República es justamente la de
buscar, primero que nada, mecanismos, espacios de comunicación, de diálogo, de
acercamiento entre las partes, para hacer posible la construcción de salidas políticas
sensatas, razonables, sin violentar las leyes que rigen la actitud, comportamiento, de las
autoridades universitarias, dando posibilidades para que se discutan los distintos
reclamos, exigencias, propuestas, iniciativas, que se han hecho de las distintas partes
que conforman el Consejo General de Huelga.
Yo mencionaba una propuesta que es la de los maestros eméritos, porque es la que más
apoyo, respaldo y simpatía ha merecido en la comunidad universitaria, pero toca
fundamentalmente a los universitarios discutir, crear las fórmulas de análisis, de
revisión, de discusión, de estas iniciativas y de estas propuestas, porque es sin duda
esa salida, la salida política, la salida basada en el diálogo, será la que permita
destrabar de manera definitiva el conflicto de la Universidad.
Y en ella, el Gobierno ha estado cumpliendo una función importante, de aliento, de
estímulo, de acercamiento, de comunicación entre los distintos agentes y actores que
tienen qué ver con la comunidad universitaria.
El Gobierno de la República ha insistido que va a apostar y va a seguir apostando a la
solución negociada y política del conflicto en la Universidad, no al ejercicio y al uso
de la fuerza pública.
¿Cómo o bajo qué mecanismos, decía, esperan que contesten los universitarios al
planteamiento que ha hecho el Presidente de la República? El Presidente de la República
dijo que la intervención del Gobierno Federal en el tema universitario tendría que
basarse sobre dos ejes fundamentales: la legitimidad y la legalidad y que... la
legitimidad y ésa es la lectura correcta de este planteamiento que se ha pretendido
distorsionar, la lectura correcta es cómo avanzamos en un proceso que posibilite, que
haya consenso en términos a una propuesta dentro de la Universidad; cómo contribuimos
como Gobierno, con medidas adicionales que ayuden a resolver, no a complicar, no a
entorpecer, no a hacer más difícil la solución del conflicto.
Lo podemos hacer en la medida en que haya un proceso democrático interno de los propios
universitarios donde definan no solamente una posición, sino una propuesta concreta a la
cual pueda sumarse y contribuir de manera decidida el Gobierno de la República y basado,
decíamos también, en la legalidad, porque generalmente se ve, se pretende ver o se
enjuicia la presencia gubernamental a partir de un tema específico, que es la
intervención gubernamental a partir del uso de la fuerza pública y en particular de la
Policía Federal Preventiva, como algunas voces dicen, para resolver el problema
universitario.
Y lo que el Gobierno Federal ha planteado y en lo que ha insistido reiteradamente, es que
tenemos primero que buscar todos los espacios y caminos de diálogo, de acuerdos y de
consensos a partir de los distintos proyectos que permitan construir una salida política
en la Universidad, sin demérito que puedan ser discutidos todos y cada uno de los temas
en los espacios que los propios universitarios se den y que cualquier intervención
gubernamental leída como uso de la fuerza pública, tiene que estar basado en principios
fundamentales de legalidad, que implican un proceso judicial muy claro, que los señores
abogados conocen muy bien.
Muchas gracias.
Diputado Rodríguez Prats, ¿desea hacer
uso de su derecho a réplica?.. Adelante, señor diputado, tiene la palabra.
| El
diputadoJuan José Rodríguez Prats: |
Con su permiso, señora Presidenta;
desde luego, señor Secretario:
La democracia no se constituye con lamentos, se constituye con voluntad, con liderazgo,
con acatamiento de lo que la ley señala.
Las autoridades locales en el Estado de Tabasco, el Instituto Estatal Electoral, la
Procuraduría de Justicia del Estado, se burlaron de la oposición y no hicieron ninguna
investigación; yo lo señalé en mi primera intervención, esto no puede ser
responsabilidad del Presidente. Es responsabilidad del Presidente las anomalías en las
que hayan incurrido dependencias que dependen del Ejecutivo, sobre todo cuando el
Presidente está involucrado. Este es mi señalamiento y éste seguirá siendo mi
señalamiento.
Desgraciadamente, desgraciadamente no es la primera vez en México que de la legalidad se
hace una fachada y una cortina de humo. La historia es añeja, desde el principio de
nuestra vida independiente se habla del México real y del México legal. En el
porfiriato, los científicos pensaban que los mexicanos somos incapaces de gobernarnos a
nosotros mismos democráticamente, insistían que necesitábamos un padre benévolo que
nos guíe y que aplique flexiblemente el sentido general de la ley.
241, 242 y 243
Y uno de los grandes juristas, Rudolph
Estamblert, escribía: "burócrata, es un hombre bueno y leal que preocupado por el
derecho, no alcanza a ver nunca la justicia". Como buen burócrata, ha usted definido
a Ernesto Zedillo Ponce de León el día de hoy.
Legalidad y legitimidad, aunque son diferentes se complementan, no se puede alcanzar la
segunda, que significa consenso y apoyo del pueblo si se anda buscando la rendija de la
legalidad para evadir el deber fundamental del Ejecutivo, que es precisamente ejecutar las
leyes.
Mal andamos si hacia finales del siglo, utilizando la autoridad los mismos argumentos, que
a principios de siglo para que el pueblo siga vigorizando la lamentable convicción de que
la ley se hizo para violarse y solamente para aplicarse a los pobres y a quienes no tienen
poder y de que derecho y política simplemente son incompatibles o como bien dijera un
connotado priísta: "moral es un árbol que da moras".
Una idea se ha reafirmado en todas las naciones: se insiste en que no hay democracia sin
rendición de cuentas. Por eso seguiremos insistiendo, conjuntamente con los partidos de
oposición, en que en el asunto planteado en relación a los gastos de campaña de 1994,
quede aclarado.
La función del Poder Legislativo, y por eso el debate parlamentario, es encontrar la
verdad y hacer que prevalezca la razón y la verdad no tan sólo es contraria a la
mentira; consiste en decir la verdad, difundirla, proclamarla, ésa es función primigenia
del Poder Legislativo.
Ustedes han manoseado la verdad, la han corrompido, la han encubierto, la han ocultado. El
Presidente de México ha pensado más como priísta que como Primer Mandatario de la
nación. Mandatario quiere decir, no el que más manda, sino el que obedece el mandato del
pueblo.
El presidente Ernesto Zedillo habló de tolerancia, pero la tolerancia como virtud
pública, para que prevalezca tiene que tomar en cuenta lo que se ha denominado la
paradoja de la tolerancia, sus propios límites. Si una tolerancia es absoluta se corre el
riesgo de que se acaba. No se puede ser tolerante con la mentira ni cuando está en juego
el interés público.
En el caso de la información que el Presidente niega, por razones personales y
partidistas, debió prevalecer el interés público. El mal de México sigue siendo el
espíritu faccioso con el que se gobierna. Es una verdad sabida que las sociedades, para
poder desarrollarse, deben tener confianza, confianza en nuestros gobernantes, confianza
en nosotros mismos, confianza hacia fuera como nación, confianza hacia dentro en nuestras
potencialidades.
Desgraciadamente, México es una sociedad de suspicacias y sospechas, porque el elemento
perturbador del orden público se da desde el aparato gubernamental.
Si queremos superar nuestra crisis tenemos que vigorizar la confianza que solamente puede
generarse cuando se respeta la ley y se respeta la verdad.
José Vasconcelos, hace 70 años, precisamente la edad que tiene nuestro agotado sistema
político, expresaba: "una verdad resplandeciente es condición ineludible de una
regeneración política y moral del pueblo de México" y definitivamente, a través
de la conformación de toda la cultura occidental, a la verdad se le ha visto como
potencia, como seguridad, como fidelidad y confianza.
Francisco Zarco, uno de los grandes parlamentarios del Congreso Mexicano, expresó:
"cuando en la esfera de lo público se pierde la transparencia y se ve permeada por
el secreto, cuando la palabra no revela, sino esconde, se frustra la posibilidad de la
acción". En ésta nueva relación entre poderes como una nueva etapa de la
empantanada transición hacia la democracia, cuando menos, señor Secretario, y le
solicita se lo transmita así al señor Presidente, hagámonos el sano propósito de
conducirnos con transparencia y con verdad.
Confiamos también en que los dos periodos ordinarios que nos quedan, podamos avanzar en
una reforma que es fundamental a nuestras instituciones...
Le pido 10 segundos para concluir, señora Presidenta.
Sí, señor diputado, concluya, por
favor.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Ordinarios que nos quedan, podemos
avanzar en una reforma que es fundamental a nuestras instituciones para arribar a la
descentralización...
Señor orador, ¿me permite?
Yo quisiera solicitar a los señores diputados que escuchemos al orador en turno, como
escuchamos hace un momento al señor Secretario, que le dimos tiempo suficiente para
concluir.
Concluya, señor orador, por favor.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Nos quedan, podamos avanzar en una
reforma que es fundamental a nuestras instituciones para arribar a la descentralización
política, que constituya el auténtico federalismo.
Por cierto, señor Secretario, el Presidente tiene una confusión en estos conceptos y
usted también: descentralización que ha de transferir mediante la ley y ustedes lo que
están haciendo es desconcentración. Ese es un falso federalismo. Tenemos que impulsar un
auténtico federalismo, que es una de las asignaturas pendientes de la
"cacareada" reforma del Estado.
Muchas gracias, por su amable atención.
En el uso de la palabra el diputado
Alvaro Arceo Corcuera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
| El
diputado Al varo Arceo Corcuera: |
Gracias, señora Presidenta; señoras y
señores legisladores, señor Secretario:
La gente sabe que falta a la verdad quien ofrezca resolver los problemas de un día para
otro. Aunque la gente también sabe que faltó a la verdad quien le ofreció, desde hace
cinco años, bienestar para sus familias.
Hay otras certidumbres que deben compartirse con la gente. Por ejemplo: que en Chiapas no
podrá haber arreglo político duradero en tanto el Ejecutivo no retire su iniciativa.
Esta desconoce en la práctica los Acuerdos de San Andrés, que no fueron cualquier
acuerdo, sino el resultado de un consenso, de una amplitud desconocida hasta ése
entonces.
Concertaron el EZLN, pero más que nada nuestro pueblo indígena, los partidos políticos,
las organizaciones sociales interesadas, los legisladores y los propios representantes del
Ejecutivo. Ese fue un gran acuerdo y la iniciativa del Ejecutivo un gran desaire a ese
acuerdo.
Se dice que esa iniciativa no desconoce los Acuerdos de San Andrés, como también dice el
gobernador sustituto, Albores Guillén, que respeta a los indígenas, al mismo tiempo que
les arroja las fuerzas armadas. Roberto Albores actúa como terrorista mientras se
presenta como defensor de los derechos humanos de los chiapanecos, todos.
En suma, la remoción de Roberto Albores Guillén es la remoción de otro gran obstáculo
para la paz verdadera en Chiapas.
También debe responderse a los senadores perredistas la pregunta: ¿cuántos militares
conforman el cerco a los zapatistas?
La Secretaría que usted encabeza, señor Secretario y que incidentalmente ha cambiado de
titular cuatro veces en cinco años, tiene entre sus tareas más relevantes la de vigilar
el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país y
la de llevar las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros poderes de la Unión.
Tales relaciones han sido malas en esta legislatura. A diferencia de lo ocurrido con
futbolistas y beisbolistas -bien por ellos-, una sola vez ha dialogado el Presidente de la
República con representantes de los distintos partidos políticos con presencia en las
cámaras, una sola vez, en la que no se llegó a nada.
Hemos quedado los legisladores atrás del gol y la carrera. Así seguimos, con ligeras
variantes de última hora. No ha habido propuesta legislativa por parte del Ejecutivo, que
no debe confundirse con las iniciativas que envía aquél por sí y sin acuerdo previo con
el Congreso.
Tener una agenda común implica su elaboración conjunta, a través de verse y escucharse
el uno al otro, todas las veces que sea necesario en calidad de pares. Esto es lo que no
ha ocurrido por omisión del Ejecutivo. En cambio, el señor Presidente sí incluyó en su
informe pasado lo que hizo el Congreso, que así fue tratado como si formara parte de la
actividad de la administración pública.
De otro lado, habría que advertir que el Ejecutivo incumplió con la obligación de
proporcionar la totalidad de los informes técnicos que precisó la Cámara de Diputados
para estudiar el negocio concerniente al rescate bancario, especialmente por lo que hace
al Banco Unión.
Ni la Secretaría de Hacienda ni la de Gobernación acataron el deber que impone al
Ejecutivo la fracción II del artículo 93 constitucional, en virtud del cual la primera
debió entregar los informes que se le requerían y la segunda debió intervenir cuando
aquélla se negó a darlos, para que se preservaran debidamente las relaciones de
interdependencia y colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Tampoco honró ese cuidado la Secretaría a su cargo, cuando la mayoría de esta Cámara
decidió modificar la Ley Electoral Federal. Cierto, fue en el Senado de la República en
donde se estrelló la voluntad mayoritaria, pero también cierto es que el muro fue
levantado por los legisladores militantes del partido político del Presidente de la
República y de usted.
Se propició así, entre otras iniquidades, que el dinero se apodere de la política
mediante su libre flujo en las llamadas precampañas y contrariamente, se mantuvieron los
obstáculos existentes en la ley para el más libre flujo de las alianzas
político-electorales.
En el ámbito de los derechos humanos, la actuación del Ejecutivo suma y resuma la
confirmatoria opinión internacional en cuanto a las reprobables acciones y omisiones que
han resultado en multitud de casos en los que se ha documentado el abuso contra
nacionales, tanto en territorio mexicano, cuando se les ha inferido por autoridades de
aquí, como en el extranjero cuando se les ha dejado en los hechos inermes e injuriados
por autoridades de allá.
Por lo que hace a la seguridad pública, se ha continuado con la visión policiaca del
combate al delito y se ha reafirmado la tendencia militarizar las acciones. Tal parece que
se trata meramente de competir en armamentos con olvido de reflexionar en los argumentos.
El delito tiene también causas sociales, más que una policía preventiva era y es
necesario una política preventiva, concentrada en fortalecer la equidad social, acabar
con la punición selectiva de parte del Poder Ejecutivo y hablar con la verdad al pueblo.
Así los de la confusión de la seguridad nacional con la seguridad pública, se eleva el
gasto militar a niveles nunca antes alcanzados en este país, al mismo tiempo que se
insiste en que no se usará la fuerza. La gente sabe que quien se arma es para usar las
armas.
¿Qué sabe la gente de lo que ocurre en la UNAM? Que está en el desconcierto, que teme
que se aproveche este fin de semana para usar la fuerza contra los paristas, al mismo
tiempo que el desgarramiento de nuestra máxima casa de estudios transcurre y se encona
ante la impavidez de una autoridad que alega su respeto a la académica autonomía, con el
mismo tono en que elige su respeto al secreto bancario. Son de esos respetos que matan.
En el primer caso, porque alientan la histeria que pide la utilización de la fuerza, al
mismo tiempo que reducen la viabilidad de la educación superior gratuita y de alto nivel,
y en el segundo caso, porque cancelan la oportunidad de ventilar y aclarar las causas
determinantes de una quiebra bancaria que no provocaron los deudores ahora arruinados,
sino las prósperas complicidades de una política electoral ilícita con los
inversionistas de la antidemocracia con cargo a la gente. La gente lo sabe.
244, 245 y 246
La política interior es lo suyo señor
Secretario, no la política inferior que debiera pasar ya a ser política anterior y la
política de la simulación, del engaño sostenido, del aprovechamiento de la miseria
ajena para el mantenimiento del poder propio es política inferior, la gente lo sabe.
Agradezco su atención, esperamos sus comentarios.
Tiene la palabra, señor Secretario de
Gobernación, hasta por 10 minutos.
El
secretario de Gobernación,
Diódoro Carrasco Altamirano: |
Muchas gracias, señora Presidenta:
Señor diputado Alvaro Arceo, en relación a su comentario sobre la iniciativa, la carta
iniciativa que a su juicio desconoce los Acuerdos de San Andrés y que la propia
iniciativa que envió el Ejecutivo Federal al Congreso fue un desaire a estos acuerdos, me
permito hacerle los siguientes comentarios:
En primer lugar, que usted sabe muy bien que los Acuerdos de San Andrés se elaboraron en
el marco de la Constitución General de la República, no para crear una norma superior a
la máxima ley, que independientemente del reconocimiento de los usos y costumbres no se
pueden afectar los derechos de los ciudadanos, de los individuos, independientemente de su
pertenencia a etnia o pueblo indígena y eso lo entendimos y lo plasmamos muy bien en la
propia iniciativa sobre cultura y derechos indígenas en el Estado de Oaxaca.
Que la iniciativa de la Cocopa, en el marco de estos Acuerdos de San Andrés, se aparta
del texto de los Acuerdos de San Andrés en aspectos fundamentales que son justamente los
que hacen la diferencia sustantiva a la que yo me he estado refiriendo y que requiere
fundamentalmente buscar posibilidades de acuerdos y de consensos.
Se aparta en los términos en que establece la libre intervención de los pueblos
indígenas y la autonomía, se aparta en su interpretación de los niveles de gobierno, en
particular en la relación con estructura de gobierno municipal. Esta propuesta establece
o busca establecer o pretende establecer un régimen de excepción que no se estableció
en los Acuerdos de San Andrés en cuanto a modalidades de la tenencia de la tierra, en
cuanto al régimen federal de los medios de comunicación, en cuanto a planes y programas
de carácter educativo, por mencionar algunos de estos puntos.
La iniciativa del Presidente de la República busca compatibilizar justamente en el marco
de los Acuerdos de San Andrés y la norma constitucional una iniciativa sobre cultura y
derechos indígenas. Pero la reforma que está proponiendo el Presidente de la República,
la iniciativa que envió el Presidente de la República a esta soberanía, no quiere decir
de ninguna manera que sea una iniciativa que no pueda sufrir o que no deba sufrir cambios
o modificaciones. Justamente la iniciativa viene con ese sentido, para que el propio
Congreso, para que el propio Poder Legislativo pueda, si así lo decide, enriquecer,
cambiar, modificar la propuesta del Ejecutivo Federal.
Por eso en el planteamiento de la carta a la que en tantas ocasiones he hecho referencia
en esta sesión, lo que estamos planteando es justamente buscar los mecanismos que
determine el propio Senado de la República para construir posibilidades de métodos, de
procedimientos que además de las iniciativas que existen en el Senado, pueden incorporar
otra información, otros proyectos, otras propuestas, otras iniciativas que tengan que ver
con el tema y que posibiliten construir una salida política consensada a una ley, que por
cierto es uno de los puntos fundamentales en el reclamo del origen del conflicto, la
necesidad de reconocer los derechos y la cultura de los pueblos indígenas.
No es un desaire la iniciativa del Presidente de la República, está fundada y respetando
los Acuerdos de San Andrés, pero buscando esta necesaria compatibilización y obligada en
el cuidado y respeto de los otros, de los distintos, de los diferentes.
Compete efectivamente a la Secretaría de Gobernación llevar la relación con el Congreso
de la Unión, con los grupos legislativos y conviene, señor diputado, recordar que en
esto se ha hecho un gran esfuerzo que finalmente el proceso extraordinario que recién
acaba de concluir, fue consecuencia justamente de acuerdos que se promovieron, que se
animaron, que se construyeron en algunos casos con intervención de la Secretaría de
Gobernación, en otros casos animando esta comunicación, este diálogo permanente con los
legisladores. Y que como lo hemos comentado con los líderes de las fracciones
representadas en el Congreso, a excepción de un tema que no pudo, por falta de tiempo ser
tratado; todos los demás fueron ampliamente discutidos, debatidos en todos sus enfoques y
visiones y prácticamente de ellos, todos resueltos. Tres de manera positiva y uno de
manera negativa, como ustedes bien saben.
Que justamente lo que estamos haciendo hoy es buscar los acuerdos de los partidos
políticos, para conformar una agenda que no impone el Ejecutivo o que no solamente se
construye a partir de las iniciativas que se envían desde el Ejecutivo.
Hace escasamente unos días, el pasado viernes, tuvimos un largo encuentro, una larga
reunión con los coordinadores de las fracciones parlamentarias, aquí representadas, para
poder justamente comentar cuáles eran las inquietudes, la preocupación y las propuestas
del Ejecutivo para este periodo ordinario y cuáles las que correspondían a las
prioridades, al interés, a las propuestas de cada grupo parlamentario y de cada partido
político. Y ahí, como dieron amplia cuenta de ello los medios electrónicos y la prensa
escrita, se platicaron y se discutieron en principio 12 grandes temas que pudieran ser
motivo de una agenda estratégica para este periodo ordinario; no agotada en estos 12
temas, pero sí los puntos donde hubo coincidencias con las acotaciones respectivas de
todas las fuerzas políticas, que son:
El régimen jurídico del Banco de México; el de la Comisión Nacional Bancaria; el tema
que hemos estado discutiendo ampliamente hoy, el de derechos y cultura indígena, que no
tiene acuerdo del PRD y que planteó que sólo participarán en la medida en que lo haga
el EZLN y ése es justamente el sentido de la propuesta del Gobierno Federal; la apertura
del servicio eléctrico que planteó también las reservas y desacuerdos el PRD y el PAN;
la Ley de Quiebras; la Ley de Garantías de Crédito; la Ley de Armas de Fuego y
Explosivos; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por supuesto la
Miscelánea Fiscal, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y el protocolo para
refugiados, como bien apuntaba un legislador del PRD en estos 12 primeros temas, en donde
puede haber formas de consensos posibles.
Y por supuesto muchos temas más que son preocupación e iniciativas de los propios grupos
parlamentarios que tienen que ver con el Estatuto del Gobierno Federal, la Ley Orgánica
de la Entidad de Fiscalización Superior o las reformas en materia laboral y la Ley de
Deuda Pública que planteó el PAN o las de interés del PRD como son: La Ley de Archivos
Nacionales, de Desarrollo Social, de Cámaras Patronales, de la UNAM; o del propio PT que
fueron comentados en esta tribuna sobre el referendum, el plebiscito, iniciativa popular o
aquellas destinadas a incorporar en la Ley de Salud a la homeopatía y a la acupuntura en
los servicios públicos de salud. O lo que plantea el propio Partido Verde Ecologista
relacionado con los impuestos verdes o aquella para pedir y controlar el cambio
climático, por mencionar algunas de las iniciativas adicionales que se discutieron en
esta reunión y que permite tener una idea muy clara de cuales son aquellas iniciativas
que pueden formar parte o pueden ser parte de acuerdo al interés de los grupos aquí
representados y del Ejecutivo en este periodo de sesiones ordinarias.
Se está buscando pues no solamente una comunicación, sino la construcción de una agenda
posible que permita transitar con orden, con civilidad, con respeto, creativamente este
periodo de sesiones. Y en lo que toca al Ejecutivo estamos haciendo lo que nos
corresponde, manifestando cuales son las iniciativas que interesan al Ejecutivo Federal y
poniendo a disposición de los señores legisladores los oficios, las gestiones, las
posibilidades de contribuir en este esfuerzo legislativo en lo que a nosotros compete, con
el respeto, el cuidado y la relación que nos merece el Legislativo.
El tema de la seguridad pública, decía el señor diputado Alvaro Arceo, que más que una
Policía Federal Preventiva, se requiere de una política preventiva. Hemos comentado al
inicio de esta sesión que el tema fundamental que hoy preocupa y ocupa al Gobierno de la
República es el tema de la inseguridad.
Por eso el interés, no de ayer, de muchos años, de varios meses por construir un sistema
profesional, un sistema avanzado, que permita dejar de lado y superar los obstáculos y
los vicios de los sistemas de seguridad en el país y construir un sistema nacional de
seguridad pública, como el que hoy empieza a caminar en coordinación con los gobiernos
de los estados, adonde por cierto se están destinando la mayor parte de los más de 9 mil
millones de pesos que se ejerce en este año de la materia.
A través de los convenios de coordinación que hemos establecido con los ejecutivos
estatales y el gobierno del Distrito Federal, para que se dé respuesta a la preocupación
fundamental que se escenifica en los estados, donde ocurren el 95% de los delitos, donde
compete fundamentalmente a la autoridad estatal, atender, prevenir y resolver.
Por eso hemos destinado y se han derivado de estos acuerdos los recursos mayores a los
ejecutivos estatales, para fortalecer sus programas de capacitación, profesionalización,
equipamiento, mecanismos novedosos de comunicación encriptada para la seguridad, bancos
de datos especializados que permiten tener un flujo permanente de información, que sirva
en las tareas preventivas a las que hacía referencia el diputado Alvaro Arceo.
La conclusión de las agendas específicas con los ejecutivos estatales, sobre los delitos
adonde Gobierno Federal y gobiernos estatales debemos prestar la mayor atención, con la
mayor coordinación posible.
Me parece que ese esfuerzo que es mucho mayor en términos presupuestales y también
esperamos de resultados que la propia Policía Federal Preventiva en la medida en que
ésta acotada a un ámbito específico de delitos federales, es justamente adonde se está
canalizando el mayor esfuerzo y el mayor volumen de recursos públicos.
Pero creo que el señor diputado Alvaro Arceo tiene toda la razón cuando dice que además
se requiere no solamente una policía federal o más que una policía federal, una
política de caracter preventivo.
Y creo que el Presidente de la República uno de los temas que de manera amplia tocó e
informó y cuya información está detallada en los anexos correspondientes, es el tema de
la política social.
El tema de la política social, de la educación, de la salud, del empleo, que
efectivamente son ingredientes fundamentales para poder generar condiciones sociales,
poder generar condiciones económicos que posibiliten, que no sea por esas razones, no sea
por falta de oportunidades, no sea por desesperación social, que se contribuya a engrosar
los índices delictivos en nuestro país.
Termino, señor diputado Alvaro Arceo, comentando brevemente el tema de la posición de la
autoridad frente a la Universidad, porque ha sido un tema que hemos reiterado en esta
sesión.
Dos asuntos particulares: uno, los universitarios no están solicitando la fuerza
pública, los universitarios están convencidos que será las vías políticas las que
deben dar la salida al conflicto, a la huelga, al levantamiento de la huelga de la
Universidad.
El Gobierno Federal no va a caer en la tentación de pretender coadyuvar en la solución
del conflicto con el uso de la fuerza pública, no solamente cuando no lo piden, sino
cuando las condiciones hoy lo que están indicando y lo que están señalando es que
debemos impulsar y seguir alentando y estimulando las posibilidades que se están
construyendo a partir de los diferentes proyectos e iniciativas que están en la mesa de
debates y de discusión, tanto del Consejo General de Huelga como del Consejo General
Universitario.
Es muy fácil decir que hay impavidez y que hay desatención o que nos hemos desentendido
como gobierno de resolver el problema unilateralmente de la Universidad, a través del
ejercicio de la fuerza pública, como si eso por si solo resolviera el problema de la
Universidad, como si además eso no significara un rompimiento unilateral de un esfuerzo
político que hoy se está construyendo y en el cual, insisto y reitero, el Gobierno de la
República está haciendo su parte para abonar una salida como la que quieren los
universitarios.
Señor diputado Arceo Corcuera, ¿hará
usted uso de su derecho de réplica?
247, 248 y 249
El
diputado Al varo Arceo Corcuera
(desde su curul): |
Sí, señora Presidenta.
Tiene la palabra el diputado Arceo
Corcuera.
| El diputado Al
varo Arceo Corcuera: |
Gracias, señora Presidenta.
Señor Secretario, se pasó usted de su tiempo, sin embargo no contestó la pregunta,
¿cuántos soldados integran el cerco alrededor de los zapatistas en Chiapas?
Hace un año el Secretario Gurría dejó sin contestar también la pregunta: ¿a cuánto
asciende lo del Fobaproa? Ahora sabemos más o menos a cuánto asciende, a nuestro futuro.
En relación con la carta y la iniciativa, concretamente lo que se pide, lo que se
sugiere, es que se retire la iniciativa, ésa es la que está haciendo daño, no tanto la
carta y acabamos de enterarnos por boca de usted, que finalmente los Acuerdos de San
Andrés no se van a cumplir; por éstas o aquellas razones, con ésta o aquella argucia
legal, lo que se acaba de escuchar aquí es que a fin de cuentas los Acuerdos de San
Andrés no se van a cumplir. Que cada quien saque sus conclusiones al respecto.
Por lo que hace al tema de la seguridad pública, seguimos escuchando la visión policiaca
del asunto. Me refería hace un momento a la política preventiva.
En cuanto a temas como por ejemplo el que hace a la extrema pobreza, la pobreza extrema es
en realidad un baldón o debería ser un baldón para cualquier gobierno. En este país se
proponen como logros cada vez que se habla de cuánto se destina al combate a la pobreza
extrema; eso no es un logro, el logro seria anunciar que ya no es necesario combatir la
pobreza extrema; de otra manera los recursos que se usan son, en muchas ocasiones,
destinados para comprar lo único que les queda a los pobres extremos: su voto.
Por lo que hace a la UNAM, nadie está pidiendo el uso de la fuerza pública legal a la
que usted aludió hace un momento; el involucramiento que se pide es que el Ejecutivo
participe en la solución y no siga dando la sensación de que lo que se busca en
realidad, es la destrucción de la Universidad. Esto para que las universidades privadas y
todo lo que ello implica, todo el cambio de ideología privada que ello implica, florezcan
en este país. Se trata de salvar la máxima casa de estudios y en esa tarea todos,
empezando por el Ejecutivo Federal, tenemos una responsabilidad.
Gracias.
Tiene la palabra el diputado Miguel
Angel Quirós Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
hasta por 10 minutos.
| El
diputado Miguel A. Quirós Pérez: |
Con su venia, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados; señor Secretario.
Llega usted a una Cámara de Diputados plural, inequívocamente democrática, en la que la
libertad de expresión es el sustento fundamental de las ideas que aquí se debaten sobre
el futuro del país. El único equilibrio de contrapeso que puede oponerse al ejercicio de
dicha libertad irrestricta que ejercen los representantes de la nación aquí reunidos,
sólo puede estar representado por la responsabilidad en su ejercicio y por la seriedad,
la objetividad y la viabilidad de las propuestas que se discutan.
Es por ello que hemos escuchado con la mayor atención e interés, su exposición sobre
los asuntos de la dependencia a su cargo, en relación al contenido del V Informe de
Gobierno que el titular del Ejecutivo Federal rindió al Congreso de la Unión el 1o. de
septiembre.
Se trata sin duda de un análisis sereno y puntual sobre los temas políticos más
relevantes de la agenda nacional. Asimismo, hemos escuchado las preguntas formuladas por
nuestros compañeros legisladores y sus respuestas y comentarios.
Puesto que corresponde a la Secretaría de Gobernación conducir la política interior del
país, una parte de la cual implica diseñar y ejecutar su relación con los otros dos
poderes de la Unión, habré de referirme a la colaboración de intercambio entre
Ejecutivo y Legislativo sin dejar de aludir desde luego a su contexto, como ya se ha hecho
por quienes me han antecedido.
La LVII Legislatura del Congreso de la Unión inicia el primer periodo de sesiones
ordinarias del último año de su ejercicio constitucional. El Ejecutivo Federal se acerca
también a la etapa final de su mandato. La renovación de los poderes federales coincide
además el año próximo, con la elección de autoridades locales en 11 entidades
federativas incluido el Distrito Federal.
Las reformas de 1996 en materia de representación política y sistemas electorales, son
el marco constitucional y legal de dicha renovación; tales reformas significaron el
inicio de una nueva etapa en la evolución política de México, a la que con justificada
razón se llegó a llamar incluso la "reforma electoral definitiva", no porque
sea la última, al tiempo que se le identifica como uno de los rasgos más distintivos de
nuestra normalidad democrática.
Nunca está por demás observar el contexto internacional para evaluar los avances y
desafíos de nuestra situación; al hacerlo estoy convencido de que los mexicanos sólo
podemos congratularnos por la vía institucional única que disfrutamos y ejercemos para
solucionar nuestras legítimas diferencias y sus correspondientes proyectos alternativos.
Los desafíos del tiempo mexicano de hoy no pueden ser diferentes de los que enfrentan
otros países. El primero de ellos y con mucho el más importante, es el mantenimiento de
la unidad nacional para enfrentar los retos que tienen los pueblos para superar la
miseria, la injusticia, la desigualdad. Observamos las consecuencias cuando los países se
enfrentan y no pueden salvar el desafío de los nacionalismos acendrados de los
fundamentalismos del enfrentamiento basado en las luchas donde sólo se persigue alcanzar
el todo o nada.
Es por ello que nos felicitamos al escuchar en esta tribuna el pasado 1o. de septiembre,
que será la legalidad y nunca el autoritarismo, la tolerancia y nunca el enfrentamiento
violento y la responsabilidad social, nunca la insensibilidad o la indiferencia, los
medios para seguir atendiendo a los conflictos que preocupan a los mexicanos. Por cierto,
la salida del gobernador Albores, en la forma que ha sido expuesta acá por un compañero
diputado, no solamente no representa una distensión del problema, sino que la agravaría.
Ahora bien, las reformas de 1996, puestas totalmente en marcha no sólo en las elecciones
federales de 1997, sino también en las posteriores elecciones locales forman parte de la
reforma del Estado. La responsabilidad de esta reforma ha sido compartida, como usted lo
ha expresado, por igual, por el Poder Ejecutivo del Congreso de la Unión y el
Constituyente Permanente, así como los partidos políticos con representación en los
diferentes órganos legislativos del país. Pero las importantes reformas que hemos
conocido no se iniciaron ni mucho menos se agotan con la reforma electoral. En rigor, se
iniciaron con las reformas al Poder Judicial de la Federación en diciembre de 1994 y se
han continuado con modificaciones sustanciales al ordenamiento constitucional y sus leyes
reglamentarias; la más reciente producto igualmente del consenso entre las fuerzas
políticas aquí reunidas ha sido la publicada en el Diario Oficial de la Federación el
viernes 3 de septiembre último. Me refiero desde luego a la nueva Ley Orgánica del
Congreso General.
Ciertamente como usted lo afirmó, la nueva Ley Orgánica, junto con la creación de la
entidad de fiscalización superior de la Federación, la reforma municipal, la judicial y
la que en materia de derechos humanos aprobamos, es un claro ejemplo de como podemos
seguir coincidiendo en la actualización del marco constitucional y legal.
En este contexto, señor Secretario, hago mis preguntas sobre temas a los que ya se ha
referido usted, pero que por su importancia dan para más. ¿Cuál es la propuesta que el
Poder Ejecutivo Federal formula al Congreso de la Unión y particularmente a la Cámara de
Diputados, respecto a la reforma de Estado, en especial sobre federalismo fiscal?
¿Cuáles son los avances logrados hasta ahora en su tarea de diálogo y concertación con
las fuerzas políticas nacionales para asegurar el consenso necesario para la puesta en
marcha de otra etapa de la reforma de Estado mexicano, durante el gobierno del presidente
Zedillo?
Respecto a la intervención del Estado en el conflicto de la Universidad, ¿de qué manera
se continuará propiciando el diálogo y la concertación entre los universitarios y cuál
será el límite para ejercer el poder coactivo del Estado que muchos exigen?
¿Qué comentarios le merecería la promoción que en algunos casos se concreta ya en
leyes vigentes que vienen realizando gobiernos de algunas entidades, para legislar en
materia de derechos y cultura indígena, con el evidente propósito de plasmar en la
legislación de esos estados muchas de las demandas de los grupos indígenas de Chiapas,
estando pendiente en el Senado una reforma constitucional en la misma materia?
¿Considera a estas acciones complementarias coincidentes, concurrentes o con el grave
riesgo de una posible confrontación con las del Gobierno Federal?
Y finalmente, señor Secretario, con relación a la renovación de los poderes públicos,
¿cómo asegurará el Gobierno Federal una atmósfera política de convivencia social
armónica, ante la natural movilización del electorado?
Le agradezco de antemano, señor Secretario, la atención de su respuesta y comentarios.
Tiene la palabra, señor Secretario.
El
secretario de Gobernación,
Diódoro Carrasco Altamirano: |
Muchas gracias, diputado Miguel Angel
Quirós.
Comento rápidamente y permítame empezar por la última, porque tiene qué ver con uno de
los temas anteriores que hemos comentado.
A mi juicio las legislaciones en materia de cultura y derechos indígenas que se han
venido promoviendo por distintas entidades federativas y los gobiernos locales, son sin
duda un elemento que complementa una visión de carácter nacional. Nosotros hemos
insistido en que el reflejo de los derechos, de la cultura, de los sistemas normativos, de
las prácticas, que tienen los distintos pueblos indígenas en nuestro país, no
necesariamente se repiten y necesariamente lo que es válido y útil en una ley
reconocida, en una ley, es aplicable a otra entidad federativa.
Y simplemente le contestaría, señor diputado, que me parece que es fundamental que este
tipo de esfuerzos se estimulen y se alienten porque pueden dar respuesta, como en la
práctica lo están haciendo y donde estas leyes están ya en vigor, como es en el caso de
mi Estado, durante los últimos dos años, para dirimir y para resolver problemas que bajo
otra modalidad u óptica se convierten en conflictos a veces irresolubles, como el tema de
las elecciones por usos y costumbres, tan debatido, pero que funciona también en el
ámbito de los pueblos y comunidades indígenas del Estado, que difícilmente creo que
podría funcionar en otra entidad, incluso vecina o cercana.
Creo pues que es fundamental que se estimule como un complemento y como el reconocimiento
de una realidad local, específica, de este tipo de iniciativas en la materia.
Comentaría con el diputado también la propuesta que el Ejecutivo formula al Congreso de
la Unión con respecto a los avances en la reforma de Estado y la segunda pregunta que
hacía en relación a cuáles son los avances logrados en esta tarea de diálogo y de
concertación política, simplemente le comentaría lo siguiente, señor diputado:
Que el Gobierno Federal se ha preocupado y ha puesto, como lo hemos aquí comentado, su
mayor empeño para modernizar el marco jurídico y normativo y que para la reforma de
Estado el Presidente de la República ha presentado ante este honorable Congreso distintas
y diversas iniciativas de ley.
La reforma de Estado se ha venido impulsando y se ha venido promoviendo a partir de cuatro
grandes aspectos que hace rato comentaba y que simplemente enuncio: en la preservación
del estado de derecho, en la seguridad pública, en lo electoral y en el desarrollo
económico.
250, 251 y 252
De ello hablan -decíamos hace un momento-, la
reforma al artículo 115, la entidad superior de fiscalización, el sistema nacional de
seguridad, las reformas a la legislación penal, las reformas electorales de 1996, la
creación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario y la Ley de Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros etcétera.
He comentado también, señor diputado, que hemos tenido reuniones que nos han
posibilitado discutir y analizar con los dirigentes de las distintas fracciones
parlamentarias la construcción de una agenda común para este presente periodo, que no
solamente permita acuerdos estratégicos para poder trabajar con toda civilidad y respeto,
sino también una agenda que permita expresar esta nueva relación entre poderes a lo que
usted hacía alusión, esta nueva relación donde prevalezca, como ha sido el denominador
común, la colaboración y la coordinación y estoy seguro que con estos elementos
tendremos y podremos alcanzar muy buenos acuerdos.
Comentaba, señor diputado Quirós, también en relación a cómo va a continuar
incentivando el Ejecutivo Federal o bajo qué modalidades podrá el Ejecutivo Federal
contribuir a condiciones que permitan que haya un clima de estabilidad política y social
en el país.
Me parece que aquí será fundamental, señor diputado, que en este esfuerzo de compartir
esta construcción de un Estado cuyas tesis fundamentales son la democracia, el respeto a
la ley, la tolerancia, me parece fundamental que la participación y consenso de los
partidos políticos en torno a los temas sustantivos del país pueda seguir siendo uno de
los elementos fundamentales en esta nueva relación y sobre todo en esta contribución de
caminos donde prevalezca no solamente el diálogo sino la razón, el respeto a la ley y
las prioridades e intereses nacionales.
Creo que el esfuerzo que se ha venido haciendo en este sentido por modernizar el marco
jurídico y normativo, el esfuerzo por impulsar en los cuatro ejes que ya comentaba la
reforma del Estado, el impulso y respeto a la voluntad, participación y búsqueda de
consensos de los partidos políticos, el aliento a la discusión de los distintos temas de
carácter público, el impulso sin duda al respeto y aplicación irrestricta de la
legislación electoral vigente, son elementos que tienen que ser puntuales, puntales y
sustantivos de garantía para el desarrollo democrático, por ejemplo de los próximos
procesos electorales.
El respeto también irrestricto a la operación de los órganos electorales autónomos y
ciudadanizados y el compromiso de todos los actores políticos para vigilar el cabal
cumplimiento de la legislación electoral son, sin duda, elementos que deben servirnos
para animar la confianza respecto de la transparencia y el desarrollo pacífico de los
próximos comicios.
Me parece también que corresponde a todos los actores políticos y sociales participar
con responsabilidad en la preparación y desarrollo de los procesos electorales.
Finalmente, el diputado Quirós me comentaba en relación, otra vez, al tema de la
Universidad. De cuáles son o cómo vamos a continuar propiciando el diálogo y la
concertación en la UNAM. Yo simplemente agregaría a lo que he dicho a lo largo de esta
reunión: que el Gobierno de la República, con absoluto respeto a la autonomía de la
Universidad va a seguir exhortando, permanentemente, a los universitarios al diálogo y a
la concertación. Vamos a seguir manteniendo, como aquí lo hemos reiterado, los canales
de comunicación abiertos con las partes involucradas con el fin de contribuir en la
conciliación de intereses. La intervención del Gobierno de la República va a seguir
tomando como principios esenciales los que aquí se han subrayado: la responsabilidad y la
prudencia.
La solución pacífica de la huelga de la Universidad es un tema ineludible del Ejecutivo
Federal. Por eso se va a seguir convocando a los universitarios a mantener el diálogo y a
buscar soluciones que respondan a lo que la sociedad demanda y exige de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Diputado Miguel Angel Quirós: ¿va a
hacer uso de su derecho de réplica?
El
diputado Miguel A. Quirós Pérez
(desde su curul): |
Tiene la palabra el diputado Miguel
Angel Quirós Pérez.
| El diputado
Miguel A. Quirós Pérez: |
Con su permiso, señora Presidenta;
señor Secretario:
Le reitero mi reconocimiento por sus respuestas y comentarios.
Los miembros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reconocemos
en su exposición, en esta primera ronda, la franqueza y la claridad y asimismo la
prudencia que se derivan de una madura y decantada experiencia de Gobierno de la que ahora
se beneficia la política interior del país. Ojalá sigamos así, señor.
La estrategia, un paso más para avanzar en la reconciliación nacional en Chiapas, al
igual que sus precisiones respecto a la intervención del Estado para lograr el diálogo y
la concertación entre los universitarios mexicanos, entre otros de sus pronunciamientos
que hemos escuchado esta mañana así nos lo confirman.
Sin embargo, en esta sesión, al igual que en la del 1o. de septiembre pasado, hemos oído
también voces catastrofistas que pretenden presagiar tormentas. La crítica expresada con
la libertad que aquí hemos constatado es una prerrogativa democrática, nadie lo duda.
Pero no confundamos la crítica con los escenarios de catástrofe, que a nada conducen y
que a nadie benefician. No desde luego al pueblo de México, en cuya representación
actuamos.
¿Qué sería del país si en los momentos cruciales de la lucha política llegaran a
faltar la tolerancia, el respeto a la diferencia, la voluntad de escuchar, de dialogar, de
asumir actitudes constructivas? Durante los dos años de ejercicio de esta legislatura
hemos constatado que en todas las fracciones partidistas que forman esta Asamblea, han
expresado lúcidamente sus ideas, que siempre o en el mayor de los casos han puesto al
servicio de los intereses de la nación.
Gracias a esas expresiones plurales que han tenido como común denominador la fundamental
preocupación de contribuir a la gobernabilidad democrática, esta LVII Legislatura al
terminar su segundo año de ejercicio entrega ya una producción legislativa superior a la
realizada por la anterior legislatura a lo largo de todo su ejercicio. Se trata sin duda
de una aportación esencial que no sólo puede ser evaluada por su cantidad, sino también
por la calidad de sus acuerdos. Me refiero a las reformas constitucionales que usted acaba
de recordar, a la actualización legislativa y a los acuerdos políticos que han permitido
abrir nuevos cauces de entendimiento entre todas las fuerzas partidistas aquí
representadas.
Los debates recientes nos recuerdan que el derecho constitucional y la actualización
legislativa son esencialmente un ejercicio de derecho político y parlamentario. Son el
resultado de acuerdos básicos entre las fuerzas políticas respecto de los derechos
fundamentales de los gobernados y respecto de las reglas de juego para la distribución y
el ejercicio del poder público institucionalmente alcanzado.
De ahí que a las iniciativas de reforma promovidas por el presidente Zedillo se han
agregado las propuestas constructivas de los legisladores, a las iniciativas de los
legisladores se han sumado las aportaciones de los servidores públicos del Poder
Ejecutivo.
Luego entonces, la permanente innovación y búsqueda de alternativas de Gobierno, es
decir, de cursos de acción en beneficio de la colectividad no pueden detenerse ni
convertirse en una sucesión de monólogos infructuosos.
Es por ello que concluyo mi intervención, señor Secretario, haciendo un llamado para que
no derivemos la pasión política a las expresiones más rampantes de irracionalismo, es
decir, la pérdida de los objetivos de servicio a la nación, que son los únicos que
deben convocarnos y reunirnos.
Señor Secretario: su presencia ha sido una oportunidad más para renovar y fortalecer el
diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión. Es una oportunidad que no
debemos desaprovechar para culminar la reforma del Estado mexicano, en la que los miembros
de esta legislatura hemos tenido la ocasión, además de afirmar y afianzar nuestra
cultura democrática y ponerla al servicio de las mejores causas.
Muchas gracias.
SEGUNDO TURNO DE ANALISIS
Tiene la palabra el diputado Gustavo
Pedro Cortés, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.
El
diputado Santiago Gustavo Pedro
Cortés: |
Con su venia, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados; señor secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco
Altamirano:
Hay dos temas que interesan y preocupan a todos los mexicanos, en ellos se condensan
aspectos de política interior y de conducción de los asuntos nacionales, son los asuntos
de Chiapas y la UNAM, los temas que han fijado la atención pública en los últimos
meses. Ambos puntos estuvieron ausentes en el mensaje presidencial, lo cual deja ver el
desinterés que se tiene hacia ellos. Quizá no merezca importancia para el Ejecutivo,
pero son temas candentes donde se definirá en buena medida el futuro de la nación.
En el caso de Chiapas y la UNAM no hay diálogo, no hay debate, en éstos se expresa una
política de intolerancia.
Ante el conflicto de Chiapas la actitud gubernamental ha consistido en darle largas al
asunto, esperando que el tiempo desgaste a las fuerzas zapatistas y que la indiferencia
ante el problema se apodere de la ciudadanía.
Todo el sexenio se ha ido sin lograr la pacificación de la región. Lo que es más, en
las semanas anteriores se habían sucedido las provocaciones del gobierno estatal, los
grupos paramilitares y el Ejército Federal. Se sentía que los tambores de guerra
sonarían nuevamente en la región.
El gobernador estatal actuaba como todo un agente de provocación para el reinicio de las
hostilidades. Todo indicaba que era una más de las acciones hostiles que se emprendía
para escalar el conflicto y desatar la represión en la zona.
En Chiapas no ha habido ninguna solución inteligente y todo ha sido posponer y alargar el
problema.
En días recientes nos hemos enterado que la Secretaría de Gobernación ha hecho una
nueva propuesta al EZLN para volver a las negociaciones y al diálogo. El Partido del
Trabajo siempre ha apoyado la búsqueda de una salida digna, negociada y pacífica al
conflicto de Chiapas.
El cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés es la base para destrabar y avanzar en la
solución del conflicto.
Lo que nos preocupa es que dicha iniciativa se presente en el último año del sexenio,
esto hace pensar que tiene un objetivo político-electoral. Nos parece que no sería serio
que se presente dicha iniciativa de paz sólo para pretender dar una imagen de diálogo de
parte del Ejecutivo Federal con miras al cambio de poderes que ocurrirá el año que
viene.
No estaremos de acuerdo en apoyar y avalar medidas distraccionistas sólo para aislar a
las fuerzas zapatistas, mientras siga avanzado una estrategia de guerra y provocación.
Sólo apoyaremos las iniciativas políticas que demuestren cabalmente que tienen un
propósito cierto de avanzar en una solución y de evitar la violencia y la guerra.
Ya no será nada fácil avanzar en estos meses. La confianza se ha ido perdiendo. Las
partes se ven con demasiado recelo y cautela. Sólo si se manifiesta una disposición en
los hechos para avanzar hacia la negociación, podría abrirse nuevamente el camino de la
paz y la concordia. Regresar el Ejército a sus cuarteles sería, sin duda, una buena
señal.
De nada sirve que se lance la iniciativa de diálogo si a la vez se mantiene la
militarización de la zona y no se dan inicios de rectificación seria.
Las palabras gubernamentales ya están demasiado gastadas y es difícil que en un año se
quiera resolver y arreglar algo que tuvo todo el tiempo y todo el sexenio.
Sin embargo, quisiéramos que la iniciativa detuviera por lo menos las salidas represivas
y violentas y ayude a distender el conflicto en aras de lograr la paz digna en la entidad.
253, 254 y 255
El asunto de la UNAM se ha vuelto muy
peligroso, jamás debió haber estallado la huelga y mucho menos que se prolongara tanto,
aunque respetamos la autonomía universitaria y el conflicto debe ser resuelto entre
universitarios, no podemos dejar de externar nuestra opinión y nuestra preocupación ya
que se ha convertido en un asunto de política nacional.
El aumento de las cuotas fue el catalizador de la huelga, los recortes presupuestales en
materia educativa que se hicieron una y otra vez llevaron a la crisis a las universidades
públicas. La UNAM ha sido un reflejo de la errática política educativa y cultural de
este sexenio, el Gobierno utilizó recursos públicos para salvar a los banqueros, pero no
estaba dispuesto a salvar la inteligencia y a la cultura de la nación. Así empobrecido
está el espíritu cívico de nuestras autoridades.
Ahora que los precios del petróleo han vuelto a aumentar, los excedentes serán
destinados al pago de la deuda pública, lo cual deja entrever lo desviado de la gestión
de este régimen. Igualmente la huelga ha puesto al descubierto la insensibilidad,
prepotencia e indiferencia con la que ha actuado la rectoría y la burocracia
universitaria, una decisión no suficientemente consensada ha desatado la huelga más
larga de la historia de la Universidad.
En la percepción del grupo pequeño que gobierna a la UNAM, elevar las cuotas cambiaría
el rumbo de la Universidad Nacional, esa misma minoría privilegiada tiene secuestrada la
UNAM para sus fines e intereses, quieren hacer de la UNAM una institución alejada del
pueblo, de los intereses nacionales y atrapada en las redes de grupos académicos y
corporativos.
Ante el movimiento estudiantil la actitud de la rectoría ha sido de desconocer al otro
interlocutor, eso refleja una incapacidad y una falta de pericia; es inadmisible que en el
centro de cultura más importante del país se den liderazgos que niegan la existencia de
otras formas de pensar, actuar y hacer. La raíz de intransigencia que ha acompañado al
conflicto está en la rectoría y en los intereses burocráticos.
Han sido ellos los que han permitido que se prolongue indefinidamente el conflicto,
pensando que el desgaste haría presa de los huelguistas, lejos de ocurrir esto sólo ha
generado la radicalización del conflicto a extremos inimaginables, una juventud harta y
desesperada sólo ha encontrado el muro de la incomunicación de sus directores de
escuelas y del rector de la Universidad.
En el destino de la UNAM se juega una parte importante del destino de México, ante dicha
huelga se han caído caretas y máscaras, el poder empresarial ha dejado claro que
pretende que la UNAM sea cerrada porque quisiera un pueblo de simios amaestrados, como
decía Antonio Branchi.
Todo lo que sea cultura y educación les molesta e inquieta, ha habido también voces que
alientan la salida autoritaria y represiva, con argumentos leguleyos pretenden enfrentar
un problema de primer orden del país, el problema de la UNAM requiere una salida
democrática, progresista e inteligente, la huelga ha puesto al descubierto la necesidad
de una renovación de la vida de las universidades públicas.
La suspensión del plan Barnés y la convocatoria a un congreso resolutivo son condiciones
básicas para lograr una salida que avance hacia la transformación y actualización de la
UNAM.
Sería un gran indicio del México por venir, si nuestra máxima casa de estudios lograra
dar un ejemplo de tolerancia, democracia, libertad y justicia.
Muchas gracias.
Tiene la palabra, señor Secretario.
El
secretario de Gobernación,
Diódoro Carrasco Altamirano: |
Muchas gracias, señora Presidenta;
señor diputado Sergio Cortés:
Refiriéndome nuevamente al tema de Chiapas y al tema de la UNAM. Decía que son dos
asuntos de la mayor importancia, que quedaron ausentes en el informe del señor Presidente
de la República. Simplemente le doy lectura a un párrafo donde el Presidente de la
República alude estos temas y sobre todo, más que el detalle de los mismos, los
principios a partir de los cuales se están haciendo propuestas a iniciativas como las que
hemos comentado.
El Presidente reiteró en su informe que será la legalidad y nunca el autoritarismo; la
tolerancia y nunca el enfrentamiento violento; la responsabilidad social y nunca la
insensibilidad o la indiferencia, los medios para seguir atendiendo los conflictos que
preocupan a los mexicanos.
En el caso particular de la Universidad y en el caso de Chiapas, hemos comentado que en
base a esos principios, que en base a estos lineamientos estratégicos, el Presidente de
la República instruyó al Secretario de Gobernación precisamente para dar un paso más
en la solución del conflicto de Chiapas; por eso el sentido de la carta y por eso la
importancia que ha tenido hoy el tema a lo largo de esta sesión.
Yo quisiera comentarle también en este sentido, que me parece que nunca es tarde para la
paz; que hay aquí una genuina y una auténtica vocación y voluntad para buscar
condiciones que permitan, como hemos insistido, reconstruir lo que se ha perdido en
materia de confianza en torno al tema y sobre todo generar espacios que posibiliten
reanudar, reactivar el diálogo y además impulsar medidas como las que la propia carta
sugiere en los seis ejes que la misma contiene.
Me parece también, señor diputado, que en este sentido lo que hay justamente es
tolerancia, no intolerancia. No hay diálogo, efectivamente lo que estamos buscando y de
eso se trata; precisamente la iniciativa y la propuesta es de retomar el diálogo, de
reconstruirlo y de basarlo en los asuntos sustantivos que preocupan a los mexicanos, que
ha planteado el EZLN, que preocupa al Gobierno de la República.
Me parece que el diálogo, como usted señala, efectivamente no debe tener condiciones y
nosotros no hemos puesto condiciones, estamos planteando mecanismos y posibilidades de
salida para poder retomarlo, no estamos planteando condiciones.
Me parece también que en relación al cerco militar, no existe tal cerco militar, miles
de zapatistas están saliendo, han salido, como bien saben, señor diputado, a hacer sus
consultas; hoy mismo, hoy mismo en la Universidad y ayer se manifestaron, un grupo
representativo de ellos están en la Ciudad de México, con absoluta libertad en el
ejercicio de su derecho de tránsito y de manifestación aquí, en la propia Ciudad de
México.
No hay pues cercos a los que hace referencia. Quien quiere, quien quiere acude, va y
regresa de la zona zapatista y me parece que han quedado sobradas evidencias de ello a lo
largo de mucho tiempo, pero especialmente de las últimas semanas que han sido motivo de
amplia difusión por la prensa escrita y por los medios electrónicos.
Nosotros coincidimos con la postura que asume el señor diputado Sergio Cortés, como
representante del Partido del Trabajo, en el sentido de que efectivamente lo que estamos
buscando es apoyar por la vía del diálogo la solución del conflicto como subraya, es
tesis y principio de su partido; que el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés son el
punto de arranque y justamente ésa es la propuesta que estamos retomando y planteando con
toda claridad en la carta muchas veces aludida y que me parece que será la iniciativa
política efectivamente y en eso tenemos plena coincidencia, la iniciativa política la
que permita buscar y construir caminos para la paz y la concordia.
Dice el señor diputado, como se ha comentado aquí en otras ocasiones, que regresar el
Ejército a sus cuarteles sería una buena señal y yo simplemente quiero reiterar que ni
el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha planteado como condición para el
diálogo el reposicionamiento del Ejército, ya no digamos la salida, el reposicionamiento
del Ejército.
Insistir en que toda decisión en sentido de repulsionar el Ejército tiene que remitirse
a un mecanismo de interlocución y de diálogo, que no debemos ni podemos olvidar cuál es
el papel que juega el Ejército en Chiapas, que es el de proteger el orden público y que
como hace rato lo comentaba, ningún reposicionamiento del Ejército se hará sin
garantías a la integridad o propiedades de la población en la zona de conflicto,
incluyendo por supuesto a quienes no son zapatistas.
La presencia del Ejército en Chiapas obedece estrictamente a sus funciones
constitucionales.
Pero este tema que genera tanta polémica, insisto, no es un motivo ni una condición
específica que plantee el propio Ejército Zapatista para plantear el diálogo; estamos
esperando en rigor la respuesta de la carta, justamente de su destinatario, que es el
EZLN.
Comentar finalmente, que en relación al tema de la Universidad, reiterar lo que aquí
hemos dicho, pero precisar dos puntos: Efectivamente, compartimos la idea de que esta
huelga a lo mejor nunca debió haber estallado, sin embargo, son las propias condiciones
sociales y políticas de la Universidad, a lo mejor con mucha claridad lo que usted dice,
propio desconocimiento del enorme mecanismo que requiere operar con vigencia y con la
autoridad la Universidad, lo que impidió que existieran las comunicaciones adecuadas
entre autoridades, consejo universitario y estudiantes, pero lo fundamental es que, como
usted decía, señor diputado, lo que es importante hoy es buscar mecanismos políticos
fundados en el diálogo, para poder discutir cualquier tema, cualquier tema que contribuya
a esta transformación que todos quieren de la Universidad, pero una transformación en
orden y trabajando, sin huelga, discutiendo cualquiera de los puntos que plantean los
distintos agentes involucrados en este proceso, buscando siempre el bienestar de la
máxima casa de estudios.
El tema económico, señor diputado, ojalá fuera el motivo de este conflicto, creo que
sería muy fácil resolverlo. El aumento general de cuotas, como ha explicado el rector de
la Universidad en múltiples ocasiones, más que pretender solucionar el ingreso de la
Universidad, los ingresos que requiere la Universidad para financiar nuevos programas,
tenía que ver con un proceso de reforma y de transformación interna, que pasaba por un
asunto de ordenar y actualizar disposiciones, no de solucionar los asuntos de carácter
financiero.
Ojalá fuera el problema y ojalá los mayores ingresos en materia que tenemos en el país,
en materia petrolera, fueran la base o la solución del conflicto, porque lo podríamos
solucionar de manera inmediata. Me parece que el asunto es mucho más complejo y que
finalmente lo que importa y lo que da sentido a la postura suya y de su partido, que
compartimos, es que se puedan efectivamente construir espacios de discusión que
posibiliten tomar acuerdos que hagan que se levante la huelga y que se puedan tomar
medidas que modernicen, que transformen, que actualicen hasta a los propios órganos
internos de la Universidad.
El diputado Gustavo Pedro Cortés ha
informado que no hará uso de su derecho a réplica, por lo que tiene el uso de la palabra
el diputado Alvaro Elías Loredo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
| El
diputado Alvaro Elías Loredo: |
"El pueblo cree; el pueblo espera.
No hagamos ilusoria su postrera esperanza". Ponciano Arriaga, Constituyente de 1857.
Con la venia de la Presidencia; señor Secretario de Gobernación; compañeras y
compañeros diputados:
Hemos dicho en Acción Nacional y con razón, que el destinatario de la economía, la
política, el derecho, el Estado, es la persona humana; que la razón de ser del Estado es
la realización del bien común; que el recto ejercicio de la autoridad no es el mero
dominio de un hombre o de un grupo, sino que tiene por fin la realización del bien
común, que simultáneamente implica la justicia, la seguridad y la defensa, respeto y
protección de la persona y del bien colectivo.
Si subsiste la miseria, la ignorancia y la justicia creciente, podemos afirmar que el
Gobierno no ha cumplido.
Para no continuar con ese fracaso, urge un cambio que transforme de raíz las
ineficiencias, la falta de respeto a la ley, las irresponsabilidades de quienes están
obligados a brindarnos la seguridad, tantas veces añorada.
Es una exigencia de la naturaleza humana y de la sociedad en su conjunto, no vivir en el
desorden, en el caos, en una guerra de todos contra todos, sino vivir con decoro y
dignidad, bajo el imperio de la ley, con paz y tranquilidad.
Estos nobles fines no se realizan cuando el ser humano vive entre el miedo y la zozobra.
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