|
Por ejemplo, este último centra su atención exclusivamente en un millón 950 mil
familias, ubicadas en 35 mil 688 localidades, a quienes se les ayuda con servicios
educativos y de salud, apoyo alimenticio y una transferencia monetaria de 100 pesos
mensuales. Así no sólo se excluye a las miles de familias que sobreviven bajo
condiciones de pobreza extrema en zonas urbanas y semiurbanas sino, lo que es más grave,
se aplica una estrategia de combate a la pobreza basada en un enfoque personalista, que
apoya a individuos y familias aisladas.
Por lo que toca a la Alianza para el Campo, pese a que formalmente busca enfrentar de
manera integral los problemas de rentabilidad y baja productividad, su impacto económico
y social real resulta insignificante, en virtud de la reducida cobertura de sus programas
y la orientación excluyente de los subsidios. Además, sus efectos son limitados por la
propia lógica de mercado que manejan las autoridades pues, por ejemplo, los apoyos en el
marco del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), han sido decrecientes en
términos reales. Los recursos aplicados en 1998 fueron 28% menores a los ejercidos en
1994, mientras que el apoyo por hectárea disminuyó 31%.
Es más, una evaluación sobre el Procampo, después de cinco años de operación, señala
que los beneficiarios tienen distintas percepciones en cuanto a la efectividad del
programa, debido a que el significado del apoyo en el ingreso puede ser muy diferente para
un individuo que obtiene altos rendimientos por hectárea respecto de otro de baja
productividad.
Apoyos y servicios a la comercialización agropecuaria (Aserca), apunta que el Procampo,
es el programa más importante que el Gobierno Federal opera y administra en el sector
agropecuario. El monto aplicado en el periodo 1994-1997, más el presupuesto de 1998,
hacen un total de 33 mil 70 millones de pesos. El programa beneficia a casi 4 millones de
productores agrícolas, que son más de dos quintas partes de la población
económicamente activa del sector agropecuario.
Además, el área apoyada por el Procampo alcanza 14 millones de hectáreas, lo que
representa más del 90% de la superficie cultivada en nuestro país con los granos y
semillas oleaginosas que eran apoyadas por el sistema de precios de garantía y en
particular rebasa el 97% de la superficie cultivada de maíz, frijol, trigo y sorgo.
Asimismo, entre los beneficiarios del Procampo, prevalece la opinión de que el apoyo que
se les ha brindado no ha compensado en su ingreso la disminución en los precios de sus
productos y el aumento en el precio de los insumos. También es importante anotar que para
el promedio nacional de las unidades de producción beneficiadas por el programa, el apoyo
significa el 12.9% de su ingreso monetario y para los productores de áreas de temporal
les aporta más de una quinta parte de su ingreso monetario.
Las cifras anteriores sin duda constituyen un indicio de que las autoridades se preocupan
por sacar adelante al campo mexicano, pero es indudable por igual que a la crisis
estructural del sector agropecuario, subordinada a las necesidades del crecimiento
industrial y urbano se suman los efectos de las políticas de ajuste macroeconómico
aplicadas en poco más de tres lustros.
Las repercusiones económicas, políticas y sociales de ambos procesos nutren la crisis
del campo mexicano. sus manifestaciones humanas más alarmantes se ven en la
pauperización de las familias campesinas; el crecimiento del desempleo y el subempleo
rural; el aumento en los flujos migratorios de campesinos e indígenas hacia las áreas
urbanas y la frontera norte del país.
En fin, la complejidad de las crisis del campo mexicano plantea una tarea que no admite
acciones unilaterales, parciales, aisladas ni exclusivamente gubernamentales. Tampoco
admite el implante de soluciones funcionales en otros tiempos y circunstancias.
El Partido Acción Nacional cree que pese a la gravedad del retroceso económico y del
deterioro en las relaciones sociales en el sector rural, la crisis en el campo tiene
salida: el desarrollo del campo mexicano es viable a condición de conferir mayor amplitud
a las políticas económicas y sociales y si se le incorpora en la jerarquía estratégica
como la tiene en cualquier país que aspira a la justicia social y al desarrollo
sostenible.
Para avanzar en esa dirección, se proponen líneas de política que parten de dos puntos
básicos en los que coinciden todos los analistas que han seguido la evolución del campo
mexicano y en los problemas que lo aquejan y que hemos recogido en esta iniciativa. Estos
dos puntos son:
a) Las políticas para el sector rural de los últimos 20 años han fracasado y
b) Deben lograrse acuerdos básicos entre gobierno, organizaciones económicas y grupos
sociales que permitan concentrar y formular una política de desarrollo rural de largo
plazo, integral e influyente; que restablezca la rentabilidad, capitalización y
productividad de las actividades agropecuarias y que mejore las condiciones de bienestar y
reduzca los niveles de pobreza en el campo mexicano.
Por lo anteriormente expuesto y con el propósito de generar un cambio de fondo en el
campo a través del fomento de la inversión en capital humano y tecnología, proponemos
la creación de un nuevo programa de alcance nacional, tendiente a aumentar los
rendimientos unitarios, mediante un paquete tecnológico, consistente en proporcionar
semilla certificada. fertilizante y asistencia técnica, a los productores rurales que
tienen inscrita una superficie de cinco hectáreas o menos, en los registros que obran en
el programa de apoyos directos al campo Procampo.
Esto significaría, crear un nuevo instrumento dentro de la política agropecuaria y
responder eficazmente a las demandas de los productores y organizaciones campesinas más
pobres de nuestro país, apoyando la obtención de un mayor ingreso y una mejor calidad de
vida.
Se estima que, con la puesta en marcha de este nuevo programa, se beneficiaría cada año
agrícola a casi 2.3 millones de productores de escasos recursos y la superficie cubierta
sería de 4.2 millones de hectáreas.
Asimismo, se ha demostrado que con la implementación de semilla certificada, fertilizante
y asistencia técnica, la productividad por hectárea pasaría de un promedio actual de
700 kilogramos a 2 toneladas; ello representaría un beneficio que se traduciría en una
menor dependencia del exterior de cultivos básicos y además se lograría disminuir las
exportaciones en 4 millones de toneladas.
Por estas razones, solicitamos, se privilegie la presentación de esta iniciativa, ante
esta honorable Asamblea, de manera que la sede del Poder Legislativo, sea conducto del
fortalecimiento necesario, responsable, afectuoso y respetuoso de tan vital iniciativa:
La creación de un nuevo programa de alcance nacional, tendiente a aumentar los
rendimientos unitarios, con un paquete tecnológico a los productores rurales poseedores
de menos de cinco hectáreas, para quedar como sigue
DECRETO
Que crea el programa de alcance nacional para los productores rurales de menos de cinco
hectáreas denominado "paquete tecnológico".
Artículo 1o. El paquete tecnológico, tiene por objeto transferir
recursos en especie, para apoyar la economía de los productores rurales que cuenten con
una superficie cultivable menor de cinco hectáreas.
Artículo 2o. El paquete tecnológico, consiste en proporcionar semilla
certificada, fertilizante y asistencia técnica, lo que hará el Gobierno Federal durante
los meses de abril, mayo y junio de cada año.
Artículo 3o. La operación, administración y control del programa
paquete tecnológico corresponde a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Artículo 4o. Los productores beneficiados con el programa paquete
tecnológico, serán los mismos que se encuentren inscritos en el directorio del Procampo.
Artículo 5o. Para obtener los recursos en especie en apoyo de su
economía, los productores deberán presentar:
I. Solicitud por escrito al inicio de cada ciclo agrícola en la forma y tiempo
establecidos por la Secretaría y II. La información y documentación que defina la
Secretaría mediante disposiciones de carácter general.
Artículo 6o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomará en
consideración, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación, los montos que proponga la Secretaría durante la vigencia del programa.
Artículo 7o. El programa tendrá una duración de hasta 10 años, con
sujeción a lo autorizado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación que
apruebe la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Artículo 8o. Para la óptima operación del programa paquete
tecnológico, el Procampo estará obligado a proporcionar los datos e informes que sean
necesarios.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 28 de septiembre de 1999. Diputados:
Leonardo García Camarena, Luis Fernando González, Felipe de Jesús Vicencio, Felipe
Jarero Escobedo, Mario Haro Rodríguez, José Angel Frausto Ortiz, Juan García de Alba,
Rafael Sánchez Pérez, Gustavo Espinosa Plata, Carlos Iñiguez Cervantes, Nicolás
Jiménez Carrillo, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Jorge López Vergara, María Elena Cruz
Muñoz, Emilio González Márquez, María Antonia Durán López, José Antonio Alvarez
Hernández, Juan Ignacio Fuentes, Raúl Monjarás Hernández, Rocío del Carmen Morgan y
Felipe de Jesús Preciado Coronado.»
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con
opinión de la Comisión de Agricultura.
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
Tiene la palabra el diputado José Luis
Sánchez Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una iniciativa que reforma el inciso a de la fracción I del artículo 52 del
Código Fiscal de la Federación.
| El diputado
José Luis Sánchez Campos: |
«Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados de la LVII Legislatura. Presentes.
Los suscritos diputados a la LVII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General, sometemos a la consideración de la Asamblea de esta Cámara de
Diputados, la presente iniciativa que reforma el inciso a de la fracción I del artículo
52 del Código Fiscal de la Federación, considerando la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La situación económica del país sugiere que pongamos todos nuestros esfuerzos para que
se amplíe la capacidad de proporcionar mayores fuentes de trabajo, de tal manera que la
cantidad de personas que se integran año con año a la población económicamente activa
encuentren un empleo digno y bien remunerado, condición que se hace necesaria para que
nuestro mercado interno se reactive.
Considerando que la preparación de un profesionista en nuestro país requiere de un gran
esfuerzo económico, tanto del Estado como del estudiante que termina sus estudios y
considerando que el nivel académico es muy bajo a nivel nacional, debemos de trabajar con
el objetivo de mejorarlo en todos los sentidos y también en facilitar el desarrollo
profesional de nuestros egresados.
Por las razones expuestas, es necesario que las leyes que regulan el trabajo de los
profesionistas se expidan para que apoyen el desarrollo del trabajo profesional y el
mencionado artículo no cumple con estas características, ya que no permiten a los
profesionales que no han estado incorporados a un colegio tengan que pertenecer a este
durante tres años antes de poder ejercer su profesión.
695, 696 y 697
Los contadores públicos no pueden dictaminar
para ningún efecto, es decir ni para Seguro Social, contribuciones locales, Secodadm y
otras dependencias, pero tampoco para efectos fiscales, lo que es parte importante de la
profesión.
Con esta disposición estamos ante una violación constitucional a las garantías
individuales.
El artículo 5o. constitucional señala que: "a ninguna persona podrá impedirse que
se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo
lícitos".
Y en virtud de que esta disposición entró en vigor en el año de 1997, también se viola
el artículo 14 constitucional que "a ninguna ley se dará efecto retroactivo en
perjuicio de persona alguna".
Además de las disposiciones constitucionales violadas, no permite que los profesionistas
capaces en el área de auditoría, no ejerzan su profesión solo por una disposición
legal que contraviene ya no sólo el desarrollo profesional, sino hasta emocional de los
contadores públicos que se encuentran en esta situación.
Por las razones anteriormente expuestas, ponemos a su consideración el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se reforma el inciso a de la fracción I del artículo 52 del
Código Fiscal de la Federación, para quedar de la siguiente forma:
"Artículo 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Que el contador público que dictamine esté registrado ante las autoridades fiscales
para estos efectos, en los términos del reglamento de este código. Este registro lo
podrán obtener únicamente:
a) Las personas de nacionalidad mexicana que tengan título de contador público
registrado ante la Secretaría de Educación Pública.
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. La presente reforma de este artículo, entrará en vigor a partir
del 1o. de enero del año 2000. publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, Partido de la Revolución Democrática.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a 27 de septiembre de 1999. Diputado
José Luis Sánchez Campos.»
Gracias, diputado Sánchez Campos.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
PRESTAR SERVICIOS EN
REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS.
CONSUL HONORARIO
El secretario
Carlos Jaime Rodríguez
Velasco: |
De la Secretaría de Gobernación, de la
dirección general de gobierno, dirección de coordinación política con los poderes de
la Unión, oficio número 961, por el que solicita el permiso para trabajar a los
ciudadanos: Angel Adán González, Gustavo Javier Ayala Melgoza, Gonzalo Enrique Meza
Razo, Benito Bautista Cruz, Giovanni Escoto Navarro, Ana Wonchee Peña, Adalberto Enrique
Fuentes Zurita, Víctor Manuel Rubín Solano, María Araceli Camacho Reyes, Fanny
Elizabeth Huitrón Martínez, Oliver Fernando García Campos, María Villanueva Escudero,
Raúl Juárez Vázquez, María Dolores Gutiérrez Gasco, Evelio Rojas Robles, Luis
Humberto Berriozabal Casa, Jesús Aguayo Páramo, Ana María Agustina Consuelo Garabana,
Israel Cantú González, Ricardo Nuñez Ibarra, Mario Humberto Mata García, Mario Alberto
Cañamar Iracheta, María del Rosario Salinas González, América García Delgadillo,
Elisa Ledesma Martínez, María Barbara Carro Martínez, Raymundo Pérez Lancón, Magnolia
Neri Luna, María Gabriela Solís Mier y Terán y Sergio Yoshio Aisawa Flores.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando
se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el
artículo 37, inciso c, párrafo II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus
servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Angel Adán Luna González, empleado de visas; Gustavo Javier Ayala Melgoza, empleado de
mantenimiento; Gonzalo Enrique Meza Razo, empleado de visas; Benito Bautista Cruz,
empleado de mantenimiento; Giovanni Escoto Navarro, operador de teléfono; Ana Wonchee
Peña, empleada de visas; Adalberto Enrique Fuentes Zurita, ingeniero; Víctor Manuel
Rubín Solano, mecánico electricista; María Araceli Camacho Reyes, empleada de visas;
Fanny Elizabeth Huitrón Martínez, asistente de visas; Oliver Fernando García Campos,
asistente de visas; María Villanueva Escudero, empleada de visas; Raúl Juárez Vázquez,
empleado de intendencia; María Dolores Gutiérrez Gascó, asistente de visas; Evelio
Rojas Robles, asistente de visas en la Embajada de los Estados Unidos de América en la
Ciudad de México; Luis Humberto Berriozabal Casas, chofer; Jesús Aguayo Páramo,
encargado de limpieza en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales,
Sonora; Ana María Agustina Consuelo Garabana, asistente administrativo en el consulado de
los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán; Israel Cantú González, empleado;
Ricardo Núñez Ibarra, empleado, Mario Humberto Mata García, empleado; en el Consulado
de los Estados Unidos de América, en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Mario Alberto Cañamar
Irecheta, empleado; María del Rosario Salinas González, empleada de visas; licenciada
América García Delgadillo, empleada en el Consulado de los Estados Unidos de América en
Monterrey, Nuevo León; Elisa Ledesma Martínez, empleada en la sección de atención a
ciudadanos americanos en el Consulado General de los Estados Unidos de América en
Tijuana, Baja California; María Bárbara Carro Martínez, secretaria en la Embajada de la
Confederación de Suiza, en México; Raymundo Pérez Lancón, cónsul honorario de Belice
en Monterrey, Nuevo León.
Por lo anterior, me permito anexar copias certificadas de las actas de nacimiento que
acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que solicitan se
realicen los trámites correspondientes; copia certificada del acta de nacimiento,
curriculum vitae y copia de identificación vigente de la ciudadana Carro Martínez y para
el caso de cónsul honorario se acompaña además, carta de vencidad, curriculum vitae y
copia de la notificación de nombramiento del interesado.
Asimismo, comunico a ustedes que las personas que se mencionan a continuación solicitan
la cancelación del permiso que les fuera concedido por el honorable Congreso de la
Unión, para prestar sus servicios en la misión diplomática que se cita:
Magnolia Neri Luna, asistente administrativo en el Consulado General de los Estados Unidos
de América en Guadalajara, Jalisco; María Gabriela Solís Mier y Terán, asistente
financiero; Sergio Yoshio Aisawa Flores, técnico en contabilidad en la Embajada de los
Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles las seguridades de mi
consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 20 de septiembre de 1999. Por acuerdo del Secretario. El director general
de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA DE NICARAGUA
| La secretaria
Leticia Robles Colín: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos. Cámara de Senadores. México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente
que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso para aceptar y usar la
condecoración de la Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que les
confiere el gobierno de la República de Nicaragua a los ciudadanos: Jesús Huber
González Jaime, mayor médico cirujano dentista; José Luis Albarrán Rodríguez,
capitán primero ingeniero constructor; María Blanca Estela Escalera León, capitán
primero enfermera pediatra; Juvenal Mariano García, mayor de caballería; Víctor Hugo
Salazar Arana, capitán primero ingeniero constructor; José Luis Cid Sánchez, capitán
primero constructor y Carlos Alberto Reyes San Miguel, capitán primero ingeniero
constructor.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 21 de septiembre de 1999. Senadores Guilebaldo Silva Cota y Evangelina
Pérez Zaragoza, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al mayor médico cirujano dentista Jesús
Huber González Jaime, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito
Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Artículo segundo. Se concede permiso al capitán primero ingeniero
constructor José Luis Albarrán Rodrígurez, para aceptar y usar la condecoración
Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la
República de Nicaragua.
Artículo tercero. Se concede permiso a la capitán primero enfermera
pediatra, María Blanca Estela Escalera León, para aceptar y usar la condecoración
Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la
República de Nicaragua.
Artículo cuarto. Se concede permiso al mayor de caballería Juvenal
Mariano García, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar
Soldado de la Patria, que Ie confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Artículo quinto. Se concede permiso al capitán primero ingeniero
constructor, Víctor Hugo Salazar Arana, para aceptar y usar la condecoración Medalla
Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la
República de Nicaragua.
Artículo sexto. Se concede permiso al capitán primero ingeniero
constructor José Luis Cid Sánchez, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor
al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de
Nicaragua.
Artículo séptimo. Se concede permiso al capitán primero ingeniero
constructor Carlos Alberto Reyes San Miguel, para aceptar y usar la condecoración Medalla
Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la
República de Nicaragua.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, D.F., a 21 de septiembre de 1999.
Senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, presidente, Guilebaldo Silva Cota y Evangelina
Pérez Zaragoza, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. Adalberto Campuzano
Rivera, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
AUSTRALIA
| El secretario
Francisco Vera González: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos. Cámara de Senadores. México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente
que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Adrián Franco
Zevada, para prestar sus servicios como asesor jurídico en la Embajada de Australia en
México.
698, 699 y 700
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 21 de septiembre de 1999. Senadores: Guilebaldo Silva Cota y Evangelina
Pérez Zaragoza, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Adrián Franco Zevada, para
prestar sus servicios como asesor jurídico en la Embajada de Australia en México.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, D.F., a 21 de septiembre de 1999.
Senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, presidente; Guilebaldo Silva Cota y Evangelina
Pérez Zaragoza, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. Adalberto Campuzano
Rivera, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La secretaria
Francisca Haydee García
Acedo: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos. Cámara de Senadores. México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente
que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ricardo Franco
Guzmán, para prestar sus servicios como asesor jurídico en la Embajada de Australia en
México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 21 de septiembre de 1999. Senadores: Guilebaldo Silva Cota y Evangelina
Pérez Zaragoza, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para
prestar sus servicios como asesor jurídico en la Embajada de Australia en México.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, D.F., a 21 de septiembre de 1999.
Senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, presidente, Guilebaldo Silva Cota y Evangelina
Pérez Zaragoza, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. Adalberto Campuzano
Rivera, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA DE HONDURAS
El secretario
Carlos Jaime Rodríguez
Velasco: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos. Cámara de Senadores. México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente
que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Gabriel Jara
Pérez, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Honduras, con
jurisdicción en el Estado de Puebla.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 21 de septiembre de 1999. Senadores: Guilebaldo Silva Cota y Evangelina
Pérez Zaragoza, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Gabriel Jara Pérez, para
desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Honduras, con jurisdicción
en el Estado de Puebla.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, D.F., a 21 de septiembre de 1999.
Senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, presidente, Guilebaldo Silva Cota y Evangelina
Pérez Zaragoza, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. Adalberto Campuzano
Rivera, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra la diputada Cristina
Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias...
JUBILACIONES TEMPRANAS
Tiene la palabra el diputado Eduardo
Mendoza Ayala, a nombre de diversas fracciones parlamentarias, para presentar una
proposición con punto de acuerdo, con el fin de clarificar las sanas prácticas
administrativas que en el sector público y financiero mexicano debe haber por parte de
los funcionarios gubernamentales.
| El diputado
Eduardo Mendoza Ayala: |
Con su venia, señor Presidente y
agradeciendo por anticipado la oportunidad y la confianza para leer este punto de acuerdo,
signado por cuatro diferentes grupos parlamentarios integrados en esta LVII Legislatura.
«Con el fin de clarificar las sanas prácticas administrativas que en el sector público
y financiero mexicano debe haber por parte de los funcionarios gubernamentales y ante la
presunción de que existen quienes gozan de prestaciones especiales que por ley no les
corresponden, los firmantes integrantes de diversos grupos parlamentarios de esta LVII
Legislatura federal signamos este punto de acuerdo, con las facultades conferidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de esta Cámara
de Diputados, con el fin de solicitar formalmente, a través de la Contaduría Mayor de
Hacienda, se sirva proporcionarnos debidamente la información siguiente:
a) El registro o la relación oficial actual de las jubilaciones tempranas del Banco
Nacional de Comercio Exterior, con sus correspondientes beneficiarios.
b) El registro o la relación oficial actual de jubilaciones tempranas de Nacional
Financiera, SC con sus correspondientes beneficiarios.
c) El registro o la relación oficial actual de jubilaciones tempranas del Banco de
México, con sus correspondientes beneficiarios.
Esperamos que la atenta y formal solicitud que estamos realizando con respecto a esta
importante información sea tratada con prontitud y eficazmente para cumplir con la
fundamental encomienda de representar genuinamente los intereses del pueblo.
Atentamente.
México, D.F., a 9 de septiembre de 1999. Diputados: Eduardo Mendoza Ayala, Francisco
Suárez Tánori, Armando Rafael Hernández, Marcelo Ebrard Casaubón, Alfonso Ramírez
Cuéllar, Armando López, José Antonio Alvarez, Baldemar Tudón Martínez, Héctor Flavio
Valdés, Lázaro Cárdenas Batel, Germán Rufino Contreras Velázquez, Juan Carlos Ruiz
García, Alejandro Vázquez Cuevas, José Montejo Blanco, José Adán Deniz Macías,
Sergio Valdés Arias, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Ricardo Cantú Garza, Miguel
Angel Garza, Luis Meneses Murillo y Jorge Silva Morales.»
Gracias, diputado.
Está presente la diputada Cristina Portillo Ayala, a quien le solicitamos que pase a
hacer uso de la palabra.
Antes hacemos una corrección en relación con la proposición planteada por el diputado
Eduardo Mendoza Ayala:
Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
LETRAS DE ORO
Tiene la palabra la diputada Cristina
Portillo Ayala.
| La diputada
Cristina Portillo Ayala: |
Compañeros diputados; Presidente de la
mesa directiva de esta Cámara; honorable Asamblea:
«Con fecha 6 de octubre de 1998, a nombre de un grupo plural de diputados de las diversas
fuerzas políticas representadas en esta soberanía, presentamos en esta legislatura ante
el pleno, el proyecto de decreto para inscribir en letras de oro el nombre de la heroína
michoacana Gertrudis Bocanegra, que una vez leído fue turnado para su estudio y dictamen
a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
En virtud de que ha transcurrido con creces el periodo al que se refiere el artículo 87
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, sin que haya dictamen ni pronunciamiento alguno de la comisión
correspondiente, quienes suscribimos la presente, con fundamento en lo que disponen las
fracciones III y XVI del artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso, solicitamos a esta Presidencia se sirva excitar a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias, a fin de que emita un dictamen respecto al asunto mencionado.
Atentamente.
Diputados que presentamos esta iniciativa: Cristina Portillo, Lázaro Cárdenas Batel y
Jorge Canedo Vargas.»
Muchas gracias.
De conformidad con lo que
establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, para que emita el dictamen correspondiente.
PERMISO AL PRESIDENTE
PARA AUSENTARSE DEL
TERRITORIO NACIONAL
| El secretario
Jesús José Villalobos Sáenz: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea: como es de su conocimiento, a la Comisión de Relaciones Exteriores le
fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente del año tercero, sección primera,
número 1208, que contiene la minuta proyecto de decreto del Senado de la República, que
concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 5 y 6 de octubre de
1999, a efecto de que realice una visita de trabajo a Canadá.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 88 y 93 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 20, 39, 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso
General; 53, 60, 85, 87, 89, 90 y 93 de su Reglamento Interior, se abocó al análisis y
estudio de dicha solicitud, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
En sesión ordinaria celebrada el 23 de septiembre de 1999, esta Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, recibió para sus efectos constitucionales en esta
soberanía, mediante oficio número 1188 dirigido a los secretarios de la Cámara de
Diputados y suscrito por los secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Senadores,
senador Guilebaldo Silva Cota y senadora Evangelina Pérez Zaragoza, el expediente que
contiene la minuta proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Ernesto
Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del
territorio nacional los días 5 y 6 de octubre de 1999, a efecto de que realice una visita
de trabajo a Canadá, que fue aprobado por el pleno de la Cámara de Senadores el día 21
de septiembre de 1999, considerado de urgente y obvia resolución con dispensa de todos
los trámites, aprobado sin discusión por 87 votos en pro, uno en contra y seis
abstenciones, pasando a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.
701, 702 y 703
Una vez recibido en el pleno, se procedió a
turnarse a la Comisión de Relaciones Exteriores, quien remitió copia del expediente
respectivo a los integrantes de la misma, para que realizaran su estudio y análisis.
Previo acuerdo de la mesa directiva, se procedió a convocar a una reunión del pleno de
la comisión, para emitir el dictamen correspondiente, que se efectuó el día martes 28
de septiembre, a las 8:30 horas.
En virtud del acuerdo vigente que establece los criterios mediante los cuales se
realizará el análisis, discusión y aprobación en su caso, de las visitas al extranjero
del Presidente de la República, se procedió con fecha 23 de septiembre a solicitar la
información complementaria a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos fue
proporcionada el mismo día y que oportunamente se les envió a los integrantes de esta
comisión.
En esta misma fecha, se formuló la invitación correspondiente a la titular de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, para que designara y comisionara a funcionarios de
dicha dependencia, a efecto de ampliar la información proporcionada en la solicitud
presentada por el Poder Ejecutivo Federal, al honorable Congreso de la Unión y los
diputados contaran con un mayor número de elementos, para dictaminar la solicitud motivo
del presente dictamen.
La reunión de trabajo con los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores
para cumplimentar dicho acuerdo, se realizó previamente al presente dictamen, en la que
participaron los ciudadanos: Juan Rebolledo Gout, subsecretario para América del Norte y
Europa; Miguel Ruiz Cabañas, director general para América del Norte; Mónica Colín
Gutiérrez, directora de análisis y coordinación bilateral; Miguel Angel Vilchis,
director para Canadá; Amparo Canto, jefa de la unidad de coordinación y enlace, y Ana
Luz Margáin Garciadiego, subdirectora de enlace con la Cámara de Diputados, quienes
dieron a conocer la información complementaria, proporcionando datos ilustrativos sobre
la visita de trabajo que pretende realizar el Ejecutivo Federal a Canadá, respondiendo a
las preguntas formuladas por los diputados, ampliando y sustentando la multicitada
solicitud del Presidente de la República, habiéndoles reiterado la voluntad de esta
Cámara de Diputados, para que al término del viaje y a la brevedad posible, se presente
un informe con los comentarios, acuerdos y alcances logrados, en virtud de que dicho
proceso forma parte de los criterios que en la práctica se han instrumentado en esta
Cámara de Diputados, cumplimentando con lo anterior, el punto de acuerdo suscrito por los
diversos grupos parlamentarios con representatividad en esta Cámara de Diputados,
aprobado por mayoría en la sesión plenaria ordinaria del día 14 de octubre de 1997 y en
el cual se mandató a la Comisión de Relaciones Exteriores para que diera a conocer al
pleno de esta soberanía, así como a la colegisladora, y al Ejecutivo Federal, los
criterios con los que se realizará el análisis, discusión y aprobación, en su caso, de
las visitas al extranjero del Presidente de la República en lo futuro y los elementos
mínimos necesarios que se requieren cumplimentar previa o conjuntamente, para dictaminar
las solicitudes para autorizar las ausencias del territorio nacional, que presente el
Ejecutivo Federal en lo sucesivo, en acatamiento del artículo 88 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "El Presidente de la
República no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la
Unión o de la Comisión Permanente, en su caso".
En virtud de que el pleno de esta Cámara de Diputados en su reunión del 6 de noviembre
de 1997, aprobó el Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden
del Día, de los Debates y las Votaciones, que en su artículo decimocuarto establece:
"que todo dictamen de comisión debe de publicarse a más tardar 48 horas antes del
inicio de la sesión y que serán puestos a discusión y votación; los integrantes de
esta comisión, en este caso, ponemos a la consideración del pleno, en atención a la
materia del presente dictamen y de la inminente realización del viaje, invocar lo
dispuesto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, para que se considere este asunto como de urgente y obvia
resolución.
Con base en estos antecedentes, nos permitimos someter al pleno de esta Asamblea las
siguientes
CONSIDERACIONES
México y Canadá establecieron relaciones diplomáticas a partir del 16 de marzo de 1944
y es hasta mediados de la década pasada en la que reciben un significativo impulso. En
los últimos cinco años, las relaciones bilaterales se han fortalecido al más alto
nivel, como resultado de una auténtica alianza estratégica, sustentada fundamentalmente
en tres elementos: convergencia, coincidencia y complementariedad; conscientes de
pertenecer a un mismo espacio geopolítico y a una coincidencia de intereses y posiciones
afines, mediante los cuales enfrentan los problemas mundiales.
La convergencia se manifiesta en la conformación de una de las áreas de libre comercio
más grande del mundo. El intercambio de flujos comerciales a través del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, ha permitido que nuestro comercio bilateral con Canadá
haya crecido más del 80%.
La identificación de una serie de principios universales que nos son comunes, ha
permitido que nuestra relación esté fundada en el respeto mutuo y en una firme amistad,
en la que las afinidades y la búsqueda de beneficios recíprocos, apegados al derecho
internacional, han patentizado las coincidencias en los organismos multilaterales, en los
que México y Canadá participamos como la Organización de las Naciones Unidas, la
Organización de los Estados Americanos, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
El elevado potencial que ofrecen las respectivas estructuras económicas de Canadá y
México, ponen de manifiesto la complementariedad económica de ambas naciones, destacando
que a partir de la suscripción del Tratado de Libre Comercio, México se ubicó como el
cuarto socio comercial de Canadá en el mundo y el primero en América Latina.
El Poder Ejecutivo ha venido realizando acciones para fortalecer e incrementar los
instrumentos bilaterales en temas de interés común como son la concertación política,
asuntos jurídicos, consulares, científicos-técnicos, culturales, turísticos y
económicos-financieros; por lo que mantener el diálogo político al más alto nivel
entre ambas naciones, resulta totalmente necesario por el dinamismo que han cobrado los
vínculos entre México y Canadá, que quedaron previamente establecidos al suscribir en
el mes de abril del presente año, el documento Nuevas Direcciones: Declaración de
Objetivos de la Relación México-Canadá 1999, en el que participaron los sectores
público, privado y académico de ambos países, que en su contenido incluye un plan de
acción con tareas específicas en los ámbitos político, económico y social.
Por su parte, el Poder Legislativo ha establecido con sus homólogos del Canadá, 10
reuniones interparlamentarias, en las que se han analizado conjuntamente problemas
relacionados con el comercio bilateral, la cooperación científico-técnica, el medio
ambiente y la bioseguridad y el narcotráfico, entre otros temas; que han sido objeto de
una revisión profunda, que manifiesta una mayor cooperación y participación entre
México y Canadá.
Entre los jefes de gobierno de ambos países, durante los 55 años de relaciones
diplomáticas, se han realizado 26 encuentros, de los cuales nueve se han llevado a cabo
en la administración del presidente Ernesto Zedillo; en los que se ha priorizado la
voluntad de avanzar en la alianza entre ambos países, nutrida por el diálogo y la
concertación política, para fortalecer los vínculos bilaterales y para articular
posiciones en torno a los temas relevantes de la agenda regional, hemisférica y global en
los foros multilaterales; y enriquecer las acciones bilaterales en todos los ámbitos, en
beneficio del desarrollo regional.
Es por ello que el primer ministro Jean Chrétien invitó al doctor Ernesto Zedillo Ponce
de León, a participar como orador principal de la sesión inaugural de la Conferencia
Internacional sobre Federalismo, que tendrá lugar del 6 al 8 de octubre de 1999, en
Mont-Tremblant, provincia de Quebec, Canadá, que se desarrollará bajo el tema "el
federalismo en la era de la globalización", cuyo objetivo es el intercambio de
información y de experiencias comunes en torno a este sistema de organización política,
por lo que el ejecutivo mexicano ha manifestado que "la presencia de México en este
foro permitirá afirmar el compromiso del gobierno mexicano con la práctica del
federalismo como la forma de organización política más adecuada para fortalecer el
desarrollo democrático y la unidad nacional, tal como se encuentra plasmado en la
Constitución, en las leyes y en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 de nuestro
país. Brindará, igualmente, la oportunidad para destacar los importantes esfuerzos que
se han llevado a cabo en los últimos años para impulsar el federalismo mediante la
redistribución de competencias, responsabilidades y capacidad de decisión en el
ejercicio de los recursos fiscales en los tres niveles de gobierno".
En virtud de que Canadá y México forman parte importante del esquema de integración de
América del Norte, esta visita permitirá alcanzar nuevas metas basadas en el respeto, la
colaboración y la reciprocidad, ya que enfrentamos problemas comunes que se dan por
nuestra historia y por nuestra ubicación geográfica; por esta razón, existen afinidades
y convergencias en nuestra agenda política y económica, que requieren de estrategias
conjuntas para enfrentar los retos y las oportunidades que se presentan en este fin de
siglo y en el advenimiento del próximo milenio.
En consecuencia, hemos considerado que el Ejecutivo debe de incrementar y fortalecer las
relaciones bilaterales y los nexos comerciales con Canadá y atender la invitación que le
formuló el primer ministro Jean Chrétien, para realizar una visita de trabajo los días
5 y 6 de octubre de 1999 y participar en la inauguración de la Conferencia Internacional
sobre Federalismo, en la que participarán jefes de Estado y de gobierno, altos
representantes gubernamentales, académicos, empresarios y destacados representantes de la
sociedad civil tanto a nivel federal como provincial, de todos aquellos países con
régimen federal.
Por lo que esta soberanía considera recomendar respetuosa y atentamente, al titular del
Poder Ejecutivo, la participación del Poder Legislativo en las reuniones de trabajo que
sostenga el Presidente de la República con miembros de las asambleas, congresos y/o
parlamentos, que se realicen con motivo de sus visitas al exterior; por lo que sugerimos
que en las futuras, se invite a una delegación plural del honorable Congreso de la
Unión, compuesta por legisladores, para que acompañen al Ejecutivo en este tipo de
reuniones, en virtud de ser una práctica de carácter internacional, reconocida como
diplomacia parlamentaria.
Por lo anteriormente expuesto, los miembros de esta comisión reafirmamos nuestra
convicción de que es mediante el diálogo, la concertación y el intercambio directo,
continuo y sistemático al más alto nivel, como habremos de encontrar las fórmulas que
nos permitan avanzar, incrementar y reforzar los contactos bilaterales y multilaterales,
en los que deberán de observarse los principios normativos constitucionales de
autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de
controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para
el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
Por lo que, con fundamento en los artículos 88 y 93 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 20, 39, 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General y
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados ha considerado
manifestar al pleno de esta Asamblea, que la visita de trabajo que realizará el
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, a Canadá,
reafirma el interés del Poder Ejecutivo y el de esta Cámara de Diputados y del propio
pueblo de México para mantener nuestras relaciones diplomáticas al más alto nivel con
el gobierno de Canadá, motivo por el cual, nos permitimos proponer a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede autorización al Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, para ausentarse del territorio nacional
los días 5 y 6 de octubre de 1999, a efecto de que realice una visita del trabajo a
Canadá.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación,
en el Diario Oficial de la Federación.
704, 705 y 706
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados,
del honorable Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lazáro, México, D.F., a
28 de septiembre de 1999. Comisión de Relaciones Exteriores. Diputados: Alfredo Phillips
Olmedo, presidente; Javier Algara Cossío, Antonio Soto Sánchez, Ignacio García de
la Cadena, secretarios; Carlos Froylán Camacho Alcazar, Juan Carlos Espina von Roehrich,
Francisca Haydee García Acedo, Juan Carlos Ruiz García, Jeffrey Max Jones Jones, Julio
Faesler Carlisle, Socorro Aubry Orozco, Lázaro Cárdenas Batel, Juan Antonio Guajardo
Anzaldúa, Carlos Antonio Heredia Zubieta, Jesús Samuel Maldonado Bautista, Violeta
Margarita Vázquez Osorno, Orlando Arvizu Lara, Francisco García Castells, José Gascón
Mercado, Lombardo V. Guajardo Guajardo, Carlos Jiménez Macías, Dionisio Meade, Francisco
Javier Morales Aceves, Ramón Mota Sánchez, Juan Manuel Parás González, Clarisa
Catalina Torres Méndez, Sara Esthela Velázquez Sánchez, Alfredo Villegas Arreola y
José Luis López López.»
Consulte la Secretaría a la Asamblea si
se le considera de urgente resolución y se somete a discusión y votación de inmediato.
| El secretario
Jesús José Villalobos Sáenz: |
Por instrucciones de la Presidencia, con
fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le considera de
urgente resolución y se somete a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le
considera de urgente resolución.
En consecuencia, está a discusión en
lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto que concede
autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de
León, para ausentarse del territorio nacional los días 5 y 6 de octubre de 1999, a
efecto de que realice una visita de trabajo a Canadá.
Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo
particular, para fijar posiciones, por el Partido Acción Nacional, el diputado Javier
Algara; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Carlos Heredia; por el
Partido Revolucionario Institucional, el diputado Alfredo Phillips Olmedo.
Tiene la palabra el diputado Javier
Algara, hasta por 10 minutos.
| El
diputado Javier Algara Cossío: |
Con el permiso de la Presidencia:
El artículo 88 de nuestra Carta Magna confiere al Congreso de la Unión la atribución,
el deber de autorizar las solicitudes de ausencia del Poder Ejecutivo del país.
Eso significa que la Constitución está describiendo en una forma muy práctica el
trabajo del Legislativo referente a algunas tareas del Ejecutivo. Ese es precisamente el
trabajo de contrapeso de la Cámara de Diputados.
Si tenemos el deber de autorizar los permisos de viaje del Ejecutivo fuera del país,
tenemos lógicamente también el poder para analizar las condiciones en las cuales se va a
realizar este viaje y poder tomar una decisión al respecto.
Esta mañana estuvieron con nosotros ejecutivos, funcionarios de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y nos dieron una información muy amplia respecto al sentido del
viaje, lo que el Presidente piensa hacer en Canadá.
Sobre esa información no hay ninguna duda, es muy clara, muy abundante. Sin embargo,
sentimos que esta soberanía no puede sin más tomar una decisión afirmativa simplemente
basada en una información más o menos técnica de parte de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
Hay muchísimos otros asuntos que el Congreso debe tomar en cuenta cuando se trata de
tomar una decisión de esta envergadura y sobre todo en el momento presente. No es un
momento cualquiera para el Presidente de la República y para México.
Hay todavía muchos asuntos pendientes en la agenda de la relación entre el Poder
Ejecutivo y este Poder Legislativo. Esa agenda aún está pendiente porque el Presidente
ha decidido ignorar la voz de este Congreso de la Unión.
Parece como que si lo que se le dijo al Presidente aquí, en esta tribuna, el día 1o. de
septiembre pasado, fuera algo dirigido a alguien distinto de él, como si no fuera un
mensaje para él. Esta llamada que se le hizo a cumplir su promesa de dialogar con el
Legislativo sigue todavía pendiente. El señor Zedillo continúa aún pensando que nos
dirigíamos a un presidente de otro país.
Y eso no puede ser así. El Presidente es el Presidente de una República donde el
Legislativo también cuenta y debe tomarlo en cuenta.
No solamente el diálogo, la promesa que hizo Zedillo de hablar con el Legislativo está
pendiente; hay muchísimos otros asuntos que inciden en la vida del país y los cuales
pensamos que el Presidente debe tomar en cuenta trabajando junto con el Legislativo, para
hacer que los asuntos salgan adelante.
Hay aún muchas cosas que el Legislativo está solicitando, pidiendo y sin embargo, el
Presidente está ignorándolo. Eso demuestra que el Presidente aún continúa pensando que
él, él es el único poder, cuando sabemos, por nuestra ley, que el Poder Legislativo es
uno de los tres poderes de la Unión.
El Presidente aún no cree en la Cámara de Diputados; aún no cree que exista este Poder
Legislativo, aún no cree o no se ha dado cuenta de la trascendencia de este Poder
Legislativo.
El está relegando para después una obligación, inclusive una promesa que hizo. No
solamente eso, aquí mismo, el Presidente nos presumía de sus proyectos de ser
incluyente, de incluir al Poder Legislativo, de incluir a la sociedad y sin embargo,
seguimos en las mismas.
Entonces, consideramos que el Presidente está simplemente dejando en el limbo una
solución a lo que el Legislativo legítimamente le está exigiendo y que él mismo se
comprometió a hacer.
Por lo tanto, pensamos que mientras el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, no
se defina claramente en cuanto a su relación con este Poder Legislativo, debemos dejar
pendiente nuestro voto afirmativo para este permiso que solicita de viajar a Canadá.
Estamos entonces sugiriendo concretamente que nos abstengamos, puesto que el Poder
Ejecutivo en la persona del Presidente está dándole largas, está dejando indefinida su
relación con este Congreso, lo mejor será que nosotros nos abstengamos de dar una
definición clara respecto a esto.
Entonces sugiero que nos abstengamos en esta votación.
Muchísimas gracias.
Gracias, diputado Javier Algara.
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, tiene
el uso de la palabra el diputado Carlos Heredia.
| El
diputado Carlos Antonio Heredia Zubieta: |
Con su permiso, diputado Presidente;
honorable Asamblea:
Una vez más el titular del Ejecutivo Federal solicita a esta soberanía autorización
constitucional para ausentarse del territorio nacional. Una vez más, también, conviene
reflexionar sobre la manera en que el Presidente de la República se relaciona o deja de
hacerlo con el Poder Legislativo.
En esta ocasión se trata de Canadá. Tenemos en la mayor estima al pueblo y al gobierno
de Canadá. Se trata de un país cercano en la geografía, que en tiempo reciente se ha
convertido en un socio muy relevante para la economía mexicana. Es además el destino de
miles de trabajadores migrantes mexicanos que estacionalmente laboran allá, mediante un
acuerdo entre ambos gobiernos.
Con los canadienses tenemos un intercambio nutrido y frecuente en todos los ámbitos. En
foros como APEC y la OCDE, en visitas de trabajo como la que han hecho el propio primer
ministro Jean Chrétien, el primer ministro de Quebec, el señor Luisian Vousha; el
ministro de asuntos exteriores, Lloyd Aiswerti y las misiones empresariales conocidas como
Time- Canadá.
La cooperación entre ambos países no se agota en el campo gubernamental y se extiende a
numerosas organizaciones no gubernamentales y grupos ciudadanos canadienses y mexicanos.
Es, en fin, el canadiense un pueblo entrañable para todos los mexicanos que hemos tenido
la oportunidad de conocerlo. Sea desde el ámbito gubernamental, parlamentario,
artístico, cultural. En fin, en todos los ámbitos de la relación que mantenemos.
Que se escuche en Ottawa en la Colina del Parlamento y en Soxes Streett, en la residencia
del señor primer ministro. Para nosotros la relación con Canadá es una prioridad.
Sobran entonces los motivos para alimentar y profundizar esta relación. No tenemos
reservas respecto a sostener una visita de trabajo entre el presidente Zedillo y el primer
ministro Chrétien, tampoco presentamos objeción alguna para nuestra participación en lo
relativo a la Conferencia Internacional sobre el Federalismo.
Existen sin embargo motivos para presentar reservas en lo relativo a la autorización al
ciudadano Presidente, para ausentarse del territorio nacional:
Aun cuando se consideren cumplidos los criterios que nosotros los diputados hemos acordado
para el análisis, discusión y en su caso, aprobación de las visitas al extranjero,
sigue resultando un misterio para los diputados y así lo ha expresado, incluso, el grupo
parlamentario del PRI. ¿Por qué el procesamiento interno por parte de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y de la Presidencia de la República toma tanto tiempo para llegar
al Poder Legislativo?
¿Por qué un viaje presidencial, cuya fecha y tema se conocen desde hace al menos un par
de meses, se tiene que plantear sobre las rodillas como un asunto de urgente y obvia
resolución?
¿Cuáles son las trabas burocráticas que impiden un tratamiento más ágil para estas
cuestiones? ¿En dónde está el problema?, en la Presidencia, en Gobernación, en
Relaciones Exteriores o en las tres porque evidentemente hay un problema que origina estas
demoras para someter la solicitud de permiso a esta soberanía.
El presidente Zedillo tiene tiempo para hablar de federalismo y globalización en un foro
celebrado en el extranjero, pero no tiene tiempo o simplemente no tiene la voluntad para
sentarse a platicar con los coordinadores de los grupos parlamentarios aquí
representados.
No deja de ser una paradoja entonces que el Presidente hable de federalismo en Canadá,
cuando en México el exacerbado presidencialismo y la celebración de elecciones de Estado
con derroche de recursos del pueblo a favor del partido oficial, nulifican el discurso
federalista y tienden a perpetuar un centralismo asfixiante en los terrenos
político-administrativo fiscal y judicial.
Ahí están como pruebas la utilización de la mayoría de su partido en el Senado para
frenar la reforma electoral y el bloqueo a iniciativas y proyectos de los legisladores de
la oposición.
Por ello preguntamos, ¿a qué va entonces realmente el Presidente a Canadá? ¿Va a
presentar los puntos de vista de Ernesto Zedillo o acaso puede decir que sus
planteamientos responderán a una política exterior de Estado? ¿Se seguirá atendiendo
simplemente a los planteamientos de sectores privilegiados de la economía mexicana tal y
como se ha hecho en las negociaciones comerciales del TLC y con la Unión Europea?
Ni en la exposición de motivos ni en los planteamientos hechos por los funcionarios
encontramos un planteamiento sólido respecto a posibles alianzas con Canadá como
contrapeso frente a Estados Unidos, no se ha presentado una estrategia para concitar el
apoyo canadiense en las disputas que sostenemos con Estados Unidos, respecto al acceso al
mercado estadounidense para productos y servicios mexicanos, entre los cuales destaca
marcadamente los obstáculos al transporte terrestre en los estados del sur de la Unión
Americana.
Hay por lo tanto una ausencia de visión y de capacidad del Gobierno mexicano para hacer
incidir la relación bilateral con Canadá como contrapeso en la relación con Estados
Unidos; ésta es una práctica de gobiernos que se despliega con frecuencia en el plano
internacional, lo hacen los pequeños países europeos frente a Francia como contrapeso
respecto de Alemania y viceversa.
707, 708 y 709
México sin embargo parece destinado,
condenado a seguir la pauta que marca el gobierno estadounidense y a no diversificar y
desplegar sus iniciativas de manera más audaz en el plano internacional.
Dejemos entonces claro, estamos a favor de una política exterior proactiva que encuentre
legitimidad y consenso en el pueblo de México, favorecemos la diversificación de las
relaciones económicas, comerciales, culturales con el resto del mundo y en este caso, con
un país hermano como lo es Canadá.
Sin embargo, no podemos nosotros simplemente aprobar el viaje del Presidente cuando no ha
mostrado voluntad para un diálogo político con esta soberanía. En lo que toca a su
relación con el Legislativo, la actitud del titular del Ejecutivo hacia esta Cámara de
Diputados no se ha modificado un ápice, ya se lo recordaba el Presidente de la mesa
directiva de esta Cámara el 1o. de septiembre.
No vamos sin embargo a tomar consideraciones de política interior como motivos para negar
el permiso al Presidente, pero tampoco vamos a quitar el dedo del renglón, para la
gobernabilidad del país hace falta el diálogo entre el Presidente de la República y el
Poder Legislativo, sobre todo en esta recta final hacia las elecciones presidenciales del
2 de julio del año 2000.
Una vez más, en una situación en que la agenda del Presidente previsiblemente incluye
encuentros con parlamentarios, no se ha formulado invitación alguna para que una
delegación plural de legisladores del Congreso de la Unión acompañe al Presidente,
haciéndose a un lado esta práctica de carácter internacional reconocida como diplomacia
parlamentaria.
En la minuta se reconoce esta ausencia y de nuevo, una vez más, se habla de subsanarla y
cito literalmente, en futuras visitas al exterior.
Por lo anteriormente expresado, sólo como un gesto de atención con la colegisladora, que
es en este caso Cámara de origen y en consistencia con el sentido del voto de nuestros
compañeros senadores en el Senado de la República, el grupo parlamentario del PRD en la
Cámara de Diputados, no obstaculizará el viaje del presidente Zedillo a Canadá y se
abstendrá de votar en esta solicitud de autorización para que el titular del Ejecutivo
se ausente del territorio nacional.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Heredia. A nombre de
la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en el uso de la
palabra el diputado Alfredo Phillips Olmedo.
| El
diputado Alfredo Phiplips Olmedo: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
A nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, paso aquí para expresar el voto
favorable al dictamen y al proyecto de decreto que ha planteado la Comisión de Relaciones
Exteriores, autorizando el viaje del presidente Zedillo a Canadá.
La diplomacia personal de los jefes de Estado, comparada con la diplomacia tradicional, se
ha antepuesto en el ámbito mundial como un elemento que incrementa las relaciones
bilaterales y multilaterales en la que predomina en todo momento en la política exterior
de México la libre autodeterminación. Este mecanismo de diplomacia cumbre, es
espectacular y por lo mismo, extremadamente positivo para el fortalecimiento de las
relaciones.
Los jefes de Estado establecen amplias zonas de acuerdo y dejan a sus funcionarios el
detalle de los mismos. Este instrumento se emplea también para incrementar las relaciones
entre estados, en una política activa como la que sigue el presidente Zedillo; lo
importante es que los jefes de Estado puedan considerar los problemas, reflexionar con los
dirigentes nacionales de los países, así como con diplomáticos experimentados y
agreguen las coincidencias para que el diálogo sea frecuente y exitoso, para que se
puedan instrumentar políticas regionales, normas y ante todo, la mejoría de la
población a través de estos procedimientos.
El diputado Heredia preguntó "¿a qué va el Presidente?" El Presidente va a
promover las relaciones con un país amigo, a estrecharlas y lamentablemente él no
considera que esta visita sea para diversificar la política exterior de México, como
aquí lo indicó. Nosotros vemos esta visita como un esfuerzo más para ampliar nuestra
relación, para consolidar la que tenemos hoy con Canadá.
Recordemos que la Constitución en su artículo 89 fracción X, claramente establece que
es facultad y responsabilidad del Presidente el llevar a cabo la política exterior de
México. Esta solicitud y este dictamen favorable también se basa en algo que esta
Cámara aprobó: un punto de acuerdo en donde se establecen los criterios para el
análisis de estas solicitudes.
Seamos congruentes, con base en ese punto de acuerdo se han cumplido todos los requisitos
para la aprobación de este viaje del presidente Zedillo a Canadá. No hay por qué tener
reservas ahora si somos congruentes.
En la comisión tuvimos 20 votos a favor, ocho abstenciones y faltó uno de los miembros.
En el Senado los votos fueron a favor. Yo pregunto a los partidos de oposición si hay
congruencia cuando se vota en el Senado a favor y en la Cámara se abstienen, o lo hacen
en contra. Les pido congruencia, congruencia con su voto y congruencia con su discurso en
favor de la diversificación y de una política exterior activa, que es la que lleva a
cabo el Presidente de México.
Canadá es un país con el que México tiene una amplia relación, es un país de la más
alta prioridad para México, es por ello que esta visita tiene una relevancia particular,
no sólo porque pertenecemos al Tratado de Libre Comercio, sino porque tenemos
coincidencia en principios universales que han fortalecido una relación basada en la
amistad y en el respeto mutuo, en afinidades, en la promoción de intereses nacionales,
pero siempre apegados al derecho internacional. Ambos países participamos en diversos
organismos internacionales y nuestras posiciones frecuentemente coinciden, como son los
foros de Naciones Unidas, la OCDE y otros.
A instancias y con el apoyo de México, Canadá ha incrementado su participación en
América Latina en forma dinámica, así fue como ingresó a la OEA, así fue como
ingresó al Banco Interamericano de Desarrollo y hoy apoya y participa en diversas
reuniones regionales.
Compartimos puntos de vista en materia migratoria. El convenio entre México y Canadá
sobre trabajadores temporales es un modelo a seguir probablemente con otras partes del
mundo. Hoy más de 8 mil trabajadores mexicanos participan en este intercambio laboral,
recibiendo transporte aéreo, salarios vinculados a la estructura correspondiente en
Canadá, así como seguridad social.
Pero Canadá también es socio comercial importante, es nuestro segundo mercado, segundo
mercado en una estrategia de comercio exterior que ha llevado a la multiplicación de
nuestras exportaciones. El intercambio comercial con Canadá se ha incrementado en más
del 85% y hoy ya alcanza cerca de los 8 mil millones, pero también la inversión
extranjera de ese país en México representa una cantidad considerable.
Insisto, las relaciones son amplias, son importantes y los convenios que se han firmado
nos permiten tener un intercambio cultural, tecnológico y político que ha beneficiado a
ambos países y particularmente al nuestro, especialmente teniendo en cuenta al vecino que
ambos compartimos.
Durante la estancia del Presidente en Canadá, va a ser el orador principal de la
ceremonia inaugural de la Conferencia sobre Federalismo. La presencia de México en esta
conferencia fortalece el compromiso con el federalismo, que es la forma de organización
política que hemos elegido en México para fortalecer las bases firmes de unidad del
país y el desarrollo democrático.
En esta ocasión se podrá destacar los esfuerzos y avances en el fortalecimiento del
federalismo nacional. Se podrá también fortalecer las acciones tomadas para incrementar
la capacidad política e institucional de las entidades federativas, de los municipios, de
los estados.
En Canadá, México también podrá comentar cómo se ha fortalecido el pacto federal, se
ha reducido el centralismo y se acrecienta el desarrollo en todos sus aspectos de las
regiones del país. Así lo muestra el Presupuesto de Egresos, el ramo 23, los recursos
transferidos, que hoy suman más del 7% del producto.
En esta reunión, la presencia del Ejecutivo y su participación sobre el federalismo,
así como las programadas para el primer ministro de Canadá y según nos informan, del
presidente de Estados Unidos, se podrá ver la eficacia y bondad del federalismo como
sistema que une a las naciones, dando a la descentralización y al desarrollo de los
distintos niveles de gobierno el papel que justamente merecen.
Señor Presidente, compañeras y compañeros: es por ello totalmente justificado votar a
favor de la autorización del permiso para que el jefe del Ejecutivo viaje a Canadá a
promover a México, no a promover la intervención extranjera en asuntos que sólo compete
a los mexicanos, como ocurre con algunos otros partidos, pero sí a promover los intereses
nacionales, nuestra soberanía, nuestra identidad.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Phillips Olmedo.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo
general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
| El secretario
Jesús José Villalobos Sáenz: |
Por instrucciones de la Presidencia, en
votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido
en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente
discutido.
Gracias, señor Secretario.
Esta Presidencia pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos,
para proceder a la votación en lo general y en lo particular del artículo único del
proyecto de decreto.
| El secretario
Jesús José Villalobos Sáenz: |
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para tomar la votación, en lo general y en
lo particular, del artículo único del proyecto de decreto.
(Votación.)
Se emitieron 227 votos en pro y 67 en contra.
Aprobado el proyecto de decreto
por 227 votos.
| El secretario
Jesús José Villalobos Sáenz: |
Pasa al Ejecutivo para los
efectos constitucionales.
FOBAPROA (II)
El siguiente punto del orden del día es
comentarios sobre el informe del comité técnico de seguimiento al Fobaproa. Este es un
debate pactado que se desarrollará en tres rondas. En la primera de ellas participarán
las cinco fracciones parlamentarias, con un tiempo pactado de hasta 10 minutos; en las dos
siguientes participarán diputados del Partido de Acción Nacional, del Partido de la
Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, con un tiempo de
hasta cinco minutos.
Se han registrado para intervenir en este tema los siguientes diputados: Gloria Lavara
Mejía, por el Partido Verde Ecologista de México; Gustavo Pedro Cortés, por el Partido
del Trabajo; Fauzi Hamdan Amad, por el Partido Acción Nacional; Jorge Silva Morales, por
el Partido de la Revolución Democrática y Charbel Jorge Estefan Chidiac, por el Partido
Revolucionario Institucional, en una primera ronda de 10 minutos cada uno.
710, 711 y 712
En la segunda ronda participarán los
diputados: Roberto Ramírez Villarreal, del Partido Acción Nacional; Jesús Cuauhtémoc
Velasco Oliva, por el Partido de la Revolución Democrática y Jorge Estefan Chidiac, por
el Partido Revolucionario Institucional.
En la tercera ronda están inscritos los diputados: Juan José Rodríguez Prats, de
Acción Nacional; María de los Dolores Padierna Luna, por el Partido de la Revolución
Democrática y Dionisio Meade y García de León, por el Partido Revolucionario
Institucional.
Tiene la palabra la diputada Gloria Lavara Mejía, hasta por 10 minutos.
El diputado
Ricardo Cantú Garza
(desde su curul): |
Señor Presidente.
¿Con qué objeto, señor diputado
Cantú Garza?
El diputado
Ricardo Cantú Garza
(desde su curul): |
Solamente para solicitarle a la
Presidencia que en la segunda ronda, en el lugar del Partido del Trabajo, se le conceda el
uso de la palabra al diputado Marcelo Ebrard.
Perdón, el Partido del Trabajo está
registrado solamente en la primer ronda.
Si le conceden el uso del micrófono al diputado por favor.
El diputado
Ricardo Cantú Garza
(desde su curul): |
Precisamente por lo mismo solicito que
en la segunda ronda, en el lugar del Partido del Trabajo, se registre al diputado Marcelo
Ebrard.
Correcto, señor diputado.
Vamos a pedirle al diputado Cantú que la intervención en donde ustedes están cediendo
su espacio al diputado Ebrard, efectivamente vamos a concederle el uso de la palabra, pero
una vez que termine la ronda de oradores, al terminar la tercera ronda, puesto que ya hubo
un acuerdo y de manera tal que solamente les pedimos que se respete el acuerdo en el que
se estableció este debate, el diputado tendrá la oportunidad de pasar a hacer uso de la
palabra pero una vez que termine la tercera ronda que ya estaba pactada desde el
principio.
Tiene el uso de la palabra la diputada Gloria Lavara Mejía. Adelante, diputada.
| La
diputada Gloria Lavara Mejía: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
El día de hoy, México sigue padeciendo los efectos de una crisis permanente en la que
estamos inmersos desde hace más de dos décadas, agravada a principios de la presente
administración por un inadecuado manejo de la frágil y vulnerable situación financiera,
heredada del sexenio pasado, en virtud de la cual la mayor parte de la población, la que
trabaja, la que contribuye con su actividad productiva al desarrollo de nuestro país, se
vio forzada a cumplir sus obligaciones crediticias con la banca nacional, pagando
intereses muy por arriba de sus expectativas y posibilidades reales de cumplimiento o
incluso pagando únicamente intereses crediticios que superaban por mucho su capacidad de
pago o el valor real de los bienes que intentaron adquirir, dejando a muchos de ellos
desolados por autoridades que no supieron actuar a tiempo en beneficio de los gobernados.
Ahora, además de lo anterior, tiene que asumir la pesada carga de pagar un rescate
bancario que cada día se ve más insuficiente, mal implementado y peor conducido por los
administradores privados y servidores públicos que tan inescrupulosamente actuaron de
cara a sus responsabilidades al frente de las instituciones financieras nacionales o de la
supervisión de sus actividades.
El costo del salvamento de las instituciones financieras ha sido puesto hoy sobre las
espaldas de millones de mexicanos, así como las de otros millones en el futuro a los que
se les ha intentado convencer del inminente peligro que corría la nación, si no se
rescataban las instituciones de crédito, que se iba a perder el empleo, que viviríamos
una depresión económica sin precedente, que se descapitalizaría el país por una salida
de inversiones; en suma, que se generaría una crisis total de consecuencias nunca antes
vistas.
Bajo ese tipo de amenazas, las autoridades de México claudicaron en sus esfuerzos por
encontrar alternativas reales que fueran suficientes para enfrentar una crisis, ahora
generacional, que perjudicará el gasto social de por lo menos los próximos dos sexenios.
La alternativa presentada a la opinión pública por el Partido Verde Ecologista de
México, además de salvar la inconstitucionalidad que padece tanto la actual Ley del
IPAB, como de su antecesor, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, proveerá de
mecanismos para inyectar inmediatamente de liquidez al sistema bancario, no como sucede
actualmente, donde lejos de tener una inversión cierta, existe una parálisis crediticia
y una incertidumbre del futuro de los bancos.
Aun así los intentos de las autoridades federales por salvar al sistema bancario fueron
insuficientes, según los mismos bancos se requiere de una liquidez inmediata de por lo
menos 50 mil millones de dólares para empezar a funcionar con eficiencia, mismos que no
provendrán de inversión extranjera, pero sí del Presupuesto de la Federación.
Lo que nos queda claro con el informe que hoy nos ocupa, es que la sospecha iniciada
privatización de una banca ineficiente y poco competitiva y su posterior supervisión por
las autoridades responsables fue todo un fracaso.
Sí, compañeros diputados, fueron esas prácticas un fracaso, porque entre sus errores,
estuvo la venta de instituciones financieras a precios sobrevaluados hasta tres veces
según registro en libros, sin que existiera un proceso de capitalización inmediata, para
evitar así la voracidad de sus nuevos dueños, en la búsqueda de recuperar una
inversión con la mayor brevedad posible.
Fueron un fracaso porque se implementó para hacer frente a la crisis por el tipo de
cambio del peso frente al dólar de principios de la administración, un programa de
capitalización que apuntaló a bancos de poca solvencia, cuya liquidación hubiera
resultado menos costosa para la sociedad y el sistema financiero.
Asimismo fueron un fracaso, porque se puso el ahorro del público en manos de personas que
ahora se exhiben impunemente, como si fueran víctimas y no los victimarios que son.
Para el Partido Verde Ecologista de México, la auditoría realizada por el despacho de
Mackey es satisfactoria y por lo que se refiere a la nula colaboración de las autoridades
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria, su
responsabilidad deberá ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Luego de que se ha manifestado la duda con relación al informe presentado, basándose en
la presunción de que dicho informe es incompleto, este grupo parlamentario manifiesta que
la información que en todo caso falta en el informe y que es la misma que motivó la
controversia constitucional que ahora se sustancia ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, planteada por la Cámara de Diputados, puede integrarse en dicho informe de otra
manera más que por la vía legal.
Así los diputados del Partido Verde continuaremos como hasta ahora con los principios que
guían nuestro compromiso con el pueblo de México, por lo que vigilaremos estrictamente
el curso que se le dé tanto a la controversia constitucional formulada como de la
información que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tarde o temprano, tenga
que rendir a esta soberanía.
Por tanto, si resaltan a la luz fideicomisos del partido oficial para financiar sus
campañas electorales en 1994 y/o posteriores, actuaremos conforme a derecho, tal y como
hasta ahora hemos venido actuando. No realizaremos acciones persecutorias que infrinjan la
ley, solamente cumpliremos con sus disposiciones.
Y bien, por otra parte, ya no estamos a tiempo para impedir que los pasivos del entonces
Fobaproa, se incorporen al IPAB, al ser convertidos en deuda pública, luego de que fuera
aprobada la ley que regula la creación y funciones de este instituto, el informe de
Mackey nos brinda datos suficientes a los diputados, representantes de la nación, para
concluir una etapa del rescate bancario y percatarnos con lujo de detalles de la cantidad
de los créditos que asumirá la nación, a pesar de las restricciones y obstáculos que
las autoridades financieras y de vigilancia bancaria opusieron al respecto.
Por ello, también estaremos en aptitud de evitar que la impunidad siga imponiéndose para
proteger a los responsables de la destrucción del sistema financiero nacional, en
perjuicio de los intereses de nuestro pueblo.
El hecho de que supuestamente sólo un pequeño porcentaje de los créditos que asumirá
la nación sean irregulares o ilegales, cosa que está por verse luego del detallado
análisis del informe de la auditoría, no libera en nada de la responsabilidad histórica
por el desastre financiero nacional a las autoridades correspondientes, por el contrario
la acentúa, ya que demuestra su total incapacidad, para ocuparse honesta y eficientemente
de los cargos públicos que protestaron desempeñar en bien y prosperidad de nuestro
país.
Y por ello en virtud de los errores, mala fe y dolo con que han actuado durante los
últimos 17 años, que de una u otra forma han estado al frente de las autoridades
financieras de nuestro país, la nación les demandará asuman la responsabilidad que les
corresponde, sea cual ésta fuere.
Los diputados que integramos el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, conscientes de la responsabilidad que nos recae como representantes de la
nación, convocamos a todos los sectores para procurar los consensos necesarios en la
reconstrucción del sistema financiero, con propuestas concretas y adecuadas de
capitalización bancaria y mejoría real de la legislación financiera, para que ese
servicio público sea pivote del desarrollo en nuestro país y no sólo contribuyamos al
debate con la descalificación y deseos de capitalizar el desastre del sistema bancario en
beneficio de posiciones políticas particulares.
Muchas gracias.
Gracias, diputada Lavara Mejía.
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palabra
el diputado Gustavo Pedro Cortés.
El
diputado Santiago Gustavo Pedro
Cortés: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
El informe que hoy se presenta al pleno de esta soberanía sobre las auditorías al
Fobaproa, es un informe que no comparto como integrante del comité técnico, porque es un
documento que no representa el cumplimiento de los objetivos que se propuso esta
soberanía, en tanto sus resultados son enormemente parciales, maquillados y tendenciosos
y reflejan más el interés de las autoridades gubernamentales que los propósitos de la
Cámara de Diputados, de transparentar las operaciones de dicho fondo.
Pero además el informe representa sólo el punto de vista de tres integrantes del comité
técnico, que son personas que están involucradas bajo distintos grados de
responsabilidad en la aprobación del rescate bancario más fraudulento y más oscuro de
la historia de México, es decir el informe lo firma la verdadera coalición formada por
el PRI, el PAN y el Verde Ecologista.
También debe quedar claro que el avieso interés gubernamental de influir en los
resultados de las auditorías a fondo, se reflejó mucho antes de que el auditor Mackey
entregara al comité técnico la versión en inglés del citado informe, recurriendo a una
serie de maniobras políticas de juego sucio. Pero justamente en el momento en que el
informe se entregó en una maniobra amañada y oscura, se removió de su cargo en dicho
comité al diputado Marcelo Ebrard, con el contubernio expreso del Partido Verde
Ecologista de México, el PAN y el PRI, en aras de legitimar un informe que a todas luces
era incompleto, insuficiente y que el propio auditor reconoció que no se le podía
denominar auditoría, en tanto no contó con la información necesaria para investigar las
operaciones bancarias que avalan los pagarés del Fobaproa.
713, 714 y 715
No tenemos duda de que dicho informe muestra
de manera contundente y precisa la serie de actos fraudulentos e ilícitos que los
banqueros, funcionarios públicos y empresarios vinculados con el sistema bancario
nacional cometieron para defraudar a la nación y cuyo costo total estimado actualmente en
más de 95 mil millones de dólares tendremos que pagarlo los contribuyentes y el pueblo
en general. Por lo tanto, quienes aprobaron dicho informe estaban también aprobando las
triquiñuelas de los banqueros y avalando la corrupción que sistemáticamente se viene
cometiendo en nuestro país.
No nos queda duda de que este informe se realizó en un contexto de bloqueo permanente de
parte de las autoridades gubernamentales, representadas por la Secretaría de Hacienda, la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las propias autoridades del Fobaproa, que
escamotearon y se negaron a entregar al auditor la información que era fundamental para
esclarecer las operaciones que el Fobaproa, documentó a favor de los banqueros.
El tal auditor relata a lo largo de varias páginas de su informe, los obstáculos que
tuvo que enfrentar para el desempeño de su trabajo y la investigación y que se
constituyen en serias y profundas limitaciones para que alcanzara los objetivos que le
encomendó el pleno de esta soberanía.
Es muy lamentable reconocer que un esfuerzo que los legisladores promovimos con objeto de
dar transparencia y legitimidad al rescate bancario, fracasar por la obcecación del
Ejecutivo Federal que se negó y se sigue negando a reconocer que sólo a través del
equilibrio de poderes podemos gobernar con justicia y equidad. La queja del auditor en
este sentido, es legítima porque es evidente que un trabajo profesional como el que
nosotros le requerimos, sólo podrá darse contando con todos los elementos del caso.
Por ejemplo, las autoridades gubernamentales se negaron a entregarle la información
relativa a las operaciones financieras que involucraban a los bancos intervenidos de
facto, la cual afirma, representan un costo potencial más alto que el rescate bancario
que los que fueron intervenidos formalmente. Esta afirmación, derivada de la
investigación realizada por el auditor, no es un invento de alguien, sino que está
profundamente documentada a lo largo de dicho informe.
En el caso de Banca Unión, las autoridades financieras no sólo se negaron a entregar a
esta soberanía la información relativa a las operaciones administradas por los
fideicomisos creados expresamente para financiar las campañas electorales del PRI durante
1994, sino que han orillado a la Cámara de Diputados a interponer demanda de controversia
constitucional para que proceda a entregar esa información y pueda concluirse la
investigación sobre esas operaciones, a efecto de fincar las responsabilidades que
correspondan a quienes cometieron ilícitos con el Fobaproa.
Es importante dejar claro que el informe no sólo destaca la ausencia de información y
los obstáculos para que fuese entregada al auditor, sino también el propio informe se
entregó al pleno de esta soberanía en un contexto de graves irregularidades avaladas por
los miembros del comité técnico que representan al PRI, al PAN y al Partido Verde
Ecologista al haber aceptado que el auditor entregara a la Secretaría de Hacienda, a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Instituto de Protección al Ahorro Bancario,
cuando el acuerdo parlamentario establecía claramente que en primer término, el pleno de
esta soberanía tenía que conocer este informe y después las otras instancias.
De la misma forma, también resulta por decir lo menos, muy sospechoso que el PAN, dentro
de este rejuego, entregara al auditor información privilegiada en torno a un conjunto de
fideicomisos del Banco Unión que curiosamente tenía desde tiempo atrás.
Lo que ocurrió ya todos lo sabemos: el informe de Mackey, al entregarse primero a las
autoridades gubernamentales, nos da lugar a dudas bien fundadas de que éste haya sido
manoseado, mutilado, tal como lo declaramos en su momento.
En nuestra opinión, dadas estas graves irregularidades, creemos que por lo menos son
exigibles tres cuestiones que resultan fundamentales:
Primero. Que se haga público el listado de las instituciones bancarias involucradas en el
fraude y de las personas titulares de los créditos reportables que representan la
cantidad de 72 mil 700 millones de pesos. El auditor tiene claro que son créditos que se
entregaron bajo condiciones totalmente irregulares y que a nuestro juicio el IPAB no debe
absorberlos bajo ninguna circunstancia.
Segundo. No podemos dar por concluida la auditoría al rescate bancario por lo que es
imprescindible que discutamos los mecanismos que nos permitan cumplir con los objetivos
que inicialmente nos habíamos propuesto.
Tercero. Exigimos la comparecencia del Secretario Ejecutivo del IPAB Vicente Corta, ante
el pleno de esta soberanía, con el propósito de que informe ampliamente cuál será el
tratamiento que se le dará al conjunto de observaciones vertidas en el informe de Mackey.
Por todas las consideraciones que hemos planteado, el grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, se niega rotundamente a aceptar el informe de Mackey, sea una auditoría, se haga
irresponsable y que a partir de ella se pueda conocer lo que verdaderamente ocurrió con
el Fobaproa.
Para nosotros queda claro que el desenlace de las llamadas auditorías al Fobaproa, no
cumplió con su cometido porque desde su origen el rescate bancario estuvo determinado por
decisiones políticas al más alto nivel, donde el Presidente Zedillo, aparece como uno de
los principales promotores de este atraco a la nación.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, diputado Gustavo Pedro Cortés.
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, en el uso de la
palabra el diputado Fauzi Hamdan Amad.
| El
diputado Fauzi Hamdan Amad: |
Con el permiso de la Presidencia;
honorable Asamblea:
En cumplimiento del artículo 11 del acuerdo expedido por la entonces Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política, el Comité de Seguimiento de las Auditorías
del Fobaproa, ha presentado al pleno el informe de resultados de las auditorías
practicadas por esta Cámara por conducto del señor Michael Mackey y su equipo, a través
de los cuales se llevó a cabo la práctica del programa de revisión integral de todo el
sistema bancario correspondiente al rescate financiero, por los años 1995 hasta junio de
1998.
El trabajo del comité fue sin lugar a dudas un trabajo muy arduo, muy difícil, sumamente
azaroso, que tuvo que pasar por un sinnúmero de dificultades para lograr finalmente
proceder a la auditoría. Sobre todo si se considera que es la primera ocasión que se
hace una auditoría de esta índole y de esta profundidad.
Ciertamente el informe, que ya está en conocimiento de esta honorable Asamblea, aprecia y
refleja resultados no muy halagüeños, sino en muchos casos, altamente preocupantes.
Simplemente consideremos que la magnitud del programa de la auditoría abarcó, cosa
inédita también, toda la parte sustancial, integral, del quehacer del rescate
financiero. Desde el desempeño de las autoridades en el rescate financiero, pasando por
los dos programas que instrumentó el Ejecutivo, vía Fobaproa, para el rescate
propiamente dicho, el de compra de cartera y saneamiento financiero, incluyendo el costo
fiscal que implicaba este rescate, la parte relativa a la evaluación integral de los
activos provenientes del propio rescate, el posible costo integral de deuda pública que
finalmente no fue aprobado por esta soberanía en la Ley de Protección al Ahorro Bancario
y llegó al extremo de abarcar e incluir el programa de apoyo a deudores.
Es decir, fue un programa totalmente amplio que abarcó toda la fase sustantiva del
rescate financiero, incluyendo la evaluación que, como el reporte lo señala, hace
incluso recomendaciones puntuales a las autoridades para poder consolidar o fortalecer al
sistema bancario.
Casualmente, exactamente las mismas propuestas del señor Mackey las acaba de sacar la
Secretaría de Hacienda hace una semana para consolidar y capitalizar al sistema bancario,
siguiendo escrupulosamente las recomendaciones puntuales señaladas por el señor Mackey.
El informe ciertamente refleja un sinnúmero de vicisitudes que el propio rescate trajo
aparejado y que, para el destino que tiene el informe ahora para el IPAB, representa un
importantísimo capítulo que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario tendrá que
implementar y acometer para dar cumplimiento en los términos de los artículos quinto y
séptimo transitorios, a los que el informe señala y precisa con toda puntualidad.
En efecto, no sólo son las operaciones reportables de los 72 mil 700 millones de pesos,
dividido en cuatro grandes rubros: los 24 mil millones de operaciones irregulares en el
programa de compra de cartera o los 42 mil millones de pesos, provenientes de operaciones
transaccionales con partes relacionadas: accionistas, miembros del consejo o bien altos
funcionarios de la banca o los 6 mil millones de pesos de operaciones declaradas
claramente ilegales o los 700 millones de ilícitos, sino que el efecto de esta revisión,
de esta auditoría, es el regresar a la banca aquellas calificadas como ilegales para que
los bancos reasuman estas operaciones, por cuenta propia, en los términos que lo marca el
quinto transitorio y con efectos claros de reducción del costo fiscal.
Pero de ahí a que ahora esta Cámara, como ya se aprecia en algunas solicitudes y
propuestas de algunos grupos parlamentarios, de que demos a conocer, el comité, la lista
nominal de todas estas operaciones irregulares, que alcanzan un número de 1 mil 200 y
pico de operaciones, hay un abismo. Por una razón muy sencilla: el IPAB sí cuenta con
toda esta información nominal y va a proceder en los términos que el propio artículo
séptimo transitorio de la ley señala. Pero nosotros, si somos serios y responsables, no
podemos publicar la lista con los nombres de aquellas operaciones irregulares, porque no
todas las operaciones irregulares en que aparecen los deudores constituyen actos ilícitos
o fraudulentos y sería estigmatizante y de desprestigio descalificar a personas
simplemente porque aparecen como deudoras de la banca.
Eso no sería responsable de esta Cámara. Ciertamente el comité tiene toda la
información ya, íntegra, que por cierto dos miembros del comité se rehusaron a
recibirla, aduciendo no sé qué razones, pero los tres restantes tenemos la información
nominal. Que ciertamente le pusimos precisamente candados para que no haya la
vulnerabilidad de que se publique en perjuicio de alguien de que no podemos acceder a esa
información, si no son las cinco claves simultáneamente que accedan a esa información.
Pero el IPAB si la tiene, repito y en consecuencia procederá. Si se quiere politizar el
asunto para hacer un escarnio de gente que no merece en justicia ser calificada o
declarada sin causa justa culpable de algo que no tiene intervención, bueno pues eso es
responsabilidad de los que pretendan tomar una acción de esa naturaleza.
No es el ocultamiento lo que existe en la Cámara, lo tenemos, la información. Lo que
estamos en contra es ¡que se publique! esa información respecto de los nombres
exclusivamente, porque por lo de más está íntegro el informe, públicamente ya a
disposición de todos en perjuicio de alguien.
Ahora bien, ciertamente el informe, que también han anticipado de que no es una
auditoría, ¡es más que una auditoría! ¡La auditoría de estados financieros es
paupérrima, en sentido estricto! Esta es una revisión integral, devaluación integral
del quehacer del rescate financiero. ¡Y contrario a lo que dice un miembro del comité,
que me extraña que a estas alturas se atreva a haberlo dicho, es una evaluación y una
revisión objetiva, imparcial y profunda y sumamente profesional! ¡Y los que han sido
miembros de este comité no me dejarán mentir sobre ello!
Por último, yo quisiera señalar que esto constituye un informe a esta honorable
Asamblea, no se trata de la calificación, aprobación o no del informe, es un informe de
resultados per se que en cumplimiento de un mandato de esta Cámara se llevó a cabo, se
ejecutó y se cumplió.
716, 717 y 718
Ciertamente falta una información y ya lo
decía la ocasión pasada: esta Cámara procedió a demandar en la vía constitucional esa
información que ha sido denegada a esta Cámara, me refiero a las operaciones relativas a
Banca Unión, de la cual todos tenemos conocimiento. Instancia por cierto de controversia
constitucional que está en trámite desde hace dos semanas y media.
En conclusión, el informe constituye un reflejo claro de las condiciones que tuvo lugar
el rescate. Se hace una evaluación del quehacer del Ejecutivo y desde luego podemos decir
que en mucho la calificación es reprobatoria.
Pero ahí en esa acción reprobatoria encuentra su solución alterna la misma institución
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, impulsada por el Partido Acción Nacional.
Y en esa forma se pretende corregir y subsanar los errores y las acciones tomadas por el
Ejecutivo en forma importante, por cierto.
¡Precisamente en esa función está la Ley de Protección al Ahorro Bancario en todos sus
artículos transitorios! Y la prueba de que fue resultado no premonisor pero cierto de
nuestra acción, es el informe de resultados que presenta el señor Mackey en cumplimiento
de lo que señala la ley.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Fauzi Hamdan.
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, en el
uso de la palabra el diputado Jorge Silva Morales.
| El
diputado Jorge Silva Morales: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros:
Es importante dejar muy claro en este pleno, que nunca jamás una auditoría podrá ser
inferior a un proceso de investigación y es importante ilustrar que de toda la situación
compleja de las auditorías, quiero destacar 15 tipos de auditorías, una auditoría
completa, una de balance, auditoría de caja, auditoría detallada, auditoría
esporádica, auditoría externa, auditoría interna, auditoría parcial, auditoría
periódica, auditoría preliminar, auditoría financiera, auditoría de gestión,
auditoría de desempeño, auditoría de impacto social, auditoría de cuentas.
Pues esto es finalmente lo que nunca hizo el señor Michael Mackey. Se dice que hizo una
investigación, de acuerdo al diccionario económico, una investigación es una acción y
efecto de buscar el origen y causa de algún suceso o situación.
Y lo que dice precisamente la Ley del IPAB en su artículo quinto transitorio, hasta en
cinco ocasiones, el artículo quinto habla de auditoría, auditorías ordenadas por la
Cámara de Diputados, en la medida que las operaciones del fondo sean auditadas. En caso
que de la auditoría reporte irregularidades, una vez concluidas las auditorías. En caso
que durante la auditoría se detecten créditos ilegales etcétera.
La ley es muy clara, nosotros no podemos permitirnos una interpretación para una
justificación, nosotros tuvimos un mandato como miembros del comité y no lo hemos
cumplido, por lo tanto la auditoría aún debe de continuar, no está finalizada con un
reporte de un proceso de investigación que el señor Michael Mackey entregó aquí en la
Cámara de Diputados.
Y quiero decirles si fuera importante hacer mención, que dentro de esta investigación
que recibió este Poder Legislativo, quiero enumerar las limitaciones al alcance que el
señor Mackey estipuló desde un principio a efecto de justificar el por que no podía
realizar una auditoría y ya no la quiero contemplar en todas las características, en las
15 versiones que he dado a conocer aquí a ustedes, porque obviamente pues entenderíamos
que si es importante una auditoría en todas sus etapas.
El señor Michael Mackey nos dice que él esperaba que el equipo informante gozaría de la
total cooperación de todas las partes involucradas en este proceso y en particular de las
autoridades financieras y de los bancos y no fue este el caso. Repercutió en un retraso
considerable en septiembre, octubre y noviembre de 1998.
Además, este retraso considerable permitió que el comité de contrataciones finalmente
no diera los tiempos en cuanto al programa inicial que se nos había presentado. Nadie
estaba disponible para proporcionarnos ningún contexto, agrega el señor Mackey, de los
documentos o ni siquiera para explicar su importancia.
Una más: que las directrices y el contexto de nuestra revisión se aclararon, las
autoridades financieras expusieron asuntos relacionados con la legalidad de la revisión y
la confidencialidad de la información que requería para llevar nuestro mandato. Que los
banqueros también objetaron el permitir a los despachos de contadores contratados, acceso
a los expedientes. No fue resuelto sino hasta marzo de 1999, en este año, la combinación
de estos retrasos y tuvo como resultado que este proyecto continuara por un periodo más
largo de lo que razonablemente se podía haber anticipado.
De tal suerte los bancos, aunque no todos, permitieron el acceso a los expedientes que se
les solicitaron a pesar de que existió un protocolo que consumió mucho tiempo y que
inhibió el libre flujo de información y diálogo; este informe incluyó un alcance
específico, no general, como pretendían los propios seis bloques de auditoría,
provocando restricciones al acceso de la información.
No se le dio autorización, ni la recibió, así lo dice el señor Mackey, para tener
acceso a aquellas partes de los bancos que no tenían relación con el Fobaproa; esta
restricción, aparentemente razonable bajo las circunstancias, redujo la precisión con la
que los comentarios pueden prepararse con relación al costo fiscal general de los
programas y una situación sumamente importante es que además las limitaciones al alcance
se tuvieron con los interventores de algunos bancos que fueron designados por la CNB; los
interventores tomaron la postura de que no había ocurrido ninguna intervención y se
negó el acceso a todos los aspectos.
Segundo, en el caso donde sí se había emprendido una intervención gerencial, los
interventores adoptaron la postura de que las cuentas de los fideicomisos en los bancos
intervenidos no eran parte de los bancos; estas limitaciones de alcance se tuvieron no
sólo con los interventores, sino también con la CNB y la Secretaría de Hacienda. Sin
embargo, no se llegó a ninguna resolución sobre estos asuntos; después de que la mayor
parte del trabajo de campo estuvo terminado, se hizo evidente que las restricciones al
acceso de la información fueron mucho más graves de lo que inicialmente ellos creyeron.
Estos comentarios están manejados en las páginas 16 y 17 del informe y siguen con una
serie de salvedades.
Quiero también aunar que la calificación de la supervisión la critica de una manera muy
negativa. El personal de la CNB no estaba capacitado, la CNB no tenía los recursos para
supervisar los bancos; en la privatización lo que se pagó para la compra de esos bancos
se debería de haber puesto como acciones, como aportaciones de capital; los bancos cuando
fueron sociedades mercantiles de crédito no fueron administradas como debía de ser,
después de la privatización faltó supervisión, no hubo inyección de capital fresco y
así continúa con una serie de salvedades, que suman más de 120 salvedades que incluyen
dentro del informe y de una grabación que yo en lo personal hice de estos señores que
coordinaron el trabajo de las auditorías y que puedo poner a disposición de todos
ustedes y donde critican enormemente que otro problema es que si el PRI tenía alguna
relación con los bancos, era responsabilidad de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, del Fobaproa, del Banco de México, esta investigación era su responsabilidad ya
que ellos administraron todos estos programas, falto entre ellos coordinación,
definición, quien fue el responsable. Tengo las pruebas y con mucho gusto están a su
disposición.
Y así continúan una serie de hechos que finalmente llegamos a detectar que la
integración del comité técnico de las auditorías al Fobaproa por parte de la Cámara,
debería de haber tenido primero una regla de asepsia para ver si los legisladores
estábamos a la altura de este comité y no se confundían otros intereses con la propia
auditoría.
De esto, quiero aunar que la información que en diskette también se nos había
proporcionado, no contenía tampoco la información que cuando tuvimos la oportunidad los
miembros del comité de revisarla, estaba recortada, estaba totalmente eliminada y de esta
manera fue necesario que en una junta que tuvimos los miembros del comité con el señor
Mackey, le pidiéramos que entregara esa información. Finalmente la entrega pero sin
ninguna cuestión nominativa.
De todo esto, compañeras, compañeros, es obvio que ha habido un proceso sumamente
irregular, ha habido una tendencia muy marcada a ocultar operaciones. Entre ellas cabe
destacar enormemente que una de las principales objeciones que puso el señor Michael
Mackey fue el acceso a la información de Banca Unión, que la suma de las operaciones
reportables por estos 72 mil 700 millones destaca como primer lugar Banca Unión, con 17
mil millones de pesos; Inverlat, con 10 mil; Capital con 9 mil; Bancrecer con 9 mil, pero
es más importante el saber que la información no estuvo realmente al acceso del señor
Mackey, por lo cual no podemos decir que ni siquiera la investigación ha concluido.
Las auditorías, de acuerdo al quinto transitorio, son muy claras y hay términos y
condiciones bajo los cuales se puede entender qué es una auditoría y ésta no se ha
llevado a cabo, sigue siendo el Fobaproa secreto de Estado, se siguen encubriendo una
serie de deudores que han perjudicado al país y que desgraciadamente legisladores de este
poder se han prestado y se han coludido para así de esta manera mantener a oscuras al
pueblo de México la verdad sobre el Fobaproa.
Por esta razón, compañeras, compañeros, el grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a la
Presidencia ponga a consideración el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una vez que ha conocido
y examinado el informe del señor Michael W. Mackey sobre la evaluación integral de las
operaciones y funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa y la calidad
de la subrevisión de los programas del Fobaproa 1995-1998, en cumplimiento con sus
obligaciones constitucionales y legales, así como de los acuerdos parlamentarios
respectivos, concluye que las auditorías al Fobaproa no fueron realizadas conforme a lo
dispuesto por esta soberanía.
En tal virtud, la Cámara de Diputados tomará las medidas procedentes para que se cumpla
este objetivo.
Cámara de Diputados, a 28 de septiembre de 1999. Jorge Silva Morales, diputado federal de
la fracción parlamentaria del PRD.
Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo relacionado con las auditorías ordenadas por la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al Fondo Bancario de Protección al Ahorro.
EXPOSICION DE MOTIVOS
1o. El 26 y 31 de marzo de 1998, el Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de
León, envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un conjunto de
iniciativas para reformar el marco legal en torno a la protección al ahorro bancario, con
la finalidad de hacer frente a la aguda crisis por la que atravesaba el sistema financiero
mexicano. Con estas iniciativas el titular del Ejecutivo Federal se proponía rescatar a
los bancos, absorber los pasivos contratados ilegalmente por el Fondo Bancario de
Protección al Ahorro (Fobaproa) y convertirlos en deuda pública.
2o. Como parte de sus trabajos legislativos y con objeto de contar con un mayor soporte
técnico en la elaboración del dictamen de las iniciativas del Ejecutivo, la Cámara de
Diputados emitió el Programa para la Evaluación Integral de las Operaciones del Fondo
Bancario de Protección al Ahorro en el Saneamiento de las Instituciones Financieras de
México 1995-1998. Lo anterior, en atención al acuerdo adoptado por las subcomisiones de
investigación de los programas de Saneamiento Financiero y de Estudio del Fobaproa en la
reunión de trabajo celebrada en la Cámara de Diputados el 19 de mayo de 1998.
En este programa se disponía la realización de las auditorías al Fobaproa. De acuerdo
al mismo, las auditorías tenían por objeto general evaluar en forma integral el
desempeño y calidad de la operación de dicho fondo, la actuación de su comité técnico
y la supervisión y control que sobre este ejercieron la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en
el proceso de saneamiento de las instituciones financieras de México en el periodo
1995-1998. En cuanto a su alcance, se revisarían las operaciones de apoyo, saneamiento y
capitalización, mediante la adquisición de cartera vencida y acciones del sistema
financiero efectuadas por el Fobaproa, así como el estudio de los instrumentos
financieros correspondientes a los pasivos del fondo, que comprende la operación y los
resultados del proceso de saneamiento financiero y los programas de apoyo a deudores, de
acuerdo a lo contenido en el mencionado programa, apartados "objetivo general de la
revisión" y "alcance de la revisión".
719, 720 y 721
3o. Las auditorías al Fobaproa adquirieron
rango de ley, al ser plasmadas en el "decreto por el que se expide la Ley de
Protección al Ahorro Bancario y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de las leyes del Banco de México, instituciones de crédito, del Mercado de Valores y
para regular las agrupaciones financieras", publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 19 de enero de 1999.
De la realización de las auditorías dependería un conjunto de acciones legales que
deberían ejecutarse en el periodo de transición, previsto en la Ley de Protección al
Ahorro Bancario, como se desprende de su lectura e interpretación.
Así, el artículo quinto transitorio del decreto dispone que el Fobaproa
"permanecerá en operación, con el único objeto de administrar las operaciones del
programa conocido como de capitalización y compra de cartera" y de dar cumplimiento
a lo señalado en el artículo séptimo transitorio de este decreto, a fin de que se
concluyan las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados." Señala, además,
que el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados tomarán las medidas pertinentes para
que las auditorías concluyan en un plazo máximo de seis meses. Asimismo, indica que en
la medida en que las operaciones del fondo sean auditadas, se procederá, en caso de
irregularidades, a deslindar responsabilidades legales y económicas. El transitorio
insiste en que una vez concluidas las auditorías, las instituciones correspondientes
podrán optar y dar por terminados los contratos y cancelar las operaciones del fondo,
para lo cual deberán regresar al mismo los títulos de crédito que éste hubiere emitido
a su favor y a cambio, el fondo les devolverá los derechos de cobro de la cartera objeto
del Programa de Capitalización y Compra de Cartera. El artículo referido preceptúa,
también, que en caso de que durante las auditorías se detecten créditos ilegales el
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) podrá rechazar y devolver estos
créditos a las instituciones.
Por su parte, el artículo séptimo transitorio del decreto señala expresamente en su
último párrafo que "si de las auditorías realizadas aparecen operaciones de mutuo
préstamo otorgados por las instituciones auditadas cuyos recursos se hayan donado o
aportado por los acreditados, directamente o por interpósita persona, a entidades de
interés público que reciban financiamiento público y que por tal motivo hayan generado
quebrantos financieros a las instituciones acreditantes, dichas entidades devolverán el
monto de las operaciones de crédito involucradas con cargo a los funcionarios públicos
que, conforme a las leyes que los rigen, reciban ordinariamente".
4o. Para la realización de las auditorías se designó como coordinador de las mismas al
ciudadano Michael W. Mackey, quien a su vez contrató como auditores colaboradores, a los
despachos: Galaz, Gómez Morfín, Chavero, Yamazaki, SC; Juan Antonio Cedillo Ríos SC,
Leal y Martín SC, Lebrija Alvarez y Cía. SC y Alfonso Ochoa Ravize SC.
5o. El 19 de julio de 1999 Michael Mackey entregó al comité técnico de seguimiento a
las auditorías al Fobaproa, creado por la Cámara de Diputados, el informe sobre la
evaluación integral de las operaciones y funciones del Fondo Bancario de Protección al
Ahorro Fobaproa y la Calidad de la Supervisión de los Programas del Fobaproa de 1995 a
1998, en su versión en inglés y el 23 del mismo mes la versión en español. Del informe
Mackey se desprende con claridad inobjetable que lo realizado por el consultor no fue una
auditoría, como lo había ordenado esta Cámara Legislativa, sino un informe de otra
naturaleza. Esta situación se corrobora con lo sostenido por el propio Mackey en la
versión al español del informe, de la que se cita lo siguiente:
"Este informe y las evaluaciones que se han llevado a cabo no constituyen una
auditoría financiera, sino una revisión y análisis basado en preguntas específicas...
por lo tanto, no deberá considerarse una auditoría, no expresamos opinión alguna sobre
ninguno de los estados financieros o registros de la CNBV, del Fobaproa, de la SHCP, del
Banco de México, de los bancos individuales o de los controles internos de estos
organismos e instituciones. Los términos de referencia de esta revisión fueron
diferentes a los de una auditoría financiera y no debe considerarse que proporcionan la
misma información y nivel de seguridad que una auditoría financiera."
(Observaciones generales, introducción, página 5.)
"Los procedimientos realizados por los despachos contratados y el trabajo adicional
que hemos efectuado mediante discusiones con el Fobaproa y la CNBV no son suficientes para
considerarlos como una auditoría financiera del Fobaproa. Por lo tanto, no podemos
expresar opinión alguna sobre los estados financieros del Fobaproa o sobre su situación
financiera. Asimismo, como se comentó anteriormente, el Fobaproa no ha elaborado estados
financieros consolidados al 30 de junio de 1998". (Costo Fiscal, página 211.)
En conclusión el Informe de Michael W. Mackey y su contenido, no se ajustan al concepto
de una auditoría generalmente aceptado.
6o. La revisión que realizó Mackey no fue satisfactoria ni cumplió a cabalidad lo
estipulado en el Programa para la Evaluación Integral de las Operaciones del Fondo
Bancario de Protección al Ahorro en el saneamiento de las instituciones financieras de
México 1995-1998. En efecto, el informe final, además de no constituir una auditoría
como ya se demostró, no presenta en su estructura formal respuesta exacta a los
cuestionamientos hechos en cada uno de los seis bloques contenidos en el programa; a
nuestro juicio, se les trata en forma incompleta y no se llega a cumplir los objetivos
generales y específicos de cada uno de ellos.
7o. Lo anterior, sin duda, se debe a las limitaciones que tuvo el auditor para realizar su
trabajo. Así lo señala en su informe del que reproducimos lo siguiente: "... no
todos los bancos permitieron el acceso a los expedientes que se les solicitaron, a pesar
de que existió un protocolo que consumió mucho tiempo y que inhibió el libre flujo de
información y diálogo".
"No se dio autorización (ni la recibimos) para tener acceso a aquellas partes de los
bancos que no tenían relación con el Fobaproa... esta restricción... redujo la
precisión con la que los comentarios pueden prepararse en relación al costo fiscal
general de los programas. Además, las pruebas de cumplimiento se vieron afectadas en las
áreas seleccionadas; por ejemplo, los bancos estaban obligados a cobrar créditos del
Fobaproa con la misma diligencia y esfuerzo que en los créditos propios, pero no se
permitió en los bancos el acceso a estos créditos para constatar cómo se les daba
seguimiento."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Además las limitaciones al alcance se tuvieron con los interventores de algunos
bancos que fueron designados por la CNBV. En los casos en que los bancos habían sido
intervenidos estaba claro que el alcance se extendería a todo el banco ya que el Fobaproa
era responsable de todos los pasivos del banco intervenido. En este contexto surgieron dos
situaciones.
Primero, en los casos en donde sólo se emprendió de facto una intervención
administrativa, los interventores tomaron la postura de que no había ocurrido ninguna
intervención y se negó el acceso a todos los aspectos del banco excepto a aquéllos
relacionados con los programas formales del Fobaproa.
Segundo, en los casos en que sí se había emprendido una intervención gerencial, los
interventores adoptaron la postura de que las cuentas de los fideicomisos no eran parte de
los bancos, resultando esto, en que se negó acceso a la información relacionada con
todas las cuentas de los fideicomisos. Estas limitaciones de alcance se tuvieron no sólo
con los interventores sino también con la CNBV y la SHCP, sin embargo, no se llegó a
ninguna resolución sobre estos asuntos y como consecuencia este informe no contiene
comentarios e información con respecto a asuntos que el auditor consideraba incluidos en
nuestro mandato."
Después de que la mayor parte de nuestro trabajo de campo estuvo terminado, se hizo
evidente que las restricciones al acceso a la información fueron mucho más graves de lo
que inicialmente creímos. Debido a la naturaleza sistémica de varios asuntos que fueron
identificados, con objeto de evaluar la efectividad tanto del régimen regulatorio como
del impacto de los programas bancarios, se nos debió haber dado acceso absoluto a todos
los bancos que aceptaron fondos del Fobaproa y no sólo a aquellos que habían sido
intervenidos.
"Los bancos que formalmente han sido intervenidos, representan un costo fiscal
definitivo para el Fobaproa. Si existen bancos que pronto serán intervenidos, también
estos representarán un costo fiscal definitivo para el Fobaproa. Tuvimos acceso a bancos
formalmente intervenidos, pero los organismos reguladores restringieron severamente el
acceso a bancos intervenidos de facto. Tales bancos intervenidos de facto representan la
mayor parte del sistema financiero (y de los costos potenciales) que la de los bancos
formalmente intervenidos. Más aún si bien se identificaron algunos bancos intervenidos
de facto, es posible que haya bancos adicionales que pronto serán intervenidos de facto.
Como resultado, quizá hayamos subestimado el costo fiscal último y probablemente se haya
llegado a una conclusión demasiado generosa respecto a la efectividad del régimen
regulatorio.
Por último, fue un requisito de la CNBV la inclusión de un consultor externo de dicha
CNBV (Barrents), en las reuniones de hallazgos y hechos y coordinarnos con este para tener
acceso a personas y documentos. La participación de un consultor externo se acordó en
los procedimientos establecidos por el Congreso y por el ramo ejecutivo; sin embargo, este
proceso no proporcionó la seguridad de que hubiéramos recibido la información completa
(comunicación, limitaciones al alcance, páginas 16 a 18).
Algunos bancos no han proporcionado al Fobaproa la información financiera básica de
forma consistente. No pudimos obtener en todos los casos los estados financieros auditados
de las instituciones en las que el Fobaproa fue accionista. (Evaluación, Responsabilidad
del Fobaproa, página 193.)
Hemos revisado la más reciente evaluación integral del costo del programa de apoyo a
deudores hecho por la CNBV. La evaluación de la CNBV implica el cálculo del valor
presente de pagos futuros a los bancos en relación con cada uno de los programas de apoyo
a deudores... la CNBV no ha podido proporcionar detalles de este cálculo. Este estimado
es lo más cercano al costo de los programas de apoyo a deudores al 28 de febrero de 1998.
Esto tuvo un valor de 112 mil 800 millones de pesos. (Costo Fiscal, costo estimado de los
programas de apoyo a deudores, página 212.)
8o. En consecuencia, el informe de Michael Mackey nunca constituyó una auditoría como
fue el propósito de esta Cámara de Diputados y, debido a las enormes dificultades que
tuvo la encomienda del consultor, a causa de los obstáculos interpuestos por las
autoridades gubernamentales y por los propios bancos, detalladas en el documento que
entregó al Comité Técnico de Seguimiento de las Auditorías, su trabajo resultó ser
una revisión y análisis generales, limitado en su alcance.
Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores suscritos,
solicitamos a la Presidencia ponga a consideración el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una vez que ha
conocido y examinado el Informe de Michael W. Mackey sobre la evaluación integral de las
operaciones y funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro Fobaproa y la calidad
de la supervisión de los programas del Fobaproa de 1995 a 1998, en cumplimiento con sus
obligaciones constitucionales y legales, así como de los acuerdos parlamentarios
respectivos, concluye que las auditorías al Fobaproa no fueron realizadas, conforme a lo
dispuesto por esta soberanía. En tal virtud, la Cámara de Diputados tomará las medidas
procedentes para que se cumpla este objetivo.
México, D.F., a 28 de septiembre de 1999. Por la fracción parlamentaria del PRD,
diputado Jorge Silva Morales.»
Gracias, diputado Silva Morales.
Al término del debate desahogaremos el punto de acuerdo.
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, tiene el
uso de la palabra el diputado Jorge Estefan Chidiac.
| El
diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac: |
Compañeras y compañeros diputados:
722, 723 y 724
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