DIARIO de los DEBATES

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio.

DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora

PRESIDENTE

Diputado Francisco José Paoli y  Bolio

DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES

Norberto Reyes Ayala
AÑO III                   México, D.F., miércoles 3 de noviembre de 1999                 No. 20

S U M A R I O



ASISTENCIA

Pág.

1475

ORDEN DEL DIA

1475
ACTA DE LA SESION ANTERIOR 1476
REYES RODOLFO FLORES ZARAGOZA 1479
El Presidente solicita minuto de silencio en memoria del ex legislador jalisciense. 1479
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 1479
Se realiza la votación del punto de acuerdo propuesto por la diputada América Soto López, en relación con la máxima casa de estudios, en la sesión del jueves 28 de octubre. Se considera de urgente resolución. 1479
Continua la discusión, y se concede el uso de la palabra a los diputados: 1479
Bernardo Bátiz Vázquez 1479
María del Carmen Díaz Amador 1481
Para rectificar hechos intervienen, los diputados: 1483
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola 1483
Armando López Romero 1485
María Estrella Vázquez Osorno 1486
Pablo Sandoval Ramírez 1487
Jesús Samuel Maldonado Bautista 1488
Suficientemente discutido el asunto. Se aprueba la proposición. 1488
ESTADO DE HIDALGO 1488
Dos comunicaciones del Congreso estatal, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado. 1488
ESTADO DE NAYARIT 1489
Oficio del Congreso estatal, con el que solicita que dicha entidad sea incorporada al Programa de Apoyos a la Comercialización de Granos Básicos. Se turna a la Junta de Coordinación Política y a las comisiones de Agricultura, de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. 1489
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 1490
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado. 1490
COMISIONES DE TRABAJO 1491
Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que informa de cambios en la integración de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Relaciones Exteriores, con miembros del Partido Revolucionario Institucional. De enterado. 1491
ESTADO DE COAHUILA 1491
Informe de la Comisión Especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales en el proceso electoral en el Estado de Coahuila. De enterado. 1491
REGIMEN HACENDARIO 1512
Oficio del Congreso del Estado de Jalisco, con el que remite iniciativa de reformas al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes de Coordinación Fiscal y la del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público. 1512
AYUNTAMIENTOS 1520
El diputado Juan Carlos Gutiérrez Fragoso presenta iniciativa de reformas al artículo 105 constitucional. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 1520
LEY GENERAL AGROPECUARIA Y FORESTAL 1522
El diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas presenta iniciativa de dicha ley. Se turna a las comisiones de Agricultura, de Ganadería y de Bosques y Selvas. 1522
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1531
El diputado José Antonio Alvarez Hernández presenta iniciativa de reformas a dicha ley, en lo referente al transporte público de pasajeros por sistema eléctrico. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 1531
CAMARA DE SENADORES 1532
Dos oficios de la colegisladora, con los que comunica de la elección de la mesa directiva para el periodo de noviembre de 1999 a agosto del año 2000 y de la constitución de la Junta de Coordinación Política. De enterado. 1532
PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL 1534
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que concede el permiso para que el ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional del 12 al 16 de noviembre de 1999. A fin de participar en la IX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia Iberoamericana, a celebrarse en la ciudad de La Habana, Cuba. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores. 1534
REPUBLICA DE NICARAGUA 1534
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Carlos Alberto Rodríguez Velasco, José López López, Silvino de los Santos Bailón, Sergio Velázquez Córdoba, Angel Aniceto Amaya, José Luis Coeto Alcántar, Jorge Alejandro Ortega Godínez, Ricardo Correa Colín. Hugo Albañil Contreras, Rogelio Vázquez Gravioto y Carmen Hernández Ocaña, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de dicha nación. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 1534
PRESUPUESTO DE EGRESOS 1536
Se dispensa la lectura al anteproyecto de presupuesto de egresos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para el año 2000, a fin de que se incorpore al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, remitido por la Junta de Coordinación Política. Aprobado, se remite al Poder Ejecutivo Federal. 1536
FOBAPROA 1538
Se dispensa la lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo propuesto al tratamiento de las operaciones que den lugar a acciones judiciales de las denominadas transacciones reportables por el auditor Michael W. Mackey. 1538
Para expresar las opiniones de sus respectivos grupos parlamentarios, hacen uso de la palabra los diputados: 1542
Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Partido del Trabajo. 1542
Humberto Treviño Landois, del Partido Acción Nacional. 1543
María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática. 1545
Charbel Jorge Estefan Chidiac, del Partido Revolucionario Institucional. 1548
Debaten el dictamen los diputados: 1553

José Luis Sánchez Campos

1553

Edgar Martín Ramírez Pech

1554

CLAUSURA Y CITATORIO

1557
Debido a acuerdo entre los coordinadores de los grupos parlamentarios, el debate y la votación se realizarán en la siguiente sesión. 1557
RESUMEN DE TRABAJOS 1558

DIARIO de los DEBATES

Año lll  No.20       PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS     NOVIEMBRE 3, 1999

 

Presidencia del diputado
Francisco José Paoli y Bolio

ASISTENCIA

El Presidente:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 279 diputados.

Por lo tanto, hay quorum, señor Presidente.

El Presidente (a las 13:42 horas):

Se abre la sesión.


ORDEN DEL DIA

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.-Tercer Año.-LVII Legislatura.

Orden del día


Miércoles 3 de noviembre de 1999.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Votación del punto de acuerdo relativo a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Hidalgo, Nayarit y San Luis Potosí.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política. (Cambios de integrantes de comisiones.)

Informe de la comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales en el proceso electoral en el Estado de Coahuila.

Iniciativa del Congreso del Estado de Jalisco, que reforma diversos artículos de la Constitución General de la República; de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. (Turno a comisión.)

Iniciativas de diputados


Que adiciona la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De la Ley General Agropecuaria y Forestal, a cargo del diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado José Antonio Alvarez Hernández, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Oficios de la Cámara de Senadores


Por el que comunica la elección de mesa directiva que conducirá los trabajos durante el periodo comprendido del 1o. de noviembre de 1999 al 31 de agosto del año 2000, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional.

Por el que comunica la integración de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión e informa de su constitución y de los acuerdos tomados.

Minutas


Proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 12 al 16 de noviembre de 1999, a efecto de que participe en la IX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia Iberoamericana, que tendrá lugar en la ciudad de La Habana, Cuba. (Turno a comisión.)

Proyecto de decreto que le concede permiso para aceptar y usar la condecoración de la Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que les confiere el gobierno de la República de Nicaragua a los ciudadanos: Carlos Alberto Rodríguez Velasco, José López López, Silvino de los Santos Bailón, Sergio Velázquez Córdoba, Angel Aniceto Amaya, José Luis Coeto Alcántar, Jorge Alejandro Ortega Godínez, Ricardo Correa Colín, Hugo Albañil Contreras, Rogelio Vázquez Gravioto y Carmen Hernández Ocaña. (Turno a comisión.)

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Cámara de Diputados para el año 2000, para efectos de que se incorpore al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que remite la Junta de Coordinación Política. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria del 1o. de noviembre. Discusión y votación.)

Dictamen


De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria del 1o. de noviembre. Discusión y votación.)

Proposición


Con punto de acuerdo para la ejecución de un programa emergente de documentos oficiales, suscrita por los integrantes de la Comisión de Población y Desarrollo. (Urgente resolución.)

Agenda política


Comentarios sobre el curso de los trabajos que realiza la Comisión Investigadora de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»


ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios, para sus observaciones y se procede a su votación.

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma, a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su votación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.

Presidencia del diputado
Francisco José Paoli y Bolio

A las once horas con veintiocho minutos, en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia necesaria, se inicia la sesión de homenaje a los "Defensores de la Patria Mil Ochocientos Cuarenta y Seis-Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho y Batallón de San Patricio".

El Presidente da la bienvenida a los invitados especiales a esta ceremonia y la Secretaría da lectura al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación y para referirse a los héroes de los mencionados años, hacen uso de la palabra los diputados: Ramón Mota Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; Gilberto López y Rivas, del Partido de la Revolución Democrática; Francisca Haydee García Acedo, del Partido Acción Nacional; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo, y Aurora Bazán López, del Partido Verde Ecologista de México.

Terminadas las piezas oratorias, el diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva, devela las inscripciones en el muro de honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a las doce horas, con cuarenta y ocho minutos, se clausura la sesión de homenaje.

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las trece horas del jueves veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, con la asistencia de trescientos noventa y cuatro diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos, en votación económica.

Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Chihuahua y Morelos, con los que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.

Dos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con las que informa que:

El diputado Raúl Monjarás Hernández, ha dejado de pertenecer al Comité de Comunicación Social del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. De enterado.

De cambios en la conformación de las comisiones legislativas. De enterado.

Hace uso de la palabra el diputado Vicente de la Cruz Santiago, del Partido Revolucionario Institucional, quien da lectura al informe de la resolución a la denuncia presentada el doce de octubre de mil novecientos noventa y siete, por diputados del grupo del Partido Verde Ecologista de México, en contra de quien o quienes resulten responsables, por la aprobación del proyecto de muelle de cruceros turísticos en Cozumel, Quintana Roo. De enterado.

Otra del Congreso del Estado de Nuevo León, con la que remite iniciativa de reformas a los artículos catorce y veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Justicia.

Para presentar diversas iniciativas, se concede el uso de la palabra a los diputados:

Julieta Ortencia Gallardo Mora, del Partido de la Revolución Democrática, de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Vicepresidencia de la diputada
María de las Mercedes Martha Juan López

Carlos Iñiguez Cervantes, del Partido Acción Nacional, de reformas a la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer la Defensa Civil de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con la opinión de la Comisión de Defensa Nacional.

Un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita los permisos constitucionales necesarios para que ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de Japón y las repúblicas Federativa de Brasil, Francesa y Federal de Alemania, respectivamente. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Una minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, para los efectos del artículo setenta y dos inciso e de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia.

Otra de la colegisladora, con proyecto de decreto con el que se conceden los permisos constitucionales para que ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Nicaragua. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Para presentar sendas excitativas, a fin de que sean dictaminadas diversas iniciativas, se concede el uso de la palabra a las diputadas:

Elsa Patria Jiménez Flores, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, referente a la iniciativa presentada el veintitrés de abril de mil novecientos noventa y ocho.

                                                                       1475, 1476 y 1477

Patricia Espinosa Torres, del Partido Acción Nacional, a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Trabajo y Previsión Social, referente a la iniciativa presentada el diez de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, de reformas al artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ambos casos la Vicepresidenta obra en consecuencia.

Proposición con punto de acuerdo para:

Constituir una comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales en el proceso electoral del Estado de Hidalgo, firmada por representantes de los grupos parlamentarios de los partidos: del Trabajo, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Verde Ecologista de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

La Secretaría da lectura a la declaratoria con la que el Congreso de la Unión reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna al Poder Ejecutivo Federal. En votación económica, se aprueba el proyecto de declaratoria. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

Proposición con punto de acuerdo a fin de fiscalizar los recursos federales que ejercen las entidades y los municipios, presentada por el diputado José Luis Gutiérrez Cureño, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Tres dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que:

Ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Nicaragua. La Asamblea dispensa los trámites y la Secretaría recoge la votación que resulta aprobatoria por trescientos siete votos en pro y uno en contra. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

Dos, para que ciudadanos mexicanos puedan prestar sus servicios a gobiernos extranjeros. Se les dispensan los trámites y se recoge la votación que resulta aprobatoria por doscientos ochenta y dos votos en pro y uno en contra. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

Para comentar lo que calificó como intromisión de diputados federales en asuntos internos de la Universidad Nacional Autónoma de México y agresiones al rector de dicha institución, hace uso de la palabra la diputada: América Soto López, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta, como de urgente resolución, una proposición.

Debaten al respecto, los diputados María del Carmen Díaz Amador, del Partido Acción Nacional; Lenia Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una interpelación de la diputada Soto López; Benito Mirón Lince, del mismo partido, quien acepta interpelaciones de los diputados: Rodríguez Prats, Díaz Amador y Sánchez Carreño; Lino Cárdenas Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Sánchez Campos; José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática; Margarita Chávez Murguía, del Partido Acción Nacional, quien acepta una interpelación de la diputada Batres Guadarrama; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática y Jaime Miguel Moreno Garavilla, del Partido Revolucionario Institucional.

Desde sus respectivas curules, los diputados Rojas Arreola y Valdés Arias, solicitan que se verifique el quorum.

La Vicepresidenta cierra la sesión a las dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos, por falta de quorum, ordena que se descuente el día a quienes no estuvieron presentes y cita para la que se llevará a cabo el miércoles tres de noviembre, de mil novecientos noventa y nueve a las trece horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

REYES RODOLFO FLORES ZARAGOZA

El Presidente:

Esta mesa directiva ha recibido la información de que el licenciado Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, por tres veces diputado a esta Cámara, falleció el día domingo pasado.

Fue diputado en la XLIX, LI y LIII legislaturas y fue oficial mayor de esta Cámara en la LIV Legislatura. Asimismo fue senador de la República en representación de Jalisco.

En atención a lo anterior, quiero pedir a los señores diputados guardemos en su honor un minuto de silencio.

(Minuto de silencio.)


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

El Presidente:

En virtud de que se levantó la sesión anterior por falta de quorum, se va a proceder a recoger la votación de la proposición relativa a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación de si se considera de urgente resolución la proposición.

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para tomar la votación nominal.

(Votación.)

Se emitieron 251 votos en pro y 75 en contra.

El Presidente:

La votación alcanza las dos terceras partes, por lo cual se considera de urgente resolución.

La discusión de este punto se realizó durante la sesión pasada. Han solicitado la apertura de un nuevo turno de oradores y abriríamos en virtud de que se ha discutido previamente un turno para tener un orador en contra y uno a favor por 10 minutos cada uno.

Tiene la palabra el diputado Bernardo Bátiz Vázquez, en contra de la proposición y hasta por 10 minutos.

El diputado Bernardo Bátiz Vázquez:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Es sencillamente absurdo discutir una propuesta de carácter tan singular, tan particular, tan específica como es la que estamos en este momento poniendo a discusión en esta Cámara de Diputados.

Los diputados al Congreso de la Unión, representantes de la nación, no tenemos de ninguna manera por qué pedir colectivamente disculpas a ninguna persona, por varias razones, en este caso específico relacionada con la supuesta ofensa al rector de la Universidad.

En primer lugar no tenemos por qué solicitar disculpa alguna, porque la serie de circunstancias y de hechos que se han venido derivando de este problema de la Universidad, se deben esencial y fundamentalmente a una falta de cumplimiento del rector a la Constitución, a un error personal, porque el rector está empeñado y se empeñó inicialmente...

El Presidente:

Permítame, diputado, para hacer un llamado. Queremos rogar a los señores diputados tomar sus lugares y prestar atención al orador, para poder continuar con nuestra sesión. Si son tan gentiles, les suplicamos tomar sus lugares y continuar prestando atención al orador. Continúe, diputado Bátiz.

El diputado Bernardo Bátiz Vázquez:

Agradezco mucho la llamada de atención, señor Presidente, pero ya estaba lográndola solo. Muy amable de cualquier manera. Me estaba costando trabajo, pero ya íbamos encaminados a eso.

Estoy mencionando, en primer lugar, un razonamiento de fondo: ¿por qué se ha llegado a ese estado en que vive actualmente la Universidad? ¿Por qué hemos llegado a este momento en

el que las cosas se han complicado a tal grado que un grupo de diputados se ven obligados a pedir la renuncia al rector cuando estuvo aquí presente?

En primer lugar, porque hay una violación flagrante a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el momento en que se aprueba un cobro de cuotas, un aumento de cobro de cuotas cuando expresamente el artículo 3o. constitucional establece, sin lugar a dudas, que la educación que imparta el Estado debe ser gratuita y la Universidad es parte del Estado, es un organismo descentralizado del Estado. Su misma Ley Orgánica así lo determina y por tanto la educación que imparta la Universidad debe ser gratuita.

Se nos ha dicho que existe otro párrafo del artículo 3o., que podría interpretarse de otra manera, sin embargo, esta interpretación no es aceptable. Basta leer la exposición de motivos de la época en que se reformó la Constitución para incluir esta disposición, para que veamos que, sin lugar a dudas, el legislador constitucional lo que quería era expresamente darle al Estado la facultad de impartir educación pública de nivel universitario, de grados superiores, de carácter profesional de ninguna manera cobrar cuotas a los estudiantes.

Existían efectivamente las cuotas en la Ley Orgánica de la Universidad porque no se reformó oportunamente esa ley, pero hay una propuesta aquí presentada en la Cámara precisamente encaminada a que se adecúe la Ley Orgánica anterior a la reforma, para que se suprima el cobro de cuotas definitivamente; pero el rector, mal aconsejado, indebidamente preparado por sus equipos de abogados, pretende darle a la Constitución una interpretación inaceptable. Ese es el fondo de toda la cuestión.

Pero yendo más al punto concreto de la supuesta ofensa, no es ninguna ofensa pedirle a una persona que ha actuado con ineficacia, con prepotencia, que no ha encontrado salidas, que se ha negado al diálogo, pedirle que se retire de un cargo que no está llevándolo, desempeñándolo correctamente, no es ninguna falta de respeto hacerle esa petición y entregársela por escrito.

¿Cómo va a decirse que representantes del pueblo, que representantes de la nación tienen que pedirle excusas a un funcionario público porque le solicitan una renuncia? Es sencillamente inaceptable que tal cosa suceda; pero aún en el supuesto caso de que hubiera habido alguna ofensa, que no la hubo, aún en el supuesto caso de que se hubiera considerado indebida la solicitud de la renuncia al rector de la Universidad, no es el pleno de la Cámara el que tiene que pedir ninguna disculpa ni ninguna excusa.

No son facultades del pleno de una Cámara de Diputados las de pedir excusas a nadie, no podemos nosotros echarnos a cuestas una decisión que puede sentar un mal precedente. Si ahora la mayoría de esta Cámara acepta que se pida excusa a una persona, sostengo que no es de ninguna manera una falta la que se le cometió; pero en el supuesto caso, como decimos los abogados sin conceder, que se hubiera efectivamente causándole algún agravio, no es la forma de solucionarlo llevando a toda la Cámara de Diputados a la mayoría de esta Cámara legisladora, a tomar una determinación.

Los que consideren, los que crean, los que piensen que le causaron un agravio al rector, que sean ellos los que tomen esa decisión. Hay votaciones que no pueden obligar, no podemos los que no estamos de acuerdo en pedir de ninguna manera una excusa, no podemos por mayoría de votos cambiar nuestro modo de pensar. Podemos nosotros sujetarnos a la mayoría cuando se discute una ley o un decreto, cuando se discute una disposición de carácter general, pero una excusa, pedir disculpas a una persona, me pueden obligar los demás y yo no lo quiero hacer. Yo sostengo que sería una aberración y que estaríamos cometiendo un grave error al aprobar una propuesta en este sentido. Estaríamos abriendo las puertas para otras equivocaciones parecidas en el futuro.

                                                                     1478, 1479 y 1480

Yo invito a los señores diputados a que voten en contra de esta propuesta, aún los que consideren que hubo algún agravio y que habría que pedir alguna disculpa. Que pidan la disculpa los que así lo consideren, que pida la disculpa si quiere la Presidencia de esta Cámara, que pidan la disculpa si quieren los coordinadores de los grupos que consideren que es pertinente solicitarla, pero no pueden obligar por mayoría a tener una opinión distinta de la que ya se tiene en un caso tan específico.

Creo yo que la equivocación viene de la posibilidad que se piensa que tenemos de dictar un decreto sobre un asunto singular encaminado a un acto de desagravio.

No fue agraviado el rector y si lo hubiera sido no tenemos nosotros por qué colectivamente solicitarle disculpa de ninguna especie.

Creo yo que ni en el fondo ni en la forma procede esta solicitud e invito a todas las señoras diputadas y a los señores diputados a que voten en contra para no cometer una injusticia en primer lugar, para no obligar con una mayoría de votos en un cierto sentido a los que no estamos de acuerdo con pedir la disculpa y en tercero y primerísimo lugar, por decoro de la misma Cámara de Diputados.

No tenemos por qué rendir cuentas a nadie, no podemos ser recriminados por lo que decimos en nuestro carácter de diputados, no podemos recibir una llamada de atención, mucho menos podemos dar marcha atrás en algo que se dijo por mayoría de votos. La solicitud que se le hizo de renuncia no fue presentada en nombre de la Cámara, por tanto la Cámara no tiene por qué pedir disculpas. Algunos diputados la firmamos y la presentamos en lo personal; no tenemos por qué obligar a todos a pedir esa disculpa. Consideramos los que lo hicimos, que no tenemos culpa alguna; no pediremos la disculpa y en todo caso votaremos en contra e invito a los demás a que hagan lo mismo.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado Bátiz.

Tiene la palabra a favor de la proposición, la diputada María del Carmen Díaz Amador, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

La diputada María del Carmen Díaz Amador:

Con su venia, señor Presidente:

Quiero comenzar diciendo que Elías Canetti, en su libro Masa y Poder dice que el voto, la papeleta electoral, expresa la renuncia de los habitantes de un país a las armas. Expresa la renuncia de los habitantes de un país a la confrontación armada y por lo tanto, la voluntad expresa de la creación de un espacio político. Ese espacio político es el espacio de la representación.

Y en el espacio de la representación parlamentaria el mandato de la ciudadanía está compuesto, además de la renuncia a las armas y a la confrontación, a la capacidad de los legisladores a votar para aquello que consideren importante o no en su proyecto de nación.

Aquí, en la Cámara de Diputados, la correlación de fuerzas acerca de un problema del país se mide por la cantidad de votos. Es la razón y la argumentación, los que pueden desviar o conformar las votaciones; no es la fuerza ni el enfrentamiento. La fuerza aquí se mide, repito, por la cantidad de votos.

¿Por qué apoyamos, el Partido Acción Nacional, la disculpa de esta Cámara de Diputados al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Por qué es éste el espacio para plantear una acción política? Esa pregunta la tendrán que contestar ustedes, señores legisladores.

Lo que si es importante es que pedir la disculpa lleva como premisa fortalecer el espacio de lo político en la Cámara de Diputados. Necesitamos hacer de la Cámara de Diputados no solamente un espacio plural, ya lo logramos; sino también un espacio de lo político, efectivo; un espacio donde los conflictos sociales tengan una resolución, un espacio donde la razón y la argumentación sean herramientas suficientes para que ningún mexicano tenga que usar las armas para hacer llegar sus demandas hasta el poder político.

Por eso expresamos nuestro respaldo a pedir una disculpa pública al rector de la UNAM, para fortalecer un espacio político en México. Creo que todo México se merece este fortalecimiento para la resolución de los conflictos sociales.

La disculpa al rector de la Universidad...

El Presidente:

Permítame diputada María del Carmen Díaz Amador.

El diputado Martín Mora Aguirre
(desde su curul):

Pido la palabra.

El Presidente:

¿Para qué propósito, diputado?

El diputado Martín Mora Aguirre
(desde su curul):

Señor Presidente, solamente para que por su conducto le pregunte a la oradora si me permite hacerle una pregunta.

El Presidente:

Diputada Díaz Amador, ¿acepta usted la interpelación?

La diputada María del Carmen Díaz Amador:

Sí, como no.

El Presidente:

Adelante por favor.

El diputado Martín Mora Aguirre
(desde su curul):

Si ya estamos en una posición de empezar a dar disculpas, que no pedirlas ¿No sería conveniente que esta Cámara también le diera una disculpa al pueblo de México porque ustedes aprobaron el Fobaproa?

La diputada María del Carmen Díaz Amador:

Creo que no es el tema señor diputado. Por lo menos aquí no es espacio de campañas políticas.

Creo que preservar la Cámara de Diputados como un espacio de lo político, como un espacio donde los conflictos sociales encuentren las herramientas de la argumentación y de la razón, es un deber de todos los diputados de cualquier partido político.

Y decía que el hecho de la disculpa al señor rector de la UNAM, trasciende la toma de posición de cualquier partido con respecto al conflicto de la UNAM.

Señores diputados: aquí no estamos discutiendo el conflicto de la UNAM; estamos discutiendo si vamos a mantener vivo y a fortalecer el espacio de lo político y si este espacio puede ser una alternativa para resolver la conflictividad social en México.

Nuevamente el Partido Acción Nacional, por este conducto, demanda a las partes en conflicto dejar a un lado el uso de la fuerza, el uso de las amenazas de actos de intimidación y actos de expulsión por parte de las autoridades universitarias. Demanda el levantamiento del paro y el cese de las provocaciones en la vía pública por parte del CGH; demandamos se dejen a un lado las simulaciones por ambos actores del conflicto y se establezcan espacios reales de diálogo y negociación en los que participe el conjunto de la comunidad universitaria.

El Partido Acción Nacional no se sumará en ningún momento a incrementar la tensión entre las partes en conflicto de la UNAM. Por ello no respaldamos en forma alguna el enfrentamiento a las autoridades universitarias, como tampoco a ninguna acción que lleve al enfrentamiento o a la exclusión de los estudiantes en paro de la comunidad universitaria.

La polaridad provocada aquí o afuera beneficia no sólo a aquellos que ven en este conflicto universitario la oportunidad de degradar el derecho a la educación pública y gratuita a cambio de posiciones electorales. Beneficia también a los sectores más reaccionarios.
Señores diputados: yo les diría como decía Carlos Marx: "no se porten como guerrilleros en el parlamento y como parlamentarios en la calle".

Gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada. Han pedido la palabra, para rectificar hechos, los señores diputados Gonzalo Rojas y Armando López.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Gonzalo Rojas.

El diputado Gonzalo Pedro Barbáro Rojas
Arreola:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En realidad, la discusión acerca de si disculpas o no disculpas tiende una cortina de humo alrededor del fondo del problema de la Universidad y distrae a esta Cámara y a la opinión pública o trata de distraerla del asunto de fondo, que es el deterioro intencionado que se quiere hacer de la Universidad Nacional Autónoma de México para fines de desnaturalizarla y de cambiar su esencia y transformarla, como ya se ha mencionado aquí, con intenciones de fragmentarla en diferentes universidades.

Y a ello está contribuyendo de manera fundamental, el actual rector de la Universidad al negarse, al no propiciar una solución que, de haber intervenido para su solución desde el principio, como era su obligación hacerlo, no hubiera avanzado, como el propio presidente Zedillo lo reconoce, a los niveles que actualmente tiene el conflicto.

Pero desde luego que el proyecto de transformación de la Universidad pasa por su deterioro y a eso está contribuyendo el rector y ése es un proyecto que comparten el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Por eso el Partido Acción Nacional invitó al rector aquí. El Presidente de esta Cámara, del Partido Acción Nacional, de manera sorpresiva, invitó al rector aquí, ni siquiera se publicó en la Gaceta la llegada aquí del rector para esa sesión solemne, tratando de sorprender a los diputados con el afán de que de una sesión de esa naturaleza el rector saliera fortalecido implícitamente.

Como el asunto no le salió como lo había previsto, obviamente la reacción es que esta Cámara se pronuncie por ofrecer disculpas, tratando de tender una cortina de humo en el fondo, porque lo que está en juego y a lo que se está prestando el rector es a deteriorar la Universidad para poder hacer posible lo que han hecho con otros sectores de la sociedad, de la economía en México.

El Presidente:

Permítame, diputado Rojas.

¿Para qué propósito, diputado Juan Carlos Espina? Activen el micrófono del diputado Juan Carlos Espina.

El diputado Juan Carlos Espina von
Roehrich
(desde su curul):

Señor Presidente, para ver si el orador es tan amable de contestarme una pregunta.

El Presidente:

¿Acepta usted la interpelación, diputado Rojas?

El diputado Gonzalo Pedro Barbáro Rojas
Arreola:

Sí, señor Presidente.

El Presidente:

Adelante, proceda.

El diputado Juan Carlos Espina von
Roehrich
(desde su curul):

Señor diputado: según su argumentación, el Presidente de la Cámara por su filiación partidista invitó a una serie de personas a la sesión solemne. Dígame usted, ¿si es necesario que se tome un acuerdo de Cámara para que la mesa directiva y su Presidente inviten a personalidades a una sesión solemne, que tenía por objeto develar el nombre con letras de oro de Justo Sierra o que sea necesario publicarlo en la Gaceta Parlamentaria?

                                                         
                       1481, 1482 y 1483

El diputado Gonzalo Pedro Barbáro Rojas
Arreola:

Para nadie es desconocido que el señor Presidente de la Cámara, en alianza con el Partido Revolucionario Institucional, porque es el que lo sostuvo, es el que lo tiene ahí, pertenece al Partido Acción Nacional y comparten el mismo proyecto y eso es precisamente lo que estamos... Parece que quieren hacer uso de la palabra los señores asesores de aquel lado, señor Presidente.

El Presidente:

Continúe, diputado.

El diputado Gonzalo Pedro Barbáro Rojas
Arreola:

Entonces le pediría que les llamara la atención, hay personas que no me dejan continuar, señor Presidente.

El Presidente:

Le ruego que continúe, diputado Rojas.

El diputado Gonzalo Pedro Barbáro Rojas
Arreola:

Es para todos conocido que hay una afinidad extraordinaria entre el Partido Acción Nacional, al que pertenece Paoli y Bolio, presidente de esta Cámara, con el PRI, y comparten el proyecto de desmembrar a la Universidad Nacional Autónoma de México porque se inscribe en el marco de la política neoliberal el entregar en manos de la iniciativa privada todo lo que huela a ganancia.

Termine, señor Presidente.

El Presidente:

Continúe con su intervención.

El diputado Gonzalo Pedro Barbáro Rojas
Arreola:

Muy bien, gracias.

Queremos decir que plantear las disculpas, como se están planteando, en primer lugar el acuerdo que aquí se presentó incurre en falsedades porque no se interrumpió la sesión solemne. Por lo tanto, no podemos votar un acuerdo que se basa en falsedades. La entrega al rector de una carta con la opinión de más de 100 diputados, no solamente del PRD, también de otras fracciones y diputados independientes, más de 100 diputados opinamos que el rector debe renunciar y sostenemos nuestro punto de vista: ¡el rector debe renunciar a la Universidad! y eso no implica que estemos nosotros obligando a la Cámara a que se pronuncie por la renuncia del rector. Si así fuera hubiéramos traído un punto de acuerdo aquí para que la Cámara se pronunciara por la renuncia del rector, pero no lo hicimos, lo hicimos a título personal.

Y asumimos la responsabilidad, porque estamos convencidos que el rector Barnés se ha convertido en un obstáculo para la solución del conflicto de la Universidad y no nada más lo decimos más de 100 diputados, también lo dicen cientos de investigadores y profesores de la Universidad y también lo dicen miles de ciudadanos que han opinado que el rector debe de renunciar.

Y yo concluyo esta intervención diciendo a mis compañeros del Partido Acción Nacional: ¿consideran ustedes que cuando el diputado Medina Plascencia hizo uso de la tribuna para contestar el informe presidencial ofendió la figura presidencial?..

¡Nosotros sostuvimos que no, que el diputado Medina Plascencia hizo uso de la facultad que tiene para opinar, para dar puntos de vista, para cuestionar la política económica! ¡Y nosotros defendimos a Medina Plascencia! ¡El Partido Acción Nacional defendió el derecho de Medina Plascencia para expresar lo que expresó ante el Presidente de la República! ¡Y nos parece incongruente que ahora el Partido Acción Nacional pida que nosotros nos expresemos ante un representante del Ejecutivo, porque no me digan que es autónomo el rector y es autónomo el Consejo Universitario. Que un representante del Ejecutivo porque nosotros le dijimos nuestra opinión de que está haciendo mal las cosas y por lo tanto debe renunciar, ahora sí nosotros cometimos un despropósito y debemos de ofrecer disculpas!

Muchas gracias, compañeros.

El Presidente:

Gracias, diputado Rojas.

Tiene la palabra el diputado Armando López.

El diputado Armando López Romero:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:

He venido otra vez a esta tribuna a recordarles, una vez más, que siempre hemos estado aquí buscando la solución del conflicto de la Universidad. Que hemos estado aquí buscando los espacios y la responsabilidad de cada uno de nosotros para solucionar este conflicto. Hemos hecho llamados desde aquí, tanto al movimiento estudiantil como a la propia rectoría, para que de inmediato busquemos la solución a este conflicto. Hemos también convocado a cada uno de ustedes, como diputados representantes de la sociedad, también a responder con nuestra obligación y buscar juntos esta solución.

Y hasta ahorita lo que hemos escuchado son posiciones, posiciones de partido, partidistas, que nada siquiera han permitido ampliar un espacio de negociación.

Escuchamos aquí que efectivamente este espacio de representación implica un compromiso político ante nuestros representantes. Este espacio político ha sido desde aquí convocado por su servidor, para realmente convocar y coadyuvar para la solución del problema universitario y lo que hoy estamos discutiendo aquí, compañeros, en nada soluciona el problema, el conflicto universitario.

Podemos estar o no de acuerdo con actitudes, podemos estar o no de acuerdo con excesos, pero lo que no estamos haciendo aquí en este momento es estar discutiendo la solución al conflicto universitario ni esto coopera a la solución del conflicto universitario. ¡Lo que deberíamos de estar discutiendo aquí, compañeros, es la obligación política que tenemos a encontrar y a coadyuvar a la solución!

Esta discusión no permite, ni siquiera coopera, en la solución del problema universitario. Subamos esta discusión, comprometámonos todos a que de aquí en adelante este espacio se convierta en un espacio que impulse la negociación y el diálogo, en un espacio que permita a las partes esa mesa de negociación tan anhelada por la sociedad mexicana.

No vengamos, pues, a tomar medidas que no van a cooperar en nada a la solución del problema. Comprometámonos, sí y eso es lo que deberíamos de estar votando aquí, compañeros, a que cada uno de nosotros impulsará desde nuestra responsabilidad este espacio posible que la misma sociedad nos está exigiendo.

Nos hemos hecho oídos sordos. Hemos subido a esta tribuna más de 10 veces a exigir a esta Cámara de Diputados que abramos este espacio, pero hasta ahorita ni siquiera esas propuestas se han discutido y traemos ahorita a esta tribuna la discusión de una medida que en nada coopera a la solución del conflicto universitario.

Cada uno puede tener su visión, pero no es ni metiendo a la cárcel a los muchachos ni cortando la cabeza de las autoridades como vamos a solucionar este problema. Lo vamos a solucionar si tenemos una responsabilidad social.

Sabemos, muchos, que el rechazo que hizo el doctor Barnés a la posibilidad del Congreso Universitario por sí mismo lo desacreditó como posible negociador. Sin embargo también creemos que es muy importante desde aquí buscar este espacio en donde él, hoy autoridad de la Universidad y entonces participante del Primer Congreso Universitario, se comprometa directamente con la sociedad a llevar a cabo este Congreso Universitario. Esto es lo que deberíamos de estar discutiendo, compañeros y yo creo que lo que estamos haciendo es que estamos dando marcha atrás para solucionar este conflicto.

Dejemos, pues, a un lado las posiciones intransigentes; dejemos, pues, a un lado el choque partidista y juntos, los 500 diputados, obliguemos a la institución, obliguemos al Ejecutivo, obliguemos al CGH a abrir de inmediato el espacio de negociación y el espacio de diálogo.

Compañeros: es el momento de que realmente asumamos con responsabilidad nuestra posición ante el conflicto universitario. Dejémonos ya de estarle buscando por otro lado, dejemos ya de estar alimentando la no posibilidad del diálogo, a tomar partido y hagamos realmente de esta Cámara de Diputados un impulsor de la negociación y la solución del problema universitario.

Muchísimas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado Armando López.

Diputada Estrella Vázquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra hasta por cinco minutos, para rectificar hechos.

La diputada María Estrella Vázquez Osorno:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Llama profundamente la atención que vengamos a esta altísima tribuna de la nación para discutir acerca de la disculpa o no al rector actual de la Universidad. Pareciera que no se quiere ir a la discusión de los problemas de fondo del país.

Lo que está ocurriendo en la Universidad es un asunto sumamente delicado, quizá como lo que sucedió en enero de 1994. Está haciendo explosión un problema que por viva voz de los representantes y directivos de los principales centros de educación superior, de investigación científica y tecnología, hemos escuchado hace unas horas en una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Es el abandono del Gobierno, de todas las áreas de educación superior y de la investigación científica y tecnológica que condenan a este país a ser un país maquilador.

Y nosotros aquí estamos viendo si le pedimos disculpas al señor rector, que por cierto ninguna disculpa le va a ayudar ni le va a dar ningún respaldo para atender el problema de la Universidad que no ha querido atender. La torpeza, limitación e incapacidad del rector ha quedado manifiesta no para nosotros, para la sociedad en su conjunto. Le quedó muy grande el cargo de rector a este doctor Barnés.

A mí me llama la atención profundamente que el Partido Acción Nacional venga hoy aquí a plantear la necesidad de una disculpa, cuando hace un año, exactamente cuando empezábamos a discutir el problema del presupuesto, no se le pidió una disculpa por usar la fuerza pública al conjunto de organizaciones que vinieron aquí a manifestar su desesperación por la aprobación del Fobaproa.

¿Será quizá que el PAN se está preparando para pedirle una disculpa no al rector, sino a la comunidad universitaria y a las escuelas de educación superior y de investigación científica y tecnológica de este país porque no van a aprobar un presupuesto mayor para esas áreas? ¿Será acaso que se están preparando para pedirle disculpas a los sectores marginados de este país que no van a encontrar en el presupuesto una respuesta a la solución de sus demandas fundamentales de alimentación, vestido, vivienda, salud etcétera?

Pero es una disculpa ¿o qué se pretende con una propuesta totalmente descabellada frente a un conflicto que rebasa los seis meses y que la solución que requiere es el incremento del presupuesto para todas las escuelas de educación superior y con eso se puede derogar el reglamento de pagos que ha aprobado tan torpemente este actual rector y que lo menos que merece es la sustitución?

Es una realidad, compañeras y compañeros, no vengamos a hacer falsos debates a esta tribuna que además es una pena el nivel que se refleja por parte del Congreso y vayamos al asunto de fondo. ¿Por qué nos propone la compañera Maricarmen Díaz Amador el manifiesto que acabamos de acordar con todos los científicos y directivos de las escuelas superiores para que lo suscriban todas las diputadas y diputados de esta Cámara por el incremento del presupuesto a las escuelas de educación superior y a todos los centros de investigación del país? 

Yo creo que eso lo suscribiríamos todos y eso contribuiría mucho más a resolver la actual huelga de la Universidad y a darle también a esos jóvenes un mensaje de esperanza de que este Congreso es sensible a la necesidad de educación pública y gratuita de este país.

                                                                           1484, 1485 y 1486

El Presidente:

Gracias, diputada Estrella Vázquez.

Después de los oradores a favor y en contra inscribí cinco diputados más para rectificar hechos; al término de esta lista preguntaré si el asunto está suficientemente discutido, si la Asamblea considera que no lo está, daremos paso a nuevas peticiones de palabra.

Tiene la palabra el diputado Pablo Sandoval, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Pablo Sandoval Ramírez:

Compañeras y compañeros diputados:

Alrededor de un centenar de diputados planteó una opinión, óigase bien, una opinión para la renuncia del rector de la Universidad Nacional y el artículo 61 constitucional es muy claro al respecto, la propuesta de solicitar disculpas al rector, puede sentar un gravísimo precedente.

El artículo 61 de la Carta Magna, señala con mucha precisión: "los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas".

Realmente se estaría sentando un precedente gravísimo el que desde el seno de la propia Cámara de Diputados fuesen reconvenidos algunos de los integrantes de esta Cámara por la opinión que han planteado en relación con el conflicto de la UNAM y específicamente en relación con la salida a este conflicto consistente según el punto de vista de este grupo de diputados que sería la renuncia del rector de la UNAM es realmente gravísimo el que desde el seno de la Cámara de Diputados se plantee reconvenir a diputados por una opinión que han externado en su seno. Este artículo está visualizado básicamente en el sentido de que desde el ámbito del Poder Ejecutivo pudiera tratar de ser reconvenido algún diputado por las opiniones que vierta en esta Cámara, pero es verdaderamente lamentable el de que desde el seno de la Cámara de Diputados se plantee que haya una reconvención y particularmente en los términos tan humillantes en que está planteada la petición del Partido Acción Nacional para solicitar disculpas al rector de la UNAM por las opiniones de este centenar de diputados federales que hemos demandado la renuncia del rector como vía de solución de este gravísimo conflicto que afronta la nación.

De ahí la solicitud atenta para desechar esta solicitud y votar en contra de esta moción.

Se ha planteado por lo demás, que una opinión de esta naturaleza, la de demandar la renuncia del rector de la UNAM, violenta la autonomía universitaria. ¿Qué es la autonomía universitaria? Compañeras y compañeros diputados, de acuerdo con la definición constitucional del artículo 3o., autonomía es autogobierno, no es aislamiento de la Universidad respecto del debate político nacional; es absurdo considerar que la opinión de un diputado o de un grupo de diputados pudiera constituirse como acción de violencia contra la Universidad, de violentación de su autonomía.

El artículo 3o. nos señala muy claramente: "las universidades y las instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse asimismas".

Implica dos cuestiones, una opinión de los diputados es absurdo que violente la autonomía universitaria; y en segundo término, la Constitución está obligando a desarrollar mecanismos democráticos de autogobierno de los universitarios para la toma de sus decisiones fundamentales, lo que no ocurre en la UNAM; ha sido una decisión unilateral del rector la que ha producido este conflicto y de ahí la urgencia de buscar una salida de diálogo, una salida que advierta la prevalencia de los principios establecidos en la propia Constitución.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Sandoval.

Tiene la palabra en este primer turno de cinco oradores, el diputado Samuel Maldonado, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática.

El diputado Jesús Samuel Maldonado
Bautista:

Compañeras y compañeros diputados:

Ya es de todos conocido la grave irresponsabilidad que hizo estallar la huelga en nuestra máxima casa de estudios. Una decisión a todas luces irresponsable e ineficiente hoy da margen para que nosotros ofrezcamos una disculpa al que fue irresponsable e ineficiente.

Cabría señalar, en este orden de ofrecer disculpas y de recordar que hace algunos años en esta tribuna precisamente, el ex presidente López Portillo ofrecía una disculpa a los miserables de México porque no habíamos... el gobierno no había podido sacarlos de su marginación y olvido y han pasado los años y quien debiera seguir ofreciendo disculpas a los mexicanos por esa situación de miseria en la que se está inmerso, debieran ser las autoridades irresponsables e ineficientes que hemos tenido tanto en la Universidad como en el Gobierno de la República Mexicana.

Yo creo pues, que ofrecer una disculpa es permitir que disminuya o que se vulneren las acciones constitucionales que nosotros tenemos derecho. Una reconvención de esta naturaleza no puede darse en una tribuna, porque todos lamentaríamos más tarde la disminución de las facultades que se tienen o que tienen los representantes de la nación.

Por último. Si es el caso de ustedes, Partido Revolucionario Institucional y Partido de Acción Nacional, habría que pedirle y de antemano se aprovecharía esa disculpa, señor Presidente, para que se la pidan también a Ernesto Zedillo Ponce de León. El ha mostrado ser el jefe inmediato de Francisco Barnés y los dos han sido totalmente irresponsables en esta conducta seguida, así que para que salga más barato pídanle la disculpa al propio representante del Poder Ejecutivo, por su irresponsabilidad conjunta con el propio rector de la Universidad Autónoma de México.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado Maldonado.

Consulte la Secretaría, en votación económica, si el asunto está suficientemente discutido.

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

En votación económica, se consulta si el asunto se considera suficientemente discutido.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se considera suficientemente discutido.

El Presidente:

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por 10 minutos, para proceder a la votación sobre si se aprueba la proposición.

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Se pide a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para tomar la votación nominal para ver si se aprueba o se desecha la proposición.

(Votación.)

Se emitieron 239 votos en pro y 96 en contra; por lo tanto se aprueba la proposición.

El Presidente:

Aprobada la proposición.


ESTADO DE HIDALGO

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

«Escudo.-Poder Legislativo.-Gobierno del Estado de Hidalgo.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.

Para su conocimiento y efectos, nos permitimos informar a ustedes que la Comisión Permanente de la LVII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, clausuró los trabajos correspondientes al receso del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional.

Al hacer de su conocimiento lo anterior, me es grato reiterarles las seguridades de mi atenta consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Pachuca, Hidalgo, 29 de septiembre de 1999.-El oficial mayor del honorable Congreso, Manuel Angel Villagrán Valdespino.»

«Escudo.-Poder Legislativo.-Gobierno del Estado de Hidalgo.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.

Para su conocimiento y efectos, me estoy permitiendo informar a ustedes, que la LVII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, dio apertura al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional y eligió a los integrantes de la directiva que fungirán durante el mes de octubre de 1999, recayendo dichos cargos en los diputados: Damián Sosa Castelán, presidente; Pedro Porras Pérez, vicepresidente; José Pablo Guillermo Uribe Muñoz, Gabriel Medina Rodríguez, secretarios propietarios; Pedro Molano Badillo y Amalia Padilla Uribe, secretarios suplentes.

Al hacer de su conocimiento lo anterior, me es grato reiterarles las seguridades de mi atenta consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Pachuca, Hidalgo, 1o. de octubre de 1999.-El oficial mayor del honorable Congreso, Manuel Angel Villagrán Valdespino.»

De enterado.

ESTADO DE NAYARIT

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Poder Legislativo.-Nayarit.-XXVI Legislatura.

Diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-Presente.

Aprovecho el medio para enviarle un fraternal saludo y al mismo tiempo informarle que anexo, le envío copia certificada del acuerdo número 5 (cinco), emitido por este honorable Congreso del Estado, mediante el cual se solicita su intervención como Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a fin de que Nayarit sea incorporado al Programa de Apoyo a la Comercialización de Granos Básicos.

En el mismo acuerdo, se autoriza a la Comisión de Gobierno Legislativo que me toca en turno presidir, entrevistarse con la Junta de Coordinación Política de esa Cámara, lo cual, como usted recordará ya cumplimos los días 22 y 23 de octubre del año en curso.

En el afán de dar seguimiento a los trámites que un servidor, así como los diputados N. Alonso Villaseñor Anguiano y Gilberto Padilla Peña iniciamos ante distintos integrantes de la Cámara de Diputados, le solicito respetuosamente realizar la tramitación legislativa correspondiente para que el citado acuerdo se anexe a la discusión y análisis que sobre el tema de la comercialización de granos básicos realizan las comisiones de Agricultura y Programación y Presupuesto.

Esperando contar con su decidido apoyo, me reitero a sus apreciables y distinguidas órdenes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tepic, Nayarit, a 27 de octubre de 1999.-Comisión de Gobierno Legislativo.-El Presidente, diputado J. Isabel Campos Ochoa. »

«El que suscribe, licenciado Pablo Montoya de la Rosa, oficial mayor del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, hace constar y

                                                                   1487, 1488 y 1489

                                                                         CERTIFICA


Que las presentes copias fotostaticas en 2 (dos), fojas útiles, concuerdan fielmente con su original que obra en los archivos de este Congreso del Estado, las cuales doy fe de tener a la vista.

Se extiende la presente en la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit, a los 27 días del mes de octubre de 1999.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Poder Legislativo.-Nayarit.

Acuerdo número cinco.

El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit representado por su XXVI Legislatura.

                                                                       ACUERDA


Autorización a la Comisión de Gobierno Legislativo, para que en representación del Congreso solicite la intervención del Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que el Estado de Nayarit sea incorporado al Programa de Apoyos a la Comercialización de Granos Básicos y que se entrevisten con la Junta de Coordinación Política de esa Cámara.

Unico.
Se autoriza a la Comisión de Gobierno Legislativo para que en representación de este Congreso solicite formalmente la intervención del diputado federal licenciado José Francisco Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que presente a las comisiones de Agricultura, Hacienda y Programación y Presupuesto de dicha Cámara, la petición de este Congreso para que el Estado de Nayarit sea incorporado al Programa de Apoyos a la Comercialización de Granos Básicos. Asimismo, para que se entrevisten con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

                                                             ARTICULO TRANSITORIO

Unico.
El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en el periódico oficial, Organo de Gobierno del Estado.

Dado en la sala de sesiones "licenciado Benito Juárez" del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a 19 octubre de 1999.-Diputados: Hilaria

Domínguez Arvizu, presidenta; Margarita Basto Parades y Carlos Enrique García Cambero, secretarios.»

Recibo y túrnese a la Junta de Coordinación Política, a las comisiones de Agricultura, de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.


ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.-Presente.

En sesión ordinaria del honorable Congreso del Estado celebrada el día de la fecha, se eligió al presidente y vicepresidentes del Congreso del Estado, que fungirán durante el lapso del 15 de octubre al 15 de noviembre de 1999, en este primer periodo ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio legal, resultando electos los siguientes legisladores:

Diputados: Marco Antonio Gama Basarte, presidente; Justino Hernández Hilaria, primer vicepresidente y Emilio López Novoa, segundo vicepresidente.

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, propiciando la ocasión para reiterarles la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 14 de octubre de 1999.-Diputados: Fabián Espinosa Díaz de León, presidente; Antonio Rivera Barrón y José Carmen García Vázquez, secretarios.»

De enterado.


COMISIONES DE TRABAJO

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Cámara de Diputados.-LVII Legislatura.-Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.-Presente.

Adjunto al presente, oficio de fecha 28 de octubre de 1999, firmado por el diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, donde solicita el siguiente cambio:

Que el diputado Fidel Herrera Beltrán sustituya al diputado Francisco Javier Loyo Ramos en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Cabe hacer mención que el diputado Fidel Herrera Beltrán dejará de ser integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Lo anterior, para los efectos conducentes.

Son otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 28 de octubre de 1999.-Enrique León Martínez, secretario técnico.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Cámara de Diputados.-LVII Legislatura.

Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.-Presente.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que en sustitución del diputado Francisco Javier Loyo Ramos en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública ingresará el diputado Fidel Herrera Beltrán por parte del grupo parlamentario del PRI. Asimismo, el diputado Herrera dejará de ser integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 1999.-Diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

De enterado.

ESTADO DE COAHUILA

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día es el informe de la Comisión Especial Encargada de Vigilar que no se Desvíen Recursos Federales en el Proceso Electoral del Estado de Coahuila, el mismo que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el día 1o. de noviembre.

En virtud de que fue difundido con la amplitud referida, se tiene por enterado e insértese en el Diario de los Debates.


«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Cámara de Diputados.-LVII Legislatura.

Comisión Especial Encargada de Vigilar que no se Desvíen Recursos Federales en el Proceso Electoral en el Estado de Coahuila.

I. Introducción


En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 74 fracción V, en relación con el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados constituyó la Comisión Especial Encargada de Vigilar que no se Desvíen Recursos Federales en el Proceso Electoral del Estado de Coahuila,1 con el propósito de impedir que los recursos del pueblo mexicano se distraigan de su verdadero destino, que es el de crearle mejores condiciones de vida.
___
1 En lo sucesivo, sólo se denominará Comisión Especial.                                                       

La Cámara de Diputados no agota su función al determinar la forma en que se debe ejercer el presupuesto, pues sus alcances van más allá, al fiscalizar su correcta aplicación, vigilar que no se desvíen y en su caso, conocer de las imputaciones que se hagan a servidores públicos sobre el presunto desvío de recursos públicos federales para determinar su responsabilidad y de estas facultades en cita, se desprende que la Cámara de Diputados está ejerciendo una de sus funciones que se encuentran reservadas para ella en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En la doctrina jurídica mexicana, las funciones de esta soberanía han sido revisadas para distinguirlas en facultades y atribuciones de representación, propiamente legislativas, deliberativas, financieras, de control y vigilancia, jurisdiccionales, electorales, administrativas, laborales, investigadoras, de gestión, de comunicación, de orientación política y de educación.

Por otra parte, existen dentro del orden jurídico mexicano diversos tipos de responsabilidades de los servidores públicos, las cuales han sido enunciadas teóricamente y por nuestro máximo tribunal como:

a) Responsabilidades de tipo civil, las cuales se encuentran establecidas en el antepenúltimo párrafo del artículo 111 constitucional.

b) Responsabilidades de tipo penal, cuando la conducta del servidor público se considere como delito, en términos de la fracción II del artículo 109 de nuestra Carta Magna.

c) Responsabilidades de tipo administrativo en los casos en que, derivados de sus actos u omisiones, los servidores públicos afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, según lo ordenan los artículos 109 fracción III y 113 de la Constitución.

d) Responsabilidad de tipo política, la cual tiene lugar cuando los servidores públicos enunciados en el Título Cuarto constitucional en ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, cuando se generen en su actividad pública violaciones graves a la Constitución y las leyes que de ella emanan y cuando se manejen indebidamente fondos y recursos federales según lo establecen los artículos 108 y 110 de la Carta Fundamental.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la razón a la Cámara de Diputados, para ejercitar su facultad de vigilar el desvío de recursos federales en los procesos electorales locales, para efecto de estar en condición de determinar la responsabilidad política, cuando por motivo de la controversia constitucional 33/97 interpuesta por el Estado de Tabasco, estableció dentro del considerando decimotercero de la resolución que:

"...como ya se demostró, la Cámara de Diputados es la competente para investigar el uso indebido de recursos federales para efectos de responsabilidad política en términos del artículo 74 fracción V, en relación con el artículo 110, ambos de la Constitución General de la República...".

Ahora bien, esta facultad de la Cámara de Diputados se confirma al desprenderse de la lectura a las consideraciones que la Suprema Corte de Justicia hace con motivo de la misma controversia constitucional, cuando sostiene lo siguiente:

"(La responsabilidad política) ...tiene lugar cuando los servidores públicos que se mencionan en el Título Cuarto, en ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho y tratándose de funcionarios locales, cuando cometan violaciones graves a la Constitución General y a las leyes federales que de ella emanen y cuando manejen indebidamente fondos y recursos federales."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Por lo tanto, cuando la Cámara de Diputados investiga el posible uso indebido de recursos federales, sólo pretende constatar un hecho; uso indebido de recursos federales, para, en su caso, con base en ese hecho, iniciar o continuar un juicio político y no para, con base en la prueba del hecho, hacer efectiva una responsabilidad penal o administrativa o, incluso, para invalidar un proceso electoral."

                                                                   1490, 1491 y 1492

"Luego, el que la Cámara haya investigado el posible uso indebido de recursos federales con fines electorales no implica que se haya inmiscuido en un proceso electoral local, sino simplemente que, para efectos de dar trámite a una denuncia de juicio político, quiso constatar si hubo o no un uso indebido de recursos federales."

Con la nueva Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999, se faculta a la Cámara de Diputados para que el pleno pueda "acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico", en términos de lo prescrito por el artículo 42 del ordenamiento citado.

Por tanto, la creación de esta Comisión Especial tiene motivaciones y fundamentos suficientes, toda vez que trata de vigilar que los recursos federales no se destinen a fines electorales, para que con base en las atribuciones constitucionales y legales otorgadas a esta soberanía en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se garantice el funcionamiento imparcial y apartidista de las instituciones políticas. Sustentando, además, la necesidad de que los partidos políticos puedan contender dentro los procesos electorales en condiciones equitativas y transparentes en cuanto al uso de recursos para su financiamiento de las campañas electorales.

En este informe final se dará cuenta de las actividades realizadas por esta Comisión Especial dentro del territorio de Coahuila, con objeto de establecer los elementos necesarios a efecto de poder integrar, elaborar y presentar el informe final detallado sobre el resultado de las labores realizadas para vigilar que no se desvíen recursos públicos federales durante el proceso electoral del Estado de Coahuila, para que la Cámara de Diputados pueda proceder de conformidad con sus atribuciones constitucionales y legales.

II. Antecedentes


El 7 de septiembre de 1999 fue presentado al pleno de la Cámara de Diputados una propuesta de punto de acuerdo para integrar una Comisión Especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales en el proceso electoral del Estado de Coahuila suscrito por diputados federales de la LVII Legislatura, con fundamento en los artículos 74 fracción V, 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 párrafo sexto y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue presentada al pleno y turnada a la Junta de Coordinación Política, misma propuesta que se anexa al presente informe final como anexo 1.

Posteriormente el día 13 del mismo mes y año, fue aprobado por mayoría del pleno de esta soberanía el acuerdo citado en el párrafo que antecede, según se puede constatar en el acta de la sesión, para lo cual se acompaña una copia que se agrega como anexo 2.

Con fecha 14 de septiembre de 1999, se publica en la Gaceta Parlamentaria el acuerdo para la integración de una Comisión Especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales en el proceso electoral del Estado de Coahuila, bajo el título dado por la propia Gaceta Parlamentaria de: "(proposición) de la Junta de Coordinación Política, para que se integre una Comisión Especial, encargada de vigilar Ia correcta aplicación de los recursos federales, durante el proceso electoral del Estado de Coahuila. (Presentada en Ia sesión del lunes 13 de septiembre de 1999)", dicha publicación se anexa a este informe final con el anexo 3.

III. Plan de trabajo

La Comisión Especial elaboró y aprobó el plan de trabajo después de un intenso debate en el que participaron la mayoría de los integrantes de los grupos parlamentarios de esta soberanía.

En el plan de trabajo de la Comisión Especial, que se anexa al presente informe final como anexo 4, los diputados federales establecieron cuatro subcomisiones para recorrer la entidad en las cuatro regiones en que fue dividida la entidad federativa.

Para la región 1, se ubicaron las oficinas operativas en el hotel Kalionchiz en Monclova, donde se tuvo trabajo con los municipios de Cuatrociénegas, San Buenaventura, Ocampo, Sierra Mojada, Progreso, Escobedo, Nadadores, Lamadrid, Sacramento, Frontera, Abasolo, Monclova, Castaños, Candela y Juárez y a la que asistieron los diputados Juan Cruz Martínez (PT) y Marta Laura Carranza Aguayo (PRI). Para este caso y de acuerdo a la extensión territorial de Coahuila, sólo asistieron dos diputados en la subcomisión, debido a la manera en que fue dividido, por lo que así se acordó por el pleno de la Comisión Especial.

La región número 2 estableció su sede en la ciudad de Torreón, en el hotel Palacio Real, donde trabajó con los municipios de Torreón, Francisco I. Madero, San Pedro, Matamoros y Viesca, a esta región asistieron los diputados Rodrigo Maldonado Ochoa (PRD), Baldemar Tudón Martínez (PAN) y Horacio Veloz Muñoz (PRI).

Para la región número 3, la sede se ubicó en la ciudad de Saltillo, en el hotel San Jorge y comprendió los municipios de Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe, general Cepeda y Parras, en esta región estuvieron los diputados Elodia Gutiérrez Estrada (PAN), Aurora Bazán López (PVEM) y Jorge Galo Medina Torres (PRI).

Dentro de la región número 4, la sede fue en la ciudad de Piedras Negras, en el hotel Casa Blanca (Holiday Inn), en donde se trabajó con los municipios de Allende, Acuña, Jiménez, Zaragoza, Múzquiz, Piedras Negras, Nava, Morelos, San Juan de Sabinas, Guerrero, Villa Unión, Sabinas e Hidalgo, en ésta zona asistieron los diputados Esperanza Villalobos Pérez (PRD) y Pilar Concepción Cabrera Hernández (PRI). En esta región, al igual que la 1, se acordó que sólo fueran dos diputados y no tres, dada la extensión territorial del Estado y el número de integrantes de la comisión.

Dadas las necesidades de la Comisión Especial de recorrer la mayoría de municipios de Coahuila y considerando la extensión del territorio, el pleno estimó que para el caso de las comisiones especiales con un número reducido de integrantes, el artículo decimotercero, inciso a del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, podía subsanarse dada la necesidad de ubicar subcomisiones en cuatro regiones de la entidad, quedando solamente dos subcomisiones integradas por dos diputados, las cuales pueden ser consideradas también como grupos de trabajo.

Con objeto de facilitar la presentación de denuncias por parte de la ciudadanía, partidos políticos, organizaciones sociales y gubernamentales, dentro del plan de trabajo se acordó que en cada una de las oficinas se recibieran denuncias sobre presuntos desvíos de recursos federales en el proceso electoral del Estado de Coahuila.

Asimismo, se acordó que los objetivos particulares de los trabajos realizados se enfocarían a:

1. Solicitar la información que permita tener los elementos necesarios que lleven a concluir que no se están desviando recursos federales, mediante solicitudes de información y entrevistas.

2. Exhortar a los servidores públicos responsables de aplicar recursos federales en el Estado de Coahuila, para que se sujeten a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

3. Difundir entre la ciudadanía la creación y objetivos de esta Comisión Especial, conminándola a que colabore con la interposición de denuncias sobre posibles desvíos de recursos federales por parte de delegados de alguna secretaría o de cualquier titular de alguna dependencia federal, local o municipal.

IV. Actividades realizadas por la Comisión Especial

La Comisión Especial instaló sus oficinas principales de trabajo en el hotel San Jorge, ubicado en la calle de Manuel Acuña número 240 poniente, con el número de teléfono (0184) 4 12 22 22 extensión 116, hasta el lunes 27 de septiembre de 1999.

Desde el primer día, en rueda de prensa, los diputados integrantes de la Comisión Especial manifestaron que no interferiría en el proceso electoral del Estado y que el propósito estaba claramente definido, pues por mandato del pleno de la Cámara de Diputados, tenían el objeto de vigilar que no se desvíen recursos federales.                                                        

Por la tarde del lunes se reunieron los integrantes de la comisión especial con el gobernador, quien manifestó que estaba de acuerdo en entregar a la brevedad la información relativa a los programas federales que se aplican en el Estado, pero que a su juicio se estaba violentando la soberanía estatal, por lo que intentaría promover una controversia constitucional, en términos de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así también, manifestó a pregunta expresa del diputado Baldemar Tudón Martínez, que el gobernador era el encargado de manejar y aplicar todos los programas que utilizan recursos federales en la entidad.

En la mañana del martes, la diputada Marta Laura Carranza Aguayo manifestó que era la secretaria de la comisión por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de buena fe se integró a la junta directiva, aún y cuando no se había dado a conocer formalmente el nombre del secretario del referido grupo parlamentario.

Por oficio del coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Baldemar Tudón Martínez sustituyó en la comisión al diputado Alberto González Domene del mismo grupo parlamentario, por lo que en la mañana entregó a la Presidencia el documento respectivo.

El día martes, después de varios intentos de esta comisión especial, a través de su presidenta, para concertar citas con la Gran Comisión del Congreso local de Coahuila y una vez tomada la decisión de asistir con los grupos parlamentarios que estuvieran dispuestos a recibirla, el diputado presidente de la Gran Comisión, el diputado Fernando Orozco Cortez y el presidente de la mesa directiva, el diputado local Sergio Reséndiz Boone, citaron al medio día a los diputados locales para que previo al inicio de la sesión convocada, recibieran a la Comisión Especial, ante la presión que les ejerció la visita de ésta, frente a la negativa sistemática de recibirla.

De este modo, los integrantes de la Comisión Especial a las 12:30 horas, se reunieron con los diputados locales de Coahuila en las instalaciones del Congreso local, donde fueron objeto de agresiones e insultos, por lo que tuvieron que salir del recinto bajo un ambiente áspero y de tensión. Posteriormente se entrevistaron con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado para tener una plática protocolaria.

En la tarde de ese día, los diputados de la Comisión Especial asistieron al programa de radio Detrás de la Noticia, de la estación XEKS.

Así también, se entrevistaron con el delegado de la Sedesol en la entidad, para hacer de su conocimiento la llegada de la Comisión Especial y al mismo tiempo, le requirieron información acerca de los programas que aplica la dependencia en el Estado.

A partir de las 6 de la tarde del martes y hasta las 5:30 de la mañana del día miércoles, el pleno de la Comisión Especial discutió y aprobó en lo general el plan de trabajo de la Comisión Especial. A las 9:30 de la mañana se reunió la comisión después del receso para aprobar por unanimidad el plan de trabajo; sin embargo, después de un receso dos diputados del PRI que colaboraron para acordar en consenso el plan de trabajo, lo firmaron bajo protesta.

La mañana del día miércoles la Comisión Especial en pleno, se reunió con la coalición Coahuila 1999, integrada por el PAN, PRD, PT y PVEM, la cual presentó copias de las denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de la República; y en la tarde partieron tres subcomisiones a Piedras Negras, Monclova y Torreón.

Los diputados del PRI manifestaron su intención de participar en los trabajos de la Comisión Especial, no obstante que, al igual que su fracción, estaban en desacuerdo con la misma, por lo que según oficio que entregaron el miércoles en la tarde trabajaban bajo protesta.

A las 7 de la noche recibieron en las oficinas de la subcomisión de Saltillo a los representantes de Alianza Cívica en Coahuila, quienes presentaron copias del informe hecho al consejo estatal electoral y copia de la denuncia presentada ante la subprocuraduría electoral del Estado, así como recortes de periódico con relación a la denuncia presentada.

El jueves a las 11 de la mañana los diputados se reunieron con presidentes municipales de las regiones para informarles de la llegada de la Comisión Especial y del objeto que tenía su trabajo en el proceso electoral del Estado de Coahuila.

                                                                   1493, 1494 y 1495

La subcomisión en Saltillo a la 1 de la tarde, se entrevistó con los dirigentes del PRI estatal, para dar a conocer el objeto de la Comisión Especial, invitándolos a presentar denuncias si lo consideraban pertinente. A ésta también asistieron los diputados locales Roberto Garza Garza y Sergio Ortiz Boone y señalaron que no se había dado un trato correcto a sus homólogos federales, por lo que sería bueno intentar una nueva reunión, pero a pesar de su ofrecimiento, el diputado Ortiz Boone declaró más tarde ante los medios que no iba a permitir que la diputada Elodia Gutiérrez Estrada estuviera en el Congreso de Coahuila, lo cual contradice el compromiso hecho.

Posteriormente, los integrantes de esta subcomisión se trasladaron a las oficinas del gobernador para entregar oficio por el que se le solicitó información relativa a los programas que se aplican en el Estado.

La tarde del jueves la subcomisión en Saltillo estuvo en las oficinas del DIF estatal y la Sagar, en donde se informó del objeto de la Comisión Especial, además de solicitar información relativa a los programas federales a su cargo y cuestionarles acerca del desvío de recursos federales.

El día viernes 24 de septiembre la subcomisión en Saltillo se entrevistó con el secretario de fomento agropecuario del gobierno del Estado de Coahuila y con la secretaría de salud estatal; en la tarde, estuvieron en el canal 7 de televisión local RCG para aclarar comentarios realizados por la comentarista señora Maribel Campos en el sentido de que no tenía nada que hacer la comisión especial en el Estado, como también lo dijo el candidato del PRI a gobernador Enrique Martínez y Martínez.
El mismo viernes en la noche, se recibió la información solicitada por la tarde a la Secretaría de Salud del Estado.

La tarde del sábado y la mañana del domingo, los miembros de las subcomisiones en Piedras Negras y Torreón respectivamente, realizaron el recorrido para trasladarse a Saltillo.

El domingo, con el fin de cumplir cabalmente con el mandato del pleno camaral y de no involucrarse en el proceso electoral, la comisión especial permaneció en las oficinas del hotel San Jorge, a excepción de los diputados Jorge Galo Medina Torres, Marta Laura Carranza Aguayo y Juan Cruz Martínez y a las 8 de la noche, se ofreció una rueda de prensa, con objeto de dar a conocer a los medios de comunicación locales el trabajo realizado.

El lunes se recibió documentación del diputado Jorge Galo Medina Torres entregada a él por el gobernador del Estado de Coahuila, el delegado de la Sedesol en el Estado y por el DIF estatal. Cabe destacar que este hecho manifiesta que la información fue entregada a destiempo, de manera oficiosa y por un conducto inadecuado, puesto que el presidente de la comisión es quien debe recibirla.

V. Estudio de las denuncias recibidas por la Comisión Especial


En total se recibieron 10 denuncias ante la Comisión Especial, las cuales serán presentadas al pleno de la Cámara de Diputados para que determine lo conducente de acuerdo con sus atribuciones constitucionales y legales.

De acuerdo con el estudio que hace esta Comisión Especial, las denuncias son las siguientes:

                                                                            DENUNCIA 1

No. Exp

1/99







DENUNCIANTE

Rosendo Alfredo Villareal Dávila, José LuisAtayde Domínguez, Silvano Garay Ulloa, Hilaria Corpus Díaz, José Guillermo Anaya Llamas, Jorge Rosales Talamas, Rafael Vargas y José Guadalupe Céspedes. (PAN, PRD, PT, PVEM y diputados locales).


DENUNCIADO

Quienes           resulten responsables por delito de peculado y demás que resulten.

Lic.  Oscar    Pimentel González, candidato del PRI a presidente municipal.
ASUNTO

Entrega de semilla de frijol con tratamiento especial para siembra en costales con logotipos del PRI, de FIRCO y de SARGAR del programa federal "Kilo por Kilo".



En resumen, los hechos denunciados son los siguientes:

1. De acuerdo con el hecho IV del escrito de mérito, los denunciantes afirman que el día sábado 31 de julio de 1999, el licenciado Oscar Pimentel González, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Saltillo, realizó proselitismo en comunidades rurales del sur del municipio, al entregar en el ejido Tanque Escondido costales de semilla de frijol con tratamiento especial para siembra.

Los costales tenían impresos los colores distintivos del PRI, el escudo del Estado de Coahuila y las siglas Firco y de la Sagar.

Por su parte, el 31 de marzo de 1999 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las "Reglas de Operación de la Alianza para el Campo 1999, para los programas de Fomento Agrícola, Ganadero, de Desarrollo Rural, Sanidad Agropecuaria, Transferencia de Tecnología y Sistema de Información Agropecuaria", en donde se puede encontrar en el Título Tercero "programas de Fomento Agrícola", lo siguiente:

"III.10. kilo por kilo."

"III.10.3. Alcances y criterios de elegibilidad."

"Alcances. Se apoya a productores de zonas o microregiones con potencial productivo, con base al dictamen del Inifap, pero que no utilizaban la semilla certificada de variedades mejoradas. Las superficies a beneficiar serán como máximo de cinco hectáreas con un monto máximo federal por productor hasta 2 mil 10. El apoyo se otorga por un ciclo productivo en el año y hasta tres años consecutivos, pudiendo ampliarse el plazo del apoyo por acuerdo del consejo estatal agropecuario".

"Criterios de elegibilidad de beneficiarios. Para participar en el Programa Kilo por Kilo, los productores, agropecuarios, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociaciones de productores y sociedades civiles o mercantiles dedicadas a la producción agrícola, deberán presentar la siguiente documentación general."

"Solicitud para participar del beneficio del Programa Kilo por Kilo."
"Acreditar ser productor agropecuario, mediante constancia emitida por la autoridad competente u organización a la que pertenezca y en la que se establezca que han venido desarrollando sus actividades agropecuarias en forma pacífica y armónica con sus vecinos."

"Presentar carta compromiso para efectuar las intervenciones y labores complementarias que requiera el programa."

"Cumplir con las campañas fitosanitarias que se lleven a cabo en el Estado y participar en los programas de asistencia técnica que se desarrollen en la región."

"Especificar en la solicitud la superficie a sembrar, la cual será como máximo de cinco hectáreas y deberá estar ubicada en una zona o microregión con potencial para el uso de variedades mejoradas, pero que tradicionalmente no había utilizado dicha semilla."

Así también, los denunciantes manifiestan en el hecho V de su escrito lo siguiente: "que no obstante lo narrado en el apartado anterior y aun cuando quedaron señalados claramente los requisitos para la obtención del Programa Kilo por Kilo, el licenciado Oscar Pimentel González, a través del Partido Revolucionario Institucional, adquirió en forma ilícita las semillas de frijol subsidiadas por el Gobierno Federal, ya que en principio la normatividad del referido programa no dirige el beneficio a los partidos políticos o personas físicas, por tales motivos resulta claro que el gobierno del Estado de Coahuila y la Secretaría de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar), a través de sus titulares dispusieron ilegítimamente de caudales públicos de los contribuyentes de la Federación, llevando además una coalición (sic) ilícita para beneficiar a alguien ajeno del objeto planteado para el Programa Kilo por Kilo".

Esta Comisión Especial considera que en la presente denuncia se pueden encontrar elementos que lleven a suponer que se desviaron recursos federales, en tanto que el Programa Kilo por Kilo utiliza recursos públicos federales, según con las siguientes consideraciones:

En materia de recursos federales, el Presupuesto de Egresos de la Federación establece:

Artículo 1o.
El ejercicio y control del gasto público federal para el año 1999, se realizará conforme a las disposiciones de este decreto y a las aplicables en la materia.

Artículo 67.
El Ejecutivo, por conducto de la Secretaría (de Hacienda y Crédito Público), autorizará la ministración y en su caso, podrá reducir, suspender o terminar los subsidios y las transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y entidades se prevén en este decreto.

Los titulares de las dependencias y entidades con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a lo establecido en este decreto y a las demás disposiciones aplicables.

Para los efectos de este decreto, los subsidios y las transferencias consisten en:

I. Los subsidios son, entre otros, los recursos federales que se asignan para apoyar el desarrollo de actividades prioritarias de interés general como son, proporcionar a los consumidores los bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los de mercado o de los costos de producción o en forma gratuita, así como para promover la producción, la inversión, la innovación tecnológica o el uso de nueva maquinaria, compensando costos de producción, de distribución u otros costos.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Es decir, en este artículo se fundamenta la obligación de los titulares de cada una de las dependencias de la Administración Pública Federal, de que los subsidios se otorguen y ejerzan conforme lo establece el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999, dentro del ámbito de sus competencias. La forma en que se establece el ejercicio de los recursos federales, en términos del ordenamiento en cita, es el siguiente:

Artículo 68.
Los subsidios y las transferencias deberán orientarse hacia actividades prioritarias, así como sujetarse a los criterios de selectividad, objetividad, transparencia, temporalidad y publicidad, con base en lo siguiente:

I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país. Asimismo, el mecanismo de operación debería garantizar que los recursos se canalicen a la población objetivo, evitando su distracción entre aquellos miembros de la sociedad que no los necesitan;

II. Asegurar que el mecanismo de operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva, en detrimento de los recursos asignados a la población objetivo;

III. Incorporar mecanismos periódicos de evaluación y monitoreo que permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su determinación;

IV. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicidades en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos;

V. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden;

VI. Registrar los importes de los recursos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de este decreto y

VII. Informar en los términos del artículo 78 de este decreto.

Artículo 73.
La Secretaría (de Hacienda y Crédito Público) autorizará las reglas de operación e indicadores de evaluación de los subsidios y las transferencias, con el propósito de asegurar que éstos se apliquen efectivamente para alcanzar los objetivos y metas contenidos en los programas autorizados, así como a los sectores o población objetivo, además de ser plenamente justificados; la Contraloría autorizará los indicadores de gestión. Será responsabilidad de los titulares de las dependencias y entidades presentar ante la Secretaría y la Contraloría, a más tardar el 30 de marzo, sus proyectos de reglas y de indicadores, así como reportar trimestralmente los beneficios económicos y sociales de los programas. Una vez aprobadas las reglas de operación, las dependencias y entidades deberán publicarlas en el Diario Oficial de la Federación.

                                                                        1496, 1497 y 1498

La Secretaría podrá emitir disposiciones generales sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de los subsidios y las transferencias, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en este decreto.

Las reglas de operación a las que aluden los artículos precedentes, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 1999, como "Reglas de Operación de la Alianza para el Campo 1999, para los programas de Fomento Agrícola, Ganadero, de Desarrollo Rural, Sanidad Agropecuaria, Transferencia de Tecnología y Sistema de Información Agropecuaria", para el caso de programas federales de la Alianza para el Campo.

La esfera de competencias del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se encuentra regulado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, bajo los preceptos que a continuación se indican:

Artículo 16.
Corresponde originalmente a los titulares de las secretarías de Estado y departamentos administrativos el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios a que se refieren los artículos 14 y 15, cualesquiera de su facultades, excepto aquellas que por disposición de la ley o del Reglamento Interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los acuerdos por los cuales se deleguen facultades o se adscriban unidades administrativas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural el despacho de los asuntos enunciados en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ordena lo siguiente:

Artículo 2o.
A la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes;

II. Promover el empleo en el medio rural, así como establecer programas y acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXI. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos.

Artículo 5o.
La representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, corresponde originalmente al secretario de despacho.

Para la mejor organización del trabajo, el secretario podrá, sin perjuicio de su ejercicio directo, delegar atribuciones en servidores públicos subalternos, mediante acuerdos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

De lo anterior, se puede advertir que el Programa Kilo por Kilo utiliza recursos federales a través de la clasificación de subsidios, por lo que al no sujetarse a lo expresamente establecido por la ley, el secretario de despacho manejó indebidamente fondos públicos de carácter federal, en tanto que el programa está dirigido expresamente a: "los productores, agropecuarios, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociaciones de productores y sociedades civiles o mercantiles dedicadas a la producción agrícola".

Por su parte, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Artículo 41
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.

En el presente asunto, el Partido Revolucionario Institucional y el licenciado Oscar Pimentel González carecían de personalidad para solicitar semilla de frijol mejorado del Programa Kilo por Kilo, en virtud de que no se ubican dentro de los supuestos establecidos para ser beneficiario.

No obstante lo anterior, según se puede apreciar del estudio que se hace a las pruebas ofrecidas por los denunciantes, en un documento anexo, se observa en el encabezado "por un Saltillo digno" Oscar Pimentel González. Requerimiento de semilla de frijol para el ciclo p-v-99-99. Ejido: y en seguida, se encuentra un cuadro para anotar los siguientes datos: número, productor, kilogramo, aportación y firma y en la parte final del escrito de mérito, se aprecia autoridad ejidal, firma y sello, es decir, se puede sugerir que la gestión la realiza Oscar Pimentel González, apegándose equivocadamente a las "normas de operación para los ciclos agrícolas primavera-verano 1999 y otoño-invierno 1999-2000 del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo)", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 1999.

El encabezado del documento que se analiza contiene un rubro para anotar requerimiento de semilla de frijol para el ciclo p-v-99- 99, es decir, para el ciclo primavera-verano, que es el periodo en el que se presume se hizo la entrega de semilla mejorada de frijol.

Abundando, los programas de Fomento Agrícola, Ganadero, de Desarrollo Rural, Sanidad Agropecuaria, Transferencia de Tecnología y Sistema de Información Agropecuaria de la Alianza para el Campo 1999, tienen un destino previamente determinado y los beneficiarios de cada programa están debidamente señalados, por lo que al entregar semilla mejorada, el candidato del PRI a la presidencia municipal de Saltillo, se benefició indebidamente de los recursos públicos federales.

Las autoridades federales encargadas de distribuir la semilla subsidiada con recursos del erario Federal, se sitúan en el supuesto de violación a la legislación Federal, en tanto que por no apegar su conducta a lo que expresamente tienen atribuido por la ley, se transgrede el principio de legalidad con el que deben actuar los servidores públicos.

Se puede presumir un mal manejo de recursos federales, debido a que los servidores públicos que hicieron la entrega de semilla de frijol mejorado no actuaron debidamente dentro del ámbito de sus respectivas facultades, como corresponde actuar para todas las autoridades, según lo establece la siguiente tesis de jurisprudencia:

Autoridades, facultades de las. Nuestro régimen de facultades limitadas y expresas ordena a las autoridades a actuar dentro de la órbita de sus atribuciones, de manera que aunque no haya algún precepto que prohiba a alguna autoridad a hacer determinada cosa, ésta no puede llevarla a cabo, si no existe disposición legal que la faculte. Amparo civil en revisión 7560/50. Díaz Solís Lucila, 29 de noviembre de 1950. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Agustín Mercado Alarcón.

Por lo tanto, la comisión especial concluye que en este asunto existe desvío de recursos federales en el proceso electoral del Estado de Coahuila, por lo que somete a consideración del pleno la correspondiente denuncia con sus anexos y el video de la reunión de la subcomisión de Saltillo con el delegado de la Sagar, en Coahuila, para que proceda de acuerdo con sus facultades constitucionales y legales.

                                                                         DENUNCIA 2

No. Exp


2/99





DENUNCIANTE

Rosendo Alfredo Villareal Dávila, José Luis Atayde Domínguez, Silvano Garay Ulloa, Hilaria Corpus Díaz, José Guillermo Anaya Llamas, Jorge de la Peña Quintero, Jorge Rosales Talamas, Rafael Rico González, José Trinidad Morales Vargas y José Guadalupe Céspedes. (PAN, PRD, PT, PVEM y diputados locales).
DENUNCIADO

Quienes      resulten responsables por los delitos de peculado y quebranto al patrimonio nacional



ASUNTO

Entrega de despensa del DIF por parte del líder seccional del pri.




Los denunciantes manifiestan:

Hecho IV. "El día 6 de agosto del presente año, fueron entregadas de las bodegas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado (DIF-Coahuila), diversas bolsas de despensa y comestibles, que posteriormente se trasladaron a varios puntos de la ciudad, en vehículos no oficiales, entre éstos se observó la participación de una camioneta color rojo de redilas, con placas de circulación EJ69849, la cual en su defensa delantera ostentaba calcomanías con los colores representativos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la primera de ellas el nombre Enrique y en el extremo derecho se lee la palabra Oscar Pimentel, sin presentar este vehículo ningún logotipo oficial".

Hecho V. "El vehículo en mención, se desplazó por diversos puntos de la ciudad, entregando diversos paquetes, al parecer entregó varias despensas en el domicilio marcado con el número 105, de la calle Domingo de la colonia 15 de septiembre, en donde la mujer al parecer de nombre Claudia Elizabeth Jaras, recibió 207 despensas, que según su dicho serían distribuidas entre los colonos".

Hecho VI. "Vecinas del lugar, en mención, de nombre Luz María Gloria, María del Socorro Mendoza y Guillermina Mendoza, mencionaron que para recibir el beneficio, era necesario inscribirse en una lista que el 26 de septiembre votaría a favor del candidato del PRI al gobierno del Estado".

Hecho VII. "Con la misma fecha, la camioneta con placas ES69489 color rojo, entregó un número indeterminado de despensas de la casa marcada con el número 244 de la calle Francisco García del fraccionamiento fundadores, siendo entregadas a una persona que al parecer responde al nombre de María de Jesús Posadas, líder del seccional 947 del Partido Revolucionario lnstitucional".

De acuerdo con los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 13 y 15 de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1986, la asistencia social debe prestarse preferentemente a los menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos al maltrato; menores infractores; alcohólicos, farmacodependientes o individuos en condiciones de vagancia; mujeres en periodo de gestación o lactancia; ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos al maltrato; inválidos por causas de ceguera, debilidad visual, sordera, mudez, alteraciones del sistema neuromusculoesquelético, deficiencias mentales, problemas de lenguaje u otras deficiencias; indigentes; personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios asistenciales; víctimas de la Comisión de Delitos en Estado de Abandono; familiares que dependen económicamente de quienes se encuentren detenidos por causas penales y que queden en estado de abandono; habitantes del medio rural o del urbano marginados que carezcan de lo indispensable para su subsistencia y a personas afectadas por desastres.

La asistencia social es el conjunto de acciones enfocadas a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva, la entrega de despensas provenientes del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Familias con fines proselitistas, desvía el objeto para el cual fueron transferidos los recursos al DIF, por la Federación, puesto que el objeto se define como: distribuir a la población objetivo, dotaciones de harina de maíz nixtamalizada, frijol en grano, pasta para sopa y un alimento enlatado que apoyen a su presupuesto familiar y desarrollar acciones de educación nutricional para la salud.

Los criterios de selección que se establecen para el programa ubican como población objetivo a las familias que ganan un salario mínimo, a menos que haya miembros de las siguientes características: niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, mujeres en periodos de lactancia, grupos de la tercera edad y discapacitados.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, que tiene como objetivo la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo y la promoción de la interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo las instituciones públicas, según lo establece el artículo 1o. del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de junio de 1999, aclarado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 1999.

                                                                                             1499, 1500 y 1501

En los artículos 67, 68 y 70 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se fundamenta la transferencia de recursos públicos federales a órganos desconcentrados, como es el caso del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que a partir del 1o. de junio de 1999, cambió su personalidad jurídica para ubicarse como órgano descentralizado de la Administración Pública Federal y que, sin embargo, sigue utilizando recursos provenientes de transferencias para implementar los programas de asistencia social, los cuales deben atender a criterios de selectividad, objetividad, transparencia, temporalidad y publicidad.

La entrega de despensas condicionadas al voto a favor del PRI, se encuentra fuera de los criterios establecidos para la entrega de despensas en apoyo a la alimentación de familias necesitadas, por lo que se puede presumir el desvío de recursos federales con fines de proselitismo durante el proceso electoral del Estado de Coahuila. En este sentido, se presenta al pleno de la Cámara el expediente para efecto de que determine lo conducente en ejercicio de sus facultades legales y constitucionales.                                                    

                                                                                              DENUNCIA 3

No. Exp

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               DENUNCIANTE

Luis Ramírez Ríos, A. Maldonado Escobedo, José Guillermo Anaya Llamas, José Ignacio Corona Rodríguez, Jorge A. Rosas Talamas, Jorge de la Peña Quintero, Pedro Luis Bernal Espinosa, Jesús Carlos Pizaña Romo, Raúl Zapico Escarcega y Rafael Rico González.
            DENUNCIADO

El partido Revolucionario
Institucional.





                 ASUNTO

Las Oficinas del PRI estatal están en un bien del dominio del Estado de Coahuila por donación del Instituto Estatal de Vivienda Popular del Estado de Coahuila.



Los denunciantes manifiestan que:

"Con fecha 22 de septiembre de 1980, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial, mediante el cual se autoriza expresamente a Ferrocarriles Nacionales de México la enajenación en favor sic del Instituto Estatal de la Vivienda Popular del Estado de Coahuila, los terrenos que ocupaban sic la antigua estación de ferrocarril central mexicano en esta ciudad el 31 de enero de 1981. El Consejo de Administración del Instituto Estatal de la Vivienda autorizó al director general de dicha institución descentralizada, para que en su representación del organismo procediera a otorgar en usufructo o en su caso enajenar a título gratuito u oneroso a personas físicas o morales o a instituciones públicas o privadas, los terrenos adquiridos a Ferrocarriles Nacionales de México."

"Ese mismo año el Partido Revolucionario Institucional obtuvo mediante supuesta donación el terreno en que actualmente se encuentra su sede estatal, comprendido dentro de los terrenos adquiridos por el Instituto Estatal de la Vivienda a Ferrocarriles Nacionales de México, sito en el Boulevard Francisco Coss y calle Manuel Acuña de esta ciudad."

"El mencionado acto de donación gratuita sic llevado a cabo entre el organismo descentralizado denominado Instituto Estatal de la Vivienda Popular y el Partido Revolucionario Institucional, se perfeccionó hasta el 7 de enero de 1907, mediante escritura pública, quedando inscrita bajo la partida número 49453..."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Dicho acto de donación, a título gratuito, contraviene el objeto y la finalidad para la que fue creado el Instituto Estatal de la Vivienda Popular en el Estado, ambos de servicio social":

a) El área de vivienda popular.

b) El área inmobiliaria.

"Ambos propósitos, eminentemente creados para la satisfacción de las necesidades de vivienda de los sectores de más bajos recursos, asimismo a las personas físicas o morales e instituciones de servicio social."

"Aun cuando en su oportunidad el Consejo de Administración del Organismo en comento, haya realizado la autorización para llevar a cabo el mencionado acto jurídico de donación gratuita sic al instituto político en cuestión, el representante legal del organismo de la vivienda popular, al perfeccionarlo a través de la escritura pública sustrayéndose del objeto de la ley de su creación ocasionó un menoscabo en el patrimonio de su representada, ya que a través de éste se favorece sólo al adquirente y se contraviene el patrimonio o el beneficio público, fin último del organismo de la administración pública que se perjudicó."

En su escrito, los denunciantes ofrecen como prueba el instrumento notarial número 250, de fecha 31 de octubre de 1980, pasado ante la fe del notario público número 29, del distrito judicial de Saltillo, por medio del cual se hace constar el contrato de compraventa de bienes inmuebles que se detallan, celebrado entre Ferrocarriles Nacionales de México y el gobierno del Estado de Coahuila, a través del Instituto Estatal de la Vivienda Popular.

El bien inmueble objeto de la compraventa, se describe en el considerando primero del decreto de desincorporación de bienes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1980, la superficie es de 158 mil 46 m2 y se señala su descripción poligonal. Dentro de los mismos considerandos, se estableció lo siguiente:

"Que el Instituto Estatal de la Vivienda Popular, organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Coahuila, solicitó se le enajene fuera de subasta, a título oneroso, el inmueble descrito en el considerando primero, por requerirlo para el cumplimiento de los fines que le están reservados."

"Que Ferrocarriles Nacionales de México, a fin de atender la solicitud a que se refiere el considerando que antecede, con la anuencia de su consejo de administración, contenida en el acta número 150 del 17 de noviembre de 1978, solicitó se le autorice a realizar la enajenación antes citada."

"Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en oficio número 23-JRA-1155-77480 del 17 de mayo de 1979, emitió opinión, manifestando que no tiene inconveniente en que el inmueble descrito en el considerando primero sea enajenado a título oneroso fuera de subasta, a favor del mencionado instituto y el producto de dicha venta incremente el patrimonio del mencionado fondo."

"Que el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, en oficio sin número del 30 de diciembre de 1977, ha manifestado su conformidad para que el predio a que se alude en el considerando primero, sea enajenado a título oneroso, fuera de subasta, en favor del Instituto Estatal de la Vivienda Popular, para los fines a que se refiere el anterior considerando."

Que siendo interés del Ejecutivo Federal a mi cargo coadyuvar a solucionar el problema habitacional que afronta el país y dado que es aconsejable enajenar el predio a que se refiere este ordenamiento, tanto por el destino que habrá de dársele, como porque el producto de la operación servirá para incrementar el Fondo del Programa Habitacional Ferrocarrilero, he tenido a bien expedir, el siguiente

                                                                          DECRETO

"Artículo primero.
Se desincorpora de los bienes del dominio público el inmueble descrito en el considerando primero de este ordenamiento y se autoriza a Ferrocarriles Nacionales de México, para enajenarlo a título oneroso, fuera de subasta, a favor del organismo descentralizado del gobierno del Estado de Coahuila, denominado Instituto Estatal de la Vivienda Popular, en el entendido de que con el producto de dicha operación se incrementará el Fondo del Programa Habitacional Ferrocarrilero."

"Artículo segundo.
El precio de la operación no podrá ser inferior al que para tal efecto fije la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, en el dictamen que para ese efecto emita."

"Artículo tercero.
Los gastos, honorarios, impuestos y derechos que se originen con motivo de la traslación de dominio que se autoriza, serán cubiertos según convenio entre las partes contratantes."

"Artículo cuarto.
La Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, en la esfera de sus atribuciones, vigilará el estricto cumplimiento de este ordenamiento.

                                                                                       1502 y 1503

 

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de publicación en el Diario Oficial de la Federación."

Se encontró, después del estudio del asunto, que en la especie, se denuncia al gobernador del Estado de Coahuila y al director general del Instituto Estatal de Vivienda Popular, por la donación de un predio a favor del Partido Revolucionario Institucional, para la construcción del edificio que alberga el Comité Directivo Estatal en Coahuila, mediante instrumento notarial del 7 de enero de 1997, por lo que la comisión especial considera que no forma parte del objeto por el que se crea la comisión especial, sin perjuicio de que el pleno de la Cámara ejercite sus facultades constitucionales y legales, en virtud de que se contravienen leyes de orden público e interés social.

                                                                       DENUNCIA 4
No. Exp

4/99

           DENUNCIANTE

José Guillermo Anaya Llamas.

          DENUNCIADO

Fernando Ortíz Giacoman,
Presidente Municipal de
San Pedro de las Colinas.
              ASUNTO

Desvío de recursos públicos a favor del PRI.

El licenciado José Guillermo Anaya Llamas presentó su denuncia en contra del presidente municipal sustituto de San Pedro de las Colonias, Coahuila, el ciudadano Fernando Ortiz Lacoman, en virtud de que de acuerdo con las pólizas de cheques 0036042, 0036005, 0036041, 0036037, 0036043, 0035992, 0035987, se estaban destinando recursos públicos para el pago de diversas personas relacionadas con el Partido Revolucionario Institucional, por concepto de apoyos a la CNC, CNOP, CCI, que son asociaciones identificadas con el referido instituto político.

Otros pagos constan en recibos de Tesorería de número 25782, 25745, 25781, 25777, 25783 y un recibo sin número.

Por tratarse de documentos referentes al mes de noviembre de 1998, escapan del objeto de la comisión especial; sin embargo, se turnan al pleno de la Cámara para que determine lo conducente.

De las constancias que obran en el expediente, no es posible determinar si en la especie se trata de recursos públicos federales; sin embargo, se presenta al pleno de la Cámara para que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales realice la fiscalización correspondiente.

En este asunto, puede revisarse por la Contaduría Mayor de Hacienda, para el caso de participaciones federales ejercidas durante el último trimestre del Ejercicio Fiscal de 1998, en términos del artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal adicionado por el decreto publicado el 29 de diciembre de 1997, sin perjuicio de que se pueda revisar la Cuenta Pública de 1999, en términos del artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, adicionado por decreto del 30 de diciembre de 1998. El artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta 1998 ordena:

Artículo 42. Las aportaciones que con cargo a los fondos a que se refiere este capítulo reciban las entidades federativas y en su caso los municipios y sus accesorios no serán embargables ni los gobiernos correspondientes podrán bajo ninguna circunstancia gravarlas, afectarlas en garantía ni destinarlas a fines distintos a los expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37 y 40 de esta ley.

Dichas aportaciones serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y en su caso de los municipios que las reciban de conformidad a la legislación que les sea aplicable. Las autoridades de control y supervisión del ejercicio del gasto de cada entidad federativa serán responsables exclusivas de ejercer la vigilancia directa que corresponda para constatar la correcta aplicación de los recursos que reciban de tales fondos y de fincar en su caso las responsabilidades administrativas correspondientes.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que en su caso incurran las autoridades locales o municipales exclusivamente por motivo de la desviación de los recursos recibidos de los fondos señalados, para fines distintos a los previstos en este capítulo, serán sancionadas en términos de la legislación federal.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Relativos a la adición del Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1997.

Primero.
El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1998.

Segundo.
Se derogan todas las disposiciones legales reglamentarias y administrativas que se opongan al presente decreto.

                                                                         DENUNCIA 5

No. Exp

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DENUNCIANTE

Alianza Cívica.




        DENUNCIADO

El partido Revolucionario
Institucional



ASUNTO

Distribución de despensas del DIF Estatal y de semillas de frijol del programa federal "Kilo por Kilo" y distribución de tinacos adquiridos con recursos del programa de empleo temporal, a los lideres seccionales del PRI.

Fue presentada ante esta comisión especial la denuncia de la Asociación Civil Alianza Cívica por presuntos desvíos de recursos federales con fines electorales, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

El día 8 de agosto de 1999 se publicó en el periódico Palabra un reportaje acerca de la entrega de despensas del DIF estatal a líderes seccionales del PRI, en el cual se demuestra la notoria semejanza entre las despensas que entrega mensualmente el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y las despensas que entregó el Partido Revolucionario Institucional.

Los denunciantes señalan en su escrito: "queremos informar que respecto a las despensas provenientes del DIF estatal distribuidas por miembros del PRI, hace tiempo que se viene haciendo y en forma generalizada. Hemos recibido reportes por diversas personas en las distintas colonias de la ciudad, nos dicen que cubren una cantidad de 10 a 11 pesos y se anotan en una lista con nombre, dirección y número de credencial de elector y deberán votar por Enrique Martínez y Oscar Pimentel".

Esta denuncia se relaciona con la denuncia número dos, por lo que se hacen los mismos razonamientos, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones.

De las pruebas que ofrecen los denunciantes, se encuentran recortes del periódico Palabra de los días 3, 8, 9 y 11 de agosto y 10, 16 y 17 de septiembre de 1999.

En estos recortes del periódico también se encuentra el seguimiento a la denuncia en relación con el reparto de tinacos adquiridos con recursos del Programa de Empleo Temporal por candidatos del PRI al gobierno del Estado y a la presidencia municipal, en el municipio de Saltillo, Coahuila.

                                                                        DENUNCIA 6

No. Exp

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                  DENUNCIANTE

Alma Delia Cortés Castillo y Ana María
Ortíz Molina. Dom. Privada Jesús Flores
s/n y 2094, Col. Heróes de Chapultepec,
Saltillo.

     DENUNCIADO

Enrique      Martínez y
Martínez, candidato a gobernador del PRI.

               ASUNTO

Entrega de tinacos tipo "Rotoplas" y pago de $230.00 por gastos de instalación . Atrás del restaurante "El chivatito" hay más tinacos. Los tinacos fueron adquiridos con recursos del Programa de Empleo Temporal.

Las denunciantes señalan que: "en días anteriores, nos invitó la lideresa del PRI, la señora Esperanza de León, a la oficina de campaña del licenciado Enrique Martínez y Martínez, candidato a la gobernatura por el PRI, para regalarnos tinacos tipo "Rotoplas", por medio de una licenciada de nombre Enriqueta, por lo cual acudimos a dicho inmueble y efectivamente nos dijeron que si queríamos tinacos teníamos que anotarnos en una lista posteriormente nos llamarían para recogerlo, por lo que procedimos a apuntarnos en dicho listado y en días pasados no llamaron para que fuéramos a recogerlos, además nos entregaron 230 pesos para los gastos de instalación, la entrega de dinero se hizo en el estacionamiento del restaurante 'El Chivatito', ambas recibimos dicho tinaco y efectivo, porque nos hace falta y no por comprometer, ningún voto, sin embargo, queremos que se haga una investigación para saber si dichos 'regalos' no fueron comprados con recursos públicos, ya que a la gran mayoría de los vecinos de esta calle se les hizo entrega de tinacos y además en la parte de atrás del restaurante 'El Chivatito', ubicado muy cerca de esta colonia tienen una gran cantidad de tinacos, del cual desconocemos su origen, así como su destino".

De los anteriores señalamientos y en virtud de las pruebas que se ofrecen, así como del conocimiento que se tuvo por los periódicos locales, la comisión especial presume que los recursos federales del Programa de Empleo Temporal fueron desviados de su destino, pues en términos del "acuerdo por el que los integrantes del comité técnico del Programa de Empleo Temporal (PET) establecen las reglas generales de operación del Programa de Empleo Temporal previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 1999, no se pueden adquirir tinacos con recursos provinentes del Programa de Empleo Temporal, además de que para su asignación se debe respetar lo ordenado por los referidos lineamientos.

Como ya se ha estudiado, en el artículo 67 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999, "los titulares de las dependencias y entidades con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a lo establecido en este decreto y a las demás disposiciones aplicables".

Las reglas de operación del Programa de Empleo Temporal, se encuentran debidamente publicadas el 30 de marzo de 1999, como: "acuerdo por el que los integrantes del comité técnico del Programa de Empleo Temporal (PET) establecen las reglas generales de operación del Programa de Empleo Temporal previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999". Las atribuciones del titular a cuyo cargo se encuentra la responsabilidad del secretario de despacho, se encuentran en los artículos 16 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en los artículos relativos a las atribuciones del Secretario de Desarrollo Social, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.

En este asunto, la adquisición de tinacos con recursos del Programa de Empleo Temporal, representa una desviación ilícita de recursos públicos federales, puesto que de la lectura a las reglas generales de operación, no puede desprenderse que se autorice a algún funcionario o al secretario de despacho para la adquisición de tinacos con fondos del referido programa.

Abundando, en caso de haberse adquirido los tinacos con recursos federales, se debieron seguir las normas y procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, sujetarse al capítulo de adquisiciones e inversiones dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y en todo caso, atendiendo a los criterios establecidos para la adquisición de bienes muebles, que no tienen relación inmediata y directa con los fines del Programa de Empleo Temporal, por lo que se concluye que existe la presunción del desvío de recursos federales en el proceso electoral de Coahuila, por lo tanto, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, para que determine lo conducente en ejercicio de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales.

                                                                        DENUNCIA 7

No. Exp

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            DENUNCIANTE

José Guillermo Anaya Llamas
  DENUNCIADO

El PRI.

                      ASUNTO

Entrega de tinacos y pago de $250.00, para gastos de instalación.

                                                        1504, 1505 y 1506
El denunciante expone:

"1. El martes 14 de septiembre en el domicilio ubicado en Matamoros 1234 oriente, lugar donde se encuentra el despacho del licenciado Alberto Romero Castañeda, nos encontrábamos analizando cuestiones legales relativas a la contienda electoral que se aproxima y además cuando nos percatamos que a media cuadra hacia el oriente por la misma avenida Matamoros estaban entregando tinacos de color negro a infinidad de gente que ocurría a dichas bodegas. Por eso, tanto el licenciado Alberto Romero y el suscrito fuimos a dicho lugar encontrándonos con que un grupo de personas estaban descargando de camiones y se encontraba una fila entregando su credencial de elector a un individuo y éste a su vez les entregaba un tinaco de color negro grande para uso doméstico, así como 250 pesos en efectivo, les preguntamos que estaban haciendo, diciéndonos que era un programa de desarrollo estatal de la vivienda y que el día de mañana si teníamos suerte también nos podrían entregar a nosotros y que empezarían a entregarlos alrededor de las 10:00 de la mañana del día 15 de septiembre en ese mismo domicilio que se encuentra ubicado en avenida Matamoros y calle Mariano López Ortiz."

"2. Por tal motivo, al día siguiente en el mismo despacho del abogado a que me refiero, convocamos a una rueda de prensa a donde asistieron todos los medios de cobertura local y les hicimos saber lo que estaba ocurriendo, para lo cual nos trasladamos y sorprendimos a las mismas personas haciendo la misma práctica delictiva de entregar los tinacos y el dinero en efectivo a quienes mostraban su credencial de elector, cotejándolos en una lista la cual suponemos es copia del padrón electoral y solicitándoles que votaran por los candidatos del PRI, esto quedó grabado en los documentales que acompaño consistentes en seis fotografías sic, así como en un video que un canal local TV Azteca realizó como reportaje. Cabe mencionar que este canal televisivo no concluyó su labor ahí sino que en los nombres que aparecían en la lista de los afortunados merecedores de un tinaco, fueron a sus domicilios, aclarando que las personas que nos atendieron nos dijeron que se trataba de un programa de desarrollo a la vivienda, no conformes con esto los reporteros de En Concreto el reportero Carlos Eduardo Hernández se trasladó a los domicilios de esa lista y se entrevistaron -como ya decía antes-, para los ganadores y éstos les dijeron que el PRI les había hablado un día antes para entregarles dichos tinacos y que los había hecho firmar un recibo en blanco, sin sellos, sin ninguna identificación oficial, para entregarles el tinaco, así como el dinero en efectivo, con la única condición de que votaran por los candidatos del PRI a la presidencia municipal y a la gubernatura del Estado."

Al igual que en la denuncia anterior, se manifestó la entrega de tinacos, sin embargo, el denunciante manifiesta que se adquirían con recursos del programa de desarrollo a la vivienda, el cual utiliza recursos federales y de la misma forma se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados para que se determine lo conducente.

                                                                            DENUNCIA 8

No. Exp

8/99



               DENUNCIANTE

José Guillermo Anaya Llamas, Jorge Arturo Rosales Talamás, Ricardo A. Maldonado Escobedo, Rafael Rico González y Jorge de la Peña Quintero.
    DENUNCIADO

Ing. Dario    Martínez Álvarez, Director del Instituto Estatal de Vivienda Popular.

                 ASUNTO

En contra de la empresa de participación estatal mayoritaria FODESA.


Los denunciantes señalan que:


"1. El día 25 de octubre de 1994, comparecieron ante el notario público número 11, el licenciado Armando J. Prado Delgado, el doctor Rogelio Montemayor Seguy, en su carácter de gobernador constitucional del Estado de Coahuila y el ingeniero Darío Martínez Alvarez, en su calidad de director del Instituto Estatal de la Vivienda Popular (IEVP); para constituir una sociedad mercantil, formalizándola en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles."

"2. El instrumento notarial en que se consignó el acta constitutiva de referencia corresponde a la escritura pública número 8, de fecha 25 de octubre de 1994, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Saltillo, Coahuila, bajo la partida 2057, libro 21, sección III SC de fecha 15 de diciembre de 1994."

"3. La sociedad mercantil constituida se denominó: "Fomento al Desarrollo Inmobiliario de Coahuila, S.A. de C.V." (Fodeisa), con domicilio social en Saltillo, Coahuila y duración de 99 años."

"4. El Gobierno del Estado de Coahuila fungió como socio fundador mayoritario de dicha sociedad anónima y suscribió 47 acciones nominativas por un monto total de N$47 mil y por su parte el Instituto Estatal de la Vivienda Popular (IEVP), suscribió tres acciones nominativas por un valor de N$3 mil según se deduce del contenido del artículo 6o. del acta mercantil de la empresa que se indica."

"6. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7o. de la escritura constitutiva, el capital mínimo fijo y en su caso el variable estarían representados por acciones serie "A" y "B". La serie "A" siempre representaría la aportación del gobierno del Estado de Coahuila y nunca serían menores del 51% del total del capital social; la serie "B" podría ser adquirida por cualquier persona, física o moral, pública o privada y nunca podrá ser superior al 49% del total del capital social."

"7. El objeto social de la empresa mercantil que se señala, (se establece) conforme al artículo 4o. de las cláusulas (del acta constitutiva)."


"8. Ahora bien, la sociedad mercantil denominada "Fomento al Desarrollo Inmobiliario de Coahuila, S.A. de C.V. (Fodeisa) sería administrada y dirigida por un consejo de administración, un director, un subdirector o por uno o varios gerentes que nombre el mismo consejo."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"12. El sector paraestatal se rige por las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila, publicada el 14 de diciembre de 1993; por la Ley para el Control, por parte del gobierno del Estado de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal publicada el 19 de diciembre de 1980 y por la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila, publicada el 10 de octubre de 1996."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"14. Las características que distinguen a las empresas de participación estatal, son las siguientes:

A) Que el gobierno del Estado aporte o sea propietario del 50% más uno o más de capital social o de las acciones de la empresa;

B) Que en la constitución de su capital se hagan figurar acciones de serie especial que sólo puedan ser suscritas por el gobierno estatal y

C) Que al gobierno estatal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros de su consejo de administración, junta directiva u órgano equivalente o de designar al presidente o director, al gerente o tenga facultades para vetar los acuerdos de los accionistas, del consejo de administración o de la junta directiva u órgano equivalente.

Así lo dispone el artículo 3o. de la ley para el control, por parte del gobierno del Estado, de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, publicada en el periódico oficial número 103, del 19 de diciembre de 1980."

II. Conceptos de violación, faltas administrativas y leyes transgredidas.

Primero. El artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila, publicada el 14 de diciembre de 1993 en el periódico oficial número 100, ordena que: "el gobernador del Estado podrá ordenar la creación, fusión y liquidación de empresas de participación estatal, disponer la constitución y liquidación de fideicomisos públicos, para la atención del objeto que expresamente les encomiende. El Ejecutivo deberá rendir cuentas a la legislatura del ejercicio que hiciere de esta facultad".

"A) El precepto que se transcribe con anterioridad, obliga al gobernador para que rinda cuentas al Congreso local sobre la creación de este tipo de empresas de participación estatal."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"B) En todo caso, la rendición de cuentas al Poder Legislativo local que el precepto le ordena expresamente al titular del Ejecutivo Estatal, se refiere acerca de toda aquella información circunstanciada de tiempo, modo, lugar, montos económicos de inversión, causas y motivos que lo justifican y demás elementos complementarios de información acerca del ejercicio de la facultad para llevar a cabo la "creación" de la empresa de participación estatal."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"C) En la hipótesis concreta, el gobernador del Estado, doctor Rogelio Montemayor Seguy, transgredió y violó la disposición legal que se transcribe, pues en ningún momento 'rindió cuenta a la legislatura (local) del ejercicio que hiciere de esta facultad', para llevar a cabo la "creación" de la empresa estatal multicitada."

"Segundo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6o. segundo párrafo, de la "Ley para el Control, por parte del gobierno del Estado, de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal", 'los organismos y empresas informarán mensualmente a la Tesorería del Estado de todos los ingresos que perciban, cualquiera que sea el concepto que los origine', de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado y de la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado."

"A) En la hipótesis que nos ocupa ninguno de los funcionarios objeto de esta denuncia o queja, dio cabal y formal cumplimiento a lo ordenado por el precepto que se transcribe.

B) Es decir, no existen ningún antecedente fidedigno que acredite fehacientemente que la empresa de participación estatal denominada Fodeisa, "informara mensualmente a la Tesorería del Estado (hoy secretaría de finanzas) de todos los ingresos que perciba, cualquiera que sea el concepto que los origine.

C) En consecuencia, la norma legal en cita, también resultó conculcada y transgredida por los responsables.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuarto. De la misma forma, se transgredió lo dispuesto por el artículo 12 fracción III, de la "Ley para el Control, por parte del gobierno del Estado, de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal", que literalmente indican lo siguiente."
"Los organismos y empresas están obligados a:

III. Presentar a la tesorería general del Estado y a la dirección de planeación y desarrollo sus estados financieros mensuales y anuales.

A) En ningún momento la empresa Fodisa presentó a la Tesorería del Estado (hoy Secretaría de Finanzas) sus estados financiero mensuales y anuales.

Quinto. Por si fuera poco, los responsables violaron lo ordenado por el artículo 16 de la ley que se indica, que expresamente ordena lo siguiente:

Los organismos y empresas publicarán cada año, en el periódico oficial del Estado y dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio social correspondiente, sus estados financieros, para lo cual requerirán la autorización previa de su órgano de gobierno interno, de la dirección general de planeación y desarrollo y de la Tesorería General del Estado."

"El Ejecutivo del Estado publicará anualmente, en el periódico oficial del gobierno del Estado, una lista de los organismos y empresas sujetas a control y vigilancia."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A) El órgano de gobierno interno (consejo de administración) de la empresa Fodeisa jamás emitió autorización previa alguna para llevar a cabo la publicación en el periódico oficial de sus estados financieros:

B) Ningún funcionario y miembro responsable de dicha empresa se molestó en obtener la "autorización previa ni de la dirección general de planeación y desarrollo ni de la Tesorería General del Estado", (hoy secretaría de finanzas) para los fines a que se refiere el inciso anterior.

C) La empresa Fodeisa debió haber publicado, a más tardar el día 30 de abril de los años de 1995, 1996, 1997 y 1998, el resultado de sus estados financieros en el periódico oficial del gobierno del Estado.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                      1507, 1508 y 1509

En suma de los conceptos de violación, la denuncia recibida es por conculcar la legislación local, en tanto que no se publicaron los estados financieros, el gobernador de Coahuila no elaboró el programa financiero que incluyera en forma consolidada a la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Fodeisa y tampoco se sometió a consideración de la comisión técnica de financiamiento del Estado de Coahuila la contratación de créditos por parte de Fodeisa.

Como el objeto de la Comisión Especial era vigilar que no se desviaran recursos federales en el proceso electoral del Estado de Coahuila, esta Comisión Especial, no puede entrar al estudio del asunto, pues se trata de una entidad paraestatal de Coahuila, que tiene un trato diferente en cuanto a la responsabilidad que pueda derivar, dentro del ámbito local. Sin embargo, se presenta al pleno de la Cámara de Diputados para que determine lo conducente

                                                                          DENUNCIA 9

No. Exp



9/99

        DENUNCIANTE

 

 

Pedro De la Cruz Rodríguez

      DENUNCIADO

Director General de
Desarrollo Social en el
Estado.
                 ASUNTO

Construcción de banquetas en el municipio de Ramos Arizpe con
recursos federales sin autorización del Ayuntamiento y en la cual se decía que se estaba costeando la obra por el PRI.

El denunciante señala: "que por medio del presente ocurso vengo a denunciar a esta comisión el probable desvío de recurso federales en el proceso electoral del Estado de Coahuila. De acuerdo con los siguientes hechos:

La Sedesol desde hace dos meses ha construido en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila banquetas en la colonia Santos Saucedo, sin dar aviso a la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Social y Ecología del Ayuntamiento de Ramos Arizpe. Dichas obras fueron realizadas con recursos de la Federación para la construcción de banquetas. El doctor Eleuterio López Pérez en su carácter de director general de desarrollo social en el Estado, señaló que la obra la costeaba el Partido Revolucionario Institucional y que el que quisiera banqueta en su casa, sólo debía manifestar que era priísta y darle el número de credencial de elector.

De acuerdo con la denuncia, las obras fueron condicionadas a los beneficiarios para que votaran por el PRI, por lo que se desprende que existió uso de recurso federales con fines electorales, dentro del proceso electoral del Estado de Coahuila.

Se anexa al informe administrativo presentado por le Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Social y Ecología del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, en el que se indica a esta Comisión Especial que no existió autorización para realizar las obras referidas.

                                                                      DENUNCIA 10

No. Exp

10/99

        DENUNCIANTE

Jesús Mario Roque Ramos

    DENUNCIADO

Prof. José Luis Prado
Rodríguez Presidente
Municipal de General
Cepeda
                ASUNTO

Desvío de recursos públicos.

Ante la Comisión Especial se presentó la denuncia por probable desvío de recursos federales en el proceso electoral del Estado de Coahuila el ciudadano Jesús Mario Roque Ramos, en su carácter de síndico del ayuntamiento del General Cepeda, en contra del ciudadano Jorge Luis Prado Rodríguez, presidente municipal con licencia indefinida para separarse del cargo, en virtud de que según facturas y pólizas que anexa a la denuncia, se beneficiaba al Partido Revolucionario Institucional con recursos que pueden ser federales.


Por tratarse de documentos referentes al ejercicio fiscal de 1998, escapan del objeto de la Comisión Especial; sin embargo, se turnan al pleno de la Cámara para que determine lo conduncente.

Al igual que en la denuncia cuatro, puede revisarse la Cuenta Pública por la Contaduría Mayor de Hacienda, para el caso de participaciones federales ejercidas durante los dos últimos trimestres del ejercicio fiscal de 1998, en términos del artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal, adicionado por el decreto publicado el 29 de diciembre de 1997, sin perjuicio de que en su oportunidad se pueda revisar la Cuenta Pública de 1999, en términos del artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, adicionado por decreto del 30 de diciembre de 1998, pero en este caso por la entidad superior de fiscalización.

VI. Parcialidad o imparcialidad, de los medios de comunicación en el proceso electoral del Estado de Coahuila


La impostergable necesidad de dar respuesta a la ciudadanía y organizaciones sociales coahuilenses, de ejercer su libertad de expresión plasmada en el apartado de las garantías individuales en nuestra Constitución y que en los hechos, tratándose de medios de comunicación, sólo permisionarios y concesionarios han podido ejercer, haciendo de lado este derecho fundamental para los ciudadanos. Es también un necesidad de dar respuesta a una sociedad más madura, con una visión moderna de la vida política, en donde no caben más sectarismos ni exclusiones y donde la pluralidad se erige como el nuevo valor de la objetividad.

En ese sentido y como legisladores federales no podemos permanecer pasivos y como espectadores ante la exigencia del ciudadano coahuilense de integrarse a otra forma de escuchar, de ser escuchado y de participar en los medios de comunicación. Es por ello que los integrantes de la Comisión Especial hacemos un llamado serio a la reflexión a través de este informe final a la ineludible necesidad de reglamentar la libertad de expresión en medios electrónicos y el derecho a la información como el camino más apegado al ejercicio democrático y de derecho, para abrir paso en los medios de comunicación a esta nueva sociedad, cada vez más moderna y participativa.

Porque pareciera que lo que le tocó, presenciar y escuchar en medios de comunicación a la Comisión Especial una semana antes del proceso electoral de Coahuila fue un agravio a la ciudadanía de esa entidad. Toda vez que de manera prácticamente monopólica, los espacios radiofónicos y televisivos respondieron a intereses de poder político, de tal manera que los ciudadanos se vieron afectados en su proceso de comunicación, particularmente al enfrentarse a los poderes burocrático-empresariales que denominan el todavía vigente y viciado, si bien en extinción, modelo de relación entre la prensa y el poder en México. Sobre el particular transparentar el uso de recursos federales en gastos de publicidad y difusión se vuelve una necesidad.

Pero también, porque pareciera que el ejercicio de los derechos de las personas y las instituciones afectadas en los procesos de comunicación, con divulgación de hechos tendenciosos, falsos y poco éticos, orientados a lesionar su particular opinión e imagen, nada tienen qué ver con intento alguno de fortalecer al fenómeno comunicativo con el más amplio sentido y respeto a la pluralidad.

El respeto a los alcances y los límites de las libertades de expresión e información previstos en los artículos 6o. y 7o. constitucionales, así como el respeto de la sociedad a saber y la obligación de las autoridades a bien informar, debe ser una necesidad, porque toda libertad debe ser ejercida con responsabilidad. Hoy podemos decir que en el proceso electoral pudo haber ganado cualquier partido político, pero también podemos decir que con ese trabajo de algunos medios de comunicación, continuará perdiendo su sociedad.

Se anexan, como anexo cinco, al informe los recortes de diarios de circulación local, en los cuales puede observarse la manera tendenciosa con que algunos medios de comunicación se refirieron con respecto a la Comisión Especial. Además se anexan diversos oficios dirigidos al canal de televisión local RCG en los que se les solicita que se dirijan con ética y responsabilidad, respecto del trato que se le dio a la Comisión Especial, así como el oficio dirigido a la Dirección de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, con relación a los medios de comunicación y los señalamientos realizados a la comisión mandatada por el pleno.

                                                                 CONCLUSIONES

Como inicialmente se planteó en el objetivo general del plan de trabajo, la Comisión Especial cumplió cabalmente con la encomienda que le fue conferida por el pleno camaral el pasado 7 de septiembre del año en curso, toda vez que se logró inhibir el desvío de recursos federales en el proceso electoral del Estado de Coahuila, pero es importante señalar que esta práctica no se evitó en su totalidad.

La Comisión Especial con actividades tales como reuniones de información al gobernador de la entidad, a funcionarios de diferentes dependencias, presidentes municipales, así como recepción de denuncias ciudadanas, presentaciones en diversos medios de comunicación y concientización a la ciudadanía, constituyó elementos eficaces para inhibir irregularidades, como entrega de programas sociales provenientes de recursos federales con fines de promoción partidista, uso de vehículos oficiales en campañas proselitistas, uso de instalaciones de dependencias, así como mobiliario y servicios varios que hubieran podido ser utilizados para favorecer a algún partido político o candidato.

Todos los trabajos expuestos con anterioridad sin duda se lograron llevar a cabo con la participación decidida de los diputados integrantes de la comisión que representaron a su fracción parlamentaria; igualmente es importante señalar que desde la propuesta, aprobación y entrada en vigor de las funciones de la Comisión Especial, pudo apreciarse la oposición del grupo parlamentario del PRI para su conformación y actividades. Los integrantes de la comisión especial del Partido Revolucionario Institucional en todo momento manifestaron sumarse a los trabajos, pero "bajo protesta".

Sin embargo, las denuncias recabadas por uso indebido de recursos públicos con fines electorales, a pesar de la poca permanencia que tuvo la Comisión Especial en el Estado de Coahuila, son una muestra inequívoca de que la ciudadanía coahuilense mostró su confianza y simpatía hacia el trabajo que realizó la Comisión Especial.

Asimismo, la defensa en contra de la Comisión Especial también fue llevada al ámbito local, toda vez que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional representada en el Congreso local de Coahuila propuso la integración de una comisión similar. Además, en su decimoprimera sesión del segundo periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional, por votación mayoritaria de sus integrantes aprobó un punto de acuerdo del que emana una enérgica protesta ante el honorable Congreso de la Unión, por la creación de la Comisión Especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales en el Estado de Coahuila.

Lo anterior como una muestra clara de obstruir la encomienda que tuvo a bien conferirle el pleno de la Cámara de Diputados a la Comisión Especial en la entidad de Coahuila.

Todo lo antes expuesto nos permite concluir que las diversas manifestaciones de resistencia a la vigilancia y prevención del uso de recursos públicos con fines electorales, fueron resultado de la costumbre de utilizar los programas sociales para beneficio del PRI, siendo en repetidas ocasiones éstos los mejores medios para hacer proselitismo en favor de sus candidatos. A pesar de lo anterior, la presencia de la Comisión Especial fue de trascendental importancia, ya que fue un elemento útil para prevenir que los recursos públicos fueran destinados al apoyo de algún candidato o partido político.

No obstante se destaca que se tuvo conocimiento de hechos y elementos que se pueden considerar como desvío de recursos federales que legítimamente les corresponde a los más necesitados, lo cual sin duda tendrá que ser prevenido y sancionado, tanto por el Poder Legislativo, como el Poder Ejecutivo Federal, porque así lo exigen los que más necesitan y lo reclama el nuevo escenario de la democracia mexicana.

México, D.F., a 3 de noviembre de 1999.-Por los integrantes de la Comisión Especial, diputados: Elodia Gutiérrez Estrada, presidenta; Esperanza Villalobos Pérez, Aurora Bazán López, Martha Laura Carranza Aguayo, Baldemar Tudón Martínez, Juan Cruz Martínez, secretarios; Pilar Concepción Cabrera Hernández, Rodrigo Maldonado Ochoa, Jorge Galo Medina Torres y Horacio Veloz Muñoz.»


REGIMEN HACENDARIO

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Gobierno de Jalisco.-Poder Legislativo.-Secretaría del Congreso.

Honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.

                                                                    1510, 1511 y 1512

La LV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Jalisco, en sesión de fecha 14 de los corrientes, aprobó el acuerdo económico número 498/99 modificado en su texto con dos propuestas de adición emitidas por los diputados Raúl Padilla y Alonso Ulloa Vélez, que también se acompaña dentro del propio acuerdo, en el que con fundamento en el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se eleva a esa alta representación popular, iniciativa de ley que reforma el inciso c y deroga los incisos b y g del punto quinto de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución General de la República, reforma los artículos 2o. y 10 de la Ley de Coordinación Fiscal y reforma el artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para su aprobación y trámite conducente.

En cumplimiento a tal dispositivo constitucional, por este conducto, se tenga a esta legislatura elevando iniciativa formal, para el trámite conducente.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 15 de octubre de 1999.-María Carmela Chávez Galindo, oficial mayor.

Ciudadanos diputados: a las comisiones conjuntas de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales y Reglamentos y de Hacienda y Presupuesto, integradas por los suscritos, les fue turnada por acuerdo de la Asamblea, para su estudio y dictamen, la iniciativa de acuerdo económico formulada por el diputado Raúl Padilla López, que contiene un proyecto de iniciativa de Ley de Reforma del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que modifica el inciso c y deroga los incisos b y g del punto quinto de la fracción XXIX de nuestra Carta Magna y modifica y adiciona los artículos 2o. y 10 de la Ley de
Coordinación Fiscal, así como el numeral 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que al respecto nos permitimos formular las siguientes

                                                                 CONSIDERACIONES

I. Que de conformidad en lo dispuesto por el artículo 32 fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, corresponde a la Comisión de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales y Reglamentos, el conocimiento de los asuntos a que se refieren las reformas a la Constitución General de la República y sus leyes reglamentarias.

II. Que de conformidad en lo dispuesto por el artículo 34 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, corresponde a la Comisión de Hacienda y Presupuestos el conocimiento de los asuntos a que se refieren las reformas a la Constitución General de la República en materia hacendaria y sus leyes secundarias.

III. Que el diputado Raúl Padilla López, en ejercicio de la atribución prevista por el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 135 de la misma y con fundamento además en el artículo 28 fracción I de la Constitución Política del Estado de Jalisco y en arreglo a lo dispuesto por el 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se sirvió presentar la iniciativa de acuerdo económico que propone que este Congreso eleve al órgano constituyente ordinario, las reformas al artículo 73 constitucional, modificaciones y adiciones al texto de los artículos 2o. y 10 de la Ley de Coordinación Fiscal y reformas al artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

IV. Entre las propuestas presentadas por el diputado Raúl Padilla López, destacan las siguientes:

a) Que nunca como hoy, la irrenunciable vocación federalista de Jalisco, puede convertirse de nueva cuenta en un catalizador de anhelos y voluntades y encauzarnos hacia un proceso de renovación del pacto federal en que se sustenta la nación y que ésta es una demanda en que coincidimos prácticamente todos los mexicanos, pero que también es un imperativo de la época que nos exige recuperar los propósitos originarios de nuestro federalismo y remover los obstáculos que impidieron su cabal realización y adecuarlos a los nuevos tiempos y circunstancias.

b) Que los mexicanos hemos sido capaces de realizar cambios de gran magnitud y significado histórico en el pasado reciente; que la democracia ha dejado de ser una posibilidad remota y hoy la estamos convirtiendo en una realidad tangible e incuestionable, por lo que en este contexto no debemos olvidar que la democracia ha ido avanzando desde los estados hacia el centro político del país y que gracias a ello el viejo sistema de poder y legitimación de la autoridad pública está siendo erradicado de Jalisco y de México.

c) Sin embargo, a pesar de que la renovación del pacto federal mexicano es una exigencia compartida nacionalmente, son muy pocas las acciones que se han llevado a cabo en esa dirección; quizá los gobiernos de los estados ya no están sometidos a la voluntad política del Presidente de la República, pero siguen a merced de la enorme concentración de recursos y de la centralización de las decisiones en el orden federal de Gobierno.

d) Uno de los rasgos más distintivos del sistema federal mexicano es el peculiar régimen hacendario que se ha venido imponiendo al conjunto del país y que se caracteriza, antes que nada, por un injusto centralismo. Actualmente, el Gobierno Federal recauda el 97.6% de los impuestos, dejando a los estados el 1% y a los municipios el 1.4%. En consecuencia, las decisiones en materia de gasto público están igualmente centralizadas, ya que el Gobierno Federal ejerce el 82% del gasto total, mientras que los gobiernos estatales y municipales ejercen tan sólo el 14% y el 4% respectivamente.


e) Que la centralización hacendaria cobró especial auge a partir del año 1980 en la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal aún vigente y que con mi propósito de simplificar el régimen tributario del país eliminó numerosos impuestos de carácter estatal y municipal y conformó los fondos de participaciones, que se integran a partir de la recaudación por impuestos federales.

f) Antes de su creación, un volumen importante de los ingresos percibidos por los estados provenía de impuestos propios, particularmente de aquellos que gravan la industria y el comercio, mismos que quedaron suspendidos en virtud de la adhesión de las entidades federativas al mencionado sistema de coordinación.

g) Que como consecuencia, las fuentes de ingresos que producen mayores rendimientos se otorgan prácticamente en su totalidad al Gobierno Federal. Así ocurre en los impuestos sobre la renta, al valor agregado, al activo de las empresas, especial sobre producción y servicios y generales a la exportación y a la importación. Las entidades federativas sólo reciben en su totalidad los rendimientos de los impuestos sobre automóviles nuevos y sobre tenencia y uso de vehículos.

En este esquema, los gobiernos de los estados conservaron una sola fuente tributaria de consideración, el impuesto sobre nóminas, al que se agregan los ingresos obtenidos por derechos, productos y aprovechamientos; éste es también el caso de los gobiernos municipales, quienes conservaron el cobro del impuesto predial y otras contribuciones municipales. Se trata de las esferas impositivas de bajo rendimiento comparadas con las que competen a la Federación.

h) De esta manera, si bien el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal logró una simplificación tributaria, también provoca una gran dependencia de los estados y los municipios respecto de las participaciones federales, ya que los ingresos propios representan solamente una porción muy pequeña de sus ingresos totales. Al efecto, la transferencia de recursos provenientes de participaciones que el Gobierno Federal otorga a estados y municipios se ha incrementado con el propósito de compensar estos dos órdenes de Gobierno. En este sentido el llamado Fondo General de Participaciones se convirtió en el principal instrumento financiero del sistema, pasando de constituirse con el 13% de la recaudación federal participable, hasta el volumen actual del 20%.

i) Si embargo, la mayor parte de este incremento ha sido consecuencia de la reducción de ingresos locales que se han dado a partir del año de 1980. Consecuentemente, el incremento de las participaciones es atribuible sólo a la disminución de ingresos locales propios y no a una transferencia neta de nuevos recursos por parte del Gobierno Federal hacia las entidades federativas.

j) Entre los grandes inconvenientes de este sistema se encuentra el hecho de que al dejar la facultad impositiva al orden federal de gobierno, con transferencias para los otros dos órdenes, se cancela la crucial conexión entre impuesto y gasto, debilitándose seriamente las ventajas del federalismo. Si los impuestos se recaudan centralmente, entonces las políticas y las decisiones de recaudación y de gasto tienden, como ocurre en el país a tomarse en forma centralizada.

k) Sin embargo, la concentración de la mayor parte de los ingresos tributarios en las autoridades federales tiene, naturalmente, consecuencias políticas importantes. Evita que los gobiernos locales sean más responsables ante la sociedad y se esfuercen por actuar con mayor eficacia; y desalienta a la participación ciudadana en las decisiones de gobierno, al enclaustrar las más importantes en una entidad lejana y poco accesible para la sociedad regional y finalmente, hace materialmente imposible garantizar el manejo honesto y eficiente de los recursos públicos, al mismo tiempo que la centralización hacendaria pone freno al desarrollo económico de las entidades federativas, particularmente de estados como Jalisco, que realiza una aportación muy significativa a la generación de la riqueza nacional, pero que no ven compensado su esfuerzo con los ingresos suficientes para atender las necesidades que les plantea el desarrollo económico.

l) Que por todo lo anterior es imperativo e inaplazable realizar los cambios constitucionales que son necesarios para restituir a los estados su capacidad de tributación y ampliarla hasta al grado de que sea compatible con un sistema fiscal más justo y equilibrado. Para tales efectos, cada uno de los ámbitos de gobierno debería conservar cierta autonomía tributaria, de tal modo que el financiamiento basado en su propios ingresos constituya la fuente más relevante. En este sentido, una transformación significativa del sistema de coordinación será aquel que permita a los estados y municipios generar más recursos propios y establezca en el texto constitucional, facultades más amplias y exclusivas en materia de ingresos y tributación.

m) En este sentido, el autor de la iniciativa propone permitir a los estados el cobro de algunos impuestos en las materias restringidas por la fracción XXIX del artículo 73 constitucional, que hoy son materia exclusiva de imposición federal; tales como la recaudación de impuestos especiales al consumo de gasolinas y otros productos derivados del petróleo y del gas natural; a la producción y consumo de tabacos labrados; así como a la producción y consumo de cerveza. Debe quedar claro que no se trata de establecer nuevos impuestos ni de elevar el monto de los ya existentes; ya que los contribuyentes continuarán pagando las tasas impositivas actuales, pero una mayor proporción de los ingresos tributarios corresponderá a los estados y a los municipios, de tal manera que estos últimos pasen a depender, de forma más inmediata una parte mayor de los rendimientos fiscales que genera su actividad económica.

n) La implantación de esta propuesta impactará directamente la legislación hacendaria de los estados, por lo que las legislaturas locales, en una segunda etapa, tendría que ejercer sus nuevas facultades impositivas en el marco normativo que se establezca sobre la base de un acuerdo entre las 32 entidades federativas, en el que se garantice una correcta recaudación y aplicación de esta fuente tributaria.

ñ) Se propone, en segundo lugar, la aprobación de un incremento en los fondos de participaciones previstos en el Sistema de Coordinación Fiscal; en virtud de que éste continuará siendo, al menos en corto plazo, la principal fuente de ingresos de los estados y municipios, por lo que se recomienda que el incremento se realice de forma gradual, para que en el lapso de cinco años, pase del 20% actual a un 40% de la recaudación federal participable.

o) Que en este contexto es importante reconocer dos hechos relevantes: por una parte, los rendimientos que generen estos impuestos corresponderían en mayor medida a las entidades con más población y mayor dinámica económica, por lo que deben existir mecanismos de compensación para los estados de menor desarrollo relativo y en segundo lugar, las prácticas impositivas de los estados y el Distrito Federal no deben alterar la unidad del comercio nacional, que busca la conformación de un solo mercado de bienes y servicios para el conjunto del país; y es por ello que debe postularse una armonización tributaria que regule de la mejor manera el comportamiento de los agentes económicos.

p) La tercera propuesta consiste en que el impuesto al valor agregado vuelva a ser un impuesto de administración estatal, tal y como sucedía hasta antes de 1990, pues se trata de un gravamen con bases fiscales amplias y rendimientos considerables; no se propone en forma alguna que dicho impuesto pase a ser estatal porque existirían diversos inconveniente técnicos, particularmente en la cuestión del acreditamiento y devolución del impuesto.

                                                                1513, 1514 y 1515

q) Se plantea, en esencia, que las entidades federativas actúen exclusivamente como administradoras de un impuesto que conserva su característica de federal y que retengan para fortalecer sus haciendas, una proporción significativa de los rendimientos que provienen de dicho impuesto y que ascenderá al 50% de los mismos. Con esta medida se promoverá el fortalecimiento real de las administraciones tributarias de los estados, aumentará la liquidez de las haciendas públicas locales y disminuirá la dependencia de las entidades respecto de las participaciones federales. En consecuencia, los estados deberán encargarse de las funciones medulares de la administración tributaria, como serían, entre otras, el registro y control de contribuyentes, recaudación de pagos, revisión del cumplimiento tributario, realización de auditorías y otros procedimientos para comprobar el cumplimiento de las normas fiscales, liquidación de adeudos, cobro coactivo, asistencia a los contribuyentes, resolución de recursos administrativos e intervención en juicios de naturaleza fiscal.

r) Que para implantar esta propuesta se requieren cambios urgentes a la legislación tributaria federal de las entidades y consecuentemente se tendrán que actualizar los convenios de colaboración administrativa en el nuevo marco normativo. Esta iniciativa tiene como propósito primordial fortalecer los ingresos de las entidades federativas dentro de un marco de equidad, que garantice el incremento en las cargas fiscales que pagan los contribuyentes, no constituirá la base para aumentar la disponibilidad de recursos en los estados.

s) En este contexto se reconoce que el incremento en los recursos de las haciendas estatales se dará sobre la base de reducir los ingresos fiscales del Gobierno Federal, por lo que paralelamente a la implantación de las reformas aquí propuestas, debe iniciarse una discusión nacional que, con un profundo sentido federalista, analice cuales son las competencias, responsabilidades y atribuciones que deben corresponder a los estados y municipios para poder contar con un régimen federal acorde con los reclamos de nuestro tiempo.

V. Una vez estudiados los puntos que integran la iniciativa en cuestión, las comisiones conjuntas de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales y Reglamentos y de Hacienda y Presupuestos, proponen lo siguiente:

"a) De acuerdo a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de la Federación, del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

Por lo tanto conforme a nuestra Ley Fundamental, la calidad de sujeto activo de la relación jurídica tributaria recae sobre la Federación, los estados y los municipios, en sus respectivas competencias con la diferencia de que, sólo los dos primeros tienen plena potestad jurídica tributaria, pues los municipios unicamente pueden administrar libremente su hacienda, la cuál se forma de las contribuciones que les señalen las legislaturas de los estados, según lo dispone la fracción II del artículo 115 de la propia Constitución.

Al efecto, tres niveles de poder político y administrativo dan lugar a otras tantas haciendas públicas, cuya competencia tributaria constituye un problema complejo, con múltiples implicaciones. Dentro de esa problemática se tiene el que en el Sistema Federal Mexicano, se ha venido imponiendo en el régimen hacendario, un centralismo, en virtud del cual el Gobierno Federal recauda más del 90% de los impuestos y de la misma manera, las decisiones en materia de gasto público están igualmente centralizadas, como se sostiene en la iniciativa, ya que el Gobierno Federal ejerce el 82% del gasto total mientras que los gobiernos estatales y municipales ejercen tan sólo el 14% y el 4% respectivamente, de dicho gasto público. Asimismo, porque las fuentes de ingresos que producen mayores rendimientos se otorgan prácticamente en su totalidad al Gobierno Federal, como ocurre con los impuestos sobre la renta, al valor agregado, al activo de las empresas, especial sobre producción y servicios generales a la exportación y a la importación, en tanto que las entidades federativas sólo reciben en su totalidad los rendimientos de automóviles nuevos y sobre tenencia y uso de vehículos. En este mismo esquema, los gobiernos de los estados conservaron tan sólo una fuente tributaria importante, el impuesto sobre nóminas y al que se agregan los ingresos obtenidos por derechos, productos y aprovechamientos. Por lo que ve al nivel municipal, los ayuntamientos conservaron tan sólo el cobro del impuesto predial y otras contribuciones de bajo rendimiento, si tomamos en cuenta la que compete a la Federación.

b) No debemos dejar de reconocer que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, si bien fue capaz de lograr una simplificación tributaria, también dio lugar a una considerable dependencia de los estados y municipios respecto a las participaciones federales, ya que los ingresos propios de aquéllos representan solamente una porción insignificante de los ingresos totales.

c) En este orden de ideas, resulta imprescindible que se realicen los cambios y reformas constitucionales que se estiman necesarios para restituir a los estados capacidad de tributación, ampleándola hasta el grado que sea compatible con un sistema fiscal más justo y equilibrado, operándose una transformación significativa del sistema de coordinación que permita a los estados y municipios generar más recursos propios y establezca en el texto constitucional, facultades más amplias y exclusivas a dichas haciendas públicas, en materia de ingresos y tributación.

De ahí que se considere que en estos tiempos, es prioritario e imprescindible para los estados de la República y en particular para Jalisco, contar con fuertes propias de ingreso que le permitan atender en mejor medida las necesidades de su población, pues la situación que actualmente impera en este ámbito, por las razones anteriormente expresadas, lesiona fuertemente la economía tributaria de los estados y municipios, por lo cual las comisiones que suscribimos el presente dictamen consideramos adecuada y debidamente justificada la reforma y adiciones propuestas en la iniciativa sustentada por el diputado Raúl Padilla López, tendiente a establecer las bases que permitan un mayor fortalecimiento a las haciendas públicas en las entidades federativas y de los municipios.

d) Con fecha 8 de junio del año en curso las comisiones conjuntas que suscribimos el presente, dictaminamos la procedencia de la iniciativa en comento, sin embargo, en virtud de que la LIV Legislatura local con fecha 28 de abril de 1995, acordó la presentación de iniciativa de Ley al Legislativo Federal en la que se propone, precisamente, la reforma del artículo 73 constitucional, fracciones VII, X, XVII, XXV, XXVIII y XXIX, numeral 5 en razón de ello, decíamos, el pleno acordó se investigara, previo a resolver lo conducente en cuanto a la iniciativa del diputado Raúl Padilla López, la relación que pudiere haber entre la primera propuesta ya impulsada a categoría de iniciativa de ley y la segunda y de toda vez que la primera se subsume en la segunda y ésta contempla reforma a leyes secundarias que la complementan dándole forma a una verdadera reforma fiscal, se considera pertinente se apruebe la propuesta en comento y se eleve a iniciativa de ley para ser presentada ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Además de lo anterior, no escapa a la atención de los suscritos la circunstancia de que la LIV Legislatura del Congreso del Estado, mediante oficio de fecha 28 de abril de 1995, turnó la iniciativa de ley ya referida a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, siendo que por disposición imperativa del inciso h del artículo 72 de la Constitución General de la República, compete a la diputación federal discutir como Cámara de origen los proyectos que versen en materia fiscal, luego, en defecto de procedimiento en el impulso de la primera iniciativa, es conducente y así lo proponemos que la iniciativa de ley que reforma dispositivos fiscales presentada por el diputado Raúl Padilla López, se haga propia de este Congreso y se turne para su trámite a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

e) Que en virtud de todo lo anterior y tomando en cuenta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta en su artículo 71, a las legislaturas de los estados para promover iniciativas de leyes y decretos federales; que la propia Constitución Política Federal en su artículo 135 prescribe como requisitos para reformar o adicionar el texto constitucional, que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes acuerde a las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados; considerando además que la Constitución Política de Estado de Jalisco, en su artículo 28 y la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, en su numeral 85, establece la facultad de los diputados para presentar ante este Congreso del Estado iniciativas de leyes y decretos; que en los términos de los numerales 32, 34 y 35 de la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco las comisiones conjuntas de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales y Reglamentos y de Hacienda y Presupuestos, tenemos competencia para conocer y dictaminar la presente iniciativa y tomando en consideración además que la referida Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado establece en sus artículos 90, 93, 95 y 140, que es competencia de esta legislatura en pleno, el discutir y en su caso, aprobar toda iniciativa de ley o decreto que fuese sometida a su conocimiento por parte de sus comisiones, es por lo que se propone a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente dictamen de

                                                                                                     ACUERDO

De iniciativa de ley que reforma el inciso c y derogan los incisos b y g, del punto 5 de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; adiciona los artículos 2o. y 10 de la Ley de Coordinación Fiscal y modifica el artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo primero.
Con fundamento en el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, elévese formal iniciativa de ley al honorable Congreso de la Unión que reforma el inciso c y deroga los incisos b y g, del punto 5 de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución General de la República; el que reforma los artículos 2o. y 10 de la Ley de Coordinación Fiscal y que reforma el artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como siguen:

I. Se reforma el inciso c y se derogan los incisos b y g, del punto 5 de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

Artículo 73.
El Congreso tiene facultad:

De la I a la XXVIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXIX. Para establecer contribuciones:

Del 1o. al 4o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5o. Especiales sobre:

a) Energía eléctrica;

b) Derogada;

c) Producción de gasolina, diesel y gas natural;

d) Cerillos y fósforos;

e) Aguamiel y productos de su fermentación y

f) Explotación forestal;

g) Derogada.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Se reforman los artículos 2o. y 10 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 2o.
El fondo general de participaciones se construirá con el 40% de la recaudación federal participable que obtiene la Federación en un ejercicio. Para tales efectos se establece en las disposiciones transitorias del presente, los criterios que normarán este sistema.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De la I a la III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Asimismo, se participará a las entidades el 50% de las recaudación del impuesto al valor agregado, que lleven a cabo en su territorio.

Artículo 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corresponden al ámbito impositivo de las entidades federativas, las siguientes fuentes impositivas:

I. Producción y consumo de tabaco labrado;

II. Consumo de gasolina, diesel y gas natural;

III. Producción y consumo de cerveza y bebidas alcohólicas.

III. Se reforma el artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenios con los estados para que la administración de la recaudación sea llevada a cabo por las oficinas de la hacienda estatal y que en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir participaciones en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, conviniendo en no mantener impuestos locales o municipales sobre;

                                                                       1516, 1517 y 1518

De la I a la VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Expídase el decreto correspondiente con los siguientes

                                                                ARTICULOS TRANSITORIOS


Primero.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.
Para la aplicación del porcentaje repartible, del Fondo General de Participaciones, reformado por el texto del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar en el 40%, se aplicarán paulatinamente incrementos anuales del 2% sobre la base anterior del 12% hasta llegar al porcentaje establecido.

Artículo segundo.
Túrnese la presente iniciativa de ley para su aprobación y trámite al honorable Congreso de la Unión.

Sala de comisiones del Congreso del Estado.-Guadalajara, Jalisco, a 14 de octubre de 1999.-Comisión de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales y Reglamentos; diputados: Porfirio Cortés Silva, José Manuel Correa Ceseña, Salvador Cosío Gaona, Miguel Angel Martínez Espinosa y Miguel Angel León Corrales; Comisión de Hacienda y Presupuesto, diputados: José de Jesús Alvarez Carrillo, Alonso Ulloa Vélez, María del Rocío García Gaytán, Raúl Padilla López y Armando Nambo Amezcua.»

«Propuestas de adición, modificación o reformas al decreto o acuerdo económico 498/99
Las comisiones de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales y Reglamentos y Hacienda y Presupuestos y/o diputado Raúl Padilla López, presentaron con esta fecha la siguiente propuesta de adición (X), modificación o reforma, al dictamen de

                                                                             DECRETO


Acuerdo económico (X), para quedar como sigue:

Adicionar un artículo tercero que diga:

Artículo tercero.
Hágase asimismo una exhortativa al honorable Congreso de la Unión para que sea dictaminada la iniciativa de decreto que reforma el inciso c y deroga los incisos b y g de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona los artículos 10 y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal y modifica el artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la cual fue turnada por este Congreso con fecha 28 de abril de 1995. Diputado Raúl Padilla López.

Adicionar un artículo cuarto que diga:

Artículo cuarto.
Comunique el presente acuerdo económico a las legislaturas de todos los estados del país, para que analicen la conveniencia de sumarse al mismo. Diputado Alonso Ulloa Vélez.

El pleno del honorable Congreso del Estado, aprobó las protestas en sus términos (X) o como sigue:

Atentamente.

Guadalajara, Jalisco, a 14 de octubre de 1999.-Diputados: Rocío García Gaytán, José Iñiguez Cervantes, secretarios.

La suscrita oficial mayor del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

                                                                           CERTIFICA


Que las presentes fotocopias, en 13 hojas útiles, son copia fiel del original que tuve a la vista y que corresponden al acuerdo económico número 498/99 de la sesión verificada por este Congreso el día 14 de octubre de 1999, misma que obra en los archivos de este Poder Legislativo.

Se extiende la presente certificación el día 20 de octubre de 1999.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 14 de octubre de 1999.-Licenciada María Carmela Chávez Galindo.»

El Presidente:

Túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.

AYUNTAMIENTOS

El Presidente:

Iniciativas de los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Juan Carlos Gutiérrez Fragoso:

Con su venia, señor Presidente:

«Los diputados que suscriben, integrantes de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que adiciona un inciso al artículo 105 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

                                                      EXPOSICION DE MOTIVOS


El municipio es una comunidad natural surgida de forma espontánea debido a que las familias son por si mismas incapaces de satisfacer todas las necesidades que requieren sus miembros.

La relación de vecindad es lo que caracteriza a este orden de gobierno que es el más cercano a la población. No es sólo un simple administrador de un territorio.

La elección del ayuntamiento debe ser escuela de la democracia, entendida ésta como el gobierno del pueblo, donde los ciudadanos escogen a sus representantes para que ejerzan la autoridad.

Los vecinos, en consecuencia, deben poder encontrarse en las circunstancias óptimas para elegir entre las opciones que más convengan al bien común. La libertad para votar y ser votado debe respetarse en forma irrestricta.

Pero debemos de entender la dinámica de un gobierno democrático, en el cual, si bien la mayoría gobierna, no debe constituirse en una fuerza avasalladora que vulnere la dignidad del ser humano, los derechos de las minorías y el respeto de la ley. Es obligación de la mayoría concensar y ser tolerante, dialogar y cumplir la normatividad vigente.

La oposición por otra parte, tiene funciones de gran importancia dentro de la democracia. Pues es imposible concebir al gobierno que el pueblo elige sin que existan opciones de donde escoger. La oposición es necesaria, ya que sin alternativas de gobierno, no hay libertad de elección y sin ésta no puede haber democracia.

Adolfo Christlieb Ibarrola nos dice: "la existencia de una oposición responsable favorece la selección de los mejores. Por hipótesis, la oposición es posición de minorías. Si la minoría es indispensable en las deliberaciones, no para completar los personajes de una pieza teatral, sino para la formación de los actos legislativos y para la formación e información de la opinión pública, cuando la oposición no es tolerada, un país toma el riesgo de ver a los hombres de preparación y experiencia excluirse a sí mismos de la vida política. Cuando esto sucede, los miembros de la mayoría, sin rivales al frente, carecen de motivos para superarse.

Dentro de un régimen democrático resulta clara la distinción entre oposición y complot, entre libertad de pensar y los movimientos subversivos, entre la traición y el propósito de modificar o cambiar los programas y el personal de gobierno.

Debemos destacar que, además de que la oposición debe ser una propuesta alterativa del gobierno, tiene la importante tarea de ser un sujeto controlador para que la mayoría no traspase los límites impuestos por la normatividad vigente. Ya que si bien el gobierno electo tiene el deber de no transformarse en tiranía de las mayorías, este límite no puede dejarse sólo a su autocontrol sino que debe depositarse en actores distintos. Uno de ellos debe ser la oposición.

Ahora bien, dicho control, no sólo debe darse en forma de desgaste político ante la opinión, publica. Debe verse respaldado por derechos que hagan efectiva dicha facultad.

Dentro de este contexto se enmarca la adición que se propone: que el equivalente al 33% de los integrantes de algún ayuntamiento pueda recurrir a la Suprema Corte de Justicia mediante una acción de inconstitucionalidad en contra de las normas de carácter general expedidas por la mayoría del propio ayuntamiento.

Su antecedente más remoto se encuentra en la "acción popular de inconstitucionalidad" que se estableció en la ley orgánica de la administración y régimen municipal de Colombia, del 22 de junio de 1850, que procedía contra las ordenanzas y acuerdos de las cámaras provinciales y cabildos parroquiales.

La propuesta le da el derecho a la minoría dentro del ayuntamiento para que pueda combatir normas de carácter general expedidas por el mismo ayuntamiento, que violen nuestra norma fundamental.

Esta adición complementará la reciente reforma al artículo 115 de nuestra norma fundamental, que representa un avance en contra de la dura realidad, del implacable centralismo político y de la injusticia hacendaria que sólo permiten al municipio no la vida, sino la agonía.

La acción de inconstitucionalidad es una garantía de la supremacía constitucional que es procedente respecto de contradicciones entre una norma de carácter general y la Constitución Federal.

Las acciones de inconstitucionalidad se promueven con el puro interés genérico de preservar la supremacía constitucional. No es necesario, como acontece en el amparo, que exista una afectación a las garantías individuales o que ocurra una invasión de esferas como en el caso de las controversias constitucionales.

Nuestro país avanza hacia una creciente pluralidad y facultar a las minorías del ayuntamiento a recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine la constitucionalidad de una norma aprobada por las mayorías significa hacer de nuestra Norma Fundamental el principal punto de referencia de los actores y grupos políticos.
No debemos confundir a la mayoría con la constitucionalidad, por eso las fuerzas minoritarias contarán con una vía para lograr que las normas establecidas por las mayorías puedan ser contrastadas con nuestra Norma Fundamental a fin de ser consideradas válidas.

Debemos tomar en cuenta también, que la Constitución establece la creación de normas jurídicas que no necesariamente son leyes en sentido formal, tal es el caso de los reglamentos gubernativos y de policía que establece el artículo 21 constitucional, así como los que se mencionan en el artículo 115 constitucional.

Por las consideraciones expuestas y en ejercicio de sus facultades, los suscritos, diputados de la nación de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a esta Cámara la siguiente

                                                                       INICIATIVA DE DECRETO


Por el que se adiciona la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo, único.
Se adiciona el artículo 105 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

"Artículo 105
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g) El equivalente al 33% de los integrantes de algún ayuntamiento en contra de las normas de carácter general expedidas por el propio ayuntamiento."

                                                                 ARTICULO TRANSITORIO


Unico.
El presente decreto entrará en vigor dos meses después de que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 1999.-Diputados: Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, Juan Marcos Gutiérrez González, Juan Miguel Alcántara Soria, Javier Algara Cossío, María Soledad Baltazar Segura, Fernando Castellanos Pacheco, Alvaro Elías Loredo, José Espina von Roehrich, Julio Faesler Carlisle, Javier Paz Zarza, César Jáuregui Robles, Abelardo Perales Meléndez, Américo Ramírez Rodríguez, Francisco Reynoso Nuño, Juan José Rodríguez Prats, Juan Carlos Ruiz García, Sandra L. Segura Rangel, Felipe Urbiola Ledesma y Raúl Monjarás Hernández.»

                                                                     
1519, 1520 y 1521  

El Presidente:

Gracias, diputado Fragoso.

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.



LEY GENERAL AGROPECUARIA
Y FORESTAL

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una iniciativa de Ley General Agropecuaria y Forestal.

El diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas:

Con su permiso, señor Presidente:


Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.

«Los suscritos, diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y representantes del Estado de Jalisco, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 55 fracción II y 56 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración la presente iniciativa de Ley General Agropecuaria y Forestal.

                                                               EXPOSICION DE MOTIVOS


Las recurrentes crisis económicas por las que ha atravesado el país a partir de la década de los setenta han impactado severamente las condiciones en que se desarrolla la actividad productiva en el campo, afectando particularmente a los campesinos más desprotegidos.

A partir de los ochenta, el modelo de desarrollo impulsado por el Estado comenzó a mostrar síntomas de agotamiento de la política basada en la intervención estatal en el campo y el proteccionismo comercial.

Los bajos niveles de inversión y financiamiento en el sector, el déficit de la balanza comercial agropecuaria y el deterioro de los precios relativos de los productos agrícolas, así como la reducción de recursos destinados a los organismos de fomento al campo, agudizaron el estancamiento productivo y la descapitalización del sector.

A nivel internacional, los cambios sufridos en el contexto de globalización de las actividades productivas y de la apertura comercial iniciada con la entrada de México al GATT en 1986, propiciaron que a fines de la década, el Estado emprendiera una serie de reformas estructurales en los ámbitos político, económico y social, con el objetivo de reducir la participación estatal en el proceso productivo, eliminar subsidios, privilegiar al mercado para que la competitividad y la eficiencia definieran los precios, fomentar la inversión privada, liberar al sector externo de la economía y estabilizar los precios a niveles similares a los de los países desarrollados. El propósito declarado de estas reformas fue el de insertar al país en la corriente de modernización internacional.

El campo no podía permanecer al margen de dichas reformas, por lo que el enfoque de la modernización se centró básicamente en los siguientes ámbitos:

1. Profundización de la apertura comercial en los términos del GATT.

2. La firma y puesta en vigor del tratado de libre comercio en el cual el país se comprometió a la liberación de aranceles a productos básicos.

3. La reforma al artículo 27 constitucional para posibilitar el acceso al mercado de las tierras ejidales y la asociación entre ejidatarios, particulares y empresas para la realización de inversiones, proyectos productivos e industrialización de los productos del campo.

4. La desincorporación, privatización o fusión de organismos y entidades del sector público relacionadas con el campo.

5. La redefinición de la política de crédito hacia los productos agropecuarios.

6. Nuevos esquemas de apoyo a los productores.

7. El impulso a la economía de libre mercado, dejando el papel principal en la asignación de recursos a las fuerzas del mercado, con mínima o nula intervención por parte del Estado.

Las reformas estructurales fueron concebidas para funcionar en el marco de una economía estable, en crecimiento gradual y con bajos niveles de inflación, similares a los de los principales socios comerciales de México. Sin embargo, las crisis económicas recurrentes alteraron radicalmente el panorama y el entorno de las relaciones comerciales y financiamientos del país.

El impacto de las crisis modificó las expectativas de crecimiento de la economía, particularmente las del sector agropecuario, alterando de manera radical las condiciones sobre las que se habían diseñado las políticas para el campo mexicano.

Hoy día el contexto nacional en el campo está caracterizado por una disminución del crecimiento económico del sector agropecuario, una baja contribución al producto interno bruto nacional, se ha desincentivado la producción y productividad agropecuaria y forestal. La caída en los precios e ingresos reales de los productores han agravado la rentabilidad, la descapitalización y ha incrementado las carteras vencidas. Hay una mayor dependencia alimentaria y la pobreza y pobreza extrema han aumentado en términos absolutos y relativos en el campo mexicano, además de que hubo un acelerado deterioro de los recursos naturales.

De ahí que, no obstante las transformaciones operadas en el marco estructural, legal e institucional del campo, persistan fuertes problemas a los que no se ha proporcionado una adecuada solución.

En los últimos años, hemos observado el retiro gradual de muchas dependencias que atendían al campo. Este retiro no ha sido gratuito. Obedeció a los ajustes estructurales que el Gobierno Federal realizó para modernizar el marco institucional y adecuarlo en función de los cambios operados en las prioridades económicas, políticas y sociales del país.

Muchos de los cambios realizados eran necesarios ante las condiciones que imperaban para desarrollar el campo. Sin embargo, el retiro de muchas instituciones dejó un vacío que aún no ha sido acompañado de una adecuación de las funciones de las que aún operan en el campo, en virtud del fuerte centralismo en la definición de políticas públicas y en el manejo de los recursos económicos.

Por otra parte, existen actualmente muchas leyes y reglamentos que tienen relación con el campo, cuyos responsables de su aplicación se duplican o anulan entre sí, por no tener claramente delimitadas sus funciones y atribuciones o bien por yuxtaponerse éstas.

Esta problemática es uno de los aspectos que afectan a la solución de los problemas agropecuarios y forestales del país, al impulsarse políticas, programas y acciones planificadas desde el centro, descoordinadas entre sí, con prioridades y objetivos diferentes sobre los aspectos que afectan al campo.

El rezago acumulado en la solución de los problemas, lejos de permitir el establecimiento y afirmación de relaciones basadas en la justicia, la equidad y la concurrencia y corresponsabilidad entre las instituciones federales, los estados, municipios y productores rurales, ha incidido negativamente en las posibilidades de generar condiciones favorables para la actividad agropecuaria y forestal y en el desarrollo de los productores.

Ante la necesidad de reorientar las políticas económicas, culturales y sociales aplicables al sector rural, se requiere construir una nueva institucionalidad rural. Es decir, nuevas relaciones entre el Gobierno y la sociedad, entre los niveles de gobierno, entre poderes Ejecutivo y Legislativo, entre las diferentes instancias del Ejecutivo Federal. Una nueva legislación y una genuina federalización de las atribuciones, responsabilidades y recursos para el desarrollo rural, fomentando la creación de instituciones estatales y municipales. Reconociendo el papel de los legisladores locales y el papel central de los productores rurales.

El país ha sufrido grandes transformaciones en todos los ámbitos de la vida política, económica y social que han generado un verdadero pluralismo, que debe desembocar, una mayor democracia y un auténtico federalismo.

El campo no puede ser la excepción a este proceso que permea la vida nacional en todos sus aspectos: el campo debe ser considerado como una prioridad nacional y reconocer plenamente su contribución al desarrollo nacional.

Para contribuir al fortalecimiento democrático y plural de la sociedad mexicana, es menester iniciar hacia el interior de las instituciones relacionadas con el campo una verdadera descentralización de funciones y atribuciones que aún se encuentran monopolizadas por dependencias del Gobierno Federal y que aún no han sido transferidas al gobierno de los estados, los municipios ni a los productores rurales.

La descentralización implica el reconocimiento de que son los agentes directamente involucrados en la actividad agropecuaria y forestal a quienes corresponde formular, planear y ejecutar los programas para fomentar su desarrollo; supone también el reconocer su capacidad para afrontar y realizar los cambios necesarios en su entorno para instrumentar y flexibilizar las estrategias más adecuadas, en función de sus condiciones particulares y demanda, por otra parte, la asignación de recursos económicos para atender la problemática del sector.

El Partido Acción Nacional desde su origen ha manifestado una vocación federalista y ha pugnado por una auténtica descentralización de funciones y no de una desconcentración de las mismas que sólo contribuye a justificar la burocracia; reclama, por lo tanto, una descentralización que beneficie directamente a los estados, municipio y productores, que propicie la facultad de legislar, regular, fomentar e impulsar la actividad agropecuaria y forestal en las modalidades propias que determinen para su desarrollo y que otorgue los recursos económicos que hagan factible la operación de los programas.

La actividad agropecuaria y forestal precisa de un cambio de las instituciones que ofrezca soluciones reales emanadas de la identificación de la problemática local y regional, de instrumentos que propicien la participación organizada de los productores y de la definición de proyectos concensados entre los tres órdenes de gobierno y los productores.

La descentralización ciertamente no es una panacea que resolverá automáticamente todos los males que aquejan al sector, pero en la medida en que el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y los municipios se comprometan solidariamente a proporcionar los recursos económicos, los productores estarán en condiciones de contribuir con su esfuerzo a elevar la producción y a generar alternativas que se traduzcan en un mayor beneficio económico y social para los mismos y del país en general.

La finalidad de la presente iniciativa es otorgar mayores atribuciones en materia agropecuaria y forestal a los gobiernos de los estados, a los municipios y a los productores, precisando lo que le corresponde realizar a cada quien bajo el principio de subsidiaridad y el establecimiento de relaciones gubernamentales basadas en la concurrencia, coordinación y solidaridad para la solución de los problemas del sector.

En este contexto, las instituciones federales tienen como responsabilidad fijar las prioridades nacionales de la política agropecuaria en concurrencia con las entidades federativas, los municipios y productores. Los estados con facultades para normar, regular y fomentar las actividades del sector rural en su territorio, en coordinación con las dependencias federales y los municipios; estos últimos con facultades también para regular, fomentar y operar programas institucionales, reconociendo como el eje central de los programas y acciones que se instrumenten a los productores a través de su participación directa y organizada, es decir, como los sujetos del desarrollo agropecuario y forestal.

En esencia, la iniciativa se sustenta en el carácter interdependiente que debe existir entre los niveles de gobierno para normar la actividad agropecuaria y forestal en lo que respecta a su competencia y proponer acciones conjuntas y asignar el presupuesto federal a partir de las prioridades nacionales y de los programas acordados entre todos los tres órdenes de gobierno involucrados.

                                                                      1522, 1523 y 1524

A partir de estas premisas, es necesario generar políticas públicas y un modelo de gestión pública que responda a una planeación participativa y democrática que propicie certidumbre, estabilidad y rentabilidad a la actividad del sector, con un marco normativo que tome en cuenta las diferencias productivas, geográficas, económicas y sociales de las regiones del país como base para la instrumentación de los programas y dote a las entidades federativas y los municipios de los recursos económicos para operar y reconozca su legítima aspiración a imprimirle al desarrollo rural las modalidades que considere necesarias en su territorio.

Con la presente iniciativa, se desea contribuir en la promoción y aplicación de un auténtico federalismo en el campo para generar un cambio de fondo en la actividad agropecuaria y forestal.

La Ley General Agropecuaria y Forestal se concibe en ese sentido, como un instrumento dinamizador de los agentes que intervienen en el sector rural, proporcionando un marco definitorio de los ámbitos de competencia federal, estatal, municipal y de los productores, para eficientar la gestión pública a partir de las normas, ámbitos de acción y condiciones generales para la planeación, fomento y gestión del desarrollo agropecuario y forestal.

En virtud de los argumentos antes expuestos, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente

                                                           LEY GENERAL AGROPECUARIA
                                                                           Y FORESTAL


                                                                     TITULO PRIMERO

                                                              Disposiciones generales

                                                                   CAPITULO UNICO

Artículo 1o.
La presente ley es reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sus disposiciones son de aplicación general en toda la República y orden público e interés social.

Artículo 2o.
Tiene como objetivo, confirmar e intensificar las bases y modalidades para impulsar el desarrollo de actividades agropecuarias, mediante la promoción, diseño e instrumentación de una verdadera descentralización de funciones, asignándolas a la Federación, a los gobiernos de los estados y a los municipios, de acuerdo a las atribuciones conferidas a cada nivel de Gobierno y con participación directa de productores agropecuarios y en su caso, inversionistas públicos o particulares.

Artículo 3o.
La política agropecuaria comprende las siguientes actividades:

I. Actividad agrícola y todo lo concerniente a sus modalidades.


II. Actividad pecuaria y lo referente a las modalidades y especies.

III. Actividad forestal y todo lo concerniente a sus modalidades.

IV. Actividades relacionadas, con el cuidado, uso y aprovechamiento de los recursos naturales tales como el suelo, el agua, la flora, la fauna silvestre, especies acuáticas y en general los ecosistemas.

V. Actividades agroindustriales relativas a la integración de las cadenas productivas.

VI. Cualquier actividad desarrollada por la sociedad rural o por inversionistas públicos o privados de carácter legal que genere empleo y bienestar social.

Artículo 4o.
Son autoridades en materia agropecuaria:

I. El Presidente de la República;

II. Los gobernadores de los estados;

III. Los presidentes municipales;

IV. El Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como el Secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en el orden federal y

V. Los secretarios que atiendan el sector agropecuario en el orden local.

                                                                     TITULO SEGUNDO

                                                             Distribución de competencias

                                                                         CAPITULO I

                                                               Disposiciones comunes



Artículo 5o.
La coordinación, planeación y ejecución de la materia agropecuaria estará a cargo del Ejecutivo Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, con la participación de los productores.

Artículo 6o.
La competencia entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y los productores en materia agropecuaria quedará coordinada conforme a lo señalado por esta ley, sus reglamentos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la legislación interna de cada entidad federativa.

                                                                           CAPITULO II

                                                                   Competencia federal

Artículo 7o.
Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, así como de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca:


I. Establecer los criterios generales de la política agropecuaria;

II. Las facultades que expresamente le confiera la Constitución General de la República y

III. Las facultades que le otorgue la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

                                                                       CAPITULO III

                                                                 Competencia estatal


Artículo 8o.
Corresponderá a los gobiernos de las entidades federativas, en materia agropecuaria, además de las facultades que expresamente les confiera la legislación local, las siguientes facultades:

I. Formular, conducir y evaluar la política estatal de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo y participar de forma coordinada con el Ejecutivo Federal, los municipios y los productores, en la formulación de la política de desarrollo rural.

II. Reglamentar la normatividad federal relativa a la sanidad animal y vegetal, así como coadyuvar con el Gobierno Federal y municipal para instrumentar, regular y supervisar campañas de sanidad.

III. Los gobiernos estatales, en coordinación con los gobiernos municipales, establecerán un sistema estatal de información estadística, geográfica y de programas de fomento al sector agropecuario.

IV. Incentivar la libre organización de los productores rurales y fomentar la organización y constitución de toda clase de sociedades rurales de carácter económico, cuyo objeto sea la producción industrial, la distribución o el consumo de productos agropecuarios.

V. Promover, reglamentar y aplicar técnicas y procedimientos conducentes a la conservación y mejoramiento de los suelos agrícolas, pastizales, bosques, selvas, ecosistemas, recursos naturales, así como bienes y servicios ambientales, en coordinación con las autoridades federales y municipales, previa realización de estudios para el ordenamiento ecológico territorial de la entidad federativa.

VI. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, en coordinación con las autoridades municipales.

VII. Fomentar y reglamentar la producción económica del artesano y de las industrias familiares del sector rural.

VIII. lmpulsar, organizar y patrocinar congresos, ferias, exposiciones y concursos agrícolas y pecuarios, así como de otras actividades que tengan relación con el desarrollo del medio rural.

IX. Coordinarse directamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a efecto de determinar criterios generales, tendientes al establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el fomento de la producción agropecuaria en sus respectivos estados y la evaluación de estos resultados.

X. Programar, proponer y ejecutar la construcción de pequeñas obras de irrigación, así como la proyección, ejecución y conserva de bordos, canales, tajos, abrevaderos y jagüeyes, en forma coordinada con los gobiernos municipales y con participación de los beneficiarios directos y del sector privado.

XI. En coordinación con el Gobierno Federal, los municipios y productores, se encargarán de establecer programas forestales, tendientes a impulsar el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales imperantes en cada entidad federativa.

XII. Participar e impulsar en coordinación con el Gobierno Federal, los municipios y productores en la distribución y comercialización de productos agropecuarios y el abastecimiento de los consumos alimenticios básicos de la población urbana y rural.

XIII. Supervisar en coordinación con los gobiernos Federal y municipal el adecuado uso de marcas, normas oficiales mexicanas y sanidad de los productos agropecuarios y elaborar la reglamentación correspondiente.

XIV. Promover el empleo en el medio rural, al igual que el establecimiento de programas y acciones que fomenten la productividad y rentabilidad de las actividades económicas rurales, la integración y el impulso de proyectos de inversión que permitan canalizar productivamente recursos públicos y privados al gasto social en el sector rural.

XV. Diseñar y establecer con participación de los municipios y productores, políticas públicas tendientes a impulsar el financiamiento y la capitalización de las actividades agropecuarias.

XVI. Apoyar, por medio de la Secretaría de Educación de su respectivo Estado, las actividades de los centros de educación agrícola media superior y superior; asimismo, establecer, dirigir y conservar las escuelas técnicas agropecuarias existentes, sin menoscabo de apoyo al desarrollo y creación de la investigación y transferencia de tecnología.

XVII. Promover, reglamentar, fomentar y brindar asesoría técnica en la producción, industrialización y comercialización de productos piscícolas.

XVIII. Reglamentar y operar en coadyuvancia con los municipios, el sistema de contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones y reconocimientos de estos derechos, mediante la supervisión del cumplimiento y la correcta aplicación de la normatividad, en materias de agua, ecológica, forestal, pesquera, explotación de flora y fauna silvestres, sobre playas, zona federal y terrenos ganados al mar.

XIX. Participar, previa opinión de los municipios y productores, en el establecimiento de políticas referentes a materia de asuntos internacionales y comercio exterior agropecuario.

XX. Las demás que establezcan las leyes federales siempre y cuando no se contrapongan con las disposiciones de la presente ley.

                                                                            CAPITULO IV

                                                                   Competencia municipal

Artículo 9o.
Corresponderá a los gobiernos de los municipios, en materia agropecuaria, además de las facultades que expresamente les confiera la legislación local, las siguientes facultades:

I. Con la participación de los productores y en coordinación con los estados y la Federación, participarán en la formulación, conducción y evaluación de la política de desarrollo rural, formando su propio plan municipal y estableciendo la estructura operativa para tal efecto.

II. Coadyuvar con los gobiernos estatales y el Federal, en la instrumentación de las campañas de sanidad, además de vigilar el cumplimiento de las normas y reglamentos y en los casos de transgresión a la normatividad, aplicar las sanciones procedentes.

III. Participar en el establecimiento y operación del Sistema Estatal de Información Estadística, Geográfica y de programas del fomento al sector agropecuario y poner a disposición de los productores la información ya procesada, estableciendo los mecanismos adecuados para ello.

                                                                   1525, 1526 y 1527

IV. Fomentar dentro del municipio la organización y constitución de toda clase de sociedades rurales, cuya finalidad sea la producción industrial, la distribución y/o el consumo de insumos y productos agropecuarios; propiciando la articulación de la cadena productiva agroalimentaria, el bienestar social y la participación directa de dichas sociedades en la toma de decisiones sobre aplicación de inversión pública para el sector rural.

V. Velar por la conservación y mejoramiento de los recursos naturales del propio municipio, responsabilizándose de la aplicación de técnicas y procedimientos conducentes para tales efectos, definiendo la tendencia del uso del suelo. En caso de transgresión a preceptos legales de la materia, deberá aplicar las sanciones correspondientes.

VI. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria.

VII. Apoyar la organización de la producción económica del artesano y de las industrias familiares del sector rural.

VIII. Impulsar, promover y organizar ferias, exposiciones y toda clase de actividades culturales, que tengan relación con el desarrollo del medio rural.

IX. Gestionar y establecer estímulos fiscales y financieros para el fomento de la producción agropecuaria y forestal.

X. Promover en coordinación con las autoridades federales y estatales, obras de irrigación y participar en la ejecución y conservación de bordos, canales, tajos, abrevaderos y jagüeyes; asimismo administrar y operar programas de rehuso de aguas servidas.

XI. Apoyar a los productores, en coordinación con las autoridades estatales y federal, en la distribución y comercialización de productos agropecuarios y forestales, al igual que en el abastecimiento de los consumos alimenticios básicos de la población urbana y rural.

XII. Vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos para el uso adecuado de marcas y normas oficiales mexicanas de los productos agropecuarios y forestales. En los casos de transgresión a la normatividad agropecuaria, aplicará las sanciones correspondientes.

XIII. Participar en la aplicación de programas de promoción de empleo, productividad y rentabilidad de las actividades económicas rurales, considerando la opinión de los productores.

XIV. Apoyar la instrumentación de las políticas públicas para impulsar el financiamiento y la capitalización de las actividades agropecuarias.

XV. Participar en el diagnóstico regional de requerimientos educativos del sector agropecuario.

XVI. Vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos referentes a la producción, industrialización y comercialización de productos piscícolas. En caso de transgresión a las normas jurídicas en la materia, deberá aplicar las sanciones correspondientes.

XVII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones y reconocimientos de derechos, en las materias de agua, forestal, ecológica, pesquera, explotación de flora y fauna silvestres y sobre las playas, zona federal y terrenos ganados al mar. En caso de transgredir disposiciones legales aplicables a la materia, deberá aplicar las sanciones correspondientes.

XVIII. Las demás que establezcan las leyes federales siempre y cuando no se contrapongan con las disposiciones de la presente ley.

                                                                        CAPITULO V

                                                                   De los productores

Artículo 10.
Se considera productor agropecuario, a toda persona física o moral que se dedique a las actividades a que hace referencia el artículo 3o. de esta ley.

Artículo 11.
Corresponde a los productores en materia agropecuaria, además de las facultades que expresamente les confiera la legislación local, las siguientes facultades:

I. Participar en la formulación, conducción y evaluación de las políticas de desarrollo agropecuarias y forestal, en coordinación con los tres niveles de gobierno, formando parte de los organismos que formulen, operen y evalúen las políticas de desarrollo agropecuario y forestal.

II. Coadyuvar con el Gobierno Federal, estatal y municipal en la investigación, regulación y supervisión de campañas de sanidad y participar directamente con la autoridad municipal en la vigilancia del cumplimiento de leyes y reglamentos de sanidad animal y vegetal.

III. Aportar y recibir datos e información sobre las actividades agropecuarias que realicen al Sistema Estatal de Información, Estadística, Geográfica y de programas de fomento al sector agropecuario.

IV. Organizarse libremente y adoptarán las formas de sociedades rurales más adecuadas a sus intereses para el fomento de las actividades agropecuarias y forestales, con pleno reconocimiento y representación ante las autoridades municipales, estatales y federal.

V. Participar con las autoridades municipales en la vigilancia del cumplimiento de las leyes y reglamentos referentes a la conservación y mejoramiento de los recursos naturales.

VI. Participar en la planeación y operación de los sistemas de industrialización, distribución y consumo de los productos agropecuarios y forestales.

VII. Participar en la formación de organizaciones de apoyo para la producción y comercialización de artesanía y de las industrias familiares del sector rural.

VIII. Constituir, administrar y operar la infraestructura hidroagrícola, conforme a lo establecido por la normatividad en la materia.

IX. Participar en coordinación con otros agentes económicos de la cadena productiva, en la distribución y comercialización de productos agropecuarios y en el abastecimiento de los consumos alimenticios básicos de la población rural y urbana.


X. Participar en el establecimiento de normas oficiales mexicanas aplicables a los productores agropecuarios y con los organismos encargados de su aplicación.
XI. Participar en la instrumentación de políticas públicas para impulsar el financiamiento y capitalización de las actividades agropecuarias.

XII. Operar los organismos de innovación, investigación y transferencia de tecnología agropecuaria, participando además, en la definición de planes de estudio de las escuelas agropecuarias.

XIII. Participar en coordinación con el municipio, en la vigilancia del cumplimiento de la normatividad jurídica relativa a la producción piscícola y en participación con los organismos encargados del establecimiento de dichas normas.

XIV. Participarán con los organismos competentes, a efecto de definir políticas de aranceles y cupos para la importación de productos agropecuarios y forestales.

XV. Las demás que establezcan las leyes federales siempre y cuando no se contrapongan con las disposiciones de la presente ley.

                                                                       CAPITULO VI

                                                                  De la concurrencia

Artículo 12.
El Gobierno Federal auxiliará, cuando así lo soliciten los estados, en las acciones de descentralización en materia agropecuaria.

Los gobiernos estatales y municipales para la realización de las facultades que le corresponden podrán solicitar al Gobierno Federal la celebración de convenios a fin de favorecer el desarrollo integral de dichas entidades federativas.

Artículo 13.
El Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, aportarán recursos materiales, humanos y financieros que sean necesarios para el desarrollo de la actividad agropecuaria, de conformidad con lo establecido por la legislación local de los estados.

Artículo 14.
La descentralización en materia agropecuaria y de desarrollo rural deberá estar encaminada a la promoción del progreso en las actividades agropecuarias de las entidades federativas y los municipios.

Artículo 15.
La concurrencia en materia agropecuaria y de desarrollo rural involucra en la planeación, estímulo, coordinación, evaluación y ejecución a los tres niveles de gobierno, al igual que a productores rurales.

Artículo 16.
El Gobierno Federal auxiliará a las entidades federativas en caso de emergencia en que se ponga en peligro el desarrollo agropecuario de los estados.

Artículo 17.
El Gobierno Federal, los gobiernos de los estados y las autoridades municipales, de forma concurrente apoyarán a los productores en la comercialización y distribución de sus productos, sobre todo a aquellos productores de escasos recursos.

                                                                      TITULO TERCERO


                                                             De los programas, apoyos
                                                                        y subsidios

                                                                    CAPITULO UNICO

Artículo 18.
En materia agropecuaria, los recursos destinados por el Gobierno Federal a los gobiernos estatales serán regulados por las disposiciones que para tales efectos establezca la Ley Federal de Coordinación Fiscal.

Artículo 19.
El Gobierno Federal descentralizará recursos económicos, personal administrativo, equipo técnico y demás instrumentos necesarios a las entidades federativas con la finalidad de que éstas puedan hacer frente al desarrollo agropecuario estatal.

Artículo 20.
Los programas, apoyos y subsidios al campo, serán determinados, administrados y evaluados de forma conjunta por los tres niveles de gobierno y los productores.

Artículo 21.
Para determinar una distribución justa y transparente del presupuesto, el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados propondrán una fórmula de distribución de acuerdo a las necesidades y propuestas de los municipios, la cual se presentará al Congreso de la Unión para su aprobación en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.


                                                                  TITULO CUARTO

                                                              de las controversias

                                                               CAPITULO UNICO

Artículo 22.
Los gobiernos Federal, estatal y municipal deberán respetar la competencia de cada uno de ellos en lo concerniente a la aplicación de la presente ley.

Artículo 23.
En caso de controversia entre el gobierno de alguna entidad federativa y la Federación o la Federación y un municipio, suscitada por la aplicación de la presente ley, se atenderá a lo señalado por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

                                                    ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero.
La presente ley entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.
Se derogan y abrogan las disposiciones legales anteriores que se contrapongan a la presente ley.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 1999.-Diputados; Felipe de Jesús Rangel Vargas, Felipe de Jesús Preciado Coronado, Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, José Antonio Alvarez Hernández, María Elena Cruz Muñoz, María Antonia Durán López, Gustavo Espinosa Plata, José Angel Frausto Ortiz, Juan Ignacio Fuentes Larios, Juan García de Alba Bustamante, Luis Fernando González Corona, Emilio González Márquez, Mario Guillermo Haro Rodríguez, Felipe Jarero Escobedo, Carlos Iñiguez Cervantes, Nicolás Jiménez Carrillo, Jorge López Vergara, Raúl Monjarás Hernández, Rocío del Carmen Morgan Franco, Rafael Sánchez Pérez y Leonardo García Camarena.»

El Presidente:

Gracias, diputado Rangel Vargas.

Túrnese a la Comisión de Agricultura, de Ganadería y de Bosques y Selvas.


                                                                 1528, 1529 y 1530

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado José Antonio Alvarez Hernández, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado José Antonio Alvarez
Hernández:

Con el permiso de la Presidencia.

«Honorable Asamblea: los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 7I fracción II y 73 fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55 al 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara la presente iniciativa mediante la cual se adiciona un inciso a la fracción II del artículo 2o.-A y se reforma la fracción V del artículo 15, ambos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con objeto de aplicar la tasa del 0% al transporte público masivo de pasajeros por sistema eléctrico, a fin de que las finanzas públicas a nivel estatal no se vean lesionadas por concepto del pago del IVA en un servicio público, cuyas tarifas por encontrarse reguladas no responden a la leyes del mercado.

Estas modificaciones permitirán un ahorro de tiempo considerable en el gasto público estatal por concepto de pago de impuestos federales y de esta manera se podrá fomentar una mayor inversión en este tipo de servicio acorde con el crecimiento y necesidades de sus correspondientes ciudades. Funda la presente iniciativa la siguiente

                                                          EXPOSICION DE MOTIVOS


Debido a que el transporte público de pasajeros, urbano y suburbano, es el principal y en muchos casos, el único medio de transporte de millones de personas que no cuentan con recursos suficientes para adquirir o mantener medios de transporte propios, es necesario que además de mantener tarifas bajas, sea posible crear incentivos para que a través de la inversión pública, se permita brindar un servicio de calidad y de acuerdo a las necesidades de la población.

Sin embargo, la dimensión de las inversiones en los distintos sistemas de transporte público de pasajeros, particularmente en el caso de los sistemas eléctricos, son considerablemente fuertes, afectando de manera importante las finanzas estatales. En ese orden de ideas, la carga fiscal a la que está sujeta esta actividad incide de una manera importante en la eficiente prestación del servicio, frenando el desarrollo y generando un menoscabo a las finanzas precisamente de los sistemas eléctricos.

A este respecto, se ha explicado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que el impuesto al valor agregado no se traslada al brindar este servicio, ya que las tarifas cobradas se encuentran controladas con el fin de mantenerlas al alcance de los usuarios, lo que hace prácticamente imposible cobrar el IVA sobre las mismas como lo establece el segundo párrafo de la fracción III del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual a la letra dice: el impuesto se incluirá en el precio en el que los bienes y servicios se ofrezcan, así como en la documentación que se expida, absorbiendo los organismos de transporte el IVA correspondiente.

Con base en lo anterior, y partiendo del hecho de que la inversión en dicho servicio surge de los recursos del gobierno estatal, es que se considera necesario que dicho servicio esté gravado a tasa del 0%, misma que permitirá, por un lado, mantener tarifas accesibles para la población y por el otro lado, en virtud de que no se cobra IVA a los usuarios de este servicio, que el fisco devuelva el IVA pagado en los insumos necesarios para la construcción, conservación y administración de esta actividad, evitando así lesiones mayores a las finanzas públicas estatales y permitiendo que esa economía de recursos facilite una inversión de acuerdo con las crecientes necesidades de la población en este rubro, mismo que está directamente vinculado con la calidad de vida que una ciudad ofrece.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional somete a consideración de esta soberanía, la siguiente:

                                                                                                             1531                                                 

 

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se adicionan y reforman disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo primero.
Se adiciona un inciso a la fracción II del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

"Artículo 2-A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

h) El transporte público urbano y suburbano masivo de pasajeros por sistema eléctrico, considerados como Metro, tren eléctrico y trolebús, excepto por ferrocarril."

Artículo segundo.
Se reforma la fracción V del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

"I a la IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. El transporte público terrestre de personas, incluidos los considerados como Metro, tren ligero y trolebús, excepto por ferrocarril."

                                                               ARTICULO TRANSITORIO


Unico.
La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.


México, D.F., a 3 de noviembre de 1999.-Diputados: José Antonio Alvarez Hernández, María Elena Cruz Muñoz, María Antonia Durán López, Gustavo Espinosa Plata, José Angel Frausto Ortiz, Juan Ignacio Fuentes Larios, Leonardo García Camarena, Juan José García de Alba Bustamante, Luis Fernando González Corona, Emilio González Márquez, Mario Guillermo Haro Rodríguez, Carlos Iñiguez Cervantes, Felipe Jarero Escobedo, Nicolás Jiménez Carrillo, Jorge López Vergara, Raúl Monjaraz Hernández, Rocío del Carmen Morgan Franco, Felipe Preciado Coronado, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Rafael Sánchez Pérez y Felipe de Jesús Vicencio Alvarez.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Vicepresidencia del diputado
Luis Meneses Murillo

CAMARA DE SENADORES

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Se va a dar lectura a varios oficios.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Cámara de Senadores.-México, D.F.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 62 párrafo segundo y artículo cuarto transitorio párrafo quinto de la Ley Orgánica del Congreso General y 15 del Reglamento para el Gobierno Interior, nos permitimos comunicar a ustedes que en sesión pública celebrada el día de hoy, la Cámara de Senadores de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, eligió la mesa directiva que conducirá los trabajos durante el periodo del 1o. de noviembre de 1999 al 31 de agosto del año 2000, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, como sigue:

Senadores: María de los Angeles Moreno Uriegas, presidenta; Dionisio Pérez Jácome, Luis Mejía Guzmán, Enrique González Pedrero, vicepresidentes; Laura Pavón Jaramillo, Raúl Juárez Valencia, María Elena Alvarez Bernal y Porfirio Camarena Castro, secretarios.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 28 de octubre de 1999.-Senadores: Lucía Carrasco Xochipa y Alejandro García Acevedo, secretarios.»

De enterado.


«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Cámara de Senadores.-México, D.F.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
Tenemos el honor de comunicar a ustedes, que en sesión pública celebrada el día de hoy, se dio cuenta con comunicación de los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, por la que informan de su constitución y de los acuerdos tomados en reunión celebrada el 27 del actual.

Al respecto nos permitimos anexar la documentación respectiva.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 28 de octubre de 1999.-Senadores: Lucía Carrasco Xochipa y Alejandro García Acevedo, secretarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Cámara de Senadores.-México, D.F.

Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.

Solicitamos a ustedes ser el amable conducto para participar al pleno del Senado de la República de los siguientes acuerdos asumidos, con base en lo que disponen los artículos 81 y cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la conformación de la Junta de Coordinación Política.

Primero.
Se constituye la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

Segundo.
Son integrantes de la Junta de Coordinación Política, conforme al artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General, los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la legislatura y adicionalmente, los senadores Eduardo Andrade Sánchez y Sami David, por el grupo parlamentario del PRI y Juan de Dios Castro por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Tercero.
Es presidenta de la Junta de Coordinación Política la senadora María de los Angeles Moreno Uriegas, en los términos del párrafo cuarto del artículo 81 de la Ley Orgánica.

Para constancia de lo anterior, se anexa el acta levantada en la reunión de constitución del 27 de octubre del presente año.
Comunicamos a ustedes lo anterior, para los efectos procedentes.

Atentamente.

México, D.F., a 28 de octubre de 1999.-Senadores: María de los Angeles Moreno Uriegas, Eduardo Andrade Sánchez y Sami David David del grupo parlamentario del PRI; Gabriel Jiménez Remus y Juan de Dios Castro Lozano del grupo parlamentario del PAN y Héctor Sánchez López,
del grupo parlamentario del PRD.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Cámara de Senadores.-México, D.F.

Acta de constitución de la Junta de Coordinación Política


En el primer piso del edificio de Donceles número 14, en la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 9:00 horas del día 28 de octubre de 1999, fueron convocados los senadores de la República María de los Angeles Moreno Uriegas, Gabriel Jiménez Remus y Héctor Sánchez López, coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, respectivamente, así como los senadores Eduardo Andrade y Sami David, por el grupo parlamentario del PRI y Juan de Dios Castro Lozano, por el grupo parlamentario del PAN, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 81 y cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la constitución de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Contando con la presencia de los senadores firmantes, se acordó lo siguiente:

Primero.
Se constituye la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

Segundo.
Son integrantes de la Junta de Coordinación Política, conforme al artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General, los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la legislatura y adicionalmente, los senadores Eduardo Andrade Sánchez y Sami David, por el grupo parlamentario del PRI y Juan de Dios Castro, por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Tercero.
Es presidenta de la Junta de Coordinación Política la senadora María de los Angeles Moreno Uriegas, en los términos del párrafo cuarto del artículo 81 de la Ley Orgánica.

Por lo que se levanta la presente acta, firmando al calce todos los que en ella participamos, para ratificación y constancia de la misma.

México, D.F., a 28 de octubre de 1999.-Senadores: María de los Angeles Moreno Uriegas, Eduardo Andrade Sánchez y Sami David David, por el grupo parlamentario del PRI; Gabriel Jiménez Remus y Juan de Dios Castro Lozano, del grupo parlamentario del PAN y Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del PRD.»

De enterado.



PERMISO AL PRESIDENTE PARA
AUSENTARSE DEL TERRITORIO
NACIONAL

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Cámara de Senadores.-México, D.F.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.-Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto, que concede autorización al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 12 al 16 de noviembre de 1999, a efecto de que participe en la IX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia Iberoamericana, que tendrá lugar en la ciudad de La Habana, Cuba.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 28 de octubre de 1999.-Senadores: Lucía Carrasco Xochipa y Lizandro Lizama Garma, secretarios.

MINUTA
PROYECTO DE DECRETO


Artículo único.
Se concede autorización al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 12 al 16 de noviembre de 1999, a efecto de que participe en la IX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia Iberoamericana, que tendrá lugar en la ciudad de La Habana, Cuba.

                                                     ARTICULO TRANSITORIO

Unico.
El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.-México, D.F., a 28 de octubre de 1999.-Senadores: Cristóbal Arias Solís, presidente; Lucía Carrasco Xochipa y Lizandro Lizama Garma, secretarios.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.-Adalberto Campuzano Rivera, oficial mayor.»

El Vicepresidente:

Recibo y túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.


REPUBLICA DE NICARAGUA

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Cámara de Senadores.-México, D.F.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.-Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto, que concede permiso para aceptar y usar la condecoración de la Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que les confiere el gobierno de la República de Nicaragua, a los ciudadanos: Carlos Alberto Rodríguez Velasco, sargento segundo de Fuerza Aérea especialista en mantenimiento de aviación; José López López, sargento segundo cocinero; Silvino de los Santos Bailón, sargento segundo cocinero; Sergio Velázquez Córdoba, sargento segundo cocinero; Angel Aniceto Amaya, cabo cocinero; José Luis Coeto Alcantar, cabo auxiliar escribiente; Jorge Alejandro Ortega Godínez, cabo auxiliar jardinero; Ricardo Correa Colín, cabo de transmisiones; Hugo Albañil Contreras, cabo de transmisiones; Rogelio Vázquez Gravioto, cabo cocinero; Carmen Hernández Ocaña, cabo cocinera.

                                                                   1532, 1533 y 1534

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 28 de octubre de 1999.-Senadores: Lizandro Lizama Garma y Lucía Carrasco Xochipa, secretarios.

MINUTA
PROYECTO DE DECRETO


Artículo primero.
Se concede permiso al sargento segundo de Fuerza Aérea especialista en mantenimiento de aviación Carlos Alberto Rodríguez Velasco, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo segundo.
Se concede permiso al sargento segundo cocinero José López López, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo tercero.
Se concede permiso al sargento segundo cocinero Silvino de los Santos Bailón, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo cuarto.
Se concede permiso al sargento segundo cocinero Sergio Velázquez Córdoba, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo quinto.
Se concede permiso al cabo cocinero Angel Aniceto Maya, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo sexto.
Se concede permiso al cabo auxiliar escribiente José Luis Coeto Alcantar, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo séptimo.
Se concede permiso al cabo auxiliar jardinero Jorge Alejandro Ortega Godínez, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo octavo.
Se concede permiso al cabo de transmisiones Ricardo Correa Colín, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo noveno.
Se concede permiso al cabo de transmisiones Hugo Albañil Contreras, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo décimo.
Se concede permiso al cabo cocinero Rogelio Vázquez Gravioto, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua, y

Artículo decimoprimero.
Se concede permiso a la cabo cocinera Carmen Hernández Ocaña, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.-México, D.F., a 28 de octubre de 1999.-Senadores: Cristóbal Arias Solís, presidente; Lucía Carrasco Xochipa y Lizandro Lizama Garma, secretarios.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.-Adalberto Campuzano Rivera, oficial mayor.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Presidencia del diputado
Francisco José Paoli y Bolio

PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día es el anteproyecto de presupuesto de egresos para la Cámara de Diputados, para el año 2000, para efectos de que se incorpore al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que remite la Junta de Coordinación Política. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día 1o. de noviembre, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al anteproyecto, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Cámara de Diputados.-LVII Legislatura.

                                                     ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
                                                       DE EGRESOS PARA EL AÑO 2000

                                                           EXPOSICION DE MOTIVOS

A efecto de que se incorpore al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2000, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados somete a la consideración del pleno el anteproyecto de presupuesto de la misma, cuyo importe asciende a 2 mil 318 millones 318 mil pesos y el cual tiene como referente para su proyección el cierre presupuestal estimado para 1999 en 2 mil 32 millones 55 mil pesos.

Las previsiones presupuestales para el próximo año atienden, en un marco de racionalidad, austeridad y una estrategia de gasto acorde con la situación económica actual del país, la necesidad de garantizar el adecuado desarrollo de los trabajos legislativos y las actividades administrativas de la Cámara, y permitir además, la vigencia de los cambios trascendentales derivados de las reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que promovió y acordó la LVII Legislatura.

Asimismo, con el fin de atender los requerimientos indispensables del proceso legislativo, el anteproyecto de presupuesto respalda primordialmente la dinámica de trabajo de los diputados, lo cual implica entre otros aspectos, solventar los desplazamientos que, en virtud de su trabajo en comisiones y otras tareas parlamentarias, tengan que realizar; atender los gastos relativos al consumo en servicios de telefonía, electricidad, fotocopiado y otros apoyos logísticos necesarios para un eficiente trabajo legislativo, además de otras necesidades personales inherentes a su representación.

De igual manera, el anteproyecto de presupuesto para el próximo año considera un incremento a las percepciones del personal operativo y mandos medios y superiores, con sus respectivas repercusiones en el pago de impuesto, estímulos y prestaciones señaladas en las condiciones generales de trabajo para el caso del personal sindicalizado. Asimismo, se tiene prevista la adecuación correspondiente a las dietas de los diputados.

Relacionado con lo anterior y a efecto de contar con un acervo de experiencia y compromiso institucional de trabajo que trascienda a la presente legislatura, se establece el Servicio de Carrera, cuya implantación en la Cámara, habrá de fortalecer la profesionalización de su personal con miras a un más eficiente y eficaz desarrollo del trabajo legislativo sustentado en una mayor estabilidad en el desempeño de los cargos correspondientes.

Para cumplir con lo anterior, se tomaron las previsiones presupuestales para la formación, capacitación y promoción de los cuerpos profesionales requeridos y el impacto presupuestal que pueda resultar por reubicación, reclasificación, retabulación, retiro voluntario y en su caso, separación del personal que resulte en el curso de la implementación del mencionado Servicio de Carrera.

Las previsiones presupuestales consideran también el propósito de la actual legislatura de continuar dotando a la Cámara con diversos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, tanto en bienes y equipos como en remodelaciones o adaptaciones mínimas indispensables en oficinas y espacios existentes, los cuales se han ido incrementando en los últimos años, como resultado del programa de mejoramiento de las instalaciones y equipo, llevado a cabo por esta legislatura.

En este marco de racionalidad se habrá de aprovechar de manera eficiente, el personal y los recursos de que dispone la Cámara, tanto en bienes, instalaciones, mobiliario y equipo, así como los que provengan de las ministraciones presupuestales y otros ingresos obtenidos en el transcurso del año.


En general, el anteproyecto de presupuesto es resultado de una serie de revisiones responsables de las partidas presupuestales, para que sus montos previstos se circunscriban a una disciplina presupuestal que garantice que el presupuesto aprobado sea suficiente para el buen funcionamiento de la Cámara, a partir de políticas racionales y equilibradas en la aplicación, uso y destino de los recursos.

                                                   ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2000

                                                                         (Miles de Pesos)

CAPITULO
CONCEPTO
                             DESCRIPCIÓN          ANTEPROYECTO
           2000
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE       534,976
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRÁNSITORIO       173,983
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES       151,864
1400 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL         33,792
1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES       379,949
1600 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS           9,720
1000 SERVICIOS PERSONALES    1,284,284
2100 MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN        22,869
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS: SERVICIOS DE COMEDORES, ETC.        45,682
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN          2,658
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN          9,018
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO          3,222
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS             784
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          4,191
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS         88,424
3100 SERVICIOS BÁSICOS: TELÉFONO, AGUA, LUZ         76,763
3200 SERVICIOS DE ARENDAMIENTO: GASTOS MÉDICOS Y SERV. DE FOTOCOPIADO         61,414
3300 SERVICIOS DE ASESORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES         43,595
3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO: SEGUROS, TARJETA IAVE, OTROS         13,029
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN         67,444
3600 SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN         29,877
3700 SERVICIOS DE TRANSLADO E INSTALACIÓN       107,000
3800 SERVICIOS OFICIALES       497,144
3900 OTROS SERVICIOS              581
3000 SERVICIOS GENERALES       896,847
4100 AYUDAS           2,431
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIONES           2,431
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN         10,115
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO: INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIÓN         21,584
5300 VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE           4,579
5400 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO                54
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES         36,332
6100 OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO         10,000
6000 OBRAS PÚBLICAS         10,000

   

TOTAL

   2,318.318
   

                                                                 1535, 1536 y 1537

La diputada Lenia Batres Guadarrama
(desde de su curul):

Señor Presidente.

El Presidente:

Activen el micrófono de la diputada Lenia Batres, por favor.

La diputada Lenia Batres Guadarrama
(desde de su curul):

Sí, señor Presidente, le solicitaría tome usted quorum de esta Asamblea.

El Presidente:

Abrase el sistema electrónico de votación para verificar el quorum, por 10 minutos.

(Votación.)

En virtud de que se encuentra verificado con 288 votos, podemos continuar con la sesión.

Ciérrese el sistema de votación para pasar a la votación del anteproyecto de presupuesto.

Proceda la Secretaría a dar instrucciones para que se abra el sistema de votación, por cinco minutos, para votar sobre el anteproyecto de presupuesto de la Cámara de Diputados.

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para tomar la votación nominal del anteproyecto de presupuesto de egresos.

(Votación.)

Se emitieron 258 votos en pro y tres en contra.

El Presidente:

Aprobado el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Cámara de Diputados para el año 2000, para efectos de que se incorpore al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por 258 votos.

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Remítase al Ejecutivo.


FOBAPROA

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día es el dictamen con punto de acuerdo en relación con la propuesta al tratamiento de las operaciones que den lugar a acciones judiciales de las denominadas transacciones reportables por el auditor Michael Mackey.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día 29 de octubre pasado, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura y se pone a votación y discusión de inmediato.

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al anteproyecto, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Poder Legislativo Federal .-Cámara de Diputados.

Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Punto de acuerdo propuesto al tratamiento de las operaciones que den lugar a acciones judiciales de las denominadas transacciones reportables por el auditor Michael W. Mackey.

Honorable Asamblea: diputados federales de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron el pasado 28 de septiembre del año en curso el siguiente

                                                                   PUNTO DE ACUERDO

Unico.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda que la información completa de las transacciones reportables, incluida la nominal, del informe de Michael W. Mackey sobre la evaluación integral de las operaciones y funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro "Fobaproa" y la calidad de la supervisión de los programas del Fobaproa de 1995 a 1998, se entregue a los diputados para el conocimiento de los mismos.

Posteriormente, el 7 de octubre, el diputado Rogelio Sada Zambrano, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional entregó al pleno de esta Cámara de Diputados un punto de acuerdo "para requerir a la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que presente un programa en el que señale los plazos y condiciones en los cuales se procesará la información producto de la auditoría" ordenada por esta Cámara.

De igual forma, los días 7 y 14 de octubre, los diputados. Jorge Silva Morales y Cuauhtémoc Velasco Oliva, respectivamente, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentaron sendas excitativas sobre el punto de acuerdo presentado por dicho grupo, para la emisión del dictamen correspondiente.

Dichos puntos de acuerdo, así como las excitativas antes mencionadas fueron turnados a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y opinión, los cuales después de ser analizados y evaluados de conformidad a las diversas disposiciones aplicables en la materia, así como del análisis realizado al alcance y los objetivos de la propia auditoría contratada por el comité de seguimiento de las auditorías al Fobaproa y programas de apoyo al saneamiento financiero antes comité de contrataciones de las auditorías, con el auditor Michael W. Mackey, con fundamento en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a continuación se presenta la siguiente resolución:

Por considerar que los cuatro asuntos antes señalados se refieren a un mismo tema y además, están estrechamente vinculados entre sí, esta Comisión de Hacienda propone abordarlos en un mismo documento, a fin de llegar a un planteamiento común que satisfaga el interés de los proponentes, pero con estricto apego a nuestro marco jurídico en vigor.

Descripción de los puntos de acuerdo

A) Planteamiento del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Señala que en el contexto de los trabajos legislativos referidos al análisis de diversas leyes financieras vinculadas con la operación del Fobaproa, la Cámara de Diputados emitió el programa para la evaluación integral de las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro en el saneamiento de las instituciones financieras de México, 1995-1998.

Posteriormente, las subcomisiones de investigación de los programas de saneamiento financiero y de seguimiento a la aplicación de los recursos destinados a los programas de apoyo a deudores, las cuales adoptaron el esquema de comisiones unidas por acuerdo parlamentario, determinaron la creación del comité de contratación de las auditorías, para resolver el procedimiento y contratación de los consultores que realizarían la auditoría integral al Fobaproa y los programas de saneamiento financiero.

Dicho comité, por aprobación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política se transformó en el comité de seguimiento de las auditorias al Fobaproa y programa de apoyo al saneamiento financiero, el cual, en su acuerdo de creación, se le impone la obligación, en su undécimo punto de elaborar un informe final en el que se incluya "toda la información, previa a su verificación, corroboración, análisis y opinión, que el comité y el líder del proyecto estimen pertinente para el debido cumplimiento de sus funciones".

Por otra parte, se mencionan puntos relevantes del contrato de prestación de servicios profesionales del auditor, incisos c y d de su cláusula decimasegunda, en los que se señala que el consultor debe de presentar un informe de conclusiones generales y específicas del programa de auditoría, así como el análisis del propio auditor y que al término de la revisión y una vez conciliadas las observaciones, se debe entregar un informe detallado y una versión ejecutiva, en los cuales se incluirían todos los hechos relevantes y las conclusiones con una visión objetiva e imparcial.

En particular se indica que "toda la información y documentación a que se refieren los incisos precedentes deberá ser entregada a la Cámara por conducto del comité de contrataciones, en medios magnéticos acompañada de una impresión de la misma".

Igualmente, menciona el contenido de los incisos b, f , g, h , e i de la cláusula decimoquinta: confidencialidad, actualizada en términos del convenio modificatorio de 20 de abril de 1999, en el que se detallan diversos aspectos relativos a permitir a esta Cámara, a través del comité en comento "el acceso a la información, documentos, datos, actos o hechos, trabajos o conclusiones utilizados o resultados de su trabajo", así como el decodificar y a su vez la entrega en sobres cerrados y sellados los códigos de decodificación, de diversos informes para su entrega al comité, además de remitir esta información al IPAB, para los fines a que haya lugar.

Por otro lado, destaca y describe los tres grupos de operaciones a las que el auditor denomina como "transacciones reportables" en su informe y que suman aproximadamente 72 mil 700 millones de pesos.

Asimismo, refiere que el pasado 6 de septiembre el diputado Fauzi Hamdan Amad hizo llegar en sobre cerrado a los integrantes del comité técnico, información complementaria en relación con las transacciones reportables. No obstante, la información que contiene los nombres de cada uno de los responsables de dichas operaciones no fue enviada ni se ha hecho pública hasta el día de hoy.

En tal virtud, el grupo parlamentario proponente señala que, por la importancia que reviste su conocimiento para que el pleno de la Cámara conozca la información completa, incluida la nominal, misma que tampoco fue incluida dentro de la información publicada en el anexo de la Gaceta Parlamentaria del lunes 27 de septiembre en curso y las autoridades correspondientes emprendan las acciones necesarias legales, esta documentación debe hacerse de su conocimiento.

B) Planteamiento del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional:

Propone que una vez que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario haya dictaminado las operaciones calificadas como reportables, en los términos de la auditoría ordenada por esta Cámara, deberá publicar en los medios de comunicación aquellas que resulten ilícitas.

De igual forma, plantea que el IPAB deberá presentar en el término de cinco días hábiles, a partir de que se publique en el Diario Oficial de la Federación el punto de acuerdo, un programa en el que se señalen los plazos y condiciones en los cuales se procesará la información producto de la auditoría, para proceder a hacer del conocimiento público lo que en este acuerdo se resuelve.

También señala que el instituto deberá informar, en un plazo igual de cinco días hábiles, sobre las denuncias y demandas presentadas con anterioridad a las arriba señaladas, tanto a la opinión pública, como a esta Cámara. Esto, sin perjuicio de que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda pueda solicitar cualquier tipo de información sobre las operaciones objeto de financiamiento público.

Finalmente, se plantea que el propio instituto deberá dar a conocer a la opinión pública información sobre las denuncias penales, civiles, mercantiles o administrativas que en su caso se hubieren presentado o de las que en el futuro se presenten, relativas a las operaciones ilegales objeto de las auditorías.

Consideraciones de la comisión


Conforme a las propuestas antes mencionadas, esta comisión considera conveniente retomar en un solo punto de acuerdo los principales planteamientos a que hacen referencia, así como precisar algunos elementos en términos de la legislación aplicable, por lo cual se plantea el siguiente:

                                                                   1538, 1539 y 1540

                                                                  PUNTO DE ACUERDO


Una vez que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) haya concluido la revisión de las operaciones clasificadas como "transacciones reportables" por la auditoría ordenada por la Cámara de Diputados, deberá hacer del conocimiento de las autoridades competentes aquellas que se presuman ilegales, por no haberse apegado a las disposiciones jurídicas aplicables. De igual forma, lo hará del conocimiento de esta Cámara en los siguientes términos:

Primero.
Se exhorta al IPAB y a las autoridades competentes para que hagan llegar a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados (comisión) un informe de los casos en que
existan o se establezcan procedimientos judiciales respecto de las operaciones que ese instituto haya rechazado por estar consideradas en el grupo C del reporte de la auditoría de Michael W. Mackey: "transacciones que hayan sido revisadas o estén siendo revisadas por la CNBV y/o ciertos bancos, mismas que se determinó que eran ilegales o que pueden clasificarse como una violación a las leyes y reglamentos que gobiernan a las instituciones financieras mexicanas" según lo establece el propio reporte, a más tardar el 15 de noviembre.

Segundo.
Se exhorta a las autoridades competentes para que hagan del conocimiento de la Cámara de Diputados, por conducto de la comisión, a más tardar el 15 de noviembre, información sobre el seguimiento y estado procesal de las investigaciones penales correspondientes.

Tercero.
Una vez que las operaciones del grupo A (b) "transacciones de crédito que no satisfacen los criterios originales establecidos para los créditos que debían ser adquiridos por el Fobaproa a través del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, identificados por los despachos de contadores que no fueron acordados entre los bancos, la CNBV y el Fobaproa", hayan sido revisadas por el IPAB, se deberá informar a la comisión, a más tardar el 10 de diciembre de 1999, las resoluciones que respecto de estas operaciones tome la junta de gobierno del IPAB.

Cuarto.
Se exhorta al IPAB y a las autoridades competentes, para que una vez que ese instituto reciba de dichas autoridades el informe de las operaciones reportadas del grupo B "transacciones en las que los bancos otorgaron financiamientos a partes con las que tenían alguna relación o afiliación" y se determine en qué casos existen procesos jurisdiccionales, se informe a la comisión el estado que guarden los procesos correspondientes. Se exhorta a que esta información sea enviada a la comisión a más tardar el 10 de diciembre de 1999.

Quinto.
Con relación a las transacciones del grupo A (a) "transacciones de crédito que no satisfacen los criterios originales establecidos para los créditos que debían ser adquiridos por el Fobaproa a través del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, identificados y acordados entre los bancos, la CNBV y el Fobaproa", de las conclusiones de la auditoría ordenada por la Cámara, se exhorta al IPAB para que informe a la comisión las resoluciones que adopte su junta de gobierno, debiendo, en su caso, proceder en los términos del punto tercero de este acuerdo.

Sexto.
En caso de que el instituto o las autoridades competentes no estuvieren en posibilidades de enviar la totalidad de dicha información en los plazos establecidos en el presente acuerdo, se les exhorta a presentar la información disponible y avisar a la comisión del plazo adicional necesario para dar cumplimiento a lo acordado, sin que se pueda exceder del 15 de marzo del año 2000, salvo en casos excepcionales, previa justificación.

Séptimo.
La mesa directiva de la comisión hará del conocimiento de todos los diputados la información que reciba en los términos de este punto de acuerdo, debiendo proteger los derechos de terceros de buena fe.

La aprobación de este punto de acuerdo ratifica el compromiso de la Cámara de Diputados de mantener el proceso de transparencia en las operaciones de saneamiento bancario, en la lucha contra la impunidad, el respeto a los terceros de buena fe y el manejo responsable de la información, en protección de las acciones que, en su caso, puedan ejercer las autoridades, lo que coadyuvará a obtener el máximo de recuperación de los activos.

México, D.F. a 28 de octubre de 1999.-Diputados: Dionisio A. Meade y García de León, Fortunato Alvarez Enríquez, Alfonso Ramírez Cuéllar, Raúl Martínez Almazán, Verónica Velasco Rodríguez, Alberto González Domene, Fauzi Hamdan Amad, Ramón M. Nava González, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Roberto Ramírez Villarreal, Humberto Treviño Landois, Ricardo García Sainz, Jorge Silva Morales, Angel de la Rosa Blancas, Carlos A. Heredia Zubieta, María de los Dolores Padierna Luna,José Luis Sánchez Campos, Guillermo Barnés García, Augusto R. Carrión Alvarez, Charbel Jorge Estefan Chidiac, José Antonio Estefan Garfias, Celso Fuentes Ramírez, Fidel Herrera Beltrán, Gonzalo Morgado Huesca, Ernesto A. Millán Escalante, Francisco Javier Morales Aceves, Alfredo Phillips Olmedo, Miguel Quirós Pérez, Efrén Enríquez Ordóñez y Santiago Gustavo Pedro Cortés.»

El Presidente:

En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo.

Tengo inscritos a los siguientes diputados, para la discusión en lo general y en lo particular, como fijación de posiciones: Gustavo Pedro Cortés, del Partido del Trabajo; Humberto Treviño, del Partido Acción Nacional; María de los Dolores Padierna, del Partido de la Revolución Democrática y Charbel Jorge Estefan Chidiac, del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra el diputado Gustavo Pedro Cortés.

El diputado Santiago Gustavo Pedro
Cortés:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para fijar su postura con relación al punto de acuerdo sobre el tratamiento de las operaciones que den lugar a acciones judiciales de las denominadas transacciones reportables por el auditor.

Como es del conocimiento de este pleno, nuestra postura al respecto siempre ha sido el que se dé a conocer la lista de las operaciones reportables de la auditoría que esta soberanía ordenó; pero como bien sabemos, en este cometido de transparentar las operaciones del fondo, el PRI, el PAN y el Verde Ecologista, de manera facciosa y corporativa se aliaron para avalar la entrega de un informe del auditor que era incompleto y que no cumplía con los lineamientos acordados en un principio.

En síntesis, nos enfrentamos a un nuevo fracaso por revelar la verdad y hacerla del conocimiento de la sociedad. Una vez más el PRI y el PAN obstaculizaron el trabajo de esta Cámara.

En ese sentido el Fobaproa terminó apoyado por dos partidos políticos diferenciados formalmente pero con profundas coincidencias en cuanto a la aplicación de una política neoliberal de desmantelamiento de empresas públicas y de decidido apoyo al gran capital.

No obstante su intento de ocultar la turbiedad del fracaso bancario, el fantasma del Fobaproa sigue vigente entre nosotros, alimentado por las complicidades del PRI y del PAN.

La función de un legislador es ser el canal para conocer y atender las demandas populares, el pueblo nos lo exige y quiero saber qué banqueros, con nombres y apellidos y qué funcionarios públicos, salieron beneficiados con el rescate de los bancos.

Para nuestro grupo parlamentario es imperativo dar a conocer la lista de los beneficiados con el rescate bancario, en especial de aquellos que estén bajo sospecha de haber cometido ilícitos.

Nos queda claro que el PRI y el PAN, al proponer este punto de acuerdo a través de la Comisión de Hacienda, en la cual constituyen una mayoría, pretenden cancelar la posibilidad de dar a conocer la lista de quienes cometieron los ilícitos. Resulta verdaderamente vergonzoso que los verdaderos representantes del pueblo tengamos que estar demandando a un organismo descentralizado, creado por ley de este Congreso, una información que en legítimo derecho nos corresponde conocer.

También nos queda claro que el PAN reafirma su condición de ambigüedad. Por una parte, impuso la controversia constitucional, para que el Ejecutivo proporcione información relativa al Fobaproa y, por otra, que en esta Cámara obstaculiza que se dé a conocer el listado de las operaciones reportables.

Es evidente que esta doble cara del PAN, tiene como razón de ser, que algunos de sus conspicuos miembros, como la familia Fox Quezada y Medina Plascencia, entre otros, están involucrados en los ilícitos del Fobaproa.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo exhorta de nueva cuenta a esta soberanía, a que obligue al auditor a que dé a conocer la lista completa de las familias beneficiadas con este grandísimo robo a la nación.

Solamente dando a conocer públicamente esta lista, se pondrá fin a los incesantes rumores sobre los beneficiarios del Fobaproa.

Es muy grave que las fracciones parlamentarias del PRI y del PAN en esta Cámara, se nieguen a dar a conocer la lista de los beneficiarios del Fobaproa, aducen que es algo confidencial y que hay familias y personas honorables en esta lista que no cometieron ningún ilícito y sería malo ventilarlo en la opinión pública.

Estamos seguros que estas familias y personas tienen la conciencia tranquila, no tienen empacho en que la lista se dé a conocer, como dice el refrán: " El que nada debe nada teme".

El pueblo de México sabe quien tiene un doble discurso, el público donde dicen estar al servicio de las causas populares y el privado el que utilizan para llegar acuerdos con los sectores hegemónicos.

Se dé a conocer la lista o no, la gente sabe que el PRI y el PAN siempre ponen por encima el interés de las minorías en detrimento del de las mayorías.

Señores diputados del PRI y del PAN, es vergonzosa la actitud que asumen, si tanto les importa mejorar y cambiar para bien del país, es imperativo dar a conocer esa lista.

Si queremos tener una transición política que vaya en la dirección correcta, ya no es posible permitir impunidad y la corrupción que existe en las instituciones públicas y privadas.

Un paso para dar muestra de ello es dar a conocer esa lista. Además la falta de información obstaculiza los trabajos legislativos de esta Cámara, ya que el trabajo de revisión sobre el funcionamiento del IPAB está sujeto a la información recibida.

Por último, queremos señalar con toda firmeza, que el PRI y el PAN convaliden este fraude a la nación con su actitud parcial y facciosa, impiden que esta Cámara de Diputados ejerza su voluntad de supervisión y control de los fondos irregulares del rescate bancario y con ello se incrementará de manera enorme el costo fiscal. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente:

Gracias, diputado Pedro Cortés.


Tiene la palabra para el mismo tema el diputado Humberto Treviño Landois, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.

El diputado Humberto Treviño Landois:

Muchas gracias, señor Presidente:

El tema del Fobaproa y las listas de Fobaproa es, sin duda, el objeto de la más amplia manipulación y demagogia en esta legislatura. Parece que nuestros compañeros del PT y del PRD son insaciables en sus planteamientos demagógicos por cualquier medio.

La postura que acaba de plantear aquí el compañero diputado y la que más tarde seguramente hará la señora Padierna a nombre del PRD, porque la hace a diario en los medios en cuanta posibilidad tiene, es un absurdo químicamente puro. El dictamen refleja precisa y fielmente lo que es posible, legal y legítimo hacer con las listas del Fobaproa.

En ese dictamen en donde se ordena a la autoridad que compete que se haga del conocimiento de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados los créditos ilegales, cumple plenamente a satisfacción los planteamientos que ha hecho responsablemente nuestro partido. No se trata aquí, como lo ha hecho la señora Padierna por todos los medios, de ofender, de lastimar, de calumniar, de presentar a los deudores del Fobaproa, muchos de ellos que han sufrido en lo personal y en sus empresas esos quebrantos, que les ha costado y no se vale simplemente por un protagonista que raya en lo ridículo o bien será simplemente por folclor legislativo insistir en este tema.

                                                                  1541, 1542 y 1543

El dictamen dice claramente: "y esa información se revelará a la Comisión de Vigilancia".

Hay tres tipos de crédito. No descarto la posibilidad de no entender el asunto; las otras dos, afanes de protagonismo sin límites o bien participar en el folclor legislativo, no tengo nada que hacer, ninguna ayuda les puedo ofrecer, pero lo que sí puedo ofrecerles es ayudarles a entender de lo que estamos hablando, compañeros.

En el dictamen se habla de tres tipos de crédito, que para facilidades de entendimiento se denominan "A", "B" y "C". Los créditos "A" que fueron aquellos comprados de esta cartera, sin cumplir los criterios originales para esa compra de cartera o ese programa de capitalización, aquellos que fueron acordados entre los bancos y que tienen alguna ilegalidad, esos créditos deberán ser revelados por la Comisión de Vigilancia. Aquellos créditos que no fueron acordados en los bancos y que tampoco cumplían con esos criterios, la autoridad competente, el IPAB, informará ampliamente a la Comisión de Vigilancia. Los otros créditos, los créditos "B" que se llaman créditos "relacionados", hay algunos que definitivamente tienen características de ilegalidad; ésos se investigarán, se consignará y también se informará a la Comisión de Vigilancia.

Pero hay que entender que algunos créditos "relacionados" de esos créditos tipo "B", pudieron haber sido legales. Había ciertas reglas para que los bancos pudieran prestar a ciertas personas que tienen alguna relación con ese banco. Si esos requisitos legales se cumplieron, los créditos no son ilegales.

Y tercero, los créditos "C" que fueron los créditos que ya el informe Mackey considera francamente ilegales, por el procedimiento en que se asignaron esos recursos, ésos serán revelados próximamente a la Comisión de Vigilancia.

Digo: ¿de qué se trata?, ¿qué más queremos? La lista completa de los créditos que fueron transferidos al Fobaproa, ustedes tienen que entender, compañeros, que esos créditos, esa transferencia no fue decisión de los deudores. Hay deudores que ni siquiera ellos saben que sus créditos están con el Fobaproa; hay deudores que les costó patrimonio personal y sus empresas el quebranto que tuvieron y que no tienen la menor idea de que sus créditos están en el Fobaproa.

Hay que entender que la transferencia al Fobaproa fue una negociación entre el banco y el Fobaproa, en la cual el deudor no participó. ¿Qué culpa tiene el deudor que su crédito, que no se pudo pagar por alguna razón, ese banco lo haya transferido al Fobaproa? ¿Cuál es su boleto? Algunos ni saben.

Entonces, ¿por qué se trata aquí simplemente de exhibir? Y ustedes lo que quieren es la exhibición. No es cierto, como decía el compañero, ¿fíjense nada más que puntadota? No es posible la transición democrática si no se revela la lista completa del Fobaproa. Pues, ¿qué estamos vacilando o qué?

Ese planteamiento es totalmente absurdo, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces hay que también nosotros enseñarnos, como Cámara de Diputados, como representantes de la población, que la población también pide respeto, dice a uno, dos, 100 ó 1000 de los que están en esas listas del Fobaproa que no tienen ninguna ilegalidad y mucho menos ellos. ¿Por qué lo vamos a revelar? ¿Para que ustedes nuevamente, a las 24:00 horas o menos empiecen a comentar manipuladamente en los medios, como lo ha hecho la compañera Padierna hasta el cansancio?

Digo, yo no sé ustedes, pero yo estoy hasta el "gorro" del tema. Es un manipuleo inconcebible.

Entonces vamos a sujetarnos a lo que la ley dice, seamos respetuosos del derecho y entendamos que el dictamen refleja claramente el planteamiento que hizo el PAN, lo que es posible hacer y los planteamientos que ustedes mismos hicieron; si ustedes insisten en que condición para la transición democrática, cumplimiento como la representación popular, la única forma en la cual se puede lograr la salvación del país y resolver la crisis económica es entregar la lista completa, digo, señores, seamos serios. El dictamen refleja lo que debe hacerse.

Mi partido, el Partido Acción Nacional, como siempre responsable de las obligaciones que tiene que cumplir y sin hacer cálculos electorales de ninguna naturaleza, nos tiene sin cuidado de que la alianza PRI-PAN y que una vez el PAN; cotorreo nada más.

Esta es la posición, ésta la defendemos y por eso estamos a favor del dictamen.

Señores, sean serios, olvídense de estrategias electorales ya muy superadas. A veces, cuando los oigo hablar a ustedes, parece que está uno hablando allá en el año de 1957 o en 1964, discursos venidos a menos.

Tenemos ahorita una gran responsabilidad frente al país, saquemos las cosas que hay que sacar adelante y olvidémonos de este asunto que bien resuelto está por el trabajo, por la decisión, por la voluntad política que hemos mostrado nosotros, el Partido Acción Nacional, a través de la larga trayectoria de este penoso problema para el país.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado Treviño Landois.

Tiene la palabra para el mismo tema, hasta por 10 minutos, la diputada María de los Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Con su venia, señor Presidente:

La encomienda que esta Cámara de Diputados dio al auditor Mackey, fue la de realizar una auditoría profunda, completa de las operaciones del Fobaproa, para que luego se evitaran injusticias e impunidades. Lamentablemente la auditoría no fue tan profunda y completa, eficaz como lo hubiéramos querido, se le negó al auditor la información necesaria.

Sin embargo, los grupos del PRI y del PAN dieron su voto favorable, para que el reporte "Mackey" se considere como una auditoría válida y poder hacer la sustitución de los pagarés y pagos. Es por lo tanto, un documento oficial.

Los créditos reportables suman 72 mil millones de pesos y Michael Mackey los califica, efectivamente clasifica en tres grupos:

En el grupo "A", clasificó todos los créditos que no satisfacen las sanas prácticas bancarias que no se apegaron a los criterios para ser adquiridos por el Fobaproa y este grupo suma 24 mil millones de pesos.

Inicialmente el Fobaproa, por cierto, no podía recibir chatarra financiera ni créditos irrecuperables ni relacionados ni cruzados ni descontados ni personales ni en suspensión de pagos ni en Udis etcétera; pero las autoridades bancarias modificaron las reglas del Fobaproa, para que ésta pudiera recibir toda la basura de los bancos.

En el grupo "B", se refiere a todos los créditos relacionados, es decir, a los autopréstamos, los préstamos de los banqueros a sus propias empresas, créditos personales o a sus familiares, los cuales se otorgaron sin garantías, sin investigación y no existen portafolios de crédito y así lo reporta Mackey. El dinero que se apropiaron los accionistas y los dueños de los bancos en forma de crédito, pero que en los hechos constituyó un saqueo de los recursos del banco porque nunca lo pagaron y ahora aparecen en la gran lista del informe de Michael Mackey, por un monto global de 42 mil millones de pesos.

En el grupo "C", están todos los créditos ilegales cuyo monto asciende a 6 mil millones, pero así definidos por la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores; estos créditos fueron sujetos a investigación criminal desde hace mucho tiempo y es falso el debate que han impuesto aquí algunos diputados de decir que los créditos ilegales que encontró Michael Mackey apenas ascienden al 1%, Mackey encontró 2 mil 407 créditos irregulares y suman en total casi 73 mil millones de pesos.

La versión original incluía dos anexos: uno con la lista de 2 mil 400 créditos irregulares y otro con la evaluación de cada crédito y las características de cada operación. El primero fue mutilado y el segundo fue codificado.

El grupo parlamentario del PRD, pide el voto a las diputadas y diputados para que se den a conocer los nombres y la evaluación que hizo el auditor a cada uno de estos créditos, antes de que se autorice su conversión a deuda pública, muy especialmente de los créditos relacionados. Antes de que el IPAB proceda a canjear los pagarés, por la ley misma del IPAB se tiene que hacer una investigación exhaustiva de las irregularidades encontradas por el auditor.

De los 219 créditos mayores a 50 millones de pesos, 119 son créditos relacionados y suman 38 mil millones de pesos, 88 créditos corresponden al grupo A, por un monto de 17 mil millones de pesos y sólo 12 créditos, 12, están en operación de crimen y suman 5.6 mil millones de pesos o sea, casi 56 mil millones están fuera de investigación.

Mackey, en la página 222 y 223 del informe en español, describe a los créditos relacionados y afirma que éstos constituirán un costo muy elevado para el Fobaproa. Dice que los créditos relacionados que él reporta, es porque esos créditos se otorgaron sin hacer ninguna investigación respecto de la posibilidad de repagarlos. Habla específicamente de los créditos a los accionistas, en la página 222, es decir, de los autopréstamos y dice que se encontró un gran número de ellos y que la mayoría eran para comprar acciones del mismo banco, es decir, no inyectaron recursos frescos para capitalizar el banco, al contrario, sangraron los recursos bancarios para que los accionistas tuvieran más acciones.

Afirma el auditor que la única garantía eran las propias acciones adquiridas y tales créditos por lo tanto, los reporta como incobrables, ¿Cómo es posible que estas cantidades no quieran analizar, estos créditos?

Mackey también reseña los créditos que se dieron a los directores, a los funcionarios bancarios, a los asesores y empresas de los grupos financieros. Esto lo describe en la página 223 y habla que estos créditos se entregaban por influencias, por la relación que tenían con los dueños o los altos directivos del banco. Afirma que se otorgaban sin garantías; que no pedían información o que ésta se perdió. Es decir, se trató de verdaderos donativos; no se pagaban sus intereses; se acumulaban, se renovaban constantemente esos créditos y la recuperación para el Fobaproa es nula.

Estas son consideraciones del auditor y confirman lo que distintas diputadas y diputados habíamos estado señalando y que hoy quieren o pretenden que pase al olvido; quieren callar las conclusiones de este informe; sólo quieren que sirva para avalar el canje de los pagarés, pero que se archive el resto de su contenido.

Es sorprendente leer a Mackey, cuando se refiere a los grupos financieros en la página 224, dice que en México hay 10 ó 12 grupos financieros que operan a través de varias compañías incluyendo las del sector financiero. Dice que estas compañías adeudan grandes cantidades a los bancos porque son al mismo tiempo accionistas del propio banco. Es decir, que usaban los recursos bancarios para financiar a sus empresas; luego no pagaban esos créditos y para colmo el auditor los clasifica a estos créditos como irrecuperables y afirma que ocasionarán un fuerte quebranto en el Fobaproa.

Ademas, hace una separación entre bancos vivos y bancos intervenidos y agrega que en todos los bancos sin excepción, intervenidos y no intervenidos, los grupos financieros se autoprestaron, no pagaron sus créditos y se trata de créditos grandes y ellos mismos tomaron la decisión de pasarlos al Fobaproa.

Estamos hablando de 42 mil millones de pesos que Mackey reporta con estas características. No se está refiriendo a deudores en general, se esta refiriendo a los dueños de los bancos, a los altos directivos, a los grupos financieros, a 10 ó 12 millonarios, además de que la Ley del IPAB establece que esos créditos relacionados son autorizados por la propia Comisión Nacional Bancaria. Hubo autocomplacencia de las autoridades, se dedicaron a tapar los boquetes financieros de los banqueros y con los recursos de la nación.

Los 20 créditos más grandes de toda la lista concentran 33 mil millones de pesos y constituyen el 45% del monto total de las operaciones reportables.

Conviene hacer un análisis minucioso siquiera de estos 20 créditos, que son megacréditos. Actuar con responsabilidad, sin solapamientos, es analizar cada crédito, máxime si estos 20 créditos representan, por su monto, la mitad de las operaciones reportables.

                                                                    1544, 1545 y 1546

Destaca en la lista el más grande de todos, uno por el monto de 8 mil 176 millones de pesos, otorgados por Banca Confia. En el reporte Mackey hay una lista de 12 créditos reportables en ese banco, 11 están en operación de crimen, menos éste. Pero este solo crédito, por su monto, representa el 11% del total de las operaciones reportables. Analizar este crédito que, por sí solo, rebasa todo el monto de las operaciones criminales, es un asunto de mera salud pública. Se trata de un crédito agregado, o sea de un conjunto de créditos relacionados que tiene cuatro características: es un megacrédito, es relacionado, no tiene garantías y no está sujeto a investigación. ¿Pues de quién es?

Este crédito fue aprobado por la Comisión Bancaria y tramitado por los accionistas de Banca Confía para ellos mismos y lo convirtieron en su patrimonio, planearon no pagarlo y hoy está en el Fobaproa y en la lista Mackey. Los diputados del PRI y del PAN no quieren que este crédito se haga público, como el resto de los demás. El auditor lo advierte como irregular y aquí en esta Cámara se pretende dejarlo en secreto.

Este crédito, como todos los demás, va a ser pagado por el pueblo de México. Por lo menos que digan de quién es y a quién se le debe esta cantidad. En qué se usó y porqué no se pagó y que criterio usaron las autoridades para pasarlo al Fobaproa.

Todos sabemos de los malos manejos al interior de Banca Confía, pero Lankenau no era el único que tenía responsabilidad en ese banco. Canales Clariond formaba parte del consejo de administración. El resto de los accionistas, cuando comenzaron a advertir peligros ante las decisiones riesgosas que tomaba Lankenau...

Señor Presidente, necesito terminar. Le pido tres minutos más.

El Presidente:

Le ruego redondear su exposición en un minuto.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

El costo. Cuando el resto de los accionistas comenzaron a advertir peligros de movimientos riesgosos al seno de ese banco, se inconformaron y abandonaron al grupo financiero. El costo de estos accionistas fue monumental y se financió con autopréstamos y con créditos relacionados.

Lankenau y Canales Clariond tomaron esa decisión con la complacencia de las autoridades bancarias. Canales Clariond fue parte de esos procesos. No paró a Lankenau ni se separó o se deslindó de él, no se salió del grupo, al contrario, sancionó todos los malos manejos, todas las operaciones fraudulentas y es corresponsable de todo lo ocurrido en Abaco Confía, como lo es también Raúl Monter, presidente del PAN en Nuevo León, promotor estrella de las operaciones fraudulentas, quien fue ayudado a darse a la fuga y hoy es prófugo de la justicia, sin que haya intentos de encontrarlo.

Queda claro que hubo acuerdos de muy alto nivel para no tocar a los panistas y agarrar sólo a Lankenau.

Cuando se avecinaba el escándalo, el derrumbamiento, la ruina, la vergüenza, la desesperación...

El Presidente:

Señores diputados, les ruego tengamos un poco de paciencia para permitir a la diputada Dolores Padierna, que sin duda hará un esfuerzo por concluir, que termine su intervención.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Cuando se avecinaba la ruina, iniciaron el camino de las operaciones off shore para financiarse. Las operaciones off shore se convertirían en una peligrosa solución. Canales Clariond y el resto de los funcionarios del banco guardaron silencio y entre el más profundo sigilo cambiaron todos los contratos de depósito de los clientes por el de las operaciones off shore en los paraísos fiscales y pusieron en absoluto riesgo el capital de los pequeños inversionistas.

Sé que estoy hablando de la gente del clan más poderoso de México, los que se han adueñado del país entero, de 10 ó 12 multimillonarios y que, al hablar de ellos, tocamos las fibras más sensibles del poder. Pero a estos barones del dinero la moral se les fue al desván de los objetos en desuso. Sólo tienen intereses, sólo cuentan ellos y su dinero, pero su dinero tiene orígenes a veces no muy claro y gran parte de ellos se explican con recursos públicos.

También es conveniente analizar...

El Presidente:

Diputada Padierna, le ruego concluir su intervención. Le hemos dado un margen para ello.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Concluyo diciendo que si el PAN y Canales Clariond afirman que no tienen nada que ocultar, que voten aquí para que las operaciones reportables se hagan públicas. Esa será la mejor prueba de que no están en el Fobaproa.

¡El punto de acuerdo que se está discutiendo es una burla, es para que esta legislatura no conozca las operaciones ni el pueblo de México las conozca! ¡Nosotros tenemos las pruebas contundentes de los créditos relacionados de Fernando Canales Clariond y propongo que sean analizadas por una comisión de la verdad, por un grupo de personas honorables, que gocen de la confianza nacional y de encontrar estas pruebas fehacientes se inicie un juicio político contra el gobernador!..

Este crédito que Mackey reporta como un megacrédito relacionado y agregado están varias personas del poder y del dinero...

El Presidente:

Diputada Dolores Padierna, concluya su intervención, por favor.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Concluyó diciendo que ya tengo comprometido que la verdadera responsabilidad es entrarle al juego de una auditoría y no asumir sus resultados. ¡Irresponsables son los que pretenden archivar el informe Mackey sin analizarlo! ¡Irresponsables son quienes sirven de tapadera a la corrupción, a la ansia de la ganancia, a la especulación y a los negocios fáciles de los grupos de poder!

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac, del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional.

El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac:

Muy buenas tardes; compañeras y compañeros diputados:

El día de hoy presentamos al pleno de esta Asamblea la solicitud para que se apruebe el punto de acuerdo que en la Comisión de Hacienda hemos podido, entre las diferentes fracciones, acordar respecto al tema sobre la información de los créditos reportables presentados por el señor Mackey.

La intención de la mayoría de los miembros de la Comisión de Hacienda, a diferencia de las mentiras que se han venido a dar aquí, es, precisamente, cómo dar a conocer la información, cómo sí hacer del conocimiento público la información que el señor Mackey nos entregó.

Algunos compañeros de otros partidos han venido a decir aquí "que lo que se trata con este punto de acuerdo es que no se conozca la información". Seguramente porque como no están interesados en que se apruebe el punto de acuerdo, no se han ni siquiera molestado en leerlo con detenimiento para darse cuenta de que lo que se trata es que todo México conozca las operaciones que ilegalmente fueron realizadas a través del rescate bancario y que se hagan públicas. Ese es el espíritu y el contenido del acuerdo que estamos presentando ante esta Cámara.

Por eso es que nosotros reiteramos lo que señalamos cuando mi partido hizo su posicionamiento público respecto a este tema, no estamos de acuerdo en que hay impunidad en este país, pero tampoco estamos de acuerdo en que personas vengan a esta Cámara impunemente acusando de impunidad y vengan con impunidad a decir una sarta de mentiras y de alegorías y de fantasías que solamente en su mente encuentran, con objeto precisamente sólo de desprestigiar y no dejar "títere con cabeza" en este país.

¡Es más impune lo que se viene a decir aquí con mentiras y sin sustento, que las falsas acusaciones de impunidad que vienen a decir aquí! O como otro compañero de otro partido que dice "que es vergonzoso que algunos de nosotros no votemos por lo que ellos precisamente proponen". ¡Es más vergonzoso que vengan aquí también a mentir y a decirle a toda la opinión pública situaciones que no tienen ni siquiera el sustento apropiado!

Vamos a hablar de lo que se ha señalado aquí. ¿Qué es para el Partido de la Revolución Democrática y para el conspicuo compañero del PT el tema de esta lista de los créditos reportables? Para estos partidos, formar parte de estas listas es, lo decía aquí algún diputado, "ser un beneficiario del Fobaproa." y exigen que se den a conocer los nombres, porque ya desde ahora están sentenciando a esas personas como beneficiaria del Fobaproa.

Así que toda persona que se encuentre en el Fobaproa es una persona a la que le ha ido muy bien y la que se encuentra sin problemas y que no ha perdido su patrimonio ni ha perdido su capital ni siquiera le han embargado sus propiedades y es una persona que vive en el país de las maraviIlas.

Y no es así, compañeros, precisamente son ustedes los que evitan que se puedan dar a conocer estas listas con responsabilidad, porque son los primeros que desde hace uno o dos años, en las famosas listas del señor López Obrador, en las que nada más por estar en cartera vencida ya eres corrupto y ya eres un ratero y ya eres gente negativa en este país.

Por eso nosotros volvemos a certificar y decimos aquí a todos los deudores de este país: "ser deudor en este país no quiere decir ser corrupto. No pagar un crédito en este país no quiere decir que uno sea gente de mala fe o haya cometido un delito". En la lógica del PRD y del PT así lo es, porque cualquier gente que no pagó un crédito, aunque no lo pueda pagar porque no tiene dinero, es un beneficiario del Fobaproa y en esa lógica, en la lógica de esos partidos, nosotros no coincidimos.

El Presidente:

Permítame, diputado orador.

Que le activen el micrófono al diputado López Rosas.

El diputado Alberto López Rosas
(desde su curul):

Por su conducto, si el señor orador me permite una interpelación.

El Presidente:

¿Acepta usted una interpelación, diputado Estefan?

El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac:

Adelante, cómo no.

El Presidente:

Sí, adelante.

El diputado Alberto López Rosas
(desde su curul):

Sí, señor diputado. Me parece que usted parte de premisas falsas o de falsas premisas, cuando usted está generalizando que la postura del PRD es culpar a todos los que están en cartera vencida, como sinvergüenzas o delincuentes.

La diputada Dolores Padierna puntualizó: "un crédito de más de 8 mil millones de pesos". Se está puntualizando, señor diputado, no generalice.

                                                                   1547, 1548 y 1549

Y yo quisiera preguntarle a usted ¿si dentro de toda la lista del Fobaproa, absolutamente todos son inocentes en las operaciones realizadas y autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria en cuanto a los créditos del Fobaproa?

Muchas gracias por su respuesta.

El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac:

Cómo no. Yo le contestaría en primer lugar, que para poder venir aquí a tribuna a hablar de cuestiones bancarias hay que entender de finanzas. Hay gente que viene aquí a hablar de cuestiones de finanzas, pero si ni siquiera entiende de política en su propio partido y en sus propias elecciones internas, no lo entiende.

Yo lo que le diría es esto. El crédito que dice supuestamente la diputada Dolores Padierna, de 8 mil millones, ella misma lo viene a decir, son un conjunto de operaciones en que el señor Mackey para globalizar la observación junta un buen número de observaciones y en ese sentido entonces no es ni un megacrédito ni es un solo crédito; ni siquiera podría un banco dar un crédito de ese tamaño a un solo cliente, porque excedería las facultades que hay para dar un crédito individual. Lo que pasa es que se trata de que la realidad sea justa, lo que uno quiere venir a decir aquí a tribuna. Entonces, nada más por pura lógica es falso de toda falsedad esto.

También declaraba ella algún día y con un megacrédito como éste me tomé la molestia de revisar la lista de los créditos reportables, en donde ella señalaba que había un crédito de 855 millones de pesos, en donde ella decía también en Banca Promex y relacionaba a algunas personas diciendo que este megacrédito había sido relacionado y había sido ilegal y lo dice aquí claramente en la lista: "son créditos redescontados en banca de desarrollo", en donde se juntan otro buen número de créditos y que el señor Mackey para consolidar los presenta en un solo conjunto, pero bueno, ella dice que es un solo crédito. Pues los que le quieren creer pues le creen, pero la realidad es diferente.

Entonces, yo le diría y se lo termino de decir: mi partido no ha sido el que ha faltado a los compromisos. Hay una lista de 27 créditos que el señor Mackey nos entregó, con los nombres, que representaban los 700 millones de pesos en la compra de cartera que supuestamente no cumplen con las reglas y deberían ser devueltos a los bancos, con el compromiso de que los íbamos a mantener entre la bancada y a los dos días siguientes esa lista de 27 créditos ya aparece en la prensa y por ahí se filtra que son compañeros del PRD los que la dieron a conocer.

Entonces, si no pudieron cuidar una lista de 27 créditos, ¿van a poder cuidar una lista mucho más amplia? Yo la verdad, se los quiero decir, ahí están los recortes para cuando quieran ustedes verlos y está hasta la fuente de quien dijo estas operaciones, ahí está en los periódicos y había el compromiso de mantener esos 27 hasta que no se llevaran a cabo las investigaciones.

Y para finalizar con su pregunta: hay 2 millones de operaciones en el Fobaproa. Hay créditos que están en cartera vigente en el Fobaproa. Los bancos que fueron intervenidos, los bancos a los que se les quitó la administración, a los banqueros originales, completitos se fueron al Fobaproa, así que hay gente que está pagando su casa y que no está en cartera vencida que
está en el Fobaproa. Hay gente que tiene una fábrica y que está en el Fobaproa y no necesariamente ni siquiera dejó de pagar, sino está completito en el Fobaproa.

Pero para ustedes una lista de beneficiarios, una lista de corruptos, es cualquier lista de cartera vencida. Qué bueno que hoy usted nos aclara que estar en una lista de éstas no es ser corrupto. Me parece muy bien, yo los felicito que ustedes piensen así y por eso, precisamente porque usted piensa así, nosotros estamos aquí planteando: ¡en todo crédito ilegal que sea del conocimiento público se sancione a los responsables con las denuncias penales correspondientes! Ese es el trato que venimos aquí a proponerles a ustedes, pero no a hacer culpable a alguien que ni siquiera tiene vela en el entierro.

Deben ustedes saber y esto hay que decirlo con toda claridad, que por ejemplo en el caso de la compra de cartera el problema es entre el banco y el Fobaproa, no entre el cliente y el Fobaproa, así que si vendieron mi cartera al Fobaproa y si hubo algún problema reportable digamos, suponiendo sin conceder que fuera verdad ¿por qué yo, cliente de ese banco, tengo la culpa de que mi crédito lo hayan vendido al Fobaproa y a la mejor la provisión esté mal hecha? Yo no tengo nada qué ver con esa operación y lo más seguro es que ni siquiera sepa yo que mi cartera la vendieron al Fobaproa. O si, por ejemplo, en el cambio de criterios, si tener un crédito redescontado en banca de desarrollo no encajaba originalmente y ahora sí ¿qué culpa tiene el cliente de que se haya vendido su cartera al Fobaproa?

Entonces, hay que deslindar esto, es lo que estamos proponiendo aquí, que se investigue por la autoridad, que se analice quiénes cometieron ilegalidades y que se sancione a los culpables, ¡adelante! Lo que no podemos es sancionarlos por anticipado y luego: discúlpeme usted, fíjese que lo que decíamos nosotros es que usted era corrupto, pero ahora fíjese que ya no.

Entonces, no sé si considere usted que con eso está contestada su pregunta y pudiéramos continuar con lo que estábamos señalando aquí.

También yo diría que se ha venido a decir una serie de cosas. Yo aquí traigo el informe del señor Mackey. Mucho de lo que se vino a decir aquí en tribuna no está en el informe y lo he estado buscando y se hacen una serie de referencias al informe de Mackey, pero muchos son buenos deseos particulares de los compañeros que han subido, pero la gran mayoría de las observaciones que se dicen aquí son interpretaciones personales de lo que dice el informe. En ese sentido entonces, creo que lo que debemos de hacer todos es sujetarnos a lo que dice el informe. El informe no nos gusta, el informe dicen que no es profundo, que no sirve, pero qué tal las listas, ¿ésas sí sirven, no? Entonces, yo creo que vamos a ajustarnos a lo que diga el informe, aquí está, para que más adelante en este debate lo podamos ver.

Se señala también y otra vez caen en el error, volvemos a caer en el error. Se dice que nada más se quiere señalar que hay 6 mil millones de pesos en operaciones ilegales y se dice que Mackey encontró 72 mil millones ilegales. Vuelven a caer en el error quienes vienen a decir que los 72 mil millones son ilegales. Precisamente porque empiezan de partida pensando que son ilegales, es por lo cual no encaja la posición de ustedes con la de nosotros.

También señalan que hay 42 mil millones. Falta de información también o de profundidad en el análisis, que hay 42 mil millones de pesos de créditos relacionados que hay que evitar que los canjee el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y evitar que esto pase a Deuda Pública.

No están en ese supuesto; los únicos que están en ese supuesto son las compras de cartera. Lo que se le puede devolver a los bancos son las compras de cartera de las operaciones que se realizaron con los bancos aún vivos. Los 42 mil millones no se encuentran en los 24 mil 700 de las compras de cartera; son créditos por los que ya fueron los bancos intervenidos y en los cuales lo que procede es, en caso de ilegalidad, es una denuncia penal y una denuncia mercantil para recuperar de parte de estos deudores.

Pero otra vez por falta de profundidad en el análisis pues no sabemos lo que venimos a decir aquí en tribuna.

Además decir otra cosa, decir que no porque nosotros aprobemos este punto de acuerdo no se va a hacer nada; yo confío en el IPAB y yo le doy un voto de calidad al IPAB, un voto de confianza, porque aquí la mayoría de esta Cámara, los que sí fuimos mayoría para votar esa ley y que fuimos mayoría para nombrar a los vocales, seguimos manteniendo nuestra confianza en ellos y ellos sabrán honrar el trabajo que les asignó el Poder Legislativo y van a analizar estos créditos y van a darnos una respuesta y nos la van a dar a fines de noviembre o mediados de fines de noviembre. En diciembre, antes de la votación del presupuesto y antes de que inicie el próximo periodo de sesiones, habrá respuesta, habrá análisis crédito por crédito, pero por la autoridad competente, no por diputados que queremos usurpar funciones y que en busca de la legalidad ahora pretendemos ser también autoridad financiera y autoridad bancaria.

Es por eso que yo creo que más que ocultarse, lo que se está haciendo es un deslinde razonable, serio y honesto, de este tema.

También decirles que no todos los créditos relacionados son malos ni todos los créditos que se den a un funcionario de banco son irregulares. Yo lo invito a que cualquier persona que conozcan, que trabaje en la banca de desarrollo, me diga si no les dan un préstamo para casa o un préstamo para coche o cualquiera de ustedes que haya sido consejero de un banco o cliente de un banco, si los consejeros regionales no reciben créditos de los bancos y precisamente es indigno ser consejero de un banco y no trabajar y abrir una cuenta con ese banco y que te dé crédito tu propio banco.

El problema es si el crédito se dio bien o mal, si se dio ilegal o legalmente, si hubo garantías o no hubo garantías, eso sería lo que estaría sujeto a escrutinio y eso es lo que el IPAB va a determinar junto con las autoridades y nos va a hacer saber cuales de esas operaciones si son ilegales y en cuáles hubo mala fe, dio o una irregularidad que provoca un quebranto ilegítimo en el presupuesto nacional al absorberse a través del Fobaproa, pero que un funcionario bancario recibe un crédito para cambiarse de León a Chihuahua y para comprar su casa allá no quiere decir que sea ilegal o legítimo, ni que un textilero de Puebla que sea consejero regional de un banco pida para poner una fábrica textil y ponga su fábrica textil y luego quiebre; bueno, el señor Mackey reportó todo pero no dijo esto es ilegal, esto que lo ven las autoridades, que si ese crédito textilero o ese crédito al funcionario bancario fueron fuera de las normas sin la aplicación de las leyes vigentes, que se le sancione y que nos lo diga el IPAB.

Pero no alertar hoy aquí, a través de esta lista, a quienes podrían ser sujetos de escrutinio y que nos hiciera, como muchas veces ha pasado, que cuando los buscamos ya no están y sobre todo si queremos proteger el patrimonio nacional, que no puedan vender propiedades, cambiarlas de nombre y evadir la acción mercantil para poder recuperar mucho de lo que ya no se podía recuperar, si no se puede proceder mercantilmente contra estas personas.

Por eso también el acuerdo dice: "que se proceda penal, e inmediatamente lo hacemos del conocimiento público", pero no que se proceda públicamente y luego lo hacemos penalmente, porque cuando lleguemos ya no va a haber nadie.

Así que para el punto de vista y para terminar, yo diría: para mi grupo parlamentario no habrá impunidad, seguiremos firmes hasta que esto se resuelva, no hay un maridaje aquí con el Partido Acción Nacional, hay una coincidencia en cuanto a ser racionales, en cuanto a nosotros buscar en este sentido la legalidad, la imparcialidad y que aquí se llegue hasta el fondo de este asunto.

Yo no me atrevería a pronunciarme de que ninguna persona perteneciente al PAN, al PRI, al PRD o al PT por estar en las listas, sean beneficiarios, cualquier gente está sujeta a estar en cartera vencida y en este país muchos mexicanos no pudieron pagar sus créditos, los de mala fe que se les castigue, los de buena fe, que no se les difame y que no se les sancione ante la opinión pública y se les echen a perder incluso sus negocios, su vida familiar, porque para eso no estamos los mexicanos, estamos por el estado de derecho, estamos porque haya justicia en este país y lo que estamos viniendo a proponer aquí al pleno es un acto de justicia para todos los mexicanos; a los que hayan cometido ilegalidad, que se les aplique la ley y a los que no, que se les deje vivir en paz y que sigan con sus negocios y con su vida, porque este país tiene que continuar aún después del Fobaproa, aún hay mucho México por adelante.

Esa es nuestra posición, muchas gracias, compañeros.

El Presidente:

Gracias diputado Estefan Chidiac.

Tengo inscrito, permítame diputada un momento, tengo inscrito un turno de ocho oradores, cuatro en contra y cuatro a favor. Una vez que concluya este turno, preguntaré a la Asamblea si está suficientemente discutido, de conformidad con lo que establece el artículo 16 de nuestro acuerdo de sesiones, es un turno de ocho oradores, cuatro en contra y cuatro a favor, en ese orden y en seguida preguntaré, diputada Dolores Padierna, ¿cuál es el propósito de su intervención?..

La diputada María de los Dolores Padierna Luna (desde su curul):

Para contestar alusiones.

El Presidente:

Al concluir el turno, con mucho gusto, porque era el pacto inicial.

Tiene la palabra para referirse al tema en contra de la propuesta, el diputado José Luis Sánchez Campos, del Partido de la Revolución Democrática... 10 minutos dice el acuerdo, artículo 16, puede usted verlo.

                                                                        1550, 1551 y 1552

El diputado José Luis Sánchez Campos:

Con su permiso, señor Presidente:

En diciembre de 1998, pasando por alto de la decisión de más de 3 millones y medio de mexicanos que externaron su rechazo abierto a asumir la deuda del quebranto bancario, las fracciones del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, avalaron mediante su voto el que los costos del Fobaproa recayeran en la población trabajadora de este país; de esta manera los ciudadanos debemos de pagar las consecuencias de los costosos ensayos de los financieros que hoy gobiernan.

De un golpe se ha hecho crecer la deuda pública de nuestro país en más de 850 mil millones de pesos, por lo que hoy cada uno de los mexicanos somos más pobres y hemos asumido por adelantado un pagaré de miles de pesos; cualquiera podría llamarse traicionado con justificación y a futuro; las consecuencias son inimaginables, tan sólo el año próximo, para hacer frente a los compromisos de la deuda contraída por el Fobaproa, tendremos que distraer recursos por más de 35 mil millones de pesos.

Esto bajo los cálculos más benignos hechos por los avezados en las finanzas; esperamos que esta vez no vuelvan a equivocarse.

Ninguna de estas medidas sobre el Fobaproa podrán afirmar algunos de los diputados del PAN o del PRI, son garantes para sanear y reformar el sistema bancario en México y de esta manera ponerlo al servicio del desarrollo nacional hoy tan en boca de sus precandidatos presidenciales.

De igual forma, no pone un dique a los fraudes y a la corrupción en el futuro, tal pareciera que la complejidad técnica, diputado Estefan Chidiac, de la cual se envuelve al quebranto bancario es la mejor manera que se procura para proteger a quienes pasando por encima de la ley se enriquecen a costa de empobrecer al país.

Se habla de legalidad y de estado de derecho pero son los primeros en atropellarla, no dan muestras claras de disposición para combatir la impunidad y a nombre del beneficio de los ahorradores, se resisten a ser del dominio de los afectados las irregularidades en los quebrantos bancarios y la lista de deudores del Fobaproa. Del Partido Revolucionario no nos extraña, toda la población conoce cómo opera este partido.

La resistencia a entregar los paquetes de Banco Unión para ser auditado envuelve los entramados tejidos para ganar las elecciones de 1994 con Ernesto Zedillo Ponce de León. Pero en el caso del Partido Acción Nacional, que siempre defiende su moral y profunda vocación de servicio republicano, no entendemos por qué se niegue a que la población conozca los cargos de un destrozo en los que por otra parte no participó

¿Será tal vez que los nombres de Medina Plascencia, Goicoechea y Fox, manejados insistentemente por la prensa nacional, son apenas la cabeza de playa de los nombres que en estómago el Fobaproa se relacionan con el partido de la oposición leal, de ese partido que no tiene vocación para gobernar a este país, de ese partido que desconoce sus acuerdos, que tiene una política de dos caras y que ante la ciudadanía aparenta defender al pueblo, pero que aquí en esta Cámara viene a traicionarlo? ¿Será este tipo de ahorradores a lo que arguye Acción Nacional en su tan vehemente defensa del secreto bancario? ¿Será a estos pobres deudores de miles de millones de pesos, a lo que es necesario ayudarles a pagar? Si es así, entonces sí entiendo y los electores del país podrán darse cuenta que la defensa de ahorradores de la que se habla no tiene que ver con los trabajadores de este país, con los campesinos, con los indígenas, por supuesto con los desposeídos de este país, sino con los que más tienen y están en posibilidades de pagar, pero que siempre para ellos es mejor vivir del subsidio, al cual por cierto tanto combaten.

Sostenemos que el Gobierno debe utilizar los medios políticos a su alcance, para que dentro de la ley sea regresado el dinero procedente de financiamientos ilegales o inmorales y aquellos que fueron destinados a actividades políticas del PRI, actualmente asumidos por el Fobaproa.

Demandamos a esta soberanía y en particular a los diputados del PAN y del PRI, adopten el acuerdo de poner la información completa de las transacciones reparables, incluida la nominal del informe Mackey, sobre la evaluación integral de las operaciones y funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y la calidad de supervisión de los programas del Fobaproa de 1995-1998, evidentemente a disposición de los diputados de esta LVII Legislatura.

No se puede concebir que en mentes tan preclaras el razonamiento financiero, como para vender el portafolio del Fobaproa se otorgará toda la información disponible para los posibles compradores, ya sean mexicanos o extranjeros, que podrán pagar hasta una décima parte de
su valor, mientras que para los mexicanos, que nos hicieron deudores por desconocimiento y que ya iniciamos a pagar la deuda del Fobaproa, no podamos tener esa información.

Respondan a esa pregunta de cara a la nación, que hoy sin duda se siente agraviada.

La auditoría al Fobaproa no concluye con el reporte Mackey, es tan sólo el inicio de un trabajo que debe de seguirse desarrollando, no para encontrar a chivos expiatorios, sino para avanzar en trasparentar la administración de este país. Sin ella, compañeros legisladores, amigos de Acción Nacional, señores diputados del PRI, no podemos avanzar en la democracia, por más que maquillen a sus partidos, a sus discursos y a sus propios precandidatos. La auditoría, por lo tanto, no puede quedar cerrada.

Para el Partido de la Revolución Democrática y para el pueblo de México no está cerrada y no aceptaremos sea cerrada, ya que ésta aún incompleta y turbia, debido a que las autoridades federales se niegan a entregar la información completa. Por ello es necesario continuar e ir hasta su conclusión.

Que sea ésta una explicación a tan lapidaria carga que se ha hecho cargar a los ciudadanos de este país.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Edgar Ramírez Pech, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para el mismo tema.

El diputado Edgar Martín Ramírez Pech:

Con su permiso, señor Presidente:

Ciertamente, objetivo de Acción Nacional ha sido, durante toda su historia, la lucha contra la impunidad; desde siempre ha sido nuestra motivación.

También ha sido motivación de Acción Nacional el que la cosa pública se maneje con transparencia y esto también es cierto comprobado en la realidad.

Pero estas dos luchas, la lucha contra la impunidad y la lucha porque las cosas en México sean transparentes, no han seguido cualquier camino; no han seguido el camino del capricho electoral; no han seguido el camino de la violencia, ya sea física o ya sea verbal.

Acción Nacional ha dado estas batallas y las sigue dando, con base en la ley para crear, para todo México, certidumbre y no riesgos, porque la lucha o la supuesta lucha contra la impunidad, que sólo se puede basar en el odio, en la violencia, en el linchamiento, eso lo único que genera es incertidumbre y caos para México, como se genera siempre en las ciudades en donde gobiernan los caóticos, los violentos, los linchadores, los que no dan soluciones.

Este problema no se puede ver desde la óptica de un simple capricho electoral, sino desde una verdadera perspectiva que dé solución.

El gran problema del quebranto financiero, que en México causaron los gobiernos priístas, ha tenido enfrente la posición responsable de Acción Nacional de darle una solución concreta que mitigue el dolor que causaron los gobiernos priístas, pero que al mismo tiempo dé soluciones posibles para el futuro.

Nosotros no entendemos la posición que busca el linchamiento; no entendemos que solamente se quiera destruir a este país y no construir; nosotros no entendemos que la gente del PRD y del PT, solamente de la destrucción tengan sus objetivos y en tener a México en ruinas. A de ser porque tienen vocación de arqueólogos; Acción Nacional no la tiene. Acción Nacional tiene vocación de constructor de instituciones, como el IPAB; de construcción de soluciones como la auditoría, que, por cierto, qué bueno que hoy sí sirve, señores diputados del PRD, aunque inicialmente ustedes votaron en todo en contra de lo que era la solución presentada por Acción Nacional. Es la verdad, satisfactorio saber, que sí existe.

No es el show ni es el espectáculo lo que va a salvar a México; es espectáculo que sólo busca adhesiones o simpatías que la falta de propuestas o sus malas actuaciones gubernamentales les niegan.

Nosotros insistimos en el combate a la impunidad. Y por eso presentamos, en este salón de sesiones, la propuesta para hacer pública, la propuesta para hacer pública toda la información relativa a los 72 mil millones de pesos reportados por el auditor Mackey.

Mienten, faltan a la verdad cuando se dice que el PAN está ocultando al pueblo de México la lista de esta personas.

La propuesta de Acción Nacional ha sido, y es la que seguramente aquí se va a aprobar, de que toda la información de esas operaciones reportadas por el auditor Mackey, se hagan públicas; que esa lista negra, de gente que cometió ilegalidades en estos recursos, paguen su culpa y que ningún centavo de estas operaciones ilegales sea absorbida por el erario público.

Bastaría leer el punto de acuerdo. Se nota que no lo han leído, porque sólo les interesa lo que ustedes proponen y no llegar a ningún acuerdo en esta Cámara.

Nosotros estamos en la búsqueda por la transparencia y en la lucha contra la impunidad; por eso propusimos que se hiciera público, a través de las instituciones que han sido creadas como el IPAB; por eso también insistimos en la controversia constitucional para que se nos entregara la información completa de Banca Unión; por eso seguimos insistiendo porque se finquen responsabilidades al PRI, por los 5 millones de dólares, que ya están reportados en la auditoría del señor Mackey. Nosotros estamos verdaderamente en contra de la impunidad pero con acciones concretas, pero por supuesto no podemos aceptar que como ustedes, en la irresponsabilidad, se dañen los derechos de terceros de buena fe.

Nosotros, señores, estamos hoy dando muestras al pueblo de México que se pueden encontrar soluciones éticas, morales, legales y que no nos anima el interés electorero. Vamos a votar porque se haga pública la información de esos 72 mil millones de pesos, es lo que va a votar aquí Acción Nacional, pero no como linchamiento ni como chantaje, sino agotadas todas las instancias, delimitadas todas las responsabilidades en una posición responsable, no irresponsable.

Por supuesto que les pedimos a ustedes seriedad, ya basta de descalificaciones y de calumnias, aquí viene una diputada a decir que el gobernador Canales es culpable porque era el administrador y porque autorizó unos créditos, en días pasados decía que era el beneficiado de esos créditos. Aquí se viene a decir que ya se tiene impune las operaciones relacionadas, cuando el acuerdo que se está por aprobar dice todo lo contrario, que se seguirá y se perseguirá a los responsables. Aquí se viene a acusar a miembros de Acción Nacional y al respecto nosotros le quisiéramos decir que Acción Nacional confía en sus militantes como sus militantes confían en Acción Nacional. Confiamos en nuestra honorabilidad, lamento que en su partido no sea así, que sus propios militantes ni siquiera garanticen la honorabilidad de sus dirigentes, pero ése es su problema.

Como nosotros sí confiamos en la honorabilidad, en la decencia, en el buen nombre de los panistas que forman parte de nuestra institución, como nosotros sí creemos y tenemos confianza, por eso vamos a aprobar que se haga pública la información de este quebranto financiero, que se haga público pero con seriedad y con responsabilidad.

Señores, no tenemos nosotros en Acción Nacional nada de que avergonzarnos; al pueblo de México le estamos dando soluciones concretas, no le estamos dando nada más interés electorero...

El diputado Pablo Gómez Alvarez
(desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente:

Permítame el orador, para qué propósito. Activen el micrófono del diputado Pablo Gómez, por favor.

                                                                   1553, 1554 y 1555

El diputado Pablo Gómez Alvarez
(desde su curul):

Si el señor diputado me aceptara una pregunta.

El diputado Edgar Martín Ramírez Pech:

Con mucho gusto.

El Presidente:

Adelante diputado Gómez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez
(desde su curul):

Señor diputado, estoy entendiendo que su partido a través de usted dice estar de acuerdo con que se haga pública la información, yo le pregunto a usted, ¿si no se hace pública, qué va hacer usted, o qué haría usted, en ese caso y qué haría su partido?

¿Qué procedería en términos de descriptor, perdón por la palabreja que se usa ahora, el informe Mackey que está aquí en la Cámara?

El diputado Edgar Martín Ramírez Pech:

Con mucho gusto. Lo que mi partido está diciendo, señor diputado Gómez, lo que mi partido va a votar en este punto de acuerdo, es que la información se haga pública, estos 72 mil millones de pesos una vez delimitados y definidos quienes hayan cometido ilegalidades se harán públicas y esto es lo que está haciendo Acción Nacional con propuestas concretas, con votos concretos y con votos convencidos; votar por soluciones no por denotaciones ni por calumnias ni por mentiras, lo que Acción Nacional está aquí consiguiendo es que se cumpla la ley, la ley que además nosotros construimos, Acción Nacional, porque ustedes no pudieron construir absolutamente nada.

Entonces, señoras y señores...

El diputado Pablo Gómez Alvarez
(desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente:

Activen el micrófono del diputado Pablo Gómez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez
(desde su curul):

Le ruego considerar usted y el orador, si me acepta otra pregunta.

El Presidente:

¿Acepta usted?

El diputado Edgar Martín Ramírez Pech:

Con mucho gusto.

El Presidente:

Adelante diputado Gómez, aceptada.

El diputado Pablo Gómez Alvarez
(desde su curul):

Señor diputado, evidentemente está usted evadiendo una respuesta. Usted sabe que lo que se va a votar no es un decreto, es un punto de acuerdo que no obliga ni al Ministerio Publico ni al IPAB y yo le pregunto a usted, quisiera que hiciera un esfuerzo por responderme. ¿Si no se hace público lo que usted dice que debe de hacerse público, qué va a hacer usted y qué va a hacer su partido en esa hipótesis o qué haría usted y qué haría su partido?

El diputado Edgar Martín Ramírez Pech:

Con mucho gusto, señor diputado.

Mire usted, los mecanismos legales que obligan, están dados en la Ley de Protección al Ahorro Bancario que mi partido político creó, que la fracción parlamentaria propuso y que obtuvo el voto de la mayoría, que no de ustedes. Ahí está la obligación legal de que ninguna operación ilegal que haya culpables posibles, pasen a costo del pueblo de México, a propósito de este punto de acuerdo, si usted lo quiere ver así, estamos saliendo a un asunto que se está discutiendo y que ustedes, parece ser, que le encontraron mucha ganancia electoral, y no bienestar, para el pueblo de México.

Ahí está el ordenamiento legal, la Ley de Protección al Ahorro Bancario, establece en cada artículo todo, incluso que si se descubre que el PRI, como ya hay confesión de uno de sus distinguidos precandidatos, utilizó dinero de ahí, tendrá que ser descontado a ese partido político y en eso insistiremos. Que esto no viene en nada a estorbar y quizá usted también podría coincidir conmigo, que quizá no viniera a añadir nada más que la representación política de este Congreso, la representación política de este Congreso que le está diciendo al IPAB, que tiene que hacer pública, que hay una solicitud de esta Cámara de que se haga pública la información. No con propósitos electorales ni de linchamiento, sino únicamente con propósito de transparentar, de combatir la impunidad, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la decencia, de acuerdo a la moral.

Espero que usted también sea capaz de entender esta respuesta.

Yo les diría, señoras y señores diputados, la lucha de Acción Nacional hoy, con este punto de acuerdo se ve nuevamente con gran sustento, una lucha contra la impunidad, una lucha porque sean las cosas transparentes, pero de acuerdo a la ley.

Miente el PRD cuando afirma en la prensa que estamos votando por ocultar algo, Acción Nacional no está ocultando ninguna información al pueblo de México. Queremos que se delimite, que se castigue a los culpables y que por supuesto se le haga del conocimiento público a través de los medios de comunicación.

Por supuesto que nosotros exigimos de ustedes responsabilidad, decencia, apertura, diálogo, no sigan teniendo la vocación de arqueólogos que demuestran en este caso y en muchos más como en el de la UNAM.

Nosotros les pediríamos que por una vez en esta vida parlamentaria cuando menos, sean capaces de analizar, sean capaces de decir la verdad, que este punto de acuerdo dice y lo puede revisar punto por punto, que se dará a conocer la información a esta Cámara y al público. Es lo que dice este acuerdo. No sé lo que digan sus intereses, pero este punto de acuerdo, eso es lo que está diciendo.

Les pedimos decencia; pero la verdad como establece algún dicho, no le pidas peras al olmo ni soluciones al PRD.

Gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado Ramírez Pech.

El diputado Fidel Herrera Beltrán
(desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente:

Activen el micrófono del diputado Fidel Herrera. ¿Con qué propósito, diputado Herrera?

El diputado Fidel Herrera Beltrán
(desde su curul):

Para formular a la mesa directiva la siguiente solicitud:

En virtud de que la mayoría de las coordinaciones de los grupos parlamentarios que integran esta Cámara han llegado a este acuerdo, se solicita a la directiva pudiera autorizar que este debate y su respectiva votación se desahoguen en la sesión que está convocada para el día de mañana.


CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 17:11 horas):

Bien, en virtud de que hay acuerdo de los coordinadores parlamentarios, de la mayoría de los diputados, se suspende la sesión que continuará mañana, a las 11:00 horas con el orden del día que falta por agotar, más asuntos que pudieran surgir en el curso de estas horas.

Se cita para la que tendrá lugar mañana a las 11:00 horas.


Muchas gracias.

RESUMEN DE TRABAJOS


* Tiempo de duración: 4 horas 31 minutos.

* Quorum a la apertura de sesión: 279 diputados.

* Puntos de acuerdo: 1.

* Minuto de silencio: 1.

* Temas de agenda política: 1.

* Oradores en tribuna: 15
      PRI-1; PRD-7; PAN-5; PT-2.

Se recibió:


* 4 comunicaciones de los congresos de los estados de Hidalgo, Nayarit y San Luis Potosí;

* 1 comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que informa de cambios en la integración de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Relaciones Exteriores;

* 1 informe de la Comisión Especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales en el proceso electoral en el Estado de Coahuila;

* 1 iniciativa del Congreso del Estado de Jalisco;

* 3 iniciativas del PAN;

* 2 oficios de la Cámara de Senadores, con los que comunica de la elección de la mesa directiva para el periodo de noviembre de 1999 a agosto del año 2000 y de la constitución de la Junta de Coordinación Política;

* 1 minuta con proyecto de decreto que concede el permiso para que el ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional del 12 al 16 de noviembre de 1999, a fin de participar en la IX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia Iberoamericana, a celebrarse en la ciudad de La Habana, Cuba;

* 1 minuta con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que 11 ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la

* 1 dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo propuesto al tratamiento de las operaciones que den lugar a acciones judiciales de las denominadas transacciones reportables por el auditor Michael W. Mackey.

Se aprobó:


* Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para el año 2000, a fin de que se incorpore al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, remitido por la Junta de Coordinación Política.

                                                                                          1556, 1557 y 1558

                                                                                                 NOTAS

                                                                   Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:

CCI           Central Campesina Independiente
CGH       Consejo General de Huelga
CNBV       Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CNC      Confederación Nacional Campesina
CNOP         Confederación Nacional de Organizaciones Populares
Confía        Consorcio Financiero Abaco
D.F.   Distrito Federal
DIF             Desarrollo Integral de la Familia
Firco Fideicomiso de Riesgo Compartido
Fobaproa    Fondo Bancario de Protección al Ahorro
Fodeisa     Fomento al Desarrollo Inmoviliario de Coahuila S.A. de C.V.
GATT    Acuerdo General de Aranceles y Comercio (por las siglas en inglés)
Inifap         Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias
IPAB           Instituto de Protección al Ahorro Bancario
IVA         Impuesto al valor agregado
PAN          Partido Acción Nacional
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI          Partido Revolucionario Institucional
Promex Banca de la Provincia Mexicana
PT Partido del Trabajo
PVEM        Partido Verde Ecologista de México
Sagar        Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Sedesol   Secretaría de Desarrollo Social
Udis           Unidades de inversión
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

                                                                                                    1559 y 1560